ÍNDICE
1. AGUIRRE RESPONDERÁ ANTE LA JUSTICIA POR
IDENTIFICAR A SINDICALISTAS EN UN VÍDEO
2. ¿GRABARON LOS 'ESPÍAS' DE MADRID A LOS
SINDICALISTAS?
3. AGUIRRE PIERDE EL PULSO EN UNA COMISIÓN CLAVE
DE CAJA MADRID
4. LA COMUNIDAD DA UNA LICENCIA DE RADIO A UNA
EMPRESA MOROSA
5. AGUIRRE PROPONE QUE LA CAÑADA REAL DEJE DE SER
VÍA PECUARIA
6. LA COMUNIDAD TROCEÓ CONTRATOS PARA
ADJUDICARLOS SIN CONCURSO
7. REGALOS MADE IN GRANADOS BAJO SOSPECHA
8. GRANADOS ES INCAPAZ DE ACLARAR SU COMIDA CON
VIEIRA
9. EL PP TUMBA LA REPROBACIÓN DE GRANADOS
SOLICITADA POR EL PSOE
10. EL SUPERIOR DE MADRID DECIDE INTERROGAR A LOS
AFORADOS A PARTIR DEL DÍA 28
11. UNA EMPRESA DE CORREA EXPLOTÓ 32 LOCALES EN
BOADILLA SIN PAGAR
12. EL EX ALCALDE DE BOADILLA SIGUE EN EL NÚCLEO
DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO
13. EL ALBONDIGUILLA SERÁ TAMBIÉN VOCAL DE
ECONOMÍA Y HACIENDA DE BOADILLA, EPICENTRO DE LA TRAMA CORRUPTA
14. LA OPOSICIÓN PLANTA AL 'EX ALCALDE', IMPUTADO
EN EL 'CASO GÜRTEL'
15. BOADILLA INDEMNIZA CON 9.000 EUROS A ALFONSO
BOSCH, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL
16. TELEMADRID, POR TERCERA VEZ EN NEGRO
17. AGUIRRE EXIGE PODER PRIVATIZAR TELEMADRID SI
SE REDUCE SU PUBLICIDAD
18. GALLARDÓN EN PIE DE GUERRA CONTRA HACIENDA
19. LA GESTIÓN DE LAS LICENCIAS SE PRIVATIZA
1. AGUIRRE RESPONDERÁ ANTE LA JUSTICIA POR
IDENTIFICAR A SINDICALISTAS EN UN VÍDEO
El Juzgado de lo Social número 20 ha admitido a
trámite la demanda presentada por CCOO contra la Comunidad de Madrid
por difundir un vídeo en el que identificaba a varios representantes
sindicales que participaron en una protesta en el Hospital Puerta de
Hierro contra el consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
El próximo 5 de junio el Gobierno de Aguirre
tendrá que responder ante la Justicia por estos hechos que, según la
demanda, suponen una vulneración de los derechos fundamentales.
En octubre de 2008, en plena oleada de protestas
contra la política sanitaria del Gobierno de Aguirre, la Consejería
de Sanidad difundió un vídeo en el que identificaba uno por uno a
los participantes en una de estas movilizaciones contra el
consejero Juan José Güemes. Según CCOO, su intención fue la de
"criminalizarles". Por su parte, las autoridades madrileñas,
quisieron con esta táctica demostrar que las protestas venían
exclusivamente de "liberados sindicales". Güemes y Aguirre habían
declarado entonces la guerra a los sindicatos para eludir cualquier
tipo de responsabilidad frente a las movilizaciónes. La consigna era
entonces que los sindicatos trabajaban a sueldo de la oposición.
CCOO está a la espera también de la resolución de la Agencia de
Protección de Datos ante la que se denunció igualmente a la
Comunidad por vulnerar la legislación sobre protección de datos de
carácter personal.
(www.elplural.com,
15/04/09)
2. ¿GRABARON LOS 'ESPÍAS' DE MADRID A LOS
SINDICALISTAS?
Sucedió en las semanas más duras de Juan José
Güemes, cuando cada inauguración de un nuevo hospital (y con siete)
suponía un absoluto via crucis para el consejero de Sanidad, un
calvario de insultos y quejas por los abundantísimos problemas
causados por la apertura de los nuevos centros. Casi cada día,
Güemes se sometía a una abrasiva sesión de imprecaciones sobre sus
decisiones, sus maneras y hasta sus rizos "de borjamari", como le
gritaban numerosas veces decenas de sanitarios.
La Consejería denunciaba entonces una campaña
orquestada para desacreditarle, y pretendió demostrarlo
distribuyendo el 7 de octubre de 2008 un vídeo tomado ese mismo día
en que se mostraba a cuatro sindicalistas liberados gritando y
quejándose al paso del consejero, en el Hospital de Majadahonda.
Ahora, el juzgado número 20 de lo social ha admitido a trámite una
demanda de CCOO por vulneración de la libertad sindical: la
Comunidad aseguraba que los cuatro sindicalistas eran de CGT, pero
en realidad una pertenecía a Comisiones.
Y Jaime Cedrún, secretario de Política
Institucional de la central en Madrid, aseguró que "desde el
sindicato se sospecha que este vídeo podría haber sido realizado por
los tristemente célebres espías de la Comunidad de Madrid",
refiriéndose a la supuesta trama de espionaje a varios miembros del
Ejecutivo de Aguirre. "Es que, si no, ¿quién se ha dedicado en la
Comunidad a este tipo de cosas? Sospechamos que el vídeo tiene que
ver con el escándalo de los espías", zanjó Cedrún.
El juicio tendrá lugar el próximo 5 de junio, y
CCOO presentó la demanda por vulneración de sus derechos
fundamentales, al estar incluida la libertad sindical en ellos
constitucionalmente. Además, el sindicato está a la espera de la
resolución de la Agencia de Protección de Datos por posibles daños a
la intimidad y la identidad de los trabajadores identificados.
"Fue una protesta pacífica y distribuir un vídeo
así es totalmente antidemocrático, es increíble e inédito que una
institución pública haga eso", explicaba a este diario Dioni
Chicharros, la liberada de Comisiones expuesta en el vídeo.
"Intentan satanizarnos, hacer creer que vivimos del cuento, y en
realidad ganamos tres duros después de una oposición. Y a nosotros,
los liberados, nos eligen cada cuatro años. Güemes sí que gasta
dinero público, que va con una escolta que parece un presidente del
Gobierno, con un séquito alucinante. En cuanto llegó al hospital
aquel día, aun sin que nadie hubiera dicho nada, se me colocó al
lado un forzudo. El despliegue de seguridad fue desproporcionado, y
la queja pacífica. Los sindicatos cumplimos una función, es absurdo
e injusto satanizarnos".
La Comunidad contestó , por boca de un
responsable de prensa: "Respetamos la labor judicial, pero no
entendemos a los sindicalistas: estaban en un acto público, buscaban
ser noticia y ahora se quejan".
(www.elmundo.es,
16/04/09)
3. AGUIRRE PIERDE EL PULSO EN UNA COMISIÓN CLAVE
DE CAJA MADRID
La Comisión de Control de Caja Madrid estuvo a
punto de quedar fuera de control, aunque después se recondujo la
situación. La reunión debía iniciarse a las cuatro de la tarde, pero
casi dos horas después no había empezado. Los vocales se enzarzaron
en profundas discusiones jurídico-políticas sobre quién debía
presidirla. Incluso hubo amenaza de estampida de algunos de sus
miembros y provocar otro espectáculo bochornoso al que ya están
acostumbrados los ciudadanos y clientes de la entidad.
Los representantes de la Comunidad de Madrid,
presidida por Esperanza Aguirre, eran partidarios de que Antonio
Cámara (uno de los suyos) ocupara la presidencia por ser el vocal de
mayor edad, tal y como se pactó el pasado día 6 por unanimidad.
Miguel Ángel Abejón, de UGT, también apoyó esta postura, al igual
que Ángel Gómez del Pulgar, del PSOE.
El resto, otros seis, eran partidarios de que
Fernando Serrano, del PP por el Ayuntamiento de Madrid, presidiera
la comisión. Su argumento fue que el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid había levantado el lunes las medidas cautelares que le
impedían ocupar este cargo, por lo que tenía pista libre. Es decir,
la posición del tribunal habilitaba a Serrano y quedaba sin efecto
el acuerdo de consenso del 6 de abril.
Finalmente, se recondujo la situación a cambio de
que se permitiera que los vocales contrarios a Serrano pudieran
dejar constancia en acta de su no reconocimiento del nuevo
presidente. Carmen Cafranga, también representante de la Comunidad,
no expresó explícitamente su oposición en acta, aunque sí se sumó a
las salvedades de voto que ejerció la oposición a lo largo de la
reunión.
En este ambiente tenso (e inimaginable en
cualquier otra entidad financiera), se revisaron las cuentas de la
Obra Social y otros temas de la fundación. Mañana volverá a verse
para aprobar las cuentas. No está prevista la oposición de la
Comunidad. Pero no hay paz. El consejero de Economía, Antonio
Beteta, recordó que siguen abiertos los expedientes contra el vocal
Castañeda y el presidente Serrano y que se estudia recurrir la
decisión del Tribunal de Justicia Madrid.
(www.elpais.com,
15/04/09)
4. LA COMUNIDAD DA UNA LICENCIA DE RADIO A UNA
EMPRESA MOROSA
El pasado 27 de marzo la Comunidad concedió a la
empresa Tumbo de Privilegios, tras concurso público, una emisora de
frecuencia modulada en Aranjuez, entre las 21 que otorgó. Esta
compañía tiene una orden de embargo del pasado 10 de febrero por una
deuda con la Seguridad Social de 176.972,46 euros, incumpliendo así
una de las condiciones esenciales del pliego.
La empresa tiene como consejero delegado a
Fernando Sánchez Lázaro, que fue diputado regional por el PP entre
1995 y 1999. Además pagaba al ex alcalde de Majadahonda, Ricardo
Romero de Tejada, 1.200 euros al mes a través de otra compañía suya,
dedicada al negocio de las fotocopias. El PSOE acusó en su momento a
Romero de Tejada de estar detrás de la sorprendente deserción de dos
diputados socialistas -Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez- tras las
elecciones de 2003. Una decisión que permitió el acceso de Esperanza
Aguirre a la presidencia de la Comunidad.
Un portavoz del Gobierno regional justifica la
supuesta irregularidad recordando los plazos: "A principios de 2007,
cuando se recibieron los papeles, esa empresa no tenía ninguna
deuda". También afirman que ahora se abre un segundo plazo para
hacer efectiva la concesión en el que las compañías agraciadas deben
volver a presentar documentos que acrediten que no tienen deudas.
"Si no pueden demostrar que no deben nada ni a Hacienda ni a la
Seguridad Social, se les revocará la licencia", zanjan desde la
Comunidad.
Desde el PSOE, a través de su vicepresidente de
Grupo Parlamentario en la Asamblea, José Cepeda, consideran que la
concesión a la emisora del antiguo diputado popular Fernando Sánchez
Lázaro es una "tremenda desfachatez" y enmarcan la decisión en "una
estrategia de control de los medios de comunicación y de favorecer a
los amigos del PP para dominar todo el espectro radiofónico".
Esta formación, además, pedirá explicaciones
sobre este hecho, "muy grave", al vicepresidente Ignacio González,
que tiene previsto explicar las adjudicaciones. Unas explicaciones
que ya demandó en su día, hace algunas semanas. Entonces, José
Cepeda interpeló al viceconsejero de la Presidencia y Secretario
General del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria Bolívar,
preguntándole si estaba "completamente seguro de la limpieza de
todas las compañías adjudicatarias". Victoria Bolívar replicó: "Se
han cumplido escrupulosamente todos los criterios de legalidad que
marca la ley".
Las deudas de Tumbo de Privilegios, que tiene
como principal activo el diario económico Negocio, han sido
transferidas de unas empresas a otras. "Es un fraude muy común que
se intenta perseguir", explican desde el Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
La última requisitoria de la Seguridad Social a
Tumbo de Privilegios es el paso final de un largo proceso. El asunto
ahora está en manos de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, que es la
que trata con los morosos recalcitrantes y cuando el procedimiento
ya ha pasado por varios estadios intermedios.
(www.elpais.com,
16/04/09)
5. AGUIRRE PROPONE QUE LA CAÑADA REAL DEJE DE SER
VÍA PECUARIA
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, anunció en Rivas Vaciamadrid que va a proponer
que la Cañada Real Galiana siga siendo terreno público, pero sin la
consideración actual de vía pecuaria, y buscará para ello el
consenso con los ayuntamientos de Rivas, Madrid y Coslada.
"No quiero imponer nada", dijo Aguirre, que
afirmó que para solucionar los problemas de exclusión y seguridad de
la Cañada es preciso buscar una solución nueva. La presidenta
considera que tales problemas desaparecerán cuando se legalicen los
nuevos barrios y la Comunidad de Madrid asuma los costes para
ejecutar las infraestructuras necesarias.
Aguirre anunció la intención del Gobierno
regional de presentar un proyecto de ley "antes de que culmine este
periodo de sesiones", pero desea consensuarlo antes con todos los
grupos políticos y los ayuntamientos afectados.
"Quiero mantener una reunión con el alcalde de
Rivas precisamente para hacer un intercambio de opinión sobre este
importantísimo asunto", añadió Aguirre, "y garantizarle que vamos a
volcarnos para resolver el problema de la Cañada Real".
Por otra parte, una decena de padres de niños de
cero a tres años recibieron con pancartas a Aguirre, que fue a Rivas
a inaugurar una escuela infantil. Los manifestantes se quejaron de
la privatización de la educación y el decreto de mínimos.
Los padres protestaban porque la Comunidad de
Madrid ha sacado a concurso la gestión de la escuela infantil Patas
Arriba, que en los cuatro años que lleva abierta estaba en manos de
una cooperativa de educadores.
(www.elpais.com,
14/04/09)
6. LA COMUNIDAD TROCEÓ CONTRATOS PARA
ADJUDICARLOS SIN CONCURSO
El Gobierno regional que dirige Esperanza Aguirre
troceó siete contratos en 2007 para adjudicarlos sin necesidad de
convocar concurso público. Así lo señala el informe de fiscalización
de la Cámara de Cuentas regional (el órgano que controla las cuentas
de la Comunidad), hecho público.
Siete de los 79 contratos examinados "se
tramitaron en dos o más expedientes, cada uno de los cuales tenía un
presupuesto inferior" a las cuantías legales del procedimiento
negociado sin publicidad, que se puede usar en contratos de hasta
30.050,61 euros, que se eleva a 48.080,97 en el caso de los
fabricantes de suministros y a 60.101,21 euros en el caso de
productos consumibles.
En estos procedimientos, es la Administración la
que invita a varias empresas a presentarse a los concursos. En ese
sentido, la Cámara se queja de que en 47 de los 79 contratos sólo
hubo una empresa ofertante. El Gobierno defiende que sólo se ha
tramitado por este procedimiento el 3,87% del importe total
adjudicado en 2007 y señala que con "carácter general" estaba
"debidamente justificado", según el informe.
La Cámara señala también que sólo se ha usado el
58% del presupuesto de Empleo. Para los socialistas es un
"escándalo" que se quedaran sin gastar 205 millones, de los 486
previstos, en una época de crisis.
(www.elpais.com,
15/04/09)
7. REGALOS MADE IN GRANADOS BAJO SOSPECHA
El actual consejero de Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid y número dos del PP madrileño,
Francisco Granados, fue reelegido a la alcaldía de Valdemoro en 2003
después de una intensa campaña en la que no faltaron los regalos
promocionales a los vecinos. Además de los típicos mecheros o
gorras, la campaña con el eslogan Francisco Granados 100% Valdemoro
incluyó como punto fuerte la distribución de 20.000 botellas de
aceite de oliva, una por cada habitante del municipio.
La revista Interviú ha desvelado que el albarán
de entrega del aceite se facturó a una de las empresas de Ramiro Cid
Sicluna, un constructor de la localidad estrechamente vinculado a
Granados. La Ley de Partidos limita a 6.000 euros el máximo que una
empresa o un particular pueden donar a una formación, un valor
ampliamente excedido por el coste de ese pedido. Desde el entorno de
Granados alegan que el empresario pudo comprar el aceite "para él",
pero no tienen las facturas que acrediten que pagaron aquel pedido.
Además, miles de folletos del PP figuran como pagados por el
Ayuntamiento, y no por el partido.
El PP regaló en la campaña electoral de Valdemoro
5.000 litros de aceite de oliva virgen La Española distribuidas en
20.000 botellas de cuarto de litro. La compañía aceitera dueña de la
marca, Aceites del Sur, que cuenta con una sede logística en
Valdemoro, entregó un pedido de 5.000 litros durante la campaña a
Distribuciones y Servicios Cid, una de las empresas de Ramiro Cid
Sicluna, según figura en el albarán de entrega al que ha tenido
acceso Interviú.
Desde el entorno de Granados aseguran que ese
aceite puede no ser el mismo que el PP repartió y que quizá el
empresario lo pidió "para él", pero no muestran la factura que
acredita el pago por parte del partido de aquel aceite regalado en
campaña. Además, el albarán de entrega a la empresa de Cid está
firmado por un miembro del equipo electoral de Granados.
La estrecha relación entre el constructor Cid y
el ex alcalde Granados –que el mismo año de su reelección en 2003 se
marchó a la Asamblea de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre- ha
salido a la luz con anterioridad en diversas ocasiones. Así, el
grupo empresarial de Cid es el que está construyendo un palacete en
Valdemoro para Granados, y también el mismo bajo el que figuraba la
inscripción del coche de la esposa de popular que ardió en extrañas
circunstancias. Estos días, David Merino, ex directivo de la
constructora DICO, ha ratificado ante el fiscal Miguel Herranz sus
acusaciones contra diversos alcaldes populares de Madrid de recibir
astronómicos sobornos de su constructora. Merino se ha referido a
Granados como "el tío más sucio del mundo".
También en la campaña de 2003 y según ha
comprobado Interviú, el Ayuntamiento de Valdemoro del PP figura en
un albarán como el cliente que recibió 5.000 folletos de promoción
de Granados por parte de la imprenta Monterreina. La portavoz de
Granados asegura que los gastos de campaña los sufragó el PP y no el
Ayuntamiento, pero no mostró tampoco las facturas de esos 5.000
folletos.
La líder del PSOE en Valdemoro, Margarita Peña,
considera que Granados "tendrá que dar explicaciones" y que "si el
Ayuntamiento y un empresario pagaron gastos de la campaña del PP
estaríamos ante un grave delito de financiación irregular".
(www.elplural.com,
14/04/09)
8. GRANADOS ES INCAPAZ DE ACLARAR SU COMIDA CON
VIEIRA
El consejero de Justicia de Madrid y secretario
general del PP en la Comunidad, Francisco Granados, dejó este jueves
sin respuesta la pregunta de la oposición sobre por qué habló del
caso Gürtel con el juez Francisco Javier Vieira en el
almuerzo secreto que ambos compartieron un día antes de que el
Tribunal Superior de Madrid (TSJM) asumiera la instrucción y del que
informó Público. Vieira, presidente del TSJM, será quien
previsiblemente dirija la vista oral si el caso llega a juicio. En
la rama madrileña de la presunta trama corrupta aparecen implicados
tres aforados por su condición de diputados autonómicos, otros
tantos alcaldes que dimitieron tras su imputación y un cuarto ex
regidor.
"¿En su condición de qué le interesaba a usted el
tema del caso Gürtel?", preguntó en la tercera pregunta sobre el
asunto la diputada socialista Encarnación Moya. Lo hizo en
referencia al doble cargo, público y partidario, del consejero de
Presidencia y Justicia, a quien, con sorna, inquirió a renglón
seguido sobre si, para acudir a esa cita, "se quitó el manto de
secretario general y entró puro, virgen, sin contaminar, como
consejero de Justicia".
Recién llegado de su segunda comida con Vieira
-esta en la sede del TSJM, con otros comensales y de carácter
abiertamente oficial- Granados ni se dio por aludido. Tanto la
portavoz del PSOE, Maru Menéndez, como el parlamentario de IU Miguel
Ángel Reneses diagnosticaron luego que el almuerzo de se programó
para el mismo día del pleno con el objetivo de dar "apariencia de
normalidad" a la celebrada el 30 de marzo en el restaurante
Solchaga.
El consejero no cambió el guión: fue una "comida
de trabajo" entre el consejero de Justicia y el máximo responsable
judicial en Madrid , nada que ver con la cacería de Bermejo y
Garzón. Lo remachó en una sesión que había arrancado con una
tormenta estentórea desatada literalmente por un vaso de agua: el
que Esperanza Aguirre introdujo, con aplomo y botella adicional, en
el pleno pese a que su partido había vetado en junta de portavoces
que los diputados puedan beber en el salón. Oficialmente, el veto
buscaba prevenir averías eléctricas.
El episodio del agua le costó a la portavoz
socialista, Maru Menéndez, que el PP le descontara un minuto de su
intervención: justo el que había dedicado a protestar airadamente
por lo que consideró un paradigma de la doble vara de medir de
Aguirre. El agua estaba prohibida hasta que la presidenta tuvo sed.
La imagen de esa doble vara sobrevoló la Asamblea
de Madrid durante el debate sobre la cita de Granados y Vieira -la
que a Aguirre le parece "extraordinariamente bien"- en un
restaurante y fuera de su agenda pública. La presidenta de Madrid
atacó al PSOE por su flanco débil: las declaraciones del nuevo
titular de Justicia, quien, en relación a ese almuerzo, pidió que no
se hagan "conjeturas". Caamaño, espetó Aguirre a Menéndez clavando
la puya, "no comparte en absoluto su opinión". Esa comida, enfatizó,
en nada se asemeja a la cena de cacería protagonizada por "el juez
socialista y el ministro furtivo".
"Lo equivalente sería -dijo mirando a Menéndez-
que usted se reuniera con el nuevo instructor, Pedreira, a quien,
por cierto, ya recusamos en una ocasión". ¿Subyacía en esa frase una
amenaza? Aguirre la dejó caer antes de regresar a lo que ya se ha
convertido en estribillo: que Vieira -y también lo repitió Granados-
"ni instruye, ni mete a nadie en la cárcel ni juzga". Eso último no
se ajusta a la realidad, salvo que el Supremo termine reclamando el
caso o el presidente del TSJM deba inhibirse porque resuelva algún
recurso en la fase de instrucción.
"La doctrina Bermejo ya no vale", reprochó
Reneses desde los bancos de IU agitando una imaginaria doble vara de
medir. Por la noche,el PSOE pidió sin éxito la reprobación de
Granados. A esa hora, una botella de agua hacía de parapeto en cada
escaño.
(www.publico.es,
17/04/09)
9. EL PP TUMBA LA REPROBACIÓN DE GRANADOS
SOLICITADA POR EL PSOE
Los diputados del Partido Popular tumbaron (64
votos en contra, frente a 52 a favor) la moción de reprobación
presentada por el grupo parlamentario socialista contra el consejero
de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
¿Los motivos? Su gestión y su actuación política
por el "caos organizativo y estructural de los servicios de
seguridad" de la región, su incapacidad para negociar la Ley de
Policía Local y por el incumplimiento de los convenios de las
Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM)
con los ayuntamientos.
La diputada socialista, Encarnación Moya Nieto,
que presentó en la Asamblea esta reprobación, acusó a Granados no
sólo de realizar una gestión ineficaz sino además de ser incapaz de
responder a las necesidades de los ciudadanos de la región. Además,
dijo que su actuación política en los últimos meses "está afectando
seriamente a la salud democrática" de la Comunidad, por lo que debe
abandonar su puesto en el Gobierno de la Comunidad.
A su juicio, el consejero sólo ha conseguido dos
logros: poner en pie de guerra a los colectivos del mundo de la
seguridad y estar bajo la sospecha de llevar a cabo seguimientos
ilícitos de personas de esta Comunidad.
Granados, dijo la socialista, "jamás acepta la
más mínima crítica o error", al tiempo que le acusó de falta de
transparencia sobre su patrimonio personal y de falta de coherencia
por no haber dimitido ante el escándalo de los espías y de su comida
"semiclandestina" con el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Javier Vieira, el día antes de que el tribunal
asumiera la investigación del caso Gürtel. "Porque en democracia no
vale con estar, hay que ser. Y en esto usted falla
estrepitosamente", le lanzó.
El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Reneses,
reclamó a Granados "que dimita, que se marche porque pensamos que a
los madrileños les parecerá una gran noticia". "Ni por acción ni por
omisión ha sido capaz de impulsar ninguna medida con algún grado de
éxito", consideró, al tiempo que destacó que no le gusta la
reprobación de ningún consejero, pero en esta ocasión su grupo la
respaldará porque "reprueba las políticas de este reducto neoliberal
en España" y para evitar "que esta comunidad no se convierta en el
estercolero de este país".
Ante estas acusaciones, el portavoz del grupo PP,
Pablo Casado, rechazó la moción por "indigna e injustificada en la
forma y en el fondo" pues se trata de una "reprobación que intenta
deslucir una trayectoria política intachable" como la del consejero
de Interior.
A su juicio, lo que está en el fondo de la
estrategia de la izquierda es intentar "tapar con espionaje la
crisis económica que se está dejando 250.000 parados todos los
meses". Son, dijo, "mamparas traslúcidas para tapar la incompetencia
del Gobierno del país que está desangrando la economía".
(www.publico.es,
17/04/09)
10. EL SUPERIOR DE MADRID DECIDE INTERROGAR A LOS
AFORADOS A PARTIR DEL DÍA 28
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid Antonio Pedreira, actual instructor del caso de corrupción
que afecta a aforados y altos cargos del PP, iniciará a partir del
día 28 los interrogatorios de los tres aforados de Madrid implicados
y los de las tres personas encarceladas en relación con esta trama,
entre ellos, el cabecilla Francisco Correa. Según fuentes de la
investigación, es previsible que las primeras declaraciones sean las
del ex consejero de Deportes del Gobierno de Esperanza Aguirre
Alberto López Viejo, y las de los diputados de la Asamblea madrileña
Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.
El juez que ha investigado el caso, Baltasar
Garzón, les atribuye haber recibido casi 1,3 millones de euros en
total de la trama. Aparte de Correa, supuesto cabecilla de la trama
y hombre que en la época de José María Aznar organizó casi todos los
actos del PP, los otros encarcelados que tendrán que declarar ante
el juez Antonio Pedreira son: Antoine Sánchez, primo de Correa y a
quien éste puso al frente de sus sociedades patrimoniales, y Ángel
Crespo, consejero delegado de las empresas de la trama y ex
secretario general del PP gallego.
También están decididas, aunque aún sin fecha,
las declaraciones de los tres alcaldes de municipios de Madrid cuyas
dimisiones forzó el PP (el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda;
el de Arganda, Gines López; y el de Boadilla del Monte, Arturo
González Panero) tras imputarles Garzón el cobro de 1,5 millones a
cambio de contratas y obras de sus consistorios.
El juez Pedreira ha decidido reactivar la
investigación tras recibir un escrito de la Fiscalía Anticorrupción
en el que ésta rechaza por tercera vez que, "de momento" la causa
deba ser elevada al Tribunal Supremo.
La fiscalía, "de momento" no ve tan "sólidos" los
indicios criminales que describe Garzón en un auto y que apuntan a
la supuesta implicación en la trama de los también aforados (pero
estos nacionales) Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por
Cantabria, y del eurodiputado Gerardo Galeote.
Como primera medida, la fiscalía ha pedido al
juez Pedreira que interrogue a los aforados de Madrid, pero que siga
investigando los indicios que afectan a Luis Galeote y Luis Bárcenas
antes de, en su caso, elevarlos al Tribunal Supremo.
(www.elpais.com,
16/04/09)
11. UNA EMPRESA DE CORREA EXPLOTÓ 32 LOCALES EN
BOADILLA SIN PAGAR
Una empresa de la supuesta trama de corrupción
urdida por Francisco Correa dejó sin pagar durante tres años una
concesión para construir y explotar 32 locales del Ayuntamiento de
Boadilla, regido entonces por el imputado por el caso Gürtel Arturo
González Panero y con el que mantuvo a través de sus diversas
empresas una incesante actividad. Además, esta compañía de la
supuesta red consiguió que en abril de 2008 le rebajaran el canon
anual de 320.000 euros a 81.000 por la explotación de estos locales,
situados en la mejor zona comercial del municipio.
En realidad, nunca llegaron a aportar ni un euro.
Hasta el 31 de diciembre de 2008, más de tres años después de la
concesión, la compañía no había abonado ningún pago, según figura en
la memoria de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS).
El negocio, que Correa definió en su día como una
buena oportunidad para "llevarse unas pesetillas", se completaba con
el alquiler de dos de esos cubículos al propio Ayuntamiento. Uno a
la EMSV, que otorgaba la concesión tras concurso público, y otro a
la comisaría de la Policía Local.
Por ambos arrendamientos, más varias plazas de un
aparcamiento que también gestionaba esta compañía, Rústicas MBS (que
al poco pasó a llamarse Artas Consultoría y siempre estuvo
administrada por el también imputado José Ramón Blanco Ballín),
perciben 199.000 euros anuales.
La historia comienza en septiembre de 2005,
cuando la EMSV de Boadilla -cuyo gerente era Alfonso Bosch, el aún
diputado regional del PP y también imputado en la causa que inició
el juez Baltasar Garzón- otorgó a Rusticas MBS la explotación de 32
locales por un canon anual de 320.000 euros durante una duración de
94 años. Un precio ya de por sí fuera de mercado. Por la explotación
de los 32 locales, según los precios estimados de la zona, podrían
haber ingresado 650.000 euros al año.Estos datos figuran en la
memoria de la EMVS de Boadilla de 2008. Unos documentos que antes de
las dimisiones de los imputados Bosch, González Panero, José Galeote
y Tomás Martín Morales, todos ellos parte de la empresa, jamás
salían a la luz. En las grabaciones que conformaban parte del
sumario que abrió el juez Baltasar Garzón, Bosch se jactaba de la
posibilidad de ganar con los negocios de la trama "un pastón" y
Correa de la sencillez del asunto: "Alquilamos los locales y nos
ganamos unas pesetillas".
Durante la reunión en la que a finales de 2005 se
concretó la adjudicación -a la que concurrieron otras dos empresas-,
Bosch, en su calidad de gerente, explicó que la idea era "conseguir
que vinieran negocios atractivos a la zona". Varios de los locales
aún permanecen vacíos. El diputado regional, cuya inculpación ahora
se ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dimitió
el pasado lunes de su cargo. Bosch está acusado de cobrar comisiones
millonarias por conceder contratos a empresas de la trama.
"La opacidad de la empresa era absoluta",
confirma Pablo Nieto, concejal socialista y consejero de la propia
EMVS. Un cargo desde el que vislumbró el alcance de la trama, pese a
que siempre se le negaron los documentos que pedía. "Esta
adjudicación es el más claro ejemplo de la desfachatez e impunidad
con la que actuaba la trama de corrupción en Boadilla", comenta
Nieto, que adelanta que su grupo pedirá la inmediata rescisión del
contrato.
Sin embargo, en abril de 2008, cuando la empresa
Artas Consultoría, por entonces la adjudicataria tras la disolución
de Rústicas MBS, no había pagado todavía nada por los locales, se
aprobó reducirles el canon a 81.000 euros anuales. El argumento que
entonces se dio a la oposición fue que debían reformar el
aparcamiento y hacer dos rampas.
Además, en la deuda que la EMSV reconoce que
tiene con ellos la empresa, se suman 283.077 euros. Una cantidad
que, dividida entre los 33 meses que adeudaban a 31 de diciembre de
2008, arroja una cuota de algo más de 80.000 euros anuales. "Es
decir, que la rebaja en el canon se efectuó de manera retroactiva",
según apreciación de Nieto.
(www.elpais.com,
14/04/09)
12. EL EX ALCALDE DE BOADILLA SIGUE EN EL NÚCLEO
DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO
Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla
del Monte imputado por cohecho y prevaricación y uno de los nombres
más recurrentes -bajo el apodo de El Albondiguilla- del sumario del
caso Gürtel, se mantiene como titular en dos de las cinco comisiones
municipales. Importantes, además. Una, la de Hacienda y Patrimonio,
por donde pasan todo el presupuesto del Consistorio y todas las
adjudicaciones y trámites que afectan a su economía. La otra, la de
Personal y Asuntos Internos, que controla a los más de 400
trabajadores de la corporación, incluida su policía. Esta segunda
responsabilidad aún la desconocen los grupos de la oposición, que le
dejaron plantado en la de Hacienda y en breve se toparán con él en
la de Asuntos Internos.
"Hay mil políticos imputados en España, muchos de
ellos alcaldes socialistas. Yo ya hice suficiente dando un paso
atrás al dejar la alcaldía", explica, bastante alterado, González
Panero, que asegura que el Partido Popular le apoya: "Me siento
respaldado por mi partido". Sin embargo, varios concejales de su
formación y el epicentro del PP, en Génova, han intentado evitar su
presencia en el Ayuntamiento.
De hecho, su dimisión se retrasó unos días
porque, en un principio, Panero se negó a seguir las directrices que
le marcaba su formación. Además, obligó en lo que él llamó
"negociaciones" a que dimitiera antes la que entonces era su número
dos, María Jesús Díaz, con la que mantenía una fuerte rivalidad por
el control de la agrupación en Boadilla.
El nuevo alcalde, Juan Jesús Sigueros, pertenecía
a los hombres de confianza de Panero, aunque al llegar al cargo
-desoyendo las recomendaciones del PP nacional, que apostó por otra
concejal, Miriam Villares- aseguró que el ex regidor no iba a
participar "en la gestión municipal". Un discurso modificado por el
paso de las semanas, aunque en privado sigue sosteniendo que no es
"una marioneta" y actúa de manera independiente.
Las comisiones informativas son reuniones previas
a los plenos en las que participan siete concejales. Sus acuerdos,
secretos, pasan a ser debatidos de manera pública en los plenos.
"Tengo vocación de servicio y puedo ayudar a la gestión gracias a mi
experiencia en estos temas, sobre todo en Hacienda", se defiende
Panero, que anuncia que ha presentado sendas querellas por injurias
contra los líderes de la oposición, Ángel Galindo, de Alternativa
por Boadilla, y Pablo Nieto, del PSOE.
Los dos bloques opositores se ausentaron de la
comisión de Hacienda en la que apareció Panero tras una tensa
discusión. Un cruce de acusaciones que incluyó el recuerdo por parte
del PSOE de fragmentos del auto que hizo público sobre el caso el
juez Baltasar Garzón. Panero defendió su presunción de inocencia y
lo mismo hizo el actual alcalde, Sigueros, que apeló a su
experiencia.
"Arturo González Panero tiene muy controlado aún
a todo el grupo municipal, consecuencia de su particular forma de
gobernar durante años", desliza una voz de su propio partido. "Todos
los concejales tienen miedo, incluido Sigueros", insisten. El ex
alcalde tiene un despacho en la misma planta que el regidor, en la
tercera, "la noble", comentan desde la oposición. El socialista
Nieto asegura que le ve más "ahora que cuando mandaba".
La supuesta relación de la malla de corrupción
ideada por Correa con el municipio fue muy estrecha. Allí se
adjudicaron parcelas al constructor imputado José Luis Ulibarri, y
se cedió la explotación de locales comerciales por un precio
ridículo a otra compañía ligada al imputado José Ramón Blanco Ballín.
Un bajísimo precio que la empresa ni siquiera llegó a abonar desde
que recibió la adjudicación en 2005.
(www.elpais.com,
17/04/09)
13. EL ALBONDIGUILLA SERÁ TAMBIÉN VOCAL DE
ECONOMÍA Y HACIENDA DE BOADILLA, EPICENTRO DE LA TRAMA CORRUPTA
El portavoz de Alternativa por Boadilla, Ángel
Galindo, ha anunciado que abandona definitivamente las comisiones
municipales tras conocer que el ex alcalde, Arturo González Panero,
imputado en el caso Gürtel, ha sido nombrado vocal en la comisión de
Economía y Hacienda. Este miércoles se conocía además que el PP
también le había nombrado vocal de Educación.
"Panero acapara cargos y cobra fondos públicos
con el beneplácito de el presidente del PP Mariano Rajoy y con la
indignación de la oposición", ha explicado Galindo que plantó al ex
regidor en la comisión de educación, una decisión que fue secundada
por el PSOE. Galindo ha calificado de "sarcasmo" el hecho de que
Panero sea vocal de la comisión de Hacienda, el órgano municipal que
"administra los fondos públicos y aprueba los gastos municipales", a
pesar de estar imputado por delitos de corrupción y blanqueo de
capitales por el juez Baltasar Garzón.
"La decisión tomada por el nuevo alcalde es otra
tomadura de pelo y ha permitido que Panero nos amenazara con
denunciarnos. Panero y Siguero han perdido el norte, esto es una
vergüenza", ha asegurado el independiente que tiene previsto
convocar una manifestación para pedir la expulsión de González
Panero del Ayuntamiento.
Por su parte, a través de una nota de prensa, el
PSOE ha lamentado que "Panero siga controlando las contrataciones en
Boadilla como miembro titular de la comisión de Hacienda". "¿Cómo
puede alguien que está imputado en un sumario por corrupción seguir
decidiendo sobre las adjudicaciones en el municipio? ¿Como se atreve
Juan Siguero a afirmar que es independiente con decisiones como esa?
¿Qué tiene que ocultar Esperanza Aguirre y el Partido Popular cuando
aceptan las condiciones del ex alcalde, incluida una tan bochornosa
como ésta?", se pregunta Pablo Nieto, portavoz de los socialistas en
Boadilla.
Ante estas acusaciones y las que formuló el PSOE,
fuentes del Ejecutivo local han defendido que el ex regidor tiene
"el derecho legal a participar en alguna comisión en su calidad de
concejal, algo que él ha hecho efectivo, y que conforme a la
jurisprudencia existente sobre esta materia el Equipo de Gobierno
tiene la obligación de cumplir". Sin embargo, han aclarado que "esto
no implica en absoluto que tenga participación en las contrataciones
que se realizan".
Además de ser vocal en la comisión de Economía y
Hacienda, el Partido Popular de Boadilla nombró este miércoles a
González Panero, más conocido como El Albondiguilla, vocal de
Educación, lo que provocó la indignación de la oposición.
(www.elplural.com,
17/04/09)
14. LA OPOSICIÓN PLANTA AL 'EX ALCALDE', IMPUTADO
EN EL 'CASO GÜRTEL'
Los concejales del PSOE y Alternativa por
Boadilla abandonaron la reunión de la Comisión de Educación en
protesta por la asistencia del ex alcalde Arturo González Panero,
imputado en el caso Gürtel y al que la oposición exige que dimita
como concejal.
En sendos comunicados, los líderes de ambas
formaciones políticas, Pablo Nieto y Angel Galindo, respectivamente,
reprocharon al nuevo alcalde, Juan Siguero (PP), que mantenga a
Panero en puestos de responsabilidad municipal, como la de ser vocal
del PP, partido que abandonó tras su salida de la Alcaldía.
Según el relato de Galindo, concejal de
Alternativa por Boadilla, Panero estaba dispuesto a primera hora de
a desempeñar la labor encomendada, sentado en la sala donde iba a
tener lugar el encuentro junto a su "BlackBerry [teléfono móvil] y
una botella de agua".
"Según el nuevo alcalde, Panero no iba a tener
ninguna participación activa en la política municipal y nos
encontramos con que es vocal del PP en una comisión municipal, lo
que supone una prueba de que Panero es uno más del Partido Popular y
de que aquí no ha pasado nada", opinó el edil independiente. Las
mismas fuentes señalaron que por cada sesión de comisión a la que
asiste el ex regidor como representante del PP cobra 200 euros y 450
euros por su presencia en los plenos como concejal.
La oposición desconoce en qué otros órganos
municipales ocupará González Panero un sillón municipal, pero afirma
que Siguero ha creado cinco comisiones informativas, que son los
órganos de gobierno municipales donde se debaten y aprueban mediante
votación todas las decisiones que posteriormente se llevarán al
Pleno.
El representante del PSOE, Pablo Nieto, anunció
que no acudirá a ninguna comisión a la que asista Panero. "Debe
defender su derecho a la presunción de inocencia fuera de las
instituciones", dijo.
(www.elmundo.es,
16/04/09)
15. BOADILLA INDEMNIZA CON 9.000 EUROS A ALFONSO
BOSCH, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL
Según ha sabido El Plural, el Partido Popular de
Boadilla ha cesado a Alfonso Bosch Tejedor, diputado regional
implicado en la Operación Gürtel, como gerente de la Empresa
Municipal de Suelo y Vivivienda (EMSV) de Boadilla del Monte.
Juan Siguero, alcalde de Boadilla que sustituyó a
Arturo González Panero por su implicación en el caso que hasta la
semana pasada investigaba el juez Baltasar Garzón, le obligó a
dimitir a mediados del mes de marzo, pero Alfonso Bosch Tejedor se
negó en rotundo. Todo parece indicar que su objetivo era forzar un
cese que le reportase una cuantiosa indemnización.
Finalmente, el diputado de la Asamblea de Madrid
ha conseguido su objetivo. Fuentes municipales apuntan que la
indemnización que Alfonso Bosch percibirá por parte del consistorio
de Boadilla ascendería a 9.000 euros.
Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones
inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado" en Boadilla, según
el auto de Garzón. Es diputado regional y gerente de la EMSV desde
2002, y durante su gestión adjudicó a la trama contratos como el de
gestión de la Oficina municipal de Atención al Ciudadano, un acuerdo
por 14 años con un pago de 506.000 anuales. El parlamentario,
además, se autoinculpó al reconocer "en las intervenciones
telefónicas que está detrás de todo el tinglado" en el municipio,
refiriéndose "a las actuaciones de naturaleza urbanística
denunciadas en los medios".
El 31 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)dio
la razón a Garzón, se declaró competente para seguir con el caso
Gürtel, y aseguró que todo parece indicar que "Bosch Tejedor (...),
cuando desempeñaba su cargo de gerente de la Empresa Municipal de
Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, percibió importantes
cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de
contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa,
favorecidas por la intermediación de aquel".
Alfonso Bosch no ha sido el único dirigente del
PP que se ha visto obligado a abandonar la Empresa Municipal de
Boadilla por estar implicado en el caso Gürtel. Arturo González
Panero, el ex concejal José Galeote (también implicado en la trama)
y Tomás Martín Morales (al que muchos califican como el alcalde en
la sombra de Boadilla), se han visto obligados a dimitir de este
organismo días atrás.
(www.elplural.com,
09/04/09)
16. TELEMADRID, POR TERCERA VEZ EN NEGRO
La primera jornada de huelga de 24 horas
convocada por CC OO, UGT y CGT en el ente público Radio Televisión
Madrid (RTVM), integrado Telemadrid y Onda Madrid, ha comenzado este
mediodía con la supresión de los servicios informativos y de toda la
programación en directo. En un principio, la han sustituido por
series o reportajes grabados, según han informado con un rótulo,
pero 50 minutos más tarde la pantalla se ha fundido en negro. Se
trata de la tercera vez que ocurre en un año. De momento, no hay
datos de seguimiento entre sus 1.280 trabajadores.
Así, el paro ha comenzado a las 12.00 con la
programación habitual, ya que en ese momento se emitía la serie
Walker, aunque se ha insertado un rótulo en el que se informa que
una nueva huelga "impide que Telemadrid pueda ofrecer su información
y programación habitual" y detalla que "la emisión se reanudará a
las 12.00 del miércoles 15". Tras la emisión de esta serie se
tendría que haber emitido el programa de Curri Valenzuela Alto y
claro. A las 12.50, la emisión de la cadena pública madrileña se ha
interrumpido al quedarse la pantalla en negro. Telemadrid ya emitió
en negro dos días hace diez meses, durante la huelga de junio de
2008. En la historia de la televisión en España, el único
antecedente data de 1988, cuando un sindicalista cortó la señal en
Televisión Española, en la huelga general del 14-D.
Los sindicatos, que han cifrando en un 90% el
seguimento de la huelga, han denunciado la "absoluta
irresponsabilidad" de la dirección por convertir una empresa pública
como ésta en "un cortijo al servicio de intereses puramente
personales, particulares y partidistas". Los representantes de los
trabajadores consideran que la actual dirección de RTVM "vulnera
sistemáticamente" el derecho a la libertad de expresión, "cuando
secuestra cintas en las que un grupo de ciudadanos abuchean a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre". Por su
parte, la dirección, que no ha difundido cifras de seguimiento, ha
dicho que es "un ejercicio de absoluto desprecio hacia los
madrileños" al privarles "drástiamente por segunda vez en menos de
un año de su derecho a la información".
En un comunicado, Telemadrid ha criticado la
"irresponsabilidad" de los sindicatos y les ha acusado de "abusar"
del ejercicio sindical y perjudicar a los ciudadanos "que libremente
deciden informarse y entretenerse con una programación de acentuada
vocación de servicio público". Asimismo afirma que los paros
"empiezan a ser tónica habitual en Telemadrid", ya que es la 18ª
huelga que CC OO, UGT y CGT convocan desde 2004. Éste es el primero
de los tres paros de 24 horas previstos para los días 14 y 19 de
abril y 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. La Asamblea
General de Trabajadores se ha reunido a primera hora de esta mañana
con la empresa y ha decidido mantener la huelga, al no estar de
acuerdo con las propuestas del ente público para desconvocar los
paros.
En un comunicado, CGT ha detallado las propuestas
de Telemadrid, entre las que destaca la dedicada a la plantilla de
la cadena y propone "mejorar el clima de relaciones laborales en la
empresa" y considera que hay que "dotar a la plantilla de
estabilidad laboral".Para ello, la cadena se compromete a "realizar
bajas objetivas del personal fijo, si se estima necesario, y a
ofrecer previamente un acuerdo pactado con los afectados". La
representante de CC OO, Teresa García, ha explicado que los
sindicatos no admiten esta propuesta porque lo que reivindican es la
"estabilidad de la plantilla" y, en su opinión, lo único que
proponen es que "van a seguir despidiendo a la gente aunque
informando".
Asimismo ha criticado que la cadena no ha
aceptado los servicios mínimos que proponían los sindicatos: emisión
de tres boletines de 15 minutos de información local, así como tres
boletines de 10 minutos en la radio Onda Madrid. "Es una vergüenza
que no hayan aceptado nuestra propuesta porque corremos el riesgo de
ir a negro", ha recalcado la representante sindical. Los equipos que
cubren habitualmente la agenda del Gobierno regional no han acudido
a la rueda de prensa del consejero de Economía, Antonio Beteta, en
la que ha presentado un balance del Plan de Lucha contra el fraude
fiscal.
(www.elpais.com,
14/04/09)
17. AGUIRRE EXIGE PODER PRIVATIZAR TELEMADRID SI
SE REDUCE SU PUBLICIDAD
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha respondido al anuncio del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de reducir drásticamente la
publicidad en la televisión pública. En pleno conflicto entre
Telemadrid —canal autonómico madrileño— y sus trabajadores, quienes
mantuvieron una huelga
el pasado martes para exigir mejoras salariales, la
lideresa del PP ha instado al Gobierno central a permitir privatizar
las televisiones públicas en el caso de que se restinga su
publicidad.
"Soy partidaria de que si las televisiones
públicas tienen que reducir la publicidad, el Gobierno de la nación
nos deje a los gobiernos autonómicos que privaticemos esas emisoras
públicas, cosa que la ley nos prohíbe, o nos diga de dónde vamos a
sacar el dinero —para financiarlas—", se ha preguntado Aguirre —en
declaraciones a Onda Cero—.
La presidenta madrileña ha aludido a la crisis
para recordar al Ejecutivo que el dinero que las comunidades
autónomas tienen en estos momentos es "más reducido que nunca", y
que con él deben hacer frente "al sostenimiento de servicios
públicos como la Sanidad, la Educación o el Transporte. "No podemos
afrontar más gastos", indicó.
(www.elpais.com,
17/04/09)
18. GALLARDÓN EN PIE DE GUERRA CONTRA HACIENDA
En medio de la crisis general, el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, libra su batalla particular, a la
sombra, contra Hacienda, por el incremento de la deuda municipal,
que alcanza una cifra récord fijada ya en los 6.600 millones de
euros, a la que han contribuido muy significativamente las obras en
la Calle 30.
La Secretaría de Estado exige al alcalde que se
cumpla rigurosamente la Ley de Haciendas Locales y que el
Ayuntamiento de Madrid adecue su Plan Económico Financiero, de
acuerdo con los cambios a los que ha dado lugar el mayor déficit
municipal, que ha alcanzado ya los 1.200 millones, y que ha sido
provocado fundamentalmente por una caída de los ingresos, en la
venta de suelo (que ha tenido en 2008 un resultado nulo) y en los
impuestos vinculados al sector financiero, según EcoDiario.
El Ejercicio del año pasado cerró con una deuda a largo plazo de
5.936 millones de euros, a los que hay que sumar 745,4 millones de
euros a corto plazo (este dato incluye la de Madrid Calle 30). La
estructura del endeudamiento a largo plazo cuenta con el 71,3 por
ciento a tipo de interés fijo y el 28,6 a tipo variable.
El alcalde Ruiz-Gallardón, en guerra con la secretaría de Estado de
Hacienda, representada por Carlos Ocaña, se queja de que la
flexibilidad de generar déficit en el Estado se convierte en
restricciones para el municipio. "El Gobierno ha dado barra libre al
déficit en sus cuentas, –afirma el alcalde- pero a los demás nos
pone toda clase de pegas para poder ajustar las nuestras". Lo cierto
es que la capital ha adquirido una carga financiera que se hace
insoportable, ya que teniendo una capacidad recaudatoria similar a
la de otros ayuntamientos grandes como Barcelona (770 millones de
deuda) debe casi 10 veces más dinero.
(www.elplural.com,
12/04/09)
19. LA GESTIÓN DE LAS LICENCIAS SE PRIVATIZA
Carta blanca para el nacimiento de las oficinas
certificadoras. Se trata de entidades privadas que se encargarán de
revisar la documentación y dar vía libre a las solicitudes de
licencias urbanísticas y actividades. Más del 60% de las
autorizaciones que ahora se piden no requerirán ni la apertura de un
expediente administrativo. Bastará con una simple comunicación. Sólo
se deberá esperar 15 días desde que tenga la autorización para
comenzar las obras.
El Gobierno municipal aprobó ayer el proyecto por
el que se establece el Régimen de Gestión y Control de las Licencias
Urbanísticas de Actividades. No hay límite para la creación de estas
entidades. Todos aquellos organismos que lo soliciten podrán serlo
aunque, claro está, antes tendrán que pasar la prueba del algodón en
cuanto a su solvencia técnica y económica, independencia e
imparcialidad. Deberán tener autorización de la Entidad Nacional de
Acreditación y luego del Consistorio. El Ayuntamiento exigirá que
dispongan de aval, en forma de póliza de seguro, de "más de tres
millones de euros", según precisó ayer el concejal de Hacienda, Juan
Bravo, supervisor de la nueva normativa.
La finalidad de este aval es que las empresas
respondan ante cualquier desaguisado que ocasionen. "Aún no se ha
cerrado la cuantía, pero la cifra es superior a la que se está
aplicando a los seguros para la industria", precisó.
El concepto de oficina certificadora u Organismo
de Control Ubanístico (OCU), que es como se denominará, se puso
sobre el tapete municipal hace un año. Lo que ayer hizo el
Consistorio es definir el marco legal. El Consistorio se ha basado
en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y en la trasposición
de la directiva de Servicios de la UE. "Agilidad, creación de empleo
e incremento de la calidad de los servicios municipales, eliminando
trabas y barreras", son algunos de los beneficios de esta normativa,
según Bravo.
La ordenanza es de aplicación para todas las
solicitudes de licencia de actividades con o sin obras. Sólo están
excluidas las de uso residencial, que se seguirán rigiendo por la
normativa de 2004.La nueva legislación está preparada para que, una
vez que se haya asentado, se incorpore el sector de la construcción.
La nueva normativa recorta los tiempos del denominado silencio
positivo administrativo -cuando la Administración no contesta se
entiende que ha aceptado la petición-, de tres meses a uno.
Se fijan tres procedimientos de tramitación: el
común, abreviado y para la implantación y modificación de
actividades. El resto de solicitudes que no encajen en estas tres
especificaciones se considera acto comunicado y no necesita
respuesta municipal.Este último apartado es el que supone el 60% de
las peticiones y se solventará en 15 días.
El procedimiento ordinario común será para todas
aquellas peticiones que requieren un proyecto técnico, la firma de
un arquitecto, para realizar obras. Es decir, la rehabilitación,
reconstrucción, edificación... Es el único para el que no bastará la
autorización de la OCU, también necesitará la licencia municipal. El
común es para aquellas solicitudes cuyo proyecto requiera la firma
de un aparejador o arquitecto técnico.
Finalmente, los de modificación e implantación de
actividades serán propias para aquellas que se requieran evaluación
ambiental, relacionadas con espectáculos públicos -bares-,
actividades recreativas o que necesiten un plan de autoprotección y
no requieran proyecto técnico. Por ejemplo, la puesta en marcha de
una tienda de pinturas.La implantación, modificación o cambio de
actividad de un negocio, que necesite o no obras, y que no se
incluya en las categorías anteriores, se podrá hacer mediante un
acto comunicado. La creación de un despacho de abogados, transformar
una frutería en una mercería...
Los funcionarios que hasta ahora venían
desarrollando el control de licencias pasarán a inspeccionar las
autorizaciones. La persona que acuda a una entidad certificadora
tendrá que pagar, por lo que se reducirá o eliminará la tasa
correspondiente. El Ayuntamiento establecerá los precios máximos.
Las oficinas inspeccionarán las actividades para las que se ha dado
autorización cada cinco años y los servicios municipales también.
El 1 de abril de 2010, las oficinas
certificadoras sólo verificarán las actuaciones comunicadas y las de
implantación o modificación de actividades. Un año después, el 1 de
abril de 2011, deberán ampliar el permiso para el resto de
procedimientos.
'Guateque' fue el origen
A finales de noviembre de 2007 la Guardia Civil
entraba en juntas de distrito y las áreas de Medio Ambiente y
Urbanismo dando comienzo a lo que se conoce como la 'operación
Guateque'. Los agentes destaparon una supuesta trama de agilización
ilícita de licencias urbanísticas. Pero lo que en realidad se puso
de manifiesto era el caos administrativo al que estaban sometidas
las autorizaciones municipales.
A principios del siguiente año, se desarrolló una
comisión de investigación municipal que murió antes de nacer. Los
'populares' sacaron adelante unas conclusiones y sugerencias
apoyadas, sin que fuese necesario, en IU.
Entre las medidas para superar el caos de
licencias de Madrid estaba la redacción de la nueva ordenanza por la
que se establece el Régimen de Gestión y Control de las licencias
Urbanísticas de Actividades. La normativa estará durante 30 días
bajo información pública. Luego, deberá ser aprobada en Pleno.
(www.elmundo.es,
14/04/09)
