ÍNDICE
1. RAJOY CHOCA CON LOS 'AGUIRRISTAS' EN LA
BATALLA POR EL CONTROL DE CAJA MADRID
2. ESPERANZA AGUIRRE SUFRE UN IMPORTANTE REVÉS EN
LA LUCHA POR EL CONTROL DE CAJA MADRID
3. LA LUCHA POLÍTICA AMENAZA CON OBSTRUIR LA
GESTIÓN DE CAJA MADRID
4. LA PRESIDENTA PIDE LA REFORMA DEL MERCADO
LABORAL "POR FRANQUISTA"
5. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. GRANADOS Y AGUIRRE
NIEGAN CUALQUIER RED DE ESPIONAJE EN EL GOBIERNO DE MADRID
6. RAJOY ORDENA AHORA INVESTIGAR
7. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. EL ESPIONAJE
REGIONAL DE MADRID TENSA LA CUERDA AGUIRRE-RAJOY-GALLARDÓN
8. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. ESPERANZA AGUIRRE
DICE QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR TODOS SUS CONSEJEROS
9. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. LA COMUNIDAD DE
MADRID ADMITE QUE UNOS 40 EX AGENTES TRABAJAN EN EL 'SERVICIO DE
INFORMACIÓN'
10. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. LA TRAMA DESATA
LAS AMENAZAS EN EL PP MADRILEÑO
11. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. LA FISCALÍA DE
MADRID ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESCÁNDALO
12. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. GONZÁLEZ OTORGÓ
UN CONTRATO MILLONARIO AL EMPRESARIO CON EL QUE VIAJÓ A SURÁFRICA
13. SANIDAD. GÜEMES SUGIERE A MÚGICA QUE
INVESTIGUE LAS URGENCIAS DE OTRAS REGIONES
14. SANIDAD. LA FALTA DE CAMAS AGRAVA LA
SITUACIÓN EN URGENCIAS, SEGÚN LOS SINDICATOS
15. SANIDAD. EL AMBULATORIO FANTASMA
16. REVÉS JUDICIAL AL DECRETO ANTITABACO DE
AGUIRRE
17. LOS RECTORES RECLAMAN MÁS DE 75 MILLONES A
AGUIRRE EN PAGAS EXTRA
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL MINISTERIO DE
ECONOMÍA PROHÍBE AL AYUNTAMIENTO ENDEUDARSE MÁS
19. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LOS ACREEDORES
RECLAMAN 477 MILLONES DE 2008
20. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LA CAJA MÁGICA O LA
CHISTERA SIN FONDO
1. RAJOY CHOCA CON LOS 'AGUIRRISTAS' EN LA
BATALLA POR EL CONTROL DE CAJA MADRID
La batalla de Caja Madrid ya no tiene nada de
económico. Por si había dudas, la pelea por el poder en la cuarta
entidad financiera de España -que vive la peor crisis institucional
de su historia precisamente en plena tormenta financiera, cuando más
necesita no perder la confianza de clientes e inversores- se
trasladó al choque político. Los dos principales partidos se
responsabilizaron de la situación interna, pero con una diferencia:
mientras que en el PSOE, al día siguiente de que uno de sus
consejeros desobedeciera al partido, hubo unidad de criterio, en el
PP se vivió un claro choque entre el líder, Mariano Rajoy, y el
consejero madrileño Francisco Granados, uno de los más convencidos
aguirristas.
Tanto María Teresa Fernández de la Vega,
vicepresidenta del Gobierno, como José Blanco, número dos del PSOE,
reclamaron a Rajoy que ponga orden en su partido para resolver el
embrollo de Caja Madrid, condenada a una situación de bloqueo porque
el viernes los aguirristas perdieron una votación clave. El
consejero de Economía, Antonio Beteta, garante de la caja, ha
respondido considerando "nula de pleno derecho" la reunión de la
comisión de control -el organismo que regula las elecciones internas
de la caja- en la que fue destituido Pablo Abejas, el hombre de
confianza de la presidenta en la caja.
Para De la Vega, la situación de Caja Madrid "es
un problema del PP" por lo que, "en todo caso, Rajoy es quien tiene
que dar instrucciones, poner orden y coordinar los esfuerzos en
relación a ese tema". En el Gobierno hay una gran preocupación sobre
la caja, aunque, según fuentes socialistas, por el momento no se
baraja la posibilidad de intervenir.
Blanco fue más lejos en su ataque. En un acto en
Sevilla, aseguró que el PP se ha convertido en un "barco a la
deriva" por lo que pidió a Rajoy que imponga su autoridad y ponga
fin a la guerra entre Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón por el
control de la caja. "Es tiempo de liderazgo, de propuestas y
respuestas políticas, y es necesaria la determinación para generar
confianza en nuestro país y en nuestro sistema financiero y sus
entidades", aseguró Blanco. Para él, toda esta situación está
generando "más desconfianza" precisamente en un momento difícil para
el sistema financiero: "No es consentible que Caja Madrid esté
inmersa en un debate por la ambición política de Aguirre y Gallardón
para controlarla".
Rajoy fue entrevistado por la cadena SER y habló
un buen rato de la crisis de la entidad. Lejos de reconocer el papel
de responsable del descontrol que le atribuyen Blanco y De la Vega,
el líder del PP admitió que su partido está dividido en esto, pero
dijo que también lo está el PSOE, ya que precisamente la ruptura de
la disciplina de Francisco Pérez, uno de los representantes
socialistas en la comisión de control que tenían la orden de votar
con los aguirristas, fue lo que inclinó la balanza a favor de los
gallardonistas y Miguel Blesa.
El líder del PP, incapaz de poner de acuerdo a
los aguirristas y los gallardonistas, defendió una solución drástica
que ya había apuntado la pasada semana: la despolitización de las
cajas. "Este espectáculo de que uno que es concejal de este partido
o de este otro vote de una manera o de otra me parece muy poco
edificante y que contribuye a generar muy poca confianza. Por eso
creo que algunas cajas, especialmente Caja Madrid y La Caixa,
deberían ser tuteladas por el Banco de España, y no por las
comunidades".
Aunque Rajoy trataba de mantener una posición
neutral y con su frase criticaba tanto a aguirristas como a
gallardonistas, lo cierto es que su propuesta iba dirigida contra
Aguirre, que ha cambiado la ley de cajas para que el PP madrileño
controle aún más la caja. Así lo tomó Francisco Granados, consejero
de Presidencia, que contestó con dureza a Rajoy mostrando la enorme
división interna del PP. "No puedo estar más en desacuerdo" con
Rajoy, declaró a Efe. "No le supongo mayor independencia a un
gobernador del Banco de España nombrado por Zapatero sin el consenso
del PP, que al consejero de Economía y Hacienda nombrado por
Esperanza Aguirre, sino más bien todo lo contrario", sentenció.
(www.elpais.com,
18/01/09)
2. ESPERANZA AGUIRRE SUFRE UN IMPORTANTE REVÉS EN
LA LUCHA POR EL CONTROL DE CAJA MADRID
La guerra por el control de Caja Madrid
hace tiempo que traspasó los intereses puramente económicos de la
entidad. El poder político es el que guía todos los acontecimientos
(inesperados en muchas ocasiones) que se están viviendo en la cúpula
de la entidad en últimas semanas. Se trata de una guerra soterrada
en la que todo vale y en la que cualquier cosa puede pasar.
quedó patente en la Comisión de Control de la
caja, que dirigirá el proceso electoral de la entidad, donde la
inesperada toma de posición de uno de los dos representantes del
PSOE dio la victoria de la primera batalla al presidente, Miguel
Blesa, y al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. La gran
perdedora del primer gran asalto fue la presidenta regional. Pero a
la guerra todavía le quedan muchos combates, porque la Comunidad de
Madrid sigue teniendo en sus manos la posibilidad de expedientar a
Blesa y a la propia caja por no aplicar la normativa que en su
opinión está ahora vigente.
La derrota de Aguirre se escenificó en dos actos.
En el primero, la Comisión de Control votó en contra de que el
proceso electoral se efectúe conforme a
la nueva ley,
con la que Aguirre quiere remover a Blesa de la silla y dejar
prácticamente sin poder en la caja al alcalde de la capital, Alberto
Ruiz-Gallardón. Y, poco después, aprobó el cese del presidente de la
Comisión de Control, Pablo Abejas, una persona afín a Aguirre que
será sustituido por Fernando Serrano, defensor de los intereses de
Blesa.
Pero ninguna de estas votaciones estuvo exenta de
polémica. El voto sorpresa del socialista Francisco José Pérez en
favor de la postura de Blesa convirtió a la segunda votación en un
auténtico campo de minas. La Comunidad, consciente de que había
perdido sus opciones, remitió un fax al presidente de la Comisión
advirtiéndole de que Fernando Serrano no podía legalmente formar
parte de este órgano, y mucho menos asumir la presidencia, porque
ese cargo es incompatible con el de Defensor del Contribuyente de la
Comunidad que ahora desempeña. Ante ese hecho seis de los trece
miembros decidieron abandonar la reunión y no votar el cese de
Abejas.
El resto de los miembros, tras requerir la
presencia de un notario, decidieron continuar con la sesión,
argumentando que la reunión había sido válidamente constituida por
el propio Abejas y contaba con el número mínimo de miembros para
realizar la votación, explican fuentes de la caja. Gracias a eso, se
aprobó el cese de la persona de confianza de Aguirre y también su
sustitución por Serrano, quien ya ha convocado una reunión ordinaria
de la Comisión de Control para el próximo miércoles. De esta forma,
en la caja se pretende continuar con el proceso electoral conforme a
los criterios de la ley anterior, como quieren Blesa y Ruiz
Gallardón.
Pero la Comunidad no tirará la toalla y
continuará con el expediente de incompatibilidad de Serrano e
intentará invalidar la segunda votación de por la ausencia de seis
miembros de la Comisión. La Comunidad consideró "nulo de pleno
derecho" el cese de Abejas y abrió un expediente sancionador a los
siete miembros por votar una destitución sin el presidente presente.
Para estos ataques, los aludidos ya tienen preparada la defensa.
Fuentes del proceso aseguran que Serrano está dispuesto a dejar su
puesto como Defensor del Contribuyente para quedarse en la caja.
Mientras, fuentes de la entidad recuerdan que los estatutos de la
caja permiten que la Comisión de Control realice las votaciones con
la mitad de los miembros más uno, lo que sucedió . Además, recuerdan
que nadie había denunciado la incompatibilidad de Serrano desde su
nombramiento en 2006.
(
www.publico.es,
17/01/09)
3. LA LUCHA POLÍTICA AMENAZA CON OBSTRUIR LA
GESTIÓN DE CAJA MADRID
Si alguien no le pone fin, la lucha interna del
PP madrileño por el control de Caja Madrid podría paralizar los
órganos de gobierno de la entidad. Pablo Abejas, que fue destituido
el viernes pasado de la presidencia de la comisión de control de
Caja Madrid, convocó dos reuniones de este organismo para mañana.
Las citas se produjeron después de que el nuevo presidente, Fernando
Serrano, invitara a los 13 miembros de la comisión a reunirse el
miércoles.
Abejas sostiene que impedirá el acceso de Serrano
a las instalaciones de la caja de ahorros porque está suspendido
cautelarmente en su cargo por la consejería de Economía madrileña.
La suspensión se basa en la incompatibilidad de Serrano para
pertenecer a la comisión de control, de la que forma parte desde
hace más de dos años. Según Abejas, hasta la semana pasada no
conoció con exactitud la categoría administrativa que conlleva el
cargo de defensor del contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, que
es el empleo remunerado de Serrano.
La batalla se centra en torno a la comisión de
control porque es la encargada de velar por los procesos
estatutarios, en especial de los electorales. Y ahí es donde está el
problema: Miguel Blesa, presidente de la caja y enemistado con
Esperanza Aguirre, quiere la reelección, pero la Comunidad de Madrid
se ha apresurado a cambiar la ley autonómica de cajas para
impedirlo. Blesa y sus aliados, entre los que se encuentra Alberto
Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, consideran que el inicio del
proceso de renovación de cargos es anterior a la nueva ley, por lo
que esta no le afecta.
El consejo de administración de la caja tiene
prevista una reunión ordinaria para en la que, aunque no figura en
la orden del día, abordará la dura batalla que enfrenta a la mitad
de los integrantes de sus órganos de gobierno con el resto.
CCOO, con presencia en la entidad, anunció la presentación de una
denuncia contra la Consejería de Economía de la comunidad para
reclamar responsabilidades penales porque entiende que está dañando
los intereses de la caja.
(
www.elperiodico.com,
19/01/09)
4. LA PRESIDENTA PIDE LA REFORMA DEL MERCADO
LABORAL "POR FRANQUISTA"
La reforma del mercado laboral fue una de las
recetas contra la crisis económica que ayer ofreció la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, en unas jornadas de debate del PP
madrileño en Valdemoro. Aunque no explicó qué modificaciones
introduciría, sí ofreció una justificación: "Es un sistema obsoleto,
heredado de un régimen autoritario y antiliberal como es el
franquismo". Por eso, concluyó, cuando llega la crisis, "España se
convierte en una fábrica de parados".
La propuesta fue acogida con perplejidad por los
sindicatos CC OO y UGT, que recordaron que el sistema laboral
vigente fue establecido en democracia."Las relaciones laborales
actuales se consiguen a partir de la Constitución, el Estatuto de
los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical", le recordó
Javier López, secretario general de CC OO, a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y calificó sus declaraciones
sobre que el sistema laboral lo impuso el franquismo de "una nueva
salida de tono" de la presidenta.
"Es una normativa claramente democrática,
aprobada por el Parlamento", subrayó también el secretario de
Organización de UGT, Miguel Ángel Abejón. Ambos líderes sindicales
recalcaron que no son precisamente "las relaciones laborales ni los
costes salariales" los que han propiciado el desastre económico,
sino la "desregulación de los mercados capitales y la avaricia
financiera", por lo que ninguno considera que una reforma laboral
pueda mejorar la situación.
"Seguramente, Aguirre plantea esta reforma desde
la imposición, porque ella no apuesta por el diálogo social en la
Comunidad, cuando se podrían hacer muchas cosas a través del diálogo
con los actores sociales", recalcó Abejón.
Las propuestas de Aguirre para mejorar la
situación económica no se redujeron a modificaciones laborales. "Mi
obligación no es llenar de tinta negra la crisis, sino ofrecer
soluciones", defendió al comienzo de su intervención ante altos
cargos y militantes populares. Aunque una gran parte de sus
soluciones son ya clásicos de su discurso liberal, como su postura a
favor de reducir el impuesto de sociedades (medida que le
correspondería tomar al Gobierno central) o renovar el sistema
educativo para que "sea más exigente y valore el esfuerzo, el
trabajo y el estudio".
Entre estas viejas propuestas, Aguirre volvió a
alardear de la austeridad en el gasto público, que, dijo, es enseña
de su gobierno. Pero lo que sorprendió fue que una presidenta de una
comunidad autónoma cuestionara la necesidad de que coexistan varias
administraciones públicas. "¿Nos podemos permitir 20
administraciones públicas, con ejércitos de funcionarios, sin contar
los 8.000 ayuntamientos?", planteó la presidenta.
No hubo turno de preguntas, por lo que no existió
la posibilidad de que Aguirre precisara si es partidaria de volver
al centralismo o si tiene otra fórmula para que las 17 comunidades,
más las dos ciudades autónomas y el Gobierno central ejerzan de otra
manera sus competencias. "De la crisis se sale reduciendo el gasto
de las administraciones públicas al mínimo imprescindible, y eso es
lo que hacemos en Madrid", destacó la presidenta.
Como novedad, Aguirre propuso que los bancos
recurran al ahorro privado. Para ello, planteó que el Banco de
España inste a "los bancos a sacar al mercado emisiones de bonos u
obligaciones por un plazo superior a 10 años y con intereses
atractivos, y superiores al Banco Central Europeo". Y agregó que, de
esa forma, cuando finalice el plazo de amortización, "esa deuda se
puede convertir en acciones".
No podía faltar el habitual rejonazo verbal de
Aguirre al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Para ello, parafraseó al ex presidente estadounidense Ronald Reagan,
que afirmó, según Aguirre: "Crisis económica es cuando tu vecino
pierde el empleo, recesión es cuando yo lo pierdo, y recuperación
económica es cuando Jimmy Carter pierde su empleo". Por eso, para
Aguirre, se superará la crisis "cuando Zapatero pierda su empleo".
(
www.elpais.com,
17/01/09)
5. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. GRANADOS Y AGUIRRE
NIEGAN CUALQUIER RED DE ESPIONAJE EN EL GOBIERNO DE MADRID
Francisco Granados y Esperanza Aguirre han
reaccionado a la
información de El País echando
balones fuera y disparando contra el mensajero. El consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, ha calificado de "novela" la
información que revela un supuesto servicio de espionaje dependiente
de su departamento.
"Comprendo que en momentos en que el
vicepresidente primero del Gobierno (español)", en alusión a Pedro
Solbes, dijo Granados, "reconoce que ha agotado sus recetas y
medidas para afrontar la crisis, pues haya algún medio de
comunicación (...) que pretenda ocultar esa triste realidad mediante
la novela, pero no deja de ser una novela", enfatizó.
De igual modo, explicó que Marcos Peña, el
inspector de policía que supuestamente dirigiría dicha
organización de
espionaje para el Gobierno de
Esperanza Aguirre, ocupa un puesto de asesor en la Consejería de
Presidencia pero no dispone de ninguna estructura de personal a su
cargo.
El consejero indicó, asimismo, que la Consejería
desarrolla las competencias de Seguridad a través de la
"colaboración leal de las BESCAM con el Ministerio del Interior".
"La Comunidad de Madrid desarrolla las competencias que le marca el
Decreto en materia de seguridad, nada más y nada menos. No comento
los mecanismos de seguridad, simplemente la Comunidad desarrolla el
ejercicio las competencias de seguridad que le da la ley", insistió.
Mientras, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, tan solo se ha limitado a decir lo
siguiente: "Cada vez que el periódico El País tiene problemas, por
ejemplo, el señor Solbes, que dijo que el Gobierno ya tiene agotadas
todas las posibilidades frente a la crisis, ataca al PP de Madrid o
al Gobierno de Madrid", indicó.
Sin embargo, la secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, no ha sido tan contundente. De Cospedal ha
asegurado que Aguirre y Granados le han "desmentido tajantemente" la
supuesta red de espionaje pero cree que sería algo "muy grave" de
confirmarse.
El PSOE no se ha quedado callado ante lo revelado
por El País. La secretaria de Organización socialista, Leire Pajín,
ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, que "investigue" si su consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados, ha creado un servicio de información
privado y, si se confirma, que "actúe con toda la rotundidad".
"El PSOE exige a la presidenta de la comuniadd de
Madrid que aclare los hechos, porque de confirmarse estamos hablando
de hechos muy graves. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene
la obligación de investigar y de actuar en consecuencia", dijo Pajín
en rueda de prensa tras una reunión de la comisión permanente de la
Ejecutiva Federal del PSOE.
Además, la 'número tres' del PSOE consideró
llamativo que "ni siquiera los altos cargos del Gobierno de
Esperanza Aguirre se hayan enterado" de este servicio de información
que, según el diario, ha creado Granados.
(
www.publico.es,
20/01/09)
6. RAJOY ORDENA AHORA INVESTIGAR
El presidente nacional del PP ordenó -cuatro días
después de que apareciera la primera información sobre la supuesta
trama de espionaje en Madrid- abrir una investigación interna en su
partido para dilucidar si los hechos que narra El País son o no
ciertos.
De esta forma, pidió a su secretaria general,
María Dolores de Cospedal, que abra una investigación "para aclarar
hasta sus últimos extremos los ocurrido y adoptar las medidas
pertinentes", según un comunicado del partido que se hizo público
por la tarde.
Por la mañana, el portavoz del PP, Esteban
González Pons, apuntaba hacia otro sitio: el Ministerio del
Interior. Pero, por la tarde, Rajoy decidió abrir una investigación
interna sobre lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, como le han
pedido algunos dirigentes de su partido.
El comunicado del PP afirma que, "de confirmarse
estas informaciones", se trataría de "hechos gravísimos" y
"actuaciones inadmisibles" que darían lugar a "responsabilidades en
el ámbito de la Justicia" y "responsabilidades de carácter
estrictamente político" que el PP exigirá "con absoluta firmeza y
determinación".
En el mismo comunicado, el PP insta a la Justicia
a que abra una investigación inmediata para depurar las
responsabilidades penales que pudieran derivarse de la supuesta
trama de espionaje.
La dirección del PP dice en esa misma nota
"sentir repugnancia" ante la práctica de escuchas o seguimientos
ilegales "con fines desconocidos" a dirigentes del partido.
Desde Toledo, María Dolores de Cospedal dijo que
su partido está "completamente indignado" por la supuesta trama de
espionaje en Madrid y que tomará "las más enérgicas medidas" en
cuanto este asunto se esclarezca. De Cospedal aclaró que sólo
"tenemos la constancia de que ha aparecido en medios de comunicación
la denuncia de esos hechos". Pero agregó: "No sabemos si esos hechos
son o no ciertos, pero de serlo son hechos gravísimos y tengo que
trasladarles la completa indignación de mi partido por que pueda
haber seguimiento, espionaje o cualquier tipo de vigilancia hacia
militantes del Partido Popular".
Fuentes del PP de Madrid mostraron su "sorpresa
absoluta" porque consideran que Rajoy "da alguna credibilidad a unos
hechos que el periódico no ha documentado en absoluto en ninguna de
las entregas", algo que calificó Granados como "una gran mentira".
(
www.elmundo.es,
23/01/09)
7. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. EL ESPIONAJE
REGIONAL DE MADRID TENSA LA CUERDA AGUIRRE-RAJOY-GALLARDÓN
Una declaración de guerra. La decisión de Mariano
Rajoy de abrir una investigación interna para aclarar el caso de
espionaje que afecta a la Comunidad de Madrid cayó como un jarro de
agua fría en el sector aguirrista del PP, que se considera
directamente acusado.
Lo que movió al líder del PP a tomar cartas en el
asunto fue una nueva entrega del diario El País con otro caso de
presunto espionaje, esta vez referido al ex consejero Alfredo Prada,
el único miembro del Gobierno madrileño que apoyó a Rajoy en el
congreso de Valencia, lo que le costó el puesto.
La información vuelve a relacionar al equipo de
seguridad del consejero Francisco Granados con prácticas de
espionaje, que también habrían afectado al vicealcalde, Manuel Cobo.
El citado equipo habría recopilado detalles de comidas y visitas,
privadas y públicas, obtenidas por un dispositivo de seguimiento,
comprobación de matrículas y fotografía.
Tras la difusión de nuevas sospechas de
espionaje, Rajoy ordenó a Maria Dolores de Cospedal la apertura de
una investigación interna para aclarar los hechos, llegar hasta el
final y, en su caso, "adoptar las medidas pertinentes". "Es una gran
mentira", aseguró Francisco Granados, que compareció junto al
vicepresidente Ignacio González en la sede de la Comunidad de
Madrid.
El comunicado de Rajoy, que éste no consultó con Aguirre, fue
considerado en el PP de Madrid una declaración de guerra. "Desde el
respeto al principio de presunción de inocencia y en aras de la
ejemplaridad que debe presidir la vida pública...", dice el texto.
Con ello, el PP otorga a las revelaciones la
gravedad que niega la Comunidad de Madrid, en los casos que no
afectan al vicepresidente Ignacio González: "De confirmarse - añade
el comunicado-nos encontraríamos ante hechos gravísimos y
actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su
origen".
Un origen controvertido, ya que los seguimientos
a Cobo y Prada señalan a empleados de Granados, el espionaje a
Ignacio González parece tener otra auotría. Para desviar la
atención, Esteban González Pons intentó implicar al Ministerio del
Interior: "La comprobación de la propiedad de un vehículo a partir
de una matrícula no se puede hacer sin la connivencia de Tráfico e
Interior". La fiscalía ya ha abierto una investigación, con base en
el espionaje a González, aunque Prada también ha denunciado
judicialmente los hechos.
La atención estaba en la reunión del consejo de
gobierno de la Comunidad -en ausencia de Esperanza Aguirre, por
motivos privados- para analizar los hechos. Comparecieron después
Gonzalez y Granados. El primero, serio y nervioso, es el único de
los espiados de los que hay, de momento, prueba documental; el
segundo, desafiante y sonriente, habló de "la gran mentira" en la
que se le involucra, y negó el espionaje desde la Comunidad, aunque
aunque no quiso atribuírselo a Interior, rechazando el cabo que le
tendía González Pons.
Los dos contaron con el apoyo de Aguirre, que,
por la tarde, puso la mano en el fuego por sus consejeros y aseguró
que ella es "la principal perjudicada". Todas las intervenciones
reflejaron el duro enfrentamiento con Ruiz Gallardón, a quien
reprocharon que dé por cierta la existencia de un grupo
parapolicial.
(
www.lavanguardia.es,
23/01/09)
8. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. ESPERANZA AGUIRRE
DICE QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR TODOS SUS CONSEJEROS
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha dicho que pone "la mano en el fuego" por todos
sus consejeros y ha considerado que es "la principal perjudicada"
por la supuesta trama de espionaje a políticos de la región y, por
ello, la primera que quiere que se esclarezca.
En una comparecencia ante los medios previa al
acto de entrega de los XVIII Premios AEDME, Aguirre ha subrayado que
el Gobierno que preside "nada tiene que ver con estas imputaciones
gravísimas y es el primero que quiere que se aclaren".
"Aquí -ha añadido- no hay montada ninguna
estructura de espionaje ni nada que se le parezca y quién diga lo
contrario tendrá que probarlo y, si no lo acredita, tendrá que
rectificar".
Aguirre ha insistido en que "el que tenga pruebas
que las ponga sobre la mesa, que ponga en conocimiento de los jueces
y de la Fiscalía toda la documentación que pueda sostener o
acreditar que aquí -en la Comunidad de Madrid- se ha montando algo
parecido a un servicio de espionaje y si no se presentan estas
pruebas, tendrán que vérselas con el Gobierno regional en los
Tribunales".
La presidenta ha hecho extensiva esta advertencia
a Alberto Ruiz-Gallardón y ha dicho que "el alcalde de Madrid o
cualesquier otra persona que dé por buena la información que publica
El País tendrá que probarlo, que demostrarlo, que rectificar, y si
no tendrán que vernos en los Tribunales".
La presidenta, que ha justificado su ausencia en
el Consejo de Gobierno afirmando que tenía un acto personal
comprometido desde hace tiempo, ha argumentado que "esto es un
Estado de Derecho y esto quiere decir que la inocencia no se tiene
que probar, cómo voy a probar yo que yo no he montado ningún
servicio de espionaje, la inocencia se presume, quien tiene que dar
pruebas es quien acusa".
No obstante, la presidenta madrileña se ha
comprometido a que "si hay una sola persona en la Comunidad de
Madrid de la que se demuestre que ha participado en espionajes o
seguimiento será expulsado". Aguirre ha asegurado que no ha hablado
con el alcalde de Madrid desde que salió a la luz esta supuesta
trama pero que sí mantuvo comunicación , a través de varios mensajes
de móvil, con el vicealcalde, Manuel Cobo, a quien expresó que
"lamentaba que fuera víctima, como lo es el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, de estas falsas acusaciones".
Con quien si ha estado en contacto desde es con
los miembros de la dirección nacional del PP, incluidos su
presidente, Mariano Rajoy, y la secretaria general, María Dolores de
Cospedal, y ha apuntado que le "parecen bien" todos los comunicados
que hagan.
La presidenta ha recordado que no es a la
Comunidad de Madrid a quien corresponde investigar esta presunta
trama porque "aquí se imputan delitos penales y eso corresponde a
los jueces y a la Fiscalía investigarlo".
En lo que compete a la Comunidad de Madrid, ha
continuado, "tanto el señor Marcos Peña como el consejero Francisco
Granados ya han dirigido un escrito a El País para que rectifique" y
el Gobierno regional ha pedido motu proprio la comparecencia de
Granados en la Asamblea de Madrid.
La presidenta ha defendido, además, que sólo da
credibilidad al seguimiento al que ha sido sometido su
vicepresidente, Ignacio González, porque "es el único caso que está
acreditado que ha sido espiado". "El resto, no digo que no se hayan
hecho, lo que digo es que el que tenga pruebas de que lo haya hecho
la Comunidad de Madrid que las presente", ha concluido.
(
www.elperiodico.com,
23/01/09)
9. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. LA COMUNIDAD DE
MADRID ADMITE QUE UNOS 40 EX AGENTES TRABAJAN EN EL 'SERVICIO DE
INFORMACIÓN'
Según ha podido confirmar la CADENA SER con
fuentes de la Comunidad de Madrid, estos 40 antiguos agentes
dependen directamente de Francisco Granados, consejero de
Presidencia, Justicia e Interior. Según fuentes del ejecutivo, la
mayoría de estos agentes ya estaban en la consejería cuando
Francisco Granados llegó al cargo en junio de 2007. Todos han sido
contratados como técnicos de seguridad en el capítulo de cargos de
confianza, en definitiva, contratos 'a dedo' puesto que no han
superado prueba alguna para acceder a este puesto.
Se ocupan de revisar la seguridad de los
edificios públicos, pero también de otras misiones, que en
principio, corresponden a las fuerzas de seguridad del Estado.
En torno a una cuarte parte de este grupo
policial ha sido contratado por el actual consejero, el resto, unos
30, ya trabajaban para la consejería. Altos cargos del departamento
ven como algo normal que vigilen, investiguen, recaben datos de
policías en activo o prevengan a los políticos de la Comunidad de
Madrid. La lealtad, dicen, se la deben al consejero.
(
www.cadenaser.com,
23/01/09)
10. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. LA TRAMA DESATA
LAS AMENAZAS EN EL PP MADRILEÑO
La trama de espionaje está minando las relaciones
entre los populares madrileños. El intercambio de acusaciones ha
llegado incluso a la amenaza de acudir a los tribunales. En un bando
están los que no dudan que detrás del grupo de agentes está la
Consejería de Interior, como el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón; el vicealcalde, Manuel Cobo, o el ex consejero de
Interior Alfredo Prada. Los dos últimos fueron sometidos a
vigilancia. Y en el otro están los que lo niegan, como el propio
consejero de Interior, Francisco Granados, y al que se ha sumado, un
poco más tarde, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio González,
éste también investigado.
En un principio, ni siquiera González dudó de que
esas grabaciones y seguimientos sólo los podía haber hecho alguien
que estuviera "muy cerca" de él. Y así lo hizo constar en su
denuncia ante la fiscalía. varió su discurso y negó tener la menor
idea de quién le ha estado espiando, en una rueda de prensa que dio
junto a Granados. Y fue más allá: negó que el espionaje pudiera
venir de la Consejería de Interior y amenazó con denunciar a todo el
que culpe a la Comunidad de Madrid de estar detrás de la trama sin
pruebas en la mano.
En concreto, se refirió al alcalde de Madrid y a
sus declaraciones el miércoles en el programa 59 segundos de
Televisión Española. Gallardón acusó a Granados de tener "un cuerpo
parapolicial" que era ilícito puesto que la Comunidad "no tiene
competencia en seguridad". "Si los seguimientos están hechos por
estas personas, es un delito", aseguró Gallardón.
"Salvo que alguien tenga una prueba fehaciente
que acredite la existencia de una trama de espionaje no se puede
hacer ninguna afirmación en el sentido de las que hizo el alcalde",
le respondió González. Y amenazó con denunciarle: "Vamos a exigir a
quien haga este tipo de imputaciones sin acreditarlas, que
rectifique y, en el caso de que no se proceda a estas
rectificaciones, tendremos que actuar judicialmente".
Tanto González con Granados sostuvieron que la
trama de espionaje en el Gobierno de Aguirre es "una gran mentira".
Sólo reconocieron las grabaciones a González. Lo demás, dijo el
vicepresidente regional, "no está acreditado". Para intentar
desmontar la información publicada por EL PAÍS, Granados se escudó
en que Marcos Peña, jefe del departamento de asesores de seguridad,
entró a trabajar "meses después" de los seguimientos. Una
información que ya publicó este periódico. El consejero, sin
embargo, no explicó por qué los espías identifican en sus notas como
"nuestro director" al que era el director de Seguridad de la
consejería, Sergio Gamón, en ese momento. "Eso no significa
absolutamente nada. Es como [el dossier] si dijera 'entra nuestro
presidente, Zapatero", respondió Granados.
Aseguró que ya ha llevado a cabo "una
investigación verbal" en su equipo de seguridad y que "todos niegan
de forma categórica que se hayan producido esas actividades". Y
añadió que el Gobierno regional no tiene "que demostrar que eso no
se está produciendo". Para él, la responsabilidad recae en las
"personas, medios o instituciones" que poseen pruebas o documentos.
Granados remitió una carta a EL PAÍS en la que,
acogiéndose al derecho de rectificación, afirma que "es falso que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid haya ordenado seguir, vigilar o
investigar a los altos cargos del PP de Madrid". Asimismo, Granados
niega que en su Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "se
dedique personal o cualquier otra infraestructura que tenga como
finalidad el seguimiento, investigación o vigilancia que suponga la
quiebra de derechos constitucionales de ciudadanos o empresas".
(
www.elpais.com,
23/01/09)
11. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. LA FISCALÍA DE
MADRID ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESCÁNDALO
La fiscalía de Madrid ha abierto una
investigación para aclarar el escándalo de espionaje a políticos,
por ahora sólo del PP, desatado en la Comunidad de Madrid. Como
primera providencia, ha sido citado a declarar el periodista de EL
PAÍS Francisco Mercado, autor de las publicaciones sobre la red
parapolicial, de quien pretende que explique el origen de las
informaciones. Además, la fiscalía ha requerido a la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Francisco Granados,
para que le remita "cuanta información tenga" sobre los seguimientos
al vicepresidente autonómico, Ignacio González; el ex consejero
Alfredo Prada, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
También se ha reclamado a Granados que informe
sobre la estructura orgánica y funcional de la Dirección General de
Seguridad, así como información sobre quiénes trabajan en ella y su
relación contractual con la Comunidad de Madrid.
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid,
Manuel Moix, confirmó a Europa Press que ya incoó ante diligencias
de investigación tras recibir la denuncia interpuesta por Ignacio
González, por los seguimientos y grabaciones con cámara oculta que
le realizaron sin su consentimiento durante un viaje oficial a
Colombia (agosto) y otro privado a Suráfrica (en marzo). A ésta se
ha acumulado la presentada por Cobo y se hará lo mismo,
probablemente, con la que ya prepara Prada. Moix no descartó la
práctica de más diligencias y dijo que la llamada a declarar de
Granados "dependerá del curso de la investigación", aunque aún no lo
tenga "en mente".
Mientras, el juez de Instrucción número 47 de
Madrid, José Sierra, será el encargado de decidir si admite o no la
denuncia presentada por la Comunidad de Madrid por esta trama. La
denuncia ha recaído sobre este juzgado por reparto, después de que
el de Instrucción número 31, de guardia el martes, remitiera el
escrito al Decanato, al no querer asumir la causa. Si el magistrado
admite la denuncia y abre diligencias previas, la fiscalía podría
remitirle sus indagaciones, siempre y cuando se traten de los mismos
hechos que investigue el juez Sierra. De este modo, las dos
denuncias se acumularían.
(
www.elpais.com,
23/01/09)
12. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. GONZÁLEZ OTORGÓ
UN CONTRATO MILLONARIO AL EMPRESARIO CON EL QUE VIAJÓ A SURÁFRICA
Una empresa pública que dirige el vicepresidente
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó un contrato
por importe de 33,4 millones de euros a la empresa Segurisa, cuyo
propietario invitó presuntamente a González a un viaje a Suráfrica.
El número dos de Esperanza Aguirre reconoce que el viaje se produjo
en marzo de 2007, pero asegura que lo pagó "en metálico" de su
bolsillo.
Segurisa es una compañía de seguridad fundada en
1988. El socio mayoritario es Enrique Sánchez González, que posee
algo más del 60% de las acciones, de acuerdo con los datos que
figuran en el Registro Mercantil. En un dossier sobre el
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que desveló esta semana El
País, se asegura que Enrique Sánchez invitó a Ignacio González y a
su esposa a un viaje a Suráfrica cuyo coste aproximado es de 8.000
euros. La invitación sería un supuesto pago por adjudicaciones
recibidas por Segurisa. En declaraciones a dicho diario, Ignacio
González aseguró lo siguiente: "El empresario era amigo de la
persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le
adjudiqué nada".
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
desmiente la última afirmación de González. En su edición del 9 de
marzo de 2006, figura una adjudicación del Canal de Isabel II a la
empresa Segurisa, por importe de 33.489.078 euros.
El Canal de Isabel II es la empresa encargada de
gestionar el agua en la Comunidad de Madrid y está presidida por
Ignacio González.
El objeto del contrato recibido por Segurisa es
la prestación de "servicios de vigilancia y seguridad en las
oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II". La
adjudicación es por un periodo de dos años a razón de 16,7 millones
de euros al año y se realizó por "procedimiento restringido". Este
sistema impide concursar a todas las empresas de seguridad que lo
consideren oportuno y limita el proceso a unas pocas compañías
seleccionadas por el organismo que realiza la adjudicación.
Un portavoz oficial del vicepresidente González
explicó a este diario que Segurisa ya se encargaba de la vigilancia
de las intalaciones del Canal desde 2001 (cuando gobernaba en la
Comunidad el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón). Entonces se
contrataron con dicha empresa 150.000 horas anuales, por las que se
pagaron dos millones de euros.
Tras los atentados del 11-M, diversos informes de
la Guardia Civil recomendaron incrementar de forma significativa la
seguridad de las instalaciones del Canal. Por ese motivo, la
Comunidad convocó un nuevo concurso en 2005. Razones de
"confidencialidad" llevaron a utilizar el procedimiento restringido,
explicó dicho portavoz.
En el concurso participaron diez empresas y la
adjudicación a Segurisa se produjo "por unanimidad del Consejo de
Administración" del Canal. Esta vez se contrataron 953.000 horas por
un importe de 33,4 millones de euros.
(
www.publico.es,
22/01/09)
13. SANIDAD. GÜEMES SUGIERE A MÚGICA QUE
INVESTIGUE LAS URGENCIAS DE OTRAS REGIONES
Y los otros, qué. La Consejería de Sanidad se
resiste a admitir que tiene un problema con las urgencias de sus
hospitales y emplaza al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, a que
investigue la situación en otras comunidades autónomas. "Este
incremento en el número de urgencias atendidas [un 11% más] coincide
con la epidemia de gripe sin que en ningún momento se hayan
reproducido los problemas de otros años. En cambio, estos problemas
sí se están produciendo [...] en otras comunidades autónomas",
afirmó en un comunicado.
Respondía así a la noticia de que el Defensor del
Pueblo investigará de oficio la situación de las urgencias de los
hospitales madrileños. La carta que la institución envió al
consejero de Sanidad, Juan José Güemes, para informarle del inicio
de la investigación, califica la situación de "grave problema" por
la "saturación" del servicio. De ahí que se proponga hacer un
"exhaustivo estudio". Sanidad sugiere en su respuesta: "Cabe
preguntarse si se va a iniciar una investigación sobre las urgencias
de los servicios sanitarios de otras comunidades autónomas".
Por otra parte, continúa en la Asamblea la
comisión que estudia los modelos de gestión de la sanidad.
compareció Víctor Madera, consejero delegado de Capio, empresa que
gestiona el hospital de Valdemoro y la Fundación Jiménez Díaz
(atienden a medio millón de personas), "Es un éxito sin paliativos",
aseguró de Valdemoro, el único de los nuevos enteramente privado. El
portavoz socialista de Sanidad, Lucas Fernández, le contestó que su
situación es "privilegiada", porque el presupuesto le destina este
año un 30% más que el pasado (de 27 a 35 millones).
(
www.elpais.com,
23/01/09)
14. SANIDAD. LA FALTA DE CAMAS AGRAVA LA
SITUACIÓN EN URGENCIAS, SEGÚN LOS SINDICATOS
"¿Hoy? Hoy estamos bien. Esto que ves es lo
habitual". Cuatro trabajadores más del hospital Clínico asienten. Lo
normal, para esta médica de urgencias y sus compañeros, es que en la
sala A, la de agudos, en lugar de los 18 pacientes para los que fue
diseñada, traten de descansar 25. A centímetros unas camillas de
otras. La semana pasada, 12 enfermos abarrotaban los pasillos de
urgencias del 12 de Octubre. Estos dos centros (tienen asignados 1,4
millones de personas) serán el principal objetivo de la
investigación del Defensor del Pueblo.
"Aquí hemos tenido metidos a más de 40 enfermos",
dice la médica, como para restarle importancia a la estampa: al no
haber tomas para todos, algunos pacientes están conectados a una
bala de oxígeno. Si alargan un poco la mano tocan al vecino de al
lado. Alguna camilla se sale del espacio asignado y ocupa parte de
la zona de paso. La sensación es de hacinamiento.
Pero es cierto lo que dice la Consejería de
Sanidad: no había camas en los pasillos del Clínico. Y no las hay,
dicen los sindicatos, desde hace unas cuantas semanas. Aseguran que
el consejero de Sanidad envió una instrucción a los gerentes de los
hospitales tradicionales para que no se pudiera encontrar ni una
sola cama en un corredor. "Para cumplirlo, los pacientes quedan
hacinados en la sala A o se habilita una quinta cama en habitaciones
de cuatro, donde 12 o 15 pacientes comparten un solo baño", dice
José Ángel Romero, del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la
Sanidad (MATS).
Si esa instrucción también afectaba al 12 de
Octubre, el gerente no hizo los deberes la semana pasada. Cuando EL
PAÍS visitó sus urgencias, el 13 de enero, encontró 12 camas y sus
correspondientes ocupantes -muchos ancianos; algunos con 24 horas de
estancia- en los pasillos. Para identificarlos, sobre sus camillas
había carteles: "pasillo 1", "pasillo 2", "mostrador 1" y hasta
"puerta 1", porque estaba situada, efectivamente, en una de las
puertas de entrada. Los boxes (salas), en principio individuales, se
habían doblado o triplicado, para desesperación del personal
sanitario. La Comunidad aseguró que el colapso era puntual y lo
atribuyó a la epidemia de gripe.
Pero con gripe o sin ella, lo cierto es que la
saturación de las urgencias de los grandes hospitales madrileños
parece no tener solución. "Es un problema crónico, eterno", asegura
Manuel Rodríguez, portavoz de sanidad de CC OO. "Es raro el día en
que las urgencias no tengan ocupadas todas las camas. Siempre están
a tope y a veces se desbordan". ¿Y qué provoca el problema, más allá
de un pico de gripe? El déficit de camas en Madrid, asegura CC OO y
también UGT. "El consejero no puede cerrar ni una cama mientras
tenga ciudadanos hacinados en los pasillos", afirma Carmen López,
secretaria de políticas sectoriales de UGT. "La apertura de 2.000
camas de los nuevos hospitales no es real porque se han cerrado en
los tradicionales. No hemos ganado más que un centenar".
"La gripe viene todos los años y es perfectamente
previsible", critica Marciano Sánchez-Bayle, médico y presidente de
la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. El
colapso "está enquistado en algunos hospitales y no debería ser así,
cuando se ha hecho una inversión tan tremenda en sanidad".
"Va a haber gente en los pasillos siempre. No hay
solución", se lamenta Rodríguez, de Comisiones. "Hay que inculcar un
uso racional de la urgencia". Sánchez Bayle cree que sí hay remedio:
mejorar la atención primaria, crear puntos de urgencias fuera de los
hospitales y, de nuevo, más camas para "drenar a los pacientes que
se acumulan". No parece que el colapso sea algo puntual o atribuible
a una epidemia. Sólo el año pasado, este periódico fotografió camas
en los pasillos de La Paz en febrero, en julio y en noviembre.
(
www.elpais.com,
22/01/09)
15. SANIDAD. EL AMBULATORIO FANTASMA
La quinta planta del centro de especialidades de
Argüelles, en la calle de Quintana, parece el escenario de una
película de miedo. En la penumbra se adivinan las sillas de la sala
de espera. A los lados, dos pasillos solitarios que conducen a
puertas cerradas. Al fondo, una mujer con bata blanca lee un libro
sobre un escritorio. "Esto es lo que llevamos días haciendo", se
limita a decir mientras se encoge de hombros.
Trabaja en un centro sanitario sin pacientes.
Desde el 1 de enero, cuando el ambulatorio pasó a depender de la
multinacional sueca Capio como consecuencia del acuerdo secreto
entre la Comunidad de Madrid y la empresa suscrito en 2006, más de
un centenar de trabajadores de la sanidad pública -médicos,
enfermeros, auxiliares, fisioterapeutas o celadores- se han quedado
sin nadie a quien atender. Y ahí están, mano sobre mano.
Los enfermos se derivaron en diciembre al
hospital Puerta de Hierro o a la Fundación Jiménez Díaz (también de
Capio). Desde el 19 de ese mes no se ha dado ni una cita nueva en
este centro de especialidades, que dependía del Puerta de Hierro.
Algunos de sus trabajadores han decidido marcharse al hospital. Los
que se quedan siguen siendo empleados del Servicio Madrileño de
Salud (Sermas), pero trabajan a las órdenes de Capio. "Aquí quedamos
unos pocos, pero no tenemos nada que hacer. Y, lo más importante,
nadie nos da información sobre qué va a pasar", explica una
enfermera de la tercera planta. "Yo hasta me he cogido dos libros de
la biblioteca", tercia una celadora. "Hoy no sabemos decir quién nos
va a pagar este mes", añaden.
Por el momento, en el centro sólo funciona el
servicio de atención primaria, en la sexta planta, y el de salud
mental, en la séptima. Este último, a "medio gas", dicen dos
empleadas, debido a que parte de los pacientes fueron derivados
después de que a una de las psiquiatras se le acabara el contrato.
Desde hace unos días ha empezado a funcionar también el servicio de
rayos.
"Para el resto, las agendas están bloqueadas. No
se pueden dar citas hasta que Capio se haga cargo de la situación",
señala una médica en su despacho, en el que resisten una mesa y unas
pocas sillas. No sólo han desaparecido los pacientes. También parte
del mobiliario. "Faltan sillas, mesas, algunas camillas, archivos;
se han llevado de todo", cuentan varias auxiliares.
Es más, por no tener, no tienen ni un
coordinador. "Si queremos pedir un día libre, por ejemplo, tenemos
que mandar un escrito al Puerta de Hierro", relatan dos
fisioterapeutas. "Fíjate cómo es la cosa que hasta han cerrado uno
de los ascensores, precisamente el que va a la séptima planta, donde
está atención mental", apuntan, a modo de anécdota, dos de las
trabajadoras que ya han tenido contacto con los que serán sus nuevos
jefes. "Por lo que dicen, van a respetar bastante el modo de
trabajo, aunque han introducido su aplicación informática".
La mayoría de los empleados no ha intercambiado
ni un saludo con nadie de la empresa. "Alguna vez hemos visto a unos
señores trajeados. Nos imaginamos que son ellos", explican
divertidas dos enfermeras. Otros ni siquiera han visto a los
elegantes desconocidos: "Pensábamos que el día 1 de enero alguien se
reuniría con nosotros para explicarnos algo. Así es que aquí
estamos, porque es nuestro trabajo", señala sentado tras su mesa uno
de los sanitarios.
"Lo hacen por responsabilidad, porque podrían
quedarse en casa", asegura Dioni Chicharro, de CC OO del Puerta de
Hierro. "Le hemos preguntado a la dirección qué pasa con Argüelles,
pero nos dicen que ya no depende del hospital". El Sermas asegura
que el centro "está en fase de adaptación y formación del personal
en el sistema informático" de Capio. No sabe cuándo volverán los
pacientes. Eso depende de la empresa. Su consejero delegado, Víctor
Madera, añadió otro motivo al informático. Capio sigue esperando
para saber cuántos empleados públicos están dispuestos a trabajar
con ellos y cuánto personal tendrán que trasladar de la Jiménez Díaz
para completar la plantilla.
Hasta que lo decidan, algunos empleados van a
aprovechar para agotar sus vacaciones o pedir días libres. "No es
cuestión de estar mano sobre mano", añade un médico a las puertas
del ascensor que aún funciona.
(
www.elpais.com,
23/01/09)
16. REVÉS JUDICIAL AL DECRETO ANTITABACO DE
AGUIRRE
El TSJM ha anulado el decreto del gobierno
madrileño que desarrolló en 2006 la Ley Antitabaco "por haberse
omitido en su elaboración el informe preceptivo del Consejo de
Consumo" regional
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
ha anulado el decreto del gobierno madrileño que desarrolló en 2006
la Ley Antitabaco "por haberse omitido en su elaboración el informe
preceptivo del Consejo de Consumo" regional.
La sentencia, de fecha 30 de diciembre pasado y
dada a conocer este martes, estima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Sanidad
y Consumo, la asociación nofumadores.org y la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU).
En realidad, ha sido la razón argumentada por la
OCU -que el Decreto es nulo de pleno derecho porque en su
elaboración se han omitido tramites esenciales- la que ha
fundamentado la decisión judicial y ha hecho innecesario, según
explica la sentencia, que puedan analizarse las alegaciones
planteadas por Sanidad.
El Ministerio solicitó la nulidad de cinco
artículos y de la disposición transitoria del Decreto por entender
que la regulación autonómica, de noviembre de 2006, resultaba
contraria a la estatal, de carácter "básico", en vigor desde
diciembre de 2005.
Entre otras cosas, Sanidad ha defendido siempre
que el Decreto madrileño permitía fumar en lugares que prohíbe la
Ley, como las cafeterías con más 100 metros cuadrados de superficie
ubicadas en centros de trabajo. También que autorizaba aspectos
rechazados en la Ley, como los "espacios reservados" para fumadores
en cualquier establecimiento de hostelería, independientemente de su
tamaño, siempre que se tratara de zonas aisladas y de acceso
restringido.
Sin embargo, el TSJM ha analizado primero, y con
eso le ha resultado suficiente, la ausencia en la elaboración del
Decreto del informe del Consejo de Consumo de la Comunidad de
Madrid, que "es preceptivo en la elaboración de las disposiciones
generales que afectan directamente a los consumidores".
Aunque la Comunidad argumentó que no era exigible
porque dictó su norma al amparo de sus competencias en "sanidad e
higiene" y no en materia de "consumidores y usuarios", la sentencia
declara que "no cabe duda" de que se trata de "una disposición
reglamentaria que afecta a los derechos e intereses de los
consumidores", aunque "bajo el punto de vista de protección de la
salud".
La "nulidad de pleno derecho" por ese motivo,
precisa el Tribunal, "impide que puedan analizarse las restantes
alegaciones planteadas en este recurso contencioso administrativo".
En el proceso han sido demandadas entidades como
la asociación empresarial de Hoteles de Madrid, la de Hostelería La
Viña y la de Juegos Autorizados" (ASEJU), la Federación de
Empresarios de la Comunidad, la Federación Empresarial de Ocio y
Turismo de Madrid, la Asociación de Empresarios de Estaciones de
Servicio de la región y la Asociación Madrileña de Empresas de
Restauración.
(
www.publico.es,
20/01/09)
17. LOS RECTORES RECLAMAN MÁS DE 75 MILLONES A
AGUIRRE EN PAGAS EXTRA
Los rectores de las seis universidades públicas
madrileñas y la presidenta Esperanza Aguirre tienen una cita
pendiente. Este mes retoman las negociaciones por la deuda que las
seis universidades públicas reclaman al Gobierno regional. Lo
primero que los rectores pondrán sobre la mesa son las pagas extra
de sus 28.300 trabajadores. Denuncian que llevan adelantada parte de
las nóminas extraordinarias de junio y septiembre desde 2004.
Y este año, con la crisis y el recorte que han
sufrido en los presupuestos regionales (143 millones menos de lo
acordado), les resultará más difícil ese adelanto. La cantidad que
reclaman los rectores -y que la Comunidad se niega a reconocer-
supera los 75 millones de euros, según estimaciones de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (Cruma).
Esa cantidad es parte de los 223 millones de
euros que reclaman al Gobierno de Aguirre desde el año pasado. El
enfrentamiento comenzó en septiembre, cuando el Gobierno regional
recortó sin aviso un 30% de la partida destinada a las nóminas. La
medida, ya revocada, dejó a las universidades al borde de la
asfixia, según los rectores.
"Lo primero que vamos a llevar a la reunión son
las pagas extra", señaló Virgilio Zapatero, presidente de la Cruma y
rector de la Universidad de Alcalá de Henares. Acudió con otros tres
homólogos a la toma de posesión del director general de
Universidades, Jon Juaristi.El nuevo director general de
Universidades, Jon Juaristi, va a ser uno de los interlocutores en
el diálogo entre el Gobierno regional y las universidades públicas
madrileñas. En el encuentro, previsto antes de que acabe enero,
encontrará distintas actitudes, pero una petición en bloque de todos
los portavoces universitarios. A Carlos Berzosa, rector de la
Universidad Complutense -la más numerosa en alumnos y personal, con
10.870 trabajadores-, lo que más le preocupa de la reclamación de
las pagas extraordinarias es que no está seguro de poder afrontar el
pago de parte de la próxima, que corresponde a junio, según indicó a
este periódico en el acto oficial.
Ángel Gabilondo, rector de la Autónoma, señaló
que disponen de liquidez suficiente para afrontar ese adelanto en
caso de que sea necesario, pero no piensan dejar de reivindicarlo.
Pedro González-Trevijano, de la Rey Juan Carlos, está dispuesto a
recurrir a la justicia en caso de que no haya un acuerdo, una opción
que también han barajado otras universidades. Los rectores Daniel
Peña (Carlos III) y Javier Uceda (Politécnica) no acudieron a la
toma de posesión de Juaristi. Un portavoz de esta última universidad
indicó después que en su caso peligra también el pago de los
complementos de la próxima extra de sus más de 7.100 empleados. Este
periódico intentó sin éxito recabar la opinión de algún
representante de la Carlos III.
Según las estimaciones de las universidades, han
adelantado 32 millones de euros en el último año sólo en pagas
extras, que se suman a los 43,4 millones que reclaman por el periodo
comprendido entre 2004 y 2007. Total, 75 millones en cinco años sólo
para completar una parte de las nóminas extraordinarias. La
Administración abona lo que corresponde al sueldo base y a los
trienios. Desde 2004, los rectorados añaden a las pagas extra dos
complementos -específico y de destino- que suponen casi un 45% de la
paga, según detalla una de las universidades.
Sin embargo, la Consejería de Educación no admite
ese dinero como deuda. "La cifra facilitada por los rectores incluye
una interpretación sobre el abono de las pagas extra que difiere de
la que hace y aplica la Consejería de Hacienda a todo el personal de
la Comunidad de Madrid", explica un portavoz de Educación. A pesar
de la negativa, la consejería no descarta renegociar esa partida en
las próximas reuniones hasta alcanzar un acuerdo. Los rectores
mantienen que lo que han adelantado y ahora exigen está en la ley y
no cabe interpretación.
El Estatuto Básico del Empleado Público (2007)
especifica que los funcionarios percibirán dos pagas extraordinarias
al año, que incluyen las retribuciones básicas y los complementos.
El Ministerio de Administraciones Públicas y los sindicatos
acordaron además en 2005 que las extras debían añadir el 100% del
complemento de destino, frente al 60% anterior, y la totalidad del
complemento específico en tres años, a razón de un tercio más cada
año.
Los rectores pondrán la deuda de las extras
encima de la mesa en la próxima negociación, pero llevarán más
reivindicaciones al encuentro con el Gobierno. Les preocupan las
inversiones, un capítulo que la Comunidad de Madrid ha recortado
casi un 50% en el Presupuesto de 2009. En su última reunión a
mediados de diciembre con Aguirre, la presidenta le garantizó el
pago de las nóminas (extras aparte), pero no el dinero para
infraestructuras. En este capítulo se juntan los recortes de este
año con lo que no han cobrado aún de 2008. Son más de 72 millones de
euros que han dejado parados proyectos de seguridad ya en marcha,
edificios a medio construir, remodelaciones en las instalaciones más
antiguas y pagos a proveedores.
(
www.elpais.com,
17/01/09)
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL MINISTERIO DE
ECONOMÍA PROHÍBE AL AYUNTAMIENTO ENDEUDARSE MÁS
El Ayuntamiento de Madrid jugaba con fuego. Y se
ha quemado. Hace dos semanas anunció que en 2008 cerraba sus cuentas
con un déficit de 1.200 millones. Al tiempo explicaba su intención
de sacar esa deuda al mercado de capitales para buscar inversores
que la adquirieran. No había por qué preocuparse. Sólo había que
sumar la nueva losa económica a los 6.496 millones de números rojos
que arrastran las arcas municipales. Y ya se había pedido
autorización para ello al Gobierno. Pero el Ministerio de Economía,
lejos de permitir la rápida jugada, se ha plantado.
A través de un documento oficial firmado por
Alain Cuenca García, director general de coordinación financiera del
ministerio y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se hizo saber al
concejal de Hacienda, Juan Bravo, que no podrá sacar al mercado el
déficit del año pasado convertido en deuda, tal y como había
solicitado el 30 de diciembre de 2008. En el documento, se subraya
que el Ayuntamiento no ha cumplido los planes económico-financieros
acordados, que su deuda es excesiva y se le acusa de no haber tomado
las medidas adecuadas para frenar el endeudamiento. Economía sólo
deja un camino al Ayuntamiento para salir del agujero (de 4.800
millones) que cavó la M-30: deberá someterse a la tutela del
ministerio.
Para empezar, tendrá que elaborar una propuesta
de saneamiento. Después deberá asumir las decisiones que el Gobierno
le imponga."Al final tendrán que aceptar que convierta en deuda esos
1.200 millones, sí o sí. Que me digan, si no, cómo se pueden sacar
adelante los pagos pendientes sin endeudarse", zanja Juan Bravo. El
concejal insiste en una sola idea: "No pueden pedirnos lo que el
Gobierno no cumple. Ellos van a incurrir en déficit. ¿Por qué
nosotros no podemos?".
Para el Ayuntamiento, ahora, el tiempo es oro. El
déficit ahoga la liquidez y temen que, si tardan mucho en sacar su
deuda al mercado, los inversores ya hayan adquirido la de otras
instituciones."El Ayuntamiento ha incurrido en gastos de inversión
teniendo conocimiento de que las previsiones iniciales de ingresos
no se iban a cumplir". Con estas palabras el Ministerio de Economía
anunció al Ayuntamiento de Madrid que deniega su petición de
hipotecar más deuda, al menos de momento. El documento oficial es
además una respuesta clara a los argumentos con los que Juan Bravo
justifica el déficit de 2008. Según el concejal de Hacienda
madrileño, los 1.200 millones de balance negativo son culpa de la
crisis. El ministerio le recuerda, sin embargo, que en 2007, en
plena bonanza económica, ya cayó en números rojos.
El Gobierno se niega a que el endeudamiento de
Madrid crezca y a que los 1.200 millones de déficit se sumen a la
deuda de 6.000 millones que arrastra sobre todo desde el
soterramiento de la M-30, entre otras cosas porque el Ejecutivo
asegura que la petición se hizo fuera de plazo. Y sin ni siquiera
entregar toda la documentación necesaria (falta la liquidación de
2008, por ejemplo). Y añade: si quieren permisos, tendrán que pactar
un plan de saneamiento y dejarse tutelar.
Sin el permiso del Ministerio de Economía, el
Ayuntamiento tiene las manos atadas, ya que el endeudamiento alcanza
el 169,9% de sus ingresos, y el límite que marca la Ley de Haciendas
Locales es del 110%. "¿Por qué yo tengo que cumplir requisitos
adicionales [para obtener el permiso]? La Ley de Estabilidad
Presupuestaria ha saltado por los aires con el déficit en el que va
a incurrir el Estado. ¿Por qué la norma municipal no tiene
excepciones?", insiste Bravo.
El Ayuntamiento necesita sacar al mercado de
capitales la nueva deuda, para que sea adquirida por inversores que
faciliten liquidez. Y lo necesita ya. Pero tendrá que esperar. Eso
le preocupa, porque asegura que si no emite deuda pronto, los
inversores comprarán la de otras administraciones, de las
comunidades o incluso del Estado.
"Ahora trabajaremos en el plan de saneamiento, y
luego en acordar los términos con el ministerio, que esperamos sean
razonables", repasa Bravo. Espera que, en mes y medio a lo sumo,
logre el acuerdo con el Ministerio de Economía. Quizá entonces el
Ayuntamiento pueda emitir su deuda por partes. Después llegará otra
batalla: la de la deuda a largo plazo. Los 7.200 millones que
arrastrará el Consistorio requerirán de otro plan de saneamiento
aprobado por Economía.
En el Ayuntamiento, en manos del PP, se sienten
discriminados, sobre todo respecto a las comunidades autónomas.
Temen que por el hecho de "gobernar quien gobierna" (en alusión al
PSOE) acaben penalizados. Para Bravo, el Consistorio no tiene culpa
de nada. La culpa, dice, la tiene la crisis y la caída de ingresos
ante la falta de venta de suelo. "No somos una situación
excepcional. Hay ayuntamientos que están peor, pero son menos
mediáticos", se excusa. Insiste en que sin crisis y con más
ingresos, habrían cuadrado las cuentas.
Sin embargo, Economía discrepa. En su documento
recuerda que en 2007, año de gran bonanza económica, "el
Ayuntamiento ya incumplió el plan [económico-financiero], al
liquidar 2007 con un déficit no financiero de 1.531 millones",
frente al objetivo fijado de 990 millones.
UNA LOSA DE 6.496 MILLONES DE EUROS
- El Ayuntamiento de Madrid acumula más deuda que
todo el resto de ayuntamientos de España juntos.
- Debe 6.496 millones de euros, frente a los
1.200 de Barcelona y los 769 de Valencia.
- El soterramiento de la m-30, que costó 4.800
millones de euros, disparó los números rojos. En marzo de 2004,
madrid adeudaba 1.440 millones
(
www.elpais.com,
21/01/09)
19. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LOS ACREEDORES
RECLAMAN 477 MILLONES DE 2008
El Ayuntamiento de Madrid debe 477 millones de
euros en facturas a sus proveedores a fecha de 16 de enero de 2009 y
a falta de cerrar la liquidación del pasado año. La cifra está por
debajo de los 547,6 millones de euros que se adeudaban por este
concepto a finales de 2007, según precisó el delegado de Hacienda,
Juan Bravo.
"El 23 de diciembre pasado se abonó todo el
pendiente de pago en Tesorería con vencimiento hasta el 31 de
octubre, haciendo uso de las pólizas a corto plazo", aseguró Bravo.
El concejal puntualizó que se recurrió a
operaciones por valor de 745 millones de euros para "no incurrir en
más retrasos y evitar que los proveedores del Ayuntamiento se vean
perjudicados por la crisis".
Así, de los 477 millones de euros que el
Consistorio aún tiene que pagar a sus proveedores, 315 millones
corresponden a facturas que vencieron antes del 31 de diciembre, y
los 162 millones restantes prescribieron en las primeras semanas de
2009.
Bravo precisó el tiempo medio de abono de
facturas del 95% de los proveedores llega a 90 días, pero que hasta
hace apenas tres meses se mantenía en los 60, "menos de lo que prevé
la Ley de Contratos del Estado", concluyó.
(
www.elmundo.es,
23/01/09)
20. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LA CAJA MÁGICA O LA
CHISTERA SIN FONDO
El prestigioso arquitecto Dominique Perrault se
encargó de concebir uno de los edificios más vanguardistas que se
han proyectado en los últimos años, la Caja Mágica. Situado en el
deprimido barrio de San Fermín, en el Parque del Manzanares, será el
Centro Olímpico de Tenis si la capital se hace con la organización
de los Juegos Olímpicos de 2016.
El Consistorio aprobó un presupuesto para la
infraestructura de 120.343.503,58 euros, siete más de los calculados
inicialmente, según constaba en el cuestionario de la candidatura
anterior, Madrid 2012. Esta cantidad quedó desglosada en los
presupuestos municipales de 2004. La empresa encargada de ejecutar
las obras ha sido FCC.
Ya se puede decir que el gasto en las
instalaciones va camino de estar a la altura de su diseño:
magnífico. En julio de 2008, el Consejo de Administración Madrid
Espacios y Congresos, empresa pública municipal que tiene la
gestión, reconoció un gasto de 173.892,644,65 euros. Es decir, un
44,16% más de lo previsto.A día de hoy, según los datos que dispone
el Grupo Municipal Socialista, con representación en ese Consejo de
Administración, la cifra de lo que se ha gastado es de
175.673.076,53 euros.Es decir, un 45,97% más de lo previsto.
Los contratos de los trabajos se dividieron en
dos. Por un lado, estaba el armazón en sí y, por otro, las
cubiertas. El coste de las cubiertas, unos 26 millones, se justifica
por el innovador sistema retráctil que permite descubrir las pistas
cuando hace buen tiempo.
El presupuesto de la Caja Mágica se ha perdido en
dos modificaciones de contrato. Cada una de ellas, a su vez, ha
tenido más desviaciones, como confirmó un portavoz de Madrid
Espacios y Congresos. "Caja Mágica es un proyecto estupendo. Los
modificados están recogidos en todas las informaciones aportadas al
consejo. Una cosa es la edificación pura y otra el entorno, que está
en base de estudio de análisis", precisó.
Pero el gasto en la Caja Mágica no acaba aquí. La
fuente confirmó que será necesario invertir más dinero en la
infraestructura para acabarla, pero no supo precisar cuánto. "Se
está haciendo un estudio", aseguró. Finalmente, dijo que el
Ayuntamiento recepcionará las instalaciones en febrero pero que se
seguirá trabajando en el entorno. El presidente del Grupo Socialista
en el Ayuntamiento, Oscar Iglesias, asegura que "los sobrecostes en
la Caja Mágica no son una excepción en los proyectos ejecutados por
este Ayuntamiento.Primero adjudica la obra en una cantidad y, luego,
la modifica de forma sustancial", asegura. Iglesias incluso dice que
las empresas licitadoras "saben, de antemano, que mediante
modificados, revisiones y proyectos complementarios varios, al final
van a obtener unos beneficios muy superiores a las ofertas
presentadas en los respectivos concursos públicos".
A su entender, "no es aceptable" que haya una
desviación presupuestaria del 46,49%, según precisa con sus datos.
El complejo se divide en lo que se define como la
Caja Mágica en sí y el Tennis Indoor. El primero cuenta con tres
pistas centrales (de 12.000, 3.500 y 2.500 espectadores,
respectivamente) y las zonas de jugadores, árbitros, prensa... El
estadio principal llevará el nombre del ex tenista Manuel Santana y
el secundario el de Arantxa Sánchez Vicario. El edificio de Tennis
Indoor dispone de 11 pistas cubiertas y además tendrá un gimnasio,
zona de spa, restaurante y zona administrativa.
A las instalaciones se les añaden 16 pistas de
tenis al aire libre y una zona de aparcamiento. La parcela tiene una
superficie de 176.000 metros cuadrados; las obras comenzaron
oficialmente en junio de 2006 y, supuestamente, a lo largo de enero
se tienen que entregar.
Del 8 al 17 de mayo la Caja Mágica se viste de
largo para acoger el Madrid Open. Los responsables municipales
llevarán a su inauguración a los miembros de la Comisión de
Evaluación del COI, que tienen previsto examinar el proyecto
olímpico de la capital entre el 4 y el 9 de mayo.
(
www.elmundo.es,
21/01/09)
