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LAS OTRAS NOTICIAS + PPOPULARES DE LOS GENOVESES MADRILEÑOS

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ÍNDICE

1. CORRUPCIÓN EN EL PP. EMPRESAS TAPADERA PARA CONTRATAR EN MADRID

2. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PP IMPIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN LA COMISIÓN SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE

3. CORRUPCIÓN EN EL PP. "FRANCISCO GRANADOS ES EL TÍO MÁS SUCIO DEL MUNDO, A ÉSE LE HE DADO YO EL DINERO DIRECTAMENTE"

4. CORRUPCIÓN EN EL PP. LÓPEZ VIEJO DEJÓ UN 'AGUJERO' DE CINCO MILLONES EN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

5. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA SOLEDAD DEL HOMBRE CAÍDO EN DESGRACIA

6. CORRUPCIÓN EN EL PP. "NO TE PREOCUPES. EL PARTIDO SE VA A PORTAR BIEN CONTIGO"

7. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL FISCAL SITÚA EN MADRID EL NÚCLEO POLÍTICO DE LA CORRUPCIÓN LIGADA AL PARTIDO POPULAR

8. CORRUPCIÓN EN EL PP. GALLARDÓN ASEGURA QUE NADA QUE PERJUDIQUE A UN MIEMBRO DEL PP LE PUEDE BENEFICIAR

9. CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY PIDE REVISAR LAS CUENTAS DEL PP POR SI HAY MÁS PAGOS A CORREA

10. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADJUDICÓ SIETE CONTRATOS A SPECIAL EVENTS

11. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE BLINDA AL CÍRCULO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y PROTEGE A RAJOY

12. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA COMUNIDAD DIO UNA CONTRATA A DEDO AL ACOMPAÑANTE DE GONZÁLEZ

13. CORRUPCIÓN EN EL PP. LOS INGRESOS DEL SOCIO DE LOS GONZÁLEZ CRECIERON UN 1.686%

14. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. LA RED DE CORRUPCIÓN VINCULADA AL PP TUMBA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SOBRE EL ESPIONAJE

15. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. LA CONSERVADORA ROSA POSADA PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE

16. GRANADOS NO LOGRA EVITAR EL ENCIERRO DEL TURNO DE OFICIO


17. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. LA ALCALDÍA VUELVE A ENFRENTAR AL PP

18. AYUNTAMIENTO DE PINTO. DESAPARECEN VARIOS DOCUMENTOS

19. AYUNTAMIENTO DE PINTO. UN EX ASESOR DEL PP PREPARÓ UN 'DOSSIER' DE ALTOS CARGOS DE PINTO


1. CORRUPCIÓN EN EL PP. EMPRESAS TAPADERA PARA CONTRATAR EN MADRID

La Comunidad de Madrid adeuda varios millones de euros a empresas tapadera con las que la red corrupta que dirigía Francisco Correa prestaba servicios al Gobierno de Esperanza Aguirre hasta hace sólo unos meses, pese a que la dirección nacional del PP había ordenado desde 2004 no contratar con ese grupo. De hecho, en las grabaciones aportadas al sumario Correa se refiere, en diciembre de 2007, a la deuda de la Comunidad de Madrid con sus empresas. Los contratos, muchos sin respaldo presupuestario y sin la tramitación legal necesaria, se hacían a través del que era hasta el pasado martes consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

La documentación correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red corrupta vinculada al PP que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa empresa inflaba los costes para ganar un 40% por contrato, los presentaban al pago a la Comunidad de Madrid bajo una sociedad blanca o sin sospecha y luego los fraccionaba irregularmente. Y todo ello bajo la aparente dirección del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y de su amigo Pedro Rodríguez Pendás. Ambos se vieron implicados en facturaciones irregulares cuando eran concejal de Limpiezas del Ayuntamiento de Madrid y asesor, respectivamente. La citada documentación corrobora lo que Correa reconocía en las grabaciones: López Viejo le sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo. No en vano Correa era un apestado tanto para el PP nacional, tras exigir contratos en nombre del partido, como para la opinión pública, tras ser denunciados sus apoyos y adjudicaciones irregulares.

Los papeles apuntan que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management). Un informe interno de Easy Concept revela cómo se fraguó dicho servicio al Gobierno de Aguirre: "A día de hoy, 15 de febrero de 2008, el informe de factura es el siguiente. Importe total a facturar a la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid] por los Premios Príncipes de Asturias es:

- Importe a facturar: 64.475 euros con IVA.

- Facturado por MQM hasta el momento. 9.224 euros más IVA.

- Pendiente de facturar: 56.250 más IVA (hasta el momento)".

El montaje del acto lo pidieron expresamente Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendas. A este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de Pedro Rodríguez. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que sólo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto". Por tanto, el escrito detalla cómo presuntamente los contratos y facturas eran encargados y presentados a la carta, de forma absolutamente irregular, por altos cargos del Gobierno de Aguirre. Todo se resolvía a golpe de correo electrónico, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación.

Pero si es llamativo que Easy Concept se oculte para prestar servicios a la Comunidad de Madrid a través de una sociedad como MQM, cuya versión de estos hechos fue solicitada sin éxito -nadie coge el teléfono en su sede, que comparte con tres empresas-, más inquietante resulta advertir cómo se hinchan los precios de coste hasta un 40% a cargo del presupuesto de la Comunidad de Madrid, según el desglose al que ha tenido acceso este diario. Así, si el material le costó 39.143 euros, lo facturaron al Gobierno regional por un monto de 65.475 euros, un beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el servicio a la Comunidad. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992 euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez [Pendás] y está considerado fuera del contrato referente al concurso número 03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.

El corolario es triple: Easy Concept camuflaba su presencia como contratista a través de distintas empresas, inflaba los precios y lo hacía teledirigida desde el Gobierno de Aguirre, a tenor de los referidos escritos internos. En el presupuesto de Easy Concept aparece una comisión de un 5% para MQM, supuestamente por usar su nombre.

(www.elpais.com, 14/02/09)

2. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PP IMPIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN LA COMISIÓN SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE

Primeras peticiones de comparecencia para la comisión de investigación de la supuesta trama de espionaje en Madrid. El PP ha rechazado que comparezcan el presidente del partido, Mariano Rajoy, el tesorero y el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, varios empresarios relacionados con adjudicaciones de la comunidad de Madrid y con el seguimiento al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Asimismo, Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta y quien hizo el borrador del 'CNI madrileño'. El PP sí ha aceptado que comparezcan la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, entre otros. Además, han tirado más documentación que había solicitado la oposición, que asegura que todo esto es un escándalo.

PSOE e IU habían requerido 56 comparecencias. Las portavoces del PSOE en IU en la Asamblea, Maru Menéndez e Inés Sabanés, han denunciado el "veto" y la "censura" que, a su juicio, ha ejercido el PP sobre comparecientes que consideran "esenciales" para la investigación de la supuesta trama. La Mesa ha rechazado asimismo las peticiones de compareencia del secretario general técnico de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno regional, Borja Sarasola; y de los empresarios Enrique Sánchez (accionista de Segurisa), Fernando Ruano (administrador único de Secuenzia Pixels) y Fidel San Román (adjudicatario de la plaza de toros de Las Ventas).

El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, ha destacado, sin embargo, que la Mesa ha aprobado la mayoría de las comparecencias solicitadas por la oposición y lo ha considerado un "ejercicio de compromiso con la transparencia".-

(www.elpais.com, 16/02/09)

3. CORRUPCIÓN EN EL PP. "FRANCISCO GRANADOS ES EL TÍO MÁS SUCIO DEL MUNDO, A ÉSE LE HE DADO YO EL DINERO DIRECTAMENTE"

Es la denuncia de David Merino, ex director general de Dico-DHO, una constructora en suspensión de pagos tras una época boyante. Merino da detalles de los supuestos pagos al actual número tres de Aguirre, y apunta también a una serie de primeros ediles de municipios del noroeste de Madrid, una lista que incluye a los defenestrados Arturo González Panero (Boadilla) y Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda y ex gerente del Mercado de Puerta de Toledo) y a populares que aún no han sido imputados como Narciso de Foxá, actual alcalde de Majadahonda, y Ricardo Romero de Tejada, su antecesor en ese consistorio. Y aunque la aparición de Merino podía parecer oportunista, lo cierto es que sus declaraciones datan de agosto pasado y están en poder de la Fiscalía Anticorrupción desde el anterior 17 de noviembre. De momento, se sabe que Granados se ha hecho con una copia…

"Pagábamos en todos los sitios donde construíamos. Hemos actuado en Las Rozas, Majadahonda, Boadilla, Coslada, San Fernando de Henares, Villanueva del Pardillo… y muchísimo en Valdemoro cuando era alcalde Granados", explica David Merino a la revista Interviú, que  publica un reportaje sobre la presunta trama corrupta vinculada al PP.

Merino trabajó en Dico-DHO entre 1997 y 2007 y su gestión coincidió en parte con la presencia de Granados en la alcaldía de Valdemoro (1999-2003). Tal como cuenta al semanario, él mismo pagó al entonces primer edil de la localidad y a su sucesor, José Miguel Moreno, cantidades que se niega a cifrar –"eso se lo diré al juez o al fiscal", asegura- en una finca de Ciudad Real.

La Fiscalía Anticorrupción conoce estas denuncias desde el 17 de noviembre pasado, cuando llegaron a sus manos las actas notariales respectivas. En una de ellas se puede leer que Dico retiró 2,5 millones de euros de Caixa Tarragona para pagar comisiones "a los responsables del ayuntamiento (de Valdemoro) en su máximo nivel" relacionados con la construcción de la urbanización Valdeoro.

El actual consejero de Interior, por su parte, se ha desmarcado de estas acusaciones. "Aseguro cien por cien que no he adjudicado ni un solo metro a esa empresa ni he recibido un duro de ningún constructor, ni, evidentemente, de DHO, a la que no he beneficiado en nada". Granados no ha negado que conoce a los dueños de la constructora (Julián Giménez de los Galanes y Francisco Colado) y que ha participado con ellos en un par de cacerías, pero ha apuntando que desconoce a Merino. A pesar de estas palabras, se ha sabido que su gabinete tiene en su poder la citada denuncia de Anticorrupción.

El dedo de Merino no sólo apunta a Granados: también ha señalado a Arturo González Panero, ex regidor de Boadilla del Monte –forzado a dimitir por el escándalo de la presunta trama corrupta- y aún presidente del PP de Boadilla. "A Arturo se le han dado entre 200.000 y 300.000 euros" ha señalado el ex ejecutivo de Dico. "No sólo cobró dinero, también le invitamos a varia cacerías en las fincas ‘La Parrilla’ (Toledo) y ‘Los Berrocales’ (Ciudad Real)". Tal como recoge el semanario, a González Panero se le conquistaba con "regalos de alto valor" y con monterías en las que no faltaba nada. "Las comidas, los cartuchos, los hoteles… absolutamente todo pagado por la constructora, hasta las putas", requeridas por el entonces alcalde.

Las citadas cacerías habrían sido, según el denunciante, una verdadera estrategia de cortejo y corrupción. "Sumando acompañantes y constructores, se podían juntar unas cincuenta personas", reunidas obedeciendo criterios como cargos y zona –por ejemplo, los alcaldes del PP del noroeste de Madrid, incluyendo a antiguos regidores y a posibles aspirantes-. "Yo he jugado al póquer en una misma partida con Granados y González Panero apostando billetes de 500 euros", ha sostenido. El consejero de Interior, una vez más, ha negado estos datos diciendo que ni juega al póquer ni se lleva bien con Panero.

Al parecer, el rango de actuación de Dico se concentraba en el eje noroeste de Madrid donde conviven las mejores urbanizaciones de España y las mayores rentas. En esta zona, además del citado Panero –cuyo gusto por el lujo, las extorsiones y las comisiones ha quedado registrado en dossiers también en poder de Anticorrupción-, estaría el trío de regidores de Majadahonda, uno de los municipios donde más cohechos se habrían pagado. "Ahí han cobrado el actual alcalde, Narciso de Foxá (un amigo de infancia de la presidenta Aguirre) y sus dos antecesores, Guillermo Ortega (ex gerente del mercado de Puerta de Toledo) y Ricardo Romero de Tejada (ex secretario general del PP de Madrid hasta 2003)".

De estos tres hombres, el único que ha sido imputado por el juez Garzón es Ortega, que la semana pasada presentó su dimisión frente al Mercado de Puerta Toledo. Tal como ha narrado Merino, Dico también habría participado en su salida del consistorio de Majadahonda. "La operación de quitar a Willy y poner a Narciso de Foxá la hicimos nosotros en la finca. A Willy le pusieron un sueldo porque quería contarlo todo", ha sentenciado.

(www.elplural.com, 16/02/09)

4. CORRUPCIÓN EN EL PP. LÓPEZ VIEJO DEJÓ UN 'AGUJERO' DE CINCO MILLONES EN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

La adjudicación de contratos a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, el hombre que durante 12 años montó los actos electorales del PP cuando mandaba en el partido José María Aznar y hasta ahora se encargaba de la mayoría de los eventos de la presidenta autonómica, ha destapado la existencia de, al menos, cinco millones de euros gastados por la Consejería de Deportes sin respaldo presupuestario y, por tanto, pendientes de abonar, según fuentes próximas a este departamento autonómico. La inmensa mayoría de esos cinco millones corresponderían a trabajos hechos por la trama corrupta, según los datos iniciales.

El responsable de la Consejería de Deportes, hasta la semana pasada cuando fue destituido por Aguirre, era Alberto López Viejo, que ha desempeñado el cargo durante casi dos años. López Viejo, hombre de confianza de la presidenta, que le situó de número seis en su lista electoral, le hizo viceconsejero de Presidencia y, posteriormente, consejero de Deportes, ha sido el encargado desde 2004 de organizar los actos institucionales de Aguirre y de contratar con las empresas la organización de los eventos. La inmensa mayoría de esos actos han sido realizados por la trama de sociedades de Correa, con el que López Viejo tenía una estrecha relación. El juez Baltasar Garzón investiga si López Viejo cobró sobornos a cambio de la adjudicación de contratos a Correa.

El juez ha solicitado oficialmente a la Comunidad de Madrid que le envíe la relación de todos los contratos formalizados con las principales sociedades de la trama: Special Events, Diseño Asimétrico, Servimadrid o Easy Concepts. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, es el encargado de recopilar toda la información y hasta había contabilizado cerca de tres millones de euros en contratos abonados por la Administración regional a estas empresas por las que ha preguntado el juez Baltasar Garzón. Todos estos pagos se han efectuado y tienen sus expedientes administrativos.

Muchas de las adjudicaciones se troceaban en contratos de menos de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público, y darlos así a dedo. La gestión de López Viejo como organizador de los actos donde intervenía Esperanza Aguirre continuó tras su paso a la Consejería de Deportes, hasta el punto de que había dejado a un hombre de su confianza en la sede de la presidencia del Gobierno regional, Pedro Rodríguez Pendás, que asumía todas las gestiones.

Muchos consejeros se enteraron del coste de actos institucionales de la presidenta autonómica cuando López Viejo les remitió la factura. Ahora, la investigación abierta en el seno del Gobierno regional para aclarar las contrataciones de López Viejo han descubierto la herencia de al menos cinco millones de euros de pagos. El malestar inicial de la presidenta con López Viejo derivó de su ocultación de la contratación de filiales y empresas tapadera del grupo de Correa. La auditoría puesta en marcha ahora ha desacreditado el mentís global de López Viejo, que refutaba haber contratado a Special Events y a ninguna otra empresa de la trama, ya que se ha verificado que les otorgó adjudicaciones, incluso, presumiblemente, a firmas tapadera. De hecho, emisarios de Correa negociaron sin pudor algunos contratos de tales firmas aparentemente ajenas, como MQM, y otras.

(www.elpais.com, 18/02/09)

5. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA SOLEDAD DEL HOMBRE CAÍDO EN DESGRACIA

El último escaño. El más alejado de la presidenta. En la última fila y escorado a la izquierda, casi en la tierra de nadie que queda entre la bancada popular y la socialista. Con la única compañía de un diputado -y algún otro que se acercó a hablar con él durante el receso- y el refugio intermitente de la pantalla de su móvil. Ahí colocó el PP en el pleno de al diputado y ex consejero de Deportes Alberto López Viejo. Lo más alejado posible del Gobierno. Un hombre de Esperanza Aguirre señalado por la fiscalía en la investigación del juez Baltasar Garzón y cuya gestión la presidenta no quiso avalar de forma expresa.

Fue probablemente el pleno más largo de quien fue durante años el escenógrafo electoral del PP madrileño. Un mal trago que sorbió con dificultad. Aunque los flases también se cebaron con los otros dos diputados populares supuestamente implicados en la trama de corrupción: Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

Una decena de veces aplaudió la bancada del PP las intervenciones de su presidenta y de algún parlamentario. Ni una sola lo hizo López Viejo, pese a que Aguirre estaba respondiendo preguntas sobre él. Fruncía el ceño, bebía agua. No quiso, él que fue maestro en el arte de la inauguración y los aplausos, participar en el teatro parlamentario. Ni en las muecas, ni en los bramidos de desaprobación de ambos bandos. "Es una situación muy dura para él. Le están haciendo un juicio paralelo en los medios", se apiadaba del ex consejero una diputada.

Los compañeros de penitencia de Alberto López Viejo aguantaban cada uno a su manera. Alfonso Bosch, hierático. Casi como un muñeco de cera. Benjamín Martín Vasco, muy activo, muy cerca de la presidenta, seguro de sí mismo. Enérgico en el aplauso y con una perenne media sonrisa cuando hablaba la oposición, como si le hiciera gracia lo que estaban diciendo. La víspera, Martín Vasco se había visto obligado a dimitir como presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje por su presunta vinculación con otra trama: la de corrupción que investiga el juez Garzón.

La presidenta lucía un jersey rojo con estrellas blancas. Bandera de su Comunidad con mangas que compró, dijo luego, en H&M. Y así ataviada, y llamando "secta" al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al juez de la Audiencia Nacional y a los medios que, según ella, reciben sus filtraciones, estuvo atacando al PSOE y revolviéndose a su vez a cada uno de sus ataques. Citando incluso la sentencia que atribuyó a Bertolt Brecht -"Primero fueron a por los comunistas, y yo no hice nada..."-, y que ahora parece que sirve para todo: por la mañana la había citado Francisco Camps, el presidente valenciano señalado por la fiscalía. Y un mes atrás, el vicealcalde Manuel Cobo, éste por causa bien distinta: había sido espiado y reclamaba el apoyo de los suyos.

De pronto, a Aguirre le dio por soltar que en las filas socialistas había un imputado. Sin dar más datos. Como dando a entender que en todas las casas cuecen habas -y que de devolver el acta de sus tres penitentes, nada de nada-. Sus colaboradores aclararon más tarde -ella no lo hizo- que el aludido era el diputado socialista José Luis Pérez Ráez, ex alcalde de Leganés y con una causa abierta -distinta a la de la trama de la que se hablaba- en el Tribunal Superior de Justicia.

Y enfureció el PSOE. Algunos se cebaron entonces con López Viejo. "¡Ése sí está imputado!", se oyó un grito. Él (que no está imputado) no se inmutó. Alargaba un poco el cuello y torcía el gesto. Elvira Rodríguez, la presidenta de la Asamblea, tuvo que suspender el pleno casi veinte minutos. Tiempo muerto.

A la vuelta, los tres penitentes se centraron en sus móviles y ordenadores. El ex consejero de Deportes mascaba chicle. Bosch seguía rígido. Martín Vasco continuaba aplaudiéndolo todo enérgicamente. "La verdad es que, al principio, cuando estalló todo esto, estaba abatido. Pero en las últimas horas se ha venido bastante arriba", se comentó en un pasillo.

Poco a poco se fue vaciando la sala. Apenas quedaban diez diputados del PP. Pero López Viejo resistía. Un incómodo escaño que, al menos, le mantenía a salvo de los pasillos donde aguardaban los periodistas. Martín Vasco y Alfonso Bosch se habían largado a mitad del pleno. Cada uno a sus cosas, según una portavoz. El segundo volvió de vez en cuando, pero el ya ex presidente de la comisión de investigación se esfumó y sólo regresó para la votación final.

A las 19.20, tras tres largas horas de penitencia, Alberto López Viejo se cansó, se levantó y abandonó el salón de plenos. Pero él, que dos semanas atrás se sentara junto a la presidenta Aguirre, no regresó al final de la sesión. Su voto no era necesario.

(www.elpais.com, 20/02/09)

6. CORRUPCIÓN EN EL PP. "NO TE PREOCUPES. EL PARTIDO SE VA A PORTAR BIEN CONTIGO"

"Lo urgente primó sobre lo importante". Es el resumen que hace María Jesús Díaz, de 44 años, ex concejal del PP en Boadilla del Monte, para explicar por qué entregó el acta hace exactamente una semana. Díaz tomó la decisión empujada por las presiones de su partido para forzar a dimitir al alcalde, Arturo González Panero quien forzó que ella, su gran oponente no le sustituyese en el cargo. Ahora le da vueltas y rumia lo ocurrido el lunes 9 de febrero, cuando el regidor exigió su cese para dimitir. "Era la mejor solución, aunque fuera un sacrificio de inocentes", confiesa con alivio junto a un centro comercial de Boadilla.

Las acusaciones sobre la gestión de Panero al frente del Ayuntamiento de Boadilla llevaron al PP regional a forzar su dimisión. Su nombre aparecía envuelto en la trama de corrupción en administraciones gobernadas por el PP que investiga Baltasar Garzón. Tras aceptar inicialmente la renuncia, el ex alcalde de Boadilla se resistió a presentarla, desautorizando a Mariano Rajoy, quien la había anunciado unas horas antes. Panero había acudido a la Audiencia para comprobar la profundidad de la investigación judicial y vio que aún no estaba imputado. Ése fue su argumento. La decisión de Panero provocó un cataclismo en el PP "al que había que poner freno". Díaz recuerda la tensión: "Rajoy estaba en el Congreso esperando que se solucionara el tema... Todo el partido estaba pendiente de nosotros".

Y ellos, los 16 concejales del PP en Boadilla, se encontraban en la primera planta de Génova 13. "Nos convocó el secretario general [Francisco Granados]" para resolver el asunto. Allí, en la sede del PP, Granados se enfrentó a los ediles del partido en Boadilla: "Os he reunido aquí para explicaros lo ocurrido...". Y comenzó su relató de supuestos malentendidos que se inició la mañana de ese mismo día.

Presionado por el partido y casi sin margen de maniobra, Panero tomó la palabra y ofreció su cargo: "Cedo de forma generosa mi puesto con la única e insalvable condición de que María Jesús entregue el acta de concejal". La ex edil y ex primera teniente de alcalde se había erigido como su sustituta. Y eso no entraba en los planes del ex alcalde, enfrentado ferozmente a Díaz. Hacía tan sólo dos meses habían peleado por el control del partido en Boadilla. Panero había ganado la batalla, pero no quería perder la guerra que ahora se libraba en Génova.

Durante unos minutos se cruzaron acusaciones entre unos y otros. Hasta que Granados la llamó a su despacho y le dijo: "No hay otra salida. Sé que es injusto y tienes razón. Pero no hay otra solución. Si la hubiese la adoptaríamos", le susurró Granados. Luego le arrojó el consuelo: "No te preocupes. El partido se va a portar bien contigo". Díaz asegura que nadie del partido la ha llamado desde entonces. "Estoy en paro y sigo sin trabajo", aclara mientras recuerda la frase con la que Granados la despidió: "Menos mal que tú piensas en el partido. No como Arturo".

Pero el entuerto aún no había concluido. Panero había convocado una rueda de prensa al día siguiente para anunciar su renuncia. Pero Díaz tenía dudas. "Pensé que como Garzón lo había imputado ya no hacía falta que dimitiera". La espera se alargó varias horas hasta que cedió. "No quería aparecer como la culpable de todo", explica. Ahora reclama que Panero también entregue el acta de concejal y abandone el Ayuntamiento de Boadilla. Díaz fecha el inicio de su enfrentamiento hace un par de años. "En el verano de 2007", recuerda, "llegó el proyecto de una residencia geriátrica. La idea era buena, pero pretendían construirla en medio del monte. Me opuse". La residencia pertenece al grupo cordobés Sanyres, filial de Prasa con intereses inmobiliarios y comerciales. La ex concejal relata cómo traspasaron el proyecto a otra concejalía para que aprobase lo que ella no quería aprobar. El proyecto finalmente no se llevó a cabo.

A partir de entonces, Panero le retira las competencias como teniente de alcalde y la Concejalía de Servicios Sociales. Una ruptura amarga para dos políticos que iniciaron juntos su carrera en Nuevas Generaciones. El final de la historia todavía está por escribir.

(www.elpais.com, 18/02/09)

7. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL FISCAL SITÚA EN MADRID EL NÚCLEO POLÍTICO DE LA CORRUPCIÓN LIGADA AL PARTIDO POPULAR

La Fiscalía Anticorrupción ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un informe en el que solicita que se inhiba en la causa abierta por la trama de corrupción que salpica al Partido Popular en favor del Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid para la "totalidad de la investigación", salvo en "determinados hechos" que correspondería investigar al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia. El informe de la Fiscalía pide al magistrado que eleve "exposiciones razonadas" a estos dos tribunales autonómicos, que deberán decidir a qué personas y qué partes de la causa deben investigar.

Garzón solicitó este informe a Anticorrupción tras hallar "indicios" en el transcurso de la investigación abierta por la operación Gürtel, que relacionaban con la trama a miembros del Partido Popular. En el caso de que los imputados sean cargos de los Gobiernos autonómicos de Valencia o Madrid, o sean diputados regionales, el juez, por la condición de aforados de estos, tendría que ceder la competencia a los tribunales superiores de las dos CCAA. En los próximos días, Garzón se inhibirá a favor de estos dos tribunales.

Por otro lado, el magistrado ha dejado en libertad a los dos imputados citados esta mañana en el juzgado, el ex consejero delegado de Repsol José Ramón Blanco Balín y Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag . El juez no les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, han asegurado sus abogados. A la salida del juzgado, Blanco Balín ha pedido comprensión a los periodistas y ha manifestado que tiene "hijos pequeños" y no le "gusta que lean por la mañana que su padre es un delincuente".

(www.elpais.com, 18/02/09)

8. CORRUPCIÓN EN EL PP. GALLARDÓN ASEGURA QUE NADA QUE PERJUDIQUE A UN MIEMBRO DEL PP LE PUEDE BENEFICIAR

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado, en contestación a quienes creen que él es el gran beneficiado de las acusaciones publicadas y judiciales contra otros miembros de su partido, que nada que perjudique a un compañero del PP puede ser beneficioso para él.

"Nada, absolutamente nada que pueda perjudicar a ningún compañero del Partido Popular, nunca, jamás, podrá ser nada que beneficie a Alberto Ruiz-Gallardón", ha contestado tajantemente el alcalde, tras la reunión semanal de su Gobierno, en la que ha roto en parte su silencio sobre las supuestas "tramas" con las que se ha relacionado a responsables del PP.

Ruiz-Gallardón ha hablado de la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre el supuesto espionaje a políticos y del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.Ha dicho que le parece "lógico" y que tiene "muchísimo interés" en comparecer ante la Comisión de Investigación para dar su opinión sobre unos hechos publicados y "no desmentidos" y ha calificado de "adecuada" la reacción de Camps ante las acusaciones contra su actuación, al tiempo que ha defendido la presunción de su inocencia.

Respecto a la información que hoy publica el diario El País sobre un contrato adjudicado en 2004 por el Ayuntamiento a la empresa del detenido Francisco Correa, Ruiz-Gallardón ha confirmado que ha denunciado ante la justicia la supuesta "manipulación" del informe técnico que permitió la adjudicación.

(www.publico.es, 19/02/09)

9. CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY PIDE REVISAR LAS CUENTAS DEL PP POR SI HAY MÁS PAGOS A CORREA

Mariano Rajoy ordenó a sus colaboradores que revisen todos los archivos de la contabilidad del partido y le digan hasta cuándo el PP contrató realmente los servicios del empresario Francisco Correa, imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. El líder de los conservadores aseguró que no tenía conocimiento de que Correa organizara en el 2005 la caravana electoral de la campaña del referendo sobre la Constitución europea y de algunos actos de la precampaña vasca, como probó este diario con la publicación de dos facturas abonadas por su editora, Ediciones Primera Plana.

El presidente del PP está especialmente preocupado por este asunto, ya que en las últimas semanas ha asegurado en varias ocasiones que él mismo ordenó cortar la relación con Correa en el 2004, en cuanto supo que utilizaba el nombre del PP en su beneficio. Sin embargo, con estos documentos en la mano queda claro que su orden no fue escuchada o, como mínimo, que no llegó a todos los miembros del organigrama del partido, puesto que se siguió contando con Correa más allá de ese año. Al menos, en dos ocasiones.

Varios colaboradores de Rajoy aseguran que, efectivamente, el líder les pidió que finiquitaran la relación con el empresario ahora imputado en junio del 2004, después de los primeros actos que se realizaron en la campaña de las europeas. Alegó que no le gustaba el montaje de los eventos. Pero la verdad era que por aquellas fechas el tesorero del PP ya había avisado a Rajoy de que Correa estaba haciendo negocios en el norte de Madrid blandiendo su buena relación con la cúpula del partido.

"Desconozco ese asunto", se limitó a decir Rajoy en Galicia, cuando se le pidió una explicación sobre la existencia de contratos con las empresas bajo sospecha en el 2005. El presidente del PP volvió a aferrarse a la misma filosofía que ya utilizó el pasado lunes en su entrevista en Antena 3, cuando insistió una y otra vez en usar la fórmula "en lo que yo conozco" para marcar distancias, en lo posible, con las posibles irregularidades que puedan haber cometido otros miembros del partido.

En la sede central del PP, la explicación a esta situación también fue ambigua. El vicesecretario de comunicación de los populares, Esteban González Pons, alegó que si se encargó a Correa una campaña electoral en el 2005 fue porque su empresa, Pasadena Viajes, ofreció "el mejor precio". "Creo que está bastante claro que si hay una oferta barata se puede contratar", añadió González Pons cuando se le insistió en que para esas fechas, según ha reconocido el propio Rajoy, la dirección del partido teóricamente había finiquitado cualquier relación.

(www.elperiodico.com, 20/02/09)

10. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADJUDICÓ SIETE CONTRATOS A SPECIAL EVENTS

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó siete contratos a la empresa Special Events en los años 1996, 1999, 2001, 2004 y 2005 (3), los tres primeros con José María Álvarez del Manzano en la Alcaldía y los cuatro últimos ya durante el primer mandato municipal de Alberto Ruiz-Gallardón.

Son datos que ha confirmado este jueves el propio alcalde, en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, al informar de que el Ayuntamiento denunció ante la justicia la "manipulación" de un informe técnico municipal que permitió la adjudicación en 2004 de un contrato a la empresa de Francisco Correa, detenido por el juez Baltasar Garzón dentro de la operación Gürtel.

Este contrato, para el montaje y mantenimiento del 'stand' de la capital en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004, es el único de los siete en que se ha advertido una irregularidad, según ha asegurado el alcalde.

Tras informar de que la relación de esos contratos se envió en 2005 al Grupo Municipal Socialista, a petición de éste tras publicarse noticias de posibles irregularidades, Ruiz-Gallardón ha confirmado que también ha ordenado abrir un expediente sobre esos hechos y ha afirmado que actuará "con toda la dureza del mundo" contra el o los responsables de aquella actuación.

Como publica este jueves el diario El País, la empresa de Correa fue colocada en el puesto quinto, muy lejos de poder ganar el concurso, en un primer informe técnico que no fue el que posteriormente llegó al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez. Basándose no en aquel primer informe técnico sino en otro que el alcalde ha confirmado hoy que fue "manipulado", el Consejo adjudicó el contrato a Special Events por 153.000 euros.

Por eso cree que "todos" los miembros del Consejo de Administración de la EMV, incluido Herráez, con el que ya han hablado, y los representantes de la oposición -del PSOE, que se abstuvo, y de IU, que votó a favor-, actuaron "de acuerdo al informe técnico que les fue presentado", es decir, desconociendo que hubiera habido una "manipulación". De hecho, esa "manipulación" no ha sido descubierta hasta , después de que se cotejaran todos los documentos que se guardan al respecto en el Ayuntamiento.

(www.publico.es, 20/02/09)

11. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE BLINDA AL CÍRCULO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y PROTEGE A RAJOY

Paso a paso, Esperanza Aguirre va perfilando qué entiende por investigar el presunto espionaje en la Comunidad de Madrid. El lunes ofreció a la oposición, PSOE e IU, otra valiosa pista. Investigar, "llegar hasta el fondo y esclarecer los hechos" -como se cansó de repetir el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez-, significa blindar el círculo del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y proteger al líder nacional del partido, Mariano Rajoy.

El PP madrileño ejecutó su plan en tres horas y sin costes, gracias a su mayoría absoluta. La Mesa de la Cámara autonómica vetó 13 peticiones de comparecencia de PSOE e IU. No eran nombres vacuos. Aguirre impidió que den la cara los dos empresarios que viajaron a Suráfrica con González en 2008, Enrique Sánchez y Pedro Antonio Martín Marín.

El número dos de la presidenta fue supuestamente espiado en esa ocasión, y de hecho él mismo ha denunciado los hechos. Sánchez es además el principal accionista de Segurisa, sociedad a la que el Canal de Isabel II -que preside González- adjudicó en 2005 un contrato de 33 millones. Tampoco irá Fidel San Román, uno de los empresarios que explota el coso de Las Ventas e implicado en la operación Malaya.

La Mesa rechazó también las comparecencias del ex tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta -otro de los presuntamente espiados-, de su sucesor, Luis Bárcenas, y del actual gerente, Cristóbal Páez. Descartado quedó Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno en Ceuta con José María Aznar y autor del proyecto de creación de una agencia "legal" de espionaje en la Comunidad. La criba no la superó, finalmente, Rajoy , reclamado por IU.

El argumento esgrimido por el PP fue siempre el mismo: "No se ajusta al objeto de estudio de la comisión". ¿Quiénes comparecerán? El PP no ha entregado su lista, pero permitió que la Asamblea llame a Aguirre, González y el consejero de Interior, Francisco Granados; a Alberto Ruiz-Gallardón y su mano derecha, Manuel Cobo, y a Alfredo Prada. Está prevista la comparecencia igualmente de María Dolores de Cospedal.

De momento, claro, porque la Mesa de la comisión denegó a los socialistas su solicitud de que la secretaria general del PP les enviase su informe interno. La semana pasada los conservadores habían decidido justo lo contrario. Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) calificaron la actitud del PP de "censura y bloqueo". Pérez, como un "ejercicio de transparencia".

(www.publico.es, 17/02/09)

12. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA COMUNIDAD DIO UNA CONTRATA A DEDO AL ACOMPAÑANTE DE GONZÁLEZ

La empresa de limpieza Saminsa, propiedad del empresario Enrique Sánchez, recibió a finales de 2008 un contrato a dedo del Canal de Isabel II para limpiar los Teatros del Canal durante tres meses por 24.000 euros según el procedimiento reservado a "extremada urgencia". El presidente del Canal es el número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, que viajó a Johannesburgo en marzo de 2008 con Sánchez. El vicepresidente afirma que pagó en metálico los 8.000 euros del billete de avión porque le venía bien. Preguntado sobre Sánchez, el pasado 22 de enero, afirmó: "No es amigo mío, ni le adjudiqué nada".

Una portavoz del Canal afirmó que el contrato tenía que deberse al acondicionamiento de los Teatros del Canal antes de cedérselos a la Comunidad de Madrid el pasado 1 de enero y apuntó que era lógico que un contrato de tan poca cuantía se lo llevase la empresa que tiene adjudicada la limpieza de todo el Canal de Isabel II.

El Consejo de Administración del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en Madrid, recibió el pasado 28 de enero el contrato que el gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, había firmado con Saminsa. De Miguel, mano derecha de González, adjudicó la limpieza durante tres meses de los Teatros del Canal por 24.601,47 euros (sin incluir IVA). Y lo hizo siguiendo el procedimiento previsto para "razones de extremada urgencia, resultante de hechos imprevisibles". Saminsa es adjudicataria desde 2005 de la limpieza del Canal. Sánchez es, además, adjudicatario de la seguridad del Canal a través de la empresa Segurisa. Ésta tiene contratos con la Comunidad de Madrid por al menos 59,3 millones de euros.

(www.elpais.com, 14/02/09)

13. CORRUPCIÓN EN EL PP. LOS INGRESOS DEL SOCIO DE LOS GONZÁLEZ CRECIERON UN 1.686%

Uno de los métodos más seguros para que prospere un negocio, al menos en la Comunidad de Madrid, es convertirse en socio de la familia de Ignacio González. A esa conclusión se llega fácilmente comprobando la evolución de los ingresos de Tecnoconcret, empresa fundada por José Antonio Clemente. En 2005, antes de que Clemente se convirtiera en socio del hermano y del cuñado del vicepresidente, la empresa facturó 95.336 euros; un año después, cuando se asoció a la familia González, la cifra de negocio se disparó hasta 1,4 millones. Y en 2007, último ejercicio que consta en el Registro Mercantil, superó los 1,7 millones. Es decir, en dos años, los ingresos de Tecnoconcret crecieron un 1.686%. Es decir, se multiplicaron por 17,8.

Tecnoconcret fue constituida en mayo de 2003 por José Antonio Clemente y por su esposa, con un capital de 3.010 euros. La sede social se fijó en el domicilio del matrimonio y el objeto de la compañía era "la ejecución de trabajos de ingeniería". Los comienzos fueron duros para Clemente, un ingeniero civil español de padre venezolano: en el ejercicio de su constitución, Tecnoconcret sólo facturó 18.527 euros; en 2004, los ingresos ascendieron a 74.002 euros, y un año después se quedaron en 95.336.

Pero la suerte de Clemente cambió de forma radical en 2006. El 21 de junio de ese año, constituyó la sociedad Tamanaco 07 Consulting junto a Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del número dos de Esperanza Aguirre. Cada uno de los socios se quedó con el 33,3% del capital de la firma, dedicada a "la promoción y explotación de instalaciones deportivas".

Los dos familiares del vicepresidente demostraron tener gran confianza en su socio porque aceptaron que la sede social de la empresa se instalara en el domicilio particular de Clemente. Y el nombre de la compañía también parece una sugerencia de este: Tamanaco fue uno de los más famosos caciques venezolanos, que lideró durante parte del siglo XVI la resistencia contra los invasores españoles.

Llama la atención que Clemente, González y Caballero decidieran crear una compañía dedicada a promover y explotar instalaciones deportivas, no sólo porque ninguno de los socios tuviera experiencia previa en el sector, sino por el hecho de que en esas mismas fechas se comenzó a construir el campo de golf de Chamberí en terrenos del Canal de Isabel II. Y resulta que el presidente de esta empresa pública es el vicepresidente madrileño, Ignacio González.

Las obras para transformar los depósitos de agua del Canal en una zona deportiva fueron adjudicadas al Grupo ACS, que subcontrató la construcción del campo de golf con una compañía denominada Only Golf Planning and Design. Como desveló Público el pasado 6 de febrero , Clemente y Caballero aparecen como "promotores de proyectos" en dicha sociedad.

El caso es que la facturación de Tecnoconcret se disparó en 2006 hasta 1.423.935 euros. Y el año terminó de manera inmejorable para el socio de la familia González. El 27 de diciembre, el Canal decidió adjudicar la explotación del campo de golf, por un plazo de cinco años, a un consorcio formado por tres empresas: Iridium (del grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. Ignacio González beneficiaba así directamente a la empresa del socio de sus familiares. La compañía siguió en racha durante 2007, cuando su facturación se elevó a 1,7 millones. Y al año siguiente, el 10 de noviembre de 2008, Tecnoconcret decidió ampliar su capital en 100.000 euros y facilitar la entrada a dos nuevos socios: los mismísimos Pablo González y José Juan Caballero, que pasaron a controlar entre ambos más del 60% de las acciones.

La historia empresarial de Tecnoconcret

Fundación: 29 de mayo de 2003 // La empresa fue fundada por José Antonio Clemente, que suscribió el 75% del capital, y por su esposa, que se adjudicó el 25% de las acciones. La sede de la sociedad se fijó en el domicilio del matrimonio y su objeto social era "la realización de servicios técnicos y la ejecución de trabajos de ingeniería". Clemente fue nombrado administrador único.

Objeto social: 5 de febrero de 2008 // La empresa amplió su objeto social para incluir "la realización de proyectos deportivos, la planificación de servicios sociales y los servicios de recogida de basura y reciclajes", entre otros.

La familia González: 10 de noviembre de 2008 // Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se convierten en accionistas mayoritarios de la empresa. Cada uno de ellos suscribe el 31,6% de las acciones, en una ampliación de capital de 100.000 euros. Clemente retiene otro 31,6% y Fernando Serrano recibe el 5,2% de las acciones.

(www.publico.com, 16/02/09)

14. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. LA RED DE CORRUPCIÓN VINCULADA AL PP TUMBA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SOBRE EL ESPIONAJE

El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco ha solicitado esta mañana dejar la comisión de investigación sobre el espionaje de la Asamblea de Madrid, de la además de miembro es presidente, para querellarse contra Isabel Jordán, imputada en la otra gran trama que salpica al PP, el caso Gürtel que investiga la Audiencia Nacional. En las grabaciones en poder del juez Baltasar Garzón, Jordán le había relacionado con la trama corrupta y de tráfico de influencias, razón por la cual PSOE y PP habían exigido la recusación de Martín Vasco como presidente de la comisión sobre espionaje. El PP rechazó el pasado lunes esta petición. El diputado no está imputado en el caso.

El propio afectado ha explicado que ha quedado hoy "voluntariamente apartado" de la comisión de investigación porque hoy mismo ha emprendido un procedimiento penal contra Isabel Jordán y no quiere que los trabajos de la comisión se vean "perjudicados por este procedimiento". "He pedido a mi grupo que, como hoy emprendo un procedimiento penal contra esta señora, se me aparte de la comisión, con el objeto de que los trabajos no salgan perjudicados, ya que voy a estar involucrado dentro de este procedimiento que he abierto para defenderme", ha declarado. Tras subrayar que su decisión "irrevocable" no es una "dimisión", ha apuntado que pretende también evitar que nadie pueda acusarle de "utilizar la comisión de investigación contra Isabel Jordán".

Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto del Grupo Popular y miembro de la dirección de grupo, denunció la semana pasada que sufrió un intento de chantaje telefónico a cuenta de la trama de corrupción. Alguien llamó a su móvil y le dijo: "Si no quieres que te pase lo que a tu amigo Correa [Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción], tienes que llevar 50.000 euros esta tarde a un bar de la Casa de Campo".

Martín Vasco ha admitido que mantiene una relación de amistad con el presunto cabecilla de la trama, aunque subraya que desde 2005 ya no lo frecuenta tanto porque él dejó de veranear en Marbella, donde ambos solían coincidir. Se informó que Martín Vasco estaba siendo investigado y que Isabel Jordán sostiene en una grabación que al diputado madrileño le pagaron 30.000 euros para que callara sobre operaciones urbanísticas irregulares en el municipio de Arganda del Rey. Pero Martín Vasco no ha sido imputado por el juez Garzón.

En una conversación gravada, Correa y sus colaboradores implican a Benjamín Martín Vasco, ex alto cargo de Arganda: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".

(www.elpais.com, 18/02/09)

15. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. LA CONSERVADORA ROSA POSADA PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE

La diputada del PP Rosa Posada ha sido elegida nueva presidenta de la Comisión de Investigación sobre la supuesta trama de espionaje, en sustitución de su compañero Benjamín Martín, voluntariamente apartado de esta comisión para defenderse jurídicamente de su supuesta implicación en la operación Gürtel. Como ya ocurriera el pasado 6 de febrero, cuando se constituyó la comisión, los socialistas han propuesto para el cargo a la portavoz de IU, Inés Sabanés. Rosa Posada, de 69 años, secretaria de la Mesa de la Asamblea, fue presidenta de la Cámara en la II Legislatura y consejera de Sanidad y Servicios Sociales entre 1995 y 1999, con el primer Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

(www.publico.es, 20/02/09)

16. GRANADOS NO LOGRA EVITAR EL ENCIERRO DEL TURNO DE OFICIO

Y ahora, también los abogados del turno de oficio. El pitote judicial -los jueces van a la huelga mañana mismo y los funcionarios lo están ya- se complicó por otro flanco: el de los letrados de la asistencia jurídica gratuita, que pasaron esta noche encerrados en su propio Colegio de Abogados para pedirle a la Comunidad que les pague lo que les adeuda y, de cara al futuro, una dotación presupuestaria acorde con lo presupuestado: su labor en 2009 costará 40 millones de euros y, a día de hoy, sólo hay en la caja 400.000 euros.

Ni siquiera el último intento de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, reunido con Antonio Hernández-Gil, decano del Colegio, sirvió para que los amotinados desistieran de su actitud. De hecho, en el encierro, que finalizó a las 08.00 horas de hoy, tenían previsto votar una convocatoria de huelga a la par que el paro convocado por los jueces, el primero en la democracia española.

Los abogados, de hecho, se tomaron un tanto a broma las declaraciones de Granados, que en un último movimiento, quizás desesperado, prometió pagar al turno lo que se le debe. Los letrados consideraron "extraña" la actitud de Granados de intentar evitar el encierro a última hora, y prepararon todo un calendario de movilizaciones para lograr sus objetivos.

La declaración del consejero fue "vaga" e "inconsistente" para los portavoces de las tres asociaciones convocantes, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA), y aseguraron que sólo "un compromiso claro" por parte de la Comunidad podría evitar una huelga.

"No pueden pretender que trabajemos gratis", declaró Santiago Luengo, uno de los portavoces. Granados se escudó en que el Consejo de Gobierno "ya ha dado la orden de pago", pero la realidad es que, puede que por falta de líquidez, "se ha diferido el pago del cuarto trimestre de 2008 unas tres semanas", según el decano del Colegio de Abogados. Granados aseguró, en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Hernández-Gil, que ese pago se realizará "en breve", sin acotar más.

Los letrados del turno no se fían, así que, pertrechados con dos pancartas -Por un turno de oficio al servicio de la ciudadanía y Por el modelo actual de la justicia gratuita-, se encerraron anoche en el Colegio de Abogados para "aunar voluntades" y "tratar de preparar los próximos pasos", conducentes a una huelga muy probablemente.

Granados, por la mañana, aseguró que su Consejería establecerá "los mecanismos presupuestarios necesarios" para que a lo largo de 2009 se pague al turno de oficio con regularidad, con miras a que "la situación no vuelva a repetirse". Sin embargo, los letrados dispararon con bala por la tarde, antes del inicio de su encierro: "Existe una voluntad política de restringir el derecho de defensa", aseguró María Jesús Díaz Veisa, portavoz de ALA.

Cuestión dineraria aparte -los letrados también piden que se actualicen los pagos al Indice de Precios al Consumo-, hay otras pendencias entre la Comunidad y los abogados del turno. Por ejemplo, el acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado el pasado 28 de noviembre, según el cual, a decir de los letrados, se endurecen los requisitos para el acceso de los inmigrantes a la justicia gratuita.

Además, denuncian la salida a concurso público del Servicio de Asistencia Jurídica a Mayores, que hasta ahora venía desempeñando el Colegio. Los amotinados denuncian la tibieza del decano Hernández-Gil, que declaró que lo prometido por Granados "cubre todos los motivos de preocupación que teníamos". Muchos de sus representados no lo creen así.

(www.elmundo.es, 17/02/09)

17. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. LA ALCALDÍA VUELVE A ENFRENTAR AL PP

Boadilla ya tiene un nuevo alcalde. Se llama Juan Siguero Aguilar, es el número tres del PP en el municipio y el segundo teniente de alcalde. Se trata de un hombre cercano al ex alcalde Arturo González Panero, que dimitió el pasado 10 de febrero tras ser imputado en la trama de corrupción investigada por el Juez Baltasar Garzón.

La elección del nuevo regidor, que se hará efectiva hoy en el pleno municipal, ha enfrentado a los concejales del PP en Boadilla por segunda vez en una semana. El plan de la ejecutiva era llevar a la alcaldía a la número diez, Miriam Villares. Para ello tenían que renunciar los nueve primeros de la lista. Contra el criterio de la dirección del partido en Madrid, Siguero anunció que se queda con la alcaldía.Tras la dimisión de Panero, impuesta por la ejecutiva del PP, se supo que el ex alcalde había exigido la renuncia de la número dos, María Jesús Díaz, su enemiga declarada. Ese mismo día, la ejecutiva del PP madrileño anunció a los concejales que la elección del nuevo alcalde sería una decisión de partido y se les pidió el compromiso de acatarla. Así parecía que iba a ser. Un hombre del partido se encargó de sondear a todos los concejales del municipio y les convocó para tomar la decisión. A la reunión también asistió Granados.

Una de las concejales, la número diez del PP, Miriam Villares, contaba con la mayoría de los apoyos, nueve de los 16 concejales del PP en la localidad. Pero para su nombramiento debían renunciar los nueve primeros. El Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales establece que en caso de que se produzca la dimisión de un cargo elegido, será sustituido por el siguiente en la lista.

Tras la dimisión de González Panero y la renuncia de la número dos, María Jesús Díaz, la semana pasada, la siguiente en la lista era María Belén Húmera Contreras. Ésta renunció a su derecho a hacerse con la alcaldía y cumplió así el compromiso con el partido. El siguiente en la lista era Juan Siguero, que no cumplió lo prometido y anunció que él sí ejercería su derecho a la alcaldía de la localidad.

La reunión, según fuentes municipales, fue tensa. Siguero defendió su decisión y alegó ante Granados que lo hacía porque era un hombre de partido. El secretario general del PP en Madrid le recriminó su conducta. "Es lo único que se os ha pedido", dijo Granados, según fuentes municipales. "Si fueras un hombre de partido harías lo que tu partido te pide".

Si no hay sorpresas hoy en el pleno, Siguero será el nuevo regidor. Tiene 39 años, está casado y tiene dos hijos. Lleva en el Ayuntamiento de la localidad desde 1993, donde ha sido responsable de las áreas de Deportes, Medio Ambiente, Urbanizaciones y Servicios, Régimen Interior, Nuevas Tecnologías y Hacienda.

(www.elpais.com, 20/02/09)

18. AYUNTAMIENTO DE PINTO. DESAPARECEN VARIOS DOCUMENTOS

Más leña al polvorín de Pinto. El gobierno local (PSOE, Izquierda Unida y Juntos por Pinto) denunció que han desaparecido cerca de una decena de facturas y expedientes emitidos durante la época en la que el Partido Popular estuvo al frente del Ayuntamiento. Entre esos documentos hay un encargo a una agencia de detectives realizada por el Departamento de Recursos Humanos. El Consistorio, según confirmó un portavoz municipal, desconoce "para qué se realizó ese encargo". También han desaparecido expedientes relativos a diferentes contrataciones, valoración de puestos de trabajo o la elaboración de una auditoría de las cuentas municipales de la localidad.

"Esta situación podría estar tipificada como infidelidad en tratamiento de documentos", señaló el ejecutivo local en nota de prensa, en la que se calificó el comportamiento de los populares como "presuntamente delictivo". El Ayuntamiento estudia ahora acudir a los tribunales para denunciar la desaparición de esta documentación oficial.

Por otro lado, continuó en los juzgados de Parla la ronda de declaraciones de los firmantes de la moción de censura que acabó con el gobierno del PP el pasado 22 de diciembre. El primero fue el portavoz de IU, Carlos Pénit, quien reconoció su vinculación con los empresarios beneficiados por una permuta de suelo que fue paralizada por el Partido Popular y que pretende desbloquear el tripartito. De hecho, Pénit comparte la propiedad de un terreno de más de 500 metros de edificabilidad con estos empresarios.

También declaró, en este caso como testigo, Alfonso García Escribano, la persona que a principios del año 2008 adquirió la vivienda del concejal de Juntos por Pinto Reyes Maestre, cuya participación fue fundamental para sacar adelante la moción de censura.

El testigo reconoció a la juez que está relacionado con los promotores del Espacio del Motor -un desarrollo en el que se pretenden construir un total de 7.500 viviendas y un circuito de fórmula 1- porque tiene "algunas propiedades suyas en alquiler y alguna en venta", y que la vivienda de Maestre la compró "únicamente por negocio a través de un inversionista llamado Pedro Gonzalo Daganzo" y la sociedad Gonda, SA.

Alfonso García Escribano añadió que no advirtió a Reyes Maestre de que compraba la vivienda a través de un inversionista, y que, bajo su punto de vista, la adquisición de la casa fue "una ganga para invertir", ya que consiguió una rebaja en la compra "de casi 100.000 euros".

(www.elpais.com, 18/02/09)

19. AYUNTAMIENTO DE PINTO. UN EX ASESOR DEL PP PREPARÓ UN 'DOSSIER' DE ALTOS CARGOS DE PINTO

Había que seguir "dando leña". La moción de censura que el pasado 22 de diciembre desalojó al PP del Ayuntamiento de Pinto escoció en las filas populares. Desde entonces no han cejado en su empeño de demostrar que, tras el tripartito que les arrebató la alcaldía de la ciudad, existen oscuros intereses personales y urbanísticos. El exceso de celo les ha jugado una mala pasada.

Un error a la hora de enviar un correo electrónico ha permitido conocer el proyecto de dossier que manejaba un ex asesor del equipo de gobierno del PP, que actualmente ocupaba el cargo de auxiliar administrativo en el grupo municipal popular, Raúl Martínez. En él aparecía un listado de los cargos de confianza del actual ejecutivo local, con sus sueldos y algunas "observaciones" del tipo "es amante" de un concejal del Ayuntamiento o "recientemente se le ha visto en un concesionario de Audi de Getafe adquiriendo un A-6".

Un portavoz del PP, Juan Antonio Padilla, reconoció el envío del correo electrónico, aunque restó importancia al contenido. "Hemos hablado con este chico y efectivamente nos ha reconocido que envió el e-mail", precisó Padilla. Este periódico intentó varias veces hablar con el autor del envío, Raúl Martínez, pero éste no cogió el teléfono.

El documento fue enviado el lunes desde una dirección de correo personal. Iba dirigido a una treintena de personas, entre ellos concejales del PP, ahora en la oposición, y ex altos cargos del Ayuntamiento durante el año y medio en el que gobernaron los populares. Por error, el correo se dirigió también al gabinete de prensa del Ayuntamiento. "Estamos preparando el listado de asesores del nuevo gobierno y su quién es quién. Os adjunto un archivo Excel con los nombres, cargos, sueldos y un apartado de observaciones", señalaba el correo electrónico, en el que se animaba a los destinatarios a añadir "todo lo que sepáis de ellos, lo que podáis ampliar o corregir de lo que ya está escrito". El objetivo, simple: "Para que podamos seguir dando leña".

El archivo adjunto, titulado Asesores tripartito, no tiene desperdicio. Es un listado de 26 cargos de confianza del actual equipo de gobierno, formado por PSOE, IU y el edil de Juntos por Pinto, Reyes Maestre. Junto a cada nombre aparece el departamento en el que trabaja y el sueldo que percibe. Pero hay otra columna más, la de observaciones. En la mayor parte de las casillas está vacía, pero en otras se hacen comentarios sensibles. Uno de los comentarios que aparecen en el dossier advierte que un asesor "empezó en el CDS y se pasó a IU, fue mano derecha de [Carlos] Pénit [edil de Urbanismo] y concejal de Transportes", para añadir después que "recientemente se le ha visto en el concesionario Audi de Getafe adquiriendo un A-6 con todos los extras". Otro de los asesores, según el documento enviado por correo electrónico, "vive con la hija" de un concejal.

Las observaciones continúan. "Colocó en el servicio de ambulancias al hijo de su amante. Su hija es funcionaria del Ayuntamiento. Está denunciado por llevar el perro suelto y sin bozal", dice el documento de otro de los altos cargos del tripartito. En algunos casos la información que se adjunta raya la crueldad: "Ex editor del periódico Pinto.com, en el que escribía odas a Antonio Fernández [ex alcalde socialista de Pinto]. Luego salió rebotado y se pasó a Juntos por Pinto, donde poco a poco se ha ido erigiendo en la mano que le falta a Maestre". No faltan tampoco las glosas familiares. Se acusa a tres trabajadores de ser hijos de una ex alcaldesa de IU y de un ex concejal y un antiguo asesor socialistas. De un cargo de confianza del gobierno local se dice que está "imputado por prevaricación en un asunto de protección civil".

El alcalde de la localidad, Juan José Martín (PSOE), firmó mismo el decreto de cese inmediato del hasta auxiliar administrativo de los populares. Además, anunció que pondrá toda la documentación a disposición de un juez para que se investigue si existe un posible delito. "Esta actuación atenta contra la intimidad y la dignidad de las personas que aparecen en el documento", señaló el regidor, que añadió que no puede consentir que el responsable de este tipo de actos "sea alguien a quien se paga con fondos públicos". "Esto es espionaje", añadió.

El nombramiento de un auxiliar administrativo es una prerrogativa que tienen los grupos municipales en virtud de un protocolo firmado por todos los partidos para dotarse de medios suficientes. De esta manera, las personas elegidas por cada grupo son nombradas por decreto del alcalde. "El PP podrá elegir otro auxiliar. Espero que esto no suponga la ruptura del protocolo, porque el cese está más que justificado", continuó Martín.

(www.elpais.com  14/02/09)

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