Aguirre dixit : " Yo destapé la trama Gürtel"
( Asamblea de Madrid.08.04.10 )

LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA EN BOADILLA  2013-2009

 

TRES EX CARGOS DEL PP COBRARON 780.000 EUROS DE SOBORNO POR UNA OBRA 

 

CORREA DECIDÍA CÓMO BOADILLA LE ADJUDICABA LOS CONCURSOS 

 

PEDREIRA RASTREA LAS CUENTAS DE 14 EX CARGOS DEL PP 

 

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' RECLAMA A 79 BANCOS INFORMACIÓN DE 12 EX ALTOS CARGOS DEL PP 

 

UN CONSTRUCTOR DE 'GÜRTEL' DEVUELVE 20 MILLONES AL FISCO Y DA UN VUELCO AL CASO

 

LOS JUECES ANULAN LA ADJUDICACIÓN DEL PALACIO DE BOADILLA A LA SGAE 

 

LA FISCALÍA CONSIDERA "EXCESIVO" QUE BOADILLA PAGUE 5,9 MILLONES A CORREA 

 

ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE BOADILLA ASUMA UNA DEUDA DE CORREA 

 

EL FISCAL PIDE EXPULSAR AL PP DE LA 'GÜRTEL' POR "FRAUDE DE LEY"

 

ANTICORRUPCIÓN PIDE EXPULSAR AL PP DEL PROCESO DEL GÜRTEL POR ESTAR IMPLICADO

 

LA POLICÍA PIDE AL JUEZ DETENER A UN ALCALDE Y TRES EX ASESORES DEL EJECUTIVO DE AGUIRRE

 

PEDREIRA IMPUTA A UN FUNCIONARIO Y A DOS EMPRESARIOS MÁS EN GÜRTEL 

 

SIN MATERIAL EN BOADILLA 

 

PANERO POSEE UN GRAN PATRIMONIO EN EL EXTRANJERO 

 

LOS SOCIALISTAS Y ALTERNATIVA PIDEN QUE SE DISUELVA EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 

 

LA POLICÍA IMPLICA A OTRAS 20 PERSONAS EN LA TRAMA GÜRTEL EN MADRID 

 

PANERO ACUSA AL ALCALDE DE BOADILLA DE AMAÑAR CONTRATOS PARA LA RED GÜRTEL 

 

PEDREIRA INVESTIGA EL ÚLTIMO ACUERDO DE BOADILLA CON CORREA 

 

LA INTERVENTORA SE OPONE A QUE BOADILLA PAGUE LAS DEUDAS DE UNA FIRMA DE CORREA

 

UN EDIL ACUSA DE AMENAZAS A UN CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA

 

BOADILLA PACTA EL RESCATE POR 5,9 MILLONES DE UNA ADJUDICACIÓN INMOBILIARIA A CORREA 

 

UNA PROPIEDAD DE IDA Y VUELTA 

 

EL TSJ DE MADRID AVALA LAS ESCUCHAS DE GARZÓN 

 

EL JUEZ PEDREIRA CITARÁ AL EX TESORERO Y A MERINO 

 

LÓPEZ VIEJO PRESENTA COMO AVAL PARA EL PAGO DE SU FIANZA UN CHALET DE SUPER-LUJO EN MADRID

 

LA TAPADERA QUE LA PRESIDENTA NO LEVANTÓ 

 

AGUIRRE: "YO DESTAPÉ EL GÜRTEL" 

 

UN SASTRE CONFECCIONÓ TRAJES PARA PANERO PAGADOS POR CORREA 

 

LOS CARGOS DE CONFIANZA SIGUEN PARTICIPANDO EN LAS ADJUDICACIONES MUNICIPALES EN BOADILLA

EL JUEZ DE LA GÜRTEL EN MADRID DIO UN VOTO PARTICULAR CONTRA EL CARPETAZO A FAVOR DE ULIBARRI Y EL ALBONDIGUILLA 

UNO DE LOS JUECES ENCARGADO DE LAS ESCUCHAS DEL CASO GÜRTEL SE NEGÓ A INVESTIGAR UNA ADJUDICACIÓN A LAS EMPRESAS DE LA TRAMA

EL ALBONDIGUILLA SE JACTABA EN UNA CARTA DE 2008 DE SU RELACIÓN CON AGUIRRE

HACIENDA DESTAPA COMISIONES OPACAS DE NUEVE CARGOS DEL PP POR 3,8 MILLONES 

EL NÚCLEO DE LA TRAMA MADRILEÑA 

EL JUEZ PEDREIRA PIDE A EEUU QUE BLOQUEE EL DINERO DE CORREA 

LOS IMPUTADOS ENTIERRAN EN RECURSOS AL INSTRUCTOR DEL CASO 

PEDREIRA VALIDA EL SECRETO DICTADO POR GARZÓN EN LA 'GÜRTEL' 

EL PP VETA QUE LA CÁMARA DE CUENTAS FISCALICE CONTRATOS DE LA RED GÜRTEL 

LA TRAMA GÜRTEL SUMA CINCO IMPUTADOS MÁS EN EEUU 

NUEVOS DATOS SOBRE MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN DE ALGUNOS POPULARES EN EL EPICENTRO DE LA GÜRTEL 

MEDICINA PREVENTIVA CONTRA EL GÜRTEL 

PEDREIRA AVALA LAS ESCUCHAS DE GARZÓN A ABOGADOS Y PRESOS DEL 'CASO GÜRTEL' 

LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS DE LA GÜRTEL Y LOS CORREA COMPARTEN ESTRATEGIA: ANULAR EL CASO POR LAS ESCUCHAS EN PRISIÓN 

CORRUPCIÓN, PALABRA TABÚ EN EL EPICENTRO DE LA GÜRTEL 

EL PP 'PERDONA' 2,2 MILLONES A UNA EMPRESA DEL 'CASO GÜRTEL'

GONZÁLEZ PANERO FUE IMPUTADO EN 2001 POR PAGAR CON DINERO PÚBLICO A SU ABOGADO

PANERO TIENE EN EL BANCO MÁS DE MEDIO MILLÓN 

AGUIRRE DESPRECIÓ UN INFORME SOBRE CORRUPCIÓN EN EL PP 

FIANZA DE 1,5 MILLONES PARA UN IMPUTADO DEL ‘CASO GÜRTEL’  

FIANZA DE 1’5 MILLONES DE EUROS PARA EL ALCALDE EN LA SOMBRA DE BOADILLA  

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' ORDENA EMBARGAR LOS BIENES DEL 'ALBONDIGUILLA' 

EL JUEZ DEL GÜRTEL EMBARGA LOS BIENES DE CINCO IMPUTADOS 

LOS DOCUMENTOS SECRETOS DEL EX ALCALDE DE BOADILLA 

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' PIDE MÁS CONTRATOS A BOADILLA

FIANZA DE 1,5 MILLONES PARA EL EX ALCALDE DE ARGANDA IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL' 

FIANZA DE 1,8 MILLONES DE EUROS A PANERO Y 1,5 A GINES LÓPEZ 

EL JUEZ IMPONE 750.000 EUROS DE FIANZA POR EL 'CASO GÜRTEL' AL DIPUTADO BOSCH 

GARCÍA ESCUDERO ORDENÓ BENEFICIAR A LAS EMPRESAS QUE FINANCIARON LA CAMPAÑA DEL TAMAYAZO 

EL GRUPO POPULAR DESAUTORIZA A LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

AGUIRRE SE DESLIGA DE LA GÜRTEL CON UNA VERSIÓN INVEROSÍMIL

"ESPERANZA AGUIRRE LLAMABA CASI TODOS LOS DÍAS A UNA EMPLEADA DE CORREA" 

AGUIRRE SUGIERE DETECTAR CORRUPTOS PREGUNTÁNDOLES POR SUS VACACIONES 

LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS DEL CASO GÜRTEL APARECEN POR SORPRESA EN LA ASAMBLEA Y VOTAN A FAVOR DEL PP 

AGUIRRE: "LA HONRADEZ SIGUE SIENDO LA SEÑA DE IDENTIDAD DEL PP" 

BOSCH YA ORDENÓ FRACCIONAR CONTRATOS CUANDO ERA CONCEJAL DE EL ESCORIAL 

AGUIRRE PIDE A LOS TRES DIPUTADOS MADRILEÑOS DEL CASO GÜRTEL QUE ABANDONEN SUS ESCAÑOS 

EL EX ALCALDE DE BOADILLA, EXPULSADO DEL PP MUNICIPAL 

"TENDRÁN QUE EXPLICAR POR QUÉ ME ECHAN" 

SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS

NUEVE MESES DE CONTRADICCIONES PARA ESPERANZA AGUIRRE

ENTREVISTA  ARTURO GONZÁLEZ PANERO EX ALCALDE DE BOADILLA, IMPUTADO 

BOADILLA DEL MONTE, EN EL EPICENTRO DE LA TRAMA

"ESTABA EN EL REPARTO. ORGANIZÓ LA BODA DE ALEJANDRO AGAG" 

"COBRABA UNA COMISIÓN POR LOS ACTOS QUE HACÍAMOS" 

"LE PAGARON MUCHO DINERO. LE DIERON UNA TAJADA GORDA" 

CONVERSACIÓN

AGUIRRE SE LANZA Y DESAIRAR A CAMPS Y RAJOY 

UN IMPUTADO EN EL 'GÜRTEL' ADJUDICÓ UN CONTRATO DE PALABRA Y NO LO PAGÓ 

 

 

 

TRES EX CARGOS DEL PP COBRARON 780.000 EUROS DE SOBORNO POR UNA OBRA 

 

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla (Madrid), y dos de sus más estrechos colaboradores, el todavía diputado Alfonso Bosch y el ex directivo de la empresa local de suelo, Tomás Martín Morales, se repartieron en 2007 un soborno de 780.000 euros que, presuntamente, pagó Constructora Hispánica por una sola obra: el Parque de la Salud y el Deporte, adjudicado en 29,6 millones de euros pese a que la oferta de Hispánica no había sido la mejor valorada por los servicios técnicos municipales. Así consta en un informe policial incorporado al sumario Gürtel y al que ha tenido acceso Público.  

 

El informe desvela cifras exorbitantes. Porque la comisión ilegal pagada por Hispánica, ahora en manos de propietarios ajenos al caso, fue aún mayor: 900.000 euros "como mínimo", dice el informe. Esa cifra equivale al 3,53% de la adjudicación de la obra sin IVA. A Panero y sus correligionarios, los tres imputados, no llegó todo el dinero: Pablo Crespo, considerado el lugarteniente de Correa en la red Gürtel, retuvo 120.000 euros. 

González Panero, El Albondiguilla como lo llamaba la trama, cobró 510.000 euros. Martín Morales, uno de los hombres fuertes de Correa para sus gestiones en ayuntamientos del PP, recibió 150.000. Y Alfonso Bosch, entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla, se hizo con 120.000 euros, según el informe policial.  

 

Los archivos de la contabilidad secreta de la red corrupta han resultado, de nuevo, cruciales para tirar del hilo. El informe policial cita los denominados Caja B Actual.xls y Box V51x.ls, que reflejan la entrada de los 900.000 euros en las arcas de la trama corrupta. La red, continúa la Brigada de Blanqueo, se refería al concurso con la referencia "Neveras -2" al concurso del Parque del Deporte, "que origina el cobro de una cantidad tan elevada en concepto de comisión". El dinero para los tres políticos se entregó en mano a Tomás Martín. El archivo Box 51 lo hace constar, así como los criterios para su reparto con Panero, "Ref. Albondiguilla" y Bosch, a quien la red llamaba "Bujías", relata el informe.  

 

El soborno, argumenta la policía, podía ser aún mayor si se computan otros 150.000 euros anotados en la contabilidad opaca de la trama el 22 de mayo de 2005 con idéntica referencia: "Neveras-2". 

 

Según la policía, que se basa en la contabilidad de la trama, cobraron el 22 de mayo de 2007. Tres semanas antes, el 11 de mayo, el ayuntamiento había adjudicado el Parque del Deporte a Hispánica. Para la adjudicación fue clave un informe de los técnicos de Deportes que contradecía al emitido por los servicios técnicos. Lo firmó un empleado eventual, y fue él quien inclinó la balanza en favor de Hispánica. Un mes después, fue nombrado director técnico de Actividades Físico Deportivas.  

 

(www.publico.es, 27/10/10)

 

CORREA DECIDÍA CÓMO BOADILLA LE ADJUDICABA LOS CONCURSOS 

 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP con mayoría absoluta, era un coto cerrado para los negocios de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, hoy en la cárcel. La red corrupta operaba con total impunidad en este municipio, según demuestra uno de los correos electrónicos interceptados por la policía durante los registros. Dicho mensaje, del 20 de marzo de 2007, se dirigía a Tomás Martín Morales, entonces alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En este correo electrónico, incluido en el informe de la policía al que ha tenido acceso EL PAÍS, aparecían las instrucciones a Martín Morales: "Te mando este email siguiendo las instrucciones de Isabel Jordán [responsable de las empresas de Correa]. Tenemos que facturar una serie de trabajos que ya hemos hecho para el Ayuntamiento de Boadilla en el edificio nuevo y vamos a hacerlo de la siguiente forma: hemos dividido por zonas todo lo que hemos hecho: tres zonas van a ir con concursos de contratos menores (menos de 30.000 euros)". 

Sigue el mensaje con las instrucciones: "Presentamos tres ofertas para cada zona. Hay que hacer los pliegos del concurso. Y la empresa que factura tiene que aportar un informe de los trabajos realizados. Necesitamos que nos digas cómo lo hacemos". Y enumera los trabajos y las empresas que debían participar en los concursos: "En la construcción de la alcaldía y secretarías tres empresas: Servimadrid: 28.733 euros, Fotomecánica Rafael 29.999, Kilda Producciones 29.500 euros. Factura Servimadrid". Lo mismo hace con otras obras para la construcción de una sala de prensa y un hall por 29.365 euros, la instalación de escudos por 11.086 y el diseño de la imagen interior por 15.323.

 

El correo electrónico interceptado a los empleados de Francisco Correa es una muestra, según la policía, de cómo la organización corrupta, además de amañar un concurso para justificar una adjudicación directa utiliza a empresas pantalla. Concretamente, se trata de las sociedades del Grupo Rafael, que la red Gürtel incluía como terceros en los concursos. Según un informe de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Boadilla facturó en cuatro años casi 100.000 euros. 

 

El informe policial demuestra cómo Correa recibe una adjudicación directa de servicios en el Ayuntamiento, cuyos dirigentes justifican después mediante la creación de unos pliegos ad hoc. Todo con la finalidad, según los agentes, de que le sean otorgadas a las empresas de la trama Gürtel. Además, otras sociedades actúan como terceros en los concursos. Este sistema es ordenado por la red, que utilizaba los servicios del imputado Tomás Martín Morales. Este dirigente del PP de Boadilla del Monte era el encargado de buscar el modo de justificar estos gastos. 

 

Un portavoz oficial del Ayuntamiento de Boadilla reconoció que el Consistorio había abonado una factura de 11.086 euros a la empresa de Correa Servimadrid por la instalación de los escudos del municipio en el nuevo edificio del Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de la trama. Esta factura fue, según el portavoz municipal, una de las primeras peticiones que realizó el juez Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación del caso después de la denuncia del ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Precisamente, en el correo interceptado por la policía a la trama, un empleado de Correa le daba instrucciones a Tomás Martín Morales para que les pagara como "partida de menos de 12.000 euros". 

 

No obstante, el portavoz del Consistorio sostiene que el resto de las obras incluidas en el correo electrónico que tenían que ser amañadas fueron finalmente realizadas por otras empresas que nada tienen que ver con el caso Gürtel. 

 

La persona que se encargaba de forma habitual del pago de estas facturas de menos de 12.000 euros era el entonces concejal de Hacienda y ahora alcalde, Juan Siguero, quien realizaba estos trabajos por delegación del entonces primer consejero, Arturo González Panero, expulsado del PP de Boadilla. Precisamente, Panero aseguró a EL PAÍS en una entrevista que si fuera el juez investigaría antes al actual alcalde [Siguero], ya que él no había firmado nada. No obstante, fuentes del Consistorio de Boadilla aseguraron que Siguero no adjudicó ningún contrato a dedo ni amañado a las empresas de la trama Gürtel. En este sentido, la policía pidió hace meses la detención de Juan Siguero, al considerar que había suministrado información privilegiada a las empresas de la trama. 

 

Los grupos de la oposición, el PSM-PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) pidieron la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya que, de resultar imputado el actual alcalde, sería el segundo regidor implicado en la mayor operación contra la corrupción en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. Por el momento, el número de imputados en la región de Madrid supera ya el centenar. 

 

(www.elpais.com, 25/10/10)

 

PEDREIRA RASTREA LAS CUENTAS DE 14 EX CARGOS DEL PP 

 

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha ordenado a 79 entidades bancarias con sede en España que en el plazo de un mes informen sobre las cuentas y cualquier otra clase de activos financieros vinculados a 38 sociedades y 27 imputados en la trama, entre ellos 14 ex cargos del PP.  

El marco temporal sobre el que el juez extiende sus pesquisas abarca hasta el 31 de diciembre de 2009 en el caso del jefe de la red, Francisco Correa, y su mujer así como de su círculo de máxima confianza: su lugarteniente, Pablo Crespo; su delegado en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y su primo Antoine Sánchez.  

 

Que el juez pida datos bancarios de hasta diez meses después del estallido del caso sugiere que los investigadores albergan una sospecha: que los implicados pudieron tener margen de maniobra para mover el dinero incluso después de los arrestos e imputaciones. Correa, Crespo y Sánchez permanecen en prisión. Lo investigado sobre las conversaciones que en prisión mantuvieron con sus abogados aún continúa bajo secreto. 

 

Entre los 27 imputados sobre los que el juez requiere información figuran 14 antiguos cargos del PP madrileño, entre ellos Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y considerado el número dos de la trama corrupta; y los tres diputados que mantienen su acta en la Asamblea de Madrid: el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.  

 

El magistrado también solicita los datos relativos a los cuatro ex alcaldes del PP madrileño a quienes se atribuye el presunto cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones: Arturo González Panero (Boadilla), Ginés López (Arganda), Jesús Sepúlveda (Pozuelo) y Guillermo Ortega (Majadahonda).  

El ex viceconsejero madrileño de Inmigración Carlos Clemente; Pau Collado, ex director general del Govern balear con Jaume Matas; los ex concejales Ricardo y José Galeote (Estepona y Boadilla, respectivamente), la ex edil de Pozuelo Yolanda Estrada y el ex gerente de la Empresa Municipal de Suelo de Vivienda de Boadilla Tomás Martín Morales completan la lista de cargos del PP sobre los que el juez demanda información. 

 

La mayoría de ellos tuvo participación en las adjudicaciones a empresas del núcleo duro de la red corrupta o a otras que, a cambio de contratos, pagaban comisión al grupo dirigido por Francisco Correa. Pedreira solicita también información sobre José Luis Peñas, ex edil del PP en Majadahonda y denunciante del caso Gürtel. 

 

Por lo que respecta a Arturo González Panero y Yolanda Estrada, hasta ahora la última militante del PP en ser imputada, los requerimientos también alcanzan hasta diciembre de 2009.  

 

Y entre las sociedades investigadas se cuentan todas las patrimoniales ligadas a Correa y sus socios y las que obtuvieron contratos de administraciones del PP, incluida la valenciana Orange Market. También figura Astrolago de Inversiones, donde el ex tesorero del PP Luis Bárcenas poseía acciones con el ex diputado Jesús Merino y el ex alcalde Jesús Sepúlveda. 

La solicitud del juez consta en un auto dictado el martes. El redactado de la resolución sugiere que Pedreira no está dispuesto a aceptar negativas o dilaciones como las que se han sucedido desde el comienzo de la instrucción.  

 

El juez pide a las entidades bancarias "una relación comprensiva de las cuentas, depósitos, cajas de seguridad y cualquiesquiera otros productos financieros, activos o pasivos, existentes en la entidad o gestionados por la misma". Y precisa que la solicitud se extiende no sólo a aquellos productos donde las sociedades implicadas o los imputados constaban como titulares sino también a aquellos en los que figuraban como autorizado o donde hayan tenido "otro tipo de intervención".  

 

www.publico.es, 20/10/10) 

 

 

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' RECLAMA A 79 BANCOS INFORMACIÓN DE 12 EX ALTOS CARGOS DEL PP 

 

El juez Antonio Pedreira, que investiga desde hace año y medio el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción de la democracia, que salpica a más de 30 dirigentes del PP de varias comunidades autónomas, ha solicitado a 79 bancos con sede en 30 provincias españolas la información de 27 personas imputadas en la causa. 

 

En el listado de los afectados por esta investigación especial figuran 12 ex altos cargos del PP: los tres diputados autonómicos expulsados del grupo popular que mantienen todavía su escaño en la Asamblea, Alberto López Viejo (ex mano derecha de Esperanza Aguirre para todos sus actos institucionales de propaganda), Benjamín Martín Vasco (al que colocó como presidente de la comisión que investigó el espionaje político pagado con fondos de la Comunidad de Madrid), y Alfonso Bosch Tejedor. El juez pide a los bancos que le faciliten todos los movimientos de dinero de sus cuentas corrientes. 

 

Reclama la misma información para los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey y para otros cargos intermedios del PP. En el listado figura Francisco Correa, el cerebro de la trama que montó su red empresarial tras hacerse con los actos del PP durante el mandato de José María Aznar, y sus principales colaboradores, entre ellos Álvaro Pérez, El Bigotes, que tejió una red corrupta en la Comunidad Valenciana con la complicidad del Gobierno de Francisco Camps, que le adjudicó decenas de contratos sin concurso. 

 

El auto del juez también solicita a los 79 bancos información de 38 sociedades montadas durante más de diez años por Francisco Correa para sus distintos negocios. 

(www.elpais.com, 19/10/10)

 

UN CONSTRUCTOR DE 'GÜRTEL' DEVUELVE 20 MILLONES AL FISCO Y DA UN VUELCO AL CASO

 

El caso Gürtel ha experimentado un salto cualitativo. Uno de los empresarios imputados por delito fiscal y pago de comisiones ilegales a la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha dado un paso al frente y ha pagado a las arcas de Hacienda casi 20 millones de euros por delitos fiscales derivados de Gürtel y otros conceptos.

 

Mientras Correa esconde en el extranjero los millones de euros que amasó recibiendo comisiones y sobornando a cargos públicos del PP de tres comunidades (Madrid, Valencia y Castilla y León), Alfonso García Pozuelo, ex dueño de Constructora Hispánica, ha tenido que vender a la firma Assignia la empresa que tenía desde hace 20 años para saldar la deuda que tenía con el fisco. Y lo ha hecho antes incluso de que acaben las pesquisas que desarrolla el juez instructor, Antonio Pedreira, sobre la mayor red de corrupción política que azota a España desde el regreso de la democracia.

 

Anotaciones contables en una carpeta azul intervenida por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía al economista de la red Gürtel, José Luis Izquierdo, revelan pagos que suman más de 4.192.000 euros de García Pozuelo a Correa. Este prometía a constructores adjudicaciones de obras públicas de administraciones gobernadas por el PP a cambio de comisiones. Según el sumario de Gürtel, 600.000 euros procedentes de entregas hechas por este ex empresario a Correa (en concreto de una partida de 1,6 millones) acabaron supuestamente en las manos del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. En el sumario figuran supuestos pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP.

 

Pero mientras los demás imputados se resisten a devolver el dinero ilícito que se les reclama, García Pozuelo se ha puesto totalmente al día con el fisco. Es el único de los casi 100 imputados en la trama que, pagando al fisco, reconoce implícitamente haber entregado dinero a Correa. Parte del dinero abonado al fisco sale de las supuestas entregas opacas a Correa, y el resto por otros conceptos.

 

Antes de regularizar su situación fiscal, García Pozuelo tuvo que vender su empresa, Constructora Hispánica, puntera en el mercado español, a la firma Assignia, que ahora desarrolla obras de gran envergadura en España y otros países extranjeros. Pese a las convulsiones iniciales, Constructora Hispánica -a diferencia de otras implicadas en Gürtel, como la castellanoleonesa Teconsa o Begar, que han despedido a todos sus trabajadores por quiebra- ha huido del ERE y ha mantenido todos los puestos de trabajo (en torno 2.000), incluso después de la venta a Assignia.

 

El juez Pedreira imputa delitos de cohecho, tráfico de influencia y contra la Hacienda pública a García Pozuelo. Pero, dado que ha saldado todas sus deudas con el fisco, lo previsible es que ahora plantee el asunto a la Fiscalía Anticorrupción y lo desimpute, al menos de los delitos contra la Agencia Tributaria.

 

Los problemas judiciales de García Pozuelo, ahora aminorados, nacen cuando la policía, entonces por orden del juez Garzón, registra la maraña de sociedades de Correa y requisa al contable Izquierdo un pen drive que contiene una detallada relación de cargos públicos del PP supuestamente sobornados por la trama corrupta y una carpeta azul que refleja donaciones de promotores que pujaban por adjudicaciones de obras públicas. En concreto, y entre otros constructores, aparecen pagos de García Pozuelo.

 

A raíz de esas anotaciones, Hacienda abrió una rigurosa inspección a su empresa, que abarca desde 2003 a 2007, y entregó un informe a la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Madrid. El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción 20, cuyo titular, Antonio Viejo, lo elevó para juicio al Juzgado de lo Penal 20 de Madrid.

 

Casi desde el primer momento, García Pozuelo mostró su decisión de abonar las deudas que le reclamase el fisco. Ni siquiera quiso alargar el reciente juicio (sólo por delito fiscal) que se celebró contra él en el Juzgado Penal 20 de Madrid. Su abogado habló con el fiscal y ofreció pagar todo lo que Hacienda le reclamase, que incluye la parte defraudada del dinero que supuestamente entregó a Correa y que, lógicamente, era opaco al fisco: 19,7 millones de euros en total, incluidas las preceptivas multas. "Mi cliente se ha puesto al día y ya no tiene ninguna deuda pendiente con la Agencia Tributaria", subraya su abogado, Javier Iglesias, quien admite que ha entregado al juez Pedreira la documentación judicial que acredita el pago a Hacienda.

Ningún otro implicado de Gürtel ha seguido la senda de García Pozuelo, a pesar de que hay otros empresarios que tienen problemas fiscales similares. Y también hay políticos imputados por delitos distintos de los de García Pozuelo (haber aceptado supuestamente sobornos de Correa) que siguen sin aportar las fianzas por responsabilidad civil que les impuso hace meses el juez Pedreira.

 

Aún se resisten numantinamente a pagar esas fianzas bajo apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago. Pedreira ha decretado fianzas civiles que sobrepasan los 200 millones de euros. Entre ellos, los 170 millones (85 millones a cada uno) que ha fijado a los dos cabecillas de la trama, Correa y su número dos, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.

 

(www.elpais.com, 11/10/10)

 

LOS JUECES ANULAN LA ADJUDICACIÓN DEL PALACIO DE BOADILLA A LA SGAE 

 

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) han decidido anular la adjudicación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) del palacio del Infante Don Luis a la Fundación Autor, dependiente de la Sociedad General del Autores y Editores (SGAE). Los cinco jueces justifican esta decisión al considerar que la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado entonces por Arturo González Panero (PP), se realizó "con absoluto desconocimiento" del procedimiento y de los requisitos que la regulan. Panero, imputado en el caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, fue expulsado del PP. 

 

Para obtener esta adjudicación la SGAE se comprometió en noviembre de 2006 a invertir 30 millones de euros para rescatar de la ruina en la que se encuentra al palacio del Infante Don Luis, construido por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1765 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El edificio, una vez rehabilitado, iba a ser destinado a albergar la sede de la Fundación Autor. El compromiso entre la SGAE y el Ayuntamiento se selló con la firma de un contrato entre el alcalde de Boadilla del Monte y el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, por el que se le cedía el palacio durante 75 años. A cambio se comprometían a rehabilitar, conservar y mantener el edificio. 

 

En ese sentido, el Ayuntamiento de Boadilla con Juan Siguero (PP) como alcalde rescindió a finales de mayo el contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de la Fundación Autor. El propio Siguero justificó esta decisión por la "inadecuación" del proyecto presentado por la SGAE a las "especificaciones técnicas" marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en los jardines. 

 

Esta decisión judicial, que discrepa de la sentencia dictada en primera instancia por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Madrid, había desestimado la denuncia del abogado y concejal de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, supone un nuevo traspiés para un Ayuntamiento que ha sido seriamente golpeado por la corrupción, convirtiéndose en el epicentro madrileño de la Operación Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. 

 

A la postre, el TSJ ha terminado por dar la razón al representante de APB, que alegaba que la concesión era nula de pleno derecho. "La justicia vuelve a darnos la razón con esta sentencia. Gracias a eso volvemos a recuperar el palacio para los vecinos de Boadilla. Y no ha sido nada fácil, ya que el PP decidió con su mayoría absoluta adjudicar ilegalmente esta concesión a la SGAE, y Alternativa por Boadilla ha tenido que oponerse en solitario". 

 

La sentencia, que es firme y ante la que no cabe recurso, ahonda en las graves irregularidades detectadas. Como que en la concesión no se ha observado ninguna de las formalidades ni requisitos descritos en la normativa vigente, al mismo tiempo que "falta" la aprobación previa del proyecto de obras que no fue realizado con anterioridad a la adjudicación. Los magistrados recuerdan que el proyecto de actuación de obras fue aprobado después de haberse adjudicado el uso del palacio, según un informe de la Comunidad de Madrid. 

 

La SGAE emitió ayer un comunicado de prensa en el que destaca que la Fundación Autor "no tiene ninguna responsabilidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento". Además, recuerda que el Consistorio decidió a finales de mayo extinguir la concesión del uso privativo del inmueble, por lo que esta entidad privada daba ya el expediente por terminado. 

 

(www.elpais.com, 05/10/10)

 

 

LA FISCALÍA CONSIDERA "EXCESIVO" QUE BOADILLA PAGUE 5,9 MILLONES A CORREA 

 

La Fiscalía Anticorrupción considera que los 5,9 millones de euros que se ha comprometido a pagar la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) a la sociedad Artas Consultores, una de las empresas implicadas en la trama Gürtel, es una cantidad "excesiva". Por eso, se oponen al acuerdo suscrito entre el representante legal de la firma, el imputado Ramón Blanco Balín, en virtud del cual el Consistorio asumía la hipoteca de esta sociedad, cuyos propietarios renunciarían al uso y explotación de 33 locales comerciales y 138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI. 

 

Estas superficies fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda a Rústicas MBS, SL, de Ramón Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario. El sumario Gürtel pone de manifiesto que en realidad el auténtico propietario de ambas firmas es el cerebro de la trama, Francisco Correa, por lo que está intervenida judicialmente.  

 

En un informe dirigido al magistrado instructor del caso, Antonio Pedreira, que es quien deberá tomar una decisión definitiva, el fiscal justifica su oposición al acuerdo: "La suscripción del contrato inicial podría constituir una infracción penal de lo que derivaría inexorablemente su declaración de nulidad". Y en el caso de declararse nula esa operación acordada en 2005, según el documento del ministerio público, serviría de base a una "extinción unilateral" por parte de la empresa municipal del suelo "con un menor coste" para Boadilla. 

Anticorrupción considera, además, que el acuerdo es perjudicial para Boadilla porque el contrato de resolución de la adjudicación goza de una garantía de dos millones de euros ajena a los inmuebles gravados por la hipoteca que se hiciera efectiva en caso de impago. Asimismo, el fiscal explica que, hasta el momento, todos los plazos se están abonando con los fondos embargados a la mercantil Artas Consultoría, los cuales se incrementan con los ingresos percibidos mensualmente en concepto de alquiler. Entre otras instituciones, la Policía Local de Boadilla y la Empresa Municipal del Suelo pagan un alquiler mensual. 

 

Esta operación ha sido rechazada por la interventora municipal del Ayuntamiento, quien en un informe anunció su "disconformidad". El trato también fue criticado por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por Boadilla), ya que la hasta hace unos meses edil Rosalía de Padura (la mujer del que fuera accionista de Artas, Tomás Martín Morales) participó en la votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el PP dio el visto bueno a la operación.  

 

El portavoz del PSM, Pablo Nieto, asegura que Anticorrupción "defiende" a los vecinos: "Frente a los intereses de las empresas implicadas, es vergonzoso e indecente que el alcalde pretenda pagar 5,9 millones más a Correa". Nieto rechaza que se asuma la hipoteca, y plantea otra opción: "Debe rescindirse el contrato y defender esta decisión en los tribunales". 

 

Por otra parte, el PSM, como acusación popular del caso Gürtel, ha pedido al juez que llame a declarar al alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), en calidad de imputado. Los socialistas quieren que explique su participación en las adjudicaciones del Consistorio que están siendo investigadas por Pedreira, y por las que la policía ha pedido su detención. 

 

(www.elpais.com, 21/09/10)

 

ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE BOADILLA ASUMA UNA DEUDA DE CORREA 

 

La fiscalía anticorrupción se opone a que la empresa municipal del suelo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) asuma una hipoteca de 7,1 millones de euros que la empresa Artas Consultores, propiedad de Francisco Correa, tiene con una entidad financiera. 

La última palabra la tiene el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que será quien tome la decisión acerca de si permite esta operación, que posibilitaría al Consistorio de Boadilla recuperar el uso de 33 locales comerciales y 138 aparcamientos en la zona del municipio denominada Residencial Siglo XXI. La empresa Artas Consultores está intervenida judicialmente, por lo que cualquier operación debe tener la autorización de la autoridad competente, en este caso el juez Pedreira. 

 

Los locales comerciales y aparcamientos que trata de rescatar el Consistorio fueron adjudicados por la empresa municipal del suelo de Boadilla -cuyo gerente era otro imputado en el Gürtel: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor- en 2005 a la empresa Rústicas MBS, encabezada por Ramón Blanco Balín. 

 

Este empresario, también imputado por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales en el caso, es considerado uno de los testaferros de Correa, finalmente traspasó la propiedad a otra sociedad: Artas Consultores, dirigida por él mismo. 

 

Pero un informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario de la operación que inició el juez Baltasar Garzón destapó que Artas Consultores es, en realidad, propiedad de Correa, aunque también fueron accionistas de la misma Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales, ambos acusados en Gürtel. Precisamente el parlamentario, expulsado del grupo parlamentario popular en la Asamblea, fue el encargado de rebajar el canon anual que debía pagar la empresa al Ayuntamiento, que pasó de 244.750 euros a 84.344 euros, aumentando los años de concesión de 75 a 99 años. No obstante, la investigación del juez ha puesto de manifiesto que esta empresa de Correa no ha llegado a pagar ni un solo euro por el canon. 

 

El juez Pedreira está en espera de recibir un informe de los funcionarios de la Intervención General del Estado, que hace dos meses recibieron el encargo de que investigaran la mencionada operación. Con toda esta documentación sobre la mesa, incluyendo un informe de la empresa acerca de una valoración realizada por técnicos de la Comunidad de Madrid, el magistrado tendrá que tomar una decisión al respecto. También tendrá que decidir si llama a declarar como imputado al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), presuntamente por facilitar información municipal confidencial a las empresas de la trama Gürtel. 

Un portavoz del Ayuntamiento aseguró ayer que el Consistorio aprobó la operación con la intención de desbloquear una de las zonas comerciales más importantes del municipio. 

 

(www.elpais.com, 20/09/10)

 

EL FISCAL PIDE EXPULSAR AL PP DE LA 'GÜRTEL' POR "FRAUDE DE LEY"

 

No es la primera vez que lo dice, pero se nota que ahora lo hace con el convencimiento de que el tiempo le ha dado la razón. La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedir la expulsión del PP del caso Gürtel por "claro fraude de ley por cuanto desempeña una labor de defensa amparándose en su condición de acusación popular". La fiscalía sostiene que, en vez de acusar para tratar de esclarecer lo ocurrido con la trama de corrupción, el PP ejerce la defensa, y de sus escritos, "plagados de descalificaciones contra todos los funcionarios intervinientes en la causa", se infiere que lo que busca "es realmente el archivo de los hechos".

 

Como ejemplo cita el recurso que el partido conservador interpuso contra el auto de inhibición a favor de Valencia dictado por el instructor en Madrid, el magistrado Antonio Pedreira. Una resolución que "ninguna de las defensas ha impugnado", destaca la fiscalía.

Anticorrupción se adhiere en su escrito a la petición formulada por los socialistas valencianos a finales de julio y notificada el pasado día 1 a las partes. El ministerio público recuerda, como hacía el PSPV en su escrito, que la investigación judicial se extiende ahora a la posible comisión de delitos electorales en el seno del Partido Popular valenciano. Es decir, se investigan unos hechos "que previsiblemente podrían afectar directa o indirectamente" al PP.

Y así, ambas acusaciones y la que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) neutralizan la única alegación presentada por el PP para oponerse a su expulsión del procedimiento: que la Sala de lo Civil y Penal ya rechazó una petición similar que Anticorrupción formuló el pasado 6 de octubre. 

 

En esa ocasión, el tribunal se basó en que determinar cómo iba a ejercer la acusación el PP "se trataba de una mera hipótesis". Sin embargo, su actuación, lejos de disipar los temores que planteaban las demás acusaciones, los ha confirmado. ADADE apunta que "la forma de ejercicio de dicha legítima condición de origen la ha convertido claramente en ilegítima".

"La actividad procesal y extraprocesal del Partido Popular a partir de esa fecha es absolutamente reveladora del verdadero papel que asume en esta causa y que no es otro que el de una defensa más", señala Anticorrupción. Otra prueba de ello es que también recurrió la providencia con la que el juez Pedreira requería a la Abogacía de la Generalitat valenciana la identificación de las personas que ocuparon cargos en la Administración de su competencia. 

ADADE asegura no haber encontrado "ningún caso en el que un supuesto acusador popular desnaturalizase su condición". Esta prueba era imprescindible tras el informe de la Intervención General de la Administración del Estado que ponía de manifiesto "la continua y reiterada infracción de todos los principios básicos de la contratación pública en los contratos examinados".

 

ADADE, que dice haber realizado una "exhaustiva investigación", asegura no haber encontrado "ningún caso en el que un supuesto acusador popular desnaturalizase su condición y se convirtiera objetivamente en una defensa más, ya sea de los imputados, ya fuere de la organización política (el PP) a la que muchos de ellos pertenecen".

 

Esta acusación también afirma que "el sentido común jurídico y la propia filosofía y ratio de la figura de la acusación popular abona su tesis: la absoluta incompatibilidad ante la actitud adoptada por la dirección técnica del PP en este proceso, con su ubicación como acusador popular en el mismo".

 

Por otra parte, el ex tesorero y senador del PP hasta el pasado 19 de abril, Luis Bárcenas, se personó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez Pedreira tendrá que volver a interrogarlo como imputado, junto con el ex diputado de esta formación Jesús Merino. Ambos comparecieron ya en el Tribunal Supremo como imputados por la condición de aforados que entonces mantenían.

(www.publico.es, 16/09/10)

 

ANTICORRUPCIÓN PIDE EXPULSAR AL PP DEL PROCESO DEL GÜRTEL POR ESTAR IMPLICADO

 

La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedir al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que "expulse" del proceso al PP en su actual condición de acusación popular al entender que puede verse afectado por "la posible comisión de delitos electorales en el seno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

 

Anticorrupción entiende que la investigación ha destapado pruebas suficientes de la implicación del PP en la trama corrupta. El PP, ahora personado como acusación particular, pretende evitar mediante un recurso que todos los indicios de delito que pesan sobre el PP valenciano puedan ser investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por lo que rechaza el auto de inhibición del juez Pedreira a favor del traslado de una parte de la causa a la Comunidad Valenciana por estar implicados en los supuestos delitos dirigentes del PP aforados.

Con su petición al juez, formulada en un escrito del pasado 8 de septiembre, la Fiscalía se adhiere así a la solicitud formulada ante el juez por el PSOE de Valencia en la que se señala que el PP está actuando en el caso Gürtel como defensa de los imputados y no como acusación particular. El juez Pedreira ya rechazó hace meses una petición similar de la fiscalía.

 

(www.elpais.com, 16/09/10)

 

LA POLICÍA PIDE AL JUEZ DETENER A UN ALCALDE Y TRES EX ASESORES DEL EJECUTIVO DE AGUIRRE

 

La UDEF atribuye al regidor de Boadilla maniobras a favor de la trama corrupta - La Fiscalía Anticorrupción propone que se les cite como imputados 

 

La policía ha descubierto nuevos negocios de la trama Gürtel y ha pedido al juez Antonio Pedreira y a las fiscales anticorrupción la detención del actual alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Juan Jesús Siguero, del PP, y de tres ex asesores del Gobierno de Esperanza Aguirre que supuestamente facilitaron información a las empresas del cabecilla de la red, Francisco Correa, para amañar contratos y adjudicarlos a la trama corrupta.

Correa usó firmas tapadera para acudir a las contratas del Gobierno de Aguirre

 

Una factura de un acto de los Príncipes fue inflada para ganar un 40% más

 

La unidad de blanqueo de capitales de la Policía, la UDEF, ha elaborado un informe en el que esgrime toda una batería de pruebas e indicios que aconsejan la detención de estas cuatro personas para ser interrogadas y evitar que oculten pruebas. Documentación intervenida en registros en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (44.000 habitantes) revela que Siguero no solo facilitó a la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio, sino que además se implicó personalmente en la redacción y preparación de los pliegos de licitación que presentaban las empresas de Correa. Este alcalde es el que, con el respaldo del PP, sustituyó al anterior, Arturo González Panero, El Albondiguilla, que dimitió al estar entre los principales implicados en el caso Gürtel.

 

La policía sospecha que Siguero intervino activamente, entre otras contratas, en la adjudicación de la Oficina de Atención al Consumidor de Boadilla (OAC) por más de 600.000 euros y un periodo de 14 años. Esta oficina, instalada en el mismo Ayuntamiento, fue cerrada tras estallar el escándalo. Las fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura ya han respondido a las peticiones policiales de detención de estas personas con otro escrito en el que rechazan esta medida, si bien avalan que se cite a los nuevos implicados, una veintena solo en Madrid, como imputados o testigos, señalan fuentes de la investigación. El juez no se ha pronunciado aún, explican estos medios.

La policía sostiene que la trama Gürtel estaba plenamente conectada a Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre. López Viejo actuaba supuestamente a través de sus máximos colaboradores para facilitar información de primera mano a las empresas de Correa sobre los contratos que salieron de su departamento y de otras consejerías del Gobierno de Aguirre hasta finales de 2008.

Los investigadores han analizado abundante documentación que implicaría a María del Carmen García, mano derecha de López Viejo en su secretaría cuando éste era viceconsejero de Presidencia. También quieren que sea detenido Pedro Rodríguez Pendas, asesor técnico de López Viejo hasta 2007, y Julia López, adscrita a la vicepresidencia de la Comunidad y también bajo las órdenes de López Viejo.

 

Según fuentes conocedoras del informe, María del Carmen García, "siempre por indicación de López Viejo", facilitaba a las empresas de Correa información confidencial sobre contrataciones y les decía cómo debían confeccionar las futuras facturas y qué debían incluir en sus ofertas para adjudicarse las contratas que iban saliendo, procedentes de casi todas las consejerías de Aguirre. Rodríguez Pendas era otra pieza clave. Entre 2003 y 2008, con López Viejo como viceconsejero de Vicepresidencia, se encargaba de informar a la red de Correa de cómo debía trocear los contratos en cantidades inferiores a 12.000 euros (para evitar el concurso) y qué conceptos debían figurar en las posteriores facturas. Julia López, siempre según estos medios, cooperaba con Rodríguez Pendas y hacía facturaciones, y realizaba diferentes justificantes de pago, con datos falsos, para aparentar que las operaciones se hacían dentro de la legalidad.

La policía implica también a otra decena de personas en sus nuevas pesquisas y pide que se las cite, algunas como imputadas y otras como testigos. Algunos, ya imputados, son trabajadores de las empresas de Correa que, en connivencia con los ex colaboradores de López Viejo, intervenían en las licitaciones y se ponían de acuerdo con los empleados del cabecilla de la trama para conseguir las adjudicaciones. Así, figuran empleados de empresas del grupo Rafael y de las firmas Marketing Quality Management, Decoraciones CMR, que supuestamente habrían intervenido como pantallas de la red Gürtel.

 

Para disimular, Correa utilizaba a veces empresas ajenas a su vasto conglomerado societario y les daba una comisión a cambio de concurrir a las adjudicaciones que él tenía previamente amañadas y tapaba así la certidumbre de que las contratas siempre recaían en su grupo.

La policía también quiere interrogar a Fernando Martínez Vidal, ex responsable de Relaciones Externas de la consejería de Presidencia y ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, quien, junto a Rodríguez Pendas, habría solicitado eventos que luego recayeron en la red de Correa.

 

Entre las empresas investigadas figura Servimadrid Integral, SL, que obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organización y celebración de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y también Easy Concept, una de las sociedades con las que operaba la red corrupta ante la Comunidad de Madrid, infló costes de actos de la Comunidad (por ejemplo, uno al que asistieron los príncipes de Asturias) para ganar un 40% por contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management).

 

www.elpais.es 09.08.10

 

PEDREIRA IMPUTA A UN FUNCIONARIO Y A DOS EMPRESARIOS MÁS EN GÜRTEL 

 

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar a tres nuevos imputados: dos empresarios y un funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda, que en estos momentos trabaja en una comisión de servicios en el Consistorio de Villaviciosa de Odón. 

Con estos tres nuevos implicados la mayor trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido político salpica ya a más de 130 personas, 68 de ellas en la Comunidad de Madrid. Hace menos de un mes, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF) atribuyó una decena de delitos a otras 20 personas, entre ellas el actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP). El juez Pedreira todavía no ha decidido si los va a acusar de forma definitiva. 

 

Entre los tres nuevos imputados resalta el ex director del área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda, Luis Valor San Román. El magistrado le acusa de cooperación en un delito de prevaricación por su intervención en una de las adjudicaciones millonarias que se llevó una de las empresas del cerebro de la trama, Francisco Correa. Este trabajador municipal fue el artífice, según el auto dictado el 19 de julio pasado, de los pliegos y los informes técnicos que condujeron a la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Majadahonda a la empresa Technology Consulting Management (TCM), vinculada a Correa. 

 

Esta decisión municipal se aprobó en contra de un informe del secretario de este Ayuntamiento. Ello y el posterior fraccionamiento de la contratación de los servicios que incluía la adjudicación, a juicio de la investigación, "provocó que el Ayuntamiento de este municipio abonara a los contratistas cantidades muy superiores, algo que pudo causar un perjuicio económico a las arcas municipales". Presupuestada en 625.053 euros, el coste de la OAC de Majadahonda se disparó hasta los 1,4 millones.Uno de los tres nuevos imputados en el caso Gürtel es el empresario Rafael Naranjo Ane-gón, presidente de Sufi, SA. Esta empresa resultó adjudicataria de la gestión de basuras en el distrito de Moratalaz en 2002, cuando Alberto López Viejo, uno de los principales acusados de la trama corrupta, era el concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. La sociedad, presidida por Rafael Naranjo, obtuvo el contrato de 48 millones de euros en un periodo de 10 años.  

 

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, le imputa a Rafael Naranjo un delito de cohecho continuado "al constar numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades por mediación de Francisco Correa" para la adjudicación de contratos a Sufi, SA. 

 

En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Pedreira indica que Naranjo podría haber pagado a la organización de Correa una "comisión" de 1.232.074 euros -un 3% del total de la ad-judicación- "por su intermediación ante un cargo público con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid" y con capacidad para adjudicar contratos públicos. 

 

El juez recuerda en su auto que la persona que se encontraba al frente de la concejalía de Limpieza Urbana en el Ayuntamiento de Madrid era Alberto López Viejo que más tarde pasó a formar parte del Gobierno de la Comunidad presidido por Esperanza Aguirre. Según consta en el sumario, estos cargos en el Ayuntamiento y en la Comunidad le sirvieron a López Viejo para ingresar 563.000 euros en concepto de comisiones recibidas por empresas de la trama. 

 

El propio Correa, cerebro de la red corrupta, definió los actos públicos que sus empresas organizaron para López Viejo como "chorizadas". El ex consejero les obligaba a trocear los contratos por facturas inferiores a 12.000 euros para evitar la obligación de someter los eventos a concurso. Los responsables de la red lo agasajaron, según el sumario, con regalos: corbatas, maletines, gemelos y trajes. La trama también organizó el cumpleaños de la hija de López Viejo. 

 

En el caso Gürtel también está imputado el hijo de Rafael Naranjo, Gonzalo, a quien el juez acusa de haber pagado comisiones ilegales al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP. En los libros de contabilidad de la red Gürtel la policía identificó entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufi, SA". Según el informe policial, entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente del PP de Boadilla. 

 

La empresa Sufi, SA, también ha resultado salpicada recientemente por la Operación Brugal que investiga el pago de comisiones en la adjudicación de una planta de gestión de basuras en Orihuela (Alicante). 

 

El segundo de los nuevos empresarios imputados por Pedreira en el caso Gürtel es José Luis Cortés Bañares, que aparece como emisor de facturas a diferentes empresas de la red. El juez le acusa de falsedad y fraude fiscal en relación a unos supuestos servicios de asistencia informática. 

 

Por otra parte, el juez Pedreira ha solicitado a la Tesorería de la Seguridad Social que le remita la vida laboral de 36 personas, entre ellas la de la concejal de Pozuelo Yolanda Estrada y la del empresario Jesús Calvo Soria. 

 

(www.elpais.com, 22/07/10) 

 

SIN MATERIAL EN BOADILLA 

 

El imputado José Luis Cortés facturó a las empresas de Correa, según el magistrado, por el mantenimiento de los servidores informáticos de los ordenadores de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla del Monte. Estos servicios fueron adjudicados por el entonces alcalde Arturo González Panero a la sociedad Easy Concept. También firmó facturas por el diseño y el mantenimiento de páginas web en Boadilla y por el suministro de equipos informáticos a la empresa Pasadena Viajes. 

 

Precisamente un informe realizado hace un año por un funcionario municipal de Boadilla del Monte sobre la OAC de este municipio reveló que, en comparación con lo previsto, esta oficina gestionada por la empresa de Correa no disponía de todo el material recogido en el contrato firmado tras la adjudicación municipal. En concreto, faltaban 8 impresoras, 2 escáneres y 12 discos duros de ordenadores, entre otros materiales. 

(www.elpais.com, 22/07/10)

 

PANERO POSEE UN GRAN PATRIMONIO EN EL EXTRANJERO 

 

El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero posee "un importante patrimonio en el extranjero" que está "aún pendiente de bloqueo", según indica un informe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se indica también que la investigación ha producido ya "algún avance en su identificación" así como en las averiguaciones en torno a las "frecuentes salidas al extranjero" del antiguo regidor. La Fiscalía considera que la existencia de estas propiedades justifica su negativa a la petición del abogado de Panero para que relajase las medidas cautelares decretadas contra el implicado en la trama corrupta que afecta a numerosos ex cargos del PP. 

 

Las medidas impuestas contra Panero, conocido también por el resto de los implicados de la trama como El Albondiguilla, consisten en una fianza de 1,5 millones de euros, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Anticorrupción justifica su mantenimiento por los "numerosos indicios" de delitos contra la Hacienda pública, cohecho, prevaricación y malversación que apuntan contra el imputado.  

 

Estos indicios, según Anticorrupción, aparecían desde el comienzo de la investigación del caso "y han ido confirmándose con el avance de la instrucción". El Ministerio Público subraya que el propio Panero "no discute en su escrito" la posible existencia de dichos delitos. 

 

La investigación de las propiedades en el extranjero a la que alude el informe de la Fiscalía ha servido de base para que el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) e instructor del caso, Antonio Pedreira, haya desestimado en un auto las peticiones de la defensa de Panero. 

 

El Ministerio Público rechaza así la petición del ex regidor de Boadilla para que se le permita la salida del país "bajo autorización expresa" y, también, para que se elimine la obligación que tiene de comparecer cada 15 días en el tribunal. El fiscal se muestra en desacuerdo con las peticiones del acusado y llega incluso a sugerir la posibilidad de solicitar medidas "más gravosas para la libertad de Panero". 

 

El sustituto de Panero al frente de la alcaldía, Juan Siguero, también está siendo investigado por sus relaciones con las empresas de la trama Gürtel. En unas recientes declaraciones a EL PAÍS, Panero pidió que se investigara antes que a él, a Juan Siguero a quien considera el responsable de las adjudicaciones relacionadas con Francisco Correa (cabecilla del entramado corrupto) en el Ayuntamiento. 

La investigación realizada por el juez Antonio Pedreira en el marco de la Operación Gürtel ha destapado el modus operandi de los miembros de la trama en el Consistorio de Boadilla del Monte, donde la investigación sitúa el epicentro de la corrupción. Por ello, tanto Panero como Tomás Martín Morales, otro de los principales responsables municipales durante el mandato del ex alcalde, hayan tenido que afrontar sendas fianzas de 1,5 millones de euros para no ingresar en prisión. 

 

(www.elpais.com, 01/07/10)

 

 

LOS SOCIALISTAS Y ALTERNATIVA PIDEN QUE SE DISUELVA EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 

 

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, reclamó ayer a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que inicie los trámites para la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) porque considera que el actual equipo de Gobierno popular es "incapaz" de gestionar los intereses de los ciudadanos, que "no pueden fiarse de los concejales del PP". Gómez hizo esta petición tras conocer por EL PAÍS que la policía ha implicado en la trama Gürtel de corrupción a 20 personas más en Madrid, entre ellos el actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP). 

La policía considera que el regidor, que sustituyó a Arturo González Panero cuando fue imputado en la trama Gürtel, podría haber cometido un delito de prevaricación por facilitar información de las adjudicaciones municipales a los miembros de la trama de Francisco Correa. 

También pide la disolución del Consistorio el concejal Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla (APB), la tercera fuerza municipal de la localidad. Galindo resalta que, previamente, el presidente del PP, Mariano Rajoy, debería disculparse públicamente "por el bochornoso espectáculo que está dando su partido en Boadilla". 

El socialista Gómez solicitó a la Comunidad de Madrid que inste a la Administración pertinente [el Ministerio de Política Territorial] a la disolución automática del Ayuntamiento de Boadilla. "Si pusieron al más honesto después de echar al alcalde y a un concejal, y también resulta que está implicado, pues ya me dirán ustedes", explicó Gómez. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pablo Nieto, abogó porque sean profesionales independientes los que dirijan el Consistorio. 

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, adelantó que no actuará hasta que el juez tome una decisión sobre Siguero. La presidenta señaló que el propio regidor le ha dicho "que no hay absolutamente nada". La cosa sería distinta, añadió, "si se demostrara que no es así y el juez que lleva el caso le llamara o le imputara...". 

El proceso para la disolución de un Ayuntamiento está regulada en el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local. Tiene que ser el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, quien la apruebe. Pero los Ejecutivos autónomos también pueden pedir la disolución, tal y como ocurrió en Marbella con la Junta de Andalucía. Antes de proceder a la disolución debe recabarse el acuerdo favorable del Senado. 

(www.elpais.com, 22/06/10)

LA POLICÍA IMPLICA A OTRAS 20 PERSONAS EN LA TRAMA GÜRTEL EN MADRID 

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF) ha elaborado un informe en el que atribuye una decena de delitos a 20 personas que trabajan u operan con la Comunidad de Madrid. Entre la veintena de nuevos implicados en el caso Gürtel se halla el actual alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero Aguilar, al que el PP respaldó para sustituir a Arturo González Panero, imputado por diversos delitos en esta causa. 

Según fuentes cercanas a las pesquisas, el informe de la UDEF, que ha sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción, es demoledor y supone un nuevo vuelco al caso Gürtel, ya que implica a otras 20 personas (aparte de los más de 65 imputados que hay ya), entre las que se hallan directivos de empresas privadas y altos funcionarios del Gobierno de Esperanza Aguirre.  

Los empleados públicos en los que ha fijado sus ojos la policía formarían parte del personal de confianza del ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y habrían ayudado a este en toda la operativa supuestamente delictiva destinada a lograr, como así sucedió, que casi todos los actos institucionales que presidió Aguirre entre los años 2004 y 2009 fueran adjudicados a empresas de la red. 

El entramado tenía más de 20 empresas. Pero para disimular, y en connivencia con López Viejo y su personal de confianza, iba cambiando las firmas que facturaban los actos de Aguirre en Madrid. Pero todas ellas tenían un mismo tronco común: el cabecilla de la red, Francisco Correa. La policía ha descubierto que la trama corrupta, de acuerdo con López Viejo y con su asesor Pedro Rodríguez Pendas, llegó a utilizar empresas ajenas a su entramado para colocarlas como pantalla en muchas contratas a cambio de comisiones.  

 

Había dinero para todos, para Correa, para López Viejo y para las firmas pantalla, ya que se inflaban sobremanera (hasta un 40%) los costes de los actos que López Viejo, a través de la red Gürtel, preparaba para Aguirre. Una de las empresas utilizadas por la red como pantalla fue Marketing Quality Management. 

 

Con estos 20 nuevos implicados, el caso Gürtel salpica ya a unas 130 personas en las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Castilla y León, según fuentes de la investigación. En las pesquisas intervienen desde hace casi dos años un centenar de agentes policiales. 

 

El más destacado de los nuevos implicados, en lo que respecta a Madrid, es el actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero. Se trata del regidor que sustituyó al frente de la alcaldía de Boadilla a Arturo González Panero, al que la trama corrupta apodaba El Albondiguilla. Panero fue forzado por el PP a dimitir en febrero de 2009 junto a otros cuatro alcaldes de grandes municipios de la Comunidad de Madrid imputados en la trama (además de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey).  

 

El Albondiguilla está imputado por haber recibido supuestas comisiones superiores a 600.000 euros de las empresas de la red a cambio de contratas de obras públicas municipales amañadas. El Albondiguilla dimitió como regidor y mantuvo su acta de concejal, pero antes de quedar en la situación de edil no adscrito forzó al PP a que eligiese a Siguero como su sucesor. 

 

Siguero pudo incurrir, entre otros, en un delito de prevaricación por haber facilitado a la trama corrupta datos cruciales de contratas del Ayuntamiento de Boadilla adjudicadas finalmente a empresas de la red. La policía indaga si el actual alcalde de Boadilla (43.414 habitantes) recibió dinero a cambio de ayudas en las licitaciones de obras y de facilitar información de contratas a Correa, quien se halla preso en la cárcel de Soto del Real junto a su número dos, Pablo Crespo; y su primo y testaferro en empresas corruptas, Antoine Sánchez. 

Antes de implicar en el caso Gürtel a Siguero, la UDEF ha analizado multitud de documentos que acreditan que el regidor también intervino, cuando era concejal, en adjudicaciones de obras a la trama sobre las que recaen sólidos indicios de corrupción. 

 

La información en poder de la policía avala las imputaciones del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, quien el pasado viernes, en declaraciones a El PAÍS, arremetió contra su sucesor y le acusó de haber intervenido en todas las adjudicaciones de este Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama. "Tendrían que investigarle [a él] más a él que a mí", dijo. 

 

Siguero ocupaba el puesto número cuatro en la lista encabezada por Panero en las elecciones municipales de 2007. Fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el caso Gürtel, el PP regional quiso que accediese a la alcaldía la edil María Jesús Díaz Pérez. Panero se opuso y logró que el PP aceptase finalmente a Siguero. Entonces era su hombre de confianza. Ya no. 

González Panero explicó a EL PAÍS que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado de Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la trama]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo". Panero también relaciona a su sustituto con otras dos operaciones Gürtel.  

La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine". 

 

Las acusaciones de Panero contra su sustituto se producen después de que él, que se halla ahora como concejal no adscrito, pidiese a Siguero que le pagase la dedicación exclusiva como concejal desde que dejó la alcaldía. En total, 50.499 euros. Siguero se negó. Las acusaciones de Panero han sido constatadas por la policía. 

 

(www.elpais.com, 21/06/10) 

 

 

PANERO ACUSA AL ALCALDE DE BOADILLA DE AMAÑAR CONTRATOS PARA LA RED GÜRTEL

 

El ex alcalde de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, acusó ayer al actual regidor de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP), de haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción que instruye el magistrado Antonio Pedreira. "Por eso tendrían que investigarle más a él que a mí", dijo ayer en declaraciones a EL PAÍS. 

El actual alcalde de Boadilla era el número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de 2009, el PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre de confianza. 

Hoy las cosas han cambiado y Panero asegura que su sucesor nunca tuvo "capacidad" para ejercer el cargo. El ex alcalde asegura que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado que dirigía Francisco Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la trama Gürtel]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo". 

Panero también relaciona a su sustituto con otras dos operaciones Gürtel. La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine". 

La segunda es la cesión de terrenos municipales a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMSV) de Boadilla que acabaron en manos de la trama. "La EMSV adjudicó estos terrenos a una empresa de Ramón Blanco Balín [presunto testaferro de Correa]". El Ayuntamiento acordó este mes cancelar esta adjudicación por la que nunca cobró y que ahora investiga la Intervención General del Estado.El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero quiere que el Ayuntamiento de su municipio le pague el sueldo que hubiera percibido como concejal con dedicación exclusiva desde que dejó de ser alcalde el 10 de febrero de 2009. Por eso ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio que encabeza el primer edil Juan Siguero (PP) en el que exige una indemnización de 50.499,8 euros (38.499,08 por el sueldo que ha dejado de percibir y 12.000 euros por daños y perjuicios). En la demanda, González Panero exige también que se le reconozca la dedicación exclusiva y que se le integre en el Grupo Mixto, ya que, a pesar de haber sido expulsado del PP local, en contra de la voluntad de su partido, decidió seguir siendo miembro del Consistorio como concejal no adscrito. 

En el recurso presentado en el juzgado, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla en el sumario Gürtel, carga contra los actuales dirigentes del Ayuntamiento de Boadilla, asegurando que existe "una maniobra desde el momento de la imputación". Y esta maniobra consiste, según el letrado, en que se le vulnera su derecho de presunción de inocencia: "Se le obliga a dimitir como alcalde, se le impide el acceso a un despacho donde poder ejercer las labores propias de su cargo y se le retira sin previo aviso su ordenador personal, con el que ha estado operando nada menos que nueve años, sin descartar una posible manipulación del mismo". 

Además, el abogado dice que los actuales responsables del Ayuntamiento dieron de baja su número de teléfono móvil "sin previo aviso" . 

Para justificar estas peticiones, Panero, quien según el sumario cobró más de 600.000 euros de la trama, incluye varias sentencias que avalarían sus peticiones. Una de ellas es la que el pasado 21 de enero declaró la nulidad de los grupos municipales de Boadilla. "Panero no puede ser expulsado de un grupo [el PP] que nunca ha existido", argumenta el letrado del ex alcalde. 

Antes de presentar el recurso, Panero envió una carta a Siguero dándole un ultimátum que podría ser considerado una amenaza. En el texto dice: "De no ser atendida esta petición tendrá que acudir a los tribunales y solicitar información de todas las cuentas del grupo [municipal del PP] en los últimos años para acreditar que estas facturas son iguales a las de otras veces, ya que nunca he tenido acceso a esas cuentas, ni siquiera mientras presidió el grupo, siendo siempre usted el que administró estas cuentas". 

Siguero fue tesorero del PP local y del grupo municipal durante el periodo que afecta al Gürtel. En uno de los registros se intervino documentación que indicaba que el responsable del PP municipal en la campaña de 2007, Tomás Martín Morales, había recibido un sobre con 30.000 euros para el pago de la campaña en Boadilla. 

(www.elpais.com, 18/06/10)

 

PEDREIRA INVESTIGA EL ÚLTIMO ACUERDO DE BOADILLA CON CORREA 

 

El instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha asumido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido que la oficina judicial de la Intervención General del Estado investigue una reciente operación de 7,1 millones de euros entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y una de las empresas de Francisco Correa, presunto cerebro de la trama. Se trata de un acuerdo entre la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) de Boadilla y el responsable de la sociedad Artas Consultores, Ramón Blanco Balín, imputado por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales. 

La iniciativa supone que la empresa renuncia a una adjudicación municipal del uso de una treintena de locales comerciales y más de 130 plazas de garaje en el residencial Siglo XXI de Boadilla del Monte. A cambio, el consistorio se hace cargo de la hipoteca de Artas Consultores que habían firmado los representantes legales de esta sociedad por un total de 7,1 millones de euros. Este acuerdo estaba pendiente de la decisión de Pedreira. 

Esta operación fue rechazada en un informe de la interventora municipal, que anunció "disconformidad" en el pleno en el que los concejales del PP acordaron pedir un crédito para financiar el acuerdo. Este trato también fue criticado por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por Boadilla), ya que la concejal de Empleo, Rosalía de Padura (PP), esposa del también imputado en el Gürtel Tomás Martín Morales, participó en la votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el PP dio el visto bueno al acuerdo con el presunto testaferro de Correa. El portavoz socialista en Boadilla, Pablo Nieto, exigió la dimisión de la edil por haber votado a favor de una empresa de la que había sido accionista su marido, según un informe de la Agencia Tributaria. 

Apenas unas horas después de haber hecho pública el PSOE esta crítica en nota de prensa, el equipo de Gobierno municipal difundió la reducción del 14% del presupuesto de personal. Entre los dos concejales despedidos como mecanismo de ahorro ante la crisis, estaba De Padura, que dejó de cobrar su sueldo de 67.000 euros anuales. 

Esta no será la primera vez que la Intervención General del Estado haga un informe sobre Boadilla. El 29 de mayo de 2009 un funcionario de esta institución elaboró un documento en el que se sostenía que los expedientes relacionados con la trama Gürtel facilitados por el Ayuntamiento de Boadilla estaban "incompletos, y falta información que, teniendo en cuenta el carácter de la misma y su reiteración, inducen a considerar que no es que el expediente archivado esté incompleto sino que de forma expresa e intencionada no se han remitido". Este documento de la Intervención analiza la gestión de la treintena de locales comerciales y 130 plazas de garaje del Residencial Siglo XXI, que ahora volverá a estudiar tras la petición de Pedreira. 

(www.pais.com, 11/06/10) 

 

LA INTERVENTORA SE OPONE A QUE BOADILLA PAGUE LAS DEUDAS DE UNA FIRMA DE CORREA

 

El Ayuntamiento acepta hacerse cargo de una hipoteca de 7,1 millones de euros 

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte asumirá la hipoteca de 7,1 millones de euros de la empresa Artas Consultores. Esta sociedad es propiedad de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la red Gürtel, según el sumario del caso. El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer la operación pese a contar con la oposición de la interventora municipal, quien expresó su "disconformidad" a la misma. La mayoría del PP hizo valer su rodillo para imponer su criterio y sacar adelante la operación.

El Consistorio acepta la deuda a cambio de anular una concesión

El pleno retira a la SGAE la concesión del palacio del infante don Luis

A cambio, la empresa vinculada con Correa acepta anular la adjudicación del contrato para gestionar 33 locales comerciales y 138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI. Tras el acuerdo, los inmuebles volverán a pertenecer a la empresa municipal. La operación aún está pendiente del visto bueno del juez instructor de caso Gürtel, Antonio Pedreira. El magistrado tiene la última palabra sobre un acuerdo que afecta a una empresa intervenida por la justicia, Artas Consultores.

La decisión del grupo del PP local se produjo pese a los reparos de la interventora municipal, María José Fernández Domínguez, y del viceinterventor, Juan Andrés Gil Martín; y de las críticas encendidas de los partidos de la oposición local (PSM y Alternativa por Boadilla). Los dos funcionarios presentaron un informe en el que alertaban sobre la necesidad de volver a cálcular el valor de los locales comerciales para que se pudiera conocer el importe real de la liquidación entre la empresa de Correa y el Ayuntamiento. La interventora municipal intervino en el pleno donde señaló la posibilidad de que sea la sociedad la que tenga que abonar dinero al Ayuntamiento.

La operación fue pactada previamente entre el actual gerente de la EMSV, Alejandro Corral y el administrador de Artas Consultores, Ramón Blanco Balín por un monto de 5,9 millones que ayer se elevó a 7,1. El sumario considera a este último el supuesto testaferro de Correa.

Una de las ausencias del pleno fue la edil Rosalía de Padura, esposa de Tomás Martín Morales, ex consejero de la EMSV y uno de los imputados en la trama. Martín Morales ha logrado eludir la cárcel al pagar la fianza de 1,5 millones. Al ausentarse De Padura ha eludido una posible incompatibilidad, ya que su marido fue accionista del 20% de la empresa que recibirá los 7,1 millones, según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario de la Operación Gürtel. Sin embargo, su voto favorable en la comisión de Economía previa al pleno fue criticado por la oposición.

El portavoz del PSM en Boadilla, Pablo Nieto, destacó que esta adjudicación ha causado un grave perjuicio financiero al municipio, ya que se cedieron unos locales comerciales "cobrando solo el 10% de su valor de mercado". Además, criticó al actual alcalde, Juan Siguero, asegurando que es "vergonzoso e indecente" que pretenda pagar, pese a la disconformidad de la intervención municipal, otros siete millones a esta empresa relacionada con la trama Gürtel. Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla (APB), denunciará el acuerdo del pleno, ya que lo considera "ilegal".

Un portavoz municipal explicó, al ser preguntado por este periódico, que se ha demostrado que la operación "no es ilegal", como argumenta la oposición.

El pleno de ayer también aprobó rescindir el contrato que firmó en 2006 el Ayuntamiento con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para que el palacio del infante don Luis (del siglo XVIII, obra de Ventura Rodríguez) acogiera la sede de la Fundación Autor.

Esa fundación aseguró ayer en un comunicado que no le ha sido notificada "fehacientemente" la rescisión del uso privativo del palacio, edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). "Una vez se estudie la resolución, la Fundación Autor tomará las decisiones necesarias para su legítima defensa", prosigue el texto. Y resalta que la entidad "no renuncia al proyecto, en el que ha invertido considerables recursos humanos y materiales". El Ayuntameinto alega que la SGAE ha presentado un proyecto inadecuado para el recinto.

www.elpais.es 29.05.10

UN EDIL ACUSA DE AMENAZAS A UN CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA

El edil de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, presentó ayer una denuncia a la Guardia Civil contra un cargo del Ayuntamiento de esta localidad gobernada por el PP. Galindo dice que fue objeto de amenazas por parte del gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) de la localidad, Alejandro Corral, que negó la acusación. El denunciante es abogado del ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, que denunció la trama Gürtel a la Fiscalía Anticorrupción.

Según Galindo, Corral acudió a su despacho en el Ayuntamiento para exigir una rectificación de una nota de prensa de su partido. APB se oponía a que el Ayuntamiento pagase 5,9 millones de euros a una empresa que, según el sumario de Gürtel, pertenece a Francisco Correa.

En la nota, Galindo ponía en boca de Corral que Alfonso Bosch, imputado en el caso Gürtel y antiguo gerente de la EMSV, se había llevado documentación sobre el caso. Por esta razón se inició una discusión en la que Corral llegó a decirle: "Ten cuidado. Tú ten cuidado", según consta en el atestado y corrobora el socialista Fermín Íñigo, que oyó la discusión. Galindo también indicaba en la nota que el lunes pondría un recurso al considerar incompatible el voto en la comisión de Economía de la edil del PP Rosalía de Padura, esposa del ex consejero de la EMSV Tomás Martín Morales, que según la Agencia Tributaria fue accionista de la empresa Artas Consultoría, que es la que recibirá los 5,9 millones del Consistorio.

 

www.elpais.es 22.05.10

 

BOADILLA PACTA EL RESCATE POR 5,9 MILLONES DE UNA ADJUDICACIÓN INMOBILIARIA A CORREA 

 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha pactado el rescate de una adjudicación inmobiliaria a empresas de la trama Gürtel de corrupción que afecta al PP. Se hará cargo de la hipoteca de 5,9 millones de euros de una de las empresas del entramado de Francisco Correa. A cambio, esta sociedad renunciará al derecho al uso y explotación de 33 locales comerciales y 138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI del municipio. 

Estas superficies le fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) a Rústicas MBS, S.L., de Ramón Blanco Balín, en 2005 (considerado en el sumario Gürtel presunto testaferro de Correa), y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario. 

El Ayuntamiento justifica esta decisión porque la empresa Artas Consultores jamás ha llegado a pagar el canon anual al que se comprometió, pese a que el entonces gerente de la EMSV y diputado en la Asamblea, Francisco Bosch Tejedor, llegó a reducir el mismo desde los 244.750 euros iniciales a 81.344 euros, y pese a que la concesión se elevó de 75 a 99 años. 

Para que se realice el rescate, es preceptiva la autorización del juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira. Esto se debe a que la empresa Artas Consultores está intervenida judicialmente, y por tanto estos locales comerciales de Boadilla no pueden modificar su estatus legal sin el permiso del juez.La empresa Artas Consultores, que ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que el Consistorio le va a pagar los 5,9 millones de euros que esta sociedad adeuda a Caja Madrid, aparece en el registro como propiedad de Ramón Blanco Balín, imputado en la trama. Pero en realidad, según un informe de la Agencia Tributaria, pertenece mayoritariamente a Francisco Correa, aunque también ha sido propiedad del diputado en la Asamblea Alfonso Bosch Tejedor y del ex consejero de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte Tomás Martín Morales. 

Artas Consultores se constituyó el 22 de septiembre de 2005 con un capital social de 60.120 euros en 120 acciones, repartidas entre sociedades de Ramón Blanco Balín, considerado por la investigación como un presunto testaferro de Correa. Un día después, las acciones cambiaron de manos mediante contratos privados. Así, Blanco Balín vende al diputado en la Asamblea Francisco Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales el 25% y el 20%, respectivamente, de las acciones de esta empresa. Estos dos ex altos cargos del PP mantienen la propiedad de estas acciones hasta el 13 de julio de 2007, fecha en la que Correa se hace con el 75% de la empresa. 

En octubre de 2005 la empresa municipal del suelo de Boadilla (EMSV), con Bosch Tejedor como gerente, adjudica el uso de los 33 locales comerciales y las plazas de garaje del Residencial Siglo XXI a la empresa Rústicas MBS, propiedad también de Blanco Balín y socio de Bosch Tejedor en Artas Consultores. En enero de 2008 Rústicas MBS cede el uso de los locales a la empresa Artas Consultores, de la que había sido accionista Bosch Tejedor, imputado por recibir más de 250.000 euros de las empresas de la trama. 

Además, entre los documentos interceptados los agentes encontraron un archivo que apunta al diputado, que es la "Autorización expresa de cesión de derecho de superficie sobre las parcelas del Residencial Siglo XXI dirigida a Rústicas MBS, y pie de firma don Alfonso Bosch Tejedor en su condición de gerente". 

De este archivo se deduce, según los investigadores, que Blanco Balín pudo solicitar a la EMSV la cesión del uso a la sociedad en la que era accionista Bosch Tejedor, que habría sido quien la autorizó. 

Esta tesis de la investigación tomaría mayor peso tras descubrir los agentes un correo electrónico en el que se puede leer cómo Bosch da órdenes a Blanco Balín, con Martín Morales de intermediario: "Ramón, me dice Alfonso que le tienes que enviar un documento por el que declares que la entidad adquirente Artas dispone de la solvencia económica y financiera necesaria y suficiente para ser titular del contrato. Es una simple declaración". Los investigadores de la Agencia Tributaria sostienen que Ramón se refiere a Blanco Balín; y Alfonso a Bosch Tejedor. 

Al aprobar este cambio, la empresa Artas pasó a gestionar propiedades por las que recibía unos 514.205 euros al año en concepto de alquiler, según la Agencia Tributaria, ya que el propio Bosch alquiló para la EMSV varios locales. El Ayuntamiento instaló ahí la sede de la Policía Local. 

El PSOE local, que rechaza el acuerdo con la empresa de Correa, ha asegurado que el PP demuestra que siguen defendiendo los intereses de las empresas sospechosas de corrupción "frente al de los vecinos de Boadilla", dijo el portavoz socialista Pablo Nieto. 

(www.elpais.com, 19/05/10) 

Una propiedad de ida y vuelta 

- Artas Consultores se constituyó el 22 de septiembre de 2005 con un capital social de 60.120 euros en 120 acciones, repartidas entre sociedades de Ramón Blanco Balín, supuesto testaferro de Francisco Correa . 

- Pero un día después, el 23 de septiembre de 2005, Blanco Balín, vende al diputado en la Asamblea Francisco Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales el 25% y el 20% respectivamente de las acciones de Artas. 

- En octubre de 2005 la empresa municipal del suelo de Boadilla, con Bosch Tejedor como gerente, adjudica el uso de los 33 locales comerciales y las plazas de garaje del Residencial Siglo XXI a la empresa Rústicas MBS, propiedad de Blanco Balín y socio de Bosch Tejedor. 

- En enero de 2008 Blanco Balín cede el uso de los locales a la empresa Artas Consultores, propiedad al 75% de Correa. 

(www.elpais.com, 19/05/10)

 

EL TSJ DE MADRID AVALA LAS ESCUCHAS DE GARZÓN 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló ayer las cinco resoluciones -dictadas entre el 8 de agosto de 2009 y el 13 de enero de este año- por las que el juez Baltasar Garzón ordenó las escuchas telefónicas a los principales acusados del caso Gürtel durante varios meses. 

El recurso había sido presentado por el imputado José Luis Izquierdo -el contable al que se incautó el pen drive con la contabilidad B de la trama corrupta- y al mismo se habían adherido hasta 14 implicados, entre ellos, el presunto jefe máximo, Francisco Correa. 

 

La misma Sala Civil y Penal del TSJ que anuló las conversaciones entre los acusados y sus abogados en prisión, ha rechazado todos los recursos y ha confirmado la legalidad de las intervenciones telefónicas ordenadas por Garzón. 

 

El tribunal precisa que el magistrado de la Audiencia Nacional no se limitó a una repetición rutinaria de las medidas adoptadas con anterioridad como pretenden los acusados, sino que el juez no hizo abandono del protagonismo que la ley le asigna, ni tuvo "olvido de sus deberes" como juez que supusiera un criterio de servil automatismo a la investigación judicial. 

La resolución de la Sala de lo Civil y Penal destaca que no hubo falta del debido control judicial y ausencia de motivación por parte del juez Garzón. "Resulta esencial recordar cómo ya desde el auto inicial que dispuso la medida el instructor que la acordó interesaba de la fuerza policial que había de llevar a efecto una remisión de las transcripciones más significativas, junto con un informe sobre el resultado de las pesquisas concluidas, sobre las imputaciones que se iban corroborando y sobre las razones que aconsejaban su prolongación", concluye el auto. 

 

(www.elpais.com, 21/04/10)

 

EL JUEZ PEDREIRA CITARÁ AL EX TESORERO Y A MERINO 

 

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira tomará declaración a los dos aforados nacionales del PP que ayer renunciaron a sus escaños en las Cortes. La citación se producirá en cuanto el Tribunal Supremo le remita las actuaciones que ha realizado desde que asumió, el pasado mes de junio, la parte del caso Gürtel que afectaba al ex senador Luis Bárcenas y al ex diputado Jesús Merino. De esta forma, ninguno podrá alegar algún tipo de indefensión cuando el caso retorne al TSJM. 

El instructor del caso en el Supremo, el magistrado Francisco Monterde, devolverá al tribunal madrileño las actuaciones que ha realizado en estos diez meses, y sobre las que mantiene el secreto del sumario, en cuanto tenga en su poder la comunicación oficial de ambas cámaras de que los dos ex parlamentarios han renunciado a sus escaños. 

Una de las garantías de nuestro sistema legal es el derecho al juez predeterminado por la ley. La condición de aforados de Bárcenas y Merino determinaba que sólo pudieran ser investigados por el Tribunal Supremo, igual que la existencia de diputados autonómicos de Madrid y de Valencia obligó al primer instructor de la trama Gürtel, Baltasar Garzón, a inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del de la Comunitat Valenciana. 

Con la decisión hecha pública ayer por Bárcenas y Merino de renunciar a sus actas de senador y diputado, respectivamente, es obligado que el caso vuelva al TSJM. Al aparecer indicios contra ambos, Pedreira elevó una exposición razonada al Supremo para que asumiera la investigación. El alto tribunal se declaró competente para investigar a Bárcenas y Merino por cohecho y delito fiscal, el 15 de junio, y devolvió el resto de la causa al TSJM. 

Si el ejemplo de Bárcenas y Merino se extiende y los diputados de Madrid imputados, a los que el PP suspendió de militancia, también renunciasen a sus escaños, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejaría de ser competente sobre el caso, porque sólo los aforados autonómicos determinan que se encargue de la investigación. La causa volvería entonces al Juzgado Central de Instrucción número 5, del que todavía es titular Baltasar Garzón. 

Cuando el CGPJ le suspenda cautelarmente se ocupará de dicho juzgado el juez Santiago Pedraz hasta que sea nombrado un sustituto para Garzón. Su suspensión se prevé ahora para el pleno del CGPJ del próximo mes de mayo, al no haber recibido aún el órgano de gobierno de los jueces el auto en el que Luciano Varela declaraba que había "lugar a proceder" en su contra. Pero, con Garzón o sin él, sin diputados autonómicos, el caso volvería al Juzgado Central número 5. 

No es la primera vez que aforados del PP renuncian a su escaño después de ser investigados por el Supremo. El antecedente más emblemático de esta práctica fue el llamado caso Zamora, que, tras renunciar a sus escaños los aforados del PP imputados, se envió a los juzgados zamoranos, que lo archivaron.  

 

(www.publico.es, 20/04/10)

 

LÓPEZ VIEJO PRESENTA COMO AVAL PARA EL PAGO DE SU FIANZA UN CHALET DE SUPER-LUJO EN MADRID

 

El matrimonio López-Viejo desembolsó ante el notario el 22 de Febrero de 2008 un millón doscientos mil euros a través de un cheque de Bankinter 

 

Tan solo un año antes de que estallara la 'operación Gürtel', Alberto López Viejo que entonces era consejero de Aguirre y su esposa adquieren en el lujoso barrio de Arturo Soria una chalet de casi 400 metros cuadrados. A la vivienda no le falta de nada: cuatro plantas, seis amplias habitaciones, cuartos cuartos de baño, dos salones, patio interior, piscina, garaje para tres coches y por supuesto ascensor que comunique toda la casa. De esta manera, es más relajado dejar el vehículo en el garaje y no tener que subir los escalones de todas las plantas.

Pero llegó 'la Gürtel' y el sueño de vivir en un palacio se desvaneció. Por eso el control de la propiedad lo tiene ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras haber fijado una fianza económica para López Viejo de unos 800.000 euros. Esta vivienda avala esa cifra. Sin embargo, la escritura de compra-venta aporta otros datos de muchísimo interés judicial: la forma de pago. El matrimonio López-Viejo desembolsó ante el notario el 22 de Febrero de 2008 un millón doscientos mil euros a través de un cheque de Bankinter. Pero quedaba medio millón suscrito por la promotora para edificar la vivienda. Pues bien, ese medio millón fue cancelado de manera automática por el propio López Viejo.

En total, casi dos millones de euros incluyendo impuestos es el precio final de este domicilio. Mucho dinero para el sueldo que cobraba el 2008 el que fuera Consejero de Deportes del Gobierno regional, unos 6.000 euros al mes.

 

www.cadenaser.com 19.04.10

 

 

 

LA TAPADERA QUE LA PRESIDENTA NO LEVANTÓ 

 

"Yo destapé la trama Gürtel". Pronunciadas dos veces, las cinco palabras que Esperanza Aguirre encadenó el jueves 8 de abril de 2010 en la Asamblea de Madrid tienen ya garantizado su ingreso en los anales de la historia. Y lo tienen por mucho que al día siguiente Aguirre retrocediera a marchas forzadas para afirmar esta vez que, en realidad, nunca supo que tenía ante sí una presunta red de corrupción.  

 

De la popularidad de su "yo destapé..." dan fe los 118.000 resultados que el viernes arrojaba el buscador Google. O los seis grupos creados en Facebook, ninguno de ellos amistoso con la presidenta de Madrid y líder regional del PP. Pero la frase de Aguirre no encierra una simple muestra de osadía o ingenio. Contiene un oxímoron. O, lo que es lo mismo, una contradicción en toda regla. 

 

Porque, mucho antes de que Baltasar Garzón lanzara el 6 de febrero de 2009 su operación contra la red corrupta, Aguirre tuvo cuatro ocasiones de levantar la tapadera. Cuatro fueron los avisos que recibió. Variopintos pero suficientes para alimentar la inquietud de que algo se cocía en las cloacas de la política de Madrid, la Comunidad cuyo Gobierno proporcionó a la trama de Francisco Correa más de tres millones de euros en contratos.  

 

El que sigue es el relato de esas cuatro advertencias, todas ellas desoídas por quien, varios años después, frente al pelotón de periodistas parlamentarios, terminaría arrogándose el mérito de haber descubierto el pastel.  

 

1. Las dos facciones. La extraña parcela y la trama de las VPO. El concejal Ángel Galindo la alertó de la actuación del alcalde de Pozuelo 

 

En 2004, el grupo de gobierno del PP en Majadahonda se rompió. A un lado, el entonces alcalde, Guillermo Ortega, José Luis Peñas y Juan José Moreno. Al otro, 12 ediles encabezados por el actual regidor, Narciso de Foxá, que en aquellosdías dirigía la empresa Pammasa, gestora municipal de suelo y vivienda. La chispa que prendió el cisma fue la proyectada venta de una parcela por un precio inferior a la mitad de lo tasado en un principio.  

 

La facción de Foxá acusó a Ortega, Peñas y Moreno de buscar el beneficio de una empresa, y así se lo dijo a Aguirre. Justamente, a esa operación se refería la presidenta cuando aseguró que destapó la trama Gürtel al impedir la venta de suelo "con beneficio para el señor Correa y el resto de los miembros presuntos de esta trama". Obvió que su número dos, Ignacio González, había aprobado los pliegos de la subasta, donde figuraba no el precio original sino el inferior.  

 

También Peñas, autor de ese pliego y luego denunciante del caso Gürtel, acudió a Aguirre: sostenía que, al torpedear la venta, era Foxá quien quería beneficiar a una sociedad propiedad de un íntimo amigo. El 17 de enero de 2005, Peñas entregó a Aguirre un dossier donde desvelaba una presunta trama que basaba su negocio en la conversión de viviendas protegidas (VPO) en viviendas libres. Anticorrupción investigó, pero el caso se cerró. Aguirre desbancó a Ortega de la alcaldía, lo cobijó en la presidencia de una empresa pública, Mercado Puerta de Toledo, y lo mantuvo en la ejecutiva regional del PP como secretario de Estudios y Estadísticas.  

 

2. Interviú. Special Events, Good and Better, Down Town... 

 

El 14 de marzo de 2005, la revista Interviú publicó un extenso reportaje titulado Las amistades peligrosas de Alejandro Agag. Sus autores ofrecieron información detallada sobre los múltiples contratos públicos obtenidos en Madrid por las empresas de Correa y su esposa, "amigos íntimos de Alejandro Agag". Y citaban expresamente a Special Events, Good and Better... y Down Town Consulting.  

 

El mismo día que la edición de Interviú llegó a los kioscos, Down Town cambió su denominación por la de Easy Concept, aunque su CIF (el DNI de las sociedades mercantiles) era el mismo. Aguirre afirma que, a raíz de ese reportaje, ordenó al ahora imputado Alberto López Viejo, su director adjunto de campaña en 2003 y entonces viceconsejero de Presidencia, que dejase de contratar con Special Events. Pero Good and Better e Easy Concept siguieron recibiendo adjudicaciones de la Comunidad, aunque cedieron protagonismo a otras dos nuevas marcas limpias de la red: Diseño Asimétrico y Servimadrid, las grandes receptoras de contratos desde 2006. 

 

3. El edil. Una carta sobre los desmanes de Panero 

 

El 21 de septiembre de 2006, el abogado y concejal independiente de Boadilla Ángel Galindo envió a Aguirre una carta donde revelaba cómo el alcalde del municipio, el ahora imputado Arturo González Panero, había adjudicado una parcela municipal a una empresa que ni siquiera estaba inscrita en la Seguridad Social.  

 

Aquella empresa era UFC, del también imputado en la Gürtel José Luis Ulibarri. Galindo, que representa al ex edil de Majadahonda José Luis Peñas en el caso, asegura que Aguirre ni siquiera acusó recibo de la misiva. 

 

4. Los funcionarios. Segunda misiva y nuevo silencio

 

El 2 de diciembre de 2007, un grupo de funcionarios de Boadilla envió otra carta a Aguirre. Aquella misiva alertaba a la presidenta sobre cómo el alcalde Panero sometía a "chantaje" al funcionariado para adjudicar los contratos a su conveniencia. De las empresas adjudicatarias, denunciaban los funcionarios, "obtiene cuantiosos beneficios económicos de carácter personal; para él y para su círculo, que cada vez se hace más extenso".  

 

Tampoco con este cuarto aviso Aguirre se dio por aludida. Panero se mantuvo como alcalde hasta que el juez Garzón lo imputó en el caso Gürtel en febrero de 2009. También él pertenecía a la ejecutiva regional del PP.  

 

(www.publico.es, 19/04/10)

 

AGUIRRE: "YO DESTAPÉ EL GÜRTEL" 

 

Esperanza Aguirre (PP) no para de lanzar mensajes exigiendo firmeza contra los corruptos. Clama que hay que hacer purgas ante cualquier atisbo de sospecha o irregularidad y exige responsabilidades. Ayer incluso se atribuyó el comienzo de las investigaciones de la mayor trama de corrupción en la Comunidad de Madrid. 

 

A su llegada a la Asamblea, antes del pleno semanal, manifestó: "Me siento especialmente satisfecha de haber sido una parte muy importante, la causante, de que este caso [el Gürtel] se destapara". Se arrogó ese mérito por haberse opuesto "a que se vendiera, con beneficio para el señor Correa y el resto de los miembros presuntos de esta trama, por menos de la mitad de su precio, una parcela en Majadahonda". Y concluyó: "Ahí se destapó todo esto". 

Se refería al caso Majadahonda, que estalló en 2004, por el cual el Ayuntamiento majariego pretendía subastar dos parcelas de forma supuestamente irregular. El asunto acabó con la salida del alcalde Guillermo Ortega, sustituido por Narcisó de Foxá, y la expulsión de dos ediles del PP. Uno de ellos, José Luis Peñas, fue el que denunció hace un par de años las operaciones del Gürtel ante el juez. 

 

A pesar de que la causa del caso Majadahonda fue archivada por el Supremo, durante meses los dos concejales expulsados del PP acusaron a Aguirre de conocer la trama. 

La presidenta regional colocó a Ortega como presidente del Mercado Puerta de Toledo. El sumario del Gürtel señala a Ortega como una de las personas que más se enriqueció gracias a la trama. Recibió dinero, varios relojes y disfrutó de caros viajes. Un informe de la policía sostiene que durante el mandato de Ortega en Majadahonda (entre 2001 y 2005) se produjo la entrada de las empresas de Correa en el municipio mediante la adjudicación de contratos a sus empresas. En el pleno de la Asamblea de ayer, Aguirre hizo gala de "la celeridad con que el PP de Madrid" y ella misma han "reaccionado" ante el caso de corrupción, en el que "todas las personas implicadas han asumido su responsabilidad política".  

La dirigente del PP destituyó a cuatro alcaldes imputados en la trama. También a Alberto López Viejo como consejero de Deportes, pero tardó ocho meses en expulsar a los diputados imputados del Grupo Popular en la Asamblea, el propio López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. 

 

Además, pese a sus mensajes de firmeza, protege a otro alto cargo imputado. Sergio Gamón, ex director de Seguridad regional, implicado supuestamente en el caso del espionaje a políticos del PP en Madrid. Ayer, Manuel Cobo, uno de los espiados, aseguró que "el PP de Madrid se alinea con las tesis de los imputados". 

 

Gamón, y tres asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, siguen encausados (por malversación de fondos públicos) tras rechazar la jueza la pretensión de la defensa de cerrar el caso por falta de pruebas. El vicepresidente regional, Ignacio González, afirmó ayer por la mañana que Gamón no debe dimitir porque "no está imputado". González mintió. 

Además, el vicepresidente negó que se arrepienta por contratar con empresas de la red corrupta, lo que la Comunidad hizo en 367 ocasiones, según recoge el sumario, 105 de ellas juzgadas como irregulares por los investigadores. "Estaban capacitadas para ejercer sus actividades", justificó.Durante todo el día los dirigentes populares tuvieron que esquivar las preguntas sobre el caso Gürtel. La red de Correa estaba bien anclada en la Comunidad de Madrid. Entre 2004 y 2008, contrató en 367 ocasiones con la Administración autónoma. Casi un tercio de esas operaciones fueron irregulares. 

 

Por la tarde, en el pleno de la Asamblea se vivió un duro cruce de acusaciones entre la oposición y el PP. Durante el turno de preguntas, Gregorio Gordo, portavoz de IU, pidió a la presidenta que "empiece a tomar medidas" contra los diputados imputados: "Todavía se sientan en el parlamento, votan a dos manos con el PP y ni siquiera se siente un mal rollo con el resto del grupo popular", recalcó. La portavoz socialista, Maru Menéndez, también preguntó a Aguirre por la vinculación del PP con la trama, a lo que la presidenta respondió: "Comprendo que le moleste que habiéndose hecho público el sumario yo no aparezca sino para ser insultada por los miembros de esa trama", se pavoneó.  

 

Además, sugirió al PSM que "tomase ejemplo", por la "celeridad" con la que han reaccionado ante la corrupción. "Todas las personas implicadas han asumido su responsabilidad política, no tienen un solo cargo y han sido suspendidas de militancia", indicó y recordó que hace tiempo, recordó: "Hace tiempo que ya pedí que los diputados deberían dejar su escaño. Pero el acta no es propiedad de los partidos". 

 

Aguirre se guardaba un duro golpe y recordó que la fiscalía ha imputado por prevaricación a dos miembros que tienen su butaca entre los socialistas, el ex alcalde de Leganés, José Luís Pérez Raez, y la diputada Esperanza Rojas, según desveló poco después el vicepresidente Ignacio González cuando se le preguntó a quién se refería. 

 

(www.elpais.com, 09/04/10) 

 

BENJAMÍN MARTÍN VASCO: Boda y luna de miel a costa de Correa 

Muchos invitados no lo sabrían, pero las sillas que usaron durante el banquete de bodas de Benjamín Martín Vasco fueron pagadas por Correa. Lo mismo que la iluminación y la moqueta. Y el viaje de luna de miel a la Polinesia, de 28.888 euros. 

GUILLERMO ORTEGA: El alcalde que coleccionaba relojes

Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, recibió al menos media docena de relojes de lujo de la trama. Se pirraba por los relojes. Y también los viajes a todo trapo. Él y su familia recorrieron media Europa con cargo a la red de Correa. 

ARTURO G. PANERO: No sabía vestir, pero se llevó el dinero 

Le apodaban Albondiguilla y decían de él que no sabía vestir, pero la trama liderada por Francisco Correa untó, según el sumario, a Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, con la cantidad más alta (a excepción de Bárcenas): 642.942 euros. 

GINÉS LÓPEZ: Vacaciones con la familia en Orlando 

El ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, disfrutó de varios viajes pagados por la red de empresas de Correa, según consta en una cuenta con su nombre hallada en los registros de dinero negro de la trama. 

 

JESÚS SEPÚLVEDA: Coches de lujo y sobres de dinero. El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, era el contacto entre las empresas de Correa y el PP entre 1994 y 2004. Recibía periódicamente sobres de dinero procedente de la contabilidad B. Correa le regaló un Jaguar en 1999. 

 

(www.elpais.com, 08/04/10) 

 

UN SASTRE CONFECCIONÓ TRAJES PARA PANERO PAGADOS POR CORREA 

 

No sólo le puso un mote ridículo -El Albondiguilla-, sino que, además, a Francisco Correa le parecía que el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, del PP, vestía mal. El supuesto cerebro de la trama Gürtel contrató para él los servicios de un sastre, al que le dijo: "Es uno de esos alcaldes que no saben vestir". Así lo relató el sastre, Rafael Caballero, en su declaración ante la policía. La investigación había detectado tres apuntes contables (por valor de 10.400 euros) en la caja B de Serrano que recogían pagos a nombre de Rafael Caballero y que tenían como destinatario a Panero. La policía citó al sastre, que corroboró todos esos encargos. 

 

Caballero relató a los agentes que fue otro cliente suyo, el ex eurodiputado popular Gerardo Galeote, también imputado, quien le presentó a Correa años atrás. Según el sastre, Correa le dijo que "iba a hacer unos trajes a un amigo suyo". Como "no sabía vestir", le escogió él mismo dos trajes y dos americanas con pantalón, junto con el tipo de tejido que debía usar, y le dio el móvil de Panero para que se pusieran de acuerdo y le tomara medidas. Le dijo también que de los pagos se encargaría José Luis Izquierdo, el contable de la trama. 

 

El sastre declaró a la policía que confeccionó prendas de vestir a Panero en tres ocasiones y que las facturas las hizo a nombre de Special Events, empresa vinculada a la trama. Caballero identificó a José Luis Izquierdo como contable de Correa. De hecho, era él quien le daba instrucciones sobre cómo debía hacer las facturas. En todas ellas, "se recogen conceptos que nada tienen que ver con el producto servido", declaró a los agentes. Izquierdo le decía qué conceptos incluir: generalmente telas de decoración que supuestamente se usaban en actos de las empresas de Correa. Por ejemplo, en una ocasión la venta de tres americanas, dos trajes completos y cinco pantalones acabó figurando en la factura como "suministro y colaboración de tejidos en el Stand de la EMV". No hubo sólo trajes. Panero se benefició de otras dádivas de la red, según recoge el sumario, que precisa que "durante el tiempo en que González Panero fue alcalde, se produjo la entrada de las empresas de Correa en el municipio, mediante la adjudicación de contratos a las empresas Easy Concept, Pasadena Viajes y Servimadrid Integral". Las empresas le hicieron regalos o le pagaron servicios por valor de 46.600 euros, según las investigaciones de la Brigada de Blanqueo de Capitales, que analizó el archivo de Excel con el nombre de Panero que figuraba en la caja B del domicilio del grupo. 

 

Encontraron un billete de avión para su mujer, Elena Villarroya; gastos de viaje de Panero (comida, alquiler de coche, estancia en hotel de superlujo...) a Miami en julio y noviembre de 2003; alojamiento en un hotel de Málaga en agosto de 2003... También apareció el viaje de novios del hermano de Panero, Pablo, a las islas griegas en noviembre de 2004. Dos apuntes contables más recogían compras efectuadas en Casa Exerez, una zapatería de Claudio Coello.

El propietario constató que Correa era cliente suyo y remitió a los investigadores las facturas, a nombre de Special Events, que coincidían en fecha e importe. Finalmente, en el archivo aparecía también una televisión de plasma de 4.000 euros. 

 

Isabel Jordán, contable de Easy Concept y Special Events, también aseguró en su declaración ante el juez que la trama regaló a Panero dos trajes por valor de 3.000 euros y televisiones de plasma a Panero, Benjamín Martín Vasco, ex concejal del PP en Arganda y diputado, y a Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo. "Este conjunto de entregas en especie a un cargo público con capacidad para gestionar la concesión de contratos y obras públicas en una Administración local responden a contraprestaciones por el favorecimiento de este a las empresas promovidas por Correa", asegura el informe policial. 

(www.elpais.com, 07/04/10)

 

LOS CARGOS DE CONFIANZA SIGUEN PARTICIPANDO EN LAS ADJUDICACIONES MUNICIPALES EN BOADILLA

El último caso que han detectado es la operación que ha llevado a cabo un primo del ex ministro, Angel Acebes, colocado a dedo por el ex Alcalde de Boadilla, ahora imputado Arturo González Panero.

Se trata de Alejandro Marín Paniagua, director general de juventud nombrado a dedo por el ex alcalde Arturo González Panero y primo del ex Ministro Ángel Acebes. Marín Paniagua sigue emitiendo informes sobre concursos públicos, a pesar de que esta ha sido una de las presuntas ilegalidades destapadas en la investigación del Caso Gürtel.

A la oposición en Boadilla del Monte, ya no les sorprende nada, aunque sí se están encontrando con nuevos casos sospechosos. Ángel Galindo, portavoz de Alternativa por Boadilla, no entiende que "con la que está cayendo en Boadilla, el primo del ex ministro Acebes siga haciendo de las suyas: descarta empresas, puntúa, firma informes y decide adjudicaciones. Todas estas competencias no le corresponden a los cargos de confianza según marca la ley".

Para el Grupo Socialista este es un ejemplo más de que Boadilla sigue al margen de la ley. Lo increíble, dicen, es que de nuevo se comentan las mismas ilegalidades que en el pasado. Desde el PSOE de Boadilla señalan que este es un ejemplo más de que "la selección de cargos de confianza en el Ayuntamiento de Boadilla no se hace por criterios de méritos y capacidad, sino que se hace por criterios de cercanía política. Cuando estos amigos son los que están dando las adjudicaciones, es cuando se demuestra que todo esto empieza a ser más que extraño".

La posición también sospecha del Secretario General del Ayuntamiento, Manuel Horrillo antiguo Jefe de Gabinete del Ex Ministro Acebes en Administraciones Públicas, y subdelegado del Gobierno en Cuenca durante la época de Aznar. Según denuncia, en las adjudicaciones de Gürtel nunca advirtió de los incumplimientos ni de las irregularidades de los informes.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/cargos-confianza-siguen-participando-adjudicaciones-municipales-boadilla/csrcsrpor/20100320csrcsrnac_5/Tes

EL JUEZ DE LA GÜRTEL EN MADRID DIO UN VOTO PARTICULAR CONTRA EL CARPETAZO A FAVOR DE ULIBARRI Y EL ALBONDIGUILLA 

La reciente presencia mediática de la judicatura empieza a traducirse en la impresión de que ese mundo es un pañuelo. Asuntos tan complejos como el caso Gürtel o el sinfín de querellas contra Garzón acaban reduciéndose a unos pocos nombres y a un puñado de rencores. Coincidencias de este tipo se dan, precisamente, dondese tocan los dos ejemplos anteriores: en las deliberaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre si se deben aceptar o no las escuchas a los imputados y sus abogados ordenadas por Garzón.  

El caso más escandaloso quizás sea el de Emilio Fernández Castro, uno de los tres magistrados del TSJM que debe decidir si anular las escuchas o no. Se da la “casualidad” de que fue este magistrado quien dio carpetazo a una querella contra dos de los protagonistas del caso Gürtel: el empresario José Luis Ulibarri y el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla.

La empresa fantasma 

Se trataba de la adjudicación de una parcela pública a una empresa fantasma de Ulibarri (no estaba inscrita en la Seguridad Social). Es, precisamente, el chanchullo que Garzón cita en su auto como “ejemplo” de cómo funcionaba toda la red corrupta.

Voto particular de Pedreira 

El caso, que denunció Ángel Galindo, portavoz de Alternativa por Boadilla, fue archivado porque el magistrado no vio indicios de delito. Algo que sí advirtió otro magistrado, en un voto particular de 2 contra 1 en la sentencia que refrendó el carpetazo, como ya contó El Plural en exclusiva, justo hace 3 años. Ese juez era Antonio Pedreira, quien ahora se encarga de investigar la casi totalidad del caso Gürtel y que en su momento dio por válidas todas las escuchas. Otra vez más, aparecen los mismos nombres.

“Contradicciones jurídicas”

En su voto particular de 2007, Pedreira creía que el carpetazo origina “algunas contradicciones jurídicas”, porque dar un contrato a una empresa fantasma es “una infracción muy grave que afecta a la validez real de la adjudicación”; y concluye que “quienes pudieran haber cometido hechos constitutivos de delito son el secretario y el alcalde” y que “el criterio mayoritario de la Sala sobre la inadmisibilidad de la querella pudiera no resultar ajustado a Derecho”.

Castro, Vieira… 

Según El País, Emilio Fernández Castro sería partidario de anular todas las escuchas realizadas por Garzón. Menos radical es Francisco Javier Vieira, que se decanta por anular sólo una parte de las grabaciones. Vieira es también presidente del TSJM y también se vio en el centro de la polémica del caso Gürtel.

La cacería de Garzón 

A principios de febrero, al poco de destaparse la trama, el juez Garzón y el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, coincidieron en una cacería. El PP montó en cólera y no cesó hasta que Bermejo dejó su cargo, aunque fuera por cazar sin licencia. Sin embargo, los populares vieron con “normalidad” que Vieira y Granados se reunieran en secreto a cenar en un reservado de un restaurante madrileño. Allí, como reconoció el juez, hablaron de la Gürtel, justo un día antes de que su tribunal aceptase el caso. Ahora, le toca precisamente a él decidir sobre las escuchas de Garzón. El mundo (de la judicatura) es un pañuelo.  

(www.elplural.com, 18/03/10)

UNO DE LOS JUECES ENCARGADO DE LAS ESCUCHAS DEL CASO GÜRTEL SE NEGÓ A INVESTIGAR UNA ADJUDICACIÓN A LAS EMPRESAS DE LA TRAMA

La empresa UFC es propiedad de José Luis Ulibarri, uno de los imputados en este asunto. Su abogado fue el que interpuso la querella que investiga el TS contra Garzón por autorizar las escuchas

Emilio Fernández de Castro archivó en 2007 una querella contra el Ayuntamiento de Boadilla que concedió una parcela para construir 140 viviendas a la empresa UFC. El Tribunal de Justicia de Madrid reanuda hoy las deliberaciones para decidir sobre la validez de las escuchas abogado - cliente en prisión que autorizó el juez Garzón

Emilio Fernández de Castro conoció las irregularidades urbanísticas que ha destapado la investigación del caso gürtel en el municipio madrileño de Boadilla. Hace tres años, redactó un auto para archivar una querella del grupo municipal Alternativa por Boadilla contra la adjudicación a la empresa UFC de una parcela para construir 140 viviendas. Este es uno de los principales contratos de las empresas de la trama que investiga la Fiscalía en el marco de este caso de corrupción que salpica al PP.

El archivo no fue fácil. Salió adelante en una ajustada votación: dos a uno. El juez Antonio Pedreira, que actualmente investiga la rama principal del caso gürtel, emitió un voto particular a favor de que el asunto se investigara.

La empresa UFC es propiedad de José Luis Ulibarri, uno de los imputados en este asunto. Su abogado, Ignacio Peláez, fue el que interpuso la querella que investiga el Tribunal Supremo contra Garzón por haber autorizado las escuchas en prisión de los abogados con los presuntos cabecillas de la trama.

El ariete del 'caso Gürtel'

Los magistrados que componen la sala que debe decidir sobre la validez de las intervenciones entre abogado y cliente en prisión son el presidente Francisco Javier Vieira, Emilio Fernández de Castro y el ponente, José Manuel Suárez Robledano. Según fuentes jurídicas, Suárez Robledano es partidario de su legalidad. Los otros dos magistrados, sin embargo, tienen muchas dudas de su encaje legal, especialmente, Emilio Fernández de Castro que apuesta por anular la práctica totalidad de las escuchas.

www.cadenaser.com 16.03.10

EL ALBONDIGUILLA SE JACTABA EN UNA CARTA DE 2008 DE SU RELACIÓN CON AGUIRRE

Con motivo del hijoputa que soltó Esperanza Aguirre, desde el PP, diferentes voces han defendido que “las conversaciones privadas en tono coloquial no aguantan ninguna crítica”. Pero no sólo las conversaciones privadas, también las palabras que se dejan por escrito. Arturo González Panero, más conocido como El Albondiguilla, es un buen ejemplo de esa inconsistencia. Así lo deja demuestra una carta de diciembre de 2008 dirigida a los afiliados del PP de Boadilla del Monte para que le reeligieran como presidente de la formación, cuando ya era alcalde. Una misiva que deja en evidencia la confianza que tenía puesta en él Esperanza Aguirre. 

A finales de 2008 se celebró el congreso local del PP en Boadilla del Monte, la localidad que dos meses después se revelaría como el epicentro de la trama Gürtel. El Albondiguilla se dirigió por carta a los afiliados para pedirles su voto, cantando los logros de su presidencia y cargando contra su rival, María Jesús Díaz.

Campaña de difamación

Ya por entonces, Panero estaba en el punto de mira por distintas sospechas de corrupción, de las que El Plural vino informando puntualmente. En su carta, El Albondiguilla hacía referencia a “la campaña de difamación y falsas acusaciones a las que hemos tenido que asistir”, aunque aseguraba que ya habían quedado “desvirtuadas” por “el peso de la verdad y la justicia” y por “un unánime apoyo de todo el Equipo de Gobierno del PP”.

El elegido de Aguirre

A los afiliados, Panero también les contaba que tenía “el profundo honor y la responsabilidad de haber sido reelegido por Esperanza Aguirre como Secretario (sic) de Área de la Ejecutiva Regional del PP de Madrid”. Aquel bonito vínculo lo olvidó Aguirre, de cara a la galería, cuando saltó el escándalo Gürtel, asegurando que los implicados estaban ya allí cuando ella llegó a la Presidencia del Gobierno regional.

“Otra afiliada”

“Habrás conocido que, además de mi candidatura, otra afiliada se presenta a la presidencia local bajo la crítica de que ‘las puertas del partido están cerradas a la participación de sus afiliados’”, alertaba Panero en su misiva. A ella le reprochaba en la misiva que hablase de “puertas cerradas” cuando había sido “en los últimos diez años” la secretaria general del partido. O sea, su mano derecha.

Derrota y purga

Aquella afiliada no era otra que María Jesús Díaz, quien se convirtió en enemiga interna de Panero. En el congreso, El Albondiguilla fue reelegido con 184 votos frente a los 136 de su rival. Y entonces, purgó el partido. La secretaría general se la dio a Alfonso Bosch Tejedor, ahora imputado en el caso Gürtel. Y a Díaz le arrebató todas sus responsabilidades en el Ayuntamiento y la redujo a concejala rasa. Desde el PP de Madrid incluso llegó a recibir un aviso por lo evidente de la limpieza.

“Dimite por favor”

Cuando estalló el caso Gürtel y la situación de Panero se volvió irremediable, la posición de Díaz no mejoró mucho más. Cuando Francisco Granados, secretario general del PP de Aguirre, se reunió con El Albondiguilla y sus concejales fieles para ver cómo resolver la situación, todos se plantaron y exigieron que si María Jesús Díaz no dimitía de lo poco que le quedaba, Panero no dejaría la alcaldía y, además, cantaría todo lo que sabía. El asunto se zanjó con una llamada de la mismísima lideresa a Díaz para que entregase su acta de concejal. Y lo hizo con estas palabras: “Dimite, por favor. Que, si no, lo tengo que hacer yo en dos días”. 

(www.elplural.com, 26/02/10) 

HACIENDA DESTAPA COMISIONES OPACAS DE NUEVE CARGOS DEL PP POR 3,8 MILLONES 

Nueve altos cargos del PP de Madrid involucrados en la trama Gürtel no declararon al fisco 3,8 millones de euros que supuestamente recibieron, entre 2004 y 2007, de las sociedades corruptas que dirigía el cabecilla de esa red, Francisco Correa. Así se desprende de un informe que tiene ultimado la Agencia Tributaria y que, según distintas fuentes, será aportado en breve al sumario que tramita el juez de Madrid Antonio Pedreira. 

Hacienda ha analizado e informado sobre los datos contenidos en una carpeta azul que la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía decomisó a José Luis Izquierdo, el contable de las sociedades corruptas. Hacienda sostiene que estas cantidades "posiblemente han sido cobradas y no declaradas". 

Son anotaciones sobre pagos en dinero negro hechos supuestamente a estos altos cargos -entre ellos, tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres ex alcaldes de importantes municipios madrileños- a cambio de contratas fraudulentas y otros lucrativos favores realizados desde instituciones públicas gobernadas por el PP. Al margen de esos pagos, que suman 3,8 millones de euros, Hacienda también indaga otros sobornos económicos aparecidos en otros extractos de la contabilidad B de las sociedades de Correa. Y tiene constancia de otras prebendas y viajes recibidos por algunos de estos nueve ex altos cargos: coches, viajes... 

Sólo los tres diputados del PP, al menos dos de ellos de especial confianza de la presidenta regional Esperanza Aguirre, habrían percibido de la trama, según Hacienda, casi un millón de euros, de los que no dieron cuenta al fisco, motivo por el que la Agencia Tributaria entiende que han podido cometer un delito fiscal. Tanto los tres diputados como los cuatro alcaldes fueron forzados por el PP a dimitir de sus cargos o abandonar el grupo. Los diputados forman ahora parte del grupo mixto en la Asamblea y siguen cobrando sus sueldos públicos. 

Al diputado Alfonso Bosch, ex gerente de la empresa municipal de suelo del municipio madrileño de Boadilla del Monte (Madrid), Hacienda le reclama, por el dinero percibido y no declarado (250.000 euros en sobornos), una cuota a pagar cercana a los 100.000 euros. A Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre, el fisco le ha descubierto ingresos no declarados que suman otros 352.000 euros. Es a quien más dinero le reclama Hacienda de los tres diputados implicados. 

A Benjamín Martín Vasco, diputado y ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey, el fisco le atribuye la recepción de unos 340.000 euros, siempre según fuentes conocedoras del informe. 

Por su lado, a tres de los cuatro ex alcaldes madrileños imputados, el fisco les atribuye la percepción total de 1,6 millones de euros en dinero negro. De entre los ex ediles, y sólo por este concepto, el que más dinero líquido ha recibido y no ha declarado al fisco es Arturo González Panero, ex regidor de Boadilla del Monte (642.000 euros), seguido de los ex alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López (534.000 euros), y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda (455.000). Aunque Sepúlveda, igual que los otros alcaldes, fue forzado a dejar sus cargos, trabaja en la sede del PP. 

El informe de la Agencia Tributaria, que estará listo para ser entregado al juez esta misma semana, se centra también en Tomás Martín Morales, vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte. Hombre de confianza de González Panero en el Ayuntamiento, Hacienda le atribuye haber cobrado y no declarado 450.000 euros. Supuestamente, a cambio de las contratas que dio a dedo a distintas constructoras cómplices tras la intermediación de Correa. Los otros dos investigados por el fisco en el marco de la trama de Madrid son Gerardo Galeote, ex eurodiputado del PP en la pasada legislatura, y el padre de éste y ex concejal de Boadilla, José Galeote. En total, Hacienda considera que ambos no declararon casi 800.000 euros. 

(www.elpais.com, 22/02/10) 

EL NÚCLEO DE LA TRAMA MADRILEÑA 

El instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha impuesto fianzas de responsabilidad civil, bajo amenaza de embargo de sus bienes, a casi todos los altos cargos del PP a los que la Agencia Tributaria imputa ahora un delito fiscal por haber recibido dinero opaco de la trama corrupta y no haberlo declarado. Tanto los tres diputados del PP de Madrid como los ex alcaldes implicados se han negado a declarar ante el juez. 

- Alberto López Viejo. El juez le ha impuesto una fianza de 750.000 euros. Ex consejero de Deportes, era el responsable de las escenografías electorales de la presidenta Esperanza Aguirre, que montaba a través de sociedades de Correa. Solía trocear los contratos en cantidades inferiores a 12.000 euros para poder adjudicarlos a dedo a Correa. Sigue cobrando un sueldo público como diputado, al igual que sus dos colegas aforados. 

- Benjamín Martín Vasco. Pesa sobre él una fianza de 955.000 euros. Es diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Y fue teniente de alcalde de Arganda del Rey entre 1995 y 1999. Los supuestos sobornos los recibió como responsable de la empresa pública del suelo de esta localidad, por dar contratas a la red corrupta. 

- Alfonso Bosch Tejedor. El juez le ha impuesto una fianza de 750.000 euros. Es el tercer diputado regional de Aguirre implicado. Fue gerente de una empresa pública de suelo en Boadilla del Monte y, según el sumario, adjudicó unos locales a Rústicas MBS, propiedad del también imputado en la trama Gürtel José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF. La contabilidad B de Correa refleja entregas de dinero a Bosch y los otros dos diputados. 

- Arturo González Panero. Ex alcalde de Boadilla del Monte. Ha realizado viajes con el cabecilla Correa a Miami (EE UU), donde hay sólidas sospechas de que la trama Gürtel oculta dinero conseguido ilícitamente. 

- Jesús Sepúlveda. Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón. Ahora trabaja para el PP en su sede de Génova. Aparte de supuestos sobornos y viajes, la trama le regaló coches de lujo. 

- Ginés López. Ex alcalde de Arganda del Rey. Durante su gobierno, la red de Correa penetró en este municipio y logró, a cambio de supuestas comisiones, millonarias contratas públicas. 

- Guillermo Ortega. Ex alcalde de Majadahonda. Hacienda no le reclama, al menos de momento, ningún dinero. Carmen Rodríguez Quijano, ex esposa de Correa, era su asesora. 

(www.elpais.com, 22/02/10)

EL JUEZ PEDREIRA PIDE A EEUU QUE BLOQUEE EL DINERO DE CORREA 

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha solicitado a las autoridades estadounidenses el bloqueo de 11 cuentas donde presuntamente descansa parte del dinero que Francisco Correa y sus colaboradores obtenían de la trama de corrupción vinculada al PP. Los investigadores han llegado a la conclusión de que todas esas cuentas están a nombre de sociedades pantalla que esconden a su verdadero propietario, el propio Correa. 

En la sucursal de Bancaja en Miami, el Grupo Hilgart tiene abiertas tres cuentas. Este grupo engloba a cinco sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes que, a su vez, participan en 12 firmas con sede en la ciudad más importante del Estado de Florida. Al frente de siete de esas sociedades figuraba la principal imputada por el caso Gürtel al otro lado del Atlántico, Ana Karlota Figueroa. Como informó Público el 7 de febrero, Figueroa está considerada por los investigadores la mano derecha de Correa en Miami. 

Pedreira quiere que Estados Unidos ofrezca información sobre todos los movimientos vinculados a esas cuentas. El juez no tiene información sobre los fondos que contienen y entre sus solicitudes está la información sobre transferencias de dinero, posiciones en valores mobiliarios, préstamos e hipotecas, adquisición de Bonos del Tesoro estadounidenses y la posible existencia de cajas de seguridad. 

Una cuarta cuenta abierta en el Bancaja de Miami está a nombre de otra de las empresas del grupo, Prairie Development. El titular de esta sociedad hasta enero de 2005 fue Randall Woodward, también imputado, y que fue sustituido en el cargo por Figueroa.  

Se da la circunstancia de que el director de la sucursal de Bancaja en Miami es el imputado Guillermo Martínez Lluch, al que Correa y su presunto número dos, Pablo Crespo, le concedieron poderes para vender sus bonos. La policía considera muy relevante la participación de Bancaja y Merrill Lynch en la inversión inmobiliaria de Correa en Estados Unidos. De hecho, en el banco estadounidense está abierta una de las 11 cuentas que Pedreira quiere bloquear. 

La tercera entidad bancaria afectada por la petición del juez español es Gibraltar Bank, concretamente una de sus sucursales en Florida. Cuatro sociedades de Correa tienen en ese banco cuentas a su nombre.  

Tres de ellas figuraron o figuran todavía como propietarias de otros tantos apartamentos en Residencia Jade, una torre de lujo con vistas al mar donde estrellas latinoamericanas del deporte y la música tienen residencia. Flybridge y Skyview Investments compraron en 2001 y vendieron posteriormente, con un beneficio total de más de 630.000 dólares, unos 465.000 euros al cambio actual, según el cálculo de los investigadores. La trama aún tiene un piso en la torre a nombre de otra de las sociedades con cuenta en el Gibraltar Bank, llamada Waterfall Investments.  

La Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospechan que Correa y otros implicados pudieron comprar más apartamentos en el mismo residencial y por eso facilita una larga lista de la que solicita se coteje con los propietarios de los apartamentos. Entre estos sospechosos figura Ramón Blanco Balín, abogado responsable de la ingeniería financiera internacional con la que Correa enterraba el rastro del dinero.  

Tres cuentas a nombre de Crawford USA LC, sociedad que integra la madeja financiera de Correa, y otra abierta por este en las Islas Caimán, llamada Chelmi Ltd., completan la nómina de 11 cuentas objeto de bloqueo por la comisión rogatoria enviada por el juez Pedreira.  

El magistrado también requiere información detallada sobre las 12 sociedades. Asimismo aporta los nombres de los principales implicados en el caso con el objeto de descubrir nuevas cuentas bancarias donde permanezca escondido el dinero. 

Otra pata de la investigación de la trama en EE UU es el despacho de abogados Juris Magister Trust, también con sede en Miami. Los investigadores atribuyen al bufete el diseño y la creación del conjunto de las 12 sociedades de Correa en esa ciudad.  

El director de Juris Magister, Luis Agramunt, es otro imputado en la primera fase de la investigación por la trama Gürtel, pero la actividad del despacho arrastra ahora a dos de sus empleados. Por una parte, está Tidy Baez, acusado de constituir las sociedades, y por otra, Gloria Pascual, presunta responsable de la contabilidad de las mismas. Ambos ya han sido imputados por el juez Pedreira.  

El hilo de la investigación lleva hasta otro bufete norteamericano, Palmer, Palmer & Mangiero, con la que Iuris Magister está en tratos desde 2001. Los investigadores han descubierto que Francisco Correa emitía cheques de la entidad Metro Bank contra este bufete y con Juris Magister como beneficiario. Por eso, el juez quiere conocer cuánto dinero recibieron Palmer, Palmer & Mangiero de entidades vinculadas al jefe de la trama Gürtel o de alguno de sus colaboradores.  

Siete imputados por el dinero de la ‘Gürtel' en EEUU  

La trama de corrupción crecida al calor del PP en Madrid y Valencia tenía que esconder el dinero que obtenía ilícitamente. Para conseguirlo, Correa creó supuestamente doce sociedades pantalla en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, y de ahí, el dinero pasaba a Miami. La identidad de Correa siempre quedaba oculta.   

Imputados en EEUU: presuntos cómplices 

Para crear esta complicada madeja, la trama necesitaba colaboradores, también en Estados Unidos. Dos españoles con residencia habitual allí ya figuraban como imputados por crear sociedades, administrarlas o implicarse en el movimiento de los fondos. Ahora hay cinco nuevos imputados estadounidenses. 

Declaración judicial por videoconferencia   

El juez Antonio Pedreira ha pedido a las autoridades de Estados Unidos que los cinco imputados de esa nacionalidad declaren por videoconferencia.   

‘Broker' encausado: aparece en la parte conocida del sumario  

Randall Lew Carusso es el quinto nuevo imputado. Un ‘broker' al que la esposa de Crespo llamó mientras este estaba en la cárcel para darle instrucciones supuestamente sobre el dinero de la trama desviado a Estados Unidos por las Islas Vírgenes.   

(www.publico.es, 15/02/10) 

LOS IMPUTADOS ENTIERRAN EN RECURSOS AL INSTRUCTOR DEL CASO 

"Lo recurren todo, hasta que los llamen a declarar". Pronunciada por una persona próxima al Tribunal Superior de Madrid (TSJM), la frase resume la estrategia de bloqueo silencioso seguida por los imputados del caso Gürtel. En los nueve meses y medio hábiles transcurridos desde que, el 31 de marzo de 2009, asumió la instrucción del sumario, el juez Antonio Pedreira ya ha resuelto cien recursos. El jueves le quedaban 12 pendientes de resolución. Pero la cuenta no acaba ahí: "Siguen presentando recursos", corroboran en su entorno. Enterrado en papeles, disminuye el margen de maniobra del magistrado para que la instrucción sumarial avance a buen ritmo. 

Con un sistema procesal como el español, donde la posibilidad de impugnar cada decisión del juez instructor apenas conoce límite, los hechos no auguran un cambio positivo para Pedreira en lo que a burocracia se refiere. La Constitución consagra el derecho a un proceso judicial sin dilaciones indebidas. Pero, aquí, el tiempo constituye un factor decisivo. Y, máxime en una situación de incertidumbre política, a los imputados en el mayor caso de corrupción política fraguada al calor de administraciones del Partido Popular les interesa ganar todo el tiempo posible.  

"Cada vez que uno recurre ejemplifica otra fuente conocedora del caso, se adhieren otros, y eso implica que el juez tiene que notificarles a todos que se les tiene por adheridos, con el papeleo que eso significa". "Están colapsando el juzgado", avisa la fuente. 

La cifra de implicados no cesa de crecer. En su último auto, dictado el pasado día 9, Pedreira habla de "alrededor de 80" imputados. Sus respectivos abogados pertenecen a diferentes bufetes, pero las puntadas que va dando cada uno se entrelaza con las de sus colegas hasta formar un solo dibujo en el tapiz.  

Una de las conversaciones grabadas en la cárcel a Francisco Correa y su abogado por orden del primer instructor del caso, el juez Baltasar Garzón, ilustra lo anterior. "Estos asuntos -dice el abogado del presunto jefe de la trama corrupta- son siempre iguales, como Malaya, Estepona... Siempre es una carrera de fondo que empieza con un informe policial, pero lo que hay que tratar es de coordinar al máximo". El abogado que habla en los términos expuestos es José Antonio Choclán, ex juez de la Audiencia Nacional y uno de los líderes naturales de la defensa. La policía intervino esa charla el 6 de marzo, un mes después de que Garzón lanzara la operación y cuando ya obraba en poder de Anticorrupción y del juez el famoso pen drive que contenía la contabilidad oculta de la red. 

Hace 15 días, Pedreira rechazó el recurso contra las escuchas en prisión. Los imputados ya han impugnado el auto de Pedreira ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM, el órgano inmediatamente superior a Pedreira y cuyo dictamen resulta inapelable. La avalancha de recursos también está afectando a la operatividad de la sala: ya ha resuelto medio centenar y tiene pendientes otros 25, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Si la sala valida la decisión de Pedreira sobre las escuchas, a los imputados sólo les quedará un camino: acudir al Constitucional invocando que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Choclán ya advirtió que está dispuesto a llegar "donde haga falta" para que queden en agua de borrajas escuchas que aportan una información clave sobre los manejos de la red.  

El colapso en que se ha visto sumido el juez del TSJM Antonio Pedreira le llevó a pedir el envío de un magistrado de apoyo que lo ayudase en la instrucción del ‘caso Gürtel'. Fuentes próximas al juez confirmaron que Pedreira lanzó dos peticiones. Ambas fueron rechazadas. 

El sistema procesal español, en el que cada juez es soberano salvo que, por razones disciplinarias, intervenga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), imposibilita en la práctica que dos magistrados instruyan la misma causa.  

El colapso, por tanto, en el juzgado de Antonio Pedreira no sólo no tiene visos de aligerarse sino que puede empeorar. Lo previsible es que, una vez que el magistrado levante el secreto del sumario sobre otros 40.000 folios, se produzca una nueva avalancha de recursos.  

El calvario burocrático de Antonio Pedreira no se ciñe a los recursos de los imputados. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez recibe a diario una media de 12 escritos sobre el ‘caso Gürtel': oficios de la policía, comunicaciones y, por supuesto, los ya mencionados recursos. 

El secreto sumarial podría, no obstante, prorrogarse si Pedreira lo considera oportuno para proteger la investigación. Algunas fuentes señalan que lograr información de algunos paraísos fiscales donde, supuestamente, colocó el dinero la red corrupta se está convirtiendo en un calvario.  

(www.publico.es, 15/02/10)

PEDREIRA VALIDA EL SECRETO DICTADO POR GARZÓN EN LA 'GÜRTEL' 

El juez del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que instruye la pieza principal del sumario Gürtel, infligió ayer un durísimo golpe a los imputados en sus expectativas de ver anulada la parte medular de la instrucción, aquella que se llevó a cabo antes de que estallara el caso y los implicados supieran que se les estaba investigando. Tras avalar, hace 12 días, las escuchas a presos y abogados ordenadas por Garzón, el magistrado del TSJM ha tumbado ahora el recurso contra el secreto de actuaciones dictado por el mismo magistrado y las sucesivas prórrogas que decretó.  

En su nuevo auto, fechado el pasado día 9, Pedreira ofrece, además, una nueva pista sobre los avances que las comisiones rogatorias están deparando: el número de imputados asciende ya a "alrededor de 80". Hasta ahora, se manejaba la cifra de 70, sin contar a los dos aforados Luis Bárcenas y Jesús Merino que investiga el Supremo. 

Con el nuevo auto de Pedreira, las diligencias practicadas por Garzón al amparo del secreto quedan a salvo. Sólo peligrarían en una hipótesis de remoto cumplimiento: la de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJM termine dando la razón a los imputados.  

El recurso se dirigía contra seis autos del titular del juzgado central número 5. Los recurrentes, José Luis Izquierdo, considerado el contable de la trama; y Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte, intentaron que Pedreira invalidase las resoluciones dictadas por Garzón entre el 6 de agosto de 2008, cuando abrió el caso, y el 2 de marzo de 2009, cuando expiró la última prórroga del secreto acordada por el magistrado de la Audiencia. 

Pedreira hace suyas la tesis de la Fiscalía: que el secreto resultaba imperioso para conocer "la capacidad real de decisión" de los jefes y testaferros de la red corrupta y para averiguar quiénes servían de "correos" en los "circuitos financieros mundiales en los que se mueve el dinero generado ilícitamente".  

(www.publico.es, 11/02/10)

EL PP VETA QUE LA CÁMARA DE CUENTAS FISCALICE CONTRATOS DE LA RED GÜRTEL 

Con el argumento de que la vertiente madrileña del caso Gürtel ha sido suficientemente debatida en la Asamblea de Madrid, el PP votó ayer en contra de que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos que el Gobierno regional adjudicó a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama. Fueron 10 votos en contra -los de la mayoría del PP en la Comisión de Presupuestos del Parlamento regional-, frente a los siete que reunían PSM e IU. 

La propuesta era del grupo socialista y su portavoz, Adolfo Piñedo, defendió que había que "averiguar si se ha producido perjuicio a la Hacienda" de la Comunidad de Madrid. Recordó que, pese a existir una investigación judicial, de lo que ha trascendido hasta ahora se puede, dijo, "asegurar que estamos ante una trama empresarial que se ha beneficiado de los contratos con la Comunidad de Madrid y de su relación con altos cargos". 

También insistió en que el PP ha "entorpecido" el control parlamentario de las relaciones del Gobierno de Esperanza Aguirre con las empresas de Correa. Con su mayoría absoluta (64 de 120 diputados, tras perder tres precisamente por estar imputados en el caso), el PP ha rechazado peticiones de información planteadas por la oposición y ha vetado iniciativas para la comparecencia de los responsables políticos. 

Por ejemplo, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, sólo ha tenido una intervención en el pleno sobre este asunto, en la que se negó a tratar los contratos anteriores a las elecciones de 2007, pese a que en la legislatura pasada también gobernaba Esperanza Aguirre. En su comparecencia, Beteta justificó la legalidad de los expedientes, que contaron con informes favorables. Precisamente, la argucia de la trama Gürtel fue trocear los contratos para que no superaran el límite legal de 12.000 euros y que se pudieran adjudicar a dedo a sus empresas, porque la ley no obliga en estos casos a abrir un concurso. 

"Éste es uno de los mayores escándalos que han sucedido en la región", afirmó Piñedo, que cuestionó que la propia Cámara de Cuentas no haya incluido los contratos del Gürtel de oficio en su programa de fiscalización de 2010. También recalcó que el informe anual de fiscalización de la Cámara analiza sólo un muestreo de contratos, "no incluye los menores, el instrumento preferido de la trama Gürtel para el saqueo de las arcas públicas". 

La portavoz de IU en la comisión, Reyes Montiel, también se mostró a favor de la propuesta. "Si los contratos han pasado los controles internos, es que algo estamos haciendo mal", defendió. "La Administración debería tomar medidas". 

Pero el PP, pese a que tiene el control de la Cámara de Cuentas, con una mayoría de miembros afines a Aguirre, se negó a la petición de la oposición. "Todos estos contratos menores cuentan con informe favorable. Fueron adjudicados correctamente, ejecutados y sus servicios prestados", argumentó. "Y si lo hicieron, difícilmente se puede hablar de saqueo". 

Según el sumario de la trama, la Comunidad adjudicó 358 contratos a las empresas de Correa, por tres millones de euros. 

Por otra parte, el PP vetó ayer una pregunta de los socialistas para el próximo pleno (y admitida por la Mesa de la Cámara) al consejero de Presidencia, Francisco Granados, sobre el supuesto espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. 

(www.elpais.com, 10/02/10)

LA TRAMA GÜRTEL SUMA CINCO IMPUTADOS MÁS EN EEUU 

La investigación por la trama Gürtel ha saltado definitivamente el Atlántico. Desde el pasado mes de mayo hay cinco nuevos imputados por su participación en la red de corrupción y blanqueo de capitales ligada al Partido Popular. Y todos ellos residen en Estados Unidos.  

El seguimiento del dinero obtenido de forma ilícita por la red de Francisco Correa ha conducido a la Policía española y a la Agencia Tributaria hasta el Estado de Florida. Entre los nuevos imputados se encuentra Ana Karlota Figueroa, considerada por los investigadores la persona de confianza de Francisco Correa en Miami. 

Esta mujer figura como administradora de al menos siete sociedades que el cabecilla utilizaba para enterrar el rastro del dinero procedente de la corrupción en ayuntamientos y comunidades gobernadas por los conservadores.  

La ingeniería financiera que habían diseñado Correa y sus colaboradores permitía desviar los ingresos ilícitos de sus empresas al exterior y los ponía a circular por circuitos financieros de varios estados. Cuando la madeja de sociedades y trasvases de fondos hacía imperceptible el origen del dinero, este volvía a España. 

Uno de los paraísos fiscales utilizados por la trama es el de las Islas Vírgenes británicas. Cinco sociedades allí domiciliadas forman el Grupo Hilgart, a nombre de Francisco Correa. Este grupo participa a su vez en otras 12 sociedades radicadas en la capital de Florida.  

Según han podido comprobar los investigadores españoles, Ana Karlota Figueroa ha continuado figurando como administradora de algunas de esas empresas incluso después de que Correa fuera detenido, hace ahora un año. Otro de los imputados por el juez instructor, Antonio Pedreira, es Randall Woodward, director de una de las sociedades pantalla de Correa hasta el 12 de enero de 2005, cuando fue sustituido por Figueroa.  

Las empresas de Correa en Miami se dedicaban a invertir en lujosos apartamentos de la capital de Florida. Tres de esas adquisiciones fueron realizadas en una torre frente al mar de 42 plantas llamada Residencial Jade, de la que son vecinos conocidos deportistas y músicos latinoamericanos. 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha podido determinar que una de las empresas de Correa, Flybridge Investments, compró en 2001 un apartamento en esa torre por 600.000 dólares (unos 420.000 euros al cambio actual) y lo vendió tres años más tarde por 880.000 dólares, alrededor de 610.000 euros.  

El grupo de sociedades de Correa en Miami contaba con la estrecha colaboración del despacho Juris Magister, con sede en esa ciudad. A través de este bufete, Tidy Baez se dedicaba a constituir las sociedades y Gloria Pascual llevaba la contabilidad de las mismas. Los dos tendrán que explicar su papel ante la Justicia española tras ser imputados por el juez Antonio Pedreira. 

Randall Lew Carusso ya aparecía citado en la parte del sumario de la Gürtel cuyo secreto se levantó el pasado mes de octubre. Se trata del broker de bolsa con el que contactó la esposa de Pablo Crespo, presunto número dos de la trama de corrupción, cuando su marido ya estaba en la cárcel de Soto del Real. 

Ante la sospecha de que Correa y Crespo daban órdenes desde la cárcel para poner a salvo su dinero y ocultar pruebas, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó grabar sus conversaciones por teléfono y en los vis a vis. En una de las llamadas, su esposa cometió la indiscreción de decir que había utilizado el móvil del novio de su hija para telefonear a Carusso, que tiene nacionalidad estadounidense e italiana.  

La policía sospecha que esa conversación fue utilizada para dar instrucciones a Lew Carusso sobre un traslado de fondos desde una cuenta de Bank of New York a otra en la sociedad Merril Lynch. La cuenta receptora está a nombre de Chelmi Ltd., sociedad mercantil constituida en las Islas Caimán y que, como el resto, era parte de la complicada tela de araña financiera tejida por la trama corrupta.  

Hasta mayo, sólo había un imputado español por el caso Gürtel que reside en Estados Unidos, el español Guillermo Martínez Lluch. Está acreditado que Correa y Crespo le concedieron poderes para vender sus bonos. Martínez Lluch es director de una sucursal de Bancaja en Miami. La policía considera muy relevante la participación de esta entidad bancaria, junto con Merryl Lynch, en la inversión inmobiliaria de Correa en Estados Unidos.  

De las pesquisas seguidas hasta ahora se desprende que el rastro del dinero de la trama Gürtel se pierde por más de diez países. Hay paraísos fiscales en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como estados pertenecientes a la Unión Europea, como son Reino Unido, Países Bajos y Portugal, y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.  

(www.publico.es, 07/02/10)

NUEVOS DATOS SOBRE MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN DE ALGUNOS POPULARES EN EL EPICENTRO DE LA GÜRTEL 

El Juzgado de Instrucción número uno de Móstoles ha apreciado indicios de malversación y prevaricación continuada sobre la gestión que José María de la Mata Arranz, Arturo González Panero y José Galeote realizaron en su etapa en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Así, el juez ha pedido a la acusación -Partido Socialista y Alternativa por Boadilla (ApB)- que soliciten la apertura de juicio oral.  

La querella, que fue presentada por el PSOE en el año 2001, y a la que posteriormente se sumó ApB, fue presentada porque Panero abonó el trabajo del letrado Gustavo Galán -compañero sentimental de otra imputada en la trama Gürtel, Isabel Jordán-, como defensor del equipo municipal. Según la acusación, Galán cobró por defender e incluso presentar demandas a terceros a cargo del presupuesto municipal. 

Con dinero público  

Por ejemplo, en un decreto del 12 de mayo de 2000, González Panero aprobó la contratación del abogado Galán para el ejercicio de acciones judiciales en la defensa del derecho al honor de José Galeote, según el fiscal. Como concejal de Hacienda, José María de la Mata Arranz, era el encargado de pagar las facturas a Gustavo Galán. 

Arturo González Panero 

Pese a que el ex alcalde de Boadilla del Monte ya fue imputado por este caso en 2001, el PP permitió que fuera designado como candidato a las elecciones municipales de 2003 y 2007. En la actualidad, González Panero se enfrenta al embargo de sus bienes para afrontar el pago de la fianza de los 1,8 millones de euros por su presunta participación en el caso Gürtel. 

José Galeote 

Fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde 1995 a 2003. Luego trabajó como asesor del Alcalde y de Asuntos Institucionales –cargo que compaginó ilegalmente con el de Juez de Paz durante tres meses hasta que el TSJM de Madrid le hizo renunciar-. Fue una de las personas que acompañó a Arturo González Panero y Francisco Correa a Miami Beach, lugar donde el ex regidor de Boadilla pudo haber adquirido varias propiedades. 

En el año 2004, los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón le nombraron gerente del Consorcio Deportivo y de Servicios de la zona noroeste de Madrid. El hecho no tendría ninguna relevancia de no ser porque José Galeote estaba jubilado, con lo que no podría percibir otras retribuciones por su trabajo. Además, está prohibido desempeñar un puesto de trabajo en el sector público a personas mayores de 70 años. El juez Antonio Pedreira le puso una fianza de un millón de euros por su implicación en la Gürtel.

José María de la Mata Arranz  

Desde el jueves 19 de noviembre de 2009, José María de la Mata Arranz (un hombre de máxima confianza de Arturo González Panero), es secretario de Formación del PP de Boadilla. Con anterioridad, fue concejal de Hacienda del Partido Popular durante dos legislaturas. 

Duro varapalo  

Sin duda, la decisión del Juzgado de Instrucción número uno de Móstoles supone un nuevo varapalo al Partido Popular que controla Esperanza Aguirre.  

(www.elplural.com, 29/01/10)

MEDICINA PREVENTIVA CONTRA EL GÜRTEL 

El caso es un poco extraño, pero muy ilustrativo del cuidado y el miedo que tienen las administraciones a contratar con cualquier empresa que tenga el menor vínculo con el caso Gürtel. Sucedió a principios de este mes en el Ayuntamiento de Madrid, en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y ha terminado con la anulación de un concurso público porque la firma ganadora aparece de refilón en el sumario judicial del caso. 

A finales del año pasado, la EMVS sacó a concurso la gestión de la agencia de alquiler municipal por un importe de 5,2 millones de euros y dos años de duración. Un buen contrato. El trabajo consistía en gestionar las 13.000 viviendas de alquiler que ha construido el Ayuntamiento en los últimos años más las que se hicieran en los dos siguientes. 

A la convocatoria se presentaron cinco empresas, entre las que, incluso, estaba la agencia estatal. Hasta aquí todo normal. Pero el problema llegó cuando los técnicos adjudicaron el contrato a ATJ Consultores, que obtuvo la mejor valoración. Dicha empresa aparece en el sumario del caso Gürtel porque un grupo de funcionarios de Boadilla remitió al sindicato ultraderechista Manos Limpias un informe en el que se decía que varias empresas -dos de ellas directamente vinculadas al entramado corrupto- trabajaban habitualmente con el municipio. Además, el dossier que adjuntó el juez al sumario decía: "Cuando se les solicitan certificaciones a cualquiera de ellas, siempre las presenta la misma persona". Es decir, se deducía que ATJ formaba parte de la trama porque trabajaba con Boadilla, pero sin aportar ninguna otra prueba. El juez no ha imputado ningún delito a esta empresa. 

El caso es que el Ayuntamiento anuló el concurso hace dos semanas y alegó razones técnicas. Según explicó ayer el coordinador de la EMVS, Juanjo de Gracia, el pliego estaba pensado para menos viviendas de las que se construirán (creen que en vez de 4.000 serán 7.000). El cálculo real, dice De Gracia, debería estar basado en el ritmo de construcción de los últimos años. 

Además, el Ayuntamiento de Madrid también alega que se quedaron cortos con el personal que se estimaba necesario y que tampoco se tenían en cuenta las 7.000 nuevas viviendas que se construirán en los dos próximos años. La cifra de personal que figuraba en el pliego era de 34 empleados, los mismos que hay ahora. Por tanto, creen, el precio de licitación fijado era demasiado bajo. En resumen, ésa es la versión oficial. Pero fuentes municipales aseguran que fueron conscientes de que ATJ aparecía en el sumario del Gürtel. Este periódico intentó ayer por la tarde hablar sin éxito con dicha empresa. 

El miedo al proceso judicial que salpica de las administraciones ya se palpó el pasado junio en la Comunidad. Entonces el Gobierno regional anuló un contrato de obra para la duplicación de la carretera M-509 entre la M-50 y Villanueva del Pardillo. La Consejería de Transportes e Infraestructuras renunció al contrato de obras alegando motivos técnicos justo antes de la adjudicación provisional y una vez decidida la concesionaria. 

Pero el caso es que la concesionaria era una UTE formada por Acciona e Hispánica, una empresa vinculada también al Gürtel a la que se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad. 

(www.elpais.com, 28/01/10)

PEDREIRA AVALA LAS ESCUCHAS DE GARZÓN A ABOGADOS Y PRESOS DEL 'CASO GÜRTEL' 

El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dictó ayer un exhaustivo auto en el que desmonta la principal estrategia de las defensas de los 65 imputados para tratar de enterrar la investigación judicial de la mayor trama de corrupción que afecta al PP desde el caso Naseiro. Todos los abogados han pedido anular las grabaciones que acordó el juez Garzón (primer instructor del caso Gürtel) entre los principales implicados en la trama que están en la cárcel y sus abogados, así como todo aquello que hubiese en la causa "contaminado" por esas grabaciones. En la práctica, ello habría supuesto dejar medio desnuda una instrucción que se acerca a los 60.000 folios. 

El auto hecho público ayer por Pedreira, de 59 folios, justifica las intervenciones telefónicas decretadas por Garzón, pide "cordura" y da un rapapolvo a los abogados que atacaron al que fuera el primer instructor del caso Gürtel por haber ordenado intervenciones telefónicas dentro de la cárcel entre los principales implicados en la trama corrupta y algunos de sus abogados. Asegura Pedreira que sobre algunos de estos letrados existían "indicios" de connivencia con sus clientes para esquivar del alcance de la justicia española "millones de euros" ocultados en el extranjero por esta trama corrupta vinculada al PP y que dirigía Francisco Correa. Una de las conversaciones que se pretenden anular es entre el número dos de Correa, Pablo Crespo, ex dirigente del PP de Galicia, y su abogado, en la que hablan de sacar con celeridad el dinero depositado por la red en Suiza antes de que la justicia española bloquease su salida. 

Pedreira ha empezado desestimando dos de los recursos -el de José Luis Izquierdo, contable de la red de sociedades corruptas, y el de Javier Nombela, ex vocal del PP de una junta de distrito de Madrid-, si bien los efectos del auto dictado ayer prácticamente serán extensibles a todos los demás, opinan fuentes jurídicas. 

"Debe respetarse el derecho de defensa y el secreto profesional [de los abogados], pero siempre y cuando no se pretenda con ello infringir otro precepto constitucional", señala Pedreira. Se refiere a que ese derecho "no es ilimitado" ni da una patente de corso a los abogados para colaborar en la comisión de un delito. 

Las defensas pidieron la nulidad al interpretar que las intervenciones de Garzón violaban lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LGP), que permite a los directores de cárceles grabar conversaciones entre abogados y reclusos por orden judicial o en casos de terrorismo. Pedreira discrepa de los abogados. Y fundamenta su decisión de desestimar sendos recursos en jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional e incluso en una directiva de la CE que permite a la justicia interceptar conversaciones de notarios e incluso de abogados que utilicen sus conocimientos para delitos graves, entre ellos el de evasión de capitales (uno de los que se imputan a los cabecillas de la red Gürtel). 

En consonancia con la Fiscalía Anticorrupción, Pedreira esgrime también el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al juez pinchar teléfonos y que, según Pedreira, no "restringe la intervención de las comunicaciones a los abogados con carácter general". Pero, además, el magistrado discrepa de la interpretación que hacen las defensas sobre el artículo 51.2 de la LGP. Entiende que, bajo supervisión judicial, sí es posible pinchar un teléfono entre abogado cooperador y clientes aunque no sea un asunto de "terrorismo". 

Pedreira razona: "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones". 

(www.elpais.com, 28/01/10)

LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS DE LA GÜRTEL Y LOS CORREA COMPARTEN ESTRATEGIA: ANULAR EL CASO POR LAS ESCUCHAS EN PRISIÓN 

Los tres diputados autonómicos de Madrid imputados en la Gürtel y los tres presuntos cabecillas de la trama han coincidido en algo más que en los negocios: todos ellos están compartiendo una estrategia defensiva. Tanto los parlamentarios expulsados del PP, Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco, como los supuestos directores de la red corrupta, Francisco Correa, Antoine Sánchez y Pablo Crespo, han puesto encima de la mesa del juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sendas peticiones de nulidad de las actuaciones por las escuchas en prisión ordenadas por otro magistrado, Baltasar Garzón. Los abogados de los acusados aseguran que, a pesar de que las escuchas están justificadas en casos especiales como este y de que cuentan con la orden judicial necesaria, se vulneró el derecho a la defensa de sus representados. Tal como dicen, las escuchas fueron una “injerencia” “manifiestamente ilegal” e… “inmotivada”. 

Políticos y empresarios acusados tienen una estrategia común: invalidar el caso Gürtel por las escuchas en prisión ordenadas por Garzón. Lo curioso es que a los políticos nunca se les escuchó: el juez sólo ordenó intervenir las comunicaciones de los tres principales imputados, entre otros motivos, para impedir la destrucción de pruebas. Este procedimiento evidenció que los Correa intentaron seguir operando desde la cárcel. 

Argumentos… 

Sin embargo, los letrados de los diputados acusados exigen la nulidad de sus actuaciones porque, según dicen, en esas escuchas también se obtuvo material contra sus defendidos. Ignacio Ayala, abogado del ex consejero de Deportes López Viejo, un polluelo de Esperanza Aguirre caído en desgracia, asegura que las escuchas “ilegalmente producidas” han lesionado el derecho de defensa de su representado “de manera irremediable e insubsanable” provocando “una contaminación indeseable” de parte del material probatorio. 

…de los políticos 

Asimismo, el letrado de Martín Vasco, un personaje igualmente cercano a la presidenta que llegó a presidir la comisión de investigación del espionaje en la Asamblea de Madrid en febrero del año pasado, considera ilegal el proceder de Garzón, pues el juez ordenó “de manera genérica e inmotivada” intervenir las conversaciones de su representado, una “injerencia” ante la que la Fiscalía “no debió aquietarse”, recoge el diario La Razón. 

Todos… 

También el representante de Bosch Tejedor considera que las escuchas “inciden de lleno” en el derecho de defensa de su cliente, que ha sido “conculcado”. Finalmente, el abogado de otro político imputado, el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Carlos Clemente, ha asegurado que las intervenciones han permitido al juez “avanzar en líneas de investigación a las que no hubiese tenido acceso de modo legítimo”. 

…contra Garzón 

Estos argumentos, claro está, no son innovadores. La defensa de los tres principales imputados inauguró esta línea, acusando, además de a Garzón, a la Fiscalía de obtener “información relevante sobre la estrategia de defensa”. Los representantes de Correa, Sánchez y Crespo solicitan la “nulidad radical” de las intervenciones, cuyo contenido “ha sido utilizado, incesantemente, en innumerables informes”. Los letrados de los empresarios se han querellado contra Garzón por ordenar las escuchas. Según dicen, las actuaciones del juez son, incluso, inconstitucionales. 

(www.elplural.com, 14/01/10)

CORRUPCIÓN, PALABRA TABÚ EN EL EPICENTRO DE LA GÜRTEL 

Pasaron diez minutos antes de que Esperanza Aguirre mencionara la palabra Gürtel en Boadilla del Monte, el municipio madrileño donde en febrero estalló el caso de corrupción que mantiene cercado a los conservadores y donde, anoche, alrededor de 200 militantes del PP renovaron su voto de fidelidad a la lideresa. 

Si el acto con que el PP de Boadilla arrancaba el año, celebrado en un hotel que antes fue convento, hubiese congregado al club de amigos del juego Tabú, el resultado no habría sido muy diferente: ni Aguirre ni su precedesor ante el micrófono y actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, mencionaron una sola vez la palabra prohibida: corrupción. No hubo palabras de contrición, sino elogios a la organización local del PP, aquella que capitaneaba Arturo González Panero, El Albondiguilla, hasta que sus manejos con la trama Gürtel quedaron interrumpidos por la policía y el juez Garzón. Muy al contrario, la jefa del Ejecutivo madrileño regresó a la teoría conspirativa esgrimida por su partido en los primeros momentos del terremoto causado por la operación contra la red dirigida por Francisco Correa en connivencia con cargos públicos del PP. "En el año 2009 dijo ya hemos visto las enormes dificultades que hemos tenido. Primero, los espías, luego el Gürtel. En fin, enormes dificultades que han querido crearnos nuestros adversarios políticos".  

Repitiendo el eufemismo "enormes dificultades", Aguirre pronosticó que las de 2009 no serán nada comparadas con las que "van a crear en 2010". ¿Las que van a crear los presuntos nuevos corruptos que, como la todavía concejala de Pozuelo Yolanda Estrada, puedan ser imputados en el caso Gürtel? No. Los socialistas, fue su mensaje. Aquellos, ironizó la máxima responsable regional del PP, que se quejan del modelo urbanístico conservador "¿Cómo lo llaman? Especulación salvaje" pero luego "todos quieren vivir en los municipios donde gobernamos".  

"Vamos a dejar atrás 2009, que tantos problemas nos ha dado en Boadilla y bastantes dolores de cabeza", fue la consigna de Aguirre. Porque 2010, argumentó, será el año crucial para preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2011. "2010 dijo será un año diez". 

Con Miguel Ángel Rodríguez, MAR, el antiguo jefe de comunicación de Aznar, entre el público -milita en el PP de Boadilla-, lo exiguo del tiempo dedicado por Aguirre a las "dificultades" de la corrupción contrastó con el espacio que dedicó al terrorismo y a José María Aznar. Mientras que a Rajoy lo mencionó una sola vez, cuando recordó su salida al balcón tras la derrota electoral de 2004, Aznar fue el protagonista estelar de la alocución de Aguirre. Los misiles con que ETA planeaba asesinarlo le dieron pie para los elogios. Y para contar que el ex presidente, de viaje en Jerusalén, había recibido su mensaje de solidaridad. 

El servicio de prensa municipal asegura que, entre quienes siguieron ayer el discurso de la presidenta madrileña, se encontraba Rosalía Padura, edil del gobierno municipal, vocal en la nueva gestora del PP local y esposa de Tomás Martín Morales, ex gerente de la empresa de suelo de Boadilla y a quien el juez ha impuesto una fianza de 1,5 millones. Del ex alcalde Arturo González Panero y del ex concejal José Galeote, igualmente implicado, no había ni rastro.  

(www.publico.es, 14/01/10) 

EL PP 'PERDONA' 2,2 MILLONES A UNA EMPRESA DEL 'CASO GÜRTEL'

Boadilla elude sancionar el retraso de Constructora Hispánica en la obra más cara del municipio 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP) ha decidido perdonar 2,2 millones de euros a la empresa Constructora Hispánica, una de las sociedades presuntamente implicadas en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP. El pasado 18 de noviembre, el mismo día que finalizaba el plazo previsto para la construcción del denominado Parque del Deporte y de la Salud del municipio, la junta de gobierno local aprobó la ampliación del periodo de ejecución por 13 meses, sin la existencia de un informe preceptivo.

·       El pliego favorecía a la firma al acabar el Parque del Deporte en 24 meses

La adjudicación de la obra, con un presupuesto inicial de 29,6 millones, el mayor de la historia de Boadilla, aparece en el sumario como ejemplo paradigmático del dominio de la trama de Francisco Correa, presunto cabecilla de la organización corrupta, de varias instituciones gobernadas por el PP en Madrid, según el sumario del instructor del caso, Baltasar Garzón. El Ayuntamiento mantiene que sólo pretende que la obra concluya, según afirmó ayer un portavoz, y añadió que sí existe un informe, aunque no lo aportó. En el acta de la resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se dice que no existe tal informe.

A esta decisión se une el hecho de que el proceso de adjudicación fue criticado porque el entonces equipo de gobierno encargó en 2007 dos informes para valorar las propuestas de las dos empresas. El documento de los funcionarios municipales indicaba que la mejor oferta era la de Sacyr, mientras que el informe elaborado por un cargo de confianza del anterior alcalde, Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, escogía a Hispánica, que valoró con el doble de puntos a Sacyr e inclinó la balanza en la suma final. Según consta en el auto de Garzón, y en el sumario instruido por el actual responsable del caso Antonio Pedreira, un cargo del Ayuntamiento, Tomás Martín Morales, que está imputado con una fianza de millón y medio de euros, pudo haber intercedido para que la empresa Hispánica obtuviera la adjudicación.

Pese a que el pliego de condiciones que regía el contrato le concedía hasta 10 puntos por terminar los trabajos en un plazo inferior a 24 meses, Boadilla le concede ahora una prórroga de 13 meses. La consecuencia será que la empresa deja de abonar la multa prevista por demoras en la entrega que fija la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que eleva la cifra hasta los casi 6.000 euros diarios.Cotejando las actas municipales, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, llama la atención el hecho de que la adjudicación de 2007 se realizara en una sesión extraordinaria celebrada el 11 de mayo, 16 días antes de que se celebraran las elecciones municipales, por lo que el anterior equipo municipal se encontraba en funciones.

Quizá por ello se ausentaron varios miembros del pleno, entre ellos el entonces alcalde, Arturo González Panero -al que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, llamaba "El Albondiguilla", según el sumario-, el secretario, así como el primer y el segundo tenientes de alcalde. La falta de quórum obligó a la secretaria del Ayuntamiento a celebrar una segunda convocatoria, en la que ejerció de presidenta accidental de la junta municipal Mercedes Nofuentes Caballero. Eran tenientes de alcalde Juan Siguero, actual primer edil, y Belén Húmera Contreras, ahora responsable de Obras Públicas y Urbanismo.

Estas tres personas, Juan Siguero como alcalde, Mercedes Nofuentes y Belén Húmera, como tenientes de alcalde, son las encargadas de aprobar, también en sesión extraordinaria, la prórroga de 13 meses para Hispánica, sociedad que ha cambiado su nombre por el de Assignia Infraestructuras, en un intento de alejarse en la medida de lo posible de la trama Gürtel.

Pero esta nueva concesión otorgada a una de las empresas de la presunta trama de corrupción -cuya adjudicación en 2007 se produjo tan sólo un par de semanas antes de la fecha en la que el responsable de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla, Tomás Martín Morales, retirara dinero de la caja B de Correa con la anotación de El Albondiguilla- ha sido criticada por la oposición.

Los socialistas llaman la atención en el hecho de que la ampliación del plazo previsto se produjo sin el preceptivo informe que lo justificara. Este punto también fue abordado entre los dirigentes de la junta municipal, que citó a la misma al arquitecto municipal y director técnico de las obras, Salvador Campuzano Casado. En su comparecencia, este funcionario aseguró que su opinión era clara al respecto y que no procedía la emisión de un informe complementario. Tras la intervención del arquitecto, los ediles aprobaron la ampliación del plazo de ejecución de las obras de Hispánica.

La investigación de la adjudicación del deporte de Boadilla fue una de las obras que ha determinado, también, la decisión del juez de enviar el sumario de la trama al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habida cuenta de que entre los aforados por ser diputado autonómico del PP se encontraba Alfonso Bosch Tejedor. Éste, según Garzón: "Desde su posición en la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado en dicho municipio, y como este último reconoce en las intervenciones telefónicas él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación social. Las operaciones en las que habría intervenido se refieren a la adjudicación de una parcela a la empresa UFC, la adjudicación de la construcción de la Ciudad del Deporte a Constructora Hispánica, así como la adjudicación de unos locales a una empresa administrada por José Ramón Blanco Balín denominada Rústicas MBS".

Asimismo, el portavoz de los socialistas en Boadilla, Pablo Nieto, recuerda que la adjudicación ya fue criticada por ellos debido a "su exagerado coste financiero para las arcas municipales". Y agrega Nieto: "Una obra menos faraónica y más barata hubiera sido más eficiente. Ahora resulta que no es suficiente la astronómica cifra de 30 millones de euros, las comisiones presuntamente cobradas por políticos populares o el retraso de más de un año en las obras. Es una burla a los ciudadanos de Boadilla que el Ayuntamiento renuncie a una millonaria indemnización en beneficio de una empresa bajo sospecha".

En este sentido, la oposición denuncia que dos años después el PP ha aprobado la contratación de las obras del "retranqueo de las tuberías del Canal de Isabel II afectadas por la ejecución de las obras de la Ciudad del Deporte y la Salud" por un valor de 175.277 euros.

Este gasto, en opinión del partido socialista de Boadilla, debería ser asumido por Constructora Hispánica, ya que en el momento de la adjudicación del multimillonario contrato se conocía la ubicación de las infraestructuras del Canal. Por su parte, el alcalde de Boadilla, Juan Siguero, no quiso hacer declaraciones al respecto.

www.elpais.es 24.12.09

GONZÁLEZ PANERO FUE IMPUTADO EN 2001 POR PAGAR CON DINERO PÚBLICO A SU ABOGADO

El ex alcalde de Boadilla del Monte (42.000 habitantes) Arturo González Panero, conocido por los presuntos jefes de la trama Gürtel como El Albondiguilla ya fue imputado en 2001, cuando el grupo municipal socialista se querelló contra el entonces regidor por el pago de una factura privada con fondos públicos. Concretamente por abonar el trabajo del letrado Gustavo Galán, compañero sentimental de otra imputada en la trama (Isabel Jordán), como defensor del equipo municipal, lo que podría suponer un delito de malversación de fondos públicos. Mientras tanto, el PP permitió que fuera designado como candidato a las elecciones municipales de 2003 y 2007.

González Panero, que en estos momentos se enfrenta al embargo de sus bienes para afrontar el pago de la fianza de los 1,8 millones de euros por su presunta participación en la trama de corrupción, fue llamado a declarar como imputado por un juez de Móstoles. También testificó en el proceso el ex concejal de Hacienda y responsable de Formación del PP de Boadilla, José María de la Mata. Esta querella, posteriormente ampliada con nuevos datos aportados por el letrado Ángel Galindo, hoy concejal del grupo municipal Alternativa por Boadilla, acusaba a los responsables de la Corporación de utilizar fondos públicos para defender e incluso para presentar demandas a terceros a cargo del presupuesto municipal. En un decreto del 12 de mayo de 2000, González Panero aprobó la contratación del abogado Galán para el ejercicio de acciones judiciales en la defensa del derecho al honor de José Galeote, según el fiscal.

El 3 de agosto de 2009, este caso, que acumula un retraso superior a ocho años, dio una vuelta de tuerca con la decisión del fiscal encargado del tema de solicitar más información a varios órganos judiciales de Móstoles sobre al menos siete litigios en los que se vieron inmersos los responsables municipales del PP local, y cuyos gastos pudieron ser abonados con los presupuestos municipales. Además, el Ministerio Público requiere al Ayuntamiento de Boadilla para que faciliten al juzgado los decretos o acuerdos de pleno en los que se aprobaran la designación de Gustavo Galán como abogado.

En este sentido, el propio fiscal llama la atención en su texto en el hecho de que Galeote no fuera llamado a declarar en calidad también de imputado, al igual que Panero. Asimismo, el fiscal recuerda que pese a que el secretario del Ayuntamiento de Boadilla en 2001, Manuel Acosta, estaba obligado a advertir la ilegalidad de contratar a abogados para la defensa o acusación personal de los miembros del Ayuntamiento, no lo hizo.

Pero este caso no es el único que afrontará González Panero en los tribunales. El próximo 8 de enero declarará en el Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles acusado de prevaricación.

Los escritos de acusación de la oposición sostienen que el Ayuntamiento contrató en 2001 al hermano de Margarita de Diego Nicolás, una afiliada al PP local que además formó parte de las listas electorales del partido en los comicios municipales de 2003. Sin concurso ni examen, el Patronato Municipal de Cultura le hizo un contrato laboral a R. de Diego Nicolás, según figura en la Seguridad Social. El Ayuntamiento reclamó al Instituto Nacional de Empleo la incorporación del trabajador para cubrir la plaza con urgencia. Este nombramiento fue refrendado por González Panero y después, el 30 de octubre de 2006 hubo una modificación en la afiliación a la Seguridad Social del trabajador, que pasó a ser interino.

El juez instructor apreció que había indicios de delito y procesó a Panero en 2006, un año antes de presentarse a las últimas elecciones, que ganó. La causa está a la espera del juicio oral, que se ha señalado para el 8 de enero.

www.elpais.es 24.12.09

PANERO TIENE EN EL BANCO MÁS DE MEDIO MILLÓN 

Arturo González Panero es el imputado del caso Gürtel al que el juez impuso la mayor fianza, 1,8 millones de euros. El ex alcalde de Boadilla (Madrid) aún no ha depositado esa cantidad, pese a que el juez Antonio Pedreira le advirtió a principios de este mes de que embargará sus bienes si no lo hace. Poco antes, el 29 de octubre, Panero y su esposa, Elena Vilarroya, firmaron ante un notario de Boadilla del Monte una escritura de capitulaciones para modificar el régimen por el que se rige su matrimonio. Han pasado de gananciales a separación de bienes. Público ha tenido acceso a una copia literal de la escritura, en la que se detallan los bienes de la pareja, que suman 1.284.410,52 euros.  

Lo más llamativo es que de esta cantidad más de 570.000 euros corresponden a inversiones financieras, dinero contante y sonante invertido en distintos productos bancarios y acciones. Una capacidad de ahorro admirable.  

Panero ha elegido un modelo de inversión totalmente atomizado, con multitud de pequeñas y medianas aportaciones que van desde unos cientos de euros hasta 50.000 en el fondo de inversión más oneroso. Entre acciones, fondos de inversión, cuentas corrientes y otros, el ex alcalde de Boadilla acumula 57 productos financieros. Sorprende, por ejemplo, que la pareja tenga abiertos seis planes de pensiones. Los alrededor de 700.000 euros que restan hasta alcanzar el patrimonio declarado de 1,2 millones corresponden a bienes inmuebles: dos viviendas y una plaza de garaje en Boadilla del Monte y Torre Pacheco (Murcia). 

La escritura notarial enumera un total de 61 propiedades inmobiliarias y mobiliarias (acciones, fondos de inversión, cuentas bancarias) que la pareja se reparte por puntos. Elena Vilarroya se queda con la vivienda de Boadilla, el bien más valorado de la pareja, que supera el millón de euros, mientras que su marido se conforma con la modesta unifamiliar de Torre Pacheco, valorada en 150.000 euros. Para compensar, el ex alcalde, que en la escritura se identifica como "informático", se lleva una mayor cantidad de productos financieros que su esposa. 

Las cuentas de la pareja están totalmente saneadas, ya que los casi 1,3 millones de euros de capital salen una vez descontadas unas deudas de sólo 8.000 euros. González Panero ha declarado a Público que "este documento demuestra que no son ciertas las burradas" que han dicho de su patrimonio. "Pienso emprender acciones legales para saber de dónde sale la filtración". El motivo del cambio de régimen matrimonial es "personal", dice.  

El Albondiguilla está acusado de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Se trata de todos los delitos investigados en el caso Gürtel y cabe la posibilidad de que, a medida que avance el caso, las imputaciones se acoten. El ex edil se ha negado a declarar ante el juez, pero cuando lo haga tendrá que explicar cómo es posible que tenga en distintos bancos más de medio millón de euros, una cantidad difícil de acumular después de descontar de sus nóminas los muchos gastos de una familia de cuatro miembros. 

Según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso Gürtel, el ex alcalde percibía una nómina anual que evolucionó de 36.000 en 2002 a 60.000 en 2007, mientras que Elena Vilarroya pasó de sólo 1.200 euros a 60.000. En algún ejercicio fiscal Panero obtuvo mayores beneficios de sus inversiones que de su sueldo como alcalde.  

(www.publico.es, 22/12/09)

AGUIRRE DESPRECIÓ UN INFORME SOBRE CORRUPCIÓN EN EL PP 

Majadahonda, uno de los municipios de mayor renta per cápita de España, es la perla urbanística de la zona noroeste de Madrid. Según la documentación y los testimonios a los que ha tenido acceso Público, el control del negocio del ladrillo quebró en 2005 el grupo municipal del PP, que gobierna con mayoría holgada, hasta el punto de que el mismo concejal que poco después denunció el caso Gürtel, elaboró un informe en el que se detallaba una supuesta trama de corrupción urbanística orquestada por sus propios compañeros del PP con el objetivo de beneficiar siempre a los mismos promotores a costa del suelo público.  

El texto fue elaborado por el entonces edil José Luis Peñas y llegó hasta la presidenta de la Comunidad, pero Esperanza Aguirre lo descartó sin ni siquiera estudiarlo, según declaró como inculpado en la Fiscalía Anticorrupción Guillermo Ortega, entonces alcalde de Majadahonda y hoy imputado en la Gürtel. La declaración de Ortega se produjo tras una denuncia del PSOE que terminó archivada. El equipo de Aguirre no ha atendido las llamadas de Público. 

Ortega, al que Correa denominaba La Rata, coincidió con Aguirre en la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas y aprovechó para informar a la presidenta sobre la "desunión del grupo municipal en base a tres temas fundamentales: la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano (puesta en marcha por la red de Francisco Correa), la adquisición de un colegio de autistas y la enajenación de las parcelas (la RN9 y la M2)", tal y como declaró el entonces alcalde ante el fiscal. 

Las parcelas a las que se refería Ortega, valoradas en unos cien millones, eran las responsables de la brecha entre las dos facciones del PP local, dirigidas una por Ortega y la otra por el primer teniente de alcalde, Narciso de Foxá, persona de máxima confianza del ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Días después, el 24 de enero de 2005, Ortega acudió a la sede central del partido. 

Allí le esperaba la plana mayor del PP de Madrid: Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González, y el secretario general, Francisco Granados. El entonces alcalde de Majadahonda les entregó el informe de Peñas, hoy denunciante de la red Gürtel y entonces mano derecha de Ortega.  

Según la declaración del ex alcalde de Majadahonda en la Fiscalía, "la presidenta, al ojear las primeras hojas en las que se hablaba de tramas urbanísticas, no dio importancia a dicho informe". Según distintas fuentes, Aguirre exigió a Ortega que paralizara la venta de las parcelas cuando ya se conocía el adjudicatario, por lo que el regidor mostró su disposición a dejar la Alcaldía, no sin antes atar su futuro. 

Francisco Granados le propuso, entre otros cargos, el de director general del Mercado Puerta de Toledo. Ortega lo acepta "exigiendo que el sueldo sea equivalente al que tenía como alcalde", unos 70.000 euros (se lo acabaron subiendo). Willy, como lo llaman sus amigos, reconoció al fiscal que habló sobre la conveniencia de dejar la Alcaldía con Julián Giménez de los Galanes, copropietario de la constructora Dico (luego DHO), con fuertes intereses en Majadahonda.  

Un ex directivo de dicha promotora asegura que Ortega "amenazó con tirar de la manta, pero al final se conformó con lo que le ofrecieron". Ortega no declaró nada de esto ante el fiscal y no ha contestado a las llamadas de Público. En febrero de 2005, Narciso de Foxá sustituyó a Ortega al frente del Ayuntamiento de Majadahonda. Oficialmente, el relevo se achacó a motivos de salud.  

Un ex edil de Majadahonda que pidió el anonimato ha asegurado a Público que la enajenación de las parcelas de la discordia "iba perfecta, con el OK de la Comunidad de Madrid y el voto a favor del Grupo Popular al completo, pero los problemas saltaron cuando tanto la Comunidad como la facción del PP local dirigida por Romero de Tejada vieron que en el primer informe de adjudicación la promotora ganadora del concurso no era la suya". 

"La Comunidad quería que las parcelas fueran para Martinsa, mientras que Romero de Tejada las quería para Afar 4 (la promotora con más suelo en Majadahonda). Ahí empezó a partirse el Ayuntamiento", señala el ex edil. El adjudicatario provisional era Proinsa, del grupo Teconsa, afín a Guillermo Ortega y supuestamente implicada en el caso Gürtel.  

Cuando se supo que las parcelas, valoradas conjuntamente en más de cien millones, iban a ser para Proinsa, los perdedores del concurso pusieron el grito en el cielo y el gobierno municipal terminó resquebrajándose. La adjudicación fue paralizada y no se retomó hasta que volvió la calma al Consistorio, ya con Ortega en su retiro dorado. Tras un nuevo concurso, ganó Sacyr Vallehermoso.  

Durante la alcaldía de Guillermo Ortega (2001-2005), las empresas de Francisco Correa facturaron al Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) más de dos millones de euros. Además, su esposa, María del Carmen Rodríguez, fue la jefa de gabinete del Consistorio.  Pero el líder de la trama corrupta no tenía la misma cercanía con la facción rival del PP, la controlada por el ex alcalde Ricardo Romero de Tejada, “que ya tenía a quien adjudicar parcelas y contratos”, dicen fuentes cercanas a Ortega. Por eso, cuando el alcalde tuvo que dejar el cargo a favor de Narciso de Foxá, Correa decidió financiar el partido que crearon José Luis Peñas y Juan José Moreno, hombres de confianza de Ortega y expulsados del PP: quería tener una alternativa al PP local, pero ese fue el mayor error de su vida.Peñas aprovechó la cercanía a Correa para grabar sus muchas conversaciones, en las que el conseguidor del PP se jactaba de sus influencias y cohechos, y hacía gala de una actitud mafiosa. El ex concejal entregó las grabaciones a la Policía y puso una denuncia que ha devenido en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas: el ‘caso Gürtel’.  Ambos ex ediles figuran como imputados en la ‘Gürtel’ por los pagos de Correa. No obstante, Peñas asegura que todo el dinero que Correa les transfería “se utilizaba para los gastos del partido”. Moreno también grabó a Correa, pero no llegó a presentar la denuncia.  

(www.publico.es, 11/12/09) 

FIANZA DE 1,5 MILLONES PARA UN IMPUTADO DEL ‘CASO GÜRTEL’  

Sin prisa, pero sin pausa. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira impuso ayer una fianza de 1,5 millones de euros a Tomás Martín Morales, exvicepresidente de la empresa municipal de suelo y vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), para que haga frente a la responsabilidad civil por el caso Gürtel.  

El juez Baltasar Garzón –primer instructor de la investigación de la trama– acusó al imputado de haber percibido 378.172 euros de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. El magistrado de la Audiencia Nacional explicó que Martín Morales participó en la adjudicación de contratos a las empresas de Correa y al empresario José Luis Ulibarri. Además, Garzón reveló que el implicado recibió dinero de Correa cuando dirigió la campaña del PP en ese ayuntamiento madrileño antes de ocupar un cargo en el consistorio. 

El excargo municipal contestó ayer a algunas preguntas que le formularon el juez Pedreira y el fiscal anticorrupción. El magistrado del TSJM imputa a Martín Morales los delitos de cohecho, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. 

Pedreira también interrogó en calidad de imputado a Francisco Leal Bajo, que fue contratado para que se encargara de la base de datos de la oficina de atención al ciudadano de Boadilla del Monte. El juez no le impuso medidas cautelares. 

El magistrado del tribunal madrileño ha impuesto, al menos, ocho fianzas más en concepto de responsabilidad civil. Los parlamentarios de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch han abonado 750.000, 950.000 y 750.000 euros respectivamente. El juez también ha tomado la misma medida respecto al exalcalde de Boadilla Arturo González Panero (1,8 millones), el exregidor de Arganda del Rey Ginés López (1,5 millones), la exadministradora de las empresas de Correa Felisa Jordán (650.000) y José Galeote (un millón), padre del exeurodiputado popular Gerardo Galeote. Asimismo, acordó dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros a Antoine Sánchez, primo de Correa. 

Mientras, el Tribunal Supremo no ha movido ficha en relación al extesorero y senador del PP Luis Bárcenas, que fue imputado en julio. El magistrado Francisco Monterde decretó el secreto del sumario y citó al senador y también al diputado Jesús Merino a declarar como «imputados provisionales», pero desde entonces no se conoce que haya practicado más diligencias. Además, el Supremo debe decidir si acepta a trámite la querella presentada por el abogado del empresario José Luis Ulibarri, Ignacio Pelaéz, contra el juez Garzón por haber autorizado la grabación de las conversaciones que Correa mantuvo con sus letrados en la cárcel.  

(www.elperiodico.com, 11/12/09)

FIANZA DE 1’5 MILLONES DE EUROS PARA EL ALCALDE EN LA SOMBRA DE BOADILLA  

Las fianzas millonarias siguen sucediéndose en la rama madrileña del caso Gürtel. Ahora le ha tocado el turno a Tomás Martín Morales, para muchos el alcalde en la sombra de Boadilla del Monte, epicentro de la Gürtel. El juez instructor del TSJM, Antonio Pedreira (en la foto), le ha impuesto una fianza de 1’5 millones de euros para "hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas" de la supuesta trama corrupta.  

Tomás Martín Morales fue concejal del PP en Getafe, pero la etapa que le vincula con el caso Gürtel se circunscribe a cuando fue vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (EMSV). 

La EMSV  

En la EMSV, la empresa pública encargada de gestionar los terrenos de la localidad, es donde presuntamente se gestaron muchas de las ilegalidades de la trama corrupta. En aquel organismo también trabajaron el diputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor, con una fianza de 750.000 euros a cuestas, y José Galeote, padre de destacados dirigentes del PP y a quien el juez impuso una fianza de 1 millón de euros. 

Fianzas populares  

Anteriormente, otros cargos populares madrileños han visto recaer sobre ellos fianzas millonarias. Es el caso de del ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López (1’5 millones); el diputado madrileño Benjamín Martín Vasco (950.000 euros); y el también diputado en la Asamblea y ex consejero de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo (750.000 euros). Sin embargo, aún nadie supera el récord del ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (1’8 millones). 

Alcalde en la sombra  

Tomás Martín Morales era conocido como el alcalde en la sombra de Boadilla del Monte y era en su casa donde se celebraban algunas de las fiestas que reunían a miembros de la presunta trama corrupta con políticos del PP.

Los que tienen de todo  

Antes del caso Gürtel había pocas referencias a Martín Morales en las hemerotecas. Su discreción sólo se vio interrumpida en dos ocasiones. Una de ellas se la debe a El País, que dedicó un reportaje en 2007 sobre qué regalar a “los que tienen de todo”. El discreto “abogado de Boadilla” aparecía bajando de un coche de Fórmula 1, en el que había jugado a ser Fernando Alonso por un día, por cortesía de su esposa. 

Bormujos 

Dos años antes, el nombre de Tomás Martín Morales también apareció en la prensa, en las páginas del Correo de Andalucía. Resulta que el abogado había sido el ideólogo de la moción de censura, con tránsfuga socialista mediante, que devolvió la alcaldía de Bormujos (Sevilla) al PP. Un año y medio después, el abogado que hacía mociones de censura “con la gorra”, se lamentaba porque nadie le había pagado todavía en Bormujos.  

(www.elplural.com, 10/12/09)

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' ORDENA EMBARGAR LOS BIENES DEL 'ALBONDIGUILLA' 

El juez que investiga el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha ordenado el embargo de los bienes del ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, si no abona la fianza de 1,8 millones de euros para asegurar las responsabilidades económicas derivadas del procedimiento judicial, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 

La pasada semana, el juez ordenó comenzar el proceso de embargo de los bienes de cinco de los imputados que aún no han abonado las fianzas. Se trata de los diputados Alberto López Viejo (con una fianza de 750.000 euros), Alfonso Bosch Tejedor (750.000 euros), Benjamín Martín Vasco (950.000 euros), del ex concejal de Boadilla José Galeote (un millón de euros), y de la ex administradora de la red Felisa Jordán (650.000 euros). 

Asimismo, el magistrado ha dispuesto prorrogar un mes el secreto del sumario en los términos acordados en el auto del pasado 28 de septiembre, por el que levantó parcialmente el secreto en lo relativo a la investigación llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón. 

Por otro lado, el magistrado ha suspendido hasta nueva fecha las declaraciones previstas para mañana viernes del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega Alonso, y del ex viceconsejero Carlos Clemente Aguado por incompatiblidades de agenda. También ha citado a declarar el próximo jueves en calidad de imputados a César Tomás Martín Morales y a Francisco Leal Bravo por su presunta participación en la supuesta trama de corrupción encabezada por Francisco Correa. 

(www.elpais.com, 03/12/09)

EL JUEZ DEL GÜRTEL EMBARGA LOS BIENES DE CINCO IMPUTADOS 

El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha ordenado el embargo de los bienes de cinco de los imputados que aún no han pagado las fianzas exigidas por importe de 4,1 millones. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado la orden contra los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch (con una fianza de 750.000 euros), Benjamín Martín Vasco (950.000 euros) y Alberto López Viejo (750.000 euros). Los bienes del ex concejal de Boadilla José Galeote (cuya fianza asciende a un millón de euros) y de la ex administradora de la red de empresas corruptas Felisa Isabel Jordán (650.000 euros) también serán embargados por orden judicial. 

Pedreira citó ayer a declarar a los ex alcaldes populares de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y de Arganda del Rey, Ginés López. Ambos imputados se negaron a testificar ante el juez alegando que buena parte del sumario está bajo secreto judicial y eso les provoca indefensión.

Ginés López llegó antes de tiempo y en cinco minutos despachó con Pedreira. Se ha acogido al artículo 24 de la Constitución, que reconoce el derecho a no testificar contra uno mismo. El juez le ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros y le imputa seis delitos -cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad-. Según la parte publica del sumario, el alcalde de Arganda recibió 523.439 euros en comisiones de la trama corrupta. 

González Panero se lo tomó con más calma. Se presentó en el TSJM con una sonrisa de oreja a oreja. "El sumario abierto me deja en buen lugar. Hay muchos papeles exculpatorios para mí que deberían estar en el sumario y no están. Voy a volver a presentarlos", espetó antes de entrar al juzgado. 

El Albondiguilla, apelativo que recibía de los capos de la red, acudió al juez con varios documentos que, según su versión, le eximen de todos los delitos que le achacan. Entre ellos, una sentencia del mismo tribunal que reconoce que no existen irregularidades administrativas en la concesión de una parcela municipal a la constructora UFC para construir 139 pisos de lujo en Boadilla. Esta empresa está presidida por José Luis Ulibarri, otro de los imputados en el caso Gürtel. Logró los terrenos con una oferta tres millones inferior a la de la competencia. "Es la única adjudicación que se ha hecho a una empresa de este grupo, y yo no intervine en ninguna de las votaciones importantes", afirmó el ex regidor a la salida del juzgado. El documento que presentó en realidad no le exculpa de nada porque no indaga sobre las supuestas comisiones entregadas por la concesión, sino sólo verifica el procedimiento administrativo. 

Es la tercera vez que González Panero rechaza testificar ante el TSJM. El juez prepara un auto para fijar definitivamente la fianza que ya le impuso en junio, de 1,8 millones. Con las dos que impuso ayer, Pedreira ya ha fijado siete fianzas a los principales implicados del caso en Madrid, entre los que se encuentran seis políticos del PP cuyos avales suman 6,7 millones de euros. Estas garantías judiciales sirven para afrontar en el futuro posibles responsabilidades económicas. 

(www.elpais.com,  27/11/09) 

LOS DOCUMENTOS SECRETOS DEL EX ALCALDE DE BOADILLA 

El ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, uno de los principales implicados en el caso Gürtel, salió ayer por primera vez sonriendo del juzgado. Y lo hizo, dice él, porque dispone de documentos que le exculpan y porque en el sumario se ve lo contrario de lo que dicen las denuncias de los ex concejales de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno.  

González Panero, que está acusado de asociación ilícita, cohecho (sobornos), tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal, se negó ayer de nuevo a declarar amparado en el secreto de sumario que aún pesa sobre la causa.  

Una de las pruebas que ayer entregó al juez Antonio Pedreira es una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid que determina que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cumplió la legalidad en la adjudicación de una parcela a la sociedad UFC. La resolución judicial, de enero de 2009, desestima el recurso interpuesto por el concejal Ángel Galindo contra la citada adjudicación, concluyendo que la actuación administrativa llevada a cabo por el Consistorio fue legal. También aportó otros expedientes sobre la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano que, según él, corroboran que no se vio implicado en ninguna de las votaciones. Esta adjudicación fue una de la más jugosa que se realizó a las empresas de Correa. Se trataba de una concesión por 10 años prorrogables otros cuatro, a razón de 506.000 euros por cada uno de ellos.  

Asimismo, el instructor del caso Gürtel decretó una fianza de un millón y medio de euros para el ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, por su supuesta implicación en la trama de corrupción ligada a cargos del PP que investiga. Tras negarse a prestar declaración, se le imputó por participar en la trama. Con todo, se ofreció a dar su versión cuando se levante el secreto de sumario.  

El magistrado ha comenzado ya a ejecutar los embargos a varios de los imputados en la trama, entre ellos el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y los diputados autonómicos Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, a los que había impuesto fianzas de entre 750.000 y 950.000 euros. Todos ellos habían recurrido las fianzas ante el propio Pedreira, quien tras rechazar los recursos les dio un plazo de 24 horas para depositar las cantidades exigidas con la amenaza de embargar sus bienes si no lo hacían. 

(www.elmundo.es,  27/11/09)

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' PIDE MÁS CONTRATOS A BOADILLA

El Ayuntamiento de Boadilla es un lugar muy concurrido por las mañanas. Una de las visitas habituales es la de los funcionarios judiciales enviados por el juez Antonio Pedreira, encargado del caso de corrupción Gürtel. Ayer, sobre las diez de la mañana, regresaron por sexta vez en los últimos meses en busca de contratos. Carpetas con documentación sospechosa. "Fue una mera petición de información", minimiza un portavoz del Consistorio. "Aunque ya no les debe quedar nada por revisar después de todo lo que se llevaron en junio", exclama este mismo responsable municipal.

Sin embargo, según otras fuentes municipales, lo que se produjo es más parecido a un registro. Y sí quedaban cosas por ver. Los funcionarios preguntaron, según esta fuente, por los contratos del Ayuntamiento con la asesoría jurídica. Esta asesoría estaba compuesta por abogados del despacho al que asesora el ex ministro popular de Justicia José María Michavila. No fueron los únicos pliegos por los que se inquirió. También se solicitaron los que afectan a un grupo encargado de la jardinería y reforestación del pueblo y otros referentes a la gestión de un centro de empresas.

El alcalde, Juan Siguero, negó que se hubiera producido cualquier registro: "Eso es rotundamente falso", aseguró el regidor que sustituyó a Arturo González Panero, imputado por la trama de corrupción liderada por Francisco Correa.

En opinión del líder de la oposición, el socialista Pablo Nieto, los contratos solicitados tienen "un tufo a asunto Gürtel". "Son informes hechos por cargos de confianza que pusieron algunos de los imputados en la trama".

www.elpais.es 26.11.09

FIANZA DE 1,5 MILLONES PARA EL EX ALCALDE DE ARGANDA IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL' 

El ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, el Albondiguilla, ha acudido hoy a prestar declaración ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, quien le imputa delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias dentro del sumario del caso Gürtel. El ex regidor se ha negado a declarar y se ha limitado a aportar documentos que considera que no están incluidos en el sumario. El juez estudia ahora la opción de redactar un nuevo auto en el que se ratifique la fianza de 1,8 millones que ya le impuso con anterioridad. 

También estaba llamado hoy a declarar el ex alcalde de Arganda del Rey, el también popular Ginés López Rodríguez. Sin embargo, ha comparecido apenas cinco minutos ante el juez ya que se ha acogido a su derecho a no declarar ya que, en su opinión, el hecho de que parte del sumario sea todavía secreto puede provocar una situación de indefensión. El juez le ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros por su participación en una trama cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilíticta, blanqueo de capitales y falsedad. Según el sumario, el ex regidor habría percibido comisiones por importe de 523.439 euros. El objetivo de la fianza de 1,5 millones es asegurar que el imputado haga frente a las posibles responsabilidades civiles y a las costas del proceso si finalmente es llevado a juicio y condenado. 

González Panero, que ha llegado al tribunal a las 11.00, ha asegurado antes de comparecer que la parte del sumario que se ha hecho pública le deja bien y que acudía ante el juez para aportar pruebas exculpatorias que no están en el sumario. 

El Albondiguilla había asegurado que presentaría una sentencia que demuestra, que la concesión que hizo de una parcela a la empresa UFC por tres millones menos de lo que ofrecieron otras constructoras fue legal. "He traído la sentencia porque no consta en el sumario. Hay muchas pruebas exculpatorias para mí que deberían estar y que ahora voy a volver a aportar", ha asegurado a los periodistas. 

González Panero está imputado por seis delitos y ha visto como el juez Pedreira le imponía la mayor fianza de todos los implicados en la trama Gürtel: 1,8 millones de euros. Durante su mandato, según el sumario, el Albondiguilla benefició a empresas que, con posterioridad, pagaban sobornos a altos cargos del Partido Popular. 

(www.elpais.com, 26/11/09) 

FIANZA DE 1,8 MILLONES DE EUROS A PANERO Y 1,5 A GINES LÓPEZ 

El juez ha impuesto una fianza de 1.500.000 de euros al alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez y de 1.800.000 euros al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. El magistrado dictará una nueva resolución en relación con la fianza que se le impuso a este último el pasado junio.Tanto Ginés López como González Panero han declarado ante el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid, por delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias El pasado 9 de junio, el magistrado impuso a González Panero, el Albondiguilla, una fianza de 1,8 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas de su imputación. 

Al igual que hizo durante su comparecencia ante el juez Baltasar Garzón, el ex alcalde popular se negó entonces a declarar hasta que se levantara el secreto del sumario. 

El nombre de González Panero aparece en varias de las escuchas interceptadas a los integrantes de la red corrupta de Francisco Correa. Según el sumario, Correa habría grabado al ex alcalde con una cámara oculta repartiendo billetes a otros tres de los implicados. Las empresas de Correa se vieron beneficiadas por cuantiosos contratos adjudicados por el Ayuntamiento. 

Por su parte, López Rodríguez se encuentra imputado por fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Según el sumario, el ex regidor habría percibido comisiones por importe de 523.439 euros. 

El ex alcalde del PP de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha asegurado, antes de declarar, que él "queda muy bien" en el sumario, ya que "se ve lo contrario de lo que dicen las denuncias". "Nadie dice en ninguna parte que a mí me hayan entregado ninguna cantidad" de dinero, ha afirmado González Panero, que ha añadido que se enfrentaba a la declaración con un ánimo "fantástico" y "con documentación y todo". Una documentación que, según ha explicado, recoge "muchas pruebas exculpatorias" para él "que no están en el sumario y deben estar" y que pretende aportar hoy. 

(www.publico.es, 26/11/09)

EL JUEZ IMPONE 750.000 EUROS DE FIANZA POR EL 'CASO GÜRTEL' AL DIPUTADO BOSCH 

El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en su variante de Madrid, ha fijado una fianza de 750.000 euros al aún diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. Éste fue citado por el juez el pasado verano, pero se negó a declarar y adujo que lo haría cuando se levantase el secreto del sumario. El juez no le fijó entonces ninguna fianza, pero le imputó genéricamente delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros. 

Los indicios delictivos que pesan sobre Bosch tienen relación con su etapa como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), cuando era alcalde de este municipio Arturo González Panero, El Albondiguilla, otro de los imputados del caso Gürtel. Supuestamente, Bosch adjudicó directamente a la sociedad Easy Concept, una de las empresas de la trama Gürtel, la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento durante 14 años. 

Bosch fue expulsado del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid tras ser imputado por el juez y era el único de los tres diputados madrileños (los otros son el ex consejero de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco) al que el juez no le había fijado aún fianza. Ahora lo ha hecho tras informarle de los cargos que pesan sobre él. A López Viejo el magistrado le impuso una fianza de 750.000 euros, y de 950.000 a Martín Vasco, todas ellas instadas por las fiscales anticorrupción del caso Gürtel. El juez ha dado orden de embargar bienes a estos diputados si no pagan las fianzas impuestas. 

En total, el juez ha fijado hasta el momento fianzas a los políticos imputados que suman 5,25 millones de euros. Asimismo, el juez Pedreira fijó ayer otra fianza de 650.000 a Isabel Jordán, la administradora de una de las empresas de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. En el caso de que no abonaran la cantidad exigida, el magistrado también ha dado orden de que se decrete el embargo de sus bienes hasta completar la cifra fijada. 

Isabel Jordán, subordinada de Francisco Correa que planificó la expansión de la red corrupta en Valencia, admitió ante el juez Garzón el pago de 30.000 euros en trajes para Francisco Camps: "He hecho trabajos reales para la Comunidad [Valenciana] tipo Fitur, el Open de Tenis... Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagar los trajes al presidente Camps". 

(www.elpais.com, 24/11/09) 

GARCÍA ESCUDERO ORDENÓ BENEFICIAR A LAS EMPRESAS QUE FINANCIARON LA CAMPAÑA DEL TAMAYAZO 

El nombre de Pío García Escudero se ha sumado a la lista de altos cargos del PP que aparecen vinculados a la trama de corrupción de la Operación Gürtel. El testimonio de uno de los imputados ante el juez de TSJM, Antonio Pedreira, apunta a que a finales de 2003, después de las elecciones municipales y autonómicas -unas elecciones marcadas por el tamayazo que daría a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad-, García Escudero, entonces secretario general del PP madrileño y responsable de la campaña electoral, envió un fax a los ayuntamientos populares de la región para que dieran un trato de favor a las empresas que habían financiado la campaña. 

Las investigaciones en torno a Fundescam ya levantaron las sospechas de una posible financiación irregular de la campaña electoral del PP madrileño de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2003, que llevaron a la presidencia de la región –después del tamayazo- a Esperanza Aguirre. Cuando el caso salió a la luz, la dirigente eludió hacer ninguna aclaración y pidió que se le preguntase a “Pío, pío, pío”, en alusión probablemente a Pío García Escudero. Y lo decía, tal vez, con más conocimiento de causa de lo que aparentaba. 

Un fax exigiendo favores 

García Escudero, entonces secretario general del PP madrileño, número dos en las listas de Alberto Ruiz Gallardón a la alcaldía de Madrid y responsable de la campaña electoral, ha aparecido mencionado en la declaración ante el juez de uno de los imputados en el caso Gürtel, según publica el digital El Confidencial. Este imputado aseguró al juez del TSJM, Antonio Pedreira, que a finales de mayo, pocos días después de los comicios, García Escudero envió un fax a todos los alcaldes populares de la Comunidad, incluido Gallardón, ordenando que favoreciesen a determinadas empresas que había aportado fondos para sufragar la campaña electoral del PP.

Veinte empresas, la mayoría constructoras 

Según el testigo, el fax fue enviado desde Presidencia de la Comunidad, e incluía un listado con más de 20 empresas, la mayoría de ellas constructoras, que debían recibir un trato de favor por parte de los ayuntamientos del PP en compensación por su generosidad durante la campaña. Esta declaración vendría a constatar las sospechas de que hubo una financiación irregular de la campaña de los populares, como ya apuntaban las cuentas de Fundescam.

El Grupo Dico y Granados 

Al parecer, una de las empresas que recomendaba García Escudero fue el Grupo Dico, una constructora que más tarde ha sido investigada por el presunto pago de comisiones millonarias a alcaldes y funcionarios municipales madrileños del PP. Un ex directivo de la empresa denunció el caso y apuntó directamente al consejero de Presidencia de la región, Francisco Granados, durante su etapa como alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003.

García Escudero no lo recuerda 

Además, el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, ahora imputado en la trama Gürtel, había transmitido personalmente a varios ediles del PP de García Escudero, de quién era hombre de confianza. El dirigente y actual portavoz del PP en el Senado, aseguró a El Confidencial que no recuerda si envió estos faxes, aunque aseguró que “en la vida” ha hablado “con un alcalde para recomendarle una empresa”. Según dijo, sería “absurdo hacer una recomendación de este tipo por fax”, por lo que sospecha que alguna otra persona pudo hacer los envíos desde Presidencia utilizando su nombre. 

(www.elplural.com, 23/11/09)

EL GRUPO POPULAR DESAUTORIZA A LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

Diputados en el limbo jurídico, parlamentarios no adscritos, miembros del grupo mixto... Ni en el propio PP se aclaran de cuál es la consideración jurídica que deben tener los diputados imputados en el caso Gürtel -Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch-, que abandonaron el grupo popular a primeros de octubre. 

Por eso la definición que ayer hizo la dirección del grupo parlamentario -al explicar las enmiendas que harán en el proyecto de ley para incorporar la figura del diputado no adscrito en el reglamento de la Asamblea- contradice la versión que ofreció la propia presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, también del PP, el 15 de octubre. 

Entonces, la presidenta convocó a los medios para anunciar, tras una reunión de la Mesa de la Asamblea, que a éstos se les había otorgado la "asignación provisional del grupo mixto". Rodríguez se basó entonces, según una portavoz, en el dictamen que había pedido en esa misma reunión al secretario general de la Mesa. Después de la tramitación de la ley, dijo la presidenta, éstos pasarían a ser diputados no adscritos. 

Pero la dirección del grupo popular considera que estos parlamentarios son "diputados no adscritos de hecho", según el portavoz adjunto Pedro Muñoz Abrines, pese a que en el reglamento actual no existe esa figura, que es la que pretende introducir la reforma. Porque, explicó el diputado, no han llegado a formar parte del grupo mixto ya que, para ello, "hace falta una declaración expresa de la Mesa y la redacción de un reglamento interno aprobado por la Mesa". Por eso concluye que "el trámite no está terminado". 

Esta diferencia de criterios es vital para aplicar la futura reforma del reglamento de la Cámara, que se aprobará en el pleno del próximo 12 de noviembre, previsiblemente con la mayoría de votos del PP (64 de 120 diputados). Primero el PP introdujo una disposición transitoria que pretendía retrotraer la entrada en vigor del reglamento al momento en que la Mesa de la Asamblea lo admitió a trámite. Era manifiestamente irregular, porque la Constitución impide que con efecto retroactivo se reduzcan derechos. Ahora el PP quiere enmendar esa disposición transitoria, porque se han dado cuenta de que es un error. 

"Teníamos la posibilidad de establecer una redacción más clara y contundente", justificó Muñoz Abrines. Y esa nueva versión dice que quedarán fuera de la aplicación de la ley "la tramitación de cualquier asunto pendiente ante la Asamblea de Madrid, cuyos procedimientos y efectos no se hayan consumado a la entrada en vigor de la presente reforma del reglamento". 

Por eso, si los diputados ya pertenecen al grupo mixto, como dijo la presidenta de la Asamblea, no podrían pasar a ser no adscritos con la nueva redacción de la disposición transitoria. En cambio, si, como pretende el grupo popular, no han llegado a formarlo, sí podrían pasar a no adscritos en aplicación de esa disposición transitoria. Entre una y otra posibilidad hay diferencias económicas sustanciales. Y los diputados del Gürtel renunciaron a las prebendas del grupo mixto, pero no se han pronunciado sobre su constitución. 

(www.elpais.com, 04/11/09)

AGUIRRE SE DESLIGA DE LA GÜRTEL CON UNA VERSIÓN INVEROSÍMIL

La presidenta dice que en 2005 ordenó vetar a Easy Concept, pero la empresa cobró de la Comunidad en 2007 y 2008. Otra sociedad denunciada hace cuatro años también siguió recibiendo adjudicaciones

El análisis de los datos remitidos al juez por el Ejecutivo madrileño sobre sus contratos con la trama Gürtel sólo dejan dos opciones. La primera, inverosímil, es que Esperanza Aguirre no logró que se acatase su orden de 2005 para vetar a Easy Concept, firma crucial en la red corrupta, y que no lo logró pese a que gobierna con mano de hierro, como ha vuelto a demostrarse con la guerra interna por el control de Caja Madrid. La segunda opción es que tal orden no existió. 

Hace un mes, Aguirre relató cómo en 2005 había ordenado a Alberto López Viejo, entonces viceconsejero de Presidencia y hoy imputado en el caso Gürtel, cortar por lo sano con Easy Concept. Según la presidenta de Madrid, adoptó tal decisión movida por un reportaje con "denuncias" sobre esa sociedad, aunque, según sus palabras, López Viejo la engañó luego al contratar a otras empresas del conglomerado Gürtel. Pero ni el reportaje, publicado por la revista Interviú el 14 de marzo de 2005, hablaba sólo de Easy Concept ni las "instrucciones clarísimas" impartidas, según Aguirre, para excluir a esa compañía en el reparto de la jugosa tarta contractual se cumplieron. Sólo entre 2007 y 2008, la empresa endosó al menos a la Comunidad siete facturasde contratos a dedo por importe global de 34.949 euros.

La Comunidad calla sobre los contratos con Easy Concept posteriores a 2005

Y hay más. Easy Concept fue invitada por la Consejería de Inmigración en noviembre de 2008 a participar en el proceso de adjudicación, negociado y sin publicidad, del montaje del stand institucional en la Feria Integra. La empresa declinó la oferta, al igual que su compañía hermana Servimadrid, igualmente invitada. La adjudicación, por 69.000 euros, fue a parar a DiseñoAsimétrico, otro de los nombres habituales en el listado de 342 contratos por más de tres millones con la trama Gürtel remitido al juez Garzón. 

Si Aguirre había ordenado negar el pan y la sal a Easy Concept, resulta una incógnita por qué Inmigración decidió cursarle la referida invitación. Este periódico preguntó al equipo de la presidenta por qué se siguió contando con Easy Concept. No hubo respuesta.

El titular de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, es uno de los cuatro consejeros madrileños que firmaron pagos a empresas de la trama. Lo hizo también el vicepresidente, Ignacio González, candidato de Aguirre a presidir Caja Madrid. 

Isabel Jordán como nexo

Hasta 2008, Easy Concept siguió recibiendo contratos de Madrid, aunque eclipsada por otras marcas del holding de Correa. Y también Good and Better, la otra sociedad que aquella información de Interviú citaba de forma expresa. Ambas compañías tenían como administradora a Isabel Jordán, la empleada de Correa a quien Aguirre llamaba "casi todos los días", según el ex edil del PP José Luis Peñas, que denunció el caso Gürtel. 

Cuatro de las siete facturas endosadas por Easy Concept a la Comunidad entre 2007 y 2008 se refieren a trabajos en las gradas "durante el relevo mensual de la Guardia [Real]". Las cuatro obtuvieron el "conforme" de la Consejería de Cultura, aunque en dos de ellas no figura ninguna firma en la casilla de gasto aprobado. 

Good and Better facturó al Canal de Isabel II, presidido por González

Tras las elecciones autonómicas de 2007, la Consejería de Cultura se desgajó del Departamento de Deportes. Cultura y Turismo permanecieron en manos de Santiago Fisas, actualmente eurodiputado del PP; y Deportes quedó bajo el mando de Alberto López Viejo, el todopoderoso hombre de confianza de Aguirre que, durante cuatro años y como número dos del vicepresidente Ignacio González, logró que otras consejerías pagasen sin rechistar facturas generadas por actos protagonizados por Aguirre. Justamente aquellos actos que, casi en régimen de monopolio, organizaron las empresas del grupo de Francisco Correa.

Good and Better, a la que jamás se ha referido Aguirre pese a que el reportaje de Interviú subrayaba el contraste entre su juventud se creó en enero de 2005 y su pujanza gracias a los contratos de la Comunidad de Madrid, también continuó cobrando. En total, la empresa facturó 75.835 euros entre 2007 y 2008. En ese cómputo figuran cinco cargos que suman 40.198 euros y que fueron endosados a otros tantos departamentos autonómicos por trabajos para la Feria Integra de 2007. Una de esas facturas fue pagada por el Canal de Isabel II, organismo que preside Ignacio González. 

El rastro documental 

14/03/2005

 

‘Interviú’no sólo hablaba de Easy Concept

Según Aguirre, un reportaje de ‘Interviú’ la puso en alerta sobre Easy Concept. Pero ese reportaje también desvelaba la conexión de Good and Better con los miembros de la que ahora conocemos como ‘trama Gürtel’. Según Aguirre, ella misma prohibió contratar con Easy Concept. De Good and Better no dice nada.  

14/04/2007

 

Adjudicación para la empresa ‘vetada’

En este caso, la clave no radica en dilucidar si era o no ajustado el precio (11.790 euros) de las medallas y trofeos para las Olimpiadas Escolares de Arganda. El quid
radica aquí en que el encargo se le hizo a Easy Concept dos años después de que, supuestamente, Aguirre prohibiera otorgarle contratos.  

19/12/2007
Contratos para una de las empresas denunciadas

Good and Better, una de las marcas del ‘holding’ de Correa y administrada por Isabel Jordán, recibió cinco contratos menores para el ‘stand’ de la Feria Integra de 2007. Ese trabajo le reportó en total 40.198 euros. Junto a estas líneas, uno de los cinco pagos.  

28/11/2008
Una invitación para la empresa ‘proscrita’

Que Easy Concept quedara proscrita –y esa es la versión de Aguirre– no cuadra con que en noviembre de 2008 Inmigración la invitara a presentar oferta para el ‘stand’ de la Feria Integra. Las otras dos empresas invitadas también pertenecen a la ‘red Gürtel’.  

Respuestas y declaraciones 

Las preguntas de ‘Público’

1. Si la presidenta ordenó cortar con Easy Concept, ¿por qué la empresa recibió contratos en 2007 y 2008?

2. ¿Por qué fue invitada a concursar en la Feria Integra en 2008?

3. El reportaje del que habla Aguirre también menciona a Good and Better. ¿Se hizo extensiva a esa empresa su orden de no adjudicarle más contratos?

4. ¿En qué fechas exactas realizó Easy Concept los trabajos en «gradas relevo de la Guardia [Real]», por los que emitió cuatro facturas en 2008?

La respuesta de la Comunidad

"El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ya ha dado en la Asamblea madrileña explicaciones sobre todos los contratos, que eran legales. Todas las cuentas a que hacen referencia las preguntas están fiscalizadas y los contratos han sido puestos a disposición del juez". 

Lo que dijo Aguirre

09/10/2009

"En 2005 le di instrucciones clarísimas al señor López Viejo ante la aparición en alguna revista de unas denuncias relativas a una empresa concreta, creo que era Easy Concept, de no contratar ninguno de mis actos con esta empresa y me dijo que no tenía que tener preocupación porque no la contratábamos. Pero, claro, contratábamos a otras que eran de los mismos dueños"

22/09/2009

"Sólo con la aparición de aquello [el reportaje de ‘Interviú’, publicado el 14 de marzo de 2005], yo llamé a mi despacho, algo que no hago normalmente, al viceconsejero encargado de la organización de actos. Y le dije: ‘Oye, ¿nosotros estamos contratando?’ y me contestó: ‘No, lo hacíamos antes pero ya no lo hacemos’" 

www.publico.es 02.11.09

"ESPERANZA AGUIRRE LLAMABA CASI TODOS LOS DÍAS A UNA EMPLEADA DE CORREA" 

"No quiero ser superhéroe ni supervillano". Lo dice o, más bien, lo martillea José Luis Peñas, el ex concejal del PP de Majadahonda que destapó el caso Gürtel. Ordenanza municipal de 41 años, también él está imputado por aceptar pagos. Los aceptó, dice, "para hacer un partido" porque así pudo acercarse a la trama, grabar a sus principales miembros durante dos años y hacer saltar por los aires la urdimbre de una red tejida alrededor del PP y sus instituciones.

Miguel Ángel Rodríguez se lanzó al degüello contra usted en televisión. Él fue uno de los grandes artífices de la estrategia de comunicación de Aznar. ¿Se conocían Rodríguez y Correa?

Correa jamás me habló de él. Lo que pasa es que se me tira a la yugular porque yo sé cosas de su amiguito Aznar que no le interesa que se sepan. 

¿Cómo cuáles? 

Todo el lío de la boda. Y, sobre todo, que uno de los responsables políticos de todo este tema es Aznar. En la boda de su hija se usaron medios públicos. Y buenos amigos, entre ellos Alberto López Viejo, Jacobo Gordon y Correa, organizaron la despedida de solteros. 

¿Qué relación tenían Agag y Correa? 

No hace falta ser un lince para saber que si Correa fue testigo de su boda es que eran íntimos amigos. A Correa le he oído que hasta 2006 o 2007 eran muy amigos. Luego, Agag se va fuera de España. Pero Correa siempre me ha dicho que a través de Jacobo Gordon seguía manteniendo todos los tinglados. 

Pero Aznar no sabía nada, ¿no? 

Cuando alguien te dice, como Correa, "me ha llamado el presidente para que contrate a Antonio Cámara", que era su secretario, pues por qué le vas a tener que contratar si no es porque tienes una deuda con el presidente. Lo repito: decir Correa era decir presidente. Era su álter ego en materia publicitaria, en marketing. Que ahora vengan todos diciendo que nadie conoce a Correa cuando es un presidente el que pide que a un amigo suyo le des trabajo, hombre, creo que ahí hay una relación íntima. Algunas palabritas tendría que decir de todo esto. 

Ha citado usted a López Viejo, a quien Esperanza Aguirre señala como el culpable de los contratos de Madrid con la trama.  

Vamos a ver, si es verdad que Rajoy echa a Correa de Génova, al señor Correa le vino muy bien, ja ja. Porque lo recogió amablemente Esperanza Aguirre, y muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. Aguirre trae a la Comunidad a Alberto López Viejo y a Alfonso Bosch, y asciende a los altares a Benjamín Martín Vasco. Guillermo Ortega, El Albondiguilla [Arturo González Panero], Ginés López, Jesús Sepúlveda, esos son los cuatro alcaldes imputados y eran los bastiones de Aguirre cuando se enfrentó a Gallardón por el control del PP.  

Pero ella culpa a López Viejo. 

¡Lo más fácil! ¿Este señor [que era viceconsejero] llega a otra consejería, la que sea, y le dice que le va a organizar los actos? Alguien por encima de él da la consigna de que el organizador de los actos institucionales es López Viejo. Ahora, si él acude a la trama o divide los contratos, Aguirre no lo sabe. Pero tampoco se preocupa por saber cómo se organiza de un día para otro un acto de 60.000 euros. ¿Cómo no va a conocer Aguirre la trama, si tuvo un juicio en 2007 y tuvo que pagar? 

Pero el juicio, por la deuda del PP con Correa, no llegó a celebrarse. 

No, pero yo estaba llamado como testigo. ¿Y por qué y de dónde se pagó? Eso lo tendrán que explicar, porque estuvo negociando el secretario del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria. ¿Qué pintaba allí? ¿Qué hacía este señor negociando una deuda del PP? ¿Me lo pueden explicar? Ella dijo que no conocía a Isabel Jordán, igual que no conocía Camps a El Bigotes.

 ¿Y sí la conocía? 

Hombre, en el sumario está que Jordán [administradora de Easy Concept] le mandaba regalos por Navidad. Es hipócrita además de 

¿Además de? 

Además de tránsfuga, que cuando vio que el Partido Liberal no iba a llegar a nada se fue a AP. Mire, la consejera de Educación [Lucía Figar] era íntima amiga de la mujer de Correa.  

¿Hay más políticos que recibieron regalos pero todavía no se sabe? 

Claro. Yo conozco en la Comunidad de Madrid a muchísima gente. Y fuera, también a alguno. Pero todavía no han salido en el sumario.  

Aguirre sostiene que, tras leer en 2005 un reportaje que hablaba de Easy Concept, dio orden de cortar con esa empresa. Y que no sabía que las otras a las que se siguió contratando pertenecían al mismo grupo.  

¡Pero si la cara visible de Easy Concept era Isabel Jordán! De ahí pasan a Diseño Asimétrico y Servimadrid. Y eso sigue siendo Isabel Jordán. ¿Qué pasa? Pues que cambiaron los nombres de las empresas. A Isabel Jordán, que era empleada de Correa, Aguirre la llamaba prácticamente todos los días: "Isabel, ¿de qué color es el fondo, la trasera que tenemos hoy?". Me lo dijo Isabel y la oí llamar muchas otras veces.  

Ha contado que oyó algo que le asustó tanto que borró la grabación. ¿Tan tremendo era? 

Sé lo que oí. Eran temas escabrosos. 

¿Usó Correa vídeos de contenido sexual para chantajear a políticos? 

No los he visto, pero creo que sí. Había una mujer que usaban como gancho sexual y que en su casa grababa vídeos. Imagino que cuando tenían dudas sobre los políticos empezaban las grabaciones. Pero, vamos, yo he oído conversaciones más oscuras. 

Pues como no se propusieran matar a alguien. 

Piense lo que quiera.  

¿Dónde operaba la trama? 

Que yo tenga constancia, operó en Galicia, Castilla y León, Andalucía, Valencia y Madrid. 

La Policía ha ratificado que el PP de Madrid se financió a través de la fundación Fundescam. Correa le endosó facturas del partido. 

Claro, si los actos de Fundescam los hice todos yo. Era el responsable del partido en todos esos actos. Cuando a Guillermo Ortega [ex alcalde de Majadahonda], que era secretario de Organización, le pregunté qué significaba poner Fundescam en las traseras, me dijo que con una fundación se podían hacer más actos al margen de la Ley de Financiación de Partidos. Las cintas grabadas de aquellos actos demuestran que eran mítines puros y duros, no actos de intelectuales hablando del desarrollo de la oveja negra en el noroeste de Madrid. 

¿Por qué dice usted que Rajoy miró para otro lado? 

Pues porque dice que echó a esta gente de Génova..., pero, oiga, no se fue al juez a contarle que pedían contratos en nombre del partido. Aparte, a mí Pablo Crespo me comentó que Correa le montó a Rajoy su viaje a Canarias tras perder las elecciones de 2004. Y luego siguieron trabajando para Génova. En 2005 hicieron varios actos; y en 2007, organizaron viajes. Yo creo que no fue Rajoy el que cortó sino, más bien, Bárcenas no sé si le intentaron hacer una cosa rara de estas de vídeo o algo... 

¿Qué papel cumplía Bárcenas en relación con la trama? 

Yo creo que era el conseguidor mayor. Llamaba a Galicia, incluso después de que Fraga echara a Crespo y a las empresas de Correa, para pedir cosas para esta gente. Teóricamente, si te engrasan y eres muy amigo de unas personas, tienes la fuerza suficiente para llamar y decir: oye, contratad a estos chicos que, aunque son caros, son buenos y tal.  

El PP lo echó a usted del partido bajo la acusación de que intentó malvender parcelas públicas. Pero usted cuenta que el vicepresidente madrileño, Ignacio González, había aprobado ese precio.  

El actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, entonces responsable de la Empresa Municipal de Suelo, recibía parcelas del Ayuntamiento para vivienda pública. Una de ellas la recibió por ocho millones y yo la devolví al Ayuntamiento para hacer vivienda libre y obtener, como mínimo, 48 millones. Saqué las parcelas a concurso público y los pliegos y valoraciones los ratificó Ignacio González. Si no puedo vender parcelas sin autorización de la Comunidad de Madrid y resulta que el procedimiento de venta lo bendice Ignacio González, ¿qué dice Aguirre ahora? ¿Por qué asciende a Guillermo Ortega, que era el alcalde? No se entiende. 

(www.publico.es, 26/10/09)

AGUIRRE SUGIERE DETECTAR CORRUPTOS PREGUNTÁNDOLES POR SUS VACACIONES 

De puertas afuera, el PP de Madrid alardea de cómo ha puesto un cortafuegos al caso Gürtel al expulsar a sus 13 altos cargos imputados de los puestos institucionales. De puertas adentro, que la trama de contratación de las empresas de Francisco Correa haya salpicado a la Comunidad preocupa mucho. Por eso, el pasado miércoles gran parte de la reunión del comité de dirección del PP regional, que preside Esperanza Aguirre, se centró en hablar del caso Gürtel. Allí, en la sede de Génova, la presidenta lanzó una propuesta: crear un comité para fiscalizar a los candidatos antes de elaborar las listas electorales. Los próximos comicios municipales y autonómicos están previstos para mayo de 2011. 

Fuentes de esa reunión explicaron que ésta fue una sugerencia de Aguirre "que no ha tenido una votación formal". Pero probablemente saldrá adelante, porque lo planteó la propia presidenta, a quien pocos contestan en su partido. 

Según otro de los presentes, Aguirre comentó a los miembros de su dirección que era una idea de Regino García Badel, su asesor y uno de sus hombres de máxima confianza. Se trataría de crear un comité de notables presidido por un popular madrileño "que ya no tenga aspiraciones políticas". Como ejemplo del perfil requerido para presidir ese comité, se barajó el nombre del ex alcalde José María Álvarez del Manzano. "Es una forma de establecer un control más y de que alguien ajeno al cabeza de lista vea el perfil de quienes van a ser los candidatos", zanjan dichas fuentes. 

Aguirre también aclaró que el comité preguntaría a los candidatos por su vida, se entendía que la privada, y como ejemplo de las preguntas que deberían hacerse en este control anticorruptos sugirió saber dónde se van de vacaciones. "Fue un ejemplo en tono jocoso", precisan otras fuentes populares, que reconocieron que ése era un poco el tono general. Pero aseguran que de lo que se trata es de fiscalizar el "patrimonio, los intereses personales y la vida pasada". 

Ahora el control se hace con posterioridad a las elecciones y es previo al ingreso de los elegidos en la Asamblea o los ayuntamientos de la región. 

"Cuando se habló de la posibilidad de fiscalizar el patrimonio de los candidatos, algunos se revolvieron en sus asientos, quizás pensando en sus cuentas privadas", comenta una tercera fuente. Pero la propuesta no recibió ni un solo reproche de los presentes.Según uno de los asistentes a la reunión, el control permitiría evitar casos como el de Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes e imputado en el caso Gürtel, quien antes de entrar a las listas del PP ya venía con un oscuro bagaje de su paso por el Ayuntamiento.  

López Viejo entró en 2003 en el número seis de la lista popular a la Asamblea de la mano de Esperanza Aguirre, que justificó en una entrevista en el diario EL PAÍS su elección: "¿Qué se dice de López Viejo? Que ha tenido que convalidar gastos que antes se llamaban convalidaciones de gastos y a nadie le sorprendía. Como ahora se llama reconocimiento extrajudicial, parece el nombre que está incriminando a quien los hace. Pues no. Mantengo absolutamente mi confianza en López Viejo". 

Tras estas declaraciones, López Viejo fue ascendido a viceconsejero de Presidencia y, pasadas las elecciones de mayo de 2007, a consejero de Deportes. Desde allí coló a la trama corrupta en 383 actos de todas las consejerías. 

En la misma reunión de la dirección popular habló Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva. "Todos conocemos a Correa. Pero ¿cómo voy a contratar los actos con él, si era carísimo?", planteó. En ese momento, Aguirre intervino: "A nosotros nos acusan de contratar los actos del partido con Correa y no lo hicimos, ¿verdad, Borja?", dijo dirigiéndose a uno de sus colaboradores, Borja Sarasola, secretario general técnico de Vicepresidencia. "Porque sabíamos que era carísimo", apostilla la presidenta. Supuestamente, el PP de Madrid no contrató nada con Correa porque era "carísimo", pero el Gobierno regional de Aguirre, con el dinero de los impuestos de todos los madrileños, sí lo hizo en 383 ocasiones. 

Además, los diputados imputados siguen en la Asamblea. Ayer fue la primera vez que López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch asistieron al pleno desde el pasado 8 de octubre, cuando el grupo popular los expulsó. Aunque ahora pertenecen al grupo mixto, mantuvieron la disciplina de voto del PP. 

Al verlos en el hemiciclo, el portavoz popular David Pérez y el vicepresidente regional, Ignacio González, compartieron ademanes de disgusto. Una puesta en escena que contrastó con los gestos de cariño que les dirigieron algunos diputados populares que pasaban a su lado, como la ex consejera Gádor Ongil o el viceconsejero Salvador Victoria. 

Los tres imputados, cuya única obligación como parlamentarios es asistir a los plenos una tarde a la semana, se exponían a sanciones económicas por no acudir al Parlamento. El artículo 34 del Reglamento de la Asamblea establece que la Mesa puede reducir su sueldo a un diputado "cuando de forma reiterada e injustificada", deje de asistir a las sesiones del pleno. Ayer los imputados optaron por ganarse el sueldo. 

(www.elpais.com, 23/10/09)

LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS DEL CASO GÜRTEL APARECEN POR SORPRESA EN LA ASAMBLEA Y VOTAN A FAVOR DEL PP 

Los tres diputados madrileños que han abandonado el grupo popular por su imputación en el caso Gürtel -Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch- se presentaron ayer en la Asamblea más de tres horas después de que comenzara la sesión plenaria, en la que votaron junto a sus ex compañeros del PP en contra de una moción del PSOE.  

Tanto López Viejo como Alfonso Bosh ocuparon sus nuevos escaños provisionales pasadas las 19.30, cuando se debatía la moción del grupo parlamentario socialista sobre planificación sanitaria.  Mientras, Benjamín Martín charlaba en los pasillos de la Cámara con algunos diputados del PP, hasta que llegó el momento de la votación y entró en el hemiciclo.  

Igual que el PP  

Los tres votaron en contra de la iniciativa socialista, al igual que todos los diputados presentes del grupo popular, mientras que los de IU han votado a favor junto con los del PSOE.

Aguirre se justifica 

Por otra parte, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, reiteró que en 2005, cuando se publicó que la empresa Easy Concept podía pertenecer a una trama de corrupción, le preguntó al entonces viceconsejero Alberto López Viejo si el Ejecutivo regional contrataba con ella, y le aseguró que ya no. 

Excusas 

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguirre contestó a preguntas de los periodistas sobre las últimas informaciones relativas al caso Gürtel, que hasta 2005, cuando una revista publicó que Easy Concept podía pertenecer a un entramado, "nunca supimos que esa empresa tuviera nada de particular, ni muchísimo menos que estuviera en ninguna trama". 

Respuesta de López Viejo  

"Sólo con la aparición de aquello, yo llamé a mi despacho, algo que no hago normalmente, al viceconsejero encargado de la organización de actos, y le dije 'oye, ¿nosotros estamos contratando?' y me contestó 'no, lo hacíamos antes pero ya no lo hacemos'", precisó.

Las firmas 

Por último, Aguirre afirmó que tanto la firma del actual vicepresidente regional, Ignacio González como la suya y la de otros consejeros "pueden aparecer" en algunos documentos, y precisó que los que se han publicado "son los contrato que nosotros hemos enviado (al juez) para que se sepa lo que ha ocurrido y la sea la justicia la que tome las decisiones".  

(www.elplural.com, 23/10/09)

AGUIRRE: "LA HONRADEZ SIGUE SIENDO LA SEÑA DE IDENTIDAD DEL PP" 

Pese a los muchos escándalos de corrupción que rodean al PP últimamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, considera que la honradez "sigue siendo la seña de identidad" del Partido Popular.  

"Es nuestra seña de identidad, aunque les moleste a los que llevan casi un año filtrando escuchas que no sabemos si son legales", ha insistido.   

Aguirre ha dicho esto durante la Junta Directiva Regional de Madrid, celebrada en la sede de Génova, tras recordar que los diputados madrileños implicados en la trama Gürtel han abandonado sus escaños.   

 Además, Aguirre ha afirmado que el PP necesita estar "en plena forma y perfectamente entrenado" para reconstruir "todo lo que ha roto" Zapatero.  

Para la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la labor del partido es la de reconstruir "el edificio constitucional de España" y no defraudar a los "millones de ciudadanos" que confían en el PP.  

(www.publico.es, 22/10/09) 

BOSCH YA ORDENÓ FRACCIONAR CONTRATOS CUANDO ERA CONCEJAL DE EL ESCORIAL 

"Necesitamos reparar este camino porque si no los vecinos acaban con nosotros". Con estas palabras el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de El Escorial, Alfonso Bosch, selló el acuerdo verbal para asfaltar el Camino Viejo de El Escorial en 2002. Entre Bosch, actual diputado regional e imputado en el caso Gürtel, y el alcalde del municipio en aquel momento, Javier de Miguel, encargaron las obras y ordenaron fraccionar los contratos para eludir los trámites legales. Pero luego no pagaron. 

Los trabajos para reformar la carretera entre la urbanización Las Suertes y el centro urbano se hicieron sin contrato, a pesar de que costaron 143.000 euros y la ley obliga a convocar un concurso público. "Nos dijeron que hiciéramos las facturas por menos de 12.000 euros para evitar concursos", explica Jorge Juan Montoto, administrador de Prourbanorte, la empresa que realizó las obras y que ha tardado casi siete años en cobrar. "Alegaron que era una cuestión de urgencia porque la carretera estaba muy mal", precisa el empresario. Quedaban cinco meses para las elecciones municipales y eludieron todos los trámites. 

Bosch acaba de ser expulsado del grupo popular en la Asamblea por su imputación en el caso Gürtel. Según el sumario judicial, cobró 250.000 euros de la red corrupta por intermediar para conseguir contratos desde su cargo en la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla (EMSV). "Tenemos todas las mediciones, todas las facturas detalladas... Se puede comprobar la obra y nuestro trabajo", comenta el empresario que se vio perjudicado por las artimañas de Bosch. 

Prourbanorte es una promotora que trabaja en la sierra madrileña. "Apenas trabajamos con la Administración", señala Montoto. En apenas un mes, entre marzo y abril de 2003, Prourbanorte emitió, al menos, 14 facturas por el importe total de 77.978 euros con el concepto "mejoras y mantenimiento de Las Zorreras". El Ayuntamiento además le adeudaba la parte correspondiente a los trabajos técnicos que previamente había realizado otra empresa a Prourbanorte, por lo que la deuda total del Consistorio ascendía a 142.944 euros. "Íbamos a asfaltar un tramo, pero nos dijeron que alargáramos la carretera hasta el centro", zanja el empresario. Prourbanorte llevó el asunto a los tribunales porque el Ayuntamiento evitaba pagarle. No había constancia formal del encargo, y eso que las facturas las recibió en el Consistorio (y firmó) el propio Bosch. Y Bosch se marchó antes de pagarlo. El actual alcalde reconoce que conceder contratos de forma verbal o fraccionarlos no es una práctica habitual. 

El concejal de IU Manuel Fernández Fau ha intentado que el Ayuntamiento llevase el caso a la fiscalía y recuerda que cuando se produjo el encargo ya estaban en el Consistorio algunos concejales que ahora tienen responsabilidades de gobierno. 

(www.elpais.com, 22/10/09) 

 

AGUIRRE PIDE A LOS TRES DIPUTADOS MADRILEÑOS DEL CASO GÜRTEL QUE ABANDONEN SUS ESCAÑOS 

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido hoy a los tres diputados madrileños imputados en el caso Gürtel que "abandonen sus escaños por responsabilidad política", y les ha aconsejado "por su bien" que mantener el aforamiento es un "error".

"Como presidenta del partido en Madrid, yo pido que dejen el escaño por responsabilidad política, sin quitarles un ápice de la presunción de inocencia que yo les concedo desde luego a todos", ha afirmado tras la reunión del Comité de Dirección del PP madrileño.

"Creo incluso que, por su bien, el aforamiento es un error", ha agregado, tras advertirles de que, aunque ellos creen que el "pleito" que hoy está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pasará de nuevo al juez Garzón, "en ambientes judiciales lo que se dice es que no, que pasaría a la Plaza de Castilla, a un Juzgado de Instrucción". 

Aguirre ha asegurado además que, cuando llegue el mes de abril del año 2011, si ella sigue "presidiendo este partido, lo cual es harto probable, dado que no corresponde ningún Congreso hasta pasado final del año 2011, estos señores, a no ser que fueran exculpados ya por una sentencia firme, no van a ir en las listas".Esto supone, según la presidenta, que podría producirse una situación similar a la del "caso Funeraria" del Ayuntamiento de Madrid, "que dura ya quince años". 

Ha explicado que ella misma ha "vivido" cómo su "querido amigo" Luis María Huete, condenado por el caso Funeraria, "era diputado, dejaba de ser diputado, el pleito pasaba de un sitio a otro y lo que hace es dilatar enormemente el esclarecimiento de los hechos".

No obstante, ha sostenido que "las responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente asumidas", dado que esos tres diputados -Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosh- han "salido" del grupo parlamentario popular, que los alcaldes imputados de Arganda y Pozuelo han "dejado el escaño" y que el de Boadilla ha sido "expulsado" del grupo municipal popular.

"Nosotros, desde luego, no vamos a titubear de ninguna manera en el ejercicio de nuestra responsabilidad política con nuestros militantes, nuestros votantes y todas las personas del Partido Popular que nos han apoyado", ha hecho hincapié Aguirre. 

Ha reiterado que "ninguna organización, ni partido político, ni empresa privada está libre de que en su seno haya personas que traicionen la confianza de quienes les han nombrado, que sean corruptos y que incluso delincan", y que "lo importante es cómo se reacciona ante esas situaciones".

Preguntada por el futuro que augura al presidente valenciano Francisco Camps, ha señalado que éste "tendrá el futuro que decida él y que decidan los valencianos, que será seguro que muy brillante, según dicen las encuestas". 

(www.publico.es, 20/10/09)

EL EX ALCALDE DE BOADILLA, EXPULSADO DEL PP MUNICIPAL 

El anterior alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, fue expulsado ayer del Grupo Popular en ese Ayuntamiento tras una reunión de la ejecutiva local del PP. El ex alcalde, apodado el Albondiguilla por los cabecillas de la trama Gürtel, seguirá en el consistorio ya que el acta de edil es personal y no piensa cederla. Además, asegura, aún no le han notificado oficialmente su baja en el grupo. "Es una maniobra desafortunada e injusta", manifestó ayer en un comunicado en el que criticó "el trato preferencial que detentan ciertos miembros del partido en contra de otros" (en alusión a Luis Bárcenas, ex tesorero y aún senador del PP). 

González Panero asegura no entender el trato que está recibiendo de la cúpula del PP. Se siente un cabeza de turco. Asegura que fue Bárcenas el que le pidió que contratara con las empresas de la red corrupta. Por eso reclamó a la dirección nacional del PP que "revele las verdaderas causas de esta inexplicable expulsión, máxime cuando existen otros imputados". También cargó contra el grupo municipal que hasta hace unas semanas le había cobijado. "Todo el grupo y en especial Juan Siguero (actual alcalde) conocen de primera mano la escrupulosa legalidad de todas las adjudicaciones", señaló. 

El pasado viernes el actual alcalde, Juan Siguero, le dio un ultimátum para que abandonara el Grupo Popular. Transmitía las órdenes de la presidenta regional del partido, Esperanza Aguirre. Ayer, tras vencer el plazo establecido, Siguero reunió a los 15 concejales populares del consistorio para escenificar la expulsión. El motivo oficial: "Haber hecho caso omiso a las indicaciones de la presidenta regional del PP". 

Esperanza Aguirre ordenó el pasado jueves que los cargos madrileños imputados en el caso Gürtel fueran expulsados de los grupos del PP en las diferentes Administraciones. Dio la orden de limpiar el partido tras conocer la primera parte del sumario judicial que se hizo público la semana pasada. En el sumario, el nombre del ex alcalde aparece numerosas veces. El juez le imputa los delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad y tráfico de influencias. 

González Panero rechazó todas las acusaciones. "Estoy a disposición del PP a fin de que se abra una investigación que esclarezca cuantos extremos relativos al caso queden por aclarar", concluyó. 

(www.elpais.com, 14/10/09) 

"TENDRÁN QUE EXPLICAR POR QUÉ ME ECHAN" 

"Mis compañeros, los que me dan de baja, son los que tendrán que explicar bien por qué. Son ellos los que han defendido que no hay irregularidades en mi gestión", asegura por teléfono el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, tras ser expulsado del Grupo Popular del municipio madrileño. "Había acordado con el alcalde (Juan Siguero) que esperara hasta el miércoles. Quería hablar con la dirección regional para aclarar el asunto. Pero esta mañana a primera hora (por ayer) ya habían sacado una nota de prensa anunciando mi expulsión. No entiendo tantas prisas", añade el ex alcalde imputado por su participación en el caso Gürtel. 

Poco a poco, los principales implicados se van quedando solos. Las secuelas políticas de la trama corrupta están provocando que quienes hace tan sólo unos meses apoyaban sin fisura a los imputados marquen ahora distancia con ellos. Ya nadie los defiende. Y menos si desoyen la orden de quitarse de en medio y se declaran en rebeldía. Es la situación del ex alcalde de Boadilla del Monte, expulsado del Grupo Popular tras una reunión urgente de la ejecutiva local del partido. El ex alcalde, apodado El Albondiguilla por la cúpula de la trama, rechaza entregar el acta de concejal. "Espero que pueda integrarme en el Grupo Mixto. Como concejal no adscrito pierdo derechos. No sería justo cuando encabecé la lista más votada en Boadilla". 

González Panero se ha resistido a abandonar de forma voluntaria el Grupo Popular como reclamó la presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre. "Hablamos el jueves sobre el asunto", reconoce el imputado. El ex alcalde señala que aún no ha recibido la notificación de la baja del grupo. "Aunque sé que tengo una carta esperándome en el Ayuntamiento". Es la expulsión, y ayer no se acercó a recogerla. 

El comunicado recoge la justificación del alcalde para echarlo del grupo: "Es evidente que la personación del PP [en la causa] es incompatible con tu permanencia en el grupo, dado que podría perjudicar la defensa jurídica que estás realizando, puesto que con ello se ha producido un evidente conflicto de intereses de carácter jurídico, que no podemos obviar". 

El imputado por el caso Gürtel explicó que no entiende cómo lo expulsan "con el argumento de que pueda organizar mi defensa. Ésa es una cuestión que debo decidir yo". Y agregó: "Habrá que determinar si es correcto que me expulsen alegando que el PP está personado en el proceso". Por eso, reclamó a la dirección nacional del partido que "revele las verdaderas causas de esta inexplicable expulsión, máxime cuando existen otros imputados". González Panero se siente defraudado por los que hasta hace poco fueron sus compañeros. "Es una maniobra desafortunada e injusta", aseguró ayer el ex alcalde mediante un comunicado en el que apela a su "derecho a la presunción de inocencia".El ex alcalde de Boadilla criticó "el trato preferencial que detentan ciertos miembros del partido en contra de otros". La semana pasada afirmó que fue Luis Bárcenas (ex tesorero y senador del PP) quien le pidió que contratara con las empresas de la red corrupta, según reconoció en una entrevista. 

González Panero se queja del trato que está recibiendo de su partido. Y rechaza los delitos que le imputan. Ayer manifestó que está "a disposición del PP a fin de que se abra una investigación que esclarezca cuantos extremos relativos al caso queden por aclarar". Se siente una cabeza de turco, a pesar de que el nombre de El Albondiguilla aparece con demasiada frecuencia en el sumario. Le imputan siete delitos: cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad y tráfico de influencias.

"No es momento de hablar de esto. El caso se extiende por muchos ámbitos, es muy amplio", confesó. Ahora se siente defraudado con el actual alcalde del municipio, Juan Siguero. "Yo le hice teniente de alcalde, le apoyé en su carrera política...". 

La semana pasada Siguero le dio un ultimátum para que abandonara el grupo municipal popular. Transmitía las órdenes de la ejecutiva regional del Partido Popular. Ayer, tras vencer el plazo establecido, según fuentes municipales, se reunieron los 15 concejales populares del Ayuntamiento de Boadilla para escenificar la expulsión, acordada. 

El motivo oficial que esgrimió Juan Siguero: "Haber hecho caso omiso a las indicaciones de la presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre". 

Los mismos concejales que ayer le echaron del grupo eran los que hace unos meses apoyaban su inocencia. Cuando estalló el caso, el pasado 9 de febrero, González Panero se refugió en el municipio para resistir los embates que le lanzaban desde su propio partido. La dirección nacional del PP quería cortar por lo sano y anunció su dimisión antes de que éste lo hubiera decidido. Allí, en Boadilla, compareció rodeado de 14 concejales y muchos de sus cargos de confianza como símbolo de la confianza del grupo municipal. "Mientras no haya imputación es absurdo que presente la dimisión", dijo entonces. La presión pudo con él. Y al día siguiente abandonó la alcaldía pero siguió de concejal. Continuó asistiendo a los plenos municipales y colaboraba con la gestión. Hasta la semana pasada cuando se hizo pública la primera parte del sumario del caso. 

El pasado jueves, Esperanza Aguirre ordenó limpiar el partido tras conocer la primera parte del sumario judicial. Según fuentes del partido, pidió que los cargos madrileños imputados por el Gürtel fueran expulsados de los grupos del PP en las diferentes administraciones. 

Los tres diputados regionales imputados (el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo; Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco) siguieron la instrucción de la presidenta. Abandonaron la bancada popular. El ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, fue más allá. Entregó el acta de concejal. Pero González Panero se enrocó. Ni quería dejar el grupo popular, ni el acta de concejal. Su argumento es que la suspensión de militancia del partido es temporal, dice que la solicitó él mismo, y que para echarlo tienen que abrirle un expediente en el partido. Y eso no ha ocurrido. 

El ex alcalde cargó ayer contra los concejales que hasta hace unas semanas le habían dado cobijo. "Todo el grupo y en especial Juan Siguero conocen de primera mano la escrupulosa legalidad de las adjudicaciones", señaló. "Dijeron que tenía casas en Miami y ha quedado demostrado que no es verdad. Al final se aclarará todo este asunto", insistió González Panero. 

Lo que no explicó es por qué en el sumario su nombre aparece vinculado con regalos, viajes y grandes cantidades de dinero. Los 17.000 folios de la instrucción que han sido desclasificadas incluyen apuntes contables de una de las cajas B de la trama corrupta. Éstos revelan supuestas entregas de dinero a El Albondiguilla por importe de 510.000 euros. Además, el jefe de la trama, Francisco Correa, comenta en una conversación con una de sus contables que tiene un vídeo comprometedor de González Panero. Según Correa, en las imágenes se observa al ex alcalde contando el dinero recibido por una comisión pagada por el propio Correa. 

Los grupos de la oposición (PSM y Alternativa por Boadilla) reclamaron ayer mayor transparencia en la gestión municipal. El portavoz socialista, Pablo Nieto, afirmó que "la solución al problema de la localidad por la presunta implicación del ex alcalde pasa por un cambio radical en todo el equipo de Gobierno del PP". 

(www.elpais.com, 14/10/09) 

 

SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS

La trama se repartía las comisiones ilegales con políticos populares, según la policía 

Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa.

Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones.

Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.

La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.

Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.

- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".

En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP.

- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).

- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de Correa.

- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.

En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según la documentación, uno de los principales beneficiarios es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón (cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso Gürtel); modernización de regadíos de la comunidad de usuarios del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está igualmente imputado).

- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era mejor. En la ejecución se produjo una modificación que elevó los costes de la autovía en 284.000 euros.

La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso baraja que las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa, correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el escrito de adjudicación de la obra a Teconsa.

El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y 2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin publicidad y otras en contratos menores.

- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes (cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.

- Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa es la operación urbanística que menos documentada está en los libros de la red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex responsable de la empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el suelo.

www.elpais.es 12.10.09

NUEVE MESES DE CONTRADICCIONES PARA ESPERANZA AGUIRRE

Funcionarios de Boadilla advirtieron a la presidenta sobre la trama en 2007 

No hay nada como gestionar bien la imagen. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es especialista en manejar los tiempos y en transmitir la apariencia de que lo tiene todo controlado. Ésa es la impresión que ha dejado tras gestionar la crisis del Gürtel. Aguirre ha conseguido aparecer como una política con determinación y autoridad al expulsar de forma fulminante a los políticos imputados del PP. Ella es la jefa del partido en la región y quien ha dado la orden. Pero detrás de toda esa representación se esconden varias contradicciones.

Reclama presunción de inocencia, pero ya ha expulsado a sus diputados

Exhibe una imagen de determinación pero tardó en revisar los contratos

La primera es que la presidenta conocía que algo no iba bien. Que había una red de empresas que tenía la ambición de hacerse con el favor de la Comunidad de Madrid para hacer negocios sucios. En 2005, una revista publicó el supuesto trato de favor de una empresa con algunas administraciones del PP. Aguirre pregunta a su viceconsejero y le ordena que no vuelva a contratar con esa empresa. Su confianza en López Viejo le lleva a ignorar el problema. Aguirre no sólo no lo cuestiona, sino que poco después lo convierte en consejero de Deportes.

Dos años más tarde, en 2007, un grupo de funcionarios de Boadilla del Monte y Móstoles envía una carta a Génova, sede del PP, dirigida a la presidenta regional. En la misiva, incluida en el sumario, le advierten de supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla. Aguirre da la carta por no recibida.

Cuando el 6 de febrero estalla el caso Gürtel, la presidenta regional no hace caso de los indicios que señalan a su hombre de confianza, el que le organiza todos los actos, como uno de los principales personajes de la trama corrupta. Tres días después lo destituye, pero lo presenta como una dimisión. Y le agradece su suicidio político de la siguiente forma: "Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". El objetivo era lanzar la idea de que todo era un montaje contra el PP. El objetivo era sembrar dudas.

Por eso tardó más de cuatro meses en revisar todos los contratos de la trama corrupta en la Asamblea de Madrid. Cuando lo hizo, el pasado junio, sólo explicó los expedientes tramitados durante la presente legislatura. El Gobierno de Aguirre olvidó que todo comenzó en 2004, cuando López Viejo cobró poder. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, afirmó que sólo se suscribieron 183 contratos por 2,3 millones de euros. El sumario del caso hecho público esta semana arroja otra cifra: 358 contratos por más de tres millones de euros.

Durante todo este tiempo la presidenta ha defendido la legalidad de los contratos. A pesar de aceptar la dimisión de López Viejo, de ordenar la destitución de Benjamín Martín Vasco como portavoz adjunto de la Asamblea, y arrinconar a Alfonso Bosch en el Parlamento regional. Aguirre también forzó la renuncia de los ex alcaldes implicados, el de Boadilla, Arganda, Pozuelo y Majadahonda. Pero intentó desviar la atención sobre el origen de esa decisión. Todos los cargos públicos imputados fueron suspendidos de militancia en el PP. La contundencia de Aguirre combina mal con su defensa de los actos. Su argumento es que hay que respetar la presunción de inocencia. Una presunción que se olvida cuando el jueves expulsó a los diputados de la bancada popular en la Asamblea.

www.elpais.es 11.10.09

ENTREVISTA  ARTURO GONZÁLEZ PANERO EX ALCALDE DE BOADILLA, IMPUTADO 

"Bárcenas nos dijo: Tenéis que contratar con una agencia de Correa"

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) y apodado El Albondiguilla por los miembros de la trama corrupta urdida por Francisco Correa, ocupa un lugar destacado en los primeros 17.000 folios públicos del sumario del caso Gurtel.De hecho, es a quien se le impuso la fianza más alta, 1.800 millones. Su nombre aparece salpicado aquí y allá en asientos contables (de hasta 510.000 euros de la caja b de la trama), regalos, chantajes, viajes a Miami, concesiones a empresas cercanas a la trama y adjudicaciones inmobiliarias dudosas de favor. Además, su actitud resulta la menos complaciente con las peticiones del Partido Popular. En su momento se negó a dimitir y fue el propio Mariano Rajoy y su portavoz, Esteban González Pons, quienes le obligaron a dejar el cargo y pedir la baja voluntaria del partido. "Pons me amenazó en tono chulesco", recuerda ahora en conversación telefónica, cuando vuelve a revolverse contra los criterios del PP nacional y Esperanza Aguirre y clama por la diferencia de trato con Luis Bárcenas, que aún sigue siendo senador por los populares, y a quien apunta como uno de los más implicados.

·       "Bárcenas me impuso a su mano derecha, que le hacía favores en Iberia"

·       "Fui a Miami con Correa porque tenía relación con los de arriba del partido"

Pregunta. ¿Va a entregar su acta de concejal?

Respuesta. Ni mucho menos, si acaso me iré al grupo mixto.

P. ¿Y su baja de militancia en el PP ya es definitiva?

R. En absoluto, no hay ningún expediente abierto. Yo pedí una baja voluntaria, que fue lo que pacté con Paco Granados [secretario general del PP madrileño].

P. Pero se da por expulsado...

R. No, de hecho, en mi renuncia hay una cláusula por la que me reservo pedir el alta de nuevo.

P. ¿Siente que le han tratado de manera injusta con respecto a los implicados en Valencia?

R. Eso no es lo peor. Lo peor es lo de Luis Bárcenas, que no sé por qué se le trata tan distinto y sigue siendo senador por el Grupo Popular cuando está imputado igual que yo o más.

P. ¿La implicación de Bárcenas es más grave que la suya?

R. Me llama mucho la atención cómo le ha tratado el partido y que se espere mucho más y se tenga tanta paciencia con él. A mí, Bárcenas me impone en Boadilla a su mano derecha, que es Francisco Sánchez Arranz y que es algo más que un gran amigo suyo y le hacía favores en Iberia, donde trabajaba. Sánchez Arranz entraba en el despacho de Bárcenas como Pedro por su casa y a mí me pide en 2003 que le meta en las listas y yo le meto sin problemas. Después decidí quitarle, en 2007, y desde entonces me amenazaban.

P. ¿Pero son ellos quienes introducen a Correa en Boadilla?

R. A mí Bárcenas me impone a su mano derecha y eso lo sabe todo el mundo.

P. Pero usted se va de viaje a Miami con Francisco Correa.

R. Precisamente en ese viaje me presentan a Sánchez Arranz, de hecho, me entero después de que montaron ese viaje para que lo conociera [a Sánchez Arranz].

P. Ya, pero usted ya tenía planeado el viaje con Correa.

R. Es por José Galeote, que era concejal mío de Turismo, que me dice que la gente de Correa tiene relación con la gente que manda en el partido, los de arriba, y que me llevan a conocer personas que se relacionan con dirigentes del partido. Además, me llevan gratis y en una categoría superior y como yo nunca he estado en Miami, voy. Fue todo normal.

P. Pero usted figura en muchas ocasiones en el sumario como parte importante de la trama.

R. Eso no es verdad. En Boadilla sólo firmamos tres contratos con ellos, que por cierto tienen unos expedientes impecables, y en el mayor de todos, el de la Oficina de Atención al Cliente, yo no firmé nada porque estaba de viaje. De hecho, quien lo firmó es el que actualmente es el alcalde, Juan Siguero. Con Pasadena Viajes [de Correa] contratamos desde 2001 a 2005 porque nos lo había pedido Bárcenas. Nos dijo: 'Tenéis que contratar a estos'.

P. Pero no negará su relación con Correa.

R. Muy superficial, quienes le contrataban eran del partido. El PP les contrató muchas más cosas y lo hacían bien, pero para mi gusto eran muy careros. Nosotros no hemos encargado mítines a Correa como hizo Rajoy.

P. ¿Y el vídeo en el que se le ve a usted contando dinero y con el que supuestamente le chantajeaba Correa?

R. Eso lo dice Correa a una tal Jordán [administradora hasta 2007 de las empresas de la trama]. Todo lo que sale de mí en el sumario es a través de terceras personas.

P. ¿Y los contratos con constructoras, como UFC?

R. Eso no tiene nada que ver con Correa.

P. O sea, que piensa que el PP ha gestionado mal el escándalo.

R. Desde el principio el PP nacional se ha equivocado. Pensaron que echándome a mí y diciendo que había dimitido cuando era mentira les serviría para capear el temporal, sin saber que tenían problemas mucho peores. Quisieron desviarlo torpemente a algo local, cuando apenas teníamos relación con Correa, y ahora se encuentran en esta tesitura. Decidieron que aquí paz y después gloria.

P. ¿Por qué cree que Rajoy hizo ese anuncio?

R. No lo sé, porque Garzón no me dijo nada al declarar. Además, a mí ese mismo día Granados me dice que van a esperar y luego, por la noche, el secretario regional lo reconoció en una reunión de concejales en Boadilla.

UN EDIL DESOBEDIENTE

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que dirige el PP de Madrid con mano férrea, exigió el jueves a los cinco imputados de su partido en el caso Gürtel, tres diputados y dos alcaldes, que abandonaran los grupos del PP. También les pidió, sin éxito en la mayoría de los casos, que abandonaran las instituciones. Los tres diputados imputados, el ex consejero Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alberto Bosch, dejaron el grupo, pero siguen en la Asamblea para mantenerse como aforados. El ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda anunció ayer su marcha.

·         "Bárcenas nos dijo: Tenéis que contratar con una agencia de Correa"

En Boadilla, González Panero debía imitarle pero no lo hizo. Ni se presentó en el pleno. El alcalde actual, Juan Siguero, anunció que lo expulsará del grupo del PP el martes.

www.elpais.es 10.10.09

BOADILLA DEL MONTE, EN EL EPICENTRO DE LA TRAMA

Correa extorsionaba al ex alcalde Panero 

"¿No ves que tengo a Arturo pillado con ese vídeo?". El papel que Francisco Correa desempeñaba en Boadilla (42.000 habitantes) se resume con esta frase lanzada por el capo del Gürtel a Felisa Jordán, una de las contables de la trama y actual imputada. Jordán revela en el juzgado cómo Correa extorsionaba al ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero. Ante las reticencias de la contable, Correa le espeta: "No seas tonta, ¿no ves que le tengo comiendo de mi mano?". El jefe de la trama corrupta le cuenta que tiene un vídeo sobre el Albondiguilla (sobrenombre que daba a González Panero) en el que, supuestamente, se le observa contando una gran cantidad de dinero. Es la comisión que Correa le entregó en 2005 por adjudicar una parcela a la constructora UFC a pesar de que su oferta era tres millones de euros inferior a las rivales.

·         Ortega colocó a la mujer de Correa en su ayuntamiento

·         "Le di un Range Rover y me iba a pagar una obrita"

·         El Gafitas medió en contratos urbanísticos

·         El 'caso Gürtel' violenta la Asamblea

Correa: “Tengo a Arturo González Panero comiendo de mi mano”

La empresa pertenece a otro de los imputados de la trama, José Luis Ulibarri. Aquel contrato llegó en octubre de 2005. Pero las actividades del Gürtel en Boadilla comienzan años antes, cuando el único negocio de la red era la organización de viajes a través de Pasadena. En 1999 el Ayuntamiento contrata por primera vez a esta empresa. Es una de las sociedades que organiza los actos al PP nacional y llega recomendada.

El ex alcalde, mientras, se niega a marcharse del Consistorio.

Correa tejió su red hasta convertir este próspero municipio del oeste de la región en el epicentro de la trama, el mejor negocio de la red. Sólo un contrato de UFC, por 35 millones de euros, supera 11 veces la cantidad que el conglomerado de las empresas del Gürtel facturaron a la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2008.

El Ayuntamiento de Boadilla era refugio y plataforma de operaciones de varios de los imputados de la trama corrupta. Accedían sin problemas a los despachos del Ayuntamiento de Boadilla. Alfonso Bosch, diputado regional, era el gerente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Boadilla (EMSV), y desde allí intermedió para adjudicar contratos a empresas vinculadas con la trama. Tomás Martín Morales, estrecho colaborador y amigo de Correa, era el consejero delegado de esta sociedad pública que controlaba el urbanismo en la localidad (EMSV). Desde su posición intervino para favorecer a sociedades que proponía Correa. Martín Morales colocó a su mujer en el Ayuntamiento de Boadilla sin avisar a los responsables de la red.

Las actividades de la trama en Boadilla comienzan en 1999. González Panero contrata varios viajes con Pasadena Viajes, una de las firmas de la red corrupta. El alcalde viaja en 2002 a Miami acompañado de Francisco Correa y Gerardo Galeote, otro de los imputados que ocupaba un cargo en la empresa de deporte municipal. En esos años, el Ayuntamiento también encarga la organización de varios actos a Servimadrid Integral.

Los personajes relacionados con la trama en Boadilla gozaban de un elevado nivel de vida. Todos han cobrado de la trama corrupta, según se desprende del extracto del sumario hecho público esta semana. Tienen cuentas personales en la caja B de las empresas de la trama. Lucen potentes coches, lujosas casas, frecuentes viajes y mucho dinero.

Miembros de la investigación hallan un pendrive que contiene la contabilidad del dinero negro de la red. En el archivo BOX V51, una de las cajas de seguridad aparece una entrada de 900.000 euros y varios apuntes de retirada de efectivo en mayo de 2007 con el epígrafe: “Entrega Tomás Martín en oficina”. Las tres partidas son de 150.000, 200.000 y 300.000 euros (660.000). Contienen en las observaciones las referencias “Santo Albondiguilla” y “Albondiguilla América”.

La ambición crece y el negocio despega. La historia del caso Gürtel en Boadilla se concentra en cuatro grandes operaciones: la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano a Easy Concept a principio de 2005 por 506.000 euros anuales durante 14 años; la concesión en septiembre de 2005 de 32 locales comerciales y 180 plazas de aparcamiento a una empresa de Ramón Blanco Balín, asesor financiero y testaferro de Correa, por un canon anual de 320.000 euros; y también se atribuye al caso la adjudicación de una parcela a UFC en octubre de 2005 por 27 millones de euros, y la concesión de la obra de la Ciudad Deportiva de Boadilla a la Constructora Hispánica en mayo de 2007 por unos 30 millones. Tomás Martín recibió días después 660.000 euros de la red corrupta.

La trama hizo jugosos negocios logrando para las constructoras algunos contratos municipales a cambio de comisiones. González Panero, según la investigación judicial, recibió parte del pastel. Fue agasajado con dádivas y dinero. Recibió 135.409 euros de la caja B, según el sumario, más otros 510.000 atribuidos con Tomás Martín.

Pero no sólo hubo sobres repletos de billetes. Los cabecillas del Gürtel también se ocuparon del armario del ex alcalde. Le regalaron trajes de Milano. En la contabilidad B aparece que también recibió una televisión de plasma. Jordán contó que le consiguieron una rebaja en sus clases de golf. Todo estaba controlado. Boadilla era el trampolín de Correa que engordaba el negocio gracias a su amistad con Alberto López Viejo, el ex consejero que organizaba todos los actos a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. A la Comunidad le facturó tres millones de euros. Y también contrató para el partido por una cantidad aún desconocida. López Viejo y González Panero eran grandes amigos.

En febrero cuando estalló el caso Gürtel, el PP nacional forzó la suspensión de militancia del ex alcalde. Se hizo el remolón para dimitir de la alcaldía y se lo hizo para abandonar el poder que tanto le ha dado. Ahora el ex edil se resiste a abandonar la política. El pasado martes se hizo pública parte de la investigación judicial y la dirección regional del PP, que preside Aguirre, no tardó en actuar. Ordenó expulsar a los imputados de los grupos del PP en las diferentes administraciones. Pero Panero ha esquivado la orden.

www.elpais.es 10.10.09

"ESTABA EN EL REPARTO. ORGANIZÓ LA BODA DE ALEJANDRO AGAG" 

-Es diputado regional. El hombre de confianza del consejero de Deportes, Alberto López Viejo, son siempre uña y carne. 

-¿Estaba también en el reparto? 

-Sí, estaba en el reparto. Alfonso Bosch fue el que organizó, por ejemplo, la boda de Alejandro Agag, fue el que la organizó paso a paso, el que montó todo. Es un hombre de confianza, de superconfianza, de Francisco Correa. 

La conversación forma parte de la declaración que José Luis Peñas, ex concejal de Majadahonda, realizó ante el tribunal que investiga el caso Gürtel. 

Alfonso Bosch sabía de los tejemanejes de Francisco Correa desde hacía tiempo. Conocía de primera mano los métodos de Correa, pues estaba presente en la extorsión del capo de la red corrupta al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, para hacer negocios en la localidad, según consta en el sumario judicial del caso Gürtel. Correa grabó a González Panero contando una gran cantidad de dinero que había recibido de una supuesta comisión. Bosch también sale en la imagen. 

El diputado regional tenía experiencia política. Fue concejal de El Escorial, donde se ocupó del urbanismo entre 1999 y 2003. Pronto medró en el partido hasta convertirse en diputado regional, cargo que compatibilizó con la gerencia de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla (EMVS). Desde allí participó en la adjudicación de contratos a Down Town Consulting y Easy Concept en Boadilla. Este municipio se convirtió en el epicentro de la trama corrupta en la región. En Boadilla logró para Easy Concept la concesión de la Oficina de Atención al Cliente por un periodo de 14 años gracias a su mediación. Bosch participó también en la adjudicación de una parcela en esta localidad para construir 130 pisos de lujo a UFC, a pesar de que presentó una oferta tres millones inferior a la principal rival. 

Intermedió también en la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva a Hispánica y de unos locales comerciales a una empresa de José Ramón Blanco Balín, imputado en el Gürtel. 

La relación de Bosch con Correa no era desinteresada. En la contabilidad B del entramado de empresas que dirige Correa aparecen apuntes que revelan entregas de dinero al diputado por 250.562 euros. En estas cantidades se incluye un sobre con 120.000 euros que recibió de Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa en la trama. Correa asegura que es Bosch el que está al frente de todo el tinglado de Boadilla. 

(www.elpais.com, 09/10/09) 

"COBRABA UNA COMISIÓN POR LOS ACTOS QUE HACÍAMOS" 

El diputado Alberto López Viejo, madrileño de 41 años, era una pieza clave de la trama Gürtel en Madrid, según se desprende del sumario. Actuó como el "muñidor de toda la operativa". Era quien manejaba la agenda de la presidenta Aguirre, según los miembros de la trama. 

En una de las declaraciones de Isabel Jordán, imputada y antigua directiva de la red de Correa, el juez quiere saber por qué López Viejo recibía sobres de dinero. Jordán le explica que se los daban porque les proporcionaba actos con la Comunidad de Madrid. "¿Era como una especie de comisión que cobraba él?", pregunta el magistrado. "Pues sí, exactamente, como una comisión", dice la mujer. Comisiones que provenían de los 358 contratos que el Gobierno regional firmó con la red Gürtel entre 2004 y 2008. 

A López Viejo se le daba bien organizar actos. Fue el gran escenógrafo electoral de la presidenta, que le acogió cuando abandonó el Ayuntamiento de Madrid porque Gallardón no le quería en su equipo. 

El contable de la trama creó para él un archivo personal, con su nombre, en el que apuntaba meticulosamente los pagos en negro que López Viejo cobraba en mano. Los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, le entregaban personalmente los sobres repletos de billetes. Su amigo Alfonso Bosch (otro de los imputados que ayer dejó el Grupo Popular) recibía "cantidades pequeñas". López Viejo, las "más grandes". Ingresó 563.000 euros, según consta en el sumario. Correa define los actos que organizaron con el ex consejero como "chorizadas". López Viejo les obligaba a trocear los contratos por facturas inferiores a 12.000 euros para evitar sacar los eventos a concurso. La trama lo agasajó también con regalos: corbatas, maletines, gemelos, trajes... Hubo dádivas para él y para su entorno. Jordán le contó al juez que una de sus secretarias recibió un bolso valorado en 1.000 euros y que, en una ocasión, la trama organizó el cumpleaños de su hija. 

(www.elpais.com, 09/10/09) 

"LE PAGARON MUCHO DINERO. LE DIERON UNA TAJADA GORDA" 

A Benjamín Martín Vasco, hijo de Manuel y Josefa, le explotó el caso Gürtel sentado delante de un micrófono. En febrero de 2009 el diputado regional era portavoz adjunto del PP y presidente de la comisión que investigaba el espionaje en la Comunidad. Nacido en Valverde de Llerena, Badajoz, en 1967, ahora está acusado de cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Es diputado de la Asamblea desde 1995. 

El sumario desglosa que recibió más de medio millón de euros de la trama corrupta y que tenía un asiento fijo en la contabilidad de Francisco Correa. Que le pagaron su boda, su posterior viaje de novios, le regalaron una televisión de plasma, objetos comprados en la joyería Suárez, y le entregaron dinero proveniente de Suiza. Y, después de todo ello, según los legajos "estaba mosqueadísimo con Correíta porque le debía dinero". Según la declaración de Isabel Jordán, ex integrante de la trama, esa deuda podría ser de 400.000 euros. 

"A Benjamín le pagaron mucho dinero. Era un corrupto como Paco [Correa]. Le dieron una tajada gorda y cada año le irán dando". Una afirmación que aparece en la transcripción de una conversación entre Isabel Jordán y José Luis Peñas. 

En una caja de seguridad con el número 52, relata el sumario, se encuentra "una relación de dinero en el exterior en euros" gestionada por Arturo Gianfranco Fasana y Randal Caruso en la que figura un apunte: "Benj por valor de 150.000 FA-FA, 25 de julio". Eso fue en 2007. 

Martín Vasco inició su relación con las empresas de la trama cuando era concejal de Arganda del Rey. Estuvo al frente de la sociedad de Fomento de ese municipio del sureste de la región. Según el sumario, durante esa época, de 2005 a 2007, se produce el desembarco de las empresas de Correa. 

(www.elpais.com, 09/10/09) 

CONVERSACIÓN

Extractos de la charla que mantienen Correa y El Bigotes

Francisco Correa: Mira, haz el favor de llamar a Fabra. Y que llame al marido de su hija, a Güemes, que es el consejero de la Comunidad de Madrid. 

Álvaro Pérez: Si.

F. C: No digas que es para mí, di que es un amigo tuyo. Que llame urgente, que estoy en el Carlos III, (...) porque mi primo tiene un brote de paludismo y ahora resulta que este Carlos III, hasta hace tres meses era un sitio de urgencias de enfermedades tropicales y ahora resulta que no es aquí, bueno, sí es aquí, pero no hay urgencias. Y digo, entonces ¿qué hago?, venga usted mañana, se muere, entonces... si llama Güemes aquí se caga todo el mundo. 

A. P: Hasta ahora, venga, que voy a llamar a Güemes, voy a llamar a su mujer Andrea... que es la hija de Fabra.

CONVERSACIÓN

El Bigotes llama a Correa
A. P: Espérate cinco minutos porque Fabra está entregando el trofeo de Golf que se ha celebrado en la Comunitat Valenciana, y no me coge el teléfono y estoy llamando a Andrea, pero tampoco me lo coge y está con el presidente Camps entregando los tro-feos ahora mismo. Entonces estoy llamando a ver si Ricardo puede controlarla a Andrea, entonces no sabe dónde coño está y no nos coge el teléfono, ni a Ricardo, ni a David, ni a mí.

F. C: Llámate a Güemes directamente y que hable...
A. P: Es que no tengo el teléfono de Güemes, si lo tuviera lo hubiera llamado.
F. C: Estoy aquí con el médico, bueno.., llámate, llámate al suegro de Güemes.

CONVERSACIÓN

Correa vuelve a llamar a Pérez para decirle que deje la gestión porque ya le ha atendido un médico

F. C: Ya lo he arreglado yo, porque además, están cabreados aquí en el hospital con él porque es el consejero de Sanidad.
A. P.:Sí, está a ostias con toda la sanidad de Madrid
F. C: Claro, estás llamando a un tío que ha quitado esto, nosotros estamos en contra, porque era el único sitio de Madrid que se podía atender a gente con enfermedades tropicales.
A. P.: Vale, vale. Me va a llamar Carlos ahora, eh,..
F. C.: No, no..
A. P.: Vale, vale, le diré que ya está solucionado, pero es que le he mandado un mensaje...

Por otro lado, las escuchas desvelan que la supuesta trama también cerró negocios en Castelló gracias a la organización del Castelló Masters Costa Azahar de golf que tuvo lugar en octubre de 2008 en el Club de Campo del Mediterráneo (La Coma), entidad presidida Carlos Fabra. Las vinculaciones de la supuesta red aparecen detalladas en un apartado del sumario encabezado con el epígrafe "Proyectos de negocios: adjudicaciones irregulares". 

(www.elperiodico.com, 09/10/09)

AGUIRRE SE LANZA Y DESAIRA A CAMPS Y RAJOY 

Sucedió de nuevo. En pleno debate interno por la lentitud de Mariano Rajoy a la hora de tomar decisiones, y sobre todo por el empeño de Francisco Camps en no hacer absolutamente nada ante las revelaciones del escándalo del caso Gürtel, Esperanza Aguirre volvió a dejarlos en evidencia, trasladando así toda la presión al presidente valenciano. 

Apenas unas horas después de recibir el sumario del caso Gürtel, en el que la Comunidad de Madrid se ha personado, Aguirre optó ayer por levantar un cortafuegos para evitar que las implicaciones políticas de la trama afecten aún más a su imagen. Y por ello expulsó del Grupo Popular en la Asamblea a los tres diputados autonómicos imputados. A los dos ex alcaldes que seguían como concejales también los echó de sus grupos municipales. Ella incluso está dispuesta a forzar el reglamento de la Asamblea para evitar que se los diputados vayan al Grupo Mixto y cobren un plus. En cualquier caso, la mayoría absoluta de Aguirre no corre ningún riesgo, puesto que contará ahora con 64 de los 120 diputados. 

Los afectados son el ex consejero Alberto López Viejo, muy cercano a Aguirre; el ex portavoz Benjamín Martín Vasco el diputado Alfonso Bosch, el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y el de Boadilla, Arturo González Panero. Ninguno renunció a su acta. 

Sepúlveda, un histórico del PP que organizaba todos los actos de José María Aznar, ha sido reintegrado por Rajoy a su puesto como funcionario del partido en Génova, con sueldo de asesor. La dirección del PP señala que es un trabajador y su despido sería improcedente. 

La decisión drástica, que la oposición venía reclamando hace meses, se produjo en medio de una gran tensión y un forcejeo interno, ya que Aguirre y su entorno intentaron sin éxito que entregaran el acta. "¿Quién les va a contratar? ¿De qué van a vivir?", se preguntaban fuentes populares. Los diputados temían, además, que el caso volviera al juez Baltasar Garzón si renunciaban al aforamiento. Una vez asumido que no cederían, la reunión en la que se decidió su expulsión fue tranquila porque estaba todo claro. 

Oficialmente, la decisión se justifica por el levantamiento parcial del secreto del sumario. Pero en éste no hay apenas datos nuevos sobre la rama madrileña de la trama. Las pruebas que imputan a los diputados y concejales ya estaban el auto del juez Baltasar Garzón de marzo. Lo que realmente pesó en una decisión madurada el miércoles, en una reunión de Aguirre con sus fieles, entre ellos Ignacio González y Francisco Granados, fue el regreso ayer del caso Gürtel a las primeras planas de los periódicos y el hecho de que Aguirre debía someterse a la sesión de control. Era su imagen la que estaba en juego, y la que le hizo decidirse. 

Pesaba mucho, según los aguirristas, el hecho de mantener la línea de actuación rápida y contundente. Porque la presidenta madrileña no dudó en destituir como consejero a López Viejo en cuanto comenzó a salir a la luz el caso, mucho antes de que estuviera imputado. A él le siguieron el resto de cargos. 

A nadie se le escapaba ayer en el entorno de Aguirre que la decisión deja en muy mal lugar a Camps y a Rajoy, que tiene un senador, el ex tesorero Luis Bárcenas, y un diputado, Jesús Merino, imputados. La dirección nacional se puede acoger al hecho de que para ellos no ha sido levantado aún el secreto del sumario, pero la presión crece hacia Rajoy en un momento de dificultad, cuando recibe críticas de todos lados por su gestión de la crisis de Gürtel. La noticia sentó muy mal en el entorno de Rajoy. 

La imagen de un líder que está en manos de Camps, al que Rajoy no consigue convencer de que tome medidas, está haciendo mucho daño, según admiten varios dirigentes. Y esta decisión unilateral de Aguirre, que no consultó, viene a agravar la situación interna. "Se ha precipitado; estamos defendiendo la presunción de inocencia y ella hace esto, es muy insolidario", sentenciaba un dirigente. El portavoz del PP, Esteban González Pons, intentó hacer equilibrios en una comparecencia en Génova. Dijo que la dirección "apoya" la decisión de Aguirre, pero trató de salvar a Camps: "en Valencia no hay ningún político imputado". 

(www.elpais.com, 09/10/09)
 

UN IMPUTADO EN EL 'GÜRTEL' ADJUDICÓ UN CONTRATO DE PALABRA Y NO LO PAGÓ 

Alfonso Bosch, uno de los tres diputados regionales imputados por cohecho y tráfico de influencias en el caso Gürtel junto con Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, adjudicó al menos un contrato de forma verbal en 2002, cuando era concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de El Escorial. Bosch, además, rechazó el pago de la obra, 143.000 euros, para reformar una carretera que unía una urbanización con el municipio. 

El ahora diputado encargó el contrato de forma oral para eludir los trámites legales. El artículo 28 de la Ley de Contratos de la Administración Pública establece que "los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia". El encargo se produjo unos meses antes de las elecciones que su partido perdió. Una sentencia obliga ahora al Ayuntamiento de El Escorial a pagar unos 78.000 euros. Como el encargo fue oral, el juez no puede justificar que toda la obra haya sido ejecutada por la misma empresa. "Nunca ha sido habitual en este Ayuntamiento hacer contratos verbales. Es el único que se ha hecho", explica el concejal de IU José Manuel Fernández. El actual alcalde, Antonio Vicente (PP), aseguró ayer que el Consistorio ya ha pagado las obras y reconoce que el contrato fue "irregular o poco normal". 

Bosch es uno de los principales imputados en la trama madrileña del caso Gürtel. Recibió unos 250.000 euros de Francisco Correa en pago por las supuestas gestiones para lograr contratos desde su cargo de gerente en la Empresa del Suelo de Boadilla (EMSV), según la investigación que hizo el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse del caso.Alfonso Bosch encargó en diciembre de 2002 a la empresa Prourbanorte el estudio y ejecución del reasfaltado y mejora de la carretera denominada Camino Viejo que une la urbanización de Las Suertes y la calle de Alcudia, en el centro del municipio. La sentencia detalla que el contrato se adjudicó de forma verbal "dado que el Ayuntamiento estaba interesado en abordar con urgencia tales obras". Ningún miembro del Consistorio explicó ante el juez a qué se debieron tales prisas. Además, no había ningún documento que formalizase el contrato. 

Cuando la empresa terminó el trabajo recibió el encargo de aumentar la superficie reasfaltada de la carretera, según consta en el informe judicial. El entonces alcalde del municipio, Javier de Miguel, negó ante el juez que hubiera sido él quien realizase el encargo y declaró que los trabajos los ejecutaba una empresa que arreglaba la zona de la urbanización Las Suertes. Por su parte, Bosch reconoció que el encargo fue ordenado de forma verbal y dijo que se encontraba con el alcalde cuando se realizó. 

Poco después de terminadas las obras en la carretera, se produjo un cambio de gobierno en el municipio. El PP fue desalojado de la alcaldía y Bosch encontró un hueco en la gerencia de la EMVS de Boadilla del Monte, la localidad donde la red de Correa logró algunos de sus principales negocios. Se marchó sin pagar las obras que había encargado. La empresa Prourbanorte demandó al Consistorio ante el impago de las facturas. Ahora una juez del tribunal contencioso administrativo de Madrid ordena al Ayuntamiento a pagar sólo una parte de la factura -en total ascendía a 142.944 euros-, porque no puede determinar que todos los trabajos hayan sido ejecutados por la misma empresa. "El carácter verbal del contrato dificulta la prueba de las obligaciones asumidas", dice la sentencia. 

El actual alcalde del municipio, Antonio Vicente (PP) explicó ayer que tras recibir la sentencia judicial ordenó el pago de las obras. "No teníamos justificación de los trabajos. Hemos esperado a que un juez nos diga que efectivamente se realizaron", argumentó. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión de Prourbanorte. 

Tras conocerse su implicación en el caso Gürtel, Bosch fue suspendido de militancia en el PP. "Tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Correa [supuesto cabecilla de la trama corrupta] ha realizado en Boadilla del Monte", según el auto de inhibición de Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El auto señala que Bosch se autoinculpó: "Reconoce en las intervenciones telefónicas que él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla, refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios". Bosch mantiene su acta como diputado regional. 

(www.elpais.com, 02/10/09)