ÍNDICE
1. UNA "ARREPENTIDA" AGUIRRE SE ENTREGA A MARIANO
Y PONE EL PP DE MADRID A SU DISPOSICIÓN DE CARA A LAS EUROPEAS
2. GARZÓN REMITE A VALENCIA Y MADRID LOS CASOS
CONTRA CAMPS Y LÓPEZ VIEJO
3. EL PP SE AUTOEXCULPA DE ESPIONAJE Y DEJA EL
CASO EN MANOS DE LOS JUECES
4. EL RODILLO DE AGUIRRE APLASTA LA INVESTIGACIÓN
5. GONZÁLEZ PIDE A GALLARDÓN QUE RECTIFIQUE POR
ACEPTAR QUE EXISTÍA UNA UNIDAD PARAPOLICIAL
6. LOS AGENTES SOSPECHOSOS DE ESPIONAJE NO TENÍAN
TAREAS ASIGNADAS EN INTERIOR
7. LOS DIPUTADOS DEL PP ESPIADOS SE AUSENTAN DE
LA VOTACIÓN QUE EXCULPA A AGUIRRE
8. Y, MIENTRAS, ESPERANZA, ERRE QUE ERRE, DICE
QUE NO HUBO ESPIONAJE EN MADRID
9. EL MONITOR DE PÁDEL NEGOCIA TAMBIÉN CONTRATOS
PÚBLICOS
10. UNA CONCEJALA DE GALLARDÓN BENEFICIÓ AL
MONITOR DE PÁDEL
11. ACUSAN A GRANADOS DE LUCRARSE CON UNA VENTA A
UN CONSTRUCTOR AMIGO
12. TRES DE LOS CUATRO JUECES QUE VERÁN LA TRAMA
DEL PP EN MADRID SON CONSERVADORES
13. EL ACTUAL ALCALDE DE MAJADAHONDA FIRMÓ
CONTRATOS CON CORREA
14. ARGANDA NOMBRA NUEVO ALCALDE A UN 'DURO' DEL
PP
15. MADRID ADJUDICÓ AL MENOS 100 CONTRATOS A LA
TRAMA DE CORREA
16. GONZÁLEZ PANERO SE JACTA DE TENER UN PACTO
CON EL PP
17. AGUIRRE LLAMA A LA SER PARA PUNTUALIZAR Y
CUELGA
18. BONO RECTIFICA A AGUIRRE: "LA ESTACIÓN DE
YEBES SE PUSO POR DECISIÓN DEL PP"
19. AGUIRRE TROPIEZA TRES VECES EN CAJA MADRID
20. FRACASA EL PLAN DE VIVIENDA DE AGUIRRE
21. OFERTA REGIONAL DE 10.000 PLAZAS QUE YA
EXISTEN
22. EL ÚLTIMO FIASCO DE MANZANO
1. UNA "ARREPENTIDA" AGUIRRE SE ENTREGA A MARIANO
Y PONE EL PP DE MADRID A SU DISPOSICIÓN DE CARA A LAS EUROPEAS
En los medios de la órbita del PP, desde los
próximos a Esperanza Aguirre como El Mundo hasta los más cercanos a
Mariano Rajoy, como La Razón o el periodista Federico Quevedo,
coinciden en señalar que el PP de Madrid se involucrará en las
campaña de cara a los europeas. Precisamente la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospedal, ironiza sobre los cambios de
actitud que están experimentando algunos respecto al líder de su
partido: "Es que a Mariano lo han cambiado, y se ha hecho rubio y
tiene los ojos azules".
La presidenta de Madrid no participó en las
campañas de las gallegas ni de las vascas por deseo de los propios
candidatos populares, preocupados por la mala imagen que la crisis
de los espías y las ramificaciones madrileñas del caso Gürtel podría
acarrear en las autonómicas. Tras la noche electoral del 1-M,
Aguirre no acudió a Génova para acompañar a un satisfecho Rajoy. Sin
embargo, estos resultados, unidos al desgaste provocado en el PP de
Madrid por el caso Gürtel y por la presunta trama de espionaje, han
llevado a la presidenta a sacar la bandera blanca y arrimar el
hombro de cara a las europeas, según coinciden en señalar varios
medios de la órbita popular.
Un diario aguirrista como El Mundo asegura que la
presidenta "se volcará en las europeas" e incluso que está
"arrepentida desde hace meses de su amago de pugilato con el
presidente del PP". Reconocen que la imagen de la lideresa está
"tocada en los últimos meses" tras el caso Gürtel y la crisis de los
espías. En cualquier caso, los de Pedro J. creen que el punto de
inflexión está en el 1-M, ya que tras la cita la presidenta se
sintió "aliviada" de que no le pudieran achacar unos malos
resultados y se disipó "el riesgo de que su máximo antagonista, el
alcalde de Madrid, sea el que suceda a Rajoy".
En la Comunidad de Madrid "se entienden
recompuestas las relaciones" con la dirección nacional, apuntan en
El Mundo, donde recuerdan asimismo que Agurre apostó "públicamente y
en solitario" porque Mayor Oreja fuera candidato a las europeas.
En La Razón, próximo a la dirección nacional del
PP, también dan por recompuestas las relaciones entre Rajoy y
Aguirre, y apuntan que la lideresa ha puesto al PP de Madrid a
disposición de la vicesecretaria de organización, Ana Mato. Madrid
es una plaza clave para frenar el ascenso de UPyD y, de cara a las
europeas, Aguirre se habría marcado como "ambicioso reto" que el PP
regional "siga siendo la organización que más votos aporta al
conjunto nacional". La dirección nacional también puede presentar
contrapartidas. Así, el diario deja caer que está semana "podría
oficializarse la decisión de Génova de no reabrir su investigación
sobre los espías, tras el cerrojazo a la de la Asamblea".
Otro periodista próximo a Rajoy, Federico
Quevedo, se hace eco en El Confidencial de este acercamiento de
posiciones y va más allá al asegurar que "donde había una más que
incómoda incomunicación entre ambos, ahora existe un diálogo fluido
y casi diario", citando fuentes próximas a la lideresa. Sobre la
implicación de Aguirre en las europeas, apunta que "el mitin de
cierre de campaña será en Madrid y tendrá como protagonistas al
candidato Mayor Oreja, a Rajoy, y por supuesto, a la presidenta
regional".
Sobre los cambios de actitud en el entorno del PP
ironizaba la propia secretaria general del partido, Maria Dolores de
Cospedal. "Es que a Mariano Rajoy lo han cambiado, y se ha hecho
rubio y tiene los ojos azules", bromea la popular en declaraciones
recogidas por La Vanguardia, concluyendo que ahora "todos van detrás
de él".
(www.elplural.com,
16/03/09)
2. GARZÓN REMITE A VALENCIA Y MADRID LOS CASOS
CONTRA CAMPS Y LÓPEZ VIEJO
El juez Baltasar Garzón remitió a los tribunales
superiores de Justicia de Valencia y Madrid la inhibición y las
copias de la causa de la denominada Operación Gürtel, sobre
corrupción de determinados cargos del Partido Popular, en lo que
afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, al secretario
general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, y a los diputados en
la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín
Martín Vasco, ya que todos ellos tienen la condición de aforados.
El envío de las copias testimoniadas de la causa
y de la exposición razonada para los tribunales superiores se
produjo una semana después de que Garzón la anunciara por medio de
sendos autos, porque problemas en el servicio de reprografía de la
Audiencia Nacional impidieron que el envío se realizase antes.
Sin embargo, el PP ya había presentado una nueva
queja contra Garzón en el Consejo General del Poder Judicial en la
que criticaba que el magistrado hubiera viajado a Guatemala "sin
haber cumplimentado aún el escrito razonado a los TSJ de Madrid y
Valencia". La nueva queja de los populares aludía a "una nueva
maniobra irregular".
Lo cierto es que el juez antes de salir de viaje
había dejado firmados los oficios para la remisión de la causa, pero
los problemas para elaborar dos juegos de fotocopias del sumario
-más de nueve cajas de 2.000 folios cada una- retrasaron el envío
hasta pasadas las dos de la tarde de .
No obstante, y a pesar de haberse inhibido
respecto de los cinco aforados citados, el juez mantiene la
instrucción de la causa con respecto de otras 40 personas, entre las
que se encuentran los ex alcaldes Jesús Sepúlveda, de Pozuelo de
Alarcón; Ginés López, de Arganda del Rey; Arturo González Panero, de
Boadilla del Monte, y Guillermo Ortega, de Majadahonda, Los ex
regidores han sido citados a declarar en calidad de imputados el
próximo miércoles.
Mientras tanto, la instrucción ha seguido
adelante y el juez volvió a tomar declaración a José Tomás, el
sastre que confeccionó trajes para el presidente valenciano
Francisco Camps y para el parlamentario Ricardo Costa. Tomás habría
proporcionado nuevos indicios que afectan a ambos aforados, así como
a Álvaro Pérez, El Bigotes, mano derecha del principal responsable
de la trama, Francisco Correa, en la empresa Orange Market, que
según las investigaciones era a la que se cargaban los trajes.
La declaración de Tomás es, junto a la de la
imputada Isabel Jordán y la documentación intervenida, que refleja
la caja "B" de Easy Concept, la base de la imputación de los
aforados valencianos.
En la documentación aparece un apunte sin fecha
por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros, en cuyo
concepto figura: "Entradas y salidas de Milán". Son una parte de los
pagos por los trajes hechos a medida por la firma Milano, según la
imputada. De ellos, 4.700 euros corresponden a trajes de Camps,
según el auto del juez.
Existen otros trajes comprados en la tienda
Forever Young, donde también trabajaba el sastre José Tomás. El
coste de la ropa de esa empresa entregada a Camps a costa de Orange
Market ascendería a 8.083 euros. Las facturas se camuflaban con
conceptos falsos y por cuantías que no se corresponden con los pagos
realizados.
(www.elpais.com,
14/03/09)
3. EL PP SE AUTOEXCULPA DE ESPIONAJE Y DEJA EL
CASO EN MANOS DE LOS JUECES
El PP ha pasado de calificar de falsos los partes
de espionaje a altos cargos del Ayuntamiento de Madrid y del
Gobierno regional a simplemente cuestionar su validez, según las
conclusiones del dictamen que ha registrado en la Asamblea y que
impondrá gracias a la mayoría absoluta que posee en la Cámara. "Los
supuestos partes de espionaje ni son documentos de la Consejería ni
se corresponden en muchos casos con las agendas oficiales y carecen
del rigor exigible para merecer la mínima consideración", señala el
texto. Sin embargo, tanto el ex consejero de Justicia Alfredo Prada,
como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, han confirmado que las
anotaciones de los informes coinciden con lo que hicieron en esas
fechas entre abril y mayo de 2008.
Tras rechazar la utilidad de la comisión, que fue
bloqueada y frenada deliberadamente, para alcanzar cualquier
conclusión que confirme los seguimientos, el Grupo Popular cree que
es el turno de los tribunales. "La comisión no tiene elementos de
juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en
el diario EL PAÍS y confía en el total esclarecimiento de los hechos
a través de las actuaciones judiciales en curso", añade el informe
del PP. El pasado viernes, la fiscalía anunció que seguiría adelante
con la investigación al dar verosimilitud a los partes de
seguimientos a Prada y Cobo.
Las conclusiones del PP, presentadas después de
que el pasado miércoles diera cerrojazo a la comisión con la última
comparecencia del consejero de Interior, Francisco Granados, chocan
frontalmente con las de los grupos de la oposición, PSOE e IU, que
apuntan directamente a la responsabilidad de la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, para que se llevaran a cabo los
seguimientos. "No se pudo hacer sin el respaldo de la máxima
autoridad del Gobierno regional, la señora Aguirre, que por acción u
omisión tiene responsabilidad en todos los hechos", afirma el el
dictamen de IU. Socialistas e IU destacan además que ha quedado
acreditada la existencia de una o varias tramas ligadas a "cargos
políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior", con la particularidad de que la
mayoría de los espiados son o han sido "rivales directos de
Aguirre". La oposición reclama también el cese del consejero
Granados como "responsable directo" de la trama.
Responsabilidades pasadas
Como ya señalara durante las sesiones de la fugaz
comisión de investigación, por la que pasaron ex responsables de los
servicios de seguridad de Gobiernos anteriores al de Aguirre, el PP
subraya que las estructuras y funciones de la Dirección General de
Seguridad son "las mismas que puso en marcha el Gobierno de Joaquín
Leguina a partir de 1985 y que potenció el de Alberto Ruiz-Gallardón,
con un proyecto de Seguridad de 2002".
El informe del PP insiste además en negar que los
partes fueran elaborados por agentes dependientes de los jefes del
área de Seguridad, pese a que lo confirmaba un informe pericial, que
indicaba que José Manuel Pinto fue el autor de alguno de ellos. "La
letra de las anotaciones manuscritas en algunos de los supuestos
partes no se corresponde con la de las personas a las que han
apuntado las informaciones periodísticas", indica el PP. El Gobierno
regional encargó otro informe que negaba ese extremo, si bien se
realizó sobre fotocopias y con la letra de Pinto después de que éste
conociera su supuesta responsabilidad.
(www.elpais.com,
14/03/09)
4. EL RODILLO DE AGUIRRE APLASTA LA INVESTIGACIÓN
A las virtudes que Esperanza Aguirre se arrogue,
debe añadir ya esta otra: la clarividencia. El 3 de febrero, tres
días antes de que se creara en la Asamblea de Madrid la comisión de
investigación sobre una hipotética red de espionaje en la Comunidad,
adelantó la sentencia. Y acertó: "La Cámara estudiará si hay
responsabilidades políticas. Y creo que no las habrá", afirmó.
Los hechos la respaldan. Mañana, la comisión
aprobará el dictamen y dirá lo que el PP ha reiterado: que "no hubo
espionaje" y que la Comunidad está limpia. Ningún cargo político
caerá por ahora. No, desde luego, el titular de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Granados, el consejero sobre el que
se cernieron las sospechas desde el primer día.
Gracias a su mayoría absoluta, Aguirre ha
disfrutado de la comisión que quería : corta (cuatro sesiones en
siete días y 11 comparecientes), segura (ni ha citado a los
espiados) y categórica (con el resultado deseado). Pese a todo, la
presidenta no podrá librarse de la investigación judicial aún
abierta. Ni de las dudas, alimentadas por IU y PSOE y por sus
adversarios internos, los que se alojan en el Ayuntamiento de Madrid
(el edil Manuel Cobo) o en la sede nacional del PP (el ex consejero
Alfredo Prada). Tampoco podrá olvidar la tortura de saberse durante
más de dos meses en el centro de la diana.
1. Estalla el escándalo
El 19 de enero, El País destapa el escándalo:
bajo el mando de Granados funciona un "servicio de espionaje"
dirigido por el policía en excedencia Marcos Peña, fichado por el
consejero en junio de 2008. Su misión, elaborar informes sobre
políticos o tramas de corrupción.
En los días siguientes, se conocen los
seguimientos a Cobo, vicealcalde de Madrid; a Prada, consejero de
Aguirre hasta junio de 2008; al que era número dos de este, Juan
Carlos Fernández; al ex tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta, y
a la diputada regional Carmen Rodríguez Flores. Todos los presuntos
espionajes se hicieron entre marzo y mayo del año pasado, en plena
guerra por el poder en el PP.
En paralelo, se descubre que el vicepresidente,
Ignacio González, fue espiado en sus viajes a Suráfrica y Colombia,
en 2008: hay grabaciones y fotocopias de billetes de avión. Público,
el 28 de enero, revela el contenido de dos dossiers que circulaban
en la sede nacional del PP contra González. Detallaban el patrimonio
y las concesiones sospechosas del número dos de Aguirre.
2. Génova responde
Aguirre, Granados y González
negaron los hechos desde
un principio. Cobo y Prada sostuvieron lo contrario, que sus
agendas públicas y privadas coincidían con lo que recogían los
partes de espionaje. Lo denunciaron ante la Fiscalía. Alberto Ruiz-Gallardón
defendió a su vicealcalde: "La Comunidad no tiene competencias en
seguridad, y no puede tener un cuerpo parapolicial". Así que si los
seguimientos existen, señaló, "es un delito". La presidenta amagó
con querellarse contra el regidor por avalar lo publicado. No lo
hizo.
Mariano Rajoy creyó primero a Aguirre. Pero el 22
de enero, en cuanto trascendió el espionaje a Prada en su círculo,
ordenó a su número dos, Dolores de Cospedal, abrir una investigación
interna para aclarar unos "hechos gravísimos" que "repugnan" al PP.
Volvió la zozobra. El Gobierno regional se sintió agredido por
Génova. La secretaria general comenzó con las entrevistas y,
mientras, Aguirre dejaba caer que Rajoy sabía desde 2006 que
corríaninformes contra González y Granados. La tirantez, palpable,
amenazaba la precampaña electoral en Galicia y Euskadi.
Al final, la presidenta ganó. El 2 de febrero,
accedió a crear una comisión de investigación en la Asamblea.
Suficiente para que De Cospedal "suspendiera" las pesquisas
internas.
3. Las reglas, a favor
Rajoy se dio por satisfecho. El 3 de febrero,
tras guardar silencio 16 días, clamó por la "transparencia". Y
agregó, con respecto a los partes: "Esos documentos existen".
Aguirre prometió "luz y taquígrafos", llegar hasta el fondo, también
con el espionaje a González, que el vicepresidente llevó al juez.
Pero puso sus reglas. Sentó de presidente de la comisión a Benjamín
Martín Vasco, que a los 15 días tuvo que dimitir al relacionársele
con el caso Gürtel. Fijó el plazo para investigar primero, 28 de
febrero; luego, 31 de marzo y atrasó al máximo el registro de sus
peticiones de comparecencia. Así, se aseguró que los trabajos
arrancasen después del 1-M.
Otra traba: la documentación. El PP, siempre
defendiendo la "transparencia", vetó más de la mitad de los informes
clave que exigieron PSOE e IU. Entre ellos, las adjudicaciones
sospechosas de González o datos de sus viajes al extranjero,
expedientes de empleados de seguridad o facturas de compras de
material. Al tiempo, redujo la lista de comparecientes a 29
personas.
El cerco sobre Granados se achicó: el 10 de
febrero, El País aseveró, gracias a dos informes caligráficos, que
los espías procedían de su Consejería. Cobo lo denunció al juzgado.
4. Rápido cerrojazo
El miércoles 4 de marzo arrancó la comisión.
Aguirre tropezó. Los antecesores de Granados en Interior negaron que
la Comunidad tuviese competencias para vigilar a personas. Uno de
ellos, Pedro Calvo, edil de Gallardón, tildó de "ridículo" y de
"despropósito" que el PP le hubiera citado. La presidenta decidió
entonces cortar por lo sano . El viernes situó en el día 11 el fin
de los trabajos con la intervención de Granados. El domingo, El
Mundo relató que algunos partes de seguimiento eran "falsos o
erróneos". El lunes 9, el PP dio por "acreditado" que "todas" las
notas eran "falsas".Conclusión: la Comunidad ha sido "víctima de un
montaje ", y "no ha habido espionaje".
El 11 desfila Granados, que acusa de "mentir" a
Prada y al círculo de Gallardón. Ese día, Aguirre mata la comisión.
Ya no oirá a los supuestos espiados. Ni aclarará el seguimiento a
González, con la excusa de que el caso es "de naturaleza distinta" y
"está en los tribunales". Como si los espionajes a Cobo y Prada no
lo estuvieran. Rajoy no ha osado chistar a la presidenta. Su
expediente interno quedará congelado.
(www.publico.es,
14/03/09)
5. GONZÁLEZ PIDE A GALLARDÓN QUE RECTIFIQUE POR
ACEPTAR QUE EXISTÍA UNA UNIDAD PARAPOLICIAL
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, ha pedido al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
que rectifique o al menos reconozca que "se equivocó", ya que "se
extralimitó" al dar por buena la información que afirmaba que en la
Comunidad había una "unidad parapolicial". González, que ha hecho
estas declaraciones en una entrevista en Telemadrid, ha opinado que
el alcalde "se equivocó gravemente" cuando dio credibilidad a las
informaciones de El País sobre la responsabilidad de la Comunidad en
la supuesta trama de espionaje a políticos.
"Es obligado que rectifique, porque lo que se ha
demostrado es que lo que él llamaba una estructura parapolicial no
existe", ha dicho el vicepresidente regional, que ha añadido que
Ruiz-Gallardón "causó un grave perjuicio que debe reparar".
En relación con el supuesto espionaje a su
persona, ha dicho suponer que detrás "tiene que haber gente que
tenga alguna vinculación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado", puesto que se desprende un conocimiento de las tramas con
las que se la querido vincular.
Además, González espera que "la policía judicial,
el Ministerio del Interior, haga su trabajo" y se sepa "cuanto
antes" quién está detrás de esos seguimientos. Preguntado si una
supuesta falta de apoyo de la dirección del PP a la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, extensiva también al presidente
valenciano, Francisco Camps, tendría su origen en el enfrentamiento
de la primera al líder conservador, Mariano Rajoy, en el último
Congreso del partido, González ha dicho que le "parecería una
grandísima equivocación". "Sería", ha añadido, siempre en
condicional, "de una torpeza infinita y además muy reprobable que
alguien que tiene la intención de liderar este país atacase a las
bases de su poder territorial, que son Madrid y Valencia, sería un
suicidio", ha dicho, que diera "prioridad a su propio enfado".
Ha manifestado además que Rajoy será de nuevo el
cartel electoral del PP si así lo decide el congreso que el partido
celebre antes de las elecciones, aunque ha matizado que si los
resultados de los comicios siguen siendo buenos "sería absurdo
cambiarlo".
Ignacio González, que ha dicho en relación a las
facturas de los trajes de Camps que él, cuando se compra una camisa
o un pantalón, las tira, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón de filtrar el sumario del caso Gürtel "por dosis" y
"parece" que "con un interés político", mientras "no sabemos nada
más" y los acusados sufren "indefensión".
Por otra parte, ha declarado que la posición del
Ayuntamiento de Madrid en el conflicto de Caja Madrid "no se
entiende" y es "sorprendente", puesto que el alcalde primero dice
"que es intolerable una mayor intervención" pública en la entidad y
"ahora se opone porque se recorta su participación".
Respecto a Caja Madrid, el vicepresidente de
Aguirre ha dicho que la actitud de "todos aquellos" que se oponen a
cumplir la ley de Cajas aprobada por la Asamblea de Madrid es
"desacato". Asimismo, González ha señalado que la Comunidad de
Madrid no espera del Gobierno "la misma generosidad" que ha tenido
con Andalucía al reconocerle la deuda histórica. "Hay una actitud
claramente sectaria y teledirigida para perjudicar a las comunidades
no gobernadas por el Partido Socialista", ha opinado.
(www.publico.es,
17/03/09)
6. LOS AGENTES SOSPECHOSOS DE ESPIONAJE NO TENÍAN
TAREAS ASIGNADAS EN INTERIOR
José Palomo Gallego y José Manuel Pinto son dos
empleados públicos de la Consejería de Interior de Madrid, cuyo
titular es Francisco Granados. Según han reconocido ambos, forman
pareja profesional desde hace cinco años. Pinto ha sido identificado
mediante una doble prueba pericial caligráfica encargada por este
diario como uno de los agentes que elaboró los partes del espionaje
a cargos políticos del PP en 2008. Un informe pericial con
fotocopias encargado por el Gobierno regional desvincula a Pinto de
estas prácticas.
Hasta junio de 2008, ambos funcionarios tuvieron
una actividad al margen de la agenda laboral de su departamento. Ni
Pinto ni Palomo aparecían con tarea concreta asignada en los
boletines internos del departamento, uno de los cuales se muestra en
esta página. Sólo conocía cual era su trabajo su jefe directo,
Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, que cesó en
junio de 2008 tras irrumpir junto a un equipo de funcionarios en una
oficina de la Consejería de Justicia cuyo titular denunció el robo
del ordenador.
El resto de los casi 40 compañeros de su
departamento tenían una actividad definida día a día y mes a mes en
los documentos internos oficiales. Pinto y Palomo tenían turno de
mañana. Pero en los partes nunca quedaba constancia de su labor
oficial, sólo aparecían asignados al director general mientras el
resto tenía tareas asignadas en la protección interior y exterior de
edificios, en vigilancia electrónica, en informática o en la propia
sede de la dirección general.
A efectos de reparto de trabajo, Pinto y Palomo
no existían. Y no porque estuvieran de baja, dado que los partes de
dicha consejería en poder de este diario sí citan a los funcionarios
que estaban ausentes por enfermedad.
José Palomo tiene como categoría la de
supervisor. En los citados boletines diarios que llevan por título
Distribución de los servicios a prestar por el Servicio de Seguridad
de la Dirección General de Seguridad Comunidad de Madrid, sí
figuraban sus dos homólogos, Carlos Correcher y Sebastián Escuadra.
Pero Palomo no aparece.
Y lo mismo vale para su compañero de equipo,
Pinto, con categoría de técnico. Los partes reflejaban las
actividades asignadas a sus 14 compañeros del turno de mañana:
algunos cumplían una ruta de verificación del servicio de control de
exteriores de los distintos edificios del Gobierno madrileño. Cada
cual recorría entre cinco y seis sedes. En el parte se anotaba el
vehículo que usaban y sus teléfonos móviles y fijos. Por tanto, se
podía saber al minuto qué hacían, dónde estaban y cómo localizarlos.
Otros compañeros de Pinto tenían asignado un
servicio fijo en edificios, como la de Presidencia o la Cámara de
Cuentas. Y el resto de funcionarios se repartía en servicios
administrativos (mecanización de datos informáticos, comunicaciones,
anotación y registro de incidencias y generación de los
correspondientes informes, gestión del parque móvil...). Pinto nunca
aparecía adscrito a ninguna de esas labores que cumplían el resto de
sus funcionarios de igual nivel.
Si en lugar de observar el parte diario de
actividades de los 14 funcionarios de turno de mañana, se analiza la
planilla de los 39 empleados (a ellos habría que añadir casi una
decena de asesores), el resultado es más llamativo: todos tienen una
asignación laboral precisa (complejo de Presidencia, seguridad
electrónica, técnicos de guardia en Gobelas, protección de las
distintas consejerías, informática, baja prolongada, actividad
sindical, vehículos...).
Todos menos dos: Palomo y Pinto. Su cuadrícula
sólo anota lo siguiente: "Servicio director general de Seguridad".
Por tanto, sólo Gamón sabía qué trabajos le hacían en 2008 Pinto y
Palomo.
En la Consejería de Interior no hubo respuesta
oficial a esta incógnita. Durante el tiempo que su labor estuvo
vedada al conocimiento de sus compañeros, se produjo el espionaje al
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; al ex consejero Alfredo Prada e,
indirectamente, al ex director general de Telemadrid Álvaro Renedo o
a la diputada autonómica Carmen Flores. Todos ellos, contrarios a la
presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. En los partes de espionaje
se aludía a Sergio Gamón como "nuestro director".
(www.elpais.com,
18/03/09)
7. LOS DIPUTADOS DEL PP ESPIADOS SE AUSENTAN DE
LA VOTACIÓN QUE EXCULPA A AGUIRRE
Ni Alfredo Prada ni María del Carmen Rodríguez
Flores, los dos diputados del PP en Madrid que -según han dicho
ellos mismos- han sido espiados, tuvieron que escuchar cómo el
portavoz del Grupo Popular, David Pérez, les decía a la cara desde
la tribuna del Parlamento madrileño que "no existen los espiados
porque no ha existido espionaje". Tampoco tuvieron que ver cómo su
presidenta, Esperanza Aguirre, jaleaba a Pérez y se reía de los
diputados de PSOE e IU que pedían seguir investigando los hechos.
No tuvieron que verlo, ni oírlo, porque no
acudieron al pleno en el que la Asamblea de Madrid aprobó las
conclusiones exculpatorias de la comisión de investigación sobre la
presunta trama de espionaje. Así que tampoco tuvieron que votar esas
conclusiones, que echan tierra sobre los seguimientos que ambos
sufrieron en 2008: Prada de forma directa y Rodríguez como víctima
colateral -pasaba por allí uno de los días en que seguían a Prada-
de una trama que el PP de Madrid califica de "gran patraña". Los dos
escaños vacíos de Prada y Rodríguez, su "ausencia clamorosa", son,
según la socialista Maru Menéndez, "la mejor prueba de que el
espionaje ha existido".
La ausencia clamorosa no alteró los planes del PP
ni a la presidenta Aguirre, que ya en el turno previo de preguntas,
interpelada por Menéndez, había repetido con orgullo las
conclusiones de la comisión redactadas y aprobadas por la mayoría
absoluta del PP. "Esta comisión ha sido muy positiva y
clarificadora: ha demostrado que nunca ha existido una trama de
espionaje político, ni amparada ni auspiciada ni impulsada ni
conocida por este Gobierno", dijo.
Mientras la presidenta hablaba, y acusaba a la
oposición de insistir "erre que erre" con el tema de los
seguimientos ilegales para tapar "los 7.000 parados diarios del
Gobierno de Zapatero", algunos diputados populares miraban de reojo
a los dos butacones vacíos en los que tendrían que haber estado
Alfredo Prada y Carmen Rodríguez. Justo separados por el de Alberto
López Viejo, ex consejero dimitido hace un mes por su vinculación
con un asunto distinto: la trama de corrupción que investiga
Baltasar Garzón.
Después empezó el debate sobre la cuestión: el
dictamen de conclusiones de la comisión que durante apenas cuatro
sesiones -antes de que el PP decidiera su final- trató de investigar
el caso. Un dictamen exculpatorio para el Ejecutivo. Inés Sabanés
(IU) volvió a poner el dedo en la llaga: "¿Se ha fijado en que tiene
dos sillas vacías?", preguntó a Aguirre, señalando los dos escaños
sin dueño de la bancada popular. "Entiendo que a usted, que controla
todo en esta Comunidad, le moleste ver que tiene dos disidencias en
este pleno", insistió. La presidenta ni se inmutaba: continuó
haciendo lo que hizo durante todo el debate: hablar por el móvil y
bromear con el vicepresidente, Ignacio González, y el consejero
Francisco Granados.
Hasta que subió a la tribuna el portavoz del PP,
David Pérez: ahí Aguirre se animó y, aunque Prada y Rodríguez
seguían sin aparecer, se puso a dirigir los aplausos. Pérez censuró
que los diputados de PSOE e IU, actuando "como un Torquemada
progresista", no hayan querido ver "la verdad que se abría paso":
que no existió espionaje y que todo es una "mentira", una "farsa"
para atacar a la presidenta de la Comunidad.
Se votó, al filo de las siete de la tarde, a mano
alzada. En el PP faltaban dos, a pesar de lo cual su holgada mayoría
absoluta sacó adelante el dictamen exculpatorio por 65 votos a 50.
Una portavoz del Grupo Popular informó a última hora de que Carmen
Rodríguez y Alfredo Prada habían llamado para excusarse. Ella no
pudo asistir "porque está enferma" -algo que ni ella ni el PP
comunicaron hasta entonces-; Prada, por estar en un viaje de
trabajo.
Este periódico contactó con Prada (ex
vicepresidente de Aguirre además de diputado), que confirmó la razón
de su ausencia. A la pregunta de qué hubiera votado de haber ido al
pleno, se limitó a contestar por dos veces: "Respeto la decisión que
tomó el grupo parlamentario, no voy a decir más. Mi confianza está
depositada en la Administración de justicia".
(www.elpais.com,
19/03/09)
8. Y, MIENTRAS, ESPERANZA, ERRE QUE ERRE, DICE
QUE NO HUBO ESPIONAJE EN MADRID
La Asamblea de Madrid aprobó las conclusiones
exculpatorias de la Comisión de Investigación sobre la presunta
trama de espionaje, sin la asistencia de los dos diputados populares
que fueron supuestamente víctimas de seguimientos. Ni el ex
consejero de Interior, Alfredo Prada, ni María del Carmen Rodríguez
Flores ocuparon sus asientos en el Parlamento.
La ausencia de los dos diputados, en un gesto que
claramente demuestra su descontento, no alteró, sin embargo, el
discurso de la presidenta Esperanza Aguirre, que insistió en las
conclusiones de la Comisión de Investigación, redactadas y aprobadas
por la mayoría absoluta de su partido. "Esta comisión ha sido muy
positiva y clarificadora: ha demostrado que nunca ha existido una
trama de espionaje político, ni amparada, ni auspiciada, ni
impulsada, ni conocida por este Gobierno -recalcó. Y, a
continuación, afirmó que el tema de los seguimientos ilegales se
creó para tapar "los 7.000 parados diarios del Gobierno de
Zapatero".
La portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Investigación, Inés
Sabanés, puso el dedo en la llaga al preguntar a Aguirre: "¿Se ha
fijado en que tiene dos sillas vacías?" -señalando los dos escaños
de la bancada popular. "Entiendo que a usted, que controla todo en
esta Comunidad, le moleste ver que tiene dos disidencias en este
pleno", insistió.
A pesar de las dos ausencias y a la oposición de
PSOE e Izquierda Unida, los populares sacaron adelante el dictamen
exculpatorio gracias a su holgada mayoría absoluta. Casi al término
del pleno, una portavoz del Grupo Popular informó que Carmen
Rodríguez y Alfredo Prada habían llamado para excusarse. Ella no
pudo asistir "porque está enferma" -algo que ni ella ni el PP
comunicaron hasta entonces-; "Prada, por estar en un viaje de
trabajo".
La Comisión de Investigación de la supuesta trama
de espionaje en Madrid se creó el 6 de febrero y no empezó sus
trabajos hasta el 3 de marzo último, después de numerosas trabas
puestas por los populares, con Esperanza Aguirre a la cabeza, para
entorpecer su funcionamiento. Tras cuatro sesiones, el PP forzó el
cierre de la Comisión alegando que los seguimientos eran falsos.
Ninguno de los afectados por el supuesto espionaje, todos del
Partido Popular: el ex consejero Alfredo Prada, el vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo, y la diputada María del Carmen Rodríguez Flores
(amiga de Prada) pudieron comparecer ante la Comisión, por la
negativa del PP.
(www.elperiodico.com,
19/03/09)
9. EL MONITOR DE PÁDEL NEGOCIA TAMBIÉN CONTRATOS
PÚBLICOS
Carlos Martín
,
profesor de pádel del vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
aprovecha sus contactos políticos para actuar como intermediario en
la adjudicación de contratos públicos. El año pasado medió ante el
entonces alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, para la concesión de
un polideportivo. Carlos Martín consiguió la primera cita con el
regidor de Pozuelo tras una reunión con Ignacio González, la persona
de máxima confianza de Esperanza Aguirre, y con el viceconsejero de
Medio Ambiente.
Carlos Martín actuaba en este caso como
intermediario de Ingesport. En un escrito que le envió al presidente
de esta sociedad, Gabriel Sáez, le culpó de que no se cerrase el
trato: "Quizá no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías
que soltar". Todos estos datos constan en los correos electrónicos
que intercambiaron ambos, a los que ha tenido acceso Público.
Jesús Sepúlveda dimitió como alcalde de Pozuelo
el pasado 6 de marzo, tras ser imputado por Baltasar Garzón en el
caso Gürtel. El juez lo acusa de embolsarse 422.992 euros de la
trama que dirigía Francisco Correa a cambio de favorecer a sus
empresas. El ex regidor, que niega cualquier actuación ilegal, sigue
siendo concejal del PP en Pozuelo.
Carlos Martín, Charly o Carleto para los amigos,
fue primero profesor de pádel en el exclusivo spa del hotel NH
Eurobuilding y después director comercial de Ingesport. En febrero
de 2007 decidió volar más alto y convertirse en empresario. Compró
la sociedad Preston & Child y firmó un contrato mercantil con
Ingesport, aunque sin establecer una relación de exclusividad. Es
decir, Carlos Martín podía hacer otros negocios por su cuenta.
En dicho contrato se establece que Preston &
Child recibirá 75.000 euros, IVA no incluido, por cada "concesión
administrativa" que consiga para Ingesport.
El 19 de diciembre de 2007, Martín le escribió un
largo correo electrónico a Sáez, en el que repasa "los asuntos
comerciales pendientes". Uno de esos temas implica al vicepresidente
González y al viceconsejero de Medio Ambiente, Manuel Beltrán. El
contenido es el siguiente: "Me ha prometido el viceconsejero de
Medio Ambiente delante de I. González que nos ponen cita para hablar
sobre el polideportivo que se va a hacer en Pozuelo con el alcalde.
Según me han dicho va a ser impresionante y a día de no tienen
ningún compromiso y creo que tenemos buenos padrinos".
Hay que tener en cuenta que el concurso para la
gestión del polideportivo del Valle de las Cañas no se publicó en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta el 1 de agosto de
2008. Por tanto, González y Beltrán estaban informando a Martín con
siete meses de antelación.
Las puertas de la Alcaldía de Pozuelo se abrieron
pronto para Martín. Y las conversaciones se iniciaron de forma
fructífera. Tanto que, el 25 de febrero de 2008, el dueño de Preston
& Child dio por cerrado el asunto. Ese día, a las 20.42, escribió un
mensaje a Sáez comunicándole las buenas noticias: "Gabri, ya he
vuelto y tenemos el polideportivo del Valle de las Cañas en Pozuelo
(quedó en que nos llamaba el concejal de Deportes, según el
alcalde)". El edil de Deportes es Ignacio Costa.
Pero las cosas terminan torciéndose. A finales de
marzo, en el mismo correo en el que Martín le envía a Ingesport su
factura de ese mes (tenía un fijo de 5.800 euros con independencia
de las comisiones), el profesor de pádel reconvertido en conseguidor
escribe un breve texto: "Os envío la factura correspondiente, con
respecto a las demás entregas lo que más urge es Pozuelo".
En las semanas siguientes, Sáez y Martín tienen
varias discusiones. El presidente de Ingesport se queja de que
Martín no cumple con su trabajo y que su contrato es muy "costoso"
para la compañía. El dueño de Preston & Child responde indignado
defendiendo su trabajo: "Yo no firmé para objetivos a corto plazo ni
para hacer venta por puertas, yo tengo mis contactos y de ellos a
medio plazo saldrán sus frutos".
Pero Martín no se queda ahí. También aprovecha
para culpar a Sáez del fracaso de algunas gestiones: "Te vuelvo a
decir, Gabriel, que si hubiéramos cogido el Canal o cualquier otro
polideportivo municipal que cogen otras empresas quizás no
estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar".
(
www.publico.es,
17/03/09)
10. UNA CONCEJALA DE GALLARDÓN BENEFICIÓ AL
MONITOR DE PÁDEL
Carlos Martín
,
monitor de pádel del vicepresidente madrileño reconvertido en
conseguidor de adjudicaciones públicas, tenía en su nómina de
contactos a la concejal de Coordinación Institucional del
Ayuntamiento de Madrid, Patricia Lázaro. La firma para la que Martín
actuaba como intermediario, Ingesport, consiguió gracias a sus
gestiones un contrato de consultoría con la empresa municipal Club
de Campo Villa de Madrid, SA. Patricia Lázaro forma parte del
consejo de administración de dicha sociedad. El presidente de la
compañía es el vicealcalde, Manuel Cobo, y entre sus consejeros
figura la edil de Medio Ambiente, Ana Botella.
La consultoría concedida por el Club de Campo a
Ingesport tenía una vigencia de un año y el importe del contrato
ascendió a 22.000 euros.
Patricia Lázaro informaba además a Martín, con
meses de antelación, sobre los planes del Ayuntamiento para sacar a
concurso la gestión de polideportivos. Así se deduce de los correos
de índole profesional que intercambiaron Carlos Martín y el
presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, a los que ha tenido acceso
Público.
El político más citado en los 49 correos que
tiene este diario es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González. Carlos Martín fue su profesor de pádel y recurrió
a González en diversas ocasiones para pedirle ayuda en sus negocios
de intermediario. La segunda política más mecionada es Patricia
Lázaro, que también dio clases de pádel con Martín, a quien la edil
conoció en su juventud.
A cambio del trato de favor concedido a Martín,
la concejala de Gallardón entraba gratis total en el lujoso spa
Elysium del NH Eurobuilding, que gestionaba Ingesport. "Respecto a
las gratuidades en Elysium. No existen. Solo personas contadísimas.
Patricia mientras quiera todo free, así lo he comunicado en el Spa",
le explica Sáez a Martín, en un correo que le envió el 21 de
noviembre de 2007.
El presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, admitió
en declaraciones a este diario la existencia del contrato de
consultoría con el Club de Campo. Pero le restó importancia: "Era un
trabajo sobre la viabilidad de montar un spa en las instalaciones
del Club de Campo". Sáez insistió en que es "el único contrato" que
Ingesport ha recibido del Ayuntamiento de Madrid.
Los correos electrónicos de Carlos Martín
demuestran la relación de confianza que tenía con Patricia Lázaro.
El 28 de mayo de 2007, un día después de las elecciones autonómicas
y municipales que dieron el triunfo al PP en la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid, Martín queda con la concejala para "celebrar
la victoria y hablar". En concreto, Martín le cuenta a Sáez lo
siguiente: "Ya han pasado las elecciones y me gustaría visitar del 1
al 15 de junio a los ayuntamientos que tenemos controlados. Hoy he
quedado con Patricia para celebrar la victoria y hablar. Para el
miércoles he quedado con Cristina para que planifique un poco los
que ella tiene controlados".
Este diario preguntó a Gabriel Sáez si la
Cristina citada en el mensaje es Cristina Cifuentes, diputada
autonómica del PP de Madrid, pero el dueño de Ingesport dijo
desconocerlo: "Yo no he visto nunca a esa señora".
Varios meses más tarde, el 13 de noviembre de
2007, Martín le cuenta a Sáez otra conversación reveladora que ha
tenido con la edil de Gallardón: "Me preguntó Patricia que si todo
va bien y le dije que ya se lo diría, me imagino que lo dirá por
Club de Campo y por De la Villa. Por cierto, van a hacer un
polideportivo bastante grande en el mercado de la Cebada, que por
cierto en esa zona no hay nada municipal, quieres que le llame a
Miguel o se lo digo a Patricia para empezar desde un principio con
el proyecto?". Miguel de la Villa es el director general de Deportes
del Ayuntamiento de Madrid.
El 25 de febrero de 2008, después de regresar de
una visita a Pozuelo de Alarcón (Madrid) para hablar con el alcalde
sobre el polideportivo del Valle de las Cañas, Martín le pregunta a
Sáez si ha "echado una ojeada a las 2 gestiones de polideportivos
que me ha comentado Patricia".
En las siguientes semanas se producen varias
discusiones entre Sáez y Martín. El dueño de Ingesport acusa al
conseguidor de no cumplir con su trabajo, una acusación que lleva a
Martín a contestarle que tendrían más contratos "si hubieras soltado
lo que tenías que soltar", tal y como informó Público. En ese mismo
mensaje, Martín vuelve a hablar de su relación con la concejal de
Gallardón: "Yo estoy trabajando para que mis contactos estén para
cuando Ingesport los necesite, como pasa con Patricia Lázaro".
"Los correos están manipulados
El letrado Vicente García Elías envió un
comunicado a Público asegurando que los dos correos publicados el 16
de marzo "están burdamente manipulados". García Elías, a quien este
diario no había identificado, era el letrado de Gabriel Sáez y de
Carlos Martín. En los mensajes, se hacen diferentes menciones al
vicepresidente Ignacio González. Este diario comprobó la veracidad
de los 49 correos recibidos antes de iniciar su publicación.
La concejala de Coordinación Institucional,
Patricia Lázaro, admitió en declaraciones a este diario que
Ingesport recibió un contrato de la empresa Club de Campo Villa de
Madrid, pero defendió la legalidad de la adjudicación. Además, negó
la existencia de cualquier trato de favor.
Lázaro sostiene que se contrató a Ingesport
"porque era la mejor oferta, tal y como consta en el informe
redactado por los técnicos". Ella es consejera del Club de Campo
desde el año 2003.
La concejala de Gallardón también admitió que
había estado utilizando un pase gratis total para el spa del NH
Eurobuilding, que gestiona precisamente Ingesport. Patricia Lázaro
añadió que se había dado de baja hace una semana, después de que
Público contactase por primera vez con ella para preguntarle sobre
su relación con Carlos Martín.
La edil del PP explicó a este diario que conocía
al profesor de pádel desde su juventud y señaló que, desde que entró
en el Ayuntamiento de Madrid, sus contactos con Martín han sido
"esporádicos". Lázaro confesó que lo había recibido "una vez" en su
despacho para hablar sobre proyectos del Ayuntamiento, pero indicó
que es un procedimiento absolutamente normal que se realiza con
otras muchas empresas. En su opinión, Martín falta a la verdad en
sus correos, al "presumir" de una relación fluida con ella "que en
realidad nunca ha existido".
(
www.publico.es,
18/03/09)
11. ACUSAN A GRANADOS DE LUCRARSE CON UNA VENTA A
UN CONSTRUCTOR AMIGO
El 31 de octubre de 2007, Francisco Granados,
consejero de Presidencia e Interior, vendió cuatro de las cinco
parcelas que poseía junto con su esposa en el sector R-2 Canto Negro
de Valdemoro por 1.440.000 euros. Granados no entregó los terrenos a
cualquiera. Lo hizo a un constructor afín: David Marjaliza, uno de
los principales empresarios de Valdemoro, y amigo de la infancia del
consejero, con el que ha mantenido negocios inmobiliarios. La
empresa Servicios Logísticos Inmobiliarios, de Marjaliza, compró
cuatro parcelas, con una edificabilidad de 839 metros cuadrados,
pagando el precio mediante dos cheques. En cada parcela sólo se
puede levantar un chalé. Los terrenos están en una cuña de terreno
al noroeste del casco urbano de Valdemoro (58.000 habitantes), entre
el polígono industrial Albresa y los terrenos de la Guardía Civil.
El negocio resultó provechoso para el consejero.
Vendió las parcelas a 1.716 euros por metro cuadrado edificable. El
precio de mercado en el área metropolitana en 2008 asciende a unos
1.080 euros por metro cuadrado construido, según datos de la
consultora Grupo i. Un precio similar al que calcula el Ministerio
de Vivienda. El consejero vendió el otro solar que poseía en el
mismo sector a la familia de su mujer por 240.000 euros, a 1.100
euros el metro cuadrado edificable, más cerca del precio de mercado.
Fuentes del PSOE aseguraron que "Granados obtiene un beneficio muy
superior al que hubiera logrado un particular vendiendo las mismas
parcelas".
Un portavoz del gabinete de Granados apuntó, sin
embargo, que el negocio con Marjaliza se hizo a precios de mercado.
"Son parcelas grandes, de unos 600 metros, que tienen una
edificabilidad para construir chalés y queda un gran espacio para el
jardín. No hay muchos solares como éstos en Valdemoro", explica el
portavoz, quien añade: "Es difícil asegurar cuál era el precio de
mercado en esa época para estas parcelas, en pleno boom
inmobiliario".
El solar, de 2.981 metros cuadrados, fue
recalificado como urbanizable en el plan general urbanístico
aprobado por el PSOE en 1999.
Granados, que fue alcalde de Valdemoro entre 1999
y 2003, se abstuvo hasta en cuatro ocasiones durante la tramitación
del plan parcial que ordenaba la zona "por tener intereses". Pero en
julio de 2002 firmó el decreto que autorizaba el Proyecto de
Compensación del plan parcial, el acuerdo donde se establecen los
terrenos que se ceden a viarios o conducciones públicas. Según ese
documento, Granados mantiene los mismos metros y no cede terreno.
"Pero recibe parcelas con menos edificabilidad que el resto",
explica un portavoz del consejero.
Fuentes del PSOE precisan que Granados "firmó el
documento administrativo definitivo que establece los beneficios y
cargas que tendrán los terrenos".
El consejero vendió cuatro de los solares a
Marjaliza a un precio de 360.000 euros cada uno, según consta en el
registro de la propiedad. El solar restante lo vendió a la hermana
de su mujer por un precio menor, 240.000 euros. En la escritura
registral no figura el precio de ésta. Las cinco parcelas tienen una
extensión similar, de unos 600 metros cuadrados de media. En total,
Granados ganó 1.680.000 euros con la venta de las parcelas en Canto
Negro.
(
www.elpais.com,
18/03/09)
12. TRES DE LOS CUATRO JUECES QUE VERÁN LA TRAMA
DEL PP EN MADRID SON CONSERVADORES
Tres de los cuatro jueces del Tribunal Superior
de Madrid que ya investigan la trama de corrupción que afecta a
cargos del PP en Madrid son conservadores. El actual presidente del
Tribunal es Francisco Vieira, quien fue nombrado recientemente para
este cargo por el Consejo del Poder Judicial a propuesta del grupo
de vocales conservadores afines al PP. Vieira pertenece a la
conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ha
sustituido en la presidencia a Javier Casas, un magistrado que ha
mantenido muy buenas relaciones con consejeros y con la propia
Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid. Hasta el punto de que
Aguirre estudia nombrar ahora a Casas miembro del Consejo Consultivo
de Madrid (una especie de Consejo de Estado regional).
La instrucción de la causa en el tribunal
madrileño ha recaído en José Manuel Suárez Robledano, ex portavoz de
la conservadora APM. Las decisiones que adopte Suárez serán
revisadas, si hay recursos, por los otros tres jueces; es decir, el
presidente Vieira y los magistrados Antonio Pedreira, considerado
progresista, y Emilio Fernández Castro, adscrito a esta sala y
hermano de uno de los implicados en el caso Guateque.
En Valencia, a cuyo Tribunal Superior el juez
Garzón ha enviado las diligencias que afectan a aforados de esa
Comunidad, la Sala Penal la preside Juan Luis de la Rúa. Francisco
Camps, presidente de la Generalitat y uno de los implicados, ha
hecho ostentación pública de su amistad con él. José Flors, Carlos
Climent, Juan Montero y José Francisco Ceres son los otros jueces
que componen la sala. La adscripción ideológica está más dividida.
Hay un juez moderado, otro progresista y otro muy conservador.
(
www.elpais.com,
17/03/09)
13. EL ACTUAL ALCALDE DE MAJADAHONDA FIRMÓ
CONTRATOS CON CORREA
Narciso de Foxá (PP), actual alcalde de
Majadahonda, también firmó adjudicaciones con las empresas ligadas a
la presunta trama de corrupción ideada por Francisco Correa. En
marzo de 2003 concedió la organización del décimo aniversario de la
empresa Patrimonio Municipal de Majadahonda Sociedad Anónima
(Pammasa) a Special Events, una de las compañías más activas del
conglomerado. Foxá era entonces presidente de Pammasa. El contrato,
otorgado tras concurso público, asciende a 89.248,50 euros. "Así
fue, pero todo fue limpio", concede el regidor majariego.
La tarea se desglosa en varios montantes. Por
ejemplo, los uniformes de las azafatas suponen un asiento contable
de 7.771,71 euros. También hay un apartado económico reservado a una
"fotografía aérea retocada" que costó 6.161,20 euros. El diseño y la
coordinación del evento supuso 2.590,57 euros y la seguridad 9.670
euros. El grueso de la factura se lo lleva la construcción interior
de la carpa, subdividida en trabajos de carpintería, electricidad,
decoración y montaje (con el consiguiente desmontaje). Esto costó
31.086,84 euros. El resto es a cuenta de la limpieza, el
mantenimiento y la adaptabilidad a minusválidos y la prevención
contra incendios.
Al concurso, según relatan los responsables de
aquella época, se presentaron dos empresas. Una, Special Events,
cuya administradora era María del Carmen Rodríguez, imputada, esposa
de Francisco Correa y jefa de gabinete de Guillermo Ortega, el
entonces alcalde y también ahora imputado por el caso Gürtel. Y
otra, que "proponía hacer una paella o algo así", hace memoria Foxá,
que esgrime documentos en los que se certifica que Special Events
ganó por casi el doble de puntos. "Alguna concesión tenían que
haberla ganado de manera legal, ¿no?", se pregunta el alcalde. "Esta
gente se llevó muchos contratos y algunos tenían sentido y otros no
tanto", prosigue el regidor.
"Todo fue por criterios subjetivos", critica
Manuel Fort, del grupo socialista majariego. "La otra empresa
planteaba algo más familiar, para dar a conocer la empresa. Sin
embargo, Special Events optó por una cosa muy propagandística. Las
elecciones eran poco después", insiste Fort, que recuerda que
"salían miles de personas de la carpa con propaganda electoral".
Foxá rebate que todo fueran criterios subjetivos: "Los otros pedían
casi 10.000 euros más. Su oferta era peor y además mucho más cara",
zanja.
No fue la única factura que Foxá firmó a
compañías ligadas a Correa mientras era presidente de Pammasa.
También les concedió la organización de la "colocación de la primera
piedra en una urbanización de 150 viviendas". La factura es mucho
más modesta. El pago fue de 1.474,59 euros. Claro, que los servicios
prestados también están en proporción. En esta ocasión es Downtown
Consulting, la heredera directa de Special Events, la que se encarga
de hacer "la sonorización al aire libre". O sea, colocar altavoces
en una explanada. Este trabajo se realizó mucho después del
aniversario de Pammasa. Está fechado el 22 de enero de 2004.
Guillermo Ortega dimitió en febrero de 2005."No llevaban en la
frente una pegatina que ponía 'soy un chorizo", se excusa Foxá, que
recuerda su insistente beligerancia con las empresas de la trama.
"Yo a estos señores no les conocía", insiste el actual alcalde.
Pero estos señores llevaban pululando por el
Consistorio de Majadahonda varios años y se habían convertido en uno
de los motivos del enfrentamiento entre Ortega y Foxá, según
manifestó este último a EL PAÍS. De hecho, el alcalde reconoce que
ha prestado declaración ante Garzón y le ha contado la presencia
continua de la gente de Correa en la vida cotidiana del Consistorio.
Un enfrentamiento, el de Foxá y Ortega, motivado "por la deriva
frívola, irresponsable y peligrosa" de Ortega, según el actual
alcalde. Desde el otro ángulo, los más cercanos a Ortega sostienen
que el desencuentro se produjo porque éste quería controlar los
asuntos urbanísticos, según fuentes municipales. "Ortega no podía
entrar en esos asuntos y aguantó dos años antes de intentar
participar", apunta el socialista Fort.
En aquella fecha las facturas extendidas a
empresas de la trama salpicaban hasta a siete concejalías de
Majadahonda y la gestión del entonces alcalde, Guillermo Ortega,
había enfrentado ya a un nutrido grupo de concejales, encabezados
por el propio Foxá. Hasta el punto de que la gestión de Pammasa, de
capital ciento por ciento municipal, escapaba del control de Ortega,
según los más próximos al antiguo regidor. "Narciso de Foxá sabía
que Ortega no era trigo limpio y que había que hacer algo para
sacarlo del Ayuntamiento antes de que arrastrase a todos", filtra
una fuente municipal.
Factura de 1.474 euros pagada por Panmasa a
Downtown Consulting para el acto de colocación de una primera piedra
en Majadahonda.
(
www.elpais.com,
17/03/09)
14. ARGANDA NOMBRA NUEVO ALCALDE A UN 'DURO' DEL
PP
Con el salón de plenos atiborrado tomó posesión
de la alcaldía de Arganda (50.000 habitantes) Pablo Rodríguez
Sardinero, uno de los hombres del sector más duro del PP en el
Consistorio, después de que Ginés López, el ex alcalde del
municipio, dimitiese al conocerse su imputación en la presunta trama
de corrupción que salpica al PP. El nuevo regidor protagonizó un
altercado en 2003 cuando amordazó a un joven que gritaba contra la
guerra de Irak en un mitin del entonces presidente del Gobierno José
María Aznar. Desde entonces se le conoce como El Mordazas.
Los vecinos que asistieron al pleno, en su
mayoría simpatizantes y militantes populares, recibieron con
aplausos al nuevo alcalde. Según fuentes del PP local, cuenta con el
apoyo del equipo de Esperanza Aguirre.
Rodríguez Sardinero, primer teniente de alcalde
del municipio hasta la dimisión de Ginés López, era sin embargo el
número tres en las listas de su partido en las pasadas elecciones
municipales, por debajo de María Pino de Juana, la segunda de López
en los comicios de 2007 y actual concejal de Atención al Ciudadano y
Calidad de los Servicios. María Pino de Juana anunció su renuncia al
cargo, dejando vía libre a Rodríguez Sardinero, que era además el
más apoyado dentro del grupo municipal popular.
María Pino, que inició la legislatura como
responsable de Economía y Hacienda, fue destituida y nombrada
concejal de Atención al Ciudadano aproximadamente una semana antes
de que el juez Baltasar Garzón imputase a Ginés López.
Cuando María Pino, la más joven de la
corporación, era concejal de Hacienda se produjo la modificación de
un crédito de 16 millones de euros que, según fuentes cercanas al
Consistorio, se aprobó antes de tiempo de forma irregular. Dicha
modificación se firmó en octubre, casi cuatro meses antes de que, el
4 de febrero, el pleno diese su aprobación definitiva. A principios
de marzo, María Pino, firmante de la modificación del crédito, fue
destituida como concejal de Hacienda y relegada a Atención al
Ciudadano.
El nuevo alcalde resultó elegido gracias a los 12
votos de sus compañeros de partido, pese a que la oposición, PSOE
(con siete ediles) e Izquierda Unida (con dos), votaron cada uno a
candidatos de sus grupos políticos. A la hora del recuento, el
secretario otorgó siete votos a IU, pero corrigió el error.
Durante el pleno también tomó posesión del acta
de concejal Tomás Fernández Leganés, después de la renuncia del ex
alcalde. La portavoz del PSOE local, Victoria Moreno, aprovechó para
reclamar al nuevo alcalde transparencia y eficiencia en la gestión.
Por su parte Libertad Martínez, de IU, reiteró en su intervención la
petición de dimisión de Esperanza Aguirre como responsable de lo que
está ocurriendo en el PP, salpicado por supuestas tramas de
corrupción y espionaje.
El primer acto oficial de Rodríguez Sardinero
como alcalde fue la lectura de un comunicado, tras el que no
consintió preguntas de los periodistas.
(
www.elpais.com,
17/03/09)
15. MADRID ADJUDICÓ AL MENOS 100 CONTRATOS A LA
TRAMA DE CORREA
La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza
Aguirre (PP), adjudicó al menos un centenar de contratos entre 2004
y 2009 a empresas vinculadas a la trama corrupta que investiga
Baltasar Garzón en el marco de la Operación Gürtel. El dato lo
ofreció el interventor general de la Comunidad, José Manuel
Barberán, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos
del Parlamento madrileño, a petición del Grupo Socialista.
El PSOE había remitido al interventor una lista
de 27 empresas relacionadas con el presunto cabecilla de la trama,
Francisco Correa, para que explicara si el Gobierno regional les
había hecho algún pago. Según Barberán, de todas esas empresas se
fiscalizaron, entre 2004 y marzo de este año, 205 expedientes de
gasto. Es decir, al menos 205 contratos fueron a parar a dichas
firmas (un expediente de gasto puede corresponder a uno o varios
contratos). Pero, de ese total, más de la mitad (106 expedientes)
corresponde a una empresa, MQM, que no figura en el auto de Garzón
aunque es sospechosa de actuar como empresa tapadera. Así que serían
99 los contratos adjudicados a firmas vinculadas a Correa.
De los 205 expedientes, 190 "no tenían reparo";
hubo dos que "tenían reparos, y una vez solventados siguieron su
tramitación"; por último, 13 expedientes recibieron "observaciones
de la intervención", que el interventor no precisó. En resumen, el
93% de esos pagos fue ajustado a la ley. El resto contenía errores
menores que fueron solventados.
Barberán se negó a dar detalles sobre las cuatro
principales empresas que pudieron llevarse los contratos,
amparándose en el secreto de sumario: Easy Concept, Good and Better,
Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. Ésas son las firmas cuyos
contratos el juez Garzón solicitó a la Comunidad de Madrid y a las
que, presuntamente, habría ido el grueso de los pagos. El secreto de
sumario, protestó el socialista Adolfo Piñedo, "no es obstáculo para
facilitar información de contratos que son públicos".
El interventor sólo ofreció datos de Marketing
Quality Management (MQM): de 2004 a 2008 obtuvo 106 contratos, la
mayoría menores (no dio el importe). De este dato se desprende que
los otros 99 contratos fueron a parar a las empresas solicitadas por
Garzón y de las que Barberán no dio información.
El interventor sí negó expresamente que la
Comunidad haya realizado "pagos" a Special Events y que, por lo
tanto, como planteaba el PSOE, pueda haber alguna irregularidad en
ellos. Pero no contestó a si Alberto López Viejo, ex consejero de
Deportes, tenía competencias para contratar a empresas en los actos
de la presidenta, como parece que hizo. Ni quiso responder a si
"existe una deuda de la Comunidad con las empresas de Correa" o "si
hubo pagos sin respaldo presupuestario". Aunque ahí no le amparase
el secreto de sumario.
Respecto a si los pagos realizados por la
Comunidad pudieron estar hinchados, a Barberán no le consta.
Sibilinamente también preguntó Piñedo si pudo haber financiación
ilegal del PP. Barberán lo descartó tajantemente.
(
www.elpais.com,
18/03/09)
16. GONZÁLEZ PANERO SE JACTA DE TENER UN PACTO
CON EL PP
"¡Yo tengo un pacto con el partido nacional para
tener una concejalía!", va repitiendo Arturo González Panero, el
hombre que dejó de ser alcalde de Boadilla del Monte (42.000
habitantes) por estar imputado en la Operación Gürtel, la trama de
corrupción orquestada por Francisco Correa. Lo repite por los
pasillos del Consistorio, en la confluencia de las vías de José
Antonio y el Generalísimo. Insiste en su nuevo despacho, el más
espacioso del lugar, con dos secretarias flanqueándolo. Y lo repitió
en la reunión del grupo municipal, después de que el nuevo alcalde,
Juan Carlos Siguero, repartiera las responsabilidades a los
concejales. Un supuesto pacto negado por varias fuentes municipales
y del partido, que le tachan de "mentiroso compulsivo".
Supuestamente, a Panero, que está suspendido
cautelarmente de militancia en el PP, no le tocó nada. Aunque habló
con el nuevo regidor, antes hombre de su confianza. "Lo que yo he
pactado con el alcalde es cosa de él y mía, pero seguiré teniendo
responsabilidades", reveló Panero a este periódico. Según el antiguo
alcalde, uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón por
recibir, supuestamente, prebendas del entramado empresarial de
Correa, tendrá una concejalía con delegación. O sea, con sustancia.
"No tiene nada que ver, el PSOE tiene alcaldes imputados", argumenta
Panero.
En opinión de Panero, apodado El Albondiguilla
por Correa y los suyos, lo más importante es "la vocación de
servicio", dice. Y para esto "da igual desde qué cargo institucional
sirvas". "Uno ha podido ser presidente y después quedarse de
diputado", comenta el edil para justificar su permanencia en las
áreas de gobierno municipal.
Sin embargo, fuentes del Consistorio niegan que
el actual alcalde haya negociado nada con Panero. "Lleva 15 días
insistiendo con que quiere algo", filtran. Pero aseguran que Siguero
no tiene "la menor intención de darle nada". Panero, según estas
fuentes y según su propio discurso a este diario, no entiende porqué
debe quedarse sin nada.
La reunión comenzó poco después de las dos de la
tarde. Para entonces ya habían desfilado uno a uno los concejales
por el despacho del alcalde. Panero, en esa reunión de grupo,
también lanzó insultos contra los concejales que no le han apoyado y
han mostrado rechazo a su gestión, según varios testimonios. Las
concejalías de confianza se mantienen en las mismas manos. Así,
Ramón González Bosch, se encarga de la policía; Belén Húmera se
mantiene en obras; y Mercedes Nofuentes en servicios sociales. Todas
estas personas, según diversas fuentes municipales, pertenecían al
núcleo de González Panero.
(
www.elpais.com,
18/03/09)
17. AGUIRRE LLAMA A LA SER PARA PUNTUALIZAR Y
CUELGA
La cadena SER informó de que la familia de la
presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, cuando ella era
ministra de Cultura, se benefició de la construcción de una estación
del AVE en Yebes, en Guadalajara, que costó 10 millones de euros y
que usan 15 personas al día.
Según la emisora, la más beneficiada fue la tía
política de Aguirre, Teresa Micaela Valdés. La estación se instaló
sobre sus tierras y luego se hizo una gran urbanización al lado del
AVE. La familia de Aguirre y sus hermanos tienen en esta misma zona,
en Chiloeches, más de 1.600 hectáreas de terreno.
Aguirre llamó a la SER para desmentir parte de la
información. "Ni yo, ni mi marido, ni mis suegros, ni mis cuñados,
ni mi madre o mis hermanos tenemos un centímetro cuadrado en Yebes.
Al que me encuentre uno le doy 10.000 metros. Que dejen de hablar de
que especulo o recalifico. [...] Estoy bastante cansada de escuchar
a la cadena SER y a los medios del Grupo Prisa decir que yo me he
beneficiado de eso. Porque es absolutamente falso".
Pero el conductor del informativo le preguntó:
"No en Yebes, ¿pero tampoco en Chiloeches?". Aguirre hizo una breve
pausa y sentenció: "Eso es todo lo que tengo que decir". Pero el
presentador insistió: "¿Me puede responder a la pregunta?". La única
respuesta fue el sonido de un teléfono que se colgaba.
(
www.elpais.com,
20/03/09)
18. BONO RECTIFICA A AGUIRRE: "LA ESTACIÓN DE
YEBES SE PUSO POR DECISIÓN DEL PP"
"La estación del AVE en el municipio de Yebes se
puso cuando gobernaba el Partido Popular y se puso por decisión del
Partido Popular, y aquí viene lo más importante: con el voto en
contra de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha". De esta
manera, José Bono, presidente del Congreso y ex jefe de Gobierno de
aquella región, ha dejado en evidencia a Esperanza Aguirre, que
llamó a la SER para desmentir que ella o su familia se hubiesen
beneficiado de la estación de AVE de Yebes y acabó acusando a Bono
de la recalificación de la zona. "Ni yo, ni mi marido, ni mis hijos,
ni mis suegros, ni mis cuñados, ni por supuesto mi madre y mis
hermanos tenemos un solo centímetro cuadrado en todo el término
municipal de Yebes. (...) Que dejen de hablar de que especulo o
recalifico La recalificación del pueblo de Yebes (…) la hizo José
Bono siendo presidente de Castilla La Mancha" indicó ella para
exculparse. Bono ha contraatacado con actas en mano y dejando
constancia dedos cosas: que su Consejería de Obra Públicas siempre
optó por acercar el AVE a Guadalajara y que tanto el Ayuntamiento de
la localidad como el Ministerio estaban en manos del PP.
(
www.elplural.com,
20/03/09)
19. AGUIRRE TROPIEZA TRES VECES EN CAJA MADRID
Ninguna de sus jugadas le salieron este lunes a
Esperanza Aguirre en Caja Madrid. Por la mañana, su representante en
la Comisión de Control Pablo Abejas tuvo que desconvocar la reunión
que había previsto para este lunes porque no consiguió que ningún
otro grupo le apoyara. Incluso, PSOE y UGT, que en las anteriores
citas han votado a su favor, rehusaron asistir.
Eso fue sólo el presagio de lo que por la tarde
ocurriría en el Consejo de Administración, donde los representantes
de la Comunidad fueron los únicos que respaldaron los estatutos que
ha impuesto el Gobierno de Aguirre. De nuevo, PSOE y UGT abandonaron
a la presidenta y se abstuvieron.
El otro tropezón lo tuvo en los juzgados. El
Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió, a petición del
Ayuntamiento de Madrid, suspender cautelarmente la imposición de los
estatutos. Este martes escuchará a los letrados de Alberto Ruiz
Gallardón y de Esperanza Aguirre y se espera que esta semana decida
si suspende cautelarmente la Asamblea general de la caja convocada
para el próximo lunes para votar los estatutos.
Si finalmente no la suspende, las posturas
planteadas este lunes en el Consejo hacen prever una nueva derrota
de la Comunidad de Madrid en la Asamblea del lunes, dado que no
contará siquiera, salvo cambio de última hora, con el apoyo del
PSOE. Fuentes cercanas al Consejo aseguran que lo propio ahora sería
llegar a un acuerdo entre todas las partes, pero también recuerdan
que Aguirre sigue teniendo el poder de imponer los estatutos y la
ley.
(
www.publico.es,
17/03/09)
20. FRACASA EL PLAN DE VIVIENDA DE AGUIRRE
Cuando lo presentó en julio del año pasado,
parecía la panacea para un sector que llevaba meses en estado de
coma. El acuerdo auspiciado por la presidenta madrileña, Esperanza
Aguirre, con promotores y entidades financieras preveía que a
finales del año pasado saldrían al mercado hasta 25.000 viviendas a
un precio asequible. El objetivo era doble: aliviar los resultados
de unos empresarios que no lograban vender ni a tiros y facilitar el
acceso a casas hasta un 20% más baratas que en el mercado. Ocho
meses más tarde, los resultados son más modestos.
No han sido 25.000 los pisos que se ofrecían en
la página web de la Consejería de Vivienda, sino 1.270. Y si el foco
se centra en el volumen de transacciones, la cifra roza el ridículo:
sólo 108 ventas. El acuerdo consistía en que bancos y cajas se
comprometían a dar financiación a los compradores de una bolsa de
pisos que las promotoras debían dar de alta en un listado de la
consejería. A cambio, los empresarios no sobrepasarían unos precios
máximos que se establecían en función del municipio. Muy pocos
promotores se han apuntado a la iniciativa. Los ciudadanos tampoco
se han decidido a comprar.
La propia consejería reconoce que los resultados
han sido "limitados". Y achaca la culpa del fracaso al momento que
atraviesa el sector: "Muchos compradores están a la espera de que
los precios bajen más", apunta un portavoz de Vivienda. Pero esa
situación ya se conocía cuando Aguirre posó con los primeros espadas
de las mayores entidades financieras y de la patronal de los
promotores. José Manuel Galindo, presidente de Asprima, la
asociación de promotores que firmó el acuerdo, explica el poco éxito
de la iniciativa por "la falta de ayudas por parte de la Comunidad".
"También se ha echado en falta una comisión de seguimiento que
comprobara si los bancos estaban dando créditos para la compra de
pisos", explica.
A pesar de los pobres resultados, la consejería
no se plantea modificar la iniciativa. "Era una opción más para
reducir el stock de casas que no se venden. Hay muchas otras
ayudas", se justifican. Los precios de las viviendas ofertadas van
desde los 2.000 euros por metro cuadrado a los 3.200, en función de
la zona.
Aguirre declaró en julio que la iniciativa
trataba de "contribuir al mantenimiento de la actividad y del empleo
en el sector inmobiliario y de ofrecer a miles de familias la
oportunidad de acceder a una vivienda a precios asequibles". Tanto
por un lado como por otro, prueba no superada.
(
www.elpais.com,
14/03/09)
21. OFERTA REGIONAL DE 10.000 PLAZAS QUE YA
EXISTEN
Ana ya ha cogido sitio en la biblioteca. "A ver
si esta vez tengo suerte, chica", se desea a sí misma. Es la sexta
vez que prepara oposiciones. Lleva 15 años de maestra interina de
Infantil. Espera que se acabe "lo de deambular de un centro a otro"
cada año. "Quiero estabilidad, como todo el mundo", confiesa. Aspira
a una de las 3.500 plazas de Infantil y Primaria, parte de las
10.283 que anunció el Gobierno de Madrid como la "mayor" oferta
pública de su historia, pero con truco: son plazas viejas, ya
ocupadas.
La Comunidad aprobó 4.995 plazas docentes y 5.288
para personal sanitario. El "grueso" es para "convertir el empleo
temporal en estable", admitió el vicepresidente regional, Ignacio
González. Los sindicatos CC OO, UGT y CSIT replican que no es una
cuestión de gruesos ni de finos: ni una plaza de las que acaban de
salir es nueva.
Son, dicen, huecos "estructurales" como el que
ocupa Ana desde hace 15 años o al que aspira María Luisa, tutora y
profesora de inglés, desde hace otros cinco. "Me he recorrido la
región entera de un colegio a otro", protesta esta otra docente. O
los huecos que rellenaron médicos y enfermeras también interinos
cuando abrieron los nuevos hospitales de Madrid.
La mayoría de las plazas educativas serán para
maestros de Infantil y Primaria (3.500), otras 1.100 de Secundaria y
el resto se reparten entre técnicos de FP, de Escuelas de Idiomas,
Música y Artes Escénicas, entre otros, además de 30 de inspectores
de Educación. En el ámbito sanitario, 1.232 corresponden a 42
especialidades médicas. "Todos esos profesionales son los que
empezaron a trabajar en los nuevos hospitales", según Elena Moral,
secretaria del sector de Sanidad de CSIT, que denuncia una
"reordenación encubierta". "Las plazas convocadas no tienen destino
cerrado, los trabajadores tomarán posesión de su puesto donde la
Administración quiera".
Otras 306 plazas serán para médicos de familia y
194, de urgencias. Quedan 1.600 más para enfermeras y 1.300 para
auxiliares, entre otras. El resto están reservadas a bomberos (400)
y 291 más para puestos de ámbito social y asistencial.
La convocatoria para las 3.500 plazas de maestro
se publicará "próximamente", según la Comunidad. Quiere celebrarla
en junio para que los nuevos funcionarios entren en septiembre ya
con su plaza fija. En el caso de los sanitarios, no aclara fechas.
Todos serán procesos abiertos, es decir, podrán presentarse tanto
los interinos (que parten con ventaja porque suman punto por haber
trabajado en la Administración) como cualquier otro opositor.
En las plazas de enseñanza, los sindicatos dieron
el visto bueno a la oferta. Pero no comparten otra afirmación que
hizo el vicepresidente, que sostiene que esta medida "mejorará la
calidad de enseñanza". Paco García, de CC OO, cree que la única
forma de "mejorar los resultados escolares es aumentar la plantilla,
no consolidar la que ya hay". Eduardo Sabina (UGT) añade: "Llevamos
más de tres años sin nuevas plazas de profesores de compensatoria y
ya hay restricciones en los que hacen labores de apoyo, así no
arreglamos nada". Y ambos replican otra frase con la que la
Comunidad adorna la nueva convocatoria. Hablan de un proceso
"histórico", la convocatoria "mayor". Otro truco, en opinión de los
sindicatos, porque la convocatoria de 2009 incluye oposiciones para
este año y para el que viene. Y el año pasado, además, sólo hubo
oferta de empleo público para profesores de Secundaria.
(
www.elpais.com,
19/03/09)
22. EL ÚLTIMO FIASCO DE MANZANO
El Ayuntamiento de Madrid ha sido condenado a
cuadrar el círculo.Deberá restituir al patrimonio municipal terrenos
por un valor de 89,4 millones. El motivo, la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declara nulos los
presupuestos municipales aprobados en 2001. Es decir, aprobados por
Alvarez del Manzano y su equipo.
La cuestión es que Manzano vendió suelo municipal
por valor de 89,4 millones de euros. Ese dinero sirvió para
redondear las cuentas de su último ejercicio. Pero claro, el asunto
no era tan fácil de resolver, ya que la cuestión era contraria a
derecho.El fallo judicial, en primera instancia, anulaba el acuerdo
plenario de 20 de diciembre de 2001 que aprobaba el presupuesto.
La cuestión es que esa enajenación de terrenos se
utilizó de forma indebida en inversiones no permitidas por la ley,
"provocando una desviación financiera de recursos de capital a gasto
corriente lo que supone una flagrante irregularidad", según precisó
el Alto Tribunal.
Además, consideraba probada la deficiente
definición presupuestaria y determinación de las inversiones, lo que
impedía determinar su concreción. "El Tribunal entiende que
efectivamente concurren dichas irregularidades y que son
singularmente relevantes y graves".Por todo ello, se declaró nulo
todo el presupuesto.
El Ayuntamiento no se dio por vencido y presentó
recurso de casación, la pasada legislatura, ante el Tribunal
Supremo. El 14 de octubre del pasado año, el juez lo rechazó y
ratificó completamente la sentencia dictada por el TSJM, e incluso
condenó al Consistorio al pago de las costas procesales.
Es decir, que la decisión sienta jurisprudencia y
obliga a que la enajenación de terrenos, así como los
aprovechamientos urbanísticos que se deriven, se ajusten a los fines
establecidos en el artículo 173 de la Ley del Suelo de la Comunidad.
El Consistorio pidió, en las alegaciones que
presentó, que el presupuesto fuese declarado anulable y no nulo de
pleno derecho.El motivo, como es evidente, que el presupuesto de
2002 ya está liquidado. El PSOE ha formado parte de todo el proceso,
ya que fue quien llevó la decisión de venta de terrenos del ex
alcalde a los tribunales. Los socialistas entienden que aunque esta
circunstancia sea clara, eso no es motivo para no cumplir la
sentencia.
El penúltimo paso judicial es la decisión del
TSJM notificada el pasado día 5 en la que ratifica la sentencia y
ordena que se lleve "a puro y debido efecto, adoptando las
resoluciones que procedan". Eso sí, el Ayuntamiento tiene cinco días
hábiles para interponer recurso de súplica. Un portavoz municipal
aseguró que, hasta la fecha, no han recibido esta última sentencia.
"El Ayuntamiento ha de estar del lado del
principio de legalidad, al servicio de los madrileños y del interés
patrimonial", asegura el portavoz municipal de Hacienda del PSOE,
Pablo García Rojo.A su entender, la fórmula más razonable para
acatar la orden judicial es "reincorporar el valor del suelo, que es
89,4 millones de euros. El Ayuntamiento ha de encontrar su fórmula".
García Rojo pone sobre la mesa el ejemplo del
Ayuntamiento de San Sebastián. Una sentencia del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco declaró nulo el presupuesto de 1995.
"La corporación optó por restituir en tres
ejercicios el dinero también de la venta de terrenos. Este equipo
municipal tiene tendencia a no hacer caso a resoluciones judiciales.
Hay que recordar el caso Funeraria, la sentencia de los vados, la
del Servicio de Estacionamiento de Transporte o el salvoconducto de
Villaverde, entre otros. Siempre toma atajos", asegura García Rojo.
El PSOE llevó el asunto al Pleno de noviembre. El
delegado de Hacienda, Juan Bravo, aseguró entonces la imposibilidad
del Ayuntamiento de poder acatar la sentencia, ya que los
presupuestos ya estaban ejecutados.
(
www.elmundo.es,
18/03/09)
