RAFAEL CATALÁ POLO : UN ULTRA GENOVÉS TAN CUNERO COMO SECTARIO

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¿PERNOCTÓ EL MINISTRO CATALÁ EN EL APARTAMENTO DEL CONDENADO TORREBLANCA?

MANUEL TORRALBA, DELINCUENTE FISCAL BIEN RELACIONADO

CATALÁ GUARDA SILENCIO SOBRE QUIÉN PAGÓ SU FIESTA CON EL DEFRAUDADOR

“SEÑOR MINISTRO, NADA DE FIESTAS, VIGILE QUIÉN LE INVITA”

Rafael Catalá asiste al cumpleaños de un empresario condenado por siete delitos de fraude a Hacienda

EL MINISTRO DE JUSTICIA, DE FIESTA CON UN DEFRAUDADOR A HACIENDA

EL FISCAL SUPERIOR SALIENTE DE MURCIA DENUNCIA QUE HA SUFRIDO INTIMIDACIONES POR LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

EL PSOE EXIGE A CATALÁ QUE "SAQUE SUS MANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE LA FISCALÍA"

CATALÁ: “PRESIONAR A LOS JUECES ES IMPROPIO E INÚTIL” … MENOS CUANDO LO HACE ÉL

CATALÁ DEFIENDE QUE "NO ES EL MOMENTO" DE EXIGIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS AL PRESIDENTE DE MURCIA

EL PRESIDENTE DE MURCIA SE REUNIÓ CON CATALÁ ANTES DE QUE PRESUMIERA DE CONOCER INFORMACIÓN RESERVADA SOBRE SU CASO

LAS AMENAZAS DEL GOBIERNO Y EL PP A LOS FISCALES ANTICORRUPCIÓN INDIGNAN A LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES

EL MINISTRO DE JUSTICIA CARGA CONTRA LAS FISCALES DE PÚNICA Y TACHA DE "ANÓMALO" QUE NO ACATEN EL CRITERIO DE SUS SUPERIORES

CATALÁ SOSTIENE QUE EL GOBIERNO APLICA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA A PESAR DE QUE NO PONE UN EURO

CATALÁ INSISTE EN QUE EL GOBIERNO NO TIENE QUE PEDIR PERDÓN POR CULPA EN EL CASO DEL YAK-42

RAFAEL CATALÁ: "LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR CORRUPCIÓN SE SALDA EN LAS URNAS"

EL MINISTRO DE JUSTICIA OPTIMIZA SU FISCALIDAD EN UNA EMPRESA CON SU MUJER

LOS JUECES ACUSAN A CATALÁ, VILLALOBOS, INDA Y MARHUENDA DE ACOSO CONTRA LA JUEZA ‘DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS’

AUMENTA EL RECHAZO DE LOS JUECES CONTRA ‘SU MINISTRO’: “LA INDEPENDENCIA JUDICIAL MOLESTA”

Catalá no cree que tenga trascendencia penal borrado ordenadores de Bárcenas

CATALÁ INTENTA, DESDE SU CARGO, 'LEGALIZAR' LA POSIBLE NO ASISTENCIA DE RAJOY AL PLENO DE INVESTIDURA

CATALÁ DA POR CUMPLIDA SU REFORMA PENAL CON DATOS NO OFICIALES

RAFAEL CATALÁ: “LOS ESPAÑOLES NOS TIENEN QUE ESTAR MUY AGRADECIDOS”

CATALÁ DICE QUE PANAMÁ NO ES UN PARAÍSO FISCAL SINO QUE TIENE “UNA CULTURA TRIBUTARIA DISTINTA”

PUNTUALIZACIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA RAFAEL CATALÁ

JUSTICIA PONE AL FRENTE DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA CAMBIAR LOS DESPIDOS COLECTIVOS AL ABOGADO QUE LLEVÓ EL ERE DE COCA-COLA

COSPEDAL DICE QUE DEFENDERÁ A CASTILLA-LA MANCHA DESDE EL CONGRESO

EL PP CONQUENSE SE LEVANTA CONTRA EL “CUNERO” CATALÁ IMPUESTO POR COSPEDAL

LOS RAZONES QUE ESGRIMEN LOS JUECES PARA PLANTAR AL MINISTRO CATALÁ

CASUALIDADES QUE PASAN... ALLÁ POR DONDE VIAJA EL MINISTRO DE JUSTICIA, LOS LÍOS DEL PP SE ALIVIAN

CATALÁ SOBRE EL TRIBUNAL DE LA CAJA B: “HA TOCADO EL MISMO Y NADIE HA HECHO NADA PARA QUE ASÍ SEA”

LA QUE FUERA VICECONSEJERA DE PRESIDENCIA E ÍNTIMA AMIGA DE COSPEDAL, MAR ESPAÑA, SERÁ LA
NUEVA DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS


CATALÁ DICE QUE LA CONVERSACIÓN ENTRE EL MINISTRO DE GUINDOS Y GRANADOS FUE “ENTRE PARTICULARES”

EL MINISTRO DE JUSTICIA YA AMENAZA AL SUSTITUTO DE RUZ: "SI NO ES INDEPENDIENTE, SE LE PUEDE RECUSAR"

LOS “EMPLEADOS PÚBLICOS” A LOS QUE RAJOY SALUDÓ EN LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN ERAN SECRETARIAS DEL MINISTRO, SEGÚN LOS SINDICATOS

LOS ABOGADOS SE UNEN A FISCALES Y JUECES CONTRA LA REFORMA PROCESAL

CATALÁ INSISTE EN DEFENDER LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ

LOS JUECES DECANOS VEN “INADMISIBLE” Y "NEGATIVA" LA LEY PROCESAL DEL PP

LOS FISCALES ACUSAN AL GOBIERNO DE DIFICULTAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

CATALÁ INSISTE EN PROTEGER LA IMAGEN DE LOS ACUSADOS EN PROCESOS JUDICIALES

EL GOBIERNO ALEGA QUE LA ‘LEY MORDAZA’ GARANTIZA LOS DERECHOS DE LA MAYORÍA

EL GOBIERNO NO TIENE EXPLICACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE LA CAUSA DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

EL MINISTRO DE JUSTICIA PLANTEA MULTAR A MEDIOS QUE REVELEN SUMARIOS

CATALÁ NO VE INCONVENIENTE PARA QUE UN PROCESADO SEA CANDIDATO

LA CARTA QUE PLASMA EL HARTAZGO DE LOS JUECES POR LAS CRÍTICAS DEL GOBIERNO

LOS DEL JUEGO, SOBRE CATALÁ: “IMPEDIRÁ CUALQUIER GILIPOLLEZ SOBRE EL SECTOR EN EL CONSEJO DE MINISTROS”

RAFAEL CATALÁ POLO SERÁ EL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA

RAFAEL CATALÁ POLO, EL MINISTRO DE JUSTICIA

RAFAEL CATALÁ: "ESPAÑA ES EL MERCADO MÁS PREOCUPANTE PARA EL JUEGO"

RAFAEL CATALÁ, NUEVO SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA


¿PERNOCTÓ EL MINISTRO CATALÁ EN EL APARTAMENTO DEL CONDENADO TORREBLANCA?

Los asistentes a la fiesta de aniversario del millonario barcelonés en Baqueira Beret dan por hecho que el titular de Justicia hizo noche en el domicilio del anfitrión defraudador

La amistad entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el millonario barcelonés Manel Torreblanca es reciente, no tiene más de dos años. Ambos sintonizaron tras coincidir en un acto con otros amigos comunes y, a partir de ese momento, establecieron una relación frecuente y estrecha. Fruto de esa armonía, el representante del Gobierno y el esposo de la acaudalada Liliana Godia juegan de forma habitual al pádel. Unas veces en Madrid y otras, en Barcelona, según convenga a sus apretadas agendas.

Así explican desde el entorno del empresario catalán la especial relación que le llevó a invitar al ministro a su fiesta de 50 cumpleaños en la localización pirenaica de Baqueira Beret. La celebración tuvo lugar un sábado, el pasado 4 de marzo. Un selecto grupo de invitados y sus acompañantes llegaron al restaurante Esquiró hacia las nueve de la noche. El ministro y su esposa, María Ángeles Martínez, se presentaron más tarde, casi una hora después. Los saludos y los aperitivos habían comenzado cuando el representante gubernamental de la justicia española hizo acto de presencia.

Sorpresa entre los asistentes

Muchos de los presentes se frotaron los ojos. Pese a ser buenos amigos del anfitrión se sorprendían de que la máxima autoridad del Ejecutivo en materia de justicia participara en un encuentro organizado por Torreblanca, un empresario que acaba de pactar con la fiscalía una condena por fraude a Hacienda y que se ha visto obligado a pagar unas millonarias cuantías para evitar la cárcel y frenar el ingreso de prisión de su esposa, Lily.

La sorpresa fue mayúscula entre las acompañantes de algunos ilustres invitados, entre los que destacaba José Creuheras, el actual hombre fuerte de Planeta y Atresmedia. También asistían otros amigos íntimos como Enrique Lacalle, Francisco Reynés, Oscar Pierre o Javier Faus, todos ellos habituales del esquí en Vall d’Aran. Los comentarios fluyeron durante la cena de manera pícara mientras Torreblanca mantenía la tradición de celebrar su aniversario, como viene llevando a cabo desde hace diez años, en la exclusiva estación de Baqueira. “El mejor regalo que recibió Torreblanca fue la presencia del ministro”, explica uno de los presentes en la fiesta.

Pregunta sin respuesta

El propio organizador presumía ante amigos y asistentes del honor que suponía haber alojado a Catalá en su apartamento, según ha podido saber este medio. “Son apartamentos correctos, en la montaña no hay grandilocuencias en las viviendas”, cuenta uno de los que han visitado la vivienda de Torreblanca. Con todo, el empresario ha declinado responder a Crónica Global a la pregunta de si el ministro se alojó en su domicilio o bien recaló en otro lugar para hacer noche en el enclave montañoso.

La filtración de la asistencia del ministro a una fiesta con un condenado por fraude ha generado tensión política en el seno del propio Gobierno, entre las facciones del PP más próximas a Soraya Sáenz de Santamaría (en la que se encuadra Catalá) y los partidarios de la secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

El matrimonio Torreblanca y Godia es una de las principales fortunas de la capital catalana y gustan de mantener un nivel de relaciones sociales desacostumbrado en Barcelona, donde la burguesía clásica mantiene siempre un bajo perfil público. Sus veraneos en lujosos yates, a los que invitan a toda suerte de empresarios y prohombres de los negocios, se han convertido en una tradición estival, tanto en las islas Baleares como en otros enclaves del litoral Mediterráneo. El champán francés se sirve a todas horas y la alta gastronomía siempre está presente, explican sus íntimos.

Artillería legal para evitar la cárcel

El lance que mantuvo con la justicia fue un duro trago para el matrimonio. La fiscalía interpuso sendas querellas por fraude fiscal en diferentes ejercicios. El texto de aquella denuncia denotaba una clara dejadez en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ponía de manifiesto el nivel habitual de gasto y de patrimonio acumulado, incluso en Suiza, por la pareja barcelonesa. Un primo de Lily, el abogado Xavier Amat, era el encargado de esos asuntos fiscales en la familia. Él también acabó condenado.

Torreblanca puso a toda la artillería legal a su alcance para frenar una condena indiscutible. El abogado penalista José Ángel González Franco fue el encargado de negociar con fiscales, letrados del Estado y de la Generalitat un pacto que salvó a Godia de una condena (dos años y 15 días de prisión, que evitó con una multa adicional) y que atribuía al empresario toda la responsabilidad en lo sucedido.

La parte final de ese acuerdo que suponía una condena menor (evitaba el ingreso en prisión) y el pago de cantidades millonarias para resarcir las arcas públicas por lo defraudado tuvo lugar en el verano de 2015. Catalá accedió al ministerio el 29 de septiembre de 2014, en sustitución del dimitido Alberto Ruiz-Gallardón.

http://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ministro-catala-torreblanca-fiesta_70530_102.html

MANUEL TORRALBA, DELINCUENTE FISCAL BIEN RELACIONADO

El ‘cumpleañero’ amigo del ministro Catalá, condenado por delitos fiscales y lobista político

Ser amigo de un ministro tiene que tener sus cosas buenas. Si no que se lo digan a Manuel Torralba, que contó en su último cumpleaños, celebrado en un exclusivo restaurante de la estación de esquí de Baqueira Beret, con la presencia de Rafael Catalá, actual ministro de Justicia.

La presencia de Catalá ha levantado una fuerte polémica, más si cabe recordando otros casos de amiguismo en el Gobierno como los del exministro Soria y su invitación a un resort en Punta Cana. Pero, además de conocer si el ministro de Justicia pagó o no su viaje al Pirineo, cabe destacar que acudía a la fiesta de un condenado por delitos fiscales, aunque con resultado muy favorable.

Pacto con la Fiscalía

En junio de 2015, Manuel Torralba, marido de la empresaria y mecenas Liliana Godia, fue condenado a una pena de dos años de cárcel por siete delitos fiscales. La pena, sin embargo, le permitió no pisar la cárcel y sólo tuvo que pagar una multa tras defraudar 1,6 millones de euros en el impuesto de sociedades y 348.393,23 euros en el IVA.

Una solución bastante favorable a juzgar la gravedad y cantidad de delitos que se le imputaban. Y ese trato tan laxo le fue concedido tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, la Abogacía del Estado, organismos que dependen del Ministerio de Justicia, y la Generalitat catalana.

Es reseñable también que Manuel Torralba, máximo responsable de Gupa Consulting y expresidente del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, forma parte del lobby conocido como Foro Puente Aéreo, creado durante la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que reúne a una treintena de compañías de Madrid y Barcelona para, según defienden, fomentar el diálogo institucional con la clase política de ambas ciudades.

De este grupo de presión es actualmente secretario Enrique Lacalle, exdiputado del Partido Popular y presidente del Puerto de Barcelona durante el Gobierno de José María Aznar (1996-2004), un puesto muy suculento que el Ejecutivo conservador le otorgó a dedo.

Lacalle también fue uno de los asistentes al cumpleaños de Torralba en Baqueira Beret y se dice que es un experto en moverse por los despachos, tanto de los ministerios como de la Generalitat. Precisamente, fue en los despachos donde surgió la laxa condena al anfitrión de la fiesta y compañero en el Foro Puente Aéreo.

Actualmente en el juego

Todo esto parece lejano en el tiempo, pero en la actualidad siguen mostrando sus altos contactos políticos desde el lobby Puente Aéreo. Torralba, Lacalle y otro empresario y miembro del grupo, Luis Conde, propusieron el pasado diciembre al lobby convocar un encuentro con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para relanzar la labor del foro, que había estado prácticamente parado en 2016 para no interferir en el bloqueo político.

Sin embargo, algunos de los empresarios de la parte catalana del Foro Puente Aéreo, tal y como recogió El Confidencial, se opusieron a este encuentro argumentando que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aún no había puesto sobre la mesa una oferta concreta de negociación dentro de la denominada operación diálogo con Cataluña.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/22/manuel-torralba-delincuente-fiscal-bien-relacionado

CATALÁ GUARDA SILENCIO SOBRE QUIÉN PAGÓ SU FIESTA CON EL DEFRAUDADOR

¿Se pagó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, su estancia en Baqueira Beret y la comilona en el restaurante del hotel? Es la pregunta que está ahora en el aire, después de que se conociera que hace dos semanas en la elitista estación de esquí del Pirineo Catalán.

El caso no es baladí, porque el responsable de la Justicia española no tuvo reparos en acudir a la celebración de Torreblanca, quien en junio de 2015 fue condenado a una pena de dos años de cárcel por siete delitos fiscales. La pena, sin embargo, le permitió no pisar la cárcel y sólo tuvo que pagar una multa tras defraudar 1,6 millones de euros en el impuesto de sociedades y 348.393,23 euros en el IVA.

Una solución bastante favorable a juzgar la gravedad y cantidad de delitos que se le imputaban. Y ese trato tan laxo le fue concedido tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, la Abogacía del Estado -organismos que dependen del Ministerio de Justicia- y la Generalitat catalana.

Preguntarse quién pagó los gastos de Catalá está justificado por dos antecedentes. El primero de ellos, que el ministro ya se dejó agasajar el año pasado por el Atlético de Madrid, club del que es aficionado, con un viaje a Milán para asistir a la final de Champions contra el Real Madrid. Catalá ni siquiera tuvo reparos a fotografiarse con el presidente del club, Enrique Cerezo, quien está imputado por cohecho y blanqueo de capitales junto a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en el caso ático, la investigación sobre el origen del piso de lujo que el político tiene en Marbella.

Por otra parte, porque no sería la primera vez que un ministro del Gobierno de España se ve agasajado por empresarios de dudoso jaez. José Manuel Soria mintió hasta la saciedad para asegurar que de Punta Cana. Finalmente, y señaló que esas vacaciones habían corrido a cargo del dueño del resort, del Grupo Martinón. Empresa que también posee el lujoso hotel Volcán de Lanzarote, declarado ilegal por la justicia y .

En ELPLURAL.COM hemos intentando obtener una respuesta del Ministerio de Justicia, reclamando una aclaración sobre quién sufragó el banquete del que disfrutó Catalá y quién pagó su estancia en Baqueira Beret.

Tras hablar con el gabinete del ministro, se nos ha reclamado que hiciéramos las preguntas por email, lo que ha cumplido uno de nuestros redactores.

Pasadas tres horas sin obtener una mínima respuesta, nos hemos vuelto a poner en contacto con el gabinete, por vía telefónica, para reclamar una aclaración. Algo que hemos conseguido a medias.

Desde el gabinete de Rafael Catalá se limitan a señalar que el viaje a Baqueira “no forma parte de la agenda del ministro” sino que pertenece a su “agenda privada”. “Desconocemos los términos del viaje”, señalan, para concluir que “no son actos como ministro”. Al parecer, un ministro deja de serlo los viernes a las 15:00 horas, sobre todo si es para reunirse con defraudadores condenados por la Justicia que él rige.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/21/catala-guarda-silencio-sobre-quien-pago-su-fiesta-con-el-defraudador

“SEÑOR MINISTRO, NADA DE FIESTAS, VIGILE QUIÉN LE INVITA”

Soraya Rodríguez reprocha a Catalá su “fiesta” con un defraudador

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha eludido responder este miércoles en la Sesión de Control al Gobierno cuando la diputada socialista Soraya Rodríguez le ha reprochado su “fiesta” con un empresario defraudador en Baqueira Beret .

“Vigile quién le llame y quien le invita”, le ha dicho la diputada socialista al ministro, que acudió a la celebración del empresario Manuel Torreblanca, condenado, en junio de 2015, a una pena de dos años de cárcel por defraudar 1,6 millones de euros en el impuesto de sociedades y 348.393,23 euros en el IVA.

Catalá no se da por aludido

Catalá no ha dedicado ni una palabra a responder al reproche de la diputada socialista y se ha centrado en la pregunta base de la intervención de Rodríguez sobre el poco respeto del ministro a “la separación de poderes”, a partir de “sus últimas declaraciones reinterpretando una sentencia del Supremo para cuestionar derechos fundamentales como el derecho a la huelga”.

Rodríguez reprocha que no respete la separación de poderes

“De sus declaraciones se entendía que las empresas cuyos trabajadores que están en huelga pueden subarrendar esos trabajos no realizados y lo entendió así también el Tribunal Supremo, que tuvo que sacar una nota aclaratoria para explicar el alcance de la sentencia, diciendo de forma clara que el derecho de huelga ni se restringe, ni se flexibiliza, ni se limita, y que lo único que se permite es que los clientes de esa empresa puedan contratar con otras empresas si no se realizan esos servicios”, ha afirmado Soraya Rodríguez.

La diputada socialista ha añadido que las declaraciones de Catalá “van contra el sentido más elemental de la separación de poderes; además, es grave porque se unen a otras declaraciones que hacen que sobre usted pese acusaciones de presión a los fiscales después de atreverse a valorar las actuaciones de dos fiscales del supremo, después de cesar a 35 fiscales de una vez en puestos importantes en la lucha contra la corrupción”.

"De fiestas nada, menos si son de cumpleaños"

Rodríguez ha criticado duramente a Catalá y su gestión al frente de Justicia: “Pare si puede, porque usted ya no tiene el crédito con el que le recibió el mundo judicial a su llegada aliviado por la marcha de Gallardón. Tiene el crédito a cero. No coja el teléfono durante una temporada, no sea el presidente de Murcia o cualquier otro compañero suyo desesperado en una situación judicial”. Ha sido en este punto, cuando la diputada socialista ha reprochado al ministro su encuentro con el defraudador.

“De fiestas, nada, señor ministro, menos si son de cumpleaños. Vigile quién le llama y quién le invita”, ha subrayado la diputada del PSOE, que ha afeado a Catalá su “imagen de político exaltado controlando la justicia de un gobierno acosado en los tribunales”.

Catalá se ha limitado a responder que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dicta que el derecho de huelga no es ilimitado” y se refiere, además, al derecho de los ciudadanos a la prestación de servicios. “Yo lo consideré interesante. Se pueden hacer esas valoraciones de jurisprudencia”, ha apuntado.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/22/senor-ministro-vigile-quien-le-llame-y-quien-le-invita

Rafael Catalá asiste al cumpleaños de un empresario condenado por siete delitos de fraude a Hacienda

Fuentes de Justicia confirman que el ministro se desplazó a Baqueira para participar en la comida organizada en un restaurante por el empresario Manuel Torreblanca

La Unión Progresista de Fiscales se pregunta cómo ayuda la conducta del ministro a concienciar de que "defraudar a Hacienda es defraudar a todos"

Torreblanca forma con Liliana Godia una de los matrimonios más poderosos de la burguesía catalana, de la que hubo una amplia representación en el convite

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asistió hace dos semanas a la celebración del 50º cumpleaños del empresario Manuel Torreblanca, condenado en 2015 por siete delitos contra la Hacienda Pública, según confirmaron a eldiario.es fuentes del Ministerio de Justicia. La celebración consistió en una comida en un restaurante de la estación de esquí de Baqueira, en el Valle d’Aran, según adelantó Economía Digital, y a la misma asistieron destacados miembros de la élite empresarial catalana.

El empresario es un viejo conocido de la justicia. Un acuerdo entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Generalitat y la defensa de Torreblanca propició que fuera condenado en junio de 2015 a una pena de dos años de cárcel por siete delitos fiscales y evitara así la cárcel. Tanto Torreblanca como Francisco Javier Amat, gestor de la fortuna de la familia de su esposa, los Godia, tuvieron que abonar multas de 2,4 millones de euros y una indemnización a la Agencia Tributaria de 2,2 millones.

La sentencia consideró probado que Manuel Torreblanca defraudó 1,6 millones al tributar como impuesto de sociedades rentas por rendimientos del trabajo, obtenidas como consejero y administrador de varias empresas, entre 2007 y 2011, un caso similar al de Iñaki Urdangarin con la sociedad Aizoon que compartía al 50% con la infanta Cristina. Asimismo, defraudó en el IVA a través de la compañía BCN Godia SL 348.393,23 euros en el ejercicio 2008 e intentó otro fraude similar en 2011 con la sociedad Barcel Euro SL al tratar de atribuir gastos personales a la sociedad.

Manuel Torreblanca y Liliana Godia forman uno de los matrimonios más conocidos de la burguesía catalana. Ella es hija del empresario, coleccionista y piloto de Fórmula 1 de los años 50 Francisco Godia, quien fue hombre fuerte del grupo químico que hoy lleva el nombre de Ercros. Liliana Godia heredó una gran fortuna que ha invertido en arte y en bolsa. A través del holding BCE, Godia está presente en Fersa y Abertis, entre otras.

La Unión Progresista de Fiscales reaccionó a la noticia de la asistencia de Catalá al cumpleaños del condenado por fraude fiscal desde su cuenta de Twitter. "Otros dimitían por ir de caza con el juez", se puede leer en referencia a la renuncia del ministro socialista Mariano Fernández Bermejo tras asistir a una cacería con el juez Baltasar Garzón y varios mandos policiales horas después de que se desatara la operación contra la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción en torno al Partido Popular.

En declaraciones a eldiario.es, el presidente de la UPF, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que los cargos públicos"tienen la obligación de ser ejemplares y fomentar la credibilidad de las instituciones de las que son responsables". "No es suficiente cumplir la ley, ni hacer solo lo que no está prohibido, hay que ir más allá. El ministro de Justicia debería plantearse anteponer el interés público de su cargo, la imagen que proporciona a los ciudadanos, a cualquier acto privado que pueda interpretarse como una frivolidad o un gesto que minimice la gravedad de una condena penal", añade el presidente de los fiscales progresistas.

Los delitos fiscales, añade el presidente de la UPF, "solamente pueden ser cometidos por un sector muy determinado de la población (por debajo de 120.000 euros el fraude a Hacienda no es delito) y son un termómetro del funcionamiento del principio de igualdad de todos ante la ley". "Su persecución y castigo, como todo delito -añade-, tiene sentido si con ello se adquiere la conciencia social de que defraudar a Hacienda es defraudar a todos". "¿Ayuda el ministro o perjudica con su conducta a ello?", termina preguntándose García Ortiz.

La crema de la burguesía catalana

La celebración del 50º aniversario de Torreblanca también contó con la asistencia del presidente de Planeta, José Crehueras; el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, o los empresarios Javier Faus y Enrique Lacalle, según Economía Digital.

Rafael Catalá también formó parte de la comitiva que viajó a costa del Atlético de Madrid a la última final de la Champions League, en la ciudad italiana de Milán. Aficionado del club colchonero, Catalá no tuvo problema en fotografiarse con el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, imputado junto a Ignacio González por cohecho y blanqueo de capitales en el caso que investiga la procedencia del ático de lujo que el político tiene en la localidad de Estepona (Málaga).

http://www.eldiario.es/politica/Rafael-Catala-cumpleanos-empresario-Hacienda_0_624338294.html

EL MINISTRO DE JUSTICIA, DE FIESTA CON UN DEFRAUDADOR A HACIENDA

Rafael Catalá asistió al cumpleaños de Manuel Torreblanca, el empresario que fue condenado a dos años de prisión y tuvo que devolver 4 millones de euros

Ocurrió hace un par de semanas. Manuel Torreblanca, el marido de la empresaria y mecenas Liliana Godia, celebró su cumpleaños en un exclusivo restaurante de Baqueira Beret.

Pese a que Torreblanca acabó pactando con la Fiscalía, en junio de 2015, una pena de dos años -con lo que evitó entrar en prisión, a cambio de devolver más de cuatro millones de euros defraudados-, el ministro del Partido Popular no tuvo reparos en dejarse ver en la estación de esquí situada en el valle de Arán con la pareja que defraudó a Hacienda. Todo ello a pocos días de que se conociera la sentencia del TSJC sobre el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.

Las confidencias del ministro

Según desvela ‘Economía Digital’, además de Rafael Catalá, importantes empresarios como Enrique Lacalle o Javier Faus también acudieron a la fiesta organizada por los Godia. Un evento en el que el ministro reflejó su preocupación por la posible evolución de la convocatoria del referéndum, por parte del presidente catalan, Carles Puigdemont.

Confidencias que Catalá compartió con el matrimonio Godia, que llegó a estar acusado de cometer hasta nueve delitos contra la Hacienda Pública.

El último escándalo

La participación en el cumpleaños de Torreblanca es el último escándalo de un ministro muy cuestionado entre el colectivo judicial debido a sus constantes injerencias a la independencia judicial y las precipitadas reformas procesales que ha impuesto el gobierno de Rajoy y que con indisimulado entusiasmo ha ejecutado sin cuestionar.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/18/el-ministro-de-justicia-de-fiesta-con-un-defraudador-hacienda

 

EL FISCAL SUPERIOR SALIENTE DE MURCIA DENUNCIA QUE HA SUFRIDO INTIMIDACIONES POR LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

Manuel López Bernal denuncia que la mayoría de fiscales anticorrupción de España sienten “cierta desprotección”
“A los compañeros de Murcia no se nos ha hecho la vida especialmente agradable. Llama la atención que se haya creado, por ejemplo, una asociación en Madrid con la única finalidad de querellarse contra mí y mi familia, en fechas próximas a mi renovación”, ha dicho Manuel López Bernal en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’.

El fiscal superior saliente de la Región de Murcia ha subrayado que “da mucho que pensar” que a otro compañero suyo le hayan entrado dos veces en su casa “delincuentes profesionales para llevarse información sensible de la lucha contra la corrupción”. “Solo se llevaron su ordenador. Ni siquiera se han llevado para disimular el dinero que había en casa, como queriendo dejar su tarjeta de visita”.

López Bernal ha dicho que esta situación no es exclusiva de Murcia: “La mayoría de los fiscales anticorrupción sienten una cierta desprotección”. Ha lamentado que no se pongan medios para solucionar esta desprotección. “Hemos denunciado a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno, pero las investigaciones no salen adelante”. “No es que la policía no quiera investigar”, ha matizado, “pero tampoco se le da a nuestras denuncias la importancia que realmente tienen”.

Entiende López Bernal que debería combatirse esta situación con “leyes” porque “no puede ser que al final los perseguidos seamos los fiscales por delante de los corruptos”, y vaticina que “si no se soslaya el problema, nos podremos encontrar en los próximos años con que nadie quiere luchar contra la corrupción”.

http://cadenaser.com/programa/2017/02/23/hoy_por_hoy/1487835310_268077.html

EL PSOE EXIGE A CATALÁ QUE "SAQUE SUS MANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE LA FISCALÍA"

El ministro insiste en que las diferencias en la Fiscalía se resuelven "con unas normas de jerarquía"

Los socialistas acusan al titular de Justicia de "querer salvar" al presidente de Murcia

Los casos Púnica y Auditorio, que tienen en el punto de mira al presidente de Murcia, el conservador Pedro Antonio Sánchez, ocuparon gran parte de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de este miércoles. Después de que Rajoy tuviera que responder sobre estos escándalos al líder del Podemos, el siguiente miembro del Gobierno que tuvo que rendir cuentas sobre los escándalos de corrupción que afectan al PP fue el titular de Justicia, Rafael Catalá. "¿Por qué ha cuestionado el Ministro de Justicia la actuación de las Fiscales Anticorrupción en el caso Púnica?", quiso saber la diputada socialista Isabel García antes de exigir al ministro que "saque sus manos de la administración de Justicia y de la Fiscalía".

Catalá, por su parte, no se movió de sus últimas declaraciones apuntando a una cuestión de "jerarquía" como forma de resolver divisiones en la Fiscalía.

Para conocer el origen de esta pregunta hay que remontarse a la semana pasada, cuando el magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, señaló a Pedro Antonio Sánchez, como uno de los implicados en la trama corrupta por presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información.

El anuncio del juez Velasco se produjo pese al desacuerdo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales.

En este contexto, y después de que el presidente murciano se hubiese jactado de tener información privilegiada sobre el caso que le afecta, el ministro de Justicia se limitó a calificar de "anómalo" que las fiscales se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", dijo. Unas declaraciones que le recordó la diputada socialista en el hemiciclo y que indignaron a las asociaciones profesionales.

"No es cierto"

"No es cierto, yo no he menospreciado ni me he puesto del lado de ningún fiscal. Creo en las instituciones", respondió Catalá a García, que vio la actitud del ministro como algo "inadmisible que sólo se entiende propio del un nerviosismo del que es pillado infraganti". "Saque sus manos de la Administración de Justicia y de la Fiscalía. [...] Coja el teléfono y llame a Pedro Antonio [Sánchez], pero para pedirle que dimita", añadió.

A ojos de los socialistas, el ministro medió en la división generada en el Ministerio Público para "salvar a su compañero de partido".

"Le vuelvo a recordar cómo funciona la Fiscalía. Cuando en la Fiscalía hay discrepancias, existe un procedimiento mediante el que los fiscales de sala del Supremo [...] emiten sus informes [...] y el fiscal general dicta un decreto todo transparente, todo por escrito". "Señoría, creamos en las instituciones, respetemos las instituciones, no generen inseguridad donde no la hay", zanjó después de haber comentado, con ironía, que del PSOE da "por supuesto" que el ministro de Justicia "remite a los fiscales lo que tiene que opinar y los fiscales, como son todos ellos muy dóciles, hacen lo que dicen el ministro de Justicia".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/22/el_psoe_exige_catala_que_saque_sus_manos_administracion_justicia_fiscalia_61526_1012.html

CATALÁ: “PRESIONAR A LOS JUECES ES IMPROPIO E INÚTIL” … MENOS CUANDO LO HACE ÉL

El ministro de Justicia se tomó la libertad de pedir “respeto” ante las decisiones jurídicas y, a la vez, criticar a Ruz, Pedraz…

Las decisiones que tome la justica son siempre apropiadas, justas y hay que respetarlas, eso sí, siempre y cuando beneficien al Partido Popular. Y es que, hemos asistido a más de una, dos y de tres ocasiones en las que miembros del PP aseguran “respetar” lo que ocurra y se sentencie en un tribunal para luego criticarles e incluso meterles prisa.

Este lunes ha sido el turno del mismísimo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que coincidiendo con el juicio que ha sentado a Artur Mas en el banquillo por la consulta independentista del 9N ha dicho: “presionar a los jueces es impropio e inútil”.

¿Ya no recuerda cuando eran ellos, los populares, los que lamentaban que las instrucciones de casos como la Gürtel estaban siendo demasiado largos? Pero podemos concretar y personalizar un poco más. El propio Catalá ha hecho declaraciones de este tipo.

Contra José de la Mata

“Si no es independiente, se le puede recusar”. Con estas palabras recibió Catalá al juez José de la Mata, el sustituto de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional como instructor de casos como Gürtel o Bárcenas. Según dijo, el juez contaba de inicio con la “confianza absoluta” del Gobierno, pero recordaba su pasado como director general del Ministerio de Justicia con el último Gobierno del PSOE, por lo que avisaba que, en el caso de tomar decisiones que no fueran independientes, se le podía recurar como ya se hizo con Baltasar Garzón. Coincidencias de la vida que esas decisiones afectaban directamente al PP.

Ahora, pide que no se presione a las jueces y que se deje trabajar tranquilamente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que juzga la consulta del 9N.

Y también contra Pedraz

También hemos escuchado en repetidas ocasiones a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, responder a cuestiones sobre investigaciones decir que el Ejecutivo "respeta las decisiones judiciales". Una frase que saltó por los aires después de que Catalá criticara y atacara públicamente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que decidió archivar por segunda vez la causa contra Guillermo Zapata y sus tuits que, supuestamente, humillaban a las víctimas del terrorismo.

Según sentenció Pedraz, en los mensajes del concejal de Madrid no había voluntad de humillar, que era "imposible" cometer un delito con "humor negro" puesto que sólo eran chistes irónicos que entraban dentro de su "derecho a la expresión en términos de debate". Pero el ministro de Justicia no lo vio así y aseguró que el magistrado contaba con poca “sensibilidad”. "La sensibilidad del Gobierno hacia las víctimas y nuestra cercanía es completa y por eso cuando en un caso como éste se antepone lo que se denomina la libertad de expresión a la protección a las víctimas, lo recibimos con una cierta sorpresa", aseguró.

Algo parecido ocurrió cuando Pedraz permitió que se celebrara, a principios del 2014, un acto de expresos de ETA en Durango. En este caso, Oyarzabal, como secretario de Derechos y Libertades del PP, declaró: "Desde el PP discrepamos radicalmente por la decisión del juez y de la fiscalía y creemos que deberían haber hecho todo lo posible por evitar ese acto”. El PP “difiere radicalmente de las razones esgrimidas" por el magistrado en este caso para no prohibir el acto. "Nos ha parecido lamentable esa celebración".

El PP y su no colaboración con la justicia

Pero no sólo se les llena la boca haciendo creer que respetan a la justicia, sino afirmando que siempre han colaborado en las investigaciones. Nada más lejos de la realidad, como ya publicó el colaborador de este diario LOS GENOVESES, el PP y el Gobierno de Rajoy han cuestionado, desacreditado y recusado a varios jueces que han investigado casos de corrupción en los que estaban o están implicados.

Estas son las 10 razones por las que se puede afirmar que el PP no ha colaborado con los jueces:

1. Recusar, desacreditar…

Se han empleado con especial saña con los instructores del Caso Gürtel: Garzón, Ruz y De la Mata. También han criticado hasta recusarles al juez De la Prada, miembro de la Sala que está juzgando la PS 1999-2005 y a la jueza Freire que ha procesado al propio PP y a su actual Tesorera por encubrimiento y daños informáticos.

2. Ceses

Desde el Gobierno han cesado sin complejos a los funcionarios en auxilio judicial que han investigado la trama gurteliana. En particular a los de la AEAT-ONIF y a los de la UDEF, incluyendo a sus máximos responsable.

3. Su relación con los medios

El PP así como varios de sus dirigentes han amenazado primero y en muchos casos denunciado después a varios medios de comunicación que han informado sobre sus casos de corrupción, en particular sobre la existencia de una Caja B.

4. Fraude procesal

Han cometido sucesivos fraudes procesales, bien personándose bien intentándolo como acusaciones populares, a sabiendas que en realidad solo pretendían defenderse a sí mismos o a determinados imputados. Han sido finalmente expulsados de la causa principal o no admitidos en la “PS UDEF-BLA. Papeles de Bárcenas”.

5. Obstruccionismo

Desde el Gobierno y desde el PP han practicado obstruccionismo negándose a facilitar información a los jueces instructores, por ejemplo, la Directora de la ONIF y su resistencia a facilitar al juez Ruz un informe cuantificando la deuda tributaria del PP por impago del Impuesto de Sociedades del 2008 o también por la negativa del PP a entregar al juez el soporte documental completo de las obras de reforma de su sede nacional.

6. Las pruebas

Han destruido pruebas claves para esclarecer los hechos, como, por ejemplo, los 2 discos duros de los portátiles de Luis Bárcenas.

7. Eliminación

Han borrado los videos y los registros de entrada a su sede nacional que podían confirmar indicios sobre su complicidad con los empresarios que en su momento estaban imputados.

8. Más borrados

Han borrado las agendas y los correos de sus dos ex tesoreros nacionales, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas lo que de hecho ha dificultado poder disponer de información sobre sus reuniones con los donantes del PP.

9. Los testigos

Son numerosos los ejemplos de testigos ligados al PP que frente al juez instructor han padecido una amnesia selectiva que les ha impedido recordar, mucho menos confirmar, hechos que incriminarían al propio PP y a su cúpula dirigente.

10.A por la oposición

El PP así como varios de sus dirigentes han denunciado ante los tribunales a responsables de otras formaciones políticas por criticar sus casos de corrupción que posteriormente han sido archivadas por carecer de fundamento y atentar a la libertad de expresión.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/06/catala-presionar-los-jueces-es-impropio-e-inutil-menos-cuando-lo-hace-el

CATALÁ DEFIENDE QUE "NO ES EL MOMENTO" DE EXIGIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS AL PRESIDENTE DE MURCIA

El PP considera que el 'caso Auditorio' no es corrupción y confía en mantener a salvo su pacto con Ciudadanos

El Gobierno de Murcia aplaza la toma de decisiones al momento de la apertura de juicio oral

¿Accedió el presidente de Murcia, del Partido Popular, a información privilegiada sobre su situación judicial en la Operación Púnica? ¿Es el momento para que asuma responsabilidades políticas y deje el cargo? Estas preguntas siguen coleando desde que hace una semana Pedro Antonio Sánchez presumiese en público de conocer que, además de la Fiscalía Anticorrupción, "cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo Penal del Tribunal Supremo" se oponían a su investigación y tras su reciente imputación. Y estuvieron en el foco del coloquio posterior al desayuno informativo protagonizado este martes en Madrid por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En el acto, organizado por Europa Press, el ministro Catalá no se movió ni un ápice del argumentario del Gobierno y del Partido Popular, marcado un día antes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A saber: respeto a la presunción de inocencia y prudencia antes de tomar decisiones precipitadas.

Catalá señaló que el hecho de que Sánchez vaya a tener que acudir a declarar ante el juez "pone de manifiesto que todos somos iguales ante la ley".

"En mi opinión, no es el momento en que se comparece en el que son exigible las responsabilidades", dijo. Y, sin citar ningún caso, sostuvo que existen "suficientes precedentes recientes como para que nos preguntemos si no hemos aprendido nada". A su juicio, no se puede poner en duda el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy en la lucha contra la corrupción.

¿Peligra el pacto con Ciudadanos en Murcia? "Creo que somos gente seria, responsable, lo que escribimos, lo cumplimos... Somos coherentes con esa posición". "Hasta que sea inculpado no debería exigírsele responsabilidades políticas", subrayó. Pedro Antonio Sánchez es presidente autonómico gracias a los votos del partido de Albert Rivera.

Un día antes, este lunes, la Fiscalía de la Región de Murcia presentó un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el que pedía "a la mayor brevedad posible" la declaración como investigado -figura jurídica conocida antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) como "imputado"- del actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.

De esta forma, el fiscal encargado del caso, José Luis Díaz Manzanera, trataba de impulsar la investigación del caso Auditorio, que ahora se encuentra en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el que se atribuyen a Sánchez delitos de corrupción en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.

La versión de Génova

Antes del comienzo del desayuno informativo, el coordinador general del PP y responsable de Organización y Electoral, Fernando Martínez-Maillo, adelantó este que su partido buscará "convencer" a Ciudadanos de que hay que "esperar" antes de pedir la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, porque no está afectado por un "caso de corrupción".

"No estamos hablando inicialmente de un caso de corrupción y siempre será en el ámbito del acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular de Murcia", señaló Maillo, que recordó que durante las negociaciones con Ciudadanos a nivel nacional a finales de agosto para el pacto de investidura se hizo "famosa" la frase de que "no es lo mismo meter la pata que meter la mano".

A su juicio, a Sánchez "nadie le acusa de llevarse un solo euro" e insistió que no está en discusión el pacto nacional entre Partido Popular y Ciudadanos.

No obstante, recordó que el verano pasado, durante la negociación entre PP y Ciudadanos, hubo un "caso similar de un diputado de Castellón" que era "prácticamente igual" al de Sánchez y los propios dirigentes de esa formación "entendieron" entonces que no era corrupción.

"Estamos en contacto permanente con Ciudadanos y esperemos poder convencerles de que, como no es un caso de corrupción, hay que esperar a que haya un pronunciamiento mucho más firme por parte de los juzgados y luego ya veremos", manifestó.

Como ya avanzó infoLibre, El Partido Popular y Ciudadanos discrepan sobre cómo debe afectar su pacto anticorrupción al presidente de Murcia. Mientras que desde la formación naranja defienden que debe dejar ya la Presidencia, los conservadores de la Región de Murcia interpretan que este paso debería darse, en todo caso, en el momento de la apertura de juicio oral.

Los conservadores se acogen a una discusión terminológica para aplazar la dimisión al momento previo a la apertura del juicio oral. Subrayan que el pacto fue firmado antes de que la palabra "imputado" fuese sustituida en la ley por "investigado". Esta disparidad de criterios va a poner a prueba la solidez del pacto en los próximos días.

Caso Nóos

Además, Catalá demandó que la adopción de medidas provisionales se tomen en base a las circunstancias personales de cada situación y que la prisión provisional es una medida de carácter extraordinario que debe estar justificada, en referencia a la postura de la Fiscalía que sopesa pedir prisión provisional para Iñaki Urdangarin.

Sobre la vista que celebrará la Audiencia Provincial de Baleares este jueves para decidir si se acuerdan medidas cautelares contra Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión y su exsocio Diego Torres, condenado a ocho años, Catalá se mostró confiado en que el tribunal, a la vista de los informes del Ministerio Público y de las partes, decidirá "con arreglo a la ley".

Por otra parte, Catalá rechazó que deba suprimirse el principio de jerarquía en la Fiscalía o que el fiscal general sea designado por el Parlamento como medidas necesarias para que esta institución se dote de mayor independencia de cara a la instrucción penal por los fiscales.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/21/catala_murcia_punica_imputacion_informacion_privilegiada_61461_1012.html

EL PRESIDENTE DE MURCIA SE REUNIÓ CON CATALÁ ANTES DE QUE PRESUMIERA DE CONOCER INFORMACIÓN RESERVADA SOBRE SU CASO

Según publica 'La Verdad de Murcia', se vieron durante el congreso del PP. Poco después Sánchez alardeó de saber la postura de fiscales del Supremo

El Gobierno de Murcia afirma que el mandatario lo sabía "por la prensa", luego por "fuentes oficiales" y ahora es "secreto profesional"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunió con el presidente de Murcia, José Antonio Sánchez, en el congreso nacional del PP, días antes de que generara polémica el conocimiento de éste último de información reservada sobre su situación procesal. Según publica La Verdad de Murcia, mantuvieron "una larga conversación" poco antes de que se conociera la decisión del juez Eloy Velasco de achacar al mandatario delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada dentro de la rama murciana de la operación Púnica. Tras haber trascendido este auto, así como la postura de la Fiscalía Anticorrupción, contraria a que se investigara a Sánchez, el líder autonómico declaró que sabía que "cuatro fiscales del Supremo" también se oponían a la investigación. Por entonces se trataba de información secreta y reservada que el dirigente no podía conocer.

Un día después salía a la luz que la Fiscalía General del Estado ordenaba a la Fiscalía Anticorrupción no investigar a Pedro Antonio Sánchez. Ante preguntas de infoLibre acerca de cómo Sánchez podía haber accedido a esa información, fuentes cercanas al mandatario autonómico afirmaban que se había enterado "por la prensa", cuando no se había publicado nada. A La Verdad de Murcia sus fuentes aseguraron que fue por "fuentes oficiales". Posteriormente, el Gobierno murciano se acogió a una suerte de "secreto profesional" para no revelarlo.

Catalá, por su parte, aseguró que no sabe cómo le llegó a Sánchez la información de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, y reclamó a la Fiscalía "una mayor discreción". Además, Catalá atacó a los fiscales de la Púnica por no acatar la decisión de Anticorrupción de no investigar al presidente de Murcia. Es lo que consideró "anómalo", pasando por alto y otorgando normalidad a que Sánchez conociera la postura de los fiscales del Alto Tribunal."La secuencia temporal tiene una cierta lógica porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a Anticorrupción, y en ese decreto se daban esos detalles", afirmó en la Cadena Ser. La periodista Pepa Bueno le puntualizó que en ese "decreto" no se mencionaba la posición de los fiscales del Supremo, lo cual no fue desmentido por Catalá.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/17/el_presidente_murcia_reunio_con_catala_antes_que_presumiera_conocer_informacion_reservada_sobre_caso_61326_1012.html

LAS AMENAZAS DEL GOBIERNO Y EL PP A LOS FISCALES ANTICORRUPCIÓN INDIGNAN A LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES

Rafael Catalá cree que "la negativa" de las fiscales de Púnica a seguir la orden del fiscal general "generará algún tipo de actuación interna"

Tres asociaciones de fiscales reprochan al ministro su amenaza implícita y una de ellas pide su dimisión

Las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien este jueves expresó su creencia en que la "negativa" de las fiscales del caso Púnica a firmar un escrito favorable al presidente de Murcia "generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía", provocó ayer la indignación de las asociaciones profesionales.

Las palabras del máximo responsable de Justicia le granjearon el inmediato reproche de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que pidió la dimisión del ministro, sí como el de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) e incluso el de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales.

El tono de la amenaza implícita vertida por el titular de Justicia se vio superado por las palabras que más tarde lanzó el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando. La Fiscalía, dijo el diputado, "funciona como funciona hace muchísimo tiempo" y también tiene "sus límites" ante la posibilidad de que haya fiscales que decidan "inventarse delitos que no existen en el Código Penal". Según Hernando, los fiscales tienen tener "a veces alguna limitación". "Esto es supongo lo que ha pretendido hacer el fiscal general", ha manifestado, para insistir en que no hay intereses políticos en estas decisiones del Ministerio Público, pero sí en las formaciones políticas que, según su diagnóstico, presentan sistemáticamente demandas para ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas.

Fue en una entrevista concedida a la Cadena Ser donde antes de que Hernando subiera aún más de grados el termómetro de la polémica se había ya pronunciado sobre lo sucedido en Púnica el ministro de Justicia. "Me parece –dijo en relación a las dos fiscales del caso– que es un procedimiento anómalo que se nieguen a firmar, imagino que eso generará algún tipo de actuación interna en la fiscalía, que se esté dando esa información de bueno sí, sí, pero a mí me obligaron y yo no quise". En ese momento, la conductora del programa, la periodista Pepa Bueno, preguntó al ministro si también le parece anómalo que el presidente de Murcia tuviera información sobre la posición adoptada en bloque por los cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo antes de que esa información hubiera trascendido.

Catalá minimizó entonces el alcance de ese aspecto del asunto y argumentó que la Fiscalía General del Estado firmó el lunes su decreto sobre la posición que Anticorrupción debía adoptar en el caso del presidente murciano mientras que la entrevista en la que este desveló su conocimiento de lo que opinaban los cuatro fiscales jefe del Supremo tuvo lugar a la mañana siguiente. "Me temo que han pasado las horas suficientes y me temo que ha pasado por las manos suficientes como para que alguien le haya podido informar del asunto", adujo el ministro.

El titular de Justicia fue más allá en su carga contra las fiscales de Púnica: "Que el criterio de dos fiscales –dijo en otro momento de la entrevista– no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", remachó.

Citando como ejemplo una noticia conocida la semana pasada –la firma de sendos acuerdos de conformidad por parte de siete empresarios que admiten haber financiado al PP valenciano–, el ministro subrayó que la Fiscalía debería funcionar "con mayor discreción".

Los reproches a Catalá desde las asociaciones profesionales cayeron en cascada a partir de la entrevista. A través de un comunicado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) pidió la dimisión del ministro "por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales el trabajo de nuestras compañeras, y amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior". "Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del Ejecutivo y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal", añade la nota.

También la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) reclamó con una nota pública que el Consejo Fiscal, órgano que asesora a la Fiscalía General del Estado, "ampare a las compañeras injustamente atacadas en los medios de comunicación". "Lo anómalo –opina la APIF– debería ser que cualquier Fiscal de este país, como jurista de acreditada solvencia profesional, no discutiera aquellas órdenes que entendiera por cualquier motivo improcedentes".

Incluso la Asociación de Fiscales, de signo conservador y mayoritaria en la carrera, lanzó un reproche a Catalá. El ministro, transmitió la asociación en un comunicado oficial, "no debe tomar partido ni dar su opinión sobre una u otra postura", pues, dado el cargo que ocupa, "puede dar la falsa percepción de injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial".

Desde la magistratura, la asociación Jueces para la Democracia solicitó que se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y han reivindicado la necesidad de concienciar a los políticos en una cultura de respeto a la independencia judicial y de autonomía del fiscal. "El Ministerio de Justicia tendrá que dejar trabajar y omitir cualquier tipo de valoración", aseveró su portavoz Ignacio Ubaldo González.

Maza niega presiones políticas

En medio del terremoto provocado por el viraje de Anticorrupción en lo relativo al presidente de Murcia, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguró este jueves que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama Púnica y al respecto ha afirmado que este criterio está "totalmente fundado en la legalidad".

El fiscal general precisó que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/17/las_amenazas_del_gobierno_a_los_fiscales_anticorrupcion_indignan_las_asociaciones_profesionales_61299_1012.html

EL MINISTRO DE JUSTICIA CARGA CONTRA LAS FISCALES DE PÚNICA Y TACHA DE "ANÓMALO" QUE NO ACATEN EL CRITERIO DE SUS SUPERIORES

Catalá reconoce que no sabe cómo le llegó a Sánchez la información de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, y reclama a la Fiscalía "una mayor discreción"

El fiscal general del Estado asegura que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones para pedir que no se investigase a Sánchez

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que lo que es "anómalo" en la causa contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia se haya divulgado.

"Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", ha añadido. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia.

A su modo de ver, lo que es "bastante anómalo" es que no se acate esa orden. Es más, se ha referido al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con la trama Púnica. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha remachado.

Catalá no considera, sin embargo, que hubiera anomalía alguna en el hecho de que el presidente murciano presumiese ya el martes por la mañana de conocer que cuatro fiscales del Tribunal Supremo se habían opuesto a su imputación, como ha venido publicando infoLibre. El ministro argumenta que "la secuencia temporal tiene una cierta lógica porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a Anticorrupción, y en ese decreto se daban esos detalles". La periodista Pepa Bueno le ha puntualizado que en ese "decreto" no se mencionaba la posición de los fiscales del Supremo, lo cual no ha sido desmentido por Catalá, que ha reconocido no saber cómo le llegó a Sánchez la información. El ministro apunta que entre la tarde del lunes y la mañana del martes "el documento pasó pasó por las manos suficientes para que alguien le haya podido informar del asunto". Este jueves infoLibre desvelaba que el presidente de Murcia conoció antes que las propias fiscales del 'caso Púnica' que la cadena de mando del Supremo se oponía a su imputación.

El ministro ha señalado que la Fiscalía debería funcionar "con mayor discreción", y ha defendido el criterio del PP, que sostiene que Pedro Antonio Sánchez no debe dimitir aunque sea "investigado", salvo en el caso de que se le abra juicio oral. Esta posición es contraria a la que defiende Ciudadanos, socio del gobierno murciano y con quien el partido de Rajoy firmó el acuerdo anticorrupción que cada cual interpreta ahora de diferente modo.

Maza descarta presiones al Ministerio Público

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia.

El fiscal general ha precisado que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.

"Si tengo que comparecer, encantado de hacerlo y aclararlo todo porque a mí esto me resulta sorprendente. Igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuáles la Fiscalía está investigando y colaborando, hay casos en los cuáles consideramos que un ciudadano no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal", ha aseverado Maza antes de participar en la inauguración de un curso sobre criminalidad informática.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/el_ministro_justicia_carga_contra_las_fiscales_punica_tacha_anomalo_que_acaten_criterio_sus_superiores_61252_1012.html

CATALÁ SOSTIENE QUE EL GOBIERNO APLICA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA A PESAR DE QUE NO PONE UN EURO

Considera que la aplicación no depende de si se le destina o no un presupuesto concreto y suficiente

El senador socialista Francesc Antich preguntó por la reducción de la partida dedicada a la Memoria Histórica de un 50%

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este martes en el Senado que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de reconciliar y apoyar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista no depende de la existencia de una partida presupuestaria específica, según ha informado Europa Press.

Así lo ha afirmado a la pregunta formulada por el senador socialista Francesc Antich sobre si el Gobierno de Mariano Rajoy tiene pensado crear una partida presupuestaria "específica y suficiente" para aplicar a dicha ley.

Catalá, que ha coincidido con el senador socialista en que esta ley tiene como espíritu la "reconciliación y dar todo el apoyo" a las más de 45.000 víctimas reconocidas –ha indicado–, ha recalcado que se está aplicando porque está en vigor y no depende de ello si tiene o no dicho presupuesto.

"¿Por qué una partida presupuestaria se ha reducido o ha podido desaparecer, eso significa que no se hace nada en esa materia?", se ha preguntado Catalá ante la crítica de Antich por la reducción de la partida dedicada a la Memoria Histórica de un 50%, según ha dicho, del presupuesto fijado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, haciéndola desaparecer en los sucesivos años con la "excusa" de la crisis económica.

"El hecho de que no haya partida no significa que no se esté haciendo nada", ha contestado el ministro. "Claro que hacemos (...) se está aplicando la ley, se están reconociendo los derechos", ha proseguido.

En este sentido, el ministro ha instado al senador socialista que apoye la tramitación de los presupuestos para 2017 y que presente una enmienda en la que apueste por la creación de esa partida específica que demanda.

Degradación de la ley

"Han degradado y dejado en vía muerta la ley en casi todos los sentidos, en especial en la localización de fosas", ha lamentado el socialista, al mismo tiempo que ha reprochado que la labor del Ministerio de Justicia se haya "limitado" en esta materia al mantenimiento de la página web, a la atención de consultas y "poco más".

Asimismo, Catalá ha recordado que se mantiene el mapa de fosas, de las cuales 2.430 han sido identificadas y localizadas. También ha apostillado que el Portal de la Ley de Memoria Histórica tiene alrededor de 100.000 visitas anuales, la cual está gestionada por los funcionarios del Ministerio que "cobran un sueldo" –reflejado en una partida presupuestaria, ha añadido– y que han atendido 12.000 consultas personalizadas.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/07/catala_sostiene_que_gobierno_aplica_ley_memoria_historica_pesar_que_pone_euro_60819_1012.html

CATALÁ INSISTE EN QUE EL GOBIERNO NO TIENE QUE PEDIR PERDÓN POR CULPA EN EL CASO DEL YAK-42

"Se genera un daño y hay que responder por ello pero es distinto del concepto de culpa. Aquí no hay culpa", explica
Las disculpas serían pertinentes, matiza, "por no haber atendido adecuadamente" a los familiares de las víctimas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió este miércoles en que el Gobierno no debe pedir perdón "por culpabilidad" en el accidente del Yak 42, en el que murieron 62 militares en mayo de 2003, pero añadió que "sí, tal vez, por no haber atendido adecuadamente" a los familiares de las víctimas.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Catalá señaló que tal vez se explicó mal cuando afirmó que el Gobierno no debe pedir perdón porque no hay culpa, aunque insistió en su argumento de que pedir perdón "está asociado al reconocimiento de culpa y aquí no ha habido culpa". "En ese sentido, no hay que pedir perdón porque no hay culpa, pero estar cercano a las víctimas, con reconocimiento y afecto, eso todo", añadió.

De hecho, subrayó que si las familias de las víctimas consideran que no han sido atendidas adecuadamente, tienen razón, puesto que ellas lo sienten así, de manera que eso "hay que corregirlo y mejorarlo".

Después de que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se haya reunido con las víctimas y haya asumido el informe del Consejo de Estado que habla de "responsabilidad patrimonial" del Estado, Catalá explicó que hay que distinguir entre la responsabilidad penal, la civil y la administrativa.

Las dos primeras, recordó, ya se dilucidaron en los tribunales "y en sentencias que dijeron que no había responsabilidad". Sin embargo, quedaba la administrativa y es ahí donde se ha pronunciado el Consejo de Estado que el Gobierno hace suyo.

Así, explicó que hay "una responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos", sea un funcionamiento normal o anormal. "Se genera un daño y hay que responder por ello pero es distinto del concepto de culpa. Aquí no hay culpa pero sí hay una responsabilidad porque hubo un daño, fue una tragedia y eso no se compensa de ninguna manera", dijo.

Catalá recordó también que el Consejo de Estado ha puesto de manifiesto que la responsabilidad ya fue satisfecha económicamente, y que los propios familiares han dejado claro que no quieren dinero, "sino reconocimiento moral" y que se "esclarezca toda la verdad", y eso es lo que hará el Gobierno. También defendió que el Ejecutivo siempre ha estado cerca de todas las víctimas y ha puesto como ejemplo las del terrorismo, las víctimas de delitos y las de tráfico.
Critica a Bono y defiende a Trillo

Por otro lado, criticó al exministro de Defensa socialista José Bono por "llamarse a escándalo ahora" en lugar de "haber denunciado en su momento que faltaban papeles". Con todo, aseguró que el Gobierno actual seguirá buscando esos documentos y no dejará que parezca que quieren "echar tierra encima".

Por último, defendió el derecho de Federico Trillo, ministro de Defensa cuando tuvo lugar el accidente, a volver a su puesto de funcionario –letrado– en el Consejo de Estado, puesto que "no ha sido condenado por nada, no ha perdido la condición de funcionario".

Por eso, cree que es "sacar las cosas un poco de quicio" y "añadirle una penalidad adicional" a alguien que "ha sufrido mucho" y ha "trabajado mucho" en este asunto. "Hacerle aparecer como una persona que no es digna ni de volver a trabajar me parece desproporcionado", remachó.

Catalá ha distinguido este caso del de José Manuel Soria, también exministro, que renunció a aspirar a un puesto en el Banco Mundial tras haber dimitido de su cartera por no saber explicar su presencia en los papeles de Panamá. Soria, argumentó, "había concurrido a un puesto singular" pero también habría estado en su derecho si hubiera pedido ocupar su puesto de funcionario.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/22/el_psoe_exige_catala_que_saque_sus_manos_administracion_justicia_fiscalia_61526_1012.html

RAFAEL CATALÁ: "LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR CORRUPCIÓN SE SALDA EN LAS URNAS"

El ministro de Justicia vuelve a criticar las 'penas de Telediario': "Lamentablemente, estamos anticipando conclusiones sin que el proceso penal haya finalizado"

Rafael Catalá considera que la responsabilidad política derivada de los casos de corrupción "se salda con las elecciones". "Cuando vamos a votar, hacemos balance y valoramos qué nos parece la gestión de un Gobierno o las propuestas de la oposición y en los últimos dos años y medio ha habido todo tipo de elecciones y ha habido ocasión para que los ciudadanos hayan emitido su veredicto", asegura en una entrevista en El País.

El ministro de Justicia reitera su idea de que es necesario "poner en valor la presunción de inocencia" durante las instrucciones judiciales. "Lamentablemente, estamos anticipando conclusiones sin que el proceso penal haya finalizado", explicita. Catalá fue uno de los primeros dirigentes del PP que valoró la muerte de Rita Barberá la pasada semana en Madrid. "Cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha hecho y ha dicho (...) las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y justificación"", anunció.

En abril de 2015, el titular de Justicia abrió una "reflexión" sobre la "presunción de culpabilidad" que, según dijo, sustituye en muchas ocasiones a la presunción de inocencia cuando se filtran los detalles de un proceso a los medios de comunicación. En una intervención en Barcelona, afirmó que sería "un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información". Días después, afirmó que se habían manipulado sus palabras.

Sobre los aforamientos, Rafael Catalá afirma que, de los 280.000 que existen actualmente en España, hay que abordar "con criterio restrictivo" cerca de 2.000. "Somos partidarios de reducir notablemente los aforamientos políticos", anuncia. "El de diputados y senadores debería estar vinculado exclusivamente a sus actividad como parlamentarios, no a los delitos que puedan cometer como personas físicas", concreta el ministro.

Sobre la limitación de la acusación popular en los procesos judiciales, Catalá explica que el Gobierno plantea "que sea el fiscal quien asuma la función de investigación y que el juez sea un juez de garantías, pero con el fiscal dirigiendo la política judicial". La acusación popular quedaría así reducida a unos tipos concretos de delitos y a quien ostenta la representación de los intereses generales. "Debe reducir mucho su ámbito de actuación. Así es en toda Europa", según el ministro.

Rafael Catalá también asegura que "hay que regular los indultos y las puertas giratorias entre la Justicia y la política para fortalecer la independencia [judicial}". "Una persona que ha elegido ejercer la profesión de juez, con limitaciones como no pertenecer a partidos, legítimamente puede decidir dedicarse a la política; lo que eso no puede suponer es que al día siguiente de abandonar la acción política vuelva a incorporarse a un juzgado", explica. A su juicio, "lo que hay que hacer es establecer un tiempo de incompatibilidades y de alejamiento".

Sobre una futura reforma en el sistema de nombramientos de vocales del Consejo General del Poder Judicial, a juicio de Catalá "es conveniente conseguir un equilibrio razonable entre el origen de la propuesta de los miembros de la carrera judicial y una participación del Parlamento, sin que desvirtúe el origen profesional de la propuesta". Actualmente, 36 jueces son elegidos por otros magistrados y 12 son propuestos por los grupos parlamentarios. El ministro aboga por que "esos 36 o 24 o 20 tengan un sistema más participativo" y asegura que trabajará previamente con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la medida.

Sobre la situación en Cataluña, Rafael Catalá afirma que el Gobierno va a tener "la mayor flexibilidad para buscar soluciones políticas a las reivindicaciones de la sociedad catalana, pero quien incumpla las leyes se encontrará con la acción de la justicia". "Si un presidente de la Generalitat, un consejero o una presidenta del Parlament ha incumplido una ley debe responder ante los tribunales", concreta el ministro, que reitera que, "con nuestro sistema actual y nuestra constitución", no es posible una consulta pactada sobre el encaje de esta comunidad en el resto de España.

http://cadenaser.com/ser/2016/11/28/tribunales/1480329578_509812.html

EL MINISTRO DE JUSTICIA OPTIMIZA SU FISCALIDAD EN UNA EMPRESA CON SU MUJER

Constituida cuando Rafael Catalá presidía una gran empresa de Juego, pasó el control a su mujer tras su nombramiento como Secretario de Estado con Ana Pastor

En marzo de 1999 se montó en el Congreso un buen lío. Saltó a la luz que Josep Piqué, por entonces ministro portavoz del Gobierno de José María Aznar, tenía una empresa que utilizó, entre otras cosas, para realizar lo que él mismo calificó en pleno debate político como “optimización fiscal”. O sea, que se aprovechaba de la sociedad para pagar menos impuestos por sus propiedades que como persona física.
Empresas en gananciales

La empresa que utilizaba en aquel entonces Piqué se llamaba Loreto Consulting y era una S.L. que poseía en bienes gananciales con su esposa de entonces. En medio del escándalo se escucharon en los escaños y se leyeron en los periódicos frases y titulares como “defraudador tributario”, “Rasputín de mierda” o “actuaciones fraudulentas”.

La situación de Josep Piqué encuentra un paralelismo aparente casi total con la que vive otro ministro. En este caso actual. El de Justicia, Rafael Catalá. En concreto, el ministro posee, según él mismo ha reconocido en su declaración de bienes al Congreso, el 49,7% de una sociedad que se llama Pocat Consultoría and Management S.L., y cuya administradora y propietaria del resto de las participaciones es su esposa, María Ángeles Martínez Esteban.

La empresa, fundada en 2008 en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, declaraba al cerrar el año 2014 un activo no corriente de 518.955 euros, de ellos inversiones mobiliarias por valor de 398.348,27 euros. El propio ministro, en su declaración de bienes presentada al Congreso al que nos hemos referido, dice haber adquirido a través de Pocat una vivienda y una plaza de aparcamiento en Alicante, otra en Madrid, y una parcela urbana en Pontevedra.
"Optimización fiscal"

Puestos en contacto con empresas de asesoría fiscal, los expertos han explicado a ELPLURAL.COM que este tipo de empresas se monta con la intención, como en su día apuntó como justificación Josep Piqué, “optimizar fiscalmente” las inversiones. El hecho en sí no es ilegal, nos apuntan, si se realiza conforme a las reglas que impone Hacienda para estos casos.
Pero resulta éticamente debatible en un ministro, puesto que cuando constituyen una sociedad de este tipo, los propietarios pasan a beneficiarse doblemente de lo que en principio está pensado para las actividades empresariales. Esos beneficios son, por un lado, la posible imputación en la declaración de desgravaciones por gastos que un ciudadano no puede aplicar, y por otro, un tipo de imposición menor.

Cambios en el cargo de Administrador de la empresa familiar del ministro Catalá

En el caso de Pocat, creada como hemos dicho en 2008, su capital suscrito es de 183.200 euros, y su objeto social declarado el de “asesoramiento, consultoría y o tramitación documental”. El administrador de Pocat S.L. desde su creación fue Rafael Catalá Polo (como su nombre delata), hasta que el dos de enero de 2012, diez días después de su nombramiento como Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, pasó el cargo a su esposa, María Ángeles Martínez.

http://www.elplural.com/2016/08/16/el-ministro-de-justicia-optimiza-su-fiscalidad-en-una-empresa-con-su-mujer

LOS JUECES ACUSAN A CATALÁ, VILLALOBOS, INDA Y MARHUENDA DE ACOSO CONTRA LA JUEZA ‘DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS’

Las asociaciones de magistrados también se quejan del “clamoroso silencio del CGPJ” ante las presiones que están ejerciendo sobre la magistrada

Desde las “intolerables” manifestaciones del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre si existe concurrencia o no de infracción criminal, las “más graves manifestaciones” realizadas en prensa por la diputada por el Partido Popular Celia Villalobos a los exabruptos de los periodistas Francisco Marhuenda y Eduardo Inda, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha hecho público su enfado por el acoso a la jueza Rosa María Freire. La magistrada ha osado proponer procesar al PP por el asunto del borrado de los ordenadores de Bárcenas lo que también ha provocado el desacuerdo del fiscal. Tanto la AJFV como Jueces para la Democracia reclaman que el Consejo General del Poder Judicial rechace las presiones.

¿Será posible que el PP no tenga un momento de tranquilidad? Si no fuera poco con la que le está cayendo políticamente hablando y con el juicio de la primera pieza Gürtel que empezará el 4 de octubre con el desfile de militantes y altos cargos por la Audiencia Nacional, la propuesta de la jueza Rosa María Freire de que los populares sean procesados como persona jurídica por el borrado de los ordenadores de Bárcenas ha venido a trastornar más las cosas para los de Rajoy. Ante tal desaguisado la maquinaria se ha puesto en marcha. Mención aparte de la Fiscalía que ha recurrido este lunes contra el auto de la jueza quien señala a tres empleados (entre ellos la tesorera) para ocupar el banquillo, las críticas a su labor judicial han arreciado…desde los entornos próximos al partido.

Políticos, tertulianos… todos contra Freire

Así lo señala con indignación en un comunicado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria que dice: “Nuevamente asistimos, como ya viene siendo costumbre, a manifestaciones efectuadas por personas con importantes responsabilidades políticas y por periodistas y tertulianos en medios de comunicación que, haciendo directa referencia a la labor de jueces de instrucción a los que corresponde, por aleatorio reparto de asuntos, conocer de causas penales con implicaciones políticas”.

Los jueces de AJFV señalan que esas personas “se inmiscuyen en aspectos de su vida personal, ofreciendo datos poco contrastados cuando no simplemente falsos para así lograr poner en tela de juicio la imparcialidad de dichos profesionales, atacando de forma directa a su independencia”.

“En esta ocasión tal proceder ha afectado a nuestra compañera Dª. Rosa María Freire Pérez, titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, a quien le ha correspondido por turno de reparto instruir una causa en la que se halla encartado el Partido Popular y cuyas últimas resoluciones han tenido repercusión en los medios de comunicación”, continúan.
Intolerable lo de Catalá

La Asociación califica de “intolerable y poco ajustado a las exigencias de un Estado de derecho del ámbito europeo” que el ministro de Justicia del Gobierno, actualmente en funciones, realice manifestaciones públicas opinando "sobre la concurrencia o no de infracción criminal en unos hechos que se están instruyendo en sede judicial”.

“Tales manifestaciones - expresan- contravienen las más elementales normas de prudencia y respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial que cabe exigir a tan alto responsable político, constituyendo una conducta que en cualquier país de nuestro entorno habría dado lugar a una seria reprobación política y social”.

Y lo de Villalobos aún más grave

Todavía más graves son, son para esta Asociación “las manifestaciones realizadas en un medio de comunicación por la Diputada por el Partido Popular Dª. Celia Villalobos, que, criticando de manera abierta las decisiones adoptadas por la Jueza de Instrucción nº 32 de Madrid en la instrucción de la causa antedicha, atribuye su sentido a la existencia de una relación de parentesco entre la misma y una persona perteneciente a un partido político de diferente signo”.

“Desde luego mueve a risa echarle la culpa al primo del juez pero no por ello dejan de ser afirmaciones que, expresadas en un medio público por una Diputada nacional, pretenden poner en tela de juicio la imparcialidad de Dª. Rosa María Freire Pérez, afectando a su dignidad personal y profesional”, reprochan.

Completando Inda y Marhuenda

Para completar el panorama de exabruptos, se refieren a dos de los habituales tertulianos aparentes puntales del partido de Mariano Rajoy : “se complementan con las intervenciones en el programa de televisión La Sexta Noche de los periodistas D. Francisco Marhuenda y D. Eduardo Inda, atribuyendo a Dª. Rosa María Freire Pérez una inexistente relación de amistad íntima con un vocal del Consejo General del Poder Judicial al que se le imputa una procedencia política de diferente signo al Partido Popular”.

“Este Comité Nacional quiere expresar su más contundente rechazo a la cada vez más extendida práctica de atacar en el terreno personal a los jueces que realizan de forma profesional y discreta su trabajo con plena sujeción al ordenamiento jurídico vigente por el simple hecho de conocer de causas con relevancia mediática y que guardan relación con la actividad política o con los actores de la misma”, aseveran.

Muestran su apoyo a la jueza Freire, de la que dicen que “durante una dilatada carrera ha mostrado la más elevada capacidad y disposición para el desempeño de su trabajo en todos los puestos de responsabilidad que por su cargo ha ocupado”. Y añaden: “consideramos inaceptables los ataques a su independencia y a su imparcialidad y absolutamente reprobables las referencias, muchas inexactas, a cuestiones estrictamente personales que corresponden a una esfera de su privacidad que debe ser respetada”.

¿Y el Consejo General del Poder Judicial?

La asociación Judicial Francisco de Vitoria señala también “la cada vez más generalizada situación de acoso a los jueces en el desempeño de su labor profesional”. Y exigen “al Consejo General del Poder Judicial que, en defensa de los más elementales principios de respeto a la independencia del poder judicial, y en garantía del necesario sosiego de que deben disfrutar quienes han de adoptar cotidianamente decisiones de gran relevancia y responsabilidad, otorgue el necesario amparo a cuantos jueces y magistrados se ven sometidos a estas situaciones”.

Añaden que también el CGPJ debe procurar que “el respeto a nuestro quehacer profesional sea equivalente al de los países europeos con democracias de calidad”.

La crítica al órgano máximo de gobierno de los jueces es también la de la asociación progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Ignacio González de Vega manifestaba a ELPLURAL.COM que “es clamoroso el silencio del Consejo sobre un tema que atañe a la independencia judicial y a las presiones sobre los jueces”. “Es que incluso las declaraciones desacertadas de algunos dirigentes políticos , incluso con sesgo machista, diciendo que familiares de la jueza son los entendidos en informática… son una forma de presión”, explicó. Para JpD “se está poniendo en cuestión la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales”.

http://www.elplural.com/2016/08/02/los-jueces-acusan-catala-villalobos-inda-y-marhuenda-de-acoso-contra-la-jueza-de-los

AUMENTA EL RECHAZO DE LOS JUECES CONTRA ‘SU MINISTRO’: “LA INDEPENDENCIA JUDICIAL MOLESTA”

Catalá y Villalobos en el punto de mira de los magistrados, ya son tres las asociaciones profesiones que les acusan de querer “encorsetarles”

Los jueces de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI) se han unido a las críticas contra el ministro Catalá, la diputada del PP Celia Villalobos y los tertulianos entusiastas del partido del Gobierno (como Inda y Marhuenda) por sus palabras contra la jueza Rosa María Freire. La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha propuesto el procesamiento del Partido Popular en el caso de los ordenadores de Bárcenas. FJI denuncia en un comunicado público las reformas realizadas y dirigidas “a encorsetar cada vez más al poder judicial, cuya independencia molesta”.

Los jueces quieren así “mostrar su rechazo e indignación por las declaraciones vertidas contra la compañera titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid con motivo de su auto por el cual da por terminada la instrucción y entiende, dando argumentos de ello, que el partido político en el Gobierno ha cometido delitos de daños informáticos y de encubrimiento”.

Lo de Catalá y Villalobos causa pasmo

La asociación judicial abofetea con cierta suavidad a los habituales debatidores que en programas televisivos suelen apoyar a Rajoy y su partido diciendo que dejan de lado “las manifestaciones llevadas a cabo por quienes, en su papel de periodistas y/o tertulianos, se dejan llevar por sus pasiones y, reprochablemente, se exceden de la sana crítica a la que toda decisión judicial puede y debe ser sometida”.

Pero aquí si cargan las tintas contra los políticos: “causa pasmo que sean responsables políticos de primer orden, tales como el Ministerio de Justicia en funciones D. Rafael Catalá o la diputada del Congreso Dª Celia Villalobos, personas con obligaciones públicas de gran importancia, quienes más duramente hayan ido contra esta juez y su decisión”.

“Análisis sesgados y acusaciones veladas”

Más aún, FJI acusa al ministro y a la diputada populares de realizar “análisis sesgados y partidistas de una resolución que no les parece bien, o incluso acusando veladamente a la compañera de haber actuado por filias ideológicas de algún familiar. Absurdo. Y tremendo”.

“Lo bueno de tales declaraciones es que dicen más del que las expone que lo expuesto. Desautorizan a su autor al no utilizar la fuerza de los argumentos y descender al ataque personal. Dejan ver que sólo admiten un pensamiento único, su verdad (que es la de su partido), y por ello no toleran que otro poder del Estado, en el ejercicio de sus funciones, pueda afearles nada, revolviéndose con poca prudencia”.

Objetivo: “encorsetar al poder judicial”

Y añaden los jueces de FJI: “Es más, declaraciones como éstas explican el porqué de las reformas habidas en los últimos años dirigidas a encorsetar cada vez más al poder judicial, cuya independencia molesta”.

“Porque lo que ha pasado esta vez es lo que ha pasado ya otras veces. Que la clase política, por lo general, sólo gusta de las decisiones judiciales cuando les vienen bien, y se exceden en la normal prudencia de sus cargos y el debido respeto a la separación de poderes cuando les son contrarias o no les convienen. Ellos, que deberían ser ejemplo de sometimiento a las resoluciones judiciales. Y luego se sorprenden cuando otros no acatan las decisiones de los tribunales en defensa de la legalidad”, añaden.

La asociación concluye manifestando su adhesión “a la petición realizada por las asociaciones judiciales antes citadas para que el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, actué como tal y salga en defensa de sus gobernados cuando responsables políticos, sin la mesura que les es exigible, realicen manifestaciones que supongan un ataque a la separación de poderes y pongan en duda la independencia del poder judicial, única garantía a día de hoy de que no estamos en una democracia meramente formal”.

http://www.elplural.com/2016/08/08/aumenta-el-rechazo-de-los-jueces-contra-su-ministro-la-independencia-judicial-molesta

Catalá no cree que tenga trascendencia penal borrado ordenadores de Bárcenas

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha afirmado que no cree que el borrado que hizo el PP de los ordenadores usados por el extesorero Luis Barrenas tenga "ninguna trascendencia penal", después de que una jueza de Madrid haya procesado al partido por la presunta comisión de dos delitos.

"Es una gestión que seguramente hacen muchas empresas en España: cuando un empleado se va, limpian los archivos, le pasan ese ordenador a otro empleado, o lo sustituyen por obsolescencia. No creo que lleve consigo ninguna trascendencia penal", ha dicho Catalá a los medios antes participar en la entrega de despachos a la 41 promoción de letrados.

En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha procesado al PP por la presunta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por Bárcenas.

Con esta decisión, la juez cierra así la instrucción y da el primer paso para sentar en el banquillo al PP, tras desestimar la petición de archivo que planteó esta formación política y la Fiscalía.

El ministro de Justicia en funciones ha explicado que no ha tenido ocasión de leer el auto, pero sí ha trasladado su respeto por las decisiones judiciales.

Ha señalado que es un asunto "que tiene que ver con la supuesta destrucción de un material de una organización que, cuando finaliza el periodo laboral de un empleado, procede a la destrucción de su material", por lo que no encuentra "ámbito penal" en esa actividad.

Catalá ha añadido que no se le ocurre en qué medida esta cuestión puede "contaminar" al PP, pues es "una organización que tiene 800.000 militantes, un partido político que tiene una estructura territorial en toda España y que tiene acreditada su condición de transparencia".

"No me parece que este asunto puntual y concreto pueda generar ninguna tacha sobre la adecuación del PP al ordenamiento jurídico y al cumplimiento de sus obligaciones", ha apuntado. EFE

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-07-26/catala-no-cree-que-tenga-trascendencia-penal-borrado-ordenadores-de-barcenas_975217/

CATALÁ INTENTA, DESDE SU CARGO, 'LEGALIZAR' LA POSIBLE NO ASISTENCIA DE RAJOY AL PLENO DE INVESTIDURA

El ministro en funciones de Justicia y Fomento explica que si no existen las mayorías necesarias "no tiene sentido presentarse"

El ministro en funciones de Justicia y Fomento, Rafael Catalá, ha bendecido desde su cargo la posible decisión de Mariano Rajoy a no presentarse a la investidura. Lo que de manera casi unánime los constitucionalistas ves como un hecho ilegal. Catalá lo dijo en La noche 24 Horas. "Ojalá las próximas reuniones que se produzcan, tanto las oficiales como las informales, vayan ayudando a construir ese consenso que necesitamos", ha anunciado el Ministro en el programa, que así daba a entender que si no tiene asegurada la mayoría necesaria, Rajoy podría no acudir al Congreso.

El ministro justifica lo que otros ven como ilegal

La cuestión principal de la entrevista a Catalá en la te visión pública rondó sobre el artículo 99.2 de la Constitución, que dicta: “El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”.

Lo primero que hay que aclarar es la legalidad o ilegalidad de que Mariano Rajoy no se presentara a la investidura. El ministro, al que medios afines han presentado como autoridad relevante para hablar de ello tras su intervención en TVE, aunque no es constitucionalista, dio así su versión sobre el artículo 99.2: "Lo que yo creo que dice el artículo 99.2 es que el candidato propuesto por el rey expondrá su programa para llevar en su caso adelante la investidura, pero entre la proposición del rey y la exposición de la candidatura estamos en la constatación de si existe mayoría suficiente para que esto se produzca".

El Ministro concluye, por tanto, que "puede no llevarse a cabo ese debate y no estar vulnerando la legalidad". En su opinión no habría infracción alguna si entre la propuesta del rey y la exposición del programa "hay un corte" porque carece de mayoría suficiente para ello. Sobre si el Presidente en funciones irá a la investidura y a la votación, Catalá ha afirmado que si cuenta con el apoyo suficiente para ser investido, "por supuesto que sí". O lo que es lo mismo, puso en duda, sin despeinarse, que Rajoy podría no ir: "El presidente Rajoy ha dicho que él quiere liderar España, y sabe que tiene que contar con el apoyo de otros partidos políticos".

No sólo Rajoy, también Pastor podría defraudar la Constitución

Sin embargo este planteamiento de Rafael Catalá no coincide, como decimos, con el argumento de la mayoría de los constitucionalistas que han hablado estos últimos días. Sin ir más lejo, choca con el argumento aportado por Armando Salvador Sancho, ex letrado del Tribunal Constitucional. Este experto explicó en ELPLURAL.COM el fraude que ya supuso a la Constitución el comportamiento de Mariano Rajoy en las elecciones de diciembre al esquivar el ofrecimiento del Rey. Además se refiere al artículo 99.2 de la Constitución como "un mandato imperativo respecto del candidato propuesto por el Rey" y cómo ahora volvería a hacerlo si no acudiera al pleno de investidura. Es más, cómo también lo haría Ana Pastor si no convoca ese pleno en un plazo razonable.

“La Constitución en absoluto prevé que un candidato pueda rechazar la propuesta del Rey -escribió Armando Salvador Sancho-. La potestad Real que nos ocupa no está sometida a condición (salvo la ya señalada consulta previa con los representantes de los Grupos Políticos), de modo que la condición de su aceptación por el candidato priva de eficacia a la decisión Real y desnaturaliza el procedimiento de investidura diseñado en la Constitución”.

Además añade el exletrado del Constitucional que el procedimiento de investidura de un candidato designado por el Rey es el único y necesario requisito de la Constitución "para evitar el bloqueo político indefinido que se derivaría de que ningún candidato se sometiera a la investidura", ya que sin la formalización de la investidura ante el Congreso no pueden convocarse unas nuevas elecciones generales.

Y concluye: "el art. 99 de nuestra Constitución impone que la propuesta del Rey no pueda menoscabarse, pues si dicha propuesta pudiera rechazarse o condicionarse y no se celebrara ninguna investidura, simplemente, no podrían celebrarse nuevas elecciones y la democracia resultaría liquidada".

http://www.elplural.com/2016/08/05/catala-intenta-desde-su-cargo-legalizar-la-posible-no-asistencia-de-rajoy-al-pleno-de

CATALÁ DA POR CUMPLIDA SU REFORMA PENAL CON DATOS NO OFICIALES

Justicia admite que no puede certificar que no queden procedimientos judiciales pendientes

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha dado por cumplido al 100% el plazo para la revisión de las causas penales previsto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esa reforma legal, una de las últimas del Gobierno antes de las elecciones de diciembre, establece un plazo de instrucción de seis meses, ampliable a 18 a petición del fiscal, y dado que la norma entró en vigor el 6 de diciembre, se cumple ahora el límite temporal para la revisión de todas y cada una de las causas.

Catalá da por cumplida su reforma penal con datos no oficiales La fiscalía admite ignorar cuántas causas quedan por revisar
Catalá ha asegurado que desde diciembre se han revisado 302.132 en toda España, según él, la totalidad de las que había. No obstante, ha reconocido que el ministerio no tiene competencias sobre la estadística judicial, no recibe diariamente datos de causas revisadas y, por tanto, no son datos oficiales. "No me corresponde a mi certificar la actividad del Poder Judicial", ha asegurado tras presentar datos de todas las provincias con el cumplimiento total de las previsiones.
“Despropósito, mal redactada e interpretada”

La reforma ha sido rechazada por todos los sectores de la justicia. La última reacción es de la Unión Progresista de Fiscales, que durante el pasado fin de semana aprobó un informe que habla de “despropósitos legislativos del Gobierno. Mal concebida,mal redactada y mal interpretada”.

La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales aseguró ante el propio Catalá que provoca “graves dificultades en la investigación de las formas más graves de delincuencia, en especial de delitos relacionados con la corrupción”.

Los datos oficiales se conocerán cuando el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía hagan sus respectivas memorias.

El propio ministro ha admitido que no tiene competencia para la estadística judicial y, de hecho, para explicar la naturaleza de los delitos a los que se refieren esas causas h utilizado datos de la memoria de la Fiscalía de 2014, es decir, de hace dos años.

Catalá, además de remitirse a la confianza en la profesionalidad de trabajadores de la justicia, ha asegurado que esos datos proceden de todos los juzgados, aunque no haya un listado oficial de causas. De hecho, hay discrepancias sobre las cifras que se han mantenido durante los últimos meses y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, aseguró recientemente que hay un número indeterminado de causas no controlado en las estadísticas. Y al inicio del plazo, el 6 de diciembre, se habló de más de 400.000 causas vivas. Los fiscales han calificado todas las causas de las que les han dado traslado los letrados de la administración de justicia, antes llamados secretarios judiciales.

La fiscalía remitió la pasada semana una circular que permitía calificar como complejas las causas con un formulario común y sin revisar ni razonar. No obstante, el ministro ha asegurado que no cree que eso se haya producido, apelando a la profesionalidad de los fiscales.

En los datos aportados por Catalá se cuenta que a 1 de junio había sin revisar 12.501 causas que ya se han terminado en el final del plazo. Es decir, dado que ha habido un sábado y un domingo entremedias y la rueda de prensa fue a primera hora de la mañana del lunes, las causas se revisaron entre el jueves y el viernes, en solo dos días, y, además, el ministerio pudo comprobarlo en ese plazo juzgado por juzgado de toda España para poderlo presentar en la rueda de prensa.

Sobre la recopilación de datos, el ministro ha puesto como ejemplo el funcionamiento de Aviación Civil, que permite que se tenga información en tiempo real de cada vuelo de cada día en el Ministerio de Fomento. "Ya me gustaría que fuera como El Corte Inglés, que tiene información inmediata sobre cifras de ventas", ha añadido antes de asegurar que hasta que no se elaboren el próximo año la memoria del Poder Judicial y de la Fiscalía no se conocerán los datos oficiales.

"Es la certeza del equipo del ministerio, porque ha habido toma de temperatura diaria", ha dicho para sustentar sus datos. El ministro ha hablado de más de 44.000 causas que se han archivado en este proceso por carecer de autor conocido. En total, ha asegurado, según sus cifras no oficiales, que con esta reforma y con la del Código Penal que despenalizó las faltas que se han liberado a los juzgados de dos millones y medio de procedimientos.

La reforma fue cuestionada por todas las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, y por todos los partidos políticos, salvo el PP. De hecho, en la legislatura frustrada se aprobó una proposición no de ley pidiendo la derogación del artículo 324 que establece los plazos de instrucción.

El ministro ha asegurado que esas críticas se deben "a que todos los cambios provocan resistencias y tensiones". En particular, Catalá ha arremetido contra el PSOE y las asociaciones progresistas por oponerse a esas reformas. También asociaciones como la conservadora AF, mayoritaria en la carrera fiscal, se opuso radicalmente. "Soy respetuoso con las opiniones, pero no se ha dicho la verdad", ha asegurado el ministro en funciones.

http://politica.elpais.com/politica/2016/06/06/actualidad/1465198950_569794.html

RAFAEL CATALÁ: “LOS ESPAÑOLES NOS TIENEN QUE ESTAR MUY AGRADECIDOS”

Para el ministro en funciones, el PP es el creador de la recuperación económica y "ese mérito y esa satisfacción no nos la puede quitar nadie"
En campaña todos los partidos son los mejores, eso es así. Aprovechando esta realidad, el PP ha apostado por apuntarse el logro de la recuperación económica hasta el punto de asegurar que todos los españoles tienen que estar "muy agradecidos" al PP dado que, si España está creciendo, creando empleo y se han garantizado las pensiones, se debe a la labor realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ni más, ni menos.
"Ese mérito y esa satisfacción no nos la puede quitar nadie", ha afirmado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá durante un acto de precampaña organizado por el PP de Asturias ante varias decenas de dirigentes y simpatizantes.
Para el titular de Justicia, es cierto que el Ejecutivo ha podido no hacer algunas cosas bien y puede entenderse que haya gente que esté "enfadada" con el PP por cuestiones como la corrupción, pero ha advertido de que los populares son "inteligentes" y saben "rectificar".

A su juicio, la España de hoy "nada que ver con la España de 2011" tras una periodo de gobierno del PP en el que esta formación "ha luchado con toda firmeza contra la corrupción", una lacra contra la que, ha apuntado, ningún Ejecutivo había hecho "tanto".

No a la izquierda radical

Catalá ha comparado la gestión de Rajoy con la de gobiernos como el del Ayuntamiento de Madrid u otros que apuestan por la izquierda "radical" y que pretenden que España se parezca "a Grecia o a Venezuela".
"No quiero para mi país las colas de Venezuela ni las bajadas de pensiones de Grecia", ha apuntado tras subrayar que mientras otros partidos se dedicaron en los pasados meses a "hacerse fotos" o a "darse besos en el Congreso", "a hacer el idiota", ha resumido-, el único que mantuvo "la cabeza en su sitio" fue Mariano Rajoy.

http://www.elplural.com/2016/05/25/rafael-catal-los-espa-oles-nos-tienen-que-estar-muy-agradecidos

CATALÁ DICE QUE PANAMÁ NO ES UN PARAÍSO FISCAL SINO QUE TIENE “UNA CULTURA TRIBUTARIA DISTINTA”

El ministro de Justicia pide que se investigue "el origen de la filtración"

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha asegurado este lunes que no cree que Panamá sea un paraíso fiscal, sino que cuenta con una "cultura tributaria distinta" a la española y hay que entender que esa "distinta realidad forma parte de la diversidad de las relaciones internacionales". "Creo que algunos están sobreactuando con la explosión del Panamá leaks", ha añadido el mismo día en que El Confidencial y La Sexta publicaban que el ministro de Industria, José Manuel Soria, y su hermano figuran en los llamados papeles de Panamá como administradores de una compañía offshore. Soria niega las acusaciones.

Catalá ha diferenciado el "plano hipotético de legalidad" y el "plano ético" en torno a las revelaciones de los papales de Panamá y ha manifestado su sorpresa por que se hable de las personalidades que salen en la documentación del despacho de abogados Mossack Fonseca y no del "origen" de la filtración. "La Agencia Tributaria y la Fiscalía hacen muy bien en investigar si se ha cometido algún ilícito penal, pero nadie presta atención al origen de esa información y si se ha violado el secreto profesional".

El ministro de Justicia en funciones ha recordado que España mantiene con Panamá una relación de "lealtad y colaboración" y ha insistido en que definir a un país como paraíso fiscal es una "decisión que corresponde a la Unión Europea y el ámbito internacional".

Catalá ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por Europa Press y al que también han asistido los ministros de Exteriores, José Manuel García Margallo; Defensa, Pedro Morenés y Hacienda, Cristóbal Montoro. El titular de Justicia ha enviado desde la tribuna un cariñoso saludo a este último "porque es el que siempre se lleva las tortas".

Inhabilitación para los jueces que pasen por la política

Catalá ha defendido la "independencia" de la judicatura, aunque ha planteado la necesidad de poner en marcha algún tipo de mecanismo para evitar las "puertas giratorias" en la justicia, esto es, jueces que deciden dedicarse a la política "y al minuto se sientan a dictar sentencias". A su juicio, "entre la permisibilidad actual y la inhabilitación absoluta hay puntos intermedios" que permitirían fortalecer la idea de la independencia del poder judicial.

El ministro ha añadido, en referencia a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que en ocasiones resulta "ofensivo" que a un profesional de prestigio y años de experiencia le pongan la etiqueta de conservador o progresista "impropia e indigna" por el supuesto origen de su designación y ha lamentado que el "órgano creado para fortalecer la independencia se haya convertido en el paradigma de la politización de la justicia". Catalá ha defendido la permanencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es partidario de revisar el sistema de elección de sus vocales, pero rechaza que sean elegidos directamente por los ciudadanos.

http://economia.elpais.com/economia/2016/04/11/actualidad/1460366617_910584.html

PUNTUALIZACIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA RAFAEL CATALÁ

Leo con indignación en EL PAÍS cómo falsamente uno de sus columnistas me atribuye haber cobrado “750.000 euros de dinero público” en el año 2011 “por un curso de formación a una empresa pública”. No es la única calumnia contenida en la columna que firma este jueves, 11 de febrero, el señor Ángel Sánchez Harguindey. Es igualmente falso que ni entonces ni en ningún otro momento el señor Diego Torres y yo hayamos sido socios en nada. Por no ser, no somos ni conocidos.
Imagino que al columnista ya se le habrán exigido desde la Dirección de su periódico las pertinentes explicaciones. Y estoy seguro de que no habrán resultado satisfactorias por no ajustarse ni de lejos a los criterios de “rigor informativo, verificación de los datos, contraste de las noticias, consulta a la persona perjudicada y respeto al honor” que se establecen en el Libro de estilo de EL PAÍS.

Le rogaría, señor director, que adopten los controles que impidan que en el futuro puedan producirse este tipo de situaciones que generan un lamentable perjuicio al honor del injuriado e incluso a la reputación del medio.— Rafael Catalá.
http://elpais.com/elpais/2016/02/11/opinion/1455216550_948072.html

JUSTICIA PONE AL FRENTE DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA CAMBIAR LOS DESPIDOS COLECTIVOS AL ABOGADO QUE LLEVÓ EL ERE DE COCA-COLA

Jueces, fiscales, catedráticos, abogados y secretarios judiciales proponen cambiar la ejecución de los despidos colectivos
Plantean también aumentar los 3.000 euros que cuesta presentar un recurso de casación o crear una “mediación intrajudicial”
El Ministerio de Justicia creó hace dos meses un grupo de trabajo para evaluar el funcionamiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada en 2011. Y su frente situó a Íñigo Sagardoy, presidente del despacho del mismo nombre, especializado en asesorar a empresas que quieren acometer despidos colectivos. De los asuntos tratados por el grupo, los más candentes fueron precisamente los despidos colectivos y su ejecución. Como el que ha afrontado la embotelladora de Coca-Cola en España, por el que la empresa ha estado batallando en los tribunales, hasta alcanzar el Supremo, durante casi dos años. En torno a la ejecución de las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que condenaban a Coca-Cola a readmitir a la plantilla, se ha librado una agria disputa, legal y en la calle, entre los sindicatos y la multinacional. El bufete que preparó el despido colectivo de Coca-Cola y después lo defendió, sin éxito, en los tribunales fue Sagardoy Abogados.

Los trabajos del grupo ya han terminado, pero aún no se han elaborado las conclusiones que debería recibir el ministerio de Rafael Catalá. Las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que se celebraron apenas cuatro reuniones y dudan de las “perspectivas de futuro” del trabajo realizado, con las elecciones y un posible cambio de gobierno a las puertas.

Para formar el grupo, el Ministerio de Justicia llamó a jueces, fiscales, catedráticos de Derecho del Trabajo, secretarios judiciales y abogados. Entre ellos, al magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo, Antonio Sempere; su fiscal, Pilar Barrero; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, y los catedráticos de Derecho del Trabajo Alfredo Montoya Melgar y Jesús Mercader.

Los expertos han analizado el funcionamiento de la ley en sus cuatro años de vigencia “desde un punto de vista muy técnico”, coinciden. Así, estudiaron cómo se ha aplicado el artículo 124 de la ley, que regula los aspectos procesales de los despidos colectivos, y las “disfunciones” que han encontrado, para proponer a continuación cómo mejorar los procedimientos. También fue uno de los temas de análisis la ejecución provisional de los despidos colectivos, cuando la sentencia que los anula no es firme porque la empresa la ha recurrido ante un tribunal superior. La ley determina que, si el despido es nulo, los trabajadores deben ser readmitidos “en su puesto de trabajo y en las mismas condiciones” que tenían antes, y no es extraño que las empresas aleguen que no pueden hacerlo. Coca-Cola, Tragsa, Transportes Buytrago o Air Europa son sólo algunas de las que han tenido ejecuciones problemáticas de las sentencias que anulaban sus despidos colectivos, por diferentes motivos.

El caso de Coca-Cola fue el más largo y el que más atención acaparó en los medios. Primero la empresa se negaba a reabrir la fábrica de Fuenlabrada (Madrid) y después lo hizo pero sólo como almacén logístico, sin producción. Hasta llegar a ese punto, el pasado mes de septiembre, hicieron falta múltiples pronunciamientos previos tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo.

Lo que no significa que el conflicto se haya zanjado. Los trabajadores de la planta de Fuenlabrada han regresado a las movilizaciones este mismo fin de semana, explica el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, porque Coca-Cola tampoco ha cumplido su promesa de crear un centro logístico en la antigua fábrica. Asegura que la mayor parte de la plantilla no tiene carga de trabajo durante la jornada. CCOO mantiene el pulso judicial con la embotelladora tras presentar un recurso de reposición ante la Audiencia Nacional.

Examen a la reforma laboral en sus aspectos procesales

Aunque la ley cuyo funcionamiento ha evaluado el grupo de trabajo fue aprobada en octubre de 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy introdujo sólo unos meses después una nueva modalidad procesal de despidos colectivos. Y un año más tarde un decreto ley modificó dos artículos de la ley de 2011, precisamente los relativos al despido colectivo y su ejecución, “para dotarlo de una mayor seguridad jurídica”, según reza su preámbulo.

En estos cuatro años, la reforma laboral ha sido puesta a prueba en los tribunales; de hecho, la mitad de los despidos colectivos que fueron impugnados por los trabajadores han sido anulados o declarados improcedentes por los jueces. En este tiempo los abogados que defienden a las empresas no han dejado de reclamar que se acote la capacidad de interpretación de los jueces o, por ejemplo, que éstos no puedan anular un despido sólo por motivos formales. Además, la combinación de crisis económica, aumento de los despidos, tanto individuales como colectivos, y reforma laboral ha disparado el número de litigios, saturando unos juzgados víctimas de los recortes presupuestarios. Las fuentes consultadas describen los trabajos del grupo de expertos como “un examen a la reforma laboral en sus aspectos procesales”.

Recursos más caros, más posibilidades de mediación

Así, aparte de la ejecución de las sentencias, el grupo de trabajo estudió el sistema de recursos: si se acumulan los de determinados tipos y cómo se pueden agilizar sus trámites. Pese a que el sistema funciona “muy bien”, aseguran las fuentes, se puso sobre la mesa, entre otras medidas, aumentar los 3.000 euros que ahora cuesta presentar un recurso de suplicación, o al menos que su cuantía sea “revisable”.

Otras propuestas se encaminan a introducir una “mediación intrajudicial” –la que se produce una vez iniciado el procedimiento judicial, a invitación del juez–, que se añada a la mediación administrativa previa en el SIMA y sus homólogos autonómicos, y a la mediación que celebran las partes ante los secretarios judiciales –ahora letrados de la Administración de Justicia– antes de comparecer ante el juez. En la jurisdicción social, el 50% de los litigios se resuelven antes de llegar a juicio gracias a estos procedimientos.

Según el Ministerio de Justicia, los resultados del trabajo realizado por el grupo –que prefiere llamar “ámbito de reflexión”– son sólo “material interno de trabajo”, por lo que no se harán públicos. “Tampoco tendrán consecuencias legislativas, sólo se trata de averiguar dónde hacen falta refuerzos, qué carencias detectan los jueces y qué necesidades hay en la jurisdicción social”, explica un portavoz.

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2015/12/12/justicia_pone_frente_grupo_trabajo_para_cambiar_los_despidos_colectivos_abogado_que_llevo_ere_coca_cola_42134_1011.html

COSPEDAL DICE QUE DEFENDERÁ A CASTILLA-LA MANCHA DESDE EL CONGRESO

El nombramiento del ministro Rafael Catalá provoca el malestar en el partido en Cuenca

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, ha defendido esta mañana en Toledo la decisión de Mariano Rajoy de presentarla como número 1 de esa provincia para el Congreso de los Diputados. Esta nominación implicará que Cospedal, que no logró gobernar en las elecciones autonómicas del pasado 27 de mayo, abandone las Cortes de Castilla-La Mancha. Cospedal se ha comprometido a seguir defendiendo los intereses de la región desde la Cámara baja y ha subrayado su “voluntad de seguir liderando” el partido en la región, informa Efe.

Tras perder el poder en Castilla-La Mancha el pasado mayo, Cospedal se había comprometido varias veces ante los miembros de su equipo en quedarse allí toda la legislatura y disputar las próximas elecciones al socialista Emiliano García-Page, que gobierna gracias al apoyo de Podemos. Cospedal sostenía que ese pacto abocaba al ejecutivo de Page a la inestabilidad y propiciaría una legislatura corta.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, antes de reunirse con los miembros de la candidatura del partido al Congreso y al Senado por esta provincia, la número dos del PP ha dicho que ha aceptado ser cabeza de lista porque su partido “ha considerado que era lo mejor”. Cospedal se ha mostrado “muy agradecida” por ese ofrecimiento, que, según ella, servirá “para llevar a los castellanomanchegos la necesidad de que gobierne el PP en España”.

“Nadie me va a echar de mi tierra”, ha afirmado Cospedal, que ha querido dejar claro que aunque ya no estará presente en el Parlamento regional, tampoco lo estuvo el presidente regional, Emiliano García-Page, cuando era secretario regional del PSOE y candidato a las elecciones del pasado 24 de mayo. “Todos tenemos derecho a tener la misma condición y pienso seguir defendiendo mi tierra y trabajando por ella, desde Toledo y desde las cinco provincias”, ha asegurado Cospedal.

La necesidad de situar a los miembros del Gobierno con escasa trayectoria de partido como cabezas de lista ha provocado el malestar en algunas provincias. En Cuenca, donde Rajoy ha colocado como número 1 al ministro de Justicia, Rafael Catalá, el concejal popular Pedro García Hidalgo ha lanzado su protesta contra el candidato cunero. En la red social Twitter ha dicho: “Rafael Catalá es un muy buen ministro pero hubiera preferido alguien de Cuenca o fuertemente vinculado a Cuenca”.

Sobre la inclusión de Catalá, Cospedal ha señalado que “el PP de Cuenca tiene desde hace tiempo una intensa relación” con el ministro, que además “ha trabajado mucho y bien y ha puesto en marcha muchos proyectos para la justicia” en la región.

http://politica.elpais.com/politica/2015/11/07/actualidad/1446893841_751173.html


EL PP CONQUENSE SE LEVANTA CONTRA EL “CUNERO” CATALÁ IMPUESTO POR COSPEDAL

Una veintena de miembros de la Ejecutiva Provincial de la formación de la gaviota piden apartar al ministro de Justicia de las listas de Cuenca

Se veía venir. Estaba claro que la militancia no soportaría “más engaños y manipulaciones” de la dirección regional del Partido Popular presidida por María Dolores Cospedal, reconocen las mismas fuentes que informaron a ELPLURAL.COM del descontento del partido por la confección de las listas electorales, como este periódico publicó este fin de semana, y que ahora corroboran nuestra crónica con la protesta por escrito de una veintena de miembros del Comité Provincial del PP de Cuenca, dirigido por el presidente de la Diputación , Benjamín Prieto, “tal vez el más dócil y servil de cuantos dirigentes tiene nuestro partido en tierras castellano-manchegas”. Escrito en el que, según ha podido comprobar ELPLURAL.COM, exigen la revisión de la candidatura del ministro de Justicia Rafael Catalá, que “nada tiene que ver con Cuenca, ni por asomo, ni por proximidad, ni muchos menos por los lazos que Cospedal dice que le unen a nuestra ciudad”, comentan indignadas las fuentes.

Convocatoria urgente del Comité Ejecutivo

El enfado es mayúsculo, puesto que “en Cuenca estamos hartos de que Madrid nos imponga cuneros y paracaidistas como es el caso del señor Catalá”, que encabeza la lista electoral del PP por esta provincia. Tanto es así, que destacados miembros de la Ejecutiva Provincial piden la convocatoria urgente de la misma para abordar la designación del ministro de Justicia, y aclarar que aquí, “salvo los dirigentes, nadie le ha pedido al PP que Rafael Catalá encabece nuestra candidatura”. La petición ha llegado a la sede popular conquense a través de escritos no sólo ya de miembros del citado Comité, sino de militantes y simpatizantes del PP que no entienden la elección “de este hombre, que sabrá mucho de Justicia pero que no tiene ni idea de lo que pasa en Cuenca”, concretan.

Carta a Génova contra los “paracaidistas”

Y que esa veintena de conquenses descontentos con la candidatura de Catalá, recuerdan que “viéndolas venir al Comité Ejecutivo Provincial se le pidió enviara una carta a ‘Génova’ – sede del PP nacional- para "exigir" que el partido en Cuenca no admitiese en las listas electorales a los candidatos denominados como ‘cuneros’. Un aspecto este último que fue desvelado por dirigentes ‘populares’ como el concejal en el Ayuntamiento de la capital, Pedro J. García Hidalgo, recoge en su edición de este miércoles el portal capitalino lasnoticias.com. Por todo ello, insisten en pedir la convocatoria de dicho Comité a fin de que "todos tengamos información de primera mano sobre el proceso de elaboración de las candidaturas". Entre ello se encuentra el ex alcalde de Motilla del Palancar y concejal en el Grupo Popular en la oposición, Jesús Ángel Gómez.

Benjamín se lava las manos

Por su parte, el presidente provincial del PP, Benjamín Prieto, mira para otro lado, se lava las manos, aunque dice comprender y respetar todas “las sensibilidades”, y le dice a la veintena de díscolos que ya no se puede hacer nada. “Aquí el debate no existe; esta cerrado”, ha declarado a los medios el hombre fuerte de Cospedal en esta provincia, recordando que no convocará al Comité Provincial ya que no es “el órgano”, dice, que tiene competencias, puesto que de estos menesteres los “lleva el Comité Electoral Provincial el encargado de conformar las candidaturas”. Comité que, como ya adelantó ELPLURAL.COM, no hizo otra cosa que seguir las directrices de Cospedal, quien no dudó ni un momento en ofrecer a Rajoy Castilla La Mancha para acomodar a “cuneros” y “paracaidistas” de postín, como es el caso del ministro Catalá.

El PP puede pagar un alto precio

Prieto se confunde, y de qué forma, al minusvalorar a la veintena de dirigentes. Y se confunde porque Ciudadanos obtuvo en Cuenca uno de sus mejores resultados en Castilla La Mancha, sentando en el Ayuntamiento capitalino hasta tres concejales, que salieron, principalmente, del caladero de votos del PP. Y por mucho que Catalá, de visita este miércoles a Cuenca para hacer electoralismo utilizando los familiares de las jóvenes asesinadas este verano, intente sofocar la rebelión, con declaraciones como “no voy a tratar de disfrazarme de conquense, porque no lo soy”, el descontento se puede traducir en las urnas donde en esta provincia desde las elecciones de 1993 siempre ha ganado la derecha.

http://www.elplural.com/2015/11/11/el-pp-conquense-se-levanta-contra-el-cunero-catala-impuesto-por-cospedal

LOS RAZONES QUE ESGRIMEN LOS JUECES PARA PLANTAR AL MINISTRO CATALÁ

Jueces para la Democracia, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se niegan a reunirse con el responsable de Justicia porque aseguran que no les escucha

Las tres asociaciones judiciales denuncian la profunda escasez de jueces y juzgados y la precariedad de las instalaciones y materiales con los que trabajan

Pocos jueces, aún menos juzgados, instalaciones que se caen a trozos y una Administración que no escucha. Es el negro panorama que pintan tres de las cuatro asociaciones judiciales españolas, que este miércoles decidieron conjuntamente no reunirse con el ministro del ramo, Rafael Catalá, ya que a su juicio "ignora reiteradamente" sus peticiones para la mejorar del sistema judicial español.

Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria –no así la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de corte conservador– publicaron una nota conjunta en la que anunciaron que no acudirán a las reuniones a las que el Ministerio de Justicia les ha convocado durante esta semana separadamente, ya que entienden que estos encuentros "pretenden trasladar a la sociedad una disposición al diálogo que es ficticia".

"El ministro de Justicia, Rafael Catalá, repite invariablemente su voluntad de alcanzar acuerdos con las asociaciones judiciales, pero la realidad es que solo se nos convoca para informarnos de lo que ya está decidido, sin que en ningún momento se tengan en cuenta las aportaciones que podamos realizar", denuncian los colectivos de jueces, que exigen que se les reúna de forma conjunta en una verdadera mesa de negociación para abordar sus "reivindicaciones profesionales" y, especialmente, "la situación de la administración de Justicia", que consideran caótica.

La principal reivindicación de los togados tiene que ver con una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía: la lentitud de la Justicia, que estas asociaciones achacan a la sobrecarga en los juzgados y la falta de medios. "Los órganos judiciales están desbordados", sostiene Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que llama la atención a las cifras que ofrece en este sentido el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): a fecha de 31 de diciembre de 2013, el 43,53% de los juzgados españoles trabajaban a más del 150% de su capacidad.

Estas cifras eran especialmente escandalosas en algunos tipos de órganos en concreto, como los juzgados de primera instancia, ya que la práctica totalidad –el 95,6%– de los mismos tenían cargas de trabajo superiores a este porcentaje. Una situación similar se vivía en los juzgados de lo mercantil –el 93,75% de ellos se encontraba en esta situación– o los juzgados de lo social –nada menos que el 97,83% sufría este problema–. Y, desde entonces, las cosas no han hecho más que empeorar, según Bosch, que se declara "cansado de pedir que se fije una carga máxima de trabajo".

Pocos jueces y pocos juzgados

"Es imposible que un juzgado funcione bien cuando está llevando un 250% de la carga de trabajo que tendría que llevar", denuncia el portavoz de Jueces para la Democracia, que sostiene que "en muchos juzgados, el juez y el equipo están trabajando como si estuvieran llevando dos juzgados a la vez". "La gente, de tan saturada que está, se desmotiva, y los asuntos se estancan, y esto no es un riesgo sólo para su salud laboral, sino también un perjuicio para la ciudadanía", asegura Bosch.

Con él coincide Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que asegura que ahora mismo hay "100 jueces menos que hace cuatro años" y ofrece un nuevo matiz con respecto a las cifras aportadas por el informe del CGPJ, ya que afirma que casi todos los juzgados –"el 90%", señala– se encuentran por encima del 100% de su carga de trabajo adecuada. Según Sexmero, este problema tiene dos patas: la escasez de jueces y, además, los pocos órganos judiciales existentes en España.

"Tenemos una fuerte distorsión, porque se ha mantenido un ritmo de reposición de jueces pero no sean creado nuevas plazas para ellos", abunda el portavoz de la Francisco de Vitoria, que resume que "hay más jueces que órganos judiciales". "Esto ha ocurrido porque no se ha respetado el planteamiento de [el exministro de Justicia entre 2009 y 2011, Francisco] Caamaño, que era crear 900 órganos judiciales en tres años, acompañados de la inclusión de 750 jueces", explica Sexmero, que señala que "se crearon esos puestos de jueces, pero los juzgados se quedadaron en la mitad".

Togados en situación de precariedad

En los últimos años sólo se han cubierto las plazas de los jueces que se jubilaban, denuncian los togados. Y esto implica que haya una serie de magistrados que, al entrar en la carrera judicial, quedan a la espera de destino en una situación de precariedad, sostiene Bosch, que explica que se les envía a juzgados ya cubiertos por un juez y "duplican" su función en lugar de tener un órgano propio para poder aligerar el sistema, lo que además implica que su estabilidad en un mismo lugar de trabajo sea prácticamente nula.

A ello se une, según Conrado Gallardo, portavoz de Foro Judicial Independiente, lo farragoso del procedimiento para crear un juzgado en España. "Hace falta que se pongan de acuerdo el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas", explica Gallardo, que señala que la Administración central paga a los jueces y a parte de los funcionarios y la autonómica pone el edificio y las nóminas del resto de empleados públicos. "Pero ahora las comunidades se están negando a poner edificios" por problemas presupuestarios, sostiene el portavoz, un problema que se une a la falta de iniciativa del Gobierno para ampliar la estructura.

Las cifras son palmarias, tal y como resaltan los tres portavoces. Según el informe Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE 2015, elaborado por la Comisión Europea, el número de jueces en España es de poco más de 11 por cada 100.000 habitantes, por los más de 20 que hay de media en la UE. Bosch ofrece una receta para que la situación sea "mínimamente razonable": aumentar en 1.000 efectivos el número de magistrados y también crear un millar de juzgados.

Juzgados insalubres y sistemas incompatibles

Junto a la falta de jueces y la escasez de juzgados, el tercer problema fundamental del que se quejan las tres asociaciones judiciales es la falta de medios materiales y el mal estado de las instalaciones. No existen, según los portavoces, informes que recojan una relación de todas estas deficiencias, pero los tres coinciden en que la situación en la que trabajan muchos de los magistrados y empleados de los juzgados es de "total abandono", en palabras de Marcelino Sexmero.

En este sentido, uno de los problemas que más retrasa las tareas judiciales es su sistema informático, explica Bosch, que lo tacha de "desastre". Y es que, según señala el portavoz de Jueces para la Democracia, los juzgados y la Fiscalía trabajan con entornos diferentes que no son compatibles entre sí, a lo que se suma que los sistemas también son distintos en cada una de las comunidades autónomas. "Eso significa que para intercambiar información se sigan trayendo carritos llenos de documentos", ejemplifica Bosch.

Pero existen, además, verdaderos problemas de salubridad que afectan al trabajo en los juzgados. En un informe presentado el año pasado ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa, Foro Judicial Independiente recogía varios casos de plagas de ratas en juzgados como de Madrid, A Coruña o Girona, así como socavones o edificios en mal estado y con serias deficiencias para funcionar como sede de un órgano judicial.

"Esas situaciones son, lamentablemente, las cotidianas, porque ni siquiera hay una normativa que diga cómo tiene que ser un juzgado", denuncia Conrado Gallardo, que hace hincapié en que tanto a su colectivo como a los de sus dos colegas les gustaría poder negociar soluciones para estos problemas con el ministro Catalá. "Queremos que las reuniones tengan un orden del día, que se incluyan los problemas que preocupan a los jueces y que se levante acta", demanda el portavoz.

Por ahora, "las convocatorias a reuniones sólo han tenido como objetivo cubrir las apariencias y simular un diálogo que no existe", según el comunicado hecho público este miércoles por las tres asociaciones judiciales, que sostienen que "no puede sorprender que esta forma de gestión no hay producido avances significativos en beneficio del servicio público que se presta a la sociedad, ni tampoco en la situación de nuestros órganos judiciales". No obstante, los jueces aseguran que siguen dispuestos a hablar. Aunque, eso sí, siempre y cuando no se les pretenda "instrumentalizar".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/10/los_razones_que_esgrimen_los_jueces_para_plantar_ministro_catala_37540_1012.html

CASUALIDADES QUE PASAN... ALLÁ POR DONDE VIAJA EL MINISTRO DE JUSTICIA, LOS LÍOS DEL PP SE ALIVIAN

El papel de este 'popular' dentro del partido recuerda, salvando las obvias distancias, al del mítico 'señor Lobo' de 'Pulp Fiction', el 'solucionador de problemas'

Hoy vamos abordar la agenda geográfica de Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia, un genovés de los que según avanza el partido, se muestra cada día más encantado de haberse conocido y más entusiasmado por el papel que Rajoy, su Jefe de Clan, le ha asignado. De entrada, no está de más recordar que su nombramiento tiene que ver con una situación de urgencia como fue cubrir la vacante forzosa que tras su dimisión había dejado su predecesor , Alberto Ruiz Gallardón.Dicho esto, para situar la cuestión, os proponemos que echéis un vistazo atrás en el tiempo hasta situaros en 1994. En ese año se estrenaba “Pulp Fiction”, el mítico film del director Quentin Tarantino.

Uno de los personajes que se dan cita en esta magnifica película, y que interpreta el actor Harvey Keitel, es “Sr. Lobo”. Su papel, como se verá, tiene mucho en común, obviamente en el sentido más figurado del término, con el que tiene asignado nuestro protagonista, Rafael Catalá. Ambos, allá donde se desplazan, “solucionan problemas” de todo tipo y condición.

El primero, el original y genuino, sacando de un buen aprieto a Jules y Vincent, interpretados por John Travolta, y Samuel L. Jackson, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, que trabajan para el gánster Marsellus Wallace. El segundo, haciendo de “talismán de la mejor suerte” para un buen número de imputados genoveses que son citados, un día sí y otro también, a lo largo y ancho del país, por numerosos tribunales de justicia.

Vayamos al grano. Os hemos seleccionado como muestra 4 casos, 4 en los que el Ministro de Justicia, con su acusado sentido de estar siempre donde se le espera, se le envía y/o se le reclama, logra que su agenda territorial tenga efectos balsámicos para algunos de sus colegas de Partido que están sistemáticamente envueltos en casos relacionados con prácticas corruptas.

Melilla conections. Hechos:

02 de febrero 2015. El Tribunal Supremo abre una investigación por prevaricación a Juan José Imbroda, Presidente de la Ciudad de Melilla y Presidente del PP.

04 de marzo 2015. Rafael Catalá, cual pitoniso bien informado sobre la imputación por prevaricación a Juan José Imbroda, responde en rueda de prensa que su imputación : "A lo mejor se archiva (…) ¿ Por qué no va a ir en la lista si la causa que tiene se archiva?".

11 de marzo 2015. El Presidente de la Ciudad de Melilla declara ante el instructor del Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación. Ocho de los once consejeros de Melilla están imputados, algunos por partida doble o triple, y también lo están las esposas de dos de ellos.

12 de marzo 2015. Rafael Catalá visita Melilla. Firma en el Libro de Honor de la Ciudad, que preside Juan José Imbroda. Posteriormente, inaugura la nueva sede del Colegio de Abogados, cuyo decano es Blas Jesús Imbroda Ortiz, hermano del Alcalde y su abogado defensor ante el Tribunal Supremo y, por último, visita la recién abierta Oficina Fiscal.

06 de abril 2015. El Tribunal Supremo, con la oposición del Fiscal, archiva la investigación sobre Imbroda.

07 de julio 2015. El BOE publica el nombramiento de Juan José Imbroda Ortiz como Presidente de la Ciudad de Melilla.

Murcia conections. Hechos.

29 de enero 2015. La mayoría conservadora del CGPJ impone el nombramiento de Miguel Pascual del Riquelme Herrero como nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

23 de marzo 2015. El TSJMU, con la oposición de la Fiscalía, remite a un juzgado de Lorca la causa en la que está imputado Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde de Puerto Lumbreras y Consejero de Educación del Gobierno regional. Esta decisión facilita que Sánchez pueda ser candidato genovés a la Presidencia de Murcia.

21 de mayo 2015. El Ministro de Justicia visita el TSJMU. Se reúne con representantes de los operadores jurídicos de la comunidad autónoma. A este encuentro asisten, entre otros, el delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, imputado por el TSJCMU, el presidente del TSJ murciano, Miguel Pasqual del Riquelme, el fiscal superior, Manuel López y el vocal del CGPJ, Juan Martínez. Posteriormente, Catalá participa en un acto electoral con el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, el de la Alcaldía de Murcia, José Ballesta y con los candidatos a las alcaldías de los 45 municipios de la Región de Murcia y los candidatos a la Asamblea Regional.

22 de junio 2015. El juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca cita a declarar para el próximo 14 de julio, entre otros, a Pedro Antonio Sánchez en condición imputado.

30 de junio 2015. Pedro Antonio Sánchez es elegido Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia con el voto a favor de los 22 diputados del PP y los cuatro de Ciudadanos, mientras que los 13 del PSOE y los seis de Podemos han votado en contra.

Almería conections. Hechos

17 de noviembre 2014. Gabriel Amat Ayllón, amigo personal de Mariano Rajoy y de Javier Arenas, Presidente del PP en Almería, Presidente de la Diputación Provincial y Alcalde Roquetas del Mar declara como imputado en el juzgado de instrucción nº 1 de Roquetas . Está acusado de prevaricar en el conocido como “Caso La Fabriquilla”. Además de este asunto su nombre está relacionado con otros muchos casos que afectan a la presunta financiación irregular del PP.

18 de marzo 2015. Catalá visita la ciudad de Almería. Se reúne con el Colegio de Abogados y con Lourdes Molina, Pta. Audiencia Provincial. Por la tarde se desplaza a Gádor para participar en un acto electoral del PP. Intervienen, entre otros, Gabriel Amat Ayllón, Javier Arenas y Rafael Hernando.

26 de marzo 2015. La Fiscalía presenta un escrito en el que se suma a la petición de la defensa de Gabriel Amat Ayllón para que se archive la causa abierta contra el alcalde de Roquetas del Mar en relación al “ Caso La Fabriquilla”.

09 de mayo 2015. Rafael Catalá se desplaza a Roquetas del Mar para presentar la candidatura de Gabriel Amat Ayllón a la alcaldía de este municipio. En el mitin también intervino el Vicesecretario General del PP, Javier Arenas .

13 de mayo 2015. María del Mar Alejo Rico, titular del juzgado de instrucción nº 1 de Roquetas del Mar, atendiendo la petición de la defensa y del MF archiva provisionalmente las actuaciones del “Caso La Fabriquilla “.

Caja B del Partido Popular

En este asunto, en honor a la verdad, sus desplazamientos, sus entradas y salidas, no figuran en su agenda territorial sino más bien en la virtual y en la mediática. En cualquier caso, el papel pusilánime de la Abogacía del Estado que dirige casualmente la sobrina del procesado Álvaro Lapuerta, ex Tesorero Nacional del PP y el papel del Fiscal Romeral, claramente obstruccionista para la investigación, no solo no han sido corregidos por Catalá sino más bien se ha sentido cómodo con esa estrategia. Estos son algunos hechos en los que Catalá se ha asomado a la instrucción :

20 de enero 2015. En una entrevista en Antena3, Catalá afirma en el PP no hay ninguna Caja B que esté acreditada. Además negó que el PP no haya colaborado con el juez, y precisó que cuando Ruz se personó en la sede del partido para buscar documentación los abogados del PP "ya le habían entregado toda la documentación que él fue a buscar. Comprobó que era la misma que ya tenía entregada".

05 de marzo 2015. Rafael Catalá expresa sus reservas sobre la independencia del Juez De la Mata, sustituto del Juez Ruz: “No me parece que haber trabajado en una administración pública con un gobierno democrático inhabilite a nadie para el desempeño, pero eso hay que acreditarlo y demostrarlo en el quehacer cotidiano (…) Que el magistrado que ocupe la plaza de un juzgado titular de instrucción con la complejidad que tienen esas plazas sea el más antiguo de los que lo han pedido no me parece un criterio de selección”.

29 de abril 2015. El nombre de Daniel Hidalgo, director de comunicación de Catalá y ex Subdirector de Informativos de Telemadrid, aparece en los metadatos de un escrito de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que fue filtrado a El Mundo. El escrito, sin membrete, firma y fecha es idéntico al que posteriormente se registró en la Audiencia Nacional. El texto filtrado trataba de minimizar el papel del PP en la creación y mantenimiento durante 19 años de una Caja B, tal como el juez instructor ha reiterado.

Vamos acabando como comenzamos. Siendo obvio que ni Rafael Catalá es Harvey Keitel, ni Rajoy es Tarantino, sin embargo, vista la agenda del Sr. Ministro, el papel del “Sr. Lobo” encuentra similitudes entre la ficción que representa ese personaje y la cutre realidad en la que se desenvuelve el Gobierno y el Partido Popular en asuntos de corrupción. Y esto bien lo saben los agraciados que le estarán eternamente agradecidos. No es para menos.

http://www.elplural.com/2015/07/08/soy-rafael-catala-ministro-de-justicia-soluciono-problemas

CATALÁ SOBRE EL TRIBUNAL DE LA CAJA B: “HA TOCADO EL MISMO Y NADIE HA HECHO NADA PARA QUE ASÍ SEA”

"La mejor garantía de independencia es el funcionamiento normal de las instituciones", recalca el ministro de Justicia

Rafael Catalá ha destacado que los jueces "con toda seguridad van a dictar una sentencia adecuada al Estado de Derecho"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que la asignación de asuntos en la Audiencia Nacional –que ha provocado que los dos jueces para los que se solicitó la recusación en el caso Gürtel por sus supuestos vínculos con el Partido Popular (PP), Concepción Espejel y Enrique López, formen también parte del tribunal que se encargará de juzgar la caja B– se ha realizado a través de un sistema de reparto "objetivo y de carácter general".

"Ha tocado que sea otra vez el mismo tribunal. Esto es así, es absoluta objetividad. La mejor garantía de independencia es el funcionamiento normal de las instituciones. Cada día se reparten asuntos y ha caído en esa sección sin que nadie haya hecho nada para que así sea", ha destacado el ministro en declaraciones a Europa Press.

Catalá ha puesto, además, de manifiesto que los magistrados son "profesionales e independientes" por lo que el enjuiciamiento se llevará "con toda la calidad de los jueces de la Audiencia Nacional, sean quien sean y se llamen como se llamen". "Son jueces independientes, cualificados, y con toda seguridad van a dictar una sentencia adecuada al Estado de Derecho", ha destacado.

Vocales del CGPJ

Los dos magistrados a los que se ha encargado juzgar las causas sobre la trama Gürtel y la presunta caja B del PP fueron vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. López también fue elegido en 2013 miembro del Tribunal Constitucional a iniciativa del Gobierno. Sin embargo, se vio obligado a dimitir en junio de 2014 después de dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba con su motocicleta sin casco por el centro de Madrid.

La elección del tribunal, que se ha realizado siguiendo el sistema de reparto de la Audiencia Nacional, también determina que el tercer miembro de la Sala será el magistrado progresista José Ricardo de Prada.

López será ponente de las dos sentencias porque le corresponden los procedimientos cuyos rollos de sala acaban en cinco, como es el caso de la pieza sobre la contabilidad B del PP, y en seis, correspondiente a la causa en la que se investigan la primera época de actividades de corrupción de la trama Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/31/catala_sobre_tribunal_caja_quot_tocado_otra_vez_mismo_nadie_hecho_nada_para_que_asi_sea_quot_36112_1012.html

LA QUE FUERA VICECONSEJERA DE PRESIDENCIA E ÍNTIMA AMIGA DE COSPEDAL, MAR ESPAÑA, SERÁ LA NUEVA DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cospedal ha sido la "muñidora" de este nombramiento. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Congreso de los Diputados su propuesta de nombramiento de la exviceconsejera de Presidencia, Mar España, como vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y como nueva directora de este organismo.

La candidata propuesta este viernes por el Consejo de Ministros deberá comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados en los próximos días, requisito previo a su nombramiento definitivo como directora mediante Real Decreto.

Tanto los nuevos vocales como la futura directora de la AEPD ejercerán su mandato durante los próximos cuatro años.

Este nombramiento ya fue anunciado hace días por diarios nacionales como "Confilegal" y El Plural donde el periodista toledano Carlos Iserte aseguraba que Cospedal tenía "sus prisas por dejar situados a sus más fieles, como es el caso de la viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas e íntima amiga, Mar España Martí, a quien pretende situar al frente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)". Se preguntaba el motivo por el que Cospedal quiere a Mar España al frente de la AEPD: "La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad estatal de control independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, decide lo que pertenece al ámbito personal y lo que se puede o no publicar de los datos correspondientes a una persona. Agencia relacionada con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, que Cospedal ha utilizado en varias ocasiones para proteger su "intimidad" dineraria y patrimonial.

Tanto es así, que denunció a ELPLURAL.COM ante la AEPD porque publicamos la nota simple de su mansión-búnker valorada en 2,3 millones de euros. La agencia nos dio la razón a través de un amplio escrito donde recriminaba a María Dolores Cospedal su argumentario y exceso de celo, al mismo tiempo que le recordaba su condición de persona pública sujeta a una mayor transparencia que el resto de los ciudadanos".

Nada más conocerse la noticia Confilegal aseguraba: "Cospedal ha sido, precisamente, la muñidora de esta gestación al conseguir colocar a España entre los diez vocales del Consejo Consultivo de la AEPD, pero propuesta por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como vocal de la Administración General del Estado...España Martí tiene 51 años, es licenciada en Derecho y experta en gestión de entidades sin ánimo de lucro. Tiene un master sobre protección de derechos humanos y es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, en la especialidad jurídica, desde 1989. Ha sido secretaria general del Defensor del Pueblo, consejera de Canal Sur, directora del Área de la Alta Inspección de Educación en Andalucía, secretaria general del Instituto de la Mujer, consejera técnica del Director General de Coordinación y la Alta Inspección del Ministerio de Educación y asesora técnica del Director Provincial de Educación en Cantabria. Antes de ser nombrada viceconsejera, en enero de 2012, había ocupado la Secretaría General de Presidencia de la Junta".

http://www.dclm.es/shh.php?id=2293


CATALÁ DICE QUE LA CONVERSACIÓN ENTRE EL MINISTRO DE GUINDOS Y GRANADOS FUE “ENTRE PARTICULARES”

"Que alguien se interese por algo y se le dice habla con el que lo lleva y luego se acredita que no se consiguió nada no es indicio de nada", añade

De Guindos sostiene que facilitó a Granados un contacto oficial como a los demás interesados en la privatización de AENA

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que la conversación desvelada en la trama Púnica entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el imputado exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, fue "una conversación entre particulares" y destacó que Granados no consiguió nada con aquellas gestiones, según informó Europa Press.

En una entrevista en Telemadrid, Catalá quiso distinguir en el sumario de la trama Púnica los comportamientos que apuntan a actividades delictivas de las "conversaciones en las que no hay materialidad". "Que alguien se interese por algo y se le dice habla con el que lo lleva y luego se acredita que no se consiguió nada no es indicio de nada", argumentó.

Granados llamó a De Guindos el 8 de julio de 2014, cuando trabajaba en el banco Societé Generale, para interesarse por el proceso de privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Catalá recordó que él estaba entonces al frente de ese proceso, como secretario de Estado de Infraestructuras, y recalcó que se hizo con total objetividad.

El ministro, según el acta levantada por la Guardia Civil, le respondió que acababa de llegar de Bruselas y le remitió al secretario de Estado del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, hermano del director general de la Guardia Civil. Según la transcripción, De Guindos dijo a Granados que le llame y que él le avisará de que han hablado de este asunto.

Las gestiones de Granados con De Guindos se produjeron cinco meses después de que el político de Valdemoro dimitiera como senador y como diputado en la Asamblea de Madrid tras conocerse que tenía una cuenta en Suiza.

Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad recordaron a Europa Press que Société Générale quedó al margen del proceso de salida a Bolsa de AENA.

Catalá valoró las conversaciones conocidas en el sumario de la Púnica como "una auténtica vergüenza desde el punto de vista ético" y desde el jurídico como algo "delictivo y absolutamente reprobable", pero destacó que quienes actúan así se encontrarán con la acción de la justicia.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/28/catala_dice_que_conversacion_entre_ministro_guindos_granados_fue_quot_entre_particulares_quot_35994_1012.html

EL MINISTRO DE JUSTICIA YA AMENAZA AL SUSTITUTO DE RUZ: "SI NO ES INDEPENDIENTE, SE LE PUEDE RECUSAR"

Rafael Catalá asegura que hubiera preferido que su puesto lo ocupe "el mejor" y no por antigüedad, como marca la ley

El ministro de Justicia, Rafael Catalá en un receso del pleno del Congreso en el que se debaten las partidas ministeriales de los Presupuestos Generales del Estado para 2015. EFE El ministro de Justicia, Rafael Catalá en un receso del pleno del Congreso en el que se debaten las partidas ministeriales de los Presupuestos Generales del Estado para 2015. EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que el magistrado José de la Mata, que sustituirá en la Audiencia Nacional al juez Pablo Ruz, cuenta de inicio con su "confianza absoluta" pero le ha advertido de que, si no es independiente, se le puede recusar. En un desayuno informativo, Catalá se ha referido así al nombramiento de José de la Mata, que fue director general del Ministerio de Justicia con el último Gobierno del PSOE, como sustituto de Ruz en el juzgado que instruye casos como Gürtel y Bárcenas.

"Hay que acreditarlo"
"No me parece que haber trabajado en una administración pública con un gobierno democrático inhabilite a nadie para el desempeño, pero eso hay que acreditarlo y demostrarlo en el quehacer cotidiano", ha explicado.

"Confianza absoluta"
Catalá ha dicho que todos los nuevos magistrados -incluido De la Mata- designados tras el macroconcurso de traslados de plazas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuentan de inicio con su "confianza absoluta" para el desempeño profesional e independiente de sus funciones.

Recusación
No obstante, ha avisado de que, "si no es así, cada uno de ellos sabrá qué consecuencia puede tener en términos de recusación, pero eso son extremos finales que espero no haya que llegar en ningún caso".

Sustituto de Ruz
La Comisión Permanente del Poder Judicial otorgó el pasado martes la plaza a José de la Mata por ser el aspirante con mayor antigüedad, al resolver un macroconcurso de traslados para 364 plazas de magistrados.

Críticas a la antigüedad
Al respecto, el titular de Justicia ha criticado que la antigüedad sea el principal criterio para la cobertura de plazas de jueces, al defender un sistema en el que prime también la cualificación y la especialización como requisitos fundamentales para valorar la candidatura.

"El sistema vigente"
"Que el magistrado que ocupe la plaza de un juzgado titular de instrucción con la complejidad que tienen esas plazas sea el más antiguo de los que lo han pedido no me parece un criterio de selección", ha asegurado. Dicho esto, ha agregado, como es "el sistema vigente, bienvenido sea".

"Los mejores"
En su opinión, todas las profesiones del sector público como los médicos, docentes y justicia "deberían incorporar al sistema de provisiones de puestos elementos cualitativos que permitan que los mejores ocupen los puestos más cualificados".

http://www.elplural.com/2015/03/05/el-ministro-de-justicia-ya-amenaza-al-sustituto-de-ruz-si-no-es-independiente-se-le-puede-recusar

LOS “EMPLEADOS PÚBLICOS” A LOS QUE RAJOY SALUDÓ EN LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN ERAN SECRETARIAS DEL MINISTRO, SEGÚN LOS SINDICATOS

Moncloa montó un vodevil con ‘trabajadores-figurantes’ para “inaugurar” unas dependencias que legalmente no existían y a que a día de hoy siguen vacías


En época electoral, el desenfreno de inauguraciones ofrece imágenes de vodevil como la de Mariano Rajoy inaugurando un pantano que lleva seis meses funcionando. Pero es una novedad que un político estrene algo que no existe todavía, lo que implica un nivel de surrealismo difícil de imaginar. Esto ocurrió el pasado viernes, cuando Rajoy se desplazó a bombo y platillo hasta la sede del Ministerio de Justicia para “inaugurar” la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).

Un organismo del que el presidente no ha parado de presumir desde el viernes. La última vez este lunes, en su entrevista en TVE: “He inaugurado yo una oficina el pasado viernes porque hemos aprobado una ley que obliga a aquellas personas que han robado a devolver aquello que han robado”.

Pero la realidad es que la oficina no existe, o al menos no existía cuando Rajoy visitó las instalaciones y saludó a los supuestos trabajadores. El Consejo de Ministros aprobó el real decreto que crea la oficina el pasado viernes, pero no se publicó en el BOE hasta el sábado por la mañana. Lo mismo ocurrió con la directora general de la oficina, Isabel Tarazona, cuyo nombramiento no se publicó hasta el sábado. Y dado que la Constitución consagra la “publicidad de las normas” en su artículo 9.3, como sabe cualquier estudiante de Derecho, Rajoy acudió a una oficina fantasma donde una directora general fantasma le estuvo explicando su funcionamiento (fantasma).

Rajoy inaugura una oficina anticorrupción para que "ningún delincuente disfrute de lo robado"

Pero claro, el lector avispado se preguntará “¿me engañan mis ojos? ¿Acaso no he visto a Rajoy saludando a los funcionarios de esta oficina en el Telediario de TVE? ¡Si hasta el presidente ha saludado en Twitter a “los empleados públicos de la Oficina”, con foto incluida?” Pues aquí, avispado lector, viene el doble salto mortal del surrealismo, porque a quien Rajoy daba la mano en dichas imágenes no eran trabajadores de la oficina, sino las secretarias del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que a efectos electorales se hicieron pasar por funcionarias de la ORGA, según han denunciado fuentes sindicales. Desde Justicia aseguran que no son las secretarias del ministro, sino funcionarias del Ministerio, aunque no pueden corroborar que en aquel momento trabajasen en la ORGA.

Agradezco a los empleados públicos de la Oficina inaugurada hoy la gran labor que van a hacer contra la corrupción pic.twitter.com/5VmgstNbaT

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) octubre 23, 2015

Según fuentes de Justicia, dichas trabajadoras estaban realizando labores de apoyo para la ORGA. Pero, desde los sindicatos consultados por este periódico niegan este punto e insisten en que son personal vinculado al ministro, porque para dotar de personal a un organismo como éste sólo hay dos posibilidades: sacar una circular para pedir voluntarios que quieran trabajar en el nuevo equipo y que acudirán cuando se creen las plazas; o, la otra vía, es coger a una unidad que ya esté formada en Justicia y que se les pase allí cuando la oficina esté conformada. Ambos extremos, como decimos, son inviables hasta que la oficina esté creada, algo que legalmente no pudo suceder hasta este lunes. Desde Justicia alegan que es algo habitual, que la oficina tiene que ir montándose "poco a poco". "Es como si se inaugura una calle, la calle está ya pero poco a poco se van añadiendo otros elementos", explican.

El #CMin ha aprobado el RD que regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Y hoy mismo, sin más dilación, la estamos inaugurando

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) octubre 23, 2015

Y es que era imposible que Rajoy saludase a nadie en dicha oficina ni el viernes, ni el lunes, ni el martes. Simplemente, porque tampoco existen. Según ha podido comprobar ELPLURAL.COM, las dependencias de la ORGA en la calle San Bernardo siguen estando a oscuras. Y es que no podría ser de otra manera, tal y como marca el decreto del Gobierno en su disposición transitoria primera, que dice así:

La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre.

Es decir, no es solo que Rajoy acudiera a la ORGA antes de que naciera legalmente mediante su publicación en el BOE. Es que todavía no puede funcionar pues debe activarse con una orden ministerial de Justicia para la que no hay fecha. De hecho, la responsable nacional de Justicia del sindicato UGT, Victoria Carrero ha explicado a este periódico que el silencio respecto a la ORGA es absoluto y "no se nos ha informado de nada". El Ministerio no ha comunicado a la mesa sectorial ninguna información sobre el organismo ni sobre quién trabajará en él o cuáles serán sus condiciones laborales. "Es una vergüenza, ha sido un acto electoralista para neutralizar toda la corrupción que afecta al PP", señala Carretero.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pasó el martes por los micrófonos de la Cadena SER, donde Pepa Bueno le ha preguntado si la inauguración del pasado viernes fue “una mascarada electoral”. “Lo que hicimos fue una presentación (...) una inauguración-presentación” ha defendido Catalá, aunque Rajoy siempre ha hablado de inauguración a secas. “Evidentemente esa oficina tiene por delante una trayectoria y tiene que diseñar todo su plan de actuación”, ha reconocido el ministro.

Cuando se le ha reprochado que a día de hoy las dependencias de la ORGA siguen estando vacías, Catalá ha esgrimido que la directora general, “en vez de quedarse en su despacho seguramente estaba reunida, le preguntaré dónde estaba”. Pero Catalá sólo habla de la directora general porque, a día de hoy, es la única que legalmente está vinculada a la ORGA. Para saber qué hacen el resto de empleados, sólo tiene que preguntar a sus secretarias.

http://www.elplural.com/2015/10/27/los-empleados-publicos-a-los-que-rajoy-saludo-en-la-oficina-anticorrupcion-eran-en-realidad-las-secretarias-del-ministro

LOS ABOGADOS SE UNEN A FISCALES Y JUECES CONTRA LA REFORMA PROCESAL

El Consejo de la Abogacía reclama "diálogo" a Justicia antes de la entrada en vigor de la ley

Los abogados se han unido a las críticas de jueces y fiscales contra la Ley de Enjuiciamiento Criminal y han advertido en un comunicado de que "puede resultar de imposible cumplimiento". Todas las asociaciones de jueces y fiscales han rechazado la limitación de los plazos de instrucción.

El Consejo General de la Abogacía Española señaló, en un comunicado difundido en su página web, que la ley "puede resultar de imposible cumplimiento" en lo relativo a la solicitud de prórroga cuando en los plazos previstos —de seis a dieciocho meses— no pueda completarse la instrucción y "porque habrá de aplicarse a todas las causas penales que se encuentren en fase de investigación en todos los juzgados de España". El órgano de los abogados ha añadido que, en todo caso, "es poco eficaz la novedosa regulación si la prórroga tiene que resolverla el juez de instrucción, a petición del fiscal o de las partes, continuando con el deficiente marco procesal penal que ignora las peticiones de la mayor parte de los intervinientes en el proceso".

Los abogados reclamaron este lunes "participación y diálogo" para alcanzar una "solución consensuada" entre el Ministerio de Justicia y los profesionales jurídicos, incluidos los abogados, antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevista para el 5 de diciembre. Todas las asociaciones de jueces y fiscales han criticado el nuevo proceso de investigación penal contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que llaman "ley de punto final", que limita el tiempo de las instrucciones a un plazo de entre seis y dieciocho meses.

El titular de Justicia, Rafael Catalá, intenta aplacar las críticas prácticamente unánimes. El ministro asistirá este martes a la reunión del Consejo Fiscal para tratar de acercar posturas sobre el nuevo modelo, que plantea un plazo de seis meses para instruir las causas ordinarias y de dieciocho para las complejas, en ambos casos prorrogables a instancias del fiscal o, de forma excepcional y justificada, de una de las partes.

Catalá ha explicado que no tiene intención de retirar la ley o aplazar la entrada en vigor como le exigen las asociaciones de jueces y fiscales. Ofrecerá más fiscales sustitutos y apoyo informático. También instrucciones a los secretarios judiciales para que den traslado de las causas.

El Consejo de la Abogacía ha destacado, asimismo, que, de acuerdo con la ley, los abogados, "en defensa de los intereses de las partes procesales", también pueden solicitar al juez de instrucción, junto con los fiscales, la ampliación de los plazos para la finalización de la instrucción.

El pasado 16 de octubre, seis asociaciones de jueces y fiscales hicieron público un comunicado conjunto en el que piden la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por considerarla una "ley de punto final". Nunca antes tantas asociaciones de jueces y fiscales habían firmado un comunicado así. Al mismo tiempo, ya han firmado una carta similar más de 1.000 fiscales de un total de 2.500. El comunicado lo firman Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, no suscribió ese comunicado, pero rechaza el sistema de plazos en la instrucción y reclama su modificación.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha considerado que las últimas modificaciones de la instrucción penal llevadas a cabo no mejoran la "calidad y eficiencia" de la Justicia. Asimismo, ha defendido que se necesita un proyecto global de modernización del sistema de justicia para mejorar la "calidad, su eficiencia y la independencia judicial", informa Europa Press.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/19/actualidad/1445254926_342128.html

CATALÁ INSISTE EN DEFENDER LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ

El ministro de Justicia afirma que haber sido nombrado por el PP para el Poder Judicial y el Constitucional no es una “tacha” para juzgar el ‘caso Gürtel’

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido este miércoles en la defensa de los jueces conservadores de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel, miembros del tribunal que juzgará el caso Gürtel de corrupción y que han sido recusados por varias acusaciones populares por su cercanía al Partido Popular. En el caso de López, Catalá ha asegurado que el hecho de haber sido propuesto por el PP para altos cargos como vocal del Consejo General del Poder Judicial o magistrado del Tribunal Constitucional “no puede ser una tacha” para desarrollar su labor como juez y participar en el juicio, en el que la formación conservadora se sentará en el banquillo como partícipe a título lucrativo.

Catalá ha opinado así después de que la Fiscalía Anticorrupción emitiera sendos informes sobre la supuesta apariencia de falta de imparcialidad de ambos magistrados. En esos informes, el ministerio público ve acreditados los hechos que llevan a las acusaciones populares a recusar a López y Espejel y pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que determine si un “observador objetivo” podría tener dudas sobre la apariencia de imparcialidad. El pleno de la Sala de lo Penal decidirá el próximo 30 de octubre si aparta o no a los magistrados de la causa más sensible para el PP.

Los escritos de la Fiscalía hacen hincapié en que los jueces y tribunales deben no solo ser imparciales —cosa que no discute en el caso de López y Espejel— sino también parecerlo, entre otros motivos para preservar la imagen de la Justicia. Sobre Espejel, que también fue propuesta por el PP como vocal del Poder Judicial, el ministerio público recuerda que será la presidenta de “un tribunal compuesto únicamente por tres magistrados que debe determinar responsabilidades, no sólo del partido político que propuso su nombramiento, sino de personas que, siendo representantes de ese partido político, participaron directamente con su voto en su elección" como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Catalá se refirió, en los pasillos del Congreso de los Diputados a la designación de los jueces como miembros de organismos constitucionales. Sin embargo, en el caso de López, los indicios que la fiscalía ve probados de su cercanía al PP van más allá. Este magistrado ha impartido dos conferencias políticas del PP y el partido recurrió el rechazo a su primera candidatura como magistrado del Tribunal Constitucional en 2008.

El fiscal cita más indicios: Ana Mato, exministra de Sanidad y considerada partícipe lucrativa de la trama, estuvo en el Consejo de Ministros que propuso a López como magistrado del Constitucional en 2013, cargo que abandonó al año siguiente antes de ser condenado por conducir su moto ebrio por Madrid. Enrique López, recuerda el fiscal, ha participado en 68 actividades formativas de la fundación FAES, vivero ideológico del PP, de cuyo patronato es miembro también la exministra Mato.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/21/actualidad/1445422428_637011.html


LOS JUECES DECANOS VEN “INADMISIBLE” Y "NEGATIVA" LA LEY PROCESAL DEL PP

Más de 50 responsables judiciales de toda España, contra la Ley de Enjuiciamiento

Los jueces decanos de toda España consideran “inadmisible, con un efecto sumamente negativo y poco comprensible” el establecimiento de plazos legales en la instrucción que prevé la ley de Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor el 6 de diciembre.

Esa dura crítica a la norma está contenida en las conclusiones de la reunión que han mantenido hasta ayer en Vigo los decanos de toda España y que fue clausurada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Asistieron 43 y estaban convocados más de 50, uno por provincia. Los decanos se suman a la posición de rechazo a la ley de todas las asociaciones de jueces y fiscales, los secretarios judiciales y el Consejo General de la Abogacía, es decir, todos los sectores de la Justicia. El Gobierno, que sacó adelante la ley solo con los votos del PP, mantiene su idea de que entre en vigor en la fecha prevista, pese a las protestas.

Bajo el epígrafe “inadmisible limitación del tiempo de instrucción”, los decanos aseguran que “sorprendentemente se han aprobado otras medidas poco comprensibles en cuanto que van a tener un efecto sumamente negativo, como lo es el establecimiento de plazos-límite en la instrucción, medida de evidente carácter voluntarista que nada soluciona ni aporta y traslada la idea de que son los jueces los responsables de la lentitud de los procedimientos, cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de personal y medios así como en leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y que, gobierno tras gobierno, nadie se atreve a modernizar”.

Añaden que “esta idea que se traslada es especialmente injusta, porque los tiempos de la instrucción judicial no sólo dependen del trabajo del juez sino de múltiples condicionantes externos al Poder Judicial: en el proceso penal trabajan fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, policías, traductores, peritos (tasadores, economistas, informáticos, funcionarios de la Agencia Tributaria o del Banco de España, interventores, etcétera...), y además muchas diligencias dependen de otros órganos judiciales en ocasiones extranjeros (comisiones rogatorias etc…). En suma, no por mucho señalar plazos se tramitarán los procesos con mayor agilidad, pues lo que hacen falta son precisamente medios humanos y materiales e intensificar la cooperación judicial internacional”.

Los jueces decanos hacen una valoración muy crítica de la situación de la Justicia y, especialmente, de las normas aprobadas por el Gobierno con el pretendido interés de agilizar su funcionamiento. “Van a tener una eficacia muy limitada y poco o nada va a agilizar el trabajo de los juzgados”, explican.

Los jueces critican que la vacatio legis —periodo que transcurre desde la publicación hasta la entrada en vigor— haya sido de solo dos meses y sugieren que tiene que ver con el interés electoral del Gobierno.

Por otra parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han remitido una carta conjunta a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la que reclaman medios para poder aplicar la ley y le piden información sobre las medidas que el ministro de Justicia les prometió para poder aplicar la ley. Catalá se comprometió también a dictar una instrucción a los secretarios judiciales para la aplicación de la norma que aún no se ha concretado.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/28/actualidad/1446059093_045426.html

LOS FISCALES ACUSAN AL GOBIERNO DE DIFICULTAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La asociación conservadora arremete contra las leyes del Gobierno del PP

Los fiscales conservadores consideran que las leyes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy provocan “graves dificultades en la investigación de las formas más graves de delincuencia, en especial de los delitos relacionados con la corrupción”. Esa es una de las duras conclusiones del congreso de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera y la más próxima ideológicamente al PP.

Se da la circunstancia de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, participó en la clausura del congreso celebrado en Zamora, pero rechazó quedarse en la cena posterior. También estaba presente la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, a la que la AF le reprocha no haber mantenido la posición crítica del Consejo Fiscal a la Ley de Enjuciamiento Criminal.

Las conclusiones de la AF extiende las críticas a las leyes del Gobierno a la reforma del Código Penal que entro en vigor el pasado mes de junio. Aseguran que la asociación “lamenta la aprobación de la Ley Orgánica de reforma del Código Penal, ya que evidencia la falta de una visión acertada y completa del derecho penal y la administración de Justicia en nuestro país”. Añade que “la Asociación de Fiscales considera inadecuada e innecesaria la reforma en los términos en que se ha producido, así como la premura de su entrada en vigor desde su publicación en el BOE”.

“Dislate” legislativo

Las conclusiones hacen un repaso a la actividad legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy sobre Justicia y prácticamente rechaza todas las normas aprobadas.

Es especialmente dura con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor el 7 de diciembre y que, según explican, al limitar los plazos de instrucción dificulta la lucha contra la corrupción. Según explican, “refleja un absoluto desconocimiento del funcionamiento interno de cada Fiscalía e implanta una carga de trabajo irracional en relación a los medios materiales disponibles”.

“La exclusión del control judicial de oficio de la duración de la instrucción y sus prorrogas es un dislate pues es la oficina judicial quien tiene el dominio efectivo del procedimiento y por tanto quien puede cumplir la finalidad pretendida”, aseguran los fiscales. Sobre este asunto, la Asociación de Fiscales “lamenta la inflexible postura del Ministerio de Justicia precipitando la entrada en vigor de la reforma en periodo electoral y pide a la Fiscal General del Estado un pronunciamiento expreso de apoyo a la postura mayoritaria de la Carrera Fiscal en este tema”.

Critica también que el Gobierno haya renunciado a su intención inicial de dar a los fiscales la instrucción.

La Asociación de Fiscales, además, incluye en sus conclusiones duros reproches al Gobierno por no haber dotado al ministerio fiscal de medios suficientes para asumir sus funciones, ni haber ampliado la plantilla en los últimos años.

“El debido funcionamiento de la justicia exige que la justicia profesional sea desarrollada por un número suficiente de fiscales, con una progresiva reducción de la desproporción entre ciudadanos por cada fiscal, en paralelo a lo que sucede en el resto de Europa. Para tal fin, resulta imprescindible contar con las herramientas que permitan determinar la carga de trabajo de cada fiscal", asegura.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/25/actualidad/1445795711_715265.html

CATALÁ INSISTE EN PROTEGER LA IMAGEN DE LOS ACUSADOS EN PROCESOS JUDICIALES

El ministro de Justicia asegura que no tiene intención de limitar el derecho a la información

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insiste en la necesidad de proteger la imagen de los acusados en los procesos judiciales, así como de preservar su presunción de inocencia. En una entrevista concedida a Europa Press, Catalá aclara, sin embargo, que estos derechos fundamentales de los imputados hay que ponerlos en correlación con el derecho a la información, que también es un derecho constitucional.

La pasada primavera, el PP aceptó una enmienda que planteó el grupo de CiU para reformar el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta modificación buscaba que se protegiera “singularmente” el derecho a la imagen, a la intimidad de las personas que participaban en un proceso.

“Cuando por parte de los medios y las asociaciones, sindicatos, federaciones de editores se entendió que eso podía significar alguna limitación al derecho de la información, como ese no era el objetivo, lo que hemos hecho es mantener varias reuniones, también con expertos en esta materia y hemos matizado ese nuevo artículo 520 que se aprobará en breve, con el objetivo, sin duda difícil, de equilibrar derechos”, explica.

“Por supuesto, se puede grabar la llegada a los juzgados de quienes participan en un proceso. Por supuesto, se pueden grabar en ocasiones vistas, cuando así se autorice. Pero todo eso no puede menoscabar los derechos a la presunción de inocencia y los derechos a la propia imagen de los ciudadanos”. Otro aspecto de la enmienda que han planteado va dirigido a los fiscales, jueces y policías “para que preserven los derechos de las personas que forman parte de un proceso”, apunta.

Sobre la publicación de sumarios secretos, afirma: “Yo no tengo ninguna intención de limitar el derecho a la información, pero evidentemente si se comete un delito de revelación de secretos, me parece razonable que se investigue quién es el responsable”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/08/16/actualidad/1439748511_393194.html

EL GOBIERNO ALEGA QUE LA ‘LEY MORDAZA’ GARANTIZA LOS DERECHOS DE LA MAYORÍA

Catalá: "Me preocupa mucho cuando concejales o alcaldes toman medidas para que no se pueda hacer lo que la justicia" ordena", dice el ministro respecto a los desahucios

El Gobierno se lanzó a defender la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por la oposición, el día de su entrada en vigor. Los ministros del Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá, aseguraron que la norma no solo no limita derechos y libertades, sino que las refuerzan.

La tesis de los dos ministros fue que se trata de defender los derechos de la mayoría frente a los que, por ejemplo, puedan provocar actos violentos en las manifestaciones. Fernández llegó a asegurar que se trata de una ley “muy garantista”.

Según explica el Gobierno, el preámbulo de la ley explica que se trata de “asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquellos”. Y el artículo primero remarca que “la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes”.

Según esta tesis, el ministro de Justicia justificó que se prohíba manifestarse junto al Congreso y al Senado asegurando que ya la establece la Constitución “para que no haya una excesiva presión social al poder legislativo”. Añadió que está justificado que se penalice a quien impida un desahucio porque es “la ejecución material de una orden que ha dado un juez”, y que alguien que se oponga a su cumplimiento “está fuera del Estado de derecho”.

Los dos ministros descalificaron en distintos medios las críticas a la norma, asegurando que están formuladas sin haber leído el articulado concreto. Según Catalá están llenas de “eslóganes y lugares comunes” y según Fernández carecen de fundamento. En esa crítica han estado unidos todos los partidos representados en el Congreso, salvo el PP.

El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, admitió que le hubiera gustado que la Ley de Seguridad Ciudadana fuera "más consensuada", pero instó a "cumplirla y hacerla cumplir". Esta norma y el Código Penal fueron aprobadas solo con los votos del PP.

Reunión de justicia con editores

Rafael Catalá se reunió este martes con representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) para hablar sobre estos aspectos.

Atendiendo a las demandas de editores y periodistas, Catalá se ha comprometido a buscar "un texto alternativo" que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado en el artículo 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según han informado las entidades periodísticas, que durante la reunión mostraron su inquietud por este artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados. Profesionales y editores afirman que con esta reforma legislativa se pone en peligro "el derecho constitucional a la información".

Según el texto, en la detención de una persona “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”. Los medios de comunicación mantienen que en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según diversas sentencias del Tribunal Constitucional.

Por la mañana, una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha asegurado que no está arrepentido de haber planeado el debate de las sanciones a medios de comunicación. "No me arrepiento de plantear los debates que obedecen a la realidad social de España. El arte de la democracia es el de equilibrar entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado. Tenemos casos de muy diversa índole en el que ese equilibrio no se ha conseguido", ha declarado.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/01/actualidad/1435734629_237250.html

EL GOBIERNO NO TIENE EXPLICACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE LA CAUSA DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

El Ejecutivo subraya, en una respuesta parlamentaria, que no puede extraerse "conclusión definitiva" de las pesquisas iniciadas a instancias del Ministerio de Justicia

Asegura que los "órganos judiciales y gubernativos con competencias" siguen realizando actuaciones "tendentes a la completa averiguación de los hechos"

El Gobierno no está en disposición de ofrecer "conclusión definitiva alguna" sobre la desaparición de la causa del borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por el propio partido. Así figura en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del Grupo de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares publicada el pasado día 20 de abril en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Fue el pasado 18 de febrero cuando se conoció que el sumario del procedimiento que investigaba el borrado de los discos duros de los ordenadores del hombre que durante años tuvo la llave de la caja del PP se había extraviado. Casi un mes después, el 10 de marzo, el Ejecutivo admitía en la citada respuesta parlamentaria no tener datos al respecto. No obstante, avanzaba que el departamento que dirige Rafael Catalá se había interesado por lo ocurrido aunque, de momento, sin éxito.

"Unicamente cabe señalar, dentro del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, que una vez se tuvo conocimiento de la posible pérdida de las diligencias a las que se alude en la pregunta [de Llamazares], se solicitó informe al secretario de juzgado y al secretario de Gobierno en relación con lo sucedido, sin que a la vista de la información provisional recibida pueda extraerse hasta el momento conclusión definitiva alguna", reza la respuesta.

Según figuraba en esta respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en la fecha de respuesta no habían finalizado "todas las actuaciones en curso tendentes a la completa averiguación de los hechos" que se estaban llevando a cabo "por los diferentes órganos judiciales y gubernativos con competencia en la materia".

En la información sobre la desaparición del sumario del borrado de los ordenadores de Bárcenas, adelantada por La Sexta y eldiario.es, se informaba que el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid había comunicado a Izquierda Unida la pérdida de la causa y la necesidad de que acudiese de nuevo a entregar la documentación. Previamente, IU había recurrido el archivo de la investigación por parte del citado juzgado que en octubre de 2013 dio carpetazo al proceso al no apreciar delito.

La misma petición de que aportase los escritos que adjuntaron en su día fue elevada al resto de las acusaciones, entre las que figura UPyD.

El archivo de la investigación llegó tras no apreciarse daños debido a que los ordenadores cuyos discos duros habían sido borrados eran propiedad del PP aunque los usara Bárcenas para el desempeño de sus funciones.

En su pregunta, Llamazares pedía además al Gobierno una valoración sobre el destino que había corrido de este sumario. "¿Cómo valora el Gobierno la desaparición del sumario sobre el borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas por parte del Partido Popular?". "¿Se echará la culpa a algún empleado o al servicio de correos, o se explicará lo sucedido como un inexplicable extravío, como sucedió en su día con el expediente relativo al Juez Baltasar Garzón?". Pero el Gobierno entra poco en materia. Se limita a señalar que no puede valorar situaciones que afectan a asuntos que están en manos de la Justicia.

"En relación con la información solicitada por su señoría, cabe informar en primer lugar que el Gobierno no puede valorar las circunstancias concurrentes en los procedimientos en trámite ante los Tribunales de Justicia, ni mucho menos pronunciarse sobre las diligencias que hayan practicado en la causa los órganos judiciales intervinientes. Tampoco resulta factible valorar las contingencias extraprocesales de un procedimiento hasta el completo esclarecimiento de las mismas", figura en la respuesta del Ejecutivo.

Descripción de los hechos

En su pregunta parlamentaria, registrada justo un día después de que se conociese que la causa del borrado de los ordenadores de Bárcenas se había esfumado, Llamazares hace una descripción muy detallada de todo el proceso.

Señala Llamazares que el juzgado 32 de Madrid había emplazado a las partes para un día después de su escrito, el 20 de febrero, a que llevasen la documentación que en su día habían aportado al sumario pues la jueza, tras detectar el extravío, pretendía entonces reconstruir el sumario con la documentación de las partes "y poder seguir así con el recurso de apelación".

Además, el portavoz de Justicia de Izquierda Plural se quejaba de que ya hacía un año desde que las acusaciones recurrieron el archivo del sumario ante la Audiencia y que durante ese tiempo no había habido "ninguna" actuación por parte del tribunal. Precisamente, sobre esta materia, Llamazares también preguntó al Gobierno. "¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el hecho de que, más de un año después de la presentación de un recurso de apelación contra el archivo del sumario sobre el borrado de los ordenadores por parte del PP, no se haya practicado ninguna actuación por parte de la Audiencia Provincial?", cuestionó.

Investigación de un juzgado

Un mes después de esta respuesta parlamentaria del Gobierno, el 10 de abril, se conocía que el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid estaba investigando si se cometió un delito de infidelidad de custodia de documentos o falsedad de documento público por la desaparición de esta causa.

Tras detectarse la pérdida de esta causa –la secretaria judicial se percató de que la documentación había desaparecido cuando iba a remitir las diligencias a la Audiencia Provincial–, se abrieron dos investigaciones: una a cargo del secretario del juzgado que instruía el caso y otra del Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla. Definitivamente, según informó Europa Press, fue el Decanato el que acumuló las dos investigaciones y decidió que sea el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid el que decida si pudo cometerse alguna ilegalidad.

Antecedentes

Los hechos se remontan al mes de agosto de 2013. El día 16 , cuando acudió a declarar ante el juez Pablo Ruz en calidad de testigo, la secretaria general del PP mantuvo que los dos ordenadores que utilizaba el extesorero del PP Luis Bárcenas mientras siguió acudiendo a la sede del partido estaban custodiados en la calle Génova. El magistrado los reclamó, el partido los entregó y el 29 de agosto, a las 9 de la mañana, comenzó a analizarse el contenido en la Audiencia Nacional. Los investigadores se encontraron con la sorpresa de que los discos duros de ambos habían sido destruidos. Es decir, manipulados.

En concreto, uno de los ordenadores (un PC de la marca Toshiba, modelo Libretto 100 CT) fue enviado sin disco duro mientras que el otro (un Apple) contenía unos 500 gigas de contenido. Según el acta de la diligencia, el Macintosh presentaba "signos evidentes en los tornillos de sujeción de que podría haber sido extraído o cambiado con anterioridad".

¿Cómo explicó el PP que el partido decidiese vaciar de contenido parte del material de trabajo del hombre que durante años tuvo la llave de la caja del PP? Según un escrito remitido por el partido a la Audiencia Nacional con fecha del 20 de agosto, los discos duros de los equipos que empleaba el exsenador fueron "destruidos" cuando "adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución" a raíz del archivo de la denuncia que Bárcenas había presentado ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/28/el_gobierno_tiene_explicacion_sobre_perdida_cauda_del_borrado_los_ordenadores_barcenas_31969_1012.html

EL MINISTRO DE JUSTICIA PLANTEA MULTAR A MEDIOS QUE REVELEN SUMARIOS

El ministro de Justicia ve positivo un "debate" sobre los límites de la información en casos de corrupción para proteger la presunción de inocencia y evitar "juicios paralelos"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sugerido este miércoles la posibilidad de "sancionar" a los medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial. En una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, y a preguntas sobre los "juicios paralelos" a personajes públicos imputados, Catalá ha abogado por abrir el "debate" sobre si deben fijarse límites a la información.

El ministro ha sostenido que se debe "sancionar con firmeza" a los miembros de instituciones (Fiscalía, Hacienda, jueces) que "filtren" a la prensa información sobre casos que están siendo investigados y bajo secreto de sumario. La ley, en realidad, ya castiga esas conductas mediante el delito de revelación de secretos, que se puede atribuir a los funcionarios.

La novedad del planteamiento de Catalá es que propone "trasladar esas sanciones" a los medios de comunicación. "Un buen debate sería trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información", ha dicho el ministro. "No estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia", ha añadido.

Un buen debate sería trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información"

Más tarde, a preguntas de los periodistas, Catalá ha matizado que el Gobierno no tiene "ningún proyecto" para sancionar a los medios y que en ningún caso es un planteamiento que, ahora mismo, tenga sobre la mesa. El ministro ha puntualizado que se trata solamente de una "reflexión" que debería ser objeto de "análisis" por parte de la sociedad y de los poderes públicos.

Durante el debate en el Círculo Ecuestre, y en alusión al caso Rato, Catalá también ha abogado por proteger la "confidencialidad" de las causas judiciales y la presunción de inocencia de los investigados. El ministro también ve positivo que se abra un debate para determinar si un político, por el mero hecho de estar imputado, debe abandonar su carrera.

“Rechazo absoluto” de la federación de la prensa

La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, ha mostrado un "absoluto rechazo" contra la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de "someter a debate y reflexión" si se debe sancionar a los medios de comunicación por publicar informaciones judiciales sobre casos bajo secreto de sumario.

"No es la primera vez que se pone este asunto sobre la mesa y desde el punto de vista periodístico merece un rechazo absoluto. ¿Qué periodismo de investigación se puede realizar si te cortan todas las alas?", ha indicado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

A su entender, tanto el periodista como el medio de comunicación "sabe de su responsabilidad y debe de ser consciente de ello", al tiempo que ha reiterado que ese es el motivo por el que se publica "aquello que se considera de interés público para todos los ciudadanos".

La presidenta de la FAPE ha ensalzado la labor de los periodistas de investigación, cuestionando "cuántos casos se hubieran hurtado al ciudadano" si no hubieran sido hechos públicos por los medios de comunicación y los informadores. "Que se persiga a filtradores, funcionarios, jueces... pero precisamente al que lleva las misivas y al mediador, no tiene sentido", ha añadido.

Además, ha señalado la dificultad para imponer este tipo de sanciones judiciales. "Si son los medios los responsables, un medio que este localizado en España puede ser castigado, pero el medio que esté localizado en otros sitios como las Islas Bermudas o cualquier medio online es muy complicado", ha indicado.

Por último, ha incidido en que la FAPE cuenta con una comisión de arbitraje y quejas que contó con el apoyo del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recogido en una misiva.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/29/catalunya/1430320548_942886.html

CATALÁ NO VE INCONVENIENTE PARA QUE UN PROCESADO SEA CANDIDATO

El ministro de Justicia se refiere al caso concreto de León de la Riva, alcalde de Valladolid

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este jueves que no hay inconveniente para que un procesado sea candidato por el PP. El ministro se refería al caso concreto de Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, que se presenta a la reelección pese a que el 27 de abril será juzgado por un delito de desobediencia.

Según Catalá, los órganos internos que se ocupan de las candidaturas en el PP han valorado que la situación procesal del actual alcalde de Valladolid “no le inhabilita para que inicialmente, en este momento que es cuando hay que tomar decisiones de listas, llevarle como candidato”.

Los partidos criban las candidaturas para limar el impacto de la corrupción
Añadió que es así “sin perjuicio de que si hay alguna evolución negativa en ese proceso penal pueda modificarse esa situación”.

Para el titular de Justicia, la valoración de la situación actual del proceso y las circunstancias “no justifica una descalificación de un profesional mientras no haya una acreditación suficiente para su inhabilitación”.

Si la apertura de juicio oral no es motivo suficiente para no ir en las listas según el ministro, la imputación lo es menos, de acuerdo a su argumentación. Por eso, el ministro explicó que no hay razón para que Juan José Imbroda no se presente a la reelección como presidente de Melilla pese a haber sido imputado. “Estar imputado no puede llevar consigo una tacha anticipada de culpabilidad”, aseguró el ministro.

“A lo mejor se le archiva”, dijo Catalá, que subrayó que, si esto se produce, “¿por qué no va a ir en la lista?”.

“¿Y si se archiva?”

El Tribunal Supremo ha citado como imputado para el próximo día 11 a Imbroda (PP) para tomarle declaración en relación con un supuesto delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma.

Por ello, defendió que “la mera imputación no debería significar la exclusión de responsabilidades públicas” porque “se están conociendo imputaciones que se archivan”.

“Deberíamos, por tanto, hacer una reflexión sobre las consecuencias profesionales y personales que llevan consigo”, destacó el ministro ya que “cualquiera de nosotros podría estar imputado hoy porque alguien presenta una denuncia en un juzgado y el juez lo admite a trámite para investigarlo”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/05/actualidad/1425588550_824707.html

LA CARTA QUE PLASMA EL HARTAZGO DE LOS JUECES POR LAS CRÍTICAS DEL GOBIERNO

Un magistrado se quejó en el último pleno de las presiones del Ejecutivo

La carta que han firmado 13 jueces de la Sala de lo Penal del Supremo empezó a gestarse el martes. Ese día, en sesión de mañana y tarde, la Sala de lo Penal celebró un pleno para debatir el recurso del etarra Kepa Pikabea contra una resolución de la Audiencia Nacional que le negaba la posibilidad de descontarse del cumplimiento de su condena en España los años de pena pasados en Francia. La intención inicial del tribunal era que este caso sirviera para fijar criterio sobre la acumulación de penas, pero esa decisión finalmente se aplazó.

Según fuentes del Supremo, durante el largo debate que mantuvieron los 15 magistrados del pleno de la sala se escucharon opiniones diversas, entre ellas la de un juez que mostró su hartazgo por los ataques del poder político sobre el judicial en relación con la excarcelación de etarras. Varios magistrados manifestaron compartir esta sensación, pero no se planteó actuar en este asunto porque el carácter jurisdiccional con el que se había convocado el pleno no permitía este tipo de debates. Ayer, sin embargo, este y otros jueces decidieron escribir sus quejas, redactaron la carta y se la ofrecieron al resto de miembros de la sala para que la firmaran.

El detonante han sido unas manifestaciones al diario La Razón del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero entre los miembros de la judicatura tampoco habían sentado bien las críticas que hizo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la excarcelación del etarra Santi Potros. “Esto no se puede hacer”, señaló la número dos del Gobierno, que añadió: “Los ciudadanos no lo entienden y nosotros tampoco lo entendemos”. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se sumó hace unos días a las críticas y mostró su confianza en que el Supremo “valide” la ley española que restringe la acumulación de condenas promovida por el Consejo de Europa. Este jueces, tras conocer el escrito de los 13 miembros del alto tribunal, Catalá defendió la “libertad de expresión” de Fernández Díaz y sostuvo que las actuaciones judiciales pueden ser comentadas “sin que eso signifique ninguna injerencia”.

El ministro del Interior, a preguntas de los periodistas, se refirió también a la carta de los jueces: aseguró respetar la separación de poderes que, añadió, es “el fundamento de un buen funcionamiento de un Estado social, democrático y de Derecho”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/18/actualidad/1418935342_070700.html

LOS DEL JUEGO, SOBRE CATALÁ: “IMPEDIRÁ CUALQUIER GILIPOLLEZ SOBRE EL SECTOR EN EL CONSEJO DE MINISTROS”

CODERE ya se felicitaba en 2013 cuando su patrono era secretario de Estado de Infraestructuras

La buena opinión que sobre el ministro de Justicia y patrono de CODERE mantiene el sector del juego viene de atrás: Así lo recogía un editorial de Azar Plus el 13 de febrero de 2013 tras un acto de la Fundación. El articulista agradecía un elogio de Catalá con estas palabras: "El secretario de Estado se refería a mi opinión sobre la Ley de La Unidad de Mercado...Y como es de bien nacidos ser agradecido, corresponderé a tan cariñosa definición pública manifestando mi certeza de enhorabuena sectorial al disponer de una autoridad que impide e impedirá que ninguna gilipollez sobre el Juego se filtre en las deliberaciones del Consejo de Ministros. Desde su nombramiento, Rafael Catalá se ha convertido así para el sector y la nación en un plus del que solo cabe felicitarle y felicitarnos.

Este editorial de la revista AzarPlus, prestigioso digital dedicada al mundo del juego, se publicaba tras un acto de la Fundación CODERE celebrado el día anterior, (12 de diciembre de 2013) en el que se presentaron tres libros editados por la institución.

En la mesa presidencial
“El encuentro ha estado presidido por Rafael Catalá Polo, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento y miembro del patronato de la Fundación CODERE; José Antonio Martínez Sampedro, presidente de la Fundación CODERE, distinguidos invitados del sector y directores de los libros”, indicaba en una nota de prensa la Fundación. En la mesa presidencial figuraba también Fernando Prats Máñez, director general de Tributos y Ordenación y Gestión del juego de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Destacó la labor de la Fundación
En aquel acto y en relación al futuro de la Industria en España, según informaba la Fundación, “Rafael Catalá Polo, ha destacado la labor de la Fundación CODERE en el impulso del conocimiento asociado y de creación de opinión, desarrollando líneas de actuación que permiten la reforma del Sector del Juego”.

“El sector mantendrá un desarrollo constante”
El patrono y secretario de Estado añadió: “Hay que mirar con optimismo los años próximos. Creo que el sector mantendrá un desarrollo constante. Vamos a asistir a un periodo de recuperación económica y del consumo, de nuevas modalidades y ofertas del juego, y la Fundación CODERE va a acompañar al sector, a los profesionales y a las administraciones públicas en este proceso”, añadía el comunicado.

Rajoy también le tiene en alta estima
La buena consideración que hacia Catalá demuestra el editorial de aquel año de Azar Plus, así como la felicitación por su nombramiento de apenas hace dos días, es solo comparable a la que debe sentir por él el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Este aprecio se observa repasando su biografía personal. Nacido el 21 de junio de 1961 en la localidad navarra de Corella, Catalá se licenció licenciado en Derecho por la Universidad Complutense (Madrid) accediendo al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Sanidad, Aena, Administraciones Públicas, Educación…
Entre los cargos que ha ocupado Rafael Catalá figura el de subdirector general de Ordenación en el Ministerio de Sanidad y Consumo o el de director de Relaciones Laborales en Aena. En 1996 fue nombrado director general de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, con Mariano Rajoy al frente de ese departamento, y más tarde sería director general de Personal del Ministerio de Educación y Cultura.

…Hacienda, Justicia, un hospital
En el año 2000 ocupó el puesto de subsecretario del Ministerio de Hacienda y en el 2002 el Consejo de Ministros le nombró secretario de Estado de Justicia, siendo ministro José María Michavilla. En este puesto se mantuvo hasta 2004. Pasó después de la mano de la Comunidad madrileña y hasta marzo de 2005 al puesto de director gerente del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Hasta llegar al sector del juego
Tras ese agitado periplo por tantas áreas y temas que concluye en ese tiempo de ocuparse brevemente de gestionar de uno de los más importantes centros hospitalarios y de investigación de este país, Catalá recala ese mismo año en la multinacional del juego CODERE como secretario general.

Patrono de la Fundación CODERE
Catalá regresa a sus orígenes en diciembre de 2011 cuando es nombrado Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento. Desde entonces y hasta la fecha de su nuevo nombramiento como titular de Justicia el 24 de septiembre de 2014, Catalá ocupa un puesto en el Patronato de la Fundación CODERE en cuya página web continúa apareciendo como tal.

Regreso al Consejo de Ministros
Y sin duda, el nuevo ministro de Justicia es un hombre muy bien considerado por sus conocimientos, trabajo y valía personal en el sector del juego. Su paso por la Administración solo interrumpido por un periodo de cinco años al frente de la empresa CODERE no ha supuesto merma en esta opinión. Así se desprende de ese saludo del año 2013 en el editorial del digital de referencia: “… la enhorabuena sectorial al disponer de una Autoridad que impide e impedirá que ninguna gilipollez sobre el Juego se filtre en las deliberaciones del Consejo de Ministros. Desde su nombramiento, Rafael Catalá se ha convertido así para el Sector y para la Nación en un plus del que solo cabe felicitarle y felicitarnos”.

http://www.elplural.com/2014/09/28/el-sector-de-las-apuestas-sobre-el-nuevo-ministro-de-justicia-impedira-que-filtre-alguna-gilipollez-sobre-el-juego-en-el-consejo-de-ministros

RAFAEL CATALÁ POLO SERÁ EL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA

El hasta ahora Secretario de Estado de Infraestructuras tomará posesión la próxima semana

El nuevo miembro del Gobierno de Rajoy es una persona de confianza de la vicepresidenta

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tardado tres horas en elegir al sustituto del ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, cerrando así toda posibilidad de que se abriera una crisis de Gobierno. Tal como ha informado La Moncloa, Rafael Catalá Polo, será el nuevo ministro de Justicia y tomará posesión de su cargo la próxima semana, cuando hayan concluido los viajes oficiales del Rey a Nueva York para asistir a la asamblea general de la ONU, y de Rajoy a China. Hasta ese momento, la responsabilidad del Ministerio será asumida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En una nota oficial, Moncloa ha comunicado que el cese de Gallardón será efectivo mañana con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En la misma, el presidente del Gobierno ha agradecido a Ruiz-Gallardón "la labor desarrollada al frente del Ministerio durante este tiempo y su colaboración solidaria con el conjunto del Gobierno durante una etapa de gran exigencia para todos".

En 2000, una joven desconocida llamada Soraya Sáenz de Santamaría se incorporó al PP para elaborar el programa electoral de Justicia para las generales. Con ella trabajaba en el mismo equipo otro joven llamado Rafael Catalá Polo. Ella es ahora vicepresidenta del Gobierno y él será desde mañana ministro de Justicia.

A esa condición de persona de confianza de la todopoderosa número dos del Gobierno, hay que sumar como factores que impulsan a Catalá al Gobierno que en esta legislatura era el número dos de Ana Pastor y la ministra de Fomento es una de las políticas más influyentes en Mariano Rajoy.

En Educación y Administraciones Públicas había trabajado también como técnico con Rajoy y es sabido cómo el actual presidente ha ido cuidando y manteniendo a sus colaboradores durante años.

Además, Catalá ya fue secretario de Estado de Justicia en la última etapa de Aznar, con José María Michavila como titular del ministerio. En esa época participó activamente en el proceso de ilegalización de Batasuna y sus ramificaciones. Es un técnico discreto, es decir, la antítesis del dimitido Gallardón, que siempre ha trabajado en la sombra, haciendo papeles y gestiones. También trabajó con Cristóbal Montoro, otro de los ministros influyentes, en Hacienda en la etapa de Aznar.

Se le considera dialogante y ha intervenido con éxito en conflictos como el de Iberia. En Fomento ha gestionado más los recortes que la inversión. Ha tenido que lidiar con el rescate de las autopistas radiales, que ahora deja encauzado. También, ha preparado la salida a Bolsa del 49% de Aena y, apurado por Bruselas, la liberalización parcial del transporte ferroviario. Quienes le conocen de su paso al frente de Infraestructuras le describen como una persona sensata, inteligente y trabajadora.

De su perfil se deduce que Rajoy quiere un ministro de Justicia que, a diferencia de su antecesor, no provoque polémicas y cierre heridas.

Catalá Polo, nacido en Madrid el 21 de junio de 1961, estudió en el Colegio San Viator de Madrid, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1985. Su vínculo con la Justicia procede de 2002 cuando, durante dos años, ocupó la secretaría de Estado cuando era ministro José María Michavila. Actualmente es Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Fue Subdirector General de Ordenación y Política de Personal del Ministerio de Sanidad (1988-1992), Director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios de AENA (1992-1996), Director General de la Función Pública (1996-1999), Director General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (1999-2000), Subsecretario de Hacienda (2000-2002) y Secretario de Estado de Justicia (2002-2004), Director Gerente del Hospital Ramón y Cajal (2004-2005), Secretario General y del Consejo de Administración hasta 2012 de Codere, la multinacional del juego que presentó el preconcurso de acreedores a principios de este año.

Ha dirigido el Máster de Administración Pública en el campus de Madrid de la Escuela de Negocios de ESADE entre los años 2005 a 2012 y fue profesor Asociado de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Carlos III (2007-2011).

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/23/actualidad/1411498041_682758.html

RAFAEL CATALÁ POLO, EL MINISTRO DE JUSTICIA

Desde 1985 pertenece al cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y desde 1988 ha ocupado distintos cargos en la Administración.

Además, también ha sido

Subdirector General de Ordenación y Política de Personal del Ministerio de Sanidad (1988-1992)
Director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios de AENA (1992-1996)
Director General de la Función Pública (1996-1999)
Director General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (1999-2000)
Subsecretario de Hacienda (2000-2002)
Secretario de Estado de Justicia en el Departamento que dirigía José María Michavila(2002-2004)

Cuando pierde Aznar las elecciones

Director Gerente del Hospital Ramón y Cajal (2004-2005)

Secretario General y del Consejo de Administración de CODERE, S.A. (2005-2012) multinacional española del sector del juego privado Su negocio se centra en la gestión de terminales de juego, bingos, salas de apuestas, casinos de juego, hipódromos. Codere tiene presencia en Argentina, México, Uruguay y Panamá.

Como en un partido de fútbol sale Catalá de Codere para entrar en el gobierno y entra en Codere, Juan Junquera Temprano, después de abandonar el cargo de secretario de Estado de Telecomunicaciones con el gobierno Zapatero cuando pierde las elecciones y vuelve a gobernar el Partido Popular.

Entonces Catalá es nombrado Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras Transporte y Vivienda, dependiente del ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor. El pasado julio fue nombrado presidente de Enaire (antigua AENA) para encargarse de su privatización.

¿Se puede nombrar ministro de Justicia al número dos de Fomento cuando se está juzgando el accidente de Angrois ?

Las víctimas del Alvia, siniestrado en Santiago están indignadas y manifiestan su rechazo al nombramiento de Rafael Catalá, tras "sus mentiras y sus posibles responsabilidades políticas" en el accidente ferroviario de Angrois "que ha causado 80 muertos y más de 140 heridos". Las plataformas de víctimas denuncian que Catalá "no hizo nada por depurar responsabilidades, ni asumió para sí ninguna" después del accidente de tren ocurrido el 24 de julio de 2013 en Santiago, sino que "sólo mintió y negó que fuera un accidente de la alta velocidad española para defender intereses económicos", recriminan en un comunicado este miércoles.

Además, reprochan que en junio de 2012, "siendo también secretario de Estado de Infraestructuras Rafael Catalá", se autoriza en los trenes Alvia la desconexión del sistema de control de velocidad ERTMS "sin ningún análisis previo". Al respecto, recuerdan que "de haber estado activado el sistema ERTMS, se hubiera evitado el accidente, tal y como señalan los peritos forenses". Por ello, acusan directamente de que "se tomaron decisiones que mermaron claramente la seguridad de los pasajeros, siendo uno de los responsables políticos Rafael Catalá" La plataforma Víctimas Alvia 04155 considera "una burla y una falta de respeto a la memoria de los fallecidos, a sus familias, a todas las víctimas del accidente y a todos los españoles".

Todavía hay más:

El pasado julio Teresa Gómez Limón diputada por el PP en la Asamblea regional de Madrid manifestó que había sido presionada cuando estaba en mi casa, con collarín, con un yeso, con el esternón roto y ataques de pánico constante. Era un trapo; una piltrafa. Fue por lo de los presidentes de Adif y Renfe (había manifestado: " los presidentes de Adif y Renfe ganan sueldazos con la excusa de que tienen grandes responsabilidades. La ministra habría tenido que cesarlos de inmediato"

Salvador Victoria y Rafael Catalá me llamaron tras el accidente para presionarme 'Cómo una diputada del PP puede decir eso', me soltaron. No querían que hablase más. Pero cuando se trata de la vida y de la muerte, el partido me importa poco". Me parece una falta de humanidad terrible. Esto sólo lo he visto en algunos políticos. Y eso es lo que tenemos, esos son los que nos gobiernan"..

Fragmento de entrevista a Teresa Gómez Limón

¿Por qué esa repulsa al nuevo ministro de Justicia?

Por varias razones.
La primera de ellas porque mintió siendo secretario de Estado de Fomento cuando dijo que la línea no era de alta velocidad, cuando eso era lo que decía el BOE y cuando fue lo que se demostró en sede judicial, tanto por parte de los declarantes de Adif, como por los peritos o por el propio juez.
En segundo lugar porque Rafael Catalá estuvo interceptando y no facilitando la investigación judicial. El magistrado tuvo que requerir en numerosas ocasiones a Adif y a Renfe, dependientes de Fomento, para que le enviasen documentación que llegaba tarde, mal e incompleta.

Él es responsable de todo esto, pero también es responsable político del desastre que se produjo porque cuando se decidió desconectar el sistema ERTMS, que pudo evitar el accidente tal y como afirmaron los peritos, él ya era secretario de Estado de Infraestructuras.

http://www.angelesgarciaportela.com/2014/09/rafael-catala-polo-el-ministro-de.html

RAFAEL CATALÁ: "ESPAÑA ES EL MERCADO MÁS PREOCUPANTE PARA EL JUEGO"

Codere es el Microsoft del juego privado en Europa. Gestiona 140 salas de bingo, 160 salas de apuestas, tres hipódromos y 7 casinos en 8 países. Para está multinacional con más de 30 años de experiencia la crisis ya es historia.
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En el último ejercicio ingresó 1.127 millones de euros y acumula 14 meses consecutivos de alzas en el Mercado Continuo. Codere refleja así una imagen de “sostenibilidad y de crecimiento futuro”, un mensaje que el secretario general de la compañía, Rafael Catalá, envía a los inversores.

El que fuera Secretario de Estado de Justicia durante el Gobierno de Aznar advierte a EXPANSIÓN de la situación “crítica” que atraviesa el sector en España y hace un balance de los dos meses de vigencia de la ley de juego. Catalá lleva al frente de la empresa desde 2006 y consciente de las “vueltas que da la vida profesional” no descarta volver a la política.

¿El 2011 dará tantas alegrías a Codere como el año anterior?

Nuestras expectativas en términos de volumen de negocio cumplen las previsiones marcadas. El mercado argentino sigue funcionando con fortaleza. El italiano ha tenido un dinamismo importante, fruto de reformas normativas en materia de los bingos, de vídeo loterías y medidas fiscales. El mercado más preocupante es España debido a la crítica situación económica, a las restricciones al consumo y también al efecto negativo de la ley del tabaco. Desde el 1 enero está habiendo unas caídas tanto en la línea de bingos, un 20%, y en la línea de máquinas recreativas un 15% en comparación con 2010.

¿En qué punto se encuentra su proyecto de petición de la licencia de juego?

Estamos pendientes del desarrollo reglamentario que está preparando el Ministerio de Economía y ya hemos preparado la documentación. Vamos a solicitar la licencia general y en cuanto a licencias específicas nuestras expectativas no están cerradas todavía pero intentaremos abarcar el mayor número posible de juegos. En el proyecto están incluidas las apuestas deportivas on-line, el juego de bingo y también los juegos típicos de casino.

"Solicitaremos varias licencias especificas para abarcar el mayor número de juegos"

Frente al proyecto de ley nacional las comunidades tienen posibilidad de otorgar licencias. ¿Han pensado solicitar una para la Comunidad de Madrid?

Sí, por supuesto. De esa manera todo el trabajo de homologación técnica que hagamos en Madrid nos va a servir para el proyecto de licencia nacional. Pensamos que el de Madrid puede estar en las próximas semanas y el nacional para primeros de año.
¿Cuál es el estado de la demanda que interpuso Codere contra Bwin y el Real Madrid por competencia desleal y por publicidad ilegal?

No hemos vuelto a tener mayor comunicación procesal desde la vista sobre las medidas cautelares solicitadas. Una vez que éstas se resuelvan continuará el pleito. Y además no descartamos ampliar la demanda aunque no es una decisión definitiva. Lo que no tenemos previsto es interponer más demandas a otros operadores aunque somos conscientes de que hay empresas que están haciendo prácticas equivalentes a las de Bwin.

¿Vería con buenos ojos la paralización de la salida a bolsa de Loterías en otoño, época en la que podría haber un adelanto electoral?

Si el resultado de esas elecciones anticipadas supone como todo apunta a un cambio de Gobierno sería razonable que el proceso de salida a bolsa se paralizase. Además hay incertidumbre en cuanto a qué mercado va a haber en esas fechas. El tema del precio no es un tema menor, ya que la situación económica es la que es. Así que no tiene ningún sentido plantear una privatización si la hacienda pública no obtiene un retorno importante.

¿Es partidario de un adelanto electoral?

Lo razonable es que haya cuanto antes un gobierno que tenga todas las fortalezas de inicio de mandato para poner en marcha las reformas que le hace falta a la economía y a la sociedad española. En los meses que quedan el Gobierno no tiene la fortaleza, ni los soportes, ni la legitimidad para llevar a cabo las reformas necesarias.

¿Una victoria del Partido Popular le haría volver a la política?

La vida profesional da muchas vueltas. Soy un servidor público, ahora estoy trabajando en el sector privado pero no descarto volver a la administración, bien en puestos técnico o bien en puestos de responsabilidad política.

Codere no descarta ampliar la demanda contra el operador de juego en internet Bwin

La nueva norma del juego

La ley del juego, que cumple dos meses vida, nunca ha contado con el visto bueno de los principales actores del sector. El hecho de que Loterías pueda comercializar cualquier tipo de juego a través de internet sin autorización previa es lo que más molesta, esto es aún más grave si se tiene en cuenta su próxima privatización, ya que en este contexto captaría clientes privados generando competencia desleal.

Otra de las críticas a la Ley es que ésta beneficia la posición dominante de los operadores on-line. Para evitar esto Codere plantea el cese de su actividad; eliminar sus bases de datos; que establezcan servidores en España y que procedan a su inmediata regularización fiscal.

http://www.expansion.com/2011/07/16/economia/1310845339.html

RAFAEL CATALÁ, NUEVO SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA

El Consejo de Ministros previsiblemente nombrará hoy nuevo secretario de Estado de Justicia a Rafael Catalá Polo, actual subsecretario del Ministerio de Hacienda, según informaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

Catalá Polo sustituye en este cargo a José María Michavila, que fue nombrado ministro de Justicia en la última remodelación del Ejecutivo de José María Aznar. Polo Catalá fue designado subsecretario del Ministerio de Hacienda en mayo de 2000.

Con anterioridad había sido director general de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Cultura y director general de la Función Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas.

http://elpais.com/diario/2002/07/26/espana/1027634430_850215.html

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