CASO GÜRTEL  : PS BOADILLA (MADRID)

Aguirre dixit : " Yo destapé la trama Gürtel"
( Asamblea de Madrid.08.04.10 )


LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA EN BOADILLA. 14.11.21

 

EL ALBONDIGUILLA APUNTA AL GOBIERNO DE AZNAR EN EL JUICIO DE GÜRTEL: “RECIBIMOS LLAMADAS DE MONCLOA”

 

CASO GÜRTEL: 'EL ALBONDIGUILLA' SEÑALA AL GOBIERNO DE AZNAR Y ASEGURA QUE RECIBIÓ "LLAMADAS" DE MONCLOA

 

EL CORREVEIDILE ENTRE CORREA Y EL ALBONDIGUILLA: “ME DECÍAN: ‘ESTO VIENE DEL PRESIDENTE DEL PP”

 

FRANCISCO CORREA, EN EL TERCER GRAN JUICIO AL PP POR GÜRTEL: “HE ADJUDICADO OBRAS EN MUCHOS MUNICIPIOS Y A NIVEL GENERAL”

 

ACUSADOS DEL NUEVO MACROJUICIO DE 'GÜRTEL' CUMPLEN EL GUION, CONFIESAN LOS HECHOS Y CERCAN AL PP ANTE UNA POSIBLE CONDENA

 

GUÍA PARA SEGUIR EL TERCER GRAN JUICIO AL PP POR GÜRTEL: “PARTE DEL DINERO ERA PARA EL PARTIDO”

 

EL JUICIO DE LA GÜRTEL POR LOS AMAÑOS DE BOADILLA COMIENZA CON UNA LLUVIA DE 17 CONFORMIDADES

 

EL PP VUELVE AL BANQUILLO POR BENEFICIARSE DE LA CORRUPCIÓN GÜRTEL: 200.000 EUROS PARA SU BASTIÓN DE BOADILLA

 

LAS DOS VIDAS DE ISABEL, LA EMPLEADA DE GÜRTEL QUE DELATA A SUS JEFES PARA NO VOLVER A PRISIÓN

 

UN ARREPENTIDO DE LA GÜRTEL INVOLUCRA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP A GARCÍA ESCUDERO Y CRISTINA CIFUENTES

 

EL EXALCALDE DE BOADILLA CONFIESA QUE EL PP LE ORDENÓ DESVIAR UNA PARTE DE LAS MORDIDAS A CAMPAÑAS ELECTORALES

 

LA CONFESIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUSADOS EN EL NUEVO MACROJUICIO DE 'GÜRTEL' ACERCA AL PP A UNA TERCERA CONDENA

 

EL ALBONDIGUILLA TAMBIÉN CONFIESA EN GÜRTEL: “CORREA TENÍA CONTACTO CON LA MONCLOA”

 

MEMORIAS DE UNA TRAMA CORRUPTA: “ESTO SE HACÍA POR INDICACIÓN DEL PP”

 

LA CONFESIÓN DE SIETE ARREPENTIDOS CERCA AL PP EN SU TERCER GRAN JUICIO DE GÜRTEL

 

EL EMPRESARIO JOSÉ LUIS ULIBARRI CONFIESA CINCO DELITOS ANTES DEL JUICIO DEL CASO GÜRTEL DE BOADILLA DEL MONTE

 

ALFONSO BOSCH TEJEDOR. “MI MOTE ERA ‘BUJÍAS’ O ‘NEVERAS”

 

CRESPO CONFIESA QUE LA GÜRTEL FINANCIÓ AL PP Y AVALA LA TRAMA DE MORDIDAS EN LA ERA AZNAR

 

FRANCISCO CORREA ADMITE LAS ACUSACIONES DE ANTICORRUPCIÓN EN EL SEGUNDO GRAN JUICIO A LA GÜRTEL

 

LA NUEVA CONFESIÓN DEL CABECILLA DE LA TRAMA GÜRTEL

NUEVO BANQUILLO PARA EL PP POR LA GÜRTEL: BOADILLA

EL JUEZ DE LA MATA CREE QUE EL PP SE LUCRÓ CON LA TRAMA GÜRTEL EN BOADILLA

EL PSOE PIDE AL JUEZ QUE REGISTRE LA SEDE DEL PP DE BOADILLA DEL MONTE

GONZÁLEZ TABOADA, HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES, A UN PASO DEL JUZGADO

‘EL ALBONDIGUILLA’ SE ESCUDA EN UN CONSEJERO DE CIFUENTES PARA DEFENDER UNA ADJUDICACIÓN DE LA ‘GÜRTEL’

“ME DIERON LA ESPALDA EN EL PP POR ENEMISTARME CON CORREA”

EL ALBONDIGUILLA' INSINÚA QUE AZNAR PROPUSO COLOCAR A ALFONSO BOSCH


LA EXMUJER DEL 'ALBONDIGUILLA' DENUNCIA QUE SU EXMARIDO PODRÍA UTILIZAR SU DNI CON FINES DELICTIVOS
 

PANERO TENÍA CUENTAS EN SUIZA, HOLANDA Y CHINA


EL JUEZ RUZ PREGUNTA A GÉNOVA SI CONTROLABA EL DINERO EN LOS MUNICIPIOS 'GÜRTEL' DE MADRID


ROBERTO FERNÁNDEZ, IMPUTADO POR GÜRTEL Y DETENIDO POR MALOS TRATOS


YOLANDA ESTRADA Y GÜRTEL


RUZ ‘ASUSTA’ A ESPERANZA AGUIRRE: CITA A DECLARAR AL ‘CHICO QUE LE LLEVABA EL BOLSO.., LITERALMENTE’


RUZ CITA A DECLARAR AL CONCEJAL DE POZUELO QUE DESTAPÓ LA TRAMA

RUZ IMPUTA AL EXCONCEJAL DE HACIENDA ROBERTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

RUZ CITA AL EXALCALDE DE MAJADAHONDA Y AL CONCEJAL QUE DESTAPÓ EL CASO GÜRTEL


EL ALCALDE DE MAJADAHONDA: 'NO RECIBÍ NINGÚN REGALO DE GÜRTEL'


GÜRTEL: NUEVAS FACTURAS DE REGALOS A CARGOS POLÍTICOS


LA AGENCIA TRIBUTARIA CONCLUYE QUE LÓPEZ VIEJO DEFRAUDÓ DOS MILLONES DE EUROS

RUZ CITA A DECLARAR A LÓPEZ VIEJO POR LOS PAGOS QUE LE HIZO CORREA A CAMBIO DE CONTRATOS PÚBLICOS


GONZÁLEZ TEROL SIGUE GESTIONANDO EL URBANISMO CON EL PLAN GENERAL ANULADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO


EL INGENIERO DE POZUELO EXIGE 1,5 MILLONES A HISPÁNICA POR ADJUDICARLE VEINTE OBRAS


LA POLICÍA DICE QUE EL CONCEJAL QUE DENUNCIÓ GÜRTEL TAMBIÉN COBRABA


HACIENDA DESMIENTE QUE EL DINERO QUE LÓPEZ VIEJO TENÍA EN SUIZA PERTENECIESE A SU MUJER


BOADILLA, UN AYUNTAMIENTO A MEDIDA DE GÜRTEL


BOADILLA PERSIGUE EN LOS TRIBUNALES EL DINERO DE 'EL ALBONDIGUILLA'

GÜRTEL SE REPARTIÓ UNA COMISIÓN DE 1,8 MILLONES EN BOADILLA DEL MONTE

EL JUEZ RUZ INVESTIGA EL DESPILFARRO DE LOS ACTOS DE ‘PRIMERA PIEDRA’ DE AGUIRRE

RUZ DA A LA COMUNIDAD DE MADRID CINCO DÍAS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS YA PEDIDOS EN SEPTIEMBRE


Ruz exige al Gobierno de Madrid que diga quién pagó actos de Sanidad y Transportes


ANA GARRIDO: “NUNCA IMAGINÉ QUE EL PRECIO POR DENUNCIAR LA GÜRTEL IBA A SER TAN ALTO”


LA COMUNIDAD DE MADRID ESCONDE EN LA OPACIDAD LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN ESTRELLA DE AGUIRRE

"ESPERANZA AGUIRRE ESTUVO EN FIESTAS PARTICULARES CON FRANCISCO CORREA"

EL INFORME DEL PELOTAZO DE MAJADAHONDA QUE NO QUISO VER ESPERANZA AGUIRRE


EL FACTOR ARGANDA


LA RED GÜRTEL PAGABA CON BILLETES DE 500

LAS PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL IMPLICAN AL GERENTE DEL PP DE MADRID

EL GOBIERNO MADRILEÑO CULPA A LA POLICÍA DE NO REMITIR AL JUZGADO LA DOCUMENTACIÓN

LA IGAE AFIRMA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID OCULTÓ AL JUEZ LOS CONTRATOS CON LA TRAMA GÜRTEL


EL PP OCULTÓ EL PAGO DE UNA CENA ELECTORAL DE ANA BOTELLA EN ARGANDA

BOADILLA, CONDENADA POR ACOSAR A LA TRABAJADORA 'ANTI-GÜRTEL'

EL ALCALDE DE ALCORCÓN, SITIADO: SU MUJER COBRÓ SUELDO ILEGAL ASESORANDO A UN IMPUTADO EN ‘GÜRTEL’


EL JUEZ DICE QUE LOS DELITOS DE LA GÜRTEL EN POZUELO NO HAN PRESCRITO

«NO TE QUEREMOS JODER LA VIDA»


LA POLICÍA CERTIFICA QUE GÜRTEL SUFRAGÓ GASTOS ELECTORALES DEL PP


 

EL ALBONDIGUILLA APUNTA AL GOBIERNO DE AZNAR EN EL JUICIO DE GÜRTEL: “RECIBIMOS LLAMADAS DE MONCLOA”

 

El exalcalde de Boadilla del Monte describe la enorme “influencia” que tenía Correa en la cúpula del PP

 

Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) entre 1999 y 2009 y conocido como El Albondiguilla, ha sacado este martes la artillería en el tercer juicio al PP por Gürtel. El exregidor, que afronta una petición de la Fiscalía de más de 40 años de cárcel, ha señalado directamente a los gobiernos de José María Aznar al describir la enorme influencia de Francisco Correa, líder de la trama, dentro del partido. “Recibimos llamadas de Moncloa para sugerirnos cosas del Ayuntamiento”, ha declarado el acusado González Panero en la Audiencia Nacional.

 

La cuarta sesión del juicio sobre los negocios de Gürtel en Boadilla, que vuelve a sentar al PP en el banquillo por beneficiarse de la red corrupta, ha servido para escuchar a los últimos de los 17 acusados que han admitido el relato de hechos de la Fiscalía —los interrogatorios de los otros siete acusados, que rebaten las tesis del ministerio público, están también previstos para esta misma semana—. Después de que los principales implicados reconocieran su participación en la trama en las primeras jornadas, el turno le ha llegado este martes a González Panero: “Consentí el trato de favor al Grupo Correa a cambio de recibir comisiones”, confesó el exregidor en un escrito enviado a principios de mes al tribunal.

 

El exalcalde ha mantenido este martes esa línea ante los jueces, pero ha disparado hacia arriba al describir el desembarco de la trama en Boadilla con su connivencia. El Albondiguilla ha asegurado que conoció a Correa cuando llegó al poder tras una esperpéntica moción de censura en la que arrebató el bastón de mando a un compañero del propio PP al aliarse con cuatro concejales del partido y con otros cuatro independientes. “[A Correa] me lo presentó José Galeote, [edil del municipio durante 12 años]. Me comentó que tenía mucha ascendencia en el PP, que organizaba todos los eventos. Y que, de cara a las siguientes elecciones, necesitaríamos una persona que nos pudiera ayudar e influir”.

 

“Comprobé que tenía mucha ascendencia. Desde la primera comida, nos daba muchos datos”, ha relatado Panero, que ha negado que la influencia de Correa en el partido fueran simples “bravuconadas” del empresario. “Quedé con él en el hotel Fénix y apareció una vez el señor Alejandro Agag, [yerno de Aznar]. En otra ocasión, también Rodrigo Rato”, ha puesto como ejemplo. Además, ha detallado intervenciones directas del Gobierno popular: “Recibimos llamadas de Moncloa para sugerirnos cosas del Ayuntamiento. En este caso, no de adjudicaciones, sino de nombramientos. O, por ejemplo, en un pliego de limpieza viaria, se nos dijo que lo de recoger solo tres días la basura en las urbanizaciones, que se pusiese siete días. Que no se hizo, se puso cuatro. Pero Correa me había dicho que se tenía que hacer así y que, si no se hacía, me llamarían para mandármelo”.

 

El exalcalde ha explicado que Correa entraba en la sede nacional del partido “sin necesidad de acreditación”, cuando incluso se la pedían a él, pese a que era regidor y miembro de la cúpula de la formación regional. Ha añadido que Antonio Cámara, secretario personal de Aznar, lo telefoneó para que colocara a Alfonso Bosch al frente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), desde donde facilitaría los negocios de la red corrupta. Cámara llegó a trabajar durante unos meses para una de las sociedades de Correa, Special Events, después de que el PP perdiera La Moncloa en 2004. Bosch, que también fue concejal de El Escorial, medió para organizar la boda de la hija del expresidente con Agag.

 

El Albondiguilla también ha incidido en que parte de las mordidas que se repartían tenían como destino costear actos del PP. “Correa nos dijo que tenía que ir una cantidad al Partido Popular. No dijo al PP a nivel Boadilla, sino al Partido Popular”. “Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP”, había subrayado ya en su escrito de confesión.

 

Pese a que el exregidor ha insistido en su “arrepentimiento”, la Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado escéptica sobre su colaboración y le ha reprochado que no haya resarcido el daño económico causado. “Vivo con mis padres, no he podido trabajar en todos estos años, no tengo fondos de ningún tipo...”, se ha excusado González Panero. Entonces, el ministerio público le ha recordado que en 2009, después de que estallara el caso Gürtel, abonó 70.000 euros para cancelar una hipoteca.

 

“Tengo a Panero cogido por los huevos”

 

La cuarta sesión del juicio ha comenzado con los interrogatorios a Javier Nombela e Isabel Jordán, dos de los trabajadores de las empresas de Correa y condenados ya respectivamente a más de 4 años y 22 años de cárcel por otras derivadas de Gürtel. Ambos han apuntalado así las acusaciones de Anticorrupción. El relato de Jordán ha resultado especialmente nutrido en detalles, ya que se convirtió en una de las encargadas del aterrizaje en Boadilla del Monte.

 

La exempleada ha relatado una cena entre Correa; su entonces número dos, Pablo Crespo; y los máximos responsables de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV), César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch, colocados por González Panero. “Aparte de hablar de temas de campaña, se habló de la lista de candidatos para presentar en aquellas elecciones de 2007”, ha apuntado Jordán, que ha especificado las diferentes maniobras para amañar contratos. “Correa me contó: ‘Vamos a poder tener todos los contratos de Boadilla que yo quiera. Me los van a adjudicar todos. Tengo a Panero cogido de los huevos’. Y me explicó que existía un vídeo donde se veía contando dinero a Panero”.

 

Entre otras corruptelas, según ha insistido la extrabajadora de Correa, la trama sobrefacturaba a la EMSV para pagar actos organizados para el partido conservador. Es más, ha destacado que Bosch, que también fue exdiputado popular, conocía perfectamente esta forma de actuar, pese a que él lo negó la pasada semana. “Él sabía que estos importes se metían en las facturas”, ha repetido, antes de narrar las “dádivas” que dieron al alcalde de Boadilla. “En 2005 y 2006 se le regalaron unas cestas de navidad. Y, de cara a las navidades de 2007, hablé con González Panero y me dijo: ‘Dentro de lo que puedas, [en lugar de una cesta], si puede ser otra cosa mejor’. Le dije: ‘Pues dime el qué'. Y me contestó: ‘Hombre, pues me viene bien ropa”. También ha añadido que le regalaron una televisión de plasma.

 

—¿Y cómo conseguían que los funcionarios accedieran [a sus pretensiones]? —ha inquirido la Fiscalía Anticorrupción.

 

—Yo no estaba presente... Entiendo que González Panero daba una orden a sus concejales o a quien correspondiera. Y que era así porque nos recibían —ha contestado Jordán.

 

https://elpais.com/espana/2021-11-23/el-albondiguilla-apunta-al-gobierno-de-aznar-en-el-juicio-de-gurtel-recibimos-llamadas-de-moncloa.html

 

'EL ALBONDIGUILLA' SEÑALA AL GOBIERNO DE AZNAR Y ASEGURA QUE RECIBIÓ "LLAMADAS" DE MONCLOA

 

La administradora de Gürtel, Isabel Jordán, ha destacado que Correa tenía a 'El Albondiguilla' "cogido de los huevos" y "comiendo de su mano"

 

El que fuera alcalde de Boadilla del Monte durante las presuntas actuaciones de Gürtel en el municipio, Arturo González Panero 'El Albondiguilla', ha asegurado este martes que recibió directrices desde Moncloa y también del presidente regional del Partido Popular, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la trama en el municipio.

 

En su declaración en el juicio, Panero ha detallado que el consistorio recibió "llamadas de Moncloa" --durante la presidencia de José María Aznar-- en las que le sugirieron "cosas relacionadas" con el ayuntamiento. "Adjudicaciones no, pero sí nombramientos", ha señalado, afirmando además que esas indicaciones también tenían relación con algunos de los pliegos.

 

En concreto, ha señalado 'El Albondiguilla', en una concesión a la empresa de limpieza Sufi. "Se nos dijo que lo de recoger las basuras solo tres días en la urbanización que no, que había habido quejas y que lo pusiéramos siete. Francisco Correa me dijo que se tenía que hacer y que, si no, me llamarían para decírmelo", ha explicado.

 

Y en lo relacionado con García-Escudero, el otrora alcalde ha señalado que fue él el que sugirió el nombre de Francisco de la Torre para ser nombrado como consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). "(García Escudero) es una persona que es arquitecto, y en materia de urbanismo y suelo intervenía activamente", ha sostenido.

 

Correa apareció con Rato y con Agag

'El Albondiguilla', que presentó un escrito de confesión apenas una semana antes del inicio del juicio, ha aportado luz sobre cómo conoció al líder de la 'Gürtel' y la influencia que éste ejerció en el consistorio. "Desde el primer momento comprobé que tenía una gran ascendencia en el PP. Desde la primera comida no solo presumía, sino que daba muchos datos", ha apuntado.

 

Así las cosas, y para ejemplificar el poder de Correa, Panero ha explicado que en "alguna ocasión" éste apareció con Alejandro Agag, yerno de Aznar, o incluso con el exvicepresidente del Ejecutivo Rodrigo Rato. "Ahí vi que tenía una influencia importante en el Partido Popular", ha insistido. La figura de Correa era tan grande, según 'El Albondiguilla', que éste "entraba en Génova sin acreditación" cuando él, pese a ser alcalde, necesitaba una.

 

En su declaración, Panero también ha señalado cómo el cabecilla de la 'Gürtel' le instruyó para "vender" Boadilla del Monte "como un municipio importante". "Me dijo que tenía que vestir mejor de lo que vestía. Le acompañé a una camisería donde compramos camisas para mí", ha revelado, asegurando que Correa quería que dejara de lado la mentalidad "de pueblo".

 

Al frente del municipio, 'El Albondiguilla' "dejaba hacer" a los dirigentes de la trama y se "beneficiaba" de las adjudicaciones en el municipio. Según ha apuntado, habría dado un trato preferencial a 'Gürtel' tanto desde el consistorio como desde la EMSV, cuyo consejo de administración presidía.

 

La influencia de Gürtel en Boadilla

Por su parte, la considerada como administradora de algunas de las sociedades de la trama 'Gürtel', Isabel Jordán, ha detallado el poder de influencia de Correa y cómo trabajaba la red para conseguir las adjudicaciones. Y lo ha hecho, en concreto, refiriéndose a una cena en la que, frente a otros acusados como Pablo Crespo, Tomás Martín Morales o Alfonso Bosch, se negó a una de las adjudicaciones.

 

"Yo me opuse a ese contrato, se me habló mal e incluso una persona me dio una patada por debajo de la mesa. El señor Correa me dijo espérate al final de la cena que tengo que contarte una cosa", ha relatado, señalando lo que el líder de 'Gürtel' le explicó a continuación mientras caminaban por el Paseo de la Castellana.

 

"Correa me dijo: no te preocupes, vamos a poner todos los contratos de Boadilla del Monte porque tengo a Arturo Panero cogido por los huevos. Me dijo que existía el famoso vídeo en que se veía contando dinero a Panero y que con ese se lo podrían exhibir y que lo tenían un poco pillado. Me dijo que le tenían comiendo de su mano", ha aseverado.

 

Además de detallar su entrada en el círculo de Correa y como pasó a ser administradora, Jordán también se ha referido al que fuera gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, el propio Martín Morales, a la hora de referirse a los pliegos que se aprobaban.

 

Así, y dejando claro que no quería contradecir la declaración del otro encausado, Jordán ha dejado claro que los pliegos para Boadilla del Monte fueron elaborador por Fernando García Rubio, un abogado que hizo los de Majadahonda por 3.000 euros y al que se le pidió que trasladase eso mismo al Ayuntamiento que lideraba González Panero.

 

"A Martín Morales nunca le pedí un pliego (en eventos)", ha sostenido Jordán, que ha explicado que el otrora gerente llevaba la parte "administrativa de las empresas" y lo referido a la parte "jurídica" del contrato, dejando claro que, con todo, el todavía no estaba en esa época en el consistorio, sino como asesor externo.

 

Adjudicación "a dedo" y sin concurso público

Además, Jordán ha hablado sobre el sucesor de Martín Morales y exdiputado del PP madrileño, Alfonso Bosch, y cómo se acometía la adjudicación de diferentes contratos, que nunca se sacaba a "concurso público", sino que era una "adjudicación a dedo". "Nos llamaba Bosch y decía tengo 80, 200 viviendas de no se cuánto y nos convocaba", ha señalado.

 

Jordán también ha aludido a los gastos de la trama destinados a la precampaña del Partido Popular madrileño en el año 2006. Las facturas de la misma, ha detallado, se habrían incluido de forma fraccionada en cada uno de los eventos que la red organizaba para la EMSV, que era quien acababa sufragando los actos.

 

"Yo no quiero contradecir a nadie, pero como el otro día el señor Bosch dijo que no sabía nada de la campaña* él sabía de estos importes que se metían en sus facturas. Se metían ciertos importes para cobrar actos de la precampaña", ha sostenido Jordán. En su declaración, Bosch negó que tuviera conocimiento de que la dirección de los 'populares' enviase directrices a la EMSV. "No tengo constancia. Si fuera así me lo hubieran pedido porque conocía al presidente regional y al gerente", señaló.

 

Fraccionamiento de las facturas

Este martes también ha declarado Javier Nombela, el encargado de la facturación de las empresas de la trama y ex vocal del PP en la Junta del distrito de Moncloa. En su declaración, Nombela ha repasado la organización de eventos y de contratos con el Ayuntamiento y a través de algún concejal como Juan Jesús Siguero, que estaba al frente de Patrimonio y Nuevas Tecnologías. "Los primeros contactos fueron una forma de pedir información sobre un servicio que estaba funcionando en Majadahonda", ha señalado, aludiendo a la Oficina de Atención al Ciudadano.

 

En esas conversaciones Nombela le habría facilitado los pliegos de la oficina en Majadahonda. "He tenido que hacer un ejercicio de memoria leyendo cosas. Hay un cuaderno que escribe Isabel y en el que pone Javier: pedir pliegos de la OAC. Eso funcionaba así, hay que llamar hoy a Siguero y pedir los pliegos", ha relatado.

 

Por otro lado, Nombela también ha corroborado que la utilización de las sociedades para pasar las facturas que se fraccionaban en pagos más pequeños --que no excedieran los 12.000 euros-- era una "práctica habitual en la Comunidad de Madrid y en otros sitios" como, por ejemplo, la EMSV.

 

En la sesión de este martes también ha declarado Javier del Valle, que ha reconocido que ayudó a 'El Albondiguilla' a ocultar comisiones a través de estructuras societarias y financieras en el extranjero. El juicio se reanudará este miércoles a las 10.00 horas con Panero respondiendo a las preguntas de su abogado.

 

https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/caso-gurtel-albondiguilla-senala-gobierno-aznar-asegura-recibio-llamadas-moncloa_279236102

 

 

EL CORREVEIDILE ENTRE CORREA Y EL ALBONDIGUILLA: “ME DECÍAN: ‘ESTO VIENE DEL PRESIDENTE DEL PP”

 

Martín Morales, juzgado por los negocios de Gürtel en Boadilla, detalla cómo participó en el uso de mordidas para el partido

 

César Tomás Martín Morales, alias El Santo, jugó un papel clave en el desembarco de la trama Gürtel en Boadilla del Monte. Este empresario y abogado no solo facilitó los sucios negocios de la trama desde la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV), al frente de la cual lo situó el alcalde Arturo González Panero, El Albondiguilla; sino que se llegó a convertir en el intermediario entre Francisco Correa y el regidor cuando la relación entre ambos se rompió. Ejercía de “correveidile”, como Martín Morales se ha definido este jueves, durante su interrogatorio como acusado en la Audiencia Nacional. Una cita que ha aprovechado para admitir su implicación en la red corrupta y para relatar lo que vio y escuchó desde su posición privilegiada, incluido el desvío de dinero de mordidas para pagar campañas del PP: “Correa me decía: ‘[La orden] viene del presidente del partido”.

 

El tercer gran juicio al PP por Gürtel, que arrancó esta semana, ha continuado este jueves con la declaración de más acusados. Tras los interrogatorios el miércoles a los principales cabecillas de la red corrupta, la vista ha proseguido con los testimonios de Martín Morales; el exdiputado popular Alfonso Bosch Tejedor; el empresario Jacobo Gordon (socio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar); el asesor fiscal de la trama, José Ramón Blanco Balín; el arquitecto Antonio de Miguel, técnico de la EMSV; y los constructores y directivos José Luis Martínez Parra, José Luis Ulibarri, Alfonso García-Pozuelo y Rafael Martínez Moliner. Todos ellos han mantenido la misma línea que avanzaron en la fase de cuestiones previas, cuando sus defensas adelantaron que admitían los hechos que les imputaba la Fiscalía Anticorrupción. En aquella sesión, celebrada el martes, confesaron 17 de las 24 personas que se sientan en el banquillo.

 

“Correa era el que al final decidía absolutamente todo de todos”, ha incidido Martín Morales, exgerente de la EMSV: “Si se me permite el símil, Correa era el entrenador y usaba a las personas a su libre arbitrio. Él decidía todo: cuál era la empresa, dónde proponía la adjudicación, en qué Ayuntamiento, cuánto cobraba, cuánto repartía”. Según el ministerio público, la trama usó sus contactos en el PP para adentrarse en la Administración local de Boadilla con el beneplácito de González Panero, desde donde se manipularon contratos públicos para otorgar obras a empresas que les pagaban mordidas. Parte de ese dinero se usó presuntamente para costear gastos electorales del partido, que se sienta en el banquillo acusado como partícipe a título lucrativo.

 

En esa línea ya se pronunció El Albondiguilla en el escrito de confesión que envió a la Audiencia Nacional antes del juicio: “Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP”. Sobre el origen de las órdenes para amañar los contratos, también ha ahondado Martín Morales este jueves: “A mí, Correa me decía: ‘Esto lo indica la casa, lo dice el partido. O viene de arriba, [...] viene del presidente del partido”. En la sentencia sobre la primera etapa de Gürtel, conocida como Época I, la justicia dio por acreditado que la trama anidó en el seno de la formación: “Entre el Grupo Correa y el PP se tejió una estructura de colaboración estable. Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”. Entre los ya condenados por la red corrupta se encuentran numerosos cargos populares, incluido su extesorero y gerente durante 20 años, Luis Bárcenas.

 

El poder de Correa en el PP

 

Martín Morales ha continuado así: “[Correa] tenía cierto poder sobre todas las personas del PP que aspiraban a poderse codear con los líderes en esos ámbitos en los que él manejaba los asuntos [...] Correa invitaba, entregaba credenciales para poder asistir en sitios preferenciales a los congresos, o presentaba a cargos del PP. Correa lo hacía con la intención de crear una red clientelar a la que luego acudir para cobrarse los favores”. Alfonso Bosch, que también ha confesado, ha explicado así su desembarco en Boadilla para sustituir a Martín Morales al frente de la EMSV: “Cuando el alcalde me nombra, me dice que yo me debo a él y a las directrices que me dé Martín Morales [...] Yo he contratado principalmente con las empresas de Correa”.

 

—¿Los amaños se conocían más arriba? —ha incidido la Fiscalía.

 

—A mí, Correa me decía que sí. Se sabía en el PP de Boadilla, claro. Y a mí se me decía que aquellas empresas, [a las que se concedían las adjudicaciones], las había designado el partido. Yo lo creía entonces, pero a día de hoy creo que era una estrategia comercial de Correa para tenernos cautivados. Pero no lo sé —ha contestado Martín Morales.

 

Entre las compañías beneficiarias se encontraba Constructora Hispánica, encabezada por Alfonso García-Pozuelo, que ya reconoció en Época I que pagó mordidas a Correa destinadas a “organismos centrales” —lo que ha permitido reabrir la investigación sobre la adjudicación de obras de Ministerios del Gobierno de Aznar a cambio de donaciones para la caja b del PP nacional, que aún permanece en instrucción—. De hecho, este martes, García-Pozuelo ha vuelto a confesar su implicación en la trama y ha detallado que el líder de Gürtel le decía que las comisiones ilegales se las “daba” a “Génova” o “a la casa”, términos que usaba para referirse al partido.

 

Según Martín Morales, por un amaño a favor de Constructora Hispánica en Boadilla, Correa le comunicó que esta empresa aportaría “un millón de euros y que, con eso, se iba a poder sufragar toda la campaña electoral de 2007”. Él mismo fue a por el dinero: “Correa me encargó recoger en su despacho la cantidad exacta de 660.000 euros, que tenía que separar en dos bloques: uno de 510.000 para la alcaldía, y otros de 150.000 para pagar la precampaña y todos los actos de campaña y sostenimiento de la actividad del partido en 2007. Como hice”.

 

Otro constructor, José Luis Ulibarri, también ha confirmado este jueves el modus operandi de la trama y su participación. “[Correa] me comentó que tenía capacidad de influir en una adjudicación de suelo. Yo me imaginé que era en el alcalde”, ha asegurado el empresario, que ha explicado que se le pidió una comisión de un millón de euros por la gestión. “Está claro que estaba hablando de un 3%”. Para abonarlos, Ulibarri ha admitido que pagó dos facturas de 500.000 euros a una compañía de la trama por “servicios que eran falsos”.

 

También Martínez Parra ha confirmado los tejemanejes: “Mi padre tenía relación [con la trama] y, si alguna obra le interesaba, hablaba con Correa para que le hiciera las gestiones adecuadas para la adjudicación”. Este constructor, exvicepresidente de Teconsa, detalló en su escrito de confesión que dio casi dos millones de euros en mordidas a la red corrupta: “En pago por la adjudicación de contratos, [se] abonó a la organización de Correa en 2007 la cantidad de 1,8 millones de euros. Estos pagos se hicieron: 1,38 millones en efectivo; y 420.000 euros en facturas emitidas a Teconsa por Creva, sociedad de Pablo Crespo, que reflejaban servicios inexistentes”.

 

https://elpais.com/espana/2021-11-18/el-correveidile-entre-correa-y-el-albondiguilla-me-decian-esto-viene-del-presidente-del-pp.html?rel=mas

 

 

FRANCISCO CORREA, EN EL TERCER GRAN JUICIO AL PP POR GÜRTEL: “HE ADJUDICADO OBRAS EN MUCHOS MUNICIPIOS Y A NIVEL GENERAL”

 

Los 24 acusados por los negocios de la trama en Boadilla comienzan a declarar ante el tribunal

 

El primer plato fuerte del tercer gran juicio al PP por la trama Gürtel, que comenzó esta semana en la Audiencia Nacional, ha llegado finalmente este miércoles. El cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, y su antiguo número dos, Pablo Crespo, han declarado ante el tribunal y han reconocido su participación en el amaño de contratos en Boadilla del Monte (Madrid) gracias al beneplácito de los dirigentes locales del partido conservador. Pero los dos acusados, para quien la Fiscalía pide 76 y 64 años de cárcel, respectivamente, han insistido en que su actividad no se limitaba a este rico municipio: “Yo he adjudicado muchísimas obras. No solo en Boadilla, sino en muchos municipios y a nivel general”, ha recalcado Correa durante su interrogatorio.

 

Guía para seguir el tercer gran juicio al PP por Gürtel: “Parte del dinero era para el partido”

La trama anidó durante años en el seno del PP, que acumula ya dos condenas por beneficiarse de Gürtel y que se enfrenta a una tercera en esta vista oral. El propio Crespo, que fue secretario de Organización de los populares gallegos, ha dicho que Correa “se ganó la cuenta del PP a nivel global en 1994” y, a partir de entonces, tejió toda una red de contactos que le sirvió para desembarcar en las administraciones gobernadas por el partido. “Correa siempre ha sido un excelente relaciones públicas. Trabó relación con todos los dirigentes y con los alcaldes. Era una persona con mucha capacidad de influencia en todos ellos. Y así fue como fue conociendo a todos”, ha apuntado su número dos.

 

Según mantienen las acusaciones y han admitido 17 de los 24 acusados, la trama se adentró en el Ayuntamiento de Boadilla a principios de la década pasada para amañar adjudicaciones con el objetivo de beneficiar a determinados empresarios que le pagaban comisiones. Los constructores abonaban mordidas que después se repartían Correa, sus hombres y distintos cargos del PP —entre ellos, el entonces alcalde, Arturo González Panero, El Albondiguilla—, quienes también recibían “regalos” como ropa y viajes. Parte de ese dinero era para la formación conservadora, pues se destinaba al pago de gastos de publicidad y campañas electorales. “Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP”, aseveró el exregidor en un escrito remitido al tribunal.

 

“Labores de ‘lobby”

 

Correa ha aprovechado su declaración para ratificar la carta de confesión que envió el 25 de noviembre de 2020 a la Audiencia Nacional. Al igual que en su manuscrito, el líder de Gürtel ha comenzado explicando cuándo conoció a otro de los grandes protagonistas de este juicio, Arturo González Panero. “Me lo presentó Guillermo Ortega, [regidor de Majadahonda], porque fueron compañeros de colegio. Fue en un almuerzo. Arturo era ya alcalde”, ha detallado. De esta forma, el empresario ha evidenciado cómo usó sus tentáculos dentro del PP. El partido se encuentra también acusado en esta vista como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de la red corrupta.

 

Durante cerca de una hora, Correa ha detallado cómo aterrizó en Boadilla y cómo operaba para amañar los contratos públicos. Según ha asegurado, él se limitaba a hacer “labores de lobby”. Mediaba entre los constructores y el Ayuntamiento —siempre hablaba con González Panero o con César Tomás Martín Morales, responsable de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV), según su versión—. “Yo intervenía para que la adjudicación fuese a la empresa [elegida]”, ha insistido, antes de referirse a las mordidas que recibían a cambio: “Era yo quien negociaba la cantidad con los empresarios. Estos me aportaban un dinero en efectivo tras fijar un porcentaje. Y [parte de] ese dinero se lo entregaba a González Panero”.

 

“Yo seleccionaba siempre a una única empresa [para cada adjudicación]. Nunca tenía dos o tres candidatos. No trabajaba así. Me parecería amoral”, ha proseguido Correa, que ha descrito algunos de sus contactos. “En el caso de una parcela, me llamó el presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero”. Pero no se la ofreció a él, sino al constructor José Luis Ulibarri, también acusado en este juicio y con quien ya lo había pactado. “Los negocios con los alcaldes y los empresarios los hacía siempre Correa”, ha confirmado después Pablo Crespo.

 

La trama se aprovechó durante años de la intensa relación entre Correa y El Albondiguilla, pero esta comenzó a deteriorarse en un momento determinado.

 

—¿Por qué se produjo el fin de la relación con González Panero? —ha preguntado la Fiscalía Anticorrupción.

 

—Correa estaba muy enfadado porque se enteró de que Panero, con el que tenía un acuerdo, estaba negociando los contratos con otras personas. Correa se sintió traicionado, con toda la razón. Rompió la relación con él y los recados los hacía a través de Martín Morales […]. [En un caso, relacionado con la empresa Sufi], Panero llegó a mandar a otro intermediario para negociar, y Correa se sintió deslegitimado —ha contestado Crespo.

 

En sus escritos de confesiones, el líder de la trama y el exalcalde también dieron su versión al respecto. “La relación con González Panero era muy complicada, no mantenía su palabra ni código ninguno. Prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro. Cambiaba adjudicaciones, aún habiéndolas prometido a un empresario, si posteriormente otro empresario mejoraba la dádiva. [...] Se podría resumir como amoral”, asegura Correa. Sin embargo, El Albondiguilla ofrece otro punto de vista: “La colaboración delictiva se fue incrementando hasta 2005, fecha en la que rompí mi relación personal y directa con Correa —sin que ello signifique que dejase de someterme a los intereses de la organización— porque sus pretensiones eran desmedidas y ambiciosas, de manera que sus propuestas eran ya desproporcionadas e implicaban un mayor riesgo de exposición (desarrollo del PGOU, campus sanitario, área comercial del Banco Santander, proyecto sobre residencias de ancianos…)”.

 

“No ha sido inducido por el fiscal”

 

La segunda sesión de la vista oral ha comenzado pasadas las 10.15 de este miércoles y, en su primera parte, ha servido para dar por finiquitada la etapa de cuestiones previas. Una fase que dejó el martes un episodio clave para el resto de la vista oral: 17 de los 24 acusados admitieron su implicación en la trama. Sobre esa situación, ha querido pronunciarse ahora la representante de Anticorrupción: “El fiscal en ningún caso ha pedido a nadie que reconozca nada”. “Lo que hayan decidido que quieren reconocer, en ningún momento ha sido inducido por el fiscal”, ha dicho.

 

Además de Crespo y Correa, también han declarado este miércoles José Luis Izquierdo, el contable de la Gürtel; y Luis de Miguel, asesor de la trama. Este último ha reconocido que fue quien “ideó toda la estructura societaria” de la red corrupta. El presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha dado por finalizada la sesión pasadas las 13.30. El juicio proseguirá este jueves con la declaración del resto de acusados.

 

https://elpais.com/espana/2021-11-17/francisco-correa-en-el-tercer-gran-juicio-al-pp-por-gurtel-he-adjudicado-obras-en-muchos-municipios-y-a-nivel-general.html?rel=mas

 

ACUSADOS DEL NUEVO MACROJUICIO DE 'GÜRTEL' CUMPLEN EL GUION, CONFIESAN LOS HECHOS Y CERCAN AL PP ANTE UNA POSIBLE CONDENA

 

El primer día de la vista oral acaba con diecisiete procesados reconociendo los hechos, incluidos los líderes de la trama, empresarios y excargos del partido conservador

 

Francisco Correa, Pablo Crespo, Alfonso Bosch, José Luis Ulibarri, Isabel Jordán, Arturo González Panero, Alfonso García Pozuelo… Así hasta quince de los principales acusados en el nuevo macrojuicio del caso Gürtel han ido cumpliendo el guion y han ido confirmando el reconocimiento de los hechos que ya habían ido adelantando al tribunal de la Audiencia Nacional que les ha comenzado a juzgar este martes. Sus confesiones dejan al PP, acusado como partícipe a título lucrativo de las actividades delictivas de la trama corrupta, en una posición muy delicada, pues podrían traducirse en una nueva condena, la tercera, para el partido conservador.

 

Uno por uno, diecisiete de los veinticinco acusados por los negocios de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, la llamada Época II, han ido confirmando en la vista oral lo que en los últimos meses habían venido manifestando por escrito: que los hechos que relata el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción son ciertos y se muestran dispuestos a llegar a un acuerdo de conformidad.

 

Se trata de los líderes del grupo criminal, así como empresarios y excargos del PP que habrían participado en las actividades corruptas que buscan reducciones de condena de prisión y se comprometen también a pagar multas millonarias si este reconocimiento sirve al Ministerio Público para acreditar su acusación ante el tribunal.

 

Según el auto de procesamiento de esta pieza del caso Gürtel, la trama habría actuado de "forma ininterrumpida" en Boadilla del Monte al menos entre 2001 y 2009 enriqueciéndose de dos maneras: repartiendo 'a dedo' los contratos municipales entre las empresas de la trama "a cambio de la correspondiente comisión" y mediante "el apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas" de la localidad madrileña. Hasta el punto de que el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en Boadilla del Monte.

 

El magistrado observó en esta maquinaria presuntos delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y, para asegurar las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, exigió fianzas de más de 150 millones de euros.

 

Beneficiado con 204.198 euros

 

Los componentes de la trama se repartieron las mordidas, pero también destinaron parte del dinero a financiar actos de campaña del PP, según las propias confesiones de acusados. Por eso, Anticorrupción considera que el PP resultó "beneficiado" con la actuación de la trama corrupta en "una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas” entre 2001 y 2009. Los acusados aseguran que ese dinero acabó en las cuentas en b del PP nacional para financiar campañas electorales.

 

Los acusados que han confesado son, entre otros, los números uno y dos de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, respectivamente; José Luis Izquierdo, el contable de la trama; el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, alias el Albondiguilla; el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) César Tomás Martín Morales; los empresarios José Luis Ulibarri, Alfonso García-Pozuelo, Jacobo Gordon; el exdiputado del PP Alfonso Bosch; Javier del Valle, exasesor fiscal del exalcalde; el arquitecto Antonio de Miguel Reyes; los asesores del Grupo Correa José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel; o la administradora de las empresas de la trama Isabel Jordán.

 

La cascada de confesiones, la mayoría ya sabidas y otras conocidas en la primera jornada del juicio en la Audiencia Nacional, ha hecho que los abogados no hayan planteado al tribunal ninguna cuestión previa y que hayan manifestado su renuncia a la práctica de la prueba que habían pedido en sus respectivos escritos de defensa tras el auto de procesamiento, antes de que reconocieran los hechos.

 

El resto de acusados, los que no han confesado, han comunicado al tribunal su intención de defenderse de las acusaciones y, por tanto, seguir adelante con la vista oral.

 

Sin cambios en las penas máximas

 

La explicación de por qué confiesan unos y otros no está en muchos de los casos en que hay acusados en este juicio, como Francisco Correa o Pablo Crespo, que ya acumulan otras condenas, pero su tiempo de cumplimiento efectivo de las penas ya está fijado.

 

Así, por ejemplo, la Audiencia Nacional estableció el límite de cumplimiento para el líder de la Gürtel en dieciocho años –aunque está condenado a más de 90 años– y aunque sume más condenas, ese será el tiempo máximo que pase en prisión, ya que el cumplimiento efectivo se fija, según el Código Penal, en el triple de la pena máxima; en su caso, seis años por malversación de caudales públicos.

 

El abogado del PP, Jesús Santos, ha sido el último en intervenir en la primera sesión del juicio, pero no ha planteado ninguna cuestión previa y sólo ha pedido permiso a los tres magistrados para poder seguir las sesiones del juicio de forma telemática.

 

El calendario inicial preveía jornadas de martes a jueves hasta el próximo mes de febrero –salvo las semanas de Navidad–, pero el reconocimiento de los hechos por parte de diecisiete acusados podría reducir considerablemente la duración del procedimiento.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/11/17/acusados_del_nuevo_macrojuicio_gurtel_cumplen_guion_confiesan_los_hechos_cercan_ante_una_posible_condena_126792_1012.html

 

GUÍA PARA SEGUIR EL TERCER GRAN JUICIO AL PP POR GÜRTEL: “PARTE DEL DINERO ERA PARA EL PARTIDO”

 

La vista oral sobre los negocios de la trama en Boadilla comienza este martes. Los ‘arrepentidos’ superan ya la decena tras una nueva batería de confesiones

 

Tomás Martín Morales cuenta que corría el año 2000 cuando recibió una llamada importante. Al otro lado del teléfono sonó la voz de Arturo González Panero, El Albondiguilla, un dirigente local del PP de Madrid que acababa de asumir la alcaldía del rico municipio de Boadilla del Monte tras una esperpéntica moción de censura. El político se había hecho con el poder al aliarse con cuatro ediles de su partido y otros cuatro independientes para arrebatar el bastón de mando a un compañero del propio PP. “[Arturo] me propuso ser gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV)”, detalla Martín Morales, quien ya mantenía entonces una estrecha relación con Francisco Correa, líder de la trama Gürtel: “Y acepté”, remacha en un escrito de confesión enviado hace unos días a la Audiencia Nacional.

 

—En aquel entonces, yo regentaba varias pequeñas empresas familiares en Getafe: salones de bodas, una tienda de telefonía, un taller de sonido y alarmas para coches y un disco bar —añade Martín Morales, que también ejercía como abogado en Getafe y a quien se le empezaría a conocer bajo el alias de Santo, según explicó Alfonso Bosch Tejedor, un exdiputado popular.

 

Francisco Correa lo veía como un hombre clave para adentrarse en Boadilla, donde contaría con el beneplácito del Albondiguilla: “Se consideraba por Correa como adecuado para aquel puesto”, admite el exregidor. Este es un ejemplo de cómo la organización corrupta anidó en el seno de la institución, desde donde manipuló contratos públicos, amañó adjudicaciones para beneficiar a determinados constructores y se repartió millonarias mordidas. Toda una conspiración que la Audiencia Nacional comenzará a destripar a partir de este martes, cuando comienza este nuevo juicio sobre Gürtel. Una vista oral que sienta al PP de nuevo en el banquillo, acusado como partícipe a título lucrativo y condenado ya en dos ocasiones anteriores por beneficiarse del entramado.

 

El árbol de la Gürtel. Gürtel constituye una compleja madeja que los investigadores han ido desenredando progresivamente. Una especie de árbol que tiene como tronco principal a la organización corrupta y del que brotan diferentes ramas. En total, los tribunales han dictado ya resoluciones condenatorias por ocho de ellas, con 69 personas penadas con cárcel: entre otros asuntos, por el desvío de fondos públicos durante la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006; la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana durante las campañas electorales de 2007 y 2008; el pago con dinero negro de la reforma de la sede de la calle Génova; o el caso conocido como Época I, donde se analizó la primera etapa de la trama y se sentenció en 2018 por primera vez al partido.

 

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares buscan ahora sumar un noveno fallo condenatario —que supondría el tercero para el PP— con esta vista sobre Boadilla.

 

La trama de Boadilla. En su auto de apertura de juicio oral, el magistrado José de la Mata definió la trama como un grupo que tenía como objetivo principal “enriquecerse” de forma “ilícita” y “sistemática” con cargo a los fondos públicos”, mediante la adjudicación de contratos a las empresas del propio Correa y otras compañías a las que cobraban una comisión por la intermediación. “Para ello, crearon entramados societarios para conseguir contratos, emitir facturas falsas y ocultar los fondos obtenidos; y sobornaron a autoridades y funcionarios, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación”, apostilla el juez.

 

En Boadilla, la red se adentró en las instituciones con el respaldo de los dirigentes del PP —a los que agasajaron con miles de euros en efectivo y regalos en forma de ropa o viajes— y amañaron adjudicaciones que recayeron, entre otras, en Sufi (que formaba parte del grupo Sacyr); Teconsa; o Constructora Hispánica, encabezada por Alfonso García-Pozuelo, que ya confesó en Época I que pagó mordidas para que los Gobiernos del PP le dieran proyectos. Según han admitido varios implicados, manipularon todo tipo de concesiones: desde “contratos menores” (como la organización de un “concierto clausura del ciclo homenaje a Luigi Boccherini”); al servicio público de información y atención al ciudadano; o las obras de una piscina municipal, un colegio, rotondas, decenas de viviendas, trasteros y garajes...

 

El papel del PP. Los componentes de la trama se repartían el dinero de las mordidas, pero también usaban supuestamente una parte para financiar actos organizados “por y para el PP”, según el juez. El magistrado calculó que el partido obtuvo un “beneficio indebido” de más de 200.000 euros, que se utilizaron para pagar encuestas, vídeos, banderolas, buzoneo y actos de presentación de candidatos a las elecciones. También se usó presuntamente para costear, entre otras cosas, la inauguración de la sede del PP en Boadilla; un desayuno en un exclusivo hotel; o un acto de Esperanza Aguirre para los comicios autonómicos.

 

“Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP”, detalló González Panero. Martín Morales mantiene lo mismo: “Correa me contactó para que la EMVS le facilitara contratos a empresas que, según decía, ayudaban al PP y le eran recomendadas por la dirección nacional del partido [...] Me señaló que había recibido instrucciones de la cúpula del partido, a través de Pío García-Escudero (entonces presidente del PP de Madrid), para que le adjudicasen obras a Constructora Hispánica en reconocimiento a la financiación de campañas que esta empresa les procuraba”, destaca El Santo: “Parte del dinero era para el partido”.

 

Los acusados. De la Mata envió al banquillo a 27 personas, pero no todos se sentarán finalmente en él. Uno de los acusados ha muerto antes del juicio y otro ha sido declarado incapaz, según fuentes jurídicas. Del resto, una docena ha enviado escritos de confesión a la Audiencia Nacional para reconocer los hechos, lo que complica la defensa del PP. Cinco lo han hecho en las dos últimas semanas. Entre los arrepentidos se encuentran los ya mencionados Correa; González Panero; Martín Morales; Bosch y García-Pozuelo. También Pablo Crespo, número dos de la trama y exsecretario de Organización de los populares gallegos; los constructores José Luis Martínez Parra y José Luis Ulibarri; el empresario Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag (yerno de Aznar); y José Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de la trama.

 

Las penas. Con estas confesiones, los procesados tratan de reducir las elevadas penas solicitadas por las acusaciones y mostrar una “colaboración” con la justicia —de última hora y cuando se acumulan los indicios contra ellos— que les abre la puerta a futuros beneficios. Por ejemplo, en su escrito de acusación provisional, la Fiscalía pidió más de 76 años de cárcel para Correa, que ya acumula otras condenas por más de 92 años de prisión; más de 64 años para Crespo, sentenciado a más de 73 años en otras derivadas de Gürtel; más de 40 años para El Albondiguilla; y más de 23 años para el exdiputado Bosch.

 

https://elpais.com/espana/2021-11-16/guia-para-seguir-el-tercer-gran-juicio-al-pp-por-gurtel-parte-del-dinero-era-para-el-partido.html

 

EL JUICIO DE LA GÜRTEL POR LOS AMAÑOS DE BOADILLA COMIENZA CON UNA LLUVIA DE 17 CONFORMIDADES

 

El Consistorio acepta la conformidad de Ulibarri tras pagar el procesado 500.000 euros

 

El juicio de la pieza de Boadilla del caso Gürtel ha comenzado como se esperaba, con una lluvia de conformidades con la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, a las doce que ya se conocían se han sumado otras cinco más, y una retirada de acusación, lo que deja a seis personas que quieren celebrar el juicio de los 24 acusados.

 

Durante las cuestiones previas de este juicio, que juzga el amaño de contratos públicos en este ayuntamiento, entonces gobernado por el alcalde popular Arturo González Panero, alias ‘El Albondiguilla’, el letrado del Ayuntamiento Boadilla, ha hecho una modificación de su escrito de acusación, adhiriéndose a la conformidad de hechos alcanzada por el empresario José Luis Ulibarri con la Fiscalía. El consistorio ha aceptado cambiar su petición de pena después de que, Ulibarri, haya hecho un ingreso de 500.000 euros en pago de la Responsabiidad Civil por el perjuicio al ayuntamiento por la adjudicación de la parcela bajo sospecha. “En nombre del Ayuntamiento aceptamos el pago y damos por resuelto la RC de esa parcela”, ha apostillado el abogado.

 

En cuanto al resto de la jornada, lo más llamativo ha sido la bronca organizada a raíz de la publicación en ABC de los correos electrónicos enviados entre Ramón Blanco Balín y el empresario Carlos Jorge Martínez Massa, en el que el primero le pedía a Massa que llegara a una conformidad aunque hubiera cosas que no eran ciertas y, Massa, se negaba en redondo. Ha habido un cruce de acusaciones relativo a la posible revelación de secretos al hacerse públicos unos correos privados. Tras un choque dialéctico, finalmente, la sangre no ha llegado al río.

 

También ha habido otro momento en el que el administrados de las empresas de la trama corrupta Easy Concept, Hator consulting SA, Proyectos financieron fillmor, Good and Better ha renunciado a los abogados que le representaban, algo que los letrados han agradecido puesto que pertenecen al turno de oficio y todavía no han visto un solo euro por el trabajo realizado. Por su parte, el letrado del PP, Jesús Santos, ha pedido asistir al juicio por medios telemáticos.

 

Conformidades

En relación con los acuerdos de conformidad alcanzados con la Fiscalía Anticorrupción, finalmente las personas que los han firmado son: Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Arturo González Panero, César Tomás Martin Morales, Alfonso Bosch, Alfonso García Pozuelo, José Luis Ulibarri, Jacobo Gordon, José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero, José Ramón Blanco Balín, Isabel Jordán, Luis de Miguel, Javier Nombela, Antonio de Miguel y Javier Del Valle.

 

https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/juicio-gurtel-por-amanos-boadilla-comienza-con-lluvia-17-conformidades_278732102

 

EL PP VUELVE AL BANQUILLO POR BENEFICIARSE DE LA CORRUPCIÓN GÜRTEL: 200.000 EUROS PARA SU BASTIÓN DE BOADILLA

 

Una docena de acusados han presentado un escrito de conformidad en el que reconocen los hechos que les señalan a ellos y a la formación que preside Pablo Casado con el fin de obtener una rebaja en las penas que solicita la Fiscalía

 

El Partido Popular tiene una cita judicial con su pasado más incómodo el próximo martes. Ese día arranca en la Audiencia Nacional un nuevo juicio por el caso Gürtel en el que volverán a aflorar los vínculos entre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y la formación política que hoy lidera Pablo Casado. Esta vez, los hechos juzgados se sitúan en un bastión del PP en la Comunidad de Madrid, Boadilla del Monte, la quinta ciudad española con mayor renta bruta. El PP se sentará en el banquillo de los acusados por tercera vez, la segunda que lo hace por beneficiarse del dinero de la corrupción.

 

El juicio por la trama Gürtel en Boadilla del Monte presentará una característica que le diferencia de otras piezas anteriores y que complica su desenlace para el PP: una docena de acusados ha remitido sendos escritos al tribunal reconociendo los hechos presentados en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y tratando así de obtener una rebaja en la condena.

 

En esos escritos, los empresarios y políticos reconocen los amaños en las adjudicaciones con dinero público. En el auto de apertura de juicio oral, el juez José de la Mata, de acuerdo con Anticorrupción, escribió: “El PP se benefició de algunas de estas operaciones consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el partido (…) Todo ello ha generado, en el ámbito de esta pieza, unos beneficios indebidos para el PP que ascienden a 204.198,54 euros”.

 

La primera vez que el Partido Popular fue juzgado como beneficiario a título lucrativo del dinero recibido por sus ayuntamientos terminó perdiendo el Gobierno de la Nación. Ocurrió con la sentencia del primer gran juicio del caso Gürtel. Las referencias a la existencia de una caja B en el seno del Partido Popular durante al menos veinte años dieron pie a una moción de censura, la primera que ha triunfado en democracia.

 

En aquella ocasión, la Audiencia Nacional resolvió que la formación política se había beneficiado de 245.000 euros que obtuvo el partido en otras dos localidades de mayor renta de la Comunidad de Madrid, Pozuelo y Majadahonda, en un fallo confirmado posteriormente por el Tribunal Supremo. El argumento de la defensa del PP de que el partido no era responsable de aquellos delitos de cohecho y malversación y sí sus grupos municipales fracasó ante la tesis de la Fiscalía Anticorrupción. En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió entonces, los argumentos del Ministerio Público no podrán ser defendidos en la vista por Concha Sabadell, destinada ahora en la Fiscalía europea. 

 

En el banquillo de los acusados se sentarán 27 personas físicas, 11 jurídicas como responsables civiles y el PP en su condición de presunto beneficiario a título lucrativo. De las personas físicas, una docena han alcanzado ya un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del caso. Esos acuerdos, que se escenificarán durante sus declaraciones en el juicio, cuentan con un escrito de asunción de responsabilidades de cada uno de esos acusados.

 

El más llamativo de esos escritos de reconocimiento de hechos es el del que fue alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, tal y como adelantó elDiario.es la pasada semana. En su confesión, ‘El Albondiguilla’, según se referían al alcalde de Boadilla Correa y otros miembros de la trama, afirma que las adjudicaciones a una constructora a cambio de dinero, fueron destinar a financiar las campañas autonómica de 2003 y nacional de 2004 “según las indicaciones instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP”.

 

La pieza del caso Gürtel conocida como Boadilla investiga la actividad desarrollada por el grupo de Francisco Correa en la localidad madrileña entre 2001 y febrero de 2009 “de forma ininterrumpida”, según el auto de apertura de juicio oral. En esos años, las personas y sociedades que formaban el grupo delictivo se enriquecieron “de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad”.

 

Según ha determinado la investigación de forma indiciaria, la actividad de la trama Gürtel consistía tanto en la obtención de contratos públicos para sus empresas, a cambio de mordidas, como para terceros, caso éste en el que Correa y los suyos pactaban una comisión. Solamente el alcalde de la localidad durante aquella década, Arturo González Panero, habría cobrado 1,8 millones de euros por las concesiones amañadas. Con su reconocimiento de los hechos, González Panero busca rebajar considerablemente la petición de pena formulada por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito provisional y que alcanza los 40 años y 7 meses de cárcel.

 

Entre los que han entregado al tribunal un escrito de asunción de los hechos están los dos líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo; constructores que participaron en los amaños, y que figuran como donantes de la caja B, caso de Alfonso García Pozuelo o José Luis Ulibarri, u otros ya condenados en Gürtel con anterioridad como Jacobo Gordon, antiguo socio de Antonio Agag, yerno de José María Aznar, o Ramón Blanco Balín, el exconsejero de Repsol y amigo personal de Aznar, presunto 'blanqueador' del dinero de la corrupción en paraísos fiscales.

 

"Valora bien una buena presentación"

Algunos escritos se limitan a reconocer los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía y otros entran a describir cómo se produjeron los amaños. En este sentido tiene especial valor el de un técnico del Ayuntamiento, Antonio de Miguel Reyes, para quien Anticorrupción solicita 3 años y 6 meses de prisión por cohecho y fraude en la Administración Pública.

 

“Existía una práctica que consistía en que las ofertas que presentaban los licitadores a concursos, se pasaban a mi representado, el señor De Miguel Reyes, para que éste las valorase desde el punto de vista técnico (no económico) y emitiese informes con las puntuaciones correspondientes. Era habitual que a mi mandante le facilitasen una plantilla con los diferentes aspectos técnicos a valorar de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras (…) Aunque no existiese una instrucción expresa de valorar mejor la propuesta de una empresa en concreto, se le daba a entender que había empresas en las que había especial interés, mediante algún comentario como ‘valora bien una buena presentación’, etc”, recoge el escrito presentado por su defensa.

 

En el mismo, el abogado de Antonio de Miguel pone un ejemplo: “El 16 de noviembre de 2014, y por indicación del Gerente D. Alfonso Bosch [otro de los acusados que ha presentado escrito de conformidad], mi representado emitió un informe técnico en el que -sin justificación alguna- incluyó baremaciones que no se recogían en los pliegos del concurso, por lo que eran desconocidos por otros licitadores, y de ese modo, resultó que Teconsa obtuvo la mejor valoración”.

 

En otro escrito de confesión, el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla César Tomás Martín Morales asegura que "Guillermo Ortega en 2003 y Cristina Cifuentes en 2007,siempre ponían de manifiesto que las campañas no debían pasar oficialmente los límites, sugiriendo que se llevaran a cabo en efectivo", cuenta. Además, señala directamente al ex dirigente del PP madrileño Pío García Escudero: "Correa presumía de ser su amigo y decía que los adjudicatarios de las obras eran recomendados por el señor García Escudero y que se financiaba así al partido regional". Martín Morales afirma que Correa le dijo que García Escudero le pidió que se contratase en la EMSV a un arquitecto pariente suyo -"Miguel Ángel, creo recordar"- y que así se hizo.

 

https://www.eldiario.es/politica/pp-vuelve-banquillo-beneficiarse-corrupcion-gurtel-200-000-euros-bastion-boadilla_1_8481674.html

 

LAS DOS VIDAS DE ISABEL, LA EMPLEADA DE GÜRTEL QUE DELATA A SUS JEFES PARA NO VOLVER A PRISIÓN

 

Confiesa a lo largo de 117 folios las actividades de la trama en Boadilla, desde la confección de listas electorales a financiar actos de campañas para el PP con presencia de Aguirre

 

Felisa Isabel Jordán Goncet no es tan conocida como Luis Bárcenas. Nadie le puso un mote como el Bigotes, Albondiguilla o Cara Rata. Pero Isabel Jordán lo sabe casi todo de la trama corrupta que marcó una época en España. Era la administradora de las empresas de la Gürtel, algo así como la guardiana de los secretos del cabecilla de la red, su jefe Paco Correa. Ante un nuevo juicio que la sentará de nuevo en el banquillo, mandó a la Audiencia Nacional un escrito de 117 folios con documentos para contar todo lo que dice conocer y asumiendo los hechos. “Con este escrito quiero, nuevamente, colaborar con la Justicia poniendo en conocimiento diferentes hechos ocurridos desde marzo 2005 a octubre 2007, con más detalles de hechos que se reflejan en el escrito de acusación de la Fiscalía”, explica en el documento dirigido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso El Confidencial. Los jueces de ese tribunal la juzgarán a ella y a otros 25 procesados desde la próxima semana por las actividades de la red en el municipio madrileño de Boadilla. Jordán no quiere volver a prisión bajo ningún concepto. Y no se puede decir que haya estado mucho tiempo entre rejas, apenas 16 meses. Eso a pesar de haber sido condenada a más de 20 años de cárcel en diversas piezas de Gürtel. Su colaboración con la Justicia fue un pasaporte hacia la semilibertad por la vía rápida. Es algo poco habitual cuando se tienen causas pendientes y una condena tan elevada como la suya. Disfruta de un tercer grado, pero una pulsera de control telemático le recuerda su vida anterior. Según su relato, no ha sido un camino agradable. Recuerda que Correa la llamó "hija de la gran puta" en unos calabozos Relata haber sufrido amenazas, ataques de la prensa, haber necesitado protección policial durante años, acoso personal y familiar e insinúa que a su abogado le quemaron el despacho por su decisión de colaborar. Según dice, la situación empeoró cuando aportó un 'pendrive' con documentación que la Justicia consideró esencial para las pesquisas. Recuerda que Correa la llamó “hija de la gran puta” en unos calabozos. Toda esta presión tuvo consecuencias para su salud, dice.

Compañera de cárcel de la mujer de Bárcenas

 

En Alcalá Meco coincidió con la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Luego el extesorero del PP llegó a compartir el mismo abogado que Jordán, Gustavo Galán. Este letrado se presentaba como un experto en alcanzar pactos extrajudiciales con la Fiscalía. De momento, el extesorero solo ha sumado una condena más a su casillero por las obras de la sede del PP y hace días rompió su relación tras varios desencuentros. Tras Isabel Jordán hay muchos otros sospechosos habituales que le han seguido los pasos en esta actitud de colaboración. Al menos 11 de los 26 acusados en la pieza de Gürtel Boadilla han confesado los hechos en busca de acuerdos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción que les reporten una pena menor. Uno de ellos es Francisco Correa, pero Isabel Jordán avisa en su escrito de que su exjefe no está diciendo todo lo que sabe. Sostiene que trata de tapar al exdirigente del PP Pablo Crespo. Jordán dice, en cambio, que Crespo era la persona que a ella le daba las órdenes directas. Según detalla la que fuera la mujer de confianza del cabecilla de la Gürtel, los hechos que describe Correa en su escrito “son por completo parciales y van destinados, entre otras finalidades, a exculpar a otras personas afines de su entorno, que ni tan siquiera llega a mencionar, a pesar de ser miembros destacados de su organización”.

 

"Cogido por los huevos"

 

A la hora de relatar los recuerdos de su vida anterior, incluye como ejemplo una cena en mayo de 2007. Estaban ella, Correa, Crespo, el exdiputado del PP en Madrid Alfonso Bosch, el empresario y cerebro financiero de la Gürtel, Ramón Blanco Balín, y el que fuera jefe de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla César Tomás Martín Morales. Durante la velada, el cargo municipal les llevó la documentación para presentarse a un concurso público por valor de dos millones. La empresa con la que iban a hacer el amaño era Easy Concept, de la que Jordán era la administradora. En un momento de la conversación, ella mostró su rechazo a esta operación y Bosch le pegó una patada por debajo de la mesa. Luego, a la salida, Correa le contó que tenían al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, “cogido por los huevos” y que le iba a dar todos los concursos públicos que él quisiera. Más adelante, el texto alude a una cinta con una grabación o a que establecieron unas "reglas de conducta" para regir la relación entre la rama empresarial de la Gürtel y el alcalde. También que la red corrupta tenía poder de influencia a la hora de confeccionar las listas electorales y que iban a "colocar" a Martín Morales para que llevase la Concejalía de Urbanismo.

 

Francisco Correa, el Albondiguilla, Alfonso Bosch, Pablo Crespo, y José Galeote. (EFE)

Para reforzar su relato, los 117 folios de Jordán van acompañados de documentos, manuscritos o correos electrónicos personales en los que, entre otras cosas, se aprecia cómo pactaban los pliegos de los contratos públicos antes de someterlos a concursos en los que la adjudicación ya estaba decidida de antemano. También los pagos para financiar actos de campaña del PP en Boadilla de las elecciones 2003 y 2007. En alguno de esos eventos participó la que fuera presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. “Puedo confirmar que la campaña del PP de Boadilla del Monte la financió la empresa TECONSA y CRESVA con mi conocimiento”, dice. Jordán también incluye los estadillos de la contabilidad paralela de las empresas de la red. Hacían pagos para financiar actos electorales del PP, en concreto a Tomás Martín Morales que era el responsable de la campaña municipal. Además, aporta varios listados pormenorizados de todas las dádivas que se le dieron a Arturo González Panero, alcalde de Boadilla en el momento de los hechos y representado también por el abogado Galán. La cifra económica ronda los 80.000 euros y figuran viajes a Miami, Estepona, Grecia, zapatos, trajes, abonos para ver al Atleti o una pantalla de plasma.

 

Ahora, casi 20 años después de haber entrado a trabajar para las empresas de Correa, Isabel Jordán dice que su paso por la cárcel le hizo pensar sobre el ritmo de vida que llevaban: “La privación de libertad —la dura privación de libertad— me ha hecho reflexionar y darme cuenta de que conductas que dentro de la empresa las dábamos por normalizadas eran realmente absolutamente reprochables”. “Se hace necesario expresar mi sentimiento de arrepentimiento por mis malas conductas, pedir perdón”, zanja.

 

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-13/vidas-empleada-gurtel-delata-jefes-no-volver-prision_3323414/

UN ARREPENTIDO DE LA GÜRTEL INVOLUCRA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP A GARCÍA ESCUDERO Y CRISTINA CIFUENTES

 

El exdirector de campaña del PP en Boadilla, Tomás Martín Morales, dice que García Escudero ordenaba a través de Correa adjudicar en la localidad a las empresas "amigas" del PP, y que Cifuentes le "sugirió" sufragar una campaña en "efectivo" para no superar el límite legal de gasto electoral.

 

También involucra en la trama al yerno de Aznar, Alejandro Agag, y al exdirector de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa

 

“Acudí al despacho de Correa y me entregaron 660.000 euros en efectivo”. Un fajo detrás de otro en un solo día, para sobornar a políticos y financiar campañas. Forma parte del demoledor escrito de confesión de Tomás Martín Morales al que ha accedido la Cadena SER, que dirigió la empresa pública municipal en Boadilla EMSV, y fue director de campaña electoral del PP en la localidad para las municipales de 2003 y 2007. En el texto, Martín Morales describe una estructura mafiosa de financiación ilegal y mordidas, con el Partido Popular en la cúspide de la pirámide.

 

Sostiene que el actual presidente interino del PP en Madrid y vicepresidente segundo del Senado, Pío García Escudero, ordenaba a través de Correa las adjudicaciones en Boadilla a las empresas que financiaban al partido popular en Madrid, para compensarlas.

 

El familiar colocado de García Escudero y Cifuentes

 

Martín Morales dice que empezó a “albergar dudas” de que el Partido Popular en realidad fuese quien designase a la empresa adjudicataria. Pero sucedió un hecho que le hizo disiparlas. Narra que un día, Correa le señaló que “debía contratar a otro técnico” y que “lo iba a hablar con Pío García Escudero”. A los “pocos días” le hizo saber que “debía contratar a un pariente o al parecer ahijado del presidente del PP en Madrid”. Un arquitecto de nombre “Miguel Ángel, creo recordar”, que efectivamente fue colocado en la empresa pública municipal EMSV.

 

Martín Morales también involucra en la financiación ilegal a la expresidenta Cristina Cifuentes, que como coordinadora de campaña, dice que en 2007 le sugirió pagar los actos de campaña en efectivo para sortear los límites legales de gasto en elecciones, durante una reunión en la primera planta del número 13 de la madrileña calle Génova, donde se ubica la dirección regional del partido.

 

Bárcenas, Agag y Fernández de Mesa

 

Eso en cuanto a la financiación ilícita del PP en la Comunidad de Madrid. En lo referente a la nacional, el arrepentido asevera que el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, dijo tras un consejo de la EMSV que "cuando se publicaba una licitación en el Boletín Oficial, esa mañana siempre le llamaba de inmediato Luis Bárcenas para indicarle a qué empresa amiga del partido debía adjudicarse la obra”.

 

Además, implica al yerno de Aznar, Alejandro Agag, habitual en el despacho de Correa, y al exdirector general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández, a quienes colocó alarmas y equipos de música en sus coches, pero cuyas facturas eran abonadas por Correa. No fueron los únicos políticos o empresarios agasajados, pero dice que en esos casos le enviaban directamente los coches y no fueron a recogerlos los reales beneficiarios.

 

El arrepentido afirma que recibió 1.327.000 euros en negro por adjudicaciones irregulares. La mayor parte de ese dinero, dice, fue para abonar gastos de las elecciones municipales en 2003 y 2007. Incluida la financiación de un partido independiente en Boadilla para socavar la candidatura del PSOE. Tomás Martín Morales es el duodécimo arrepentido de los 27 acusados que el próximo 16 de noviembre se sentarán en el banquillo por el juicio sobre las actividades de la trama en Boadilla, en el que también comparecerá como acusado el Partido Popular, por haberse lucrado con la trama.

 

https://cadenaser.com/ser/2021/11/12/tribunales/1636727148_526623.html

 

EL EXALCALDE DE BOADILLA CONFIESA QUE EL PP LE ORDENÓ DESVIAR UNA PARTE DE LAS MORDIDAS A CAMPAÑAS ELECTORALES

 

Arturo González Panero ha reconocido el trato de favor que dio a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones que superaron los 700.000 euros en efectivo más pagos en especie como viajes o ropa

 

El exalcalde ha acusado al líder de la 'Gürtel' de tener pretensiones "desmedidas", llegando a elaborar unas "reglas de conducta" para amenazarle

 

El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, más conocido como El Albondiguilla, ha confesado en un escrito enviado al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzgará por las actuaciones de la Gürtel en el municipio madrileño que dio un "trato de favor" a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa, informa Europa Press.

 

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, González Panero reconoce que consintió dicho "trato de favor" al Grupo Correa tanto desde el Gobierno de Boadilla del Monte como desde la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), aunque en este segundo caso solo "dejando hacer", a cambio de comisiones.

 

El Albondiguilla hace un relato detallado de su relación con Correa, al que acusa de tener unas pretensiones "desmedidas", y con otros actores de la trama, así como de los contratos en los que intervino y de las mordidas que se embolsó por ello.

 

En concreto, indica que se adjudicó irregularmente un contrato de recogida de basuras a la UTE formada por FCC y SUFISA a cambio de una comisión a distribuir entre los implicados en el proceso y el PP.

 

También apunta a los contratos adjudicados a la Constructora Hispánica, por los que él dice que recibió 12.000 euros, mientras que otros 30.050 euros habrían ido a la campaña del PP para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 y para las elecciones generales de marzo de 2004.

 

"Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección general y nacional del PP", ha asegurado el ex regidor local sobre los negocios con la empresa de Alfonso García-Pozuelo.

 

Asimismo, cuenta que los gestores de TECONSA, entre ellos José Luis Martínez Parra, y Correa convinieron "la entrega de 1,8 millones de euros para su reparto entre los miembros de la organización (Gürtel) y el PP a cambio de la adjudicación de contratos por los entes municipales de Boadilla del Monte entre los años 2002 y 2007". De este monto, González Panero se llevó 180.000 euros.

 

El antiguo edil subraya que se dio cuenta de "la verdadera relevancia" de Correa dentro del PP cuando vio que "tenía acceso directo tanto a la sede del PP en Génova, sin tan siquiera necesidad de entrar con acreditación, como también por la facilidad de contacto con el Palacio de La Moncloa".

 

Viajes, trajes y un plasma

 

Además de las mencionadas cantidades -12.000 y 180.000 euros-, González Panero admite que cobró 21.657 y 18.000 euros por el contrato de recogida de basuras otorgado a FCC y SUFISA y 510.000 por otros encargos del equipo municipal a la Constructora Hispánica, lo que suma un total de 741.657 euros.

 

No obstante, el ex alcalde de Boadilla del Monte reconoce que a eso aún hay que sumar los "numerosos contratos menores" concedidos a las empresas de Correa en las que figuraba Isabel Jordán, unas contrataciones que revela que "incluían un sobreprecio destinado a sufragar servicios a favor del PP".

 

Y, además, reconoce "dádivas" en especie. En este apartado menciona diversos gastos, entre ellos una factura de sastrería de más de 4.000 euros, otra de zapatos por más de 2.000 euros, otra en concepto de viajes por 29.847 euros y otra que abarca viajes, ropa, calzado y una pantalla de plasma por 48.941 euros.

 

Ha confesado igualmente "la ocultación a través de distintas estructuras financieras y societarias" de los fondos que percibió por todas estas irregularidades, estructuras que dice que estaban gestionadas a través de Javier del Valle.

 

Un "gran enfrentamiento" con Correa

 

González Panero explica que conoció a Correa porque se lo presentó José Galeote, que tenía una "gran amistad" con el cabecilla de la Gürtel “a resultas de los contactos que (este último) tenía en la sede de Génova".

 

Se conocieron en 2001 en una reunión en un restaurante de Aravaca porque, según relata, Galeote le dijo que le interesaba tratar con Correa porque había accedido a la Alcaldía de Boadilla del Monte por una moción de censura y podía pasar que no fuera en las listas populares para las elecciones municipales porque su posición no era lo suficientemente fuerte dentro de la formación política.

 

"Los contactos con el señor Correa se fueron reforzando con el paso del tiempo" hasta 2005 cuando rompió su "relación personal y directa con él", aunque siguió favoreciendo los intereses de la "organización".

 

La razón de que ambos se distanciaran, de acuerdo con el ex alcalde de Boadilla, es que las pretensiones de Correa "eran desmedidas y ambiciosas, de manera que sus propuestas eran ya desproporcionadas e implicaban un mayor riesgo de exposición". De esta forma, devuelve el revés al líder de la Gürtel, que en su propia confesión, realizada el pasado mes de marzo en otro escrito, destacó la "ambición desmedida" y la actuación "amoral" del alcalde popular.

 

"La tensión explotó a principios de 2005", desarrolla González Panero, por la adjudicación a UFC, empresa dirigida por José Luis Ulibarri, de una parcela en Boadilla del Monte que se valoró a precio de mercado, unos 2.000 euros el metro cuadrado, cuando al mismo tiempo se estaba enajenando otra parcela similar en Majadahonda -donde el suelo era más caro- por 1.400 euros el metro cuadrado.

 

"Reglas de conducta"

 

A partir de ahí la relación se truncó hasta el punto de que Correa llegó a pensar que González Panero actuaba por su cuenta, al margen de la Gürtel, y elaboró junto a Pablo Crespo, considerado el 'número dos' de la trama, unas "reglas de conducta" que el ex alcalde de Boadilla del Monte interpreta como parte de las "amenazas y presiones" que recibió desde esa operación de 2005.

 

"No te queremos joder la vida", arrancan esas "reglas de conducta" para aclarar después que "se trata exclusivamente de hacer justicia" o, lo que es lo mismo para Correa y Crespo, "restablecer la situación previa".

 

Acusan al ex regidor local de tratar a Correa "como un perro" cuando -dicen- él le ha tratado "como un hermano". "Te ha vestido (calcetines, camisas, trajes, corbatas, gemelos, etc.). Hasta el plasma de tu casa", le recalcan. "¿Todo claro? Esto solo se romperá si tú lo rompes. Nada de engaños", concluyen.

 

González Panero también alude a Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch, que fueron gerentes de EMSV en esos años, como piezas clave de esta presunta maquinaria de adjudicaciones ilegales. Sobre Bosch, sostiene que le fue "sugerido" por Antonio Cámara, "persona de confianza del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar".

 

Falta de efectivo

 

El que fuera jefe del Gobierno de Boadilla del Monte, que se sentará en el banquillo de lo acusados en el juicio que comenzará el próximo 16 de noviembre por estos hechos, reivindica en su escrito que su decisión de reconocer lo ocurrido y "colaborar con la Justicia" no nace a "última hora", "sino que es una decisión tomada desde hace más de un año y medio".

 

"El mayor problema que he tenido es la obtención del numerario suficiente para poder atender a la reparación del daño y poder obtener una conformidad con el Ministerio Público", ha manifestado.

 

González Panero ha enfatizado que, "de disponer del metálico suficiente hubiera hecho, en pura lógica, consignación de alguna cantidad que hubiera podido resultar significativa", pero asevera que le ha sido "imposible".

 

Además de Correa y González Panero, de cara al inicio del juicio han confesado los hechos más de media docena de acusados, entre los que destaca Crespo, quien fuera secretario de Organización del PP gallego.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/11/03/el_exalcalde_boadilla_confiesa_que_ordeno_desviar_una_parte_las_mordidas_campanas_electorales_126327_1012.html

 

 

LA CONFESIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUSADOS EN EL NUEVO MACROJUICIO DE 'GÜRTEL' ACERCA AL PP A UNA TERCERA CONDENA

 

Los números uno y dos de la trama corrupta, empresarios y excargos del PP ya han confesado a la espera de una reducción de las condenas y prometiendo el abono del daño económico causado

 

El reconocimiento de que el pago de comisiones acabó en la financiación de campañas electorales del PP podría suponer una nueva condena para el partido como partícipe a título lucrativo

 

Francisco Correa, Arturo González Panero, Pablo Crespo... Así hasta ocho acusados en el próximo macrojuicio del caso Gürtel que con sus confesiones ponen contra las cuerdas una vez más al PP. La llamada Época II, referida a las actividades de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, comenzará a juzgarse el próximo 16 de noviembre y el reconocimiento de los hechos por parte de los principales imputados puede acercar al partido conservador a una tercera condena por beneficiarse de la corrupción. Sería la segunda que llega en tiempos del nuevo PP de Pablo Casado, el mismo que se niega a comentar desde hace meses la "herencia" que recibió de las anteriores direcciones de Mariano Rajoy y José María Aznar, bajo cuyo mandato se produjeron las corruptelas investigadas y juzgadas.

 

Ya son diez los acusados que han decidido confesar los hechos, iniciativa con la que buscan reducciones de condena de prisión y con la que se comprometen también a pagar multas millonarias si este reconocimiento sirve a la Fiscalía Anticorrupción para acreditar su acusación ante el tribunal. En su escrito provisional, el Ministerio Público considera que el PP resultó "beneficiado" con la actuación de la trama corrupta en "una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas” entre 2001 y 2009. Los acusados aseguran que ese dinero acabó en las cuentas en b del PP nacional para financiar campañas electorales.

 

El juicio por la Época II comenzará sólo tres semanas después de que el partido resultara condenado como responsable civil subsidiario por pagar en negro con dinero de la caja b parte de las obras de la sede central de la calle Génova. Sin olvidar que la primera condena, de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por la primera época de Gürtel, propició la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa en junio de 2018.

 

En el juicio que examinará las actividades de la Gürtel en Boadilla habrá 27 personas sentadas en el banquillo, de las cuales han confesado ocho (de momento). Fue el pasado mes de marzo cuando uno de los principales acusados en esta pieza de la macrocausa de corrupción, el líder de la trama Francisco Correa, envió un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que le tiene que juzgar, y una carta a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo como "ciertos" los hechos del escrito de acusación y proponiendo una rebaja sustancial de la petición inicial de 76 años de cárcel a 13 años y medio, así como el pago de una multa de casi dos millones de euros, una serie de indemnizaciones y el decomiso de beneficios y comisiones recibidas por su actividad delictiva por valor de más de 2,7 millones de euros.

 

Según el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio madrileño a cambio de comisiones, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en Boadilla del Monte.

 

Correa ya acumula unos 90 años de condenas por otras ramas de la macrocausa, pero el cumplimiento efectivo será, de momento, de dieciocho años en virtud del artículo 76 del Código Penal, que establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido. En el caso del líder de Gürtel, la más grave de las penas es de seis años por el delito de cohecho.

 

Han pasado ya trece años desde que comenzó la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional y algunos más desde que se cometieron los hechos. Y precisamente es este paso del tiempo lo que está llevando a los tribunales que están juzgando las distintas piezas a aplicar a los acusados la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, lo que ha llevado a la Sala a reducir sustancialmente las condenas a los líderes de la trama Gürtel en casos como el de las adjudicaciones ilegales por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera o para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. En esta experiencia previa es en lo que se basó la defensa de Correa para presentar su escrito, puesto que en el caso de la pieza de Boadilla la investigación se cerró hace casi cinco años.

 

Un constructor, el primero

 

En realidad, el acusado que abrió la veda fue el empresario Alfonso García-Pozuelo, exgerente de Constructora Hispánica, quien ya admitió en julio de 2016 que los hechos descritos por la Fiscalía en su escrito de acusación son "ciertos" y se comprometió a declararlo así en la vista oral que empieza el 16 de noviembre, igual que ya hizo en el juicio de la primera época de Gürtel, donde afirmó que había abonado comisiones a Correa para lograr que éste intermediara a favor de su empresa para conseguir adjudicaciones públicas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en la etapa como alcalde de Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato. También explicó que parte de esas comisiones ilegales que pagó se entregaron al extesorero del PP Luis Bárcenas.

 

Años después es cuando ha llegado la confesión de Correa sobre el pago a cargos públicos del Ayuntamiento de Boadilla de "dádivas en especie, viajes, ropa, regalos, etc" a cambio de adjudicaciones de contratos públicos a sus empresas y en los siete meses posteriores que han pasado, los escritos de reconocimiento de los hechos de otros acusados en la Época II, a los que ha tenido acceso infoLibre, han ido llegando a cuentagotas al tribunal.

 

El siguiente fue el consejero delegado de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra, ya condenado por los contratos en la visita del papa Benedicto XVI a Valencia y que ahora ha admitido que pagó a Correa 1,8 millones de euros a cambio de adjudicaciones públicas y que el líder de la trama le consiguió los contratos dadas las “magníficas relaciones” que éste tenía con distintas administraciones “gobernadas por el PP”.

 

Comisiones, dinero para campañas y "vías de presión"

 

El número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, hizo lo propio unos días después, admitiendo que cobró comisiones de entre el 3% y el 4% por intermediar en adjudicaciones a constructoras y que las empresas de la trama ordenaron pagar gastos del PP de la localidad relativos a las elecciones municipales de 2007. Le siguió el exdiputado del PP de Madrid Alfonso Bosch, al que llamaban el bujías o el neveras por su apellido, explicando que el modus operandi del Grupo Correa incluía "vías de presión para la consecución de sus objetivos económicos" y que su relación con la trama comenzó en 1995 dado que colaboraba por entonces con la organización territorial del PP nacional y participaba en las campañas electorales.

 

Los empresarios José Luis Ulibarri y Jacobo Gordon también admitieron la comisión de delitos de cara al juicio y el último en confesar ha sido uno de los principales acusados, el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla. La suya es una de las declaraciones más esperadas por el cargo que llegó a ejercer en la localidad y la información que puede aportar ante una posible tercera condena para el PP por lucrarse con las actividades de la trama. Ha confirmado, tal y como le acusaba Anticorrupción, que dio un "trato de favor" a las empresas de Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa, en línea con lo admitido por el líder de Gürtel. También acaba de reconocer que la dirección nacional del PP le ordenó desviar una parte de las mordidas a campañas electorales.

 

Es llamativo el cruce de acusaciones entre Correa y González Panero en sus respectivos escritos. Ambos se acusan mutuamente de tener una ambición desmedida y mientras el primero califica al segundo de "amoral" en su conducta, el exalcalde considera que el líder de la trama corrupta le llegó a hacer propuestas "desproporcionadas que implicaban un mayor riesgo de exposición". La relación entre ambos, efectivamente, no debió terminar muy bien, pues González Panero asegura, como Bosch, que Correa y Crespo le llegaron a imponer unas "reglas de conducta" que él interpreta como "amenazas y presiones" y le recordaban los regalos que con que la trama le había surtido.

 

Pero hasta ese momento, la relación debió ser fructífera para ambos. Así lo expone el abogado Javier del Valle, asesor fiscal del exalcalde González Panero, acusado también en este próximo juicio que reconoce que "ocultó a través de distintas estructuras societarias y financieras una parte de los fondos percibidos en consideración a sus cargos" de regidor y de presidente de la empresa municipal del suelo "y prevaliéndose de los mismos". En su escrito, describe las estructuras financieras que el Albondiguilla compartió con Correa en Madeira y Panamá, por lo que admite delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

 

Antonio de Miguel Reyes, arquitecto del Ayuntamiento de Boadilla, también ha enviado su propio escrito admitiendo los hechos de los que le acusa Anticorrupción. Según afirma, desde el Consistorio “se le daba a entender” que había "empresas en las que había especial interés" para adjudicarles contratos públicos, por lo que hacía informes técnicos favorables.

 

Habrá que esperar al inicio del juicio para ver si las confesiones de los procesados se traducen en acuerdos de conformidad con la Fiscalía y qué efectos pueden llegar a tener para el resto de acusados, incluido el PP. Tras el escrito de Correa, desde Anticorrupción se mostraron prudentes sobre el alcance que podría tener y se apresuraron a recordar que la investigación realizada antes de que esta pieza se enviara a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento ya consiguió demostrar los hechos más relevantes de la misma.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/11/04/la_confesion_los_principales_acusados_nuevo_macrojuicio_gurtel_acerca_una_tercera_condena_por_corrupcion_126323_1012.html

 

 

EL ALBONDIGUILLA TAMBIÉN CONFIESA EN GÜRTEL: “CORREA TENÍA CONTACTO CON LA MONCLOA”

 

El exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, admite su implicación y se suma a otros siete arrepentidos. Este noviembre comienza el juicio sobre las irregularidades en este municipio, con el PP acusado como partícipe a título lucrativo

 

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) y conocido como El Albondiguilla, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional para confesar su implicación en la trama Gürtel. A través de una misiva firmada este martes, el exregidor admite su implicación en la red de corrupción liderada por Francisco Correa; describe al detalle cómo urdieron sucios negocios en la localidad que él gobernaba; y señala directamente al PP nacional y regional. “En un primer momento, yo desconocía la verdadera relevancia de Correa dentro del PP, pero pronto tuve la oportunidad de comprobar que tenía acceso, tanto a la sede del PP en Génova sin tan siquiera necesidad de entrar con acreditación, como también facilidad de contacto con el Palacio de La Moncloa”, afirma en este documento.

 

Este movimiento se produce días antes de que la Audiencia Nacional dé el pistoletazo de salida al juicio sobre las irregularidades de la trama en Boadilla, donde el PP vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo. La vista comenzará este noviembre y se centrará en los contratos públicos adjudicados de forma ilegal a cambio de mordidas. En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía ya pidió 40 años y nueve meses de cárcel para González Panero, que intenta ahora reducir la posible pena que le impongan.

 

De hecho, con el mismo objetivo, otros siete implicados ya confesaron su implicación en la red corrupta: el propio Correa; Pablo Crespo, número dos de la trama y ex secretario de organización del PP gallego; Alfonso Bosch Tejedor, El Neveras o El Bujías, un exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid al que nombraron gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla; José Luis Martínez Parra, antiguo vicepresidente de la constructora Teconsa; los constructores José Luis Ulibarri y Alfonso García Pozuelo; y el empresario Jacobo Gordon, antiguo socio de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar).

 

El nuevo escrito de El Albondiguilla, al que tuvo acceso EL PAÍS, describe las irregularidades perpetradas en la concesión de contratos en Boadilla. El exalcalde explica cómo se repartieron mordidas —“A distribuir entre nosotros [varios implicados en la trama] y el PP”— y cómo parte de ese dinero se destinó al pago de gastos de publicidad y campañas electorales del partido conservador: “Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP”. González Panero también habla de los “sobreprecios” que ponían a los contratos públicos; de cómo la trama le paga en efectivo y en “especias” (con ropa, zapatos y viajes); y de cómo creó “estructuras financieras y societarias” para ocultar los fondos que recibió.

 

Relaciones personales

 

Así arranca el escrito enviado por el exregidor de Boadilla a la Audiencia Nacional: “Quiero comenzar señalando que fui alcalde-presidente de Boadilla del Monte desde el 14 de diciembre de 1999 al 10 de febrero de 2009 y presidente del consejo de administración de la EMSV (Empresa Municipal de Suelo y Vivienda) y que consentí: tanto en dicha corporación, como en esta empresa, el trato de favor al Grupo Correa a cambio de recibir las comisiones que luego se dirán”.

 

A continuación, González Panero describe su trato personal con otros miembros de la trama y las irregularidades que cometieron. “Mi relación con Correa comienza en 2001, cuando José Galeote, [otro de los procesados], me reúne con él en un restaurante, creo que en Aravaca, al recomendarme conocerle por motivo de que yo había accedido a la alcaldía de Boadilla del Monte a consecuencia de una moción de censura y mi posición no se encontraba lo suficientemente afianzada al existir el riesgo de no ir en las listas propuestas por el PP en condición de candidato a la alcaldía para las siguientes elecciones municipales”.

 

El Albondiguilla narra entonces un viaje a Miami, junto a Galeote y Correa, que fue costeado en su mayor parte por una empresa de la trama y al que se incorporó después Francisco Sánchez Arranz, entonces directivo de Iberia y “del cual se me dijo que era concejal del PP en el Ayuntamiento de Villalba”. “Se perseguía que yo tuviera contacto con esta persona para que, en su día, el señor Sánchez Arranz quedase incorporado en la estructura de influencia del Ayuntamiento de Boadilla”. “Así se me hizo saber en aquel primer viaje, de una manera implícita, las posibilidades que generaba el hecho de que yo fuera alcalde”, apostilla el exregidor.

 

“Los contactos con Correa se fueron reforzando con el paso del tiempo, hasta el punto de realizar varios viajes con él a Miami, no solamente con el fin de que yo pudiera realizar inversiones a través de sus estructuras que él mismo me facilitó, sino también en relación con sus propias inversiones a los efectos de la obtención de rentabilidades por parte de Correa que deseaba obtener en Estados Unidos, pues las cuestiones relativas a inversiones o bolsas siempre se me habían dado bien”, prosigue la carta, que añade: “La colaboración delictiva se fue incrementando hasta 2005, fecha en la que rompí mi relación personal y directa con él —sin que ello signifique que dejase de someterme a los intereses de la organización— porque sus pretensiones eran desmedidas y ambiciosas, de manera que sus propuestas eran ya desproporcionadas e implicaban un mayor riesgo de exposición (desarrollo del PGOU, campus sanitario, área comercial del Banco Santander, proyecto sobre residencias de ancianos...)”.

 

El Albondiguilla narra que Correa creyó entonces que el alcalde “estaba actuando” por su cuenta, “al margen” de la organización. Y por ello, según su versión, la trama confeccionó un “documento”, al que “se referían como ‘reglas de conducta’, manuscrito por Crespo”. Este documento, incorporado al sumario, incluye frases como: “No te queremos joder la vida”; “se trata exclusivamente de hacer justicia, de restablecer una situación previa que ya existía”; y “¿todo claro? Esto solo romperá si tú rompes. Nada de engaños”.

 

González Panero también señala a otros dos implicados: el abogado Tomás Martín Morales, exedil del PP en Getafe, a quien se nombró gerente de la EMSV de Boadilla “con el fin de facilitar los planes de la organización”. Morales fue sustituido después en la EMSV por Alfonso Bosch, que conocía a Correa “de los eventos y campañas electorales que preparaba para el PP”: “Y me fue sugerido por don Antonio Cámara, persona de confianza del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar”. “Bosch era un extraordinario relaciones públicas y tenía la facilidad de hacer sugerencias a los técnicos de la EMSV —de una manera normalizada— a favor de las propuestas de las empresas afines a Correa que este captaba, dejándose influenciar por las directrices que les marcaba Bosch”, apostilla el exalcalde.

 

https://elpais.com/espana/2021-11-03/el-albondiguilla-tambien-confiesa-en-gurtel-correa-tenia-contacto-con-la-moncloa.html

 

MEMORIAS DE UNA TRAMA CORRUPTA: “ESTO SE HACÍA POR INDICACIÓN DEL PP”

 

Ocho arrepentidos de Gürtel detallan el amaño de adjudicaciones y el reparto de mordidas en Boadilla del Monte, y señalan al partido como beneficiario

 

La ley del silencio ya no impera en el caso Gürtel. Después de que los tribunales hayan condenado a cárcel a 69 personas por su participación en distintas derivadas de la trama liderada por Francisco Correa y cuando apenas quedan unos días para que comience otro juicio sobre sus sucios negocios —centrado ahora en las adjudicaciones ilegales en Boadilla del Monte (Madrid)—, los arrepentidos brotan como setas para esta nueva vista oral. Hasta ocho acusados han confesado su implicación en las irregularidades perpetradas en esta localidad madrileña, convertida en paradigma de cómo la corrupción anidó en las entrañas de las instituciones gobernadas por el PP. El relato de todos ellos, recogido en diferentes escritos enviados a la Audiencia Nacional y a los que tuvo acceso EL PAÍS, desgranan el funcionamiento de una organización que se enriqueció a base de mordidas, que manipuló contratos públicos, que se valió de multitud de cargos del partido conservador y a la que se sumaron sin pudor numerosos empresarios.

 

La narración de los arrepentidos —entre los que se encuentran el propio Correa; Pablo Crespo, su número dos y exsecretario de Organización de los populares gallegos; Arturo González Panero (PP), exalcalde de Boadilla; el exdiputado Alfonso Bosch; o constructores como Alfonso García Pozuelo y José Luis Martínez Parra— se erige como el perfecto manual de instrucciones para entender el alcance de la trama. Comenzando, por el modus operandi que diseñaron para adentrarse en las administraciones. El líder de Gürtel y sus secuaces se valieron de su influencia y contactos dentro de las filas populares para tejer toda una red de relaciones personales que resultaba fundamental para sus intereses. El propio Correa resume así su aterrizaje en Boadilla: “Mi relación con el Ayuntamiento de Boadilla se inicia porque Guillermo Ortega, alcalde de Majadahonda [y también condenado por Gürtel], estudió el bachillerato en el mismo colegio que González Panero, alcalde de Boadilla, por lo que mantenían cierta amistad, motivo por el cual Guillermo me presentó a Arturo durante un almuerzo”.

 

Correa no era un cualquiera. Frecuentaba los círculos populares de poder, donde se movía como pez en el agua. Asistió a la concurrida boda de la hija de José María Aznar en El Escorial y sus tentáculos se extendían por todo el país. “Era muy conocido en el PP al ser responsable de las campañas electorales”, explica el exdiputado Bosch en su confesión: “Y, aprovechándose de la relación de amistad que mantenía con varios miembros del PP, se introdujo en Boadilla, donde mantenía ya una estrecha relación con importantes cargos del partido en la localidad”. El exalcalde González Panero, alias El Albondiguilla, lo admite: “En un primer momento, yo desconocía la verdadera relevancia de Correa dentro del PP, pero pronto tuve la oportunidad de comprobar que tenía acceso, tanto a la sede del PP en Génova sin tan siquiera necesidad de entrar con acreditación, como también facilidad de contacto con el palacio de la Moncloa”.

 

La Gürtel hacía ver a sus interlocutores todo lo que podía ofrecerles. “Se me hizo saber en un viaje [sufragado en gran parte por la red corrupta], de una manera implícita, las posibilidades que generaba el hecho de que yo fuera alcalde”, expone el exregidor de Boadilla en su escrito de confesión, donde describe con profuso detalle las “dádivas” y “regalos” en “especias [sic]” que le procuró la trama: camisas, zapatos, estancias en hoteles... Bosch, al que también pagaron viajes, añade: “Con invitaciones en palcos o entradas vip a eventos deportivos y públicos, consiguió hacerse con la amistad de González Panero”.

 

Correa remacha: “Isabel Jordán [una de sus empleadas y también acusada], tenía facultades dadas por mí para decidir las dádivas en especie de los distintos trabajos que nos encomendaban”. Pero no solo repartían regalos, sino también mordidas pagadas por los empresarios que resultaban beneficiados en las adjudicaciones. Así lo reconoce José Luis Martínez Parra, quien fuera vicepresidente de la constructora Teconsa: “En pago por la adjudicación de contratos, [se] abonó a la organización de Correa en 2007 la cantidad de 1,8 millones de euros. Estos pagos se hicieron: 1,38 millones en efectivo; y 420.000 euros en facturas emitidas a Teconsa por Creva, sociedad de Pablo Crespo, que reflejaban servicios inexistentes”. “Yo personalmente retiré en efectivo en la sede de Teconsa un millón de euros”, confirma también Crespo.

 

Encargos de empresas

 

La Gürtel hacía de intermediaria. Por un lado, se adentraba en las administraciones populares y, por otro, buscaba a los empresarios dispuestos a pagar por sus servicios —un dinero que después ocultaban en “entramados societarios”—. Los empresarios sabían muy bien que cuando hablaban con Correa lo hacían con alguien muy próximo al PP: “Teconsa encargó al grupo de Correa la gestión para la adjudicación de obras públicas a su favor. Todo ello con conocimiento de las magníficas relaciones que tenían con distintas administraciones gobernadas por el PP. Y sabedor del coste que conllevaba la citada gestión”, afirma José Luis Martínez Parra.

 

De hecho, la red corrupta encontró en Boadilla una predisposición desmesurada, que se regó además con miles de euros en regalos y comisiones. Un dinero que, según el exalcalde, se “distribuía” después entre los implicados y “el PP”, pues parte se destinaba al pago de gastos de publicidad y campañas electorales del partido conservador: “Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP”, asevera El Albondiguilla.

 

La infiltración en esta administración local fue tan profunda que, según cuenta el exdiputado Bosch, Isabel Jordán “conocía y participaba en las gestiones de las diferentes áreas municipales, informando detalladamente y proponiendo nuevos negocios a Correa”. El exparlamentario regional del PP, al que la trama colocó al frente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) del municipio para que allanara el camino, cuenta también que “Correa se encargaba de negociar y captar a posibles empresas interesadas (clientes), ofreciéndoles la adjudicación del concurso a cambio de una comisión, que después se repartía de acuerdo con su criterio”. Por su parte, apostilla Bosch, “González Panero detallaba a Correa una operación y este valoraba la posibilidad de participar en función del posible rédito resultante, poniendo entonces en marcha la operativa”.

 

En esta misma línea, Crespo cuenta que Correa y Tomás Martín Morales, que encabezó la EMSV antes que Bosch, también “se reunían (y hablaban telefónicamente) con gran asiduidad” para tratar las adjudicaciones de obra y concesiones del Ayuntamiento de Boadilla. Es más, precisa el número dos de la trama, su antiguo jefe usaba como punto de encuentro lugares como “los salones de la cafetería del Hotel Fénix y el restaurante Sorolla”, ambos en la madrileña calle Hermosilla. “Utilizaban ambos espacios como centro de operaciones fuera de sus oficinas”, confirma Bosch. “En la EMSV dejé hacer libremente a los gerentes, según las indicaciones recibidas”, continúa El Albondiguilla: “Me limitaba a presidir las reuniones del consejo de administración y a recibir el dinero que me correspondía, ya que lo exigí a cambio de dejar hacer”.

 

La trama no hacía ascos a nada, según confiesan los implicados, y amañaba desde “contratos menores” a grandes proyectos. Según reconoce Martínez Parra, el Ayuntamiento le adjudicó de forma irregular las obras de una piscina municipal, un colegio, decenas de viviendas, trasteros y garajes... La red Gürtel manipulaba, incluso, los concursos para construir rotondas —a las que se referían en clave como “donuts”, según especifica Pablo Crespo—.

 

Pero hubo un momento en que la relación entre El Albondiguilla y Correa, apodado Don Vito, comenzó a deteriorarse. Ambos coinciden. González Panero lo resume así: “La colaboración delictiva se fue incrementando hasta 2005, fecha en la que rompí mi relación personal y directa con Correa —sin que ello signifique que dejase de someterme a los intereses de la organización— porque sus pretensiones eran desmedidas y ambiciosas, de manera que sus propuestas eran ya desproporcionadas e implicaban un mayor riesgo de exposición (desarrollo del PGOU, campus sanitario, área comercial del Banco Santander, proyecto sobre residencias de ancianos...)”.

 

El líder de la trama atribuye, en cambio, al exregidor una “ambición desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable”. “La relación con él era muy complicada, no mantenía su palabra ni código ninguno. Prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro. Cambiaba adjudicaciones aún habiéndolas prometido a un empresario, si posteriormente otro empresario mejoraba la dádiva. Dicho lo cual, se podría resumir como amoral”, dice Correa.

 

Los ocho confesos de la trama de Boadilla

 

Arturo González Panero, el alcalde que se dejó corromper. El exalcalde narra que, tras mantener una estrecha relación, Correa creyó que había empezado a operar “al margen” de la organización. La trama confeccionó entonces un “documento”, al que “se referían como ‘reglas de conducta’, manuscrito por Crespo”, con frases como: “No te queremos joder la vida”.

Francisco Correa, el gran cabecilla de la trama. Correa asegura que “los contratos del Ayuntamiento de Boadilla los negociaba Arturo [González Panero] personalmente, aunque últimamente incorporó a una persona que provenía de la Junta de Castilla y León, al objeto de interponerle entre él y los empresarios para no dar la cara, y protegerse”.

 

Pablo Crespo, el ejecutor del pillaje institucional. Crespo dice que, a través de una empresa de la trama, “Jordán ordenó pagar gastos del PP de Boadilla en los que incurrió en la campaña de las municipales de 2007”. El Albondiguilla cuenta que también se destinó dinero a las municipales y autonómicas de 2003, y a las generales de 2004.

 

Alfonso García-Pozuelo, el empresario que confesó pagos. Con un escueto escrito, este constructor inauguró la riada de confesiones y verificó la tesis de la Fiscalía. Según detalla Crespo, García-Pozuelo pagó “una comisión de entre el 3% y el 4% del precio de adjudicación” del Parque del Deporte y la Salud licitado por el Ayuntamiento de Boadilla.

 

Alfonso Bosch, alias El Neveras o El Bujías. El exdiputado cuenta que proliferaron los motes dentro de la red. Correa era Don Vito; a Crespo se le llamaba Grecian; el alias de Santo se usaba para Tomás Martín Morales; El Viejo era José Galeote... A Bosch le decían Bujías o Neveras: “Derivado de mi primer apellido Bosch, que coincide con la marca”.

 

José Luis Martínez Parra, un constructor corruptor. El exvicepresidente de Teconsa admite que encargaron a Correa que les consiguiera obras, a sabiendas de su relación con el PP y del “coste” que conllevaba la gestión que hacía la trama. Martínez Parra reconoce que le otorgaron obras de forma irregular, por lo que tenían que “pagar favores”.

 

Jacobo Gordon, el exsocio del yerno de Aznar. En su confesión, quien fuera socio de Alejandro Agag (yerno de Aznar), subraya que usó una de sus compañías para ayudar a Correa a ocultar parte del dinero que obtenía de su actividad irregular. La empresa de Gordon facturó a un cliente de la trama, José Luis Ulibarri, y el exsocio de Agag devolvió después el importe al cabecilla de la red corrupta: "Correa me pidió que abriera una cuenta bancaria nueva donde transferir el saldo. La abrí y, según indicó Correa, le di las claves de dicha cuenta a Crespo para que pudiera disponer del dinero, cosa que hizo”.

 

José Luis Ulibarri, en busca de una parcela. El instructor José de la Mata abrió juicio oral en 2016 contra Ulibarri tras concluir que existen indicios de que pagó un millón de euros a la trama para que el Ayuntamiento de Boadilla le concediera una parcela a una de sus empresas, UFC. “Nos mostramos conformes con la redacción de la conclusión del ministerio fiscal en todo aquello relacionado con la adjudicación a UFC de la parcela”, recoge la confesión de este constructor.

 

 

https://elpais.com/espana/2021-11-04/memorias-de-una-trama-corrupta-esto-se-hacia-por-indicacion-del-pp.html

 

LA CONFESIÓN DE SIETE ARREPENTIDOS CERCA AL PP EN SU TERCER GRAN JUICIO DE GÜRTEL

 

El partido, condenado ya dos veces, vuelve la próxima semana al banquillo por las irregularidades en Boadilla. Siete empresarios y excargos populares admiten su implicación

 

El entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, rodeado por miembros del comité ejecutivo nacional del partido, comparece en rueda de prensa en 2009 tras estallar el 'caso Gürtel'.

El entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, rodeado por miembros del comité ejecutivo nacional del partido, comparece en rueda de prensa en 2009 tras estallar el 'caso Gürtel'.

 

Al calvario del PP por el caso Gürtel aún le queda mucho recorrido. A partir del 10 de noviembre, la Audiencia Nacional acoge una nueva vista oral sobre la red de corrupción liderada por Francisco Correa, según el calendario fijado por el órgano judicial. En esta ocasión, los magistrados se adentrarán en los sospechosos negocios urdidos en Boadilla del Monte: un municipio de la Comunidad de Madrid donde, con la presunta connivencia de su entonces alcalde, el popular Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, se adjudicaron contratos públicos a cambio de mordidas. En esta cita, de nuevo y por tercera vez, el partido conservador ahora liderado por Pablo Casado se sentará en el banquillo de los acusados por beneficiarse presuntamente de la trama. La Fiscalía Anticorrupción pide que se lo condene como partícipe a título lucrativo a pagar 204.198,64 euros.

 

La actual dirección del PP, que está intentando esquivar todas las pasadas corruptelas del partido guardando silencio, no tendrá por tanto mucho tiempo de respiro. Este nuevo juicio, conocido también como Época II, comenzará solo 14 días después de que los populares resultasen condenados por utilizar más de un millón de euros de la caja b para pagar en negro la reforma de su sede en la madrileña calle Génova. Un fallo dictado la pasada semana por la Audiencia Nacional que supuso la segunda sentencia contra el PP, que ya salió derrotado de la vista oral de la línea de investigación bautizada como Época I, cuando los magistrados concluyeron por primera vez que se había lucrado gracias a la trama.

 

En el caso Boadilla, el PP afronta un juicio extremadamente complicado. Siete acusados, de los 27 a los que el juez José de la Mata envió al banquillo, han confesado su implicación en la red de corrupción y han respaldado, a través de escritos enviados a la Audiencia Nacional, la tesis del ministerio público.

 

“Efectivamente, mantuve relación con Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte, y con Tomás Martín Morales, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla. Reconozco que son ciertos los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía”, arrancaba una carta remitida por Correa de su puño y letra desde la cárcel de Valdemoro el pasado 25 de noviembre.

 

La riada de confesiones la había inaugurado antes el empresario Alfonso García Pozuelo, que en 2016 envió un escrito al tribunal donde admitía su implicación en las pesquisas sobre Boadilla. Este imputado, quien fuera presidente de Constructora Hispánica, fue posteriormente condenado a dos años de cárcel en el juicio de Época I, donde también admitió que pagó a la red corrupta a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

 

Después, hicieron lo propio otros cuatro procesados. José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la constructora Teconsa, que admitió que Correa medió para conseguirle adjudicaciones en administraciones del PP. Pablo Crespo, número dos de la trama y ex secretario de organización del PP gallego, que relató cómo se cobraron comisiones ilegales de “entre el 3% y el 4% del precio” y cómo llegó a acudir a Teconsa para retirar un millón de euros en efectivo. Alfonso Bosch Tejedor, alias El Neveras o El Bujías, un exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid al que nombraron gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla y que reconoció el cobro de mordidas —”Correa, aprovechándose de la relación de amistad con varios miembros del PP, se introdujo en Boadilla, donde mantenía ya una estrecha relación con importantes cargos de la localidad”, incidió el exparlamentario—. Y el constructor José Luis Ulibarri, a quien De la Mata señaló por pagar un millón de euros a la red Gürtel para que el Ayuntamiento concediera una parcela a una de sus empresas.

 

A estos seis arrepentidos se ha sumado otro empresario en las últimas semanas: Jacobo Gordon, antiguo socio de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar), remitió el 14 de octubre un escrito a la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso EL PAÍS, en el que admitía su participación en delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. Según cuenta este procesado, que ya acarrea dos condenas anteriores en Gürtel por un total de 13 meses de cárcel, ayudó a la trama a mover el dinero mediante facturas falsas emitidas por su compañía.

 

El partido “se benefició”

 

Cuando el magistrado instructor José de la Mata dictó el auto de apertura de juicio oral en junio de 2016, describió a lo largo de 182 páginas cómo la red de corrupción se asentó en Boadilla del Monte gracias a los tentáculos políticos tejidos por Correa en el PP y cómo, entre 2001 y 2009, se entregaron sobornos a las autoridades y funcionarios locales para conseguir supuestamente adjudicaciones para sus sociedades o para empresas de terceras personas. Según concluyó el juez, que apuntó sin paliativos a la formación conservadora, “el PP se benefició de algunas de estas operaciones [ilegales], consiguiendo que las empresas de la organización [criminal] abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el partido”.

 

El instructor añadió que Pablo Crespo se encargaba de “negociar las comisiones y pagos ilícitos, y ‘honrar’ los compromisos [de la trama], asegurando la distribución de las cantidades obtenidas entre todos los miembros del grupo de acuerdo con los criterios fijados, incluido el destino de importantes cantidades a atender pagos de servicios prestados al PP”.

 

Pero no solo el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción insisten en la responsabilidad de los populares. La Abogacía del Estado, el Ayuntamiento de Boadilla y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), vinculada al PSOE y personada como acusación popular, también piden en sus escritos de acusación la condena del PP como partícipe a título lucrativo.

 

Aun así, y aunque se produzca una nueva condena a la formación, Casado asegura que no tiene intención de cambiar su estrategia y seguirá aferrado al silencio. “Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir”, repetían en el partido tras la sentencia de la caja b dictada la pasada semana por las obras de la sede de Génova, donde aún sigue el partido pese a que el actual presidente popular aseguró en febrero que se marcharían de allí. De hecho, en una entrevista publicada el domingo por El Confidencial, Casado insistía: “El PP no volverá a hablar de cuestiones pasadas en las que no ha tenido ninguna responsabilidad. Porque han sido conductas personales que han perjudicado al partido. No tenemos nada que ver con esas conductas”. Sin embargo, las sentencias ya dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sobre Gürtel hablan “de un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” tejido entre el grupo de Correa y el Partido Popular.

 

Las confesiones de dos implicados

 

Francisco Correa. “Yo actuaba como intermediario entre las empresas de construcción o de servicios y la alcaldía, así como con la Empresa Municipal de la Vivienda [...] Como dato significativo: el alcalde [Arturo González Panero] percibía dádiva siempre [...] Todos participaron en el reparto de dádivas [...] En relación a Panero, he de decir que su ambición era desmedida, con una falta y carencia de moralidad inexplicable”.

 

Alfonso Bosch Tejedor. “Aprovechando además sus invitaciones en palcos o entradas vip a conocidos eventos deportivos y públicos, [Correa] consiguió así hacerse con la amistad de González Panero, estableciendo juntos un modo de actuar”.

 

https://elpais.com/espana/2021-11-01/la-confesion-de-siete-arrepentidos-cerca-al-pp-en-su-tercer-gran-juicio-de-gurtel.html

 

EL EMPRESARIO JOSÉ LUIS ULIBARRI CONFIESA CINCO DELITOS ANTES DEL JUICIO DEL CASO GÜRTEL DE BOADILLA DEL MONTE

 

En un escrito el empresario pide que se le condene a 19 meses de cárcel frente a los 7 años y 1 mes que pedía la Fiscalía por haber pagado una mordida a la trama de Francisco Correa por hacerse con una parcela en la localidad madrileña

 

El empresario de medios de comunicación y construcción, José Luis Ulibarri, es autor de un delito contra la Hacienda pública, de otro de tráfico de influencias, de un tercero de prevaricación, de un cuarto de fraude a la Administración Pública y de un quinto de falsedad en documento mercantil. Al menos es lo que confiesa ahora, a dos meses de que comience el juicio por las presuntas corruptelas desarrolladas por la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Campo (Madrid), y que se va a desarrollar desde septiembre de este año hasta febrero del 2022 en la Audiencia Nacional.

 

La confesión de Ulibarri se une a las ya realizadas por otros de los 27 encausados, como la del número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, que admitió a principios de año en un escrito de conformidad haber recibido 'mordidas' de los empresarios José Luis Ulibarri y José Luis Martínez Parra, otro que también ha admitido pagos a la trama de Correa.

 

En el escrito remitido a la Audiencia Nacional por los abogados de Ulibarri y la empresa que dirigía -UFC SA- se reconoce la comisión de los delitos que le acusaba la Fiscalía, aunque se rechaza tener responsabilidad civil y pide que se apliquen los atenuantes de confesión y de reparación del daño para rebajar la petición de cárcel.

 

La Fiscalía solicitaba para Ulibarri un total de 7 años y 1 mes de cárcel por haber conseguido con la mediación de la trama la adjudicación de una parcela, en el Polígono B del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla, por 35 millones de euros y por lo que habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió con pagos de servicios que no se prestaron, según el auto de juicio oral. El empresario propone que la pena a aplicar se quede en solo 19 meses de cárcel, por debajo de los 2 años de cárcel que implican el ingreso en prisión. Además, pide que se le aplique una multa de 41.200 euros. En el auto de juicio oral se le imponían, entre multas y fianzas, 6.157.333 euros

 

En la pieza de Boadilla del Monte se han investigado los sobornos que las empresas vinculadas a Francisco Correa entregaron a autoridades y a funcionarios del municipio madrileño entre los años 2001 y 2009 para obtener licitaciones. Según apuntó el juez De la Mata en uno de sus autos, la trama "llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública" de Boadilla del Monte, feudo histórico del PP de Madrid.

 

Ulibarri está pendiente además de este juicio de Gürtel en Boadilla del Monte, de ser juzgado en la pieza final de la trama Gürtel por presuntos pagos de él mismo y su empresa Grupo Begar a Franciso Correa. Además, está pendiente la resolución de su situación en la trama Púnica, por la que fue llamado a declarar como imputado, y en varias piezas de la operación Enredadera, que ahora se divide en una treintena de juzgados. En los últimos meses el empresario ha ido dejando en manos de sus hijos sus principales empresas, entre ellas la sociedad editora Edigrup con la que publica Diario de León o el 50% del Radio Televisión Castilla y León, la concesión autonómica de televisión.

 

En el banquillo de los acusados de la pieza de Boadilla del Monte se sentarán, además de los cabecillas Francisco Correa y Pablo Crespo, otros habituales de la trama como la administradora de las empresas Isabel Jordán, los empresarios Alfonso García Pozuelo y Jacobo Gordon, o José Ramón Blanco Balín, el arquitecto financiero de la trama, entre otros.

 

https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/empresario-jose-luis-ulibarri-confiesa-cinco-delitos-juicio-caso-gurtel-boadilla-monte_1_8135025.html

 

ALFONSO BOSCH TEJEDOR. “MI MOTE ERA ‘BUJÍAS’ O ‘NEVERAS”

 

El exdiputado popular Bosch Tejedor confiesa que cobró de Gürtel, que participó en la trama y se suma así a Correa, Crespo y un empresario

 

Continúa la cascada de confesiones en el caso Gürtel. Alfonso Bosch Tejedor, exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid, ha enviado un nuevo escrito a la Audiencia Nacional donde admite su integración en la trama encabezada por Francisco Correa y Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), para conceder adjudicaciones públicas en dicha localidad a cambio de mordidas. A lo largo de un documento de seis páginas, al que tuvo acceso EL PAÍS, el exparlamentario popular describe con detalles los mecanismos ilegales diseñados y reconoce los hechos: “Participé con el fin de conseguir el beneficio económico a favor del entramado empresarial y societario”.

 

El escrito de Bosch llega después de que hicieran lo mismo otros tres implicados en la investigación sobre los tejemanejes en Boadilla. El primero fue el propio Francisco Correa, que escribió de puño y letra una confesión reciente que envió a la Fiscalía. A él se sumó el empresario José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la constructora Teconsa, que reconoció que el líder de Gürtel medió para conseguirle adjudicaciones en administraciones gobernadas por el PP. Y, después, dio el paso Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de Correa.

 

Estos movimientos se producen ante la cercanía del juicio por la segunda etapa de Gürtel, que está previsto que comience el próximo septiembre y donde los cuatro se encuentran procesados junto a otras 22 personas. En esa vista oral también se sentará en el banquillo el PP como persona jurídica, condenado ya en 2018 como partícipe a título lucrativo por la primer parte de la trama de corrupción, conocida como Época I y que provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.

 

“Palcos y entradas vip”

 

Bosch, que ocupó el puesto de gerente en la empresa municipal de suelo de Boadilla, acepta los 12 delitos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción: entre ellos, asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación en la adjudicación de obras, fraude y malversación. Además, el exdiputado desgrana todos los pasos que dio la trama para implantarse en el municipio y cómo funcionaba para “vulnerar las normas de contratación”: “Correa, aprovechándose de la relación de amistad que mantenía con varios miembros del PP, se introdujo en Boadilla, donde mantenía ya una estrecha relación con importantes cargos de la localidad”.

 

“Aprovechando además sus invitaciones en palcos o entradas vip a conocidos eventos deportivos y públicos, consiguió así hacerse con la amistad de Arturo González Panero, estableciendo juntos un modo de actuar”, relata en la confesión: “Inicialmente, [el exalcalde] detallaba a Correa una operación y este valoraba la posibilidad de participar en las distintas operaciones en función del posible rédito resultante, poniendo entonces en marcha la operativa”. “Correa se encargaba de negociar y captar a posibles empresas interesadas ofreciéndoles la adjudicación del concurso a cambio de una comisión que después se repartía de acuerdo con su criterio”.

 

El Bujías o El Neveras

 

Bosch también relata los motes que utilizaban dentro de la trama y que quedaron reflejados en “archivos contables”. González Panero era “Albondiguilla” o “Albon”; Correa, “Don Vito”; y Pablo Crespo, “Grecian”. A César Tomás Martín Morales, antiguo jefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla, le denominaban “Santo”. Y “en mi caso”, dice el exdiputado regional del PP, era “Bujías” o “Neveras”: “Derivado de mi primer apellido, Bosch, que coincide con la marca de tales elementos”.

 

“Por esa causa, en la investigación llevada a cabo, no se pudo determinar el origen de un ingreso en la caja de Correa con la denominación ‘neveras’ y que corresponde al ingreso que realizaron en su cuenta por una comisión que me correspondía”, detalla el antiguo parlamentario popular.

 

Una “relación” desde 1995

 

La relación entre Bosch y la trama duró años, como él mismo admite: “Se inicia con anterioridad a 1995, al formar parte del equipo de colaboradores de la organización territorial del PP nacional y participar en las campañas electorales que, desde entonces y hasta 2009, se convocaron en España. Y al resultar el grupo de Correa contratado para la organización de la inmensa mayoría de esas campañas electorales, ya fueran de carácter nacional, autonómico, local o europeo, así como actos internacionales de carácter político”.

 

De hecho, prosigue el expopular, el líder de Gürtel le pagó en 2001 una estancia en el hotel Reconquista de Oviedo con motivo de un viaje que tuvo que hacer a Asturias. Entonces solo era concejal de El Escorial (Madrid). Posteriormente, en el verano de 2005, le “invitó” junto a Tomás Martín a “un fin de semana en su casa de Ibiza, asumiendo Correa y su agencia de viajes todos los gastos”.

 

Las mordidas y el sistema ideado

 

Bosch relata que le nombraron en 2003 gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla por “recomendación previa” de Correa y del que fuera jefe de gabinete del presidente del Gobierno de España, Antonio Cámara. Para entonces la trama ya se encontraba totalmente implantada en el Ayuntamiento, según cuenta, antes de asegurar que desconocía parte de la estructura financiera y empresarial de la red de corrupción. Eso sí, confiesa que sabía que Crespo dirigía las operaciones: “A [él] era a quien todos los empleados del grupo debían reportar su trabajo y las órdenes dadas por él mismo, trasladando luego este los aspectos más importantes a Correa”. Crespo “controlaba y supervisaba la gestión diaria”.

 

Sin reparos, el exparlamentario del PP describe cómo recibió mordidas: “Tan solo en una ocasión, al objeto de repartir la primera comisión de la empresa Teconsa por mi participación en la adjudicación de la construcción de viviendas, me reuní con Correa en su vivienda de la Finca, en Pozuelo (Madrid), lugar donde al parecer se pudo grabar un vídeo del que luego tuve conocimiento, pero nunca vi, en el que aparecía Correa haciendo el reparto de dichas comisiones”.

 

“Mediante este escrito, expreso de manera rotunda mi profundo pesar por mi participación en los citados actos y mi arrepentimiento por dicho proceder, mostrando mi asunción de los mismos y pidiendo perdón por el daño causado con mis actos”, concluye Bosch.

 

https://elpais.com/espana/2021-04-15/era-el-bujias-o-el-neveras-y-cobre-de-gurtel.html

 

 

CRESPO CONFIESA QUE LA GÜRTEL FINANCIÓ AL PP Y AVALA LA TRAMA DE MORDIDAS EN LA ERA AZNAR

 

El número dos de la organización criminal corrobora que abonaron 120.000 euros ilícitos para la campaña del PP en Boadilla en 2007 y es el tercer testimonio que confirma la existencia de una trama para amañar adjudicaciones durante los gobiernos de Aznar, a cambio de comisiones que nutrían la caja b del PP

 

Se trata de un giro de 180 grados en la estrategia del hasta ahora hombre duro de la Gürtel, el número 2 de la organización, Pablo Crespo, y relevante por su peso en la trama y porque fue cargo del PP, al ostentar la secretaría de organización en Galicia.

 

En su escrito de conformidad con las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción de cara al juicio sobre las actividades de la Gürtel en Boadilla, que se celebrará el próximo mes de septiembre, y que viene acompañado por un documento de confesión, acepta colaborar y lo confiesa todo. Que la organización criminal financió de forma ilícita con 120.000 euros al Partido Popular en las elecciones municipales de Boadilla en 2007, con dinero que percibía de las adjudicaciones públicas amañadas por las instituciones que la formación conservadora gobernaba. Que mediaba para obtener comisiones de hasta el 4% y que se embolsó centenares de miles de euros.

 

El amaño de adjudicaciones en la era Aznar

 

Pablo Crespo también avala con su confesión la declaración del líder de la trama, Francisco Correa, quien afirmó que ejerció de mediador entre las administraciones públicas gobernadas por el PP durante los gobiernos de José María Aznar y grandes empresas, para que obtuvieran contratos a cambio de comisiones que iban a parar en parte a la caja b de este partido.

 

En este sentido, Crespo dice que medió para que el empresario Alfonso García Pozuelo obtuviera contratos por los que éste abonó mordidas de entre “el 3 y el 4%” y que llegó a falsificar 4 facturas por servicios no prestados para que la UTE FCC/SUFI abonasen a la trama 84.818,16 euros, que en realidad “ocultaba una entrega de fondos” por una “adjudicación en la cual había intermediado” Francisco Correa.La confesión de Crespo no es la única que corrobora las afirmaciones del líder de la Gürtel. El acusado vicepresidente de Teconsa, José Luis Martínez Parra, también ha admitido los hechos narrados por la Fiscalía y ha confesado el pago de 1.8 millones a la trama para obtener a cambio la adjudicación de obras públicas. En su escrito ha aseverado que abonó esta cantidad debido a las “magníficas relaciones que tenía este grupo [en referencia a la Gürtel] con distintas administraciones gobernadas por el Partido Popular” y “sabedor del coste que conllevaba la citada gestión para el pago de los favores que se le iban a conceder”.

 

La confesión de Pablo Crespo puede ser relevante para el juicio a la Gürtel en Boadilla, pero también para la pieza separada sobre las donaciones ilícitas de empresarios a la caja b del PP, todavía en fase de instrucción en la Audiencia Nacional. Crespo ya ha avanzado en su escrito que está dispuesto a colaborar en todas las piezas del caso.Estas tres no son las únicas confesiones que se han producido para este juicio sobre la Gürtel en Boadilla, y se esperan varias más, según fuentes del caso.

 

https://cadenaser.com/ser/2021/04/13/tribunales/1618322969_468696.html

 

 

FRANCISCO CORREA ADMITE LAS ACUSACIONES DE ANTICORRUPCIÓN EN EL SEGUNDO GRAN JUICIO A LA GÜRTEL

 

El líder de la trama admite los hechos, se compromete a pagar 2.7 millones de euros, renuncia a la práctica de prueba en su defensa y presenta un escrito de confesión, para el juicio en septiembre por las actividades de la organización entre 2001 y 2009 en Boadilla, donde el PP de nuevo se sentará en el banquillo como partícipe a título lucrativo

 

El líder de la Gürtel, Francisco Correa, ha admitido todas las acusaciones de Anticorrupción que se verán en el próximo juicio sobre la segunda época de la trama corrupta y ha aceptado pagar los casi tres millones de euros que reclama la Fiscalía.

 

La defensa del líder de la Gürtel, Francisco Correa, ha presentado un escrito a la Audiencia Nacional, con fecha de este domingo 28 de marzo, en el que admite como ciertos todos los hechos y las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción de cara al juicio que arrancará el próximo 22 de septiembre, sobre las actividades del entramado en la localidad madrileña de Boadilla, entre los años 2001 y 2009. Es el segundo gran juicio a la Gürtel después del que analizara la primera etapa de la organización, hasta el año 2005.

 

En su escrito, la defensa de Correa no solo admite los delitos y las penas de 13 años y medio de cárcel y de 1.996.500 euros de multa, sino que acepta el decomiso de 2.702.315,59 euros de los beneficios y comisiones recibidas. Además, Francisco Correa renuncia a la práctica de prueba en su defensa durante el juicio.

 

El líder de la trama acompaña el escrito de su letrado con una confesión al Ministerio Público, redactada de su puño y letra desde el centro penitenciario de Valdemoro, en la que narra cómo penetró en la localidad de Boadilla, creó y afianzó sus contactos con altos cargos del PP vinculados a esta zona de Madrid y la red corrupta en el municipio.

 

Correa detalla cómo se benefició de la “buena relación” que mantenía con el portavoz del grupo popular en el Parlamento Europeo, Gerardo Galeote, para contactar con su hermano Ricardo y el padre de ambos, gracias al cual penetró en Boadilla, y de qué manera colocó al exdiputado autonómico del PP, Alfonso Bosch, al quedarse fuera de la asamblea de Madrid.

 

Otro de los personajes clave en la trama de Boadilla, según Correa, fue Tomás Martín Morales, pero Correa centra sus críticas en el exalcalde, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla, cuya ambición según el líder de la Gürtel era “desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable”. Correa califica de “amoral” a González Panero, que era “adicto” a la Bolsa, y sostiene que amañaba contratos. Al respecto dice que “no mantenía su palabra ni código ninguno, prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro, cambiaba adjudicaciones aun habiéndolas prometido a un empresario, si posteriormente otro empresario mejoraba la dádiva”.

 

Correa confiesa que “a todos ellos” repartió “dádivas” en forma de dinero, pero también en “especies, viajes, ropa, regalos, etc.”.

 

https://cadenaser.com/ser/2021/03/29/tribunales/1617016045_001762.html

 

LA NUEVA CONFESIÓN DEL CABECILLA DE LA TRAMA GÜRTEL

 

Francisco Correa remite un escrito a Anticorrupción donde implica a ex altos cargos del PP en la red de corrupción masiva

 

Francisco Correa, jefe de la trama corrupta Gürtel alimentada por numerosas administraciones gobernadas por el PP, ha remitido al juez dos escritos de su puño y letra donde involucra en sus actividades ilegales a media docena de excargos del PP en los municipios de Majadahonda y Boadilla del Monte.

 

La nueva confesión de Correa llega a escasos meses del comienzo del juicio por la segunda etapa del caso Gürtel, la que va de 2005 a 2009. La Audiencia Nacional condenó ya a Correa por la primera etapa de actividades de la red corrupta (1999-2005) a 51 años de cárcel por los delitos de prevaricación, fraude, cohecho, falsedad en documento público, malversación y blanqueo de capitales. Ese juicio condenó también al PP a pagar 245.000 euros como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la red empresarial corrupta, que pagaba actos electorales de la formación conservadora en los municipios que le adjudicaban contratos públicos previamente amañados.

 

Esta sentencia de la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, después confirmada por el Supremo, desencadenó la moción de censura que acabó con Mariano Rajoy fuera de la política y llevó a la presidencia del Gobierno al socialista Pedro Sánchez.

 

El juicio de la segunda etapa de Gürtel comenzará este otoño en la Audiencia Nacional. El auto de procesamiento señala también al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte: “Habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas”.

 

El escrito de Correa dirigido a Anticorrupción, al que ha tenido acceso EL PAÍS, admite que “son ciertos” los hechos reflejados en el escrito de acusación de la Fiscalía y detalla las corruptelas de las que se beneficiaron determinados excargos del PP. La Fiscalía pide 76 años de cárcel para Correa y 40 para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Además, considera al PP partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta con los que se financiaron actos electorales de la formación política por 204.198 euros.

 

Correa detalla así todo el mecanismo de la corrupción puesto en marcha por sus empresas en uno de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid donde hizo más negocio:

 

“Yo actuaba de intermediario entre constructoras y la alcaldía. El alcalde siempre percibía dádiva”

 

“Yo actuaba como intermediario entre los empresarios de empresas de construcción o de servicios y la alcaldía así como con la Empresa Municipal de la Vivienda. Yo negociaba el margen de porcentaje de cada adjudicación y cuando se materializaba la contratación, el empresario me entregaba el dinero en efectivo y yo siempre le entrega a Arturo González Panero [alcalde] o a Tomás Martín Morales [presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda] dependiendo de cuál fuera el órgano que licitaba el concurso: la alcaldía o la Empresa de la Vivienda. Como dato significativo: el alcalde percibía dádiva en cualquiera de los casos, es decir siempre”.

 

Francisco Correa expone cómo se introdujo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a través de contactos que le facilitaron diversas personas, entre ellas el eurodiputado popular Ricardo Galeote; o el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, también condenado a prisión por los negocios que mantuvo con la trama corrupta entre 1999 y 2005. Correa consiguió influir tanto en ese municipio, gobernado por el PP con mayoría absoluta, que colocó en distintos puestos de la Empresa Municipal de la Vivienda y del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a amigos suyos, dirigentes del PP.

 

“Todos participaron en el reparto de dádivas”

 

“Todos ellos participaron en el reparto de dádivas. Alfonso Bosch participaba exclusivamente en las adjudicaciones de la Empresa Municipal de la Vivienda. Quién decidía el nivel de participación en el reparto era su jefe, Tomás Martín Morales. Este recibía dádivas de las adjudicaciones de la Empresa Municipal de la Vivienda y cuando le nombraron director general del Ayuntamiento manteniendo el cargo de presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda percibía de ambos organismos. Todas las adjudicaciones del Ayuntamiento las controlaba el alcalde. En relación al alcalde, Arturo González Panero, he de decir que su ambición era desmedida, con una falta y carencia de moralidad inexplicable”.

 

“Prometía contratos a diestro y siniestro”

 

“La relación con el alcalde Arturo González Panero era muy complicada. No mantenía su palabra ni código ninguno, prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro, cambiaba adjudicaciones aún habiéndolas prometido a un empresario y posteriormente otro empresario mejoraba la dádiva, dicho lo cual su actuación se podría resumir como “amoral”.

 

“Las dádivas eran viajes, regalos, ropa…”

 

“En cuanto a los trabajos que encargaban a nuestras empresas, la comunicación la mantenía directamente con Isabel Jordán y las dádivas se materializaban en especies, viajes, ropa, regalos, etcétera. Jordán tenía facultades dadas por mí para decidir las dádivas en especies de los distintos trabajos que nos encomendaba”.

 

“Tenía una obsesión diaria: invertir en Bolsa”

 

“Quiero resaltar que Arturo González Panero mantenía una obsesión diaria, hasta el punto de convertirse en una adicción de invertir en la Bolsa, motivo por el que me presentó a un amigo suyo, Javier del Valle, que tenía una empresa que se dedicaba al asesoramiento financiero. Javier le organizaba sus estructuras societarias y financieras. Durante un almuerzo acordamos crear una empresa para invertir en la Bolsa poniendo una cantidad equivalente cada uno de los participantes, no recuerdo la cifra concreta, no era muy importante […] Realmente, no tuvo ningún recorrido y al cabo del tiempo se hizo el reparto de devolución a cada uno de los participantes, inclusive creo recordar que con una pequeña pérdida de lo que invertimos”.

 

https://elpais.com/espana/2021-03-29/la-nueva-confesion-del-cabecilla-de-la-trama-gurtel.html

NUEVO BANQUILLO PARA EL PP POR LA GÜRTEL: BOADILLA

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar al Partido Popular por lucrarse con las actividades ilícitas de la Gürtel en la localidad de Boadilla en un total de 204.198 euros

Es una de las consecuencias del auto emitido este miércoles, en el que el magistrado titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, propone juzgar a 27 personas por las acciones del entramado corrupto en la localidad madrileña de Boadilla. El juez considera que el PP también tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como "partícipe a título lucrativo". Se habría beneficiado de 204.198 euros, al recibir cantidades y el abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el grupo de Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones.

No es la única parte de la Gürtel en la que el PP como partido resulta señalado beneficiario de forma irregular de las acciones de la trama, según la justicia. También ha sucedido en la pieza central, y en concreto en Pozuelo y Majadahonda, se investiga en Arganda, sus dirigentes van a juicio en Valencia, y también el partido irá al banquillo como responsable civil subsidiario en la caja B.

El juez José de la Mata ha abierto pieza separada dentro del caso Gürtel sobre las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte alrededor del grupo de Francisco Correa y dicta auto de transformación a procedimiento abreviado en el que propone juzgar a 27 personas físicas y fija la eventual responsabilidad civil subsidiaria a 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo.

En dos autos, el juez explica que la presente causa gira en torno a la actividad de Correa y otros, a través de un complejo entramado societario, “de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de contratación, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero con el ánimo de conseguir adjudicaciones públicas (para sus propias empresas o las de terceros) de forma irregular”.

Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Según las resoluciones, esta pieza separada alcanza la actividad desarrollada desde, al menos 2001 hasta febrero de 2009, por Correa y las sociedades integradas en su grupo en Boadilla del Monte “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de esa localidad”.

El juez añade que “esta actividad comprende tanto la obtención de contratos públicos para sus empresas y para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, como el apoderamiento directo de los fondos de las entidades públicas de este municipio”.

Para ello, Correa impulsó la creación de un grupo, con la colaboración de Pablo Crespo, al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, “que en la práctica llegó a dirigir toda la contratación pública de Boadilla del Monte, especialmente en la EMSV”.

Dichas actividades, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo 593.000 euros; a Galeote 557.609 euros; a González Panero 1,8 millones; a Martín Morales 1,3 millones y a Bosch Tejedor 941.652 euros.

El grupo, señala el auto, favoreció, “siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos a distintas personas y sociedades” como SUFI SA, Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios, a UFC SA, A Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras.

Además, Correa efectuó distintos reglaos en efectivo y en especie a algunos miembros del grupo en consideración a su integración en el mismo y al cargo que desempeñaban y en pago de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel. Añade que González Panero, como otros, “implementó igualmente una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos”.

Respecto a la consideración del PP como partícipe a título lucrativo, señala el juez que con las maniobras de los imputados consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.

“El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)”, sostiene De la Mata.

Entre las 27 personas contra las que se dirige el procedimiento se encuentran Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Arturo González Panero, José Galeote, César Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch Tejedor, Alfonso García Pozuelo, José Luis Ulibarri, Jacobo Gordon, o José Ramón Blanco Balín, entro otros. A 13 de estos 27, el juez acuerda excluirles del procedimiento principal de la Gürtel.

http://cadenaser.com/ser/2016/05/25/tribunales/1464182158_347993.html

EL JUEZ DE LA MATA CREE QUE EL PP SE LUCRÓ CON LA TRAMA GÜRTEL EN BOADILLA

El magistrado propone juzgar a 27 personas en esta pieza separada del caso Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido su investigación sobre los negocios de la trama Gürtel de corrupción en Boadilla del Monte (Madrid) durante los años de alcaldía de Arturo González Panero. El magistrado, que propone juzgar a 27 personas en esta pieza separada, considera al PP partícipe a título lucrativo de esta red de corrupción, ya que supuestamente se benefició de 204.198 euros utilizados para financiar campañas electorales.

En esta causa se investigan los sobornos que las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, entregaron entre 2001 y 2009 a funcionarios y autoridades de Boadilla del Monte para supuestamente conseguir adjudicaciones públicas para estas mismas sociedades o empresas de terceras personas. La red, señala el magistrado, "llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública" de la localidad, especialmente la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), de la que dependía el urbanismo de esta rica localidad limítrofe con Madrid capital.

Correa y su mano derecha, Pablo Crespo, crearon un grupo al que se fueron incorporando paulatinamente autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor. El grupo benefició, siempre a cambio de comisiones, a distintas personas y sociedades como SUFI S. A., Constructora Hispánica S. A., UFC, Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras. Estas contrataciones irregulares, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo, 593.000 euros; a Galeote, 557.609 euros; a González Panero, 1,8 millones; a Martín Morales, 1,3 millones; y a Bosch Tejedor, 941.652 euros.

Los hechos serían constitutivos, según el juez De la Mata, de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Tanto el exregidor González Panero, como otros imputados, pusieron en marcha una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos.

Respecto a la consideración del PP como partícipe a título lucrativo, señala el juez que con las maniobras de los imputados consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.

“El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)”, sostiene De la Mata.

Entre las 27 personas contra las que se dirige el procedimiento se encuentran Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Arturo González Panero, José Galeote, César Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch Tejedor, Alfonso García Pozuelo, José Luis Ulibarri, Jacobo Gordon, o José Ramón Blanco Balín, entro otros. A 13 de estos 27, el juez acuerda excluirles del procedimiento principal de la Gürtel.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda el sobreseimiento provisional respecto de cinco personas.

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/25/actualidad/1464181320_387913.html

TEMOR A QUE EL SUPREMO ABRA LA PUERTA PARA 'CERRAR' LA GÜRTEL CON ‘LA EXCUSA’ DE LA PRESCRIPCIÓN

“Con ese razonamiento concluiría que el delito estaba prescrito”. Esta frase, perdida en la página 32 de la resolución del juez Antonio del Moral, instructor en el Tribunal Supremo del llamado caso Jerez, pieza separada de la trama Gürtel, ha provocado alarma en medios jurídicos del Alto Tribunal y entre quienes siguen. Y lo ha hecho por una razón: el temor a que esa puerta, la de la prescripción, se convierta en la de escapatoria para muchos inculpados en este escándalo de corrupción que afecta tan gravemente al Partido Popular.

La historia de una controvertida decisión

Recapitulamos los hechos para mejor entender la situación. El caso Jerez (la concesión irregular de una serie de contratos municipales a empresas de la trama Gürtel) por el aforamiento de su principal investigada, la entonces alcaldesa y también senadora del PP María José García Pelayo, acabó en el Tribunal Supremo.

Aunque el juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata, habló en su escrito de “ilegalidad patente y grosera” en la actuación de la exalcaldesa, el magistrado del supremo que recibió e instruyó el asunto, como decimos Antonio del Moral, hace sólo unos días, para sorpresa de muchos de los involucrados en el caso, dictaminó exculpar a María José García Pelayo. Básicamente lo hacía porque, al tiempo que reconocía que había delito en la actuación del ayuntamiento, paradójicamente venía a decir que no la consideraba responsable de los documentos que ella misma había firmado: "no existir indicios suficientes de participación deliberada de la investigada en los hechos supuestamente delictivos", se lee en la conclusión en la que el juez pide cerrar el caso.

Pero pasó desapercibido en los medios de comunicación, que no en los jurídicos, otra decisión del magistrado, calificada de sorprendente en esos mismos ambientes: la de ‘concluir’ que el delito en cualquier caso estaba sobreseído porque se había producido en 2004, y habían pasado más diez años desde la comisión de los delitos a las acusaciones. La sorpresa no estaba basada sólo por el dictamen en sí, sino aún más por el hecho de que con la frase que se abre este artículo, se abriera esa puerta, cuando ni fiscalía, ni acusación habían puesto énfasis alguno en el hecho.
Una puerta por la que intentarían colarse otros

La decisión de Antonio del Moral no es definitiva, está pendiente de que se acepte un recurso de la acusación. En cualquier caso, la decisión final acabará en la Sala Segunda del Supremo. El problema que ven medios jurídicos con los que ha hablado ELPLURAL.COM es que esta puerta de la prescripción, como hemos apuntado, no sólo valiera para que pasara por ella en último caso María José García Pelayo independientemente de si se rechaza la argumentación del instructor del Moral en el sentido de que no era responsable de los documentos que firmó, sino que podría ser un antecedente por el que intentaran al final escapar muchos de los imputados cuando se vean sus casos en la Audiencia Nacional.

En esos mismos medios jurídicos también se subraya el hecho de que la presidencia de la Sala Segunda del Supremo está en manos del magistrado Manuel Marchena. Un juez tan conocido en el ambiente judicial por su extraordinaria preparación y su valor profesional, como por su conservadurismo ideológico y su cercanía al partido en el Gobierno.

Famoso por haber sido el ponente en la inhabilitación de Baltasar Garzón, ha quedado patente su relación con la Fundación Wolters Kluwer, en cuyo consejo asesor se encuentran los exministros del PP José María Michavila y Ángel Acebes. Con este último, por cierto, cuando estaba imputado en el propio caso Gürtel, tan sólo hace dos años, en el digital El Confidencial publicaron que había compartido lo que se calificaba como “comida pantagruélica”.

La aceptación de la prescripción del caso Jerez en la Sala Segunda del Supremo sería una extraordinaria noticia por tanto para todos los imputados, incluido el propio PP como partido, ante un otoño sin duda caliente en los tribunales. Y es que en octubre, cuando quizás se esté aun negociando la formación del nuevo gobierno, podría estar cerrándose el sumario de la Púnica y abriéndose el macrojuicio por la primera parte de la Gürtel, con decenas de acusados incómodos del propio PP y de su órbita.

http://www.elplural.com/2016/05/20/temor-que-el-supremo-abra-la-puerta-para-cerrar-la-g-rtel-con-la-excusa-de-la-prescripci

SÁENZ DE SANTAMARÍA LA LÍA: EL DINERO B QUE SE LLEVÓ BÁRCENAS PODÍA HABER SERVIDO AL PP “PARA MUCHAS COSAS”

Y pide tranquilidad sobre el pago de la multa porque su partido se financia… ¡con dinero público!

Por si había alguna duda el juez De la Mata ha dejado claro que el ‘caso Bárcenas’ no es otro que el ‘caso PP’ al obligar al partido a depositar 1,2 millones de de euros en concepto de fianza como responsable civil subsidiario por la caja B de su extesorero. El asunto es de tal magnitud que en la formación azul siguen sin saber cómo dar explicaciones públicas sobre ello y la prueba está en el lío que se hizo el martes la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante una entrevista en la cadena COPE.

El confuso discurso de la vicepresidenta sobre "ese señor"
La popular defendió varias posturas a la vez a la hora de referirse al caso, la primera poner en duda lo sucedido e insistir, aunque de una forma algo confusa, en que el PP era el principal damnificado de confirmarse todo: “Si ese señor se demuestra que ha hecho realmente lo que se supone que ha hecho según esos sumarios, sencillamente porque en nuestro crédito y nuestra gestión nos ha supuesto mucho daño”.

Luego dio otras dos razones de ese daño al partido, porque “nos repugna” el proceder del extesorero y porque el dinero que se ha podido llevar “eran recursos del Partido Popular” que “deberían haber servido para hacer más cosas del partido”. 

"En la misma frase estamos rechazando el delito y reclamando el botín"

No quedó ahí la cosa porque la vicepresidenta quiso ‘tranquilizar’ a los españoles en torno a la capacidad de su partido para pagar la multa: “Todo el mundo tiene que tener una tranquilidad, el PP como el resto de partidos políticos o como los sindicatos una parte de sus ingresos provienen de los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual el riesgo de impago es mínimo por no decir nulo”. 

En Todo por la radio de la cadena SER analizaron el momento surrealista de Sáenz de Santamaría, que puso al nivel de otros deslices famosos cometidos por Cospedal o el “gran Floriano”. “En la misma frase estamos rechazando el delito y reclamando el botín”, resumieron sobre la reivindicación de la popular de “las cosas” que podía haber hecho con la presuntamente caja B gestionada por Bárcenas.

http://www.elplural.com/2016/05/25/s-enz-de-santamar-la-l-el-dinero-b-que-se-llev-b-rcenas-pod-haber-servido-al-pp-para

EL PSOE PIDE AL JUEZ QUE REGISTRE LA SEDE DEL PP DE BOADILLA DEL MONTE

Los socialistas presentan en la Audiencia Nacional una batería de diligencias después de que el informe de la IGAE destapara múltiples irregularidades en la contratación del consistorio con las empresas de la trama

El PSOE ha registrado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, después del informe de la IGAE que reveló numerosas irregularidades en los contratos menores del Ayuntamiento de Boadilla con las empresas de la trama Gürtel.

Los socialistas ponen bajo la lupa 20 adjudicaciones y entre las diligencias que solicitan figura la entrada y registro en la sede de los populares en el municipio. Dice el escrito que es una diligencia necesaria para “peritar e intervenir las obras de reforma de la sede”. Los socialistas apuntan a una presunta financiación ilegal al haberse abonado estos trabajos “con dinero público pagado a través de la empresa municipal de la vivienda”. Orden de entrada y registro también para “incorporar a las actuaciones el proyecto y la licencia de obras y funcionamiento concedida por el Ayuntamiento para la nueva sede”.

En cuanto a la veintena de contratos menores sospechosos piden que se cite a declarar como imputados a 14 personas para aclarar las sospechas de amaño. Entre ellos, Pablo Crespo, Arturo González Panero, Alfonso Bosch, Tomás Martín Morales, Javier Nombela e Isabel Jordán.

http://cadenaser.com/emisora/2015/12/07/radio_madrid/1449466794_594073.html

GONZÁLEZ TABOADA, HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES, A UN PASO DEL JUZGADO

La acusación particular de la 'Gürtel' pide que la Audiencia Nacional le llame para declarar sobre supuestas presiones en una operación inmobiliaria de 30 millones de euros

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), la principal acusación popular tanto en los juicios contra la trama Gürtel como en la operación Púnica, ha presentado este viernes un escrito ante el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que el magistrado llame a declarar a Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (CAM) por las acusaciones que se han planteado contra él como supuesto intermediario en una operación valorada en 30 millones de euros con el fin de abaratar una parcela del suelo público de Boadilla del Monte.

Presiones para rebajar el precio de una parcela en Boadilla

En concreto, García Taboada, verdadero pilar del Gobierno de Cristina Cifuentes y hombre de su máxima confianza, habría presionado para que el terreno, que había sido valorado por esa cantidad de 30 millones de euros, saliera a concurso por 19,4 millones. La acusación la hizo, en una comparecencia voluntaria, ante el juez José de la Mata, quien era el alcalde de Boadilla en aquel momento, el ‘popular’ Arturo González Panero, conocido popularmente a raíz de estallar el escándalo de la Gürtel como ‘el albondiguilla’.

La base del escrito de ADADE recoge que Arturo González Panero aseguró ante el juez que “Jaime González Taboada, que entonces era director general de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid, le presionó durante seis meses para que sacara a concurso una parcela por un valor de 19,4 millones de euros, cuando los técnicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte la habían valorado en 30 millones”.

Acusaciones contra El Albondiguilla de poco solidario con otros alcaldes que ‘tragaban’

En su exposición ante el juez de la Mata, el exalcalde de Boadilla explicó que puesto que la operación era tan importante que superaba el 25% de los recursos del propio Ayuntamiento, conforme a la ley tuvo que mantener varias reuniones con González Taboada que le presionó paralizando la operación con el argumento de que “la valoración de los técnicos autonómicos era de 19,4 millones”.

En la misma declaración, el Albondiguilla dijo al juez que González Taboada le explicó que mantener el precio que pretendía por la parcela de Boadilla, que suponía alcanzar los 2.000 euros por metro cuadrado, dificultaba la venta de otro terreno en Majadahonda que se estaba poniendo en venta por ‘sólo’ 1.400 euros el metro cuadrado. En su declaración González Panero llegó a decir, según el escrito de ADADE, que González Taboada le acusó de “falta de solidaridad y poco compañerismo con otros alcaldes del Partido Popular”. Esta operación, según el exalcalde de Boadilla, le costó la amistad con Francisco Correa.

Según ADADE, esta declaración pondría de relieve la existencia de presiones de la Comunidad, para favorecer a los promotores frente a los intereses de los municipios. En consecuencia piden al juez tanto que llame a declarar a González Taboada como que se requiera a la CAM para que envíe al juzgado el expediente de autorización de la venta de la parcela en cuestión de Boadilla del Monte.

Hay que recordar que la parcela en cuestión acabó definitivamente en manos del constructor José Luis Ulibarri, que se hizo con ella a través de su sociedad UFC. Ulibarri está imputado en el caso Gürtel (por cierto, la mano derecha de Ulibarri durante años ha sido Manuel Manovel, cuñado del conflictivo juez de la Audiencia Nacional Enrique López, apartado recientemente del trío de magistrados que tienen que ver el juicio por esta trama de corrupción).

Problemas para González Taboada.., problemas para Cifuentes

Como hemos contado en ELPLURAL.COM los problemas de González Taboada no sólo se circunscriben a la trama Gürtel, sino que también está salpicado de lleno por la trama Púnica, en la que se investigan por parte de la Guardia Civil hasta 8 contratos en los que podría verse involucrado el actual consejero madrileño.

El propio David Marjaliza, ha señalado ante el juez de la Mata a González Taboada como colaborador necesario en varios contratos entre sus empresas y la Comunidad. A pesar de ello, Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid, ha repetido varias veces, desde que estalló el escándalo, “su confianza” en Taboada, uniendo de alguna manera así, ya no podrá acreditar desconocimiento, su responsabilidad con el pasado de su consejero.

http://www.elplural.com/2015/12/18/gonzalez-taboada-hombre-fuerte-de-cifuentes-a-un-paso-del-juzgado/

‘EL ALBONDIGUILLA’ SE ESCUDA EN UN CONSEJERO DE CIFUENTES PARA DEFENDER UNA ADJUDICACIÓN DE LA ‘GÜRTEL’

El exalcalde de Boadilla aseguró al juez De la Mata que González Taboada trató de convencerle de que vendiera a 19,4 millones un terreno valorado en 30 millones

El exregidor relató que Francisco Correa le acusó de ser "mal compañero" al valorar la finca municipal a 200o euros el metro cuadrado cuando en Majadahonda habían tasado otra a 1.400 euros

La colaboración de Suiza y otros 20 países permite a los jueces de ‘Gürtel’ realizar 597 actuaciones sobre los imputados

El excalde del PP de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla por los integrantes de la trama Gürtel, se escudó durante su declaración este miércoles en la Audiencia Nacional como imputado en el actual consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, para justificar el precio de adjudicación de una parcela, que según el sumario benefició a la red corrupta liderada por Francisco Correa.

En concreto González Panero, que declaró por primera vez ante el magistrado José de la Mata tras negarse en tres ocasiones, aseguró que González Taboada, que entonces era director general de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid, trató de convencerle de que sacara a concurso una parcela por un valor de 19,4 millones de euros, cuando los técnicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte la habían valorado en 30 millones.

"A 30 millones suponía unos 2.000 euros el metro cuadrado. Y con ese precio la Comunidad de Madrid quedaba en evidencia, ya que en esa fecha había autorizado la venta de una parcela en Majadahonda a 1.400 euros. Y por eso mantuve varias discusiones con González Taboada. Pero él me decía que no me podía dar el visto bueno a los 30 millones. Pero yo le contestaba ¡Jaime, por dios, si no vale 19,4 millones!. Yo creo recordar que incluso, en tono de broma, llegamos a apostarnos si al final yo podía vender el terreno a 30 millones", aseguró González Panero en conversación con infoLibre.

Tres horas y media

Según la versión de González Panero, que declaró en la Audiencia Nacional durante tres horas y media, la Comunidad de Madrid tardó más de seis meses en aprobar la venta de la parcela: "Y la autorización de la Comunidad era necesaria, ya que cuando una operación de este tipo supera el 25% de los recursos del Ayuntamiento, se necesitaba el visto bueno del Gobierno regional", relató a este diario González Panero, que destacó que en el expediente de la adjudicación de la parcela figura la valoración de los técnicos de la Comunidad de Madrid, que era de 19,4 millones.

De esta forma, González Panero trata de justificar que la finca acabara en manos de la sociedad UFC, del empresario José Luis Ulibarri, también imputado en Gürtel. En julio de 2011, la policía judicial envió un informe al entonces instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, en el que le informaba acerca de posible entrega de un millón de euros por parte de Ulibarri a Correa tras adjudicarle el Ayuntamiento la parcela.

Asimismo, El Albondiguilla aseguró al juez que recibió la llamada del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, que le acusó de ser "mal compañero", ya que poco antes el entonces alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, había promovido la venta de otra parcela a un precio menor.

No hace declaraciones

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio para conocer la versión de Jaime González Taboada, que ha preferido no hacer declaraciones al respecto.

Por otra parte, en su declaración el ex exregidor de Boadilla, municipio considerado el epicentro de la trama en la Comunidad de Madrid, acusó al extesorero del PP Luis Bárcenas de estar detrás del nombramiento del también imputado Alfonso Bosch Tejedor como gerente de la empresa municipal del suelo, que fue la que adjudicó varios terrenos a la trama: "Antonio Cámara, que es amigo de Aznar, me dijo, en plural: Estaríamos encantados si nombraras a Alfonso Bosch. Ya sabes para quién trabajo. Y fue cuando entonces yo entendí que la petición venía de Aznar", relató en el Juzgado González Panero.

En este sentido, González Panero aseguró al juez De la Mata que en 2004 se plantó ante Bárcenas, ya que se negó a adjudicar el contrato de mantenimiento de las calles del municipio a la empresa que éste le había indicado. "Luis, lo siento, pero se le va a dar a quien digan los técnicos", le dijo, según su propia versión de los hechos.

Cuentas en el extranjero

González Panero dijo también que no dispone de cuentas en el extranjero, a pesar de que Hacienda se las atribuye en Suiza y Holanda, y calificó de "disparate" que Correa sufragara sus viajes.

El exalcalde detallado que su relación con Bárcenas y Correa se enrareció en 2004 después de que estallara el caso Majadahonda, que supuso el relevo en la alcaldía de Guillermo Ortega por Narciso de Foxá, y de que el exconcejal de Boadilla fallecido Francisco Sánchez Arranz, próximo al extesorero y al presidente del Senado, Pío García-Escudero, según él, le pidiera que hablara con Bárcenas para realizar una adjudicación en Boadilla a Constructora Hispánica.

Según su relato, El Albondiguilla tuvo que decirle a Bárcenas que el contrato no se iba a adjudicar a esta empresa -cuyo presidente, Alfonso García Pozuelo, también está imputado en el procedimiento- porque su oferta estaba "muy mal puntuada por los técnicos". "Sánchez Arranz me preguntó a finales de 2004 y le dije que había hablado con Bárcenas y que no había nada que hacer", aseguró.

Habló con Aguirre

También dijo que Correa y Bárcenas le hicieron "responsable" del cambio de alcaldía en Majadahonda porque el nuevo alcalde, Narciso de Foxá, era "muy amigo" suyo y denunció "el tema de la parcela". "A partir de ahí, no solo dejé de tener trato con Correa sino que ni nos dirigíamos la mirada", dijo antes de señalar que, a partir de ese momento, se convirtió para la red Gürtel en "un obstáculo al que tenían que quitar". "Y se buscaron las fórmulas para quitarme", añadió.

El enfrentamiento llegó a tal punto, según González Panero, que en la confección de las listas de 2007 habló con la entonces presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, para que Sánchez Arranz no formara parte de su candidatura. Ésta, sin embargo, le dijo que tenía que convencer al antiguo responsable de las finanzas del PP. "Si no convences a Bárcenas, lo tengo que poner", aseguró que le dijo la presidenta regional.

Tras la declaración, solicitada a petición propia después de "siete años oyendo burradas" sobre su persona, González Panero resaltó que la única inversión que realizó en el extranjero fue un negocio conjunto con Correa, el expresidente de Vía Digital Pedro Pérez y el abogado Javier del Valle en el que desembolsó 36.000 euros.

Una casa en Marruecos

También reconoció que intentó comprar una casa en Marruecos que valía 99.000 euros utilizando pagarés a su cuenta y que es "mentira" que disponga de pisos en Miami o que tenga una "flota de vehículos". "Voy en mi Vespa y no tengo nada más que la Vespa", aseguró antes de denunciar que sufre "una persecución continua por parte del Ayuntamiento de Boadilla", informa Europa Press.

De igual modo, negó haber presionado en octubre pasado a un testigo, compañero de clase de su hijo, que aseguró que El Albondiguilla le había intentado convencer para que le dijera al juez que "no sabía nada" de la venta de un teléfono que el exalcalde habría utilizado para realizar algunas de sus operaciones sospechosas.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/10/albondiguilla_escuda_consejero_cifuentes_41976_1012.html

“ME DIERON LA ESPALDA EN EL PP POR ENEMISTARME CON CORREA”

Bárcenas y García-Escudero recomendaron al ex alcalde de Boadilla que trabajara con el líder de la trama Gürtel.

Arturo González Panero, alias 'El Abondiguilla', uno de los alcaldes de la trama Gürtel ha decidido hablar ante el juez después de seis años de silencio desde su imputación. Hoy se ha sentado frente a José de la Mata durante cinco horas para acusar al Partido Popular de favorecer a la trama que lideraba Francisco Correa. El ex alcalde de Boadilla del Monte ha señalado directamente a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; al actual presidente del Senado, Pío García-Escudero; el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas; y el ex número tres de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada.

Según ha asegurado ante el juez, ahora parece que nadie conoce a Correa pero antes de que el juez Baltasar Garzón hiciera estallar el 'caso Gürtel' era el empresario de cabecera en el PP. Es más, el empresario hacía alarde de ir a La Moncloa, ocupada por José María Aznar cuando se le antojara. El que fuera uno de los alcaldes del epicentro de la trama ha sostenido, según fuentes presentes en el interrogatorio, que fueron García Escudero, Bárcenas y el ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, quienes le recomendaron a Correa. "Manejaba mucho en el partido", ha explicado durante su interrogatorio.

Sus problemas con el partido comienzan en 2005 a raíz de enemistarse con Correa hasta tal punto que se retiraron el saludo. Entonces, en el PP le dieron la espalda y empezaron a moverse para apartarle de la alcaldía aunque no dimitió hasta que saltó el escándalo en febrero de 2009. El enfrentamiento entre ambos pudo venir por el chantaje al que supuestamente le sometía el empresario madrileño. Del sumario se desprende cómo 'Don Vito' llegó a decir que tenía "un vídeo en el que se ve a Panero contando mucho dinero en una mesa, y que le chantajea con enseñarlo si no cumple con sus obligaciones". Sin embargo, él ha negado haber recibido nunca dinero de Correa y, es más, enemistarse con él le provocó muchas complicaciones en el partido.

EL PP LE PRESIONÓ

En esas fechas también tuvo un problema con los principales dirigentes de la Comunidad de Madrid por la valoración de una parcela para favorecer a la empresa UFC S.A., del empresario José Luis Ulibarri, también imputado. Según ha contado al juez, sufrió presiones desde la cúpula del PP para cambiar la valoración de los terrenos. Desde la Comunidad, concretamente el que fuera director general de Cooperación con la Administración Local, Jaime González Taboada, se le exigió que lo valorara en 19 millones de euros aunque él defendía que fuera por 30 millones, porque lo que quería era sacar el máximo beneficio para el Ayuntamiento y porque era el precio fijado por los técnicos.

En ese momento, uno de sus concejales Francisco Sánchez Arranz, a quien le presentó Correa antes de pertenecer a su equipo de gobierno, le dijo que antes de firmar nada respecto del pliego primero debía hablar con Bárcenas. “Le cesé cuando firmó los pliegos en contra de mi criterio. Al final, acabó llamándome Esperanza Aguirre para que que metiera a Arranz -fallecido recientemente- en las listas en 2007. Me dijo que si no convencía a Bárcenas tenía que meterle”, ha asegurado el ex edil a su salida de la Audiencia Nacional. “Bárcenas había dicho a Sánchez Arranz que me tenían que quitar del medio, que no hacía la cosas como debía”, ha añadido.

Por estas relaciones del PP con la trama, González Panero cree que el día de las detenciones los teléfono en la sede de la calle Génova “debían saltar humor”. El Albondiguilla', como le llama Correa y sus acólitos, ha esperado que estuvieran todas las pruebas apartadas en la causa para solicitar declarar voluntariamente. Cree que de la investigación se demuestra que él no ha tenido nada que ver con la trama y niega haber ocultado dinero en el extranjero.

Sin embargo, la Agencia Tributaria fija en 774.000 euros el dinero que el ex alcalde 'popular' ha ocultado en el extranjero, concretamente en China, a través de facturas falsas de muebles. Hacienda detectó que González Panero utilizó una sociedad instrumental radicada en Panamá. A través de la sociedad Longridge, con cuenta en el EFG Private Bank de Suiza, realizó al menos dos transferencias -de 465.000 y 309.000 euros- a dos entidades financieras chinas el 4 de octubre y el 2 de noviembre de 2012.

La Agencia Tributaria rastreó el origen de los fondos manejados en Suiza por la sociedad panameña y halló transferencias por valor de más de un millón de euros realizadas entre julio de 2005 y el día anterior a la realización de los registros judiciales del caso Gürtel.

http://www.elespanol.com/espana/20151209/85491477_0.html

EL ALBONDIGUILLA' INSINÚA QUE AZNAR PROPUSO COLOCAR A ALFONSO BOSCH

La Cadena SER ha accedido al interrogatorio del exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla' por la trama Gürtel

El contenido del interrogatorio del juez José de la Mata –que tuvo lugar el pasado 9 de diciembre- ya se conocía, pero no el detalle de las respuestas del imputado. ‘El Albondiguilla’ insinúa que el expresidente Aznar propuso en 2007 que colocara al también imputado Alfonso Bosch en la localidad.

Bosch fue nombrado gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda en Boadilla, desde donde se pergeñaron gran parte de los desmanes de la trama, supuestamente, en el municipio. Bosch está considerado como uno de los políticos del PP con mayor peso dentro de la organización criminal.

Con el exdiputado Bosch no acaban las recomendaciones. González Panero también afirmó que el expresidente del PP en Madrid y hoy presidente del Senado, Pío García Escudero; el exsecretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, y Luis Bárcenas, también insistieron en que colocara a Francisco Sánchez Arranz como concejal.

Según ‘El Albondiguilla’ y tal y como han corroborado en parte los investigadores, Sánchez Arranz elaboró algunos de los pliegos de adjudicación más polémicos a la trama en Boadilla.
El exalcalde afirma además que se sintió presionado por la Comunidad de Madrid para vender 11.6 millones más barata una parcela en la localidad, que acabaría siendo adjudicada a la Gürtel. Seis meses de peleas, dice González Panero, con el entonces responsable de territorio y hoy consejero de Cifuentes, Jaime González Taboada.

El exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, declaró el pasado 9 de diciembre a petición propia, después de que en las tres ocasiones anteriores en que compareció ante la justicia, se acogiera a su derecho a no declarar.

http://cadenaser.com/ser/2015/12/14/tribunales/1450116251_020104.html

AMEDO: “YO LLEVÉ LA CARTA EN LA QUE LA MANO DERECHA DE SEPÚLVEDA PEDÍA 1,2 MILLONES A UN CONSTRUCTOR”

"Yo fui el embajador". Así resume José Amedo su mediación en la carta de Leopoldo Gómez, ingeniero municipal de Pozuelo de Alarcón y hombre de confianza del entonces alcalde Jesús Sepúlveda, en la que reclamaba el pago de 1,2 millones de comisiones ilegales al constructor Alfonso García Pozuelo.

José Amedo Fouce, que fue condenado y testigo clave de los GAL, ha confirmado a Okdiario la realidad de los papeles de Leopoldo Gómez, ingeniero municipal que controlaba las obras de Pozuelo de Alarcón, en los que revelaba haber recibido diez millones de euros de comisiones del constructor Alfonso García Pozuelo.

Amedo ha remitido una carta a Okdiario en la que explica su papel de embajador entre el ingeniero y el constructor, dejando clara cuál fue su misión: “Yo llevé la carta en la que el hombre de confianza de Sepúlveda pedía 1,2 millones de euros a un constructor”.
Estos son algunos extractos del texto enviado por Amedo, que aparece reproducido íntegramente al final de este artículo.

Así, explica que “siendo requerido por Francisco Mercado, periodista de Okdiario, sobre una investigación relacionada con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, me muestra unos documentos vinculados a un trama urbanística, documentos que admito reconocer”.
La misiva continúa así: “Los documentos son doce folios manuscritos por el que fuera ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pozuelo Leopoldo Gómez Gutiérrez, a quien conocí a principios de 2011″.

Amedo explica a continuación que “aproximadamente un año más tarde, cuando ya existía una cierta confianza derivada de las relaciones comerciales que habíamos establecido, me planteó entrevistarme con quien me dijo que era íntimo amigo suyo desde su juventud y compañero de carrera, con quien además había tenido distintas empresas relacionadas con la construcción. Se trataba de Alfonso García Pozuelo”.

La carta detalla que “Gómez me dijo que su amigo había sido el propietario de Constructora Hispánica y que en aquellos momentos existía entre ellos ciertas desavenencias personales como consecuencia de una deuda de 1.800.000 euros que el constructor tenía con él, sin aclararme en ningún momento el origen de la misma”.

El ex comisario ofrece detalles de cómo se produjo su acercamiento al constructor: “Gómez, después de darme el teléfono personal de García Pozuelo para ponerme en contacto con él para plantearle la venta de unos inmuebles, me rogó que cuando estuviese con él le sugiriese que se hiciera cargo de la deuda“.

Amedo explica a continuación que “sin ningún género de dudas el ingeniero municipal en aquel momento estaba actuando de mala fe conmigo, aunque yo no me percaté puesto que ignoraba el origen de la deuda, y que además García Pozuelo ya estaba procesado por la trama Gürtel. Quizá Leopoldo Gómez quiso que mi imagen pública le influyese al constructor y accediese a pagarle”.

La carta de Amedo da detalles sobre el encuentro con el constructor: “Después de contactar telefónicamente con García Pozuelo con el objetivo señalado me citó el 3 de octubre de 2012 en el hotel Miguel Ángel. Cuando acudí a la cita aquel día a las 18 horas y le expuse el objetivo de la reunión, se mostró en todo momento muy poco receptivo y noté que adoptaba muchas cautelas”.

Luego explica que “García Pozuelo me dijo que ya no se dedicaba a los negocios y que no le interesaba nada de lo que le planteaba. Antes de finalizar la reunión, le manifesté que su amigo Gómez Gutiérrez le rogaba que le hiciera efectiva la deuda que tenía con él. El constructor me respondió de forma lacónica que no debía nada a nadie y que si Leopoldo tenía pruebas de lo contrario, que se las mostrase”.

Amedo cuenta que le comentó a Gómez cuál había sido la respuesta del constructor y que el ingeniero “se mostró indignado y fue cuando me entregó los documentos que según me dijo estaban manuscritos por él y en los que acreditaba la cuantía de la deuda para que se los entregase a García Pozuelo, como así hice días después”.

Y finalmente admite que “los escritos del ingeniero municipal, que son los mismos que me muestra Francisco Mercado, señalaban determinadas cantidades referentes a distintas obras realizadas por la empresa de García Pozuelo, Constructora Hispánica. En aquellos momentos ignoraba por completo que se trataba de las ilícitas comisiones por las adjudicaciones otorgadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón al empresario procesado por la trama Gürtel”.

http://okdiario.com/investigacion/amedo-yo-lleve-la-carta-en-la-que-la-mano-derecha-de-sepulveda-pedia-12-millones-a-un-constructor-37725

ANTICORRUPCIÓN DICE QUE SEPÚLVEDA UTILIZÓ AL INGENIERO MUNICIPAL PARA AMAÑAR ADJUDICACIONES

Jesús Sepúlveda, según su entorno, se plantea denunciar y desacreditar la acusación del exsubcomisario José Amedo, que le vinculó con las mordidas de su ingeniero municipal. Pero Anticorrupción llegó a igual conclusión: Sepúlveda, siendo alcalde de Pozuelo, usó a Leopoldo Gómez para amañar contratos.

Jesús Sepúlveda, según su entorno, estudia denunciar al exsubcomisario José Amedo por vincularlo a las comisiones de su ingeniero municipal en Pozuelo, Leopoldo Gómez. Pero la Fiscalía Anticorrupción plantea en su investigación exactamente la misma relación: Sepúlveda, como alcalde de Pozuelo, “facilitó obras públicas a Constructora Hispánica” aun cuando no fuera la mejor oferta, y para ello “contó con la colaboración del ingeniero Leopoldo Gómez”.

La carta manuscrita de Leopoldo Gómez, en la que cifra en diez millones de euros las mordidas recaudadas al constructor Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, contabiliza el beneficio de la relación de connivencia entre el ingeniero municipal y el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, que ya había destapado la Fiscalía Anticorrupción.

El esquema corrupto lo describe con precisión: “Durante el tiempo en que ocupó el cargo de alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda favoreció a distintas empresas prevaliéndose al efecto de las competencias que tenía en materia de contratación”. Entre los tratos de favor, cita dos adjudicaciones a Constructora Hispánica: el camino de las Huertas y la operación asfalto 2004.
La primera obra fue adjudicada a la empresa de García Pozuelo a pesar de no ser la mejor oferta, ni económica ni técnica. Para ello, Sepúlveda contó con “la colaboración del ingeniero municipal Leopoldo Gómez cuyos informes, por su presumible objetividad y cualificación técnica, eran siempre asumidos por los órganos de contratación como conocían todos los acusados”.

Gómez, según Anticorrupción, introdujo criterios de total subjetividad para favorecer a la empresa bajo peaje, y logró el respaldo de la Junta de Gobierno, con su alcalde a la cabeza. Esto llevó a no elegir la oferta más barata y a permitir unos plazos de ejecución de imposible cumplimiento que llevó a sucesivas prórrogas. El escrito de Anticorrupción da mayores detalles de esta maquinaria de contratación oculta de Pozuelo: “Como consecuencia de lo pactado entre Sepúlveda y García Pozuelo, Constructora Hispánica resultó beneficiaria de una subcontratación relacionada con la operación Asfalto 2004”.

“Al igual que en las obras referidas al camino de las Huertas, en la adjudicación del proyecto de obras de la operación asfalto 2004 se contravino la normativa de contratación con la colaboración del ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pozuelo Leopoldo Gómez. De hecho, la tramitación y los criterios de adjudicación de ambos expedientes fueron prácticamente idénticos”.

Nuevamente, Sepúlveda y su equipo aprobaron las ofertas servidas en bandeja por el ingeniero multimillonario (20 millones valía ese año su patrimonio).

Anticorrupción rebate así toda la línea defensiva de los amigos de Sepúlveda, que alegan que sospechaba del ingeniero desde su toma de posesión como alcalde, que le retiró competencias hasta donde la ley le permitía, que nunca fue su hombre de confianza…

http://okdiario.com/investigacion/anticorrupcion-dice-que-sepulveda-utilizo-al-ingeniero-municipal-para-amanar-adjudicaciones-43558

LA EXMUJER DEL 'ALBONDIGUILLA' DENUNCIA QUE SU EXMARIDO PODRÍA UTILIZAR SU DNI CON FINES DELICTIVOS

Elena Villarroya asegura en su declaración como imputada ante el juez Pablo Ruz, que su exmarido, el antiguo alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, usó su antiguo DNI para ejecutar transferencias bajo sospecha y en la actualidad posee una copia nueva que podría utilizar con los mismos objetivos

La advertencia de Elena Villarroya, exmujer del exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero alias 'el albondiguilla', se produjo al juez Pablo Ruz durante su interrogatorio como imputada el pasado 15 de octubre. El magistrado le muestra una documentación en la que aparecen diversas transferencias internacionales de divisas a su nombre. Ella niega haberlas realizado y sostiene que su exmarido habría utilizado su antiguo DNI antes de que caducase, para efectuar las transacciones.

Elena Villarroya advierte al juez de que recientemente González Panero le ha pedido una copia de su nuevo DNI con la excusa de dar de alta un teléfono móvil para su hija, e insinúa que en la actualidad podría estar empleándola con otros objetivos.

Las fiscales Anticorrupción también preguntan a Villarroya por una operación de venta de unos inmuebles, en la que aparece una agente comercial que estaría relacionada con la causa. La exmujer del 'albondiguilla' revela el nexo que tenía con su exmarido. Asevera que “Alicia es la amante de mi exmarido desde 2006 como mínimo. Es más que su pareja".

Arturo González Panero llevó un alto tren de vida durante el periodo objeto de sospecha. El alcalde, que tuvo dimitió en 2009 al estallar el caso por beneficiar a la trama con adjudicaciones millonarias, obtuvo a cambio, supuestamente, varias posesiones inmobiliarias en España, Marruecos y Miami; coches de alta gama, joyas y realizaba viajes de lujo. Tenía un salario anual de unos 80.000 euros.

http://cadenaser.com/ser/2014/11/21/tribunales/1416592095_233984.html

PANERO TENÍA CUENTAS EN SUIZA, HOLANDA Y CHINA

El exalcalde de Boadilla compró una vivienda a una funcionaria local a la que le había concedido otra pública

Arturo González Panero, regidor del Partido Popular entre 1999 y 2009 e imputado en la trama Gürtel, y su exmujer, Elena Villarroya Samaniego, llegaron a tener depósitos multimillonarios y propiedades repartidos por Portugal, Suiza, Holanda, Estados Unidos y China. Así consta en un informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) remitió en agosto al juez Pablo Ruz sobre la pareja, en el que diseccionaba las inversiones financieras e inmobiliarias del antiguo matrimonio, canalizadas mediante sociedades instrumentales en el extranjero.

Y no solo eso. El Ayuntamiento de Boadilla acusa al matrimonio de haber comprado ilegalmente en 2006 una vivienda a una funcionaria municipal, del círculo del exregidor, por un importe de más de 500.000 euros. El Consistorio, gobernado por Antonio González Terol, también del PP, desde 2011, presentó la semana pasada una denuncia contra Panero y la trabajadora municipal en el juzgado de instrucción número 5 de Madrid al entender que la adjudicación se llevó a cabo de forma irregular, ya que la funcionaria accedió a una vivienda de promoción local en 2006 a pesar de ser ya propietaria de un inmueble. La legislación impide que acceda a un piso de protección alguien que ya tenga otra residencia en propiedad.

De confirmarse que es así, el Ayuntamiento solicitará que se anule la adjudicación de la vivienda pública. “Solicitaremos la imputación de la empleada municipal para, a la espera de su declaración ante el juez, comenzar el proceso de anulación de la concesión de la vivienda que tiene en propiedad”, observaron fuentes municipales.

La investigación se inició con la recepción en la Agencia Tributaria (AEAT) de datos procedentes de la Lista Falciani —llamada así por Hervé Falciani, exempleado del HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) que sustrajo los datos de 130.000 potenciales evasores fiscales con cuentas en el banco— aportados por Francia a las autoridades españolas en virtud de un convenio entre ambos países.

El juez Ruz acaba de imputar a Villarroya por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales al entender que habría contribuido a ocultar fondos presuntamente cobrados de manera irregular por Panero procedentes de Gürtel. Panero, conocido también como el Albondiguilla, dimitió hace cinco años tras su imputación por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de la red de corrupción orquestada por Francisco Correa. Villarroya figura como beneficiaria en dos cuentas que la entidad panameña Longridge Internacional mantenía en el banco HSBC de Suiza y el EFG Private Bank. La investigación considera que se emplearon para el desvío de cobros ilícitos.

La ONIF investigó el dinero depositado y su movimiento en siete cuentas abiertas, como en el HSBC, el EFG Bank o el Fortis Bank de Ámsterdam. Así, la pareja llegó a manejar 919.000 euros en distintos fondos entre 2007 y 2008. Posteriormente las transferían a nuevas cuentas holandesas a nombre de otras dos compañías, Tuetex Corporation NV y Solarus International.

La Agencia Tributaria centra su interés tanto en Solarus International como en Solarus Ibérica, SL. Según la AEAT, la primera entidad se constituyó en 2003 y es la titular del 100% de las participaciones de Solarus Ibérica. La Agencia señala que los activos de esta empresa proceden de una cuenta a nombre de Tuetex Corporation. Esta, a su vez, se nutría del dinero de Longridge, una cuenta instrumental de la que se ha certificado que su beneficiaria final era la cónyuge del exalcalde de Boadilla.

El destino de este dinero sería finalmente Solarus Ibérica, que adquirió con él un piso y una plaza de garaje en junio de 2007 en el número 7 de la calle de Ana de Austria, por valor de 505.000 euros. La vendedora resultó ser A. V. L., funcionaria por oposición del Consistorio desde hace varios años —entró en 1998, siendo Panero concejal de Personal— en el departamento de Patrimonio. El estudio de la ONIF indica que la empleada “no tiene rentas muy elevadas”.

El análisis de la cuenta Longridge, de la que es beneficiaria Villarroya, da cuenta de entradas por más de 900.000 euros procedentes de la familia de Javier del Valle, el apoderado-testaferro de Correa. Alrededor de 300.000 euros provienen de otras cuentas del HSBC, cuya titularidad se desconoce. Respecto de las salidas, la mayor parte fue a parar a una cuenta a nombre de Tuetex Corporation, en el Fortis Bank de Ámsterdam. Además, entre octubre y noviembre de 2012 Panero movió 774.000 euros desde Suiza a China (465.000 euros al China Construction Bank Corporation y 309.000 al Bank of China).

Boadilla se personó por estas fechas el año pasado en la Audiencia Nacional como acusación particular y en calidad de perjudicado “por las presuntas irregularidades cometidas durante el mandato” de Panero.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/09/madrid/1410297787_157753.html

EL JUEZ RUZ PREGUNTA A GÉNOVA SI CONTROLABA EL DINERO EN LOS MUNICIPIOS 'GÜRTEL' DE MADRID

En un nuevo auto, el magistrado pregunta al PP nacional si las formaciones del partido en Boadilla, Majadahonda o Pozuelo eran independientes de Génova.

Los tres exalcaldes de estas localidades madrileñas están imputados por cobrar sobornos y dar contratos irregulares a la trama de Correa. A cambio, Paco Correa financiaba actos electorales en estas tres ciudades.

De no ser independientes, Ruz sabe que Bárcenas, el extesorero nacional, podría ser la clave para acreditar cómo se financió el PP en la zona noroeste de Madrid.

El juez Pablo Ruz, que instruye la trama Gürtel, sigue poniendo sus ojos sobre la presunta financiación ilegal del PP, acreditada ya, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana.

En un informe de 265 páginas fechado el 30 de diciembre de 2013, la UDEF ya señalaba que esa financiación se gestionaba a través de las empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la red, y como financiadores ilegales aparecían empresarios que eran contratistas de estas Administraciones públicas.

En el informe, la UDEF señala hasta cinco veces que el PP se sirvió durante años y años de la trama Gürtel para financiar, entre otras cosas, sus actos electorales. Ahora, en un nuevo auto fechado el 18 de junio, Ruz quiere saber quién controlaba la financiación del partido en los principales municipios madrileños donde la Gürtel campó a sus anchas: Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, tres de los principales 'caladeros' de votos del PP en Madrid. O dicho de otra forma, Ruz quiere saber si los delitos cometidos por los grupos municipales del PP en esos tres municipios salpican al PP a nivel nacional.

La petición, por indicación de la Fiscalía Anticorrupción, no es baladí. En el auto, el juez solicita al PP nacional toda la información "de la organización del PP en Boadilla, Pozuelo y Majadahonda entre los años 2000 y 2009, en particular información sobre la naturaleza jurídica de las agrupaciones o sedes de esa formación, indicando si se constituyen o no como entidades con personalidad jurídica propia y autónoma".

Las empresas de Correa se han hecho cargo de decenas y decenas actos electorales en los 15 comicios (generales, autonómicas, locales y europeas) que se celebraron entre 1993 y 2007. Esta solicitud, según fuentes jurídicas, quiere certificar si los grupos municipales del PP de Pozuelo, Boadilla y Majadahonda eran independientes a Génova.

Correa financió las campañas de los tres alcaldes de estos municipios, todos imputados. Jesús Sepúlveda (Pozuelo), el exmarido de la ministra Ana Mato; Arturo González Panero, alias el albondiguilla (Boadilla); y Guillermo Ortega, alias el rata (Majadahonda). De no ser independientes y controlar Génova su financiación, Ruz sabe que Luis Bárcenas, el extesorero nacional del partido, podría ser la clave para acreditar cómo se financió el PP en la zona noroeste de Madrid.

La Policía ya ha acreditado financiación ilegal en el PP de Madrid y Valencia De hecho, José Ceres, el juez instructor que investiga la rama valenciana de la Gürtel, ha ordenado la declaración de Bárcenas por videoconferencia desde la prisión madrileña de Soto del Real.

El juez Ceres indaga el presunto pago de actos electorales del PP valenciano por empresas constructoras en las elecciones de 2007 y 2008. Unos actos que en aquella etapa, bajo la presidencia de Francisco Camps, organizaba en exclusiva Orange Market, una de las empresas de Francisco Correa.

Bárcenas es una pieza separada del caso Gürtel, y el juez Ruz sigue trabajando para intentar acreditar las anotaciones de la contabilidad B llevada a cabo por Bárcenas. El magistrado parece tener ya sobre su mesa indicios importantes de que el PP lleva una contabilidad paralela distinta a la oficial.

El 21 de noviembre de 2013, Ruz emitió un auto que lo deja claro: "El conjunto de elementos bajo análisis (...) permite confirmar, a nivel indiciario (...) la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas".

Ruz también ha solicitado a Génova una especie de vida laboral de los tres exalcaldes imputados dentro del PP: "certificación de los cargos ocupados por Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega y Arturo González entre los años 2000 y 2009, y funciones que los mismos implicaban".

Jesús Sepúlveda, por ejemplo, siguió a sueldo del PP después de ser imputado en marzo de 2009 y dejar la Alcaldía de Pozuelo. Trabajó de asesor del PP en la sede de Génova al menos hasta 2013, según publicó eldiario.es.

Cerco sobre el blanqueador de la trama

En la misma resolución judicial, Ruz también amplía su investigación sobre sociedades en Holanda al supuesto cerebro financiero de la trama, Ramón Blanco Balín, también imputado. Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol, amigo de Aznar, inspector de Hacienda en excedencia, y que ha llegado a ocupar 21 cargos directivos en 18 empresas, está acusado de asesorar a Correa para ocultar su dinero en el extranjero.

Como ya publicó 20minutos, Correa y Blanco Balín se asociaron en un negocio que no fructificó: abrir gasolineras en el canal de Panama para suministrar combustible a los barcos. La verdad es que Blanco Balín era un hombre con mucho peso dentro de la red de Correa. La UDEF le definió como "pieza clave del engranaje de la organización". Y la instrucción judicial como hombre de confianza de Correa, "controlando la administración de muchas sociedades y participando personal y directamente en algunos de sus negocios".

http://www.20minutos.es/noticia/2172400/0/gurtel-correa-barcenas/financiacion-ilegal-pp/boadilla-pozuelo-majadahonda/

ROBERTO FERNÁNDEZ, IMPUTADO POR GÜRTEL Y DETENIDO POR MALOS TRATOS

El exconcejal Hacienda de Pozuelo, Roberto Fernández Rodríguez, fue detenido en el edificio de la Audiencia Nacional cuando acudió a declarar como imputado en el Caso Gürtel. Posteriormente fue enviado a los juzgados de Plaza de Castilla, donde había sido reclamado por un delito de malos tratos.

Fernández Rodríguez fue citado el pasado 30 de mayo por el juez Ruz para declarar por el Caso Gürtel, pero no se presentó en la Audiencia Nacional, ni dio en ese momento ninguna explicación de su ausencia en el juzgado. Volvió a ser citado poco después, el día 5 de junio, con el apercibimiento de que ordenaría su detención si no se presentaba.

Cuando el exconcejal se presentó en la Audiencia Nacional para designar abogado, en el momento de dar sus datos a los agentes que controlan el acceso al edificio, saltaron las alertas por existir una orden de busca y captura en su contra cursada por un juzgado de Plaza de Castilla por un presunto delito de malos tratos, lo que motivó su detención inmediata.

http://www.diariodepozuelo.es/20140610400537/roberto-fernandez-imputado-por-guertel-y-detenido-por-malos-tratos

YOLANDA ESTRADA Y GÜRTEL

Corría el año 2009. Yolanda Estrada presentaba una querella contra el Grupo Municipal Socialista por comentarios difamatorios hacia su persona. Acababa de ser imputado Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo.

Cuando el nombre de Yolanda Estrada aparece por primera vez en el auto del juez Garzón del caso Gürtel comenzaron las tensiones entre los grupos municipales de PP y PSOE. La propia concejala afirmaba desconocer la existencia de un contrato firmado con una empresa investigada en la trama. Según el auto del juez Garzón Estrada era la persona con la que contactaban dichas empresas en el ayuntamiento.

En diciembre de 2009 aparece otro nombre relacionado con la concejala, Lorenzo Cercadillo Ruiz, asesor municipal en la Concejalía de Obras que incurrió en un caso de incompatibilidad al simultanear su puesto en el Ayuntamiento de Pozuelo con uno de asesor en el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco. Cercadillo fue contratado por el ayuntamiento de Pozuelo en 2003, cuando empezaba Yolanda Estrada como concejala de Obras.

Imputada acusada de recibir regalos

El 12 de enero de 2010 es citada a declarar en el caso Gürtel en calidad de imputada. En un informe presentado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) referente al caso Gürtel se cita el nombre de Yolanda Estrada. Según las conclusiones de dicho informe "Pablo Crespo dio instrucciones directas a Isabel Jordán para que fuera a ver a la concejala Yolanda Estrada indicándole que ella la iba a atender, en referencia a que le iba a dar trabajo para la empresa".

Posteriormente, Isabel Jordán reconoció que Yolanda Estrada era una de las personas a las que se les hacía regalos. En ese momento es cuando se conoce la compra de un vehículo de alta gama adquirido el 25 de octubre de 2006 por 42.000 euros pagados en efectivo.

Tras conocer su imputación Yolanda Estrada presentó su dimisión. Pero el entonces alcalde del municipio, Gonzalo Aguado, rechazó la renuncia aplazándola hasta su declaración en la trama de Correa.

Estrada, tras su declaración, afirmó estar tranquila ya que no había hecho nada que no se pueda saber y afirmó ser "completamente inocente". Una vez declaró, la concejala dimitió de sus cargos aunque conservó su puesto como concejala. También pidió la suspensión de militancia cautelar del Partido Popular.

En su testimonio por escrito ante el TSJM Estrada declaró no tener culpa de nada y afirmó que tendría la misma responsabilidad que sus compañeros concejales presentes en las mesas de contratación.

También afirmó que su responsabilidad sería menor en el caso de los modificados de obras, dado que los firmaba y autorizaba el concejal de Urbanismo y Teniente de Alcalde, Gonzalo Aguado, alcalde del municipio por aquel entonces.

Respecto a los regalos recibidos de las empresas investigadas por la trama aseguró que fueron únicamente turrones, un albornoz y una ensaladera metálica.

El Arroyo de las Cárcavas

En abril de 2010 aparece su nombre vinculado a otro caso de corrupción. Según las declaraciones de una fuente anónima en la Comisaría de Pozuelo de Alarcón, la concejala podría haber obtenido dinero del presupuesto de la construcción del parque 'Arroyo de las Cárcavas'. En esta declaración se informaba del incremento en un 110.25% del presupuesto de las obras del citado parque cinco meses después de su inauguración.

Estrada presentó una petición de sobreseimiento solicitando que le fuera levantada la imputación en relación al delito de prevaricación por la operación Asfalto, alegando que el juez no había dictado ninguna resolución. También solicitó el sobreseimiento en relación al delito de cohecho por el BMW adquirido en 2006 afirmando haber acreditado el origen de los fondos con los que compró el vehículo.

La respuesta de la Fiscalía a esta petición, con fecha 17 de febrero de 2010, refleja la negación de la solicitud de la ex concejala.

Afirmó la Fiscalía en su respuesta que consta la intervención de Yolanda Estrada en el expediente referido a la operación Asfalto 2004 del Ayuntamiento de Pozuelo emitiendo informes, formulando propuestas y participando en la adopción de distintos acuerdos.

Respecto a la procedencia del efectivo con el que se pagó el BMW, el escrito de negación afirmaba que únicamente se habían aportado extractos bancarios que acreditaban que en el año 2004 se ingresó una determinada cantidad de dinero en la cuenta de Yolanda Estrada. Estos escritos no aportaban ninguna explicación coherente sobre el destino de esos fondos desde 2004 hasta la adquisición del vehículo en octubre de 2006, concluye la respuesta.

El Grupo Municipal Popular expulsa a Yolanda Estrada

En el pleno celebrado el 20 de mayo de 2010 el Grupo Municipal Popular dejó de contar con Yolanda Estrada entre sus filas. Ésta anunció en el mismo pleno su inocencia y la denuncia interpuesta a los escritos anónimos reflejados en el sumario del Caso Gürtel. Esto ocasionó que en alguna ocasión Estrada votara con el PSOE en el Pleno Municipal.

También por aquel entonces vuelve a escena Lorenzo Cercadillo, el que fuera asesor de confianza de Yolanda Estrada durante su etapa de concejala de Obras, que interpuso una demanda contra una redactora, el director y la entidad editorial de Diario de Pozuelo por la publicación de una fotografía obtenida de su perfil abierto de Facebook, que servía para ilustrar la noticia.

El juicio, celebrado el 12 de julio de 2011, desestimó íntegramente la demanda de Cercadillo, absolvió a los demandados y rechazó la compensación de 40.000 euros por daños y perjuicios que solicitaba.

En septiembre de 2010 el juez Pedreira vuelve a citar como imputada a Yolanda Estrada después de solicitar su vida laboral. En su declaración ante el Juez instructor reiteró su inocencia y mostró su confianza en que se levantara su imputación en la causa.
En octubre de 2010, el juez Pedreira solicitó a 79 entidades bancarias, que se investigaran las cuentas, depósitos o cajas de seguridad de 27 personas relacionadas con este caso, entre las que se encontraba Yolanda Estrada.

En 30 de noviembre de 2010 Yolanda Estrada declara por el caso 'Las Cárcavas' y junto a ella el por entonces alcalde Gonzalo Aguado, su predecesor Jesús Sepúlveda, el ex concejal de Hacienda Roberto Fernández y el también ex concejal de Hacienda José María Mayo.

Sobreseída provisionalmente la causa contra Estrada

En enero de 2011, el magistrado instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira declaró sobreseída provisionalmente la causa contra Yolanda Estrada.

En el pleno celebrado el 17 de febrero de 2011, Yolanda Estrada anunció la renuncia a su acta de concejal.

Al poco tiempo Yolanda Estrada comienza a trabajar como directora general en A-cero, empresa de arquitectura y urbanismo liderada por Joaquín Torres, famoso por diseñar casas de lujo en la urbanización La Finca de Pozuelo.

En octubre de 2011 se archiva el caso de las Cárcavas contra Yolanda Estrada, Gonzalo Aguado y José María Mayo.

Ahora, casi tres años después, Yolanda Estrada regresa a los juzgados en calidad de testigo ante el juez Ruz. En su declaración aseguró que Sepúlveda le ordenó dejar de contratar con Correa en 2005, según informaron las agencias EFE y Europa Press, y se hicieron eco numerosos medios de comunicación. Sin embargo, el pasado viernes Yolanda Estrada remite a Diario de Pozuelo un burofax en el que niega la información difundida por estas agencias.

http://www.diariodepozuelo.es/20140611400431/yolanda-estrada-y-guertel

 

RUZ ‘ASUSTA’ A ESPERANZA AGUIRRE: CITA A DECLARAR AL ‘CHICO QUE LE LLEVABA EL BOLSO.., LITERALMENTE’

Carlos Clemente, que fuera viceconsejero de la Comunidad de Madrid y asesor de la expresidenta, comparece en la Audiencia Nacional para 'hablar' de la Gürtel

Hay cientos de imputados en las diferentes investigaciones que se simultanean en diferentes juzgados por la trama Gürtel. Es un ‘macrocaso’ en el que conviven ‘capos’ políticos con otros de ‘medio pelo’, que ocupaban cargos de segunda fila. El juez Pablo Ruz este miércoles ha llamado a declarar a uno de estos últimos, Carlos Clemente, el hombre que fuera viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid y al que se imputó por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La “cuenta de C. Clementina”
Involucrado en el caso Gürtel desde el principio, Clemente ya tuvo que comparecer ante el juez Pedreira. Y la policía judicial, la UDEF, encontró sus ‘huellas’ entre los datos que se acumulaban en el famoso ‘pen drive’ que se encontró a José Luis Izquierdo López, el contable de las empresas de Correa. Datos que aparecían, como se ve, bajo el nombre de “cuenta de C. Clementina”, un nombre en clave.., o relativamente en clave que sumarían 13.600 euros…

Esas ‘huellas’ llevaron a que en su informe la UDEF considerara demostrado que se produjeron “una serie de entregas de dinero efectuadas a nombre de Carlos CLEMENTE en los meses de mayo y julio de 2006 (…) cuyo pago se habría producido con el dinero procedente de los fondos de existentes en la “caja B” del domicilio central del grupo CORREA, en la calle Serrano 40 de Madrid”.

Contratos para la Gürtel a cambio de los sobres
¿Y a cuenta de qué esos pagos? La propia UDEF responde a esta pregunta. En su informe se lee que “se puede inferir que el primero de los pagos efectuados a nombre de Carlos Clemente está relacionado con los distintos actos llevados a cabo por parte de Servimadrid y CMR, para la Consejería de Inmigración, de los cuales se detrae una cantidad determinadas por cada uno de ellos (un 10% de lo facturado)”. Así era la Gürtel y así funcionaban los cargos del PP. Al menos, alguno de ellos.

Carlos Clemente también aparece en el largo listado de destinatarios de regalos navideños de las empresas de Correa. Por ejemplo, en 2008, recibió unos gemelos según señala la UDEF. Un listado en el que aparece junto a otros dirigentes del PP…, por ejemplo, con el actual presidente de Baleares, José Ramón Bauzá.

Captura documento “Regalos de Navidad 2008, sector público diferenciados entre normales y VIP”, en los que aparecen (subrayados en rojo) el actual presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá; el exconsejero de la Comunidad de Madrid que pretendía privatizar la sanidad, Javier Fernández-Lasquetty y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva.

El ‘ojito derecho’ de Esperanza Aguirre
Ni este regalo, ni las cantidades por las que se le imputa, colocarían a Carlos Clemente entre los grandes destacados de esta macro corrupción. Pero hay algo que convierte en muy especial al exviceconsejero de lnmigración de la Comunidad de Madrid. Y es que además era ‘el ojito derecho’, o uno de ellos, de Esperanza Aguirre.

La presidenta del PP madrileño, y de la Comunidad, siempre se ha defendido en el ‘asunto Gürtel’ con su total desconocimiento de lo que pasaba y distanciándose de los imputados. Ya con López Viejo le costó, porque todos quienes les rodeaban en el PP madrileño conocían la estrecha relación de Aguirre con su consejero de Deportes. Pero con Carlos Clemente, la relación era aún más estrecha.

De Michavila a Aguirre, y vuelta
Como le decía a ELPLURAL.COM una destacada fuente del PP madrileño, “sería muy lógico que le preocupe a Aguirre lo que pueda contar Clemente, porque era una persona muy, muy cercana”. Y continuaban recordándonos que Carlos Clemente había sido “su asistente personal, el que la acompañaba a todas partes”.

Y concluía esta fuente con una descripción muy gráfica: “En el argot del partido Carlos Clemente “era el que le llevaba el bolso” a Aguirre…, y se lo llevaba literalmente”.

..y un paso por Shakira
Pero en el PP madrileño aún nos cuentan más de los ‘enganches’ de Carlos Clemente con la dirección popular. “También era el protegido de Michavila (el exministro de Aznar), porque ambos son ‘legionarios de Cristo’…”, y Michavila, nos dicen, fue el que “le enchufó en Colombia cuando saltó la implicación de Clemente en la Gürtel”. En realidad, Clemente, antes de saltar al regazo de Esperanza Aguirre, había sido incluso asesor de José María Michavila.

Porque Carlos Clemente, tras verse obligado a dejar su ‘carrera política’ al ser imputado, fue ‘colocado’ como responsable de una ong, la Fundación Alas, con base en Bogotá, y en la que colaboraban cantantes como Shakira, o Alejandro Sanz. Michavila, como se sabe, ha llevado parte de los asuntos en Europa de la cantante esposa del jugador barcelonista Piqué. Clemente, biografía complicada la suya, tuvo también que dejar este puesto cuando al final saltó a la luz su imputación.

http://www.elplural.com/2014/06/04/ruz-asusta-a-esperanza-aguirre-cita-a-declarar-al-chico-que-le-llevaba-el-bolso-literalmente/

 

RUZ CITA A DECLARAR AL CONCEJAL DE POZUELO QUE DESTAPÓ LA TRAMA

El juez de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado a declarar para el próximo viernes, 30 de mayo, al exconcejal de Hacienda en Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández Rodríguez, y la secretaria de Alberto López Viejo, Carmen García Moreno, como imputados dentro la investigación de la trama `Gürtel´. También declarará ese día como testigo la exconcejal de Obras de Pozuelo Yolanda Estrada.

Fernández Rodríguez se puso en contacto con el juzgado que dirige Ruz para colaborar en el esclarecimiento de la causa al inicio de la investigación y ya declaró como testigo, pero la documentación que ha recabado el juez desde entonces indica que podría estar involucrado en los delitos que se instruyen en la causa.

A Carmen García Moreno, ya imputada por su posible colaboración en contratos irregulares con la Comunidad de Madrid y Boadilla del Monte, se le atribuye haber puesto a disposición de Correa su empresa como sociedad pantalla para ocultar a las del cabecilla de la Gürtel en Pozuelo.

Además, entre el 4 y el 6 de junio deberán comparecer los también imputados José Luis Peñas y Juan José Moreno, ambos ex concejales de Majadahonda; el exalcalde de la misma localidad Guilllermo 'Willy' Ortega; la exmujer del empresario Francisco Correa, Carmen Rodríguez; el exviceconsejero de Inmigración con Esperanza Aguirre Carlos Clemente; y el exconcejal del PP en Estepona Ricardo Galeote.

Ruz recibió esta semana nueve cajas con documentación procedente del Ayuntamiento de Boadilla y emitió un auto en el que pedía información al Ayuntamiento de Majadahonda en relación con la adjudicación de obras a las empresas de Correa.
El magistrado pide que se remita la documentación a la Intervención General de la Administración del Estado, que deberá analizarla y elaborar un informe.

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtb/espana/noticias/5806675/05/14/Caso-gUrtel-ruz-cita-a-declarar-al-concejal-de-pozuelo-que-destapo-la-trama.html#.Kku8x8yEwJI5WBo

 

RUZ IMPUTA AL EXCONCEJAL DE HACIENDA ROBERTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

El exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón, Roberto Fernández Rodríguez, ha sido imputado por el juez del Caso Gürtel, Pablo Ruz y deberá declarar el próximo 30 de mayo junto a la exconcejal de Obras de la localidad, Yolanda Estrada, que lo hará en calidad de testigo.

Roberto Fernández Rodríguez denunció en abril de 2013 el robo de un ordenador que según su declaración contenía correos electrónicos que certificaban favores que el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, habría concedido a miembros de la trama Gürtel. Esta denuncia le llevó a declarar el día 25 de abril de 2013 en la causa como testigo.

La Fiscalía cree que el que fuera concejal de Hacienda de Pozuelo entre los años 2003 y 2007 firmó por delegación de Sepúlveda distintas contrataciones irregulares y hasta enero de 2005 fue el encargado de aprobar pagos "divididos artificialmente" para esquivar los correspondientes procedimientos de contratación.

Fernández Rodríguez denunció amenazas de muerte durante la instrucción de este caso y trasladó su residencia a Galicia. El exconcejal de Hacienda aseguró no tener recursos económicos para trasladarse a Madrid y declarar ante Pablo Ruz el pasado mes de abril después de llamar a la Audiencia Nacional para aportar más documentación sobre la trama.

El juez instructor ha citado a declarar como imputada el próximo 30 de mayo a Carmen García Moreno, cuya empresa -Doble M- funcionó presuntamente de pantalla de otra de Francisco Correa (cabecilla de la red Gürtel) en la adjudicación del Congreso de Parques y Jardines de Pozuelo de Alarcón.

http://www.diariodepozuelo.es/20140522398557/ruz-imputa-al-exconcejal-de-hacienda-roberto-fernandez-rodriguez

 

RUZ CITA AL EXALCALDE DE MAJADAHONDA Y AL CONCEJAL QUE DESTAPÓ EL CASO GÜRTEL

El juez requiere a ocho imputados en el caso como paso previo al cierre de la instrucción

El juez Pablo Ruz ha citado a ocho imputados en el caso Gürtel como paso previo al cierre de la instrucción, entre los que destaca el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exconcejal de esa localidad que destapó la trama, José Luis Peñas. La declaración de Ortega está prevista para el 5 de junio y ese mismo día el juez ha citado a Carmen Rodríguez Quijano, ex mujer del considerado líder de la trama Gürtel Francisco Correa y que además fue jefa de gabinete en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).

Precisamente, al día siguiente deberán comparecer el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, hermano del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote, y Carlos Clemente Aguado, exdiputado de la Comunidad de Madrid. Para el 4 de junio, Ruz ha llamado a declarar a José Luis Peñas, que destapó el caso Gürtel aportando unas grabaciones que le hizo a Correa, y al también exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno Alonso. El 30 de mayo, el juez también ha citado como imputados al exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez y a Carmen García Moreno, administradora de sociedades pertenecientes al grupo Rafael, y como testigo a la también exedil de Pozuelo Yolanda Estrada.

Todas estas citaciones las ha fijado Ruz en un auto en el que requiere también diversa documentación al Ayuntamiento de Majadahonda sobre gastos en el periodo de 2001 a 2004 y operaciones realizadas entre 2001 y 2005 en relación con la contratación llevada a cabo con sociedades vinculadas a Francisco Correa.

El juez también se refiere en esa resolución a los hechos investigados con respecto a esta trama en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y señala que decide imputar a ese respecto a Roberto Fernández Rodríguez porque, si bien fue citado en su día como testigo por aportar información sobre esa parte de la investigación, de la documentación remitida por el Ayuntamiento resulta posible su intervención "en los delitos investigados en esta causa".

Concretamente, se deduce que sería la persona que por delegación del entonces alcalde Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato, firmaría distintas contrataciones investigadas, ya que era "el encargado de autorizar, aprobar y dar conformidad a pagos de determinados servicios gestionados por el Ayuntamiento", como la compra de mobiliario para determinadas concejalías. Algunos de esos pagos, añade el auto, "podrían haber sido divididos artificialmente con el fin de reducir su importe y eludir el correspondiente procedimiento de contratación".

Entre los requerimientos que hace el juez destaca uno dirigido al Patronato Monte del Pilar de Majadahonda en el que reclama los acuerdos de nombramiento del gerente del Patronato entre 2001 y 2005, así como el expediente de contratación completo en los que figurarían servicios realizados por empresas de Correa como Special Events o Pasadena Viajes.

http://www.lavanguardia.com/vida/20140521/54408174382/ruz-cita-al-exalcalde-de-majadahonda-y-al-concejal-que-destapo-el-caso-gurtel.html

EL ALCALDE DE MAJADAHONDA: 'NO RECIBÍ NINGÚN REGALO DE GÜRTEL'

Narciso de Foxá dice desconocer el motivo por el que consta en los apuntes de la trama y que estaba fuera de Madrid cuando se le atribuye una estancia en el NH de Alcorcón

"Es una injusticia, muy injusto. Estaba en el centro de todo. Si yo hubiese sido neutral, estaría salpicado hasta arriba. No lo estoy porque fui absolutamente beligerante contra este grupo".

Así de dolido se siente el alcalde de Majadahonda, Narciso del Foxá (PP), tras hacerse público parte del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en el que aparece en dos facturas que se le atribuyen. Concretamente, se trata de los justificantes de pago de la administradora de las empresas de la 'trama Gürtel', Isabel Jordán, en el que consta su nombre en el pago a el NH de Alcorcón por 57,78 euros y otra junto al ex alcalde Boadilla Arturo González Panero por una compra de 426 euros en Carolina Herrera.

"No he estado en mi vida en el NH de Alcorcón. En las fechas en las que se me atribuye la estancia, me encontraba de vacaciones con mi familia", precisa. Su servicio de comunicación hizo llegar a esta redacción un escrito del director del NH en el que se niega que haya estado en el hotel. Respecto a la factura de Carolina Herrera, el alcalde dice desconocer por qué consta en ese justificante.

"No es verosímil. Yo fui el que más se opuso a los miembros de la trama. Desde febrero de 2005 que entré en el Ayuntamiento a agostó de ese año, eché a la mujer de Correa; deshice una operación entre el Consistorio y la red por el que se les adjudicaba unas parcelas por las que esperaban ganar 10.000 millones de pesetas... Es que me querían matar", sentencia para negar que tuviese nada que ver con la trama.

Foxá precisa, además, que durante esa época echó para atrás la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano, que también iba a manos de la trama, que tenía un contrato de 12 millones. El regidor recuerda que el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, lo pone a escurrir en las grabaciones que se le han hecho.

El regidor no acierta a entender el motivo por el que aparece su nombre asociado a un justificante de pago. "Puede haber tantas circunstancias... No lo sé", asegura. Recuerda cómo en las navidades de 2005, 12 concejales y él recibieron una ensaladera "de plata o alpaca" y cómo todos la devolvieron.

Díaz Pérez dice que es "falso"

Por su parte,la ex primer teniente de alcalde de Boadilla, María Jesús Díaz Pérez, ha negado que recibiera ningún regalo como apunta el informe de la Policía. "Es completamente falso", ha precisado. Según el albarán, Jordán le habría comprado una chaqueta «marca Belstaff de color rojo, talla 44» por 360 euros.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/04/02/533c0639ca47412a798b4579.html

GÜRTEL: NUEVAS FACTURAS DE REGALOS A CARGOS POLÍTICOS

La UDEF constata la compra sistemática de artículos de lujo a los responsables de los municipios, sus secretarias, esposas y entorno para crear vínculos.

La trama registró cada uno de los abonos, hasta el más pequeño, y luego los relacionó con la persona beneficiada escribiendo su nombre en la factura.

Si algo tuvo Francisco Correa y sus acólitos de 'Gürtel' es tino para tocar la fibra sensible de los políticos y su entorno. Según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de 31 de enero Isabel Jordán, la ex administradora de las empresas, acumuló facturas a cuenta de Easy Concept, que según sus anotaciones manuscritas están «vinculadas a determinados cargos públicos y personas cercanas».

En el caso del ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, su esposa, Elena Villarroya, y la hija de ambos, la Policía Nacional constata el pago de viajes a Miami, gastos de alojamiento, billetes de avión, estancia en un hotel en Mijas, así como el pago de prendas de vestir, complementos, televisores... Es una de las personas más agraciadas.

En una de las facturas de Carolina Herrera, con fecha 28 de julio de 2005, consta la compra de cuatro artículos con la descripción «skirt» por importe de 426 euros. El pago se hace en metálico mediante la entrega de 500 euros. De forma manuscrita se anotan dos nombres, Arturo González y Narciso de Foxá». Además, hay un recibo, atribuido a Foxá, por 57,78 euros del NH Alcorcón.

Se trata del actual alcalde de Majadahonda y el que tomó el mando para dejar atrás el Ayuntamiento corrupto que le había legado su antecesor del PP, Guillermo Ortega. Pero es que los agentes han dado con una factura con el membrete «secretaria Arturo» por importe de 236 euros por la compra de un objeto en Tous.

Más llamativas son las facturas en las que a parece el nombre «Arenales». La Policía asegura en su informe que se trata de María Arenales Serrano Argüello, a la que 25 de julio de 2007 Panero hizo su asesora. En la actualidad, se sienta en el Congreso, en el grupo popular, y en su curriculum web de la Cámara no consta su paso por Boadilla.

Los agentes la relacionan con una factura de Gucci, con fecha 7 de abril de 2006 por importe de 1.295 euros por la compra de una pulsera por 290 euros, un bolso de 830 euros y un artículo con concepto Mens SMLG por 175 euros. La Policía precisa que, si bien la factura es anterior a su nombramiento oficial como asesora, «se observa que las funciones que la mentada ejerce en el Ayuntamiento de Boadilla se remontan a fechas anteriores al nombramiento formal», dice el informe.

Añaden que «ya desde 2006 se deja constancia, en la documentación intervenida, de su presencia vinculada a la formación política -PP- en Boadilla del Monte y de la realización de funciones de asesoría del alcalde previas al nombramiento formal». Pero es que, incluso, hay una factura con el nombre de la ex primer teniente de alcalde de Boadilla, María Jesús Díaz Pérez. Según el albarán, Jordán le habría comprado una chaqueta «marca Belstaff de color rojo, talla 44» por 360 euros.

No fue el único miembro del Gobierno municipal beneficiado. El nombre de María Belén Humera, concejala desde 2003 y consejera de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla de principios de 2011 a finales de noviembre de 2012, aparece en un cargo de Gucci por 105 euros y otro por 535 euros de Acqua Joyeros. En total, se han constatado el gasto por parte de Isabel Jordán de 7.559,42 euros vinculados a pagos en Boadilla.

Otro nombre ilustre con la que red fue generosa fue el diputado regional, secretario general del PP en la Asamblea de Madrid, teniente de alcalde de Arganda del Rey y gerente de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal, Benjamín Martín Vasco. Según los apuntes encontrados por la Policía, recibió 345.166,63 euros por billetes de avión, estancias en hoteles, joyas y entregas en efectivo. Se le llegó a pagar su viaje de novios a EEUU y Polinesia que realizó del 12 julio al 6 de agosto de 2004. En total, 28.888,57 euros. Recibió joyas por valor casi de 14.000 euros y entregas en efectivo por 230.000 euros.

El entonces alcalde de Arganda, Ginés López, tampoco se quedó fuera. De enero de 2004 y marzo de 2008 recibió 523.427,85 euros en billetes de avión, hoteles y dinero.

El otro de los conseguidores políticos de la trama era el ex consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que asumió la responsabilidad de organizar los eventos del Ejecutivo autonómico. En el informe de la UDEF de enero afirma que se le entregaba «un porcentaje en concepto de comisión» que en la mayoría de las ocasiones era del 10% de la cantidad facturada y que se incluía dentro del coste total. La Policía dice que no sólo cargaba esa comisión a la Administración, sino que, además, también incorporaban su margen de beneficio.

Pero, además, recibió pagos entre 2004 y 2007 por un total de 397.000 euros aportados en 12 entregas a los que la Policía suma otras dos por 14.000 euros. López Viejo también recibió regalos: una cartera y un bolso de Carolina Herrera por 470 euros; un bolso de 650 euros para su mujer; una camiseta, un vestido, un broche, un bolso y una pulsera por 154,35 euros para su secretaria...

El ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el ex diputado regional y gerente de la empresa de Suelo de Boadilla, Alfonso Bosch Tejedor... Son algunos de los otros políticos que se beneficiaron con la trama.

Peñas sigue apareciendo

La Policía ha constatado que el ex concejal de Urbanismo de Majadahonda, José Luis Peñas, al que se le había atribuido el haber destapado la trama, además de estar a sueldo de la red desde 2003, percibió abonos en especie. En declaraciones a este diario precisó que desconocía los motivos por los que podría constar en el informe de la UDEF antes de 2005, que fue cuando dejó el PP y apoyándose en Correa montó un partido independiente en Majadahonda. En el informe, además de los pagos sistemáticos, también constan apuntes en especie a su nombre. Concretamente, 7.738 euros por el billete de avión y el hotel en Roma, del 6 al 14 de noviembre de 2003; estancia en hoteles de Lanzarote del 19 al 25 de julio de 2004; billetes de avión a Lanzarote y el alquiler de un coche en la misma ciudad, en 2004. Peñas se encuentra imputado en el proceso. Fuentes del PP de Madrid no se mostraron sorprendidas por las revelaciones policiales, ya que, aseguran, «sospechaban de él desde siempre». Hasta la fecha, Peñas ha defendido su inocencia asegurando que había recibido el dinero de Correa para acumular pruebas contra él. / J. G. T.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/04/01/533af2d222601dc9748b4589.html

LA AGENCIA TRIBUTARIA CONCLUYE QUE LÓPEZ VIEJO DEFRAUDÓ DOS MILLONES DE EUROS

La Agencia Tributaria ha concluido en su informe definitivo que el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha defraudado en cuatro años casi dos millones de euros. En sus conclusiones, señala que “considerando como renta sujeta a gravamen las rentas del trabajo no declaradas y las comisiones y acrecentamientos patrimoniales injustificados que se describen en el informe resultan cuotas defraudadas por López Viejo superiores a los 120.000 euros en el IRPF” en cuatro años. Concretamente, 1.108.838 euros en 2002; 181.693 en 2003; 129.758 euros en 2006; y 505.427 en 2007.

La ONIF señala que López viejo cobró en efectivo del grupo FCS (iniciales de Francisco Correa Sánchez) 106.000 euros en 2004; 115.000 en 2005; 196.000 euros en 2006; 64.000 euros en 2007 y 24.000 euros en 2008, “por su mediación para la obtención de contratos u otras resoluciones administrativas favorables a los intereses de Correa”.

Así, la Agencia Tributaria señala que en 2002, 2003 y 2008 “su patrimonio ha sufrido importantes acrecentamientos que no se corresponden con sus rentas conocidas, es decir procedentes de la Comunidad y de la Asamblea de Madrid”. De manera, considera que “esta manifestaciones de riqueza no han podido haberse generado por ahorro de su renta declarada”.

Hacienda se basa en los apuntes de la 'caja B' de la trama de Correa. Señala que aunque en su primera declaración el imputado José Luis Izquierdo, a quien se le incautó el pendrive con todas las anotaciones, negó que las iniciales ALV fuera del exdiputado regional poco después reconoció que se trataba de López Viejo.

Ante este informe, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el ‘caso Gürtel, le ha citado a declarar para el próximo día 8 para responder tanto a estas conclusiones de la Agencia Tributaria como la de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estad (IGAE).

En su informe, la Policía ya anotaba que una de las empresas de Correa, Easy Concept, hizo varios trabajos a la Comunidad de Madrid que "prácticamente en su totalidad" eran solicitados por la Consejería de Presidencia y en cuya contratación participaba muy activamente el entonces vicepresidente de ese departamento e imputado en Gürtel, Alberto López Viejo. Obtenía a cambio de las adjudicaciones, que se hacían mediante contratos menores para evitar la publicidad, una "gratificación económica imputada como mayor coste del propio evento".

Corrige a la UDEF

El inspector de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) aprovecha su informe definitivo para corregir una parte del realizado por la UDEF y sostiene que lo que habla la Policía de comisiones pagadas en especie en realidad son “comisiones devengadas”, aunque también reconoce que al tratarse de comisiones ilícitas “el devengo pierde parte de su significación”. Explica que el documento policial demuestra que determinadas partidas contabilizadas como gasto por alguna de las sociedades del grupo FCS eran prestaciones de servicio de imprenta y azafatas a favor de personas relacionadas con vínculos de parentesco con López Viejo.

“Se trata de comisiones a favor de este sujeto por la concesión de contratos de organización de actos para la Comunidad de Madrid, a favor de las indicadas sociedades o de terceras predeterminadas por la dirección del grupo FCS”. La Agencia determina que López Viejo se llevaba el 10% del importe de facturación del acto. En especie cobró entre 2006 y 2007 algo más de 20.000 euros, que se suma a lo cobrado en efectivo.

Respecto al enriquecimiento que tuvo López Viejo en esos años, explica la ONIF que “se trata en unos casos de adquisiciones a título oneroso, en otros, de ingresos en sus cuentas bancarias, y finalmente, en otros, de amortización de préstamo de importes elevados”.

La AEAT acusa a Sabadell de "mutilar" datos

En su informe, aprovecha el inspector para recordar que al solicitar al Banco Sabadell los extractos de las cuentas de López Viejo, envió un documento que resultaba “difícilmente legible”. Además, el primer apunte de extracto no aparecía. Por ello, se le pidió a Ruz que volviera a requerir la información y pudieron comprobar que “la mutilación del extracto no alcanzaba al primer apunte sino a los tres primeros”.

Y resulta que el segundo apunte es una transferencia de 1.600.000 euros. Para el inspector, parece improbable que ese dinero fuera destinado al pago de su vivienda en Madrid. “Sospechábamos que tenía otro destino”, añade.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-04-01/la-agencia-tributaria-concluye-que-lopez-viejo-defraudo-dos-millones-de-euros_110588/

RUZ CITA A DECLARAR A LÓPEZ VIEJO POR LOS PAGOS QUE LE HIZO CORREA A CAMBIO DE CONTRATOS PÚBLICOS

El juez de la Audiencia Nacional ha citado al exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid el próximo 8 de abril tras incorporar a la causa un nuevo informe de la Agencia Tributaria que recoge los pagos que le hizo el líder de la trama 'Gürtel'.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado al exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo el próximo 8 de abril tras incorporar a la causa un nuevo informe de la Agencia Tributaria que recoge los pagos que le hizo el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, a cambio de la adjudicación de contratos públicos, informaron fuentes jurídicas.

López Viejo, que volverá a comparecer ante el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 en calidad de imputado, tendrá que responder ante el magistrado por los detalles contenidos en este último informe y los elaborados anteriormente por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El ex consejero de Esperanza Aguirre cobró al menos 488.054 euros de la trama 'Gürtel' por su "mediación para la obtención de contratos y otras resoluciones administrativas favorables a los intereses de Francisco Correa", según consta en el informe de la Agencia Tributaria remitido al juez.

Riqueza que no pudo ser generada por su renta declarada

El informe final de conclusiones elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) detalla que el ex consejero obtuvo de las empresas de Correa 106.000 euros en 2004, 115.000 en 2005, 196.866,01 en 2006 y 70.188,55 en 2007 por la obtención de estas adjudicaciones.

También refleja que López Viejo, que ingresó junto a su mujer, Teresa Gabarra, 450.731,01 euros en el banco suizo Mirabaud en el año 2002, defraudó a Hacienda 1.925.718,14 euros en los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2006 y 2008.

La ONIF también destaca que en los años 2002, 2003 y 2008 el patrimonio del exconsejero madrileño "sufrió importantes acrecentamientos" que no se corresponden con las rentas que recibió como "empleado público de la Comunidad de Madrid y como diputado regional en la Asamblea".

"De manera que estas manifestaciones de riqueza no pueden haberse generado por ahorro de su renta declarada", concluye el organismo tributario.

http://vozpopuli.com/actualidad/41241-ruz-cita-a-declarar-a-lopez-viejo-por-los-pagos-que-le-hizo-correa-a-cambio-de-contratos-publicos

GONZÁLEZ TEROL SIGUE GESTIONANDO EL URBANISMO CON EL PLAN GENERAL ANULADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO

El Plan General vigente en Boadilla del Monte es de 2002, fue redactado por Leopoldo Arnáiz, que está procesado y es el único que lo está a día de hoy por el conocido caso del Tamayazo, que costó la presidencia de la Comunidad de Madrid a Rafael Simancas.

Este plan fue aprobado por la corporación encabezada por Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte, y uno de los principales imputados en el caso Gürtel. En el 2002 el Partido Socialista denunció el Plan General elaborado por Arnáiz y Panero por vulneración de derechos fundamentales de los concejales de la oposición, a los que el Partido Popular "ocultó deliberadamente documentos esenciales del Plan General, impidiendo con esta actuación su labor de control y fiscalización de los trabajos de elaboración y aprobación del Plan". Esta denuncia del PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue estimada, y anuló el Plan General en el año 2003. Pese a todo, "el Partido Popular de Panero trató de evitar los efectos de la sentencia y continuó ejecutando un Plan General anulado judicialmente. La nulidad de este Plan General fue confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de noviembre de 2010, dando la razón nuevamente al Partido Socialista".

Lejos de detener este plan, las anotaciones y documentos aparecidos en el sumario Gürtel, como la agenda de Pablo Crespo, reflejan que se acredita que la trama Gürtel ejercía el control directo del Plan General de Boadilla, diciendo textualmente “que el Plan General de Boadilla siga adelante”, habiendo gestionado las juntas de compensación el "testaferro" de Francisco Correa, Jesús Calvo Soria, a través de la empresa de la trama Narcisos 22, S.A. El Gobierno Popular de González Panero hizo caso, y hasta su dimisión en el año 2009 por el estallido del caso Gürtel la política urbanística en Boadilla fue dirigida por la trama basada en un Plan General anulado por el Tribunal Supremo y gestionado por empresas de la trama Gürtel.

Continuidad de las políticas urbanísticas

Una vez caída en desgracia la anterior corporación, en el año 2011 gana la alcaldía el PP de Antonio González Terol y una lista completamente nueva de concejales. Estos prometen alejarse de las políticas urbanísticas de sus compañeros de la anterior corporación. "Lejos de ser esto una realidad, el actual Gobierno, aunque toda la oposición le advierte y le reclama no continuar ejecutando y desarrollando un Plan General redactado por la corporación Gürtel y anulado en sentencia firme, continúa haciendo su política urbanística basándose en el plan general anulado".

González Terol lleva gestionando casi tres años ya, y dando licencias y aprobando planeamientos basados en una "ilegalidad". Desde el PSOE aseguran que así lo confirman las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 13 de abril de 2012, de 22 de julio de 2013, de 22 de noviembre de 2013, y recientemente de 11 de febrero de 2014 del Juzgado de lo contencioso nº 29 de Madrid, todas ellas anulando el Plan Parcial del Sector Valenoso, el Plan Parcial del Sector El Encinar, el Plan Parcial del Sector La Cárcava, y el Plan Parcial del Sector El Pastel, así como todos sus proyectos de reparcelación.

En todas estas últimas sentencias ha sido el Gobierno Popular de González Terol el que ha ejercido la defensa del Plan General redactado por la corporación Gürtel. “¿Cómo puede personarse en el juicio y a la vez defender los intereses urbanísticos de la trama?”, manifiesta Cristina de Lara, Secretaria General del PSOE de Boadilla. “Se está ocultando la verdad a los ciudadanos y se está jugando con los proyectos vitales de muchas personas que están comprando viviendas en Boadilla en sectores anulados judicialmente, incluido el Plan de Vivienda Municipal, que está ejecutado en un sector anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Alcalde debería pensar en el bien de sus ciudadanos y no en su carrera política”.

http://www.elicebergdemadrid.com/noticia/41846/Oeste/Gonzalez-Terol-sigue-gestionando-el-urbanismo-con-el-Plan-General-anulado-por-el-Tribunal-Supremo.html

EL INGENIERO DE POZUELO EXIGE 1,5 MILLONES A HISPÁNICA POR ADJUDICARLE VEINTE OBRAS

El ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Leopoldo Gómez Gutiérrez, remitió varias notas manuscritas de su puño y letra al constructor Alfonso García Pozuelo para reclamarle una deuda que el expropietario de Constructora Hispánica había contraído con él, supuestamente, por la adjudicación de una veintena de proyectos urbanísticos en la ciudad residencial próxima a Madrid.

Esas notas, a cuyos contenidos ha tenido acceso El Confidencial en exclusiva, delatan las relaciones comerciales que el ingeniero y el constructor mantuvieron durante años mientras por la mesa del despacho del primero pasaban todos los grandes proyectos del municipio madrileño. El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, llegó a abrir una investigación contra Leopoldo Gómez, según el ministerio público, por favorecer desde su cargo de funcionario a varias empresas "vinculadas a él".

La primera carta remitida al constructor de la Gürtel se remonta a septiembre de 2009. En ella, Gómez se dirigía a García Pozuelo con un saludo más cariñoso –"Amigo Alfonso"– y le exponía sus problemas financieros: "Por favor, mándame por lo menos 1.200.000 euros, como sea o buscamos la solución que consideres".

"Saltó la liebre"

El ingeniero se mostraba en la misiva sorprendido, según él, por la actitud de García Pozuelo: "Te envié el saldo en febrero, pero saltó la liebre, luego en julio, y si tú tienes problemas, uno más y no digamos el otro, todos los días presionando".

Cuando Leopoldo Gómez mencionaba "saltó la liebre" se refería al caso Gürtel, que había estallado en febrero de 2009 y motivaba la comparecencia de García Pozuelo ante el juez Pedreira por sus relaciones con Francisco Correa, el cerebro de la trama.

Lo que resultaba sorprendente en el texto era esa alusión críptica a un personaje misterioso, a "el otro", alguien que, según el ingeniero municipal, le presionaba "todos los días". ¿Le presionaba para saldar su comisión? ¿Se dirigía el funcionario municipal a una persona que estaba por encima de él en la estructura de poder del Ayuntamiento?

"Si le presionaba y Leopoldo Gómez se dejaba presionar hasta el punto de que esa presión la usaba como argumento para sensibilizar a García Pozuelo, todo hacía indicar que se trataba de alguien más poderoso que él, de un primer espada que también reclamaba su dinero", señaló a El Confidencial un exfuncionario del Ayuntamiento de Pozuelo.

Y ese personaje misterioso, al igual que Leopoldo Gómez, estaba también al tanto de que García Pozuelo, en esa fecha de finales de 2009, ya había cobrado todos sus contratos con el consistorio. Al menos eso es lo que Leopoldo Gómez destacaba en su carta: "De la nota, casi está cobrado el 90%, así que liquídame, te juro que tengo serios problemas, si no quieres verme ahora, manda un 'embajador' para solucionar este asunto".

Pero quien, finalmente, envió un "embajador" para liquidar su deuda con el constructor murciano fue el propio jefe de obras de Pozuelo de Alarcón. El Confidencial publicó ayer que el exsubcomisario José Amedo hizo de intermediario de Leopoldo Gómez en 2012 ante García Pozuelo para que este saldara una supuesta deuda por las adjudicaciones de obras en el municipio madrileño. El policía de los GAL entregó al expropietario de Constructora Hispánica, como prueba, varios documentos con el desglose de las cantidades impagadas, pero finalmente el constructor se negó a abonarlas.

Los papeles elaborados por el ingeniero, en la actualidad en poder de García Pozuelo, registraban una serie de cuentas sobre una supuesta facturación que superaba la cifra de cuarenta millones de euros, sobre la que Leopoldo Gómez tendría un interés personal. En varias ocasiones, junto a algunas de las cantidades, aparecía la anotación: "-16%".

Lo curioso del caso es que el propio ingeniero Leopoldo Gómez denunció a principio de 2011, en sede judicial, haber recibido presiones por parte de los responsables del Ayuntamiento de Pozuelo para que certificara la recepción de una obra municipal, investigada por el juez Pedreira dentro de la trama Gürtel. Se trataba del proyecto de Las Cárcavas, que fue adjudicado por 4,5 millones, en 2006, a una UTE liderada por García Pozuelo y Constructora Hispánica. Después, se modificó el presupuesto y la obra pasó a costar once millones, el doble de lo inicialmente aprobado.

La fecha de la denuncia coincide con las primeras entrevistas del ingeniero con el policía Amedo, que más tarde llegaría a entrevistarse dos veces con García Pozuelo.

El proyecto de Las Cárcavas figuraba entre las anotaciones remitidas por el ingeniero al propietario de Constructora Hispánica. Tras el encabezamiento "Facturación", aparecía la leyenda "Arroyo de Las Cárcavas" junto a la cantidad 9.610.052,87 euros y nuevamente "-16%". En el mismo apartado destacaba asimismo una serie de cifras millonarias referentes a "2º semestre 2007, 1º semestre 2008 y Operación asfalto 2006".

El protagonismo de Leopoldo Gómez, que durante 21 años ocupó el cargo de ingeniero y jefe del servicio de obras públicas de Pozuelo de Alarcón, fue determinante en la adjudicación a Constructora Hispánica de la mayor parte de aquellas promociones urbanísticas. Todas aquellas obras eran las que provocaban el litigio entre ingeniero y constructor y sobre las que el el primero sustentaba la supuesta deuda. Además, coincidían con el periodo en el que fue alcalde Jesús Sepúlveda, entre los años 2003 y 2009. Tanto García Pozuelo como Sepúlveda fueron imputados en el caso Gürtel por sus negocios con el jefe de la trama, Francisco Correa.

En uno de los folios manuscritos por el propio Leopoldo Gómez se contabilizaba la deuda contraída por Constructora Hispánica, a 15 de enero de 2009, en más de un millón y medio de euros. Entre las cantidades consignadas aparecía una partida de 139.786 euros del proyecto La Cabaña y otra consignación de 1.050.000 euros con la leyenda "pendiente de la cuenta de 9/08".

Las cartas llegan demasiado tarde

Para desgracia del ingeniero municipal, las notas remitidas a través de Amedo a García Pozuelo le llegaban tarde a este, cuando ya había vendido la empresa Constructora Hispánica a la familia Monje y los nuevos propietarios habían cambiado su denominación social por Assignia. Por todo ello, se podía leer en una de las cuartillas las quejas del funcionario municipal: "Montesinos, con un trabajo de 15 ó 20 años, dijo que nunca supo nada en la empresa de los acuerdos conmigo ni con algún otro.. En la venta no dijo nada de nada... Assignia no querrá mantener ninguna forma ni acuerdo dada la situación".

Cuando el ingeniero municipal mencionaba el apellido "Montesinos" se refería al director general de Constructora Hispánica, que, tras la venta, continuó como presidente de Assignia hasta que la familia Monje decidió despedirlo. Tal medida provocó un conflicto judicial que sigue en los tribunales.

El ingeniero municipal se mostraba en su carta dolido e indignado ante la conducta de quien había sido su amigo y aliado durante años: "Si tan hombre eres, no niegues la verdad... Cuando quieras, cara a cara... Yo no engaño a nadie... Demostraste tu cobardía el día que te encontré en la barra del Eurobuilding... Tengo vergüenza... Ya hablaremos.... Qué esperas a estar en el cielo", finalizaba la misiva.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-03-27/el-ingeniero-de-pozuelo-exige-1-5-millones-a-hispanica-por-adjudicarle-veinte-obras_107601/

LA POLICÍA DICE QUE EL CONCEJAL QUE DENUNCIÓ GÜRTEL TAMBIÉN COBRABA

Los agentes han sacado los datos de un 'pendrive' de José Luis Izquierdo, considerado el contable de la trama que apuntaba todas las incidencias.

En el marasmo de nombres, comisiones, regalos y pagos que es el caso Gürtel, José Luis Peñas, ex edil de Urbanismo (PP) de Majadahonda tiene entidad por sí mismo. Se le ha considerado como el hombre clave para destapar la trama. Amigo personal de Francisco Correa, el 6 de noviembre de 2007 presentaba ante la Fiscalía Anticorrupción grabaciones ocultas de reuniones con personajes clave de la trama.

Hasta el momento, aparece imputado en el sumario por haber recibido dinero para el sostenimiento de su partido. Él había esgrimido que lo hizo para seguir el juego a la trama, para obtener más pruebas contra ellos. Ahora, la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha informado al juez, en su escrito de 31 de enero, que José Luis Peñas era un político más a sueldo de los muñidores.

Le llegaron a pagar los 918 euros del seguro de su vehículo, que era de la marca Mini

En el informe se da cuenta de pagos mensuales que iban de los 3.000 a los 3.500 euros que recibía de forma sistemática. Se embolsó entre 2003 y 2007, al menos, 264.000 euros. Incluso, los miembros de la trama le llegaron a pagar 918 euros para el seguro de su coche, un Mini.

El documento policial se ha elaborado tras analizar un pendrive que le fue intervenido a José Luis Izquierdo, que es considerado el contable de la red, el que movía todas las ganancias, todos los pagos y el que saneaba las cuentas. Llevaba un detallado control de la contabilidad y, para ello, había abierto una cuenta por cada persona física, jurídica o evento.

Entre 2003 y 2005, Peñas fue edil de Urbanismo en Majadahonda. En febrero de 2005 fue expulsado del PP, junto con el concejal de Hacienda, Francisco Moreno, tras paralizarse una extraña operación urbanística por la que el Consistorio iba a vender una parcela municipal por menos de 70 millones cuando el terreno estaba valorado en 150.

En el sumario consta que recibió dinero pero dijo que lo aceptó para recabar pruebas

De 2005 a 2007, Peñas intentó formar un partido independiente financiado por Correa que pretendía ser el caballo de Troya de la red en el municipio. Según el informe policial, el ex concejal consta en el fichero MasMaj.xls. En 2003 recibió, al menos, 18.000 euros, según la UDEF; en 2004, 32.600; en 2005, 79.000 euros; en 2006, más de 74.000 a lo que hay que sumar el coste del seguro de su Mini, y en 2007, 58.850 euros.

Asimismo, se hace constar las anotaciones de los pagos como «orden permanente», «entregas periódicas» o «entregas sobre Juanjo/Pepe Peñas/ Incentivo cobro Guillermo Ortega». Asimismo, se precisa: «Parte de los pagos recibidos por Peñas son considerados por la organización como un incentivo sobre los cobros de Guillermo Ortega -alcalde entonces de Majadahonda-, vinculando la percepción de estas cantidades a su participación directa en operaciones con esta persona».

El último pago del que hay constancia se realizó el 29 de mayo de 2007. El 6 de noviembre ponía la denuncia en Anticorrupción. En mayo de 2007 se celebraron las elecciones municipales y el partido no consiguió más de 200 votos. A partir de entonces no constan más aportes de dinero.

Quiso montar un partido político independiente, financiado por Correa

La trama Gürtel hizo de los pueblos del norte de la región su particular campo de extracción. Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte... todos estos municipios estaban perforados como un queso por los miembros de la trama. Arganda, al sureste de la región, fue otro de los municipios que se vio directamente enfangado.

Pero la infección no se limitó a los pueblos llegó, incluso, a las proximidades de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Alberto López Viejo, quien llegó a ser consejero en el Gobierno autonómico es considerado, el muñidor. En una de las grabaciones de la UDEF a Francisco Correa aseguraba que «cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto». El Gobierno regional asignó 66 contratos por valor de 760.717,87 euros a tres empresas de la trama Gürtel entre los años 2004 y 2008.

«No he recibido dinero antes de 2005»

«El dinero que el señor Correa me dio tanto a mi como a Juan José Moreno -ex edil del PP de Hacienda de Majadahonda- de 2005 a 2007 fue para montar un partido. Recaudaba y luego lo entregaba como donaciones. Está documentado en el procedimiento», precisa Peñas. «No dudo que mi nombre esté en los apuntes por cobros anteriores a 2005 pero no se en concepto de qué», señala. «No he recibido ningún dinero antes de 2005. Lo del seguro del Mini, se lo conté yo al juez. Era del señor Correa y su mujer. Me dejaron más de 100 multas. Asumí que se pusiese a mi nombre para tener pruebas de que se movía con testaferros, igual que el dinero para el partido. Lo tengo declarado», precisa. / J. G. T.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/16/5325f99722601dd6468b4579.html

HACIENDA DESMIENTE QUE EL DINERO QUE LÓPEZ VIEJO TENÍA EN SUIZA PERTENECIESE A SU MUJER

La Agencia Tributaria concluye que el medio millón de la cuenta suiza del ex consejero madrileño en 2012 no pudo ser aportado por Teresa Gabarra

La Agencia Tributaria desmiente en un informe que el casi medio millón de euros que el exconsejero madrileño Alberto López Viejo tenía en un banco de Suiza en 2002 fuera de su mujer Teresa Gabarra, tal y como ella aseguró al juez Pablo Ruz el pasado septiembre en su declaración como imputada.

El informe sobre Gabarra, imputada en el caso Gürtel por un delito de blanqueo, analiza entre otras cosas su situación patrimonial y recursos económicos de 2004 a 2009, y la congruencia entre la documentación que aportó, sus declaraciones tributarias y la declaración que prestó ante el juez en septiembre.

Respecto a este último aspecto, el documento, al que ha tenido acceso Efe, recuerda que el 16 de septiembre Gabarra dijo al juez de la Audiencia Nacional que ella fue quien aportó los 452.197 euros que López Viejo ingresó en su cuenta del banco Mirabaud de Suiza en 2002.

Gabarra también dijo a Ruz que el origen de esos fondos era anterior a su relación con López Viejo y que procedía de actividades propias y de su familia.

Para averiguar si esto es cierto, los funcionarios de la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria suman el valor del patrimonio de Gabarra a 31 de diciembre de 2001 y el dinero que ahorró en los primeros meses de 2002.

Así, indican que el patrimonio de la mujer del exconsejero a finales de 2001 era de 265.613 euros, según su declaración del Impuesto de Patrimonio, y añaden que el "ahorro máximo" que pudo generar en los primeros meses de 2002 "es nulo", ya que de hecho su renta disponible para el ahorro fue negativa (-3.437 euros).

El informe, fechado el 25 de febrero, afirma que tampoco se cumple la condición de que su patrimonio a 31 de diciembre de 2002 menguara en, al menos, 452.197 euros, sino que, al contrario, se incrementó y pasó a ser de 311.357 euros.

Por todo ello, el informe concluye que "Teresa Gabarra no pudo aportar el efectivo que Alberto López Viejo ingresó durante 2002 en la cuenta de la Banca Mirabaud" y que "no pudo aportar siquiera una parte de aquellos ingresos en la cuenta suiza porque su patrimonio a 31 de diciembre de 2002 es superior a su patrimonio a 31 de diciembre de 2001 y su ahorro durante 2002 fue nulo".

El informe analiza también la documentación remitida por las autoridades suizas sobre la cuenta del banco Mirabaud y concluye que ella figuraba en la relación de apoderados de López Viejo y que el 20 de julio de 2012 ordenó transferir todos los fondos al Banco Santander y cancelar la cuenta de Suiza.

En su declaración ante el juez, Gabarra afirmó que fue ella quien abrió con sus ahorros una cuenta bancaria en Suiza en 2002 a nombre de su marido para evitar a un acreedor estadounidense con el que había tenido un pleito.

Dicha cuenta se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2002 por un importe total de 495.450 francos suizos, 42.393 libras esterlinas y 46.784 euros.

Otro informe del 7 de marzo de la Agencia Tributaria actualiza uno anterior para rectificar dos errores, uno de ellos sobre la cuota defraudada por López Viejo en su declaración de IRPF de 2006 y otro sobre la renta de 2008 de este imputado.

Respecto a 2006, los funcionarios de la Agencia Tributaria piden al juez Ruz un pago del Ayuntamiento de Madrid a López Viejo que permitiría averiguar si la cuota defraudada ese año alcanza los 120.000 euros y constituye así un delito fiscal.

En cuanto al año 2008, asegura que la cuota que defraudó en el IRPF fue de 505.0427 euros.

Un informe anterior del pasado mes concluyó que López Viejo defraudó a Hacienda 1.108.838 euros en 2002, 181.693 euros en 2003 y 501.712 euros en 2008.

Después de notificar el informe a las partes, el juez acordó ayer reclamar a la Agencia Tributaria las declaraciones del IRPF de López Viejo de los años 2002 a 2008.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/13/5321fd4fe2704e74718b4582.html

BOADILLA, UN AYUNTAMIENTO A MEDIDA DE GÜRTEL

La trama de Correa amuebló incluso los despachos y diseño los escudos del Consistorio de Boadilla del Monte.

Según la UDEF, primero de efectuaron los trabajos y luego se sacaron los pliegos del concurso

Los tentáculos de Gürtel en Boadilla del Monte, epicentro de las operaciones fraudulentas de la trama corrupta, eran infinitos. Los nuevos informes aportados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) al juez Pablo Ruz, que instruye la causa, desvelan que el entramado de Francisco Correa incluso realizó en el municipio labores de decoración e imagen corporativa, pese a que las empresas del entramado no tenían entre sus fines esos objetivos, sino la organización de actos y eventos.

Boadilla era una de las principales fuentes de ingresos de la trama. Según el fiscal, entre el año 2000 y febrero de 2009, desde el entorno de Correa se habrían entregado regalos y sobornos a funcionarios y autoridades municipales con el propósito de obtener adjudicaciones millonarias para sus empresas mediante procedimientos fraudulentos. En muchos casos se trataba de fraccionamientos de contratos para evitar un concurso público con publicidad.

Entre los imputados están, entre otros, el ex alcalde, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, que habría recibido de la trama, según la UDEF, cerca de 637.000 euros; César Tomás Martín Morales, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS); el ex diputado regional Alfonso Bosch, o el sucesor de Panero, Juan Siguero. El control de la red sobre el municipio era tal que la trama incluso amenazó a Panero con echarle del Ayuntamiento si no se plegaba a sus intereses.

Ahora, nuevos informes de la UDEF vuelven a desvelar hasta qué punto Gürtel estaba imbricada en la maquinaria del Consistorio. Entre la documentación hallada en los registros en despachos del entramado, hay facturas que demuestran que varias empresas de la trama -Easy Concept, Diseño Asimétrico, Good and Better y Servimadrid- realizaron «labores de acondicionamiento de algunas zonas del Ayuntamiento, como la zona de prensa, el despacho de Alcaldía, la sala de juntas o el hall». También llevaron a cabo montajes de equipos audiovisuales y de sonido, así como el diseño de los escudos metálicos del municipio que adornan la fachada y varias salas.

De acuerdo a las pesquisas de la Policía tras estudiar todas las facturas, «se infiere que la organización realizó estos trabajos en 2007, y posteriormente acomodaron las facturas del año 2008, una vez se llevó a cabo el procedimiento formal de la adjudicación». Según los investigadores, «se acomodaron los pliegos a los trabajos que ya habían realizado para darle forma correcta al contrato».

En un correo de marzo de 2007, Rocío Perea, trabajadora de Servimadrid, remite un correo electrónico a Isabel Jordán, empleada también de Correa, bajo el encabezado «Facturas Boadilla del Monte», en el que le desglosa en cinco puntos las estancias que han decorado señalando «las empresas propias y ajenas que tienen que presentar oferta y los importes de las mismas a efectos de cumplimentar un procedimiento negociado sin publicidad».

Sobre la copia en papel del correo figura la anotación manuscrita «Hablar con Tomas», en referencia a César Tomas Martín Morales, director de la EMVS, y que también fue director general del municipio desde 2007. Morales era la persona a la que la organización le «planteaba las fórmulas a emplear para ajustarse a la legalidad administrativa».

Los escudos, 11.086 euros

En ese mismo correo, la trabajadora de Servimadrid dice que la factura «de los escudos», por ejemplo, que ascendía a 11.086 euros, «a Belén le pareció bien». En otro correo de un año después, de marzo de 2008, entre Martín y Pau Collado, trabajadora también de las empresas de Correa, se menciona una futura reunión con Belén para tratar el tema del mobiliario.

Según determinan los agentes de la UDEF, la «Belén» a la que se refieren los correos es Belén Húmera Contreras, concejal de Formación y Obras del municipio en ese momento. De acuerdo a la UDEF, la trama realizó dos compras por un valor total de 640 euros que iban dirigidas a esta persona, tal y como recogían varias facturas encontradas en otros registros, infiriendo que le fueron entregados a Húmera «por las ayudas que esta persona prestó al grupo empresarial».

Húmera «mantuvo una vinculación directa con Pau Collado, responsable de las empresas de eventos madrileñas y junto a César Tomás Martín Morales, con el objeto de organizar la refacturación en cuanto a los servicios efectuados en el Ayuntamiento... Los trabajos se llevaron a cabo antes de la tramitación de los correspondientes procedimientos de contratación, obligando a volver a facturarlos con posterioridad, momento en que entra este cargo público en escena», señala el informe de la UDEF.

Húmera fue concejal de Obras desde el año 2003, siendo una de las personas de confianza de El Albondiguilla. En la actualidad, Húmera trabaja como cargo de confianza en la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria del Ayuntamiento de Alcorcón, también gobernado por el PP. Este periódico trató sin éxito de contactar con ella varias veces.

En total, los trabajos realizados por las empresas Gürtel al Ayuntamiento de Boadilla, en los que se incluye «la distribución de interiores», los escudos en 3D que todavía están colgados en la sala de prensa, decenas de sillas modelo sit and move para varios espacios, o los renders, fueron facturados por 62.778,39 euros, un precio bastante superior a la primera facturación realizada en 2007, que ascendía a 48.563 euros. Sólo la cuenta del despacho de Alcaldía, con una mesa, dos estanterías y una librería, todas de madera de nogal, ascendía a 9.419 euros.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/12/5320dc27e2704ebf478b4587.html

BOADILLA PERSIGUE EN LOS TRIBUNALES EL DINERO DE 'EL ALBONDIGUILLA'

El 10 de febrero de 2009 Arturo González Panero (PP) se veía obligado a dejar su puesto de alcalde de Boadilla del Monte por su presunta implicación en la trama Gürtel. Posteriormente, los tribunales lo imputaban por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, falsedad en documento público, malversación, prevaricación y cohecho. La trama lo retrataba con el sobrenombre de El Albondiguilla.

En septiembre de 2013 el nuevo Consistorio, con un nuevo alcalde elegido tras las elecciones de mayo, Antonio González Terol (PP), se personaba en la causa como acusación particular. Toda una declaración de intenciones.

Ahora, pocos meses después el Ayuntamiento ha solicitado al juzgado Central del Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional que acepte su personación en la pieza separada, en la abierta por la supuesta contabilidad B del PP, más conocida como los papeles de Bárcenas.

El objetivo es seguir el rastro de las cuentas suizas de González Panero. Es por ello por lo que solicita, ante el hallazgo de una posible cuenta, que se bloquee «el saldo que tuviere», ya que el «saldo de la cuenta del Sr. González Panero», pudiera ser «de titularidad total o parcial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte». Para que se atienda su petición solicita, además, que se le tenga por personada en la causa.

En las comisiones rogatorias internacionales, las autoridades judiciales suizas informaron al Ministerio de Justicia de la existencia de una cuenta abierta a nombre de la sociedad panameña Longridge Internacional, S.A., en el EFG Bank de Zurich, a la que se ha transferido el saldo que tenía la entidad americana en una cuenta del HSBC de la que es beneficiario, precisamente, Arturo González Panero.

«Queremos que se devuelva hasta el último céntimo a los ciudadanos»
El Consistorio pide que se amplíe esa comisión rogatoria para que el banco suizo aporte más información. Esencialmente, reclama «toda la documentación de apertura y movimientos».

«Exigimos todas las responsabilidades a aquellos que se han llevado el dinero de los ciudadanos. Queremos que los condenados por los tribunales devuelvan hasta el último céntimo», sentencia el actual alcalde Antonio González Terol.

Y es que, su actitud de poner al Ayuntamiento frente al frente de la manifestación contra la corrupción se explica, no sólo por lo que ocurrió con González Panero, sino con todo lo que sucedió posteriormente. Al dimitido alcalde le sustituyó Juan Siguero (PP), que también se vio obligado a renunciar al puesto en febrero de 2011, arrastrado por Gürtel. A esas alturas ya se conocía que la trama se había extendido por Majadahonda, Pozuelo... y hasta el propio Gobierno regional.

Fue entonces cuando el PP de Madrid decidió tomar cartas en el asunto y renovar a todos los alcaldes de los pueblos que jalonan la carretera de A Coruña, territorio conservador, con la intención de alejar la peste de la corrupción.

Hace tan sólo un año la Policía conectó Gürtel con los papeles de Bárcenas. Lo hizo después de encontrar varias coincidencias entre apuntes contables de ambos asuntos en relación a las campañas electorales gallegas.

El nexo de unión se relaciona con el número dos de la trama, Pablo Crespo, y el constructor Alfonso García Pozuelo.

Desde el Ayuntamiento se asegura que a lo largo de esta legislatura el nuevo equipo de Gobierno municipal ha recuperado todos los contratos y obras relacionados con Gürtel.

Ponen como ejemplo más emblemático la recuperación de la que se considera la adjudicación más emblemática a la trama por parte de González Panero, la titularidad del parque del Deporte y la Salud. Se trata de un macroproyecto que se desarrollaría en una extensión de 45.000 metros cuadrados y que asignó por 30 millones.

El Consistorio liquidó también los contratos de basura y mantenimiento de obras públicas, adjudicados a Sufi -investigada en la trama-, una de las empresas que ya estuvo en el disparadero por el contrato de parquímetros de la capital en la que formaba una UTE con Hixienes, que incumplía el pliego del concurso.

Hasta la fecha, González Panero no ha dicho esta boca es mía. El pasado mes de julio se negaba a declarar ante el juez asegurando que lo haría «cuando lleguen todas las comisiones rogatorias». Es decir, la información que se ha solicitado a Suiza sobre la existencia de cuentas. Entretanto, Boadilla y el resto de municipios vecinos intentan quitarse como pueden el estigma de la corrupción.

830.000 euros bajo sospecha municipal

En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Boadilla pide que también se le permita personarse como acusación particular en la pieza separada, dado que Cyopsa Sisocia, S.A, de la que es titular el imputado, Camilo José Alcalá Sánchez, el imputado que es investigado, participó, al menos, en un contrato con el Consistorio. Lo hizo el 31 de marzo de 2004 cuando formando una UTE con Fuenco, S.A., González Panero le adjudicó las obras de remodelación del casco antiguo. Se trataba de la peatonalización de la avenida del Generalísimo y la construcción del nuevo Ayuntamiento. En el escrito, el Consistorio asegura ahora que en su tramitación y ejecución «se dieron circunstancias como la apreciación de temeridad en la proposición económica». Hizo una oferta que rebajó en 300.000 euros el precio señalado. De hecho, se tuvo que justificar esa rebaja en la Mesa de Contratación. El contrato se firmó a «riesgo y ventura del contratista», precisa el Ayuntamiento. Más de dos años después de la adjudicación, el 18 de mayo de 2006, y vencido el plazo de ejecución, se autorizó la inclusión de una cláusula adicional en el contrato que aprobaba un modificado del proyecto «con un incremento de 830.400 euros IVA incluido y una prórroga de tres meses, sin incremento al 20% de la fianza definida por razón de la temeridad». Es decir, que se le daba más dinero al adjudicatario pese a haber vencido el plazo para acabar las obras y, además, no se le exigía, pese a subir la cuantía de la adjudicación, que aumentase al fianza. Pero es que el Consistorio informa al juez de que esa rebaja en el precio ofertado «evitó la adjudicación a otro licitador que ofertaba un precio ajustado a los pliegos», señala. Otros licitadores a ese concurso fueron las empresas Constructora Hispánica, S.A., Teconsa y Begar, todas ellas investigadas por su implicación en la trama. / J. G. T.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/08/531b6e94e2704efc678b4570.html

GÜRTEL SE REPARTIÓ UNA COMISIÓN DE 1,8 MILLONES EN BOADILLA DEL MONTE

La red también participó en la compraventa de una finca en El Escorial

La trama de corrupción Gürtel se hizo de oro de muchas maneras. Aparte de dedicarse a organizar docenas de actos electorales e institucionales del Partido Popular, ya fuera en Madrid o en Valencia, también sacó tajada de las comisiones que recibía de distintas empresas y de operaciones de compraventa de fincas. Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP en Galicia y considerado el número dos de Francisco Correa en la red corrupta, anotó en su agenda personal distintas operaciones, como una comisión de 1,8 millones de euros por una adjudicación en Boadilla del Monte.

El reparto que consta, de acuerdo con el análisis de la agenda de Crespo realizado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se realizó entre varias personas identificadas por las iniciales de sus nombres y apellidos, o bien por los apodos con que eran conocidos. Así, 390.000 euros correspondieron a Correa —figura en las anotaciones como “FC”— y otros 390.000 euros a Alfonso Bosch, exdiputado regional y exdirector de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS), que aparece anotado como “AB”.

También recibió 390.000 euros a Tomás Martín Morales o “TM”, quien fuera consejero delegado de la EMVS. A Arturo González Panero El Albondiguilla, alcalde de la localidad entre 1999 y 2009, anotado como “Alb”, el inicio del apodo por el que es conocido, le fueron entregados presuntamente 210.000 euros. Por su parte, el propio Crespo, o “Fra P”, percibió 300.000. La cifra que obtuvo cada una de las personas mencionadas, todas ellas imputadas en el caso Gürtel, varía ligeramente en otras anotaciones de Crespo en su agenda.

Aunque “no puede establecer” el origen de la comisión obtenida por la organización, la UDEF llega a la conclusión de que el pagador es la constructora Teconsa. “Una cuantía de 1.800.000 euros de comisión solo puede corresponderse con un volumen de negocio muy importante desarrollado por Teconsa en ese municipio, bien en una única obra (no es el caso) o en varias”, recoge el informe.

Antonio González Terol, alcalde de Boadilla desde 2011 y también del PP, se personó el pasado septiembre en la Audiencia Nacional como acusación particular y en calidad de perjudicado “por las presuntas irregularidades cometidas” durante el mandato de González Panero. Este dimitió tras su imputación por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de la trama Gürtel. A Panero le reemplazó Juan Siguero, que también renunció en febrero de 2011. Mercedes Nofuentes ejerció de alcaldesa hasta las elecciones municipales y autonómicas ese mayo.

La UDEF también ha encontrado en la agenda de Crespo anotaciones relativas a un terreno en El Escorial, comprado por 4,9 millones y vendido por 8,5. La organización de Correa compró en julio de 2004 la finca Monte el Valle a la sociedad Elitehotels por 4.974.254 euros (previamente se habían adelantado 300.000 euros). Para ello creó una sociedad denominada Proyedicon SL, representada en la operación por Crespo y Juan Millán Alcaide y participada en un 50% por Rustfield Trading Ltd (domiciliada en Reino Unido), un 25% por Millán Alcaide y otro 25% por Juan Ramírez Ucha. Además, se constituyó una hipoteca por la sociedad Proyedicon por 4,5 millones.

En la tramitación a UFC participó Inversiones Kintamani, representada por Ramón Blanco Balín, considerado por la policía como el cerebro que tejió en paraísos fiscales la maraña de empresas que utilizó Correa para blanquear el dinero que obtenía de forma ilícita. “UFC procuraría la clasificación de la finca como urbanizable y su posterior desarrollo inmobiliario”, apuntan los investigadores.

Tras manejar distintas opciones, finalmente el terreno se vendió en mayo de 2006 a la constructora UFC —su antiguo propietario, el empresario José Luis Ulibarri, también está imputado— por 8,5 millones “los cuales, una vez descontados costes, gastos e impuestos, fueron repartidos entre los socios participantes, procediéndose a la disolución de Proyedicon”.

En uno de sus apuntes (realiza varios al respecto), Crespo estimó en tres millones el “beneficio total” que obtuvo Proyedicon por la operación, dejando el “beneficio puro” en 2,55 millones tras deducir 450.000 euros (15%) en concepto de plusvalía. Tras otras cantidades aportadas, entre ellas 150.000 euros por parte de Ulibarri, el “beneficio a repartir” fue de 817.500 euros. El dinero, según el informe de la UDEF sobre la agenda de Crespo, quedó a repartir entre cuatro partes, de las que el 50% correspondía a Rustfield, y el resto a Millán Alcaide y Ramírez Ucha.

El día de la escritura de la finca por parte de UFC, Inversiones Kintamani consideró que existía “la posibilidad de vender a un tercero los terrenos a un precio superior al abonado por UFC”, por lo que se mostró “interesada en promover como intermediario independiente en su venta”. La UDEF concluye que el objetivo de la operación inmobiliaria en El Escorial era la obtención de un beneficio “mediante la especulación urbanística, previendo una venta posterior de la finca, promoviendo el cambio de utilidad de la misma”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/09/madrid/1394392135_562687.html

EL JUEZ RUZ INVESTIGA EL DESPILFARRO DE LOS ACTOS DE ‘PRIMERA PIEDRA’ DE AGUIRRE

El magistrado reclama información sobre las áreas de Sanidad, Transportes y Vivienda

Los responsables políticos eran entonces Cospedal, Elvira Rodríguez, Lamela y Mariano Zabía

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga si las empresas adjudicatarias de obras de hospitales, urbanización de nuevas áreas de expansión y viviendas protegidas sufragaron los actos de propaganda de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, relacionados con estas obras. El magistrado instructor del caso Gürtel ha emitido un auto –resolución razonada- en el que da un plazo máximo de cinco días a las consejerías de Sanidad y de Transporte para que certifiquen si en los diferentes pliegos de los contratos de las obras se especificaba que como “prestación accesoria” las empresas adjudicatarias de los trabajos “tenían que asumir los costes referidos a la inauguración”. Estos actos propagandísticos fueron organizados, y cobrados con un fuerte sobrecoste, por las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama corrupta que se creó en torno al PP.

El magistrado exige a la Consejería de Sanidad que certifique también en qué fecha y por qué responsable técnico o político fueron aprobados los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de los contratos, así como la fecha y el encargado de las adjudicaciones de una serie de hospitales en los que Aguirre puso la primera piedra entre enero de 2005 y octubre de 2006. Se trata de los centros sanitarios 12 de Octubre, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Hospital del Sur, Arganda del Rey, Aranjuez, Vallecas y Valdemoro. En esa época el consejero de Sanidad era Manuel Lamela, que actualmente forma parte de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona los servicios privatizados del Hospital de Aranjuez, que él mismo adjudicó.

El magistrado actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras examinar un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, del pasado octubre, en el que se establecía que “determinados actos relacionados con la construcción de diversos hospitales podrían haber sido abonados por las sociedades concesionarias adjudicatarias de los contratos de construcción”.

El magistrado requiere también los mismos datos a la Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda, por actos celebrados entre 2005 y 2007, en concreto las primeras piedras de los planes de actuación urbanística de Vallecas y Ventillas y de VPO de Torrelodones, así como los actos de la entrega de viviendas sociales en San Sebastián de los Reyes y la inauguración de la carretera M-407, entre Leganés y Griñón.

En esos años, las responsabilidades en materia de vivienda y de infraestructuras del transporte estaban repartidas en dos consejerías. Por un lado, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirigía Mariano Zabía, que hoy preside el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y que se ocupaba del urbanismo y la construcción de pisos sociales. Por otro, la cartera de Transportes e Infraestructuras, que se ocupaba de la expansión del metro y la red regional de carreteras, y que dirigía la actual secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y, después, Elvira Rodríguez, actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Todos estos contratos forman parte de los 71 actos de los que la Comunidad de Madrid no encontró documentación en sus archivos cuando el juez Ruz se la reclamó el pasado octubre. El juez Ruz pedía esa documentación para sumarla a la ya examinada por la Intervención General de la Administración del Estado, que concluyó que el Gobierno presidido entonces por Esperanza Aguirre pagó 8,7 millones a la trama en otros 246 contratos. Según la Intervención, casi todas las consejerías contrataron con las empresas de Correa entre 2004 y 2008.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/27/actualidad/1393486085_233067.html

RUZ DA A LA COMUNIDAD DE MADRID CINCO DÍAS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS YA PEDIDOS EN SEPTIEMBRE

El juez del caso Gürtel quiere comprobar si quince actos, muchos de colocación de primera piedra en hospitales, fueron realmente pagados por las empresas adjudicatarias de las obras. Ruz ya solicitó esta información en septiembre, cuando recibió documentos sólo sobre cinco actos investigados.

El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido a las consejerías de Sanidad y Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid información sobre si quince actos, muchos de colocación de primera piedra en hospitales, fueron realmente pagados por las empresas adjudicatarias de las obras.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez intenta comprobar si estos actos fueron efectivamente abonados por las empresas concesionarias de las obras principales de diversos hospitales, viviendas de protección oficial o carreteras, y encargados a empresas vinculadas a la trama Gürtel, tal y como sospechan los investigadores. Para ello, pide a la Comunidad de Madrid la información sobre si el pago de los actos estaba incluido en los contratos públicos que se les adjudicó para la construcción de las infraestructuras públicas.

Así, y a petición de la Fiscalía, que se basa en un oficio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el juez pide certificación de que en las adjudicaciones estos actos aparecen como una "prestación accesoria que el adjudicatario del contrato tiene que asumir a su cargo".

Pide esta información a Sanidad en referencia a la colocación de la primera piedra de los hospitales 12 de Octubre, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Sur-Par, Aranjuez y Vallecas, actos celebrados en 2005, así como la colocación de la primera piedra y una visita al hospital de Valdemoro y la primera piedra del Policlínico Hospital 12 de Octubre, estos últimos en 2006.

A la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda le reclama información sobre el acto de primera piedra del PAU de Vallecas y Ventillas en 2005, la primera piedra de viviendas en Torrelodones ese mismo año, una entrega de viviendas en San Sebastián de los Reyes en 2007 y la inauguración en 2007 de la carretera M-407.

Ultimátum de Ruz

El juez reclama a las consejerías que en un plazo de cinco días certifiquen si consta en los pliegos de los contratos de construcción de los hospitales que el adjudicatario tiene que asumir el coste de los actos de inauguración, así como en qué fecha y por quién se aprobaron los pliegos de tales contratos y la adjudicación de los mismos.

La información sobre estos quince actos ya fue requerida por el juez el pasado mes de septiembre dentro de una petición de información más amplia sobre 71 actos de la Comunidad de Madrid, pero el último informe de la Intervención General del Estado (IGAE) enviado a Ruz destacaba que las consejerías madrileñas solo habían remitido la documentación sobre cinco de ellos.

El informe indicaba que cuatro consejerías de esta comunidad autónoma (entre ellas Sanidad) no habían atendido al requerimiento que Ruz les hizo para que remitieran información sobre la adjudicación de los 71 actos, lo que negó la Comunidad de Madrid asegurando que sí habían hecho llegar esa información a la Policía. El informe asegura que en algunos actos de los que ahora pide la documentación, como la colocación de la primera piedra de los hospitales de Aranjuez, Valdemoro y Policlínico 12 de Octubre, figura "alguna empresa del grupo FCS (Francisco Correa Sánchez), del grupo Rafael o de Lata Latina", vinculados con Gürtel.

Empresas de la trama

Según la documentación incautada en los registros a las empresas de Gürtel, los actos de primera piedra del PAU Vallecas y Ventillas, los hospitales 12 de Octubre y San Sebastián y las viviendas de Torrelodones "los gestionaban los órganos administrativos de la C.A.M., que los contrataban y adjudicaban directamente a las empresas del grupo FSC; posteriormente, siguiendo las indicaciones de los propios órganos de la C.A.M., eran facturados a las empresas que ellos indicaban".

El informe indica que la primera piedra del PAU Vallecas y del Hospital 12 de Octubre la facturan empresas vinculadas a Gürtel a la empresa Ferrovial Agromán, el PAU de Ventillas a Obrum Urbanismo, el acto del Hospital de San Sebastián a la Sociedad Concesionaria Norte y el de Torrelodones a Detinsa.

La IGAE concluía en el informe que la Comunidad de Madrid adjudicó al Grupo FCS, vinculado a la trama Gürtel, 347 actos, de los que el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo obtuvo un beneficio de 289.889 euros.

En el auto, el juez también pide "nuevamente" a la Consejería de Sanidad que remita en cinco días la información que tenga de "la naturaleza, órgano de dependencia y estatutos de las entidades dependientes de su Consejería Gerencia Área 4 y Hospital de Getafe durante los años 2005 y 2006".

http://vozpopuli.com/actualidad/39576-ruz-da-a-la-comunidad-de-madrid-cinco-dias-para-entregar-documentos-ya-pedidos-en-septiembre

Ruz exige al Gobierno de Madrid que diga quién pagó actos de Sanidad y Transportes

El juez duda de si fueron abonados a la trama por el ejecutivo autonómico, o por las empresas adjudicatarias

Da un "plazo improrrogable" de cinco días a las consejerías de Sanidad y Transportes para que "a la mayor urgencia" remitan toda la información al respecto, incluidos los nombres de los responsables de adjudicar las obras en ambas consejerías en 2005 y 2006, cuando estos departamentos estaban ocupados por Manuel Lamela, María Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez.

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha emitido un auto al que ha tenido acceso la Cadena SER que implica un salto significativo en la investigación de las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a la trama Gürtel, por las que la supuesta red corrupta se habría embolsado 8,7 millones durante el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción, a la vista de diversa documentación remitida por el BBVA y el Banco Popular, y de un oficio de la UDEF, sospechan que "determinados actos relacionados con la construcción de diversos hospitales de Madrid podrían haber sido abonados por las sociedades adjudicatarias de los contratos de construcción de los hospitales".

Hasta ahora se tenía constancia de que fue la Comunidad de Madrid la que pagó a la Gürtel por la organización de esos actos, pero no las adjudicatarias. Por lo tanto, el juez quiere saber quién pagó efectivamente al entramado liderado por Correa por la organización de estos eventos.

En concreto, el juez y la Fiscalía sospechan de 9 actos de colocación de primeras piedras de otros tantos hospitales de Madrid y del acto de visita a la obra del Hospital de Valdemoro, que competen a la Consejería de Sanidad. También ven indicios de un comportamiento idéntico en otros cinco actos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Todos ellos en los años 2005 y 2006, cuando el responsable de Sanidad era el consejero Manuel Lamela, y los de Transportes fueron Elvira Rodríguez y la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Por ello, en su auto, el magistrado exige a ambas consejerías que "en el plazo improrrogable de cinco días" y con la "mayor urgencia" posible, remitan al juzgado toda la información respecto a si consta en los pliegos de los contratos de construcción que el adjudicatario de la obra tuviera que asumir los costes de la obra adjudicada.

El juez va más allá, y quiere saber las fechas y los nombres de los responsables de la Comunidad de Madrid que adjudicaron las obras. Ambas consejerías deberán certificar en el mismo plazo improrrogable de 5 días "en qué fechas y por quién se aprobaron los pliegos" de tales contratos, y "por quién se aprobó la adjudicación" de los mismos.

Esta documentación será decisiva para que los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado puedan elaborar su informe definitivo sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con la Gürtel. En su informe del pasado mes de julio, la IGAE concluyó que el Gobierno autonómico pagó 8.7 millones a la Gürtel hasta 2006 mediante adjudicaciones supuestamente irregulares. Con un sistema generalizado para amañar los contratos saltándose la ley. Los investigadores inciden en que la comunidad utilizó contratos fraccionados para evitar la publicidad y la pública concurrencia entre otros métodos.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ruz-exige-gobierno-madrid-diga-quien-pago-actos-sanidad-transportes/csrcsrpor/20140227csrcsrnac_11/Tes

ANA GARRIDO: “NUNCA IMAGINÉ QUE EL PRECIO POR DENUNCIAR LA GÜRTEL IBA A SER TAN ALTO”

Ana es una de esas pequeñas heroínas de barrio que uno se imagina encontrar por la calle cuando va a hacer la compra o espera en la parada del autobús. Aunque su mirada cansada y su gesto serio no lo permita intuir. Porque, a veces, cumplir con las obligaciones éticas o ciudadanas tiene un alto coste. Demasiado alto en su caso. Exactamente, cinco años de puro calvario.

Ana Garrido, exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha vivido estos últimos cinco años de sobresalto en sobresalto, echa un mar de lágrimas en unas ocasiones, aislada y marginada en muchas otras hasta el punto de casi enajenarse. Aunque hoy puede exhibir orgullosa su segunda victoria: una sentencia judicial que le da la razón y que avala que fue acosada laboralmente hasta casi hacerla enfermar. La otra victoria, la que se cobró en 2009, sirvió para echar a Arturo González Panero, más conocido como ‘El Albondiguilla’, del consistorio de su pueblo y arrastrar con él, en su caída, a media docena de imputados de los más de cien nombres que engrosan la lista negra de la Gürtel.

“¿Si volvería a hacerlo? Por supuesto que sí. Ahora, también es cierto que no me imaginé que el precio iba a ser tan alto, ni pensé que iba a ser tan largo en el tiempo”, explica, junto al edificio del Ayuntamiento en el que ha trabajado durante los últimos años y en los que ha vivido algunos de los capítulos más negros de su propio relato. “Pero sí, reconozco que lo volvería a hacer. Creo que mi trabajo, o mi sufrimiento -no sé cómo llamarlo- ha servido para cortar una parte de la trama. Por lo menos, una parte de la red creo que sí se ha cortado”.

La heroicidad de Ana consistió en su día en plantar cara frente a la adversidad. En vez de hundirse, sacar fuerzas de flaqueza para demostrar lo que era vox populi entre sus compañeros de trabajo pero que nadie se atrevía a denunciar ni a poner negro sobre blanco. Y fruto de ese arrebato de rebeldía vio la luz un amplio dossier de más de 300 páginas que terminó en manos de la Fiscalía Anticorrupción y que fue uno de los orígenes del caso que más quebraderos de cabeza ha dado al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy.

Garrido relata el origen de su propia pesadilla frente a la sede de la Casa de la Juventud y de la Infancia de Boadilla del Monte, una obra ejecutada en su día por la constructora Ortiz y que se convirtió, de la noche a la mañana, en la piedra en el zapato de esta funcionaria que sólo quería hacer bien las cosas como técnica de juventud que era.

“A mí me en cierta ocasión me dijeron que no podía hacer modificaciones que yo consideraba sustanciales porque se intuía que la comisión que se había llevado Panero en este caso era muy elevada”, comienza a explicar. “Esto me lo comentó un técnico del Ayuntamiento. Y por eso era que se me negaba, sistemáticamente, cualquier tipo de modificación, como el ancho de las puertas para que entraran minusválidos o la altura de las ventanas, etcétera”.

Estamos en el año 2007. Los nombres de Francisco Correa, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ o Luis Bárcenas, todavía permanecen en el ámbito de lo anónimo. Personajes que, a partir de entonces, se cruzarían, aunque fuera de forma tangencial, en la vida de esta funcionaria. “Mi calvario comenzó cuando me veo sometida a presiones para realizar informes favorables que a mí me parecían irregulares, que no cumplían los requisitos. Se me presiona para contratar a empresas concretas y a personas con nombres y apellidos y yo me negaba rotundamente”.

Le degradaron profesionalmente, le quitaron su despacho, le dejaron sin móvil del Ayuntamiento… La presión, con el propio González Panero encima de ella en todo momento, acabó en una baja por depresión de 18 meses de duración. Tiempo en el que nuestra heroína de barrio se reconvirtió en una especie de Erin Brockovich.

'Durante los meses de baja, me dediqué a investigar sus propiedades, a cruzar datos, a cruzar nombres de empresas que estaban vinculadas con él y con otras personas', señala
Cambio de roles

“Los primeros meses yo sólo lloraba y lloraba y no era capaz de encajarlo. Hasta que llegó un momento que pensé: aquí hay que invertir los roles. Tenemos un alcalde que, desde mi punto de vista, es presuntamente corrupto y yo he sido fiel a mis principios y tengo que hacer algo para que se invierta esta situación”, recuerda. “Pensé: yo no puedo demostrar que este alcalde cobra comisiones aunque lo sé -porque era conocido por todos los compañeros-. Y se me ocurrió que la única manera era intentar demostrar que su patrimonio era superior, bastante superior -a día de hoy, yo creo que este hombre es multimillonario- a los ingresos que él percibía”.

“Durante esos meses de baja, fue cuando me dediqué a investigar sus propiedades, a cruzar datos, a cruzar nombres de empresas que estaban vinculadas con él y con otras personas. Recuerdo que, al principio, yo no era consciente de que esto formaba parte de una trama de corrupción. Yo pensaba que esto era un asunto que implicaba solamente al alcalde de Boadilla. Pero a medida que fui investigando saltaban nombres como Bárcenas, ministros, empresas, el vicepresidente de Repsol… Personas que, para mí, que siempre he estado con los jóvenes y los niños, eran desconocidas. La cuestión es que yo me asusté y pensé: ¿De qué manera puedo hacer llegar esto a la Fiscalía Anticorrupción preservando mi anonimato?”.

Así, poco a poco, descubrió que ‘El Albondiguilla’ tenía varias propiedades, coches de alta gama, viajes a destinos exóticos y otros caprichos difícilmente soportables con los emolumentos municipales. Tirar del hilo no fue muy difícil. El carácter ostentoso del propio alcalde y la ayuda de muchos de sus compañeros le fue guiando tras la pista del dinero.

“A Arturo le pierde la boca. Y él mismo es el que iba contando 'pues he estado en Miami', hacía comentarios del tipo: 'me voy a Cádiz en un helicóptero a un campeonato de Golf'. O 'tengo un apartamento en Torrepacheco, en Murcia'”, explica. “Descubrí que hacía regalos bastante caros, en este caso a una persona que, a día de hoy, trabaja en el Ayuntamiento y que es su actual pareja. Tenía varias propiedades inmobiliarias, fondos de inversión a través de un amigo suyo que también está imputado. Coches, viajes… Era una forma de vida que, aparentemente, no era muy vistosa pero que no tenía nada que ver con el sueldo de un alcalde”.

El fruto de su trabajó terminó encima de la mesa del sindicato Manos Limpias, al que recurrió en un primer momento para no ser ella en persona la que presentase la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Después, su dossier se unió a otra denuncia de un exconcejal de Majadahonda (José Luis Peñas) que, en manos de Baltasar Garzón, se convirtieron en principio de todos los males del PP.

Y de ella. Que aunque puso tierra de por medio -se fue a Costa Rica a rehacer su vida- apenas podía imaginar que la pesadilla y su calvario todavía no habían terminado. Vino para declarar ante el juez Pedreira como testigo y, después de las elecciones municipales, solicitó su reingreso en el Ayuntamiento al creerse las promesas de regeneración y transparencia del nuevo alcalde del PP, Antonio González Terol. “Me alentaba mucho el ver que llevaba como consigna limpiar todo lo que tuviera que ver con Gürtel. El equipo de gobierno era completamente nuevo y yo me reincorporé con mucha ilusión y con muchas ganas”.

Pero pronto las cosas se volvieron a torcer, como la justicia acaba de reconocer ahora en su favor como víctima de mobbing. ¿Y las promesas del nuevo regidor?

Garrido sabe que su guerra todavía no ha terminado. Que vendrán recursos y otras pequeñas batallas. Reconoce que 'la honestidad tenía un precio'. Quizá muy alto

“Yo no tengo pruebas para decir que González Terol esté vinculado a la trama Gürtel. Ahora bien, cuando él dice que viene a limpiar Gürtel, yo -y es mi opinión, y soy libre de opinar lo que quiera-, no me lo creo. Y no me lo creo por razones que, para mí, son de peso. En primer lugar, él fue director general de Juventud en la época de Alberto López Viejo y firmaba las facturas de empresas de la trama Gürtel. Es un tema que está todavía sin esclarecer y por eso digo que yo no tengo pruebas ni lo puedo demostrar”, razona.

“Por otro lado, aquí en Boadilla, en esta legislatura se están adjudicando contratos importantes a empresas vinculadas a la trama. El carril bici ha sido adjudicado a Sacyr y lo mismo ocurre con el contrato de mantenimiento de la ciudad -que es el mayor contrato y dura para esta legislatura y la siguiente-, que se ha adjudicado a otra empresa de la trama. Si este señor viene con la consigna de desligarse de Gurtel, ¿qué hace el ayuntamiento contratando a empresas vinculadas a Gürtel?

Garrido sabe que su guerra todavía no ha terminado. Que vendrán recursos y otras pequeñas batallas hasta que quede libre por completo de estos últimos cinco años. Como explica en su blog, en el que narra sus peripecias, “la honestidad tenía un precio”. Quizá muy alto. Pero lo volvería a hacer.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-22/ana-garrido-nunca-imagine-que-el-precio-por-denunciar-la-gurtel-iba-a-ser-tan-alto_91627/

LA COMUNIDAD DE MADRID ESCONDE EN LA OPACIDAD LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN ESTRELLA DE AGUIRRE

La ley obliga a la Comunidad a publicar las cuentas de las fundaciones en el registro, donde sólo figuran tres de los seis ejercicios. La Cámara de Cuentas sólo ha auditado los balances del año 2008

Caja Madrid dotó con 10 millones de euros la fundación que Esperanza Aguirre creó para patrocinar el liberalismo y Rafael Spottorno se quejó del "derroche" del ente público

La consejería de Presidencia ha ignorado durante dos meses las peticiones de información de eldiario.es sobre las cuentas de la Fundación Dos de Mayo

La Comunidad de Madrid esconde en la opacidad las cuentas de la fundación pública que Esperanza Aguirre creó en 2007 para celebrar el bicentenario del levantamiento madrileño contra los franceses. La Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad depende de la consejería de Presidencia, un departamento que durante dos meses ha ignorado las peticiones de información de eldiario.es sobre los presupuestos de la entidad, que Caja Madrid dotó con diez millones de euros a repartir en cinco años de actividad antes de ser rescatada con dinero público.

La ley obliga a la Comunidad de Madrid a hacer públicas las cuentas de las fundaciones. "Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la fundación y se presentarán al Protectorado dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación", dice la regulación relativa a estos entes. "En su caso, se acompañarán del informe de auditoría. El Protectorado, una vez examinadas y comprobada su adecuación a la normativa vigente, procederá a depositarlas en el Registro de Fundaciones", reza la ley que las regula.

"Cualquier persona podrá obtener información de los documentos depositados", termina el articulado relativo a la publicidad de las cuentas.

eldiario.es ha remitido una solicitud al Registro de Fundaciones para acceder a los balances contables desde 2008 hasta la actualidad. No obstante, el organismo –que dice que tardará cuatro o cinco días en proporcionar una copia de los documentos– sólo tiene las cuentas correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. Es decir, faltan los de los últimos tres años.

Además, la Fundación Dos de Mayo sólo se sometió a la auditoría externa e independiente de la Cámara de Cuentas en el primer año de su actividad. En los informes anuales de fiscalización del sector público, las cuentas de la fundación 'estrella' de Esperanza Aguirre figuran como "no rendidas" en los demás ejercicios hasta 2012.

Esperanza Aguirre vendió que el objetivo de la fundación era "reforzar el sentimiento de que España es una gran nación" y defendió que naciera con "vocación de continuidad" para "impulsar y difundir los valores de Nación y Libertad" que simbolizaron los actos de 1808 y la Constitución de Cádiz, en la celebración de su bicentenario. Mientras tanto, la oposición denunció la fórmula jurídica elegida por la presidenta regional para conmemorar los fastos: "Una fundación es mucho más difícil de fiscalizar que una comisión política –expresó el diputado del PSOE José Antonio Díaz– porque permite aportaciones privadas y una gestión sin ningún tipo de control político".

Esta redacción se puso en contacto con la Fundación Dos de Mayo a mediados de diciembre para solicitar las cuentas de entidad pública desde que comenzó su actividad en 2008. La respuesta de la fundación fue que no disponía de esos documentos y remitió a la consejería de Presidencia, de la que depende directamente.

El actual gerente de la fundación sólo lleva en el cargo desde 2012 y se ha ofrecido a facilitar a eldiario.es los documentos relativos a 2013, pese a que todavía no están auditados. Un portavoz de su antecesor –el consejero de Economía y Hacienda regional, Enrique Ossorio– se niega a responder sobre la Fundación Dos de Mayo al ser competencia de Presidencia y porque Ossorio "ya no tiene ninguna responsabilidad". Por otro lado, la propia fundación sigue insistiendo en desconocer dónde están esos documentos y remite al Secretario General del Consejo de Gobierno, que tampoco ha respondido a la llamada de esta redacción.

Las importancia de las cuentas anuales de la Fundación Dos de Mayo quedó puesta en evidencia tras conocerse las quejas del exdirector de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, que envió un correo electrónico a Miguel Blesa en el que denunciaba la "desvergüenza y el despilfarro" que suponían los proyectos que adjudicaba a medios de comunicación, especialmente a Unidad Editorial (empresa editoria de El Mundo).

"Hasta ahora llevábamos 575.790 euros de un proyecto denominado Historia completa de la Guerra de la Independencia (que al parecer no era tan completa, porque, según se ve, sigue) de la revista La Aventura de la Historia y otros 750.000 del encarte de los Episodios Nacionales en El Mundo. Total 1.325.000 euros", espetaba Spottorno en un mail remitido a Ossorio del que hacía partícipe a Blesa, en el que recriminaba, además, que la nueva petición pretendía dejar sin guía didáctica a 11.600 profesores y acabar con la "mejor actividad" de la entidad para "dejar sitio a otra subvención a Unidad Editorial... y a las que puedan venir detrás".

Spottorno también le recordaba las "críticas" que recibió desde el patronato de la Fundación Caja Madrid al presentar la memoria de actividades de la Fundación Dos de Mayo, que "consumían casi 1,9 millones de euros en un momento de crisis galopante y de recorte de gastos por todas partes". Entre esas actividades patrocinadas por la Fundación Caja Madrid, el ahora jefe de Zarzuela destacaba el "bonito mural de Vocento", en cuya inauguración la crónica de ABC ni siquiera mencionó la participación de la fundación.

http://www.eldiario.es/politica/Comunidad-Madrid-Aguirre-patrocinaba-liberalismo_0_230627542.html

"ESPERANZA AGUIRRE ESTUVO EN FIESTAS PARTICULARES CON FRANCISCO CORREA"

La presidenta del PP de Madrid y el cabecilla de la trama Gürtel coincidieron en varias bodas y en fiestas particulares, "y se recogen en el sumario", asegura Guillermo Ortega. Aguirre afirmó no conocer a Correa en su declaración ante el juez

En varias bodas "y no me refiero la famosa de El Escorial", Esperanza Aguirre y Francisco Correa "compartieron mesa y mantel", y también estuvieron en las mismas "fiestas particulares", asegura Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda e imputado en el trama Gürtel, en una entrevista concedida en exclusiva a ESTRELLA DIGITAL. "Si ella dice que no lo conoce, nadie mejor que ella para saberlo". Aguirre aseguró en su declaración por escrito ante el juez Ruz que no conocía a Francisco Correa, cabecilla de la trama. Esos encuentros, asegura, se recogen en los cientos de miles de folios de a instrucción de este caso.

Del mismo modo explica que su dimisión pagó "políticamente el 'tamayazo'". "Yo molestaba en Majadahonda y se me quitó de enmedio", sigue diciendo. En ese sentido relata que Ricardo Romero de Tejada disponía de mando en el Partido Popular, a pesar de haber tenido que dimitir de sus cargos a consecuencia del "tamayazo", la desaparición de dos diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid, que obligó a repetir las elecciones autonómicas y permitió a Aguirre conseguir mayoria absoluta para gobernar. "¿Cuántas veces se ha conseguido una segunda vueta en la elecciones?", pregunta para explicar el agradecimiento que la presidente madrileña supuestamente mantiene con Romero de Tejada.

Ortega ha querido aclarar también las circunstancias de su dimisión, relacionada con la venta de unas parcelas municipales. "Esperanza me llamó pidiendo que dimitiese. Si me considerara corrupto, ¿usted cree que me hubera dado la presidencia de una empresa pública, como el Mercado Puerta de Toledo?", asegura en la entrevista.

Sobre Gürtel dice que "no son todos los que están ni están todos los que son".

http://www.estrelladigital.es/articulo/exclusivas/esperanza-aguirre-estuvo-fiestas-privadas-francisco-correa/20140219221726012349.html

EL INFORME DEL PELOTAZO DE MAJADAHONDA QUE NO QUISO VER ESPERANZA AGUIRRE

Una parcela puede valer 7 millones, 48 o 150, en función de lo que ponga en un papel. En los albores de Gürtel y las postrimerías del "tamayazo", en Majadahonda, hubo uno de estos casos, del que fue informada la presidenta de Madrid

“Mi dimisión pagó el tamayazo”, ha asegurado Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda en la entrevista en exclusiva concedida a ESTRELLA DIGITAL. "Romero de Tejada manejaba en la sombra todas las operaciones urbanñisticas de Majadahonda", explica Ortega. Su dimisión como alcalde estuvo aderezada con la venta de una interesante parcela en esta localidad residencial madrileña. Ortega perdió el apoyo de sus concejales cuando intentó vender una parcela llamada RN 1, también conocida como “el Valle de los olivos”. Para defenderse, Ortega y dos concejales fieles quisieron entregar un informe a la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, en el que detallaban una presunta operación especulativa con estos terrenos capitaneada por Narciso de Foxá, el actual alcalde y entonces al frente de la Empresa Municipal. En el mismo también se denunciaba la gestión que hizo de la empresa municipal Ricardo Romero de Tejada en sus operaciones de compra venta de parcelas.

“Esperanza abrió el dossier, miró la primera hoja y lo cerró. Dijo que no quería saber nada”, explica una de las personas del PP presentes en la entrega de esta información, en el despacho de Aguirre en la calle Génova.

Las operaciones urbanísticas son extremadamente complejas y muchas veces un detalle supone muchos millones de euros, lo que distingue una operación normal de un “pelotazo”. Mientras Ortega era alcalde de Majadahonda, Foxá era presidente de Patrimonio Municipal de Majadahonda SA (PAMMASA), la sociedad municipal de vivienda y suelo. PAMMASA era la encargada de hacer vivienda social y obras al Ayuntamiento. La forma de pago era por medio de parcelas, de propiedad municipal fruto de las cesiones, algunas veces eran libres y otras tenían algún tipo de protección.

Así es como apareció en el tapete la célebre RN1, un jugoso bocado junto a los terrenos de uno de los principales constructores de la localidad, propietario de Afar 4. La valoración de esta parcela era de algo más de 7 millones de euros, según consta en el expediente de cesión a PAMMASA, del año 2003, un precio claramente desactualizado en el 2004 de la burbuja inmobiliaria, ya que era de vivienda libre.

Ortega decidió que no iba a ser PAMMASA quien vendiera la parcela, sino el propio Ayuntamiento, por otro procedimiento, el precio tasado. Era el mismo sistema de la polémica operación de Arganda y de todas las que se hacían entonces en Madrid. Pero el precio debía ser más alto.

El arquitecto municipal, Pedro Sánchez, marcó el precio de una manera poco convencional, a mano, pero en papel timbrado y con su firma, que hoy aporta ESTRELLA DIGITAL: “48 millones de euros”, escribe de su puño y letra en un tarjetón oficial. Y ese fue el precio al que se sacó a subasta la parcela, en un concurso en el que se presentaron 12 constructoras.

La ganadora tras la evaluación por parte del ingeniero y el arquitecto municipales fue Proinsa, implicada en la trama Gürtel. Sin embargo, una semana después el arquitecto, Pedro Sánchez, cercano a Narciso de Foxá, cambió extemporáneamente su valoración y decidió dar cero puntos a todas las propuestas menos a la de Afar 4. Así las cosas, evidentemente iba a ganar Afar 4.

Y es ahí donde nació el embrión del caso Gürtel. La mesa de contratación, desconcertada pidió auxilio legal para saber a qué atenerse y anuló la segunda valoración del arquitecto municipal. Pero el PP de Majadahonda ya estaba descompuesto. Foxá con 10 concejales y Ortega con dos.

A pesar del informe que hoy aporta ESTRELLA DIGITAL, Esperanza Aguirre tomó partido por Foxá y pidió la dimisión a Ortega, que alegó motivos de salud para presentarla y se fue a presidir el Mercado Puerta de Toledo. Sus concejales afines, Peñas y Moreno quedaron a la intemperie y fuera del partido, y Foxá fue el nuevo alcalde. Los dos concejales cayeron bajo la órbita de Francisco Correa, amistad que acabó mal y llevo a uno de ellos a denunciar al cabeza de la organización.

A todo esto, el concurso, que incluía dos parcelas muncipales, con este trajín, quedó desierto. Un año y medio después salía el definitivo con un ganador: Vallehermoso, que pagaría 60 millones más de lo previsto. Pero aún así 101 millones más de lo que preveía PAMMASA. Cifras de mareo. El presidente de Vallehermoso era Luis Eduardo Cortés, ex presidente del PP de Madrid, y también ex vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad de Madrid, con los gobiernos de Alberto Ruíz-Gallardón.

http://www.estrelladigital.es/articulo/exclusivas/informe-pelotazo-majadahonda-no-quiso-ver-esperanza-aguirre/20140219210055012333.html

EL FACTOR ARGANDA

Esperanza Aguirre no solo fue avisada de un "pelotazo" urbanístico a costa de esta ciudad por Álvaro Lapuerta. La empresa del hermano y el hijo de la ex presidenta fueron claves en la operación

Arganda y la venta de la controvertida parcela UE-124 fue, según la investigación, el primero de una serie de "pelotazos" urbanísticos de la trama Gürtel. La Policía cree que los 160.000 metros cuadrados de esta Unidad de Ejecución se vendieron al menos 20 millones de euros por debajo de su valor y generaron una comisión a Correa de 12,8 millones, que presuntamente cobró en Suiza. Aguirre ha declarado ante el juez que se enteró de esta operación tras una reunión, a finales de 2004, con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, en el despacho de Mariano Rajoy. Sin embargo, una empresa de su familia tuvo un papel crucial en la operación. La consultora Aguirre Newman, propiedad de su hermano Santiago y en la que trabaja el hijo de la ex presidenta madrileña, Fernando Ramírez de Haro Aguirre. Difícilmente Aguirre podía estar desinformada sobre lo que se cocía en Arganda.

De hecho, esta operación estuvo bajo la lupa de la Justicia, tras los recursos de los rivales de Martinsa en la puja por los terrenos, así como por la oposición socialista, que recurrieron la adjudicación de esta parcela por 66 millones de euros más otros 11 en obras. Las sucesivas sentencias se apoyan en la valoración de los terrenos y de las ofertas que hizo la empresa Aguirre Newman para dar validez a la tasación de los terrenos que hizo el Ayuntamiento y la empresa municipal del suelo, que entonces dirigían los hoy imputados Ginés López y Benjamín Martín Vasco.

Aguirre Newman fue la empresa, apoyada por la consultora Plarquin, que hizo la valoración de los terrenos y las ofertas que se presentaron al Ayuntamiento por esta jugosa parcela. En Plarquin estaba otro conocido de Esperanza Aguirre, ya que se trataba de la empresa de Enrique Porto, al que su Gobierno nombró director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 -que fue el que vio el recurso de las empresas competidoras de Martinsa- recoge textualmente: "El órgano de contratación -el Ayuntamiento de Arganda- decidió encomendar a la consultora Aguirre Newman Madrid SA un informe de valoración de las tres ofertas presentadas". La empresa de Santiago Aguirre Gil de Biedma analizó dos de los puntos de las ofertas, mientras que Plarquin se ocupó de otro más. Las empresas que quedaron fuera del negocio acusaron ante la Justicia al "asesor y consultora exterma" (Plarquin y Aguirre Newman) de "defectos, errores e incongruencias en sus valoraciones".

Aguirre Newman es una importante consultora inmobiliaria en España y fuera de España, aunque ha basado buena parte de su negocio en Madrid. Su presidente es Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre. Fernando Ramírez de Haro Aguirre, marqués de Villanueva de Duero, es un alto directivo de la consultora. Por su parte, Enrique Porto fue nombrado por Aguirre director general de Urbanismo -nombramiento del que ahora ella se desentiende-, hasta que se vio obligado a dimitir en 2006 por un escándalo relacionado con su asesoría, Plarquin.

Esperanza Aguirre, sin embargo, en su declaración escrita ante el juez Ruz asegura sobre estos hechos que fue convocada por Lapuerta a la sede del PP y que, en el despacho de Mariano Rajoy, a finales de 2004 -ya como presidenta de Madrid- fue informada de la operación de Arganda y otra en Majadahonda de venta de terrenos a precio tasado, con valor muy inferior al real en mercado. Asegura que "llamó" a Ginés López, alcalde, y Benjamín Martín Vasco, presidente de la empresa del suelo de Arganda, y que ambos le dijeron que ya estaba adjudicado y que la operación era legal.

Sin embargo, a pesar de la denuncia y presunción de irregularidades, el Gobierno de Aguirre aprobó un aumento jugoso de edificabilidad en 2006 de las mismas parcelas que había evaluado la empresa de su familia y su director de Urbanismo, Enrique Porto. Aguirre asegura en su declaración que "cuando en Consejo de Gobierno nombra a Enrique Porto, a propuesta del consejero correspondiente, yo no conocía a ese señor". Aguirre era, por supuesto, presidenta del Consejo de Gobierno.

Justo tras la aprobación del incremento de edificabilidad (de 1.600 a 2.400 viviendas) Martinsa vendió un tercio de la parcela por el triple de lo que le había costado. Lo que se conoce como un "pelotazo", propinado en los últimos años de la burbuja urbanística.

A pesar de los avisos de Lapuerta -según algunas fuentes también estaba presente, junto a Rajoy, Luis Bárcenas, aunque Aguirre dice que "es posible" pero no lo recuerda- y de que su propia familia había intervenido en el proceso, Martín Vasco y Lóprez siguieron en sus funciones. Del mismo modo que el exalcalde del otro "pelotazo" denunciado, Guillermo Ortega, de Majadahonda, fue nombrado por Aguirre presidente del Mercado Puerta de Toledo cuando dejó el ayuntamiento de este municipio residencial del noroeste de Madrid.

http://www.estrelladigital.es/articulo/exclusivas/factor-arganda/20140218091107012011.html

LA RED GÜRTEL PAGABA CON BILLETES DE 500

Un informe de la Policía destapa que la trama corrupta abonaba en efectivo para evitar vigilancia

Viajes de bodas, estancias en hoteles, billetes de avión o tren... pagados en efectivo, para despistar. La organización de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, pagó 30.000 euros en billetes de 500 y 100 euros, por los servicios turísticos prestados a Ginés López Rodríguez (exalcalde de Arganda del Rey) y a Benjamín Martín Vasco (exconcejal de la misma localidad, exdiputado autonómico y exconsejero de la empresa de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda). Ambos ex altos cargos de Arganda están imputados en el caso Gürtel y presentaron su dimisión en 2009.

Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional firmado el pasado 31 de enero sostiene que la organización de Francisco Correa realizó tres ingresos el 6 de septiembre de 2004, en efectivo y en menos de cinco minutos, en la cuenta bancaria de Pasadena Viajes (una de las empresas de la trama) para abonar los viajes de placer o de boda que realizaron López Rodríguez y Martín Vasco. “Para ello utilizaron billetes de alto valor facial (58 de 500 euros y 8 de 100…)”, especifican los agentes en su investigación.

Esta forma de pago —tres ingresos consecutivos, a la misma hora y por importes de cantidades no enteras— pretende, explica la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, “dificultar el rastro y las labores de inspección y/o investigación judicial/policial a que pudieran verse sometidas en un futuro las distintas empresas del Grupo Correa, en el caso de que las hubiera”.

Las investigaciones policiales se derivan del estudio de la documentación intervenida en una nave de Easy Concept, otra de las empresas de la trama. En uno de los archivos informáticos aparecen diferentes anotaciones relacionadas con viajes a nombre de Martín Vasco realizadas entre el 26 de agosto de 2003 y el 17 de octubre de 2008.

Viajar gratis por España

Ginés López viajó a La Toja, Estepona, Ibiza, Bayona, Sevilla y Vigo entre enero y agosto de 2004.

Benjamín Martín se desplazó a Huelva, Bayona, Vigo, Estepona, Lanzarote y Málaga en un año, entre agosto de 2003 y el mismo mes de 2004.

Los agentes también han localizado la entrega de distintas cantidades en efectivo. El importe total de las prestaciones detectadas a su nombre asciende a 345.166,63 euros, dice el informe policial.

En cuanto a López Rodríguez, los investigadores se toparon con apuntes de servicios turísticos a su nombre, llevados a cabo entre el 23 de enero de 2004 y el 27 de marzo de 2008. También en este caso existen entregas de dinero en efectivo. El total asciende a 523.427 euros.

En uno de los registros, los agentes hallaron un expediente en el que se detallan los viajes efectuados por Martín Vasco y otras personas vinculadas al mismo. La policía hace mención, en primer lugar, a una anotación de entrega a cuenta de 30.000 euros. Se realizó el 6 de septiembre de 2004. Esa cantidad que se corresponde con una serie de ingresos en una cuenta del BBVA por tres importes diferentes.

Los agentes han encontrado un documento impreso, con el nombre “Extracto de Servicios Benjamín Martín”. Según los datos que figuran en él, en un año (del 26 de agosto de 2003 al 12 de agosto de 2004) Martín Castro realizó viajes por valor de 10.282 euros. Entre ellos, una estancia en el hotel Baglioni por 3.774 euros, que incluyó avión y coche; otra en el parador de Bayona con vuelo por 1.659 euros; y otra en el hotel Islantilla que importó 1.058 euros.

La cantidad todal se ingresó en efectivo en una cuenta de Pasadena Viajes. Junto a dicha cuantía, aparecen otros dos ingresos por 19.656 euros, con los que se cancelaría la deuda generada por varios viajes del exalcalde de Arganda, Ginés López Rodríguez, explica el informe. También estos dos se llevaron a cabo de forma consecutiva, a la misma hora y por cantidades no enteras.

En la carpeta que se localizó a nombre de Ginés López aparecieron facturas originales de “servicios turísticos prestados a lo largo de 2004 y 2005”. El informe judicial señala, “a modo de ejemplo”, que en los siete primeros meses de 2004, el importe en viajes a su nombre asciende a 23.859 euros.

Entre los periplos de López Rodríguez aparece una estancia en el hotel Senator Playabella la primera quincena de agosto de 2004, que costó 17.479 euros. También hay otro viaje al Gran Hotel La Toja de una semana. El importe fue de 2.335 euros.

Por el momento, todos los acusados en la trama Gürtel han declinado hacer declaraciones al respecto. Mantienen que sus abogados les recomiendan guardar silencio.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/15/madrid/1392472873_019645.html

LAS PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL IMPLICAN AL GERENTE DEL PP DE MADRID

La policía acredita el endoso a Fundescam de parte del coste del congreso regional de 2002

Las facturas son evidentes. Acreditan el fraccionamiento del coste de un acto del PP y el pago endosado, en parte, a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), es decir, una financiación irregular. Todo ello con la aprobación del que aún es gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. La Ley prohíbe que entes como Fundescam, que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados, financiaran actos de partido ya que sus fondos debían destinarse, exclusivamente a seminarios o cursos de formación. El PP lo hizo, pero el delito está prescrito.

El registro en la nave en la que la trama corrupta Gürtel guardaba buena parte de su documentación, y con la que ya cuentan las partes, desvela uno más de estos desvíos e irregularidades en la financiación del PP.

El congreso regional celebrado en septiembre de 2002 eligió a los candidatos del PP a la Alcaldía de la capital y a la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, respectivamente. Su organización, en el Palacio Municipal de Congresos, fue encargada a Special Events, una de las empresas de la trama que lideraba Francisco Correa. Su coste alcanzó los 39.666,79 euros. Dos días después del congreso, la misma empresa remitió un fax al gerente del PP en el que le explicaba “después de la conversación telefónica mantenida en la mañana de hoy” el desglose que iban a hacer del coste: “Facturado a Fundescam, 18.112 euros. Pendiente de facturar, resto, 21.554,79”, detalla.

En el mismo documento existe una anotación realizada ese mismo día y con indicación de la hora a la que se efectuó: “Beltrán me pide esperar para el pendiente de facturar”, dice.

Como acreditación final del endoso, el registro efectuado por la policía aportó otra factura dirigida a Fundescam por un montante de 18.112 euros, exactamente la misma cantidad anunciada en el fax. Y, aunque en el concepto señala que corresponde a “trabajos realizados en cursos, seminarios y jornadas del ejercicio 2002”, en una indicación inferior señala: “esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre 2002 y ha sido extendido con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificado en su momento”.

Esta no es la única prueba de la financiación ilegal del PP madrileño. La Agencia Tributaria ya certificó, con otros documentos incautados, que, al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam era falsa ya que el cliente real era el Partido Popular. Hacienda llegó a esta conclusión en 2010, al principio de la investigación del caso Gürtel y en 2012 cuando, ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, los inspectores hicieron llegar al juez instructor, Pablo Ruz, un informe en el que denunciaban la existencia de documentos que acreditaban que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por Fundescam.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/14/actualidad/1392399720_926815.html

EL GOBIERNO MADRILEÑO CULPA A LA POLICÍA DE NO REMITIR AL JUZGADO LA DOCUMENTACIÓN

Salvador Victoria ha negado de forma tajante que haya ocultado nada y ha señalado a la Policía como responsable de no remitir la información al juez

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha explicado en 'Hoy por Hoy' que el ejecutivo madrileño entregó a la Policía toda la documentación requerida por el juez sobre los contratos con las empresas de la trama Gurtel.

El portavoz de la Comunidad de Madrid defiende que su Gobierno remitió la información a la Policía y que fueron éstos los que no pasaron la información a la Audiencia Nacional. Victoria ha defendido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha cumplido con todos los requerimientos de la Justicia. "Ahora resulta que esa información que se remitió a la Policía no se remitió a la Audiencia Nacional", ha explicado el popular.

El portavoz de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la Comunidad de Madrid contestó a los requerimientos de la Justicia mandando la información a la Policía y que fueron estos los que se quedaron con la información que no llegó al juez Ruz. Victoria ha criticado que esa información se llegase a publicar en los medios y que no llegara a la Audiencia Nacional.

Victoria, que ha calificado los hechos de "gravísimos", ha señalado que lo comunicarán al juez Ruz para que investigue los motivos por los que esa información que él solicitó llegaron a los medios pero no al juez. "Lo vamos a comunicar al juez para que con la máxima diligencia investigue lo sucedido", ha señalado Victoria, que ha defendido que la Comunidad de Madrid lleva cinco años colaborando con la Justicia. "Esperamos que esto acabe y los responsables paguen", ha explicado el portavoz madrileño.

Victoria ha señalado que la Intervención General del Estado está al margen porque fue la Audiencia quien tenía que dársela. El portavoz de la Comunidad de Madrid ha explicado que ellos remitieron la información de 4 de las 7 consejerías a la UDEF y que no entiende por qué no llegaron a la Audiencia. "Desconozco los motivos, hay más prisas en dárselo a los medios que a la Audiencia Nacional".

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gobierno-madrileno-culpa-policia-remitir-juzgado-documentacion/csrcsrpor/20140214csrcsrnac_12/Tes

LA IGAE AFIRMA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID OCULTÓ AL JUEZ LOS CONTRATOS CON LA TRAMA GÜRTEL

La IGAE denuncia en un informe que los departamentos que más contrataron con las empresas de Francisco Correa no han remitido la información reclamada por Pablo Ruz

El Gobierno de Ignacio González no ha remitido a la Audiencia Nacional la información que reclamó sobre 71 de los cientos de actos que las empresas de la trama Gürtel organizaron para la Comunidad de Madrid. Sólo tres de las siete conserjerías requeridas han aportado documentación. Otras cuatro no lo han hecho, entre ellas, las que más contrataron a las empresas investigadas. Los departamentos de Presidencia y Educación que pagaron a la trama Gürtel más de cuatro millones de euros. Así consta en el último informe de la Intervención General del Estado que ya maneja el juez Pablo Ruz.

La Intervención General de la Administración del Estado ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que pone por escrito la nula colaboración del Gobierno de Ignacio González con la investigación de la trama Gürtel. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, subraya que sólo tres de las siete consejerías de la Comunidad de Madrid a las que reclamaron documentación sobre 71 de los cientos de actos adjudicados a las empresas investigadas han facilitado información. Curiosamente, dicen los peritos, entre las cuatro que no han remitido información están las que más actos contrataron y las que más dinero pagaron a las empresas vinculadas a Francisco Correa. Las consejerías de presidencia y educación desembolsaron más de cuatro millones de euros.

A pesar de esta falta de colaboración, los funcionarios han cumplimentado el informe "con la documentación intervenida en los registros" y concluyen que las sociedades de la trama "fraccionaron artificialmente el objeto de estos 71 contratos con facturas inferiores a los 12.000 euros" para eludir el concurso público. Añaden que contaban con una red de mercantiles que eran las que realmente prestaban los servicios y con las que establecían "un sistema de compensación cruzada por el cual estas empresas facturaban a la Comunidad de Madrid y posteriormente el grupo de Francisco Correa les emitía facturas por importe inferior siendo la diferencia el beneficio que obtenían por sus servicios como intermediarios".

Los peritos sostienen que el gobierno madrileño contrataba "al margen del procedimiento establecido por la normativa reguladora de la contratación pública o de la normativa presupuestaria alterando el proceso a partir de unas instrucciones verbales". El principal enlace de la trama con la administración era Alberto López Viejo, el que fuera viceconsejero de presidencia y hombre fuerte de Esperanza Aguirre. Según el informe el importe de la mordida que habría obtenido a cambio de la adjudicación de 347 actos a estas empresas fue de casi 290.000 euros.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/igae-afirma-comunidad-madrid-oculto-juez-contratos-trama-gurtel/csrcsrpor/20140213csrcsrnac_46/Tes

EL PP OCULTÓ EL PAGO DE UNA CENA ELECTORAL DE ANA BOTELLA EN ARGANDA

Según la UDEF, el PP hizo que la Gürtel facturara como "asesoramiento y campaña de comunicación" al grupo municipal popular de Arganda un ágape electoral protagonizado por Ana Botella y Esperanza Aguirre. La trama organizó el evento que sirvió de trampolín para el candidato a la alcaldía, Ginés López, imputado por el cobro de comisiones. La Gürtel elaboró las traseras del acto, con el lema "nuestro compromiso con Arganda".

El nuevo informe de la UDEF al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, desvela una práctica sistemática de facturas fraudulentas para ocultar el coste de actos del PP por parte del entramado hasta 2004. Preferentemente, según los agentes, el Partido Popular pedía que un porcentaje de los actos se girara a fundaciones controladas por esta formación política, pero también había otras formas.

El evento en cuestión fue la "cena PP Ana Botella", como la denomina la Gürtel en su hoja de gastos, con un importe de 6.564,33 euros.

A la cena, celebrada en un conocido restaurante de Arganda el 27 de noviembre de 2002, acudieron también Esperanza Aguirre, y el hoy presidente del Senado, Pío García Escudero, además del candidato a la alcaldía y hoy imputado en la Gürtel, Ginés López.

La trama se hizo cargo de todo. Incluido el decorado, el sonido, moquetas o la trasera con el lema "nuestro compromiso con Arganda".

Sin embargo, el coste de la cena no se giró al PP como tal, sino que el concepto fue ocultado. La UDEF aporta documentos y dice que, siguiendo instrucciones de Benjamín Martín Vasco, hombre fuerte del PP en Arganda, la Gürtel facturó la cena al Grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Arganda bajo el concepto "asesoramiento y ejecución de campaña de comunicación durante 2002". El importe es idéntico, un total de 6.564,33 euros; y las fechas similares.

En aquella cena facturada bajo otro concepto, Ana Botella tomó la palabra ante los 300 comensales y no aclaró si meses después formaría parte del equipo de Gallardón a la alcaldía de Madrid. Finalmente, fue en la lista municipal como número 2.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/pp-oculto-pago-cena-electoral-ana-botella-arganda/csrcsrpor/20140205csrcsrnac_5/Tes

BOADILLA, CONDENADA POR ACOSAR A LA TRABAJADORA 'ANTI-GÜRTEL'

El juzgado de lo social número dos de Móstoles ha condenado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, por acoso laboral a la técnico del Consistorio Ana Garrido, cuyo dosier sobre el ex alcalde de la localidad, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, también del PP, fue vital para su imputación como pieza clave en el caso Gürtel.

El juzgado ordena dar por extinguido el contrato, condenando al Consistorio a indemizar a Garrido con 81.473 euros por la liquidación por los años trabajados y 14.977 euros por daño moral, según fuentes jurídicas. «Estoy feliz, todavía no me lo creo, es que ha sido mucho tiempo viviendo esta pesadilla», aseguraba nada más conocer la sentencia Garrido, que ha «tenido la suerte de encontrar con un juez que de verdad ha hecho justicia». «Es que claro que hay jueces justos», subrayó.

«Ha sido una lucha larga, pero ha merecido la pena, tengo ganas ya de recuperar mi vida», señaló la técnico, que durante los últimos meses se ha convertido en las redes sociales en la adalid de la lucha anticorrupción.

Los problemas le surgieron en la era Panero, cuando Garrido, técnico de Juventud, comenzó a sufrir mobbing por parte del alcalde y su entorno después de cuestionar algunas adjudicaciones concedidas a dedo, según denunció la trabajadora en su día. Tras la situación de acoso vivida, que la desestabilizó, se tuvo que coger una baja por depresión y abandonó el país hacía Costa Rica. «Denunciar Gürtel ha supuesto mi muerte en vida», afirmó en una entrevista a este diario.

En junio de 2011, sin embargo, tras la llegada del nuevo alcalde, Antonio González Terol, también del PP, se reincorporó al nuevo equipo, para iniciar una etapa nueva, pero siguieron los problemas.

El juez declara en la sentencia como hechos probados que pese a ejercer funciones propias de técnico de Juventud tras ser nombrada en comisión de servicios, el sueldo asignado a Garrido fue equivalente al de coordinadora de Juventud, «de cuantía anual bruta inferior al que le correspondía», algo por lo que la trabajadora protestó a sus superiores y denunció en los tribunales.

Además, el juez precisa que de septiembre a octubre de 2012, su jefe superior, el concejal de Deportes, Juventud y Empleo, Adolfo Arias, se negó «mediante cancelaciones o circunstancias análogas» a reunirse con la trabajadora con la «frecuencia» que la naturaleza del trabajo que desarrollaba requería. En este caso, Garrido estaba preparando el Plan de Juventud. «Ello implicó la paralización del desarrollo del plan», señala el juez, que da por válidas las grabaciones realizadas por Garrido de sus conversaciones con su jefe directo entre 2011 y 2013.

En una de ellas, Adolfo Arias le aseguraba que el motivo por el que se había parado el Plan de Juventud era porque «quieren que te canses», y en otra, coincidiendo con las fiestas patronales, le advertía que se lo iban «a hacer pasar mal».

El 9 de enero de 2013, el mismo concejal le aseguró en otra conversación que recoge la sentencia que estaba dispuesto a reconocer que estaba parado el plan y que todo lo que le pasaba era por haber puesto una demanda contra el Ayuntamiento. Durante todo ese periodo, Garrido sufrió varios episodios de depresión que le obligaron a cogerse bajas.

Según afirma la sentencia, «las explicaciones dadas por el citado concejal sobre el porqué de las declaraciones» que efectuó ante la demandante «no han sido convincentes». De acuerdo al juez, la decisión de Arias de no reunirse con Garrido «constituye una voluntad consciente e intencionada... de hostigar o menospreciar a la trabajadora».

«Podemos considerar que estamos ante un hecho suficientemente grave y reiterado en el tiempo que habilita a la rescisión del contrato con la obligación empresarial de abonar la indemnización del despido improcedente».

Garrido, en declaraciones a este diario, afirmó ayer que se ha sentido «muy sola a nivel institucional». «El coste ha sido enorme», denunciaba la trabajadora, que pedía ayuda a las instituciones para dar cierta protección a las personas «que denuncian la corrupción porque se encuentran muy solas». En ese sentido, valoró muy positivamente la ayuda recibida por parte de la asociación Pridicam.

Fuentes municipales precisaron ayer que recurrirán la sentencia porque no recoge las pruebas aportadas por el Ayuntamiento, que la relación entre el edil y Garrido era normal «como declaran los testigos», y «porque no estamos de acuerdo» en las razones esgrimidas por el juez. Asimismo, destacaron que esta sentencia no tiene que ver con Gürtel: «la sentencia no lo recoge en absoluto».

http://www.elmundo.es/madrid/2014/02/05/52f2af08ca4741b36f8b4584.html

EL ALCALDE DE ALCORCÓN, SITIADO: SU MUJER COBRÓ SUELDO ILEGAL ASESORANDO A UN IMPUTADO EN ‘GÜRTEL’

Elena Cerezo, esposa de David Pérez (PP), fue jefa de gabinete de González Panero, exregidor de Boadilla, y recibió un aumento ilegal de sueldo del 24%. Tras perder ‘Eurovegas’, Alcorcón se sume en una huelga de limpieza que desborda a Pérez.

Problemas para David Pérez, el alcalde de Alcorcón (PP) de planta juvenil y pelo revuelto que hace un año se excitaba ante la posible llegada de Eurovegas y ahora parece un regidor acabado políticamente. La renuncia del magnate Sheldon Adelson a montar su pantagruélico complejo de casinos en la localidad madrileña, la huelga de basuras recién terminada que ha cubierto Alcorcón de inmundicias 14 días y ahora la sentencia que afecta a su mujer, jefa de gabinete del alcalde de Boadilla desde hace años, han puesto a Pérez contra las cuerdas.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, adelantada por eldiario.es y a la que también ha tenido acceso Vozpópuli, fue promulgada hace ocho meses (mayo de 2013) y obliga a su mujer, Elena Cerezo, a devolver aproximadamente 10.000 euros. Es una cantidad que corresponde con la subida de sueldo ilegal que Cerezo recibió en 2008 de Arturo González Panero, el Albondiguilla, exalcalde de Boadilla y uno de los principales imputados de la trama Gürtel. La mujer de Pérez continúa en su puesto como principal asesora y aún no ha devuelto lo establecido por la Justicia.

El veredicto del TSJM establece que el aumento salarial del 23,9% es ilegal de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que tolera un 3%. El fallo coincide con el inicio de la recogida de basura tras dos semanas de huelga en este municipio. Un conflicto laboral en el que Pérez no ha pasado desapercibido, siendo, como suele ser él por otra parte, extremadamente lenguaraz en su cuenta de Twitter: no se puede decir que no dé la cara; lo malo es que esto suele ocurrir solo en las redes sociales.

Delfín de Esperanza Aguirre, Pérez, que también es diputado en la Asamblea de Madrid, se comprometió con Eurovegas hasta el tuétano; su Consistorio incluso organizó cursos de tarot, magia y crupier. Toda rebaja impositiva era poca para David Pérez, quien a su vez se batió el cobre acusando a la oposición de desleal por rechazar el colosal proyecto de juegos de azar. La renuncia de Las Vegas Sands en diciembre devolvió al alcalde al mundo real, y su declive hasta los próximos comicios de 2015 parece asegurado.

http://vozpopuli.com/actualidad/38352-el-alcalde-de-alcorcon-sitiado-su-mujer-cobro-sueldo-ilegal-asesorando-a-un-imputado-en-gurtel

EL JUEZ DICE QUE LOS DELITOS DE LA GÜRTEL EN POZUELO NO HAN PRESCRITO

El juez Pablo Ruz desestima un recurso presentado por una de las imputadas en la adjudicación de un concurso para organizar un congreso en 2004

El juez Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel, ha desestimado un recurso de reforma interpuesto por María del Mar Rodríguez, contra su auto de imputación debido a su posible intervención en la organización del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines celebrado en Pozuelo de Alarcón en 2004. Presuntamente, los adjudicatarios del concurso conocían, de antemano, los pliegos de condiciones y eran una sociedad pantalla de Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta.

El abogado de Rodríguez recurrió esta decisión judicial por falta de fundamento para dirigir la acción penal contra ella, y en caso de estar fundamentada, por la prescripción de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) considera que el grupo de usó a la empresa M.R. Asociados para conseguir la adjudicación. Los agentes aseguran también que la compañía mantuvo reuniones con el equipo de gobierno para ganar el concurso

La trama, dice el informe, pagó una comisión del 2% a M.R. Asociados. El Ayuntamiento se hizo cargo tanto dicho importe (2.599,69 euros) como otros gastos que tuvo la empresa por presentarse (1.272,41 euros). El monto de la adjudicación ascendió a 150.781 euros y la red de Correa ganó 70.714 euros.

El Ministerio Fiscal se opuso al recurso presentado porque hay indicios que apuntan a que Rodríguez “habría intervenido en la aparentemente irregular adjudicación”. Además, considera que se infiere que la imputada “habría aceptado, a cambio de una comisión, presentarse al referido concurso a sabiendas de que tal actuación únicamente tenía por objeto ocultar al verdadero adjudicatario, el denominado Grupo Correa”.

El fiscal tampoco cree que el delito de prevaricación haya prescrito, porque su comisión lleva aparejada una pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años y, en consecuencia, su plazo de prescripción se extiende a 10 años.

Un periodo de tiempo, explica, que también sería aplicable al delito de malversación, por la vinculación que existe en este caso con el de prevaricación. “No cabe apreciar la prescripción de ninguna de las infracciones enjuiciadas, en tanto no prescriba la más grave de ellas”, concluye. El juez comparte todos los razonamientos esgrimidos por el Ministerio Fiscal.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/14/madrid/1389731062_904239.html

«NO TE QUEREMOS JODER LA VIDA»

La ‘trama Gürtel’ elaboró una ‘hoja de ruta’ para chantajear al alcalde de Boadilla

«No te queremos joder la vida». Así de persuasiva arrancaba la hoja de ruta del chantaje elaborada por la trama Gürtel para exigir al ex alcalde de Boadilla del Monte, el popular Arturo González Panero, El Albondiguilla, que la red de Francisco Correa siguiera haciendo negocios en la localidad madrileña.

Para ello, la trama elaboró una lista manuscrita de 23 puntos (que luego fue pasada a limpio) para dejarle claro al alcalde que tenían muchas armas para usar contra él si no se plegaba a sus condiciones. «Se trata exclusivamente de hacer justicia. De restablecer la situación previa que ya existía», dice uno de los puntos de los documentos, que obran en poder del juzgado que instruye el caso y a las que ha tenido acceso EL MUNDO.

Los integrantes del entramado, según fuentes cercanas al caso, temían que Panero quisiera romper su relación con ellos después de que le hubieran sido adjudicados numerosos contratos del Consistorio. Boadilla era una de las principales fuentes de ingresos de la trama.

Como principal elemento de persuasión, el entramado planeó amenazar a Panero con colgar una grabación suya en internet. «Imagínate tu cinta en internet», afirman en la hoja de ruta. La trama quería asustarle con esta cinta, que los investigadores todavía no han hallado, pero cuya existencia han reconocido varias personas vinculadas a la red.

Isabel Jordán, persona de confianza de Correa en el entramado, declaró ante el juez que éste le había dicho que tenía a Panero «comiendo de la mano». «Me cuenta que en una mesa se sientan y le cogen en vídeo al alcalde contando el dinero...entonces, él dice ‘¿No ves que lo tengo con ese vídeo pillado?’». José Luis Peñas, ex edil de Majadahonda cuyas grabaciones destaparon el mayor caso de corrupción en España, afirmó también ante el juez que en la cinta se podía ver a Panero rodeado de varios fajos de billetes. Panero está acusado por el juez de recibir 637.000 euros en regalos y sobornos de la trama.

El propio Correa admitía en otro corte de audio que consta en el sumario que esa cinta existía, pero afirmó que el instigador de la grabación fue Tomás Martín Morales, que había trabajado en el Ayuntamiento boadillense hasta 2003, año en que rompió su relación con Panero.

En esta hoja de ruta, la trama quería hacer patente a Panero el malestar que había generado en Correa. «Él te ha tratado como a un hermano y tú lo has tratado como un perro. Te ha cambiado la vida. Te ha vestido (calcetines, camisas, trajes, corbetas, etc.), hasta el plasma de tu casa».

Desde el entramado le echan en cara el contrato de mantenimiento otorgado a Sufi, una empresa que no era de su entorno: «Está muy indignado con lo de Sufi. Tu conversación con él en el Fénix. Juraste por tus hijos que esa operación la llevaba él. Tú le dijiste allí que todo lo que había hecho era bien en la vida. Y después ni le saludas en el fútbol. Eso no se hace con nadie. No te quiere ni ver».

«A pesar de lo cual lo único que quiere es la restitución de la situación anterior. No queremos entrar en pequeñas cosas», prosiguen los documentos, que dejan claro quién mandará a partir de entonces en el Ayuntamiento de Boadilla.

«La negociación de los asuntos la llevamos nosotros directamente con los clientes... no queremos intermediarios. Los temas gordos los pasa a gestionar la sociedad, nos tienes que dar los pliegos previamente», dejaban claro en la nota, que acababa con un taxativo: «Todo claro, esto sólo romperá si tú rompes. Nada de engaños».

Poco después, tras las elecciones de 2007, Martín Morales volvió al Ayuntamiento como el enlace de la Gürtel allí, según fuentes cercanas al caso, ocupando el cargo de consejero delegado de la entidad gestora del suelo del municipio y, además, director general del Ayuntamiento, lo que le dio plenos poderes. Martín Morales, apodado Mister rotondas por todas las que hizo en Boadilla, está acusado de blanqueo, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y asociación ilícita.

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=19849127&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=15_12_2013&pla=pla_11014_Madrid

LA POLICÍA CERTIFICA QUE GÜRTEL SUFRAGÓ GASTOS ELECTORALES DEL PP

El juez Ruz pide diez informes para agilizar la investigación sobre la trama corrupta

La unidad antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía ha puesto en un informe, negro sobre blanco, que las empresas de Francisco Correa, el supuesto cerebro del caso Gürtel, financiaron actos electorales del Partido Popular en Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana. En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado 30 de diciembre, y que amplía informes anteriores, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) describen las distintas operaciones de la trama de Correa para sufragar ilegalmente las campañas de la formación conservadora entre los años 2001 y 2004.

El estudio analiza a petición del juez Ruz la documentación incautada en febrero de 2009 en la sede central de la organización de Francisco Correa, ubicada en una oficina de la calle de Serrano de Madrid, una de las más lujosas de la capital. En el caso del PP madrileño, los investigadores concluyen que las facturas por valor de 1,8 millones de euros que la sociedad Special Events giró a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) no correspondían con actos celebrados por esta entidad, sino que bajo esta pantalla se estaban pagando mítines de la campaña para las elecciones autonómicas de 2003 y las europeas de 2004.

Los congresos del PP regional de 2002 y 2004, organizados por Special Events, se facturaron también a través de Fundescam, fundación que recibe fondos de empresas privadas adjudicatarias de obras y servicios públicos.

Por su parte, el PP gallego utilizó “fondos de origen desconocido” para financiar la campaña de las elecciones autonómicas de 2001. En la oficina central de Correa fueron encontrados “recibís y cheques bancarios” que demuestran que las empresas de Gürtel sufragaron los gastos generados por la formación conservadora por actos como la romería del monte do Gozo, en Santiago, y 23 mítines durante la campaña.

La UDEF también reseña en su escrito cómo la organización de Correa corrió con los gastos del PP valenciano con “dinero ajeno al circuito legal”. En concreto, Special Events pagó en negro 81.653 euros a proveedores del XVII Congreso del PP de la Comunidad. Ese dinero se repuso posteriormente a la caja b de la oficina de Correa en la calle Serrano, desde donde se dirigían todas las operaciones de la trama corrupta.

El juez Ruz ordenó a la UDEF el pasado 23 de diciembre que le entregara este informe antes de fin de año. El magistrado pretende agilizar la investigación sobre la trama corrupta y ha reclamado tanto a la policía como a la Agencia Tributaria y a la Intervención General del Estado que le presenten una decena de informes pendientes antes del próximo 15 de febrero. Antes de finales de este mes, la UDEF debe entregar, entre otros, un informe sobre la documentación hallada en una nave del polígono industrial Ventorro del Cano, en Alcorcón (Madrid) y sobre la memoria USB incautada al contable de Correa, José Luis Izquierdo.

Comisión para muebles

El informe de la UDEF desgrana el origen de los fondos que manejaban las empresas de Correa. Este se divide en contratos públicos con administraciones gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o los Ayuntamientos de Majadahonda y Boadilla del Monte (Madrid); comisiones por la mediación en la adjudicación de contratos; organización de actos del PP y compraventa de bienes como el yate Carmen Junior III, propiedad del empresario José Luis Ulibarri.

Con la documentación hallada en la oficina de Serrano 40, los agentes constatan que el constructor Ulibarri pagó una comisión de un millón de euros a Correa por servicios que no se llegaron a prestar. Este dinero se camufló como pago de facturas ficticias a las empresas del entramado de Correa, pero su destino real era el abono de facturas de muebles y enseres de los chalés del cerebro de la trama Gürtel en Ibiza y Sotogrande (Cádiz). Los proveedores de estos elementos de decoración hacían figurar en el concepto de la factura que el material era para “proyectos de interiorismo de la Comunidad de Madrid” o para “decoración de escenarios”. Los agentes señalan que el contable de Correa, José Luis Izquierdo, era el que daba las instrucciones a las distintas empresas mediante fax sobre los conceptos que se debían incluir en las facturas ficticias.

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/01/actualidad/1388605119_997404.html

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