70. GOBIERNO REGIONAL: LA ESPANTADA DE TAMAYO SE PREPARÓ AL DÍA SIGUIENTE DE LOS COMICIOS. EL ESCOLTA INVOLUCRADO FICHA POR UNA EMPRESA  PRESIDIDA POR UN EX DIPUTADO DEL PP (27/11/05)

El Ayuntamiento de Aranjuez tendrá que pagar a Patrimonio del Estado (dependiente del Ministerio de Hacienda) más de 600.000 euros por la venta indebida efectuada en 1998 por el anterior gobierno municipal del Partido Popular de un inmueble conocido como Casa de la Frutería. Así lo anunció la actual concejal de Hacienda, Cristina Moreno (PSOE), al entregar a los periodistas el escrito recibido hace unos días en el Registro Municipal con la exigencia de Patrimonio del Estado de que se proceda a este pago al existir sentencia firme al respecto.

El edificio vendido por el Ayuntamiento era propiedad de Patrimonio del Estado que se lo había cedido al Consistorio con la condición de que tuviera un uso público. El gobierno anterior lo vendió para pagar una deuda al Consorcio Regional de Transportes y Patrimonio, al conocer esta venta, inició un expediente de reversión del edificio. Ayuntamiento y Patrimonio del Estado llegaron a los tribunales, pero ya hay sentencia firme y ahora el Consistorio ribereño, en una situación crítica por la deuda, tiene que afrontar el pago del edificio más los intereses.

La historia del proceso se remonta a principios de los años noventa. La Casa de la Frutería era un inmueble antiguo de Aranjuez propiedad de Patrimonio del Estado, organismo que el 2 de marzo de 1990 lo cedió gratuitamente junto a otros bienes y propiedades al Ayuntamiento, formalizándose la escritura pública el 24 de mayo de ese año.

La cesión estaba sometida a la condición de que el edificio se destinara a uso público. "Que con incumplimiento de dicha condición -dice el escrito de Patrimonio del Estado recibido recientemente en el Registro Municipal- el Ayuntamiento al que me dirijo promovió la venta del citado inmueble para satisfacer las deudas que mantenía con el Consorcio Regional de Transportes, mediante acuerdo de 1 de octubre de 1998, produciéndose la venta al Grupo Inmobiliario Hersau, SA, el 18 de marzo de 1999".

La venta causó una gran polémica en la Corporación, ya que la oposición de entonces formada por PSOE e IU consideraban la venta ilegal. Cuando Patrimonio del Estado tuvo conocimiento de dicha venta inició un expediente de reversión del inmueble, y exigió su recuperación. Ahora el Estado exige el cumplimiento del pago, lo que ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento.

"Éste es el regalo de Reyes que nos deja el PP. La sentencia es firme y lo único que queda por hacer es pagar. Habrá que elaborar un plan de pagos al que podamos hacer frente, igual que hemos hecho con otras deudas, y afrontarlo", señalaba la concejal de Hacienda Cristina Moreno, del actual gobierno municipal socialista. Apuntó que están estudiando jurídicamente el caso por si procediera exigir a los entonces gobernantes algún tipo de responsabilidad.

Pedro Romero Aguilar, peluquero del ex presidente del Gobierno, José María Aznar y adjudicatario de la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón, ha desarrollado en los últimos años una importante carrera empresarial.La trayectoria profesional de Pedro Romero Aguilar ha pasado de gestionar cinco peluquerías en Madrid a dirigir un complejo grupo de empresas, según publica esta semana la revista Interviú.

La relación de Romero con José María Aznar arrancó en 1995 cuando el ex presidente del Gobierno era líder de la oposición. Aznar dejó de ir a la peluquería del Hotel Eurobuilding tras el atentado que el dirigente del PP sufrió cuando viajaba en su coche por una calle de Madrid.

Desde entonces, Romero acudía al despacho de José María Aznar en la calle de Génova o en el Palacio de la Moncloa. El peluquero comenzó su carrera inmobiliaria en el año 2000 con la sociedad PRA Interglobe, donde se alió con el hotelero Rafael Santamaría Trigo.

El concurso para la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón ha sido adjudicado a Play Golf Gestión, en la que figuran como socios Juana Fernández (esposa de Romero), José Luis Sanz Arribas y Pedro Iván Romero, hijo del peluquero.

Según datos del registro mercantil, el matrimonio Romero-Fernández y sus hijos aparecen en 14 sociedades, que tienen un capital social superior a los 10 millones de €, unos 1.600 millones de pesetas. Romero y su familia copan los cargos en el consejo de administración de la sociedad Nature&Entertainment. El único propietario de Nature, siempre según Interviú, es la empresa Comercio y Desarrollo 2100, que también posee otras 22 sociedades mercantiles con nombres como Belize Resorts, Niue Investment, Maupiti Investment, Rarotonga Investment o Apapulco Bulevard.Todas ellas están activas desde el año 2002.

Juan Sánchez Sáez, con sus hijos Sergio y Alvaro, está al frente de Comercio y Desarrollo 2100.

Pedro Romero Aguilar se ha asociado con varios constructores para realizar operaciones urbanísticas en las localidades de Alcorcón y Arroyomolinos, municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid con un gran desarrollo urbanístico en los próximos años.

En esta zona la familia Romero ha operado, asociada a la familia García Urraco, con la sociedad Bauenplan Promociones Inmobiliarias.

El ex presidente Aznar vive desde hace aproximadamente un año en una urbanización llamada Monte Alina, situada en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. Aznar practica el golf desde hace dos años.

Pedro Romero fue el que puso en contacto al ex presidente con el golfista Manuel Piñero. A su vez, Piñero presentó al matrimonio Aznar a Germán Garrido, que les ha dado clases en el Club de Campo de Madrid. Piñero figura como presidente y aval técnico en la oferta que Play Golf Gestión presentó al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que está presidido por Jesús Sepúlveda (PP). La trayectoria empresarial de Piñero parece que no es tan impecable como la deportiva tras el fiasco con otro campo municipal de golf en Oviedo. Esta compañía era la única que optaba a la concesión que no tiene experiencia en la gestión.

La licitación del campo de golf y una escuela del mismo deporte se hizo en junio del año 2004. Play Golf fue fundada un año antes con un capital de 64.000 €.

Gonzalo Aguado, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pozuelo, dijo a la revista que Play Golf fue la empresa que más puntuación sacó en la oferta económica, que estaba valorada con 20 puntos.La empresa pagará 10.000 € anuales al Ayuntamiento y no incrementará significativamente su aportación hasta pasados los 17 años.Al final de los 50 años de concesión, llegará a una media de 250.000 € anuales.

El gobierno municipal de Majadahonda (60.000 habitantes) está roto. El alcalde, Guillermo Ortega Alonso, del PP, está a punto de presentar su dimisión ante la dirección del partido. Fuentes del PP dan por hecha su salida en los próximos días (es "inminente", dicen). El equipo de gobierno -15 concejales, contra siete del PSOE, dos del CDS y uno de IU- se ha dividido en dos: de un lado, tres ediles en torno a Guillermo Ortega Alonso; del otro, 10 ediles agrupados por Narciso de Foxá, ex concejal de Urbanismo, ex primer teniente de alcalde y actual presidente de la sociedad municipal Pammasa.

El grupo municipal socialista cree que la división se ha producido precisamente por la gestión de esta empresa que, según el PSOE, ha provocado pérdidas al Ayuntamiento por valor de 108 millones y la quiebra financiera del Consistorio. Un informe elaborado por ediles próximos a Ortega avalan esta cifra.

Pammasa, a su vez, vendía a las promotoras los derechos de construcción de estas viviendas libres a cambio de una compensación económica: 30.000 € por cada piso protegido no construido. El Ayuntamiento se veía obligado así a asumir la obligación de levantar las casas protegidas que no hacían los privados. Los socialistas llaman a esta operación "el permutazo".

Ortega, según ediles del PP, al descubrir el entramado, paró una operación en 2004, la referente a la parcela RN1 con 261 posibles casas, y sacó a concurso el suelo para vivienda libre. Sin embargo, Foxá, que defiende la gestión de Pammasa, afirma que las irregularidades se producen al intentar Ortega vender las parcelas en concurso libre. Ortega quería vender a 1.600 € el metro, pero Foxá dice que vale, por lo menos, 2.700.

Un dossier elaborado por concejales del equipo del gobierno cifra en 1.285 viviendas las operaciones que Pammasa realizó con privados entre los años 2000 y 2002. Y ponen como ejemplo que en la parcela RN9 (un solar de 16.000 m² y donde podían ser edificadas 132 viviendas libres), "el Ayuntamiento ha sufrido un quebranto económico de 2.753 millones de pesetas [unos 16 millones de €]".

El informe de los ediles del PP asegura que con el agujero económico ocasionado al Ayuntamiento se podrían haber levantado 3.755 pisos protegidos. Majadahoda ha edificado sólo 1.000 pisos con algún tipo de protección desde 2000.

En un carta que Foxá dirigió a las promotoras en junio de 2000 se lee: "Es intención de Pammasa ceder derechos para edificar viviendas libres, por un monto total de 377, asumiendo la obligación que tienen otros promotores de edificar viviendas sujetas a algún tipo de protección, a cambio de una contraprestación económica. Las ofertas deberán superar el precio mínimo de 30.000 pesetas el metro cuadrado, con un mínimo de tres millones de pesetas por vivienda".

El citado dossier del equipo municipal asegura que en 2004, Ortega descubrió la operación y paralizó otra nueva cesión a Pammasa: la parcela RN-1, con 261 viviendas libres. La parcela fue valorada por el arquitecto municipal, ajustándose a la ley y virtud de que el Ayuntamiento la consideraba destinada a vivienda protegida, en 1.515 millones de pesetas, cuando su valor de mercado era de 9.272 millones de pesetas (precio que habría obtenido el Consistorio si la hubiera vendido en subasta). El alcalde frenó la venta y la sacó a concurso por los citados 9.272 millones. Se presentaron 11 empresas.

Narciso de Foxá explica que el procedimiento de venta de derechos por parte de Pammasa para edificar vivienda libre es transparente. "Se adjudicaron por subasta, y al precio que dijo el arquitecto municipal. Además todos los grupos políticos del Ayuntamiento lo aprobaron por unanimidad, incluido el PSOE".

Fuentes del grupo de ediles contrarios a Ortega aseguran, por su parte, que donde se han producido las irregularidades es en el concurso para vender dos parcelas municipales de vivienda libre, la 2D y la RN-1. "No podíamos permitir que se nos obligara a aceptar la venta de suelo municipal a 1.600 € el metro cuadrado como quería Ortega, cuando en Pozuelo se están vendiendo a 3.280; en Las Rozas a 2.900; y en Boadilla a 2.700. Con esta actuación el municipio va a perder unos 50 millones de €", explican. "Es un escándalo", mantienen.

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, reconoció hace unos días que Majadahonda vive "momentos delicados" derivados de la remodelación de su gobierno local, pero asegura que "nunca" se ha cuestionado la gestión del actual alcalde. "Está siendo un excelente alcalde y ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Es, desde luego, una ciudad que es un modelo dentro de la Comunidad y lo va a seguir siendo", afirmó. Como máximo responsable de estos asuntos dentro de su partido, Granados explicó: "Desde el PP lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo: recoger los datos de lo que está sucediendo allí, que yo no calificaría de crisis, sino de momento delicado".

El vicepresidente primero y presidente del Comité Electoral del PP de Madrid, Ignacio González, dijo que le parece bien la "disponibilidad" del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a querer repetir en su puesto en las elecciones de 2007, pero recordó que es el partido el que "bendice a los candidatos". González concluyó: "Me parece muy bien la disponibilidad, pero será el partido el que decidirá quiénes son los candidatos a las distintas instituciones".

El alcalde aseguró horas antes, en una entrevista en Telecinco, que si los madrileños quieren, seguirá en el cargo después de 2007 porque necesita dos legislaturas para "coronar" proyectos que sitúen a la ciudad en el "liderazgo que le corresponde", en España y en Europa. Gallardón llegó al Ayuntamiento de Madrid tras los comicios de mayo de 2003.

Gallardón argumentó: "En una legislatura se inician muchos proyectos que se coronan en dos y, en principio, mi intención sería terminar ese proceso de transformación fabulosa que está viviendo nuestra ciudad para ocupar el espacio y el tiempo de liderazgo que le corresponde a Madrid no sólo dentro de España, sino dentro de Europa, y que eso requiere dos legislaturas".

En la entrevista, el alcalde también reconoció que ETA es "el único problema" de la candidatura olímpica que, hoy por hoy, según aseguró, es la mejor, por encima incluso de su principal competidora, París, al haber superado los escollos de pruebas deportivas y plazas hoteleras que sumaba puntos a favor de la ciudad francesa.

La candidatura olímpica Madrid 2012 y la reforma de la M-30 son dos de los grandes proyectos que el alcalde querría continuar en caso de presentarse finalmente a la reelección.

"Fue una decisión puramente técnica". Así respondió el Ministerio de Hacienda a las declaraciones del vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González en las que aseguraba que la calificación de Mintra como empresa pública por parte de Bruselas, en vez de comercial, respondía a "razones políticas". Por su parte, Bruselas dice que tomó la decisión al recibir nueva documentación de Madrid.

El Ministerio de Economía y Hacienda rechaza tajantemente que existan motivos políticos para el cambio de calificación de la empresa pública Mintra, sociedad con la que la Comunidad de Madrid financia la construcción del metro. Fue Eurostat, organismo independiente que vela por el control de las cuentas públicas europeas, el que decidió recientemente calificar a Mintra como empresa pública y no como comercial, como ocurría hasta ahora. Alega razones técnicas. Esta nueva calificación hace que la deuda de Mintra (3.600 millones) pase directamente a formar parte del endeudamiento de la Comunidad de Madrid, lo que eleva la deuda regional a 10.000 millones de € y obliga al Ejecutivo de Esperanza Aguirre a emprender un plan especial de financiación.

El vicepresidente primero del Gobierno, Ignacio González, había manifestado que el cambio de calificación por parte de Eurostat obedece "a un objetivo político". González culpó a Pedro Solbes, actual ministro de Hacienda y ex comisario europeo, y a Joaquín Almunia, máximo responsable actualmente de Eurostat, de este cambio de calificación. "Salvo que alguien me lo explique, no entiendo las razones para cambiar de criterios contables con Mintra, ya que la empresa no ha cambiado su gestión. Si no es una razón económica, ¿cuál es la razón? Si no hay motivos económicos, serán políticos", dijo el vicepresidente primero.

Hacienda salió al paso de estas declaraciones. Fuentes ministeriales recordaron que Eurostat no tiene como interlocutor al Gobierno de España, sino al Instituto Nacional de Estadística (INE), al Banco de España y a la Intervención General del Estado.

Estas fuentes rechazaron, igualmente, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no haya defendido suficientemente los argumentos de la Comunidad de Madrid para mantener a Mintra como empresa comercial, tal y como afirmó González. "Eso es completamente incierto. Lo que ocurrió es que Mintra estaba calificada como empresa comercial de forma transitoria, no de manera definitiva. La decisión estaba sometida a revisión de Eurostat y la Comunidad de Madrid lo sabía", aseguran. Y estas fuentes ministeriales añaden: "En junio pasado, hicimos pública lo que denominamos Operación Transparencia. Es decir, explicamos que no es que el PP [el Gobierno de José María Aznar] hubiera dejado déficit oculto, sino que había riesgo de que en el futuro se pudiera contabilizar como déficit el endeudamiento de algunas empresas públicas. Éste ha sido el caso de Mintra y puede serlo de otras".

Por su parte, en una carta que Eurostat envía al director general del INE, Mariano Gómez del Moral, y que tiene fecha del pasado día 3, se lee que existen cuatro razones para que Mintra deje de ser considerada empresa comercial.

Entre las causas, Eurostat menciona que la mayor parte de las cantidades recibidas por Mintra provienen de Metro, que los ingresos de Mintra están fijados con antelación y no parecen corresponder con parámetros objetivos relacionados con el uso de las infraestructuras y que "el poder contractual de Mintra está muy limitado, ya que Metro es su único cliente (los ingresos provenientes de otros operadores son casi insignificantes), por lo que su mercado es muy limitado". Con estas consideraciones, Bart Meganck, director de Eurostat, afirma que Mintra debe ser calificada como empresa pública.

La carta enviada por Bart Meganck, director de Eurostat, al Instituto Nacional de Estadística para explicar el cambio de calificación de Mintra detalla que en un primer momento (2003) la empresa pública fue calificada de comercial, porque Eurostat sólo disponía de "información parcial".

La decisión se tomó entonces, dados los "aspectos legales de la empresa". Ahora, Eurostat ha cambiado de opinión al tener en cuenta "la información adicional recibida", incluido un análisis de balances, beneficios y pérdidas.

La Comunidad, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente, alegó que debía ser considerada empresa comercial porque la sociedad recuperaría el 50% de sus inversiones por la venta de sus productos (alquiler de las infraestructuras). Ahora, Eurostat dice que eso no es suficiente.

Concejales del equipo de Gobierno de Majadahonda aseguran que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, conocía desde hace semanas las irregularidades en la Empresa Municipal de la Vivienda de esta localidad, de la que fue alcalde Romero de Tejada, que también fue secretario general del PP de Madrid. Esta semana, el PP ha forzado el cambio de alcalde en Majadahonda.

Concejales populares del Ayuntamiento de Majadahonda denuncian que la Ejecutiva regional del PP tenía constancia hace varias semanas de las irregularidades urbanísticas que se produjeron en el municipio. Según el concejal de Urbanismo, hace dos semanas se produjo una reunión en la sede de Génova donde participaron Esperanza Aguirre, Ignacio González y Frencisco Granados. En ella, el anterior alcalde del consistorio, Guillermo Ortega entregó a los responsables regionales un dosssier sobre la gestión irregular de la Empresa Municipal de suelo. También cuenta el concejal que tras esa reunión, el partido ha ordenado dejar de lado ciertos expedientes.

El PP regional no quiere investigar las irregularidades urbanísticas que han dejado un agujero de 108 millones en las arcas del municipio. Esa es la denuncia de José Luis Peñas, que argumenta que ya el responsable de la Empresa Municipal del Suelo de Majadahonda, lejos de ser investigado por el PP regional, ha sido elevado a alcalde con el beneplácito del partido.

El concejal ‘popular’ atribuye la caída del anterior alcalde del consistorio a la denuncia sobre la gestión del suelo en Majadahonda que hizo en la sede de Génova. Así mismo, José Luis Peñas interpreta la reacción del PP regional como una señal de algo más.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el PP sin que de momento haya sido posible obtener respuesta. Hay que recordar que José Luis Peñas y otro concejal ‘popular’ del municipio recibieron esta semana la amenaza de expediente por parte del secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados.

La ONG que preside el ex jefe de prensa de Aznar, Pablo Izquierdo, y de la que fue vicepresidenta Ana Botella, continúa recibiendo subvenciones de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. La última le fue concedida hace pocos días y ronda los 200.000 €. Esta Fundación está siendo investigada por la Intervención General del Estado por presuntas irregularidades en la gestión de las ayudas públicas.

Se trata de una de las más altas concedidas por la Comunidad de Madrid con cargo a los Presupuestos de 2004. Esos 200.000 € deberán ser utilizados por la Fundación Iberoámerica Europa (CIPIE) para construir una biblioteca en Lima, la capital de Perú.

El PSOE considera que existen demasiadas dudas sobre la gestión que esta ONG hace con dinero público, como denuncia Francisco Contreras, diputado socialista en la Asamblea de Madrid. "Me parece que, cuando menos, debían congelarse todo dipo de acciones con respecto a CIPIE -dice Contreras-, teniendo en cuenta la mala gestión que se ha denunciado". El diputado socialista considera que la Comunidad de Madrid debería abrir una investigación sobre la gestión de esta Fundación, en vez de seguir concediéndola subvenciones.

Por su parte, el director general de Inmigración y Cooperación de la Comunidad, Carlos Clemente, ha declarado que la subvención está avalada por los técnicos y que no le consta que esta ONG esté siendo investigada por ningún organismo del Estado.

Una empresa se encargará de construir y gestionar los servicios no médicos de los hospitales (lavandería, mantenimiento, administración, restauración...), pero Sanidad mantendrá la gestión directa de todos los servicios médicos.

Sanidad tiene previsto abrir el hospital a principios de 2007, poco antes de las próximas lecciones autonómicas. Lamela afirmó que la gestión privada del hospital "no es incompatible ni contraria al concepto de asistencia sanitaria gratuita ni al derecho de acceso en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos". Lamela, que al igual que Esperanza Aguirre, había asegurado que los nuevos hospitales tendrían gestión pública, afirmó que este compromiso se refería sólo a los siete hospitales prometidos en el programa electoral del PP. Como el de Valdemoro fue añadido al proyecto de nuevas infraestructuras, Sanidad considera que no está incluido en su compromiso de gestión pública.

El hospital se ubicará en una parcela de 70.000 m² y tendrá una superficie construida de 43.500 m², incluido un aparcamiento de 15.800 m². En 2007, será inaugurado con 100 camas, que podrán ampliarse a 145 en una década. Cuando abra al público tendrá aproximadamente 100 camas, que podrán llegar a 145 en 2017.

Tanto el nuevo alcalde, Narciso de Foxá como el anterior regidor, Guillermo Ortega, ambos del PP admitieron en una tensa reunión interna del partido celebrada en el Ayuntamiento el 24 de Enero que la decisión de paralizar la adjudicación de estas parcelas la tomó la presidenta de la Comunidad y del PP regional, Esperanza Aguirre con el conocimiento del ex-secretario general, Romero de Tejada.Ni uno ni otro dieron detalles sobre los motivos que alegaba Esperanza Aguirre para paralizar la adjudicación pero Foxa llegó a decir que no los desvelaba para, dijo textualmente, no enrarecer más la reunión.

El ex-alcalde Guillermo Ortega advirtió en ese encuentro que no estaba dispuesto a vivir bajo el chantaje que se le estaba haciendo y acusó al arquitecto municipal de cambiar su informe para impedir que las parcelas fueran adjudicadas a la empresa que ganó el concurso publico y, en cambio, fueran a parar a la constructora AFAR 4; Esta empresa es la gran beneficiada de las adjudicaciones en Majadahonda y su propietario es intimo amigo de Romero de Tejada.

En esa reunión, Guillermo Ortega llegó a hablar textualmente de "mamoneos" de los servicios técnicos y de informes del arquitecto que, según sus palabras, "no son para el juzgado sino para fusilarle". El ex-alcalde desveló además el mensaje que Romero de Tejada le había hecho llegar a través de un constructor: "date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás, seguirás de alcalde". Pese a todo, Ortega reivindicó su derecho a no cambiar la adjudicación amparándose en la autonomía municipal.

Sin embargo, 8 días después, Ortega presentó su dimisión alegando oficialmente motivos de salud y Narciso de Foxa fue elegido nuevo alcalde. Foxa era hasta entonces presidente de la empresa municipal de suelo que ha realizado en los últimos años numerosas adjudicaciones a la empresa Afar 4 y ha sido acusado por el Psoe de dejar un agujero en las cuentas municipales de 108 millones de €.

La intervención de Esperanza Aguirre en este caso resulta llamativa porque, según contó el ex-alcalde, se reunió con ella en el aeropuerto de Barajas el día, minutos antes de partir hacia China. En ese encuentro, Aguirre le insistió en que el único problema era el de las parcelas. El nuevo alcalde, Narciso de Foxá ha anulado el concurso convocado por su predecesor y ha anunciado un nuevo proceso para adjudicar las parcelas.

La presidenta regional, de momento, no ha querido pronunciarse. Guillermo Ortega ha escuchado las preguntas sin contestar. Quien sí ha hablado ha sido el ex secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, que ha admitido haber dado instrucciones para que esas parcelas no se adjudicasen.

Además ha reconocido además su relación de amistad con el propietario de Afar 4, Antonio Cubo. Tanto el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, como su predecesor en el cargo no han querido

El hospital de Valdemoro, uno de los ocho centros sanitarios que el Gobierno regional anunció que construiría en esta legislatura, será finalmente un hospital privado, propiedad de una empresa que cobrará a la Consejería de Sanidad la asistencia médica que preste a los 150.000 vecinos que en los próximos años está previsto que vivan en la zona

Así lo confirm el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, tras la publicación en el diario La Razón de la decisión tomada por Sanidad. El Gobierno regional introduce así una nueva fórmula de gestión en la sanidad pública que aumenta la colaboración con el sector privado. Pero la única presencia de Sanidad en el hospital será la de un delegado.

Hasta ahora, el único centro privado que en la región tenía una población asignada era la Fundación Jiménez Díaz. Ésta era hasta hace dos años una entidad sin afán de lucro que fue cedida por la Consejería de Sanidad a la empresa IDC, después de que la Fundación entrara en quiebra técnica. En los otros siete hospitales anunciados por Sanidad para esta legislatura -Henares, Sur, Arganda, Vallecas, Parla, Puerta de Hierro de Majadahonda y Norte- la fórmula de gestión será mixta pública-privada.

Uno de cada cinco electores madrileños -exactamente el 19,39%- ha dicho que no aprueba la Constitución Europea que fue sometida a referéndum. Después del País Vasco, Navarra y Cataluña, la Comunidad de Madrid ha sido la que ha mostrado un rechazo mayor hacia el Tratado por el que se establece una Carta Magna para la Unión Europea

En Cataluña y en el País Vasco ha habido formaciones políticas nacionalistas que han pedido el no durante la campaña sobre el referéndum, porque la futura Constitución Europea no recoge sus aspiraciones. En Madrid no existe ese argumento, sino que tan elevado número de votos negativos, aunque proviene mayoritariamente de la izquierda, se ha visto incrementado en parte por votantes de la derecha más ultra.

En los barrios considerados más de derechas de la capital de España, donde el PP obtiene habitualmente sus mejores resultados, el porcentaje de personas que han votado no ha sido muy superior a la media registrada en España. En el distrito de Salamanca, por ejemplo, el no llegó al 30,10% y en el de Chamberí fue del 29,46%.

Lo mismo ha ocurrido en varios pueblos de la comunidad madrileña, que han registrado un porcentaje de noes sensiblemente superior a la media estatal. Entre ellos figuran Pozuelo de Alarcón (26,15%), Majadahonda (26,26%), Madarcos (31,25%) y Torremocha del Jarama (29,72%).

En Madrid podían votar 4.463.258 personas y lo hicieron 1.841.348, lo que supone un 42,62%. De ellos, un 73,95% depositó en las urnas una papeleta con el sí, un 19,39% optó por el no y un 6,66% votó en blanco.

Desde el primer momento del escrutinio la comunidad madrileña se situó por encima de la media de España en el número de votos contra la Constitución Europea. A medida que avanzaba el recuento aumentaba también esa diferencia, hasta llegar a superar los dos puntos al final del escrutinio.

La única fuerza política con representación parlamentaria que ha pedido el no en la Comunidad de Madrid durante ha sido Izquierda Unida. De ahí que Gaspar Llamazares y otros dirigentes manifestaran anoche su satisfacción, sin mencionar que una parte de papeletas con el no provienen de la derecha.

Camilo Pereira, uno de los socios del actual alcalde y ex concejal de Urbanismo de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, en la empresa Marble Works es dueño de Fronda, sociedad que realiza gran parte de las obras y suministros de jardinería de esa localidad. El interventor municipal indica en un informe de octubre de 2004 que Fronda realizó la mayor parte de los trabajos por importe inferior al contrato menor (12.000 €), evitando así la fiscalización de los mismos. De Foxá niega haber participado nunca en ninguna contratación con Fronda y recuerda que era la Concejalía de Medio Ambiente la que se encargaba de este asunto.

Según cálculos del PSOE, en la oposición, Fronda facturó al Ayuntamiento entre los años 2003 y 2004 unos 378.000 €. El interventor municipal redactó un informe sobre estas facturas, debido a que la empresa reclamó al Ayuntamiento en junio de 2004 varios pagos pendientes.

Del análisis de las facturas reclamadas, el interventor concluye, por una parte, que "hay alarmantes series de facturas o solicitudes de gasto de la misma fecha, y conceptos que podrían ser englobados en contratos mayores".

Al mismo tiempo, el técnico municipal manifiesta que, si la Concejalía de Medio Ambiente da su conformidad a las facturas reclamadas, y de las que no se encuentran justificantes, el gasto real de los últimos tres años ascendería a casi un millón de €.

Según la intervención, el hecho de que la mayoría de los trabajos hayan sido realizados por importes inferiores al contrato menor, contraviene lo dispuesto en la legislación de contratación de las administraciones públicas vigente, además de evitar su fiscalización.

El alcalde sostiene por su parte: "No tengo nada que ver con ese sector. Lo único que tengo es una participación del 0,8% en una sociedad industrial en la zona de Alicante [propiedad de Marble Works]". Y añade tajante: "No he contratado ni una sola flor con Fronda. Eso es labor de Medio Ambiente, no mía. Si alguien me acusa de que yo haya realizado alguna adjudicación a Fronda, miente, difama y calumnia".

La decisión de poner orden en la organización popular en el municipio de Majadahonda fue tomada el pasado lunes en una reunión de la directiva del PP y a instancias del sector más próximo a Ángel Acebes. Es la primera consecuencia de la crisis abierta por lo que se ha dado en llamar 'caso Majadahonda'.

El actual alcalde de la población madrileña, Narciso de Foxá, había manifestado en varias ocasiones su intención de hacerse cargo en los próximos días del partido. En su lugar, será la diputada del PP y ex ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, quien tomará las riendas de un Partido Popular dividido en este municipio madrileño.

Se rompe así la doctrina tradicional del partido, por la que los alcaldes o portavoces municipales asumen también la presidencia del PP en el municipio correspondiente. Precisamente este giro de timón ha llevado a que dentro del grupo popular municipal se interprete este movimiento de la dirección central como un golpe personal y político a la figura de Narciso de Foxá.

Varios concejales leales a este último han manifestado su malestar al conocer la noticia, de la que dicen que no sabían nada. De Foxá, por su parte, ha afirmado no sentirse desautorizado por la decisión de su partido y ha asegurado que, después de la creación de la gestora, pujará de nuevo por la presidencia.

El ministerio fiscal solicita una pena de dos años de prisión y ocho de inhabilitación de cargo público para el alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández-Quejo (PP), acusado de recalificar una parcela protegida pasando por alto los trámites legales. Asimismo, se le acusa de talar árboles centenarios ubicados en ese terreno con el fin de facilitar a una constructora ligada a uno de los concejales la edificación en esa parcela de chalés de lujo, según informa Europa Press.

El ministerio público también incluye en su escrito de acusación al arquitecto municipal de San Lorenzo de El Escorial, Francisco Navarro, para el que pide un año de prisión y ocho de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, y acusa a cinco de los ediles del equipo de Fernández-Quejo de cometer delitos de estafa, estafa continuada y contra los recursos naturales.

El juicio contra Fernández-Quejo y los concejales del Ayuntamiento de la localidad comenzó en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid. En la causa se encuentran personadas como responsable civil directo la aseguradora Fiatc y como responsable subsidiario el Consistorio de San Lorenzo y la compañía Neypass S.L. cuyo constructor, Francisco Javier Pascual, está siendo juzgado por un delito de estafa continuada y de un delito de ordenación del territorio. Para Pascual, el fiscal pide ocho años de prisión y el pago de una multa.

En la primera sesión del juicio, el constructor de la empresa Neypass, aseguró que compró el terreno en julio de 1996 en contrato privado, y en noviembre del mismo año en escritura pública con el objetivo de construir en él ocho chalets.

"Nunca supe que la construcción era ilegal, nunca utilicé ninguna argucia para conseguir las licencias de urbanización ni prometí beneficios a nadie, además, nunca me han favorecido ni el alcalde ni los concejales", declaró el constructor. En cuanto a la tala ilegal de árboles en la parcela, Pascual aseguró que sólo eliminó aquellos árboles que estaban en la zona urbanizable.

El alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández-Quejo, quien, antes de abandonar la Audiencia, declaró que estaba "tranquilo y contento" de que se celebre el juicio porque "no es normal llevar siete años procesado sin motivo alguno".

Afar 4, la empresa más favorecida en octubre de 2003 en la subasta municipal de Majadahonda en la zona de Roza-Martín para permutar derechos de construcción de vivienda protegida por privada, contrató después a Virtón, empresa que hasta hace 15 días tenía como apoderada a María Mercedes Romero de Tejada, hija de Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda. Esta empresa también realizó la urbanización de otra zona donde Afar 4 copó igualmente los derechos de construcción privada en una subasta celebrada en 2000, bajo mandato de Romero.

El 18 de septiembre de 2003, la Empresa Municipal de la Vivienda de Majadahonda (Pammasa), bajo mandato del alcalde popular Guillermo Ortega, subastó sus derechos para construir 243 viviendas libres en la zona de Roza-Martín entre una serie de propietarios o promotores. A cambio de este pago, traspasaban al Ayuntamiento su deber legal de construir viviendas protegidas en dicha zona. El resultado fue un regalo de casi setenta millones de € a los promotores -rentabilidad obtenida de construir viviendas libres en lugar de viviendas protegidas, mucho más baratas-, según cálculos del PSOE, que denunció entonces la operación ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid.

La empresa más favorecida fue Afar 4 -obtuvo 163 derechos de construcción sobre los 243 subastados-, al igual que en otra subasta idéntica producida en 2000 bajo mandato del alcalde Ricardo Romero de Tejada. En aquella ocasión, Afar 4 cosechó 124 derechos de edificación de vivienda libre sobre 377 en la denominada área de oportunidad de Majadahonda. El presidente de la junta de compensación era Francico Javier Segurado, que presidía varias de las promotoras -incluida alguna que como Incoda ha tenido como socio al alcalde madrileño José María Álvarez del Manzano-, quien contrató a Virton para las obras de urbanización.

Tras la segunda subasta de derechos de construcción de vivienda libre de Pammasa, en octubre de 2003, Afar 4, en tanto que propietaria mayoritaria y presidenta de la junta de compensación, seleccionó a varias empresas para urbanizar la zona de Roza-Martín. Y escogió también a la empresa Virton, que desde mayo de 2001 tenía como miembro de su consejo de administración, en calidad de apoderada, a María Romero de Tejada Esteve, hija del ex alcalde de Majadahonda Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del partido popular en la Comunidad de Madrid.

El monto de la factura, con fecha de julio pasado, se eleva a 12,5 millones de €, que, con el IVA, suma 14,5. Esta abogada perdió su condición de apoderada sólo hace 15 días, según el administrador de Virton, Manuel Barrios, quien matiza que desde octubre de 2003 ya no prestaba sus servicios en la empresa por razón de su tercera maternidad. Barrios asegura que su empresa, Virton, era la oferta más barata y que, en contra de lo que se ha sugerido habitualmente, nunca, ni en época de Guillermo Ortega, ni en la de su antecesor, Romero de Tejada, esta empresa recibió ningún contrato del Ayuntamiento de Majadahonda, sino que toda su actividad en dicho municipio está vinculada a la iniciativa privada, básicamente labores de urbanización promovidas por juntas de compensación.

Afar 4 está citada no sólo en la denuncia presentada por el PSOE contra la subasta de derechos de construcción de viviendas libres de octubre de 2003, sino en la cursada ante el fiscal general del Estado por la enajenación directa de suelo municipal gestada en abril de 2004 por dicho Ayuntamiento

En dicho escrito, al margen del baile de informes técnicos para supuestamente primar a Afar 4, se dice: "Es muy llamativo el dato de que mientras Narciso de Foxá, actual alcalde, ha sido presidente de Pammasa, esta empresa ha realizado negocios urbanísticos con Afar 4, a través del mecanismo de la transferencia de aprovechamientos, consistente en que Pammasa permuta sus derechos a edificar vivienda libre".

Esta empresa fue citada de la siguiente manera por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega en una conversación, grabada, mantenida con su grupo municipal y que consta en la denuncia ante la fiscalía: "No voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe de la parcela para que se la lleve Afar 4. Lo siento en el alma, pero no lo voy a aceptar".

Ricardo Romero de Tejada negó ante la comisión parlamentaria que investigó el caso Tamayo que tuviera con Antonio Cubo, propietario de Afar 4, otra relación que no fuera la profesional. Dijo conocer a Cubo porque "acudía a todas las subastas de suelo de Majadahonda". Afar 4 posee, según sus últimas cuentas, un inmovilizado material (terrenos, construcciones, etcétera) valorado en casi seis millones de €. Y participa en la urbanización de diversos terrenos.

El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia del PP contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido por haber ordenado investigar las presiones para evitar la adjudicación de un concurso público en la localidad de Majadahonda (Madrid). El auto del Supremo desmonta uno por uno todos los argumentos de la denuncia y da un serio revolcón jurídico a los abogados del partido denunciante a los que recuerda que contra jueces, magistrados y fiscales no se pueden presentar denuncias, sino sólo querellas.

Además, frente al reproche del PP a Conde-Pumpido por atribuir la investigación de la trama a la Fiscalía Anticorrupción en vez de al "fiscal natural" que según el PP sería la Fiscalía de Madrid, el Supremo señala que no existe un "pretendido derecho a un fiscal natural predeterminado por la ley". Y recuerda que al Fiscal General, como jefe superior del Ministerio Fiscal, le corresponde "emitir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio".

El Supremo rechaza después que el fiscal del Estado hubiese podido incurrir en delito de prevaricación, ya que su orden de investigar no puede calificarse de "arbitraria".

Tampoco pudo incurrir el fiscal general en delito de revelación de secretos ya que comunicar que la denuncia la iba a tramitar Anticorrupción no solo "no es algo secreto" sino que cumple el "deber de información a la opinión pública" previsto en el artículo 4.5. del Estatuto del Ministerio Fiscal.

El 15 de septiembre de 2002, en la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, muy cerca del altar de la basílica del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se sentaban los numerosos testigos del enlace. Estaban Silvio Berlusconi, Pablo, Ana y Rachid, hermanos del novio, y otros personajes cercanos al contrayente, entre ellos Francisco Correa, amigo de Agag lo suficientemente intimo como para haber sido testigo de su enlace. Correa, su pareja sentimental, un político madrileño miembro del Clan de Becerril y un ex secretario de organización provincial del partido en el feudo popular gallego están en el centro de una trama de concesiones y empresas que, al menos durante 2003 -de 2004 no hay aun cuentas depositadas- se han beneficiado con eventos del Partido Popular, el Ayuntamiento de Majadahonda y la Comunidad de Madrid.

Es una compleja red societaria en la que los distintos personajes de esta historia surgen y desaparecen, saltan y se cruzan, pero la mayoría de las empresas comparten sede ó vínculos de marca con unas siglas: FCS. Coinciden bajo esas siglas la denominación comercial Formación, Comunicación y Servicios y el nombre de su creador. Francisco Correa Sánchez. Es un empresario dotado de indudable magnetismo, pues en tomo a su vieja sede empresarial del número 40 de la calle Serrano, de Madrid, se han ido apiñando rentables negocios de comunicación, organización de actos y otros servicios.

Alegando estar de viaje, Alejandro Agag no ha contestado a las preguntas de Interviú sobre su relación con algunos personajes de esta historia. Por su parte, Francisco Correa confirma que "conozco a Alejandro hace mas de 25 años. Me une una gran amistad personal con sus padres". Durante la gran boda Agag-Aznar, muy cerca de el también se sentaba Antonio Cámara, otro testigo del novio, que ha sido asistente personal de José Maria Aznar. Cámara -ver recuadro- no tiene participación societaria en la red de empresas, pero ha trabajado estrechamente con Correa en la organización de eventos del PP. En la red se cruza su nombre con el de Pablo. Crespo Sabarís, ex dirigente del PP gallego caído en desgracia en el noroeste pero refugiado de lujo en el centro, en el entorno de Esperanza Aguirre. Antonio Cámara ha trabajado para las empresas de Crespo Sabarís, "hasta hace un mes", confirma el mismo.

Estos personajes, además de la amistad, comparten su vinculación con Maria del Carmen Rodríguez Quijano. Profesional de la comunicación y las Relaciones Públicas, Maria del Carmen es pareja sentimental de Francisco Correa. Crespo Sabarís preside dos empresas que ella creó y, según dice, "soy amigo de Paco; le conozco desde 1994 o 1995. Paco tuvo relación con el grupo en sus inicios, fue quien creo la marca, pero ahora no tiene nada que ver". Maria del Carmen fue jefa de Gabinete del anterior alcalde de Majadahonda, Gui1lermo Ortega. No es mal puesto. Majadahonda es una de las localidades mas de mas peso económico y político de la lujosa periferia noroeste de Madrid. Allí viven importantes políticos del PP y del PSOE y destacados empresarios. El nombre de este pueblo ha cobrado relevancia por el último capitulo de la guerra interna en el PP madrileño y las irregularidades del reñido negocio del ladrillo que ha empezado a investigar la Fiscalía Anticorrupción.

Durante la etapa de Carmen Rodríguez en el Ayuntamiento de Majadahonda, Crespo Sabarís y algunos de sus socios (entre ellos Femando Torres Manso, Joaquín García Mármol, Luis de Miguel Pérez y José Luis Izquierdo López) participaron en varias sociedades que han facturado en los últimos años grandes cantidades al municipio. Entre ellas esta TCM (Tecnologic Consulting Management), Boomerangdrive, Cresva, SL, y una agencia que trabaja para el consistorio, Pasadena Viajes, SL. Esta firma fue, según consta en el programa Oficial, la "Agencia Oficial de la VII Asamblea General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)", celebrada en Madrid en noviembre de 2003. Fue el ultimo acto de la FEMP bajo el mandato de la entonces presidenta, la alcaldesa popular de Valencia Rita Barbera. Pasadena Viajes fue fundada en julio de 1994 por María del Carmen Rodríguez Quijano.

En la maraña empresarial que se ha nutrido de las arcas del Ayuntamiento de Majadahonda destaca la firma Special Events. Fue creada por Carmen Rodríguez Quijano el 2 de septiembre de 1994 con 500.000 de las antiguas pesetas de capital. Su objeto social es la "organización, promoción y comercialización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos", según el Registro Mercantil.

Según datos de la oposición municipal, el Ayuntamiento de Majadahonda ha pagado a Special Events mas de 87.000 € a lo largo de 2003 en una serie de facturas en las que no se especifica prácticamente nada. Hay crípticas facturas que explican el concepto del pago lacónicamente: "Importe correspondiente a concejalía de familia. Gabinete de comunicación", "Importe correspondiente a Cd's Acto Vivienda", "Importe correspondiente a copias de Cd' s". También figuran conceptos como la adquisición de un periscopio, un desfile de modas y hasta las manivelas de los cuartos de baño.

Entre 2000 y hasta hace un mes y medio, el Ayuntamiento de Majadahonda ha sido cliente de Special Events, a pesar de haber tenido algún incidente: en 2001, Carmen Rodríguez Quijano dejó el Consejo de administración de esa firma. El PSOE majariego denunció que la alcaldía había encargado la realización de un video a Special Events, siendo su presidenta asesora del alcalde. "El caso del vídeo fue sobreseído", matiza Francisco Correa. En realidad se refiere a que los abogados de Carmen solicitaron el archivo del caso mostrando que Carmen había dimitido de su cargo en la empresa antes del encargo del video. El fiscal informó favorablemente, pero los denunciantes no contestaron la medida en plazo. El caso esta sobre la mesa de la juez de instrucción 1 de Majadahonda desde diciembre pasado.

Los últimos cambios en Special Events anotados en el Registro son del 5 de agosto de 2003, cuando la firma pasa a ser presidida por Pablo Crespo Sabarís, que hasta entonces había sido secretario del Consejo de Administración Actualmente, reconoce el gallego, "uno de nuestros mejores clientes es el PP de Madrid".

En las facturas a las que ha tenido acceso Interviú se observa una curiosa cadencia. Special Events cobra al Ayuntamiento cada tres o cuatro días, casi siempre en cantidades que rondan los 500 € y en facturas que no especifican con detalle su concepto. El pago de cantidades tan pequeñas no se somete a los principales controles municipales. La oposición en Majadahonda sospecha que estos pagos menores, realizados de manera múltiple, permiten fragmentar el gasto y no pasar ni por pleno, ni por comisión, ni por la necesidad de rubricarse en convenio; basta sólo la firma y visto bueno del alcalde.

No en todas las facturas pagadas a esta red de empresas figuran cantidades menores. Alguna destaca por su montante. Mas de 17.000 € se pagaron el 14 de diciembre de 2003 por "instalación mampara con instalación eléctrica y pintura en la OAC" (Oficina de Atención al Ciudadano) a Tecnologic Consu1ting Management (TCM). La firma estaba administrada en esas fechas por Pablo Crespo Sabarís y José Luis Rodríguez Izquierdo, socios también en Special Events.

A TCM le fue adjudicada la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano de Majadahonda, "algo perfectamente inútil", según la oposición municipal y que se aprobó en contra de1 informe del Secretario del Ayuntamiento. Presupuestada inicialmente en 600.000 €, la creación de la OAC se ha disparado a 1.400.000. Entre las facturas emitidas por TCM hay dos firmadas el mismo día 3 de noviembre de 2003: una de 200.228,37 € en concepto de "Mobiliario, Software y Hardware", y la otra de 228.557,97 € en el difuso concepto de "trabajos realizados en la OAC". Además, hay una tercera emitida un mes después, el 17 de diciembre, de 303.765,60 € por "integración de los servicios de atención al ciudadano con la administración electrónica" y "certificación software". A TCM le han pagado en 2003 mas de 700.000 € por 1a OAC. Recientemente el gobierno municipal del PP planeaba adjudicar la gestión de esa Oficina de Atención por 12 millones de € en 12 años a la empresa Down Town Consulting, pero de momento sólo se la han concedido de forma temporal y le han pagado 101.000 € por cuatro meses.

No es casual la elección de la empresa: en Down Town aparecen dos personas vinculadas anteriormente a Special Events y a TCM. Luis de Miguel Pérez y Isabel Jordan. Esta Ultima fue empleada de TCM y es la administradora única de una pujante empresa, Good And Better, que, a pesar de su muy reciente creación- ha obtenido ya importantes adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. Down Town ha sido, según fuentes del Partido Popular de Madrid, muy beneficiada por concesiones para organizar todo tipo de actos de la Comunidad de Madrid.

En la elección de esa firma tiene una gran influencia el viceconsejero de presidencia Alberto López Viejo, un joven político protegido de Esperanza Aguirre y miembro del clan de Becerril, donde trabó amistad con Alejandro Agag. Los eventos de la Comunidad de Madrid son un apetitoso pastel para las empresas del sector.

Sólo en 2004, el gobierno madrileño ha concedido -aun no hay datos Oficiales- entre 4,2 y 6 millones de €. Según las paginas amarillas, Down Town Consulting tiene su sede en Serrano 40, como todas las empresas de la órbita de FCS. "Esa marca, FCS, la cree en 1988 y ahora esta muerta. Vendí la empresa hace años. Ahora me dedicó a trabajar como asesor. Viajo mucho al exterior", asegura Francisco Correa. Entre sus destinos en el extranjero esta Miami, ciudad que visita también periódicamente el ex alcalde Guillermo Ortega, aunque este ha explicado que el no va por negocios, sino para tratarse médicamente.

TCM tiene su domicilio en el 15l del Paseo de la Castellana. Es la misma dirección de otra sociedad, inscrita en Barcelona, y de nombre Boomerangdrive, presidida por Luis Pérez de Miguel, que figura como administrador único junto a Pablo Crespo Sabarís en otras empresas. Spinaker 2000 y Gestión y Equipamientos Deportivos. Boomerangdrive también facturó al Ayuntamiento de Majadahonda por trabajos de propaganda institucional. El político gallego Crespo Sabarís se fue de Pontevedra cuando su protector, el ex conselleiro gallego de presidencia José Cuiña perdió una guerra interna contra Rajoy. Pero no fue un exilio completo: en Pontevedra dejó al menos una base desde la que actuar. Se llama Cresva, SL, y es una pequeña empresa que apenas tiene facturación y que se dedica a "estudios económicos" según el Registro, donde Pablo Crespo Sabarís figura como presidente. A pesar de su lejanía, es el Ayuntamiento de Majariego su principal cliente. Durante el 2002, todo lo que factura a Majadahonda -36.620 € en siete facturas- lo emite el día de cierre del ejercicio: el 31 de diciembre.

Un informe sobre las cuentas del Ayuntamiento elaborado por el partido Centristas de Majadahonda afirma. "Al estudiar las Cuentas (de 2003) se ha detectado la existencia de un entramado de Empresas en las que coinciden socios, administradores y domicilios y que resultan especialmente favorecidas por los pagos referidos, concentrándose en las mismas un total de mas de 900.000 € y cuyas ramificaciones se extienden hasta el núcleo del personal de máxima confianza del Alcalde". Para Mercedes Pedreira, portavoz centrista en el consistorio, "es increíble la alegría con que se manejan los fondos municipales en lo que podríamos denominar gastos de representación del alcalde [por entonces Guillermo Ortega] y su gabinete. Es especialmente escandaloso que mientras no se han pagado ayudas de Comedor el alcalde Ortega se ha gastado mas de 14.000 € en comidas sin que la austeridad ó la moderación presidan precisamente los menús -gambas blancas de Huelva, foie, y carpaccio de langosta figuran en alguna de las facturas. A veces, mas de 60 € por comensal. Todo ello a través de una Visa Oro de la que ha habido que pagar intereses por descubiertos".

Preguntado el ex alcalde Guillermo Ortega explica. "No voy a hacer declaraciones sobre las cuentas de Majadahonda porque ahora hay otro equipo y no quiero interferir en su labor. Yo ahora estoy en otras cosas y de eso no quiero hablar".

El Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, aprobará mañana la creación de la Fundación Siglo XXI, de carácter privado, para elaborar el Plan Estratégico de Ciudad. Formarán parte 10 empresas que harán contribuciones fijas de 80.000 € anuales. Ya han anunciado su participación ocho sociedades, siete de ellas constructoras. El PSOE denuncia que el objeto de la fundación es gestionar el urbanismo local y revisar el plan de urbanismo.

El PP, en el gobierno municipal de Pozuelo, asegura que sólo persigue con la creación de esta fundación potenciar la imagen del municipio y dotar de transparencia a las aportaciones privadas.

En la Fundación Siglo XXI colaboran tres tipos de entidades. Por una parte, los llamados patrones natos: representantes de la corporación municipal (PP y PSOE). Por otra parte, los patronos electos: 10 empresas que aportan una cantidad fija anual. De éstas, el Ayuntamiento ha dado el nombre de ocho: Arocasa, Caredo, Construcciones Raga, IMCE, Pryconsa, Royal, Prasa y Phillips. También habrá entidades colaboradoras, como universidades, empresas del sector servicios, pequeñas sociedades y consultoras, entre otras. El Ayuntamiento, por su parte, contribuirá con el 50% del total de las aportaciones.

El concejal de Hacienda, Roberto Fernández, del PP, rechaza esta visión. El edil acusa al PSOE de confundir la figura de plan estratégico con la de plan general. El objetivo de la fundación, según el PP, es configurar la imagen del municipio, el modelo de ciudad. El edil afirma: "El Ayuntamiento no se ha planteado en ningún momento la modificación del plan general. Además, ninguna empresa tendría nada que decir al respecto".

Fernández afirma que la única intención del PSOE es levantar falsas sospechas y crear alarma social de forma injustificada. "Lo único que pretendemos es crear un foro de generación de ideas, en el que entre la financiación privada", asegura.

El PP explica que con la fundación el Ayuntamiento trata de promover un desarrollo económico sostenible y el bienestar social de los ciudadanos de Pozuelo mediante la elaboración del plan estratégico. Con él se favorecerá el debate sobre los campos de las comunicaciones, las tecnologías, protección del medio ambiente, el deporte, la cultura, la sanidad, la educación y la investigación. Con los fondos de la fundación se crearán becas, ayudas y premios. Al mismo tiempo, se organizarán talleres, seminarios, observatorios y conferencias.

Entre sus objetivos también se incluye potenciar el área de infraestructuras y urbanismo a través de la puesta en marcha de un Observatorio de Análisis de la Política Arquitectónica y de Renovación de Infraestructuras.

Sin embargo, los socialistas dudan de que para alcanzar esos objetivos sea necesario constituir una fundación. "Pero en todo caso, sería diferente si la entidad tuviera carácter público, porque entonces debería someterse a la Ley de Fundaciones", explica Izquierdo. "En ese caso", continúa la edil, "la selección de personal, la contratación y la concesión de subvenciones y ayudas se haría de acuerdo con principios de publicidad, concurrencia y objetividad".

Fernández responde que es imposible crear una fundación de carácter público. El edil asegura que dicha figura jurídica no se contempla para el ámbito municipal. "Sí existe a nivel estatal, pero nosotros nos regimos por la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró en el pleno de la Asamblea de Madrid que la educación diferenciada entre niños y niñas no supone ningún tipo de discriminación, ya que su intención es que "los padres que quieran puedan elegir [colegios que segregan niños y niñas]". "Cuantas más opciones mejor, siempre que la educación respete los derechos y principios constitucionales", concluyó la presidenta.

Aguirre respondía así a una pregunta formulada por el parlamentario de IU, Jorge García, quien inquirió a la presidenta sobre su voluntad de subvencionar con fondos públicos dos colegios, el Fuenllana y el Andel, situados en el municipio de Alcorcón y cercanos al Opus Dei, en los que sólo se admiten niños o niñas. Si logran el concierto, sería la primera vez en 20 años que la Consejería de Educación lo concede a un centro que segrega a los alumnos. En la Comunidad de Madrid hay otros cinco centros educativos que segregan por sexos y que están concertados desde 1985, cuando el ministro José María Maravall les concedió la subvención.

Según García, estos dos centros pueden empezar a funcionar como centros privados, pero "continúan diciéndole a las familias que se acercan a matricular a sus hijos que estarán concertados". El diputado de IU le recordó a Aguirre que en el pleno anterior la presidenta había manifestado que sus "valores no son los mismos que los de otros que no ponen en pie de igualdad a hombres y mujeres", en alusión a la religión mulsulmana.

"En esta Comunidad hay centros que segregan a niños y niñas por motivos religiosos, en los que hay profesoras que van con la cabeza tapada, y no son musulmanas sino cristianas y madrileñas", afirmó García en referencia a los colegios de monjas.

Aguirre instó al parlamentario de IU a "no confundir a una monja con el integrismo islámico", e insistió en que en su partido no asusta la libertad. "Queremos que los padres puedan elegir" el tipo de centro al que enviar a sus hijos, agregó.

El pasado jueves 3 de marzo, la policía detuvo a un empresario que la Comunidad de Madrid había contratado para limpiar el reconstruido Palacio de Deportes de la calle Goya. El detenido, Luis Martín García, había empleado a 21 trabajadores rumanos sin papeles para limpiar el pabellón, que también fueron detenidos en ese mismo momento.

El empresario está en libertad con cargos, mientras los rumanos permanecen detenidos a la espera de ser expulsados del país. El consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad, Santiago Fisas, declaró sentirse "muy disgustado" por lo ocurrido, aunque también comentó que estas circunstancias "no se pueden controlar". Habían pasado dos semanas desde que los príncipes de Asturias reinauguraran el Palacio. El viernes 4 de marzo era la puesta de largo del Palacio con la disputa de los Campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta. Para que la instalación estuviera perfectamente limpia, la Comunidad contrató los servicios de la empresa Himaga.

Marín se presentó en el Palacio de Deportes acompañado por los 21 trabajadores rumanos. Cuando llegó, los agentes de policía le pidieron la documentación. También a los trabajadores. En ese momento descubrieron que ninguno de los empleados de la empresa tenía los papeles en regla, por lo que se pusieron en contacto con la Brigada de Extranjería, que se encargó de las detenciones de los sin papeles y del empresario.

Según se supo después, Marín pretendía pagar a los trabajadores rumanos 36 € por la jornada completa. La Comunidad de Madrid iba a pagar al empresario "el precio estipulado del mercado, en torno a 19 o 20 €" por persona y hora, según declaró un portavoz de la Comunidad. Un portavoz del Gobierno regional también declaró que Himaga fue contratada como "apoyo ocasional" para la limpieza del Palacio, ya que hay otra empresa que tiene suscrito un contrato estable para el cuidado e higiene del Palacio de Deportes que en aquel momento necesitaba ayuda complementaria.

Fisas declaró que tenían mucha prisa por terminar la limpieza porque el día siguiente empezaba el Europeo de atletismo. El consejero mostró su " disgusto" por lo sucedido. "Nosotros somos los primeros engañados", dijo. La empresa, que no se dedica a la limpieza, sino a la construcción, cobró por horas el servicio. Himaga ya había trabajado para la consejería en un pabellón en Vallermoso donde levantaron una visera y se encargaron luego de limpiarlo. Fuentes de la consejería destacaron que la Comunidad actuó de manera "completamente legal".

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arganda del Rey tramita en la actualidad unas diligencias contra el ex alcalde de Torres de la Alameda Francisco Acedo, del Partido Popular, en las que ha salido a relucir un caso de supuesta corrupción. Ante el juez, el ex concejal de Urbanismo de Torres Antonio Sotoca declaró que el ya ex alcalde le ofreció participar en un reparto millonario de comisiones -300.000 €, 50 millones de las antiguas pesetas- a cambio de que apoyase y "silenciase" sus "chanchullos", según los términos usados por el propio Antonio Sotoca.

Torres de la Alameda es un municipio de casi 6.000 habitantes cercano a Alcalá de Henares. En las últimas elecciones, el PSOE desbancó al PP de la alcaldía. La sombra de la sospecha por presuntos delitos urbanísticos, y ahora también por corrupción, pesa sobre su ex alcalde, Francisco Acedo, hombre fuerte del PP en la localidad. En la actualidad es concejal en Torres por el PP. El supuesto caso de corrupción que afecta ahora a Acedo ha salido a la luz durante unas diligencias que tramita el Juzgado 2 de Arganda relacionadas con un supuesto delito urbanístico denunciado por el PSOE en 1999.

El ex concejal de Urbanismo de Torres, Antonio Sotoca, se presentó en el juzgado a fines de 2002 e hizo una declaración demoledora contra quien entonces era su alcalde. Declaró que el regidor, guiado por "intereses particulares", firmó un convenio "ilegal" con la empresa Obhisa que permitió a ésta adquirir 100.000 m² de suelo en Torres a seis € (1.000 pesetas) cada metro. Y que, una vez urbanizados, éstos pasaron a costar "entre 7.000 y 8.000 pesetas". Se trataba de un convenio, siempre según el ex concejal de Urbanismo, que vulneraba claramente el planeamiento urbanístico de la localidad y del que el alcalde tenía previsto obtener un gran enriquecimiento personal.

Sotoca explicó en el juzgado: "Delante del técnico municipal, José María Hernández Ruiz [implicado junto al ex alcalde en estas diligencias], el alcalde me dijo que si estaba de acuerdo con el convenio [urbanístico de Obhisa], entre todos nos repartiríamos el importe del beneficio del mismo, unos 50 millones de pesetas [300.000 €]. También me prometió que una vez que la empresa [Obhisa] se adjudicara las parcelas, algunas de ellas serían para mí y para los demás".

Dada la gravedad de las acusaciones, la juez estableció con posterioridad un careo entre Sotoca y Acedo. En ese careo, el ex edil de Urbanismo fue todavía más allá. Cuando Acedo negó haberle ofrecido dinero alguno, Sotoca sacó de su bolsillo un papel manuscrito cuya letra atribuyó a Acedo y en el que supuestamente se establecía un reparto de comisiones. El alcalde observó el papel y espetó que "la letra" no era suya.

El fiscal, Emilio Valerio, pidió que se enviase el papel a la Brigada Provincial de Policía Científica para que, mediante una prueba grafológica, determinase si la letra era o no la del regidor. El informe de la Policía Científica no deja lugar a dudas: la persona que escribió en ese papel fue Acedo. "Es técnicamente posible atribuir la autoría del texto dubitado fotocopiado a Francisco Acedo Jiménez", señala como conclusión el informe pericial.

La fiscalía ha pedido ahora al juzgado oficialmente que abra otra investigación "por cohecho" contra Acedo. En su primera declaración, antes del careo, Sotoca lanzó graves acusaciones. Aseguró que el alcalde le había hablado de que estaba haciendo gestiones para la firma de un convenio que implicaría instalar una nave de Renault en Torres. Sotoca le advirtió entonces, según su declaración, de la ilegalidad de la forma en que pretendía instalar la nave en el municipio. Explicó que el convenio suponía romper el plan de urbanismo y cambiar el diseño de las zonas verdes, parcelas y equipamientos.

El Ayuntamiento de Majadahonda, del PP, a través de la empresa pública Pammasa, cedió a promotores privados en 2003 derechos de edificabilidad de tres parcelas a bastante menos de un tercio de su valor, lo que causó un quebranto patrimonial al Consistorio cifrado en casi 33 millones € (5.487 millones ptas). Así lo indica el PSOE en una ampliación de denuncia que interpuso ante el Juzgado de Instrucción 3 de esta localidad, que es el que investiga, junto con la Fiscalía de Medio Ambiente, otra denuncia anterior del PSOE sobre casos de supuesta corrupción urbanística.

Los derechos municipales de edificabilidad sobre esas tres parcelas (la RO-11, RO-13 y RO-14, que en total ocupan 30.035 m²) fueron enajenados a través de una subasta en la que ninguna de las seis ofertas que concurrieron superó los 330,48 €/m².

Y ello pese a que existe un informe del arquitecto municipal de Majadahonda que tasa en 1.600 € el valor de cada m². El PSOE majariego, tiene previsto remitir este supuesto quebranto económico a la Fiscalía Anticorrupción."En la enajenación [cesión] de estos derechos, el Ayuntamiento ha regalado a constructores privados 1.000 € en cada m²", señalan fuentes de la investigación.

¿Cómo se produjo este supuesto quebranto económico? Majadahonda gestiona todo su suelo y planes urbanísticos a través de Pammasa, empresa municipal al ciento por ciento. El planeamiento urbanístico de Majadahonda estipula que en un 50% del suelo edificable han de levantarse viviendas de protección pública y con un precio limitado de venta. Quien compre suelo sin desarrollar en el municipio tiene obligación de levantar viviendas públicas en un 50% de ese suelo, y libres en el otro 50%.

En las citadas tres parcelas, el Ayuntamiento tenía un derecho para levantar viviendas de precio libre. Lo que hace Pammasa es sacar a concurso su derecho de edificación de casas de precio libre en los 30.035 m² de esas parcelas. Para ello, convoca una subasta e invita a seis empresas privadas a participar en ella. Cuatro de las seis empresas ofrecieron idéntico precio por m² de suelo, 330,48 €. Las otras dos ofertas fueron aún más bajas, 312,53 € y 291,03 €. Los derechos de edificabilidad sobre ese suelo permitían levantar 243 casas de precio libre.

Dos empresas del grupo Afar-4, cuyo dueño es Antonio Cubo, amigo personal del ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, obtuvieron en la subasta derechos para levantar 163 viviendas de precio libre, que se pueden vender mucho más caras que las casas de protección oficial.

Según el PSOE, los derechos de edificabilidad sobre cada uno de esos m² debieron venderse "al menos a 1.338,28 €" y no, como finalmente se hizo, a 330 en el mejor de los casos. Así, el Ayuntamiento vendió por menos de un tercio de su valor el derecho a levantar casas de precio libre y asumió, por ese mismo precio, la obligación de los constructores privados de hacer casas de protección oficial. Es lo que los socialistas llaman el "permutazo". Para la cesión de estas parcelas, el Ayuntamiento, a través de Pammasa, usó el mecanismo "de la permuta de derechos" y, según explica el PSOE en la denuncia, "absorbió las obligaciones de diferentes promotores privados de construir viviendas protegidas, a cambio de que aquellos compensasen a Pammasa con la diferencia del valor entre el derecho a construir vivienda libre que Pammasa le transmitía, y el derecho a edificar vivienda protegida que la citada sociedad municipal adquiría": los 1.338,28 €.

El PSOE añade en su denuncia: "La cantidad total que el Ayuntamiento, a través de Pammasa, obtuvo de la subasta referente a las parcelas RO-11, RO-13 y RO-14 fue de 7,2 millones €. (...) Ahora bien, dado que la edificabilidad total de esas tres parcelas ascendía a 30.035 m² y la diferencia real de valores entre los aprovechamientos permutados asciende, según informes del arquitecto municipal, a 1.338,28 € por cada m², el Ayuntamiento tenía que haber obtenido, al menos, y para compensar la pérdida de valor económico que sus solares sufrieron merced a la permuta, una cantidad igual o superior a 40.195.230 €". También señala que "las consecuencias" de la conducta del Ayuntamiento en la gestión del suelo "es de una gravedad extrema" para las arcas municipales, ya que "el patrimonio municipal ha perdido con esta compensación nada menos que 32.978.868,50 €".

En la denuncia pide al juzgado que requiera a Pammasa para que remita al juzgado "copia sellada y compulsada del libro de registro de transferencias de aprovechamientos del Ayuntamiento" y "toda la documentación relacionada con las operaciones de transferencia de aprovechamientos en las que haya participado Pammasa".

El director general del ente público RTV-Madrid, Manuel Soriano, remitió a la presidencia de la Comunidad (del PP) un vídeo sobre el 11-M antes de que fuera emitido por Telemadrid. En la nota que acompañaba la cinta, Soriano explicaba que el documental había quedado "bastante bien" tanto desde un punto de vista cinematográfico como "ideológicamente". Un portavoz de Telemadrid aseguró que esta alusión "no es en sentido partidista".

Poco antes de la emisión de los programas especiales que Telemadrid ofreció con motivo del primer aniversario de la masacre de Atocha, el director general de la televisión autonómica digirió una tarjeta oficial a Regino García-Badell, director del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En dicha nota, Soriano comunicaba el plan de emisiones de los documentales titulados 11-M. Historia de un atentado, coproducidos por Telemadrid y El Mundo TV y con la colaboración de la televisión autonómica valenciana (regida también por el PP).

La nota manuscrita remitida por Soriano dice: "Querido Regino. Te mando la primera parte del documental que daremos el jueves y el viernes en 'prime time'. Pásaselo a la Presidenta. Creo que ha quedado bastante bien cinematográficamente e ideológicamente. Un abrazo. Manolo". El destinatario de la nota (una tarjeta con membrete del ente público RTV-Madrid) es Regino García-Badell, uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, junto a la que trabajó en el Ministerio de Educación y posteriormente en la presidencia del Senado.

Un portavoz de Telemadrid subrayó que el documental fue realizado por El Mundo TV "sin correcciones previas ni intervenciones" por parte de la cadena. Agregó que "la alusión ideológicamente no es en sentido partidista, sino en términos generales, que no se hace apología del terrorismo ni del islamismo radical. El documental tampoco tiene alusiones a ETA ni a la versión del Gobierno de entonces". Telemadrid censuró que se interceptara "correspondencia particular para ser difundida", algo que en opinión del citado portavoz va contra "el derecho constitucional del secreto de la correspondencia, salvo resolución judicial o contenido delictivo".

Los profesionales de Telemadrid han examinado minuto a minuto el reportaje Cuatro días que cambiaron España, emitido por la cadena el pasado 14 de marzo. El Consejo Provisional de Redacción -órgano compuesto por tres periodistas elegidos por la asamblea general hace dos semanas y sin legalidad jurídica- afirma que aquel trabajo contiene "evidentes manipulaciones". Un informe hecho público esta semana cita, por ejemplo, que en el relato cronológico de los hechos, las apariciones de Aznar fechadas en el especial de Telemadrid a las 10.06, a las 11.05 y a las 14.30 del 11 de marzo, corresponden en realidad a "una única comparecencia pública" de Aznar, realizada ese día a las 14.40.

En el bloque dedicado al día 12, y tras varias imágenes de familiares de las víctimas en el pabellón de Ifema, el narrador y autor del trabajo (José Antonio Ovies) afirma: "A primeras horas del viernes, los forenses dan por terminadas las autopsias de las 191 víctimas. Después del esfuerzo, sin tiempo para el descanso, la directora del Anatómico Forense desmiente las informaciones que hablaban de suicidas entre las víctimas". A continuación, se emite un fragmento de la comparecencia de la directora del Anatómico Forense, Carmen Baladía, en la que dice que los análisis del ADN a los cadáveres demuestran la inexistencia de suicidas. "Esta rueda de prensa es del 23 de marzo, 11 días más tarde de lo expresado en el reportaje", precisa el informe.

El director general de Telemadrid, Manuel Soriano, explicó que las críticas de los trabajadores no tienen "justificación ni fundamento", son "banales" y "ponen el nombre de Ovies en la picota". En su opinión, las denuncias "deterioran y dañan a una institución y mi deber es defenderla". Soriano agregó que el denominado comité provisional "no ha sido elegido por nadie, ni representa a nadie".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE de Pozuelo de Alarcón al presupuesto de 2005 tras denunciar que el PP "pretende utilizar dinero procedente de la venta de suelo municipal realizada el pasado verano para financiar gastos que nada tienen que ver con la mejora del patrimonio público o del medio ambiente".

Se ha criticado que el Ayuntamiento haya vendido a empresas privadas, para la construcción de pisos de lujo, parcelas en las que debería haber construido viviendas para jóvenes y, para colmo, destina ese dinero a fines distintos de los intereses ciudadanos, incumpliendo la ley.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Roberto Fernández, acusó al Grupo Municipal Socialista de "intentar crear alarma social y dudas que no tienen ningún tipo de consistencia", por revelar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso de dicho grupo contra los presupuestos del Ayuntamiento para el presente ejercicio.

El presupuesto del Ayuntamiento de Pozuelo para 2005 alcanza la cifra de 152,7 millones €, un 57% más que el año anterior. De este dinero se destinan a inversiones 58 millones, que se financiarán con los 60 millones que el Consistorio de Pozuelo ha obtenido de la venta de parcelas.

Un túnel de dos kilómetros para el metro se ha convertido en objeto de disputa entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento. La prolongación de la línea 8, que llega hasta el aeropuerto de Barajas pero que debería proseguir hasta la nueva terminal (T4) que el ministerio inaugurará en 2006, está en el aire: la presidenta regional, Esperanza Aguirre, se niega a financiarla y atribuye esta obligación a Fomento, que jamás ha construido metro. Aguirre no siempre pensó igual. Mientras su compañero de partido Francisco Álvarez-Cascos fue responsable de las infraestructuras del Estado, ella no puso inconvenientes en sufragar el metro a Barajas, e incluso destinó una partida de 10,5 millones para costear la obra en los Presupuestos de 2004. Pero su postura cambió radicalmente tras la derrota del PP en las elecciones de marzo de 2004.

Cuando Aguirre asumió la presidencia regional en otoño de 2003 se encontró, entre los compromisos asumidos por su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, un proyecto para ampliar la línea 8 de metro y conectar así las tres terminales que funcionan con la cuarta y última, la T4, construida por el Ministerio de Fomento.

Esta terminal tiene proyectada una estación de metro a la que sólo le falta la conexión por túnel con el resto de la red. La unión entre la vieja terminal aeroportuaria y la nueva no fue una de las promesas electorales del PP, pero el entonces consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco Granados, asumió la obligación de hacerla. El 28 de febrero de 2004, el consejero detalló que el Ejecutivo regional pretendía hacer con esta prolongación de la línea 8: "El proyecto está redactado (...) Si las fórmulas de financiación que estamos estudiando nos encajan, podemos empezar este mismo año, por lo que el metro estaría listo cuando sea inaugurada la nueva terminal en 2005".

Quedaba claro que la Comunidad asumía como propio el proyecto. Tanto, que el 5 de septiembre de 2003 la resolución de información pública del proyecto de prolongación de la línea 8 a Barajas, así como del estudio de impacto ambiental referido al mismo, había sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a instancias de la Consejería de Transportes. Dos meses después, el boletín recogía también la declaración de impacto ambiental.

Según muestra un informe detallado por programas, mes a mes, de la ejecución de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, ésta llegó a utilizar en agosto de 2004 una parte de esa cantidad (3,6 millones €) para el objeto al que estaba destinada (ampliar la línea 8 del metro). Pero, como se ha denunciado, la Comunidad decidió dos meses después gastarse el dinero en otra cosa. Y traspasó el remanente de la partida (6,6 millones) a otro fin: encargó a una empresa hacer un catastro digitalizado del suelo de la región.

La compañía a la que le fue concedido este proyecto, Tres Cantos, SA, está presidida por la actual consejera de Transportes de la Comunidad, María Dolores de Cospedal, y sus accionistas son la propia Comunidad y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Esa partida ya ha sido ejecutada.

El cambio de opinión de Aguirre no fue baladí. Cuando modificó su criterio, el Ministerio de Fomento no estaba dirigido por su compañero Álvarez-Cascos, sino por Magdalena Álvarez. Y en el Gobierno central ya no estaba José María Aznar, sino José Luis Rodríguez Zapatero. Así, el Gobierno regional se sacó de la manga la teoría de que una infraestructura hecha en el interior del aeropuerto de Barajas -un ámbito de responsabilidad de Fomento- tiene que ser financiada por este ministerio. Y ésa es la posición que Aguirre ha hecho suya.

El escollo que encuentra Aguirre es que el ministerio no tiene competencias para hacer el metro, y nunca lo ha hecho. El Estado sólo interviene, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, aportando créditos para subvencionar las inversiones de infraestructura o para sostener el servicio, a través de convenios con las comunidades.

Así, el Estado sufragó la nueva red de Metrosur a través de cánones que serán satisfechos por Metro de Madrid en un largo periodo de tiempo.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) han reunido un total de 22.000 firmas para reivindicar la adopción de medidas con el fin de "garantizar la dignidad y calidad de la asistencia sanitaria sin abandonar el actual marco de financiación pública". Las firmas serán entregadas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con el fin de denunciar "el riesgo de descomposición" al que está expuesta la sanidad pública, del que a su juicio "constituye un claro ejemplo la crisis provocada por la interesada gestión de Manuel Lamela", en referencia a la polémica por las sedaciones terminales en el hospital Severo Ochoa de Leganés.

Sobre esta cuestión, la Fadsp ha reclamado la actuación obligatoria del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos para investigar el origen de las filtraciones a la prensa de expedientes de enfermos atendidos en el hospital Severo Ochoa y exigir las responsabilidades legales que pueda haber. A juicio de la Federación, los datos sobre pacientes hechos públicos son confidenciales, están protegidos por las leyes de manera especial y su custodia está confiada a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por lo que reiteró la petición de dimisión de su máximo responsable, Manuel Lamela, por la "vulneración del derecho de los ciudadanos a la confidencialidad de sus historiales clínicos".

En la misma línea, la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud (Asusalud) alertó de que en este asunto, "en muchos casos se está vulnerando la ley en todo lo relacionado con los derechos de los pacientes". Además, Asusalud considera que, "en gran medida los hechos del hospital de Leganés han venido a poner de manifiesto la escasa diligencia de las autoridades sanitarias para adoptar las medidas necesarias que permitan cumplir con la normativa vigente en materia de derechos de los pacientes, sobre todo en relación con el consentimiento informado y con la declaración de voluntades anticipadas".

Por su parte, la Fiscalía de Madrid considera que en la investigación abierta hay que ver qué casos y cuántos se consideran dudosos y que sean revisados por peritos judiciales independientes. Así lo confirmaron fuentes fiscales, que añadieron que la Fiscalía pedirá a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid los 25 historiales clínicos que considera dudosos de 2004 para determinar en cuáles puede haber indicios constitutivos de delito.

Por su parte, la Junta de Personal del Severo Ochoa de Leganés presentó ante la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid una denuncia contra la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid y los medios de comunicación que han publicado datos protegidos de pacientes del centro hospitalario. Así, la presidenta de la Junta de Personal, Isabel Serrano, argumentó que la Consejería de Sanidad es "consentidora" de la filtración de datos confidenciales.

José Luis Peñas y Juan José Moreno, dos concejales del PP de Majadahonda enfrentados con el actual equipo de gobierno, también del PP, han enviado un escrito al Ayuntamiento en el que aseguran que la cúpula del PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, estuvo informada puntualmente de la crisis del municipio. Aseguran que la presidenta les ordenó destruir un informe donde daban cuenta de las actividades de la empresa municipal del suelo Pammasa. También arremeten contra el actual alcalde, Narciso de Foxá, al que acusan de ser el cerebro de la venta de derechos de edificación desde la empresa municipal del suelo, que ha provocado un agujero económico de millones de € en el Ayuntamiento.

El alcalde, Narciso de Foxá, dijo que "no ha visto más falsedades juntas en su vida, y anuncia una posible querella contra los dos ediles". "El documento mantiene punto por punto las tesis del PSOE, y no aporta nada nuevo", continúa Foxá. Los dos ediles continúan en el PP, que, de momento, no les ha abierto expediente disciplinario.

Peñas y Moreno dicen que han enviado ese escrito al Ayuntamiento porque se les ha negado el derecho a declarar ante la comisión de investigación que creó el Ayuntamiento. Ésta intenta aclarar la actuación de Pammasa en la venta de derechos de edificación de vivienda libre a promotores privados, así como el polémico concurso de venta de dos parcelas municipales.De Foxá responde que a los dos concejales díscolos de su propio partido (el PP) no se les ha impedido declarar en la comisión municipal de investigación del caso Majadahonda. "Se les ha llamado en dos ocasiones, pero no se han presentado", dice el alcalde.

Peñas y Moreno se negaron a comparecer personalmente ante la comisión de investigación municipal. Pidieron que se les enviaran las preguntas por escrito. Ante eso, la comisión, formada por todos los grupos municipales (PP, PSOE, CDS e IU) les llamó por segunda vez. Tampoco acudieron. Ante este grupo municipal han comparecido ya el anterior alcalde (Guillermo Ortega), el actual, todos los concejales del equipo de gobierno, el portavoz del PSOE y diferentes técnicos.

Los ediles afirman en el documento que la presidenta del Gobierno regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre; el vicepresidente primero, Ignacio González, y Francisco Granados, secretario regional del PP, "tuvieron conocimiento de la crisis puntualmente, tanto por medio del anterior alcalde como del señor Foxá, y en concreto, de lo realizado en Pammasa con los derechos gracias a un dossier que tuvieron en su mesa el 24 de enero".

En la misma fecha, los concejales del PP tuvieron una tensa reunión que fue grabada subrepticiamente por uno de los asistentes. En ella salía a relucir el nombre de Aguirre. En la cinta, De Foxá mantenía que iba a ser paralizada la venta de las dos parcelas municipales porque lo decía Aguirre. También se oía al anterior regidor quejarse de que sufría chantaje y acusaba de "mamoneo" a los servicios técnicos municipales.

Se refería a la modificación que hizo el arquitecto municipal del informe técnico que emitió para la adjudicación de las parcelas. El cambio supuso que variara la empresa que había recibido la mejor calificación global. Al ex alcalde Ortega, del PP, se le oía decir en la cinta grabada: "No voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe para que la parcela se la lleve Afar 4".

Los dos ediles díscolos revelan en el documento entregado ahora en el Ayuntamiento que el anterior alcalde les confesó que en una reunión mantenida en enero pasado con Aguirre y González en el aeropuerto de Barajas, minutos antes de que la presidenta partiera hacia China, la presidenta le dijo que "si le demostraba con un dossier la golfada de los derechos de Pammasa, ella misma echaría de inmediato a De Foxá".

Dos horas antes, según mantienen los ediles, Ortega había recibido la visita de un constructor que le había hecho llegar el siguiente mensaje de parte del ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada: "Date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás; seguirás de alcalde".

Los concejales creen que "algo debió pasar en China", porque al volver la presidenta a Madrid les dijo que destruyeran el documento y a Ortega que fuera eligiendo un nuevo destino. El pasado 3 de febrero Ortega presentó su dimisión y De Foxá le sustituyó en el cargo. Poco después, el Gobierno regional nombró a Ortega presidente del Mercado Puerta de Toledo.

El informe, del que supuestamente les hizo deshacerse Aguirre, contenía la mecánica de actuación de Pammasa. Además, aseguran los ediles, en él se demostraba cómo el dueño de la constructora Afar-4 había ganado muchos miles de millones de pesetas gracias a Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid; De Foxá y el arquitecto municipal. "Aproximadamente, justo los miles de millones que faltaban de las arcas municipales", afirman los concejales Peñas y Moreno.

El Ayuntamiento cedía a Pammasa parcelas municipales de uso libre para que edificara en ellas viviendas de protección oficial. Pammasa a su vez vendía a las promotoras privadas, propietarias de suelo donde tenían que levantar vivienda protegida, los derechos de construcción de esas viviendas libres a cambio de una compensación económica: 30.000 € por cada piso protegido no construido. El Ayuntamiento asumía la obligación de construir las casas protegidas que no hacían los privados, y éstos ya podían levantar todos los inmuebles como libres. El PSOE denunció en 2003 esta práctica ante los tribunales.

Los dos ediles mantienen que cuando ocurre el cambio de valoración del arquitecto municipal para favorecer a Afar-4, todos los presentes se indignaron. En su escrito, Peñas y Moreno sostienen: "Se han dejado de ingresar al menos miles de millones de pesetas en las arcas municipales, suficientes para hacer no 900 viviendas sociales, sino tres o cuatro veces dicho número y, por otro lado, un lucro anormal a los promotores (en especial, al de siempre) de aproximadamente 80.000 millones de pesetas".

El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, se tomó un respiro en su controvertida gestión de la crisis del hospital Severo Ochoa de Leganés y presentó la situación de la lista de espera quirúrgica en la región. Los datos de Lamela son los mejores de la historia de la sanidad pública madrileña, aunque son puestos en duda por la oposición y CC OO y UGT, que acusan al Gobierno de Esperanza Aguirre de "maquillar" las cifras a su favor.

Según Lamela, ningún madrileño espera ya más de 50 días para ser intervenido quirúrgicamente y la demora media no supera los 15,5 días. El número de pacientes en lista de espera se ha reducido a casi la mitad en sólo tres meses, al pasar de 30.217 en diciembre de 2004 a 16.162 el pasado 31 de marzo. Hace un año esperaban para entrar en quirófano 54.594 personas.

Estas cifras, según el consejero de Sanidad, van por el buen camino para que a finales de este año Aguirre pueda cumplir la promesa con la que ganó las últimas elecciones regionales: que ningún madrileño espere más de 30 días para ser intervenido en la sanidad pública. Aguirre prometió que dimitiría si no lograba cumplir su compromiso electoral.

El optimismo de Lamela, sin embargo, no es compartido por el secretario general del PSM-PSOE, Rafael Simancas, que acusó al Ejecutivo regional de hacer una lectura "sesgada y partidista" de las listas de espera, a la vez que considera que se está reduciendo la lista de espera quirúrgica a costa de prolongar la demora para ser sometido a pruebas diagnósticas. Se calcula que, en realidad, un paciente debe esperar casi un año desde que acude al médico de familia hasta que entra en quirófano, es decir, en todo el recorrido que sigue en la sanidad pública desde que enferma hasta que es operado. Además, critica que desde enero 7.815 personas han tenido que esperar mucho más de 50 días por "trucos contables" de Sanidad. El más común es excluir a un paciente de la lista de espera cuando se niega a ser operado en una clínica privada concertada porque prefiere acudir a un hospital público. En estos casos, Sanidad pone el contador a cero y empieza a contar desde el momento en que el paciente rechaza el ofrecimiento.

Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea que también vela por el control de las cuentas públicas, ha confirmado el carácter público de la empresa que financia las infraestructuras del metro de Madrid (Mintra) y ya ha comunicado esta decisión de "carácter exclusivamente técnico e independiente" de forma oficial a las autoridades españolas.

La Comisión Europea tiene previsto hacer pública esta decisión, que viene a confirmar el acuerdo que ya adoptó en febrero pasado, según el cual Mintra sería una empresa pública -entre otras cosas, porque más de la mitad de sus costes no están cubiertos con fondos propios-.

Por ello, la Comunidad de Madrid quedará obligada a asumir su deuda, que en 2003 alcanzó los 2.400 millones de €. Esta medida incrementa de un plumazo el endeudamiento de la Comunidad de 6.000 a 9.000 millones de €. Además, obligará al Ejecutivo regional a pedir autorización cada año al Gobierno central para sus cuentas públicas, que serán deficitarias.

En una visita a Bruselas, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, adelantó que promovería un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) si Eurostat no revocaba su decisión inicial. Previamente, solicitó otro informe a Eurostat para que verificara de nuevo las fuentes de ingresos de la empresa, que ahora se le ha vuelto en contra.

La concejal de Empleo de Madrid, Ana Botella, afirmó en una entrevista concedida a un diario italiano que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha permitido los matrimonios homosexuales para "complacer a un lobby poderoso", el de los gays. Su actitud contrasta con la de su jefe, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que aseguró que no hará "ningún tipo de discriminación" a la hora de celebrar bodas, y que hará "lo que hasta ahora": casar a quien se lo pida. En el Ayuntamiento de Madrid "se aplicará la ley, como no podría ser de otra manera", según su alcalde. El PP ha impuesto una sanción económica a sus diputadas Celia Villalobos y María Pía Sánchez por romper la disciplina de voto.

Ana Botella no está obligada a casar porque no es concejal de distrito, pero podría hacerlo si quisiera y se lo pidiera al alcalde, como hacen otros ediles (hasta ahora, ella nunca lo ha pedido). Con todo, Botella afirmó : "Yo, sinceramente, no casaría a una pareja homosexual".

En la entrevista concedida al diario italiano Il Giornale opinó además que la regulación de los matrimonios entre gays y lesbianas supone una "involución de las costumbres". Según la entrevista, Botella dijo también que Zapatero "ha traicionado a España", pero la concejal negó tarde haber pronunciado la palabra traición y mandó una carta de rectificación al diario italiano.

El inicio la última de las desavenencias entre las dos instituciones más importantes de la Región de Madrid, se debió a las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, quién arremetió contra el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, también del PP, pidiéndole "que no se deje utilizar tanto por el Gobierno de la Nación, que sólo intenta dividir al PP y aislar la Comunidad". González aseguró que "el problema de fondo es qué pinta el alcalde de Madrid para hablar de las infraestructuras de la región o el cierre de la M-50", en referencia a la entrevista que hace poco mantuvieron la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y Ruiz-Gallardón para hablar de la infraestructuras de Madrid y a la que no asistió Aguirre.

No obstante, el vicepresidente primero de la Comunidad ha destacado que entre Aguirre y Ruiz-Gallardón no existe una mala relación, sino "sólo situaciones de conflicto generadas por la defensa de los intereses de cada institución, pero no son enfrentamientos personales".

Parece ser que el malestar del Ejecutivo de Aguirre se debe a la actitud de Ruiz Gallardón al reunirse con varios miembros del Gobierno socialista, en una imagen de cooperación y diálogo que contrasta con la oposición rotunda que esta llevando a cabo el equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre. Un motivo más para la discordia es la cena que compartieron representantes de los sindicatos, el presidente de la Cámara de Comercio - Fernando Fernández Tapias- y el alcalde en la víspera de la gran manifestación de pacientes y personal médico que pidieron la dimisión del consejero Lamela el 21 de abril. Según fuentes del Gobierno regional en aquel encuentro los sindicatos escucharon "más de una recomendación" para que la manifestación tuviera éxito.

Con esta situación, en el Día de la Comunidad de Madrid, durante la recepción posterior a los actos oficiales en el momento del besamanos. Al llegar el alcalde, cortés pero muy serio, Presidenta y regidor se besaron en las mejillas, pero no intercambiaron ni media palabra. Sólo la insistencia de los fotógrafos logró que los máximos dirigentes de la región y la capital posaran juntos; después, Gallardón y su esposa aceleraron el paso.

Ya dentro, el alcalde aguantó menos de 15 minutos con la sonrisa en el rostro y acabó marchándose por una puerta lateral, acompañado por su número dos, el vicealcalde, Manuel Cobo. Antes de eso habló con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y también con la vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, a la que (según pudo escuchar uno de los asistentes) comentó Gallardón: "Encima de que vengo después de todo, me piden que sonría...".

Mientras, ese mismo días, Aguirre, en declaraciones a la cadena SER, no desautorizó a su vicepresidente. Se limitó a afirmar: "No me pasa nada con Gallardón. Somos amigos", y acto seguido aseguró que fue el socialista Rafael Simancas quien quiso "malmeter" contándole a ella que el alcalde había cenado con los líderes sindicales. Simancas lo explicó de otra forma: "A mí me dijo Esperanza un día: '¡hay que ver!, cenaste con los sindicatos para malmeter contra nosotros'. Y yo le contesté: 'No, no fui yo quien fue a esa cena. Entérate bien de quién fue".

Pero no quedó aquí la cosa. En la fiesta, Aguirre lanzó una advertencia clara a su compañero de partido: "A partir de ahora, el alcalde de Madrid se lo pensará dos veces antes de acudir a un acto del Gobierno de Zapatero" al que ella no haya sido invitada, refiriéndose veladamente al encuentro que mantenido Ruíz Gallardón y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, hace unos meses, y que no ha sentado nada bien en la Puerta del Sol.

Gallardón no quiso responder a esos comentarios. Pero su rostro habló por él. Del núcleo duro de su gobierno sólo acudieron al festejo Manuel Cobo y el concejal José Manuel Berzal. Juan Bravo, edil de Hacienda, asistió a la entrega de medallas y luego se marchó. El resto de los ediles de gobierno, incluida Ana Botella, no se presentó.

Sí se dejaron ver otros concejales del PP, entre ellos algunos especialmente cercanos a Aguirre, como Eva Durán y Ángel Garrido (quien el pasado enero envió una carta invitando a los militantes del PP a expresarse contra el Gobierno socialista en una manifestación por las víctimas del terrorismo).

El día siguiente, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha respondido en rueda de prensa a las declaraciones vertidas por Esperanza Aguirre, quien le acusa de estar instrumentalizado por el Gobierno de Zapatero para dividir al PP. Gallardón ha afirmado que "no podemos permitir que exista ningún desencuentro entre las administraciones públicas", sobre todo frente a un proyecto como Madrid 2012, y ha insistido en que continuará su colaboración con el Gobierno central.

Para evitar la distancia entre el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad, el alcalde de la capital ha hecho una "llamada a la responsabilidad, y empiezo por mí mismo", ha dicho Alberto Ruiz-Gallardón. Además, el alcalde ha señalado que mantiene su apoyo a Mariano Rajoy.

Un total de 22 altos cargos del Gobierno de José María Aznar han recalado en la Administración regional desde que ésta la preside Esperanza Aguirre. Secretarios de Estado, directores generales o presidentes de organismos públicos están en nómina ahora del consejero de Sanidad, del de Medio Ambiente o del de Presidencia. Según la oposición, la Comunidad se ha convertido en el "cobijo" de los dirigentes del PP tras perder las elecciones generales. Los populares, por contra, mantienen que los nombramientos se deben a su "excelente gestión" en el Gobierno central.

- José María Barahona Hortelano es el director técnico de la Agencia Laín Entralgo, un organismo dependiente de la Consejería de Sanidad que tiene como objetivos el fomento de las "actividades formativas para las profesiones sanitarias". Barahona fue senador por Salamanca en las Cortes Generales de la VI y VII legislaturas, pero no fue candidato en la última.

- Rafael Catalá Polo fue nombrado por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, gerente del hospital Ramón y Cajal, aunque posteriormente dejó el cargo. Con anterioridad, y mientras José María Michavila fue ministro de Justicia, fue secretario de Estado de Justicia. En el primer Gobierno de José María Aznar estuvo a las órdenes de Mariano Rajoy y de Cristóbal Montoro.

- Amador Elena Córdoba. Es el gerente de hospital de Móstoles. Fue director general de Inspección cuando Rajoy era ministro de Administraciones Públicas.

- Jaime García-Legaz Ponce. Ahora ocupa el cargo de director del Instituto de Estadística de la Comunidad. Cuando José María Aznar era presidente del Gobierno, García-Legaz fue nombrado máximo responsable del Departamento de Bienestar y Educación del gabinete de Presidencia.

- Luis Miguel Garrido Martínez. Director de Seguridad del Canal de Isabel II, organismo que depende de la Vicepresidencia Primera. Cuando Jaime Caruana Lacorte era gobernador del Banco de España, Garrido estaba al frente de la Brigada de Delitos Monetarios y Económicos.

- Jaime Haddad Sánchez de Cueto fue director general de Planificación Económica y Coordinación Institucional en el Ministerio de Agricultura. Ocupó este cargo con Miguel Arias Cañete.

- Jon Juaristi Linacero fue con el PP director del Instituto Cervantes, una institución que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. También estuvo al frente de la Biblioteca Nacional. Aguirre le ha nombrado comisario de los Actos Conmemorativos del IV Centenario de la Publicación del el Quijote. Juaristi es catedrático de Filosofía Hispánica y Premio Nacional de Ensayo.

- José Antonio Llanos Blasco. Director general de Carreteras de la Comunidad. Fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo con Isabel Tocino de ministra de Medio Ambiente.

- Eugenio López Álvarez. Director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad. Julia García-Valdecasas, ex ministra de Administraciones Públicas, le nombró secretario general técnico.

- Domingo Menéndez Menéndez es el máximo responsable del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Javier Arenas, ministro de la Presidencia del segundo Gobierno de José María Aznar, lo nombró director de la Oficina del Comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas la catástrofe del buque Prestige.

- César Pascual Fernández es el actual gerente del hospital del Guadarrama, que depende de la Consejería de Sanidad. Ángel Acebes, ex ministro del Interior del PP, decidió que fuera delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

- Rafael Pérez-Santamaría Feijoo ocupa la gerencia del hospital de La Paz. Fue, con Ana Pastor como ministra de Sanidad, secretario general de Sanidad.

- Gonzalo Quiroga Churruca es gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Fue senador por Guipúzcoa.

- Agustín Rivero Cuadrado, actual director general de Salud Pública, ocupó el cargo de jefe de Estadísticas de la Actividad Sanitaria. Le nombró Ana Pastor.

- Ana María Sánchez Fernández, gerente del hospital de Fuenlabrada. Ana Pastor decidió que fuera directora general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

- Cristina Santolaria Solona es la actual directora del teatro Albéniz. Anteriormente ocupó el cargo de subdirectora general de Teatro del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales.

- José Trigueros Rodrigo proviene del Ministerio de Medio Ambiente, donde fue director general de Costas. Ahora es viceconsejero de Medio Ambiente.

- Juan van Halen fue nombrado por Mariano Zabía, consejero de Medio Ambiente, director gerente del Instituto de Realojamiento e Integración (IRIS). Hace meses dejó el cargo. Procedía de Fomento, donde Francisco Álvarez-Cascos le había nombrado vocal asesor del gabinete.

- Ana Isabel Mariño fue la presidenta de Paradores de España. Ahora preside el Consorcio de Turismo de Madrid.

- Carlos Bustelo era el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) hasta su reciente dimisión por el traslado de este organismo a Barcelona. Aguirre le ha elegido para dirigir el Tribunal de la Competencia de la Comunidad de Madrid.

- Manuel Jesús González, pressidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, fue secretario de Estado de Universidades entre 1997 y 1999.

- Ángel Martín Vizcaíno es subdirector general de Telemadrid. Fue director general de RTVE entre 1997 y 1998.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha querido pasar página en su polémica con la presidenta de la Comunidad, también del PP, Esperanza Aguirre y responsabilizó a "determinados espacios de la opinión pública" los intentos de que "la política que hacemos dentro del partido sea más radicalizada y menos centrista". El alcalde ha insistido en su pleno "compromiso" con las formas, el modelo y la ideología de su presidente de partido, Mariano Rajoy.

Las relaciones con Aguirre van como tienen que ir entre distintas administraciones con muchos puntos de encuentro y con algunas diferencias". Con estas palabras ha querido volver a zanjar una tensión patente entre ambos dirigentes ‘populares’ desde que la presidenta de la Comunidad optara a la presidencia del partido regional. "Hay que mirar siempre al futuro y no al pasado. No soy yo persona de rencores. Lo que me obliga como alcalde es tener el máximo nivel de entendimiento con la Comunidad y con el Gobierno central", asegura Gallardón.

El alcalde de Madrid ha querido echar balones fuera en lo que se refiere a las posturas más radicales dentro del PP. "Hay sectores, que no los ubico yo tanto dentro de mi partido sino en determinados espacios de la opinión pública, a los que les gustaría que la política que hacemos dentro del partido fuera más radicalizada y menos centrada", ha apuntado Gallardón sin dar ningún nombre. Ruiz Gallardón indicó que él personalmente no va a "ceder" a estos sectores, "lo que me podría ahorrar muchas críticas" pero que supondría, "traicionar mi propia forma de ser".

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid deja en suspenso o saca de la lista de espera quirúrgica a más pacientes de los que contabiliza como pendientes de que se les realice una operación. A 31 de marzo de 2005 figuran 16.162 personas de toda la región en la lista de espera quirúrgica. Pero, según Sanidad, otros 19.446 pacientes han sido excluidos de esta lista por haberles surgido un imprevisto en el periodo preoperatorio -que hace que los médicos recomienden posponer su intervención- o bien porque los propios afectados han rehusado ser atendidos en los quirófanos de otro hospital que no es de su agrado o de su confianza. Estas personas siguen pendientes de ser intervenidas, pero no son contabilizadas en la lista de espera.

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, del PP, prometió dimitir si en noviembre de este año "algún madrileño" tiene que esperar "más de 30 días para ser operado".

El diputado socialista en la Asamblea Lucas Fernández, considera que éste es uno de los mecanismos que utiliza el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, para "maquillar los datos de la lista de espera quirúrgica". Lamela aseguró el pasado 20 de abril que ningún madrileño tiene que aguardar ya más de 50 días para ser intervenido, y que la demora media no supera los 15,5 días.

Lamela sostiene que el número de pacientes en lista de espera se ha reducido a casi la mitad en sólo tres meses, al pasar de 30.217 en diciembre de 2004 a 16.162 el pasado 31 de marzo.

Según el grupo parlamentario socialista en la Asamblea, los pacientes que están en suspenso en la lista de espera tras haberles surgido un "imprevisto" han pasado de ser 2.941 el 30 de junio de 2004 a 13.477 (casi 5 veces más) el 31 de marzo de 2005. Además, los pacientes que rechazan ser operados en un centro privado también han aumentado drásticamente en el mismo periodo: de 3.393 a 5.969.El número de pacientes en espera estructural, o sea, los que realmente computan en los datos del consejero Lamela para la lista de espera, es de 16.162, mientras que los que están en suspenso o han rechazado ser operados en un centro privado suman 19.446, y no se computan.

El 19 de abril de 2004, en el B.O.C.A.M. se publicaron las causas de baja o suspensión temporal en el registro de la lista de espera quirúrgica. El artículo 28 del decreto que regula el registro unificado de pacientes en el plan integral de reducción de la espera quirúrgica especifica las siguientes causas para la suspensión temporal de la inclusión en la lista de pacientes.

En primer lugar se citan "causas clínicas que aconsejen demorar la intervención, sin que ello suponga que sea de forma definitiva o por desaparición de su indicación". El diputado Lucas Fernández ofrece una traducción muy gráfica de lo que ocurre en aplicación de esta norma. "Parece que se está presionando a los facultativos para que detecten las causas más peregrinas para suspender una operación: catarros, décimas de fiebre... Lo curioso y lo que debería explicar el consejero es lo siguiente: ¿Cómo es posible que ese número de pacientes llamados 'transitoriamente no programables' haya aumentado del 6,04% en junio de 2004 al 37,85% en marzo de 2005?".

La segunda forma de reducir el número de pacientes a la hora de contabilizar el tiempo de espera para ser operados, consiste en computarlos como de "rechazo de centro alternativo". En el artículo 27.c del citado decreto del Gobierno de la Comunidad de Madrid se especifica que será causa de baja en el registro de listas de espera quirúrgicas "el rechazo por parte del paciente de la oferta del centro de intervención que realice la unidad central de gestión de lista de espera quirúrgica, si bien se respetará su antigüedad en la espera del centro de origen".

Este tipo de pacientes ha pasado de ser del 6,97% en junio de 2004 al 16,76 %, según los datos del PSOE. Lucas Fernández asegura que en este caso también se dan situaciones extrañas. "Se trata de pacientes a los que unilateralmente se traslada a una clínica privada que probablemente esté muy lejos de su domicilio y a ser operados por un médico que no será el que les ha tratado desde un principio, y es muy lógico que no quieran cambiar de una clínica pública a una privada, y tampoco de médico. No existe ninguna garantía de seguimiento del proceso posquirúrgico", continúa el socialista.

Según un portavoz de la Consejería de Sanidad, este hecho que denuncia Lucas Fernández tiene muy fácil explicación. Este portavoz no niega ni un solo dato de los aportados por el diputado socialista, pero asegura que "desde el pasado mes de enero el cómputo de las listas de espera ha cambiado". Para el parlamentario socialista, la promesa de dimisión de Esperanza Aguirre se refería "al momento en el que el médico prescribe una operación, o, siendo muy generosos, desde que el cirujano dice que hay que operar". "Pero es un insulto a la inteligencia que se pueda alargar hasta el infinito el preoperatorio y que este tiempo no compute", añade.

La decisión de la presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de contratar a más de una veintena de ex altos cargos de los gobiernos de José María Aznar sigue suscitando la polémica. El ex senador del PP y amigo personal de Aguirre, José María Barahona, cobra un sueldo de dedicación exclusiva en una agencia de la Consejería de Sanidad, mientras sigue pasando consultas privadas como oftalmólogo en Madrid y Salamanca, por lo que estaría incumpliendo la Ley de Incompatibilidades.

Este oftalmólogo salmantino, que ha sido senador del PP en las dos legislaturas en las que Aznar ha sido presidente del Gobierno, se declara amigo de Esperanza Aguirre desde su etapa como presidenta del Senado. La presidenta le ofreció un alto cargo en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el de director técnico de la Agencia Laín Entralgo, después de que se quedara sin escaño en la Cámara Alta.

La relación entre la presidenta madrileña y José María Barahona va más allá. Su hijo, tal y como ha reconocido el propio Barahona, es miembro del gabinete de Esperanza Aguirre.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid nombra a Barahona alto cargo de la Consejería de Sanidad a mediados de 2004 y queda sometido a la Ley de Incompatibilidades.

El puesto de Jose Mª Barahona, según han denunciado fuentes de la Consejeria, exige dedicación exclusiva. Sin embargo, ha reconocido que tiene una consulta en Salamanca y que también ha atendido pacientes en otra consulta de Madrid. Barahona asegura que pasa consulta de forma gratuita y por amistad, por ejemplo a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, un redactor de un medio de comunicación ha pedido cita para una revisión y el precio es de 120 €.

Hasta 22 ex altos cargos de los Gobiernos de Aznar están en nómina de la Comunidad de Madrid, tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en las pasadas elecciones generales.

El alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández Quejo, del PP, volvió a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Madrid. El regidor explicó que las competencias en urbanismo las tiene delegadas en su concejal de área, el edil José Antonio Perea, acusado también de prevaricación en este mismo proceso. Es la segunda vez que Fernández Quejo se sienta este año en el banquillo. La primera, y durante casi un mes, fue ante la Sección Cuarta de la Audiencia -que preside Juan José López Ortega-. Esta instancia judicial no ha hecho pública aún la sentencia de este otro proceso, en el que el fiscal acusa al regidor de recalificar una parcela protegida vulnerando la normativa urbanística.

Este nuevo juicio contra el alcalde de San Lorenzo de El Escorial se está celebrando en la Sección Sexta de la Audiencia. Junto al regidor se sientan en el banquillo, entre otros, el promotor de las citadas viviendas, Federico Martínez; el arquitecto municipal, Francisco Navarro Roncal; y el concejal de Urbanismo, José Antonio Perea.

Los hechos se remontan a enero de 1998, cuando los acusados concedieron licencia para levantar 18 casas en un lugar donde las normas sólo permitían levantar "ocho o nueve", según un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de San Lorenzo. "Existen indicios", señaló el juez instructor, de que "las resoluciones dictadas son injustas", puesto que se dictaron "con frontal oposición al ordenamiento jurídico, desbordando de manera palmaria la legalidad" vigente.

En la sesión del juicio, Fernández Quejo fue interpelado por el fiscal de Urbanismo, Emilio Valerio. Éste le preguntó por qué había concedido una licencia para construir 18 casas en contra del criterio de la Comunidad de Madrid, que consideró ilegal la licencia. El regidor señaló que las competencias en urbanismo las tiene delegadas en su concejal del área. También fue preguntado por la tramitación de la licencia de obras pese a que la misma había sido declarada ilegal y anulada. "Que le pregunten al secretario", subrayó el regidor.

El concejal de Urbanismo indicó que cuando la Comunidad de Madrid le advirtió de que la licencia para levantar las 18 casas era ilegal, él ordenó que la misma fuese revisada. Preguntado por qué no se revisó, destacó que eso ya no era competencia suya. Al arquitecto municipal, Francisco Navarro, el tribunal le inquirió por unas declaraciones que hizo ante el juzgado instructor en las que calificaba de "obsoleta" la norma que regulaba el tope y amplitud de las casas construibles en una zona. El arquitecto opinó que "ahora se va hacia [la construcción de] pisos más pequeños".

Al constructor de las 18 casas, Federico Martínez, se le preguntó por qué había construido 18 viviendas y no las nueve máximas que establece la normativa. Martínez señaló que lo hizo animado por el propio alcalde y el concejal, quienes le indicaron que tenían pactado con la Comunidad ese aumento de edificabilidad. Este constructor está acusado de estafa.

El fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, denunció haber recibido amenazas del alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández Quejo. Valerio, quien indicó que va a pedir amparo al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señaló que el regidor de San Lorenzo, durante un juicio en la Audiencia de Madrid, dijo: "Voy a perseguir al fiscal de Urbanismo hasta que pueda".

Fernández-Quejo, del PP, ha sido juzgado por un supuesto delito de prevaricación. La amenaza que el fiscal de Urbanismo afirma haber recibido se produjo cuando el tribunal que juzga al alcalde por un supuesto delito continuado de prevaricación otorgó a éste la última palabra. Antes, el fiscal Valerio había elevado a definitivas sus conclusiones y mantenido su petición de pena de dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el regidor, según fuentes jurídicas.

Según Valerio, Fernández-Quejo señaló: "Voy a perseguir al fiscal de Urbanismo hasta que pueda; los psicólogos me han aconsejado que deje el cargo y a los niños les dicen cosas en el colegio". Durante la vista el tribunal tuvo que cortar al abogado del Ayuntamiento y del regidor, Francisco Cons, por descalificar el informe del fiscal. Cons aludió a que el informe era fruto de la "mala fe" del fiscal.

El tribunal tildó el comentario de inapropiado y le indicó que la libertad de defensa no le ampara para hacer tales manifestaciones. Valerio explicó que, nada más acabar el juicio, el letrado defensor del alcalde se le acercó y le espetó: "Ya verás el pleito que te espera...", en alusión a que supuestamente le denunciará por su actuación en este asunto. Tras subrayar que va a pedir amparo al fiscal general del Estado, el fiscal de Urbanismo indicó: "Si por perseguir irregularidades urbanísticas tengo que soportar amenazas de este tipo, me voy y dejaré el área de Medio Ambiente. Lo único que pretende la fiscalía es que se repeten las normas que los propios ayuntamientos se dan".

El regidor explicó: "Lo que he dicho es que no he hecho nada y que llevo ocho años procesado, y que todo esto me ha causado un perjuicio personal y familiar, y a mi propia imagen; y que cuando me absuelvan, porque no he hecho nada, esto no puede acabar así. Y mi abogado lo único que ha hecho es pedir que las costas del juicio las pague la fiscalía, nada más".

El fiscal acusa a Fernández-Quejo y a varios ediles de haber dado una licencia para construir 18 viviendas en una zona de en la que las normas urbanísticas sólo permiten levantar nueve casas. El regidor y varios concejales del equipo de gobierno se han sentado en lo que va de este año en dos ocasiones en el banquillo de la Audiencia por sendas denuncias de la Fiscalía de Medio Ambiente. En las dos ocasiones se han sentado tras agotar los recursos que establece la ley ante la propia Audiencia -algunos, pidiendo el archivo de las causas- frente a decisiones de los jueces instructores. Desde, el regidor está pendiente de dos sentencias. Una que en breve emitirá la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, por un supuesto delito urbanístico, y la segunda, que debe dictar la Sección Sexta, la sala que dejó visto para sentencia el juicio por supuesta prevaricación contra el alcalde.

Una de las dos secretarias personales del director general de Telemadrid, Manuel Soriano, le ha denunciado por acoso sexual. La mujer está de baja por depresión y en tratamiento médico. Según su testimonio, Soriano intentó propasarse en varias ocasiones y le propuso mantener relaciones. Soriano niega tajantemente estos hechos y se muestra sorprendido por la denuncia. La querella por acoso sexual contra Manuel Soriano se ha presentado en el juzgado de instrucción de Pozuelo de Alarcón. Noelia del Val Curiel, la secretaria personal de Manuel Soriano relata en ella como fue víctima durante el último año del hostigamiento sexual por parte del director general de Telemadrid.

Noelia cuenta que poco después de empezar a trabajar a sus órdenes, Soriano aprovechaba los momentos en los que estaban a solas para buscar conversación, interesarse por su vida privada y le pedía que prolongase su jornada laboral con excusas infundadas.

Dice la mujer que esta situación culminó la noche del 3 de noviembre de 2004, en la que el director general le pidió una documentación. Cuando la estaba buscando en el archivador, según la denunciante, Soriano se le acercó, se puso a su derecha, empezó a tocarse los genitales por encima del pantalón, presionando con fuerza, y la rozó con el codo. Después, le dijo que estaba enamorado de ella, que quería pasar un fin de semana con ella e incluso llego a intentar besarla.

A partir de este episodio, la secretaria entró en una fase de inestabilidad física y ansiedad emocional que le han conducido a una baja laboral por depresión. Además, la querellante asegura que ante su negativa a las continuas miradas e insinuaciones sexuales de Soriano, éste cambió radicalmente de actitud. Empezó a gritarle y a enfadarse por cualquier motivo, a ignorarla y a marginarla en el trabajo. Noelia afirma que pidió ayuda en la empresa, que denunció la situación ante el director de Recursos Humanos de Telemadrid, pero dice que no obtuvo ninguna respuesta de sus superiores.

Dado su estado de ansiedad y estres, lleva un mes de baja y necesita tratamiento médico. La secretaria explica que ha decidido dar este paso judicial por su deseo de sentirse digna, para que se conozca la verdad y para poder reincorporarse a su trabajo sin miedo y sin represalias. La víctima cuenta con el apoyo y respaldo de la Federación de Mujeres Progresistas.

El director general de Telemadrid se ha mostrado muy sorprendido por esta denuncia. Manuel Soriano ha negado tajantemente los hechos y asegura que nunca ha tenido ningún problema con su secretaria.

La Consejería de Educación reconoció que 18.000 niños menores de tres años no han podido acceder a una escuela infantil pública. Se publicaron las listas de los niños de menos de tres años admitidos en escuelas infantiles de la red de la Comunidad. De los más de 31.000 solicitantes apenas han conseguido plaza 18.411. La oposición exigió a la consejería que cumpla con el acuerdo educativo firmado en marzo en el que se comprometió a construir 85 escuelas infantiles en cuatro años. Peral aseguró que en dos años se han incrementado un 20% las plazas disponibles.

A la espera de las listas definitivas, la Consejería de Educación reconoció que las 31.000 familias que han solicitado una plaza para niños menores de tres años -educación no obligatoria- , sólo 13.000 la han conseguido. El consejero Luis Peral explicó que esto no significa que esos 18.000 niños se queden "en la calle". Peral aseguró: "Entregaremos más de 14.000 becas de ayuda a quienes acudan a escuelas privadas, más de 18 millones €". Estas becas van de los 90 a los 150 € por familia, dependiendo de la renta familiar. El cálculo lo hace teniendo en cuenta las plazas ofertadas y la demanda que hay en las escuelas infantiles públicas. "Peral mete en el mismo saco escuelas públicas, privadas, becas... No creemos que se pueda considerar una plaza pública una ayuda de 90 € a una familia, cuando cuesta por niño 300 €", protestó Ferrero. El PP se comprometió a financiar durante la pasada campaña electoral 50.000 plazas públicas en escuelas infantiles. Según los datos manejados por Peral, ya han cubierto 36.000 de las plazas prometidas: 22.000 plazas en la red pública más 14.400 becas.

Desde el centro de directores ponen como ejemplo el caso de Getafe, donde hay más de 1.000 niños en lista de espera y se ofertan 300 plazas, con lo que sólo un tercio consigue entrar. Peral respondió a este ejemplo asegurando que actualmente hay tres escuelas infantiles en construcción en Getafe y recordó que en el acuerdo educativo firmado el pasado mes de marzo se decidió construir 85 centros más en cuatro años.

Sin embargo, los sindicatos y la oposición alertaron de que serán insuficientes. José Mata, secretario regional de Educación de UGT, aseguró que son necesarias más de 150 nuevas escuelas infantiles en la región para responder a la demanda: "Llevamos varios años planteando que se necesitaban más de 200 escuelas infantiles y creemos que las 85 que ofrece el acuerdo serán totalmente insuficientes". Fuentes del sindicato CC OO aseguraron que, a pesar de que esta situación viene repitiéndose desde hace años, "la consejería no reacciona y no tiene ningún pudor en vulnerar en este caso el derecho de elección que tanto defiende en otros momentos".

Las asociaciones de padres también mostraron su descontento por la insuficiencia de plazas. Mercedes Díaz, de la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos, manifestó: "Es una de las mayores quejas que recibimos. Queda claro que no ha habido una previsión de la Comunidad en el número de plazas necesarias".

Cinco de los siete ediles del PP en el Ayuntamiento de Coslada se abstuvieron en la votación de una moción sobre la obligación de los concejales de celebrar bodas entre personas del mismo sexo, según informó el PP de la localidad, que garantiza "la aplicación de la legislación vigente en la materia".

Según informaron fuentes del PP de Coslada, la moción que se votaba en el Ayuntamiento "pretende obligar a todos los ediles a celebrar bodas homosexuales en contra de sus principios", y fue aprobada con los votos del PSOE, IU y la Plataforma de Izquierda de Coslada. El grupo popular votó en conciencia, de manera que de los siete concejales que lo componen, cinco se abstuvieron y dos votaron en contra, por la vulneración que la moción hace del artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto.

Según este artículo, los ediles del PP se abstuvieron en la votación y los otros dos votaron en contra, "porque la moción obliga a todos los ediles a celebrar bodas homosexuales en contra de sus principios, lo que vulnera el artículo 16 de la Constitución Española de 1978, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto", indicaron fuentes del Partido Popular.

José Luis Peñas y Juan José Moreno, los ediles de Majadahonda expulsados del PP hace una semana, declararon ante la Fiscalía Anticorrupción en calidad de testigos, cada uno durante dos horas y media. La fiscalía investiga la denuncia del grupo municipal socialista majariego sobre las presuntas presiones que se produjeron en Majadahonda en el concurso de venta de dos parcelas municipales.

Los ediles mantuvieron ante el fiscal que Esperanza Aguirre, presidenta regional, es la responsable principal de la paralización de dicha venta. También implicaron al ex secretario regional del PP, Ricardo Romero de Tejada, y a su sucesor, Francisco Granados, en las presiones que sufrió el anterior alcalde, Guillermo Ortega, por medio de un constructor.

Al terminar su declaración, los ediles indicaron que habían ofrecido al fiscal un relato pormenorizado del procedimiento de enajenación de las parcelas RN-1 y D2 y de las presiones que sufrieron el anterior alcalde y ellos mismos por parte de Aguirre, Granados y Romero de Tejada, además de por el actual alcalde, Narciso de Foxá, para parar la venta de dichos terrenos. Presiones que, según cuentan los concejales, también soportaron los técnicos municipales para que sus informes apoyaran el dejar desierta la venta. "Era vox populi. Porque la decisión de paralizar la venta ya estaba tomada por el alcalde y la cúpula del PP. Los técnicos no tenían más remedio que avalar de alguna forma lo que los políticos habían decidido de antemano. Incluso se cambió un informe de fecha", dijo Peñas.

Según mantienen los ediles, el fiscal no les preguntó por la gestión del suelo público realizada desde Pammasa, empresa municipal del suelo, ni les pidió documentos. "Aunque he quedado en enviarle algunos", puntualizó Peñas. "Le hemos contado nuestro punto de vista porque hemos estado en el centro de la polémica. Ha quedado claro que, para nosotros, Esperanza Aguirre es la artífice principal de que todo el proceso legal de venta de dos parcelas se haya ido al traste".

Ambos ediles eran los hombres de confianza del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Peñas, concejal de Planificación, fue el encargado de elaborar los pliegos de condiciones que debían seguir las ofertas que se presentaran a la venta de dicho suelo municipal. "Hemos contado al fiscal cómo, al principio, todos los concejales del PP que formábamos el equipo de gobierno del Ayuntamiento estábamos de acuerdo con la enajenación.

Las discrepancias llegaron de repente, en noviembre de 2004. En ese momento, cuando ya se habían presentado 12 empresas y estaban las plicas abiertas, resulta que hay que parar la venta. Entonces empiezan a aparecer nombres como el de Esperanza Aguirre", explica Peñas.

Ante la fiscalía han señalado que las mayores presiones las sufrió Ortega hasta que aceptó presentar su dimisión el 3 de febrero "por motivos de salud". Ahora, y por decisión del Gobierno, ocupa el cargo de gerente del mercado Puerta de Toledo. Asimismo, explicaron al fiscal que en varias ocasiones los mensajeros que trasladaron las supuestas amenazas a Ortega fueron constructores.

Uno de ellos fue Julián Jiménez de los Galanes, presidente del Grupo Dico, dedicado a la construcción y promoción inmobiliaria, con una fuerte implantación en Majadahonda. Jiménez de los Galanes mantiene con Granados una fuerte amistad, según Peñas. "Esta constructora es muy importante en Valdemoro, de donde Granados fue alcalde la pasada legislatura. Además, hasta van a cazar juntos, y digo yo que para enviar un mensaje con él a Ortega debe existir un conocimiento íntimo entre ambos", afirmó Peñas.

Este edil se refiere a una presunta conversación que mantuvo el presidente de Dico con Ortega el pasado 15 de enero. Según el edil, Jiménez de los Galanes llamó de parte de Granados al ex alcalde y le dijo: "Te tienes que ir. El candidato oficial de la presidenta de la Comunidad y del PP regional, es Narciso de Foxá [el actual regidor]. Vete mirando qué puesto quieres en la Comunidad".

Granados lo desmiente. El secretario regional indica que, debido a su puesto, hablaba casi todos los días con Ortega, y que, en caso de tener que comunicarle algo así, lo habría hecho personalmente. En cuanto a la amistad que, según los ediles, le une con el presidente de Dico, no realizó ninguna declaración.

El informe de la Clínica Médico Forense de Madrid sobre 13 casos de sedaciones terminales en el hospital Severo Ochoa, de Leganés (Madrid), revela que no se puede establecer una relación "directa y exclusiva" entre la muerte de estos pacientes y la sedación que se les administró. Del informe pericial se desprende que a ninguno de estos 13 pacientes se le administró una sedación excesiva y que, jurídicamente, no cabe hacer un reproche penal a los médicos de este hospital. Los forenses de esta clínica son los peritos a los que acuden jueces y fiscales para requerirles informes sobre asuntos penales sanitarios. La Fiscalía de Madrid remitirá este estudio al Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés, donde ahora se investiga una denuncia del consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, del Partido Popular, por las sedaciones.

El informe de los peritos dictamina: "No se puede concluir de modo inequívoco que la causa del fallecimiento haya sido de modo directo y exclusivo por la sedación, tanto en cuanto por la asociación de fármacos empleados como por las dosis administradas". Los forenses recuerdan que estos 13 pacientes se hallaban en una situación agónica.

Por ello, razonan: "Es imposible deducir de las citadas historias clínicas si un paciente fallece por su enfermedad terminal, que en todo caso estaba presente, o por la medicación empleada en la sedación". Entre los 13 casos, los peritos hablan de cuatro sedaciones dudosas, si bien fuentes jurídicas matizan que en dos casos faltan datos en las historias clínicas que permitan saber si la sedación fue adecuada. "No hay que olvidar que aún no se ha preguntado nada a los médicos que atendieron a esos pacientes", dijeron estos medios.

El estudio de estos 13 casos fue requerido por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, a la Clínica Médico Forense. La fiscalía pidió a los peritos que analizasen 13 de los 25 casos en los que el consejero Manuel Lamela dijo haber detectado sedaciones "irregulares, no indicadas, indebidas o excesivas". Lamela destituyó el pasado 11 de marzo al coordinador de urgencias del Severo Ochoa, Luis Montes, al considerarlo el principal responsable de las supuestas sedaciones irregulares. Además, envió a un grupo de inspectores sanitarios al centro hospitalario para que revisaran las historias clínicas de los pacientes terminales sedados en Leganés en los últimos tres años. Los inspectores analizaron 369 historias y concluyeron que no se podía "afirmar ni descartar" que hubiese habido mala praxis médica.

La fiscalía abrió diligencias, revisó los 25 casos y descartó 12 sobre la marcha al no ver en ellos irregularidad alguna. Los otros 13 fueron remitidos a los expertos forenses. Éstos indican en su informe que en los casos 1, 3, 10 y 12 existe una indicación dudosa de sedación. En el 1º señalan que la sedación es dudosa "en cuanto que no se describen los síntomas que la hicieran necesaria"; en el 3º, que la sedación se administró a un paciente que ya estaba en coma. En el caso 10º, también observan "una sedación dudosa", y sobre el 12º entienden que "la sedación es dudosa" por cuanto el enfermo se hallaba "en una situación de coma arreactivo". A los otros casos no ponen reparo alguno.

Los peritos que han estudiado estos casos son el director de la Clínica Médico Forense de Madrid, Francisco Javier Pera; la directora del Instituto Anatómico, Carmen Baladía; el profesor de Farmacología Fernando Rabadán y el forense experto en neurología Manuel García. Baladía, quien ha analizado uno de los casos dudosos, el número tres, ha remitido un escrito a Francisco Pera y al fiscal jefe en el que se queja de que su informe ha sido "manipulado y cercenado". Baladía lamenta que el resumen que se ha hecho de su estudio en el informe definitivo enviado a la fiscalía "es tendencioso". Fuentes jurídicas indicaron que la Clínica Médico Forense, aparte del informe definitivo con las conclusiones, ha remitido a la fiscalía, íntegro, el informe de Baladía. Y que, por tanto, "no se ha cercenado nada". Además, indican que Baladía no responde en su informe a la cuestión que planteó la fiscalía a los peritos. Literalmente la pregunta era: "Si dada la patología y estado de cada uno de los 13 pacientes estaba indicada la sedación, al parecer suministrada, y, en caso afirmativo, si la medicación y dosis pautadas eran las adecuadas en atención a la particular situación clínica de cada paciente".

En su informe, los peritos advierten de que "ratifican [otro informe] del Colegio de Médicos de Madrid fechado el pasado 13 de abril". Y en concreto un apartado del mismo que subraya: "(...) cuando los remedios aplicados fracasan radicalmente, es entonces cuando, para proteger al enfermo de su grave sufrimiento, el objetivo de disminuir su nivel de conciencia mediante la sedación paliativa o terminal se convierte en su verdadero objetivo terapéutico, incluso si de tal sedación se derivara un determinado deterioro de la precaria o exigua salud del enfermo y en consecuencia su muerte".

La fiscalía enviará el lunes al juzgado el informe de los forenses. Aunque este informe lo han hecho los forenses a instancia de la fiscalía, el tema de las sedaciones de Leganés lo judicializó el consejero Lamela el pasado 26 de mayo. Cuando los forenses ya trabajaban en el informe pedido por la fiscalía sobre estos 13 casos, Lamela dio una rueda de prensa y anunció que había presentado una denuncia en Leganés para que se investigasen, no ya los 25 iniciales, sino 73 casos de pacientes sedados en los que una comisión de médicos que él había nombrado había hallado irregularidades.

El consejero de Educación, Luis Peral, reconoció que el 77% de los alumnos extranjeros de la Comunidad de Madrid está escolarizado en colegios públicos, y el 23%, en centros escolares concertados en el curso 2003-2004. Sin embargo, la federación regional de Enseñanza de CC OO estima que sólo el 16% de los inmigrantes están en centros concertados. "En ese 23% del que habla la consejería no se hace ningún desglose entre colegios privados y concertados, ni entre inmigrantes y extranjeros no inmigrantes [niños originarios de países ricos]. Tampoco nos han facilitado cifras del último curso", denuncia el sindicato.

En un estudio realizado por CC OO en el que se excluyen los niños extranjeros -de Estados Unidos, Canadá, norte de Europa...- se desprende que de los 89.285 menores inmigrantes de la región, 69.052 estudian en centros públicos y 20.233 en privados, de los que el 60% proviene de América Latina. El sindicato n destaca en su estudio que el número de inmigrantes en los colegios casi se ha duplicado en tres años. Si en el curso 2001-2002 había 51.281 alumnos de otros países, en el 2003-2004 eran 89.285, lo que representa casi un 10% de los 927.134 estudiantes de la enseñanza obligatoria de la región. El análisis confirma una tendencia: los alumnos españoles optan cada vez más por estudiar en centros concertados (privados sufragados con fondos públicos) en detrimento de los colegios públicos. En tres cursos -desde el 2001-2002 hasta el 2003-2004- el número de estudiantes españoles en las aulas públicas bajó en 17.510 alumnos, mientras que el de inmigrantes creció en más de 38.000. En estos mismos tres años, el número de alumnos españoles en centros privados aumentó en 9.140.

El secretario de Educación de CC OO, Francisco García, reclama una nueva normativa que reequilibre la situación. "La consejería debe adoptar medidas para regular este cambio lento pero progresivo y que supondrá que los inmigrantes vayan a colegios públicos y los españoles a los concertados".

En los tres cursos académicos analizados, el número de estudiantes en centros públicos aumentó en 12.503, mientras que en los privados fueron más de 18.000. En el caso de los estudiantes inmigrantes, en la escuela pública casi se incrementaron en 30.000, mientras que en la privada fueron sólo 8.750. Según CCOO, se corre un grave riesgo de segregación, que, según García, se incrementará "cuando los colegios concertados aumenten la ratio a costa de las plazas que deberían tener reservadas para las comisiones de escolarización".

La Consejería de Educación esgrime datos para argumentar que está haciendo esfuerzos en favor de la integración. El consejero Luis Peral mantuvo que en la educación concertada madrileña se escolarizan el 30% de los estudiantes madrileños, y acoge al 23% de los inmigrantes. Sin embargo, CCOO utiliza estadísticas del Ministerio de Educación para sostener que la enseñanza pública acoge al 56% de los alumnos, y la concertada, al 26%. "Estamos igualando los porcentajes. En 1999 la cifra de la concertada era el 20%. Además, conviene mirar a otras regiones, como el País Vasco, donde la concertada sólo tiene al 16% de inmigrantes, a pesar de escolarizar al 38% de los alumnos", aseguró Peral.

El sindicato CC OO asegura que la solución pasaría por modificar los procesos de escolarización y que fueran personas ajenas a los centros escolares quienes asignaran los centros, con determinados baremos, para evitar así las supuestas selecciones que hacen los centros concertados. El consejero rehusó intervenir para controlar la escolarización de inmigrantes a fin de no perjudicar "el derecho de los padres a elegir el centro escolar de sus hijos". Y añadió: "Los colegios concertados nos han transmitido su voluntad de colaborar para favorecer la integración de los inmigrantes". Peral también criticó: "Es un error grave que desde la izquierda se lancen estos mensajes de alarma sobre los inmigrantes".

Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, tiene todas las claves sobre la crisis del PP en esta localidad y las trifulcas urbanísticas que dieron con él fuera de la Alcaldía. Por eso su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción se presentaba interesante. Entró en el edificio del 147 del Paseo de la Castellana pasadas las 09.00 horas. Lo abandonó a las 12.15. Se enfadó cuando se dio cuenta de que lo fotografiaban. No quiso hablar.

El concurso de dos parcelas -la RN-1 y la D-2- provocó un enfrentamiento en el seno del PP de Majadahonda que culminó con la salida de Ortega de la Alcaldía. Podría tratarse de un tema menor, de entidad local. Pero no. No porque tanto Ortega como los que fueron sus lugartenientes, José Luis Peñas y Juan José Moreno, han coincidido en señalar a importantes cargos del partido como claves en un proceso como mínimo dudoso. Las parcelas, propiedad del Ayuntamiento, se vendieron por 7 millones € a la empresa Patrimonio Municipal de Majadahonda (Pammasa) y luego se recuperaron para sacarlas a concurso por más de 40 millones. La declaración realizada por Ortega aclara muchas cosas. En ella señala a Ricardo Romero de Tejada, su antecesor en la Alcaldía de Majadahonda, como el muñidor de que este concurso de suelo se paralizara, y a Narciso de Foxá, su sucesor en el cargo, como el brazo ejecutor de las órdenes dictadas por el que fuera secretario general del PP de Madrid.

"Respecto a los nombramientos de cargos para desarrollar las tareas urbanísticas estima [Ortega] que sí recibió presiones de Ricardo Romero de Tejada, que quería que fuese nombrado para dicho cargo Narciso de Foxá", recoge la declaración. Cuenta cómo el arquitecto municipal, Pedro Sánchez, valoró las dos parcelas sin poner "objeciones", pero aclara que "sí expresó su malestar por el hecho de no ser el único técnico en informar sobre los licitadores del concurso, al incluirse a los ingenieros municipales". Es decir, valorar las ofertas no le correspondía en exclusiva al arquitecto, sino que era una tarea compartía con otros funcionarios, y esto no gustó a Sánchez.

¿Por qué reclama el Ayuntamiento a Pammasa los terrenos que ya le había vendido por siete millones? Para "cumplir el programa electoral, se necesitaba dinero", y se certifica que las parcelas "tenían un valor superior a 40 millones €". Según la declaración, esta "decisión tiene la oposición inicial de Foxá como consejero de Pammasa, pero finalmente acata la misma".

Quizá una de las partes más suculentas de la intervención de Ortega se produjo al desmenuzar cuál fue el papel del arquitecto municipal en el proceso de adjudicación del suelo. Ortega dijo que Sánchez "trató de desacreditar" el concurso, suministrándole a la portavoz del CDS en el Ayuntamiento información sobre un error en los pliegos: en el precio no se incluía el IVA. Dicho esto, señaló: "La Mesa de Contratación se reúne por primera vez" en su despacho y, tras ver con satisfacción que se han presentado las "constructoras más importantes del país", ordena que los "expedientes se custodien por los ordenanzas en una habitación cerrada, y [que] se sellen y se numeren todos los folios, sin que nadie pueda tener acceso" a ellos.

Recoge la declaración que el declarante -es decir, Ortega- "calificaría como incendiario" el informe el arquitecto municipal, porque en "el inicio del mismo se descalifican los pliegos y se manifiesta que el concurso produce menoscabo de las arcas municipales por la infravaloración de las parcelas, tasación (...) que había sido realizada por el propio arquitecto". Recordó cómo, pese a que nadie se lo pide, Pedro Sánchez cambió, en el plazo de una semana y conociendo las valoraciones otorgada por los ingenieros a cada una de las ofertas, su valoración. Acción beneficiosa para la empresa Afar-4. "Se produce un gran revuelo en la Mesa porque se denuncia claramente por los asistentes que esta nueva valoración, no solicitada, se efectuaba con el objeto de favorecer a dicha empresa", declaró Ortega ante la Fiscalía.

El ex alcalde, actualmente en el Mercado Puerta de Toledo, afirmó que "era consciente de los rumores extendidos por Majadahonda, y denunciados por las empresas promotoras de suelo, en el sentido de que en los concursos y adjudicaciones de suelo municipal se tendía a favorecer siempre a esta empresa". Eso sí, no pudo constatar vinculación alguna entre Sánchez y Afar-4. Ortega le dijo al Fiscal que es en ese momento cuando "el grupo municipal del Partido Popular se rompe". Dijo que tuvo un encuentro "con Foxá en el que le manifiesta que tenía que retirar el tema de las parcelas porque así se lo había pedido gente del partido que le había llamado, como García Escudero y Romero de Tejada".

Contó el ex alcalde, actualmente colocado por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el Mercado Puerta de Toledo, que se reunió también con Rafael Ruiz Fuentes, "sociólogo y amigo", en la cafetería del hospital Puerta de Hierro.

¿Por qué? El testimonio aportado es claro. Ruiz Fuentes "le manifestó que venía de una reunión con Romero de Tejada, quien proponía al declarante darse de baja como alcalde por enfermedad durante dos meses, periodo en el que se aprovecharía para resolver el tema de las parcelas y tranquilizar al grupo municipal".

Reconoce los encuentros con Esperanza Aguirre -en el aeropuerto de Barajas y en Génova-, admite que se le entregó un dossier con informes sobre una trama urbanística en Majadahonda, y señaló que la presidenta lo miró pero no le hizo caso: "La presidenta, al ojear las primeras hojas en las que se hablaba de tramas urbanísticas, no dio importancia a dicho informe". Este informe, elaborado por Peñas, hablaba de las presuntas irregularidades en Pammasa. Eso sí, Guillermo Ortega aclaró que Esperanza Aguirre no lo presionó nunca ni para que cambiara el sentido del concurso, ni para que abandonara la Alcaldía.

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a dos ex responsables del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial de Madrid en la etapa del ex alcalde popular, José Mª Álvarez del Manzano, por cohecho, prevaricación y estafa. Los denunciados son el ex gerente del Imefe, Ricardo Peydró Blázquez, el ex director de servicios de formación ocupacional, José Luis Solana, y dos empresarios, Fernando Cisneros Manrique y José Mª Ariza, a quienes achaca iguales delitos, salvo prevaricación.

La gestión investigada por Anticorrupción, se ciñe al periodo 1994 a 1999, pero los hechos delictivos parten de 1996. El entramado que describe la denuncia es la siguiente: las empresas Incof, Ifomar, Defoco y Prevecón se constituyen por Cisneros y Ariza "por indicación de Solana y Peydró", por lo que los primeros "conocen de antemano sobre qué temas va a girar la programación anual del Imefe y elaboran los programas formativos en consecuencia". "Esto les coloca en una posición más ventajosa que la del resto de las empresas con las que compiten. En resumen, el juego no es limpio, las adjudicaciones están pactadas de antemano", señala Anticorrupción.

El texto define que ambos ex altos cargos incurrieron en prevaricación, ya que las adjudicaciones de concursos estuvieron "viciadas desde su origen", pues respondían al "previo pago de dinero en metálico o regalos" (cohecho) y fueron dictadas "a sabiendas", con el "ánimo de favorecer" a las citadas sociedades. El texto plantea que la empresas abonaron comisiones del 3% del importe del curso, ya que sabían desde el principio que "hay que pagar para ser adjudicatarios del Imefe". Las empresas de los denunciados recibieron 134 cursos y al menos siete de ellos "no se ejecutaron". Incluso se ha comprobado que se falsificaron las firmas de los alumnos para simular su asistencia. Anticorrupción calcula en 154.532 € el perjuicio patrimonial ocasionado.

Solana incurrió en un delito de falsedad y estafa, ya que no visitaba "a propósito", salvo en contadas ocasiones, los cursos. "Para evitar ser descubierto y que saliera a la luz el trato de favor recibido por estas adjudicatarias, prefería no inspeccionar ninguna", señala el escrito.

Sobre Peydró se afirma en la denuncia que "también recibía regalos por favorecer las adjudicaciones y cerrar los ojos sobre lo que estaba sucediendo, y con su proceder favoreció la comisión de los delitos de falsedad y estafa al no adoptar ninguna medida para evitarlas". Isabel Vilallonga, la concejal socialista que indagó esta trama, se felicitó : "La denuncia nos ha dado la razón".

El Gobierno de Esperanza Aguirre reconoce que su proyecto para desdoblar un tramo de 15 kilómetros de la M-501 (carretera de los pantanos), ampliando carriles y duplicando la anchura de la vía, favorecerá los desarrollos urbanísticos en una zona de alto valor natural. Así se recoge en un informe realizado por la Consejería de Transportes e Infraestructuras y entregado la semana pasada a los tres alcaldes de los municipios implicados: Quijorna (PP), Navas del Rey (independientes) y Chapinería (PP).

"El medio ecológico no es el más afectado por la carretera, sino por los posibles desarrollos urbanísticos", dice el estudio. Por ello, la Comunidad asegura que pondrá medios para que se alcance un pacto entre todos los Ayuntamientos de la zona con el fin de que se comprometan a "impedir un crecimiento no marcado por sus planes y sin control". Pero el texto de la consejería no concreta de qué forma y manera se pueden impedir esos desarrollos urbanísticos desmedidos.

Aguirre siempre ha dejado claro, desde que se hizo cargo de la presidencia de la Comunidad en noviembre de 2003, su intención de ampliar el tramo de autovía de la M-501 para hacerla más segura. Cuando se le pregunta por este proyecto, ella suele responder: "¿Qué son más importantes, las personas o los pajaritos?". La carretera de los pantanos discurre junto a una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), un entorno de gran valor natural.

En 2004 murieron en la M-501 nueve personas (hubo 28 heridos graves y 101 leves) y en 2003 se registraron cinco fallecidos en accidentes de tráfico (más 41 heridos graves y 119 leves). Los ecologistas dicen que esos datos no sustentan la tesis oficial de que es una carretera peligrosa que hay que convertir en autovía.

Los partidos de la oposición se oponen también a ampliar esta carretera, no sólo por el daño ambiental que producirá directamente la obra, sino porque la apertura de este paraje a la entrada masiva de coches conllevará la aceleración de planes urbanísticos. Ese peligro de que aumente la edificación en la zona es admitido por el informe de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, cuya titular, Mª Dolores Cospedal, visitó la zona acompañada por el viceconsejero de Medio Ambiente, José Trigeros.

En la zona de Chapinería, la ampliación de la carretera se realizaría, según los planes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, en la margen norte contraria a la ubicación del casco urbano. Pero la Comunidad contempla en su estudio el aumento de impacto sonoro y para ello prevé "una capa de rodadura en calzada tipo abierta que disminuye la emisión de ruido".

Lo que pretende hacer Aguirre lo intentó Alberto Ruiz-Gallardón hace cinco años, cuando era presidente de la Comunidad. Pero desistió tras recibir varios informes claramente opuestos a hacer la obra. Entre ellos, un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la influencia que tendría en la fauna silvestre el desdoblamiento del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 21,800 y 39,500 de la carretera. El informe del CSIC era tajante: la duplicación de la carretera influiría negativamente sobre la fauna más importante de bosque mediterráneo de la Comunidad de Madrid. Dentro de las especies amenazadas se incluía el lince ibérico, el águila imperial y el topillo de Cabrera. Además de este estudio, la propia Consejería de Medio Ambiente -dirigida entonces por el concejal Pedro Calvo- realizó en 1998 una declaración de impacto medioambiental desfavorable al proyecto.

Pero, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, decidió por sorpresa declarar de "interés público" la transformación en autovía de la carretera M-501. Esta medida fue adoptada en el Consejo de Gobierno y tiene como objetivo agilizar los trámites administrativos para su reforma.

Este procedimiento administrativo permitirá a la consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, saltarse uno de los principales obstáculos del proyecto: la obligatoriedad de hacer una previa declaración de impacto ambiental, es decir, un estudio de lo que esta obra supondría para el entorno. Es el mismo procedimiento utilizado para eximir al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón de la obligatoriedad de hacer declaración de impacto medioambiental previo a la reforma de la M-30.

El PSOE e IU, así como cuatro organizaciones ecologistas (Greenpace, WWF Adena, Seo/ BirdLife y Ecologistas en Acción), acordaron hacer un frente común para frenar los planes de Aguirre. "Estamos ante una auténtica barbaridad medioambiental", afirmaron.

Asociaciones ecologistas, biólogos y vecinos han denunciado que el Ayuntamiento de Torrelodones, presidido por el popular Carlos Galbeño, quiere recalificar los terrenos incluidos en la denominada Area Homogénea Norte, perteneciente al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, para construir 1.400 viviendas en altura, un campo de golf y un parque empresarial paralelo al famoso casino del municipio.

Dichos terrenos fueron clasificados como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido a petición del anterior Gobierno municipal, presidido por Enrique Muñoz López, también del PP. Tal clasificación se declaró en la Resolución del 29 de mayo de 2003 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. En ese momento el acuerdo se hizo público, tras aprobarse definitivamente la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Torrelodones, aplazada hasta la fecha por ser considerada "deficiente".

El Ayuntamiento, según los denunciantes, aprovecharía el verano para dar salida a la propuesta de recalificación y evitar así posibles movilizaciones en su contra. Tras su aprobación, la propuesta se haría pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Si se rechazaran las pertinentes alegaciones, se podría comenzar la construcción. No obstante, es la Comunidad de Madrid quien tiene la última palabra al respecto.

Fuentes municipales señalan que el Area Homogénea Norte (con calificación P, que autoriza al Ayuntamiento a promover su desarrollo si así lo desea) "es la única con posibilidad de desarrollarse", lo que obliga a "una modificación en las normas", ya que el municipio necesita "suelo productivo". Por ello, el pasado 14 de enero se comenzó a estudiar el posible desarrollo de esta zona, "una franja de terreno que se encuentra aislada del resto del Parque Regional" y que está "condenada a convertirse en un erial", dadas sus "condiciones de discontinuidad".

Dicha opinión no es compartida por los habitantes de la zona. Según distintos biólogos consultados por los vecinos, el Area Homogénea Norte presenta una flora y fauna única en Torrelodones. Jabalíes, conejos y gran diversidad de aves, incluyendo palomas de varias especies, tórtolas, mirlos y rapaces, se mezclan con encinas de gran tamaño y quejigos que, por su porte (superan los 10 metros de altura), edad y rareza en Madrid, podrían ser considerados árboles insignes.

Estructuralmente, el área en cuestión está dividida en dos partes colindantes. La primera, formada por el Prado de la Solana, Las Caballerizas y El Enebral, es la única gran zona verde integrada que queda en el municipio madrileño. Se encuentra delimitada por la vía de servicio de la A-6, el cementerio, el campo de fútbol y las colonias El Enebral, Salud y Alegría y Bellavistal.La segunda área la conforma el Prado de Minas, y está separada de la otra por la avenida de Peñascales, en la urbanización del mismo nombre. Ambas pueden ser fácilmente identificadas por todo ojo interesado en la naturaleza ibérica si, rumbo a Villaba por la A-6, para el coche frente al Casino de Torrelodones y se adentra por la calle de Guadix.

En la primera, la mayor de ellas, se instalaría el campo de golf, opción que "viene avalada por las experiencias llevadas a cabo en los países más desarrollados" según informa el Ayuntamiento. Además, su riqueza turística "repercutirá finalmente en los ciudadanos".Otra cosa es si los ciudadanos están dispuestos a sacrificar su paisaje a cambio.

El alcalde de Humanes, Adolfo Álvarez-Sojo, del partido Compromiso Social por Humanes (CSH), denunció ante la Guardia Civil al portavoz de la oposición, José Antonio Sánchez, del PP, por "insultos e intentos de agresión". La denuncia fue presentada al mediodía, tras un acalorado cierre del pleno en el que los planteamientos de Sánchez y las respuestas del concejal de Urbanismo, Ángel Mayordomo, derivaron en un alboroto.

"Lo que dice el alcalde es tajantemente falso. Sólo se pudo haber elevado un poquitín la voz y se formó un tumulto en la salida", asegura José Antonio Sánchez, quien admitió que hubo discusiones y que se molestó por las respuestas "chulescas" del concejal de Urbanismo cuando le formuló preguntas sobre el uso de grúas en ciertos puntos del municipio.

La versión de Álvarez-Sojo difiere por completo: "Sánchez ha perdido los estribos, se ha puesto nervioso. Se puso a increpar a Mayordomo y me vi obligado a quitarle la palabra. Dijo que se marchaba del pleno, pero se levantó hacia él en una clara intención de agredirlo. Otros concejales lo detuvieron, pero durante el forcejeo se acercó su padre y me dijo: 'Te voy a rajar', mientras hacía un gesto como de sacar algo de su cinturón. Después dijo que sólo quería pegarme una patada donde más me doliera", narró el alcalde. Y agregó que, tras la llegada de la Guardia Civil, Sánchez volvió a insultarlo y lo amenazó con una paliza.

El portavoz del PP, ex alcalde de Humanes, insiste en que la situación no pasó de un tumulto. "Al salir pasó lo típico en una zona estrecha. Mi padre ya se había marchado. No ha habido insultos ni intentos de agresión por parte de ningún miembro del PP. Eso es una rabieta falsa", dijo el concejal popular, quien por la tarde presentó también una denuncia contra el gobierno local, "por su actitud caciquil y provocadora contra la oposición". Fuentes de la Guardia civil de Humanes (11.700 habitantes) rehusaron dar información sobre los hechos.

Los principales partícipes en el rifirrafe admitieron que las relaciones entre los diversos grupos municipales son "tensas desde tiempo atrás". Sánchez califica la gestión del actual alcalde como "repleta de meteduras de pata", mientras que éste responde que trata de corregir los errores de su antecesor.

El concejal delegado de Vivienda, Sigfrido Herráez, ha presentado su dimisión al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y tiene previsto abandonar el cargo en el próximo pleno del Ayuntamiento, que se celebrará el 26 de septiembre, según fuentes municipales. Herráez es el único concejal del equipo de Ruiz-Gallardón que también formó parte del grupo de confianza del anterior alcalde, José Mª Álvarez del Manzano.

Parece ser que el concejal de Vivienda se incorporará a la empresa privada como arquitecto, aunque no en la capital, para eludir posibles incompatibilidades. Las razones de la dimisión, según estas fuentes, están en su relación con la actual concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, y en que el aún responsable de Vivienda considera que no cuenta con la confianza del alcalde.

Herráez ya encabezó el área de Vivienda con el anterior titular de Urbanismo, Pío García-Escudero. Cuando éste abandonó el cargo, en marzo de 2004, para liderar el grupo del PP en el Senado, el alcalde lo sustituyó por Pilar Martínez en lugar de ascender a Herráez, quien desde entonces ha sostenido una difícil relación con la concejal, según las fuentes consultadas. Este periódico trató sin éxito de conocer la versión de Martínez.

Es una mala noticia para la Comunidad de Madrid que la sede de una empresa eléctrica que es multinacional y que es una de las grandes empresas españolas multinacionales se traslade fuera del territorio nacional". Con esta sorprendente alusión a Catalunya se refirió la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, a la OPA de Gas Natural sobre Endesa, en la que se incluye el plan de descentralizar el grupo resultante y ubicar en Barcelona su sede.

El PSOE juzgó "inadmisibles" las declaraciones de Aguirre que, hasta ahora, personifica el rechazo más rotundo del PP a la OPA. El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Perales, pidió a Aguirre que "corrija sus desafortunadas palabras y aparque, de una vez por todas, su lenguaje ultraderechista porque no es bueno para Madrid, ni para Catalunya, ni para España".

Según Perales, "el PP, en lugar de contribuir a cohesionar territorialmente España, se dedica a alentar odios y recelos entre los españoles". El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, señaló que Esperanza Aguirre alimenta "el separatismo y la división" de España con "su kale borroka madrileña". El PSC tachó estas declaraciones de "muy lamentables y propias de políticos radicales e irresponsables". El PSC cree que "el intento del PP de extremar posiciones en contra del Gobierno de Zapatero lo está llevando a un camino esquizofrénico, en el que ya no saben en dónde comienza y en dónde acaba España, cómo es nuestro país y qué quieren los ciudadanos".

El alud de críticas llevó a la Comunidad de Madrid a emitir un comunicado de rectificación. La dirección general de Medios reconoció que las palabras Aguirre se debían a un error: "La presidenta se refería al traslado de la empresa fuera del territorio regional y no nacional, como por error afirmó". Aguirre había realizado sus declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente económico, Pedro Solbes, con quien se había reunido para hablar de financiación autonómica.

La televisión autonómica de Madrid, con el apoyo del Gobierno de Esperanza Aguirre (del PP), ha desafiado al Ministerio de Industria con el comienzo de las emisiones del segundo canal de Telemadrid (llamada laOtra) a través de una frecuencia analógica. Pese a no contar con la autorización del Gobierno, el director general del ente autonómico, Manuel Soriano, anunció la utilización del canal 40 para difundir las señales. Industria ordenó el cese "inmediato" de las emisiones y abrió un expediente sancionador contra el Canal de Isabel II por la utilización de frecuencias sin permiso.

Durante la presentación del lanzamiento del segundo canal analógico, el director general de Telemadrid, arremetió contra el ministro de Industria, José Montilla, al que acusó de haber mentido durante la sesión de control al Gobierno celebrada el miércoles en el Congreso. Según Soriano, el ministro "faltó a la verdad" al afirmar que el Ministerio había enviado un informe de la abogacía del Estado fundamentando la negativa para que Telemadrid pudiera difundir en analógico laOtra, que hasta ahora venía emitiendo en sistema digital. "Eso es falso", reiteró Soriano.

Industria advirtió poco después que actuará con todos los medios del Estado de derecho para que se cumpla la ley. Tras considerar "inconcebible" la falta de respeto manifestada por el PP hacia una ley del Gobierno, calificó de "lamentable" el hecho de que una Administración pública actúe en contra de la legislación vigente. Como primer paso, el departamento que dirige José Montilla ordenó la apertura de un expediente sancionador contra el Canal de Isabel II por la utilización de frecuencias e instalaciones de las estaciones radioeléctricas sin autorización.

La Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Madrid detectó la emisión no autorizada desde las instalaciones del Canal de Isabel II situadas en la avenida de García Noblejas, en el extrarradio de Madrid. Industria comprobó que dichas emisiones eran ilegales y ordenó el cese inmediato. De lo contrario, anunció que procedería a precintar los equipos.

La propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, dijo que en España hay "muchas televisiones que emiten en analógico", respaldando así la decisión del director general de Telemadrid, que antes de ocupar este cargo fue jefe de prensa de Aguirre. Soriano dijo que Telemadrid "cumple escrupulosamente el marco normativo vigente".

Aseguró que su objetivo es ofrecer a los madrileños "lo mismo" que el País Vasco, Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana, donde los entes públicos operan a través de dos canales analógicos (salvo Cataluña, que tiene tres). Agregó que a diferencia de ETB, TV-3. Canal Sur y Canal 9, Telemadrid solicitó a Industria una licencia antes de comenzar sus emisiones.

Esta petición, formulada el 5 de noviembre de 2004, recibió meses más tarde una contestación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en la que se desestimaba la asignación a Telemadrid de una frecuencia para emitir el segundo canal en tecnología analógica. En aquella respuesta se especificaba que los canales autonómicos que no estuvieran operando antes del 1 de enero de 1998 sólo podrían iniciar su emisión si ésta no obstaculizaba el desarrollo del Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre. Este plan fue aprobado mediante un real decreto el 29 de julio y en el mismo no se contemplaba la adjudicación de una licencia analógica a Telemadrid.

Soriano argumentó que a Telemadrid "le asisten los mismos títulos de legitimidad" que a otras autonómicas. Remarcó que la solicitud cuenta con el respaldo de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de Esperanza Aguirre y del Consejo de Administración de la compañía y sostuvo que los segundos canales de Andalucía o la Comunidad Valenciana nacieron mediante la "ocupación pacífica" de frecuencias y que más tarde fueron regularizadas por la Administración. El ente madrileño recibió del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón una licencia para emitir en digital. Soriano insistió en que la decisión de Industria es "arbitraria" ya que, "no existe ningún problema técnico" que pueda interferir en el plan técnico. "La respuesta han sido 10 meses de incertidumbre jurídica e inseguridad procesal" que ha llevado a "bloquear" la posibilidad de que los madrileños tengan un segundo canal analógico.

Sólo un tercio de los enfermos pendientes de ser operados se beneficia de la promesa de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de ser intervenidos tras una espera máxima de 30 días, según los datos de la Consejería de Sanidad correspondientes al 30 de junio. El resto de pacientes (un 67%) es excluido por cuestiones médicas o porque rechaza ser operado en clínicas privadas. UGT denuncia que el número de excluidos ha crecido hasta el 81% este verano, siguiendo una tendencia creciente: hace un año la cifra era del 16%; hace nueve meses alcanzaba ya el 22%, y hace seis, el 53%.

UGT-Madrid califica de "tan espectacular que resulta sonrojante" la escalada en el número de pacientes apartados en el último año de la lista de espera -figuran 9.250 personas en la lista oficial pero no se contabilizan, aunque están pendientes de operación, otros 18.422 pacientes-. "Estos datos ilustran la estrategia de Sanidad: excluir a pacientes para alardear de que Aguirre ha cumplido su promesa", critica Carmen López Ruiz, secretaria de Políticas Sectoriales de UGT.

Sanidad, que el pasado 14 de julio se felicitó porque, según dijo, ningún madrileño esperaba ya más de 30 días para ser operado, sostiene que "Madrid es la comunidad más transparente en la gestión de sus listas y la que mejores resultados está obteniendo", en palabras de un portavoz. Los datos oficiales de la consejería recogen el aumento de pacientes excluidos de las listas de espera hasta el pasado 30 de junio. El incremento de este verano denunciado por UGT no ha sido confirmado por Sanidad, que no piensa hacer públicos nuevos datos hasta el próximo mes de octubre, según este portavoz. El sistema diseñado para cumplir la promesa de Aguirre ha convertido el camino de los enfermos hacia el quirófano en una carrera de obstáculos con plazos rígidos y difíciles de seguir. "Han hecho de la lista de espera un lugar en el que es difícil entrar y del que es muy fácil ser excluido", denuncia UGT.

Para entrar en la lista hay que cumplir varios requisitos (pruebas diagnósticas realizadas, consulta con el anestesista cumplida, no sufrir ninguna otra enfermedad...) y, en cambio, para salir basta con padecer algún trastorno de salud (pasajero o crónico) o rechazar ser intervenido por clínicas y médicos desconocidos. Un enfermo al que su médico dice que debe ser operado no es incluido en ningún registro hasta que va al servicio de admisión de su hospital con el volante que prescribe la operación. Esto le excluye de la lista, y de cualquier registro, si debe someterse a pruebas diagnósticas, con listas de espera que a veces duran meses.

Tras este trámite, el enfermo es introducido en una prelista de 30 días de duración en la que le serán realizadas las pruebas preoperatorias, como la consulta con el anestesista. No es hasta cumplir este último trámite cuando el enfermo es contabilizado en la lista de espera oficial. Pero no en todos los casos. Aquellos pacientes que se vean aquejados por alguna dolencia, incluso crónica, pueden verse excluidos a criterio de los médicos y de Sanidad por considerar que es mejor retrasar la operación. "Este punto es muy subjetivo, se hace sin contar con el paciente y puede ser usado para maquillar los datos", critican desde UGT.

La exclusión de la lista de los pacientes pendientes de la prueba del anestesista o por otras dolencias -a los que Sanidad califica como "transitoriamente no programables"- ha sido criticada por el Ministerio de Sanidad, que en una carta enviada al consejero de Sanidad de la Comunidad, Manuel Lamela, le acusa de "desvirtuar" las listas de espera. El ministerio considera que el Gobierno regional está incumpliendo la normativa estatal (que deben seguir todas las comunidades) para lograr que la lista de espera oficial sea "menor" a la real. La consejería replica que cumple escrupulosamente la ley y atribuye la carta a una estrategia política del PSOE.

Los pacientes "transitoriamente no programables" han pasado de 2.941 a 12.540 en un año; y, en términos relativos, del 6% al 45% del total de enfermos pendientes de operar, según los datos de la consejería. También crece, aunque en menor medida, el número de enfermos excluidos de la lista tras negarse a ser intervenidos en una clínica privada: de 3.393 personas en junio de 2004 (el 7% del total) a 5.882 en junio de este año (21%).

Además, también hay otro grupo de pacientes al que la Consejería de Sanidad excluye de la lista de espera: quienes rechazan ser operados en centros alternativos a su hospital. Cada vez más, Sanidad ofrece a los enfermos ser intervenidos en clínicas privadas o en otros hospitales públicos, como el de la Cruz Roja. En junio del año pasado, 3.393 pacientes (el 6,97% de los pendientes de ser operados) rechazaron esta vía, cifra que se ha multiplicado hasta los 5.882 (21,27%) un año después, según datos de Sanidad. UGT denuncia que en julio esta cifra se disparó hasta superar los 10.000 pacientes, un 36%.

Madrid es la región donde más ha crecido el número de alumnos en los colegios privados y concertados, según denunciaron los sindicatos UGT y CC OO. Según los datos del Ministerio de Educación, en Madrid en el curso 2004-2005 hubo 10.824 alumnos más en la enseñanza privada que en el anterior. En la mayoría de las regiones bajó el número de alumnos escolarizados en la enseñanza privada y concertada, sólo en cinco -todas gobernadas por el PP- aumentó el alumnado en los centros privados.

Además de Madrid (10.824 alumnos más en colegios privados), se registró un incremento de los estudiantes en este tipo de centros en la Comunidad Valenciana (5.664), Murcia (597) y Canarias (1.333). El crecimiento final del alumnado en centros privados en España es de 8.628, pero sólo la Comunidad de Madrid supera en más de 2.000 chavales esa cifra.

"La fiebre privatizadora del Gobierno del PP aleja a Madrid del modelo de oferta educativa del resto de España", según aseguró José Vicente Mata, portavoz de educación de UGT. En opinión del portavoz de CC OO, Francisco García: "Ha quedado claro que la prioridad de la Consejería de Educación es mantener y desarrollar su negocio inmobiliario, cediendo suelo público a empresas privadas para montar centros privados concertados. Algo grave está ocurriendo en los centros sostenidos con fondos públicos de nuestra comunidad", añadió.

El último episodio de estas cesiones fue el concurso que convocó la Consejería de Educación para construir cinco colegios concertados en los nuevos barrios. Para ello, el Ayuntamiento cedió a Educación 13 parcelas de equipamientos educativos básicos. La Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos había denunciado el deficiente proceso de escolarización en centros públicos en estos nuevos barrios, donde han sobrado este curso el 54% de las plazas, porque algunos no estaban terminados y en otros "no se garantizaba la escolarización más que para los primeros cursos de primaria", según denunció la presidenta de esta asociación Mercedes Díaz.

Los sindicatos también atribuyen a este "desprecio por la educación pública que mantiene el Gobierno regional del PP" los retrasos en la finalización de las construcciones de los centros escolares públicos. Seis de los 27 nuevos colegios construidos por Educación, no comenzaron el nuevo curso el 12 de septiembre, porque no estaban terminados. También recordaron que sigue habiendo un incremento muy significativo de los alumnos de origen inmigrante en el sistema educativo madrileño que no está siendo gestionado. "Más del 70% de los alumnos de origen inmigrante son escolarizados en centros públicos. Este desequilibrio debe ser corregido con una adecuada normativa de escolarización que evite la marginación del alumnado inmigrante y fomente su integración", recordaron CC OO y UGT.

La Consejería de Educación defiende la creación de más conciertos porque la excesiva demanda de centros concertados así lo requiere. De las 36.963 familias que solicitaron un centro concertado, más de 10.000 se quedaron sin plaza, y 25.000 fueron escolarizados por encima de las ratios recomendadas por el Ministerio de Educación.

En la Comunidad de Madrid, hay este curso 1.038.000 alumnos, el 58% está en centros públicos; el 25%, en colegios concertados, y el 16%, en privados, lo que supone que más de 425.000 alumnos (el 41%) están escolarizados en centros privados y concertados.

La Consejería de Sanidad sigue pagando la nómina de José María Barahona Hortelano, ex director técnico de la Agencia Laín Entralgo de la Consejería de Sanidad, que había presentado su dimisión el pasado 30 de junio. Barahona Hortelano tuvo que presentar la dimisión porque ejercía de oftalmólogo privado pese a tener un contrato de alto cargo en la Administración sujeto a exclusividad, lo que vulneraba la Ley de Incompatibilidades.

El dimitido fue nombrado director técnico de la Agencia Laín Entralgo, organismo dedicado a la formación e investigación del sector sanitario, el 16 de abril de 2004, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Su cese, sin embargo, aún no ha sido publicado en el BOCM, a pesar de que sí lo ha sido el nombramiento de su sucesor, Daniel García Urra.

Según un portavoz de Sanidad, todo se debe "a un retraso administrativo que ha hecho que siga cobrando". "Pero ya se ha iniciado el procedimiento, denominado Expediente de recuperación de cantidades indebidamente cobradas, para que reintegre el dinero que ha cobrado desde su dimisión", añadió este portavoz.

El Ministerio de Sanidad excluyó a la Comunidad de Madrid del cómputo nacional de la lista de espera quirúrgica en el Consejo Interterritorial de Sanidad. El ministerio considera que Madrid ha creado un sistema de gestión de la lista de espera que incumple la normativa estatal y reduce artificiosamente los enfermos incluidos en la lista y el tiempo que esperan para ser operados. El consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, lo negó y el ministerio le ha dado 48 horas para demostrarlo.

Uno de los puntos tratados por el Consejo Interterritorial celebrado en Santander era la puesta en común de los datos de la lista de espera quirúrgica en España a 31 de diciembre de 2004. La ministra Elena Salgado destacó que las CC.AA. han "realizado un avance importante" en la recogida y procesamiento de los datos. Un avance, sin embargo, al que puso una objeción, por el que la ministra mostró su "preocupación".Se trata de la Comunidad de Madrid, cuyos datos "no pueden agregarse al resto de comunidades por el diferente sistema de cómputo utilizado", según el comunicado del ministerio. Madrid incumpliría, según el comunicado, el RD 605/2003, que es "al que se atienen el resto de CC.AA. ".

Según fuentes de Sanidad, Madrid ha creado un sistema de contabilidad diferente que no incluye a un enfermo en la lista de espera hasta que le han sido realizadas las pruebas de preoperatorio y anestesia. Todas las demás CC.AA, en cambio, lo incluyen cuando el médico especialista prescribe la operación. Con este artificio, Madrid retrasa hasta en 30 días la inclusión de los pacientes en la lista de espera", explicaron fuentes de Sanidad. "Con esto consigue que el número de pacientes incluidos en la lista y el tiempo de espera para ser operados parezcan menores de lo que son en realidad", añadieron.

Esta consideración es importante en la Comunidad de Madrid, ya que su presidenta, Esperanza Aguirre, ganó las pasadas elecciones con el compromiso de reducir la espera máxima para ser operado en la sanidad pública madrileña a 30 días. En caso de incumplir su promesa, anunció, dimitiría. Aguirre y Lamela anunciaron hace tres meses que ya habían cumplido con esta promesa. "En realidad, lo que han creado es un sistema en el que la espera máxima es de 60 días, no de 30", explicaron estas fuentes.

El ministerio ha dado un plazo de 48 horas a Lamela para que certifique que cumple la normativa estatal.

Los reproches políticos en el Ayuntamiento de Madrid han estado protagonizados por el caso del ex concejal de Vivienda y Rehabilitación Urbana, Sigfrido Herráez, quién diez días después de dejar su acta de concejal ha fichado como vicepresidente del grupo inmobiliario Rayet.

La sociedad tiene su sede en Guadalajara, pero cuenta con oficina en Madrid y desarrolla distintos proyectos en la capital: desde un centro socio-sanitario a una promoción de viviendas en el ensanche de Vallecas cuya Junta de Compensación presidía precisamente Sigfrido Herráez en su calidad de concejal de Vivienda. Preguntado al respecto, el alcalde Gallardón reconocía que la marcha de Herráez es legal, porque en el Ayuntamiento no rige el mismo sistema de incompatibilidades que en otras administraciones.

El Ayuntamiento está dispuesto a subastar la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, de cuyo capital controla un 51%, y ha encargado a tres entidades financieras sendas valoraciones económicas para saber cuánto podría ingresar con su venta. El argumento del gobierno municipal es que desde que el sector se liberalizó, en 1996, han surgido varias empresas que hacen una "feroz" competencia a la antaño monopolista empresa pública, y ésta ya no es rentable. En 2004 los beneficios de la funeraria fueron de 5,7 millones, y este año la previsión de ingresos es de 4,9 millones. "Pero la tendencia es a la baja. Cada año que pasa, la funeraria gana menos", alega el concejal de Hacienda, Juan Bravo.

La Empresa Mixta de Servicios Funerarios tiene dos socios: el Ayuntamiento, que posee el 51% del capital, y la sociedad anónima Funespaña, que compró el otro 49% en 1992 (y que, además de su porcentaje de beneficios, recibe un 20% por la labor de gestión). Hasta 1996, esta empresa mixta tuvo el monopolio del negocio de los fallecimientos -25.000 personas mueren cada año en la capital-; pero ese año el mercado se liberalizó, y operan en Madrid otras cinco empresas privadas que, poco a poco, van restando cuota de mercado a la semipública.

Desde que se privatizó parcialmente, la empresa mixta siempre ha dado beneficios. Y los sigue dando, aunque cada vez son menos. En 2004 ganó 5,7 millones de €; para este año la previsión es de 4,9 millones, y para 2006, de 4,6 millones. "La tendencia es evidente: los beneficios van a la baja, y en algún momento, a medio plazo, entrará en pérdidas", argumenta el concejal de Hacienda. "Es mejor subastarla ahora, que aún da beneficios, y no tener que venderla cuando ya esté en la ruina y nadie dé nada por ella. Barcelona está estudiando hacer lo mismo con su funeraria, y muchos otros ayuntamientos se están saliendo de ese sector", señala Bravo.

En la gestión de la lista de espera quirúrgica, la Comunidad de Madrid va por libre e incumple la normativa estatal que siguen las otras 16 comunidades autónomas. Así lo sostiene el Ministerio de Sanidad, que considera que el Gobierno regional excluye a miles de pacientes de la lista de espera (7.880 el pasado 30 de junio) para afirmar que ha cumplido con la promesa de la presidenta Esperanza Aguirre de reducir la espera quirúrgica a 30 días. El ministerio ha anunciado que excluirá a Madrid del cómputo nacional de la lista de espera. El Gobierno regional niega que incumpla la normativa.

Aguirre y el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, se encuentran cada vez más solos cuando defienden que en "Madrid nadie espera más de 30 días para ser operado en la sanidad pública". A las críticas del PSOE, IU, UGT y CC OO, que acusan a Lamela de "manipular" la lista de espera quirúrgica, se han unido ahora el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, órgano formado por el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Las discrepancias entre el ministerio y Lamela se centran en cómo el Gobierno regional aplica el Real Decreto 605/2003, por el que el Gobierno central fijó cómo deben contabilizarse las listas de espera en toda España. Este real decreto sostiene que un paciente debe ser incluido en la lista de espera cuando el médico le prescribe una operación quirúrgica. Madrid, en cambio, retrasa la inclusión 30 días, hasta que al enfermo le son realizadas las pruebas preoperatorias.

Fuentes del ministerio recuerdan que su real decreto "es de obligado cumplimiento para las comunidades y cada una no puede desarrollarlo a su manera, porque el objetivo es ofrecer datos equivalentes y comparables de todas las comunidades". "Y el real decreto es muy claro. Ninguna otra comunidad, gobernada por el PSOE o por el PP, ha roto el sistema nacional como ha hecho Madrid", añaden estas fuentes. La Comunidad de Madrid aprobó una orden, la 602/2004, en la que desarrolló su sistema de gestión de las listas de espera en Madrid. Esta orden es la que establece que un paciente no será incluido en la lista de espera hasta que le han sido realizadas las pruebas preoperatorias, como la del anestesista, para lo que el Gobierno regional se concede un plazo de 30 días. Tras este tiempo, el enfermo será introducido en la lista de espera tenga o no tenga las pruebas hechas.

Esto da al Gobierno regional un plazo real de 60 días para operar a un enfermo: 30 días para las pruebas preoperatorias y otros 30 para entrar en quirófano. Y aunque el enfermo tenga que esperar 60 días, los registros de la Consejería de Sanidad dirán que ha esperado 30, cumpliendo así oficialmente la promesa de Aguirre.

El Consejo Interterritorial, que se reunió para evaluar las listas de espera en toda España con fecha de 31 de diciembre de 2004, rechazó en un primer momento, a iniciativa del Ministerio de Sanidad, los datos de Madrid. Lamela se quedó solo ante los representantes del ministerio y los consejeros de Sanidad del resto de CC.AA. Y se defendió. Pero su argumento no fue que su gestión cumple la normativa estatal, sino que el 31 de diciembre de 2004, fecha de los datos evaluados, Madrid aún no aplicaba su cuestionado sistema de gestión de las listas de espera. El ministerio aceptó los datos de Madrid, pero, siguiendo el argumento de Lamela, avisó de que era la última vez que lo hacía. Además, mostró su "preocupación" por que la gestión de Madrid "rompe la homogeneidad con respecto al resto de comunidades", según el comunicado del ministerio. El sistema de contabilidad utilizado por el Gobierno madrileño excluye mensualmente a miles de pacientes de la lista de espera admitida por la Consejería de Sanidad como oficial.

Según el ministerio, un enfermo sólo puede ser excluido de la lista de espera por dos causas: porque rechaza ser derivado a una clínica privada y prefiere operarse en su hospital público (aunque sea más tarde), o bien porque sufre otra dolencia que, según los médicos, hace necesario posponer la intervención. Este segundo tipo de pacientes son clasificados como transitoriamente no programables.

Pero Madrid, a diferencia del resto de comunidades, también incluye en esta última categoría a los pacientes que están a la espera de acudir al anestesista. Esto ha tenido un impacto notable en la reducción de la lista de espera regional. A 31 de diciembre de 2004, sólo había en la región 4.653 pacientes considerados como transitoriamente no programables. Tres meses más tarde, cuando Lamela empezó a aplicar su sistema de gestión, esta cifra se había triplicado hasta alcanzar los 13.477. El pasado 30 de junio eran 12.540. Un aumento que coincide con los 7.880 pacientes que el ministerio considera excluidos por Madrid de la lista de espera fuera de la normativa vigente.

El equipo de gobierno de Sevilla la Nueva, una coalición entre el PP y el grupo independiente GPI que gobierna el municipio desde julio pasado tras ganar una moción de censura que desbancó de la alcaldía al PSOE, ha decidido subirse el sueldo.

Los ingresos anuales que percibe el alcalde, Enrique Téllez, del PP, se incrementan en un 31%. Antes cobraba 32.500 € y ahora 42.700. El sueldo del primer teniente de alcalde, Juan Antonio Teresa, del GPI, aumenta en un 61%, de 24.676 € a 39.960, y los de otro concejal, con dedicación plena, en un 46%. Con la subida recibe 30.900 €. Además, los puestos de confianza han pasado de uno a dos, con la creación del puesto de jefe de protocolo.

Téllez explica por qué decidieron "reajustar" los salarios: "Somos un equipo con una responsabilidad y con plena dedicación y, por tanto, había que ajustar las remuneraciones al trabajo que desempeñamos en el Ayuntamiento". Para la oposición, esta subida de remuneraciones es desmesurada.

Una alianza entre el PP y un grupo de concejales independientes (expulsados de ese mismo partido) arrebataron la alcaldía al PSOE el 8 de julio pasado. Téllez llegó al sillón consistorial, que ya había ocupado hasta el 1 de septiembre de 2001.

Precisamente, lo desalojó del sillón Juan Antonio Teresa, primer teniente de alcalde de su equipo actual. Este concejal fue expulsado del PP tres meses más tarde, junto con sus compañeros. Siguió en la política municipal creando el grupo independiente, el GPI. Este año, PP y GPI han olvidado las rencillas pasadas para arrebatar la alcaldía al PSOE.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha enajenado la parcela 1.A del polígono B mediante un concurso público. En ella se edificarán 139 viviendas libres. El grupo independiente Alternativa por Boadilla (AIB) denuncia que los vecinos perderán 4 millones debido a que la adjudicación ha sido "arbitraria y basada en informes técnicos subjetivos y dudosos". La empresa ganadora del concurso, UFC, S.A., ofreció 35 millones y ha obtenido 77,54 puntos. La segunda clasificada, LUALCA, se presentó con 39 millones, y consiguió una puntuación de 70,55.

Ángel Galindo, portavoz de AIB, aseguró que uno de los aspectos de la adjudicación que más preocupan a Galindo es éste: "El criterio que ha determinado quién obtenía la parcela ha sido el del tiempo de ejecución de las viviendas. Son privadas, por lo tanto no sé a qué viene darle tanta importancia". "Boadilla va a perder mucho dinero, porque una empresa va a tardar cuatro meses más que otra en edificar unos inmuebles", afirma Galindo. "Además", prosigue el edil, "es imposible construir esa cantidad de viviendas en tan poco tiempo, se podría considerar como una baja temeraria". Por este motivo, Galindo solicitará un dictamen al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid sobre la viabilidad de edificar en el plazo prometido.

Según el alcalde de la localidad, Arturo González Panero, del PP, el procedimiento seguido ha sido escrupuloso. Panero defiende a su equipo y replica: "Si alguien quiere denunciar algo, que lo haga. Pero nadie va a poner en duda la labor de los técnicos municipales".

El diputado regional del PSOE Modesto Nolla denunció que los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez han obtenido un "pelotazo de 21 millones €" gracias a que el Ayuntamiento de Navalcarnero, gobernado por el PP, ha aprobado una modificación del planeamiento urbanístico que permite construir viviendas en una finca, propiedad de ambos, prevista para uso terciario. Los constructores adquirieron el terreno hace tres años por adjudicación directa, muy por debajo de su precio, y se han beneficiado de un "espectacular aumento del valor de ese terreno: 21 millones de plusvalía que no han ido a parar a las arcas municipales. Un portavoz del Ayuntamiento aseguró que la operación es totalmente legal.

Según la denuncia, la empresa Euroholding, de la que son propietarios Bravo y Vázquez, concursó en 2002 para adquirir una parcela de más de 277.000 m² que estaría destinada a uso terciario, para la construcción de un parque empresarial, como decía el pliego de condiciones. Posteriormente, parece ser que el Ayuntamiento de Navalcarnero "adjudicó directamente a Euroholding este suelo, sin concurso y muy por debajo de su precio". Este extremo ya había sido denunciado en 2002 por Modesto Nolla, que aseguró entonces que el precio por el que habían obtenido los dos empresarios este terreno era tan irrisorio que habían logrado unos beneficios de nueve millones.

Pero el pasado 25 de agosto, la Junta de Gobierno de Navalcarnero aprobó una modificación del plan parcial que permite el uso residencial del 50% de este terreno, es decir, el valor del suelo ha subido de los 15,75 €/m², cuando el uso era terciario, a 95 €/m². Un incremento de más de 11 millones; y, si se les añaden los nueve millones de beneficios de la adjudicación directa, suponen cerca de 21 millones. El grupo socialista de Navalcarnero presentó el pasado día 21 alegaciones para que se anule esa modificación del plan parcial.

¿Quiénes son los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez? Estos personajes salieron a la palestra, durante la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid en el verano de 2003 para intentar desentrañar qué se escondía trás la deserción de los dos ex diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, el partido socialista llamó a declarar a los constructores Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual. Ambos se negaron a responder a casi todas las preguntas que les formularon los representantes del PSOE e IU. Pero Francisco Bravo, durante su exposición de motivos antes de su comparecencia, aseguró que su relación con Tamayo "deviene sólo de asuntos profesionales", y admitió que "simplemente" se limitó a "hacer reservas hoteleras". "Puesto que Tamayo sabe la relación que tengo con el sector hotelero". El constructor alquiló, supuestamente, la habitación de hotel en la que se refugiaron Tamayo y Sáez el día que abandonaron la Asamblea y frustraron un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid.

Mientras, la fiscalía del Tribunal Superior de Madrid, dirigida por Manuel Móix, estudia pedir al juez una nueva declaración de José Antonio E. S., el agente de seguridad que ha declarado en un juzgado de Madrid que "vigiló y protegió" a los diputados tránfugas de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras decidir ambos su deserción de las filas socialistas. Este transfuguismo dejó sin dos votos al PSOE, liderado por Rafael Simancas, y forzó unas nuevas elecciones en la Comunidad que llevaron al Partido Popular de Esperanza Aguirre a la presidencia del Gobierno regional.

Está constatado en una sentencia que José Antonio E. S. conducía el vehículo matrícula 4147 CCT en el que salieron de la Asamblea de Madrid los diputados Tamayo y Sáez tras el pleno de la Asamblea de Madrid en el que ambos confirmaron su espantada. Ese día dejaron al PSOE y a IU en minoría, y no pudieron elegir como presidente del Gobierno regional al socialista Rafael Simancas.

En función del contenido del citado vídeo y de los datos que pueda aportar este vigilante en su declaración, la intención de la Fiscalía de Madrid es pedir al juez que desglose de la causa principal todo lo referido a Tamayo y Sáez y que se abra con ello una nueva causa judicial, que iría a reparto y posiblemente a otro juzgado. La fiscalía no descarta tampoco, en función de los datos que arrojen las pesquisas, solicitar también que sea llamado a declarar Dionisio Ramos, secretario general técnico de la Consejería de Educación en el primer Gobierno del PP en Madrid.

La fiscalía, pues, retoma de esta forma la investigación del caso Tamayo y Sáez. Una investigación que en su día inició pero que tuvo que dejar siguiendo instrucciones del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, nombrado por el PP. Tras ambas deserciones, la fiscalía madrileña, entonces dirigida por Mariano Fernández Bermejo, comenzó a investigar los pasos de estos diputados y a quien había pagado los hoteles en los que ambos se refugiaron tras abandonar el PSOE. Cardenal ordenó que todo lo investigado hasta ese momento se enviase a la Fiscalía Anticorrupción. El asunto finalmente se archivó.

Hasta ese momento, la fiscalía disponía de documentación según la cual el constructor Francisco Bravo había reservado las dos habitaciones del hotel Los Vascos de Madrid en las que Tamayo y Sáez se refugiaron la noche del 10 al 11 de junio tras confirmar su deserción. Bravo, militante del PP, se vio implicado después en una denuncia de la fiscalía en relación con una supuesta trama urbanística en Alcorcón, figura como socio en un total de 27 sociedades, según documentación recabada por la fiscalía, que también pidió documentación sobre todas y cada una de estas sociedades y quienes las integraban.

El PP recoloca a quienes le han sido fieles en las comunidades que todavía Gobierna. Esperanza Aguirre ha recibido varias críticas en este sentido. El último en llegar ha sido José González Alvarez, ex consejero de sanidad de la Xunta de Galicia. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública denunció un nuevo caso. El ex consejero de sanidad del  PP de Galicia, José Manuel González Alvarez, ha sido nombrado gerente de la fundación hospital de Alcorcón. "Queremos denunciar la utilización de estos nuevos modelos de gestion como fuente clientelista de colocacion de los ex-altos cargos sin ningun criterio tecnico", comenta a elplural.com su presidente Marciano Sánchez.

El anterior presidente de la Fundación Hospital Alcorcón también ascendió al puesto rodeado de polémica. Juan José Bestard tenía su nómina embargada, ya que una empresa que presidió acumula unas deudas con la administración de 130.000 €. 

Esperanza Aguirre ha sido la principal agente recolocadora de ex altos cargos. Desde que el PP perdió las elecciones generales en 2004  han sido recolocados en Madrid Manuel Jesús, ex secretario de Estado de Universidades y actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, la expresidenta de Paradores Nacionales de Aznar -Ana Mariño y Dolores de Cospedal, exsubsecretaria del Ministerio de Interior, entre otros. Izquierda Unida calcula que en total hay más de 30 recolocaciones.

Las fundaciones han demostrado su ineficacia desde el punto de vista asistencial porque empeoran la calidad asistencial que se ofrece a los ciudada –advierte la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública-  y  tambien lo han hecho desde el economico debido a las numerosas irregularidades contables que han generado. "Parece que solo son utiles como semillero de colocaciones a los politicos en desempleo haciendo un mal favor a la Sanidad Publica y a los madrileños, a los que se les imponen directivos que en Galicia realizaron una gestion desastrosa".

Las fundaciones han supuesto una menor cobertura asistencial -menos médicos, enfermeras, camas, quirofanos / 1.000 habitantes-, y logicamente unas mayores listas de espera , mas quejas de los usuarios y mas derivaciones hacia los centros tradicionales, según los Defensores de la Sanidad Pública. "Hemos detectado también un corolario de numerosas irregularidades economicas que ni siquiera las hacen menos costosas". Un claro ejemplo, según los denunciantes, es la situación de Galicia que, además, es una de las pioneras en estas formas de gestión sanitaria. "Asi lo han señalado el Concello Gallego de Contas, y el Tribunal de Cuentas", concluye la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

El Gobierno regional ha lanzado una campaña de publicidad -en radio y televisión- que asegura que la Comunidad ha cumplido el compromiso electoral del PP (al que no menciona) de reducir la espera máxima para ser operado en la sanidad pública a 30 días. Fuentes de Sanidad explicaron que esta campaña está incluida en el presupuesto del Plan de Reducción de las Listas de Espera y está dotada con un millón de €. La campaña de la Comunidad de Madrid está siendo difundida fundamentalmente en televisión y radio y asegura que nadie espera más de 30 días para ser operado en la sanidad pública regional. Los anuncios no mencionan ni a Aguirre ni a su partido. La Comunidad presume así de haber cumplido con una de las promesas electorales de la presidenta Esperanza Aguirre: que dimitiría si no lograba reducir la lista de espera a finales de noviembre de 2005.

Pero existe una gran diferencia entre la contabilización de las listas de espera de Madrid, por un lado, y el Ministerio y el resto de CC.AA., por otro: Madrid es la única que retrasa la inclusión del enfermo en la lista oficial hasta que le han sido realizadas todas las pruebas preoperatorias, incluida la del anestesista. El resto de comunidades, siguiendo la normativa estatal, los incluye antes: cuando el médico especialista prescribe la intervención. Madrid, con su sistema, retrasa en 30 días la inclusión del paciente en la lista de espera y, por lo tanto, los enfermos no son operados en 30, sino en 60 días. El ministerio cifra en 7.880 enfermos el número de personas que han sido excluidas por Madrid de la lista de espera oficial para dar cumplimiento a la promesa de Aguirre.

José Antonio E. S., que escoltó y vigiló a los ex diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez después de que desertarán de su grupo y dejaran sin mayoría a la izquierda en la Asamblea de Madrid, cobró dos facturas a la Universidad Complutense por un supuesto "Informe sobre Equipamiento de Seguridad". Una, el 20 de mayo de 2003, a cinco días de las elecciones autonómicas, por importe de 2.352 €, y otra, el 19 de junio, nueve días después de la fuga, por 1.176 €. La Universidad ha informado al juez de que no halla documentación alguna sobre estos trabajos abonados. Las actuales pesquisas acreditan que el vigilante de Tamayo -imputado por usurpación de funciones, revelación de secretos y falsedad documental- cobró "trabajos secretos" para la Universidad de 1999 a 2003. La Complutense no halla el supuesto informe de 2003, y sí ha localizado el que realizó en 1999.

En una carta intervenida por la Guardia Civil, el agente privado José Antonio E. S. explica cómo entró a formar de la cohorte de Tamayo en 2003: "Unos días antes de la tumultuosa votación, concretamente una semana antes de esta votación en la Asamblea de Madrid, se pone en contacto conmigo un oficial del Centro Nacional de Inteligencia, el cual conozco desde hace bastante tiempo y al cual me une amistad personal. Este oficial, le llamaremos X, me comunica que va a necesitar ayuda para un tema que saldrá en los próximos días a la luz pública. Llegado el día de las votaciones en la Asamblea de Madrid en junio de 2003, los diputados Tamayo y Sáez no se presentan a dicha votación y cierran las puertas de la cámara. Yo me entero por la televisión. Esa misma noche recibo visita de X y me informa de que el tema que me comentó son estos hechos y que tengo que montar un seguimiento al diputado Tamayo a partir del día siguiente, 11 de mayo de 2003, comunicándome dónde está alojado, que es en el hotel AC Los Vascos de Madrid y que Sáez también estaba en el mismo hotel".

"Al preguntarle que por qué no cubren ellos este servicio me indica que se va a montar un gran revuelo y que se tienen que mantener al margen. Este extremo lo empiezo a creer cuando nos informa de los cambios que a continuación detallo". "Que tras montar dicho operativo, grabando las imágenes de los primeros movimientos y transcurrida escasa media hora, nos informa X que ha sido un error y que no había que hacerle un seguimiento, que lo que hay que hacerle es protegerlo y garantizar la seguridad de ambos, lo cual indica claramente que X estaba recibiendo órdenes y siendo informado sobre la marcha, cosa ésta muy poco habitual". "Durante los polémicos días que duraron los citados hechos yo me encargué de la seguridad de ambos diputados, tanto en sus residencias, como en las dependencias del abogado Esteban Verdes, en los traslados, y en la Asamblea. La contraorden recibida a última hora fue debida a que a X no se lo comunicaron hasta el último momento, por lo que él pensó que el servicio a prestar sería de seguimiento y no de protección para sorpresa de todos, incluida la de X".

X es un ex guardia civil y ex miembro del CNI, según José Antonio E. con las iniciales de A. G. R, quién actualmente está en Alemania. Preguntado si había estado trabajando como escolta de Tamayo y Sáez durante la deserción de ambos diputados del grupo socialista. "No puedo decir nada. Hace mucho tiempo; y de cosas profesionales no hablo", contestó. Preguntado si había contratado al agente José Antonio E. y quién le contrató para vigilar a Tamayo, reiteró su respuesta: "No puedo hablar, y por teléfono, menos".

66. GOBIERNO REGIONAL: HUMANISMO Y DEMOCRACIA, VINCULADA AL PP AMAÑÓ LOS GASTOS (09/11/05)

La Fundación Humanismo y Democracia, vinculada al PP, amañó parte de la documentación con la que justificó al Ayuntamiento de Madrid los gastos de los programas subvencionados de cooperación al desarrollo. Entre las irregularidades detectadas, la organización entregó listados de supuestos receptores de cursos para acreditar que los había realizado, con folios enteros calcados.

La Fundación Humanismo y Democracia aparece en la página en Internet del Partido Popular como una de sus entidades asociadas. Además, su patronato lo integran la presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa; el ex ministro de Trabajo Luis Aparicio, y el eurodiputado Luis de Grandes, entre otros miembros del PP.

Esta organización recibió entre 1995 y 2004 3 millones € del erario madrileño, destinados a 12 programas de cooperación con el Tercer Mundo. Al menos en uno de ellos, cuyo fin era dar apoyo a iniciativas empresariales de jóvenes en la República Dominicana, la consultora Price Waterhouse & Coopers, contratada por el Ayuntamiento de Madrid para que fiscalizara el gasto, apreció "irregularidades", según un informe fechado en 2003. Entre ellas, la auditora citaba el hecho de que la ONG no presentó la documentación completa, "ya que no se presentan contratos con la información oportuna", sino que únicamente entregó "los recibos y cheques correspondientes a los créditos concedidos".

La Concejalía de Empleo y Servicios al Ciudadano, que dirige Ana Botella, recibió varios listados con el nombre y apellidos de 354 personas y sus firmas. Pero, según se ha comprobado sólo había 101 rúbricas sin repetir. Y 24 personas aparecían como beneficiarias de, por lo menos, cuatro de los cursos de capacitación. Pero se advirtieron nuevas irregularidades. De las 354 firmas, sólo 101 no están repetidas y 24 personas constan como receptoras de más de cuatro cursos cada una. "Hay incluso una [Nelson R. Moreta de los Santos, que fue beneficiario de un microcrédito] que firma en nueve listas diferentes".

Al menos dos de las listas aportadas por la fundación, las que corresponden a los cursos celebrados el 19 y el 20 de abril de 2002 son copias idénticas de la relación de asistentes entregadas en los días 12 y 15 del mismo mes. También hay repeticiones de una misma persona en la misma lista (Ana Mercedes Ogando aparece dos veces en el listado del 12 de abril) e incluso nombres que aparecen con diferentes firmas en cada lista. Otro de los supuestos receptores de los cursillos, Luis Vioris Toribio, cuya firma aparece en dos ocasiones, es en realidad el coordinador de los cursos y su contrato también aparece entre la documentación aportada por la fundación. Según su contrato, fechado el 19 de abril de 2001 en la República Dominicana, esto implicaba "dirigir la oficina regional" y "coordinar las actividades del proyecto", entre otras actividades. Por sus servicios percibió 8.000 pesos mensuales (199,76 €).

El director general de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, Tomás Vera, reconoció que "es posible" que haya dinero sin justificar, pero recalcó que el proceso de fiscalización no ha finalizado.

Las listas tenían otras irregularidades, como que había al menos dos hojas enteras repetidas: fueron fotocopiadas las correspondientes a los cursos de los días 12 y 15 de abril de 2002 y, después de cambiarles la fecha, fueron presentadas como las de los cursos de los días 19 y 20 de abril. Además, en teoría, las actividades de formación debían finalizar el día 19.

Este programa de la fundación fue sometido a una auditoría de la consultora Price Waterhouse & Coopers por encargo del Ayuntamiento de Madrid, que somete a una primera revisión técnica por una entidad independiente algunos de los programas que subvenciona, tras hacer un muestreo. La auditora concluyó que la organización le había entregado entre los documentos un listado con los beneficiarios de los microcréditos y el destino de esos fondos. Sin embargo, la consultora realizó una segunda comprobación sobre el terreno en República Dominicana, y entonces no consiguió acreditar a qué se destinaba el dinero entregado por las arcas municipales. "Durante la visita al proyecto se solicitó un listado de los beneficiarios del crédito para tratar de aclarar cuántas empresas fueron apoyadas", destaca el informe que hizo la auditora. "

El concejal de Vivienda del PP Sigfrido Herráez abandonó el Ayuntamiento de Madrid el 26 de septiembre pasado y, una semana más tarde, fichó como vicepresidente en una constructora. Este fichaje escandalizó a todos los grupos políticos, incluido el PP, aunque admitieron que legalmente no había incompatibilidad alguna. Un rastreo en las actividades de la constructora Rayet, en la que ahora trabaja Herráez, y en las empresas de su esposa, dedicadas a la construcción, demuestra que en la vida pública y privada del ex concejal hay un importante denominador común: el ladrillo.

Rayet está construyendo dos proyectos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herráez como concejal, y su esposa acaba de lograr la adjudicación de otro hospital en Vallecas, que sufraga la Comunidad de Madrid, del PP. Rayet SA está levantando el edificio más emblemático del Ensanche de Vallecas: el hospital de la Fundación Proyecto Alzheimer. Sigfrido Herráez (de profesión arquitecto) presidió la junta de compensación del Ensanche de Vallecas, un ambicioso proyecto de 25.000 viviendas, por ser concejal de Vivienda y presidir la Empresa Municipal de la Vivienda.

El suelo para ese hospital fue cedido por el Ayuntamiento a la fundación, decisión en la que Herráez asegura no haber intervenido. Un técnico municipal dice, sin embargo, que participó obligatoriamente como presidente de la junta de compensación. "Eso no quiere decir que él lo propusiera. Ni siquiera que estuviera de acuerdo, pues es una decisión colegiada", aclara el mismo técnico. Al año, la fundación adjudicó la construcción a Rayet, que se comprometió a no obtener beneficios, dado que se trata de una obra social. Sigfrido Herráez estuvo, como mínimo, al tanto de tal decisión, según una fuente próxima a la operación, que añade que Herráez ya sabía entonces que Rayet estaba construyendo un edificio de 90 viviendas en ese mismo ensanche que él administraba. La esposa de Herráez, María Gálvez, participa en diez empresas de su familia, casi todas constructoras. La más importante es Ploder SA, constituida en 1990, un año antes de que Herráez tomara su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, entonces como edil de Latina con el alcalde José María Álvarez del Manzano.

La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, adjudicó en junio pasado las obras y la gestión (sólo administrativa) del nuevo hospital de Vallecas a un consorcio formado por Ploder y otras empresas. A la licitación concurrieron otras ocho ofertas. La UTE (unión temporal de empresas) constituida para este caso se llama Hospital de Vallecas SA y su sede está en el mismo sitio en el que se radican la práctica totalidad de las firmas de los Gálvez. María Gálvez y el empresario de la comunicación José Luis Ulibarri ocupan los puestos directivos más importantes de la nueva sociedad. Esperanza Aguirre, informada de este hecho, asegura no estar al corriente. "Yo de eso no sé nada", asevera. "La única instrucción que he dado a mis técnicos sobre la construcción de nuevos hospitales es que se adjudiquen a la mejor oferta".

Esperanza Aguirre ha sido en el asunto Herráez la voz discordante frente a Ruiz-Gallardón. Cuando éste afeó su fichaje por una constructora, Aguirre le prestó su apoyo: "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio". Un mes más tarde, sin embargo, promovió su dimisión como responsable de Vivienda del PP en Madrid, y Herráez renunció a este último cargo político.

Entre Esperanza Aguirre y el matrimonio Herráez ha habido al menos otro punto de conexión en el pasado. En julio de 2003, el entonces concejal (a través de su empresa Arquitectura y Cultura SL) y su esposa María Gálvez (a través de Bimost SL) habían comprado al constructor del PP Francisco Bravo 52.700 m² en Móstoles. Bravo admitió haber ayudado al socialista tránsfuga Eduardo Tamayo en la huida que impidió que Rafael Simancas se alzara con la presidencia de la Comunidad de Madrid y facilitó que ésta fuera para Esperanza Aguirre tras repetir las elecciones. Herráez dice no conocer a Bravo y haberse deshecho enseguida del terreno de Móstoles. En efecto, no hay rastro de propiedades en Móstoles ni en Arquitectura y Cultura ni en Bimost.

"Si en dos años, después de llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, algún madrileño tiene que esperar más de 30 días para ser operado, después de que el médico le prescriba la operación, yo dimito de la presidencia de la Comunidad de Madrid". La presidenta del Ejecutivo regional de Madrid, Esperanza Aguirre, hizo esta declaración textual en un debate electoral en la cadena pública Telemadrid el 9 de mayo de 2003. El compromiso estaba lanzado, y como todo llega, se cumplió el plazo de dos años que Aguirre se impuso para solucionar el problema, y continúa al frente de su cargo.

Pero con anterioridad, Aguirre comenzó a realizar un sinfín de matizaciones a un compromiso que desde su propio partido se consideraba de muy difícil cumplimiento: "Si se quiere elegir médico y hospital, entonces no contará el plazo de un mes. Pero si van a venir a operarse la cadera, por ejemplo, no sólo de Castilla-La Mancha y de Andalucía, sino también de Marruecos, de Ecuador, de México, habrá que ponerse de acuerdo todas las comunidades para tener un sistema de equilibrio financiero", aseguró la presidenta.

También, el 2 de marzo de 2004, Aguirre rectificó de manera evidente al hacer balance de su gestión a los 100 días de ser elegida presidenta regional. Entonces aseguró que "sólo los censados en Madrid computarán" en las listas de espera quirúrgica para considerar cumplido su compromiso electoral. En ese momento, Aguirre afirmó que "siempre" se había referido "a los madrileños" y se quejó de que "muchos extranjeros acuden a hospitales de la capital porque les resulta mucho más barato aquí que en sus países.

Sin embargo, en la página 103 del programa electoral del PP a la Comunidad se lee: "Con carácter general, se asegurará que ningún paciente espere más de 30 días para que se le realice la operación quirúrgica prescrita por su médico".

Dos días después, el 4 de marzo de 2004, la presidenta volvió a suavizar su promesa, al señalar que se comprometió "a reducir en dos años la lista de espera a un mes para las operaciones sencillas y molestas, como cataratas y juanetes", es decir, en su promesa no se incluían intervenciones de "mayor complejidad".

En diciembre de 2004, para reforzar ante la opinión pública que el cumplimiento de este compromiso era el adecuado, la Comunidad lanzó una agresiva campaña publicitaria asegurando que en Madrid se realizan al menos 1.000 intervenciones quirúrgicas al día. "Así se cumple un compromiso", sostenía el eslogan.

Pero el punto de inflexión, la rectificación que le permitiría asegurar que había cumplido su compromiso electoral 5 meses antes de lo previsto, el pasado 2 de junio en un pleno de la Asamblea, donde la presidenta aseguró que el cómputo de los 30 días a los que se refirió en la clara promesa, sólo podría empezar a contabilizarse a partir de que "el último facultativo termine la última prueba" antes de que el paciente vaya a la mesa de operaciones. Es decir, donde dijo "después de que el médico le prescriba la operación", pasó a decir "después de que el último facultativo termine la última prueba" del preoperatorio.

Este radical cambio en las palabras de Aguirre coincidía en el tiempo con el sistema de cómputo ideado por su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, para reducir el número de pacientes en la lista de espera quirúrgica. De un plumazo dejaban de existir para su compromiso los enfermos a los que se les había prescrito una operación pero que aún no habían visitado, por algún motivo, al anestesista. Mediante estas correcciones, Lamela ha conseguido que los pacientes en esta situación -que la oposición denomina "el limbo de la lista de espera"- pasara de 2.941 en junio de 2004 a 13.477 en marzo de 2005. Cinco veces más. O lo que es lo mismo: el 37,85% del total de pacientes que están aguardando para entrar en quirófano.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad asegura que la Comunidad de Madrid falsea los datos de la lista de espera quirúrgica. "Sus cuentas están manipuladas porque, a diferencia de lo que hacen las otras 16 comunidades autónomas, Madrid empieza a contar cuando el paciente llega al anestesista", según el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. El ministerio planea excluir el próximo 14 de diciembre a Madrid del cómputo nacional de las listas de espera. Todas las comunidades -incluso Castilla y León, Valencia y Baleares, gobernadas por el PP- siguen las normas del Gobierno central.

El Gobierno de Esperanza Aguirre sabe que está al borde de ser expulsado del cómputo nacional de listas de espera quirúrgicas. Lo sabe desde el pasado 5 de octubre, cuando se celebró en Santander el último Consejo Interterritorial de Sanidad.

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2006 -que deben ser aún aprobados por la Asamblea- sólo destinan ayuda económica para una de las dos asociaciones de víctimas del 11-M, según denunció IU, que exigió a la presidenta, Esperanza Aguirre, que corrija este agravio. Las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 están organizadas en dos colectivos: la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, presidida por Ángeles Domínguez, y la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, presidida por Pilar Manjón, quien compareció ante la comisión creada en el Congreso de los Diputados.

Pero el proyecto de presupuestos regionales, en el Programa 090 de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, sólo incluye ayuda económica para el primero de esos colectivos: una partida de 240.405€ destinada a un convenio con la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. No aparece ninguna partida para la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo. En el mismo programa se incluyen también subvenciones y ayudas para otras organizaciones de víctimas: la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que recibirá 73.557€, y la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con 98.077€.

La operación que impidió la llegada al poder de los socialistas en la Comunidad de Madrid en 2003 se puso en marcha al día siguiente de conocerse el resultado definitivo de las elecciones en las que el PP perdió el gobierno regional. El escolta que protegió a los ex diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez asegura en un manuscrito que le llamaron por primera vez para realizar labores de protección y vigilancia el 27 de mayo de 2003, sólo 48 horas después del cierre de los colegios electorales.

El escolta José Antonio Expósito recibió ese día una llamada en la que un alto cargo de una empresa de seguridad le adelantaba que se iban a poner en contacto con él para un servicio. Dos días después, el 29 de mayo, llegó la llamada que le habían anunciado. Expósito escribe en uno de los manuscritos: " Sobre media mañana me llama una persona para un familiar suyo, pues teme que le pueda pasar algo; cuando le pregunto qué teme (…) me comenta que en los próximos días se producirán unos acontecimientos en Madrid y que la mayor parte del tiempo el señor al que hay que proteger estará en un despacho".

El escolta relaciona estas llamadas con el encargo que recibió y llevó a cabo pocos días después: vigilar y proteger a Tamayo y Sáez tras la espantada con la que provocaron el vuelco político en Madrid en beneficio del PP el 10 de junio. Los dos diputados tránsfugas trataban de ocultarse aquellos días en habitaciones de hoteles reservadas por empresarios del sector inmobiliario y de la construcción. En sus declaraciones ante la policía y el juez, Expósito relacionó con este encargo a Dionisio Ramos, entonces gerente de la Universidad Complutense y ex alto cargo del PP en Madrid.

Todos estos detalles forman parte de la compleja trama que cambió el color político del Gobierno de Madrid y que permitió que Esperanza Aguirre llegara a la presidencia de la Comunidad.

Pero la esperanza de conocer quienes estaban detrás de la deserción de las filas socialistas de Tamayo y Sáez parece debilitarse, ya que José Antonio Expósito ha sido contratado por el Grupo de Comunicación Intereconomía, presidido por el ex diputado del PP Julio Ariza. José Antonio E., que está procesado por usar un carné falso del CNI, declaró al juez que personas vinculadas con cargos del PP le habían contratado para vigilar a Tamayo. Así, una vez lograda la libertad provisional, ha sido fichado por Intereconomía. Ana Roldán, adjunta a Ariza, aseguró que no podía ofrecer ninguna precisión sobre el contrato del antiguo escolta de Tamayo porque no había podido comunicar con su jefe directo. Otras fuentes de la empresa precisaron que había sido fichado como "responsable de seguridad". El vigilante señaló hace varias semanas que estaba en pruebas para trabajar de chófer en esa compañía.

Sus problemas judiciales (al contrario que a la mayoría de ex reclusos) no ha entorpecido su contratación para el equipo de seguridad de Intereconomía, donde ya contaba con un amigo, supuestamente su máximo jefe, quien recomendó su fichaje. José Antonio E. siempre declaró al juez que trabajó a las órdenes de un ex guardia civil llamado Ángel. Por encima de esclarecer la verdad, el ex escolta andaba más interesado en encontrar un trabajo dada la mala imagen que le precedía tras airearse los asuntos en los que la red de la que formaba parte se había visto involucrada, por más que asegurase que nunca intervino en nada irregular ni era quien comandaba el grupo.

De la investigación policial y judicial se desprende que la actividad del grupo del que formaba parte José Antonio E. realizaba en ocasiones informes que servían para intentar desacreditar a personajes de la vida pública. Menos claro resulta quiénes y con qué fin encargaban este tipo de informes. Sólo en algunos casos parece apuntarse una cierta dirección desde los propios aparatos de la seguridad de la Universidad Complutense, pero no está esclarecido quién, tuvo interés en aplicar la misma lupa a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios o a Pilar Giménez-Reyna, ex presidenta de Gescartera, imputada por dicha causa instruida por la citada magistrada. Hay evidencias de que fueron investigadas por el grupo. Entre sus trabajos especiales hizo un barrido en busca de micrófonos colocados en el despacho de una concejal del CDS en el Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP. Y tras encontrar un micrófono oculto, lo arrancó, y recomendó a la edil, según afirma ella, no denunciarlo a la policía.

Ahora ha sido contratado por una empresa presidida por el ex diputado del PP Julio Ariza, que trabajó siete años en el Parlamento de Cataluña. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha beneficiado a la empresa de Ariza al concederle una de las licencias televisivas a Intereconomía. Su otorgamiento fue recurrido desde el PSOE, por entender que el Ejecutivo regional incumplió su propio pliego de condiciones -elevó de cinco a 10 años el tiempo de concesión- y no consultó ni convocó al consejo audiovisual de la Comunidad.

Intereconomía, grupo de comunicación que preside el ex diputado del PP en el parlamento catalán Julio Ariza, diseñó y produjo la campaña electoral del partido Nuevo Socialismo, con el que el tránsfuga socialista Eduardo Tamayo se presentó a la repetición de las elecciones autonómicas madrileñas en 2003, forzadas por su fuga del PSOE junto con la parlamentaria María Teresa Sáez. La grabación de sus espacios publicitarios, tanto de radio como de televisión, se materializó en las propias instalaciones del Grupo Intereconomía. El pago de estos anuncios se efectuó nueve meses después por el citado grupo mediático. Sus fotos electorales fueron elaboradas por un profesional vinculado al citado grupo de Intereconomía. Un directivo del grupo diseñó la campaña del ex diputado tránsfuga. Intereconomía recibió recientemente una licencia de TV del Gobierno de Esperanza Aguirre, vencedora en los comicios forzados por Tamayo.

Mientras, el PP impidió en la Mesa y en la Junta de Portavoces del Parlamento regional la admisión de una pregunta oral de IU a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, sobre "la contratación del escolta del señor [Eduardo] Tamayo" para la seguridad del Grupo Intereconomía, presidido por un ex diputado del PP. El portavoz popular, Antonio Beteta, justificó el rechazo en que el escolta "no tiene trascendencia pública en el ámbito" regional.

El informe que la Guardia Civil ha entregado al juez sobre la presunta trama urbanística de Alcorcón concluye que el arquitecto al que el Ayuntamiento de esta localidad encomendó el diseño urbanístico del Ensanche Norte recibió dinero de propietarios del suelo de esa zona y del propio Consistorio. Leopoldo Arnaiz Eguren, arquitecto afín al PP, figura como imputado en la supuesta trama de Alcorcón junto al ex alcalde de esta localidad Pablo Zúñiga (PP), los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez (en su día relacionados con la presunta compra del voto a los tránsfugas del PSOE en Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez), y el responsable de la constructora Valdepolo.

En el informe, encargado por el juez, la Guardia Civil explica que Arnaiz recibió, entre 2000 y 2003, casi 300.000 € de empresas y sociedades dirigidas por Juan Benigno Alonso, propietario de suelo en la zona. El informe destaca que Arnaiz -a quien también se ha relacionado con otras tramas urbanísticas en distintos municipios de Madrid- recibió unos 60.000 € del Consistorio en las mismas fechas. Aunque no se especifica en el informe, se supone que este último importe lo recibió como pago de honorarios por el trabajo realizado. "No es normal trabajar para el Ayuntamiento y, a la vez, cobrar dinero de personas con intereses en la zona", señalan fuentes jurídicas.

La Guardia Civil apunta en el informe un presunto delito fiscal cometido por las empresas Valdepolo. En concreto, señala que no consta que estas sociedades hayan declarado a Hacienda los alrededor de 7,2 millones de € que recibieron de una entidad bancaria en esas fechas. El informe ha sido elaborado por la Sección de Delitos Financieros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con información proporcionada por la Agencia Tributaria. Fue entregado el pasado 5 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón.

Este juzgado investiga una querella de la Fiscalía de Urbanismo, que coordina Emilio Valerio, por asociación ilícita para cometer delitos relacionados con el mercado, prevaricación, revelación de secretos, cohecho y negociaciones prohibidas, entre otros delitos. El fiscal señala en la querella que el ex alcalde Zúñiga se "concertó" con constructores de la zona y les proporcionó supuestamente información privilegiada en el marco de una vasta operación tendente a especular con suelo residencial. El informe pericial no alude a ningún flujo de dinero entre el ex alcalde y las citadas empresas o el arquitecto.

La misión de Arnaiz, elegido por el alcalde, según la querella, era elevar informes al regidor indicando cómo desarrollar urbanísticamente los gigantescos solares (más de un millón de m²) denominados Ensanche Norte y Ensanche Sur. Este periódico ha intentado, sin éxito, recabar la versión de Arnaiz.

El juez ordenó una investigación de las empresas que habían operado en la zona y de los movimientos de dinero. El informe de la Guardia Civil destaca que Alonso era "el representante de la comisión gestora Venta de la Rubia", uno de los parajes objeto del rediseño urbanístico encomendado a Arnaiz. Además, es dueño de Valdepolo de Servicios, SL, y de Promociones Alcorcón, entre otras empresas con intereses en la zona. La primera sociedad citada, según el informe, pagó a Arnaiz, en 2001, 9.411,50 €. Promociones Alcorcón 2000 pagó otros 27.888,96 a la sociedad Arnaiz Consultores, SL. Ésta es la misma empresa que recibió del Ayuntamiento 10.806 de los cerca de 60.000 € que en total entregó este municipio a Arnaiz por sus trabajos.

Entre los querellados también figuran los constructores Bravo y Vázquez -relacionados en su día con la deserción de los diputados Tamayo y Sáez-, propietarios de una pequeña parcela en la zona. El informe de la Guardia Civil no revela flujos de dinero entre ambos constructores y el arquitecto Arnaiz. Han sido investigadas las empresas Vaz Inversora e Inmobiliarias, SA, gestionadas por ambos. También lo ha sido la sociedad Aparcamientos Cantarranas, gestionada por Bravo y Vázquez y por Manuel Camilo Hermo. El informe muestra pagos entre estas sociedades y el Ayuntamiento.

Las sociedades de Bravo y Vázquez operaron con suelo situado en los parajes de La Princesa, Barranco Crinche y Palomares, situadas en el Ensanche Sur de Alcorcón. Bravo es el constructor que reservó una habitación en un hotel de Madrid para los diputados Tamayo y Sáez el mismo día en que ambos protagonizaron la espantada de la Asamblea.

"Es una paradoja que los gobiernos socialistas o los gobiernos nacionalistas acumulen casos de corrupción", consideró Esperanza Aguirre hace unos días después de que se conociese la detención de un edil de ERC por un presunto delito de pederastia. Pues bien, Alfonso Bosch Tejedor, uno de sus hombres en la Asamblea de Madrid, tiene una orden de alejamiento de su hija. El auto del juzgado, menciona "un supuesto delito contra la libertad sexual".

"¡Si llega a ser uno nuestro, dónde estaríamos!", insistió Esperanza Aguirre. Días después de que empleara la situación personal de un edil de ERC para cargar contra el tripartito, elplural.com ha tenido acceso a un auto de diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid en el que se dispone para Alfonso Bosch Tejedor, diputado de la Asamblea de Madrid, una orden de alejamiento de su hija.

En el apartado dedicado a exponer los hechos, se informa de que la orden de alejamiento viene motivada a raíz de una denuncia de la madre de la niña, B.P.M. "por motivo de un supuesto delito contra la libertad sexual".

El empeño de Esperanza Aguirre de atribuir la corrupción a las filas nacionalistas y socialistas centró un acto en el que celebraba su primer año como presidenta regional con las Nuevas Generaciones de su partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid incluso osó a ejemplificar: "Ahí está el 3% del Carmel, mismo detenían a un concejal de ERC por corrupción de menores...".

En el auto, con fecha de 1 de noviembre, emplea como "razonamientos jurídicos" el testimonio de la madre de la menor y un estudio aportado por un centro de salud y un centro de psicología de El Escorial (Madrid). Es precisamente en la mencionada localidad madrileña donde Bosch ejerció hace años como concejal y Teniente de Alcalde. El diputado, es diplomado en gestión empresarial y experto en Protocolo y Ceremonial.

La Fundación Humanismo y Democracia, ligada al PP, impuso condiciones leoninas a los damnificados del huracán Mitch en Honduras a los que iba destinado un programa subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid (con 255.986 €, el 40%), la Generalitat de Valencia y el Gobierno de Honduras. Para obtener una de las 100 viviendas sufragadas con dinero público los beneficiarios debían ser de una organización asociada a la fundación, la Unión Nacional de Campesinos (UNC), pagar en 15 años el 41% del coste y, en caso de que se retrasaran tres meses en el pago, el contrato permitía que la organización se quedara con las viviendas, según los contratos.

Copias de los contratos firmados por las 100 personas que iban a beneficiarse de las viviendas fueron entregadas por la Fundación Humanismo y Democracia al Ayuntamiento, entre los documentos con los que justificó el programa en Honduras, que debía finalizar en diciembre de 2001. Esos contratos, incluidos en el expediente municipal número 00/69-1214 especifican en la cláusula número ocho que, "en caso de muerte, la vivienda adjudicada sea traspasada al beneficiario inscrito en la UNC, el cual deberá estar al día con sus cuotas". Es decir, los herederos del fallecido no podían quedarse con la vivienda salvo que pertenecieran a dicha organización.

La auditora PriceWaterhouseCoopers, empresa adjudicataria del concurso municipal para el "seguimiento, control y revisión de proyectos de cooperación" en la capital, recalcó en un informe hecho tras visitar Honduras que el dinero devuelto a la organización a través de las cuotas debía ir a un fondo destinado a financiar la construcción de otras viviendas. "No obstante, la contraparte local [UNC] señala que el fondo se está utilizando para terminar las obras de algunas de las viviendas que han quedado sin terminar", agrega el documento. Por tanto, recalcó la auditoría, "el fondo rotatorio no se está empleando para los fines previstos". También reveló la empresa que, mientras el programa aprobado planteaba construir casas de 63 m², "las dimensiones de las viviendas son de 49 m², en lugar de las previstas".

Éste es el mismo informe en el que PriceWaterhouseCoopers reveló al Consistorio que las 100 casas no fueron construidas en el plazo establecido y que la fundación tampoco comunicó al Ayuntamiento los posibles incidentes que causaron el retraso, como le obliga la normativa.

Por el contrario, Humanismo y Democracia entregó certificados al Ayuntamiento donde indicaba que las 100 viviendas estaban finalizadas. En documentos posteriores, la fundación confesó que faltaban casas por hacer. Uno de los patronos de la fundación, Rafael Rodríguez, recalcó que son ocho las viviendas sin construir y que la responsable es UNC. La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, que dirige Ana Botella, responsable de la ayuda al desarrollo, no ha reclamado a la fundación la devolución del dinero.

Vera declinó comentar la versión del Ayuntamiento sobre este expediente, porque consideró que "no está cerrado", según una portavoz de la Concejalía de Empleo y Familia. La fundación respondió a la auditoría mencionada con nuevos estudios hechos por ella misma, en los que respondía a las críticas cuestionando el trabajo de Price Waterhouse Coopers. "El informe de auditoría presentado adolece del rigor y de la debida comprobación de los datos que se relacionan, contrastados a través de las pruebas que en las normas de auditoría se establecen", recalca la fundación en un informe fechado el 20 de enero de 2004.

La Comunidad de Madrid fue expulsada del sistema nacional de cómputo de listas de espera (listado de enfermos que aguardan operación en la sanidad pública). Así lo decidió el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Sanidad -el órgano donde el Ejecutivo central y las comunidades autónomas ponen en común sus políticas-. El ministerio considera que Madrid incumple la normativa estatal y contabiliza sus listas de espera de manera irregular para que sus datos parezcan más favorables. El ministerio cree que Madrid excluyó el pasado 30 de junio de la lista de espera a 7.880 enfermos. El Gobierno de Esperanza Aguirre actuó así para cumplir la promesa electoral de la presidenta de que ningún madrileño tardaría más de 30 días en ser operado. La promesa, según Aguirre, fue cumplida en verano, algo que es negado por sindicatos, oposición y asociaciones de pacientes.

El Consejo Interterritorial analizó los datos de espera de todas las comunidades autónomas excepto los de Madrid. "La forma en que han sido contabilizados [los datos de Madrid] no permite su agregación con los del conjunto del sistema", declaró en Logroño la ministra de Sanidad, Elena Salgado. La respuesta de Lamela fue airada y acusó a Salgado de "manipulación política". La normativa estatal establece que un paciente deberá ser incluido en la lista de espera cuando el médico especialista le prescribe la operación quirúrgica. Así lo hacen todas las comunidades menos Madrid, que retrasa la inclusión en la lista hasta que el enfermo se ha sometido a las pruebas preoperatorias, cuyo último paso es la visita al anestesista.

En el pasado Consejo Interterritorial, Madrid ya fue excluida del cómputo nacional de la lista de espera quirúrgica, pero posteriormente el ministerio la volvió a admitir al certificar el Gobierno madrileño los datos uno por uno. Esto, sin embargo, no volverá a ocurrir. "No vamos a certificar más nuestros datos por los intereses políticos del ministerio. Nos parece un atropello, un agravio y discriminatorio", afirmó Manuel Lamela. "Lo que tiene que hacer el ministerio es aceptar nuestros datos y, si no lo hace, dictar una resolución administrativa justificando por qué nos excluye. Nosotros llevaremos entonces esta resolución a los tribunales", continuó el consejero de Sanidad.

La ministra Elena Salgado, por su parte, calificó de "inadmisibles" las insinuaciones de Lamela y recordó que las estadísticas de la Comunidad de Madrid no se ajustan a la normativa nacional y, por tanto, no son comparables con las del resto de CCAA. La ministra informó de que el pasado 30 de junio había en España 406.661 pacientes en espera quirúrgica y que la demora media era de 79 días.

La Junta Municipal de Latina, presidida por la concejal Nieves Sáez de Adana (PP), adjudicó en el último año y medio al menos tres contratos de obras, que suman un monto de 48.160 €, a la empresa Urbasa. Los administradores de esta empresa son Beatriz Barrachina y su marido, Salvador Ballarín, hermano este último de Borja Ballarín Iribarren, jefe de servicios técnicos de la Junta de Latina cuando se produjeron las adjudicaciones. El Ayuntamiento admite las "irregularidades" y estudia abrir un expediente disciplinario, aunque sostiene que no ha existido "corrupción".

La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece, en su artículo 28.b), que cuando los funcionarios o empleados públicos tengan "parentesco" o "amistad manifiesta" con los administradores de las empresas que concurran a un procedimiento de contrato, esos funcionarios "se abstendrán de intervenir en el procedimiento".

Borja Ballarín fue jefe del departamento de Servicios Técnicos de la Junta de Latina, en calidad de funcionario interino, desde 1999 y hasta que, el pasado julio, obtuvo plaza por oposición en la Junta de Carabanchel. En sus dos últimos años en Latina, con el conocimiento de la concejal-presidente del distrito, Nieves Sáez de Adana, participó en al menos tres procedimientos de contrato -con carácter "negociado" y, por tanto, sin concurso público- que acabaron siendo adjudicados a la empresa de la que es administrador solidario su hermano Salvador. Urbasa, Proyectos y Obras SL se hizo así con la dirección facultativa de la primera fase de unas obras de reforma del colegio Joaquín Dicenta, en julio de 2004 (9.238 €), recibió idéntico encargo para la segunda fase de las obras en junio de 2005 (10.418 €) y elaboró el proyecto de esas mismas obras (28.504 €).

En los tres casos, y en contra de lo que establece la ley, Borja Ballarín firmó la "propuesta de adjudicación" en la que la empresa administrada por su hermano y su cuñada era elegida como "la más ventajosa para los intereses municipales", según figura en los expedientes y admite el propio Ballarín. Los contratos se adjudicaron por la fórmula "negociada", sin concurso ni publicidad, al tener un monto menor de 30.000 €. Esta fórmula consiste en que la Junta invita a participar a tres empresas -las que la propia Junta decide- y luego elige a dedo a una de ellas.

Borja Ballarín ha explicado que él mismo advirtió a Sáez de Adana de la posible incompatibilidad de su participación en los procedimientos de contrato al tener relación manifiesta con una de las empresas. "Le planteé si debía abstenerme, pero ella consultó a los servicios jurídicos y me aseguró que no había ningún problema porque quien iba a firmar en última instancia las adjudicaciones era ella, no yo, aunque yo firmara la propuesta de adjudicación", afirma Ballarín.

Nieves Sáez de Adana confirma que Ballarín le advirtió verbalmente de la conveniencia de abstenerse en el proceso, y que ella le dijo que no era necesario. "La propuesta de adjudicación la firma él, pero la decisión la tomo yo. Los servicios jurídicos me explicaron que no había problema. Además, Beatriz Barrachina es una gran arquitecta, no se le puede impedir trabajar porque sea la cuñada de un funcionario. Por eso, cuando nos planteamos acometer la obra de reforma del colegio Joaquín Dicenta, le dije a Borja Ballarín que debía invitar a Urbasa al procedimiento, porque yo sabía que haría bien ese trabajo", argumenta la concejal.

El avance del nuevo Plan General de Valdemorillo, municipio gobernado por el PP, propone alcanzar un techo de población de 37.443 vecinos. En época estival se llegaría a las 56.000 personas. El censo actual es de 10.000 habitantes. El PP asegura que ha preservado el norte del municipio por su mayor valor ecológico. Sin embargo, el plan pasa a urbanizable una zona protegida situada en el norte y en la que se enclava una finca de siete hectáreas propiedad de Rogelio Baón, diputado nacional del PP y presidente del partido en Valdemorillo.

Valdemorillo, a 38 kilómetros de Madrid y con el 67,7% del término protegido por su valor medioambiental, se ha apuntado al carro del crecimiento urbanístico. El avance del nuevo Plan General propone calificar 1.826 hectáreas. De ellas, 549 se convertirán en suelo urbanizable sectorizado, que el Ayuntamiento considera como de transformación necesaria y preferente. Allí se edificarán 8.576 nuevas viviendas. Las 1.277 hectáreas restantes se califican como suelo urbanizable no sectorizado, reservado para desarrollos futuros. Ecologistas en Acción considera que, "haciendo un cálculo conservador, en esa superficie se podrían construir otras 15.000 viviendas". La alcaldesa, Pilar López Partida, aclara que el plan se encuentra en los inicios de su tramitación, y que el desarrollo se producirá exclusivamente en el sur.

Sin embargo, en el norte el avance propone permitir la edificación en varias fincas que son suelo no urbanizable de protección paisajística. Una de ellas, de más de siete hectáreas, pertenece a una empresa de Rogelio Baón, diputado nacional y presidente del PP de Valdemorillo, y a su familia. Baón y su compañero de partido Luis Ramallo se encargaron de acosar al PSOE hace años por supuestos casos de corrupción. El presidente del PP de Valdemorillo participó en la comisión de investigación creada tras la fuga del director de la Guardia Civil Luis Roldán. Baón mantiene que el paso de la finca a urbanizable es una cuestión de justicia, y que se trata de un proceso transparente. "Ya es hora de que dejen de castigarnos a mí y a mi familia. El terreno era urbanizable en 1970. Sorprendentemente, en las normas de 1987 lo calificaron de protección forestal", explica. "Es una parcela sin arbolado, que pertenece a una sociedad familiar, con una antigüedad de 23 años". Baón indica que el problema afecta a otras personas, además de a su propiedad. "Existen unos cinco chalés de diversos dueños en tierra de nadie y queremos que se legalice la situación", dice. "El Ayuntamiento ha propuesto que el suelo pase a ser urbanizable no sectorizado. No estoy de acuerdo y he pedido que sea sectorizado, como en 1970", añade.

Para la alcaldesa también existen razones objetivas para la desclasificación de ese terreno. "No tiene nada que ver con quién es el propietario", asegura. "La protección que tiene es municipal, por lo tanto el Ayuntamiento es competente para plantear un cambio".

Para Ecologistas en Acción la propuesta de superficie que se va a recalificar está absolutamente sobredimensionada. Esta circunstancia les lleva a sospechar que se podría estar "ante un nuevo caso de recalificación masiva para beneficiar intereses, que no son, precisamente, los de la generalidad de los ciudadanos". Las críticas llegan también desde la asociación de propietarios de Cerro Alarcón, una urbanización con 1.200 parcelas, ha propuesto en el periodo de sugerencias que se abra un corredor ecológico en el sur del municipio, en la parte que se deja como suelo urbanizable no sectorizado.

La historia se repite. Dos años después de que una parte de la familia de Esperanza Aguirre se beneficiase de la recalificación de unos terrenos por los que pasa el AVE, sus parientes siguen en el punto de mira. Ahora son sus primos y tíos los que han visto crecer su patrimonio tras la venta de parcelas incluidas dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos (Madrid). En dos años han ganado más de 8 millones € (1.300 millones de pesetas).

Desde mayo de 2000, se encarga del gobierno de Tres Cantos una coalición de derechas formada por Tres Cantos Unido y Partido Popular (TCU-PP). La alcaldesa, perteneciente a TCU, es María de la Poza. Los familiares de Aguirre no han dado ni un solo paso en falso. Se trata de un clan con mucha suerte. Cada operación realizada con los terrenos de Tres Cantos se ha producido en el momentos más idóneo. Todos los datos sobre los movimientos de su patrimonio en están en poder del Grupo Socialista tricantino.

El 31 de mayo de 2001, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Tres Cantos adoptó un acuerdo para llevar a cabo un Plan General de Ordenación Urbana. Esta iniciativa pretendía actuar urbanísticamente en pro del crecimiento moderado de la ciudad. Es entonces, cuando el gobierno municipal decide que se actuará mediante el sistema de expropiación y gestión pública, y elige para ello el sector norte.

Es también por estas fechas, concretamente el 22 de mayo del mismo año, cuando los tíos de Esperanza Aguirre, José y Javier Gil de Biedma y Vega de Seoane, y sus primos maternos adquieren la empresa Eland Construcciones SL. Curiosamente esta firma es propietaria de 23 fincas -en total 173.046 m² de terreno- en el sector que iba a verse afectado por el PGOU. El precio de compra de ese suelo fue de 18,2 € por m² .

Resulta también significativo que días antes de que el Ayuntamiento de Tres Cantos decidiera llevar a cabo un proyecto urbanístico en una zona determinada, se compraran estas fincas. En ese momento, Aguirre era presidenta del Senado.

Meses después de esta operación, el 17 de julio de 2001, los parientes de Aguirre constituyen una nueva empresa que compra e hipoteca los terrenos por un precio superior a su valor real. Esta operación, en la que los familiares de la presidenta se venden los terrenos a sí mismos, les supuso unos beneficios de 2.000.000 de € (332 millones de pesetas). Según expertos con esta maniobra sólo se consigue "un incremento artificial del valor del suelo". Por estas fechas, sus terrenos tenían un valor cercano a los 30 € por metro cuadrado, cuando primeramente lo compraron a 18,2 €.

La actividad de estos empresarios, vinculados algunos de ellos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, se mantiene en calma hasta el 17 de septiembre de 2003, días antes de las nuevas elecciones autonómicas provocadas por el caso Tamayo. Es este día en concreto cuando deciden disolver la sociedad y liquidar el patrimonio adjudicándolo a sus socios. No deja de sorprender esta venta precipitada cuando Esperanza Aguirre era candidata por segunda vez a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

En estos momentos, los tíos y primos de Esperanza Aguirre "podrían conocer el pelotazo" que iba a significar la venta de sus terrenos, según relataron fuentes de máxima solvencia a elplural.com. "Por temor a un vuelco electoral en la Comunidad de Madrid, el PP se dio prisa para aprobar un PGOU en el que fuese difícil una gestión por parte de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Si el PSOE ganaba perderían toda la posibilidad de aprobar un PGOU a su medida", añaden. Se abrían así las puertas a una gestión privada de los terrenos, opción que facilitaba nuevas maniobras especulativas.

Es el 16 de enero de 2004, cuando la familia de Esperanza Aguirre y sus socios deciden vender 17 de las 23 fincas de su propiedad. En total, venden 122.799 m² por un precio de 11.428.196,96 € (93,06 € por metro cuadrado). En sólo cuatro años, los propietarios de las parcelas multiplicaron por cinco sus beneficios. Todavía quedan seis fincas en posesión de los familiares de la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus socios. Hasta que no se apruebe el Plan Parcial que dé luz verde a las actuaciones urbanísticas, el precio de estas parcelas seguirá creciendo.