ÍNDICE
1. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. AGUIRRE A LOSANTOS:
"GARZÓN ACEPTA REGALOS DE CUANTÍA SUPERIOR A LOS DE CAMPS"
2. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. LA COMUNIDAD DE
MADRID ADMITE PAGOS POR MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS A CORREA
3. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. TRAMA CORRUPTA EN EL
PP. DIMITEN LOS ALCALDES DE ARGANDA Y POZUELO POR SU IMPLICACIÓN EN
EL CASO GÜRTEL
4. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. LÓPEZ VIEJO CONTRATÓ
A CORREA BAJO 4 NOMBRES DIFERENTES
5. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. AGUIRRE: "SI
TODOS FUERAN FUNCIONARIOS, HABRÍA HAMBRE, MISERIA Y CORRUPCIÓN"
6. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. EL PP MANIPULA
INFORMES PARA VINCULAR EL ESPIONAJE CON LA ÉPOCA DE LEGUINA
7. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. GRANADOS ADQUIRIÓ
MOTOS POTENTES Y CÁMARAS PARA EL ÁREA DE LOS ESPÍAS
8. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. EL SEGUNDO DE
GALLARDÓN ACTIVA EL CASO AL DENUNCIAR ANTE EL JUEZ QUE FUE ESPIADO
9. GALLARDÓN SUSCRIBE A CALVO QUE TILDÓ DE
DESPROPÓSITO LAS COMPARECENCIAS EN LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
10. LAS CUENTAS DE LA MANSIÓN QUE ENCARGÓ
GRANADOS NO CUADRAN
11. MADRID IMPULSA LA ESCUELA CONCERTADA CON
180.000 METROS DE TERRENO
12. MADRID COMUNICA A SUS CENTROS QUE DEBEN
IMPARTIR LA ASIGNATURA DE CIUDADANÍA
13. 49.000 PACIENTES EN LISTA DE ESPERA, LA PEOR
CIFRA DESDE 2004
14. CENTENARES DE TRABAJADORES DEL CANAL ISABEL
II SE MANIFIESTAN CONTRA LA PRIVATIZACIÓN PARCIAL DE LA INSTITUCIÓN
PÚBLICA
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID. DETECTIVES PRIVADOS
PARA ECHAR A UN TRABAJADOR DEL TEATRO ESPAÑOL
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LOS VECINOS SE
MOVILIZAN CONTRA EL MINIVATICANO
17. LOS POLICÍAS MUNICIPALES NOVATOS TENDRÁN QUE
PAGAR 2.400 EUROS POR UN CURSO OBLIGATORIO
18. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. EL ALCALDE
"ASUMIÓ COMPROMISOS POR 78.000 EUROS" CON EL CESADO LÓPEZ VIEJO
1. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. AGUIRRE A LOSANTOS:
"GARZÓN ACEPTA REGALOS DE CUANTÍA SUPERIOR A LOS DE CAMPS"
La lideresa del PP, Esperanza Aguirre, ha
recurrido a su ya conocida ironía para analizar el auto hecho
público por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el
que apuntaba que la trama de corrupción de Francisco Correa "se
gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido
Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede
nacional de la calle Génova". "Si puede, Garzón me hace un traje a
mí y otro a usted", ha afirmado Aguirre al locutor de la Cope
Federico Jiménez Losantos, antes de opinar que "de lo que se acusa a
Camps -presidente de la Generalitat de Valencia- es inferior a los
regalos que ha recibido el juez Garzón".
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha
culpado al juez de la Audiencia Nacional de querer hacer daño al PP,
y de haber cumplido con creces ese objetivo. "Garzón ya ha hecho
todo el daño mediático al PP que quería", ha considerado. Además, la
lideresa ha criticado el doble rasero que, según su formación
política, se utiliza para el PP y para el PSOE, en relación con la
presunta prevaricación urbanística del número dos de Tomás Gómez
-líder de los socialistas madrileños-.
"Los del PP son malos malísimos y que ya están
condenados de entrada", y por otra "los condenados del PSOE", que da
la impresión de que "no ha hecho nada". "Pobrecitos", ironizó, para
recalcar que debe ser la Justicia la encargada de pronunciarse en
los procesos.
(www.publico.es,
06/032/09)
2. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. LA COMUNIDAD DE
MADRID ADMITE PAGOS POR MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS A CORREA
El Gobierno de Madrid pagó 3.229.302 euros a las
empresas de la trama de Francisco Correa de 2004 a 2009. La inmensa
mayoría de los alrededor de 300 contratos fueron aprobados por el ex
consejero de Deportes Alberto López Viejo, que trabajó hasta con
cuatro sociedades diferentes de la red del empresario encarcelado,
para no ser descubierto.
La información en manos del Juez Baltazar Garzón,
a partir de documentos recopilados por la propia Comunidad de
Madrid, casi todos los contratos, que tenían como objeto realizar
actos institucionales de la presidenta, Esperanza Aguirre, fueron
cedidos a las empresas Easy Concept, Servimadrid, Good and Better y
Diseño Asimétrico, todas propiedad de Francisco Correa.
Para no levantar sospechas, López Viejo trabajó
con hasta cuatro empresas diferentes, herederas de Special Events,
una de las primeras sociedades de la red, y fue cambiando el grueso
de la inversión de unas a otras a lo largo de los años para que
nadie pudiera acusarle de elegir siempre a la misma.
En 2004 el Ejecutivo regional pagó 341.426,33
euros a una sola empresa de la trama: Easy Concept. Un año después,
la cantidad facturada ascendió a 788.570 euros, sin embargo ya no
fue una sola compañía la elegida. Easy Concept se llevó 238.357
euros, un 30% del total, pero fueron beneficiadas, además, dos
nuevas sociedades: Servimadrid, que cobró un 56% de lo facturado, y
Good and Better (un 13,5%).
Las arducias societarias continuaron en 2006 con
pagos de hasta 846.192 euros, que fueron a parar de nuevo a
Servimadrid. Ese año, aparece en la contabilidad una nueva sociedad:
Diseño Asimétrico, que en los ejercicios siguientes: 2007, 2008 y
2009, se convierte en la principal beneficiada de los contratos de
López Viejo: un 54% de los mismos el primer año, un 57% el segundo y
un 93% el tercero.
(www.elplural.com,
28/02/09)
3. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. TRAMA CORRUPTA EN EL
PP. DIMITEN LOS ALCALDES DE ARGANDA Y POZUELO POR SU IMPLICACIÓN EN
EL CASO GÜRTEL
La operacion Gürtel se ha cobrado dos nuevas
víctimas: los alcaldes de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón se
han visto obligados a dimitir por su supuesta relación con la trama
de corrupción destapada por Garzón, que les imputó. El alcalde de
Arganda del Rey, Ginés López, ha presentado su dimisión como primer
edil y ha pedido a la Dirección del PP su suspensión cautelar de
militancia. "He solicitado voluntariamente a la Dirección del PP la
suspensión cautelar de mi militancia hasta que se aclare la
situación actual", dijo el primer edil. "Con la finalidad de dejar
al margen a la institución a la que represento y quiero, y por
coherencia personal con lo que siempre he defendido, pensado y
luchado, dimito como alcalde de Arganda", agregó.
López ha negado las imputaciones y ha asegurado
que "son falsas". Ha explicado que se ha enterado de los hechos
investigados en el caso Gürtel por los medios de comunicación, y ha
destacado que se encuentra en "una situación de indefensión". López
ha negado que haya cometido "nada fuera de la ley" y ha incidido en
que desconoce los hechos que le imputa el juez Garzón. En las
próximas horas se reunirá una Junta de Portavoces del Ayuntamiento
de Arganda del Rey y se convocará un Pleno Extraordinario para dar
cuenta de su dimisión.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido la que ha anunciado que el
alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, ha pedido la
suspensión de la militancia del partido después de saber que está
imputado en la trama de corrupción destapada en la operación Gürtel.
Aguirre ha dicho que con estas decisiones los dos imputados
pretenden "demostrar su inocencia" y ha afirmado que el PP respalda
"absoluta y totalmente" su decisión de justificar que no están
implicados en el caso.
El juez Baltasar Garzón se inhibió en la
operación Gürtel en favor del TSJ de Madrid al hallar indicios
contra los diputados regionales Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y
Benjamín Martín Vasco e imputó a otras seis personas, entre ellas
los alcaldes del PP de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés
López y Jesús Sepúlveda.
(www.publico.es,
06/032/09)
4. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. LÓPEZ VIEJO CONTRATÓ
A CORREA BAJO 4 NOMBRES DIFERENTES
El Gobierno de Madrid pagó 3.229.302 euros a las
empresas de la trama de Francisco Correa de 2004 a 2009. La inmensa
mayoría de los 268 contratos facturados en ese periodo los ordenó el
ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, que trabajó hasta con
cuatro sociedades diferentes de la red del empresario encarcelado
para no ser descubierto.
Casi todos los contratos tenían como objeto
realizar actos institucionales de la presidenta, Esperanza Aguirre,
con distintas consejerías.Las empresas beneficiadas fueron Easy
Concept, Servimadrid, Good and Better y Diseño Asimétrico.
La mayoría de esos 368 contratos se hicieron por
orden del que fue primero viceconsejero de Presidencia y después
consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que durante años se ha
ocupado de organizar los actos de Aguirre. El 9 de febrero, fue
destituido por contratar de forma masiva a estas sociedades ahora
bajo investigación judicial.
Para no levantar sospechas, López Viejo trabajó
con hasta cuatro empresas diferentes, herederas de Special Events,
una de las primeras sociedades de la red. Y fue cambiando el grueso
de la inversión de unas a otras a lo largo de los años para que
nadie pudiera acusarle de elegir siempre a la misma. El objetivo,
según están convencidos ahora en el Gobierno de Madrid, era burlar
el control de la presidenta y que nadie pudiera pensar que había
algo raro, ni dentro, ni fuera del Ejecutivo.
En 2004, Aguirre preguntó a López Viejo si
contrataba a Special Events, ya que diversas informaciones apuntaban
a presuntas irregularidades en las relaciones de esta sociedad con
la administración. El ex consejero le respondió que no. Sin embargo,
como ha dicho Aguirre a sus allegados, López Viejo le ocultó que lo
hacía con otras que pertenecían a la misma red. Ese fue el motivo
principal de su destitución. Según los contratos recopilados por la
Comunidad y que desde están en poder del juez Baltasar Garzón, en
2004 el Ejecutivo regional pagó 341.426,33 euros a una sola empresa
de la trama: Easy Concept.
Se ha tenido acceso a toda la información año a
año y por consejerías. Cotejando lo gastado a lo largo del tiempo es
evidente el baile de sociedades, pero siempre con un mismo
beneficiario: Correa. En 2005, la cantidad facturada ascendió a
788.570 euros, pero ya no fue una sola empresa la elegida. Easy
Concept se llevó 238.357 euros, un 30% del total. Pero ese año
aparecieron dos nuevas sociedades: Servimadrid, que cobró un 56% de
lo facturado, y Good and Better (un 13,5%), como puede verse en el
gráfico adjunto.
El baile societario continuó en 2006. En ese
ejercicio, los pagos ascendieron a 846.192 euros. Y la mayor parte
de los mismos fue a parar de nuevo a Servimadrid, que se llevó un
73% del dinero.Ese año, aparece en la contabilidad una nueva
sociedad: Diseño Asimétrico, que en los ejercicios siguientes: 2007,
2008 y 2009, se convierte en la principal beneficiada de los
contratos de López Viejo: un 54% de los mismos el primer año, un 57%
el segundo y un 93% el tercero.
El ex consejero no sólo contrató a cuatro
empresas diferentes para evitar el control de la presidenta de la
Comunidad de Madrid y del resto del Ejecutivo. También utilizó de
forma masiva una táctica para burlar la Ley de Contratos: troceaba
los actos para que las facturas no ascendieran a más de 12.000
euros.
En ocasiones, incluso, facturó un mismo acto a
dos sociedades diferentes. La entrega de los Premios Siete Estrellas
del Deporte 2007, cuando él ya era consejero, se troceó en dos
contratos: uno de 11.994 euros y otro de 10.637. Como las cantidades
eran inferiores a 12.000 euros, pudo hacer las dos adjudicaciones a
dedo. Y lo hizo a dos sociedades de la trama: la primera a Diseño
Asimétrico; la segunda, a Servimadrid. Este mismo procedimiento lo
utilizó en multitud de actos para evitar cualquier control y poder
elegir directamente la empresa beneficiada.
Alberto López Viejo recibía sobornos por dar
contratos a Correa. En 2007, fue el destinatario de tres pagos de
24.000, 6.000 y 8.000 euros, según apuntes del número dos de la
trama: Pablo Crespo, en los que consta "Entregado a ALV". Otro
documento en poder de Baltasar Garzón refleja pagos por importe de
200.000 euros.
Además de estos 3,23 millones abonados por la
Comunidad de Madrid, las empresas de Correa facturaron hasta un
mínimo de cinco millones más gracias a la intervención de López
Viejo, aunque ya no fueron pagados por el Gobierno de Aguirre. Todas
las primeras piedras e inauguraciones de las consejerías de
Transportes (para la ampliación del Metro) o Sanidad (siete nuevos
hospitales) las costean las grandes constructoras adjudicatarias,
porque así aparece en el pliego de adjudicación. En esos casos, ACS,
Ferrovial, Sacyr...abonaban los actos institucionales que decidía el
ex consejero.Como no era dinero público, no había que trocear
contratos. Esas cantidades tampoco figuran en la contabilidad de la
Comunidad de Madrid, ya que eran facturados por empresas privadas.
Durante dos semanas, el consejero de Economía de
Madrid, Antonio Beteta, ha recopilado todos estos contratos a
petición de Garzón. por la mañana, funcionarios de la Comunidad
entregaron en la Audiencia Nacional 2.271 folios distribuidos en 458
carpetas.En ellas no están los contratos de la Comunidad no abonados
porque se hicieron en 2008 sin asignación presupuestaria. Esas
facturas podrían ascender a otros cinco millones de euros, pero esa
documentación no figura en los registros contables de la
Intervención General autonómica, que es lo que solicitó el juez.
(www.elmundo.es,
28/02/09)
5. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. AGUIRRE: "SI
TODOS FUERAN FUNCIONARIOS, HABRÍA HAMBRE, MISERIA Y CORRUPCIÓN"
Los debates parlamentarios en la Asamblea de
Madrid se han convertido en episodios de alto voltaje. Desde finales
de enero, cuando se destapó la trama de espionaje a altos cargos del
PP, los diputados han endurecido su lenguaje con insultos y
acusaciones cruzadas. Algunas de ellas muy graves, como la que lanzó
el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados. Acusó a
tres ex consejeros de mentir en la comisión que investiga los
espionajes celebrada el día anterior. El socialista Virgilio Cano y
los populares Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, responsables de la
seguridad madrileña entre 1983 y 2003, negaron que el cuerpo de
agentes de seguridad autonómica realizara labores de escolta o
contravigilancia en sus mandatos.
El consejero saltó airado tras la petición de
dimisión del grupo socialista y proclamó: "Afirmo categóricamente
que en el gobierno del señor Leguina (entre 1983 y 1995) se
prestaban servicios de seguridad por parte de los técnicos de
seguridad, que se compraron pistolas, que se les prestaba ese
servicio y que además hacían de escolta de los miembros del
gobierno; lo afirmo y lo puedo acreditar; por lo tanto, alguien
mintió". Granados dirigió su primer golpe hacía Virgilio Cano,
titular de Seguridad con Leguina. Pero lo extendió con sutileza a
los otros dos ex consejeros: "Las competencias y las funciones que
ha desarrollado ese cuerpo en la anterior legislatura es la misma
que se ejercía con el señor Leguina y la que se ejerció con
Gallardón". El debate continuó con un agrio cruce de acusaciones
entre Granados y el diputado socialista Adolfo Navarro, que acusó al
consejero de tener intereses urbanísticos en Valdemoro. Granados se
revolvió y lanzó: "Si todos los miembros de su partido que están
encausados se fueran del partido cabían ustedes en un taxi".
La tensión en el hemiciclo no descendió.
Esperanza Aguirre afirmó que "si todos los españoles fueran
funcionarios, habría colas, escasez, hambre, miseria y corrupción".
La frase dejó perpleja a los grupos de la oposición, que le habían
cuestionado si considera que el trabajo público es un factor de
calidad y estabilidad en el conjunto del empleo. La respuesta fue
taxativa: "No". Los sindicatos criticaron a Aguirre.
(www.elpais.com,
06/032/09)
6. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. EL PP MANIPULA
INFORMES PARA VINCULAR EL ESPIONAJE CON LA ÉPOCA DE LEGUINA
Los populares han pretendido desmentir al ex
consejero Virgilio Cano cuando afirmó, ante la Comisión de
Investigación del espionaje en Madrid, que durante su cargo al
frente de la entonces Consejería de Gobernación no se hizo ningún
seguimiento o vigilancia a ningún político, solamente protección de
edificios públicos.
El grupo popular en la Asamblea de Madrid ha
presentado ante la Comisión de Investigación una selección -hojas
numeradas no correlativamente, por cierto- de los Convenios
colectivos que han regulado las funciones de los empleados de la
Comunidad de Madrid y entre ellos los de Seguridad. Pretenden
demostrar que el tema de la vigilancia viene de lejos, desde la
época de Joaquín Leguina.
El portavoz adjunto de los socialistas madrileños
en la Asamblea, Adolfo Navarro, ha declarado a El Plural que "lo que
pretende el PP es demostrar que ellos no han inventado nada. Esto es
un intento de falsificación de la realidad. Los convenios regulan
las funciones de distintos departamentos de la Consejería de
Interior, pero vamos a lo que nos interesa: en el papel que
cumplía el personal de seguridad aparece todo lo que hacían y en
ningún caso se menciona la vigilancia de las personas".
Navaro explica que "para confundir, se van a otro departamento, el
de Servicios generales, donde sí aparece la vigilancia de las
personas, el registro, etc, pero por parte de conserjes u
ordenanzas. Claro que un conserje, si ve a una persona que está
entrando en un despacho o está en dependencias sin acreditación
tiene autoridad para preguntar qué hace allí, pero esto siempre
trata de la protección dentro de los edificios. Querer sacar de aquí
que con Virgilio Cano se vigilaba a personas es mentir. Las
funciones nunca se referían a los técnicos de Seguridad, como se ve
claramente en el documento."
El Plural ha tenido acceso al Acuerdo, con fecha
de febrero de 1985, en el que se recoge el Plan Integral de
Seguridad, firmado por el entonces consejero Virgilio Cano, cuando
se formó este departamento. El Plural publica, en exclusiva, este
documento.
(www.elplural.com,
05/032/09)
7. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. GRANADOS ADQUIRIÓ
MOTOS POTENTES Y CÁMARAS PARA EL ÁREA DE LOS ESPÍAS
El ex director general de Seguridad de la
Consejería de Interior de Madrid, Sergio Gamón, bajo cuyo mandato
algunos de sus subordinados espiaron a políticos del PP, según los
partes de seguimiento publicados por este periódico, abordó a
finales de 2007 diversas compras de material para sus hombres de
confianza: cuatro cámaras fotográficas, dos potentes motos capaces
de sobrepasar los 238 kilómetros por hora, y una amplia flota de
vehículos. En los partes de seguimiento al vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, se
relatan entre marzo y mayo de 2008 seguimientos con motos y el uso
de cámaras para fotografiar a acompañantes de los dos políticos
espiados.
El material adquirido por Gamón, según fuentes
sindicales, salvo dos Citroën C4, nunca ha sido usado por los 40
funcionarios en los que descansan las labores legales que tiene por
competencia la Consejería de Interior: el control administrativo del
juego y la vigilancia de edificios e instalaciones de la Comunidad
de Madrid. A la sombra del consejero de Interior, Francisco
Granados, el entonces director general Sergio Gamón no escatimó
recursos públicos para sus agentes de confianza, en su mayoría
procedentes, como él, de labores de escolta a la vicepresidenta del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en La Moncloa. De
entrada, les dotó de dos poderosas motos Honda VFR 800, de 108
caballos, cuyo precio superaría los 14.000 euros cada una.
Una de esas motos, según fuentes sindicales, se
la autoasignó el propio Gamón: de color rojo con matrícula 5320 FYM.
Asimismo, en abril de 2008, por un monto de 254.000 euros se
alquilaron 10 vehículos (cinco de tipo medio, cuatro ligeros y un
todoterreno) a la firma Finanzia Autorenting.
Dos de ellos son de uso habitual de Gamón, un
Toyota Land Cruiser y un Peugeot 207, matrícula 1462 GFT.
Previamente, en noviembre de 2007, Gamón había logrado para sus
chicos de la calle Gobelas 33 la compra de cinco C4 por un monto de
más de 65.000 euros. Dos de estos vehículos acabaron siendo usados
por la plantilla de Seguridad y otros dos con en manos de Miguel
Castaño, ex subdirector de seguridad, y de Marcos Peña, asesor de
Granados.
Ese mismo mes se produce una nueva compra con
destino a Gobelas 33, cuartel general de Gamón: cuatro cámaras de
fotos. Dos Canon Ixus Wireless por 898 euros, y dos Canon EOS 300D
por un monto de 2.076 euros. Interior pagó por las cámaras el doble
de lo que costaban entonces estos aparatos en el mercado, alguno de
ellos ya por entonces descatalogado. ¿Para qué necesitaban los
hombres de confianza de Gamón dos discretas cámaras de fotos de
bolsillo y dos de tipo aficionado medio? El consejero Granados da
una respuesta: "Se compraron para aplicarlas a los helicópteros de
la Bescam". Pero, ¿cómo puede usarse una cámara diminuta como la
Ixus, sin apenas teleobjetivo, apenas 105 milímetros, y escasa
definición, para hacer fotos desde el aire? Esto no lo aclara
Granados.
El consejero de Interior añade una respuesta
singular sobre el uso dado por los agentes de su departamento a las
motos Honda VFR 800: "Las usan para el traslado de correspondencia".
¿Traslado de correspondencia oficial en motos de 14.000 euros
capaces de alcanzar los 238 por hora? Si tales motos se reservaron
para Gamón y su equipo de confianza, significaría que asesores con
nivel 28 o 29, cobraban una de las más altas remuneraciones
funcionariales por repartir correo en motos de lujo.
La Consejería de Interior no da respuesta oficial
al supuesto despropósito: asesores motorizados en tareas de cartero.
De puertas para adentro, hay versiones que dan luz: "Ninguno de los
elementos de la plantilla oficial de la dirección de Seguridad [que
hoy dirige Enrique Barón] hemos usado nunca tales vehículos, cámaras
y motos. Tal material ha estado adscrito al equipo de Gamón. Y,
después, lo repartió con el equipo de Marcos Peña", plantean
veteranos de Interior. De hecho, desde el aterrizaje de Barón ya no
se usan las motos. ¿Ya no hay correo para repartir?
Gamón nunca compró cámaras de fotos ni motos para
su equipo de seguridad cuando tuvo como jefe a Prada, según los ex
colaboradores del consejero. Su sucesor, Granados, sí le dio luz
verde.
(www.elpais.com,
04/032/09)
8. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. EL SEGUNDO DE
GALLARDÓN ACTIVA EL CASO AL DENUNCIAR ANTE EL JUEZ QUE FUE ESPIADO
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), que
sufrió seguimientos supuestamente realizados por agentes de la
Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, ha presentado una
denuncia ante el juzgado de guardia -tras hacerlo hace un mes ante
la Fiscalía de Madrid- para que se reactive la investigación del
espionaje del que fue objeto entre los meses de abril y mayo de
2008, en plena batalla interna por el poder en el PP. En estas
semanas, la fiscalía ha llamado a declarar al periodista que destapó
los hechos y ha solicitado algunos datos a la Consejería de
Interior.
Cobo pide ahora al juez que abra una
investigación y que compruebe si, como mantienen dos peritos
calígrafos que hicieron un informe para el diario que destapó los
hechos, la letra manuscrita que aparece en los partes de seguimiento
corresponde a uno de los agentes que trabajan a sueldo del Gobierno
regional. "Dado que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el
vicealcalde desconocen las investigaciones realizadas, nos vemos en
la necesidad de poner estos hechos en conocimiento del juzgado, por
si los mismos fueren constitutivos de ilícito penal al amparo del
artículo 24.1 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela
judicial efectiva", señala el letrado del Ayuntamiento en la
denuncia presentada el pasado 20 de febrero.
El escrito llegó a los grupos parlamentarios de
la Asamblea de Madrid. Los mismos que durante las próximas cuatro
semanas investigarán en una comisión especial los seguimientos a
políticos para depurar posibles responsabilidades. El Gobierno de la
Comunidad de Madrid y el Grupo Parlamentario Popular se han negado a
facilitar documentación clave para poder investigar estos hechos.
Cobo fue seguido supuestamente por agentes
autonómicos -según se desprende de los partes de seguimiento
publicados por este periódico- en los mismos meses en los que el
entonces consejero de Justicia de la Comunidad, Alfredo Prada,
sufría un espionaje similar. Tanto Prada como Cobo se habían
convertido para entonces en adversarios políticos de Esperanza
Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella amagaba con
disputar la dirección del PP tras la derrota de la candidatura de
Mariano Rajoy en las elecciones generales. Cobo y Prada apoyaban a
Rajoy.
Aguirre destituyó a Prada como consejero de
Justicia unos días después del congreso que el PP celebró en
Valencia, donde Rajoy revalidó finalmente su cargo por amplísima
mayoría sin tener que competir con ningún candidato alternativo. Los
seguimientos a Prada fueron más exhaustivos que los del vicealcalde,
llegando en algún caso a tomarse fotografías de las personas que
acompañaban al entonces consejero de Justicia en un almuerzo.
El 27 de junio de 2008 -el día siguiente de la
destitución de Prada-, cuatro agentes de la Consejería de Interior
comandados por el entonces director de Seguridad, Sergio Gamón,
entraron en un despacho de un organismo de la Consejería de Justicia
donde trabajaba un hombre de confianza del ya ex consejero, y
requisaron una serie de documentos y un ordenador personal. La
fiscalía investigó estos hechos pero acabó archivándolos dado que la
videocámara que grabó la irrupción de los agentes en el despacho
había borrado las imágenes cuando se inició la investigación.
[Por otra parte, el titular del Juzgado de
Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, ha denegado a PSOE e
IU la posibilidad de personarse como acusación popular en la
investigación del espionaje sufrido por el vicepresidente Ignacio
González en sendos viajes el año pasado. Los dos grupos de oposición
recurrirán la decisión ante la Audiencia Provincial, informa Europa
Press].
(www.elpais.com,
04/032/09)
9. GALLARDÓN SUSCRIBE A CALVO QUE TILDÓ DE
DESPROPÓSITO LAS COMPARECENCIAS EN LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
La fractura en el PP de Madrid parece abrirse aún
más tras la declaración en la Asamblea del concejal de Seguridad del
Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, en la primera sesión de la
comisión sobre la supuesta trama de espías a cargos del partido, en
la que acusó al Gobierno de la Comunidad de intentar desviar la
atención en la investigación. El alcalde de la capital, Alberto Ruiz
Gallardón, se ha sumado hoy a la polémica y ha afirmado que respalda
los argumentos de Calvo. "Suscribo todo lo que han manifestado mis
dos ex consejeros -en referencia también a Carlos Mayor Oreja-, y lo
que yo tenga que decir lo diré allí cuando tenga que comparecer".
"Yo no sé qué están intentando ustedes
investigar. Someter a investigación lo que se ha hecho durante los
Gobiernos anteriores me parece un poco ridículo. El problema no está
en las estructuras, ni en cuándo se crean si no en se les encargue
aquello que no deben hacer", señalaba Calvo ante la sorpresa del la
bancada del Grupo Popular.
El concejal apuntaba directamente a las
comparecencias de dos ex consejeros de Seguridad, Virgilio Cano y
Carlos Mayor Oreja, que habían sido solicitadas por el PP y a la
suya propia. Todos negaron que en sus etapas se realizaran labores
de contravigilancia. "Estas comparecencias me parecen un
despropósito; es como si cuando ocurrió lo de Luis Roldán -ex
director de la Guardia Civil- se hubiera creado una comisión de
investigación y hubieran llamado desde al duque de Ahumada (creador
de la Guardia Civil en el siglo XIX)".
Gallardón ya se había referido el pasado 21 de
enero a la trama de espías durante su participación el programa 59
segundos de TVE . Sin culpar directamente a Esperanza Aguirre, sí
que acusó entonces al consejero de Interior, Francisco Granados, de
organizar una red ilegal. "No me parece lógico que un consejero
monte un equipo de este tipo. Una comunidad no tiene competencia en
seguridad y no puede tener un cuerpo parapolicial", afirmó el
alcalde. Posteriormente, Gallardón aseguró que no volvería a hacer
declaraciones sobre este asunto puesto que estaba siendo investigado
por los tribunales.
Las portavoces del PSOE e IU en la Asamblea de
Madrid, Maru Menéndez e Inés Sabanés, han afirmado hoy en que la
primera jornada de la comisión el PP recibió un duro golpe por la
comparecencia de Calvo. " el PP sufrió un importante varapalo con el
conjunto de las comparecencias que hubo y con la intervención de
Pedro Calvo en particular, porque los cuatro comparecientes pusieron
de manifiesto que las tesis que intentó sustentar el grupo popular
no eran ciertas", ha afirmado Menéndez.
(www.elpais.com,
05/03/09)
10. LAS CUENTAS DE LA MANSIÓN QUE ENCARGÓ
GRANADOS NO CUADRAN
Ninguna promotora construye para perder dinero.
Ninguna si se exceptúa la que desde 2006 edifica en Valdemoro
(Madrid) una casa de 1.000 metros diseñada siguiendo un proyecto
encargado por Francisco Granados, alcalde de ese municipio hasta
2003, número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre e hipotético
cliente que, hasta la fecha, no figura como titular. En 2006, y
según aseguró Granados hace dos semanas, la promotora de la mansión,
perteneciente al grupo Obras y Vías, le pidió un millón de euros por
hacer la casa, lo que le hizo desistir de formalizar la compra. Pero
ya a finales de 2006 los costes superaban en 36.000 euros ese precio
de un millón de euros.
Promovida por Vicfidem, la casa se alza sobre
seis parcelas gemelas cuya superficie total sobrepasa los 1.700
metros. El 21 de mayo de 2003, Vicfidem había adquirido cuatro de
esas seis por 288.480 euros. Un año más tarde, compró las otras dos,
por 144.400 euros. En total, hacerse con ese suelo, adscrito al Plan
Parcial del sector de El Caracol, le costó 432.000 euros.
El proyecto de ejecución se cuantificó en 559.105
euros, lo que significa que la licencia equivalente al 4% de esa
cifrasupuso otro gasto de 22.364 euros. Según fuentes conocedoras
del asunto, la casa se edifica con materiales y equipamientos de
lujo, como piscina cubierta y gimnasio en el sótano, lo que, según
los arquitectos consultados eleva el coste real del proyecto de
ejecución.
A lo anterior hay que añadir los honorarios del
arquitecto por redacción del proyecto y dirección de obras. Incluso
calculando por ambos conceptos unos honorarios equivalentes sólo al
4% del importe del proyecto las tarifas suelen oscilar entre el 5% y
el 10%, habría que sumar otros 22.364 euros, con lo que el monto de
costes ascendería a 1.036.713 euros. No se ha computado el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI).
Es una incógnita por qué Obras y Vías, un boyante
grupo que posee intereses urbanísticos en Valdemoro, accedió a un
negocio que implicaba perder seis millones de las antiguas pesetas.
Aunque oficialmente ningún vínculo une a Granados con el inmueble,
su esposa visita asiduamente la obra, hasta el punto de que se le
han dado a elegir materiales. El coche que en 2006 conducía la
esposa del consejero, Nieves Alarcón, pertenecía a otra filial de
Obras y Vías.
Hasta ahora, Obras y Vías tampoco ha explicado
por qué, en lugar de hacer los seis chalés que en esa área
prescribía el planeamiento, optó por edificar una mansión hecha a la
medida de Granados, quien ni siquiera ha formalizado una opción de
compra.
(www.publico.es,
05/032/09)
11. MADRID IMPULSA LA ESCUELA CONCERTADA CON
180.000 METROS DE TERRENO
Aún es un armazón de ladrillo visto rodeado de
obras en un barrio a medio hacer. En medio año se convertirá en el
segundo centro concertado del Ensanche de Vallecas, el colegio
Torrevilano. Enseñanza bilingüe, gimnasio, comedor, capilla... Ya
dan información en la caseta abierta a pie de obra. Es uno de los
últimos nueve colegios concertados que se levantan sobre suelo
público madrileño. En un solo año, la Comunidad de Madrid ha cedido
casi tanto suelo para colegios concertados como en los siete
anteriores: 180.000 metros cuadrados de 377.000, según estimaciones
de la Consejería de Educación. Es un 30% menos de lo que ocupan las
32 escuelas públicas construidas en 2008.
Madrid es la segunda comunidad autónoma (empatada
con Cataluña y por detrás del País Vasco) que más impulsa la
enseñanza privada concertada, según datos del Ministerio de
Educación. Son colegios más baratos. La Administración no construye
ni mantiene sus edificios. Y los profesores cobran menos. En la
región hay 1.171 colegios concertados y 2.524 públicos. El Gobierno
regional defiende el respaldo a la concertada como una forma de
garantizar la libertad de elección de los padres. Tiene que haber
oferta para todos, dicen. Enfrente, sindicatos, oposición y
asociaciones de padres lo consideran "favorecer el negocio de unos
pocos con el dinero de todos". Entre otras razones, porque algunos
cobran tarifas encubiertas por una enseñanza "gratuita".Entran como
bebés y salen rumbo a la Universidad. Los colegios concertados,
normalmente grandes edificios con todas las etapas educativas
juntas, admiten a los alumnos antes de que cumplan el año y los
despiden a los 18. A las familias que los eligen, les tocará pagar
más del doble que si sus hijos fueran a un colegio público. El gasto
anual medio en la enseñanza pública asciende a 658 euros, frente a
1.433 euros de la concertada, según los últimos datos publicados por
el INE. Y eso aunque ambos modelos son gratuitos por ley y los dos
se sostienen con fondos públicos.
La mayoría de los nuevos concertados de Madrid
cobran por clases de refuerzo en horario escolar. Entre 50 a 170
euros al mes por más horas de inglés, de informática o de mates,
encajadas en el horario habitual de 9.00 a 17.00. Algunos alertan de
que son cuotas y clases "voluntarias", pero otros no lo dejan tan
claro.
Dinero por las clases, cuotas más caras de
comedor -88 euros fijos en la pública, hasta 130 euros en la
concertada-, uniformes y libros que también se compran en el
colegio... La libertad de elección para los padres se diluye entre
cuotas cuando no hay dinero para elegir. "La concertada crea castas,
grupúsculos en los que los niños no se relacionan con otras capas
sociales, sino sólo en torno a un grupo de privilegiados", critica
Rafael Feito, sociólogo de la Universidad Complutense experto en
educación. El colectivo Lorenzo Luzuriaga, dedicado a
investigaciones sociales en UGT, teme que la enseñanza pública acabe
convertida en un modelo subsidiario de la concertada. Que atienda a
las clases desfavorecidas, frente a una concertada para élites.
Dos de los nueve colegios recién adjudicados a la
enseñanza concertada en el último año separan a los alumnos por
sexos. En Alcorcón y Alcalá de Henares, los colegios Juan Pablo II y
Alborada empezarán sus clases el curso que viene con aulas distintas
para niños y niñas. Mientras Madrid respalda estos centros, otras
comunidades autónomas, como Andalucía o Baleares, han aprobado una
orden que corta la financiación pública para los colegios que
separan por sexos.
En el caso de Alcalá, el concierto es para una
fundación del Opus Dei que paga 12.500 euros anuales de canon por
una parcela de 24.000 metros cuadrados. Tendrán laboratorios,
pabellón cubierto de gimnasia y baloncesto y pistas polideportivas
al aire libre, además de un oratorio. En el mismo municipio, otra
parcela, destinada esta vez a un centro 100% público, tendrá 10.000
metros cuadrados menos. La oposición socialista acusa a Educación de
favorecer una "estrategia" de respaldo a la concertada, que tiene
más espacio para ofrecer mejores instalaciones a las familias.
También hablan de "estrategia" en el Ensanche de
Vallecas, donde construyen el colegio Torrevilano. La Federación de
Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos denuncia
que en esta nueva zona de Madrid, la oferta privada llegó antes que
la pública. "Los concertados se adelantaron con el apoyo de la
Administración", denuncia Benito Muñoz, representante en Vallecas de
la FAPA. "El colegio concertado estaba construido antes y el público
comenzó a aceptar matrículas más tarde", añade. La Consejería de
Educación niega que haya algún nuevo barrio al que haya llegado
antes un centro concertado que uno público. Y recuerdan que los
conciertos se acuerdan con los ayuntamientos en función de la
demanda de plazas de un tipo de enseñanza u otro.
Otro de los nuevos centros, que estará en
Torrelodones, iba a ser un colegio público. Así aparecía en el
programa electoral del PP, que cambió de opinión tras ganar las
elecciones municipales de 2007. "Hacen negocio con el patrimonio de
todos", protesta Gonzalo Santamaría, profesor y concejal de Vecinos
por Torrelodones. En El Álamo, la cesión se hizo con el colegio ya
construido con fondos públicos, el Miguel Ángel Blanco. Hubo
protestas sin éxito. Tampoco lo tuvieron el grupo de profesores que,
hace dos semanas, se encerraron en Leganés "contra la degradación"
de la escuela pública. Querían parar nuevas cesiones. En San
Sebastián de los Reyes, Arganda o Alcobendas aguardan tres solares
-casi 60.000 metros cuadrados- para los próximos colegios
concertados de Madrid.
(www.elpais.com,
28/02/09)
12. MADRID COMUNICA A SUS CENTROS QUE DEBEN
IMPARTIR LA ASIGNATURA DE CIUDADANÍA
La Comunidad de Madrid ha comunicado por escrito
a los centros de enseñanza de la región que adopten las medidas
necesarias para impartir Educación para la Ciudadanía, una vez que
el Tribunal Supremo "ha fijado doctrina" sobre la imposibilidad de
aplicar la objeción de conciencia en esta materia. En la carta, que
tiene fecha de 27 de febrero aunque la Consejería la ha hecho
pública hoy, se dice a los directores que adopten "las medidas
necesarias para que los alumnos de 2º y 4º de la ESO cursen
'Educación para la ciudadanía y los derechos humanos'". Deben
hacerlo, precisa, "conforme
a la sentencia del Tribunal Supremo y al Decreto 23/2007 de
10 de mayo de la Comunidad de Madrid, y de acuerdo con el proyecto
educativo de su centro".
La Consejería de Educación recuerda en su misiva
que "el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha fallado
sobre cuatro recursos procedentes de los Tribunales Superiores de
Justicia de Asturias y de Andalucía en relación con la asignatura
'Educación para la ciudadanía y los derechos humanos'".
"Aunque las sentencias afectan de manera directa
únicamente a los alumnos cuyos recursos se han resuelto -explica-,
una vez estudiado el texto íntegro, la Consejería de Educación
entiende que el Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la
asignatura y sus efectos".
Resume la situación al afirmar que "el Alto
Tribunal no admite la objeción de conciencia en materia educativa y
recuerda que todos los alumnos deben cursar la asignatura", aunque
añade que "exige que la enseñanza de la misma no se desvíe de los
fines de la educación intentando inculcar o imponer, ni siquiera de
manera indirecta, puntos de vista que puedan entrar en colisión con
el artículo 27 de la Constitución Española".
El pasado 19 de febrero, la consejera madrileña
de Educación de Madrid, Lucía Figar, adelantó que esta carta sería
enviada a los 217 centros de enseñanza donde existen objetores a
Educación para la Ciudadanía. Figar dijo que en Madrid, a diferencia
de otras comunidades, "no ha habido ningún alumno declarado exento o
que no haya sido evaluado" en la asignatura, ya que los objetores
han realizado trabajos sobre cuestiones "no problemáticas" del
temario, como la Constitución o los Derechos Humanos. La consejera
manifestó que la Comunidad de Madrid acata y cumplirá la sentencia
del Supremo y que deja en manos de los centros educativos la
capacidad de decidir cómo aplicar la asignatura a los que han sido
objetores hasta ahora.
(www.publico.es,
03/032/09)
13. 49.000 PACIENTES EN LISTA DE ESPERA, LA PEOR
CIFRA DESDE 2004
"Me siento estafado", dice Juan David Cano,
ingeniero de 29 años de Vallecas. A él, como a todos los madrileños
que tienen que operarse, le dieron a firmar una hoja con el
compromiso de que no esperaría más de 30 días: la promesa estrella
de Esperanza Aguirre en la campaña de 2003. Eso fue el 19 de enero
pasado en el Infanta Leonor. Unos días después le llamaron y le
dijeron que, para poder cumplir ese plazo, tenía que elegir otro
centro. Entre Santa Cristina y la Cruz Roja, prefirió el primero. La
cita, para el 17 de febrero. Y una vez allí, la sorpresa. Y "el
truco", como lo califica él: "Me volvieron a diagnosticar,
exactamente lo mismo que la otra vez, y me dieron a firmar la misma
hoja". Es decir, que el contador volvía a ponerse a cero. Su quiste
en la espalda tendría que esperar, no ya 30, sino 60 días.
Hay más trucos en el recuento de la lista de
espera quirúrgica en la Comunidad de Madrid. El primero, que no hay
una lista, sino tres: la oficial, la de los que esperan visita con
el anestesista y la de los que rechazan ser derivados a la privada.
El número total de pacientes pendientes de entrar al quirófano es de
48.825, según los últimos datos, recién publicados por la Consejería
de Sanidad, y que corresponden al 31 de diciembre de 2008. Pero sólo
un tercio de ellos (15.997) están en lista de espera oficial, la
llamada "estructural". Únicamente con estos pacientes -trucos como
el de Juan David aparte- se cumple la promesa de los 30 días. Al
resto no les queda más remedio que seguir esperando. En ocasiones,
hasta un año.
La cifra de pacientes en espera de operación es
la peor desde que la Comunidad puso en marcha el Plan Integral para
la Reducción de la Lista de Espera Quirúrgica, en 2004.Sólo en el
último año, a pesar de la apertura de ocho nuevos hospitales y de
sus flamantes 75 quirófanos, los enfermos en lista de espera
quirúrgica han aumentado un 16% (son 6.966 más que a 31 de diciembre
de 2007). A la vista de estas cifras, que son oficiales y que la
propia Consejería de Sanidad publica en la página web
www.listadeesperamadrid.com, la Comunidad de Madrid responde que
"las intervenciones quirúrgicas se incrementaron un 4% durante el
2008" y reitera que "ningún paciente tiene que esperar más de 30
días para ser operado".
Lo cierto es que el tiempo de espera medio
también ha subido el año pasado, aunque ligeramente: ha pasado de 12
días a 12,4. El incremento con respecto al trimestre anterior sí es
significativo. A 31 de septiembre, Sanidad había conseguido reducir
la espera a 10 días. Para diciembre, en cambio, la cifra había
vuelto a subir al nivel más alto desde marzo de 2005. Pero claro,
ésos son los días que aguarda de media un paciente de la lista
oficial. Para los otros dos tercios de enfermos, las esperas se
doblan y hasta se triplican. Por ejemplo, el tiempo medio de espera
para los pacientes que rechazan operarse en clínicas privadas
alcanza los 60,3 días según los últimos datos. A 31 de diciembre
había 137 pacientes que esperaban entre tres meses y un año su
operación.
La Consejería de Sanidad cataloga a este grupo
(15.725 personas, el 32,8% del total) con la frase "en espera tras
rechazo de centro alternativo". El asterisco lleva a la definición:
son pacientes "cuya espera es motivada por la libre elección del
ciudadano". El resultado es que la sanidad pública madrileña tiene
ya a tantos pacientes en la lista de espera oficial como en ésta. Y
es un grupo que no deja de crecer. En el último año, los que
rechazan la privada han aumentado un 14%. "Cada vez más gente
insiste en ser operada en su hospital público. No se entiende que el
Gobierno regional siga incentivando la privada", reflexiona Carmen
López, secretaria de Políticas Sectoriales de UGT.
Tampoco deja de crecer el otro tercio de
pacientes que quedan fuera del compromiso de los 30 días: los que
esperan ver al anestesista, están pendientes de las pruebas
preoperatorias o tienen algún problema de salud que desaconseja la
operación en ese momento. Desde diciembre de 2006 ese grupo siempre
es más numeroso que el de la lista oficial: sólo en el último
trimestre aumentó un 11%. Nada que ver con lo que ocurría antes de
que entrara en vigor el plan de Aguirre. En septiembre de 2004,
únicamente el 5,9% de pacientes figuraban como lo que Sanidad llama
"transitoriamente no programables". Ahora ya son el 35%. Y todos
ellos esperan, al menos, el doble de lo prometido.
Fue precisamente por esta argucia, la de no
incluir al paciente en lista de espera en el momento en que el
especialista prescribe la intervención, como sucede en el resto de
España, por lo que el Consejo Interterritorial de Sanidad (organismo
que coordina al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas)
decidió en octubre de 2005 excluir a Madrid del cómputo nacional. Al
contabilizar a los pacientes de este modo, los tiempos de espera
parecen menores de lo que son en realidad, argumentó en su momento
el ministerio. Aguirre gana los 30 días de media que se tardan en
conseguir la visita con el anestesista. Sólo entonces empiezan a
contar los otros 30, los de la garantía.
Por especialidades, traumatología es la que
acumula más pacientes en lista de espera: 11.323, un 12% más que
hace un trimestre. También es la que tiene un tiempo medio de espera
superior. Si un ciudadano rechaza el centro que le ofrece Sanidad en
primer lugar, aguardará para operarse, de media, 70,2 días. Según
los últimos datos, había 111 pacientes en la horquilla que va de los
tres meses al año a la espera de un quirófano. Los pacientes de
neurocirugía que insisten en operarse en su hospital público
aguardan, de media, 63,1 días. Los de dermatología, 62,7. En cambio,
las intervenciones cardiacas están muy cerca de cumplir el
compromiso de Aguirre, incluso si el paciente rechaza la oferta de
Sanidad. En ese caso espera, de media, 29,5 días.
Si se tiene en cuenta únicamente al tercio de
pacientes que figuran en la lista de espera estructural, las
especialidades con las esperas más largas son cirugía cardiaca (13,8
días de media), plástica (13,6) y neurocirugía (13,6). En el otro
lado, el de las esperas más cortas, figura la cirugía torácica (9,9
días de media), la ginecológica (11,2) y la angiología y cirugía
vascular (11,6).
(www.elpais.com,
02/032/09)
14. CENTENARES DE TRABAJADORES DEL CANAL ISABEL
II SE MANIFIESTAN CONTRA LA PRIVATIZACIÓN PARCIAL DE LA INSTITUCIÓN
PÚBLICA
Centenares de trabajadores del Canal Isabel II
--1.800 según los organizadores-- se manifestaron hoy contra la
privatización parcial de la institución por entender que esta
operación de la Comunidad de Madrid "no tiene justificación y sólo
genera perjuicios para usuarios y trabajadores", según explicó a
Europa Press el representante de UGT, Andrés Muñoz.
La manifestación comenzó a las 18.30 horas en la Glorieta de Bilbao
y finalizó a las 20.15 en la Calle Génova, enfrente de la sede del
Partido Popular en Madrid. En la movilización participaron 1.800
trabajadores del Canal Isabel II --según el cálculo de los
organizadores--, que trasladaron "su preocupación" al partido
presidido por Mariano Rajoy. El pasado mes de septiembre, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció la
privatización parcial del Canal Isabel II. Por aquel entonces, la
dirigente popular aseguró que daría entrada "a los madrileños" que
quisieran participaciones de la institución hasta completar "un
máximo del 49% de las acciones".
"No hay motivo ni justificación para la privatización, ya que supone
un perjuicio para trabajadores y usuarios del Canal", aseguró Andrés
Muñoz, quien agregó que dicha maniobra "aumentaría el coste del
agua, rebajaría la calidad de los servicios y produciría desempleo"
en un momento "crítico" donde "no cabe un Expediente de Regulación
de Empleo". Por otra parte, el representante de UGT en el Canal
Isabel II mostró su "preocupación" por las informaciones derivadas
de "la posible corrupción" del PP en relación con la institución
pública.
Según Muñoz, estas noticias "salpican la imagen del Canal y sus
trabajadores" cuando la "inmensa mayoría" no tienen "implicación
alguna".
(www.madridigital.info, 04/03/09)
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID. DETECTIVES PRIVADOS
PARA ECHAR A UN TRABAJADOR DEL TEATRO ESPAÑOL
La afición a los detectives no se circunscribe
sólo al Gobierno de la Comunidad. Parece que el ejemplo ha cundido y
la empresa municipal que gestiona todas las actividades culturales
de Madrid -Madrid Arte y Cultura (MACSA)- y depende directamente de
la Concejalía de Las Artes, dirigida por Alicia Moreno, contrató un
servicio de agentes secretos para probar que un trabajador del
Teatro Español estaba mintiendo con respecto a su situación de baja
y, consecuentemente, despedirlo después. El empleado responde a las
iniciales E. A. C., de 32 años. Era oficial de iluminación hasta
diciembre pasado, cuando le echaron.
"Por transgresión de la buena fe contractual,
fraude, deslealtad y abuso de confianza con incumplimiento de sus
obligaciones laborales para con la empresa y con la Seguridad
Social", justifica MACSA. En esta ocasión, según los documentos en
poder de este periódico, la investigación encargada por el
Ayuntamiento la llevó a cabo la agencia Detectives Almirante,
"pionera de investigación en España", reza su anuncio.
La agencia en cuestión es un despacho en un piso
bajo, ubicado al final del pasillo del portal número 194 de la calle
de Alcalá. Almirante, a secas, pone junto al botón del portero
automático. Ya dentro, al fondo, junto a una puerta, casi escondido,
un folio pegado a la pared con el nombre de la empresa: "Detectives
Almirante".
Allí se encuentra, pasado el filtro de su
secretaria, Isidro García González ("Director-Gerente" pone en su
tarjeta). Asoma la nariz por la puerta entreabierta de su despacho
con la persiana bajada. Es un espacio sumamente austero, sin
decoración de ningún tipo, con muebles de los años setenta, todo en
tonos ocres, escritorio de nogal y sillas de escay verdoso. Todo
discreción de no ser por el enorme tamaño de la bandera española que
cuelga de un mástil en el despacho.
-¿Contrató el Ayuntamiento sus servicios?
-Yo no le puedo decir nada, tendrá que
confirmárselo el cliente -dice García, mientras reconoce en los
papeles que le muestra la periodista el informe elaborado por su
agencia.
"Había sospechas de un absentismo laboral
fraudulento", explican fuentes de la Concejalía de Las Artes, que
reconocen la contratación de los servicios de la agencia de
detectives. "Y por eso se contrata a peritos judiciales", agregan.
Según las mismas fuentes, los "peritos judiciales recaban datos para
buscar pruebas que le sirvan a un juez". No obstante, en la empresa
de Detectives Almirante sólo se hace referencia a "detectives
privados" y no a "peritos judiciales".
"Durante la situación de baja por incapacidad
temporal se tuvieron noticias de que el trabajador indicado podría
estar realizando actividades laborales al margen de nuestra empresa,
razón por la cual, y para poder comprobar si esto era cierto, se
decidió efectuar una investigación de su situación", argumentan en
su informe (fechado el pasado 10 de diciembre) los responsables de
la empresa del Ayuntamiento.
Los seguimientos, según el informe elaborado por
los detectives y entregado a MACSA, se realizaron el viernes 7 de
noviembre, el sábado 8, el jueves 13 y el viernes 14. "A las 00.05
del viernes 7 de noviembre de 2008 el trabajador fue visto en el
interior de la discoteca Lobby, sita en el paseo de Recoletos número
16".
"Se encontraba en un apartado de dicho
establecimiento, sin acceso al público, y realizando una actividad
profesional en una mesa de mezclas con pantalla visual. Se comprobó
que su actividad consiste en ser el responsable de la iluminación",
dice el informe, que detalla las veces que el investigado acude a la
barra a pedir una consumición. Estos seguimientos son los que le han
servido a MACSA para justificar el "despido procedente".
Sin embargo, ¿es legal que el Ayuntamiento, la
Administración Pública, pague a detectives privados para investigar
las sospechas sobre uno de sus trabajadores, en lugar de valerse de
los servicios de la Inspección pública? Según fuentes de Las Artes
es legítimo, "porque MACSA es una empresa", independientemente de
que sea 100% pública. Según el secretario de política institucional
de CC OO, Jaime Cedrún, "es ilegal". "Son prácticas de las empresas
privadas que recurrimos constantemente", continúa, "porque suponen
una persecución del trabajador. Pero es más escandaloso que lo haga
la Administración, cuando existen mecanismos para ello, como la
Inspección sanitaria (en la medida en que al trabajador le da la
baja un profesional de la sanidad pública) y, en caso de que existan
sospechas fundadas de fraude, deberían denunciarlo a la policía, no
contratar a unos detectives". El responsable jurídico de otro
consistorio asegura que "un Ayuntamiento puede contratar los
servicios que quiera siempre que se atenga a la Ley de Contratos del
Sector Público (de 31 de octubre de 2007) y que esa inversión se
efectúe con los procedimientos administrativos establecidos, todo
depende de la cuantía".
Desde Las Artes se negaron a facilitar el dato de
la cantidad de dinero invertida en esta investigación. E. A. C., que
se encuentra fuera de Madrid, y sus familiares han recurrido el
despido. "Porque con dos fotos en una discoteca no se puede
demostrar que una persona tiene un contrato al margen de su
trabajo", explicaba un hermano del afectado. El juicio se celebrará
en abril.
(www.elpais.com,
02/032/09)
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LOS VECINOS SE
MOVILIZAN CONTRA EL MINIVATICANO
"Rouco y Gallardón, la misma cosa son: quieren
recatolizar España de nuevo y hacer visible a la Iglesia en
cualquier lugar". El teólogo Juan José Tamayo bien podría alzarse
como portavoz del movimiento vecinal contrario a la construcción del
llamado minivaticano de Madrid, aunque últimamente no falten a los
vecinos voces de apoyo. La ciudadanía tendrá ocasión de hacerse oír
cuando arranque la nueva fase de movilizaciones y acciones de
protesta contra el complejo religioso-urbanístico en terreno público
que el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, cedió de forma
definitiva el pasado viernes al presidente de la Conferencia
Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela.
A falta de los permisos convenientes, la
resistencia vecinal pretende emprender una oleada de concentraciones
pacíficas regulares que desemboquen poco antes de Semana Santa en
una gran manifestación que llegue hasta la Catedral de la Almudena.
"El proceso político y el proceso administrativo están amortizados",
admite resignado Ángel Lara, concejal de Izquierda Unida del
Ayuntamiento de Madrid. "Es el momento de tomar las calles para
frenar el comienzo de las obras", desafía. Lara se encomienda, pues,
a la movilización ciudadana: "Hay que sacar a todos los madrileños a
las calles frente a este atropello; nosotros estaremos con ellos,
como lo hemos estado a lo largo de los últimos 12 años".
El concejal y vecino del barrio cree que todavía
se puede producir un milagro. "Le rogaremos a Dios para que la
resolución de los tribunales llegue antes que el inicio de las
obras", dice en referencia al recurso contencioso-administrativo que
los vecinos han interpuesto contra el proyecto.
La Asociación de Amigos del Parque de la Cornisa
y Vistillas cuenta con innumerables adhesiones a su plataforma
ciudadana desde que se aprobara el plan definitivo del minivaticano.
Los partidos de la oposición en Madrid, IU y PSOE, se sumarán a unas
movilizaciones que ya están respaldadas por asociaciones laicas,
movimientos de católicos de base, asociaciones de padres de alumnos
de los centros educativos de la zona, agrupaciones de hosteleros...
"No puede faltar nadie, porque a todos nos afecta que se cubra de
hormigón y ladrillo nuestro patrimonio histórico", reivindica uno de
los portavoces de los vecinos, David Jiménez. Y afirma que permitir
esta "catástrofe" es como "derribar la Puerta de Alcalá para
construir la Ciudad Deportiva del Real Madrid".
"Gallardón es un político católico que gobierna
confesionalmente, al dictado de la Iglesia", denuncia Tamayo.
"Muestra un desprecio absoluto por el pueblo desde sus posiciones de
ultra, ya que sólo tiene interés por atender a los privilegios de la
jerarquía católica", sentencia el teólogo.
"Rouco debería dar testimonio de generosidad y
sólo demuestra intereses mundanos; Gallardón debería escuchar a los
ciudadanos y ni se ha reunido con ellos", asegura Victorino Mayoral,
presidente de la fundación laica Cives, justificando su apoyo a los
vecinos.
Cada cual aportará su grano de arena en las
protestas que se desarrollarán en el corto, medio y largo plazo. Por
ejemplo, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, famosa
por llevar a la capital la campaña de autobuses ateos, pondrá a
disposición de los vecinos esta misma plataforma para sus
reivindicaciones. Según su presidente, Luis Vega, harán lo que esté
en su mano para "impedir que, una vez más, se pongan los bienes
públicos al servicio de los intereses particulares de una empresa
privada: la Iglesia".
(www.publico.es,
04/032/09)
17. LOS POLICÍAS MUNICIPALES NOVATOS TENDRÁN QUE
PAGAR 2.400 EUROS POR UN CURSO OBLIGATORIO
Los agentes municipales en formación, aquellos
que han aprobado las pruebas de acceso, comenzaron sus clases
prácticas en la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid para
completar su incorporación al cuerpo. Un día antes, el pasado lunes,
se forzó la entrada en vigor de la nueva ley de tasas, aprobada el
pasado diciembre y firmada por el consejero de Interior, Francisco
Granados, que les obliga a pagar 2.400 euros. Hasta este año nunca
se había cobrado por este cursillo obligatorio que siguen anualmente
unas 1.000 personas.
"Vamos a denunciarlo. Es intolerable porque la
academia se gestiona por manos privadas, pero con fondos públicos.
Nosotros pactamos con la consejería que a los que ya estaban este
año en el proceso de oposición no se les cobrase", explica Carlos
Lozano, de Comisiones Obreras. La consejería argumenta que esta tasa
es habitual en otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil o
el Cuerpo Nacional de Policía. Un extremo que niegan los sindicatos:
"A ellos les cobran material, uniformes y cosas así".
Los ayuntamientos en los que van a trabajar estos
nuevos agentes son quienes de manera subsidiaria abonarán a la
academia el precio del cursillo. Algunos municipios, como Manzanares
el Real o Ajalvir, ya han exigido a sus policías que les reintegren
el coste, según informa Efe. Otros consistorios, como el de Madrid
capital, el que cuenta con un mayor número de efectivos (más de
7.000), se lo irán descontando de sus pagas a los agentes en
prácticas. Éstos empiezan a cobrar desde su primer día de formación.
Además de Comisiones Obreras, el sindicato
Colectivo Profesional de Policía Profesional también ha mostrado su
disconformidad con la medida, que no sólo afecta a los opositores,
sino a todos que completen cursos para promocionar. "Es un impuesto
recaudatorio y una tasa abusiva", critican. Destacan también que
quienes la pagan son "jóvenes que acceden a su primer empleo, sin
recursos para afrontar esta situación".
(www.elpais.com,
05/032/09)
18. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. EL ALCALDE
"ASUMIÓ COMPROMISOS POR 78.000 EUROS" CON EL CESADO LÓPEZ VIEJO
Ignacio García de Vinuesa, alcalde popular de la
localidad madrileña de Alcobendas, gastó más 70.000 euros en un
Torneo de Baloncesto de la Comunidad de Madrid organizado
conjuntamente con la Consejería de Deportes del
dimitido Alberto López
Viejo. El Plural ha hablado con el concejal socialista Ángel
Sánchez, que ha confirmado que López Viejo, forzado a dejar el cargo
por su presunta relación con la trama corrupta, "ha sido asiduo a la
ciudad" porque el regidor "ha optado siempre por participar en
grandes eventos". El evento se celebró en octubre de 2007, pero el
Patronato de Deportes ha tardado un año y medio en publicar las
facturas que detallan costes como el de una comida de presentación
en el lujoso restaurante Txistu, por valor de 3.000 euros.
Sánchez ha explicado a este diario que "una de
las primeras decisiones" de López Viejo, que llegó a la Consejería
en junio de 2007, fue "celebrar en Alcobendas el Torneo de
Baloncesto de la Comunidad que enfrenta a los equipos regionales" en
octubre de ese mismo año.
"Al parecer, se firmó un convenio entre la
Federación de Baloncesto, la Comunidad y el Ayuntamiento". Este
último "asumía una serie de compromisos por un total de 78.000
euros". El dinero se destinaría a "financiar el evento, presentarlo
y pagar el canon por la retransmisión televisiva -8.000 euros para
Telemadrid-". Destaca entre estos gastos el de la presentación: una
fastuosa comida en el restaurante Txistu para 50 comensales por
valor de 3.000 euros.
Sánchez se refiere a la cifra como "un
despilfarro excesivo que, además, contradice las palabras siempre
grandilocuentes del alcalde, que dice estar por la austeridad, que
baja los impuestos a los ciudadanos, pero que no tiene reparos en
pagar esta comida mientras niega becas al comedor y ayudas a la
tercera edad". Además, cuenta que el gusto del alcalde por estos
grandes actos acercó al ex consejero a la localidad.
"Ha sido un asiduo a la ciudad, porque nuestro
Ayuntamiento ha optado por los grandes eventos deportivos, dejando
de lado el deporte de base. Al alcalde le gusta traer a los Globber
Trotters, hacer grandes fiestas y torneos… De todos estos eventos ha
sido un asiduo López Viejo, aunque con esto no estamos diciendo que
haya una implicación suya", apunta. Al ex consejero se le acusa de
financiar actos del Partido con dinero público, y de contratar
sistemáticamente a las empresas de Francisco Correa, presunto
cabecilla de la trama corrupta, cuyo otro eje gran eje de actuación
eran los Ayuntamientos del eje noroeste de Madrid.
En lo que a García de Vinuesa respecta, las
medidas populistas como las bajadas de impuestos y los torneos
deportivos han sido una constante en su legislatura. "Ni subimos los
impuestos, ni bajamos la calidad de los servicios (…) El dinero
donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos", aseguraba con
grandilocuencia en octubre pasado, tras aprobar las ordenanzas
fiscales de 2009. Pero el popular ya apuntaba maneras demagógicas
hace 10 años y en la oposición, cuando arremetía contra el entonces
regidor socialista José Caballero por invertir 107 millones de
pesetas en una escultura gigante para la ciudad.
Su intervención más recordada, no obstante, se remite a marzo de
2005: "Los del PP somos distintos, incluso biológicamente, que ellos
(los socialistas)", aseguró en una reunión del Comité Ejecutivo
regional del partido. Un cuarto de hora más tarde, se rectificaba y
pedía perdón por sus palabras. Pero en diciembre pasado, Vinuesa
perdió la memoria: el alcalde
se convirtió en el
ariete del PP contra Pedro Castro, negándose
a aceptar sus disculpas
por las declaraciones en las que se refería a los votantes del PP
"tontos de los cojones" y
exigiendo su dimisión
de la Federación Española de Municipios y Provincias que preside. El
episodio se saldó con la retirada de Alcobendas de la asociación,
algo que hace la oposición se refiera a él como "el hoolligan de
Esperanza Aguirre". "No tenemos un alcalde, tenemos un delegado de
la Comunidad", sentencia Sánchez.
(www.elplural,
04/03/09)
