ÍNDICE
1. LA CARA OCULTA DE AGUIRRE
2. CORRUPCIÓN EN EL PP. GARZÓN DESMANTELA UNA
TRAMA DE CORRUPCIÓN EN MUNICIPIOS DEL PP
3. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA OPERACIÓN CONTRA LA
CORRUPCIÓN LLEGA A DOS MUNICIPIOS DEL NOROESTE
4. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE ADJUDICÓ 76
CONTRATOS A DEDO A LA TRAMA DE BOADILLA
5. CORRUPCIÓN EN EL PP. ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA
AL EX ALCALDE DE MAJADAHONDA Y AL REGIDOR DE BOADILLA
6. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE DESTITUYE AL
CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA
7. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA COMUNIDAD DE MADRID
ADJUDICÓ CONTRATOS A SERVIMADRID POR 340.000 EUROS
8. CORRUPCIÓN EN EL PP. UNO DE LOS IMPUTADOS POR
GARZÓN ES ASESOR DEL CONCEJAL DE MONCLOA
9. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL JUEZ INVESTIGA LA
IMPLICACIÓN DE CUATRO AFORADOS AUTONÓMICOS DEL PP
10. CORRUPCIÓN EN EL PP. OCHO CONTRATOS DE LA
COMUNIDAD PARA EL IMPUTADO ULIBARRI
11. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
RAJOY Y AGUIRRE, EL PACTO QUE SÓLO ELLOS NIEGAN
12. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE
MADRID.. EL PP ARRANCA LA 'COMISIÓN DE LOS ESPÍAS' CON TODO TIPO DE
ZANCADILLAS
13. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
LOS ESPÍAS SON DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR
14. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
EL PP NIEGA DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA INVESTIGAR EL
ESPIONAJE EN MADRID
15. AGUIRRE RECIBE EL HOMENAJE DEL SENADO EN
AUSENCIA DE LA CÚPULA DEL PP
16. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE "NADIE EMPAÑARÁ"
LA "TRANSPARENCIA" DE SU GOBIERNO
17. NUEVA POLÉMICA ENTRE AGUIRRE Y CAJA MADRID
POR LOS ESTATUTOS
18. AGUIRRE CEDE SUELO AL OPUS PARA UN CENTRO QUE
SEPARA POR SEXOS
19. GÜEMES 'VENDE' EN BARCELONA EL SISTEMA
SANITARIO MADRILEÑO
20. TELEMADRID DESPEDIRÁ A 80 TRABAJADORES
21. UN ALCALDE CON LA MANO MUY LARGA
1. LA CARA OCULTA DE AGUIRRE
Su control de casi todos los resortes del poder
económico y local en Madrid es personal. No delega. Nombra y reparte
cargos a cualquier nivel. Bajo el régimen de Esperanza Aguirre nadie
se fia de nadie. E l primer logro de Esperanza Aguirre en Madrid fue
promover la plantación de un millón de árboles en la capital durante
su etapa como concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento. Así lo
hacen constar las biografías oficiales. Durante su primera campaña
como candidata a la presidencia de la Comunidad, una persona de su
entorno la recomendó que no abusara en público de ese resultado.
La maquinaria del PP en Madrid preparó con
profesionalidad la campaña de una candidata como Esperanza Aguirre a
las elecciones autonómicas de 2003 para dar satisfacción a una
apuesta personal del presidente Aznar, que quiso jugar al ajedrez
con el destino. Un recién llegado Zapatero había colocado a Trinidad
Jiménez como cartel electoral del PSOE al Ayuntamiento. Zapatero
quería la capital y Aznar movió ficha: defendería la plaza con un
peso pesado como Gallardón y dejaría la Comunidad para Aguirre.
No había mucho tiempo para cambiar la imagen de
una candidata cuya gestión al frente del Ministerio de Educación y
Cultura era mejor recordada por sus meteduras de pata y su
desparpajo ante las cámaras del programa Caiga quien caiga que le
dedicaba semanalmente un espacio estelar. Esa popularidad televisiva
era un punto a favor. Por lo demás, Aguirre no tenía ningún peso
político en el partido en Madrid. No conocía la realidad de Madrid.
Tampoco tenía equipo, salvo un cuarteto de asesores externos con los
que se reunía periódicamente en la sede que por entonces tenía la
Fundación FAES en la calle de Velázquez. En ese cuarteto figuraban
dos periodistas: Miguel Ángel Rodríguez, primer portavoz del
Gobierno Aznar, y Manuel Soriano, quien fuera su jefe de prensa en
el ministerio. De la importancia de estos asesores se supo tiempo
después.
La maquinaria del partido diseñó una estrategia
sencilla. La recomendaron vestirse al estilo Zara para aliviar su
imagen de marquesa consorte y la pasearon por los pueblos de Madrid,
a la sombra de Ruiz-Gallardón. Su capacidad para conectar con el
ciudadano medio era evidente pero, al mismo tiempo, su desenfado era
temerario: no parecía afectarle demasiado dejar al desnudo su
ignorancia ante alcaldes y técnicos. En una primera reunión con los
consejeros de la Comunidad de Madrid para empaparse de la realidad
de la región, Esperanza Aguirre dejó impresionados a los presentes.
Lejos de adoptar una actitud humilde, terminó tachándoles de
socialdemócratas. Y luego estaban algunos otros detalles menos
conocidos de su personalidad: durante el desplazamiento a un acto
electoral era capaz de pasarse el viaje discutiendo con el chófer
sobre la ruta a seguir antes que aprovechar el tiempo para repasar
el discurso. Aguirre era un personaje caótico y temerario. No
ocultaba la irritación que le producía tener que cerrar los actos
después de su compañero de partido, de quien envidiaba que su
campaña disfrutara de mayor presupuesto. Su entorno comenzó a vivir
emociones fuertes. Ante la posibilidad de una derrota electoral
vistas las encuestas y que su imagen no acababa de despuntar, soltó
una frase lapidaria que sorprendió a quienes la escucharon: "Si
pierdo, será culpa de Aznar". Esperanza Aguirre era por entonces un
personaje secundario en el partido. Cinco años después, nadie puede
afirmar lo mismo.
Un lustro después, Aguirre ha tomado al asalto
buena parte de las instituciones del poder local madrileño. Y domina
el partido en Madrid. Cinco años después, Aguirre es reconocida como
seria candidata a la presidencia nacional del PP si Rajoy termina
por sufrir un nuevo fracaso. Quiere ser presidenta del Gobierno. No
oculta sus intenciones. Una poderosa maquinaria propagandística está
de su parte y en ello tienen mucha responsabilidad aquellos asesores
externos de la calle de Velázquez. Aguirre ocupa mucho espacio. Hace
oposición a su propio partido y al Gobierno central. Es tan incómoda
para Rajoy como pueda serlo para Zapatero. En una biografía
autorizada escrita en 2006 por la periodista Virginia Drake,
titulada sin inocencia Esperanza Aguirre. La presidenta, recibe
calificativos como "leal", "brutalmente sincera", "austera",
"decidida", "mandona" e "hiperactiva". El libro resalta un lema que
guía su conducta: "Delega todo, menos la supervisión". El libro
podría haberse enriquecido con otros calificativos que se desprenden
de los comentarios de personajes que colaboran o han colaborado con
ella en los últimos tiempos. Populista. Temeraria. Obcecada.
Trabajadora. Ambiciosa. Caótica. Implacable. Astuta. Intolerante.
Déspota. Sobre su capacidad para delegar decisiones existe un
criterio unánime: ninguno de sus consejeros tiene autonomía de
decisión. Aguirre controla con mano de hierro los aspectos
fundamentales de la gestión. Y a veces, incluso, los accesorios.
"Es capaz de discutir con los arquitectos o los
ingenieros aspectos técnicos de una obra aun siendo consciente de su
ignorancia en la materia. Puede obligar a ubicar la instalación de
una estación de metro donde se le ocurre, dando la impresión de que
la opinión que ha escuchado a un vecino pueda tener el mismo peso
que el dictamen de un experto. Puede hacer la pregunta más peregrina
sobre el mobiliario de un edificio en construcción. O puede obligar
a pintar de nuevo la fachada de un hospital porque no le gusta el
color", recuerda un ex consejero.
Otro colaborador no reprime su opinión: "Maltrata
a los que percibe como débiles, lo cual es una condición muy propia
de personas de la clase alta. Es de las que tutean a quienes sabe
que no la pueden tutear". Este aspecto menos conocido de la
personalidad de Aguirre se manifiesta desde antaño. La conoce
quienes han sido víctimas de su forma de ejercer la autoridad. Elena
Salgado, actual ministra de Administraciones Públicas, ha tenido
serios enfrentamientos con Aguirre, los más notorios durante su
periodo como ministra de Sanidad como consecuencia de la resistencia
de Aguirre a aplicar las normas de la ley antitabaco en la Comunidad
de Madrid. Pero Elena Salgado fue durante unos meses directora de la
Fundación Teatro Lírico, responsable por tanto del Teatro Real de
Madrid, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura en aquel
entonces, cuyo titular era Esperanza Aguirre. Elena Salgado nunca ha
olvidado la llamada telefónica en la que Aguirre le comunicó su
cese. El tono y el contenido de esa breve conversación dice mucho
sobre ciertos rasgos de Aguirre. Quiso ser amable y al mismo tiempo
implacable. Y astuta, porque dejó la huella de un culpable.
-Elena, siento decirte esto porque nuestros hijos
van al mismo colegio, pero el secretario de Estado me ha dicho que
no puedes seguir en el cargo ni un minuto más.
Aguirre podía parecer una candidata débil y sin
apoyos políticos en la primavera del año 2003. Es más, su carrera
política parecía acabada tras su fracaso electoral en Madrid frente
a un candidato sin gancho como el socialista Rafael Simancas. La
derrota de Aguirre significaba el primer gran éxito de Zapatero. Sin
embargo, un suceso grave, extraño y nunca suficientemente
investigado, modificó su destino: los diputados socialistas Tamayo y
Sáez cambiaron inexplicablemente el sentido de su voto en la
Asamblea de Madrid y alteraron la decisión popular. Las elecciones
debieron repetirse y Aguirre conquistó la presidencia en octubre.
Aquel asunto dejó un rastro maloliente procedente de las
alcantarillas de la política madrileña. ¿Qué estaba pasando en
Madrid? ¿Qué extraños intereses se cocinaban? Cinco años después,
cuando el asunto parecía olvidado, vuelve el mal olor a la capital:
los políticos se espían unos a otros, circulan informes
comprometedores, florecen ex policías haciendo tareas de vigilancia
y agencias de detectives pagadas por quién sabe quién. Y en el
centro de ese círculo vicioso vuelve a estar Esperanza Aguirre.
Claro está que todo parecía haber cambiado en un
lustro. Radicalmente. Aguirre se había convertido en un peso pesado
del Partido Popular. Su tenacidad había superado la prueba. Algunos
de aquellos asesores externos a quienes gente del partido no tomaron
en consideración en el año 2003 revelaron su decisiva influencia
tiempo después. Manuel Soriano, por ejemplo, fue nombrado director
de Telemadrid. Su trabajo no pasó desapercibido tras desmontar unos
servicios informativos que gozaban de cierta credibilidad.
Telemadrid superaba el listón. Censura y
parcialidad son vicios generales en las cadenas autonómicas. Pero
algunos sucesos demostraban que Telemadrid estaba al servicio no
sólo de la presidenta, sino de una estrategia de calado político de
más altos vuelos. Un ejemplo bien patente fue una tarjeta manuscrita
de Manuel Soriano dirigida al jefe de gabinete de Esperanza Aguirre,
Regino García-Badell Arias. Con relación a un documental sobre la
investigación de los atentados en Madrid del 11 de marzo de 2004
(Tres días de marzo), Soriano escribía: "Pásaselo a la presidenta",
rezaba el manuscrito, "creo que ha quedado bastante bien
cinematográficamente... e ideológicamente". Para ser un presunto
reportaje de investigación, el término "ideológicamente" era
bastante significativo. Tiempo después, Telemadrid fue protagonista
de otro episodio: la manipulación de un reportaje para demostrar que
el aeropuerto de Barajas era un coladero de inmigrantes. Unos
reporteros guiados por un policía manipularon una puerta de acceso
para hacer creer que se podía evitar el control policial.
Tras la televisión, Esperanza Aguirre inició una
implacable conquista de todas y cada una de las instituciones de
poder local y económico de la capital. En el capítulo económico, no
le importó provocar algunos conflictos para hacerse con los mandos
del Ifema o la Cámara de Comercio. También ha mantenido disputas con
el Ayuntamiento de Madrid en Metro o el Consorcio Turístico. Y
últimamente se ha lanzado al asalto de Cajamadrid, su maniobra más
reciente, todavía sin consumar. En el terreno político, primero
actuó en la Comunidad, donde fue barriendo a todos cuantos mostraron
cierto grado de fidelidad al alcalde Gallardón. Luego, cerró el
círculo con el PP en Madrid.
Aguirre no tardó mucho en mostrar otros rasgos de
su personalidad tanto en labores de oposición como en la gestión de
algunos casos especialmente sensibles. Uno particularmente grave fue
el conocido como caso de las sedaciones en el hospital de Leganés. A
primeros de marzo de 2005 llega una denuncia anónima al despacho del
consejero Manuel Lamela acerca de 400 supuestas sedaciones
irregulares en pacientes terminales del hospital Severo Ochoa de
Leganés, con resultado de fallecimiento.
Esa denuncia ponía en entredicho la honorabilidad
de 11 médicos, dirigidos por Manuel Montes, responsable de las
urgencias de dicho hospital, la mayoría de ellos doctores de
conocida ideología política izquierdista. Una denuncia parecida
había sido investigada en el año 2003, con el PP en el Gobierno de
Madrid, y sobreseída tras una profunda inspección que concluyó con
un elogio a la profesionalidad de Montes y su equipo. Lamela, sin
embargo, decide llevar el caso adelante y hacerlo público, momento a
partir del cual se monta el escándalo con Telemadrid al frente de
las operaciones junto a otros medios informativos que acusan a los
médicos poco menos que de asesinos. Tras el caso emerge un debate
ideológico acerca de la eutanasia. A pesar de las dudas que
despierta la rigurosidad de la denuncia, Esperanza Aguirre defiende
la posición de Lamela y termina dirigiendo la polémica. Los médicos
son apartados de sus funciones, algunos deben emigrar a otra
comunidad autónoma porque se les advierte de que no encontrarán un
puesto de trabajo en la sanidad madrileña. Se nombran comisiones con
expertos afines y se judicializa el caso esperando una sentencia
favorable. Aguirre llegó a manifestar que si los jueces daban la
razón a los médicos, éstos serían readmitidos. Tras tres años de
penalidades, de informes favorables, de dura batalla legal, los
médicos imputados fueron exonerados de toda mala praxis. Aguirre no
movió un músculo. No los readmitió. Poco pareció importar las
consecuencias que tuvo aquel caso para los pacientes terminales de
muchos hospitales. Demasiada gente murió en medio de un sufrimiento
innecesario. Según Aguirre, aquella fue una batalla política más. Y,
como suele sucederla con frecuencia, nunca aceptó la derrota.
La conquista del poder en Madrid se produjo palmo
a palmo. Aguirre no se ha limitado a una política clásica de
nombramientos de hombres clave en puestos clave. Ni siquiera acepta
de buen grado que haya familias a su alrededor. A pesar de lo que
reza su biografía oficial, no delega. Nombra. Y nombra a cualquier
nivel: no permite que cada consejero se haga su propio equipo al
completo. Elige desde una secretaria, hasta un director general o un
secretario técnico, pasando por un viceconsejero. "Que se lo
pregunten a Luis Peral (consejero de Educación), que conoció a su
viceconsejero en su toma de posesión", cuenta un ex consejero. Así
que el círculo que rodea a la presidenta es al mismo tiempo muy
estrecho y muy amplio. Y ahí está la clave de su poder.
Porque la toma de decisiones importantes se
adopta en el círculo más estrecho. Realmente, sus colaboradores más
cercanos, sus fieles, son muy pocos. Tres, según las fuentes
consultadas: Regino García-Badell, su jefe de gabinete y sobrino del
difunto presidente del Gobierno franquista Carlos Arias Navarro, al
que un director general que le conoce con profundidad define como
"un hombre desencantado de la política que proviene del anarquismo".
García-Badell es quien prepara los discursos de Aguirre y quien
elabora los resúmenes de algunos asuntos importantes. Luego está
Javier Fernández Lasquetty (colaborador de Aguirre en el
Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Educación y en el Senado,
secretario general de FAES y actual consejero de Inmigración y
Cooperación). Y naturalmente, Ignacio González, el vicepresidente,
considerado como la mano derecha de Aguirre en la gestión de sus
estrategias. Son los aguirristas en estado puro. El resto son recién
llegados, procedentes de diferentes sectores, peones en la
estrategia conquistadora de la presidenta, una suerte de ex
gallardonistas (Cortés y Beteta), de hombres de Rato (Güemes), de
supervivientes del entorno de Álvarez del Manzano y de amigos o
compromisos de Aznar. Aguirre ha utilizado el poder para tejer una
tupida red de clientelismo llevada en algunos casos al extremo.
Porque Aguirre despacha con sus tres fieles pero
atiende a todo aquel que la llame. Conocida es su adicción al
teléfono móvil, del que no se separa y que utiliza a cada momento,
bien para enviar mensajes, bien para comentar algún detalle a
cualquier hora del día por inhóspita que pueda parecer. Aguirre no
descansa. Duerme cuatro horas, según su biografía autorizada.
Descansa apenas un cuarto de hora después de la comida, según sus
colaboradores, en un tresillo ubicado en su despacho privado, mucho
más pequeño que el oficial. Allí se siente como en casa. Atiende
algunas reuniones sin importar su aspecto: "Estaba descalza",
recuerda un colaborador, "envuelta en una pequeña manta y con las
medias bajadas hasta los tobillos". Aguirre escucha a mucha gente y
de muy distinta procedencia y ésa es una de las claves de su poder.
Lo mismo se informa a través de una secretaria, que de un director
general.
La consecuencia es que ella aparenta estar en
todo. Ningún consejero tiene autonomía en las grandes decisiones del
gasto. Todo debe pasar por lo que se conoce como la "preparatoria",
una especie de reunión previa a la Junta de Gobierno, a imagen y
semejanza de una comisión de subsecretarios. Todas las inversiones
pasan por Ignacio González. Y mucha gente reporta información a
Esperanza Aguirre, de tal forma que cuando llega la reunión de la
junta de Gobierno, cualquier consejero puede encontrarse con
sorpresas. Esperanza puede hacer cualquier pregunta inesperada. O
contestar al consejero con frases como "pues tu director general no
piensa lo mismo" o "tu viceconsejero opina lo contrario". Aguirre es
especialmente astuta a la hora de gestionar los enfrentamientos
entre sus colaboradores.
Ese comportamiento ha propiciado que, en el
Gobierno de Madrid, nadie se fíe de nadie. Nadie tenga equipo. No
haya familias. ¿Qué seguridad puede tener un consejero en lo que
hace si cualquier persona de su departamento informa a la
presidenta? La desconfianza, el enfrentamiento, el control absoluto
que emana de Aguirre y González explica que germine el juego sucio
en la defensa de intereses o ambiciones particulares. Un juego sucio
que nunca parece haber abandonado la política madrileña.
La crisis de los espías ha puesto de manifiesto
que las vigilancias o la elaboración de dossiers comprometedores no
responden a un solo caso, ni apuntan en una sola dirección, ni
siquiera datan de unas fechas en concreto: el rastro de los dossiers
y las declaraciones de los presuntos afectados revela una acción
continuada en el tiempo, que recorre de principio al final el lustro
de Aguirre en la presidencia de la Comunidad, desde cuando el
vicealcalde Manuel Cobo aspiró inútilmente a dirigir el partido en
Madrid hasta la destitución de dos consejeros fichados por el equipo
de Rajoy (Manuel Lamela y Alfredo Prada). Un día después de la
destitución de Prada, el 26 de junio de 2008, cuatro funcionarios de
la Consejería de Interior registraron un despacho del campus de la
Justicia, se llevaron documentos y un ordenador. Dicho despacho
dependía de Alfredo Prada.
La revelación de que los consejeros utilizaban
tarjetas telefónicas prepago cada 15 días es sintomática. Lo que
constituye una práctica habitual de la delincuencia organizada para
evitar pinchazos telefónicos de la policía es ahora imitada por
políticos madrileños. Que la iniciativa parta del vicepresidente
Ignacio González es también elocuente. Precisamente, el excesivo
poder de González es el centro de muchas críticas internas en la
Comunidad. "No sabemos cómo acabará esto", reconoce un consejero,
"pero nadie se imagina a Esperanza Aguirre sin Ignacio González. Si
tiene que caer alguna cabeza, no podrá ser la suya. Esperanza no lo
permitirá. Y si no, morirá matando".
Espionaje, miedo a los pinchazos, lucha de poder.
Así es el entorno de la política madrileña. Un entorno que el ex
director de Abc José Antonio Zarzalejos denominó como "complicado"
en una entrevista donde desvelaba las presiones que había sufrido
desde la Comunidad de Madrid durante su etapa como responsable del
matutino madrileño. Sobre Esperanza Aguirre, Zarzalejos hizo el
siguiente comentario: "Tiene una ambición poco controlada y un
entorno que me voy a limitar a calificar como complicado. No conozco
a ningún personaje político con poder político y económico que tenga
un comportamiento más alejado de algunas prácticas democráticas".
Sobre el liderazgo de la presidenta, un antiguo colaborador ha
expresado una opinión tajante: "La ideología liberal de Esperanza
Aguirre es pura fachada. Su comportamiento está más cerca de Hugo
Chávez que de Ángela Merkel".
Otros episodios dibujan cómo en Madrid abunda el
juego subterráneo y cómo el famoso caso Tamayo y Sáez quizás no fue
un hecho aislado. Cuando los casos de corrupción urbanística
arreciaban en distintos puntos de la geografía española, sale a
colación un presunto caso en Madrid que tiene como protagonista al
director general de Urbanismo, Enrique Porto, posteriormente
investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Tiempo después, Porto
debe dejar su puesto. Sin embargo, Aguirre encuentra un nuevo frente
sobre el que desviar la atención: el caso Ciempozuelos, que afecta a
dos ediles socialistas, Torrejón y Tejeiro. Curiosamente, el juez
que inicia las investigaciones, Agustín Carretero, juez decano de
Valdemoro, abandona su puesto el 5 de julio de 2007 para servir al
Gobierno de Esperanza Aguirre como alto cargo de la dirección
general de Política Interior en funciones de gerente de la Academia
de Policía. Dicho organismo depende de la Consejería de Interior,
cuyo responsable es Francisco Granados.
Por su parte, Vicente García Novoa, inspector
jefe de policía en el Sepblac, sospechoso de haber ocultado
documentación relacionada con el caso, es contratado como asesor por
la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Ambas
contrataciones, directamente relacionadas con un caso que benefició
los intereses políticos de Esperanza Aguirre, nunca han sido
explicados. Para remate, el ex policía García Novoa mantenía una
conocida amistad con Álvaro Puerta, tesorero del PP, hombre de
Rajoy, conocedor de algunos dossiers en el año 2006, y uno de los
presuntos afectados por el espionaje, un extraño caso de testigo y
víctima al mismo tiempo.
La investigación judicial tratará de determinar
quién espiaba a quién y por qué. La contratación de ex policías y ex
guardias civiles para trabajar en una consejería que no tiene
competencias en materia policial es indiscutible. Estaban a las
órdenes de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e
Interior. Que realizaban actividades de vigilancia por encargo es
algo más que una sospecha. Las pruebas documentales demuestran que
el vicepresidente Ignacio González fue seguido y espiado durante
viajes de carácter privado al extranjero. La fusión de altos cargos
espiados y altos cargos presuntos jefes de los espías es una bomba
de relojería dentro del régimen de Aguirre, una persona que
precisamente se vanagloriaba de disponer de información
privilegiada. El ambiente en Madrid está altamente contaminado: a la
desconfianza se le añade la sospecha. La suma de todo abre una grave
crisis en su gobierno.
(www.elpais.com, 08/02/09)
2. CORRUPCIÓN EN EL PP. GARZÓN DESMANTELA UNA
TRAMA DE CORRUPCIÓN EN MUNICIPIOS DEL PP
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón
puso en marcha una operación en la que fueron detenidas cinco
personas relacionadas con una trama de corrupción en municipios del
PP.Todo apunta a que se trata de personas implicadas en casos de
corrupción urbanística y el cobro de comisiones ilegales.
Algunos de los detenidos han trabajado en la
organización de eventos para el PP y para ayuntamientos y
comunidades autónomas dirigidas por miembros de esta formación. Las
pesquisas las inició la Fiscalía Anticorrupción hace un año y la
actuación ha corrido a cargo de la Comisaría General de Policía
Judicial. El magistrado ha decretado el secreto de sumario. Los
detenidos están acusados de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de
capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita. La actuación
de la Audiencia Nacional ha coincidido en el tiempo con la apertura
de la comisión de investigación en la asamblea de Madrid para tratar
de esclarecer el presunto caso de espionaje.
Según indicó en una nota, es la propia Fiscalía
Anticorrupción la que ha coordinado el operativo de la operación
Gürtel de la Unidad de Delincuencia Económica de la Comisaría
General de Policía Judicial. La actuación policial se ha
desarrollado en Madrid, Valencia, Marbella y Sotogrande (Cádiz).
Además de las detenciones, los responsables de las pesquisas han
requerido diversa documentación a los ayuntamientos de las
localidades madrileñas de Boadilla y Majadahonda.
Los detenidos son el empresario Pablo Crespo
Sabaris, Francisco Correa Sánchez y la mujer de este último, María
del Carmen Rodríguez Quijano. Crespo fue secretario de Organización
del PP gallego.También han sido arrestados F. J. Q. y A. S. R. La
Policía realizó registros en las sedes de las empresas de los
detenidos, en sus domicilios particulares y en sus despachos
profesionales. Correa es un hombre muy ligado al PP. Además, era muy
amigo de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José
María Aznar. La relación de Correa con Agag fue tan estrecha que
incluso fue testigo de su boda con Ana Aznar. Este empresario posee
numerosas sociedades que se han encargado de organizar eventos para
la formación popular y para muchos municipios y comunidades
gobernadas por este partido.
Entre las empresas que están siendo investigadas
aparecen Easy Concep, Viajes Pasadena, Special Events, TCM y Orange
Market.Esta última firma fue la que se responsabilizó del stand de
la Comunidad Valenciana en la última feria del turismo, Fitur.
Tras el registro de las empresas de los
detenidos, los agentes se incautaron de numerosa documentación que
ya ha comenzado a ser analizada. Además, entregaron requisitorias
tanto a la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana como
al Registro Central de Madrid. La Policía también solicitó
información sobre el contrato de adjudicación de la Oficina de
Atención al Ciudadano de Majadahonda. Este y otros se firmaron en la
época del alcalde Guillermo Ortega, del PP, que dimitió en 2005. Su
jefa de gabinete era la ahora detenida María del Carmen Rodríguez,
mujer de Correa. Por su parte, Crespo aparece como administrador
único de ocho empresas. Una de ellas es Pasadena Viajes, una pequeña
agencia de viajes con la que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte
tenía algunos contratos. El juez ha pedido información al alcalde de
esta localidad, González Panero, sobre las relaciones del
Ayuntamiento con esta empresa.
Crespo es también administrador único de Special
Events, que ha organizado numerosos actos para el PP en los últimos
años.En 2005 se vio envuelta en una polémica. Realizó una campaña
para la Xunta de Galicia para promocionar la carne de esa comunidad,
tras el caso de las vacas locas, y cobró por la misma un millón y
medio de euros. Se acusó a esta empresa de tener vínculos con
personas del PP y de que era propiedad de sociedades domiciliadas en
paraísos fiscales. El entonces presidente del partido en Galicia,
Manuel Fraga, dijo que dudaba que su formación volviese a tener
alguna relación con esa firma "después de todo" lo que había
"pasado".
Desde el Ayuntamiento de Majadahonda, actualmente
regido por Narciso de Foxá, se indicó que los funcionarios de la
Audiencia Nacional que acudieron a sus dependencias reclamaron
informes sobre tres empresas que tuvieron vínculos con el anterior
equipo municipal dirigido por Ortega. Las compañías requeridas son
Tecnologic Consulting Mannagement (TCM), Pasadena Viajes y Special
Events.
Por su parte, el alcalde de la localidad
madrileña de Boadilla del Monte, González Panero, negó que se
hubieran producido detenciones en su Consistorio e indicó que el
juez Garzón había requerido datos de los contratos con tres empresas
y sobre la adjudicación de una parcela. Las compañías son Easy
Concep, Pasadena Viajes y Servimadrid.
(www.elmundo.es, 07/02/09)
2. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA OPERACIÓN CONTRA LA
CORRUPCIÓN LLEGA A DOS MUNICIPIOS DEL NOROESTE
La operación contra una presunta trama de
corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales puesta en
marcha por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en
Valencia, Marbella y Cádiz convulsionó a dos ayuntamientos del
noroeste madrileño: Boadilla del Monte y Majadahonda, gobernados por
el PP. Funcionarios de la Policía Judicial se presentaron en ambos
consistorios por la mañana para requerir información sobre sus
relaciones comerciales con varias empresas: Pasadena Viajes, SL;
Easy Concept Comunicación, SL; Servimadrid Integral, Special Events,
SL, y Technology Consulting Management. Todas ellas tienen vínculos
con los cinco detenidos en la operación: Francisco Correa Sánchez
(empresario que organiza actos para el PP), Pablo Crespo Sabaris (ex
secretario de organización del PP gallego y hombre de confianza del
dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña), María del Carmen
Rodríguez Quijano (esposa de Correa, ex secretaria del PP en
Majadahonda y ex jefa del gabinete del anterior alcalde majariego,
el popular Guillermo Ortega, que dimitió tras un escándalo
urbanístico y un enfrentamiento con su grupo), Antoine Sánchez
(primo de Correa) y Felisa Jordán Goncet. Ambos alcaldes dicen
sentirse tranquilos.
3. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE ADJUDICÓ 76
CONTRATOS A DEDO A LA TRAMA DE BOADILLA
El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó,
directamente y sin concurso, 76 contratos entre abril de 2004 y el
mismo mes de 2005 a dos empresas vinculadas a los detenidos por la
trama de corrupción que comenzó a investigarse en Boadilla (Madrid)
y que el viernes destapó el juez Baltasar Garzón. En total, Easy
Concept Comunicación, SL (antes denominada Down Town Consulting) y
Good and Better, SL recibieron adjudicaciones para organización de
eventos por valor de 562.183 euros, cada una de ellas inferior a
12.000 euros. Esa es la cuantía que la Ley de Contratos estatal
señalaba hasta 2007 como límite máximo para adjudicar sin concurso
los llamados contratos menores.
Easy Concept yGood and Better tienen o han tenido
por administradores a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de
Organización del PP gallego; y Felisa Isabel Jordán Goncet,
detenidos el viernes con otros tres empresarios. Entre ellos,
Francisco Correa Sánchez, a quien los investigadores consideran el
cerebro de la trama. Las adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de
Madrid constan en sendas respuestas parlamentarias remitidas al PSOE
en diciembre de 2005. El listado constata que, de las dos empresas
citadas, Easy Concept Comunicación fue la más beneficiada, con 68
contratos.
En buena parte de la serie de adjudicaciones hay
dos nexos comunes: tienen por objeto la preparación de actos a los
que asistió Esperanza Aguirre y aparecen troceados. Es decir, los
trabajos necesarios para un mismo evento no se consideran un todo,
sino se que se adjudican por partes, de modo ninguna de ellas exceda
en coste de los 12.000 euros. El ejemplo más ilustrativo lo
representan las 15 facturas emitidas el mismo día por Easy Concept
–el 1 de abril de 2004– por los otros tantos servicios prestados
para el homenaje que la Comunidad de Madrid rindió en la Puerta del
Sol el 25 de marzo de 2004 a "los que se volcaron con las víctimas
del 11-M". La relación de contratos muestra, por ejemplo, cómo el
concepto "elementos de sonido", cuyo coste se cifró en 11.954,39
euros, aparece ajeno al de "iluminación y sonido", cuantificado en
11.524,36 euros.
Un segundo caso: del homenaje al Getafe por su
ascenso a Primera en junio de 2004, Easy Concept emitió cuatro
facturas. Todas aparecen en el listado remitido al PSOE con el mismo
epígrafe, "Acto Ascenso Club Fútbol Getafe". Easy Concept y Good and
Better giraron facturas en abril de 2005 por el Día de la Mujer. La
primera, por 11.906 euros; la segunda, por 11.700. En las fechas a
las que corresponden todas adjudicaciones ocupaba la Consejería de
Presidencia Ignacio González. Y el viceconsejero era el actual
consejero de Deportes, Alberto López Viejo, a quien los denunciantes
de la trama de Boadilla señalan como el artífice de los contratos
troceados.
(www.publico.es, 08/02/09)
4. CORRUPCIÓN EN EL PP. ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA
AL EX ALCALDE DE MAJADAHONDA Y AL REGIDOR DE BOADILLA
Entre la treintena de nombres cuya imputación
propone la Fiscalía Anticorrupción en su denuncia figura el alcalde
de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, el ex alcalde de esta
misma localidad y el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega, que
ocupó el cargo hasta 2005.
El juez Baltasar Garzón debe ahora decidir sobre
las imputaciones solicitadas por el Ministerio Público, para lo que
tendrá en cuenta lo que declaren los principales encausados,
detenidos el viernes.
Fuentes jurídicas indicaron que el consejero de
Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, también podría figurar
entre los investigados, por supuestos contratos firmados con una de
las empresas vinculadas al entramado.
De momento, no hay más detenidos que los cinco
del viernes, jornada durante la que, en los once registros
practicados en Madrid, Valencia, Marbella y Sotogrande (Cádiz), la
Policía se incautó de abundantísima información que ahora deberá
procesar.
Por lo que respecta a Boadilla, los
investigadores analizan, entre otros contratos, el suscrito por
González Panero con Easy Concept el 19 de diciembre de 2005 para la
gestión del servicio público de información y atención al ciudadano,
y que garantizaba a la citada empresa cinco millones de euros en
diez años. En ese municipio madrileño, cuya población censada
no llega a los 50.000 habitantes, el servicio de atención al
ciudadano cuesta al ayuntamiento 506.000 euros al año.
Según la oposición municipal de Boadilla, Felisa
Isabel Jordán, administradora de Easy Concept hasta diciembre de
2007, es la pareja del abogado externo a quien el alcalde ha
encomendado en diversas ocasiones la defensa de los intereses
municipales.
También Guillermo Ortega adjudicó como alcalde de
Majadahonda contratos a una de las empresas presuntamente nucleadas
en torno a la trama, Special Events. Esa sociedad tuvo como
administradora a Carmen Rodríguez Quijano, asesora municipal de
Ortega.
(www.publico.es, 08/02/09)
5. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE DESTITUYE AL
CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha anunciado esta tarde que el consejero de
Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha
presentado su renuncia y ella la ha aceptado "para que los que están
intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". López
Viejo está envuelto en la trama de corrupción política vinculada al
PP que fue desmantelada el pasado viernes por el juez Baltasar
Garzón. El magistrado ordenó cinco detenciones, dos de ellos ex
cargos en el partido, y 30 imputados. El supuesto cabecilla de la
red, Francisco Correa Sánchez, extendió sus negocios por Madrid y
Valencia.
Los denunciantes de la trama han investigado la
supuesta relación de Correa con el consejero. Los denunciantes
mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid
para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down
Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor
superior a los cuatro millones de euros.
También ha presentado su renuncia el gerente del
Mercado Puerta de Toledo, ex alcalde de Majadahonda, Guillemo
Ortega.
En las conversaciones grabadas a Correa, éste
insinúa que Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa,
Pasadena Viajes, cuando era regidor de Majadahonda, por el
procedimiento de anticipo de caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez
Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata",
apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era
de él sino que usaba un testaferro.
(www.elpais.com, 09/02/09)
6. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA COMUNIDAD DE MADRID
ADJUDICÓ CONTRATOS A SERVIMADRID POR 340.000 EUROS
La Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno
de Madrid adjudicó dos contratos en 2005 y 2006, por un importe de
162.000 y 177.570 euros respectivamente, a la empresa Servimadrid
Integral, investigada por la Audiencia Nacional dentro de la
operación Gürtel contra la corrupción, el tráfico de influencias y
el blanqueo de capitales.
El objeto social de la empresa, constituida en
febrero de 2005 en Alicante, es la prestación de servicios de
asesoramiento, gestión y administración de empresas, así como la
organización, promoción y comercialización de eventos, convenciones
y congresos.
En ambos casos Servimadrid Integral ganó el
concurso abierto convocado por la Comunidad de Madrid para organizar
la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla
Internacional de las Artes, tanto en el 2005 como en el 2006. El
primero de ellos lo ganó la empresa ocho meses después de su
creación, en octubre de 2005.
Servimadrid Integral es una de las empresas
investigadas por el juez Baltasar Garzón junto a Special Events,
Easy Concept y Pasadena Viajes. El juez de la Audiencia Nacional y
la Fiscalía ordenaron el viernes a los agentes requerir
documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y
Majadahonda referidas a estas empresas.
(www.elmundo.es, 09/02/09)
7. CORRUPCIÓN EN EL PP. UNO DE LOS IMPUTADOS POR
GARZÓN ES ASESOR DEL CONCEJAL DE MONCLOA
Uno de los 37 imputados por la supuesta trama de
corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón es José Javier
Nombela, que trabajó hasta 2006 en dos de las empresas implicadas y
ejerce desde 2007 como asesor del concejal presidente del distrito
de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín (PP), según confirmó el edil a
este periódico.
Ballarín -concejal en las listas de Alberto
Ruiz-Gallardón aunque más afín a Esperanza Aguirre- subrayó que
tiene una opinión "impecable" de su subordinado y que va a esperar a
saber por qué está imputado. "Si hay alguna irregularidad, tendrá
que dimitir. Pero en este momento mantengo su presunción de
inocencia", dijo. La junta de distrito no ha contratado con las
empresas investigadas, "al menos desde 2007".Nombela, presidente de
Nuevas Generaciones del PP en Moncloa entre 1996 y 2000, ejerció
como vocal-vecino del distrito entre 1996 y 2007.
Ese año, Ballarín fue nombrado
concejal-presidente de la Junta de Distrito y le fichó como asesor
(tiene dos). , tras conocer su imputación por Garzón, explicó a
Ballarín su relación con dos de las empresas investigadas: entre
enero y junio de 2003 trabajó en Special Events (supuesta empresa
madre de la trama corrupta) y entre junio de 2003 y octubre de 2006
fue empleado de Easy Concept. Según algunos compañeros del partido
consultados, "todo el mundo sabía que trabajó ahí".
"Ni esas empresas ni ninguna otra de las
investigadas por Garzón ha obtenido contratos aquí desde que yo soy
concejal-presidente. Y creo que antes tampoco", afirmó Ballarín.
(www.elpais.com, 11/02/09)
8. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL JUEZ INVESTIGA LA
IMPLICACIÓN DE CUATRO AFORADOS AUTONÓMICOS DEL PP
Al menos cuatro aforados autonómicos de Madrid y
la Comunidad Valenciana estarían implicados en la presunta trama de
corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón y que por el
momento se ha saldado con tres personas en prisión de los 37
imputados, entre ellos dos ex alcaldes del PP. Fuentes del caso
confirmaron a La Vanguardia, que además hay más miembros del
principal partido de la oposición que ocupan cargos públicos en
municipios madrileños cuyos nombres aparecen de una u otra forma en
el sumario.
Fuentes conocedoras del sumario judicial aseguran
que habría material suficiente para probar que varios cargos
públicos del PP habrían recibido costosos regalos, invitaciones a
lujosos viajes y, en algunos casos, incluso dinero de parte de
alguna de las empresas que controlaba Correa, jefe de la presunta
trama de corrupción que, según el auto de prisión de Garzón, se
dedicaba a la compra de voluntades de políticos. A cambio, los
cargos públicos habrían ayudado a que las empresas vinculadas a
Correa obtuviesen contratos con las administraciones en condiciones
ventajosas, logrando así sustanciosos beneficios.
Todo hace pensar que el caso sufrirá un salto
cualitativo importante cuando los nombres y entidad de los aforados
salgan a la luz y el juez Garzón se vea obligado a trasladar el
sumario al tribunal al que le corresponda. Fuentes de la
investigación apuntan como una de las claves económicas del caso al
imputado José Ramón Blanco Balín, un asesor fiscal que llegó a ser
vicepresidente de Repsol en los tiempos en que presidía la compañía
Alfonso Cortina. Hace sólo unos meses la policía judicial de la
Guardia Civil relacionó a Blanco Balín como uno de los participantes
de un caso de evasión de capitales a través del paraíso fiscal de
Liechtenstein.
Fuentes de esa investigación, que también dirigió
la fiscalía Anticorrupción e instruye otro juzgado de la Audiencia
Nacional, indicaron a este diario que Blanco Balín está acusado de
utilizar una fundación en el principado alpino para desviar dinero a
bancos suizos, donde permanecía a salvo de la Hacienda española. La
Guardia Civil continúa todavía trabajando en la averiguación de más
identidades ante la sospecha de que la trama, a través de su
compleja red de empresas, oculta el dinero negro de algunos
políticos españoles. A modo de anécdota, Blanco tiene su despacho
profesional en la misma calle de Madrid donde se encuentra la
dirección general de la Guardia Civil.
En el seno del PP ya es vox pópuli que la
denuncia partió de uno de sus cargos públicos en un municipio
madrileño. El autor de la denuncia dedicó varios meses a grabar sus
conversaciones con Correa y a acumular documentación que pudiese ser
de utilidad en la averiguación de los posibles delitos cometidos por
ahora considerado cerebro de la trama. Cuando tuvo el material
suficiente elaboró un amplio dossier que hizo llegar a la policía y
a la fiscalía Anticorrupción. Un trabajo que sirvió de base a los
investigadores, aunque no puede ser considerado una prueba.
(www.lavanguardia.es, 13/02/09)
9. CORRUPCIÓN EN EL PP. OCHO CONTRATOS DE LA
COMUNIDAD PARA EL IMPUTADO ULIBARRI
El empresario José Luis Ulibarri, imputado en la
trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ha
obtenido al menos ocho contratos de obras con la Comunidad de Madrid
para construir colegios, parte de la ampliación del metro, uno de
los nuevos hospitales y un parque de bomberos.
Ulibarri, nacido en Burgos hace 54 años, es el
presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA, una empresa de
obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado
adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías
(Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que
preside Esperanza Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras
seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas.
Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que recibe
15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario.
Ulibarri es uno de los 37 imputados por la
presunta trama de corrupción que encabeza Francisco Correa. Garzón
considera que hay indicios de que los imputados formaron un
conglomerado de empresas para obtener fondos de entidades públicas
para beneficio propio con "dádivas y sobornos a funcionarios".La
empresa de obras de Ulibarri ha construido al menos cuatro colegios
y ha rehabilitado otro en Madrid. El juez Garzón señala a esta
comunidad como una de las regiones en las que se movía la trama
corrupta, que también actuaba en Valencia, donde el empresario
burgalés controla cuantiosos negocios de construcción y medios de
comunicación, principalmente. En Madrid, José Luis Ulibarri resultó
adjudicatario entre 2005 y 2007 de cinco proyectos de la Consejería
de Educación que superan los 16 millones de euros.
A principios de 2007 Begar se presentó y ganó
frente a otras constructoras la obra del colegio de infantil y
primaria Winston Churchill, en Valderribas (Vicálvaro). La oferta de
la empresa rebajaba en más de 700.000 euros (de 5 a 4,3 millones) el
presupuesto previsto por la Comunidad de Madrid para la obra. Debía
terminarlo en 19 meses y construir las 27 aulas que finalmente
fueron inauguradas por la presidenta Esperanza Aguirre el pasado
octubre. En su nota a los medios de aquel día, la Comunidad
destacaba que el centro, que cubre con otro más antiguo la demanda
educativa de un barrio nuevo y joven, costó cinco millones de euros.
Los mismos que había calculado al principio la Dirección General de
Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación. ¿Qué
pasó con los 700.000 euros de diferencia?
Antes de que acabara el proyecto, la constructora
de Ulibarri obtuvo una ampliación de contrato del primer concurso, y
sin publicidad. En agosto de 2008, Begar Construcciones recibe
787.000 euros más para insonorizar el colegio Winston Churchill.
Esta vez por procedimiento negociado, que permite elegir a una
empresa sin competencia cuando la cuantía no supera el 20% del
presupuesto. El proyecto se amplió, según explicaron desde la
Consejería de Educación, para insonorizar el colegio, situado junto
a la estación de tren de Vicálvaro. Ésa fue precisamente una de las
peticiones que hizo la asociación de padres y madres de alumnos
meses antes de que concluyeran las obras, como consta en una carta
del AMPA.
Los encargos a la empresa constructora de
Ulibarri en la Comunidad de Madrid incluyen otros proyectos, todos
adjudicados por concurso abierto y "con los procedimientos
legalmente establecidos", asegura un portavoz del Gobierno regional.
Begar es una de las firmas que ha construido el hospital Infanta
Leonor (Vallecas), inaugurado el pasado marzo. Junto con otras seis
empresas, creó la sociedad Hospital de Vallecas, SA. El centro se
abrió al público sin la licencia de ocupación que debía otorgar el
Ayuntamiento.
También es responsable de la ampliación de la red
del metro, otra de las propuestas estrella de Aguirre en la anterior
legislatura. Begar hizo la estación de Aviación Española de la línea
10 de Metro (Hospital del Norte- Puerta del Sur) que adjudica
Mintra, la empresa que construye el suburbano. Recibió 12 millones
de euros por esa obra, inaugurada a finales de 2006. El sello de
Ulibarri también está detrás de las obras del parque de bomberos de
Navacerrada, obtenido por 4,2 millones de euros.
(www.elpais.com, 13/02/09)
10. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
RAJOY Y AGUIRRE, EL PACTO QUE SÓLO ELLOS NIEGAN
Tanto Esperanza Aguirre como Mariano Rajoy han
negado que entre ellos existiera un pacto para afrontar la supuesta
trama de espionaje y corrupción que salpica a la Comunidad de
Madrid. No lo piensa así la mayoría de los dirigentes del partido,
que sospecha que sí ha habido un acuerdo o tregua, como se quiera
llamar, para evitar "el suicidio político" al que ambos se
encaminaban. En el PP consideran que tanto la presidenta de la
Comunidad como el líder conservador estaban sufriendo un "tremendo
desgaste" con todo este asunto y que, por eso mismo, decidieron
echar el freno.
No entienden sino que de la noche a la mañana
Aguirre, que desde el primer día puso la "mano en el fuego" por los
suyos, termine aceptando una comisión de investigación en la
Asamblea regional. Ni que Rajoy, que lanzó un duro comunicado
expresando toda su "repugnancia" por esta trama, suspenda la
investigación interna que le había encargado a la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospedal.
Varios parlamentarios y miembros territoriales
del PP consideran, además, que la actitud entre ambos ha cambiado
mucho en los últimos días. Cuando saltó el escándalo, Rajoy y
Aguirre se enzarzaron en una lucha sin cuartel. La presidenta del PP
de Madrid estaba, según algunos de sus colaboradores, dispuesta a
"morir matando". De hecho llegó a implicar a su jefe de filas
diciendo que Rajoy conocía la existencia de comprometidos dossiers
por boca de su ex tesorero, Álvaro Lapuerta, desde 2006.
Rajoy, por su parte, preferió, como cuentan los
que le conocen, "mantenerse al margen". Durante 16 días guardó
silencio y sólo cuando Aguirre desatascó el asunto, el presidente
nacional del PP fue capaz de dar la cara por este tema ante los
periodistas. Le habían puesto en bandeja una salida que algunos
denominan "cómoda".
En una entrevista en la Cope, Rajoy se mostró
"absolutamente seguro" de que la presidenta de la Comunidad iba a
ser capaz de demostrar "su verdad". "Estoy muy contento de que
Aguirre haya tomado la decisión de abrir una comisión", señaló.
Los cargos intermedios del PP creen que ésta "no
va a ser-vir de nada". Y se muestran desesperados por estar todo el
día con este "nuevo estigma" en vez de hablando de Zapatero y de la
campaña.
(www.publico.es, 08/02/09)
11. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE
MADRID.. EL PP ARRANCA LA 'COMISIÓN DE LOS ESPÍAS' CON TODO TIPO DE
ZANCADILLAS
No había prácticamente empezado la comisión de
investigación sobre el espionaje en la Comunidad de Madrid, y el
presidente, Benjamín Martín Vasco, del PP, ya mostraba sus cartas.
Hasta cuatro veces quitó la palabra a Maru Menéndez, la portavoz
socialista, y a Inés Sabanés, de IU, ante el estupor de ambas.
"Mal empezamos, presidente si me quita la palabra
el primer día", le espetó Menéndez. "Presidente, no sabe lo que voy
a reclamar, permítame que lo reclame, por favor", se quejó Sabanés
cuando Martín Vasco no le dejaba ni siquiera exponer su petición. El
presidente, teóricamente un cargo institucional, llegó a decir en un
momento: "Entiendo la buena voluntad del Grupo Popular", para
aplaudir una intervención de David Pérez, el portavoz del PP. Pérez
es el jefe de Martín Vasco, que no es un diputado cualquiera, sino
un miembro de la dirección del grupo, por tanto, un aguirrista de la
absoluta confianza de la cúpula.
Toda esta bronca se produjo sin que hubiera
ningún compareciente polémico, mientras se discutían cosas tan
básicas cómo qué días de la semana se trabajará. Después de una
sesión de control del jueves durísima, en la que Esperanza Aguirre
recuperó escándalos socialistas de hace más de 20 años, lo de es
sólo un pequeño avance de una comisión que el PP pretende controlar
hasta sus últimos detalles para evitar que se deteriore aún más la
imagen de Aguirre y su Gobierno.
El PP arrancó utilizando su mayoría absoluta para
poner varias zancadillas a la oposición. Primero, decidió que sólo
habrá tres días hábiles: lunes y miércoles a jornada completa y
viernes sólo por la mañana. El martes, adujo el PP, hay junta de
portavoces, y el jueves pleno. IU replicó: pongamos también el
martes por la tarde, y ampliamos a la tarde del viernes, para poder
agilizar. Los diputados del PP, con poco margen porque las
decisiones políticas se toman en la Puerta del Sol, donde está el
Gobierno madrileño, votaron en contra incluso de esta pequeña
ampliación.
Los populares no dieron ninguna garantía de que
la comisión pueda ser considerada de investigación, esto es, que
incluya repreguntas y capacidad de interrogar realmente al
compareciente, como sucedió en todas las comisiones importantes del
Congreso. La última fue la del 11-M, con interrogatorios de hasta 12
horas, como el de José María Aznar.
Según el reglamento, el PP puede forzar que haya
comparecencias de poco más de una hora y sin ninguna repregunta,
como una "sucesión de monólogos", en palabras de Menéndez. El PP no
rechazó de plano la idea de las repreguntas, pero tampoco se
comprometió a nada. Y la actitud del presidente, cortando
constantemente a la oposición, hizo temer a PSOE e IU que no va a
dar ningún tipo de facilidades cuando estén allí miembros del
Gobierno del PP, y por tanto jefes supremos de Martín Vasco.
El PP puso otras zancadillas de las que la
oposición ni siquiera se percató en un primer momento. Concentrados
como estaban en las repreguntas y otro tipo de cuestiones, no con en
la cuenta de que los populares aprovechaban su mayoría para dilatar
al máximo los plazos para empezar a trabajar. Hasta el punto de que
aún no se sabe cuándo arrancará. Según lo votado , podría retrasarse
indefinidamente la llegada del primer compareciente.
El PP, al contrario que PSOE e IU, no registró
sus peticiones, y hasta que no lo haga no se podrá votar y arrancar
la comisión. Además, hay que dar un plazo de 3 días desde que se
llama al primero. La situación llega al absurdo de que, aunque el PP
ha prometido ser flexible, formalmente la fecha final de la comisión
es el 28 de febrero, pero al paso confuso que marcó el PP para esa
fecha podrían no estar ni siquiera decididos los comparecientes. El
1 de marzo son las elecciones gallegas y vascas, claves para el PP.
(www.elpais.com, 07/02/09)
12. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
LOS ESPÍAS SON DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR
Los seguimientos en Madrid a cargos políticos del
PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre -el
vicealcalde de la ciudad, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia
Alfredo Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del
Gobierno de la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección
General de Seguridad. Los indicios recaen sobre un equipo de la
máxima confianza del máximo jefe de esa área, Sergio Gamón, director
general de Seguridad. Ese equipo estaba compuesto por asesores,
trabajadores eventuales y funcionarios de la consejería.
Los agentes que se encargaron de los seguimientos
dejaron anotaciones manuscritas sobre los partes mecanografiados
para identificar determinadas matrículas de coches que aparecían
durante sus tareas de espionaje. Los agentes escribieron a mano el
número de la matrícula y el nombre de su supuesto propietario, que
confirmaron, supuestamente, acudiendo a otros servicios policiales.
La letra manuscrita que figura en alguno de esos partes coincide con
la de al menos una de las personas que está empleada en ese
departamento de la Comunidad de Madrid desde hace años, según las
conclusiones de los dos informes caligráficos encargados por este
periódico a los peritos José Javier Simón Alonso y Rafael Martín
Ramos.
Antes de encargar los informes periciales, se
tuvo acceso a numerosos documentos originales del departamento de
Seguridad de la CAM (formularios de personal y partes de vacaciones
o turnos), donde se recogen algunos apuntes manuscritos de
funcionarios que trabajaban allí. En alguno de los documentos de ese
departamento con los que se ha trabajado, la caligrafía coincide con
la que aparece en las anotaciones manuscritas de los partes de
seguimiento a políticos, fechados entre marzo y mayo de 2008.
Los peritos Simón Alonso y Martín Ramos sacan
idéntica conclusión tras analizar con diversas técnicas y durante
días todos los documentos facilitados por este periódico y que se
presentan en estas páginas. "Los textos dubitados [las anotaciones
de los partes de seguimiento publicados por este periódico] han sido
manuscritos por la misma persona que realizó los textos y firma
indubitados [documentos originales de la Direción General de
Seguridad que se corresponden con distintos formularios y
presupuestos donde los empleados escribieron a mano diversas
anotaciones]", señalan Simón Alonso y Martín Ramos.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, y los
líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés (IU)
y Maru Menéndez (PSOE), habían defendido la necesidad de ordenar
informes caligráficos para determinar la autoría de la letra que
aparece en los partes de seguimiento. Pero ni el Gobierno autónomo
de Esperanza Aguirre ni el juzgado que investiga estos hechos, el
número 47 de Madrid, que acumula las pesquisas iniciales de la
Fiscalía de Madrid, se han interesado por la práctica de esta prueba
para investigar de dónde procedió el espionaje.
El consejero de Interior madrileño, Francisco
Granados, llegó incluso a poner en duda la autenticidad de los
partes de seguimiento publicados por este periódico, pese a que los
dos espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, confirmaron punto por
punto que el contenido de los seguimientos se correspondía con sus
actividades públicas y privadas de aquellos días.
El autor de la letra a la que se refieren los
peritos calígrafos es un técnico de la Dirección General de
Seguridad llamado José Manuel Pinto. "No sé de qué me está hablando.
Eso lo tendrán que probar en el juzgado", declaró cuando conoció por
este periódico el resultado del informe pericial.
El agente Pinto, un veterano que lleva en el
servicio desde 1989, trabajaba hasta hace unos meses a las órdenes
directas del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón,
fichado en 2007 por Esperanza Aguirre. La dirigente madrileña
conocía bien a Gamón, pues trabajó en el equipo de seguridad del
Senado cuando ella era presidenta de esa institución. Una de las
secretarias de Aguirre en el Senado durante aquella etapa era la
esposa de Gamón. Cuando en julio de 2008 Gamón fue destituido de su
puesto por irrumpir en un despacho de la Consejería de Justicia
-casualmente, de una persona que también había sido espiada algunos
meses antes-, para sustraer documentación supuestamente delicada,
Aguirre ordenó que se le buscase un cargo dentro de la misma
Consejería de Interior. Le garantizó así que siguiera cobrando más
de 90.000 euros anuales. Francisco Granados lo hizo con celeridad.
Gamón sólo estuvo tres días en el paro tras ser destituido por
supuesto espionaje ilegal de una dependencia de la CAM.
Unos meses antes de su destitución, se produjeron
los seguimientos a políticos del PP. En los meses del espionaje, de
los que ha quedado prueba documental a través de partes de
seguimiento (entre marzo y mayo de 2008), se había desencadenado con
especial virulencia la mayor batalla que se recuerda por el poder
dentro del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid se había
mostrado muy crítica con la dirección del partido tras la derrota
electoral, y muchos de sus consejeros defendían que había que
plantar cara a Rajoy en el congreso extraordinario que se iba a
celebrar en junio en Valencia.
En ese ambiente de fractura interna en el PP se
producen los seguimientos diarios al vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo, enfrentado con Esperanza Aguirre y con el propio Gobierno
regional por asuntos políticos y de pura gestión diaria de ambas
instituciones. También hay seguimientos más detallados al que
entonces era un miembro del propio Gobierno regional, el consejero
de Justicia, Alfredo Prada.
A Prada, según los partes diarios de seguimiento,
se le espía en restaurantes y hoteles y se describe a las personas
que le acompañan para tratar de identificarlas, a veces utilizando
otros servicios de información de manera ilegal para conocer quiénes
podían ser los propietarios de determinados vehículos. Prada se
situó del lado de Rajoy en la batalla interna del partido y ahora es
un cargo orgánico de la dirección nacional. Desde hacía meses, había
caído en desgracia en el Gobierno de Esperaza Aguirre.
La presidenta pasó de tenerle en el máximo
escalafón de su equipo de gobierno, como vicepresidente y consejero
de Justicia e Interior, a dejarle únicamente la cartera de Justicia.
Además, sólo dos meses después de los últimos seguimientos a Prada
de los que existe prueba documental, y concluido el congreso
regional con una victoria aplastante de Mariano Rajoy, Aguirre le
destituyó como consejero de Justicia.
Uno de sus hombres de confianza, Juan Carlos
Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia,
también fue víctima del espionaje del personal de la Dirección
General de Seguridad: sólo un día después del cese de su consejero,
sufrió el robo de su ordenador personal y de distintos documentos
que guardaba en su despacho de la Ciudad de la Justicia. Lo denunció
ante la Fiscalía de Madrid, conociendo que Sergio Gamón era el jefe
del grupo de agentes que irrumpió en su despacho. Pero la fiscalía
archivó el caso porque la prueba concluyente de aquel asalto se
había borrado.
Sergio Gamón se negó a dar detalles de esta
operación en su comparecencia de la semana pasada ante los diputados
autonómicos. El consejero de Interior, Francisco Granados, de quien
depende, también evitó responder en los últimos días al episodio de
la destitución de Gamón y su nombramiento, sólo tres días después,
en un cargo que no tiene ni personal ni competencias asignadas.
Según fuentes de la Consejería de Interior, Gamón
ha contado siempre con una célula de hombres de su confianza para
los trabajos más delicados, "secretos", según la denuncia inicial
que presentó UGT ante la Dirección General de la Función Pública.
(www.elpais.com, 10/02/09)
13. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
EL PP NIEGA DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA INVESTIGAR EL
ESPIONAJE EN MADRID
La comisión parlamentaria creada en la Asamblea
de Madrid para investigar la presunta trama de espionaje político no
podrá acceder a los expedientes del personal de seguridad de la
Consejería de Interior o a los partes de los servicios realizados
por éstos, ni a facturas de material fotográfico, ni a la
información sobre los viajes al extranjero del vicepresidente
Ignacio González, ni a los datos sobre adjudicaciones supuestamente
irregulares realizadas por la Comunidad.
El Partido Popular impuso su mayoría absoluta en
la Mesa de la Asamblea para rechazar más de la mitad de la
documentación que PSOE e Izquierda Unida habían solicitado. Además,
se negó a estudiar -hasta, como pronto, el lunes- la relación de
comparecencias, lo que vuelve a retrasar el arranque de la comisión.
"Esto es inquisitorial, indigno. El PP ha puesto a este Parlamento
en excepción democrática", protestó la portavoz de IU, Inés Sabanés.
La socialista Maru Menéndez calificó de "burla" y "vergüenza" la
actitud de los populares. "Está claro que el PP tiene mucho que
ocultar", dijo.
El argumento empleado por el PP para guardar bajo
llave todos esos documentos fue que "no tienen relación con el
objeto de la comisión". Con ese mismo criterio fueron rechazadas
igualmente varias peticiones del propio grupo popular, que había
reclamado cosas tan peregrinas como la relación de entradas y
salidas del complejo gubernamental de La Moncloa, los dictámenes
sobre presuntos casos de espionaje en Andalucía y Galicia, o la
relación de actividades de una fundación de Pinto (municipio
madrileño donde el PP fue desbancado de la alcaldía mediante una
polémica moción de censura), sin explicar qué podrían tener que ver
con los presuntos seguimientos a cargos públicos en Madrid.
Sí admitió la Mesa otro de los asuntos que pedía
el PP: analizar el "estado procesal de la denuncia presentada por
Manuel Pizarro contra dos agentes de la Guardia Civil y dos agentes
del CNI por supuestos seguimientos a su persona", un caso denunciado
hace dos años. También pasó la criba su solicitud de aportar a la
comisión el organigrama de seguridad de comunidades gobernadas por
el PSOE como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia;
así como el organigrama de la Consejería de Interior madrileña "en
todas las legislaturas", es decir, desde los gobiernos de Leguina y
Ruiz-Gallardón.
Tras conocer a media mañana la "extravagante"
relación de documentación registrada por los populares, PSOE e IU
habían decidido votar a favor para no sentar el precedente de un
veto. "Sólo les falta pedir que venga a declarar el toro que mató a
Manolete para desviar la atención, pero ni aun así conseguirán
cargarse esta comisión", había dicho Sabanés. Sin embargo, no les
sirvió de nada: la oposición votó a favor de las solicitudes del PP,
pero el PP tiró abajo 28 de los 45 documentos pedidos por Izquierda
Unida y 38 de los 60 planteados por el PSOE. Este periódico intentó,
en vano, recabar la explicación del portavoz popular, David Pérez. Y
si mal le fue a la oposición con la petición de documentación, peor
resultó su intento de que la Mesa se pronunciara ya sobre las
comparecencias: el PP alegó que hasta el lunes, como pronto, no
empezará a estudiar ese asunto, lo cual retrasa de nuevo todo el
proceso. En principio, las sesiones deben finalizar el 31 de marzo.
(www.elpais.com, 12/02/09)
14. AGUIRRE RECIBE EL HOMENAJE DEL SENADO EN
AUSENCIA DE LA CÚPULA DEL PP
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha recibido la Medalla de Oro del Senado, acto al
que no ha asistido ningún dirigente de la cúpula del Partido
Popular. Aguirre ha descubierto su retrato como ex presidenta de la
Cámara Alta en un acto en el que ha recordado emocionada su paso por
esta institución en la que "se lloraba una vez al llegar y otra vez
al salir".
Aguirre ha recordado esta frase de una película y
ha dicho que a ella le pasó lo mismo cuando dejó el Ministerio de
Educación y asumió la Presidencia del Senado -puesto que ocupó entre
1999 y 2002-, así como en su última intervención ante la cámara
cuando fue ovacionada por todos los senadores.
Arropada por la práctica totalidad de su equipo
de Gobierno y numerosos familiares y amigos, Aguirre ha descubierto
su retrato oficial -obra del pintor Pedro de Oriol- en el que
aparece de pie, con los brazos cruzados y con un traje de chaqueta
marfil. Minutos antes de este acto la presidenta madrileña recibía
la máxima condecoración del Senado, la Medalla de Oro, otorgada por
acuerdo de la Mesa del 29 de octubre de 2002.
El presidente del Senado, Javier Rojo, ha
explicado que ha perseguido a Aguirre desde entonces para que
encargara su retrato, pero la presidenta madrileña no lo hizo hasta
que llegó a amenazarla con colgar una fotografía de su Documento
Nacional de Identidad en la Galería de Retratos. Rojo, que fue
vicepresidente del Senado cuando Aguirre lo presidió, ha destacado
que en su forma de actuar "siempre primó el interés general" y que
"intentaba que el acuerdo prevaleciese".
Aguirre ha asegurado que su tarea en la Cámara
Alta fue para ella "emocionante" y "muy gratificante" por "ser
representante de todos los españoles en el Senado", y ha añadido que
su objetivo fue ser la presidenta "para todos los senadores". Ha
agradecido su apoyo a todos los senadores y senadoras, "incluida
Ruth Porta" -ha dicho Aguirre, reconociendo así la presencia de la
senadora socialista y ex portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Al finalizar el acto, Aguirre ha querido
inmortalizar el momento fotografiándose junto a su marido y sus
hijos, su madre, así como con otros familiares y amigos.
(www.publico.es, 10/02/09)
15. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE "NADIE EMPAÑARÁ"
LA "TRANSPARENCIA" DE SU GOBIERNO
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha asegurado que "nadie va a empañar" la
"transparencia y la responsabilidad" que su Gobierno tiene y tendrá
como "señas de identidad". Aguirre ha tildado de "escandalosa" la
"campaña de desprestigio" que a su juicio se ha emprendido, -aunque
no ha precisado quién- "contra el Partido Popular". Tras referirse
nuevamente a dicha campaña, que ha calificado también de
"vergonzosa", y tras despreciar las filtraciones que sobre el caso
aparecen en los medios, ha opinado que de todo ello "deberán
responder quiénes la están impulsando".
La presidenta madrileña aceptó la dimisión del
consejero de Deportes, Alberto López Viejo, tras aparecer su nombre
vinculado a tramas de empresas que supuestamente, y haciendo uso de
las siglas populares, habrían incurrido en delitos de corrupción y
blanqueo de capitales, un caso que investiga el juez Baltasar
Garzón. Un día después de que aceptara esa dimisión -igualmente se
anunció la del alcalde Boadilla del Monte, Arturo González Panero,
otro nombre presuntamente ligado al caso-, la presidenta de la
Comunidad de Madrid ha subrayado que su Gobierno tiene dos "señas de
identidad", la transparencia y la responsabilidad, y "nadie va
empañar" este comportamiento del Ejecutivo madrileño.
En la misma línea que la lideresa, la
secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado
que en su partido no van a permitir que haya "personas responsables
o no responsables, que estén o no, que tengan que ver o no con el
PP, que empañen la trayectoria intachable" de esta formación
política.
Tras confirmar que el alcalde de Boadilla, Arturo
González Panero, ha dimitido, Cospedal ha dicho que "tiene bastante
gracia" que se critique al PP porque "una persona dimita y también
porque no dimita". En este sentido, ha dicho que "en este caso hay
personas que han querido mantener alejado su nombre del PP para
mantener la honorabilidad y respetabilidad del PP y el trabajo de
muchas personas como Basagoiti y como tantos compañeros que se están
jugando la vida todos los días".
(www.publico.es, 10/02/09)
16. NUEVA POLÉMICA ENTRE AGUIRRE Y CAJA MADRID
POR LOS ESTATUTOS
Continúa la tensión entre Caja Madrid y la
Comunidad de Madrid. El último capítulo de ese enfrentamiento es la
adaptación de los estatutos de la caja a la nueva ley de 2008, que
confiere más poder a Esperanza Aguirre, presidenta del Gobierno
regional. El pasado 30 de enero de 2009, la entidad que preside
Miguel Blesa envió a la Consejería de Economía el proyecto de
adaptación a los estatutos. Este proyecto no fue votado por el
Consejo de Administración de la caja, que no considera necesario ese
trámite.
Este asunto, aparentemente formal y sin mayor
trascendencia, ha provocado que la Comunidad envíe una carta a Blesa
en la que le pide que se realice la citada votación porque lo
considera un defecto de forma. El plazo es de cinco días y expira el
próximo jueves. Fuentes de la entidad afirmaron que no habrá
votación porque no creen que la normativa lo exija hasta que se
reciban los estatutos reformados por la Comunidad, que sí deben
votarse. El Gobierno regional podría tomar esta discrepancia como
nuevo caballo de batalla jurídico, con lo que se dilatarían los
recursos de los ayuntamientos contrarios a Aguirre, que son los que
han perdido más peso en la asamblea de la caja.
(www.elpais.com, 09/02/09)
17. AGUIRRE CEDE SUELO AL OPUS PARA UN CENTRO QUE
SEPARA POR SEXOS
Una clase para niñas y otra para los niños.
Alcalá de Henares (203.000 habitantes) tendrá a partir del próximo
curso un colegio religioso del Opus Dei que separará a los alumnos
por sexos. Estará construido en una parcela de terreno público de
24.000 metros cuadrados que le ha cedido el Gobierno regional de
Esperanza Aguirre en el Ensanche de Alcalá. El colegio Alborada, que
así se llamará, ya está haciendo entrevistas a sus futuros
estudiantes.
Es la segunda parcela pública que la Consejería
de Educación cede en los últimos dos meses para centros religiosos
que separan por sexos. La anterior, de 26.000 metros cuadrados, fue
para un colegio concertado en Alcorcón que también abrirá el próximo
curso. Las concesiones madrileñas llegan al mismo tiempo que otras
comunidades autónomas, como Andalucía o Baleares, aprueban medidas
para dejar de financiar con fondos públicos a colegios que todavía
separan. Oposición y sindicatos de Alcalá, gobernada por el PP,
rechazan la ayuda al colegio ultracatólico y aseguran que lo que el
municipio demanda es educación pública.
El convenio del colegio, que construirá la
fundación Tajamar, contempla la cesión del suelo durante 75 años por
un canon anual de 12.500 euros, según el promotor del proyecto,
Alfonso Aguiló. Tajamar compitió con otras dos propuestas y mejoró
el canon de partida en 4.500 euros.
El colegio Alborada impartirá clases desde la
etapa infantil hasta Bachillerato (de cero a 18 años). El primer
curso, el próximo septiembre, sólo admitirá estudiantes hasta los 11
años, el último curso de primaria. El centro, cuyas obras concluirán
en tres años, defiende la separación por sexos para "atender más
específicamente a la diversidad entre el hombre y la mujer, que
tienen la misma dignidad y los mismos derechos, pero presentan
diferencias que afectan a toda su persona", según los principios
educativos colgados en su página web.
La Consejería de Educación ha cedido otros
terrenos para un centro público de Primaria y Secundaria que abrirá
también en septiembre en el Ensanche, una zona de expansión con alta
demanda escolar en la que ya funcionan dos centros educativos que ya
no disponen de más plazas.
La parcela que corresponde al centro público es
10.000 metros cuadrados más pequeña que la cedida al Opus. Tanto
Educación como el Ayuntamiento de Alcalá, que fue el que cedió el
suelo a la Comunidad de Madrid para instalaciones educativas,
explican que el centro público necesita menos espacio porque cubre
un ciclo educativo más corto.
El grupo municipal socialista de Alcalá lo
considera una "estrategia" contra la educación pública, según la
concejala Eva Llarandi. "Contar con un espacio mucho más grande
permitirá que el colegio del Opus construya unas instalaciones más
atractivas que el público", añade. El centro incluirá laboratorios,
pista cubierta de gimnasia y baloncesto y pistas polideportivas al
aire libre además de un oratorio. PSOE, Comisiones Obreras y
asociaciones de padres de alumnos de Alcalá planean movilizaciones
contra la cesión al centro religioso.
El colegio Alborada ha abierto ya una oficina de
información en la misma parcela donde construirán el centro. "En
apenas 20 días hemos hecho 350 entrevistas, el interés ha superado
nuestras previsiones", explica Alfonso Aguiló, presidente de
Tajamar, que gestiona un colegio en Puente de Vallecas abierto hace
50 años. Hasta el momento, admiten solicitudes para el primer ciclo
de infantil (cero a tres años). En abril admitirán las solicitudes
de primaria, como el resto de centros.
Madrid es una de las comunidades autónomas con
más centros concertados que separan a niños y niñas, con nueve
colegios. Está por detrás de Cataluña (15) o Andalucía (11). El
gobierno autonómico de esta última, igual que Baleares, acaba de
aprobar una orden que corta la financiación pública para este tipo
de centros, algo que también prevé hacer Cataluña. La Ley Orgánica
de Educación (LOE) establece que los centros mixtos "serán objeto de
atención preferente y prioritaria", que no se puede discriminar por
sexos y abre la puerta a eliminar las subvenciones para aquellos que
separan.
El Ministerio de Educación deja la elección a
cada comunidad autónoma. Madrid no prevé ninguna iniciativa similar.
Al contrario. El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González,
explicó el jueves que está "en contra" de que las comunidades
autónomas retiren conciertos económicos a los colegios que separan
por sexos. "Cada uno puede elegir llevar a sus hijos al colegio que
quiera, separados, no separados o juntos", concluyó González.
(www.elpais.com, 07/02/09)
18. GÜEMES 'VENDE' EN BARCELONA EL SISTEMA
SANITARIO MADRILEÑO
Esta vez no se encontró con protestas de
trabajadores. El consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes,
defendió su modelo "público-privado" de gestión de los hospitales,
aceptó gustoso la etiqueta de liberal radical que, aseguró, le ha
colgado la izquierda, y volvió a cargar contra los liberados
sindicales "aferrados a sus privilegios". Los aludidos estaban muy
lejos: Güemes hablaba en Barcelona, en un complejo de negocios del
puerto.
El público oía -y asentía- a las afirmaciones del
consejero en el World Trade Center, invitado por el Círculo de
Infraestructuras, una fundación que impulsan, entre otras,
constructoras como FCC u OHL y que preside el diputado de CiU Pere
Macias. Él fue quien presentó a Güemes a los empresarios e
ingenieros habituales a los actos del Círculo, a los que se sumaron
gestores sanitarios catalanes deseosos de conocer cómo el Gobierno
regional madrileño ha construido ocho hospitales desde 2004.
"No he inventado nada", les aseguró Güemes, que
explicó que lo ha hecho aplicando el "modelo Majadahonda". En el
nuevo hospital de esa localidad, explicó, se ha extendido a todos
los ámbitos no sanitarios, como la administración de los historiales
clínicos, el principio privado de gestión que ya regía, por ejemplo,
en las cafeterías. Es decir, "delegando todo lo que no se refiere a
lo indelegable", según la tautológica definición de Güemes. Obvió
los problemas en el arranque de ese hospital -"hemos abierto ocho
hospitales, y abrir un hospital quiere decir abrirlo con todo",
aseguró- y en las urgencias, donde aseguró que había desaparecido la
saturación.
Boi Ruiz, presidente de la Unión Catalana de
Hospitales, la patronal del sector, dijo ver "con simpatía la
evolución de Madrid", porque ha comportado como "efecto colateral"
la reapertura del debate sobre lo público y lo privado en Cataluña.
Lluís Monset, director de la Agrupación Catalana de Establecimientos
Sanitarios, que agrupa a la sanidad privada, se preguntó cómo
extenderlo a otros ámbitos de la Administración, como la justicia.
19. TELEMADRID DESPEDIRÁ A 80 TRABAJADORES
La Dirección de Telemadrid ha cumplido lo que ya
había anunciado en noviembre del año pasado y ha informado hoy a la
representación sindical de su intención de reducir la plantilla del
Ente Público Radio Televisión Madrid en, al menos, 80 personas y de
amortizar las 31 plazas que están pendientes de convocatoria. La
portavoz de UGT en Telemadrid, Maite Treviño, ha informado hoy, en
un comunicado, de que la dirección del ente público les ha reiterado
esta mañana su intención de reducir la plantilla de acuerdo a los
presupuestos de este año, pérdida de empleo que no incluye a los 44
directivos que son, actualmente, "el doble que hace 5 años".
Además, en los planes de la dirección está el
amortizar 31 plazas firmadas, acordadas y dotadas
presupuestariamente en su día y que están pendientes de
convocatoria.
En la nota de prensa, la Federación de Servicios
de UGT (UGT-FeS) informa de que la dirección tampoco ha querido
garantizar la renovación de los casi 60 contratos temporales que
finalizan este mes de marzo, de los que 34 corresponden a operadores
y ayudantes de cámara. Esta situación coincide, según las mismas
fuentes, con la salida a concurso del contrato de los servicios de
equipos de cámaras para exteriores (ENG) que están en manos de
empresas privadas.
"Desde la sección sindical de UGT en Radio
Televisión Madrid queremos denunciar -señala el comunicado- la
sistemática destrucción de empleo que se está llevando a cabo en
esta empresa y que, a la vista de lo manifestado hoy por la
dirección, parece que va a ser su política durante este año 2009".
Para UGT en Telemadrid, las empresas públicas
deben ser las que tiren del carro de la creación de empleo de
calidad en plena crisis económica, y su papel no debe ser el de
"desviar 7 millones y medio de euros hacia productoras privadas como
'New Atlantic' para realizar trabajos que se pueden y se deben hacer
con los medios propios de Telemadrid".
UGT reitera su disposición a seguir negociando
hasta el último momento para llegar a un acuerdo que permita
desconvocar el paro de dos horas previsto para el próximo viernes,
día 13. "Nuestro objetivo no es otro -añade el comunicado- que
garantizar la estabilidad del empleo en esta empresa pública, para
lo que UGT considera imprescindible sacar a oposición las plazas ya
acordadas entre la dirección y la representación sindical".
(www.publico.es, 11/02/09)
20. UN ALCALDE CON LA MANO MUY LARGA
No es fácil la coexistencia entre socialistas y
populares en el Ayuntamiento de Móstoles. No lo es sobre todo desde
el comienzo de la legislatura. En un clima de malas relaciones
personales, desde entonces se han sucedido los cruces de acusaciones
y descalificaciones gruesas entre el alcalde, Esteban Parro (PP) y
la portavoz del PSOE, Paz Martín.
Sin embargo, la tensión subió varios grados. Tras
una encendida discusión, el regidor lanzó un manotazo a la portavoz
socialista cuando ésta se disponía a hacerle una fotografía con su
teléfono móvil. La concejal, que planea denunciar hoy al alcalde,
acudió tarde al servicio de urgencias del hospital de Móstoles donde
se le diagnosticó un traumatismo en el antebrazo izquierdo y se le
puso un vendaje.
Ocurrió durante la reunión de portavoces
municipales que se celebraba en la mañana de . Además de Parro y
Martín, estaban presentes el edil del PP Daniel Ortiz, y la concejal
de IU, Dolores Ruiz. Poco después de iniciarse el encuentro, el
regidor pidió explicaciones a la portavoz socialista por su ausencia
durante el último pleno municipal. En ese momento, según indicaron
los testigos, se inició una fuerte discusión entre ambos.
"Esteban Parro empezó a decirme que no reconocía
mi capacidad, que mi actitud generaba problemas al Ayuntamiento, que
era una mentirosa y que practicaba la política basura", señaló a
mediodía de Paz Martín, quien añadió que, en el transcurso del
enfrentamiento, el alcalde la llamó "chavala" en varias ocasiones y
le preguntó si ella tenía a alguien que la quisiera. Esta versión la
corrobora en términos generales la edil de IU, Dolores Ruiz. La edil
socialista no se quedó callada. A continuación, Martín acusó al
alcalde de querer dar un pelotazo urbanístico "con la calificación
de cuatro millones de metros cuadrados que eran protegidos", según
explicó más tarde el portavoz del PP.
En medio del intercambio de improperios, Esteban
Parro solicitó que se le entregase una grabadora y comenzó a
registrar las palabras de la portavoz del PSM-PSOE. Paz Martín se
levantó entonces de su silla con el móvil en la mano y, en ese
instante, recibió un manotazo del alcalde que hizo caer el teléfono
al suelo. Según explicaron los portavoces de PP e IU, Paz Martín se
disponía a hacer una foto al primer regidor cuando éste lanzó el
manotazo. "El alcalde ha tirado el móvil, pero no le ha tocado la
mano", precisaron fuentes del equipo de gobierno.
"Ha sido una situación bochornosa y muy
desagradable. No es de recibo que se pierdan los nervios como ha
sucedido en la mañana de hoy y se mantenga una actitud tan
violenta", destacó, visiblemente indignada, la concejal de IU,
Dolores Ruiz, tras la reunión. La portavoz de la coalición aseguró
que había sido la reunión "más tensa" a la que había asistido desde
el inicio de la legislatura e hizo un llamamiento "a la calma y la
serenidad" en la corporación municipal mostoleña.
Paz Martín señaló que ha puesto los hechos en
conocimiento del Partido Socialista de Madrid y anunció que
denunciará a Esteban Parro por agresión. Mientras tanto, el gobierno
local precisó que acudirá a los tribunales para defender "el honor"
del alcalde, que fue acusado por la portavoz socialista de querer
dar "un pelotazo urbanístico".
El gobierno municipal no reparó en calificativos
para Paz Martín: "No tiene lealtad institucional", "es lenguaraz",
"mancilla al Ayuntamiento", "cobra como portavoz del PSOE sin
cumplir sus funciones" o "nadie la soporta como portavoz", fueron
algunos de los calificativos que dedicó a la portavoz socialista el
segundo teniente de alcalde, Daniel Ortiz, en un comunicado hecho
público a mediodía.
(www.elpais.com, 10/02/09)
