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ÍNDICE

1. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE Y RAJOY NO ALCANZAN UN PACTO

2. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ Y GRANADOS, RELATO DE UN DESENCUENTRO

3. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. COSPEDAL ANUNCIA QUE EL PP SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN INTERNA EL CASO DE ESPIONAJE

4. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY CONCEDE UNA TREGUA A AGUIRRE PERO MANTIENE VIVA SU AMENAZA

5. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY SOBRE LOS ESPÍAS: "NO SON RUMORES, ESOS DOCUMENTOS EXISTEN"

6. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ELUDE DAR EXPLICACIONES DEL "LODAZAL DE 'DOSSIERS" A LA OPOSICIÓN

7. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL PP PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID

8. UNA FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A SU HERMANO

9. UN CUÑADO DE IGNACIO GONZÁLEZ FUE "PROMOTOR DEL PROYECTO" DEL CAMPO DE GOLF DEL CANAL

10. AGUIRRE SUPRIME EL 'CHEQUE BEBÉ' DE 100 EUROS AL QUE SE COMPROMETIÓ

11. EL "ARDOR" DE BLESA FRENTE A AGUIRRE

12. AGUIRRE SE RODEA DE ANTICASTRISTAS PARA PEDIR "LIBERTAD" PARA CUBA

13. MADRID DESOYÓ PETICIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE CENTROS DE MENORES

14. EL NUEVO PLAN DEL PARQUE DEL SURESTE PERMITE LOS CAMPOS DE GOLF

15. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. CINCO DETENIDOS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN MADRID, VALENCIA Y CÁDIZ

16. AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS. EL JUEZ ANULA EL CONVENIO URBANÍSTICO DE TRES CANTOS CON LA EMPRESA FCC

17. AYUNTAMIENTO DE PINTO. COMUNIDAD DE MADRID. CINCO MILLONES PERDIDOS ANTES DEL CAMBIO DE GOBIERNO


1. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE Y RAJOY NO ALCANZAN UN PACTO

Fue la tarde del pasado domingo. Después de su triunfal discurso de estilo obamista, Mariano Rajoy estaba descansando en su casa. Sonó el teléfono, y era Esperanza Aguirre. Sobre la mesa estaba lo que los aguirristas consideraban una agresión: una información de EL PAÍS en la que el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, hombre muy respetado y clave en la historia interna del partido, aseguraba que en mayo de 2008 había avisado a Rajoy de que le estaban espiando.

Lapuerta pensaba que eran personas de la Comunidad de Madrid, como respuesta a críticas que había hecho a adjudicaciones de esta administración que consideraba sospechosas. Para colmo, según la visión de los aguirristas, el propio Rajoy, a través de su responsable de Comunicación, Carmen Martínez Castro, había confirmado la noticia. Lapuerta es además amigo del presidente del PP, con lo que todos los aguirristas atribuyeron al líder la bomba informativa.

Espionaje, adjudicaciones y una investigación interna en marcha. Eran demasiados fusiles apuntando a Aguirre, y todos de fuego supuestamente amigo, esto es desde Génova, la sede central del PP. La presidenta llamó al líder para, según diversas fuentes populares, mostrarle su preocupación por la situación y reclamarle que busque una salida que no le haga daño a ella ni al partido.

Rajoy, fiel a su estilo, no entró de lleno en el asunto y trató de tranquilizarla con la idea de que seguramente habrá una solución. Pero no hubo acuerdo, y desde entonces la situación se ha complicado.

El diario El Mundo ha publicado graves acusaciones de conductas irregulares tanto de Lapuerta como de su sucesor, Luis Bárcenas, por haber presionado a la Comunidad de Madrid en diversas adjudicaciones. Todos los marianistas lo interpretaron como una venganza del aguirrismo.

A mediados de semana, mientras se publicaban dossiers con supuestas irregularidades de la mano derecha de Aguirre, Ignacio González, amigos y familiares suyos, hubo al menos otra conversación telefónica entre los dos dirigentes, de tenor similar, según las mismas fuentes. Aguirre insiste en que la investigación interna que dirige la secretaria general, Dolores de Cospedal, es una gran muestra de desconfianza hacia ella, que no va a encontrar nada porque nada hay, y que se debe cerrar cuanto antes.

Rajoy insiste en su ambigüedad. En privado buscan un pacto, pero ella quiere un apoyo público que él no le ha dado. Y por eso las espadas siguen en alto mientras la situación es cada día más explosiva. El entorno del líder y algunos dirigentes regionales, muy enfadados por lo que consideran un ataque directo al corazón del partido, le piden mano dura, un gesto de autoridad. "Casi todos estamos aquí de paso, pero Lapuerta y Bárcenas son la casa, los que dan continuidad al PP. Ir contra ellos es ir contra el partido, no contra Rajoy. Esto no puede quedar así", señala un marianista.

Mientras, Aguirre no está dispuesta a aceptar que el presidente le pida la cabeza de nadie, porque insiste en que no hay ninguna prueba de que el espionaje saliera de la Comunidad ni de ninguna irregularidad en ninguna adjudicación.

Cospedal, que aún tiene que interrogar a algunos, se prepara para enviar su informe al Comité de Derechos y Garantías del partido. Si su papel recomienda sanciones, como apuntaba el durísimo comunicado de la semana pasada, y éstas no están pactadas con Aguirre, la guerra será total y ella se resistirá hasta el final. De momento todo sucede en pasillos, pero la próxima semana probablemente habrá un Comité Ejecutivo Nacional, el órgano de gobierno, donde se verá hasta dónde llega la batalla y si alguien sigue a Aguirre en su resistencia numantina a ofrecer ninguna cabeza, ni siquiera la de algún jefe intermedio de los espías.

(www.elpais.com, 01/02/09)

2. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ Y GRANADOS, RELATO DE UN DESENCUENTRO

Nacho González y Paco Granados". Con este mensaje de texto respondía Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy en los días previos al Congreso Nacional del PP, celebrado a finales de junio pasado. El líder del PP no estaba muy contento con la presidenta madrileña, que no dejaba de amagar con presentar una candidatura, pero quería que le recomendase un par de nombres de su equipo para incluirlos en el Comité Ejecutivo. Aguirre pinchó en hueso. Rajoy no estaba dispuesto a contar con dos de los consejeros que más habían contribuido a que se cuestionara su liderazgo en plena etapa precongresual.

Con su sugerencia a Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid intentaba colocar en el núcleo de poder de Génova, sede nacional de los conservadores, a dos hombres de su máxima confianza. Y de paso, afianzar una relación entre dos compañeros de partido que se había quebrado en el año 2004, cuando ambos se enzarzaron en una dura competición por acaparar poder.

Hoy, la supuesta trama de espionaje desatada en la Comunidad vuelve a unirlos. El vicepresidente, Ignacio González, ha sido seguido en viajes privados por el extranjero, tal y como reveló El País. Y Granados, secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, es señalado en las informaciones él lo niega como el máximo responsable de un grupo de agentes con misiones de seguimiento.

Pese a que en público ambos se han mostrado unidos y han mantenido el mismo discurso, no son pocos los que en las filas conservadoras apuntan a que estos episodios pueden haber vuelto a enfriar una relación en la que ambos protagonistas habían decidido poner paz. "No son íntimos, pero llevaban ya bastante tiempo sin exhibirdesencuentros", apuntan desde el PP de Madrid. ¿Por qué se hicieron patentes esas diferencias?

Hay que remontarse a noviembre de 2004, cuando Aguirre decide nombrar a Granados secretario general del PP madrileño. Hasta entonces,desempeñaba, con cierta diligencia, la cartera de Infraestructuras y Transportes. Era, además, uno de los consejeros más valorados. La noticia cayó como un jarro de agua fría para el ex alcalde de Valdemoro. "Todavía Aguirre no le había dicho nada, pero era posible que perdiera Transportes. No le hacía mucha gracia. Su consejería era la joya de la corona con un proyecto muy atractivo en la red de Metro", recuerdan en las filas conservadoras. Durante casi un mes, Ángel Acebes, número dos del PP de Aznar, e Ignacio González presionaron a la presidenta para que apartara a su compañero de la consejería. "Los dos estaban convencidos de que la Secretaría General no era compatible con una cartera tan potente como la que ostentaba", añaden en el partido. Compatibilidades o no, Ignacio González no se resignaba a ver cómo le adelantaban. Y Granados, que se aferraba con fuerza a Transportes, se veía muy bien ubicado de cara a una posible sucesión de a quien ellos, cariñosamente, llaman "la jefa".

 El 20 de diciembre de 2004, Esperanza Aguirre anunciaba que María Dolores de Cospedal, actual secretaria general del partido, iba a ser la sustituta de Granados en Transportes. Para contentar al perdedor, le creó la consejería de Presidencia. La maniobra no pasó inadvertida: González lograba ubicar en un departamento clave a una mujer de su entorno. Cospedal había trabajado entre julio de 2002 y abril de 2004 con Acebes en el Ministerio del Interior como subsecretaria, donde también se cruzó con Ignacio González en su etapa al frente de la Secretaría de Estado de Inmigración. Hoy es la encargada de la investigación interna del PP sobre los espías.

Cuentan algunos cargos del PP de Madrid que por aquellas fechas el enfado de Granados fue tal que llegó incluso a lamentar haber abandonado la alcaldía de Valdemoro para pasarse a la primera línea política.

 

Incluso en las filas de la oposición en la Asamblea de Madrid reconocen que Granados y González parecían haber hecho las paces en la última etapa: "Les unía el no integrar el nuevo equipo de Rajoy y el rechazo al ex consejero Alfredo Prada. Y ahora parece que les separa la trama. González optó por no arropar a Granados el día de su comparecencia", explican. Prada, también afectado por esta presunta red de espionaje, fue apartado por Aguirre de la consejería de Justicia en la remodelación que hizo el pasado 26 de junio. Días antes, Rajoy le había incluido en su equipo. En esta ocasión, fue Granados el que salió ganando, sumando a las consejerías de Presidencia e Interior, la de Justicia. "En esta legislatura, uno de los paquetes más fuerte de contrataciones es el de la Ciudad de la Justicia", recuerdan en la Asamblea.

Mientras, González no ha perdido fuerza. Además de vicepresidente y portavoz de la Comunidad, preside el Canal de Isabel II. El número dos de Aguirre controla las principales adjudicaciones del Gobierno regional.

(www.publico.es, 01/02/09)

3. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. COSPEDAL ANUNCIA QUE EL PP SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN INTERNA EL CASO DE ESPIONAJE

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que su partido deja en suspenso la investigación interna sobre el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid mientras se desarrolla la investigación parlamentaria y judicial que pueda depurar responsabilidades políticas y penales. Cospedal ha hecho este anuncio en una comparecencia ante los periodistas en la sede nacional del Partido Popular, en la que ha subrayado que "la verdad siempre es beneficiosa para todo el mundo".


La dirigente del PP ha señalado que la comisión de investigación parlamentaria de la Asamblea de Madrid es el cauce adecuado para dirimir eventuales responsabilidades políticas. Precisamente, esta mañana, Esperanza Aguirre ha anunciado que va a apoyar esta comisión en la Asamblea.


Cospedal ha explicado que la investigación judicial abierta es el cauce adecuado para conocer eventuales responsabilidades penales. Por ello, ha anunciado que mientras esas dos investigaciones se llevan a cabo (la parlamentaria y la judicial), el PP deja en suspenso su investigación interna. Además, ha garantizado que el Partido Popular está dispuesto a colaborar tanto con la justicia como con la Asamblea de Madrid en el desarrollo de sus trabajos.


Horas antes al anuncio de Cospedal, a la entrada de un desayuno informativo en el que ha intervenido el candidato popular a la presidencia de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Aguirre se había referido a la supuesta red de espionaje en la Comunidad de Madrid, y se había mostrado dispuesta a aceptar una comisión de investigación en la Asamblea, como habían solicitado el PSOE e IU.


"El PP de Madrid va a aceptar la comisión de investigación en la Asamblea para dejar totalmente claro que nuestro interés es la transparencia, la claridad, y la luz y taquígrafos", ha precisado, tras asegurar que la Comunidad quiere dejar claro que no se ha espiado a nadie.


La presidenta de Madrid había explicado que la comisión de investigación es "un instrumento" y por tanto lo van a aceptar en una reunión que se celebre en la Mesa y la Junta de Portavoces. Asimismo, Aguirre ha eludido responder a la pregunta de si mantuvo conversaciones con el presidente del PP, Mariano Rajoy.

(www.elperiodico.com, 02/02/09)

4. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY CONCEDE UNA TREGUA A AGUIRRE PERO MANTIENE VIVA SU AMENAZA

Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre son como la noche y el día. Ella es una mujer de acción, en ocasiones precipitada; él es hombre de reacción, y sólo a veces. Por eso, ayer fue ella la que, de nuevo, en una situación de bloqueo que amenazaba con destrozar la imagen de su Gobierno y romper el partido, movió ficha. Ante la evidencia de que se iba a enfrentar en Génova, sede central del PP, a todos los barones, muy molestos por cómo ella ha esquivado cualquier responsabilidad en el escándalo de los espías en la Comunidad de Madrid, Aguirre se adelantó y, a primera hora, antes de la reunión de los líderes regionales, anunció que aceptará la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que piden PSOE e IU.

Rajoy tardó varias horas en reaccionar, pero lo hizo. A última hora de la tarde, la secretaria general, Dolores de Cospedal -el líder sigue huyendo de los periodistas y sólo habla, a veces, fuera de Madrid- anunció solemnemente que suspende temporalmente -"no se cierra", aclaró dos veces- la investigación interna que había abierto la guerra total entre Rajoy y Aguirre.

El líder concede así una tregua a su gran enemiga interna, como respuesta al gesto de ésta, pero mantiene su amenaza de reabrir la investigación en cualquier momento si la comisión no resulta satisfactoria y no despeja las sospechas. Fuentes de ambos bandos insisten en que no había pacto previo, que ha sido más bien una acción-reacción en esta delicadísima jugada de ajedrez que tiene en vilo a todo el PP.

La guerra no ha terminado. Cospedal dejó muy claro que quiere que la comisión no sea un paripé en el que Aguirre aproveche su mayoría absoluta para negar las comparecencias clave. De hecho, llegó a decir que ella, que tiene mucha información tras sus 10 días de investigación, y Rajoy, que conocía de la existencia de dossiers y espionajes desde 2006, están dispuestos a acudir.

Aguirre y Rajoy, después de varias llamadas telefónicas con infructuosos intentos de pacto, han encontrado así una vía intermedia que les permite ganar tiempo, aunque también garantiza que este asunto estará en la primera plana durante toda la campaña electoral de las vascas y las gallegas, claves para el futuro del líder.

Pero las espadas siguen en alto. Dirigentes regionales y del entorno de Rajoy insisten en que las revelaciones periodísticas son de tal gravedad, y la reacción de los aguirristas desvelando supuestas irregularidades del tesorero del PP tan inauditas, que este asunto sólo se puede resolver con alguna dimisión. "La dirección recuerda a todos los dirigentes su obligación de mantener una conducta acorde con los estatutos", dice el comunicado como aviso a navegantes. El texto deja muy claro que Génova abre la puerta para que sea la propia Aguirre, a través de la comisión, quien depure responsabilidades: "La dirección del PP considera que la comisión parlamentaria, en el ámbito de la mayor claridad y transparencia posibles, es un cauce adecuado para depurar eventuales responsabilidades políticas".

Varios dirigentes marianistas expresan claramente en privado su deseo de que todo este escándalo acabe con la dimisión de Ignacio González, la mano derecha de Aguirre, centro de dossiers, seguimientos y sospechas, y enemigo declarado de Rajoy, que lo echó sin contemplaciones de la dirección nacional. El enfado del líder con los últimos acontecimientos y con la reacción de los aguirristas era de tal nivel, según los que hablan con él, que algunos empezaban a dar por hecho que iba a pedir alguna cabeza. De hecho, así se había interpretado por algunos barones una frase que Rajoy pronunció en la reunión de la mañana.

(www.elpais.com, 03/02/09)

5. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY SOBRE LOS ESPÍAS: "NO SON RUMORES, ESOS DOCUMENTOS EXISTEN"

Todos los dirigentes del PP señalaban estos días que la dirección concedía mucha credibilidad a las informaciones sobre el espionaje entre compañeros de partido que ha publicado EL PAÍS. Pero hasta ahora nadie lo había dejado tan claro como Mariano Rajoy ayer en Barcelona. En una entrevista con la cadena de radio Rac 1 fue tajante al avalar las informaciones de EL PAÍS y contradecir, por tanto, la tesis de Esperanza Aguirre, que insiste en que todo es una "gran mentira" urdida por este periódico, a pesar de que se ha visto forzada a conceder la creación de una comisión de investigación.

Preguntado expresamente por las informaciones de EL PAÍS, Rajoy señaló: "Una cosa es que se publiquen rumores y otra cosa es que, como ha sucedido, se publiquen muchos documentos. Esos documentos existen. Lo que no sabemos es quién los ha confeccionado y quién los ha ordenado. Yo quiero transparencia y claridad, es bueno que se sepa la verdad y por eso es bueno que se haya abierto una comisión de investigación".

El líder del PP llegó incluso a sugerir que si hay anotaciones personales en algunos de los documentos, como se ve en los que ha publicado este periódico, se pueden hacer pruebas caligráficas durante una investigación judicial. El departamento de Interior de Madrid no ha intentado esas pruebas caligráficas a las que se refiere el líder del PP. Rajoy señaló que si ha habido espionaje y dossiers -se hagan con dinero público o sin él- "es lamentable y bochornoso. Y si se hace con dinero público muchísimo peor", concluyó.

Poco después de acudir a la radio, el líder del PP volvió a tratar de esquivar a los periodistas. Llevaba 18 días sin enfrentarse a una rueda de prensa, y ayer se vio por qué. Apenas aguantó una pregunta sobre la trama de espionaje de la Comunidad de Madrid: "Si usted conocía la existencia de los dossiers, ¿por qué no tomó cartas en el asunto?", le preguntaron. La réplica, breve y forzada, fue la siguiente: "No he visto jamás ningún dossier, si ustedes tienen uno, me gustaría verlo".

En 2006, Álvaro Lapuerta, entonces tesorero del PP, informó a Rajoy de que tenía en su poder un dossier sobre concesiones irregulares de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El entorno del líder ha confirmado esta información. Aunque Rajoy no llegó a ver el dossier, sí supo de su existencia -es lo que le preguntaban- y en vez de ir al juzgado o a los medios, se lo contó en secreto a Esperanza Aguirre, según ha confirmado ésta. Y ahí quedó todo hasta que la prensa lo investigó.

La siguiente pregunta fue si habrá alguna dimisión. Cambió el semblante e incluso su tono de proverbial ironía. Se limitó a replicar: "No responderé nada más sobre este tema y me remito a la nota que hizo pública el partido" el lunes. Hubo otro intento, también sin éxito. Y nada más.

(www.elpais.com, 04/02/09)

6. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ELUDE DAR EXPLICACIONES DEL "LODAZAL DE 'DOSSIERS" A LA OPOSICIÓN

La Asamblea de Madrid resucitó ayer los momentos más ásperos desde el episodio de transfuguismo de 2003 de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que abrió las puertas de la presidencia regional a Esperanza Aguirre. Durante tres horas, la oposición intentó ayer, sin éxito, que Aguirre, su viceconsejero, Ignacio González, y el responsable de Interior, Francisco Granados, intentaran aclarar el "el lodazal de dossiers para chantajear a altos cargos" que, en palabras del diputado socialista Adolfo Navarro, se había convertido la Comunidad de Madrid.

PSOE e Izquierda Unida querían saber si algún "subordinado había usurpado atribuciones en las competencias de seguridad previstas en el Estatuto de autonomía; por qué un Gobierno sin apenas competencias de seguridad tienen tal número de asesores y altos cargos de seguridad; por qué Granados destituyó a su responsable de Seguridad Sergio Gamón y lo recuperó a los tres días o por qué le paga 91.000 euros al año por limitarse a hacer un informe sobre la seguridad privada de los edificios de la Comunidad".

Lejos de dar respuestas, Aguirre y sus consejeros replicaron a la catarata de preguntas contraatacando. La presidenta acusó al PSOE de tener "una larga historia de espionaje político". "Desde 1984 a 1995 funcionó un gabinete de espionaje por el que tuvo que dimitir quien lo creó como ministro de Defensa [Narcís Serra] y luego dimitió como vicepresidente del Gobierno por haber espiado, del Rey abajo, a todo el mundo. No sólo a los de su propio partido sino al Partido Comunista y a Alianza Popular". También aludió Aguirre a casos más recientes. Y se refirió al presunto "espionaje del Gobierno de Andalucía a los presidentes de las cajas andaluzas", caso que fue investigado por un juez y archivado a los pocos días.

La presidenta eludió las preguntas de la oposición sobre la responsabilidad política en la red de espionaje y se refugió en la creación de la comisión de investigación que se pone hoy en marcha y de la que, aseguró, no se derivarán responsabilidades políticas. "Queremos claridad para demostrar que aquí nadie ha espiado", espetó Aguirre.

González siguió la estrategia al pie de la letra y, tras negar todas las acusaciones sobre su intervención en algunos contratos del Canal de Isabel II que preside, en los que presuntamente se favoreció a empresas de familiares, reclamó a la oposición que, "una vez que haya culminado la comisión de investigación, si no se prueba nada, pidan excusas por las acusaciones graves que se han hecho".

(www.elpais.com , 06/02/09)

7. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL PP PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid por la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid ha quedado constituida bajo la presidencia del diputado conservador Benjamín Martín Vasco, tras ser rechazada la propuesta del PSOE de que recayera en la portavoz de IU, Inés Sabanés. Los 9 miembros (5 del PP, 3 del PSOE y 1 de IU) se reunirán lunes y miércoles en sesiones de mañana y tarde, y viernes sólo por la mañana, hasta el 28 de febrero, prorrogable un mes más. Asimismo, aquellas personas a las que se solicite su comparecencia, tendrán obligación de asistir a la reunión.

En la sesión de constitución de la comisión a "objeto de estudiar y analizar las responsabilidades políticas que pudieran derivar de la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid", la portavoz socialista, Maru Menéndez, propuso dejar la presidencia al grupo minoritario en "aras a la transparencia y a la claridad de la investigación", como se ha hecho en otros ámbitos. Sin embargo, la vicepresidenta de la Cámara, Cristina Cifuentes (PP), rechazó esta posibilidad por considerarla una "voluntad política" y por no corresponder con las reglas establecidas por la Junta de Portavoces en esta Legislatura. "En ningún caso se ha expresado que deba ser por el grupo mayoritario el que obtenga la presidencia, sino el grupo que tenga más votos obtenga de acuerdo con el voto ponderado", destacó.

Por su parte, Sabanés destacó que las propuestas de presidencia de la comisión "están vinculadas a un criterio político", por lo que el PP podrían haberlo aceptado "por tradición democrática", con el "mismo reglamento y con el mismo criterio". Dado que no fue aceptada la misma, procedió a retirar su candidatura, con el fin de que Encarnación Moya, del PSOE, obtuviera la vicepresidencia. Será secretaria de la comisión la conservadora Gádor Ongil.

(www.publico.es, 06/02/09)

8. UNA FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A SU HERMANO

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó en diciembre de 2006 la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret. Pues bien, el 10 de noviembre de 2008, uno de los hermanos de González compró más del 30% de las acciones de dicha empresa. Y un porcentaje idéntico adquirió José Juan Caballero, uno de los cuñados del número dos de Esperanza Aguirre.

Los datos a los que ha tenido acceso Público figuran en el Registro Mercantil de Madrid y, lógicamente, no están incluidos en el dossier sobre González manejado por la cúpula del PP, ya que dicho informe fue escrito a finales de 2006 o principios de 2007.

El Canal de Isabel II, empresa pública que preside Ignacio González, adjudicó el campo de golf de Chamberí a un consorcio formado por las empresas Iridium, Soto Once y Tecnoconcret. La concesión se produjo el 27 de diciembre de 2006, por un periodo de cinco años, prorrogable a otros cinco en caso de que ambas partes se muestren de acuerdo. Las tres sociedades tenían la obligación de formar una nueva compañía para explotar las instalaciones deportivas, y así lo hicieron el 15 de febrero de 2007, al constituir Green Canal Golf.

La decisión de construir un campo de golf y ocho pistas de pádel sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II contó con una fuerte oposición de los vecinos, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtiran en un espacio público. En abril de 2007, la revista Tiempo publicó que Tecnoconcret era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. Efectivamente, en aquel momento, en el Registro Mercantil figuraban oficialmente como únicos socios de la empresa un ingeniero llamado José Antonio Clemente y su esposa.

Clemente era socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente madrileño, en otra compañía denominada Tamanaco 07 Consulting. Esta empresa se había constituido el 21 de junio de 2006, seis semanas antes de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicase el concurso para adjudicar el campo de golf. Curiosamente, el objeto social de Tamanaco 07 Consulting era la "explotación de instalaciones deportivas".

Al hacerse públicos estos datos, el vicepresidente González compareció ante los medios de comunicación, el 27 de abril de 2007. Visiblemente nervioso, en tres ocasiones rehuyó aclarar si sabía que había adjudicado el campo de golf a un socio de sus familiares directos. Y como principal argumento de defensa utilizó el siguiente: "La adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos".

González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal de Isabel II y tampoco advirtió a los demás consejeros de la relación que existía entre su familia y una de las empresas adjudicatarias. Todo el entramado empresarial resultaba altamente sospechoso. Lo lógico era pensar que Clemente actuaba en Tecnoconcret como testaferro de los familiares de González, que evidentemente no podían aparecer en el accionariado de la sociedad adjudicataria del campo de golf. Pero no había documentos que probasen esa sospecha.

Aunque los partidos de la oposición consideraron que ya era suficientemente escandaloso que el beneficiario fuese un socio del hermano y del cuñado de González, la presidenta Aguirre respaldó entonces a su número dos y no adoptó ninguna medida. Un mes después, el PP amplió su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas.

Cuando casi todo el mundo había olvidado la polémica concesión, Tecnoconcret realizó una ampliación de capital de 100.000 euros, acordada el 10 de noviembre de 2008. José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero –a través de su empresa Proyectos Ecosistemas– suscribieron cada uno el 31,6% de las nuevas acciones. Entre el hermano y el cuñado de González controlan, por tanto, la mayoría absoluta del capital. De esta forma, el accionariado de Tecnoconcret pasó a ser prácticamente idéntico al de Tamanaco 07 Consulting. Y se confirma, así, la relación entre los familiares de González y la empresa que recibió la adjudicación del polémico campo de golf de Chamberí.

Fuentes del Canal de Isabel II aseguraron que, "hace aproximadamente un año", Iridium le compró sus acciones a las otras dos empresas que recibieron la adjudicación para explotar el campo de golf; es decir, a Soto Once y a Tecnoconcret. Según esta versión oficial, por tanto, los familiares de González ya no formarían parte de Green Canal Golf.

(www.publico.es, 05/02/09)

9. UN CUÑADO DE IGNACIO GONZÁLEZ FUE "PROMOTOR DEL PROYECTO" DEL CAMPO DE GOLF DEL CANAL

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no sólo adjudicó la explotación del campo de golf de Chamberí a un socio de su hermano y de su cuñado. Las obras de dicho campo también fueron realizadas por empresas vinculadas a su familia, mediante subcontratas recibidas de ACS. Y un cuñado de González, José Juan Caballero, fue uno de lo "promotores" del proyecto.

El diseño y la construcción del golf de Chamberí corrió a cargo de varias firmas relacionadas entre sí. La principal se llama Only Golf Planning and Design y elaboró un vídeo promocional para explicar el éxito de su trabajo, al que ha tenido acceso Público. En dicho vídeo se indica que los "promotores de proyectos" de la sociedad son José Juan Caballero y José Antonio Clemente.

Caballero está casado con Isabel González, hermana del vicepresidente y diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Clemente, por su parte, es un hombre clave en los negocios de los familiares del vicepresidente. En junio de 2006, fundó la empresa Tamanaco junto a Caballero y a Pablo González, hermano del número dos de Aguirre. Y también era el accionista y administrador de Tecnoconcret cuando esta sociedad recibió la adjudicación para explotar el campo de golf de Chamberí. Como desveló este lunes este diario, Pablo González y José Juan Caballero se han hecho hace tres meses con la mayoría del capital de Tecnoconcret.

Las obras del campo de golf se terminaron antes de las elecciones autonómicas de 2007. Como subcontratistas del Grupo ACS trabajaron Only Golf y Sportcrete. Se trataba de construir, encima de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, un campo de golf de nueve hoyos y una zona de prácticas. El proyecto contó con una fuerte oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un espacio público.

Según datos que figuran en el vídeo promocional, el presupuesto total del proyecto ascendió a 50 millones de euros, de los que 3,5 se asignaron al campo de golf.

Como accionistas de Only Golf figuran en el Registro Mercantil tres personas: Dimitris Tsalidis, José Alberto Romero y José Jesús Vallenilla. El objeto de esta empresa, fundada en noviembre de 2003, es "el diseño, la construcción y la comercialización de campos de golf e instalaciones deportivas".

Además de tener a Caballero y Clemente como "promotores de proyectos", Only Golf comparte negocios con Tecnoconcret. Recientemente, ambas empresas han constituido la firma Airgrass Technologies, dedicada a "comercializar soluciones de césped artificial".

En cuanto a otra de las subcontratistas, Sportcrete, se trata de una filial de Only Golf, que controla el 80% de su capital. El 20% restante está en manos de una sociedad británica, cuya sede está en la localidad de Derbyshire.

En definitiva, en la fase de construcción del campo de golf, la contratista principal ACS decidió subcontratar a empresas ligadas a la familia de González. Y luego, en el momento de adjudicar la explotación del campo, Ignacio González le dio la concesión a una empresa de ACS Iridium y a otra del socio de su hermano y de su cuñado.

(www.publico.es, 06/02/09)

10. AGUIRRE SUPRIME EL 'CHEQUE BEBÉ' DE 100 EUROS AL QUE SE COMPROMETIÓ

Fue un compromiso electoral de la última campaña. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, anunció que daría a las familias madrileñas 100 euros por cada hijo que tuvieran a partir del 1 de enero de 2007. A tocateja. Y así lo hizo. Pero no quedó ahí la cosa.

Un año después, a la ex consejera de Familia y Asuntos Sociales, Gador Ongil, le debió parecer poco y anunció que subiría la ayuda hasta 300 euros. Pero nunca sucedió. Ahora, en un momento en el que las arcas no están para compromisos adquiridos, la Comunidad ha suprimido la ayuda de 100 euros a la que podían acogerse unas 39.000 familias anualmente y que ha durado sólo dos años.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, dirigida por Engracia Hidalgo, alega que se está estudiando la posibilidad de sustituirla por los 300 euros que se prometieron pero que nunca se llegaron a dar. Sin embargo, ahora sólo podrían beneficiarse de ella las familias numerosas.

Es decir, el dinero se recibiría a partir del nacimiento del tercer hijo. Así, la subvención iría destinada sólo al 10% de las familias (unas 3.900).

"La orden [de pago] tenía una duración de un año. Había que renovarla ahora, pero hay un plan de ajuste en las ayudas. Si el año que viene se puede ampliar otra vez a todas las familias, lo haremos", explica una portavoz de la consejería.

"Es muy grave que en tiempos de crisis se suprima una ayuda que, no es que fuera de gran cuantía, pero era un alivio para las familias madrileñas. Nos parece un despropósito que se limite a las familias numerosas. Plantearemos una iniciativa para restablecer la ayuda", anunció la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez.

El nuevo cheque bebé exclusivo para familias numerosas todavía no está aprobado. Pero las parejas que hayan tenido su tercer hijo a partir del 1 de enero de 2009, si se confirma lo anunciado a este periódico por la consejería, podrán reclamarlo. Además, la Comunidad mantiene la deducción fiscal de 600 euros anuales a todas las familias por cada hijo nacido.

(www.elpais.com, 03/02/09)

11. EL "ARDOR" DE BLESA FRENTE A AGUIRRE

"Remedia más las cosas el silencio que la locuacidad". El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, apareció este lunes en rueda de prensa por primera vez desde que se inició la batalla campal por el control de la entidad. Y, para evitar preguntas de los periodistas al respecto, comenzó su intervención con esa frase sobre la conveniencia de permanecer callado.

Pero luego se mostró más que locuaz para reclamar a la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre que deje en paz a la caja y para contestar a algunas acusaciones que le han llegado desde su entorno.

Afirmó que "no hay atisbo de comportamiento rebelde o altivo en la actuación del consejo de administración de Caja Madrid" y añadió que "el consejo va a cumplir la legislación vigente con el mismo ardor con el que va a defender su independencia para la gestión de la caja y para adoptar las decisiones que al consejo le competen". O sea, que cada uno a lo suyo. Que Aguirre legisle, pero que no intente meter más mano en la entidad. Y también aprovechó para pedirle que levante la inhabilitación a los dos miembros de la Comisión de Control expedientados.

Pero no sólo el Gobierno de Aguirre quiere influir en la entidad. El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, también quiere hacerlo. Aseguró que va a "vigilar" su comportamiento financiero para comprobar si da créditos porque tiene "indicios" de que no está cumpliendo con ese cometido. Gómez aseguró que ha tenido que tomar esta decisión porque el Gobierno de Aguirre, que es el que debería hacerlo, está "paralizado" por sus discrepancias internas.

La batalla continúa y Blesa, aunque dijo que no quería hacerlo, atizó el fuego. Su futuro sigue en el aire, pero se despidió con un "hasta el próximo año". Su intención y su ardor quedaron claros.

(www.publico.es, 03/02/09)

12. AGUIRRE SE RODEA DE ANTICASTRISTAS PARA PEDIR "LIBERTAD" PARA CUBA

Organizaciones anticastristas y partidos políticos, mayoritariamente de derecha, se han manifestado en Madrid para protestar contra el régimen cubano que cumple ahora 50 años. Bajo la nieve se han dado cita Jaime Mayor Oreja, candidato del PP a las europeas y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, cuyo rifirrafe con el Gobierno cubano ha venido en aumento en las últimas semanas. El abanico político iba desde miembros de UPyD a miembros del Frente Nacional y Alternativa Española.

La manifestación ha podido seguirse en directo gracias al despliegue mediático de la cadena COPE, que ha puesto a trabajar en el día más sagrado de la semana a su "politburó de comunicadores", como ha descrito Losantos a los tres compañeros que le acompañaban: César Vidal, Cristina López Schilting y el director de informativos Ignacio Villa.


Diversas organizaciones anticastristas se han reunido en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra el régimen cubano. Los gritos de "viva Cuba libre" se han alternado con los de "Castro asesinos" y los habituales dirigidos a Zapatero y su Gobierno por su supuesta postura ambigua ante Cuba. Ya desde el comienzo de las intervenciones, Matías Jové, en nombre del colectivo Cuba en Transición, exigió al Gobierno español que "se sitúe inequívocamente del lado de quienes piden democracia en la isla".


Junto a los convocantes ha destacado la asistencia política al acto. El diputado popular Jorge Moragas, el consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y el presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid, Pablo Casado han sido algunos de los representantes del mayor partido de la oposición. También han acudido el portavoz y coordinador de UPyD, Mikel Buesa, y el coordinador territorial de Madrid del partido de Rosa Díez, Ramón Marcos.


Sin embargo, la estrella política ha sido Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, cuyos roces con el Gobierno cubano han alimentado bastante la actualidad en las últimas semanas. De hecho Aguirre ha sido preguntada sobre si ha recibido disculpas, y aseguró que "no, por parte de la embajada cubana en absoluto. Seguro que piensan que se quedaron cortos."


El día anterior, cerca de 80 organizaciones , con Izquierda Unida y el PCE a la cabeza , convocaron una marcha para protestar por la "grosera injerencia" de Aguirre en la política cubana. Dirigentes de IU han acusado a Aguirre de mantener una relación, junto con José María Aznar, con grupos de "extrema derecha de Miami", que favoreciese la entrada de empresas españolas en la isla cubana tras el final del régimen castrista.

La manifestación contra Castro ha sido seguida con todo lujo de detalles por la cadena COPE. La cadena episcopal ha puesto todos sus recursos a trabajar. "Aquí estamos todo el politburó de los comunicadores", se jactaba Federico Jiménez Losantos, en referencia a sus acompañantes: César Vidal, Cristina López Schilting y el director de informativos Ignacio Villa. Losantos no ha dudado en comparar la marcha con aquella de la AVT en que "lloraba el cielo". También ha tenido un guiño para su amigo Alcaraz, "al que ahora están machacando".


El locutor estrella de la COPE ha entrevistado a otro de los protagonistas de la marcha: el candidato del PP a las europeas, Jaime Mayor Oreja. El político vasco es fiel a estas manifestaciones. Su última asistencia fue a la Misa de la Familia organizada por Rouco. Una vez más, Mayor Oreja echó mano de "los principios y valores" para defender esta manifestación y criticó la "posición cómoda" del Gobierno contra Cuba.


El plantel político español en la marcha lo han completado Frente Nacional y Alternativa Española (AES), que han anunciado su asistencia en la plataforma Infonacional.com, la plataforma virtual que agrupa a los partidos de extrema derecha. Esta página da cuenta de la hiperactividad de AES, que el jueves salió a la calle contra la sentencia del Tribunal Supremo que no permitía la objeción de conciencia contra EpC, después de haber estado el miércoles ante la embajada de EEUU, criticando la política abortista de Obama.

(www.elplural.com, 01/02/09)

13. MADRID DESOYÓ PETICIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE CENTROS DE MENORES

Dos comunidades autónomas, Madrid y Castilla-La Mancha, han sido acusadas de inacción en el caso de las irregularidades en centros de protección de menores, destapado por el Defensor del Pueblo a través de un exhaustivo informe que revela castigos crueles y trato humillante a niños con problemas psicológicos tutelados por las Administraciones. El Gobierno regional madrileño, que ya había recibido distintas denuncias de víctimas, retrasó una información demandada por el Defensor al respecto durante casi todo el año 2007. Y el castellano-manchego no actuó después de informes de sus trabajadores de los departamentos de menores, que vieron irregularidades en un centro.

La Comunidad ignoró durante siete meses las peticiones del Defensor sobre el centro La Jarosa, que estaba siendo investigado por la institución. Sólo contestó cuando ya había cerrado el lugar, uno de los más "bestias y siniestros", según todos los expertos, incluidos algunos de la propia Administración. La respuesta de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales aseguraba que se había rescindido el contrato con la empresa adjudicataria, la Fundación O'Belén. Ya no había lugar a la investigación.

Lo que no especificaba es que el "cierre" del lugar no fue más que un traslado a un sitio más grande. "Se les rompe el contrato por temas urbanísticos, no por otras circunstancias. Es obligatorio por ley, y si no había que pagarles", dice un portavoz de Asuntos Sociales, al tiempo que desmiente la tardanza en responder al Defensor: "Se les contestaba cada mes, pero ellos pedían entonces más". De las cartas del Defensor no se deduce en absoluto esa explicación. Otra residencia de Madrid, Picón del Jarama, fue la única que se negó a dejar entrar a los investigadores alegando que "los niños estaban alborotados por Navidad".

Los ocho niños que vivían en La Jarosa y muchos de sus trabajadores se marcharon en bloque a Picón de Jarama, uno de los centros peor parados en el informe y también gestionado por O'Belén. En ambos centros, La Jarosa y Picón, se castigaba a los niños a través de "las contenciones" (dejar al joven inmóvil en el suelo), se les obligaba a estar desnudos en cuclillas o se les encerraba durante días mientras se autolesionaban u orinaban encima, según múltiples testimonios de niños, ex trabajadores y madres de acogida o biológicas de los muchachos. El centro de Picón, una vez absorbido el de La Jarosa, alberga más de 40 niños. Es el centro de este tipo más grande de España, con el doble de menores que los siguientes, que acogen a 22. El contrato es de 5.0053.524 euros por cuatro años.

Pero la de Madrid no es la única Administración autonómica de la que hay constancia de que se conocían los problemas de los centros ubicados en su territorio. En marzo de 2006, los trabajadores del Servicio de Menores de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno manchego mandaron un "informe" a sus superiores. El objeto de estudio es el centro Nuestra Señora de La Paz, en Villaconejos (Cuenca). Esta residencia es una de las más criticadas por el extenso informe del Defensor. Es muy corto. Pero demoledor. Dice cosas como que "impresionan los deterioros, en algunas habitaciones se han quitado los bidés pero los agujeros permanecen, y sorprende el mal olor". Eso, en cuanto a condiciones "estructurales". Pero sigue. "No hay sistema de llamada entre las habitaciones y los educadores, situación especialmente peligrosa". Y prosigue con la célebre sala de contención. Un cubículo forrado de goma que "debido a su iluminación y color, negro, produce una privación sensorial añadida".

Sus observaciones siguen diseccionando de modo muy negativo cada metro cuadrado del lugar, preguntándose por qué no hay personal de mantenimiento "sin menoscabo de las tareas que realizan los menores para dicho fin". Las conclusiones son demoledoras. "Se debe hacer visitas mensuales al centro para tratar no sólo aspectos ambientales, sino de carácter metodológico, así como de funcionamiento y coordinación".

La Consejería de Bienestar actuó mandando una misiva al centro, a Emilio Pinto, presidente de la Fundación O'Belén, pidiéndole las mejoras y, según ellos, inspeccionando el lugar con frecuencia. Pero en 2007 y 2008 cuando fue el Defensor seguía igual, o se había vuelto a romper. Aún existe la sala negra de contención, "pero su uso es restringido". La Consejería dice que poco a poco se ha ido arreglando con sucesivas subvenciones y que el centro "está en perfectas condiciones".

(www.elpais.com, 05/02/09)

144. EL NUEVO PLAN DEL PARQUE DEL SURESTE PERMITE LOS CAMPOS DE GOLF

El plan que regula el uso y la gestión del Parque Regional en torno a los ríos Manzanares y Jarama fue aprobado por la Comunidad. Según la Consejería de Medio Ambiente, el nuevo plan minimiza el impacto de las empresas de extracción de arenas y gravas, y preserva una veintena de zonas ecológicas con especiales hábitats de fauna protegida. Los ecologistas creen que ayuntamientos como el de Getafe, presidido por Pedro Castro (PSOE), han conseguido presionar para que se permita la construcción de un campo de golf en las inmediaciones del Manzanares.

Según la consejería, el plan ha sido aprobado con consenso y se han admitido el 25% de las alegaciones remitidas. La palabra consenso en el comunicado remitido por la Comunidad no parece demasiado adecuada, teniendo en cuenta la reacción que causó el nuevo texto en los ecologistas. "Las previsiones más pesimistas de los colectivos ecologistas que defienden el Parque del Sureste [ARBA, Asociación Ecologista del Jarama-El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo] se han cumplido con creces", señalaron los ecologistas.

Según estas organizaciones, el reglamento supondrá un golpe a la conservación de este espacio porque con él se abre la puerta a actividades como la caza, la extracción de áridos, la agricultura y el uso público.

(www.elpais.com , 06/02/09)

15. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. CINCO DETENIDOS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN MADRID, VALENCIA Y CÁDIZ

La Fiscalía Anticorrupción está desarrollando una amplia operación contra presuntos casos de corrupción urbanística que afecta a varias localidades del Noroeste de la Comunidad de Madrid,y otras comunidades. El juez Garzón ha coordinado esta operación en la que, de momento, han sido detenidas cinco personas en Boadilla del Monte (Madrid), en Valencia y en Sotogrande (Cádiz) acusadas de corrupción urbanística, blanqueo de dinero y cohecho, informaron fuentes judiciales.

Los detenidos se habrían quedado presuntamente el dinero de los ayuntamientos, que a su vez les otorgarían irregularmente la organización de distintos eventos, según las fuentes. Parece ser que entre los detenidos se encuentra un importante empresario vinculado al Partido Popular. De momento, no hay políticos detenidos.

Según fuentes del PP madrileño, los funcionarios judiciales que han acudido al Ayuntamiento de Boadilla del Monte han solicitado información sobre empresas que han tenido presuntamente relaciones económicas con el Consistorio Las fuentes han apuntado que no ha habido detención alguna en la sede del Ayuntamiento, gobernado por el PP y cuyo alcalde es Arturo González Panero.

Los funcionarios municipales han dado información acerca de varias empresas, entre las cuales al menos dos han tenido relaciones económicas con el Consistorio. Se trata de una dedicada a la organización de viajes y otra a la organización de eventos.

Fuentes municipales han señalado que esta segunda empresa es Special Events, cuyo responsable, Francisco Correa, es uno de los investigados. 'Special Events' era la empresa que organizaba actos y eventos para el PP cuando Aznar estaba al frente del partido.

Por su parte, el Ayuntamiento de Boadilla ha hecho público un comunicado en el que desmiente que se haya producido detención alguna de miembros de la Corporación, trabajadores municipales o militantes del PP. "El Ayuntamiento sólo ha recibido un requerimiento por parte del juzgado de instrucción 5 de Madrid solicitando una información de procedimiento que el Consistorio ya ha entregado", dice la nota.

(www.publico.es, 06/02/09)

16. AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS. EL JUEZ ANULA EL CONVENIO URBANÍSTICO DE TRES CANTOS CON LA EMPRESA FCC

El convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Tres Cantos y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), aprobado dentro del Plan General Urbanístico de la localidad y que concedía a la constructora la gestión y urbanización del nuevo barrio, ha sido anulado por un juez por incumplir la ley. Sobre este terreno, en el que está previsto construir 7.500 casas, las máquinas de FCC trabajan desde junio de 2007. El Consistorio anunció que recurrirá la sentencia y que, de momento, las obras en la zona, denominada AR Nuevo Tres Cantos, siguen en marcha.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 15 de Madrid ha anulado el acuerdo porque en él faltaba un requisito indispensable: no se fijaba el precio que la empresa concesionaria iba a pagar al Ayuntamiento. "Uno de los elementos esenciales de ese convenio, el precio, se presenta como incierto, indeterminado o difuso", afirma la sentencia.

La oposición, que ya había denunciado un posible caso de corrupción en la gestión urbanística de la zona, recurrió el convenio después de que se aprobase en pleno, en 2005, con los votos a favor del PP y de Tres Cantos Unido (TCU), que gobernaban en coalición. Miguel Aguado, portavoz del grupo socialista, considera que tanto el equipo de Gobierno de entonces como el de ahora (del PP, con mayoría absoluta) "sólo han tomado decisiones en favor de la constructora, y no de los vecinos", y añade que la omisión no pudo deberse a un despiste, pues es un trámite "tremendamente conocido" y se hace en toda concesión de este tipo. Para el Ayuntamiento se trata de un simple defecto de forma que es "fácilmente subsanable".

Y es que el plan urbanístico de Tres Cantos nació envuelto en la polémica desde que se decidió que iba a ejecutarse por un sistema de expropiación. Los socialistas denunciaron que los terrenos expropiados no iban a ser gestionados por la empresa municipal de la vivienda, sino por la constructora FCC, que tendría a su disposición 389 hectáreas donde está previsto levantar 7.500 viviendas.

La polémica ha planeado sobre el crecimiento de Tres Cantos. EL PSOE denunció que dos familiares de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, habían ganado más de ocho millones tras comprar, poco antes de que se aprobase el plan, unos terrenos rústicos que luego fueron recalificados. Poco después, se desveló unas declaraciones del ex concejal del PP Antonio Reino exigiendo un 11% de comisión por la firma del contrato con FCC, caso investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Y otro de los concejales que votó el convenio fue acusado de tener intereses en los terrenos recalificados para construir la ampliación.

(www.elpais.com , 06/02/09)

17. AYUNTAMIENTO DE PINTO. COMUNIDAD DE MADRID. CINCO MILLONES PERDIDOS ANTES DEL CAMBIO DE GOBIERNO

Diciembre de 2008. Eran días frenéticos en el Ayuntamiento de Pinto. PSOE e IU, con el apoyo del concejal independiente Reyes Maestre, acababan de presentar una moción de censura. El gobierno del PP tenía los días contados y acusaba a los firmantes del pacto de defender "oscuros intereses". Paralelamente los populares continuaban tomando decisiones. Algunas de mucho calado para el futuro de la ciudad.

Una de ellas le ha costado a las arcas municipales nada menos que cinco millones de euros. El Ayuntamiento había ingresado a finales de noviembre esa cantidad fruto de un convenio urbanístico con los promotores de un desarrollo residencial. Sin embargo, tras presentarse públicamente la moción de censura, la entonces alcaldesa, Miriam Rabaneda, decidió renunciar a dicho convenio y devolver a los empresarios los cinco millones de euros que ya habían pagado como primer plazo del acuerdo.

El actual gobierno local -que tomó posesión hace un mes- considera que, con esa "jugada", el PP ha evitado que el nuevo ejecutivo pueda contar con una inyección económica esencial, dada la actual crisis económica. Y eso como parte de una estrategia que califican de "vaciado sistemático de las arcas municipales".

La historia de la renuncia a estos cinco millones de euros está trufada de polémica. Con el fantasma de la moción de censura planeando sobre el gobierno en minoría del PP, el ejecutivo local firmó con las empresas encargadas del desarrollo del proyecto Punctum Millenium -en el que se construirán 10.000 viviendas- una ampliación a un convenio suscrito en 2004 entre el entonces gobierno del PSOE y esos mismos empresarios. En el nuevo acuerdo, rubricado el 26 de noviembre del pasado año, los promotores se comprometían a ser más generosos con el Ayuntamiento de lo que lo fueron años atrás, cuando gobernaban los socialistas: pagarían al Ayuntamiento 39,8 millones de euros, en vez de los 32,3 millones pactados años atrás.

Además, el primero de los pagos, de algo más de ocho millones, debía producirse durante los dos meses siguientes a la aprobación definitiva del planeamiento de dicho barrio, trámite que ya había llevado a cabo la Comunidad de Madrid. Inmediatamente después de firmarse el acuerdo, el Consistorio ingresó un primer plazo de 5 millones de euros.

Apenas una semana más tarde, el 5 de diciembre, los portavoces de PSOE, IU y Juntos por Pinto -este último, compañero de gobierno de los populares durante medio año- firmaban en secreto y ante notario un acuerdo de 100 puntos, germen de la moción de censura que presentaron el 9 de diciembre con el objetivo de desalojar al PP del Ayuntamiento.

La perspectiva de un cambio de gobierno provocó un terremoto. El mismo día 9 de diciembre los promotores que habían suscrito el acuerdo con Rabaneda solicitaron por escrito la anulación del convenio y la devolución de la cantidad que habían pagado. Al día siguiente volvieron a presentar un nuevo escrito en los mismos términos.

La reacción no se dejó esperar. Cuarenta y ocho horas después de la presentación pública de la moción de censura, la entonces alcaldesa del municipio firmó un decreto en el que ordenaba la devolución de los 5 millones abonados por los empresarios.

La ex alcaldesa Miriam Rabaneda y actual portavoz del PP de Pinto justificó su decisión en tres cuestiones: en primer lugar, que el convenio no se había publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid -aun-que ya se había dado orden de hacerlo-; en segundo lugar, que no había sido aprobado por el pleno, y, por último, que la Comunidad de Madrid aún no había publicado el planeamiento del barrio, a pesar de haberlo aprobado el 6 de noviembre. Los populares renunciaban así a un convenio que ellos mismos habían firmado sólo 15 días antes y, de paso, retiraron de un plumazo cinco millones de euros de las arcas municipales.

(www.elpais.com, 02/02/09)

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