1. DIMITE UN
CONCEJAL DEL PP EN
CHINCHÓN IMPUTADO POR SUPUESTA PREVARICACIÓN
(10/01/06)
2. EL PP PACTA CON UNA TRÁNSFUGA ECHAR A LA
ALCALDESA DE
CHINCHÓN (11/01/06)
3. LA FUTURA ALCALDESA DE
CHINCHÓN DEL PP
ES ACCIONISTA DE DOS CONSTRUCTORAS DEL PUEBLO (16/01/06)
4. LA FAMILIA QUE ESPECULA UNIDA PERMANECE
UNIDA (23/01/06)
5. CASO
MAJADAHONDA: DOS EX EDILES DEL PP DECLARAN QUE UNA EMPRESA MUNICIPAL RECIBÍA
SOBORNOS 25/01/06
6. EL ESCOLTA
DE TAMAYO DICE QUE LE PAGÓ UN CONSTRUCTOR AFILIADO AL PP (27/01/06)
7. DENUNCIA POR
"PREVARICACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS" A LA CONCEJAL DEL PP EN LATINA,
30/01/06
8. MADRID-CASO MAJADAHONDA: SUBASTA CONTRA EL
INTERÉS PÚBLICO, 30/01/06
9. CARGOS MUNICIPALES DEL PP DE LAS ROZAS RECOGEN
FIRMAS CONTRA EL
ESTATUT (02/02/06)
10. AGUIRRE DESAFÍA AL MINISTERIO DE FOMENTO AL SACAR
A CONCURSO EL ANTEPROYECTO DE LA M-50 Y DE LA RADIAL 1 (03/02/06)
11. AGUIRRE
PREFIERE IR A UN ACTO DEL PP EN MÓSTOLES Y REHÚSA ASISTIR A LA FIRMA DE LA LEY
DE CAPITALIDAD CON ZAPATERO (07/02/06)
12.AGUIRRE TACHA A ZP DE “RADICAL” (14/02/06)
13. AGUIRRE
DEJA SIN AYUDAS A LA INMIGRACIÓN A 25 DE LOS 36 MUNICIPIOS CON MÁS EXTRANJEROS
(14/02/06)
14. TELEMADRID
ENCARGA UNA SERIE DE REPORTAJES POLÍTICOS A 'EL MUNDO' (18/02/06)
15. EL CONSEJO DE ESTADO DESAUTORIZA EL PLAN DE AGUIRRE AL CONSTRUIR
CARRETERAS QUE CON COMPETENCIA DEL ESTADO (23/02/06)
16. EL JUEZ
ARCHIVA LA PRIMERA QUERELLA POR SEDACIÓN EN LEGANÉS Y ALABA AL MÉDICO EN CONTRA
DE LA VERSIÓN DEL CONSEJERO LAMELA (25/02/06)
17. DIMITE EL
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DE VALDEMORO (PP) TRAS UNA SUPUESTA FALSIFICACIÓN
(03/03/06)
18. CIENTOS DE
MANIFESTANTES CORTAN LA GRAN VÍA EN PROTESTA CONTRA LOS PARQUÍMETROS (04/03/06)
19. MILES DE
PERSONAS SALEN EN DEFENSA DE LOS MÉDICOS DE LEGANÉS
(04/03/06)
20. UNA
AUDITORÍA REVELA QUE UNA FUNDACIÓN DEL PP FALSEÓ EL RESULTADO DE UNAS
SUBVENCIONES
(04/03/06)
21. UN ESTUDIO
EDITADO POR EL CONSEJO ECONÓMICO PLANTEA PAGAR POR ACUDIR A LA SANIDAD
PÚBLICA (08/03/06)
22. INHABILITADO EL EX ALCALDE DE TORRELAGUNA
(08/03/06)
23. LA LÍNEA 9
DE METRO SE INAUGURÓ CON RIESGO PARA LOS USUARIOS, SEGÚN EL JEFE DE OBRAS DE
GALLARDÓN (08/03/06)
24. LA OFERTA
DEL AMIGO DEL CONCEJAL DEL PP PEDRO CALVO PARA GESTIONAR LOS PARQUÍMETROS ERA LA
MÁS CARA (10/03/06)
25. MANIPULACIÓN EN TELEMADRID. LOS TRABAJADORES
DE LA CADENA AUTONÓMICA SE NEGARON A FIRMAR EL REPORTAJE SOBRE EL 11-M
(11/03/06)
26. EL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA
CAÑADA (PP) 'REGALA' TRES MILLONES EN SUELO A PROPIETARIOS RELACIONADOS CON EL
PP QUE SERÁN EXPROPIADOS (14-03-2006)
27. UNA
VEINTENA DE MUNICIPIOS DEL PP HA CEDIDO SOLARES DESDE 2000 PARA COLEGIOS
CONCERTADOS 14-03-2006
28. DOS
EMPRESAS DENUNCIAN QUE EL AYUNTAMIENTO OMITIÓ PARTE DE SU OFERTA PARA LOS
PARQUÍMETROS (16/03/06)
29. HIXIENES
OBTENDRÁ EL 40% DE LOS BENEFICIOS DEL APARCAMIENTO DE PAGO EN SU
ZONA (19/03/06)
30. SEIS
COLEGIOS QUE SEPARAN A SUS ALUMNOS POR SEXOS RECIBEN AYUDAS DE
EDUCACIÓN (19/03/06)
31. TENSIONES
EN EL PP TRAS LAS DECLARACIONES DE RUIZ-GALLARDÓN SOBRE SU DESEO DE PASAR A LA
POLÍTICA NACIONAL (22/03/06)
32. EL PP
RECHAZA QUE LA ASAMBLEA INVESTIGUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 9 DE METRO (22/03/06)
33. MANUEL
LAMELA, CONSEJERO DE SANIDAD,
CARGO PÚBLICO Y NEGOCIOS PRIVADOS
(22/03/06)
34. LA EUROCÁMARA PODRÍA INVESTIGAR SI SE VIOLA LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TELEMADRID (28/03/06)
35. ADJUDICADA
LA CONSTRUCCIÓN DE OTRO TRAMO DE AUTOVÍA DE LA 'CARRETERA DE LOS PANTANOS'
(31/03/06)
36. MAMOGRAFÍAS
CON UN AÑO DE RETRASO (02/04/06)
37. LA UE ABRE
EXPEDIENTE A ESPAÑA PORQUE LA M-30 CARECE DE INFORME AMBIENTAL (05/04/06)
38. La Comunidad de
Madrid, salpicada de irregularidades urbanísticas (06/04/06)
39. la espe SE VA de cena
AL CARIBE (10/04/06)
40.
Botella subvenciona una fundación del PP, pese a
desaconsejarlo una auditora (13/04/06)
41. EL JUEZ
INSTRUCTOR DEL CASO DE LA FUNERARIA SE INHIBE POR AMISTAD CON DOS LETRADOS
(18/04/06)
42. BRUSELAS
BLOQUEA UN CRÉDITO DE 1.500 MILLONES PARA LAS OBRAS DE LA M-30 (21/04/06)
43. IMPUTADO EL
ALCALDE DE BOADILLA, ACUSADO DE NOMBRAR A DEDO A UN CONSERJE AFÍN AL PP (26/04/06)
44. LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE CREÓ UNA 'CAJA B' PARA PAGAR TRABAJOS IRREGULARES,
INCLUIDOS LA ESCOLTA DE LOS TRÁSFUGAS TAMAYO Y SAEZ (27/04/06)
45. TRÁFICO DE INFLUENCIAS, LA CONCEJALA DE LA LATINA, ANTE EL JUEZ
(28/04/06)
46. EL ALCALDE DE MECO (PP) CORTA
UN CAMINO ASFALTADO PARA IMPEDIR EL TRÁFICO CON UN PUEBLO VECINO (01/05/06)
47. EL
AYUNTAMIENTO GASTA 1,2 MILLONES EN UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE LA AYUDA A
MAYORES (05/05/06)
48. DIMITE EL
DIRECTOR MUNICIPAL DE DEPORTES DE MADRID TRAS SER DETENIDO CONDUCIENDO BORRACHO
(09/05/06)
49. MILES DE PERSONAS SALEN
A LA CALLE EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA MADRILEÑA (11/05/06)
50. Los diputados del PP se esposan
en la Asamblea de Madrid al grito de "¡Alonso, dimisión!" (12/05/06)
51. NUEVO LEMA DEL PP A
SUS ALTOS CARGOS “SI BEBÉIS, POR DIOS, NO CONDUZCÁIS”
(14/05/06)
52. AGUIRRE FINANCIA A LA ULTRADERECHA CUBANA
(18/05/06)
53. EL REFRÁN ‘NADIE DA DUROS A PESETAS’ EN
ENTREDICHO. LA COMUNIDAD DE MADRID, ACUSADA DE COMPRAR SUELO POR ENCIMA DE SU
COSTE (24/05/06)
54. LOS PARQUES DE OCIO NO SON LO SUYO. LA
COMUNIDAD ADMITE EL FRACASO ECONÓMICO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL PARQUE WARNER
(25/05/06)
55.
Explicado el pelotazo de la familia de Aguirre. Habla
el empresario afectado (30/05/06)
56. EL ALCALDE
DE VALDEMORO (PP) DECLARA ANTE EL JUEZ POR UN PRESUNTO DELITO DE
PREVARICACIÓN (29/05/06)
57. el pelotazo de
la familia de AGUIRRE (30/05/06)
58. PARIENTES DE GALLARDÓN, PRESUNTAMENTE
IMPLICADOS EN EL PELOTAZO DE AGUIRRE (30/05/06)
59. LA AUDIENCIA PROVINCIAL FIJA LA VISTA
ORAL DEL “CASO FUNERARIA”, QUE OCURRIÓ HACE 14 AÑOS (30/05/06)
60. UN INFORME DEL
COLEGIO DE MÉDICOS CONCLUYE QUE NO SE PUEDEN ATRIBUIR LAS MUERTES A LA
SEDACIÓN (03/06/06)
61. UN CONSEJERO DEL CES DE MADRID, EL INEFABLE DE
MIGUEL, SENTENCIA: "EL AUMENTO DE LA INMIGRACIÓN PUEDE LEGITIMAR LAS ABLACIONES"
(05/06/06)
62. AGUIRRE
DENUNCIA UN "ESTATUTO MALÍSIMO PARA CATALUÑA" Y CRITICA A ZAPATERO POR NO PEDIR
PERDÓN POR LOS CRÍMENES DE STALIN (ALUCINANTE)
(06/06/06)
63. EL PP
REGIONAL ARREMETE CONTRA LA CONCEJAL DE CULTURA POR IR A LA PROTESTA DEL TEATRO
ALBÉNIZ (07/06/06)
64. EL 70% DE
LAS OBRAS DEL RECONSTRUIDO PALACIO DE LOS DEPORTES FUE ADJUDICADO A DEDO (08/06/06)
65. EL
¿PERIODISTA? LOSANTOS INSULTA A GALLARDÓN Y SUS COMPAÑEROS NO SE SOLIDARIZAN
CON EL ALCALDE. ¿POR QUÉ SERÁ? (09/06/06)
66. UGT Y CCOO
PIDEN LA DIMISIÓN DE LAMELA POR EL CASO LEGANÉS
(10/06/06)
67. GALLARDÓN:
"AGUIRRE TENÍA EN SU PROGRAMA COMPRAR EL ALBÉNIZ"
(14/06/06)
68. AGUIRRE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL PP
(15/05/06)
69. dime con quién andas: Fidel San Román, amiguete de esperanza AGUIRRE, ha
sido detenido por estar involucrado en la OPERACIÓN ‘malaya’ (29/06/06)
70. LOS
DELEGADOS DE LA UE CREEN QUE LA M-30 DEBIÓ SOMETERSE A UN ESTUDIO
AMBIENTAL (29/06/06)
71. TENSIONES POPULARES. LAS LINDEZAS ENTRE SUS MILITANTES:
"ERES UNA MIERDA" (08/07/06)
72. El empresario de Las
Ventas dio cuatro millones en comisiones al cerebro de la trama de Marbella
(11/07/06)
73. AGUIRRE
COMIENZA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA M-501 SIN PERMISO DE NARBONA (12/07/06)
74. LA PORTAVOZ DEL PP EN LEGANÉS QUE INSULTÓ A UNA EDIL
DE SU PARTIDO AHORA INTENTA DESDECIRSE (16/07/06)
75. EL AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO, DEL PP,
COMPRA A UN MIEMBRO DE LA EJECUTIVA UNA RESIDENCIA POR 5 MILLONES DE €
(23/07/06)
76. LOS LEGIONARIOS DE CRISTO PROTEGIDOS POR
ESPERANZA AGUIRRE (25/07/2006)
77. GALLARDÓN DICE QUE
OFICIARÁ SU PRIMERA BODA GAY "PORQUE SU OBLIGACIÓN ES APLICAR UNA LEY VIGENTE
(28/07/06)"
78. San Román, el señor de Las
Rozas (31/07/06)
79. MIENTRAS EL
ALCALDE DE TORRELODONES (PP) RETIRA SUS COMPETENCIAS A DOS DE SUS CONCEJALES,
UNA CONSTRUCTORA FINANCIA LA FUNDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL PP DE TORRELODONES
(24/08/06)
80. UNA
CONSTRUCTORA DE LA HERMANA DEL ALCALDE PEPERO DE TORRELODONES COMPRÓ SUELO
PROTEGIDO (29/08/06)
81. EL ALCALDE
DE TORRELODONES (PP) PRETENDE INCREMENTAR LA POBLACIÓN UN 50% Y LLEGAR A LOS
30.000 HABITANTES (30/08/06)
82. UNA
COMISIÓN EUROPEA INSTA A BRUSELAS A INVESTIGAR EL URBANISMO DE GALAPAGAR (PP)
(31/08/06)
83. El beneficiario, un
importante empresario madrileño. Sospechosas recalificaciones en Brunete
(05/09/06)
84. TENSIONES POPULARES. GRANADOS INVITA A MORENO A DIMITIR
"SI NO ESTÁ CÓMODA" EN EL PP Y TACHA A RUBIANES DE "IMPRESENTABLE" (09/09/06)
85. DOS CONCEJALES DEL PP ACUSAN AL ALCALDE DE TORRELODONES DE
AMAÑAR UN CONCURSO (10/09/06)
86. EL PP
DESCALIFICA A LOS DOS EDILES DE TORRELODONES QUE DENUNCIAN IRREGULARIDADES
(11/09/06)
87. EL DIRECTOR
REGIONAL DE URBANISMO AUTORIZÓ PLANES REDACTADOS POR SUS SOCIOS
INMOBILIARIOS (12/09/06)
88. EL DIRECTOR DE URBANISMO AGILIZÓ EL PLAN DE EL
MOLAR EN EL QUE DIJO HABERSE INHIBIDO (25/09/06)
89. EL PLENO MUNICIPAL DE
TORRELODONES RETIRA COMPETENCIAS AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP (26-09-2006)
90. LA ALCALDESA PEPERA DE QUIJORNA VENDIÓ UNA
ALAMEDA PROTEGIDA A UN CONSTRUCTOR Y LUEGO LA RECALIFICÓ (29/09/06)
91. Esperanza Aguirre,
anfitriona del nacionalismo radical español
(04.10.06)
92. EL JEFE DE URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE
DIMITE, TRAS UN ‘PELOTAZO’ DE 4,3 MILLONES € (04/10/06)
93. LA ESPOSA DEL ALCALDE DE VILLANUEVA COBRÓ DEL
AUTOR DEL PLAN QUE FACILITÓ EL 'PELOTAZO' DE PORTO (05/10/06)
94. PESE A QUE PUSO AL ZORRO A CUIDAR A LAS
GALLINAS, ESPERANZA AGUIRRE NO PARECE SABER NADA DE SU EX DIRECTOR DE URBANISMO
(05/10/06)
95. GERMÁN YANKE
DEJA TELEMADRID TRAS NEGARSE A ALENTAR LA TEORÍA CONSPIRATIVA SOBRE EL 11-M
(10/10/06)
96. EL CONCEJAL DE
SEGURIDAD ATRIBUYE A LA INMIGRACIÓN EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA (10/10/06)
97. PORTO ASESORÓ
DESDE SU DESPACHO OFICIAL UN TRABAJO PRIVADO EN CÁCERES (10/10/06)
98. AGUIRRE RECURRIÓ A UN BUFETE PARA ELUDIR LAS
TRABAS DE LOS TÉCNICOS A UN PLAN URBANÍSTICO (12/10/06)
99. EL CONSEJERO ZABÍA FICHA A UNA SOBRINA PARA SU
DEPARTAMENTO Y LA ASCIENDE (12/10/06)
100. MÁS CORRUPTELAS INMOBILIARIAS DEL PP EN TRES CANTOS (20/10/06)
101.LAMELA GASTA CASI 700.000 € EN UNA EXPOSICIÓN PUBLICITARIA (17/10/06)
102. MADRID: LA CE ABRE
EXPEDIENTE CONTRA ESPAÑA POR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA M-501 (14/10/06)
103. AGUIRRE
PIDE QUE SE LE PERMITA PRIVATIZAR TELEMADRID (25/10/06)
104. El coche
incendiado de un consejero de Madrid está a nombre de una empresa de un
constructor (25 y 26/10/06)
105.EL CONSEJO DE
ESTADO VAPULEA EL REGLAMENTO ANTITABACO DE AGUIRRE (25/10/06)
106. LA REFORMA DE LA M-30 COSTARÁ MIL MILLONES MÁS DE LO
PREVISTO (26/10/06)
107.EL TRIBUNAL SUPERIOR ANULA EL CONCURSO DE 1.000 PISOS BARATOS DE LA
COMUNIDAD (01/11/06)
108.AGUIRRE PERMITIRÁ FUMAR EN FIESTAS
PRIVADAS Y CAFETERÍAS DE EMPRESA (03/11/06)
109.AGUIRRE SE DESHACE DEL PARQUE WARNER (03/11/06)
110.GALLARDÓN CONVIERTE UNA VISITA A LA M-30
EN UN ACTO DE PARTIDO CON RAJOY (31/10/06)
111.EL PP APOYA AL CONCEJAL CALVO, QUE TACHÓ DE "VIOLENTOS" A LOS INMIGRANTES
LATINOAMERICANOS (01/11/06)
112.EL EX ALCALDE DE VALDEMORO VENDIÓ A UN CONSTRUCTOR DEL PUEBLO SU CHALÉ DE
MARBELLA (01/11/06)
113.TORRELODONES.”SIEMPRE ME HAN HECHO DAR EL DINERO EN EL MONTE, COMO DOS
FUGITIVOS" (28/10/06)
114.TORRELODONES. 150.000 € A CAMBIO DE PERMITIR UN PÁRKING (29/10/06)
115.MADRID:
EL PP DE BOADILLA CEDE SUELO A UN COLEGIO PRIVADO (28/10/06)
116.MADRID: UN JUEZ LLAMA A DECLARAR A LA REGIDORA DE QUIJORNA POR FAVORECER
A UN ASESOR (01/11/06)
117. El
TSJM archiva la querella de Granados contra Porta al no advertir
"injurias o calumnias" sobre el 'Caso Majadahonda' .(03.11.06)
118.
Un consistorio del PP facilitó un
'pelotazo' a promotores que financiaron a Tamayo y Sáez .Bravo
y Vázquez pagaron el hotel donde se alojaron los tránsfugas (06.11.06)
119. Bravo y
Vázquez pagaron el hotel donde se alojaron los tránsfugas
120.UN COMPAÑERO DEL EX DIRECTOR DE URBANISMO DE LA CAM REDACTÓ EL PLAN DE UNA
ZONA PROTEGIDA DE TORRELODONES (06/11/06)
121.AGUIRRE CORRIGE A RAJOY SOBRE CIUTADANS, A LOS QUE
ALABA (05/11/06)
122. El Supremo condena a un ex
alcalde del PP por adjudicarse una parcela(11.11.06)
123. La Comunidad concede ayudas a dedo a
asociaciones de víctimas afines al PP (10.11.06)
124.UNA SENTENCIA ANULA EL CIERRE DE LA
TELEVISIÓN LOCAL DUSON TV, PRECINTADA POR AGUIRRE PARA EMITIR 'LA
OTRA' (14/11/06)
125.BERTÍN OSBORNE PIDE EL VOTO PARA ESPERANZA
AGUIRRE EN UNA FIESTA DE JUBILADOS PAGADA POR LA COMUNIDAD (15/11/06)
126.GOLF Y LADRILLO EN VILLANUEVA DEL PARDILLO
(PP) (15/11/06)
127.EL ALCALDE DE GALAPAGAR (PP) DESTITUYE AL
EDIL DE EDUCACIÓN "POR INDISCIPLINA" (11/11/06)
128.BERTÍN OSBORNE
pide el voto para Aguirre(18.11.06)
129.
23.000 'desaparecidos' en
las listas de espera. 20.11.06
130. Torrelodones
permite la apertura de un centro comercial sin licencia. 20.11.06
131. TORRELODONES: SE ESPECULÓ CON UN ÁREA PROTEGIDA CON EL BENEPLÁCITO DEL
ALCALDE DEL PP (18/11/06)
132. ESPERANZA Y SU
CONSEJERO DE SANIDAD LOGRAN QUE 23.000 MADRILEÑOS DESAPAREZCAN DE LA LISTA DE
ESPERA (20/11/06)
133. ESPECULACIONES POPULARES.
NAVALCARNERO: LA FAMILIA DEL CONCEJAL DE URBANISMO (PP) ATESORA
UN PATRIMONIO DE
287.000 METROS (21/11/06)
134. AGUIRRE INCUMPLE LA
PROMESA DE ABRIR EL METRO 24 HORAS VIERNES Y SÁBADOS (21/11/06)
135. ESPERANZA AGUIRRE DIXIT: NO LLEGO A FIN DE MES (21/11/06)
136. AGUIRRE
INCUMPLE LA PROMESA DE ABRIR EL METRO 24 HORAS VIERNES Y SÁBADOS (21/11/06)
137. GALLARDÓN SE HARTA DE AGUIRRE (22/11/06)
138. LAS 'PERLAS' DE
AGUIRRE SOBRE GALLARDÓN (22/11/06)
139. ANTICORRUPCIÓN
INVESTIGARÁ AL EX DIRECTOR DE URBANISMO DE MADRID, EL ARQUITECTO ULTRALIBERAL
ENRIQUE PORTO (22/11/06)
140. ESPECULACIONES POPULARES. VILLANUEVA DE LA CAÑADA:
UN EX JEFE DE HACIENDA MEDIÓ EN A FAVOR DE FAMILIARES DE ESPERANCITA (22/11/06)
141.
ESPECULACIONES POPULARES: TRES CANTOS. EL FISCAL ESTUDIARÁ LA PRESUNTA
CORRUPCIÓN DESCRITA POR UN EDIL DEL PP TRICANTINO (22/11/06)
142. ANTICORRUPCIÓN INVESTIGARÁ AL EX DIRECTOR DE URBANISMO DE MADRID, EL
ARQUITECTO ULTRALIBERAL ENRIQUE PORTO (22/11/06)
143. ESPECULACIONES POPULARES.
NAVALCARNERO: LA FAMILIA DEL CONCEJAL DE URBANISMO (PP) ATESORA
UN PATRIMONIO DE
287.000 METROS (21/11/06)
144.
ESPECULACIONES POPULARES. VILLANUEVA DE LA CAÑADA: UN EX JEFE DE HACIENDA MEDIÓ
EN A FAVOR DE FAMILIARES DE ESPERANCITA (22/11/06)
145.
ESPECULACIONES POPULARES: TRES CANTOS. EL FISCAL ESTUDIARÁ LA PRESUNTA
CORRUPCIÓN DESCRITA POR UN EDIL DEL PP TRICANTINO (22/11/06)
146. AGUIRRE PIDE DISCULPAS A GALLARDÓN (25/11/06)
147. EL PP JUZGA REPRESENTATIVAS LAS MESAS DE DIÁLOGO QUE VOTÓ EL 0,3% DE LA
POBLACIÓN (26/11/06)
148. BRUSELAS
INSTA AL AYUNTAMIENTO A HACER UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LA M-30
(26/11/06)
149. LAS OBRAS
DE LA M-30 MULTIPLICAN POR DIEZ LA CONTAMINACIÓN (28/11/06)
150. RAJOY
DIXIT: ¡JODER, QUE TROPA! (29/11/06)
151. GALLARDÓN CONSIDERA QUE RAJOY LE HA DADO “UNA RAZÓN MÁS” PARA NO LEER EL
LIBRO SOBRE AGUIRRE (30/11/06)
152. UNEUROPARAESPE.COM (30/11/06)
153. LOS ALCALDES MÁS POLÉMICOS DEL PP EN ASUNTOS
URBANÍSTICOS REPITEN CANDIDATURA (01/12/06)
154. HUELGA EN TELEMADRID CONTRA LA “ZAFIA Y DESHONESTA MANIPULACIÓN” (29/11/06)
155. EL ALCALDE
DE NAVALCARNERO (PP) IMPIDE QUE EL EDIL DIMITA (29/11/06)
156. "RECORTE BRUTAL" EN EL PARQUE DE GUADARRAMA (30/11/06)
157. LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS QUE PRESIDE PILAR
MANJÓN RECIBE 20.000 EUROS (30/11/06)
158. EL PORCENTAJE DE DINERO PARA EDUCACIÓN BAJA DURANTE EL MANDATO DE AGUIRRE
(30/11/06)
159. AGUIRRE PROPONE RECONSIDERAR LA POLÍTICA DE SUELO ANTE LOS "FRACASOS" DE
ACABAR CON LA ESPECULACIÓN (01/12/06)
160. LA
INDISIMULADA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD MADRILEÑA (01/12/06)
161. EL SUELDO DE AGUIRRE, EN EL 'FINANCIAL TIMES'
(04/12/06)
162. AGUIRRE ANUNCIA 7.900 NUEVOS PISOS PROTEGIDOS CUANDO PROMETIÓ LEVANTAR MÁS
DE 79.000 (05/12/06)
163. TELEMADRID, EN
HUELGA CONTRA LA "MANIPULACIÓN INFORMATIVA" (05/12/069
164. AYUNTAMIENTO DE
MADRID: CESA LA GERENTE DE LA ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL A SEIS MESES DE LAS
ELECCIONES (06/12/06)
165. AYUNTAMIENTO DE
MADRID: EL FISCAL INVESTIGA POR FALSEDAD AL ALCALDE QUE AVALÓ A LA EMPRESA DE
LOS PARQUÍMETROS (07/12/06)
166. EL METRO NO VUELA (09/12/06)
167.
La Comunidad de
Madrid se sitúa en el furgón de cola del gasto autonómico por habitante
(10/12/06)
168.
La
región 'alquilada'
(10/12/06)
169. AGUIRRE DUPLICA EL GASTO EN ALTOS CARGOS (11/012/06)
170. LA COMUNIDAD,
TIERRA DE ACOGIDA PARA DIRIGENTES DEL PP EN PARO (11/12/06)
171. TENSIONES POPULARES: GALLARDÓN DICE QUE NO
CONOCÍA DE ANTEMANO EL TAMAYAZO, COMO DICE EL LIBRO DE ESPERANZA AGUIRRE, LUEGO
UNO DE LOS DOS MIENTE (12/12/06)
172. LAMELA ADMITE QUE LA LISTA DE ESPERA ES DE 42 DÍAS, 12 MÁS DE LA PROMESA DE
AGUIRRE (12/12/06)
173. TORRELODONES: LOS EDILES DISCOLOS AMPLÍAN SU
DENUNCIA (12/12/06)
174. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE HOSPITALES PREVISTO POR AGUIRRE, CUESTIONADO EN
REINO UNIDO
(13/12/06)
175. LA COMUNIDAD
REDUCE UN 20% LAS NUEVAS INVERSIONES EN LOS CENTROS SANITARIOS (15/12/06)
176. TENSIONES POPULARES. RAJOY QUIERE DAR POR
ZANJADAS LAS DIFERENCIAS AGUIRRE-GALLARDÓN CON UN GRAN MITIN
CONJUNTO (18/12/06)
177. TENSIONES POPULARES. ESPERANZA AGUIRRE
LIMITARÁ EL EQUIPO DE ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN (17/12/06)
178. TENSIONES POPULARES. MADRID: AGUIRRE Y
GALLARDÓN ¿ENTIERRAN EL HACHA? (19/12/06)
179. AGUIRRE Y LOSANTOS MENOSPRECIAN LA
INTELECTUALIDAD DE LOS "PROGRES" (18/12/06)
180. EL PP MOVILIZA A MILITANTES PARA JALEAR LA
APERTURA DE LA LÍNEA 11 (19/12/06)
181. AGUIRRE Y GALLARDÓN INAUGURAN UN
POLIDEPORTIVO EN USERA ENTRE ABUCHEOS (20/12/06)
182. CIENTOS DE VECINOS PIDEN LA PARALIZACIÓN DE
LAS OBRAS DEL CAMPO DE GOLF DEL CANAL (16/12/06)
183. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD CUESTIONA
LOS HOSPITALES DE AGUIRRE (16/12/06)
184. LAMELA, CONSEJERO DE SANIDAD, TIENE LA
SOLUCIÓN (16/12/06)
185. ESPERANZA AGUIRRE FUE MADRINA DE AIR MADRID
(18/12/06)
186. ESPERANZA AGUIRRE CRITICA QUE EL AGUA DEL
TAJO VAYA AL SEGURA (20/12/06)
187. EL PP PRIVILEGIA A UNA CONSTRUCTORA
"FANTASMA" EN BOADILLA DEL MONTE (21/12/06)
188.
UGT pide la intervención de la Fiscalía (18/12/06)
189. GALLARDÓN APARCA EN ZONA RESERVADA PARA
DISCAPACITADOS (18/12/06)
190. EL PP RECHAZA INVESTIGAR LA ADJUDICACIÓN DE LOS PARQUÍMETROS A
LA EMPRESA HIXIENES
(21/12/06)
191. EL PSOE DENUNCIA AL GOBIERNO DE VALDEMORO POR
VULNERAR LOS DERECHOS DE LA OPOSICIÓN (13/12/2006)
192. EL TS ARCHIVA UN QUERELLA DE LA COMUNIDAD CONTRA LA MINISTRA DE
SANIDAD POR UNAS DECLARACIONES (26/12/06)
193. ESPERANZA AGUIRRE LAMENTA QUE CUBA PIDIERA AYUDA SANITARIA "PARA
EL DICTADOR FIDEL CASTRO" (27/12/06)
194. RAJOY CONSIDERA LÓGICO QUE SE PRESTE AYUDA MÉDICA A CASTRO COMO A
CUALQUIER PERSONA (28/12/06)
195. LA EDUCACIÓN, UN NEGOCIO PARA ESPERANZA AGUIRRE (23/12/06)
196. AHORA
TOCA PRIVATIZAR LA NIEVE (23/12/06)
197. AGUIRRE IGNORA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SIGUE CON SU
CAMPO DE GOLF (29/12/06)
198. EL "NÚMERO DOS" DE AGUIRRE, DENUNCIADO POR PREVARICACIÓN
(24/12/06)
199. SIEMENS FICHA A UN INFORMÁTICO DE SANIDAD QUE INTERVINO EN UNA
ADJUDICACIÓN MILLONARIA
200. SOLUCIONES
CONTRA LA SEQUÍA
201. EL ESCRITOR FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ, NUEVO PRESENTADOR DE 'DIARIO
DE LA NOCHE' EN TELEMADRID
202.
AGUIRRE RENUNCIA A SU PROMESA DE ABRIR EL METRO 24 HORAS LOS FINES DE SEMANA
203.
EL PP DE SEVILLA LA NUEVA RECHAZA AL CANDIDATO IMPUESTO POR EL PARTIDO
1. DIMITE UN CONCEJAL DEL PP EN
CHINCHÓN IMPUTADO POR SUPUESTA PREVARICACIÓN
(10/01/06)
Francisco Grau, uno
de los concejales populares que respaldó la moción de censura que aupó al PP al
gobierno local en
Chinchón, presentó su dimisión como primer teniente de alcalde
de la localidad. La dimisión del edil se produce un mes después de que se
celebrara la moción de censura (apoyada por el PP y una concejal independiente
expulsada de su partido) que apeó a la socialista Encarnación Moya de la
alcaldía. Fuentes del PP confirmaron la dimisión del concejal y justificaron
este hecho en la "falta de tiempo para dedicarse a sus nuevas funciones dentro
del Ayuntamiento [teniente de alcalde]".
Grau figura como
imputado por el Juzgado número 2 de Valdemoro por un presunto delito de
prevaricación, coacciones y tráfico de influencias. La promotora
Punor, SA, que
construía en 2000 en el municipio, le denunció cuando Grau era concejal de
Urbanismo. Éste había paralizado la construcción de unos chalés unifamiliares de
Punor porque incumplían, supuestamente, el planeamiento urbanístico de la
localidad.
Fuentes del PP de
Madrid confirmaron la imputación de Grau, aunque mantuvieron que los motivos de
su dimisión eran la "falta de tiempo".
2. EL PP PACTA CON UNA TRÁNSFUGA ECHAR A LA
ALCALDESA DE
CHINCHÓN (11/01/06)
Responsables del PP presentaron en el
registro del Ayuntamiento, junto a una representante del Partido Independiente
de
Chinchón, un escrito en el que ambos grupos municipales solicitaban la
celebración de un pleno extraordinario para presentar una moción de censura
contra la alcaldesa socialista de
Chinchón, Encarnación Moya. El PP ha
justificado la presentación de la moción ante la "ingobernabilidad" del
municipio, el "descontento" de los vecinos y por ser la lista más votada en las
últimas elecciones. Por su parte, el PSOE asegura que tras la moción existe una
reacción a la "desesperada" del PP "ante las encuestas negativas para el partido
con vistas a las próximas elecciones, además de motivos urbanísticos". Si la
moción definitivamente prosperara, dentro de 10 días la nueva alcaldesa del
municipio sería Luisa Fernández, actual portavoz popular.
El municipio pasó a manos socialistas en
las últimas elecciones municipales, después de que el PSOE pactara con los
independientes de Chinchón. El PP obtuvo cinco concejales, el PSOE, cuatro, y el
Partido Independiente de Chinchón, dos. El PSOE pactó un acuerdo de
gobernabilidad con los independientes. Pero ahora una concejal de estos últimos,
Isabel Montes, que apoyó en su momento al PSOE para que obtuviera la alcaldía,
ha decidido respaldar al PP.
La independiente Isabel Montes
fue expulsada de su partido y calificada de "tránsfuga" por sus ex compañeros si
apoyaba la moción. La portavoz socialista de la Ejecutiva regional del PSM, Ruth
Porta, afirmó por la tarde que el PP y la concejal independiente Isabel Montes
impidieron, en el pleno del pasado 9 de noviembre, que Chinchón recuperara unos
terrenos de la empresa SOS Cuétara "para construir, entre otras, viviendas
protegidas". El Ayuntamiento pretendía recuperar los terrenos, que fueron
adquiridos en su día por la empresa para instalarse en Chinchón, y que después
fueron abandonados tras instalarse definitivamente en Villarejo de Salvanés. Con
el acuerdo, Chinchón recuperaría 19.400 m2 más una aportación
económica de 825.000 €.
Mientras, la presidenta del Gobierno regional,
Esperanza Aguirre, intentó legitimar la moción de censura de Chinchón, pactada
entre el PP y una concejal independiente, "porque quien ganó las elecciones en
Chinchón fue el PP". Aguirre salió así al paso de las afirmaciones acusando al
PP de firmar dicha moción con una tránsfuga.
3. LA FUTURA ALCALDESA DE CHINCHÓN DEL PP
ES ACCIONISTA DE DOS CONSTRUCTORAS DEL PUEBLO (16/01/06)
Luisa María Fernández Fernández, portavoz
del PP en el Ayuntamiento de Chinchón y futura alcaldesa, es accionista de dos
constructoras radicadas en la localidad: Navarredonda 2000, SL, y Nuevas
Propiedades Inmobiliarias Chinchón, SL. El objeto social de ambas sociedades es la
construcción de edificios y la promoción de viviendas. Las dos constructoras
están levantando actualmente dos promociones en el casco urbano. Fernández, que
es abogada de profesión, encabeza además la moción de censura que el PP y una ex
concejal del Partido Independiente de Chinchón, Isabel Montes, han presentado
contra la actual alcaldesa, la socialista Encarnación Moya. Esta última lleva
días afirmando que tras la moción de censura se esconde una trama urbanística,
algo que el PP niega.Pero Javier Sánchez-Lázaro, senador de la
antigua Alianza Popular por Extremadura a principios de los ochenta ( PP), es
administrador solidario y apoderado de la empresa inmobiliaria Jabbar
Inversiones. Esta empresa es dueña, a través de otra denominada Inverwarner
Promociones 2002, de una finca en Chinchón denominada Dehesa de la Jara Alta (de
350 hectáreas). El consejero delegado mancomunado y apoderado de Jabbar entre
1999 y 2003 y
accionista
de Inverwarner (sólo tiene una acción), es Pedro
García Valero. Éste, a su vez, es amigo y ex compañero de trabajo de Ricardo
Romero de Tejada, ex secretario regional del PP, en la empresa de fotocopias MIC
Servicio de Copias, SL. Esta empresa salió a relucir durante la comisión de
investigación del llamado
caso Tamayo, cuando dos diputados del PSOE
(María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo) traicionaron a su partido y se ausentaron
durante la sesión de investidura del candidato socialista Rafael Simancas. Éste
no pudo ser presidente regional.En 2000, la entonces alcaldesa de Chinchón,
Ana María Magallares, del PP, elaboró el avance del plan general y recalificó
dichos terrenos de Jabbar. El PP dice que no fue ella directamente, sino que
había delegado las competencias urbanísticas en la Comunidad de Madrid, también
del PP.
En las últimas elecciones el PP obtuvo
cinco concejales, el PSOE logró cuatro ediles y el Partido Independientes, dos.
Socialistas e independientes decidieron coligarse. Una de sus primeras acciones
fue anular el avance del plan. Ahora el PP se ha aliado con una concejal
independiente, que ha sido expulsada del partido, para recuperar el gobierno
local. El PP alega que ellos fueron el partido más votado.Para adquirir los
terrenos de la Dehesa de la Jara Alta, el entonces presidente de Jabbar, Javier
Sánchez Lázaro, y su consejero Pedro García Valero constituyeron la empresa
Inverwarner Promociones 2002, cuyo fin según consta en el registro mercantil es
el siguiente: "El objeto social consistirá en el planteamiento y el desarrollo
de la totalidad de las actuaciones de carácter urbanístico que sean precisas,
para lograr la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación
urbana de las fincas propiedad de la sociedad en Chinchón o instrumento de
planeamiento general de eficacia urbanística similar, que contenga las
previsiones necesarias para clasificar como suelo urbanizable, sectorizado o no,
las fincas de su propiedad".
Inverwarner tiene un capital social de seis
millones de € que fueron desembolsados por Pedro García (un euro) y Jabbar, con
5.999.999 participaciones.Los socios mayoritarios de la empresa MIC Servicios de
Copias, SL, en la que trabajaba Ricardo Romero de Tejada y Pedro García Valero,
son los hermanos Juan Carlos y Fernando Sánchez Lázaro, que fue diputado
regional en la Asamblea de Madrid (1995-1999).
Francisco Granados,
secretario general del PP de Madrid, niega tajantemente que Montes sea una
concejal tránsfuga. "Era la presidenta del partido y con quien firmamos el pacto
de legislatura. En ese partido son dos [Granados se refiere a que este partido
tiene dos concejales]: la presidenta y otro. ¿Quién de los dos representa al
partido? Yo creo que la presidenta. Por lo tanto, ¿quién la echa? ¿El otro
concejal?". Granados explicó que la candidata del PP a la alcaldía de Chinchón
"la semana pasada dejó los cargos directivos de las dos constructoras", si bien
reconoce que aún continúa con las acciones en estas empresas. "No es ilegal
tener acciones en una constructora", añade, si bien reconoce que actualmente las
dos empresas de la futura alcaldesa están levantando dos promociones en el casco
urbano del municipio.
4. LA FAMILIA QUE ESPECULA UNIDA PERMANECE
UNIDA (23/01/06)
De la venta de parcelas incluidas dentro del Plan
General de Ordenación Urbana de Tres Cantos no sólo han salido beneficiados los
tíos y primos de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La inmobiliaria de uno
de sus hermanos, Aguirre Newman, podría haber actuado de intermediaria en esta
operación. "Todo queda en casa". Este podría haber sido el argumento que ha
inspirado los movimientos de la familia de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, en la venta de unas parcelas de terreno afectadas por
el Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos (Madrid).
La inmobiliaria Aguirre Newman,
presidida por Santiago Aguirre, uno de los hermanos de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, podría haber estado detrás de la venta de estos terrenos.
De este forma, se incrementaría el número de personas del entorno de Aguirre
favorecidas por esta operación. Los antecedentes que sostendrían esta tesis se
remontan al 19 de febrero de 2003, dos días después de que se aprobara de forma
provisional el Plan General de Urbanismo de Tres Cantos. Es este día, cuando
Aguirre Newman S.A. solicita al ministerio de Hacienda un certificado catastral
de las fincas propiedad de Desarrollo Inmobiliario Area TC S.L. No pasa por alto
que esta última empresa es propiedad de los tíos y primos maternos de Esperanza
Aguirre.
Fuentes
inmobiliarias consultadas por este medio indican que la maniobra de Aguirre
Newman se enmarca en el paso previo que da cualquier inmobilliaria antes de
implicarse en la compra-venta de suelo. "De haberse producido un acuerdo entre
Aguirre Newman y Desarrollo Inmobiliario, la primera de estas empresas, como
cualquier intermediario, habría recibido su parte proporcional de la venta".
5. CASO
MAJADAHONDA: DOS EX EDILES DEL PP DECLARAN QUE UNA EMPRESA MUNICIPAL RECIBÍA
SOBORNOS 25/01/06
Los dos ediles de
Majadahonda expulsados del PP, José Luis Peñas y Juan José Moreno, ratificaron
ante el juez que un empresario les aseguró que Pammasa, empresa municipal que
gestiona el urbanismo en Majadahonda, recibía
maletines por la permuta de
derechos de edificación que permitía a los empresarios liberarse de construir
vivienda protegida.
El fiscal preguntó a
Peñas por la relación que podía tener la empresa Afar-4, una de las
constructoras que permutó derechos con el Ayuntamiento, con la adjudicación de
los derechos. El concejal respondió que el mismo empresario que le habló de los
maletines le comentó que para él la clave de la adjudicación se
encontraba en que "dos días después de la adjudicación, el alcalde de
Majadahonda, Narciso de Foxá, constituyó una sociedad mercantil con Ignacio
Sánchez Junco". Peñas recuerda que Sánchez fue concejal de Urbanismo de
Majadahonda, redactó su plan general, y trabaja como arquitecto en Afar-4.Los
dos ediles expusieron al juez que habían conocido el procedimiento empleado por
el Ayuntamiento de venta de derechos de vivienda libre por protegida cuando
ambos ocuparon el cargo de concejales, en 2003.
Peñas y Moreno
sostuvieron que la culpa del déficit actual la tiene el haber malvendido el
patrimonio municipal. "Nosotros no sabemos si lo que ha ocurrido es delito o no,
eso le corresponde decirlo a la justicia. Lo único que hacemos es relatar los
hechos que conocemos", comentaron. Peñas también explicó que Pammasa había
obtenido la parcela RN-1 por 7,8 millones. "Nosotros la recuperamos para el
Ayuntamiento y la sacamos a concurso por 48 millones. Eso produjo el
enfrentamiento con el actual alcalde, porque él me dijo entonces que no podía
desprenderse de la parcela porque los derechos ya estaban comprometidos".
De Foxá, sin
embargo, mantiene que la cesión a Pammasa se realizó por ese dinero, debido a
que no es lo mismo la venta a privados que a una empresa municipal para edificar
vivienda protegida.
6. EL ESCOLTA
DE TAMAYO DICE QUE LE PAGÓ UN CONSTRUCTOR AFILIADO AL PP (27/01/06)
José Antonio Expósito, el escolta que protegió a los ex
diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez durante la crisis que
abrieron al desertar de las filas socialistas tras las elecciones autonómicas
madrileñas de 2003 -lo que frustró la formación de un Gobierno madrileño de
izquierdas y propició una nueva convocatoria, que ganó el PP-, ha revelado en un
juzgado que quien le pagó por ese servicio fue el constructor Francisco Vázquez,
afiliado al PP.
En su última
comparecencia ante el juez que le investiga por hacerse pasar por agente del
CNI, Expósito se había limitado a informar de que quien le pagó por dar escolta
a Tamayo fue un constructor cuyo nombre no precisó. El juez le instó a refrescar
la memoria en un plazo de 24 horas y, en una posterior ampliación de su
testimonio, identificó al constructor como Francisco Vázquez. Textualmente dijo
estar "casi totalmente convencido de que el sobre salió del despacho profesional
de Francisco Vázquez". Sin embargo, fuentes próximas al constructor
desmintieron tajantemente este extremo y comentaron que sopesaban el entablar
acciones legales contra el ex escolta de Tamayo por dicha afirmación.
Tanto este
constructor como su sobrino, Francisco Bravo, se han visto relacionados con el
pago de las habitaciones del hotel donde se alojaron los tránsfugas. Ambos
mantuvieron intensos contactos en los días de la crisis con el ex secretario
general del PP en Madrid Ricardo Romero de Tejada.
Por otro lado, el ex
gerente de la Universidad Complutense Dionisio Ramos ha participado en una rueda
de reconocimiento en este mismo procedimiento, ya que había negado conocer a
Expósito. Éste, en cambio, había apuntado a Ramos como la persona que podía dar
cuenta de cómo se gestó su contratación para la vigilancia de Tamayo. Expósito
reconoció sin dudar a Ramos. Éste, sin embargo, precisó que la rueda fue a
instancia suya y que Expósito, que aseguró haberlo visto dos o tres veces, había
tenido que reconocer ante el juez que nunca hablaron. Ramos cree un despropósito
que alguien le vincule con este ex escolta o con una supuesta red de espionaje
financiada por la Complutense.
7. DENUNCIA POR
"PREVARICACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS" A LA CONCEJAL DEL PP EN LATINA,
30/01/06
El PSOE quiere
llevar a los tribunales el "caos administrativo" en el que, a su juicio, está
sumido el distrito de Latina. La concejal socialista Noelia Martínez anunció
que esta misma semana interpondrá una denuncia "por presunta prevaricación
[dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es] y tráfico de
influencias" contra la concejal-presidenta de la Junta, Nieves Sáez de Adana
(PP), a la que acusa de adjudicar contratos a dedo a empresas afines.
Las sospechas de los
grupos de oposición sobre la actuación de la edil del PP en Latina se acumulan.
El pasado octubre fue IU la que denunció numerosas irregularidades en las obras
de demolición parcial del auditorio de Aluche; dos meses más tarde el PSOE
destapó cuatro contratos adjudicados a una empresa, Urbasa, cuyos propietarios
son el hermano y la cuñada de un funcionario, Borja Ballarín, que entonces era
alto cargo de la Junta de Latina y que intervino en el proceso de adjudicación.
La concejal-presidenta no sólo no le disuadió, sino que expresó su interés en
que Urbasa trabajara para la Junta porque, según dijo, conocía a la
administradora de la empresa y le gustaba cómo trabajaba.
Y, de nuevo, PSOE e
IU pidieron explicaciones en la Comisión de Vigilancia de la Contratación por
otro contrato que consideran irregular: la instalación de sendas pistas de hielo
en 2003 y 2004 se encargó, sin concurso ni publicidad previa, a la empresa Sport
Big House, alegando que era la única que podía hacer ese trabajo. "No sólo no es
cierto que esa empresa tuviera la patente exclusiva para instalar pistas de
hielo, sino que resulta sospechoso que la misma concejal [Sáez de Adana], cuando
gestionaba la Junta de Fuencarral en 2000, contratara de la misma forma a la
misma empresa", protestó el edil de IU Julio Misiego. "Sáez de Adana va
trayéndose a todas las empresas que le gustan a trabajar en los distritos donde
el PP la pone de presidenta", remató la socialista Martínez.
El concejal de
Hacienda, Juan Bravo, respondió que el contrato adjudicado a Sport Big House es
"legal", y que las adjudicaciones en las que intervino Borja Ballarín "están
siendo estudiadas como parte del expediente disciplinario" que el Ayuntamiento
abrió el pasado diciembre contra éste y otros tres funcionarios de Latina tras
detectar efectivamente "irregularidades" en algunos contratos.
8. MADRID-CASO MAJADAHONDA: SUBASTA CONTRA EL
INTERÉS PÚBLICO, 30/01/06
Un informe pericial del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (COAM) ha concluido que la empresa pública Patrimonio
Municipal de Majadahonda (Pammasa) valoró indebidamente la venta de derechos de
edificación de vivienda libre en una subasta. Esta operación supuso un quebranto
patrimonial de “como mínimo” 19,1 millones € (3.178 millones de pesetas).
La Junta de Gobierno
del COAM designó el 23 de mayo de 2005 al arquitecto perito Frederic Armengol
Martín para que valorara los derechos de edificación de vivienda libre
subastados por Pammasa en el año 2003. Entonces, el presidente de la sociedad
era Narciso de Foxá, alcalde de la localidad en representación del Partido
Popular.
El Colegio de
Arquitectos ha realizado el informe a petición del grupo socialista en el
Ayuntamiento majariego, que denunció ante la Fiscalía del Estado lo que
consideraba un fraude a las arcas públicas que valoró en 30 millones €, como
recuerda a M2 Ricardo Núñez, portavoz del PSOE de Majadahonda. En 2003, Pammasa
subastó los derechos de edificación de vivienda libre que poseía en terrenos del
sector urbanístico conocido oficialmente como “Area de oportunidad”, las
parcelas RO-11, RO-13 y RO-14.
Los precios de venta
que aprobó la empresa pública, tal y como se lee en el quinto punto del informe
pericial, “fueron de 312,53 € por metro cuadrado en un caso, 291,03 € por metro
cuadrado en otro caso y 330,48 € por metros cuadrado en cuatro casos”.
Por eso, llega a la conclusión siguiente: “El mayor de
los precios del concurso-subasta (330,38 € por m2) resulta ser más de tres veces
y media inferior de lo que aquí se ha calculado como diferencia de valor del
suelo (1.176,92 € por m2). Es decir, Pammasa pudo haber obtenido con normalidad
un valor total de venta de casi el cuádruple del importe ingresado”. El COAM
precisa en este informe fechado el 10 de enero: “La distancia entre valores es
tan grande que sería capaz de absorber cualquier imprecisión que pudiera haberse
cometido en las apreciaciones del presente dictamen”. ¿Qué significa esto? Que
el margen de error entre lo que dice el perito y la realidad no es apreciable.
Frederic Armengol
Martín señala, también, que “si se considerase el total de derechos de
edificación transferidos (unos 22.364 m2 de techo edificable), la
pérdida económica para el patrimonio municipal ascendería, como mínimo, a más de
19,1 millones € (más de 3.178 millones de pesetas) en valor del año 2003”. Estas
conclusiones están precedidas de un conjunto de explicaciones técnicas
pertinentes que conforman un sólido argumentario que conduce a la exposición
final.
Explica que la
subasta de Pammasa “se refería al derecho a edificar una determinada cantidad de
viviendas de régimen libre, pero no en las mismas parcelas originarias, sino en
otras propiedad de los adjudicatarios del concurso o subasta, en las cuales
estos debían construir, en principio, por imperativo del planteamiento,
viviendas en régimen de protección pública”.
9. CARGOS MUNICIPALES DEL PP DE LAS ROZAS RECOGEN
FIRMAS CONTRA EL
ESTATUT
(02/02/06)
En el ayuntamiento madrileño de Las Rozas,
gobernado con mayoría absoluta por el Partido Popular, dos trabajadores y
militantes de ese partido han estado recogiendo firmas contra el Estatuto
catalán entre los trabajadores municipales. El PSOE ha denunciado el hecho, que
considera especialmente grave porque la mayoría de trabajadores son eventuales y
se sienten coaccionados ante la petición. El PP lo niega.
Una de las personas que recogía firmas es un cargo
de libre designación, es decir, un cargo de confianza del alcalde, Bonifacio de
Santiago. El otro es un administrativo laboral, y ambos son conocidos militantes
del Partido Popular en el ayuntamiento de las Rozas. La recogida de firmas se
realizó durante la jornada laboral a los trabajadores que en ese momento se
encontraban en sus puestos de trabajo.
Según denuncia el PSOE, los hechos son “graves” porque estas prácticas son
“antidemocráticas y caciquiles”. En ese municipio el 60% del personal está en
situación laboral eventual, por lo que se han sentido “violentados, presionados
e intimidados” ante la petición de poner su firma contra el
Estatut, tal como nos explicaba el
portavoz del PSOE en Las Rozas, Ramón Moreda, quien dice haber recibido quejas
de los trabajadores.El Partido Popular niega que haya habido ninguna denuncia. Según fuentes
municipales de Las Rozas, "nadie ha dado ningún nombre ni nadie ha puesto nada
por escrito", y todos este asunto no es más que "pura charla y cotilleo internos
de las empresas". Estas fuentes se preguntan, en una nota de prensa, si lo
verdaderamente "caciquil" no es lo que pretende el PSOE, es decir, impedir este
tipo de relaciones entre los trabajadores. Aclaran que los concejales "tienen
instrucciones de no solicitar la firma a los trabajadores" para no intimidarlos,
pero que "los particulares sí pueden, a título individual, soclicitar la firma
por la convocatoria de un referéndum". El PP "va a poner mesas solicitando las
firmas en los centros y lugares públicos del municipio" para recoger firmas a
favor del referéndum contra el Estatuto catalán.
10. AGUIRRE DESAFÍA AL MINISTERIO DE FOMENTO AL SACAR
A CONCURSO EL ANTEPROYECTO DE LA M-50 Y DE LA RADIAL 1 (03/02/06)
El Gobierno regional
de Esperanza Aguirre ha decidido desafiar al Ministerio de Fomento y seguir
adelante con sus planes de asumir la construcción del último tramo de la M-50 y
la radial 1 (R-1), autopista de peaje que discurrirá paralela a la autovía de
Burgos (A-1). El Consejo de Gobierno aprobó la adjudicación, por 1,1 millones,
de la redacción de los anteproyectos de obra, sólo dos semanas después de que el
Consejo de Ministros le advirtiera de que no tiene competencia para hacerlo.
Los anteproyectos
estarán elaborados en tres meses. El Ministerio de Fomento, sin embargo, matizó
horas más tarde que él ya ha sacado a información pública el estudio de la R-1 y
ha ordenado hacer otro para el último tramo de la M-50. Fomento también subrayó
que expertos de ambas administraciones se han reunido en cuatro ocasiones -el 22
de julio, el 21 de septiembre, el 4 de noviembre y el 16 de diciembre de 2005-
para establecer las necesidades de carreteras en la región.
La formación de este
grupo de expertos fue acordada el pasado 20 de mayo en una reunión mantenida
entre la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y la presidenta regional,
Esperanza Aguirre. Para , según Fomento, estaba prevista una nueva reunión, que
"ha sido aplazada hasta la próxima semana, a petición de la Comunidad de
Madrid".
La versión del
Gobierno regional es otra. La ofreció Ignacio González, vicepresidente primero
de la Comunidad, al señalar que el Ejecutivo de Madrid se ha visto obligado a
llevar adelante los proyectos de la M-50 y la radial 1 porque "son necesarios
para los madrileños" y para "las comunicaciones en la región". González también
lanzó un reproche al Gobierno central, del que dijo que "intenta paralizar" las
nuevas infraestructuras. Recordó que ambos proyectos formaban parte del Plan de
Infraestructuras del anterior Gobierno central del PP, y que el actual del
socialista José Luis Rodríguez Zapatero las retiró "con su afán de eliminar todo
lo que representara al PP".
11. AGUIRRE
PREFIERE IR A UN ACTO DEL PP EN MÓSTOLES Y REHÚSA ASISTIR A LA FIRMA DE LA LEY
DE CAPITALIDAD CON ZAPATERO (07/02/06)
El acuerdo de la Ley
de Capitalidad no contó con la firma de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, sino con la del vicepresidente Ignacio González. La jefa del
Ejecutivo regional decidió no asistir al acto oficial de presentación de la
futura ley, convocado para por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y que tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa, a la que si acudió el
alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.
Escudándose en un
acto del PP en Móstoles, la presidenta dejó en manos de González la
representación de la Comunidad de Madrid. Fuentes cercanas a la presidenta
explicaron que ésta considera que se ha hecho ya suficientes fotografías en
compañía del presidente del Gobierno. Ambos acudieron recientemente a la
inauguración de la nueva terminal del aeropuerto de Barajas, y también a la
presentación de la Operación Campamento, también presidida por Rodríguez
Zapatero.
12.AGUIRRE TACHA A ZP DE “RADICAL” (14/02/06)
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, se siente decepcionada por el presidente del Gobierno al que
tacha de radical: : “A mí me engañó, me parecía un político socialdemócrata, el
Tony Blair a la española, que era españolista, que no era resentido y resulta
que se ha convertido en un político radical, al que presentan en los congresos
socialistas europeos como el más izquierdista de toda Europa”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
preguntada sobre su posición política respecto al Gobierno central añadía: “El
Gobierno de la nación es un gobierno socialista y radical, que además se ha
apartado del consenso constitucional; y el Gobierno de la Comunidad de Madrid es
un gobierno del PP, liberal, centrista y que no pretende en absoluto convertirse
al socialismo radical”. Tras reconocer que Zapatero la ha “engañado” ya que
ella creía que iba a ser el Tony Blair español, Aguirre añade: “se ha convertido
en un político radical. Acusa también al Presidente de haber roto el consenso
constitucional y apunta “ha decidido pactar la estructura de España con unos
señores que no quieren ser españoles”.
Sobre la política antiterrorista del Gobierno, la Presidenta de la Comunidad
afirma: “El presidente ha cambiado radicalmente, no me parece serio”. “Pasa de
ser el proponente del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo a
dedicarse a hacer gestos a los etarras”. Según Aguirre, “La paz significa libertad, que las víctimas sean reconocidas y
que los terroristas pidan perdón”. “Lo de mendigar a ETA no es serio”. “ETA con
la ley en la mano y solo con la ley está vencida, sería paradójico que ahora
fuéramos a darles la razón”. Esperanza Aguirre defendió también su decisión de
modificar algunos aspectos incluidos en la Ley del Antitabaco y afirmó que
aunque está de acuerdo con el “espíritu” de esa ley cree que hay que ser
“racionales” ya que “Los fumadores tienen dignidad y tienen derechos, siempre
por debajo de los derechos de los no fumadores”.
13. AGUIRRE
DEJA SIN AYUDAS A LA INMIGRACIÓN A 25 DE LOS 36 MUNICIPIOS CON MÁS EXTRANJEROS
(14/02/06)
La Comunidad de
Madrid incumplió en 2005 el convenio que firmó con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y por el que recibió 27,7 millones € para programas de acogida
e integración de inmigrantes. El acuerdo obligaba a la Comunidad a destinar la
mitad del dinero a los municipios con "mayor presión migratoria". Ésta, sin
embargo, excluyó de las ayudas a los municipios con menos de 1.000 extranjeros
empadronados, lo que ha dejado sin dinero a 25 de los 36 municipios con mayor
porcentaje de población extranjera de la región.
El convenio, firmado
el pasado 4 de octubre entre el ministro Jesús Caldera y Aguirre, aportó a la
región 27,7 millones "para programas de educación, acogida e integración de
inmigrantes". La Comunidad, por su parte, se comprometió a aportar 8,3 millones
con cargo a sus presupuestos.
En su artículo 4, el
convenio establecía: "La Comunidad de Madrid se compromete a derivar a las
corporaciones locales de su territorio con una mayor presión migratoria el 50%
de la aportación que realiza el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales". Un
mes más tarde, el Consejo de Gobierno regional estableció las condiciones por
las que los Ayuntamientos podían acceder a estas ayudas. Entre ellas hay una que
está en el origen de la polémica: la exclusión de los municipios con menos de
1.000 inmigrantes empadronados.
"No hay ninguna
justificación para excluir a unos municipios que muchas veces son los más
necesitados para hacer frente al aumento de la inmigración", denuncia Contreras.
"El convenio habla de las corporaciones locales con mayor presión migratoria y
eso debe calcularse con los porcentajes de extranjeros sobre población total",
añade.
La decisión del
Gobierno regional ha impedido que 108 de los 179 municipios de la región puedan
optar a las ayudas. Entre ellos, destacan los 25 que se sitúan entre los 36 de
la región cuya población inmigrante supera la media regional, que el 1 de enero
de 2005 se situaba en el 14,36%. La Consejería de Inmigración defiende los
criterios exigidos a los Ayuntamientos: "En caso contrario, muchos municipios
con menos de mil inmigrantes habrían recibido una cifra ridícula, ya que la
parte gestionada por los ayuntamientos era de 17 € por inmigrante", explicó el
secretario general técnico de Inmigración, Manuel Pérez.
Desde los
ayuntamientos, sin embargo, se afirma que "el proceso de concesión de las ayudas
ha sido caótico", según la concejal de Bienestar Social de Fuenlabrada, María
Luisa González. "Todo se ha hecho deprisa y corriendo. Primero nos pedían que
aportáramos el 30% del proyecto. Luego el 20% y más tarde el 10%. Al final, ya
daba igual, te daban la ayuda de todas formas", explica González. "La impresión
que daba es que la Comunidad se había despertado tarde y que luego no sabían que
hacer con el dinero ".
14. TELEMADRID
ENCARGA UNA SERIE DE REPORTAJES POLÍTICOS A 'EL MUNDO' (18/02/06)
Telemadrid (del PP)
ha encargado una serie de documentales de carácter político a la empresa Canal
Mundo Producciones Audiovisuales, la productora del diario
El Mundo.
Estos reportajes abarcan asuntos tan controvertidos como el
caso Bono, la
negociación con ETA, la
kale borroka, la violencia en el fútbol y la
unidad de España, según los datos aportados por los socialistas, que han
revisado en el Consejo de Administración los términos del contrato suscrito
entre la cadena y la productora. Según los mismos datos, este paquete -compuesto
por seis documentales- tiene un coste global de 249.000 €.
Los consejeros del
PSOE pidieron en la reunión del Consejo de Administración de Telemadrid
explicaciones al director general, Manuel Soriano, en torno a estos reportajes.
Los socialistas califican de "inaceptable" el "sesgo ideológico en la
contratación", que se apoya en "la estrategia política del PP". Para el
consejero socialista Mario Salvatierra, esta adjudicación agudiza el "alto
voltaje político de Telemadrid, la televisión más ideologizada y que más deforma
la realidad a favor del PP". La dirección de la cadena mantiene que los trabajos
encargados a la productora de
El Mundo son "una pequeña parte" del
"ambicioso plan de producción de documentales aprobado a finales del año pasado,
que abarca entre 50 y 60 horas", explicó el director de Antena, Javier Caballé.
El directivo de
Telemadrid cita el caso del trabajo sobre las claves del 23-F, producido por
Sarmata y dirigido por Jesús Palacios. Se difundirá el próximo jueves y ha
costado 89.900 €, según el PSOE. O el recientemente emitido sobre la torre
Windsor (101.700 €), a cargo de Transglobe. Del documental sobre ETA en el que
trabaja El Mundo TV, Caballé afirma que se trata de un contrato que está en fase
de guión.
15. EL CONSEJO DE ESTADO DESAUTORIZA EL PLAN DE AGUIRRE AL CONSTRUIR
CARRETERAS QUE CON COMPETENCIA DEL ESTADO (23/02/06)
El Consejo de Estado dará la razón al Ejecutivo
central en la polémica que mantiene con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y
fallará que la competencia para construir el cierre norte de la M-50 y la R-1 es
del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El Ministerio de
Administraciones Públicas, que preside Jordi Sevilla, presentó hace algunas
semanas una petición para que el Consejo de Estado emitiera un dictamen, tras la
decisión del Consejo de Ministros de plantear conflicto de competencias después
de que la Consejería de Transportes pusiera en marcha el procedimiento
burocrático para iniciar la construcción de estas dos carreteras. El Gobierno
regional aprobó la convocatoria de los concursos de consultoria y asistencia del
anteproyecto para realizar estas obras. Posteriormente, el Consejo de Gobierno
adjudicó la redacción del proyecto, que actualmente está en fase de redacción.
El objetivo era que las máquinas pudieran entrar a trabajar en el verano.
El Consejo de Estado
contestará a Administración Territorial que existen fundamentos jurídicos para
mantener el requerimiento. Los dictámenes de este órgano no son vinculantes,
pero el Gobierno central y los autonómicos suelen hacer caso a las resoluciones
de esta institución del Estado. Además de los cargos elegidos por los órganos
democráticos, sus letrados y abogados están considerados como los más
prestigiosos de España.
Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho en varias ocasiones que haría la
R-1 y la M-50 aunque lo trate de impedir el Gobierno de España. “En 25 años de
Estado de las Autonomías, jamás se ha enviado un requerimiento a una comunidad
autónoma por hacer una carretera que transite exclusivamente por su territorio y
que se vaya a sufragar con fondos de los madrileños”, ha explicado en varias
ocasiones.
16. EL JUEZ
ARCHIVA LA PRIMERA QUERELLA POR SEDACIÓN EN LEGANÉS Y ALABA AL MÉDICO EN CONTRA
DE LA VERSIÓN DEL CONSEJERO LAMELA (25/02/06)
El Juzgado de
Instrucción 3 de Leganés ha archivado la primera querella presentada por el caso
de las supuestas sedaciones irregulares del hospital Severo Ochoa de Leganés
(Madrid). La querella archivada sostenía que el médico Andrés B. A. cometió un
supuesto homicidio imprudente por negligencia profesional al aplicar una
sedación no indicada al paciente Cándido P. I., de 78 años.
El juez entiende que
"hay una falta absoluta de indicios" de criminalidad en el caso y que la
actuación del médico fue "correcta, adecuada" y acorde con los cánones de la
ciencia médica. Añade que el paciente llegó al hospital en una situación
agónica, y que, dada su gravedad, no aplicarle sedación podía resultar incluso
"inhumano". El juez llega a estas conclusiones valiéndose de los informes
periciales y testimonios que ha recabado durante la instrucción. Y zanja que,
"sin lugar a ningún tipo de duda, el querellado obró en todo momento con arreglo
a la lex artis y su conducta fue ajena a cualquier tipo de negligencia
profesional" tanto en la adecuación del tratamiento como en la decisión de optar
por la sedación del paciente.
La Consejería de
Sanidad de Madrid, que dirige Manuel Lamela, consider en su día que este era un
de los casos más claros de sedación contraindicada a un paciente de Leganés y
utilizó el caso en su denuncia contra los médicos del hospital. La querella
archivada por el Juzgado de Instrucción 3 afecta únicamente a este paciente.
17. DIMITE EL
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DE VALDEMORO (PP) TRAS UNA SUPUESTA FALSIFICACIÓN
(03/03/06)
El concejal de
Personal y Deportes y primer teniente de alcalde de Valdemoro, Juan Fernández
Humanes, del PP, presentará en un pleno extraordinario su renuncia al cargo,
tras hacerla oficial en el registro general del Ayuntamiento, alegando
"problemas de salud". Apuntó que las causas de la renuncia podrían deberse a un
presunto delito de falsificación de documento oficial y tráfico de influencias.
Según este
periódico, un hijo de Fernández Humanes ingresó en el Instituto Superior de
Estudios de Seguridad (ISES) para formarse como policía local sin disponer de un
requisito de admisión imprescindible: contar con el permiso para conducir
motocicletas con al menos dos años de antigüedad. El joven se encuentra inscrito
actualmente en una autoescuela de Valdemoro. Fuentes consultadas por el diario
destacan que presentó ante el ISES una fotocopia del carné compulsada por el
Ayuntamiento.
El alcalde, José
Miguel Moreno, ha abierto una investigación y ha solicitado al presidente del
tribunal que realizó las pruebas un informe. Moreno adelantó que, pese a no
tener en su poder el informe solicitado, los técnicos le han dicho que, "con
arreglo a las bases de la convocatoria de la oposición, todo el procedimiento
parece estar acorde con las mismas". Con la reestructuración del Ejecutivo, son
10 los concejales que cambian de cartera. La primera tenencia de alcaldía, hasta
ahora en posesión de Juan Fernández Humanes, pasará a depender de Isabel Martín
Gregorio. Se une al equipo de gobierno Dionisia Díaz Cámara,
número 15 en
la lista del PP.
18. CIENTOS DE
MANIFESTANTES CORTAN LA GRAN VÍA EN PROTESTA CONTRA LOS PARQUÍMETROS (04/03/06)
Vecinos de varios barrios
afectados por la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) se
manifestaron en la plaza de la Villa. La protesta, en la que participaron
cientos de personas, se desplazó a la Puerta del Sol (donde hubo algunos
altercados leves con la policía), siguió por la calle de la Montera y terminó en
la Gran Vía, donde los vecinos cortaron el tráfico media hora. Pretendían ir a
la sede del PP, en la calle de Génova, pero la policía los disuadió. La
Delegación del Gobierno, igual que en días anteriores, sancionará a un número no
precisado de participantes en la marcha no autorizada.
Dos semanas después
de que se iniciasen las protestas vecinales por la ampliación de la zona
regulada por parquímetros, el centro de la ciudad sufrió la primera
manifestación conjunta de los residentes en Carabanchel, Hortaleza y Fuencarral.
A la protesta se unieron concejales del PSOE (Óscar Iglesias y Manuel
García-Hierro, entre otros) y de IU (Inés Sabanés y Julio Misiego). Los
convocantes, que carecían del preceptivo permiso de la Delegación del Gobierno,
aseguran que lograron concentrar a más de 2.500 personas, mientras que el
Ayuntamiento redujo la cifra a poco más de 450. Fuentes policiales calculan que
el número de manifestantes no sobrepasó el medio millar.
La marcha comenzó en
la plaza de la Villa, sede del gobierno municipal. En medio de gritos como
"Mírala ahí está, la cueva de Alí Babá", los participantes silbaban y lanzaban
insultos cada vez que alguien desde el edificio descorría las cortinas. "Mi
madre vive en el barrio del Pilar y su calle está pintada entera de azul; este
Ayuntamiento va a hacer que no pueda visitarla", protestaba una vecina de
Aravaca. "Como él no se digna a venir [el alcalde], hemos venido nosotros",
explicaba un manifestante. Pero el regidor no estaba en el Ayuntamiento: el PP
celebraba una convención en el recinto ferial de Ifema, y él era uno de los
ponentes. Ignorantes de ese hecho, y al grito de "¡A Génova!", cientos de
manifestantes enfilaron la Calle Mayor hacia la Puerta del Sol. "¡Vosotros los
ponéis [los parquímetros], nosotros los quitamos!", coreaban. "No van a
aburrirnos. Vamos a protestar cada día hasta que nos los quiten", explicó Félix
Escudero, un vecino de Carabanchel.
19. MILES DE
PERSONAS SALEN EN DEFENSA DE LOS MÉDICOS DE LEGANÉS
(04/03/06)
Unas diez mil
personas se manifestaron por las calles de Leganés (Madrid) en defensa de los
médicos del hospital Severo Ochoa y en contra del consejero de Sanidad de
Madrid, Manuel Lamela. Manifestantes y líderes políticos y sindicales pidieron
la destitución de Lamela porque ninguna de las acusaciones vertidas contra los
facultativos por aplicar sedaciones irregulares ha sido demostrada cuando se
cumple un año del inicio de la crisis.
El abogado Miguel
Muga, de 49 años, acusó "a los gobernantes de montar una batalla política contra
la sanidad pública". El abogado recordó los días en que su padre estuvo
ingresado en el hospital y la "adecuada información" que recibió. "Lo sedaron,
pero ya estaba en el final. Le dieron unos últimos días de vida que pudo vivir
con dignidad", afirmó.
Trabajadores del
centro y vecinos cantaron: "¡Que lo detengan! ¡Lamela, mentiroso, malvado,
peligroso, no para de manipular!". Estos trabajadores recordaron que la única
resolución judicial habida hasta el momento ha exculpado a los médicos e incluso
ha alabado su actuación.
20. UNA
AUDITORÍA REVELA QUE UNA FUNDACIÓN DEL PP FALSEÓ EL RESULTADO DE UNAS
SUBVENCIONES
(04/03/06)
El Grupo Municipal
Socialista acusó al Ayuntamiento de Madrid de hacer caso omiso de las presuntas
irregularidades que una consultora halló en la documentación con la que la
Fundación Humanismo y Democracia (FHD), del PP, justificó las subvenciones
municipales a dos proyectos de ayuda al desarrollo en República Dominicana. En
uno de ellos, FHD acreditó haber construido 70 viviendas para los damnificados
del huracán Georges. La consultora constató que faltaban 24 por hacer. En el
expediente municipal no hay a día de justificación de que estén hechas.
El proyecto 02691651
de construcción de 70 viviendas en Don Juan, Monte Plata, recibió en 2002 una
subvención de 329.924 €, según consta en el expediente municipal. El pasado
abril, la consultora UTE GPI Consultores DBF Audifor emitió un informe en el que
concluía: "Consideramos que la ONG ha falseado los datos del informe final y que
éstos no se corresponden con lo realmente realizado".
La auditora asegura
que "la ONG afirma en el informe final", donde justificaba los gastos de las
ayudas municipales para sus proyectos, que las viviendas "pudieron ser
finalizadas dentro del plazo previsto". Pero la auditora constató en una visita
el 6 de diciembre de 2004, que "faltaban 24 viviendas por finalizar". Para
justificar esta situación, FDH envió al Ayuntamiento, como le obliga la
normativa, un documento de alegaciones, de 5 de julio, en el que afirma:
"Después de la presentación del informe final, todas las previsiones realizadas
por la contraparte en relación con el proyecto se han visto afectadas por una
serie de circunstancias, que nos impiden afirmar que en día el proyecto en su
conjunto está finalizado al 100%".
Según la Cámara de Cuentas, Fundejur duplicó operaciones
porque incluyó en su fondo administrativo -con el que se pagan gastos corrientes
como las nóminas- gastos de otros fondos y, entre ellos, los que procedían de
las subvenciones del Ayuntamiento de Madrid por importe de 26.760 €.
21. UN ESTUDIO
EDITADO POR EL CONSEJO ECONÓMICO PLANTEA PAGAR POR ACUDIR A LA SANIDAD
PÚBLICA (08/03/06)
Un informe publicado
por el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid propone que
los usuarios de la sanidad pública asuman parte del coste de la asistencia que
reciben en la sanidad pública. El informe sostiene que así se controlaría el
gasto sanitario, ya que "los pacientes, como cualquier usuario de un servicio,
gastan más de lo necesario cuando no tienen que pagar nada", según su autor.
CC OO critica que el
CES se haya convertido en "un altavoz de las políticas neoliberales y sólo
promueva iniciativas de privatización de servicios públicos". Comisiones Obreras
considera que el contenido del estudio no es criticable en sí -"puede ser un
punto de vista más en un debate"-, pero rechaza la gestión del presidente del
CES, Francisco Cabrillo Rodríguez. El Consejo Económico y Social es un órgano
consultivo dependiente del Gobierno regional en sus políticas. "En los últimos
meses, todas las iniciativas del CES han ido en el mismo sentido: promover las
políticas más neoliberales que defiende la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, que ha convertido este organismo en un altavoz de su causa", afirma
Jaime Cedrún, consejero del CES por CC OO. Este sindicato y UGT critican que los
dos estudios publicados por el CES en una nueva revista "sólo versen sobre las
privatizaciones y el pago por parte de los ciudadanos de los servicios
públicos". "¿No debe el CES promover el debate? ¿Dónde están los estudios
favorables a la extensión de los servicios públicos?", se preguntan.
El estudio que
propone el pago por los ciudadanos de parte del coste de la asistencia que
reciben en la sanidad pública tiene el título de
Ganar en responsabilidad
sanitaria. Su autor es Pablo Vázquez Vega, profesor de Economía en la
Universidad Complutense y asesor del ex presidente del Gobierno del PP, José
María Aznar. Vázquez también fue subsecretario del Ministerio de Sanidad en el
último Gobierno de Aznar. Vázquez considera que "hay que cambiar las reglas del
juego" en la prestación de los servicios públicos. "Decir que la sanidad
necesita más recursos es mirar el problema sólo en el corto plazo. Hay que ver
cómo pueden gastarse estos recursos con mayor equidad y eficiencia", añade.
Por su parte, la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, expresó esta misma idea en diciembre de
2003, poco después de jurar el cargo. Preguntada sobre la necesidad de control
del gasto sanitario, Aguirre afirmó: "Mi teoría de [que] a coste cero, demanda
infinita es cierta. Y habrá que poner algún paliativo".
22. INHABILITADO EL EX ALCALDE DE TORRELAGUNA
(08/03/06)
La Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al ex alcalde de Torrelaguna,
el popular Jacinto Llamas, a 12 años de inhabilitación especial por dos delitos
de prevaricación. El Tribunal considera como hechos probados que el ex regidor
y los cuatro ediles -que accedieron al cargo en junio de 1995- “tensaron” las
relaciones con la secretaria interventora del Consistorio, Isabel G. M, que ya
ejercía el cargo desde 1992.
En septiembre de
1995 Jacinto Llamas comenzó a ejercer acciones encaminadas a que la funcionaria
“no formara parte de la mesa de contratación de una auditoría financiera de los
años 1991 a 1995”. La sentencia señala que “en esta situación de enfrentamiento,
se incluyó en el orden del día del Pleno del 27 de octubre de 1995 una propuesta
del grupo político al que pertenecían los acusados de reducir en un 90% el
complemento específico establecido para el puesto de Secretario Municipal”. De
este modo Isabel G. M. vio reducidos sus emolumentos a 139 € mensuales, frente a
los 1.395 que ganaba hasta entonces. Dicho acuerdo fue anulado por la sección
sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, el 8 de julio de 1997, “que ordenó además la satisfacción de
las retribuciones dejadas de percibir, que no fueron abonadas a la querellante
hasta abril de 1999”.
Por otra parte, la
Sala considera probado que el 1 de diciembre de 1995 Llamas decretó la incoación
de un expediente disciplinario contra la secretaria, imputándola dos faltas muy
graves y dos faltas graves, “acordando con la misma fecha la suspensión
preventiva de empleo a partir del 4 de diciembre siguiente”. Esta sentencia es
idéntica a la dictada en marzo de 2003 por la sección primera de la Audiencia
Provincial y que fue anulada por el Tribunal Supremo el 28 de abril de 2005.
23. LA LÍNEA 9
DE METRO SE INAUGURÓ CON RIESGO PARA LOS USUARIOS, SEGÚN EL JEFE DE OBRAS DE
GALLARDÓN (08/03/06)
La ampliación de la
línea 9 de metro, la primera y única adjudicada en régimen de concesión a un
grupo de empresas, fue realizada con materiales defectuosos "para ahorrar
dinero", y su inauguración en 1999 -siendo presidente el alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón- pudo degenerar en una "catástrofe". Lo dice Manuel Melis -
entonces era director regional de Infraestructuras y ocupa un puesto equivalente
en el Ayuntamiento- en un informe en el que asesora al alcalde de Málaga sobre
la ampliación de su red de metro. El informe fue redactado por Melis y enviado
al alcalde de Madrid el pasado 29 de enero para que éste, "en su caso", lo
enviara al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del PP, que había pedido
consejo a Ruiz-Gallardón sobre cómo ampliar dos líneas de metro.
Tras las
consideraciones técnicas, el informe se centra en "los peligros de las
concesiones a precio cerrado", aquellas en las que la Administración paga un
precio a la empresa privada para que ejecute la obra y le advierte de que no
puede sobrepasar el presupuesto fijado. La consecuencia, dice Melis, es que,
como el proyecto casi siempre se encarece, la empresa acaba ahorrando costes a
costa de la seguridad. "No debería hacerse ninguna obra pública a precio
cerrado, y menos aún si son subterráneas", señala. La construcción y explotación
del tramo ampliado de la línea 9 fue adjudicada a varias empresas por 32 años.
Para explicar lo
cara, a la larga, que puede salir esa fórmula, Melis pone el ejemplo de la obra
de ampliación de la línea 9. Inaugurada en abril de 1999, en vísperas de las
elecciones autonómicas, es, de todas las obras del metro acometidas por
Ruiz-Gallardón en sus ocho años de presidente, la única que se hizo por el
método de concesión con precio fijo a una empresa. "Las instrucciones que se
dieron al concesionario es que de ninguna forma y bajo ningún concepto se podía
sobrepasar el presupuesto ni el plazo". "El resultado", dice Melis, "fue un
desastre". "Para ahorrar dinero", subraya el coordinador general, la empresa usó
"traviesas del AVE que tenía sobrantes", y que resultaron más estrechas que el
ancho de vía del metro, algo "extraordinariamente peligroso para la circulación
de los trenes". Por eso, "una vez terminados los trabajos", el Gobierno regional
tuvo que cambiar miles de piezas, pagando el sobrecoste de su bolsillo.
Todas estas
deficiencias las descubrió el propio Melis "meses antes" de que la línea se
pusiera en servicio, y "todas se subsanaron". Los trabajos de ampliación de la
línea 9 no habían sido dirigidos por la Dirección General de Infraestructuras,
que él encabezaba, sino por la de Carreteras. A última hora, Melis se hizo cargo
del proyecto, detectó los fallos en la construcción y ordenó arreglarlos. Pero
hubo algo que no detectó, y que cuenta en el informe: "Para ahorrar dinero se
diseñaron unos anclajes de los postes de catenaria endebles y baratos. Como
consecuencia, a las tres semanas de entrar en servicio la línea se con cinco
postes sobre la vía, con la catenaria en servicio". El texto subraya: "En ese
momento no pasaba ningún tren, que hubiera sido una catástrofe si la línea
eléctrica le cae encima, con todos los pasajeros electrocutados".
24. LA OFERTA
DEL AMIGO DEL CONCEJAL DEL PP PEDRO CALVO PARA GESTIONAR LOS PARQUÍMETROS ERA LA
MÁS CARA (10/03/06)
Se ha conocido que una de las empresas
adjudicatarias del servicio de parquímetros tiene de apoderado a Juan Manuel
Casares, ex alto cargo del PP gallego y amigo del edil madrileño. El gobierno
municipal reconoce que Hixienes, la empresa de Casares, no tiene experiencia en
la gestión del aparcamiento de pago, pero subraya que concurrió al concurso
asociada con Sufi S.A. y que es a la unión de ambas a quien se le adjudica el
contrato (144 millones en 11 años). Además, la concejalía sostiene que no puede
"vetarse" a una empresa porque su dueño conozca a un concejal.
De las cinco
empresas que acudieron el pasado noviembre al concurso público para gestionar
una de las zonas del servicio de estacionamiento regulado (SER), la que presentó
una oferta económica con el importe más alto fue la unión de empresas (UTE)
formada por Sufi e Hixienes. El apoderado de Hixienes es Juan Manuel Casares, ex
diputado del PP gallego y amigo y compañero del concejal Pedro Calvo en Nuevas
Generaciones del PP hace una década. Aun así, el Ayuntamiento escogió esa UTE
por delante de otras al dar mayor importancia a los aspectos técnicos, más
subjetivos. Además, el director general de Movilidad, Javier Conde, está
vinculado con Casares por su antigua pertenencia a Nuevas Generaciones.
La polémica por la
adjudicación de la gestión de los parquímetros va engordando como una bola de
nieve en caída libre. El representante de Hixienes, Juan Manuel Casares, está
vinculado con el concejal de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Pedro Calvo.
Son amigos de la época en que Calvo ocupaba la presidencia nacional de Nuevas
Generaciones y Casares era presidente de la organización política juvenil en
Galicia. La propuesta económica de la UTE Sufi-Hixienes para acceder a la
gestión de los parquímetros en ocho barrios del sur y el casco histórico de
Carabanchel (zona VI) era la que pedía más dinero en su oferta económica:
13.562.584 euros anuales (441.710 euros más que la oferta más baja, la de
Setex-Urbaser). Sufi-Hixienes era también la que más plazas de aparcamiento
ofrecía: 29.118, es decir, 541 plazas más que la siguiente.
La oferta económica
suponía sólo el 15% de la puntuación total, frente al 85% de los criterios
técnicos, según se explica en el pliego de condiciones del concurso. Y las
ofertas económicas de las cinco empresas que concurrían recibieron la misma
puntuación: 15 puntos sobre 15. Las diferencias llegaron en la parte técnica: la
UTE formada por Api, grupo Vinci y Etralux se alzó con 73 puntos sobre 85; en
segunda posición quedó la UTE Sufi-Hixienes (72 puntos); y a continuación Eysa
(71 puntos), Dornier (63,5 puntos) y Setex-Urbaser (52,5 puntos). Las dos
últimas se quedaron sin contrato.
25. MANIPULACIÓN EN TELEMADRID. LOS TRABAJADORES
DE LA CADENA AUTONÓMICA SE NEGARON A FIRMAR EL REPORTAJE SOBRE EL 11-M
(11/03/06)
El órgano que
representa y defiende a los periodistas de Telemadrid frente a las decisiones de
la empresa, el Consejo de Redacción, se desmarcó del reportaje especial sobre
los atentados del 11 de marzo emitido el pasado jueves bajo el título
Las
sombras del 11-M. Los trabajadores de la cadena autonómica que colaboraron
en la emisión de ese programa se negaron expresamente a aparecer en sus títulos
de crédito, según un comunicado emitido por ese órgano.
El documental, que
siembra dudas sobre la autoría de la matanza y una supuesta vinculación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se emitirá en IB3, la televisión
autonómica balear. El Consejo de Redacción explica que la única firma que
apareció en los títulos fue la de Luis del Pino, colaborador habitual de
Libertad Digital, la publicación de Internet que dirige el locutor de la
cadena Cope Federico Jiménez Losantos. "La única vinculación de este señor con
Telemadrid es el contrato que se le ha hecho -y bien pagado- para la realización
de este programa especial", dice la nota de los representantes de la redacción,
que rechazan "la actual política de contratación externa con productoras
privadas para la realización de programas informativos especiales políticamente
comprometidos".
Las críticas se
suman a las de los trabajadores de Radio Televisión Autonómica de Madrid,
Telemadrid y Onda Madrid. "Las insinuaciones sobre la implicación de los cuerpos
de seguridad del Estado en la trama del atentado terrorista del 11-M, además de
carecer de fundamentos y pruebas sólidas, nos parecen de una irresponsabilidad
institucional sin precedentes en una empresa de comunicación pública", dice la
nota enviada por las secciones sindicales de CCOO, UGT y CGT y los comités de
empresa de las cadenas de televisión y radio autonómica que además pide el cese
del director general, Manuel Soriano.
Para la dirección
del ente público, estos comunicados sólo tratan de "censurar y rechazar el
contenido del reportaje", "un ejercicio periodístico frío y objetivo que, de una
forma ordenada, sigue el sumario del juez instructor y la información que en
cada momento fue suministrada a la ciudadanía".
26. EL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA
CAÑADA (PP) 'REGALA' TRES MILLONES EN SUELO A PROPIETARIOS RELACIONADOS CON EL
PP QUE SERÁN EXPROPIADOS (14-03-2006)
El Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada
regalará unos 3 millones € en terrenos a los
terratenientes dueños de 26.813 m2 de varias fincas que iban a ser
expropiados para ampliar la carretera M-503. Un convenio firmado con el
Ayuntamiento el pasado 13 de septiembre fija que estos propietarios reciban a
cambio de la cesión gratuita de sus terrenos (calificados como no urbanizables
por el planeamiento vigente) la misma superficie, pero de suelo urbanizable, en
la ampliación del casco urbano. Según el alcalde Luis Partida (PP), su equipo de
gobierno usa esta fórmula desde hace tiempo. "Es política social", afirmó.
Una orden de la
consejería anunció el 26 de julio en el
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid el periodo de información pública de los afectados por el expediente
de expropiación forzosa por la obra de la carretera M-503, donde figuran los
propietarios de Villanueva. Según una portavoz de la consejería, ese expediente
sigue abierto porque el Gobierno regional todavía no ha recibido los convenios
con los dueños de los terrenos. "En todo caso, antes de paralizar el expediente,
los estudian antes nuestros servicios jurídicos para ver si el convenio es
legal", agregó.
El pasado 13 de
septiembre, el Consistorio de Villanueva de la Cañada firmó un convenio con cada
afectado por el que les reconoce "los correspondientes derechos urbanísticos de
los terrenos ocupados, como integrantes del sistema supramunicipal o general de
infraestructuras en suelo urbanizable sectorizado, para hacerlos efectivos desde
ya, y, en todo caso, en la futura ordenación urbanística". Luego los
propietarios firmaron el acta de ocupación del expediente de expropiación. En
ese documento se dice que "el propietario manifiesta que cede gratuitamente la
finca de referencia para la ejecución del proyecto citado, en virtud del
convenio suscrito con el Ayuntamiento".
Según el Plan
General de Ordenación Urbana vigente en Villanueva, los terrenos que ocupará
parte de la carretera M-503 (26.813 m2) están calificados como suelo
no urbanizable y de secano. El Ayuntamiento tiene aprobado un avance de plan
general urbanístico que modificará esa consideración hacia la de suelo
urbanizable, aunque todavía la Comunidad de Madrid no le ha dado el visto bueno
y, por tanto, el avance no está en vigor. La importancia de considerar uno u
otro tipo de suelo radica en que el terreno urbanizable es más caro en el
mercado. En la expropiación forzosa, el valor de los solares no urbanizables
"oscila entre 1 €/m2, si se determina por el método de capitalización
de rentas; a 4 como máximo, si se aplica el de comparación de los valores de
mercado en fincas análogas, como marca el artículo 26 de la Ley del Suelo",
explica Molla. Es decir, la Comunidad pagaría como mínimo 107.252 € al
expropiar.
Para el alcalde de
Villanueva de la Cañada sostiene que este sistema es "una forma de repartir
beneficios y cargas entre los afectados por la carretera". Según él, las fincas
que resultan afectadas por la vía también se benefician de ella.
Entre los
propietarios de los 26.813 m2
afectados por la carretera M-503 que
han firmado convenios con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, hay
algunos nombres muy conocidos en el municipio y relacionados con el PP. Uno es
Enrique Serrano Sánchez-Tembleque, primer teniente de alcalde de Villanueva de
la Cañada, del PP. Junto con otros cuatro familiares, figura como propietario de
la parcela número 5, con 7.576 m2.
El alcalde del
municipio, Luis Partida, restó importancia a su aparición entre los propietarios
con los que ha firmado un convenio. "Tienen también su hermano, su primo...
Pertenece a los Serrano, una de las familias con más terrenos en Villanueva de
la Cañada. Donde toques, ahí tienen terrenos. No tiene mayor dificultad. Pasa en
la mayoría de los pueblos", aseguró el regidor. Otro de los nombres es Julio
Brunete de la Plaza, ex primer teniente de alcalde, también por el PP, cargo que
ocupó durante varios mandatos anteriores.
27. UNA
VEINTENA DE MUNICIPIOS DEL PP HA CEDIDO SOLARES DESDE 2000 PARA COLEGIOS
CONCERTADOS 14-03-2006
Una veintena de ayuntamientos del PP ha cedido
desde 2000 más de 30 parcelas públicas para la construcción de colegios
concertados (de titularidad privada pero sostenidos con dinero público), según
denuncian CCOO y UGT. Uno de los casos más polémicos se ha dado en Pozuelo de
Alarcón, donde el Consistorio ha cedido una parcela para que una congregación
religiosa construya un centro, el Monte Tabor, que separa a los niños de las
niñas en las clases.
Otros consistorios
(gobernados en ésta o en la pasada legislatura por el PP) que también han cedido
o están en proceso de ceder dotación para centros concertados son Madrid,
Alcorcón, Valdemoro, Villanueva de la Cañada, Coslada, Alcalá de Henares,
Torrejón de Velasco, Arganda, Torrelodones, Colmenar Viejo, Paracuellos del
Jarama, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva del Pardillo y Boadilla. En Colmenar
Viejo, fue la Comunidad la que cedió unos terrenos de su propiedad para la
construir un colegio concertado.
En el distrito de
San Blas, el colegio concertado J. H. Newmann, que empezó a funcionar este
curso, pidió a los aspirantes a una plaza "donativos"; una táctica que también
están siguiendo los responsables del colegio Monte Tabor de Pozuelo. "En el J.
H. Newmann, el 30% de los aspirantes consiguió en el baremo un punto adicional
por haber dado donativos", asegura el portavoz socialista de Educación, Adolfo
Navarro.
El consejero de
Educación, Luis Peral, recuerda que a la Administración le cuesta un 33% menos
mantener una plaza concertada que una pública, y que los padres "tienen derecho
a elegir a qué centro quieren llevar a sus hijos". "En Madrid capital, el 65% de
los padres pidió como primera opción un colegio concertado", afirma. Peral niega
que en el J. H. Newmann hubiesen otorgado plazas a cambio de dinero y asegura
que ha advertido por carta a los adjudicatarios de los terrenos de que "en
ningún caso" los donativos pueden determinar la adjudicación de la plaza
escolar.
28. DOS
EMPRESAS DENUNCIAN QUE EL AYUNTAMIENTO OMITIÓ PARTE DE SU OFERTA PARA LOS
PARQUÍMETROS (16/03/06)
Dornier y Setex, las
dos empresas que perdieron el concurso para obtener la gestión de la nueva zona
de parquímetros, han denunciado que el Ayuntamiento omitió en la evaluación
final documentos que contenían parte de su oferta. Ambas empresas, que quedaron
por detrás de Sufi-Hixienes – participada por un amigo del concejal de
Seguridad, Pedro Calvo-, denuncian "graves errores al asignar la puntuación".
Aseguran que presentaron varios documentos que los técnicos municipales no
tuvieron en consideración al calificarles.
La adjudicación de
los parquímetros de Madrid presenta muchas sombras. Los informes elaborados por
los técnicos municipales en los que se valoran las propuestas de las empresas
que acudieron al concurso para gestionar los nuevos aparcamientos regulados en
Madrid excluyeron algunos documentos que podían haber cambiado la designación de
la concesión, según denuncian las empresas que perdieron.
Una de las firmas
que pudo beneficiarse de esas omisiones fue la unión temporal de empresas
Sufi-Hixienes. Juan Manuel Casares, que participa en esta sociedad que logró la
gestión de los parquímetros de ocho barrios del sur de Madrid y el casco
histórico de Carabanchel (zona VI), es amigo de Pedro Calvo, concejal de
Seguridad de Madrid. Ambos se conocen desde los ochenta, cuando eran dirigentes
de Nuevas Generaciones. Calvo es responsable del área que adjudicó la concesión
de los parquímetros.
Dornier y Setex, las
dos empresas perdedoras en el concurso municipal, denuncian que el Ayuntamiento
excluyó algunos aspectos de sus propuestas. Entre ellos, los planes de
prevención de riesgos laborales, el plan de mantenimiento de las instalaciones,
la uniformidad de los controladores y el diseño de los recibos que expiden los
parquímetros.
El Ayuntamiento
convocó el pasado 5 de noviembre el concurso para la gestión de las zonas de
ampliación del servicio de estacionamiento regulado (SER). En las condiciones
del concurso se daba más importancia a los aspectos técnicos (más subjetivos)
que a los económicos; éstos sólo representaban el 15% de la puntuación. En la
valoración de las propuestas económicas, las cinco ofertas presentadas por otras
tantas empresas o uniones de empresas lograron la máxima puntuación: todas ellas
obtuvieron 15 puntos. Las diferencias se encontraban en la parte técnica, donde
no fue tenida en cuenta parte de la documentación aportada por las empresas
Dornier y Setex-Urbaser. Ahí la puntuación fue la siguiente: la UTE formada por
Api, Grupo Vinci y Etralux obtuvo 73 puntos sobre los 85 posibles; Sufi-Hixienes
logró 72; Eysa, 71; Dornier, 63,5, y Setex-Urbaser, 52,5 puntos. Las dos últimas
se quedaron sin contrato.
Las empresas
rechazadas denuncian que habían presentado todos los documentos y que cumplían
con todos los requisitos. Un responsable de Setex aseguró que en su propuesta
técnica figuraban los documentos que el informe de evaluación omite, asegurando
los técnicos municipales que "no constan". "Respecto a la uniformidad del
personal, incluso presentamos fotos de la vestimenta que llevarían los
controladores", aseguró la misma fuente de Setex.
Además, Setex
cuestiona la importancia de estos aspectos. "Son cosas unificadas en todas las
zonas. La vestimenta de los controladores y el aspecto de los tiques es el mismo
en todas las zonas". Por el contrario, añade, "en los informes técnicos no se
puntúa el número de parquímetros que instalará cada empresa o con cuántos
controladores contará" para vigilar la zona de aparcamiento asignada.
El responsable de
Setex explicó que presentó más de 20 folios para describir el plan de
mantenimiento de los parquímetros. Pero el informe técnico refleja que "no se
describe propuesta de mantenimiento de las instalaciones, los expendedores ni la
señalización". El pasado 19 de enero, Setex presentó un escrito al Ayuntamiento
en el que reclamaba la documentación de todo el proceso de adjudicación de los
parquímetros, a la vez que pedía explicaciones sobre su exclusión. El
Consistorio respondió alegando que no podía enviar todos los papeles porque
tenía que garantizar la confidencialidad de los datos.
Dornier, filial de
Cintra, presentó un recurso de reposición contra el decreto de adjudicación
municipal de los parquímetros. En el mismo, alegaba que la sociedad Hixienes no
podía demostrar la experiencia requerida. Además, ponía en duda la forma en que
el Ayuntamiento había valorado las ofertas. Dornier denunció en el recurso
"graves errores cometidos al asignar las puntuaciones". Un portavoz de la
empresa reconoció el pasado viernes que ésta había reclamado una explicación al
Ayuntamiento "sobre determinados aspectos administrativos". Pero añadió que
después recibió "las aclaraciones oportunas".
29. HIXIENES
OBTENDRÁ EL 40% DE LOS BENEFICIOS DEL APARCAMIENTO DE PAGO EN SU
ZONA (19/03/06)
Hixienes, empresa
que en unión con Sufi gestionará una de las tres nuevas zonas de parquímetros de
Madrid, tiene un capital social de sólo 3.005 €. Sufi, por el contrario, cuenta
con un capital de 17,1 millones. Pero, según los estatutos por los que se rige
la UTE Sufi-Hixienes, Sufi se quedará con el 60% de los beneficios que se
obtengan con la explotación de los parquímetros, e Hixienes, con el 40%. Sufi,
además, financia "todas las inversiones necesarias". El apoderado de Hixienes es
Juan Manuel Casares, ex diputado gallego del PP y amigo del concejal madrileño
Pedro Calvo.
Los directivos de
Setex (4,8 millones de capital social), una de las empresas que gestionan los
parquímetros del centro de la capital desde 2002, no podían creerlo. Sufi, la
empresa que compartía con ellos este negocio municipal desde hacía cuatro años,
les abandonaba. Sufi, filial de Sacyr Vallehermoso, había decidido cambiar de
socio y aliarse con Hixienes, una sociedad sin ningún tipo de experiencia en el
negocio de los parquímetros y con un capital social de apenas 3.005 €, menos de
la mitad de lo que cuesta un solo parquímetro. Sufi e Hixienes se presentaron
juntos al nuevo concurso en noviembre de 2005, y los responsables de Setex se
vieron obligados a buscar con rapidez un nuevo socio.
Hixienes es
propiedad de Juan Manuel Casares, ex diputado del PP en Galicia y ex compañero
en Nuevas Generaciones -la rama juvenil del PP- del concejal de Seguridad, Pedro
Calvo Poch, máximo responsable del servicio de parquímetros en Madrid. Ambos son
amigos desde la década de los ochenta. El concurso para gestionar los
parquímetros fue resuelto el 18 de enero, cuando Calvo firmó el decreto de
adjudicación. La unión de empresas (UTE) Sufi-Hixienes logró una de las tres
zonas en juego. A cambio de gestionar el servicio de aparcamiento regulado (SER)
en esa zona, recibirán 144 millones de € a lo largo de 11 años. Setex, que
finalmente concurrió en unión con Urbaser, así como otra gran empresa del
sector, Dornier, filial de Cintra, perdieron el concurso. Y comenzaron las
preguntas.
La primera que se
hicieron los responsables de estas empresas fue cuál era el motivo para que
Hixienes, que carecía totalmente de experiencia en el negocio, lograse tan
importante pastel económico. En el pliego de condiciones del concurso se explica
que "todas y cada una de las empresas" deberán aportar los documentos exigidos.
Entre ellos figura la solvencia técnica (experiencia en el sector). Esta
condición no la puede aportar Hixienes, porque nunca ha gestionado parquímetros.
Además, el pliego requería, a cada una de las empresas, que demostrasen que
tenían experiencia en parquímetros durante tres años en ciudades de más de
10.000 habitantes.
Dornier, una de las
empresas que no lograron el concurso, reclamó la anulación del proceso. En el
recurso que presentó explicó que varios aspectos de su proyecto no fueron
tenidos en cuenta y que el Ayuntamiento valoró algunos puntos de su propuesta
con un único argumento: "No consta" [el documento]. Dornier, en una durísima
réplica, insistió en que había presentado toda la documentación. Setex, que de
momento no ha presentado recurso, indicaba lo mismo que Dornier: su propuesta
había sido rechazada con el argumento de que no había presentado todos los
papeles. Setex afirma que eso es falso y, además, insiste en que Hixienes no
podía presentarse al concurso porque carecía de experiencia.
Por su parte Pedro
Calvo Poch, respondió al fin a las sombras lanzadas por la oposición sobre la
polémica adjudicación de los parquímetros. Calvo se escudó en la literalidad de
las leyes. "El procedimiento se ajusta a derecho", manifestó, "ya que si no, los
servicios jurídicos hubieran actuado".
30. SEIS
COLEGIOS QUE SEPARAN A SUS ALUMNOS POR SEXOS RECIBEN AYUDAS DE
EDUCACIÓN (19/03/06)
Seis colegios que
sólo admiten a niños o a niñas, o que separan a sus alumnos por sexos, y que
están auspiciados por la prelatura del Opus Dei están subvencionados por la
Comunidad de Madrid. Estos centros concertados son Tajamar, Los Tilos, Senara,
Fuenllana, Andel y Monte Tabor (en construcción). Los cuatro primeros fueron
concertados cuando gobernaba el PSOE. Los dos últimos firmaron sus conciertos
con el PP. En total, 2.328 niños (el 0,3% de todos los escolarizados) estudian
en colegios que separan chicos de chicas. La izquierda denuncia que estos
colegios discriminan a la mujer.
Los conciertos
(enseñanza privada sostenida con fondos públicos) fueron creados por el PSOE en
1985, cuando era ministro José María Maravall. De esa época aún quedan cuatro
colegios, auspiciados por la prelatura del Opus Dei, que separan niños de niñas
y que reciben dinero público: Tajamar (masculino), Senara (femenino), Los Tilos
(femenino) y Fuenllana (femenino). El PP, siendo consejero de Educación Carlos
Mayor Oreja, amplió el concierto del Fuenllana y creó un nuevo concierto con el
Andel (masculino). Ambos forman parte del mismo proyecto educativo, Antares, y
están en Alcorcón. Por ejemplo, Fuenllana recibe del Gobierno regional 60.000 €
anuales.
"El ideario de estos
colegios es machista y está apoyado por la extrema derecha. Es discriminatorio
para la mujer y, encima, sus responsables han dado un pelotazo al
conseguir suelo público para construir un colegio privado", denuncia Adolfo
Navarro, portavoz socialista en la Asamblea. Las críticas contra la educación
concertada diferenciada las comparten IU, CC OO y UGT y la Federación de Padres
Giner de los Ríos. "La nueva Ley de Educación que prepara el Gobierno central,
de momento, tampoco prohíbe el concierto para este tipo de colegios
discriminatorios.
Ninguno de los
colegios de educación diferenciada destacó en el pasado examen que hicieron
todos los alumnos de la región de sexto de primaria. En el listado, según las
notas, de 1.159 colegios que hizo público la Consejería de Educación, el Tajamar
quedó en el puesto 991º; el Senara, en el 124º, y el Retamar, en el puesto
302º.La polémica de los colegios que segregan por sexos se ha reabierto en los
últimos meses con el colegio Monte Tabor, en Pozuelo. El Ayuntamiento, del PP,
cedió a la fundación educativa católica Tiempos Más Nuevos (según la pedagogía
del movimiento ultracatólico Schoenstatt) un solar de 118.000
31. TENSIONES
EN EL PP TRAS LAS DECLARACIONES DE RUIZ-GALLARDÓN SOBRE SU DESEO DE PASAR A LA
POLÍTICA NACIONAL (22/03/06)
Esperanza Aguirre,
presidenta del Gobierno regional y del PP madrileño, fue preguntada por el deseo
de Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capital, de concurrir en las listas de
Mariano Rajoy a las próximas elecciones generales (a ser posible como
número
dos de la lista por Madrid) y convertirse así en diputado en la próxima
legislatura. Aguirre contestó: "yo creo que eso es perfectamente legítimo en un
político, nunca ha ocultado que su deseo es ser presidente del Gobierno de
España. Probablemente ha pensado que ser el
número dos es un paso en ese
deseo".
El alcalde hizo
público ese deseo y disponibilidad suya para ser diputado en una entrevista
publicada en un diario. Rajoy fue preguntado en Lisboa por esta propuesta
del alcalde y contestó que ése es un tema que no piensa plantearse hasta 2008.
"No dedico a eso ni medio minuto. Pregúntenme en marzo de 2008", contestó Rajoy
visiblemente molesto.
La propuesta del
alcalde para aunar a su condición de regidor de la capital, si resulta reelegido
en 2007, la de diputado ha levantado una gran polvareda en el PP. El primer
motivo es que es un anuncio "muy prematuro", según fuentes de la dirección del
PP, pues ahora "el objetivo es preparar las municipales y autonómicas" del
próximo año, a las que concurrirá Gallardón como candidato a la alcaldía de
Madrid.
El segundo motivo es
una interpretación de los populares: Gallardón podría estar preparando el día
después de las elecciones generales para el caso de que Rajoy no lograra
ganarlas y, tras el fracaso, decidiera dejar el liderazgo del partido. Para esa
eventualidad, ser diputado es muy relevante con vistas a competir por el
liderazgo del partido.
En todo caso, ésa es
una eventualidad que fue rechazada por el propio Rajoy. En una entrevista en
televisión, el líder del PP afirmó que él se ve "con ganas" de continuar al
frente de su partido incluso en el caso de que perdiera las elecciones en 2008.
La presidenta de la
Comunidad replicó que ese "deseo" del alcalde puede ser "un paso" para su
ambición de convertirse en el futuro en presidente del Gobierno. Para eso,
evidentemente, antes tiene que ser líder del PP, candidato de ese partido y
ganar las elecciones.
32. EL PP
RECHAZA QUE LA ASAMBLEA INVESTIGUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 9 DE METRO (22/03/06)
La mayoría del PP en
la mesa de la Asamblea le valió a este grupo parlamentario para rechazar la
creación de una comisión de investigación sobre la construcción de la línea 9
del metro solicitada por la oposición (PSOE e IU). El portavoz del grupo popular
en la Cámara, Antonio Beteta, explicó que la petición no reúne uno de los
requisitos que marca el artículo 75 del reglamento: ser de "interés público". La
portavoz adjunta socialista, Ruth Porta, denunció la "vulneración" del
Reglamento de la Cámara. "El PP es capaz de cualquier cosa con tal de tapar lo
mucho que tiene que tapar", agregó. El portavoz de IU, Fernando Marín, denunció
que la oposición "está ninguneada" por el PP.
El portavoz del PP,
Antonio Beteta, explicó la falta de interés general de la comisión en que el
escrito registrado por la oposición para solicitarla pretendía investigar "un
determinado informe cuyo tenor ya ha sido rectificado por el autor del mismo".
Se refería así al documento del ex director general de Infraestructuras, Manuel
Melis, en el que revelaba las "deficiencias" que se produjeron en 1999 durante
las obras de ampliación de la línea 9 de metro. Según Beteta, para tomar esta
decisión se ha basado en un informe jurídico de la secretaría general de la
Asamblea, que asegura que corresponde a la mesa comprobar los requisitos de
forma de la comisión de investigación, "pero también en cuanto órgano
calificador, la apreciación de que el objeto es un asunto de interés público".
33. MANUEL
LAMELA, CONSEJERO DE SANIDAD,
CARGO PÚBLICO Y NEGOCIOS PRIVADOS
(22/03/06)
La apretada agenda de Manuel Lamela, el
cuestionado consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, sin embargo goza
del máximo apoyo de Esperanza Aguirre, de la que es uno de sus más cercanos
allegados, también deja un espacio para la actividad empresarial. Este versátil
político es propietario, junto a su padre y su madre, de una empresa dedicada a
la lucrativa actividad inmobiliaria. Inversiones Lamela Campos, S.L., nombre de
la compañía, iniciaba su andadura en 1992 con un capital social de 500.000
pesetas. El negocio no ha ido nada mal, y actualmente cuenta con un capital
social que excede los seis millones de €, o lo que es lo mismo, 1.013 millones
de las antiguas pesetas.
En junio de 1992 se registraba la sociedad Inversiones Lamela
Campos, S.L., con un capital social de 500.000 pesetas, suscrito por el actual
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela Fernández, y sus
padres, Manuel Lamela López y Carolina Fernández Blay, en la que el mandatario
madrileño figuraba como administrador único. Su objeto social consistía en
“operaciones inmobiliarias de cualquier naturaleza, consistentes tanto en la
explotación económica de inmuebles, en régimen de alquiler o a través de
cualquier otro sistema o título jurídico que procure su aprovechamiento
económico, como en la actividad de adquisición y transmisión de los repetidos
inmuebles para realizar su valor de cambio por medio de cualquier título
jurídico”, aunque también reservaban parte de su función al “asesoramiento
jurídico, contable y financiero, en orden a la promoción y constitución de
empresas”.
El negocio no podía marchar mejor, porque en marzo de 2002, su
empresa inmobiliaria realizaba una espectacular ampliación de capital,
multiplicando el inicial medio millón por 1.700. Entonces se emitieron acciones
por valor de 5.186.734 €, es decir, 863 millones de las antiguas pesetas,
suscritos en su totalidad por los tres miembros de la familia. Debían ser buenos
tiempos, porque, apenas un año después, en abril de 2003, una nueva ampliación
redondeaba el valor de Inversiones Lamela Campos. En esa ocasión, padre, madre e
hijo desembolsaban otros 899.997 € –casi 150 millones de pesetas más- para ser
titulares de una compañía valorada en 6.089.632 €, ó 1.013 millones de pesetas.
La gran ampliación de capital era suscrita nominalmente, de modo muy
mayoritario por sus padres. Manuel Lamela López suscribía 473.360.000 pesetas de
la operación. La madre, Carolina Fernández Blay figuraba con otras 374.540.000
pesetas, mientras que el actual consejero de Sanidad madrileño, asumía a su
nombre algo más de 15 millones de pesetas.
Lamela no es conocido por el gran público por sus lucrativas
actividades privadas, sino por radicalizadas decisiones al frente de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En su departamento, desoyendo
los informes elaborados en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, se hicieron eco
de unas denuncias anónimas sobre sedaciones que, supuestamente hubieran
ocasionado el fallecimiento de varios pacientes. La Consejería envió inspectores
y en marzo de 2005 difundía la “noticia” de que podrían haberse producido 400
muertes por sedación. Se destituyó al jefe del Servicio, el doctor Montes y al
gerente y al director médico del hospital. Lamela decidió instalar cámaras en
los pasillos para evitar las reuniones y concentraciones de los trabajadores del
Severo Ochoa, a los que se amenazó con expedientes en caso de proseguir con las
protestas.
Pese a tratarse de
dos actividades profesionales tan dispares, la inmobiliaria y la sanidad, y
desarrollarse en ámbitos distintos, el privado y el público, el consejero Lamela
se ha empleado con igual desenvoltura en ambas, aunque sus preferencias parecen
decantarse por el modelo privado de gestión, como ha demostrado en diversas
ocasiones, como , por ejemplo, con el nombramiento de Juan José Bestard Perelló,
ex consejero delegado de la quebrada empresa Actualidad Sanitaria, S.A., como
gerente de la Fundación Hospital de Alcorcón –hasta noviembre de 2005-.
34. LA EUROCÁMARA PODRÍA INVESTIGAR SI SE VIOLA LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TELEMADRID (28/03/06)
Trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid, en
nombre de los respectivos comités de empresa, han pedido hoy formalmente a la
comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que investigue si la actual
gestión del ente vulnera el derecho a la libertad de expresión. En su denuncia,
los comités de empresa señalan que la gestión del director general, Manuel
Soriano, busca hacer de Telemadrid un "medio de propaganda política", implica
una manipulación de la información y conculca "el derecho de los periodistas a
la libertad de expresión y el de los ciudadanos a una información veraz y
plural".
A su juicio, esta práctica vulnera el artículo 11
de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la
libertad de expresión, incluida la "libertad de opinión y la libertad de recibir
o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencias de autoridades
públicas". "Nosotros no criticamos Telemadrid, amamos a nuestra empresa, pasamos
procesos selectivos muy fuertes para estar ahí. De quien hablamos muy mal es de
la actual dirección que está pervirtiendo todo nuestro trabajo", ha declarado en
una rueda de prensa la periodista del ente Blanca Landázuri.
La comisión de Peticiones del PE investiga casos
de violación al derecho comunitario. Pero la Carta de Derechos Fundamentales, y
por tanto el artículo relativo a la libertad de expresión, figura en el proyecto
de Constitución europea, que aún no ha sido ratificado, por lo que hay dudas
sobre si podría considerarse como parte del derecho europeo. Los eurodiputados
españoles Carlos Carnero (PSOE) y David Hammerstein (Los Verdes), quienes han
interpelado a la Comisión Europea para que investigue también los supuestos
abusos en la gestión de Telemadrid, consideraron que sí hay base legal para que
las instituciones de la UE abran diligencias. "Venimos aquí porque no tenemos
cauce de comunicación con la dirección general de nuestra propia empresa",
señaló por su parte Landázuri.
"Lo importante es
suscitar debate, con independencia de cuáles sean los resultados", ha
considerado el periodista Javier Juárez, para quien la "situación de Telemadrid
en relación con determinadas libertades fundamentales es bastante grave e
inconcebible en la España del siglo XXI". Los periodistas entregaron ante la
secretaría de la comisión de Peticiones su demanda escrita, sellada por los
comités de empresa de Telemadrid, Onda Madrid y del Ente Público Radio
Televisión Madrid, así como documentación y material audiovisual para apoyar sus
alegaciones. Landázuri y Juárez han explicado que acudieron en nombre de los
comités de empresa y de los trabajadores, pero que no forman parte del Comité de
Empresa de Telemadrid.
35. ADJUDICADA
LA CONSTRUCCIÓN DE OTRO TRAMO DE AUTOVÍA DE LA 'CARRETERA DE LOS PANTANOS'
(31/03/06)
El Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó ayer las obras de construcción del
tramo de autovía de la M-501 (conocida como
carretera de los pantanos)
entre los municipios de Quijorna y Navas del Rey. Las obras las ejecutará la
unión temporal de empresas (UTE) formada por las constructoras Vías y
Construcciones y Corsam-Corviam, que ofertó ejecutar los 18 kilómetros que
separan ambas localidades por 44 millones de euros. El vicepresidente primero
del Gobierno regional, Ignacio González, aseguró que el 25% de la inversión en
la zona se destinará a mejorar el medio ambiente de la zona afectada.
El concurso público
para convertir este tramo en autovía salió por 69 millones de euros y un plazo
de ejecución de 18 meses, que comenzará en breve. Al mismo concurrieron 19
grupos empresariales, que hicieron ofertas por un valor medio 46,7 millones,
según fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. La mesa de
contratación optó por la UTE ganadora, que ofertó hacer la obra por 44.150.000
euros. Entre las medidas que mayor puntuación recibieron por parte de los
técnicos está la ejecución de la obra de tal forma que no afecte en la
nidificación y apareamiento de las aves existentes en la zona, según fuentes de
Transportes. A todo ello se une que el movimiento de tierras irá complementado
con un programa de equilibrio de montes y terraplenes, por lo que se evitan los
desechos innecesarios.
Por último, hay "una
eficaz planificación" de los desvíos de tráfico, entre otras medidas. Un total
de 6,5 de los 44 millones del precio de adjudicación se destinará a medidas
medioambientales, según el vicepresidente Ignacio González. A eso se unen otros
6,4 millones del plan de integración y recuperación ambiental de la zona.
El vicepresidente
primero justificó la necesidad de hacer este nuevo tramo de autovía en el hecho
de que en la actualidad registra un 66% más de mortalidad que el tramo que ya es
autovía (Villaviciosa de Odón-Quijorna). "En los últimos tres años han muerto en
el tramo sin duplicar 15 personas, más del doble que en el tramo de autovía, y
eso que en el tramo sin desdoblar circula un 63% menos de vehículos", añadió el
vicepresidente. El Gobierno regional ha decidido que las obras sirvan para
mejorar el entorno de la carretera. Para ello ha concebido programas específicos
para recuperar especies como el águila imperial ibérica, el águila perdicera, el
cernícalo primilla, diversos reptiles y anfibios, así como la introducción del
alimoche y el águila pescadora.
Por el tramo que
será duplicado pasan unos 15.000 vehículos/día, según cálculos de Transporte.
Fuentes del Gobierno regional insistieron en que los fines de semana y en las
operaciones salida se producen embotellamientos de acceso a los núcleos urbanos
colindantes. El nuevo trazado pretende eliminar curvas peligrosas y solucionar
las conexiones con otras vías mediante puentes e intersecciones a distinto
nivel.
36. MAMOGRAFÍAS
CON UN AÑO DE RETRASO (02/04/06)
Más de 60.000
madrileños disfrutan de su descanso dominical con una fecha fijada en un rincón
de su cerebro: el día en que deben acudir al hospital para someterse a una
prueba diagnóstica. Una situación, para muchos, "peor que saber que tienen que
ser operados". "Cuando uno asume que será operado, ya conoce qué dolencia sufre
y que se repondrá", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación
en Defensa de la Sanidad Pública. "Antes de la prueba diagnóstica, en cambio,
existe la inquietud del qué tendré, de si será grave...", sigue Sánchez Bayle.
Pese a sus reducidas dimensiones geográficas, la Comunidad de Madrid es todo un
mundo en lo que se refiere a las esperas para pruebas diagnósticas. Casi no
existen dos casos iguales: cada área sanitaria, cada distrito, cada hospital e,
incluso, cada servicio médico tiene su propia lista, con demoras muy distintas
entre sí.
Pero
mientras
presume de haber reducido la lista de espera quirúrgica, el Gobierno regional ha
impuesto un
apagón informativo sobre el estado real de las esperas
diagnósticas. Tiene los datos, porque una norma estatal le obliga a elaborarlos
y remitírselos al Ministerio de Sanidad, pero no los quiere hacer públicos.
Alega que los datos
que tiene son "incompletos, parciales, no comparables y, sobre todo, que no
ofrecen una imagen real de las listas de espera diagnósticas en la sanidad
pública", según un portavoz de la Consejería de Sanidad. Éste admite, sin
embargo, que "es cierto que debe mejorarse la gestión de la espera diagnóstica
para reducir las esperas que sufren los pacientes" y anuncia que "antes del
verano" será presentado un nuevo sistema informático único para toda la región
que permitirá "disponer de información real, al igual que se ha hecho con la
lista de espera quirúrgica".
Sanidad, sin
embargo, no siempre ha escondido sus datos. Hace casi un año y medio, el 23 de
noviembre de 2004, Jorge Tapia, entonces director del Imsalud (hoy Sermas),
acudió a la Asamblea de Madrid para informar a los diputados del estado de las
listas de espera. La sesión terminó en bronca. El PSOE le acusó de "mentir en
sede parlamentaria" porque otros datos en poder de los socialistas, también
oficiales, mostraban un panorama mucho peor de la sanidad pública que el
presentado por Tapia.
Aquel día, que
supuso el fin de la información oficial sobre la espera diagnóstica en Madrid,
puso de manifiesto las dificultades que los propios responsables de Sanidad
tienen para disponer de información fidedigna sobre el estado de las listas de
espera para pruebas diagnósticas.
37. LA UE ABRE
EXPEDIENTE A ESPAÑA PORQUE LA M-30 CARECE DE INFORME AMBIENTAL (05/04/06)
La Comisión Europea
abrió un expediente a España por no haber realizado el Ayuntamiento de Madrid
un estudio de impacto ambiental antes de iniciar las obras de reforma de la
M-30, valoradas en 4.000 millones de €. Bruselas no cuestiona la necesidad del
proyecto, pero mantiene que debe ir acompañado de la correspondiente declaración
de impacto. No hacerlo supone una violación de una directiva que, de no ser
rectificada, puede acabar en el Tribunal de Justicia.
Para el eurodiputado
socialista Carlos Carnero, a cuya instancia se pronunció la Comisión, se trata
de una victoria de los ciudadanos afectados. Usó términos futbolísticos:
"Parlamento y Vecinos, 1; Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, 0". "Este
macroproyecto, uno de los más importantes de su especie en este momento en
Europa, debería haber sido sometido a una declaración formal y global de impacto
ambiental. En vez de eso, fue dividido en 19 proyectos menores que no han sido
sometidos a un procedimiento completo de impacto ambiental", dice la Comisión
para explicar por qué emplaza a las autoridades españolas a dar explicaciones, y
rectificar, en un plazo de dos meses.
El Ejecutivo
comunitario sostiene su criterio en una reciente sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE que condenó a España por no trasladar correctamente a la
legislación nacional la directiva sobre impacto ambiental en relación con los
proyectos de desarrollo urbano. "La tesis que defiende el Gobierno español de
que en las zonas urbanas el impacto ambiental de los proyectos de urbanización
es prácticamente inexistente, tampoco puede ser acogida en vista de la lista de
factores que pueden verse afectados directa o indirectamente por los proyectos a
los que se refiera la directiva", señaló el tribunal. "Es decir, que los
proyectos de desarrollo urbano también necesitan la declaración de impacto
ambiental", explica un eufórico Carlos Carnero, vecino de la M-30, asociado a
los perjudicados y constante motor para la intervención de las instituciones
europeas en el caso.
La Comisión subrayó
que la demanda de realizar el estudio es una exigencia legal que "no cuestiona
la necesidad, el diseño o la importancia de este proyecto para la ciudad de
Madrid". Bruselas recuerda que la directiva 85/337/CEE establece que los grandes
proyectos de infraestructura deben someterse a consulta pública y a declaración
de impacto antes de ser aprobados, para evitar, o minimizar, los daños
medioambientales.
El colegio de
comisarios tomó su decisión a partir del documento con recomendaciones que le
elevó la Comisaría de Medio Ambiente, donde se estudiaron las "informaciones
complementarias muy voluminosas" proporcionadas por las distintas partes, para
llegar a la conclusión de que "la infracción de la directiva es evidente, pues
no se ha realizado una evaluación de impacto de todos los proyectos o
evaluaciones de todos los subproyectos que tuvieran en cuenta los efectos
acumulados".
Las autoridades
españolas tienen ahora dos meses para responder a esta primera carta de
emplazamiento del comisario Stavros Dimas. A la luz de la respuesta, o en
ausencia de ella, la Comisión enviará un dictamen motivado en el que establecerá
clara y definitivamente sus razones para creer que ha habido infracción de la
legislación comunitaria y volverá a dar dos meses al Estado para que cumpla con
ella. Si de nuevo la respuesta es insatisfactoria, España será llevada al
Tribunal de Justicia por la Comisión.
38. La Comunidad de
Madrid, salpicada de irregularidades urbanísticas (06/04/06)
Más de un veintena de municipios gobernados por el
Partido Popular de la Comunidad de Madrid son sospechosos de haber cometido
alguna irregularidad urbanística, como recalificaciones inadecuadas o de tráfico
de influencias. En algunos casos han llegado a provocar la dimisión del alcalde
o de concejales, en otros casos los tribunales están investigando. Algunos
municipios son especialmente conocidos por las irregularidades que han sido
denunciadas reiteradamente, vamos a hacer un breve resumen:
- Tres Cantos, donde una docena de cargos
públicos, entre concejales y asesores, todos relacionados con el urbanismo, han
dimitido en lo que va de mandato, desde 2003. Aquí las irregularidades han
llegado hasta la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre,
cuya familia se benefició tan cuantiosa como
oportunamente de la venta de unos terrenos, según denuncias del grupo municipal
socialista. Y también en Tres Cantos, un concejal del PP, Alberto Martínez Díaz,
ha sido acusado por los socialistas de adjudicar unos terrenos a Fomento de la
Construcción, siendo propietario de los mismos.
- En Majadahonda el alcalde del PP, Narciso de Foxá, está procesado
por un delito de malversación de fondos. Y el antiguo alcalde, Guillermo Ortega,
dimitió el año pasado, “por motivos de salud”, aunque los socialistas lo
atribuyen a diferencias de precio en la adjudicación de una parcela.
- En Brunete, el alcalde Félix Gavilanes (PP) está imputado por
prevaricación y de ordenación del territorio, por presuntas irregularidades
entre los convenios urbanísticos y las fichas técnicas de algunos terrenos.
- En Moralzarzal, los socialistas denuncian que el alcalde pretende
construir viviendas en los Pradejones (localidad dentro del ámbito del PORN del
Parque Nacional) con el Gobierno de Esperanza Aguirre, pues cuando la Comunidad
de Madrid estaba gobernada por Alberto Ruiz Gallardón se les denegó la
petición.
- En Boadilla, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó abrir
investigaciones por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias,
prevaricación y estafa, que afectan supuestamente a los promotores de la ciudad
financiera del Banco de Santander Central Hispano. Según los denunciantes, la
entidad adquirió el terreno como rústico, sabiendo que iba a ser recalificado
para poder edificar.
- En Colmenar de Oreja, la alcaldesa está en los tribunales por una
presunta irregularidad en el dinero que percibió el Ayuntamiento, por el
convenio realizado para la instalación de una central de producción eléctrica
- En Colmenar Viejo, la oposición denuncia que el alcalde ignora a
menudo los informes que los técnicos municipales le preparan para la concesión
de licencias urbanísticas.
- En Pedrezuela, el
alcalde también del PP, José Antonio Chichón, ha otorgado diversas licencias de
vivienda en suelo no urbanizable, permitiendo construir una urbanización de
chalets en un suelo industrial, sin cambiar el uso del suelo.
39. la espe SE VA de cena
AL CARIBE (10/04/06)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha
realizado su cuarto viaje al extranjero. El lugar elegido ha sido Miami, en el
Estado norteamericano de Florida. Con esta visita de dos días pretendía
promocionar el turismo de Madrid al otro lado del Atlántico para que los
norteamericanos se acuerden de la riqueza cultural y gastronómica de la región.
Su corto periplo sólo ha incluido seis actos públicos.
El primer capítulo del viaje comenzó en el hotel donde se alojó la
presidenta. Allí se reunió con una veintena de empresarios radicados en Miami.
Destacan compañías como Iberia, Caja Madrid, Alcalagres y Mapfre. "En la
Comunidad de Madrid tenemos un interés muy especial por aquellos madrileños que
desarrollan su actividad en el extranjero, en especial, en Estados Unidos",
comentó la titular del Ejecutivo regional.
Durante el segundo y último día en Miami Aguirre se reunió con
disidentes anticastristas en el Instituto para los Estudios Cubanos y
Cubano-americanos de la Universidad de Miami. Allí hizo el discurso más duro.
Tachó de "insoportable escándalo" que la isla caribeña la dirija un dictador, lo
que supone un "trágico anacronismo". "Como madrileña, española y amante de Cuba,
desde mi inequívoco compromiso con la libertad siempre podrán contar con mi
adhesión y apoyo a una Cuba libre y democrática", concluyó Aguirre ante una
veintena de cubanos que le ovacionaron.
Aguirre llevó consigo una comitiva de unas 40 personas, entre las
que había una veintena de periodistas. Todos han volado en primera clase y se
han alojado en hoteles de lujo. La ida y vuelta en avión en esta categoría
supone un gasto de unos 4.700 euros por persona. A eso hay que añadir los más de
300 euros que cuesta cada noche de habitación hotelera. Ese precio sube hasta
los 400 en el caso del alojamiento elegido por la presidenta Aguirre.
"El balance del
viaje ha sido muy positivo. Nuestra intención es que suba un 12% el número de
turistas norteamericanos que visitan la región. Ahora lo hacen unos 370.000 al
año, cada uno de los cuales gasta unos 150 euros cada día de estancia. Son los
que más desembolsan", señalan fuentes del Gobierno regional. Éstas no quisieron
detallar cuánto dinero ha supuesto para los contribuyentes madrileños este viaje
a Miami. "¿Facilitan este dato Zapatero o Simancas en sus viajes?",
argumentaron.
40.
Botella subvenciona una fundación del PP, pese a
desaconsejarlo una auditora (13/04/06)
El Ayuntamiento de
Madrid ha sido acusado de incumplir la normativa, al conceder una nueva
subvención a la Fundación Humanismo y Democracia, del PP. Según el grupo
municipal socialista, una entidad cuya gestión es irregular, como vienen
denunciando, no puede recibir más ayudas municipales. El director general de
Inmigración, Tomás Vera, afirmó que se ha cumplido escrupulosamente la ley. "No
hay ninguna denuncia", agregó una portavoz de la Concejalía de Empleo y
Servicios a la Ciudadanía, que dirige Ana Botella. La fundación ha obtenido una
subvención de 276.004 euros, pese a que la auditora que evaluó el proyecto
recomendó que no fuera financiada.
La Fundación Humanismo
y Democracia (FHD), vinculada al PP, ha obtenido en la convocatoria de 2005, que
ha sido adjudicada a primeros de este año, una subvención de 276.004 euros del
Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía de Madrid. Según el PSOE,
existen dudas en la concesión de esos fondos municipales.
El grupo socialista
viene denunciando irregularidades en algunos de los 12 proyectos para ayuda al
desarrollo de FHD financiados por el Consistorio entre 1995 y 2004 con tres
millones de euros. En los expedientes municipales sobre esos proyectos hay
documentación incompleta, justificaciones de gastos amañados, falsificación de
firmas de los usuarios de los proyectos y una serie de irregularidades aún no
explicadas por el Consistorio. Sin embargo, un portavoz municipal negó que
existieran tales incidencias.
El informe elaborado
por las sociedades independientes contratadas por el Ayuntamiento para hacer las
valoraciones técnicas de los proyectos de dicha convocatoria explica
textualmente que "el proyecto podría tener un impacto positivo, pero se ha
valorado que no se establecen las medidas suficientes para lograrlo, lo que es
una de las causas principales por las que no se ha recomendado la financiación".
Un portavoz
municipal reconoce que en "el informe se puede leer que se desaconseja la
financiación del proyecto, pero en realidad las consultoras sugieren que se
reduzca el gasto en las partidas de viaje, estancias y de funcionamiento". Y
subraya: "Por eso hemos reducido la subvención hasta los 276.004 €".
El plan de la ONG
consistía en mejorar la formación de 4.000 personas de 16 comunidades campesinas
en el Departamento de Tolima (Colombia) durante 2 años. La subvención que
solicitaba ascendía a 335.504 €. La concejalía redujo la ayuda a 276.004 €.
En el informe
figuran comentarios como "proyecto irregular en su contenido y formulación con
cuestiones poco claras o deficientes". Las consultoras aseguran en su análisis
que "el presupuesto es elevado y presenta dudas importantes sobre su impacto y
sostenibilidad". En el apartado de contenidos del proyecto, las entidades
encargadas de valorarlo precisaron que "la descripción de las actividades es
escasa. No se da detalle suficiente de los contenidos, ni se han tomado las
medidas necesarias para evitar una posible baja participación de los
beneficiarios". Y añaden: "Algunas partidas no presentan documentos
justificativos de los gastos previstos, algunos de los cuales son demasiado
elevados".
Las entidades
también expusieron sus dudas al analizar el capítulo de los beneficiarios:
"Existen deficiencias y carencias de información que no permiten valorar
positivamente la posibilidad de que las previsiones de participación se
cumplan".
41. EL JUEZ
INSTRUCTOR DEL CASO DE LA FUNERARIA SE INHIBE POR AMISTAD CON DOS LETRADOS
(18/04/06)
El magistrado de la
Audiencia Provincial Juan José López Ortega, que instruye el caso de la
funeraria municipal, se ha inhibido alegando amistad íntima con una de las
partes: mantiene una relación de amistad con dos letrados que defienden a los
imputados. La venta en 1992 de la Empresa de Servicios Funerarios, entonces
propiedad del Ayuntamiento, por 100 pesetas (0,6 €) desató el
caso Funeraria.
Dos años después de la venta, la empresa ganaba más de seis millones de euros.
PSOE e IU denunciaron la operación, y el resultado fue que tres ex concejales
del PP -José María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno- fueron imputados por
prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas y tráfico de
influencias.
La portavoz de IU,
Inés Sabanés, criticó la lentitud de un proceso que dura ya más de 14 años.
Sabanés recordó que en 2002 se tenía que haber fijado la vista oral del caso en
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se hallaba por ser Huete
diputado regional. "Pero se retrasó alegando la proximidad de las elecciones de
2002, para evitar que se politizase el tema", añade la portavoz. Pasadas las
elecciones, y tras el cese de Huete como diputado, la defensa solicitó que el
caso pasara a la Audiencia Provincial de Madrid.
"Los abogados de la
defensa han querido frenar el proceso con multitud de recursos. En uno de los
últimos, alegaban pérdida de documentos res porque decían que el despacho de
abogados había sido afectado por el incendio del Windsor", prosigue Sabanés.
Respecto al último parón, la abstención del juez por amistad con los abogados de
los acusados, la portavoz de IU opina: "No se trata de una gravedad inmensa,
pero si miramos el procedimiento en su conjunto, es el resultado de 15 años de
dilación sistemática".
42. BRUSELAS
BLOQUEA UN CRÉDITO DE 1.500 MILLONES PARA LAS OBRAS DE LA M-30 (21/04/06)
El Ayuntamiento no
podrá contar, por ahora, con el crédito privilegiado de 1.500 millones de euros
del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que había solicitado para financiar las
obras de la M-30. Así se lo comunicó ayer el comisario europeo de Asuntos
Económicos, Joaquín Almunia, al eurodiputado socialista Carlos Carnero.
La Comisión Europea
(CE) ha decidido bloquear el desembolso del crédito al existir una investigación
sobre el cumplimiento del proyecto de la M-30 de la normativa comunitaria en
materia de medio ambiente.
El 14 de diciembre
de 2004 el BEI aprobó el crédito a la sociedad mixta público-privada Madrid
Calle 30 por un importe de 1.500 millones de euros destinado a financiar la
ejecución de las obras de soterramiento de la M-30. Bruselas debe dar el visto
bueno a los préstamos concedidos por el BEI. La Comisión aseguró que "no puede
dar, por ahora, su aprobación al desembolso del crédito del BEI".
Carnero aseguró que
se trata del primer documento oficial que reconoce lo que ya asumieron hace tres
semanas. Carnero explicó que la comisión ha actuado con total coherencia al
haber abierto el procedimiento. "El alcalde debería tomar nota y hacer la
declaración de impacto ambiental. Debería hacer los cambios necesarios para
cumplir con la normativa europea", apuntó.
43. IMPUTADO EL
ALCALDE DE BOADILLA, ACUSADO DE NOMBRAR A DEDO A UN CONSERJE AFÍN AL PP (26/04/06)
El Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4 de Móstoles sostiene en un auto que
existen indicios de que el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González, del
PP, y el ex gerente del Patronato de Cultura (edil) José Francisco Pastor de
Luz, pueden haber incurrido en un delito de prevaricación (dictar una decisión
injusta a sabiendas) al contratar en 2001 a un conserje sin convocar concurso ni
oposición. El trabajador, Raúl de Diego Nicolás, fue reclamado directamente del
Inem. Destaca el hecho de que la hermana del conserje, Margarita de Diego
Nicolás, ocupara el puesto número 20 de la lista que presentó el PP en las
últimas elecciones municipales de 2003.
Con este auto, el
juzgado da por finalizadas las diligencias previas que se iniciaron tras una
denuncia presentada por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por
Boadilla) en 2002. El juez acuerda proseguir las actuaciones respecto de los
imputados Arturo González y José Francisco Pastor de Luz por un posible delito
de "prevaricación/nombramientos ilegales". Las actuaciones se pasarán al
ministerio fiscal y a las acusaciones particulares para que, en un plazo de 10
días, puedan solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de
acusación, o el sobreseimiento de la causa.
Para el alcalde
manifestó: "Estamos ante un mero trámite procesal". También reprocha a sus
opositores municipales que "recurran a los tribunales para lograr lo que
políticamente no consiguen. Pese a ello, el auto explica cómo el Ayuntamiento
contrató a De Diego por tiempo indefinido el 17 de octubre de 2001, fecha en la
que empezó a ejercer de conserje. Asimismo, subraya que "dicho trabajador fue
reclamado personalmente, con nombre y apellidos, de la oficina del Inem
directamente por Francisco Pastor de Luz".
El 2 de noviembre de
2001, el alcalde suscribió un decreto de nombramiento de De Diego como conserje
interino del Patronato. El secretario de la Corporación se negó a firmar dicho
decreto y advirtió en el Consejo de Administración del Patronato de Cultura en
enero de 2002 que se estaba cometiendo una ilegalidad y que el nombramiento era
nulo de pleno derecho. El auto afirma que, a pesar de todas estas advertencias,
la persona contratada "continúa a esta fecha desempeñando sus funciones como
conserje en el citado Patronato". Tras el examen de las actuaciones, el juez
llega a la conclusión de que existen indicios suficientes para apreciar una
actuación concertada entre el alcalde y el ex gerente del Patronato para
contratar a de Diego en un puesto laboral dependiente de la Corporación, "a
sabiendas de su ilegalidad".
44. LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE CREÓ UNA 'CAJA B' PARA PAGAR TRABAJOS IRREGULARES,
INCLUIDOS LA ESCOLTA DE LOS TRASFUGAS TAMAYO Y SAEZ (27/04/06)
La Universidad Complutense
de Madrid, desarrolló entre 1999 y 2002 un sistema de financiación paralelo al
oficial que se nutría de fondos no declarados de seis colegios mayores. Con ese
dinero se pagaron al menos 894.000 € en gratificaciones a personal de la
Complutense y ajeno a ella.
Entre los
beneficiarios está un vigilante privado que protegió a los diputados socialistas
Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez cuando éstos abandonaron su grupo e
impidieron que la izquierda gobernara la Comunidad de Madrid.
Dionisio Ramos,
anterior gerente general de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ex alto
cargo del primer Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, presuntamente era el
principal responsable de un sistema de financiación paralela que se mantuvo
durante años en la institución madrileña para efectuar pagos irregulares. Entre
esos pagos figuran varios a Juan Antonio Expósito, el escolta que protegió a los
ex diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez durante la crisis que
ambos provocaron al desertar de las filas socialistas tras las elecciones
autonómicas madrileñas de 2003. Según documentos y otros analizados por una
auditoría externa de la Universidad que ha sido puesta a disposición judicial,
sólo entre los años 1999 y 2002, se hicieron pagos irregulares por valor, al
menos, de 894.000 € (unos 150 millones de pesetas). Estas operaciones comenzaron
hace más de una década y se prolongaron hasta la elección, en mayo de 2003, de
Carlos Berzosa como nuevo rector de la Universidad.
Tras acceder a
decenas de documentos originales que prueban la existencia de esa contabilidad
paralela, que se nutría de los pagos de los 950 alumnos hospedados en los seis
colegios mayores propios de la institución. La administración de este irregular
sistema de financiación tenía su sede en el Colegio Mayor Antonio de Nebrija,
del que Ramos fue director (y colegial en sus tiempos de estudiante) y que era
dirigido por su propia hermana, Maribel Ramos, que desde 2000 ostentaba el cargo
de administradora de los colegios mayores.
"La auditoría
externa de la Universidad Complutense del ejercicio económico 2002, realizada
por Price Waterhouse Coopers, constata falta de control en la facturación de los
Colegios Mayores propios de la Universidad, lo que se manifiesta en ingresos no
incorporados al presupuesto de la Universidad y falta de contabilidad de
gastos", afirma el informe elaborado por el rector. Se confirma así la
"existencia de un segundo canal económico paralelo y complementario de los
canales oficiales de la UCM, basado en movimientos de dinero en efectivo con
tres fuentes de entrada: reservas de plaza de los colegiales, cobro de
mensualidades directas de algunos de ellos y cobros de los alojados en los meses
de verano".
Según los documentos
oficiales, con el dinero de esa "caja B" se pagaron distintas cantidades a 26
personas, además de al vigilante privado Expósito, entre las que se encuentran
vicerrectores, gerentes y técnicos de la administración, algunos de los cuales
son familiares directos de Ramos. Los recibos a nombre de Juan Antonio Expósito,
por un valor de 4.800 €, introducen, sin embargo, una sospecha de conexiones
políticas por la vinculación del escolta con la crisis creada en 2003 en la
Asamblea de Madrid.
Tras la comisión de
investigación abierta por aquellos hechos, que intentó demostrar sin éxito la
existencia de una trama urbanística vinculada al PP detrás de aquel episodio,
tanto Expósito como Dionisio Ramos declararon ante el juez a finales del año
pasado. En esa comparecencia, ambos aseguraron no conocerse personalmente.
Expósito lo negó pese a haber reconocido, ya en prisión y mediante un
manuscrito, que sus servicios habían sido pagados por la Complutense y que Ramos
le había encargado la vigilancia de algunas personas de la Universidad.
Ramos insistió en
que no conocía "de nada" a Expósito y aseguró que preparaba una demanda en
defensa de su "honor" y contra las "calumnias" vertidas por los medios de
comunicación. Y declinó dar explicaciones sobre los pagos. Los recibos a favor
de Expósito en poder de este periódico, en los que éste cobra por un trabajo en
concepto de "unidad de vigilancia" de la Universidad, llevan el membrete de los
Colegios Mayores de la Complutense. Pese a los desmentidos de ambos y las
versiones contradictorias mantenidas ante el juez por Expósito, los documentos
recabados por este periódico vinculan al escolta y al gerente de la Complutense
en un momento en el que el PP podía haber perdido el Gobierno de la Comunidad y
que la espantada de los dos tránsfugas evitó.
Antes de llegar a la
gerencia, Ramos ejerció como vicegerente de obras de la UCM entre 1987 y 1995,
bajo el rectorado de Gustavo Villapalos, a quien también acompañó como
secretario general técnico en la Consejería de Educación, bajo Gobierno del PP
en la Comunidad de Madrid (1995). Durante ese tiempo en la vicegerencia de
obras, Ramos promovió residencias para personal universitario en el campus de
Somosaguas (Pozuelo, Madrid). La auditoría encargada por el rector Berzosa ha
comprobado la existencia de una cuenta corriente que entre 1995 y 2001 estuvo a
nombre de diferentes testaferros -desde subdirectores de colegios mayores hasta
becarios- y con la que se operaba para los pagos irregulares. En esa cuenta (la
misma que corresponde el cheque de la foto), según el informe del rector, "se
ingresaban cantidades derivadas de la utilización de los colegios mayores y
diversos cobros y talones a lo largo del año". "Los cobros canalizados por esta
vía", añade la auditoría, "superarían los 105 millones de pesetas en 2000".
45. TRÁFICO DE INFLUENCIAS, LA
CONCEJALA DE LA LATINA, ANTE EL JUEZ (28/04/06)
La concejala del PP y presidenta de la Junta
Municipal de Latina, Nieves Sáez de Adana, imputada como autora de un presunto
delito de tráfico de influencias, afirmó que, se siente “tranquila” porque en
todo momento “actuó dentro de la legalidad”. La edil declaró ante la magistrada
del Juzgado de Instrucción nº 10 de Madrid, María Antonia Torres, quien, tras
estudiar una querella criminal interpuesta por el grupo municipal socialista de
Madrid, consideró que Sáez de Adana podría haber cometido un delito de tráfico
de influencias en la adjudicación de dos contratos a la empresa Urbasa, cuyos
administradores son el hermano y la cuñada del jefe de los servicios técnicos de
la citada Junta. A la salida de la dependencia judicial, la concejala, que
compareció durante más de dos horas ante la juez instructora, aseguró que, a
pesar de estar pasando por un “proceso incómodo”, “está tranquila” con la
actuación que llevó a cabo ya que se encuadraba “dentro de la legalidad”. No
obstante, Sáez de Adana declinó hacer declaraciones sobre el proceso judicial
pues, al tratarse de unas diligencias previas, prefiere pronunciarse una vez la
magistrada que instruye la causa haya dictado resolución.
Por su parte, el
letrado que ejerce la acusación particular, aseguró que el proceso seguido en la
adjudicación de los contratos a la empresa Urbasa “ha sido anómalo”, ya que las
fechas en los trámites “bailaban”. “La edil siempre mantuvo que 'había que
contar con la arquitecta' (en referencia a Beatriz Barrachina), lo que es un
indicio claro del tráfico de influencias que nosotros denunciamos”, afirmó el
abogado. En la querella se ponía de manifiesto que la compañía Urbasa,
administrada por el hermano y la cuñada de un funcionario de la Junta de Latina,
“conocía que el contrato le iba a ser adjudicado antes de que se acordase por el
órgano competente” y subrayaba que “los expedientes de contratación no fueron
más que el revestimiento de una decisión ya previamente adoptada de común
acuerdo por los querellados para que los contratos fueran adjudicados a Urbasa”.
La denuncia interpuesta por Iglesias y Martínez recayó en el Juzgado de
Instrucción número 10 de Madrid, cuya magistrada la admitió a trámite al
entender que los hechos que en ella se relataban “podían ser constitutivos de un
delito de tráfico de influencias”, castigado con penas de prisión que oscilan
entre los seis meses y un año y con la inhabilitación para empleo o cargo
público por tiempo de tres a seis años
46. EL ALCALDE DE MECO (PP) CORTA
UN CAMINO ASFALTADO PARA IMPEDIR EL TRÁFICO CON UN PUEBLO VECINO (01/05/06)
Meco, en Madrid, y
Villanueva de la Torre, en Guadalajara, son dos municipios vecinos y unidos por
un camino rural asfaltado. Sin embargo, el alcalde de Meco, Pedro Luis
Sanz, del PP, ha decidido romper el vínculo viario que les unía: ha abierto dos
zanjas para impedir que el tráfico del pueblo vecino llegue hasta Meco. ¿La
razón? Afirma que los turismos procedentes de Villanueva, gobernada por el PSOE,
colapsaban su pueblo. La mala señalización de las zanjas ha provocado ya dos
accidentes. Villanueva ya anuncia que creará una nueva carretera en paralelo. El
alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz, del PP, cortó hace un mes un camino rural
asfaltado de tres kilómetros que utilizaban unos 1.500 vehículos al día
procedentes del pueblo vecino de Villanueva de la Torre, en Guadalajara, para
acceder a la A-2 y a la R-2.
Para levantar el
asfalto ordenó que se utilizase una excavadora. Ahora, los afectados se ven
obligados a desplazarse al pueblo de Azuqueca para, desde ahí, acceder a Meco y
poder tomar así la radial: 10 kilómetros más de recorrido. Para inutilizar el
camino, que discurre en un 90% por el término municipal de Meco, el alcalde ha
abierto dos zanjas que impiden la circulación de turismos. La mala señalización
de los surcos ha provocado varios accidentes, uno de ellos con heridos.
Hace un mes, los
vecinos de Meco y Villanueva de la Torre se encontraron con que a ambos lados
del camino rural que comunica los dos pueblos pendían unos carteles con las
advertencias "Atención, obras" y "Camino rural cortado". Además, en la zona más
cercana a Villanueva de la Torre, donde linda con el término municipal de Meco,
habían aparecido dos zanjas que impedían el tránsito de vehículos. El camino
estaba inutilizado, al menos para los turismos. Los camiones y algunos vehículos
todoterreno pueden superar el obstáculo, al ser más altos. La peor parte recae
en los vecinos de Villanueva de la Torre, que trabajan en su mayoría en el
Corredor del Henares y que utilizaban ese camino para acceder a la A-2, la R-2 y
Alcalá de Henares.
El alcalde mequero,
Pedro Luis Sanz, del PP, mantiene que la medida de cerrar el camino no fue una
decisión personal. "Decidimos el corte en Junta de Gobierno [formada por el
equipo de gobierno, del PP]. Estoy convencido de que es lo mejor, porque después
de años no hemos podido llegar a ninguna solución, y, además de suponer un
peligro para los coches que circulan por él, colapsan Meco", sostiene. Sanz
recuerda que por el camino no pueden circular vehículos, aunque lo hicieran.
"Todos los meses hay accidentes. Y en los últimos 10 años ha habido cinco o seis
muertos". Al mismo tiempo, el regidor indica que Villanueva es un pueblo en
continuo crecimiento, que no se ha ocupado de sus vías de comunicación. "Yo no
voy a estar llamando todos los días al alcalde de otro municipio. Está claro que
se tiene que solucionar, pero a veces uno sólo se pone a trabajar cuando de
verdad tiene el problema encima".
El crecimiento de
Villanueva de la Torre, que ha pasado de tener 200 habitantes en 1991 a 5.146 en
la actualidad, llevó aparejado un incremento del tránsito de vehículos. Según
cálculos de Meco, utilizaban la vía unos 1.500 coches al día. El alcalde de
Villanueva de la Torre, Luis Fuentes, no está de acuerdo con el corte, que
califica de "medida unilateral".
47. EL
AYUNTAMIENTO GASTA 1,2 MILLONES EN UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE LA AYUDA A
MAYORES (05/05/06)
El Ayuntamiento de
Madrid iniciará una campaña publicitaria sobre los servicios municipales de
atención a mayores que costará a las arcas públicas, en sólo un mes, 1,2
millones de €, más de lo que gasta, por ejemplo, en dar comidas a domicilio en
todo un año. Ana Botella, concejal de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, alegó
que estas campañas son necesarias para que los potenciales usuarios sepan que
pueden pedir ayudas. La oposición ha calificado de "indignante" la iniciativa y
acusó a Botella de manipular a los jubilados para hacerse "autobombo".
Botella compareció
junto al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, para presentar la campaña
Sigue con
tu vida, que desde el próximo lunes y hasta el 4 de junio podrá verse en
anuncios de televisión y en cientos de carteles y miles de folletos distribuidos
por la ciudad. Preguntada por el coste de la iniciativa, la concejal dio una
cifra: 829.000 €, y la justificó así: "Hay un número muy importante de personas
a las que, si no hacemos una campaña, no les llega esta información". Pero a esa
cantidad -que corresponde a lo pagado por el municipio para emitir el anuncio en
los distintos medios- hay que sumar otra: lo gastado en crear el lema, los
anuncios, los carteles... Otros 400.000 €, como admitió más tarde un portavoz
municipal. En total, cerca de 1,2 millones. Más de lo que gasta la concejalía,
en todo un año, en repartir comidas a domicilio (900.000 €), facilitar camas
articuladas a los mayores dependientes (200.000 €) y subvencionar medidas de
salud bucodental (50.000 €). En la capital viven unos 600.000 mayores de 65
años.
"Esta campaña es
indignante, una iniciativa exclusivamente de autobombo y de manipulación del
colectivo de mayores. No tiene nada que ver con la prestación de servicios, sino
con intereses electorales", protestó Vilallonga. Según ella, la publicidad no es
necesaria porque los jubilados "son actualmente personas muy movilizadas y
conocen los servicios que les ofrece el Ayuntamiento".
Ruiz-Gallardón y
Botella estuvieron de acuerdo en afirmar que los servicios sociales constituyen
una "prioridad" del gobierno municipal. La atención a mayores tiene este año una
dotación de 178 millones de € (un 32% más que en 2005), y todo el dinero
asignado a los servicios sociales ronda el 7% del total del presupuesto del
Ayuntamiento. La obra de la M-30, por el contrario, costará a las arcas
municipales 4.665 millones (según el presupuesto inicial) a pagar en 35 años. El
alcalde ha mostrado varias veces en las últimas semanas su deseo de que Ana
Botella vaya de
número dos en la lista municipal para las elecciones de
2007 -si él la encabeza-. La concejal se lo agradeció públicamente, aunque no
quiso desvelar si irá o no en ese puesto. "Me sentiría muy honrada. Estoy muy
contenta de haber trabajado con Alberto Ruiz-Gallardón estos años y me considero
parte de este proyecto. La decisión sobre las listas la tomarán los órganos de
mi partido", dijo.
48. DIMITE EL
DIRECTOR MUNICIPAL DE DEPORTES DE MADRID TRAS SER DETENIDO CONDUCIENDO BORRACHO
(09/05/06)
El director general
de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sanz Pinacho, ha presentado su
dimisión al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que la ha aceptado. Sanz Pinacho
fue detenido a primera hora del pasado domingo tras estar a punto de provocar un
accidente al saltarse un semáforo en rojo cuando conducía su vehículo y chocar
con un coche patrulla de la Policía Municipal en el distrito de Chamartín.
Los agentes
detuvieron al infractor y le sometieron a la prueba de alcoholemia, que dio un
resultado sorprendente: el conductor triplicaba la tasa permitida para conducir
vehículos de motor. Sanz Pinacho repitió varias veces que era amigo del concejal
de Seguridad, Pedro Calvo, y que conocía a varios jefes de policía, para evitar
así una sanción.
Los hechos
ocurrieron a las 0.10, cuando Sanz Pinacho conducía su BMW 730 por la calle del
Segre. Al llegar a la confluencia con la calle de los Sagrados Corazones, cerca
del estadio Santiago Bernabéu, se saltó un semáforo en rojo y estuvo a punto de
colisionar con el coche patrulla. También llamó “chulo, prepotente y mal
policía” a uno de los agentes que intervenían.
El propio Sanz Pinacho señaló que había estado
tomando bebidas alcohólicas durante la celebración de la primera comunión de su
hija. Ante tales hechos, los agentes trasladaron al conductor a las dependencias
de la Unidad de Tráfico de la Policía Municipal, en la calle del Plomo
(Arganzuela). Según fuentes judiciales, los policías le apreciaron signos
evidentes de alcoholemia, como los ojos enrojecidos, una risa incoherente y
repetitiva y un andar lento. En breve, se celebrará el juicio rápido en los
Juzgados de la plaza de Castilla, en los que podría ser condenado con un mínimo
de ocho meses de suspensión del permiso de conducir y una multa de 600 €.
49. MILES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA
MADRILEÑA (11/05/06)
La política
educativa del Gobierno regional sufrió una huelga en la enseñanza pública que se
saldó con una guerra de cifras entre los convocantes y la Consejería de
Educación. Según los sindicatos, los paros afectaron al 90% de los centros
educativos y fueron secundados por el 85% de los profesores; el consejero de
Educación, Luis Peral, rebajó esta última cifra al 23%. A la huelga estaban
llamados los 47.000 docentes de la enseñanza pública y 7.000 administrativos del
sistema educativo. La jornada finalizó con una manifestación en defensa de la
escuela pública a la que acudieron miles de personas.
La jornada de huelga
que afectaba a 600.000 alumnos de la enseñanza pública madrileña no
universitaria, fue interpretada de dos formas totalmente opuestas, según quien
ofreciese los datos. Los sindicatos convocantes de los paros (ANPE, UGT, CC OO,
STEM-STES, CSI-CSIF y CSIT-UP) aseguraron que el 85% de los profesores no fue a
trabajar y que la huelga afectó al 90% de los centros.
Los sindicatos
señalaron que, según sus datos, en la zona norte de la región la huelga fue
seguida por el 87% de los profesores; en la zona sur por el 88%; en la zona este
por el 80% y en la oeste por el 90%. En Madrid capital el seguimiento, según los
sindicatos, fue de un 78%. "La participación masiva en la huelga debería de
hacer reflexionar al consejero sobre sus políticas educativas", señalaron los
portavoces de UGT y CC OO, José Vicente Mata y Francisco García.
La jornada transcurrió sin incidentes. Tan sólo en
el colegio Virgen del Cortijo, en Hortaleza, hubo un problema cuando "un
responsable educativo", según los sindicatos, impidió grabar a un equipo de
televisión. La jornada reivindicativa a favor de la escuela pública culminó con
una manifestación que a partir de las siete de la tarde recorrió el tramo que va
desde la plaza de Colón hasta la Consejería de la Educación. Los convocantes,
reunidos en la llamada Plataforma Regional por la Enseñanza Pública (sindicatos,
asociaciones de vecinos...), cifraron en 170.000 el número de asistentes. La
Policía Municipal no dio datos. La protesta discurrió de manera festiva. Había
profesores de primaria y secundaria; estudiantes; niños y, en general,
simpatizantes de la escuela pública. Al final de la concentración, los
convocantes leyeron un manifiesto en el que exigían el cumplimiento del acuerdo
educativo y se pronunciaban en contra de la privatización de la enseñanza.
50. Los diputados del PP se esposan
en la Asamblea de Madrid al grito de "¡Alonso, dimisión!" (12/05/06)
Los diputados del PP en la Asamblea de Madrid se han esposado en el
hemiciclo mientras gritaban “¡Alonso, dimisión!”. La presidenta de la Cámara,
Concepción Dancausa, ha tratado de poner orden en la Cámara para que el portavoz
del Grupo Socialista, Rafael Simancas, pudiera empezar su intervención y dar la
réplica a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Tras unos minutos, los
parlamentarios populares volvieron a tomar asiento y Simancas les pidió "respeto
a la institución" de la Asamblea, lo que respondieron con abucheos y nuevas
peticiones de dimisión del ministro José Antonio Alonso. Ningún miembro del
Ejecutivo regional presente en la Cámara ha participado en la protesta.
"¡No tiene usted ni idea, ni idea, de lo que nos ha costado a
algunos que no tenemos apellidos aristocráticos llegar aquí, para que vengan
ustedes a faltarnos al respeto, a faltar al respeto a esta institución, a mi
grupo y a los ciudadanos!", le dijo Simancas a Esperanza Aguirre, lo que motivó
los aplausos de los diputados socialistas y las muestras de rechazo de los del
PP.
La nueva algarabía que se produjo en el hemiciclo
fue otra vez sofocada por la presidenta Dancausa, tras lo cual prosiguió el
debate, durante el cual Simancas acusó a Aguirre de haberse quedado "sola"
frente a la comunidad educativa. La presidenta aprovechó su turno de réplica
para decirle que el que se había quedado "solo" había sido él, "por no condenar
las detenciones ilegales que los jueces dicen que se ha producido a dos
ciudadanos madrileños".
51. NUEVO LEMA DEL PP A
SUS ALTOS CARGOS “SI BEBÉIS, POR DIOS, NO CONDUZCÁIS”
(14/05/06)
Segundo caso en una
semana de dimisión de un cargo público por conducir ebrio. El concejal de Empleo
y Desarrollo Económico de Coslada, Jesús Aguilar Fuentes (PP), ha sido
denunciado por la Policía Local del municipio por conducir con una tasa de
alcoholemia tres veces superior a la legal. Además, el edil insultó y amenazó a
la conductora con la que chocó. La afectada le ha denunciado por los hechos, al
igual que los dos agentes que intervinieron, ya que les menospreció en la vía
pública. Aguilar dimitió de su cargo.
Los hechos
ocurrieron cuando el edil conducía su vehículo por el casco urbano de Coslada y
colisionó con otro auto conducido por una mujer de 29 años. Aguilar, lejos de
bajar en una actitud conciliadora y con ganas de evitar problemas, descendió del
vehículo y empezó a insultar a la conductora. "Inútil" y "mujer tenías que ser"
fueron algunas de las palabras que le dirigió, entre otros improperios
degradantes, según fuentes del caso.
El concejal llegó a
empujar levemente en los hombros a la mujer, por lo que ésta llamó a su marido,
agente del Cuerpo Nacional de Policía, quién acudió al lugar del accidente. En
ese momento apareció en la escena el escolta y conductor del alcalde de Coslada,
Raúl López Vaquero (PP). A los pocos minutos llegaron dos agentes locales, a los
que Aguilar recibió diciéndoles que él era la autoridad y que aquellos tenían
que ponerse firmes. Añadió que les daría la documentación suya y del vehículo
cuando lo considerara conveniente, siempre según fuentes policiales.
Los agentes les
pidieron la documentación y, a petición del marido de la conductora, ambos
fueron sometidos a la prueba de alcoholemia. Ya en ese momento, Aguilar dio un
resultado positivo: 0,69 miligramos de alcohol por litro de aire expirado,
cuando la tasa máxima permitida es de 0,25. Ante estos resultados, los agentes
inmovilizaron el vehículo y lo trasladaron a las dependencias de la Policía
Local para instruir el atestado por conducir bajo los efectos del alcohol.
Entonces llegó el concejal de Personal y Régimen Interior, Francisco Javier
Becerra Redondo, que se hizo cargo del vehículo de su compañero de partido para
evitar que se lo llevara la grúa al depósito municipal y evitar el pago de las
tasas.
Los agentes hicieron
otra segunda prueba con un etilómetro y dio en esta ocasión una tasa aún mayor
de alcohol: 0,72, por lo que le fueron abiertas diligencias administrativas. Los
agentes también le acusaron de abuso de autoridad y mandaron un escrito al
juzgado de guardia.
La conductora y su
esposo acudieron a la sede de la Policía Local. Comentaron que acababan de
denunciarle por insultos y amenazas. Después de que se le pasara la embriaguez,
Aguilar quedó libre. El hecho motivó que el concejal presentara al mediodía de
la dimisión de su cargo.
El caso del concejal de Coslada es el segundo
ocurrido esta semana y que afecta a un cargo público. El director general de
Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sanz Pinacho, dimitió después de
que el se saltara un semáforo en rojo y estuviera a punto de chocar con un
vehículo de la Policía Municipal. Conducía con una tasa de alcoholemia que
triplicaba la permitida.
52. AGUIRRE FINANCIA A LA ULTRADERECHA CUBANA
(18/05/06)
Según la nota de prensa divulgada por Cuba
Solidaridad, un movimiento de solidaridad con Cuba que aglutina a ONGs,
asociaciones y comités, a través de su página
web, se han destinado 239.100 euros de los Fondos de ayuda al
desarrollo de la Comunidad de Madrid, correspondientes a 2005, a la Fundación
Hispano Cubana (FHC). Esta Fundación, fue fundada en 1996 por el diputado del
PP, Guillermo Gortázar, y se la relaciona con la Fundación Cubano Americana de
Miami, que a lo largo de más de cuatro décadas ha planeado y ejecutado toda
clase de acciones tendentes a la desestabilización del Gobierno de Fidel Castro.
La concesión de esta subvención se ha publicado en
el Boletín Oficial número 45 del 22 de febrero de 2006 de la Comunidad de
Madrid. En el se detalla que se trata de una subvención concedida para tres años
(2005, 2006, y 2007) y lleva como título "Desarrollo cívico y formativo en
libertad". En la Orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM) queda explicado que la subvención se concede para "la financiación de
programas y proyectos de cooperación al desarrollo".La ONG Cuba Solidaridad considera que estos fondos se están utilizando para
“fortalecer la democracia en la isla”, por lo que los recursos “no se están
destinados a la cooperación al desarrollo del pueblo cubano, sino para ejercer
de lobby político contra el
Gobierno de Fidel Castro”. El propio secretario general de la FHC, Javier
Martínez-Corbalán, confirmó estos términos, al declarar a
elplural.com que “estos recursos se
destinan a apoyar la libertad, la democracia y los derechos humanos en la Isla”.
El apoyo financiero de la Comunidad de Madrid a la
contrarrevolución cubana quedó plasmado en la visita que hizo su presidenta,
Esperanza Aguirre, a Miami el pasado mes de abril. La ONG cubana, denuncia que
entonces se reunió con miembros de la
extrema derecha. Cuba Solidaridad afirma que no es la
primera vez que los gobiernos autonómicos ligados al PP financian a esta
organización “ligada a la extrema derecha cubana”. Denuncian, por ejemplo,
que en diciembre de 2000 la Generalitat de Valenciaa, gobernada por el PP, donó
156.000 euros a FHC. En 2004 la Fundación Hispano Cubana también recibió de la
Comunidad de Madrid para el mismo programa “Desarrollo cívico y formativo en
libertad” la suma de 150.000 euros, publicado en BOCM de 2 de junio, 2004.
Según fuentes de la Comunidad de Madrid, los
concursos para dar subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo son
abiertos y se otorgan a las entidades que cumplan con todos los requisitos
exigidos por la ley española. Por lo que dicen que no tiene ningún indicio de
que no se inviertan en la cooperación al desarrollo de la isla, y que desconocen
que los fondos donados a la Fundación puedan tener relación alguna con grupos de
la extrema derecha cubana.
Fuentes diplomáticas cubanas en España, declararon
que la FHC se ha revelado "como un grupo que colabora con las organizaciones que
pretenden derrocar el gobierno de Fidel Castro, como la Fundación Nacional
Cubano Americana, de Miami". Asimismo, indican que la FHC no cuenta con la
autorización del gobierno cubano de llevar a cabo ningún programa de desarrollo
en la Isla. Por lo que no se explican "cómo se les subvencionan proyectos de
cooperación al desarrollo en Cuba si no pueden ejecutarlos".
53. EL REFRÁN ‘NADIE DA DUROS A PESETAS’ EN
ENTREDICHO. LA COMUNIDAD DE MADRID, ACUSADA DE COMPRAR SUELO POR ENCIMA DE SU
COSTE (24/05/06)
El diputado del PSOE en la Asamblea de
Madrid, Modesto Nolla, acusó a la empresa pública de la vivienda (Ivima) de
haber comprado suelo a Fadesa Inmobiliaria por encima de su precio para hacer
pisos de protección oficial en Colmenar de Oreja. Según Nolla, el Ivima pagó
92,5 € por m2 para favorecer a Fadesa, cuando esos mismos terrenos
los había adquirido esta empresa unos meses antes al Ayuntamiento de la
localidad por sólo 29. Sin embargo, la consejería de Medio Ambiente, negó la
acusación y afirmó que Ivima había comprado el terreno a particulares y no a
Fadesa.
En una intervención en el pleno de la Asamblea de
Madrid, Nolla aseguró que el Ivima compró el pasado mes de diciembre un millón
de m2 en Valdeguerra (Colmenar de Oreja) a razón de 92,5 € el metro.
Una información que desde el propio Ivima se ha confirmado.
Según las fuentes de la consejería de Medio Ambiente, el mes de diciembre se
invirtió 18,75 millones de € en la compra de 200.000 m2 en Colmenar
de Oreja a razón de 92,5 €/m2. Pero las fuentes aseveraron que estos
terrenos no se compraron a la empresa inmobiliaria Fadesa, sino a ciudadanos
particulares a través de talones nominativos. Estos terrenos están situados en
el sector urbanístico “Valdeguerra”, donde está previsto un desarrollo
urbanístico que incluye la construcción de 4.500 viviendas protegidas.
Fuentes del ayuntamiento de Colmenar de Oreja,
la venta de estos terrenos a Fadesa. Según el consistorio, estos terrenos fueron
“adjudicados a través de una subasta pública” a la que
concidencialmente sólo acudió esta
empresa inmobiliaria. Asimismo, agregaron que Fadesa “tiene prohibido
judicialmente realizar cualquier operación de venta” sobre estos terrenos por
fueron “adquiridos a través de concurso público”.
Desde la empresa inmobiliaria, con sede A Coruña,
niegan la venta de estos terrenos a Ivima. Y argumentan que aunque tienen
terrenos en esta localidad madrileña pero “no son propietarias de todo” el
pueblo. Por su parte, Eduardo Cuenca, diputado de IU, criticó la operación de
Ivima (donde invirtió 18,75 millones de € en la compra de 200.000 m2
en Colmenar de Oreja a razón de 92,5 €/m2). El diputado consideró que
es un desarrollo urbanístico situado a “10 kilómetros del núcleo urbano de
Colmenar de Oreja” y, por lo tanto, criticó que sea un barrio creado únicamente
para fomentar la especulación.
Además, Cuenta destacó que “no existen informes medioambientales” relativos a la
operación. “¿Qué hacen ustedes ahí metidos y por qué no de otra forma?, se
preguntó el diputado de IU.
54. LOS PARQUES DE OCIO NO SON LO SUYO. LA
COMUNIDAD ADMITE EL FRACASO ECONÓMICO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL PARQUE WARNER
(25/05/06)
El 43,6% del parque
de ocio Warner, la participación que pertenece a la Comunidad de Madrid a través
de la empresa Arpegio, está en venta. Así lo anunció el consejero de
Presidencia y presidente de Arpegio, Francisco Granados, que admitió:
"Económicamente hablando no ha sido una buena operación". La intención del
Gobierno regional es que la venta de sus acciones sea adjudicada el próximo
agosto. El consejero dibujó un futuro para el parque aparentemente optimista,
pues cifró en siete millones de € la previsión de beneficios para 2006. La
consejería matizó luego que se trata del resultado de explotación (ingresos
antes de impuestos, depreciación y amortización). El banco Santander Central
Hispano (SCH) ha sido designado por la Comunidad de Madrid para coordinar el
proceso de venta y, para ello, ha elaborado un cuaderno de venta que refleja las
previsiones de futuro de la empresa.
Granados explicó que
el banco ha valorado económicamente el accionariado en venta del parque Warner
en un rango de entre 50 y 200 millones de €, en función de las hipótesis de
crecimiento del complejo de ocio. "Esto supone una gran capacidad para hacer
ofertas muy diferentes", estimó el consejero de Presidencia, que también
reconoció que esa valoración está muy condicionada "por el valor de los
terrenos". La perspectiva económica del parque Warner mejoró el pasado
diciembre, cuando el Gobierno regional, el Ayuntamiento de San Martín de la Vega
(PSOE), Arpegio y la empresa Parque Temático de Madrid cerraron un acuerdo que
permitía ampliar las instalaciones de los terrenos libres del parque.
Eso supuso que 100
hectáreas de uso terciario aumentaban su edificabilidad hasta un tope de 275.000
m2, con el fin de enjugar la deuda del complejo de ocio, que asciende
a 243 millones de €. El saneamiento financiero a través de esa operación es lo
que permite a la Comunidad de Madrid desprenderse ahora de su participación.
"El Gobierno de
Esperanza Aguirre ha mantenido su intención de abandonar el accionariado del
parque desde el primer día", afirmó Granados. "Estamos convencidos de que el
dinero público y el esfuerzo de la Comunidad de Madrid no debían dedicarse a una
actividad que debe estar en el ámbito de lo privado, sino dirigirse a
actividades de más calado social", resaltó. También destacó el consejero de
Presidencia que el principal objetivo de la operación de venta es "garantizar la
pervivencia del parque y los alrededor de 900 puestos de trabajo [incluidos los
temporales]" creados.
Granados destacó
también que el complejo de ocio ha mejorado su rendimiento, pues alcanzará a
finales de año 1.183.000 visitantes, un 15% más que el año pasado. Además, el
presidente de la empresa Parque Temático de Madrid, Jesús Sanz, aseveró que en
lo que va de temporada (entre el 1 de abril y el 21 de mayo pasados) ha obtenido
unos ingresos brutos de ocho millones de €.
Los grupos de la oposición, PSOE e IU, fueron muy
críticos con el anuncio de la operación de venta del parque temático. El
portavoz socialista en la Asamblea regional, Rafael Simancas, reclamó que dicha
venta "no se traduzca en pérdidas de empleo y en especulación urbanística con el
terreno del parque". A lo que agregó: "Mientras la Comunidad no quiere construir
hospitales públicos y escuelas infantiles, es impropio que se mantuviese en el
accionariado de un parque de recreo". También recordó Simancas que se trata de
un negocio "ruinoso". "Nos prometieron 720 millones de € de inversión privada y
30.000 puestos de trabajo, mientras ahora tenemos una deuda pública de más de
240 millones de € y pérdidas de 125 millones de €", que hacen peligrar los 150
empleos directos del parque.
55.
Explicado el pelotazo de la familia de Aguirre.
Habla el empresario afectado (30/05/06)
Una revista de tirada nacional ha entrevistado al
empresario Mariano Illera Sanz, que, tal como reveló en enero de 2001 vendió
fincas rústicas en el municipio madrileño de Tres Cantos a familiares de
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, poco antes de que
fueran recalificadas para aumentar considerablmente su valor. Illera habla del
engaño del que fue víctima por los parientes de Aguirre. El empresario Mariano
Illera Sanz vendió sus 23 fincas rústicas de Tres Cantos a cuatro tíos maternos
y cinco primos carnales de Esperanza Aguirre. A los pocos días se recalificaron
los terrenos, aumentando considerablemente su valor. Illena explica cómo se
sintió engañado por los parientes de Aguirre. Ésta no ha sido la primera vez que
la familia de la política del PP se beneficia de una recalificación de terreno.
Hace dos años una parte de sus parientes, propietarios de unas tierras por las
que pasaba el trazado del AVE Madrid-Barcelona, vieron cómo el precio de su
tierra se triplicaba por la construcción de la línea férrea
Según relata Illera llevaba tiempo queriendo
vender las fincas rústicas ubicadas en Tres Cantos, y “no había manera”. Esas
tierras las había comprado él y un socio en 1998 por doce millones de pesetas
(72.000 euros). Así que le pareció un negocio magnífico venderlas por “4.800.000
euros”, dinero que le ofrecían los parientes de la presidenta de la Comunidad de
Madrid. Illera creyó que ese había sido uno de los mejores negocios de su vida;
pero se equivocaba. El empresario desconocía en el momento de la venta que esos
terrenos iban a recalificarse. “No soy tonto: si lo hubiera sabido los hubiese
vendido más caros”, afirma.
El 13 de febrero de 2001, poco después de que Illera hubiera firmado el contrato
de arras, el pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos, gobernado por una coalición
entre el PP y el partido independiente de Tres Cantos Unido, aprobó el Avance
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que afectaba a 17 de esas 23
fincas. Los nuevos dueños de los terrenos (los parientes de Aguirre) no
vendieron inmediatamente, sino tres años después estas fincas, por 11,5 millones
de euros.
El empresario afirma que no conocía la identidad de todos los compradores hasta
la firma de las escrituras públicas de compraventa, el 22 de mayo de 2001. “Me
llevé una sorpresa cuando encontré en la notaría a bastantes personas, que no
conocía, y me enteré de que eran de la familia Gil de Biedma. Yo los relacioné
con el poeta Jaime Gil de Biedma, no con Esperanza Aguirre”, dijo Illera.
Aquellas personas, además de ser primos del autor (Jaime Gil de Biedma), son
también tíos maternos y primos carnales de Esperanza Aguirre Gil de Biedma.
Santiago, José Antonio y Javier Gil de Biedma y Vega de Seoane. El último de
ellos es el conde de Sepúlveda. Los hermanos Gil de Biedma son socios de la
correduría AON Gil y Carvajal. En total, en la operación urbanística de Tres
Cantos han participado 22 particulares y empresas suyas, que han obtenido casi 7
millones de euros de beneficio.
El empresario denuncia la existencia de información privilegiada. En este punto,
Illera dice que el ex alcalde, Ángel Luis Pérez, político del PSOE, conocido por
su doble moral política, ya que no es la primera vez que se alía con el otro
bando ideológico (compareció en el caso de los tránsfugas Tamayo y Sáenz), de
“haber utilizado su influencia política (…) pues es la única persona que estaba
metida en política”.
La familia Gil de Biedma Vega de Seoane sigue siendo propietaria, junto con el
ex alcalde socialista, Ángel Luis Pérez, de seis fincas rústicas en Tres Cantos,
pegadas al ámbito de actuación del PGOU. Su valor se disparará cuando sean
recalificadas. Otro negocio más
56. EL ALCALDE
DE VALDEMORO (PP) DECLARA ANTE EL JUEZ POR UN PRESUNTO DELITO DE
PREVARICACIÓN (29/05/06)
El alcalde de
Valdemoro, José Miguel Moreno Torres (PP), está citado a declarar ante el
Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad. Este juzgado ha admitido a
trámite una querella criminal interpuesta por una vecina de Valdemoro y que
acusa a Moreno de un delito de prevaricación y otro sobre el patrimonio
histórico. Los hechos denunciados -el Ayuntamiento incumple desde hace seis años
una sentencia que le obligaba a demoler unas obras realizadas en un edificio
protegido- afectan también al ex alcalde y hoy secretario regional del PP,
Francisco Granados, aunque éste ha quedado fuera de la querella. El Ayuntamiento
replica que está a la espera de otra resolución judicial para demoler las obras.
Paloma de Diego,
vecina de Valdemoro, lleva más de una década batallando contra su Ayuntamiento
para que cumpla la ley. La vivienda de esta vecina, en la plaza de Autos, está
justo al lado de otra conocida como la Casa de la Inquisición, un inmueble del
siglo XVIII incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos de la Comunidad. Esa
catalogación convierte al edificio en prácticamente intocable: en él sólo pueden
hacerse obras de conservación y restauración, no de ampliación. A pesar de ello,
el dueño, Nicolás Sánchez, reformó el inmueble en 1994 para construir una planta
más, y modificó la cubierta. El gobierno municipal, entonces del PSOE, le
advirtió de la ilegalidad y le instó a demoler esa planta, pero Sánchez recurrió
ante los jueces. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia llegó en 1999
(es firme desde 2000) y dio la razón al Ayuntamiento, obligando a derribar las
obras realizadas.
Pasados seis años,
esa sentencia no se ha cumplido. Desde 1999 Valdemoro está gobernado por el PP.
Su alcalde durante cuatro años fue Francisco Granados, hoy secretario general
del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, y a él le sucedió
José Miguel Moreno, su anterior teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.
Paloma de Diego les pidió varias veces por escrito que ejecutaran la sentencia.
Fue en vano. Así que, cansada de enviar cartas, recurrió a los tribunales. "La
habitación que se construyó ese señor me dejó sin patio. Como no recibo
respuesta del Ayuntamiento, he puesto el caso en manos de mis abogados", declaró
en septiembre de 2003. Sus abogados acudieron primero a la fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia, que archivó las diligencias. En mayo de 2005, los letrados
presentaron una querella por "prevaricación y delito contra el patrimonio" ante
el Juzgado número 1 de Valdemoro, que sí vio indicios para investigar el caso y
lo admitió a trámite. El pasado 24 de marzo la fiscalía solicitó la declaración
de los dos acusados -el alcalde y el autor de las obras ilegales, Nicolás
Sánchez-, y el 6 de abril el juzgado dictó providencia citándolos a declarar el
30 de mayo.
Una responsable del
departamento jurídico del Ayuntamiento de Valdemoro confirmó la citación
judicial cursada al alcalde, pero aseguró que el gobierno municipal no ha hecho
dejación de funciones. "El Ayuntamiento lleva años requiriendo al propietario
del inmueble a que derribe las obras. En 2003 se le envió el último
requerimiento, y después se inició un procedimiento de ejecución sustitutoria:
como el propietario no derriba esa construcción, tendrá que derribarla el
Ayuntamiento", explicó esta responsable. Para que eso ocurra tienen que suceder
dos cosas: "Un juez debe autorizar la entrada de funcionarios municipales en el
domicilio, y el Ayuntamiento tiene que dotarse de una partida presupuestaria
para realizar la demolición". Lo primero, la autorización judicial, no ha
llegado. "Lo segundo no lo sé", dice esta responsable, que añade: "El
Ayuntamiento se ha demorado en ejecutar la sentencia, es cierto, pero nunca
renunció a cumplirla". El alcalde José Miguel Moreno no quiso hacer
declaraciones.
Hace tres años, el
aún teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Valdemoro afirmó: "Es un tema
complicado porque hay que contratar a una empresa que se encargue de la
demolición y para eso se necesita una partida presupuestaria. Nunca nos hemos
opuesto al cumplimiento de la sentencia. El derribo se hará pronto". Pero el
tiempo ha pasado. Si el asunto acaba en juicio, los abogados de Paloma de Diego
quieren llamar a declarar como testigo al consejero Granados. No lo han incluido
en la querella "por el momento" porque, al ser Granados diputado regional y ser
aforado, el caso habría pasado directamente al Tribunal Superior, cuya fiscalía
desestimó la primera denuncia interpuesta.
57. el
pelotazo
de la familia de AGUIRRE (30/05/06)
Una revista de tirada nacional ha entrevistado al
empresario Mariano Illera Sanz, que, tal como reveló en enero de 2001 vendió
fincas rústicas en el municipio madrileño de Tres Cantos a familiares de
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, poco antes de que
fueran recalificadas para aumentar considerablemente su valor. Illera habla del
engaño del que fue víctima por los parientes de Aguirre. El empresario Mariano
Illera Sanz vendió sus 23 fincas rústicas de Tres Cantos a cuatro tíos maternos
y cinco primos carnales de Esperanza Aguirre. A los pocos días se recalificaron
los terrenos, aumentando considerablemente su valor. Illena explica cómo se
sintió engañado por los parientes de Aguirre. Ésta no ha sido la primera vez que
la familia de la política del PP se beneficia de una recalificación de terreno.
Hace dos años una parte de sus parientes, propietarios de unas tierras por las
que pasaba el trazado del AVE Madrid-Barcelona, vieron cómo el precio de su
tierra se triplicaba por la construcción de la línea férrea
Según relata Illera llevaba tiempo queriendo
vender las fincas rústicas ubicadas en Tres Cantos, y “no había manera”. Esas
tierras las había comprado él y un socio en 1998 por doce millones de pesetas
(72.000 €). Así que le pareció un negocio magnífico venderlas por “4.800.000 €”,
dinero que le ofrecían los parientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Illera creyó que ese había sido uno de los mejores negocios de su vida; pero se
equivocaba. El empresario desconocía en el momento de la venta que esos terrenos
iban a recalificarse. “No soy tonto: si lo hubiera sabido los hubiese vendido
más caros”, afirma.
El 13 de febrero de 2001, poco después de que
Illera hubiera firmado el contrato de arras, el pleno del Ayuntamiento de Tres
Cantos, gobernado por una coalición entre el PP y el partido independiente de
Tres Cantos Unido, aprobó el Avance del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), que afectaba a 17 de esas 23 fincas. Los nuevos dueños de los terrenos
(los parientes de Aguirre) no vendieron inmediatamente, sino tres años
después estas fincas, por 11,5 millones de €. El empresario afirma que no
conocía la identidad de todos los compradores hasta la firma de las escrituras
públicas de compraventa, el 22 de mayo de 2001. “Me llevé una sorpresa cuando
encontré en la notaría a bastantes personas, que no conocía, y me enteré de que
eran de la familia Gil de Biedma. Yo los relacioné con el poeta Jaime Gil de
Biedma.
Aquellas personas, además de ser primos del autor (Jaime Gil de Biedma), son
también tíos maternos y primos carnales de Esperanza Aguirre Gil de Biedma.
Santiago, José Antonio y Javier Gil de Biedma y Vega de Seoane. El último de
ellos es el conde de Sepúlveda. Los hermanos Gil de Biedma son socios de la
correduría AON Gil y Carvajal. En total, en la operación urbanística de Tres
Cantos han participado 22 particulares y empresas suyas, que han obtenido casi 7
millones de € de beneficio. Illera denuncia la existencia de información
privilegiada. La familia Gil de Biedma Vega de Seoane sigue siendo propietaria,
junto con el ex alcalde socialista, Ángel Luis Pérez, de 6 fincas rústicas en
Tres Cantos, pegadas al ámbito de actuación del PGOU. Su valor se disparará
cuando sean recalificadas. Otro negociete más
58. PARIENTES DE GALLARDÓN, PRESUNTAMENTE
IMPLICADOS EN EL
PELOTAZO DE AGUIRRE (30/05/06)
A pesar de las malas relaciones políticas
entre la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP) y Alberto
Ruíz Gallardón (PP), actual Alcalde de Madrid y anterior Presidente Regional,
sus familiares directos tienen, aparentemente, relaciones conjuntas en empresas.
De hecho mantenían vínculos empresariales cuando se realizó la denominada “Trama
del Ladrillo de Tres Cantos”, durante los años 2000 hasta 2003. Según el PSOE de
Tres Cantos, el notario que elevó a público las escrituras y el acuerdo de
compraventa entre el primer propietario de las 23 fincas rústicas en Tres
Cantos, Mariano Illera, y los familiares de Esperanza Aguirre era el primo
carnal de Alberto Ruiz Gallardón (entonces Presidente de la Comunidad de Madrid)
y su nombre es Miguel Ruíz Gallardón García de la Rasilla. Miguel Ruíz-Gallardón García de la Rasilla, su
hermano Ignacio y el padre de éstos, Rafael, familiares directos de Alberto Ruiz
Gallardón, formaban parte del Consejo de Administración como apoderado,
consejero y presidente de la empresa mercantil Web Trust Technologies S.A., de
la que Santiago Gil de Biedma Vega de Seoane, tío de Esperanza Aguirre, fue
también Consejero, desde el año 2000 hasta julio de 2003, justo en la época en
que se llevó a cabo la operación urbanística, siendo Alberto Ruiz Gallardón
Presidente de la Comunidad de Madrid.
“Es llamativo que mientras Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz-Gallardón discuten,
sus primos comparten negocios y tienen empresas conjuntas. Invierten en terrenos
que, casualmente, se revalorizan y aumenta de forma increíble su valor
coincidiendo con decisiones que se toman desde las altas instancias donde se
encuentran sus respectivos primos. Demasiadas casualidades que alguien debe
explicar” afirman desde el PSOE de Tres Cantos. Miguel Aguado, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos expone: “No puedo afirmar, aún, de
forma fehaciente que hubiese información privilegiada, pero es llamativo que
teniendo familiares con tanto poder de decisión y con un papel tan claro en la
revalorización del suelo, casualmente aterrizaran por aquí primos y tíos de uno
y de otra y se pusiesen a comprar los unos y obtuviesen con tanta suerte
beneficios tan altos”. Según Aguado, es “indignante e inmoral” que donde la
Presidenta de la Comunidad tiene la obligación de facilitar viviendas asequibles
a los madrileños y especialmente a los tricantinos, sus familiares “peguen
pelotazos” cuyos beneficios saldrán
del mayor precio de las viviendas. Asimismo, manifestó que “estoy cansado de ver
que donde hay un problema y una necesidad, los de siempre ven un negocio. ¿Qué
pensarán los futuros compradores de pisos cuando sepan que una parte de su
hipoteca estará dirigida al beneficio de la familia de Esperanza Aguirre?”.
59. LA AUDIENCIA PROVINCIAL FIJA LA VISTA
ORAL DEL “CASO FUNERARIA”, QUE OCURRIÓ HACE 14 AÑOS (30/05/06)
La Audiencia Provincial
de Madrid ha admitido las pruebas presentadas en el llamado
caso funeraria.
Los magistrados encargados del proceso, que se prolonga desde hace más de una
década, han establecido para el próximo 17 de julio la celebración de la vista
pública oral. El caso funeraria data de 1992, cuando el Ayuntamiento, del
PP, vendió el 49% de la funeraria municipal por 0,6 € a Funespaña. El PP alegó
que la funeraria era ruinosa, pero poco después arrojaba pingües beneficios. En
el juicio están imputados tres ex concejales del PP: Luis María Huete, Simón
Viñals y Antonio Moreno.
Parece vislumbrarse
el final del túnel en el
caso funeraria, que ya se prolonga casi 15 años.
La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado la vista pública oral para el 17 de
julio y, si procede, "continuará el día 18 de julio", señala el auto. El caso se
inició en 1992 cuando el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, del PP,
aprobó la venta del 49% del capital de la funeraria municipal a la empresa
privada Funespaña por sólo 0,6 € (100 pesetas). Un precio simbólico que
el PP justificó por la situación ruinosa de la funeraria municipal. Meses más
tarde, la empresa mixta ganaba más de seis millones de €. Además, el fiscal
valoró la empresa pública en cerca de siete millones de €.
La instrucción judicial del caso comenzó en 1999
en la más alta instancia judicial de Madrid, por ser Huete en ese momento
diputado regional. La investigación se prolongó hasta 2002, cuando el fiscal
pidió 25 años de cárcel para los imputados: Luis María Huete Morillo, Simón
Viñals y Antonio Moreno Bravo, ex concejales y cargos públicos del PP, acusados
de prevaricación, malversación de fondos públicos y maquinación para alterar el
precio de las cosas y tráfico de influencias. Pero en septiembre de 2003, la
fiscalía elevó un informe al Tribunal Supremo para que el caso se trasladase a
la Audiencia Provincial alegando que Huete ya no era diputado regional. El
Tribunal Superior tiene potestad para juzgar a diputados autonómicos, pero no a
concejales. Éstos deben ser procesados en la Audiencia Provincial.
60.UN INFORME DEL COLEGIO DE MÉDICOS CONCLUYE QUE NO SE PUEDEN
ATRIBUIR LAS MUERTES A LA SEDACIÓN (03/06/06)
El Colegio
Oficial de Médicos de Madrid emitió su informe sobre las sedaciones de enfermos
terminales en el hospital de Leganés. El estudio, elaborado con las historias
clínicas (muchas incompletas) y sin consultar con los facultativos implicados,
concluye que hubo 34 casos de mala práctica médica, de los cuales cuatro son
graves porque la "historia clínica no documenta enfermedad terminal" y, por
tanto, la sedación no estaba justificada. El informe, que también recoge casos
de dosis "injustificadamente altas y potencialmente peligrosas", admite, sin
embargo, que no se puede afirmar que la causa directa de las 34 muertes fuese la
medicación. Fuentes judiciales indican que esta afirmación resta relevancia
penal a los hechos.
Treinta y cuatro
sedaciones terminales aplicadas a enfermos del hospital Severo Ochoa de Leganés
(Madrid) incumplieron la buena práctica médica, aunque en ningún caso puede
concluirse que la sedación fue la causa de la muerte de los enfermos. Ésta es la
conclusión más importante del informe hecho público y realizado por un equipo
de 11 médicos seleccionados por el Colegio de Médicos de Madrid. El estudio,
solicitado por el juez que instruye el caso, no incluye la versión de los
médicos de Leganés, que no han sido consultados, y se basa en el estudio de 73
historias clínicas de pacientes fallecidos en el hospital entre septiembre de
2003 y marzo de 2005.
El informe concluye
que 20 de estos enfermos estaban en coma profundo, por lo que las sedaciones
eran "innecesarias" y "no estaban indicadas". Las sedaciones a enfermos en coma
han sido avaladas por numerosos expertos y por la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos. En otros 10 pacientes, el informe sostiene que la historia médica no
informa de si los médicos buscaron alternativas de tratamiento a los síntomas
que sufrían los pacientes, antes de la sedación. Los cuatro casos más graves,
que el informe califica de "sedaciones contraindicadas", son de pacientes cuya
historia clínica no permite concluir que estuvieran en situación terminal.
61. UN CONSEJERO DEL CES DE MADRID, EL INEFABLE DE
MIGUEL, SENTENCIA: "EL AUMENTO DE LA INMIGRACIÓN PUEDE LEGITIMAR LAS ABLACIONES"
(05/06/06)
El sociólogo Amando de Miguel ha vuelto a
relacionar la violencia doméstica y la delincuencia con la inmigración. En un
foro organizado por la Diputación de Pontevedra, De Miguel afirmó que los
inmigrantes provocan "grandes conflictos" y que, por su llegada desordenada, "no
se podrá parar la poligamia". mando de Miguel fue el encargado de inaugurar el
Foro de las Migraciones, organizado por la Diputación de Pontevedra, que preside
Rafael Louzán, del PP. El sociólogo declaró que la inmigración genera problemas
negativos como "el déficit fiscal y la facilidad con la que entran algunos
delincuentes, mafias organizadas e incluso terroristas". De Miguel fue más lejos
al decir que el aumento de inmigrantes puede convertir en "legítimas y
aplicables" la poligamia o incluso la ablación a mujeres, "a cargo de la
Seguridad Social".
Además del calado de las afirmaciones xenófobas,
lo llamativo de este episodio es que el sociólogo realizó estas declaraciones en
un Foro financiado con fondos de la Unión Europea, dedicados al fomento de la
multiculturalidad y la convivencia pacífica. Por si esto no fuera suficiente, la
audiencia que atendía a De Miguel estaba compuesta por un centenar de técnicos
que trabajan cotidianamente con inmigrantes.
La forma y el fondo de estas palabras, con todo,
no resultan del todo novedosas y sorprendentes, a la vista de la trayectoria
verbal de Amando de Miguel. En enero de este año la FAES de Aznar le publicó un
artículo en el que pronosticaba "el aumento de casos de violencia doméstica,
debido a la población foránea y a las parejas de hecho". En otra ocasión,
atribuyó el crecimiento de los caso de violencia contra las mujeres a la
"desorganización social y a la pérdida de valores morales y referentes
religiosos". Además, conocida es su aversión a la Ley Integral contra la
Violencia de Género. Declaraciones como éstas le valieron a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, peticiones para que cesara como miembro
del Consejo Económico y Social a Amando de Miguel, que a finales del año pasado
debió pedir perdón a la directora de la Mujer de la Comunidad, Patricia Flores,
por preguntarle públicamente si tenía clítoris.
62. AGUIRRE
DENUNCIA UN "ESTATUTO MALÍSIMO PARA CATALUÑA" Y CRITICA A ZAPATERO POR NO PEDIR
PERDÓN POR LOS CRÍMENES DE STALIN (ALUCINANTE) (06/06/06)
La presidenta de la
Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Esperanza Aguirre, se sumó a la campaña
del
no contra el Estatuto y contra el Gobierno Zapatero. Con una fórmula
estudiada mezcló argumentos políticos con descalificaciones personales: "Vengo a
denunciar un Estatuto malísimo para Cataluña y para España". "No quisiera
parafrasear a Francesc de Carreras y decir que a los militantes del PP en
Cataluña se les trata como judíos en la Alemania nazi", pero "la voluntad de
exclusión es cada vez mayor". Aguirre presidió una comida mitin en un lujoso
hotel de Lleida, al que asistieron 300 militantes y simpatizantes.
"¿Ha pedido perdón
Zapatero por el Gulag?". Con esta pregunta Aguirre quiso responder a Rodríguez
Zapatero, quien, el domingo en Lleida, criticó al presidente del PP catalán,
Josep Piqué, por reivindicar el Estatuto de Sau, de 1979, que no votó Alianza
Popular. "El PSOE se definía como marxista en 1979". "Este Estatuto será un
salto hacia atrás en la historia de España. Zapatero quiere llevar al país a la
primera mitad del siglo XIX”. "Sin el PP, Cataluña se hundiría en un régimen
nacionalista y socialista", en el que "se impondría el pensamiento único". "El
PP es el único partido catalán que no es rehén de los dogmas antiguos". "Por la
libertad, Cataluña necesita al PP", añadió.
La presidenta del PP madrileño conquistó al
auditorio reivindicando sus orígenes. "Tengo más sangre catalana que muchos de
los que van por ahí de independentistas radicales; mi tercer apellido es Borrell
y mi abuela era catalana". La revelación fue acogida con una salva de aplausos.
63. EL PP
REGIONAL ARREMETE CONTRA LA CONCEJAL DE CULTURA POR IR A LA PROTESTA DEL TEATRO
ALBÉNIZ (07/06/06)
Alicia Moreno,
responsable de la política cultural del Ayuntamiento, se manifestó en defensa
del teatro Albéniz, que corre riesgo de desaparecer. Eso ha causado malestar en
el PP. Al acto de protesta asistieron entre 1.000 y 1.500 personas, entre ellas
políticos y destacados profesionales del mundo de la cultura. La manifestación
fue convocada por la plataforma ciudadana Amigos del Albéniz. El secretario
regional del PP, Francisco Granados, manifestó con sarcasmo: "No, Alicia Moreno
no asistió a la protesta contra la política cultural del PP. Eso es imposible.
No me lo creo. Allí se lanzaron consignas contra el alcalde de Madrid, su jefe,
y contra la presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, en cuyas listas
Moreno ha sido elegida".
Granados añadió: "Si hubiese acudido, algo que
repito no me puedo creer, habría demostrado escasa inteligencia, una completa
falta de responsabilidad política y, por supuesto, una enorme incoherencia
interna". "Desde mi despacho pude ver la protesta y los manifestantes, con todo
el derecho del mundo, criticaban a Aguirre y Ruiz-Gallardón. Y está claro que un
cargo político del PP en el Ayuntamiento que fuera mínimamente coherente e
inteligente jamás compartiría manifestación con personas que lanzasen semejantes
consignas. No, Alicia Moreno no estuvo allí", concluyó el secretario regional
del PP.
64. EL 70% DE
LAS OBRAS DEL RECONSTRUIDO PALACIO DE LOS DEPORTES FUE ADJUDICADO A DEDO (08/06/06)
La Cámara de Cuentas
de Madrid aprobó el pasado 1 de junio un informe fiscalizador de la empresa
pública Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid (Arproma),
encargada de reconstruir el Palacio de los Deportes. El dictamen señala que
"solamente el 33% del importe [de ejecución de las obras] fue adjudicado
mediante concurso precedido de publicidad". Además, la Cámara de Cuentas
considera que existe un desajuste entre el coste real del nuevo inmueble, que
fija en 145 millones €, y el presupuestado, que el Gobierno regional elevó a 153
millones. "Puede afirmarse con carácter general que en la construcción del
palacio no se han respetado suficientemente los principios de publicidad y
concurrencia", afirma el informe de la Cámara de Cuentas sobre la reedificación
del Palacio de los Deportes, reducido a escombros tras el voraz incendio que
sufrió el 28 de junio de 2001.
Unos meses después,
el equipo de Gobierno regional, que entonces estaba presidido por Alberto
Ruiz-Gallardón, estipuló el coste de reconstruir el edificio en 24 millones de
€. El presupuesto fue creciendo a medida que cambiaba el plan de obras, pues con
el tiempo Gallardón optó por edificar un nuevo Palacio de Deportes. Los 20 meses
previstos para la ejecución de las obras terminaron siendo 43. Entretanto, el
presupuesto fue variando, hasta que el Consejo de Gobierno aprobó en julio de
2004 -ya con Esperanza Aguirre como presidenta regional- un importe de 153
millones de €, un 537% más que la cifra inicial.
El estudio de
fiscalización, elaborado en diciembre pasado, achaca este cambio de criterio a
"una escasa e imprecisa planificación" y sostiene que eso provocó "una merma de
los principios de publicidad y concurrencia", puesto que derivó en un complejo
proceso de modificaciones y ampliaciones del contrato inicial. Las conclusiones
iniciales del informe de la Cámara recibieron el pasado abril las alegaciones de
Arproma, que, tras ser valoradas, fueron incluidas en el documento final,
aprobado el pasado jueves. El documento es muy crítico con las cuentas de la
Comunidad de Madrid en cuanto a la reconstrucción del palacio, pero también
sobre la contratación.
Según el informe,
varios contratos fueron fraccionados "indebidamente", lo que permitió a Arproma
tramitarlos como contratos menores y, por tanto, acudir al "procedimiento
negociado", sin publicidad. Algunos de esos contratos, según la Cámara, no
justificaron adecuadamente el "procedimiento negociado" utilizado y, en otros,
la participación de otras empresas en el concurso fue "mera apariencia", porque
pertenecían al mismo grupo empresarial que la adjudicataria. El fraccionamiento
de los contratos provocó, por ejemplo, que fueran adjudicados precipitadamente.
También encuentra
desajustes entre el presupuesto final (154 millones) y el coste real de los
trabajos, 145 millones. "Los conceptos de gasto descritos en el plan económico
financiero y sus actualizaciones son genéricos y no definen con precisión las
actuaciones a realizar, por lo que no puede determinarse una correspondencia
exacta entre los gastos realizados y los aprobados en el plan", indica el
informe.
65. EL
¿PERIODISTA? LOSANTOS INSULTA A GALLARDÓN Y SUS COMPAÑEROS NO SE SOLIDARIZAN
CON EL ALCALDE. ¿POR QUÉ SERÁ? (09/06/06)
El alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, denunció en una conferencia de prensa en el
Ayuntamiento los "graves insultos" que el periodista de la cadena Cope Federico
Jiménez Losantos le dirigió por la mañana. Losantos dijo que el alcalde es un
"traidor a su partido", un "bandido", un "lacayo del Gobierno" y añadió que a
Ruiz-Gallardón le "dan igual" las víctimas del 11-M. Gallardón replicó que irá a
la concentración convocada en Madrid por la AVT pese a esas "amenazas
radicales".
Las declaraciones de
Ruiz-Gallardón en el foro de
Abc en las que el alcalde recomendó a Rajoy
que huya "de la radicalización" y evite "miradas hacia atrás" sobre lo que
ocurrió entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 ocuparon ayer buena parte del
programa matutino en la cadena de radio de la Conferencia Episcopal. Jiménez
Losantos calificó a Ruiz-Gallardón como "el hombre que [Jesús de] Polanco quiere
poner al frente de la derecha española". Se burló de él: "Tú vas a presidir el
PP como yo el Real Madrid, del que no soy socio", aseguró. Le llamó "bandido",
"caradura", "redomadamente traidor" a su partido y "lacayo" del PSOE.
No es la primera vez
que Losantos critica a un dirigente del PP. A Mariano Rajoy suele llamarle
"maricomplejines". También suele descalificar a Gabriel Elorriaga, a quien llama
"blandengue", y a Josep Piqué, a quien califica de "criptonacionalista". Sí es
la primera vez que uno de esos dirigentes se atreve a replicar públicamente al
periodista de la cadena de los obispos. Ruiz-Gallardón retó a Losantos a que le
entreviste hoy mismo para poder defenderse de todas las acusaciones. "Decir que
me da igual que haya 200 muertos y 1.500 heridos con tal de llegar al poder es
el mayor insulto, la afirmación más brutal, que he recibido en mis 23 años de
ejercicio de la política", aseguró.
El alcalde aseguró que ha recibido muestras de
apoyo de sus compañeros de partido en el Ayuntamiento. Pero esas muestras de
apoyo no fueron, en todo caso, públicas. Ningún dirigente del PP consultado dio
su nombre para solidarizarse con el alcalde. El departamento de prensa del PP
replicó que no tenía declaraciones que hacer de parte de Mariano Rajoy. Ángel
Acebes y Eduardo Zaplana estaban ayer de viaje fuera de Madrid, según sus
colaboradores. No pudo oír el programa el presidente fundador del PP, Manuel
Fraga, que pasó el día en Oviedo. El portavoz del PP en el Senado, Pío García
Escudero, no hizo comentarios porque "nunca hace declaraciones sobre medios de
comunicación", según una colaboradora
66. UGT Y CCOO
PIDEN LA DIMISIÓN DE LAMELA POR EL CASO LEGANÉS
(10/06/06)
UGT y CC OO
exigieron la dimisión del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por crear una
"injustificada alarma social" en el caso de las sedaciones del Hospital de
Leganés. A las peticiones de cese también se sumó la Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública que pidió a la justicia la rápida
resolución del caso. En un comunicado conjunto, denunciaron que las
manifestaciones de los responsables del Gobierno regional son "precipitadas y
tendenciosas" y que "dan por sentado" que ha existido mala praxis en las
sedaciones del centro hospitalario. El comunicado también fue suscrito por la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), que
pidió a los jueces que instruyen el caso una resolución rápida "en la medida de
lo posible".
Tanto los sindicatos
como la Federación solicitaron también la dimisión de la presidenta del Colegio
de Médicos de Madrid, Juliana Fariña, si se confirman las acusaciones de que
condicionó los contenidos del informe pericial y pidieron que se tuviera en
cuenta la información aportada por los médicos imputados para clarificar las
actuaciones. Las organizaciones denunciaron que la alarma creada por la
Consejería ha perjudicado la credibilidad de la sanidad pública.
67. GALLARDÓN:
"AGUIRRE TENÍA EN SU PROGRAMA COMPRAR EL ALBÉNIZ"
(14/06/06)
El alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, recordó en una entrevista que Esperanza Aguirre,
presidenta del Gobierno regional, se comprometió en su programa electoral a
comprar el teatro Albéniz, cuyo futuro está en entredicho tras ser adquirido por
el grupo Monteverde. Los nuevos propietarios sólo se comprometen a dar al
espacio un uso cultural.
Gallardón dio una
nueva vuelta de tuerca en la batalla iniciada por salvar el Teatro Albéniz. El
alcalde recordó: "Ella [por Esperanza Aguirre] llevaba en su programa la compra
del Albéniz y cuando se elaboraron los programas ya estaban en marcha los
teatros del Canal y de El Escorial, no terminados pero sí muy avanzados en su
ejecución. No sé por qué ha variado de criterio".
Aguirre aseguró
recientemente en un pleno de la Asamblea de Madrid que en varias ocasiones la
Consejería de Cultura y Deportes intentó llegar a un acuerdo para la compra de
la sala, pero fue imposible. La presidenta se comprometió a mantener el uso
teatral del espacio y recordó, además, que no creía necesaria la compra del
Albéniz ya que la ejecución de las obras del Teatro del Canal, en la calle de
Cea Bermúdez de Madrid, y de El Escorial estaban ya muy adelantadas. Las
declaraciones de Gallardón causaron malestar en el Gobierno regional aunque
nadie quiso pronunciarse públicamente sobre las declaraciones.
Profesionales de
diversos sectores del mundo de la escena están debatiendo las posibles fórmulas
para resolver el futuro del Albéniz. Casi todos se inclinan por crear una
fundación con la participación de las tres Administraciones, solución que se dio
al prestigiado Teatre Lliure de Barcelona cuando su existencia se vio amenazada.
68. AGUIRRE LA
AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL PP
(15/05/06)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha fichado, al menos, a un total de 30 altos cargos que pertenecieron a
los dos Gobiernos de Aznar para las filas de su ejecutivo regional u organismos
dependientes de la Administración autonómica. La propia presidenta ha
manifestado en varias ocasiones que era una gran alegría poder contar con estas
personas con gran preparación técnica, profesional y política para ocupar
puestos en la Comunidad de Madrid.
Esperanza Aguirre
tenía muy claro, por ejemplo, que Elvira Rodríguez debía ser la sustituta de
María Dolores de Cospedal. Esperó a que el partido nombrara a De Cospedal
candidata de forma oficial, para hacer público el nombre de una persona que, en
su opinión, tiene una alta capacidad de gestión y experiencia de Gobierno
(Economía y Medio Ambiente). Tampoco hay que olvidar que la presidenta del
ejecutivo regional ha elegido, dentro de los fichajes de ex altos cargos del PP,
a un buen número de personas relacionadas con Rodrigo Rato y que habían quedado
sin líder tras la marcha de éste a Estados Unidos. Además de Manuel Lamela,
Juan José Güemes y Ramón Aguirre, la presidenta ha recuperado en esta ocasión a
Elvira Rodríguez.
El nuevo ejecutivo
no sólo ha fichado a ex altos cargos populares del Gobierno central. También ha
incorporado a diversos puestos a diputados, e incluso, a antiguos responsables
de gobiernos autonómicos. Belén de Prado, ex consejera de Asuntos Sociales de la
Xunta de Galicia fue elegida hace poco para ocupar la viceconsejería de Sanidad.
El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea,
Antonio Beteta, se mostró orgulloso de que la presidenta regional haya
recuperado para la vida política activa a personas que pertenecieron al equipo
de José María Aznar “que logró unos grandes éxitos políticos y económicos
durante los años en los que gobernó España”. Antonio Beteta indicó que la
actual presidenta ha sumado con personas que han demostrado una contrastada
experiencia y que son “gente químicamente puros del PP”. Para el portavoz del PP
son personas que se han forjado en las administraciones municipal, autonómica y
del Estado “y que aportan al ejecutivo y a su grupo un grado de experiencia y de
ideología muy clara: la liberal”. Respecto al nombramiento de Elvira Rodríguez
calificó a la nueva consejera como “la gran incorporación” al Gobierno regional
de la que fuera ministra y secretaria de Estado con los gobiernos de Aznar.
69. dime con quién andas: Fidel San Román, amiguete de esperanza AGUIRRE, ha
sido detenido por estar involucrado en la OPERACIÓN ‘malaya’ (29/06/06)
Fidel San Román cuenta con 34 cargos en 26 sociedades,
fundamentalmente dedicadas a la construcción y al mundo taurino. Según las
fuentes consultadas, entre las amistades de San Román figuran la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el vicepresidente, Ignacio
González. El empresario de la plaza de toros de Las Ventas es uno de los
detenidos en la segunda fase de la 'Operación Malaya' por la corrupción
político. urbanística del Ayuntamiento de Marbella. Se trata de Fidel San Román,
conocido constructor de la Comunidad de Madrid, muy relacionado con el PP de
Esperanza Aguirre.
De este último depende la adjudicación de la plaza de toros de Las
Ventas que a finales de 2004 obtuvo la empresa TAUROVENT de la que Fidel San
Román es consejero delegado. El proceso de adjudicación fue muy polémico porque
la propuesta de TAUROVENT no era la mejor, según fuentes del sector consultadas
por la SER. Dos empresas que optaron al concurso iniciaron acciones judiciales.
La firma SAROT presentó un recurso contencioso administrativo que aún no se ha
resuelto. La segunda, MADRID CAPITAL DEL TOREO, presentó una querella por
prevaricación contra Ignacio González que no fue admitida a trámite por dos
votos contra uno. Uno de los magistrados que conoció el asunto emitió un voto
particular en el que solicitaba citar a declarar a González por las presuntas
irregularidades cometidas en la adjudicación.
70. LOS
DELEGADOS DE LA UE CREEN QUE LA M-30 DEBIÓ SOMETERSE A UN ESTUDIO
AMBIENTAL (29/06/06)
Los dos diputados
enviados por el Parlamento Europeo para analizar la obra de la M-30, el irlandés
Proinsias de Rossa (socialista) y la danesa Margrete Auken (verde), apelaron al
sentido común, sin citar leyes concretas, para concluir que un proyecto "de esa
magnitud" tendría que haber sido sometido a un estudio de impacto ambiental. No
entraron a valorar si existe conflicto jurídico entre la normativa europea (que,
según la Comisión Europea, obliga a realizar ese estudio) y la española (que
eximió a la M-30 de ese trámite), pero precisaron que, en caso de existir tal
conflicto, "la ley europea prevalece". De Rossa y Auken sospechan que la M-30 no
pasó estudio ambiental por "un truco" administrativo.
La delegación
enviada por la Eurocámara a Madrid -a petición de IU, Ecologistas en Acción y la
plataforma vecinal Afectados Nudo Sur- para estudiar las obras de la M-30 tuvo
un solo color político, el rojiverde, porque el PP Europeo no envió a ningún
representante. Proinsias de Rossa y Margrete Auken expondrán sus conclusiones el
próximo 10 de julio ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y en
septiembre entregarán un informe por escrito.
Ese informe no es
vinculante, pero ambos señalaron que esperan que la Comisión Europea lo tenga
en cuenta. La Comisión envió el pasado abril al Gobierno español una "carta de
emplazamiento" en la que le recordaba que, según la legislación europea, el
proyecto de reforma de la M-30 debería haber sido sometido a evaluación
ambiental, y daba dos meses al Ejecutivo, la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento para dar explicaciones. El Gobierno municipal siempre ha
argumentado que la M-30 no pasó estudio ambiental porque no era obligatorio
según la ley española, que exime de ese trámite a las "vías urbanas". La M-30,
inicialmente una carretera, está calificada oficialmente como vía urbana desde
que el 4 de marzo de 2004 el Ministerio de Fomento (aún dirigido por el PP) la
traspasó al Ayuntamiento.
"Yo cuando vine no
tenía ni idea de ese dilema sobre si la M-30 es una calle o una carretera. Pero
esto no tiene que ver con denominaciones, sino con la legislación europea y el
tamaño de la obra. No me explico cómo alguien puede siquiera pretender que un
proyecto de esta magnitud no pase declaración de impacto", afirmó Auken. Y
apuntó, refiriéndose al cambio de calificación de la vía: "Creemos que ha podido
haber una especie de truco para evitar el estudio ambiental".
"La legislación
europea es una cosa seria. Si hay unas normas ambientales, las denominaciones
[carretera o calle] son indiferentes. En caso de obras de infraestructuras
grandes, el impacto ambiental también lo es. Modificar una denominación no
cambia eso", añadió De Rossa. El eurodiputado irlandés explicó que él esperaba
encontrarse "una calle" y al visitar las obras se topó con "una verdadera
autopista". "No me compete saber si el proyecto es bueno o malo. Pero parece
claro que no se han salvaguardado los derechos de los ciudadanos".
De
Rossa y
Auken
arremetieron contra el Gobierno regional por no haber designado a un alto cargo
"político", sino a una comisión técnica, para reunirse con ellos, y
coincidieron en señalar que el momento más revelador de la visita había sido el
encuentro del lunes con 400 vecinos de
Arganzuela. "Sentían que alguien por
primera vez les escuchaba, que eran ciudadanos, no súbditos", afirmó el
irlandés.
71. TENSIONES
POPULARES. LAS LINDEZAS ENTRE SUS MILITANTES: "ERES UNA MIERDA" (08/07/06)
"Las mujeres están
locas". "Los viejos sólo dan mala imagen al partido". "Eres una mierda". "No hay
nadie normal en el partido". Son algunas de las frases que la presidenta del
grupo municipal del PP y portavoz de Leganés (177.000 habitantes), Guadalupe
Bragado, utilizó contra la edil Pilar
Almonacid. Así lo ha relatado ésta en la
querella que ha presentado contra su compañera de partido. La crisis interna del
PP ha llegado por primera vez a los tribunales.
Almonacid acusa a Bragado de
delitos contra el honor (injurias), contra la integridad moral, coacciones,
amenazas y lesiones. Bragado niega los hechos y asegura que la querella "obedece
al nerviosismo previo a la elaboración de las listas del partido".
La querella, que
consta de seis folios, fue presentada el pasado 21 de junio y recayó por reparto
en el juzgado de instrucción número 2 de Leganés. Aún no ha sido admitida a
trámite porque queda el paso previo de que la querellante, Pilar
Almonacid, se
ratifique en la misma.
El escrito de la
concejal al juzgado recoge que los problemas de acoso y vejaciones hacia sus
compañeros de partido comenzaron meses antes de las elecciones de 2003. La
querella recuerda un problema ocurrido en la avenida de Juan Carlos I, cuando
estaba siendo instalada una mesa informativa previa a los comicios. Hubo un
retraso por parte de un concejal, que traía el material para entregar a los
vecinos. "Esto motivó que Guadalupe Bragado se pusiera histérica, dando voces en
la vía pública, en presencia de todos los viandantes y diciendo a los concejales
que eran inútiles, que no se podía contar con ellos para nada. Amenazó con
quitarles de las listas electorales", recoge el escrito de acusación.
Tres de los 11
concejales que salieron elegidos en los comicios -Socorro del Fraile, Francisco
Rodrigo Vicente y Pedro Rojo Bermúdez- han dejado de formar parte del grupo del
PP de la cuarta ciudad de la Comunidad, por número de habitantes, aunque no han
renunciado a su acta de concejal. Tan sólo acuden a los plenos mensuales del
Ayuntamiento, pero no colaboran ni económica ni profesionalmente con el grupo.
Almonacid recuerda
en la querella que el edil responsable de Urbanismo, Andrés Cubero, abandonó el
grupo tras sufrir "aislamiento, control de todas sus actividades hasta extremos
inauditos, vejaciones y trato degradante".Idéntica situación vivió, según la
querellante, la anterior secretaria del grupo, Ana Picazo. El detonante del
abandono de su cargo fue la cena de Navidad de 2003 que el PP de Leganés daba a
sus afiliados y simpatizantes en un hotel. Había asistentes que querían cambiar
la distribución previa. Además acudieron más personas de las previstas. "Ante
esto, Guadalupe Bragado montó en cólera, dando gritos y diciendo que no se iba a
permitir que nadie ocupara un lugar diferente del asignado", recoge la querella.
"El hostigamiento
por parte de la querellada hacia todos los miembros del grupo ha sido constante,
siendo su estrategia de actuación el ir criticando a cada una de las personas, a
través de conversaciones a varias bandas con el resto del grupo. Formulaba
insultos y comentarios despectivos y vejatorios, dejando en evidencia el trabajo
realizado, tanto en privado como en público", asegura la querella.
La concejal
querellante recoge en su escrito que ha sido frecuente la falta de respeto e
insultos por parte de Bragado: "Eres una mierda, los viejos sólo dan mala imagen
al partido, las mujeres están locas, no hay nadie normal en el partido y la
única persona que trabaja y tiene valía profesional es ella (la querellada)". A
ello se ha unido que ha ido quitando competencias a los ediles del PP y que
despidió a un responsable de prensa, Javier Pascual, a las tres horas de que se
diera de baja por una depresión. Almonacid asegura que Bragado le prohibió
asistir a actos públicos, ya que la primera "la dejaba siempre en un segundo
término". El detonante para presentar la querella ha sido que Bragado le faltó
el respeto en un acto en el teatro Egaleo el pasado 11 de junio.
La portavoz del PP
en Leganés aseguró que la querella "no tiene ningún fundamento" y que obedece al
nerviosismo "de quien ante la elección de las candidaturas recurre a estos
extremos". "Hay alguien que quiere desacreditarme y no sé a qué obedece. Espero
que los tribunales lo esclarezcan todo", añadió Bragado. La dirección del
PP-Madrid declinó hacer valoraciones sobre la querella.
El PP de Leganés manipuló un vídeo sobre un supuesto intento de
agresión del alcalde del municipio, el socialista José Luis Pérez Ráez, a la
portavoz municipal del PP, Guadalupe Bragado, durante la celebración de un pleno
sobre el hospital Severo Ochoa en marzo de 2005. Así lo pone de manifiesto la
concejal popular Pilar Almonacid en la querella presentada contra Bragado.
72. El empresario de Las
Ventas dio cuatro millones en comisiones al cerebro de la trama de Marbella
(11/07/06)
El constructor y empresario taurino de Las Ventas, Fidel San Román,
pagó a Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de la Operación Malaya, cerca de
cuatro millones de euros en distintas comisiones por convenios urbanísticos
firmados con el Ayuntamiento de Marbella. Este dato consta en el auto del juez
instructor del caso, Miguel Ángel Torres. El constructor San Román, cercano al
PP de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es el único
empresario inmobiliario que el juez ha enviado a prisión por supuesto cohecho de
los 11 que han declarado hasta el momento.
Las comisiones señaladas en el auto fueron por distintos convenios
urbanísticos firmados con el ayuntamiento. El empresario abonó desde febrero de
2005 distintos sobornos a Roca para conceder licencias contrarias al plan
general vigente de 1986, unas licencias que el juez señala como absolutamente
ilegales y de las que San Román se valió para edificar en Marbella. Este
empresario firmó convenios a través de sociedades como Edificaciones Tifán SL
sin los preceptivos informes jurídicos y al amparo de un planeamiento
urbanístico que nunca entró en vigor.
Además, el juez ha decretado prisión incondicional para los
empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que han prestado declaración en el
juzgado de instrucción número 5 de la localidad malagueña. El abogado de ambos,
Julián Chamorro, ha explicado a los periodistas que sus defendidos comparecieron
"voluntariamente" ante el magistrado Torres y que están "muy afectados y
agotados". El letrado no quiso especificar los cargos que se imputan a sus
defendidos, al estar bajo secreto de sumario, pero anunció que recurrirá el auto
de ingreso en prisión.
El empresario granadino Carlos Sánchez, sobre el que pesaba una
orden busca y detención desde la semana pasada, compareció esta mañana junto a
Liétor en los juzgados de Marbella, de donde salieron poco antes de las 20.00
horas con destino a la prisión provincial de Alhaurín de la Torre.
Tras la personación
de Sánchez y Liétor en los juzgados marbellíes, sólo está pendiente la orden de
busca y detención contra el ex concejal del Partido Andalucista (PA) en la
localidad malagueña Carlos Fernández, del que aún se desconoce su paradero.
73. AGUIRRE
COMIENZA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA M-501 SIN PERMISO DE NARBONA (12/07/06)
El Gobierno regional
de Esperanza Aguirre ha comenzado las obras de ampliación de la
carretera de
los pantanos (M-501) sin tener el preceptivo permiso del Ministerio de Medio
Ambiente. La ministra Cristina Narbona lo ha denunciado, y la Confederación
Hidrográfica del Tajo ha confirmado que ha abierto expediente sancionador a la
Comunidad. "Es verdad, hemos empezado sin licencia, pero es que llevamos un año
pidiéndola", contestan desde el Ejecutivo regional. La Comisión Europea ha
admitido a trámite la queja de los ecologistas en la que piden someter la obra a
informe ambiental.
Narbona fue
preguntada durante una rueda de prensa por la polémica surgida en torno a si los
excrementos hallados cerca de la M-501 prueban o no la existencia de linces en
la zona (como sostienen los ecologistas y niega el Gobierno regional). La
ministra quitó importancia a ese asunto y denunció un dato "más delicado": la
Comunidad de Madrid ha comenzado las obras en la
carretera de los pantanos
-para ampliar el tramo de autovía- "sin la autorización de la Confederación
Hidrográfica del Tajo", a pesar de que ese tramo cruza el río Perales y varios
arroyos. Una portavoz de la Confederación Hidrográfica del Tajo confirmó más
tarde que el expediente sancionador a la Comunidad "ya está en marcha", aunque
no aclaró si el ministerio podría paralizar los trabajos.
"Sí, es cierto que
hemos empezado las obras sin permiso. Pero es que llevamos un año esperando ese
permiso. Presentamos la primera solicitud en agosto de 2005; han estado
pidiéndonos documentación y se la hemos enviado. La última, el pasado junio. Y
no obtenemos respuesta. Además, las obras que estamos haciendo son preliminares,
no afectamos todavía a ningún cauce", replica la consejera de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad, Elvira Rodríguez.
La consejera añade
que aún no ha recibido la notificación oficial del expediente sancionador,
aunque sí admite que existen dos denuncias interpuestas por el Servicio de
Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ante la Confederación
del Tajo, acusando a la consejería de realizar obras de drenaje que afectan a
los arroyos Horcajo y Palomero. "Hicimos unas calas allí para probar el terreno,
pero se cerraron y ya está. No afectamos a los arroyos en absoluto", sostiene.
Además de prescindir
del permiso del ministerio, la obra de la M-501 ha comenzado sin declaración de
impacto ambiental previa: el Gobierno de Esperanza Aguirre eximió al proyecto de
pasar ese trámite alegando el "interés general" (según la Comunidad, la
conversión de la carretera en una autovía reducirá los accidentes). Narbona se
refirió también a este aspecto: anunció que la Comisión Europea ha admitido a
trámite la queja formulada por los ecologistas y pidió a la Comunidad que
elabore el informe ambiental. La ministra ha explicado a este periódico que, si
Europa le pide su opinión sobre el proyecto, ésta será "negativa".
Una portavoz ministerial admitió, no obstante, que
la competencia para decidir si se hace o no estudio ambiental es del Ejecutivo
autónomo, no del ministerio. Y la consejera Elvira Rodríguez apuntó: "La
decisión de la Comisión Europea no nos preocupa:admiten a trámite el 90% de las
quejas. Si Europa se dirige a nosotros, ya veremos en qué términos lo hacen y
cómo respondemos".
74. LA PORTAVOZ DEL PP EN LEGANÉS QUE INSULTÓ A UNA EDIL
DE SU PARTIDO AHORA INTENTA DESDECIRSE (16/07/06)
La presidenta y
portavoz del Partido Popular de Leganés, Guadalupe Bragado, ante los medios de
comunicación junto al secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados,
para pedir disculpas a los compañeros de su partido y especialmente a la edil
Pilar Almonacid, por si "pudieran haberse sentido ofendidos por algo que hubiese
dicho en algún momento". Lo hizo tras atribuir la culpa de todo el embrollo a
"la intención del PSOE de someterme a un juicio público que ha superado la
descalificación personal".
"Las mujeres están
locas". "Los viejos sólo dan mala imagen al partido". "Eres una mierda". "No hay
nadie normal en el partido". Son algunas de las frases que Guadalupe Bragado
utilizó contra Pilar Almonacid, compañera de partido. Así lo relató ésta en la
querella que presentó contra su compañera de partido. Almonacid acusa a Bragado
de delitos contra el honor, contra la integridad moral, coacciones, amenazas y
lesiones. Guadalupe Bragado aseguró que su intención nunca fue la de ofender a
nadie, sino "la de aunar voluntades y sumar esfuerzos en el proyecto común del
partido". "No me ha movido estos años otro interés que perseguir el beneficio de
los ciudadanos. Así lo acredita mi trayectoria pública", dijo, y consideró que
la crisis del PP en Leganés es "una cuestión puramente doméstica".
Granados respaldó la explicación de Bragado -"la
honran estas disculpas"- y justificó su comportamiento diciendo que el PP de
Leganés "está sometido a una presión importante por parte del PSOE y, fruto de
esa tensión, hemos podido tener actitudes que pueden llegar a ofender a otras
personas". Respecto a la demanda presentada por Almonacid, Granados espera que
"las disculpas sean suficientes para que el asunto quede en una llamada de
atención".
75. EL AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO, DEL PP,
COMPRA A UN MIEMBRO DE LA EJECUTIVA UNA RESIDENCIA POR 5 MILLONES DE €
(23/07/06)
El ayuntamiento de la localidad madrileña de
Navalcarnero, del PP, ha comprado una residencia privada de ancianos por 5
millones €. El dinero ha ido a parar a su propietario, que es miembro de la
ejecutiva del PP en Navalcarnero y fue asesor del alcalde hasta el 2003. Esta
residencia era hasta el pasado 8 de julio propiedad (así figura en el propio
acuerdo de Gobierno) de José María de la Morena, miembro de la ejecutiva del PP
de Navalcarnero y asesor personal del alcalde Baltasar Santos hasta hace 3
años. El regidor ha respondido que no tiene nada que ocultar, que efectivamente
compró la residencia a su amigo, ex empleado y compañero suyo en la ejecutiva,
pero que en ello no hay nada ilegal. El inmueble estuvo antes alquilado al
consistorio. La oposición en el ayuntamiento denuncia que la situación económica
de la residencia era antes de la compra más que precaria y que el precio pagado
supera con creces el de mercado. Hablan sin tapujos de presunto trato de favor.
76. LOS LEGIONARIOS DE CRISTO PROTEGIDOS POR
ESPERANZA AGUIRRE (25/07/2006)
La consejería de Inmigración de la
Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre (PP), ha concedido la
gestión de dos Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) -los
que pertenecen a los colectivos de inmigrantes colombianos y peruanos- a la
Fundación Francisco de Vitoria, buque insignia de los Legionarios de Cristo. El
Plan de Integración de la Comunidad de Madrid, con un presupuesto de 4.417
millones de € hasta 2008, incluye -entre otros proyectos- la creación de nueve
CEPI. Tres de ellos se crearán antes de acabar el año: los de Ecuador, Rumanía y
Perú. Y dos ya han sido inaugurados: los de Colombia y Bolivia.
El pasado 22 de febrero de 2006, el Gobierno
regional de Esperanza Aguirre (en la foto, en la inauguración del CEPI
Hispano-Boliviano) concedió la gestión de dos de ellos -el Hispano-Colombiano y
el Hispano-Peruano- a la mencionada Fundación Francisco de Vitoria. Los tres
restantes a diferentes organizaciones: el Hispano-Ecuatoriano, a la ONG
Cooperación Internacional; el Hispano-Boliviano, a la Asociación de Cooperación
Bolivia España (ACOBE); y el Hispano-Rumano, a la Fundación Iberoamericana
Europa-Asociación Ares Rumania. Precisamente, la Fundación Iberoamericana
Europa-Asociación Ares Rumania está presidida por Pablo Izquierdo, ex diputado
del PP. Asimismo, se benefició de un alto número de ayudas públicas, procedentes
de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Ministerio de Trabajo,
cuando gobernaba Aznar.
Según la Comunidad de Madrid, “el objetivo de los
CEPI es que se constituyan como lugares para promover la convivencia, el
conocimiento mutuo, el respeto y la tolerancia entre las distintas culturas”. En
ellos, se desarrollarán talleres de empleo y bolsa de trabajo y cursos
ocupacionales en diversas materias. También se organizarán sesiones divulgativas
para que los madrileños conozcan los países de procedencia de los inmigrantes y
éstos conozcan mejor la Comunidad de Madrid. La Comunidad desembolsará entre
650.000 y 695.000 € por cada CEPI a las organizaciones adjudicatarias de la
gestión. La fundación legionaria gestionará más de 1.300.000 € entre sus dos
centros.
No es la primera vez que el Gobierno de la
Comunidad respalda y da cobertura a los Legionarios de Cristo, cuya orientación
doctrinal y religiosa tiene bastantes adhesiones en el PP. De hecho, se publicó
en una revista de tirada nacional hace dos años que “los gobiernos del PP son
una bendición económica para los Legionarios de Cristo”: que recibieron “más de
4 millones € en subvenciones concedidas por Administraciones del PP para
proyectos de cooperación, durante los años 2000, 2001 y 2002”. Más
recientemente, también se ha publicado que la universidad Francisco de Vitoria
organizará -en poco más de dos meses- el II Congreso Internacional sobre
Migraciones y Desarrollo, gracias a un acuerdo con la Consejería de Inmigración
de la Comunidad de Madrid.
77. GALLARDÓN DICE QUE
OFICIARÁ SU PRIMERA BODA GAY "PORQUE SU OBLIGACIÓN ES APLICAR UNA LEY VIGENTE
(28/07/06)"
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que su
decisión de oficiar el su primera boda gay, en concreto entre los militantes del
PP Javier Gómez y Manuel Ródena, "no ha generado absolutamente ningún tipo de
reproche por parte de nadie", y subrayó que, a pesar de la discrepancia de su
partido con esta norma, lo único que ha hecho es cumplir con su obligación de
aplicar "con toda normalidad" una ley vigente.
En rueda de prensa posterior a la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento, Ruiz-Gallardón recordó que no es la primera boda
civil de personas del mismo sexo que autoriza, ya que, según explicó, "la
capacidad legal para permitir los matrimonios en los ayuntamientos es exclusiva
del alcalde".
"Otra cosa -añadió- es que el regidor delegue en cada uno de los
casos en otros concejales, cosa que yo hago habitualmente porque si no haría
imposible que las pudiese celebrar todas una única persona", precisando que
actúa igual en bodas entre homosexuales que entre heterosexuales.
Además, Ruiz-Gallardón subrayó que solamente autoriza directamente
estas bodas cuando los contrayentes tienen un interés especial, "como es el caso
de estos dos compañeros del PP, que me lo han solicitado". "Nosotros (el PP)
hemos mantenido una discrepancia con relación a esta ley pero este hecho no
significa que una vez aprobada por las Cortes Generales debamos o podamos no
aplicarla", precisó.
Finalmente, insistió en que las leyes, una vez son aprobadas,
obligan a todos y esta es, en su opinión, una de las razones por las que el
Ayuntamiento de Madrid, con toda normalidad, autoriza la celebración de dos
personas del mismo sexo cuando lo solicitan". "Son muchísimos los alcaldes del
PP que hacen lo que tienen que hacer: aplicar la ley", concluyó.
78. San Román, el señor de Las
Rozas (31/07/06)
Fidel San Román, empresario detenido en la Operación Malaya de
Marbella por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y
prevaricación -fue puesto en libertad hace unos días bajo fianza-, es un viejo
conocido por los 75.000 vecinos de Las Rozas, gobernado por el PP. Sus cinco
sílabas son sinónimo de dinero, viviendas nuevas y poder. Pero, para algunos
compradores, San Román suena también a defectos de obra en sus viviendas y a las
denuncias interpuestas que todavía no han recibido respuesta.
PSOE e IU, grupos en la oposición del Ayuntamiento roceño, mantienen
que el conglomerado empresarial de la familia San Román es responsable del 70%
de las actuaciones urbanísticas en Las Rozas. Opinan, asimismo, que el
empresario es el que más se ha beneficiado del aumento de viviendas auspiciado
por el PP (que gobierna el municipio). Muchos roceños no han visto nunca a San
Román, pero la mayoría conoce su nombre. "Claro que he oído hablar de él. Hasta
circuló el chiste de que las fiestas patronales pasarían a llamarse de San
Román", comenta un vecino.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pendiente de aprobación
definitiva, prevé 7.556 viviendas nuevas en esa zona, y un techo poblacional de
110.000 habitantes, según el PP. La oposición eleva la cifra a 130.000. Según
cálculos del PSOE, los nuevos proyectos reportarán a los promotores unos 1.500
millones de euros de beneficios, y casi todo irá a parar a la familia San
Román."Nuevamente la familia San Román es la gran beneficiaria de la operación,
porque es la propietaria del 80% de estos terrenos", advierte el PSOE. El
Ayuntamiento, gobernado por el PP y con Bonifacio de Santiago de alcalde,
prefiere no hacer declaraciones al respecto.
Fuentes del grupo de empresas de la familia, formado por más de 30
inmobiliarias controladas por Fidel San Román y su hermano Antonio, explican que
sus planes de expansión son similares a los que pueda tener cualquier compañía
que se plantee crecer. Una sola de sus empresas, El Cantizal, con sede en Las
Rozas, movió en 2003 unos 40 millones de euros; en 2004, unos 25 millones, y en
2005, otros 26. En el grupo empresarial describen así a San Román: "Un luchador
con el que hemos trabajado codo con codo". Desde Sanedi, una de las sociedades
del grupo, dicen que ellos no tienen "nada que ver con Fidel San Román", pero
admiten que mantienen vínculos con su hermano Antonio.
Las Rozas no es el único municipio, según la oposición, donde San
Román ha extendido sus tentáculos. El grupo tiene intereses también en otras
localidades, como Arroyomolinos. El pasado 15 de junio, el PSOE llevó a la
Asamblea de Madrid una reclamación para evitar que la Comunidad permitiese al
Ayuntamiento de Arroyomolinos, del PP, recalificar 154 hectáreas protegidas para
construir 3.700 viviendas, una operación de la que se beneficiaría San Román.
79. MIENTRAS EL
ALCALDE DE TORRELODONES (PP) RETIRA SUS COMPETENCIAS A DOS DE SUS CONCEJALES,
UNA CONSTRUCTORA FINANCIA LA FUNDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL PP DE TORRELODONES
(24/08/06)
La constructora C-15,
que opera en el municipio de Torrelodones construyendo chalés, financia una
fundación que preside el presidente del PP local y ex alcalde de la localidad,
Mario Mingo. La empresa ha comprado, además, parte de los terrenos del Área
Homogénea Norte, donde el Consistorio pretende construir 1.536 viviendas. El
anterior alcalde de la localidad, Enrique Muñoz, también del PP, había
calificado los terrenos de protegidos. Muñoz acusó a Mingo de estar detrás de
la destitución de dos ediles del PP que reclamaban más información sobre este
cambio de uso.
En Torrelodones todo
parece estar conectado. Tras la destitución por el alcalde, Carlos Galbeño, de
dos concejales del Partido Popular, las acusaciones crecen entre los políticos
de la localidad. La empresa C-15, una de las constructoras con más actividad del
municipio, financia, junto a otras sociedades privadas, la fundación que preside
el ex alcalde de Torrelodones, presidente del PP local y portavoz de la comisión
de Sanidad en el Congreso, Mario Mingo.
La fundación se
llama Escuela Superior de Arte Dramático de Torrelodones (www.eadst.com)
y tiene un convenio con el Consistorio por el cual éste le cede la casa de la
cultura y todas sus instalaciones de forma gratuita a cambio de que esta
organización sin ánimo de lucro represente actuaciones teatrales en la
localidad. Son vocales de esta fundación -entre otros políticos, empresarios y
periodistas- Carlos Galbeño; el diputado regional del PP, Juan Van Halen; Miguel
Hinojar de Inza, miembro del PP, y el consejero delegado de C-15, Eduardo
Morales.
La constructora C-15
de Morales adquirió varias parcelas en el Área Homogénea Norte antes de que el
equipo de gobierno del Ayuntamiento llevara y aprobara en el pleno municipal el
cambio de calificación de esos terrenos que estaban protegidos. Además, según
Jesús María Pacios, uno de los dos concejales del PP destituidos por Galbeño, la
empresa mantiene derechos de tanteo y retracto sobre el área.
Mingo aseguró que
Morales, el consejero delegado de C-15, es "un patrón de la fundación como
muchos otros". Y agregó: "Se ha portado muy bien conmigo al aceptar ser patrono
de la organización sin ánimo de lucro". Mingo asegura desconocer por qué motivos
C-15 ha adquirido terrenos en el área recalificada..
El pasado febrero el
Ayuntamiento de Torrelodones, con los votos del PP, aprobó el cambio de uso del
Área Homogénea Norte para poder construir 1.536 viviendas, un campo de golf
municipal, un centro comercial y oficinas. Esta zona, de 128 hectáreas (la
extensión de unos 150 campos de fútbol), adyacente a la A-6, se encuentra
protegida desde 2003, cuando el anterior alcalde, Enrique Muñoz, del PP, aprobó
calificación como suelo protegido. Poco después de preservar la zona, antes de
las elecciones de 2003, la dirección local del PP, que lidera Mario Mingo,
desplazó a Muñoz como candidato a la alcaldía a pesar de haber obtenido la
mayoría absoluta en los anteriores comicios. "Me fui del partido porque Mingo
quería que fuésemos sus marionetas", asegura.
El ex alcalde
mantuvo que era "un disparate y una barbaridad" que se recalifique la zona que
el anterior equipo había protegido por su valor ambiental. Tanto los grupos
municipales de la oposición del Ayuntamiento de Torrelodones como la asociación
de vecinos Torrenat han expresado en repetidas ocasiones su rechazo a la
recalificación.
Los dos ediles a los
que el alcalde, Carlos Galbeño, ha retirado sus competencias son Jesús Maria
Pacios, ex concejal de Juventud, Fomento y Empleo y Reyes Tintó de Val, ex
concejal de Educación, Cultura y Fiestas y Participación Ciudadana, además de
teniente de alcalde.
Mario Mingo replica
que el comité ejecutivo de Torrelodones, que él preside, apoya al alcalde Carlos
Galbeño. "Los dos concejales no han seguido las instrucciones del PP. Han puesto
en tela de juicio los criterios del partido y no han seguido la disciplina",
apunta. Pero los propios concejales destituidos mantienen que nunca votaron en
contra del partido. "Siempre hemos votado a favor, ni siquiera nos hemos
abstenido", replica Pacios.
Ambos ediles
destituidos aseveraron que nadie del partido se ha puesto en contacto con
ellos. Tampoco les llamó nadie de la corporación municipal. "Nos han retirado
los teléfonos móviles que teníamos del Ayuntamiento sin más", reconoce el ex
concejal de Juventud, Fomento y Empleo. No obstante, tanto Pacios como Tintó del
Val aún conservan el acta de concejal.
80. UNA
CONSTRUCTORA DE LA HERMANA DEL ALCALDE PEPERO DE TORRELODONES COMPRÓ SUELO
PROTEGIDO (29/08/06)
La hermana del
alcalde de Torrelodones, María Isabel Galbeño González, ha comprado, a través de
una empresa familiar, terrenos en un área protegida que ha sido recalificada por
el Consistorio. El Ayuntamiento pretende construir en la zona 1.536 viviendas,
un campo de golf, un centro comercial y oficinas. La hermana del regidor es la
consejera delegada de Cimaga, cabecera de un grupo de empresas donde también
están los sobrinos de aquél. Algunos propietarios reconocen que recibieron
ofertas para vender a Cimaga y otras empresas del grupo constructor antes del
inicio de la recalificación.
El Área Homogénea
Norte (AHN), una zona de 128 hectáreas en el término de Torrelodones, es como un
caramelo en el patio de un colegio. Un grupo de constructoras e inmobiliarias de
la zona compraron suelo en este terreno protegido por su valor ecológico. Muchas
de estas operaciones se produjeron antes de que el Consistorio decidiera
comenzar los trámites, en diciembre de 2004, para cambiar el uso de esas
hectáreas de encinas centenarias y enebros. De protegido a urbano directamente.
Entre las
constructoras que han obtenido suelo y que esperan obtener beneficios si la
recalificación sigue adelante, está Cimaga, cabecera de un grupo de empresas de
la que María Isabel Galbeño González es consejera delegada. En la compañía
también están presentes los sobrinos y el cuñado del alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño González, del PP.
El Ayuntamiento
aprobó el pasado febrero la recalificación inicial de la zona, con el voto en
contra de la oposición y el rechazo de vecinos y grupos ecologistas. El anterior
alcalde, Enrique Muñoz, también del PP, se oponía a la recalificación. Ahora la
pelota queda en manos de la Comunidad, que deberá ratificar o rechazar el
proyecto municipal.
Carlos Galbeño
también es amigo íntimo de José Luis Velasco, propietario de Accord, otra de las
empresas que se han hecho con suelo en la zona protegida. Eduardo Morales, la
cara visible de C-15 y amigo personal de Galbeño y de Mario Mingo, presidente
del PP local y diputado nacional, también ha conseguido su porción de terreno.
El Área Homogénea
Norte que el Consistorio quiere reclasificar fue protegida por la anterior
corporación hace sólo tres años dados sus valores naturales. Nada más llegar
Galbeño a la alcaldía, se propuso cambiar el uso de esos terrenos para construir
1.536 viviendas, un campo de golf, un centro comercial y oficinas. El proyecto
aprobado por el Ayuntamiento es el mismo que un mes antes había presentado una
organización denominada Asociación de Propietarios del Área Homogénea Norte y
que estaba representada por José Luis Velasco, propietario de Accord.
La reclasificación
del AHN era uno de los puntos del programa electoral del alcalde Carlos Galbeño.
Pero los vecinos no pudieron conocerlo. A sus buzones llegó un folleto del
partido donde no se hacía referencia a este plan. Pero, en el proyecto
desarrollado que hay en las dependencias del PP sí se señala la intención de
cambiar el uso al suelo no urbano -sin mencionar que está protegido- del Área
Homogénea Norte.
El caso comenzó
cuando el alcalde destituyó el 25 de julio a dos concejales de su grupo. Según
un portavoz del Ayuntamiento, "los ediles no siguieron la disciplina del
partido". Los concejales destituidos aseguran que sólo reclamaron información
sobre algunas operaciones urbanísticas. Ambos acudieron a la Fiscalía
Anticorrupción para informar sobre algunas actividades y conocer los
procedimientos que debían seguir.
81. EL ALCALDE
DE TORRELODONES (PP) PRETENDE INCREMENTAR LA POBLACIÓN UN 50% Y LLEGAR A LOS
30.000 HABITANTES (30/08/06)
El alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño González, del PP, llegó al Consistorio torresano en
mayo de 2004. Desde entonces ha intentado cambiar la fisonomía del municipio,
situado a unos 40 kilómetros al norte de Madrid. Entre los convenios
urbanísticos aprobados y los proyectos que quiere sacar adelante el alcalde
pretende incrementar la población en cerca de 10.000 habitantes, un 50% más de
los casi 20.000 que residen actualmente en Torrelodones.
La oposición critica
este crecimiento urbanístico desmesurado del municipio. El portavoz del PSOE,
Juan Ignacio Bidart, asegura que no hay servicios suficientes para acoger a toda
esta población. "Faltan infraestructuras para abastecer de agua y luz a los
nuevos vecinos. Además, no existen suficientes colegios, polideportivos...".
El Área Homogénea
Sur, uno de los desarrollos urbanos de la localidad, ha sido edificada en su
totalidad por la constructora C-15, que financia a una fundación del presidente
del PP local, Mario Mingo. En esta zona se han levantado otras 700 viviendas, en
total unos 2.000 nuevos vecinos. En el área calificada como S-10/UE2, el
Ayuntamiento ha aprobado construir 700 viviendas para que cerca de 2.000 nuevos
vecinos engorden el padrón municipal.
Otro de los
convenios urbanísticos aprobados por el Consistorio torresano consistió en el
intercambio de unas parcelas, hasta entonces de titularidad municipal, situadas
en el barrio de Los Bomberos, con la empresa Vilco 40, por un inmueble
denominado La Solana.
Las parcelas
municipales, de una extensión de 2.486 m2
se valoraron en dos
millones de euros. En el convenio, el Ayuntamiento se comprometió a modificar la
edificabilidad de las dos parcelas permutadas, donde se podrán construir cerca
de 30 viviendas, casi un centenar de nuevos vecinos, según calcula un arquitecto
de la zona. Como éste, el alcalde ha suscrito otros convenios.
82. UNA
COMISIÓN EUROPEA INSTA A BRUSELAS A INVESTIGAR EL URBANISMO DE GALAPAGAR (PP)
(31/08/06)
Los asuntos europeos
no quedan tan lejos a los vecinos de Galapagar como puede parecer. La Comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido reclamar a la Comisión Europea
que inicie una investigación sobre el plan urbanístico de Galapagar. El
Ayuntamiento, del PP, ha aprobado de forma inicial un proyecto para construir
9.000 viviendas, lo que supondría duplicar la población de este municipio de la
sierra. El Defensor del Pueblo también ha reclamado información al Ayuntamiento
para estudiar las quejas de los vecinos sobre el nuevo plan municipal de
urbanismo.
Hasta ahora, a los
habitantes de Galapagar, el nombre de Marcin Libicki les sonaba poco o casi
nada. Pero este político polaco es el presidente de la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo que ha iniciado el examen de las alegaciones remitidas
por la Plataforma de Vecinos contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana
de Galapagar. El proyecto urbanístico aprobado por el Consistorio pretende
duplicar la población de la localidad hasta los 60.000 habitantes.
Además, la Comisión
de Peticiones ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación
preliminar sobre el plan urbanístico de Galapagar. La asociación de vecinos
recibió la carta el pasado 14 de agosto. "Nos llamarán para que expliquemos
nuestras alegaciones. Tendremos que ir a Bruselas para que la Comisión escuche
nuestros problemas", explica Luis Remacha, de la plataforma vecinal.
Los vecinos
presentaron 14.237 alegaciones contra el plan municipal. Se quejan por el
crecimiento desmesurado y porque el proyecto afecta a zonas de alto valor
ambiental. Pero el equipo de gobierno sólo aprobó 94 del total, aduciendo que
muchas se repetían. "Es un paso muy importante después de la decisión del equipo
de gobierno del Ayuntamiento. Es una señal de que no estamos solos", añade
Remacha. El representante vecinal afirmó: "Pensamos que Galapagar necesita un
plan urbanístico pero que cuente con el consenso de todos, y no el que diseñan
unas pocas personas y un único partido".
La oficina del
Defensor del Pueblo también se ha involucrado en el asunto. El pasado 17 de
julio remitió una carta al alcalde de Galapagar, José Luis González,
comunicándole que admitía a trámite las quejas de los vecinos y, al mismo
tiempo, le reclamaba información sobre la tramitación del plan general.
Los vecinos
recuerdan que existe un informe no vinculante de la Confederación Hidrográfica
del Tajo que asegura que el nuevo plan no garantiza "el suministro de agua para
el abastecimiento de la población", por el aumento de ésta y que estimaba en un
83%.
Dentro de las
propuestas más criticadas se encuentra un campo de golf en la zona denominada
las Praderías del Congosto. El Gobierno regional calificó dicha área como
espacio a proteger cuando se estudió otro ordenamiento urbano anterior
desarrollado por el PSOE, que nunca se aprobó. Ecologistas en Acción asegura que
se recalifican como zonas urbanizables "grandes extensiones de terreno con un
alto valor medioambiental". Entre ellas están parte del monte de los Rosales,
junto a la A-6; la zona de El Barrizal, junto al Parque del Guadarrama y la
presa de las Nieves; las Praderías del Congosto, una dehesa salpicada de
encinas, y en el sector sur, así como los prados y fresnedas de la Encina del
Potro.
Otro de los puntos que ha recabado más rechazo
entre los vecinos de Galapagar es el traslado de "la estación de ferrocarril
Galapagar-La Navata, de su actual ubicación, en el centro urbano, a una
distancia de dos kilómetros, en una parcela situada en una de las zonas más
bellas del río Guadarrama".
83. El beneficiario, un importante empresario madrileño. Sospechosas
recalificaciones en Brunete (05/09/06)
Brunete, un municipio de la sierra de Madrid, es
otra de las localidades gobernadas por el PP con presuntos episodios de
especulación inmobiliaria. Las recalificaciones de unos terrenos han beneficiado
al empresario Luis García Cereceda, dueño del célebre restaurante Zalacaín y uno
de los hombres más ricos del país. Las plusvalías a obtener por Cerceda son algo
más de 730 millones de euros. Todo comenzó cuando Luis García Cereceda, que
opera a través de las inmobiliarias Lugarce y Procisa, compró en el año 2000 una
finca denominada
La Pellejera,
situada en las afueras de Brunete. La finca cuenta con una extensión aproximada
de 800 hectáreas, de las cuales, 600 hectáreas son de especial protección por
razones medioambientales al estar situadas dentro del parque forestal del río
Guadarrama.
En las 200 hectáreas restantes es donde se
centrará una parte de la recalificación urbanística aprobada por el municipio
madrileño.Cereceda compró esos hace seis años por unos 30 millones de euros. La cantidad
pagada sorprendió en el pueblo, ya que parecía desorbitada teniendo en cuenta
que, al tratarse de suelo rustico, ese suelo tenía la naturaleza de no
urbanizable. Ahora el precio de la finca asciende a 1.300 millones de euros.
Ese mismo año 2000, el Ayuntamiento de Brunete, presidido por Félix Gavilanes,
del PP, inició los trámites para la aprobación del PGOU. Según se ha denunciado
el ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con una de las inmobiliarias donde
Cereceda es titular. De esta manera, las 200 hectáreas de
La Pellejera pasaron a ser
urbanizables. Actualmente el plan general de urbanismo en Brunete tiene informe
favorable de la Comunidad de Madrid, pero todavía falta la aprobación del
Consejo de Gobierno para su ejecución. Por lo que será Esperanza Aguirre la que
tenga la última palabra.
Las formaciones políticas de la oposición
madrileña (IU y PSOE) se han opuesto al modelo urbanístico propuesto para el
municipio de la sierra desde sus inicios. Así, el diputado IU en la Asamblea de
Madrid, Eduardo Cuenca, señaló que “todos estos escándalos urbanísticos
promueven desarrollos desmesurados, eliminando zonas protegidas, y que los
protagonistas de las supuestas irregularidades son alcaldes del PP”.
Por su parte, el alcalde de Brunete se muestra “muy orgulloso” del plan general
que se ha conseguido en el pueblo de la sierra de Madrid. “Ordenamos para el
futuro todo el suelo del municipio. Es un documento muy consensuado, en el que
la Comunidad ha tenido la última palabra.
84. TENSIONES POPULARES. GRANADOS INVITA A MORENO A DIMITIR
"SI NO ESTÁ CÓMODA" EN EL PP Y TACHA A RUBIANES DE "IMPRESENTABLE" (09/09/06)
El secretario general del PP de Madrid, Francisco
Granados, invitó a la concejal de las Artes del Ayuntamiento, Alicia
Moreno, a "dimitir si no se encuentra cómoda" en el equipo de gobierno. Granados
contestó así a las afirmaciones hechas por Moreno, en las que, según Granados,
"parece que apoya al señor Rubianes".
Pepe Rubianes,
gallego de nacimiento y residente en Barcelona, decidió retirar de la
programación del Teatro Español su obra
Lorca eran todos, a raíz de la
polémica suscitada por sus declaraciones críticas y sarcásticas sobre España
realizadas en TV-3 durante la tramitación del Estatuto de Catalunya.
"Lamento que alguien
que no defiende los principios y los valores que defiende el PP se empeñe en
seguir en el equipo de gobierno" del Partido Popular, afirmó Granados. "Yo creo
que cuando alguien, como parece que le ocurre a esta señora, no se encuentra
cómoda en un equipo de gobierno como es el Ayuntamiento de Madrid, lo que tiene
que hacer es irse", prosiguió Granados. "Creo que lo mejor que puede hacer, por
su salud, es dimitir, porque, si no, va a tener todos los días algún disgusto",
insistió.
Granados remarcó que
el PP "no censura" al actor Pepe Rubianes, "respeta normalmente la libertad de
expresión de todo el mundo", pero, desde luego, "no va a dedicar ni un solo
euro" a financiar a este tipo de "impresentables".
El también consejero
de la Presidencia de la Comunidad de Madrid señaló que "este tipo de
impresentables" lo que hacen, con sus declaraciones, "es crear enfrentamientos
entre los españoles y criticar nuestro modelo de vida". Por ello, repitió que
"no se puede confundir en absoluto la censura con no subvencionar con dinero
público a impresentables como el señor Rubianes". "Es lógico que cuando alguien
te insulta, cuando insulta a todos los españoles o a nuestro modelo de sociedad,
se cree un rechazo que yo considero que es absolutamente mayoritario en la
Comunidad de Madrid", añadió. En este sentido, celebró que Rubianes, con dinero
público, "no pueda llevar a cabo su obra".
85. DOS CONCEJALES DEL PP ACUSAN AL ALCALDE DE TORRELODONES DE
AMAÑAR UN CONCURSO (10/09/06)
Jesús Pacios y Reyes
Tintó del Val, los dos concejales del PP destituidos de sus funciones por el
alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, aseguran poseer una grabación en la que
el concejal de Urbanismo, Julián Nieto, reconoce que recibió presiones del
alcalde para otorgar un concurso municipal a la empresa del ex concuñado de
Mario Mingo, diputado nacional, ex alcalde de la localidad y presidente del PP
local.
Pocos días después
de registrarse la grabación, según Pacios, el Ayuntamiento contrató a la empresa
del ex concuñado de Mingo para conservar las zonas verdes del municipio. Los dos
concejales del PP que denuncian la supuesta prevaricación -tomar una decisión
injusta a sabiendas- del alcalde, Carlos Galbeño, fueron destituidos por éste el
pasado 25 de julio. Ambos aseguran que su salida del equipo de gobierno se debió
a que reclamaron información sobre diversos asuntos urbanísticos de la
localidad. El Consistorio justifica, en cambio, su expulsión por una supuesta
"indisciplina" con el grupo municipal y con el partido.
Ahora ambos ediles
han asegurado que poseen una grabación en la que se distingue la voz del
concejal de Urbanismo, Julián Nieto, donde éste afirma haber recibido
"insinuaciones" del alcalde para que el grupo municipal del PP votase a favor de
una concesión a favor de Tomás Bella, ex concuñado del presidente del PP local,
Mario Mingo. La grabación, siempre según los dos expulsados, fue realizada el
pasado 20 de junio, a las 22,30, en el domicilio particular del destituido Jesús
Pacios, que era concejal de Juventud. En la grabación se distinguen también,
según los ediles, las voces de Reyes Tintó (la otra edil expulsada) y Julián
Nieto, el máximo responsable del urbanismo municipal.
En un momento de la
conversación, Pacios le pregunta a Nieto si había recibido presiones de Mario
Mingo [no se concreta de qué tipo]. Según Pacios, el concejal de Urbanismo
contestó: "Insinuaciones".
El concejal
expulsado mantiene que Nieto reconoce en la grabación que el actual alcalde,
Carlos Galbeño, le llamó para sugerirle que había que darle el concurso de
conservación y mantenimiento de los parques, jardines y zonas verdes de
Torrelodones al ex concuñado de Mario Mingo, Tomás Bellas, que es propietario de
una empresa con mucha experiencia en el sector. El contrato municipal ascendía a
369.478 €.
Siempre según
Pacios, Nieto contó durante la citada conversación que Mingo había llamado a
Galbeño para presionarle en favor de su ex concuñado. Y el alcalde traspasó
directamente el asunto a Nieto. "Para evitar presiones, se lo encargamos a
Sercal y a tomar por culo", dice Pacios que se escucha en la grabación que
conserva.
Sercal es la empresa
que el Ayuntamiento contrató para hacer la valoración de todas las ofertas que
las sociedades presentaron al concurso. Uno de los responsables de Sercal es
José Julio Laorden, miembro de la ejecutiva local del PP y mano derecha de Mario
Mingo, según Pacios. Así se lo expresó Reyes Tintó al concejal de Urbanismo
durante la charla en casa de Jesús Pacios. A lo que Nieto respondió: "Hay unos
técnicos y ya es más complicado", se oye en la grabación. Pacios asegura que no
es habitual que una empresa haga la valoración de las ofertas.
Pocos días después
del supuesto encuentro entre los tres concejales populares, el Ayuntamiento
adjudicó el concurso a TBF Espacios Verdes, la empresa del ex concuñado de Mario
Mingo. La valoración realizada por Sercal le otorgó 81,15 puntos, tan sólo 33
centésimas más que la segunda mejor oferta, presentada por la compañía Urbaser.
Además, durante el concurso, el secretario y el interventor se opusieron al
proceso de adjudicación, recuerda Pacios.
El urbanismo de
Torrelodones, un municipio de algo menos de 20.000 habitantes, está en plena
ebullición. El municipio no cesa de crecer -al igual que otros tantos de la
región- en las últimas décadas. En 1993 tenía 7.500 habitantes, mientras que en
1995 ya residían 9.500 personas, menos de la mitad que sólo 10 años después. En
1997, el entonces párroco de Torrelodones, Francisco Oyamburu, se quejó ante sus
feligreses de las construcciones que comenzaban a levantarse en torno a su bella
iglesia del siglo XVI, un edificio protegido en mitad del pueblo. El sacerdote
se lamentaba de que el conjunto histórico quedaba atrapado entre bares y altas
construcciones. Desde su púlpito pedía a los feligreses que protestasen contra
lo que consideraba un daño patrimonial.
86. EL PP
DESCALIFICA A LOS DOS EDILES DE TORRELODONES QUE DENUNCIAN IRREGULARIDADES
(11/09/06)
Jesús Pacios y Reyes
Tintó del Val, los dos ediles del PP de Torrelodones que han denunciado
supuestas irregularidades urbanísticas en su Ayuntamiento, no cuentan con el
apoyo de su partido. El PP regional, que en los últimos dos meses les ha
recibido 10 veces, cree que han acusado al presidente local, Mario Mingo; al
alcalde, Carlos Galbeño, y al edil de Urbanismo, Julián Nieto, sin pruebas. El
secretario regional del PP, Francisco Granados, afirmó : "No tienen nada". Los
ediles replican: "No somos tránsfugas. Hace un mes que entregamos las pruebas al
partido".
La carrera política
en el PP de Jesús Pacios y Reyes Tintó del Val no parece muy prometedora. Ambos
ediles populares de Torrelodones, que el pasado 25 de julio fueron destituidos
de todas sus competencias municipales por, según afirman, pedir información
sobre acuerdos urbanísticos, no cuentan con el apoyo de su partido. Por lo
menos, de momento. El secretario regional del PP, Francisco Granados, no
considera suficientes las pruebas presentadas por ambos sobre un supuesto caso
de prevaricación cometido por el alcalde, Carlos Galbeño. Los dos, según
afirman, grabaron una conversación con el concejal de Urbanismo, Julio Nieto,
donde éste supuestamente confesaba que el alcalde le presionaba para conceder un
concurso municipal a un ex concuñado del presidente local, el diputado Mario
Mingo.
Granados admitió
que ambos concejales se han reunido en 10 ocasiones en los últimos dos meses con
los dirigentes del partido encargados de investigar las supuestas
irregularidades cometidas por el equipo de gobierno de Torrelodones, y dos con
él. "No tienen pruebas. Ni una sola. No han presentado un solo papel que
incrimine al equipo de gobierno municipal. Sólo acusaciones. Su versión es de
aurora boreal. ¿Desde cuándo un alcalde tiene que pedirle algo a un concejal?".
Granados se refiere a que si el alcalde hubiera querido conceder el concurso al
ex concuñado de Mingo, no tenía que habérselo dicho al concejal de Urbanismo.
Granados recuerda
que estaba prevista otra nueva reunión en la sede del partido, en la calle de
Génova, con los dos concejales expulsados. "Han conseguido lo que querían: hacer
daño al partido. Su objetivo es ir en una lista independiente, y por eso han
hecho pública esta supuesta grabación, lo típico de estas fechas [a menos de
ocho meses de las elecciones municipales]". El secretario regional del PP
también se muestra muy crítico con la grabación realizada por los ediles. "Eso
no prueba nada. ¡Vaya concejales del PP, que graban a sus compañeros!".
Granados les insta a
presentar pruebas de las supuestas irregularidades cometidas por el alcalde de
Torrelodones. "Eso es lo que tienen que hacer, pero lo veo muy difícil, porque
han pasado tres meses y todavía no han presentado ni un solo documento".
El secretario
general del PP de Madrid afirma que este tipo de acusaciones, si son falsas,
suponen una falta muy grave. "La Comisión de Derechos y Garantías puede abrir un
expediente. Si han actuado sin pruebas, actuará", añade, y recuerda que el
resultado final del procedimiento es la expulsión.
87. EL DIRECTOR
REGIONAL DE URBANISMO AUTORIZÓ PLANES REDACTADOS POR SUS SOCIOS
INMOBILIARIOS (12/09/06)
Enrique Porto
Rey, tras ser designado en diciembre de 2003 director general de Urbanismo
de la Comunidad, subrogó sus contratos como arquitecto privado de
planeamientos en municipios madrileños a una consultora suya -Plarquin-,
cuyas acciones vendió entonces a socios en firmas del sector. Tanto Plarquin
como empresa -ubicada en un edificio de Porto- como individualmente sus
dueños (socios del alto cargo) han ido redactando planes sobre distintos
municipios -con un equipo que incluía en ocasiones a un hermano y a una hija
de Porto- que han sido presentados ante Urbanismo para su aprobación sin que
el director general se inhibiera.
Porto es un
arquitecto que en 2002 estaba inmerso, según su currículo, en la redacción
de los planeamientos -globales, parciales o de detalle-, de varios
municipios madrileños: Cobeña, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Camarma,
Alcorcón, Leganés, Algete, Villanueva de la Cañada, San Martín de la Vega,
Parla, Moralzarzal y la capital. Tras ser nombrado director general el 30 de
diciembre de 2003, Porto cede sus contratos madrileños a la empresa
Plarquin. No es que los consistorios, surgida su incompatibilidad, busquen
un nuevo despacho de arquitectura, sino que es Porto quien lo designa. Y lo
busca muy cerca: él mismo fundó Plarquin en 2000 con José María Fernández
del Río, arquitecto y ex consejero en Caja Madrid del PP.
Al tiempo que
subroga sus contratos en Plarquin, Porto formaliza su desvinculación. Este
desmarque arranca en enero de 2003 con la venta de 50 acciones a Alejandro
Arca Naveiro, arquitecto que trabajaba a sus órdenes, a quien designará como
heredero de sus proyectos privados. El ya director de Urbanismo cierra su
desenganche de Plarquin en enero de 2004: su esposa e hija ceden 200
acciones a José María Fernández del Río; y Porto y su esposa entregan otras
250 acciones a José Federico Bouzas. En total, por sus 500 acciones el
director de Urbanismo y su familia reciben 3.000 €. Su valor nominal. Porto,
igualmente, regala a Plarquin la cesión de todos sus contratos. Sólo exige a
su sucesor en la empresa que se haga cargo de su personal. Con ello,
aparentemente, regala contratos de los que uno solo ya vale casi 12.000 €.
Pese a tal
desvinculación formal, hay varios hechos que siguen relacionando Plarquin
con Porto. Los dos principales compradores de sus (450 de las 500 títulos
enajenados) son socios suyos en otras empresas. Fernández del Río es socio,
a partes iguales, en la empresa Fernández y Porto.El director de
Urbanismo (con su esposa e hijos) posee 3.500 acciones. Las mismas que
Fernández del Río, esposa e hijos. El objeto social de Fernández y Porto no
deja de chirriar en manos de un director de Urbanismo: "Promoción
urbanística en su más amplio sentido"; "solicitar y obtener concesiones
administrativas de toda clase de aprovechamientos de servicios, de disfrute,
de ocupación"; "la promoción de centros comerciales o hipermercados"... Sus
activos valen más de un millón de €. Porto la define como "una sociedad
patrimonial que posee el edificio madrileño de José Silva, 14".
Fernández del
Río, además, es socio de la esposa de Porto, en Elclansol, una inmobiliaria
de la que forma parte Ricardo Ortega, cuñado del dirigente del PP, Luis
Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada. Pero Fernández del Río no es el
único accionista de Plarquin que mantiene relaciones societarias con el alto
cargo de la Comunidad. Bouzas, otro de los compradores de sus acciones, es
socio suyo en la empresa Trienal, inmobiliaria que coadministra junto con
Porto. Su sede es también la misma de Plarquin.
No sólo los dos
principales dueños de Plarquin son socios de Porto. Existe un tercer nexo:
Plarquin tienen sede en el edificio José Silva, 14, propiedad de la
inmobiliaria que comparten Porto y Fernández del Río, y por la que paga un
alquiler. Plarquin, por tanto, factura a una firma del alto cargo (Fernández
y Porto). Y ambas comparten teléfono. Todos los planeamientos urbanísticos
iniciados o diseñados en municipios de la región por Porto o sus socios
(personalmente o a través de Plarquin) han ido entrando poco a poco en la
Consejería de Medio Ambiente para su aprobación a lo largo del mandato del
director de Urbanismo. Porto se ha visto ya en la tesitura de inhibirse o
dar su conformidad a proyectos que él mismo inició o que posteriormente
remataron o realizaron sus socios. Es un hecho que se repite: desde 2004 se
han ido autorizando en Urbanismo planeamientos parciales de sectores
redactados por el socio de Porto, Fernández del Río, a nombre de Estudios de
Planeamiento y Gestión Urbanística, Arquitectura e Ingeniería que tenía como
sede la misma que la empresa del alto cargo: José Silva, 14 y su mismo
correo,
fernándezyporto@terra.es.
La documentación
aportada en Urbanismo acreditaba que el equipo redactor dirigido por
Fernández del Río estaba integrado por el hermano de Porto, Eduardo Porto
Rey, su hija Genoveva Porto y su otro socio, José Bouzas. "Ningún
funcionario me dijo que figuraban mi hija o mi hermano", alega Porto.
Fernández del Río también ha sido redactor de otros dos planeamientos
bendecidos por su socio y alto cargo: Brunete (SR-2 El Olivar) y el plan
especial de redes de Villanueva de la Cañada.
Plarquin,
paralelamente, ha redactado y visto autorizados planeamientos en Urbanismo
-Moralzarzal, plan parcial sector S-1, Las Hachazuelas- con técnicos
coincidentes con el anterior equipo. Esta empresa, incluso, veía conformado
por el director de Urbanismo el planeamiento general de Ciempozuelos,
iniciado por Porto y que subrogó a Plarquin. Y esperan turno de pasar por la
ventanilla de Porto una veintena de planes urbanísticos -la mitad,
generales- redactados por sus socios.
88. EL DIRECTOR DE URBANISMO AGILIZÓ EL PLAN DE EL
MOLAR EN EL QUE DIJO HABERSE INHIBIDO (25/09/06)
El director general de Urbanismo de la Comunidad,
Enrique Porto, declaró hace unos días que sólo se había inhibido en una
ocasión en relación a proyectos de su antigua empresa, Plarquin, que ahora
pertenece a sus socios. Fue en el caso de la revisión de las normas
subsidiarias del SAU 21 (suelo apto para urbanizar) de El Molar -en cuyo
planeamiento había trabajado, él antes de ser director general, y luego
Plarquin-, aprobadas por la Comisión de Urbanismo en junio de 2005. Sin
embargo, un escrito de 2004 firmado por Porto demuestra que intervino para
tramitar y agilizar el expediente.
Porto admite que desde su nombramiento, en
diciembre de 2003, ha autorizado media docena de planeamientos redactados
por sus socios privados en Brunete, Ciempozuelos, Moralzarzal, Moraleja de
Enmedio y Villanueva de la Cañada. Su única inhibición declarada se ceñía a
la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar, cuyo plan
parcial -que prevé levantar más de 4.000 viviendas en la zona- ha redactado
Plarquin. La historia de este desarrollo es ilustrativa del desatasco
urbanizador que suele bendecir los planeamientos de sus socios en
inmobiliarias (Elclansol y Fernández y Porto).
El Gobierno regional, entonces dirigido por
Alberto Ruiz-Gallardón, bloqueó la urbanización del SAU 21 en abril de 2002.
Ya con Esperanza Aguirre en el Ejecutivo, el socialista Modesto Nolla, que
veía la sombra de Porto en este expediente, obtuvo la siguiente respuesta
del Gobierno regional el 4 de octubre de 2005: "Se informa de que el
director general de Urbanismo se ha inhibido en el expediente formulado y
promovido por el Ayuntamiento de El Molar, denominado subsanación de
deficiencias de las normas subsidiarias de planeamiento municipal, en el
ámbito del sector del suelo apto para urbanizar número 21, por presumir que
en su desarrollo va a intervenir, entre otras, Fadesa, empresa para la que
el director general había prestado servicios profesionales con anterioridad
a su cargo público en el plan de la Montaña en Aranjuez y no haber
transcurrido los dos años que establece la ley".
La nota omitía datos. En primer lugar, no decía
que había un vínculo mucho más cercano entre Porto y dicho proyecto: él
mismo y luego Plarquin, la empresa de sus socios, habían sido contratados
para elaborar el planeamiento del SAU 21. En segundo lugar: Porto no se
inhibió en el expediente. Sin embargo, el director de Urbanismo no se
inhibió en las fases anteriores de su tramitación. Un escrito suscrito por
él de 27 de diciembre de 2004 -reproducido arriba-, urge a la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental a que emita el informe "en el
menor plazo posible". Su misiva recordaba al citado departamento -inserto en
la consejería de la que él depende, Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio- que en noviembre de 2003 dicha dirección emitió un informe en el
que imponía como condición para la aprobación del SAU 21 para uso
residencial la modificación de la huella sonora del aeropuerto de Barajas.
Porto le informaba de que el 28 de enero de 2004
se había aprobado la nueva huella de la ampliación del aeropuerto, y que el
alcalde de El Molar le había presentado el 10 de noviembre el expediente de
cumplimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno regional en 2002.
Sólo quedaba dicho informe, que resultó positivo.
Plarquin, beneficiaria del desbloqueo del veto
sonoro, lo destacó en su plan: "Anexo cuarto a la memoria. Cumplimiento del
decreto 78/1999 de 27 de mayo por el que se regula el régimen de protección
contra la contaminación acústica de Madrid". El impacto acústico de Barajas
lo dejaba claro entonces un informe de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental de 31 de enero de 2002: "La simulación acústica
elaborada por AENA afecta a los sectores 21 y 22". Dicho informe del
Gobierno de Gallardón añadía que el SAU entraba en terrenos forestales
protegidos y no quedaba garantizada la depuración de sus aguas. Por ello,
suspendía su aprobación. Mientras los informes oficiales iban cambiando de
sentido para dar por anuladas dichas trabas, Porto tramitaba y agilizaba
desde la Administración el desbloqueo urbanístico de dicho sector, cuya
redacción final recaería en Plarquin.
89. EL PLENO MUNICIPAL DE TORRELODONES RETIRA COMPETENCIAS AL EQUIPO DE GOBIERNO
DEL PP (26-09-2006)
El Ayuntamiento
de Torrelodones celebró su primer pleno tras el verano, y también después
de que el alcalde, Carlos Galbeño (PP), destituyera el pasado 25 de julio a
dos concejales populares, Jesús Pacio y Reyes Tintó, por no seguir la
disciplina de partido, según el regidor.
Fue un pleno
polémico, que se alargó hasta después de la medianoche, porque los grupos de
la oposición (PSOE, IU y Grupo Independiente) aprobaron restituir al pleno
municipal algunas de las competencias que Galbeño cedió a la Junta de
Gobierno, controlada por él, a su llegada a la alcaldía.
Los grupos de la
oposición tuvieron el apoyo de los ediles destituidos, que no habían
entregado aún su acta, y que por primera vez votaron en contra de los
intereses del partido con el que se presentaron a las elecciones de 2003.
Hasta ahora, los dos concejales han mantenido que su desencuentro con su
partido proviene de que éste no ha querido investigar las supuestas
irregularidades urbanísticas que ellos denunciaron, primero por la vía
interna y después a través de los medios de comunicación. Este apoyo, supuso
que la oposición contara con una mayoría de 10 votos a favor, frente a los
siete en contra del PP. El pleno municipal recupera así todas las
competencias en materia de contratación, lo que incluye la aprobación y
modificación de contratos, así como de los proyectos complementarios y las
actuaciones de gestión y desarrollo de las contrataciones municipales de
toda clase.
El pleno comenzó
con normalidad, pero una vez aprobados los puntos del orden del día, los
grupos de la oposición (PSOE, IU y Grupo Independiente) plantearon la
necesidad de crear una comisión de investigación acerca de las supuestas
irregularidades urbanísticas cometidas por el equipo de gobierno de
Torrelodones. La oposición acusa al alcalde de pretender recalificar un área
de 128 hectáreas, que en el ordenamiento actual está considerada como zona
protegida, tan sólo un año después de su llegada a la alcaldía. Galbeño
planea construir en esa parcela 1.536 viviendas, un campo de golf, un hotel
y un complejo de oficinas.
90. LA ALCALDESA PEPERA DE QUIJORNA VENDIÓ UNA
ALAMEDA PROTEGIDA A UN CONSTRUCTOR Y LUEGO LA RECALIFICÓ (29/09/06)
La alcaldesa de
Quijorna, Mercedes García, del PP, ha vendido a Sanedi, una empresa del
grupo San Román, una alameda de 3.750
m2
calificada por el actual ordenamiento del municipio (aprobado hace cuatro
años) como zona protegida por su valor ambiental. Pero en el nuevo avance
del plan general, la finca se recalifica y adquiere edificabilidad. La
regidora asegura que no ha aprovechado su cargo político para beneficiarse
con esta venta y que diferentes personas del pueblo, adscritas a otros
grupos políticos, también poseen propiedades que se tratan de la misma
forma. El Ayuntamiento adjudicó la redacción del avance del plan a Plarquin,
empresa de la que era socio Enrique Porto, director general de Urbanismo.
El sabor a
pueblo todavía permanece intacto en Quijorna, una localidad de 2.325
habitantes, sita a unos 35 kilómetros de Madrid, rodeada de montes
preservados y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los
Encinares de los ríos Alberche y Cofio. El municipio también está próximo a
localidades ya desarrolladas urbanísticamente como Majadahonda o Villanueva
de la Cañada.
Pero el aspecto
de pequeña localidad no le durará mucho. Los planes del actual equipo de
gobierno pasan por una enorme expansión urbanística del pueblo. El municipio
está gobernado por tres concejales del PP, que cuentan con el apoyo de dos
ediles del PSOE. En la oposición se encuentran cuatro ediles del Grupo
Independiente de Quijorna (GIQ).
El nuevo avance
del plan, todavía en tramitación, pretende llevar al municipio a 60.000
habitantes y declarar urbanizable todo el suelo, excepto las zonas
intocables de la ZEPA y los montes preservados. El planeamiento contempla
recalificar 1.067 hectáreas, el 40% del término municipal. "Pero en un
espacio de entre 20 y 25 años", aclara la alcaldesa de la localidad.
Estos planes
multiplican por 11 el suelo declarado urbanizable actualmente, cuyas normas
fueron aprobadas hace sólo cuatro años. Dentro de las zonas protegidas que
pasarán a computar como suelo edificable, se encuentran varias fincas
situadas en medio de una alameda. Están calificadas como espacios
singulares, carrizales y espacios catalogados de especial protección de
cauces y riberas.
Una de ellas, la
parcela número 286, situada en el polígono 3, pertenecía a la actual
alcaldesa y a su marido, hasta que decidieron venderla a la promotora Sanedi
(perteneciente al grupo de Fidel San Román, vinculado a la Operación Malaya)
por 270.455 euros, cuatro veces más de lo que se paga habitualmente en el
municipio por un espacio como éste, en el que no se puede construir.
El cuñado de la
alcaldesa, Enrique Serrano Pedrazuela, también vendió a la misma empresa
tres fincas (dos de ellas con protección ambiental). Según información de la
oposición, Sanedi se ha hecho con alrededor de un millón de m2 en
el municipio.
¿Qué interés puede tener una empresa constructora
en adquirir terrenos en los que no se puede edificar? La respuesta llega con el
avance del plan general, donde estos suelos se transforman en redes públicas de
zonas verdes y espacios libres. Es decir, los suelos que antes carecían de
edificabilidad por su protección ambiental adquieren derechos para construir
viviendas. No en la zona de la alameda, que continuará siendo verde, sino en
otro lugar del municipio.
91. Esperanza Aguirre, anfitriona del nacionalismo radical español
(04.10.06)
Vítores a España
y al patriotismo; referencias al pasado y a la historia desde la
Reconquista; muchas críticas a los nacionalismos en general y al
Estatut
en particular; y, sobre todo, un enfervorizado llamamiento al patriotismo al
grito del
España se rompe. Es el resumen de lo que dio de sí la
presentación, en Madrid, de la fundación para la Defensa de la Nación
Española (DENAES). Finalmente no fue Esperanza Aguirre, el escalafón bajó un
poco y le tocó al vicepresidente 2º de la Comunidad, Alfredo Prada, actuar
de anfitrión de la DENAES en la capital. El acto se desarrolló en una sala
sustanciosamente más llena que en ocasiones anteriores, unas 300 personas
recibieron el saludo inicial de la periodista Isabel San Sebastián, que
actuó de maestra de ceremonias.
Entre el
público, expectantes, algunos de los habituales del PP en este tipo de actos
como Ana Botella, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid,
o Gustavo de Arístegui, portavoz de Exteriores del PP.
La Comunidad no
escatimó esfuerzos para la ocasión: habilitó para la DENAES, no el habitual
salón de actos, sino el patio central de la sede presidencial de la Real
Casa de Correos. En el escenario se acomodó parte de los “patrones” de la
DENAES: Cristina López Schlichting, Alejo Vidal Quadras, Francisco Caja,
Jaime Larrínaga, Amando de Miguel y su presidente, Santiago Abascal. Uno a
uno fueron desgranando el proyecto “patriota” que se traen entre manos. Y
los que no estaban presentes, se cuidaron de mandar un escrito que recogiera
la grandeza de ser un patriota.
En su bienvenida, el vicepresidente 2º de la
Comunidad, Alfredo Prada, argumentó que “un grupo así” se crea en España cuando
“quien debe no se está preocupando” de defenderla. Además ha defendido el
patriotismo frente al “idealismo bobalicón de los que dicen que ‘todo está
bien’”. A pesar del marcado conservadurismo de todos los que apoyan esta
fundación, Prada ha asegurado que “la defensa de la nación no tiene color
político” y que la DENAES es “independiente de ideologías”.
92. EL JEFE DE URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE
DIMITE, TRAS UN ‘PELOTAZO’ DE 4,3 MILLONES € (04/10/06)
El director
general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, autorizó en
2004 un plan parcial (Los Pocillos) de Villanueva de la Cañada (Madrid) que
incluía más de 20.000 m2, parte de los cuales eran de su
propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado
del alcalde). Porto dio por corregidas las deficiencias que bloqueaban su
urbanización desde hacía un año y vendió sus fincas en enero pasado por 4,3
millones €, frente a los 87.000 € pagados por él y sus socios antes de su
recalificación en 1999. Posteriormente, y tras descubrirse este embrollo,
Porto dimitió.
La historia de
este
pelotazo urbanístico se cierra el 11 de enero de 2006. Ese día,
la constructora Fadesa -firma que en ocasiones ha pagado servicios privados
arquitectónicos de Porto y de Plarquin, firma de sus socios- compra una
finca rústica de 2.000 m2 en Villanueva de la Cañada. Quienes la
venden la habían comprado en 1988 por 24.000 €. Sus propietarios eran
Enrique Porto y esposa (25%), y sus socios José María Fernández del Río y
esposa (25%) y Ricardo Ortega Aranegui (50%), concuñado de Luis Partida,
alcalde de Villanueva de la Cañada desde 1979. Su número registral es 4.159.
Pese al título
de "rústica" que le atribuye la escritura, ésta destaca que la finca "se
encuentra íntegramente incluida en el sector número 1 de suelo urbanizable
denominado Los Pocillos, que dispone a fecha de hoy de Plan Parcial aprobado
definitivamente y firme en derecho, y con fecha de publicación en el BOCAM
[Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid] de 26 de noviembre de 2004". El
precio de venta se tasa en 186 €/m2, lo que brinda a los
vendedores un ingreso total de 400.458 €.
Ese mismo día,
Elclansol, firma que incluye a los mismos propietarios (la esposa de Porto,
con régimen de gananciales, es socia desde noviembre de 2001, al igual que
Fernández del Río y el concuñado del alcalde de Villanueva de la Cañada),
vende también a Fadesa otras dos parcelas rústicas en dicho municipio:
números registrales 2.587 (11.285 m2) y 2.718 (10.062 m2).
La escritura, vuelve a recalcar, que "a fecha de hoy" ambas fincas están
incluidas en el sector del suelo urbanizable antedicho y que dispone de plan
parcial aprobado. Con igual precio por m2, la sociedad de Porto,
Elclansol, cobra 3,9 millones € por unos terrenos que le costaron 63.000 €
en 1994, antes de su recalificación. La operación tiene la singularidad de
que intervienen tres actores privilegiados para la puesta en valor de los
terrenos:
-El primero es
Porto, que ha redactado como arquitecto privado el Plan General de
Villanueva de 1999, que incluye el sector de los Pocillos -donde se ubican
las 3 fincas-, como urbanizable. Y que algunos años después, como director
general de Urbanismo, desbloquea y da por subsanadas en 2004 las
deficiencias, atribuidas en 2003 a dicho sector por el anterior Gobierno
madrileño, que impedían su urbanización.
-El segundo
actor clave en el enriquecedor proceso urbanístico de estas parcelas es José
María Férnandez del Río -ex consejero de Cajamadrid a propuesta del PP-,
quien firma el plan parcial rechazado por el Gobierno regional de
Ruiz-Gallardón y también suscribe el nuevo plan entregado a su socio y
director de Urbanismo en 2004, entre cuyos redactores figuran la hija y el
hermano de Porto.
-Y el tercer
actor, el concuñado de Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada
(PP), que se llama Ricardo Ortega. Este propietario, socio de Porto, resulta
beneficiado de las sucesivas decisiones que impulsaría su pariente, Partida,
como la aprobación del plan general y del plan parcial.
Pero el impulso
definitivo para su urbanización se produce cuando Porto autoriza el plan
parcial para dicho sector (redactado por su socio). Y refrenda con su firma
que se han superado todas las graves deficiencias que lo paralizaban
(ausencia de evaluación de impacto ambiental, irrupción en un monte
preservado, problemas de aplazamiento del plan general por efecto de la
M-503...). Aunque los nuevos informes favorables ponen condiciones y exigen
precisiones, en menos de un mes Porto los da como positivos.
93. LA ESPOSA DEL ALCALDE DE VILLANUEVA COBRÓ DEL
AUTOR DEL PLAN QUE FACILITÓ EL 'PELOTAZO' DE PORTO (05/10/06)
También se ha
sabido que Juana Manrique, arquitecta municipal de Villanueva de la Cañada y
esposa de su alcalde, Luis Partida (PP), cobró entre 2003 y 2005 de José
María Fernández del Río, redactor del plan de Los Pocillos que facilitó el
pelotazo
que benefició a Enrique Porto, entonces director de
Urbanismo. Los pagos se produjeron antes y después de emitir su informe
favorable al proyecto. En dicho sector, poseían más de 20.000 m2
-que vendieron en enero de 2006 por 4,3 millones- su pagador, Fernández del
Río y sus socios: Porto, que dimitió ante al conocerse el
pelotazo, y
Ricardo Ortega, cuñado de la funcionaria.
Estos pagos del
socio de Porto a la esposa del alcalde de Villanueva de la Cañada, que se
extienden desde 2003 a 2005, se producen con una inusitada regularidad.
Fernández del Río le liquidaba trimestralmente honorarios por supuestas
actividades profesionales a dicha funcionaria. Así, por ejemplo, según sus
apuntes contables, Fernández decía abonarle a Manrique el 50% de sus
honorarios por labores realizadas precisamente para inmobiliarias que
operaban en Villanueva de la Cañada en concepto de proyectos de ejecución de
vivienda o urbanización.
Algunos de tales
servicios databan de 2003, por tanto, al menos desde ese año la arquitecta
municipal habría venido desempeñando este doblete público y privado. El 12
de enero de 2004, Juana Manrique cobra de Fernández del Río 28.577 euros. En
septiembre de 2004, Plarquin -empresa de Fernández del Río que antes
compartía con Porto-, realiza otro pago a la esposa de Partida por un monto
similar, 26.615 euros, por "honorarios por trabajos de colaboración
realizados en su estudio referidos al desarrollo urbanístico de los terrenos
situados en Alfoz de Quintadueñas (Burgos)".
Pero parece que
realmente la contrapartida al pago era esta: debía informar favorablemente,
como así hizo, cada uno de dichos trámites, plan general, plan parcial,
desarrollo de las unidades de ejecución, proyectos de urbanización,
licencias de obras y viviendas, etcétera. No es una hipótesis. Un ejemplo:
el 14 de julio de 2004, entre pago y pago de Fernández del Río. Manrique
dictaminó el proyecto del plan parcial del sector 1 de Los Pocillos
redactado por su financiador. La arquitecta lo "informa favorablemente para
su aprobación provisional, ya que se han cumplido todas las modificaciones
exigidas en los informes emitidos por los distintos órganos consultados".
Por el contrario, Ecologistas en Acción denunció en los juzgados al equipo
redactor de los planes parciales de dicho municipio y a las autoridades que
los aprobaron: Comisión de Urbanismo de Madrid y Corporación de Villanueva
de la Cañada.
94. PESE A QUE PUSO AL ZORRO A CUIDAR A LAS
GALLINAS, ESPERANZA AGUIRRE NO PARECE SABER NADA DE SU EX DIRECTOR DE URBANISMO
(05/10/06)
"Pregúntenle a
Porto". Ésta fue la respuesta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre,
dio cuando se le preguntó sobre las razones de la dimisión del director de
Urbanismo, Enrique Porto. "Estará deseoso de contestarles", añadió. Ningún
miembro del Gobierno ha respaldado la gestión del alto cargo y sólo el Grupo
Parlamentario del PP en la Asamblea regional ejerció su defensa. El
portavoz, Antonio Beteta, fue el encargado de ofrecer la justificación del
supuesto
pelotazo de 4,3 millones en el que participó Porto en
Villanueva de la Cañada.
Ningún miembro
del Gobierno regional ha apoyado públicamente al ex director de Urbanismo.
El consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía (superior de Porto), eludió
pronunciarse cuando se le preguntó. fue la presidenta regional la que se
zafó de las cuestiones de los periodistas y les animó a que preguntaran al
propio Porto. "Estará deseoso de contestarles", dijo.
En cambio, fue
Beteta el encargado de ofrecer la justificación de Porto acerca del supuesto
pelotazo que habría obtenido en Villanueva de la Cañada, que le
habría reportado a él y a sus socios unos 4,3 millones de euros por la venta
de una finca. Beteta había leído un documento en el que detallaba la
relación entre el ex alto cargo y la parcela de Los Pocillos con la que se
lucró. Según Beteta, "no existió ningún
pelotazo urbanístico", porque
a Porto sólo le correspondían 333 m2
de la finca de 2.000 metros
que adquirió junto a otras cinco personas en 1988. Además, según esta
versión, los otros terrenos, que suman 20.000 m2, no pertenecen a
Porto, sino a su esposa, que participa en la empresa Elclansol, la
propietaria.
Las fincas fueron adquiridas, recalcó, cuando ya
eran urbanizables. Pero la compra se efectuó en 1994, y los terrenos fueron
convertidos en urbanizables por el propio Porto en su redacción del plan general
en 1999. Beteta no mencionó que el matrimonio tiene régimen de bienes
gananciales, ni que Porto desbloqueó el planeamiento parcial en 2004, cuando ya
era director general. Beteta afirmó que su grupo "respalda la gestión de Porto
al frente de Urbanismo" y arremetió contra el Partido Socialista de Madrid (PSM)
al que acusó de atacar la "honorabilidad" del ex director para "tapar su falta
de proyecto político".
95. GERMÁN
YANKE DEJA TELEMADRID TRAS NEGARSE A ALENTAR LA TEORÍA CONSPIRATIVA SOBRE EL
11-M (10/10/06)
El periodista
Germán Yanke, director y presentador del informativo
Diario de la noche
de Telemadrid, anunció su dimisión. Oficialmente, esta decisión es
consecuencia de un ajuste en el presupuesto del programa. Sin embargo,
fuentes próximas al periodista aseguran que responde a las presiones
ejercidas por el director general, Manuel Soriano, y por la propia
presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre (del PP), para alentar la
teoría de la conspiración sobre el 11-M y seguir la línea informativa
cultivada por el diario
El Mundo y la Cope.
La dimisión de
Yanke se produce pocos días después de la entrevista que el periodista
realizó a Aguirre. Ante las cámaras de Telemadrid, la presidenta regional se
sintió visiblemente incómoda con algunas preguntas. Hasta el punto de que
acusó a Yanke de "comprar los argumentos de sus adversarios".
Tanto el comité
de empresa como los grupos de la oposición atribuyeron la salida de Yanke a
las "presiones informativas" ejercidas desde la dirección para "tenerlo todo
controlado" ante las próximas elecciones autonómicas. Los sindicatos
sostuvieron, además, que la dirección de Telemadrid consideraba que Yanke
"trabajaba para el enemigo" porque "no entró en la teoría de la conspiración
sobre el 11-M".
Uno de los
colaboradores de
Diario de la noche, Pablo Sebastián, responsabilizó
a Aguirre de la "caza y captura" del programa y aseguró que "la militancia
conspirativa de Telemadrid, liderada por el director general y responsables
de los informativos, sólo encontró resistencia en la independencia
profesional de
Diario de la noche, al que Manuel Soriano lleva
presionando meses y meses". Sebastián agregó que este telediario ha marcado
"la diferencia en la actual batalla mediática y política en torno a la
presunta conspiración del 11-M que agitan Acebes, Zaplana y Aguirre desde el
corazón del PP". Y remarcó que los informativos de la mañana y de la tarde
son "fanáticos y obedientes seguidores, ofreciendo a diario en crónicas
especiales la versión conspirativa de las portadas de
El Mundo". En
esta línea, mantuvo que la dirección de Telemadrid presionó para que los
responsables del programa se pusieran "a la orden" del director adjunto de
ese diario, Casimiro García Abadillo.
El presidente
del comité de empresa, José Ángel Jiménez, afirmó que esta dimisión es un
síntoma más de la "falta de libertad de expresión. Llama más la atención
porque
Diario de la noche es el proyecto estrella de Soriano, pero la
situación es crítica. Venimos denunciando la manipulación desde hace tres
años".
96. EL CONCEJAL
DE SEGURIDAD ATRIBUYE A LA INMIGRACIÓN EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA (10/10/06)
Tres operaciones
contra
el top manta (la venta en la calle de discos compactos
falsificados) fueron la excusa para que el concejal de Seguridad de Madrid,
Pedro Calvo Poch, hiciera un duro discurso en contra de la política de
inmigración del Gobierno central. El edil llegó a decir que los delitos
registrados en la capital son cada vez más violentos por la llegada de
extranjeros, en especial de latinoamericanos. También aseguró que se ha
producido "el efecto llamada", lo que se ha traducido en el aumento de
indigentes y de hechos violentos en las calles madrileñas. La operación
contra el
top manta se ha desarrollado en las últimas semanas en el
barrio de Lavapiés, en el distrito de Embajadores, y en ella han sido
detenidas 23 personas de origen senegalés.
Durante la rueda
de prensa en la que se presentó esta operación policial, Calvo planteó
varias preguntas al Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero:
"¿Qué hacen esos inmigrantes todavía en España? ¿Qué va a ser necesario para
que sean expulsados de nuestro país? ¿Qué les va a pasar si son detenidos de
nuevo? ¿Cuántas órdenes de detención van a ser necesarias para echarles del
país?". Y continuó: "Muchos volverán a quedar en libertad y muchos harán lo
que les permite subsistir, como es entrar en las mafias que venden productos
falsificados en la calle. Además, no se puede solicitar su internamiento por
estar a la espera de su expulsión".
El edil de
Seguridad siguió criticando la actuación del Ejecutivo central. "No
entendemos ni comprendemos la actuación política de este Gobierno central,
que ha permitido un repunte de la inmigración y de la inseguridad en nuestra
ciudad. Hacemos un llamamiento a que la política de inmigración de nuestro
país tiene que ser modificada inmediatamente", agregó Calvo. "Nada está
exento y nada se produce por casualidad. La presencia del
top manta
es un fracaso de la política de inmigración, que es insufrible. Es fruto de
una ocurrencia y de la improvisación, más que de una reflexión en esta
política de inmigración".
Estas
afirmaciones contrastan con las que hizo el propio Calvo al presentar los
resultados de la
Operación Verano junto a la delegada del Gobierno en
Madrid, Soledad Mestre. Allí destacó el descenso de los delitos cometidos en
la capital y se felicitó de los grandes éxitos policiales durante los meses
de julio y agosto. Todo lo que antes eran parabienes, en menos de una semana
se han convertido en un ataque directo a cierta inmigración: "Los
extranjeros procedentes de determinadas áreas geográficas, como Suramérica,
no resultan una sorpresa para nadie. Actúan con mayor violencia, ya que el
valor que tiene allí la vida no es el mismo. Cometen delitos más violentos.
No es lo mismo un robo con un tirón que un robo con una puñalada o un tiro",
criticó.
97. PORTO ASESORÓ DESDE SU DESPACHO OFICIAL UN TRABAJO PRIVADO
EN CÁCERES (10/10/06)
Enrique Porto
siguió asesorando desde su despacho oficial de director general de Urbanismo
un plan urbanístico en Cáceres capital -gobernada por el PP- que le fue
adjudicado antes de su nombramiento. Así lo acredita un fax enviado desde su
dirección en febrero pasado en el que da instrucciones sobre una parcela
cuyo descomunal aumento de edificabilidad ha causado la dimisión de un edil
del PP, que habla de ilegalidad. Por otro lado, la consultora Plarquin tenía
asegurado a Porto durante su mandato como "arquitecto colaborador", pese a
su declarada desvinculación de ella cuando tomó posesión.
Diferentes
documentos apuntan a que Porto, en contra de lo manifestado por él y asumido
por el Gobierno de Esperanza Aguirre, nunca se desvinculó de su actividad
privada ni de su consultora Plarquin tras ser nombrado director de Urbanismo
de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2003.
Existe una
primera e insólita evidencia: un fax enviado por Porto desde la Dirección
General de Urbanismo el pasado 13 de febrero, con el siguiente mensaje: "Por
indicación de don Enrique Porto, te envío la siguiente documentación". El
fax lleva el sello de la Dirección General de Urbanismo, y deja como
teléfonos de contacto los del despacho oficial, así como su número de fax.
Va enviado a Antonio Pimenta, de Prointec, firma que contrató en enero de
2003 los servicios de Porto como uno de los arquitectos que realizaría la
revisión del plan general de Cáceres, cuyo alcalde es José María Saponi
(PP).
El fax de Porto
va referido a una finca del casco urbano cacereño de unos 11.000 m2
donde existía un colegio de las monjas carmelitas. En función del nuevo
plan, la superficie edificable en dicho suelo pasaría de 7.910 m2
a 60.500, con inclusión de un colegio, pero en su mayor parte destinados a
la construcción de un gran centro comercial, y uso terciario y residencial.
Tal revisión se ha producido por un convenio cuya legalidad cuestionan sus
detractores. Y sobre dicha parcela el director de Urbanismo de Madrid
asesora en cuatro folios a sus compañeros de equipo redactor en febrero de
2006.
El alto cargo de
Aguirre apunta a Prointec cuáles pueden ser los límites o los volúmenes de
edificabilidad, la reserva para dotaciones públicas, la cesión de terrenos
para dotaciones y participación en las plusvalías, y la "monetización" de
las cesiones. Para ello compara la normativa extremeña con la madrileña.
Esta operación ha sido tan polémica que ha costado la dimisión, de un edil
cacereño del PP, Manuel Rodríguez Cancho, por creer que "roza la ilicitud y
la ilegalidad", y que la compensación por multiplicar su edificabilidad
-unos 2,5 millones €- "es escasa para la repercusión que la obra tendrá en
la zona". Este expediente, la parcela de las carmelitas, vio frustrada su
aprobación por la comisión municipal de Urbanismo
Existe un
segundo documento que apunta que Porto mantuvo su actividad privada tras su
nombramiento como director de Urbanismo de Esperanza Aguirre. El 18 de
febrero de 2004, la aseguradora Dual International, en nombre de Lloyd's, le
recuerda a Plarquin -firma que teóricamente ha abandonado Porto tras su
nombramiento en diciembre de 2003- que su cobertura de responsabilidad civil
profesional cubre las actividades de los "arquitectos socios": Enrique Porto
Rey; su esposa, Pilar Fernández González, y su socio, José María Fernández
del Río. El 5 de marzo de 2004, dicha aseguradora comunica a Plarquin que ha
cambiado la póliza conforme a las instrucciones recibidas un mes antes de
dicha consultora.
El cambio
operado en la cobertura de los servicios profesionales de sus arquitectos es
muy significativo: Porto ya no es asegurado como socio, sino como
colaborador. "Queda cubierta la actividad profesional al servicio de la
sociedad de los arquitectos colaboradores de la misma, Enrique Porto y
Miguel Ángel García Horcajada, y excluida toda su actividad fuera de dicha
sociedad". No se trata de garantizar con la póliza pasados trabajos
profesionales de Porto dentro de la sociedad, ya que hasta febrero de 2004
estuvo cubierto como "arquitecto socio", sino las que desempeñe en adelante
como "arquitecto colaborador".
Y tampoco cabe
colegir que la cobertura del seguro se refiera a las actividades
profesionales realizadas por Porto en el pasado a título individual. La
póliza es tajante: "Quedan excluidas las reclamaciones que se puedan
presentar contra los tres arquitectos socios de la sociedad y de los
arquitectos colaboradores [Porto] por sus actuaciones profesionales
realizadas con anterioridad a la fecha de actividad de la citada sociedad
1/6/2000".
Porto se
autoaplica esa fórmula de arquitecto colaborador de Plarquin para intentar
fortalecer la apariencia de desmarque de ella que ha intentado plasmar con
la venta de sus acciones en dicha firma tras su nombramiento como director
general de Urbanismo. Ocurre que dicha venta de su paquete accionarial recae
en personas con las que sigue manteniendo vínculos societarios a través de
varias inmobiliarias. Y sucede que Plarquin le factura cada mes cerca de
6.000 € por alquiler a una de sus inmobiliarias, Fernández y Porto.
98. AGUIRRE RECURRIÓ A UN BUFETE PARA ELUDIR LAS
TRABAS DE LOS TÉCNICOS A UN PLAN URBANÍSTICO (12/10/06)
El Gobierno de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre (PP), pagó a
un bufete privado para avalar un plan urbanístico al que puso trabas el jefe del
servicio de planeamiento. Este técnico dependía de Enrique Porto, el director
general de Urbanismo que dimitió hace una semana. Para aprobar el plan que
rechazaba su jefe de planeamiento, Porto contrató a uno de los bufetes de
abogados de mayor prestigio y coste en Madrid. Con ese informe, y otro de los
dueños, dio vía libre a un proyecto que permitía más edificabilidad a los
promotores de la que el técnico admitía y les brindaba un beneficio de más de 30
millones.
El polémico plan se situaba en el sector 3 del municipio madrileño
de Villanueva de la Cañada. El jefe de Planeamiento, Jesús Sánchez-Cabezudo,
forzó que en el expediente de ese plan se incorporase su informe negativo, que
entregó en mano a Porto como garantía de que "estaría donde tenía que estar",
según explicó su autor a este periódico.
El plan que cuestionaba Sánchez-Cabezudo se iba a desarrollar en el
mismo municipio donde el ex director general poseía, con sus socios, más de
22.000 m2, sobre los que tomó una decisión como cargo público para
eliminar los obstáculos que impedían su urbanización y, después de hacerlo,
vendió en 2006 las fincas que tenía por 4,3 millones €. En el sector 1 de
Villanueva donde Porto tenía terrenos, el ex director general de Urbanismo obvió
directamente la tenaz oposición de sus dos técnicos y no incorporó su opinión al
expediente. En el sector 3 sobre el que informó en contra Sánchez-Cabezudo, no
pudo hacer otro tanto. El técnico impuso que se incorporara su escrito al
expediente, pero el resultado fue el mismo: hizo caso omiso de la opinión del
funcionario experto en la materia.
La controversia en torno a la aprobación del plan urbanístico era si
se podía incluir como suelo urbanizable del sector y computarlo a efectos del
volumen total edificable, un espacio calificado de "montes preservados". Porto
entendía que sí, con lo que aumentaba la edificabilidad (la superficie total
construida). El técnico entendía que no, que los propietarios debían restar
28.000 metros de los montes a la superficie total del sector. Además, también
juzgaba excesivo el coeficiente por el que multiplicaban el suelo para
determinar el volumen final edificable del sector. Los promotores pretendían que
fueran 0,2392 m2 por m2; y el técnico lo rebajaba a
0,2179.
¿Qué ocurrió ante tales planteamientos desfavorables del jefe de los
técnicos? La dirección de Urbanismo que encabezaba Porto para acallar -
"contrastar jurídicamente", según la versión oficial- los argumentos de su
responsable técnico, utilizó dos dictámenes jurídicos privados: uno de ellos lo
facilitaron los propios promotores privados de los terrenos -los más interesados
en conseguir la mayor edificabilidad posible-; y el otro fue encargado y pagado
con dinero público por la propia dirección general a un bufete de los más caros
de Madrid. Ambos dieron la razón a la tesis que ya defendía Porto desde que
tramitó ya el anterior sector (Los Pocillos de Villanueva de la Cañada, donde
poseía terrenos y, por tanto, intereses).
Los dos dictámenes sostuvieron que los montes preservados podían ser
computados como urbanizables a efectos de rentabilizarlos en el aprovechamiento
global por los dueños. Ésa era la tesis previa de Porto, como confió él mismo en
sus reuniones con mandos del departamento, ya que suponía una "gran ocasión"
para los promotores. El plan bendecido por Porto superaba -según el informe de
su jefe técnico -, en 30.197 metros cuadrados la edificabilidad legal del
sector. ¿En qué se traduciría este plus de edificabilidad aprobado a favor de
los promotores? Pues en que podrían construir 150 viviendas unifamiliares más o
300 pisos más por encima del marco legal, siempre según cálculos de expertos.
A razón de un mínimo de 1.000 €/m2 construido, daría un
beneficio neto -no habría existido de haber prevalecido el criterio del técnico-
de más de 30 millones €. El informe que recoge toda la tramitación del plan, que
firma el subdirector de Urbanismo, Mariano Trías, revela que "con fecha 22 de
octubre de 2004, el jefe del servicio de Planeamiento y Control del Madrid
Metropolitano, solicita la incorporación al expediente de sendos informes de
fechas de 8 y 11 de octubre de 2004, en los que tras diversas consideraciones
técnicas informa desfavorablemente el expediente".
Sánchez-Cabezudo relató cómo logró que su informe se incluyera en el
expediente: "Lo entregué en mano y firmado al director general. Me pareció la
mejor la manera de garantizar que mi informe se incorporara al expediente y de
tener la seguridad de que estaría donde tenía que estar”.
99. EL CONSEJERO ZABÍA FICHA A UNA SOBRINA PARA SU
DEPARTAMENTO Y LA ASCIENDE (12/10/06)
Pilar Lara Zabía no sólo es sobrina del consejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad, Mariano
Zabía, sino que además trabaja a sus órdenes en la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental. La firma del consejero consta en una orden,
fechada el 23 de junio de 2005, por la que, a través del procedimiento de
libre designación, una de sus sobrinas ascendió cuatro categorías laborales
a los ocho meses de obtener la plaza de funcionaria. Pasó de ser técnico
titulado superior en la Consejería de Familia a ser técnico de apoyo en la
consejería que dirige su tío. Según un portavoz de Medio Ambiente, el
consejero "nunca" participó en el proceso. Zabía no quiso hacer
declaraciones.
Pilar Lara Zabía, arquitecta, se presentó a las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores
de la Comunidaden otoño de 2004. La nota que obtuvo la colocó en el
penúltimo puesto de los 19 opositores, según un documento de la Dirección
General de la Función Pública del 7 de octubre de 2004. La sobrina del
consejero obtuvo una calificación media de 17,43 puntos, mientras que el
candidato con mejor nota obtuvo 25,31 puntos.
El resultado le valió a Lara Zabía para obtener
una plaza de técnico titulado superior en el Servicio de Obras e
Instalaciones del Servicio Regional de Bienestar Social, que depende de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Pero, 8 meses después, la sobrina
del consejero se presentó a un procedimiento de libre designación por el que
obtuvo una plaza de técnico de apoyo de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, que depende de otra consejería: Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. El cambio de puesto le ha supuesto a Lara Zabía
pasar de un nivel de complemento de destino 22 -el que reciben los técnicos
de grado superior nada más superar la oposición- a uno del tipo 26. Es
decir, cuatro grados más alto. En ese nuevo cargo se encarga de coordinar la
evaluación ambiental de los planes urbanísticos de los municipios, y emite
informes definitivos para autorizar los expedientes de los técnicos.
El portavoz de Medio Ambiente negó que ese cambio
de
status esconda un caso de favoritismo hacia la sobrina del
consejero, porque Lara Zabía se trasladó de consejería a través de un
concurso de libre designación. "Fue un proceso público", recalcó el
portavoz, que aseguró que el consejero "nunca" participó en ese
procedimiento y que desconocía el ascenso de su sobrina. Según él, quien
firmó la orden fue el secretario general técnico del departamento, "por
delegación" de Zabía. Y así figuran, junto al nombre de Zabía, las siglas PD
(por delegación) y la firma del secretario.
"Todos los que cumplen las condiciones se pueden
presentar a esa plaza de técnico. Es el jefe de servicio de la dirección
general el que decide", agregó el portavoz. Esta dirección general está a
las órdenes directas de Mariano Zabía. El mismo portavoz explicó que es
habitual que un funcionario suba varios niveles de categoría si hay un
puesto vacante y es reclamado expresamente para él. Y que la mayoría de los
19 compañeros de oposición de Lara Zabía también ocupa un nivel 26.
100. MÁS CORRUPTELAS INMOBILIARIAS DEL PP EN TRES CANTOS (20/10/06)
Tres
Cantos es el municipio más joven de la Comunidad de Madrid, al
segregarse de Colmenar Viejo en 1991. En 2003 aprobaron su nuevo Plan
General para seguir creciendo y en 2004, el Gobierno local decidió que
una empresa privada gestionase ese crecimiento. El concejal Antonio
Reino Cortés, del PP, se fue del Ayuntamiento para no votar esa cesión.
Antes, hizo este comentario a uno de sus colaboradores: "Voy a ir al
Delgado [asesor de la alcaldesa de Tres Cantos] a decirle oye, aquí me
he enterado yo, o sea, de que hay 30.000 millones, ¿quién se los va a
llevar? A ver, dime, quién se los va a llevar. Oyes que no que sí. Le
diré yo estoy aquí como un gilipollas levantando la mano para que tú te
lleves 30 kilos, de eso nada".
- "De
los 30.000 millones yo quiero mi 11%". De los 30.000 millones yo
quiero..., somos 11, yo quiero mi 11%. Esto hay que dividirlo en 11, o
en 10. Un 10% para cada uno. Yo mi 10% como concejal que levanta la mano
para que tú te lleves los 30 millones. Lo que tú te lleves, yo el 10%.
Si no, no la voy a levantar. Tú me das el dinero, y yo me piro. La
pasta, y me voy. Porque tengo pruebas de que te vas a forrar a costa de
que yo levante la mano y yo aquí puteado".
Antonio
Reino se fue sin levantar la mano en el pleno que cedió la gestión del
Plan General a una constructora. El ex concejal del PP en Tres Cantos
(Madrid) Antonio Reino Cortés amagó en septiembre de 2004 con fugarse al
grupo mixto y votar contra un plan del Gobierno municipal -que comparten
los populares con Tres Cantos Unido- para ceder la gestión del Plan
General de la localidad a la empresa privada FCC. Reino Cortés no llegó
a fugarse al grupo mixto, pero dimitió como concejal antes de que se
aprobase la adjudicación a favor de FCC. En conversaciones mantenidas
por el propio Reino Cortés, destapaba sus sospechas de corrupción en el
contrato urbanístico que decidía el futuro de Tres Cantos.
El
pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos lo integraban 21 concejales, 11
del Gobierno municipal, que compartían Tres Cantos Unido y el PP, y 10
de la oposición. El 7 de mayo de 2003, la Comunidad aprobó el nuevo Plan
General de Tres Cantos, donde se establecían los crecimientos de la
ciudad para levantar 4.500 viviendas. La previsión del Gobierno
municipal era que un consorcio público gestionase el desarrollo del plan
mediante la expropiación de los terrenos por los que iba a crecer el
municipio y mediante acuerdos con los propietarios de los mismos.
Esa
primera previsión fue modificada a principios de 2004, y el Gobierno
municipal decidió ceder la gestión del desarrollo del Plan General a una
empresa privada, FCC, pero un error de esta firma en la documentación
entregada al pleno evitó que se pudiera conceder ese trabajo en el pleno
de mayo. Entre mayo y septiembre, cuando FCC subsanó las deficiencias,
se desataron todo tipo de tensiones en el seno del Gobierno municipal.
La amenaza no se consumó, pero Antonio Reino Cortés abandonó el
Ayuntamiento de Tres Cantos y dejó que ocupara su puesto en la
corporación el siguiente en la lista del PP. Su abandono se produjo unos
días antes de que el pleno municipal abordará la cesión de la gestión
del PGOU a una empresa privada. De las 4.500 viviendas previstas en el
desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento consiguió aprobar mediante
algunos cambios más de 8.000.
Así se
han obtenido unas declaraciones grabadas por personas próximas a él.
Reino Cortés reconoció a que esos comentarios los hizo en aquel momento:
"Se debió a un momento de acaloramiento, pero yo no tenía pruebas". Las
más interesantes son las siguientes:
- "En
esto tiene que estar Romero de Tejada". "Lo que sospecho es que en esto
tiene que estar Romero de Tejada [entonces secretario general del PP en
Madrid y hoy miembro del PP en el consejo de administración de
Cajamadrid] con la otra. ¿Cómo no va a estar el partido? ¿Cómo no va a
estar enterado mi partido de lo que pasa con el Plan General? ¿Mi
partido con un plan general de ordenación urbana de 300 millones está
ausente? Pero joder, la facción que tiene que estar ahí es la de Romero
de Tejada, Mario Utrilla
and company.
No me parece correcto lo
que hemos hecho. Primero no me decís nada. Me queréis tratar como una
marioneta. Yo vengo aquí a levantar la mano en lo que digáis.
- "En
septiembre sacan este plan, les corre mucha prisa". "El día menos
pensado, en septiembre, en el pleno de septiembre estoy convencido de
que sacan este plan, les corre mucha prisa. Eso está claro y han
preparado todo. Ya te digo que no voy a votar el pleno este. ¿Qué no lo
convocan? Pues moción de censura. Moción de censura, tanto. No sale el
pliego ese, no sale. Y a continuación ya hablaremos de la moción. Yo no
voto ahí. Y a continuación me echan, bueno pues me echan. A partir de
ahí ya empezamos a negociar pasta de la moción de censura o de otras
cosas.
- "¿Y
yo me voy a creer que en 300 millones no te van a invitar ni a un
helado?" "¿Y yo me voy a creer que en 300 millones no te van a invitar
ni a un helado? Vete a tomar por culo. A algo nos invitarán. Por un
contrato de esos no me voy a enfrentar con todo mi partido".
101.LAMELA GASTA CASI 700.000 € EN UNA EXPOSICIÓN PUBLICITARIA (17/10/06)
A nueve
meses de las elecciones regionales, la Comunidad de Madrid está decidida
a exprimir al máximo en términos de imagen la construcción de nuevos
hospitales que lleva a cabo en esta legislatura. En el empeño, no duda
en gastarse cientos de miles € de los presupuestos públicos. La
presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el consejero de Sanidad,
Manuel Lamela, han realizado en el último año un mínimo de 12 actos de
colocación de la primera piedra o visita a las obras -cada uno de ellos
con su correspondiente rueda de prensa y foto junto a las obras o las
maquetas.
Los
actos han tenido lugar en los siete nuevos hospitales de gestión mixta
pública y privada -Coslada, San Sebastián de los Reyes, Vallecas,
Arganda, Aranjuez, Majadahonda y Parla- y en el centro privado de
Valdemoro con el que la Comunidad firmará un concierto para la atención
de 120.000 personas del sureste de la región. Ahora, Sanidad ha dado un
nuevo paso a la hora de dar publicidad a su política con la organización
de una gran exposición en la plaza de Colón. La muestra, que fue sacada
a concurso por 700.000 € y ha sido adjudicada, según Sanidad, por algo
menos de dinero, está ubicada en una gran carpa de 1.500 m2
que Sanidad ha convertido es un auténtico templo de alabanzas al
Gobierno regional.Con el
título
Damos a luz una nueva sanidad, la exposición ofrece
maquetas, vídeos, folletos y DVD sobre los nuevos hospitales, centros de
salud, obras de ampliación de los actuales centros sanitarios y equipos
técnicos adquiridos durante la presente legislatura. Nada
dice la exposición, sin embargo, de que 7 de los nuevos centros serán en
realidad construidos y propiedad de empresas privadas, mientras que
Sanidad sólo pondrá los médicos y las enfermeras y pagará a la compañía
constructora un alquiler anual por el uso del edificio sanitario.
Tampoco de que el hospital de Valdemoro será un centro privado propiedad
de un fondo de capital riesgo norteamericano.
102. MADRID: LA CE ABRE
EXPEDIENTE CONTRA ESPAÑA POR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA M-501 (14/10/06)
La Comisión
Europea abrió un expediente contra España por el impacto ambiental de las
obras de la carretera M-501 sobre las aves y varias especies protegidas en
las zonas de Encinares del río Alberche y el río Cofio, en Madrid. El
Ejecutivo comunitario envió una carta de emplazamiento (primera fase del
procedimiento de infracción comunitario) por las obras de ensanche y
modernización de la M-501 en la región de Madrid. Informó asimismo de que
las autoridades españolas disponen de un mes de plazo para dar respuesta a
lo planteado en el escrito, frente a los dos meses que suele conceder.
Según fuentes comunitarias consultadas acortar el plazo a un mes es algo
"inusual", pero probablemente se debe a que el asunto ya ha sido abordado
con las autoridades nacionales en más de una ocasión. Bruselas considera que
las autoridades de Madrid, que dividieron las obras en cinco proyectos
distintos, sólo realizaron una evaluación de los efectos combinados en
cuatro de los subproyectos, vulnerando la normativa comunitaria. "Al decidir
el emplazamiento de las obras, España no ha tenido en cuenta suficientemente
sus efectos en los parajes naturales circundantes, en especial en las aves y
especies animales de la zona denominada 'Encinares del río Alberche y río
Cofio', que incluye espacios protegidos de conformidad con la legislación
comunitaria de conservación de la naturaleza", explicó la CE en un
comunicado. Para
Bruselas, la autorización de este proyecto "conlleva un riesgo grave de
alteración de las características ecológicas de los lugares, con el
resultado de la fragmentación de los hábitats y la desaparición de especies
prioritarias presentes en ellos". El comisario europeo de Medio Ambiente,
Stavros Dimas, advirtió que "no proteger las aves y los hábitats naturales
puede llevar en última instancia a la extinción de las especies" y pidió a
los países que respeten la legislación comunitaria.
103. AGUIRRE
PIDE QUE SE LE PERMITA PRIVATIZAR TELEMADRID (25/10/06)
La presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, apostó por la privatización de
Telemadrid e instó al Gobierno central a modificar la ley que regula los
entes de radio y televisión autonómicos. "Espero que finalmente nos lo
autoricen. Le puedo asegurar que lo haré".
Aguirre lanzó
esta propuesta poco antes de que el PSOE reclamara en el Consejo de
Administración una auditoría independiente de la gestión. Era su respuesta a
la petición del director del ente, Manuel Soriano, de 20 millones extra para
este año, rechazada por el PSOE. El consejo aprobó (con el voto en contra
del principal grupo de oposición) el presupuesto para 2007, que asciende a
157 millones, de los que el 47,3% procederá de la publicidad y el 52,7% de
la subvención (un 9,5% más que este año). Los socialistas criticaron la
"incapacidad e incompetencia" del equipo directivo y reclamaron que el
director de Telemadrid sea elegido por mayoría de dos tercios en la cámara
regional.
104. El coche
incendiado de un consejero de Madrid está a nombre de una empresa de un
constructor (25 y 26/10/06)
La investigación del incendio intencionado
que calcinó un vehículo que usaba el consejero de Presidencia de Esperanza
Aguirre, Francisco Granados, ha descubierto que el coche estaba a nombre de una
constructora de Valdemoro, Grandes Locales de Negocios. Granados fue alcalde de
esa localidad hasta 2003, cuando entró a formar parte del Gobierno de Esperanza
Aguirre como consejero de Transportes e Infraestructuras. Ahora es el titular de
Presidencia. Además, fue elegido secretario general del PP de Madrid hace casi
dos años. Según pasa el tiempo se descubren nuevas
sorpresas del incendio del Mini Cooper de la esposa del consejero de Presidencia
del Gobierno de Madrid, Francisco Granados. Si el coche sigue estando a nombre
de la constructora Grandes Locales de Negocios no se debió, en contra de lo que
insinuó el concesionario de coches de segunda mano que lo vendió (Car
Valdemoro), a ningún retraso de la Dirección General de Tráfico, dado que no hay
constancia en dicho departamento de que lo haya solicitado, pese a que se cerró
el contrato de venta el pasado 7 de julio.
Fortuito o intencionado, el incendio del
vehículo privado de la esposa del consejero Granados cuando se encontraba
aparcado en su garaje privado sigue generando algo más que humo. El
concesionario vendedor insinuaba que si el coche seguía figurando a nombre de
una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de Negocios, se debía a un
retraso burocrático de la Dirección General de Tráfico. Sin embargo, fuentes
autorizadas de dicho organismo negaron que sufran un retraso de meses en dicha
tramitación como el que dibujaba el concesionario, ya que la venta se realizó el
pasado julio. Por el contrario, según Tráfico, el lapso máximo entre petición y
formalización es de una semana. , 25 de octubre, se estaban resolviendo en
Tráfico los papeles presentados el pasado día 19 para cambiar la titularidad de
vehículos.Por tanto, la razón de tal retraso en el
cambio de titularidad del coche de la esposa de Granados habría que buscarlo en
otros elementos. Y parece explicarlo una razón muy simple: en Tráfico no hay
constancia documental de que dicho establecimiento, Car Valdemoro, haya
solicitado el cambio de titularidad del vehículo que vendió a la esposa del
consejero Granados, pese a que cerró el contrato el pasado julio. Tampoco lo
hizo gestoría alguna, ni la propia interesada, la esposa de Granados.
Car Valdemoro cuenta entre sus dueños a
Jesús Moreno Torres -cuya versión solicitó este diario sin éxito-, hermano del
alcalde actual de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres (PP). La titular del
vehículo de la esposa de Granados, la inmobiliaria Grandes Locales de Negocios,
tiene como único administrador a Ramiro Cid Sicluna, uno de los empresarios
inmobiliarios con mayores desarrollos en Valdemoro, localidad de la que fue
alcalde Granados hasta 2003. Dos empresas de Cid tienen mucho que ver con la
vivienda del consejero de Presidencia: una la construyó (Obras y Vías) y otra
(Nuevo Parque de Valdemoro) se la vendió en 1998, cuando aún era regidor. Una
filial de dicho grupo,recibió una adjudicación en 2002 -a través de la empresa
municipal de Valdemoro Gesvival, en la que figura como consejero el hermano de
la esposa de Granados- para realizar vivienda pública, tanto en propiedad como
en alquiler.
105.EL CONSEJO DE
ESTADO VAPULEA EL REGLAMENTO ANTITABACO DE AGUIRRE (25/10/06)
El Consejo de
Estado, órgano consultivo que analiza si las normativas que aprueban las
administraciones cumplen la ley, ha emitido un dictamen que cuestiona la
legalidad del reglamento antitabaco aprobado por la Comunidad de Madrid,
cuya presidenta es Esperanza Aguirre. Este reglamento, aprobado por la
Consejería de Sanidad, cuyo titular es Manuel Lamela, pretendía rebajar y
suavizar el contenido de la ley aprobada por el Ministerio de Sanidad.
Lamela llegó a calificar la ley como "inconstitucional".
El Consejo
cierra la puerta a que las empresas habiliten zonas para fumadores en sus
cafeterías con una superficie mayor de 100 m2. El reglamento de
la Comunidad de Madrid también permitía que en los reservados o zonas
aisladas de los restaurantes el cliente fumara. El Consejo de Estado rechaza
este artículo ya que considera que no hay "resorte alguno en la ley
[estatal]" que lo permita.
El dictamen
también cuestiona la legalidad del regimen sancionador propuesto por Lamela,
que quería imponer las sanciones en su grado mínimo como norma general. El
Consejo recuerda que la ley ya establece que las multas deben aplicarse "en
el grado mínimo, medio y máximo según motivadamente proceda" a juicio de los
inspectores.
Además, el
Consejo tumba el reglamento de Lamela cuando establece que el denunciado,
antes de un mes tras la apertura del expediente, tuviera que ratificar el
contenido de la denuncia. A juicio del Consejo de Estado esto sería tanto
como dejar en manos del infractor el imponerle una sanción o no. "La
Administración no podría liberarse de su propia responsabilidad por el hecho
de que el denunciante no ratificara su denuncia" sostiene el Consejo.
El dictamen
también impide a la Comunidad prolongar en otros seis meses los ocho de
plazo que dio la ley, ya cumplidos, para que los locales públicos se adapten
a la nueva ley. En su análisis general al reglamento, el Consejo se permite
cuestionar las intenciones reales del Gobierno regional.
106. LA REFORMA DE LA M-30 COSTARÁ MIL MILLONES MÁS DE LO
PREVISTO (26/10/06)
La reforma de la M-30 ha superado el límite
del gasto previsto en el contrato, lo que obliga a renegociar las condiciones
contractuales de la reforma de la M-30, según ha desvelado la Cadena SER. El
propio Ayuntamiento, a través de la empresa “Calle 30” calcula que el sobrecoste
final llegará a los 1.040 millones de euros sobre el presupuesto inicial. Son
datos que se desprenden del informe de la consultora británica “Carry and Brown”,
fechado a 1 de agosto de este año. “Madrid Calle 30”, el proyecto de reforma de
la circunvalación, había superado ya en casi 10 millones de euros el capital de
inversión autorizado.Al haber superado el presupuesto inicial, según señala la
consultora, se aplicará la cláusula de equilibrio financiero recogida en el
contrato, cuyos términos tendrán que ser renegociados. Esto supone que las obras
acabarán un 42% más de lo previsto. El problema que se le presenta al
Ayuntamiento es de dónde sacará esos casi 500 millones de euros, teniendo en
cuenta que no puede recurrir de nuevo al endeudamiento si quiere cumplir el plan
económico impuesto por el Ministerio de Hacienda.La otra incógnita es saber en cuánto se
incrementará el canon que percibirá “Madrid Calle 30” y el socio privado. Los
primeros cálculos son conservadores, ya que el sobrecoste estimado no incluye
nuevos imprevisto en las obras, sino sólo actuaciones programadas hasta las
elecciones.
107.EL TRIBUNAL SUPERIOR ANULA EL CONCURSO DE 1.000 PISOS BARATOS DE LA
COMUNIDAD (01/11/06)
El
Colegio de Arquitectos ha ganado la primera batalla contra la Comunidad
de Madrid para lograr que ésta deje de contratar proyectos y obras
juntos en una sola convocatoria. La Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas impone que deben ser concursos separados y
sólo en casos excepcionales se debe hacer en un mismo acto. El Tribunal
Superior de Justicia le ha dado a los arquitectos esa primera victoria
al declarar nulos 12 concursos en los que el Ivima contrata
conjuntamente el proyecto y la obra de unas 1.000 viviendas. El Gobierno
regional recurrirá la sentencia. El decano de los arquitectos, Ricardo
Aroca, explicó en rueda de prensa que esta práctica ofrece menos
garantías, atenta contra la competencia y, según el artículo 125 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es "excepcional".
En el
proceso habitual, precisó Aroca, la Administración convoca un concurso
entre arquitectos para elaborar un proyecto y luego otro para adjudicar
las obras entre los constructores. Al hacer los trabajos, el arquitecto
dirige la obra y controla si está ejecutada según el proyecto. Pero en
el proceso extraordinario, en el que hay un único concurso de proyecto y
obras, es la constructora la que elige al arquitecto. "Y lo hacen según
dos criterios: que el arquitecto tenga buenas relaciones con la
Administración o que sea obediente y no cree problemas", puntualizó
Aroca.
Según
el decano, antes de las elecciones obtuvo el compromiso de la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que si ganaba
renunciaría a este procedimiento, "que era muy habitual con Alberto
Ruiz-Gallardón [cuando era presidente regional]". Pero el 27 de julio de
2004 el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que depende de la
Consejería de Medio Ambiente, convocó un paquete con 12 promociones bajo
la fórmula proyecto-obra, que suman 1.046 viviendas y, en su mayoría,
están en el Ensanche de Vallecas.
El
Colegio de Arquitectos recurrió esos concursos en septiembre de 2004 y,
al recibir la negativa del entonces director gerente del Ivima, Domingo
Menéndez (recientemente nombrado director general de Urbanismo) presentó
un recurso contencioso-administrativo que el pasado 5 de octubre fue
fallado por el Tribunal Superior de Justicia. "La sentencia es clara
porque dice que la resolución del Ivima convocando los concursos es
ilegal", declaró Aroca, que recordó que el tribunal ordena "retrotraer
las actuaciones al momento anterior" a la convocatoria. Es decir, que
deben volver a convocarse, por separado, los concursos, sin que tengan
validez los actos jurídicos surgidos a consecuencia de la resolución
considerada nula.
108.AGUIRRE PERMITIRÁ FUMAR EN FIESTAS
PRIVADAS Y CAFETERÍAS DE EMPRESA (03/11/06)
Pese a
contar con un informe desfavorable del Consejo de Estado, el Gobierno de
Esperanza Aguirre aprobó un reglamento que desarrolla la Ley Antitabaco
de manera permisiva. El decreto autoriza zonas de fumadores en los bares
de los centros de trabajo que tengan más de 100 metros de superficie, y
también dejará en manos de quienes alquilen un local para celebraciones
privadas la decisión de si se fuma en él. La ministra de Sanidad, Elena
Salgado, afirmó que recurrirá el decreto porque "no se ajusta ni al
espíritu ni a la letra de la ley". El Ejecutivo de Aguirre emprendió
una nueva batalla contra el Gobierno central, si bien ya la habían
iniciado otras dos comunidades, Castilla y León y la Comunidad
Valenciana, también del PP, al aprobar decretos de desarrollo de la Ley
Antitabaco muy permisivos. Aunque los textos no son idénticos, los tres
decretos tienen un punto en común: en la práctica aumentan las zonas
donde está autorizado fumar.
El
consejero de Sanidad, Manuel Lamela, justificó el reglamento en que no
se puede imponer a los fumadores que dejen su hábito, sino que hay que
"convencer". Por eso, dijo, la Comunidad ha optado por "conciliar los
derechos del no fumador y del fumador". Es decir, aplicar el liberalismo
hasta en la salud pública. Antes de que la ministra anunciara que
recurrirá el decreto, Lamela afirmó que, si hay recurso, la Comunidad
planteará una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional.
109.AGUIRRE SE DESHACE DEL PARQUE WARNER (03/11/06)
El
parque Warner, situado en el municipio de San Martín de la Vega, ya no
pertenece a la Comunidad de Madrid, sino al grupo inmobiliario Fadesa.
El consejero de Presidencia, Francisco Granados, anunció que había
adjudicado la participación mayoritaria del Gobierno regional -a través
de la empresa Arpegio poseía el 43,6% del accionariado del parque- a la
compañía inmobiliaria por la cantidad de 26 millones de euros. Además,
Fadesa se hará cargo del crédito de 14 millones € que el Ejecutivo había
pedido para mantener el parque."La
Comunidad recupera 40 millones de los 74 que invirtió en el parque",
aclaró el consejero, que recordó que el Ejecutivo regional y todos los
grupos parlamentarios coinciden en que destinar el dinero público a un
parque de ocio "no es lo más adecuado". Después precisó Granados que
Fadesa había hecho la mejor oferta, al haber otorgado al complejo de
ocio un valor de 60 millones de euros, mientras que el otro competidor,
la empresa Cartera Kairós, lo cifró en 40 millones y, además, no
presentó un plan de negocio. Cuando el parque se puso a la venta en mayo
pasado, el banco Santander Central Hispano (SCH) -elegido para coordinar
el proceso y elaborar el cuaderno de venta de la empresa-, cifró el
valor económico del parque en un rango entre los 50 y los 200 millones
de euros.
110.GALLARDÓN CONVIERTE UNA VISITA A LA M-30
EN UN ACTO DE PARTIDO CON RAJOY (31/10/06)
La
salida a superficie de la tuneladora
Tizona -después de siete
meses excavando el túnel sur de la M-30- sirvió al alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, para montar un acto multitudinario y sacar pecho ante el
presidente de su partido (PP), Mariano Rajoy. El dirigente popular,
invitado por el regidor, se caló el casco y acompañó a Ruiz-Gallardón en
su recorrido de hora y media por el subsuelo, que lo dejó
"impresionado". La presidenta regional, Esperanza Aguirre, se sumó a la
comitiva. El acto institucional se vistió así de campaña electoral y
asumió una parafernalia más propia de un acto de partido. Nunca hubo
tantos medios de comunicación en una visita a la M-30. La anunciada
presencia de Rajoy -que fue comunicada la noche antes a los periodistas
que cubren la información del PP nacional- logró el milagro de que no
cupiera un alma en la entrada oeste del gigantesco
by-pass sur,
un doble túnel de cuatro kilómetros de longitud y tres carriles por
sentido entre el paseo de la Chopera, al oeste, y la conexión con la
A-3, al este.
A Rajoy
se le sumó la presidenta Esperanza Aguirre (que llegó tarde y se fue
antes que nadie); el diputado regional del PP Alberto López-Viejo, la
concejal de Empleo y Servicios al Ciudadano, Ana Botella (que nunca
asiste a estas visitas de obra); el vicealcalde, Manuel Cobo (que sí lo
hace en ocasiones especiales), y la Concejalía de Urbanismo en pleno. Y
más de 50 periodistas. A muchos de éstos -los que siguen habitualmente a
Rajoy- se les dijo primero que el presidente del PP haría declaraciones
sobre la actualidad nacional, y atraídos por eso acudieron. Luego, poco
antes de comenzar el acto, se decidió que Rajoy no hablaría más que de
la M-30.
Alcalde
y técnicos se deshicieron en explicaciones al "querido presidente" (del
PP). El propio Ruiz-Gallardón se colocó un micrófono en la solapa y
dedicó 15 minutos a exponer ante Rajoy todo el proyecto de la M-30,
dibujado en paneles. Antes de eso, los dirigentes populares se pararon
frente a una maqueta que reproducía la tuneladora
Tizona, la más
grande del mundo junto a su gemela
Dulcinea. "Presidente, fíjese,
Tizona ha excavado a un ritmo de 20 metros al día, un récord", le
explicaban a Rajoy el alcalde y su concejal de Urbanismo, Pilar
Martínez. "¡¿Veinte metros de un agujero como éste cada día?!",
exclamaba él extendiendo los brazos. "¿Y cuánto cuesta este chisme?".
111.EL PP APOYA AL CONCEJAL CALVO, QUE TACHÓ DE "VIOLENTOS" A LOS INMIGRANTES
LATINOAMERICANOS (01/11/06)
"Los
extranjeros procedentes de determinadas áreas geográficas, como
Suramérica, no resultan una sorpresa para nadie. Actúan con mayor
violencia, ya que el valor que tiene allí la vida no es el mismo.
Cometen delitos más violentos". Esto, entre otras cosas, es lo que dijo
el concejal madrileño de Seguridad, Pedro Calvo (PP), el pasado 9 de
octubre en un largo discurso contra la política de inmigración del
Gobierno central. La portavoz de IU, Inés Sabanés, pidió al pleno del
Ayuntamiento la reprobación de Calvo por sus palabras "racistas", pero
el PP se negó a censurar a su concejal. Él no renegó de sus
declaraciones.
Sabanés
recordó que las organizaciones SOS Racismo y Comisión Española de Ayuda
al Refugiado -que colaboran con el Ayuntamiento en su "plan de
convivencia"- han calificado las palabras de Calvo de "graves y
xenófobas". "Afirmar que los extranjeros que vienen de determinadas
zonas son más violentos es un acto de discriminación que sólo puede ser
calificado de xenófobo", señalaron estas ONG en un comunicado el pasado
10 de octubre. Subrayaron, además, que "los datos estadísticos
desmienten esas declaraciones".
Sabanés
utilizó estos mismos argumentos en el pleno para pedir la reprobación
del edil de Seguridad. "Las tesis de Calvo son extremadamente
preocupantes, sus palabras son racistas. ¿Cómo es posible que se esté
pidiendo el voto de los inmigrantes para ser escuchados y, a la vez,
insultarles de esta manera?", se preguntó. Después pidió al concejal que
aclarase si los periodistas habían transcrito mal sus declaraciones o si
él, en realidad, había querido decir otra cosa. O si, en último extremo,
se arrepentía de lo dicho.
Ninguna
de las tres. Cuando Pedro Calvo tomó la palabra fue únicamente para
arremeter contra la política de inmigración del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, cuya "irresponsabilidad", afirmó, ha creado "una de
las peores crisis humanitarias de la Unión Europea". El concejal subrayó
que "el 59% de los encuestados por el CIS ve la inmigración como su
principal problema" y recordó que continuamente los medios de
comunicación hablan de mafias "de nigerianos o senegaleses"
desarticuladas. "Yo sólo constaté un hecho: la delincuencia entre los
extranjeros está creciendo", dijo Calvo.
112.EL EX ALCALDE DE VALDEMORO VENDIÓ A UN CONSTRUCTOR DEL PUEBLO SU CHALÉ DE
MARBELLA (01/11/06)
Francisco Granados, secretario regional del PP de Madrid, consejero de
Presidencia de la Comunidad y ex alcalde de Valdemoro, y José Miguel
Moreno Torres, actual regidor de esta localidad madrileña de 45.000
habitantes, también del PP, vendieron en marzo de 2003 sus contiguos
chalés de Marbella a una inmobiliaria del constructor de esa misma
población David Marjaliza, según explicó el propio consejero. Ambos
dirigentes del PP habían adelantado 33.000 € por una vivienda que valía
200.000 y decidieron subrogarse en el constructor y recuperar el dinero
invertido.
El
empresario David Marjaliza es uno de los principales constructores de
Valdemoro y fue, hasta 1995, concejal del PP en este municipio.
Marjaliza, Granados y Moreno son amigos desde su juventud. Según la
versión de Granados, José Miguel Moreno, Marjaliza y él mismo -"amigos
desde que teníamos 20 años", aclara- decidieron comprar en junio de 2002
sendos chalés en la urbanización El Arenal, en Marbella, animados por el
propio Marjaliza, que había adquirido una vivienda en el mismo lugar.
Granados entregó a la promotora de su chalé como entrada "unos cinco
millones de pesetas". Pero pasados unos meses, la esposa de Granados,
según su versión, cambió de opinión y decidió que el matrimonio vendiera
el inmueble. "Lo mismo hizo Moreno", según el secretario regional del
PP.
Marjaliza decidió entonces recomprar, a través de una de sus empresas,
las casas de Granados y Moreno. "Como decidimos vender antes de que
estuvieran acabados los chalés [20 de marzo de 2003], ni siquiera
llegamos a formalizar las escrituras", dice Granados. "La inmobiliaria
[de Marjaliza] se subrogó y nos devolvió el dinero que habíamos
adelantado, sin obtener ningún beneficio". Granados presentó los
justificantes de ingreso en su cuenta corriente de la recompra hecha por
Marjaliza. El importe era el mismo que el que abonó Granados en la
compra de 2002.
Según
la documentación, en agosto de 2003, unos grandes almacenes de Madrid
vendieron el mismo día a nombre de Granados, Marjaliza y Moreno los
electrodomésticos necesarios para las cocinas de los tres chalés de
Marbella pese a que dos de esos chalés ya no eran propiedad ni de
Granados ni de Moreno, sino de Marjaliza. El importe de las tres
facturas, realizada por el mismo vendedor, fue exactamente el mismo:
1.267 €. Los tres documentos incluyen la dirección de los tres chalés y
el nombre de los tres clientes: Granados, Moreno y Marjaliza. "Está
claro que Marjaliza amuebló las tres cocinas igual porque los tres
chalés ya eran suyos y los iba a dedicar al alquiler.
En
1995, David Marjaliza era el presidente de Nuevas Generaciones del PP en
Valdemoro y concejal del partido. Presentó su dimisión como edil y
solicitó la baja en el PP por incompatibilidad con la línea de oposición
que sostenía el entonces portavoz popular y presidente de la formación.
Otros 100 afiliados solicitaron la baja por "la inoperancia y poca
transparencia con la que trabajan algunos representantes del partido
como oposición al ayuntamiento". Ahora, Marjaliza es presidente de
Atalia Grupo Patrimonial, además de representante, socio único y
consejero mancomunado de hasta 67 empresas relacionadas con el sector
inmobiliario.
Granados asegura que sufre desde hace unos días una persecución que no
se explica. Todo arrancó, según él, el pasado 22 de octubre, cuando uno
de sus tres coches ardió en el garaje de su vivienda, situada en
Valdemoro. El turismo, un Mini Cooper, estaba a nombre también de una
constructora de la localidad, Grandes Locales de Negocios. Granados
aseguró ese hecho se debía a un retraso en la tramitación del cambio del
titular del vehículo
113.TORRELODONES.”SIEMPRE ME HAN HECHO DAR EL DINERO EN EL MONTE, COMO DOS
FUGITIVOS" (28/10/06)
Jesús
María Pacios y Reyes Tintó, concejales del PP de Torrelodones llevaron
a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre presuntas
irregularidades en el Ayuntamiento gobernado por Carlos Galbeño (PP) y
en la Fundación de Estudios Superiores de Torrelodones, presidida por el
presidente del PP local y diputado nacional Mario Mingo. Los concejales
aseguran que un promotor, Ángel Nieto, les relató cómo Mingo,
presuntamente, le había exigido 150.000 € para desbloquear un
aparcamiento. "Siempre me han hecho dar el dinero [para el partido] en
el monte como dos fugitivos", dice Nieto.
A
principios de junio, Jesús Pacios y Reyes Tintó, concejales del PP del
Ayuntamiento de Torrelodones, comenzaron a sospechar que la gestión
municipal no era tan clara como ellos pensaban cuando entraron en el
equipo de Gobierno en mayo de 2003. Pacios era edil de Juventud, Fomento
y Empleo; y Tintó, de Educación Cultura y Fiestas. El 25 de julio, ambos
fueron destituidos por el alcalde, Carlos Galbeño, aunque siguen
manteniendo el acta de concejal. Fuentes municipales aseguran que se les
retiraron sus funciones por "no seguir la disciplina del partido". Los
concejales afirman que todo empezó cuando reclamaron información sobre
algunos expedientes urbanísticos de la localidad.
Desde
entonces, Pacios y Tintó han ido reuniendo información sobre las
presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Torrelodones
y por la Fundación de Estudios Superiores de Torrelodones. acudieron a
la Fiscalía Anticorrupción para presentar la información de la que
disponen.
El
pasado 1 de julio durante un pleno municipal los ediles destituidos
reclamaron información sobre un punto del orden del día referente a la
expropiación de un solar en la calle Real, de Torrelodones. El
Ayuntamiento pretendía construir allí un aparcamiento subterráneo.
Entonces, el propietario del solar relató a los ediles, según el escrito
que estos han presentado ante la fiscalía, que el presidente del PP
local, Mario Mingo estaba dispuesto, presuntamente, a evitar la
expropiación a cambio de 150.000 €. En el escrito de denuncia en la
Fiscalía, Ángel Nieto, propietario del solar y promotor inmobiliario,
aseguran que les contó textualmente: "Me han pedido siempre mucho dinero
para el partido, pero en el partido nunca ha aparecido. Ha cambiado el
discurso, ha pasado de pedirse dinero para ayudar al partido a ser un
chantaje. Siempre me han hecho dar el dinero en el monte, como dos
fugitivos. El colmo es el aparcamiento, me llama por teléfono a casa
para decirme que me iban a expropiar y a los siete días me vuelve a
llamar para pedirme 150.000 € y eso no lo pienso consentir".
Además,
los concejales manifiestan a la Fiscalía que Nieto les aseguró, que
entregó "12.000 € al alcalde Galbeño para financiar el partido, a
petición del regidor". Pacios y Tintó explican en el escrito que pocos
días después de que Nieto se negase a pagar el dinero, el Ayuntamiento
inició los trámites de la expropiación del solar. Además, los concejales
aseguran que el alcalde, Carlos Galbeño, les "ocultó información sobre
el proceso".
El
Ayuntamiento planea recalificar el Área Homogénea Norte (AHN), una zona
protegida de 128 hectáreas donde el equipo de gobierno liderado por
Galbeño quiere construir 1.536 viviendas, un campo de golf, un hotel y
oficinas. Asociaciones de vecinos y los partidos de la oposición (PSOE,
IU e independientes) acusan a Galbeño de apoyar este proyecto para
beneficio de intereses privados. Tras la crisis de gobierno de
Torrelodones, Pacios y Tintó aseguran haber recibido presiones para que
entreguen sus actas de concejales. Éstos se niegan hasta que se aclare
el asunto. Los ediles insisten en que permanecen fieles a su partido y
descartan adherirse a otra organización política.
114.TORRELODONES. 150.000 € A CAMBIO DE PERMITIR UN PÁRKING (29/10/06)
El
presunto escándalo urbanístico de Torrelodones (Madrid) engorda día a
día. Desde que el pasado 25 de julio el alcalde, Carlos Galbeño (PP),
destituyera de sus funciones a dos concejales de su propio partido las
acusaciones se han disparado. El pasado viernes los concejales
expulsados Jesús Pacios y Reyes Tintó acudieron a la Fiscalía
Anticorrupción para presentar pruebas sobre presuntas irregularidades
urbanísticas en la localidad. Los concejales destituidos entregaron un
documento con 13 puntos relatando las presuntas irregularidades
cometidas por el equipo de Gobierno y por la Fundación de Estudios
Superiores de Torrelodones, controlada por el presidente del PP local,
diputado nacional y ex alcalde, Mario Mingo.
En el
documento presentado por los ediles, estos explican que Mingo ha llamado
personalmente al empresario Ángel Nieto, propietario de la sociedad
Tresni, "para pedirle dinero en efectivo para el Partido Popular y este
se lo ha entregado sin saber dónde ha ido a parar". Además, entre las
pruebas aportadas figura una declaración firmada por el anterior
alcalde, Enrique Muñoz, en la que relata cómo Mingo "le recriminó por
llevar a Génova una donación para pagar los escoltas del País Vasco en
lugar de dárselo a él". El notario de Torrelodones, Benito Martín
Ortega, confesó a los concejales que "el primer teniente de alcalde y
secretario del PP local le pidieron 84.140 € para levantar el embargo de
su casa". Los concejales decidieron acudir a Anticorrupción al crecer
sus sospechas sobre las actuaciones urbanísticas en el Ayuntamiento de
Torrelodones. Entre ellas la intención de recalificar el Área Homogénea
Norte, una zona protegida de 128 hectáreas donde pretende construir
1.536 viviendas, un campo de golf, un hotel y oficinas.
Uno de
los principales impulsores de este proyecto es Eduardo Morales,
representante de la empresa C-15. Morales es amigo íntimo de Mingo y su
empresa financia la fundación del líder local del PP.
Pero la
paciencia de los concejales destituidos se terminó cuando el alcalde
Carlos Galbeño intentó expropiar unos terrenos situados en la calle Real
para hacer un aparcamiento subterráneo. El propietario de estos terrenos
es Ángel Nieto. Según los documentos que están en la Fiscalía
Anticorrupción, Nieto les dijo a los concejales que Mingo "le pidió a
Nieto 150.000 € como contraprestación por desbloquear el proyecto del
aparcamiento". Pero el empresario se negó. "Me han pedido siempre mucho
dinero para el partido pero en el partido nunca ha aparecido. Ha
cambiado el discurso, ha pasado de pedirse dinero para ayudar al partido
a ser un chantaje. Siempre me han hecho dar el dinero en el monte, como
dos fugitivos.
115.MADRID:
EL PP DE BOADILLA CEDE SUELO A UN COLEGIO PRIVADO (28/10/06)
El
grupo municipal socialista de Boadilla ha denunciado que el
Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha cedido una parcela de suelo
público de 26.000 m2 a la Fundación FIDES, que pertenece a la
organización ultracatólica de los Legionarios de Cristo, para construir
un colegio privado. La cesión es por 50 años. A cambio, FIDES abonará al
municipio un canon anual de 120.000 €. En otros centros escolares
gestionados por esta congregación religiosa, se separa en aulas
diferentes a los niños de las niñas desde los seis años hasta el primer
curso de Bachillerato (16 años). En el periodo comprendido entre los
tres y seis años y durante el bachillerato los alumnos estudian juntos.
El
gobierno local boadillense sacó a concurso la parcela EQ-1 ubicada en el
paraje denominado Los Fresnos. La mesa de contratación optó el pasado 25
de octubre por la oferta presentada por los Legionarios de Cristo. Para
el PSOE esta concesión administrativa es un "regalo" de suelo de todos
los vecinos a una entidad privada. "Además, el terreno que cede el
Ayuntamiento se encuentra en una de las zonas más caras del municipio",
aclara Enrique Hernández, portavoz del PSOE.
Un
portavoz municipal informa de que el Ayuntamiento estudia la adopción de
medidas legales contra Hernández. "Todavía no se ha aprobado la
adjudicación del colegio en pleno, por tanto, el portavoz socialista ha
desvelado datos que son confidenciales y podría haber incurrido en un
delito", indica. El mismo portavoz no aclara la razón por la que el
Ayuntamiento ha cedido suelo público a una entidad privada para
construir un centro educativo. Las tarifas del colegio oscilan entre los
3.000 y 4.700 € anuales para el primer hijo inscrito.
116.MADRID: UN JUEZ LLAMA A DECLARAR A LA REGIDORA DE QUIJORNA POR FAVORECER
A UN ASESOR (01/11/06)
El
Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles ha llamado a declarar como
imputados a la alcaldesa de Quijorna, María de las Mercedes García (PP),
y a José Núñez Oller, arquitecto y asesor personal de García. La
citación se produce después de que los cuatro concejales del Grupo
Independiente de Quijorna (GIC) interpusieran una querella criminal
contra García y Núñez por presuntos delitos de prevaricación,
malversación de caudales públicos, usurpación de funciones y tráfico de
influencias. Los querellantes denuncian que la alcaldesa ha aprobado una
segregación ilegal de una finca, que permite construir 19 chalés en una
zona donde sólo se podían edificar seis. García se niega a responder a
las acusaciones.
La
finca en cuestión está situada en la calle de Pérez Galdós, número 2, de
Quijorna, con una superficie de 19.231 m2. José Núñez Oller
es asesor técnico de la alcaldesa, nombrado por decreto de ésta, y
ostenta el cargo de "arquitecto honorífico del municipio" (aunque no
cobra por su labor).
Los
concejales independientes explican en la querella (en fase de
diligencias previas) que el 15 de julio de 2003 se presentó ante el
Ayuntamiento una solicitud de licencia de segregación para dividir la
parcela, propiedad de José Núñez Oller y sus hermanos. En la finca se
podían edificar 16 chalés. Sin embargo, la propuesta de segregación
admitía 27 casas.
La
alcaldesa aprobó finalmente por decreto otorgar licencia para la
parcelación de una zona de la finca, que permite edificar 19 viviendas,
donde, según los cálculos de los independientes, sólo se podían
construir seis chalés. Además, los querellantes denuncian que García no
respetó dos documentos de técnicos municipales que se oponían a la
segregación. El arquitecto municipal emitió el cinco de junio de 2003 un
informe que decía que la parcela P-4 constituía una única unidad
registral y que no se podía subdividir en otras parcelas. El secretario
del Ayuntamiento también informó desfavorablemente la licencia de
segregación el 21 de julio de 2003.
El
grupo independiente de Quijorna ha denunciado ante la Fiscalía Especial
para la Represión de los Delitos Económicos y contra la Corrupción las
recalificaciones y ventas de fincas llevadas a cabo por la alcaldesa y
los dos concejales del PSOE, Juan José Cerrato y Fernando Díaz-Guerra, a
Sanedi (empresa del grupo San Román, vinculado a la Operación Malaya).
El PP gobierna con el apoyo de los dos ediles del PSOE. El Partido
Socialista de Madrid (PSM) abrió un expediente a sus dos concejales a
finales de septiembre, por votar a favor de unos planes parciales que
reducen el número de vivienda protegida en varias zonas.
Los
independientes explican en su denuncia que el borrador del Plan General,
que prevé convertir Quijona en una ciudad de 60.000 habitantes, pretende
recalificar terrenos rústicos de especial protección pertenecientes a
los cargos y familiares directos del equipo de gobierno municipal. La
empresa Plarquin (de la que era socio el ex director general de
Urbanismo, Enrique Porto) redactó el avance del Plan General.
117. El
TSJM archiva la querella de Granados contra Porta al no advertir
"injurias o calumnias" sobre el 'Caso Majadahonda'
La Sala de Lo Civil y Lo Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado un auto por el que declara el
"sobreseimiento y archivo" de la querella que el secretario general del
Partido Popular (PP) de Madrid, Francisco Granados, presentó contra la
secretaria de Política Institucional del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE),
Ruth Porta, por un presunto delito de "injurias y calumnias" en unas
declaraciones sobre el 'Caso Majadahonda'.
El PP de Madrid interpuso la querella criminal a raíz de unas
declaraciones que Porta realizó a las puertas de la Fiscalía General
del Estado el 21 de febrero de 2005, en las que pedía a este órgano que
investigara los "delitos cometidos" en la "trama urbanística de
Majadahonda", relativa a la paralización del proceso de adjudicación de
dos parcelas del municipio.
Porta aseguró en aquel momento que en este caso se encontraba "implicada
toda la cúpula del Partido Popular (PP) de Madrid", entre cuyos
dirigentes citó a la presidenta de la Comunidad y de esta formación
política, Esperanza Aguirre; al secretario general y consejero de
Presidencia, Francisco Granados, y a su antecesor en el partido, Ricardo
Romero de Tejada.
El auto del TSJM, que fue difundido hoy en rueda de prensa por el
vicesecretario general del PSM, Antonio Romero, y la propia Porta,
establece que "la solicitud de una investigación penal sobre unos hechos
denunciados en la Fiscalía no constituye delito, sino el ejercicio de un
derecho fundamental".
CRÍTICA POLÍTICA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
De igual modo, el juez instructor del procedimiento, Antonio Pedreira,
considera que "no resulta factible ni aconsejable acudir al proceso
penal para eludir la crítica política o penalizar la libertad de
expresión", al entender que "tanto los políticos como los partidos
políticos (...) se acogen a los principios constitucionales y de forma
concreta a la libertad de expresión para ejercitar y defender sus
derechos fundamentales".
Asimismo, el auto mantiene que "no existe indicio de que la querellada
intentase dañar la imagen pública y el honor de los querellantes" y, de
la misma manera, "tampoco puede confundirse la crítica política con la
difamación y el dolo injurioso y calumnioso".
"El hipotético exceso en la tarea de la crítica no constituye por sí
solo un ilícito penal, sino que debe ser contrastado con los derechos
fundamentales y los principios constitucionales", añade el auto, que
sostiene en otro punto que la información aportada por Porta sobre el
caso "fue veraz".
Tras dar lectura a los principales puntos de la resolución, Romero
defendió que Porta "cumplió con su deber denunciando ante el fiscal
hechos que podían ser constitutivos de delito", y añadió que los
dirigentes del PP están "obligados" a "pedir disculpas y a que se
retracten de todos esos infundios lanzados" contra la portavoz adjunta
socialista.
Porta, por su parte, aseguró que siempre ha estado "convencida" de que
la querella "no iba a acabar de otra manera" y se reafirmó en que la
denuncia de su partido sobre el 'Caso Majadahonda' se refería a "hechos
que claramente suponían indicios delictivos por parte de la cúpula del
PP", en referencia a "Esperanza Aguirre, Francisco Granados y Romero de
Tejada". Asimismo, indicó que "esas declaraciones no procedían de la
pérfida oposición, sino de los propios concejales del PP" que
denunciaron el caso.
En este sentido, recordó que los hechos denunciados por su partido
fueron "admitidos a trámite" por la Fiscalía General del Estado "en la
medida en que los indicios eran suficientes". "Otra cosa es que de la
instrucción algunas personas retiraran sus afirmaciones, lo cual impidió
que siguiera la investigación --añadió--. Eso es otro problema".
En otro momento de su intervención, Romero acusó a Aguirre, a Granados y
al portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, de querer
"criminalizar" a Porta y de "utilizar la Justicia para intentar desviar
la cuestión del grave escándalo urbanístico que supuso el 'caso
Majadahonda'". "La estrategia del calamar, como siempre, que
reiteradamente utiliza cuando es descubierto en casos de corrupción",
dijo.
Finalmente, señaló que Granados intentó "intimidar" a la portavoz
adjunta socialista, al haber esgrimido "la petición de inhabilitación
para que no continuara sus denuncias presentes y futuras". "Gran
desconocimiento del personaje --apostilló en referencia a Porta-- y de
los militantes del PSOE".
03.11.06 (EUROPA
PRESS)
TRASCRIPCIÓN PÁRRAFOS AUTO
Página 4: “La solicitud de una investigación penal sobre unos hechos
denunciados en la Fiscalía no constituyen delito sino el ejercicio de un
derecho”
- Página 5: “No resulta factible ni aconsejable acudir al proceso penal
para eludir la crítica política o penalizar la libertad de expresión…”
- Página 10: “No existe indicio de que la querellada intentase dañar la
imagen pública y el honor de los querellantes. Tampoco puede confundirse
la crítica política con la difamación y el dolo injurioso y calumnioso”
- Página 15: “…se hace preciso reconocer el amplio derecho
constitucional de la querellada al realizar las manifestaciones en el
momento de presentarse una denuncia ante la Fiscalía General del Estado,
realizando allí mismo las manifestaciones públicas, comparadas por la
libertad de expresión, de información veraz y en la libertad de la
crítica política, actuando en representación pública”
- Página 17: “si cada vez que se produce una valoración discutible y
desproporcionada de la conducta de una partido político o de alguno de
sus representantes se calificase como delito terminaría por desaparecer
la libertad de expresión”
- Página 22: “En el supuesto ahora examinado, la información
proporcionada por la querellada fue veraz, en la medida en que,
efectivamente, tal y como consta en las actuaciones, ese mismo día se
presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por distintos
delitos contra dirigentes del PP y acompañando a esa denuncia se aportó
documentación y, entre ella, una grabación de una reunión de Concejales
de dicho partido, que obran en la causa, y en la que aparecen nombrados
tanto Doña Esperanza Aguirre, como el Señor Granados y el Señor Romero
de Tejada”.-“Por lo tanto, se trataba de una denuncia sustentada en una
serie de elementos que no se archivó de plano…”
- “Pero no sólo la información ofrecida por la querellada fue veraz, lo
que sería suficiente para considerar su conducta amparada en el art.
20.1.d de la CE, sino que, además, no consta acreditada la concurrencia
del elemento subjetivo, propio de los delitos imputados, esto es, el
ánimo de calumniar e injuriar”… “…sino el de, como portavoz de un grupo
político, poner en conocimiento del órgano encargado de perseguir los
delitos la posible existencia de unos hechos que se consideraban
ilícitos, utilizando la vía legalmente prevista”
- Página 23: “Es decir, que la querellada, que no cabe olvidar, no
actuaba, como se ha expuesto, en nombre propio sino como representante
del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, cumplió con su deber de
poner en conocimiento del ciudadano este hecho relevante: presentación
de una denuncia ante la Fiscalía por delitos cometidos, al parecer, por
la cúpula del PP de Madrid”
- Finaliza diciendo que la conducta imputada a la querellada esta
amparada por el art 2º, 1 a) y d) de la Constitución, los hechos
imputados no son constitutivos de infracción penal y declara al
sobreseimiento de las actuaciones.
118.
Un consistorio del PP facilitó un
'pelotazo' a promotores que financiaron a Tamayo y Sáez
El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP),
mandó adquirir en 1997 una finca de los constructores Francisco Bravo y
Francisco Bravo Vázquez, que apoyaron al diputado Eduardo Tamayo cuando en 2003
rompió la disciplina de voto y frustró un Gobierno socialista en Madrid. Los
constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el
Ayuntamiento de Villanueva la valoró, en informe sin fecha, en 963.349 euros.
Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que
vendieron en tres meses por 2,5 millones. El beneficio fue de 2,2 millones.
El 26 de diciembre de 1996, la sociedad Villanueva de los
Negocios -presidida por Vázquez y con Bravo como secretario- compró una finca de
4.618 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada calificada como equipamiento
comercial. La firma pagó 268.674 euros. Sólo dos meses después, el 26 de febrero
de 1997, el alcalde, Luis Partida, decreta dentro de la revisión del plan de
ordenación urbana que dicho terreno "sería idóneo para albergar algún servicio
de carácter público". Acabó destinado a un cuartel de la Guardia Civil. El
Ayuntamiento inició entonces las gestiones para su adquisición. Partida advierte
en un escrito que "por los contactos mantenidos con la propiedad se ha llegado a
la conclusión de que la permuta con terrenos municipales sería una fórmula
aceptable para la obtención del citado terreno". El alcalde alude en febrero de
1997 a contactos con la propiedad, Villanueva de los Negocios, que compraron el
terreno sólo dos meses antes.
Ese mismo día, 26 de febrero, según acta del Ayuntamiento, el
alcalde ya define incluso qué propiedades municipales daría a los Bravo: dos
solares en la calle Jacinto Benavente incluidos en un ensanche. Ya sólo quedaba
por demostrar que la finca de los Bravo y las municipales tenían un valor
similar y por lo tanto eran permutables. Esa labor recayó en el aparejador
municipal, Miguel Fernández, quien concluyó en un informe sin fecha: "Se
comprueba la sensible equivalencia de los valores de ambos terrenos, por lo que
la permuta de los mismos se considera equilibrada".
Tasaciones similares
El valor que el aparejador da a las fincas municipales
resulta de multiplicar su superficie máxima construible (7.018 metros cuadrados)
por el valor del suelo (137,9 euros por metro cuadrado), lo que da un precio de
965.899 euros. El informe precisa que la tipología de las fincas que cede el
Ayuntamiento será vivienda colectiva en manzana cerrada. La valoración de la
finca de Bravo y Vázquez es la siguiente: el aparejador multiplica la superficie
máxima construible (3.506 metros cuadrados), por el valor del suelo (275 euros
por metro cuadrado). El resultado fue de 963.349 euros. Villanueva de los
Negocios pagó la pequeña diferencia (2.500 euros) entre ambas tasaciones.
Lo singular no es ya que ambos terrenos -uno destinado a
vivienda y otro a equipamiento-, recibiesen similar valoración, sino que el
aparejador municipal valorase en 963.349 euros unos terrenos que Bravo y Vázquez
habían comprado por sólo 268.674 euros sólo dos meses antes de que el alcalde
ordenara la permuta. Por tanto, con sólo ese informe municipal los Bravo ya
habían obtenido casi 700.000 euros de ganancia, sin contar con que la
rentabilidad de las fincas municipales recibidas no fuera aún mayor de la tasada
por el aparejador.
Ésa es la tesis de un experto urbanista consultado: "El
precio de tasación de la finca que entrega el Ayuntamiento a los Bravo no sólo
es bajo sino que ignora el valor añadido de garajes y trasteros, 2.950 metros
cuadrados. ¿Las promotoras regalan el garaje y los trasteros? No. Pues el
Ayuntamiento sí lo hizo. Si se incorpora este valor, el precio del suelo sería
51.747 pesetas el metro cuadrado, el doble de lo tasado por el Ayuntamiento. Por
tanto, el valor de la parcela que entregó el Ayuntamiento debió ser de
364.466.151 pesetas (2,1 millones de euros), frente a los 160.712.200 en los que
la valoró (968.145 euros). Y esto sin contar una incongruencia: es imposible que
el valor del suelo sea el doble en una finca comercial (el solar aportado por
los Bravo, tasado en 45.714 pesetas por metro) que el de uso residencial libre
que les dio Partida (22.900 pesetas el metro)".
Los hechos confirmaron la sospecha. A los tres meses de
producirse la permuta de fincas, -el intercambio se materializó en marzo de 1999
por exigencias burocráticas, pero sin modificar las tasaciones de 1997-, los
Bravo vendieron por 2,5 millones la finca que el Ayuntamiento les entregó
valorada en 965.899 euros. En total, con una inversión de 268.674 euros, habían
obtenido un beneficio de 2,2 millones. Y sin poner un ladrillo.
Un portavoz de Luis Partida precisó a este periódico que la
tasación la aprobó el pleno municipal en diciembre de 1997 y que desconocía que
los Bravo controlaran la sociedad con la que efectuó la permuta. Sin embargo,
Partida, el único alcalde de Villanueva desde la democracia, firmó la permuta
con Vázquez.
El ex director general de Urbanismo de Madrid, Enrique Porto,
desbloqueó en 2004 un plan parcial en Villanueva donde compartía intereses con
los Gil de Biedma, familiares de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, pese
a que los técnicos se oponían al plan.
www.elpais.es 06.11.06
119. Bravo y
Vázquez pagaron el hotel donde se alojaron los tránsfugas
El 10 de junio de 2003, los diputados autonómicos del PSOE en
Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez dieron la espantada y frustraron un
Gobierno de coalición entre PSOE e IU en Madrid. En las elecciones de mayo, los
dos partidos sumaron un diputado más que el PP, pero la ausencia de Tamayo y
Sáez en las votaciones obligó a repetir las elecciones. Seis meses después
Esperanza Aguirre salió elegida presidenta por el PP. Desde el principio, los
constructores Francisco Vázquez y Francisco Bravo -tío y sobrino y socios en el
negocio inmobiliario con una importante bolsa de suelo en Madrid- aparecieron
relacionados con los tránsfuga al pagarles un hotel y el escolta que les
protegió, según declaró éste en 2006.
El ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de
Tejada, admitió en 2003 que la misma mañana que Tamayo y Sáez desertaron de su
escaño, se reunió con Francisco Bravo en la sede del PP, en la calle de Génova.
Después, el constructor Francisco Vázquez, militante del PP, ayudó al tránsfuga
Eduardo Tamayo en su huida de la Asamblea de Madrid al reservarle la habitación
de un hotel y un salón de conferencias.
Además, José Antonio Expósito, que ejerció como escolta de
Tamayo durante la crisis, declaró en enero de este año a un juez que cobró por
el trabajo de Francisco Vázquez. El escolta declaró estar "casi totalmente
convencido de que el sobre salió del despacho profesional de Vázquez", algo que
negó el promotor.
El constructor Bravo se afilió al PP en 2002 junto a su
familia y empleados de su empresa en Villaviciosa de Odón, donde tiene
establecida su principal sede empresarial. Bravo admitió durante la crisis que
hizo de intermediario en otro municipio de Madrid, Sevilla la Nueva, para forzar
un pacto entre independientes y el PP que evitase un Gobierno socialista.
La mañana en la que se ausentó del pleno, Eduardo Tamayo
llamó por teléfono nueve veces al abogado José Esteban Verdes, afiliado al PP
desde 1983, candidato número nueve de las listas de Pasaia (Guipúzcoa). Esa
misma mañana, Tamayo llamó también a Bravo Vázquez.
www.elpais.es 06.11.06
120.UN COMPAÑERO DEL EX DIRECTOR DE URBANISMO DE LA CAM REDACTÓ EL PLAN DE UNA
ZONA PROTEGIDA DE TORRELODONES (06/11/06)
El
Ayuntamiento de Torrelodones eligió, en 2005, al arquitecto Luis
Rodríguez-Avial para que redactase las normas subsidiarias del Área
Homogénea Norte de Torrelodones (AHN), una zona protegida donde el
Consistorio planea construir viviendas y un campo de golf.
Rodríguez-Avial se adjudicó el concursó en 2005 al presentar la oferta
más económica. El arquitecto fue compañero de trabajo de Enrique Porto,
ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que dimitió
al verse acosado por presuntos escándalos urbanísticos. Ambos fueron
contratados por la empresa Prointec para desarrollar el nuevo plan
urbanístico de Cáceres, Palencia e Ibiza, entre otros. El Ayuntamiento
también invitó a Prointec al concurso del AHN.
En
diciembre de 2004, el Ayuntamiento de Torrelodones invitó a tres
despachos de arquitectos (Rodríguez-Avial, Prointec y Enguita Puebla)
para que se presentaran al concurso para la redacción de las normas
subsidiarias del Área Homogénea Norte, una zona protegida de
Torrelodones.
Los
tres estudios están vinculados. Prointec contrata con frecuencia a
Rodríguez-Avial para que dirija, como arquitecto el desarrollo de
algunos planes urbanísticos. Enguita Puebla es compañero de
Rodríguez-Avial en la Universidad Politécnica de Madrid y colega en
multitud de congresos. El Consistorio tramitó el concurso como un
procedimiento negociado sin publicidad, por lo que no pudieron concurrir
otros arquitectos. La zona que el Consistorio pretende recalificar, de
128 hectáreas de encinas, alcornoques y enebro, fue declarada como
protegida por la Comunidad de Madrid en enero de 2003. Ahora el
Consistorio, dirigido por el alcalde Carlos Galbeño, pretende construir
1.536 viviendas, un campo de golf, un hotel y un complejo de oficinas.
Poco después de su calificación como protegida, Galbeño llegó a la
alcaldía de Torrelodones, en mayo de 2003. Y comenzó los trámites para
recalificar los terrenos.
Para
entonces, algunos constructores ya se habían interesado por la zona. La
empresa C-15 se aseguró a finales de 2004 derechos de tanteo y retracto
sobre al menos 20 hectáreas de terreno. Y organizó a los propietarios
entorno a una asociación. La Agrupación de propietarios del Área
Homogénea Norte presentó en el Ayuntamiento una propuesta para modificar
la ordenación urbana de la zona.
Para
eliminar la protección de la zona se necesitaba un nuevo plan
urbanístico. Rodríguez-Avial presentó una oferta valorada en 29.500 €,
que fue escogida por el Ayuntamiento por ser la más económica. Pero
además, Rodríguez-Avial es colega de Enrique Porto. Ambos han coincidido
en el desarrollo de varios planes urbanísticos como el de Cáceres, Ibiza
y Palencia. Además, Rodríguez-Avial y Porto han escrito un libro juntos:
Planeamiento y gestión urbanística en pequeños municipios.
Participado en varios cursos. Y compartido estrado en multitud de
congresos. La redacción del plan presentado por Rodríguez-Avial coincide
en sus aspectos generales con la propuesta presentada por la Agrupación
de propietarios del Área Homogénea Norte unos meses antes.
La empresa Prointec,
que también fue invitada al concurso por el Ayuntamiento de
Torrelodones, contrató a Porto como asesor para el desarrollo del Plan
Urbanístico de Cáceres. El arquitecto que dirigía el grupo de trabajo
para el desarrollo del citado plan era Rodríguez-Avial. Porto estuvo
colaborando con Prointec mientras ejercía su cargo de director general
de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Rodríguez-Avial dirigía el
equipo y Porto era asesor. Ambos contratados por Prointec.
Un año
después de convocar el concurso, el Ayuntamiento de Torrelodones concede
"la redacción de las normas subsidiarias del ámbito del Área Homogénea
Norte" a Luis Rodríguez-Avial. El avance del plan elaborado por el
arquitecto fue aprobado finalmente el pasado 27 de febrero. La
recalificación del Área Homogénea Norte es objeto de gran polémica en el
municipio. Vecinos, asociaciones ecologistas y los partidos de la
oposición (PSOE, IU y Avit) se oponen a la urbanización de los terrenos
protegidos.
121.AGUIRRE CORRIGE A RAJOY SOBRE CIUTADANS, A LOS QUE
ALABA (05/11/06)
Esperanza
Aguirre -candidata a sucesora del sucesor de Aznar- ha vuelto a echar más
leña al fuego de la tensión interna en el PP.
Primera
perla,
el Estatuto de Andalucía. Aguirrre dixit:
“Pues es que no puedo contestarle porque no conozco el Estatuto.
Probablemente, sí. Si mi partido lo ha votado (…), seguro que sí”.
Segunda
perla,
valoración del trabajo sobre ese Estatuto hecho por Javer Arenas:
“Pues bien. No lo conozco a fondo, pero seguramente ha hecho
un trabajo estupendo”.
Tercera
perla,
la “realidad nacional” andaluza: “A mí no me gusta, qué
quiere que le diga, pero Arenas ha hecho un buen trabajo (…)”.
Cuarta
perla,
la línea del PP respecto a otras reformas estatutarias en algunas
Comunidades: “Creo que, por desgracia, nos están llevando
del ronzal a la discusión de las modificaciones estatutarias, y es un
terreno que (…) no vas a llegar a buen fin”
Quinta
perla,
el mismo tema:
“El PP debería llevar la iniciativa y no ir del ronzal (…)
Sexta
perla,
los resultados del PP en Cataluña:
“Yo creo
que es positivo que haya entrado en el Parlamento Ciudadanos de Cataluña.
Creo que se va a hablar castellano en el Parlamento (…) y a mí me parece
enormemente positivo”.
Séptima
perla,
Ciudadanos de Cataluña quita votos a los no nacionalistas, según el propio
Rajoy:
“Ya, bueno,
pues entonces hagamos que el PP se presente en Cataluña como no nacionalista
(…) Yo creo que nos hemos presentado como no nacionalistas, pero deseosos de
pactar con los nacionalistas”.
Por lo demás, asegura no temer la posible presencia en las elecciones de
Madrid (municipal y autonómica) porque “como en Madrid no cultivamos la
identidad madrileñista, sino la identidad ciudadana, el único partido de los
Ciudadanos en Madrid es el PP. Por tanto no habrá ni un solo voto que le
quiten al PP los Ciudadanos en Madrid”. Adviértase, sin embargo, que frente
a quienes denuncian al partido de Albert Rivera como “auténtico caballo de
Troya para los populares”, que “no haría más que disturbar las posibilidades
del Partido Popular”, Esperanza Aguirre le resta importancia.
122. El Supremo condena a un ex
alcalde del PP por adjudicarse una parcela(11.11.06)
El Tribunal Supremo ha condenado al antiguo regidor de
Colmenarejo, Julio García Elvira, del Partido Popular, por adjudicarse en
subasta pública una parcela municipal de 3.600 metros cuadrados cuando era
regidor de la localidad en 1998. El alto tribunal confirma así una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la que se declaraba «nulo
de pleno derecho» el acto de adjudicación de la parcela número 27 del
polígono industrial de Colmenarejo para una empresa del primer edil.
Nada más ganar la subasta, el ex alcalde utilizó el terreno
para levantar un almacén de materiales de construcción que sigue abierto en la
actualidad. Ahora el regidor tiene que devolver el suelo al Ayuntamiento y pagar
una cuantía por el tiempo que ha ocupado la parcela. Con todo, tras la sentencia
Julio García Elvira ha pretendido adquirir ahora la finca, pero el Ayuntamiento
de Colmenarejo, presidido por la independiente Milagros Peces Barba, se ha
negado.
La adjudicación se produjo en enero de 1998, cuando el
constructor García Elvira presidía el Partido Popular local y el Consistorio.
Fue el portavoz socialista de Colmenarejo, Benito García, el que recurrió la
adjudicación al considerar que el alcalde «había metido la mano en el cazo».
La empresa adjudicataria de la subasta fue la compañía de
materiales de construcción PC Jufema, S.L. que estaba entonces, y ahora,
participada al 50% por el citado político y empresario, que también es su
administrador único. Ese extremo no fue debidamente notificado al Ayuntamiento,
según el fallo.
La historia de la parcela arranca en el Pleno celebrado en el
Ayuntamiento de Colmenarejo el 30 de octubre de 1997. El entonces alcalde, Julio
García Elvira, informó del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para
la enajenación mediante subasta pública de la parcela 27 del polígono
industrial.
El Acta de apertura de Plicas se celebró en enero del año
siguiente y se admitió la proposición presentada por la mercantil PC Jufema S.L.,
de 210.000 euros (34 millones de pesetas). Esta empresa era propiedad del
regidor Julio García Elvira y de un familiar Felipe Elvira García. Pero el
entonces alcalde no puso en conocimiento de la corporación este hecho.
La vinculación del regidor con la empresa adjudicataria no se
trató ni en el procedimiento administrativo de enajenación, ni en el Pleno en el
que se acordó la adjudicación. Es cierto que el alcalde se ausentó de la
votación, pero según recoge la Sentencia del Tribunal Supremo: «en cuanto que la
ausencia se debió a la relación de parentesco (no negada) del alcalde con el
señor D. Felipe Elvira García que apareció ante el Ayuntamiento como el único
administrador solidario (folio 67 del expediente)». Además, el secretario ya
alertó de la «falta parcial de documentación en la plica presentada por PC
Jufema S.L. acordándose conceder un plazo de siete días para subsanar el
defecto», según la sentencia.
Recurso del PSOE
Benito Elvira García, entonces portavoz y representante
socialista de Colmenarejo, interpuso Recurso Extraordinario de revisión contra
la adjudicación en julio de 1998. Consideraba el PSOE que incurría en una grave
ilegalidad, según la Ley 13/95 del 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas. Los socialistas exigieron que se declarara contrario
a Derecho el referenciado acuerdo y en consecuencia que se anulara la Escritura
de Compraventa a favor de PC Jufema S.L., basándose en que el entonces alcalde
de Colmenarejo, Julio García Elvira, era administrador solidario de PC Jufema
S.L.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la parcela
debe revertir ahora al Consistorio en su estado inicial. Para ello, la empresa
deberá demoler todas sus naves y oficinas y desalojar de todo material el
reafirmado como suelo municipal.
El Ayuntamiento de Colmenarejo, por su parte, está obligado a
devolver al empresario la cantidad de 210.000 euros, que pagó por el terreno,
más los intereses legalmente establecidos.
Cabe negociar ahora la cuantía económica que las arcas
municipales deberían percibir, en concepto de alquiler, por los años de
aprovechamiento industrial que García Elvira ha realizado de este suelo.
Tras la primera sentencia del TSJM, la defensa del empresario
del PP presentó el pertinente recurso, que llevó el caso hasta el Tribunal
Supremo. Y el alto tribunal ha estimado, por último, reafirmarse en lo ya
sentenciado previamente, para concluir que el condenado y el Ayuntamiento de
Colmenarejo hagan efectiva esta sentencia definitiva. Según explica el concejal
ex socialista del Ayuntamiento, Raúl Plaza, en el Pleno Extraordinario celebrado
el pasado 17 de octubre, él mismo solicitó que se ejecutara el auto cuanto
antes, «para que esta parcela revierta al Ayuntamiento lo antes posible».
Sin embargo, los abogados del empresario solicitaron una
reunión con los responsables municipales, para intentar llegar a un acuerdo que
permita a PC Jufema S.L. mantener su actividad en esta parcela. Los responsables
municipales se negaron a formalizar ningún acuerdo, ya que su intención es
ejecutar la sentencia.
La defensa del ex alcalde anunció la posibilidad de plantear
nuevas acciones que conseguirían una demora en la ejecución de desalojo. El
Pleno Extraordinario celebrado sobre este caso sirvió para informar a todos los
representantes municipales y para determinar los pasos que debería seguir la
Corporación municipal al respecto.
Lo primero que acordaron fue pedir que se declaren no válidos
los plenos en los que se adjudicó la parcela a PC Jufema SL; y en el que se
autorizó el registro de la parcela a nombre de esta empresa en el Registro de la
Propiedad. En cumplimiento de este acuerdo, el Consistorio procederá en breve a
solicitar a la afectada que abandone la parcela en cuestión. Y, por último, los
responsables municipales acordaron habilitar una partida presupuestaria para
abonar al ex alcalde popular los cerca de 210.000 euros más intereses, que
supuso la compra irregular de este suelo público.
www.elmundo.es 11.11.06
123. La Comunidad concede ayudas a dedo a
asociaciones de víctimas afines al PP (10.11.06)
El Gobierno
regional repartirá en 2007 unos 800.000 euros entre distintas organizaciones de
víctimas del terrorismo, según el proyecto de Presupuestos. No hay convocatoria
pública, sino que la Comunidad negocia con las organizaciones los proyectos que
éstas le presentan. La AVT y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M
-ambas afines al PP- recibirán 149.000 y 240.000 euros, respectivamente. La
Fundación Víctimas del Terrorismo percibirá 400.000 euros. Por segundo año queda
fuera la Asociación 11-M. Afectados por Terrorismo, que preside Pilar Manjón.
Manjón ha
dirigido una carta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en la que le
reclama "el mismo trato" que a las otras asociaciones de víctimas. "Quedamos a
su disposición para poder presentarles los proyectos que llevamos a cabo, con el
fin de que puedan tenerlos en cuenta a la hora de planificar los presupuestos
del ejercicio 2007", concluye la misiva.
Manjón precisó
sobre su petición: "Lo único que queremos es que nos trate igual que al resto,
porque también somos ciudadanos de Madrid. Las ayudas que da la Comunidad a las
otras asociaciones no salen en el boletín oficial ni las publicita". También ha
enviado la carta a los grupos parlamentarios de la Asamblea, para solicitarles
que pidan enmiendas a los Presupuestos con el fin de que incluyan a su
organización.
Esta situación se
produjo también el año pasado, entre las protestas de la oposición. Entonces la
fundación recibió algo más de 98.000 euros; la AVT fue subvencionada con unos
73.000 euros, y la tercera asociación, con 240.000 euros.
Manjón recordó
que su asociación es la única que puede demostrar que todos sus miembros -cuenta
con 1.035- son víctimas reconocidas por el Estado, porque su libro de socios fue
auditado para poder personarse como parte en el juicio del atentado del 11-M que
investiga la Audiencia Nacional. La AVT cuenta con unos 300 socios, mientras que
la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M asegura que tiene unos 500
afiliados.
Presentar un proyecto
Un portavoz del
Gobierno regional explicó que para recibir ayudas la organización de Manjón sólo
tiene que presentar un proyecto, como han hecho las otras asociaciones.
"Bastaría con que alguien de la asociación se pusiera en contacto con el
Gobierno regional y expusiera sus necesidades", aseguró. Manjón replica que no
ha presentado ningún proyecto porque no sabe a qué consejería dirigirse, ni en
qué plazos ni en qué condiciones.
"Existen líneas
de financiación a través de convenios con las otras asociaciones. Pero no se
hace distinción", recalcó el portavoz regional, que puntualizó que el objetivo
de las subvenciones "no es sufragar a las asociaciones, sino a las víctimas".
Las otras
organizaciones confirmaron que el dinero que reciben es a través de convenios
firmados con la Administración regional, sin acudir a convocatorias públicas,
como ocurre en el caso de las subvenciones estatales. Las ayudas que estas
organizaciones recibirán del Ministerio de Interior fueron convocadas en una
orden del 7 de marzo y, tras presentar sus proyectos, adjudicadas en otra orden
publicada el 4 de noviembre en el BOE.
"El convenio
implica que les presentamos una serie de proyectos a lo largo del año que se van
a pagar con ese dinero", explicó un portavoz de la Fundación Víctimas del
Terrorismo. El año próximo ésta recibirá 102.000 euros de la Consejería de
Presidencia y otros 300.000 euros a cargo de la de Justicia e Interior, según
los presupuestos. El gerente de la AVT, José Antonio Rubio, explicó que este año
han presentado un proyecto denominado Encuentros Madrid, que incluye actividades
de habilidades sociales, educación emocional, informática o talleres de cocina
por valor de 73.000 euros. En los presupuestos consta que percibirán 149.505
euros de Presidencia.
Desde la
Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que recibirá la misma cantidad que
el año pasado, explicaron que presentan sus proyectos "en función de las
necesidades" de sus representados y que es el Gobierno regional el que decide si
les da o no subvención, según un portavoz.
"El problema es
que aquí no hay convocatoria pública", dijo la diputada de IU Reyes Montiel.
"Las razones que aduce el Gobierno de Aguirre es que no presentan un proyecto,
pero sólo se sientan para acordar una partida económica con las organizaciones
que les son cómodas".
"Destinan un
montante global, y luego, durante el año, cada consejería saca una orden con las
bases para conceder las subvenciones", aclaró. "Manjón no tiene ninguna orden,
ni plazo, ni criterios, que le permita presentar un proyecto, sino que depende
de la voluntad del Gobierno". La diputada añadió que el año pasado, cuando
ocurrió lo mismo, su grupo reclamó al Gobierno que presentara el proyecto de la
AVT. Aún no ha sido entregado a la Asamblea.
Financiación sin reglas
Las ayudas
públicas a las víctimas del terrorismo no son el único caso en el que el
Gobierno regional ha asignado a dedo partidas económicas para
organizaciones sin ánimo de lucro.
En el proyecto de
Presupuestos que acaba de aprobar el Ejecutivo de Esperanza Aguirre figura una
partida, a cargo de la Consejería de Justicia e Interior, destinada a la
Asociación Dignidad y Justicia. Ésta percibirá 60.000 euros, en teoría
destinados a "organizar una serie de conferencias por diversas localidades en la
Comunidad de Madrid, con el objetivo prioritario de sensibilizar a los
ciudadanos de la región sobre la problemática de las víctimas del terrorismo".
La página
web de la organización indica que fue "creada exclusivamente para el
apoyo al macrojuicio contra los aparatos políticos, mediáticos, culturales,
económicos y de masas de la organización criminal ETA".
Una portavoz de
esta consejería justicó la partida en que el Gobierno regional entiende que los
fines de la asociación son "muy dignos y respetables" y a que "ejerce una
proyección social importante". También Educación destina, como el año pasado,
20.000 euros para el Foro de Ermua, otra de las asociaciones que se oponen al
Gobierno central en materia de terrorismo. Según explicó el consejero Luis
Peral, la ayuda va destinada a repartir en los colegios madrileños las
publicaciones de la organización. La justificación de Peral en la Asamblea fue
que el Gobierno vasco les había denegado la subvención. Como ya ocurrió el año
pasado, Educación destinará en 2007 una partida menor (18.000 euros) a las
ayudas a las actividades de los alumnos.
"No es una
cuestión de si los fines de las organizaciones son dignos. El problema es que no
hay un mecanismo transparente para conceder las ayudas", subrayó la diputada de
IU Reyes Montiel. "En vez de un concepto clientelar de las ayudas, debería hacer
órdenes de subvenciones amplias y en función de criterios objetivos". Estas
ayudas sirven de instrumento político para "boicotear al Gobierno central".
124.UNA SENTENCIA ANULA EL CIERRE DE LA
TELEVISIÓN LOCAL DUSON TV, PRECINTADA POR AGUIRRE PARA EMITIR 'LA
OTRA' (14/11/06)
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado
nulo el cierre de actividad y precintado de las instalaciones de Duson
Televisión, la televisión local cuya frecuencia fue ocupada hace un año por
el gobierno de Esperanza Aguirre para emitir 'La Otra', el canal digital de
Telemadrid. En la sentencia el tribunal afirma que la medida vulnera el
derecho fundamental de defensa en relación con el derecho a la libertad de
expresión. En 2005 la Comunidad de Madrid justificó públicamente esta
decisión en que la emisora, propiedad del coreano Hum Cho, era ilegal. Sin
embargo, en la sentencia el tribunal considera que la Secretaria General del
Consejo de Gobierno no motivó la razón por la que ordeno el cese inmediato
de la actividad de Duson Televisión.
Los jueces añaden que este hecho resulta sobresaliente
cuando la Comunidad de Madrid estuvo tolerando la actividad de la emisora
durante los últimos siete años pese a ser conocedora de que carecía de
licencia. Hay que recordar también que el Ministerio de Industria ordeno
hace unos días el cierre del segundo canal de Telemadrid y le impuso una
multa de un millón de € por emitir en analógico. La Comunidad de Madrid
recurrió judicialmente esta sanción. También amplio sus horas de
programación y emite actos oficiales del gobierno de Esperanza Aguirre como
la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno.
125.BERTÍN OSBORNE PIDE EL VOTO PARA ESPERANZA
AGUIRRE EN UNA FIESTA DE JUBILADOS PAGADA POR LA COMUNIDAD (15/11/06)
Esperaban echar un pasodoble y les cayó además un mitin
político. Los jubilados que asistieron a una fiesta pagada con dinero
público de la Comunidad de Madrid tuvieron la oportunidad de departir con un
invitado de postín, Bertín Osborne. Lo que no esperaban es que el cantante,
tras dar unos pasos de baile con la presidenta de la Comunidad, les arengara
con esta frase: "Ya que sois jefes de familia, que en vuestras casa todos
voten a Aguirre en las próximas elecciones, ¡así podremos seguir bailando!".
El incidente se produjo durante un concurso de baile
celebrado en la sala Florida Park organizado por el Servicio Regional de
Bienestar Social de la Comunidad. Desde el PP se ha querido quitar hierro al
asunto. Su portavoz regional, Antonio Beteta, ha recordado que Aguirre no
hablo durante el acto y ha afirmado que Osborne lo pudo pedir "como un
ciudadano cualquiera".
La oposición no comparte esta visión indulgente y ha
acusado a Aguirre de utilizar dinero público con fines electoralistas. La
portavoz adjunta del grupo socialista en la Asamblea, Ruth Porta, ha
calificado el incidente de "inmoral" y ha pedido la devolución del dinero
que costó la "fiesterita". Si el dinero no se devuelve Porta ha advertido
que se verán "obligados a acudir a los tribunales para que no se vuelva a
repetir". Porta ha asegurado que "siguiendo los pasos de su íntima amiga Ana
Botella", Aguirre "utilizó un acto pagado por los madrileños para hacer
campaña electoral y pedir el voto".
126.GOLF Y LADRILLO EN VILLANUEVA DEL PARDILLO
(PP) (15/11/06)
Villanueva del Pardillo, sita a 26 kilómetros de la
capital y gobernada por el PP, prepara una modificación del avance del plan
general que propone la recalificación de 9 millones de m2. La
propuesta eleva la población a medio plazo (10 años a partir de la
aprobación) a 30.540 vecinos, y a largo, a 63.000 habitantes (la actual es
de 10.721). Además, incluye un campo de golf municipal de 18 hoyos en una
zona no urbanizable protegida por su interés paisajístico. Parte de la finca
que ocupará la instalación deportiva pertenece al grupo San Román, cuyo
propietario está vinculado a la Operación Malaya. El documento está en poder
de los grupos municipales para su estudio y todavía no ha pasado por el
pleno municipal.
Villanueva del Pardillo se ha apuntado al carro del
crecimiento urbanístico que afecta a los pueblos con los que limita:
Colmenarejo, Galapagar, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada y
Valdemorillo. El equipo de gobierno, del PP, inició el proceso para
conseguir un nuevo plan general en 2002.
El pleno del Ayuntamiento aprobó entonces el avance del
ordenamiento urbano, que iba a sustituir al plan general de 1998, todavía en
vigor. El plan salió a información pública en ese momento. Después llegaron
tres años de silencio, hasta que, a finales de 2005, el Ayuntamiento entregó
a los grupos políticos de la oposición (cuatro ediles del PSOE y uno del
CDS) un nuevo documento de aprobación inicial del plan general. En él se
aumentaba el número de viviendas contemplado en 2002. Ahora los concejales
están a la espera de que se convoque un pleno para discutir la propuesta y
decidir si se aprueba o no.
Las actuaciones propuestas cambian el panorama
urbanístico del municipio. La población se multiplica por tres a medio plazo
(según el cálculo de los técnicos, 10 años desde su aprobación) y por seis
si se llega a alcanzar el tope de 63.000 habitantes.
Para los terrenos sectorizados la propuesta plantea 6.707
nuevas viviendas, que, sumadas a las 3.437 previstas por las actuales normas
urbanísticas, dan un total de 10.144 casas. De ellas, 5.053 son pisos, 3.771
chalés adosados y pareados, y 1.320 chalés independientes. Pero, además, el
documento deja 5.189.491 m2 de terreno para urbanizar en un
futuro, donde entrarían otras 11.000 viviendas. El nuevo parque de viviendas
se distribuirá en los 9 millones de m2 que el municipio pretende
recalificar. Según las normas vigentes, el suelo no urbanizable ocupa
22.127.603 m2. En el nuevo avance en estudio, esta superficie se
reduce a 13.072.820 m2, que se consideran protegidos. De esta
forma, los terrenos aptos para edificar pasan del 13% actual al 48,7%.
Villanueva del Pardillo también se suma a la moda de los
campos de golf municipales. El avance plantea una instalación de 18 hoyos
que contará con una casa club, un edificio y área de mantenimiento, una
caseta de prácticas y aparcamientos.
El Ayuntamiento considera la instalación deportiva como
un elemento que contribuirá a mantener el entorno con la máxima calidad
ambiental. Para los ecologistas, sin embargo, un campo de golf es un jardín
de donde se erradican todos los animales, acabando con la biodiversidad del
entorno, y que, además, consume agua. La parcela elegida para su ubicación
ocupa una superficie total de 578.000 m2 y está calificada como
no urbanizable por su interés paisajístico.
127.EL ALCALDE DE GALAPAGAR (PP) DESTITUYE AL
EDIL DE EDUCACIÓN "POR INDISCIPLINA" (11/11/06)
El alcalde de Galapagar, José Luis González, del Partido
Popular, ha retirado las competencias al edil de Cultura, José Manuel
Martín, también del PP, debido a su "indisciplinada conducta". Según la
versión municipal, Martín había dejado de responder con profesionalidad a
sus obligaciones y había abandonado sus funciones de dirección y
coordinación del centro cultural La Pocilla. El alcalde también le acusa de
romper la disciplina de partido al ausentarse de los plenos para no tener
que votar las propuestas del PP.
Martín replica que es víctima de una persecución política
por parte del alcalde, que "no tiene la más mínima vergüenza". Para él, su
destitución se debe a las reiteradas denuncias que ha llevado a cabo sobre
el mal funcionamiento de servicios contratados por el Ayuntamiento. "Hace
casi un mes solicité la resolución del contrato de la empresa Sotomesa, SL,
que gestiona las actividades extraescolares dependientes del Ayuntamiento.
El responsable ha rebajado las horas de trabajo de los profesores, a pesar
de que cada vez tenemos más niños. También me ha presentado facturas de los
meses de verano, cuando no hay clases".
Pero ésta no es la única discrepancia con el alcalde.
Martín denuncia que el regidor le ha vetado en otras cuestiones. "Me separó
de la organización del festival Galapajazz, a pesar del menor coste que
había conseguido al eliminar a intermediarios", afirma. En cuanto a la
ruptura de la disciplina de partido, el edil destituido responde en tono
irónico: "Es cierto, no he votado el plan general de urbanismo, y es cierto,
no tengo hilos atados a las muñecas y a los tobillos. Unos dirán que así me
va, y otros dirán que siga así. Me quedo con los segundos".
Éste no es el primer cambio en el equipo de gobierno
municipal que se produce durante el actual mandato. En noviembre de 2005, el
entonces alcalde, José Tomás Román, dimitió alegando motivos graves de
salud. Los grupos de la oposición, PSOE, IU y Foro Verde indicaron entonces
que detrás de la salida de Román podrían estar las presiones recibidas por
el nuevo plan general. Esta herramienta del ordenamiento urbanístico prevé
aumentar la población de Galapagar de los 32.000 habitantes actuales hasta
los 70.000.
El pasado mes de agosto, la Comisión Europea instó a
Bruselas a investigar el urbanismo de Galapagar. En concreto, la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo reclamó a la Comisión Europea que iniciase
una investigación sobre el plan. El Ayuntamiento, del PP, había aprobado de
forma inicial un proyecto para construir 9.000 viviendas.
128.BERTÍN
OSBORNE pide el voto para Aguirre
Esperaban echar un pasodoble y les cayó además un mitin
político. Los jubilados que el pasado martes asistieron a una fiesta pagada con
dinero público de la Comunidad de Madrid tuvieron la oportunidad de departir con
un invitado de postín, Bertín Osborne. Lo que no esperaban es que el cantante,
tras bailar con la presidenta de la Comunidad, les arengara con esta frase: "Ya
que sois jefes de familia, que en vuestra casa todos voten a Aguirre en las
próximas elecciones, ¡así podremos seguir bailando!", según publicó el diario
ADN.El incidente se produjo durante un concurso de baile celebrado en la
sala Florida Park y organizado por el Servicio Regional de Bienestar Social de
la Comunidad. Desde el PP se ha querido quitar hierro al asunto. Su portavoz
regional, Antonio Beteta, dijo que Aguirre no hablo durante el acto y ha
afirmado que Bertín Osborne lo pudo pedir "como un ciudadano cualquiera" y como
"otros lo piden para el PSOE".
La oposición no comparte esta visión indulgente y ha acusado
a Aguirre de utilizar dinero público con fines electoralistas. La portavoz
adjunta del grupo socialista en la Asamblea, Ruth Porta, ha calificado el
incidente de "inmoral" y ha pedido que el PP pague a la Comunidad la
"fiestecita". Si el dinero no se devuelve, Porta ha advertido que se verán
"obligados a acudir a los tribunales para que no se vuelva a repetir".
Porta ha asegurado que, "siguiendo los pasos de su íntima
amiga Ana Botella", Aguirre "utilizó un acto pagado por los madrileños para
hacer campaña electoral y pedir el voto", y subrayó que "utilizar el dinero de
los impuestos para financiar campañas personales es malversar fondos
públicos"."La Comunidad no es una propiedad más de la señora Aguirre, que sólo
tiene prestado el sillón de presidenta por cuatro años", ha añadido la portavoz
socialista, y ha explicado que su grupo pedirá "toda la información" sobre el
asunto. A las críticas se ha unido la portavoz del grupo parlamentario de IU,
Marga Ferré, que ha calificado a Osborne como "el otro gran líder de la
derecha".
129.
23.000 'desaparecidos' en
las listas de espera
Las cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la lista de
espera quirúrgica se estrechan. Cada vez son menos los pacientes que la
Consejería de Sanidad incluye en la lista de espera oficial, en la que se
basa el Gobierno regional para afirmar que ha cumplido la promesa electoral de
la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de reducir la espera máxima para
entrar a quirófano en la sanidad pública a 30 días
Las cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la lista de
espera quirúrgica se estrechan. Cada vez son menos los pacientes que la
Consejería de Sanidad incluye en la lista de espera oficial, en la que se
basa el Gobierno regional para afirmar que ha cumplido la promesa electoral de
la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de reducir la espera máxima para
entrar a quirófano en la sanidad pública a 30 días. El pasado 30 de septiembre,
fecha de los últimos datos trimestrales ofrecidos por Sanidad - en la página
web www.listadeesperamadrid.com-, sólo 11.274 pacientes (un 32,5%) de los
34.664 madrileños en espera para ser operados en la sanidad pública estaban
incluidos en la lista oficial. En el otro lado, 23.390 personas (un 67,5%
de los que esperan) están excluidos por haber rechazado ser intervenidos en una
clínica privada alternativa a su hospital público (9.791 pacientes, un 28,2%) o
por no haber realizado las pruebas preoperatorias, como la del anestesista
(13.599, un 39,3%).
Cuando faltan tres meses para que se cumplan dos años desde
que el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, implantara el nuevo sistema de
gestión de la lista de espera para cumplir la promesa de Aguirre, ya pueden
extraerse algunas conclusiones sobre el sistema.La primera es que el número de
enfermos incluidos en la lista de espera oficial no ha parado de
descender a ritmo vertiginoso: hace dos años (ver cuadro) eran el 84,3% del
total, cifra reducida ahora al 32,5%. La segunda es que, en realidad, estos
pacientes tampoco son operados en un plazo máximo de 30 días, sino de 60. La
normativa nacional establece que la espera debe empezar a contarse cuando el
médico prescribe la operación.Lamela, en cambio, se da un primer plazo de 30
días para que el paciente acuda al anestesista cuando el médico le dice que
tiene que operarse y luego otros 30 días (la espera oficial) para entrar
en quirófano. Este "artificio contable", según el Ministerio de Sanidad, le
costó a Madrid la expulsión del cómputo nacional de listas de espera por el
Consejo Interterritorial de Sanidad, organismo en el que el ministerio y las
comunidades autónomas coordinan sus políticas sanitarias.
La tercera conclusión destacable es el aumento, también
vertiginoso, del número de pacientes que rechazan ser operados en clínicas
privadas en lugar de en su hospital público. Hace dos años eran sólo el 5,9% de
los pacientes en espera para ser operados, mientras ahora son cinco veces más:
el 28,2%.
Estos enfermos, además, se ven perjudicados por las esperas
cada vez más largas que deben soportar: 5.771 aguardan entre 30 y 180 días, 26
entre seis meses y un año, y uno llevaba esperando más de un año el pasado 30 de
septiembre. Ahora, la espera media de estos enfermos es de 53 días. Hace seis
meses era de 44.
La evolución de los datos de la lista de espera ha sido
criticada con extrema dureza por el PSOE e IU durante los dos últimos años.
Lamela ha sido calificado de "trilero", "mentiroso", "estafador" y "autor de un
monumental engaño a los ciudadanos" por varios diputados, concejales y
portavoces de los dos partidos. "Lamela no ha tenido ningún rubor en mentir y
engañar a los ciudadanos pretendiéndoles hacer creer lo que todo el mundo sabe:
que casi todo el mundo espera más de un mes para ser operado en la sanidad
pública", afirmó el diputado regional del PSOE y portavoz de Sanidad del
partido, Lucas Fernández.En términos parecidos se han mostrado los sindicatos,
mientras el Gobierno regional insiste en que nadie espera más de 30 días. En un
artículo remitido a EL PAÍS en mayo de este año, titulado La Consejería de
Sanidad ha cumplido su compromiso, Lamela suscribía que "el cumplimiento de
este objetivo [la espera máxima de 30 días] es una realidad" y que "los hechos
constatan que el Gobierno regional no falta a la verdad y hoy por hoy podemos
afirmar, sin equivocarnos, que efectivamente ningún madrileño espera más de 30
días a que se le intervenga". Lamela también ha dicho que la expulsión de Madrid
del cómputo nacional de lista de espera obedece a la "persecución política" del
Ministerio de Sanidad.
47 días de demora
media
Pese a las afirmaciones de Lamela y Aguirre de que ningún
madrileño espera más de 30 días en ser operado en la sanidad pública, la propia
Consejería de Sanidad admite en su página web
www.listadeesperamadrid.org que, con los medios con los que dispone
-hospitales públicos y clínicas privadas concertadas trabajando al ritmo
actual-, necesitaría 47 días para operar a todos los enfermos que esperan ser
intervenidos. Los datos se refieren al pasado 30 de septiembre.Sanidad cifra en
47 días la "demora media prospectiva" en la región, un concepto contable de
gestión que calcula "el tiempo, expresado en días naturales, que tardaría en
absorberse el total de pacientes pendientes al ritmo de trabajo de un periodo
anterior definido", según el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, que regula la
gestión de las listas de espera.La explicación de esta diferencia entre los 30
días que proclama tener la Comunidad de Madrid de espera máxima y los 47
ofrecidos en su página web es, una vez más, el novedoso sistema de
contabilidad introducido hace dos años por Lamela y Aguirre en la sanidad
madrileña para dar cumplimiento a la promesa electoral de Aguirre. La presidenta
se comprometió a reducir la espera máxima a 30 días o a dimitir si no lo
lograba.El sistema aplicado por el Gobierno regional excluye de la lista de
espera oficial a los enfermos que aún están pendientes de ser
atendidos por el anestesista, lo que le ha costado a la región figurar como la
única comunidad autónoma jamás expulsada del registro unificado realizado por el
Consejo Interterritorial de Sanidad, órgano en el que el Ministerio de Trabajo y
las comunidades autónomas coordinan sus políticas sanitarias.La especialidad que
en Madrid acumula mayores esperas es la de traumatología, con una demora media
prospectiva de 66 días. Traumatología es, además, la especialidad que tiene más
pacientes en espera, 7.504.También por encima de los dos meses de espera están
los 1.187 pacientes que deben ser operados de cirugía vascular, con una demora
de 63 días. Le siguen la cirugía maxilofacial, con 818 enfermos y 58 días de
demora; neurocirugía, 609 pacientes y 55 días; cirugía pediátrica, 1.396 niños y
50 días de demora; otorrinolaringología, 2.027 enfermos y 45 días; cirugía
general y del aparato digestivo, 7.211 pacientes y 44 días, y urología, 2.707
personas y 43 días.Los 235 pacientes de cirugía cardiaca, los 6.498 de
oftalmología y los 1.279 de cirugía plástica esperan 41 días y los 2.057 de
ginecología, un día menos.Los pacientes que menos esperan en la región, y los
únicos que lo hacen por menos de 30 días, son los 103 madrileños que deben
someterse a una intervención de cirugía torácica: 25 días
www.elpais.es 2011.06
130. Torrelodones
permite la apertura de un centro comercial sin licencia
Un gran centro comercial con casi un centenar de tiendas
funciona desde el martes pasado en Torrelodones sin tener licencia de apertura
municipal. Espacio Torrelodones está ubicado en el nuevo desarrollo Área
Homogénea Sur del municipio y lo promueve el grupo holandés AM Multi Deve-lopment.
Los promotores del centro reconocieron que han abierto sin tener licencia,
aunque añadieron que la tendrán "en dos o tres días".
"Hay muchos centros comerciales que abren sin tener licencia de
funcionamiento; los trámites administrativos son muy lentos", se justificaron. A
la pregunta de por qué tienen tanta prisa y no han esperado a tener los papeles
en regla para abrir, un portavoz de AM Multi Development contestó: "Porque las
tiendas ya tenían los productos comprados y el hipermercado la comida fresca y
no se podía desperdiciar".
El Consistorio de Torrelodones (PP) ha abierto un expediente administrativo
al centro. El centro comercial como promotor no tiene licencia de
funcionamiento, pero tampoco la tienen los 65 locales, de un total de 90, que
llevan abiertos desde el martes. Allí están localizados Eroski, Bershka, Máximo
Tutti, Zara, Starbucks, McDonalds...
"Lo que ha ocurrido con este centro comercial es una incongruencia", según
afirma la asociación de vecinos TorreNat, que ha presentado una denuncia ante la
Guardia Civil. "El centro carece de licencia municipal y, sin embargo, el
alcalde desde un primer momento ha apoyado su apertura, asistiendo a sus actos
de presentación. Luego, cuando ha oído que los vecinos estábamos protestando es
cuando ha abierto un expediente administrativo al centro comercial para quedar
bien. No tiene ni pies ni cabeza", denunciaron en TorreNat.
Espacio Torrelodones ocupa 100.000 metros cuadrados, y aunque ya lleva casi
una semana funcionando, parte del aparcamiento estaba ayer sin terminar; al
igual que las rotondas de acceso y parte del edificio.
Los residentes aseguran que las prisas se deben a que el promotor no quiere
perderse "la campaña de navidades" y de que al gobierno municipal (PP) le viene
bien la apertura del centro comercial para las próximas elecciones municipales.
En la asociación TorreNat también denuncian que la depuración de las aguas
residuales que producirá la actividad del centro comercial (y de unas 700
viviendas que están junto a él) no está asegurada.
Torrelodones (20.000 habitantes) vierte sus aguas residuales al río
Guadarrama porque la red de colectores que tiene que llevar el agua sucia a la
depuradora de Galapagar aún no está finalizada. Esa depuradora da servicio a
tres municipios: Torrelodones, Galapagar (30.000 habitantes) y Hoyo de
Manzanares (7.000). Está previsto que Torrelodones empiece a depurar el próximo
febrero, pero según dice el Canal de Isabel II, la depuradora no tiene capacidad
para absorber el agua de más de 50.000 habitantes.
Los tres pueblos y los nuevos desarrollos superan esa cifra, dicen los
vecinos. El Ayuntamiento contesta que las aguas residuales del centro llegan a
unos pozos hasta que el Canal les dé licencia. www.elpais.es 20.11.06
131. TORRELODONES: SE ESPECULÓ CON UN ÁREA PROTEGIDA CON EL BENEPLÁCITO DEL
ALCALDE DEL PP (18/11/06)
La Comisión Informativa que investiga las presuntas irregularidades urbanísticas
en Torrelodones celebró su segunda sesión, en la que comparecieron el notario
de la localidad y tres propietarios de suelo del Área Homogénea Norte. El
Ayuntamiento pretende retirar la protección que tiene este terreno, de 128
hectáreas y alto valor ecológico, y autorizar la construcción de 1.536 viviendas
y un campo de golf.
De las declaraciones se desprende que, a finales de 2003, empezaron a conocerse
las intenciones del Ayuntamiento y se desataron movimientos especulativos sobre
los terrenos.
El Área Homogénea Norte (AHN) acaparó las cinco horas de declaraciones de José
Luis Velasco, presidente de la Asociación de Propietarios del AHN; Ángel
Velasco, propietario de una parte del suelo; y Eduardo Morales, consejero
delegado de C-15, empresa propietaria y gestora de varias fincas en los terrenos
protegidos que el Ayuntamiento quiere urbanizar. También acudió a declarar el
notario de Torrelodones, Benito Martín.
A la salida de la Comisión, los propietarios comentaron los pormenores de la
declaración en la cafetería del edificio Torreforum, sede de las sesiones. Por
la cafetería se pasó también Mario Mingo, diputado nacional y presidente del PP
local, y uno de los personajes a los que han salpicado las supuestas
irregularidades que investiga la comisión. Mingo charló un rato con los
propietarios del suelo, pero hizo ninguna declaración.
Durante la sesión, el notario de la localidad aseguró haber recibido amenazas y
presiones injustificadas en los últimos meses, aunque no concretó de quien
procedían. Al mismo tiempo, Martín comentó ante la Comisión que las ventas de
terreno que él conocía en el AHN se habían producido a un precio de suelo que
está en proceso de recalificación.
En cuanto a las adquisiciones llevadas a cabo por la empresa Cimaga, presidida
por el sobrino del alcalde, Martín indicó que se han producido de acuerdo con la
ley, según precisaron fuentes del PP a la salida de la declaración del notario.
Uno de los tres propietarios que declararon es Eduardo Morales, consejero
delegado de la empresa C-15, que es propietaria y gestora de varias fincas que
suman 20 hectáreas. Morales, que se hizo con los terrenos a finales de 2004,
afirmó que tuvo conocimiento a finales de 2003 que el Ayuntamiento tenía
intención de urbanizar la zona.
C-15 estaba en esos momentos construyendo un túnel de conexión del pueblo con el
Área Homogénea Sur, otra zona que se está urbanizando. Fue después de conocer
los planes municipales cuando C-15 se puso en contacto con dueños de terrenos en
el área que se iba a recalificar para adquirirlos.
La Comisión investigará, además de la recalificación del AHN, la adjudicación
del concurso del servicio de mantenimiento de zonas verdes a la empresa TBF
(propiedad del ex concuñado de Mario Mingo, presidente del PP local) y el uso de
instalaciones públicas por la Escuela Superior de Arte Dramático en
Torrelodones.
132. ESPERANZA Y SU
CONSEJERO DE SANIDAD LOGRAN QUE 23.000 MADRILEÑOS DESAPAREZCAN DE LA LISTA DE
ESPERA (20/11/06)
Continúa la denuncia sobre el descenso a ritmo
vertiginoso del número de pacientes incluidos en la lista de espera oficial que
utiliza el Gobierno regional del PP para afirmar que cumplen la promesa
electoral realizada por la presidenta, Esperanza Aguirre, de reducir la espera
máxima a 30 días o a dimitir si no lo lograba. Según los datos recogidos en
septiembre, el consejero de Sanidad, Manuel Lamela sólo cuenta al 32,5% de los
34.664 madrileños que esperan ser operados, casi 2 años después de implantar
este sistema.
Las afirmaciones de Aguirre y Lamela de que ningún
madrileño tendrá que esperar más de 30 días para ser operado en la sanidad
pública han quedado en entredicho.
Según los últimos
datos trimestrales ofrecidos por Sanidad en septiembre,
en los que sólo 11.274 pacientes, un 32,5%, de los 34.664 madrileños en espera
para ser operados estaban incluidos en la lista oficial.
Un 67,5% de los que esperan están excluidos por
haber rechazado ser intervenidos en una clínica privada alternativa a su
hospital público o por no haber realizado las pruebas preoperatorias, como la
del anestesista.
El sistema aplicado por Madrid le ha costado
figurar como la única comunidad autónoma expulsada del registro unificado
realizado por el Consejo Interterritorial de Sanidad, el órgano en el que el
Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas coordinan sus políticas
sanitarias. La propia consejería de Sanidad admite en su página web que, con los
medios que dispone, necesitaría 47 días para operar a todos los enfermos que
esperan ser intervenidos.
133. ESPECULACIONES POPULARES.
NAVALCARNERO: LA FAMILIA DEL CONCEJAL DE URBANISMO (PP) ATESORA
UN PATRIMONIO DE
287.000 METROS (21/11/06)
La familia directa del concejal de Urbanismo, del PP, tiene 47
fincas en todos los ámbitos de desarrollo del municipio. El propio edil, Miguel
Angel Fernández, es dueño de 32.000 m2
en 17 parcelas en esta
localidad.
El enorme patrimonio de la
familia del concejal de Urbanismo del municipio madrileño de Navalcarnero, del
PP, no se limita a los terrenos que tiene en la mitad de los 22 sectores de
desarrollo del municipio. Los familiares directos de Miguel Angel Fernández
Colomo poseen, al menos, 47 parcelas que suman 286.994 m2. En la
mayoría de los casos constan en el Registro de la Propiedad a título personal de
los mismo. Algunas otras parcelas son propiedad de Fabri Urbe, una promotora
inmobiliaria creada este mismo año por el padre del político del PP.
Las propiedades del promotor Eugenio Fernández Gutiérrez (padre del
edil), que dirige cinco inmobiliarias, de Mercedes Colomo Alonso (madre),
Margarita Fernández Colomo (hermana), Alfonso Fernández Gutiérrez (tío), María
Florentina Rodríguez Pestaña (tía), Alfonso Fernández Rodríguez (primo carnal),
Sonsoles Fernández Rodríguez (prima) y del propio concejal responsable del
Urbanismo de Navalcarnero suman 271.345 metros. La empresa Fabri Urbe tiene, por
su parte, 15.649 metros más en siete parcelas. Otras sociedades del padre y
promotor, como Navalvilla o Transportes A. y E. Fernández, tienen más patrimonio
inmobiliario en el municipio.
Las 47 parcelas de la familia del concejal están repartidas por todo
el municipio. De hecho, se encuentran en suelo urbano, urbanizable y rústico.
Según el Registro de la Propiedad de Navalcarnero, el progenitor del edil tiene
un total de 175 propiedades inmobiliarias contando también pisos, naves, plazas
de garaje y todo tipo de fincas, siempre en el municipio. Las mismas le
pertenecen directamente o es propietario de ellas a través de Fabri Urbe o de
Navalvilla, dos promotoras inmobiliarias que creó después de que su hijo tomara
posesión como edil, en junio de 2003.
El propio concejal, Miguel Angel Fernández Colomo, es directamente
propietario, al menos, de 17 parcelas -siempre en compañía de sus familiares más
directos-. Prorrateando la parte de ese suelo que le corresponde como
particular, su terreno suma 31.987 m2.
El edil de Navalcarnero tiene terreno e intereses en 10 de los 22
sectores de desarrollo del municipio. Durante esta legislatura, se ha tramitado
su reparcelación y su aprobación inicial o definitiva, que ha dirigido la
Concejalía de Urbanismo, porque es la competente para hacerlo. En las votaciones
finales en la Junta de Gobierno local, el concejal responsable y propietario o
familiar de los propietarios se ha abstenido hasta en 34 ocasiones.
En 10 plenos, el edil ha tenido que salir del salón hasta 20 veces
para no estar presente en la votación de las decisiones que beneficiaban a su
familia. El padre del concejal, además, es presidente de una de las juntas de
compensación de estas áreas de desarrollo. Y la propia esposa del edil, Araceli
Gómez Muñoz, ha redactado varios planes de urbanización para los propietarios
del suelo. Eugenio Fernández constituyó cinco inmobiliarias después de que su
hijo tomara posesión como edil de Urbanismo, en junio de 2003. Se trata de Fabri
Urbe, Navalvilla, Altos del Albaricocal, Levinal y Promotora Naval Prado. Sólo
las dos primeras tienen actividad conocida en el pueblo. Las otras operan en
localidades de la Comunidad de Madrid y del resto de España.
El propio Ayuntamiento de Navalcarnero reconoció estos intereses y
avanzó que, en los 10 sectores de urbanización donde el edil tiene intereses
particulares -sin contar otras zonas del municipio-, a la familia del concejal
le corresponde construir y comercializar más de 313 viviendas.
Además, la empresa Navalvilla acaba de concluir una promoción de 35
chalés que también han seguido toda la tramitación habitual de licencias de
construcción y adjudicación que el Consistorio siempre ha concedido con la
abstención del hijo del promotor.
Navalcarnero es uno de los municipios más extensos de la región, con
102 millones de m2. El Plan General que ahora mismo está tramitando
el Ayuntamiento pretende recalificar todo el suelo del pueblo que no está
protegido por motivos medioambientales o arqueológicos, lo que para la oposición
es “absolutamente desmesurado”.
De hecho, de una población actual de 18.000 habitantes, el alcalde
espera pasar a más de 125.000 en los próximos 20 años. El Plan General vigente
data de 2002 y ni siquiera se ha construido todavía una sola vivienda en los
sectores que recalificó. La previsión de pisos y chalés nuevos ascendía a
12.000. Las viviendas que ahora quiere impulsar el PP con el Plan nuevo
ascienden a 22.000 más, un total de 34.000 si se suman al proyecto anterior.
134. AGUIRRE INCUMPLE LA
PROMESA DE ABRIR EL METRO 24 HORAS VIERNES Y SÁBADOS (21/11/06)
A cambio, el Gobierno regional implantó una red de
autobuses, conocidos como metrobúhos, que hacen los fines de semana el mismo
recorrido, pero en superficie, que las líneas de metro y tienen las mismas
paradas. El servicio comienza a funcionar precisamente cuando cierra el metro, a
la una y media de la madrugada, y termina cuando abre sus puertas, a las seis de
la mañana.
Una portavoz de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras explicó que eso no significa que la Comunidad de Madrid haya
abandonado su intención de abrir el metro. Sin embargo, explicó que las
negociaciones con los sindicatos están pendientes de que éstos digan algo. "Pero
son reticentes al acuerdo", subrayó. "De momento, la Comunidad apuesta por el
metrobúho".
El portavoz de la sección de Transportes de CC OO,
Juan Antonio del Olmo, explicó que las negociaciones están "abandonadas". Pero
aclaró que la razón es que las condiciones que se pusieron en su día eran
fundamentales. "Todos los sindicatos pedimos que, junto a los empleados de
Metro, trabajara personal de seguridad", explicó. "Abrir el metro por la noche
era un llamamiento a que hubiera altercados en pasillos vacíos o en los túneles.
Por eso exigíamos seguridad".
Esta condición implicaba que el coste de abrir el
metro fuese considerado muy caro por el Gobierno regional, según su versión. El
proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad contempla para 2007 un gasto
de unos 10 millones de euros para financiar el servicio de autobuses nocturnos,
y no contiene partida alguna para la apertura del suburbano.
135. ESPERANZA AGUIRRE DIXIT: NO LLEGO A FIN DE MES (21/11/06)
"No tener pagas extra me tiene mártir, las he
tenido toda mi vida y las echo de menos en Navidad y en verano. No es que haga
números a final de mes, ¡es que muchas veces no llego!".
Una sorprendente revelación, ya que la presidenta
de la Comunidad de Madrid gana al año 100.742,91 €, es decir, 8.395, 24 € al mes
(en pesetas 16.762.209 al año, 1.396.850 al mes). Aguirre confiesa que sí
llegaba a final de mes cuando era presidenta del Senado, "que entonces sí
cobraba un buen sueldo". "En el paso del Senado a la Comunidad casi dividí por
dos los ingresos", añade.
Lo dice Esperanza Aguirre en su biografía
autorizada
La presidenta,
publicada por La Esfera de los libros y escrita por la periodista Virginia
Drake, donde explica cómo llegó a la política hace más de 20 años.
Pero esta no es la única traca que ha lanzado en esta ‘biografía’.
Según relató en un suplemento semanal,
al principió quedó encantada con Zapatero: "Me hizo creer que era el Tony Blair
español, moderado, socialdemócrata... que no era un resentido ni quería hacer
los disparates que está haciendo en España"...
También habla de su
amigo
Gallardón de quien dice que es "cojonudo". Sin embargo habla también de sus
desavenencias con él y asegura que echó en falta su apoyo en los días "tan
surrealistas" del
tamayazo.
"En
lo personal lo tengo claro, pero no me gustan muchas cosas que hace en política;
no creo en la política en la que te pones por delante de todo", dice de él en el
libro.
136. AGUIRRE
INCUMPLE LA PROMESA DE ABRIR EL METRO 24 HORAS VIERNES Y SÁBADOS (21/11/06)
A cambio, el Gobierno regional implantó una red de
autobuses, conocidos como metrobúhos, que hacen los fines de semana el mismo
recorrido, pero en superficie, que las líneas de metro y tienen las mismas
paradas. El servicio comienza a funcionar precisamente cuando cierra el metro, a
la una y media de la madrugada, y termina cuando abre sus puertas, a las seis de
la mañana.
Una portavoz de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras explicó que eso no significa que la Comunidad de Madrid haya
abandonado su intención de abrir el metro. Sin embargo, explicó que las
negociaciones con los sindicatos están pendientes de que éstos digan algo. "Pero
son reticentes al acuerdo", subrayó. "De momento, la Comunidad apuesta por el
metrobúho".
El portavoz de la sección de Transportes de CC OO,
Juan Antonio del Olmo, explicó que las negociaciones están "abandonadas". Pero
aclaró que la razón es que las condiciones que se pusieron en su día eran
fundamentales. "Todos los sindicatos pedimos que, junto a los empleados de
Metro, trabajara personal de seguridad", explicó. "Abrir el metro por la noche
era un llamamiento a que hubiera altercados en pasillos vacíos o en los túneles.
Por eso exigíamos seguridad".
Esta condición implicaba que el coste de abrir el
metro fuese considerado muy caro por el Gobierno regional, según su versión. El
proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad contempla para 2007 un gasto
de unos 10 millones de euros para financiar el servicio de autobuses nocturnos,
y no contiene partida alguna para la apertura del suburbano.
137. MADRID: GALLARDÓN SE HARTA DE AGUIRRE
(22/11/06)
Alberto Ruiz-Gallardón no tiene intención de
presentar la biografía de Esperanza Aguirre, a pesar de que su nombre aparece en
la invitación junto al de Mariano Rajoy. Lo que la presidenta escribe de él ha
sido el detonante de su decisión
Esperanza Aguirre acudía al Ayuntamiento de
Madrid para presentar un convenio conjunto sobre el taxi. El alcalde Alberto
Ruiz-Gallardón salía hasta la puerta a recogerla. La besaba, la saludaba con su
mejor sonrisa y le daba disimuladamente una fotocopia con extractos del libro
biográfico de la presidenta regional que se presenta el próximo martes. El
texto, subrayado, advertía de algunas de las perlas que Aguirre le ha dedicado a
su amigo en la biografía que sale a la venta, justo el día en que se cumplen
tres años de su Gobierno y en el que se ha preparado un gran acto con todos sus
consejeros.
Las demoledoras apreciaciones de Aguirre sobre Gallardón han sido
suficientes para que el alcalde haya comunicado su negativa a ser uno de los dos
presentadores del libro de la presidenta (el otro es Mariano Rajoy), tal y como
le había pedido su compañera de partido dándole la invitación en mano. Gallardón
no tenía ningún problema hasta que pudo leer todo lo que Aguirre piensa de él
-”él era Dios”- y de su vicealcalde, Manuel Cobo, aprovechando sus palabras, “el
esclavo moral de Alberto”.
Todo ello ha hecho que el gabinete del alcalde comunicaba a la
editorial, La Esfera de los Libros, que, a pesar de que ya estaba anunciada
oficialmente su presencia e impreso su nombre en las invitaciones,
Ruiz-Gallardón había decidido no acudir a la cita con Esperanza Aguirre.
En la vida de Aguirre se guardan 44 páginas, todo un capítulo, a
explicar la guerra que protagonizaron ella y el alcalde por el control del PP de
Madrid. No se ahorra ni un detalle e incluso se recurre a otros testigos para
ahondar en lo que ella califica de “amenazas” y “chantaje” del regidor para que
su vicealcalde, Manuel Cobo, fuera el secretario general del PP de Madrid,
primero, y luego su oponente como candidato también a la Presidencia del PP de
Madrid. “No creo que Gallardón ni Cobo obtuvieran las bendiciones de Rajoy para
anunciar su candidatura (...) Prefería cualquiera de las dos cosas [que el
presidente fuera Pío García-Escudero o Cobo] antes de que saliera yo elegida”,
asegura Aguirre.
138. LAS 'PERLAS' DE
AGUIRRE SOBRE GALLARDÓN (22/11/06)
La biografía autorizada de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha provocado cierto malestar al alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al que se hace mención en el libro
repetidamente y que no sale bien parado. Estos son algunos de los extractos del
libro:
Sobre su
personalidad.
"En lo personal le tengo cariño, lo que ocurre es
que no me gustan muchas cosas de las que hace en política; (...) no creo en la
política ni de las encuestas ni del progresismo".
Sobre el 'Tamayazo'
"La primera (faena) fue cuando nos enteramos de
que la noche anterior al 10 de junio, él ya sabía lo que iba a pasar y no nos
dijo absolutamente nada. Luego, se levantó y se marchó cuando habló Tamayo.
Alberto tenía que haber dejado a Luis Eduardo
Cortés de presidente en funciones de la Comunidad pero le cesó (...) La Ley
prohíbe terminantemente que el presidente de la Comunidad (...) tenga otro
cargo, pero como él era Dios, se mandó hacer un informe “ad hoc” (...) Sin duda
lo hizo para fastidiarme a mí".
En el último
Congreso Nacional del PP
"Gallardón ocupa durante el Congreso uno de los
sitios reservados al ‘politburó’ (...) al que no pertenece. Al verlo, Esperanza,
que sí forma parte (...), le envía divertida un mensaje (...): -¿Pero qué haces
ahí sentado si tú no eres del Comité Ejecutivo? A lo que Gallardón contesta, por
el mismo sistema y con idéntica ironía: -Aznar me ha puesto aquí. La respuesta
de Esperanza (...): -Ni harto de vino te pone Aznar a ti en ese sitio".
Sobre su orientación
política
"Quiere hacer creer a todo el mundo que representa
el centrismo, y yo, lo más rancio y conservador de la derecha (...) Un día
encargó una encuesta que le reveló que los madrileños eran de izquierdas, y se
convirtió en el progre por antonomasia. Y yo siempre he sido liberal, no me he
movido de mi sitio".
Las dos cenas
previas a la candidatura de Cobo al PP regional
"Fue una cena tremenda. (...) Alberto estaba
enfadado cuando empezó a decirme que cómo se me ocurría presentarme a la
presidencia del PP de Madrid si tenía menos votos que él (...) Ante su creciente
indignación, decidí tomarme las cosas con mucha calma. Lo que más le molesta a
Gallardón es que yo no me altere con sus amenazas. (...) Terminó la cena
diciéndome que si yo era presidenta del partido él no se presentaba a las
elecciones municipales de 2007. Esperanza sabe que no va a ser una velada
tranquila y no olvida las amenazas que Alberto le profirió la noche que cenaron
en Jockey (...) -Como siempre, Alberto empezó con exigencias. Esta vez me exigía
que pusiera a Manuel Cobo de secretario general en el partido. Le dije que esa
misma mañana había hablado con Acebes y que me había dicho que tenía que
consultar algunas cosas (...) Con cierto histerismo me espetó: “O decides ahora
mismo, o mañana Cobo presenta su candidatura”. (...) La cena terminó como el
rosario de la aurora".
Un alto cargo del PP
sobre Gallardón
"En este momento no hay nadie imprescindible en el
partido salvo Mariano Rajoy, y Gallardón parece no entenderlo porque se cree que
él es el llamado a suceder al propio Rajoy para llevar a los altares al Partido
Popular, como antes se creyó que era el sucesor natural de Aznar".
El día de las
Fuerzas Armadas
"Presidenta de Comunidad y alcalde de la capital
se han saludado con un beso y, cuando la diplomacia ante las cámaras de
televisión parecía imponerse sobre cualquier gesto, Esperanza le dice
directamente a Alberto: - ¿Para qué has vuelto a hablar, si calladito estabas
mucho más mono? Has vuelto a meter la pata".
Un dirigente en el
Comité Regional
"Según iban hablando todos, Gallardón se iba
poniendo más rojo, pero de un rojo intenso, intenso. Hubo cuatro momentos en los
que se le desencajó la cara: durante las intervenciones de Juan Soler, Juan Van
Halen, Antonio Beteta y Luis Eduardo Cortés; porque los cuatro habían trabajado
con él (...) en la CAM".
El edil Ángel
Garrido en el C. Regional
"Con tus propias palabras, Alberto: si vosotros
sois tan estupendos, tan galácticos, si eres un activo electoral tan importante
como piensas, si te crees que tienes la razón, y la gente, como hemos visto, no
os apoya, algo habréis hecho mal".
El diputado Juan
Soler en el C. Regional
"Alberto pretendía plantear un conflicto
ideológico que no había, presentándose como un activo electoral; así que le
recordé también que la persona que más porcentaje de votos ha sacado en Madrid
es (...) Aznar, del que mucha gente ahora se quiere olvidar interesadamente
(...) Y recordarle eso le dolió mucho".
Aguirre, presidenta
regional del partido
"Aguirre es proclamada presidenta (...) Fue muy
comentado que las mujeres de Pío García-Escudero y de Alberto Ruiz-Gallardón,
allí presentes, ostensiblemente no aplaudieron a la recién elegida presidenta.
Gallardón se acercó al estrado para demostrarle su agradecimiento con un beso y
un abrazo (...) Aguirre comentó sin articular apenas un músculo de su cara
(...): -Si me lo das en la boca, serás portada. Al terminar el acto, Esperanza
recibe un mensaje en su teléfono móvil (...): “Lo has matado a besos”.
139. ANTICORRUPCIÓN
INVESTIGARÁ AL EX DIRECTOR DE URBANISMO DE MADRID, EL ARQUITECTO ULTRALIBERAL
ENRIQUE PORTO (22/11/06)
La Fiscalía Anticorrupción
ha abierto diligencias para investigar la gestión de Enrique Porto, ex jefe de
Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que desbloqueó un plan urbanístico sobre
terrenos de su propiedad y tramitó otros planes que habían sido diseñados por
una consultora de la que fue socio.
La fiscalía ha analizado la denuncia que presentó
el PSOE por estas supuestas irregularidades, donde se atribuyen al alto cargo
los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y ha decidido abrir una
investigación para determinar si la conducta de Porto es delictiva.
El máximo responsable de la Fiscalía
Anticorrupción, Antonio Salinas, no sólo ha ordenado la apertura de diligencias,
sino que ha repartido ya las denuncias entre sus subordinados. La denuncia
socialista sobre el
caso Porto
se refería concretamente a la gestión de
un plan urbanístico en Villanueva de la Cañada (Madrid) en el que el ex director
general de Urbanismo tenía propiedades. Tras desbloquear las trabas urbanísticas
que tenían sus terrenos, los vendió obteniendo plusvalías multimillonarias.
También lograron grandes ganancias unos tíos de la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, que habían comprado terrenos en la zona
y que los vendieron una vez fueron eliminados los obstáculos urbanísticos que
ponían algunos funcionarios de la Comunidad.
Los socialistas consideran que el ex director
general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid pudo incurrir en los delitos de
prevaricación, tráfico de influencias, y negociaciones y actividades prohibidas
a funcionarios.
Antes de ejercer como director general de
Urbanismo, Enrique Porto había estado asesorando como arquitecto privado al
alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP). Porto lo reconoció en una
respuesta parlamentaria: "Un pueblo pequeño que ha pasado de 1.000 habitantes en
el año 79, cuando yo aparecí por allí, a 15.000 habitantes en 2005. El plan
general lo hice yo y algunos planes parciales".
La denuncia socialista pone de relieve cómo tras
ser nombrado Porto director general de Urbanismo, en diciembre de 2003, se
encargó su socio José María Fernández del Río del desarrollo de dicho plan
general a través de la elaboración de distintos planes (parciales, proyectos de
compensación y urbanización) que iría aprobando Porto como alto cargo de la
Comunidad de Madrid. Esta colisión entre la gestión de Porto como cargo público
y sus intereses privados tiene su mayor exponente en el sector de Villanueva de
la Cañada denominado Los Pocillos.
El relato de hechos presentado en Anticorrupción
recuerda cómo dicho sector fue bloqueado en mayo de 2003 por su antecesor en la
dirección de Urbanismo al detectarse serias deficiencias en su planeamiento, y
que el 12 de agosto de 2004, con el expediente ya caducado, Villanueva de la
Cañada presentó en dicho departamento, con ligeras correcciones, el mismo
documento rechazado un año antes.
A partir de ahí, Porto propuso en septiembre de
2004, para su aprobación en comisión de Urbanismo, y obviando los informes
técnicos desfavorables, la subsanación de deficiencias.
Porto participaba en tres parcelas incluidas en
dicho sector que el mismo había desbloqueado. Compartía terrenos con un
concuñado del alcalde, Ricardo Ortega, y con su socio, José María Fernández del
Río, autor del plan parcial. La denuncia socialista señala que estas tres
personas han seguido el mismo
modus operandi en "multitud de operaciones"
que han practicado en Villanueva de la Cañada.
El PSOE recuerda cómo Porto y sus dos compañeros
de negocio compartieron un beneficio de 4,2 millones de euros entre la compra y
la venta de sus terrenos tras desbloquearlos desde Urbanismo en 2004. La
denuncia implica a otros beneficiarios del desbloqueo del citado sector de
Villanueva de la Cañada: la empresa Alminar de Alvillas (propiedad de tíos y
primos carnales de Esperanza Aguirre, los Gil de Biedma), que, al 50% con otra
firma, compró por 419.995 euros unos terrenos en 2000 que revendió, también a
medias, en 2006, por 4,6 millones.
140.
ESPECULACIONES POPULARES. VILLANUEVA DE LA CAÑADA: UN EX JEFE DE HACIENDA MEDIÓ
EN A FAVOR DE FAMILIARES DE ESPERANCITA (22/11/06)
En la denuncia socialista aparece como
intermediador de alguna de las compras de Villanueva de la Cañada, en concreto
de las realizadas por la sociedad Alminar de Alvillas (propiedad de los Gil de
Biedma, tíos y primos de Esperanza Aguirre), un ex jefe del servicio de la
Agencia Tributaria que ya ha fallecido. Este hombre compatibilizó hasta su cese
en la Administración pública, en 1998, sus numerosas compras de suelo rústico en
Villanueva de la Cañada con su labor como jefe del servicio de atención al
contribuyente en la oficina de la Agencia Tributaria en la calle de Guzmán el
Bueno, en Madrid.
El empleado público, según la investigación,
compraba el suelo un poco antes de ser recalificado por el Gobierno del PP en el
Ayuntamiento de Villanueva. Una vez que obtenía esta revalorización de sus
terrenos, los vendía y obtenía un beneficio discreto, muy inferior al que
conseguirían los compradores de sus terrenos, como ocurrió en el caso de los
tíos de Esperanza Aguirre. Así, los terrenos que vende en 2000 por 419.000 euros
-le habían costado 18.000 euros en 1995- a la familia de Aguirre, ésta los
revende por 4,6 millones en 2006.El trabajador de la Agencia Tributaria era
considerado muy afín al PP y al equipo municipal de Villanueva de la Cañada. Su
nombre también figura en el antes y después de una extraña permuta de solares
entre el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y los constructores Francisco
Vázquez y Francisco Bravo, que ayudaron en la estampida del ex diputado Eduardo
Tamayo (PSOE) en 2003. Estos promotores entregaron una parcela en 1999 que les
había costado 268.674 euros y el Ayuntamiento les entregó otra que vendieron por
2,5 millones.Este beneficio de 2,2 millones en pocos meses fue debido a las
tasaciones que hizo el Ayuntamiento, que presuntamente sobrevaloró la parcela
privada e infravaloró la parcela pública. Un informe municipal recogía que las
propietarias iniciales de la parcela privada la vendieron a una empresa del ex
jefe de servicio de la Agencia Tributaria, con fecha de 10 de enero de 1994. Tal
compra, sin embargo, no figura en los registros inmobiliarios. Posteriormente,
Vázquez vendió al ex empleado de la Agencia Tributaria, por exigencia de éste,
parte de los metros de edificación que recibieron en pago por las fincas del
Ayuntamiento. Vázquez también asegura que permutó su finca por la presión del
Ayuntamiento, pero que la compró con intención de edificar en ella. Y asegura
que siempre ha mantenido buenas relaciones con ayuntamientos de todos los signos
141.
ESPECULACIONES POPULARES: TRES CANTOS. EL FISCAL ESTUDIARÁ LA PRESUNTA
CORRUPCIÓN DESCRITA POR UN EDIL DEL PP TRICANTINO (22/11/06)
La segunda denuncia socialista que investiga ya la
Fiscalía Anticorrupción tiene como base las declaraciones -grabadas a finales de
2004 y difundidas semanas - de un ex concejal del PP en Tres Cantos, Antonio
Reino, en vísperas de que el Ayuntamiento adjudicase a una empresa privada (FCC)
la gestión del Plan General aprobado en mayo de 2003, que suponía más de 4.500
viviendas. El PP gobierna dicho municipio en coalición con Tres Cantos Unido.
Entre las frases de Reino grabadas, cuya autoría
admitió aunque las achacó a un "calentón", figuran las siguientes en relación
aquella dicha adjudicación: "En esto tiene que estar Ricardo Romero de Tejada.
Lo que sospecho es que tiene que estar con la otra. ¿Cómo no va a estar el
partido? ¿Mi partido con un plan general de ordenación urbana de 300 millones
está ausente?... ¿Y yo me voy a creer que en 300 millones no te invitan a un
helado? En la proporción en que ellos vayan a chupar del bote, así voy a chupar
yo. Si somos once, yo quiero mi once por ciento".
La alcaldesa de Tres Cantos recibió una carta del
ex concejal en la que aseguraba que carecía de pruebas que avalaran sus
declaraciones.
La denuncia socialista recuerda, sin vincularlo ni
desvincularlo de lo anterior, que en dicho municipio, tras aprobarse el Plan
General de Ordenación Urbana en 2003, los tíos de la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, dieron otro pelotazo, de ocho millones de euros,
en menos de tres años.
142. ANTICORRUPCIÓN
INVESTIGARÁ AL EX DIRECTOR DE URBANISMO DE MADRID, EL ARQUITECTO ULTRALIBERAL
ENRIQUE PORTO (22/11/06)
La Fiscalía Anticorrupción
ha abierto diligencias para investigar la gestión de Enrique Porto, ex jefe de
Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que desbloqueó un plan urbanístico sobre
terrenos de su propiedad y tramitó otros planes que habían sido diseñados por
una consultora de la que fue socio.
La fiscalía ha analizado la denuncia que presentó
el PSOE por estas supuestas irregularidades, donde se atribuyen al alto cargo
los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y ha decidido abrir una
investigación para determinar si la conducta de Porto es delictiva.
El máximo responsable de la Fiscalía
Anticorrupción, Antonio Salinas, no sólo ha ordenado la apertura de diligencias,
sino que ha repartido ya las denuncias entre sus subordinados. La denuncia
socialista sobre el
caso Porto
se refería concretamente a la gestión de
un plan urbanístico en Villanueva de la Cañada (Madrid) en el que el ex director
general de Urbanismo tenía propiedades. Tras desbloquear las trabas urbanísticas
que tenían sus terrenos, los vendió obteniendo plusvalías multimillonarias.
También lograron grandes ganancias unos tíos de la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, que habían comprado terrenos en la zona
y que los vendieron una vez fueron eliminados los obstáculos urbanísticos que
ponían algunos funcionarios de la Comunidad.
Los socialistas consideran que el ex director
general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid pudo incurrir en los delitos de
prevaricación, tráfico de influencias, y negociaciones y actividades prohibidas
a funcionarios.
Antes de ejercer como director general de
Urbanismo, Enrique Porto había estado asesorando como arquitecto privado al
alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP). Porto lo reconoció en una
respuesta parlamentaria: "Un pueblo pequeño que ha pasado de 1.000 habitantes en
el año 79, cuando yo aparecí por allí, a 15.000 habitantes en 2005. El plan
general lo hice yo y algunos planes parciales".
La denuncia socialista pone de relieve cómo tras
ser nombrado Porto director general de Urbanismo, en diciembre de 2003, se
encargó su socio José María Fernández del Río del desarrollo de dicho plan
general a través de la elaboración de distintos planes (parciales, proyectos de
compensación y urbanización) que iría aprobando Porto como alto cargo de la
Comunidad de Madrid. Esta colisión entre la gestión de Porto como cargo público
y sus intereses privados tiene su mayor exponente en el sector de Villanueva de
la Cañada denominado Los Pocillos.
El relato de hechos presentado en Anticorrupción
recuerda cómo dicho sector fue bloqueado en mayo de 2003 por su antecesor en la
dirección de Urbanismo al detectarse serias deficiencias en su planeamiento, y
que el 12 de agosto de 2004, con el expediente ya caducado, Villanueva de la
Cañada presentó en dicho departamento, con ligeras correcciones, el mismo
documento rechazado un año antes.
A partir de ahí, Porto propuso en septiembre de
2004, para su aprobación en comisión de Urbanismo, y obviando los informes
técnicos desfavorables, la subsanación de deficiencias.
Porto participaba en tres parcelas incluidas en
dicho sector que el mismo había desbloqueado. Compartía terrenos con un
concuñado del alcalde, Ricardo Ortega, y con su socio, José María Fernández del
Río, autor del plan parcial. La denuncia socialista señala que estas tres
personas han seguido el mismo
modus operandi en "multitud de operaciones"
que han practicado en Villanueva de la Cañada.
El PSOE recuerda cómo Porto y sus dos compañeros
de negocio compartieron un beneficio de 4,2 millones de euros entre la compra y
la venta de sus terrenos tras desbloquearlos desde Urbanismo en 2004. La
denuncia implica a otros beneficiarios del desbloqueo del citado sector de
Villanueva de la Cañada: la empresa Alminar de Alvillas (propiedad de tíos y
primos carnales de Esperanza Aguirre, los Gil de Biedma), que, al 50% con otra
firma, compró por 419.995 euros unos terrenos en 2000 que revendió, también a
medias, en 2006, por 4,6 millones.
143. ESPECULACIONES POPULARES.
NAVALCARNERO: LA FAMILIA DEL CONCEJAL DE URBANISMO (PP) ATESORA
UN PATRIMONIO DE
287.000 METROS (21/11/06)
La familia directa del concejal de Urbanismo, del PP, tiene 47
fincas en todos los ámbitos de desarrollo del municipio. El propio edil, Miguel
Angel Fernández, es dueño de 32.000 m2
en 17 parcelas en esta
localidad.
El enorme patrimonio de la
familia del concejal de Urbanismo del municipio madrileño de Navalcarnero, del
PP, no se limita a los terrenos que tiene en la mitad de los 22 sectores de
desarrollo del municipio. Los familiares directos de Miguel Angel Fernández
Colomo poseen, al menos, 47 parcelas que suman 286.994 m2. En la
mayoría de los casos constan en el Registro de la Propiedad a título personal de
los mismo. Algunas otras parcelas son propiedad de Fabri Urbe, una promotora
inmobiliaria creada este mismo año por el padre del político del PP.
Las propiedades del promotor Eugenio Fernández Gutiérrez (padre del
edil), que dirige cinco inmobiliarias, de Mercedes Colomo Alonso (madre),
Margarita Fernández Colomo (hermana), Alfonso Fernández Gutiérrez (tío), María
Florentina Rodríguez Pestaña (tía), Alfonso Fernández Rodríguez (primo carnal),
Sonsoles Fernández Rodríguez (prima) y del propio concejal responsable del
Urbanismo de Navalcarnero suman 271.345 metros. La empresa Fabri Urbe tiene, por
su parte, 15.649 metros más en siete parcelas. Otras sociedades del padre y
promotor, como Navalvilla o Transportes A. y E. Fernández, tienen más patrimonio
inmobiliario en el municipio.
Las 47 parcelas de la familia del concejal están repartidas por todo
el municipio. De hecho, se encuentran en suelo urbano, urbanizable y rústico.
Según el Registro de la Propiedad de Navalcarnero, el progenitor del edil tiene
un total de 175 propiedades inmobiliarias contando también pisos, naves, plazas
de garaje y todo tipo de fincas, siempre en el municipio. Las mismas le
pertenecen directamente o es propietario de ellas a través de Fabri Urbe o de
Navalvilla, dos promotoras inmobiliarias que creó después de que su hijo tomara
posesión como edil, en junio de 2003.
El propio concejal, Miguel Angel Fernández Colomo, es directamente
propietario, al menos, de 17 parcelas -siempre en compañía de sus familiares más
directos-. Prorrateando la parte de ese suelo que le corresponde como
particular, su terreno suma 31.987 m2.
El edil de Navalcarnero tiene terreno e intereses en 10 de los 22
sectores de desarrollo del municipio. Durante esta legislatura, se ha tramitado
su reparcelación y su aprobación inicial o definitiva, que ha dirigido la
Concejalía de Urbanismo, porque es la competente para hacerlo. En las votaciones
finales en la Junta de Gobierno local, el concejal responsable y propietario o
familiar de los propietarios se ha abstenido hasta en 34 ocasiones.
En 10 plenos, el edil ha tenido que salir del salón hasta 20 veces
para no estar presente en la votación de las decisiones que beneficiaban a su
familia. El padre del concejal, además, es presidente de una de las juntas de
compensación de estas áreas de desarrollo. Y la propia esposa del edil, Araceli
Gómez Muñoz, ha redactado varios planes de urbanización para los propietarios
del suelo. Eugenio Fernández constituyó cinco inmobiliarias después de que su
hijo tomara posesión como edil de Urbanismo, en junio de 2003. Se trata de Fabri
Urbe, Navalvilla, Altos del Albaricocal, Levinal y Promotora Naval Prado. Sólo
las dos primeras tienen actividad conocida en el pueblo. Las otras operan en
localidades de la Comunidad de Madrid y del resto de España.
El propio Ayuntamiento de Navalcarnero reconoció estos intereses y
avanzó que, en los 10 sectores de urbanización donde el edil tiene intereses
particulares -sin contar otras zonas del municipio-, a la familia del concejal
le corresponde construir y comercializar más de 313 viviendas.
Además, la empresa Navalvilla acaba de concluir una promoción de 35
chalés que también han seguido toda la tramitación habitual de licencias de
construcción y adjudicación que el Consistorio siempre ha concedido con la
abstención del hijo del promotor.
Navalcarnero es uno de los municipios más extensos de la región, con
102 millones de m2. El Plan General que ahora mismo está tramitando
el Ayuntamiento pretende recalificar todo el suelo del pueblo que no está
protegido por motivos medioambientales o arqueológicos, lo que para la oposición
es “absolutamente desmesurado”.
De hecho, de una población actual de 18.000 habitantes, el alcalde
espera pasar a más de 125.000 en los próximos 20 años. El Plan General vigente
data de 2002 y ni siquiera se ha construido todavía una sola vivienda en los
sectores que recalificó. La previsión de pisos y chalés nuevos ascendía a
12.000. Las viviendas que ahora quiere impulsar el PP con el Plan nuevo
ascienden a 22.000 más, un total de 34.000 si se suman al proyecto anterior.
144.
ESPECULACIONES POPULARES. VILLANUEVA DE LA CAÑADA: UN EX JEFE DE HACIENDA MEDIÓ
EN A FAVOR DE FAMILIARES DE ESPERANCITA (22/11/06)
En la denuncia socialista aparece como
intermediador de alguna de las compras de Villanueva de la Cañada, en concreto
de las realizadas por la sociedad Alminar de Alvillas (propiedad de los Gil de
Biedma, tíos y primos de Esperanza Aguirre), un ex jefe del servicio de la
Agencia Tributaria que ya ha fallecido. Este hombre compatibilizó hasta su cese
en la Administración pública, en 1998, sus numerosas compras de suelo rústico en
Villanueva de la Cañada con su labor como jefe del servicio de atención al
contribuyente en la oficina de la Agencia Tributaria en la calle de Guzmán el
Bueno, en Madrid.
El empleado público, según la investigación,
compraba el suelo un poco antes de ser recalificado por el Gobierno del PP en el
Ayuntamiento de Villanueva. Una vez que obtenía esta revalorización de sus
terrenos, los vendía y obtenía un beneficio discreto, muy inferior al que
conseguirían los compradores de sus terrenos, como ocurrió en el caso de los
tíos de Esperanza Aguirre. Así, los terrenos que vende en 2000 por 419.000 euros
-le habían costado 18.000 euros en 1995- a la familia de Aguirre, ésta los
revende por 4,6 millones en 2006.
El trabajador de la Agencia Tributaria era
considerado muy afín al PP y al equipo municipal de Villanueva de la Cañada. Su
nombre también figura en el antes y después de una extraña permuta de solares
entre el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y los constructores Francisco
Vázquez y Francisco Bravo, que ayudaron en la estampida del ex diputado Eduardo
Tamayo (PSOE) en 2003. Estos promotores entregaron una parcela en 1999 que les
había costado 268.674 euros y el Ayuntamiento les entregó otra que vendieron por
2,5 millones.
Este beneficio de 2,2 millones en pocos meses fue
debido a las tasaciones que hizo el Ayuntamiento, que presuntamente sobrevaloró
la parcela privada e infravaloró la parcela pública. Un informe municipal
recogía que las propietarias iniciales de la parcela privada la vendieron a una
empresa del ex jefe de servicio de la Agencia Tributaria, con fecha de 10 de
enero de 1994. Tal compra, sin embargo, no figura en los registros
inmobiliarios. Posteriormente, Vázquez vendió al ex empleado de la Agencia
Tributaria, por exigencia de éste, parte de los metros de edificación que
recibieron en pago por las fincas del Ayuntamiento. Vázquez también asegura que
permutó su finca por la presión del Ayuntamiento, pero que la compró con
intención de edificar en ella. Y asegura que siempre ha mantenido buenas
relaciones con ayuntamientos de todos los signos.
145.
ESPECULACIONES POPULARES: TRES CANTOS. EL FISCAL ESTUDIARÁ LA PRESUNTA
CORRUPCIÓN DESCRITA POR UN EDIL DEL PP TRICANTINO (22/11/06)
La segunda denuncia socialista que investiga ya la
Fiscalía Anticorrupción tiene como base las declaraciones -grabadas a finales de
2004 y difundidas semanas - de un ex concejal del PP en Tres Cantos, Antonio
Reino, en vísperas de que el Ayuntamiento adjudicase a una empresa privada (FCC)
la gestión del Plan General aprobado en mayo de 2003, que suponía más de 4.500
viviendas. El PP gobierna dicho municipio en coalición con Tres Cantos Unido.
Entre las frases de Reino grabadas, cuya autoría
admitió aunque las achacó a un "calentón", figuran las siguientes en relación
aquella dicha adjudicación: "En esto tiene que estar Ricardo Romero de Tejada.
Lo que sospecho es que tiene que estar con la otra. ¿Cómo no va a estar el
partido? ¿Mi partido con un plan general de ordenación urbana de 300 millones
está ausente?... ¿Y yo me voy a creer que en 300 millones no te invitan a un
helado? En la proporción en que ellos vayan a chupar del bote, así voy a chupar
yo. Si somos once, yo quiero mi once por ciento".
La alcaldesa de Tres Cantos recibió una carta del
ex concejal en la que aseguraba que carecía de pruebas que avalaran sus
declaraciones.
La denuncia socialista recuerda, sin vincularlo ni
desvincularlo de lo anterior, que en dicho municipio, tras aprobarse el Plan
General de Ordenación Urbana en 2003, los tíos de la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, dieron otro pelotazo, de ocho millones de euros,
en menos de tres años.
146. AGUIRRE
PIDE DISCULPAS A GALLARDÓN (25/11/06)
Lo dicho en el
libro, dicho queda. Pero, si algo te ha molestado, te pido disculpas". Aunque
nadie las escuchó, con esas palabras, según ambas partes, la presidenta de la
Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Esperanza Aguirre, pidió perdón al
alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Lo hizo tras acusarlo en un libro
-su biografía autorizada- de desleal, de conocer de antemano el
tamayazo,
de "progre", de creerse Dios, de histérico o de saltarse la ley en 2003 para ser
presidente interino y alcalde durante meses. "Acepto las disculpas", afirmó
lacónico Ruiz-Gallardón, sugiriendo después que perdona pero no olvida: "Estas
cosas deben quedar sólo en el capítulo de la memoria".
La aparente
reconciliación tras la penúltima bronca entre los dos máximos cargos del PP en
Madrid se escenificó durante la inauguración de la ampliación del metro a la
Alameda de Osuna (Barajas), un acto en el que alcalde y presidenta casi ni se
miraron. Los desencuentros entre ambos han sido muchos y variados, pero es la
primera vez que uno de los dos los admite pidiendo perdón. En el PP habían
saltado las alarmas por el perjuicio que los ataques de la presidenta podrían
causar en el tándem electoral Aguirre-Gallardón a seis meses de los comicios de
2007.
La entrada a la
estación de Alameda de Osuna, un barrio que llevaba dos décadas pidiendo el
metro, bullía a las diez de la mañana, con un cielo que amenazaba lluvia y un
ambiente político que auguraba tormenta. Estaban los vecinos, impacientes por
estrenar los vagones, pero también decenas de periodistas a la espera de ver
llegar a Ruiz-Gallardón y Aguirre, y de escrutar sus rostros. El primer acto
público conjunto tras la publicación de la biografía autorizada
Esperanza
Aguirre. La presidenta, escrita por la periodista Virginia Drake, podía
terminar en ruptura definitiva o en la enésima reconciliación entre alcalde y
presidenta.
Subida a la
tribuna preparada para el acto, Esperanza se paró frente al micrófono y,
mirando al alcalde, dijo: "Tras el revuelo que se ha creado por la publicación
de fragmentos de mi biografía autorizada, quiero decir algo. El alcalde sabe el
aprecio que le tengo. Las discrepancias han existido, claro que han existido,
pero: primero, ya están superadas, por mi parte desde luego; y segundo, lo que
nos une -trabajar por el bien de los madrileños- es mucho más de lo que nos
separa". Todos aplaudieron esas palabras, menos Gallardón. Él había escuchado
con los labios prietos y los brazos cruzados. Cuando Aguirre bajó por fin de la
tribuna -ahí sí recibió aplausos unánimes- y le preguntó en voz baja: "¿Te
parece bien que me haya referido a ese tema?", él le dedicó una sonrisa forzada,
pero no respondió.
Más tarde
llegó, en privado, la petición de disculpas. Y el alcalde, en otro acto público
(ya en solitario), fue preguntado por un periodista. ¿Acepta las disculpas? "Las
acepto. Nunca he dejado de aceptar las disculpas de nadie que me las haya
pedido", dijo, antes de expresar su deseo de que "estas cosas se queden en el
capítulo única y exclusivamente de la memoria". Ruiz-Gallardón, que se negó a
responder a las acusaciones de Aguirre porque "hay cosas que no pueden hacerse a
seis meses de las elecciones", ha anunciado que no acudirá a la presentación de
la biografía.
147. EL PP
JUZGA REPRESENTATIVAS LAS MESAS DE DIÁLOGO QUE VOTÓ EL 0,3% DE LA POBLACIÓN
(26/11/06)
Las primeras
elecciones a las Mesas para el Diálogo y la Convivencia de los Distritos -un
nuevo órgano consultivo que ha creado el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón-,
celebradas el pasado día 19, lograron movilizar a sólo 8.641 vecinos, apenas el
0,3% del censo al que había convocado con entusiasmo el Ayuntamiento. A pesar de
esa aplastante abstención del 99,7%, la concejal de Empleo y Servicios al
Ciudadano, Ana Botella, consideró que las mesas son "representativas" y se
constituirán "en unas tres semanas".
"Era la primera
experiencia de este tipo en España. Sabíamos que la participación iba a ser
baja. Aun así, claro que me parecen representativas las mesas elegidas. Y si no,
que me digan qué representatividad tienen, por ejemplo, los cargos electos de
las ONG que son interlocutoras del Ayuntamiento. Esto es lo mismo", alegó
Botella.
Su discurso
choca con el hecho de que, más de una semana después de que se celebraran las
elecciones -con una campaña previa de publicidad-, la concejalía no ha
organizado un acto público para comunicar los resultados. Éstos han sido
colgados en la
web del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia
Intercultural (www.munimadrid.es/observatorio).
La iniciativa
de las Mesas nació con polémica: PSOE e IU, los sindicatos y la Federación de
Asociaciones de Vecinos (FRAVM) se opusieron al proceso. Creían que el PP
convocaba los comicios para ganarse el favor de los inmigrantes, ya que el
mecanismo de elección está hecho para que el 46% de los 40 integrantes de cada
mesa sea extranjero (cuando el peso en la población es del 17%).
148. BRUSELAS
INSTA AL AYUNTAMIENTO A HACER UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LA M-30
(26/11/06)
La Comisión
Europea remitió el pasado 31 de octubre una carta a las autoridades españolas en
la que insta al Ayuntamiento de Madrid a iniciar un estudio de impacto ambiental
sobre la reforma de la M-30, en los tramos ya ejecutados y los que están en
curso. Además, Bruselas reclama una evaluación de los estudios para "adoptar las
medidas minimizadoras o compensatorias que sean necesarias". El Ayuntamiento ha
expresado su satisfacción porque la Comisión reconoce "la buena disposición" del
Consistorio y acepta sus propuestas. En cambio, el PSOE opina que la carta
supone un varapalo. "Nos da la razón. Confirma lo que habíamos pedido", dice
Óscar Iglesias, portavoz socialista.
La misiva,
remitida el pasado 27 de octubre, confirma lo expresado por los dos
europarlamentarios que visitaron los trabajos de soterramiento de la M-30 a
principio del verano pasado. Éstos enviaron un informe a la Comisión, que ahora
comunica a las autoridades españolas. El documento se refiere al "expediente de
infracción 2004/2080, M-30. Madrid".
Bruselas aún
debe emitir un informe definitivo sobre las obras de reforma de la M-30. En la
carta, la Comisión urge a las autoridades españolas a que elaboren "los estudios
de impacto ambiental", de acuerdo con la normativa comunitaria, "en relación con
los proyectos ya ejecutados o en curso de ejecución". El escrito considera estos
mandatos como "imprescindibles a efectos de reparar la posible infracción".
Además, el
documento, suscrito por la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, exhorta
al Ayuntamiento a que "con la mayor celeridad posible" inicie la evaluación de
"impacto ambiental relativo a los proyectos aún por ejecutar". La Comisión
advierte de que estas "evaluaciones deberán ser realizadas con escrupulosa
observancia de todas las garantías". La UE exige estos requisitos "a efectos de
tomar cuantas medidas minimizadoras o compensatorias sean necesarias". Por
último, la Comisión insta al Ayuntamiento a presentar un "calendario detallado"
para presentar los estudios medioambientales.
La concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento, Pilar Martínez, manifiesta su satisfacción porque
considera que Bruselas ha aceptado las acciones sugeridas por su departamento.
Martínez reclama "al Gobierno de España que proceda a resolver los defectos de
transposición de las normas comunitarias existentes". Y anuncia que el
Consistorio ya ha presentado el calendario a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores. "Hemos abreviado los plazos lo máximo posible y en marzo podremos
adjudicar el estudio", afirma la edil, que considera que con el documento de la
UE "el procedimiento de infracción no continúa". "Por eso, el conflicto queda
resuelto", añade. La edil asegura que encargará la declaración de impacto para
las obras aún no iniciadas: los túneles del
by pass norte y otro que los
une con la A-1.
Bien distinta
es la interpretación que hace el PSOE de la carta de Bruselas. El portavoz
socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Óscar Iglesias, pidió que se haga "de
forma inmediata un único estudio de conjunto que tenga en cuenta los efectos de
todas las obras ejecutadas y en ejecución". Iglesias se mostró satisfecho al
conocer el contenido de la misiva porque "la Comisión confirma la necesidad del
estudio ambiental, que veníamos reclamando desde el principio". Según los
socialistas, "la M-30 saldrá ahora más cara porque se tienen que volver a hacer
las cosas que se han hecho mal".
El eurodiputado
socialista Carlos Carnero, autor de la pregunta que propició la investigación
comunitaria, considera que la carta supone una "respuesta positiva para la
defensa de los derechos de los vecinos". Carnero presentó una cuestión en 2004
sobre la necesidad de elaborar un estudio de impacto ambiental para las obras de
la M-30. La Comisión llegó a la conclusión de que las autoridades españolas no
respetaron las disposiciones comunitarias por no haber elaborado el estudio, ni
tener en cuenta los efectos acumulativos de las obras. Bruselas considera que no
existe intencionalidad en la infracción de las normas comunitarias.
149. LAS OBRAS
DE LA M-30 MULTIPLICAN POR DIEZ LA CONTAMINACIÓN (28/11/06)
La organización
Ecologistas en Acción y el grupo municipal socialista denunciaron que los
niveles de contaminación a causa de las obras de la M-30 se están disparando.
Ecologistas ha conseguido un informe realizado por la empresa de medición y
evolución ambiental SGS Environmental Services, encargado por la unión temporal
de empresas M-30 Túnel Sur, SA, que asegura que en los alrededores del Puente de
Vallecas y cerca de la chimenea de salida de gases situada en el Parque Tierno
Galván, los niveles de contaminación se multiplican por 10.
La Plataforma
M-30 No + Coches viene exigiendo al Ayuntamiento de Madrid que realice
mediciones de los niveles de contaminación que soportan los madrileños en los
alrededores de las obras, y el Ayuntamiento siempre ha negado que disponga de
estos datos. "Ahora, con el informe que se presenta, se comprueba que el
Ayuntamiento, una vez más, ha mentido para ocultar una realidad que no le
conviene", aseguran desde la plataforma. Estos datos serán enviados a la
Fiscalía de Medio Ambiente.
"En el estudio
se midieron los niveles de contaminación del aire que respira la gente y no de
las zonas de salida directa de emisiones", ha explicado Francisco Segura,
portavoz de Ecologistas. "La evaluación muestra que llegaron a alcanzarse
niveles de 477 microgramos de partículas en suspensión por metro cúbico, casi 10
veces más que el límite permitido por la ley, de 50 microgramos por metro
cúbico", añade.
Ecologistas
indica que la estación de medición del pozo de ataque sur superó este valor
límite un total de 28 de los 28 días analizados. La legislación en vigor prohíbe
que la media anual supere los 40 microgramos por metro cúbico, los datos señalan
que la contaminación media por partículas en las proximidades del pozo de ataque
sur fueron de 223 microgramos por metro cúbico y de 78 en los alrededores del
pozo de ventilación sur.
El portavoz del
grupo municipal socialista, Óscar Iglesias, solicitó de nuevo un estudio
epidemiológico y anunció que llevará al pleno de mañana una propuesta para que
se paralice la construcción que la empresa Unión Fenosa está llevando a cabo en
el Templo de Debod, así como la construcción de la subestación de Embajadores,
instalaciones complementarias a la obra de la M-30. Según Iglesias, estas
subestaciones son fruto de la improvisación: "Se trata de unas obras que se
piensan inaugurar en mayo pero en las que aún no está resuelto el tema del
suministro eléctrico".
Inés Sabanés,
portavoz de IU, pidió al Ayuntamiento, que "informe de manera urgente a los
vecinos de los índices de contaminación que tienen que soportar como
consecuencia de las obras de la M-30". Y añadió: "Es urgente que se elabore,
como han pedido los vecinos afectados, un estudio epidemiológico de la zona".
En la
inauguración del Congreso Nacional del Medio Ambiente, Pilar Martínez, concejal
de Urbanismo, habló de las ventajas que en su opinión reportará a la ciudad la
M-30, pero, también tuvo que abordar estos índices de contaminación. "Los
parámetros de calidad del aire no han sobrepasado en ningún momento del año los
umbrales legales establecidos". Según Martínez, "los datos aportados hoy por la
plataforma difieren de la realidad", si bien admitió que "puntualmente" pueden
subir las partículas en suspensión.
La concejal de
Urbanismo aportó otro dato. "Cuando el tráfico de la M-30 esté soterrado, se
reducirá en un 80% la contaminación".
Los ecologistas
responden: "Lo que hacen es enterrar la contaminación. Y, en ese disparate, el
Ayuntamiento llega a decir que los túneles actuarán a modo de filtro".
150. RAJOY
DIXIT: ¡JODER, QUE TROPA! (29/11/06)
Mariano Rajoy decidió que su fuerte, la retranca, era el tono más
indicado para enfrentarse a una faena como la de presentar la biografía de
Esperanza Aguirre después de la polvareda que ha levantado por sus dardos contra
Alberto Ruiz-Gallardón. Y se lanzó. Dijo cosas sin decirlas, bromeó sobre la
expectación generada, desmintió más de una acusación y elogió a los "dos ases"
protagonistas de la polémica. Pero subrayó que su credo, "cuando hay dudas", es
"el interés general". O sea, que lo importante es el PP y no los egos que en él
anidan. "Sobrevuelen, elévense", recomendó a la concurrencia.
El alcalde no acudió. Pero como si hubiera estado. Aguirre se
defendió sin citarle y culpando a los periodistas de perpetuar "estereotipos que
no son verdad". Insistió en que ella es "liberal" y está lejos de actitudes
"conservadoras o reaccionarias". Que las apariencias "engañan" y que a veces hay
políticas e intervenciones "cerradas que aparecen como abiertas".
También señaló que los que gozan de mejor imagen ante la opinión
pública "son aquellos de los que son difíciles de concretar sus principios" pero
aspiran a permanecer "en el poder". Cuando defendió que ella siempre habla
"claro", se comparó con los que usan "palabras agradables" y dicen "lo que otros
quieren escuchar". Dijo que hablaba de José Luis Rodríguez Zapatero.
Al menos dos veces, la presidenta pidió perdón a los ofendidos por
sus supuestos apuros para llegar a fin de mes con 9.000 €. Habló de "frase
desafortunada y entresacada". Y le aplaudieron. Luego Rajoy pareció debutar como
un monologuista de
El club de la comedia y no dio tregua a un auditorio
que se entregó a la carcajada. Después de recomendar que se desdeñe "lo
accesorio" y decir que "de todo hay en la viña del Señor", definió a Aguirre
como "una persona capaz, que no es perfecta" pero sí "uno de los activos más
importantes de la política".
Pero cuando provocó más risas fue cuando contó cómo se enteró de
todo. En su despacho del Congreso, preguntándose "¿qué pensará Gallardón?". Al
salir, se encontró con el retrato del conde de Romanones y recordó una de sus
frases: "¡Joder, qué tropa!".
La presidenta, como todos, se reía. Pero recibió
sutiles collejas. La más dura, cuando su jefe elogió a Javier Arenas, "que jamás
ha ocultado nada a nadie". Es decir, que de encuestas sobre que Gallardón perdía
la comunidad y solo ella podía salvarla, nada de nada.
151. GALLARDÓN CONSIDERA QUE RAJOY LE HA DADO “UNA RAZÓN MÁS” PARA NO LEER EL
LIBRO SOBRE AGUIRRE (30/11/06)
El alcalde de
Madrid considera que después de las declaraciones de Rajoy durante el acto de
presentación de la biografía sobre Esperanza Aguirre tiene “una razón más” para
no leerla. Además, señaló que “es falso” que conociera el día anterior que los
socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez fueran a impedir la investidura
de su Simancas como presidente de Madrid, tal como afirma Aguirre en su polémica
biografía.
Alberto Ruiz
Gallardón considera que Rajoy le dio “una razón más” para no leer la polémica
biografía sobre Esperanza Aguirre cuando el líder
popular intervino
en la presentación del polémico libro. Durante el acto, Rajoy intentó mostrarse
conciliador y equidistante tanto con la presidenta como con el alcalde de
Madrid, señalando que ambos “son dos ases en la manga” del partido y que las
discrepancias internas avivadas por el libro constituían “una ayuda injusta”
para Zapatero. Gallardón consideró que las palabras de su líder avalan su
decisión de no leer el libro sobre Aguirre hasta “el día siguiente de las
elecciones” porque “no seré yo quien ayude al Partido Socialista y menos a seis
meses” de la cita con las urnas.
El alcalde, en
declaraciones a Onda Cero, también señaló que “es falso” que conociera el día
anterior que Tamayo y Sáez fueran a traicionar al PSOE abandonando la Asamblea
de Madrid e impidiendo así la formación de Gobierno al socialista Simancas. El
alcalde vuelve así a desmentir a su compañera de partido, Esperanza Aguirre, la
presidenta de la Comunidad a raíz de ese escándalo. Aguirre mantiene en su
reciente biografía escrita por Virginia Drake que Gallardón ya sabía el día de
antes todo lo que iba a pasar en la Asamblea y que no se sintió arropada por él
en esos “días tan surrealistas”.
152. UNEUROPARAESPE.COM (30/11/06)
La presidenta
del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, recibirá el próximo 14 de abril una
paga extraordinaria, ella que se queja de no tenerlas. La paga será posible
gracias a la iniciativa de Periodismo Incendiario, un
blog del periodista
y subdirector de la revista
Tiempo Manuel Rico, que sugirió a los
lectores donar 10 céntimos de euro para ayudar a Aguirre, una vez tuvo noticias
de las
dificultades de la presidenta. Aguirre gana al año 100.742,91
euros, unos 8.400 euros al mes.
"Tengo unos
techos altísimos y encima la calefacción es eléctrica. No tener paga extra me
tiene mártir, las he tenido toda mi vida y las echo de menos en Navidad y en
verano. No es que haga números a final de mes, ¡es que muchas veces no llego!",
ha dicho en su biografía autorizada,
La presidenta,
aunque después ha
matizado sus declaraciones en diversos actos públicos.
La idea tuvo
rápidamente eco y otro periodista, Carlos Yuste, se puso manos a la obra y con
tres internautas tomó el testigo y constituyó el Comité de Impulso y Agitación.
El jueves se hicieron con el dominio
1EuroParaEspe.es y el martes
abrieron la página para recoger donativos.Se puede enviar dinero por
transferencia a una cuenta corriente de Bankinter, por mensaje de móvil y
próximamente a través de PayPal, según explican los promotores de la campaña.
En la página se
detallan las maneras de contribuir: "Para mandar tus aportaciones, ya sabes,
como mínimo un euro, hemos escogido distintos sistemas para garantizar el éxito
de esta loable misión", se dice en la
web. "Si quieres puedes hacer un
ingreso en ventanilla o una transferencia a la siguiente cuenta de Bankinter:
0128 / 0360 / 65 / 0100026664". "El segundo sistema para contribuir, que hemos
escogido por motivos de pura comodidad, es mediante mensajes SMS. Manda un
mensaje con el texto MENS ESPE EURO al 5377. El coste es de 0,90 euros sin IVA,
pero a nosotros no nos llega más que una parte de esa cantidad, por lo que te
agradeceríamos que mandaras un mínimo de dos SMS. No olvides que mañana puede
ser demasiado tarde", concluyen los promotores de la iniciativa.
La imaginación
de los ciudadanos también está llenando la Red de mensajes -"El sueldo que Espe
necesita: la suma de todos", "Pobrecita la marquesa que
pal 20 ya está
tiesa, que
pá pagar la calefacción pide hasta Gallardón"-, carteles e
imaginarias campañas de publicidad.
153. LOS ALCALDES MÁS POLÉMICOS DEL PP EN ASUNTOS
URBANÍSTICOS REPITEN CANDIDATURA (01/12/06)
Los alcaldes
más polémicos del PP en asuntos urbanísticos repiten candidatura en las próximas
elecciones municipales. El regidor de Torrelodones, Carlos Galbeño, que pretende
recalificar 128 hectáreas protegidas, o Narciso de Foxá, relacionado con el
caso Majadahonda, aspiran a gobernar otros cuatro años. También pretende
revalidar el cargo la alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, que recalificó una
alameda protegida. La presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, y el
secretario general del PP, Ángel Acebes, calificaron de "honrados" a los
alcaldes en el acto de su presentación.
El Comité
Regional Electoral del PP, que preside el vicepresidente del Gobierno regional,
Ignacio González, aprobó la candidatura a la alcaldía de 43 municipios, todos de
la zona noroeste, donde el PP ganó por mayoría en las últimas elecciones. En el
grupo hay 10 mujeres y 34 de los 43 candidatos elegidos, volverán a concurrir en
municipios donde ya son alcaldes. El partido no ha tenido reparo en volver a
colocar como cabezas de lista a alcaldes salpicados durante la última
legislatura por la polémica urbanística.
Repiten los
alcaldes de Torrelodones, Carlos Galbeño, y de Majadahonda, Narciso de Foxá;
también la alcaldesa de Valdemorillo, María Pilar López Partida, que ha firmado
convenios urbanísticos con los propietarios de la inmobiliaria Edisan, de la
familia San Román, relacionada con la Operación Malaya. O José Luis González,
alcalde de Galapagar (30.000 vecinos), que ha aprobado de manera inicial un
proyecto para construir 9.000 viviendas, lo que supondría duplicar la población
de este municipio.
Diecisiete de
estos candidatos fueron presentados en la Casa de la Cultura de Majadahonda por
la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, y por el secretario
general del PP, Ángel Acebes. Ambos obviaron en sus discursos el hecho de que
los candidatos de sus municipios más importantes (Galapagar, Majadahonda,
Brunete, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Villanueva del Pardillo,
Quijorna, Valdemorillo, San Lorenzo de El Escorial...) o han hecho tratos
urbanísticos con el Grupo San Román; o pretenden recalificar zonas protegidas; o
han dejado sus planes generales en manos de la empresa Plarquin, del ex director
de Urbanismo Enrique Porto.
Es más, tanto
Acebes como Aguirre no dudaron en calificar a los alcaldes como "honrados", en
medio de un gran aplauso por parte de los centenares de militantes del PP que
llenaban la Casa de la Cultura majariega. "¡Sois la cara de la gestión eficaz y
honesta del PP!", llegó a decir Acebes. "Los candidatos que presentamos no
vienen a crearles problemas; si no a escuchar a los ciudadanos del oeste. Son
los mejores, los más honrados y los más capaces", remachó Aguirre. No hubo sitio
para la autocrítica.
La propuesta de
que estos candidatos aspiren a ser alcaldes parte de los comités locales. Luego,
esas propuestas reciben el visto bueno del Comité Regional Electoral, al que
pertenecen el ex alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y el ex edil
de Urbanismo, Ignacio del Río.
Luis Partida V. DE LA CAÑADA
Su esposa, y
arquitecta municipal, cobró honorarios del redactor del plan de Los Pocillos
antes y después de emitir un informe favorable al proyecto en julio de 2004.
Carlos Galbeño TORRELODONES
Pretende
recalificar 128 hectáreas pese a que la anterior Corporación, del PP, las
protegió. Destituyó a dos ediles populares que pidieron información.
Narciso de Foxá MAJADAHONDA
Dos ediles
socialistas denunciaron supuestos delitos de tráfico de influencias,
prevaricación y cohecho por la adjudicación de dos parcelas. La denuncia fue
archivada.
J. L. Fernández S. L. DE EL ESCORIAL
Propone un nuevo
barrio con 18.000 vecinos a ocho kilómetros del casco urbano. Plarquin, la
antigua empresa de Porto, se hizo en 2004 con el diseño de este desarrollo.
Juan González V. DEL PARDILLO
Estudia
triplicar la población del municipio en 10 años y construir un campo de golf
situado en una zona protegida que pertenece, en parte, al Grupo San Román.
Mercedes García QUIJORNA
Vendió una
alameda protegida a una empresa del Grupo San Román y luego la recalificó. Un
juez la ha llamado a declarar por supuesto trato de favor a un asesor.
J. L. González GALAPAGAR
El Parlamento
Europeo reclamó a la Comisión que inicie una investigación sobre el plan
urbanístico aprobado por el PP, por el que se construirían 9.000 viviendas.
Félix Gavilanes BRUNETE
La Comunidad
recortó en 6.000 pisos el plan urbanístico, que pretendía levantar casi 20.000
viviendas y aumentar la población de 9.000 habitantes a más de 70.000.
154. HUELGA EN TELEMADRID CONTRA LA “ZAFIA Y DESHONESTA MANIPULACIÓN”
(29/11/06)
El Comité de
Empresa de Telemadrid, con el respaldo de UGT, CGT y CC.OO., ha convocado una
huelga general de trabajadores para el próximo martes 5 de diciembre. Los
organizadores aseguran que la huelga es “irremediable” porque la situación en el
Ente Público madrileño “es insostenible”. José Ángel Jiménez, presidente del
Comité de Empresa, declaró a
elplural.com que ninguna de las peticiones
sindicales “ha hecho mella en la dirección ni en Esperanza Aguirre”, y denunció
que “la información que se da está totalmente sesgada” y que “todo lo que se
hace está totalmente manipulado”. La manifestación de la AVT el pasado sábado
25 fue el último ejemplo de manipulación por todo lo alto de la televisión
pública madrileña, pero las fuerzas sindicales de la cadena aseguran que desde
que el Gobierno de Esperanza Aguirre gestiona el ente, la situación es
“imposible”. “Se incumplen los acuerdos laborales, se reinterpreta el convenio,
que la dirección interpreta a su antojo, la gestión es desastrosa, y la labor
sindical es totalmente imposible”, aseguró a
elplural.com
José Ángel Jiménez, presidente del Comité de Empresa. “Sentimos que nos toman
el pelo y que quieren callarnos”, aseguró Jiménez, quien criticó que la labor
sindical en la cadena está muy reprimida. “La nueva dirección juró que iba a
acabar con este ‘nido de rojos’, que es como nos llaman”, apuntó, y matizó que
los trabajadores están dispuestos a defender “con uñas y dientes” sus derechos y
sus puestos de trabajo. Comisiones Obreras explicó que “la zafia y deshonesta
manipulación informativa ejercida de continuo por la dirección vulnera los
principios de la Ley de Creación del Ente Público respecto a la veracidad,
pluralidad e independencia de las informaciones”. Sindicatos y Comité de Empresa
coincidieron en señalar el “fracaso” de la programación de la emisora porque “la
pluralidad carece de todo contraste y la información es totalmente sesgada”.
“Hemos perdido el apoyo de la población”, aseguró José Ángel Jiménez. Fuentes
oficiales de Telemadrid aseguraron, sin embargo, que la situación actual de la
cadena es “de absoluta normalidad” y declararon que “no hay razones de carácter
laboral par convocar una medida tan extrema y desproporcionada”. Además
insistieron en que en Telemadrid “no se practica la manipulación” y que los
programas informativos son “rigurosos y plurales”. El presidente del Comité de
Empresa desmintió estas declaraciones y aseguró que la agrupación sindical
publica cada semana un boletín en el que “falta espacio para poner todas las
manipulaciones” que observan. “Hay asociaciones que no salen en Telemadrid”,
criticó, “y hay comisarios políticos que revisan todas las noticias. Incluso a
periodistas de los de toda la vida no se les permite montar sus propias
informaciones”.
Jiménez comentó que la huelga pretende ser una “defensa de un servicio público
que es de todos y está pagado por todos los madrileños” y denunció que la
dirección del ente se dedica a “manipular y difundir propaganda olvidándose de
la programación”. “No podemos mirar hacia otro lado, tenemos que luchar por
nuestros derechos”, añadió.
La huelga
también servirá para denunciar, según aclaró Jiménez, los intentos de Esperanza
Aguirre para privatizar el ente. “La Comunidad de Madrid tendría que haber
solicitado dos frecuencias digitales para Telemadrid, igual que han hecho el
resto de cadenas autonómicas. Pero Aguirre ha cedido una de esas licencias y se
ha guardado la otra, y está a la espera de venderla al mejor postor”, explicó.
La convocatoria
de la huelga, que se extenderá durante 24 horas, recoge además demandas de corte
puramente laboral. Jiménez aseguró que la dirección “incumple sistemáticamente
los acuerdos firmados después de la huelga del 20 de noviembre de 2004”, por lo
que los sindicatos solicitan la “reapertura de las mesas de clasificación
profesional” que recojan las funciones que realmente realizan los trabajadores.
Además señaló la contratación como un “tema crucial”: “La plantilla es temporal
en un 50% y no hay procesos de oposición para crear puestos fijos desde hace más
de dos años”, denunció.
155. EL ALCALDE
DE NAVALCARNERO (PP) IMPIDE QUE EL EDIL DIMITA (29/11/06)
En menos de 24 horas, la posición oficial del Partido Popular sobre algo tan
sencillo como la dimisión o la continuidad del concejal de Urbanismo de
Navalcarnero dio un giro espectacular. Después de que todos los medios de
comunicación informaran de que el edil dejaría el acta, como confirmaron fuentes
oficiales del PP, Miguel Angel Fernández Colomo renunció finalmente a hacerlo.
Apoyado de forma absoluta por el alcalde, sí perderá las competencias de
Urbanismo, la mínima exigencia que ha planteado la dirección del partido al
regidor.
El edil tiene intereses directos (propiedades
suyas o de su familia) en 10 de los 22 sectores de desarrollo del municipio.
Además, votó a favor en un pleno de la recalificación de 14 fincas de sus
familiares directos. Por último, su padre, Eugenio Fernández, ha creado hasta
cinco promotoras inmobiliarias desde que él se empezó a ocupar del Urbanismo de
un municipio que pretende multiplicar su población por siete en los próximos
años. Todos estos datos llevaron al secretario general del PP, Francisco
Granados, a anunciar la dimisión del edil el martes. A mediodía, más de 200
dirigentes de la Junta Directiva Regional del PP de Madrid escucharon las
explicaciones que el alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, daba sobre las
presuntas irregularidades que ha protagonizado su concejal de Urbanismo, Miguel
A. Fernández Colomo.
“No ha habido ninguna actuación ilegal”, defendió
Santos rotundo. El asunto lo zanjó acto seguido el secretario general del PP de
Madrid, Francisco Granados, que cerró el debate sobre ese punto y fue muy claro
ante el órgano del partido: “Aunque es adelantar acontecimientos, os informo de
que el edil presentó lunes al alcalde una carta de dimisión y de renuncia al
acta de concejal. El regidor se la va a aceptar mañana [por ] en el Pleno”.
Santos no puntualizó ni corrigió nada de estas afirmaciones. Todos en la
dirección del PP dieron por buena la marcha del edil, tal como informaron los
medios de comunicación.
Pero de pronto, esa decisión dio un vuelco. El
alcalde anunció en el Pleno lo contrario que dijo Granados: “El concejal no va a
dimitir. Todo está hecho conforme a la ley y, por tanto, no hay nada de qué
avergonzarse”. Baltasar Santos se inclinaba por no aceptar la dimisión que le
presentó su concejal el lunes. Finalmente, se salió con la suya contra el
criterio manifestado por Granados en el órgano del PP. Varios pesos pesados de
la dirección popular se oponían a una decisión tan drástica como la dimisión.
El concejal de Urbanismo aseguró que “no dimito
porque no he cometido ninguna irregularidad” y porque cuenta con el apoyo del
equipo de Gobierno y de la dirección del PP. El Pleno se desarrolló sin
incidentes, aunque con gran expectación por parte de los medios de comunicación.
El Grupo Socialista aprovechó su turno de preguntas para saber si el edil iba a
dimitir -como publicaban los periódicos- o no. A lo que Miguel Angel Fernández
respondió que “no dimito porque no he cometido ninguna irregularidad y cuento
con el apoyo del equipo de Gobierno y de Génova”, indicó, en alusión a la cúpula
del PP. El alcalde dijo que todo se trata de “una campaña de desprestigio
orquestada por el PSOE contra esta persona en una flagrante e interesada
distorsión de la realidad”.
El regidor concluyó que “ni el concejal ni ningún
otro miembro del equipo de Gobierno ha utilizado jamás su puesto para sus
propios intereses como ha quedado demostrado durante los casi 12 años de
gobierno del PP en el municipio”. “En caso contrario”, dijo, “el asunto estaría
en manos de los tribunales de justicia”.
156. "RECORTE BRUTAL" EN EL PARQUE DE GUADARRAMA (30/11/06)
Comisiones
Obreras denunció que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en el
que se enmarcará el proyecto que convierte en Parque Natural la Sierra de
Guadarrama no vaya a someterse a la consideración del Consejo Económico y Social
siguiendo el procedimiento habitual. La propuesta del PORN para la sierra
madrileña, recientemente aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la
Asamblea de Madrid con el voto en contra de PSOE e IU supone, según la
confederación sindical, “un recorte brutal al futuro parque” y “un argumento más
para la especulación urbanística”.
La polémica por
el Plan de Ordenación de Recursos Naturales que dará vía libre al Parque Natural
de la Sierra de Guadarrama en Madrid continúa abierta. Comisiones Obreras
criticó mediante un comunicado de prensa que la aprobación del PORN no va a
seguir los trámites habituales, ya que no será revisado por el Consejo Económico
y Social. La confederación denunció que el Gobierno de Esperanza Aguirre “ha
impuesto un recorte brutal” sobre el proyecto original del parque, que quedará
reducido a “un tercio de lo mínimamente imprescindible”.
CC.OO. exigió en dicho comunicado al Gobierno madrileño que “reconsidere su
postura” y someta el PORN al Consejo Económico y Social para que los “agentes
sociales tengan ocasión de discutir y determinar la adopción de las mejoras que
dicho plan precisa”. “La gravedad de los incumplimientos de Aguirre”, afirmó,
“llega al extremo de no haber incluido dentro del PORN la totalidad de las casi
12.000 hectáreas comprendidas dentro del ámbito de la Cerca de Felipe II, a
pesar de que el Decreto 52/2006 de declaración de dicho bien como Bien de
Interés Cultural así lo establece”.
La formación
calificó de “insuficiente y engañosa” la propuesta del PORN, y aseguró que “dará
la puntilla a la Sierra de Guadarrama” porque permite seguir construyendo en el
área del pie de la sierra una vez quede delimitada la zona natural “a pesar de
que ésta es una zona vital, tan o más importante que las de altura”. “Con esta
propuesta de PORN, el Gobierno regional traiciona el proyecto de Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, convirtiéndolo en una caricatura de lo que debería
ser y en un argumento más para la especulación urbanística y el urbanismo
depredador”, aseguró.
157. LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS QUE PRESIDE PILAR
MANJÓN RECIBE 20.000 EUROS (30/11/06)
La organización
de víctimas del terrorismo Asociación 11-M, que preside Pilar Manjón, recibirá
el año que viene una subvención de 20.000 euros por parte del Ayuntamiento de
Madrid, según la enmienda a los presupuestos de 2007 que aprobó ayer el pleno
del Consistorio, presentada por el PSOE y votada a favor, con modificaciones,
por IU y PP. No obstante, el importe que recibirá la asociación representa casi
la mitad de la propuesta inicial del PSOE, que había planteado una subvención de
47.000 euros.
La iniciativa
municipal choca con la decisión del Gobierno regional, presidido por Esperanza
Aguirre, de excluir a esta organización de las ayudas. La Comunidad prevé
repartir unos 800.000 euros el año próximo entre otras tres organizaciones de
víctimas del terrorismo, según el proyecto de presupuestos que aprobó
inicialmente el pasado jueves.
El Gobierno
regional entregará 149.000 euros a la Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT), otros 240.000 euros a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y
400.000 euros a la Fundación de Víctimas del Terrorismo. La Comunidad no incluye
entre los beneficiarios de la ayuda pública a la Asociación 11-M, alegando que
no ha presentado proyectos que subvencionar. Pilar Manjón ha dirigido una carta
a Aguirre en la que reclama "el mismo trato" que las otras asociaciones de
víctimas.
El portavoz
municipal socialista, Óscar Iglesias, afirmó durante el pleno: "Éste es un
primer paso para que desde las instituciones se apoye a todas las víctimas del
terrorismo. Las víctimas son de todos". Y añadió que la AVT "ya recibe 40.000
euros" del Ayuntamiento.
La Asociación
11-M cuenta con 1.035 miembros. Es la única que puede certificar que todos sus
miembros son víctimas reconocidas por el Estado. La AVT, presidida por Francisco
Alcaraz, cuenta con unos 300 socios, mientras que la Asociación de Ayuda a las
Víctimas del 11-M asegura tener unos 500 afiliados.
158. EL PORCENTAJE DE DINERO PARA EDUCACIÓN BAJA DURANTE EL MANDATO DE AGUIRRE
(30/11/06)
Si en 2003 la Comunidad de Madrid se gastaba en educación 27 € de cada 100 que
ingresaba, el año que viene destinará sólo 25. Dos puntos porcentuales menos en
cuatro años. Al mismo tiempo, las arcas regionales han inyectado cada vez más
dinero en la enseñanza concertada. Desde 2004, el primer presupuesto del
Gobierno de Aguirre, el crecimiento anual de los fondos para los centros
concertados ha rondado el 15%. Y si se compara con otras regiones, Madrid
tampoco sale bien parada: según el INE, es la que menos esfuerzo dedicó en 2004
a la educación en relación con su riqueza.
El departamento
encabezado por Luis Peral es el responsable de formar este año a más de un
millón de estudiantes -610.000 en colegios públicos e institutos; 270.000 en
centros concertados; y 200.000 universitarios-. Los 4.525 millones que recibirá
su consejería suponen un crecimiento del 6% respecto al ejercicio anterior. Pero
esta subida se sitúa por debajo de la experimentada por el presupuesto total de
la Comunidad, que asciende a más de 18.000 millones de €. A las críticas por la
caída del peso relativo de la educación en cuatro años, el consejero Peral
responde afirmando que se siente "muy satisfecho" con recibir uno de cada cuatro
€ que ingresa la Comunidad. "La oposición puede criticar que destinemos el
dinero a otras cosas; pero nunca especifica de qué partida retiraría fondos para
pasarlos a educación", comenta.
Comisiones
Obreras denuncia en un informe realizado por su gabinete de estudios que el
Ejecutivo regional cierra la legislatura como la abrió, "escatimando dinero para
la educación". También critica que la partida de gasto de la Consejería de
Educación que más aumenta es la de las transferencias corrientes, que surte de
dinero a la escuela concertada y a las universidades. Este dato revela, según el
sindicato, "la política privatizadora del Gobierno de Esperanza Aguirre", del
PP. Y es que mientras que el presupuesto de la Comunidad ha aumentado un 44%
desde que Aguirre accedió al poder, el de educación lo ha hecho sólo en un 30%.
Sobre los cada
vez más cuantiosos fondos que reciben los colegios privados concertados, Peral
califica de "equilibrada" la proporción que mantiene su departamento: 7.500
millones para la pública y 750 para la concertada, que atiende a más del 30% del
alumnado. Peral zanja el debate sobre las desviaciones de fondos hacia la
enseñanza de gestión privada con el argumento de que defiende que los padres
tengan libertad para elegir los centros en los que estudien sus hijos.
Según CCOO, el
gasto educativo madrileño "no está a la altura" de la riqueza que genera la
región, cuyo PIB creció durante el último año un 4%. El sindicato echa en cara a
la Comunidad que no se aproveche de este vigor económico para intensificar el
esfuerzo educativo: "El Gobierno de Aguirre es el que menos dinero gasta en esta
partida con relación a su PIB". Así, frente a Extremadura, Castilla-La Mancha y
Andalucía -comunidades que destinan más del 4,5% de su riqueza a la formación de
sus niños y jóvenes-, se sitúa Madrid, que dedica un escaso 2,7%, el porcentaje
menor de todas las comunidades españolas, según datos oficiales de 2004.
"La izquierda
usa muy a menudo el argumento del porcentaje del PIB que se destina al gasto
educativo; y la verdad es que no es un argumento muy riguroso", asevera el
consejero Peral. Pero éste es el criterio que utiliza la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para medir la inversión en
educación.
El consejero
Peral habla también de las necesidades especiales que una comunidad como Madrid
tiene, por ejemplo el "elevadísimo" coste de la red de transporte. "El
porcentaje de su presupuesto que la Comunidad dedica a educación, el 25%, es
mayor que la media española, del 22,6%, y mucho más elevado que el de
comunidades socialistas, como Cataluña, que no llega al 17%", concluye el
consejero.
Respecto al
gasto por alumno matriculado, Madrid estaba en el año 2002 en el furgón de cola,
con 2,5 € por escolar, cifra que tan sólo Andalucía empeoraba. En el otro
extremo de la lista se situaban el País Vasco y Navarra, con más de 4,2 €. CCOO
reconoce en su informe que las ayudas oficiales para comprar libros de texto han
aumentado en el último año en casi medio millón de € (de 24 millones a 24,48),
pero critica que su cuantía haya disminuido un 20%, de 125 a 100 €.
"Es una medida
publicitaria que no atiende a los problemas de las familias más necesitadas,
sino que busca el voto de la clase media-alta", aseguran en el sindicato. "Todas
las solicitudes, procedentes de familias de todos los estratos sociales, han
sido atendidas", replica Peral.
Respecto al programa de colegios bilingües, CC OO
dice que para financiar este programa "escaparate", la consejería ha dejado sin
financiación otros programas de formación del profesorado. "Para que se
introduzca el bilingüismo en un centro, tiene que contar con el apoyo del 75% de
los padres y profesores. Y me alegra decir que uno de cada seis niños entra
ahora en un centro con este sistema".
159. AGUIRRE PROPONE
RECONSIDERAR LA POLÍTICA DE SUELO ANTE LOS "FRACASOS" DE ACABAR CON LA
ESPECULACIÓN (01/12/06)
Pese a lo que
acabamos de ver, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no
para de darnos sorpresas. Así, se mostró partidaria de que España en general
"reconsidere" su política de suelo tomando como ejemplo el modelo que otros
países tienen en esta materia, especialmente el anglosajón, que "no es tan
intervencionista pero muchísimo más transparente", dijo en presencia del
embajador del Reino Unido. Aguirre se mostró "absolutamente de acuerdo" con la
necesidad de que, ante los casos de presunta corrupción urbanística que se
vienen dando en todo el país y que afectan a distintos partidos políticos, los
partidos hagan autocrítica en lugar de recurrir al clásico 'y tú más'.
En este punto,
la presidenta autonómica opinó que todas las legislaciones del suelo españolas,
desde la estatal de 1956 hasta las actuales, han tenido "como único objetivo
acabar con la especulación y el resultado no ha sido positivo".
Recordó que en
su programa electoral llevaba una nueva Ley del Suelo para la Comunidad de
Madrid que "incrementara la transparencia", iniciativa que no ha logrado
"consensuar" y que "está paralizada a la espera del proyecto de ley del Gobierno
de la Nación". "A lo largo de este último año se han puesto de manifiesto
muchísimos fracasos más de la Ley del Suelo", advirtió Aguirre, por lo que
consideró acertado que se "replantee y consensúe" la legislación en este campo.
"Que todo
alcalde desee que su pueblo se desarrolle es algo positivo y lógico, pero tiene
que hacerse con racionalidad, con transparencia, y todo el mundo tiene que saber
en cada momento qué es lo que se propone ejecutar", concluyó.
160. LA
INDISIMULADA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD MADRILEÑA (01/12/06)
Esperanza Aguirre nunca ha negado que el nuevo sistema de financiación de los
hospitales es más caro que el tradicional. Hasta ahora, la Administración
cargaba con todos los costes del centro: desde su construcción hasta su
mantenimiento, para siempre. Esta legislatura, la Comunidad de Madrid ha copiado
una fórmula británica en la que una empresa concesionaria construye el edificio
y lo costea. Además, durante 30 años, se encarga de prestar todos los servicios
no sanitarios y los paga. ¿A cambio de qué? De un canon anual.
Los socialistas han hecho cuentas y no les salen.
O sí, pero los beneficios para las empresas concesionarias son “espeluznantes,
un auténtico chollo”, destacaron fuentes del PSOE. Según el estudio que ha hecho
el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, el beneficio neto
que obtendrán las siete uniones temporales de empresas (UTE) que gestionarán los
centros, al cabo de 30 años, superará los 2.000 millones de €.
“Lo peor”, afirmaron los socialistas, “es que toda
esa cantidad de dinero será un sobrecoste que pagarán todos los madrileños y
durante muchos años”. El estudio concluye que la inversión inicial en la
construcción del hospital es recuperada por la empresa en unos seis años. A
partir de ahí, todo lo que cobren de canon y no se vaya en el gasto de los
servicios no sanitarios será beneficio neto. Por ejemplo y tomando el hospital
de Parla, levantarlo cuesta 64,36 millones de €, lo que está siendo financiado
por Sacyr y las empresas asociadas a ella. A partir de ahí, la UTE tiene que
pagar unos 3,36 millones anuales por los servicios no sanitarios (lo que cuestan
en otro hospital similar, el de la Cruz Roja, con igual número de camas).
A cambio, la Comunidad abonará 13,79 millones de €
al año. Es decir, en seis años está cubierto el coste de construcción y de año
en año, Sacyr obtendrá unos beneficios aproximados de 10 millones de €. Por eso,
el estudio concluye que “para las empresas constructoras adjudicatarias el
negocio es evidente”. No tienen que pagar el suelo (lo aportan los
ayuntamientos) y a cambio de adelantar dinero, se hacen con la propiedad y el
negocio del mantenimiento durante 30 años.
Con el beneficio neto de cada año que denuncia el
PSOE que obtendrán las empresas se podrían incrementar las plantillas sanitarias
en 3.300 médicos o 4.150 enfermeras, construirse un nuevo hospital como el del
Norte, dos como el de Coslada o Parla o 25 centros de salud cada año.
16. EL SUELDO DE AGUIRRE, EN EL 'FINANCIAL TIMES'
(04/12/06)
La afirmación de la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, de que no podía llegar a final de mes ha sido recogida o por el
Financial Times en su edición de . "Esperanza Aguirre, presidenta del
Gobierno regional de Madrid, por fin puede dormir tranquila. En su biografía
autorizada, titulada
La presidenta publicada la semana pasada, Aguirre se
queja de tener problemas para llegar a fin de mes con el sueldo que gana.
Calentar el palacete que tiene en pleno centro de Madrid es una pesada carga
debido a que 'los techos son muy altos... ¡una pesadilla!', la han oído decir",
dice el periódico económico.
"Pero la ayuda ya está en camino. Una página en
Internet, www.1europaraespe.es, está recaudando donaciones para ayudarla en los
8.000 euros de gastos que tiene al mes y que su salario no cubre, según ha
declarado la presidenta. La
web pide a los donantes que den lo que
puedan, porque "mañana puede ser demasiado tarde". Quizás la generosidad de sus
ciudadanos puede ser la única esperanza de Esperanza", concluye.
Pero ésta no ha sido la única reacción a los
supuestos problemas económicos de Aguirre. La Plataforma por la Dignidad de los
Madrileños, formada por una treintena de asociaciones, redactó un manifiesto
contra Esperanza Aguirre, en el que expresan su malestar por las declaraciones
realizadas por ésta en las que asegura tener problemas para "llegar a final de
mes". Los firmantes, entre los que hay asociaciones de estudiantes, vecinales,
deportivas y de mujeres, califican de "irresponsabilidad y frivolidad" la
afirmación de la presidenta. "Las organizaciones y asociaciones que suscriben
este manifiesto, y que componen la Plataforma por la Dignidad de los Madrileños
y de las Madrileñas, quieren expresar el profundo malestar provocado por las
declaraciones de la presidenta Aguirre, en las que afirma tener dificultades
para llegar a fin de mes", dice el escrito.
Y añade: "La presidenta regional, en un ejercicio
de irresponsabilidad y de frivolidad, ha ofendido a los ciudadanos y a las
ciudadanas que sí padecemos problemas reales para cuadrar mensualmente nuestras
cuentas, un difícil equilibrio que logramos aplicando cada día a nuestra
economía elevadas dosis de sacrificio y de dignidad".
Los firmantes aseguran: "Tenemos que estirar
nuestros ingresos -que en el mejor de los casos, no llegan a la cuarta parte del
salario de la presidenta- para poder pagar las guarderías privadas a las que
tenemos que llevar a nuestros hijos por falta de plazas públicas, para pagar
también la elevada letra del elevado precio de una vivienda de mercado libre
porque no hay casi vivienda protegida, para hacer frente a las matrículas
universitarias de nuestros hijos, que no tienen beca; para contratar a una
persona que se ocupe de nuestros mayores mientras que nosotros vamos a
trabajar".
Miguel Ángel González, portavoz del club Alegatos,
uno de los firmantes declaró: "Nos hemos adherido porque Aguirre con sus
palabras demuestra un gran desconocimiento de la realidad madrileña".
162. AGUIRRE ANUNCIA 7.900 NUEVOS PISOS PROTEGIDOS CUANDO PROMETIÓ LEVANTAR MÁS
DE 79.000 (05/12/06)
La presidenta
regional, Esperanza Aguirre, anunció la puesta en marcha de una promoción de
7.906 viviendas protegidas de promoción pública en siete municipios de la
región. Estas viviendas suponen, según el Gobierno regional, la primera fase de
una promoción pública que prevé levantar más de 45.000 pisos sociales en toda la
región, con una inversión de casi 600 millones de euros. El PSOE replicó con
algo de ironía al anuncio de Aguirre. "Ella va anunciando viviendas, lo que pasa
después es que luego se olvida de construirlas", afirmó el diputado socialista
Antonio Fernández Gordillo. "Prometió 79.000 viviendas para jóvenes en la
campaña electoral y sólo ha empezado a construir 7.000, menos de una de cada
diez. Del resto, más de 36.000 dice que se harán en suelo rústico aún pendiente
de recalificar, así que con un poco de suerte las obras empezarán en 10 años.
Aún debe empezar las obras en más de 60.000 viviendas prometidas". Las nuevas
viviendas anunciadas por Aguirre serán desarrolladas por el Instituto de la
Vivienda de Madrid (Ivima) y las obras empezarán el año que viene.
163. TELEMADRID, EN
HUELGA CONTRA LA "MANIPULACIÓN INFORMATIVA" (05/12/069
Los trabajadores de Telemadrid comenzaron a
medianoche una huelga de 24 horas contra la "descarada manipulación informativa"
y la "ineficacia absoluta en materia de gestión". Es la enésima protesta de los
profesionales del canal autonómico, que han llevado sus quejas al Parlamento
Europeo. Los trabajadores responsabilizan a la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, de utilizar la cadena pública "como un cortijo".
Desde la llegada de Manuel Soriano- ex jefe de
prensa de Aguirre- a la dirección de la televisión autonómica, hace tres años,
los trabajadores han vivido en permanente tensión. Hace año y medio, justo
después del primer aniversario del 11-M, la mayoría de los periodistas
decidieron no firman las informaciones. En esas fechas, Soriano remitió a la
Comunidad de Madrid, antes de su emisión, el vídeo de un documental sobre el
atentado, con el siguiente mensaje: "Creo que ha quedado bastante bien
cinematográficamente e ideológicamente".
Los tres sindicatos representados en el comité de
empresa (CGT, UGT y CC OO) explicaron durante la presentación del manifiesto
Salvemos Telemadrid que la actual dirección ha protagonizado una "persecución
política, una manipulación sin complejos, una propaganda exagerada en toda la
programación y una caída de audiencia que ha llevado a Telemadrid a una
situación crítica".
El presidente del Comité de Empresa, José Ángel
Jiménez, sostuvo que durante el mandato de Soriano se ha producido "un secuestro
total de un medio de comunicación público por parte del PP y de su ala más
extrema". Según los sindicatos, Soriano ha puesto en marcha una operación de
"limpieza en la redacción de informativos" que ha provocado la no renovación de
contratos, el traslado y la condena al ostracismo de muchos periodistas, que han
sido sustituidos por "trabajadores menos peligrosos y molestos".
Una de las salidas más polémicas fue la del
director y presentador de Diario de la noche, el informativo nocturno de
Telemadrid, Germán Yanke abandonó la cadena el pasado octubre por discrepancias
sobre la manera de abordar las noticias del 11-M y por no avalar la "teoría
conspirativa", según explicó el colaborador de Diario de la noche Pablo
Sebastián. Telemadrid argumentó que la salida de Yanke obedeció a "razones
presupuestarias".
Pero los trabajadores insisten en que ha
desembarcado un ejército de "comisarios políticos" para controlar las noticias
"retocando piezas, dictando textos y seleccionando las informaciones que pueden
ir y las que no". Agregan que el dúo Aguirre-Soriano ha secuestrado un medio de
comunicación público para destinarlo a "la propaganda y a la desinformación".
Una representante del Consejo Provisional de
Redacción añadió: "Nos obligan a mentir,silenciar informaciones y manipular. En
Telemadrid no se ven las noticias que ocurren sino las que pasan por el filtro
de Soriano y sus talibanes".
La dirección afirmó que con este paro, los
sindicatos "tratan de tergiversar la realidad de Telemadrid, que no tiene graves
problemas laborales, financieros ni de ninguna otra índole que justifiquen
recurrir a la medida de presión sindical más agresiva". Ante la huelga de hoy,
los servicios mínimos (que afectan a 280 trabajadores) deberán garantizar la
emisión de los debates Alto y claro, presentado por Curry Valenzuela, y Madrid
opina, conducido por Ernesto Sáenz de Buruaga.
164. AYUNTAMIENTO DE
MADRID: CESA LA GERENTE DE LA ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL A SEIS MESES DE LAS
ELECCIONES (06/12/06)
La directora gerente
de la Academia de Policía Local, María Belén Carratalá Couto, presentó su
dimisión al consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. La responsable
argumentó razones personales y cansancio para poner fin a sus tres años al
frente de la institución. El PSOE ha pedido que Prada dé explicaciones de
inmediato para aclarar esta dimisión, justo cuando quedan seis meses para las
elecciones. Este partido ha denunciado que Carratalá mantenía "listas negras" de
profesores vetados por no ser afines al PP y sueldos muy altos a algunos
docentes.
Belén Carratalá fue
nombrada el 11 de diciembre de 2003 en sustitución del anterior gerente del
entonces Instituto Superior de Estudios de Seguridad (ISES). Alfredo Prada la
encomendó una labor muy importante. Su trabajo consistía en formar a los futuros
agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, más
conocidos por Bescam. Eso suponía que cada año tenía que formar a más de 1.000
policías además de hacer frente a los cursos de ascenso para cabos, sargentos y
suboficiales, entre otros mandos. Desde entonces ha formado a 2.060 agentes de
la Bescam.
Durante este tiempo,
la relación entre Carratalá y Prada ha sido "muy fluida", según fuentes del
Gobierno regional. De hecho, la directora gerente también lideró el cambio de
denominación a Academia de Policía Local, con su correspondiente logotipo, y se
ampliaron las instalaciones para acoger a más alumnos.
La dimisión se
fraguó, según fuentes regionales, en la recepción que ofreció el pasado lunes la
delegada del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid en la sede del
Gobierno regional con motivo del Día de la Constitución. Carratalá presentó por
la tarde una carta de dimisión en la que exponía que dejaba el cargo por
problemas personales, entre ellos cansancio.
Según explicó a EL
PAÍS el consejero Prada, Carratalá le presentó la carta en la que le pedía que
le relevara del cargo. "Yo se la acepto porque entiendo que hay gente que no
tiene una vocación política como podemos tener otros. Ahora nos toca buscar un
gran director que siga con la gran labor realizada por Belén", concluyó Prada.
En unos 10 días, será nombrado su sustituto.
El portavoz del PSOE
para temas de Justicia e Interior en la Asamblea de Madrid, Rafael Gómez
Montoya, discrepa de la versión ofrecida por Carratalá y Prada: "También nos
dijeron que el director general de Urbanismo, Enrique Porto, dimitía por motivos
personales y luego salieron un montón de irregularidades. Y sobre todo, cuando
quedan seis meses para las elecciones de mayo". Por ello, Gómez Montoya exigió a
Prada que explique de manera urgente las causas reales de la dimisión de la
gerente de la Academia. En caso de que no lo haga, pedirán su comparecencia en
el pleno de la Asamblea.
La dimisión de
Carratalá se debía a que algunos profesores cobraban bastante más sueldo que
otros. Fuentes de la Comunidad de Madrid negaron este hecho y mantuvieron en
todo momento que la dimisión de la directora se debió a problemas personales. La
responsable de Policía Municipal de CC OO, Manuela Oliva, calificó de
"lamentable, caótico y vergonzoso" que unos docentes cobren más que otros. "En
caso de que se confirme esta acusación, es un tema muy serio que debe ser
investigado. Mal ejemplo se está dando a los futuros policías", explicó Oliva.
Ésta denunció que, desde que dirige la academia Carratalá, no se ha reunido el
consejo académico del centro.
El secretario
general de la Unión de Policía Municipal (UPM, uno de los sindicatos
mayoritarios del cuerpo), Demetrio Pérez, pidió que se nombre a una persona con
capacidad, ya que hasta ahora ha reinado en la Academia "la improvisación, el
mal hacer y la falta de profesionalidad".
165. AYUNTAMIENTO DE
MADRID: EL FISCAL INVESTIGA POR FALSEDAD AL ALCALDE QUE AVALÓ A LA EMPRESA DE
LOS PARQUÍMETROS (07/12/06)
La Fiscalía
investigará de oficio a José Enrique Sotelo, alcalde de Cangas do Morrazo
(Pontevedra) del PP, como presunto autor de un delito de falsedad en documento
público en relación con su informe sobre los servicios que prestaba la empresa
Hixienes en Cangas. El informe sirvió de aval a esta empresa para obtener la
adjudicación de la explotación de los parquímetros en Madrid. La denuncia de un
concejal del citado Ayuntamiento gallego señaló al juzgado la falsedad de dicho
informe y un presunto delito de prevaricación relacionado con la misma empresa.
La denuncia judicial
de Mariano Abalo, portavoz municipal de la Fronte Popular Galega (FPG) en el
Ayuntamiento de Cangas do Morrazo, señala que el alcalde, José Enrique Sotelo
firmó, con fecha 14 de noviembre de 2005, un informe en el que aseguraba que la
empresa Hixienes "viene realizando desde febrero de 2001 en el municipio
servicios de limpieza y mantenimiento de edificios públicos y de gestión de
aparcamientos de vehículos, así como realizando el asesoramiento para
instalación y desarrollo de las zonas de aparcamiento regulado".
En el Ayuntamiento
de Cangas no hay constancia de que se emitiera este informe, según Abalo, quien
cree que, sin embargo, fue determinante para adjudicar la gestión de los
parquímetros madrileños a la empresa Hixienes.
El titular principal
de esta empresa familiar es el ex diputado del Parlamento de Galicia Juan
Casares, quien también fue presidente de las Nuevas Generaciones del PP en
Galicia. La adjudicación de la gestión de los parquímetros fue realizada por el
departamento municipal que dirige Pedro Calvo, quien a su vez también presidió
las NN GG del PP. Hixienes se había limitado en Cangas a realizar un informe
sobre la viabilidad de un aparcamiento subterráneo en una plaza de la localidad
y sobre la implantación de la zona azul en el entorno de dicha plaza.
Por otra parte, el
Ayuntamiento de Cangas contrató a una filial de Hixienes, Limpiezas Faro, la
limpieza del auditorio municipal después de quedar desierto el concurso
convocado al efecto. De hecho, no hubo ningún contrato, según la denuncia de
Mariano Abalo, y la cantidad pagada por el Ayuntamiento superó el tipo de
licitación del concurso público (36.000 euros), lo que llevaría a otra actuación
ilegal tipificada como delito de prevaricación. A mayores, según Abalo, ante la
inexistencia de los pertinentes contratos administrativos de servicios, el
alcalde habría intentado demostrar la relación de Hixienes-Limpiezas Faro con el
Ayuntamiento de Cangas a través de una facturación expedida por una entidad
denominada Hixitel a Limpiezas Faro, con lo que se estaría produciendo otra
derivación del presunto delito de falsedad en el documento que avaló la
candidatura de Hixienes a la adjudicación de los parquímetros madrileños.
La investigación de
oficio que ahora asume la Fiscalía deriva del requerimiento que la titular del
Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas hizo a Mariano Abalo para que, en
lugar de denuncia, presentase una querella criminal, "supongo que para dilatar
las cosas en el tiempo", señala el concejal.
La fiscal recurrió
esa decisión por entender que el concejal sólo estaría obligado a hacerlo si
pretendía constituirse en parte en el proceso penal. Y de todos modos, según la
fiscal, los hechos denunciados por Abalo son perseguibles de oficio. "En el
presente caso, constituyendo los hechos denunciados infracciones perseguibles de
oficio", señala la fiscal, "basta para su persecución con que se ponga en
conocimiento del juzgador la
noticia criminis, cosa que hace el
denunciante en el presente procedimiento (...) surgiendo desde este momento la
obligación del instructor de practicar las diligencias de investigación que
considere necesarias, si es que considera que los hechos pueden ser
constitutivos de delito".
166. EL METRO NO VUELA (09/12/06)
Madrid cuenta con
una red de suburbano de 226,72 kilómetros repartidos en 12 líneas con 237
andenes. Por este trazado discurren 1.576 trenes en los que se montan cada día
laborable 2,5 millones de personas. Metro además está ahora construyendo una
ampliación de 90 kilómetros.
La Comunidad
presenta este modo de transporte como el más veloz y, para ello, ha lanzado una
campaña en la que muestra al suburbano como el transporte más rápido. Pero no
opinan lo mismo los integrantes de la ONG Madrid Camina, que han realizado un
estudio sobre el funcionamiento de estas líneas como continuación a otro que
efectuaron en 2003. Madrid Camina está integrado por ingenieros, urbanistas,
sociólogos y expertos en transporte."Hicimos dos tipos de mediciones: unas
estáticas y otras dinámicas", explica Joaquín Fernández Otero, ingeniero de
Caminos e integrante de este colectivo. "Los controles se hicieron entre el 1 y
el 15 de septiembre y el 25 y el 26 de octubre en las líneas 3 y 7. Lo hemos
hecho sobre siete líneas para comparar estos datos con los de 2003".
Participaron 14 personas.
La conclusión es que
el "metro no es tan veloz" como parece. "Los tiempos de espera en las estaciones
han aumentado, la velocidad media no ha mejorado, a pesar de que los trenes son
nuevos". El dato que ofrece Madrid Camina es concluyente: "Los viajeros de las
siete líneas observadas pierden al año 5,6 millones de horas en relación con el
estudio de 2003".
Según esta
observación, la línea 7 es la peor, ya que el tiempo de viaje ha empeorado en
ambos sentidos, siendo necesarios entre seis y ocho minutos más para ir de
Peñagrande a Parque de las Avenidas y viceversa. Este alargamiento significa más
de 1,9 millones de horas perdidas al año.
La velocidad media
de los trazados observados ha empeorado en casi todas las líneas respecto de
2003, destacando precisamente la línea 7, que ha perdido siete kilómetros por
hora hasta quedarse en unos 20 kilómetros por hora que, a juicio de los
técnicos, resulta impropio de una línea de estas prestaciones.
El gerente del
Consorcio Regional de Transportes, José Manuel Pardillo, afirma que el suburbano
está en periodo de adaptación por las obras. "Estamos en periodo de remodelación
y la red actúa como una malla: todo repercute. Por eso, puede que en algún caso
algunos datos aportados por Madrid Camina sean ciertos, pero en cualquier caso
hay que tener en cuenta que el estudio lo han realizado en días concretos a
horas concretas y tiene el valor que tiene".
Para el responsable
de Metro de UGT, Fernando Andrés Chicharro, los datos de Madrid Camina se
corresponden con la percepción que tienen los trabajadores. "Se está trabajando
en ampliar el metro, pero no se está invirtiendo en reponer el material. Hay
líneas donde faltan trenes".
"La velocidad ha
descendido", asegura el responsable de Metro de CC OO, Ignacio Ramos. "Ello se
debe a que la distancia entre andenes ha disminuido y los trenes son más largos,
con lo que es imposible que alcancen la velocidad adecuada". Según Arribas,
otros problemas son las averías: "Hay problemas con el material, que se ha
quedado viejo en muchos casos".
167.
La Comunidad de
Madrid se sitúa en el furgón de cola del gasto autonómico por habitante
(10/12/06)
La Comunidad de
Madrid está en el furgón de cola en cuanto a gasto por habitante. Pese a que los
presupuestos generales de 2007 -de 18.169 millones de euros, aprobados en la
Asamblea regional hace dos semanas con la mayoría del PP y que mañana comienzan
a discutirse en comisión las enmiendas de la oposición- han subido un 9,6%
respecto al año pasado, el Gobierno de Esperanza Aguirre invertirá 3.083 euros
por madrileño. Sólo las islas Baleares (2.934 euros por habitante) y la
Comunidad Valenciana (2.747 euros) están por detrás de Madrid en inversión. Las
otras 14 comunidades tienen un gasto medio por habitante mayor y la inversión
del Ejecutivo autónomo de Navarra duplica de largo la proporción de gasto de la
región: 6.500 euros.
Esperanza Aguirre repite una y otra vez que sus presupuestos son
sociales, porque gasta uno de cada tres euros en este tipo de políticas. "Y el
cuarto euro también, porque va dirigido a las infraestructuras del transporte.
¿Y hay algo más social que el metro?", ha dicho varias veces.
Es cierto que la mayor parte del dinero de las arcas regionales se
destina a las consejerías sociales: Educación, Sanidad y Familia y Asuntos
Sociales (11.363 millones de euros). Pero no por la voluntad de la presidenta
regional, sino porque son las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de
Madrid. Si el Ejecutivo de Aguirre tuviera la gestión de la Defensa,
probablemente serían unos presupuestos bélicos.
Para saber en qué medida son sociales los presupuestos de Aguirre
hay que analizar el fondo (dónde va dirigido el gasto) y la comparación con
otras comunidades no sería real, porque no hay autonomías iguales. Por eso, el
análisis más idóneo implica hacer la comparación con las cuentas del anterior
Gobierno regional, que también era del PP.
Los últimos presupuestos del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, los
de 2003 (12.517 millones), destinaban un porcentaje mayor a las áreas sociales:
69,1 euros de cada 100, frente a los 66,9 que dedica el Ejecutivo regional
actual. "Explíqueme cuál es ahora la prioridad de los presupuestos de Aguirre",
ironiza el diputado socialista Adolfo Piñedo, sobre este análisis.
La educación no universitaria suponía 20 de cada 100 euros en los
presupuestos de 2003, mientras que en 2007 se llevará 18,5. La educación
universitaria ha pasado de siete de cada 100 euros a seis. Para hacer este
cálculo se han desglosado de la consejería los departamentos de Investigación y
Juventud, para tener estrictamente el gasto social.
En Sanidad (sin el área de Consumo), Gallardón invertía 36,5 euros
de cada 100 y el Gobierno de Aguirre prevé invertir 36 millones. Sólo sube el
gasto en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que ha pasado de 5,6 euros
a 6,4 de cada 100. En este cálculo está incluida la Consejería de Inmigración,
creada por el Ejecutivo regional actual en 2005. El plan presupuestario para
2007 de la Comunidad de Madrid incluye además los siguientes proyectos por
áreas:
- Sanidad y Consumo. Una gran parte del presupuesto (6.571 millones)
va destinado a infraestructuras sanitarias: 156 millones van a terminar en los
56 centros de salud prometidos y otros 190 millones estarán dedicados a poner en
marcha los ocho nuevos hospitales. Pero la cantidad mayor (3.780 millones) irá a
la atención médica especializada.
- Educación. También esta área incluye infraestructuras que ya se
han
vendido otros años. De los 4.615 millones de presupuesto, 230 irán a
terminar los 87 colegios públicos prometidos. Otros 53 millones se repartirán en
becas de comedor y subvenciones a plazas de educación infantil.
- Familia y Asuntos Sociales. Con 1.079 millones de euros para
invertir, esta consejería destina el 77% (529 millones) a la atención a personas
mayores y dependientes. Como novedad, se ha creado una ayuda de 100 euros por
cada nuevo niño nacido en la región.
- Inmigración. Esta consejería sólo cuenta con 85 millones para
gastos. En el apartado de inversiones, incluye planes con duración cuatrienal
(el Plan de Integración o el de Cooperación).
- Justicia e Interior. De los 603 millones de euros de presupuesto,
esta consejería destinará una sexta parte a financiar los 2.500 agentes de las
Bescam. También dedicará 11,4 millones a modernizar los parques de bomberos.
- Cultura y Deportes. La conservación y construcción de nuevas
bibliotecas se lleva este año 11,1 de los 335 millones de euros con los que se
sufraga esta consejería. También dedicará 19,5 millones a celebrar ciclos y
festivales de cine y otros 13,5 millones a organizar los campeonatos escolares y
universitarios de deporte.
- Transportes e Infraestructuras. El grueso de los 1.782 millones de
euros va destinado a promover y desarrollar el transporte público (1.203
millones, de los que 962 son para subvencionar la tarifa). Además, 297 millones
van a las carreteras. Hay amplio espacio para actuaciones que vienen de otros
años, como la ampliación del metro.
- Economía e Innovación Tecnológica. De sus 308 millones, esta
consejería invertirá 65 millones en fomentar nuevas empresas. En general dedica
gran parte de su presupuesto a planes plurianuales, como el de innovación
tecnológica, el
plan renove o el de ayuda a los autónomos.
- Empleo y Mujer. Según esta consejería, destinará gran parte de sus
619 millones en avanzar hacia el "pleno empleo" y en fomentar las políticas de
conciliación entre la vida personal y laboral.
- Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La vivienda joven es
el gran objetivo de esta consejería (789 millones de presupuesto), a la que
dirige 360 millones. También invierte 152 millones en la protección y calidad
medioambiental.
168.
La región
'alquilada'
(10/12/06)
La Comunidad de
Madrid no puede endeudarse más. En el segundo trimestre de 2006, el último
computado por el Banco de España, la deuda del Gobierno regional ascendía a
9.929 millones de euros, 870 más que cuando la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, asumió el cargo. Pero la Comunidad está obligada a pagar en las
próximas décadas muchos miles de millones más. Son los que recibirán las
empresas privadas que ofrecen a los ciudadanos servicios públicos privatizados
por Aguirre, como los nuevos hospitales. Para no asumir la inversión de
construirlos (y no aumentar así la deuda), el Gobierno regional se ha
comprometido a pagar un alquiler durante 30 años a las empresas privadas que sí
estaban dispuestas a edificar los centros sanitarios.
Aguirre ha extendido esta fórmula, con matices, al metro, las
carreteras y las viviendas del Ivima. La suma de todos estos alquileres
(técnicamente denominados cánones) constituye una deuda oculta que no figura en
los presupuestos. El pago de los alquileres está incluido como un gasto, como el
pago del alquiler del servicio contratado.
En los presupuestos de 2007, el Gobierno regional pagará 776
millones a cuenta de todos estos cánones. "Los presupuestos ahondan en esta
política de privatizaciones emprendida por Aguirre", afirma el secretario de
Política Institucional de CC OO, Jaime Cedrún. Los cálculos del sindicato
muestran que en 2007 las inversiones en servicios públicos crecen un 7%,
mientras las transferencias al sector privado lo hacen casi el doble, un 12,4%.
Aguirre consigue con esta fórmula dos objetivos. El primero, seguir
cediendo servicios al sector privado, que los gestiona "de forma más eficiente
que el público", según ha defendido en la Asamblea. El segundo es, pese a
presentarse a sí misma como defensora de la estabilidad presupuestaria,
ocultar
una deuda inasumible para la Comunidad.
Pero el gasto regresa (y lo hará durante 30 años) al presupuesto en
forma de canon. El canon a pagar en 2007 por los nuevos hospitales es de 53,98
millones. A partir de 2008 será más del doble. "No computa a efectos oficiales,
pero hay que pagarlo igual", apunta el diputado socialista Adolfo Piñedo. Los
siguientes son los otros ejemplos de privatizaciones, con una
deuda oculta
total de más de 776 millones.
- Peajes en la sombra. Con este sistema, Transportes ha construido
la carretera M-45 y el tramo de la M-511 a la M-501. A cambio de sufragar las
vías, las concesionarias las gestionan y reciben un canon según los coches que
circulan. Los presupuestos de 2007 les abonan 76,91 millones.
- Capital para Mintra. Ésta es la empresa encargada de la
construcción de las nuevas líneas de metro. Para que haga frente a sus
obligaciones, cada año hay que hacer una aportación de capital. En 2007 será de
232 millones.
- Concesión de metro ligero. La Comunidad privatizó el año pasado
las nuevas líneas de metro en superficie a Boadilla, Pozuelo y los barrios del
norte. A cambio, la constructora que se adjudicó el concurso recibe una cantidad
por viajero. Piñedo explica que en el caso de Boadilla y Pozuelo se pagan cinco
euros por viaje.
- Canon del metro. Metro de Madrid arrienda a Mintra los túneles.
Como inquilina, la empresa del suburbano pagará 226 millones. A su vez, la
Comunidad subvenciona a Metro por el Consorcio Regional de Transportes.
- Alquiler de trenes. Ya ni los trenes pertenecen a Metro. Los
nuevos vagones han sido alquilados a una empresa. En 2007 habrá que pagar 28,43
millones por el arrendamiento y otros 80,14 millones para afianzar la opción de
compra, a ejecutar en 17 años.
- Tren de Arganda. La ampliación de la línea se hizo mediante una
concesión a 30 años. El pago anual es de 14,47 millones.
- Hospital de Valdemoro. Con este centro sanitario privado, la
Comunidad de Madrid suscribe un concierto por el que en 2007 pagará 13,24
millones de euros.
- Viviendas del Ivima. La empresa de la vivienda tiene una modalidad
de construir pisos por la que el promotor los alquila. El año que viene este
casero recibirá 51,59 millones
169. AGUIRRE DUPLICA EL GASTO EN ALTOS CARGOS (11/012/06)
En su último año de
mandato, Esperanza Aguirre planea gastar en altos cargos más del doble de lo que
destinaba a principios de legislatura. Si en 2003 los puestos de confianza de la
Administración regional cobraban de una partida presupuestaria de 14,11 millones
€, el próximo año los altos cargos se van a comer 29,49 millones. Los
presupuestos distinguen entre altos cargos y personal eventual de los gabinetes,
aunque ambos son puestos de confianza. Pero todos ellos han visto crecer mucho
su sueldo en tres años, ya que mientras el dinero total destinado a pagar sus
nóminas se ha doblado, el número de beneficiarios ha pasado de 179 a 207, apenas
un 15% más. Las cuentas públicas no detallan el incremento de cada uno.
"Este crecimiento no
se corresponde con el incremento de plantilla de la Comunidad de Madrid, que ha
crecido un 13% a lo largo de la legislatura", denuncia el diputado socialista
Adolfo Piñedo. La Comunidad de Madrid tiene actualmente 152.245 empleados. De
ellos, 67.243 trabajan para la Consejería de Sanidad -el 79,9% de ellos son
sanitarios: médicos, enfermeros, técnicos sanitarios...- y 56.869 para la de
Educación, de los que un 84,1% son docentes.
Desde que Esperanza
Aguirre llegó al Ejecutivo regional únicamente hay 13 altos cargos más (los
presupuestos consideran 146 empleados en esta categoría para 2007), mientras que
el personal eventual pasa de 46 a 61. Así que en total el personal de confianza
del Gobierno regional aumentará en 28 puestos, según los presupuestos generales
del último mandato de Esperanza Aguirre para el año que viene.
"Hay que añadir el
personal directivo de instituciones sanitarias, del que la documentación
presupuestaria sólo incluye el importe económico, pero no el número", apunta el
diputado socialista Adolfo Piñedo, que explica que esta situación se produce
porque el artículo 52 de la Ley de Presupuestos deja completa libertad al
consejero de Sanidad, Manuel Lamela, para fijar la retribución que perciben los
directivos sanitarios que gestionan su departamento o los hospitales públicos.
Sin embargo, la
Consejería en donde los presupuestos generales de 2007 más aumenta el gasto para
los puestos de dirección es la de Inmigración, que en cambio es una de las que
tiene menor presupuesto total: 85 millones de euros. Según el plan
presupuestario del próximo año, este área de gobierno destinará 435.209 euros a
altos cargos y 105.623 a personal eventual de gabinetes. El año anterior, los
empleados de alto nivel costaron 182.000 euros menos. Los de personal eventual,
76.934 euros menos que en 2007.
Un portavoz de
Inmigración reconoció que hay un aumento de altos cargos, pero lo justificó en
que se han creado puestos "imprescindibles para el funcionamiento normal de una
consejería". Inmigración fue un área desgajada en 2005 de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Al
frente colocó a Lucía Figar, ex secretaria de Estado de Asuntos Sociales en el
Gobierno de Aznar y muy allegada a la familia de éste, ya que es madrina de su
primer nieto.
"La única
explicación posible es que esta consejería sirve para la recolocación de
antiguos altos cargos descolgados, entre otras de la Administración de José
María Aznar", afirma la diputada de IU, Caridad García, que recalca la paradoja
de que cuando su grupo parlamentario propuso aumentar en 2007 el presupuesto
para ayuda al desarrollo se pusieron trabas. "Hace falta menos esfuerzo en altos
cargos y más en cooperación".
Los socialistas
también explican el aumento de altos cargos en el papel de oficina de empleo que
ha ejercido el Gobierno regional con los antiguos dirigentes de gobiernos del
PP. "Hay que recordar que en esta legislatura no se han producido traspasos, lo
cual implica que gestionamos exactamente las mismas competencias que en 2003.
Sin embargo, sí que se ha producido un hecho que ha influido en este gasto: la
pérdida de las elecciones de 2004 por el PP que se tradujo en un desembarco de
amigos y conocidos de Aznar en el presupuesto de la Comunidad de Madrid", afirma
Piñedo.
Entre esos
nombramientos están, por ejemplo, el de la viceconsejera de Sanidad, Belén Prado
Sanjurjo, ex consejera de Asuntos Sociales de Galicia, o el gerente de la
Fundación Hospital Alcorcón, José Manuel González, ex consejero de Sanidad del
Gobierno de la Xunta de Galicia.
Los socialistas
recuerdan también que en este mandato han crecido exponencialmente los niveles
más altos del funcionariado regional. Los denominados niveles 30 han pasado de
120 a 301, más del doble; y que los funcionarios de niveles 26 a 29 -que en su
día fueron criticados duramente y calificados por el PP como los "nombrados a
dedo", recuerda Piñedo- han pasado de 1.397 a 1.888.
170. LA COMUNIDAD,
TIERRA DE ACOGIDA PARA DIRIGENTES DEL PP EN PARO (11/12/06)
Si en política hay
que devolver los favores, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tiene un
brillante porvenir en el futuro del PP: muchos dirigentes, sectores y familias
del partido le deben uno. El PP perdió las elecciones generales de 2004 y el
desconcierto se extendió en sus filas. La causa no era sólo la sorpresa de
perder unas elecciones que creían ganadas, sino también el cómo dar salida a
mucho alto cargo hasta entonces empleado en los ministerios u organismos
controlados por el Gobierno de Aznar.
El candidato
perdedor, Mariano Rajoy, resumió poco después la situación al pedir un
"esfuerzo" a las administraciones controladas por los populares para que
acogieran en sus filas a los dirigentes que se habían quedado sin trabajo.
Algunos en el PP pueden reprochar a Aguirre que haya publicado su controvertida
biografía a seis meses de las elecciones, pero nadie puede decir que la
presidenta no ha cumplido el encargo.
Ayudada por su
consejero de Sanidad, Manuel Lamela, Aguirre ha ido encontrando en los últimos
tres años un hueco en la Comunidad de Madrid a al menos 24 personas con un alto
perfil político que hoy copan dos consejerías, dos viceconsejerías y ocho
direcciones generales o cargos similares del mismo rango del Gobierno regional.
Además, seis hospitales públicos y otros seis organismos de la región también
han dado acomodo a ex altos cargos populares.
La primera gran
oleada de dirigentes del partido sin trabajo se produjo en los meses que
siguieron a la derrota en las elecciones generales, en marzo de 2004. Cuando
sólo habían transcurrido seis semanas del desastre electoral, Lamela llevó al
frente de cinco hospitales públicos de la región a otros tantos altos cargos de
los Gobiernos de Aznar.
Algunos, como el
gerente de La Paz, Rafael Pérez Santamaría, o la de Fuenlabrada, Ana María
Sánchez, provenían de la estructura del Ministerio de Sanidad, pero el trabajo
que venían desempeñando los otros tres poco tenía que ver con la sanidad
pública. Rafael Catalá, nombrado director del Ramón y Cajal, era secretario de
Estado de Justicia; Amador Elena, colocado en el hospital de Móstoles, venía de
la Dirección General de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas;
y César Pascual, gerente del hospital para enfermos crónicos de Guadarrama,
venía del Ministerio del Interior.
La respuesta de
Aguirre y Lamela ante las críticas ha sido siempre la misma: "Es un privilegio
para la Comunidad de Madrid poder contar con personas con tan elevada
cualificación personal y profesional", han contestado con palabras muy parecidas
cada vez que se les ha preguntado sobre el asunto.
Aguirre y Lamela
también supieron echar un cable al partido cuando éste perdió su feudo gallego
por un solo escaño en junio de 2005. Poco después, la Comunidad anunciaba el
fichaje de dos consejeros del último Gobierno de Manuel Fraga: Belén Prado
Sanjurjo, consejera de Asuntos Sociales en Galicia, pasó a ser viceconsejera de
Sanidad en Madrid. Y José Manuel González, consejero de Sanidad con Fraga, se
convirtió en el nuevo gerente de la Fundación Hospital Alcorcón.
La trayectoria de
todos ellos en la sanidad madrileña ha sido desigual. Mientras alguno, como
Rafael Catalá, duró apenas ocho meses y despegó en cuanto pudo a la empresa
privada, otros, como Amador Elena, ya han conseguido un ascenso: pasó de ser
gerente en Móstoles, un hospital mediano, a sustituir a Catalá en el Ramón y
Cajal, uno de los buques insignia de la sanidad pública madrileña.
La consejería de
Lamela también ha tenido hueco para otros tres pesos medios del partido,
tuvieran o no relación con los hospitales o la medicina. Juan Ignacio Barrero,
sucesor de Aguirre en la presidencia del Senado, fue nombrado Defensor del
Paciente de Sanidad y Jaime Haddad, director de Planificación en el Ministerio
de Agricultura, pasó a ser el secretario general técnico de la Consejería de
Sanidad.
José María Barahona,
senador del PP por Salamanca y amigo personal de Aznar y de Aguirre, recibió la
dirección técnica de la Agencia Laín Entralgo, organismo encargado de la
formación e investigación sanitarias. Duró poco: al año tuvo que dimitir porque
incumplía la ley de incompatibilidades al no haber cerrado o transferido su
negocio privado de oftalmología.
Pero también el
metro y las carreteras, los otros dos pilares de las políticas de Aguirre, han
servido para echar una mano al partido. La ex secretaria de Estado de Interior,
María Dolores de Cospedal, fue nombrada consejera de Infraestructuras y
Transportes 8 meses después de la derrota del PP. Un año más tarde, el partido
le encargó un nuevo reto: luchar por la presidencia de la comunidad de
Castilla-La Mancha en las elecciones del próximo mayo.
Para sustituirla,
Aguirre echó mano de otra mujer con larga trayectoria política: la ex ministra
de Medio Ambiente con Aznar, Elvira Rodríguez. En la misma consejería, José
Antonio Llanos, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
controla hoy la Dirección General de Carreteras.
Lucía Figar, en
Inmigración, es la otra consejera de Aguirre que proviene de los Gobiernos de
Aznar, en los que ocupó la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales en el
Ministerio de Trabajo.
La Consejería de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente es otra de las que ha asumido su cota
de "esfuerzo", en palabras de Rajoy. Uno de sus viceconsejeros, José Trigueros
Rodrigo, fue director general de Costas con Aznar, y uno de sus colaboradores,
Domingo Menéndez, que trabajó como comisionado en la catástrofe del
Prestige,
ha sido situado al frente del Ivima, el organismo que promueve la vivienda
protegida de la Comunidad.
Otros nombramientos incluyen al ex director del Instituto Cervantes
o a miembros del Gabinete de Aznar
171. TENSIONES POPULARES: GALLARDÓN DICE QUE NO
CONOCÍA DE ANTEMANO EL TAMAYAZO, COMO DICE EL LIBRO DE ESPERANZA AGUIRRE, LUEGO
UNO DE LOS DOS MIENTE (12/12/06)
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha
asegurado en la Cadena SER que el PP siempre ha ofrecido su colaboración al
Gobierno en materia antiterrorista, que el Gobierno se ha equivocado al
prescindir del PP y que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero
“rectificará”. También ha reiterado que no conocía de antemano el movimiento
político que frustró el Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid.
El alcalde de Madrid, el ‘popular’ Alberto Ruiz
Gallardón, ha asegurado que “el Gobierno se ha equivocado profundamente
prescindiendo del PP” en materia antiterrorista y ha pronosticado que
“rectificará”. Gallardón ha explicado que Mariano Rajoy siempre ha tendido la
mano al Gobierno en materia antiterrorista, también en el proceso abierto tras
el anuncio de alto el fuego indefinido de la banda terrorista ETA, y que el
Ejecutivo de Zapatero deberá rectificar y contar con el PP.
El alcalde madrileño también ha negado conocer de antemano el
‘tamayazo’, el movimiento de dos tránsfugas en la Asamblea de Madrid que acabó
por impedir un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. “No,
rotundamente, no”, ha respondido a la pregunta de “si conocía el tamayazo”. En
la biografía autorizada de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se
asegura que Gallardón comentó en una comida un día antes del ‘tamayazo’ que
“algo gordo” iba a suceder al día siguiente.
172. LAMELA ADMITE QUE LA LISTA DE ESPERA ES DE 42 DÍAS, 12 MÁS DE LA PROMESA DE
AGUIRRE (12/12/06)
La contabilidad de la lista de espera quirúrgica
en Madrid es tan compleja y tiene tantos matices que su creador, el consejero
de Sanidad, Manuel Lamela, fue víctima de sus propios números. Lamela admitió,
quizá en un desliz, que "la espera media" en Madrid para ser operado es de 42
días, desmintiendo así el mensaje repetido por el Gobierno regional durante toda
la legislatura: "que nadie espera más de 30 días para ser operado en la sanidad
pública". La presidenta Esperanza Aguirre ganó las elecciones prometiendo que
dimitiría si no reducía la lista de espera a un mes.
Aguirre afirmó en la
campaña electoral en un debate en Telemadrid que iba a reducir la espera máxima
para ser operado en la sanidad pública a 30 días. "Y miren si estoy segura de lo
que digo que me comprometo a dimitir si no lo cumplo", afirmó entonces la
candidata. Aguirre hizo su promesa con una normativa vigente: el Real Decreto
605/2003, de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas y que
establece una contabilidad común para las listas de espera de toda España.
Tras ganar las
elecciones, sin embargo, Lamela y Aguirre aprobaron para Madrid una nueva norma
-la Orden 602/2004- que cambiaba las reglas del juego. A su favor, claro. La
Orden modifica el sistema de contar a los pacientes, lo que les permite reducir
los días de espera
oficiales.
El decreto estatal
dice que un paciente será incluido en la lista de espera cuando su médico le
prescribe la operación. Y que sólo será excluido de la lista si el anestesista,
al hacerle las pruebas preoperatorias, concluye que la salud del enfermo podría
ponerse en riesgo en caso de entrar en quirófano. En este caso el enfermo será
considerado como "transitoriamente no programable" y volverá a la lista cuando
su salud le permita afrontar una intervención quirúrgica con garantías de éxito.
Aguirre y Lamela, en cambio, hacen lo contrario: consideran a todos los
pacientes como "transitoriamente no programable" y los mantienen fuera de la
lista de espera
oficial
hasta que el anestesista no da luz verde a la
operación.
Las
ventajas
para Aguirre y Lamela son evidentes. Con las cuentas del Consejo
Interterritorial, sólo un 7,8% de los pacientes constan como "transitoriamente
no programables" y por lo tanto están fuera de la lista
oficial. Con las
que hacen Lamela y Aguirre, la cifra es cinco veces mayor: un 39,2%. La Ministra
de Sanidad ilustró con otro dato los
trucos
de Lamela y Aguirre al
señalar que la espera en el conjunto de España es de 72 días, pero que "sería de
20 días" simplemente con aplicar las cuentas de Lamela.
Entonces el
consejero madrileño quiso replicar a la ministra con sus datos. Dijo que, según
la contabilidad de Madrid, la espera en la región es de 9 días. Pero añadió que
en caso de utilizar el sistema estatal, la espera sería de 42 días.
"El problema para
Aguirre y Lamela es que el 'sistema estatal' es el que estaba vigente cuando
Aguirre hizo su promesa. Y sigue estándolo, por lo que parece que no han
cumplido su promesa", ironizó una fuente del Consejo Interterritorial. "Lo del
sistema de contar a pacientes que se han inventado luego es como apostarte una
cena al fútbol y luego, cuando ves que perderás, cambias las reglas y dices que
no hay fueras de juego y que tus goles valen triple", añadió esta fuente.
El Consejo
Interterritorial expulsó hace un año a Madrid del cómputo nacional de las listas
de espera. Sus datos, dice el Consejo, no cumplen la normativa estatal y, por
tanto, no son comparables con las del resto de comunidades. Ninguna otra
comunidad, ni las gobernadas por el PP como Baleares, Valencia o Murcia, ha
tenido que pasar el trago de verse expulsada.
Un portavoz de
Sanidad matizó la afirmación de Lamela. "El consejero se refería a la demora
media prospectiva", un concepto de gestión que mide el tiempo necesario para
operar a todos los pacientes incluidos en la lista de espera. Como Aguirre en la
última campaña electoral, Lamela habló con matices.
173. TORRELODONES: LOS EDILES DISCOLOS AMPLÍAN SU
DENUNCIA (12/12/06)
Jesús María
Pacios y Reyes Tintó volverán a la Fiscalía Anticorrupción después de que haya
archivado su primera denuncia contra el alcalde Galbeño y el diputado Mario
Mingo.
Los dos concejales del PP en Torrelodones
que denunciaron presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por altos
cargos de la agrupación local de su partido anunciaron que aportarán más
pruebas, tras la decisión adoptada de la Fiscalía Anticorrupción de archivar su
primera denuncia.
Fuentes cercanas a estos concejales, Jesús María
Pacios y Reyes Tintó, aseguraron a Efe que la Fiscalía deja una puerta abierta
para ampliar la documentación que aportaron sobre algunas decisiones del equipo
de Gobierno municipal, que preside el alcalde, Carlos Galbeño (PP). Ambos
concejales, que fueron cesados el pasado julio por el regidor, acusaron a
Galbeño y al diputado nacional y presidente del PP local, Mario Mingo, de
intentar cobrar comisiones a promotores locales para desbloquear proyectos
urbanísticos.
También culparon al responsable de Hacienda,
Julián Nieto, de dar un trato preferente a una empresa del concuñado de Mingo, a
la que concedió la gestión de la limpieza de las zonas verdes de la localidad, y
denunciaron el presunto uso fraudulento de fondos y locales municipales por una
Fundación privada presidida por el diputado nacional. Según una nota difundida
por el Ayuntamiento, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia
presentada por Pacios y Tintó por falta de pruebas. Las mismas fuentes recuerdan
que la querella interpuesta por el alcalde y Mingo contra los díscolos por un
presunto delito de calumnias sigue su curso y afirman que ambos declararon como
imputados por esta causa en el juzgado 46 de Madrid.
Los cesados no tienen previsto entregar sus actas
de concejales, a pesar de que el PP de Madrid se lo ha pedido, y aseguran que
nadie les ha comunicado esta decisión de forma oficial. El Comité de Derechos y
Garantías del PP les abrió un expediente disciplinario, por el que fueron
suspendidos cautelarmente de militancia y cuya resolución se producirá en los
próximos días.
Ambos fueron apartados de sus cargos el pasado mes
de julio por el regidor de Torrelodones porque, según Tintó del Val y Pacios, su
conducta resultaba molesta al alcalde por pedir información sobre determinados
desarrollos urbanísticos, como el Area Homogénea Norte, donde un sobrino de
Carlos Galbeño compró, al menos, 20.000 m2 de suelo protegido.
Entonces, fuentes municipales aseguraron que la
expulsión de los dos díscolos estaba relacionada con la falta de disciplina de
partido por obligar al alcalde a retirar un punto de un pleno, bajo amenaza de
votar en contra de la expropiación de unas parcelas a un promotor inmobiliario
para la construcción de un aparcamiento.
174. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE HOSPITALES PREVISTO POR AGUIRRE, CUESTIONADO EN
REINO UNIDO (13/12/06)
La Comunidad ha elegido un modelo de gestión mixto
(mezcla de privado y público) para los nuevos hospitales que está construyendo.
Este modelo ya ha sido duramente cuestionado en Reino Unido, el país que
introdujo el sistema en Europa hace 10 años. Al menos, una decena de grandes
centros británicos gestionados de esta manera se encuentran al borde de la
quiebra, mientras que en otros el Gobierno ha obligado a las empresas
concesionarias a subsanar las deficiencias. El PSOE cree que el PP ha cometido
un gran error, mientras que el Gobierno regional sostiene que los hospitales
estarán mejor gestionados.
El periódico inglés
The Guardian abrió su edición del pasado lunes con la noticia de que 13
grandes hospitales de aquel país están "técnicamente en quiebra". El problema
que les ha llevado a esta situación es "el contrato de financiación privada, que
encarece cada año en nueve millones de libras [13,3 millones de euros] sus
costes en comparación con un hospital público", afirma el diario, que basa su
información en datos oficiales del Gobierno.
El contrato de
financiación privada (PFI, en sus siglas en inglés) es el que la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, ha elegido para la construcción de siete nuevos
hospitales en la región: Majadahonda, Vallecas, Aranjuez, Coslada, San Sebastián
de los Reyes, Arganda y Parla.
En este sistema, una
empresa privada construye y gestiona el hospital, mientras la Consejería de
Sanidad aporta los médicos y enfermeros y paga durante 30 años un alquiler a la
empresa por el uso del edificio y servicios auxiliares (mantenimiento,
administración, cocina, limpieza, archivo de historias clínicas...).
"Es un modelo que ha
recibido muchas críticas porque ha demostrado ser más caro y muchas veces menos
eficaz que el público", afirma José Martín Martín, director del Máster en
Economía de la Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública. "La Comunidad de
Madrid inaugurará el año que viene siete hospitales nuevos sin haber pagado un
céntimo. Eso le viene bien al Gobierno, porque llegará a las elecciones con unos
resultados visibles", comenta Martín.
"Pero la factura que
quedará por pagar durante 30 años es enorme. La empresa avanza el dinero para
construir el hospital, pero luego se lo cobra a Sanidad y le suma el interés que
a ella le cobra el banco y el beneficio que la propia empresa quiere sacar. El
PFI es pan para hoy y hambre para mañana", concluye Martín.
175. LA COMUNIDAD
REDUCE UN 20% LAS NUEVAS INVERSIONES EN LOS CENTROS SANITARIOS (15/12/06)
El aumento de inversiones de la Consejería de
Sanidad al sector privado empieza a pasar factura a las infraestructuras
públicas, según reflejan los presupuestos de 2007. La Comunidad de Madrid
invertirá el año que viene 156,7 millones de euros en la construcción y reforma
de centros sanitarios públicos, un 19,7% menos que los 193,8 millones que ha
invertido este año. La disminución de 37,1 millones en las infraestructuras
contrasta con el incremento de 47,2 millones destinados a conciertos con el
sector privado. La empresa propietaria de la Fundación Jiménez Díaz pasará de
embolsarse 140,2 millones este año a 187,3 en 2007.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, llegará
a las próximas elecciones con una sanidad pública muy distinta de la que
encontró cuando llegó al cargo. En 2003, la salud de la práctica totalidad de
los cerca de 5,8 millones de madrileños que vivían entonces, en 2003, en la
región dependía de hospitales públicos. Los 200.000 pacientes que eran atendidos
por la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de una multinacional sueca que ha sido
comprada por un fondo de capital riesgo) eran entonces la excepción.
Tras las decisiones tomadas en los últimos tres
años, la salud de un millón y medio de madrileños estará a partir del próximo
año al cuidado de hospitales enteramente privados o con un modelo de gestión
mixto público y privado. En este modelo (PFI, en sus siglas en inglés), empresas
privadas construyen y gestionan los hospitales y sus servicios no médicos
-mantenimiento, administración, archivo de historias clínicas, limpieza,
restauración...-, mientras Sanidad aporta el personal médico y de enfermería y
paga a la empresa un alquiler anual por el uso del centro.
La apuesta de Aguirre y su consejero de Sanidad,
Manuel Lamela, por la entrada de capital privado en la sanidad pública se deja
notar en los presupuestos del Gobierno regional para el próximo año.
En los presupuestos existe cada año una partida,
la 728, destinada a "Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios". Esta partida,
según las cuentas públicas, recoge todos los programas de "construcción de
nuevos centros de atención primaria y especializada", como los hospitales.
También las "obras de reforma o ampliación" y la "elaboración de planes de
mejora de las infraestructuras".
En los Presupuestos de 2006, la partida 728
(Infraestructuras) ascendía a 193,8 millones destinados a la construcción de 36
centros de salud, 10 consultorios locales, tres centros de especialidades y la
reforma de cuatro ambulatorios y 13 hospitales.
Todas estas cifras se reducen en los Presupuestos
regionales de 2007. El montante de dinero cae hasta los 156,7 millones de euros,
que servirán para construir 31 centros de salud (cinco menos), tres consultorios
locales (siete menos) y dos centros de especialidades (uno menos). En cuanto a
las obras de ampliación o mejora, Sanidad sólo tiene previsto reformar un centro
de salud (tres menos que este año) y cuatro hospitales (nueve menos).
Los 37,1 millones de euros en que disminuye la
inversión pública en nuevas infraestructuras cubren buena parte del aumento de
dinero que el Gobierno regional destinará a los dos mayores contratos por
conciertos privados que mantiene la sanidad pública.
El mayor contrato es el que recibe la Fundación
Jiménez Díaz, que crece el año que viene un 24% al pasar de 140,1 a 170,1
millones de euros. Este aumento se debe a la mayor importancia que la Fundación
asumirá a partir del año que viene en la sanidad pública regional.
Aguirre y Lamela anunciaron el pasado mes de julio
que la Fundación pasará a ser hospital de referencia (hasta ahora lo era de
apoyo al Clínico y al 12 de Octubre) para una población de entre 250.000 y
400.000 personas. Un portavoz de Sanidad declinó informar sobre la población
asignada que recibirá este hospital privado, que pertenece a Apax, un fondo de
capital riesgo norteamericano que hace cuatro meses compró a la multinacional
sueca Capio que controlaba la Fundación.
La misma empresa recibirá otros 13,2 millones €
por el concierto del nuevo hospital de Valdemoro. Este centro, el único
enteramente privado de los ocho nuevos que ha promovido Sanidad esta
legislatura, atenderá a una población de unas 100.000 personas del sureste de la
región. Los Presupuestos 2007, en cambio, destinan el mismo dinero al concierto
con clínicas privadas para la reducción de la lista de espera.
176. TENSIONES POPULARES. RAJOY QUIERE DAR POR
ZANJADAS LAS DIFERENCIAS AGUIRRE-GALLARDÓN CON UN GRAN MITIN
CONJUNTO (18/12/06)
Todavía está por determinar el diseño final del
acto, pero Génova quiere que sirva para visualizar que, a pesar de
las discrepancias, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón forman
un "tándem»imbatible que se llevará por delante, dicen, al formado
por Rafael Simancas y Miguel Sebastián. A la vuelta de vacaciones,
en torno a los días 13 ó 14 de enero, los populares tienen previsto
celebrar un gran acto con presencia de dos de su dirigentes más
carismáticos, que supondrá el pistoletazo de salida de una "riada»
de actos que llevarán a Mariano Rajoy, durante meses, por toda la
geografía nacional.
Pero Madrid es, para Rajoy, una de las piedras
angulares de su estrategia futura. La pérdida de cualquiera de las
dos plazas, bien la Comunidad o el Ayuntamiento, alcanzaría, sin
duda, la dimensión de catástrofe. Aunque los sondeos son excelentes
para ambos, de modo que parecen tener acrecentadas sus respectivas
mayorías absolutas, en la dirección del PP no quieren que se vuelva
a repetir ni una escena de enfrentamiento. Ninguna broma, al menos,
hasta celebradas las elecciones.
De aquí a entonces, "la suerte de ambos corre
paralela. Es imposible que uno de los dos pueda perder la mayoría
absoluta sin que la pierda el otro», explican quitando importancia
al detalle de cuál de ellos puede sacar más votos en Madrid-capital,
terreno común donde miden sus apoyos.
Mariano Rajoy es consciente del precario
equilibrio que existe en Madrid. Por eso mima de una manera especial
a ambos, con quienes se reunió, por separado, inmediatamente después
de la vuelta del verano y, ya en el mes de octubre, en un almuerzo
común. Poco después estallaría la tormenta de la biografía de
Aguirre.
177. TENSIONES POPULARES. ESPERANZA AGUIRRE
LIMITARÁ EL EQUIPO DE ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN (17/12/06)
Los tiempos cambian en el PP madrileño. Buena
prueba de ello es que su presidenta, Esperanza Aguirre, intervendrá
en la elaboración de las listas del partido a las elecciones
autonómicas y municipales de 2007 y éstas no se aprobarán hasta que,
como es del todo lógico hasta cierto punto, ella plasme en las
candidaturas su personal seña de identidad. El hecho es que los
populares en la región ya se han puesto en marcha para elaborar las
listas a la Comunidad y al Ayuntamiento. Las primeras no plantean
problema alguno, dado que Esperanza Aguirre lidera la lista regional
y de ella depende su confección. Pero sí que puede haber alguna
clase de tensión con las listas municipales. En principio, la idea
de la dirección regional es "delimitar" algunos de los movimientos
de Alberto Ruiz-Gallardón a la hora de confeccionar su equipo. El PP
de Madrid prevé limitar a "siete u ocho" los candidatos afines al
alcalde que irán en la lista con la que se presentará en la capital
en las elecciones del próximo año, según adelantan a
Elsemanaldigital.com fuentes populares. Así, se descartan
independientes en la candidatura al Ayuntamiento, es decir, personas
de fuera del partido. Eso podría suponer que la actual concejala de
las Artes, Alicia Moreno, no repetiría cargo, aunque sí
responsabilidad. Y es que Ruiz-Gallardón puede hacer el equipo de
Gobierno que él quiera porque la Ley de Capitalidad se lo permite,
es decir, nombrar responsables de las áreas de gobierno sin
necesidad de que sean concejales. Con todo, la intención inicial del
regidor es que repita prácticamente la lista actual. Las fuentes
consultadas recuerdan que cuando se produjo el enfrentamiento entre
Manuel Cobo y Esperanza Aguirre por la presidencia regional del PP,
el primero sólo recibió el apoyo de "ocho concejales del
Ayuntamiento", mientras que el resto se inclinaron por la actual
presidenta regional del partido. Hasta 2003 -fecha de los últimos
comicios municipales y autonómicos- el equipo del otrora presidente
del PP madrileño, Pío García Escudero, se encargaba de "cuadrar"
listas en las que estuvieran representados los entornos de los
candidatos a la presidencia y la alcaldía de Madrid
178. TENSIONES POPULARES. MADRID: AGUIRRE Y
GALLARDÓN ¿ENTIERRAN EL HACHA? (19/12/06)
Esta semana tocaba quererse. Sólo tres semanas
después de la esperpéntica inauguración del metro de Alameda de
Osuna -en la que, con los ecos aún vivos de la polémica biografía de
ella, presidenta y alcalde casi ni se miraron-, Esperanza Aguirre y
A lberto Ruiz-Gallardón fueron como dos novios reencontrados. Todo
fueron risas, animadas conversaciones, agarradas de brazo,
complicidad... Triunfó el amor, o las severas recomendaciones
del presidente del PP, Mariano Rajoy, para que Aguirre cese los
ataques al alcalde y ambos entierren las discrepancias hasta, por lo
menos, las elecciones de mayo.El beso de entrada ya fue distinto: el
24 de noviembre, gélido; esta vez, cariñoso y sonriente. Después
ambos se adentraron en las profundidades de la estación de La Peseta
y recorrieron las instalaciones de la nueva línea de metro sin parar
de hablar. "Mira, se ha dado un beso con el Gallardón...", le
susurraba una vecina atónita a otra, señalando a la presidenta.
Juntos elogiaron los "supervagones", juntos visitaron la caseta del
bibliometro y juntos llegaron a los discursos.Ahí ya no hubo medida
ni contención. Ruiz-Gallardón empezó felicitando el día a su
correligionaria: "Querida Esperanza, muchas felicidades, hoy es tu
santo"; ella correspondió preocupándose por su salud: "Ponte la
chamarra, Alberto, que hace mucho frío aquí", lo que provocó alguna
risa nerviosa entre los acompañantes de uno y otra.La cosa llegó
hasta este punto: "Hoy es un día inolvidable para mí porque el
alcalde ha tenido la amabilidad de felicitarme y porque el metro,
por fin, ha llegado a Carabanchel Alto. Gracias a todos los que lo
han hecho posible y, sobre todo, a Alberto, que con su entusiasmo es
quien siempre nos ha abierto camino", lanzó al auditorio la
presidenta. Ruiz-Gallardón, bajo su chamarra, parpadeaba.
179. AGUIRRE Y LOSANTOS MENOSPRECIAN LA
INTELECTUALIDAD DE LOS "PROGRES" (18/12/06)
Esperanza Aguirre y Federico Jiménez Losantos
fueron los baluartes del liberalismo en la presentación del libro de
Juan Carlos Girauta, columnista de Liberta Digital, La eclosión
liberal. ¿Por qué los progres están tan nerviosos? (Ediciones
Martínez Roca). Allí, menospreciaron la intelectualidad de los
"progres" y dijeron que éstos "están de los nervios" porque, en su
opinión, hay una generación de liberales muy preparada.
El primero en intervenir fue Losantos, ante la
atenta mirada de Pío Moa y de una Cristina López Schlichting que
llegó tarde al acto. "A los progres les tiene de los nervios que
haya una generación de liberales muy bien preparada, escuchando la
COPE y leyendo libertaddigital.com", comenzó el locutor. Como es
habitual en él, no se mordió la lengua, y Losantos continuó
descalificando: "Esta generación (de liberales) se ha ahorrado la
basura que estudiamos nosotros, no ha tenido que leer por ejemplo a
Saramago". A continuación, el locutor estrella de la COPE se
preguntó si "cree alguien que el socialismo es buena idea". Lo
calificó de "idea criminal" y de "máquina de poder y de triturar
almas". Finalmente, arremetió contra los socialistas porque "no
tienen nada que decir".
Por último, el periodista alabó a la copresentadora del acto, la "de
momento" presidenta de la Comunidad de Madrid, por sus ideas
liberales. Un gesto que dio a entender que Aguirre podría tener un
peso mayor en la política española y, asimismo, que dejaba
constancia de que es una de sus protegidas en el PP. La presidenta
de la Comunidad de Madrid inició su intervención de forma más suave.
Comentó que hay tres principios muy claros que sostienen los
liberales: la vida, la libertad y la propiedad. Para ella, "tres
instituciones que han generado el progreso de la sociedad". Respecto
a los "progres", Aguirre señaló que "están nerviosos porque la
globalización ha roto los esquemas anticuados de la izquierda" e
hizo hincapié en que "hace años que dejaron de pensar y de leer".
También argumentó que "la izquierda es incapaz de producir análisis
que van más allá de la descalificación del adversario". La misma
persona que dijo recientemente no llegar a fin de mes con su sueldo
de presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmó que con el
liberalismo "los pobres reducen sus distancias con los ricos", "el
acceso a la información económica y financiera no es un lujo" y "las
grandes compañías tienen que competir con las pequeñas".
Por su parte, Girauta aseveró, al igual que ha
escrito en su libro, que "ser progre nunca ha sido tan barato". Para
este colaborador de la COPE, actualmente basta con decir "yo soy de
izquierdas", "yo detesto a George W. Bush" o "yo detesto a Esperanza
Aguirre" para profesarse "progre". Girauta, también colaborador de
los programas de Cristina Lopez Schlichting y César Vidal en la
COPE, no oculta su aversión a Zapatero. De hecho es el autor de un
libro sobre la figura de Manuel Azaña en el que augura que, en los
tiempos que corren, es posible que se repita una nueva guerra civil,
por culpa del Gobierno socialista.
180. EL PP MOVILIZA A MILITANTES PARA JALEAR LA
APERTURA DE LA LÍNEA 11 (19/12/06)
Llevaban esperando el metro más de 20 años, pero
, cuando por fin llegó, los vecinos de Carabanchel Alto aparecieron
divididos: una treintena de personas se manifestó con pancartas en
contra del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, por haber llevado los
parquímetros al distrito. Enfrente, más de 200 vecinos aplaudían a
Ruiz-Gallardón y a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Esos
vecinos acudieron al acto, invitación en mano, en seis autobuses
fletados por el PP para la ocasión: la inauguración de las tres
nuevas estaciones de la línea 11.
Un portavoz de la Comunidad de Madrid confirmó
por la tarde lo que la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
denunció por la mañana: que muchos de los vecinos concentrados
frente a la nueva estación de La Peseta para recibir con aplausos a
presidenta y alcalde habían venido en seis autobuses fletados por el
PP. "Muchas personas, la mayoría jubiladas, llevaban 20 años
esperando este día. Por eso el partido decidió traerlas en autobuses
desde distintas partes de Carabanchel y Latina, porque para algunos
de esos vecinos no es fácil trasladarse tan lejos. Era una
inauguración histórica, y en total no han sido ni 300 vecinos. No
veo dónde está el problema", argumentó el portavoz regional.
La Asociación de Carabanchel Alto -que también
fue invitada pero declinó la oferta, aunque luego se manifestó con
pancartas a las puertas de la estación- tiene otra lectura: fletando
esos autobuses de vecinos afines, el PP "pretendía acallar a
los vecinos que acudieron para celebrar la llegada del metro pero
también para recordar a la presidenta y al alcalde que esto no
justifica los incumplimientos programáticos regionales (biblioteca,
centro de salud, escuelas infantiles) y los agravios municipales
(parquímetros y cierre de biblioteca municipal)".
Los "¡Viva Esperanza!" y "¡Gallardón eres el
mejor!" de los vecinos satisfechos se mezclaron así con los "¡Fuera,
fuera!" de los vecinos descontentos, separados del resto por unas
vallas de obra y por un cordón de vigilantes de seguridad que
mantuvieron a los segundos lejos de las autoridades. Eso duró apenas
tres minutos, hasta que Ruiz-Gallardón y Aguirre se metieron en la
estación de La Peseta, seguidos por los vecinos que tenían
invitación, y estrenaron la ampliación de la línea 11. El portavoz
regional admitió que sólo quien tenía invitación entró, pero subrayó
que los que protestaban habían rechazado expresamente la invitación.
La inauguración de llegaba después de 26 meses de
obras y dos décadas previas de reivindicación vecinal. Carabanchel,
con 250.000 habitantes y un nuevo barrio en construcción en el que
vivirán otras 30.000 personas, estaba conectado con Madrid sólo
desde 1998 y con una línea de dos estaciones: la 11, de Plaza
Elíptica a Pan Bendito. Carabanchel Alto quedaba marginado.
La ampliación (que ha costado a la Comunidad 172
millones) ha consistido en estirar la línea 2,7 kilómetros y
construir tres estaciones: San Francisco, Carabanchel Alto y La
Peseta, ésta en el Ensanche de Carabanchel. Más de 50.000 viajeros
usarán la línea cada día, según el Gobierno.
181. AGUIRRE Y GALLARDÓN INAUGURAN UN
POLIDEPORTIVO EN USERA ENTRE ABUCHEOS (20/12/06)
Empieza la temporada de inauguraciones y,
superados ya los desencuentros, raro es el día en que Esperanza
Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón no coinciden con la tijera en la
mano. , en la inauguración del polideportivo de Jesús Rollán, en el
barrio del Zofío (Usera), decenas de vecinos les recibieron con
pancartas, abucheos e intentos de zarandear su coche oficial.
Protestaban por el abandono que, a su juicio, sufre el barrio.
Denuncian que las calles del Zofío llevan tres meses sin luz a causa
del robo de cables y que el polideportivo estaba construido desde
hacía un año.
Primero llega Gallardón. Tímidamente le increpan
algunos vecinos. Charla brevemente con colaboradores y residentes
menos díscolos y al poco llega la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre. Baja del coche y a las puertas del vehículo la
recibe muy educadamente el alcalde. Ahí ya se animan los vecinos:
"¡Espe! ¿Usera en lista de espera?". Ella tira de ironía: "Son
partidarios acérrimos, ¿no?". La comitiva se dirige a la cinta y,
tras cortarla, inicia el tour por el flamante polideportivo.
La instalación polideportiva ha sido construida y
financiada por la Comunidad de Madrid sobre suelo del Ayuntamiento,
que la gestionará a partir de ahora. Ha costado casi 9,2 millones de
euros. Regalo de Navidad de Esperanza para Alberto. "Gracias,
presidenta, por haber hecho esta inversión", le agradece el alcalde.
Pero en realidad el regalo es para los vecinos de Usera, así que
parece que hay celos: "Ya nos gustaría a Esperanza y a mí, que
vivimos en Centro, tener una instalación así en esa zona".
Y la verdad es que todo el mundo, vecinos
díscolos incluidos, está de acuerdo en que el polideportivo es "bien
majo". Gran piscina, campo de fútbol de hierba artificial,
jacuzzis y pistas cubiertas de baloncesto y balonmano. Todo ello
con "un estilo muy cálido", destaca Aguirre.
En su discurso, mirando al presidente de la
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Francisco
Caño, sentado en la primera fila, Gallardón tiene una mención
especial para el movimiento vecinal. "Muy crítico en ocasiones, como
debe ser, pero muy leal. Siempre sabe reconocer cuando las cosas se
han hecho bien". En la puerta del recinto, los miembros de la
asociación de vecinos del Zofío, no tan leales y megáfono en mano,
no entienden lo de Caño.
"La verdad es que no es muy razonable que esté
ahí. Tenemos una reivindicación, y nosotros también somos de la
FRAVM", explica Francisco Rodríguez, presidente de dicha asociación.
"No contamos para nada. Hemos estado tres meses sin luz, el
polideportivo lleva terminado muchos meses y no lo han querido
inaugurar". La Comunidad asegura, sin embargo, que "se ha inaugurado
cuando se ha terminado".
En ésas sale la pareja de políticos y los ánimos
se caldean. Gritos y abucheos. La portavoz de la asociación se lanza
disparada contra los mandatarios. Sin éxito, claro. La interceptan
los encargados de seguridad y comienzan los empujones.
"¡Fascistas!". Llegan los antidisturbios y, entre zarandeos, los
coches de Aguirre y Gallardón se marchan.
182. CIENTOS DE VECINOS PIDEN LA PARALIZACIÓN DE
LAS OBRAS DEL CAMPO DE GOLF DEL CANAL (16/12/06)
Unos 500 vecinos se manifestaron por la tarde en
Chamberí para pedir la paralización de las obras que el Canal de
Isabel II lleva a cabo sobre un antiguo depósito de agua junto al
parque de Santander. Reclaman que se construya el gran parque
público prometido en 2003 y no un campo de golf de gestión privada
como pretende la Comunidad. El Ayuntamiento ordenó en noviembre la
paralización de las obras al entender que se estaban llevando a cabo
al margen de la licencia urbanística otorgada en 2003. La Comunidad
asegura haber solicitado un nuevo permiso que recoge las mejoras del
proyecto.
La cita era a las cuatro y media de la tarde,
pero como los niños no salían hasta un poco más tarde del colegio,
se retrasó. Y es que el grueso de la manifestación eran ellos,
principales beneficiarios del hipotético parque de 12 hectáreas que
Alberto Ruiz-Gallardón proyectó en abril de 2003.
Tres años después las cosas han cambiado. Del
interior del recinto sobresalen unas torres metálicas de unos 30
metros de altura, de color verde y amarillo, proyectadas para
sujetar redes de protección. Porque en uno de los lados del recinto
se está construyendo una plataforma de dos pisos con 100 puestos
para practicas los golpes de golf. "Nos prometieron un gran parque,
con campos deportivos, con un estanque y ahora nos damos cuenta de
que se trata de un proyecto distinto y de que nos estaban
engañando", dijo, a través de un altavoz, Ramón Linaza, miembro de
varias de las asociaciones que convocaron la manifestación.
"Pediremos una cita a la presidenta, esperamos que esto sea el
inicio de la demolición de lo que hay construido", añadió.
Multitud de pancartas con lemas como "Más parque
y menos golf" o "quiero jugar a la pelota en el parque con mis
amigos" rodeaban las escaleras de la estatua de Rizal, punto de
encuentro de la protesta. "Estamos aquí para que nos pongan un
parque y paren las obras del golf", decía Mateo, de nueve años. A la
cita acudieron representantes del PSOE e IU. El candidato socialista
a la alcaldía, Miguel Sebastián, hizo una aparición fugaz para
saludar a los vecinos y mostrarles su apoyo.
Entre aplausos y gritos contrarios a Esperanza
Aguirre, presidenta de la Comunidad, Linaza leyó un discurso en el
que animaba a los vecinos a luchar por el parque, centrando sus
esfuerzos en suprimir las "disparatadas canchas de golf, un campo de
nueve hoyos, la conversión del campo de fútbol de Canal en
apartamentos, la gestión privada del nuevo espacio y que el pliego
de condiciones para la explotación del mismo incluya la posibilidad
de cobrar un euro por entrar al parque".
"Están construyendo sin licencia, tenían una
licencia para hacer un estanque, un jardín y campos de fútbol y, sin
que haya habido un cambio en el Plan General, están haciendo otras
cosas", explica Carmen Sánchez Carazo, concejal socialista del
Ayuntamiento.
183. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD CUESTIONA
LOS HOSPITALES DE AGUIRRE (16/12/06)
El modelo con el que la Comunidad construye los
nuevos ocho hospitales de gestión privada, o mixta pública y
privada, no gusta a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dejar
en manos del sector privado la sanidad pública alerta una revisión
de estudios de la organización, acaba siendo "más costoso",
"prohibitivamente complejo" y su desarrollo "se logra a menudo a
expensas de la calidad". El artículo, publicado en el último boletín
de la OMS, analiza modelos aplicados en España -en el hospital
valenciano de Alzira- Reino Unido y Australia y reconoce el interés
de los Gobiernos en aplicarlos para no aumentar su deuda. El
resultado no es satisfactorio: "La colaboración público-privada
complica aún más la ya de por sí difícil tarea de construir y
dirigir un hospital", concluye.
El estudio resume decenas de investigaciones
realizadas en varios países sobre la entrada del sector privado en
la gestión de la sanidad pública. Pese a admitir que la colaboración
entre el sector privado y el público ha tenido éxito en el
desarrollo de infraestructuras como carreteras, destaca los
problemas en los intentos de trasladar el modelo a la gestión de la
sanidad pública.
La OMS presta especial atención al Reino Unido y
Australia, pioneros desde hace 15 años en desarrollar el modelo de
gestión mixta pública y privada -PFI, en sus siglas en inglés- que
el Gobierno de Esperanza Aguirre ha elegido en siete hospitales:
Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda, Vallecas, Aranjuez y
Majadahonda. En este modelo, una empresa privada construye y
gestiona el hospital mientras Sanidad aporta el personal médico y de
enfermería y paga a la empresa un alquiler por el uso del centro.
Sanidad promueve la construcción de un octavo hospital en Valdemoro,
pero éste será enteramente privado y Sanidad le pagará por la
asistencia que preste a 100.000 personas.
El boletín de la OMS tiene como objetivo
"difundir información sobre salud pública científicamente rigurosa
de transcendencia internacional para permitir que gestores,
investigadores y facultativos sean más efectivos". El estudio,
firmado por Martin McKee, del Observatorio Europeo de Sistemas y
Políticas Sanitarios, y otros dos investigadores británicos, analiza
tres claves para evaluar estas experiencias: coste, calidad y
viabilidad de los proyectos.
- Coste. A largo plazo, "los nuevos servicios han
sido en general más costosos que si se hubieran empleado los métodos
tradicionales" de gestión pública, concluye el trabajo. Y da tres
razones. La primera, los altos costes financieros que soportan los
hospitales privados, ya que los créditos que deben pagar las
empresas son más caros que la deuda pública. La segunda son los
beneficios que obtienen los accionistas de las empresas que
gestionan los centros sanitarios. El tercero es el "enorme coste"
que deben asumir los Gobiernos si algún proyecto quiebra. El estudio
destaca que en estos casos, los Gobiernos no pueden dejar de prestar
la atención sanitaria y se ven obligados a intervenir. asumir las
deudas e invertir más dinero. La OMS incide en que todos estos
costes, aunque los Gobiernos afirmen que son las empresas las que
asumen las pérdidas en caso de mala gestión, acaban siendo pagados
por los presupuestos públicos. El estudio alerta también de la
"falta de transparencia" de los proyectos PFI, ya que pese a estar
sustentados con dinero público, Gobiernos y empresas se niegan a
detallar el destino de las partidas económicas alegando que es
información "comercial confidencial".
- Calidad. El modelo PFI ata a las empresas en el
plazo de entrega por el interés del Gobierno implicado de
inaugurarlo en una fecha concreta -por ejemplo, antes de las
próximas elecciones-. El coste inicial de la obra civil -no la
gestión del proyecto a medio y largo plazo- también está limitado.
"En el Reino Unido, el 76% de los proyectos PFI fueron entregados en
fecha y el 79% se adaptaron al presupuesto inicial, comparado von el
30% y el 27%, respectivamente, del sistema tradicional" de gestión
pública, detalla el trabajo. "Pero teniendo coste y tiempo fijos" en
la primera fase de desarrollo del modelo PFI, "los problemas surgen
con la calidad de los proyectos, con muchos hospitales sufriendo
significativos inconvenientes".
- Viabilidad. El estudio destaca la incapacidad
del modelo para adaptarse a "un entorno de gestión sanitaria que
cambia muy rápidamente" debido a los contratos a 30 años en los que
está basado. "La falta de flexibilidad" para adaptarse a los cambios
de población o a las nuevas técnicas médicas "ha hecho que algunos
hospitales estén obsoletos cuando acaban de ser inaugurados", afirma
el estudio.
Y también señala la enorme complejidad que
adquiere un hospital que debe prestar un servicio público -alguno de
ellos, como el nuevo Puerta de Hierro de Majadahonda, no sólo
asistencial, sino también de formación a médicos residentes- pero
que está gestionado por una o varias empresas privadas que, a su
vez, pueden subcontratar la restauración, limpieza, mantenimiento,
administración u otras funciones. "La dificultad de alcanzar un
acuerdo entre tantos actores, y los elevados costes de los
proyectos, ha llevado a la quiebra de un gran hospital
universitario, el Paddington Health Campus", en Londres, según el
estudio.
184. LAMELA, CONSEJERO DE SANIDAD, TIENE LA
SOLUCIÓN (16/12/06)
El sector privado gestiona mejor que el público
los recursos. Este es uno de los pilares del pensamiento político de
la presidenta regional, Esperanza Aguirre, como ha repetido una y
otra vez en la Asamblea de Madrid y a quien se lo ha preguntado. El
consejero de Sanidad, Manuel Lamela, comparte la opinión de la
presidenta. La OMS, no.
Así se desprende del estudio publicado en su
boletín -www.who.int/bulletin/downloads/en/index.html-,que analiza
estudios realizados en otros países. "Una investigación en Australia
demuestra que los hospitales públicos son más eficientes que los
operados por el sector privado", recoge la OMS.
"El resultado de 149 comparaciones realizadas en
Estados Unidos entre entidades sociosanitarias con ánimo y sin ánimo
de lucro concluye que, en 88 casos, los centros sin ánimo de lucro
funcionaban mejor, 43 no encontraron diferencias y otras 18 se
inclinaban por las entidades con ánimo de lucro", añade el trabajo.
La confianza de Aguirre y Lamela en el sector
privado, sin embargo, no decae ante las críticas recibidas por los
hospitales PFI en otros países. "El sistema es más económico y
eficiente", afirmó Lamela el pasado miércoles. "Si en el Reino Unido
el sistema ha funcionado mal", dijo Lamela, "no es culpa del modelo,
sino porque la gestión se ha hecho mal", añadió.
Así las cosas, el consejero madrileño cree haber
encontrado la solución a los 15 años de problemas que arrastra el
modelo en el Reino Unido. "Hemos mejorado el modelo británico",
aseguró. "Los responsables del NHS [sanidad pública britá-nica] se
han interesado por la gestión que se está realizando en Madrid para
incorporar nuestras mejoras a su sistema", añadió.
185. ESPERANZA AGUIRRE FUE MADRINA DE AIR MADRID
(18/12/06)
El PP trata de "sacar un rédito político de un
tema muy serio en el que estaba en juego algo tan importante como la
seguridad de nuestro transporte aéreo". Destacó que los "únicos
causantes" de la crisis de Air Madrid son los responsables de la
compañía que han incumplido "las normas básicas de seguridad y
servicio" y todo ello "a pesar del festín que se había hecho, con
Esperanza Aguirre presente, cuando se puso en marcha esta compañía".
El 19 de julio pasado, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue la encargada de bautizar
el nuevo Airbus 340-300 de Air Madrid, con el nombre "Puerta de
Alcalá", una nueva incorporación a la flota de aviones de la
compañía. Entonces Aguirre destacó la apuesta del Ejecutivo regional
por consolidar esta región como destino obligado de todos los
viajeros y turistas latinoamericanos y dijo que la ruta era "un
nuevo puente con clara vocación turística".
Blanco justificó nuevamente la decisión del
Gobierno por considerarla "imprescindible, necesaria, y urgente",
porque, según dijo, "estaba en juego no solamente la calidad del
servicio" de Air Madrid, sino "la seguridad de los pasajeros".
Denunció también la actitud del PP que, a su juicio, trata de "crear
confusión" y de "sacar un rédito político" y pidió al presidente del
esta formación, Mariano Rajoy, que explique a los ciudadanos "por
qué le parece mal que se impida operar a una compañía que pone en
riesgo la seguridad de la gente".
Recordó que el Gobierno está "haciendo el
esfuerzo necesario" para resolver el "problema humanitario"
originado y señaló como únicos causantes a los responsables de Air
Madrid, "todo ello a pesar del festín que se había hecho, con
Esperanza Aguirre presente, el día que se puso en marcha esta
compañía".
186. ESPERANZA AGUIRRE CRITICA QUE EL AGUA DEL
TAJO VAYA AL SEGURA (20/12/06)
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, aseguró que ha tenido que recurrir a la recarga
artificial de acuíferos porque la derogación del trasvase del Ebro
obliga a que la Cuenca del Segura se abastezca del Tajo. Aguirre
culpó al Ministerio de Medio Ambiente de "incumplir el Plan
Hidrológico Nacional".La paralización del trasvase del Ebro afecta
de manera "indirecta pero importantísima" a los madrileños, porque
esta decisión ha hecho que Madrid no pueda disponer del agua que
naturalmente correspondería a nuestra cuenca".
Para el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT), José María Macías, la iniciativa de la
presidenta regional de Madrid, Esperanza Aguirre, de recargar los
acuíferos madrileños con el agua que se desembalse de los pantanos
es "innecesaria en este momento", constituye "una solución milagrera
que no tiene nada detrás" y "no es la solución más barata". Macías
señaló que la Comunidad de Madrid tiene "garantizado el suministro
de agua hasta el año 2015", gracias al incremento anual de 200
hectómetros cúbicos aprobado por el Gobierno central y el futuro
Plan Hidrográfico del Tajo, que se encuentra "en fase de
elaboración". "Aun teniendo en cuenta su futuro crecimiento, Madrid
no debería tener ningún problema de agua hasta esa fecha", afirmó.
Según dijo, el organismo público madrileño no ha
hecho "absolutamente ninguna consulta" a la Confederación, a pesar
de que los acuíferos son "competencia exclusiva" del Gobierno
central. "Es un conflicto más de la Comunidad de Madrid con el
Gobierno central", lamentó. De igual modo, advirtió de que esta
iniciativa requeriría de los trámites previstos en la Ley de Aguas,
entre ellos la realización de una declaración de impacto ambiental y
la elaboración de informes de compatibilidad con los actuales planes
hidrográficos de las cuencas afectadas.
187. EL PP PRIVILEGIA A UNA CONSTRUCTORA
"FANTASMA" EN BOADILLA DEL MONTE (21/12/06)
El grupo Alternativa por Boadilla ha reiterado a
Esperanza Aguirre que tome medidas contra la constructora UFC, S.A.,
una empresa que no está dada de alta en la Seguridad Social y a la
que el Ayuntamiento de la localidad madrileña, en manos del PP,
adjudicó en octubre del 2005 una parcela municipal. Esta empresa
también ha sido beneficiada en numerosos concursos de Castilla y
León.
El Ministerio de Trabajo corroboró que la empresa
UFC, S.A. no existe en el registro de la Seguridad Social, por lo
que no dispondría de trabajadores, después de una denuncia del grupo
municipal Alternativa por Boadilla. Este grupo denunció la
adjudicación a UFC de una parcela en un terreno municipal de
Boadilla del Monte con una oferta de 35 millones de euros cuando
había otras de hasta 39, y reclaman que las irregularidades de la
empresa convierten en nulos de pleno derecho todos los contratos que
haya recibido.
La empresa UFC pertenece al Grupo Begar, de José
Luis Uribarri. Desde Alternativa por Boadilla explican que a esta
empresa también se le han adjudicado parcelas públicas en numerosos
municipios de Castilla y León gobernados por el PP, entre ellos,
León y Valladolid.
El grupo municipal Alternativa por Boadilla instó a la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a que tomara medidas
contra estos contratos irregulares, pero todavía no se han tomado
medidas desde la Administración autonómica.
188.
UGT pide la intervención de la Fiscalía (18/12/06)
El sindicato UGT Madrid pidió la actuación de la
Fiscalía para que sean investigados, juzgados y sancionados los
delitos contra la salud y la seguridad de los trabajadores que
provocan los accidentes laborales. La central denuncia que con los
21 accidentes mortales de noviembre, ya son 156 los trabajadores que
han perdido la vida desde enero en la Comunidad de Madrid.Para el
sindicato, este "espectacular aumento de los accidentes mortales»
resulta "totalmente inadmisible». Los 21 muertos de noviembre
suponen nueve fallecidos más que los que se produjeron en el mismo
mes del año pasado. En total, 156 trabajadores han perdido la vida
en la Comunidad desde enero, cuando el año pasado esta cifra
ascendió a 155. Como denunció UGT, "los accidentes laborales en su
conjunto, leves, graves y mortales, siguen aumentando en el mes de
noviembre con un incremento del 18%». La Unión General de
Trabajadores rechazó la valoración positiva que hizo la Consejería
de Empleo, que ha destacado el descenso de los accidentes graves
durante este mes. Además, consideran que se están calificando como
leves siniestros laborales que en realidad son graves.
Además, la central entiende que el Gobierno
regional no ha cumplido sus compromisos, ni las medidas anunciadas
contra los accidentes. Entre esos incumplimientos, el sindicato citó
en un comunicado la publicación de la lista de empresas sancionadas
por infracción grave o muy grave por la vía administrativa y la
exclusión de la contratación pública de las empresas que hayan sido
condenadas por infracción muy grave. Los accidentes laborales de
carácter leve y grave no sólo tienen un terrible coste social y
humano. Según la patronal de las constructoras Seopán, el coste por
las jornadas no trabajadas para las empresas de la construcción por
culpa de los accidentes está cercano a los 400 millones de euros al
año. El estudio revela que por cada accidente leve, el trabajador
está ausente de media del trabajo 21,6 jornadas, lo que genera un
coste por siniestro de 2.258 euros. Extrapolado por el número de
accidentes, Seopán cifra el coste de los siniestros leves en 369
millones de euros al año. En el caso de los accidentes graves, éstos
generan la pérdida, como media, de 84,4 jornadas de trabajo, con un
coste de 8.804 euros. El global de siniestros graves generan
pérdidas para las empresas de 21 millones de euros más, lo que da un
total de 390 millones.
189. GALLARDÓN APARCA EN ZONA RESERVADA PARA
DISCAPACITADOS (18/12/06)
Una página de internet (20minutos.com)
reveló que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, aparcó el
pasado sábado su coche oficial en una zona reservada para
discapacitados en el centro de Madrid. Una fotografía enviada por
uno de sus lectores da cuenta de la infracción.Según informó esta
página, el coche oficial de Alberto Ruiz Gallardón aparcó en una
zona reservada a las personas discapacitadas durante una visita
realizada al mercado de las flores de Tirso de Molina, en pleno
centro de la capital. Un avispado lector que presenció los hechos
tuvo tiempo suficiente para pillarle "in fraganti".Por su parte,
fuentes del Ayuntamiento de Madrid aseguraron que el turismo, un
Volkswagen Phaeton, estuvo ahí un minuto por necesidades del
dispositivo de seguridad. Sin embargo, el lector, identificado como
L.F.T aseguró por su parte que "el vehículo estuvo ahí aparcado,
apagado y sin chófer, durante más de media hora".
190. EL PP RECHAZA INVESTIGAR LA ADJUDICACIÓN DE LOS PARQUÍMETROS A
LA EMPRESA HIXIENES
(21/12/06)
El Grupo Municipal Popular rechazó una
proposición del PSOE, que fue respaldada por IU, en la que se
reclamaba la creación de una Comisión de Investigación para analizar
el procedimiento de contratación e implantación del Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER), ya que los socialistas consideran
que existió "favoritismo" por parte del Ayuntamiento en la
adjudicación a la empresa Hixienes. Según explicó el concejal de
Seguridad y Servicios a la Comunidad, Pedro Calvo, esta comisión "no
es necesaria" porque "no aporta nada nuevo" y porque "nada ha
cambiado" desde que se adjudicó a la Unión Temporal de Empresas
(UTE) formada por SUFI e Hixienes la implantación de los
parquímetros en las nuevas zonas. Calvo, que aseguró que esta
propuesta se ha presentado en "repetidas" ocasiones porque carece de
otras de más interés, acusó a los socialistas de querer
"anticiparse" a la campaña electoral de mayo recurriendo "otra vez"
a Hixienes y al SER.
Por su parte, el concejal socialista Manuel
García Hierro, precursor de la propuesta, argumentó su petición de
crear una Comisión de Investigación en que la adjudicación a de la
ampliación del SER fue un proceso "irregular" en el que SUFI e
Hixienes no contaban con la solvencia técnica necesaria. García
Hierro, que aseguró que Calvo tiene "sobredosis de sí mismo",
explicó que al Ayuntamiento "no le interesa" que el documento que
acreditó la solvencia de Hixienes pudiera ser falso. Además, el edil
del PSOE señaló que si el Gobierno municipal conoce la ideología de
los vecinos que se oponen al SER será por que "se está contratando
detectives privados para investigarles".
191. EL PSOE DENUNCIA AL GOBIERNO DE VALDEMORO POR
VULNERAR LOS DERECHOS DE LA OPOSICIÓN (13/12/2006)
La portavoz del PSOE en Valdemoro, Eva Borox, ha
interpuesto una denuncia en los juzgados de la localidad por "la
continua negativa del Equipo de Gobierno a facilitar los gastos
protocolarios de Alcaldía, a pesar de que la legislación ampara este
tipo de peticiones". Para los socialistas, esta situación vulnera
los derechos fundamentales de la oposición.En un comunicado dado a
conocer este miércoles, el PSOE destaca que tras más de un año y
medio sin que el Equipo de Gobierno facilitara los gastos del
gabinete de Alcaldía, "y después de intentar por todos los cauces
amistosos que el PP entregara la documentación requerida, los
socialistas optan por la vía legal".Según Borox, en una reunión
mantenida el martes con la primera teniente de alcalde, ésta "se
ratificó en la postura intransigente que mantiene el PP, lo que nos
confirma que no sólo no nos van a entregar los gastos de Alcaldía
que solicitamos hace más de un mes sino que tampoco se nos va a
facilitar otras peticiones de gastos del Ayuntamiento".La portavoz
del Grupo Socialista explica que a raíz de "esta actitud
intolerable" se decidió a interponer la denuncia "para que sea la
justicia la que inste al alcalde a aportarnos la documentación
requerida".
192. EL TS ARCHIVA UN QUERELLA DE LA COMUNIDAD CONTRA LA MINISTRA DE
SANIDAD POR UNAS DECLARACIONES (26/12/06)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha
archivado y desestimado una querella que la Comunidad de Madrid
había presentado, el pasado mes de abril, contra la ministra de
Sanidad, Elena Salgado. El Gobierno madrileño estimó que unas
declaraciones de la ministra podían incurrir en delitos de injuria o
calumnias.
El conflicto arrancó el 9 de febrero, tras
conocerse el borrador del decreto por el que se reglamentaba la ley
del tabaco en Madrid. Elena Salgado, en una comparecencia ante
diversos medios de comunicación, mostró su disconformidad con la
norma, que flexibiliza la ley y permite, entre otras cuestiones,
fumar en determinados bares de centros de trabajo, en actos
institucionales y rebaja las exigencias técnicas para las salas de
fumadores.
En esa comparecencia, Salgado dijo que «los
madrileños debemos esperar de nuestros gobernantes que se preocupen
por la salud de los ciudadanos, no lo contrario. Y la Comunidad de
Madrid da muestras repetidas de que siempre actúa en contra de la
salud de los madrileños. Lo hizo en las listas de espera -insistía
Salgado-, haciendo trampas, lo hizo en el caso de Leganés y espero
que no lo haga también en el caso de la norma que debe desarrollar
la ley antitabaco en unos aspectos muy concretos». Estas
declaraciones llevaron a la Comunidad a exigir disculpas a Elena
Salgado e, incluso, a remitirle un requerimiento notarial para
lograr una rectificación pública, sin lograrlo. El pasado jueves,
tras conocerse un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
por el que no se aceptaba la suspensión cautelar que reclamaba el
Ministerio del decreto que flexibiliza la ley del tabaco, el
vicepresidente primero del Gobierno de Madrid, Ignacio González,
volvió a exigir disculpas.
Para el Tribunal, según el auto al que ha tenido
acceso ABC, «las expresiones atribuidas a la querellada se enmarcan
dentro del marco de la crítica política no rebasando el ámbito de
esas libertades». Los magistrados del Supremo consideran que «es muy
difícil admitir en un sistema democrático que se pueda hablar de
injurias al gobierno, ya sea de la Nación o de la Comunidad
Autónoma, cuando precisamente la crítica y oposición al mismo es una
de las características básicas de la democracia».
En el proceso, la Fiscalía pidió también el
archivo de la querella «por no revestir los hechos caracteres de
delito». Para el Ministerio Fiscal, la Comunidad carece de
legitimación activa, tanto en el ejercicio de la acción popular como
particular.
193. ESPERANZA AGUIRRE LAMENTA QUE CUBA PIDIERA AYUDA SANITARIA "PARA
EL DICTADOR FIDEL CASTRO" (27/12/06)
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha lamentado que la embajada cubana pidiera ayuda
a la sanidad madrileña "para el dictador Fidel Castro" y se preguntó
"qué ocurrirá con el resto de los habitantes de la isla" si tienen
que actuar así para tratar la enfermedad de quien se considera
"primer cubano".
Aguirre hizo estas declaraciones en el transcurso
de una visita a un colegio madrileño, al termino de la cual quiso
salir al paso de "algunas interpretaciones" suscitadas a raíz de que
el doctor José Luis García Sabrido, jefe del servicio de cirugía del
hospital público Gregorio Marañón, viajara a Cuba para examinar a
Fidel Castro, que se encuentra enfermo desde el pasado mes de julio.
Según la presidenta regional, la embajada cubana
"entró en contacto" con este doctor solicitándole sus servicios en
la isla, que fueron autorizados por el gerente del Gregorio Marañón
"con los gastos íntegramente sufragados de manera externa a la
Comunidad de Madrid", afirmó.
194. RAJOY CONSIDERA LÓGICO QUE SE PRESTE AYUDA MÉDICA A CASTRO COMO A
CUALQUIER PERSONA (28/12/06)
El presidente del PP, Mariano Rajoy, se mostró
partidario de prestar ayuda sanitaria a quien la solicite, "sea la
persona que sea". Así respondía en Santander a preguntas de los
periodistas sobre el viaje a Cuba del jefe de Cirugía General del
hospital Gregorio Marañón, José Luis García Sabrido, para examinar
al presidente cubano, Fidel Castro. Por su parte, PSOE e IU
arremetieron contra la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a la
que acusaron de hacer un discurso ideológico derechista al lamentar
que el régimen cubano pida ayuda para el dictador.
"Nosotros damos ayuda humanitaria a todo aquel
que nos la pida" declaró el pasado martes Esperanza Aguirre a
propósito del viaje del doctor García Sabrido para examinar a
Castro, aunque inmediatamente después lamentó que en este caso el
destinatario de la ayuda médica fuera el "dictador" cubano. "¿Qué
ocurrirá con el resto de los ciudadanos de la isla, con el resto de
los cubanos y especialmente, con los presos políticos cuando el
comandante mismo está enfermo y tiene que pedir ayuda a la Sanidad
madrileña?", se preguntó la jefa del Ejecutivo madrileño.
Las palabras de Aguirre desataron inmediatamente
una polémica que continuó . El propio presidente del PP, Mariano
Rajoy, terció en el asunto con un tono mesurado. Tras revelar que él
mismo había sido operado de una hernia inguinal por el doctor García
Sabrido, el líder del PP explicó que el cirujano le había indicado
que su viaje se produjo a petición de las autoridades cubanas y con
el permiso de la Comunidad de Madrid.
"A partir de ahí, yo creo que cualquier persona
normal entiende que cuando alguien pide ayuda y se le puede prestar,
lo lógico es que se le preste. Esto es lo que yo tengo que decir
sobre esto. Sea la persona que sea", remachó Rajoy.
195. LA EDUCACIÓN, UN NEGOCIO PARA ESPERANZA AGUIRRE (23/12/06)
La Comunidad de Madrid apuesta por una educación
y una sanidad privada en detrimento de la pública. El periódico
Diagonal ofrece datos tan reveladores como que la Consejería de
Educación madrileña dedica un porcentaje del PIB similar al que se
destina en América Latina. Este proceso imparable se realiza a
través de la cesión de suelo público para concertados, la negativa a
crear escuelas infantiles y plazas en colegios públicos y el aumento
de los presupuestos para los concertados.
Los socialistas madrileños anunciaron que en
enero presentarán una ley educativa para dar una respuesta a estas
"señales de alarma". Su secretario general, Rafael Simancas,
denunció que la CAM "es la comunidad más rica con la Educación más
pobre".
El Partido Socialista de Madrid presentará en
enero una proposición de ley educativa para atajar los problemas
existentes "sin esperar a gobernar". Simancas alertó de una
"financiación insuficientemente dramática" y explicó que esta ley
perseguirá reducir el fracaso escolar "relacionado con situaciones
socioeconómicas desfavorecidas", eliminar los centros "gueto" de
inmigrantes, unos 60 en la CAM, rebajar las ratios de alumnos por
aula, extender el bilingüismo, terminar con los "barracones", que
cifró en unos 90, crear nuevos centros y extender el uso de las
nuevas tecnologías.
Los principales sindicatos y las organizaciones
educativas progresistas han denunciado que la educación "no cumple
las premisas de una educación pública, gratuita, aconfesional,
universal, solidaria y democrática".
En los cuatro años de Gobierno de Aguirre el
presupuesto destinado a educación ha caído en picado. Junto a un
incremento presupuestario del 44%, el de Educación sólo aumenta un
30%. Diagonal recogió las declaraciones del miembro de la
FAPA de Madrid, Andrés Hervás denunciando esta situación: no podemos
ser una de las regiones más ricas de España y de Europa, y estar en
el número 13, de las 17 comunidades, en gasto educativo". La miseria
presupuestaria se une a la apuesta por la escuela concertada. Jorge
García, diputado regional de IU denunció que "el Gobierno de Aguirre
ha incrementado u 68% los conciertos de centros educativos llegando
a estar en Madrid más de la mitad del nuevo alumnado de los centro
privados de todo el Estado". Los nuevos escolares en centros
privados han pasado del 30% al 70%.
La Plataforma Regional por la Educación Pública
denunció ya en 2005 la cesión del PP a organizaciones privadas en 17
localidades. IU actualizó esa cifra elevándola a 36. Diagonal
destacó algunas de especial trascendencia, como las que son grupos
integristas como Comunión y Liberación en San Blas o el Opus Dei en
Alcorcón. Especialmente sospechoso es el caso de Colmenar Viejo,
donde la CAM ha cedido al grupo Cantoblanco, responsable de la
cafetería de la Asamblea de Madrid, unos terrenos que reclamaban
distintas asociaciones para construir varias instalaciones
educativas públicas. La falta de recursos provocó que 600
estudiantes estuvieran sin escolarizar a principios de curso y que
5.000 comenzaran las clases en barracones o en condiciones precarias
en la capital. El presupuesto para conciertos el año que viene
alcanzará un nuevo máximo, 747 millones.
196. AHORA
TOCA PRIVATIZAR LA NIEVE (23/12/06)
Las pistas de la estación de esquí de Navacerrada
han vivido tiempos mejores. Por sus heladas pendientes hicieron sus
primeros descensos muchos madrileños. Algunos, como los hermanos
Fernández Ochoa, consiguieron alcanzar las más altas cimas en la
práctica del deporte blanco. Pero ahora la estación que les vio
nacer como deportistas busca a alguien que se haga cargo de ella.
Su actual propietaria, la Comunidad de Madrid, no
la quiere y la pone en venta por segunda vez. La primera, el año
pasado, fijó el precio de salida en 420.000 €, pero obtuvo el mayor
de los fracasos: nadie pujó por ella. La subasta pone en liza los
derechos de explotación de la estación, pero no supone una venta del
suelo que ocupa.
Ha transcurrido un año, y el valor de la estación
ha caído en picado. El Gobierno regional vende ahora sus 945.658
acciones en la empresa Deporte y Montaña de la Comunidad de Madrid,
SA, a un precio de salida de 113.479 €. La empresa ganadora deberá
ofrecer un aval de otros 600.000. En el paquete se incluye el
albergue de 100 plazas Álvaro Iglesias, también propiedad del
Gobierno autónomo. La oferta salió publicada en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
"Un regalo para algún privado", critican los
socialistas. "Sobre todo ahora, cuando el terreno está en el marco
de un futuro parque nacional", observa Óscar Monterrubio, diputado
regional del PSOE.
La Consejería de Cultura y Deportes responde que
el precio es el más ajustado a la realidad: "El cálculo del valor de
las acciones lo ha llevado a cabo una auditoría externa".
Monterrubio culpa al Gobierno regional de la situación actual de la
estación. "No ha habido voluntad política de que saliera adelante.
La gestión ha dejado mucho que desear. Sí, se ha invertido en las
instalaciones, pero ha faltado un plan de viabilidad que le dé
salida tanto en invierno como en las demás estaciones del año",
explica.
Los municipios de Cercedilla y Navacerrada
esperan que, con gestión privada o pública, la estación salga
adelante. Al alcalde de Cercedilla, el socialista Eugenio Romero, la
solución de la privatización no le convence. "Pero, una vez tomada
la decisión, nosotros no podemos hacer más. Y lo mejor es que se
venda cuanto antes, porque la estación es un motor económico para el
puerto", apunta.
En el pueblo de Navacerrada confirman muchos
lugareños que viven de la nieve. "El puerto se puede y se debe
explotar", manifiesta la concejala de Deportes, Marina Fraile. La
edil opina que las instalaciones se podrían aprovechar más. "La
falta de nieve es un problema global, nos afecta a todos y no
podemos luchar contra ello. Pero una vez que cae, hay nieve en
Valdesquí y aquí. Pero, claro, luego hay que cuidarla". Cercedilla
ostenta la propiedad del 0,15% de las acciones de la empresa. Una
nimiedad si se compara con el 99,27% del Gobierno regional. El resto
se divide entre el Ayuntamiento de Navacerrada, que tiene un 0,02%,
y algunos particulares.
La Consejería de Cultura y Deportes niega que
haya existido dejadez en la gestión de las pistas. "Lo hemos
intentado hacer lo mejor posible", aseguran. Aun así, admiten que
una empresa privada imprimirá "más agilidad" a la gestión. "No tiene
sentido que una Administración pública se haga cargo de una estación
de esquí", consideran desde la Consejería.
El Gobierno regional creó la empresa Deporte y
Montaña de la Comunidad de Madrid, SA para hacerse cargo de la
estación. Llegó a tener 78 trabajadores. Sin embargo, el año pasado
la consejería recolocó a estos empleados en otros lugares y
subcontrató los servicios de la estación. Como ejemplo del interés
con el que se han tomado su trabajo, recuerdan que se encontraron a
la empresa inmersa en causa de disolución por las pérdidas
acumuladas. "Para nosotros hubiera sido más fácil acabar con la
sociedad. Pero continuamos, a pesar de las dificultades, porque
queríamos que Navacerrada siguiera funcionando", aseguran. Y en el
caso de que nadie opte por comprar las acciones, la consejería
seguirá manteniéndola. "Nosotros no queremos que desaparezca. En
este momento estamos fabricando nieve con los cañones y esperamos
poder abrir para el viernes 28", aventuran.
197. AGUIRRE IGNORA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SIGUE CON SU
CAMPO DE GOLF (29/12/06)
El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha
presentado una denuncia judicial ante la negativa de la Comunidad de
Madrid de paralizar las obras del Campo de Golf de Vallehermoso, en
el centro de la ciudad, "al carecer éste de licencia municipal de
construcción".
El Ayuntamiento que lidera Alberto Ruiz Gallardón
ordenó en noviembre la paralización de las obras al entender que se
estaban llevando a cabo al margen de la licencia urbanística
otorgada en 2003. La Comunidad asegura por su parte haber solicitado
un nuevo permiso que recoge las mejoras del proyecto.
El proyecto de construir un campo de golf en una
zona céntrica de Madrid ha provocado en el último mes la celebración
de multitudinarias manifestaciones vecinales que solicitan la
paralización de las obras que el Canal de Isabel II lleva a cabo
sobre un antiguo depósito de agua junto al parque de Santander.
Reclaman que se construya el gran parque público prometido en 2003 y
no un campo de golf de gestión privada como pretende la Comunidad.
Ya a principios de diciembre, IU remitió al departamento de
Disciplina Urbanística un escrito en el que se urgía a la
paralización, "con carácter inmediato", de las obras que se están
ejecutando en el antiguo depósito de agua del Canal de Isabel II. Se
da sin embargo la circunstancia añadida de que a finales de octubre,
se ordenó por parte de Urbanismo esta medida, a la que la Comunidad
ha hecho caso omiso argumentando la petición de una nueva licencia.
La portavoz de IU, Inés Sabanés, calificó de "inadmisible" que sea
la propia Administración quien incumpla estos preceptos, y alegó que
"se ha ordenado el cese de las obras y se ha hecho oídos sordos". IU
quiere que sean los juzgados quienes decidan "ante este atropello
del Canal de Isabel II con la complicidad total del Gobierno de
Esperanza Aguirre", y añadió que el proyecto del campo de golf "de
casi diecisiete mil metros, cuenta con la oposición frontal de los
vecinos".
PSOE e IU se han unido a las manifestaciones
vecinales contra el campo de Golf y hasta el candidato socialista a
la alcaldía, Miguel Sebastián, hizo una aparición fugaz para saludar
a los vecinos y mostrarles su apoyo. Carmen Sánchez Carazo, concejal
socialista del Ayuntamiento, denunció que "están construyendo sin
licencia, tenían una licencia para hacer un estanque, un jardín y
campos de fútbol y, sin que haya habido un cambio en el Plan
General, están haciendo otras cosas".
198. EL "NÚMERO DOS" DE AGUIRRE, DENUNCIADO POR PREVARICACIÓN
(24/12/06)
Simón Casas, el empresario que perdió el concurso
de la Plaza de toros de las Ventas, se ha querellado contra el
"número dos" de Esperanza Aguirre, Ignacio González, por un presunto
delito de prevaricación. El empresario ha presentado también la
denuncia contra la mesa de contratación que adjudicó en un polémico
concurso la gestión de la plaza más importante del mundo a la
empresa de José Antonio Martínez Uranga.
Según informaba la Cadena SER, la denuncia
manifestaba que en el concurso se habían producido "groseras
irregularidades porque ha estado dirigido a la finalidad
preconcebida de renovar a Martínez Uranga en la gestión de Las
Ventas". Por tanto, el procedimiento administrativo habría "sido una
mera apariencia que pretende dar cobertura formal a una decisión
arbitraria"; dicho de otro modo: que el proceso habría estado
amañado en favor de Martínez Uranga.
La Comunidad de Madrid decidió convocar un nuevo
concurso para adjudicar la gestión de Las Ventas el pasado verano
después de que Fidel San Román, que gestionaba por entonces la plaza
junto a José Antonio Martínez Uranga, fuera detenido en el marco de
la operación Malaya.
La adjudicación de la gestión de la Plaza a José
Antonio Martínez Uranga el pasado noviembre es lo que ha llevado a
que el empresario Simón Casas presente esta querella por un presunto
delito de prevaricación contra el vicepresidente del Gobierno de
Esperanza Aguirre, Ignacio González, y la mesa de contratación que
adjudicó la Plaza, presidida por Alejandro Halffter. En los próximos
días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid deberá decidir si la
admite a trámite o no.
199. SIEMENS FICHA A UN INFORMÁTICO DE SANIDAD QUE INTERVINO EN UNA
ADJUDICACIÓN MILLONARIA (29/12/06)
La empresa Siemens, adjudicataria de un contrato
de 44,6 millones de € para equipar informáticamente siete hospitales
que la Comunidad de Madrid construye en la región, ha fichado a uno
de los miembros de la Consejería de Sanidad que valoraron las
ofertas presentadas. Este directivo, que ocupaba la subdirección de
informática del hospital Gregorio Marañón (no sometido a régimen de
incompatibilidades), fue contratado un mes después de la
adjudicación para desarrollar el proyecto que él mismo había
evaluado. El contrato se encuentra recurrido ante los tribunales.
José Antonio Rodríguez Maniega participó en las
comisiones técnicas de la Mesa de Contratación que adjudicó el
contrato, según han confirmado fuentes del Gobierno regional. EL
PAÍS no ha logrado, pese a haberlo intentado en los dos últimos
días, recabar la versión del ex subdirector. Tampoco ha valorado la
fuga de uno de sus expertos informáticos la propia Consejería
de Sanidad, aunque en este caso ha sido porque ha rehusado
expresamente hacerlo.
El concurso, dividido en cuatro lotes, fue
adjudicado el pasado mes de julio y Siemens se llevó la parte del
león: 44,6 millones de los casi 60 millones en los que fue
adjudicado. Menos de un mes después, el subdirector de Informática
del Gregorio Marañón abandonó la sanidad pública para irse a
Siemens, según confirmaron fuentes de la empresa y del hospital.
El nuevo puesto que ocupará en la multinacional
será precisamente la instalación y desarrollo de los equipos
informáticos de Siemens en los centros sanitarios. El ahora
ejecutivo de la multinacional conoce bien el proyecto, ya que él
mismo formó parte hasta julio del equipo nombrado por el Gobierno
regional para evaluar las ofertas presentadas por las empresas del
sector. Sanidad no quiso precisar cuántas personas formaban ese
equipo.
Este proceso de evaluación ha resultado
controvertido porque se prolongó durante casi nueve meses, casi el
doble de lo previsto. La extensión del plazo fue clave, ya que la
empresa que obtuvo la mejor valoración por la oferta presentada,
Hewlett-Packard (HP), fue excluida por Sanidad del concurso porque
en la última fase del largo proceso le caducó un documento. HP ha
denunciado el caso ante el Tribunal Superior de Justicia, al
considerar que se ha visto perjudicada injustificadamente por los
retrasos excesivos de Sanidad en la tramitación, según fuentes de la
compañía.
"Este concurso ha acabado siendo un problema por
la pésima gestión de la Consejería de Sanidad", criticó Lucas
Fernández, portavoz regional del PSOE. "Sanidad retrasó primero por
causas que no ha explicado la adjudicación del contrato. Luego
excluyó a la empresa que había presentado la mejor oferta por un
papelito caducado precisamente por la lentitud de Sanidad. Y,
finalmente, resulta que la empresa beneficiada por la exclusión
contrata a una de las personas que han intervenido en todo el
proceso", argumentó Fernández.
El también diputado regional del PSOE, Óscar
Monterrubio, explicó que "la marcha de esta persona no es en
principio ilegal, ya que no está sometida al régimen de
incompatibilidades". "Puede no ser ilegal, pero evidentemente es muy
poco ética y dice muy poco a favor de cómo Sanidad ha llevado a cabo
todo el proceso".
En los mismos términos se manifestaron las
fuentes del sector consultadas. "No es nada habitual que una persona
participe en un proceso de adjudicación e inmediatamente después se
vaya a la empresa ganadora. Tampoco parece nada ético", señalaron
estas fuentes. Un portavoz de HP declinó comentar la contratación de
su empresa rival. "Nosotros esperamos que los jueces nos den la
razón y anulen todo el concurso por los retrasos injustificados en
todo el proceso. No podemos opinar sobre nada más", subrayó este
portavoz.
Siemens, por su parte, tampoco quiere ofrecer su
versión sobre el caso y se limita a recordar que es "la ganadora de
un concurso público" en el que se ha limitado a "presentar la mejor
de las ofertas posibles".
Manuel Lamela, consejero de Sanidad, reconoció en
una entrevista mantenida con el periódico especializado Diario
Médico que los retrasos en la adjudicación del contrato de los
equipos informáticos podía tener efectos negativos sobre el
calendario previsto para la apertura de los nuevos hospitales.
Lamela hizo estas declaraciones antes de que se conociera el recurso
presentado por HP.
200. SOLUCIONES
CONTRA LA SEQUIA (27/12/06)
La decisión anunciada por Esperanza Aguirre de
inyectar agua para recargar los pozos de la región no ha sentado
nada bien a los ecologistas y a la Confederación Hidrográfica del
Tajo. Ambos coinciden en que se trata de una "solución milagrera" de
la presidenta regional. Desde Ecologistas en Acción se denuncia que
este sistema "no sirve absolutamente para nada", ya que el acuífero
de Madrid es arenoso y el agua filtra lentamente. Es decir, que sólo
se recarga el pozo rellenado, sin distribuir el agua al resto de ese
gigantesco embalse subterráneo.
El método que propone la presidenta para combatir
la sequía "no vale", asegura el responsable de esta área en
Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas. Según explica, al
estar el pozo compuesto de arena, el paso del agua de un lugar a
otro se hace mediante filtración, y este proceso es muy lento.
"Esto provoca que el líquido se concentre en la
zona del pozo en la que se inyecta. Otra cosa sería que el fondo
fuese calcáreo, ya que tendría grietas y el agua pasaría entre ellas
más rápidamente", asegura. El objetivo es que el agua se mueva
rápidamente de forma horizontal. El acuífero de Madrid se extiende
desde Torrelaguna hasta Talavera de la Reina. Para Martín Barajas,
"ésta es otra de las soluciones milagro" de Esperanza Aguirre
cuando, a su entender, la solución sería controlar los desarrollos
urbanísticos que se extienden por la región.
La presidenta regional ha anunciado la recarga
del acuífero a través de 20 pozos distribuidos por diferentes puntos
de la región. El objetivo, según la Comunidad de Madrid, es
aprovechar el agua de lluvia sobrante en los años de bonanza. En
total, el Gobierno regional invertirá 15 millones en este proyecto,
que se desarrollará en tres fases hasta 2010.
La primera, que comenzará el próximo año, durará
de seis a doce meses. Se trata de una prueba piloto que el Canal de
Isabel II (empresa pública regional que gestiona el agua) llevará a
cabo junto con su homóloga israelí Mekorot. La idea de poner en
marcha este proyecto nace en el viaje que Aguirre realizó a Israel a
finales de junio de este año.
En esa visita la presidenta dejó caer también que
no veía con malos ojos el bombardeo de nubes con yoduro de plata
para provocar lluvia, técnica ya usada por Israel. Para el portavoz
de los ecologistas, esto es "como recoger lluvia con un cubo, puesto
que El Atazar [donde en un principio se planteó que se podría hacer]
se nutre de la cuenca del Lozoya". Esta opción no ha sido
descartada.
En una segunda fase del rellenado de pozos, que
durará dos años, está previsto acondicionar 20 ya existentes con un
caudal de 20 a 30 hectómetros cúbicos. En la última fase se proyecta
construir nuevos pozos que se cargarían con entre 40 y 50
hectómetros cúbicos de agua al año.
Por su parte, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT), José María Macías, ha asegurado que
esta medida es "innecesaria en este momento", y la define como una
"solución milagrera que no tiene nada detrás". Macías sostiene que
el Gobierno de la Comunidad de Madrid "tiene garantizado el
suministro de agua hasta el año 2015" gracias a los 200 hectómetros
cúbicos extra aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente.
La capacidad de reserva de los embalses de la
Comunidad es de 700 a 750 hectómetros cúbicos, y el consumo anual de
la población de la región es de unos 600 hectómetros. Según ha
precisado Aguirre en reiteradas ocasiones, en 2004 se tuvieron que
desembalsar 300 hectómetros cúbicos debido a que esa temporada fue
muy prolífica en lluvias. Éste es uno de los motivos que ha
esgrimido la presidenta para poner en marcha el proyecto de recarga
de los acuíferos.A lo largo de este año los madrileños han
ahorrado entre un 10% y un 12% de agua con respecto a 2005, lo que
representa unos 60 hectómetros cúbicos.Los pantanos de la región están al 68,34% de su
capacidad, según constaba ayer en la página web oficial del
Canal de Isabel II. El embalse que se encuentra a un mayor nivel es
el de Valmayor, al 94,2% de su capacidad. En el lado opuesto está el
embalse de Riosequillo, que está al 8,2%.
201. EL ESCRITOR FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ, NUEVO PRESENTADOR DE 'DIARIO
DE LA NOCHE' EN TELEMADRID (29/12/06)
El escritor Fernando Sánchez Dragó ha
alcanzado un acuerdo con la dirección de Telemadrid para
hacerse cargo el próximo 22 de enero, como director y presentador,
del espacio informativo nocturno de la cadena autonómica, Diario
de la Noche.
Fuentes de la cadena madrileña han confirmado
este acuerdo que supondrá que Sánchez Dragó presentará el
informativo de lunes a jueves con la misma estructura y duración
-entre las doce de la noche y la una de la madrugada- que en la
actualidad. El viernes, Diario de la Noche contará con otro
presentador y será más corto para dar paso, a partir de la una, al
espacio literario Las Noches Blancas, que seguirá presentando
como hasta ahora, el propio Sánchez Dragó.
El periodista Germán Yanke dejó el puesto de
director y presentador de Diario de la noche el pasado 9 de
octubre, tras recibir "presiones políticas en su trabajo", según
aseguraron fuentes próximas a él, aunque la cadena alegó que se
marchaba por desacuerdo con el presupuesto del programa. Telemadrid
informó de que Yanke abandonaba la cadena por "decisión propia" y
"al no compartir el necesario ajuste presupuestario en su programa,
un ajuste que se le había planteado dentro del contexto de rigor
económico". Pocos días antes de ser despedido, Yanke entrevistó a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y ésta le
acusó de utilizar los "argumentos del enemigo" al plantearle alguna
de las preguntas. Uno de los colaboradores de Yanke en Diario de
la Noche , Pablo Sebastián, publicó en La estrella digital
un artículo que tituló: La caza y captura de 'Diario de la Noche',
en el que denunciaba una operación de acoso por parte del PP contra
este espacio.
202.
AGUIRRE RENUNCIA A SU PROMESA DE ABRIR EL METRO 24 HORAS LOS FINES DE SEMANA
En apenas 24
horas, Esperanza Aguirre ha pasado del "lo haremos" a enterrar su promesa de
abrir el metro las noches de los fines de semana. El anuncio se hizo ayer por
boca de la consejera de Transportes e Infraestructuras, Elvira Rodríguez, quien
adujo motivos económicos, de seguridad, mantenimiento, accesibilidad y de
eficiencia. El análisis al que fue sometido el proyecto el pasado jueves ha sido
tan pesimista que incluso la consejera descartó su inclusión en el programa
electoral para la próxima legislatura. Transportes reforzará el servicio de
buhometro y creará nuevos billetes nocturnos.
"Si es un
problema de seguridad, le garantizo que lo vamos a abrir y además antes de las
elecciones", dijo hace nueve días la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
Ayer, su consejera de Transportes, Elvira Rodríguez, anunció que el Gobierno de
la Comunidad desecha el proyecto. Lo hizo después de una larga reunión de
Aguirre con los responsables del Metro en la que se analizaron los pros y
los contras de abrir el metro 24 horas. La consejera adujo motivos de
seguridad, accesibilidad, eficiencia y coste para enterrar el plan. Tan
mal parado salió el proyecto del análisis de los expertos que incluso "es muy
poco probable que esté recogido en el programa electoral" para las elecciones de
mayo, según Rodríguez.
Para compensar,
la consejería tiene pensado potenciar el servicio de buhometro -12 líneas
de autobuses que reproducen en superficie la red de metro- y estudiará la
creación de un nuevo abono nocturno que valdría tanto para los búhos
normales como para los buhometros, aunque tendría diferentes precios en
Madrid capital y el resto de la región. Independientemente de que se aumente el
número de autobuses, la Comunidad emprenderá una campaña informativa para
explicar los horarios, recorridos y precios de este servicio.
Las razones que
ayer expuso Rodríguez para desechar la apertura nocturna del suburbano no son
muy diferentes de las que dieron sus antecesores en el cargo, Francisco Granados
y María Dolores de Cospedal, para explicar el estancamiento del proyecto.
Según
Rodríguez, el sistema de autobuses es cinco veces más barato: cuatro millones de
euros frente a los más de 18 millones que costaría abrir el metro las noches de
fin de semana (sin contar con la ampliación de la red que está en marcha). Y
"hay que tener en cuenta el empleo eficiente del dinero de los contribuyentes",
dijo. Las primeras estimaciones de incremento de plantilla por la apertura del
suburbano las realizó Granados, y rondaba el 38%. La consejera recordó que los
sindicatos exigieron que las nuevas contrataciones fuesen indefinidas y a
jornada completa.
Rodríguez
también expuso razones de mantenimiento. "Desde que se encierran los trenes en
cocheras hasta que vuelven a salir al día siguiente, hay dos horas y media
efectivas para realizar el mantenimiento. La apertura nocturna supondría perder
esas horas, es decir, un tercio del tiempo semanal para realizar esas tareas",
señaló.
En referencia a
la accesibilidad, la consejera vendió las excelencia del servicio
nocturno de autobuses frente al del suburbano. Para refrendar sus palabras dijo
que el tiempo de trayecto medio del buhometro ronda los 30 minutos y su
frecuencia es de 15. "Sólo en bajar al andén del metro se invierten cinco
minutos", subrayó. A su entender, esto supondría un incremento en el tiempo de
desplazamiento "bastante considerable". El número total de viajeros que usan los
buhometros es de 16.000 al mes, mientras que a los búhos de la EMT
se suben unas 35.000 personas.
En cuanto a los
problemas de seguridad, la Comunidad calcula que serían necesarios 400 nuevos
agentes para evitar actos vandálicos y para proteger a los usuarios y los
trabajadores. Incluso la consejera dijo que el reforzamiento de este servicio
era importante para "prestar garantías frente a actos de índole terrorista".
PSOE e IU no
están precisamente contentos con la decisión del Gobierno regional. Para el
portavoz socialista de Transportes en la Asamblea, José Quintana, lo único que
ha hecho Aguirre con este asunto ha sido "marear la perdiz". "Sabían desde el
principio que no lo iban a hacer, pero que no se preocupen, Rafael Simancas lo
abrirá cuando sea presidente de la Comunidad", sentenció.
Su homólogo en
IU, Eduardo Cuenca, no se mordió la lengua. "Es un fracaso", dijo. Él entiende
que, si ya el compromiso era difícil de cumplir, la consejería "no ha hecho
mucho". Recuerda que podría haber puesto a agentes de las brigadas Bescam a
patrullar los andenes. Respecto a los buhometros, cree, simplemente, que
son "un fiasco".30.12.96
203.
EL PP DE SEVILLA LA NUEVA RECHAZA AL CANDIDATO IMPUESTO POR EL PARTIDO
El PP de
Sevilla la Nueva rechaza al candidato que la dirección regional de su partido ha
designado para repetir como aspirante a alcalde en las próximas
elecciones, Ernesto Téllez, actual regidor. Le acusan de actitud personalista y
talante poco democrático. El PP cuenta con cuatro ediles y gobierna la localidad
desde julio de 2005, cuando desbancó al PSOE (cuatro ediles) de la alcaldía al
presentar una moción de censura que apoyó el Grupo Popular Independiente (tres
ediles).
José Ramón
Baile, concejal de Obras del PP, dijo ayer sentirse "muy decepcionado" al
conocer que el partido había optado por situar a Téllez como cabeza de lista.
Los tres ediles populares que forman el equipo de gobierno junto con Téllez
habían enviado una carta al partido informando sobre la mala relación que existe
entre ellos y el alcalde.
"Las
discusiones con Téllez son constantes porque tiene una forma de dirigir el
municipio poco transparente y muy personalista", critica Baile. Según él, una de
las condiciones que impusieron los concejales del PP para apartar al PSOE de la
alcaldía fue que Téllez no volviera a presentarse. "No ha sido así, por lo
tanto, a partir de ahora sólo apoyaremos al alcalde en temas puntuales",
anunció.
31.12.96
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