ÍNDICE
1. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE SE MOFA DE LA
INVESTIGACIÓN PESE A DESTITUIR A TRES CARGOS
2. CORRUPCIÓN EN EL PP. GALLARDÓN DESTITUYE A DOS
CARGOS SALPICADOS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
3. CORRUPCIÓN EN EL PP. ALCALDES DEL PP EN MADRID
Y VALENCIA CONTRATAN AL BUFETE DEL DIPUTADO MICHAVILA
4. CORRUPCIÓN EN EL PP. MICHAVILA PIDIÓ 6
MILLONES POR UN PROYECTO QUE LA MUTUA OFRECÍA A BOADILLA
5. CORRUPCIÓN EN EL PP. MICHAVILA DEFENDIÓ AL
CONSISTORIO DE BOADILLA POR 100.000 EUROS
6. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
UN CONSEJERO DE AGUIRRE DENUNCIA NUEVOS 'DOSSIERS' SOBRE SU
PATRIMONIO
7. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
EL PP IMPONE EL BLOQUEO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
8. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
GAMÓN, EL 'TORRENTE' DE AGUIRRE
9. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
EL PP NO QUIERE OÍR A LAS VÍCTIMAS EN LA COMISIÓN SOBRE LOS ESPÍAS
DE MADRID
10. ADJUDICACIONES BAJO SOSPECHA. LA ASAMBLEA DE
MADRID EXAMINA LAS CONCESIONES DE GONZÁLEZ
11. ADJUDICACIONES BAJO SOSPECHA. LAS 11
CUESTIONES QUE GONZÁLEZ DEBE ACLARAR
12. ADJUDICACIONES BAJO SOSPECHA. GONZÁLEZ OCULTA
A LA ASAMBLEA DATOS CLAVE DE SUS CONCESIONES
13. LOS LUJOSOS GUSTOS DE GRANADOS. UNA PROMOTORA
LE LEVANTA UNA MANSIÓN
14. LOS LUJOSOS GUSTOS DE GRANADOS. LAS FECHAS NO
CUADRAN
15. LOS LUJOSOS GUSTOS DE GRANADOS. EL CONSEJERO
DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR RESPONDE QUE TIENE BIENES POR UN
VALOR TOTAL DE 348.000 EUROS Y UNA HIPOTECA DE 450.000
16. EL NEPOTISMO LE MOLA A GRANADOS. ALUVIÓN DE
CONTRATOS A FAMILIARES EN VALDEMORO
17. MUÑECOS ROTOS DEL PP MADRILEÑO. LA CAÍDA DEL
NIÑO MIMADO DE AGUIRRE
18. MUÑECOS ROTOS DEL PP MADRILEÑO. EL PP RECHAZA
REPROBAR AL EX CONSEJERO LÓPEZ VIEJO
19. AGUIRRE ANULA EL CONCURSO DE LA TELEVISIÓN
AUTONÓMICA
20. LOS MANIFESTANTES ARRINCONAN A ESPERANZA
AGUIRRE
21. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LA CÁMARA DE CUENTAS
DENUNCIA CONTRATOS IRREGULARES EN MADRID
22. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE TAMBIÉN SUSPENDE A ANA BOTELLA
23. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. EL PP
NACIONAL FUERZA LA SUSPENSIÓN DE MILITANCIA DEL EX ALCALDE DE
24. AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS. ANTICORRUPCIÓN
VE INDICIOS DE DELITO
25. AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. EL CONSISTORIO
SUSPENDE LA PROYECCIÓN DE 'CAMINO'
1. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE SE MOFA DE LA
INVESTIGACIÓN PESE A DESTITUIR A TRES CARGOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, se mofó de las grabaciones que implican a cargos
del PP con la presunta trama de corrupción de Francisco Correa. En
la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de
forma extraordinaria en Torrejón (Madrid) aseguró que las
grabaciones, aportadas por José Peña, ex concejal popular expulsado
del partido, son "conversacioncillas" de una persona que "presume y
acusa de ciertas cosas que implican delitos gravísimos a otras
personas", cosas "que pueden ser ciertas o no". "Es como si el
alcalde de Torrejón dice que tiene muchas relaciones con Angelina
Jolie", ironizó, "o como decirlo del consejero de Sanidad, que hasta
tendría más credibilidad", dijo. Pese a todo, la presidenta de
Madrid ha tenido que destituir a tres cargos por este asunto, uno de
ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo.
Aguirre arremetió también contra la consulta del
juez Garzón a la Fiscalía Anticorrupción sobre qué tribunal debe ser
en el encargado de seguir el caso Gürtel. Aseguró que se trataba de
"una nueva triquiñuela" del juez para no pasar el caso "ni al
Supremo ni a los Tribunales Superiores de Valencia y de Madrid, sino
quedarse él con el asunto". Aguirre añadió que "el ministro
furtivo", Fernández Bermejo, "ya ha dimitido" y que "el juez
socialista" Baltasar Garzón "sigue actuando". Criticó las
filtraciones del sumario y aseguró que está a la espera de que se
publiquen "en determinados medios" las conversaciones transcritas.
Por otra parte, la ex alcaldesa de Jerez María
José García Pelayo (PP) desoyó hasta dos advertencias de la
intervención municipal sobre la adjudicación de contratos públicos a
dos de las empresas implicadas en la trama de corrupción que
investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La
parlamentaria andaluza adjudicó en enero de 2004 los contratos de
servicios para la presencia de Jerez en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (Fitur) a las sociedades Special Events y Down
Town Consulting (actualmente Easy Concept) por valor de 202.172
euros sin contar con la aprobación del Consejo Rector del Instituto
de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que García Pelayo
presidía en calidad de alcaldesa.
La interventora municipal advirtió por escrito
que el órgano "competente para la aprobación" de los contratos "es
el Consejo" del IPDC. A pesar de los escritos de la interventora,
García Pelayo optó por adjudicar los trabajos a Special Events y
Down Town Consulting por resolución de presidencia.
(www.elpais.com,
27/02/09)
2. CORRUPCIÓN EN EL PP. GALLARDÓN DESTITUYE A DOS
CARGOS SALPICADOS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
El alcalde de Madrid, el popular Alberto
Ruiz-Gallardón, ha destituido a dos cargos municipales cuyos nombres
aparecen en la causa de la presunta trama corrupta que investiga el
juez Baltasar Garzón. Se trata de un director de área de la Empresa
Municipal de la Vivienda -despedido por causas ajenas a la trama,
según el gobierno local-, y un asesor de un concejal de un distrito
de Madrid. Ambos aparecen citados por Correa en las conversaciones
grabadas que aportó el denunciante a la Fiscalía Anticorrupción.
El primer cargo municipal en caer fue Guillermo
Pariente, director general de Producción de la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo (EMVS). Pariente fue nombrado el 22 de enero y
destituido sólo tres semanas después, el 13 de febrero. Procedía de
la gerencia de la EMV de Ciudad Real, pero antes había estado en el
Ayuntamiento de Madrid: entre 2003 y 2005 fue el hombre de confianza
del entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez.
En esa época, dicha concejalía amañó un concurso
público para favorecer a Special Events, una de las empresas de
Francisco Correa. Los documentos de puntuación fueron manipulados
para que la empresa de Correa pasara de ser la quinta clasificada a
la segunda y pudiera obtener el contrato de 153.000 euros tras la
descalificación de la primera. El Gobierno municipal ha abierto
ahora una investigación y lo ha denunciado en el juzgado de guardia.
La marcha de Herráez en 2005 propició también la de su jefe de
gabinete, Guillermo Pariente.
La explicación oficial que consta en el documento
de despido de Pariente es que su destitución se ha producido por
"discrepancias" en la reestructuración del área que le fue asignada.
Juan José de Gracia, actual consejero de la EMVS y responsable de
dicho nombramiento y destitución, asegura que "la falta de
confianza" es el único motivo. "Me presentó una propuesta para
reestructurar su área que no me gustó y tengo competencias para
destituirlo", explicó a este periódico para negar que tuviera
relación con las noticias sobre la trama corrupta.
Por otro lado, Javier Nombela, asesor del
concejal de Moncloa, Álvaro Ballarín, fue destituido también.
Nombela, que trabajó en Special Events y en Easy Concept (ambas
firmas, vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco
Correa), sí está imputado por Garzón.Sin embargo, desde que se
conoció su imputación hasta que fue obligado a dimitir, han pasado
dos semanas. En realidad, parece que Gallardón ni siquiera sabía que
continuaba en su puesto, ya que este diario le preguntó el jueves
por el asunto y dijo que ya había dimitido. Por la tarde, el regidor
ordenó al concejal de Moncloa -que pretendía esperar a que Nombela
declare el lunes ante el juez para destituirlo- que lo relevara
inmediatamente.
Las alusiones a ambos cargos destituidos en las
grabaciones aportadas con la denuncia de un ex concejal del PP son
significativas. Sobre Pariente, Correa afirmó el 4 de octubre de
2006, tras recibir una llamada: "Guillermo Pariente, que quiere
hacer negocios conmigo en Ciudad Real". Pariente fue gerente de la
Empresa Municipal del Suelo de Vivienda del Ayuntamiento de Ciudad
Real entre 2005 y 2007, bajo un gobierno del PP. La alcaldesa, la
popular Rosa Romero, le elogió por haber construido 800 viviendas en
poco tiempo. En las grabaciones, Nombela es citado como un fiel
subordinado de Correa. Este último le ordena que acuda a Easy
Concept por la tarde. Según trabajadores de dicha empresa, Nombela
solía acudir a trabajar a esta firma de la trama todas las tardes.
(www.elpais.com,
21/02/09)
3. CORRUPCIÓN EN EL PP. ALCALDES DEL PP EN MADRID
Y VALENCIA CONTRATAN AL BUFETE DEL DIPUTADO MICHAVILA
El bufete de abogados Eius, en el que trabaja
como asesor externo el ex ministro de Justicia del PP y actual
diputado José María Michavila, ha sido contratado por ayuntamientos
gobernados por el PP. Entre ellos están los de Valencia y el
Boadilla del Monte (Madrid). El alcalde de este último municipio,
Arturo González Panero, dimitió tras conocerse su imputación en la
investigación del juez Garzón sobre la trama corrupta de Francisco
Correa. Eius ha sido contratado para defender al Ayuntamiento de
Boadilla en al menos cinco casos y por más de 100.000 euros. Varios
de esos procesos tienen que ver con el aumento de sueldo a cargos de
confianza, hasta 30, del gobierno municipal.
Entre esos cargos figura Elena Cerezo, esposa del
portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Su sueldo
como asesora del alcalde pasó de 45.000 a 55.000 euros anuales en
mayo de 2008. "Lo grave no es que pagasen teniendo unos funcionarios
que se dedican a eso, sino que contraten a amiguetes para defender
ilegalidades", afirma Ángel Galindo, concejal en Boadilla del
partido opositor Alternativa por Boadilla. El municipio cuenta con
servicios jurídicos propios.
No es la única relación profesional de Michavila
con imputados en la trama. El Consejo de Administración de la
Televisión Municipal de Valencia, que controla con mayoría absoluta
la alcaldesa Rita Barberá, del PP, también ha contratado a Eius. La
contratación, por 7.000 euros, se produjo después de que los
socialistas interpusiesen un recurso contra la venta del 80% de las
acciones de Ondas 13 SL -empresa que logró la gestión de la
Televisión Municipal en 2007- a Mediamed, sociedad controlada por
José Luis Ulibarri, imputado por Garzón.
Ulibarri cuenta con 13 licencias de televisión
digital terrestre en la Comunidad Valenciana, bien mediante
concesión directa de la Generalitat bien mediante la compra de las
empresas que lograron la licencia. El diario Levante aseguró que
Eius cobró al menos 150.000 euros a la empresa de Ulibarri, antes de
la adjudicación de las licencias de TDT del Gobierno valenciano.
Eius tiene como administrador a Alberto Dorrego,
antiguo subordinado de Michavila en Justicia. La relación de ambos
con el Gobierno valenciano es estrecha, ya que una hermana del ex
ministro, Ana Michavila, es jefa de gabinete del presidente
valenciano, Francisco Camps. Dorrego figura como secretario en una
empresa pública de la Generalitat. El portavoz de Economía del PP en
las Cortes Valencianas, José Marí, ha reconocido que también asesora
a través de Eius al promotor Andrés Selma, socio de Ulibarri en
Mediamed y otros proyectos urbanísticos.
Uno de los miembros destacados del bufete
asesorado por Michavila insistió en que es "frecuentísimo" que los
ayuntamientos contraten algunos casos con despachos externos a causa
"del desbordamiento de sus propios servicios jurídicos". También
subrayó que la falta de concurso público se debe a la premura con
que deben de atenderse las demandas, "20 días", y reivindicó que en
su bufete se encuentran "los mayores especialistas en contratación
pública".
(www.elpais.com,
25/02/09)
4. CORRUPCIÓN EN EL PP. MICHAVILA PIDIÓ 6
MILLONES POR UN PROYECTO QUE LA MUTUA OFRECÍA A BOADILLA
El ex ministro de Justicia con el Gobierno de
Aznar y actual diputado del PP José María Michavila pidió seis
millones a Mutua Madrileña como mediador entre esa empresa y la
consultora Global Health, cliente del bufete donde trabaja, para
construir una megaciudad sanitaria en Boadilla del Monte (Madrid),
según confirmó él mismo. Dicha mediación se produjo en 2006 a
instancias del entonces alcalde de esta localidad, Arturo González
Panero -imputado en la trama de corrupción que investiga el juez
Garzón-, según fuentes de la aseguradora.
Fuentes cercanas a la anterior dirección de la
Mutua confirmaron a EL MUNDO que Michavila en persona les reclamó en
varias ocasiones seis millones de euros para llevar adelante el
proyecto. Dicha cantidad no era una comisión, sino los honorarios
que cobraría la consultora que se encargaría de hacer realidad la
idea, aunque los responsables de la Mutua entendieron en todo
momento que sí se trataba de un peaje para poder hacerse con el
proyecto.
El diputado se trasladó en varias ocasiones
durante el año 2006 a la sede de la Mutua Madrileña, en el Paseo de
la Castellana, como dijeron fuentes conocedoras de la operación. Y
lo hizo como profesional del despacho EIUS Abogados, un puesto que
compatibiliza con su escaño en el Congreso de los Diputados.
En aquellas reuniones solían estar el entonces
presidente de la empresa, José María Ramírez Pomatta, el antiguo
vicepresidente, Luis Rodríguez Durón, y el secretario del consejo de
administración, Antonio López Taracena. Además, acudían los
representantes de Global Health y el propio Michavila. La consultora
quería encargarse del análisis de viabilidad, la financiación,
buscar economistas, técnicos y administrativos para desarrollar el
complejo.
Los responsables de la Mutua estaban dispuestos a
realizar una inversión muy fuerte, de 600 millones de euros, para
edificar un hospital, dos centros de investigación y una Universidad
sobre una superficie de 50 hectáreas, una megaciudad sanitaria
privada justo enfrente de la Ciudad Financiera del Santander,
también en Boadilla del Monte.
Sin embargo, tanto Ramírez Pomatta como el resto
de los directivos de la empresa consideraron innecesario contratar a
Global Health. E incluso entendieron desde el principio que su
contratación era una especie de comisión o peaje para conseguir el
proyecto, por lo que rechazaron de plano "pagar ni un céntimo". Tras
rechazar la intermediación de Global Health y Michavila, volvieron a
iniciar los trámites con el Ayuntamiento. Los directivos de la
aseguradora buscaron también otras ubicaciones. De hecho, el alcalde
de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, muy interesado en llevarse la
ciudad sanitaria a Madrid, ofreció unos terrenos en Valdebebas. Pero
como aquella superficie no tenía ni 19 hectáreas, menos de la mitad
de los terrenos de Boadilla, fue desechada.
Cuando los representantes de la Mutua volvieron
al Consistorio dirigido por González Panero, el alcalde les resaltó
el gran interés del Ayuntamiento, pero volvió a insistir en que era
conveniente hablarlo con la firma de abogados en la que trabaja
Michavila, como confirmaron personas conocedoras de la negociación.
Tanto Panero como Michavila negaron a este diario
esa indicación reiterada que salía del Consistorio. El primero la
calificó como "falsa". El diputado también lo negó y dijo que fue
Global Health quien se puso en contacto con la Mutua, y no él.
Además, añadió que cree que no ha hablado nunca del proyecto con
Panero. "He coincidido con él pocas veces, aunque es vecino mío",
añadió.
Ante la ralentización de los trámites
municipales, Ramírez Pomatta en persona pidió una entrevista a la
presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. A ella también acudió
el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela. En ese encuentro,
que se celebró en la Presidencia regional, Pomatta le contó a
Aguirre que el alcalde de Boadilla estaba poniendo muchas trabas y
que le había dicho que era mejor que contratara la realización de
los trabajos con el despacho del diputado. Aguirre llamó
inmediatamente y delante de todos a González Panero, según testigos,
le preguntó qué problemas había y le dijo que, si no había ninguno,
diera luz verde sin condiciones previas, porque era un asunto de
interés regional.
Tras esa llamada, las cosas parecieron
despejarse. La Mutua Madrileña necesitaba comprar el suelo y estaba
dispuesta a hacerlo por 70 millones de euros. El Ayuntamiento cambió
la calificación jurídica del terreno municipal para convertirlo en
patrimonial y facilitar los trámites. Sin embargo, a las pocas
semanas, volvieron a reproducirse las trabas que hacían inviable el
proyecto.
Durante el proceso, el propio Michavila telefoneó
a Ramírez Pomatta para intentar convencerle de que contratara a
Global Health. Sus gestiones fueron infructuosas. Definitivamente,
el proyecto fue desechado por la aseguradora madrileña en 2007, y
nunca salió adelante. La Presidencia de la Mutua cambió y la nueva
dirección no asumió como propia la idea.
En conversación con este diario, Michavila
admitió haber estado en reuniones con los responsables de la Mutua.
Pero negó que les pidiera seis millones de euros. Eso sí, consideró
probable que ésa fuera la cifra a la que ascendían los honorarios
exigidos por Global Health, un 1% de la inversión total. El ex
ministro añadió que, de esos seis millones, no habría salido la
minuta de su despacho. De haber cerrado la operación, habría cobrado
entre 15.000 y 20.000 euros, estimó. El diputado piensa que el
proyecto fracasó porque la Mutua "buscaba hacer un desarrollo
residencial anexo" y el Consistorio no quería aprobar "una operación
especulativa".
(www.elmundo.es,
23/02/09)
5. CORRUPCIÓN EN EL PP. MICHAVILA DEFENDIÓ AL
CONSISTORIO DE BOADILLA POR 100.000 EUROS
El Ayuntamiento de Boadilla, cuyo ex alcalde, el
recién dimisionario Arturo González Panero, es uno de los imputados
por el juez Garzón por el supuesto caso de corrupción encabezado por
Francisco Correa, adjudicó contratos al despacho de abogados que
asesora el ex ministro de Justicia del PP José María Michavila,
Eius, por valor de más de 100.000 euros para que defendiera al
Consistorio en, al menos, cinco causas. Todas ellas por asuntos de
contratación pública. El municipio cuenta con servicios jurídicos
propios.
Casi todos esos juicios en los que la defensa
corre a cargo del bufete de Michavila tienen que ver con el aumento
de sueldos a cargos de confianza, hasta de 30 personas, en el
gobierno municipal. Entre esos cargos figura Elena Cerezo, la mujer
del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Su sueldo
como asesora del alcalde pasó de 45.000 a 55.000 euros anuales en
mayo de 2008. "Lo grave no es que pagasen a gente de fuera dinero
teniendo ya unos funcionarios que se dedican a eso, sino que
contraten a amiguetes para defender ilegalidades", subraya Ángel
Galindo, concejal del partido Alternativa por Boadilla.
Uno de los miembros destacados del bufete
asesorado por Michavila insistió en que es "frecuentísimo" que los
ayuntamientos contraten algunos casos con despacho externos a causa
"del desbordamiento de sus propios servicios jurídicos", y recordó
que varias directivas europeas prevén "expresamente" esa situación.
También subrayó que la falta de concurso público en estos casos se
debe a la premura con que deben de atenderse las demandas, "20
días", y reivindicó su bufete recalcando que allí se encuentran "los
mayores especialistas de España en contratación pública".
El primero de los casos en los que Eius se hizo
cargo de la defensa municipal tiene que ver con una denuncia por
cesión supuestamente irregular de un palacete del siglo XVIII a la
Sociedad General de Autores. Una parte del caso ya concluyó. El
Consistorio de Boadilla ganó el juicio. Otra derivación del caso,
cuya fecha de inicio es de 2007, está en el Juzgado número 1 de
Madrid.
Los restantes procesos judiciales en los que
figura el despacho de Michavila, representado por uno de sus socios,
Alberto Dorrego (antiguo director general para la modernización de
la justicia en la etapa de Michavila como ministro), se refieren a
"la modificación de relación de puestos de trabajo en el
Ayuntamiento" o "a las retribuciones de los concejales con
dedicación exclusiva o parcial". También a la creación de hasta 30
cargos de confianza. Estos cargos se hicieron públicos en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid en junio de 2007.
(www.elpais.com,
25/02/09)
6. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
UN CONSEJERO DE AGUIRRE DENUNCIA NUEVOS 'DOSSIERS' SOBRE SU
PATRIMONIO
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior
de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha tenido que salir
al paso de nuevos dossiers que le involucran en negocios ilegales
con constructores. Alguno de los informes incluye fotografías de sus
propiedades. Granados quiere conocer al detalle el alcance del
seguimiento del que ha sido objeto y sus autores para decidir si
presenta una querella. Los dossiers vuelven a tener origen
desconocido, y el consejero se muestra tan inquieto como en su día
lo estuvo el vicepresidente Ignacio González, que denunció en los
juzgados el seguimiento del que fue objeto. González llegó a sugerir
que esos dossiers (que le atribuían trato de favor a empresarios)
podrían tener su origen en la propia Comunidad.
El primer dossier se refiere a la empresa DICO,
que vendió a Granados la vivienda en la que reside en Valdemoro,
municipio madrileño del que fue alcalde. El director financiero de
la empresa, despedido del puesto, se hizo eco del dossier y denunció
en Interviú la semana pasada que el consejero cobraba sobornos a
cambio de dar trato de favor a DICO. Granados lo niega y ha
formalizado un requerimiento notarial contra el directivo de DICO,
que, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico, se
ha desdicho de lo denunciado en Interviú.
El otro asunto que ha dado lugar a un nuevo
dossier tiene que ver con una historia antigua: la venta por parte
de Granados de una vivienda que había empezado a comprar en
Marbella. Se la vendió a un constructor de Valdemoro, David
Marjaliza, ex edil del PP y amigo del consejero. Granados ya explicó
los detalles de aquella operación de compraventa y mostró en su día
los certificados de la transacción que supuestamente demostraban que
no había ganado nada.
Por último, circula un tercer documento anónimo
que vincula a Granados con el constructor Marjaliza en una
adjudicación de suelo supuestamente amañada en otro municipio,
Parla, gobernado por el socialista Tomás Gómez cuando ocurrieron los
hechos. El dossier, que no ofrece pruebas, sugiere que la
adjudicación benefició a Marjaliza y, de forma indirecta, al
consejero Granados.
(www.elpais.com,
23/02/09)
7. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
EL PP IMPONE EL BLOQUEO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El PP es, según sus dirigentes nacionales y
madrileños, "el principal interesado" en que se descubra la verdad
sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de
Madrid. Pero es también el partido que está bloqueando de facto la
comisión de investigación creada en el Parlamento autónomo para
desentrañar el caso. La comisión entra en su tercera semana y aún no
tiene calendario de sesiones, porque el Grupo Popular está
retrasando lo máximo posible el plazo para presentar su lista de
comparecientes y, además, ha negado a la oposición más de la mitad
de la documentación reclamada. A este ritmo, lo más probable es que
los interrogatorios a los implicados -víctimas o presuntos
responsables de los seguimientos- no empiecen hasta pasadas las
elecciones vascas y gallegas del 1 de marzo, en las que el PP se
juega mucho.
- Retraso en las comparecencias. Según las normas
pactadas por los tres grupos, éstos pueden solicitar comparecencias
hasta cinco días después de recibir la documentación del caso (que
podría empezar a llegar esta semana). PSOE e IU no han apurado ese
plazo: presentaron su lista de comparecientes el día en que se
constituyó la comisión, el 6 de febrero. Pero el PP aún no ha dicho
esta boca es mía, y eso tiene bloqueadas las sesiones.
- Veto a las personas. Socialistas e IU pidieron
la comparecencia de 37 personas con nombres y apellidos, y el PP ya
les ha tumbado 13. Entre ellas, las de Mariano Rajoy, el ex tesorero
y los actuales tesoreros del PP y varios empresarios relacionados
con adjudicaciones sospechosas del Gobierno regional.
- Criba en la documentación. El principal palo en
la rueda que han puesto los populares tiene que ver con la
documentación del caso. El PP, haciendo uso de su mayoría absoluta
en la Asamblea de Madrid, ha rechazado más de la mitad de las
solicitudes de PSOE e IU, incluidos documentos fundamentales para
investigar. Así: el Gobierno de Esperanza Aguirre no entregará a la
comisión la "relación nominativa de todo el personal relacionado con
el ámbito de la seguridad" en la Comunidad, ni el "organigrama del
gabinete y relación de personal de confianza" de la Consejería de
Interior, ni los informes internos sobre el asalto a un despacho
ajeno por parte de Sergio Gamón, ex director general de Seguridad.
Tampoco dará documentación sobre facturas de móviles, material
fotográfico o vales de gasolina autorizados por la consejería a sus
empleados, que PSOE e IU reclamaban para seguir el rastro de los
autores del espionaje.
(www.elpais.com,
23/02/09)
8. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
GAMÓN, EL 'TORRENTE' DE AGUIRRE
La primera consecuencia práctica de los casos de
espionaje en la Comunidad de Madrid es que el contribuyente ha
descubierto que, desde hace siete meses, en el Gobierno regional hay
un alto cargo que no tiene despacho, ni competencias, ni personal a
sus órdenes y cobra un sueldo como el del presidente del Gobierno.
"Por aquí no viene casi nunca, pero le cogemos los recados", dicen
en la Dirección de Área de Seguridad, en un edificio de la calle
Gobelas, a las afueras de Madrid.
Se refieren a Manuel Sergio Gamón Serrano, el
director de Área. Su cargo depende directamente del consejero de
Presidencia, Justicia e Interior. La sede de la Consejería está en
la Puerta del Sol. "Ese señor no está aquí, no hay ningún despacho
de nadie que se llame Gamón", dicen en la centralita. Es un cargo
virtual, pero su sueldo es real: 91.657 euros al año.
Sergio Gamón es inspector de policía. También
militante del PP. La carrera de Sergio Gamón acabó abruptamente un
27 de junio de 2008. Al mando de un grupo de policías, irrumpió en
el Campus de la Justicia, cerró a las bravas un despacho y robó un
ordenador, supuestamente con información comprometida, según los
testigos. El despacho era de Juan Carlos Fernández, segundo del
consejero de Interior, Alfredo Prada. Prada había sido destituido un
día antes, tras alinearse con Mariano Rajoy en la lucha sorda por el
poder en el PP que se libró en aquellos meses. No pasó mucho tiempo
antes de que se descubriera la autoría de Gamón, nada menos que el
director general de Seguridad, que estaba a las órdenes de Prada
hasta el día antes. ¿Un alto cargo de Aguirre espiando a otro? La
insostenible situación se resolvió destituyendo a Gamón el 17 de
julio. Judicialmente, el caso fue sobreseído porque no hay
grabaciones en vídeo del asalto al despacho, a pesar de los
testigos.
Además, poco antes se habían producido los
seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y a Alfredo
Prada. Los informes de los espías fueron publicados el pasado enero.
Un informe caligráfico encargado por el periódico demuestra que en
los escritos participó un policía a las órdenes de Gamón. En uno de
los informes, para mayor evidencia, los espías anotan: "Llega
nuestro director, Sergio".
Cómo llegó este policía, zamorano de 49 años, a
situarse en el centro de un escándalo de espionaje político es una
historia de lealtades de toda una vida. Cuando se pregunta a los que
lo han tratado a lo largo de 27 años de carrera policial, la mayoría
no se sorprende. Agresivo, serio, irritable, chulo, estricto, no
ahorran calificativos. Es un policía "tipo Torrente", resume
gráficamente un funcionario cercano a él. Es sorprendente la
cantidad de policías que suscriben esta descripción.
Gamón es guardaespaldas. A la vista del
currículum, debe de ser un escolta de primer nivel, a pesar de los
recelos que despierta en algunos de sus antiguos mandos. La primera
referencia de su carrera como escolta se encuentra en 1987 en la
Casa del Rey.
Tras ascender a subinspector de policía, perdió
ese destino. Ahí empieza su relación con Esperanza Aguirre, la mujer
que lo ha llevado de la mano hasta el centro del escándalo. Aguirre
se lo lleva de jefe de su escolta en el Ministerio de Educación y
Cultura, entre 1996 y 1999. Paralelamente, hay una larga relación
personal previa que confirman fuentes del Senado, de la Comunidad y
políticos de Fuenlabrada, donde vive Gamón. Esa relación, casi
familiar entre la familia de Gamón y la de Aguirre, forja una gran
fidelidad.
Cuando Esperanza Aguirre fue designada presidenta
del Senado, en febrero de 1999, nombró secretarias de su gabinete a
María José Moreno, su secretaria de toda la vida, a Isabel González,
hermana de Ignacio González (hoy diputada autonómica) y a Yolanda
Laviana, la esposa de Sergio Gamón. Para Laviana, entrar a trabajar
en el Senado fue "un impulso económico muy importante", según una
persona que trabajaba en el círculo más cercano a Aguirre en ese
tiempo. Estuvo allí todo el tiempo que Aguirre fue presidenta.
Cuando ganó la Presidencia de la Comunidad, la esposa de Gamón pasó
a ser secretaria del director de Telemadrid.
En el despacho de al lado de la presidenta del
Senado y sus secretarias, el marido de Laviana coordinaba la
escolta. Gamón se llevó para este trabajo a su propio equipo,
formado en el ministerio, y no hizo precisamente muchos amigos entre
los policías del Senado.En el Senado estuvo desde febrero de 1999
hasta octubre de 2000. En esas fechas hizo el curso para inspector.
Ya como inspector, a finales de 2002 Gamón pasó a depender de la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en la Unidad de
Protección, dando servicio de escolta a altos cargos y testigos
protegidos. Luego coordinó escoltas de altos cargos.
El 18 de diciembre de 2004 cesó de todos los
servicios y pasó a depender de la comisaría especial de La Moncloa.
Su último destino en la protección de altos cargos sería con la
vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
En mayo de 2006, Aguirre le hace una oferta de
las que resuelven una vida: ser director general de Seguridad,
dependiente del consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. Se
conocían perfectamente. Prada y Aguirre eran uña y carne en el
Senado, donde él era vicepresidente. Tras 25 años de policía, Gamón
se mete en política para asombro de políticos y policías, que no se
explican que un inspector pueda ser director general. Pasó a tener
un nivel 30 de la Administración, cuando un comisario puede aspirar
a un nivel 26. De hecho, el actual responsable de ese puesto tras
Gamón es nada menos que un ex jefe superior de policía, Enrique
Barón. Gamón pasó de guardaespaldas a alto cargo político de un día
para otro.
Por aquel entonces, su hija, María del Carmen
Gamón, ya es concejal de PP en Fuenlabrada, la ciudad del sur de
Madrid donde vive toda la familia. "Me dijo Aguirre en persona que
tenía que meterla en la lista" en 2003, asegura Juan Barranco, que
entonces era el líder del PP en Fuenlabrada. Barranco cayó en
desgracia a mediados de 2006 y acabó fuera del PP. Carmen Gamón "se
refería a Esperanza Aguirre como 'mi madrina", asegura Barranco. "
El encargo de Sergio Gamón en su primer puesto
político es coordinar el proyecto de las Bescam. Puesto en marcha
por Prada, consiste en que la Comunidad subvenciona a los municipios
plazas de policía local con la condición de que se dediquen a tareas
de seguridad ciudadana. En esas reuniones está José Francisco Cano,
secretario general de Unijepol, la asociación de jefes de policía
local. "La actitud era de total falta de respeto a la policía local
y a los alcaldes", recuerda Cano, con quien llegó a tener un
enfrentamiento, con apertura de expediente incluido, por cómo
utilizaba a las Bescam en Fuenlabrada. Unijepol emitió "comunicados
durísimos" contra Gamón. Cano define así a Gamón: "Cero capacidad
política". Es guardaespaldas, seguramente bueno, no un director
general de nada.
Sorprendentemente, todos los que hablan así de
Gamón tenían una relación excelente con Alfredo Prada, su superior.
Gamón llegó a menospreciar a Prada en público, y se reía cuando le
mencionaban los acuerdos a los que el consejero había llegado con
los municipios dentro del proyecto Bescam, recuerda un alcalde.
Tras 25 años de carrera policial y dos en la
política, Gamón tiene que salir huyendo tras revelarse como un
espía. En mayo de 2008, Aguirre remodela medio Gobierno y le busca a
su íntimo amigo un puesto virtual sin competencias, sin personal y
sin presupuesto. Lo único que puede aportar es información: quién le
ordenó supuestamente los seguimientos, para quién eran los dossiers,
qué se llevó del despacho de Prada, archienemigo suyo y de Aguirre.
Gamón está en situación de servicios especiales en el Cuerpo
Nacional de Policía. Cuando quiera, puede pedir el reingreso en su
anterior destino, la comisaría de La Moncloa.
(www.elpais.com,
23/02/09)
9. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
EL PP NO QUIERE OÍR A LAS VÍCTIMAS EN LA COMISIÓN SOBRE LOS ESPÍAS
DE MADRID
Los presuntos seguimientos a políticos del PP en
la Comunidad de Madrid se produjeron entre marzo y junio de 2008,
según consta en los partes del espionaje. Pero el PP cree que para
aclarar quién los ordenó y con qué fines es muy relevante lo que
tenga que decir un político del PSOE que dejó el Gobierno autonómico
en 1995: Virgilio Cano, consejero de Gobernación con Joaquín
Leguina. Él figura en la lista de 12 comparecientes para la comisión
de investigación que por fin presentó el portavoz popular en la
Asamblea de Madrid, David Pérez. Una lista en la que no están las
víctimas de los seguimientos: el vicealcalde Manuel Cobo, el ex
consejero Alfredo Prada y, de forma colateral, la diputada regional
Carmen Rodríguez Flores y el que fue segundo de Prada, Juan Carlos
Fernández.
"Llamamos a quienes pueden contribuir a
esclarecer si hubo espionajes; nosotros estamos convencidos de que
no los hubo", explicó Pérez. Ignacio González -que fue sometido a
seguimiento durante un viaje a Colombia- ha sido incluido en la
lista "pero en su calidad de vicepresidente". Cobo, Prada y las
otras víctimas sí han sido llamadas por PSOE e IU.
El PP llama a Virgilio Cano por lo mismo que a
Carlos Mayor Oreja (ex consejero de Justicia con Ruiz-Gallardón):
porque tuvo "competencias en materia de seguridad" y puede ayudar a
"trazar el escenario correcto" y llegar "al fondo de la cuestión".
Además, en la lista de los populares figuran el consejero de
Interior, Francisco Granados; su viceconsejero, Alejandro Halffter;
la secretaria técnica Mar Pérez; el director general de Seguridad,
Enrique Barón; los responsables de seguridad Sergio Gamón, Miguel
Castaño y Marcos Peña; el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de
Madrid, Pedro Calvo; y un alto cargo de éste, Juan Carlos Durán.
Por otro lado, Ignacio González compareció ante
la comisión de Vigilancia de las Contrataciones para responder a las
acusaciones vertidas contra él por tres supuestas adjudicaciones
irregulares. Dos de los contratos se adjudicaron a una empresa cuyo
dueño viajó con González en 2008 a Johannesburgo, algo que él ni
mencionó. "Aquí se habla del contenido de los contratos, y éstos son
impecables", zanjó. Sobre el tercer contrato, adjudicado a una
empresa cuyo dueño era socio de familiares de González, negó
cualquier irregularidad: "¿Hay familiares míos entre los
adjudicatarios? No. Jamás he adjudicado nada a un familiar".
(www.elpais.com,
26/02/09)
10. ADJUDICACIONES BAJO SOSPECHA. LA ASAMBLEA DE
MADRID EXAMINA LAS CONCESIONES DE GONZÁLEZ
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y
persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre comparece hoy en la
Asamblea para explicar tres adjudicaciones suyas que están bajo
sospecha . A la vista de cómo está actuando el PP en la comisión de
investigación, donde ha censurado de forma reiterada las peticiones
de PSOE e IU, ambos partidos temen que Ignacio González no aporte
ninguna información relevante. Si sus temores se confirman, al menos
IU reclamará su dimisión.
El caso que mayores sospechas acumula es la
transformación de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel
II –empresa pública que preside González– en una zona deportiva con
campo de golf incluido. La explotación del recinto fue adjudicada, a
finales de 2006, a un consorcio formado por las empresas Iridium
(Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. El dueño de esta última era
José Antonio Clemente, quien seis meses antes se había convertido en
socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado de
vicepresidente. Clemente, González y Caballero habían creado la
firma Tamanaco 07 Consulting, el 21 de junio de 2006, precisamente
para dedicarse a explotar instalaciones deportivas. El domicilio
social de Tecnoconcret y de Tamanaco 07 Consulting es, además, el
mismo.
Pero no sólo está bajo sospecha la concesión para
explotar las instalaciones deportivas del Canal, sino también la
fase previa de construcción. El Canal adjudicó las obras al Grupo
ACS, que a su vez subcontrató parte de los trabajos con la sociedad
Only Golf. Y los promotores de proyectos de Only Golf eran
precisamente Clemente y Caballero.
Y hay más. El Canal de Isabel II sostiene que, a
principios de 2008, el Grupo ACS le compró sus acciones a
Tecnoconcret. Ello plantea una pregunta evidente: ¿por qué formó
parte del consorcio una empresa que pocos meses después vendió sus
acciones? El círculo de la sospecha se cerró el 10 de noviembre de
2008, cuando el hermano y el cuñado del vicepresidente se
convirtieron en accionistas de Tecnoconcret, cada uno con un
porcentaje por encima del 30% del capital.
En resumen, ACS recibe primero una adjudicación
pública y subcontrata para las obras a una empresa vinculada a la
familia de González. Después, ACS recibe también la explotación de
las instalaciones deportivas, pero en un consorcio junto a otra
sociedad vinculada a la familia de González. Y, por último, ACS
facilita a esta última empresa un pelotazo al comprarle sus
acciones.
Ignacio González también hablará en la Asamblea
sobre las adjudicaciones del Canal a las sociedades Segurisa y
Saminsa, cuyo dueño es Enrique Sánchez. El vicepresidente viajó con
este empresario a Suráfrica y, según un dossier, fue Sánchez quien
corrió con los gastos de la expedición. González mintió inicialmente
al asegurar que nunca había adjudicado nada a las empresas de
Sánchez.
(www.publico.es,
25/02/09)
11. ADJUDICACIONES BAJO SOSPECHA. LAS 11
CUESTIONES QUE GONZÁLEZ DEBE ACLARAR
1. ¿Es José Antonio Clemente socio desde junio de
2006 de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan
Caballero) del vicepresidente?
2. ¿Conoce Ignacio González a Clemente?
3. ¿Participaron las empresas Only Golf y
Tecnoconcret en las obras del campo de golf del Canal?
4. ¿Eran Clemente y Caballero promotores de
proyectos en la empresa Only Golf?
5. ¿Por qué adjudicó González la explotación de
las instalaciones del Canal a Tecnoconcret, empresa del socio de su
hermano y de su cuñado?
6. ¿Por qué no se abstuvo González en el consejo
del Canal que decidió dicha adjudicación?
7. ¿Por qué no informó en el consejo sobre los
vínculos entre Clemente y su familia?
8. ¿Autorizó el Canal que Tecnoconcret vendiera
sus acciones al Grupo ACS pocos meses después de recibir la
concesión?
9. ¿Para qué se le dio entonces la concesión a
Tecnoconcret?
10. ¿Cuál fue el precio pagado por ACS?
11. ¿Son el hermano y el cuñado de González los
actuales socios mayoritarios de Tecnoconcret?
(www.publico.es,
25/02/09)
12. ADJUDICACIONES BAJO SOSPECHA.GONZÁLEZ OCULTA
A LA ASAMBLEA DATOS CLAVE DE SUS CONCESIONES
Fueron cuatro horas de comparecencia del
vicepresidente madrileño, Ignacio González, en la Comisión de
Vigilancia de las Contrataciones Públicas de la Cámara regional.
Cuatro horas en las que PSOE e IU intentaron desentrañar las
concesiones sospechosas que ha hecho como presidente del Canal de
Isabel II. Cuatro horas en las que evitó explicar por qué empresas
vinculadas a familiares suyos han resultado beneficiadas. Se
defendió recalcando que los contratos firmados por el Canal son
"impecables", que se ajustan "escrupulosamente a la legalidad, con
total transparencia y objetividad".
De todos, el caso que más dudas plantea es la
mutación de los antiguos depósitos del Canal en un campo de golf.
Quien se llevó la explotación y gestión de las instalaciones fue
Green Canal Golf, una Unión Temporal de Empresas formada por Iridium
(Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. Esta última era propiedad de
José Antonio Clemente, socio del hermano del vicepresidente (Pablo
González) y de un cuñado (José Juan Caballero) en otra compañía,
Tamanaco 07 Consulting. "No hay ni una sola empresa, ni ahora, ni
antes, ni durante, que haya tenido nada que ver con la
Administración en la que estén familiares míos", recalcó. El
vicepresidente no desmintió ninguno de los datos desvelados por
Público.
El vicepresidente puso el acento en dos puntos.
Uno, que Green Canal Golf era la segunda empresa de las que
compitieron en concurso con mejor oferta económica: proponía un
canon de 3,2 millones, frente a los 1,5 millones de la licitación.
"Es la empresa la que paga el canon, no al revés". La sociedad que
ofertó un canon mayor fue descartada "por poca solvencia".
Segundo punto de defensa: que en enero de 2008
Tecnoconcret vendió todas sus acciones a Iridium, que pasó a ser la
dueña del 100% de Green Canal. No aludió a que el pasado noviembre,
en una ampliación de capital, se hicieron con la mayoría de
Tecnoconcret su hermano y su cuñado. Tampoco que Clemente y
Caballero ya aparecían en 2006 como promotores del proyecto del
campo de golf en la fase de construcción del mismo. González debía
dar cuentas de la concesión de contratos de limpieza y seguridad a
Saminsa y Segurisa. Pero soslayó el ataque de PSOE e IU: por qué
viajó a Suráfrica en 2008 con el propietario de ambas compañías,
Enrique Sánchez, viaje en el que los dos fueron presuntamente
espiados.
La oposición quedó indignada. "No ha respondido a
lo que le planteamos, tira balones fuera", dijo Livia Castillo
(PSOE). Reyes Montiel, de IU, exigió su dimisión.
(www.publico.es,
26/02/09)
13. LOS LUJOSOS GUSTOS DE GRANADOS. UNA PROMOTORA
LEVANTA UNA MANSIÓN A
Estos son los hechos: una promotora inmobiliaria
construye desde 2006 en Valdemoro (58.623 habitantes) una casa de
lujo de 1.000 metros sobre seis parcelas donde el Plan General
permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros. ¿Para quién se
levanta una mansión de esas características, diseñada a medida y
mucho más difícil de vender en el mercado libre que seis pareados,
con o sin boom inmobiliario?
Oficialmente, es un misterio. Pero se sabe que
Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados, el número
tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre, "encargó" el proyecto con
la idea de comprar la casa. Y se sabe que, tres años después y
pese a que la compra nunca llegó a "materializarse", Nieves Alarcón
visita asiduamente la obra porque la pareja sigue "interesada" en la
vivienda, tanto que sus constructores le han dado incluso la opción
de elegir "los suelos de mármol".
Los entrecomillados pertenecen a las
declaraciones efectuadas el pasado jueves a Público por Francisco
Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid,
secretario general del PP en la Comunidad y alcalde de Valdemoro
entre 1999 y 2003. Y la inmobiliaria que en 2006 obtuvo la licencia
de obras forma parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con
intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche
Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón.
Granados ofrece una explicación insólita: el
proyecto para la vivienda fue encargado por su mujer en torno al
otoño de 2006 tras el incendio del citado Mini Cooper y sin
que mediara título de compra al grupo Obras y Vías. Por ese motivo,
Nieves Alarcón "puede aparecer" en el expediente de la licencia. ¿En
calidad de qué?: "Como la que se va a hacer la casa", respondió el
consejero. ¿Y por qué actúa como propietaria, dando indicaciones a
los responsables de la obra? "Será la propietaria cuando la
compremos [la casa], si la compramos", espeta.
"Nos hicieron unos bocetos e incluso se encargó
un proyecto con lo que íbamos a construir pero luego, como dijimos
que no queríamos la casa, pues se quedó Obras y Vías con él. Supongo
que eso estará a nombre de Obras y Vías", explica.
Sin haber abonado un euro a la promotora
inmobiliaria, Nieves Alarcón suele visitar el inmueble -"la citan
los martes", dice su marido- para abordar la marcha de las obras,
según fuentes conocedoras del proyecto. Granados rebaja esa
afirmación aunque admite que su mujer ha acudido allí "ocho o diez
veces" en seis meses. Y que los promotores siguen algunas de sus
indicaciones por si, finalmente, el matrimonio se decide a comprar.
"Una cosa es que uno pretenda comprar una cosa y que diga: pues a mí
me gustaría que pusiera esto así y esto asao. Y otra cosa es dónde,
por decirlo claramente, dónde está ahí la corrupción o el
escándalo". Pero la vivienda, remacha el también presidente local
del PP en Valdemoro, no es suya. "Yo no me voy a ir a una casa que
esté a nombre de otro, ni la constructora está por ser mi
testaferro", argumenta.
Según Granados, en 2008 su mujer vio que la obra
estaba "medio parada", se dijo "pues igual la venden", preguntó y
comenzó a acudir los martes. Las fuentes consultadas por este
periódico sostienen que, en efecto, las obras se ralentizaron, pero
sólo por un error técnico: al alzar los tabiques no se dejó el hueco
necesario para la compleja red de canalización eléctrica -es
domótica- y de climatización. Granados, que ha visitado "un par de
veces" el inmueble, niega saber si el sótano dispondrá no sólo de
garaje -"para tres plazas", afirma- sino también de piscina,
gimnasio, bodega, dos salones de juego, cuarto de servicio y
lavadero. Un ascensor de cristal enlazará las tres plantas,
cuentan quienes conocen el proyecto.
El dirigente conservador asegura que no llegó a
comprar porque, en 2006, Obras y Vías le pidió un millón de euros
por ejecutar el proyecto. La vivienda consta de dos pisos con
terraza voladiza más sótano habitable a razón de unos 300 metros por
planta, lo que significa que, en aquel momento de precios
disparados, Granados habría tenido que pagar, según su versión, sólo
1.000 euros por metro cuadrado construido. El cuarto trimestre de
2006, el precio medio en España se situó en 1.958 euros por metro.
Proyectada sobre una superficie de 1.721 metros y
abalconada sobre un parque público, la vivienda se construye
en la calle Chequia con la licencia lograda en febrero de 2006 por
la empresa Vicfidem Proyectos SL. Esa promotora es una de las
múltiples filiales de Obras y Vías SA, que en 2007 facturó 79,1
millones de euros. Ambas sociedades tienen como presidente a Ramiro
Cid Sicluna.
El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el
proyecto de ejecución en 559.105 €, cifra que no incluye el precio
del suelo. Y ese precio constituye otra incógnita.
Aunque Granados reitera que se decidió al fin a comprar un chalé
adosado, aún quiere la mansión, dice. Si vende los dos pisos que la
pareja posee y tiene ya "pagados", lo hará. Y si puede vender
su tercera propiedad, el adosado "con hipoteca" donde ahora
reside -"costó 80 millones [de pesetas] y me dan 50"- , también se
desprenderá de él. "Antes de entrar en política -aduce el
consejero-, yo trabajaba en Bolsa y gané bastante dinero". Su mujer
es profesora.
A tenor de sus palabras, también la promotora
está interesada en que los Granados formalicen la compra: "Alguna
vez me han preguntado [la promotora]: oye, te damos facilidad y nos
quedamos con los pisos. No, no, yo no quiero dar pisos de entrada a
ninguna constructora, no quiero líos, yo si vendo los pisos doy una
entrada… si tengo dinero".
Según Granados, el terreno cambió de manos antes
de que comenzaran las obras. Y su actual propietaria es una
constructora cuyo nombre ignora y al frente de la cual se sitúa un
tal "Consuelo" cuyos apellidos también desconoce, pese a que su
mujer se ha entrevistado con él en la obra "ocho o diez veces" . Y
pese, también, a que, según Granados, les pide ahora 1,2 millones
por la casa.
En realidad, la transacción fue parcial y se
produjo en mayo del año pasado, cuando los trabajos ya estaban
avanzados. Ese mes, las empresas Taller de Arquitectura y Gestión de
Obra SL -cuyo administrador único es el aparejador Consuelo Astasio-
y Conde Guedan SL adquirieron mancomunadamente cuatro de las seis
parcelas. Vicfidem conservó las otras dos. Granados habló con
Público dos días después de que, el martes pasado, Nieves Alarcón
fuese fotografiada a su llegada a la mansión.
(www.publico.es,
23/02/09)
14. LOS LUJOSOS GUSTOS DE GRANADOS. LAS FECHAS NO
CUADRAN
Granados sostiene que la primera conversación con
Obras y Vías sobre la posibilidad de construir una casa en la calle
Chequia cuando alguien prendió fuego al Mini Cooper en el garaje de
la vivienda donde entonces residía la familia, en la calle Guardia
Civil de Valdemoro. Pero ese incendio, nunca esclarecido y que
destapó la verdadera identidad del titular del vehículo -Grandes
Locales de Negocio, filial de Obras y Vías-, se produjo el 23 de
octubre de 2006.
Pero en fecha, Vicfidem, filial de Obras y Vías,
ya tenía la licencia de obras de la mansión. La junta de gobierno
del ayuntamiento de Valdemoro la había otorgado el 16 de febrero. Y
la solicitud se registró el 27 de diciembre de 2005. Es más, según
el arquitecto municipal de Valdemoro, el proyecto básico data del 14
de junio de 2005. Y el de ejecución, de noviembre de 2006. Llevan la
firma del arquitecto Carlos de Rojas, con quien Público no ha
logrado contactar.
Según Granados, fue el incendio lo que decidió a
la pareja a buscar suelo para hacerse una casa. Eligieron El
Caracol, una zona de expansión donde Obras y Vías poseía, dice el
consejero, la mayor parte del terreno. El viernes, el arquitecto
municipal de Valdemoro, José Luis Navarro, mostró a este periódico
varios documentos del expediente, pero no el proyecto básico ni el
de ejecución, donde, teóricamente, debe constar no sólo quién pide
la licencia sino por encargo de quién se promueve la obra. Navarro
invocó la Ley de Protección de Datos.
Tanto él como la letrada de Urbanismo
afirmaron que el nombre de Nieves Alarcón no consta en el expediente
urbanístico de la casa de la calle Chequia. Fuentes conocedoras de
ese expediente sostienen que, al menos en el verano de 2006, sí
figuraba.
El arquitecto Navarro confirmó que desde febrero
de 2006 no se ha notificado ningún cambio en la titularidad de la
licencia, ni en el proyecto de obras, ni en la dirección
facultativa. Cualquier cambio en la titularidad o en el proyecto,
precisó el alto funcionario municipal, resulta de notificación
obligatoria al ayuntamiento. Granados había asegurado que el
proyecto definitivo difiere del que encargó su mujer aunque "la
estructura básica" coincide.
Respecto al vehículo quemado, el consejero
mantiene que Tráfico no había tramitado la transferencia. En octubre
de 2006.
(www.publico.es,
23/02/09)
15. LOS LUJOSOS GUSTOS DE GRANADOS. EL CONSEJERO
DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR RESPONDE QUE TIENE BIENES POR UN
VALOR TOTAL DE 348.000 EUROS Y UNA HIPOTECA DE 450.000
Granados, según aclara, no tiene nada que ver con
la mansión que una constructora le está haciendo en Valdermoro. Por
cierto la misma empresa que en 2006 tenía a su nombre el mini de su
mujer. Entonces lo justificó porque no le había dado tiempo a
resolver el papeleo. Poco después de que el Grupo Socialista en la
Asamblea de Madrid le diera un ultimátum de 48 horas para que
hiciera público su patrimonio, el consejero de Presidencia, Justicia
e Interior de la Comunidad de Madrid ha remitido a los portavoces de
la oposición un informe en el que explica que tiene una hipoteca por
un valor de 450.000 euros, de la que restan por pagar 330.000 euros,
correspondiente a su domicilio en Valdemoro. El documento informa,
además, del resto de sus bienes y cuándo los ha comprado, así como
que todas las adquisiciones que ha realizado en los últimos 18 años
tienen un valor total de 348.000 euros.
Con ello, Granados pretende demostrar que no
tiene "nada que ocultar", según han explicado fuentes de la
Consejería.
El grupo socialista en la Asamblea de Madrid
había pedido esta mañana la lista de sus bienes. De no hacerlo en 48
horas, había amenazado con hacer uso de su derecho reglamentario, a
través de la Comisión del Estatuto del Diputado o por otras vías
legales, para acceder a la copia de su declaración del IRPF y de
bienes".El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Adolfo Navarro,
exigió a Esperanza Aguirre el cese de Francisco Granados por
estar políticamente incapacitado para seguir ejerciendo el cargo
"por el aluvión de indicios sobre su implicación en la trama de
espionaje y la trama corrupta fraguada en los aledaños o dentro del
PP de Madrid".
"Hemos tenido conocimiento de que el señor
Granados, además de poseer un patrimonio inmobiliario importante, se
está construyendo el equivalente a una fortaleza medieval. La
impresión es que se está haciendo el castillo de un señor feudal que
desde la colina mira a los súbditos de Valdemoro. Esto dice mucho de
la ética de Francisco Granados", concluyó el portavoz socialista.
(www.elplural.com,
24/02/09)
16. ELNEPOTISMO LE MOLA A GRANADOS. ALUVIÓN DE
CONTRATOS A FAMILIARES EN VALDEMORO
Hijo, primo, cuñado, tío, hermano, sobrino,
esposa o madre. Esa es la relación de parentesco que hay entre
ediles y ex ediles del PP en de Valdemoro (58.623 habitantes) y 19
trabajadores municipales a los que, según la Inspección de Trabajo,
se otorgó contratos temporales incumpliendo las normas laborales. En
algunos casos, los contratos se encadenaron hasta convertirse en
indefinidos.
De los 20 contratos de familiares que denunció el
PSOE ante la Inspección, nueve corresponden a la etapa de Granados
como alcalde. Los restantes se suscribieron cuando José Miguel
Moreno, hombre fuerte del hoy consejero, ya había accedido a la
alcaldía, a finales de 2003.
En la lista figuran dos primos de la mujer de
Granados, según el PSOE, cuya relación de contratos indica que se
lleva la palma el anterior edil de Urbanismo, Juan Carlos
Bravo-Burguillos: cinco parientes en el Ayuntamiento, entre ellos,
su esposa. La cuñada del actual regidor, casada con un alto cargo de
la Comunidad, también aparece. El PSOE ya han planteado una moción
en la que exigen responsabilidades políticas. La Inspección subraya
que en la mayoría de los casos el Ayuntamiento "violó" el precepto
del Estatuto de los Trabajadores que prohíbe la contratación
temporal para tareas ordinarias. Una portavoz del Consistorio dijo
que no poseía datos suficientes sobre el asunto.
(www.publico.es,
25/02/09)
17. MUÑECOS ROTOS DEL PP MADRILEÑO. LA CAÍDA DEL
NIÑO MIMADO DE AGUIRRE
Hay políticos que pasan por los cargos como la
luz por el cristal: sin manchar ni romper. No es el caso de Alberto
López Viejo, que siempre deja rastro visible, ruido de vidrios rotos
y escándalo. Nunca se le ha demostrado nada, pero ha hecho siempre
ruido. Ahora puede acabar imputado por la presunta trama de
corrupción destapada por Baltasar Garzón, y ha tenido que dimitir
como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Es la pieza de
más peso político que se ha cobrado el escándalo, hasta ahora.
Con sólo 40 años, su trayectoria está cargada de
acusaciones e historias oscuras. Desde su etapa al frente de la
Concejalía de Limpieza de Madrid, entre 1999 y 2003, cuando fue
señalado por el interventor del Ayuntamiento por irregularidades en
las contrataciones, con adjudicaciones a dedo y superposición de
contratos. En esa época fue acusado de imponer a los proveedores la
compra de vehículos Toyota para favorecer a un concesionario y de
forzar la adquisición de muebles en Equipamiento Integral de
Oficinas, la tienda de su padre, Fernando López Paredes. Se llegó a
escribir que compró con dinero público las flores para su boda.
Y volvió a salir su nombre en la Operación
Guateque. Se dijo que su esposa, Teresa Gabarra, había sido
presuntamente beneficiada por el Ayuntamiento de la capital en los
restaurantes de su propiedad: La Hacienda Argentina, La Trattoria
Romana, Cañas y Tapas y Ribs, explotadas a través de la sociedad
Bares de Barrio. También salió indemne.
Todo ese historial hace que en el PP se le haya
visto siempre como una bomba de relojería andante. Pese a todo y
para sorpresa de muchos, Esperanza Aguirre lo rehabilitó en 2003. Le
hizo número seis de su candidatura y puso en sus manos la campaña
electoral. Luego le nombró viceconsejero de Presidencia -aunque su
relación con Ignacio González es manifiestamente mejorable- y en
esta legislatura creó para él la cómoda Consejería de Deportes. Le
regaló una nueva vida política.
¿Por qué Aguirre le rescató con ese historial
cargado de borrones? El entorno de la presidenta ofrece una
explicación más humana que política. Aseguran que le conoce desde
que coincidieron en el Ayuntamiento y que, literalmente, le tiene
"cariño maternal". Adora de él, dicen, "su buen humor, su capacidad
para crear buen rollo" y su efectividad en la labor que se le
encomienda.
La prueba es que en el mitin de cierre de la
última campaña autonómica, Aguirre mencionó expresamente a dos
personas para agradecerles su labor y una de ellas era López Viejo.
La presidenta siempre se ha distinguido por acoger a miembros de
todos los sectores del partido; tanto que, tras la debacle electoral
de 2004, a la Comunidad de Madrid se le conocía en el PP como "el
hospital de campaña". Pero con López Viejo influye más el trato
humano que cualquier otra cosa. De su faceta de organizador de actos
electorales de Aguirre, un diputado del PP recuerda la soltura con
que López Viejo colocaba a cada uno en las primeras filas y la
autoridad con que levantaba a quien le estorbaba.
Cuando en el PP se pregunta de quién es López
Viejo, la única respuesta es: "Sólo de Esperanza". Ahora Aguirre se
ha visto obligada a sacrificar a su protegido. Hace 12 días, el
entonces consejero no debía tener la conciencia tranquila, porque
apenas se desató la operación de Garzón, llamó a la presidenta y le
dijo que dimitía. Le aseguró que su consejería no había contratado
con Special Events, la empresa matriz de Francisco Correa, y que se
iba para facilitar la situación. No le contó a Aguirre que sí
contrató con otras sociedades de la trama, hasta el punto de que el
consejero de Hacienda, Antonio Beteta, lleva desde entonces
revisando contratos y desenmarañando la complicada madeja que ha
dejado el ex consejero. Y no está siendo fácil.
López Viejo es pieza clave en este caso, entre
los tres ángulos que forman el PP, los empresarios imputados y las
administraciones públicas salpicadas. Todos con vinculaciones
estrechas a lo que fue el aznarismo. Al PP llegó como secretario de
estudios de Nuevas Generaciones cuando la presidía Pedro Calvo, hoy
concejal en Madrid. Las relaciones entre ambos terminaron siendo muy
malas y López Viejo pasó a organizar actos del PP de Madrid. Luego,
Juan Carlos Vera, eficaz miembro del aparato de Génova, le integró
en un equipo del PP nacional que organizaba los actos de Aznar, con
Alfonso Bosch (otro diputado madrileño también presuntamente
implicado en la trama), Álvaro Moragas y Chema Rios, entre otros.
Vera se encargaba de pedir al entonces alcalde José María Álvarez
del Manzano que liberara al concejal López Viejo para participar en
las campañas de Aznar; y recuerda que su trabajo consistía, por
ejemplo, en diseñar los escenarios, preparar los pasillos para la
entrada del candidato o disponer la colocación de las cabezas
calientes (grúas con cámaras). Hay cientos de fotos de Aznar con
López Viejo y Bosch en esa época.
En esos años, López Viejo contactó con Correa y
Álvaro Pérez, encargados de ejecutar los actos del PP. Su relación
con ese vértice del triángulo se prolongó cuando pasó a encargarse
de los actos electorales de Aguirre y se estrechó cuando les
facilitó contratos públicos en la consejería. El nexo con el
aznarismo le viene, como a otros muchos de la trama, del llamado
clan de Becerril, donde estaban Alejandro Agag, Francisco Camps,
Ignacio Echániz y otros. Más exactamente, es identificado como
miembro de una de las corrientes de ese grupo: el clan Gabana,
bautizado así en honor al selecto local de la calle Velázquez de
Madrid en el que tantas noches coincidían y tan buenos ratos
echaron. Todo el clan se retrató en la boda más famosa de la
historia reciente de España -la de Agag y Ana Aznar- y disfrutó la
también célebre despedida de soltero en Gabana, con calle cortada y
limpieza municipal extra.
Otro punto de contacto de López Viejo con la
trama es el de su amigo Alfonso Bosch, miembro del equipo que
organiza los actos del PP y, además de diputado regional, gerente de
la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte, origen
geográfico de la metástasis. Bosch trabajaba a las órdenes del
dimitido alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, hoy imputado.
Con la misma endogamia de otros de los
mencionados en la trama, López Viejo y Bosch comparten veranos y
urbanización en Calpe (Alicante) desde hace siete años. El ex
consejero tiene un apartamento de 230 metros cuadrados, en primera
línea de playa y con impresionantes vistas al mar y al parque
natural del Penyal de Ifach. El de Bosch es más modesto: 110 metros
cuadrados. En el Club Náutico, López Viejo tiene atracado el Altea
II, una embarcación tipo menorquina de unos 10 metros de eslora.
Bosch conduce un aparatoso Mitsubishi todoterreno que le vendió en
2001 López Viejo
(www.elpais.com,
22/02/09)
18. MUÑECOS ROTOS DEL PP MADRILEÑO. EL PP RECHAZA
REPROBAR AL EX CONSEJERO LÓPEZ VIEJO
El PSOE presentó una proposición no de ley (PNL)
ante la Mesa de la Asamblea de Madrid para reprobar al diputado
autonómico y ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Sin
embargo, la mayoría absoluta del PP en el órgano rechazó llevar la
proposición al Pleno porque, según dijeron, no está contemplado en
el Reglamento de la Asamblea reprobar a un parlamentario sin ningún
cargo público.
El ex consejero y hombre de confianza de
Esperanza Aguirre dimitió el 9 de febrero, tras conocerse que había
contratado durante años con empresas que ahora están siendo
investigadas por el juez Garzón dentro del caso Gürtel por
pertenecer a una presunta trama de corrupción en la que estarían
implicados distintos cargos públicos del PP.
La Mesa también estudió una nueva lista de 10
comparecientes presentada por el PSOE para que declaren ante la
comisión de investigación creada en la Asamblea para estudiar el
presunto espionaje político. Sin embargo, el PP rechazó a cinco de
ellos, la mitad de los presentados. Entre los rechazados está el
viceconsejero de Presidencia y secretario general del Consejo de
Gobierno, Salvador Victoria.
Según denunció la portavoz socialista, Maru
Menéndez, este rechazo "confirma y refuerza las trabas del PP a la
transparencia de la comisión de investigación".
Desde la dirección del Grupo Popular respondieron
que tres comparecientes los habían rechazado por defectos de forma
-el PSOE presentó mal sus nombres y cargos- y los otros, por ser
"completamente ajenos" al objeto de la comisión.
(www.elmundo.es,
24/02/09)
19. AGUIRRE ANULA EL CONCURSO DE LA TELEVISIÓN
AUTONÓMICA
La Comunidad de Madrid ha renunciado -al menos de
momento- a conceder un segundo canal autonómico de televisión.
Cuatro años después de convocado el concurso, el Gobierno de
Esperanza Aguirre da marcha atrás y lo anula. Esta decisión acarrea
la devolución de los avales y la documentación presentada por las
empresas que optaban a la licencia.
En 1999, durante el mandato de Alberto
Ruiz-Gallardón, Madrid adjudicó dos televisiones de cobertura
autonómica en tecnología digital terrestre (TDT) y emisión abierta.
Las licencias fueron a manos del diario Abc (que explota la suya a
través de Onda 6) y Onda Digital (que operó bajo la marca Quiero).
Tras la quiebra de la plataforma, en 2002, la frecuencia revirtió a
la Administración. Sacada a concurso público tres años después, la
Comunidad de Madrid fue ampliando los plazos indefinidamente.
Hasta ahora. La adjudicación "no admitía más
retrasos", argumenta el Ejecutivo regional. De modo que ha optado
por anular el concurso. Justifica esta decisión por los cambios que
se avecinan en el panorama audiovisual. La Comunidad considera que
desde que se convocó el concurso se han producido "hitos que abundan
en la necesidad de clarificación del panorama sectorial".
De hecho, la industria está pendiente de la Ley
General Audiovisual, la transposición de la directiva europea sobre
Televisión sin Fronteras y la regulación de la televisión de alta
definición. Madrid, además tiene posibilidad de adjudicar un segundo
múltiple digital autonómico con capacidad para cuatro canales.
(www.elpais.com,
25/02/09)
20. LOS MANIFESTANTES ARRINCONAN A ESPERANZA
AGUIRRE
Los manifestantes continuan siendo los
principales seguidores -o perseguidores- de Esperanza Aguirre. , la
presidenta regional tuvo que entrar literalmente por la puerta de
atrás a la presentación del último libro de Alfonso Ussía, "Mujeres
del reino". Y es que, por la puerta grande no había quién pasara:
Más de un centenar de funcionarios de Justicia se habían congregado
allí para recordarle que su Gobierno incumple los pactos suscritos
en 2007 y que en Madrid los juzgados están desbordados.
Pero este no fue el único incidente en el
ajetreado día de la lideresa. Antes, los sindicatos le habían
obligado a ver un vídeo-denuncia sobre su gestión privatizadora y
los trabajadores de la enseñanza pública habían tomado la calle de
Alcalá clamando contra la falta de diálogo de la administración
local.
Los manifestantes siguen siendo la bestia negra
de Esperanza Aguirre. Si los más famosos fueron los de Sanidad, que
la recibieron con pitos y pancartas en casi todos los hospitales de
la Comunidad que visitó el año pasado, ahora los de Justicia han
tomado el relevo.
Los funcionarios de este gremio la acompañaron a la presentación del
último libro de Ussía exigiéndole una solución para desbloquear los
juzgados. "Aguirre dimisión", "¡Justicia Solución!", "Desbloqueo de
la justicia" y "¡Cumple lo firmado!" eran los eslóganes de los más
de cien trabajadores congregados para exigir a la presidenta el
cumplimiento del acuerdo de 2007 para incrementar los sueldos y la
plantilla. Ella ha respondido tardíamente esta mañana, pidiéndoles
"solidaridad" ante la crisis.
Los funcionarios de Justicia –cerca de 6.000- están en huelga desde
el 17 de febrero, y aunque se acordó hacer el paro indefinido al
parecer el consejero de esta área, Francisco Granados, les habría
persuadido con una oferta in extremis, hecha esta misma mañana. La
resolución deberá ser ratificada por el gremio esta tarde. A pesar
de esto, la reticencia a negociar ha sido una constante en el
Ejecutivo regional.
Precisamente contra esta desidia se manifestaron 2000 trabajadores
de la Educación Pública, que cortaron la calle de Alcalá y se
concentraron frente a la Consejería de Educación en protesta por la
"privatización" de la enseñanza y la falta de diálogo de la
administración regional, reticente también a negociar el nuevo
acuerdo educativo. Esta concentración forma parte de un calendario
de movilizaciones que terminará con una huelga el 25 de marzo.
Y aunque Aguirre logró esquivar a estos dos gremios, no pudo evitar
ver el vídeo de Comisiones Obreras, que aprovechando que la
presencia de la lideresa en el IX Congreso de la organización,
proyectó un audiovisual
durísimo en el que le acusa del "abandono y deterioro
intencionado de los servicios públicos" y de dar la espalda a los
inmigrantes, jóvenes y trabajadores. La popular comenzó su
intervención desmarcándose de las acusaciones. "No me merezco esto",
replicó.
(www.elplural.com,
25/02/09)
21. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LA CÁMARA DE CUENTAS
DENUNCIA CONTRATOS IRREGULARES EN MADRID
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
órgano de fiscalización dependiente de la Asamblea regional ha
detectado irregularidades en la adjudicación de 12 contratos por
parte del Ayuntamiento que preside Alberto Ruiz-Gallardón, que suman
un importe de 115,2 millones de euros.
El órgano fiscalizador remitió al Consistorio, el
22 de enero, el resultado de sus investigaciones sobre 2006, "con el
objeto de que formulen alegaciones y aporten los documentos que
estimen pertinentes" para justificar las contrataciones bajo
sospecha. El plazo para presentar las alegaciones concluyó el 14 de
febrero, aunque el Ayuntamiento solicitó una prórroga que finaliza
el 1 de marzo.
El informe del tribunal madrileño de cuentas
revela irregularidades que vulneran, al menos, nueve artículos de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Su investigación
concluye que "en ninguno de los contratos tramitados por
procedimiento negociado" se determinaron "los aspectos económicos y
técnicos que debían ser objeto de negociación con las empresas" como
establece el artículo 92.3 de la citada ley.
Varias de las faltas que detecta la Cámara de
Cuentas inciden en la misma denuncia. Cuatro de las adjudicaciones
investigadas, tramitadas por el Ayuntamiento de Madrid con carácter
de urgencia, "conculcaron lo establecido en el artículo 71" de la
Ley de Contratos. Según detalla la investigación, estos expedientes
"no contaron con la adecuada declaración de urgencia o dicha
negociación no estaba debidamente motivada o adolecía de
argumentación deficiente".
La observación más repetida afecta a nueve casos
reprocha al Ayuntamiento que incluya "la solvencia, la experiencia o
los medios materiales y humanos como criterios objetivos de
concurso". El órgano fiscalizador explica que, de acuerdo con el
artículo 86 de la Ley de Contratos, estas condiciones "no son
criterios objetivos de adjudicación". Uno de los expedientes
censurados ejemplifica esta observación. El consistorio otorgó un
contrato de más de 7,3 millones de euros a una empresa de
arquitectura teniendo en cuenta su experiencia. Sin embargo, la
firma adjudicataria se creó sólo seis meses antes de ganar el
concurso municipal.
El tribunal de cuentas de la Comunidad detecta en
otra de las concesiones que "la prestación no se ejecutó de acuerdo
con el proyecto inicialmente aprobado ni por el precio contratado".
Se trata de una adjudicación de casi 1,1 millones de euros para la
mejora técnica del Circo Price, una de las joyas de la corona de la
gestión cultural de Gallardón, cuya construcción se inició en 2002 y
se prolongó durante cinco años.
En este caso concreto, la Cámara hace constar al
Ayuntamiento que "si la Administración aprueba una modificación sin
que se den los presupuestos o sin que estén debidamente fundados,
desborda los límites de la discrecionalidad y defrauda los
principios inspiradores de la contratación administrativa".
(www.publico.es,
27/02/09)
22. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE TAMBIÉN SUSPENDE A ANA BOTELLA
Primero Bruselas y luego el Ministerio de Medio
Ambiente. La concejala encargada de esta área en Madrid, Ana
Botella, ha vuelto a suspender por culpa de la alta contaminación.
Un estudio del Observatorio de Sostenibilidad de España –OSE-,
dependiente del citado Ministerio y de la Universidad de Alcalá, ha
puesto de relieve que la capital española es de las más
insostenibles tanto por el exceso de contaminación como por el
consumo "exacerbado" de suelo. El informe critica la lentitud del
gabinete de Botella en tomar medidas para mejorar la calidad del
aire, poniendo los acentos en el exceso de coches. La Comisión
Europea ya había advertido que es "bastante probable" que Madrid sea
sancionada en 2010, cuando entre en vigor la normativa que regula
los niveles de gases tóxicos en la atmósfera. El Ayuntamiento, por
su parte, ha aplazado hasta ese año la implementación de medidas de
choque.
Según el informe sobre el desarrollo local
elaborado por el OSE, Madrid está peor que otras capitales españolas
en "motorización y en calidad del aire", o lo que es igual, que
tiene más coches y más contaminación que los deseables. El estudio
toma nota del consumo de agua y energía, de la generación de
basuras, de la explotación del suelo y Madrid no sale muy bien
parada: la capital utiliza recursos equivalentes a 46 veces su
superficie y es, junto a Barcelona, la más insostenible de España.
El ex director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Domingo
Jiménez Beltrán, explica que las deficiencias comienzan por el
exceso de vehículos. "Se trata de una de las áreas urbanas donde la
degradación de la calidad del aire es mayor y está muy ligada al
tráfico", ha advertido. Y es que, la capital "exige la utilización
del automóvil" y "el transporte público no puede hacer frente a ese
modelo".
El informe denuncia que "existe na fuerte tendencia a la
insostenibilidad urbana" en una ciudad en la que el 61% del suelo es
urbano o urbanizable, algo que se considera un uso "exacerbado".
Para Jiménez, "Madrid se ha roto por las costuras; no ha tenido un
plan, un desarrollo armónico. No se ha extendido como ciudad sino
como urbanización".
Finalmente, el estudio del OSE evalúa el desarrollo del programa
Agenda 21 de Naciones Unidas –destinado a promover el desarrollo
sostenible- y dedica unos cuantos reproches a la concejalía de Ana
Botella. "El ritmo de trabajo es bastante lento, ya que la
declaración inicial se realizó en el año 2001 y aún no se han
aprobado los planes de acción". Fuentes del Ayuntamiento han
rehusado valorar el informe asegurando que todavía no lo han
recibido.
El Consistorio ha aplazado hasta 2010 la limitación del acceso al
centro de vehículos altamente contaminantes, una medida que debía
haberse implementado en 2008. Precisamente, en 2010 entrará en vigor
la normativa de la Comisión Europea para regular los niveles de
contaminación atmosférica y, según las previsiones del comisario de
Medio Ambiente comunitario, Stavros Dimas,
es "bastante probable"
que la capital sea sancionada.
