La Página No Oficial de Esperanza Aguirre. Las noticias 2006

1. DIMITE UN CONCEJAL DEL PP EN CHINCHÓN IMPUTADO POR SUPUESTA PREVARICACIÓN (10/01/06)

2. EL PP PACTA CON UNA TRÁNSFUGA ECHAR A LA ALCALDESA DE CHINCHÓN (11/01/06)

3. LA FUTURA ALCALDESA DE CHINCHÓN DEL PP ES ACCIONISTA DE DOS CONSTRUCTORAS DEL PUEBLO (16/01/06)

5. CASO MAJADAHONDA: DOS EX EDILES DEL PP DECLARAN QUE UNA EMPRESA MUNICIPAL RECIBÍA SOBORNOS 25/01/06

6. EL ESCOLTA DE TAMAYO DICE QUE LE PAGÓ UN CONSTRUCTOR AFILIADO AL PP (27/01/06)

7. DENUNCIA POR "PREVARICACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS" A LA CONCEJAL DEL PP EN LATINA, 30/01/06

9. CARGOS MUNICIPALES DEL PP DE LAS ROZAS RECOGEN FIRMAS CONTRA EL ESTATUT (02/02/06)

10. AGUIRRE DESAFÍA AL MINISTERIO DE FOMENTO AL SACAR A CONCURSO EL ANTEPROYECTO DE LA M-50 Y DE LA RADIAL 1 (03/02/06)

11. AGUIRRE PREFIERE IR A UN ACTO DEL PP EN MÓSTOLES Y REHÚSA ASISTIR A LA FIRMA DE LA LEY DE CAPITALIDAD CON ZAPATERO (07/02/06)

13. AGUIRRE DEJA SIN AYUDAS A LA INMIGRACIÓN A 25 DE LOS 36 MUNICIPIOS CON MÁS EXTRANJEROS (14/02/06)

14. TELEMADRID ENCARGA UNA SERIE DE REPORTAJES POLÍTICOS A 'EL MUNDO' (18/02/06)

15. EL CONSEJO DE ESTADO DESAUTORIZA EL PLAN DE AGUIRRE AL CONSTRUIR CARRETERAS QUE CON COMPETENCIA DEL ESTADO (23/02/06)

16. EL JUEZ ARCHIVA LA PRIMERA QUERELLA POR SEDACIÓN EN LEGANÉS Y ALABA AL MÉDICO EN CONTRA DE LA VERSIÓN DEL CONSEJERO LAMELA (25/02/06)

17. DIMITE EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DE VALDEMORO (PP) TRAS UNA SUPUESTA FALSIFICACIÓN (03/03/06)

18. CIENTOS DE MANIFESTANTES CORTAN LA GRAN VÍA EN PROTESTA CONTRA LOS PARQUÍMETROS (04/03/06)

19. MILES DE PERSONAS SALEN EN DEFENSA DE LOS MÉDICOS DE LEGANÉS (04/03/06)

20. UNA AUDITORÍA REVELA QUE UNA FUNDACIÓN DEL PP FALSEÓ EL RESULTADO DE UNAS SUBVENCIONES (04/03/06)

21. UN ESTUDIO EDITADO POR EL CONSEJO ECONÓMICO PLANTEA PAGAR POR ACUDIR A LA SANIDAD PÚBLICA (08/03/06)

23. LA LÍNEA 9 DE METRO SE INAUGURÓ CON RIESGO PARA LOS USUARIOS, SEGÚN EL JEFE DE OBRAS DE GALLARDÓN (08/03/06)

24. LA OFERTA DEL AMIGO DEL CONCEJAL DEL PP PEDRO CALVO PARA GESTIONAR LOS PARQUÍMETROS ERA LA MÁS CARA (10/03/06)

25. MANIPULACIÓN EN TELEMADRID. LOS TRABAJADORES DE LA CADENA AUTONÓMICA SE NEGARON A FIRMAR EL REPORTAJE SOBRE EL 11-M (11/03/06)

26. EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA (PP) 'REGALA' TRES MILLONES EN SUELO A PROPIETARIOS RELACIONADOS CON EL PP QUE SERÁN EXPROPIADOS (14-03-2006)

27. UNA VEINTENA DE MUNICIPIOS DEL PP HA CEDIDO SOLARES DESDE 2000 PARA COLEGIOS CONCERTADOS 14-03-2006

28. DOS EMPRESAS DENUNCIAN QUE EL AYUNTAMIENTO OMITIÓ PARTE DE SU OFERTA PARA LOS PARQUÍMETROS (16/03/06)

29. HIXIENES OBTENDRÁ EL 40% DE LOS BENEFICIOS DEL APARCAMIENTO DE PAGO EN SU ZONA (19/03/06)

30. SEIS COLEGIOS QUE SEPARAN A SUS ALUMNOS POR SEXOS RECIBEN AYUDAS DE EDUCACIÓN (19/03/06)

31. TENSIONES EN EL PP TRAS LAS DECLARACIONES DE RUIZ-GALLARDÓN SOBRE SU DESEO DE PASAR A LA POLÍTICA NACIONAL (22/03/06)

32. EL PP RECHAZA QUE LA ASAMBLEA INVESTIGUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 9 DE METRO (22/03/06)

33. MANUEL LAMELA, CONSEJERO DE SANIDAD, CARGO PÚBLICO Y NEGOCIOS PRIVADOS (22/03/06)

34. LA EUROCÁMARA PODRÍA INVESTIGAR SI SE VIOLA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TELEMADRID (28/03/06)

35. ADJUDICADA LA CONSTRUCCIÓN DE OTRO TRAMO DE AUTOVÍA DE LA 'CARRETERA DE LOS PANTANOS' (31/03/06)

37. LA UE ABRE EXPEDIENTE A ESPAÑA PORQUE LA M-30 CARECE DE INFORME AMBIENTAL (05/04/06)

38. La Comunidad de Madrid, salpicada de irregularidades urbanísticas (06/04/06)

41. EL JUEZ INSTRUCTOR DEL CASO DE LA FUNERARIA SE INHIBE POR AMISTAD CON DOS LETRADOS (18/04/06)

42. BRUSELAS BLOQUEA UN CRÉDITO DE 1.500 MILLONES PARA LAS OBRAS DE LA M-30 (21/04/06)

43. IMPUTADO EL ALCALDE DE BOADILLA, ACUSADO DE NOMBRAR A DEDO A UN CONSERJE AFÍN AL PP (26/04/06)

44. LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE CREÓ UNA 'CAJA B' PARA PAGAR TRABAJOS IRREGULARES, INCLUIDOS LA ESCOLTA DE LOS TRÁSFUGAS TAMAYO Y SAEZ (27/04/06)

46. EL ALCALDE DE MECO (PP) CORTA UN CAMINO ASFALTADO PARA IMPEDIR EL TRÁFICO CON UN PUEBLO VECINO (01/05/06)

47. EL AYUNTAMIENTO GASTA 1,2 MILLONES EN UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE LA AYUDA A MAYORES (05/05/06)

48. DIMITE EL DIRECTOR MUNICIPAL DE DEPORTES DE MADRID TRAS SER DETENIDO CONDUCIENDO BORRACHO (09/05/06)

49. MILES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA MADRILEÑA (11/05/06)

50. Los diputados del PP se esposan en la Asamblea de Madrid al grito de "¡Alonso, dimisión!" (12/05/06)

51. NUEVO LEMA DEL PP A SUS ALTOS CARGOS “SI BEBÉIS, POR DIOS, NO CONDUZCÁIS” (14/05/06)

53. EL REFRÁN ‘NADIE DA DUROS A PESETAS’ EN ENTREDICHO. LA COMUNIDAD DE MADRID, ACUSADA DE COMPRAR SUELO POR ENCIMA DE SU COSTE (24/05/06)

54. LOS PARQUES DE OCIO NO SON LO SUYO. LA COMUNIDAD ADMITE EL FRACASO ECONÓMICO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL PARQUE WARNER (25/05/06)

56. EL ALCALDE DE VALDEMORO (PP) DECLARA ANTE EL JUEZ POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN (29/05/06)

58. PARIENTES DE GALLARDÓN, PRESUNTAMENTE IMPLICADOS EN EL PELOTAZO DE AGUIRRE (30/05/06)

59. LA AUDIENCIA PROVINCIAL FIJA LA VISTA ORAL DEL “CASO FUNERARIA”, QUE OCURRIÓ HACE 14 AÑOS (30/05/06)

60. UN INFORME DEL COLEGIO DE MÉDICOS CONCLUYE QUE NO SE PUEDEN ATRIBUIR LAS MUERTES A LA SEDACIÓN (03/06/06)

61. UN CONSEJERO DEL CES DE MADRID, EL INEFABLE DE MIGUEL, SENTENCIA: "EL AUMENTO DE LA INMIGRACIÓN PUEDE LEGITIMAR LAS ABLACIONES" (05/06/06)

62. AGUIRRE DENUNCIA UN "ESTATUTO MALÍSIMO PARA CATALUÑA" Y CRITICA A ZAPATERO POR NO PEDIR PERDÓN POR LOS CRÍMENES DE STALIN (ALUCINANTE) (06/06/06)

63. EL PP REGIONAL ARREMETE CONTRA LA CONCEJAL DE CULTURA POR IR A LA PROTESTA DEL TEATRO ALBÉNIZ (07/06/06)

64. EL 70% DE LAS OBRAS DEL RECONSTRUIDO PALACIO DE LOS DEPORTES FUE ADJUDICADO A DEDO (08/06/06)

65. EL ¿PERIODISTA? LOSANTOS INSULTA A GALLARDÓN Y SUS COMPAÑEROS NO SE SOLIDARIZAN CON EL ALCALDE. ¿POR QUÉ SERÁ? (09/06/06)

67. GALLARDÓN: "AGUIRRE TENÍA EN SU PROGRAMA COMPRAR EL ALBÉNIZ" (14/06/06)

69. dime con quién andas: Fidel San Román, amiguete de esperanza AGUIRRE, ha sido detenido por estar involucrado en la OPERACIÓN ‘malaya’ (29/06/06)

70. LOS DELEGADOS DE LA UE CREEN QUE LA M-30 DEBIÓ SOMETERSE A UN ESTUDIO AMBIENTAL (29/06/06)

71. TENSIONES POPULARES. LAS LINDEZAS ENTRE SUS MILITANTES: "ERES UNA MIERDA" (08/07/06)

72. El empresario de Las Ventas dio cuatro millones en comisiones al cerebro de la trama de Marbella (11/07/06)

73. AGUIRRE COMIENZA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA M-501 SIN PERMISO DE NARBONA (12/07/06)

74. LA PORTAVOZ DEL PP EN LEGANÉS QUE INSULTÓ A UNA EDIL DE SU PARTIDO AHORA INTENTA DESDECIRSE (16/07/06)

75. EL AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO, DEL PP, COMPRA A UN MIEMBRO DE LA EJECUTIVA UNA RESIDENCIA POR 5 MILLONES DE € (23/07/06)

77. GALLARDÓN DICE QUE OFICIARÁ SU PRIMERA BODA GAY "PORQUE SU OBLIGACIÓN ES APLICAR UNA LEY VIGENTE (28/07/06)"

79. MIENTRAS EL ALCALDE DE TORRELODONES (PP) RETIRA SUS COMPETENCIAS A DOS DE SUS CONCEJALES, UNA CONSTRUCTORA FINANCIA LA FUNDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL PP DE TORRELODONES (24/08/06)

80. UNA CONSTRUCTORA DE LA HERMANA DEL ALCALDE PEPERO DE TORRELODONES COMPRÓ SUELO PROTEGIDO (29/08/06)

81. EL ALCALDE DE TORRELODONES (PP) PRETENDE INCREMENTAR LA POBLACIÓN UN 50% Y LLEGAR A LOS 30.000 HABITANTES (30/08/06)

82. UNA COMISIÓN EUROPEA INSTA A BRUSELAS A INVESTIGAR EL URBANISMO DE GALAPAGAR (PP) (31/08/06)

83. El beneficiario, un importante empresario madrileño. Sospechosas recalificaciones en Brunete (05/09/06)

84. TENSIONES POPULARES. GRANADOS INVITA A MORENO A DIMITIR "SI NO ESTÁ CÓMODA" EN EL PP Y TACHA A RUBIANES DE "IMPRESENTABLE" (09/09/06)

85. DOS CONCEJALES DEL PP ACUSAN AL ALCALDE DE TORRELODONES DE AMAÑAR UN CONCURSO (10/09/06)

86. EL PP DESCALIFICA A LOS DOS EDILES DE TORRELODONES QUE DENUNCIAN IRREGULARIDADES (11/09/06)

87. EL DIRECTOR REGIONAL DE URBANISMO AUTORIZÓ PLANES REDACTADOS POR SUS SOCIOS INMOBILIARIOS (12/09/06)

89. EL PLENO MUNICIPAL DE TORRELODONES RETIRA COMPETENCIAS AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP (26-09-2006)

90. LA ALCALDESA PEPERA DE QUIJORNA VENDIÓ UNA ALAMEDA PROTEGIDA A UN CONSTRUCTOR Y LUEGO LA RECALIFICÓ (29/09/06)

91. Esperanza Aguirre, anfitriona del nacionalismo radical español (04.10.06)

92. EL JEFE DE URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE DIMITE, TRAS UN ‘PELOTAZO’ DE 4,3 MILLONES € (04/10/06)

93. LA ESPOSA DEL ALCALDE DE VILLANUEVA COBRÓ DEL AUTOR DEL PLAN QUE FACILITÓ EL 'PELOTAZO' DE PORTO (05/10/06)

94. PESE A QUE PUSO AL ZORRO A CUIDAR A LAS GALLINAS, ESPERANZA AGUIRRE NO PARECE SABER NADA DE SU EX DIRECTOR DE URBANISMO (05/10/06)

95. GERMÁN YANKE DEJA TELEMADRID TRAS NEGARSE A ALENTAR LA TEORÍA CONSPIRATIVA SOBRE EL 11-M (10/10/06)

96. EL CONCEJAL DE SEGURIDAD ATRIBUYE A LA INMIGRACIÓN EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA (10/10/06)

97. PORTO ASESORÓ DESDE SU DESPACHO OFICIAL UN TRABAJO PRIVADO EN CÁCERES (10/10/06)

98. AGUIRRE RECURRIÓ A UN BUFETE PARA ELUDIR LAS TRABAS DE LOS TÉCNICOS A UN PLAN URBANÍSTICO (12/10/06)

99. EL CONSEJERO ZABÍA FICHA A UNA SOBRINA PARA SU DEPARTAMENTO Y LA ASCIENDE (12/10/06)

100. MÁS CORRUPTELAS INMOBILIARIAS DEL PP EN TRES CANTOS (20/10/06)

101.LAMELA GASTA CASI 700.000 € EN UNA EXPOSICIÓN PUBLICITARIA (17/10/06)

102. MADRID: LA CE ABRE EXPEDIENTE CONTRA ESPAÑA POR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA M-501 (14/10/06)

103. AGUIRRE PIDE QUE SE LE PERMITA PRIVATIZAR TELEMADRID (25/10/06)

104. El coche incendiado de un consejero de Madrid está a nombre de una empresa de un constructor (25 y 26/10/06)

1. DIMITE UN CONCEJAL DEL PP EN CHINCHÓN IMPUTADO POR SUPUESTA PREVARICACIÓN (10/01/06)

Francisco Grau, uno de los concejales populares que respaldó la moción de censura que aupó al PP al gobierno local en Chinchón, presentó su dimisión como primer teniente de alcalde de la localidad. La dimisión del edil se produce un mes después de que se celebrara la moción de censura (apoyada por el PP y una concejal independiente expulsada de su partido) que apeó a la socialista Encarnación Moya de la alcaldía. Fuentes del PP confirmaron la dimisión del concejal y justificaron este hecho en la "falta de tiempo para dedicarse a sus nuevas funciones dentro del Ayuntamiento [teniente de alcalde]".

Grau figura como imputado por el Juzgado número 2 de Valdemoro por un presunto delito de prevaricación, coacciones y tráfico de influencias. La promotora Punor, SA, que construía en 2000 en el municipio, le denunció cuando Grau era concejal de Urbanismo. Éste había paralizado la construcción de unos chalés unifamiliares de Punor porque incumplían, supuestamente, el planeamiento urbanístico de la localidad.

Fuentes del PP de Madrid confirmaron la imputación de Grau, aunque mantuvieron que los motivos de su dimisión eran la "falta de tiempo".

2. EL PP PACTA CON UNA TRÁNSFUGA ECHAR A LA ALCALDESA DE CHINCHÓN (11/01/06)

Responsables del PP presentaron en el registro del Ayuntamiento, junto a una representante del Partido Independiente de Chinchón, un escrito en el que ambos grupos municipales solicitaban la celebración de un pleno extraordinario para presentar una moción de censura contra la alcaldesa socialista de Chinchón, Encarnación Moya. El PP ha justificado la presentación de la moción ante la "ingobernabilidad" del municipio, el "descontento" de los vecinos y por ser la lista más votada en las últimas elecciones. Por su parte, el PSOE asegura que tras la moción existe una reacción a la "desesperada" del PP "ante las encuestas negativas para el partido con vistas a las próximas elecciones, además de motivos urbanísticos". Si la moción definitivamente prosperara, dentro de 10 días la nueva alcaldesa del municipio sería Luisa Fernández, actual portavoz popular.

El municipio pasó a manos socialistas en las últimas elecciones municipales, después de que el PSOE pactara con los independientes de Chinchón. El PP obtuvo cinco concejales, el PSOE, cuatro, y el Partido Independiente de Chinchón, dos. El PSOE pactó un acuerdo de gobernabilidad con los independientes. Pero ahora una concejal de estos últimos, Isabel Montes, que apoyó en su momento al PSOE para que obtuviera la alcaldía, ha decidido respaldar al PP.

La independiente Isabel Montes fue expulsada de su partido y calificada de "tránsfuga" por sus ex compañeros si apoyaba la moción. La portavoz socialista de la Ejecutiva regional del PSM, Ruth Porta, afirmó por la tarde que el PP y la concejal independiente Isabel Montes impidieron, en el pleno del pasado 9 de noviembre, que Chinchón recuperara unos terrenos de la empresa SOS Cuétara "para construir, entre otras, viviendas protegidas". El Ayuntamiento pretendía recuperar los terrenos, que fueron adquiridos en su día por la empresa para instalarse en Chinchón, y que después fueron abandonados tras instalarse definitivamente en Villarejo de Salvanés. Con el acuerdo, Chinchón recuperaría 19.400 m² más una aportación económica de 825.000 €.

Mientras, la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, intentó legitimar la moción de censura de Chinchón, pactada entre el PP y una concejal independiente, "porque quien ganó las elecciones en Chinchón fue el PP". Aguirre salió así al paso de las afirmaciones acusando al PP de firmar dicha moción con una tránsfuga.

3. LA FUTURA ALCALDESA DE CHINCHÓN DEL PP ES ACCIONISTA DE DOS CONSTRUCTORAS DEL PUEBLO (16/01/06)

Luisa María Fernández Fernández, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Chinchón y futura alcaldesa, es accionista de dos constructoras radicadas en la localidad: Navarredonda 2000, SL, y Nuevas Propiedades Inmobiliarias Chinchón, SL. El objeto social de ambas sociedades es la construcción de edificios y la promoción de viviendas. Las dos constructoras están levantando actualmente dos promociones en el casco urbano. Fernández, que es abogada de profesión, encabeza además la moción de censura que el PP y una ex concejal del Partido Independiente de Chinchón, Isabel Montes, han presentado contra la actual alcaldesa, la socialista Encarnación Moya. Esta última lleva días afirmando que tras la moción de censura se esconde una trama urbanística, algo que el PP niega.Pero Javier Sánchez-Lázaro, senador de la antigua Alianza Popular por Extremadura a principios de los ochenta ( PP), es administrador solidario y apoderado de la empresa inmobiliaria Jabbar Inversiones. Esta empresa es dueña, a través de otra denominada Inverwarner Promociones 2002, de una finca en Chinchón denominada Dehesa de la Jara Alta (de 350 hectáreas). El consejero delegado mancomunado y apoderado de Jabbar entre 1999 y 2003 y accionista de Inverwarner (sólo tiene una acción), es Pedro García Valero. Éste, a su vez, es amigo y ex compañero de trabajo de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario regional del PP, en la empresa de fotocopias MIC Servicio de Copias, SL. Esta empresa salió a relucir durante la comisión de investigación del llamado caso Tamayo, cuando dos diputados del PSOE (María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo) traicionaron a su partido y se ausentaron durante la sesión de investidura del candidato socialista Rafael Simancas. Éste no pudo ser presidente regional.En 2000, la entonces alcaldesa de Chinchón, Ana María Magallares, del PP, elaboró el avance del plan general y recalificó dichos terrenos de Jabbar. El PP dice que no fue ella directamente, sino que había delegado las competencias urbanísticas en la Comunidad de Madrid, también del PP.

En las últimas elecciones el PP obtuvo cinco concejales, el PSOE logró cuatro ediles y el Partido Independientes, dos. Socialistas e independientes decidieron coligarse. Una de sus primeras acciones fue anular el avance del plan. Ahora el PP se ha aliado con una concejal independiente, que ha sido expulsada del partido, para recuperar el gobierno local. El PP alega que ellos fueron el partido más votado.Para adquirir los terrenos de la Dehesa de la Jara Alta, el entonces presidente de Jabbar, Javier Sánchez Lázaro, y su consejero Pedro García Valero constituyeron la empresa Inverwarner Promociones 2002, cuyo fin según consta en el registro mercantil es el siguiente: "El objeto social consistirá en el planteamiento y el desarrollo de la totalidad de las actuaciones de carácter urbanístico que sean precisas, para lograr la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación urbana de las fincas propiedad de la sociedad en Chinchón o instrumento de planeamiento general de eficacia urbanística similar, que contenga las previsiones necesarias para clasificar como suelo urbanizable, sectorizado o no, las fincas de su propiedad".

Inverwarner tiene un capital social de seis millones de € que fueron desembolsados por Pedro García (un euro) y Jabbar, con 5.999.999 participaciones.Los socios mayoritarios de la empresa MIC Servicios de Copias, SL, en la que trabajaba Ricardo Romero de Tejada y Pedro García Valero, son los hermanos Juan Carlos y Fernando Sánchez Lázaro, que fue diputado regional en la Asamblea de Madrid (1995-1999).

Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, niega tajantemente que Montes sea una concejal tránsfuga. "Era la presidenta del partido y con quien firmamos el pacto de legislatura. En ese partido son dos [Granados se refiere a que este partido tiene dos concejales]: la presidenta y otro. ¿Quién de los dos representa al partido? Yo creo que la presidenta. Por lo tanto, ¿quién la echa? ¿El otro concejal?". Granados explicó que la candidata del PP a la alcaldía de Chinchón "la semana pasada dejó los cargos directivos de las dos constructoras", si bien reconoce que aún continúa con las acciones en estas empresas. "No es ilegal tener acciones en una constructora", añade, si bien reconoce que actualmente las dos empresas de la futura alcaldesa están levantando dos promociones en el casco urbano del municipio.

De la venta de parcelas incluidas dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos no sólo han salido beneficiados los tíos y primos de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La inmobiliaria de uno de sus hermanos, Aguirre Newman, podría haber actuado de intermediaria en esta operación. "Todo queda en casa". Este podría haber sido el argumento que ha inspirado los movimientos de la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la venta de unas parcelas de terreno afectadas por el Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos (Madrid).

La inmobiliaria Aguirre Newman, presidida por Santiago Aguirre, uno de los hermanos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, podría haber estado detrás de la venta de estos terrenos. De este forma, se incrementaría el número de personas del entorno de Aguirre favorecidas por esta operación. Los antecedentes que sostendrían esta tesis se remontan al 19 de febrero de 2003, dos días después de que se aprobara de forma provisional el Plan General de Urbanismo de Tres Cantos. Es este día, cuando Aguirre Newman S.A. solicita al ministerio de Hacienda un certificado catastral de las fincas propiedad de Desarrollo Inmobiliario Area TC S.L. No pasa por alto que esta última empresa es propiedad de los tíos y primos maternos de Esperanza Aguirre.

Fuentes inmobiliarias consultadas por este medio indican que la maniobra de Aguirre Newman se enmarca en el paso previo que da cualquier inmobilliaria antes de implicarse en la compra-venta de suelo. "De haberse producido un acuerdo entre Aguirre Newman y Desarrollo Inmobiliario, la primera de estas empresas, como cualquier intermediario, habría recibido su parte proporcional de la venta".

5. CASO MAJADAHONDA: DOS EX EDILES DEL PP DECLARAN QUE UNA EMPRESA MUNICIPAL RECIBÍA SOBORNOS 25/01/06

Los dos ediles de Majadahonda expulsados del PP, José Luis Peñas y Juan José Moreno, ratificaron ante el juez que un empresario les aseguró que Pammasa, empresa municipal que gestiona el urbanismo en Majadahonda, recibía maletines por la permuta de derechos de edificación que permitía a los empresarios liberarse de construir vivienda protegida.

El fiscal preguntó a Peñas por la relación que podía tener la empresa Afar-4, una de las constructoras que permutó derechos con el Ayuntamiento, con la adjudicación de los derechos. El concejal respondió que el mismo empresario que le habló de los maletines le comentó que para él la clave de la adjudicación se encontraba en que "dos días después de la adjudicación, el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, constituyó una sociedad mercantil con Ignacio Sánchez Junco". Peñas recuerda que Sánchez fue concejal de Urbanismo de Majadahonda, redactó su plan general, y trabaja como arquitecto en Afar-4.Los dos ediles expusieron al juez que habían conocido el procedimiento empleado por el Ayuntamiento de venta de derechos de vivienda libre por protegida cuando ambos ocuparon el cargo de concejales, en 2003.

Peñas y Moreno sostuvieron que la culpa del déficit actual la tiene el haber malvendido el patrimonio municipal. "Nosotros no sabemos si lo que ha ocurrido es delito o no, eso le corresponde decirlo a la justicia. Lo único que hacemos es relatar los hechos que conocemos", comentaron. Peñas también explicó que Pammasa había obtenido la parcela RN-1 por 7,8 millones. "Nosotros la recuperamos para el Ayuntamiento y la sacamos a concurso por 48 millones. Eso produjo el enfrentamiento con el actual alcalde, porque él me dijo entonces que no podía desprenderse de la parcela porque los derechos ya estaban comprometidos".

De Foxá, sin embargo, mantiene que la cesión a Pammasa se realizó por ese dinero, debido a que no es lo mismo la venta a privados que a una empresa municipal para edificar vivienda protegida.

6. EL ESCOLTA DE TAMAYO DICE QUE LE PAGÓ UN CONSTRUCTOR AFILIADO AL PP (27/01/06)

José Antonio Expósito, el escolta que protegió a los ex diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez durante la crisis que abrieron al desertar de las filas socialistas tras las elecciones autonómicas madrileñas de 2003 -lo que frustró la formación de un Gobierno madrileño de izquierdas y propició una nueva convocatoria, que ganó el PP-, ha revelado en un juzgado que quien le pagó por ese servicio fue el constructor Francisco Vázquez, afiliado al PP.

En su última comparecencia ante el juez que le investiga por hacerse pasar por agente del CNI, Expósito se había limitado a informar de que quien le pagó por dar escolta a Tamayo fue un constructor cuyo nombre no precisó. El juez le instó a refrescar la memoria en un plazo de 24 horas y, en una posterior ampliación de su testimonio, identificó al constructor como Francisco Vázquez. Textualmente dijo estar "casi totalmente convencido de que el sobre salió del despacho profesional de Francisco Vázquez". Sin embargo, fuentes próximas al constructor desmintieron tajantemente este extremo y comentaron que sopesaban el entablar acciones legales contra el ex escolta de Tamayo por dicha afirmación.

Tanto este constructor como su sobrino, Francisco Bravo, se han visto relacionados con el pago de las habitaciones del hotel donde se alojaron los tránsfugas. Ambos mantuvieron intensos contactos en los días de la crisis con el ex secretario general del PP en Madrid Ricardo Romero de Tejada.

Por otro lado, el ex gerente de la Universidad Complutense Dionisio Ramos ha participado en una rueda de reconocimiento en este mismo procedimiento, ya que había negado conocer a Expósito. Éste, en cambio, había apuntado a Ramos como la persona que podía dar cuenta de cómo se gestó su contratación para la vigilancia de Tamayo. Expósito reconoció sin dudar a Ramos. Éste, sin embargo, precisó que la rueda fue a instancia suya y que Expósito, que aseguró haberlo visto dos o tres veces, había tenido que reconocer ante el juez que nunca hablaron. Ramos cree un despropósito que alguien le vincule con este ex escolta o con una supuesta red de espionaje financiada por la Complutense.

7. DENUNCIA POR "PREVARICACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS" A LA CONCEJAL DEL PP EN LATINA, 30/01/06

El PSOE quiere llevar a los tribunales el "caos administrativo" en el que, a su juicio, está sumido el distrito de Latina. La concejal socialista Noelia Martínez anunció que esta misma semana interpondrá una denuncia "por presunta prevaricación [dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es] y tráfico de influencias" contra la concejal-presidenta de la Junta, Nieves Sáez de Adana (PP), a la que acusa de adjudicar contratos a dedo a empresas afines.

Las sospechas de los grupos de oposición sobre la actuación de la edil del PP en Latina se acumulan. El pasado octubre fue IU la que denunció numerosas irregularidades en las obras de demolición parcial del auditorio de Aluche; dos meses más tarde el PSOE destapó cuatro contratos adjudicados a una empresa, Urbasa, cuyos propietarios son el hermano y la cuñada de un funcionario, Borja Ballarín, que entonces era alto cargo de la Junta de Latina y que intervino en el proceso de adjudicación. La concejal-presidenta no sólo no le disuadió, sino que expresó su interés en que Urbasa trabajara para la Junta porque, según dijo, conocía a la administradora de la empresa y le gustaba cómo trabajaba.

Y, de nuevo, PSOE e IU pidieron explicaciones en la Comisión de Vigilancia de la Contratación por otro contrato que consideran irregular: la instalación de sendas pistas de hielo en 2003 y 2004 se encargó, sin concurso ni publicidad previa, a la empresa Sport Big House, alegando que era la única que podía hacer ese trabajo. "No sólo no es cierto que esa empresa tuviera la patente exclusiva para instalar pistas de hielo, sino que resulta sospechoso que la misma concejal [Sáez de Adana], cuando gestionaba la Junta de Fuencarral en 2000, contratara de la misma forma a la misma empresa", protestó el edil de IU Julio Misiego. "Sáez de Adana va trayéndose a todas las empresas que le gustan a trabajar en los distritos donde el PP la pone de presidenta", remató la socialista Martínez.

El concejal de Hacienda, Juan Bravo, respondió que el contrato adjudicado a Sport Big House es "legal", y que las adjudicaciones en las que intervino Borja Ballarín "están siendo estudiadas como parte del expediente disciplinario" que el Ayuntamiento abrió el pasado diciembre contra éste y otros tres funcionarios de Latina tras detectar efectivamente "irregularidades" en algunos contratos.

Un informe pericial del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha concluido que la empresa pública Patrimonio Municipal de Majadahonda (Pammasa) valoró indebidamente la venta de derechos de edificación de vivienda libre en una subasta. Esta operación supuso un quebranto patrimonial de “como mínimo” 19,1 millones € (3.178 millones de pesetas).

La Junta de Gobierno del COAM designó el 23 de mayo de 2005 al arquitecto perito Frederic Armengol Martín para que valorara los derechos de edificación de vivienda libre subastados por Pammasa en el año 2003. Entonces, el presidente de la sociedad era Narciso de Foxá, alcalde de la localidad en representación del Partido Popular.

El Colegio de Arquitectos ha realizado el informe a petición del grupo socialista en el Ayuntamiento majariego, que denunció ante la Fiscalía del Estado lo que consideraba un fraude a las arcas públicas que valoró en 30 millones €, como recuerda a M2 Ricardo Núñez, portavoz del PSOE de Majadahonda. En 2003, Pammasa subastó los derechos de edificación de vivienda libre que poseía en terrenos del sector urbanístico conocido oficialmente como “Area de oportunidad”, las parcelas RO-11, RO-13 y RO-14.

Los precios de venta que aprobó la empresa pública, tal y como se lee en el quinto punto del informe pericial, “fueron de 312,53 € por metro cuadrado en un caso, 291,03 € por metro cuadrado en otro caso y 330,48 € por metros cuadrado en cuatro casos”.

Por eso, llega a la conclusión siguiente: “El mayor de los precios del concurso-subasta (330,38 € por m2) resulta ser más de tres veces y media inferior de lo que aquí se ha calculado como diferencia de valor del suelo (1.176,92 € por m2). Es decir, Pammasa pudo haber obtenido con normalidad un valor total de venta de casi el cuádruple del importe ingresado”. El COAM precisa en este informe fechado el 10 de enero: “La distancia entre valores es tan grande que sería capaz de absorber cualquier imprecisión que pudiera haberse cometido en las apreciaciones del presente dictamen”. ¿Qué significa esto? Que el margen de error entre lo que dice el perito y la realidad no es apreciable.

Frederic Armengol Martín señala, también, que “si se considerase el total de derechos de edificación transferidos (unos 22.364 m² de techo edificable), la pérdida económica para el patrimonio municipal ascendería, como mínimo, a más de 19,1 millones € (más de 3.178 millones de pesetas) en valor del año 2003”. Estas conclusiones están precedidas de un conjunto de explicaciones técnicas pertinentes que conforman un sólido argumentario que conduce a la exposición final.

Explica que la subasta de Pammasa “se refería al derecho a edificar una determinada cantidad de viviendas de régimen libre, pero no en las mismas parcelas originarias, sino en otras propiedad de los adjudicatarios del concurso o subasta, en las cuales estos debían construir, en principio, por imperativo del planteamiento, viviendas en régimen de protección pública”.

9. CARGOS MUNICIPALES DEL PP DE LAS ROZAS RECOGEN FIRMAS CONTRA EL ESTATUT (02/02/06)

En el ayuntamiento madrileño de Las Rozas, gobernado con mayoría absoluta por el Partido Popular, dos trabajadores y militantes de ese partido han estado recogiendo firmas contra el Estatuto catalán entre los trabajadores municipales. El PSOE ha denunciado el hecho, que considera especialmente grave porque la mayoría de trabajadores son eventuales y se sienten coaccionados ante la petición. El PP lo niega.

Una de las personas que recogía firmas es un cargo de libre designación, es decir, un cargo de confianza del alcalde, Bonifacio de Santiago. El otro es un administrativo laboral, y ambos son conocidos militantes del Partido Popular en el ayuntamiento de las Rozas. La recogida de firmas se realizó durante la jornada laboral a los trabajadores que en ese momento se encontraban en sus puestos de trabajo. Según denuncia el PSOE, los hechos son “graves” porque estas prácticas son “antidemocráticas y caciquiles”. En ese municipio el 60% del personal está en situación laboral eventual, por lo que se han sentido “violentados, presionados e intimidados” ante la petición de poner su firma contra el Estatut, tal como nos explicaba el portavoz del PSOE en Las Rozas, Ramón Moreda, quien dice haber recibido quejas de los trabajadores.El Partido Popular niega que haya habido ninguna denuncia. Según fuentes municipales de Las Rozas, "nadie ha dado ningún nombre ni nadie ha puesto nada por escrito", y todos este asunto no es más que "pura charla y cotilleo internos de las empresas". Estas fuentes se preguntan, en una nota de prensa, si lo verdaderamente "caciquil" no es lo que pretende el PSOE, es decir, impedir este tipo de relaciones entre los trabajadores. Aclaran que los concejales "tienen instrucciones de no solicitar la firma a los trabajadores" para no intimidarlos, pero que "los particulares sí pueden, a título individual, soclicitar la firma por la convocatoria de un referéndum". El PP "va a poner mesas solicitando las firmas en los centros y lugares públicos del municipio" para recoger firmas a favor del referéndum contra el Estatuto catalán.

10. AGUIRRE DESAFÍA AL MINISTERIO DE FOMENTO AL SACAR A CONCURSO EL ANTEPROYECTO DE LA M-50 Y DE LA RADIAL 1 (03/02/06)

El Gobierno regional de Esperanza Aguirre ha decidido desafiar al Ministerio de Fomento y seguir adelante con sus planes de asumir la construcción del último tramo de la M-50 y la radial 1 (R-1), autopista de peaje que discurrirá paralela a la autovía de Burgos (A-1). El Consejo de Gobierno aprobó la adjudicación, por 1,1 millones, de la redacción de los anteproyectos de obra, sólo dos semanas después de que el Consejo de Ministros le advirtiera de que no tiene competencia para hacerlo.

Los anteproyectos estarán elaborados en tres meses. El Ministerio de Fomento, sin embargo, matizó horas más tarde que él ya ha sacado a información pública el estudio de la R-1 y ha ordenado hacer otro para el último tramo de la M-50. Fomento también subrayó que expertos de ambas administraciones se han reunido en cuatro ocasiones -el 22 de julio, el 21 de septiembre, el 4 de noviembre y el 16 de diciembre de 2005- para establecer las necesidades de carreteras en la región.

La formación de este grupo de expertos fue acordada el pasado 20 de mayo en una reunión mantenida entre la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Para , según Fomento, estaba prevista una nueva reunión, que "ha sido aplazada hasta la próxima semana, a petición de la Comunidad de Madrid".

La versión del Gobierno regional es otra. La ofreció Ignacio González, vicepresidente primero de la Comunidad, al señalar que el Ejecutivo de Madrid se ha visto obligado a llevar adelante los proyectos de la M-50 y la radial 1 porque "son necesarios para los madrileños" y para "las comunicaciones en la región". González también lanzó un reproche al Gobierno central, del que dijo que "intenta paralizar" las nuevas infraestructuras. Recordó que ambos proyectos formaban parte del Plan de Infraestructuras del anterior Gobierno central del PP, y que el actual del socialista José Luis Rodríguez Zapatero las retiró "con su afán de eliminar todo lo que representara al PP".

11. AGUIRRE PREFIERE IR A UN ACTO DEL PP EN MÓSTOLES Y REHÚSA ASISTIR A LA FIRMA DE LA LEY DE CAPITALIDAD CON ZAPATERO (07/02/06)

El acuerdo de la Ley de Capitalidad no contó con la firma de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sino con la del vicepresidente Ignacio González. La jefa del Ejecutivo regional decidió no asistir al acto oficial de presentación de la futura ley, convocado para por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa, a la que si acudió el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.

Escudándose en un acto del PP en Móstoles, la presidenta dejó en manos de González la representación de la Comunidad de Madrid. Fuentes cercanas a la presidenta explicaron que ésta considera que se ha hecho ya suficientes fotografías en compañía del presidente del Gobierno. Ambos acudieron recientemente a la inauguración de la nueva terminal del aeropuerto de Barajas, y también a la presentación de la Operación Campamento, también presidida por Rodríguez Zapatero.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se siente decepcionada por el presidente del Gobierno al que tacha de radical: : “A mí me engañó, me parecía un político socialdemócrata, el Tony Blair a la española, que era españolista, que no era resentido y resulta que se ha convertido en un político radical, al que presentan en los congresos socialistas europeos como el más izquierdista de toda Europa”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, preguntada sobre su posición política respecto al Gobierno central añadía: “El Gobierno de la nación es un gobierno socialista y radical, que además se ha apartado del consenso constitucional; y el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno del PP, liberal, centrista y que no pretende en absoluto convertirse al socialismo radical”. Tras reconocer que Zapatero la ha “engañado” ya que ella creía que iba a ser el Tony Blair español, Aguirre añade: “se ha convertido en un político radical. Acusa también al Presidente de haber roto el consenso constitucional y apunta “ha decidido pactar la estructura de España con unos señores que no quieren ser españoles”. Sobre la política antiterrorista del Gobierno, la Presidenta de la Comunidad afirma: “El presidente ha cambiado radicalmente, no me parece serio”. “Pasa de ser el proponente del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo a dedicarse a hacer gestos a los etarras”. Según Aguirre, “La paz significa libertad, que las víctimas sean reconocidas y que los terroristas pidan perdón”. “Lo de mendigar a ETA no es serio”. “ETA con la ley en la mano y solo con la ley está vencida, sería paradójico que ahora fuéramos a darles la razón”. Esperanza Aguirre defendió también su decisión de modificar algunos aspectos incluidos en la Ley del Antitabaco y afirmó que aunque está de acuerdo con el “espíritu” de esa ley cree que hay que ser “racionales” ya que “Los fumadores tienen dignidad y tienen derechos, siempre por debajo de los derechos de los no fumadores”.

13. AGUIRRE DEJA SIN AYUDAS A LA INMIGRACIÓN A 25 DE LOS 36 MUNICIPIOS CON MÁS EXTRANJEROS (14/02/06)

La Comunidad de Madrid incumplió en 2005 el convenio que firmó con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por el que recibió 27,7 millones € para programas de acogida e integración de inmigrantes. El acuerdo obligaba a la Comunidad a destinar la mitad del dinero a los municipios con "mayor presión migratoria". Ésta, sin embargo, excluyó de las ayudas a los municipios con menos de 1.000 extranjeros empadronados, lo que ha dejado sin dinero a 25 de los 36 municipios con mayor porcentaje de población extranjera de la región.

El convenio, firmado el pasado 4 de octubre entre el ministro Jesús Caldera y Aguirre, aportó a la región 27,7 millones "para programas de educación, acogida e integración de inmigrantes". La Comunidad, por su parte, se comprometió a aportar 8,3 millones con cargo a sus presupuestos.

En su artículo 4, el convenio establecía: "La Comunidad de Madrid se compromete a derivar a las corporaciones locales de su territorio con una mayor presión migratoria el 50% de la aportación que realiza el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales". Un mes más tarde, el Consejo de Gobierno regional estableció las condiciones por las que los Ayuntamientos podían acceder a estas ayudas. Entre ellas hay una que está en el origen de la polémica: la exclusión de los municipios con menos de 1.000 inmigrantes empadronados.

"No hay ninguna justificación para excluir a unos municipios que muchas veces son los más necesitados para hacer frente al aumento de la inmigración", denuncia Contreras. "El convenio habla de las corporaciones locales con mayor presión migratoria y eso debe calcularse con los porcentajes de extranjeros sobre población total", añade.

La decisión del Gobierno regional ha impedido que 108 de los 179 municipios de la región puedan optar a las ayudas. Entre ellos, destacan los 25 que se sitúan entre los 36 de la región cuya población inmigrante supera la media regional, que el 1 de enero de 2005 se situaba en el 14,36%. La Consejería de Inmigración defiende los criterios exigidos a los Ayuntamientos: "En caso contrario, muchos municipios con menos de mil inmigrantes habrían recibido una cifra ridícula, ya que la parte gestionada por los ayuntamientos era de 17 € por inmigrante", explicó el secretario general técnico de Inmigración, Manuel Pérez.

Desde los ayuntamientos, sin embargo, se afirma que "el proceso de concesión de las ayudas ha sido caótico", según la concejal de Bienestar Social de Fuenlabrada, María Luisa González. "Todo se ha hecho deprisa y corriendo. Primero nos pedían que aportáramos el 30% del proyecto. Luego el 20% y más tarde el 10%. Al final, ya daba igual, te daban la ayuda de todas formas", explica González. "La impresión que daba es que la Comunidad se había despertado tarde y que luego no sabían que hacer con el dinero ".

14. TELEMADRID ENCARGA UNA SERIE DE REPORTAJES POLÍTICOS A 'EL MUNDO' (18/02/06)

Telemadrid (del PP) ha encargado una serie de documentales de carácter político a la empresa Canal Mundo Producciones Audiovisuales, la productora del diario El Mundo. Estos reportajes abarcan asuntos tan controvertidos como el caso Bono, la negociación con ETA, la kale borroka, la violencia en el fútbol y la unidad de España, según los datos aportados por los socialistas, que han revisado en el Consejo de Administración los términos del contrato suscrito entre la cadena y la productora. Según los mismos datos, este paquete -compuesto por seis documentales- tiene un coste global de 249.000 €.

Los consejeros del PSOE pidieron en la reunión del Consejo de Administración de Telemadrid explicaciones al director general, Manuel Soriano, en torno a estos reportajes. Los socialistas califican de "inaceptable" el "sesgo ideológico en la contratación", que se apoya en "la estrategia política del PP". Para el consejero socialista Mario Salvatierra, esta adjudicación agudiza el "alto voltaje político de Telemadrid, la televisión más ideologizada y que más deforma la realidad a favor del PP". La dirección de la cadena mantiene que los trabajos encargados a la productora de El Mundo son "una pequeña parte" del "ambicioso plan de producción de documentales aprobado a finales del año pasado, que abarca entre 50 y 60 horas", explicó el director de Antena, Javier Caballé.

El directivo de Telemadrid cita el caso del trabajo sobre las claves del 23-F, producido por Sarmata y dirigido por Jesús Palacios. Se difundirá el próximo jueves y ha costado 89.900 €, según el PSOE. O el recientemente emitido sobre la torre Windsor (101.700 €), a cargo de Transglobe. Del documental sobre ETA en el que trabaja El Mundo TV, Caballé afirma que se trata de un contrato que está en fase de guión.

15. EL CONSEJO DE ESTADO DESAUTORIZA EL PLAN DE AGUIRRE AL CONSTRUIR CARRETERAS QUE CON COMPETENCIA DEL ESTADO (23/02/06)

El Consejo de Estado dará la razón al Ejecutivo central en la polémica que mantiene con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y fallará que la competencia para construir el cierre norte de la M-50 y la R-1 es del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ministerio de Administraciones Públicas, que preside Jordi Sevilla, presentó hace algunas semanas una petición para que el Consejo de Estado emitiera un dictamen, tras la decisión del Consejo de Ministros de plantear conflicto de competencias después de que la Consejería de Transportes pusiera en marcha el procedimiento burocrático para iniciar la construcción de estas dos carreteras. El Gobierno regional aprobó la convocatoria de los concursos de consultoria y asistencia del anteproyecto para realizar estas obras. Posteriormente, el Consejo de Gobierno adjudicó la redacción del proyecto, que actualmente está en fase de redacción. El objetivo era que las máquinas pudieran entrar a trabajar en el verano.

El Consejo de Estado contestará a Administración Territorial que existen fundamentos jurídicos para mantener el requerimiento. Los dictámenes de este órgano no son vinculantes, pero el Gobierno central y los autonómicos suelen hacer caso a las resoluciones de esta institución del Estado. Además de los cargos elegidos por los órganos democráticos, sus letrados y abogados están considerados como los más prestigiosos de España.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho en varias ocasiones que haría la R-1 y la M-50 aunque lo trate de impedir el Gobierno de España. “En 25 años de Estado de las Autonomías, jamás se ha enviado un requerimiento a una comunidad autónoma por hacer una carretera que transite exclusivamente por su territorio y que se vaya a sufragar con fondos de los madrileños”, ha explicado en varias ocasiones.

16. EL JUEZ ARCHIVA LA PRIMERA QUERELLA POR SEDACIÓN EN LEGANÉS Y ALABA AL MÉDICO EN CONTRA DE LA VERSIÓN DEL CONSEJERO LAMELA (25/02/06)

El Juzgado de Instrucción 3 de Leganés ha archivado la primera querella presentada por el caso de las supuestas sedaciones irregulares del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid). La querella archivada sostenía que el médico Andrés B. A. cometió un supuesto homicidio imprudente por negligencia profesional al aplicar una sedación no indicada al paciente Cándido P. I., de 78 años.

El juez entiende que "hay una falta absoluta de indicios" de criminalidad en el caso y que la actuación del médico fue "correcta, adecuada" y acorde con los cánones de la ciencia médica. Añade que el paciente llegó al hospital en una situación agónica, y que, dada su gravedad, no aplicarle sedación podía resultar incluso "inhumano". El juez llega a estas conclusiones valiéndose de los informes periciales y testimonios que ha recabado durante la instrucción. Y zanja que, "sin lugar a ningún tipo de duda, el querellado obró en todo momento con arreglo a la lex artis y su conducta fue ajena a cualquier tipo de negligencia profesional" tanto en la adecuación del tratamiento como en la decisión de optar por la sedación del paciente.

La Consejería de Sanidad de Madrid, que dirige Manuel Lamela, consider en su día que este era un de los casos más claros de sedación contraindicada a un paciente de Leganés y utilizó el caso en su denuncia contra los médicos del hospital. La querella archivada por el Juzgado de Instrucción 3 afecta únicamente a este paciente.

17. DIMITE EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DE VALDEMORO (PP) TRAS UNA SUPUESTA FALSIFICACIÓN (03/03/06)

El concejal de Personal y Deportes y primer teniente de alcalde de Valdemoro, Juan Fernández Humanes, del PP, presentará en un pleno extraordinario su renuncia al cargo, tras hacerla oficial en el registro general del Ayuntamiento, alegando "problemas de salud". Apuntó que las causas de la renuncia podrían deberse a un presunto delito de falsificación de documento oficial y tráfico de influencias.

Según este periódico, un hijo de Fernández Humanes ingresó en el Instituto Superior de Estudios de Seguridad (ISES) para formarse como policía local sin disponer de un requisito de admisión imprescindible: contar con el permiso para conducir motocicletas con al menos dos años de antigüedad. El joven se encuentra inscrito actualmente en una autoescuela de Valdemoro. Fuentes consultadas por el diario destacan que presentó ante el ISES una fotocopia del carné compulsada por el Ayuntamiento.

El alcalde, José Miguel Moreno, ha abierto una investigación y ha solicitado al presidente del tribunal que realizó las pruebas un informe. Moreno adelantó que, pese a no tener en su poder el informe solicitado, los técnicos le han dicho que, "con arreglo a las bases de la convocatoria de la oposición, todo el procedimiento parece estar acorde con las mismas". Con la reestructuración del Ejecutivo, son 10 los concejales que cambian de cartera. La primera tenencia de alcaldía, hasta ahora en posesión de Juan Fernández Humanes, pasará a depender de Isabel Martín Gregorio. Se une al equipo de gobierno Dionisia Díaz Cámara, número 15 en la lista del PP.

18. CIENTOS DE MANIFESTANTES CORTAN LA GRAN VÍA EN PROTESTA CONTRA LOS PARQUÍMETROS (04/03/06)

Vecinos de varios barrios afectados por la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) se manifestaron en la plaza de la Villa. La protesta, en la que participaron cientos de personas, se desplazó a la Puerta del Sol (donde hubo algunos altercados leves con la policía), siguió por la calle de la Montera y terminó en la Gran Vía, donde los vecinos cortaron el tráfico media hora. Pretendían ir a la sede del PP, en la calle de Génova, pero la policía los disuadió. La Delegación del Gobierno, igual que en días anteriores, sancionará a un número no precisado de participantes en la marcha no autorizada.

Dos semanas después de que se iniciasen las protestas vecinales por la ampliación de la zona regulada por parquímetros, el centro de la ciudad sufrió la primera manifestación conjunta de los residentes en Carabanchel, Hortaleza y Fuencarral. A la protesta se unieron concejales del PSOE (Óscar Iglesias y Manuel García-Hierro, entre otros) y de IU (Inés Sabanés y Julio Misiego). Los convocantes, que carecían del preceptivo permiso de la Delegación del Gobierno, aseguran que lograron concentrar a más de 2.500 personas, mientras que el Ayuntamiento redujo la cifra a poco más de 450. Fuentes policiales calculan que el número de manifestantes no sobrepasó el medio millar.

La marcha comenzó en la plaza de la Villa, sede del gobierno municipal. En medio de gritos como "Mírala ahí está, la cueva de Alí Babá", los participantes silbaban y lanzaban insultos cada vez que alguien desde el edificio descorría las cortinas. "Mi madre vive en el barrio del Pilar y su calle está pintada entera de azul; este Ayuntamiento va a hacer que no pueda visitarla", protestaba una vecina de Aravaca. "Como él no se digna a venir [el alcalde], hemos venido nosotros", explicaba un manifestante. Pero el regidor no estaba en el Ayuntamiento: el PP celebraba una convención en el recinto ferial de Ifema, y él era uno de los ponentes. Ignorantes de ese hecho, y al grito de "¡A Génova!", cientos de manifestantes enfilaron la Calle Mayor hacia la Puerta del Sol. "¡Vosotros los ponéis [los parquímetros], nosotros los quitamos!", coreaban. "No van a aburrirnos. Vamos a protestar cada día hasta que nos los quiten", explicó Félix Escudero, un vecino de Carabanchel.

19. MILES DE PERSONAS SALEN EN DEFENSA DE LOS MÉDICOS DE LEGANÉS (04/03/06)

Unas diez mil personas se manifestaron por las calles de Leganés (Madrid) en defensa de los médicos del hospital Severo Ochoa y en contra del consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela. Manifestantes y líderes políticos y sindicales pidieron la destitución de Lamela porque ninguna de las acusaciones vertidas contra los facultativos por aplicar sedaciones irregulares ha sido demostrada cuando se cumple un año del inicio de la crisis.

El abogado Miguel Muga, de 49 años, acusó "a los gobernantes de montar una batalla política contra la sanidad pública". El abogado recordó los días en que su padre estuvo ingresado en el hospital y la "adecuada información" que recibió. "Lo sedaron, pero ya estaba en el final. Le dieron unos últimos días de vida que pudo vivir con dignidad", afirmó.

Trabajadores del centro y vecinos cantaron: "¡Que lo detengan! ¡Lamela, mentiroso, malvado, peligroso, no para de manipular!". Estos trabajadores recordaron que la única resolución judicial habida hasta el momento ha exculpado a los médicos e incluso ha alabado su actuación.

20. UNA AUDITORÍA REVELA QUE UNA FUNDACIÓN DEL PP FALSEÓ EL RESULTADO DE UNAS SUBVENCIONES (04/03/06)

El Grupo Municipal Socialista acusó al Ayuntamiento de Madrid de hacer caso omiso de las presuntas irregularidades que una consultora halló en la documentación con la que la Fundación Humanismo y Democracia (FHD), del PP, justificó las subvenciones municipales a dos proyectos de ayuda al desarrollo en República Dominicana. En uno de ellos, FHD acreditó haber construido 70 viviendas para los damnificados del huracán Georges. La consultora constató que faltaban 24 por hacer. En el expediente municipal no hay a día de justificación de que estén hechas.

El proyecto 02691651 de construcción de 70 viviendas en Don Juan, Monte Plata, recibió en 2002 una subvención de 329.924 €, según consta en el expediente municipal. El pasado abril, la consultora UTE GPI Consultores DBF Audifor emitió un informe en el que concluía: "Consideramos que la ONG ha falseado los datos del informe final y que éstos no se corresponden con lo realmente realizado".

La auditora asegura que "la ONG afirma en el informe final", donde justificaba los gastos de las ayudas municipales para sus proyectos, que las viviendas "pudieron ser finalizadas dentro del plazo previsto". Pero la auditora constató en una visita el 6 de diciembre de 2004, que "faltaban 24 viviendas por finalizar". Para justificar esta situación, FDH envió al Ayuntamiento, como le obliga la normativa, un documento de alegaciones, de 5 de julio, en el que afirma: "Después de la presentación del informe final, todas las previsiones realizadas por la contraparte en relación con el proyecto se han visto afectadas por una serie de circunstancias, que nos impiden afirmar que en día el proyecto en su conjunto está finalizado al 100%".

Según la Cámara de Cuentas, Fundejur duplicó operaciones porque incluyó en su fondo administrativo -con el que se pagan gastos corrientes como las nóminas- gastos de otros fondos y, entre ellos, los que procedían de las subvenciones del Ayuntamiento de Madrid por importe de 26.760 €.

21. UN ESTUDIO EDITADO POR EL CONSEJO ECONÓMICO PLANTEA PAGAR POR ACUDIR A LA SANIDAD PÚBLICA (08/03/06)

Un informe publicado por el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid propone que los usuarios de la sanidad pública asuman parte del coste de la asistencia que reciben en la sanidad pública. El informe sostiene que así se controlaría el gasto sanitario, ya que "los pacientes, como cualquier usuario de un servicio, gastan más de lo necesario cuando no tienen que pagar nada", según su autor.

CC OO critica que el CES se haya convertido en "un altavoz de las políticas neoliberales y sólo promueva iniciativas de privatización de servicios públicos". Comisiones Obreras considera que el contenido del estudio no es criticable en sí -"puede ser un punto de vista más en un debate"-, pero rechaza la gestión del presidente del CES, Francisco Cabrillo Rodríguez. El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo dependiente del Gobierno regional en sus políticas. "En los últimos meses, todas las iniciativas del CES han ido en el mismo sentido: promover las políticas más neoliberales que defiende la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que ha convertido este organismo en un altavoz de su causa", afirma Jaime Cedrún, consejero del CES por CC OO. Este sindicato y UGT critican que los dos estudios publicados por el CES en una nueva revista "sólo versen sobre las privatizaciones y el pago por parte de los ciudadanos de los servicios públicos". "¿No debe el CES promover el debate? ¿Dónde están los estudios favorables a la extensión de los servicios públicos?", se preguntan.

El estudio que propone el pago por los ciudadanos de parte del coste de la asistencia que reciben en la sanidad pública tiene el título de Ganar en responsabilidad sanitaria. Su autor es Pablo Vázquez Vega, profesor de Economía en la Universidad Complutense y asesor del ex presidente del Gobierno del PP, José María Aznar. Vázquez también fue subsecretario del Ministerio de Sanidad en el último Gobierno de Aznar. Vázquez considera que "hay que cambiar las reglas del juego" en la prestación de los servicios públicos. "Decir que la sanidad necesita más recursos es mirar el problema sólo en el corto plazo. Hay que ver cómo pueden gastarse estos recursos con mayor equidad y eficiencia", añade.

Por su parte, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, expresó esta misma idea en diciembre de 2003, poco después de jurar el cargo. Preguntada sobre la necesidad de control del gasto sanitario, Aguirre afirmó: "Mi teoría de [que] a coste cero, demanda infinita es cierta. Y habrá que poner algún paliativo".

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al ex alcalde de Torrelaguna, el popular Jacinto Llamas, a 12 años de inhabilitación especial por dos delitos de prevaricación. El Tribunal considera como hechos probados que el ex regidor y los cuatro ediles -que accedieron al cargo en junio de 1995- “tensaron” las relaciones con la secretaria interventora del Consistorio, Isabel G. M, que ya ejercía el cargo desde 1992.

En septiembre de 1995 Jacinto Llamas comenzó a ejercer acciones encaminadas a que la funcionaria “no formara parte de la mesa de contratación de una auditoría financiera de los años 1991 a 1995”. La sentencia señala que “en esta situación de enfrentamiento, se incluyó en el orden del día del Pleno del 27 de octubre de 1995 una propuesta del grupo político al que pertenecían los acusados de reducir en un 90% el complemento específico establecido para el puesto de Secretario Municipal”. De este modo Isabel G. M. vio reducidos sus emolumentos a 139 € mensuales, frente a los 1.395 que ganaba hasta entonces. Dicho acuerdo fue anulado por la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 8 de julio de 1997, “que ordenó además la satisfacción de las retribuciones dejadas de percibir, que no fueron abonadas a la querellante hasta abril de 1999”.

Por otra parte, la Sala considera probado que el 1 de diciembre de 1995 Llamas decretó la incoación de un expediente disciplinario contra la secretaria, imputándola dos faltas muy graves y dos faltas graves, “acordando con la misma fecha la suspensión preventiva de empleo a partir del 4 de diciembre siguiente”. Esta sentencia es idéntica a la dictada en marzo de 2003 por la sección primera de la Audiencia Provincial y que fue anulada por el Tribunal Supremo el 28 de abril de 2005.

23. LA LÍNEA 9 DE METRO SE INAUGURÓ CON RIESGO PARA LOS USUARIOS, SEGÚN EL JEFE DE OBRAS DE GALLARDÓN (08/03/06)

La ampliación de la línea 9 de metro, la primera y única adjudicada en régimen de concesión a un grupo de empresas, fue realizada con materiales defectuosos "para ahorrar dinero", y su inauguración en 1999 -siendo presidente el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón- pudo degenerar en una "catástrofe". Lo dice Manuel Melis - entonces era director regional de Infraestructuras y ocupa un puesto equivalente en el Ayuntamiento- en un informe en el que asesora al alcalde de Málaga sobre la ampliación de su red de metro. El informe fue redactado por Melis y enviado al alcalde de Madrid el pasado 29 de enero para que éste, "en su caso", lo enviara al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del PP, que había pedido consejo a Ruiz-Gallardón sobre cómo ampliar dos líneas de metro.

Tras las consideraciones técnicas, el informe se centra en "los peligros de las concesiones a precio cerrado", aquellas en las que la Administración paga un precio a la empresa privada para que ejecute la obra y le advierte de que no puede sobrepasar el presupuesto fijado. La consecuencia, dice Melis, es que, como el proyecto casi siempre se encarece, la empresa acaba ahorrando costes a costa de la seguridad. "No debería hacerse ninguna obra pública a precio cerrado, y menos aún si son subterráneas", señala. La construcción y explotación del tramo ampliado de la línea 9 fue adjudicada a varias empresas por 32 años.

Para explicar lo cara, a la larga, que puede salir esa fórmula, Melis pone el ejemplo de la obra de ampliación de la línea 9. Inaugurada en abril de 1999, en vísperas de las elecciones autonómicas, es, de todas las obras del metro acometidas por Ruiz-Gallardón en sus ocho años de presidente, la única que se hizo por el método de concesión con precio fijo a una empresa. "Las instrucciones que se dieron al concesionario es que de ninguna forma y bajo ningún concepto se podía sobrepasar el presupuesto ni el plazo". "El resultado", dice Melis, "fue un desastre". "Para ahorrar dinero", subraya el coordinador general, la empresa usó "traviesas del AVE que tenía sobrantes", y que resultaron más estrechas que el ancho de vía del metro, algo "extraordinariamente peligroso para la circulación de los trenes". Por eso, "una vez terminados los trabajos", el Gobierno regional tuvo que cambiar miles de piezas, pagando el sobrecoste de su bolsillo.

Todas estas deficiencias las descubrió el propio Melis "meses antes" de que la línea se pusiera en servicio, y "todas se subsanaron". Los trabajos de ampliación de la línea 9 no habían sido dirigidos por la Dirección General de Infraestructuras, que él encabezaba, sino por la de Carreteras. A última hora, Melis se hizo cargo del proyecto, detectó los fallos en la construcción y ordenó arreglarlos. Pero hubo algo que no detectó, y que cuenta en el informe: "Para ahorrar dinero se diseñaron unos anclajes de los postes de catenaria endebles y baratos. Como consecuencia, a las tres semanas de entrar en servicio la línea se con cinco postes sobre la vía, con la catenaria en servicio". El texto subraya: "En ese momento no pasaba ningún tren, que hubiera sido una catástrofe si la línea eléctrica le cae encima, con todos los pasajeros electrocutados".

24. LA OFERTA DEL AMIGO DEL CONCEJAL DEL PP PEDRO CALVO PARA GESTIONAR LOS PARQUÍMETROS ERA LA MÁS CARA (10/03/06)

Se ha conocido que una de las empresas adjudicatarias del servicio de parquímetros tiene de apoderado a Juan Manuel Casares, ex alto cargo del PP gallego y amigo del edil madrileño. El gobierno municipal reconoce que Hixienes, la empresa de Casares, no tiene experiencia en la gestión del aparcamiento de pago, pero subraya que concurrió al concurso asociada con Sufi S.A. y que es a la unión de ambas a quien se le adjudica el contrato (144 millones en 11 años). Además, la concejalía sostiene que no puede "vetarse" a una empresa porque su dueño conozca a un concejal.

De las cinco empresas que acudieron el pasado noviembre al concurso público para gestionar una de las zonas del servicio de estacionamiento regulado (SER), la que presentó una oferta económica con el importe más alto fue la unión de empresas (UTE) formada por Sufi e Hixienes. El apoderado de Hixienes es Juan Manuel Casares, ex diputado del PP gallego y amigo y compañero del concejal Pedro Calvo en Nuevas Generaciones del PP hace una década. Aun así, el Ayuntamiento escogió esa UTE por delante de otras al dar mayor importancia a los aspectos técnicos, más subjetivos. Además, el director general de Movilidad, Javier Conde, está vinculado con Casares por su antigua pertenencia a Nuevas Generaciones.

La polémica por la adjudicación de la gestión de los parquímetros va engordando como una bola de nieve en caída libre. El representante de Hixienes, Juan Manuel Casares, está vinculado con el concejal de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Pedro Calvo. Son amigos de la época en que Calvo ocupaba la presidencia nacional de Nuevas Generaciones y Casares era presidente de la organización política juvenil en Galicia. La propuesta económica de la UTE Sufi-Hixienes para acceder a la gestión de los parquímetros en ocho barrios del sur y el casco histórico de Carabanchel (zona VI) era la que pedía más dinero en su oferta económica: 13.562.584 euros anuales (441.710 euros más que la oferta más baja, la de Setex-Urbaser). Sufi-Hixienes era también la que más plazas de aparcamiento ofrecía: 29.118, es decir, 541 plazas más que la siguiente.

La oferta económica suponía sólo el 15% de la puntuación total, frente al 85% de los criterios técnicos, según se explica en el pliego de condiciones del concurso. Y las ofertas económicas de las cinco empresas que concurrían recibieron la misma puntuación: 15 puntos sobre 15. Las diferencias llegaron en la parte técnica: la UTE formada por Api, grupo Vinci y Etralux se alzó con 73 puntos sobre 85; en segunda posición quedó la UTE Sufi-Hixienes (72 puntos); y a continuación Eysa (71 puntos), Dornier (63,5 puntos) y Setex-Urbaser (52,5 puntos). Las dos últimas se quedaron sin contrato.

25. MANIPULACIÓN EN TELEMADRID. LOS TRABAJADORES DE LA CADENA AUTONÓMICA SE NEGARON A FIRMAR EL REPORTAJE SOBRE EL 11-M (11/03/06)

El órgano que representa y defiende a los periodistas de Telemadrid frente a las decisiones de la empresa, el Consejo de Redacción, se desmarcó del reportaje especial sobre los atentados del 11 de marzo emitido el pasado jueves bajo el título Las sombras del 11-M. Los trabajadores de la cadena autonómica que colaboraron en la emisión de ese programa se negaron expresamente a aparecer en sus títulos de crédito, según un comunicado emitido por ese órgano.

El documental, que siembra dudas sobre la autoría de la matanza y una supuesta vinculación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se emitirá en IB3, la televisión autonómica balear. El Consejo de Redacción explica que la única firma que apareció en los títulos fue la de Luis del Pino, colaborador habitual de Libertad Digital, la publicación de Internet que dirige el locutor de la cadena Cope Federico Jiménez Losantos. "La única vinculación de este señor con Telemadrid es el contrato que se le ha hecho -y bien pagado- para la realización de este programa especial", dice la nota de los representantes de la redacción, que rechazan "la actual política de contratación externa con productoras privadas para la realización de programas informativos especiales políticamente comprometidos".

Las críticas se suman a las de los trabajadores de Radio Televisión Autonómica de Madrid, Telemadrid y Onda Madrid. "Las insinuaciones sobre la implicación de los cuerpos de seguridad del Estado en la trama del atentado terrorista del 11-M, además de carecer de fundamentos y pruebas sólidas, nos parecen de una irresponsabilidad institucional sin precedentes en una empresa de comunicación pública", dice la nota enviada por las secciones sindicales de CCOO, UGT y CGT y los comités de empresa de las cadenas de televisión y radio autonómica que además pide el cese del director general, Manuel Soriano.

Para la dirección del ente público, estos comunicados sólo tratan de "censurar y rechazar el contenido del reportaje", "un ejercicio periodístico frío y objetivo que, de una forma ordenada, sigue el sumario del juez instructor y la información que en cada momento fue suministrada a la ciudadanía".

26. EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA (PP) 'REGALA' TRES MILLONES EN SUELO A PROPIETARIOS RELACIONADOS CON EL PP QUE SERÁN EXPROPIADOS (14-03-2006)

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada regalará unos 3 millones € en terrenos a los terratenientes dueños de 26.813 m² de varias fincas que iban a ser expropiados para ampliar la carretera M-503. Un convenio firmado con el Ayuntamiento el pasado 13 de septiembre fija que estos propietarios reciban a cambio de la cesión gratuita de sus terrenos (calificados como no urbanizables por el planeamiento vigente) la misma superficie, pero de suelo urbanizable, en la ampliación del casco urbano. Según el alcalde Luis Partida (PP), su equipo de gobierno usa esta fórmula desde hace tiempo. "Es política social", afirmó.

Una orden de la consejería anunció el 26 de julio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el periodo de información pública de los afectados por el expediente de expropiación forzosa por la obra de la carretera M-503, donde figuran los propietarios de Villanueva. Según una portavoz de la consejería, ese expediente sigue abierto porque el Gobierno regional todavía no ha recibido los convenios con los dueños de los terrenos. "En todo caso, antes de paralizar el expediente, los estudian antes nuestros servicios jurídicos para ver si el convenio es legal", agregó.

El pasado 13 de septiembre, el Consistorio de Villanueva de la Cañada firmó un convenio con cada afectado por el que les reconoce "los correspondientes derechos urbanísticos de los terrenos ocupados, como integrantes del sistema supramunicipal o general de infraestructuras en suelo urbanizable sectorizado, para hacerlos efectivos desde ya, y, en todo caso, en la futura ordenación urbanística". Luego los propietarios firmaron el acta de ocupación del expediente de expropiación. En ese documento se dice que "el propietario manifiesta que cede gratuitamente la finca de referencia para la ejecución del proyecto citado, en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento".

Según el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Villanueva, los terrenos que ocupará parte de la carretera M-503 (26.813 m²) están calificados como suelo no urbanizable y de secano. El Ayuntamiento tiene aprobado un avance de plan general urbanístico que modificará esa consideración hacia la de suelo urbanizable, aunque todavía la Comunidad de Madrid no le ha dado el visto bueno y, por tanto, el avance no está en vigor. La importancia de considerar uno u otro tipo de suelo radica en que el terreno urbanizable es más caro en el mercado. En la expropiación forzosa, el valor de los solares no urbanizables "oscila entre 1 €/m², si se determina por el método de capitalización de rentas; a 4 como máximo, si se aplica el de comparación de los valores de mercado en fincas análogas, como marca el artículo 26 de la Ley del Suelo", explica Molla. Es decir, la Comunidad pagaría como mínimo 107.252 € al expropiar.

Para el alcalde de Villanueva de la Cañada sostiene que este sistema es "una forma de repartir beneficios y cargas entre los afectados por la carretera". Según él, las fincas que resultan afectadas por la vía también se benefician de ella.

Entre los propietarios de los 26.813 m² afectados por la carretera M-503 que han firmado convenios con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, hay algunos nombres muy conocidos en el municipio y relacionados con el PP. Uno es Enrique Serrano Sánchez-Tembleque, primer teniente de alcalde de Villanueva de la Cañada, del PP. Junto con otros cuatro familiares, figura como propietario de la parcela número 5, con 7.576 m².

El alcalde del municipio, Luis Partida, restó importancia a su aparición entre los propietarios con los que ha firmado un convenio. "Tienen también su hermano, su primo... Pertenece a los Serrano, una de las familias con más terrenos en Villanueva de la Cañada. Donde toques, ahí tienen terrenos. No tiene mayor dificultad. Pasa en la mayoría de los pueblos", aseguró el regidor. Otro de los nombres es Julio Brunete de la Plaza, ex primer teniente de alcalde, también por el PP, cargo que ocupó durante varios mandatos anteriores.

27. UNA VEINTENA DE MUNICIPIOS DEL PP HA CEDIDO SOLARES DESDE 2000 PARA COLEGIOS CONCERTADOS 14-03-2006

Una veintena de ayuntamientos del PP ha cedido desde 2000 más de 30 parcelas públicas para la construcción de colegios concertados (de titularidad privada pero sostenidos con dinero público), según denuncian CCOO y UGT. Uno de los casos más polémicos se ha dado en Pozuelo de Alarcón, donde el Consistorio ha cedido una parcela para que una congregación religiosa construya un centro, el Monte Tabor, que separa a los niños de las niñas en las clases.

Otros consistorios (gobernados en ésta o en la pasada legislatura por el PP) que también han cedido o están en proceso de ceder dotación para centros concertados son Madrid, Alcorcón, Valdemoro, Villanueva de la Cañada, Coslada, Alcalá de Henares, Torrejón de Velasco, Arganda, Torrelodones, Colmenar Viejo, Paracuellos del Jarama, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva del Pardillo y Boadilla. En Colmenar Viejo, fue la Comunidad la que cedió unos terrenos de su propiedad para la construir un colegio concertado.

En el distrito de San Blas, el colegio concertado J. H. Newmann, que empezó a funcionar este curso, pidió a los aspirantes a una plaza "donativos"; una táctica que también están siguiendo los responsables del colegio Monte Tabor de Pozuelo. "En el J. H. Newmann, el 30% de los aspirantes consiguió en el baremo un punto adicional por haber dado donativos", asegura el portavoz socialista de Educación, Adolfo Navarro.

El consejero de Educación, Luis Peral, recuerda que a la Administración le cuesta un 33% menos mantener una plaza concertada que una pública, y que los padres "tienen derecho a elegir a qué centro quieren llevar a sus hijos". "En Madrid capital, el 65% de los padres pidió como primera opción un colegio concertado", afirma. Peral niega que en el J. H. Newmann hubiesen otorgado plazas a cambio de dinero y asegura que ha advertido por carta a los adjudicatarios de los terrenos de que "en ningún caso" los donativos pueden determinar la adjudicación de la plaza escolar.

28. DOS EMPRESAS DENUNCIAN QUE EL AYUNTAMIENTO OMITIÓ PARTE DE SU OFERTA PARA LOS PARQUÍMETROS (16/03/06)

Dornier y Setex, las dos empresas que perdieron el concurso para obtener la gestión de la nueva zona de parquímetros, han denunciado que el Ayuntamiento omitió en la evaluación final documentos que contenían parte de su oferta. Ambas empresas, que quedaron por detrás de Sufi-Hixienes – participada por un amigo del concejal de Seguridad, Pedro Calvo-, denuncian "graves errores al asignar la puntuación". Aseguran que presentaron varios documentos que los técnicos municipales no tuvieron en consideración al calificarles.

La adjudicación de los parquímetros de Madrid presenta muchas sombras. Los informes elaborados por los técnicos municipales en los que se valoran las propuestas de las empresas que acudieron al concurso para gestionar los nuevos aparcamientos regulados en Madrid excluyeron algunos documentos que podían haber cambiado la designación de la concesión, según denuncian las empresas que perdieron.

Una de las firmas que pudo beneficiarse de esas omisiones fue la unión temporal de empresas Sufi-Hixienes. Juan Manuel Casares, que participa en esta sociedad que logró la gestión de los parquímetros de ocho barrios del sur de Madrid y el casco histórico de Carabanchel (zona VI), es amigo de Pedro Calvo, concejal de Seguridad de Madrid. Ambos se conocen desde los ochenta, cuando eran dirigentes de Nuevas Generaciones. Calvo es responsable del área que adjudicó la concesión de los parquímetros.

Dornier y Setex, las dos empresas perdedoras en el concurso municipal, denuncian que el Ayuntamiento excluyó algunos aspectos de sus propuestas. Entre ellos, los planes de prevención de riesgos laborales, el plan de mantenimiento de las instalaciones, la uniformidad de los controladores y el diseño de los recibos que expiden los parquímetros.

El Ayuntamiento convocó el pasado 5 de noviembre el concurso para la gestión de las zonas de ampliación del servicio de estacionamiento regulado (SER). En las condiciones del concurso se daba más importancia a los aspectos técnicos (más subjetivos) que a los económicos; éstos sólo representaban el 15% de la puntuación. En la valoración de las propuestas económicas, las cinco ofertas presentadas por otras tantas empresas o uniones de empresas lograron la máxima puntuación: todas ellas obtuvieron 15 puntos. Las diferencias se encontraban en la parte técnica, donde no fue tenida en cuenta parte de la documentación aportada por las empresas Dornier y Setex-Urbaser. Ahí la puntuación fue la siguiente: la UTE formada por Api, Grupo Vinci y Etralux obtuvo 73 puntos sobre los 85 posibles; Sufi-Hixienes logró 72; Eysa, 71; Dornier, 63,5, y Setex-Urbaser, 52,5 puntos. Las dos últimas se quedaron sin contrato.

Las empresas rechazadas denuncian que habían presentado todos los documentos y que cumplían con todos los requisitos. Un responsable de Setex aseguró que en su propuesta técnica figuraban los documentos que el informe de evaluación omite, asegurando los técnicos municipales que "no constan". "Respecto a la uniformidad del personal, incluso presentamos fotos de la vestimenta que llevarían los controladores", aseguró la misma fuente de Setex.

Además, Setex cuestiona la importancia de estos aspectos. "Son cosas unificadas en todas las zonas. La vestimenta de los controladores y el aspecto de los tiques es el mismo en todas las zonas". Por el contrario, añade, "en los informes técnicos no se puntúa el número de parquímetros que instalará cada empresa o con cuántos controladores contará" para vigilar la zona de aparcamiento asignada.

El responsable de Setex explicó que presentó más de 20 folios para describir el plan de mantenimiento de los parquímetros. Pero el informe técnico refleja que "no se describe propuesta de mantenimiento de las instalaciones, los expendedores ni la señalización". El pasado 19 de enero, Setex presentó un escrito al Ayuntamiento en el que reclamaba la documentación de todo el proceso de adjudicación de los parquímetros, a la vez que pedía explicaciones sobre su exclusión. El Consistorio respondió alegando que no podía enviar todos los papeles porque tenía que garantizar la confidencialidad de los datos.

Dornier, filial de Cintra, presentó un recurso de reposición contra el decreto de adjudicación municipal de los parquímetros. En el mismo, alegaba que la sociedad Hixienes no podía demostrar la experiencia requerida. Además, ponía en duda la forma en que el Ayuntamiento había valorado las ofertas. Dornier denunció en el recurso "graves errores cometidos al asignar las puntuaciones". Un portavoz de la empresa reconoció el pasado viernes que ésta había reclamado una explicación al Ayuntamiento "sobre determinados aspectos administrativos". Pero añadió que después recibió "las aclaraciones oportunas".

29. HIXIENES OBTENDRÁ EL 40% DE LOS BENEFICIOS DEL APARCAMIENTO DE PAGO EN SU ZONA (19/03/06)

Hixienes, empresa que en unión con Sufi gestionará una de las tres nuevas zonas de parquímetros de Madrid, tiene un capital social de sólo 3.005 €. Sufi, por el contrario, cuenta con un capital de 17,1 millones. Pero, según los estatutos por los que se rige la UTE Sufi-Hixienes, Sufi se quedará con el 60% de los beneficios que se obtengan con la explotación de los parquímetros, e Hixienes, con el 40%. Sufi, además, financia "todas las inversiones necesarias". El apoderado de Hixienes es Juan Manuel Casares, ex diputado gallego del PP y amigo del concejal madrileño Pedro Calvo.

Los directivos de Setex (4,8 millones de capital social), una de las empresas que gestionan los parquímetros del centro de la capital desde 2002, no podían creerlo. Sufi, la empresa que compartía con ellos este negocio municipal desde hacía cuatro años, les abandonaba. Sufi, filial de Sacyr Vallehermoso, había decidido cambiar de socio y aliarse con Hixienes, una sociedad sin ningún tipo de experiencia en el negocio de los parquímetros y con un capital social de apenas 3.005 €, menos de la mitad de lo que cuesta un solo parquímetro. Sufi e Hixienes se presentaron juntos al nuevo concurso en noviembre de 2005, y los responsables de Setex se vieron obligados a buscar con rapidez un nuevo socio.

Hixienes es propiedad de Juan Manuel Casares, ex diputado del PP en Galicia y ex compañero en Nuevas Generaciones -la rama juvenil del PP- del concejal de Seguridad, Pedro Calvo Poch, máximo responsable del servicio de parquímetros en Madrid. Ambos son amigos desde la década de los ochenta. El concurso para gestionar los parquímetros fue resuelto el 18 de enero, cuando Calvo firmó el decreto de adjudicación. La unión de empresas (UTE) Sufi-Hixienes logró una de las tres zonas en juego. A cambio de gestionar el servicio de aparcamiento regulado (SER) en esa zona, recibirán 144 millones de € a lo largo de 11 años. Setex, que finalmente concurrió en unión con Urbaser, así como otra gran empresa del sector, Dornier, filial de Cintra, perdieron el concurso. Y comenzaron las preguntas.

La primera que se hicieron los responsables de estas empresas fue cuál era el motivo para que Hixienes, que carecía totalmente de experiencia en el negocio, lograse tan importante pastel económico. En el pliego de condiciones del concurso se explica que "todas y cada una de las empresas" deberán aportar los documentos exigidos. Entre ellos figura la solvencia técnica (experiencia en el sector). Esta condición no la puede aportar Hixienes, porque nunca ha gestionado parquímetros. Además, el pliego requería, a cada una de las empresas, que demostrasen que tenían experiencia en parquímetros durante tres años en ciudades de más de 10.000 habitantes.

Dornier, una de las empresas que no lograron el concurso, reclamó la anulación del proceso. En el recurso que presentó explicó que varios aspectos de su proyecto no fueron tenidos en cuenta y que el Ayuntamiento valoró algunos puntos de su propuesta con un único argumento: "No consta" [el documento]. Dornier, en una durísima réplica, insistió en que había presentado toda la documentación. Setex, que de momento no ha presentado recurso, indicaba lo mismo que Dornier: su propuesta había sido rechazada con el argumento de que no había presentado todos los papeles. Setex afirma que eso es falso y, además, insiste en que Hixienes no podía presentarse al concurso porque carecía de experiencia.

Por su parte Pedro Calvo Poch, respondió al fin a las sombras lanzadas por la oposición sobre la polémica adjudicación de los parquímetros. Calvo se escudó en la literalidad de las leyes. "El procedimiento se ajusta a derecho", manifestó, "ya que si no, los servicios jurídicos hubieran actuado".

30. SEIS COLEGIOS QUE SEPARAN A SUS ALUMNOS POR SEXOS RECIBEN AYUDAS DE EDUCACIÓN (19/03/06)

Seis colegios que sólo admiten a niños o a niñas, o que separan a sus alumnos por sexos, y que están auspiciados por la prelatura del Opus Dei están subvencionados por la Comunidad de Madrid. Estos centros concertados son Tajamar, Los Tilos, Senara, Fuenllana, Andel y Monte Tabor (en construcción). Los cuatro primeros fueron concertados cuando gobernaba el PSOE. Los dos últimos firmaron sus conciertos con el PP. En total, 2.328 niños (el 0,3% de todos los escolarizados) estudian en colegios que separan chicos de chicas. La izquierda denuncia que estos colegios discriminan a la mujer.

Los conciertos (enseñanza privada sostenida con fondos públicos) fueron creados por el PSOE en 1985, cuando era ministro José María Maravall. De esa época aún quedan cuatro colegios, auspiciados por la prelatura del Opus Dei, que separan niños de niñas y que reciben dinero público: Tajamar (masculino), Senara (femenino), Los Tilos (femenino) y Fuenllana (femenino). El PP, siendo consejero de Educación Carlos Mayor Oreja, amplió el concierto del Fuenllana y creó un nuevo concierto con el Andel (masculino). Ambos forman parte del mismo proyecto educativo, Antares, y están en Alcorcón. Por ejemplo, Fuenllana recibe del Gobierno regional 60.000 € anuales.

"El ideario de estos colegios es machista y está apoyado por la extrema derecha. Es discriminatorio para la mujer y, encima, sus responsables han dado un pelotazo al conseguir suelo público para construir un colegio privado", denuncia Adolfo Navarro, portavoz socialista en la Asamblea. Las críticas contra la educación concertada diferenciada las comparten IU, CC OO y UGT y la Federación de Padres Giner de los Ríos. "La nueva Ley de Educación que prepara el Gobierno central, de momento, tampoco prohíbe el concierto para este tipo de colegios discriminatorios.

Ninguno de los colegios de educación diferenciada destacó en el pasado examen que hicieron todos los alumnos de la región de sexto de primaria. En el listado, según las notas, de 1.159 colegios que hizo público la Consejería de Educación, el Tajamar quedó en el puesto 991º; el Senara, en el 124º, y el Retamar, en el puesto 302º.La polémica de los colegios que segregan por sexos se ha reabierto en los últimos meses con el colegio Monte Tabor, en Pozuelo. El Ayuntamiento, del PP, cedió a la fundación educativa católica Tiempos Más Nuevos (según la pedagogía del movimiento ultracatólico Schoenstatt) un solar de 118.000

31. TENSIONES EN EL PP TRAS LAS DECLARACIONES DE RUIZ-GALLARDÓN SOBRE SU DESEO DE PASAR A LA POLÍTICA NACIONAL (22/03/06)

Esperanza Aguirre, presidenta del Gobierno regional y del PP madrileño, fue preguntada por el deseo de Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capital, de concurrir en las listas de Mariano Rajoy a las próximas elecciones generales (a ser posible como número dos de la lista por Madrid) y convertirse así en diputado en la próxima legislatura. Aguirre contestó: "yo creo que eso es perfectamente legítimo en un político, nunca ha ocultado que su deseo es ser presidente del Gobierno de España. Probablemente ha pensado que ser el número dos es un paso en ese deseo".

El alcalde hizo público ese deseo y disponibilidad suya para ser diputado en una entrevista publicada en un diario. Rajoy fue preguntado en Lisboa por esta propuesta del alcalde y contestó que ése es un tema que no piensa plantearse hasta 2008. "No dedico a eso ni medio minuto. Pregúntenme en marzo de 2008", contestó Rajoy visiblemente molesto.

La propuesta del alcalde para aunar a su condición de regidor de la capital, si resulta reelegido en 2007, la de diputado ha levantado una gran polvareda en el PP. El primer motivo es que es un anuncio "muy prematuro", según fuentes de la dirección del PP, pues ahora "el objetivo es preparar las municipales y autonómicas" del próximo año, a las que concurrirá Gallardón como candidato a la alcaldía de Madrid.

El segundo motivo es una interpretación de los populares: Gallardón podría estar preparando el día después de las elecciones generales para el caso de que Rajoy no lograra ganarlas y, tras el fracaso, decidiera dejar el liderazgo del partido. Para esa eventualidad, ser diputado es muy relevante con vistas a competir por el liderazgo del partido.

En todo caso, ésa es una eventualidad que fue rechazada por el propio Rajoy. En una entrevista en televisión, el líder del PP afirmó que él se ve "con ganas" de continuar al frente de su partido incluso en el caso de que perdiera las elecciones en 2008.

La presidenta de la Comunidad replicó que ese "deseo" del alcalde puede ser "un paso" para su ambición de convertirse en el futuro en presidente del Gobierno. Para eso, evidentemente, antes tiene que ser líder del PP, candidato de ese partido y ganar las elecciones.

32. EL PP RECHAZA QUE LA ASAMBLEA INVESTIGUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 9 DE METRO (22/03/06)

La mayoría del PP en la mesa de la Asamblea le valió a este grupo parlamentario para rechazar la creación de una comisión de investigación sobre la construcción de la línea 9 del metro solicitada por la oposición (PSOE e IU). El portavoz del grupo popular en la Cámara, Antonio Beteta, explicó que la petición no reúne uno de los requisitos que marca el artículo 75 del reglamento: ser de "interés público". La portavoz adjunta socialista, Ruth Porta, denunció la "vulneración" del Reglamento de la Cámara. "El PP es capaz de cualquier cosa con tal de tapar lo mucho que tiene que tapar", agregó. El portavoz de IU, Fernando Marín, denunció que la oposición "está ninguneada" por el PP.

El portavoz del PP, Antonio Beteta, explicó la falta de interés general de la comisión en que el escrito registrado por la oposición para solicitarla pretendía investigar "un determinado informe cuyo tenor ya ha sido rectificado por el autor del mismo". Se refería así al documento del ex director general de Infraestructuras, Manuel Melis, en el que revelaba las "deficiencias" que se produjeron en 1999 durante las obras de ampliación de la línea 9 de metro. Según Beteta, para tomar esta decisión se ha basado en un informe jurídico de la secretaría general de la Asamblea, que asegura que corresponde a la mesa comprobar los requisitos de forma de la comisión de investigación, "pero también en cuanto órgano calificador, la apreciación de que el objeto es un asunto de interés público".

33. MANUEL LAMELA, CONSEJERO DE SANIDAD, CARGO PÚBLICO Y NEGOCIOS PRIVADOS (22/03/06)

La apretada agenda de Manuel Lamela, el cuestionado consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, sin embargo goza del máximo apoyo de Esperanza Aguirre, de la que es uno de sus más cercanos allegados, también deja un espacio para la actividad empresarial. Este versátil político es propietario, junto a su padre y su madre, de una empresa dedicada a la lucrativa actividad inmobiliaria. Inversiones Lamela Campos, S.L., nombre de la compañía, iniciaba su andadura en 1992 con un capital social de 500.000 pesetas. El negocio no ha ido nada mal, y actualmente cuenta con un capital social que excede los seis millones de €, o lo que es lo mismo, 1.013 millones de las antiguas pesetas.

En junio de 1992 se registraba la sociedad Inversiones Lamela Campos, S.L., con un capital social de 500.000 pesetas, suscrito por el actual consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela Fernández, y sus padres, Manuel Lamela López y Carolina Fernández Blay, en la que el mandatario madrileño figuraba como administrador único. Su objeto social consistía en “operaciones inmobiliarias de cualquier naturaleza, consistentes tanto en la explotación económica de inmuebles, en régimen de alquiler o a través de cualquier otro sistema o título jurídico que procure su aprovechamiento económico, como en la actividad de adquisición y transmisión de los repetidos inmuebles para realizar su valor de cambio por medio de cualquier título jurídico”, aunque también reservaban parte de su función al “asesoramiento jurídico, contable y financiero, en orden a la promoción y constitución de empresas”.

El negocio no podía marchar mejor, porque en marzo de 2002, su empresa inmobiliaria realizaba una espectacular ampliación de capital, multiplicando el inicial medio millón por 1.700. Entonces se emitieron acciones por valor de 5.186.734 €, es decir, 863 millones de las antiguas pesetas, suscritos en su totalidad por los tres miembros de la familia. Debían ser buenos tiempos, porque, apenas un año después, en abril de 2003, una nueva ampliación redondeaba el valor de Inversiones Lamela Campos. En esa ocasión, padre, madre e hijo desembolsaban otros 899.997 € –casi 150 millones de pesetas más- para ser titulares de una compañía valorada en 6.089.632 €, ó 1.013 millones de pesetas.

La gran ampliación de capital era suscrita nominalmente, de modo muy mayoritario por sus padres. Manuel Lamela López suscribía 473.360.000 pesetas de la operación. La madre, Carolina Fernández Blay figuraba con otras 374.540.000 pesetas, mientras que el actual consejero de Sanidad madrileño, asumía a su nombre algo más de 15 millones de pesetas.

Lamela no es conocido por el gran público por sus lucrativas actividades privadas, sino por radicalizadas decisiones al frente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En su departamento, desoyendo los informes elaborados en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, se hicieron eco de unas denuncias anónimas sobre sedaciones que, supuestamente hubieran ocasionado el fallecimiento de varios pacientes. La Consejería envió inspectores y en marzo de 2005 difundía la “noticia” de que podrían haberse producido 400 muertes por sedación. Se destituyó al jefe del Servicio, el doctor Montes y al gerente y al director médico del hospital. Lamela decidió instalar cámaras en los pasillos para evitar las reuniones y concentraciones de los trabajadores del Severo Ochoa, a los que se amenazó con expedientes en caso de proseguir con las protestas.

Pese a tratarse de dos actividades profesionales tan dispares, la inmobiliaria y la sanidad, y desarrollarse en ámbitos distintos, el privado y el público, el consejero Lamela se ha empleado con igual desenvoltura en ambas, aunque sus preferencias parecen decantarse por el modelo privado de gestión, como ha demostrado en diversas ocasiones, como , por ejemplo, con el nombramiento de Juan José Bestard Perelló, ex consejero delegado de la quebrada empresa Actualidad Sanitaria, S.A., como gerente de la Fundación Hospital de Alcorcón –hasta noviembre de 2005-.

34. LA EUROCÁMARA PODRÍA INVESTIGAR SI SE VIOLA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TELEMADRID (28/03/06)

Trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid, en nombre de los respectivos comités de empresa, han pedido hoy formalmente a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que investigue si la actual gestión del ente vulnera el derecho a la libertad de expresión. En su denuncia, los comités de empresa señalan que la gestión del director general, Manuel Soriano, busca hacer de Telemadrid un "medio de propaganda política", implica una manipulación de la información y conculca "el derecho de los periodistas a la libertad de expresión y el de los ciudadanos a una información veraz y plural".

A su juicio, esta práctica vulnera el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la libertad de expresión, incluida la "libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencias de autoridades públicas". "Nosotros no criticamos Telemadrid, amamos a nuestra empresa, pasamos procesos selectivos muy fuertes para estar ahí. De quien hablamos muy mal es de la actual dirección que está pervirtiendo todo nuestro trabajo", ha declarado en una rueda de prensa la periodista del ente Blanca Landázuri.

La comisión de Peticiones del PE investiga casos de violación al derecho comunitario. Pero la Carta de Derechos Fundamentales, y por tanto el artículo relativo a la libertad de expresión, figura en el proyecto de Constitución europea, que aún no ha sido ratificado, por lo que hay dudas sobre si podría considerarse como parte del derecho europeo. Los eurodiputados españoles Carlos Carnero (PSOE) y David Hammerstein (Los Verdes), quienes han interpelado a la Comisión Europea para que investigue también los supuestos abusos en la gestión de Telemadrid, consideraron que sí hay base legal para que las instituciones de la UE abran diligencias. "Venimos aquí porque no tenemos cauce de comunicación con la dirección general de nuestra propia empresa", señaló por su parte Landázuri.

"Lo importante es suscitar debate, con independencia de cuáles sean los resultados", ha considerado el periodista Javier Juárez, para quien la "situación de Telemadrid en relación con determinadas libertades fundamentales es bastante grave e inconcebible en la España del siglo XXI". Los periodistas entregaron ante la secretaría de la comisión de Peticiones su demanda escrita, sellada por los comités de empresa de Telemadrid, Onda Madrid y del Ente Público Radio Televisión Madrid, así como documentación y material audiovisual para apoyar sus alegaciones. Landázuri y Juárez han explicado que acudieron en nombre de los comités de empresa y de los trabajadores, pero que no forman parte del Comité de Empresa de Telemadrid.

35. ADJUDICADA LA CONSTRUCCIÓN DE OTRO TRAMO DE AUTOVÍA DE LA 'CARRETERA DE LOS PANTANOS' (31/03/06)

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó ayer las obras de construcción del tramo de autovía de la M-501 (conocida como carretera de los pantanos) entre los municipios de Quijorna y Navas del Rey. Las obras las ejecutará la unión temporal de empresas (UTE) formada por las constructoras Vías y Construcciones y Corsam-Corviam, que ofertó ejecutar los 18 kilómetros que separan ambas localidades por 44 millones de euros. El vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, aseguró que el 25% de la inversión en la zona se destinará a mejorar el medio ambiente de la zona afectada.

El concurso público para convertir este tramo en autovía salió por 69 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, que comenzará en breve. Al mismo concurrieron 19 grupos empresariales, que hicieron ofertas por un valor medio 46,7 millones, según fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. La mesa de contratación optó por la UTE ganadora, que ofertó hacer la obra por 44.150.000 euros. Entre las medidas que mayor puntuación recibieron por parte de los técnicos está la ejecución de la obra de tal forma que no afecte en la nidificación y apareamiento de las aves existentes en la zona, según fuentes de Transportes. A todo ello se une que el movimiento de tierras irá complementado con un programa de equilibrio de montes y terraplenes, por lo que se evitan los desechos innecesarios.

Por último, hay "una eficaz planificación" de los desvíos de tráfico, entre otras medidas. Un total de 6,5 de los 44 millones del precio de adjudicación se destinará a medidas medioambientales, según el vicepresidente Ignacio González. A eso se unen otros 6,4 millones del plan de integración y recuperación ambiental de la zona.

El vicepresidente primero justificó la necesidad de hacer este nuevo tramo de autovía en el hecho de que en la actualidad registra un 66% más de mortalidad que el tramo que ya es autovía (Villaviciosa de Odón-Quijorna). "En los últimos tres años han muerto en el tramo sin duplicar 15 personas, más del doble que en el tramo de autovía, y eso que en el tramo sin desdoblar circula un 63% menos de vehículos", añadió el vicepresidente. El Gobierno regional ha decidido que las obras sirvan para mejorar el entorno de la carretera. Para ello ha concebido programas específicos para recuperar especies como el águila imperial ibérica, el águila perdicera, el cernícalo primilla, diversos reptiles y anfibios, así como la introducción del alimoche y el águila pescadora.

Por el tramo que será duplicado pasan unos 15.000 vehículos/día, según cálculos de Transporte. Fuentes del Gobierno regional insistieron en que los fines de semana y en las operaciones salida se producen embotellamientos de acceso a los núcleos urbanos colindantes. El nuevo trazado pretende eliminar curvas peligrosas y solucionar las conexiones con otras vías mediante puentes e intersecciones a distinto nivel.

Más de 60.000 madrileños disfrutan de su descanso dominical con una fecha fijada en un rincón de su cerebro: el día en que deben acudir al hospital para someterse a una prueba diagnóstica. Una situación, para muchos, "peor que saber que tienen que ser operados". "Cuando uno asume que será operado, ya conoce qué dolencia sufre y que se repondrá", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. "Antes de la prueba diagnóstica, en cambio, existe la inquietud del qué tendré, de si será grave...", sigue Sánchez Bayle. Pese a sus reducidas dimensiones geográficas, la Comunidad de Madrid es todo un mundo en lo que se refiere a las esperas para pruebas diagnósticas. Casi no existen dos casos iguales: cada área sanitaria, cada distrito, cada hospital e, incluso, cada servicio médico tiene su propia lista, con demoras muy distintas entre sí.

Pero mientras presume de haber reducido la lista de espera quirúrgica, el Gobierno regional ha impuesto un apagón informativo sobre el estado real de las esperas diagnósticas. Tiene los datos, porque una norma estatal le obliga a elaborarlos y remitírselos al Ministerio de Sanidad, pero no los quiere hacer públicos.

Alega que los datos que tiene son "incompletos, parciales, no comparables y, sobre todo, que no ofrecen una imagen real de las listas de espera diagnósticas en la sanidad pública", según un portavoz de la Consejería de Sanidad. Éste admite, sin embargo, que "es cierto que debe mejorarse la gestión de la espera diagnóstica para reducir las esperas que sufren los pacientes" y anuncia que "antes del verano" será presentado un nuevo sistema informático único para toda la región que permitirá "disponer de información real, al igual que se ha hecho con la lista de espera quirúrgica".

Sanidad, sin embargo, no siempre ha escondido sus datos. Hace casi un año y medio, el 23 de noviembre de 2004, Jorge Tapia, entonces director del Imsalud (hoy Sermas), acudió a la Asamblea de Madrid para informar a los diputados del estado de las listas de espera. La sesión terminó en bronca. El PSOE le acusó de "mentir en sede parlamentaria" porque otros datos en poder de los socialistas, también oficiales, mostraban un panorama mucho peor de la sanidad pública que el presentado por Tapia.

Aquel día, que supuso el fin de la información oficial sobre la espera diagnóstica en Madrid, puso de manifiesto las dificultades que los propios responsables de Sanidad tienen para disponer de información fidedigna sobre el estado de las listas de espera para pruebas diagnósticas.

37. LA UE ABRE EXPEDIENTE A ESPAÑA PORQUE LA M-30 CARECE DE INFORME AMBIENTAL (05/04/06)

La Comisión Europea abrió un expediente a España por no haber realizado el Ayuntamiento de Madrid un estudio de impacto ambiental antes de iniciar las obras de reforma de la M-30, valoradas en 4.000 millones de €. Bruselas no cuestiona la necesidad del proyecto, pero mantiene que debe ir acompañado de la correspondiente declaración de impacto. No hacerlo supone una violación de una directiva que, de no ser rectificada, puede acabar en el Tribunal de Justicia.

Para el eurodiputado socialista Carlos Carnero, a cuya instancia se pronunció la Comisión, se trata de una victoria de los ciudadanos afectados. Usó términos futbolísticos: "Parlamento y Vecinos, 1; Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, 0". "Este macroproyecto, uno de los más importantes de su especie en este momento en Europa, debería haber sido sometido a una declaración formal y global de impacto ambiental. En vez de eso, fue dividido en 19 proyectos menores que no han sido sometidos a un procedimiento completo de impacto ambiental", dice la Comisión para explicar por qué emplaza a las autoridades españolas a dar explicaciones, y rectificar, en un plazo de dos meses.

El Ejecutivo comunitario sostiene su criterio en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a España por no trasladar correctamente a la legislación nacional la directiva sobre impacto ambiental en relación con los proyectos de desarrollo urbano. "La tesis que defiende el Gobierno español de que en las zonas urbanas el impacto ambiental de los proyectos de urbanización es prácticamente inexistente, tampoco puede ser acogida en vista de la lista de factores que pueden verse afectados directa o indirectamente por los proyectos a los que se refiera la directiva", señaló el tribunal. "Es decir, que los proyectos de desarrollo urbano también necesitan la declaración de impacto ambiental", explica un eufórico Carlos Carnero, vecino de la M-30, asociado a los perjudicados y constante motor para la intervención de las instituciones europeas en el caso.

La Comisión subrayó que la demanda de realizar el estudio es una exigencia legal que "no cuestiona la necesidad, el diseño o la importancia de este proyecto para la ciudad de Madrid". Bruselas recuerda que la directiva 85/337/CEE establece que los grandes proyectos de infraestructura deben someterse a consulta pública y a declaración de impacto antes de ser aprobados, para evitar, o minimizar, los daños medioambientales.

El colegio de comisarios tomó su decisión a partir del documento con recomendaciones que le elevó la Comisaría de Medio Ambiente, donde se estudiaron las "informaciones complementarias muy voluminosas" proporcionadas por las distintas partes, para llegar a la conclusión de que "la infracción de la directiva es evidente, pues no se ha realizado una evaluación de impacto de todos los proyectos o evaluaciones de todos los subproyectos que tuvieran en cuenta los efectos acumulados".

Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para responder a esta primera carta de emplazamiento del comisario Stavros Dimas. A la luz de la respuesta, o en ausencia de ella, la Comisión enviará un dictamen motivado en el que establecerá clara y definitivamente sus razones para creer que ha habido infracción de la legislación comunitaria y volverá a dar dos meses al Estado para que cumpla con ella. Si de nuevo la respuesta es insatisfactoria, España será llevada al Tribunal de Justicia por la Comisión.

38. La Comunidad de Madrid, salpicada de irregularidades urbanísticas (06/04/06)

Más de un veintena de municipios gobernados por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid son sospechosos de haber cometido alguna irregularidad urbanística, como recalificaciones inadecuadas o de tráfico de influencias. En algunos casos han llegado a provocar la dimisión del alcalde o de concejales, en otros casos los tribunales están investigando. Algunos municipios son especialmente conocidos por las irregularidades que han sido denunciadas reiteradamente, vamos a hacer un breve resumen:

- Tres Cantos, donde una docena de cargos públicos, entre concejales y asesores, todos relacionados con el urbanismo, han dimitido en lo que va de mandato, desde 2003. Aquí las irregularidades han llegado hasta la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, cuya familia se benefició tan cuantiosa como oportunamente de la venta de unos terrenos, según denuncias del grupo municipal socialista. Y también en Tres Cantos, un concejal del PP, Alberto Martínez Díaz, ha sido acusado por los socialistas de adjudicar unos terrenos a Fomento de la Construcción, siendo propietario de los mismos.

- En Majadahonda el alcalde del PP, Narciso de Foxá, está procesado por un delito de malversación de fondos. Y el antiguo alcalde, Guillermo Ortega, dimitió el año pasado, “por motivos de salud”, aunque los socialistas lo atribuyen a diferencias de precio en la adjudicación de una parcela.

- En Brunete, el alcalde Félix Gavilanes (PP) está imputado por prevaricación y de ordenación del territorio, por presuntas irregularidades entre los convenios urbanísticos y las fichas técnicas de algunos terrenos.

- En Moralzarzal, los socialistas denuncian que el alcalde pretende construir viviendas en los Pradejones (localidad dentro del ámbito del PORN del Parque Nacional) con el Gobierno de Esperanza Aguirre, pues cuando la Comunidad de Madrid estaba gobernada por Alberto Ruiz Gallardón se les denegó la petición.

- En Boadilla, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó abrir investigaciones por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y estafa, que afectan supuestamente a los promotores de la ciudad financiera del Banco de Santander Central Hispano. Según los denunciantes, la entidad adquirió el terreno como rústico, sabiendo que iba a ser recalificado para poder edificar.

- En Colmenar de Oreja, la alcaldesa está en los tribunales por una presunta irregularidad en el dinero que percibió el Ayuntamiento, por el convenio realizado para la instalación de una central de producción eléctrica

- En Colmenar Viejo, la oposición denuncia que el alcalde ignora a menudo los informes que los técnicos municipales le preparan para la concesión de licencias urbanísticas.

- En Pedrezuela, el alcalde también del PP, José Antonio Chichón, ha otorgado diversas licencias de vivienda en suelo no urbanizable, permitiendo construir una urbanización de chalets en un suelo industrial, sin cambiar el uso del suelo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha realizado su cuarto viaje al extranjero. El lugar elegido ha sido Miami, en el Estado norteamericano de Florida. Con esta visita de dos días pretendía promocionar el turismo de Madrid al otro lado del Atlántico para que los norteamericanos se acuerden de la riqueza cultural y gastronómica de la región. Su corto periplo sólo ha incluido seis actos públicos.

El primer capítulo del viaje comenzó en el hotel donde se alojó la presidenta. Allí se reunió con una veintena de empresarios radicados en Miami. Destacan compañías como Iberia, Caja Madrid, Alcalagres y Mapfre. "En la Comunidad de Madrid tenemos un interés muy especial por aquellos madrileños que desarrollan su actividad en el extranjero, en especial, en Estados Unidos", comentó la titular del Ejecutivo regional.

Durante el segundo y último día en Miami Aguirre se reunió con disidentes anticastristas en el Instituto para los Estudios Cubanos y Cubano-americanos de la Universidad de Miami. Allí hizo el discurso más duro. Tachó de "insoportable escándalo" que la isla caribeña la dirija un dictador, lo que supone un "trágico anacronismo". "Como madrileña, española y amante de Cuba, desde mi inequívoco compromiso con la libertad siempre podrán contar con mi adhesión y apoyo a una Cuba libre y democrática", concluyó Aguirre ante una veintena de cubanos que le ovacionaron.

Aguirre llevó consigo una comitiva de unas 40 personas, entre las que había una veintena de periodistas. Todos han volado en primera clase y se han alojado en hoteles de lujo. La ida y vuelta en avión en esta categoría supone un gasto de unos 4.700 euros por persona. A eso hay que añadir los más de 300 euros que cuesta cada noche de habitación hotelera. Ese precio sube hasta los 400 en el caso del alojamiento elegido por la presidenta Aguirre.

"El balance del viaje ha sido muy positivo. Nuestra intención es que suba un 12% el número de turistas norteamericanos que visitan la región. Ahora lo hacen unos 370.000 al año, cada uno de los cuales gasta unos 150 euros cada día de estancia. Son los que más desembolsan", señalan fuentes del Gobierno regional. Éstas no quisieron detallar cuánto dinero ha supuesto para los contribuyentes madrileños este viaje a Miami. "¿Facilitan este dato Zapatero o Simancas en sus viajes?", argumentaron.

El Ayuntamiento de Madrid ha sido acusado de incumplir la normativa, al conceder una nueva subvención a la Fundación Humanismo y Democracia, del PP. Según el grupo municipal socialista, una entidad cuya gestión es irregular, como vienen denunciando, no puede recibir más ayudas municipales. El director general de Inmigración, Tomás Vera, afirmó que se ha cumplido escrupulosamente la ley. "No hay ninguna denuncia", agregó una portavoz de la Concejalía de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, que dirige Ana Botella. La fundación ha obtenido una subvención de 276.004 euros, pese a que la auditora que evaluó el proyecto recomendó que no fuera financiada.

La Fundación Humanismo y Democracia (FHD), vinculada al PP, ha obtenido en la convocatoria de 2005, que ha sido adjudicada a primeros de este año, una subvención de 276.004 euros del Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía de Madrid. Según el PSOE, existen dudas en la concesión de esos fondos municipales.

El grupo socialista viene denunciando irregularidades en algunos de los 12 proyectos para ayuda al desarrollo de FHD financiados por el Consistorio entre 1995 y 2004 con tres millones de euros. En los expedientes municipales sobre esos proyectos hay documentación incompleta, justificaciones de gastos amañados, falsificación de firmas de los usuarios de los proyectos y una serie de irregularidades aún no explicadas por el Consistorio. Sin embargo, un portavoz municipal negó que existieran tales incidencias.

El informe elaborado por las sociedades independientes contratadas por el Ayuntamiento para hacer las valoraciones técnicas de los proyectos de dicha convocatoria explica textualmente que "el proyecto podría tener un impacto positivo, pero se ha valorado que no se establecen las medidas suficientes para lograrlo, lo que es una de las causas principales por las que no se ha recomendado la financiación".

Un portavoz municipal reconoce que en "el informe se puede leer que se desaconseja la financiación del proyecto, pero en realidad las consultoras sugieren que se reduzca el gasto en las partidas de viaje, estancias y de funcionamiento". Y subraya: "Por eso hemos reducido la subvención hasta los 276.004 €".

El plan de la ONG consistía en mejorar la formación de 4.000 personas de 16 comunidades campesinas en el Departamento de Tolima (Colombia) durante 2 años. La subvención que solicitaba ascendía a 335.504 €. La concejalía redujo la ayuda a 276.004 €.

En el informe figuran comentarios como "proyecto irregular en su contenido y formulación con cuestiones poco claras o deficientes". Las consultoras aseguran en su análisis que "el presupuesto es elevado y presenta dudas importantes sobre su impacto y sostenibilidad". En el apartado de contenidos del proyecto, las entidades encargadas de valorarlo precisaron que "la descripción de las actividades es escasa. No se da detalle suficiente de los contenidos, ni se han tomado las medidas necesarias para evitar una posible baja participación de los beneficiarios". Y añaden: "Algunas partidas no presentan documentos justificativos de los gastos previstos, algunos de los cuales son demasiado elevados".

Las entidades también expusieron sus dudas al analizar el capítulo de los beneficiarios: "Existen deficiencias y carencias de información que no permiten valorar positivamente la posibilidad de que las previsiones de participación se cumplan".

41. EL JUEZ INSTRUCTOR DEL CASO DE LA FUNERARIA SE INHIBE POR AMISTAD CON DOS LETRADOS (18/04/06)

El magistrado de la Audiencia Provincial Juan José López Ortega, que instruye el caso de la funeraria municipal, se ha inhibido alegando amistad íntima con una de las partes: mantiene una relación de amistad con dos letrados que defienden a los imputados. La venta en 1992 de la Empresa de Servicios Funerarios, entonces propiedad del Ayuntamiento, por 100 pesetas (0,6 €) desató el caso Funeraria. Dos años después de la venta, la empresa ganaba más de seis millones de euros. PSOE e IU denunciaron la operación, y el resultado fue que tres ex concejales del PP -José María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno- fueron imputados por prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas y tráfico de influencias.

La portavoz de IU, Inés Sabanés, criticó la lentitud de un proceso que dura ya más de 14 años. Sabanés recordó que en 2002 se tenía que haber fijado la vista oral del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se hallaba por ser Huete diputado regional. "Pero se retrasó alegando la proximidad de las elecciones de 2002, para evitar que se politizase el tema", añade la portavoz. Pasadas las elecciones, y tras el cese de Huete como diputado, la defensa solicitó que el caso pasara a la Audiencia Provincial de Madrid.

"Los abogados de la defensa han querido frenar el proceso con multitud de recursos. En uno de los últimos, alegaban pérdida de documentos res porque decían que el despacho de abogados había sido afectado por el incendio del Windsor", prosigue Sabanés. Respecto al último parón, la abstención del juez por amistad con los abogados de los acusados, la portavoz de IU opina: "No se trata de una gravedad inmensa, pero si miramos el procedimiento en su conjunto, es el resultado de 15 años de dilación sistemática".

42. BRUSELAS BLOQUEA UN CRÉDITO DE 1.500 MILLONES PARA LAS OBRAS DE LA M-30 (21/04/06)

El Ayuntamiento no podrá contar, por ahora, con el crédito privilegiado de 1.500 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que había solicitado para financiar las obras de la M-30. Así se lo comunicó ayer el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, al eurodiputado socialista Carlos Carnero.

La Comisión Europea (CE) ha decidido bloquear el desembolso del crédito al existir una investigación sobre el cumplimiento del proyecto de la M-30 de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente.

El 14 de diciembre de 2004 el BEI aprobó el crédito a la sociedad mixta público-privada Madrid Calle 30 por un importe de 1.500 millones de euros destinado a financiar la ejecución de las obras de soterramiento de la M-30. Bruselas debe dar el visto bueno a los préstamos concedidos por el BEI. La Comisión aseguró que "no puede dar, por ahora, su aprobación al desembolso del crédito del BEI".

Carnero aseguró que se trata del primer documento oficial que reconoce lo que ya asumieron hace tres semanas. Carnero explicó que la comisión ha actuado con total coherencia al haber abierto el procedimiento. "El alcalde debería tomar nota y hacer la declaración de impacto ambiental. Debería hacer los cambios necesarios para cumplir con la normativa europea", apuntó.

43. IMPUTADO EL ALCALDE DE BOADILLA, ACUSADO DE NOMBRAR A DEDO A UN CONSERJE AFÍN AL PP (26/04/06)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Móstoles sostiene en un auto que existen indicios de que el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González, del PP, y el ex gerente del Patronato de Cultura (edil) José Francisco Pastor de Luz, pueden haber incurrido en un delito de prevaricación (dictar una decisión injusta a sabiendas) al contratar en 2001 a un conserje sin convocar concurso ni oposición. El trabajador, Raúl de Diego Nicolás, fue reclamado directamente del Inem. Destaca el hecho de que la hermana del conserje, Margarita de Diego Nicolás, ocupara el puesto número 20 de la lista que presentó el PP en las últimas elecciones municipales de 2003.

Con este auto, el juzgado da por finalizadas las diligencias previas que se iniciaron tras una denuncia presentada por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por Boadilla) en 2002. El juez acuerda proseguir las actuaciones respecto de los imputados Arturo González y José Francisco Pastor de Luz por un posible delito de "prevaricación/nombramientos ilegales". Las actuaciones se pasarán al ministerio fiscal y a las acusaciones particulares para que, en un plazo de 10 días, puedan solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

Para el alcalde manifestó: "Estamos ante un mero trámite procesal". También reprocha a sus opositores municipales que "recurran a los tribunales para lograr lo que políticamente no consiguen. Pese a ello, el auto explica cómo el Ayuntamiento contrató a De Diego por tiempo indefinido el 17 de octubre de 2001, fecha en la que empezó a ejercer de conserje. Asimismo, subraya que "dicho trabajador fue reclamado personalmente, con nombre y apellidos, de la oficina del Inem directamente por Francisco Pastor de Luz".

El 2 de noviembre de 2001, el alcalde suscribió un decreto de nombramiento de De Diego como conserje interino del Patronato. El secretario de la Corporación se negó a firmar dicho decreto y advirtió en el Consejo de Administración del Patronato de Cultura en enero de 2002 que se estaba cometiendo una ilegalidad y que el nombramiento era nulo de pleno derecho. El auto afirma que, a pesar de todas estas advertencias, la persona contratada "continúa a esta fecha desempeñando sus funciones como conserje en el citado Patronato". Tras el examen de las actuaciones, el juez llega a la conclusión de que existen indicios suficientes para apreciar una actuación concertada entre el alcalde y el ex gerente del Patronato para contratar a de Diego en un puesto laboral dependiente de la Corporación, "a sabiendas de su ilegalidad".

44. LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE CREÓ UNA 'CAJA B' PARA PAGAR TRABAJOS IRREGULARES, INCLUIDOS LA ESCOLTA DE LOS TRASFUGAS TAMAYO Y SAEZ (27/04/06)

La Universidad Complutense de Madrid, desarrolló entre 1999 y 2002 un sistema de financiación paralelo al oficial que se nutría de fondos no declarados de seis colegios mayores. Con ese dinero se pagaron al menos 894.000 € en gratificaciones a personal de la Complutense y ajeno a ella.

Entre los beneficiarios está un vigilante privado que protegió a los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez cuando éstos abandonaron su grupo e impidieron que la izquierda gobernara la Comunidad de Madrid.

Dionisio Ramos, anterior gerente general de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ex alto cargo del primer Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, presuntamente era el principal responsable de un sistema de financiación paralela que se mantuvo durante años en la institución madrileña para efectuar pagos irregulares. Entre esos pagos figuran varios a Juan Antonio Expósito, el escolta que protegió a los ex diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez durante la crisis que ambos provocaron al desertar de las filas socialistas tras las elecciones autonómicas madrileñas de 2003. Según documentos y otros analizados por una auditoría externa de la Universidad que ha sido puesta a disposición judicial, sólo entre los años 1999 y 2002, se hicieron pagos irregulares por valor, al menos, de 894.000 € (unos 150 millones de pesetas). Estas operaciones comenzaron hace más de una década y se prolongaron hasta la elección, en mayo de 2003, de Carlos Berzosa como nuevo rector de la Universidad.

Tras acceder a decenas de documentos originales que prueban la existencia de esa contabilidad paralela, que se nutría de los pagos de los 950 alumnos hospedados en los seis colegios mayores propios de la institución. La administración de este irregular sistema de financiación tenía su sede en el Colegio Mayor Antonio de Nebrija, del que Ramos fue director (y colegial en sus tiempos de estudiante) y que era dirigido por su propia hermana, Maribel Ramos, que desde 2000 ostentaba el cargo de administradora de los colegios mayores.

"La auditoría externa de la Universidad Complutense del ejercicio económico 2002, realizada por Price Waterhouse Coopers, constata falta de control en la facturación de los Colegios Mayores propios de la Universidad, lo que se manifiesta en ingresos no incorporados al presupuesto de la Universidad y falta de contabilidad de gastos", afirma el informe elaborado por el rector. Se confirma así la "existencia de un segundo canal económico paralelo y complementario de los canales oficiales de la UCM, basado en movimientos de dinero en efectivo con tres fuentes de entrada: reservas de plaza de los colegiales, cobro de mensualidades directas de algunos de ellos y cobros de los alojados en los meses de verano".

Según los documentos oficiales, con el dinero de esa "caja B" se pagaron distintas cantidades a 26 personas, además de al vigilante privado Expósito, entre las que se encuentran vicerrectores, gerentes y técnicos de la administración, algunos de los cuales son familiares directos de Ramos. Los recibos a nombre de Juan Antonio Expósito, por un valor de 4.800 €, introducen, sin embargo, una sospecha de conexiones políticas por la vinculación del escolta con la crisis creada en 2003 en la Asamblea de Madrid.

Tras la comisión de investigación abierta por aquellos hechos, que intentó demostrar sin éxito la existencia de una trama urbanística vinculada al PP detrás de aquel episodio, tanto Expósito como Dionisio Ramos declararon ante el juez a finales del año pasado. En esa comparecencia, ambos aseguraron no conocerse personalmente. Expósito lo negó pese a haber reconocido, ya en prisión y mediante un manuscrito, que sus servicios habían sido pagados por la Complutense y que Ramos le había encargado la vigilancia de algunas personas de la Universidad.

Ramos insistió en que no conocía "de nada" a Expósito y aseguró que preparaba una demanda en defensa de su "honor" y contra las "calumnias" vertidas por los medios de comunicación. Y declinó dar explicaciones sobre los pagos. Los recibos a favor de Expósito en poder de este periódico, en los que éste cobra por un trabajo en concepto de "unidad de vigilancia" de la Universidad, llevan el membrete de los Colegios Mayores de la Complutense. Pese a los desmentidos de ambos y las versiones contradictorias mantenidas ante el juez por Expósito, los documentos recabados por este periódico vinculan al escolta y al gerente de la Complutense en un momento en el que el PP podía haber perdido el Gobierno de la Comunidad y que la espantada de los dos tránsfugas evitó.

Antes de llegar a la gerencia, Ramos ejerció como vicegerente de obras de la UCM entre 1987 y 1995, bajo el rectorado de Gustavo Villapalos, a quien también acompañó como secretario general técnico en la Consejería de Educación, bajo Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid (1995). Durante ese tiempo en la vicegerencia de obras, Ramos promovió residencias para personal universitario en el campus de Somosaguas (Pozuelo, Madrid). La auditoría encargada por el rector Berzosa ha comprobado la existencia de una cuenta corriente que entre 1995 y 2001 estuvo a nombre de diferentes testaferros -desde subdirectores de colegios mayores hasta becarios- y con la que se operaba para los pagos irregulares. En esa cuenta (la misma que corresponde el cheque de la foto), según el informe del rector, "se ingresaban cantidades derivadas de la utilización de los colegios mayores y diversos cobros y talones a lo largo del año". "Los cobros canalizados por esta vía", añade la auditoría, "superarían los 105 millones de pesetas en 2000".

45. TRÁFICO DE INFLUENCIAS, LA CONCEJALA DE LA LATINA, ANTE EL JUEZ (28/04/06)

La concejala del PP y presidenta de la Junta Municipal de Latina, Nieves Sáez de Adana, imputada como autora de un presunto delito de tráfico de influencias, afirmó que, se siente “tranquila” porque en todo momento “actuó dentro de la legalidad”. La edil declaró ante la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 10 de Madrid, María Antonia Torres, quien, tras estudiar una querella criminal interpuesta por el grupo municipal socialista de Madrid, consideró que Sáez de Adana podría haber cometido un delito de tráfico de influencias en la adjudicación de dos contratos a la empresa Urbasa, cuyos administradores son el hermano y la cuñada del jefe de los servicios técnicos de la citada Junta. A la salida de la dependencia judicial, la concejala, que compareció durante más de dos horas ante la juez instructora, aseguró que, a pesar de estar pasando por un “proceso incómodo”, “está tranquila” con la actuación que llevó a cabo ya que se encuadraba “dentro de la legalidad”. No obstante, Sáez de Adana declinó hacer declaraciones sobre el proceso judicial pues, al tratarse de unas diligencias previas, prefiere pronunciarse una vez la magistrada que instruye la causa haya dictado resolución.

Por su parte, el letrado que ejerce la acusación particular, aseguró que el proceso seguido en la adjudicación de los contratos a la empresa Urbasa “ha sido anómalo”, ya que las fechas en los trámites “bailaban”. “La edil siempre mantuvo que 'había que contar con la arquitecta' (en referencia a Beatriz Barrachina), lo que es un indicio claro del tráfico de influencias que nosotros denunciamos”, afirmó el abogado. En la querella se ponía de manifiesto que la compañía Urbasa, administrada por el hermano y la cuñada de un funcionario de la Junta de Latina, “conocía que el contrato le iba a ser adjudicado antes de que se acordase por el órgano competente” y subrayaba que “los expedientes de contratación no fueron más que el revestimiento de una decisión ya previamente adoptada de común acuerdo por los querellados para que los contratos fueran adjudicados a Urbasa”. La denuncia interpuesta por Iglesias y Martínez recayó en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, cuya magistrada la admitió a trámite al entender que los hechos que en ella se relataban “podían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias”, castigado con penas de prisión que oscilan entre los seis meses y un año y con la inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años

46. EL ALCALDE DE MECO (PP) CORTA UN CAMINO ASFALTADO PARA IMPEDIR EL TRÁFICO CON UN PUEBLO VECINO (01/05/06)

Meco, en Madrid, y Villanueva de la Torre, en Guadalajara, son dos municipios vecinos y unidos por un camino rural asfaltado. Sin embargo, el alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz, del PP, ha decidido romper el vínculo viario que les unía: ha abierto dos zanjas para impedir que el tráfico del pueblo vecino llegue hasta Meco. ¿La razón? Afirma que los turismos procedentes de Villanueva, gobernada por el PSOE, colapsaban su pueblo. La mala señalización de las zanjas ha provocado ya dos accidentes. Villanueva ya anuncia que creará una nueva carretera en paralelo. El alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz, del PP, cortó hace un mes un camino rural asfaltado de tres kilómetros que utilizaban unos 1.500 vehículos al día procedentes del pueblo vecino de Villanueva de la Torre, en Guadalajara, para acceder a la A-2 y a la R-2.

Para levantar el asfalto ordenó que se utilizase una excavadora. Ahora, los afectados se ven obligados a desplazarse al pueblo de Azuqueca para, desde ahí, acceder a Meco y poder tomar así la radial: 10 kilómetros más de recorrido. Para inutilizar el camino, que discurre en un 90% por el término municipal de Meco, el alcalde ha abierto dos zanjas que impiden la circulación de turismos. La mala señalización de los surcos ha provocado varios accidentes, uno de ellos con heridos.

Hace un mes, los vecinos de Meco y Villanueva de la Torre se encontraron con que a ambos lados del camino rural que comunica los dos pueblos pendían unos carteles con las advertencias "Atención, obras" y "Camino rural cortado". Además, en la zona más cercana a Villanueva de la Torre, donde linda con el término municipal de Meco, habían aparecido dos zanjas que impedían el tránsito de vehículos. El camino estaba inutilizado, al menos para los turismos. Los camiones y algunos vehículos todoterreno pueden superar el obstáculo, al ser más altos. La peor parte recae en los vecinos de Villanueva de la Torre, que trabajan en su mayoría en el Corredor del Henares y que utilizaban ese camino para acceder a la A-2, la R-2 y Alcalá de Henares.

El alcalde mequero, Pedro Luis Sanz, del PP, mantiene que la medida de cerrar el camino no fue una decisión personal. "Decidimos el corte en Junta de Gobierno [formada por el equipo de gobierno, del PP]. Estoy convencido de que es lo mejor, porque después de años no hemos podido llegar a ninguna solución, y, además de suponer un peligro para los coches que circulan por él, colapsan Meco", sostiene. Sanz recuerda que por el camino no pueden circular vehículos, aunque lo hicieran. "Todos los meses hay accidentes. Y en los últimos 10 años ha habido cinco o seis muertos". Al mismo tiempo, el regidor indica que Villanueva es un pueblo en continuo crecimiento, que no se ha ocupado de sus vías de comunicación. "Yo no voy a estar llamando todos los días al alcalde de otro municipio. Está claro que se tiene que solucionar, pero a veces uno sólo se pone a trabajar cuando de verdad tiene el problema encima".

El crecimiento de Villanueva de la Torre, que ha pasado de tener 200 habitantes en 1991 a 5.146 en la actualidad, llevó aparejado un incremento del tránsito de vehículos. Según cálculos de Meco, utilizaban la vía unos 1.500 coches al día. El alcalde de Villanueva de la Torre, Luis Fuentes, no está de acuerdo con el corte, que califica de "medida unilateral".

47. EL AYUNTAMIENTO GASTA 1,2 MILLONES EN UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE LA AYUDA A MAYORES (05/05/06)

El Ayuntamiento de Madrid iniciará una campaña publicitaria sobre los servicios municipales de atención a mayores que costará a las arcas públicas, en sólo un mes, 1,2 millones de €, más de lo que gasta, por ejemplo, en dar comidas a domicilio en todo un año. Ana Botella, concejal de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, alegó que estas campañas son necesarias para que los potenciales usuarios sepan que pueden pedir ayudas. La oposición ha calificado de "indignante" la iniciativa y acusó a Botella de manipular a los jubilados para hacerse "autobombo".

Botella compareció junto al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, para presentar la campaña Sigue con tu vida, que desde el próximo lunes y hasta el 4 de junio podrá verse en anuncios de televisión y en cientos de carteles y miles de folletos distribuidos por la ciudad. Preguntada por el coste de la iniciativa, la concejal dio una cifra: 829.000 €, y la justificó así: "Hay un número muy importante de personas a las que, si no hacemos una campaña, no les llega esta información". Pero a esa cantidad -que corresponde a lo pagado por el municipio para emitir el anuncio en los distintos medios- hay que sumar otra: lo gastado en crear el lema, los anuncios, los carteles... Otros 400.000 €, como admitió más tarde un portavoz municipal. En total, cerca de 1,2 millones. Más de lo que gasta la concejalía, en todo un año, en repartir comidas a domicilio (900.000 €), facilitar camas articuladas a los mayores dependientes (200.000 €) y subvencionar medidas de salud bucodental (50.000 €). En la capital viven unos 600.000 mayores de 65 años.

"Esta campaña es indignante, una iniciativa exclusivamente de autobombo y de manipulación del colectivo de mayores. No tiene nada que ver con la prestación de servicios, sino con intereses electorales", protestó Vilallonga. Según ella, la publicidad no es necesaria porque los jubilados "son actualmente personas muy movilizadas y conocen los servicios que les ofrece el Ayuntamiento".

Ruiz-Gallardón y Botella estuvieron de acuerdo en afirmar que los servicios sociales constituyen una "prioridad" del gobierno municipal. La atención a mayores tiene este año una dotación de 178 millones de € (un 32% más que en 2005), y todo el dinero asignado a los servicios sociales ronda el 7% del total del presupuesto del Ayuntamiento. La obra de la M-30, por el contrario, costará a las arcas municipales 4.665 millones (según el presupuesto inicial) a pagar en 35 años. El alcalde ha mostrado varias veces en las últimas semanas su deseo de que Ana Botella vaya de número dos en la lista municipal para las elecciones de 2007 -si él la encabeza-. La concejal se lo agradeció públicamente, aunque no quiso desvelar si irá o no en ese puesto. "Me sentiría muy honrada. Estoy muy contenta de haber trabajado con Alberto Ruiz-Gallardón estos años y me considero parte de este proyecto. La decisión sobre las listas la tomarán los órganos de mi partido", dijo.

48. DIMITE EL DIRECTOR MUNICIPAL DE DEPORTES DE MADRID TRAS SER DETENIDO CONDUCIENDO BORRACHO (09/05/06)

El director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sanz Pinacho, ha presentado su dimisión al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que la ha aceptado. Sanz Pinacho fue detenido a primera hora del pasado domingo tras estar a punto de provocar un accidente al saltarse un semáforo en rojo cuando conducía su vehículo y chocar con un coche patrulla de la Policía Municipal en el distrito de Chamartín.

Los agentes detuvieron al infractor y le sometieron a la prueba de alcoholemia, que dio un resultado sorprendente: el conductor triplicaba la tasa permitida para conducir vehículos de motor. Sanz Pinacho repitió varias veces que era amigo del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, y que conocía a varios jefes de policía, para evitar así una sanción.

Los hechos ocurrieron a las 0.10, cuando Sanz Pinacho conducía su BMW 730 por la calle del Segre. Al llegar a la confluencia con la calle de los Sagrados Corazones, cerca del estadio Santiago Bernabéu, se saltó un semáforo en rojo y estuvo a punto de colisionar con el coche patrulla. También llamó “chulo, prepotente y mal policía” a uno de los agentes que intervenían.

El propio Sanz Pinacho señaló que había estado tomando bebidas alcohólicas durante la celebración de la primera comunión de su hija. Ante tales hechos, los agentes trasladaron al conductor a las dependencias de la Unidad de Tráfico de la Policía Municipal, en la calle del Plomo (Arganzuela). Según fuentes judiciales, los policías le apreciaron signos evidentes de alcoholemia, como los ojos enrojecidos, una risa incoherente y repetitiva y un andar lento. En breve, se celebrará el juicio rápido en los Juzgados de la plaza de Castilla, en los que podría ser condenado con un mínimo de ocho meses de suspensión del permiso de conducir y una multa de 600 €.

49. MILES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA MADRILEÑA (11/05/06)

La política educativa del Gobierno regional sufrió una huelga en la enseñanza pública que se saldó con una guerra de cifras entre los convocantes y la Consejería de Educación. Según los sindicatos, los paros afectaron al 90% de los centros educativos y fueron secundados por el 85% de los profesores; el consejero de Educación, Luis Peral, rebajó esta última cifra al 23%. A la huelga estaban llamados los 47.000 docentes de la enseñanza pública y 7.000 administrativos del sistema educativo. La jornada finalizó con una manifestación en defensa de la escuela pública a la que acudieron miles de personas.

La jornada de huelga que afectaba a 600.000 alumnos de la enseñanza pública madrileña no universitaria, fue interpretada de dos formas totalmente opuestas, según quien ofreciese los datos. Los sindicatos convocantes de los paros (ANPE, UGT, CC OO, STEM-STES, CSI-CSIF y CSIT-UP) aseguraron que el 85% de los profesores no fue a trabajar y que la huelga afectó al 90% de los centros.

Los sindicatos señalaron que, según sus datos, en la zona norte de la región la huelga fue seguida por el 87% de los profesores; en la zona sur por el 88%; en la zona este por el 80% y en la oeste por el 90%. En Madrid capital el seguimiento, según los sindicatos, fue de un 78%. "La participación masiva en la huelga debería de hacer reflexionar al consejero sobre sus políticas educativas", señalaron los portavoces de UGT y CC OO, José Vicente Mata y Francisco García.

La jornada transcurrió sin incidentes. Tan sólo en el colegio Virgen del Cortijo, en Hortaleza, hubo un problema cuando "un responsable educativo", según los sindicatos, impidió grabar a un equipo de televisión. La jornada reivindicativa a favor de la escuela pública culminó con una manifestación que a partir de las siete de la tarde recorrió el tramo que va desde la plaza de Colón hasta la Consejería de la Educación. Los convocantes, reunidos en la llamada Plataforma Regional por la Enseñanza Pública (sindicatos, asociaciones de vecinos...), cifraron en 170.000 el número de asistentes. La Policía Municipal no dio datos. La protesta discurrió de manera festiva. Había profesores de primaria y secundaria; estudiantes; niños y, en general, simpatizantes de la escuela pública. Al final de la concentración, los convocantes leyeron un manifiesto en el que exigían el cumplimiento del acuerdo educativo y se pronunciaban en contra de la privatización de la enseñanza.

50. Los diputados del PP se esposan en la Asamblea de Madrid al grito de "¡Alonso, dimisión!" (12/05/06)

Los diputados del PP en la Asamblea de Madrid se han esposado en el hemiciclo mientras gritaban “¡Alonso, dimisión!”. La presidenta de la Cámara, Concepción Dancausa, ha tratado de poner orden en la Cámara para que el portavoz del Grupo Socialista, Rafael Simancas, pudiera empezar su intervención y dar la réplica a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Tras unos minutos, los parlamentarios populares volvieron a tomar asiento y Simancas les pidió "respeto a la institución" de la Asamblea, lo que respondieron con abucheos y nuevas peticiones de dimisión del ministro José Antonio Alonso. Ningún miembro del Ejecutivo regional presente en la Cámara ha participado en la protesta.

"¡No tiene usted ni idea, ni idea, de lo que nos ha costado a algunos que no tenemos apellidos aristocráticos llegar aquí, para que vengan ustedes a faltarnos al respeto, a faltar al respeto a esta institución, a mi grupo y a los ciudadanos!", le dijo Simancas a Esperanza Aguirre, lo que motivó los aplausos de los diputados socialistas y las muestras de rechazo de los del PP.

La nueva algarabía que se produjo en el hemiciclo fue otra vez sofocada por la presidenta Dancausa, tras lo cual prosiguió el debate, durante el cual Simancas acusó a Aguirre de haberse quedado "sola" frente a la comunidad educativa. La presidenta aprovechó su turno de réplica para decirle que el que se había quedado "solo" había sido él, "por no condenar las detenciones ilegales que los jueces dicen que se ha producido a dos ciudadanos madrileños".

51. NUEVO LEMA DEL PP A SUS ALTOS CARGOS “SI BEBÉIS, POR DIOS, NO CONDUZCÁIS” (14/05/06)

Segundo caso en una semana de dimisión de un cargo público por conducir ebrio. El concejal de Empleo y Desarrollo Económico de Coslada, Jesús Aguilar Fuentes (PP), ha sido denunciado por la Policía Local del municipio por conducir con una tasa de alcoholemia tres veces superior a la legal. Además, el edil insultó y amenazó a la conductora con la que chocó. La afectada le ha denunciado por los hechos, al igual que los dos agentes que intervinieron, ya que les menospreció en la vía pública. Aguilar dimitió de su cargo.

Los hechos ocurrieron cuando el edil conducía su vehículo por el casco urbano de Coslada y colisionó con otro auto conducido por una mujer de 29 años. Aguilar, lejos de bajar en una actitud conciliadora y con ganas de evitar problemas, descendió del vehículo y empezó a insultar a la conductora. "Inútil" y "mujer tenías que ser" fueron algunas de las palabras que le dirigió, entre otros improperios degradantes, según fuentes del caso.

El concejal llegó a empujar levemente en los hombros a la mujer, por lo que ésta llamó a su marido, agente del Cuerpo Nacional de Policía, quién acudió al lugar del accidente. En ese momento apareció en la escena el escolta y conductor del alcalde de Coslada, Raúl López Vaquero (PP). A los pocos minutos llegaron dos agentes locales, a los que Aguilar recibió diciéndoles que él era la autoridad y que aquellos tenían que ponerse firmes. Añadió que les daría la documentación suya y del vehículo cuando lo considerara conveniente, siempre según fuentes policiales.

Los agentes les pidieron la documentación y, a petición del marido de la conductora, ambos fueron sometidos a la prueba de alcoholemia. Ya en ese momento, Aguilar dio un resultado positivo: 0,69 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, cuando la tasa máxima permitida es de 0,25. Ante estos resultados, los agentes inmovilizaron el vehículo y lo trasladaron a las dependencias de la Policía Local para instruir el atestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Entonces llegó el concejal de Personal y Régimen Interior, Francisco Javier Becerra Redondo, que se hizo cargo del vehículo de su compañero de partido para evitar que se lo llevara la grúa al depósito municipal y evitar el pago de las tasas.

Los agentes hicieron otra segunda prueba con un etilómetro y dio en esta ocasión una tasa aún mayor de alcohol: 0,72, por lo que le fueron abiertas diligencias administrativas. Los agentes también le acusaron de abuso de autoridad y mandaron un escrito al juzgado de guardia.

La conductora y su esposo acudieron a la sede de la Policía Local. Comentaron que acababan de denunciarle por insultos y amenazas. Después de que se le pasara la embriaguez, Aguilar quedó libre. El hecho motivó que el concejal presentara al mediodía de la dimisión de su cargo.

El caso del concejal de Coslada es el segundo ocurrido esta semana y que afecta a un cargo público. El director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sanz Pinacho, dimitió después de que el se saltara un semáforo en rojo y estuviera a punto de chocar con un vehículo de la Policía Municipal. Conducía con una tasa de alcoholemia que triplicaba la permitida.

Según la nota de prensa divulgada por Cuba Solidaridad, un movimiento de solidaridad con Cuba que aglutina a ONGs, asociaciones y comités, a través de su página web, se han destinado 239.100 euros de los Fondos de ayuda al desarrollo de la Comunidad de Madrid, correspondientes a 2005, a la Fundación Hispano Cubana (FHC). Esta Fundación, fue fundada en 1996 por el diputado del PP, Guillermo Gortázar, y se la relaciona con la Fundación Cubano Americana de Miami, que a lo largo de más de cuatro décadas ha planeado y ejecutado toda clase de acciones tendentes a la desestabilización del Gobierno de Fidel Castro.

La concesión de esta subvención se ha publicado en el Boletín Oficial número 45 del 22 de febrero de 2006 de la Comunidad de Madrid. En el se detalla que se trata de una subvención concedida para tres años (2005, 2006, y 2007) y lleva como título "Desarrollo cívico y formativo en libertad". En la Orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) queda explicado que la subvención se concede para "la financiación de programas y proyectos de cooperación al desarrollo".La ONG Cuba Solidaridad considera que estos fondos se están utilizando para “fortalecer la democracia en la isla”, por lo que los recursos “no se están destinados a la cooperación al desarrollo del pueblo cubano, sino para ejercer de lobby político contra el Gobierno de Fidel Castro”. El propio secretario general de la FHC, Javier Martínez-Corbalán, confirmó estos términos, al declarar a elplural.com que “estos recursos se destinan a apoyar la libertad, la democracia y los derechos humanos en la Isla”.

El apoyo financiero de la Comunidad de Madrid a la contrarrevolución cubana quedó plasmado en la visita que hizo su presidenta, Esperanza Aguirre, a Miami el pasado mes de abril. La ONG cubana, denuncia que entonces se reunió con miembros de la extrema derecha. Cuba Solidaridad afirma que no es la primera vez que los gobiernos autonómicos ligados al PP financian a esta organización “ligada a la extrema derecha cubana”. Denuncian, por ejemplo, que en diciembre de 2000 la Generalitat de Valenciaa, gobernada por el PP, donó 156.000 euros a FHC. En 2004 la Fundación Hispano Cubana también recibió de la Comunidad de Madrid para el mismo programa “Desarrollo cívico y formativo en libertad” la suma de 150.000 euros, publicado en BOCM de 2 de junio, 2004.

Según fuentes de la Comunidad de Madrid, los concursos para dar subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo son abiertos y se otorgan a las entidades que cumplan con todos los requisitos exigidos por la ley española. Por lo que dicen que no tiene ningún indicio de que no se inviertan en la cooperación al desarrollo de la isla, y que desconocen que los fondos donados a la Fundación puedan tener relación alguna con grupos de la extrema derecha cubana.

Fuentes diplomáticas cubanas en España, declararon que la FHC se ha revelado "como un grupo que colabora con las organizaciones que pretenden derrocar el gobierno de Fidel Castro, como la Fundación Nacional Cubano Americana, de Miami". Asimismo, indican que la FHC no cuenta con la autorización del gobierno cubano de llevar a cabo ningún programa de desarrollo en la Isla. Por lo que no se explican "cómo se les subvencionan proyectos de cooperación al desarrollo en Cuba si no pueden ejecutarlos".

53. EL REFRÁN ‘NADIE DA DUROS A PESETAS’ EN ENTREDICHO. LA COMUNIDAD DE MADRID, ACUSADA DE COMPRAR SUELO POR ENCIMA DE SU COSTE (24/05/06)

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, Modesto Nolla, acusó a la empresa pública de la vivienda (Ivima) de haber comprado suelo a Fadesa Inmobiliaria por encima de su precio para hacer pisos de protección oficial en Colmenar de Oreja. Según Nolla, el Ivima pagó 92,5 € por m² para favorecer a Fadesa, cuando esos mismos terrenos los había adquirido esta empresa unos meses antes al Ayuntamiento de la localidad por sólo 29. Sin embargo, la consejería de Medio Ambiente, negó la acusación y afirmó que Ivima había comprado el terreno a particulares y no a Fadesa.

En una intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, Nolla aseguró que el Ivima compró el pasado mes de diciembre un millón de m² en Valdeguerra (Colmenar de Oreja) a razón de 92,5 € el metro. Una información que desde el propio Ivima se ha confirmado. Según las fuentes de la consejería de Medio Ambiente, el mes de diciembre se invirtió 18,75 millones de € en la compra de 200.000 m² en Colmenar de Oreja a razón de 92,5 €/m². Pero las fuentes aseveraron que estos terrenos no se compraron a la empresa inmobiliaria Fadesa, sino a ciudadanos particulares a través de talones nominativos. Estos terrenos están situados en el sector urbanístico “Valdeguerra”, donde está previsto un desarrollo urbanístico que incluye la construcción de 4.500 viviendas protegidas. Fuentes del ayuntamiento de Colmenar de Oreja, la venta de estos terrenos a Fadesa. Según el consistorio, estos terrenos fueron “adjudicados a través de una subasta pública” a la que concidencialmente sólo acudió esta empresa inmobiliaria. Asimismo, agregaron que Fadesa “tiene prohibido judicialmente realizar cualquier operación de venta” sobre estos terrenos por fueron “adquiridos a través de concurso público”.

Desde la empresa inmobiliaria, con sede A Coruña, niegan la venta de estos terrenos a Ivima. Y argumentan que aunque tienen terrenos en esta localidad madrileña pero “no son propietarias de todo” el pueblo. Por su parte, Eduardo Cuenca, diputado de IU, criticó la operación de Ivima (donde invirtió 18,75 millones de € en la compra de 200.000 m² en Colmenar de Oreja a razón de 92,5 €/m²). El diputado consideró que es un desarrollo urbanístico situado a “10 kilómetros del núcleo urbano de Colmenar de Oreja” y, por lo tanto, criticó que sea un barrio creado únicamente para fomentar la especulación.

Además, Cuenta destacó que “no existen informes medioambientales” relativos a la operación. “¿Qué hacen ustedes ahí metidos y por qué no de otra forma?, se preguntó el diputado de IU.

54. LOS PARQUES DE OCIO NO SON LO SUYO. LA COMUNIDAD ADMITE EL FRACASO ECONÓMICO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL PARQUE WARNER (25/05/06)

El 43,6% del parque de ocio Warner, la participación que pertenece a la Comunidad de Madrid a través de la empresa Arpegio, está en venta. Así lo anunció el consejero de Presidencia y presidente de Arpegio, Francisco Granados, que admitió: "Económicamente hablando no ha sido una buena operación". La intención del Gobierno regional es que la venta de sus acciones sea adjudicada el próximo agosto. El consejero dibujó un futuro para el parque aparentemente optimista, pues cifró en siete millones de € la previsión de beneficios para 2006. La consejería matizó luego que se trata del resultado de explotación (ingresos antes de impuestos, depreciación y amortización). El banco Santander Central Hispano (SCH) ha sido designado por la Comunidad de Madrid para coordinar el proceso de venta y, para ello, ha elaborado un cuaderno de venta que refleja las previsiones de futuro de la empresa.

Granados explicó que el banco ha valorado económicamente el accionariado en venta del parque Warner en un rango de entre 50 y 200 millones de €, en función de las hipótesis de crecimiento del complejo de ocio. "Esto supone una gran capacidad para hacer ofertas muy diferentes", estimó el consejero de Presidencia, que también reconoció que esa valoración está muy condicionada "por el valor de los terrenos". La perspectiva económica del parque Warner mejoró el pasado diciembre, cuando el Gobierno regional, el Ayuntamiento de San Martín de la Vega (PSOE), Arpegio y la empresa Parque Temático de Madrid cerraron un acuerdo que permitía ampliar las instalaciones de los terrenos libres del parque.

Eso supuso que 100 hectáreas de uso terciario aumentaban su edificabilidad hasta un tope de 275.000 m², con el fin de enjugar la deuda del complejo de ocio, que asciende a 243 millones de €. El saneamiento financiero a través de esa operación es lo que permite a la Comunidad de Madrid desprenderse ahora de su participación.

"El Gobierno de Esperanza Aguirre ha mantenido su intención de abandonar el accionariado del parque desde el primer día", afirmó Granados. "Estamos convencidos de que el dinero público y el esfuerzo de la Comunidad de Madrid no debían dedicarse a una actividad que debe estar en el ámbito de lo privado, sino dirigirse a actividades de más calado social", resaltó. También destacó el consejero de Presidencia que el principal objetivo de la operación de venta es "garantizar la pervivencia del parque y los alrededor de 900 puestos de trabajo [incluidos los temporales]" creados.

Granados destacó también que el complejo de ocio ha mejorado su rendimiento, pues alcanzará a finales de año 1.183.000 visitantes, un 15% más que el año pasado. Además, el presidente de la empresa Parque Temático de Madrid, Jesús Sanz, aseveró que en lo que va de temporada (entre el 1 de abril y el 21 de mayo pasados) ha obtenido unos ingresos brutos de ocho millones de €.

Los grupos de la oposición, PSOE e IU, fueron muy críticos con el anuncio de la operación de venta del parque temático. El portavoz socialista en la Asamblea regional, Rafael Simancas, reclamó que dicha venta "no se traduzca en pérdidas de empleo y en especulación urbanística con el terreno del parque". A lo que agregó: "Mientras la Comunidad no quiere construir hospitales públicos y escuelas infantiles, es impropio que se mantuviese en el accionariado de un parque de recreo". También recordó Simancas que se trata de un negocio "ruinoso". "Nos prometieron 720 millones de € de inversión privada y 30.000 puestos de trabajo, mientras ahora tenemos una deuda pública de más de 240 millones de € y pérdidas de 125 millones de €", que hacen peligrar los 150 empleos directos del parque.

Una revista de tirada nacional ha entrevistado al empresario Mariano Illera Sanz, que, tal como reveló en enero de 2001 vendió fincas rústicas en el municipio madrileño de Tres Cantos a familiares de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, poco antes de que fueran recalificadas para aumentar considerablmente su valor. Illera habla del engaño del que fue víctima por los parientes de Aguirre. El empresario Mariano Illera Sanz vendió sus 23 fincas rústicas de Tres Cantos a cuatro tíos maternos y cinco primos carnales de Esperanza Aguirre. A los pocos días se recalificaron los terrenos, aumentando considerablemente su valor. Illena explica cómo se sintió engañado por los parientes de Aguirre. Ésta no ha sido la primera vez que la familia de la política del PP se beneficia de una recalificación de terreno. Hace dos años una parte de sus parientes, propietarios de unas tierras por las que pasaba el trazado del AVE Madrid-Barcelona, vieron cómo el precio de su tierra se triplicaba por la construcción de la línea férrea

Según relata Illera llevaba tiempo queriendo vender las fincas rústicas ubicadas en Tres Cantos, y “no había manera”. Esas tierras las había comprado él y un socio en 1998 por doce millones de pesetas (72.000 euros). Así que le pareció un negocio magnífico venderlas por “4.800.000 euros”, dinero que le ofrecían los parientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Illera creyó que ese había sido uno de los mejores negocios de su vida; pero se equivocaba. El empresario desconocía en el momento de la venta que esos terrenos iban a recalificarse. “No soy tonto: si lo hubiera sabido los hubiese vendido más caros”, afirma. El 13 de febrero de 2001, poco después de que Illera hubiera firmado el contrato de arras, el pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos, gobernado por una coalición entre el PP y el partido independiente de Tres Cantos Unido, aprobó el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que afectaba a 17 de esas 23 fincas. Los nuevos dueños de los terrenos (los parientes de Aguirre) no vendieron inmediatamente, sino tres años después estas fincas, por 11,5 millones de euros. El empresario afirma que no conocía la identidad de todos los compradores hasta la firma de las escrituras públicas de compraventa, el 22 de mayo de 2001. “Me llevé una sorpresa cuando encontré en la notaría a bastantes personas, que no conocía, y me enteré de que eran de la familia Gil de Biedma. Yo los relacioné con el poeta Jaime Gil de Biedma, no con Esperanza Aguirre”, dijo Illera. Aquellas personas, además de ser primos del autor (Jaime Gil de Biedma), son también tíos maternos y primos carnales de Esperanza Aguirre Gil de Biedma. Santiago, José Antonio y Javier Gil de Biedma y Vega de Seoane. El último de ellos es el conde de Sepúlveda. Los hermanos Gil de Biedma son socios de la correduría AON Gil y Carvajal. En total, en la operación urbanística de Tres Cantos han participado 22 particulares y empresas suyas, que han obtenido casi 7 millones de euros de beneficio.
El empresario denuncia la existencia de información privilegiada. En este punto, Illera dice que el ex alcalde, Ángel Luis Pérez, político del PSOE, conocido por su doble moral política, ya que no es la primera vez que se alía con el otro bando ideológico (compareció en el caso de los tránsfugas Tamayo y Sáenz), de “haber utilizado su influencia política (…) pues es la única persona que estaba metida en política”. La familia Gil de Biedma Vega de Seoane sigue siendo propietaria, junto con el ex alcalde socialista, Ángel Luis Pérez, de seis fincas rústicas en Tres Cantos, pegadas al ámbito de actuación del PGOU. Su valor se disparará cuando sean recalificadas. Otro negocio más

56. EL ALCALDE DE VALDEMORO (PP) DECLARA ANTE EL JUEZ POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN (29/05/06)

El alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres (PP), está citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad. Este juzgado ha admitido a trámite una querella criminal interpuesta por una vecina de Valdemoro y que acusa a Moreno de un delito de prevaricación y otro sobre el patrimonio histórico. Los hechos denunciados -el Ayuntamiento incumple desde hace seis años una sentencia que le obligaba a demoler unas obras realizadas en un edificio protegido- afectan también al ex alcalde y hoy secretario regional del PP, Francisco Granados, aunque éste ha quedado fuera de la querella. El Ayuntamiento replica que está a la espera de otra resolución judicial para demoler las obras.

Paloma de Diego, vecina de Valdemoro, lleva más de una década batallando contra su Ayuntamiento para que cumpla la ley. La vivienda de esta vecina, en la plaza de Autos, está justo al lado de otra conocida como la Casa de la Inquisición, un inmueble del siglo XVIII incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos de la Comunidad. Esa catalogación convierte al edificio en prácticamente intocable: en él sólo pueden hacerse obras de conservación y restauración, no de ampliación. A pesar de ello, el dueño, Nicolás Sánchez, reformó el inmueble en 1994 para construir una planta más, y modificó la cubierta. El gobierno municipal, entonces del PSOE, le advirtió de la ilegalidad y le instó a demoler esa planta, pero Sánchez recurrió ante los jueces. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia llegó en 1999 (es firme desde 2000) y dio la razón al Ayuntamiento, obligando a derribar las obras realizadas.

Pasados seis años, esa sentencia no se ha cumplido. Desde 1999 Valdemoro está gobernado por el PP. Su alcalde durante cuatro años fue Francisco Granados, hoy secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, y a él le sucedió José Miguel Moreno, su anterior teniente de alcalde y concejal de Urbanismo. Paloma de Diego les pidió varias veces por escrito que ejecutaran la sentencia. Fue en vano. Así que, cansada de enviar cartas, recurrió a los tribunales. "La habitación que se construyó ese señor me dejó sin patio. Como no recibo respuesta del Ayuntamiento, he puesto el caso en manos de mis abogados", declaró en septiembre de 2003. Sus abogados acudieron primero a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, que archivó las diligencias. En mayo de 2005, los letrados presentaron una querella por "prevaricación y delito contra el patrimonio" ante el Juzgado número 1 de Valdemoro, que sí vio indicios para investigar el caso y lo admitió a trámite. El pasado 24 de marzo la fiscalía solicitó la declaración de los dos acusados -el alcalde y el autor de las obras ilegales, Nicolás Sánchez-, y el 6 de abril el juzgado dictó providencia citándolos a declarar el 30 de mayo.

Una responsable del departamento jurídico del Ayuntamiento de Valdemoro confirmó la citación judicial cursada al alcalde, pero aseguró que el gobierno municipal no ha hecho dejación de funciones. "El Ayuntamiento lleva años requiriendo al propietario del inmueble a que derribe las obras. En 2003 se le envió el último requerimiento, y después se inició un procedimiento de ejecución sustitutoria: como el propietario no derriba esa construcción, tendrá que derribarla el Ayuntamiento", explicó esta responsable. Para que eso ocurra tienen que suceder dos cosas: "Un juez debe autorizar la entrada de funcionarios municipales en el domicilio, y el Ayuntamiento tiene que dotarse de una partida presupuestaria para realizar la demolición". Lo primero, la autorización judicial, no ha llegado. "Lo segundo no lo sé", dice esta responsable, que añade: "El Ayuntamiento se ha demorado en ejecutar la sentencia, es cierto, pero nunca renunció a cumplirla". El alcalde José Miguel Moreno no quiso hacer declaraciones.

Hace tres años, el aún teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Valdemoro afirmó: "Es un tema complicado porque hay que contratar a una empresa que se encargue de la demolición y para eso se necesita una partida presupuestaria. Nunca nos hemos opuesto al cumplimiento de la sentencia. El derribo se hará pronto". Pero el tiempo ha pasado. Si el asunto acaba en juicio, los abogados de Paloma de Diego quieren llamar a declarar como testigo al consejero Granados. No lo han incluido en la querella "por el momento" porque, al ser Granados diputado regional y ser aforado, el caso habría pasado directamente al Tribunal Superior, cuya fiscalía desestimó la primera denuncia interpuesta.

Una revista de tirada nacional ha entrevistado al empresario Mariano Illera Sanz, que, tal como reveló en enero de 2001 vendió fincas rústicas en el municipio madrileño de Tres Cantos a familiares de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, poco antes de que fueran recalificadas para aumentar considerablemente su valor. Illera habla del engaño del que fue víctima por los parientes de Aguirre. El empresario Mariano Illera Sanz vendió sus 23 fincas rústicas de Tres Cantos a cuatro tíos maternos y cinco primos carnales de Esperanza Aguirre. A los pocos días se recalificaron los terrenos, aumentando considerablemente su valor. Illena explica cómo se sintió engañado por los parientes de Aguirre. Ésta no ha sido la primera vez que la familia de la política del PP se beneficia de una recalificación de terreno. Hace dos años una parte de sus parientes, propietarios de unas tierras por las que pasaba el trazado del AVE Madrid-Barcelona, vieron cómo el precio de su tierra se triplicaba por la construcción de la línea férrea

El 13 de febrero de 2001, poco después de que Illera hubiera firmado el contrato de arras, el pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos, gobernado por una coalición entre el PP y el partido independiente de Tres Cantos Unido, aprobó el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que afectaba a 17 de esas 23 fincas. Los nuevos dueños de los terrenos (los parientes de Aguirre) no vendieron inmediatamente, sino tres años después estas fincas, por 11,5 millones de €. El empresario afirma que no conocía la identidad de todos los compradores hasta la firma de las escrituras públicas de compraventa, el 22 de mayo de 2001. “Me llevé una sorpresa cuando encontré en la notaría a bastantes personas, que no conocía, y me enteré de que eran de la familia Gil de Biedma. Yo los relacioné con el poeta Jaime Gil de Biedma. Aquellas personas, además de ser primos del autor (Jaime Gil de Biedma), son también tíos maternos y primos carnales de Esperanza Aguirre Gil de Biedma. Santiago, José Antonio y Javier Gil de Biedma y Vega de Seoane. El último de ellos es el conde de Sepúlveda. Los hermanos Gil de Biedma son socios de la correduría AON Gil y Carvajal. En total, en la operación urbanística de Tres Cantos han participado 22 particulares y empresas suyas, que han obtenido casi 7 millones de € de beneficio. Illera denuncia la existencia de información privilegiada. La familia Gil de Biedma Vega de Seoane sigue siendo propietaria, junto con el ex alcalde socialista, Ángel Luis Pérez, de 6 fincas rústicas en Tres Cantos, pegadas al ámbito de actuación del PGOU. Su valor se disparará cuando sean recalificadas. Otro negociete más

58. PARIENTES DE GALLARDÓN, PRESUNTAMENTE IMPLICADOS EN EL PELOTAZO DE AGUIRRE (30/05/06)

A pesar de las malas relaciones políticas entre la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP) y Alberto Ruíz Gallardón (PP), actual Alcalde de Madrid y anterior Presidente Regional, sus familiares directos tienen, aparentemente, relaciones conjuntas en empresas. De hecho mantenían vínculos empresariales cuando se realizó la denominada “Trama del Ladrillo de Tres Cantos”, durante los años 2000 hasta 2003. Según el PSOE de Tres Cantos, el notario que elevó a público las escrituras y el acuerdo de compraventa entre el primer propietario de las 23 fincas rústicas en Tres Cantos, Mariano Illera, y los familiares de Esperanza Aguirre era el primo carnal de Alberto Ruiz Gallardón (entonces Presidente de la Comunidad de Madrid) y su nombre es Miguel Ruíz Gallardón García de la Rasilla. Miguel Ruíz-Gallardón García de la Rasilla, su hermano Ignacio y el padre de éstos, Rafael, familiares directos de Alberto Ruiz Gallardón, formaban parte del Consejo de Administración como apoderado, consejero y presidente de la empresa mercantil Web Trust Technologies S.A., de la que Santiago Gil de Biedma Vega de Seoane, tío de Esperanza Aguirre, fue también Consejero, desde el año 2000 hasta julio de 2003, justo en la época en que se llevó a cabo la operación urbanística, siendo Alberto Ruiz Gallardón Presidente de la Comunidad de Madrid. “Es llamativo que mientras Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz-Gallardón discuten, sus primos comparten negocios y tienen empresas conjuntas. Invierten en terrenos que, casualmente, se revalorizan y aumenta de forma increíble su valor coincidiendo con decisiones que se toman desde las altas instancias donde se encuentran sus respectivos primos. Demasiadas casualidades que alguien debe explicar” afirman desde el PSOE de Tres Cantos. Miguel Aguado, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos expone: “No puedo afirmar, aún, de forma fehaciente que hubiese información privilegiada, pero es llamativo que teniendo familiares con tanto poder de decisión y con un papel tan claro en la revalorización del suelo, casualmente aterrizaran por aquí primos y tíos de uno y de otra y se pusiesen a comprar los unos y obtuviesen con tanta suerte beneficios tan altos”. Según Aguado, es “indignante e inmoral” que donde la Presidenta de la Comunidad tiene la obligación de facilitar viviendas asequibles a los madrileños y especialmente a los tricantinos, sus familiares “peguen pelotazos” cuyos beneficios saldrán del mayor precio de las viviendas. Asimismo, manifestó que “estoy cansado de ver que donde hay un problema y una necesidad, los de siempre ven un negocio. ¿Qué pensarán los futuros compradores de pisos cuando sepan que una parte de su hipoteca estará dirigida al beneficio de la familia de Esperanza Aguirre?”.

59. LA AUDIENCIA PROVINCIAL FIJA LA VISTA ORAL DEL “CASO FUNERARIA”, QUE OCURRIÓ HACE 14 AÑOS (30/05/06)

La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido las pruebas presentadas en el llamado caso funeraria. Los magistrados encargados del proceso, que se prolonga desde hace más de una década, han establecido para el próximo 17 de julio la celebración de la vista pública oral. El caso funeraria data de 1992, cuando el Ayuntamiento, del PP, vendió el 49% de la funeraria municipal por 0,6 € a Funespaña. El PP alegó que la funeraria era ruinosa, pero poco después arrojaba pingües beneficios. En el juicio están imputados tres ex concejales del PP: Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno.

Parece vislumbrarse el final del túnel en el caso funeraria, que ya se prolonga casi 15 años. La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado la vista pública oral para el 17 de julio y, si procede, "continuará el día 18 de julio", señala el auto. El caso se inició en 1992 cuando el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, del PP, aprobó la venta del 49% del capital de la funeraria municipal a la empresa privada Funespaña por sólo 0,6 € (100 pesetas). Un precio simbólico que el PP justificó por la situación ruinosa de la funeraria municipal. Meses más tarde, la empresa mixta ganaba más de seis millones de €. Además, el fiscal valoró la empresa pública en cerca de siete millones de €.

La instrucción judicial del caso comenzó en 1999 en la más alta instancia judicial de Madrid, por ser Huete en ese momento diputado regional. La investigación se prolongó hasta 2002, cuando el fiscal pidió 25 años de cárcel para los imputados: Luis María Huete Morillo, Simón Viñals y Antonio Moreno Bravo, ex concejales y cargos públicos del PP, acusados de prevaricación, malversación de fondos públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas y tráfico de influencias. Pero en septiembre de 2003, la fiscalía elevó un informe al Tribunal Supremo para que el caso se trasladase a la Audiencia Provincial alegando que Huete ya no era diputado regional. El Tribunal Superior tiene potestad para juzgar a diputados autonómicos, pero no a concejales. Éstos deben ser procesados en la Audiencia Provincial.

60.UN INFORME DEL COLEGIO DE MÉDICOS CONCLUYE QUE NO SE PUEDEN ATRIBUIR LAS MUERTES A LA SEDACIÓN (03/06/06)

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid emitió su informe sobre las sedaciones de enfermos terminales en el hospital de Leganés. El estudio, elaborado con las historias clínicas (muchas incompletas) y sin consultar con los facultativos implicados, concluye que hubo 34 casos de mala práctica médica, de los cuales cuatro son graves porque la "historia clínica no documenta enfermedad terminal" y, por tanto, la sedación no estaba justificada. El informe, que también recoge casos de dosis "injustificadamente altas y potencialmente peligrosas", admite, sin embargo, que no se puede afirmar que la causa directa de las 34 muertes fuese la medicación. Fuentes judiciales indican que esta afirmación resta relevancia penal a los hechos.

Treinta y cuatro sedaciones terminales aplicadas a enfermos del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) incumplieron la buena práctica médica, aunque en ningún caso puede concluirse que la sedación fue la causa de la muerte de los enfermos. Ésta es la conclusión más importante del informe hecho público y realizado por un equipo de 11 médicos seleccionados por el Colegio de Médicos de Madrid. El estudio, solicitado por el juez que instruye el caso, no incluye la versión de los médicos de Leganés, que no han sido consultados, y se basa en el estudio de 73 historias clínicas de pacientes fallecidos en el hospital entre septiembre de 2003 y marzo de 2005.

El informe concluye que 20 de estos enfermos estaban en coma profundo, por lo que las sedaciones eran "innecesarias" y "no estaban indicadas". Las sedaciones a enfermos en coma han sido avaladas por numerosos expertos y por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. En otros 10 pacientes, el informe sostiene que la historia médica no informa de si los médicos buscaron alternativas de tratamiento a los síntomas que sufrían los pacientes, antes de la sedación. Los cuatro casos más graves, que el informe califica de "sedaciones contraindicadas", son de pacientes cuya historia clínica no permite concluir que estuvieran en situación terminal.

61. UN CONSEJERO DEL CES DE MADRID, EL INEFABLE DE MIGUEL, SENTENCIA: "EL AUMENTO DE LA INMIGRACIÓN PUEDE LEGITIMAR LAS ABLACIONES" (05/06/06)

El sociólogo Amando de Miguel ha vuelto a relacionar la violencia doméstica y la delincuencia con la inmigración. En un foro organizado por la Diputación de Pontevedra, De Miguel afirmó que los inmigrantes provocan "grandes conflictos" y que, por su llegada desordenada, "no se podrá parar la poligamia". mando de Miguel fue el encargado de inaugurar el Foro de las Migraciones, organizado por la Diputación de Pontevedra, que preside Rafael Louzán, del PP. El sociólogo declaró que la inmigración genera problemas negativos como "el déficit fiscal y la facilidad con la que entran algunos delincuentes, mafias organizadas e incluso terroristas". De Miguel fue más lejos al decir que el aumento de inmigrantes puede convertir en "legítimas y aplicables" la poligamia o incluso la ablación a mujeres, "a cargo de la Seguridad Social".

Además del calado de las afirmaciones xenófobas, lo llamativo de este episodio es que el sociólogo realizó estas declaraciones en un Foro financiado con fondos de la Unión Europea, dedicados al fomento de la multiculturalidad y la convivencia pacífica. Por si esto no fuera suficiente, la audiencia que atendía a De Miguel estaba compuesta por un centenar de técnicos que trabajan cotidianamente con inmigrantes.

La forma y el fondo de estas palabras, con todo, no resultan del todo novedosas y sorprendentes, a la vista de la trayectoria verbal de Amando de Miguel. En enero de este año la FAES de Aznar le publicó un artículo en el que pronosticaba "el aumento de casos de violencia doméstica, debido a la población foránea y a las parejas de hecho". En otra ocasión, atribuyó el crecimiento de los caso de violencia contra las mujeres a la "desorganización social y a la pérdida de valores morales y referentes religiosos". Además, conocida es su aversión a la Ley Integral contra la Violencia de Género. Declaraciones como éstas le valieron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, peticiones para que cesara como miembro del Consejo Económico y Social a Amando de Miguel, que a finales del año pasado debió pedir perdón a la directora de la Mujer de la Comunidad, Patricia Flores, por preguntarle públicamente si tenía clítoris.

62. AGUIRRE DENUNCIA UN "ESTATUTO MALÍSIMO PARA CATALUÑA" Y CRITICA A ZAPATERO POR NO PEDIR PERDÓN POR LOS CRÍMENES DE STALIN (ALUCINANTE) (06/06/06)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Esperanza Aguirre, se sumó a la campaña del no contra el Estatuto y contra el Gobierno Zapatero. Con una fórmula estudiada mezcló argumentos políticos con descalificaciones personales: "Vengo a denunciar un Estatuto malísimo para Cataluña y para España". "No quisiera parafrasear a Francesc de Carreras y decir que a los militantes del PP en Cataluña se les trata como judíos en la Alemania nazi", pero "la voluntad de exclusión es cada vez mayor". Aguirre presidió una comida mitin en un lujoso hotel de Lleida, al que asistieron 300 militantes y simpatizantes.

"¿Ha pedido perdón Zapatero por el Gulag?". Con esta pregunta Aguirre quiso responder a Rodríguez Zapatero, quien, el domingo en Lleida, criticó al presidente del PP catalán, Josep Piqué, por reivindicar el Estatuto de Sau, de 1979, que no votó Alianza Popular. "El PSOE se definía como marxista en 1979". "Este Estatuto será un salto hacia atrás en la historia de España. Zapatero quiere llevar al país a la primera mitad del siglo XIX”. "Sin el PP, Cataluña se hundiría en un régimen nacionalista y socialista", en el que "se impondría el pensamiento único". "El PP es el único partido catalán que no es rehén de los dogmas antiguos". "Por la libertad, Cataluña necesita al PP", añadió.

La presidenta del PP madrileño conquistó al auditorio reivindicando sus orígenes. "Tengo más sangre catalana que muchos de los que van por ahí de independentistas radicales; mi tercer apellido es Borrell y mi abuela era catalana". La revelación fue acogida con una salva de aplausos.

63. EL PP REGIONAL ARREMETE CONTRA LA CONCEJAL DE CULTURA POR IR A LA PROTESTA DEL TEATRO ALBÉNIZ (07/06/06)

Alicia Moreno, responsable de la política cultural del Ayuntamiento, se manifestó en defensa del teatro Albéniz, que corre riesgo de desaparecer. Eso ha causado malestar en el PP. Al acto de protesta asistieron entre 1.000 y 1.500 personas, entre ellas políticos y destacados profesionales del mundo de la cultura. La manifestación fue convocada por la plataforma ciudadana Amigos del Albéniz. El secretario regional del PP, Francisco Granados, manifestó con sarcasmo: "No, Alicia Moreno no asistió a la protesta contra la política cultural del PP. Eso es imposible. No me lo creo. Allí se lanzaron consignas contra el alcalde de Madrid, su jefe, y contra la presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, en cuyas listas Moreno ha sido elegida".

Granados añadió: "Si hubiese acudido, algo que repito no me puedo creer, habría demostrado escasa inteligencia, una completa falta de responsabilidad política y, por supuesto, una enorme incoherencia interna". "Desde mi despacho pude ver la protesta y los manifestantes, con todo el derecho del mundo, criticaban a Aguirre y Ruiz-Gallardón. Y está claro que un cargo político del PP en el Ayuntamiento que fuera mínimamente coherente e inteligente jamás compartiría manifestación con personas que lanzasen semejantes consignas. No, Alicia Moreno no estuvo allí", concluyó el secretario regional del PP.

64. EL 70% DE LAS OBRAS DEL RECONSTRUIDO PALACIO DE LOS DEPORTES FUE ADJUDICADO A DEDO (08/06/06)

La Cámara de Cuentas de Madrid aprobó el pasado 1 de junio un informe fiscalizador de la empresa pública Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid (Arproma), encargada de reconstruir el Palacio de los Deportes. El dictamen señala que "solamente el 33% del importe [de ejecución de las obras] fue adjudicado mediante concurso precedido de publicidad". Además, la Cámara de Cuentas considera que existe un desajuste entre el coste real del nuevo inmueble, que fija en 145 millones €, y el presupuestado, que el Gobierno regional elevó a 153 millones. "Puede afirmarse con carácter general que en la construcción del palacio no se han respetado suficientemente los principios de publicidad y concurrencia", afirma el informe de la Cámara de Cuentas sobre la reedificación del Palacio de los Deportes, reducido a escombros tras el voraz incendio que sufrió el 28 de junio de 2001.

Unos meses después, el equipo de Gobierno regional, que entonces estaba presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, estipuló el coste de reconstruir el edificio en 24 millones de €. El presupuesto fue creciendo a medida que cambiaba el plan de obras, pues con el tiempo Gallardón optó por edificar un nuevo Palacio de Deportes. Los 20 meses previstos para la ejecución de las obras terminaron siendo 43. Entretanto, el presupuesto fue variando, hasta que el Consejo de Gobierno aprobó en julio de 2004 -ya con Esperanza Aguirre como presidenta regional- un importe de 153 millones de €, un 537% más que la cifra inicial.

El estudio de fiscalización, elaborado en diciembre pasado, achaca este cambio de criterio a "una escasa e imprecisa planificación" y sostiene que eso provocó "una merma de los principios de publicidad y concurrencia", puesto que derivó en un complejo proceso de modificaciones y ampliaciones del contrato inicial. Las conclusiones iniciales del informe de la Cámara recibieron el pasado abril las alegaciones de Arproma, que, tras ser valoradas, fueron incluidas en el documento final, aprobado el pasado jueves. El documento es muy crítico con las cuentas de la Comunidad de Madrid en cuanto a la reconstrucción del palacio, pero también sobre la contratación.

Según el informe, varios contratos fueron fraccionados "indebidamente", lo que permitió a Arproma tramitarlos como contratos menores y, por tanto, acudir al "procedimiento negociado", sin publicidad. Algunos de esos contratos, según la Cámara, no justificaron adecuadamente el "procedimiento negociado" utilizado y, en otros, la participación de otras empresas en el concurso fue "mera apariencia", porque pertenecían al mismo grupo empresarial que la adjudicataria. El fraccionamiento de los contratos provocó, por ejemplo, que fueran adjudicados precipitadamente.

También encuentra desajustes entre el presupuesto final (154 millones) y el coste real de los trabajos, 145 millones. "Los conceptos de gasto descritos en el plan económico financiero y sus actualizaciones son genéricos y no definen con precisión las actuaciones a realizar, por lo que no puede determinarse una correspondencia exacta entre los gastos realizados y los aprobados en el plan", indica el informe.

65. EL ¿PERIODISTA? LOSANTOS INSULTA A GALLARDÓN Y SUS COMPAÑEROS NO SE SOLIDARIZAN CON EL ALCALDE. ¿POR QUÉ SERÁ? (09/06/06)

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, denunció en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento los "graves insultos" que el periodista de la cadena Cope Federico Jiménez Losantos le dirigió por la mañana. Losantos dijo que el alcalde es un "traidor a su partido", un "bandido", un "lacayo del Gobierno" y añadió que a Ruiz-Gallardón le "dan igual" las víctimas del 11-M. Gallardón replicó que irá a la concentración convocada en Madrid por la AVT pese a esas "amenazas radicales".

Las declaraciones de Ruiz-Gallardón en el foro de Abc en las que el alcalde recomendó a Rajoy que huya "de la radicalización" y evite "miradas hacia atrás" sobre lo que ocurrió entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 ocuparon ayer buena parte del programa matutino en la cadena de radio de la Conferencia Episcopal. Jiménez Losantos calificó a Ruiz-Gallardón como "el hombre que [Jesús de] Polanco quiere poner al frente de la derecha española". Se burló de él: "Tú vas a presidir el PP como yo el Real Madrid, del que no soy socio", aseguró. Le llamó "bandido", "caradura", "redomadamente traidor" a su partido y "lacayo" del PSOE.

No es la primera vez que Losantos critica a un dirigente del PP. A Mariano Rajoy suele llamarle "maricomplejines". También suele descalificar a Gabriel Elorriaga, a quien llama "blandengue", y a Josep Piqué, a quien califica de "criptonacionalista". Sí es la primera vez que uno de esos dirigentes se atreve a replicar públicamente al periodista de la cadena de los obispos. Ruiz-Gallardón retó a Losantos a que le entreviste hoy mismo para poder defenderse de todas las acusaciones. "Decir que me da igual que haya 200 muertos y 1.500 heridos con tal de llegar al poder es el mayor insulto, la afirmación más brutal, que he recibido en mis 23 años de ejercicio de la política", aseguró.

El alcalde aseguró que ha recibido muestras de apoyo de sus compañeros de partido en el Ayuntamiento. Pero esas muestras de apoyo no fueron, en todo caso, públicas. Ningún dirigente del PP consultado dio su nombre para solidarizarse con el alcalde. El departamento de prensa del PP replicó que no tenía declaraciones que hacer de parte de Mariano Rajoy. Ángel Acebes y Eduardo Zaplana estaban ayer de viaje fuera de Madrid, según sus colaboradores. No pudo oír el programa el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, que pasó el día en Oviedo. El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, no hizo comentarios porque "nunca hace declaraciones sobre medios de comunicación", según una colaboradora

UGT y CC OO exigieron la dimisión del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por crear una "injustificada alarma social" en el caso de las sedaciones del Hospital de Leganés. A las peticiones de cese también se sumó la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública que pidió a la justicia la rápida resolución del caso. En un comunicado conjunto, denunciaron que las manifestaciones de los responsables del Gobierno regional son "precipitadas y tendenciosas" y que "dan por sentado" que ha existido mala praxis en las sedaciones del centro hospitalario. El comunicado también fue suscrito por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), que pidió a los jueces que instruyen el caso una resolución rápida "en la medida de lo posible".

Tanto los sindicatos como la Federación solicitaron también la dimisión de la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Juliana Fariña, si se confirman las acusaciones de que condicionó los contenidos del informe pericial y pidieron que se tuviera en cuenta la información aportada por los médicos imputados para clarificar las actuaciones. Las organizaciones denunciaron que la alarma creada por la Consejería ha perjudicado la credibilidad de la sanidad pública.

67. GALLARDÓN: "AGUIRRE TENÍA EN SU PROGRAMA COMPRAR EL ALBÉNIZ" (14/06/06)

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, recordó en una entrevista que Esperanza Aguirre, presidenta del Gobierno regional, se comprometió en su programa electoral a comprar el teatro Albéniz, cuyo futuro está en entredicho tras ser adquirido por el grupo Monteverde. Los nuevos propietarios sólo se comprometen a dar al espacio un uso cultural.

Gallardón dio una nueva vuelta de tuerca en la batalla iniciada por salvar el Teatro Albéniz. El alcalde recordó: "Ella [por Esperanza Aguirre] llevaba en su programa la compra del Albéniz y cuando se elaboraron los programas ya estaban en marcha los teatros del Canal y de El Escorial, no terminados pero sí muy avanzados en su ejecución. No sé por qué ha variado de criterio".

Aguirre aseguró recientemente en un pleno de la Asamblea de Madrid que en varias ocasiones la Consejería de Cultura y Deportes intentó llegar a un acuerdo para la compra de la sala, pero fue imposible. La presidenta se comprometió a mantener el uso teatral del espacio y recordó, además, que no creía necesaria la compra del Albéniz ya que la ejecución de las obras del Teatro del Canal, en la calle de Cea Bermúdez de Madrid, y de El Escorial estaban ya muy adelantadas. Las declaraciones de Gallardón causaron malestar en el Gobierno regional aunque nadie quiso pronunciarse públicamente sobre las declaraciones.

Profesionales de diversos sectores del mundo de la escena están debatiendo las posibles fórmulas para resolver el futuro del Albéniz. Casi todos se inclinan por crear una fundación con la participación de las tres Administraciones, solución que se dio al prestigiado Teatre Lliure de Barcelona cuando su existencia se vio amenazada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha fichado, al menos, a un total de 30 altos cargos que pertenecieron a los dos Gobiernos de Aznar para las filas de su ejecutivo regional u organismos dependientes de la Administración autonómica. La propia presidenta ha manifestado en varias ocasiones que era una gran alegría poder contar con estas personas con gran preparación técnica, profesional y política para ocupar puestos en la Comunidad de Madrid.

Esperanza Aguirre tenía muy claro, por ejemplo, que Elvira Rodríguez debía ser la sustituta de María Dolores de Cospedal. Esperó a que el partido nombrara a De Cospedal candidata de forma oficial, para hacer público el nombre de una persona que, en su opinión, tiene una alta capacidad de gestión y experiencia de Gobierno (Economía y Medio Ambiente). Tampoco hay que olvidar que la presidenta del ejecutivo regional ha elegido, dentro de los fichajes de ex altos cargos del PP, a un buen número de personas relacionadas con Rodrigo Rato y que habían quedado sin líder tras la marcha de éste a Estados Unidos. Además de Manuel Lamela, Juan José Güemes y Ramón Aguirre, la presidenta ha recuperado en esta ocasión a Elvira Rodríguez.

El nuevo ejecutivo no sólo ha fichado a ex altos cargos populares del Gobierno central. También ha incorporado a diversos puestos a diputados, e incluso, a antiguos responsables de gobiernos autonómicos. Belén de Prado, ex consejera de Asuntos Sociales de la Xunta de Galicia fue elegida hace poco para ocupar la viceconsejería de Sanidad.

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Antonio Beteta, se mostró orgulloso de que la presidenta regional haya recuperado para la vida política activa a personas que pertenecieron al equipo de José María Aznar “que logró unos grandes éxitos políticos y económicos durante los años en los que gobernó España”. Antonio Beteta indicó que la actual presidenta ha sumado con personas que han demostrado una contrastada experiencia y que son “gente químicamente puros del PP”. Para el portavoz del PP son personas que se han forjado en las administraciones municipal, autonómica y del Estado “y que aportan al ejecutivo y a su grupo un grado de experiencia y de ideología muy clara: la liberal”. Respecto al nombramiento de Elvira Rodríguez calificó a la nueva consejera como “la gran incorporación” al Gobierno regional de la que fuera ministra y secretaria de Estado con los gobiernos de Aznar.

69. dime con quién andas: Fidel San Román, amiguete de esperanza AGUIRRE, ha sido detenido por estar involucrado en la OPERACIÓN ‘malaya’ (29/06/06)

Fidel San Román cuenta con 34 cargos en 26 sociedades, fundamentalmente dedicadas a la construcción y al mundo taurino. Según las fuentes consultadas, entre las amistades de San Román figuran la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el vicepresidente, Ignacio González. El empresario de la plaza de toros de Las Ventas es uno de los detenidos en la segunda fase de la 'Operación Malaya' por la corrupción político. urbanística del Ayuntamiento de Marbella. Se trata de Fidel San Román, conocido constructor de la Comunidad de Madrid, muy relacionado con el PP de Esperanza Aguirre.

De este último depende la adjudicación de la plaza de toros de Las Ventas que a finales de 2004 obtuvo la empresa TAUROVENT de la que Fidel San Román es consejero delegado. El proceso de adjudicación fue muy polémico porque la propuesta de TAUROVENT no era la mejor, según fuentes del sector consultadas por la SER. Dos empresas que optaron al concurso iniciaron acciones judiciales. La firma SAROT presentó un recurso contencioso administrativo que aún no se ha resuelto. La segunda, MADRID CAPITAL DEL TOREO, presentó una querella por prevaricación contra Ignacio González que no fue admitida a trámite por dos votos contra uno. Uno de los magistrados que conoció el asunto emitió un voto particular en el que solicitaba citar a declarar a González por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación.

70. LOS DELEGADOS DE LA UE CREEN QUE LA M-30 DEBIÓ SOMETERSE A UN ESTUDIO AMBIENTAL (29/06/06)

Los dos diputados enviados por el Parlamento Europeo para analizar la obra de la M-30, el irlandés Proinsias de Rossa (socialista) y la danesa Margrete Auken (verde), apelaron al sentido común, sin citar leyes concretas, para concluir que un proyecto "de esa magnitud" tendría que haber sido sometido a un estudio de impacto ambiental. No entraron a valorar si existe conflicto jurídico entre la normativa europea (que, según la Comisión Europea, obliga a realizar ese estudio) y la española (que eximió a la M-30 de ese trámite), pero precisaron que, en caso de existir tal conflicto, "la ley europea prevalece". De Rossa y Auken sospechan que la M-30 no pasó estudio ambiental por "un truco" administrativo.

La delegación enviada por la Eurocámara a Madrid -a petición de IU, Ecologistas en Acción y la plataforma vecinal Afectados Nudo Sur- para estudiar las obras de la M-30 tuvo un solo color político, el rojiverde, porque el PP Europeo no envió a ningún representante. Proinsias de Rossa y Margrete Auken expondrán sus conclusiones el próximo 10 de julio ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y en septiembre entregarán un informe por escrito.

Ese informe no es vinculante, pero ambos señalaron que esperan que la Comisión Europea lo tenga en cuenta. La Comisión envió el pasado abril al Gobierno español una "carta de emplazamiento" en la que le recordaba que, según la legislación europea, el proyecto de reforma de la M-30 debería haber sido sometido a evaluación ambiental, y daba dos meses al Ejecutivo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para dar explicaciones. El Gobierno municipal siempre ha argumentado que la M-30 no pasó estudio ambiental porque no era obligatorio según la ley española, que exime de ese trámite a las "vías urbanas". La M-30, inicialmente una carretera, está calificada oficialmente como vía urbana desde que el 4 de marzo de 2004 el Ministerio de Fomento (aún dirigido por el PP) la traspasó al Ayuntamiento.

"Yo cuando vine no tenía ni idea de ese dilema sobre si la M-30 es una calle o una carretera. Pero esto no tiene que ver con denominaciones, sino con la legislación europea y el tamaño de la obra. No me explico cómo alguien puede siquiera pretender que un proyecto de esta magnitud no pase declaración de impacto", afirmó Auken. Y apuntó, refiriéndose al cambio de calificación de la vía: "Creemos que ha podido haber una especie de truco para evitar el estudio ambiental".

"La legislación europea es una cosa seria. Si hay unas normas ambientales, las denominaciones [carretera o calle] son indiferentes. En caso de obras de infraestructuras grandes, el impacto ambiental también lo es. Modificar una denominación no cambia eso", añadió De Rossa. El eurodiputado irlandés explicó que él esperaba encontrarse "una calle" y al visitar las obras se topó con "una verdadera autopista". "No me compete saber si el proyecto es bueno o malo. Pero parece claro que no se han salvaguardado los derechos de los ciudadanos".

De Rossa y Auken arremetieron contra el Gobierno regional por no haber designado a un alto cargo "político", sino a una comisión técnica, para reunirse con ellos, y coincidieron en señalar que el momento más revelador de la visita había sido el encuentro del lunes con 400 vecinos de Arganzuela. "Sentían que alguien por primera vez les escuchaba, que eran ciudadanos, no súbditos", afirmó el irlandés.

71. TENSIONES POPULARES. LAS LINDEZAS ENTRE SUS MILITANTES: "ERES UNA MIERDA" (08/07/06)

"Las mujeres están locas". "Los viejos sólo dan mala imagen al partido". "Eres una mierda". "No hay nadie normal en el partido". Son algunas de las frases que la presidenta del grupo municipal del PP y portavoz de Leganés (177.000 habitantes), Guadalupe Bragado, utilizó contra la edil Pilar Almonacid. Así lo ha relatado ésta en la querella que ha presentado contra su compañera de partido. La crisis interna del PP ha llegado por primera vez a los tribunales. Almonacid acusa a Bragado de delitos contra el honor (injurias), contra la integridad moral, coacciones, amenazas y lesiones. Bragado niega los hechos y asegura que la querella "obedece al nerviosismo previo a la elaboración de las listas del partido".

La querella, que consta de seis folios, fue presentada el pasado 21 de junio y recayó por reparto en el juzgado de instrucción número 2 de Leganés. Aún no ha sido admitida a trámite porque queda el paso previo de que la querellante, Pilar Almonacid, se ratifique en la misma.

El escrito de la concejal al juzgado recoge que los problemas de acoso y vejaciones hacia sus compañeros de partido comenzaron meses antes de las elecciones de 2003. La querella recuerda un problema ocurrido en la avenida de Juan Carlos I, cuando estaba siendo instalada una mesa informativa previa a los comicios. Hubo un retraso por parte de un concejal, que traía el material para entregar a los vecinos. "Esto motivó que Guadalupe Bragado se pusiera histérica, dando voces en la vía pública, en presencia de todos los viandantes y diciendo a los concejales que eran inútiles, que no se podía contar con ellos para nada. Amenazó con quitarles de las listas electorales", recoge el escrito de acusación.

Tres de los 11 concejales que salieron elegidos en los comicios -Socorro del Fraile, Francisco Rodrigo Vicente y Pedro Rojo Bermúdez- han dejado de formar parte del grupo del PP de la cuarta ciudad de la Comunidad, por número de habitantes, aunque no han renunciado a su acta de concejal. Tan sólo acuden a los plenos mensuales del Ayuntamiento, pero no colaboran ni económica ni profesionalmente con el grupo.

Almonacid recuerda en la querella que el edil responsable de Urbanismo, Andrés Cubero, abandonó el grupo tras sufrir "aislamiento, control de todas sus actividades hasta extremos inauditos, vejaciones y trato degradante".Idéntica situación vivió, según la querellante, la anterior secretaria del grupo, Ana Picazo. El detonante del abandono de su cargo fue la cena de Navidad de 2003 que el PP de Leganés daba a sus afiliados y simpatizantes en un hotel. Había asistentes que querían cambiar la distribución previa. Además acudieron más personas de las previstas. "Ante esto, Guadalupe Bragado montó en cólera, dando gritos y diciendo que no se iba a permitir que nadie ocupara un lugar diferente del asignado", recoge la querella.

"El hostigamiento por parte de la querellada hacia todos los miembros del grupo ha sido constante, siendo su estrategia de actuación el ir criticando a cada una de las personas, a través de conversaciones a varias bandas con el resto del grupo. Formulaba insultos y comentarios despectivos y vejatorios, dejando en evidencia el trabajo realizado, tanto en privado como en público", asegura la querella.

La concejal querellante recoge en su escrito que ha sido frecuente la falta de respeto e insultos por parte de Bragado: "Eres una mierda, los viejos sólo dan mala imagen al partido, las mujeres están locas, no hay nadie normal en el partido y la única persona que trabaja y tiene valía profesional es ella (la querellada)". A ello se ha unido que ha ido quitando competencias a los ediles del PP y que despidió a un responsable de prensa, Javier Pascual, a las tres horas de que se diera de baja por una depresión. Almonacid asegura que Bragado le prohibió asistir a actos públicos, ya que la primera "la dejaba siempre en un segundo término". El detonante para presentar la querella ha sido que Bragado le faltó el respeto en un acto en el teatro Egaleo el pasado 11 de junio.

La portavoz del PP en Leganés aseguró que la querella "no tiene ningún fundamento" y que obedece al nerviosismo "de quien ante la elección de las candidaturas recurre a estos extremos". "Hay alguien que quiere desacreditarme y no sé a qué obedece. Espero que los tribunales lo esclarezcan todo", añadió Bragado. La dirección del PP-Madrid declinó hacer valoraciones sobre la querella.

El PP de Leganés manipuló un vídeo sobre un supuesto intento de agresión del alcalde del municipio, el socialista José Luis Pérez Ráez, a la portavoz municipal del PP, Guadalupe Bragado, durante la celebración de un pleno sobre el hospital Severo Ochoa en marzo de 2005. Así lo pone de manifiesto la concejal popular Pilar Almonacid en la querella presentada contra Bragado.

72. El empresario de Las Ventas dio cuatro millones en comisiones al cerebro de la trama de Marbella (11/07/06)

El constructor y empresario taurino de Las Ventas, Fidel San Román, pagó a Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de la Operación Malaya, cerca de cuatro millones de euros en distintas comisiones por convenios urbanísticos firmados con el Ayuntamiento de Marbella. Este dato consta en el auto del juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres. El constructor San Román, cercano al PP de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es el único empresario inmobiliario que el juez ha enviado a prisión por supuesto cohecho de los 11 que han declarado hasta el momento.

Las comisiones señaladas en el auto fueron por distintos convenios urbanísticos firmados con el ayuntamiento. El empresario abonó desde febrero de 2005 distintos sobornos a Roca para conceder licencias contrarias al plan general vigente de 1986, unas licencias que el juez señala como absolutamente ilegales y de las que San Román se valió para edificar en Marbella. Este empresario firmó convenios a través de sociedades como Edificaciones Tifán SL sin los preceptivos informes jurídicos y al amparo de un planeamiento urbanístico que nunca entró en vigor.

Además, el juez ha decretado prisión incondicional para los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que han prestado declaración en el juzgado de instrucción número 5 de la localidad malagueña. El abogado de ambos, Julián Chamorro, ha explicado a los periodistas que sus defendidos comparecieron "voluntariamente" ante el magistrado Torres y que están "muy afectados y agotados". El letrado no quiso especificar los cargos que se imputan a sus defendidos, al estar bajo secreto de sumario, pero anunció que recurrirá el auto de ingreso en prisión.

El empresario granadino Carlos Sánchez, sobre el que pesaba una orden busca y detención desde la semana pasada, compareció esta mañana junto a Liétor en los juzgados de Marbella, de donde salieron poco antes de las 20.00 horas con destino a la prisión provincial de Alhaurín de la Torre.

Tras la personación de Sánchez y Liétor en los juzgados marbellíes, sólo está pendiente la orden de busca y detención contra el ex concejal del Partido Andalucista (PA) en la localidad malagueña Carlos Fernández, del que aún se desconoce su paradero.

73. AGUIRRE COMIENZA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA M-501 SIN PERMISO DE NARBONA (12/07/06)

El Gobierno regional de Esperanza Aguirre ha comenzado las obras de ampliación de la carretera de los pantanos (M-501) sin tener el preceptivo permiso del Ministerio de Medio Ambiente. La ministra Cristina Narbona lo ha denunciado, y la Confederación Hidrográfica del Tajo ha confirmado que ha abierto expediente sancionador a la Comunidad. "Es verdad, hemos empezado sin licencia, pero es que llevamos un año pidiéndola", contestan desde el Ejecutivo regional. La Comisión Europea ha admitido a trámite la queja de los ecologistas en la que piden someter la obra a informe ambiental.

Narbona fue preguntada durante una rueda de prensa por la polémica surgida en torno a si los excrementos hallados cerca de la M-501 prueban o no la existencia de linces en la zona (como sostienen los ecologistas y niega el Gobierno regional). La ministra quitó importancia a ese asunto y denunció un dato "más delicado": la Comunidad de Madrid ha comenzado las obras en la carretera de los pantanos -para ampliar el tramo de autovía- "sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo", a pesar de que ese tramo cruza el río Perales y varios arroyos. Una portavoz de la Confederación Hidrográfica del Tajo confirmó más tarde que el expediente sancionador a la Comunidad "ya está en marcha", aunque no aclaró si el ministerio podría paralizar los trabajos.

"Sí, es cierto que hemos empezado las obras sin permiso. Pero es que llevamos un año esperando ese permiso. Presentamos la primera solicitud en agosto de 2005; han estado pidiéndonos documentación y se la hemos enviado. La última, el pasado junio. Y no obtenemos respuesta. Además, las obras que estamos haciendo son preliminares, no afectamos todavía a ningún cauce", replica la consejera de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Elvira Rodríguez.

La consejera añade que aún no ha recibido la notificación oficial del expediente sancionador, aunque sí admite que existen dos denuncias interpuestas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ante la Confederación del Tajo, acusando a la consejería de realizar obras de drenaje que afectan a los arroyos Horcajo y Palomero. "Hicimos unas calas allí para probar el terreno, pero se cerraron y ya está. No afectamos a los arroyos en absoluto", sostiene.

Además de prescindir del permiso del ministerio, la obra de la M-501 ha comenzado sin declaración de impacto ambiental previa: el Gobierno de Esperanza Aguirre eximió al proyecto de pasar ese trámite alegando el "interés general" (según la Comunidad, la conversión de la carretera en una autovía reducirá los accidentes). Narbona se refirió también a este aspecto: anunció que la Comisión Europea ha admitido a trámite la queja formulada por los ecologistas y pidió a la Comunidad que elabore el informe ambiental. La ministra ha explicado a este periódico que, si Europa le pide su opinión sobre el proyecto, ésta será "negativa".

Una portavoz ministerial admitió, no obstante, que la competencia para decidir si se hace o no estudio ambiental es del Ejecutivo autónomo, no del ministerio. Y la consejera Elvira Rodríguez apuntó: "La decisión de la Comisión Europea no nos preocupa:admiten a trámite el 90% de las quejas. Si Europa se dirige a nosotros, ya veremos en qué términos lo hacen y cómo respondemos".

74. LA PORTAVOZ DEL PP EN LEGANÉS QUE INSULTÓ A UNA EDIL DE SU PARTIDO AHORA INTENTA DESDECIRSE (16/07/06)

La presidenta y portavoz del Partido Popular de Leganés, Guadalupe Bragado, ante los medios de comunicación junto al secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, para pedir disculpas a los compañeros de su partido y especialmente a la edil Pilar Almonacid, por si "pudieran haberse sentido ofendidos por algo que hubiese dicho en algún momento". Lo hizo tras atribuir la culpa de todo el embrollo a "la intención del PSOE de someterme a un juicio público que ha superado la descalificación personal".

"Las mujeres están locas". "Los viejos sólo dan mala imagen al partido". "Eres una mierda". "No hay nadie normal en el partido". Son algunas de las frases que Guadalupe Bragado utilizó contra Pilar Almonacid, compañera de partido. Así lo relató ésta en la querella que presentó contra su compañera de partido. Almonacid acusa a Bragado de delitos contra el honor, contra la integridad moral, coacciones, amenazas y lesiones. Guadalupe Bragado aseguró que su intención nunca fue la de ofender a nadie, sino "la de aunar voluntades y sumar esfuerzos en el proyecto común del partido". "No me ha movido estos años otro interés que perseguir el beneficio de los ciudadanos. Así lo acredita mi trayectoria pública", dijo, y consideró que la crisis del PP en Leganés es "una cuestión puramente doméstica".

Granados respaldó la explicación de Bragado -"la honran estas disculpas"- y justificó su comportamiento diciendo que el PP de Leganés "está sometido a una presión importante por parte del PSOE y, fruto de esa tensión, hemos podido tener actitudes que pueden llegar a ofender a otras personas". Respecto a la demanda presentada por Almonacid, Granados espera que "las disculpas sean suficientes para que el asunto quede en una llamada de atención".

75. EL AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO, DEL PP, COMPRA A UN MIEMBRO DE LA EJECUTIVA UNA RESIDENCIA POR 5 MILLONES DE € (23/07/06)

El ayuntamiento de la localidad madrileña de Navalcarnero, del PP, ha comprado una residencia privada de ancianos por 5 millones €. El dinero ha ido a parar a su propietario, que es miembro de la ejecutiva del PP en Navalcarnero y fue asesor del alcalde hasta el 2003. Esta residencia era hasta el pasado 8 de julio propiedad (así figura en el propio acuerdo de Gobierno) de José María de la Morena, miembro de la ejecutiva del PP de Navalcarnero y asesor personal del alcalde Baltasar Santos hasta hace 3 años. El regidor ha respondido que no tiene nada que ocultar, que efectivamente compró la residencia a su amigo, ex empleado y compañero suyo en la ejecutiva, pero que en ello no hay nada ilegal. El inmueble estuvo antes alquilado al consistorio. La oposición en el ayuntamiento denuncia que la situación económica de la residencia era antes de la compra más que precaria y que el precio pagado supera con creces el de mercado. Hablan sin tapujos de presunto trato de favor.

La consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre (PP), ha concedido la gestión de dos Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) -los que pertenecen a los colectivos de inmigrantes colombianos y peruanos- a la Fundación Francisco de Vitoria, buque insignia de los Legionarios de Cristo. El Plan de Integración de la Comunidad de Madrid, con un presupuesto de 4.417 millones de € hasta 2008, incluye -entre otros proyectos- la creación de nueve CEPI. Tres de ellos se crearán antes de acabar el año: los de Ecuador, Rumanía y Perú. Y dos ya han sido inaugurados: los de Colombia y Bolivia.

El pasado 22 de febrero de 2006, el Gobierno regional de Esperanza Aguirre (en la foto, en la inauguración del CEPI Hispano-Boliviano) concedió la gestión de dos de ellos -el Hispano-Colombiano y el Hispano-Peruano- a la mencionada Fundación Francisco de Vitoria. Los tres restantes a diferentes organizaciones: el Hispano-Ecuatoriano, a la ONG Cooperación Internacional; el Hispano-Boliviano, a la Asociación de Cooperación Bolivia España (ACOBE); y el Hispano-Rumano, a la Fundación Iberoamericana Europa-Asociación Ares Rumania. Precisamente, la Fundación Iberoamericana Europa-Asociación Ares Rumania está presidida por Pablo Izquierdo, ex diputado del PP. Asimismo, se benefició de un alto número de ayudas públicas, procedentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Ministerio de Trabajo, cuando gobernaba Aznar.

Según la Comunidad de Madrid, “el objetivo de los CEPI es que se constituyan como lugares para promover la convivencia, el conocimiento mutuo, el respeto y la tolerancia entre las distintas culturas”. En ellos, se desarrollarán talleres de empleo y bolsa de trabajo y cursos ocupacionales en diversas materias. También se organizarán sesiones divulgativas para que los madrileños conozcan los países de procedencia de los inmigrantes y éstos conozcan mejor la Comunidad de Madrid. La Comunidad desembolsará entre 650.000 y 695.000 € por cada CEPI a las organizaciones adjudicatarias de la gestión. La fundación legionaria gestionará más de 1.300.000 € entre sus dos centros.

No es la primera vez que el Gobierno de la Comunidad respalda y da cobertura a los Legionarios de Cristo, cuya orientación doctrinal y religiosa tiene bastantes adhesiones en el PP. De hecho, se publicó en una revista de tirada nacional hace dos años que “los gobiernos del PP son una bendición económica para los Legionarios de Cristo”: que recibieron “más de 4 millones € en subvenciones concedidas por Administraciones del PP para proyectos de cooperación, durante los años 2000, 2001 y 2002”. Más recientemente, también se ha publicado que la universidad Francisco de Vitoria organizará -en poco más de dos meses- el II Congreso Internacional sobre Migraciones y Desarrollo, gracias a un acuerdo con la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

77. GALLARDÓN DICE QUE OFICIARÁ SU PRIMERA BODA GAY "PORQUE SU OBLIGACIÓN ES APLICAR UNA LEY VIGENTE (28/07/06)"

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que su decisión de oficiar el su primera boda gay, en concreto entre los militantes del PP Javier Gómez y Manuel Ródena, "no ha generado absolutamente ningún tipo de reproche por parte de nadie", y subrayó que, a pesar de la discrepancia de su partido con esta norma, lo único que ha hecho es cumplir con su obligación de aplicar "con toda normalidad" una ley vigente.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, Ruiz-Gallardón recordó que no es la primera boda civil de personas del mismo sexo que autoriza, ya que, según explicó, "la capacidad legal para permitir los matrimonios en los ayuntamientos es exclusiva del alcalde".

"Otra cosa -añadió- es que el regidor delegue en cada uno de los casos en otros concejales, cosa que yo hago habitualmente porque si no haría imposible que las pudiese celebrar todas una única persona", precisando que actúa igual en bodas entre homosexuales que entre heterosexuales.

Además, Ruiz-Gallardón subrayó que solamente autoriza directamente estas bodas cuando los contrayentes tienen un interés especial, "como es el caso de estos dos compañeros del PP, que me lo han solicitado". "Nosotros (el PP) hemos mantenido una discrepancia con relación a esta ley pero este hecho no significa que una vez aprobada por las Cortes Generales debamos o podamos no aplicarla", precisó.

Finalmente, insistió en que las leyes, una vez son aprobadas, obligan a todos y esta es, en su opinión, una de las razones por las que el Ayuntamiento de Madrid, con toda normalidad, autoriza la celebración de dos personas del mismo sexo cuando lo solicitan". "Son muchísimos los alcaldes del PP que hacen lo que tienen que hacer: aplicar la ley", concluyó.

Fidel San Román, empresario detenido en la Operación Malaya de Marbella por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación -fue puesto en libertad hace unos días bajo fianza-, es un viejo conocido por los 75.000 vecinos de Las Rozas, gobernado por el PP. Sus cinco sílabas son sinónimo de dinero, viviendas nuevas y poder. Pero, para algunos compradores, San Román suena también a defectos de obra en sus viviendas y a las denuncias interpuestas que todavía no han recibido respuesta.

PSOE e IU, grupos en la oposición del Ayuntamiento roceño, mantienen que el conglomerado empresarial de la familia San Román es responsable del 70% de las actuaciones urbanísticas en Las Rozas. Opinan, asimismo, que el empresario es el que más se ha beneficiado del aumento de viviendas auspiciado por el PP (que gobierna el municipio). Muchos roceños no han visto nunca a San Román, pero la mayoría conoce su nombre. "Claro que he oído hablar de él. Hasta circuló el chiste de que las fiestas patronales pasarían a llamarse de San Román", comenta un vecino.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pendiente de aprobación definitiva, prevé 7.556 viviendas nuevas en esa zona, y un techo poblacional de 110.000 habitantes, según el PP. La oposición eleva la cifra a 130.000. Según cálculos del PSOE, los nuevos proyectos reportarán a los promotores unos 1.500 millones de euros de beneficios, y casi todo irá a parar a la familia San Román."Nuevamente la familia San Román es la gran beneficiaria de la operación, porque es la propietaria del 80% de estos terrenos", advierte el PSOE. El Ayuntamiento, gobernado por el PP y con Bonifacio de Santiago de alcalde, prefiere no hacer declaraciones al respecto.

Fuentes del grupo de empresas de la familia, formado por más de 30 inmobiliarias controladas por Fidel San Román y su hermano Antonio, explican que sus planes de expansión son similares a los que pueda tener cualquier compañía que se plantee crecer. Una sola de sus empresas, El Cantizal, con sede en Las Rozas, movió en 2003 unos 40 millones de euros; en 2004, unos 25 millones, y en 2005, otros 26. En el grupo empresarial describen así a San Román: "Un luchador con el que hemos trabajado codo con codo". Desde Sanedi, una de las sociedades del grupo, dicen que ellos no tienen "nada que ver con Fidel San Román", pero admiten que mantienen vínculos con su hermano Antonio.

Las Rozas no es el único municipio, según la oposición, donde San Román ha extendido sus tentáculos. El grupo tiene intereses también en otras localidades, como Arroyomolinos. El pasado 15 de junio, el PSOE llevó a la Asamblea de Madrid una reclamación para evitar que la Comunidad permitiese al Ayuntamiento de Arroyomolinos, del PP, recalificar 154 hectáreas protegidas para construir 3.700 viviendas, una operación de la que se beneficiaría San Román.

79. MIENTRAS EL ALCALDE DE TORRELODONES (PP) RETIRA SUS COMPETENCIAS A DOS DE SUS CONCEJALES, UNA CONSTRUCTORA FINANCIA LA FUNDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL PP DE TORRELODONES (24/08/06)

La constructora C-15, que opera en el municipio de Torrelodones construyendo chalés, financia una fundación que preside el presidente del PP local y ex alcalde de la localidad, Mario Mingo. La empresa ha comprado, además, parte de los terrenos del Área Homogénea Norte, donde el Consistorio pretende construir 1.536 viviendas. El anterior alcalde de la localidad, Enrique Muñoz, también del PP, había calificado los terrenos de protegidos. Muñoz acusó a Mingo de estar detrás de la destitución de dos ediles del PP que reclamaban más información sobre este cambio de uso.

En Torrelodones todo parece estar conectado. Tras la destitución por el alcalde, Carlos Galbeño, de dos concejales del Partido Popular, las acusaciones crecen entre los políticos de la localidad. La empresa C-15, una de las constructoras con más actividad del municipio, financia, junto a otras sociedades privadas, la fundación que preside el ex alcalde de Torrelodones, presidente del PP local y portavoz de la comisión de Sanidad en el Congreso, Mario Mingo.

La fundación se llama Escuela Superior de Arte Dramático de Torrelodones (www.eadst.com) y tiene un convenio con el Consistorio por el cual éste le cede la casa de la cultura y todas sus instalaciones de forma gratuita a cambio de que esta organización sin ánimo de lucro represente actuaciones teatrales en la localidad. Son vocales de esta fundación -entre otros políticos, empresarios y periodistas- Carlos Galbeño; el diputado regional del PP, Juan Van Halen; Miguel Hinojar de Inza, miembro del PP, y el consejero delegado de C-15, Eduardo Morales.

La constructora C-15 de Morales adquirió varias parcelas en el Área Homogénea Norte antes de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento llevara y aprobara en el pleno municipal el cambio de calificación de esos terrenos que estaban protegidos. Además, según Jesús María Pacios, uno de los dos concejales del PP destituidos por Galbeño, la empresa mantiene derechos de tanteo y retracto sobre el área.

Mingo aseguró que Morales, el consejero delegado de C-15, es "un patrón de la fundación como muchos otros". Y agregó: "Se ha portado muy bien conmigo al aceptar ser patrono de la organización sin ánimo de lucro". Mingo asegura desconocer por qué motivos C-15 ha adquirido terrenos en el área recalificada..

El pasado febrero el Ayuntamiento de Torrelodones, con los votos del PP, aprobó el cambio de uso del Área Homogénea Norte para poder construir 1.536 viviendas, un campo de golf municipal, un centro comercial y oficinas. Esta zona, de 128 hectáreas (la extensión de unos 150 campos de fútbol), adyacente a la A-6, se encuentra protegida desde 2003, cuando el anterior alcalde, Enrique Muñoz, del PP, aprobó calificación como suelo protegido. Poco después de preservar la zona, antes de las elecciones de 2003, la dirección local del PP, que lidera Mario Mingo, desplazó a Muñoz como candidato a la alcaldía a pesar de haber obtenido la mayoría absoluta en los anteriores comicios. "Me fui del partido porque Mingo quería que fuésemos sus marionetas", asegura.

El ex alcalde mantuvo que era "un disparate y una barbaridad" que se recalifique la zona que el anterior equipo había protegido por su valor ambiental. Tanto los grupos municipales de la oposición del Ayuntamiento de Torrelodones como la asociación de vecinos Torrenat han expresado en repetidas ocasiones su rechazo a la recalificación.

Los dos ediles a los que el alcalde, Carlos Galbeño, ha retirado sus competencias son Jesús Maria Pacios, ex concejal de Juventud, Fomento y Empleo y Reyes Tintó de Val, ex concejal de Educación, Cultura y Fiestas y Participación Ciudadana, además de teniente de alcalde.

Mario Mingo replica que el comité ejecutivo de Torrelodones, que él preside, apoya al alcalde Carlos Galbeño. "Los dos concejales no han seguido las instrucciones del PP. Han puesto en tela de juicio los criterios del partido y no han seguido la disciplina", apunta. Pero los propios concejales destituidos mantienen que nunca votaron en contra del partido. "Siempre hemos votado a favor, ni siquiera nos hemos abstenido", replica Pacios.

Ambos ediles destituidos aseveraron que nadie del partido se ha puesto en contacto con ellos. Tampoco les llamó nadie de la corporación municipal. "Nos han retirado los teléfonos móviles que teníamos del Ayuntamiento sin más", reconoce el ex concejal de Juventud, Fomento y Empleo. No obstante, tanto Pacios como Tintó del Val aún conservan el acta de concejal.

80. UNA CONSTRUCTORA DE LA HERMANA DEL ALCALDE PEPERO DE TORRELODONES COMPRÓ SUELO PROTEGIDO (29/08/06)

La hermana del alcalde de Torrelodones, María Isabel Galbeño González, ha comprado, a través de una empresa familiar, terrenos en un área protegida que ha sido recalificada por el Consistorio. El Ayuntamiento pretende construir en la zona 1.536 viviendas, un campo de golf, un centro comercial y oficinas. La hermana del regidor es la consejera delegada de Cimaga, cabecera de un grupo de empresas donde también están los sobrinos de aquél. Algunos propietarios reconocen que recibieron ofertas para vender a Cimaga y otras empresas del grupo constructor antes del inicio de la recalificación.

El Área Homogénea Norte (AHN), una zona de 128 hectáreas en el término de Torrelodones, es como un caramelo en el patio de un colegio. Un grupo de constructoras e inmobiliarias de la zona compraron suelo en este terreno protegido por su valor ecológico. Muchas de estas operaciones se produjeron antes de que el Consistorio decidiera comenzar los trámites, en diciembre de 2004, para cambiar el uso de esas hectáreas de encinas centenarias y enebros. De protegido a urbano directamente.

Entre las constructoras que han obtenido suelo y que esperan obtener beneficios si la recalificación sigue adelante, está Cimaga, cabecera de un grupo de empresas de la que María Isabel Galbeño González es consejera delegada. En la compañía también están presentes los sobrinos y el cuñado del alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño González, del PP.

El Ayuntamiento aprobó el pasado febrero la recalificación inicial de la zona, con el voto en contra de la oposición y el rechazo de vecinos y grupos ecologistas. El anterior alcalde, Enrique Muñoz, también del PP, se oponía a la recalificación. Ahora la pelota queda en manos de la Comunidad, que deberá ratificar o rechazar el proyecto municipal.

Carlos Galbeño también es amigo íntimo de José Luis Velasco, propietario de Accord, otra de las empresas que se han hecho con suelo en la zona protegida. Eduardo Morales, la cara visible de C-15 y amigo personal de Galbeño y de Mario Mingo, presidente del PP local y diputado nacional, también ha conseguido su porción de terreno.

El Área Homogénea Norte que el Consistorio quiere reclasificar fue protegida por la anterior corporación hace sólo tres años dados sus valores naturales. Nada más llegar Galbeño a la alcaldía, se propuso cambiar el uso de esos terrenos para construir 1.536 viviendas, un campo de golf, un centro comercial y oficinas. El proyecto aprobado por el Ayuntamiento es el mismo que un mes antes había presentado una organización denominada Asociación de Propietarios del Área Homogénea Norte y que estaba representada por José Luis Velasco, propietario de Accord.

La reclasificación del AHN era uno de los puntos del programa electoral del alcalde Carlos Galbeño. Pero los vecinos no pudieron conocerlo. A sus buzones llegó un folleto del partido donde no se hacía referencia a este plan. Pero, en el proyecto desarrollado que hay en las dependencias del PP sí se señala la intención de cambiar el uso al suelo no urbano -sin mencionar que está protegido- del Área Homogénea Norte.

El caso comenzó cuando el alcalde destituyó el 25 de julio a dos concejales de su grupo. Según un portavoz del Ayuntamiento, "los ediles no siguieron la disciplina del partido". Los concejales destituidos aseguran que sólo reclamaron información sobre algunas operaciones urbanísticas. Ambos acudieron a la Fiscalía Anticorrupción para informar sobre algunas actividades y conocer los procedimientos que debían seguir.

81. EL ALCALDE DE TORRELODONES (PP) PRETENDE INCREMENTAR LA POBLACIÓN UN 50% Y LLEGAR A LOS 30.000 HABITANTES (30/08/06)

El alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño González, del PP, llegó al Consistorio torresano en mayo de 2004. Desde entonces ha intentado cambiar la fisonomía del municipio, situado a unos 40 kilómetros al norte de Madrid. Entre los convenios urbanísticos aprobados y los proyectos que quiere sacar adelante el alcalde pretende incrementar la población en cerca de 10.000 habitantes, un 50% más de los casi 20.000 que residen actualmente en Torrelodones.

La oposición critica este crecimiento urbanístico desmesurado del municipio. El portavoz del PSOE, Juan Ignacio Bidart, asegura que no hay servicios suficientes para acoger a toda esta población. "Faltan infraestructuras para abastecer de agua y luz a los nuevos vecinos. Además, no existen suficientes colegios, polideportivos...".

El Área Homogénea Sur, uno de los desarrollos urbanos de la localidad, ha sido edificada en su totalidad por la constructora C-15, que financia a una fundación del presidente del PP local, Mario Mingo. En esta zona se han levantado otras 700 viviendas, en total unos 2.000 nuevos vecinos. En el área calificada como S-10/UE2, el Ayuntamiento ha aprobado construir 700 viviendas para que cerca de 2.000 nuevos vecinos engorden el padrón municipal.

Otro de los convenios urbanísticos aprobados por el Consistorio torresano consistió en el intercambio de unas parcelas, hasta entonces de titularidad municipal, situadas en el barrio de Los Bomberos, con la empresa Vilco 40, por un inmueble denominado La Solana.

Las parcelas municipales, de una extensión de 2.486 m² se valoraron en dos millones de euros. En el convenio, el Ayuntamiento se comprometió a modificar la edificabilidad de las dos parcelas permutadas, donde se podrán construir cerca de 30 viviendas, casi un centenar de nuevos vecinos, según calcula un arquitecto de la zona. Como éste, el alcalde ha suscrito otros convenios.

82. UNA COMISIÓN EUROPEA INSTA A BRUSELAS A INVESTIGAR EL URBANISMO DE GALAPAGAR (PP) (31/08/06)

Los asuntos europeos no quedan tan lejos a los vecinos de Galapagar como puede parecer. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido reclamar a la Comisión Europea que inicie una investigación sobre el plan urbanístico de Galapagar. El Ayuntamiento, del PP, ha aprobado de forma inicial un proyecto para construir 9.000 viviendas, lo que supondría duplicar la población de este municipio de la sierra. El Defensor del Pueblo también ha reclamado información al Ayuntamiento para estudiar las quejas de los vecinos sobre el nuevo plan municipal de urbanismo.

Hasta ahora, a los habitantes de Galapagar, el nombre de Marcin Libicki les sonaba poco o casi nada. Pero este político polaco es el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha iniciado el examen de las alegaciones remitidas por la Plataforma de Vecinos contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Galapagar. El proyecto urbanístico aprobado por el Consistorio pretende duplicar la población de la localidad hasta los 60.000 habitantes.

Además, la Comisión de Peticiones ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre el plan urbanístico de Galapagar. La asociación de vecinos recibió la carta el pasado 14 de agosto. "Nos llamarán para que expliquemos nuestras alegaciones. Tendremos que ir a Bruselas para que la Comisión escuche nuestros problemas", explica Luis Remacha, de la plataforma vecinal.

Los vecinos presentaron 14.237 alegaciones contra el plan municipal. Se quejan por el crecimiento desmesurado y porque el proyecto afecta a zonas de alto valor ambiental. Pero el equipo de gobierno sólo aprobó 94 del total, aduciendo que muchas se repetían. "Es un paso muy importante después de la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Es una señal de que no estamos solos", añade Remacha. El representante vecinal afirmó: "Pensamos que Galapagar necesita un plan urbanístico pero que cuente con el consenso de todos, y no el que diseñan unas pocas personas y un único partido".

La oficina del Defensor del Pueblo también se ha involucrado en el asunto. El pasado 17 de julio remitió una carta al alcalde de Galapagar, José Luis González, comunicándole que admitía a trámite las quejas de los vecinos y, al mismo tiempo, le reclamaba información sobre la tramitación del plan general.

Los vecinos recuerdan que existe un informe no vinculante de la Confederación Hidrográfica del Tajo que asegura que el nuevo plan no garantiza "el suministro de agua para el abastecimiento de la población", por el aumento de ésta y que estimaba en un 83%.

Dentro de las propuestas más criticadas se encuentra un campo de golf en la zona denominada las Praderías del Congosto. El Gobierno regional calificó dicha área como espacio a proteger cuando se estudió otro ordenamiento urbano anterior desarrollado por el PSOE, que nunca se aprobó. Ecologistas en Acción asegura que se recalifican como zonas urbanizables "grandes extensiones de terreno con un alto valor medioambiental". Entre ellas están parte del monte de los Rosales, junto a la A-6; la zona de El Barrizal, junto al Parque del Guadarrama y la presa de las Nieves; las Praderías del Congosto, una dehesa salpicada de encinas, y en el sector sur, así como los prados y fresnedas de la Encina del Potro.

Otro de los puntos que ha recabado más rechazo entre los vecinos de Galapagar es el traslado de "la estación de ferrocarril Galapagar-La Navata, de su actual ubicación, en el centro urbano, a una distancia de dos kilómetros, en una parcela situada en una de las zonas más bellas del río Guadarrama".

83. El beneficiario, un importante empresario madrileño. Sospechosas recalificaciones en Brunete (05/09/06)

Brunete, un municipio de la sierra de Madrid, es otra de las localidades gobernadas por el PP con presuntos episodios de especulación inmobiliaria. Las recalificaciones de unos terrenos han beneficiado al empresario Luis García Cereceda, dueño del célebre restaurante Zalacaín y uno de los hombres más ricos del país. Las plusvalías a obtener por Cerceda son algo más de 730 millones de euros. Todo comenzó cuando Luis García Cereceda, que opera a través de las inmobiliarias Lugarce y Procisa, compró en el año 2000 una finca denominada La Pellejera, situada en las afueras de Brunete. La finca cuenta con una extensión aproximada de 800 hectáreas, de las cuales, 600 hectáreas son de especial protección por razones medioambientales al estar situadas dentro del parque forestal del río Guadarrama.

En las 200 hectáreas restantes es donde se centrará una parte de la recalificación urbanística aprobada por el municipio madrileño.Cereceda compró esos hace seis años por unos 30 millones de euros. La cantidad pagada sorprendió en el pueblo, ya que parecía desorbitada teniendo en cuenta que, al tratarse de suelo rustico, ese suelo tenía la naturaleza de no urbanizable. Ahora el precio de la finca asciende a 1.300 millones de euros.

Ese mismo año 2000, el Ayuntamiento de Brunete, presidido por Félix Gavilanes, del PP, inició los trámites para la aprobación del PGOU. Según se ha denunciado el ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con una de las inmobiliarias donde Cereceda es titular. De esta manera, las 200 hectáreas de La Pellejera pasaron a ser urbanizables. Actualmente el plan general de urbanismo en Brunete tiene informe favorable de la Comunidad de Madrid, pero todavía falta la aprobación del Consejo de Gobierno para su ejecución. Por lo que será Esperanza Aguirre la que tenga la última palabra.

Las formaciones políticas de la oposición madrileña (IU y PSOE) se han opuesto al modelo urbanístico propuesto para el municipio de la sierra desde sus inicios. Así, el diputado IU en la Asamblea de Madrid, Eduardo Cuenca, señaló que “todos estos escándalos urbanísticos promueven desarrollos desmesurados, eliminando zonas protegidas, y que los protagonistas de las supuestas irregularidades son alcaldes del PP”. Por su parte, el alcalde de Brunete se muestra “muy orgulloso” del plan general que se ha conseguido en el pueblo de la sierra de Madrid. “Ordenamos para el futuro todo el suelo del municipio. Es un documento muy consensuado, en el que la Comunidad ha tenido la última palabra.

84. TENSIONES POPULARES. GRANADOS INVITA A MORENO A DIMITIR "SI NO ESTÁ CÓMODA" EN EL PP Y TACHA A RUBIANES DE "IMPRESENTABLE" (09/09/06)

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, invitó a la concejal de las Artes del Ayuntamiento, Alicia Moreno, a "dimitir si no se encuentra cómoda" en el equipo de gobierno. Granados contestó así a las afirmaciones hechas por Moreno, en las que, según Granados, "parece que apoya al señor Rubianes".

Pepe Rubianes, gallego de nacimiento y residente en Barcelona, decidió retirar de la programación del Teatro Español su obra Lorca eran todos, a raíz de la polémica suscitada por sus declaraciones críticas y sarcásticas sobre España realizadas en TV-3 durante la tramitación del Estatuto de Catalunya.

"Lamento que alguien que no defiende los principios y los valores que defiende el PP se empeñe en seguir en el equipo de gobierno" del Partido Popular, afirmó Granados. "Yo creo que cuando alguien, como parece que le ocurre a esta señora, no se encuentra cómoda en un equipo de gobierno como es el Ayuntamiento de Madrid, lo que tiene que hacer es irse", prosiguió Granados. "Creo que lo mejor que puede hacer, por su salud, es dimitir, porque, si no, va a tener todos los días algún disgusto", insistió.

Granados remarcó que el PP "no censura" al actor Pepe Rubianes, "respeta normalmente la libertad de expresión de todo el mundo", pero, desde luego, "no va a dedicar ni un solo euro" a financiar a este tipo de "impresentables".

El también consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid señaló que "este tipo de impresentables" lo que hacen, con sus declaraciones, "es crear enfrentamientos entre los españoles y criticar nuestro modelo de vida". Por ello, repitió que "no se puede confundir en absoluto la censura con no subvencionar con dinero público a impresentables como el señor Rubianes". "Es lógico que cuando alguien te insulta, cuando insulta a todos los españoles o a nuestro modelo de sociedad, se cree un rechazo que yo considero que es absolutamente mayoritario en la Comunidad de Madrid", añadió. En este sentido, celebró que Rubianes, con dinero público, "no pueda llevar a cabo su obra".

85. DOS CONCEJALES DEL PP ACUSAN AL ALCALDE DE TORRELODONES DE AMAÑAR UN CONCURSO (10/09/06)

Jesús Pacios y Reyes Tintó del Val, los dos concejales del PP destituidos de sus funciones por el alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, aseguran poseer una grabación en la que el concejal de Urbanismo, Julián Nieto, reconoce que recibió presiones del alcalde para otorgar un concurso municipal a la empresa del ex concuñado de Mario Mingo, diputado nacional, ex alcalde de la localidad y presidente del PP local.

Pocos días después de registrarse la grabación, según Pacios, el Ayuntamiento contrató a la empresa del ex concuñado de Mingo para conservar las zonas verdes del municipio. Los dos concejales del PP que denuncian la supuesta prevaricación -tomar una decisión injusta a sabiendas- del alcalde, Carlos Galbeño, fueron destituidos por éste el pasado 25 de julio. Ambos aseguran que su salida del equipo de gobierno se debió a que reclamaron información sobre diversos asuntos urbanísticos de la localidad. El Consistorio justifica, en cambio, su expulsión por una supuesta "indisciplina" con el grupo municipal y con el partido.

Ahora ambos ediles han asegurado que poseen una grabación en la que se distingue la voz del concejal de Urbanismo, Julián Nieto, donde éste afirma haber recibido "insinuaciones" del alcalde para que el grupo municipal del PP votase a favor de una concesión a favor de Tomás Bella, ex concuñado del presidente del PP local, Mario Mingo. La grabación, siempre según los dos expulsados, fue realizada el pasado 20 de junio, a las 22,30, en el domicilio particular del destituido Jesús Pacios, que era concejal de Juventud. En la grabación se distinguen también, según los ediles, las voces de Reyes Tintó (la otra edil expulsada) y Julián Nieto, el máximo responsable del urbanismo municipal.

En un momento de la conversación, Pacios le pregunta a Nieto si había recibido presiones de Mario Mingo [no se concreta de qué tipo]. Según Pacios, el concejal de Urbanismo contestó: "Insinuaciones".

El concejal expulsado mantiene que Nieto reconoce en la grabación que el actual alcalde, Carlos Galbeño, le llamó para sugerirle que había que darle el concurso de conservación y mantenimiento de los parques, jardines y zonas verdes de Torrelodones al ex concuñado de Mario Mingo, Tomás Bellas, que es propietario de una empresa con mucha experiencia en el sector. El contrato municipal ascendía a 369.478 €.

Siempre según Pacios, Nieto contó durante la citada conversación que Mingo había llamado a Galbeño para presionarle en favor de su ex concuñado. Y el alcalde traspasó directamente el asunto a Nieto. "Para evitar presiones, se lo encargamos a Sercal y a tomar por culo", dice Pacios que se escucha en la grabación que conserva.

Sercal es la empresa que el Ayuntamiento contrató para hacer la valoración de todas las ofertas que las sociedades presentaron al concurso. Uno de los responsables de Sercal es José Julio Laorden, miembro de la ejecutiva local del PP y mano derecha de Mario Mingo, según Pacios. Así se lo expresó Reyes Tintó al concejal de Urbanismo durante la charla en casa de Jesús Pacios. A lo que Nieto respondió: "Hay unos técnicos y ya es más complicado", se oye en la grabación. Pacios asegura que no es habitual que una empresa haga la valoración de las ofertas.

Pocos días después del supuesto encuentro entre los tres concejales populares, el Ayuntamiento adjudicó el concurso a TBF Espacios Verdes, la empresa del ex concuñado de Mario Mingo. La valoración realizada por Sercal le otorgó 81,15 puntos, tan sólo 33 centésimas más que la segunda mejor oferta, presentada por la compañía Urbaser. Además, durante el concurso, el secretario y el interventor se opusieron al proceso de adjudicación, recuerda Pacios.

El urbanismo de Torrelodones, un municipio de algo menos de 20.000 habitantes, está en plena ebullición. El municipio no cesa de crecer -al igual que otros tantos de la región- en las últimas décadas. En 1993 tenía 7.500 habitantes, mientras que en 1995 ya residían 9.500 personas, menos de la mitad que sólo 10 años después. En 1997, el entonces párroco de Torrelodones, Francisco Oyamburu, se quejó ante sus feligreses de las construcciones que comenzaban a levantarse en torno a su bella iglesia del siglo XVI, un edificio protegido en mitad del pueblo. El sacerdote se lamentaba de que el conjunto histórico quedaba atrapado entre bares y altas construcciones. Desde su púlpito pedía a los feligreses que protestasen contra lo que consideraba un daño patrimonial.

86. EL PP DESCALIFICA A LOS DOS EDILES DE TORRELODONES QUE DENUNCIAN IRREGULARIDADES (11/09/06)

Jesús Pacios y Reyes Tintó del Val, los dos ediles del PP de Torrelodones que han denunciado supuestas irregularidades urbanísticas en su Ayuntamiento, no cuentan con el apoyo de su partido. El PP regional, que en los últimos dos meses les ha recibido 10 veces, cree que han acusado al presidente local, Mario Mingo; al alcalde, Carlos Galbeño, y al edil de Urbanismo, Julián Nieto, sin pruebas. El secretario regional del PP, Francisco Granados, afirmó : "No tienen nada". Los ediles replican: "No somos tránsfugas. Hace un mes que entregamos las pruebas al partido".

La carrera política en el PP de Jesús Pacios y Reyes Tintó del Val no parece muy prometedora. Ambos ediles populares de Torrelodones, que el pasado 25 de julio fueron destituidos de todas sus competencias municipales por, según afirman, pedir información sobre acuerdos urbanísticos, no cuentan con el apoyo de su partido. Por lo menos, de momento. El secretario regional del PP, Francisco Granados, no considera suficientes las pruebas presentadas por ambos sobre un supuesto caso de prevaricación cometido por el alcalde, Carlos Galbeño. Los dos, según afirman, grabaron una conversación con el concejal de Urbanismo, Julio Nieto, donde éste supuestamente confesaba que el alcalde le presionaba para conceder un concurso municipal a un ex concuñado del presidente local, el diputado Mario Mingo.

Granados admitió que ambos concejales se han reunido en 10 ocasiones en los últimos dos meses con los dirigentes del partido encargados de investigar las supuestas irregularidades cometidas por el equipo de gobierno de Torrelodones, y dos con él. "No tienen pruebas. Ni una sola. No han presentado un solo papel que incrimine al equipo de gobierno municipal. Sólo acusaciones. Su versión es de aurora boreal. ¿Desde cuándo un alcalde tiene que pedirle algo a un concejal?". Granados se refiere a que si el alcalde hubiera querido conceder el concurso al ex concuñado de Mingo, no tenía que habérselo dicho al concejal de Urbanismo.

Granados recuerda que estaba prevista otra nueva reunión en la sede del partido, en la calle de Génova, con los dos concejales expulsados. "Han conseguido lo que querían: hacer daño al partido. Su objetivo es ir en una lista independiente, y por eso han hecho pública esta supuesta grabación, lo típico de estas fechas [a menos de ocho meses de las elecciones municipales]". El secretario regional del PP también se muestra muy crítico con la grabación realizada por los ediles. "Eso no prueba nada. ¡Vaya concejales del PP, que graban a sus compañeros!".

Granados les insta a presentar pruebas de las supuestas irregularidades cometidas por el alcalde de Torrelodones. "Eso es lo que tienen que hacer, pero lo veo muy difícil, porque han pasado tres meses y todavía no han presentado ni un solo documento".

El secretario general del PP de Madrid afirma que este tipo de acusaciones, si son falsas, suponen una falta muy grave. "La Comisión de Derechos y Garantías puede abrir un expediente. Si han actuado sin pruebas, actuará", añade, y recuerda que el resultado final del procedimiento es la expulsión.

87. EL DIRECTOR REGIONAL DE URBANISMO AUTORIZÓ PLANES REDACTADOS POR SUS SOCIOS INMOBILIARIOS (12/09/06)

Enrique Porto Rey, tras ser designado en diciembre de 2003 director general de Urbanismo de la Comunidad, subrogó sus contratos como arquitecto privado de planeamientos en municipios madrileños a una consultora suya -Plarquin-, cuyas acciones vendió entonces a socios en firmas del sector. Tanto Plarquin como empresa -ubicada en un edificio de Porto- como individualmente sus dueños (socios del alto cargo) han ido redactando planes sobre distintos municipios -con un equipo que incluía en ocasiones a un hermano y a una hija de Porto- que han sido presentados ante Urbanismo para su aprobación sin que el director general se inhibiera.

Porto es un arquitecto que en 2002 estaba inmerso, según su currículo, en la redacción de los planeamientos -globales, parciales o de detalle-, de varios municipios madrileños: Cobeña, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Camarma, Alcorcón, Leganés, Algete, Villanueva de la Cañada, San Martín de la Vega, Parla, Moralzarzal y la capital. Tras ser nombrado director general el 30 de diciembre de 2003, Porto cede sus contratos madrileños a la empresa Plarquin. No es que los consistorios, surgida su incompatibilidad, busquen un nuevo despacho de arquitectura, sino que es Porto quien lo designa. Y lo busca muy cerca: él mismo fundó Plarquin en 2000 con José María Fernández del Río, arquitecto y ex consejero en Caja Madrid del PP.

Al tiempo que subroga sus contratos en Plarquin, Porto formaliza su desvinculación. Este desmarque arranca en enero de 2003 con la venta de 50 acciones a Alejandro Arca Naveiro, arquitecto que trabajaba a sus órdenes, a quien designará como heredero de sus proyectos privados. El ya director de Urbanismo cierra su desenganche de Plarquin en enero de 2004: su esposa e hija ceden 200 acciones a José María Fernández del Río; y Porto y su esposa entregan otras 250 acciones a José Federico Bouzas. En total, por sus 500 acciones el director de Urbanismo y su familia reciben 3.000 €. Su valor nominal. Porto, igualmente, regala a Plarquin la cesión de todos sus contratos. Sólo exige a su sucesor en la empresa que se haga cargo de su personal. Con ello, aparentemente, regala contratos de los que uno solo ya vale casi 12.000 €.

Pese a tal desvinculación formal, hay varios hechos que siguen relacionando Plarquin con Porto. Los dos principales compradores de sus (450 de las 500 títulos enajenados) son socios suyos en otras empresas. Fernández del Río es socio, a partes iguales, en la empresa Fernández y Porto.El director de Urbanismo (con su esposa e hijos) posee 3.500 acciones. Las mismas que Fernández del Río, esposa e hijos. El objeto social de Fernández y Porto no deja de chirriar en manos de un director de Urbanismo: "Promoción urbanística en su más amplio sentido"; "solicitar y obtener concesiones administrativas de toda clase de aprovechamientos de servicios, de disfrute, de ocupación"; "la promoción de centros comerciales o hipermercados"... Sus activos valen más de un millón de €. Porto la define como "una sociedad patrimonial que posee el edificio madrileño de José Silva, 14".

Fernández del Río, además, es socio de la esposa de Porto, en Elclansol, una inmobiliaria de la que forma parte Ricardo Ortega, cuñado del dirigente del PP, Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada. Pero Fernández del Río no es el único accionista de Plarquin que mantiene relaciones societarias con el alto cargo de la Comunidad. Bouzas, otro de los compradores de sus acciones, es socio suyo en la empresa Trienal, inmobiliaria que coadministra junto con Porto. Su sede es también la misma de Plarquin.

No sólo los dos principales dueños de Plarquin son socios de Porto. Existe un tercer nexo: Plarquin tienen sede en el edificio José Silva, 14, propiedad de la inmobiliaria que comparten Porto y Fernández del Río, y por la que paga un alquiler. Plarquin, por tanto, factura a una firma del alto cargo (Fernández y Porto). Y ambas comparten teléfono. Todos los planeamientos urbanísticos iniciados o diseñados en municipios de la región por Porto o sus socios (personalmente o a través de Plarquin) han ido entrando poco a poco en la Consejería de Medio Ambiente para su aprobación a lo largo del mandato del director de Urbanismo. Porto se ha visto ya en la tesitura de inhibirse o dar su conformidad a proyectos que él mismo inició o que posteriormente remataron o realizaron sus socios. Es un hecho que se repite: desde 2004 se han ido autorizando en Urbanismo planeamientos parciales de sectores redactados por el socio de Porto, Fernández del Río, a nombre de Estudios de Planeamiento y Gestión Urbanística, Arquitectura e Ingeniería que tenía como sede la misma que la empresa del alto cargo: José Silva, 14 y su mismo correo, fernándezyporto@terra.es.

La documentación aportada en Urbanismo acreditaba que el equipo redactor dirigido por Fernández del Río estaba integrado por el hermano de Porto, Eduardo Porto Rey, su hija Genoveva Porto y su otro socio, José Bouzas. "Ningún funcionario me dijo que figuraban mi hija o mi hermano", alega Porto. Fernández del Río también ha sido redactor de otros dos planeamientos bendecidos por su socio y alto cargo: Brunete (SR-2 El Olivar) y el plan especial de redes de Villanueva de la Cañada.

Plarquin, paralelamente, ha redactado y visto autorizados planeamientos en Urbanismo -Moralzarzal, plan parcial sector S-1, Las Hachazuelas- con técnicos coincidentes con el anterior equipo. Esta empresa, incluso, veía conformado por el director de Urbanismo el planeamiento general de Ciempozuelos, iniciado por Porto y que subrogó a Plarquin. Y esperan turno de pasar por la ventanilla de Porto una veintena de planes urbanísticos -la mitad, generales- redactados por sus socios.

88. EL DIRECTOR DE URBANISMO AGILIZÓ EL PLAN DE EL MOLAR EN EL QUE DIJO HABERSE INHIBIDO (25/09/06)

El director general de Urbanismo de la Comunidad, Enrique Porto, declaró hace unos días que sólo se había inhibido en una ocasión en relación a proyectos de su antigua empresa, Plarquin, que ahora pertenece a sus socios. Fue en el caso de la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 (suelo apto para urbanizar) de El Molar -en cuyo planeamiento había trabajado, él antes de ser director general, y luego Plarquin-, aprobadas por la Comisión de Urbanismo en junio de 2005. Sin embargo, un escrito de 2004 firmado por Porto demuestra que intervino para tramitar y agilizar el expediente.

Porto admite que desde su nombramiento, en diciembre de 2003, ha autorizado media docena de planeamientos redactados por sus socios privados en Brunete, Ciempozuelos, Moralzarzal, Moraleja de Enmedio y Villanueva de la Cañada. Su única inhibición declarada se ceñía a la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar, cuyo plan parcial -que prevé levantar más de 4.000 viviendas en la zona- ha redactado Plarquin. La historia de este desarrollo es ilustrativa del desatasco urbanizador que suele bendecir los planeamientos de sus socios en inmobiliarias (Elclansol y Fernández y Porto).

El Gobierno regional, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, bloqueó la urbanización del SAU 21 en abril de 2002. Ya con Esperanza Aguirre en el Ejecutivo, el socialista Modesto Nolla, que veía la sombra de Porto en este expediente, obtuvo la siguiente respuesta del Gobierno regional el 4 de octubre de 2005: "Se informa de que el director general de Urbanismo se ha inhibido en el expediente formulado y promovido por el Ayuntamiento de El Molar, denominado subsanación de deficiencias de las normas subsidiarias de planeamiento municipal, en el ámbito del sector del suelo apto para urbanizar número 21, por presumir que en su desarrollo va a intervenir, entre otras, Fadesa, empresa para la que el director general había prestado servicios profesionales con anterioridad a su cargo público en el plan de la Montaña en Aranjuez y no haber transcurrido los dos años que establece la ley".

La nota omitía datos. En primer lugar, no decía que había un vínculo mucho más cercano entre Porto y dicho proyecto: él mismo y luego Plarquin, la empresa de sus socios, habían sido contratados para elaborar el planeamiento del SAU 21. En segundo lugar: Porto no se inhibió en el expediente. Sin embargo, el director de Urbanismo no se inhibió en las fases anteriores de su tramitación. Un escrito suscrito por él de 27 de diciembre de 2004 -reproducido arriba-, urge a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental a que emita el informe "en el menor plazo posible". Su misiva recordaba al citado departamento -inserto en la consejería de la que él depende, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio- que en noviembre de 2003 dicha dirección emitió un informe en el que imponía como condición para la aprobación del SAU 21 para uso residencial la modificación de la huella sonora del aeropuerto de Barajas.

Porto le informaba de que el 28 de enero de 2004 se había aprobado la nueva huella de la ampliación del aeropuerto, y que el alcalde de El Molar le había presentado el 10 de noviembre el expediente de cumplimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno regional en 2002. Sólo quedaba dicho informe, que resultó positivo.

Plarquin, beneficiaria del desbloqueo del veto sonoro, lo destacó en su plan: "Anexo cuarto a la memoria. Cumplimiento del decreto 78/1999 de 27 de mayo por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de Madrid". El impacto acústico de Barajas lo dejaba claro entonces un informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de 31 de enero de 2002: "La simulación acústica elaborada por AENA afecta a los sectores 21 y 22". Dicho informe del Gobierno de Gallardón añadía que el SAU entraba en terrenos forestales protegidos y no quedaba garantizada la depuración de sus aguas. Por ello, suspendía su aprobación. Mientras los informes oficiales iban cambiando de sentido para dar por anuladas dichas trabas, Porto tramitaba y agilizaba desde la Administración el desbloqueo urbanístico de dicho sector, cuya redacción final recaería en Plarquin.

89. EL PLENO MUNICIPAL DE TORRELODONES RETIRA COMPETENCIAS AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP (26-09-2006)

El Ayuntamiento de Torrelodones celebró su primer pleno tras el verano, y también después de que el alcalde, Carlos Galbeño (PP), destituyera el pasado 25 de julio a dos concejales populares, Jesús Pacio y Reyes Tintó, por no seguir la disciplina de partido, según el regidor.

Fue un pleno polémico, que se alargó hasta después de la medianoche, porque los grupos de la oposición (PSOE, IU y Grupo Independiente) aprobaron restituir al pleno municipal algunas de las competencias que Galbeño cedió a la Junta de Gobierno, controlada por él, a su llegada a la alcaldía.

Los grupos de la oposición tuvieron el apoyo de los ediles destituidos, que no habían entregado aún su acta, y que por primera vez votaron en contra de los intereses del partido con el que se presentaron a las elecciones de 2003. Hasta ahora, los dos concejales han mantenido que su desencuentro con su partido proviene de que éste no ha querido investigar las supuestas irregularidades urbanísticas que ellos denunciaron, primero por la vía interna y después a través de los medios de comunicación. Este apoyo, supuso que la oposición contara con una mayoría de 10 votos a favor, frente a los siete en contra del PP. El pleno municipal recupera así todas las competencias en materia de contratación, lo que incluye la aprobación y modificación de contratos, así como de los proyectos complementarios y las actuaciones de gestión y desarrollo de las contrataciones municipales de toda clase.

El pleno comenzó con normalidad, pero una vez aprobados los puntos del orden del día, los grupos de la oposición (PSOE, IU y Grupo Independiente) plantearon la necesidad de crear una comisión de investigación acerca de las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por el equipo de gobierno de Torrelodones. La oposición acusa al alcalde de pretender recalificar un área de 128 hectáreas, que en el ordenamiento actual está considerada como zona protegida, tan sólo un año después de su llegada a la alcaldía. Galbeño planea construir en esa parcela 1.536 viviendas, un campo de golf, un hotel y un complejo de oficinas.

90. LA ALCALDESA PEPERA DE QUIJORNA VENDIÓ UNA ALAMEDA PROTEGIDA A UN CONSTRUCTOR Y LUEGO LA RECALIFICÓ (29/09/06)

La alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, del PP, ha vendido a Sanedi, una empresa del grupo San Román, una alameda de 3.750 m² calificada por el actual ordenamiento del municipio (aprobado hace cuatro años) como zona protegida por su valor ambiental. Pero en el nuevo avance del plan general, la finca se recalifica y adquiere edificabilidad. La regidora asegura que no ha aprovechado su cargo político para beneficiarse con esta venta y que diferentes personas del pueblo, adscritas a otros grupos políticos, también poseen propiedades que se tratan de la misma forma. El Ayuntamiento adjudicó la redacción del avance del plan a Plarquin, empresa de la que era socio Enrique Porto, director general de Urbanismo.

El sabor a pueblo todavía permanece intacto en Quijorna, una localidad de 2.325 habitantes, sita a unos 35 kilómetros de Madrid, rodeada de montes preservados y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio. El municipio también está próximo a localidades ya desarrolladas urbanísticamente como Majadahonda o Villanueva de la Cañada.

Pero el aspecto de pequeña localidad no le durará mucho. Los planes del actual equipo de gobierno pasan por una enorme expansión urbanística del pueblo. El municipio está gobernado por tres concejales del PP, que cuentan con el apoyo de dos ediles del PSOE. En la oposición se encuentran cuatro ediles del Grupo Independiente de Quijorna (GIQ).

El nuevo avance del plan, todavía en tramitación, pretende llevar al municipio a 60.000 habitantes y declarar urbanizable todo el suelo, excepto las zonas intocables de la ZEPA y los montes preservados. El planeamiento contempla recalificar 1.067 hectáreas, el 40% del término municipal. "Pero en un espacio de entre 20 y 25 años", aclara la alcaldesa de la localidad.

Estos planes multiplican por 11 el suelo declarado urbanizable actualmente, cuyas normas fueron aprobadas hace sólo cuatro años. Dentro de las zonas protegidas que pasarán a computar como suelo edificable, se encuentran varias fincas situadas en medio de una alameda. Están calificadas como espacios singulares, carrizales y espacios catalogados de especial protección de cauces y riberas.

Una de ellas, la parcela número 286, situada en el polígono 3, pertenecía a la actual alcaldesa y a su marido, hasta que decidieron venderla a la promotora Sanedi (perteneciente al grupo de Fidel San Román, vinculado a la Operación Malaya) por 270.455 euros, cuatro veces más de lo que se paga habitualmente en el municipio por un espacio como éste, en el que no se puede construir.

El cuñado de la alcaldesa, Enrique Serrano Pedrazuela, también vendió a la misma empresa tres fincas (dos de ellas con protección ambiental). Según información de la oposición, Sanedi se ha hecho con alrededor de un millón de m² en el municipio.

¿Qué interés puede tener una empresa constructora en adquirir terrenos en los que no se puede edificar? La respuesta llega con el avance del plan general, donde estos suelos se transforman en redes públicas de zonas verdes y espacios libres. Es decir, los suelos que antes carecían de edificabilidad por su protección ambiental adquieren derechos para construir viviendas. No en la zona de la alameda, que continuará siendo verde, sino en otro lugar del municipio.

91. Esperanza Aguirre, anfitriona del nacionalismo radical español (04.10.06)

Vítores a España y al patriotismo; referencias al pasado y a la historia desde la Reconquista; muchas críticas a los nacionalismos en general y al Estatut en particular; y, sobre todo, un enfervorizado llamamiento al patriotismo al grito del España se rompe. Es el resumen de lo que dio de sí la presentación, en Madrid, de la fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES). Finalmente no fue Esperanza Aguirre, el escalafón bajó un poco y le tocó al vicepresidente 2º de la Comunidad, Alfredo Prada, actuar de anfitrión de la DENAES en la capital. El acto se desarrolló en una sala sustanciosamente más llena que en ocasiones anteriores, unas 300 personas recibieron el saludo inicial de la periodista Isabel San Sebastián, que actuó de maestra de ceremonias.

Entre el público, expectantes, algunos de los habituales del PP en este tipo de actos como Ana Botella, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, o Gustavo de Arístegui, portavoz de Exteriores del PP.

La Comunidad no escatimó esfuerzos para la ocasión: habilitó para la DENAES, no el habitual salón de actos, sino el patio central de la sede presidencial de la Real Casa de Correos. En el escenario se acomodó parte de los “patrones” de la DENAES: Cristina López Schlichting, Alejo Vidal Quadras, Francisco Caja, Jaime Larrínaga, Amando de Miguel y su presidente, Santiago Abascal. Uno a uno fueron desgranando el proyecto “patriota” que se traen entre manos. Y los que no estaban presentes, se cuidaron de mandar un escrito que recogiera la grandeza de ser un patriota.

En su bienvenida, el vicepresidente 2º de la Comunidad, Alfredo Prada, argumentó que “un grupo así” se crea en España cuando “quien debe no se está preocupando” de defenderla. Además ha defendido el patriotismo frente al “idealismo bobalicón de los que dicen que ‘todo está bien’”. A pesar del marcado conservadurismo de todos los que apoyan esta fundación, Prada ha asegurado que “la defensa de la nación no tiene color político” y que la DENAES es “independiente de ideologías”.

92. EL JEFE DE URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE DIMITE, TRAS UN ‘PELOTAZO’ DE 4,3 MILLONES € (04/10/06)

El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, autorizó en 2004 un plan parcial (Los Pocillos) de Villanueva de la Cañada (Madrid) que incluía más de 20.000 m², parte de los cuales eran de su propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado del alcalde). Porto dio por corregidas las deficiencias que bloqueaban su urbanización desde hacía un año y vendió sus fincas en enero pasado por 4,3 millones €, frente a los 87.000 € pagados por él y sus socios antes de su recalificación en 1999. Posteriormente, y tras descubrirse este embrollo, Porto dimitió.

La historia de este pelotazo urbanístico se cierra el 11 de enero de 2006. Ese día, la constructora Fadesa -firma que en ocasiones ha pagado servicios privados arquitectónicos de Porto y de Plarquin, firma de sus socios- compra una finca rústica de 2.000 m² en Villanueva de la Cañada. Quienes la venden la habían comprado en 1988 por 24.000 €. Sus propietarios eran Enrique Porto y esposa (25%), y sus socios José María Fernández del Río y esposa (25%) y Ricardo Ortega Aranegui (50%), concuñado de Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada desde 1979. Su número registral es 4.159.

Pese al título de "rústica" que le atribuye la escritura, ésta destaca que la finca "se encuentra íntegramente incluida en el sector número 1 de suelo urbanizable denominado Los Pocillos, que dispone a fecha de hoy de Plan Parcial aprobado definitivamente y firme en derecho, y con fecha de publicación en el BOCAM [Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid] de 26 de noviembre de 2004". El precio de venta se tasa en 186 €/m², lo que brinda a los vendedores un ingreso total de 400.458 €.

Ese mismo día, Elclansol, firma que incluye a los mismos propietarios (la esposa de Porto, con régimen de gananciales, es socia desde noviembre de 2001, al igual que Fernández del Río y el concuñado del alcalde de Villanueva de la Cañada), vende también a Fadesa otras dos parcelas rústicas en dicho municipio: números registrales 2.587 (11.285 m²) y 2.718 (10.062 m²). La escritura, vuelve a recalcar, que "a fecha de hoy" ambas fincas están incluidas en el sector del suelo urbanizable antedicho y que dispone de plan parcial aprobado. Con igual precio por m², la sociedad de Porto, Elclansol, cobra 3,9 millones € por unos terrenos que le costaron 63.000 € en 1994, antes de su recalificación. La operación tiene la singularidad de que intervienen tres actores privilegiados para la puesta en valor de los terrenos:

-El primero es Porto, que ha redactado como arquitecto privado el Plan General de Villanueva de 1999, que incluye el sector de los Pocillos -donde se ubican las 3 fincas-, como urbanizable. Y que algunos años después, como director general de Urbanismo, desbloquea y da por subsanadas en 2004 las deficiencias, atribuidas en 2003 a dicho sector por el anterior Gobierno madrileño, que impedían su urbanización.

-El segundo actor clave en el enriquecedor proceso urbanístico de estas parcelas es José María Férnandez del Río -ex consejero de Cajamadrid a propuesta del PP-, quien firma el plan parcial rechazado por el Gobierno regional de Ruiz-Gallardón y también suscribe el nuevo plan entregado a su socio y director de Urbanismo en 2004, entre cuyos redactores figuran la hija y el hermano de Porto.

-Y el tercer actor, el concuñado de Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada (PP), que se llama Ricardo Ortega. Este propietario, socio de Porto, resulta beneficiado de las sucesivas decisiones que impulsaría su pariente, Partida, como la aprobación del plan general y del plan parcial.

Pero el impulso definitivo para su urbanización se produce cuando Porto autoriza el plan parcial para dicho sector (redactado por su socio). Y refrenda con su firma que se han superado todas las graves deficiencias que lo paralizaban (ausencia de evaluación de impacto ambiental, irrupción en un monte preservado, problemas de aplazamiento del plan general por efecto de la M-503...). Aunque los nuevos informes favorables ponen condiciones y exigen precisiones, en menos de un mes Porto los da como positivos.

93. LA ESPOSA DEL ALCALDE DE VILLANUEVA COBRÓ DEL AUTOR DEL PLAN QUE FACILITÓ EL 'PELOTAZO' DE PORTO (05/10/06)

También se ha sabido que Juana Manrique, arquitecta municipal de Villanueva de la Cañada y esposa de su alcalde, Luis Partida (PP), cobró entre 2003 y 2005 de José María Fernández del Río, redactor del plan de Los Pocillos que facilitó el pelotazo que benefició a Enrique Porto, entonces director de Urbanismo. Los pagos se produjeron antes y después de emitir su informe favorable al proyecto. En dicho sector, poseían más de 20.000 m² -que vendieron en enero de 2006 por 4,3 millones- su pagador, Fernández del Río y sus socios: Porto, que dimitió ante al conocerse el pelotazo, y Ricardo Ortega, cuñado de la funcionaria.

Estos pagos del socio de Porto a la esposa del alcalde de Villanueva de la Cañada, que se extienden desde 2003 a 2005, se producen con una inusitada regularidad. Fernández del Río le liquidaba trimestralmente honorarios por supuestas actividades profesionales a dicha funcionaria. Así, por ejemplo, según sus apuntes contables, Fernández decía abonarle a Manrique el 50% de sus honorarios por labores realizadas precisamente para inmobiliarias que operaban en Villanueva de la Cañada en concepto de proyectos de ejecución de vivienda o urbanización.

Algunos de tales servicios databan de 2003, por tanto, al menos desde ese año la arquitecta municipal habría venido desempeñando este doblete público y privado. El 12 de enero de 2004, Juana Manrique cobra de Fernández del Río 28.577 euros. En septiembre de 2004, Plarquin -empresa de Fernández del Río que antes compartía con Porto-, realiza otro pago a la esposa de Partida por un monto similar, 26.615 euros, por "honorarios por trabajos de colaboración realizados en su estudio referidos al desarrollo urbanístico de los terrenos situados en Alfoz de Quintadueñas (Burgos)".

Pero parece que realmente la contrapartida al pago era esta: debía informar favorablemente, como así hizo, cada uno de dichos trámites, plan general, plan parcial, desarrollo de las unidades de ejecución, proyectos de urbanización, licencias de obras y viviendas, etcétera. No es una hipótesis. Un ejemplo: el 14 de julio de 2004, entre pago y pago de Fernández del Río. Manrique dictaminó el proyecto del plan parcial del sector 1 de Los Pocillos redactado por su financiador. La arquitecta lo "informa favorablemente para su aprobación provisional, ya que se han cumplido todas las modificaciones exigidas en los informes emitidos por los distintos órganos consultados". Por el contrario, Ecologistas en Acción denunció en los juzgados al equipo redactor de los planes parciales de dicho municipio y a las autoridades que los aprobaron: Comisión de Urbanismo de Madrid y Corporación de Villanueva de la Cañada.

94. PESE A QUE PUSO AL ZORRO A CUIDAR A LAS GALLINAS, ESPERANZA AGUIRRE NO PARECE SABER NADA DE SU EX DIRECTOR DE URBANISMO (05/10/06)

"Pregúntenle a Porto". Ésta fue la respuesta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, dio cuando se le preguntó sobre las razones de la dimisión del director de Urbanismo, Enrique Porto. "Estará deseoso de contestarles", añadió. Ningún miembro del Gobierno ha respaldado la gestión del alto cargo y sólo el Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea regional ejerció su defensa. El portavoz, Antonio Beteta, fue el encargado de ofrecer la justificación del supuesto pelotazo de 4,3 millones en el que participó Porto en Villanueva de la Cañada.

Ningún miembro del Gobierno regional ha apoyado públicamente al ex director de Urbanismo. El consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía (superior de Porto), eludió pronunciarse cuando se le preguntó. fue la presidenta regional la que se zafó de las cuestiones de los periodistas y les animó a que preguntaran al propio Porto. "Estará deseoso de contestarles", dijo.

En cambio, fue Beteta el encargado de ofrecer la justificación de Porto acerca del supuesto pelotazo que habría obtenido en Villanueva de la Cañada, que le habría reportado a él y a sus socios unos 4,3 millones de euros por la venta de una finca. Beteta había leído un documento en el que detallaba la relación entre el ex alto cargo y la parcela de Los Pocillos con la que se lucró. Según Beteta, "no existió ningún pelotazo urbanístico", porque a Porto sólo le correspondían 333 m² de la finca de 2.000 metros que adquirió junto a otras cinco personas en 1988. Además, según esta versión, los otros terrenos, que suman 20.000 m², no pertenecen a Porto, sino a su esposa, que participa en la empresa Elclansol, la propietaria.

Las fincas fueron adquiridas, recalcó, cuando ya eran urbanizables. Pero la compra se efectuó en 1994, y los terrenos fueron convertidos en urbanizables por el propio Porto en su redacción del plan general en 1999. Beteta no mencionó que el matrimonio tiene régimen de bienes gananciales, ni que Porto desbloqueó el planeamiento parcial en 2004, cuando ya era director general. Beteta afirmó que su grupo "respalda la gestión de Porto al frente de Urbanismo" y arremetió contra el Partido Socialista de Madrid (PSM) al que acusó de atacar la "honorabilidad" del ex director para "tapar su falta de proyecto político".

95. GERMÁN YANKE DEJA TELEMADRID TRAS NEGARSE A ALENTAR LA TEORÍA CONSPIRATIVA SOBRE EL 11-M (10/10/06)

El periodista Germán Yanke, director y presentador del informativo Diario de la noche de Telemadrid, anunció su dimisión. Oficialmente, esta decisión es consecuencia de un ajuste en el presupuesto del programa. Sin embargo, fuentes próximas al periodista aseguran que responde a las presiones ejercidas por el director general, Manuel Soriano, y por la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre (del PP), para alentar la teoría de la conspiración sobre el 11-M y seguir la línea informativa cultivada por el diario El Mundo y la Cope.

La dimisión de Yanke se produce pocos días después de la entrevista que el periodista realizó a Aguirre. Ante las cámaras de Telemadrid, la presidenta regional se sintió visiblemente incómoda con algunas preguntas. Hasta el punto de que acusó a Yanke de "comprar los argumentos de sus adversarios".

Tanto el comité de empresa como los grupos de la oposición atribuyeron la salida de Yanke a las "presiones informativas" ejercidas desde la dirección para "tenerlo todo controlado" ante las próximas elecciones autonómicas. Los sindicatos sostuvieron, además, que la dirección de Telemadrid consideraba que Yanke "trabajaba para el enemigo" porque "no entró en la teoría de la conspiración sobre el 11-M".

Uno de los colaboradores de Diario de la noche, Pablo Sebastián, responsabilizó a Aguirre de la "caza y captura" del programa y aseguró que "la militancia conspirativa de Telemadrid, liderada por el director general y responsables de los informativos, sólo encontró resistencia en la independencia profesional de Diario de la noche, al que Manuel Soriano lleva presionando meses y meses". Sebastián agregó que este telediario ha marcado "la diferencia en la actual batalla mediática y política en torno a la presunta conspiración del 11-M que agitan Acebes, Zaplana y Aguirre desde el corazón del PP". Y remarcó que los informativos de la mañana y de la tarde son "fanáticos y obedientes seguidores, ofreciendo a diario en crónicas especiales la versión conspirativa de las portadas de El Mundo". En esta línea, mantuvo que la dirección de Telemadrid presionó para que los responsables del programa se pusieran "a la orden" del director adjunto de ese diario, Casimiro García Abadillo.

El presidente del comité de empresa, José Ángel Jiménez, afirmó que esta dimisión es un síntoma más de la "falta de libertad de expresión. Llama más la atención porque Diario de la noche es el proyecto estrella de Soriano, pero la situación es crítica. Venimos denunciando la manipulación desde hace tres años".

96. EL CONCEJAL DE SEGURIDAD ATRIBUYE A LA INMIGRACIÓN EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA (10/10/06)

Tres operaciones contra el top manta (la venta en la calle de discos compactos falsificados) fueron la excusa para que el concejal de Seguridad de Madrid, Pedro Calvo Poch, hiciera un duro discurso en contra de la política de inmigración del Gobierno central. El edil llegó a decir que los delitos registrados en la capital son cada vez más violentos por la llegada de extranjeros, en especial de latinoamericanos. También aseguró que se ha producido "el efecto llamada", lo que se ha traducido en el aumento de indigentes y de hechos violentos en las calles madrileñas. La operación contra el top manta se ha desarrollado en las últimas semanas en el barrio de Lavapiés, en el distrito de Embajadores, y en ella han sido detenidas 23 personas de origen senegalés.

Durante la rueda de prensa en la que se presentó esta operación policial, Calvo planteó varias preguntas al Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero: "¿Qué hacen esos inmigrantes todavía en España? ¿Qué va a ser necesario para que sean expulsados de nuestro país? ¿Qué les va a pasar si son detenidos de nuevo? ¿Cuántas órdenes de detención van a ser necesarias para echarles del país?". Y continuó: "Muchos volverán a quedar en libertad y muchos harán lo que les permite subsistir, como es entrar en las mafias que venden productos falsificados en la calle. Además, no se puede solicitar su internamiento por estar a la espera de su expulsión".

El edil de Seguridad siguió criticando la actuación del Ejecutivo central. "No entendemos ni comprendemos la actuación política de este Gobierno central, que ha permitido un repunte de la inmigración y de la inseguridad en nuestra ciudad. Hacemos un llamamiento a que la política de inmigración de nuestro país tiene que ser modificada inmediatamente", agregó Calvo. "Nada está exento y nada se produce por casualidad. La presencia del top manta es un fracaso de la política de inmigración, que es insufrible. Es fruto de una ocurrencia y de la improvisación, más que de una reflexión en esta política de inmigración".

Estas afirmaciones contrastan con las que hizo el propio Calvo al presentar los resultados de la Operación Verano junto a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre. Allí destacó el descenso de los delitos cometidos en la capital y se felicitó de los grandes éxitos policiales durante los meses de julio y agosto. Todo lo que antes eran parabienes, en menos de una semana se han convertido en un ataque directo a cierta inmigración: "Los extranjeros procedentes de determinadas áreas geográficas, como Suramérica, no resultan una sorpresa para nadie. Actúan con mayor violencia, ya que el valor que tiene allí la vida no es el mismo. Cometen delitos más violentos. No es lo mismo un robo con un tirón que un robo con una puñalada o un tiro", criticó.

97. PORTO ASESORÓ DESDE SU DESPACHO OFICIAL UN TRABAJO PRIVADO EN CÁCERES (10/10/06)

Enrique Porto siguió asesorando desde su despacho oficial de director general de Urbanismo un plan urbanístico en Cáceres capital -gobernada por el PP- que le fue adjudicado antes de su nombramiento. Así lo acredita un fax enviado desde su dirección en febrero pasado en el que da instrucciones sobre una parcela cuyo descomunal aumento de edificabilidad ha causado la dimisión de un edil del PP, que habla de ilegalidad. Por otro lado, la consultora Plarquin tenía asegurado a Porto durante su mandato como "arquitecto colaborador", pese a su declarada desvinculación de ella cuando tomó posesión.

Diferentes documentos apuntan a que Porto, en contra de lo manifestado por él y asumido por el Gobierno de Esperanza Aguirre, nunca se desvinculó de su actividad privada ni de su consultora Plarquin tras ser nombrado director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2003.

Existe una primera e insólita evidencia: un fax enviado por Porto desde la Dirección General de Urbanismo el pasado 13 de febrero, con el siguiente mensaje: "Por indicación de don Enrique Porto, te envío la siguiente documentación". El fax lleva el sello de la Dirección General de Urbanismo, y deja como teléfonos de contacto los del despacho oficial, así como su número de fax. Va enviado a Antonio Pimenta, de Prointec, firma que contrató en enero de 2003 los servicios de Porto como uno de los arquitectos que realizaría la revisión del plan general de Cáceres, cuyo alcalde es José María Saponi (PP).

El fax de Porto va referido a una finca del casco urbano cacereño de unos 11.000 m² donde existía un colegio de las monjas carmelitas. En función del nuevo plan, la superficie edificable en dicho suelo pasaría de 7.910 m² a 60.500, con inclusión de un colegio, pero en su mayor parte destinados a la construcción de un gran centro comercial, y uso terciario y residencial. Tal revisión se ha producido por un convenio cuya legalidad cuestionan sus detractores. Y sobre dicha parcela el director de Urbanismo de Madrid asesora en cuatro folios a sus compañeros de equipo redactor en febrero de 2006.

El alto cargo de Aguirre apunta a Prointec cuáles pueden ser los límites o los volúmenes de edificabilidad, la reserva para dotaciones públicas, la cesión de terrenos para dotaciones y participación en las plusvalías, y la "monetización" de las cesiones. Para ello compara la normativa extremeña con la madrileña. Esta operación ha sido tan polémica que ha costado la dimisión, de un edil cacereño del PP, Manuel Rodríguez Cancho, por creer que "roza la ilicitud y la ilegalidad", y que la compensación por multiplicar su edificabilidad -unos 2,5 millones €- "es escasa para la repercusión que la obra tendrá en la zona". Este expediente, la parcela de las carmelitas, vio frustrada su aprobación por la comisión municipal de Urbanismo

Existe un segundo documento que apunta que Porto mantuvo su actividad privada tras su nombramiento como director de Urbanismo de Esperanza Aguirre. El 18 de febrero de 2004, la aseguradora Dual International, en nombre de Lloyd's, le recuerda a Plarquin -firma que teóricamente ha abandonado Porto tras su nombramiento en diciembre de 2003- que su cobertura de responsabilidad civil profesional cubre las actividades de los "arquitectos socios": Enrique Porto Rey; su esposa, Pilar Fernández González, y su socio, José María Fernández del Río. El 5 de marzo de 2004, dicha aseguradora comunica a Plarquin que ha cambiado la póliza conforme a las instrucciones recibidas un mes antes de dicha consultora.

El cambio operado en la cobertura de los servicios profesionales de sus arquitectos es muy significativo: Porto ya no es asegurado como socio, sino como colaborador. "Queda cubierta la actividad profesional al servicio de la sociedad de los arquitectos colaboradores de la misma, Enrique Porto y Miguel Ángel García Horcajada, y excluida toda su actividad fuera de dicha sociedad". No se trata de garantizar con la póliza pasados trabajos profesionales de Porto dentro de la sociedad, ya que hasta febrero de 2004 estuvo cubierto como "arquitecto socio", sino las que desempeñe en adelante como "arquitecto colaborador".

Y tampoco cabe colegir que la cobertura del seguro se refiera a las actividades profesionales realizadas por Porto en el pasado a título individual. La póliza es tajante: "Quedan excluidas las reclamaciones que se puedan presentar contra los tres arquitectos socios de la sociedad y de los arquitectos colaboradores [Porto] por sus actuaciones profesionales realizadas con anterioridad a la fecha de actividad de la citada sociedad 1/6/2000".

Porto se autoaplica esa fórmula de arquitecto colaborador de Plarquin para intentar fortalecer la apariencia de desmarque de ella que ha intentado plasmar con la venta de sus acciones en dicha firma tras su nombramiento como director general de Urbanismo. Ocurre que dicha venta de su paquete accionarial recae en personas con las que sigue manteniendo vínculos societarios a través de varias inmobiliarias. Y sucede que Plarquin le factura cada mes cerca de 6.000 € por alquiler a una de sus inmobiliarias, Fernández y Porto.

98. AGUIRRE RECURRIÓ A UN BUFETE PARA ELUDIR LAS TRABAS DE LOS TÉCNICOS A UN PLAN URBANÍSTICO (12/10/06)

El Gobierno de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre (PP), pagó a un bufete privado para avalar un plan urbanístico al que puso trabas el jefe del servicio de planeamiento. Este técnico dependía de Enrique Porto, el director general de Urbanismo que dimitió hace una semana. Para aprobar el plan que rechazaba su jefe de planeamiento, Porto contrató a uno de los bufetes de abogados de mayor prestigio y coste en Madrid. Con ese informe, y otro de los dueños, dio vía libre a un proyecto que permitía más edificabilidad a los promotores de la que el técnico admitía y les brindaba un beneficio de más de 30 millones.

El polémico plan se situaba en el sector 3 del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada. El jefe de Planeamiento, Jesús Sánchez-Cabezudo, forzó que en el expediente de ese plan se incorporase su informe negativo, que entregó en mano a Porto como garantía de que "estaría donde tenía que estar", según explicó su autor a este periódico.

El plan que cuestionaba Sánchez-Cabezudo se iba a desarrollar en el mismo municipio donde el ex director general poseía, con sus socios, más de 22.000 m², sobre los que tomó una decisión como cargo público para eliminar los obstáculos que impedían su urbanización y, después de hacerlo, vendió en 2006 las fincas que tenía por 4,3 millones €. En el sector 1 de Villanueva donde Porto tenía terrenos, el ex director general de Urbanismo obvió directamente la tenaz oposición de sus dos técnicos y no incorporó su opinión al expediente. En el sector 3 sobre el que informó en contra Sánchez-Cabezudo, no pudo hacer otro tanto. El técnico impuso que se incorporara su escrito al expediente, pero el resultado fue el mismo: hizo caso omiso de la opinión del funcionario experto en la materia.

La controversia en torno a la aprobación del plan urbanístico era si se podía incluir como suelo urbanizable del sector y computarlo a efectos del volumen total edificable, un espacio calificado de "montes preservados". Porto entendía que sí, con lo que aumentaba la edificabilidad (la superficie total construida). El técnico entendía que no, que los propietarios debían restar 28.000 metros de los montes a la superficie total del sector. Además, también juzgaba excesivo el coeficiente por el que multiplicaban el suelo para determinar el volumen final edificable del sector. Los promotores pretendían que fueran 0,2392 m² por m²; y el técnico lo rebajaba a 0,2179.

¿Qué ocurrió ante tales planteamientos desfavorables del jefe de los técnicos? La dirección de Urbanismo que encabezaba Porto para acallar - "contrastar jurídicamente", según la versión oficial- los argumentos de su responsable técnico, utilizó dos dictámenes jurídicos privados: uno de ellos lo facilitaron los propios promotores privados de los terrenos -los más interesados en conseguir la mayor edificabilidad posible-; y el otro fue encargado y pagado con dinero público por la propia dirección general a un bufete de los más caros de Madrid. Ambos dieron la razón a la tesis que ya defendía Porto desde que tramitó ya el anterior sector (Los Pocillos de Villanueva de la Cañada, donde poseía terrenos y, por tanto, intereses).

Los dos dictámenes sostuvieron que los montes preservados podían ser computados como urbanizables a efectos de rentabilizarlos en el aprovechamiento global por los dueños. Ésa era la tesis previa de Porto, como confió él mismo en sus reuniones con mandos del departamento, ya que suponía una "gran ocasión" para los promotores. El plan bendecido por Porto superaba -según el informe de su jefe técnico -, en 30.197 metros cuadrados la edificabilidad legal del sector. ¿En qué se traduciría este plus de edificabilidad aprobado a favor de los promotores? Pues en que podrían construir 150 viviendas unifamiliares más o 300 pisos más por encima del marco legal, siempre según cálculos de expertos.

A razón de un mínimo de 1.000 €/m² construido, daría un beneficio neto -no habría existido de haber prevalecido el criterio del técnico- de más de 30 millones €. El informe que recoge toda la tramitación del plan, que firma el subdirector de Urbanismo, Mariano Trías, revela que "con fecha 22 de octubre de 2004, el jefe del servicio de Planeamiento y Control del Madrid Metropolitano, solicita la incorporación al expediente de sendos informes de fechas de 8 y 11 de octubre de 2004, en los que tras diversas consideraciones técnicas informa desfavorablemente el expediente".

Sánchez-Cabezudo relató cómo logró que su informe se incluyera en el expediente: "Lo entregué en mano y firmado al director general. Me pareció la mejor la manera de garantizar que mi informe se incorporara al expediente y de tener la seguridad de que estaría donde tenía que estar”.

99. EL CONSEJERO ZABÍA FICHA A UNA SOBRINA PARA SU DEPARTAMENTO Y LA ASCIENDE (12/10/06)

Pilar Lara Zabía no sólo es sobrina del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad, Mariano Zabía, sino que además trabaja a sus órdenes en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. La firma del consejero consta en una orden, fechada el 23 de junio de 2005, por la que, a través del procedimiento de libre designación, una de sus sobrinas ascendió cuatro categorías laborales a los ocho meses de obtener la plaza de funcionaria. Pasó de ser técnico titulado superior en la Consejería de Familia a ser técnico de apoyo en la consejería que dirige su tío. Según un portavoz de Medio Ambiente, el consejero "nunca" participó en el proceso. Zabía no quiso hacer declaraciones.

Pilar Lara Zabía, arquitecta, se presentó a las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores de la Comunidaden otoño de 2004. La nota que obtuvo la colocó en el penúltimo puesto de los 19 opositores, según un documento de la Dirección General de la Función Pública del 7 de octubre de 2004. La sobrina del consejero obtuvo una calificación media de 17,43 puntos, mientras que el candidato con mejor nota obtuvo 25,31 puntos.

El resultado le valió a Lara Zabía para obtener una plaza de técnico titulado superior en el Servicio de Obras e Instalaciones del Servicio Regional de Bienestar Social, que depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Pero, 8 meses después, la sobrina del consejero se presentó a un procedimiento de libre designación por el que obtuvo una plaza de técnico de apoyo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que depende de otra consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El cambio de puesto le ha supuesto a Lara Zabía pasar de un nivel de complemento de destino 22 -el que reciben los técnicos de grado superior nada más superar la oposición- a uno del tipo 26. Es decir, cuatro grados más alto. En ese nuevo cargo se encarga de coordinar la evaluación ambiental de los planes urbanísticos de los municipios, y emite informes definitivos para autorizar los expedientes de los técnicos.

El portavoz de Medio Ambiente negó que ese cambio de status esconda un caso de favoritismo hacia la sobrina del consejero, porque Lara Zabía se trasladó de consejería a través de un concurso de libre designación. "Fue un proceso público", recalcó el portavoz, que aseguró que el consejero "nunca" participó en ese procedimiento y que desconocía el ascenso de su sobrina. Según él, quien firmó la orden fue el secretario general técnico del departamento, "por delegación" de Zabía. Y así figuran, junto al nombre de Zabía, las siglas PD (por delegación) y la firma del secretario.

"Todos los que cumplen las condiciones se pueden presentar a esa plaza de técnico. Es el jefe de servicio de la dirección general el que decide", agregó el portavoz. Esta dirección general está a las órdenes directas de Mariano Zabía. El mismo portavoz explicó que es habitual que un funcionario suba varios niveles de categoría si hay un puesto vacante y es reclamado expresamente para él. Y que la mayoría de los 19 compañeros de oposición de Lara Zabía también ocupa un nivel 26.

- "¿Y yo me voy a creer que en 300 millones no te van a invitar ni a un helado?" "¿Y yo me voy a creer que en 300 millones no te van a invitar ni a un helado? Vete a tomar por culo. A algo nos invitarán. Por un contrato de esos no me voy a enfrentar con todo mi partido".

Aguirre lanzó esta propuesta poco antes de que el PSOE reclamara en el Consejo de Administración una auditoría independiente de la gestión. Era su respuesta a la petición del director del ente, Manuel Soriano, de 20 millones extra para este año, rechazada por el PSOE. El consejo aprobó (con el voto en contra del principal grupo de oposición) el presupuesto para 2007, que asciende a 157 millones, de los que el 47,3% procederá de la publicidad y el 52,7% de la subvención (un 9,5% más que este año). Los socialistas criticaron la "incapacidad e incompetencia" del equipo directivo y reclamaron que el director de Telemadrid sea elegido por mayoría de dos tercios en la cámara regional.

104. El coche incendiado de un consejero de Madrid está a nombre de una empresa de un constructor (25 y 26/10/06)

El ex director general de Urbanismo de Madrid, Enrique Porto, desbloqueó en 2004 un plan parcial en Villanueva donde compartía intereses con los Gil de Biedma, familiares de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, pese a que los técnicos se oponían al plan. www.elpais.es 06.11.06

La mañana en la que se ausentó del pleno, Eduardo Tamayo llamó por teléfono nueve veces al abogado José Esteban Verdes, afiliado al PP desde 1983, candidato número nueve de las listas de Pasaia (Guipúzcoa). Esa misma mañana, Tamayo llamó también a Bravo Vázquez. www.elpais.es 06.11.06

49. MILES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA MADRILEÑA (11/05/06)

77. GALLARDÓN DICE QUE OFICIARÁ SU PRIMERA BODA GAY "PORQUE SU OBLIGACIÓN ES APLICAR UNA LEY VIGENTE (28/07/06)"

89. EL PLENO MUNICIPAL DE TORRELODONES RETIRA COMPETENCIAS AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP (26-09-2006)

168. La región 'alquilada' (10/12/06)

49. MILES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA MADRILEÑA (11/05/06)

77. GALLARDÓN DICE QUE OFICIARÁ SU PRIMERA BODA GAY "PORQUE SU OBLIGACIÓN ES APLICAR UNA LEY VIGENTE (28/07/06)"

89. EL PLENO MUNICIPAL DE TORRELODONES RETIRA COMPETENCIAS AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP (26-09-2006)