ÍNDICE
1. AGUIRRE TILDA DE "FRANQUISTA" EL MARCO LABORAL
ESPAÑOL
2. ESPE DIXIT. "QUIZÁ NO ACTUÉ BIEN PORQUE NO
ESTABA INFORMADA"
3. ESPERANZA AGUIRRE: "NO SE DEBE CRIMINALIZAR A
NADIE CUANDO LA INTENCIÓN QUE TENÍAN ERA ACORTAR EL SUFRIMIENTO DE
LAS FAMILIAS"
4. AGUIRRE: "ES UNA VERGÜENZA SUBIR EL SUELDO A
LOS FUNCIONARIOS"
5. AGUIRRE PLANEA OTRA LEY PARA CAJA MADRID TRAS
LA SUSPENSIÓN JUDICIAL
6. GRANADOS DESGAJA EL 'ÁREA DE LOS ESPÍAS'
7. LA TRAMA CORRUPTA GASTÓ 200.000 EUROS EN ROPA
PARA REGALAR A CARGOS DEL PP
8. "TENGO LA OFICINA LLENA DE TRAJES PARA
DEJÁRSELOS A PERSONALIDADES"
9. ALCALDES Y CARGOS DEL PP EN MADRID OFRECIERON
NEGOCIOS A LA RED DE CORREA
10. LOS NUEVOS VÍNCULOS DE LA TRAMA CORRUPTA CON
EL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID
11. JOSÉ GALEOTE, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL,
RINDE TRIBUTO A LA POLICÍA DE BOADILLA
12. EL EX CONSEJERO LAMELA, INVESTIGADO POR
FALSEDAD EN EL CASO MONTES
13. "SINVERGÜENZA, ¿VIENES A DENUNCIARNOS?"
14. EL HOSPITAL PÚBLICO CARLOS III CEDE RECURSOS
A UNA FUNDACIÓN PRIVADA
15. ENRIQUE PORTO, IMPUTADO EN OTRO CASO
URBANÍSTICO
16. SEGUNDA HUELGA EN TELEMADRID EN UNA SEMANA
17. "AGUIRRE NO DEJA DE MANIPULAR TELEMADRID NI
CUANDO ESTÁ EN NEGRO"
18. LOS NIÑOS DE TRES AÑOS SE QUEDAN SIN BECAS DE
LIBROS
19. EL JUEZ DEL 'GUATEQUE' PIDE INFORMACIÓN SOBRE
LÓPEZ VIEJO
20. EL ALCALDE DEL PP DE ALCOBENDAS, BAJO
SOSPECHA POR PRESUNTA "CORRUPCIÓN URBANÍSTICA"
1. AGUIRRE TILDA DE "FRANQUISTA" EL MARCO LABORAL
ESPAÑOL
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha criticado la "manía de todo el mundo" por mantener el
marco laboral actual, que no facilita la contratación, es "obsoleto,
franquista, anacrónico y generador de parados", y ha abogado por
cambiarlo "para mejor" y equipararlo al de la Unión Europea. Aguirre
ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa posterior a la
reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid, donde ha dicho que
coincide con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez , en criticar "la manía de todo el mundo" en
mantener un sistema laboral que tiene "grandes problemas de
contratación" y que ha convertido a España "en una fábrica de
generar parados".
Un sistema, ha añadido, que "no es comparable con
el de todos los demás países" europeos que crean empleo, mientras
España "es el único que genera paro", tal y como, ha dicho, han
reconocido el ex presidente del Gobierno José María Aznar y el
gobernador del Banco de España. "Nuestro marco laboral consiste en
que cada vez que hay una crisis, aunque el crecimiento de la
economía sea el mismo, o incluso el decrecimiento sea menor que en
el resto de los países europeos, la generación de paro es inmensa",
ha indicado la presidenta madrileña, que también ha coincidido en
este extremo con Fernández Ordóñez.
Ha manifestado al respecto que si España "ha
generado 1,3 millones de desempleados, nos cargamos los 250.000
empleos nuevos que se han creado en el resto de los países de la
Unión", donde el índice de paro es de "un 3, un 6 o un 5%" porque no
existe "esa manía de mantener un sistema laboral obsoleto,
franquista, retrógrado que no hace más que generar parados", ha
aseverado.
Aguirre ha indicado asimismo que no se trata de
"abaratar" el despido sino de "tener verdadera libertad de
contratación" y de cambiar el marco laboral actual.
(www.publico.es,
22/04/09)
2. ESPE DIXIT. "QUIZÁ NO ACTUÉ BIEN PORQUE NO
ESTABA INFORMADA"
El problema fue que no lo sabía. O eso dice.
Cuando Esperanza Aguirre bebió agua en el pleno de la Asamblea del
jueves, "no tenía ni idea" de que se hubiera tomado la decisión de
retirar las botellas de las mesas de los diputados. "Estaba mal
informada", admitió ayer en declaraciones a Onda Cero. "Entendí que,
si todos querían beber agua, podía a lo mejor modificarse el
acuerdo, cosa que se hizo; pero en fin, quizá no actué bien". "No
estaba informada de que se había llegado a un acuerdo en ese sentido
y pedí agua como hago todos los jueves cuando voy al control, pero
me dijeron que no era posible y me sorprendí".
Disculpa pública y disculpa privada. La
presidenta explicó que también había llamado a Elvira Rodríguez, la
presidenta de la Cámara, para excusarse por su comportamiento. Y es
que mientras la bancada de la oposición alborotaba pidiendo que
volvieran los botellines a sus mesas, Aguirre salió de la sala a
hacerse con uno por sus propios medios. En 10 minutos consiguió que
volviera el agua para todos.
En la Junta de Portavoces de ayer, Salvador
Victoria, representante del Gobierno regional, fue el encargado de
transmitir las disculpas oficiales a los demás portavoces. Tanto
Maru Menéndez, portavoz del PSOE, como Inés Sabanés, de IU,
lamentaron el "espectáculo" que habían ofrecido ante todos los
ciudadanos y del que consideraban principal responsable a Aguirre.
También hubo autocrítica general y más lamentaciones por que la
Asamblea hubiera vuelto a cobrar importancia por culpa de una bronca
que nada tenía que ver con su actividad legislativa.
Y, definitivamente, se revocó la decisión de la
discordia. Los diputados volverán a tener agua durante las sesiones
en el hemiciclo. La prohibición se había tomado en la anterior Junta
de Portavoces para evitar que, en un descuido, se derramase agua
sobre el sistema electrónico de megafonía. Esto ya había provocado
en algunas ocasiones fallos en los circuitos electrónicos, incluso
la necesidad de repetir las votaciones, como sucedió en el pleno del
pasado 18 de marzo.
(www.elpais.com,
18/04/09)
3. ESPERANZA AGUIRRE: "NO SE DEBE CRIMINALIZAR A
NADIE CUANDO LA INTENCIÓN QUE TENÍAN ERA ACORTAR EL SUFRIMIENTO DE
LAS FAMILIAS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, pasó esta mañana por Los desayunos de TVE, donde
dejo una ristra de declaraciones a cual más jugosa. No eludió ningún
asunto de la actualidad: crisis económica, jucio del Yak-42, 'caso
Gürtel'.
Llamo la atención su visión del caso del Yak-42:
afirmó que "no se puede criminalizar" a aquellas "autoridades,
funcionarios o políticos" que trataban de "acortar el sufrimiento de
la familias" al repatriar los cuerpos de los soldados fallecidos, en
el accidente aéreo del Yak-42, al día siguiente de haberse producido
la tragedia.
"Creo que la intención que tenían era acortar el
sufrimiento de las familias, no hacerlas estar ahí en Turquía
durante tantísimo tiempo puesto que no había ninguna posibilidad de
encontrar a nadie con vida". "Muy probablemente se equivocarían como
me equivoco yo todos los días", agregó. En este sentido, mencionó
que equivocarse "no es ningún delito" y espera que "al ser un hecho
tan dramático" no se criminalice a las personas que participaron en
la repatrición de los cadáveres de los militares. "Yo creo que los
jueces eran los que tenían que determinar lo que ocurrió en el fondo
de la cuestión, pero personalmente ahorrar sufrimientos a las
familias en aquel momento tan duro a mi no me parece que sea para
criminalizar a nadie".
(www.publico.es,
21/04/09)
4. AGUIRRE: "ES UNA VERGÜENZA SUBIR EL SUELDO A
LOS FUNCIONARIOS"
Ni funcionarios, ni sindicatos. La presidenta
regional, Esperanza Aguirre, como buena liberal, no es amiga ni de
unos ni de otros. Y ayer la andanada les tocó a los primeros: "Es
una vergüenza que quienes tienen un empleo fijo y garantizado como
los funcionarios tengan una subida del 5% cuando los precios bajan
el 1% y cuando 7.000 españoles van al paro todos los días".
Aguirre convirtió un acto público para presentar
el proyecto del nuevo acceso a Alcalá de Henares desde la M-300 en
un ataque a los funcionarios y al Gobierno estatal. "Si no hemos
congelado el sueldo a los funcionarios [de la Comunidad de Madrid]
es porque no nos deja la ley del Estado", lanzó ufana la presidenta
tras alardear de que ha sido la primera en actuar contra la crisis
al congelar la nómina de los altos cargos y reducir el número de
consejerías. Olvidó mencionar que los sueldos de su Gobierno no
quedaron en la nevera y sí han subido. Poco, pero han crecido. "Se
les aplicó un corrector mínimo. Pero un aumento al fin y al cabo",
dicen los sindicatos.
"Con demasiada frecuencia carga contra los
200.000 empleos públicos que trabajan para el Gobierno que ella
preside. Parece que somos los culpables de la crisis o incluso de
sus problemas políticos", argumentó Juan Luis Martín Sierra,
secretario de política sindical de UGT. "Es sorprendente que Aguirre
hable de una subida del 5% cuando el incremento en la nómina de los
empleados de la Administración regional es del 2%, establecido en
los presupuestos del Estado". "El convenio de los funcionarios
públicos venció en diciembre de 2007 y se niegan a negociarlo",
agrega Juan Antonio Olmos, representante de Comisiones Obreras. "Es
una demagogia que arremeta contra el sueldo de los empleados
públicos, cuando no se quiere sentar a negociar el convenio",
concluye.
Es conocido el poco aprecio que tiene la
presidencia por los servicios públicos, a los que ha llegado a
calificar de "monopolios". Por eso ha embestido en repetidas
ocasiones contra los funcionarios. En marzo espetó sin pudor en la
cámara regional que "si todos los españoles fueran funcionarios,
habría colas, escasez, hambre, miseria y corrupción". Y tan
tranquila. Lapidaria frase que dejó boquiabiertos a los diputados de
la oposición, que le habían cuestionado si consideraba que el empleo
público es un factor de calidad y estabilidad en el mercado laboral.
Entonces, su posición quedó clara por si alguien tenía dudas. Atrás
quedan también sus enfrentamientos con funcionarios de Educación,
Sanidad y Justicia de la Administración regional por su estrategia
de privatizar los servicios públicos.
(www.elpais.com,
21/04/09)
5. AGUIRRE PLANEA OTRA LEY PARA CAJA MADRID TRAS
LA SUSPENSIÓN JUDICIAL
Otro revés para Esperanza Aguirre, presidenta de
la Comunidad de Madrid. El Tribunal Constitucional admitió ayer a
trámite el recurso interpuesto por el Gobierno a finales de marzo
contra el artículo 28 de la Ley de Cajas de Madrid aprobada por el
Ejecutivo regional al cierre de 2008. Dicho artículo modifica los
criterios establecidos en la ley de 2003 sobre la proporcionalidad
en la representación de los ayuntamientos.
La admisión del recurso supone la suspensión
cautelar de ese artículo durante cinco meses y quizá, en función de
la interpretación que se haga, la paralización del proceso electoral
que debería terminar en septiembre con la renovación del presidente
de la entidad, Miguel Blesa.
Ante esta adversidad, el consejero de Economía de
Madrid, Antonio Beteta, ofreció -a las pocas horas de conocerse la
noticia- la posibilidad de "iniciar conversaciones" con el Gobierno
central para modificar la ley y alcanzar un consenso con el que
reanudar las elecciones en la caja.
Si hubiera consenso político amplio -que pasa por
unir a los representantes del alcalde madrileño, Alberto
Ruiz-Gallardón- el consejo de la caja adaptaría los estatutos a la
última ley y se votarían en la asamblea de la caja. Las elecciones
podrían iniciarse a final de julio o septiembre.
Sin embargo, otras fuentes opinan que si se
considera que el Constitucional ha anulado la ley de Aguirre, está
vigente la de 2003, que marcó el inicio del proceso electoral. Así
Gallardón podría intentar reanudar las elecciones si domina la
comisión de control.
Comisiones Obreras cree que el tribunal ha
paralizado la ley y sólo se puede esperar cinco meses hasta su
resolución y rechaza la propuesta de Beteta.
Por otro lado, la agencia de evaluación de
riesgos Fitch ha rebajado la calificación de Caja Madrid por el
"rápido" deterioro de sus activos. La deuda a largo plazo pasa de
AA- a A+ y la calificación individual, de B a B/C.
(www.elpais.com,
23/04/09)
6. GRANADOS DESGAJA EL 'ÁREA DE LOS ESPÍAS'
Los casos de supuesto espionaje a altos cargos
del PP de Madrid han dejado una profunda cicatriz en la Consejería
de Presidencia e Interior, que dirige Francisco Granados. Las
funciones de los 39 trabajadores del área de Seguridad son difusas.
La fugaz comisión de investigación celebrada en la asamblea para
esclarecer los casos de espionaje apenas pudo determinar a qué se
dedicaban algunos de estos trabajadores. Ahora, Presidencia e
Interior se prepara para una reorganización que pasa por la
asignación de los cerca de 40 trabajadores a cuatro áreas diferentes
distribuidas en otras consejerías, según precisan fuentes del
Gobierno regional.
La decisión está relacionada con el convenio
firmado con el Ministerio de Interior por el que se crea una unidad
del Cuerpo Nacional de Policía, integrada por 80 agentes, adscrita a
la Comunidad de Madrid. Según el convenio, se crearán cuatro
departamentos, entre los que se encuentran el área para la
preparación de eventos con personalidades públicas, la unidad para
el tratamiento de datos confidenciales -como matrículas de coches-,
la unidad para la coordinación de la seguridad física del complejo
gubernamental de la Puerta del Sol y otra área para supervisar la
actuación de los servicios de seguridad privada contratados en
diversas sedes de la Comunidad de Madrid. El plan fue explicado por
Granados en sede parlamentaria hace unas semanas.
Enrique Barón, director general de Seguridad e
Interior de la Consejería de Presidencia e Interior, está
comunicando los cambios a los trabajadores, según fuentes del
Gobierno regional.
La reordenación del área de Seguridad, avanzada
ayer por el diario gratuito ADN, despertó los rumores sobre una
posible crisis de Gobierno del Ejecutivo de Aguirre. Pero tanto la
propia presidenta, Esperanza Aguirre, como el vicepresidente,
Ignacio González, se apresuraron a desmentirlo. "Es pura
especulación y no hay nada más", comentó González en referencia a
posibles cambios en la dirección de la Consejería de Presidencia e
Interior. La figura de Granados ha perdido peso político en el
Ejecutivo de Aguirre, según fuentes del PP. Descartada una
reordenación inmediata de las consejerías, la decisión se aplaza
para después del verano. Fuentes populares cuentan con que una vez
pasadas las elecciones europeas y las vacaciones estivales se
produzca una reforma del Gobierno regional para encarar la recta
final de la legislatura.
El área de Seguridad dependiente de la Consejería
de Presidencia e Interior cuenta con 39 trabajadores. La mayoría de
ellos tienen una actividad programada a diario que se detalla en
partes internos. En el organigrama de la Dirección General de
Seguridad, que dirige Enrique Barón, figuran los destinos de los
casi 40 trabajadores. Ocho agentes están destinados al complejo de
la presidencia, otros siete están asignados a diferentes
consejerías, otros dos se encargan de la seguridad electrónica y
nueve empleados figuran en la seguridad de exteriores. En la
estructura figura un agente técnico de guardia asignado a la sede de
la consejería en la calle de Gobelas, número 34. Hay un trabajador
al cargo de los vehículos de la Dirección General de Seguridad, y
otro de la informática. Cinco trabajadores tienen una baja laboral
prolongada y otros tres están liberados por ser representantes
sindicales. Los dos trabajadores restantes están al servicio del
director general de Seguridad, Sergio Gamón.
Este alto cargo fue destituido por Francisco
Granados en junio de 2008 tras acceder con un grupo de funcionarios
a una oficina de la Consejería de Justicia, cuyo titular denunció el
robo de un ordenador. Pero Gamón encontró acomodo en un área de
Seguridad paralela de la Comunidad de Madrid, bajo las órdenes del
vicepresidente regional, Ignacio González.
Los dos agentes al servicio de Gamón son José
Palomo Gallego (supervisor de Seguridad) y José Manuel Pinto
(técnico especialista de Seguridad). Ambos son compañeros desde hace
cinco años. Pinto ha sido identificado como uno de los que
supuestamente elaboraron los informes de seguimientos a altos cargos
del PP de Madrid durante el pasado año, según una prueba pericial
caligráfica encargada por este diario. Pero otro informe pericial
encargado por la Comunidad desvincula al mismo agente de los
espionajes.
José Manuel Pinto y José Palomo son los únicos de
los 39 agentes que no tienen una actividad definida en el estadillo
de funciones diario. Ambos desarrollan su trabajo en el turno
diurno. En los partes de trabajo sólo aparecen referencias que les
vinculan al servicio del director general.
Tras estallar el caso de los supuestos espionajes
a altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid, los dos agentes
redactaron una carta a sus compañeros. En el documento justificaban
sus tareas y negaban que hubieran espiado a políticos. A la vez
criticaban al resto de sus compañeros porque, según escribieron, se
sentían "despreciados profesionalmente por los representantes de los
trabajadores, por componentes del propio servicio de seguridad
(algunos no tienen muy claro qué es un servidor público y menos el
estamento al cual pertenecen) y por ex responsables políticos y de
seguridad".
(www.elpais.com,
24/04/09)
7. LA TRAMA CORRUPTA GASTÓ 200.000 EUROS EN ROPA
PARA REGALAR A CARGOS DEL PP
Los directivos de la trama empresarial creada por
Francisco Correa para lucrarse con contratos de administraciones
gobernadas por el PP solían hacer regalos de agradecimiento a los
cargos públicos vinculados a esas adjudicaciones.
En unos casos, según la investigación judicial y
policial, se trataba de vehículos; en otros, de joyas; en algún
supuesto, de inmuebles y, en muchos, de simples trajes de entre 600
y 1.000 euros la pieza. Esos regalos aparecían reflejados en la
contabilidad de las distintas empresas como gastos propios de su
actividad.
Un informe de la Agencia Tributaria incorporado
al sumario que se está instruyendo en el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, al que ha tenido acceso EL
PAÍS, acredita que en sólo dos años (2005 y 2006) las empresas Easy
Concept, Good anb Better, Servimadrid Integral y Orange Market han
declarado compras de material a la empresa Milano por casi 200.000
euros.
Directivos de alguna de estas empresas han
declarado al juez que hacían regalos en forma de trajes a alcaldes y
concejales de ayuntamientos donde habían logrado distintos
contratos.
Entre esos directivos figura Isabel Jordán,
despedida de la trama empresarial corrupta a finales de 2007, quien
confesó al juez y a la policía que compró en dos ocasiones trajes
para quien era entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo
González Panero. Y también sugirió que compró otros regalos a
concejales de la misma corporación.
Jordán aseguró que eran regalos por Navidad, pero
el juez le preguntó entonces por qué se habían comprado los trajes
en la tienda Milano en el mes de octubre. La ex directiva de la
trama corrupta argumentó entonces que entre que se encargaba el
traje, se confeccionaba y se entregaba, pasaban dos meses, justo
para el regalo de Navidad. El jefe de ventas de esa tienda de ropa,
José Tomás, negó ante el juez que la compra de los trajes se hubiera
hecho en fechas próximas a las navidades.
"Igual que le regalo a él [Arturo González
Panero], regalo a otras personas", declaró Jordán a la policía: "Son
regalos por propia iniciativa mía, al igual que he hecho a muchos
concejales de Boadilla del Monte. Es habitual en el sector de la
publicidad".
Boadilla del Monte es un municipio de la
Comunidad de Madrid donde gobierna el PP con una amplísima mayoría
absoluta y donde, supuestamente, la trama corrupta había echado
raíces para sus negocios. Tanto es así, que la investigación
judicial destapó el supuesto pago de una comisión de tres millones
de euros por la adjudicación de suelo para viviendas de lujo a un
promotor inmobiliario para el que trabajaba Francisco Correa como
conseguidor e intermediario.
Las empresas de la trama corrupta camuflaban los
gastos en regalos de todo tipo para cargos públicos del PP, como
adquisición de material necesario para la actividad de la sociedad,
de manera que pudieran declararlo a la hacienda pública y ahorrarse
mucho dinero, pues les esa fórmula les permitía reducir el monto de
los beneficios por los que tendrían que pagar al fisco.
Durante la investigación, la policía interrogó a
varias cajeras que trabajaron durante el tiempo en que ocurrieron
los hechos en las tiendas Milano y Forever Young.
Una de esas trabajadoras relató así el
procedimiento utilizado en relación con los trajes que la trama
corrupta compraba a cargos del PP: "Elaborábamos las facturas
poniendo el concepto que deseara el cliente o nos dijera el
encargado [José Tomás], poniendo un número a la factura sin ningún
tipo de control o registro para que las mismas fueran consecutivas,
y no quedaba registrada ni almacenada en ningún sitio".
"Recuerdo", continúa la empleada de Milano en su
declaración ante la policía, "que el entonces director de la tienda,
José Tomás, me propuso que una venta de trajes de chaqueta que iban
a hacer a personas que ostentaban cargos en el PP, entre ellos
Francisco Camps, se facturaría como venta de mantelerías o
cristalerías. Lo propusieron las personas que iban a comprar los
trajes. Una de estas personas era un hombre con bigote que se
llamaba Álvaro [en relación a Álvaro Pérez, directivo de Orange
Market, empresa que contrataba con la administración valenciana]".
La empresa Orange Market se encargaba de montar
los eventos del PP en la Comunidad Valenciana, donde, en algunos
casos, se trataba de organizar almuerzos con numerosos asistentes,
por lo que podrían hacer pasar los regalos de trajes a cargos
públicos populares como gastos para montar los actos políticos a la
empresa, en este caso el PP, que se los encargaba.
(www.elpais.com,
21/04/09)
8. "TENGO LA OFICINA LLENA DE TRAJES PARA
DEJÁRSELOS A PERSONALIDADES"
- Primera visita tras la citación. José Tomás,
jefe de ventas de Milano y de Forever Young, donde los altos cargos
del PP adquirían sus trajes por encargo de Álvaro Pérez y Pablo
Crespo (dos de los directivos de la trama corrupta), recibió a
mediados de febrero la citación de la Fiscalía Anticorrupción.
Tomás, según su propio relato ante la policía, se vio con Crespo
antes de acudir a la fiscalía, y éste -afirma en su declaración el
jefe de ventas- elucubró sobre los motivos de la misma: "Puede estar
relacionado con algo del alcalde de Boadilla porque ha podido decir
algo Isabel Jordán porque la hemos despedido. Pero no hay ningún
problema, lo tenemos todo muy bien, no tenemos nada que ocultar
fiscalmente". Dos días después, se presenta en la tienda Álvaro
Pérez y habla con José Tomás: "Tranquilo, no tenemos nada que
ocultar".
- Un café con el sastre. Al día siguiente, Tomás
declaró ante la Fiscalía Anticorrupción y, 24 horas después, Pablo
Crespo le invitó a tomar un café en un establecimiento comercial
próximo a la tienda. En ese lugar le pregunta qué ha pasado con el
fiscal y Tomás contesta que le ha preguntado por dos empresas de la
trama corrupta y sobre la facturación de la tienda de ropa en la que
trabajaba.
- La explicación de Pérez. Una semana después,
Álvaro Pérez acude a la tienda de Tomás y le cuenta su versión de
los hechos: "El tema de los trajes y la fiscalía me dan exactamente
igual. Tengo en la oficina una barra [sic] de trajes llena y puedo
decir que los tengo para dejárselos a determinadas personalidades.
Que los compré yo y que yo los dejo y luego me los devuelven. Estoy
supertranquilo, no tengo nada que ocultar".
(www.elpais.com,
21/04/09)
9. ALCALDES Y CARGOS DEL PP EN MADRID OFRECIERON
NEGOCIOS A LA RED DE CORREA
Dirigentes del PP en Madrid, diputados
autonómicos, concejales y cargos municipales intermedios no sólo
favorecieron a la trama empresarial que dirigía Francisco Correa en
la adjudicación de contratos en las administraciones donde
gobernaban, sino que llegaron a ofrecer nuevos negocios a los
directivos de la red corrupta. Así se desprende de los testimonios y
documentos recogidos en el sumario del caso Gürtel, al que ha tenido
acceso EL PAÍS.
Algunos cargos del PP, como el ya ex alcalde de
Arganda Ginés López, o el diputado autonómico Alfonso Bosch,
ofrecieron nuevas posibilidades de negocio a una de las directivas
de la trama, Isabel Jordán. López, según la confesión de Jordán al
juez, le llegó a plantear la posibilidad de que, al igual que había
hecho la red empresarial de Correa en Majadahonda, se instalara en
Arganda una Oficina de Atención al Ciudadano privatizada que
gestionase la empresa de la trama corrupta. El negocio, al final, no
salió adelante. Tampoco prosperó otra componenda que, según la
propia Jordán, ideó Alfonso Bosch, diputado autonómico, para que la
red empresarial se hiciera con los servicios de la grúa de Boadilla
del Monte. En este municipio, Correa echó sus redes y logró
cuantiosos contratos. De hecho, un informe de la Agencia Tributaria
acredita que Easy Concept, una de las empresas de la trama, tenía en
el Ayuntamiento de Boadilla una de sus principales fuentes de
ingresos. El entonces alcalde de la localidad, Arturo González
Panero, recibió como prueba de agradecimiento no sólo comisiones en
dinero, sino también trajes de Milano, según la investigación.La
directiva de Easy Concept, una de las empresas de la trama corrupta,
declaró que en el sector de la publicidad eran "habituales" ese tipo
de regalos, que también hizo, según su confesión, a otros concejales
de Boadilla.
El director de venta de Milano, José Tomás,
corroboró la información al declarar ante la policía que Isabel
Jordán acudió en varias ocasiones a su tienda acompañada del
entonces alcalde de Boadilla, al que compró unos trajes.
Hubo más regalos. El ex concejal del PP José Luis
Peñas, que denunció a la trama corrupta ante la Fiscalía, aseguró en
su declaración que Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda,
recibió una vivienda de una constructora a cambio de permitir el
desmontaje de una línea de alta tensión que pasaba por encima del
solar donde se iban a edificar pisos.
Los directivos de la trama también confiesan que
recibían contratos por sus amistades con cargos relevantes del PP.
Así, Isabel Jordán, responsable de Easy Concept, declara ante la
policía: "Conseguía los contratos porque conocía a Jesús Sepúlveda,
que era el alcalde de Pozuelo, y a Yolanda, que me daba algunos
contratos". La investigación también intenta acreditar el supuesto
pago en especia, un vehículo, al alcalde Sepúlveda por sus tratos de
favor a la trama corrupta.
En el informe de Easy Concept elaborado por la
Agencia Tributaria, esta empresa de la trama corrupta declara unos
ingresos por contratos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
próximos a los 200.000 euros entre 2003 y 2005.
En relación con los numerosos contratos
facturados por la trama corrupta con la Comunidad de Madrid, el
contacto era Alberto López Viejo, primero como viceconsejero de
Presidencia, y más tarde como consejero de Deportes. El hombre de
confianza de Esperanza Aguirre les facilitó la entrada en la
Comunidad de Madrid, como relata Isabel Jordán al juez: "Una vez que
ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia ya nos
llamaban a todos y nos preguntaban si nos íbamos a presentar. Luego,
además de eso, había actos que no estaban [previstos], que surgían.
De repente, viene AXA a presentar aquí no sé qué. Pues venga. Yo
recuerdo un acto [que hicimos] porque ganó el Real Madrid la copa o
algo así".
(www.elpais.com,
21/04/09)
10. LOS NUEVOS VÍNCULOS DE LA TRAMA CORRUPTA CON
EL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Los trajes del alcalde
- Arturo González Panero. El ex alcalde de
Boadilla del Monte, al que aún mantiene el PP con responsabilidades
de Gobierno en el Ayuntamiento, recibió varios trajes de regalo de
la empresa Easy Concept, según la responsable de esta compañía y del
director de ventas de Milano, José Tomás. En las declaraciones de
ambos que obran en el sumario se explican estos regalos. Además,
González Panero habría recibido, según la investigación judicial,
comisiones millonarias por su intermediación en concursos de suelo.
Otro negocio en Arganda
- Ginés López. El ex alcalde de Arganda del Rey,
imputado en el caso de la corrupción masiva de la red del empresario
Francisco Correa, llegó a ofrecer nuevos negocios a los directivos
de la trama. Según las declaraciones de Isabel Jordán, Ginés López
se puso en contacto con ella para estudiar la posibilidad de
privatizar la oficina de atención al ciudadano de Arganda, al igual
que la red corrupta había hecho, con la connivencia del entonces
alcalde Guillermo Ortega, en el Ayuntamiento de Majadahonda.
Grúas para Boadilla
- Alfonso Bosch. El diputado autonómico del PP
trabajaba como director general de la Empresa Municipal de Suelo de
Boadilla del Monte y, según la investigación policial, intentó que
una de las sociedades de la trama corrupta se encargase de gestionar
el servicio de la grúa municipal de ese municipio tras la
instalación de parquímetros en el mismo. Llegó a contactar con los
directivos de la red para que se encargaran de ese contrato, que
tenía que salir a concurso. Al final, la operación no salió
adelante.
Contratos autonómicos
- Alberto López Viejo. La Comunidad de Madrid fue
uno de los clientes principales de la trama corrupta. En la
facturación de las distintas empresas, la Administración gobernada
por Esperanza Aguirre era, con diferencia, una de las que más
facturaba. El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue quien
metió a la red de Correa en el negocio de los contratos públicos.
Los técnicos de su departamento, según las pruebas que obran en el
sumario, siempre llamaban a las empresas de Correa, incluso para
actos no previstos.
Negocios por amistades
- Jesús Sepúlveda. El ex alcalde de Pozuelo de
Alarcón tenía amistades con los miembros de la trama corrupta, que
aprovecharon para lograr contratos en el Ayuntamiento que presidía
Sepúlveda. En el informe de la Agencia Tributaria incluido en el
sumario sobre Easy Concept, una de las empresas pertenecientes a la
red de Correa, aparece el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como
uno de los clientes principales. En dos años, la facturación a
Pozuelo declarada a Hacienda por Easy Concept casi alcanzó los
200.000 euros.
Un piso para el regidor
- Guillermo Ortega. El ex alcalde de Majadahonda
recibió una vivienda como pago de una constructora, a cambio de que
permitiera desmontar una torre de alta tensión ubicada en un solar
edificable. Lo denunció con documentación un ex concejal del PP en
Majadahonda ante la Fiscalía Anticorrupción. En la denuncia,
incluida en el sumario, detalló algunas componendas entre Francisco
Correa, el jefe de la trama, y Ortega, al que destituyó Esperanza
Aguirre como alcalde para hacerle director general de una empresa
autonómica
(www.elpais.com,
21/04/09)
11. JOSÉ GALEOTE, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL,
RINDE TRIBUTO A LA POLICÍA DE BOADILLA
Finalmente, El Albondiguilla no apareció en la
fiesta que el Ayuntamiento de Boadilla (Madrid) organizó para
homenajear a la Policía. Ayer sonaron todas las alarmas cuando los
responsables políticos de la Comunidad de Madrid, jueces y oficiales
de las Fuerzas de Seguridad que habían anunciado su presencia en
este acto, se enteraron que Arturo González Panero también tenía
pensado rendir un tributo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Quizás por este motivo, el número dos del Partido
Popular de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco
Granados, decidió alegar problemas de agenda y no acercarse por esta
localidad del sureste madrileño. Su silla fue ocupada por el
vicepresidente de Presidencia e interior de la Comunidad de Madrid,
Alejandro Halffter Gallego (quien disculpó el plante de Granados).
Quién si apareció por el acto, contra todo
pronóstico, fue José Galeote, padre de Gerardo Galeote e imputado en
el caso Gürtel. José Galeote fue una de las personas que acompañó a
Arturo González Panero y Francisco Correa a Miami Beach, lugar donde
el ex regidor de Boadilla pudo haber adquirido varias propiedades.
Durante más de 12 años, este dirigente popular
fue concejal de esta localidad madrileña. En 2004, cuando ya estaba
jubilado, le nombraron gerente del Consorcio Deportivo y de
servicios de la zona noroeste de Madrid. Hasta el pasado mes,
Galeote era consejero de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de
Boadilla. Según el diario El Mundo, su relación con el entramado de
Correa le reportó 612.506 euros. Hasta ahora, su foto no había
aparecido en ningún medio de comunicación.
De este modo, Galeote pudo comprobar de primera
mano como el sacerdote que ofició la misa en conmemoración de San
Jorge, patrón de la Policía Local, sacó a la palestra la parábola
del buen ladrón samaritano. Acto seguido, el sacerdote instó a las
autoridades a que estuvieran alerta y se apartaran del mal. Muchos
de los presentes se quedaron desconcertados ante las desafortunadas
palabras pronunciadas por el párroco de Boadilla (epicentro de la
Operación Gürtel).
Una vez concluido el acto, el nuevo alcalde de
Boadilla, Juan Siguero, explicó a El Plural que Arturo González
Panero no había acudido a este homenaje a la Policía porque, "al no
ser miembro del equipo de Gobierno", no había sido invitado.
(www.elplural.com,
23/04/09)
12. EL EX CONSEJERO LAMELA, INVESTIGADO POR
FALSEDAD EN EL CASO MONTES
El ex consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Manuel Lamela (PP), declarará en el juzgado por un presunto
delito de denuncia falsa y falsedad contra los doctores Luis Montes
y Miguel Ángel López Varas, al haberles acusado de practicar
sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés
(Madrid), que luego resultaron ser falsas.
Al ex consejero le acompañarán los seis médicos
que formaron parte del comité de expertos creado a instancias del
propio Lamela. Los facultativos emitieron un informe en mayo de 2005
en el que acusaban a Montes, entonces jefe de Urgencias del Severo
Ochoa, y a su equipo de haber causado la muerte a centenares de
enfermos terminales al aplicarles sedaciones irregulares. El caso
fue finalmente archivado por los tribunales. Y a los doctores se les
exculpó de mala praxis médica.
La titular del juzgado de Instrucción 43 de
Madrid, María del Coro Cillán, emitió ayer una providencia en la que
admite la querella presentada por Montes y López Varas contra Lamela
y su equipo de expertos. Todos ellos declararán el próximo 9 de
junio en los juzgados de Plaza de Castilla.
"Lamela cometió una serie de tropelías
indescriptibles contra nosotros y esta actuación judicial demuestra
el despropósito de todo aquello", afirmó ayer a Público Miguel Ángel
López Varas. Este médico, que se vio obligado a dejar su trabajo en
el hospital de Leganés ante las "presiones insoportables" a las que
fue sometido, se mostró ayer "satisfecho" por la decisión de la
jueza. "Han pasado ya varios años pero ha quedado demostrado que
actuamos correctamente, que no hubo jamás ni media sedación
irregular y que la Consejería de Sanidad ha perdido", añadió el
compañero de Luis Montes. Aun así, se mostró muy escéptico ante la
posibilidad de ser indemnizados: "Si nos dan un euro por Lamela, ya
podemos dar las gracias".
En su querella, Montes y López Varas señalaban al
ex consejero de Aguirre como el principal responsable de la
"campaña" que se inició contra ellos. La investigación partió de una
"denuncia anónima" que acusaba al equipo de Urgencias del hospital
de Leganés de cometer centenares de homicidios por sedaciones
irregulares.
Montes fue destituido. Su defensa basó entonces
la querella contra Lamela en que dichas sedaciones habían sido
"sometidas a inspección previamente, incluso por el Comité de Ética
del Hospital Universitario deGetafe". No obstante, Lamela obvió este
informe y encargó uno nuevo. Conclusión: "No hubo indicios para
plantear la denuncia".
(www.publico.es,
18/04/09)
13. "SINVERGÜENZA, ¿VIENES A DENUNCIARNOS?"
"Sinvergüenza, ¿vienes a denunciarnos?". Es el
recibimiento con el que Juan José Güemes, consejero de Sanidad de la
comunidad de Madrid, se ha topado esta mañana al llegar al hospital
Severo Ochoa de Leganés. El aguirrista ya está acostumbrado a los
encontronazos con los sindicalistas, a los que suele descalificar
siempre que tiene oportunidad, pero hoy el motivo de las protestas
no era su nefasta política sanitaria privatizadora sino su decisión
de acudir a este centro apenas tres días después de que el Juzgado
admitiera la querella del doctor Luis Montes –acusado y absuelto en
el llamado caso Leganés- contra su antecesor en el cargo, Manuel
Lamela. La actitud de Güemes ha sido considerada una "provocación"
por los sindicatos, que se han apresurado a recordarle que "hoy no
toca" porque le verán "el 9 de junio en el Juzgado".
Los antecedentes más inmediatos del último
rifirrafe entre Güemes y los manifestantes se remiten al viernes
pasado, cuando el Juzgado admitió una querella de los doctores Luis
Montes y Miguel Ángel López Varas contra Lamela y otros seis médicos
por denuncia falsa y falsedad en el llamado caso Leganés.
Las raíces del problema se remontan, no obstante, a mayo de 2005,
cuando los médicos ahora denunciados elaboraron un informe a
petición del entonces consejero acusando a Montes y a su equipo de
sedaciones irregulares de enfermos terminales en las urgencias del
hospital. El caso finalmente fue archivado por los tribunales, pero
los perjudicados intentan resarcir su honor y se han querellado
contra los que fueran sus inquisidores. El viernes pasado, además de
admitirse la denuncia, se citó a Lamela el 9 de junio.
Precisamente, a esta fecha se ha referido hoy la
comitiva que recibió a Güemes. "Hoy no toca. Mejor el 9 de junio en
el Juzgado. Tú ve con Lamela, que nosotros acompañaremos a Montes",
rezaban las pancartas de una decena de trabajadores. "Sinvergüenza,
¿vienes a denunciarnos?", gritaban. La secretaria general de la
sección sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) en el hospital,
Isabel Serrano, apuntalaba las protestas: "¿Por qué viene hoy,
después de las noticias del viernes? Sigue con la provocación. No es
el momento. Lo veremos el día 9".
Al increpado, entre tanto, no se le ha ocurrido
otra cosa que atizar los ánimos con declaraciones muy de su estilo.
Así, esta mañana ha asegurado que la querella contra Lamela es
"puramente política" y debe situarse en un "contexto preelectoral".
El consejero ha desviado la atención preguntándose "por qué el PSM
en colaboración con el doctor Montes promueve una querella contra
Lamela y no contra la ex ministra (de Sanidad) Elena Salgado si
hicieron exactamente lo mismo ese día" –remitir una denuncia de
supuestas malas prácticas que llegó a la Consejería y al Ministerio
a la Fiscalía-.
Güemes ha recordado que la iniciativa legal se ha
admitido pero "no va a llegar más lejos que la propia campaña
electoral", indicando que el aceptarla "no significa, ni mucho
menos, que Manuel Lamela tenga ninguna responsabilidad". El gracioso
consejero también ha tenido tiempo para cargar contra el juez que
instruyó el caso Gürtel, que nada tenía que ver en el asunto,
asegurando que "las únicas querellas que no se admiten a trámite son
las del juez Garzón". Tales palabras no parecen, sin embargo, de su
cosecha: Esperanza Aguirre había asegurado lo mismo el sábado 18 de
abril.
Aguirre, que acudió a los actos de posesión de
Alberto Núñez Feijóo en Galicia, afirmó que en el caso Leganés "no
hay ninguna denuncia falsa". Lo que ocurrió, según dijo, es que las
referencias a "malas praxis o sedaciones excesivas" no se pudieron
demostrar porque "no se habían hecho las autopsias". Tal como ella
cree, no es que las prácticas equivocadas no ocurrieran sino que no
se consiguió probarlas. "Y como dice alguien en el mundo judicial:
hoy en día las únicas querellas que no se admiten a trámite son las
que se hacen contra el juez Garzón, todas las demás se admiten",
concluyó en relación a la causa contra Lamela.
(www.elplural.com,
21/04/09)
14. EL HOSPITAL PÚBLICO CARLOS III CEDE RECURSOS
A UNA FUNDACIÓN PRIVADA
La homosexualidad es "una alteración conductual",
la masturbación "deteriora la grandeza de la sexualidad humana" y
para prevenir el contagio del sida lo mejor no son los condones,
sino la castidad. Afirmaciones y consejos como éstos pueblan la guía
Adolescentes frente al sida: preguntas con respuestas, un librito de
53 páginas editado en 2007 por la Fundación Investigación y
Educación en Sida (FIES). No habría nada que objetar a una
publicación pagada por una entidad privada, de no ser porque esa
guía se estuvo repartiendo en las consultas de un hospital público,
el Carlos III, durante un año. Cuando la noticia saltó a los medios
de comunicación, en noviembre pasado, el hospital se desvinculó del
librito. El gerente no sabía que se estaba repartiendo, afirmó, ni
tenía nada que ver con la fundación que la editaba, excepto
"colaboraciones puntuales en investigación".
Pero la relación de FIES con el hospital es mucho
más estrecha. Tanto que fundación privada y centro público se
confunden hasta no saber dónde acaba una y empieza el otro. El
presidente de FIES, Juan González- Lahoz, es el jefe del Servicio de
Enfermedades Infecciosas. Su secretario, Vicente Soriano, y su
vicepresidente, Francisco Blanco, son también médicos del servicio.
Los dos primeros son autores, con otras tres personas, de la
polémica guía. La fundación, cuya sede está en el hospital, controla
el laboratorio de biología molecular del centro, especializado en
VIH. Su responsable, Carmen de Mendoza -esposa de Soriano-, ni
siquiera está contratada por el Carlos III. El hospital y la FIES
mantienen convenios al menos desde 1999.
El primer convenio con FIES, de 1999 y vigente
hasta el 28 de febrero de este año, recogía que el hospital y la
entidad, que entonces era una asociación, convenían en "estrechar
sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de
actuación". Tan amplias que en las apenas 20 líneas de
estipulaciones sólo se dice que el Carlos III pone a disposición de
FIES su infraestructura y que FIES cede el uso de sus equipos para
investigación. El convenio no especifica, por ejemplo, qué actividad
puede o no puede realizar el personal ajeno al hospital.
De ahí las críticas que los sindicatos
mayoritarios (CSIT, UGT y CGT) en el Carlos III llevan meses
trasladando al gerente: médicos de la fundación que realizan
actividad asistencial (pasan consulta), utilización de material
(reactivos) del hospital "para beneficio de la entidad privada",
validación de pruebas analíticas del hospital por parte de personal
de la fundación que "no tiene competencias para ello", etcétera.
Lo cierto es que lo público y lo privado están
tan imbricados que cuesta distinguirlos. Un ejemplo es el puesto de
Alma González, hija de González Lahoz y secretaria de la fundación.
A pesar de no tener contrato con el hospital, trabaja en un despacho
de la sexta planta del centro y en varios programas de cursos
organizados por el Carlos III aparece como "secretaria del servicio
de Enfermedades Infecciosas". Otro ejemplo. Pablo Labarga, médico
especialista en VIH, no tiene contrato con el hospital desde el 1 de
enero. Sí lo tiene con la fundación privada. Este periódico comprobó
en dos ocasiones durante el mes de abril que utiliza la consulta
número 5, en la planta baja, a la que acuden pacientes de la sanidad
pública.
"El personal que contrata una fundación con sus
fondos propios se dedica en exclusiva a la investigación. No puede
hacer asistencia, ni clínica ni de laboratorio", explica un jefe de
servicio de un gran hospital madrileño. "Pasar consulta a pacientes
no está permitido", admitió ayer González Lahoz sobre la situación
de Labarga. "Otra cosa es que haya allí un médico presente ayudando
a otro o tomando notas", justificó.
La situación del laboratorio de biología
molecular también es peculiar. Su responsable, la bióloga Carmen de
Mendoza, ex trabajadora de la fundación, tiene un contrato como
investigadora del Sistema Nacional de Salud. No depende, por tanto,
del hospital, pese a lo cual dirige a los trabajadores y toma
decisiones. Técnicos contratados por la fundación no se limitan a la
investigación, sino que hacen trabajos de rutina del hospital. En el
mes de marzo el gerente del Carlos III dio instrucciones para que
ese laboratorio pasara a depender del de Microbiología, algo que
finalmente no ha sucedido, según confirman fuentes del hospital. El
gerente declinó comentar el tema con EL PAÍS.
"La fundación se ha hecho con el hospital",
afirman los trabajadores consultados, que piden anonimato por temor
a represalias. "Ya casi no se puede distinguir una cosa de otra",
añaden. "Una fundación privada se está adueñando del Carlos III y
nadie lo impide. ¿Por qué estos médicos crean una fundación para
investigar cuando podrían hacerlo igual a través del hospital?", se
pregunta Juan Domingo García, de CSIT. Lo cierto es que el Carlos
III tiene, igual que todos los grandes hospitales madrileños, su
propia Fundación de Investigación Biomédica, que es la que ha
firmado (el 26 de febrero de 2009) el convenio actual con la otra
fundación.
FIES tuvo unos ingresos de 870.000 euros en 2007,
según las últimas cuentas presentadas en el Registro de Fundaciones
del Ministerio de Educación. Casi medio millón provenía de
"donaciones de entidades privadas", sin especificar cuáles ni para
qué.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes,
anunció en noviembre, tras el escándalo de las guías, que abriría
una investigación. Sobre su resultado, el Carlos III afirmó en un
comunicado: "Se comprobó que la guía no es del hospital, por lo que
se procedió a la prohibición de la misma". Lo mismo que ya dijo
Güemes en noviembre pasado.
(www.elpais.com,
22/04/09)
15. ENRIQUE PORTO, IMPUTADO EN OTRO CASO
URBANÍSTICO
Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo
de Madrid desde diciembre de 2003 hasta su dimisión en octubre de
2006, se ha visto de nuevo envuelto en un presunto delito
urbanístico. Retirado de la política, es el principal implicado en
el caso Porto, al que dio nombre y donde se le investiga desde hace
tres años por beneficiarse de la recalificación de unos terrenos de
su propiedad que él mismo desbloqueó en el municipio de Villanueva
de la Cañada. Ahora, Porto deberá comparecer ante el juez número 4
de Instrucción de El Escorial, que el pasado día 13 ordenó citarlo
en calidad de imputado por presunta prevaricación urbanística.
El magistrado, que ha reabierto el caso tras un
sobreseimiento provisional dictado por otra juez y al que se opuso
la Fiscalía, indaga si Porto y otros cargos prevaricaron al bloquear
indebidamente entre 2003 y 2008 la reconversión en hotel de un
palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo
no urbano protegido. Entre los imputados figura el sucesor de Porto
que tampoco ocupa ya el cargo así como ediles del anterior equipo de
El Escorial (PSOE-IU) y del actual (PP).
La Consejería de Ordenación del Territorio
subrayó su convicción de que el caso no prosperará, porque "los usos
hosteleros en edificios de valor arquitectónico situados en suelo no
urbano protegido estuvieron prohibidos hasta julio de 2007", cuando
se modificó la Ley del Suelo mediante la Ley de Medidas Urgentes. El
propietario de El Enebral y denunciante del caso, DiegoGuillamón,
sostiene que la norma original ya autorizaba los establecimientos de
turismo rural.
El Ayuntamiento de El Escorial había aprobado en
diciembre de 2003 la modificación de las Normas Subsidiarias para
reconvertir El Enebral en hotel: no hubo informes contrarios de la
Comunidad, pero sí una petición encadenada de nuevos informes que
demoraron la aprobación definitiva hasta diciembre de 2008. La
Comunidad asegura que el trámite fue el correcto. ¿Por qué si el
proyecto era ilegal nadie avisó a El Escorial? Porque el
procedimiento no lo prevé, dice la consejería.
El empresario Guillamón fue quien acudió a la
Fiscalía en diciembre de 2007. Según su versión, la Comunidad
retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de
la recalificación "para favorecer a La Granjilla", una finca aledaña
de la familia Aguirre, aunque esa acusación no figura en la
denuncia. La modificación no afecta a La Granjilla, cuyo grado de
protección es superior.
(www.publico.es,
23/04/09)
16. SEGUNDA HUELGA EN TELEMADRID EN UNA SEMANA
La pantalla de Telemadrid y el sonido de Onda
Madrid desaparecieron ayer, una vez más. Los niños estaban viendo un
programa de dibujos japoneses, Doraemon, cuando a las diez de la
mañana apareció el rotulito: "Una nueva huelga de CC OO, UGT y CGT
impide que Telemadrid pueda ofrecerles su información y programación
habitual. La emisión se reanudará a las 10.00 del lunes 20 de
abril". Luego vino la serie Walker, Texas ranger, un par de anuncios
y la pantalla se quedó negra. En la radio, a las diez en punto de la
mañana se levantó el técnico de Hoy en Madrid fin de semana. Sin él
no pudo seguir la emisión.
Se trata de la segunda huelga en menos de una
semana que deja al ente público en negro. Los sindicatos ya han
convocado un nuevo parón el 2 de mayo y amenazan con una huelga
indefinida a partir del día 5.
El motivo es la pérdida de empleos, la
externalización de programas y la negociación del convenio
colectivo, que lleva parada un año y medio.
(www.elpais.com,
20/04/09)
17. "AGUIRRE NO DEJA DE MANIPULAR TELEMADRID NI
CUANDO ESTÁ EN NEGRO"
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha
asegurado este lunes que Esperanza Aguirre "sigue manipulando"
Telemadrid "y no deja de hacerlo ni cuando está en negro", en
referencia al mensaje que apareció ayer cuando la emisión del ente
público se interrumpió como resultado del segundo de los tres paros
de 24 horas convocados por CCOO, UGT y CGT.
"Una nueva huelga de CC OO, UGT y CGT impide que
Telemadrid pueda ofrecerles su información y programación habitual.
La emisión se reanudará a las 10.00 del lunes 20 de abril", rezaba
el rotulito que la dirección de Telemadrid publicó cuando la imagen
se fundió en negro.
Destrucción de Telemadrid
Tomás Gómez calificó de "bochornosa" la situación
de Telemadrid, cadena que Aguirre está "destruyendo" al convertirla
en "un aparato de propaganda al servicio de sus intereses
personales". Como prueba, el líder de los socialistas recordó que
desde que la lideresa del PP gobierna la Comunidad de Madrid, el
ente público ha perdido un tercio de su audiencia y tiene una deuda
superior a los 200 millones de euros.
Por otro lado, Gómez pidió a Aguirre que haga en
Telemadrid lo que Zapatero ha propuesto para TVE, una reducción
drástica de la publicidad. "Con una buena gestión, con un
reconocimiento a la tarea de los profesionales, que son muchos y muy
buenos los que trabajan en la cadena, con una mejor gestión
económica, se podrían reducir los ingresos de publicidad y
Telemadrid tendría mejor índice de resultados", explicó.
La pasada semana, Esperanza Aguirre se negó en
rotundo a reducir la publicidad de la cadena de televisión que
manipula con tanto descaro. "Soy partidaria de que si las
televisiones públicas tienen que reducir la publicidad, el Gobierno
de la nación nos deje a los gobiernos autonómicos que privaticemos
esas emisoras públicas, cosa que la ley nos prohíbe, o nos diga de
dónde vamos a sacar el dinero (para financiarlas)", indicó.
(www.elplural.com,
21/04/09)
18. LOS NIÑOS DE TRES AÑOS SE QUEDAN SIN BECAS DE
LIBROS
Los niños de tres años, los que se matriculen en
primero del segundo ciclo de Infantil, no podrán optar este año a
las becas para libros y material escolar que ofrece la Comunidad
para el curso 2009-2010. Así se recoge en la convocatoria para
solicitar estas ayudas, abierta hasta el 24 de abril. Educación
explica que el año pasado, de las 14.000 becas que quedaron
vacantes, "la gran mayoría" eran de ese curso. La razón que alega es
que a esa edad no se utilizan apenas libros de texto.
"No serán los mismos libros que en otros cursos,
pero sí un montón de material escolar que es tan caro o más que
éstos", objeta Carmen Ferrero, representante de la asociación Junta
de Portavoces de Educación Infantil Pública 0-6. "Y también es
obligatorio", concluye. Eso es lo que pudo comprobar Edurne Reina,
madre de una niña para la que va a solicitar plaza en ese curso,
cuando se enteró de que no habría beca para su hija. "Será que no
necesitarán libros", pensó. Y decidió llamar al centro para
consultarlo. "Me dijeron que sí los utilizaban, y que los del año
pasado costaron unos 160 euros". La cuantía de las becas para los
otros cursos de Infantil es de 65 euros. En la Comunidad hay unos
64.000 niños matriculados en primero.
El presupuesto para becas de libros, pese a esta
supresión, ha aumentado en 800.000 euros respecto al año pasado,
hasta 30,8 millones. "Se ha distribuido en los demás cursos",
explican en la Consejería, que aseguran que no se suprimirán becas
para los demás cursos de Infantil.
(www.elpais.com,
18/04/09)
19. EL JUEZ DEL 'GUATEQUE' PIDE INFORMACIÓN SOBRE
LÓPEZ VIEJO
A Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y
ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, le crecen los enanos. A la
imputación por el caso Gürtel a la que tiene que hacer frente por su
presunta vinculación con la trama corrupta liderada por el
empresario Francisco Correa ahora se le suma el interés del juez
Santiago Torres, que ha pedido información sobres sus bienes por la
imputación de su esposa, Teresa Gabarra, en otro escándalo de
corrupción: el caso Guateque. Un juez de instrucción no puede
imputar a un aforado, como es el caso de López Viejo, diputado de la
Asamblea de Madrid. En caso de que encuentre indicios, tiene que
elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid para que solicite al parlamento autonómico el correspondiente
suplicatorio para proceder contra él.
El magistrado, en una providencia fechada el 27
de marzo, reclama a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de
Madrid las declaraciones de López Viejo que figuren tanto en el
Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid
como en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos
Cargos del Gobierno regional. Dicho interés proviene de la
imputación de la esposa de López Viejo.La esposa del consejero,
Teresa Gabarra, está imputada en la concesión de licencias por un
supuesto trato de favor: la obtención de permisos para un
restaurante de su propiedad en la calle de Ibiza. Uno de los
expedientes solicitados por el juez, el relativo al local de la
mujer de López Viejo, contenía una anotación con la palabra:
"Urgente". Gabarra Balsells negó este extremo ante el juez el pasado
mes de diciembre.
Además, en la providencia, el juez reclama
también al registro mercantil información sobre cuatro sociedades en
las que figuran la imputada Teresa Gabarra y presuntamente también
el propio López Viejo; entre ellas, se encuentra la empresa Marvel.
Gabarra figura como apoderada en dos: de La Pampa Hostelera SL y
Loga Siglo XXI SL, sociedades de las que fue vicepresidenta hasta
agosto de 2008.
De la misma manera, el juez solicita información
al registro civil sobre el régimen económico matrimonial de esta
pareja por si se hubieran acogido a separación de bienes.
López Viejo, de 41 años, está imputado y fue
investigado por el juez Baltasar Garzón por el presunto cobro de
comisiones y regalos a cambio de adjudicar contratos a la trama
corrupta liderada por Francisco Correa. Fraccionó contratos para
adjudicarlos a la trama mafiosa y recibió sobornos por 563.000
euros, según consta en el sumario. Su causa ha pasado al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, que deberá continuar con el proceso.
La trama tenía presuntamente su contacto en López
Viejo, primero como viceconsejero de Presidencia, y más tarde como
consejero de Deportes. El hombre de confianza de Esperanza Aguirre,
quien conoce a la presidenta desde su etapa en el Ayuntamiento (fue
concejal de Limpieza entre 1999 y 2003), les facilitó la entrada en
la Comunidad de Madrid, como relató Isabel Jordán, otra de las
imputadas, al juez: "Una vez que ganamos el primer concurso, los
técnicos de Presidencia ya nos llamaban a todos y nos preguntaban si
nos íbamos a presentar. Luego, había actos que no estaban, que
surgían. De repente, viene Axa a presentar aquí no sé qué. Pues
venga. Yo recuerdo un acto porque ganó el Real Madrid la copa o algo
así".
Cuando López Viejo era concejal en el
Ayuntamiento fue señalado por el interventor del Consistorio por
irregularidades en las contrataciones, con adjudicaciones a dedo y
superposición de contratos. También fue acusado de imponer a los
proveedores la compra de vehículos de una marca para favorecer a un
concesionario y de forzar la adquisición de muebles en la tienda de
su padre, Fernando López Paredes.
(www.elpais.com,
24/04/09)
20. EL ALCALDE DEL PP DE ALCOBENDAS, BAJO
SOSPECHA POR PRESUNTA "CORRUPCIÓN URBANÍSTICA"
Ignacio García Vinuesa, alcalde de Alcobendas
(Madrid), es el protagonista de una de las conversaciones
telefónicas grabadas por la Policía al empresario José Carlos
Fernández Delgado, en prisión por un presunto delito de pago de
sobornos, blanqueo de capitales, cohecho y falsificación documental
ocurridos en la localidad zaragozana de La Muela.
Antes de ingresar en prisión, Fernández Delgado
presidía la Asociación de Empresarios para el Progreso (ASEMPRO),
con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Entre otras muchas
empresas, este empresario dirigía COMOFER y BROCOVER, empresas
constructoras implicadas en el desarrollo de un complejo residencial
de 800 viviendas en La Muela. La alcaldesa de esta localidad, María
Victoria Pinilla, del PAR, ingresó el pasado mes en prisión a raíz
de la construcción de esta macro urbanización.
Según desvela El Periódico de Aragón, además de
en Zaragoza, Fernández Delgado tenía "relaciones peligrosas" con el
alcalde de Alcobendas, el popular García Vinuesa. La intervención de
su móvil permitió a la Policía escuchar una serie de conversaciones
telefónicas en las que "se ponen de manifiesto otros hechos que
podrían constituir indicios de un posible delito relacionado con la
corrupción urbanística en la que estaría implicado el regidor de
Alcobendas".
García Vinuesa es uno de los alcaldes más
polémicos de la Comunidad de Madrid. Hace unos meses, abandonó su
puesto en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), tras las
declaraciones vertidas por el alcalde de Getafe, Pedro Castro, en
las que se preguntaba por qué todavía "hay tanto tonto de los
cojones que vota a la derecha". Tras su renuncia, muchos le
recordaron cuando en marzo de 2005 afirmó, tras una reunión del
Comité Regional del PP, que "los del Partido Popular somos
biológicamente distintos".
Pilar Sánchez Acera, diputada en la Asamblea de Madrid y afiliada al
Partido Socialista de Alcobendas
también denunció
que Vinuesa mantuvo como cargo de confianza a un militante del PP en
el Ayuntamiento de Alcobendas que había sido condenado en juicio por
haber llamado "gilipollas" a una concejala del PSOE de esta
localidad madrileña.
Otros muchos conocerán a García Vinuesa por la
participación de su hermana Cuca en la última edición de
Supervivientes (Telecinco). Ambos hermanos son profundamente
creyentes y conservadores. Nada más llegar a la alcaldía, Ignacio
García instaló una bandera española gigante a la entrada de
Alcobendas y cambió el color oficial del municipio (de verde pasó a
azul).
De momento, el gabinete de prensa del
Ayuntamiento desmiente la información desvelada por El Periódico de
Aragón. Desde el consistorio defienden la inocencia de Vinuesa, e
incluso se atreven a asegurar que no mantuvo relación alguna con el
empresario encarcelado.
Sea como sea, el alcalde de Alcobendas no es el
único político de la zona norte de Madrid que el diario del
grupo Zeta cita en su información. Es posible que Gabriel Martínez,
concejal de Izquierda Unida en esta localidad, también mantuviera
conversaciones con Fernández Delgado sobre una expropiación de
granjas de la familia del empresario (en la que se produjo "una
posible revelación de secretos del concejal").
Por último, Fernández Delgado "también mantenía contactos con un ex
alcalde de San Sebastián de los Reyes". Hasta la pasada legislatura,
todos los gobiernos de este municipio madrileño estuvieron liderados
por dirigentes del Partido Socialista, Izquierda Unida e Izquierda
Independiente.
(www.elplural.com,
23/04/09)
