1. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
UN JUEZ APRECIA INDICIOS DE DELITO EN LA PRESUNTA TRAMA DE MADRID
2. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"
3. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA
4. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
AGUIRRE AVISA A RAJOY DE QUE SU INVESTIGACIÓN DAÑA A TODO EL PP
5. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
EL ENTORNO DE RAJOY CREE QUE AGUIRRE QUIERE IMPLICAR A GÉNOVA EN LA
TRAMA DE ESPIONAJE
6. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
GRANADOS EVITA "PONER LA MANO EN EL FUEGO" POR TODOS SUS
FUNCIONARIOS
7. AGUIRRE ADJUDICÓ CONTRATOS Y SUBVENCIONES
MILLONARIAS A UNA SOCIA DE LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ
8. EL TESORERO DEL PP PRESIONÓ PARA LOGRAR
CONTRATOS DE LA COMUNIDAD
9. LOS CONTRATOS SOSPECHOSOS DE GONZÁLEZ
10. "ME PIDIÓ QUE RECALIFICARA SUELOS PROTEGIDOS"
11. AGUIRRE PRIVATIZA EL ASESORAMIENTO JUDICIAL A
MAYORES
12. PROPINAS A DEDO EN LA ASAMBLEA
13. MONTES SE QUERELLA CONTRA LAMELA Y SUS
EXPERTOS POR DENUNCIA FALSA
14. "MANIFIESTA FALTA DE COMPETENCIA DE LA
COMUNIDAD"
15. LA RADIO-TELEVISIÓN PÚBLICA MADRILEÑA RETOMA
LOS PAROS EN FEBRERO
16. EL DEFENSOR DEL MENOR INVESTIGA LA SITUACIÓN
DE LAS ESCUELAS INFANTILES
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID EL CONSISTORIO ACABA
CON LA MEDIACIÓN PARA INMIGRANTES
1. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
UN JUEZ APRECIA INDICIOS DE DELITO EN LA PRESUNTA TRAMA DE MADRID
José Sierra, titular del juzgado número 47 de
Madrid, ordenó incoar diligencias en el caso de los espionajes en la
Comunidad de Madrid, al hallar indicios de delito en la denuncia
presentada por Ignacio González, vicepresidente del Gobierno
regional, sobre los dossiers que hacían referencia a dos de sus
viajes al extranjero, uno público y otro privado, en los últimos
ocho meses. La actuación del juez se une a la emprendida hace varios
días por el Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, que decidió abrir
una investigación sobre los casos de espionaje que habían denunciado
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada.
Estos dos últimos han sido objeto de seguimientos
por un grupo de agentes que, según apuntan en sus partes de
espionaje, dependen de la dirección general de Seguridad Ciudadana
de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.
En dichos documentos, que acreditan el espionaje
político -y que EL PAÍS puso a disposición de la Fiscalía de
Madrid-, se detalla la dependencia de los supuestos espías tanto del
"director Sergio [Gamón]", como de "Miguel [Castaño]", subdirector
de la dirección general de Seguridad Ciudadana cuando ocurrieron los
hechos. Ambos altos cargos fueron destituidos de sus puestos en
junio de 2008, aunque el Gobierno de Esperanza Aguirre los ha
mantenido en nómina con un salario de alto nivel en asuntos
relativos a la seguridad. Tanto el consejero de Interior, Francisco
Granados, como el vicepresidente, Ignacio González, y la presidenta,
Esperanza Aguirre, han rechazado que hubieran dado orden para los
seguimientos a políticos en Madrid por parte de algunos de los
trabajadores de la dirección general de Seguridad Ciudadana.
El titular del juzgado 47 de Madrid, José Sierra,
se centra en el caso del espionaje que sufrió Ignacio González
durante dos de sus viajes (uno público y otro privado) al
extranjero. En el primero, realizado en la Semana Santa pasada,
González se trasladó a Johanesburgo junto a su amigo Pedro Antonio
Martín Marín, y el empresario Enrique Sánchez González, propietario
de las empresas Sagital y Segurisa. Los espías elaboraron un dossier
donde se apuntaba que Sánchez González, que ha recibido contratos
multimillonarios en el Canal de Isabel II, que preside Ignacio
González, le había regalado el viaje. Las fotocopias de los billetes
de avión reflejan que González pagó su viaje y el de su mujer, 8.000
euros, en metálico.
El segundo viaje, en el que sufrió seguimientos
con cámara oculta del que hay testimonios gráficos, tuvo lugar a
finales de agosto de 2008. González se desplazó como presidente del
Canal de Isabel II hasta Cartagena de Indias (Colombia), donde fue
fotografiado cuando entraba y salía del hotel en el que se alojó.
González relata en su denuncia ante el juzgado que, basándose en la
información publicada por EL PAÍS, podría haber sido objeto "de
distintos seguimientos parapolicías en los últimos ocho meses
durante una serie de viajes públicos y privados".
En la denuncia también se resalta que el
espionaje podría haber afectado a otros altos cargos de la Comunidad
de Madrid. Se refiere a los partes de seguimiento, publicados por
este periódico, en que personal a sueldo de la Consejería de
Interior -y que citan expresamente a sus jefes- habrían seguido al
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia
Alfredo Prada.
Los meses del seguimiento parapolicial por
presuntos agentes de la Consejería de Interior del Gobierno de
Madrid -marzo, abril y mayo de 2008- coincidían con la mayor crisis
interna del PP. Tanto Cobo como Prada se habían situado del lado de
Mariano Rajoy, y enfrente de Esperanza Aguirre, en la batalla por el
poder dentro del partido. En el mismo periodo precongresual, en mayo
de 2008, el entonces tesorero nacional del Partido Popular, Álvaro
Lapuerta, denunció ante su jefe, el presidente del partido, Mariano
Rajoy, que tenía fundadas sospechas de que un aparato al servicio de
la Comunidad de Madrid le estaba espiando.
Aunque Lapuerta exculpa expresamente a Esperanza
Aguirre del supuesto espionaje, señala que se había enfrentado a
algunos dirigentes de su Gobierno en relación con adjudicaciones de
contratos que consideraba irregulares.
(www.elpais.com,
- 27/01/09)
2. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha
reclamado "transparencia" para que se aclare la supuesta
trama de espionaje en la
Comunidad de Madrid, de la que se siente "una víctima" porque
"políticamente van a por mi". Aguirre, que ha presidido hoy un
homenaje a las víctimas del Holocausto nazi en la Asamblea de
Madrid, ha reclamado insistentemente "transparencia" y que la
Justicia investigue la supuesta trama de espionaje pues, ha
insistido, "yo soy la principal interesada" en que todo esto se
aclare".
La presidenta ha recordado que el Juzgado de
Instrucción ha decidido
abrir diligencias sobre este caso, a raíz de una denuncia
presentada por la Comunidad de Madrid, lo que, ha dicho, "quiere
decir que ha visto
indicios de delito en el espionaje " al vicepresidente de su
Gobierno, Ignacio González.
Se ha mostrado convencida de que "todo esto se
aclarará y saldrán a la luz los
responsables de este
asunto y quienes hemos sido falsamente acusados de cosas que
no hemos cometido en absoluto".
"Mi interés es transparencia y aclarar
absolutamente todas las imputaciones falsas que se nos han hecho a
los miembros del Gobierno de Madrid y los indicios de delito que se
nos han puesto de manifiesto en estos días" ha señalado Aguirre que
desea que "singularmente" se averigüe la responsabilidad del
espionaje a Ignacio González.
(www.publico.es,
- 27/01/09)
3. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA
O todos o ninguno. Esperanza Aguirre no piensa
quedarse sola en la supuesta red de espías que acecha su casa, la
Comunidad de Madrid. Si se investiga, que también se mire debajo de
las alfombras de Génova, la sede nacional del PP. La presidenta
regional tenía ya preparado el mensaje al líder de los conservadores
cuando llegó a las 12.30 de a la Asamblea de Madrid, antes de
inaugurar la conmemoración del Día del Holocausto.
La esperaba un muro de periodistas: "En 2006, me
llamó el presidente de mi partido, Mariano Rajoy, para decirme que
el tesorero [Álvaro Lapuerta] tenía unos dosieres de Ignacio
González y Francisco Granados. Inmediatamente, yo pedí a los señores
González y Granados que hablaran con el tesorero y que aclararan
cualquier asunto que pudiera poner en duda su honorabilidad. Se
demostró que todo ello era falso y calumnioso".
Aguirre parecía desafiar a Rajoy, que ordenó la
semana pasada a la secretaria general, Dolores de Cospedal, instruir
una investigación interna. Primero, daba por bueno lo publicado por
El Mundo: que el líder del PP había recibido, de manos de Lapuerta,
un informe que contenía datos comprometedores contra González,
vicepresidente de Madrid, y Granados, consejero de Presidencia,
Justicia e Interior.
Pero, en segundo término, la jefa del Ejecutivo
regional aumentó el grado de la sospecha al situar esa llamada
telefónica en 2006 y no en marzo de 2008, tras los comicios
generales, como afirmaba el rotativo. Es decir, el aviso de Rajoy
habría llegado dos años antes de que la guerra por el poder en el PP
se recrudeciese. Fuentes del Gobierno autonómico no negaron la
intención de Aguirre de lanzar un mensaje a Rajoy. "Ha sido
suficientemente explícita, no hace falta interpretarla", aseguró un
portavoz a Público.
En paralelo, la presidenta buscó fortalecerse.
Pidió una y otra vez "transparencia, transparencia, transparencia",
porque es la "primera interesada en que todo esto se aclare". Eso es
lo que ocurrirá, pronosticó: "Saldrá a la luz quiénes son los
responsables y quiénes hemos sido falsamente acusados".
Aguirre dejó otra idea escrita en su
minicomparecencia ante la prensa. Que ella no es la culpable: "Me
siento una víctima. Políticamente, van a por mí", lamentó. Tampoco
habrá ceses: "Tengo toda la confianza puesta en todos los miembros
de mi Gobierno y, por supuesto, en los miembros de la cúpula
nacional de mi partido". Mejor no reventar aún demasiadas heridas.
(www.publico.es,
28/01/09)
4. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
AGUIRRE AVISA A RAJOY DE QUE SU INVESTIGACIÓN DAÑA A TODO EL PP
Esperanza Aguirre quiso lanzar unas cuantas
advertencias al líder de su partido, Mariano Rajoy. Para empezar,
avisó que dar credibilidad a la existencia de una red de espionaje
en la Comunidad de Madrid perjudica "al PP en su conjunto". Y
enfatizó que Rajoy, al ordenar una investigación interna sobre este
asunto, "da pábulo" a esta cuestión.
Segundo mensaje. O golpe dialéctico directo a la cabeza de la
organización. Los primeros en pagar las consecuencias de mantener
vivo el escándalo serán los candidatos populares en Galicia y
Euskadi. "Nuestro electorado está desconcertado. Esto beneficia al
PSOE. Tenemos ahí unas citas electorales, y debilitar al PP para el
1 de marzo --fecha de los comicios gallegos y vascos-- también
interesa a los socialistas", remató Aguirre en Onda Cero.
Esta última tesis es compartida, al menos en parte, por el propio
Rajoy. Anoche, acompañó a un acto en Madrid a su aspirante en
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y reclamó a todos sus dirigentes que
se eleven "por encima del ombligo" para volcarse en los elecciones.
Pero la presidenta aún tenía más que decir. Señaló que hubiera
preferido un apoyo "más contundente" de la dirección del PP en vez
de una investigación interna, especialmente cuando el caso ya está
en los tribunales. ¿Y no tendría usted que haber ordenado, en el
seno de la consejería de Interior, una investigación para saber si
se espió?, se le preguntó en la entrevista radiofónica. Respondió
que su consejero Francisco Granados ya "apretó las tuercas" a quien
correspondía. Por lo visto, Granados --que hoy comparece en la
Asamblea de Madrid-- no encontró culpables.
Aguirre no se cree obligada a dar más
explicaciones, ya que garantiza que su Gobierno "no espía a nadie".
Pero esa máxima en la que ella se escuda no la aplica por igual a su
compañero a la par que adversario, Alberto Ruiz-Gallardón: sentenció
que el alcalde debe explicar si tiene una red de espionaje en su
ayuntamiento. Aguirre tuvo para todos.
(www.elperiodico.com,
30/01/09)
5. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
EL ENTORNO DE RAJOY CREE QUE AGUIRRE QUIERE IMPLICAR A GÉNOVA EN LA
TRAMA DE ESPIONAJE
Las informaciones publicadas en los últimos días
en las que se asegura que la dirección del PP y su propio presidente
Mariano Rajoy tenían conocimiento de los
dossieres anónimos
que en últimos años circulaban en Madrid sobre el vicepresidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha provocado una gran
indignación entre dirigentes populares próximos a Mariano Rajoy. De
hecho, fuentes cercanas al líder del PP consideran la filtración de
esas noticias como un ataque al corazón del partido, ya que se ha
metido por medio al tesorero. Desde la Comunidad de Madrid, sin
embargo, se reprocha a Génova que optara por abrir una investigación
interna en vez de cerrar filas en torno al Ejecutivo de Esperanza
Aguirre.
También que el ex tesorero Alvaro Lapuerta dijera
que él también había sido espiado desde la Comunidad de Madrid. Dos
versiones de una polémica que ha ha avivado el enfrentamiento y la
lucha interna en el seno del PP. Dirigentes próximos a Rajoy ven en
las filtraciones periodísticas de los últimos días una estrategia
por parte de algunos sectores del Gobierno de la Comunidad de Madrid
para implicar a la dirección nacional del PP en la
'guerra de dossieres',
al revelar que Mariano Rajoy sabía de este asunto desde el año 2006.
También admiten que ha causado un gran enfado e
irritación en Génova que se haya puesto en la picota al ex tesorero
Alvaro Lapuerta, así como a su sucesor Luis Bárcenas, y que se hayan
"aireado" conversaciones que se mantuvieron en 2006 y 2008 a raíz de
supuestos informes sobre el vicepresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González.
Este malestar de algunos miembros de la Ejecutiva
nacional se suma a su preocupación por las últimas informaciones
publicadas, que revelan que el asunto del espionaje podría tener
detrás un trasfondo económico que podría poner en duda la
honorabilidad de todo el Partido Popular.
En este contexto, varios parlamentarios del PP
coincidieron en la necesidad de que la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, dé a conocer cuanto antes el resultado de
su investigación interna para zanjar el asunto y evitar que
perjudique electoralmente en el País Vasco y Galicia. "Hay que
cerrarlo inmediatamente porque si no, los acontecimientos nos
comen", confiesa un veterano diputado. En la dirección nacional se
comparte esta tesis de que hay que cerrar ya la polémica y volcarse
en las tres citas electorales que están a la vuelta de la esquina, y
se recuerda que el partido no puede permitir un minuto más que se
siga dañando su imagen de esta manera.
También hay quien exige un
gesto de autoridad por
parte de Mariano Rajoy, a la vista de que las declaraciones
llamando a la unidad y la cohesión que hizo el presidente nacional
el pasado domingo no han servido para poner freno al desgaste que
está sufriendo "la imagen del PP en toda España".
Sin embargo, el presidente de los 'populares' ha
optado en estos últimos tres días por no hablar del asunto ante los
medios de comunicación. Esta actitud contrasta con la que ha
mantenido en los dos últimos días la presidenta de la Comunidad de
Madrid y algunos de los miembros de su gobierno.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha hecho a
Mariano Rajoy conocedor de los presuntos espionajes desde 2006 al
afirmar que el presidente del PP la llamó ese año para comentarle
que circulaban dosieres en los que figuraban su 'número dos' y su
'número tres', Ignacio González y Francisco Granados.
Esas declaraciones, que para Génova son un
ataque, se deben, según algunos dirigentes, al malestar que ha
causado en el entorno de Aguirre la investigación abierta por
Mariano Rajoy y que, a su entender, pone en duda la credibilidad que
el líder del PP dijo tener en ella.
Sin embargo, la percepción que tienen algunos
miembros de la Comunidad de Madrid, es muy distinta. Reprochan que
la dirección nacional en vez de cerrar filas y apoyarlos, diera
pábulo a las informaciones sobre presunto espionaje abriendo una
investigación y sin hacer ningún reproche al alcalde Madrid.
(www.publico.es,
30/01/09)
6. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
GRANADOS EVITA "PONER LA MANO EN EL FUEGO" POR TODOS SUS
FUNCIONARIOS
"Hemos hecho una investigación reservada en la
consejería [Presidencia, Justicia e Interior] que ha dado un
resultado negativo", ha precisado esta mañana el consejero madrileño
de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, tras su
comparecencia en la Asamblea de Madrid. Pero, a renglón seguido, ha
rehusado poner la mano en el fuego por todos sus funcionarios.
"Evidentemente, la Comunidad de Madrid es muy grande y yo he hablado
con los que he hablado", ha sentenciado el consejero, que ante los
diputados ha vuelto a insistir en que "el Gobierno de Madrid ni ha
impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas
características". Como se temía la oposición, no ha dado
explicaciones sobre la trama de espionaje que,
según ha destapado EL
PAÍS, se ha gestado bajo su paraguas, sino que ha detalado
sus competencias y estructura en seguridad y vigilancia y ha vuelto
a decir que son las mismas que definió Alberto Ruiz-Gallardón. La
falta de respuestas ha colmado la paciencia de PSOE e IU que, por
primera vez, han pedido al consejero que dimita o si no, a Esperanza
Aguirre que le destituya.
Granados ha llegado sonriente -y solo, ya que
ningún miembro del Gobierno regional ha acudido a presenciar su
intervención- al Parlamento regional y no ha hecho declaraciones.
Más de 80 medios de comunicación han acudido a seguir la
comparecencia del consejero -solicitada por él mismo pero no ante
todos los diputados como pretendían PSOE e IU sino en
una comisión
extraordinaria del ramo- para informar sobre cómo su
consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones
relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e
instalaciones".
Minutos después de las 11.00, Granados
ha empezado su
comparecencia analizando la actuación del Gobierno regional
el 9 de enero ante la nevada que sumió a la región en el caos, dado
que se colapsaron las carreteras y el aeropuerto de Barajas.
Posteriormente, el consejero ha pasado al tema que suscitaba todo el
interés y ha comenzado por reiterar que es "absolutamente falso" que
en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como
finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona
alguna fuera de las funciones de su competencia".
Granados ha hecho hincapié en que el cuerpo de
técnicos de seguridad de su consejería tienen las "mismas funciones
y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto
Ruiz-Gallardón". También ha reiterado que "si alguien está
interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el
Gobierno de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido
aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes". El
también secretario general del PP de Madrid ha explicado que con
Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido
rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido
que se ha complementado con personal eventual". Ha indicado que las
funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas
privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos
de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier
incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en
edificios e instalaciones".
(www.elpais.com,
30/01/09)
7. AGUIRRE ADJUDICÓ CONTRATOS Y SUBVENCIONES
MILLONARIAS A UNA SOCIA DE LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ
Parece que los dossiers siguen dando mucho de sí.
La Cadena SER ha revelado cómo el Gobierno regional de Esperanza
Aguirre adjudicó supuestamente contratos y subvenciones por un valor
de 2.340.000 euros a la socia de la mujer del vicepresidente
autonómico Ignacio González. El perfil de la beneficiada, Carmen
Cafranga, resulta altamente relevante: consejera y miembro de la
Comisión de Control de Cajamadrid, Cafranga es socia de una firma de
subastas de obras de arte presidida por la esposa de González,
Lourdes Cavero. Además, según la misma fuente, Cafranga es amiga
personal de la esposa del ex presidente Aznar, Ana Botella.
"Subastas Segre· es el nombre de una firma de
subastas de obras de arte presidida por Lourdes Cavero, esposa del
vicepresidente autonómico Ignacio González. Tal sociedad cuenta como
secretaria general con Carmen Cafranga, y obtuvo en 2007 unos
beneficios que superaron el medio millón de euros. Cafranga destaca
también por ser consejera y formar parte de la Comisión de Control
de Cajamadrid, organismo del cual dependerá la nominación de
consejeros que en el próximo mes de junio designarán al nuevo
presidente. Es de sobra conocida la pugna entre Aguirre, Gallardón y
Mariano Rajoy por mantener o quitar al actual presidente de la
segunda caja de ahorros española, Miguel Blesa. No es mucho suponer
que el voto de Cafranga es favorable a las tesis aguirristas.
Pero las actividades de Carmen Cafranga no quedan
ahí. Según informa la SER, Cafranga, propietaria de varias empresas
y una fundación, habría recibido supuestamente 2.340.000 de euros en
concepto de adjudicaciones y subvenciones destinadas a los entes que
preside. Más concretamente, las consejerías de Empleo y mujer y la
de Asuntos sociales le habrían adjudicado la gestión de varios
centros ocupacionales y de día. Así mismo Carmen Cafranga habría
recibido en los tres últimos años subvenciones por valor de 800.000
euros para proyectos de su fundación en el exterior.
(www.elplural.com, 30/01/09)
8. EL TESORERO DEL PP PRESIONÓ PARA LOGRAR
CONTRATOS DE LA COMUNIDAD
El actual tesorero y miembro de la Ejecutiva
nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, hizo gestiones ante la
Comunidad de Madrid en favor de la empresa de seguridad Serygur para
que fuera adjudicataria de concursos públicos. Así lo han confirmado
a EL MUNDO tanto en el Ejecutivo regional como en Serygur.
El hecho se remonta a diciembre de 2007, cuando
Bárcenas pidió al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de
Madrid, Alfredo Prada, que adjudicara a Serygur la seguridad de la
nueva Ciudad de la Justicia en la capital, un contrato valorado en
700.000 euros. Serygur fue finalmente la ganadora.
La actuación de Bárcenas pudo ser fácilmente
interpretada en el Ejecutivo regional como una presión, puesto que
era de facto el máximo responsable de finanzas de su propio partido
político.
Bárcenas aún no había reemplazado en el cargo de
tesorero a Alvaro Lapuerta, el octogenario responsable entonces de
la gestión económica del PP, pero era su mano derecha. "El
presidente del PP no tiene la más remota idea", afirmó un portavoz
del partido preguntado por la gestión de Bárcenas.
Al conocer su intervención en favor de Serygur,
el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, telefoneó
a Bárcenas para que aclarara cuál era su interés en la sociedad.
Este negó al lugarteniente de Aguirre que tuviera acciones de
Serygur o algún interés económico. Justificó su gestión por su
relación personal con los gestores de la empresa, que son el ex
concejal de Madrid Ignacio del Río y, sobre todo, el ex director de
Innovación Tecnológica del PP Alvaro de la Cruz.
"Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si
podía ayudar a Serygur.Le dije que estábamos interesados en el
contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a
llamar al consejero Prada. Fue un acto de buena voluntad y por pura
amistad", explicó a este diario Alvaro de la Cruz.
De la Cruz es consejero delegado de Serygur y
mantiene una larga relación de amistad con Bárcenas, puesto que
ambos trabajaron juntos en la pasada década en la sede del PP en
Génova. De la Cruz fue jefe de gabinete del entonces secretario
general popular, Francisco Alvarez Cascos. Subraya que el contrato
obtenido fue finalmente de 400.000 euros porque había una parte del
servicio que no podía suministrar Serygur.
La empresa se jugaba más en otro contrato, el de
la seguridad de la sede de la Presidencia madrileña, en el
emblemático edificio de la Puerta del Sol. Serygur era la
responsable de la vigilancia desde el año 2000, cuando la ocupaba
Alberto Ruiz-Gallardón, pero podía perder la renovación en la pasada
primavera y la necesitaba.Su facturación, que había superado los
cinco millones de euros con la Comunidad, había decrecido en los
últimos tiempos. El propietario de Serycur es, según el Registro
Mercantil, José Luis Cuadros. "Nosotros no somos accionistas. En el
verano de 2007 la empresa nos pidió que nos hiciéramos cargo de la
gestión y firmamos un contrato mercantil", asegura De la Cruz. Este
y Del Río son socios en Ciudad 21, que es la firma contratada por
Serygur.
Llegó febrero de 2007 y el problema de Serygur,
que cuenta con 400 empleados, era que había una decena de empresas,
las más importantes del sector, que también pretendían encargarse de
la importante vigilancia del edificio de la Puerta del Sol.
En la Comunidad aseguran que Bárcenas también se
interesó por este caso concreto, pero De la Cruz lo niega. Del Río
se reunió con González para sondear las posibilidades de continuar
con el contrato, pero éste se remitió a su hombre de confianza Borja
Sarasola. Este aseguró a De la Cruz y Del Río que sería un concurso
abierto a todos los candidatos, incluido Serygur, pese a que sugirió
que algunos de sus vigilantes habían incurrido en hurtos.
Las presiones de distintas empresas se sucedieron
y, en coincidencia con este proceso, la propia presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, recibió un anónimo. En él se le
advertía de las relaciones entre la empresa que el sector
considerada favorita, Segurisa, y el ex secretario de Estado de
Comunicación y suegro de Sarasola, Pedro Antonio Martín Marín.
Segurisa está dirigida por Enrique Sánchez que,
según el diario El País, es el empresario amigo de Ignacio González
que viajó con él a Sudáfrica en marzo de 2007 junto a Martín Marín.
No obstante, Segurisa, que se había adjudicado en 2006 la seguridad
del Canal de Isabel II, no ganó el concurso de la Puerta del Sol.
Tras el anónimo recibido, el Ejecutivo regional y Segurisa
convinieron en que no era adecuado que concurriera a este concurso.
De la Cruz niega cualquier relación de su empresa
con anónimos, espionajes o dossiers, y asegura que mantiene una
relación normal con los dirigentes regionales. La adjudicataria
final del contrato de la Puerta del Sol fue finalmente Segur Ibérica
por decisión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2008. Logró el
contrato para la vigilancia de Sol, las dependencias del Boletín
Oficial regional y el Museo de la Plaza de Toros por 2,6 millones de
euros.
"Bárcenas reaccionó con malestar al no resultar
ganadora Serygur, pero no era la mejor oferta", aseguran fuentes de
la Comunidad.Segur Ibérica está participada por distintos fondos
extranjeros de capital riesgo y cuenta, como secretaria del consejo,
con Marta Gil de Biedma, prima de Aguirre. "Gil de Biedma no ocupa
ningún puesto ejecutivo en Segur Ibérica ni es accionista de esta
sociedad", explican en el Gobierno, que niega irregularidades.
(www.elmundo.es,
28/01/09)
9. LOS CONTRATOS SOSPECHOSOS DE GONZÁLEZ
El patrimonio y las adjudicaciones realizadas por
Ignacio González, el todopoderoso
número dos de
Esperanza Aguirre, preocupan al menos desde 2006 en la cúpula del
PP. Así lo han confesado tanto en la dirección del partido como la
propia presidenta madrileña, aunque esta última sostiene que en su
día se comprobó que "todo era falso y calumnioso". Pero, ¿cuáles son
esas adjudicaciones?
Los datos que constan en los dos dossiers
elaborados sobre las actividades de González, junto a otras
informaciones que manejó el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta,
permiten concluir que hay al menos cinco concesiones públicas que
levantaron sospechas entre los propios compañeros del vicepresidente
de la Comunidad de Madrid.
1. Concesiones a Enrique Sánchez
Ignacio González y su esposa viajaron en marzo de
2008 a Johannesburgo (Suráfrica) en compañía del empresario Enrique
Sánchez y del ex secretario de Estado de Comunicación Pedro Antonio
Martín Marín. Los autores de uno de los informes sobre González
aseguran que los billetes de avión en primera clase, cuyo importe
ascendió a 8.356 euros, fueron abonados por el empresario como
supuesto pago por contratos públicos recibidos. El vicepresidente
aseguró que los billetes los había abonado él "en metálico", porque
le "venía bien", y añadió que nunca había adjudicado "nada" a
Enrique Sánchez.
El pasado 22 de enero, Público desveló que el
Canal de Isabel II -que preside González- le había adjudicado en
2005 un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una compañía de
seguridad cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. El Canal
tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de
vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le
concedieron 953.000 horas, a un precio cercano a 20 euros.
La Comunidad argumenta que el considerable
incremento en el número de horas contratadas se prudujo por las
lagunas de seguridad detectadas tras los atentados islamistas del
11-M, mientras que el importe de las mismas "está regulado por el
convenio del sector".
Pero el contrato con Segurisa no es el único.
Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este
diario, el Canal de Isabel II firmó un segundo contrato con otra
empresa de Enrique Sánchez. Se trata de Saneamiento y Mantenimiento
Integral (Saminsa), que el 12 de enero de 2005 se quedó con la
limpieza de edificios del Canal, por dos años y un importe de 2,6
millones (sin incluir el IVA).
2. Obras en carreteras autonómicas
Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP hasta el
año pasado, tuvo una tensa conversación con Ignacio González
relacionada con la adjudicación de obras en carreteras controladas
por la Comunidad. Lapuerta entendía que el proceso no estaba siendo
limpio, circunstancia que negó el vicepresidente.
Las carreteras autonómicas dependen de la
Consejería de Transportes. Este departamento es, precisamente, el
que otorgó otro contrato multimillonario a Segurisa, la empresa del
empresario con el que González viajó a Suráfrica. Se trata de una
adjudicación para vigilar el Metro de Madrid, por importe de 25,9
millones de euros, aprobada en julio de 2006.
3. El campo de golf de Chamberí
El Canal de Isabel II otorgó, el 27 de diciembre
de 2006, la gestión y explotación de un campo de golf y varias
pistas de pádel, construidas sobre los antiguos depósitos de agua en
el céntrico barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por
las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. La primera de dichas
sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó
ser socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad
llamada Tamanaco 07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente
"la promoción, instalación y explotación de instalaciones
deportivas".
Tecnoconcret era una empresa que no tenía
experiencia previa en el sector y cuya actividad era mínima cuando
recibió la adjudicación del campo de golf. El importe de la
concesión prácticamente dobló el previsto en el pliego de
condiciones. González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo
de Administración del Canal ni avisó al resto de consejeros sobre
cuál era su relación con el propietario de Tecnoconcret.
Los datos de esta adjudicación fueron publicados
por la revista Tiempo en abril de 2007. González se defendió
entonces argumentando que la empresa adjudicataria "no era de un
familiar suyo". Era del socio de su hermano.
4. La plaza de toros de Las Ventas
En el dossier de 69 páginas elaborado sobre el
patrimonio y las actividades profesionales de González, se dedica
una especial atención a la concesión para explotar la plaza de toros
de Las Ventas. La facturación en esta plaza supera los 20 millones
de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios. El
coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un
polémico concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la
empresa Taurodelta. Según se indica en el informe, "Simón Casas
manifiesta públicamente que sabe (aunque no puede probar) que Nacho
González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión".
Taurodelta y otros dos empresarios crearon en
2005 la sociedad Taurovent, que pasó a explotar Las Ventas. Uno de
esos empresarios era Fidel San Román, detenido en la Operación
Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella liderada
por Juan Antonio Roca. En el dossier se recuerda que San Román
admitió "haber pagado en distintas ocasiones a Roca".
5. Las televisiones digitales de Madrid
La Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005
las televisiones digitales locales, en un proceso controlado en todo
momento por el vicepresidente. En la demarcación de Madrid capital,
recibieron la concesión siete empresas, controladas por Cadena Cope,
Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el
productor Enrique Cerezo.
Estos siete medios de comunicación crearon, en
diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto
social es la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada
uno de ellos suscribió el 10% del capital y el 30% restante quedó en
manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain.
Esta empresa se había constituido justo un mes
antes y su administrador único es Fernando Ruano, cuñado de
Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II y el más
estrecho colaborador de González.
Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión
Madrid contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en
marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Y
resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en 2003 por el
propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la
Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano.
(www.publico.es,
29/01/09)
10. "ME PIDIÓ QUE RECALIFICARA SUELOS PROTEGIDOS"
El arquitecto Pedro Ortiz, un ex alto cargo de la
Comunidad de Madrid, aseguró en la Cadena Ser que uno de los hombres
del vicepresidente Ignacio González y antiguo dirigente del PP,
Pedro Antonio Martín Marín, le pidió que recalificara ilegalmente
una finca que éste poseía en Collado Villalba.
Los hechos ocurrieron, según contó Ortiz a este
periódico, a principios de su mandato como director General de
Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón (entre
1995 y 1999): "No recuerdo si fue en el 95 o en el 96, pero fue muy
al principio. Martín Marín vino a mi despacho y me pidió que
recalificara aquellos terrenos. Estaban en el parque Regional del
Manzanares, así que le expliqué que era imposible urbanizar allí
porque atentaba contra el medio ambiente y además era ilegal". "Y él
me respondió que tampoco era tan grave", relató Ortiz.
Según el ex director general, su negativa a las
peticiones de Martín Marín, hicieron que éste presionara en más
altas instancias. "Sé que me puso a parir, pero al menos en mi
mandato no consiguió lo que buscaba", comentó Ortiz.
Según publicó este periódico en un artículo de
mayo de 1997, la fiscalía acusó al Ayuntamiento de Collado Villalba,
entonces gobernado por el PP, de haber ocultado a la Comunidad de
Madrid que la finca de 23 hectáreas llamada Arroyo Arriba, en vías
de ser recalificada, tenía especial protección ecológica. Parte de
los suelos de aquella propiedad eran del entonces secretario de
Estado para el Deporte, Pedro Antonio Marín Marín.
En aquella ocasión, el consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que
la recalificación se había denegado definitivamente. El fiscal, en
su escrito dirigido al Ayuntamiento, calificó el intento municipal
de levantar chalés en la zona protegida como algo "absolutamente
injustificado". "Su carácter de suelo de alta protección ecológica
fue configurado en virtud de colindar con el Parque Regional de la
Cuenca del Manzanares, así como por el estado de buena conservación
del medio natural que concurre en el citado espacio", esgrimió el
fiscal.
Pedro Antonio Martín Marín, ex concejal de la UCD
de la localidad, empresario y alto cargo en el gobierno de José
María Aznar (fue secretario de estado de Comunicación y presidente
del Consejo Superior de Deportes), es también amigo de Ignacio
González, la mano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la
Comunidad.
La presunta trama de espionaje revelada por este
periódico y que afecta al Gobierno regional y al PP, roza a Pedro
Martín Marín en el viaje que realizó con Ignacio González a
Johanesburgo en la Semana Santa pasada. En aquel viaje también
estaba Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital
y Segurisa. Los espías elaboraron un dossier donde se apuntaba que
Sánchez González, que ha recibido contratos multimillonarios en el
Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, le había regalado
el viaje a Johanesburgo.
Martín Marín desciende de un ex alcalde de
Collado Villalba, Juan Martín Galache, que gobernó el muncipio poco
después de la Guerra Civil. Su familia era propietaria de muchos
terrenos del municipio.
(www.elpais.com, 30/01/09)
11. AGUIRRE PRIVATIZA EL ASESORAMIENTO JUDICIAL A
MAYORES
El próximo marzo el Servicio de Orientación
Jurídica de Mayores (SOJ) -que asesora a las personas de más de 60
años sobre sus derechos generales y asistenciales (pensiones,
herencias o arrendamientos)- pasará a manos privadas. Por ese motivo
el Colegio de Abogados de Madrid, que gestionaba el servicio desde
su creación en 2003, impugnará el concurso público aunque su
portavoz no quiso confirmarlo. La opción al concurso se cerró hace
una semana y los trámites serán en febrero.
El órgano colegial piensa que el procedimiento
infringe el Decreto 86/2003, que regula la Asistencia Jurídica
Gratuita en la Comunidad de Madrid, y la Ley 1/1996 de Asistencia
Jurídica Gratuita. Ambos textos, regional y estatal, dejan claro, en
opinión de los letrados, que estos servicios deben ser gestionados
por los colegios profesionales.
Fuentes de la Comunidad de Madrid explican, por
su parte, que una nueva Ley de Contratos del Sector Público, en
vigor desde 2008, les obliga a sacar a concurso el SOJ. Los
abogados, sin embargo, sostienen que el servicio no está dentro del
ámbito de esta ley porque no es un servicio jurídico de o para la
Comunidad de Madrid, sino para el ciudadano. En junio del año pasado
-con la ley ya vigente- se firmó una cláusula de prórroga para 2009,
que fue anulada en diciembre. El Gobierno regional, que dice estar
satisfecho con la labor del colegio de abogados, no entiende por qué
no ha optado al concurso.
El colegio profesional ve, sin embargo, varios
inconvenientes en el concurso. Hasta ahora su independencia, dicen,
era "absoluta", ya que no eran los encargados de llevar el
procedimiento judicial. Ahora cualquier despacho privado que acceda
al concurso podría animar a acudir a los tribunales y, de esta forma
beneficiarse económicamente, si el asesorado no tuviera derecho a la
asistencia gratuita.
Además, critican que el servicio pase de nueve
letrados a cuatro. Hasta ahora, tres atendían en la Dirección
General del Mayor y los otros seis itineraban por los 32 centros de
mayores que dependen del Gobierno regional. Cuando se reanude el
servicio sólo uno se desplazará a las residencias.
Esta falta de personal especializado será suplida
con asistencia telefónica, una práctica no permitida hasta la fecha.
Sin la documentación necesaria delante es difícil el asesoramiento,
precisan.
Con la nueva fórmula no sólo la Comunidad no va
ahorrar sino que tendrá que añadir a 94.000 euros presupuestados
15.000 más del IVA, un impuesto del que el Colegio está exento.
(www.elpais.com, 30/01/09)
12. PROPINAS A DEDO EN LA ASAMBLEA
La presidenta de la Cámara gratifica a 13
miembros de su gabinete con pagas de entre 500 y 1.000 euros por
"los trabajos realizados" en la celebración del 25 aniversario. A
los funcionarios, que lo han solicitado, se les ha denegado
El 17 de julio los miembros del Gabinete de la
presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, recibieron un
inesperado regalo de 500 euros, en unos casos, 600 en otros y 1.000
en el mejor de ellos. ¿El motivo? La decisión discrecional de la
presidenta, que respondía así al "buen trabajo" de los suyos durante
la celebración de los 25 años de la Asamblea.
"Se trata de una gratificación por el exceso de
horario. Los funcionarios tienen su convenio. Se trata del mecanismo
que tiene la Asamblea para hacerlo", precisó un portavoz de la
Cámara.Los trabajadores que están en el Gabinete de la Presidencia
están elegidos a dedo y, por lo tanto, no fichan. Es decir, no hay
forma de controlar su horario. Preguntado sobre el método que se ha
seguido para hacer la estimación económica de la paga extra, precisó
que la cantidad la fijó la directora de Gabinete, Susana Andrade.
"Lo hemos hecho tirando por lo bajo", aclara.
"No es la primera vez que se hace. Todos los
presidentes de la Asamblea lo han realizado", asegura. Preguntado
por la fecha, el concepto y la gratificación que hicieron, la fuente
informante dijo "no poder aportar esos datos".
Según la documentación que obra en poder de este
periódico, hasta 13 personas del Gabinete de la presidenta fueron
gratificados por Elvira Rodríguez en pleno julio de crisis
económica.
Pero la cuestión tiene aún una vuelta de tuerca.
Los trabajadores solicitaron más de un mes antes, el 11 de junio, al
órgano de Gobierno de la Cámara, la Mesa, -en donde están
representados todos los partidos- "una gratificación extraordinaria
para el personal", según consta en el escrito de la Candidatura
Unitaria Funcionarios Asamblea de Madrid, que tiene fecha de 21 de
julio.
Entendían los trabajadores que "todos los
departamentos" del Parlamento regional "han realizado un esfuerzo
adicional" con motivo de la celebración del XXV Aniversario. La
cantidad que solicitaban era de "400 euros".
Los miembros de la Mesa tumbaron la iniciativa de
los trabajadores.El 27 de octubre del pasado año el presidente de la
Junta de Personal hizo llegar, a través de un escrito, el "malestar"
de los trabajadores por la negativa, "máxime cuando hemos tenido
conocimiento que el personal eventual de la Cámara sí ha sido
gratificado por este motivo", según consta en el escrito.
"Nos parece que esto responde a un trato
discriminatorio del personal funcionario de la Cámara y que no
valora el esfuerzo realizado por este personal para que esta
celebración haya podido tener lugar". Dos días después, volvía a
dirigirse a la Mesa para conocer "su parecer" por esas
gratificaciones "que se vienen concediendo con carácter periódico".
Pero la gota que colmó el vaso fue que se les
separase de los diputados en la tradicional Copa de Navidad. "Supone
un agravio que recuerda a viejos momentos históricos". La Asamblea
organizó un evento navideño para ellos en otra fecha. Los
trabajadores entienden que se les ha separado.
Paga doble para la directora
Las tres secretarias de Elvira Rodríguez, las dos
de la directora de Gabinete, los asesores... Uno tras otro, los
sobresueldos se fueron adjudicando aunque no a todos por igual. Por
ejemplo, una de las tres secretarias de la presidenta recibió 600
euros mientras sus compañeras se tuvieron que contentar con 500. Lo
mismo ocurre con las de la directora de Gabinete, una cobra 500 y la
otra 600. En cambio, todos los asesores percibieron 500 euros. La
directora de Gabinete fijó, bajo ratificación posterior de la
presidenta, para sí misma dos gratificaciones: una de 1.000 euros,
por los trabajos que había realizado en la organización del XXV
Aniversario de la Asamblea, y 500 como "extraordinaria según escrito
de la presidenta", según consta en la documentación.Un portavoz de
la Cámara precisó que se trataba de un extra por la organización de
los eventos de la Presidencia de la Asamblea de Madrid en el
organismo que agrupa a los diferentes parlamentos regionales. Sólo
dos miembros del gabinete, las que constan como encargadas de las
relaciones con la prensa, no percibieron este dinero, según consta
en la documentación que está en poder de este periódico.
(www.elmundo.es,
28/01/09)
13. MONTES SE QUERELLA CONTRA LAMELA Y SUS
EXPERTOS POR DENUNCIA FALSA
Luis Montes, ex coordinador de Urgencias del
hospital Severo Ochoa de Leganés, ha presentado una querella en el
juzgado contra el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela por denuncia
falsa. En su escrito, Montes se querella también contra seis de los
médicos (entre ellos el prestigioso Hernán Cortés, oncólogo del 12
de Octubre; Manuel Gómez Barón, de La Paz; Dolores Crespo, del Ramón
y Cajal; o Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos) que
emitieron un informe encargado por la consejería en el que, con
errores de bulto, acusaron a Montes y su equipo de sedaciones fuera
de la lex artis (regla de actuación). El juzgado que investigó el
caso ya archivó la denuncia de la Consejería.
"Quiero ver a Lamela en el banquillo". Luis
Montes termina así sus conferencias. Desde que la Audiencia de
Madrid archivó el asunto, en enero de 2008, sus abogados han
preparado una querella (más fundamentada que una denuncia) contra el
ex consejero que instigó el caso Leganés. El resultado, un escrito
de 46 folios, en el que afirman que las sedaciones en urgencias que
Lamela acabó denunciando "habían sido conocidos, investigados e
inspeccionados por Sanidad" en 2003. Entonces la consejería, en
manos del PP, recibió una denuncia anónima similar a la que le llegó
a Lamela dos años después y concluyó que no había irregularidades.
La querella relata cómo, a partir de una denuncia
anónima, el 8 de marzo de 2005, Lamela le pide a su segundo, Arturo
Canalda, que lo investigue. Éste le replica que las investigaciones
previas no habían encontrado "indicios de mala praxis". Dos días
después, Lamela denuncia el caso a la fiscalía. Lamela ordenó
investigar las muertes en urgencias entre octubre de 2003 y marzo de
2005. Los inspectores concluyen que no pueden decir que los
pacientes, todos terminales, murieran por la sedación. Luego crea
una comisión de expertos que halla 73 casos de muerte en que "la
sedación fue realizada fuera de la lex artis". Con ese informe,
Lamela presenta una denuncia en el juzgado y desactiva la
investigación del fiscal, que se preparaba para archivar el caso.
Las decisiones del ex consejero demuestran, según la querella, que
la verdadera intención de Lamela no era "esclarecer los hechos" sino
presentar una denuncia falsa. Además, acusa al consejero de
"falsedad al haber participado, ordenado o cooperado en la
confección deliberada del informe del comité de expertos con la
única finalidad de acreditar unas valoraciones absolutamente
mendaces que indujeron a error y produjeron grave descrédito en los
profesionales".
Pero además, carga contra los médicos de la
Comisión Lamela, algunos de ellos figuras muy relevantes de la
medicina, por "haber elaborado un informe con unas conclusiones
predeterminadas, equivocadas e incriminatorias" para lo que "no
tuvieron inconveniente en tergiversar conceptos médicos (...) y
emitir unas conclusiones carentes de método y de criterio". "Como su
quehacer profesional y su buen nombre no tiene reparación económica
posible", Montes y su segundo, Miguel López Varas, reclaman un euro
como indemnización.
(www.elpais.com,
28/01/09)
14. "MANIFIESTA FALTA DE COMPETENCIA DE LA
COMUNIDAD"
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa,
acentúa su rebelión frente a Esperanza Aguirre en plena crisis
política por el espionaje.El pasado día 26, tras una semana de
escándalo político en la Comunidad de Madrid por presuntos
espionajes ilegales, Blesa remitió una carta al consejero madrileño
de Hacienda, Antonio Beteta, en la que, por primera vez, explicita
de su puño y letra su decisión de desobedecer al Ejecutivo regional,
"dada la manifiesta falta de competencia de la comunidad autonómica
madrileña".
Así se expresa Blesa en la carta de tres páginas
y de la que reproduce unos párrafos.
El presidente de Caja Madrid responde así, nueve
días después, a una carta que le remitió Beteta el pasado día 17, en
la que le conminaba a aceptar que el presidente legítimo de la
Comisión de Control es Pablo Abejas y que el favorito de Blesa en
este organismo, el gallardonista Fernando Serrano, está suspendido
cautelarmente de funciones por incompatibilidad.
En opinión del hombre de confianza de Aguirre,
Serrano no puede ser miembro de la Comisión de Control y, al tiempo,
defensor del contribuyente en el Ayuntamiento de Madrid con rango de
director general.
Beteta abortaba así, con un expediente
sancionador al proclamado sustituto de Abejas, lo ocurrido el pasado
día 16. Ese día, Serrano -apoyado por Blesa y el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón- dio un golpe de mano y se erigió en nuevo
presidente de la Comisión de Control. Se trata del órgano clave para
conseguir que la nueva Ley de Cajas que ha impulsado Aguirre no se
aplique al actual proceso de renovación de la cúpula de la entidad
y, así, no recorte este año ni el poder del Ayuntamiento ni las
posibilidades de reelección de Blesa.
En opinión de éste, Beteta no es quién para
suspender cautelarmente a Serrano como miembro de la Comisión de
Control. "No es posible que órgano alguno distinto de la Comisión de
Control pueda apreciar la posible existencia de una causa de
incompatibilidad y, menos aún, la adopción de medidas destinadas a
la suspensión o cese de los miembros de la citada Comisión por este
motivo". Y alega que el 25 de julio de 2007 nadie protestó cuando
conoció la doble condición de Serrano.
"Por ello, dada la manifiesta falta de
competencia de la Administración autonómica madrileña para decretar
la suspensión (...), se estima válida la participación de don
Fernando Serrano Antón". Además, Serrano se ha inscrito
posteriormente en el Registro Mercantil con poderes concedidos por
Caja Madrid.
El desafío no puede ser más claro porque, en la
carta de Beteta éste sentenciaba: "La caja no debe otorgar validez
alguna a cualquier acto dictado por don Fernando Serrano".
El consejero autonómico recordó a Blesa que
cualquier desobediencia a sus instrucciones será objeto "de la
aplicación de las normas sancionadoras vigentes". Es decir, que
Blesa podría ser desde multado con 150.000 euros a inhabilitado.
La carta de Blesa abre, así, una nueva espiral en
el enfrentamiento entre entidad tutelada y Administración que
tutela. El presidente de Caja Madrid tiene también la obligación
esta semana de remitir a Beteta un proyecto de estatutos adaptado a
la nueva Ley de Cajas. Es decir, una nueva norma interna de la
entidad que recoja cambios para el proceso de renovación de cargos
que deberá concluir el próximo septiembre.
La intención de Blesa, que preside hoy un Consejo
de Administración al respecto, es elaborar unos estatutos que
ignoren aspectos que Aguirre considera claves para restar poder al
Ayuntamiento de Madrid. Es posible que ni siquiera los someta a
votación.El consejero socialista Ramón Espinar planteó evitar el
voto para no mostrar más fracturas en la caja.
Por otra parte, la propia Aguirre aprovechó un
encuentro con Javier López (CCOO-Madrid) y José Ricardo Martínez
(UGT-Madrid) para sondear su posición ante la batalla de Caja
Madrid.
(www.elmundo.es,
29/01/09)
15. LA RADIO-TELEVISIÓN PÚBLICA MADRILEÑA RETOMA
LOS PAROS EN FEBRERO
La Asamblea de trabajadores de Onda Madrid y
Telemadrid ha aprobado una nueva serie de movilizaciones "contra la
destrucción de empleo" y la viabilidad del Ente, del que en el
último año han desaparecido más de 120 empleos, "ninguno de ellos
directivos". Los paros, que ya se tradujeron en cortes de emisión en
junio del pasado año, volverán así a los medios públicos madrileños
todos los viernes del mes de febrero.
Los últimos despidos en el Ente Público Radio
Televisión Madrid han incrementado el malestar de los trabajadores y
las denuncias sobre un "ERE encubierto"
para sustituir profesionales vinculados a la casas desde hace años
por periodistas del gusto del PP de Esperanza Aguirre, éstos últimos
con contratos fuera de convenio.
"Contra la destrucción de empleo"
Los trabajadores tanto de Onda Madrid como de
Telemadrid, reunidos en asamblea el pasado viernes, acordaron "por
amplísima mayoría" reanudar los paros "contra la destrucción de
empleo, por la internacionalización del trabajo y por la viabilidad"
de los medios públicos dependientes de la Comunidad, según un
comunicado del Comité de Empresa integrado por los sindicatos UGT,
CGT y CCOO.
"Despilfarro"
Así, el comunicado denuncia que en el último año se han perdido 120
empleos en el Ente y "ninguno de ellos directivo". La asamblea
también decidió "informar" por escrito a la presidenta Aguirre "del
desmantelamiento progresivo" de los medios públicos madrileños y "el
despilfarro de dinero público a favor de empresas y productoras
privadas". "Las movilizaciones no cesarán hasta conseguir un acuerdo
que garantice el futuro de la radio-televisión pública de todos los
madrileños", advierten.
Paros en febrero
Los paros se celebrarán durante dos horas cada
viernes de febrero en Onda Madrid, en Telemadrid, en ambas y en toda
la empresa en las sucesivas cuatro semanas. Las movilizaciones de
junio del pasado año ya dejaron sin emisión a la radio y a la
televisión por la negativa de la dirección a convocar los servicios
mínimos, lo que en esta ocasión todavía no está resuelto.
(
www.elplural.com,
29/01/09)
16. EL DEFENSOR DEL MENOR INVESTIGA LA SITUACIÓN
DE LAS ESCUELAS INFANTILES
El Defensor del Menor, Arturo Canalda, investiga
a pie de centro cómo afectan los nuevos decretos de infantil
aprobados por la Comunidad de Madrid a las escuelas públicas y
privadas de la región. Es un compromiso que adquirió en la Asamblea
de Madrid y con los padres y educadores que han enviado más de 70
quejas a su oficina desde que se publicaron las nuevas normativas
autonómicas, en vigor desde este curso.
Los nuevos decretos permiten aumentar las ratios
de alumnos por aula, eliminan la necesidad de una titulación
específica de los educadores, permiten construir centros sin patio
propio y establecen que sea Educación quien elija a los directores.
"Nos avisaron por teléfono y vinieron a ver la
escuela", explica la directora de una de las escuelas infantiles
públicas visitadas por Canalda. Es un centro público del sur de
Madrid con un centenar de alumnos menores de tres años. Una asesora
del Defensor visitó durante una mañana las instalaciones antes de
Navidad. Habló con la directora y con la coordinadora pedagógica,
revisó las instalaciones y comprobó la actividad de las docentes y
los menores in situ, según la directora. "Le mostramos la actividad
del aula de mayores con 20 niños para que viera que una sola
educadora no da abasto para vigilarles, cambiarles el pañal y
lavarles las manos".
Canalda se comprometió a revisar la situación de
los centros de educación infantil en la Asamblea el pasado mayo.
"Hasta que no vea cómo se implanta y cuál es el resultado del
decreto, no me voy a pronunciar", señaló el Defensor en aquella
comparecencia, realizada a petición del PSOE.
Su oficina recibió además 70 quejas relacionadas
con los decretos, que agruparon en un único expediente. Algunas,
según dijo Canalda en la Asamblea, "muy específicas de niños con
problemas de salud y que entienden que el decreto sí les puede
afectar". La mayoría responden a un modelo tipo promovido por la
Plataforma por la Defensa de la Educación Infantil 0-6 de Madrid. En
ella, acusan a la Comunidad de Madrid de "vulnerar el derecho a la
educación de los menores", transformar "el modelo público en uno
privado" y considerar la educación infantil "un negocio y no un
derecho". Con esa misma argumentación, sindicatos, padres y
educadores han protagonizado dos días de movilizaciones y huelga en
la red pública de escuelas infantiles, formada por casi 400 centros.
La protesta concluyó con una manifestación en Sol en la que
participaron cerca de 5.500 personas, según los cálculos de este
periódico.El trabajo de campo del Defensor del Menor sobre infantil
se extenderá todo el curso, según confirmó una portavoz de su
oficina, que indicó que los asesores de Canalda han visitado ya 30
centros tanto públicos como privados. En mayo elaborarán un informe
con propuestas para llevarlo a la Asamblea. El equipo del Defensor
revisa, entre otros temas, el aumento de ratios en las aulas de
infantil. El decreto de mínimos permite pasar de 16 a 20 niños en
las aulas de 2 a 3 años. También amplía el número de alumnos en las
clases de 1 a 2 años (que pasan de 12 a 13 niños) y deja con ocho
niños la de los menores de un año. Esa subida no va aparejada a un
aumento de profesionales. Basta con un trabajador cualificado por
aula más uno de refuerzo para toda la escuela.
La propuesta queda lejos de la recomendación que
hizo hace más de 10 años la Red de Atención a la Infancia de la
Comisión Europea, cuyo objetivo para 2006 era de un especialista por
cada cuatro menores de un año, por cada seis niños de dos años y uno
para un máximo de ocho niños de tres. Eso significa justo el doble
de lo que marcan los nuevos decretos.
La Plataforma 0-6 de Madrid considera que las
ratios que recomienda Europa no se cumplen ni en Madrid ni en otras
comunidades autónomas porque no son una obligación marcada por una
ley estatal. "Existe un marco nacional para todos los niveles
educativos excepto para el de 0 a 3 años, eso permite que cada
comunidad autónoma regule a sus anchas", protesta Alicia Alonso,
portavoz de la Plataforma, que asegura que la situación es similar
en otras comunidades, como Andalucía, en la que gobierna el PSOE.
"Protestamos contra las políticas educativas de Madrid pero también
exigimos un marco general", añade.
La última protesta de la comunidad educativa
terminó tras dos días de huelga que respaldaron el 80% de los
profesionales, según los convocantes. La Comunidad rebaja el
porcentaje al 43% el primer día y el 38% el segundo. Una
manifestación entre la Plaza de la Villa y Sol cerró por la tarde la
protesta. Participaron alrededor de 5.500 personas, según cálculos
de este periódico. Entre 11.000 y 14.000, según los convocantes, los
sindicatos CC OO, UGT, CSIT-UP y CGT. En un ambiente festivo y muy
ruidoso, corearon consignas contra la "privatización" de la
educación infantil.
"Queremos educarlos, no criarlos como monos", era
el lema mostrado por un profesor en una pancarta. En otra, unos
niños pequeños se preguntaban "Quién da la vez para hacer pipí". El
mensaje era claro y lo afirmaba otro pequeño cartel en mitad del
gentío: "La educación no es un juego". Un grupo de jóvenes animó la
marcha con una batucada, a la que los manifestantes se unieron con
silbatos, bocinas o cencerros. Todo valía para hacerse oír. "Una
protesta ruidosa pero no menos contundente", afirmaban en la parte
delantera de la marcha, encabezada por una pancarta por la dignidad
de la educación infantil.
(
www.elpais.com,
29/01/09)
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID EL CONSISTORIO ACABA
CON LA MEDIACIÓN PARA INMIGRANTES
A partir del sábado, los inmigrantes ya no podrán
acudir al Servicio de Mediación Social Intercultural (SEMSI). El
Ayuntamiento de Madrid ha decidido no prorrogar el convenio que
mantenía con la Fundación General de la Universidad Autónoma de
Madrid desde 1997 para dar esta asistencia. En su lugar, ha creado
un servicio de Dinamización de Espacios Públicos con la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado. Un mediador se dedica a prevenir,
regular y solucionar conflictos, mientras que el dinamizador trabaja
para favorecer la integración.
La decisión busca dar una asistencia "más en la
calle", según la directora general de Inmigración, Laura López de
Ceraín. Para el concejal socialista Pedro Zerolo se pasa de un
"modelo de intervención a uno de extranjería, que genera tensión".
La Autónoma lamenta que no se hayan integrado ambos servicios.
(
www.elpais.com,
28/01/09)
