1. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LA CANDIDATA A CONCEJALA BOTELLA Y LA ADOPCIÓN DE NIÑOS POR LO GAYS (12/1/03)

2. SAN LORENZO DEL ESCORIAL: EL ALCALDE AL BANQUILLO, ACUSADO DE PREVARICACIÓN (13/01/03)

3. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LOS GASTOS RESERVADOS DE MANZANO Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS (19/01/03)

4. FUENLABRADA: DIMITE EL ASPIRANTE DEL PP A LA ALCALDÍA TRAS SER DENUNCIADO POR ACOSO MORAL (24/01/03)

5. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL TRIBUNAL SUPERIOR ANULA EL CONCURSO DE PRIVATIZACIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL (25/01/03)

6. ARANJUEZ: UN CONCEJAL DEL PP ENCARGÓ UNA OBRA PARTICULAR A UNA EMPRESA CON CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO (27/01/03)

7. GOBIERNO REGIONAL: JUSTICIA PREGUNTA A SUS FUNCIONARIOS EN UNA ENCUESTA SI SON "DE IZQUIERDAS O DE DERECHAS (06/02/03)

8. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL ALCALDE CREE QUE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES, LA INMIGRACIÓN Y LA DROGA CAUSAN MARGINACIÓN (10/02/03)

9. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA CONCEJAL DEL PP PIDIÓ A CASCOS QUE 'SALVARA' DE LA EXPROPIACIÓN UN CENTRO AMPARADO POR BOTELLA (13/02/03)

10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: ADJUDICAN A DEDO CONTRATOS POR IMPORTE DE 60 MILLONES (14/02/03)

11. GOBIERNO REGIONAL: EL PODER JUDICIAL INVESTIGA LA ENCUESTA QUE PREGUNTABA SOBRE LA IDEOLOGÍA DE LOS FUNCIONARIOS (15/02/03)

12. ARANJUEZ: 7 EDILES DEL PP IMPUTADOS POR UN SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (16/02/03)

13. GOBIERNO REGIONAL: 700 MÉDICOS DENUNCIAN ANTE LA DEFENSORA DEL PACIENTE LA ESCASA PLANTILLA DE LOS AMBULATORIOS (26/02/03)

14. GOBIERNO REGIONAL: UN TRIBUNAL SENTENCIA QUE GALLARDÓN "VULNERÓ EL DERECHO A LA HUELGA" EL 20-J (03/03/03)

15. ARANJUEZ: REGISTRO JUDICIAL DE LAS EMPRESAS DE LA SUPUESTA TRAMA URBANÍSTICA (14/03/03)

16. MAJADAHONDA: EL ALCALDE DEL PP DE CONTRATÓ UN VÍDEO PROMOCIONAL A LA EMPRESA DE SU ASESORA (18/03/03)

17. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL ALCALDE CONDENADO A DEVOLVER MÁS DE 100.000 EUROS A LAS ARCAS PÚBLICAS (10/04/03)

18. NAVACERRADA: EL ALCALDE IMPUTADO POR UN SUPUESTO DELITO DE PREVARICACIÓN (21/04/03)

19. TRES CANTOS: CINCO EX CONCEJALES DEL PP FORMAN UN NUEVO PARTIDO (25/04/03)

20. AYUNTAMIENTO DE MADRID: IMPUTADO EL EDIL DE URBANISMO POR UNA POLÉMICA RECALIFICACIÓN (30/04/03)

21. TENSIONES POPULARES: ESPERANZA AGUIRRE CREE QUE "NO ES NINGÚN SECRETO" QUE GALLARDÓN QUIERE SER EL SUCESOR (03/05/03)

22. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN OFRECE A ÁLVAREZ DEL MANZANO LA PRESIDENCIA DE LOS RECINTOS FERIALES (05/05/03)

23. AYUNTAMIENTO DE MADRID : EL EX EDIL DEL RÍO DECLARA COMO IMPUTADO POR PRESUNTO DELITO URBANÍSTICO EN ARROYO DEL FRESNO (17/06/03)

24. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL ALCALDE EXCLUYE A PSOE E IU DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE EMPRESAS MIXTAS (28/06/03)

25. ALCALÁ DE HENARES: UNA EX REGIDORA INHABILITADA, ASESORARÁ AL AYUNTAMIENTO (05/07/03)

26. GOBIERNO REGIONAL: SANIDAD ADMITE QUE MÁS DE 457.000 PACIENTES SE HALLAN EN LISTA DE ESPERA (10/07/03)

27. AYUNTAMIENTO DE MADRID: NUEVOS DATOS SOBRE LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS DE MANUEL COBO (12/07/03)

28. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL EX CONCEJAL VIÑALS, PROCESADO POR EL 'CASO FUNERARIA', DESIGNADO ASESOR TÉCNICO DEL GRUPO MUNICIPAL 'POPULAR' (14/07/03)

29. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL EX CONCEJAL PROCESADO POR EL 'CASO FUNERARIA', ANTONIO MORENO, SERÁ VOCAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CAJA MADRID (18/07/03)

31. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL PP IMPIDE CREAR AHORA UNA COMISIÓN QUE INVESTIGUE EL CAMPO DE LAS NACIONES (28/07/03)

32. AYUNTAMIENTO DE MADRID: ÁLVAREZ DEL MANZANO, NOMBRADO PRESIDENTE DE IFEMA A PETICIÓN DEL REGIDOR (31/07/03)

33. MAJADAHONDA: DATOS SOBRE LAS RELACIONES INMOBILIARIAS DE ROMERO DE TEJADA (12/08/03)

34. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL EX DELEGADO DE CAMPO DE LAS NACIONES UTILIZÓ 84.000 EUROS EN GASTOS PROTOCOLARIOS (17/08/06)

35. GOBIERNO REGIONAL: EL DIRECTOR DE SUELO HIZO NEGOCIOS CON ADJUDICATARIOS DE SOLARES PÚBLICOS (22/08/03)

36. GOBIERNO REGIONAL: LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS PROTEGIDOS EN MADRID SE REDUJO A LA MITAD CON EL PP (24/08/03)

37. GOBIERNO REGIONAL. ESPERANZA AGUIRRE SE NIEGA A HACER PÚBLICO SU PATRIMONIO (02/09/03)

38. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL FISCAL DEL 'CASO FUNERARIA' RECLAMA QUE ESTE ASUNTO PASE A SER ENJUICIADO POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL (18/09/03)

39. LAS ROZAS. NUEVA DENUNCIA CONTRA LOS SÁNCHEZ LÁZARO POR OTRO "PELOTAZO" URBANÍSTICO (19/09/03)

40. GOBIERNO REGIONAL: EL PP CONSIDERA "ACCESORIO" QUE SE SEPA EL PATRIMONIO DE AGUIRRE (23/09/03)

41. CHANCHULLOS POPULARES: EL PP PAGA LA SEGURIDAD SOCIAL DE ROMERO DE TEJADA (25/09/03)

42. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LAS CUENTAS DEL CONCEJAL DE VIVIENDA (02/10/03)

43. ARROYOMOLINOS: VERDES ASESORÓ A LOS FRANCO PARA LOGRAR UNA RECALIFICACIÓN EN UN PUEBLO DEL PP (13/10/03)

44. GALAPAGAR: EL SUPREMO CONFIRMA UNA CONDENA A DOS EX ALCALDES DEL PP (13/10/03)

45. GOBIERNO REGIONAL: LAS RETRIBUCIONES PÚBLICAS DE ESPERANZA AGUIRRE (15/10/03)

46. MAJADAHONDA: NUEVO 'PELOTAZO' URBANÍSTICO (22/10/03)

47. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL CASO DEL EXCONCEJAL LOPEZ VIEJO (13/11/03)

48. AYUNTAMIENTO DE MADRID: RUIZ-GALLARDÓN RECHAZA INVESTIGAR LA GESTIÓN DE LÓPEZ VIEJO (13/11/03)

49. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA VOCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DISCREPA DE LA ABSOLUCIÓN A MANZANO (19/11/03)

50. AYUNTAMIENTO DE MADRID: DETECTADOS NUMEROSOS PAGOS SIN JUSTIFICAR DEL CONSEJERO DELEGADO DE CAMPO DE LAS NACIONES (05/12/03)

51. AYUNTAMIENTO DE MADRID: BARBADILLO DEJÓ SIN JUSTIFICAR PAGOS A CONSTRUCTORAS POR 250.000 EUROS (12/12/03)

52. DOS DIPUTADOS DESERTORES PONEN EN PELIGRO EL GOBIERNO DE IZQUIERDAS EN MADRID (11/06/03)

53. AGUIRRE SE MUESTRA DISPUESTA A ASUMIR EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD CON SUS ESCAÑOS (11/06/03)

54. EL PP SE PLANTEA CONVOCAR ELECCIONES EN OTOÑO AUNQUE AGUIRRE SEA INVESTIDA PRESIDENTA (12/06/03)

55. TAMAYO TRABAJÓ COMO ABOGADO PARA EL PP EN UN RECURSO CONTRA UN GOBIERNO LOCAL DEL PSOE (14/06/03)

56. EL CONSTRUCTOR QUE AYUDÓ AL DIPUTADO TAMAYO NEGOCIÓ CON EL PP UNA ALCALDÍA(16/06/03)

58. LA FISCALÍA DE MADRID INVESTIGA SI HAY CORRUPCIÓN EN LA DESERCIÓN DE DOS DIPUTADOS (17/06/03)

59. EL CONCEJAL QUE NEGOCIÓ UNA ALCALDÍA EN LA SEDE DEL PP ESTÁ IMPUTADO POR CORRUPCIÓN (17/06/03)

60. LOS CONSTRUCTORES VINCULADOS A TAMAYO AFILIARON AL PP DE VILLAVICIOSA A 78 FAMILIARES Y AMIGOS

61. ROMERO DE TEJADA AVALÓ LA AFILIACIÓN AL PP DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL CONSTRUCTOR BRAVO (18/01/03)

62. ROMERO DE TEJADA AVALÓ LAS AFILIACIONES TRAS EL INFORME DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS, QUE RECHAZABA LAS DENUNCIAS DE PILAR MARTÍNEZ. (18/06/03)

63. UN EX CONCEJAL DE URBANISMO DE MADRID DECLARA COMO IMPUTADO EN UNA LUCRATIVA OPERACIÓN URBANÍSTICA (18/06/03)

64. EL CONSTRUCTOR BRAVO CONTROLA EL 70% DEL SUELO DE UNA ZONA DONDE LA COMUNIDAD HARÁ 15.000 PISOS (18/06/03)

65. LA FISCALÍA DE MADRID SE QUERELLA CONTRA UN EX ALCALDE DEL PP Y LOS CONSTRUCTORES BRAVO Y VÁZQUEZ (20/06/03)

66. EL FISCAL DENUNCIA UNA TRAMA ESPECULATIVA ENTRE CARGOS DEL PP Y EL CONSTRUCTOR BRAVO (21/06/03)

67. LOS DOS TRÁNSFUGAS DE MADRID REAPARECEN PARA CONVERTIRSE EN ÁRBITROS DE LA ASAMBLEA (24/06/03)

68. EL FISCAL EXTIENDE A 11 PUEBLOS LA SUPUESTA TRAMA INMOBILIARIA DE BRAVO Y VÁZQUEZ (24/06/03)

69. EL PP DENUNCIA AL FISCAL DE MADRID Y RECONOCE DESPUÉS QUE NO TIENE PRUEBAS (24/06/03)

70. TAMAYO LLAMÓ DIEZ VECES TRAS SU FUGA A UN LETRADO AFILIADO AL PP (26/06/03)

71. EL TRIBUNAL DE CUENTAS ABRE JUICIO POR LA GESTIÓN DE ROMERO DE TEJADA

73. EL SECRETARIO DEL PP CONVERSÓ CON EL ABOGADO QUE ASESORÓ A TAMAYO EL DÍA ANTES DE LA FUGA (28/06/039

74. EL JUEZ ADMITE INVESTIGAR LA QUERELLA DEL FISCAL POR LA SUPUESTA TRAMA INMOBILIARIA DE ALCORCÓN (01/07/03)

75. EL FISCAL SIGUE LA PISTA A UN ARQUITECTO MUNICIPAL QUE AYUDÓ AL TRÁNSFUGA (02/07/03)

76. GALLARDÓN DESTITUYE AL DIRECTOR GENERAL VINCULADO AL CONSTRUCTOR IMPLICADO EN LA 'TRAMA DE MADRID'

1. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LA CANDIDATA A CONCEJALA BOTELLA Y LA ADOPCIÓN DE NIÑOS POR LOS GAYS (12/01/03)

Los expertos consultados por Alberto Ruiz-Gallardón no son suficientes para Ana Botella. La esposa de José María Aznar asegura en Telemadrid: "Para mí la adopción de hijos por homosexuales no es una cuestión moral, sino científica. En lo que todos estamos de acuerdo es que hay que proteger al menor, y, de momento, nadie en el mundo ha dicho que los niños tengan las mismas condiciones dependiendo de quién los adopte. Ahí tienen la palabra los científicos".

Precisamente fue a los científicos a los que acudió, en su día, el presidente del Gobierno regional, Ruiz-Gallardón, para encontrar una respuesta a la misma pregunta. El 4 de julio del año pasado, la Facultad de Psicología de Sevilla y el Colegio de Psicólogos de Madrid presentaban las conclusiones de un estudio encargado por la Comunidad sobre el desarrollo de niños en familias formadas por gays y lesbianas.

En dicho informe se decía que estos niños "presentan una autoestima de nivel medio alto, así como un buen ajuste emocional y una buena integración". "No existen apenas diferencias", agregaba, "entre los hijos e hijas de familias compuestas por parejas heterosexuales".

Ruiz-Gallardón tardó casi tres meses en pronunciarse sobre las conclusiones de los científicos, pero en octubre, y en la cadena SER, afirmó que ya disponía del mencionado estudio en el que se indicaba que "el niño no se ve perjudicado por ser adoptado por una pareja homosexual". A renglón seguido, el hoy aspirante a la alcaldía, que ha ofrecido la concejalía de Asuntos Sociales a Botella, afirmaba: "Estoy de acuerdo en que la realidad que dicten los médicos se convierta en ley". Eso sí, con la apostilla de que eso sería siempre y cuando hubiera consenso social y político sobre la materia.

OTRAS OPINIONES VARIAS : Ana Botella admitió también que, de no ser la esposa del presidente del Gobierno, no la conocería nadie y que su matrimonio le ha facilitado ir la tercera en la lista del PP a las elecciones municipales. Aunque puntualizó: "Cada uno es producto de sí mismo y de sus circunstancias. Yo también hice una carrera, unas oposiciones, he trabajado, soy y milito en el partido y he ayudado en las campañas".

Botella resaltó que los motivos que le han llevado a aceptar la propuesta de Ruiz-Gallardón para formar parte de su candidatura al Ayuntamiento de Madrid se basan en que la política le interesa "porque es la manera de intentar resolver los problemas de las personas y de transformar la sociedad". La política municipal "es la más cercana a la persona y con la que se puede llegar a los problemas diarios. Es importante hacer lo que se quiere y sentirse útil haciéndolo, y creo que trabajando en el Ayuntamiento puedo serlo", agregó.

Botella opinó sobre el problema de la violencia doméstica y dijo: "Es una vergüenza social para todo el mundo, porque los malos tratos atentan realmente contra la dignidad de la persona".

2. SAN LORENZO DEL ESCORIAL: EL ALCALDE AL BANQUILLO, ACUSADO DE PREVARICACIÓN (13/01/03)

El alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández Quejo, del Partido Popular, y otros cuatro concejales de la Comisión de Urbanismo tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de un supuesto delito de prevaricación administrativa -dictar una resolución a sabiendas de que es injusta-. Los hechos se remontan a enero de 1998, cuando los acusados concedieron licencia para levantar 18 casas en un lugar donde las normas sólo permitían levantar "ocho o nueve", según el auto judicial.

El Juzgado de Instrucción 1 de esta localidad de 11.000 habitantes ha dictado un auto en el que asegura que Fernández Quejo y otros cuatro ediles concedieron el 29 de enero de 1998 una licencia de obra mayor a una promotora para que levantase 18 casas en un lugar donde las normas urbanísticas sólo permitían levantar "ocho o nueve viviendas", según el auto judicial.

"Existen indicios" de que "las resoluciones dictadas son injustas", puesto que se dictaron "con frontal oposición al ordenamiento jurídico, desbordando de manera palmaria la legalidad". En el auto el juzgado insta a las partes a que formulen sus escritos de acusación o bien pidan el sobreseimiento de las diligencias.

El auto judicial es el resultado de una querella que interpuso el fiscal de Medio Ambiente, Consumo y Urbanismo, Emilio Valerio, en febrero de 1991. La fiscalía redactará ahora su escrito de acusación, que llevará inevitablemente al alcalde y al resto de imputados al banquillo de los acusados.

En estas diligencias también figuran como imputados el arquitecto municipal, Francisco Navarro, así como otras cinco personas vinculadas a la empresa que promovió las viviendas. A éstas, el juez les atribuye un delito de estafa, "al haber procedido a la enajenación de las viviendas en construcción en el terreno sito en la calle Santa Rosa, 15 , ocultando a los compradores la situación en que se encontraba la concesión de la licencia ante el Ayuntamiento (...), causando perjuicio a terceros adquirentes". El auto decreta la responsabilidad civil subsidiaria de las firmas Esege, SL, y de la inmobiliaria El Molinar.

3. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LOS GASTOS RESERVADOS DE MANZANO Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS (19/01/03)

José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, ha decidido acatar la decisión del Tribunal de Cuentas sobre su cuenta restringida para evitar así ir a juicio. En un escrito enviado por el regidor, éste expresa que se encuentra "conforme con todos los hechos contenidos en la demanda formulada". El fiscal reclama a Álvarez del Manzano 63.755 euros de los gastos efectuados en los últimos cinco años con cargo a la cuenta restringida, de la que dispuso entre 1992 y 2000.

La mayor parte del dinero de la cuenta restringida fue empleada en pagar los viajes de la esposa del alcalde, en donaciones a entidades religiosas y en regalos de ámbito familiar. Estaba previsto que el próximo 4 de febrero el alcalde testificase en el Tribunal de Cuentas junto con su esposa, María Eulalia Miró, y la costurera de la familia.

El fiscal sostiene que el regidor gastó irregularmente 101.000, si bien consideró prescrito lo referido a 37.245 de estos euros. A tenor de lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, el fiscal considera que estaban prescritos los hechos con anterioridad al 23 de junio de 1995.

Esto le salva, en principio, al alcalde de la devolución de 37.245 euros citados. El fiscal entiende, además, que fueron injustificados los pagos con fondos públicos de los viajes de la esposa del alcalde, y los donativos a su costurera particular, así como a distintas entidades religiosas y al municipio alcarreño donde el regidor tiene una casa. Por eso estaban llamadas a comparecer en el Tribunal de Cuentas la esposa del alcalde y la costurera de la familia.

El fiscal, a la hora de definir la valoración jurídica de los hechos imputados en el Ayuntamiento, dejó sentado que España es un "Estado laico" y no caben tales donativos a entidades religiosas. Este capítulo suma casi 75.000 euros.. El fiscal no vio alcance en las ayudas otorgadas por el alcalde a Cáritas, Cruz Roja, Asociación contra el Cáncer y bomberos, pero sí en la brindada a la Hermandad de Bomberos Virgen de la Paloma.

A la resolución redactada por el Tribunal de Cuentas no cabe ya recurso de ninguna clase.

4. FUENLABRADA: DIMITE EL ASPIRANTE DEL PP A LA ALCALDÍA TRAS SER DENUNCIADO POR ACOSO MORAL (24/01/03)

Alfonso Caballero, candidato del PP a la alcaldía de Fuenlabrada, presenta su dimisión como portavoz municipal y aspirante al cargo de regidor de esta localidad para "no dañar al partido". Caballero había sido denunciado por acoso moral por parte de su ex secretaria Carmen Rivera, de 29 años El ex candidato remitió una carta al presidente regional del Partido Popular, Pío García-Escudero, en la que comunicaba su renuncia, que le fue aceptada. En el escrito, el ex candidato del PP a la alcaldía fuenlabreña manifiesta su deseo de dejar los cargos que ocupaba en el partido.

5. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL TRIBUNAL SUPERIOR ANULA EL CONCURSO DE PRIVATIZACIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL (25/01/03)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia que anula el pliego de condiciones redactado en 1992 por el gobierno municipal, del PP, para vender a la empresa Funespaña el 49% de las acciones de la funeraria madrileña por 100 pesetas (0,6 euros). El tribunal no entra en si fue o no correcto el precio de las acciones o la adjudicación a Funespaña de la gestión parcial (el Ayuntamiento se reservó un 51% del capital), pero lo que sí hace es declarar nulo el acto administrativo previo -el pliego del concurso- por la falta de claridad de sus cláusulas. Esa ambigüedad, según la sentencia, vulneró los principios de libre concurrencia e igualdad de oportunidades.

La sentencia ha sido dictada por los siete jueces de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Madrid y cuenta con el voto particular contrario de uno de los magistrados. Esta decisión nada tiene que ver con las diligencias penales que desarrolla actualmente la Sala de lo Penal y Civil del TSJM contra los ediles Antonio Moreno y Simón Viñals y el diputado regional Luis María Huete (primer teniente de alcalde cuando se produjo la privatización), todos del PP. Los tres intervinieron en el proceso de semiprivatización de la funeraria y tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El Ayuntamiento aprobó el 7 de octubre de 1992 el pliego de condiciones que debía regir el concurso público convocado para que una empresa privada adquiriese el 49% de las acciones y, además, gestionase el servicio de la funeraria. Las cláusulas del pliego de condiciones son poco claras, según los jueces. Es decir, no se entiende si lo que pretendía el Ayuntamiento era facilitar la gestión privada de una empresa pública o simplemente vender las acciones, y, por tanto, el tribunal no puede determinar si el procedimiento usado al efecto por el Consistorio (el concurso público) fue el mecanismo legal adecuado.

No obstante, los jueces se inclinan por pensar que el objetivo real era la simple venta del 49% de las acciones; y concluyen que, en este caso, el Ayuntamiento debió acudir a la subasta. La fórmula del concurso deja al gobierno municipal un amplio margen de discrecionalidad a la hora de elegir a la empresa a la que quiere vender un patrimonio público o encomendarle la gestión de un servicio municipal básico.

Las bases del concurso para privatizar la funeraria, afirma el tribunal, contienen numerosas lagunas: apenas se especifica nada en ellas del conjunto de características que debía reunir el aspirante. Pero es que, además, tal y como se configuró el pliego de condiciones, la figura legal adecuada a este caso debió ser la subasta, ya que ésta reduce la discrecionalidad y obliga a elegir al mejor postor, al que más dinero ofrezca, obviando otras circunstancias.

La apreciación de que la figura legal adecuada era la subasta la extraen los jueces del análisis de un informe fiscalizador que elaboró el Tribunal de Cuentas el 28 de enero de 1998 en relación con la privatización de la funeraria y relativo a los ejercicios económicos 1992 y 1993. Este informe ponía de relieve, entre otras cosas, la ausencia de un estudio que justificase la necesidad y conveniencia del cambio de gestión de los servicios funerarios; y tampoco hay ningún informe, según la sentencia, que justifique que la privatización constituyese la formula idónea para la mejor gestión del servicio.

El tribunal abunda en que el objetivo era simplemente vender las acciones, ya que en el citado pliego de condiciones tampoco se estableció un plazo cierto del pago del precio ni se fijaron los criterios concretos sobre las características del adjudicatario del servicio.

6. ARANJUEZ: UN CONCEJAL DEL PP ENCARGÓ UNA OBRA PARTICULAR A UNA EMPRESA CON CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO (27/01/03)

El concejal de Hacienda de Aranjuez, Miguel Ángel Gálvez, admitió ante el juez que le investiga por supuesta corrupción (junto al alcalde, José María Cepeda y a un hermano del regidor, Javier Ramón, todos del PP), que encargó las obras de la piscina de su casa a Maconsa. Esta empresa, según la querella de la fiscalía de Madrid que ha dado lugar a las pesquisas, ha resultado muy favorecida en los últimos años con obras del Ayuntamiento. Aparte del alcalde, dos concejales y dos técnicos del Ayuntamiento, el juez ha ampliado la investigación a otras dos personas.

En su declaración ante el juez Gonzalo Salgado, Gálvez admitió que las obras de la piscina costaron "entre cuatro y cinco millones de pesetas", y que ese dinero lo pagó en efectivo y procedía de la recaudación de la tienda de su esposa. El fiscal del caso, Emilio Valerio, le preguntó por qué eligió para esa tarea a una empresa no especializada en piscinas. Gálvez, según asistentes a su declaración, dijo que ignoraba que Maconsa careciese de esa especialización y que la contrató porque le infundía confianza.

En su querella, la fiscalía asegura que tres empresas, Maconsa, Mafasa y Aldisa, vinculadas a una misma persona, han sido beneficiadas con gran parte de las obras municipales y que, además, éstas han presentado y cobrado del Consistorio decenas de facturas infladas. Gálvez indicó que ignoraba que las tres empresas perteneciesen a una misma persona y explicó que, si bien la cuantía económica de esas facturas podía elevarse al 90% del total de facturación, en cifras sólo suponían 160 de las 2.000 emitidas por el Ayuntamiento en 2000. Añadió que su relación con el dueño de esas empresas es la misma que tiene con los 6.000 proveedores del Ayuntamiento de Aranjuez.

El fiscal destaca que los querellados, valiéndose de sus cargos, integran "una trama económica que ha favorecido a empresas constructoras" entre los años 1998 y 2001, y que el objetivo de esa supuesta trama era obtener "enormes beneficios".

7. GOBIERNO REGIONAL: JUSTICIA PREGUNTA A SUS FUNCIONARIOS EN UNA ENCUESTA SI SON "DE IZQUIERDAS O DE DERECHAS (06/02/03)

La Consejería de Justicia realiza una encuesta telefónica con decenas de funcionarios y usuarios de esta Administración en la que se les pregunta por su ideología. La encuesta, llevada a cabo por la firma Stiga por encargo de la consejería, tiene 90 preguntas. La penúltima de ellas inquiere a los funcionarios sobre "su posición ideológica" y ofrece cuatro posibles respuestas: "¿De izquierdas?, ¿de centro-izquierda?, ¿de derecha? o ¿de centro-derecha?".

En distintos sectores de los juzgados y tribunales de Madrid existe desde hace días un gran malestar. Y es que, por sorpresa, personas que decían llamar en nombre de la Consejería de Justicia les habían telefoneado a sus puestos de trabajo para que contestasen a una encuesta. Les dijeron que la finalidad era conocer sus condiciones laborales y conocer su opinión sobre las infraestructuras judiciales.

Aunque la consejera Paz González afirmó que a nadie se le había pedido el nombre, varios encuestados señalaron que sus encuestadores sí les habían solicitado el nombre y cargo que desempeñaban en su juzgado.

Tras casi 20 minutos de preguntas y respuestas, la penúltima de las 90 formuladas decía así: "¿Cuál es su posición ideológica?" El encuestado debía inclinarse por alguna de las siguientes respuestas: "De izquierdas, centro-izquierda, derecha o centro-derecha".

La consejera aclaró que se trata de un trabajo que su departamento encargó a la firma Stiga y que nadie de la consejería había intervenido en la elaboración de las preguntas de la encuesta, cuyo objetivo, dijo, es recabar "la percepción que funcionarios y usuarios tienen sobre la justicia en Madrid". González insistió en que la encuesta es "aleatoria, voluntaria y totalmente confidencial" y que, por tanto, a nadie se le había pedido el nombre. En el encabezamiento de la encuesta se lee: "(...) ¿Es tan amable de colaborar contestantando a unas breves preguntas? Sus respuestas serán anónimas y confidenciales...". La consejera señaló que ignoraba que algunos funcionarios se hubiesen sentido molestos.

8. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL ALCALDE CREE QUE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES, LA INMIGRACIÓN Y LA DROGA CAUSAN MARGINACIÓN (10/02/03)

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, considera que la "inmigración, las drogas y las familias monoparentales" contribuyen ahora también al incremento de la marginación social. Álvarez del Manzano hizo estas afirmaciones en la inauguración de un centro en Hortaleza para personas sin techo que llevan las órdenes religiosas de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, los Padres Paúles y las Damas Apostólicas.

Álvarez del Manzano inauguró un centro de día para marginados que gestionará la asociación Impulso Solidario en la calle del Mar Báltico (Hortaleza), con capacidad para 70 personas, y aprovechó la ocasión para dar su particular visión de este problema. Según el alcalde: "Hoy, desgraciadamente, la inmigración, que muchas veces viene sin control, produce una enorme marginación en la sociedad, y muchas actividades que la sociedad genera, desde las drogas a (...) las familias monoparentales".

Y precisó, que si hasta hace poco tiempo el perfil de la persona que padecía este problema correspondía a un hombre, de mediana edad, que había perdido el trabajo y que además bebía en exceso, la marginación social ha crecido, motivada, en su opinión, por la llegada de inmigrantes, la proliferación de las drogas y las familias monoparentales.

9. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA CONCEJAL DEL PP PIDIÓ A CASCOS QUE 'SALVARA' DE LA EXPROPIACIÓN UN CENTRO AMPARADO POR BOTELLA (13/02/03)

El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, comparece en el Senado para explicar los motivos de la expropiación forzosa iniciada contra las fincas, viviendas y negocios de un centenar de familias de Barajas. En ese terreno hay una residencia de ancianos que gestiona la ONG Mensajeros de la Paz, cuya presidenta de honor es Ana Botella. Dicha finca ha sido excluida de la expropiación porque, según Cascos, la concejal de Servicios Sociales, Beatriz Elorriaga, se lo pidió personalmente por carta. El ministerio sigue sin desvelar qué va a construir en ese suelo.

Álvarez-Cascos reveló que, en febrero de 2001, cuando estaban en marcha los primeros trámites de la expropiación, la "Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid [dirigida por Beatriz Elorriaga] solicitó por escrito la desafección de esa finca [es decir, excluirla de la expro-piación] por razones de problemática social [...], diciendo que la expropiación y consecuente necesidad de desalojo de la edificación plantearía problemas al plan municipal contra las drogas, por cuanto resultaría prácticamente inviable encontrar un lugar alternativo para ubicar este servicio".

Mensajeros de la Paz -que gestiona allí una residencia de ancianos y no un centro para toxicómanos- cedió hace años parte de su finca al Ayuntamiento para que habilitase un Centro de Atención a Drogodependientes (CAD), según el gerente de la ONG, Pedro Mella. Por tanto, si la finca fuera expropiada, el CAD tendría que ser también trasladado.

10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: ADJUDICAN A DEDO CONTRATOS POR IMPORTE DE 60 MILLONES (14/02/03)

El gobierno municipal adjudicó durante el año 2002 más del 80% de los contratos "a dedo", según la memoria que presentó la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contratación. El equipo de José María Álvarez del Manzano utilizó para ello el sistema de contratación por procedimiento negociado o contrato menor. Adjudicó así 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas). Además, cuatro empresas se hicieron con el 57% de los 903 millones de euros (151.000 millones) adjudicados por el Ayuntamiento.

La Comisión de Vigilancia de la Contratación, única presidida por la oposición, analizó la memoria que recoge los contratos que fueron notificados el ejercicio pasado. El mecanismo utilizado de manera reiterada por el gobierno local para adjudicar esos contratos eludiendo el procedimiento de concurso abierto o el sistema de subasta, como establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha sido el procedimiento negociado o el contrato menor.

El primero consiste en convocar a tres empresas para que presenten sus propuestas, mientras que el contrato menor se utiliza para adjudicar cantidades que por su cuantía no es necesario que sea mediante concurso público. Sólo dos empresas, FCC y ACS-Dragados, controlan la mayor parte de los proyectos

11. GOBIERNO REGIONAL: EL PODER JUDICIAL INVESTIGA LA ENCUESTA QUE PREGUNTABA SOBRE LA IDEOLOGÍA DE LOS FUNCIONARIOS (15/02/03)

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha pedido a la Consejería de Justicia que le informe fehacientemente sobre la encuesta que este departamento ha realizado entre sus funcionarios y en las que, entre otras cuestiones, se les preguntó por su ideología; en concreto, que manifestasen si su posición política era de "izquierdas, centro-izquierda, derechas o centro- derecha".

Esta petición se produce después de haberse recibido en el Consejo una queja de la juez decana de Alcalá de Henares, en la que ésta manifiesta su sorpresa porque a instancia de la propia consejería se pregunte a funcionarios judiciales por su ideología. Además, la decana afirma en su queja que, en contra de la versión sostenida hasta ahora por por la Consejería de Justicia, la encuesta no era anónima y que a los encuestados se les preguntó el nombre y el cargo que desempeñaban en la estructura del juzgado.

La citada encuesta, realizada por teléfono por la firma Stiga por encargo de la consejería, contiene 90 preguntas. La penúltima de ellas es la que inquiría sobre la posición ideológica de los funcionarios. La encuesta también se ha hecho a algunos jueces.

12. ARANJUEZ: 7 EDILES DEL PP IMPUTADOS POR UN SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (16/02/03)

La práctica totalidad del gobierno municipal de Aranjuez, siete de los 11 ediles (mayoría absoluta), han sido llamados a declarar en calidad de imputados en la querella interpuesta por el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Emilio Valerio. Los últimos cuatro concejales implicados son: María Teresa Suárez, primera teniente de alcalde y delegada de Educación; Gloria Encinas, tercera teniente de alcalde; Víctor Martínez, delegado de Comercio y Bienestar Social, y José Luis Menéndez, responsable de Turismo. A todos se les acusa de pertenecer a una trama económica para el enriquecimiento ilícito.

Anteriormente habían sido imputados en la querella, el alcalde José María Cepeda, Javier Cepeda, concejal de Urbanismo y hermano del regidor, y Miguel Ángel Gálvez, edil de Hacienda, así como contra un arquitecto externo que trabajó para el Ayuntamiento, José Ángel Lazareno, y contra un técnico, el aparejador municipal José Antonio Segado. La investigación de la fiscalía incluye a varias empresas constructoras.

El fiscal destaca que los querellados, valiéndose de sus cargos, integran supuestamente "una trama económica que ha favorecido a empresas constructoras". La querella, de la que se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranjuez el pasado 22 de octubre, es el resultado de denuncias interpuestas ante la fiscalía y en las que se imputaban tratos de favor desde el Consistorio a determinadas empresas constructoras entre los años 1998 y 2001.

Los cuatro concejales del gobierno que no están imputados, son Sonia Casado, delegada de Cultura y Medio Ambiente -su esposo, el arquitecto externo José Ángel Lazareno sí está impu-tado-; Olga de los Santos, delegada de Juventud y Hermanamientos; Carlos de Fuentes, de Deportes y Nuevas Tecnologías; y Florián Molina, sin delegaciones. Molina protagonizó en diciembre de 2001 una rocambolesca fuga al grupo mixto que hizo perder la mayoría absoluta al PP durante una semana.

13. GOBIERNO REGIONAL: 700 MÉDICOS DENUNCIAN ANTE LA DEFENSORA DEL PACIENTE LA ESCASA PLANTILLA DE LOS AMBULATORIOS (26/02/03)

Unos 700 médicos de familia y pediatras de los centros de salud de la región han denunciado ante la Defensora del Paciente la "insostenible situación" en la que se ven obligados a trabajar cada día ante el gran número de pacientes que acuden a sus consultas. "La atención a cuarenta o cincuenta pacientes al día hace imposible mantener unos niveles mínimos de calidad en la asistencia a los enfermos", alertan los médicos en el documento presentado a la titular de la institución, Margarita Retuerto. Los 700 firmantes de la denuncia representan casi el 25% de los 2.900 facultativos que trabajan en los ambulatorios de la región. La denuncia ha sido promovida por el sindicato médico Cesm-Madrid.

Los médicos de atención primaria que trabajan en los 270 centros públicos de salud de la región sienten que trabajan demasiado, que tienen poco tiempo para atender a sus pacientes y que ejercer la medicina en estas condiciones no es bueno para la salud de los ciudadanos.

"La situación de muchas consultas de medicina de familia y pediatría del Instituto Madrileño de Salud (Imsalud) se ha hecho insostenible", empieza el escrito, de cuatro páginas de extensión, que los facultativos han remitido a la Defensora del Paciente. Los médicos se lamentan de que atiendan "a 40 o 50 pacientes al día", a lo que habría que añadir las visitas a domicilio, las urgencias y la actividad burocrática. Eso, según la denuncia, "hace imposible mantener unos niveles mínimos de calidad" en la asistencia médica.

Miguel Ángel García Pérez, secretario de formación de Cesm-Madrid, alerta de que "la consulta media en la región no supera los siete minutos, según nuestros cálculos". "Esto significa que en muchos centros de salud los médicos están atendiendo a los pacientes en cuatro o cinco minutos, tiempo claramente insuficiente", añade García Pérez. Los médicos comparan en el documento estos tiempos con los 10 minutos que las sociedades científicas españolas han establecido como "el mínimo que debe durar

Por su parte, el personal de enfermería también ha hecho notar al Imsalud su descontento por la situación de las plantillas en la sanidad pública gestionada por este organismo. El sindicato de este colectivo profesional, Satse, entregó en la sede de la Consejería de Sanidad unas 7.000 firmas para reclamar que el Imsalud cubra las bajas que se producen en los 24 hospitales públicos de la región y que "quedan sistemáticamente sin cubrir", según José María Porras, secretario en Madrid de Satse.Porras explicó que en los hospitales de la región gestionados por el Imsalud trabajan 9.685 profesionales de enfermería. "Cada día, un 25% del personal no trabaja por los días de libranza, excedencias, permisos de formación, maternidad u otras bajas", añade Porras.

14. GOBIERNO REGIONAL: UN TRIBUNAL SENTENCIA QUE GALLARDÓN "VULNERÓ EL DERECHO A LA HUELGA" EL 20-J (03/03/03)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sentenciado ahora que el decreto de servicios mínimos dictado por el Gobierno madrileño por la huelga general del 20 de junio de 2002 contra la reforma laboral "vulneró el derecho fundamental de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución y no ser, por este motivo, ajustado al ordenamiento jurídico".

Los jueces dan ahora la razón a UGT, que presentó un recurso contra el decreto de Alberto Ruiz-Gallardón al entender que éste no explicaba suficientemente en qué criterios se basó para fijar el número de trabajadores que debían cubrir los servicios mínimos y esenciales tanto en las empresas públicas como en las privadas. "Ocho meses después, esta sentencia reconoce que el decreto era abusivo", declaró José Ricardo Martínez, secretario general de UGT-Madrid.

En síntesis, el tribunal afirma que el decreto de Ruiz-Gallardón, dictado el 13 de junio y cuyo número es el 102/2002, debe ser anulado porque en él no se razona, "ni siquiera sucintamente", por qué determinadas áreas de la Administración autonómica fueron catalogadas "como esenciales" y qué criterios le llevaron a fijar los porcentajes de servicios mínimos.

El decreto cuestionado catalogó como sectores "esenciales" las áreas de educación, sanidad, medio ambiente, transporte y gasolineras y Radio Televisión Madrid, así como determinadas subáreas de estas consejerías. Antes de firmar el decreto, el Ejecutivo madrileño se reunió con las centrales sindicales para fijar los servicios mínimos. En transportes, por ejemplo, el Gobierno regional quiso imponer un 40% de servicios mínimos. UGT y CC OO se negaron a firmarlos. De ahí que Ruiz-Gallardón redactase el citado decreto, que fue recurrido ante los tribunales por UGT por entender que establecía unos servicios mínimos "abusivos" y carentes de "justificación".

15. ARANJUEZ: REGISTRO JUDICIAL DE LAS EMPRESAS DE LA SUPUESTA TRAMA URBANÍSTICA (14/03/03)

Gonzalo Salgado, el juez que investiga por supuesta corrupción al alcalde y otros dos ediles de Aranjuez (PP), ordenó el registro de un grupo de cinco empresas vinculadas a un empresario inmobiliario, Jesús Iglesias Ortega, que fue contratado por el Ayuntamiento como asesor y letrado de Urbanismo y que, supuestamente, ha emitido informes municipales favorables a sus empresas. Las empresas que registró la Unidad Económica de la Brigada Central de Policía Judicial están radicadas en Aranjuez y en la calle de O'Donnell. La firma matriz es Metroges, SA.

El juez Salgado, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Aranjuez, acordó los registros tras recibir un escrito de ampliación de la querella que interpuso el pasado mes de noviembre la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Consumo del Tribunal Superior de Justicia contra el alcalde de Aranjuez, José María Cepeda, y los dos tenientes de alcalde de este municipio: el concejal de Urbanismo, Javier Ramón Cepeda (hermano del alcalde), y el de Hacienda, Miguel Ángel Gálvez Orcero.

Según el escrito del fiscal, Metroges, SA, forma parte de "una trama económica vinculada a determinadas empresas constructoras y de gestión urbanística, cuyo núcleo decisor parece estar constituido por el alcalde de Aranjuez, su hermano, Javier Ramón, y Miguel Ángel Gálvez", así como "por el aparejador municipal José Antonio Segade Fraile y el arquitecto José Ángel Lazareno".

El fiscal, Emilio Valerio, asegura en la querella que el Ayuntamiento de Aranjuez ha "amañado" concursos de obras para adjudicar éstas a la firma Metroges y beneficiarla en el marco de este entramado de supuesta corrupción. La fiscalía sostiene que se amañaron licitaciones "con el único objetivo de conseguir para Metroges" la adjudicación "de la construcción de un número muy importante de viviendas del concurso público" que efectuó el Ayuntamiento "para la concesión a una empresa inmobiliaria de la construcción de 450 viviendas en un solar municipal del antiguo campo municipal de deportes y del colegio público San José de Calasanz".

16. MAJADAHONDA: EL ALCALDE DEL PP DE CONTRATÓ UN VÍDEO PROMOCIONAL A LA EMPRESA DE SU ASESORA (18/03/03)

El Ayuntamiento de Majadahonda benefició a la empresa Special Events, SL, al contratar sus servicios para realizar un vídeo promocional del equipo de gobierno en 2001, cuando todavía era administradora única de esa empresa la asesora de relaciones externas del alcalde, María del Carmen Rodríguez. El importe facturado por la sociedad (28.571 euros) se fraccionó en varios pagos para eludir la celebración de un concurso público, y que fue el alcalde el encargado de abonar directamente los servicios, cuando lo normal es que la liquidación se produzca desde la tesorería municipal. El regidor, el popular Guillermo Ortega, mantiene que desconocía que Rodríguez fuera administradora de Special Events cuando entró a formar parte del Ayuntamiento y que investigará los hechos.

El nombramiento de Rodríguez como asesora del alcalde se produjo por decreto el 2 de julio de 2001, aunque la creación del puesto se aprobó en el pleno de mayo. El regidor indicó que su asesora le había comentado que había dimitido como administradora única antes de entrar en el Ayuntamiento, aunque sin precisar ninguna fecha en concreto. "Es una persona de mi total confianza, que está reuniendo los datos para demostrar que no ha habido ningún problema", puntualizó el primer edil.

17. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL ALCALDE CONDENADO A DEVOLVER MÁS DE 100.000 EUROS A LAS ARCAS PÚBLICAS (10/04/03)

El Tribunal de Cuentas ha fallado que el regidor popular es culpable con "grave negligencia" del perjuicio causado al erario público por el uso irregular que hizo de su cuenta restringida entre 1992 y 2000. El daño a las arcas municipales se cifra en 171.345 euros, si bien sólo se le exige restituir 103.776 euros por haber prescrito lo anterior a junio de 1995. De haberlo devuelto voluntariamente, el alcalde se habría evitado el fallo. Las bases de la sentencia son las que siguen:

18. NAVACERRADA: EL ALCALDE IMPUTADO POR UN SUPUESTO DELITO DE PREVARICACIÓN (21/04/03)

La juez titular del Juzgado de Instrucción 3 de Colmenar Viejo, ha citado en calidad de imputados de un supuesto delito de prevaricación, al alcalde de Navacerrada, Pablo de Jorge Herrero, del PP, y al primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Jesús Prieto. La juez tiene previsto interrogarles en relación con una querella interpuesta por Félix Martín, dueño de un restaurante de esta localidad, quien les acusa de prevaricación por haber otorgado una licencia municipal a un inmueble en pleno casco histórico saltándose supuestamente la normativa urbanística. Martín acusa al Ayuntamiento de permitir que el nuevo inmueble supere la altura y densidad máxima de edificación y asegura que tal permisividad obedece a que el beneficiario es funcionario municipal.

19. TRES CANTOS: CINCO EX CONCEJALES DEL PP FORMAN UN NUEVO PARTIDO (25/04/03)

5 de los 9 concejales del PP en Tres Cantos, donde este partido gobierna en coalición con Tres Cantos Unido (TCU), presentaron una candidatura propia -llamada Alternativa Popular de Tres Cantos- para los comicios municipales de mayo. Los ediles, que ocupan ahora las carteras de Urbanismo, Hacienda, Empleo, Policía e Igualdad, habían sido excluidos ya de la lista electoral del PP y serán expulsados del partido, según anunció el secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada.

20. AYUNTAMIENTO DE MADRID: IMPUTADO EL EDIL DE URBANISMO POR UNA POLÉMICA RECALIFICACIÓN (30/04/03)

El juez que investiga supuestas irregularidades urbanísticas en Arroyo del Fresno, Fernando Grande-Marlaska, ha citado como imputados para el próximo 17 de junio al concejal de Urbanismo de Madrid, Ignacio del Río, y al gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada. Este juez, recientemente incorporado al Juzgado 36, también ha citado como imputado en esta operación al ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz.

Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde, y Luis Armada firmaron un convenio urbanístico en 1997 con el también imputado en esta causa Carlos Pinilla, y presidente de la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno. Mediante ese convenio, los responsables de Urbanismo recalificaban como suelo residencial una zona destinada en el Plan General de Ordenación Urbana a equipamientos. Además, se aumentó la edificabilidad de la zona con 539 nuevas viviendas. Varios informes de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que obra en poder del juez, revelan que en esta operación se infringió el ordenamiento urbanístico, ya que se obvió el procedimiento legal adecuado: la modificación puntual del plan general.

En relación con estos informes, el juez también ha citado a declarar, el 9 de junio, en calidad de testigos, a Íñigo Sáenz de Pipaón, director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, así como a los funcionarios de su departamento Beatriz Lobón y Ángel Dolla, autores de los informes antes citados. Éstos declararán el 19 de mayo como testigos. También ha sido citado a declarar un mes más tarde, el 19 de junio, y es la segunda vez, pero ahora en calidad de imputado, el promotor inmobiliario y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. En su primera declaración, en octubre de 2002, Sanz manifestó que la ganancia en un solo día de 1,08 millones de euros en la compraventa de una parcela destinada inicialmente a construir 64 vivienda sociales "era producto de la especulación" del suelo.

Según fuentes jurídicas, Sanz y Pinilla tenían firmado entre ellos un acuerdo, anterior al convenio que suscribieron Del Río, Armada y Pinilla, mediante el cual ambos convinieron en repartirse tres de las citadas seis parcelas. Pinilla edificó 231 viviendas en una de ellas y Sanz levantó 140 en otra. En la tercera, una cooperativa presidida por Pinilla construyó 64 viviendas de protección oficial. Esta parcela se la compró a Sanz la cooperativa que gestionaba Pinilla, por 1,08 millones más de lo que el Ayuntamiento había recibido por ella al venderla a la cooperativa. Las licencias de estas seis parcelas recalificadas las otorgó el gerente de Urbanismo mediante un decreto que anteponía las estipulaciones del citado convenio al planeamiento urbanístico.

La citación del concejal de Urbanismo como imputado por las supuestas irregularidades habidas en la recalificación de terrenos en Arroyo del Fresno se produce en un momento especialmente delicado para Ignacio del Río: una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado 28 desarrollos urbanos previstos en el Plan General sobre suelo protegido.

21. TENSIONES POPULARES: ESPERANZA AGUIRRE CREE QUE "NO ES NINGÚN SECRETO" QUE GALLARDÓN QUIERE SER EL SUCESOR (03/05/03)

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid considera que hay "media docena" de personas dentro de su partido preparadas para suceder a Aznar. Esperanza Aguirre cree que no es "ningún secreto" que Gallardón quiere ser candidato

La candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular cree que no se debe adelantar el debate de la sucesión de Aznar. Según Esperanza Aguirre los resultados de las elecciones del 25 de mayo sólo repercutirán sobre la designación del sucesor si son muy buenos o malos.

Para Esperanza Aguirre hay "media docena" de personas dentro del PP que pueden ser candidatos con oportunidades suficientes para ganar las elecciones generales. Aguirre ha asegurado que por ahora el debate sobre la sucesión no ha desgastado al PP. Aguirre considera que el nombre de Gallardón "ya está lanzado" al debate por la sucesión.

Esperanza Aguirre ve al candidato del PP afanándose en las elecciones, ilusionado con Madrid pero ha dicho que "no es ningún secreto que tiene ilusión" por ser candidato a las próximas elecciones generales. Aguirre ha concluido que Gallardón es joven y que no cree que este sea su momento para lanzarse a la apuesta de La Moncloa.

22. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN OFRECE A ÁLVAREZ DEL MANZANO LA PRESIDENCIA DE LOS RECINTOS FERIALES (05/05/03)

Alberto Ruiz-Gallardón propuso, durante una cena con empresarios, modificar los estatutos de Ifema para que el anterior regidor, José María Álvarez del Manzano, pueda seguir siendo su presidente. Según el reglamento actual, ese cargo -de carácter más representativo que ejecutivo- recae siempre en el alcalde. Un millar de empresarios de Madrid se reunieron en el Palacio de Exposiciones y Congresos para brindar una cena homenaje a quien ha sido el alcalde de la ciudad durante 12 años: José María Álvarez del Manzano, del PP. Su sucesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, aprovechó ese ambiente festivo para anunciar que va a proponer a la junta rectora de Ifema (Institución Ferial de Madrid) la "modificación de sus estatutos" para que Álvarez del Manzano siga siendo el presidente, cargo que ha ejercido en su calidad de alcalde durante estos años y que ha debido abandonar ahora, al despedirse del Ayuntamiento.

"Cuando un hombre como Álvarez del Manzano es capaz de dar algo tan bueno a los demás, no puede ser una página de un libro ni un recuerdo en la historia", afirmó Ruiz-Gallardón. Y añadió, dirigiéndose al homenajeado: "Madrid te sigue necesitando, queremos que sigas con nosotros". Según fuentes del Ifema, el cargo de presidente tiene un carácter "más representativo que otra cosa". "Quien realmente gestiona el día a día de los recintos feriales es el director general [Fermín Lucas]", aseguran. Sin embargo, el presidente sí tiene voto de calidad en la junta, que decide sobre "grandes estrategias" y "aprueba las cuentas". Hasta ahora, el cargo formaba parte de la función del alcalde como máximo representante de la ciudad, y, por tanto, no estaba remunerado. Las mismas fuentes suponen que, si finalmente lo ocupa alguien ajeno a la

23. AYUNTAMIENTO DE MADRID : EL EX EDIL DEL RÍO DECLARA COMO IMPUTADO POR PRESUNTO DELITO URBANÍSTICO EN ARROYO DEL FRESNO (17/06/03)

El juez Fernando Grande-Marlaska Gómez, del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid, interroga en calidad de imputados, en relación con unas supuestas irregularidades urbanísticas en el barrio de Arroyo del Fresno, al ex concejal de Urbanismo y actual consejero delegado de Madrid 2012, Ignacio del Río, así como al ex gerente municipal de Urbanismo Luis Armada.

Ambos firmaron en diciembre de 1997 con el también imputado en este proceso Carlos Pinilla, presidente de la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno, un convenio urbanístico que permitió reclasificar como residencial seis parcelas de equipamiento y uso terciario. El convenio permitió levantar 539 nuevas viviendas que carecían de aval en el vigente Plan General de Urbanismo de Madrid.

Este juez tomó declaración el pasado 19 de mayo, en calidad de testigos, a dos técnicos de la Comunidad de Madrid, quienes se ratificaron en el contenido de los informes que emitieron en mayo y junio del 2000, y en los que concluyen que las licencias otorgadas en las seis parcelas afectadas por ese convenio urbanístico infringían el Plan General, dado que se eludió el procedimiento de realizar previamente una modificación puntual del Plan General.

24. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL ALCALDE EXCLUYE A PSOE E IU DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE EMPRESAS MIXTAS (28/06/03)

El pleno municipal aprueba, gracias a la mayoría absoluta del PP, una propuesta del alcalde que reduce la presencia de los ediles de PSOE e IU en los consejos de administración de una docena de empresas municipales (públicas), y los expulsa directamente de empresas mixtas (parcialmente privatizadas) como la Funeraria, Mercamadrid, el Canal de Isabel II o Ifema.

El PP alega que en las empresas mixtas debe estar representada, frente a la empresa privada, "la voluntad mayoritaria del pleno", es decir, la mayoría absoluta de los populares. El Ayuntamiento tiene cinco empresas públicas -la Empresa Municipal del Suelo, la Empresa Municipal de la Vivienda, la Empresa Municipal de Transportes, el Campo de las Naciones y Promadrid- y varios organismos autónomos -entre ellos el Imefe, el Instituto Municipal de Deportes y el Patronato Municipal de Turismo-. Además participa en siete empresas mixtas (parcialmente privatizadas) -la Funeraria, Ifema, Mercamadrid, Club de Campo, Canal de Isabel II, Metro de Madrid y Empresa Mixta de Tráfico (Emitra, que gestiona la grúa)- y en otros organismos como el Consorcio Regional de Transportes o la Casa de América. Los representantes municipales en estas empresas no cobran ningún tipo de sueldo o dieta desde 2000. Hasta ahora, en todos esos organismos -menos en Emitra- estaba presente la oposición:

25. ALCALÁ DE HENARES: UNA EX REGIDORA INHABILITADA, ASESORARÁ AL AYUNTAMIENTO (05/07/03)

Ana Magallares, ex alcaldesa del PP de Chinchón hasta que el Supremo la inhabilitó el año pasado para ocupar un cargo público durante ocho años por un delito de prevariación, ha sido contratada por el Ayuntamiento de Alcalá, del PP, como asesora de turismo. "Es un cargo de confianza, lo que hace su nombramiento compatible con la pena impuesta por el tribunal", afirman desde el gobierno alcalaíno. Ana Magallares ocupará un puesto de "asesora del equipo de gobierno, adscrita a la Concejalía de Turismo y Comercio", según un portavoz municipal. "No es un cargo público, sino un cargo de confianza que no está afectado por la sentencia", añade este portavoz. Ana Magallares fue condenada a ocho años de inhabilitación para ocupar un cargo público en 2000 por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de prevaricación (tomar una decisión injusta y al margen de la ley sabiendo que lo es). La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo en julio del año pasado. Sólo después la alcaldesa dimitió.

26. GOBIERNO REGIONAL: SANIDAD ADMITE QUE MÁS DE 457.000 PACIENTES SE HALLAN EN LISTA DE ESPERA (10/07/03)

Más de de 457.000 personas están a la espera de ser operadas, pasar consulta en un especialista o ser sometidas a una prueba diagnóstica, según datos del Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud). La Consejería de Sanidad admite que el pasado 30 de junio había 56.177 pacientes esperando a que les tocara turno en el quirófano, 97.800 que aguardaban una cita para que les hicieran una prueba diagnóstica (mamografías, ecografías, resonancias magnéticas y TAC) y 304.000 que habían reclamado una consulta con su especialista.

27. AYUNTAMIENTO DE MADRID: NUEVOS DATOS SOBRE LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS DE MANUEL COBO (12/07/03)

Una revista de tirada nacional "pone el acento en varios puntos. Uno de ellos es que Cobo aseguró que los terrenos de su padre se encontraban a cinco kilómetros de cualquier parada de Metrosur. Según los datos de la revista, alguna de las fincas -hasta 66 llegó a comprar Grucoca Inmobiliaria entre el 87 y el 89 en los municipios del sur de Madrid- se encuentra a 900 metros de una estación de Metrosur: la del polígono El Casar en Getafe.

Dicha revista resalta también que cuando Gallardón presentó el proyecto Metrosur Grucoca Inmobiliaria, empresa de la que Cobo era apoderado, todavía era dueña de todas estas fincas que ocupaban casi tres millones de metros cuadrados y que poco después de conocerse lo que sería Metrosur Grucoca comenzó a vender. Dice también, y presenta documentos registrales, que la madre y una de las hermanas de Cobo han estado o están vinculadas a empresas de su padre, aunque Cobo sostenía que no mantenían relaciones con él desde la separación.

María Vega, madre del número dos de Gallardón, ha sido vicepresidenta de Inmobiliaria Cobo Calleja y de Construcciones Cobo Calleja hasta el año 2001, y su hermana Nuria es desde finales del año 2000 apoderada de Grucoca Inmobiliaria, y a finales de 2001 figura también como accionista de esta inmobiliaria

Respecto a la Ley de Incompatibilidadescuando Cobo fue nombrado consejero de Presidencia en el 99 no realizó declaración de actividades en la que debían costar todos los apoderamientos que entonces estaban vigentes. Tanto los otorgados por su padre -apoderamientos que Cobo decía desconocer- como el otorgado por su hermana en la empresa Estaciones y Arrendamientos, del que sí dijo que tenía conocimiento.

Los dos momentos coinciden con elecciones autonómicas. En 1991 Cobo entra activamente en política. Ese año, en las fechas previas y posteriores a los comicios del 26 de mayo, se producen los movimientos en los consejos de administración de las empresas paternas. Hasta entonces Cobo había ejercido diferentes cargos ejecutivos de los que dimite un mes antes de las elecciones. Diez días después de ser elegido diputado, su padre le otorga un poder general para la administración de las trece sociedades que formaban entonces el grupo familiar.

Elecciones del 95. 22 de junio. Justo cuatro semanas después de las autonómicas que llevan a Gallardón a la presidencia de la Comunidad. La madre y una hermana de Cobo van juntas al notario y el mismo día le otorgan al vice-alcalde sendos poderes. Su hermana Nuria lo apodera en Estaciones y Arrendamientos, empresa que Cobo había dejado de presidir 15 días antes, y su madre lo apodera en la sociedad Marive

28. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL EX CONCEJAL VIÑALS, PROCESADO POR EL 'CASO FUNERARIA', DESIGNADO ASESOR TÉCNICO DEL GRUPO MUNICIPAL 'POPULAR' (14/07/03)

El grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid ha contratado al ex concejal Simón Viñals como asesor técnico del PP municipal. La repesca que ha hecho el nuevo regidor de un antiguo cargo del partido no sería ninguna novedad, salvo por la condición de implicado de Viñals en el caso Funeraria y la proximidad del juicio que le sentará en el banquillo junto al resto de procesados.

En numerosas ocasiones y públicamente, Ruiz-Gallardón ha alabado el trabajo de Simón Viñals en los éxitos del Samur-Protección Civil. La última, el día que Ruiz-Gallardón visitó las instalaciones del servicio de emergencias municipal, en plena campaña electoral.

Lo que sí está claro es que Viñals está dentro de la lista que prepara Ruiz-Gallardón de los 323 cargos de confianza populares y que el vicealcalde, la mano derecha del alcalde, sí tenía conocimiento de la incorporación del edil al nuevo cuerpo de consejeros.

El trabajo de asesor técnico le reportará a Simón Viñals 45.000 euros anuales brutos. Pero aún no se ha decidido si ocupará uno de los despachos de la Casa de la Villa, pues están en la fase de organización de las funciones y de la estructura municipal.

Simón Viñals está imputado por un delito de prevaricación, malversación de fondos públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas, después de que participara en la venta del 49% de las acciones de Funeraria a Funespaña, por 0,60 euros. Unos años después, el patrimonio de Funeraria se valoró en 138 millones.

La Fiscalía Anticorrupción le pide al nuevo consejero de Ruiz-Gallardón seis años de cárcel, mientras que el ministerio público pretende que Funespaña devuelva al Ayuntamiento la participación del 49% y los beneficios de los últimos nueve años. No es el único aprieto al que se tiene que enfrentar el alcalde, un juzgado decretó que el pliego que permitió la privatización era nulo.

29. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL EX CONCEJAL PROCESADO POR EL 'CASO FUNERARIA', ANTONIO MORENO, SERÁ VOCAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CAJA MADRID (18/07/03)

Si primero fue la recolocación de Simón Viñals, ahora le ha tocado el turno a Antonio Moreno. El ex concejal es el segundo edil de la era Alvarez del Manzano imputado y procesado por el caso Funeraria.

La repesca que ya han practicado los populares para colocar a algunos de sus clásicos supone dotar de una función pública al segundo implicado por este asunto en apenas una semana. Si una Comisión de Servicios elevó a Viñals como asesor técnico del grupo, ahora es el mismo ente, el PP municipal, quien ha decidido que el también procesado Antonio Moreno entre en Caja Madrid como uno de los 37 vocales que le representan en la Asamblea General de Caja Madrid.

Entre sus compañeros de lista, destaca también la presencia del mismo José María Alvarez del Manzano, Ignacio del Río, Mercedes de la Merced, Pedro Bujidos, María Tardón o la hermana de Ricardo Romero de Tejada, Cayetana Romero de Tejada.

También será vocal de Caja Madrid por el PP, Jesús Pedroche, el concejal de Ruiz-Gallardón que cesó antes de tomar posesión tras conocerse la sentencia que daba la razón a su secretaria por discriminación laboral. La entidad financiera puede ser un buen camino para la vuelta pública del que fuera consejero de Presidencia y amigo personal del regidor.

Antonio Moreno está imputado de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas, después de que participara en la venta del 49% de las acciones de Funeraria a Funespaña, por sólo 0,60 euros.Poco años después, el patrimonio de Funeraria se llegó a valorar en 138 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para Moreno, al igual que hizo con Simón Viñals, una pena de seis años de cárcel, mientras que el ministerio público pretende que Funespaña devuelva al Ayuntamiento la participación del 49% y los beneficios de los últimos nueve años.

El equipo de Ruiz-Gallardón fue informado al llegar al Ayuntamiento de que estaba abierta una investigación sobre la gestión de Jorge Barbadillo como consejero delegado de la sociedad Campo de las Naciones. El interventor, según la versión que el anterior concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, ofreció a su sucesor en el cargo, Juan Bravo, detectó, en el "mes de enero o febrero", que Barbadillo había realizado pagos con la tarjeta de crédito que no correspondían a los propios de su actividad oficial y que le obligó a devolver estas cantidades.

Bujidos también señaló que el interventor había solicitado más información sobre la gestión de algunas partidas presupuestarias de esta sociedad y sobre la adjudicación de algunas obras que, tras ser otorgadas, sufrían modificaciones. "Aparecen, por ejemplo, pagos a técnicos medioambientales que no deben hacerse por tratarse de empleados municipales", señalan fuentes del equipo de gobierno.

Estas investigaciones, que se prolongan desde el pasado mes de febrero, no fueron puestas en conocimiento de los representantes de la oposición en el consejo de administración. Fue con la llegada del nuevo equipo municipal cuando los miembros de la oposición -uno del PSOE y uno de IU- fueron informados de que estaba en marcha una auditoría.

El ministro de Administraciones Públicas y secretario general del PP, Javier Arenas, afirmó que es partidario de que se investigue "a fondo, con todas las consecuencias", la gestión desarrollada por Barbadillo.

31. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL PP IMPIDE CREAR AHORA UNA COMISIÓN QUE INVESTIGUE EL CAMPO DE LAS NACIONES (28/07/03)

Ruiz-Gallardón se comprometió, cuando fue elegido presidente de la Comunidad en 1995, a crear comisiones de investigación siempre que las pidiera la oposición, aunque ésta no contara con mayoría. Ahora, ocho años después y en otra institución, no permitió ni siquiera que se procediera a la votación de una proposición de urgencia presentada por la oposición en la recta final del pleno y que reclamaba una comisión sobre las supuestas irregularidades del Campo de las Naciones. El alcalde se aferró al reglamento para lograr que se votara primero si los grupos consideraban urgente debatir esa propuesta: socialistas e IU sí lo consideraron urgente, pero el PP no, así que la propuesta no llegó a votarse y mucho menos a debatirse.

La gestión del Campo de las Naciones está siendo sometida a una auditoría interna encargada por el nuevo gobierno municipal tras destaparse que el ex consejero delegado de la entidad, Jorge Barbadillo, ha estado devolviendo -en silencio y con el conocimiento del ex concejal de Hacienda, Pedro Bujidos- dinero público que presuntamente se había gastado antes en viajes privados. La oposición quería que, paralelamente a esa auditoría, el Ayuntamiento constituyera una comisión de investigación con todos los grupos.

32. AYUNTAMIENTO DE MADRID: ÁLVAREZ DEL MANZANO, NOMBRADO PRESIDENTE DE IFEMA A PETICIÓN DEL REGIDOR (31/07/03)

José María Álvarez del Manzano, ex alcalde de Madrid que debe a las arcas públicas 103.000 euros que se gastó, según el Tribunal de Cuentas, en viajes privados, es desde ahora el presidente de la junta rectora de la Institución Ferial de Madrid (Ifema), "escaparate de la ciudad" de cara al exterior, según el actual alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. Apenas una hora después de justificar, en su afán de "modernidad, vanguardia y dinamismo", el traslado de las dependencias municipales al Palacio de Correos, Ruiz-Gallardón aplaudía en la sede de Ifema un nombramiento propuesto por él mismo hace semanas.

La junta rectora de la entidad -compuesta por la Comunidad, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y Caja Madrid- aprobó por unanimidad que Álvarez del Manzano sea presidente, y en próximas reuniones fijará su nuevo sueldo, que rondará, probablemente, los 96.000 euros anuales (lo mismo que cobraba de alcalde). Ese cargo era, hasta ahora, no remunerado. De hecho, ninguno de los miembros de los órganos representativos de Ifema -la junta rectora, el comité ejecutivo y el comité de planificación y organización- cobran nada, según el director general de la institución, Fermín Lucas.

Para que el ex regidor siga siendo presidente de Ifema, como hasta ahora, ha sido necesario modificar el artículo 7 del estatuto de esta empresa semipública, que ligaba indefectiblemente el cargo de presidente al de alcalde de la capital. La modificación da la opción al regidor de asumir el cargo o delegarlo en alguien "designado por él". Ruiz-Gallardón ha elegido a Álvarez del Manzano porque representa "lo mejor" de la ciudad. El nombramiento "no es una recompensa por los servicios prestados, sino una apuesta de futuro", aseguró el actual alcalde antes de alabar la "profesionalidad" y "saber hacer" de su predecesor.

Álvarez del Manzano lo escuchaba con las manos y el gesto recogidos. Después tomó la palabra y declaró: "Estoy enormemente satisfecho de volver a una casa de la que prácticamente no me he ido [ha sido presidente de Ifema, aunque sin cobrar, durante sus 12 años de alcalde]. Esto es un reto para mí, porque la competencia es grande. Agradezco a Ruiz-Gallardón su generosidad y confianza al proponer mi nombre. Procuraré no defraudar esa confianza". Y agregó: "Estamos aquí para servir a la ciudad de Madrid, empezando por el alcalde y siguiendo por mí".

33. MAJADAHONDA: DATOS SOBRE LAS RELACIONES INMOBILIARIAS DE ROMERO DE TEJADA (12/08/03)

18 de julio de 2000. Romero de Tejada es alcalde de Majadahonda y secretario general del PP en Madrid. Concede una licencia de obras a la constructora NECSO para una promoción de 82 viviendas de lujo sin tener en cuenta el informe desfavorable del arquitecto municipal. Justo seis días después, esta empresa, NECSO, ingresa diez millones de pesetas en la cuenta del consistorio como donativo para las fiestas patronales.

Romero de Tejada dice a "Interviú" que sí que es cierto que el proyecto inicial de NECSO vulneraba las normas vigentes pero que llegaron a un acuerdo con la empresa y lo modificó. Sobre el informe desfavorable del arquitecto municipal, argumenta que los técnicos están para informar y los políticos para tomar decisiones. Pero esto no es del todo cierto porque, según la denuncia que los socialistas han presentado en la Fiscalía, el informe del arquitecto es vinculante para la autoridad política si no se pide una segunda opinión, como fue el caso

Romero de Tejada combina y ha combinado durante años su labor política con la empresarial. El ejemplo más significativo, según "Interviú", es su participación en Trasmediterránea, a la que llegó por una decisión política cuando todavía era una empresa pública. El caso es que Romero de Tejada fue nombrado consejero de Trasmediterránea en representación de la SEPI y en el acuerdo de su nombramiento se especificaba que el dirigente era además accionista de la naviera.

Cuando Trasmediterránea se privatiza, se adjudica un consorcio liderado por la constructora ACCIONA, dueña de NECSO, la que construyó en Majadahonda las viviendas de lujo.

Cuando la privatización de la naviera se completa, Romero de Tejada ya no puede seguir en la empresa como representante público, y entonces, justo dos días antes de la primera junta de accionistas de Trasmediterránea, ACCIONA crea una filial, que se llama Soconfil y que es la sociedad a través de la que Romero de Tejada la representa.

Hay otra empresa más que creó el propio Romero de Tejada con un cuñado suyo, y de la que el popular fue administrador hasta el 99. Se llama Arquimoby y se dedica al alquiler, arrendamiento y compraventa de fincas rústicas

34. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL EX DELEGADO DE CAMPO DE LAS NACIONES UTILIZÓ 84.000 EUROS EN GASTOS PROTOCOLARIOS (17/08/06)

El ex consejero delegado de la empresa municipal Campo de las Naciones, Jorge Barbadillo, gastó más de 84.770 euros en concepto de relaciones públicas y gastos de representación, con cargo a dos tarjetas de crédito oficiales, entre los años 1999 y 2003. De esta suma, Barbadillo empleó 7.391 euros en sufragar estancias en el hotel Sofitel, cercano al Campo de las Naciones, en zapatos, pagos a grandes almacenes y restaurantes de Brasil, Cuba e India, entre otros gastos. Barbadillo devolvió los 7.391 euros tras recibir una advertencia del interventor municipal.

Jorge Barbadillo fue concejal de Comercio en la legislatura de 1995-1999 en el gobierno municipal de José María Álvarez del Manzano (PP) y en la siguiente desempeñó el cargo de consejero delegado del Campo de las Naciones hasta que dimitió el 12 de mayo pasado, sólo 15 días antes de las elecciones, alegando "motivos personales".

Dos informes del interventor municipal, Jesús González Pueyo, uno firmado el 21 de julio de 2003 y otro el 20 de diciembre de 2002, ilustran sobre el monto de los gastos de Barbadillo con sus dos tarjetas de crédito (una Visa y la otra American Express) a cargo de la empresa municipal Campo de las Naciones. Las dos tarjetas fueron canceladas el pasado 6 de mayo.

El interventor señala que con estas tarjetas Barbadillo llevó a cabo gastos por valor de 7.391 euros "que no estaban a priori relacionados con las actividades institucionales de la empresa".

Entre estos gastos se cuentan 11 estancias en el el hotel Madrid Sofitel, enclavado cerca de la empresa Campo de las Naciones. Cada una de las estancias costaba, como mínimo, 157 euros. Además, Barbadillo cargó a cuenta de su Visa oficial los siguientes gastos: compras en El Corte Inglés (261 euros), una comida en un restaurante de Brasil (195 euros), compras en Hipercor (150 euros), un hotel en India (240 euros) y gastos varios en ese país (205 euros) y un hotel en Cuba (394 euros), entre otros pagos. Con la tarjeta American Express los pagos fueron los siguientes: compras en el Hipercor (282 euros), un hotel y un restaurante en Brasil (640 y 114 euros, respectivamente), gastos varios en India (1.223 euros) y compras en tienda de calzado de lujo Tods (250 euros).

El interventor añade: "Puesto en conocimiento de la sociedad [Campo de las Naciones] este hecho [los gastos por valor a 7.391 euros], se nos indicó que efectivamente estos gastos tenían carácter personal y se habían producido por un error involuntario en la utilización de las mismas por parte del consejero delegado, que en consecuencia procedía a reintegrar dichas cantidades a las cuentas de la sociedad". El entonces concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, también conocía ya en enero las irregularidades. PSOE e IU denuncian que el PP mantuviera en el cargo a Barbadillo hasta las elecciones.

Con respecto a los otros gastos de las tarjetas, es decir, los que corresponden a los 77.379 euros, el interventor asegura que Campo de las Naciones "carece de las facturas o recibos que permitan identificar el concepto y contenido específico de cada uno de los gastos inherentes a los cargos que figuran en las relaciones señaladas, lo que impide constatar si dichos gastos se adecúan al funcionamiento de la sociedad y a los fines establecidos en sus estatutos".

35. GOBIERNO REGIONAL: EL DIRECTOR DE SUELO HIZO NEGOCIOS CON ADJUDICATARIOS DE SOLARES PÚBLICOS (22/08/03)

La sociedad Whistle, SL, cuyo consejero delegado es el director general de Suelo de la Comunidad de Madrid, José María Erenas Godín, permutó con la inmobiliaria Bigeco una finca de 7.308 metros cuadrados en Daganzo (Madrid) en abril de este año. Los documentos de la operación detallan que Whistle, constituida en diciembre de 2002, permutó la finca con Bigeco por 524.445 euros y 13 parcelas "totalmente urbanizadas", valoradas en otros 901.518 euros. Bigeco es un grupo muy activo en los Consorcios Urbanísticos de la Comunidad, en los que Erenas participa por su cargo.

El alto cargo de la Comunidad ha precisado que, a pesar de figurar en el Registro Mercantil como consejero delegado de Whis-tle, SL, al igual que dos hermanos suyos, no tomó "ninguna decisión sobre la operación, ni firmé la escritura". Según Erenas, la operación de permuta de la finca, "totalmente legal", fue una decisión que adoptó su madre, que tiene más de 80 años, es propietaria del 98,5% de las acciones de Whistle SL y preside la sociedad.

La madre del alto cargo aportó para constituir Whistle SL, en diciembre de 2002, la finca intercambiada cuatro meses después con Bigeco en Daganzo (una localidad de 2.500 habitantes situada a 31 kilómetros de Madrid). Dicha finca, según Erenas Godín la heredó su madre "cuando tenía 11 meses". "Ha sido de mi familia desde hace más de 100 años".

José María Erenas figura en el Registro Mercantil como administrador de diversas empresas. En algunas de ellas, como Tres Cantos SDA, Arpegio y Parque Temático de Madrid, Erenas participa por su cargo de director general de Suelo, que ocupa desde 1995. Pero el director general participa también en otras tres empresas de forma privada. Se trata de Alcalia SA y Dauco SL (sin actividad desde hace tiempo, según fuentes de la Comunidad de Madrid) y Whistle SL. Esta última sociedad es la que ha cerrado la operación de permuta de terrenos con el grupo Bigeco, adjudicatario de diversas parcelas en los Consorcios Urbanísticos que promueve la Comunidad de Madrid junto con los ayuntamientos.

Whistle, SL, inició sus operaciones en diciembre de 2002 y tiene como objeto social "la compra, venta, alquiler, permuta, parcelación, desarrollo, edificación, explotación, comercialización, promoción y construcción y, en general, toda clase de actuación sobre terrenos, urbanizaciones, hoteles, edificios, garajes, complejos residenciales, comerciales, industriales o deportivos y de recreo". La sociedad fue constituida por José María Erenas Godín, su madre y dos hermanos con un capital de 1.221.387 euros. José María Erenas Godín y sus hermanos aportaron a la sociedad 6.000 euros cada uno. La madre aportó la parcela heredada (finca 3063-N) de 7.308 metros cuadrados valorada en 1.203.387 euros.

Whistle SL fue inscrita en el registro mercantil el 3 de febrero de 2003, apenas un mes antes de que firmara la escritura de permuta de la finca con Bigeco, operación que, a su vez, fue inscrita en el registro de la propiedad el 30 de abril de 2003.

La operación cerrada con el grupo Bigeco consiste en la transmisión, mediante permuta, de la finca que constituye el núcleo patrimonial de Whistle. La finca se valora para la operación en 1.425.962 euros. Bigeco paga en el acto 524.444,6 euros. la cantidad se reparte en tres cheques bancarios. Para completar la operación, los documentos registrales detallan que Whistle SL podrá optar entre cobrar 901.518,16 euros en metálico, antes del 1 de abril de 2004 o, según la escritura de permuta "recibir por dicho valor, totalmente urbanizadas, trece parcelas, integrantes del Proyecto de Reparcelación por Compensación de la Unidad de Ejecución número nueve denominada U9-1 de Daganzo, parcelas números once a la veintitrés, ambas inclusive".

Whistle SL, siempre según la escritura, deberá notificar a Bigeco la forma de pago elegida (metálico o parcelas) "no más tarde del día 15 de marzo de 2004, entendiéndose que, a falta de comunicación, opta por recibir las trece parcelas indicadas, libres de cargas y arrendatarios, con cuya entrega se cumple la permuta". La entrega debería realizarse "como máximo" el 1 de abril de 2004, si bien, Whistle concede "a la mercantil Bigeco una prórroga de hasta un máximo de tres meses más, por si dicha sociedad no efectuara la entrega en el plazo previsto".

El grupo inmobiliario Bigeco es uno de los más activos en las adjudicaciones de los Consorcios Urbanísticos impulsados por la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos desde el año 1997. Según la documentación disponible, Bigeco y sus participadas, Levantina de Explotaciones Residenciales y Castellterçol, han logrado la adjudicación de 1.427 viviendas (el 6,4% de los 22.120 pisos adjudicados por los Consorcios). La mayor parte de las viviendas de promoción pública adjudicadas al grupo (1.113) lo han sido en Parla y especialmente en los años 2002 y 2003.

36. GOBIERNO REGIONAL: LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS PROTEGIDOS EN MADRID SE REDUJO A LA MITAD CON EL PP (24/08/03)

La construcción de pisos protegidos en Madrid se ha reducido a la mitad desde que el PP gobierna la Comunidad. En el periodo 1989-1995 se iniciaron cada año una media de 6.053 pisos (15,4% del total construido), mientras que en el siguiente, 1996-2002, sólo 3.931 pisos (7,2% del total). Según datos de la asociación de cooperativas Agecovi, basados en los estudios de Fomento y de la Consejería de Obras Públicas, si en 1995 el porcentaje de viviendas protegidas iniciadas en Madrid era del 12,1% (6.431), en 2002 ese porcentaje se redujo al 1,5% (995 viviendas).

Los diferentes métodos de contabilizar viviendas (visadas, construidas, finalizadas, iniciadas...) explican que la comunidad sostenga que la comparación entre "la etapa de Joaquín Leguina [PSOE]" y la de Alberto Ruiz-Gallardón sea favorable a este último. "Entre 1989 y 1995 se iniciaron 35.000 viviendas en los distintos consorcios y entre 1995 y 2003 se iniciaron un 60% más" sostiene la Consejería de Obras Públicas.

Pero Agecovi, que agrupa a 57 empresas gestoras de cooperativas de toda España, denunciará esta semana en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la fuga de dos diputados del PSOE la caída de la construcción de viviendas protegidas.

Este hecho explica, según las cooperativas, parte de la carrera al alza de los precios de la vivienda desde finales de los años 90. Agecovi firmó en plena campaña electoral un acuerdo con el candidato socialista a la presidencia regional, Rafael Simancas, para promover suelo en el que construir 50.000 viviendas de precio tasado. El acuerdo, firmado ante los medios de comunicación, ha sido presentado por el PP como un negocio especulativo destinado a favorecer empresas afines al PSOE con más de 5.000 millones de euros. En el momento de la firma, sin embargo, no provocó ninguna crítica ni reacción.

Según los datos facilitados por el presidente de Agecovi, Orencio Osuna, mientras el negocio constructor crece sin parar, la vivienda protegida disminuye. El total de viviendas iniciadas en Madrid creció un 114% en 10 años (31.044 pisos iniciados en 1992 y 66.488 iniciados en 2002), pero el promedio anual de viviendas a precio asequible disminuía a la mitad, del 15,4% en 1989-1995 al 7,2% en 1996-2002. La situación, según Osuna, es grave "ya que el 60% de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tienen rentas que sólo les permiten acceder a viviendas de protección oficial".

Los consorcios públicos de suelo promovidos por el Gobierno regional y los ayuntamientos de la comunidad, siete en el periodo 1989-1995 y ocho después de 1995 (existen otros cinco constituidos pero no adjudicados) también han notado esa inclinación en detrimento de la vivienda protegida. Siempre según los datos de Agecovi, de las 34.193 viviendas construidas en los consorcios en el periodo 1989-1995, sólo 4.383 eran de precio libre. En los consorcios adjudicados después de 1995, con 28.954 viviendas, los pisos de venta libre se duplicaron hasta alcanzar la cifra de 8.515. Al mismo tiempo, languidecía el papel de las cooperativas, muy afectadas por el escándalo de PSV (la cooperativa de UGT). Entre 1989 y 1995, las cooperativas construyeron en Madrid 26.242 viviendas en los consorcios (el 76,8% del total) y desde 1995, sólo 10.753, el 37,14% del total.

37. GOBIERNO REGIONAL . ESPERANZA AGUIRRE SE NIEGA A HACER PÚBLICO SU PATRIMONIO (02/09/03)

Aguirre anunció que no secundará al candidato socialista." No quiero hacerlo. No me da la gana que se sepa en qué pueblo de Salamanca está mi finca porque es un sitio muy pequeño. Si yo anunciara mi patrimonio, la gente diría: ¡anda!, si decían que era rica, y no es para tanto” .

Por su parte, Rafael Simancas aseguró que los ciudadanos de Madrid cada vez exigen "más transparencia, más claridad, más luz, y más detalles sobre el patrimonio de quienes se dedican a la actividad pública, sobre todo de los que pretenden gobernar en la Comunidad". Además, el candidato socialista subrayó que los madrileños tienen derecho a preguntarse qué es lo que trata de ocultar Esperanza Aguirre, y por qué no pueden conocer el valor del palacete del siglo XIX que tiene en pleno centro de Madrid; de la finca que, al parecer, posee en Salamanca; de los cortijos que tiene en Guadalajara, así como de la fresneda que posee en El Escorial, o de las acciones que pueda tener en múltiples empresas.

38. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL FISCAL DEL 'CASO FUNERARIA' RECLAMA QUE ESTE ASUNTO PASE A SER ENJUICIADO POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL (18/09/03)

El fiscal del caso Funeraria ha elevado un informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se muestra favorable a que sea la Audiencia de Madrid la que enjuicie a los imputados: los ex ediles Antonio Moreno y Simón Viñals; el ex diputado regional Luis María Huete, y tres empresarios de Funespaña.

En julio, el Tribunal Superior dictó una providencia solicitando al ministerio público que se pronunciara sobre si Huete debería ser enjuiciado en el Tribunal Superior, dado que cuando sucedieron los hechos objeto de juicio todavía era diputado autonómico, o si, por el contrario, todo el expediente debería ser remitido a la Audiencia Provincial al haber perdido su condición de aforado en el momento de ser procesado. Ahora, el fiscal ha elaborado un escrito en el que, tras citar jurisprudencia del Tribunal Supremo a favor de ambos supuestos, finalmente se decanta por que el Tribunal Superior se inhiba a favor de la Audiencia madrileña y se juzgue a Huete teniendo en cuenta su situación actual (la de no aforado). Así, argumenta que el Supremo asegura en diferentes sentencias que el tribunal competente para enjuiciar los hechos sería el Tribunal Superior, puesto que, cuando ocurrieron, Huete todavía era parlamentario. Igualmente, el fiscal alega que existen resoluciones que se decantan por que el imputado deba ser enjuiciado por el tribunal que le corresponda a la situación en la que se encuentre en el momento de iniciarse el juicio oral. Por último, concluye que, conforme a la literalidad de la ley, debe ser la Audiencia de Madrid quien se haga cargo del proceso.

39. LAS ROZAS. NUEVA DENUNCIA CONTRA LOS SÁNCHEZ LÁZARO POR OTRO "PELOTAZO" URBANÍSTICO (19/09/03)

Los hermanos Sánchez Lázaro se enfrentan a una nueva denuncia judicial, en este caso por un pelotazo inmobiliario. Estos empresarios, que han tenido en nómina hasta hace días al secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, obtuvieron plusvalías millonarias después de acordar con el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) la recalificación de terrenos de su propiedad en el municipio.

En marzo del pasado año, los hermanos Sanchez Lázaro compraron en Las Rozas por 1,5 millones de euros (unos 250 millones de pesetas) una finca de 29.000 metros cuadrados no apta para la construcción de viviendas. En poco más de un mes, vendieron este terreno por 900.000 euros más (unos 150 millones de pesetas más).

La razón de esta cuantiosa plusvalía que se embolsaron los hermanos Sanchez Lázaro queda clara en la escritura de compra-venta del terreno. En este documento, los hermanos Sanchez Lázaro declaran haber firmado un convenio con el Ayuntamiento de Las Rozas por el que en este suelo se podrían construir viviendas en menos de 10 años.

Por eso, los hermanos no se contentaron con esos 900.000 euros (150 millones de pesetas) sino que además en el contrato exigen un porcentaje más cuando el terreno aumente su edificabilidad. El comprador de la finca es el Grupo Parquesol, empresa vinculada otra famosa pareja: Alberto Cortina y Alberto Alcocer.

Pocos meses antes de esta operación Fernando Sánchez Lázaro asistía junto a Romero de Tejada y el alcalde popular de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, a una cacería en la finca del secretario general del PP en Extremadura.

Una asociación de ciudadanos ha denunciado ante el juez esta maniobra urbanística en la que ven delito de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Los denunciantes afirman que este plan prevé la recalificación de una sola finca que es, precisamente, de los Sánchez Lázaro. Según sus estimaciones, cuando se produzca la recalificación de los terrenos los beneficios para los hermanos pueden superar los 4,8 millones de euros (unos 800 millones de pesetas).

Inscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos de la localidad de Las Rozas que venden los hermanos Sánchez Lázaro. En el párrafo destacado los vendedores señalan que han firmado un acuerdo con el Ayuntamiento para recalificar ese suelo.

Este es el listado de los participantes a la cacería que se produjo en Extremadura y a la que acudieron Ricardo Romero de Tejada (secretario general del PP en Madrid) Fernando Sánchez Lázaro, el alcalde de Las Rozas (Bonifacio de Santiago), y Narciso de Foxa (concejal de Urbanismo en Majadahonda).

40. GOBIERNO REGIONAL: EL PP CONSIDERA "ACCESORIO" QUE SE SEPA EL PATRIMONIO DE AGUIRRE (23/09/03)

El portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Luis Eduardo Cortés, considera "absolutamente accesorio" para los ciudadanos madrileños conocer el patrimonio de Esperanza Aguirre, tal y como ha exigido reiteradamente el candidato socialista, Rafael Simancas.

Cortés señaló: "De ese tema le corresponde hablar a la propia Esperanza Aguirre, pero mi opinión es que en este momento de lo que hay que hablar y de lo que hay que ocuparse es de lo que preocupa a los ciudadanos: el transporte, el empleo, la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana". "Ésas son las cosas que de verdad preocupan a los ciudadanos, y para resolverlas es para lo que se nos paga a los políticos. Lo demás", afirmó Luis Eduardo Cortés, "no me parece ni bien ni mal, pero lo considero cosas absolutamente accesorias y que no van al meollo de la cuestión".

41. CHANCHULLOS POPULARES: EL PP PAGA LA SEGURIDAD SOCIAL DE ROMERO DE TEJADA (25/09/03)

El PP nacional paga la Seguridad Social al secretario regional del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, desde el 9 de septiembre, después de que éste se diera de baja en la empresa MIC Servicio de Copias, una sociedad del grupo empresarial Sánchez Lázaro, con intereses en el sector inmobiliario.

Durante la comisión de investigación que se celebró en el mes de agosto en la Asamblea de Madrid, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se había producido la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, se tuvo conocimiento de que el secretario general del PP de Madrid no estaba contratado por su partido, sino por esta copistería. Romero de Tejada no mencionó este hecho ante la comisión de investigación, aunque informaciones posteriores revelaron la relación entre Romero de Tejada y los hermanos Sánchez Lázaro.

Este "olvido" causó malestar en la dirección del PP de Madrid y Romero de Tejada acabó renunciando a su contrato y dándose de baja en esa empresa. En aquel momento, la dirección nacional del PP aseguró que si Romero de Tejada lo pedía el partido le contrataría y pagaría su seguridad social. También la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que lo lógico es que el PP contratara al secretario general de Madrid.

Por otro lado, se ha conocido que l Audiencia provincial de Cádiz ha condenado a dos empresarios, y tras un acuerdo de las partes, a dos años de prisión por un contrato fraudulento de trabajo. El caso de fraude se asemeja al que cometieron los hermanos Sánchez Lázaro al contratar al secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, para asegurarle una pensión. El caso contra los empresarios acusados de realizar contratos ficticios para que una serie de personas pudieran cobrar pensiones de jubilación de forma fraudulenta ha sido juzgado en Cádiz. La fiscalía pedía seis años de cárcel pero el ministerio público ha llegado a un acuerdo con la defensa y sólo han sido condenados a dos años de prisión.

Los acusados, dos conocidos graduados sociales, padre e hija, han resultado culpables de un delito de falsedad documental y estafa. Tras el acuerdo, no deberán ingresar en prisión ya que carecían de antecedentes penales, aunque sí han quedado inhabilitados para ejercer la profesión durante el mismo periodo. Entre los ejemplos citados por la sentencia se encuentra el de la hermana del mayor de los condenados figuraba como empleada en al menos nueve empresas sin trabajar en ellas para tener derecho a una pensión. De esta manera estas personas que trabajaban en empresas que ya no existían cotizaban a la seguridad social y así accedían a pensiones de jubilación superiores a los 300 euros. A cambio, recibían sumas de dinero indeterminadas que no han trascendido.

Este caso recuerda al de la empresa MIC fotocopias en la que el todavía secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, estaba contratado “unas horillas” (según afirmó él mismo en la comisión de investigación sobre los tránsfugas Tamayo y Sáez) para garantizarse la jubilación. Un asunto del que se desconoce si la inspección de trabajo está investigando.

Además de Romero de Tejada en la empresa MIC fotocopias había al menos otras seis personas en nómina que también figuran como miembros de consejos de administración de varias empresas, algunas de ellas relacionadas con el sector inmobiliario. El portavoz del Gobierno y ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha eludido comentar esta sentencia. A preguntas de la Cadena SER se ha limitado a responder que el hecho de que haya una sentencia es un "hecho determinante".

42. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LAS CUENTAS DEL CONCEJAL DE VIVIENDA (02/10/03)

Nueva solicitud para que se constituya una comisión municipal que investigue los contratos de limpieza adjudicados entre 1999 y 2003 por el anterior concejal del área, Alberto López Viejo, actual número seis de la candidatura del PP a las elecciones autonómicas. Según las cuentas de los últimos cuatro años se concluye que la Concejalía de Limpieza contabilizó 18,4 millones de euros como "reconocimiento extrajudicial de crédito por exceso de ejecución", una figura pensada para cubrir gastos imprevistos y de pequeña cuantía.

Entre 1999 y 2003 la Concejalía de Limpieza gastó, para pagar a las empresas que realizan el servicio, 38,8 millones de euros. Pero, además, autorizó sobre la marcha, a lo largo de la legislatura, otros 18,4 millones de "reconocimiento extrajudicial de crédito por exceso de ejecución". Es decir, pagó ese dinero extra a las empresas de limpieza para que hicieran frente a gastos "imprevistos", que se van produciendo durante el año. La figura del "reconocimiento extrajudicial de crédito" se usa habitualmente para cubrir gastos de pequeña cuantía y para los que no merece la pena realizar una ampliación de contrato. Aimismo llama la atención la gran cantidad de contratos de limpieza "adjudicados a dedo" que ha habido en estos cuatro años: desde 1999 se han pagado "más de 1,2 millones de euros" por el procedimiento de "contrato menor", es decir, sin que medie concurso público. Eso es legal cuando el contrato que se adjudica es por valor inferior a 60.000 euros. Sin embargo, entre los contratos menores de limpieza en estos cuatro años hay varios de 66.000, 150.000 y hasta 180.000 euros. Tampoco tuvieron que salir a concurso, sino que fueron aprobados directamente en Comisión de Gobierno.

43. ARROYOMOLINOS: VERDES ASESORÓ A LOS FRANCO PARA LOGRAR UNA RECALIFICACIÓN EN UN PUEBLO DEL PP (13/10/03)

El abogado José Esteban Verdes, amigo y consejero del tránsfuga Eduardo Tamayo, así como otros destacados miembros del Partido Popular ayudaron a la familia del dictador Francisco Franco para que, en el tiempo récord de 10 meses, el Ayuntamiento de Arroyomolinos, presidido por el 'popular' Juan Velarde, y la Consejería de Urbanismo y Obras Públicas de la Comunidad de Madrid, cuyo titular era Luis Eduardo Cortés, dieran el visto bueno para la recalificación de 3,3 millones de metros cuadrados de la finca Valdefuentes. En la nueva reordenación territorial también salieron favorecidos Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, uno de los 'padres' de la Constitución, y Gabriel Camuñas Solís, ex vicepresidente de AP. La recalificación final de la finca Valdefuentes, que afectó a algo más de 3,3 millones de metros cuadrados, se produjo en el tiempo récord de 10 meses.

En julio de 2000, el Ayuntamiento de Arroyomolinos llegó a un acuerdo con la familia Franco, y en octubre de 2001 salió publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la aprobación de la revisión de las Normas Subsidiarias de aquel municipio. El resto de la finca de la familia Franco transcurre por el Parque Regional del Guadarrama y es de imposible recalificación. La de los 3,3 millones de metros cuadrados de la finca de la familia Franco Polo-Martínez-Bordiu tiene como objeto final la construcción de más de 5.000 viviendas, un centro comercial y un polígono industrial. Las viviendas, por su cercanía con el centro deportivo-comercial Xanadú, serían el pulmón económico del que se serviría el complejo para despegar definitivamente. En esa misma zona, la Comunidad de Madrid tiene previsto construir la carretera de enlace con Madrid M-60.

Detrás de todo este plan inmobiliario se encuentra la empresa constructora San Román, cuyos propietarios son muy amigos de Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde del municipio madrileño de Majadahonda y actual secretario general del Partido Popular en Madrid. Ricardo Romero de Tejada, José Esteban Verdes y los hermanos San Román tienen una afición común que practican con bastante asiduidad, la caza.

44. GALAPAGAR: EL SUPREMO CONFIRMA UNA CONDENA A DOS EX ALCALDES DEL PP (13/10/03)

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de ocho años de inhabilitación a los ex alcaldes de Galapagar ( Madrid ) Fernando Rubio Guillén y Eugenio de Pablo Andrés, ambos del PP, y la de tres años de prisión y 10 años de inhabilitación para el arquitecto municipal Luis Rodríguez Gálvez por delitos de prevaricación y falsedad relacionados con la "caótica y anárquica" situación urbanística de Galapagar.

La sentencia confirma también la condena del ex edil Vicente Berrueco Rubio por un delito de negociaciones y actividades prohibidas al funcionario a 180.000 pesetas de multa y suspensión de cargo público por dos años.

De Pablo, que fue alcalde de de 1995 a 1999, dimitió como concejal el 29 de octubre de 2002, después de que el PP le abriera un expediente por no haber presentado su dimisión cuando la Audiencia de Madrid le condenó en junio del 2001 a ocho años de inhabilitación.

El Supremo ha matizado que los 10 años de inhabilitación impuestos al arquitecto municipal Luis Rodríguez Gálvez lo son para todo empleo de arquitecto en la Administración o institución de dicha naturaleza. Las irregularidades se refieren a la concesión de dos licencias urbanísticas que vulneraban la normativa municipal, en el marco de la "caótica y anárquica" situación urbanística en que estaba Galapagar en 1987, como consecuencia de la "desmesurada oferta de suelo urbano y urbanizable vacante" y de la falta de "una política clara de desarrollo urbano".

Con el objeto de centrar los objetivos urbanísticos, la Comunidad elaboró en octubre de 1987 un plan de revisión del planeamiento urbano de la localidad que fue remitido por la Dirección General de Urbanismo al Ayuntamiento, y en julio de 1988 se acordó suspender las normas subsidiarias de Galapagar en materia de urbanismo, acuerdo que se aprobó por el Consejo de Gobierno en septiembre de 1988.

Sin embargo, tres días antes del acuerdo de la Comunidad suspendiendo el planeamiento, se concedió por unanimidad licencia de obra a Casilda G. G., que había solicitado para construir 13 viviendas adosadas, en nombre de la promotora Pronavata. El aparejador era el ahora condenado Vicente Berrueco Rubio y el proyecto fue informado favorablemente en dos días por el arquitecto municipal.

Las normas urbanísticas sólo permitían edificaciones con un máximo de dos alturas y la parcela mínima edificable debía tener 250 metros cuadrados y una ocupación máxima del 40% sobre la parcela edificable. Sin embargo, se construyeron viviendas de cuatro alturas con un volumen de edificabilidad superior al 30%. La corporación desoyó las quejas de vecinos y un informe de la Comunidad que concluyó que la construcción no se adecuaba con el proyecto de ejecución. En septiembre de 1989, el Gobierno regional solicitó parar las obras. La promotora procedió a modificar la estructura externa de las viviendas dando la apariencia de que tenían dos alturas, lo que provocó perjuicios en viviendas colindantes.

La segunda operación se refiere a una prórroga ilegal también de una promoción de Casilda G. G. para construir 35 viviendas. Esta prórroga validaba una licencia concedida un año antes para edificar viviendas en parcelas de 250 metros cuadrados en una zona donde la normativa urbanística había cambiado y sólo establecía la construcción de chalés unifamiliares en solares de mil metros cuadrados. Rodríguez Gálvez informó favorablemente sobre dos prórrogas solicitadas por la promotora, pero la licencia había caducado cuando se concedió por el Ayuntamiento "una ilegal segunda prórroga".

La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, cobra tres retribuciones públicas: la pensión como ex presidenta del Senado (de 10.000 a 11.000 euros brutos mensuales), un salario mínimo como senadora (600 euros netos) y el sueldo de portavoz y diputada regional sin exclusividad (2.500 euros líquidos). El pasado 15 de julio, la Mesa del Senado confirmó a Aguirre la pensión como ex presidenta de esa Cámara que por ley le corresponde, equivalente al 80% del sueldo que cobraba, a percibir durante dos años tras su cese. Tras recibir la pensión, Aguirre renunció al sueldo de senadora (un mínimo de 3.000 euros brutos), excepto 600 euros líquidos de dicho salario que son "irrenunciables", según Miguel Ángel Villanueva, portavoz de la campaña electoral del PP. A esas dos cantidades que percibe de la Hacienda pública, se suma otra de 2.500 euros líquidos de la Asamblea de Madrid como diputada sin dedicación exclusiva y portavoz del PP.

Llamazares pedirá un informe jurídico sobre los tres sueldos de Aguirre

Aguirre percibe la pensión de 10.000 a 11.000 euros brutos mensuales como ex presidenta de la Cámara alta, un sueldo mínimo de 600 euros netos como senadora (renunció al resto pese a no estar obligada a hacerlo, recuerda el PP) y otros 2.500 euros líquidos como portavoz y parlamentaria de la Asamblea de Madrid, según denuncia IU.El cabeza de lista de IU, Fausto Fernández, abogó, entretanto, por medidas inmediatas. Reclamó a su adversaria del PP que renuncie a las dos retribuciones que cobra del Senado. Fernández opina que Aguirre debería mantener únicamente el sueldo que percibe como portavoz y diputada en la Asamblea sin dedicación exclusiva. No obstante, el número uno madrileño de IU añadió: "No digo que sea irregular, que no sea legal, pero nadie puede defender eso [el cobro de varias remuneraciones públicas] ante los madrileños".Para Fernández, que Aguirre reciba una pensión durante dos años como ex presidenta del Senado y dos salarios de las arcas públicas es "un mal ejemplo para la ciudadanía". El líder regional de IU recordó que si alguien recibe una pensión de viudedad no puede mantener la pensión de su cónyuge.Miguel Ángel Villanueva, portavoz de la campaña de Esperanza Aguirre, anunció ayer que la candidata del PP no va a renunciar a ninguna de las tres retribuciones públicas que cobra -que suman unos 14.000 euros mensuales- porque su percepción es legal y porque otros políticos antes que ella -por ejemplo, el ex presidente Felipe González- han compatibilizado también varios sueldos públicos. www.elpais.es 14.10.03

46. MAJADAHONDA: NUEVO 'PELOTAZO' URBANÍSTICO (22/10/03)

El Ayuntamiento de Majadahonda, que dirige Guillermo Ortega, del PP, ha permitido que un grupo de constructores gane 70 millones de euros con una sencilla operación urbanística: en lugar de construir las 243 viviendas protegidas que debían edificar, el Consistorio les permite construir viviendas de precio libre (mucho más caras). A cambio, los constructores han ingresado en el Ayuntamiento siete millones de euros para que sea el Consistorio el que construya en otra parte del municipio los pisos protegidos.

El pasado 18 de septiembre, la Empresa Municipal de la Vivienda de Majadahonda (Pammasa) subastó los derechos para construir 249 viviendas privadas en una zona del municipio (Roza-Martín), pero los promotores privados que optaron a la subasta, y que también tenían derechos constructivos en esta zona para levantar viviendas protegidas, pagaron al Ayuntamiento para que les eximiera de esta obligación y poder construir todas las casas en régimen de precio libre. A cambio, el Ayuntamiento asumía construir las casas protegidas en otros terrenos.

Una de las promotoras que ganaron el concurso fue Afar 4, del empresario Antonio Cubo, que desarrolló una amplia actividad en este municipio durante el mandato del anterior alcalde, Ricardo Romero de Tejada, hoy secretario general del PP en Madrid.

Romero de Tejada negó ante la comisión de investigación del caso Tamayo que tuviera con Cubo otra relación con él que no fuera la profesional. Dijo conocerlo porque "acudía a todas las subastas de suelo en Majadahonda".

La filosofía que encierra la citada operación urbanística la explica el presidente de Pammasa y primer teniente de alcalde, Narciso de Foxá: "En las parcelas que recibe Pammasa de los empresarios privados por desarrollos urbanísticos [el 10% de cesión urbanística por cada operación], sólo pueden construir viviendas protegidas. Sin embargo, esos suelos sirven para construir vivienda libre. Por tanto, yo tengo unos derechos que no voy a usar [levantar casas de precio libre]. Y es una pena enterrarlos. Por eso se los vendo a los privados, que en su terreno están obligados a construir casas protegidas". En teoría, el municipio no pierde ninguna vivienda protegida, porque Pammasa asume el compromiso de levantar las casas baratas que perdona a los empresarios privados.

La cuestión es que este tipo de operaciones genera un grave perjuicio para los intereses públicos. No sólo se encarece el precio de las viviendas que debían ser protegidas y que pasan a ser de precio libre, sino que esquilma el patrimonio municipal, ya que se libera a los privados de construir viviendas protegidas a un coste muy reducido, y, sin embargo, éstos reciben luz verde para hacer casas de precio libre, que acarrean mayor plusvalía.

Las cifras resultantes son las siguientes: los constructores han compensado al Ayuntamiento con 330,4 euros por metro cuadrado, lo que les supone abonar al Ayuntamiento unos 30.000 euros en el caso de una vivienda de 90 metros. Un piso de este tipo, si fuera de protección pública, sólo podría ser vendido a un máximo de 84.491 euros.

Para averiguar el beneficio obtenido por los constructores, a esos 84.491 euros habría que sumar 30.000 euros por su catalogación como vivienda de precio libre, más otros 30.000 por los cambios de calidades. Una vivienda de precio libre de 90 metros cuadrados como las que ahora edificará esta constructora no vale menos de 420.000 euros.

La diferencia entre el precio de partida de la vivienda protegida, más estos 60.000 euros adicionales (los 30.000 que la promotora ha pagado al Ayuntamiento por edificar los pisos de precio libre y los otros 30.000 por la mejora de calidades) da un beneficio de 275.509 euros por cada casa. El monto extra que han logrado los promotores, debido al giro urbanístico realizado sobre estas 243 viviendas, es de 70 millones de euros, de los que 45 beneficiarán a Cubo,

47. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL CASO DEL EXCONCEJAL LOPEZ VIEJO (13/11/03)

En 1999 el entonces alcalde Álvarez del Manzano lo nombró concejal de Limpieza Urbana y Desarrollo Medioambiental. Hasta entonces había sido concejal de Carabanchel y Usera y, con anterioridad, concejal de Alcobendas. También fue diputado regional en las legislaturas de 1991/1995. En la actualidad es Diputado a la Asamblea de Madrid tras ir como 'número 6' en la lista de Esperanza Aguirre. Fue su Director adjunto en la campaña electoral. Pertenece al denominado Clan de Becerril. Además, es miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Regional del PP de Madrid desde el XII Congreso Regional, celebrado en el mes de septiembre del año 2002.

En Septiembre del año 2002 se vio envuelto en una polémica tras la despedida de solteros de Ana Aznar y Alejandro Agag en la discoteca Gabana de la capital. Varios operarios de limpieza tuvieron que limpiar con rodilla en suelo la acera por donde iban a pasar los invitados. Igualmente, protagonizó un violento altercado durante un mitin de Aznar en Arganda del Rey. Expulsó personalmente a un joven que a gritos se opuso a la guerra de Irak. López Viejo protagonizó otro incidente con los trabajadores de Sintel que estaban desmontando el campamento en la Castellana en el verano de 2001, después de permanecer allí varios meses para protestar por los despedidos de la empresa telefónica. El ex concejal se presentó con una brigada de limpieza y los expulsó de la zona sin mayores miramientos.Según el último informe de la Intervención General del Ayuntamiento, presentado a Pleno el pasado 26 de septiembre, el interventor Jesús M. González Pueyo censura cómo se dispuso del dinero en la Concejalía de Limpieza, contraviniendo las normas contables del Ayuntamiento. Entre 1999 y 2003 la Concejalía de Limpieza gastó, para pagar a las empresas que realizan el servicio, 38,8 millones de euros. Pero, además, autorizó sobre la marcha, a lo largo de la legislatura, otros 18,4 millones de "reconocimiento extrajudicial de crédito por exceso de ejecución". Es decir, pagó ese dinero extra a las empresas de limpieza para que hicieran frente a gastos "imprevistos", que se van produciendo durante el año. La figura del "reconocimiento extrajudicial de crédito" se usa habitualmente para cubrir gastos de pequeña cuantía y para los que no merece la pena realizar una ampliación de contrato. Aimismo llama la atención la gran cantidad de contratos de limpieza "adjudicados a dedo" que ha habido en estos cuatro años: desde 1999 se han pagado "más de 1,2 millones de euros" por el procedimiento de "contrato menor", es decir, sin que medie concurso público. Eso es legal cuando el contrato que se adjudica es por valor inferior a 60.000 euros. Sin embargo, entre los contratos menores de limpieza en estos cuatro años hay varios de 66.000, 150.000 y hasta 180.000 euros. Tampoco tuvieron que salir a concurso, sino que fueron aprobados directamente en Comisión de Gobierno.

Asimismo se ha conocido que los contratos de limpiezas adjudicados desde el año 1994 por los sucesivos concejales (entre ellos, Esperanza Aguirre, Luis Molina y Alberto López Viejo) hasta principios del presente año en el Ayuntamiento de Madrid suman 10.813 millones de pesetas (casi 65 millones de euros). Sin embargo, la concejalía ha desembolsado 26.801 millones de pesetas (161 millones de euros).Para las supuestas irregularidades se han utilizado cuatro procedimientos. El primero consiste en ampliar a posteriori los contratos de adjudicación a las empresas ganadoras de los concursos. Otra fórmula presuntamente utilizada por Aguirre y López Viejo es la superposición de contratos. Es decir, los distintos concejales de Limpieza han pagado dos veces por el mismo servicio, como el barrido de las calles o el borrado de pintadas en las fachadas. El pago de servicios supuestamente extraordinarios fuera del contrato (conocido contablemente como reconocimientos extrajudiciales de crédito) ha elevado la factura otros 2.705 millones de pesetas (16,26 millones de euros). El último sistema de ampliación del gasto está en el Servicio de Limpieza Urgente (Selur), cuyo cometido coincide parcialmente con los contratos de adjudicación primigenios. Se trata de cuadrillas dispuestas las 24 horas del día para atender actos extraordinarios o eventualidades como atentados terroristas o manifestaciones. Esto ha supuesto otros 2.093 millones de pesetas (12,6 millones de euros).

48. AYUNTAMIENTO DE MADRID: RUIZ-GALLARDÓN RECHAZA INVESTIGAR LA GESTIÓN DE LÓPEZ VIEJO (13/11/03)

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que el Ayuntamiento no sustituirá al Tribunal de Cuentas en su labor de investigar la gestión del ex concejal de Limpieza Alberto López Viejo en la pasada legislatura, ante las presuntas irregularidades denunciadas por la oposición. Ruiz-Gallardón hizo estas afirmaciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión de Gobierno, en la que fue preguntado sobre si tiene previsto crear una comisión para investigar dicha gestión. Aunque no dio una negativa explícita por respuesta, dejó entrever que no tiene intención de crear, por el momento, esta comisión que le reclama la oposición, puesto que, aseguró, a quien corresponde llevar a cabo esta función es al Tribunal de Cuentas. Señaló también que, "como siempre", se ha remitido esta investigación al Tribunal de Cuentas y que, si se detectase que existe "la más mínima irregularidad", se actuaría de acuerdo con lo que determine esta institución. De todas formas, el Gobierno municipal va a devolver unos 900.000 euros a varias empresas adjudicatarias del servicio de limpieza urbana que adelantaron dinero en la anterior legislatura a cuenta de los gastos para campañas de publicidad. El alcalde ha ordenado "poner a cero" la contabilidad en esa concejalía y acabar con un sistema por el cual las empresas de limpieza contrataban directamente la publicidad, sin intermediación directa y "sin control ninguno". Al ser preguntado sobre si ha cambiado de criterio respecto a cuando se encontraba en la oposición y cuando su grupo pedía la creación de comisiones de investigación, Ruiz-Gallardón respondió que desde que en 1995 llegó al Gobierno regional siempre ha mantenido la misma actitud. El alcalde resaltó que su criterio siempre ha pasado por dejar que cualquier asunto sea investigado por los organismos a los que corresponde, en este caso al Tribunal de Cuentas, al que, insistió, el Ayuntamiento de Madrid "no puede sustituir".

49. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA VOCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DISCREPA DE LA ABSOLUCIÓN A MANZANO (19/11/03)

Ana María Pérez Tórtola, presidenta de la sala del Tribunal de Cuentas que ha absuelto al ex alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano de uso indebido de fondos públicos, ha formulado un voto particular en el que discrepa de sus dos compañeros. Pérez Tórtola, afirma que existe legislación para condenar a Manzano por su infracción presupuestaria. El fallo sostiene que no hay una normativa específica por la que se pudiera condenar al ex regidor por haber gastado 103.776 euros (17,2 millones de pesetas) en donativos a entidades religiosas, regalos y viajes privados. Esta sentencia fue aprobada por dos de sus tres vocales (los propuestos por el PP).

El Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia de este mismo organismo, que condenó el 10 de abril de 2003 al ex regidor Álvarez del Manzano por uso privado de fondos públicos. Esta nueva decisión contó con los votos a favor de Antonio de la Rosa Alemany y Javier Medina Guijarro, ambos propuestos por el PP, y el voto en contra de Pérez Tórtola, propuesta por el PSOE.

En los 16 folios que conforman su voto discrepante, Pérez Tórtola sostiene que el ex alcalde cometió una infracción presupuestaria y negligencia al gastarse 103.766 euros en donativos, regalos a personas de su confianza y viajes privados. El alcalde dispuso desde 1991 de una cuenta restringida de 42.689 euros anuales (7,1 millones de pesetas). Sólo rindió cuentas del uso de esa cuenta cuando se destapó sus gastos, en febrero de 2000.

La defensa de Álvarez del Manzano argumenta que los regalos hechos por el ex regidor a personas de su confianza, los viajes de su esposa, María Eulalia Miró, el pequeño sueldo que pagaba a la costurera de ésta y los desplazamientos a bodas y actos privados son gastos de representación, protocolarios o de tipo benéfico-social.

La sentencia sostiene que como no existe una norma presupuestaria o contable que regule ese tipo de gastos, el ex alcalde no cometió ninguna ilegalidad. Por contra, la vocal Pérez Tórtola considera que Manzano sí cometió una infracción y que, además, existe una normativa que regula los gastos protocolarios o de tipo benéfico-social. Pérez Tórtola va desde el Código Civil hasta la Constitución para discrepar de la sentencia.

Según la magistrada, ninguno de los gastos de Álvarez Manzano entra dentro de lo que la orden ministerial de 20 de septiembre de 1989 establece como tales, es decir, "gastos para fines religiosos, ayudas a organizaciones cívicas, medios de comunicación, sindicatos o partidos políticos". Según esta orden, el gasto protocolario es aquel originado por la celebración y desarrollo de actos de relevancia social o que se derivan de las funciones ejercidas por el cargo público.

La sentencia asegura que, al estar sometidos los gastos del ex alcalde a la discrecionalidad de la autoridad, existe dificultad para saber si hay culpa en el gestor. Pérez Tórtola recuerda que la sentencia cita una circular de 1966 para llegar a la conclusión de que no era necesaria la justificación de los fondos asignados en concepto de atenciones protocolarias. Pero, según la magistrada, esta circular, además de estar sin vigor, sólo se refería a la gestión de fondos reservados por parte de la Administración del Estado, y en ningún caso puede utilizarse en el ámbito local.

Para desmontar este argumento, Pérez Tórtola recurre a la Constitución, y señala que ésta prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. "Debe señalarse que nos hallamos ante un gasto público, y que como tal está sujeto al control jurisdiccional de los actos de las administraciones públicas", afirma la magistrada.

Pérez Tórtola recuerda que la anterior sentencia del Tribunal de Cuentas, de 10 de abril de 2003, señala que los "donativos, pagos en especie, regalos, etcétera, no responden a ningún interés público, sino más propiamente a la mera liberalidad, e incluso a caridad personal, y bajo ningún concepto pueden ser asumidos por los fondos municipales".

50. AYUNTAMIENTO DE MADRID: DETECTADOS NUMEROSOS PAGOS SIN JUSTIFICAR DEL CONSEJERO DELEGADO DE CAMPO DE LAS NACIONES (05/12/03)

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que ha enviado el informe de la Intervención General del Ayuntamiento al Tribunal de Cuentas para que sea este organismo el que determine si existen responsabilidades en la gestión que hizo entre 1999 y 2000 el ex concejal Jorge Barbadillo Griñán al frente de la Empresa Municipal Campo de las Naciones. Esta investigación ha detectado numerosas irregularidades contables, como pagos efectuados por el ex edil con dos tarjetas de crédito y la ampliación de capital de contratos sin recibir el preceptivo visto bueno del consejo de administración de la empresa, máximo órgano gestor de Campo de las Naciones.

El informe recoge que el dinero para los que no hay justificación o se han pagado conceptos que nada tenían que ver con su actividad suman unos 206.000 euros. Barbadillo pagó desembolsos con una tarjeta Visa y otra American Express del Banco Santander Central Hispano. Entre ellos están alojamientos en hoteles, restaurantes y diferentes conceptos (zapatería o boutique), que nunca justificó, por un montante de 65.293 euros.Los viajes también son un capítulo importante. Entre ellos hay desplazamientos a Barcelona, Roma, Helsinki, París y Milán por un montante de 109.697 euros. El motivo fue ver instalaciones similares al Rockódromo. El informe recoge que estos gastos no están suficientemente justificados. Además, según un resumen elaborado por la Intervención General, quedan por justificar 11.310 euros de esas cantidades. En otras ocasiones, se carecía "de las facturas o recibos" que permitieran identificar el concepto y el contenido específico de cada uno de los gastos, lo que impedía constatar si esos gastos se adecuaban al "funcionamiento de la sociedad y a los fines establecidos en sus estatutos".

Otro capítulo de irregularidades ha sido lo que contablemente se conoce como suplidos. Se trata de anticipos a diverso personal de la empresa por un total de 7.578 euros entre noviembre de 1999 y mayo de 2003 (final del mandato) en el caso de Barbadillo y de otros 20.256 euros para el resto de personal de la empresa. Los auditores reconocen que no se pueden pronunciar sobre su correcta aplicación ante "la ausencia de un adecuado control y seguimiento" por parte de Campo de las Naciones y por "la falta de precisión y concreción de los registros contables correspondientes".

Barbadillo también gastó 51.100 euros en gratificaciones extraordinarias a una serie de empleados "por su mayor dedicación". En concreto, les premió por el acontecimiento deportivo de la Asociación de Tenis Profesional (ATP) y por su participación en la preparación del Congreso Mundial de Alta Velocidad Eurail Speed 2002. La Intervención General entiende que "no se justifican y valoran los importes percibidos", ya que no se hace mención ni al precio de la hora en función de la categoría profesional del trabajador "para justificar objetivamente las gratificaciones concedidas". "El consejero delegado [Barbadillo] no estaría facultado, en nuestra opinión, para aprobar tales justificaciones. Sería el consejo de administración el que tendría la competencia originaria en esta materia", señala el informe.

La baja voluntaria de la responsable de Relaciones Externas de Campo de las Naciones, Marta Leguina Fernández-Ávila, supuso el desembolso de 22.999 euros, sin que le fuera retenido el gravamen del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), cuyo importe alcanzaría los 5.290 euros. "Campo de las Naciones deberá reclamar dicha cantidad a la interesada", concluye el informe.

Uno de los puntos en los que hace hincapié el informe es en la contratación, donde la Intervención General reconoce una falta total de seguimiento de las obras encargadas, por lo que no se puede concluir que los adjudicatarios las hubiesen realizado en su totalidad. Además, los técnicos del Campo de las Naciones no han elaborado el correspondiente informe y, cuando lo han hecho, no han dejado claro la correcta ejecución de las obras o sus posteriores modificaciones. Además, el consejero delegado ha asignado directamente contratos por valor superior a 240.000 euros (el montante máximo legal por el que Barbadillo podía firmar contratos sin pasar por el consejo de administración). Entre ellos destaca un circuito cerrado de televisión por un importe de 247.276 euros, un informe de control de calidad del Rockódromo por 265.701 euros y acondicionamiento del pabellón Icona por 276.144 euros.

Además, los concursos que fueron adjudicados se modificaban al alza y, en la mayoría de las ocasiones, el consejo de administración sólo se da por enterado, sin entrar en más consideraciones. Sus componentes están conformes con la información facilitada por Barbadillo. Entre estos casos está un aparcamiento disuasorio en la calle existente entre los pabellones de Guipúzcoa y La Rioja (Casa de Campo) con un presupuesto de 179.435 euros, que luego se amplió en otros 200.753. Un ejemplo parecido se da con la ampliación de la calle de los restaurantes, en la Casa de Campo, cuyo presupuesto inicial de casi 1,4 millones de euros se amplió después en otros 208.395, según el informe.

51. AYUNTAMIENTO DE MADRID: BARBADILLO DEJÓ SIN JUSTIFICAR PAGOS A CONSTRUCTORAS POR 250.000 EUROS (12/12/03)

El interventor general ha destapado que el ex concejal Jorge Barbadillo Griñán, en su etapa de consejero delegado del Campo de las Naciones, modificó al alza contratos adjudicados a las constructoras que dejó sin justificar. En sólo cinco meses, Barbadillo, cuya gestión ha sido enviada al Tribunal de Cuentas, elevó en 250.000 euros los contratos de las obras de la calle de los Restaurantes y de las zonas infantiles. El interventor advierte de que tampoco retuvo en estos casos el 2% de control de calidad de la obra que blinda al Ayuntamiento ante presuntos incumplimientos. Con fecha 30 de octubre de 2001, el Consejo de Administración del Campo de las Naciones adoptó un acuerdo por el que se adjudicaba a la firma Ortiz Construcciones y Proyectos las obras de acondicionamiento de la calle de los Restaurantes del recinto ferial por un importe de 1.371.475, 97 euros. Posteriormente, con fecha 21 de diciembre, de acuerdo con lo que figura en el acta del consejo de esta empresa, Barbadillo "informó y propuso" una ampliación de este proyecto por importe de 180.303,65 euros correspondiente al aparcamiento junto al restaurante La Casiña. Pero la ampliación que se formalizó entre Ortiz y Barbadillo en un anexo I al contrato principal registra un precio de 208.395 euros el día 8 de febrero de 2002, con 28.000 euros de diferencia que, a juicio del interventor, no han sido justificados.

52. DOS DIPUTADOS DESERTORES PONEN EN PELIGRO EL GOBIERNO DE IZQUIERDAS EN MADRID (11/06/03)

La deserción de dos diputados socialistas pone en serio peligro que PSOE e IU puedan alcanzar el Gobierno regional de Madrid. Ambos parlamentarios -Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez- se ausentaron de la Cámara antes de que se procediera a la votación del presidente de la Asamblea, lo que a la postre supuso que el PP se alzara con este puesto. El PSOE ha decidido expulsar a los dos desertores, que justifican su extraña actitud en su radical oposición a las concesiones que los socialistas deberían hacer a IU a cambio de que esta formación entrara a formar parte del Gobierno. El líder del PSOE, Rafael Simancas, sospecha que la conducta de Tamayo y Sáez no obedece a cuestiones políticas, sino que reside "en otros ámbitos". El PP rechaza que haya pagado a los disidentes.

Los dos diputados electos del PSOE dieron la espantada y dinamitaron la sesión constitutiva de la nueva Asamblea de Madrid. Eduardo Tamayo Barrena, de 44 años, y María Teresa Sáez Laguna, de 54, que figuraban en los puestos 13 y 46, respectivamente, de la lista del PSOE, abandonaron la Cámara minutos antes de que empezara la sesión.

Los ajustados resultados electorales -PP, 55 diputados; PSOE, 47; IU, 9- hacían prever que el socialista Francisco Cabaco sería el presidente de la Mesa de la Asamblea por un sólo voto de diferencia (56 frente a 55). También, que PSOE e IU gobernarían en coalición siempre y cuando se alcanzara un pacto que se negociaba desde hace una semana. En el peor de los casos, estos resultados permitían que el PSOE gobernase en minoría la Comunidad de Madrid mediante acuerdos puntuales con IU.

Esas previsiones se fueron al traste tras la deserción de dos diputados socialistas. La candidata del PP a la Mesa de la Asamblea, Concepción Dancausa Treviño, se convirtió, por un solo voto, en la presidenta del Parlamento, y la inicial mayoría de la izquierda por un diputado se transformaba, después de consumada la espantada de dos diputados socialistas, en mayoría del PP por un diputado.

Simancas, una vez finalizada la sesión, pidió disculpas tanto a los ciudadanos como al resto de grupos parlamentarios por lo que calificó como una situación "inaceptable" y aseguró que los dos parlamentarios desaparecidos "han sido expulsados del PSOE" y que nunca habían manifestado "discrepancia o malestar" en ningún órgano de la Federación Socialista Madrileña (FSM). "La actitud de estas dos personas no responde a razones políticas o ideológicas. Las razones hay que buscarlas en otros ámbitos que se conocerán, sin duda, y de las que, sin duda, darán cuenta sus responsables", remarcó para exogir después a ambos que renuncien a "su condición de diputados".

Fuentes cercanas a la cabeza de lista del PP para la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, especulaban con la posibilidad de que este episodio pueda desembocar en una nueva convocatoria electoral dentro de dos meses, "puesto que así lo permite el Reglamento de la Cámara".

Pasaban nueve minutos de las 10 de la mañana, cuando los 109 diputados presentes en el salón de plenos ocuparon sus escaños (además de los miembros del Gobierno saliente). El desastre comenzó a hacerse evidente. Entre las filas socialistas, dos sillones de color azul estaban vacíos.

En las filas del PP, las caras de tranquilidad ante una sesión de puro trámite comenzaron a tornarse en sonrisas. En los sillones destinados al público invitado los responsables de prensa del PP se afanaban en dar un nombre: Concepción Dancausa. Ella, que tan solo unas horas antes era candidata para ocupar la segunda vicepresidencia de la Mesa, optaba ahora a presidirla. Comenzó la votación. Los diputados electos eran nombrados por orden alfabético y depositaban sus papeletas de color verde en la urna. Cuando Rafael Simancas escuchó su nombre, se levantó. Su cara le delataba. Era de una seriedad extrema. Entregó su voto y, en lugar de regresar a su asiento, continuó andando hasta el lugar en el que se sentaba Alberto Ruiz-Gallardón, futuro alcalde de Madrid y presidente en funciones del Gobierno regional mientras no tenga a quién dar el relevo. Habló con él unos segundos. También con Esperanza Aguirre, que se sentaba tras Ruiz-Gallardón.

Los 55 votos que recibió Dancausa frente a los 54 del candidato socialista Francisco Cabaco no otorgaban a ninguno de ellos la mayoría absoluta. Westendorp pidió a los ujieres que abrieran las puertas del hemiciclo. Todavía se esperaba un milagro. Aguirre se puso en pie y esgrimió el artículo 54 del Reglamento de la Asamblea para evitar que las puertas se abrieran puesto que todavía había que hacer una nueva votación. El presidente de la Mesa de edad aceptó la protesta. El desastre estaba consumado: segunda vuelta y sólo 109 diputados en la sala.

53. AGUIRRE SE MUESTRA DISPUESTA A ASUMIR EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD CON SUS ESCAÑOS (11/06/03)

Esperanza Aguirre, presidenta del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, aseguró que ella está dispuesta a afrontar el encargo de formar Gobierno -teniendo en cuenta que el PP dispone de 55 diputados- si así se lo encomienda Concepción Dancausa, presidenta del Parlamento, del PP. La ex presidenta del Senado se reunió con sus más directos colaboradores para analizar cómo se formaría un posible Gabinete.

La presidenta y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó ayer que "lo ocurrido abre algunas incertidumbres que tendrán ser despejadas por el PSOE" porque, según dijo, "es un problema interno del PSOE, en concreto de la FSM, que don Rafael Simancas puede comentar por partida doble, como portavoz y presidente del grupo y como secretario general de la Federación Socialista Madrileña".

La candidata del PP desmintió "tajantemente" los rumores que existen sobre la posibilidad de que el PP haya pagado a estos dos diputados. Consideró "prematuras" otras posibilidades, como la disolución de la Asamblea y la convocatoria de nuevas elecciones o el hecho de que Ruiz-Gallardón tuviera que compatibilizar su cargo de alcalde de Madrid con el de presidente del Gobierno regional en funciones.

Aguirre tampoco quiso calificar de tránsfugas a los diputados Eduardo Tamayo Barrena y María Teresa Sáez Laguna y se limitó a afirmar: "Yo conozco que hay dos ausencias". No obstante, precisó que el PP "siempre ha condenado el transfuguismo". Además, tampoco dejó claro si aceptaría ser presidenta en caso de que esos dos diputados no votasen al PSOE. "Hay que tener paciencia", añadió.

Preguntada por si el PP adelantará el pleno de investidura,explicó que la presidenta de la Mesa de la Asamblea, Concepción Dancausa, dispone de un periodo de 15 días para evacuar consultas con los portavoces de los tres grupos parlamentarios a fin de conocer quién es la persona idónea y, una vez puesto por escrito, dispondrá de un plazo de entre tres y siete días para convocar el pleno de investidura.

Finalmente, incidió en que la Mesa afirmó que la mayoría absoluta era 56 diputados, puesto que se contabilizaban los diputados electos (111), no los constituidos (109) y añadió que "si 55 diputados es mayoría suficiente para el Gobierno, de acuerdo con el Reglamento, se tendrá que decidir en estos días".

54. EL PP SE PLANTEA CONVOCAR ELECCIONES EN OTOÑO AUNQUE AGUIRRE SEA INVESTIDA PRESIDENTA (12/06/03)

"Nuestra voluntad política es que la mejor solución es convocar de nuevo las elecciones" en la Comunidad de Madrid, aseguraron ayer en la dirección del Partido Popular. El objetivo es que quede "meridianamente claro" que el PP "no tiene nada que ver ni quiere saber nada" de los dos expulsados del PSOE, Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, y no quiere "depender" del voto caprichoso de ambos los próximos cuatro años. Por ello, el PP se plantea convocar elecciones anticipadas en otoño aunque Esperanza Aguirre sea investida presidenta con una eventual abstención o ausencia de los expulsados.

El PP cree que lo "mejor" para "recuperar" el crédito político de la Asamblea de Madrid y para dar "estabilidad" al Gobierno madrileño de los próximos cuatro es que se convoquen de nuevo las elecciones en la Comunidad. Para ello, el PP analiza el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Asamblea de Madrid para buscar la mejor solución legal "sin hacer cosas raras".

El PP se plantea también ofrecer al PSOE que esa solución sea pactada para que la convocatoria de elecciones anticipadas deje claro que ambos partidos "repudian" la actitud de los dos ex socialistas. Los populares consideran que "la estabilidad" es un valor fundamental para la gobernabilidad y esa cualidad es difícil de mantener si el gobierno de la Comunidad de Madrid depende del voto de dos tránsfugas. De entrada, existe la posibilidad de que ni Esperanza Aguirre ni Rafael Simancas logren la investidura como presidente de Madrid. Aguirre no lo sería si votan contra ella todos los diputados del PSOE, todos los de IU y los dos ex socialistas. Tendría 56 votos en contra frente a los 55 de su partido. Pero sí podría ser investida, en segunda vuelta, con la abstención o la ausencia de los expulsados, pues los 55 del PP le darían la mayoría simple.

55. TAMAYO TRABAJÓ COMO ABOGADO PARA EL PP EN UN RECURSO CONTRA UN GOBIERNO LOCAL DEL PSOE (14/06/03)

El socialista Eduardo Tamayo, con su deserción el día en que debía votar la presidencia de la Asamblea madrileña, ha servido a los intereses del PP y se ha enfrentado a los de su partido. No es la primera vez. En 1996 fue contratado por la portavoz del PP en Patones (Madrid) para pleitear contra los presupuestos aprobados por el gobierno local, del PSOE. El alcalde, José Manuel Herrero, denunció en octubre de 1997 por carta ante el secretario general de la Federación Socialista Madrileña, Jaime Lissavetzky, la traición de Tamayo, "el pleitista Atila", que entonces era miembro de la Ejecutiva regional de su partido.

Jaime Lissavetzky acababa de ser reelegido secretario general de la FSM. José Manuel Herrero, alcalde de la localidad madrileña de Patones, le envió una misiva con dos objetivos: felicitarle y advertirle del peligro que encerraba Eduardo Tamayo, renovado como miembro de la ejecutiva regional, y al que apodaba "el pleitista Atila". La carta fue escrita el 28 de octubre de 1997 y rezaba así:

"En primer lugar, y antes de nada, mi más sincera enhorabuena por tu reelección como secretario general de la FSM. La razón de enviarte estas letras, amén de felicitarte, es contarte un asunto del que desconozco si estás al corriente. El pasado mes de julio me llegó un escrito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con un contencioso administrativo que nos había interpuesto el Grupo Popular del Ayuntamiento de Patones a la aprobación del Presupuesto Municipal de 1996. Hasta aquí, nada raro, pero cuál no sería mi sorpresa al comprobar en dicha documentación que el abogado que representa a la portavoz del PP, es un miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de la FSM: Eduardo Tamayo". La misiva detalla cómo Herrero comentó el asunto con diversos compañeros, el incidente trascendió a las alturas del PSOE, y se le pidió el documento que probaba sus acusaciones. Un miembro de la Ejecutiva de la FSM le hizo llegar el mensaje de que "había que hacer algo con ese elemento". "El caso es", prosigue la carta del alcalde de Patones, "que poco después me llamaron de la Secretaría Institucional para que se lo hiciera llegar. Así lo hice y envié dos copias, una para ti, y otra para Jorge Gómez, que según parece, no llegaron a sus destinatarios. A la vuelta de las vacaciones, volvieron a llamarme de la FSM, en concreto de la Secretaría Institucional, para decirme que la documentación que había enviado en julio no aparecía y que la volviera a enviar, y que los secretarios de Organización y de Institucional tenían mucho interés en solucionar el asunto".

Herrero fue explícito en su denuncia: "Dadas las fechas en las que nos encontrábamos (precongreso), y a pesar de la insistencia de cierta gente, me olvidé del asunto, pero creo que ya es momento de que, en primer lugar, se me dé una respuesta de si es normal que un miembro de la Ejecutiva regional, que, por cierto, sigue siéndolo, defienda al PP en contra de un equipo del Gobierno del PSOE, y, en segundo término, qué acciones se me aconsejan"

"Lo que me mueve, no es el rencor, pero alguna vez habrá que parar los pies a individuos de esta calaña. No quiero aburrirte con un repaso a la historia de este renovador por la base, que ni sé lo que renueva, como no sean sus intereses o sus ambiciones personales, ni desde qué base, cuando son cinco y tienen cuatro puestos en la Ejecutiva, creando una tendencia después de haber pasado por todas las existentes, pero si te interesa saber algo de este Atila, hay mucha gente que le conoce".

"Sólo quiero saber tu opinión antes de tomar otras iniciativas. También quiero que sepas que ésta no es sólo una cuestión personal mía. Hay gente que me apoya y respalda que no entienden estos saraos, por estar más alejados de este mundillo, pero sí reclaman más contundencia. Hay un proverbio hindú que dice 'cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que tu silencio'. Confío que así sea", concluía el escrito a Lissavetzky.

56. EL CONSTRUCTOR QUE AYUDÓ AL DIPUTADO TAMAYO NEGOCIÓ CON EL PP UNA ALCALDÍA(16/06/03)

El promotor Francisco Bravo Vázquez, con negocios inmobiliarios en el suroeste de Madrid, ordenó el miércoles la reserva de dos habitaciones de hotel para Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, según la Cadena SER. La deserción de estos dos diputados ha provocado la mayor crisis institucional de la Comunidad de Madrid en 14 años. Francisco Bravo y su tío Francisco Vázquez, que anoche negaron cualquier vinculación con la trama, comparten un grupo de 50 empresas dedicado a la promoción inmobiliaria y al juego. Bravo propuso hace días a Ricardo Romero de Tejada, número dos del PP de Madrid, un pacto en la alcaldía de Sevilla La Nueva (Madrid).

La investigación iniciada por el PSOE a raíz de la espantada de los dos diputados socialistas arroja ya algunos resultados. El teléfono móvil correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid que usaba Eduardo Tamayo tiene registradas cinco llamadas telefónicas entre el 23 de mayo (dos días antes de las elecciones) y el 9 de junio (unas horas antes del pleno donde los parlamentarios socialistas se ausentaron) al número de Francisco Bravo Vázquez, el constructor que pagó el hotel a Tamayo y Sáez.

Tamayo conoce a Bravo Vázquez, según confesó el propio empresario, desde la constitución en 1998 de una Junta de Compensación (agrupación de propietarios de un terreno sobre el que se va a iniciar una actuación urbanística) en el polígono industrial Quitapesares de Villaviciosa de Odón, donde gobierna el PP. Allí comparten intereses Bravo Vázquez y Tamayo (que actuaba de abogado de José Luis Balbás, una de cuyas empresas tiene terrenos en ese mismo polígono). Bravo Vázquez aseguró que había reservado las dos habitaciones de hotel porque le había pedido ese favor el diputado socialista Eduardo Tamayo.

El polígono industrial Quitapesares se planificó en el Ayuntamiento de Villaviciosa en la década de los ochenta y se ha desarrollado en los últimos años. En diciembre de 2000 se aprobó el Plan Parcial, donde se definen los usos de cada parcela del polígono industrial, y desde entonces el Ayuntamiento concede licencias para la construcción de naves industriales, edificios de oficinas, un centro comercial y un hotel (los usos previstos en ese polígono).

El grupo municipal socialista de Villaviciosa de Odón siempre ha votado en contra de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento al entender que el polígono industrial acumula innumerables anomalías. Unos días antes de las elecciones, Basodi, empresa de Balbás, jefe del grupo Renovadores por la Base al que pertenece Tamayo, solicitó una licencia para la construcción de una nave a cuya concesión se opuso el grupo socialista, que está en minoría en el gobierno municipal.

El secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda, uno de los municipios más ricos de la Comunidad madrileña, aseguró ayer que conocía al promotor inmobiliario porque se lo habían presentado en "dos bodas, una en julio del año pasado y otra en enero". Hace unos días, el promotor inmobiliario le llamó para proponerle un pacto con un candidato independiente que permitiera arrebatar a los socialistas el gobierno municipal de Sevilla La Nueva. Romero de Tejada recibió el pasado miércoles, un día después de la escandalosa deserción del socialista Eduardo Tamayo, en la sede central del PP, en la calle de Génova, al constructor y al concejal recomendado para alcalde. No hubo acuerdo y el PSOE logró la alcaldía.

Eduardo Tamayo es miembro de la Ejecutiva de la Federación Socialista Madrileña desde 1994, año en que su grupo de Renovadores por la Base -dirigentes socialistas con algunos apoyos en las agrupaciones pero que hasta entonces no habían entrado en las principales listas ni habían ocupado cargos públicos- empezó a negociar con su porcentaje de voto en los congresos del partido.

Como dirigente socialista siguió trabajando en los negocios privados, ligados al urbanismo, de José Luis Balbás, su mentor y jefe en el grupo de Renovadores por la Base. La trayectoria política de Balbás había pasado de UCD al partido fundado por Francisco Fernández Ordóñez hasta recalar en el PSOE.

Balbás usó a Tamayo para sacar adelante uno de sus negocios en el polígono industrial Quitapesares de Villaviciosa de Odón, un espacio de 170.000 metros cuadrados que se repartían numerosos propietarios, entre ellos Balbás, para comercializar naves industriales, espacios comerciales o edificios de oficinas.

La mayoría del polígono industrial era de La Caixa (56%), y Balbás (con el 14%) representaba en la Junta de Compensación a los propietarios minoritarios. Todos se debían poner de acuerdo para impulsar el polígono industrial, construir las calles, llevar los servicios y, por último, poder vender (el precio medio es de 180 euros el metro cuadrado) o construir sobre las parcelas una vez que se aprobase el Plan Parcial en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, gobernado por el PP, lo que ocurrió en diciembre de 2000.

La gestión de este polígono estuvo salpicada de problemas, lo que llevó a que los socios minoritarios pidieran al gobierno municipal de Villaviciosa de Odón que paralizase un procedimiento de apremio que había contra ellos y que podía dar al traste con la operación.

En esa junta de compensación también estaban los promotores Francisco Vázquez y su sobrino Francisco Bravo Vázquez. En torno a este negocio urbanístico es donde se produce la relación entre Bravo Vázquez, que representaba en la Junta de Compensación a Euroholding Corporación Financiero, y Tamayo, que defendía los intereses inmobiliarios de Balbás. Los socialistas quieren poner ahora en manos de la Fiscalía esa relación para que se investigue si se ha producido un delito de cohecho que justifique la ausencia del diputado socialista del pleno donde se votaba al presidente de la Asamblea de Madrid, que recayó finalmente en el PP.

58. LA FISCALÍA DE MADRID INVESTIGA SI HAY CORRUPCIÓN EN LA DESERCIÓN DE DOS DIPUTADOS (17/06/03)

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió ayer abrir diligencias para investigar si hay una trama de corrupción inmobiliaria detrás de la deserción de los dos diputados socialistas de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo Barrena y María Teresa Sáez Laguna. La investigación, que es fruto de una denuncia interpuesta por el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha sido encomendada a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía madrileña, el equivalente en Madrid a la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del ministerio público.

La ausencia voluntaria de los diputados Tamayo y Sáez del pleno de la Asamblea de Madrid del pasado 10 de junio permitió al Partido Popular conquistar la presidencia de la Asamblea de Madrid pese a que la suma de diputados del PSOE e IU fue superior a la lograda por el PP en las elecciones autonómicas del pasado 25-M.

A esta investigación se va a unir también la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado, el pasado miércoles, el abogado Fernando Pamos de la Hoz contra los diputados Tamayo y Sáez por presuntos delitos de cohecho y de tráfico de influencias.

El PSOE ha anunciado que hoy interpondrá acciones legales contra ambos diputados, si bien los socialistas acudirán directamente a la vía judicial mediante una querella que se presentará ante la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que preside el magistrado Javier María Casas. Esta instancia es la competente para esta materia puesto que los dos querellados son diputados de la Asamblea de Madrid y, por tanto, están aforados. No obstante, si en algún momento ambos diputados renunciasen a sus actas de diputado la citada sala del TSJM remitiría las diligencias a un juzgado de instrucción de la plaza de Castilla, donde proseguirían las pesquisas. La anunciada querella del PSOE ante el TSJM obligaría a la Fiscalía de Madrid a remitir todas las diligencias que haya efectuado hasta ese momento y remitirlas al Tribunal Superior.

En su denuncia ante la Fiscalía, Izquierda Unida asegura que durante el citado pleno de la Asamblea de Madrid del 10 de junio, Tamayo y Sáez se ausentaron "deliberadamente" del mismo con el fin de que no saliera elegido presidente de la Asamblea Francisco Cabaco. Según esta denuncia, el 11 de junio, Enrique Cabezas, "un personaje ligado a la construcción, reservó en el hotel Los Vascos dos habitaciones, la 209 y la 309, a nombre de los diputados Tamayo y Sáez, donde permanecieron acompañados en todo momento por dos guardias de seguridad privados". IU vincula estas deserciones con los anuncios que durante la campaña electoral hicieron tanto el PSOE como IU, si ganaban, de "revisar la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y de vigilar las operaciones urbanísticas en curso para impedir la especulación ilegal sobre el suelo".

Agrega IU en su denuncia que la Comisión de Ética del PSOE "estudia unas denuncias presentadas por el militante del PSOE Enrique de Benedicto contra Tamayo y contra José Luis Balbás, empresario vinculado al mundo de la construcción y de cuyas empresas fue asesor jurídico Tamayo". A pesar de haber sido expulsados del PSOE, Tamayo y Sáez, siempre según la denuncia de IU, "han declarado su intención de no renunciar a sus actas de diputado y de participar en los próximos días en la elección del cargo de presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

IU concluye: "Estos hechos inducen a pensar que podríamos encontrarnos ante una operación de soborno, corrupción y cohecho, promovida por poderes fácticos, probablemente vinculados al sector inmobiliario, con el objetivo de subvertir la voluntad mayoritaria de los electores madrileños, expresada democráticamene en las urnas". IU no tiene dudas de que detrás de estas deserciones "hay una posible trama de corrupción económica en la Comunidad de Madrid".

59. EL CONCEJAL QUE NEGOCIÓ UNA ALCALDÍA EN LA SEDE DEL PP ESTÁ IMPUTADO POR CORRUPCIÓN (17/06/03)

El 'número dos' del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, trató sobre un posible pacto para arrebatar la alcaldía de Sevilla la Nueva al PSOE con el concejal independiente Juan Antonio Teresa, al que el partido había expulsado dos años antes por apoyar una moción de censura contra el hoy portavoz del PP en ese ayuntamiento. Teresa presidió el equipo de Gobierno que desde 2001, del que formaba parte Batanero -alcalde del PP entre 1981 y 1999, cuyas decisiones urbanísticas han motivado una querella de la Fiscalía de Madrid contra dicho equipo en pleno por favorecer los intereses privados.

Romero de Tejada, según su versión, atendió la sugerencia del constructor Francisco Bravo Vázquez -el empresario que reservó dos habitaciones en un hotel madrileño para los diputados socialistas desertores- para negociar con Teresa un acuerdo político que evitara dejar el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva en manos socialistas. Teresa le ofreció un "prepacto" redactado en un documento que fue rechazado por los concejales del PP en Sevilla la Nueva, quienes, entre otras cosas, habían sufrido la moción de censura que llevó a Teresa a la alcaldía.

Teresa, alcalde de Sevilla la Nueva hasta el pasado 14 de junio, cuando fue elegida la socialista Pilar Barroso para ese puesto, reconoció ayer que su única relación con el constructor Bravo Vázquez se debía a dos promociones de chalés que el empresario había desarrollado en su municipio y que el regidor autorizó. La Guardia Civil hizo un informe incriminatorio sobre las promotoras inmobiliarias de Ángel Batanero, alcalde del PP de Sevilla la Nueva hasta 1999, en la que figura en dos ocasiones la intervención de documentación referida a la empresa Euroholding, de Francisco Bravo Vázquez, con el que promovía chalés en ese municipio.

La querella de la Fiscalía, presentada en abril ante el juzgado de Navalcarnero, denuncia la supuesta relación entre la moción de censura que dio la alcaldía a Juan Antonio Teresa Villacieros y los presuntos delitos cometidos posteriormente por el Gobierno que se constituyó tras aquella operación política.

La moción de censura, afirma el fiscal en su querella, "parece que tuvo como único fin conseguir el control de las decisiones municipales a los efectos del favorecimiento de los intereses privados urbanísticos". La denuncia, de entrada, apunta a un "hipotético enriquecimiento patrimonial vinculado a un levantamiento de cargas hipotecarias del primer teniente de alcalde de Sevilla la Nueva desde aquella fecha del primero de septiembre de 2001". Y la querella recuerda que fue "decisivo" el voto de Alberto Dilliz (ex concejal socialista), que, "sorprendentemente quebrantó la disciplina de voto de su grupo". "El equipo de Gobierno [Juan Antonio Teresa Villacieros, Ángel Batanero, María Luisa Moreno, Cristina Chozas y Alberto Dilliz], elegido tras la sesión del primero de septiembre de 2001, se aplica a beneficiar los intereses urbanísticos privados tolerando expresamente que se ejecute el desarrollo de la U.E. 20 sin establecer el régimen de protección pública que establecía la ficha urbanística". La querella recuerda que dicho equipo de gobierno desestimó un requerimiento del Gobierno regional para forzar el carácter público de dichas viviendas. El equipo Teresa/Batanero desestimó la resolución sin informe jurídico. Batanero "no se abstuvo, a pesar de ser su inmobiliaria la que había promocionado las citadas viviendas", acusa el fiscal.

La querella también relata la desaparición de un parque público de Sevilla la Nueva. "Desde hace más de diez años existe un parque público en la confluencia de la calle Sevillanos con Santiago Apóstol, con columpios, juegos infantiles, paseos peatonales, iluminación... Ya en las normas subidiarias de 1986 se definió como zona verde de uso público. Pues bien, el alcalde Teresa presenta al pleno el 8 de julio de 2002 un convenio que ya estaba firmado por Teresa y una persona determinada, Valentín Sagarduy. En el citado pergeño de documento, el alcalde reconoce a Sagarduy la propiedad del parque público, sin que el citado acredite fehacientemente título de propiedad, y mediante un informe del arquitecto municipal valora la propiedad en 181.482 euros, a precio de suelo urbano de casco urbanizable".

La fiscalía detalla el siguiente paso de esta operación que juzga irregular: "El alcalde se compromete, a continuación, a entregarle aquella cifra económica mediante la permuta de su parcela por cuatro parcelas residenciales ya urbanizadas en cualquiera de las SAU 1, 2 o 3, indistintamente o, en el supuesto de que no pudiera efectuarse en el plazo de doce meses, se compromete a que Sagarduy recupere su parque público, dejando libre previamente toda obra municipal, o bien entregándole 30 millones de pesetas en mano".

La búsqueda del título de Sagarduy sobre su parque dio un resultado infructuoso a la Fiscalía: "La única parcela de Sagarduy en Sevilla la Nueva aparece gravada por un embargo", al que no han hecho referencia los cargos municipales, y no consta que sea el citado parque.La querella cita más elementos irregulares en las decisiones urbanísticas del Gobierno municipal de Sevilla la Nuevacon un fondo común: "El beneficio ílicito de de los intereses privados del concejal Batanero", y la "despatrimonialización de los bienes del municipio a favor de intereses privados".

60. LOS CONSTRUCTORES VINCULADOS A TAMAYO AFILIARON AL PP DE VILLAVICIOSA A 78 FAMILIARES Y AMIGOS

Francisco Bravo -el hombre que amparó a Tamayo y Sáenz, los disputados socialistas tránsfugas- y su tío, el también contructor Francisco Vázquez, participaron en una operación irregular de afiliación masiva al PP en Villaviciosa de Odón, informó ayer la Cadena SER. Bravo y Vázquez fueron dos de los 78 nuevos militantes afiliados al PP en vísperas de un decisivo congreso local en ese municipio del suroeste de Madrid. Sus votos fueron claves para la victoria de Nieves García, quien de forma casi simultánea al congreso firmó el acuerdo para revisar el Plan General de Urbanismo y dar luz verde a los planes inmobiliarios de Bravo y Vázquez en el Polígono de Quitapesares. Otro aspecto llamativo de la lista de nuevos afiliados es que muchos de ellos figuran en un domicilio que coincide con la sede social de las empresas propiedad de Bravo y Vázquez: la calle Fernando III, número 6.

Entre las 78 personas que figuran en la lista de afiliados hay al menos una docena de hermanos y primos de la familia Bravo-Vázquez, así varios de sus socios y familiares de éstos. La entonces presidenta del PP en dicha localidad, Pilar Martínez, denunció ante el secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, las irregularidades en la campaña de afiliación masiva. Martínez le envió varias cartas instándole a intervenir.

Romero de Tejada, amigo personal de Bravo y Vázquez, no hizo caso alguno y permitió la afiliación masiva que dio la victoria a la alcaldesa de Villaviciosa, Nieves García. Ésta firmó el acuerdo para revisar el Plan General de Urbanismo y dar luz verde a los planes inmobiliarios de Bravo y Vázquez en el Polígono de Quitapesares dos meses antes del Congreso.

Ricardo Romero de Tejada está considerado en fuentes del Partido Popular como un hombre de confianza de Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno. Rato salió ayer en su defensa asegurando que fue un gran alcalde de Majadahonda y un magnífico secretario general.

61. ROMERO DE TEJADA AVALÓ LA AFILIACIÓN AL PP DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL CONSTRUCTOR BRAVO (18/01/03)

La Comisión de Derechos y Garantías del PP-Madrid avaló el ingreso de 78 nuevas personas al partido en Villaviciosa de Odón (Madrid) en 2002. Pilar Martínez, entonces presidenta del partido en esa localidad, denunció fraude en las afiliaciones mediante el envío de cuatro cartas a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP-Madrid. Entre los afiliados estaban los empresarios Francisco Vázquez y Francisco Bravo, a los que el PSOE acusa de sobornar a los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez para que impidan un Gobierno de izquierdas en Madrid.

62. ROMERO DE TEJADA AVALÓ LAS AFILIACIONES TRAS EL INFORME DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS, QUE RECHAZABA LAS DENUNCIAS DE PILAR MARTÍNEZ. (18/06/03)

La presidenta del PP en Villaviciosa de Odón y entonces consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid mandó una primera carta a Ricardo Romero de Tejada el 28 de junio del año pasado. En la misiva pedía que, conforme al capítulo 1 de los estatutos del partido, la retirada inmediata de los 78 afiliados que fueron admitidos sin recibir el visto bueno del Comité Ejecutivo Local. Ya entonces aseguraba que dichas incorporaciones estaban provocando "conflictos" entre los afiliados.

La segunda carta es de 2 de julio de 2002 y hace referencia incluso a que Pilar Martínez y Romero de Tejada hablaron por teléfono sobre la afiliación irregular de los 78 nuevos miembros. En la misma le invitaba a que "como responsable regional" resolviera el problema a la mayor brevedad. Justo al día siguiente, la presidenta del PP envió al presidente del Comité de Derechos y Garantías, Ismael Bardisa, otra carta en la que le pedía que dejara sin efecto las altas en el censo electoral. Ese mismo día, le remite otro escrito a su secretario regional en el que le advierte que, si se mantienen las afiliaciones, el resultado de las elecciones internas del 8 de julio para elegir el cabeza de lista sería "ficticio".

Según fuentes del PP de Villaviciosa de Odón, los cuatro escritos recibieron el silencio por respuesta y se celebraron los comicios con los 78 nuevos miembros. A los comicios del pasado 8 de julio acudieron 262 de los 500 afiliados del partido en la localidad, lo que según la actual alcaldesa, Nieves García Nieto, supone una de las participaciones más altas en unas primarias. Los votos recayeron de forma mayoritaria en García Nieto, con 175 papeletas, frente a las 87 de Eusebio Martín. Sólo en 2002 se habían afiliado sorprendentemente al partido en Villaviciosa casi el 20% de la militancia de toda su historia.

63. UN EX CONCEJAL DE URBANISMO DE MADRID DECLARA COMO IMPUTADO EN UNA LUCRATIVA OPERACIÓN URBANÍSTICA (18/06/03)

El ex concejal de Urbanismo de Madrid, Ignacio del Río, se desentendió ayer de la operación inmobiliaria de Arroyo del Fresno -un barrio al norte de la capital- que supuso para el promotor y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz una ganancia, en un sólo día, de 1,081 millones de euros (180 millones de pesetas). El Ayuntamiento vendió el 28 de marzo de 1998 una parcela a la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno -presidida por el también imputado en esta causa Carlos Pinilla- por 218 millones de pesetas. El mismo día y por el mismo precio, Pinilla se la vendió a Sanz. Y éste, el mismo día, la vendió por 398 millones de pesetas a una cooperativa gestionada por Pinilla; es decir, en un sólo día el terreno municipal generó unas ganancias para Sanz, que también está imputado, de 180 millones de pesetas.

En relación con ésta y otras operaciones inmobiliarias en Arroyo del Fresno, Del Río declaró ayer como imputado ante el juez de Madrid Fernando Grande-Marlaska. Sobre las ganancias de Sanz con ese suelo de procedencia municipal, Del Río señaló: "La normativa general impide la especulación, y los actos posteriores de la Junta de Compensación [de Arroyo del Fresno] no están sujetos a control público".

En su declaración ante el juez, el imputado Pinilla afirmó que el Ayuntamiento estaba informado de los pasos que la Junta de Compensación dio con ese suelo. Cuando hay de por medio suelo de origen público, y para evitar que se especule con él, la ley obliga a que haya un representante del Ayuntamiento en la Junta de Compensación. En este caso, no hubo ningún representante que controlase el destino que iba a darse a ese suelo. Del Río, actual consejero delegado de Madrid 2012, declaró ayer que ignoraba si hubo un representante del Ayuntamiento en la citada junta de Arroyo del Fresno. "No sé por qué no se nombró. Lo normal es que en las juntas de compensación haya un representante del Ayuntamiento", dijo. El juez investiga un convenio firmado por el Ayuntamiento en 1997 con la mencionada junta que permitió levantar 539 nuevas casas contraviniendo supuestamente el plan de urbanismo.

64. EL CONSTRUCTOR BRAVO CONTROLA EL 70% DEL SUELO DE UNA ZONA DONDE LA COMUNIDAD HARÁ 15.000 PISOS (18/06/03)

Euroholding Corporación Financiera, el buque insignia de la constelación de empresas de Francisco Bravo Vázquez, el empresario que ayudó al diputado socialista desertor Eduardo Tamayo, muestra en su última memoria una satisfacción que va más allá del beneficio de 16 millones de euros. La empresa confía en un futuro aún más halagüeño: asegura que posee "derechos de compra sobre el 70% del suelo urbanizable en Villamanta, zona donde la Comunidad de Madrid va a invertir, a través de Arpegio, en la construcción de 12.000 viviendas, y a nivel estatal se ejecutarán 3.000 más".

La ambición de Euroholding Corporación Financiera se explica meridianamente en su memoria correspondiente a las cuentas de 2001. "La empresa ha realizado diferentes inversiones en distintos ámbitos geográficos con objeto de su transformación y posterior venta o arrendamiento", señala.

En esta línea, la empresa explica que va a desarrollar a corto y medio plazo "manzanas de suelo urbanizado para su inmediato desarrollo adjudicatario en diferentes modalidades de diseño dentro de la tipología residencial unifamiliar".

Las ubicaciones seleccionadas por Euroholding tienen un denominador común: "Son localidades en las que se prevé un progresivo desarrollo exponencial por tratarse de municipios en franca evolución como localidades residenciales destinadas a albergar viviendas de tipología unifamiliar intensiva y semiintensiva como de población flotante proveniente de conjuntos urbanísticos como colectivos de las aledañas ciudades de Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada".

Euroholding detalla dónde ha puesto sus tentáculos y por qué: "En esta línea, la empresa ha seleccionado localidades que cumplen con este requisito de desarrollo exponencial como Sevilla La Nueva y Villamanta, así como otras en las que dicho desarrollo ya es un hecho contrastado como Arroyomolinos y Villaviciosa de Odón".

A renglón seguido, la empresa saca pecho al mostrar sus poderes terrenales y su dominio del futuro: "En este sentido, la sociedad posee en la actualidad derechos de compra sobre el 70% del suelo urbanizable del término municipal de Villamanta, localidad que dista siete kilómetros de Navalcarnero, zona estratégica donde la Comunidad Autónoma de Madrid va a invertir, a través de Arpegio, en la construcción de 12.000 viviendas y a nivel estatal se ejecutarán otras 3.000 viviendas más por medio de de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES)".

En el repaso de lo ya hecho, cita lo siguiente: "En la actualidad, la empresa cuenta con tres promociones, dos de ellas en Sevilla la Nueva: Residencial El Caño (14 viviendas unifamiliares); y Condado de Villamanrique (28 viviendas unifamiliares), que estando totalmente terminadas están en fase de entrega a los clientes".

Precisamente en Sevilla la Nueva, el constructor Francisco Bravo Vázquez apadrinó una operación política para impedir el acceso a la alcaldía del PSOE mediante un pacto entre concejales independientes, imputados por corrupción relacionada con asuntos urbanísticos, y el PP. Bravo Vázquez hizo de intermediario del acuerdo político ante el secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Finalmente, el rechazo de los concejales populares a pactar con los independientes desbarató la operación.

Euroholding ha construido en ese municipio viviendas que promovía Ángel Batanero, ex alcalde del PP imputado por la fiscalía de Madrid por favorecer supuestamente sus intereses privados inmobiliarios. Uno de los compradores de las viviendas construidas por Euroholding y vendidas por Batanero fue el ex diputado del PP, Luis Fernando Bastarreche.

Pero la sombra de esta gran empresa se proyecta también sobre otros municipios. "Se están comercializando en Villamanta el Residencial Ducado de Mantua (25 viviendas unifamiliares), con un grado de ejecución del 42%., y que ha tenido una gran acogida en el mercado con tan sólo haber haber efectuado una inserción publicitaria en el programa de festejos de la localidad".

El milagro de esta sociedad es notable: casi 16 millones de euros con una plantilla de de tres personas: dos administrativos y una persona denominada "mano de obra directa", según se explica en su memoria.

La sociedad, no obstante, tiene deudas a largo plazo, casi 18 millones de euros.

65. LA FISCALÍA DE MADRID SE QUERELLA CONTRA UN EX ALCALDE DEL PP Y LOS CONSTRUCTORES BRAVO Y VÁZQUEZ (20/06/03)

La Fiscalía de Madrid ha interpuesto una querella por delitos de corrupción y asociación ilícita, entre otros, contra el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, del Partido Popular (que perdió la alcaldía en los pasados comicios municipales), y contra Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual, propietarios de la empresa inmobiliaria Euroholding

Bravo Vázquez es el empresario que reservó dos habitaciones en un hotel de Madrid para los diputados traidores del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. La querella, que también está dirigida contra otras cinco personas, revela una descomunal trama de corrupción inmobiliaria en Alcorcón, con ramificaciones en otros municipios de Madrid, que habría reportado unos beneficios cercanos al billón de pesetas y que, según la fiscalía, es la causante del encarecimiento del suelo en este municipio.

El PSOE e IU ya han anunciado que pedirán formalmente el próximo martes a la Mesa de la Asamblea de Madrid la creación de una Comisión de Investigación sobre esta supuesta operación urbanística porque, según Rafael Simancas, "es parte del por qué de la trama" que ha causado la crisis de la Asamblea. Simancas ha declarado tajantemente que "los presuntos protagonistas de la trama sabían que yo pararía esta operación, que un gobierno decente no transigiría nunca con una operación delictiva y con pelotazos de esta naturaleza".

Entre los afectados por la querella se encuentran también el concejal Hacienda de Alcorcón durante el mandato de Zúñiga, Fernando Díaz Robles, un técnico del consistorio que se dedicaba presuntamente a manipular documentación, y dos personas más que compraban miles de metros cuadrados mediante sociedades fantasma.

Además de los ya citados delitos de corrupción y asociación ilícita, la Fiscalía acusa a los afectados de prevaricación, revelación de secretos, aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de dinero.

Segn el texto al que ha tenido acceso ElPAIS.es, el entramado nació en el año 1999 con la intención dejar el suelo de Alcorcón en manos de especuladores. El grupo liderado por el entonces alcalde de la localidad compraba terreno rústico a 4.000 pesetas, el Ayuntamiento lo recalificaba como urbanizable, y después lo vendía por 70.000 pesetas. El precio subía más porque en los terrenos se edificaba solamente vivienda libre y se incumplían las normas relativas a la vivienda de protección oficial.

Fuentes de la investigación calculan en cientos de miles de millones de pesetas las ganancias que podía haber cosechado esta trama una vez consumadas sus supuestas fechorías.

66. EL FISCAL DENUNCIA UNA TRAMA ESPECULATIVA ENTRE CARGOS DEL PP Y EL CONSTRUCTOR BRAVO (21/06/03)

La Fiscalía de Madrid ha interpuesto una querella por siete delitos -entre ellos, los de corrupción y asociación ilícita para defraudar a los consumidores- contra el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, del PP (perdió la alcaldía en los pasados comicios), y contra otras siete personas vinculadas al sector inmobiliario. Entre éstas destacan Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual, propietarios de la inmobiliaria Euroholding. Bravo Vázquez es el promotor que reservó una habitación en un hotel de Madrid para los diputados que traicionaron al PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

67. LOS DOS TRÁNSFUGAS DE MADRID REAPARECEN PARA CONVERTIRSE EN ÁRBITROS DE LA ASAMBLEA (24/06/03)

Se cumplió lo que temía el Grupo Parlamentario Socialista. Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, los dos diputados del PSOE que dieron la espantada en el pleno de constitución de la Asamblea de Madrid, sí se presentaron ayer a la segunda sesión plenaria convocada para elegir a los miembros de la Diputación Permanente, que sustituirá al pleno durante las vacaciones parlamentarias. Tamayo y Sáez juraron su cargo y votaron junto al PP a favor de la constitución de esa diputación en la que el propio Tamayo obtuvo un puesto como representante del Grupo Mixto.

El PP consiguió una representación de 18 diputados; el PSOE e IU, que votaron en contra, 15 y 3 diputados, respectivamente. Este resultado le otorga al diputado desertor del PSOE, Eduardo Tamayo, la llave para que se puedan obtener mayorías en este órgano.

Los grupos socialista y de IU propusieron una fórmula para evitar que los dos tránsfugas gozarán de los privilegios que el Reglamento otorga al Grupo Mixto y estuvieran presentes en la Diputación Permanente. El Grupo Mixto tiene derecho a los mismos tiempos de intervención que el resto de los grupos de la oposición en los debates parlamentarios. Y una asignación fija de 150.000 euros al año, a la que hay que añadir los 48.000 euros anuales que corresponden a cada diputado.

La fórmula obligaba a modificar el Reglamento de la Asamblea y el PP se negó argumentando que no había tiempo legal para hacerlo porque era necesario elegir a la Diputación Permanente para que el Parlamento regional no se quedara sin gobierno.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, afirmó que este resultado demuestra que el PP ha pasado "de ser beneficiario a ser colaborador" de la trama de corrupción que, a su juicio, ha provocado la crisis que se vive en la Asamblea. Simancas acusó al PP de haber consentido que los tránsfugas hayan podido constituirse en grupo parlamentario y con ello que obtengan todas las ventajas que poseen el resto de grupos en la Cámara, incluida la de tener representación en la Diputación Permanente. Simancas llegó incluso a denunciar que lo ocurrido ayer permite que Tamayo y Sáez puedan estar representados "en los órganos de la Comunidad, como la asamblea general de Caja Madrid".

Por su parte, el portavoz adjunto del PP, Luis Eduardo Cortés, manifestó que la actuación del PP en esta votación no ha sido otra cosa que la "renuncia" de los populares a ostentar "la mayoría en la Diputación Permanente y la Cámara". Cortés defendió el derecho de Tamayo y Sáez de constituirse como Grupo Mixto y recordó que fue el Gobierno socialista de Joaquín Leguina el que amplió los privilegios del Grupo Mixto cuando dos diputados del PP, Nicolás Piñeiro y José Luis Ortiz, se fugaron del grupo y permitieron al PSOE seguir gobernando en minoría la Comunidad de Madrid. El portavoz del grupo de Izquierda Unida, Fausto Fernández, pidió que el programa de la izquierda regional se someta a la sesión de investidura "aunque sea para perder", y aseguró que se demuestra la "conexión clara" entre el PP y los dos tránsfugas.

En el Parlamento regional ya se sabía que los dos desertores acudirían a este pleno. Fuentes socialistas confirmaron que durante la reunión previa al pleno Rafael Simancas confirmó las sospechas: "La presidenta de la Cámara me ha informado de que los señores Tamayo y Sáez acudirán a jurar su cargo en el pleno", dijo el portavoz de los socialistas. A partir de ese momento, el grupo de Simancas comenzó a diseñar la estrategia a seguir en el hemiciclo. Una estrategia orientada a solicitar la suspensión del pleno y una reforma inmediata del Reglamento de la Asamblea para impedir que los tránsfugas pudieran adscribirse a un grupo parlamentario. Las sospechas se convirtieron en certeza ayer a las dos de la tarde. A esa hora entraban en el registro de la Asamblea de Madrid dos escritos firmados por los desertores del PSOE.

En el primero manifestaban su intención de constituirse como Grupo Mixto y en el segundo Eduardo Tamayo manifestaba a la Mesa su intención de ser designado por el pleno como miembro de la Diputación Permanente. Sáez sería la suplente. Lo consiguió.

68. EL FISCAL EXTIENDE A 11 PUEBLOS LA SUPUESTA TRAMA INMOBILIARIA DE BRAVO Y VÁZQUEZ (24/06/03)

La fiscalía de Madrid ha ordenado a la Guardia Civil que, "con carácter urgente", le informe sobre los nombres de las personas y empresas que componen "la totalidad de las juntas de compensación" constituidas entre 1999 y 2003 con intereses inmobiliarios en 11 municipios madrileños. La querella que interpuso la semana pasada la Fiscalía de Madrid contra el ex alcalde Pablo Zúñiga, un concejal, un arquitecto y cinco promotores inmobiliarios sobre la supuesta trama de Alcorcón ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad, cuyo titular es Juan Ramón Rodríguez.

La fiscalía sostiene que hay indicios de que el grupo inmobiliario Euroholding, del que son consejeros Bravo y Vázquez, ha tenido intereses directos o indirectos en negocios urbanísticos de once municipios madrileños, la mayoría gobernados por el PP, aunque también hay dos del PSOE y otro independiente. Los municipios madrileños en los que la Guardia Civil debe abrir la investigación por orden del fiscal son los de Aldea del Fresno, Boadilla, Arroyomolinos, Brunete, Humanes, Navalcarnero, Sevilla La Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villaviciosa de Odón y Alcorcón.

Aparte de la composición de la totalidad de las juntas de compensación, el fiscal de Medio Ambiente, Urbanismo y Consumo de Madrid, Emilio Valerio, también ha ordenado que se le informe de "las iniciativas privadas de carácter inmobiliario" presentadas en las citadas poblaciones madrileñas entre 1999 y 2003. Los habitual es que sean los propios ayuntamientos los que promuevan los desarrollos urbanísticos dentro de sus términos, pero también sucede que promotores individuales ofrecen proyectos de urbanización a los ayuntamientos y éstos, tras someterlos a la aprobación de la corporación reunida en pleno, les dan luz verde.

No es la primera vez que el fiscal Valerio se topa con supuestas tramas de corrupción inmobiliaria en alguno de los mencionados municipios. En Sevilla La Nueva, por ejemplo, el fiscal se ha querellado en dos ocasiones contra los ex alcaldes de esta población, Ángel Batanero y Juan Antonio Teresa, ambos del PP, y que fueron expulsados del partido. En estas pesquisas también se vio implicado el arquitecto municipal, Manuel Pradillo.

La fiscalía sostiene que hay indicios que apunta a que las empresas de Bravo y Vázquez están detrás de varios desarrollos urbanísticos promovidos en Sevilla La Nueva. En la anterior legislatura municipal, el PP accedió a la alcaldía merced a una moción de censura que, según la investigación judicial, pudo ser activada en la sombra por los empresarios Bravo y Vázquez con el fin de conseguir del nuevo gobierno la recalificación de la Dehesa de Sacedón, un vasto encinar situado entre los términos de Sevilla La Nueva y Villaviciosa, en Madrid. Sobre este encinar mantenía una opción de compra la mercantil Euroholdig, de la que Bravo y Vázquez son consejeros delegados y cuyos nombres también figuran en la querella en relación con la trama inmobiliaria destapada en Alcorcón. Dada la extensión del encinar, si la operación de recalificación de la citada dehesa hubiese llegado a buen término, ésta "habría generado plusvalías multimillonarias", según la fiscalía. No fue así porque la operación fue abortada por la Comunidad de Madrid, la máxima autoridad urbanística, gobernada por el PP.

La irrupción del grupo empresarial de Bravo y Vázquez en Sevilla La Nueva, según fuentes de la investigación judicial, se produce a partir de 1999 de la mano de Proinma, la inmobiliaria que poseía el ex alcalde Batanero. De hecho, en un registro efectuado por la Guardia Civil en esta inmobiliaria aparecieron algunas referencias a la promotora Euroholding, el grupo de Francisco Bravo y Francisco Vázquez.

La fiscalía también se ha querellado contra el ex alcalde de Humanes, Adolfo Álvarez-Sojo (PSOE) por supuestas irregularidades urbanísticas en la que también han aflorado los nombres de Bravo y Vázquez. Álvarez-Sojo fue expulsado del partido.

Las diligencias emprendidas ahora por el fiscal en 11 municipios de la Comunidad de Madrid están al margen de las que pueda desarrollar el juez de Alcorcón, Juan Ramón Rodríguez, respecto de la querella de la fiscalía por la supuesta trama inmobiliaria de Alcorcón. Tampoco tienen relación con las querellas por corrupción que han presentado el PSOE e IU contra los diputados Tamayo y Sáez. Éstas ya están en manos de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de de Madrid.

Lo primero que ha hecho la Sala, antes de decidir si admite o no a trámite ambas querellas, ha sido remitir dos resoluciones a la Asamblea de Madrid para que ésta dictamine si Tamayo y Sáez son diputados y, por tanto, si se hallan legalmente aforados. Ambos parlamentarios tomaron ayer posesión de su acta de diputado al prometer su cargo. En el Tribunal Superior se hallan también la querellas que el PP ha presentado contra dirigentes socialistas por injurias y calumnias. El juez de Alcorcón archivó hace más de un año una denuncia por supuestas irregularidades urbanísticas del PSOE. Pero ahora, según fuentes jurdicas, reabrirá previsiblemente las pesquisas al contener elementos nuevos la querella formulada por la fiscalía. El juez estudia citar a los querellados en la primera quincena de agosto. Entre éstos, se hallan el ex alcalde Pablo Zúñiga, del PP, así como Francisco Vázquez y Francisco Bravo, los empresarios inmobiliarios que ayudaron a los tránsfugas Tamayo y Sáez.

69. EL PP DENUNCIA AL FISCAL DE MADRID Y RECONOCE DESPUÉS QUE NO TIENE PRUEBAS (24/06/03)

El ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga (PP), y el ex concejal de Urbanismo de la localidad, Fernando Díaz Robles, han presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, y el responsable de Medio Ambiente y Urbanismo, Emilio Valerio, por considerar que "existe una clara intencionalidad política" en la querella criminal presentada por este último por la presunta trama inmobiliaria desarrollada en Alcorcón.

Poco después de la presentación de la denuncia, el portavoz adjunto del PP en el Parlamento regional, Juan José Güemes, que ha acompañado a los denunciantes esta mañana, ha asegurado en la cadena SER que no tiene ninguna prueba de sus acusaciones sobre la posible relación entre el Fiscal general de Madrid y el PSOE. Güemes tan sólo asegura que sospecha que Fernández Bermejo pudo llamar a la sede socialista de Ferraz antes y después de las pasadas elecciones municipales. La base de la denuncia del PP es la "coincidencia de argumentos" del PSOE y el fiscal y el hecho del que Bermejo "sea de izquierdas".

La querella criminal presentada el día 20 por la Fiscalía de Madrid imputa al ex alcalde de Alcorcón, al ex concejal de Urbanismo y a otras seis personas más -Juan Benigno Alonso, Francisco Díaz Moñux, Manuel Camilo Hermolos y los constructores Leopoldo Arnaiz, Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual- delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales e información privilegiada, entre otros, por una presunta especulación urbanística en Alcorcón que afectaría a 15 millones de metros cuadrados y que de haberse llevado a cabo supondría unos beneficios cercanos a los 6.000 millones de euros (un billón de pesetas).

Verdes, siempre según el citado diario, se casará el día 3 de julio con Paloma García Romero, concejal en el Ayuntamiento de Madrid desde el 25 de mayo y antigua número dos de Manuel Cobo, ex Consejero de Presidencia en la Comunidad y actual vicealcalde en el Consistorio madrileño. El propio José Esteban Verdes fue en las listas del PP a la alcaldía de Pasaia (Guipúzcoa).

Esta es la secuencia de las llamadas que realizó Eduardo Tamayo el día de la espantada en la Asamblea. Entre las 9.05 y las 10.06 de la mañana, Tamayo llamó a un directivo de una constructora de Madrid, después llamó al abogado José Esteban Verdes, más tarde se puso en contacto con María Teresa Sáez, su compañera de traición, y luego llamó otras tres veces al abogado Verdes. Por último, a las 10.06 de la mañana, seis minutos después de que los diputados hubieran entrado al hemiciclo para elegir al presidente de la Mesa, telefoneó a su mentor político, José Luis Balbás. Esa conversación duró un minuto y medio y a partir de ahí Tamayo dejó de usar su móvil, que pertenecía a la agrupación socialista.

El abogado José Esteban Verdes López-Diéguez ha reconocido al diario que es amigo de Tamayo desde hace cuatro años, aunque el propio Tamayo lo ha negado. Verdes también ha dicho que el diputado tránsfuga le llamó para hacerle varias consultas de carácter jurídico que él no supo responder y que, a su vez, tuvo que consultar con otros especialistas.

Pero, según el periódico, Tamayo no sólo telefoneó a este abogado el día de la traición en la Asamblea. El diputado tránsfuga también se puso en contacto con él un día antes, el lunes 9 de junio, en 2 ocasiones; y la misma noche de las elecciones, en la que Eduardo Tamayo llamó a Verdes López-Diéguez hasta en cuatro ocasiones.

La prometida de Verdes, actual concejal del distrito Fuencarral - El Pardo, ocupaba en la anterior legislatura una de las viceconsejerías de Presidencia de Manuel Cobo, que fue el responsable de la información sobre el recuento electoral. El retraso en la difusión de la información sobre el recuento de votos de la Comunidad la noche del 25 de mayo motivó en su día las quejas de la oposición.

70. TAMAYO LLAMÓ DIEZ VECES TRAS SU FUGA A UN LETRADO AFILIADO AL PP (26/06/03)

El diputado tránsfuga Eduardo Tamayo llamó durante la mañana en que se ausentó del pleno de constitución de la Asamblea de Madrid al abogado José Esteban Verdes, afiliado al PP desde 1983, candidato número nueve de las listas de Pasaia (Guipúzcoa) y novio de la concejal popular en Madrid Paloma García Romero, y al constructor Francisco Bravo, afiliado al PP en 2002 por Villaviciosa de Odón, municipio donde tiene negocios inmobiliarios.

Desde las 9.44 hasta las 12.46 del pasado 10 de junio, Eduardo Tamayo realizó nueve llamadas al citado abogado, relacionado con el mundo inmobiliario. El día 11 volvió a llamarle una vez. El Mundo informó ayer de la existencia de cuatro de esas llamadas. Según fuentes conocedoras de los contactos, Tamayo llamó a Verdes para pedirle asesoramiento legal sobre sus problemas para retirar su acta de diputado, que estaba "secuestrada" por el PSOE, según declaró después su mentor político, José Luis Balbás. "¿El acta de quién es" preguntaba Tamayo, según personas conocedoras de la consulta.

A la hora de la primera llamada, Tamayo ya había decidió dar la espantada tras acudir a una reunión del grupo parlamentario donde no avisó a sus compañeros de sus planes para torpedear la constitución del parlamento con su ausencia y la de su compañera María Teresa Sáez, ambos pertenecientes al grupo de renovadores por la base dentro de la Federación Socialista Madrileña. El abogado Verdes sólo precisa que que recibió la llamada de Eduardo Tamayo el día 10 de junio para una consulta jurídica cuyo contenido se reserva por deber profesional.

Su "amigo" Tamayo, con el que ha compartido frecuentes cacerías, le volvió a llamar a la mañana siguiente, día 11 de junio. Tamayo le llamó poco antes de las 11 de la mañana y horas más tarde llamó al constructor Bravo Vázquez. Tal continuidad en las llamadas de Tamayo a uno y otro, especialmente en las horas críticas de su fuga, se produjo también en los días posteriores a las elecciones autonómicas y municipales. El 25 de mayo, Tamayo llamó seis veces al abogado entre mediodía y medianoche. Curiosamente, la penúltima llamada del día 25 fue para Verdes, y la siguiente, para Bravo Vázquez. Volvió a telefonear al abogado en los días 26, 27 y 31 de mayo. En todas las ocasiones fue una llamada y breve.

Sus comunicaciones se incrementaron el día 9 de junio, víspera de la fuga: hubo dos sobre las 11 de la mañana. Al día siguiente le llamó nueve veces entre las 9.45 y las 12.30. Lo singular de tal frenesí de consultas es que se alternaban con las llamadas que Tamayo realizaba a Bravo, que reservó hotel para el huido.Verdes asegura que ha tenido una relación profesional con Tamayo por pleitos de particulares y asuntos de arrendamiento. Y asegura que no informó a su novia de las gestiones que realizó para Tamayo, y que le supuso consultar a otros letrados.

71. EL TRIBUNAL DE CUENTAS ABRE JUICIO POR LA GESTIÓN DE ROMERO DE TEJADA

El Tribunal de Cuentas ha ordenado abrir juicio por presunta responsabilidad contable -daño al patrimonio público- al Gobierno municipal de Majadahonda (Madrid) de 1991 a 1993, cuyo alcalde era Ricardo Romero de Tejada, hoy secretario general del PP-Madrid. La decisión está relacionada con el recurso presentado por la acción popular, representada por el abogado José María Maldonado.

El Tribunal de Cuentas aprobó en 1998 un informe sobre la fiscalización de la gestión económico-administrativa del Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP, que denunciaba múltiples anomalías:

- "Contabilización de operaciones ficticias con cobros nunca realizados y pagos no efectuados por el importe no dispuesto".

- "Los libros de contabilidad carecen de firmas y sellos. Los de 1992 y 1993 se encuentran incompletos al no incluir la totalidad de movimientos y operaciones".

- "No existe un adecuado control y seguimiento de las cuentas bancarias abiertas por la Corporación en entidades financieras ni de los extractos bancarios de las mismas".

- "Existen diferencias entre los saldos disponibles en las cuentas corrientes y los obtenidos en los registros municipales de 73 millones de pesetas en 1991".

En cuanto a la gestión de personal, los auditores públicos censuraron que se había concedido compatibilidad para trabajar en empresas privadas al arquitecto municipal, al oficial jefe de la Policía Local y al jefe de Negociado de Inventario de Bienes y Patrimonio, "aun cuando percibían un complemento específico que supera el límite máximo que permite la compatibilidad".

Los auditores relatan múltiples anomalías en el registro contable de venta y compra de solares municipales por cientos de millones de pesetas.

Respecto a la contratación de obras, el informe también es crítico con la gestión municipal que encabezaba Romero de Tejada. "Se ha realizado de forma anómala con vulneración en la tramitación de los expedientes de la legislación vigente". Se destacan las siguientes deficiencias:

- "La frecuente utilización de la contratación directa, que se ha utilizado como procedimiento de adjudicación en el 86% del conjunto de los contratos celebrados, en el 96% de los contratos de obras y en el 86% de los de asistencia técnica".

- "Los contratos se han aprobado y adjudicado por órgano incompetente, por lo que podrían estar incursos en causa de invalidez".

- "Fraccionamientos injustificados de los proyectos de obras y la realización de continuas modificaciones sobre los mismos, que constituyen alteraciones sustanciales de los iniciales sin que proceda a resolver los contratos o exigir las correspondientes responsabilidades a sus autores".

- "Cargos improcedentes efectuados en el contrato de construcción del campo de fútbol Cerro del Espino por importe de 20 millones y la compensación indebida realizada en el expediente de construcción de una piscina cubierta por 18 millones de pesetas".

Pese a estas anomalías, el Tribunal de Cuentas decidió en 2001 archivar el caso sin abrir un juicio por responsabilidad contable, lo que exculpaba a los gestores municipales de cualquier responsabilidad.

El abogado Maldonado, que defiende a una empresa afincada en Majadahonda, decidió ejercer la acción popular y recurrió ante la sala de justicia del Tribunal de Cuentas, que le dio la razón el pasado 27 de marzo y ordenó "la iniciación del pertinente juicio de responsabilidad contable". El Tribunal de Cuentas notificó estos hechos a Maldonado hace unos días.

Romero de Tejada indicó a este periódico que desconocía la reapertura del caso y que no había recibido la notificación del Tribunal de Cuentas, por lo que no podía opinar.

Nueve municipios de la Comunidad de Madrid, casi todos gobernados por el PP, están sometidos a investigaciones judiciales y de la fiscalía por tramas inmobiliarias supuestamente ideadas para favorecer desde el ayuntamiento a constructoras privadas en detrimento de los intereses públicos. Las irregularidades urbanísticas observadas apuntan a modificaciones e interpretaciones de los planeamientos urbanísticos que casi siempre conducen a una reducción de los parámetros que obligan a la construcción de viviendas de protección pública y a la recalificación masiva de suelo rústico para casas de precio libre. La mayoría de estas investigaciones son fruto de querellas o denuncias interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo del Tribunal Superior de Madrid, que coordina Emilio Valerio.

- San Lorenzo de El Escorial. En la actualidad pesa una querella sobre el alcalde de esta población, José Luis Fernández-Quejo, del PP, y otros cinco ediles. El fiscal pide para el regidor, que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, 20 meses de cárcel. Está acusado de recalificar una parcela protegida saltándose los trámites legales y de talar árboles centenarios con el objetivo, según la fiscalía, de facilitar que una constructora ligada a uno de los ediles edificase en esa parcela chalés de lujo y obtuviese así "un beneficio ilegítimo".

- Sevilla La Nueva. Un juzgado de Navalcarnero (Madrid), a cuya jurisdicción pertenece esta localidad de 4.000 habitantes, mantiene encausados al ex alcalde Ángel Batanero, expulsado del PP; al arquitecto municipal, Manuel Pradillo, y al secretario general, Luis García Romero. Además, hay una segunda querella contra el también ex alcalde Juan Antonio Teresa, igualmente expulsado del PP, y contra todo su equipo de gobierno, entre ellos el edil tránsfuga del PSOE Alberto Diliz. Ambas pesquisas van encaminadas a averiguar irregularidades urbanísticas, entre ellas si el Ayuntamiento vendió suelo municipal a un constructor amigo de Batanero a precios inferiores a los del mercado y si detrás de esta supuesta trama hay blanqueo de dinero.

En la querella que se tramita en Navalcarnero se investigan supuestos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, delito ecológico y contra la ordenación del territorio.

- Aranjuez. Un juzgado de Aranjuez (40.000 habitantes) tramita una querella de la fiscalía por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias contra el ex alcalde José María Cepeda (del PP; perdió las últimas elecciones), así como contra su hermano Javier Ramón, ex edil de Urbanismo, y contra el ex primer teniente de alcalde de Hacienda Miguel Ángel Gálvez.El fiscal de Urbanismo destaca que los querellados, "valiéndose de sus cargos, integran una trama económica que ha favorecido a empresas constructoras", en las que supuestamente ellos tenían intereses.

El fiscal habla de cinco empresas a las que el ayuntamiento concedió obras municipales por valor de 18 millones de euros (unos 3.000 millones de pesetas). Estas obras fueron encomendadas sin el preceptivo expediente de contratación. Según el fiscal, los acusados se sirvieron "de procedimientos ilícitos para obtener enormes beneficios".

- Pozuelo de Alarcón. En este municipio de 65.000 habitantes gobernado por el PP existe una investigación judicial que llevará al banquillo al funcionario municipal Leopoldo Gómez Gutiérrez por supuestas negociaciones prohibidas. La fiscalía le acusa de haber favorecido a tres empresas vinculadas a él, logrando para ellas adjudicaciones de obras que superan los 48 millones de euros. Además, la fiscalía indica que empresas relacionadas con este funcionario fueron favorecidas desde el Ayuntamiento de Madrid en la época en que era edil de Obras de Madrid su amigo Enrique Villoria. El Tribunal de Cuentas ha emitido informes sobre las graves y numerosas irregularidades en la concesión de obras públicas en Pozuelo.

- Boadilla del Monte. La Fiscalía de Madrid imputa supuestos delitos de tráfico de influencias y de negociaciones prohibidas para funcionarios al arquitecto asesor del planeamiento urbanístico de Boadilla del Monte, Leopoldo Arnaiz, quien irá a juicio por estos hechos. Este arquitecto es el mismo al que la fiscalía implica en la trama de Alcorcón junto a los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, que son los que ayudaron a los diputados traidores del PSOE en la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y Teresa Sáez. El fiscal acusa a Arnaiz de urdir una trama para favorecer la implantación en Boadilla, municipio gobernado por el PP, de una gigantesca ciudad financiera promovida por el Banco Santander Central Hispano (BSCH). Según el fiscal, la supuesta trama de Arnaiz consistió en engañar a los propietarios del suelo sobre el que hoy se construye esta ciudad bancaria, diciéndoles que tales terrenos (de una extensión total similar a la de 200 campos de fútbol) seguirían catalogados como rústicos. Con ello, Arnaiz logró supuestamente que los dueños de estos terrenos los vendiesen por precios muy bajos a testaferros de una sociedad del BSCH, según el fiscal. Una vez que los solares estaban en manos del banco, éstos se recalificaron como edificables. La Audiencia de Madrid ha exonerado de responsabilidad en esta trama a la entidad bancaria, pero mantiene las imputaciones de Arnaiz.

- Alcorcón. La Fiscalía de Madrid ha interpuesto una querella por siete delitos, entre ellos los de corrupción y asociación ilícita para defraudar a los consumidores, contra el ex alcalde de Alcorcón (165.000 habitantes) Pablo Zúñiga, del PP, contra un concejal, un funcionario y cinco promotores privados de suelo. Entre los querellados están, además de Zúñiga, el arquitecto Arnaiz y los constructores Bravo y Vázquez.

- Humanes. Aquí las pesquisas judiciales se dirigen contra el ex alcalde Adolfo Álvarez Sojo (PSOE). La fiscalía le acusa de favorecer a un conjunto de empresas inmobiliarias al autorizar la construcción de chalés en una vía pecuaria y en zonas verdes de la población.

- Quijorna. la Fiscalía ha interpuesto dos querellas contra el ex alcalde Florentino Serrano, expulsado del PP, por haber tomado decisiones urbanísticas que supuestamente han favorecido a empresas constructoras. Serrano, sobre quien pesa una condena por apropiación indebida, se va a sentar en el banquillo por la primera de esas querellas; la segunda está en fase de investigación.

- Navalcarnero. La fiscalía indaga una trama inmobiliaria en la que figuran el alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, del PP, y Carlos Díaz. El fiscal investiga supuestas adjudicaciones de obras a favor de empresas vinculadas a Díaz, que fue presidente del PP en esta localidad.

73. EL SECRETARIO DEL PP CONVERSÓ CON EL ABOGADO QUE ASESORÓ A TAMAYO EL DÍA ANTES DE LA FUGA (28/06/039

José Esteban Verdes, el abogado afiliado al PP y novio de una ex viceconsejera y concejal popular en Madrid, al que Eduardo Tamayo pidió "asistencia jurídica" en la mañana de su traición institucional, el pasado 10 de junio, mantuvo diversos contactos la víspera con Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid. A lo largo del 9 de junio, Verdes alternó repetidos contactos con Tamayo y con Romero de Tejada, con quienes también conversaría en días posteriores. Romero de Tejada negó inicialmente que hubiera hablado, y luego aseguró que charló sobre la boda de Verdes.

José Esteban Verdes, el abogado afiliado al PP al que Eduardo Tamayo pidió asistencia jurídica justo en la mañana de su huida como diputado regional socialista, mantuvo diversos contactos la víspera con Ricardo Romero de Tejada, el secretario general del PP en Madrid, según confirmó este último a EL PAÍS.

Los contactos de Verdes con Romero de Tejada en diferentes jornadas previas y posteriores al "golpe de mano institucional", según lo define el PSOE, se alternaron con las frecuentes conversaciones del abogado con Tamayo.

En la noche del 8 de junio, a dos días de la fuga, Verdes entró en contacto con ambos. Igual ocurrió al día siguiente, a 24 horas del golpe de mano en la Asamblea. En una jornada de intensas charlas de Verdes con el diputado a punto de dar la espantada en el pleno del parlamento regional, este letrado sacó unos minutos para charlar con Ricardo Romero de Tejada, según ha admitido este alto cargo del Partido Popular.

Verdes declaró a EL PAÍS días atrás que la víspera de la deserción de la Asamblea, Tamayo le había llamado una sola vez y para un "asunto privado relacionado con una persona muy allegada". Sin embargo, según ha comprobado este diario a través de los afectados y por fuentes relacionadas con esos contactos, ese día charlaron a lo largo de todo el día en repetidas ocasiones. Y, según las citadas fuentes consultadas, entre medias de esa media docena de charlas de Verdes con Tamayo se produjeron casi otros tantos contactos telefónicos entre el futuro asesor del huido y el propio Romero de Tejada. Los contactos entre Verdes y Romero de Tejada se reprodujeron los días 12 y 15 de junio, según fuentes relacionadas con estos contactos.

Pío García Escudero, secretario de organización del PP y presidente regional del PP-Madrid, aseguró el martes pasado que el peso de Verdes dentro del partido es insignificante: "Su actividad en el partido ha sido nula". García Escudero destacó que Verdes se presentó como "voluntario y de relleno" para la candidatura municipal en Pasaia en las últimas elecciones. "Nunca ha estado vinculado al PP, en ningún tipo de trabajo, ni de órgano", y remachó que el partido no tenía "relación alguna" con las actividades profesionales de Verdes. Sobre las conversaciones de dicho abogado con Tamayo conocidas días atrás, añadió: "Nosotros no entramos en ese tipo de cuestiones profesionales".

74. EL JUEZ ADMITE INVESTIGAR LA QUERELLA DEL FISCAL POR LA SUPUESTA TRAMA INMOBILIARIA DE ALCORCÓN (01/07/03)

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón, Juan Ramón Rodríguez, ha decidido admitir a trámite la querella de la Fiscalía de Madrid por la supuesta trama inmobiliaria de Alcorcón. El juez considera que los hechos que se imputan a los querellados "pueden ser constitutivos" de ocho delitos, los mismos que indica la fiscalía en su querella, y ordena la práctica de una decena de investigaciones para aclarar y, en su caso, depurar si hubo blanqueo de capitales, prevaricación, asociación ilícita para defraudar al consumidor, maquinación para alterar el precio de las cosas, cohecho y prevaricación. Entre los querellados figura el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, del PP, y el constructor Francisco Bravo, que apoyó al tránsfuga Eduardo Tamayo.

En el auto de admisión, el magistrado rechaza que los hechos que se relatan en la reciente querella interpuesta por la Fiscalía de Madrid sean los mismos que denunció el PSOE de Alcorcón el 16 de julio de 2001 y que él mismo archivó, según fuentes próximas al juzgado de Alcorcón.

Según el juez, la querella del fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio, "contiene nuevos elementos genéricos y nuevas imputaciones delictivas" distintas de las denunciadas por el entonces portavoz del PSOE en Alcorcón y hoy alcalde de esta localidad, Enrique Cascallana. La denuncia de Cascallana fue archivada por el juez, pero los socialistas recurrieron el archivo ante la Audiencia de Madrid, que en los próximos días se pronunciará sobre si confirma o revoca tal archivo.

La querella de la fiscalía va dirigida contra el ex alcalde de Alcorcón, un concejal de su grupo, Fernando Díaz Robles; un asesor privado de Urbanismo que contrató el Ayuntamiento, Leopoldo Arnaiz Eguren, y cinco propietarios de suelo en el término de Alcorcón. Entre éstos se hallan los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez.

Bravo es el empresario que reservó dos habitaciones en el hotel Los Vascos a nombre de los diputados desertores del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez el mismo día en que ambos se ausentaron de la Asamblea de Madrid y permitieron que la presidencia de la Cámara regional cayera en manos del PP.

En su querella, el fiscal describe una trama inmobiliaria con amplias ramificaciones en la que unos promotores adquieren suelo rústico a bajo precio merced a información privilegiada que se les facilita desde el Consistorio. El terreno, según el relato del fiscal, es recalificado después de su compra por parte de los promotores. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, rechazó estos planes urbanísticos hasta en cuatro ocasiones, impidiendo un negocio próximo al billón de pesetas. El fiscal muestra su preocupación por la drástica reducción de los parámetros que obligan a construir casas de promoción pública.

Entre las diligencias ordenadas por el juez Rodríguez, y para cuyo cumplimiento da un plazo de 15 días, figura un oficio a la Agencia Tributaria para que designe un perito en esta causa con objeto de que emita un informe sobre los gastos e ingresos de las sociedades vinculadas al asesor urbanístico del Ayuntamiento de Alcorcón Leopoldo Arnaiz. El perito, según el juez, deberá analizar las cuentas de las sociedades Arnaiz Consultores, Arnaiz Desarrollos Inmobiliarios y Gestión 1950 relativas a los ejercicios de 2000, 2001 y 2002 e identificar los ingresos que Arnaiz y las citadas sociedades hayan podido obtener, "directa o indirectamente", de los "propietarios o titulares de derechos urbanísticos en los sectores de la Venta de la Rubia, el Retablo y de la ampliación de la zona de Campodón". El juez quiere, además, que Arnaiz le aporte todas "las propuestas técnicas de recalificación" de terrenos que éste haya elevado al Ayuntamiento de Alcorcón en calidad de asesor.

El juez reclama también toda la documentación que exista sobre la recalificación de la zona de Campodón, en la que los constructores Bravo y Vázquez adquirieron suelo rústico -según ellos, "sólo 3.000 metros cuadrados"- que luego fue recalificado como urbanizable y que figura a nombre de las sociedades Vaz Inversora e Inmobiliaria, SA. El juez Rodríguez también centra su investigación en los querellados Juan Benigno Alonso Alarcón y Francisco Díaz Moñux. A Alarcón le pide que aporte, como administrador único de las sociedades Promociones Alarcón y de las cuatro empresas que llevan el nombre de Valdepolo, "toda la documentación contable, financiera e informática relativa a las aportaciones de capital efectuadas a las cuatro mercantiles con ocasión de su constitución y de sus sucesivas ampliaciones de capital". También reclama a Alarcón toda la documentación sobre pagos superiores "a 3.000 euros".

75. EL FISCAL SIGUE LA PISTA A UN ARQUITECTO MUNICIPAL QUE AYUDÓ AL TRÁNSFUGA (02/07/03)

El alquiler del salón del hotel Husa Princesa en el que el diputado tránsfuga del PSOE Eduardo Tamayo se reunió con periodistas horas después de dar la espantada en la Asamblea de Madrid, el pasado 10 de junio, fue pagado por Enrique Cabellos Calleja, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, donde gobierna el PP.

arquitecto contrató el salón -pagó 250 euros en metálico- sobre las 10.15 del 10 de junio, apenas un cuarto de hora después de que Tamayo y su compañera y también diputada socialista María Teresa Sáez, se convirtieran en tránsfugas y se fueran de la Asamblea de Madrid. Sus ausencias permitieron al PP auparse ese día con la presidencia de la Cámara regional madrileña, pese a que los populares habían logrado en las elecciones dos diputados menos (55) que la suma de los del PSOE e IU (56).

Ésta era una de las líneas de investigación que desarrollaba hasta el pasado jueves la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. Al día siguiente, viernes, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó a la Fiscalía de Madrid que se apartase de este caso y remitiese todas las diligencias practicadas hasta ese momento a Anticorrupción.

La Fiscalía de Madrid había abierto esas diligencias tras recibir una denuncia de IU por supuesto cohecho contra Tamayo, Sáez y los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez. Bravo, dueño de la inmobiliaria Euroholding, fue quien reservó dos habitaciones para Tamayo y Sáez en el hotel Los Vascos, en Madrid, el mismo día de la espantada. Tamayo explicó ayer a este periódico que no conoce "de nada" al arquitecto de Pozuelo Cabellos Calleja. "Yo creía que el salón de ese hotel me lo había reservado Francisco Bravo". Tamayo se reunió en ese salón en la tarde del día 10 de junio con periodistas para explicarles las razones por las que se había ausentado del pleno, indisciplina que propició que la Cámara regional fuese a manos de la diputada del Parido Popular Concepción Dancausa.

A la vez que apartaba del caso a la Fiscalía de Madrid -que hasta el pasado jueves tenía como jefe a Mariano Fernández Bermejo-, Cardenal dio instrucciones a la Fiscalía Anticorrupción para que no efectuase ninguna nueva diligencia de investigación sobre este asunto hasta que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva si admite a trámite la querella, por cohecho, que el PSOE presentó ante esta instancia judicial contra los diputados desertores, Tamayo y Sáez; los contructores Bravo y Vázquez y contra el secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada.

El Tribunal Superior de Madrid tenía previsto ayer, martes, pronunciarse sobre la querella del PSOE y sobre otra que interpuso Romero de Tejada contra Rafael Simancas, secretario general de los socialistas de Madrid, por injurias y calumnias. Sin embargo, el tribunal madrileño ha decidido tomarse unos días más antes de decidir si admite a trámite ambas querellas. Los jueces han pospuesto su decisión a la vista de que el PSOE, el pasado lunes, decidió ampliar su querella e incluir en ella a Esteban Verdes, asesor de Tamayo y novio de la concejal del PP de Madrid Paloma Gómez Romero.

Antes de ser apartada del caso, la fiscalía de Madrid tenía previsto interrogar al arquitecto municipal de Pozuelo Enrique Cabellos Calleja para preguntarle por qué él, y en condición de qué, se encargó de reservar el salón del hotel Husa Princesa para el diputado Eduardo Tamayo. También tenía previsto la Fiscalía citar al director del citado hotel y al secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

76. GALLARDÓN DESTITUYE AL DIRECTOR GENERAL VINCULADO AL CONSTRUCTOR IMPLICADO EN LA 'TRAMA DE MADRID' (09/07/069

Fernando Bastarreche, director general de la empresa autonómica Madrid Excelente, ex diputado nacional del PP y ex presidente de este partido en Móstoles, será destituido mañana por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside en funciones Alberto Ruiz-Gallardón. El director general mintió el pasado lunes a sus superiores cuando les negó que hubiera pedido al constructor Francisco Vázquez, implicado en la trama de los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que le reservara una habitación de hotel para Paloma García Romero, concejal del PP.

García Romero se casó el jueves pasado con José Esteban Verdes, abogado, afiliado al PP y asesor de Eduardo Tamayo, el tránsfuga socialista con el que habló en numerosas ocasiones antes y después de su espantada de la Asamblea de Madrid. A la vez, Verdes también habló con el secretario general del PP-Madrid, Ricardo Romero de Tejada.

García Romero y Verdes se alojaron durante dos días en una suite nupcial del hotel Santo Mauro. Cuando la Cadena SER reveló el lunes que Francisco Vázquez había hecho la reserva de esa habitación con la orden de no cobrar a los clientes que la iban a ocupar, Verdes y García Romero lo negaron. El abogado aseguró que su esposa había pagado al salir con su tarjeta de crédito y que la gestión de la reserva la había hecho, el 20 de mayo pasado, Fernando Bastarreche, que como director general de Madrid Excelente dependía orgánicamente de Paloma García Romero, su jefa directa cuando desempeñaba el cargo de viceconsejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid. A partir del 25 de mayo, García Romero pasó a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Ocupó el puesto número 16 en la lista encabezada por Alberto Ruiz-Gallardón.

Bastarreche aseguró el lunes que se había ocupado personalmente de hacer la reserva de la habitación para García Romero y que para ello habló con el director del hotel. De paso, negó que los constructores implicados en la trama de Madrid hubieran gestionado esa reserva. El director general de Madrid Excelente cambió ayer su versión de los hechos y confesó que al fracasar en sus gestiones para confirmar la reserva de la habitación del hotel de lujo, recurrió a su amigo, el constructor Francisco Vázquez.

Es la segunda vez que Bastarreche aparece relacionado con unos constructores a los que el PSOE acusa de estar implicados en negocios urbanísticos especulativos que necesitan para su desarrollo de la connivencia del PP. La primera vez que Bastarreche fue tocado por el escándalo de los dos constructores fue cuando se conoció que la empresa pública que dirige concedió el certificado de calidad a Euroholding, la empresa matriz de los promotores Francisco Vázquez y Francisco Bravo.

En la relación de pequeñas o medianas promotoras inmobiliarias que gozan del certificado autonómico de calidad sólo figura Euroholding. Bastarreche, que reconoce su amistad de antiguo con Francisco Vázquez, aseguró a este periódico que no tuvo nada que ver en la concesión del sello de calidad a la promotora inmobiliaria a la que compró, hace tres años, una vivienda unifamiliar en Sevilla La Nueva "a precio de mercado". Bastarreche es la primera víctima en las filas del PP tras el episodio de transfuguismo registrado en la Asamblea de Madrid el pasado 10 de junio. Bastarreche fue en 1995 y 1999 el candidato del PP a la alcaldía de Móstoles, el segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid.

El PSOE mantiene desde el principio que existe una trama de intereses inmobiliarios amparada por el PP que ha propiciado la fuga de Tamayo y Sáez, que se ausentaron del pleno y dejaron a PSOE e IU sin mayoría absoluta para formar Gobierno.

Bastarreche no tenía ayer ninguna intención de presentar su dimisión como director general, porque consideraba que su gestión había sido buena. El Gobierno regional se ha adelantado.