LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA ORDENA SEGUIR
INVESTIGANDO A IGNACIO GONZÁLEZ
La
justicia pide a la policía que certifique urgentemente
las entradas y salidas de España del presunto testaferro
del expresidente madrileño, Rudy Valner
Nuevo revés judicial para el expresidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González. La Audiencia
Provincial de Málaga rechaza el recurso del antiguo
dirigente del PP y avala en tres autos del pasado 9 de
diciembre, a los que ha tenido acceso la Cadena SER, la
investigación del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Estepona sobre el patrimonio de
Ignacio González y de su esposa Lourdes Cavero a cuenta
del ático de Estepona.
Según recoge uno de estos autos del pasado mes de
diciembre, “se trata de esclarecer cómo se produce el
alquiler y la posterior venta del bien inmueble objeto
de la causa y para ello es necesario conocer la
capacidad económica de los investigados”. Estamos, añade
la Audiencia Provincial de Málaga, ante “un posible
delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales
y cohecho” y, por eso, es necesario analizar la relación
de los investigados con el bien en concreto (fechas y
título).
La
justicia rechaza uno de los tantos recursos presentados
por el expresidente de la Comunidad de Madrid y subraya
en otro auto, también del pasado mes de diciembre, que
no estamos “ante una investigación abstracta, ni previa
al hecho que da origen a la instrucción, sino que trata
de investigar la capacidad adquisitiva para el bien, el
pago del mismo y el origen del dinero”. Se ordena a la
policía y al juzgado de instrucción de Estepona seguir
investigando el origen del dinero del matrimonio para
alquilar el piso y los pasos que se dieron para la venta
posterior del inmueble.
La Audiencia Provincial de Málaga vuelve a insistir en
la necesidad de reactivar las comisiones judiciales
rogatorias demandadas a EEUU y Panamá que siguen
ralentizadas primero por un error de forma con el nombre
de la empresa y después porque ni EEUU ni Panamá
oficializan la contestación. “Las actuaciones
solicitadas se refieren a una entidad investigada en
esta causa Walfort Overseas Investments Ltd.LLC
registrada en el estado de Delaware y que al parecer
tiene conexiones en Panamá y en EEUU”.
La justicia vuelve a pedir información a la Policía
Nacional del presunto testaferro de Ignacio González,
Rudy Valner. En una providencia del pasado 20 de enero,
a la que ha tenido acceso la cadena SER, el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona
demanda a la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras las “entradas y salidas del Sr Rudy Valner”.
No es la primera vez que la justicia hace este
requerimiento a la policía y de hecho la providencia
exige que se proporcione esta información de forma
urgente. “Dado el tiempo transcurrido desde que se libró
el oficio a la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras a fin de que certificasen las entradas y
salidas del Sr Rudy Valner, recuérdese su urgente
cumplimiento”.
La Justicia añade que la información estás siendo
requerida por las autoridades británicas para
cumplimentar la comisión rogatoria sobre Valner que se
ha solicitado a Reino Unido.
http://cadenaser.com/ser/2017/01/24/tribunales/1485290400_481276.html
LA JUEZA DEL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ PIDE CERTIFICAR
ENTRADAS Y SALIDAS DEL PRESUNTO TESTAFERRO
En esta causa se investigan los presuntos delitos contra
la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho
Esta información ya fue solicitada por la jueza en mayo
del año pasado
La jueza que investiga el ático que el expresidente de
la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer,
Lourdes Cavero, tenían arrendado en Estepona (Málaga) y
que, posteriormente, pasó a ser suyo, ha vuelto a pedir
a la Policía que certifique las entradas y salidas del
presunto testaferro y representante de Coast Investor,
Rudy Valner, según ha informado Europa Press.
Así consta en una providencia dictada por la instructora
el pasado 20 de enero, en la que se señala que se debe
recordar el "urgente cumplimiento" de esta
investigación, dado el tiempo transcurrido desde que se
libró oficio a la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras.
Esta información ya fue solicitada por la jueza en mayo
del año pasado, reclamando en concreto que se precisaran
las entradas y salidas de Valner desde enero de 2007 a
febrero de 2013, sin considerar necesario entonces
tomarle declaración como investigado –lo hizo como
testigo–.
Asimismo, en la providencia dictada ahora se indica que
también se debe recordar el "urgente cumplimiento",
expidiendo los oficios recordatorios correspondientes
"dado el tiempo transcurrido desde que se libró oficio a
las instituciones policiales a fin de que realizaran
gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos".
En dicho documento, se precisa, igualmente, que las
autoridades británicas están solicitando más información
para cumplimentar la comisión rogatoria remitida a dicho
país.
En esa misma providencia, adelantada por la Cadena SER,
se da cuenta de los autos en los que la Audiencia de
Málaga desestima los recursos de apelación interpuestos
en relación, entre otras cuestiones, con la
investigación patrimonial del matrimonio.
En esta causa se investigan los presuntos delitos contra
la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho.
Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y
por qué llegó el inmueble a González y su mujer, que
primero pagaron un alquiler mensual, que luego se
rebajó; y posteriormente, en diciembre de 2012, el
matrimonio lo adquirió por 770.000 euros.
En abril de 2016, González declaró que él y su mujer
entraron en contacto con el propietario del piso por un
anuncio en un periódico y estuvieron en comunicación por
teléfono, sin saber que había una sociedad detrás del
piso hasta el momento de la firma del contrato de
compraventa. Señaló que no conoció a Valner hasta ese
momento, añadiendo que éste se comportaba "a todos los
efectos como propietario de la vivienda".
En mayo del pasado año, tras esa declaración, la jueza
acordó nuevas investigaciones para determinar el origen
de la sociedad que estaba detrás de la propiedad del
piso, reclamando, a través de una nueva comisión
rogatoria a Estados Unidos, información sobre los
socios, directores y beneficiarios de esa sociedad
matriz, radicada en Delaware, así como cuentas bancarias
y activos patrimoniales, ampliando la petición a otra
firma predecesora.
También se acordó mantener la comisión rogatoria ya
remitida a las autoridades de Panamá sobre otras dos
empresas con nombres parecidos, toda vez que una de
ellas, según ha venido señalando una de las acusaciones
particulares personadas, "puede tener vínculos con otras
sociedades de la trama Gürtel".
Respecto a la investigación patrimonial, la instructora
consideró que esas pesquisas sirven para "averiguar la
capacidad económica" y cómo se produjo el alquiler y
posterior compra, añadiendo que los oficios remitidos a
las entidades bancarias están "circunscritos al periodo
al que se refieren los hechos investigados".
Además, consideró que esas investigaciones
patrimoniales, ya en marcha, debían seguir. De hecho,
daba cuenta de oficios remitidos por dos entidades
bancarias.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/25/la_jueza_del_caso_del_atico_gonzalez_pide_certificar_entradas_salidas_del_presunto_testaferro_60227_1012.html
LA JUEZ DEL ‘CASO ÁTICO’ REPROCHA A LA UDEF QUE NO HAYA
PRESENTADO INFORMES EN 10 MESES
La magistrada Isabel Conejo ha remitido a “las
instituciones policiales” un oficio para recordarles las
“gestiones” que encargó en marzo de 2016 sobre la
polémica vivienda de Ignacio González y sobre cuyos
avances aún no ha sido informado. Les recuerda que son
"urgentes".
La paciencia de la titular del Juzgado de Instrucción
número 5 de Estepona, Isabel Conejo, se ha acabado. La
magistrada que instruye el llamado ‘caso Ático’ sobre la
compra de una vivienda de lujo en esta localidad
malagueña por parte del que fuera presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha remitido
recientemente "un oficio recordatorio" a “las
instituciones policiales” para recriminarles que hace ya
más de diez meses que les encargó que “realizaran
gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos” y,
pese “al tiempo transcurrido”, no le han entregado
ningún informe con los avances. La magistrada encargó
las pesquisas a la Comisaría de Estepona en marzo de
2016 y ésta las transfirió inmediatamente a la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el grupo que
precisamente en 2012 ya hizo las primeras
investigaciones hasta que el en aquel momento ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó dar carpetazo
al asunto. En todo este tiempo, la única documentación
que los agentes han remitido al Juzgado han sido,
precisamente, los ocho informes que se elaboraron hace
ya cinco años.
La juez encargó la investigación a la Comisaría de
Estepona el 8 de marzo de 2016 con la sugerencia de que
delegase en la UDEF. Así se hizo días después
La Policía se hizo cargo de las pesquisas del 'caso
Ático' el 8 de marzo del pasado año. Ese día, la juez de
Estepona remitió un oficio en el que pedía a los
responsables de la Comisaría local que realizasen "las
gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos [y]
de las personas responsables" en la compraventa del
lujoso inmueble por parte del político. En aquel
escrito, la magistrada ya dejaba a los mandos de la
Policía la puerta abierta a que delegasen en cualquier
otra "unidad de dicho cuerpo policial con competencias
para llevar a cabo la investigación de los hechos", en
lo que fuentes jurídicas vieron entonces una clara
alusión a la UDEF. De hecho, fue lo que hicieron
rápidamente los destinatarios del encargo judicial.
Según detallaban en la respuesta que remitieron en abril
a la magistrada, el 22 de marzo dirigieron a la
Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, el
oficio que ésta les remitió "para que por la Unidad
Central de Delincuencia Económica y Financiera [sic]
sean investigados los hechos denunciados en este
procedimiento".
De este modo, el 8 de abril, la Unidad Central de
Inteligencia Criminal (UCIC) reactivaba formalmente en
sus bases de datos la investigación sobre el ático de
Ignacio González. Habían pasado 3 años, ocho meses y 14
días desde que el entonces ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, ordenara que las pesquisas que 46 días
antes habían iniciado sus subordinados pasasen a la
situación de "pasiva". Dos semanas más tarde, el 22 de
abril de 2016, agentes de la UDEF se desplazaron a la
ciudad malagueña "al objeto de mantener una reunión con
el titular del Juzgado de Instrucción número 5 y con el
fiscal provincial jefe de Málaga sobre el estado en que
se encuentran las diligencias previas citadas y posible
gestiones a practicar", según se recoge en un informe
policial al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Una 'visita' al Juzgado
En aquel encuentro, se decidió que funcionarios de esta
unidad volvieran a desplazarse al juzgado para revisar
la información ya incorporada al sumario, lo que
hicieron el 10 de mayo siguiente. En esa segunda
'visita', los policías procedieron "a revisar la
documentación existente en la causa y obtener copia de
los documentos que de modo preliminar se consideraron de
interés, documentación que está siendo analizada",
detallaba otro documento policial. Desde entonces, sin
embargo, la Policía no han remitido ningún informe sobre
los avances en sus pesquisas, según se desprende de la
nueva providencia de la juez Conejo. Tampoco ha obtenido
respuesta la petición que ese mismo mes de mayo hizo a
otro departamento, la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras, para que le certificase las entradas y
salidas de territorio español que hubiera hecho el
presunto testaferro de Ignacio González, el ciudadano
americano Rudy Valner, entre el 1 de enero de 2007 y el
1 de febrero de 2013. De hecho, en el mismo escrito del
pasado viernes la magistrada también ordenaba remitir un
"oficio recordatorio" a sus responsables para que
cumplimenten dicha petición de información de manera
"urgente".
Desde que la UDEF se hizo cargo de las pesquisas, sólo
ha remitido a la juez los informes elaborados en 2012
antes de que Fernández Díaz diera carpetazo a la
investigación
En estos diez meses, la única instrucción de la
magistrado de la que hay constancia que haya ejecutado
la Policía es la que dictó el pasado mes de abril para
reclamar que se le remitiera el "expediente completo que
obre en sus archivos relativos a las indagaciones,
gestiones o investigaciones relativas a don Ignacio
González González y al ático objeto de esta
instrucción", en referencia a la 'Operación Aiko', la
investigación que cerró Fernández Díaz en 2012. Exigía,
en concreto, "todas las notas de trabajo y notas de
gestiones que obren en el mismo". Toda esa documentación
policial se incorporó finalmente el pasado mes de
octubre. Se trataba de los ocho informes policiales. La
juez Conejo reclama ahora de manera urgente los primeros
de esta nueva etapa del 'caso Ático'.
Los ataques de González a la UDEF
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, y su esposa, Lourdes Cavero, también imputada
en la causa, han intentado en los últimos meses apartar
a la UDEF de la investigación del 'caso Ático'. Así, han
presentado varios recursos ante la propia juez Isabel
Conejo y ante la Audiencia Provincial de Málaga con el
argumento de que no era la unidad competente. Tanto la
magistrada, como sus colegas del órgano judicial
superior, los han rechazado de plano. Como adelantó
Vozpópuli el pasado 24 de diciembre, los tres
magistrados de la Sección Novena de la Audiencia
Provincial de Málaga dictaron un auto en el que
calificaban de "lógico, natural y necesario" que fuera
la unidad especializada en delincuencia económica la que
se encargara de las pesquisas si así lo decidía la juez
instructora. Unas semanas antes de conocerse este fallo,
el político y su mujer habían presentado otro escrito en
el que arremetían contra el Sindicato Unificado de
Policía (SUP), la organización que que promovió con su
denuncia la apertura del 'caso Ático', por sus supuestas
"vinculaciones corporativas" con la UDEF. Además,
recalcaban que agentes de esta última unidad presentaron
informes a la Fiscalía en 2012, cuando la causa estaba
aún sin judicializar. En este sentido, destacaban que el
primer responsable policial de la investigación, el
comisario Agapito Hermes de Dios, fue sancionado con 10
días de suspensión por falta muy grave por "la
distracción de toda la documentación" relativa al caso y
que, de hecho, perdió su destino cuando el PP llegó al
poder. "El contenido completo de los informes fueron
filtrados a la prensa interesada", denunciaban. Por todo
ello, pedían el sobreseimiento de la causa para ambos.
No tuvieron éxito.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Atico-abronca-Interior-lentitud-Policia_0_993500999.html
'OPERACIÓN
AIKO': LOS 8 INFORMES ELABORADOS POR UDEF EN 2012 SOBRE
EL ÁTICO DE GONZÁLEZ
La juez de Estepona que investiga la adquisición de la
vivienda de lujo del que fuera presidente de la
Comunidad de Madrid incorpora a la causa todos los
documentos que la Policía elaboró hace más de cuatro
años, antes de que Interior ordenase parar las
pesquisas. Entonces era la 'Operación Aiko'.
Un nombre enigmático, una investigación fugaz y un
puñado de documentos policiales. Las pesquisas que en
junio de 2012 inició la Unidad de Delincuencia Económica
y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el ático de lujo de
Estepona (Málaga) propiedad del ex presidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González fueron bautizadas
como 'Operación Aiko' y generaron únicamente ocho
informes policiales antes de que el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, decidiera ponerle punto
final sólo 46 días después de iniciada. Ahora, todos
esos documentos policiales, junto a resguardos
bancarios, escrituras notariales y análisis del Servicio
de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac)
recopilados entonces, además de otros más recientes, se
han incorporado al sumario que instruye la juez de
Estepona Isabel Conejo. En ninguno de los ocho aparece
el nombre del político 'popular' y sólo en uno se habla
del cargo público que entonces ocupaba como 'número 2'
del Ejecutivo de Esperanza Aguirre y de la posible
existencia de delitos de corrupción.
El 8 de junio de 2012, la UDEF envió un 'email' a la
Unidad Central de Inteligencia Criminal para comunicarle
que iniciaba la 'Operación Aiko'
Según dicha documentación, a la que ha tenido acceso
Vozpópuli, la investigación se inició formalmente el 8
de junio de aquel año. El origen, una denuncia del
Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en el que se
llamaba la atención sobre la vivienda que en aquel
momento tenía alquilada Ignacio González y una supuesta
operación de blanqueo de un millón de euros. Aquel día,
las pesquisas fueron registradas como c/01218/12 y
encargada a los grupos 12 y 15 de la UDEF, que la
bautizaron con el nombre 'Aiko', que coincide con el
nombre de la princesa de Japón pero que también guarda
similitudes con las palabra "ático". De hecho, el primer
documento que se generó fue un correo electrónico desde
dichos grupos a la Unidad Central de Inteligencia
Criminal (UCIC) para comunicar el inicio de dichas
pesquisas.
Incorporado a ese 'email' figuraba otro texto con "los
principales datos objeto de la investigación que se
inicia". Eran, en concreto, tres personas y una empresa.
Se trataba de Rudy Valner, el presunto 'testaferro'
residente en EEUU que había adquirido la vivienda; el
anterior propietario, Pedro Javier V.P., y una agente
inmobiliaria que había enseñado la misma a varias
personas interesadas en la misma, Marisa B. La sociedad
era Coast Investors Llc, la firma situada en el paraíso
fiscal de Delaware, en Estados Unidos. Bajo el epígrafe
"otros datos" también recogía la dirección exacta del
ático bajo sospecha en la Urbanización Alhambra del
Golf, y la numeración de una cuenta bancaria de EEUU de
la que salió el dinero para aquella sospechosa compra.
"Los sujetos investigados"
En aquel escrito no aparecía en ningún momento el nombre
de Ignacio González, entonces aforado por su condición
de vicepresidente del Gobierno de Aguirre, pero sí un
párrafo final en el que se destacaba que "dado el
carácter de los sujetos y hechos investigados" el
inspector responsable del Grupo 12 de la UDEF, que era
quien firmaba el documento, destacaba la necesidad de
que "esta nueva investigación sea considerada como
secreta". De hecho, también figura adjunto un escrito
del entonces jefe de la UDEF, el comisario José Luis
Olivera, en el que se incide en la necesidad de reserva
"dado que en el transcurso de la investigación que se va
a desarrollar se van a ver incursas personas con clara
relevancia política y social y [...] la importancia de
las consecuencias que puedan derivarse de la misma". Un
"secreto" que consideraban necesario para "salvaguardar
el correcto desarrollo de la misma". El escrito contaba
con el visto bueno de su superior, el comisario general
de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, quien
poco después fue cesado fulminantemente precisamente por
poner en marcha la investigación.
Sólo un informe de aquellos días de 2012 hacía
referencia a Ignacio González, aunque por su cargo
público, y al delito de "corrupción"
El segundo documento ahora remitido al juzgado de
Estepona también lleva fecha del 8 de junio. Era un
breve correo electrónico remitido por la Unidad Central
de Inteligencia Criminal en el que informaba a sus
compañeros de la UDEF que en sus bases de datos no
constaba que hubiera ninguna pesquisa en marcha sobre
dicho ático o las personas relacionadas con ellos, por
lo que procedía a dar de alta la 'Operación Aiko' en el
sistema informático de la Policía. También ese día, el
jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, el
comisario José Luis Gudiña, remitía un escrito a la
Fiscalía Anticorrupción para comunicarle el arranque de
las pesquisas. Era el tercer informe policial del caso.
En el mismo, este mando policial enumeraba los detalles
que aportaba la denuncia del SUP y señalaba que la misma
"relata unos hechos publicados por la prensa nacional
acerca del señor vicepresidente de la Comunidad de
Madrid y de una vivienda en la Urbanización Alhambra de
Golf de Marbella (Málaga)". Era la primera referencia a
Ignacio González, aunque no por su nombre sino por su
cargo público.
En aquel escrito, el mando policial ya apunta el hecho
de que las investigaciones iban a requerir "unas
pesquisas profundas y especializadas que afectarían a la
intimidad y derechos de diversas personas naturales y
jurídicas", por lo que las habituales gestiones
policiales de consulta de registros, antecedentes,
etcétera "no serían suficiente para ahondar en las
supuestas tramas de blanqueo, corrupción y delito fiscal
con intervención de sociedades extranjeras". Una
complejidad que, en su opinión, invitaba a ponerla en
manos de un juez ya que, además de poder necesitarse "la
limitación de derechos del investigados, familiares y su
entorno [...] no sería descartable otro tipo de
resoluciones netamente judiciales", como comisiones
rogatorias y mandamientos. El escrito terminaba dejando
"al superior criterio de la Fiscalía la conveniencia de
formalizar una investigación". Todo ello acompañado de
una copia de la denuncia del sindicato policial.
Avances en la investigación
La Policía no generaría el cuarto documento hasta diez
días más tarde. El 18 de junio de 2012 la UDEF remitía
un primer informe a Anticorrupción sobre los avances de
la investigación. En nueve folios, los agentes recogían
los pormenores de la escritura de compraventa en 2006
entre Pedro Javier V.P. y Rudy Valner, así como los
detalles sobre los pagos. De este modo, la Policía
apuntaba ya la existencia de una nueva empresa
extranjera implicada en la operación inmobiliaria bajo
sospecha: Walford Overseas Investments, también ligada
al presunto testaferro. El documento policial también
destacaba que el dinero utilizado para la compra,
750.000 euros, procedía de cuentas en el extranjero. En
concreto, del USBank, de EEUU. También resaltaba que
había participado un despacho de abogados con sede en
Madrid. Por todo ello, solicitaba a la Fiscalía
autorización para poder consultar en la base de datos de
la Agencia Tributaria información sobre Valner y las dos
empresas que aparecían en la compra del ático que ya
entonces usaba Ignacio González como supuesto inquilino.
Un informe del Sepblac apuntaba en julio de 2012 que la
compraventa del ático de González apuntaba indicios de
una operación de blanqueo
Dos días después, el 20 de junio de 2012, la UDEF
dirigía un escrito, el quinto de la investigación, al
Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de
Capitales (Sepblac) para que este organismo facilitase
"la información de la que disponga" sobre Rudy Valner,
el vendedor del ático y tres empresas. Ocho días
después, el 28 de junio, la unidad policíal remitía el
que sería el sexto documento de las pesquisas. En
concreto, un oficio a la Fiscalía para darle "cuenta de
otras investigaciones realizadas" y remitir copia de la
declaración del primer propietario de la vivienda, el
empresario inmobiliario Pedro Javier V.P., al que los
agentes habían visitado tres días antes en Gijón para
recoger su testimonio. En dicho documento policial, de
cuatro folios de extensión, los agentes anunciaban que
sus siguiente pasos iban dirigidos a aclarar quién
estaba pagando los impuestos de la vivienda desde que
esta había sido vendida al supuesto testaferro, ya que
el cambio de titularidad aún no se había plasmado en el
registro de la propiedad y el primer dueño insistía que
él ya no los abonaba.
El 9 de julio de 2012, la Policía emitía el séptimo
documento de las pesquisas. Un simple folio en el que
informaba a la Fiscalía de que acababa de recibir la
respuesta del Sepblac a su requerimiento de información
y que este organismo no había detectado "datos sobre
operativas sospechosas" en las personas y empresas sobre
las que la UDEF le había consultado. Sin embargo, no
recogía que el informe de los expertos en blanqueo
habían señalado en sus conclusiones que, pese al
resultado negativo de las pesquisas que le habían
pedido, sí consideraba que el hecho de que la compra del
ático la hubiera hecho una empresa radicada en un
territorio 'off-shore' como era Delaware y que se
desconociera el origen de los fondos empleados así como
el anonimato de los "inversores reales" apuntaban a la
existencia de una operación de 'lavado' de dinero.
Investigación "pasiva", pero "secreta"
El 24 de julio de 2012, sólo dos semanas después de
recibir aquel informe del Sepblac y 46 días más taqrde
del inicio formal de la 'Operación Aiko', el inspector
responsable de las pesquisas enviaba a la UCIC una "nota
interna" en la que le comunicaba que acababa de recibir
un oficio de Anticorrupción en el que se indicaba que
con los datos recopilados hasta ese momento no era
posible la apertura de unas diligencias de investigación
penal e instaba "al archivo de las actuaciones practicas
hasta el momento". Por ello, el agente informaba que las
mismas pasaban a la situación de "pasivas", aunque
alertaba de la necesidad de que continuaran siendo
"secretas". Era el octavo documento y el que ponía punto
final a la investigación sobre Ignacio González.
El 24 de julio de 2012, sólo 46 días después de haberla
iniciado, la Policía ponía la investigación en torno al
ático en situación de "pasiva"
No obstante, la Policía aún generó otros dos documentos
sobre estas pesquisas aquel año. Ambos, relacionados con
la apertura de una investigación por parte de la Unidad
de Asuntos Internos, entonces dirigida por el comisario
Marcelino Martín-Blas, hoy uno de los protagonistas de
la polémica 'guerra de comisarios'. El primero es,
precisamente, el escrito de la Comisaría General de
Policía Judicial de fecha 30 de julio de 2012, seis
después del cierre de las pesquisas de la 'Operación
Aiko', en el que se comunica a la UDEF la petición de
los responsables de dicha unidad de revisa "informes y
cualquier otra documentación relacionada" con el caso.
El segundo es la respuesta en la que, además de remitir
los documentos relacionadas con la misma, se detallaba
que la investigación había venido motiva por "las
supuestas filtraciones a distintos medios de
comunicación" sobre dichas pesquisas.
Dos años más tarde, la UDEF generó un nuevo documento
sobre caso, en esta ocasión dirigido al Juzgado de
Instrucción número 5 de Estepona, quien ya había abierto
un sumario para investigar el ático de Ignacio González.
Fechado el 8 de julio de 2014, casi dos años después de
que la investigación fuera declarada "pasiva", en él se
daba respuesta a una petición de la magistrada del 18 de
junio enumerando cinco oficios policiales emitidos en su
día sobre aquellas pesquisas. En dicho informe policial
se le recalcaba a la magistrada que en su día la
Fiscalía Anticorrupción no había encontrado indicios
para seguir con las pesquisas. Desde entonces y hasta
ahora, la Policía sólo ha incorporado los polémicos
escritos del comisario José Villarejo, otro de los
implicados en la 'guerra de comisarios', con notas
internas sobre el caso Gürtel e Ignacio González, y
sobre supuestas amenazas telefónicas recibidas por él.
Ahora la juez Isabel Conejo tiene toda esta
documentación en el sumario en el que sigue imputado el
ex presidente de la Comunidad de Madrid y su mujer,
Lourdes Cavero, entre otros. La 'Operación Aiko' vuelve
a estar activa.
Tres años y diez meses después...
El pasado 8 de abril, la Unidad Central de Inteligencia
Criminal (UCIC) reactivaba formalmente en sus bases de
datos la investigación sobre el ático de Ignacio
González. Habían pasado 3 años y diez meses desde que la
UDEF pusiera en marcha la 'Operación Aiko' y 3 años,
ocho meses y 14 días desde que el Ministerio de Interior
decidiera pasarla a la situación de "pasiva". Una vuelta
a empezar que se producía después de la Comisaría
General de Policía Judicial, de quien depende la UDEF,
recibiera el 31 de marzo anterior un oficio de la juez
Isabel Conejo en el que se solicitaba que fuera la
Policía Nacional que se hiciera cargo de "las gestiones
tendentes al esclarecimiento de los hechos
investigados".
Así, el pasado 22 de abril, agentes de la UDEF se
desplazaron a la ciudad malagueña "al objeto de mantener
una reunión con el titular del Juzgado de Instrucción
número 5 y con el fiscal provincial jefe de Málaga sobre
el estado en que se encuentran las diligencias previas
citadas y posible gestiones a practicar", según se
recoge en un informe policial al que ha tenido acceso
Vozpópuli. En aquel encuentro, se decidió que
funcionarios de esta unidad se desplazaran al juzgado
para revisar la información ya incorporada al sumario,
lo que hicieron el pasado 10 de mayo. En esa 'visita',
los policías procedieron "a revisar la documentación
existente en la causa y obtener copia de los documentos
que de modo preliminar se consideraron de interés,
documentación que está siendo analizada", detalla el
mismo documento policial.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Operacion-Aiko-UDEF-Gonzalez_0_958404711.html
LA AUDIENCIA DE MÁLAGA CALIFICA DE "GRAVES" LOS DELITOS
POR LOS QUE SE INVESTIGA A IGNACIO GONZÁLEZ
Los magistrados recuerdan que se indaga si Ignacio
González y su mujer están implicados en blanqueo de
capitales, delito contra la Hacienda Pública y cohecho
Confirman la
decisión de la instructora de "esclarecer cómo se
produce el alquiler y la posterior venta del inmueble, y
para ello es necesario conocer la capacidad económica de
los investigados"
La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga
ha dictado tres autos fechados el 9 de diciembre en los
que confirma la decisión de la juez Isabel Conejo de
proseguir con la investigación de la compra del ático de
lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González y de su mujer, Lourdes Cavero.
Las tres resoluciones, que han tenido como ponente al
magistrado Enrique Peralta, califican los delitos por
los que son investigados González y Cavero como
"graves", ya que son los de blanqueo de capitales,
contra la Hacienda Pública y cohecho.
"Se trata de esclarecer cómo se produce el alquiler y la
posterior venta del bien inmueble objeto de la causa, y
para ello es necesario conocer la capacidad económica de
los investigados, ya que estamos ante hechos graves",
especifica la Sección Novena de la Audiencia malagueña,
que no da la razón a la representación legal de Ignacio
González, que recurrió todas las diligencias acordadas
por la jueza.
"Lo acordado es correcto"
Pero la resolución apunta también la necesidad de que la
titular del Juzgado de Instrucción número de Estepona,
Isabel Conejo, analice "la relación de los investigados
con el bien, el momento de su relación (fechas) y su
forma específica (título), siendo necesario tener
conocimiento de las actuaciones, lugares de ella y forma
de efectuarlas (en Estados Unidos y Panamá) de la
sociedad a la que se refiere la comisión rogatoria,
siendo por ello correcto lo acordado, que debe ser
mantenido", especifica una de las resoluciones, a las
que ha tenido acceso infoLibre.
En otra resolución, también redactada por el mismo
magistrado Enrique Peralta, la Sección Novena de la
Audiencia Provincial de Málaga defiende la investigación
de la jueza, y rechaza, como ha asegurado Ignacio
González, que sea genérica, ya que se refiere a actos
"específicos", y tampoco es prospectiva y
desproporcionada, "pues está basada en hechos graves
acontecidos con anterioridad a la investigación
judicial".
Las pesquisas también han sido acotadas desde un punto
de vista temporal, destaca el auto de la Audiencia
Provincial, que recuerda que el sumario analiza los
hechos entre abril de 2008 a diciembre de 2013; "desde
la adquisición del bien por la compañía hasta el año
después de la venta" al matrimonio en diciembre de 2012.
"Auxilio internacional"
En concreto, la Sección Novena confirma la resolución de
Isabel Conejo en la que acordaba ampliar las comisiones
rogatorias a Estados Unidos y Panamá, los países en los
que se sospecha que están radicadas las empresas con las
que se compró en 2008 el ático de lujo de Estepona. Los
jueces consideran necesario conocer la documentación de
estos países, "que tienen relevancia en las actuaciones
y que tienden al conocimiento real de lo acontecido, y
que para su efectividad necesitan del auxilio judicial
internacional".
Los magistrados destacan que las actuaciones solicitadas
por la jueza justifican su decisión de confirmar la
ampliación de las rogatorias porque se reclaman sobre
"una entidad investigada en esta causa", en referencia a
Walfort Overseas Investments Ltd. LLC, que está
registrada en Delaware (EEUU), "y que al parecer tiene
conexiones en Panamá, lo que debe ser objeto de
análisis".
Los autos de la Audiencia Provincial de Málaga también
ratificar que se proceda a la averiguación patrimonial
del matrimonio y de la empresa Coast investor LLC, "a
través del punto neutro judicial y librándose oficio a
las entidades bancarias Caixabank, Barclays, Bankia,
Santander y Banco Popular", ya que con estas diligencias
se trata de acreditar "la capacidad adquisitiva, el pago
del mismo, el origen del dinero, y son, por ello,
necesarias en la causa, no siendo una investigación
abstracta, ni previa al hecho que da origen a la
instrucción, sino que tiende a establecer el contenido
del mismo".
Encargo a la Policía Judicial
Los magistrados tampoco ven un problema en el hecho de
que sea la Policía Judicial la que se encargue de
investigar la compra del dúplex de lujo, "ya que es la
auxiliadora de la justicia, y dependiente funcionalmente
-aunque no orgánicamente- del juzgado. Es lógico,
natural y necesario y será el órgano jurisdiccional el
que valore el resultado de las citadas gestiones, y por
ello nada de lo acordado a ese respecto debe ser
modificado", indica la Sección Novena.
Y finalmente, los magistrados también apoyan a la jueza
en su decisión de llamar a declarar a dos agentes de la
Policía que investigaron los hechos, al mismo tiempo que
rechazan el intento del matrimonio de que la información
sobre el patrimonio de González sea filtrada, al
considerar que todo aquello que es irrelevante para la
causa, "no tiene trascendencia en ella, ni es objeto de
uso en la misma".
El presidente de la Comunidad de Madrid sostiene que
alquiló la vivienda en 2008 a una sociedad del
testaferro profesional Rudy Valner y que finalmente se
la compró en 2012. Pero la justicia investiga si en
realidad González y su mujer son los dueños del inmueble
desde 2008.
La instrucción de la jueza Isabel Conejo ha confirmado
que el presunto testaferro Rudy Valner, residente en
Estados Unidos, fue el que compró el ático de lujo en la
localidad malagueña y que lo hizo tras una negociación
telefónica desde EEUU y después de que la mujer de
González visitase al menos en dos ocasiones el inmueble.
Justo después de esta compra, González y su mujer
alquilaron el inmueble a un precio considerado muy bajo
para la zona.
Extrabajadores de Telemadrid
La acusación contra el expresidente de la Comunidad de
Madrid la sostiene el colectivo de extrabajadores de
Telemadrid, que presentaron una querella contra Ignacio
González, al considerar que el ático de lujo podría ser
una dádiva del presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, también imputado en el caso de Estepona,
a cambio de los numerosos contratos recibidos.
Precisamente este viernes, en la comisión de
investigación de la corrupción que se desarrolla en la
Asamblea de Madrid se analizará el supuesto trato de
favor de Telemadrid a Cerezo. La mesa de la comisión
acordó llamar a comparecer a cuatro altos cargos de
Telemadrid y Caja Madrid para analizar la compra en 2007
por 306 millones de los derechos de los partidos del
Atlético de Madrid y del Getafe CF a través de una
empresa creada entre ambas entidades, denominada Madrid
Deporte Audiovisual (MDA), cuyas pérdidas han superado
los 25 millones de euros.
A la sesión de la comisión están citados el director
general de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno, el
exconsejero delegado de Caja Madrid José Carlos
Contreras; el exdirector económico de Telemadrid José
Manuel Díez-Picazo, y el administrador concursal de
Madrid Deporte Audiovisual (MDA), Pablo Ferrándiz
Avendaño.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/22/la_audiencia_malaga_califica_graves_los_hechos_por_los_que_investiga_expresidente_madrileno_59083_1012.html
EL SUMARIO DEL ÁTICO DESVELA QUE IGNACIO GONZÁLEZ Y SU
MUJER HAN SIDO TITULARES DE 13 CUENTAS Y UNA CAJA DE
SEGURIDAD
El expresidente
madrileño y Lourdes Cavero han dispuesto además de
productos financieros como valores, tres fondos de
inversión, cuatro seguros de vida y hogar y dos tarjetas
oro
Caixabank también ha aportado a la jueza Isabel Conejo
"una relación de visitas efectuadas a la caja de
seguridad" abierta el 20 de febrero de 2006 y que no ha
sido cerrada
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González y su mujer, Lourdes Cavero, dispusieron entre
el 1 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2013 de
trece cuentas corrientes, una caja de seguridad y
diferentes productos financieros en Caixabank, según los
datos aportados por la entidad financiera catalana a
requerimiento de la jueza Isabel Conejo, que investiga
en Estepona (Málaga) la compra del ático de lujo del
expresidente madrileño.
La jueza ha centrado su atención, en concreto, en la
adquisición por parte de la sociedad de Estados Unidos
Coast Investors de un ático de lujo en la Urbanización
Alhambra del Golf, entre los términos municipales de
Marbella y Estepona. La compra, que la acordó de forma
telefónica el abogado mexicano Rudy Valner desde
California, se produjo justo después de que la mujer de
González visitara el inmueble, que estaba en venta por
1,3 millones de euros, según los testigos.
Pocos días después, siempre según las investigaciones
del sumario, el matrimonio alquiló el dúplex al nuevo
propietario, que era una sociedad radicada en el Estado
de Delaware, y que hasta que no saltó el escándalo en
los medios de comunicación españoles no había inscrito
la compra ni había abonado los impuestos a Hacienda.
Además, el alquiler se acordó por un precio "muy por
debajo al del mercado en la Costa del Sol", según la
denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de
Policía (SUP).
Tras la renuncia del SUP a ejercer la acusación popular,
ésta ha recaído en el colectivo de afectados por el ERE
de Telemadrid, que mantiene que el ático pudo ser una
dádiva del presidente del Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo, a González a cambio de que el entonces
vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre
realizara adjudicaciones y favores desde la cadena
pública madrileña al conocido empresario.
Visitas a la caja de seguridad
Caixabank ha aportado la documentación de las cuentas
del matrimonio después de que la jueza reclamara a cinco
entidades bancarias todas las cuentas del político
madrileño y de su mujer.
Por eso se sabe que González y su mujer han dispuesto de
trece cuentas de ahorro y a plazo fijo, así como otros
productos bancarios como una caja de seguridad abierta
el 20 de febrero de 2006 y todavía abierta, valores
financieros, tres fondos de inversión, cuatro seguros de
vida y hogar, y dos tarjetas de crédito oro.
Además, la entidad catalana suministra a la jueza de
Estepona "una relación de visitas efectuadas a la caja
de seguridad" de Caixabank, así como la transferencia
internacional de 741.100 euros con los que González y su
mujer adquirieron en diciembre de 2012 el ático a la
empresa de EEUU.
El casero, empleado de Cerezo
Sin embargo, en su declaración como investigado ante la
jueza Conejo, González aseguró que cuando su mujer
alquiló en 2008 el ático desconocía que la propietaria
era una sociedad offshore radicada en Delaware (EEUU).
Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid
Enrique Cerezo, reconoció que el casero de González
entre 2008 y diciembre de 2012, el mexicano Rudy Valner,
era empleado suyo. En concreto, trabaja de asesor en una
de sus empresas audiovisuales que mantiene contactos
profesionales con Telemadrid. Asimismo, el supuesto
último propietario del inmueble, el ciudadano argentino
Luis Osvaldo Repetto, también habría mantenido negocios
con Cerezo.
La magistrada, tal y como consta en un escrito de
Bankia, también dispone de las cuentas del matrimonio en
la entidad dirigida por José Ignacio Goirigolzarri.
112.000 anuales de sueldo
Tal y como adelantó infoLibre, la mujer del expresidente
de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que percibió
742.303 euros en mayo de 2011 tras su salida de la
Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa),
la patronal del sector, fue contratada tres meses
después por el entonces presidente de la Confederación
Empresarial de Madrid (Ceim-CEOE), Arturo Fernández.
Según el sumario, acordó que cobrara un sueldo anual de
112.000 euros. En 2011 Ignacio González era
vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, amiga
personal del propio Arturo Fernández.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/22/ignacio_gonzalez_mujer_han_sido_titulares_cuentas_una_caja_seguridad_55185_1012.html
LA PATRONAL MADRILEÑA PUSO UN SUELDO DE 112.000 EUROS A
LA MUJER DEL ENTONCES VICEPRESIDENTE IGNACIO GONZÁLEZ
Lourdes Cavero, que en mayo de 2011 percibió 742.000
euros de la asociación de empresas eléctricas, fue
contratada tres meses después por la patronal madrileña
La jueza del
caso del ático no ha podido acceder a la documentación
patrimonial anterior a 2011 del matrimonio
González-Cavero
La grabación que prueba que el supuesto dueño del ático
de González fue socio de Lourdes Cavero, la mujer del
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González,
que percibió 742.303 euros en mayo de 2011 tras su
salida de la Asociación Española de la Industria
Eléctrica (Unesa), la patronal del sector, fue
contratada tres meses después por el entonces presidente
de la Confederación Empresarial de Madrid (Ceim-CEOE),
Arturo Fernández.
Según la documentación a la que ha tenido acceso
infoLibre, le puso un sueldo anual de 112.000 euros. En
2011 Ignacio González era vicepresidente del Gobierno de
Esperanza Aguirre, amiga personal del propio Arturo
Fernández.
Estos datos aparecen en la investigación patrimonial
realizada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Estepona, que sólo ha tenido
acceso a las información del matrimonio posterior a
2011: "Consultado el punto neutro judicial ]...] no se
puede acceder a años fiscales anteriores a 2011,
procediéndose únicamente a la obtención de los años
fiscales de 2011, 2012 y 2013", indica un documento del
sumario del caso del ático.
Fernández, que está procesado por el caso de las
tarjetas black de Caja Madrid, contrató a la mujer de
Ignacio González en septiembre de 2011 como
vicepresidenta y adjunta a la dirección, con críticas
internas. Y le asignó ese importante sueldo pese a que
ningún otro vicepresidente de la Ceim tenía salario
fijo.
Unesa, pertenece a la CEOE
Unesa, la institución que despidió a Lourdes Cavero, es
una de las asociaciones que forman parte de la CEOE, en
la que se integra la patronal madrileña. Y la mujer de
Ignacio González Cavero percibió los 713.475 euros de
indemnización bruta el 31 de mayo de 2011, aunque el
líquido a percibir fue de 636.580 euros. El sueldo de
Cavero en Unesa entre los meses de enero y mayo del
mismo 2011 fue de 28.500 euros, lo que supone una media
bruta de 5.700 mensuales y un total de 742.303 euros.
Pero los datos aportados al sumario del caso del ático
indican que Lourdes Cavero ingresó 4.379 euros del
Servicio Público de Empleo Estatal por la prestación de
desempleo durante 94 días, hasta el 4 de septiembre de
2011. Desde esa fecha, la mujer del entonces
vicepresidente de la Comunidad de Madrid percibió otros
35.530 euros de la patronal madrileña dirigida por
Arturo Fernández, amigo personal de Esperanza Aguirre,
que también le abonó 230 euros en concepto de dietas.
Los ingresos de Cavero en 2011 se completan con 1.200
euros procedentes de la Universidad Autónoma de Madrid.
En total en ese ejercicio cobró 783.643 euros.
112.555 euros anuales
En 2012 fue el primer ejercicio en el que Lourdes
Cavero, economista de profesión, cobró su sueldo íntegro
de la patronal madrileña: 112.555 euros, más 500 euros
de dietas y 800 euros de la Universidad Autónoma de
Madrid.
En 2013 los ingresos se mantuvieron estables, ya que
percibió 112.353 euros de la patronal madrileña más 500
euros de dietas de la misma asociación. La Universidad
Autónoma de Madrid le abonó 800 euros y la Fundación
Universidad Empresa (Univem) otros 1.400 euros. También
en 2013 Cavero tenía cerca de 70.000 euros depositados
en varias entidades bancarias.
Perdió las elecciones
En marzo de 2014, Cavero dimitió de su cargo. Fuentes de
Ceim explicaron entonces a Europa Press que la esposa
del entonces presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, dijo que no quería ser "el mínimo
obstáculo" ni "excusa" para que el proceso electoral que
se iba a celebrar meses después se desarrollara con la
máxima limpieza y transparencia.
Arturo Fernández acabó perdiendo las elecciones, por lo
que fue desplazado como presidente de la patronal
madrileña.
La documentación del sumario muestra el sueldo de
Ignacio González como presidente de la Comunidad de
Madrid, que en 2011 fue de 108.879 euros. En ese
ejercicio ingresó otros 3.846 euros como miembro de la
asamblea de Caja Madrid. En 2012, el sueldo de González
bajó hasta los 103.696 euros, mientras que subió un año
después hasta los 111.768 euros. En 2013, González
disponía de unos 20.000 euros en cuatro entidades
financieras.
Pero el sumario explica, además, el valor catastral del
ático de 627 metros cuadrados, así como el de la
vivienda del matrimonio en Madrid. El dúplex de lujo
tendría, según esta documentación, un valor catastral de
289.471 euros del año 2016. El valor catastral de la
vivienda de Madrid es de 634.292 euros.
No conocía al dueño
Tanto González como su mujer, Lourdes Cavero, y el
empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo, están imputados en el Juzgado de Estepona por la
jueza Isabel Conejo por los presuntos delitos de cohecho
y blanqueo de capitales. En su declaración como
investigado, González llegó a asegurar que no sabía que
su mujer alquiló el inmueble en 2008 a la sociedad Coast
Investors, que estaba inscrita en el Estado de Delaware
(EEUU).
Sin embargo, Cerezo sí reconoció que Luis Osvaldo
Repetto,. el presunto dueño del ático entre 2008 y
diciembre de 2012, fecha en la que lo compró González,
había sido socio suyo y que el presunto testaferro de la
operación, el mexicano Rudy Valner, era empleado suyo en
una de sus principales empresas: Video Mercury.
Los extrabajadores de Telemadrid denunciaron a González
al considerar que el ático de lujo de Estepona podría
haber sido una dádiva de Cerezo a cambio de los
presuntos favores recibidos por el empresario de la
cadena pública madrileña.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/02/la_jueza_puede_acceder_los_ingresos_del_expresidente_madrileno_anteriores_2011_51983_1012.html
LA JUEZ EXIGE A PANAMÁ Y EEUU QUE REVELEN QUIÉN PAGÓ EL
ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ
Envía dos nuevas comisiones rogatorias en las que
atribuye al expresidente indicios de delito fiscal,
blanqueo y cohecho.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5
de Estepona acaba de remitir a Panamá y Estados Unidos
dos nuevas comisiones rogatorias mediante las que exige
conocer la identidad de "la persona o personas físicas"
que pagaron el ático del expresidente de la Comunidad de
Madrid en Marbella. La instructora ha enviado los
requerimientos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL,
incluyendo ya delitos de corrupción que no incluyó en
las anteriores rogatorias, lo que llevó a Panamá, por
ejemplo, a denegar la información.
La juez que investiga el denominado caso ático, en el
que se encuentran imputados Ignacio González y su mujer,
subraya que la sociedad instrumental que adquirió el
lujo inmueble, Coast Investors LLC, "es una entidad de
la que se desconoce su actividad mercantil, su capacidad
económica y quién pueda ser su último beneficiario o
titular".
Por ello,
argumenta la juez, "con las medidas de investigación
acordadas se trata de acreditar ante la existencia de
una estructura societaria ciertamente opaca, quién o
quiénes sean las personas físicas que sean los dueños de
la referida entidad". "Y, por ende", añade la
instructora, "de los inmuebles que la misma adquirió en
la localidad de Estepona (Málaga) (el referido ático con
trastero y plazas de garaje), ya que en la fecha de los
hechos (año 2008), cuando se adquieren por Coast
Investors los inmuebles en cuestión todavía no se
contemplaba en nuestro Código Penal la responsabilidad
penal de las personas jurídicas". Asimismo, destaca la
juez que la citada entidad Coast Investors LLC "es
propiedad de Waldford Overseas Investments LTD, entidad
inscrita en Panamá y gestionada por el bufete de
abogados Mossack Fonseca & Co.".
La magistrada comunica a las autoridades panameñas y
estadounidenses que "el delito objeto de la
investigación se ha visto ampliado, a resultas de la
investigación efectuada, abarcando además de los
presuntos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo
de capitales, la presunta existencia de un delito de
cohecho". Hechos por los cuales se ha tomado declaración
a González y a su mujer, pero también al empresario
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que
se encuentra estrechamente vinculado a la operación de
compra del ático de 500 metros cuadrados ubicado en la
urbanización La Alhambra del Golf.
http://www.elespanol.com/espana/20160630/136486740_0.html
LA JUEZ DEL 'CASO ÁTICO' INTERROGARÁ A DOS COMISARIOS
SOBRE QUIÉN TORPEDEÓ LA INVESTIGACIÓN EN 2012
La magistrada tomará declaración, a través de una
compañera de los Juzgados de Madrid, a los comisarios
Agapito Hermes y José Luis Goudiña, quienes en
diferentes momentos de 2012 participaron en sendos
intentos de investigar el inmueble de Ignacio González.
La investigación sobre el ático de Ignacio González en
la Costa del Sol se reactiva. La titular del Juzgado de
Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, ha
dictado una providencia por la que cita a declarar como
testigos el próximo lunes a dos mandos policiales que
intervinieron en las primeras pesquisas sobre el
inmueble que fueron paralizadas entonces por el ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz. Se trata de los
comisarios Agapito Hermes de Dios y José Luis Goudiña.
El primero era el comisario de Marbella que hizo las
primeras gestiones y que fue cesado de su puesto tras
tachar Fernández Díaz de "ilegales" sus investigaciones.
El segundo, destinado entonces en la UDEF, recibió el
encargo de reanudarlas meses después, pero el superior
que se lo había encargado, el comisario general de
Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, fue
destituido fulminantemente por ello.
Uno de los comisarios citados como testigos fue el que
inició la investigación en 2011 y al que Fernández Díaz
cesó tras llegar al Ministerio del Interior
El escrito judicial, al que ha tenido acceso Vozpópuli,
señala el próximo 27 de junio, el día siguiente de las
elecciones, como la fecha para la comparecencia de ambos
mandos policiales. El primero lo hará a las 11 de la
mañana. Media hora más tarde está citado el segundo. Eso
sí, ninguno de los dos, actualmente destinados en
Madrid, tendrán que viajar hasta la ciudad malagueña
para hacerlo. Lo harán ante el titular del Juzgado de
Instrucción número 22 de Madrid, quien ha recibido un
exhorto de su colega de estepona para practicar dicha
diligencia. No es la primera vez en este caso, en el que
están imputados el expresidente madrileño, su mujer,
Lourdes Cavero, y el empresario Enrique Cerezo, que se
toma esta decisión para evitar el desplazamiento de un
testigo. Ya lo hizo, por ejemplo, el comisario Rodríguez
Ulla, al que también se le preguntó por las razones que
llevaron a archivar el caso en 2012.
Agapito Hermes, el primer policía que comparecerá, era
el comisario jefe de Marbella en julio de 2011, cuando
el PSOE aún estaba en el poder. Fue quien inició las
pesquisas supuestamente por orden del entonces 'número
2' de la Policía, el comisario Miguel Ángel Fernández
Chico. Sin embargo, la llegada al Palacio de La Moncloa
del PP se tradujo en la paralización de las
investigaciones en abril de 2012, al considerar el
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que las
pesquisas que se estaban haciendo sobre el ático de su
correligionario no habían sido registradas de forma
oficial y, por tanto, eran "ilegales". La propia
Dirección General de la Policía anunció entonces en una
nota de prensa que "siguiendo las instrucciones del
Ministerio del Interior" había abierto un expediente a
este agente que también fue trasladado de destino.
Reabierto en junio de 2012
Sin embargo, el caso fue reabierto el 7 de junio de 2012
por el entonces comisario general de Policía Judicial,
José Enrique Rodríguez Ulla, nombrado para el cargo tras
la llegada del PP. En su declaración de marzo como
testigo en el caso, este alto mando policial aseguró que
lo hizo tras recibir tres notas registradas por un
sindicato policial en las que se denunciaban supuestas
irregularidades en el patrimonio del político. Ello le
llevó a convocar una reunión de la comisión técnica de
su departamento para analizar la información que
contenía. De aquella reunión policial salió,
precisamente, la decisión de encargar las pesquisas a la
UDEF con "la premisa de que se diera cuenta a la
Fiscalía Anticorrupción". Aquellas primeras diligencias
recibieron incluso un número de referencia y fueron
declaradas secretas a petición de otro comisario que
participó en el encuentro. Las mismas se encargaron
entonces a uno de los jefes de grupo de la Unidad, el
hoy comisario José Luis Goudiña.
El segundo mando policial que comparecerá participó en
el segundo intento de investigar el ático de González y
que Interior cortó con el cese fulminante de su jefe
Rodríguez Ulla aseguró a la juez Conejo que al día
siguiente se informó de las mismas tanto a su superior
jerárquico, el también comisario Eugenio Pino, director
adjunto operativo de la Policía, como a la Fiscalía
Anticorrupción. A partir de ese momento, se iniciaron
las investigaciones y se planteó el desplazamiento de
dos agentes a Asturias, donde vivía el primer
propietario del ático que se lo había vendido a la
empresa 'pantalla' que más tarde se lo alquilaría a
Ignacio González y su mujer. A finales de ese mes, el
comisario fue cesado "por pérdida de confianza" por el
director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una
decisión que contó con el respaldo público del ministro
del Interior. Era la segunda vez que el caso se
archivaba. Ahora la juez Conejo quiere saber las
circunstancias de ello.
http://vozpopuli.com/actualidad/84729-la-juez-del-caso-atico-interrogara-a-dos-comisarios-sobre-quien-torpedeo-la-investigacion-en-2012
EL COMISARIO DEL ‘CASO DÚPLEX’: “HE SIDO CASTIGADO Y
PERSEGUIDO POR INVESTIGAR A IGNACIO GONZÁLEZ”
El ex comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, ha
comparecido como testigo ante el Juzgado de Instrucción
nº 22 de Madrid. Su declaración fue ordenada por la
titular del Juzgado nº 5 de Estepona, Isabel Conejo, que
investiga el dúplex del ex presidente de la Comunidad de
Madrid Ignacio González.
Hermes de Dios, que actualmente está destinado en
Madrid, ha contestado durante cerca de una hora a las
preguntas de la acusación popular, que ejerce la
asociación Salvemos Telemadrid, y al abogado del propio
González. Según su declaración, a la que ha tenido
acceso OKDIARIO, sufrió una “persecución” y un “castigo
teledirigido” de González por investigar su propiedad.
Este comisario ha mantenido siempre un currículum
inmaculado. Trabajó entre los años 2000 y 2003 como jefe
de los servicios operativos de vigilancia del ex
presidente del gobierno José María Aznar. También ocupó
un puesto en la Asesoría Técnica de Seguridad en el
ministerio del Interior, que entonces lideraba Mariano
Rajoy. Además, cuenta con seis años de experiencia en
investigación criminal en San Sebastián y ocho como jefe
de grupo operativo del Grupo Especial de Operaciones
(GEO).
Órdenes de investigar
En julio de 2011, cuando era comisario de Marbella,
Hermes de Dios recibió la orden del entonces nº 2 de la
Policía, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, de
investigar el dúplex del ex presidente de la Comunidad
de Madrid. Las pesquisas comenzaron con el PSOE en el
poder y finalizaron en abril del 2012, cuando el PP
había llegado al Gobierno y Jorge Fernández Díaz era el
ministro del Interior.
En junio de 2012, el entonces comisario general de
Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, ordenaba
reabrir la investigación sobre el dúplex de González y
la UDEF era la encargada de hacerse cargo de las
pesquisas.
En esta segunda investigación, participaba el comisario
José Luis Gudiña, que había sido citado este lunes como
testigo, pero que no ha asistido porque no le había
llegado la citación. Sin embargo, dicha investigación
fue nuevamente archivada por segunda vez y Rodríguez
Ulla era cesado por “pérdida de confianza”..
http://okdiario.com/investigacion/2016/06/27/comisario-del-caso-duplex-he-sido-castigado-perseguido-investigar-ignacio-gonzalez-235407
EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A INVESTIGAR A COSIDÓ POR
PRESIONES A POLICÍAS EN EL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ
Se trata de una proposición no de ley presentada por el
PSOE que salió adelante con 25 votos a favor, una
abstención y 16 votos en contra
Desde el PP contestaron a estas acusaciones denunciando
una "falta de rigor plagada de falsedades y odio
político"
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados
instó este martes al Gobierno a investigar las presuntas
presiones políticas denunciadas ante los tribunales por
miembros de la Policía Nacional en relación con la
investigación del ático de Estepona adquirido por el ex
presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González,
imputado por estos hechos desde el mes pasado.
Se trata de una proposición no de ley presentada por el
PSOE que salió adelante con 25 votos a favor, una
abstención y 16 votos en contra. El texto final exige al
Gobierno a "ordenar a la Inspección de Personal y
Servicios de Seguridad una investigación para analizar
todas las actuaciones, instrucciones y órdenes
policiales del director general de la Policía, Ignacio
Cosidó, y el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino,
en la investigación sobre el ático, depurando las
responsabilidades que en su caso procedan".
Además, pide al Gobierno que remita a la Cámara las
conclusiones de esa investigación "dada la gravedad de
los hechos que recogen las declaraciones en sede
judicial de distintos miembros de la Policía Nacional
para que el Congreso de los Diputados exija, en su caso,
las responsabilidades políticas que procedan por
promover, permitir, por acción u omisión, métodos
policiales incompatibles con la actuación exigible a
todo servidor público", informa Europa Press.
Esta iniciativa fue presentada por el PSOE y en concreto
por su portavoz en la Comisión de Interior, Antonio
Trevín, quien dio cuenta de esas declaraciones en sede
judicial de policías afectados presuntamente por esas
presiones y ha citado al comisario José Villarejo quien,
según Trevín, afirmó ante la jueza de Estepona que
investiga el caso que "Cosidó le ordenó parar la
investigación sobre el ático".
El comisario Villarejo
Según el mismo relato socialista, antes que a Villarejo
le sucedió lo mismo al ex comisario general de Policía
Judicial Enrique Rodríguez Ulla. "Declaró en sede
judicial que el Director Adjunto Operativo (DAO) le
ordenó que cesase esa investigación", apuntó Trevín,
quien recordó que luego ese mando policial fue cesado de
su cargo en el que había permanecido seis meses.
"Tuvo la mala suerte el comisario de Marbella Agapito
Hermes de Dios de ser el primero en mandar la
información", insitió el diputado, quien denunció que,
desde entonces, "no tuvo paz" y fue sometido a tres
trasladados. "Fue el DAO quien le pidió que en ningún
caso siguiera con esa investigación", ha remachado
Trevín en un relato en el que no obvió otras cuestiones
como los sms del presidente Rajoy al ex tesorero Luis
Bárcenas o la existencia de informes "apócrifos de la
UDEF contra diversos adversarios".
También censuró que el año pasado se abrirse una
Agregaduría de Interior en Panamá y que para el puesto
sólo se estudiase un expediente, concretamente el del
que fue jefe de escoltas del ex presidente Aznar. Llamó
la atención Trevín de que ese es un puesto en el que se
tiene mucha información de los datos que las autoridades
panameñas mandan a las españolas en el marco de
investigaciones judiciales.
"Fines partidistas"
Ciudadanos se sumó a la "estupefacción" que le generan
algunas informaciones policiales que coinciden con
procesos electorales y pidió que las disputas políticas
se limiten a las instituciones políticas sin usar a las
fuerzas de seguridad "con fines partidistas", en
palabras del diputado Miguel Ángel Gutiérrez.
Desde Podemos-En Comú-En Marea se mostraron a favor de
la propuesta ya que "es un tema serio". "Al margen del
color político, hay actuaciones que distan mucho de
respetar el principio de neutralidad política que se
esperan de las fuerzas se seguridad", comentó el
diputado Eduardo Santos, quien habló de "informes
fantasma que se fabrican para generar un estado de
opinión". A su juicio, esto "es perjudicial para la
Policía, que se ven desprestigiados por unos pocos". A
las críticas se ha sumado Democracia y Liberad quien
también se ha referido a los "informes falsos en épocas
electorales".
Desde el PP contestaron a estas acusaciones denunciando
una "falta de rigor plagada de falsedades y odio
político". "Podemos hablar del GAL o de los fondos
reservados", replicó al tiempo que pidió "no
desprestigiar" a los mandos policiales "con mentiras".
"El ático está siendo investigado", sentenció el
diputado conservador Martín Toledano.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/05/el_congreso_insta_gobierno_investigar_cosido_por_presiones_policias_caso_del_atico_gonzalez_47371_1012.html
LAS ACUSACIONES DEL ‘CASO DEL ÁTICO’ DE GONZÁLEZ QUIEREN
QUE EL ABOGADO PANAMEÑO FONSECA DECLARE COMO TESTIGO
Los extrabajadores de Telemadrid pedirán a la jueza la
comparecencia del abogado Ramón Fonseca Mora, que
aseguró que su despacho creó una firma que acabó en
manos de un político español, en referencia al
expresidente madrileño
Los acusadores consideran que el testimonio del dueño
del bufete panameño podría ahorrar varios meses de
investigación y las comisiones rogatorias al país
centroamericano
Las declaraciones del abogado Ramón Fonseca Mora, uno de
los socios del despacho Mossack Fonseca, en las que
aseguraba que su firma había creado una empresa que
finalmente acabó en manos de un político español, en
referencia al expresidente madrileño Ignacio González,
han convencido a las acusaciones populares de los
extrabajadores de Telemadrid y de la Asociación
Transparencia y Dignidad de que su testimonio podría
ahorrar varios meses de instrucción y comisiones
rogatorias a Panamá sobre la compra del ático de lujo.
Y por eso el letrado de los despedidos en el ERE de
Telemadrid Javier Carnerero ultima un escrito dirigido a
la titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel
Conejo, en el que le pide que reclame la comparecencia
en calidad de testigo del abogado panameño, que el
pasado 15 de marzo, cinco días después de que se
hicieran públicas las imputaciones de González; su
mujer, Lourdes Cavero; y Enrique Cerezo, dio por hecho
que la empresa que adquirió en 2008 el dúplex de lujo
por 750.000 euros había sido creada en su bufete "hace
muchos años".
También, el letrado pedirá a la magistrada Conejo que
reclame a los medios de comunicación la grabación de sus
declaraciones realizadas en Radio Panamá, en las que
apunta que en un primer momento el despacho Mossack
Fonseca vendió la empresa a una "reputada" firma de
abogados de Costa Rica, y que al final acabó en manos de
"un político, que compró un inmueble y ahora está
investigado".
Testimonio importante
El testimonio de este abogado es de gran importancia ya
que su versión relacionaría a Ignacio González con la
trama Gürtel, lo que apoyaría la declaración de un
confidente policial al comisario José Manuel Villarejo
en la que aseguró que el que fuera número dos de
Esperanza Aguirre había sido el político que se habría
llevado "la mayor parte del pastel" de Arganda del Rey.
En concreto, tal y como indica una nota policial
aportada al sumario de Estepona, González habría
percibido en negro dos millones de euros del empresario
Fernando Martín, el propietario de la promotora Martinsa.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que
instruye la pieza separada de Arganda del Rey dentro del
caso Gürtel, investiga el presunto pago de 25 millones
de euros en negro por parte del empresario Fernando
Martín a Francisco Correa, a cambio de su intervención.
Correa, siempre según el sumario, habría utilizado la
sociedad creada en Panamá por el despacho Mossack
Fonseca Golden Chain Properties para percibir en Suiza
al menos 13 de los 25 millones.
Empresas suscriptoras
La acusación popular ya había pedido a la jueza que
reclamara a Panamá la información sobre la sociedad
Waldorf Overseas Investments Inc, que también fue creada
por el despacho Mossack Fonseca con las dos empresas
suscriptoras Dulcan Inc. y Winsley Inc, que participaron
en la constitución en Panamá de Golden Chain Properties,
de Correa.
La ley panameña permite que las empresas que crean sus
abogados emitan acciones al portador, por lo que en
ningún registro público aparecen los nombres de los
auténticos propietarios de las mismas. Este es el
principal motivo por el que miles de clientes de todo el
mundo acuden a este país a comprar las firmas opacas.
Sin embargo, Panamá obliga a que estas empresas
mantengan como suscriptores a personas residentes en
este país, como por ejemplo son los casos de las firmas
sucriptoras de Waldorf Overseas Investments Inc y Golden
Chain Properties: las mencionadas Dulcan Inc y Winsley
Inc.
Panamá no coopera
Esta es la segunda vez que Panamá recibe una petición de
la jueza, ya que en 2014 las autoridades del país del
Canal rechazaron cooperarar con España alegando que ese
país no colabora en los casos de los delitos de
blanqueo. Pero para justificar esta petición, la
magistrada incluyó en la comisión rogatoria el delito de
cohecho, por lo que espera que en esta ocasión el
Gobierno de Panamá si ayude a la investigación.
Por su parte Ignacio González, que defiende que la
empresa que compró el ático se llama Walfort (con 't'
final y no con 'd') Overseas Investments, sostiene que
ésta no tiene ninguna vinculación con Panamá, y mucho
menos con la trama de Correa. También ha explicado, en
un escrito dirigido a la jueza Isabel Conejo, que la
compañía fue creada en Estados Unidos, en concreto en el
estado de Delaware, considerado un pseudoparaíso fiscal.
Reproducir grabaciones
La magistrada Conejo tomará declaración el 18 de abril a
González, a su mujer y a Cerezo después de reproducir
las conversaciones grabadas que fueron aportadas al
procedimiento por el comisario José Manuel Villarejo.
Según el contenido de las mismas, Ignacio González trató
de que no trascendiera que era el inquilino de una
sociedad offshore de Estados Unidos. Por su parte,
González ha pedido que la declaración se retrase.
En este sentido, la providencia de la jueza pedía al
comisario Villarejo, que fue el encargado de coordinar
la investigación del ático en un primer momento, que
remitiera al equipo con el que se realizó la grabación
de las conversaciones, "junto con los elementos
auxiliares, la fuente de alimentación, baterías,
cableado de conexión, así como el soporte de grabación,
al objeto de se obtenga directamente desde el
Laboratorio de Criminalística las conversaciones
originales".
Precisamente, la jueza Conejo reclamó a la Guardia Civil
en octubre pasado que realizara un informe sobre la
autenticidad de las grabaciones, que cinco meses después
todavía no ha recibido.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/08/las_acusaciones_del_caso_del_atico_piden_declaracion_del_socio_del_despacho_mossack_fonseca_47553_1012.html
FONSECA SEÑALA QUE EL ÁTICO FUE DE IGNACIO GONZÁLEZ
DESDE EL PRINCIPIO
Ramón Fonseca Mora, socio del despacho puesto al
descubierto en los Papeles de Panamá, destapados por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
y, en España, por El Confidencial y La Sexta, declaró
recientemente que Ignacio González -al que describía
como "un político español" -era desde el principio
propietario del ático de Estepona por el que está
imputado-.Las declaraciones del abogado y político
centroamericano se produjeron en una entrevista en Radio
Panamá el pasado 15 de marzo. El socio de Mossack
Fonseca no fue preguntado por la filtración de sus
clientes, que aún no se había desvelado, sino sobre la
participación de su despacho en la supuesta adquisición
de un inmueble por el ex presidente brasileño Luiz
Inácio Lula de Silva.
Tras negar que se hubiera actuado irregularmente en ese
episodio, Fonseca remató su intervención con lo que
llamó "otro caso igualito". Sin citarlo expresamente,
pasó a describir el recorrido de la sociedad que aparece
como propietaria del ático de Estepona. "Vendemos una
sociedad en la que somos solamente agentes registrados a
una oficina de abogados en Costa Rica (...). Esa
compañía revende la sociedad a unos abogados en España.
La sociedad en España, el abogado se la vende a un
político; nosotros no tenemos idea de que la sociedad
está en manos del político. El político nuevamente
compra un apartamento; resulta que el político está
ahora investigado".
La secuencia descrita en Radio Panamá -divulgada ayer
por la cadena Ser- aleja a su despacho de las posibles
irregularidades, pero sitúa al ex presidente madrileño
como verdadero propietario del inmueble mediante la
adquisición de la sociedad que lo poseía.La compañía que
vende Mossack Fonseca es Waldorf Overseas Investment,
que es a su vez dueña de Coast Investors, radicada en el
paraíso fiscal de Delaware (EEUU) y que fue la que
formalmente adquirió el ático.
Waldorf Overseas tiene lo que se llama dos
«suscriptores» (Dulcan Inc y Winsley Inc), figura que
los investigadores describen como testaferros y que
serviría para ocultar al propietario final. En el caso
Ático se investiga si el propietario del inmueble fue
desde el principio el ex presidente madrileño. González,
su mujer y el empresario y presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, están citados a declarar como
imputados el próximo día 18 en el Juzgado de Instrucción
número 5 de Estepona. La Fiscalía les atribuye posibles
delitos de fraude fiscal, blanqueo y cohecho. Este
último delito se ha sumado a la lista de imputaciones
recientemente e implica la sospecha de que el ático fue
la contrapartida por algún acto de corrupción.
En la misma resolución en la que acordaba las
imputaciones, la juez del caso ordenó reiterar la
comisión rogatoria a Panamá para seguir el rastro de
diversas cuentas bancarias vinculadas a la propiedad del
inmueble. En esta ocasión, la petición de ayuda al
paraíso fiscal especifica que ya no sólo se indagan
delitos fiscales y blanqueo, sino que se imputa a
González un delito de cohecho. Eso debería impedir que
Panamá respondiera como lo hizo la primera vez:
devolviendo sin cumplimentar la comisión rogatoria
porque ni la evasión ni el posterior blanqueo son delito
en su país.
http://www.elmundo.es/espana/2016/04/07/5705722746163fda328b45ab.html
GONZÁLEZ JUSTIFICA ANTE EL JUEZ EL PAGO DEL ÁTICO CON EL
FINIQUITO DE SU MUJER
El expresidente de la Comunidad de Madrid presentó ayer
ante el juez una fotocopia del finiquito que su mujer
recibió de la empresa UNESA por un total de 636.580,34
euros netos para justificar que tenían solvencia
económica para comprar el dúplex y la coincidencia entre
la fecha de la compra del piso y la indemnización
recibida
Ignacio González ya había explicado que pagó el ático de
Marbella por el que se le está investigando con el
finiquito que le dieron a su mujer, Lourdes Cavero, que
también está imputada por el ático marbellí. Ayer el
expresidente de la Comunidad de Madrid presentó ante el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de
Estepona la copia del finiquito y la nómina retribución
que su esposa recibió de UNESA, la Empresa Asociación
Española de la Industria Eléctrica". El documento tiene
fecha del 31 de mayo del 2011. La indemnización bruta
por todos los conceptos fue de 713.475, 42 euros aunque
finalmente el dinero líquido que percibió fue de
636.580,34 euros en una cuenta del banco Barclays.
El matrimonio alega ante el juez que "el motivo de
aportar esta prueba documental es demostrar la
indubitada capacidad económica de los cónyuges para el
pago del precio de la vivienda, hoy en cuestión, y la
coincidencia temporal, tras el lógico periodo de
reflexión y decisión, entre la percepción de la
indemnización y la compra de la vivienda. La
indemnización fue recibida el 31 de mayo del 2011 y la
compra de la vivienda se materializó el 18 de diciembre
del 2012. Lourdes Cavero Maestre fue Jefa del
Departamento de Relaciones Internacionales de la Empresa
Asociación Española de la Industria Eléctrica UNESA.
Según se detalla en su nómina de finiquito comenzó a
trabajar en la empresa el 1 de octubre de 1984. La mujer
de Ignacio González fue imputada por un presunto delito
fiscal y otro de blanqueo en la compra del ático de 496
metros que la pareja posee en la urbanización marbellí
de Guadalmina. La vivienda estuvo durante cinco años a
nombre de la sociedad Coast Investors, radicada en el
paraíso fiscal de Delaware que a su vez estaba
controlada por otra off shore panameña (Walford Overseas)
y controlada presuntamente por el testaferro Rudy Walner.
http://cadenaser.com/ser/2016/03/31/tribunales/1459441257_223413.html
INTERIOR PROPONE A LA JUEZ QUE LA UDEF RETOME EL 'CASO
ÁTICO' TRAS CUATRO AÑOS APARTADA POR ORDEN DE FERNÁNDEZ
DÍAZ
El caso del ático de Ignacio González ya tiene quién lo
investigue. Será la célebre Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía la que, a
propuesta del propio Ministerio del Interior, se
encargue de las pesquisas bajo las órdenes de la titular
del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona
(Málaga), Isabel Conejo. Así se recoge en una reciente
providencia de la magistrada a la que ha tenido acceso
Vozpópuli y en la que se señala que la Comisaría de
Estepona, a la que que en primera instancia la juez
había encargado la investigación, ha remitido
recientemente un oficio a ésta en el que le comunica que
ha tramitado su petición de colaboración a Madrid para
que sean sus compañeros especializados en delitos
económicos los que se hagan cargo de las mismas. Se da
circunstancia que la UDEF ya intervino en las mismas en
sus inicios, en 2012, pero que fue el propio ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que ordenó tras
cesar a dos mandos que se abandonaran al considerarlas
entonces "ilegales".
La magistrada encargó las pesquisas a la Comisaría de
Estepona, pero ésta ha derivado el caso al grupo
especializado en delitos económicos con sede en Madrid
La propuesta de que sea la UDEF la que se encargue del
'caso Ático' fue tramitada por la Comisaría de Estepona
el pasado 22 de marzo, una semana después de que llegara
a sus responsables el oficio de la juez Isabel Conejo en
el que les pedía que realizasen "las gestiones tendentes
al esclarecimiento de los hechos [y] de las personas
responsables" en la compraventa del lujoso ático por el
que están 'investigados' (término que sustituye al de
imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal) el político, su mujer, Lourdes Cavero, y el
empresario Enrique Cerezo En aquel escrito, la
magistrada ya dejaba a los mandos locales de la Policía
la puerta abierta a que delegasen en cualquier otra
"unidad de dicho cuerpo policial con competencias para
llevar a cabo la investigación de los hechos", en lo que
fuentes jurídicas vieron entonces una sutil alusión a la
UDEF. Finalmente, es lo que han hecho los destinatarios
del encargo judicial. Según detallan en su respuesta a
la magistrada, se han dirigido a la Comisaría General de
Policía Judicial, en Madrid, el oficio que esta les
remitió "para que por la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Financiera [sic] sean investigados los
hechos denunciados en este procedimiento".
Aquella decisión de la juez de que fuese la Policía
Nacional la que se encargara de las pesquisas sorprendió
entonces dentro del propio Cuerpo. Los motivos: dos
comisarios habían sido cesados precisamente por
investigar la propiedad inmobiliaria del expresidente de
la Comunidad de Madrid, además de que el último informe
pedido por la magistrada, el análisis de la grabación
que el comisario José Villarejo hizo de su conversación
con Ignacio González y que ha reactivado el caso, se lo
encargó ésta al Servicio de Criminalística de la Guardia
Civil. De hecho, la última actuación de investigación de
la Policía conocida en esta causa era un informe la
propia UDEF de finales de junio de 2012 cuyo encargo le
costó el puesto al entonces comisario general de Policía
Judicial, Jose Enrique Rodríguez Ulla. Desde entonces,
la participación de este Cuerpo había sido prácticamente
testimonial, según se refleja en el propio sumario.
Primer cese, en abril de 2012
Aquel cese de un mando policial no era el primero. En
abril de ese mismo año ya había sido relevado de su
puesto el comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes de
Dios, quien había iniciado las pesquisas en julio de
2011, cuando el PSOE aún estaba en el poder. Sin
embargo, la llegada al Palacio de La Moncloa del PP se
tradujo en la paralización de las investigaciones, al
considerar el ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, que las mismas no habían sido registradas de forma
oficial y, por tanto, eran "ilegales". La propia
Dirección General de la Policía anunció entonces en una
nota de prensa que "siguiendo las instrucciones del
Ministerio del Interior" había abierto un expediente a
este agente que también fue trasladado de destino.
Los dos comisarios que iniciaron la investigación fueron
destituidos fulminantemente en 2012 con el visto bueno
del ministro del Interior
Poco más de dos meses después se producía la segunda
destitución fulminante, la del comisario Rodríguez Ulla.
Según detalló este alto cargo policial en la declaración
que prestó el pasado 3 de marzo dentro del sumario del
Ático, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, él reabrió
la investigación tras recibir el 7 de junio de 2012 tres
notas registradas por un sindicato policial en las que
se denunciaban supuestas irregularidades en el
patrimonio del político. Ello le llevó a convocar una
reunión de la comisión técnica de su departamento para
analizar la información que contenía. De aquella reunión
policial salió, precisamente, la decisión de encargar
las pesquisas a la UDEF con "la premisa de que se diera
cuenta a la Fiscalía Anticorrupción". Aquellas primera
diligencias recibieron incluso un número de referencia y
fueron declaradas secretas a petición de otro comisario
que participó en el encuentro.
Rodríguez Ulla aseguró a la juez Conejo que al día
siguiente se informó de las mismas tanto a su superior
jerárquico, el también comisario Eugenio Pino, director
adjunto operativo de la Policía, como a Anticorrupción.
A partir de ese momento, se iniciaron las
investigaciones y se planteó el desplazamiento de dos
agentes a Asturias, donde vivía el primer propietario
del ático que se lo había vendido a la empresa
'pantalla' que más tarde se lo alquilaría a Ignacio
González y su mujer. A finales de ese mes, el comisario
fue cesado "por pérdida de confianza" por el director
general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una decisión
que contó con el respaldo público del ministro del
Interior.
Desde entonces, la UDEF había desaparecido del sumario y
la actuación de otras unidades de la Policía Nacional se
redujó a la mínima expresión. Así, entre los escasos
escritos elaborados por este cuerpo en estos casi cuatro
años figura un informe del 18 de julio de 2013 elaborado
por la Comisaría de Estepona, la misma que ha derivado
ahora la investigación a sus colegas de Delitos
Económicos, en el que se detallaba el camino que, por
error, había seguido una comisión rogatoria que la juez
había dirigido a las autoridades británicas para recabar
datos sobre una cuenta bancaria abierta en este país y
que había sido rechazada por Londres.
http://vozpopuli.com/actualidad/78706-interior-propone-a-la-juez-que-la-udef-retome-el-caso-atico-tras-cuatro-anos-apartada-por-orden-de-fernandez-diaz
GONZÁLEZ ASEGURA QUE LA EMPRESA QUE COMPRÓ EL ÁTICO NO
TIENE VINCULACIÓN CON PANAMÁ
El
expresidente madrileño del PP Ignacio González ha
iniciado su defensa judicial en relación con el ático de
lujo que tiene en Estepona. Y lo ha hecho de forma
sorprendente, convirtiéndose en portavoz de una empresa
de Delaware con la que se supone que no tiene ningún
vínculo. En concreto, el abogado del político madrileño
presentó un escrito ante la jueza que investiga el caso
asegurando que Walfort Overseas Investments Ltd. "carece
de vinculación con Panamá". ¿Y cómo lo sabe Ignacio
González? Es una pregunta que no encuentra respuesta en
el escrito del letrado.
Walfort Overseas Investments Ltd. es la dueña de otra
sociedad de Delaware, denominada Coast Investors LLC,
que fue la que oficialmente compró en 2008 el ático de
Estepona después de que la mujer de González, Lourdes
Cavero, lo visitara en dos ocasiones antes de cerrar la
operación. Esa relación societaria consta en el registro
mercantil de Delaware. Sin embargo, lo que nadie sabe
aún es qué persona física o jurídica se esconde detrás
de Walfort Overseas Investments Ltd., por ello resulta
extraño que el abogado de González diga en un escrito
judicial que "carece de vinculación con Panamá".
Ignacio González, que junto a su su mujer y el
presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, han
sido citados a declarar como investigados (imputados)
por la jueza Isabel Conejo, trata de desvincular a su
casero de una de las empresas implicadas en el mayor
pelotazo del caso Gürtel: la adjudicación en Arganda del
Rey de varias fincas municipales por las que Martinsa,
según un testigo, pudo haber obtenido unos ingresos
sobre el papel de más de 500 millones de euros.
Según un informe policial, González podría haber
recibido una mordida de dos millones de euros. El ático
habría sido un pago en especie. Según el juez Pablo Ruz,
el cerebro de Gürtel, Francisco Correa, habría percibido
25 millones de euros por su intermediación con los
políticos para la operación de Arganda del Rey (Madrid),
cuyo exalcalde Ginés López está imputado.
El escrito de González
Y en un escrito sellado el 10 de marzo pasado, el
letrado de González insiste en que “Coast Investors está
participada exclusivamente por Walfort Overseas
Investments Ltd", tal y como figura "en los registros
mercantiles de Delaware de los que existe constancia”.
Pero, ¿quién está detrás de Walfort Overseas Investments
Ltd? El abogado de González no da ningún nombre, pero
ello no le impide afirmar que no tiene vínculos con
Panamá. Según el testaferro Rudy Valner, el dueño de
Walfort Overseas Investments Ltd. sería el ciudadano
argentino Luis Osvaldo Repetto, socio y conocido de
Enrique Cerezo. Sin embargo, no hay ningún documento que
respalde esta versión de Valner.
González responde así a las peticiones de la acusación
popular del colectivo de afectados por el ERE de
Telemadrid, que pretende conocer quién está detrás de la
empresa matriz que compró el inmueble. En este sentido,
el abogado de este colectivo de extrabajadores, Javier
Carnerero, ha solicitado la imputación del presunto
testaferro Rudy Valner y de Luis Osvaldo Repetto.
González y su mujer, que aseguran que hasta el momento
han permanecido al margen del caso, afirman que se han
visto obligados a mantener una actitud activa tras tener
conocimiento de la petición de la Fiscalía de Málaga de
su imputación, y la posterior decisión de la jueza en la
que les cita a declarar el 18 de abril como
investigados.
El matrimonio considera necesario realizar “una serie de
precisiones mercantiles o terminológicas que vienen
confundiendo tanto al Ministerio Fiscal como a la
acusación particular y el propio Juzgado”.
Y en este punto del escrito, González alude a la
confusión generada por el nombre de la sociedad que le
vendió el ático. Y aquí González y su mujer coinciden
con el fiduciario mexicano Rudy Valner: “Volvemos a
reiterar que la compañía partícipe en Coast Investors
LLC -Delaware- es Walfort Overseas Investment Ltd.
(Delaware) y carece de vinculación con Panamá, con
Dulcan Inc., Winsley Inc. ni con el cuestionado despacho
de abogados Mossack Fonseca & Co, ni por supuesto con
ningún investigado, imputado o acusado en la trama
Gürtel en cualquiera de sus piezas”.
Con esta aclaración, González quiere alejar al vendedor
del caso investigado en la Audiencia Nacional, en el que
la empresa Golden Chain Properties fue creada con la
presencia de las dos empresas mencionadas por el letrado
de González: Dulcan Inc. y Winsley Inc. Golden Chain
Properties sirvió de refugio final de 13 de los 25
millones que cobró Correa por el pelotazo de Arganda.
Dulcan Inc. y Winsley Inc. fueron también las sociedades
que crearon la empresa Waldorf (con 'd' como cuarta
letra y 'f' final) Overseas Investments Inc. en Panamá,
sobre la que ha pedido información la jueza del ático. Y
el letrado del político madrileño trata de distinguirla
de Walfort (con 'f' como cuarta letra y 't' final)
Overseas Investments Ltd., que es la creada en Delaware.
“Ni Walford Overseas Investment Inc., ni Waldorf
Overseas Investments Inc., ni Valdorf ni Valfort ni
ninguna otra mercantil con denominación similar
participa ni tiene relación o vinculación con Coast
Investors LLC Delaware”, señala el abogado de González.
Esta precisión “no es baladí”, continúa, ya que la
sociedad Waldorf Overseas Investments Inc.
“efectivamente tiene los mismos suscriptores y
directores que Dulcan Inc. y Winsley Inc. (estas si
relacionadas en Gürtel), al igual que el despacho de
abogados Mossack Fonseca & Co., aparecen como agente
residente en Panamá de las tres compañías mencionadas”.
Y por ello, González se opone a pedir información a
Panamá sobre estas empresas: “Consideramos que seguir
interesando información ajena a la compañía Coast
Investors LLC Delaware -legítima vendedora del inmueble
a mis patrocinados- puede conllevar muchos réditos
periodísticos a la acusación e incluso emponzoñar aún
más la ya desfigurada condición de mis patrocinados,
pero es una perdida de tiempo que entiendo hay que
evitar no sólo por economía y oportunidad procesal, sino
para evitar llegar a conclusiones equivocadas partiendo
de premisas de todo punto erróneas”.
Y finalmente González considera que su escrito debe
enviarse al fiscal Juan Carlos López Caballero, “toda
vez que en su escrito incurre en el error de denominar
reiteradamente Walford Overseas Investments Ltd. cuando
en realidad parece referirse a Walfort Overseas
Investments Ltd. LLC (Delaware)”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/13/gonzalez_defiende_empresa_que_compro_atico_tiene_ninguna_vinculacion_con_panama_46337_1012.html
EL PP ABRE UN EXPEDIENTE A IGNACIO GONZÁLEZ TRAS SER
IMPUTADO POR SU ÁTICO
El expresidente madrileño adquirió un inmueble en
Estepona valorado en 750.000 euros
El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido
Popular (PP) ha abierto este viernes un expediente
informativo al expresidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González, dos días después de haber sido
imputado por un juzgado de Estepona por el caso del
ático de lujo que compró en la localidad malagueña. La
medida no tiene consecuencias prácticas para González,
que dimitió por carta como secretario del PP madrileño
el pasado enero, aunque el partido no supo de su cese
hasta que lo comunicó Esperanza Aguirre el mismo día que
ella dimitía como presidenta del PP de Madrid, hace
menos de un mes.
El Juzgado de Instrucción 5 de Estepona (Málaga) ha
citado a González el próximo 18 de abril como
investigado, una figura que sustituye al imputado, en el
marco del procedimiento que intenta dilucidar cómo el
político del PP adquirió su ático de lujo en este
municipio de la Costa del Sol. El inmueble está valorado
en algo más de 750.000 euros. La magistrada ha extendido
su citación a Lourdes Cavero, esposa de González, y al
presidente del Atlético de Madrid, el empresario Enrique
Cerezo.
El ático de lujo estaba a nombre de una empresa radicada
en Delaware (Estados Unidos) y su propietario era el
empresario Rudy Valmer, conocido del presidente del
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, con el que hacía
negocios. El juzgado investiga si González recibió ese
ático como pago por un pelotazo urbanístico en Arganda
del Rey.
González ya no tenía ningún cargo público ni en el
partido. Precisamente, este viernes se ha conocido que
el Gobierno madrileño de Cristina Cifuentes ha decidido
dejar de costear con dinero público la asistencia
jurídica al expresidente en el caso abierto en los
juzgados por el supuesto espionaje del que fue víctima
cuando viajó a Cartagena de Indias (Colombia) en 2008,
según ha informado la Cadena SER.
El PP ha informado de la apertura del expediente
informativo a González a través de un escueto comunicado
de tres líneas en el que únicamente hace referencia al
artículo 18.7 de sus estatutos sobre procedimientos
disciplinarios y medidas cautelares. En lo que va de
año, los populares han suspendido de militancia a los
afiliados detenidos en Valencia en el marco de la
operación Taula yal diputado por Segovia Pedro Gómez de
la Serna, que pidió la baja en el partido después de que
la Audiencia Nacional admitiera una querella contra él y
contra el exembajador Gustavo de Arístegui por presuntos
delitos de corrupción. El PP llegó a pedir disculpas por
haber incluido a De la Serna -ahora en el Grupo Mixto-
en sus listas para las elecciones del pasado 20 de
diciembre y en el comunicado en el que informó de la
suspensión de militancia de los afiliados de Valencia
detenidos prometía "rechazar cualquier tipo de
corrupción, venga de donde venga y adoptar las medidas
para atajar cualquier actuación que infrinja la ley".
En el comunicado sobre el expediente de González no hay
alusión alguna a la corrupción y la medida adoptada no
tiene consecuencias prácticas para el exdirigente
popular, como admiten en el propio partido. Tras su
dimisión y la de Aguirre, Cristina Cifuentes preside
ahora la gestora que dirige al PP madrileño a la espera
de que se celebre el congreso regional para elegir al
nuevo líder del partido en la comunidad.
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/11/actualidad/1457726905_229734.html
LA COMUNIDAD CIERRA EL GRIFO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA A
IGNACIO GONZÁLEZ
A partir de ahora, Ignacio González tendrá que pagarse
el abogado de su bolsillo. El gobierno de Cifuentes ha
decidido cortar el grifo de la asistencia jurídica al ex
presidente de la Comunidad de Madrid, solo unos días
antes de que fuera imputado por el famoso ático de
Estepona
Hasta la semana pasada, la Comunidad de Madrid abonaba a
Ignacio González la asistencia legal en el caso del
espionaje en Colombia. Según desveló la Cadena SER en
2009 a través de una grabación, los espías siguieron muy
de cerca a Ignacio González durante un viaje oficial. En
el vídeo, se le ve entrar en una vivienda con otras tres
personas y con bolsas blancas, y salir diez minutos más
tarde sin ellas. En el pasado, la Comunidad de Madrid le
llegó a pagar este servicio para casos que no tenían que
ver con su labor al frente del Gobierno regional.
Esta decisión del ejecutivo de Cristina Cifuentes ha
generado un profundo malestar en el expresidente, que ha
visto cómo en los últimos meses le han despojado de
varios privilegios de los que disfrutaba desde que
sustituyó a Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad.
El pasado mes de diciembre le retiraron la escolta que
vigilaba el perímetro de su casa en Aravaca. En total
eran once agentes en la reserva de la Policía Nacional
los que llevaban a cabo ese servicio de seguridad. Tanto
los sueldos de los agentes como los gastos derivados de
la seguridad los asumían las arcas de la Comunidad.
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/11/radio_madrid/1457678463_566928.html
LA ACUSACIÓN PIDE A LA JUEZA DEL ÁTICO QUE RECLAME TODOS
LOS INFORMES POLICIALES SOBRE GONZÁLEZ
La acusación popular de los extrabajadores de Telemadrid
ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción
número 5 de Estepona, que investiga el caso del ático en
el que solicita a la Dirección Adjunta Operativa (DAO)
de la Policía Nacional que remita "el expediente
completo de las indagaciones, gestiones e
investigaciones" relativas al expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González, que deberá
declarar como investigado el 18 de abril.
En concreto, la acusación popular reclama todas las
notas de trabajo y notas de gestiones aportadas por el
comisario José Manuel Villarejo, que fue el responsable
de coordinar en un principio la investigación sobre la
compra en 2008 del ático.
infoLibre ha publicado dos de estas notas elaboradas el
11 de julio de 2011 y el 13 de febrero de 2012. La
primera de ellas, que fue incluida en la denuncia
presentada por el comisario Villarejo ante la Policía,
en la que aseguró haber sufrido "graves presiones" para
que destruyera los informes del ático, apuntaba que el
inmueble de Estepona podría ser el pago en especie a
cambio de su participación en una adjudicación de unos
terrenos municipales en Arganda del Rey (Madrid).
Notas policiales
Asimismo, la nota policial de 2011 cita otros casos de
presunta corrupción en los que se podría haber visto
envuelto el expresidente madrileño: como una
adjudicación en el municipio de Colmenar de Oreja, los
pagos irregulares con las empresas Canal de Isabel II y
la Agencia de Informática de la Comunidad (ICM), y las
supuestas mordidas abonadas por el presidente del
Atlético de Madrid Enrique Cerezo en relación con las
adjudicaciones de la Televisión Digital Terrestre (TDT).
El segundo informe que reclaman los extrabajadores de
Telemadrid, también adelantado por infoLibre, aporta más
vínculos del supuesto pago de dos millones a González en
relación al caso Gürtel. Como por ejemplo que el mismo
confidente policial que cita Villarejo aseguró también
que el anterior propietario del ático percibió 1.350.000
euros, aunque en realidad se escrituró formalmente en
850.000 euros, abonándose la diferencia en efectivo.
Islas Caimán
Los fondos en metálico se habrían abonado desde una
cuenta en Islas Caimán del empresario propietario de la
empresa Martinsa, Fernando Martín, imputado en Gürtel
por el pago irregular de 25 millones de euros al
cabecilla de la trama, Francisco Correa. Fernando Martín
siempre ha negado cualquier relación con estos hechos.
El escrito de la acusación incluye la petición de otras
diligencias dirigidas a la jueza. Como por ejemplo que
pida al Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid para
que remita el sumario del caso de Colmenar de Oreja
incluido en el informe policial.
Dos nuevas imputaciones
Los extrabajadores de Telemadrid reclaman en el
documento mencionado dos nuevas imputaciones. En primer
lugar la del presunto testaferro de la operación y
empleado de Enrique Cerezo en una de sus empresas en
Estados Unidos: Rudy Valner. Pero también la del
supuesto propietario último de la firma que compró el
ático en 2008: el ciudadano argentino Luis Osvaldo
Repetto, que en conversación con infoLibre reconoció
conocer a Cerezo y haber sido socio del presidente del
Atlético de Madrid.
La acusación pide a la magistrada también, en relación
al fiduciario de nacionalidad mexicana Rudy Valner, que
libre un mandamiento a la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras para que certifique sus entradas
y salidas en España, con la intención de determinar si
estuvo presente en las compraventas del ático, la
primera de ella en 2008 y la segunda en diciembre de
2012.
Agapito Hermes de Dios
También en relación a la declaración como testigo del
comisario Villarejo, la acusación popular de los
despedidos de Telemadrid reclama la declaración, en
calidad de testigo, del excomisario de Marbella Agapito
Hermes de Dios, que según Villarejo fue expedientado por
investigar el ático de González.
El abogado Javier Carnerero, que ejerce la
representación de la acusación popular, pretende que
Hermes de Dios y el inspector Goudiña aclaren "el origen
de la investigación, las pesquisas realizadas en primera
instancia y que corroboren las presiones denunciadas por
el comisario Villarejo" por parte del director general
de la Policía, Ignacio Cosidó.
Notaría de Estepona
El letrado quiere determinar la veracidad de las
declaraciones del propio Villarejo y de la expareja del
primer vendedor del ático, la ciudadana alemana Karen
A.G. en las que aseguraron que la firma de la escritura
se llevó a cabo en una notaría de Estepona y no en
Madrid, tal y como aseguran los investigados.
En este sentido, el documento de los exempleados de la
televisión pública madrileña quieren que la magistrada
Isabel Conejo libre un mandamiento al Consejo General
del Notariado para que certifique su la notaria que
firmó la compraventa en 2008 ha sido inhabilitada y las
causas.
Finalmente, el escrito incorpora dos diligencias que
completan las pedidas por la jueza en su última
providencia. La primera que se realice una investigación
patrimonial de Ignacio González y de su mujer, Lourdes
Cavero, aunque los extrabajadores de Telemadrid incluyen
también al presidente del Atlético de Madrid Enrique
Cerezo.
Walford Overseas SA
La segunda es la reactivación de la comisión rogatoria a
Panamá, habida cuenta de la confusión en el nombre de la
matriz de la empresa que compró el ático en 2008: Coast
Investors. El letrado Carnenero pide información de las
empresas Waldorf Overseas Investments Inc, que podría
tener vínculos con el caso Gürtel, y la descubierta por
infoLibre en el registro de Panamá Walford Overseas SA,
que se creó apenas tres días antes de la mencionada
compraventa.
También se incluye entre las diligencias una nueva
comisión rogatoria al Estado norteamericano de Delaware
que determine el beneficiario final de las empresas
Ambassador Pasadena Homes LLC y de su sucesora Walfort
Overseas Investments Ltd., cuyo agente es el testaferro
Rudy Valner.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/11/la_acusacion_los_extrabajadores_telemadrid_piden_jueza_del_atico_que_reclama_los_informes_policiales_sobre_ignacio_gonzalez_46247_1012.html
LA JUEZ DEL 'CASO ÁTICO' RASTREA 5 AÑOS Y 9 MESES DE
MOVIMIENTOS BANCARIOS DE IGNACIO GONZÁLEZ Y SU MUJER
Todas las cuentas bancarias de Ignacio González y su
mujer, Lourdes Cavero, bajo la lupa judicial. Al menos,
durante los cinco años y nueve meses que van desde abril
de 2008 hasta diciembre de 2013. La titular del Juzgado
de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel
Conejo, ha remitido a cinco entidades bancarias un
oficio para que le hagan llegar toda la información que
tengan sobre las productos financieros que el
expresidente de la Comunidad de Madrid y su esposa
hubieran tenido en las mismas durante dicho periodo. El
motivo: desde todas ellas se hicieron pagos relacionados
con el inmueble, desde el alquiler mensual a la cuota de
la comunidad de vecinos, pasando por los suministros de
agua, luz y gas. La decisión de la magistrada se basa en
una petición que hizo una de las acusaciones en
noviembre de 2014 para descubrir el origen del dinero
con el que el matrimonio compró en diciembre de 2012 el
polémico ático de lujo así como el destino final de ese
dinero y de las cantidades que supuestamente pagaron
como arrendamiento durante los cuatro años anteriores.
Desde cuentas de Caixabank, Barclays, Bankia, Santander
y Popular se hicieron todo tipo de pagos relacionados
con el inmueble de lujo
Así aparece recogido en la providencia conocida este
miércoles por la que citaba a declarar como investigados
(el término que sustituye al de imputado en la nueva Ley
de Enjuiciamiento Criminal) a González, Cavero y el
empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo. En dicho escrito, la juez ordena "la
averiguación patrimonial" de la pareja y librar un
oficio a Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco
Popular para reclamar a todos ellos la información que
en su día solicitaba en aquel escrito la representación
del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que fue quien
planteó la querella que permitió abrir la causa, aunque
en la actualidad ya se ha retirado de la misma.
Se refiere, en concreto, a un escrito de 25 folios en el
que el abogado del sindicato hacía una detallada
exposición de las supuestas irregularidades en el
alquiler y compra del inmueble constatadas hasta aquel
momento, finales de 2014. En aquel antiguo escrito, al
que Vozpópuli ha tenido acceso, ya se destacaba que el
proceso final de la adquisición o "colocación", como se
denominaba en el mismo, que había supuesto la
adquisición final del ático por parte del político una
semana antes de las Navidades de 2012 se había hecho "de
forma impecable en sus aspectos formales y en los
instrumentos de pagos utilizados". Sin embargo, llamaba
la atención sobre varias lagunas que consideraba
necesario aclarar para conocer "el destino último del
dinero utilizado para su pago y la titularidad real" de
quien fue el destinatario final tanto del pago de la
compra como los previos del alquiler.
Demasiado dinero para sus sueldos
En concreto, se señalaba que el abono de 741.000 euros
por parte de la pareja para comprar la vivienda de lujo
se hizo el 18 de diciembre de 2012 mediante una
transferencia desde la cuenta que el matrimonio tenía en
una sucursal de La Caixa con destino a otra que la
empresa de origen panameño Coast Investors Llc,
propietario sobre el papel hasta ese momento del
inmueble, tenía en el US Bank de Beverly Hills. El
escrito ya destacaba que el expresidente de la Comunidad
de Madrid, que por entonces ya había relevado a
Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo regional,
tardó en constituir una hipoteca por dicho bien dos
meses. Por ello, recalca que "el pago inicial se realizó
en efectivo, constituyendo un montante de dinero
excesivamente alto para los sueldos de ambos cónyuges,
uno de ellos servidor público".
Una acusación pidió dicha información porque el
matrimonio manejaba "un montante de dinero excesivamente
alto" para los sueldos que tenían
En este sentido, también recordaba que en aquel momento
la pareja ya poseía "otros bienes inmuebles en zonas
exclusivas de España, como puede ser su propio chalet en
Aravaca [un barrio de Madrid], domicilio conyugal,
adquirido seis años antes por 1.060.000 euros entre
otros". Por ello, solicitaban ya entonces que era
necesario que justificasen "la procedencia para la
acumulación de tanto dinero líquido", sobre todo porque
consideraba un dato también "llamativo" que el importe
total de la deuda hipotecaria que por entonces tenía
entre Bankinter y la propia Caixa era de sólo 212.500
euros, muy lejos del "alto valor real patrimonial en
inmuebles conocidos".
Desde abril de 2008
Por todo ello, entonces esta acusación pidió en primer
lugar "la documentación acreditativa del contrato y
extracto bancario de la cuenta" desde la que se pagaron
los 741.000 euros del inmueble, así como de otros
productos que en dicha entidad bancaria pudiera tener
desde abril de 2008, fecha en la que el matrimonio
comenzó a disfrutar del ático en régimen de alquiler.
Esa fecha y diciembre de 2013 es, de hecho, la franja
temporal de la que se piden datos a otras tres
entidades, Barclays, Bankia y Santander, mientras que en
el caso del Banco Popular el periodo se recorta un poco,
ya que se reclama desde mayo de 2008.
La juez busca intercambios de dinero del político con
las dos empresas 'pantalla' y el testaferro que
participaron en la compraventa del ático
A los cuatro bancos la petición que ahora ha acordado la
juez Conejo es la misma. Reclama, como en caso de
Caixabank, "información, documentación de su
contratación y extractos referidos" a las cuentas y
otros productos financieros que Ignacio González y
Lourdes Cavero tuvieran contratadas en cada uno de
ellos. Además les pide también que aporten "los soportes
documentales de todas las operaciones realizadas [desde
ellas] con las empresas Coast Investor Llc y Walford
Overseas Investment o el ciudadano mexicano Rudy Valner
Sod", sociedades 'pantalla' y testaferro,
respectivamente, utilizados para el alquiler y posterior
venta de la vivienda al expresidente de la Comunidad de
Madrid.
http://vozpopuli.com/actualidad/77485-la-juez-del-caso-atico-rastrea-5-anos-y-9-meses-de-movimientos-bancarios-de-ignacio-gonzalez-y-su-mujer
LA JUEZ INVESTIGA EL ENRIQUECIMIENTO DE IGNACIO GONZÁLEZ
EN POLÍTICA
Pide
todas las propiedades del ex presidente madrileño y su
mujer y rastrea sus cuentas bancarias.
La juez investiga el enriquecimiento patrimonial de
Ignacio González durante sus años en política. La
titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona
ha convertido la investigación del ático en Marbella del
ex presidente de la Comunidad de Madrid en un proceso en
el que se van a rastrear todas las propiedades y cuentas
bancarias del ex líder del PP y de su esposa Lourdes
Cavero.
La magistrada Isabel Conejo ha acordado, además de la
imputación de González, Cavero y del presidente del
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por cohecho y
blanqueo de capitales, la "averiguación patrimonial de
los investigados". Y junto a ella, la de los movimientos
de todos sus depósitos bancarios vinculados directa o
indirectamente con las entidades Caixabank, Barclays,
Bankia, Santander y Banco Popular.
LA PETICIÓN DEL SUP
Llama la atención que estas pesquisas fueron solicitadas
formalmente en noviembre de 2014 por el Sindicato
Unificado de Policía (SUP) y no han sido acordadas hasta
ahora, más de un año después. Entonces, esta entidad,
que se personó en el procedimiento bajo la presidencia
de José Manuel Sánchez Fornet y tras la marcha de este
se ha retirado de la causa, subrayaba "el montante de
dinero excesivamente alto" detectado en comparación "con
los sueldos de ambos cónyuges, uno de ellos servidor
público".
Así, no sólo se refería el SUP al célebre dúplex ubicado
en la urbanización La Alhambra del Golf de Estepona,
sino "a su propio chalé en Aravaca, domicilio conyugal,
adquirido seis años antes por 1.060.000 euros".
Debiendo, añadía el sindicato, "justificar la
procedencia para la acumulación de tanto dinero
líquido". "Amen existe otro dato llamativo que es el
escaso importe de deuda hipotecaria total que tienen y
que asciende a 212.500 euros entre Bankinter y La Caixa
ante el alto valor real patrimonial en inmuebles
conocidos".
La juez ha acordado, además de la imputación de
González, Cavero y Cerezo, que se libre una nueva
comisión rogatoria internacional a las autoridades de la
República de Panamá, donde se encuentra la matriz de la
sociedad instrumental que adquirió el ático, denominada
Coast Investors, gestionada por el testaferro
profesional Rudy Valner.
http://www.elespanol.com/espana/20160309/108239489_0.html
LA JUEZ DEL 'CASO ÁTICO' ORDENA RASTREAR LOS BIENES DE
GONZÁLEZ
González y Cerezo llamados a declarar por el caso Ático
Ignacio González tendrá que declarar como imputado para
explicar cómo se hizo con el ático de lujo que tiene en
Estepona. La juez del caso ha citado al ex presidente de
la Comunidad de Madrid en calidad de investigado (nueva
denominación de los imputados) junto a su mujer, Lourdes
Cavero, y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo.
Además, ha dado orden de averiguar el patrimonio de
González y ha vuelto a reclamar a Panamá datos
bancarios. Esta vez informa al paraíso fiscal de que la
investigación se ha ampliado a un delito de corrupción.
González, Cavero y Cerezo están convocados al próximo 18
de abril en el juzgado de instrucción número 5 de la
localidad malagueña. Allí la juez, además de
interrogarles, reproducirá las grabaciones en las que un
comisario de Policía registró su conversación con
González sobre la propiedad del ático, así como otra con
Cerezo interesándose por el asunto. En la primera,
González daba largas sobre la documentación de cómo
pagaba el alquiler del ático de lujo, que acabó
comprando en cuanto saltó el escándalo. "El tema es que
si sale [...] eso es lo que yo no quiero", dijo González
al policía. En la segunda grabación, Cerezo explica al
policía que lo mejor sería que la investigación quedara
en nada.
Esas grabaciones, divulgadas por este diario y aportadas
al caso Ático, están siendo analizadas por la Guardia
Civil, a la que el juez pide que las remita a tiempo
para la declaración. Al comisario que las grabó, José
Manuel Villarejo, le pide que envíe el aparato que
empleó y todos los elementos auxiliares que utilizara,
además de contestar a un cuestionario sobre cómo actuó.
En la misma resolución, la juez ordena reiterar una
comisión rogatoria a Panamá para seguir el rastro de
diversas cuentas bancarias vinculadas a la propiedad del
ático. En esta ocasión la petición de ayuda deberá
informar al paraíso fiscal de que ya no sólo se indagan
delitos fiscales y blanqueo, sino que se imputa a
González un delito de cohecho, lo que apunta a
actividades corruptas de González mientras fue cargo
público.
El titular de instrucción número 5 accede así a las
peticiones del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López
Caballero, que reclamó hace unos días las diligencias.
El fiscal indicaba que "se atribuyen a González hechos
que de ser ciertos podrían integrar los delitos de
cohecho y blanqueo de capitales".
En otro apartado, la juez acuerda proceder a "la
averiguación patrimonial" de González y su esposa -no de
Cerezo-, así como de la sociedad Coast Investors LLC.
Esta última es la que en 2008 compró el ático que pasó a
disfrutar González. Está radicada en el paraíso fiscal
de Delaware (EEUU). La sociedad depende, a su vez, de
una empresa establecida en Panamá.
El juzgado
también acuerda reclamar a cinco entidades bancarias
(Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Popular) los
movimientos relacionados con el ático. En concreto,
quiere que se aporten los soportes documentales de todas
las operaciones realizadas con, entre otros, Coast
Investor y el ciudadano mexicano Rudy Valner, que actuó
de testaferro en la venta del ático por parte de la
sociedad. El juez también avanza en otro apartado muy
peculiar de la causa: la actuación de las Fuerzas de
Seguridad en la investigación. La juez ha pedido el
interrogatorio como testigo de Enrique Rodríguez Ulla,
que fue cesado como comisario general de Policía
Judicial a raíz del caso del ático, supuestamente por
permitir que se pusiera en marcha una investigación sin
el conocimiento de sus superiores. A continuación la
juez encarga "a la Policía Nacional de Estepona" que se
ponga al frente de la investigación. O que, en su caso,
le indique "qué unidad" tiene competencias para llevarla
a cabo.
http://www.elmundo.es/espana/2016/03/09/56e03f94e2704ec6088b461b.html
LA JUEZA DEL ‘CASO DEL ÁTICO’ PIDE A CINCO BANCOS QUE
INFORMEN DEL PATRIMONIO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y SU MUJER
La magistrada reclama información de todas las cuentas y
depósitos del matrimonio en Caixabank, Barclays, Bankia,
Banco Popular y Santander entre 2008 y 2013
Isabel Conejo trata de reactivar la comisión rogatoria
de Panamá incluyendo el delito de cohecho y pide a este
país información de una empresa que podría estar ligada
al caso Gürtel
La titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, que
instruye el caso del ático, ha ordenado que se
investigue el patrimonio del expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González y de su mujer,
Lourdes Cavero, según consta en una providencia de este
martes 8 de marzo, en la que la jueza cita a declarar
para el 18 de abril como imputados (investigados) al
matrimonio y al presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo.
Y para conocer el patrimonio del que fuera número dos de
Esperanza Aguirre hasta hace menos de dos meses, cuando
dimitió de forma secreta como secretario general del PP
de Madrid, la magistrada pide a Caixabank, Barclays,
Bankia, Santander y Banco Popular que aporten los
contratos y extractos de sus cuentas bancarias, así como
el montante de otros productos de los que sean titulares
o apoderados correspondiente al periodo que va de abril
de 2008 a diciembre de 2013.
Para reclamar esta información bancaria, la jueza se
apoya en un escrito de 27 páginas de 20 de noviembre de
2014 del abogado Javier Carnerero, que ejerce la
acusación popular en representación de los
extrabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid, en el
que se solicitaban los datos de las cuentas de González
y Cavero.
Cuenta de Caixabank
En la providencia de este martes, la jueza Isabel Conejo
pide la información "en los términos del escrito del
letrado Carnerero de 25 de noviembre de 2014". Y es ahí
donde el abogado reclama "la documentación acreditativa
del contrato y extracto bancario" de una cuenta concreta
de Caixabank, de la que son titulares Ignacio González y
de su mujer.
Desde esta cuenta el matrimonio realizó el pago en
diciembre de 2012 de los 770.000 euros que abonó para
hacerse con la titularidad del inmueble de lujo, que
desde 2008 pertenecía a la firma de Estados Unidos Coast
Investors, propiedad a su vez, según el testaferro Rudy
Valner, del ciudadano argentino Luis Osvaldo Repetto.
infoLibre mantuvo en julio de 2015 una conversación
telefónica en la que este empresario reconoció haber
sido "conocido" y socio de Enrique Cerezo.
Barclays Bank
El segundo banco que identifica el escrito del abogado
de los extrabajadores de Telemadrid es el Barclays Bank.
Además de todos los extractos bancarios, la jueza
reclama los soportes documentales de todas las
operaciones realizadas con las empresas Coast Investors
LLC y con la matriz de esta, la panameña Walford
Overseas Investmest Inc. Pero también las vinculadas con
el fiduciario Rudy Valner.
En este sentido, el diario Público adelantó en su
edición de 29 de enero de 2009 que González era titular
de una cuenta en el banco británico en la que tenía "una
caja de caudales donde parece ser que tiene dinero
líquido".
A Bankia y a Santander, entidades financiera que también
fueron utilizadas por el matrimonio para realizar
operaciones económicas relacionadas con el inmueble, la
jueza también le pide que identifique las cuentas de
González y Cavero para conocer las vinculaciones con la
empresa Coast Investors LLC, investigada como persona
jurídica en el caso del ático.
Banco Popular
El quinto banco mencionado por la jueza es el Banco
Popular, cuya participación fue de vital importancia. De
hecho, en octubre de 2013 la imputada Coast Investors
LLC presentó un escrito en el Juzgado de Estepona en el
que se oponía a que se conocieran las cuentas de la
empresa en esa entidad bancaria.
El Banco Popular actuó como corresponsal en los pagos de
Coast Investors LLC en España. La entidad financiera de
origen de las transferencias fue una oficina de la
ciudad de Portland, en el Estado de Oregón, del US Bank.
En
concreto, el presunto testaferro Rudy Valner abonó desde
la mencionada cuenta del US Bank de Portland 650.000
euros de los 750.000 euros que pagó Coast Investors LLC
por el ático al primer propietario, el empresario vasco
Pedro Javier Villate.
Con todas estas diligencias, la jueza Isabel Conejo
trata de determinar si el dúplex de lujo, por el que el
matrimonio abonó 770.000 euros en diciembre de 2012,
pudo haber sido el pago en especie de una mordida que
habría sido en total de 2 millones de euros, según
aseguró un confidente policial del caso Gürtel.
El supuesto pago se habría producido, explicó el
comisario José Manuel Villarejo en su comparecencia como
testigo el pasado 1 de febrero, en relación a la
adjudicación y posterior recalificación de unas fincas
municipales por parte del Ayuntamiento de Arganda del
Rey (Madrid) a la promotora Martinsa, cuyo propietario,
Fernando Martín, está imputado en el caso Gürtel.
La instrucción del juez Pablo Ruz en la Audiencia
Nacional atribuye a Fernando Martín la autoría de dos
pagos por un total de 25 millones de euros al presunto
cerebro de la Gürtel, Francisco Correa, a cambio de
intermediar en la mencionada operación de Arganda del
Rey, considerada el mayor pelotazo de Gürtel.
Según el arquitecto Gilbert Barbany, testigo en la
Audiencia Nacional, las decisiones del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre,
permitieron que Martinsa elevara sus beneficios
previstos en Arganda del Rey en 199 millones, pasando a
superar los 500 millones.
Petición a Panamá
Pero la jueza Isabel Conejo también reclama la
reactivación de la comisión rogatoria que se envió a
Panamá y que el país centroamericano se negó a
cumplimentar ya que el delito por el que se investigaba
la operación, contra la Hacienda Pública, no se
encuentran tipificado allí como delito y "por ende
constituye una conducta atípica dentro de la
jurisdicción penal de la República de Panamá", según
consta en la contestación realizada el 13 de agosto de
2014 por las autoridades de este país centroamericano.
Y para justificar esta revitalización de la rogatoria
panameña, la jueza Isabel Conejo reclama en la
providencia de este martes que se aclare a las
autoridades de este país que el delito objeto de
investigación "se ha visto ampliado, a resultas de la
investigación efectuada, abarcando la presunta
existencia de un delito de cohecho".
Waldorf Overseas Investments
En concreto, la magistrada quiere recabar de Panamá
información sobre los beneficiarios de la empresa
panameña Waldorf Overseas Investments INC, "sus
representantes y administradores y de las cuentas
bancarias a su nombre". Waldorf Overseas Investments INC
sería la matriz de la empresa que compró el ático,
aunque el testaferro Rudy Valner asegura que esta
empresa se denomina en realidad Walfort (con 't' final)
Overseas Investments LTD.
También pide al registro público de este país que
certifique la identidad de los representantes legales de
las empresas Dulcan INC y Winsley INC, "con el objeto de
definir las personas físicas propietarias de estas
empresas". Las firmas Dulcan y Winsley actuaron como
suscriptoras de Waldorf Overseas Investments INC, pero
también de otra sociedad, Golden Chain Properties,
propiedad del cerebro de Gürtel, Francisco Correa.
Golden Chain Properties recibió una parte (13 millones)
de los 25 millones que según el sumario de Gürtel abonó
el empresario Fernando Martín a Correa por su
intermediación en el pelotazo de Arganda del Rey.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/10/la_jueza_del_caso_del_atico_pide_cuatro_bancos_que_informen_del_patrimonio_ignacio_gonzalez_mujer_46200_1012.html
LA JUEZA DEL ‘CASO DEL ÁTICO’ CITA A DECLARAR COMO
IMPUTADOS A IGNACIO GONZÁLEZ, SU ESPOSA Y ENRIQUE CEREZO
El fiscal pidió su imputación después de que el
comisario Villarejo declarara en el juzgado que un
confidente policial del caso Gürtel habría asegurado que
el expresidente madrileño había recibido dos millones de
euros en negro por la adjudicación de unas fincas en
Arganda del Rey
La jueza Isabel Conejo ha ordenado que se lleve a cabo
una averiguación patrimonial de los investigados y de la
empresa de Estados Unidos que adquirió el ático en 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de
Estepona, Isabel Conejo, ha citado como investigados
–figura jurídica anteriormente denominada imputación– al
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González
(PP) su esposa, Lourdes Cavero Mestre, y al presidente
del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Los tres han
sido citados en el Juzgado de Estepona a declarar el
próximo 18 de abril.
La magistrada tomará declaración a los imputados,
explica en la providencia a la que ha tenido acceso
infoLibre. después de reeproducir las conversaciones
grabadas que fueron aportadas al procedimiento por el
comisario José Manuel Villarejo. Según el contenido de
las mismas, Ignacio González trató de que no
trascendiera que era el inquilino de una sociedad
offshore de Estados Unidos.
En este sentido, la providencia de la jueza reclama al
comisario Villarejo, que fue el encargado de coordinar
la investigación en un primer momento, que remita el
equipo con el que se realizó la grabación de las
conversaciones, "junto con los elementos auxiliares, la
fuente de alimentación, baterías, cableado de conexión,
así como el soporte de grabación, al objeto de se
obtenga directamente desde el Laboratorio de
Criminalística las conversaciones originales".
Rogatoria a Panamá
Asimismo, Isabel Conejo ha ordenado que se envíe una
comisión rogatoria a Panamá, país que en un primer
momento se negó a aportar documentación al caso. Pero la
jueza justifica esta nueva petición al incluirse el
delito de cohecho, por lo que las autoridades de este
país centroamericano ya están obligadas a colaborar con
España en virtud de los acuerdos internacionales.
La Fiscalía Anticorrupción de Málaga reclamó el pasado
23 de febrero a la jueza de Estepona que citase a
declarar a González, Cavero y Cerezo por la compra de un
ático de lujo de más de 500 metros cuadrados en 2008 por
la empresa offshore Coast Investors.
Fiscal jefe de Málaga
La petición del fiscal Juan Carlos López Caballero se
llevó a cabo después de que el comisario José Antonio
Villarejo declarara en el juzgado que un confidente
policial del caso Gürtel aseguró en su día que Ignacio
González había recibido dos millones de euros en negro
por la adjudicación de unas fincas en Arganda del Rey
(Madrid). Por esta operación urbanística el presunto
cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, habría
recibido 25 millones de euros por su intermediación. Es
el mayor pelotazo conocido del caso Gürtel.
La jueza Conejo ha ordenado también que se lleve a cabo
una averiguación patrimonial de los investigados Ignacio
González, Lourdes Cavero y de la empresa de Estados
Unidos que adquirió el ático en 2008: Coast Investors.
En el mismo sentido, la providencia ordena la tasación
pericial del dúplex de lujo en 2008, año en el que la
empresa Coast Investors adquirió el inmueble; y en 2012,
año en el que lo compraron González y su mujer, Lourdes
Cavero.
La denuncia por la sospechosa compra la interpuso en
2012 el Sindicato Unificado de Policía (SUP) bajo la
presidencia de José Manuel Sánchez Fornet. Ahora la
acusación popular recae en los extrabajadores afectados
por el ERE de Telemadrid.
Antecedentes
Según se desprende del sumario, Ignacio González y su
mujer alquilaron a la empresa offshore Coast Investors
el ático de lujo en 2008 después de que Lourdes Cavero
visitara en dos ocasiones el inmueble, que estaba en
venta.
El comprador, el testaferro Rudy Valner, reconoció que
compró la vivienda sin visitarla. En su última
declaración como testigo, Valner aseguró que el
propietario de la empresa Coast Investors era el
ciudadano argentino Luis Osvaldo Repetto, amigo y socio
del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Tras publicar en 2012 el diario El Mundo la noticia de
que González alquilaba un inmueble de lujo a un precio
muy inferior al del mercado, el matrimonio
González-Cavero acabó adquiriendo el dúplex en diciembre
de 2012.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/09/la_jueza_del_caso_del_atico_cita_declarar_como_imputados_ignacio_gonzalez_esposa_enrique_cerezo_46179_1012.html
VILLAREJO PRESENTA UNA DENUNCIA SOBRE EL ÁTICO DE
GONZÁLEZ COMO SI FUERA DE 2011 AUNQUE TIENE FECHA DE
2016
La
pasada semana el comisario José Manuel Villarejo Pérez
presentó ante el juzgado de Estepona (Málaga) que
instruye el caso sobre el ático del expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González una supuesta nota
informativa que habría elaborado en julio de 2011 para
su jefe en la Dirección General de la Policía, el ya
fallecido director adjunto operativo (DAO), Miguel Ángel
Fernández Chico. En esa nota se desgranaban las
investigaciones sobre Ignacio González que el “agente
encubierto” habría hecho sobre el dirigente del PP y que
englobaría información sobre la compra de su ático, el
cobro de comisiones, el Canal de Isabel II y Telemadrid,
entre otros.
Según fuentes policiales "la fecha oficial es el 3 de
marzo de 2016. Pero sin el sello es un documento de word
que se ha podido hacer en 2011 o antes de ayer, no tiene
firma ni pone quién es el policía que lo ha elaborado”
Sin embargo, fuentes policiales aseguran a Público que,
"no existe ni en la Dirección Adjunta Operativa ni en
ningún otro órgano policial esa denuncia de Villarejo
elaborada en 2011. La primera vez que ha llegado un
informe es este”. El comisario José Enrique Rodríguez
Ulla, comisario general de Policía Judicial cuando
estallaron las informaciones sobre el ático, también
aseguró la semana pasada en el procedimiento seguido en
Estepona que a él nunca le había llegado la información
de Villarejo, sino la solicitada por vía judicial una
vez abierto el procedimiento.
Es decir: por ahora ningún documento ni persona
acreditaría que Villarejo informó a la Policía en 2011
de lo que pasaba. Fuentes cercanas al comisario dicen
que podría tener comunicaciones personales, como emails,
con el ya fallecido Fernández Chico aunque aún no se han
entregado ni al juzgado ni a la Policía Judicial. Estas
fuentes policiales añaden que “la fecha oficial es el 3
de marzo de 2016, sin el sello es un documento de word
que se ha podido hacer en 2011 o antes de ayer, pero es
que además no tiene ni firma ni tampoco pone quién es el
policía que lo ha elaborado”.
Por este motivo, y una vez tramitada información tan
relevante por los cauces reglamentarios, la Comisaría
General de Policía Judicial ha llamado al comisario José
Villarejo para que certifique que realmente el documento
es suyo, pues no tiene firma ni hace mención a ningún
policía. Sin embargo, el “agente encubierto” se ha
negado a hacerlo. Sorprende que el documento no vaya
firmado, pues Villarejo se caracteriza por firmar todos
los documentos, incluidos los enviados a los medios de
comunicación y a los tribunales, como comisario del
Cuerpo Nacional de Policía.
Estas fuentes policiales aseguran también que “Villarejo
registra esa información el 3 de marzo y el día 2 la
Dirección General de la Policía le abrió un expediente
disciplinario por insultar a los comisarios Jaime
Barrado y Jesús Nieto”. Ambos policías investigaron a
Villarejo y fueron destituidos de sus puestos.
Espías y detectives
La información incluida en el escrito de Villarejo es
sin duda importante porque se relaciona con diferentes
procedimientos que estaban abiertos ya en 2008, cuando
Ignacio González compró su ático. Sin embargo, aseguran
tanto fuentes policiales como de investigación privada,
“se parece más al informe que haría una agencia de
detectives que al informe de un policía”. Y matizan:
“Por muy agente encubierto que sea y muchas tareas de
inteligencia que haga, como mínimo su número de
funcionario tendría que estar recogido en alguna parte
del informe”.
El relato de la nota de Villarejo comienza precisamente
por el caso del espionaje de la Comunidad de Madrid,
aportando la información que tenían los detectives
procesados por el seguimiento a Ignacio González en
Colombia. El comisario dice que los abogados de los
detectives le han insinuado que “el contratador final de
los servicios de espionaje a IG, había sido la
constructora OHL”. El consejero delegado de esta empresa
es Javier López Madrid, estrecho amigo de Francisco
Granados, ambos imputados ahora en la trama Púnica.
Según las investigaciones de la Guardia Civil en la
trama, Granados habría contratado los servicios de la
agencia de detectives Método 3 a través de su amigo el
empresario David Marjaliza, que pagó la factura. Tanto
Francisco Granados como Javier López Madrid aparecen
estrechamente vinculados con posibles trabajos privados
del comisario Villarejo, en el sumario de la trama
Púnica y también en el caso de la doctora Elisa Pinto.
Se da la circunstancia de que la fecha del informe que
ahora ha presentado Villarejo, como si se tratase de una
denuncia de 2011 es de 11 de julio de ese año. Un mes
antes, casualmente, Francisco Granados había quedado
fuera del gobierno de Esperanza Aguirre. Ignacio
González le había ganado la batalla dentro del PP
madrileño.
Según el propio director de la agencia de detectives
Método 3, Ignacio González también le había contratado a
través de un empresario imputado en Gürtel y pagado a
través del Canal de Isabel II.
Los guardias civiles imputados por el caso del espionaje
en la CAM denunciaron el pasado viernes en la Asamblea
de Madrid que el entonces Director General de Seguridad
y actual comisario general de Información, Enrique
Barón, había ofrecido a los miembros del gobierno de
Esperanza Aguirre “los servicios operativos” del
comisario Villarejo, que entre su medio centenar de
empresas también cuenta con algunas destinadas a la
investigación privada.
http://www.publico.es/politica/villarejo-presenta-denuncia-atico-gonzalez.html
LOS DOCUMENTOS DE PANAMÁ QUE PIDE EL FISCAL DEL ‘CASO
ÁTICO’
El fiscal que investiga la compra del ático de Ignacio
González quiere que Panamá envíe información sobre la
empresa Waldorf Overseas Investments Inc. infoLibre ha
tenido acceso a la inscripción registral de dicha
sociedad
Y también de una segunda empresa panameña con un nombre
muy similar, Walford Overseas SA, que se constituyó tres
días antes de que el testaferro Rudy Valner declarase en
España la compra del ático
El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero,
que investiga la compra del ático de lujo de Ignacio
González en Estepona, quiere que Panamá envíe
información sobre la empresa Waldorf Overseas
Investments Inc. infoLibre ha tenido acceso a la
inscripción registral de dicha sociedad. Y también de
una segunda empresa panameña con un nombre muy similar,
Walford Overseas SA., que se constituyó tres días antes
de que el testaferro Rudy Valner declarase en España la
compra del ático. El abogado de la sociedad usada por
Valner para la adquisición del inmueble (Coast Investors
LLC.) acaba de presentar un escrito ante la jueza del
caso negando que la trama societaria lleve hasta Panamá
y señalando que la beneficiaria última es una empresa
creada en Delaware y por tanto de nacionalidad
estadounidense: Walfort Overseas Investments Ltd.
En concreto, el fiscal reclamó el pasado 23 de febrero a
la jueza de Estepona Isabel Conejo la imputación del
expresidente madrileño Ignacio González; de su mujer,
Lourdes Cavero; y del expresidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo. En su escrito, el representante
del Ministerio Público solicitaba también a la jueza que
instruye el caso del ático de lujo que envíe a Panamá
una comisión rogatoria para que identifique a los
beneficiarios de Waldorf Overseas Investments Inc, ante
la sospecha de que podría ser la empresa matriz de Coast
Investors LLC, que fue quien oficialmente compró en 2008
el dúplex de 500 metros de superficie, para alquilárselo
de forma inmediata al matrimonio González-Cavero. En
diciembre de 2012, cuando los medios ya habían publicado
que la Policía investigaba si el ático era en realidad
propiedad de González desde 2008, el entonces presidente
madrileño y su mujer adquirió oficialmente el inmueble.
López Caballero requiere que se identifique el nombre de
los beneficiarios dela sociedad Waldorf Overseas
Investments Inc., domiciliada en Panamá, "así como sus
representantes y/o administradores, las cuentas
bancarias de que sea titular o gestione, con expresión
de los movimientos habidos en ellas (ingresos, pagos y
transferencias)".
El fiscal incluye un baile de letras en su petición, y
por error reclama a Panamá la documentación de Walford
Overseas Investments Ltd. (con una "f" como cuarta letra
y una "d" final), en lugar de pedir los papeles de
Waldorf Overseas Investments Inc. (con una "d" como
cuarta letra y una "f" final), que es la sociedad
panameña que en diversos escritos de la acusación se
considera que es la matriz de la trama societaria que
camufla el ático.
Ese error tiene su origen en la declaración de inversión
extranjera de bienes inmuebles que realizó un bufete
español ante la Hacienda española, el 12 de mayo de
2008, en nombre del testaferro profesional Rudy Valner,
amigo y compañero en determinados negocios de Enrique
Cerezo, presidente del Atlético de Madrid e íntimo de
Ignacio González. En esa declaración de inversión
extranjera se informa de la compra del atico de Estepona
por parte de la sociedad Coast Investors LLC y se indica
que los dueños de esta empresa son el propio Valner y
una compañía del Estado de Delaware: Walford Overseas
Investments Ltd. (con una 'f' como cuarta letra y una
'd' final').
Un escrito del representante legal de Coast Investors
LLC –presentado en el Juzgado de Estepona– aporta un
cuarto nombre: Walfort Overseas Investments Ltd (con una
'f' como cuarta letra y una 't' final), sociedad
domiciliada en Delaware. Y asegura que esta es la
verdadera dueña de Coast Investors LLC, la firma que
compró el ático en España.
infoLibre ha tenido acceso al registro de Panamá y ha
analizado todas las empresas que podrían tener un nombre
similar al que buscan los investigadores del caso del
ático. Y ha encontrado una segunda empresa panameña,
Walford Overseas SA, que se constituyó tan solo tres
días antes de que el testaferro profesional Rudy Valner
declarase en España en 2008 la inversión extranjera para
comprar el ático.
Todo este galimatías tiene consecuencias jurídicas que
han entorpecido la investigación, ya que las autoridades
españolas han estado enviando comisiones rogatorias o
analizando documentos con nombres de empresas similares,
pero confundiéndolos en ocasiones. Y ello dificulta la
obtención correcta de información.
En resumen, sólo hay tres empresas diferentes, pero en
los diferentes documentos aportados al sumario del caso
figuran escritas hasta de cinco formas distintas (a
veces por errores de los abogados o las autoridades
españolas y en otras ocasiones por confusión del propio
Valner o de sus representantes legales. Las tres
sociedades –y las cinco formas en que ha aparecido
escrito su nombre– son las siguientes:
1. Walfort Overseas Investments Ltd. Con sede en
Delaware. Rudy Valner sostiene que esta empresa es la
beneficiaria última del ático de lujo. Los propios
representantes de Valner, en su declaración de inversión
extranjera de 2008, pusieron mal el nombre y denominaron
a la empresa Walford Overseas Investments Ltd. (con 'd'
final y no con 't', a pesar de que esta última es la
forma en que aparece inscrita en el Registro de
Delaware). Resulta llamativo que los propios
representantes del testaferro escriban mal la
denominación de la sociedad.
2. Waldorf Overseas Investments Inc. Con sede en Panama.
Los abogados de la acusación y el fiscal quieren saber
quién la constituyó, ya que creen que puede tener
vínculos con otras sociedades de la Gürtel. En su último
escrito el fiscal la sitúa en Panama, pero la denomina
de forma incorrecta Walford Overseas Investments Ltd,
nombre que no existe en el Registro del país
centroamericano.
3. Walford Overseas SA. Con sede en Panamá. Hasta ahora
nadie ha pedido información sobre ella, a pesar de que
se constituye tres días antes de que Valner realice la
declaración de inversión extranjera en España y se
disuelva pocos meses después de que González y su mujer
compren oficialmente el ático.
A continuación, infoLibre detalla los datos existentes
sobre las tres empresas en el sumario y en el Registro
de Panamá:
1. WALDORF OVERSEAS INVESTMENTS INC
La declaración de inversión extranjera de bienes
inmuebles que el presunto testaferro Rudy Valner hizo en
nombre de Coast Investors en 2008, tras la compra del
ático de lujo por 750.000 euros, incluye el nombre
"erróneo" de Walford Overseas Investments Ltd. como la
titular última de la operación que investiga la jueza
Isabel Conejo. Y esta empresa habría sido creada en
Delaware, un pequeño estado de la costa Este de EEUU que
favorece la opacidad de las sociedades.
Pero las acusaciones populares del caso descubrieron que
una empresa de nombre casi idéntico, la panameña Waldorf
Overseas Investments Inc, es decir con las letras 'd' y
'f' intercambiadas con respecto a la identificada por
parte de Rudy Valner en la declaración de inversión
extranjera de bienes inmuebles, estaba vinculada con el
caso Gürtel.
En concreto, la relación con el presunto cerebro de la
trama corrupta, Francisco Correa, vendría por la
coincidencia de las empresas suscriptoras de la panameña
Waldorf Overseas Investments Inc y de Golden Chain
Properties. Esta última sociedad fue la que recibió una
parte de los 25 millones de euros que supuestamente
abonó el dueño de Martinsa, Fernando Martín, a cambio de
la adjudicación de unos terrenos municipales en Arganda
del Rey (Madrid).
En ambos casos, (Waldorf Overseas Investments Inc. y
Golden Chain Properties) las empresas que participaron
en la constitución fueron las mismas dos firmas
panameñas: Dulcan Inc. y Winsley Inc. La ley panameña
permite la creación de empresas opacas, aunque la única
obligación de los creadores de las mismas es contar con
un socio o suscriptor de este país, como es el caso de
estas dos firmas que aparecen en el caso Gürtel
vinculadas a Correa.
Esta vinculación tendría una importancia capital habida
cuenta de que, según el sumario de Gürtel, las
decisiones de la Comunidad de Madrid podrían haber
aumentado en 199 millones de euros el beneficio previsto
por Martinsa en Arganda del Rey.
En concreto, la Comunidad de Madrid reclasificó las
fincas adjudicadas pasando el número de viviendas
permitidas de 1.580 a 2.731, de las que 600 eran de
protección pública. Es decir, se permitió construir
1.151 casas más. El beneficio por la venta de estas
viviendas habría sido de 535 millones, lo que suponía el
mencionado aumento de 199 millones.
Y, según la declaración judicial del pasado 1 de febrero
del comisario José Manuel Villarejo, un confidente
policial llegó a asegurar que Ignacio González podría
haber recibido hasta dos millones de euros de comisión
en Arganda, siendo el ático la parte en especie de esta
cantidad.
2. WALFORT OVERSEAS INVESTMENTS LTD
La empresa estadounidense Coast Investors LCC –la
compradora en España del ático – presentó el pasado 29
de febrero un escrito en el Juzgado de Instrucción
número 5 de Estepona (Málaga), que instruye el caso del
ático de González, en el que identifica el nombre de la
sociedad matriz de la compradora en 2008 del ático. Se
trata, según este documento, de Walfort Overseas
Investments Ltd, domiciliada en Estados Unidos, y no en
Panamá.
El representante legal de Coast Investors LLC justifica
la diferencia de este nombre –Walfort Overseas
Investments Ltd– con el que se incluyó en 2008 en la
declaración de inversión extranjera de bienes inmuebles
–Walford Overseas Investments Ltd.–, por "un error
tipográfico de la notaría". Descarta, por tanto, que
hubiese una intención de mentir en el nombre para
dificultar cualquier investigación posterior. El baile
es de la letra final: una 't' en vez de una 'd'.
"Esta errónea atribución", completa el escrito del
abogado de Coast Investors LLC, "se puede comprobar
fácilmente por toda la documentación obrante, deriva de
un error tipográfico en la Declaración de inversión
extranjera en bienes inmuebles, en la escritura de
adquisición del inmueble por mi mandante, en la que se
identifica al accionista mayoritario como Walford
Overseas Investment Ltd., y no por su propio nombre de
Walfort Overseas Investment Ltd. Error que se aprecia
claramente de la lectura de la escritura otorgada ante
el notario de Madrid González Lasso de la Vega, el 18 de
diciembre de 2012".
La empresa, cuyo responsable legal es el fiduciario Rudy
Valner, vinculado con empresas de Cerezo, alude al
notario en el que el expresidente Ignacio González
compró en diciembre de 2012 el inmueble. Sin embargo, en
la escritura de la primera venta, firmada el 12 de mayo
de 2008 en una notaría de Madrid, cuando el escándalo no
había saltado, no se identifica a ninguna propietaria de
Coast Investors LLC.
En este sentido, la expareja del primer vendedor, la
ciudadana alemana Karen A. G., aseguró en su declaración
judicial como testigo que ella acudió a la firma de la
operación a una notaría de Estepona, y no de Madrid.
Esta versión es la que también recoge la declaración
ante la jueza del caso ático del comisario José Manuel
Villarejo.
Para complicar más las cosas, hace varios meses Rudy
Valner aportó una copia legitimada de la constitución de
Walfort Overseas Investments Ltd., que se constituyó el
16 de abril de 2007 bajo el nombre Ambassador Pasadena
Homes LLC, y que se cambió en enero de 2008 para
denominarse con el mencionado: Walfort Overseas
Investments Ltd.. Así consta en un certificado de 3 de
abril de 2012, que sostiene que el cambio se había
realizado el 24 de enero de 2008, unos meses antes de
que se produjera la compra del ático investigado el 12
de mayo de 2008.
En todo caso, el representante legal de Coast Investors
LLC en la investigación que se realiza en Estepona evita
aclarar un asunto clave: en caso de que sea cierto que
la propietaria de la empresa Coast Investors LLC es la
estadounidense Walfort Overseas Investments Ltd, ¿quién
es la dueña de esta última? ¿Acaso una de las dos
sociedades panameñas con nombres similares no pueden ser
las propietarias de la compañía estadounidense?
Rudy Valner ha asegurado, en su declaración judicial,
que el beneficiario último de Walfort Overseas
Investments Ltd. es el empresario argentino Luis Osvaldo
Repetto, conocido y socio del presidente del Atlético de
Madrid Enrique Cerezo. Pero Valner no ha aportado ni un
sólo documento que pruebe esta versión.
3. WALFORD OVERSEAS SA
infoLibre ha comprobado que en el registro de empresas
de Panamá aparece también la firma Walford Overseas SA,
cuyos documentos de constitución se adjuntan a esta
información. Esta sociedad tiene como fecha de creación
el 9 de mayo de 2008, tres días antes de que Rudy Valner
comprara el ático a nombre de Coast Investors a su
primer propietario: Pedro Javier Villate. [En los
documentos del Registro panameño que se reproducen junto
a esta noticia hay una ocasión en que figura por error
como fecha de constitución el 9 de mayo de 2009, pero en
otras siete ocasiones queda claro que inició sus
actividades el 9 de mayo de 2008].
La denominación de esta firma descubierta por infoLibre,
Walford Overseas SA, es casi idéntica a la que el propio
Rudy Valner incluyó en la mencionada declaración de
inversión extranjera de bienes inmuebles: Walford
Overseas Investments LTD. La diferencia en este caso es
que la primera se constituyó en Panamá, mientras que la
segunda está radicada en Estados Unidos.
La escritura de esta tercera sociedad se firmó en uno de
los bufetes más grandes de Panamá: Alemán, Cordero,
Galindo y Lee. Según diferentes publicaciones en medios
de comunicación, el nombre de esta notaría ha aparecido
en el escándalo Vladimiro Montesinos en Perú; al mismo
tiempo que registró diferentes sociedades del dictador
chileno Augusto Pinochet.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/04/los_documentos_que_pide_jueza_panama_sobre_empresa_que_compro_atico_gonzalez_45864_1012.html
VILLAREJO REVELA EN EL JUZGADO QUE LA POLICÍA YA
SOSPECHABA DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ DESDE 2011
Presenta un informe policial que califica al Canal de
Isabel II como "herramienta de corrupción" para pagar
sobornos y vincula al expresidente regional con la
Púnica y la Gürtel
El comisario adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO)
de la Policía Nacional José Manuel Villarejo ha aportado
a la causa que investiga el ático de Estepona del
expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, un informe que vincula las diligencias con el
caso Gürtel o la trama Púnica. En concreto, el
documento, que fue elaborado en 2011, ha sido entregado
a la juez Isabel Conejo, titular del Juzgado número 5 de
Estepona, a través de la asociación Transparencia y
Justicia, que maneja el comisario y que está personada
en la causa.
El informe alerta ya un año antes de que salieran a la
luz las primeras informaciones periodísticas sobre el
ático (el escrito policial es de julio de 2011 y la
noticia apareció en el diario El Mundo en marzo de 2012)
de que Ignacio González "pudo recibir un soborno" de dos
millones de euros -abonado en parte con el mencionado
inmueble y en otra parte en efectivo- por facilitar la
adjudicación por el Ayuntamiento de Arganda del Rey
(Madrid) de 100.000 metros cuadrados de suelo
urbanizable a la constructora Martinsa.
Según el documento policial, Fernando Martín,
propietario de Martinsa, habría pagado 15 millones de
euros a Francisco Correa, líder de la trama Gürtel,
quien a su vez de ahí habría abonado una cantidad a
otros conseguidores, como el alcalde de Arganda, Ginés
López (medio millón de euros), el diputado regional del
PP Benjamín Martín Vasco (otro medio millón) y el propio
Ignacio González, que se llevaría el mayor trozo del
pastel con los mencionados dos millones.
El escrito insinúa que el pago del dinero pudo ultimarse
en el viaje que González realizó a Colombia del 29 de
agosto al 4 de septiembre de 2008 junto al consejero de
Martinsa José Manuel Serra, travesía que fue grabada por
unos detectives y que dio origen al caso del espionaje
de Madrid'. "Fuentes de las defensas" de estos
detectives, explica el informe policial, "insinuaron"
que fue la compañía OHL la que contrató a estos
profesionales del seguimiento para llevar a cabo el
trabajo. "Las informaciones que han dado origen a las
gestiones que se practicaron a través de la Comisaría de
Marbella -añade el documento- señalan sin duda que tal
viaje era para ultimar los detalles del soborno que
Ignacio González recibiría por la operación de Arganda".
"A la vuelta", de hecho, prosigue el texto, "se entregó
a IG el ático".
El documento asegura también que, según fuentes del PP,
la cúpula del partido tuvo conocimiento de la mencionada
operación de Arganda y que el propio presidente del
Gobierno en funciones, entonces aún líder de la
oposición, Mariano Rajoy, convocó a la que por aquella
época era responsable del partido a nivel regional,
Esperanza Aguirre, que puso la mano en el fuego por
todos los implicados. El propio Ginés López fue llamado
también para dar explicaciones y dijo que él había
seguido indicaciones de Ignacio González, quien había
dado "instrucciones concretas y precisas sobre cómo
gestionar el suelo municipal".
Pocos días después de estos encuentros, que el escrito
policial califica como "fingidas gestiones de la
dirección nacional del PP para aparentemente evitar la
operación", "la adjudicación a Martinsa -apunta el
documento- se realizó tal y como había pactado Correa".
El Canal de Isabel II, "herramienta de corrupción"
El escrito indica además que es el Canal de Isabel II
-cuyos contratos están siendo investigados por la UCO en
el marco del caso Púnica- "la herramienta para cobros y
pagos de difícil justificación" y "el sistema de
enriquecimiento ilícito" de "ciertos dirigentes de la
Comunidad de Madrid", que "se quedarían con parte del
dinero recaudado para financiar al PP mediante el cobro
de comisiones por adjudicación de obra pública". El
Canal, continúa, "sin razón empresarial lógica, extendió
su infraestructura económica en América Latina
adquiriendo el 75% de Canal Extensia, de la que es
propietaria junto a la firma valenciana Tecvasa", un
consorcio formado por varias empresas de la Comunidad
Valenciana y la CAM que poseen el 25% restante".
Esta estructura societaria, explica el informe policial,
tiene "vocación off shore". Se trata de una trama
"controlada por sociedades públicas, todas ellas
vinculadas al mismo partido político, sin razón aparente
de existir, salvo la de manejar importantes sumas de
dinero en un continente muy alejado y con claras
dificultades de control". La Policía admite que habría
que indagar más a fondo la estructura del Canal en el
extranjero para tener más certeza de estos extremos,
pero añade que "fuentes del entorno del PP contactadas
señalan que es la herramienta perfecta de corrupción que
los responsables políticos de la Comunidad de Madrid
utilizan hasta el día de hoy con total impunidad".
"A través del Canal, se realizan suculentos pagos para
asegurar fidelidades a medios de comunicación mediante
la adjudicación de publicidad institucional sin control
alguno ni justificación ni licitaciones", asegura el
escrito entregado por Villarejo al Juzgado número 5 de
Estepona, que también acusa a los dirigente del PP
regional de utilizar el organismo para "corromper a
tertulianos y periodistas que, mediante pagos,
modularían la opinión pública ensalzando a su
benefactores". Entre estos últimos, el policía señala a
Hermann Tertsch, Isabel San Sebastián o Antonio Martín
Beaumont.
La Agencia de Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid también "adjudicaría contratos
millonarios mediante aparentes licitaciones pactadas"
El informe, que no deja títere con cabeza, afirma que
"similar función" a la del Canal haría también la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid (ICM), que también "adjudicaría contratos
millonarios mediante aparentes licitaciones previamente
pactadas con los adjudicatarios, elaborando facturas
falsas, engordando contratos y/o liberando fondos en
efectivo, parte del cual iría a la caja B del partido
controlador y parte se quedaría en manos de quienes
estarían manejando dichas operaciones".
El escrito, que recomienda que la Unidad contra la
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía
investiga tanto al Canal como a ICM, aconseja comenzar a
investigar el "desmesurado incremento" del patrimonio de
Ildefonso de Miguel, gerente de la gestora del agua de
Madrid hasta 2009, mano derecha de Ignacio González y
espiado también junto al expresidente regional en el
viaje a Colombia de 2008. "Adquirió sin control incluso
bodegas de vino e inmuebles de muy alto nivel, bien a su
nombre o al de familiares o firmas" que constituía.
También sugiere indagar los bienes de Cándido Cerón,
"que estaría recibiendo importantes suma de dinero en
efectivo por el pago de sobornos de los adjudicatarios
de proyectos" informáticos.
La Fiscalía Anticorrupción de Málaga solicitó el pasado
26 de febrero que el Juzgado número 5 de Estepona tome
declaración en calidad de investigados tanto a González
como a su mujer y al presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, en relación con el ático que los dos
primeros tenían arrendado en la localidad malagueña.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-03-05/villarejo-revela-en-el-juzgado-que-la-policia-ya-sospechaba-del-atico-de-gonzalez-desde-2011_1163953/
UN INFORME POLICIAL SECRETO ASEGURA QUE RAJOY Y AGUIRRE
'TAPARON' EL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ
El comisario Villarejo entrega en el juzgado de Estepona
(Málaga) que investiga la compra de la vivienda de lujo
del expresidente de la Comunidad de Madrid un documento
policial elaborado en julio de 2011 y desconocido hasta
ahora en el que se asegura que el máximo dirigente del
PP y la 'lideresa' hicieron oídos sordos a las denuncias
de irregularidades en una adjudicación a la trama Gürtel
en Arganda del Rey, El polémico agente ya vinculó en su
declaración como testigo del pasado 2 de febrero dicho
'pelotazo' con la polémica casa de veraneo del
exdirigente madrileño de su partido.
El polémico comisario José Villarejo ha dado un impulso
insospechado al caso del ático de Ignacio González. Tras
su declaración como testigo en febrero ante la titular
del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga)
en la que ya relacionó dicho inmueble de lujo con un
supuesto pago de la Gürtel por un 'pelotazo' en Arganda
del Rey (Madrid), el mayor que dio la trama, el mando ha
entregado ahora una nota interna de la Policía en el que
no sólo refuerza dicha acusación, sino que apunta que
Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre hicieron oídos sordos
a las denuncias que le llegaban en 2004 sobre las
supuestas irregularidades cometidas por el entonces
número 2 del Ejecutivo regional madrileño. El documento,
de cinco folios de extensión y al que ha tenido acceso
Vozpópuli, detalla que el hoy presidente del Gobierno en
funciones y entonces líder de la oposición, y la máxima
responsable del partido en Madrid hasta hace unas
semanas celebraron "una reunión de trámite" e, incluso,
esta última "dio garantías a todos los implicados" y
permitió que el amaño se llevara a cambio "sin que las
fingidas gestiones de la dirección nacional del PP [...]
cambiaran para nada el resultado".
El comisario Villarejo registró el informe en la propia
Dirección General de la Policía el pasado 3 de marzo
poco antes de entregárselo a la juez que investiga el
ático de González
El documento, fechado el 11 de julio de 2011 con la
referencia "NI [Nota Interna] Sumario Gürtel-IG [Ignacio
González].y otros", fue entregado por el comisario a la
titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona
después de registrarlo previamente en la propia
Dirección General de la Policía el pasado 3 de marzo,
según se observa en un sello que figura estampado en la
primera hoja del mismo. El contenido del mismo,
adelantado este sábado en parte por El País e Infolibre,
apunta en la misma dirección que las declaraciones que
el pasado 2 de febrero ya había hecho el mando policial
ante la magistrada. Entonces aseguró que un confidente
de los agentes que investigaban la red presuntamente
liderada por Francisco Correa les había asegurado que el
político "había cobrado aproximadamente 2 millones de
euros" de comisión y que el inmueble era parte del pago
por la 'Operación Arganda', el mayor pelotazo de la red
de corrupción por la que está imputado, entre otros, el
constructor Fernando Martín, cuya empresa, Martinsa, fue
la que se hizo con aquellos terrenos por 77 millones de
euros.
"Una reunión de trámite"
Sin embargo, en aquella declaración, en la que llegó a
acusar al director general de la Policía, Ignacio
Cosidó, de presionar al dirigente del sindicato policial
que presentó la denuncia que permitió abrir el sumario
para que retirase ésta, no citó ni a Rajoy ni a Aguirre,
cuyos nombres si aparecen de manera destacada en la nota
interna que ha entregado ahora a la juez del caso. De
hecho, en la misma se destaca que según "las
informaciones recibidas por ahora no contrastadas
fehacientemente", las supuestas irregularidades habían
llegado a "la dirección nacional del PP por denuncias
entre otros de constructores que también se presentaron
a los concursos de adjudicación y detectaron las
trampas". Siempre según el documento policial, "el
presidente de esta formación política, M[ariano] Rajoy,
se limitó a mantener una reunión de trámite en la calle
Génova con la presidente del PP-Madrid Esperanza Aguirre
en noviembre de 2004 [en el informe figura por error el
año 2000]".
El documento incorporado ahora al sumario habla de
"fingidas gestiones de la dirección nacional del PP"
tras las denuncias de irregularidades en el 'pelotazo'
de la Gürtel en Arganda
La nota informativa añade que, tras ese encuentro, el
entonces alcalde de Arganda del Rey, Ginés López,
imputado más tarde en el sumario de Gürtel por este
presunto fraude, "fue llamado para que diera
explicaciones", En aquel encuentro, el regidor "adujo
que dicha operación 124 de Arganda, al igual que otras
similares, se habían hecho porque IG [Ignacio González]
dio instrucciones concretas y precisas sobre cómo
gestionar el suelo municipal". El informe policial
desconocido hasta ahora continúa asegurando que "según
fuentes internas del propio PP" que en aquel momento no
estaba recogidas judicialmente, "Aguirre dio garantías
de todos los implicados y apenas unos días más tarde, en
diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa se realizó
tal y cómo la había pactado Correa, sin que las fingidas
gestiones de la dirección nacional del PP, para
aparentemente evitar la operación, cambiaran para nada
el resultado".
Más acusaciones
La nota interna no se queda ahí. De hecho asegura que el
'pelotazo' de Arganda está relacionado con el viaje que
Ignacio González realizó en el verano de 2008 a Colombia
y que fue grabado por detectives privados, según destapó
el diario El País un año más tarde. De hecho, llega a
destacar la coincidencia en el hotel que ocupaba el
entonces vicepresidente madrileño con dos españoles
supuestamente relacionados con el "peligroso cártel de
Cali". También detalla supuestas irregularidades en el
Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid y
que, según el informe del comisario Villarejo, es "la
herramienta para los cobros y pagos de difícil
justificación, así como el sistema de enriquecimiento
ilícito de ciertos dirigentes de la Comunidad de
Madrid". El documento incluso relaciona dicha sociedad
pública con supuestos pagos a periodistas y medios de
comunicación con el fin de que ensalzaran a los
dirigentes regionales del PP y criticaran a sus
adversarios políticos. El Canal de Isabel II es
actualmente investigado dentro del sumario del 'caso
Púnica'.
El informe habla de supuestas irregularidades en el
Canal de Isabel II y otra empresa pública como "sistema
de enriquecimiento ilícito de ciertos dirigentes de la
Comunidad de Madrid"
Otra empresa que figura en esta última causa y que
también aparece en la nota del comisario es la Agencia
de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, de la que asegura que "adjudicaría contratos
millonarios mediante aparentes licitaciones previamente
pactadas con los adjudicatarios, elaborando facturas
falsas, engordando contratos y/o liberando fondos en
efectivo, parte del cual iría a la caja B del partido
político controlador y parte se quedaría en manos de
quienes estarían manejando dichas operaciones". El
escrito policial también destaca los "vínculos" de
Ignacio González y el empresario Enrique Cerezo en unas
supuestas irregularidades en la adjudicación de las
televisiones digitales en la Comunidad de Madrid.
Precisamente, ambos esperan que la juez de Estepona
decida si los considera investigados (la nueva
denominación de la figura de imputado) dentro del caso
del ático, como pide la Fiscalía Anticorrupción.
El documento policial habla también de la entrega de
dinero en "bolsas de plástico" como comisión de otra
operación urbanística amañada en la Comunidad de Madrid
supuestamente instigada por Ignacio González en 2007 y
las posteriores presiones a un juez para que archivara
la investigación que se abrió entonces por aquella.
También recoge la existencia de cajas de seguridad en un
banco a nombre de varios colaboradores del expresidente
madrileño que "periódicamente se reunían para repartir
cuando éstas estaban llenas".
http://vozpopuli.com/actualidad/77242-un-informe-policial-secreto-asegura-que-rajoy-y-aguirre-taparon-el-caso-del-atico-de-gonzalez
LA POLICÍA YA CONOCÍA EN 2011 CINCO PRESUNTOS CASOS DE
CORRUPCIÓN LIGADOS A IGNACIO GONZÁLEZ Y AL PP DE MADRID
En
julio de 2011, el comisario Villarejo entregó un informe
en el que vincula el ático de González al mayor pelotazo
de la 'Gürtel' y afirma que se está utilizando el Canal
de Isabel II para “realizar suculentos pagos” a medios
de comunicación
Además, detalla prácticas corruptas en la agencia
pública ICM descubiertas ahora en la operación Púnica y
relata una investigación judicial que se sobreseyó “de
manera muy irregular” y que también afectaba a González
La nota policial de cinco folios que el comisario José
Manuel Villarejo redactó el 11 de julio de 2011, y que
fue incluida en la denuncia por amenazas presentada el
pasado 3 de marzo ante la Policía, aporta numerosos
indicios de cinco casos de presunta corrupción
vinculados del expresidente madrileño Ignacio González y
al PP de Madrid que no se llegaron a investigar. El
primero de ellos alerta sobre el pago de dos millones de
euros a González en relación con la adjudicación en
Arganda del Rey (Madrid) de fincas municipales a la
empresa Martinsa, del empresario Fernando Martín,
imputado en Gürtel.
Un confidente policial, tal y como adelantó infoLibre,
alertó a los agentes que investigaban el caso de que el
ex número dos de Esperanza Aguirre en el Ejecutivo
madrileño podría haber recibido la mordida, tal y como
declaró el comisario Villarejo a la jueza de Estepona
que investiga el caso del ático. El entonces instructor
del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz,
acusó a Fernando Martín de pagar 25 millones de euros,
considerado el mayor pelotazo de la trama, que
beneficiaron al presunto cerebro de la red corrupta,
Francisco Correa.
Según un testigo de Gürtel, gracias a una decisión de la
Comunidad de Madrid, Martinsa pudo haber obtenido un
aumento del beneficio en su promoción de Arganda del Rey
de 199 millones de euros, por lo que los ingresos brutos
superaría los 500 millones de euros. Fernando Martín
siempre ha negado cualquier irregularidad.
1. EL CASO DEL ÁTICO Y LA COMISIÓN EN ARGANDA
El ático de Estepona que ocupa desde 2008 Ignacio
González, aunque hasta diciembre de 2012 lo hizo en
régimen de alquiler, ya que la propietaria era
formalmente la sociedad offshore Coast Investors, habría
sido el pago en especie de la supuesta comisión ilegal,
según apunta el comisario Villarejo, que cita a un
confidente policial. Al frente de Coast Investors está
el fiduciario Rudy Valner, vinculado a varias empresas
del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
La nota policial, inédita hasta el momento, indica que
Francisco Correa "habría sobornado al [exalcalde de
Arganda] Ginés López, y al [exdiputado del PP en la
Asamblea de Madrid] Benjamín Martín Vasco, siendo
Ignacio González quién habría salido mejor parado, al
percibir dos millones de euros".
"Según las fuentes contactadas, las comisiones fueron
generosas en función a las plusvalías conseguidas. El
alcalde Ginés López cobró algo más de medio millón de
euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la
empresa pública de gestión del suelo de Arganda,
Benjamín Martín Vasco, diputado del PP en la Asamblea de
Madrid y quien casualmente dirigió la comisión de
investigación de los espías", prosigue la nota policial,
que recuerda que en anteriores informes se reflejó la
posible relación entre dos pagos de más de un total de
25 millones de Martinsa a Correa.
"Uno de dichos pagos corresponde al suelo de Arganda del
Rey y el otro, aún sin concretar, podría tener relación
con cierta operación muy irregular, realizada en
Colmenar de Oreja, en su día investigada judicialmente",
apunta el documento adjunto a la denuncia presentada por
Villarejo.
La declaración como testigo de Villarejo en el juzgado
de Estepona ha convencido al fiscal jefe de Málaga, Juan
Carlos López Caballero, para reclamar la declaración
como investigados (imputados) de Ignacio González; su
mujer, Lourdes Cavero; y Enrique Cerezo.
Y según el comisario Villarejo, la cúpula del PP tuvo
conocimiento de las presuntas irregularidades de Arganda
del Rey, que según se supo después denunció el entonces
tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, a Esperanza Aguirre en
el despacho de la sede nacional en la madrileña Calle
Génova del hoy presidente del Gobierno en funciones,
Mariano Rajoy: "Las irregularidades se conocieron en la
dirección nacional del PP por denuncias, entre otros, de
constructores que también se presentaron a los concursos
de adjudicación y detectaron las trampas. El presidente
de esta formación política, Mariano Rajoy, se limitó a
mantener una reunión de trámite en la calle Génova, con
la presidenta del PP-Madrid, Esperanza Aguirre".
La nota policial sostiene que cuando el exalcalde de
Arganda del Rey Ginés López fue llamado para que diera
explicaciones, contestó que en dicha dicha adjudicación,
al igual que otras similares, se había hecho porque
Ignacio González dio instrucciones "concretas y precisas
sobre cómo gestionar el suelo municipal".
"Según fuentes internas del propio PP (testimonios por
ahora no recogidos en fase judicial), Aguirre dio
garantías de todos los implicados y apenas unos días más
tarde, en diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa
se realizó tal y como la había pactado Correa, sin que
las fingidas gestiones de la dirección nacional del PP,
para aparentemente evitar la operación, cambiaran para
nada el resultado", resalta el documento. La propia
Aguirre tuvo que reconocer ante el juez de Gürtel que
llamó al exalcalde de Arganda, que defendió la legalidad
de la operación urbanística.
Viaje a Colombia
El supuesto pago de dos millones de euros, indica la
nota policial de 11 de julio de 2011, coincidiría con el
viaje que Ignacio González hizo a Colombia, del 29 de
agosto al 4 de septiembre de 2008, "acompañado entre
otros de José Manuel Serra Peris, consejero de Martinsa.
Sus movimientos fueron grabados con cámara oculta por
detectives, dando lugar al llamado caso Espionaje de
Madrid, en un momento investigado por la Comisaría
General de Policía Judicial".
En dicho sumario, prosigue la nota policial, estaban
imputados varios detectives privados que intervinieron
en el seguimiento, "y que en todo momento se han negado
a facilitar los datos de quienes les contrataron, no
obstante fuentes de sus defensas, han señalado que no
tiene justificación alguna tal imputación, salvo que se
trate de presionar a sus defendidos a que entreguen
todos los datos recabados en dicho viaje e insinuando,
que el contratador final de los servicios de espionaje a
Ignacio González, había sido la constructora OHL".
Precisamente, el nombre de la constructora OHL ha
aparecido recientemente en relación a la supuesta agenda
morada de Francisco Granados en el que supuestamente se
refleja la financiación irregular del PP madrileño.
Y después el documento policial explica que de los datos
obtenidos durante el espionaje del viaje de González que
en el mismo también participaron, además del consejero
de Martinsa Serra Peris, "Ildefonso de Miguel, mano
derecha de Ignacio González, y por entonces gerente de
la empresa pública Canal de Isabel II; Edmundo R.
Sobrino, que era presidente en esa fecha de Canal
Extensia, filial del Canal, abogado, experto en
urbanismo y consejero de Extensia; y Enrique Sánchez,
dueño de la empresa de seguridad Segurisa".
El informe explica que las imágenes que fueron grabadas
en Colombia "Ignacio González y sus acompañantes fueron
a un inmueble ubicado en la calle de Las Bóvedas, en
Cartagena de Indias, accedieron al edificio cargando
unas bolsas blancas y apenas transcurridos diez minutos
salieron de nuevo, pero ya sin los citadas bolsas".
Y el comisario plasma después sus pesquisas al respecto
en el dossier: "Las informaciones que han dado origen a
las gestiones que se practicarán a través de la
Comisaría de Marbella, señalan sin duda, que tal viaje
era para ultimar los detalles del soborno que Ignacio
González recibiría por la operación de Arganda, y que
parte era en efectivo y la cantidad más alta, mediante
la entrega del ático a verificar".
Villarejo cita "otras fuentes lugareñas" de Colombia,
que indican que una de las personas que aparecen en el
mencionado vídeo que filmaron los detectives "sería un
sujeto colombiano, presidente de una sociedad de dicho
país y que guardaría parentesco familiar con un
narcotraficante que se entregó a la DEA [Departamento
Antidroga] en EEUU y obtuvo importantes acuerdos a
cambio de colaborar, informando de una importante red de
blanqueo de dinero".
Y en este sentido, el agente llama la atención en un
hecho: "El intento de borrar del registro del Hotel
Sofitel de Santa Clara (Colombia), datos desde el 28 de
agosto al 2 de septiembre de 2008, fechas en las que,
coincidiendo con Ignacio González, se hospedaron dos
españoles llamados Laureano R. R. y Marcos José F. M.,
ambos relacionados con Gilberto R. H., responsable del
peligroso cártel de Cali. Ambos sujetos, sometidos a
control permanente por todas las agencias antidrogas, en
especial la DEA, según consta en las pesquisas
realizadas por la UDEF en relación con dicho viaje".
No obstante, el informe policial reconoce que "no puede
acreditarse fehacientemente que dichos españoles
viajaran juntos con Ignacio González, que se alojó en la
lujosa suite número 423", aunque considera "una curiosa
coincidencia el hospedarse justo en las mismas fechas en
dicho hotel, entrando el mismo día y marchándose cuando
el político también lo hizo".
Según las fuentes del comisario Villarejo, a la vuelta
del viaje a Colombia, "se entregó a Ignacio González el
ático objeto de las gestiones ordenadas, estableciéndose
por tanto una lógica relación entre viaje, manejo de
bolsas sin conocerse su contenido y posesión del
inmueble".
2. LOS PAGOS DEL CANAL
"Todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que
es el Canal [de Isabel II], la herramienta para los
cobros y pagos de difícil justificación, así como el
sistema de enriquecimiento ilícito, de ciertos
dirigentes de la Comunidad de Madrid, que se quedarían
con parte del dinero recaudado para financiar al PP,
mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra
pública".
Así de categórico comienza la nota policial bajo el
epígrafe denominado "Canal Extensia". Varios años
después, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
investiga el pago de importantes cantidades en negro por
empresas concesionarias del Canal de Isabel II al
informático de la red Púnica, Alejandro de Pedro.
Y despúes Villarejo analiza la filial Canal Extensia,
cuyo presidente era Edmundo R. Sobrino, que participó en
el viaje a Colombia: "El Canal, sin razón empresarial
lógica, extendió su infraestructura económica en América
Latina, adquiriendo el 75% de Canal Extensia, de la que
es propietaria junto con la firma valenciana TECVASA
(consorcio de firmas valencianas y la Caja de Ahorros
del Mediterráneo), que posee el 25% restante. Toda una
estructura con vocación offshore, controlada por
sociedades públicas, todas ellas vinculadas al mismo
partido político, sin razón aparente de existir, salvo
el de manejar importantes sumas de dinero en un
continente muy alejado y con claras dificultades de
control".
Por eso, el coordinador de la investigación inical del
ático de González asegura que convendría indagar sobre
la atípica estructura exterior del Canal: "Todas y cada
una de las fuentes del entorno del PP contactadas,
señalan, que es la herramienta perfecta de corrupción,
que los responsables políticos de la Comunidad de Madrid
utilizan hasta el día de hoy con total impunidad".
"A través del Canal", prosigue el informe de Villarejo
de 2011, "se realizan suculentos pagos para asegurar
fidelidades a medios de comunicación, mediante la
adjudicación de publicidad institucional, sin control
alguno ni justificación, ni licitaciones, ni mediante
ningún sistema de auditoría, la cual debiera existir, al
tratarse de dinero público, dilapidado sin control".
Y la forma de pagar fue, según el agente "Mediante
abultadas facturas, en la mayoría de las veces por
servicios inexistentes, se controlarían a agencias de
publicidad, para generar noticias falsas positivas para
ensalzar la labor de los políticos y/o se corrompería a
tertulianos y periodistas que mediante pagos, parte en
efectivo, modularían la opinión pública, ensalzando a
sus benefactores y criticando a los adversarios, todo
ello con dinero del contribuyente".
Villarejo identifica a tres conocidos periodistas y un
periódico digital. infoLibre ha podido contactar con dos
de estos informadores, que han negado cualquier
vinculación con el Canal de Isabel II. Ambos han negado
haber percibido ninuna cantidad de la empresa pública
del agua madrileña.
3. EL CASO DE ICM Y LA 'PÚNICA'
El comisario también incluye entre las empresas que se
habrían utilizado por el PP para estos pagos irregulares
a la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), cuyo
expresidente José Martínez Nicolás, fue detenido en el
marco de la Operación Púnica al participar en el pago en
negro al informático de la red corrupta, Alejandro de
Pedro. Este empresario, que contaba con varias
periódicos que los investigadores han calificado de
zombis, trataron de relegar las noticias negativas de
los cargos del PP madrileño. Especialmente las noticias
vinculadas al ático de González.
"Otra firma con similar función seria ICM, de la que se
espera recibir más información en breve. Al igual que
opera el Canal, adjudicarían contratos millonarios
mediante aparentes licitaciones previamente pactadas con
los adjudicatarios, elaborando facturas falsas,
engordando contratos y/o liberando fondos en efectivo,
parte del cual iría a la caja B del partido político
controlador, y parte se quedaría en manos de quienes
estarían manejando dichas operaciones", completa
Villarejo, que considera "de sumo interés, que una vez
comprobadas la informaciones que se están recibiendo y
judicializadas las mismas, por parte de la UDEF, se
investigue muy en profundidad las actividades de una y
otra empresa pública", en relación al Canal e ICM.
Villarejo propone entonces "judicializar una información
patrimonial, tanto de Ildefonso de Miguel como de
Cándido Cerón", que en 2008 eran los responsables del
Canal de Isabel II y de la empresa de informática,
respectivamente.
En relación al primero, Ildefonso de Miguel, el
comisario explica: "Aunque ya no dirige el Canal, las
fuentes contactadas han dicho que abandonó dicha
entidad, presionado por Ignacio González, por el riesgo
que les provocaba la impunidad con que De Miguel estaba
incrementando su patrimonio de forma desmesurada,
adquiriendo sin control, incluso bodegas de vino e
inmuebles de muy alto nivel, bien a su nombre y/o a
nombre de familiares muy directos y/o firmas que ellos
mismos estaban constituyendo, tanto dentro como fuera de
España".
infoLibre se ha puesto con De Miguel, que ha asegurado
no tener nada que ver con el asunto del viaje a
Colombia. "Está en el juzgado y yo lo que hice fue
denunciar el tema, y no creo que tenga nada que ver. En
el viaje alguien hizo una cosa que desconozco, porque
era un viaje profesional y se han dicho tantas
barbaridades [...] como que había bolsas blancas como si
fuera droga". Preguntado por su actuación en el Canal,
De Miguel aseguró que no cometió ninguna irregularidad.
"En el caso de ICM, se debería centrar la atención en
Cándido Cerón, militar que al parecer está en la
reserva, muy vinculado a firmas como Indra y por ende al
CNI, que estaría recibiendo importantes sumas de dinero
en efectivo, por el pago de sobornos de los
adjudicatarios de proyectos, relacionados con la
infraestructura informática de la Comunidad de Madrid",
especifica el agente Villarejo en el informe. Cándido
Cerón está procesado por gastar 80.000 euros con su
tarjeta black de Caja Madrid, entidad financiera de la
que fue consejero.
Precisamente, el consejero delegado de la Agencia de
Informática y Comunicaciones de la Comunidad (ICM) en
2007, Cándido Cerón, licitó por 2,5 millones de euros un
informe sobre la implantación del sistema informático de
la Ciudad de la Justicia que ganó Avanzit, empresa de la
que fue alto cargo entre 2001 y 2015. Meses después,
Cerón firmó otro contrato con Avanzit por 1,2 millones.
Estos contratos fueron objeto de una comparecencia del
propio Cerón en la comisión de investigación contra la
corrupción de la Asamblea de Madrid.
El informe de Villarejo explica, asimismo, que Cerón se
habría blindado: "Ofreciendo programas informáticos que
permitirían controlar, no sólo los sorteos que de forma
aparentemente aleatoria adjudicarían los sumarios a los
jueces que les deberían corresponder por sorteo, sino de
manera remota, controlarían los ordenadores de todos los
jueces de la Comunidad de Madrid, a los que previamente
se habría dotado de los oportunos programas espías a
modo de troyanos".
4. LAS RELACIONES CON ENRIQUE CEREZO
El cuatro apartado del informe del comisario Villarejo
vincula al presidente del Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo, con Ignacio González. Y se remonta a 2005,
cuando la Comunidad de Madrid adjudicó las televisiones
digitales locales, "en un proceso controlado en todo
momento por Ignacio González".
Y uno de los empresarios que recibió la licencia fue "el
productor y amigo personal de Ignacio González, Enrique
Cerezo", explica la nota policial, que destaca que los
siete medios de comunicación, incluida la empresa de
Cerezo, crearon, en diciembre de 2005, la empresa
Teledifusión Madrid, cuyo objeto social era la gestión
de las señales de las nuevas televisiones. Cada una de
ellas suscribió el 10% del capital y el 30% restante
quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor
Spain".
Esta firma se había constituido justo un mes antes,
según la investigación policial, y su administrador
único era Fernando Ruano, "cuñado del ya referido
Ildefonso de Miguel, al que todas las fuentes señalan
como fiduciario de Ignacio González y gestionador, junto
a otro testaferro de Cerezo, de un entramado de
sociedades offshore ubicado en varios estados de EEUU,
así como Panamá y otros países del entorno". De Miguel
no ha querido responder a las preguntas por escrito de
este diario.
Y la empresa creada, Teledifusión Madrid, "contrató a la
empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y
gestionara la red de las nuevas televisiones digitales.
Esta firma había sido fundada en 2003 precisamente por
Ildefonso de Miguel quien, cuando pasó a trabajar con
Ignacio González, dejó la firma en manos de su cuñado
Fernando Ruano, con lo que el círculo volvió a
cerrarse".
Finalmente en este apartado, el dossier del comisario
cita fuentes cercanas al propio Cerezo para asegurar que
con periodicidad mensual, Ignacio González le ha venido
visitando a su despacho y éste, le ha entregado
personalmente sobres con dinero en efectivo, aunque no
han podido determinar la cantidad que contenían. Dato
aún pendiente de confirmar".
infoLibre también ha preguntado a De Miguel por el caso
de Teledifusión Madrid que ha respondido: "Yo cuando
entré en la Comunidad de Madrid vendí la participación y
eso lo he dicho repetidas veces". Preguntado sobre si la
empresa la había vendido a su cuñado, Fernando Ruano, De
Miguel no aportó más datos al respecto.
5. EL CASO DE COLMENAR DE OREJA
En la última de las cinco páginas de la nota policial
que Villarejo ha anunciado que también va a enviar al
Juzgado de Estepona en el que se investiga el caso del
ático de González, el documento alude al municipio de
Colmenar de Oreja, en el sur de la Comunidad de Madrid.
"Ya en 2009, el Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid,
inició una causa, cuya referencia policial consta como
diligencias nnúmero 6480/09. Se trató de la
investigación sobre un asunto que surgió en Colmenar de
Oreja entre mayo-junio de 2007, donde la alcaldesa fue
al parecer condicionada por Ignacio González a que
favoreciera una recalificación a Martinsa, llevando las
negociaciones por parte de la constructora un tal Juan
Carlos Martín Rodríguez".
El agente da cuenta en el informe que se conoció la
existencia "de unos pagos por un alto importe, calculado
mediante la repercusión por metro construido conseguido
con la recalificación. Según consta en la causa, los
pagos se hacían a colaboradores de Ignacio González, que
recibía en bolsas de plástico el dinero en efectivo, la
mayoría de las veces en el Hotel Eurobuilding y también
a la alcaldesa, que al saberse investigada, abandonó
precipitadamente la política, no sin antes aumentar de
forma significativa su patrimonio".
"Entre el entramado societario destacaba una firma
llamada Preston Child y como conseguidores de Ignacio
González entre otros un tal Á. C., realizando
movimientos de capitales a través del Barclays Bank y
otras entidades. En su momento, colaboradores informaron
que parte del efectivo que conseguían, se guardaba en
cajas de seguridad del BSCH, a nombre de diversos
colaboradores de Ignacio González y que periódicamente
se reunían para repartir cuando estas estaban llenas".
"A pesar de existir intervenciones telefónicas y
declaraciones de testigos protegidos, que de manera
rotunda implicaban a Ignacio González en el cobro de
comisiones, el sumario se sobreseyó de manera muy
irregular el 5/5/10, por un juez sustituto, a quien de
una manera cuanto menos atípica, el decano adjudicó
dicho sumario". Una fuente judicial que Villarejo
califica como "fiable", asegura que el juez sustituto se
excusó ante sus colegas alegando que su continuidad
dependía de la Comunidad de Madrid: "Cerró todo, porlas
presiones que recibía, ya que, de manera imperiosa,
necesitaba que le renovaran su relación laboral en los
juzgados".
Tal y como publicó El País el 26 de agosto de 2012,
Martinsa-Fadesa adjudicó la sectorización de esta
promoción a la empresa Plarquin Consultores, ligada al
exdirector general de Urbanismo Enrique Porto. Y esta
firma también participó en la adjudicación por parte del
Ayuntamiento de Arganda del Rey, con el exalcalde
imputado Ginés López a la cabeza, de unas fincas por las
que el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco
Correa, pudo percibir hasta 25 millones de euros, y por
el que según un confidente policial González habría
percibido dos millones, siendo el ático un pago en
especie de esta cantidad.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/05/la_nota_policial_secreta_sobre_ignacio_gonzalez_que_investigo_2011_45935_1012.html
EL COMISARIO VILLAREJO DENUNCIA “GRAVES AMENAZAS”: LE
EXIGEN "QUE ROMPA TODOS LOS INFORMES” SOBRE EL ÁTICO DE
GONZÁLEZ
El comisario José Manuel Villarejo, que fue el encargado
de coordinar la investigación inicial sobre el ático del
expresidente madrileño Ignacio González, ha denunciado a
la Policía "graves amenazas" para que retire la
declaración que realizó ante la jueza de Estepona en la
que advertía que había sufrido coacciones por parte del
director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que
cerrara las pesquisas que afectaban al número dos de
Esperanza Aguirre. Así consta en la denuncia policial,
presentada este miércoles 3 de marzo, a la que ha tenido
acceso infoLibre.
En el documento, Villarejo explica que un varón le llamó
a su número de teléfono oficial el pasado 1 de marzo
"con un tono imperativo" y le exigió que "retire
inmediatamente de su declaración sobre el ático
relacionado con Ignacio González que Ignacio Cosidó le
coaccionó para que no investigara". Además, el
amenazante anónimo le conminó a "romper todos los
informes y notas sobre dicho asunto y todos los
relacionados con el Partido Popular, y negar la autoría
de todos los que puedan salir de ahora en adelante". En
caso de que no cumpliese con dichas exigencias, continúa
la denuncia presentada por Villarejo, su interlocutor le
advirtió de que "además del expediente" que se le había
abierto "van a venir más expedientes para expulsarme del
Cuerpo, por lo que no me iba a jubilar tranquilamente
como tenía previsto".
En su declaración del pasado 1 de febrero ante la jueza
que investiga el caso del ático, Villarejo afirmó que un
mando le había encargado investigar el asunto después de
que un confidente policial alertara de que Ignacio
González podría haber percibido dos millones de euros
por la recalificación de unos terrenos en Arganda del
Rey (Madrid). En esa misma operación, considerada como
el mayor pelotazo de Gürtel, el presunto cabecilla de la
trama habría cobrado hasta 25 millones de euros, entre
otros del empresario Fernando Martín. Este último
siempre ha negado el pago de cualquier comisión.
Por este testimonio y por las grabaciones aportadas, el
fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha
pedido la declaración como investigados (imputados) de
Ignacio González; de su mujer, Lourdes Cavero; y del
presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
En su testimonio ante la jueza, Villarejo se incluyó
entre los tres comisarios "represaliados" por investigar
el ático. Los otros dos fueron, siempre según el agente,
los comisarios Enrique Rodríguez Ulla y Agapito Hermes
de Dios.
La llamada amenazante
En la denuncia policial presentada este jueves 3 de
marzo, Villarejo indica que su interlocutor en la
conversación telefónica utilizaba "un lenguaje propio de
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado" y denuncia que le transmitió "una serie de
mensajes" que califica como "graves amenazas".
El comisario, que asegura que en estos momentos presta
servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del
Cuerpo Nacional de Policía (CNP), indica que la persona
que le llamó dijo en un principio que lo hacía "en
nombre del jefe superior de la Policía, y creyendo que
era un subordinado de dicho mando que me pedía que
hablara con él, le dije: 'de acuerdo, pásemelo', a lo
que inmediatamente me contestó: 'no se lo voy a pasar,
sólo le voy a decir lo que tiene que hacer'".
El relato de los hechos de la denuncia de Villarejo
especifica que tras recibir la amenaza le contestó a su
interlocutor anónimo: "¿Es usted compañero? Le advierto
que no dude de que voy a averiguar quién es usted y le
puedo asegurar que nadie luego le va a proteger, ni
usted va a poder alegar que lo hizo por obediencia
debida". En total la conversación apenas superó el
minuto de duración.
Conversación con Eugenio Pino
Al finalizar la llamada, el comisario llamó al director
adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, para contarle
todo lo sucedido. Según esta versión, Pino le dijo que
"debería denunciar lo ocurrido, porque se trataba de
amenazas graves".
Villarejo asegura que no lo hizo en un principio ya que
en la conversación con el propio Eugenio Pino, éste le
dijo que no le constaba que le hubieran abierto un
expediente, tal y como le anunció la persona anónima que
le había amenazado: "Le contesté que si no lo sabía él,
que era el jefe, es que no existía tal expediente, por
lo que se trataría de una amenaza sin fundamento y por
mi parte, no deseaba denunciar una vez más, evitando de
nuevo polémicas".
Pero la publicación el pasado 2 de marzo en un periódico
y una radio de ámbito nacional de una información en la
que se informada de que sí se le había abierto un
expediente, convenció al comisario de la necesidad de
denunciar las amenazas, "toda vez que al parecer están
llenas de contenidos veraces que sin duda hacen creíbles
las mismas".
El expediente que le abrieron, explica Villarejo en su
denuncia, se ha tratado de justificar "por unos mensajes
enviados a dos comisarios, en el lenguaje coloquial
entre dos compañeros, donde les recrimino su complicidad
en el montaje ya acreditado de la denuncia falsa de la
dermatóloga Elisa Pinto [contra el empresario Javier
López Madrid]". El comisario añade que ese caso "quedó
en nada, puesto que carecía de importancia".
Villarejo llama la atención sobre el hecho de que el
caso se reabra dos meses después de que se cerrara una
información reservada. Y se reinicia la misma
coincidiendo con la publicación por el diario El País de
una noticia "que me pareció un refrito de otras ya
publicadas. Alguien ha debido decidir reabrir dicho
asunto de los mensajes y con esa excusa se me abre un
expediente que es inmediatamente aireado en la prensa".
Pero además de los problemas entre agentes, la denuncia
hace mención a otros aspectos de las amenazas que
tendrían cierta relevancia de cara a la investigación de
la compra del ático de Estepona por parte de un
testaferro profesional, Rudy Valner, que luego se lo
alquiló a Ignacio González. "La referencia [del anónimo]
a que si hay otros informes y notas debería destruirlos
y en todo caso negar mi autoría [...] lejos de
amilanarme me animan porque estoy en el buen camino".
Otra nota informativa de interés para la jueza
Y por eso Villarejo asegura en la denuncia haber
"tratado de recordar e indagar si hay otras notas
referidas al tema del ático, y aunque se me había
olvidado su confección", pudo comprobar que elaboró una
nota informativa, con fecha 11 de julio de 2011.
Villarejo adjunta dicha nota a la denuncia policial,
"por si en los archivos de la Dirección Adjunta
Operativa se hubiera extraviado y no constara".
El comisario sostiene que tras releer el mencionado
informe policial, ha podido comprobar que en el mismo ya
constaban datos "que ahora son de actualidad y que la
UCO está sacando a la luz, gracias al magnífico trabajo
realizado por nuestros compañeros de la Guardia Civil y
que hace casi cinco años ya se conocían, aunque de
manera lamentable, sorprendentemente no se investigaron
en su día".
Villarejo destaca en su denuncia que la nota policial
debería remitirse oficialmente al Juzgado de Estepona en
el que se investiga el caso del ático, "o en su defecto
lo haría a título personal, poniéndome de nuevo a
disposición de su señoría para testificar y explicar los
detalles de dicha nota, lamentando no haberla aportado
el día de mi comparecencia, porque no recordaba ni su
elaboración ni por supuesto, el posible interés que
puede tener para el esclarecimiento de los hechos".
Declaración de Rodríguez Ulla
Precisamente, este jueves ha declarado por
videoconferencia el comisario Enrique Rodríguez Ulla.
Este agente fue apartado de su cargo tras investigar el
caso del ático. Y, según fuentes de la declaración del
testigo ante la jueza de Estepona, confirmó los hechos
conocidos hasta el momento.
Y lo hizo al asegurar Rodríguez Ulla que apenas días
después de que el DAO Eugenio Pino le dijera que no
tenía que haber iniciado la investigación de la denuncia
del Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre el dúplex
de lujo de González, fue relegado de su cargo por falta
de confianza, tal y como reconoció el propio ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/04/el_comisario_villarejo_denuncia_cosido_por_atico_gonzalez_45878_1012.html
EL NÚMERO DOS DE LA POLICÍA “ME OBLIGÓ A DEJAR DE
INVESTIGAR EL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ”
José Enrique Rodríguez Ulla, comisario general de Policía
Judicial en 2012, declaró ante el juzgado que instruye
el caso del ático del ex presidente de la comunidad de
Madrid que fue cesado por abrir diligencias a petición
del juzgado
El Partido Popular le nombró Comisario General de
Policía Judicial al llegar al poder, pero a José Enrique
Rodríguez Ulla le duró el puesto lo que tardó en abrir
diligencias para investigar la compra del ático de
Estepona (Málaga) del expresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, presuntamente con el dinero de
un soborno por recalificar unos terrenos en Arganda del
Rey a favor de la constructora Martinsa-Fadesa.
Así lo explicó el miércoles en su breve declaración en
el caso que instruye un juzgado de Estepona. Las
diligencias se abrieron en 2012, después de que se
hiciera llegar al Sindicato Unificado de la Policía
(SUP), liderado entonces por José Manuel Sánchez Fornet,
y que este interpusiera la denuncia en Estepona.
Según Rodríguez Ulla, organizó un grupo de trabajo con
el jefe de la UDEF, José Luis Olivera, y también con el
responsable de Servicios de Prevención y Blanqueo de
Capitales, José Luis Fernández Gudiña. Sin embargo el
comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO)
de la Policía “me obligó a que cerrara la investigación
que nos había solicitado el juzgado”. El número dos de
la Policía apeló, según la declaración de Rodríguez Ulla,
a que la causa iba a ser archivada.
Las fuentes consultadas por Público aseguran que “desde
que se abrió la investigación en el juzgado de Estepona
nunca se ha querido archivar la causa, lo que estamos
teniendo son serios problemas para que llegue la
información que el juzgado solicita, por ejemplo, las
comisiones rogatorias que demostraría que el dinero
estaba en el paraíso fiscal de Delawere era de González
y que su testaferro era el mismo que el del empresario
Enrique Cerezo, Rudy Valner”.
La declaración del comisario ha sido “parca y escueta”,
según fuentes presentes en la sala, pero ha dejado claro
que “su cese como máximo responsable de la Policía
Judicial se debió a este choque que tuvo con el
comisario Eugenio Pino”. Al menos la acusación popular
representada por los trabajadores afectados por el ERE
de Telemadrid, entienden que el número dos de la Policía
tendrá que explicar en el juzgado los motivos de
paralizar esas diligencias.
Los letrados presentes le han preguntado también si
sufrió presiones por investigar del entonces comisario
de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas Aranda, como
declaró el comisario Villarejo. Sin embargo Rodríguez ha
asegurado que la única persona que le presionó fue la
persona que le había nombrado en el puesto, Eugenio
Pino.
A pesar de que el comisario José Manuel Villarejo se
atribuye haber sacado a la luz el caso del ático gracias
a un confidente policial y poseer importante información
desde al menos 2011, según demuestra además la grabación
realizada a Ignacio González junto con el comisario
Enrique García Castaño en noviembre de ese año,
Rodríguez Ulla ha asegurado que no conoce a Villarejo y
tampoco ha tenido acceso a su información.
El comisario cesado por Eugenio Pino por investigar ha
dicho no saber nada de la información desvelada por
Público sobre que la hija del número dos de la Policía,
María Pino de Juana, era teniente alcalde del
Ayuntamiento de Arganda del Rey en el momento en que
González compró su ático de Estepona.
En diciembre de 2008 Eugenio Pino, que había sido
relegado por el PSOE a la comisaría de Huesca, facilitó
presuntamente esa información al comisario José
Villarejo y así consiguió ascender a la Dirección
Adjunta Operativa (DAO), de la que es actual jefe.
Villarejo es en estos momentos persona de confianza de
Eugenio Pino, a pesar de ser quien supuestamente ha
destapado el caso y de haber sufrido fuertes presiones
por hacerlo. Según su testimonio, fue el anterior DAO
que había nombrado el PSOE, el ya fallecido Miguel Ángel
Fernández Chico, quién le encargó investigar a González
aunque nunca se han incluido estas pesquisas en el caso
Gürtel donde sí se investiga la recalificación de
terrenos en Arganda del Rey para favorecer a Martinsa.
http://m.publico.es/politica/1952342/el-numero-dos-de-la-policia-me-obligo-a-dejar-de-investigar-el-atico-de-ignacio-gonzalez
EL EXCOMISARIO GENERAL DE POLICÍA VINCULA SU CESE A LA
INVESTIGACIÓN DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ
El comisario fue cesado después de que dos funcionarios
de policía viajaran a Asturias a tomar declaración al
anterior propietario del ático de González tras el
archivo de la fiscalía. José Enrique Gómez Ulla
cuestiona que Ignacio Cosidó y el DAO tuvieran
conocimiento de dicho archivo y no él como responsable
de la investigación
En su declaración judicial ante la juez del 'caso
ático', el excomisario general de Policía Judicial, José
Enrique Gómez Ulla, cuestiona haber sido cesado por
continuar la investigación de Ignacio González una vez
se archivó en la Fiscalía Anticorrupción, el pasado
junio de 2012. El ex Comisario General, cuyo cese no
tenía precedentes en Interior, fue apartado por “pérdida
de confianza” por haber continuado las diligencias del
'caso ático', al margen del carpertazo del ministerio
público, motivo que reconoció en su día el ministro
Jorge Fernández Díaz.
Según Gómez Ulla, Ignacio Cosidó fue "el responsable" de
la decisión y le recriminó “que se llevaran a cabo
investigaciones si se había acordado el archivo. El ex
Comisario cuestiona “no entender cómo podía tener
conocimiento del archivo el Director Adjunto, Eugenio
Pino y el Director General, Ignacio Cosió, y no él”.
Gómez Ulla asegura que abrió la investigación del ático
sin “ningún tipo de presión, interna ni externa”. “Tomó
la decisión una vez vista la documentación” que le
entregó el Sindicato Unificado de Policía (SUP). El cese
fulminante se produjo tras haber mandado a dos
funcionarios de policía a Asturias “a tomar declaración
al anterior dueño del ático”. El entonces jefe de la
brigada de Blanqueo, José Luis Gudiña, “mostró su enfado
a la vista del archivo” apunta.
En la cronología que Gómez Ulla relata a la juez,
recibió la denuncia y la documentación el 7 de junio de
2012, el mismo día convocó una Comisión Técnica, dio
traslado a la fiscalía el día 8 de junio y declaró
secreta la investigación. A penas dos semanas después,
entre el 28 y el 30 de junio, fue cesado.
http://cadenaser.com/ser/2016/03/03/tribunales/1457038864_741707.html
El juez investiga si Ignacio González recibió dos
millones para su ático
Un juzgado de Estepona (Málaga) investiga si
el expresidente madrileño logró una comisión tras un
pelotazo urbanístico de la red Gürtel en Arganda del Rey
(Madrid)
Un juzgado de Estepona (Málaga) investiga si el
expresidente madrileño Ignacio González (PP) recibió una
comisión de dos millones de euros para su ático tras un
pelotazo urbanístico de la red Gürtel en Arganda del Rey
(Madrid). La Fiscalía Anticorrupción de Málaga,
basándose en unas grabaciones y un informe policial,
acaba de revitalizar el caso —estaba estancado por
varias comisiones rogatorias— y solicitado la imputación
de González, su esposa y el presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, que aparece en las grabaciones.
El ático estaba a nombre de una sociedad sin actividad y
radicada en un paraíso fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción de Málaga, basándose en unas
grabaciones y un informe de los servicios de
inteligencia de la policía, acaba de revitalizar el caso
del ático del hombre al que Esperanza Aguirre dejó en
2012 la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González. El juzgado 5 de Estepona investiga la
procedencia del dinero con el que adquirió la lujosa
casa en Marbella.
El asunto estaba estancado por varias comisiones
rogatorias inconclusas a EE UU y Reino Unido, hasta que
el juzgado ha incorporado al sumario grabaciones de
conversaciones entre el comisario de inteligencia José
Manuel Villarejo y González y otra con el presidente del
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. En ellas, González
muestra ante Villarejo y otro agente su preocupación por
que trascienda que el ático (que oficialmente alquiló en
2008 y que en 2012 dijo que ya había adquirido) figurase
a nombre de una sociedad, Coast Investor LL, sin
actividad y radicada en el paraíso fiscal de Delaware
(EE UU). Esta firma, a nombre de Rudy Valner es, a su
vez, propiedad de otra sociedad radicada en Panamá.
El informe policial elaborado por el equipo del
comisario Villarejo, quien prestó declaración el pasado
2 de febrero en el juzgado, y al que ha tenido acceso EL
PAÍS, revela cómo llegó supuestamente ese ático a manos
de González.
El informe sitúa el origen del dinero del ático en una
supuesta comisión de dos millones de euros derivada de
un megapelotazo urbanístico en el que medió la trama
Gürtel, y que recayó en la empresa Martinsa Fadesa,
presidida por Fernando Martín: la recalificación de un
terreno en Arganda del Rey (Madrid) que se adjudicó por
unos 50 millones menos de lo que valía la parcela.
Las grabaciones de las conversaciones han guiado al
fiscal a pedir al juez que cite como imputado a
González, a su esposa, Lourdes Cavero, y al presidente
del Atlético. “El señor Cerezo me llamó en muchas
ocasiones. Imagino que su interés, además de ser amigo
de González, era evitar que siguiera la investigación,
ya que el fiduciario, el señor Rudy Valner, también era
el fiduciario del señor Cerezo”, declaró el pasado 2 de
febrero Villarejo ante el juzgado de Estepona.
Siempre según el citado informe, fruto de la operación
urbanística de Arganda se detectaron 15 millones de
euros en Miami y España “pagados por Fernando Martín”,
entre otras personas, al líder de la Gürtel, Francisco
Correa, y al exalcalde de Arganda, Ginés López. Y dos de
esos millones habrían ido a parar a González, entonces
vicepresidente del Gobierno de Aguirre y responsable
último de las recalificaciones de suelo en la región.
Gran parte del dinero lo recibió González supuestamente
en líquido y el resto fue utilizado por Coast Investor
para la compra del ático. “Los pormenores de dicho pago
coincidieron con un viaje que González hizo a Colombia
entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2008,
acompañado, entre otros, por el consejero de Martinsa
Manuel Serra”. Ese viaje fue espiado por una agencia de
detectives que grabó un vídeo en el que se ve a González
entrar con bolsas grandes en un hotel.
González ha mantenido que su charla con Villarejo fue a
instancias del comisario y que este le chantajeó (el
comisario lo denunció por ello y asegura que fue
González quien concertó la cita).
El informe policial revela que para la “aparente venta”
del ático se empleó una inmobiliaria sita en la misma
urbanización donde se enclava. En la operación actuó
como vendedor, con poderes “Pedro Javier Villate y,
aunque el precio inicial del ático era 1,3 millones,
finalmente fue escriturado en 850.000 euros”, según el
informe, que también apunta que el dinero procedía de
una cuenta que el presidente de Martinsa tenía en las
Islas Caimán y desde la que se nutrió a Coast Investor.
Según el informe, poco después del viaje a Colombia,
González y su esposa visitaron el ático. Hay fotos del
cocheque alquiló la esposa de González en el aeropuerto
de Málaga. Según el informe, Cavero “gastó un dineral en
muebles”, lo que no tiene sentido si realmente era un
alquiler.
Agentes policiales de Marbella, los primeros que
indagaron este tema, preguntaron entonces al portero de
la finca, David Jiménez, sobre el inmueble, y este les
indicó que, “aunque estaba a nombre de una empresa
extranjera, en realidad pertenecía al vicepresidente de
la Comunidad de Madrid”, entonces Ignacio González. “Él
dice que está de alquiler, pero el piso es suyo”,
apostilló el portero a los agentes. El pago de la
comunidad del ático se hizo desde Coast Investor. “El
abono del dinero provenía de una cuenta del banco
Lloyduds TSB Bank PLC de Londres, tras recibir una orden
del USBKUS44FX, de USA, por orden de Coast Investors,
radicada en Beverly Hills. Pagó una cuota de comunidad
3.266 euros. El abono fue ordenado por Rudy Valner, del
despacho de abogados Law Offices Of Rudy Valner, con
domicilio también en Beverly Hills”.
Fuentes de esta investigación aseguran que Valner tiene
ahora en su poder (“y no sabe qué hacer con el dinero,
puesto que el ático ya estaba pagado”) los cerca de
700.00 euros abonados por González cuando anunció que
finalmente había adquirido el inmueble tras saltar el
escándalo a la prensa. El fiscal anticorrupción de
Málaga no cree necesario, de momento, a la espera de
varias pruebas que permitan ver si hay conexión,
inhibirse del asunto del ático en favor del juzgado que
lleva el caso Gürtel, el número 5 de la Audiencia
Nacional. Antes quiere que González explique ante el
juzgado las grabaciones, y que se dé un nuevo impulso a
las comisiones rogatorias a EE UU y Reino Unido sobre
supuestos trasvases de dinero que se hacen a través de
varias sociedades extranjeras con destino final en Coast
Investor.
Villarejo: "Me coaccionaron para que no investigara"
La investigación sobre este ático fue encargada
inicialmente por el exdirector adjunto operativo de la
Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández, ya fallecido,
al ex comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes de
Dios, bajo la supervisión de Villarejo. Así consta en el
sumario que instruye por blanqueo de capitales el
juzgado 5 de Estepona. El comisario Villarejo declaró el
pasado 2 de febrero ante el juzgado de Estepona. Avaló
el contenido de las grabaciones de su conversación con
González y otras de llamadas que le hizo Cerezo, y
señaló que el expresidente madrileño, “lejos de
colaborar, lo que quería era parar la investigación”.
El comisario destacó que, en aquel momento, su intención
y la del inspector que le acompañaba cuando él hizo la
grabación, era pedirle datos a González (recibos,
extractos bancarios…) que permitieran desterrar la
información de que ese ático le había sido regalado a
cambio de una recalificación en Arganda. Pero no
demostró nada. Su única preocupación era que no
trascendiese que estaba de inquilino en un ático puesto
a nombre de una sociedad sin actividad y opaca al fisco.
Ante el juez, el comisario llamó la atención de que
“Coast Investor se desactivó a los pocos días de comprar
el ático”. Villarejo dijo también que había sido la
investigación “más difícil de su vida” y que el actual
director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le
prohibió, a través del jefe de Asuntos Internos
entonces, seguir investigando a González. “Me coaccionó
para que no investigara”, dijo al juez. Y al comisario
de Marbella, denunció, “lo han echado. Lo imputaron y
suspendieron de empleo y sueldo”.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/28/actualidad/1456689862_390630.html
EL NÚMERO DOS DE LA POLICÍA CONOCE EL PELOTAZO DEL ÁTICO
DE IGNACIO GONZÁLEZ DESDE 2008
La UDEF aún no ha incluido en el sumario de
'Gürtel' ninguna de las pesquisas que el comisario
Villarejo realizó sobre la recalificación de terrenos en
Arganda del Rey, municipio de la que era teniente de
alcalde la hija del actual Director Adjunto Operativo
El juzgado de Estepona (Málaga), que investiga la compra
del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, presuntamente pagado con el dinero de
un soborno por recalificar unos terrenos en Arganda del
Rey (Madrid) para favorecer a la constructora Martinsa-Fadesa,
ya ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si ve
conveniente que esta investigación se incluya en el
sumario de Gürtel.
Es en este procedimiento que instruye la Audiencia
Nacional donde la UDEF hace años que investiga la
recalificación de los terrenos para favorecer al
empresario Fernando Martín y la red de Francisco Correa.
Sin embargo, en sus informes nunca se ha mencionado a
Ignacio González y sólo apuntan al exalcalde de Arganda
del Rey, Ginés López, como máximo responsable del
pelotazo.
Sin embargo, según explican a Público fuentes
policiales, esto se debería a que el número dos de la
Policía, el comisario Eugenio Pino, ha guardado desde
hace años esa información a salvo de la investigación.
Su hija, María Pino De Juana, era la teniente de alcalde
y consejera de Economía y Hacienda en el momento en que
Ignacio González adquirió su ático pagado presuntamente
con el soborno por la recalificación de terrenos de
Arganda del Rey. Ella, al igual que González, nunca ha
sido mencionada en la investigación.
Confidentes
Según estas fuentes, el comisario Eugenio Pino podría
ser el presunto confidente del que hace gala el
comisario José Villarejo en su declaración ante el
juzgado de Estepona. En el momento en el que se inicia
la investigación del caso Gürtel, en 2007, María Pino ya
era teniente de alcalde de Arganda del Rey y tenía una
buena trayectoria dentro del PP de Madrid y también
buenos contactos. Su tío materno, Jesús de Juana, había
sido subdelegado de Gobierno en Orense y, aunque ya
había dejado el puesto, sus vínculos con el PP seguían
siendo tan estrechos que recibía críticas por mezclar su
cargo como director de la UNED de dicha provincia con
los asuntos políticos.
En 2008, según la investigación de Villarejo, Ignacio
González compra el ático por 1.300.000 euros, 400.000 de
los mismos se habrían pagado en B, aunque el inmueble
estaba a nombre de la sociedad Coast Investors. Se trata
de una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Delaware
bajo el control de un testaferro, Rudy Valner, quien
también trabajaba para el presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo.
Con la llegada del PSOE al Gobierno, el comisario Pino
había sido relegado como jefe de una comisaria de
Huesca, después de haber dirigido la Unidad de
Intervención Policial (UIP). Pero es en diciembre de
2008, después de que González comprara su ático, cuando
le trasladan a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que
en ese momento dirigía el comisario Miguel Ángel
Fernández Chico, ya fallecido.
Las relaciones de Pino con hombres fuertes de la
Policía, como el comisario Villarejo, que estaba
adscrito a la DAO, se remontaba a los años noventa,
cuando Pino estaba en Asuntos Internos y Villarejo era
investigado por su unidad. Según las fuentes consultadas
por Público, “es debido a esta amistad como Villarejo se
entera de la compra del ático y acaba involucrando al
entonces comisario de Marbella, Agapito Hermés de Dios,
para dar cobertura oficial a la investigación”.
Supuestas presiones
Con la llegada del PP al poder en diciembre de 2011, el
comisario Pino se hace con la Dirección Adjunta
Operativa y pasa a ser el número dos de la Policía. A su
lado, como adscrito, el comisario Villarejo. Según
diferentes comisarios e inspectores consultados, unos
meses antes de ganar las elecciones, Pino anunció que el
propio Mariano Rajoy le había garantizado que sería el
nuevo DAO. Y así fue.
Fue también un mes antes de que Eugenio Pino llegara a
ser DAO cuando los comisarios José Villarejo y Enrique
García Castaño tomaron café con el entonces presidente
de la Comunidad de Madrid. Según González para
chantajearle, según Villarejo para investigar y según
Castaño para que Villarejo ayudara a González a
solucionar sus problemas con la supuesta investigación
de la UDEF.
Sin embargo, según la declaración de Villarejo en el
juzgado de Estepona, fue con la llegada al poder del
comisario Pino cuando comenzaron las supuestas presiones
contra él para que dejara de investigar el ático de
Ignacio González. Siguiendo la versión que él da en la
declaración, era un encargo que le había hecho el
fallecido Fernández Chico. Pero, a pesar de todo, la
UDEF no lo incluyó en el caso Gürtel en la época del
PSOE y al llegar Pino destituyó a dos comisarios
generales de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez
Ulla y José García Losada, ambos máximos responsables de
la UDEF. Rodríguez Ulla es uno de los convocados en el
caso del ático para que explique por qué se paró esta
investigación.
Según declaró Villarejo en el juzgado, las presiones
para que dejara de investigar llegaron a tal extremo que
el excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín
Blas Aranda, le presionó por orden del director general,
Ignacio Cosidó, para que dejara de investigar. Sin
embargo, en la actualidad el comisario Martín Blas ha
sido destituido por el PP, mientras que el comisario
Villarejo sigue siendo un hombre de confianza de Eugenio
Pino y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
alaba los grandes servicios que ha prestado a España.
http://m.publico.es/politica/1951772/el-numero-dos-de-la-policia-conoce-el-pelotazo-del-atico-de-ignacio-gonzalez-desde-2008
UN SOCIO ARGENTINO DE CEREZO, NUEVO TESTAFERRO DEL ÁTICO
DE GONZÁLEZ
El productor de cine argentino Repetto
aparece ahora como titular de la empresa que compró el
dúplex.
El productor cinematográfico argentino Luis Osvaldo
Repetto, socio de Enrique Cerezo, es el segundo
testaferro utilizado para la compra del ático de Ignacio
González en Marbella. Así se desprende de la declaración
prestada ante el FBI por Rudy Valner, el hombre de paja
utilizado para adquirir el inmueble hace ocho años, y a
cuyo contenido ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Las autoridades americanas interrogaron hace varios
meses al mexicano Valner, gestor de la sociedad
instrumental Coast Investors, radicada en el paraíso
fiscal de Delaware, y que fue la que adquirió
formalmente el dúplex de 500 metros cuadrados ubicado en
la urbanización La Alhambra del Golf.
Este inmueble ha venido siendo utilizado hasta ahora por
el ex presidente de la Comunidad de Madrid, que
suscribió con dicha entidad un contrato de alquiler que
la Policía considera ficticio. Es decir, los
investigadores creen que el ático fue una comisión
pagada al ex alto cargo del PP que fue camuflada
mediante un falso contrato de arrendamiento que González
siempre ha esgrimido en su defensa.
LA PELÍCULA 'ANTIGUA VIDA MÍA'
Valner, que se publicita en Internet como testaferro
profesional, compareció en el bufete californiano de
Morgan Lewis, situado en 1601 Cloverfield Boulevard,
Santa Mónica. Lo hizo acompañado por su abogado, Nathan
Hochman, y admitió que, efectivamente, en la adquisición
del inmueble utilizado por González actuó como un mero
fiduciario. No obstante, señaló que su cliente en esta
operación no era el ex alto dirigente del PP sino un
ciudadano argentino llamado Luis Osvaldo Repetto.
En esta misma declaración policial Valner reconoció que
su relación con España se circunscribe a la figura de
Enrique Cerezo, productor cinematográfico y presidente
del Atlético de Madrid. No en vano, explicó que trabaja
para Cerezo en Estados Unidos “desde hace unos 20 o 25
años”.
La vinculación del que fuera hombre de confianza de
Jesús Gil con la operación del ático se estrecha todavía
más después de que Valner haya puesto encima de la mesa
el nombre del referido Luis Osvaldo Repetto. Y es que,
curiosamente, este individuo produjo en 2001 junto a
Cerezo una película argentina llamada Antigua vida mía,
dirigida por Héctor Olivera y basada en la novela de
Marcela Serrano. La cinta fue protagonizada por las
actrices Ana Belén y Cecilia Roth.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación
por cohecho y blanqueo de capitales de González y de
Cerezo por la compraventa del lujoso dúplex ya que
sospecha, al igual que la Policía, que fue un regalo del
dirigente del Atlético de Madrid a González a cambio de
contratos públicos dependientes de la Comunidad de
Madrid.
MÁS NEXOS CON EL PRESIDENTE ROJIBLANCO
De hecho, ya son numerosos los vínculos entre Cerezo y
González en relación con el ya célebre ático. Además de
la condición de Valner de testaferro personal de Cerezo,
aparece ahora, en boca del primero, la figura de Repetto.
Pero es que la sociedad a través de la que se adquirió
el inmueble, Coast Investors, fue dada de alta en España
por el bufete madrileño Suárez de la Dehesa, cuyo
principal cliente es precisamente el empresario
audiovisual.
La policía comenzó a investigar esta compra tras recibir
la información por parte de un confidente vinculado al
caso Gürtel de que el ático era una comisión pagada a
González. Según el informante, este dúplex fue una
dádiva a cambio de la adjudicación de una parcela en
Arganda al constructor Fernando Martín, que habría
utilizado a Enrique Cerezo como pantalla. No obstante,
la policía no descarta que finalmente el regalo del
ático sea una contraprestación del presidente rojiblanco
a cambio de los contratos públicos que él y no Martín
recibió de la Comunidad de Madrid.
El Mundo desveló no sólo esta operación sino la
existencia de una reunión secreta entre González y dos
comisarios de policía instada por el primero para
intentar frenar las pesquisas. Durante el encuentro, que
tuvo lugar en la cafetería La Mallorquina de la Puerta
del Sol a finales de 2011, el ex presidente madrileño
fue grabado por los policías. También fueron registradas
las llamadas que realizó Cerezo a uno de los comisarios
para pedirle que pusiera fin a la investigación
diciéndole que en el asunto del ático no debía haber “ni
heridos ni muertos”.
Estas grabaciones, aportadas por el periódico al Juzgado
de Instrucción número 5 de Estepona, han provocado la
petición de Anticorrupción de que declaren como
imputados no sólo Cerezo y González sino la esposa de
este último, Lourdes Cavero.
http://www.elespanol.com/espana/20160226/105239757_0.html
15 DATOS QUE PONEN EN DUDA LA VERSIÓN DE GONZÁLEZ SOBRE
LA COMPRA DE SU ÁTICO
La magistrada de Estepona tendrá que decidir
en los próximos días si llama a declarar como
investigados al expresidente madrileño Ignacio González,
a su mujer y a Enrique Cerezo
El sumario aún tiene numerosas incógnitas, entre ellas
quién está detrás de Coast Investors y por qué Lourdes
Cavero visitó el dúplex justo antes de que lo adquiriese
un testaferro profesional
La titular del Juzgado de Instrucción y Primera
Instancia número 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo,
tendrá que decidir en los próximos días si llama a
declarar como investigados (imputados) al expresidente
de la Comunidad de Madrid Ignacio González; a su mujer,
Lourdes Cavero, y al presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, como presuntos autores de los delitos de
blanqueo de capitales y cohecho.
La petición de estas imputaciones procede de la Fiscalía
Anticorrupción, que en un escrito dirigido a la
magistrada, al que ha tenido acceso infoLibre, reclama
la comparecencia del expresidente, su mujer y Cerezo "a
raíz de las últimas comprobaciones efectuadas,
relacionadas con las grabaciones de ciertas
conversaciones aportadas a la causa", explica el fiscal
jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, quien
destaca que a González "se le atribuyen hechos que, de
ser ciertos, podrían integrar delitos de cohecho y de
blanqueo de capitales, en los que también resultaría
afectada su esposa Lourdes Cavero Mestre".
De esta forma el caso del ático de González, que fue
denunciado en octubre de 2012 por el Sindicato Unificado
de Policía (SUP) –que hace apenas unos meses renunció a
ser acusación popular en favor del colectivo de
extrabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid– sale
del aletargamiento en el que se encontraba, ya que pese
a haber transcurrido cuatro años las comisiones
rogatorias no han logrado aportar datos de interés al
Juzgado de Estepona.
En este caso existen al menos 15 incógnitas que ponen en
duda la versión oficial ofrecida por Ignacio González:
que el ático lo adquirió en 2008 la empresa Coast
Investors, que él y su mujer se lo alquilaron a dicha
empresa administrada por un testaferro profesional, y
que finalmente lo adquirieron en 2012. La Justicia
investiga si, en realidad, el inmueble es propiedad de
González desde 2008 y lo recibió como soborno a cambio
de una adjudicación. Estas son las principales
incógnitas:
1. Cavero visitó el ático dos veces cuando estaba en
venta
Ignacio González tendrá que explicar, si la jueza le
imputa, el motivo por el que su mujer, Lourdes Cavero,
visitó al menos en dos ocasiones el dúplex de lujo
mientras estaba en venta en 2008, según reconoció la
vendedora del inmueble en el Juzgado. La entonces pareja
del propietario del inmueble, Karen A.G., aseguró que la
vivienda estaba a la venta por un precio de 1.300.000
euros.
Al final el ático se vendió a la sociedad opaca Coast
Investors, radicada en el estado de Delaware (EEUU),
oficialmente por 770.000 euros. En concreto se
realizaron dos transferencias: una de 650.000 euros y
otra de 100.000 euros. Esta empresa permaneció inactiva
hasta que el diario El Mundo publicó el caso. Y justo
después de que se produjera la operación de compraventa
el 19 de marzo de 2008, la casa fue alquilada a González
y a Cavero.
Según el informe policial aportado por el comisario José
Manuel Villarejo, el matrimonio acudió al inmueble,
situado en la confluencia de los municipios malagueños
de Estepona y Marbella, justo después del polémico viaje
a Colombia, en el que el expresidente madrileño fue
espiado.
En el mencionado tour al país sudamericano también
participó un directivo de Martinsa, cuyo propietario,
Fernando Martín, está imputado en el caso Gürtel por el
presunto pago de 25 millones en el mayor pelotazo del
caso: en Arganda del Rey en favor de Martinsa.
El comisario José Manuel Villarejo, que fue el encargado
de coordinar la investigación, aseguró en su nota
–aportada el pasado 1 de febrero al Juzgado de Estepona–
que un confidente de la Policía Judicial le advirtió que
el político madrileño habría recibido una comisión de
dos millones de euros a cambio de facilitar la
mencionada operación urbanística de Arganda del Rey, por
la que Martinsa podía haber obtenido unos beneficios
brutos de 500 millones, según un testigo de Gürtel.
2. El testaferro compró el dúplex sin verlo y por
teléfono desde EE.UU.
Uno de los puntos más sorprendentes del sumario es que
el presunto testaferro de la compraventa del terreno, el
ciudadano mexicano Rudy Valner, aseguró haber comprado
el inmueble al empresario vasco Pedro Javier Villate sin
haberlo visto. Según su testimonio, adquirió la vivienda
de lujo por teléfono desde Estados Unidos.
Rudy Valner, un testaferro profesional, sostiene que
acudió a España para firmar la compraventa con el
propietario del ático. Y apenas unos días después,
siempre según el relato del testaferro, Lourdes Cavero
se puso en contacto con la firma para alquilar el ático,
que había sido puesto en alquiler en la prensa local.
Valner aseguró que nunca llegó a contactar con Ignacio
González hasta que el expresidente madrileño adquirió,
en diciembre de 2012, oficialmente el dúplex de lujo.
3. Un argentino socio y "conocido" de Cerezo
En su declaración como testigo por escrito desde Estados
Unidos, Rudy Valner aseguró que el auténtico dueño de
Coast Investors, la empresa que compró el ático en 2008,
era en realidad el empresario argentino del mundo del
cine Luis Osvaldo Repetto. infoLibre se puso en contacto
en julio del año pasado con este cineasta, quien
confirmó que había sido socio y que era "conocido" del
presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo.
La asociación de extrabajadores de Telemadrid denunció
que el ático de Estepona podría ser una dádiva recibida
por González a cambio de un supuesto trato de favor de
Telemadrid a las empresas de Cerezo.
Por eso cobra importancia el testimonio de Repetto a
este diario, en el que reconocía sus vinculaciones con
Cerezo: "Tuve un ático, pero ahora ya no", explicó este
empresario argentino, que al ser preguntado por este
diario sobre si había sido propietario con la empresa
Coast Investors, respondió con un escueto "sí", para
añadir: "Eso se vendió y ya se fue...". No obstante,
Repetto negó haberse relacionado con Ignacio González y
su mujer.
A la pregunta de si conocía a Cerezo, este productor
argentino respondió: "Sí, claro", refiriéndose al
presidente del Atlético de Madrid como "conocido". Al
ser interpelado por este diario de nuevo sobre si habían
sido socios, contestó de forma inequívoca: "Exacto".
4. El testaferro trabajaba para Cerezo
Rudy Valner, que trabaja como fiduciario de inversores
en Estados Unidos, está vinculado a las empresas de
Enrique Cerezo en Estados Unidos, según reconoció el
propio empresario mexicano en su declaración como
testigo. Pero la relación era más profunda de la
conocida en un principio, ya que Valner era tesorero de
la firma Egeda US, de la que Cerezo es presidente.
Tal y como explicaron otros de los testigos, Valner
llegó a ser tesorero de esta firma, que en todo momento
ha utilizado en España los servicios de los abogados que
trabajan para Enrique Cerezo. Asimismo, llama la
atención que Cerezo, tal y como muestra una de las
grabaciones aportadas al Juzgado de Instrucción número 5
de Estepona, tratara de convencer al comisario Villarejo
para que cerrara la investigación. Este es el principal
motivo por el que el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos
López Caballero, ha pedido la imputación de Cerezo.
5. González compró el ático a una empresa denunciada por
blanqueo
Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, deberán
explicar a las acusaciones y a la jueza Isabel Conejo el
motivo por el que adquirieron en diciembre de 2012 el
ático, a un precio oficial de 750.000 euros, a la
empresa offshore Coast Investors, que había sido
denunciada meses antes por el Sindicato Unificado de
Policía (SUP) por blanqueo de capitales.
Además, el diario El Mundo había publicado el 21 de
marzo de ese mismo año 2012 que la Policía investigaba
la compraventa del inmueble por lo que González ya
conocía el posible origen turbio del dinero invertido
desde Estados Unidos.
En tercer lugar, el expresidente de la Comunidad de
Madrid también fue cuestionado más de un año antes de
comprar el ático por los comisarios Villarejo y Enrique
García Castaño de las irregularidades detectadas en la
compra, en la que según un confidente participó el dueño
de Martinsa. Fernando Martín. Tal y como prueban las
grabaciones, González trató de evitar que trascendiera
la operación de compraventa.
6. González no colaboró con la investigación policial
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González no colaboró con la investigación que coordinó
el comisario José Manuel Villarejo, según declaró el
agente a la jueza Isabel Conejo.
En ese testimonio, adelantado por infoLibre, el mando
policial aseguró que González, lejos de ayudar en las
pesquisas, "lo que quería era información y la
paralización de la investigación". Precisamente el caso
ha sufrido a lo largo de cuatro años numerosas
dilaciones, como por ejemplo errores de bulto en las
comisiones rogatorias e incluso traducciones al inglés
de documentos que se retrasaron más de cuatro meses.
7. Un viaje a EE.UU. con Enrique Cerezo
La página web de Egeda US, una sociedad en la que
Enrique Cerezo es presidente, incluía en sus
informaciones un viaje realizado en 2007, antes de la
primera compraventa del ático en 2008, del entonces
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, a Estados Unidos. Según esta documentación, al
viaje habría acudido también Enrique Cerezo y una
representación de la patronal madrileña CEIM, cuya
vicepresidenta era Lourdes Cavero, la mujer de González.
El expresidente madrileño habría participado en el tour
para promocionar el sector audiovisual de la Comunidad
de Madrid. Esta delegación la habría encabezado la
sociedad Egeda US, cuyo tesorero era el presunto
testaferro Rudy Valner. Las preguntas de las acusaciones
populares del caso apuntan a que González podría haber
conocido a Valner en este viaje a Estados Unidos.
Preguntado por estos hechos, Valner aseguró no recordar
haber visto a González en Estados Unidos.
8. La conexión del ático con Fernando Martín, imputado
en Gürtel
El mismo confidente policial que cita el comisario
Villarejo aseguró también que el anterior propietario
del ático, el empresario vasco Pedro Javier Villate,
percibió 1.350.000 euros, aunque en realidad se
escrituró formalmente en 850.000 euros, abonándose la
diferencia en efectivo.
Los fondos en metálico se habrían abonado desde una
cuenta en Islas Caimán del empresario propietario de la
empresa Martinsa, Fernando Martín. Este empresario
siempre ha negado cualquier relación con estos hechos.
El fiscal de Málaga López Caballero trata de determinar,
tal y como considera la acusación particular de los
extrabajadores de Telemadrid, si el caso del ático está
directamente relacionado con el caso Gürtel. Y por eso
ha pedido a la jueza Isabel Conejo que envíe a Panamá
una comisión rogatoria para determinar si la matriz de
Coast Investors, está vinculada con la sociedad Golden
Chain Properties, de Francisco Correa, el presunto
cabecilla de Gürtel.
Golden Chain fue la firma utilizada por Correa para
percibir una parte de la comisión de 25 millones de
euros que Fernando Martín habría abonado a la trama
corrupta por el caso Arganda. El confidente policial
citado por el comisario Villarejo asegura que González
habría cobrado otros dos millones.
9. Presiones a los policías
Al menos tres comisarios que participaron en las
pesquisas del ático han sido "represaliados", según el
término utilizado por el agente Villarejo ante la jueza,
a la que aseguró que ésta había sido la investigación
"más difícil de su vida".
Villarejo recordó que al comisario de Marbella Agapito
Hermes de Dios, al que se le encargó la investigación,
"lo han echado, lo imputaron y lo suspendieron de empleo
y sueldo". Además, Villarejo destacó que "a las dos
horas de llegar a Madrid le trasladaron ya que dicha
comisaría correspondía al distrito de González".
El testimonio del agente implicó también al director
general de la Policía, Ignacio Cosidó, a quién le acusó
de haberle ordenado "a través del comisario de Asuntos
Internos, Marcelino Martín Blas, que no siguiera
investigando".
El tercero de los agentes "represaliados" fue el
comisario Enrique Rodríguez Ulla, que cesó en su cargo
por orden de Cosidó tras abrir la investigación
policial. El ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, justificó esta decisión por "pérdida de
confianza".
10. No se registró el cambio de propiedad
La compraventa en marzo de 2008 del inmueble de Estepona
por parte del testaferro Rudy Valner, en representación
de la empresa offshore, permaneció oculta hasta que el
diario El Mundo publicó la información del ático en
2012.
En el Registro de la Propiedad de Estepona no había ni
rastro de la operación, ya que la vivienda permanecía a
nombre de Pedro Javier Villate, el anterior propietario
y constructor del inmueble.
Coast Investors tampoco abonó ningún tipo de impuesto
por los ingresos del alquiler de González. De hecho, el
representante de esta empresa tuvo que realizar una
declaración complementaria en diciembre de 2012 y abonar
74.000 euros por el dinero recibido del matrimonio
González-Cavero.
11. DOS NOTARÍAS PARA UN contrato
El ático de lujo propiedad del expresidente madrileño
Ignacio González desde diciembre de 2012 –según la
versión oficial– lo compró la empresa offshore Coast
Investors en 2008 en una notaría diferente a la
declarada por el presunto testaferro de la operación, el
ciudadano mexicano Rudy Valner.
Así se desprende del testimonio de una testigo de la
compraventa del ático de lujo y del contenido de un
informe policial basado en los datos suministrados por
un confidente del caso Gürtel, aportado a la causa por
el agente Villarejo.
La testigo es Karen A. G., quien en 2008 era la pareja
del propietario del dúplex de lujo vendido a Coast
Investors. Esta ciudadana alemana compareció como
testigo el 10 de mayo de 2015 y, un día después, realizó
una declaración ampliatoria en la que asegura que ella
misma había acudido a una notaría del barrio de El
Pilar, en el municipio de Estepona. En esa declaración
Karen A.G. afirma: "Me recordó mi hijo que sí que estuve
en el notario, que estaba en El Pilar (Estepona), que no
recuerdo nada más ni quién estaba allí, fue hace siete
años".
En el contrato notarial aportado a la causa se
especifica que Karen A. G. estuvo presente en la firma
del mismo en una notaría de Madrid, algo que no recordó
la testigo.
12. Muebles de lujo para un dúplex supuestamente
alquilado
El informe suministrado por el comisario Villarejo a la
jueza de Estepona destaca también que un coche alquilado
por una de las hijas de González permanecía aparcado en
una de las tres plazas de garaje asignadas en el
edificio de Estepona al matrimonio madrileño.
Y también que posteriormente el coche dejó su sitio a
"unos muebles de terraza, sillones grandes de mimbre,
algunas sillas y una mesa de jardín, todo ello cubierto
por una lona, que según el encargado de mantenimiento
fueron enviados por Ignacio González desde Madrid a
finales de enero, pero al no caber ni en el ascensor ni
por las escaleras se estaba a la espera de que llegue
una grúa para hacerlos entrar por la terraza", según
consta en el documento policial.
El comisario no entiende que el matrimonio se gastara
una importante suma de dinero para amueblar una vivienda
que supuestamente era alquilada. Además, desde un
principio la investigación alertó del bajo precio que
abonaban por el alquiler González y Cavero, que era de
2.000 euros mensuales, muy por debajo del precio de
mercado. Especialmente si se tiene en cuenta que los
gastos de la comunidad de propietario corrían a cargo de
Coast Investors.
13. La indemnización de Lourdes Cavero
Ignacio González justificó el pago de 750.000 euros en
diciembre de 2012 para adquirir el ático al testaferro
Rudy Valner, que trabajaba para Enrique Cerezo, con una
supuesta indemnización percibida por su mujer tras
abandonar la patronal madrileña CEIM.
La investigación deberá también determinar si
efectivamente el abono contó con fondos suministrados
por la patronal entonces presidida por el empresario
Arturo Fernández, procesado por las tarjetas black.
14. Alquiler a nombre de la mujer
La jueza Isabel Conejo deberá determinar si Ignacio
González y su mujer alquilaron el ático, con una
superficie construida de casi 500 metros cuadrados, a
nombre de Lourdes Cavero para que no trascendiera
ninguna información sobre el expresidente de la
Comunidad de Madrid.
Según el abogado de la acusación de los extrabajadores
de Telemadrid, Javier Carnerero, esta podría haber sido
una de las argucias del matrimonio para evitar que
trascendiera su vinculación con una empresa offshore de
Estados Unidos.
15. Los retrasos en la investigación
Tanto la jueza de Estepona como la Fiscalía
Anticorrupción han lamentado los numerosos retrasos en
la investigación. Así, la magistrado se ha dirigido a la
Comandancia de la Guardia Civil de Málaga para que le
informen del motivo "de la falta de cumplimiento" de la
orden emitida hace siete meses para que se investigara
"la integridad y la autenticidad" de las grabaciones de
la reunión que mantuvieron los comisarios José Manuel
Villarejo y Enrique García Castaño con el expresidente
madrileño Ignacio González sobre la propiedad del dúplex
de lujo.
En su último escrito, el fiscal jefe de Málaga, Juan
Carlos López Caballero, que ha pedido que la causa se
considere compleja, recuerda al Instituto Armado que hay
diligencias pendientes desde el 15 de julio pasado.
También ha destacado que desde el 6 de noviembre se
halla pendiente de cumplimentar una comisión rogatoria
al Reino Unido.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/27/todo_que_ignacio_gonzalez_debera_explicar_jueza_sobre_atico_45591_1012.html
EL RASTRO DEL DINERO DEL DÚPLEX: DE ARGANDA A ESTEPONA
PASANDO POR MÓNACO O PANAMÁ
La Fiscalía pide imputar a González, su mujer
y Cerezo al constatar que su dúplex de 496 m2 en
Estepona fue un soborno
Cerezo a González: “¡Yo creía que te hacía un favor y me
has metido en un lío de pelotas!”
El soborno a Ignacio González por mediar en la
recalificación de terrenos en Arganda del Rey y Comenar
de Oreja abonado presuntamente por el constructor
Fernando Martín (Martinsa) sigue bajo investigación.
Este viernes se ha conocido que la Fiscalía
Anticorrupción en Málaga ha pedido que declaren
González, su mujer y Enrique Cerezo, este último habría
participado cediendo su entramado societario al otro
lado del charco.
A raíz de una denuncia de los socialistas en Madrid se
conoció en abril de 2014 que la conexión entre los
compradores del dúplex de dos pisos y 500 metros
cuadrados en Estepona. La vivienda costó en torno a
1.300.000 euros en el año 2008, 400.000 de los mismos se
habrían pagado ‘en B’.
La vivienda que disfrutaron desde el 2008 la pareja
González estuvo a nombre de la señalada sociedad Coast
Investors. Una sociedad ubicada en el paraíso fiscal
americano de Delaware bajo el control del testaferro
profesional, el mexicano-californiano Rudy Valner.
OKDIARIO ya desveló las conversaciones del verano de
2014 en las que Cerezo reprochaba duramente al político
que le involucrara en este caso.
1. Se investiga si el dinero de Fernando Martín partió
de una cuenta cifrada en Mónaco a nombre de una sociedad
de Panamá, Cedargrobe Investments de este mismo
empresario.
2. Llegaría a otra cuenta a nombre de Enrique Cerezo en
la entidad americana Merrill Lynch Miami.
3. De ahí se trasladó de nuevo al paraíso fiscal
estadounidense de Delaware, sede de Coast Investors.
4. Esta sociedad tiene como titulares al
citado testaferro Valner y a una entidad, Waldorf
Oerseas, con sedes en paraísos fiscales como Panamá y
las Islas Vírgenes Británicas por las que también pudo
pasar el dinero.
5. Dos meses después, el 12 de mayo, Coast Investors
compró a Pedro Villate por 750.000 euros este dúplex. La
sociedad que se constituyó en marzo de 2008 tendría como
único fin ostentar esta propiedad.
El presidente colchonero, de esta forma, cedió a esta
operación su estructura legal en EEUU para ocultar la
verdadera titularidad de este lujoso inmueble de una
vivienda, piscina privada, jacuzzi, sauna, tres garajes
y tres trasteros en La Alhambra del Golf, en la frontera
entre Marbella y Estepona.
De 2008 a 2012 la familia disfrutó del dúplex pagando
únicamente 2.000 euros mensuales como alquiler –frente a
los 6.000 que era la media en la zona– pero a pesar de
ello, se comportaban como propietarios del mismo.
Compraron una serie de muebles de alta gama o pagaban
los gastos de Comunidad de Vecinos de 1.650 euros
trimestrales. Además el antiguo propietario Villate
señaló a la prensa que inequívocamente los compradores
eran la pareja.
Desde el comienzo de las investigaciones González ha
emprendido una pelea para demostrar la ilegalidad de las
investigaciones. Por su parte el comisario Agapito
Hermes que fue relevado tras un expediente disciplinario
siempre ha asegurado que su actuación fue completamente
legal. Cuando se ponen en marcha las investigaciones
judiciales, González regularizó la situación del
inmueble.
A partir de ahora, con nuevas grabaciones aportadas a la
causa, se prevé la imputación de González, Cerezo y
Cavero. El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona
podrá profundizar así en descubrir si estos hechos son
ciertos y se pueden probar delitos de cohecho y blanqueo
de capitales.
http://okdiario.com/espana/el-rastro-del-dinero-del-duplex-de-arganda-a-estepona-pasando-por-monaco-o-panama-78611
ANTICORRUPCIÓN PIDE CITAR COMO INVESTIGADO A IGNACIO
GONZÁLEZ POR BLANQUEO Y COHECHO EN EL ‘CASO DEL ÁTICO’
El comisario Villarejo declaró ante la jueza
que un confidente policial había alertado en su día
sobre el cobro de una comisión de dos millones por parte
del político del PP
La Fiscalía también pide que declaren como investigados
la mujer de González y Enrique Cerezo
La Fiscalía Anticorrupción de Málaga ha reclamado a la
jueza de Estepona, Isabel Conejo, que cite a declarar
como investigado (antes denominado imputado) al
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González,
por la compra de un ático de lujo de más de 500 metros
cuadrados en 2008 por la empresa offshore Coast
Investors.
La petición del fiscal Juan Carlos López Caballero se
produce después de que el comisario José Antonio
Villarejo declarara en el juzgado que un confidente
policial del caso Gürtel aseguró en su día que Ignacio
González había recibido dos millones de euros en negro
por la adjudicación de unas fincas en Arganda del Rey.
Por esta operación el presunto cerebro de la trama
Gürtel, Francisco Correa, habría recibido 25 millones de
euros por su intermediación. Es el mayor pelotazo
conocido del caso Gürtel.
En el escrito remitido por Anticorrupción al Juzgado de
Instrucción número 5 de Estepona, la Fiscalía considera
que a raíz de las grabaciones entre el comisario
Villarejo y González se han puesto de manifiesto hechos
que, de ser ciertos, podrían integrar los delitos de
blanqueo y cohecho.
El fiscal López Caballero también solicita que preste
declaración como investigada Lourdes Cavero, la mujer de
González, que en estos momentos es la propietaria del
ático de lujo al 80%, ya que el 20% restante es de su
marido.
Por último, el fiscal reclama la comparecencia, también
como investigado, del presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, a quien la acusación popular de los
extrabajadores de Telemadrid acusa de haber participado
en el pago del ático al político madrileño, que dimitió
en secreto hace un mes de su cargo de secretario general
del PP de Aguirre.
La declaración de Villarejo, clave
La clave de la posible imputación de González está en el
testimonio del pasado 1 de febrero del comisario
Villarejo. En esa comparecencia, el agente explicó que
el expresidente de la Comunidad de Madrid trató de
evitar que trascendiera que era el inquilino de un
dúplex de lujo en la Costa del Sol, tal y como se puede
escuchar en la conversación grabada por el propio
Villarejo a instancias de sus superiores.
Además, el comisario aportó al juzgado dos informes en
los que apuntaba que un confidente policial aseguró que
el ático podía formar parte de la posible comisión
percibida por González por la adjudicación de varias
fincas municipales a la empresa Martinsa, cuyo
propietario, Fernando Martín, está imputado en Gürtel.
Ese colaborador de la Policía también apuntó que
Fernando Martín podría haber abonado desde una de sus
cuentas en el extranjero una parte del exclusivo ático.
La denuncia por la sospechosa compra la interpuso en
2012 el Sindicato Unificado de Policía (SUP) bajo la
presidencia de José Manuel Sánchez Fornet. Ahora la
acusación popular recae en los extrabajadores afectados
por el ERE de Telemadrid.
Según se desprende del sumario, Ignacio González y su
mujer alquilaron a la empresa offshore Coast Investors
el ático de lujo en 2008 después de que Lourdes Cavero
visitara el inmueble, que estaba en venta.
El comprador, el testaferro Rudy Valner, reconoció que
compró la vivienda sin visitarla. En su última
declaración como testigo, Valner aseguró que el
propietario de la empresa Coast Investors era el
ciudadano argentino Luis Osvaldo Repetto, amigo y socio
del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Tras publicar en 2012 el diario El Mundo la noticia de
que González alquilaba un inmueble de lujo a un precio
muy inferior al del mercado, el matrimonio
González-Cavero acabaron por comprar en diciembre de
2012 el ático.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/26/anticorrupcion_cita_como_imputados_ignacio_gonzalez_mujer_enrique_cerezo_por_caso_del_atico_45560_1012.html
EL SECRETARIO GENERAL DEL PP DE MADRID DIMITIÓ HACE UN
MES
Ignacio González presentó una carta a Aguirre en la que
anunciaba la renuncia "a todos sus cargos"
El PP de Madrid ha quedado completamente descabezado.
Según ha sabido EL PAÍS, el secretario general del PP de
Madrid y expresidente regional Ignacio González, dimitió
hace un mes. Presentó una carta en el partido en la que
agradecía a Esperanza Aguirre el apoyo recibido hasta el
momento, pero dejaba “todos sus cargos” tras las
elecciones generales. Aguirre, que ha presentado su
dimisión como presidenta esta mañana, no ha hecho
mención a este hecho.
En la misiva, González explica que ha sido secretario
general desde 2011 y que en estos años el PP ha sido el
partido “preferido por los madrileños”, lo que les ha
permitido “desarrollar una tarea que ha colocado a
Madrid como la región más importante de España, y una de
las más importantes de Europa”. "Tras las últimas
elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo
de 2015, tal y como te comuniqué, tomé la decisión de
dejar todas mis responsabilidades en el partido de
Madrid. Situación que he mantenido a petición tuya de
manera transitoria hasta la celebración de las
elecciones generales".
Con la salida de Aguirre y González, el partido queda en
manos de los tres vicesecretarios: Íñigo Henríquez de
Luna, segundo de Aguirre en el Ayuntamiento y
vicesecretario de Acción Política; Bartolomé González
(Comunicación), y Gádor Ongil (Organización). El partido
no tiene un número tres claro, sino que los tres
vicesecretarios están al mismo nivel.
Tras la salida de Aguirre y González, al PP solo le
queda crear una gestora para dirigir el partido o
convocar un comité regional para nombrar al sucesor de
la expresidenta.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/14/madrid/1455462133_763322.html?rel=mas
EL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ SE COMPRÓ EN UNA NOTARÍA
DIFERENTE A LA DECLARADA POR EL TESTAFERRO
Karen A.G, ciudadana alemana que en 2008 era la pareja
del vendedor del ático de lujo, aseguró que la
transacción se realizó en Estepona. Y que ella estuvo
presente
Su declaración judicial tumba la versión mantenida hasta
ahora por Rudy Valner, testaferro profesional
involucrado en la operación, que presentó una escritura
de una notaría de Madrid
El ático de lujo propiedad del expresidente madrileño
Ignacio González desde diciembre de 2012 –según la
versión oficial– lo compró la empresa offshore Coast
Investors en 2008 en una notaría diferente a la
declarada por el presunto testaferro de la operación, el
ciudadano mexicano Rudy Valner. La Justicia investiga si
el ático es en realidad propiedad del político madrileño
desde 2008.
Así se desprende del testimonio de una testigo de la
compraventa del ático de lujo y del contenido de un
informe policial basado en los datos suministrados por
un confidente del caso Gürtel, aportado a la causa por
el agente de Policía responsable de la investigación, el
comisario José Manuel Villarejo, en el que se informaba
de que González podría haber percibido dos millones de
euros a cambio de permitir una recalificación en Arganda
del Rey (Madrid). Parte de esa comisión, siempre según
el confidente, habría sido precisamente el ático.
Una testigo alemana
La testigo es Karen A. G., quien en 2008 era la pareja
del propietario del dúplex de lujo vendido a Coast
Investors. Esta ciudadana alemana compareció como
testigo el 10 de mayo de 2015 y, un día después, realizó
una declaración ampliatoria en la que asegura que ella
misma había acudido a una notaría del barrio de El
Pilar, en el municipio de Estepona. En esa declaración
ampliatoria, a la que ha tenido acceso infoLibre, Karen
A.G. afirma lo siguiente: "Me recordó mi hijo que sí que
estuve en el notario, que estaba en El Pilar (Estepona),
que no recuerdo nada más ni quién estaba allí, fue hace
siete años.".
Estos nuevos datos van en la línea de la querella
presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
que en su primer escrito dirigido al Juzgado ya
reclamaba a la jueza que librara un mandamiento al
notario de Estepona Ignacio Bayo, "para que remita las
escrituras suscritas por [el presunto testaferro] Rudy
Valner, en nombre de Coast Investors que obren en su
protocolo".
Pero la jueza se negó, habida cuenta de que al Juzgado
ya habían llegado las escrituras de la operación que se
había acordado según el testaferro profesional Rudy
Valner en una notaría en Madrid.
Dudas de la validez
Y por eso la existencia de una posible escritura de la
operación en Estepona pone en duda la validez del
documento conocido de la operación y que fue aportado a
la causa por Valner en nombre de la empresa Coast
Investors.
Según el representante legal de la firma norteamericana,
que es la única imputada en el caso del ático del
expresidente de la Comunidad de Madrid, la operación de
compraventa se llevó a cabo en una notaría de Madrid,
por un valor de 750.000 euros.
A partir de 800.000 euros
Pero la declaración de la testigo mencionada destaca que
el precio de los áticos del edificio del que forma parte
el dúplex de lujo de González "era a partir de 800.000
euros".
En el mismo sentido, el informe policial aportado por el
comisario José Manuel Villarejo siembra dudas sobre la
validez de esta escritura de Madrid, al asegurar también
que un confidente policial de Gürtel puso de manifiesto
que la operación se acordó en una notaría de Estepona, y
no en Madrid.
Islas Caimán
El mismo confidente policial que cita Villarejo aseguró
también que el anterior propietario del ático percibió
1.350.000 euros, aunque en realidad se escrituró
formalmente en 850.000 euros, abonándose la diferencia
en efectivo. Los fondos en metálico se habrían abonado
desde una cuenta en Islas Caimán del empresario
propietario de la empresa Martinsa, Fernando Martín,
imputado en Gürtel por el pago irregular de 25 millones
de euros al cabecilla de la trama, Francisco Correa.
Fernando Martín siempre ha negado cualquier relación con
estos hechos.
La testigo alemana, la entonces pareja del vendedor del
inmueble, recordó en su testimonio que el dúplex de lujo
de 200 metros cuadrados "estaba en venta en 1.300.000
euros", aunque aseguró desconocer el valor final de la
venta.
No se registró
El comisario Villarejo explica además en la nota interna
dirigida a sus superiores que la operación "no llegó a
registrarse". De hecho, en el Registro de la Propiedad
de Málaga no aparecía el nombre de su nuevo propietario,
sino el del constructor del edificio y entonces pareja
de Karen A.G: Pedro Javier Villate Pérez.
Esta revelación abre una nueva vía para que el colectivo
de extrabajadores de Telemadrid, que ha sucedido como
acusación popular al SUP, vuelva a reclamar a la jueza,
tal y como consta en la denuncia inicial del Sindicato
Unificado de Policía (SUP), la información al notario de
Estepona.
Precisamente, la acusación de los extrabajadores de la
televisión pública madrileña, de la que fueron
despedidos más de 850 trabajadores, considera que una
escritura de la compraventa del inmueble podría aportar
datos sobre el auténtico propietario desde 2008 del
inmueble, en referencia al expresidente madrileño
Ignacio González.
750.000 euros
La versión hasta el momento del expresidente madrileño
Ignacio González de la operación indicaba que apenas
unos días después de que la empresa offshore Coast
Investors, que según el testaferro Rudy Valner pertenece
a un socio de Cerezo, adquiriera en 2008 el inmueble por
750.000 euros, él alquiló la vivienda en la localidad de
la costa malagueña por un precio más bajo del mercado:
2.000 euros mensuales durante todo el año. Y que el
recibo de la comunidad de propietarios, bastante elevado
al tratarse de un inmueble de lujo, lo sufragaba por su
cuenta la empresa norteamericana.
El informe policial de Villarejo asegura que tras volver
del viaje a Colombia, en el que también participó un
directivo de Martinsa, la empresa acusada de abonar la
mordida, Ignacio González acudió al dúplex con su mujer.
Y que pese a asegurar que se encontraba en régimen de
alquiler actuaba como si fuera el auténtico propietario.
Así, adquirió numerosos muebles, que permanecieron
varios días en las plazas de garaje.
Visitas de Lourdes Cavero
Además, una empleada que se encargó de la venta en 2008
aseguró que el presunto testaferro, residente en Estados
Unidos, acordó la compra del inmueble tras una
negociación telefónica desde EEUU y después de que la
mujer de González, Lourdes Cavero, visitase al menos en
dos ocasiones el ático.
Tal y como publicó infoLibre, el entonces presidente de
la Comunidad de Madrid compró oficialmente su ático de
lujo en Estepona por 770.000 euros el 18 de diciembre de
2012, un día después de que la empresa Coast Investors
LCC, cuyo representante legal es el mencionado Rudy
Valner, abonase 74.290 euros por impuestos que no había
pagado a la Agencia Tributaria.
Ante las posibles conexiones entre el caso del ático y
la Gürtel, la jueza de Estepona dictó el pasado 4 de
febrero una providencia en la que preguntaba a la
Fiscalía Anticorrupción de Málaga si debe enviar su
investigación al Juzgado Central de Instrucción número 5
de la Audiencia Nacional que instruye la causa contra la
trama liderada por Francisco Correa.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/16/una_acusacion_informe_policial_una_testigo_ponen_duda_validez_escritura_del_atico_ignacio_gonzalez_45062_1012.html
LA JUEZA EXIGE A LA GUARDIA CIVIL QUE EXPLIQUE EL
RETRASO EN LA INVESTIGACIÓN DE LA GRABACIÓN SOBRE EL
ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ
La instructora se ha dirigido a la
Comandancia de Málaga para que le informen del motivo
"de la falta de cumplimiento" de la orden que emitió
hace siete meses para que investiguen "la autenticidad"
de las grabaciones
La jueza Laura Sánchez Díaz se ve obligada a enviar de
nuevo una documentación tras constatar que la comisión
rogatoria a Londres todavía no se ha traducido pese a
que han transcurrido tres meses
La jueza de Estepona Laura Sánchez Díaz se ha dirigido a
la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga para que le
informen del motivo "de la falta de cumplimiento" de la
orden emitida hace siete meses para que se investigara
"la integridad y la autenticidad" de las grabaciones de
la reunión que mantuvieron los comisarios José Manuel
Villarejo y Enrique García Castaño con el expresidente
madrileño Ignacio González sobre la propiedad del dúplex
de lujo.
El que fuera hasta hace un mes el número dos de
Esperanza Aguirre en el PP madrileño hasta su dimisión
secreta (conocida este domingo), mantuvo una entrevista
el 29 de noviembre de 2011 con los comisarios.
Villarejo, que según aseguró a la jueza de Estepona
participó en la reunión por orden de sus superiores,
sostiene que grabó la entrevista "por interés policial".
Y es precisamente esa grabación, aportada por el diario
El Mundo, la que la Guardia Civil debe investigar por
orden de la jueza.
En concreto, la anterior jueza del Juzgado número 5 de
Estepona, Isabel Conejo, firmó el 15 de julio de 2015,
hace siete meses, un oficio en el que reclamaba al jefe
de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga que
designara a funcionarios especializados para que
efectuaran las comprobaciones necesarias "para verificar
la integridad y autenticidad de unas grabaciones
aportadas por la entidad editora del diario El Mundo,
así como el modo de asegurar su conservación y
custodia".
DVD del periódico
Días después, el 4 de agosto del año pasado, el
secretario del Juzgado entregó el DVD aportado por el
periódico. Pero siete meses después, la jueza se ha
visto obligada a reclamar, tal y como consta en una
providencia de 4 de febrero, que le remitan "el
resultado de las comprobaciones que se les requirió", "o
en su caso informen sobre los motivos de su falta de
cumplimiento".
En el juzgado, el agente aseguró a la jueza que la
Policía Judicial inició la investigación sobre el ático
de lujo del expresidente madrileño Ignacio González tras
recibir la información de un confidente del caso Gürtel
que apuntaba que el político habría percibido dos
millones de euros a cambio de una recalificación de
terrenos en el municipio madrileño de Arganda del Rey.
"De manera discreta"
El comisario Villarejo, que declaró como testigo el
pasado 1 de febrero, elaboró un informe policial que
consta ya en el Juzgado de Instrucción número 5 de la
ciudad malagueña en el que explicaba los hechos: "Se le
solicitó de manera discreta [a Ignacio González] la
posibilidad de que facilitara los datos que confirmaran
su situación de inquilino en dicho ático, a lo que se
excusó en aportarlos, no recordando ni el nombre de su
arrendador, ni la cantidad que abonaba en concepto de
alquiler, ni por supuesto en que entidad abonaba dicho
importe".
El inmueble, un dúplex de lujo, fue adquirido por el
ciudadano mexicano Rudy Valner en nombre de la empresa
panameña Coast Investors, cuya matriz es la también
panameña, Waldorf Investments Overseas. Esta última
sociedad mantiene vinculaciones en su constitución con
la firma que aparece en Gürtel Golden Chain Properties,
cuyo propietario es Francisco Correa, número uno de la
trama Gürtel.
El agente Villarejo va más allá en su informe, y llama
la atención sobre la actitud del entonces vicepresidente
madrileño durante la entrevista que fue grabada: "Solo
se limitó a solicitar ayuda para que no trascendiera que
era el inquilino de una sociedad offshore, aunque en
ningún momento se manifestó enfadado o al menos molesto
ante la insólita situación, que suponía la reunión en
sí, que fue solicitada por él, ni las preguntas
realizadas en un contexto de duda ante cada respuesta".
Sin traducción
Pero la investigación de la Guardia Civil sobre las
grabaciones no es, ni mucho menos, la única que ha
sufrido dilaciones. En la providencia de 4 de febrero,
la jueza también da cuenta de que desconoce si se han
traducido una serie de documentos que pretende remitir
al Reino Unido: "No encontrándose traducida al inglés la
comisión rogatoria de Londres", que se había reclamado
el 6 de noviembre pasado.
Por este motivo, Laura Sánchez Díaz pide que se remita
de nuevo a la empresa Seprotec, que realiza traducciones
para el Ministerio de Justicia, la documentación en la
que se comunicaba a las autoridades de Estados Unidos
información adicional sobre las cuentas corrientes desde
las que se realizaron los pagos para comprar el ático de
lujo en 2008.
Los continuos retrasos en las investigaciones y en las
comisiones rogatorias, como estos dos nuevos casos, han
sido la norma en la investigación del caso del ático de
González.
Archivos borrados en EEUU
Estas dilaciones ya han tenido consecuencias en el
procedimiento, tal y como consta en una respuesta de las
autoridades de Estados Unidos, que el 21 de septiembre
comunicó al juzgado que el banco no disponía de la
información reclamada: "Trasmitimos esa información al
U.S. Bank que, por desgracia, nos ha informado de que,
aunque las cuentas en relación con las transferencias
electrónicas estaban abiertas en el momento en que estas
se realizaron, no existe ningún registro relativo a esas
trasferencias dado que han sido borrados de los archivos
del U.S. Bank en virtud de su política de conservación
de documentos".
Precisamente el 6 de noviembre de 2015 la magistrada
Isabel Conejo reclamaba a las autoridades judiciales de
Estados Unidos que remitiera de forma urgente la
documentación del caso: "Se solicita que se practique la
diligencia solicitada a la mayor brevedad posible para
evitar la prescripción del delito".
Consuelo Madrigal
Los retrasos en las pesquisas y en las comisiones
rogatorias obligaron a intervenir a la fiscal general
del Estado, Consuelo Madrigal, que en marzo pasado
aseguró que había pedido al embajador de Estados Unidos,
James Costos, que agilizara la comisión rogatoria en
Delaware de la que depende el avance en la investigación
del ático del presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, en el juzgado de Estepona (Málaga). La
comisión, tal y como adelantó infoLibre, llevaba año y
medio sin ser resuelta.
En este sentido, la jueza que investiga el caso del
ático también da cuenta en su providencia de la
suspensión de las declaraciones de los testigos Enrique
Cerezo y del comisario Enrique Rodríguez Ulla. En el
caso del presidente del Atlético de Madrid, que ha sido
acusado por los extrabajadores de Telemadrid de un
presunto trato de favor a González, el testigo excusó su
ausencia en el Juzgado de Estepona por un asunto médico.
En el caso del comisario Rodríguez Ulla, su testimonio
se suspendió al coincidir en el Juzgado de Instrucción
número 32 de Madrid con la declaración como imputada de
la tesorera del PP, Carmen Navarro.
Asimismo la jueza, ante las vinculaciones aparecidas con
el caso Gürtel, ha preguntado a la Fiscalía
Anticorrupción de Málaga si debe enviar su investigacion
al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la
Audiencia Nacional que instruye la causa contra la trama
liderada por Francisco Correa.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/16/la_jueza_del_atico_gonzalez_advierte_nuevas_dilaciones_caso_meses_para_investigar_veracidad_grabacion_expresidente_madrileno_44995_1012.html
CUATRO CONEXIONES VINCULAN EL ‘CASO DEL ÁTICO DE
GONZÁLEZ’ CON LA ‘GÜRTEL’
Un informe policial aportado al sumario del caso del
ático desvela las supuestas conexiones entre la
adquisición de un inmueble de lujo por parte de Ignacio
González y la trama Gürtel
Fernando Martín, dueño de la empresa beneficiada por el
pelotazo urbanístico bajo investigación, niega cualquier
relación con el ático de González. El dirigente del PP
no respondió a las preguntas de infoLibre
Una grabación muestra a Ignacio González pidiendo que se
oculte información sobre su ático
La declaración del comisario José Manuel Villarejo
ante la jueza de Estepona en la que informó de que un
confidente del caso Gürtel había alertado a la Policía
de que el dúplex de lujo del expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González podría ser el pago
de una comisión vinculada al mayor pelotazo que percibió
Francisco Correa puede ser determinante para la
investigación del caso del ático.
De hecho, la jueza ha firmado una providencia en la que
pregunta a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga si debe
enviar su investigación al Juzgado Central de
Instrucción número 5, en el que el juez José de la Mata
instruye, en el marco de Gürtel, una pieza separada
sobre el pelotazo de Arganda del Rey (Madrid).
En esta operación urbanística, según el sumario,
Francisco Correa habría percibido hasta 25 millones por
su intermediación en la adjudicación de una finca
municipal al empresario Fernando Martín, el propietario
de la promotora Martinsa.
Pero además de su declaración, el comisario Villarejo ha
aportado los informes que remitió a sus superiores sobre
sus pesquisas, que según su testimonio fueron
interrumpidas por orden del director general de la
Policía, Ignacio Cosidó, que no ha querido hacer
declaraciones al respecto.
infoLibre ha analizado estos nuevos documentos aportados
por el agente, que añaden tres conexiones a la hasta
ahora conocida entre la Gürtel, la mayor trama de
corrucpión vinculada a un partido político, el PP, y el
caso del inmueble de lujo que se investiga en Estepona.
Este periódico no ha podido obtener la versión de
Ignacio González, pese a remitir el pasado martes ocho
preguntas al PP madrileño (ver al final de esta
información La caja negra). Estas son las vinculaciones,
siempre según la investigación policial que consta en el
sumario:
1. LA DECLARACIÓN DE UN CONFIDENTE
"Todo viene a raíz de un colaborador de la Policía que
manifiesta que González había cobrado aproximadamente
dos millones de euros por esa recalificación por la que
está imputado el empresario Fernando Martín", explicó
Villarejo el pasado 1 de febrero a la jueza, en
referencia al propietario de la promotora Martinsa.
Pero Villarejo ha aportado al sumario del ático una nota
policial, de fecha 13 de febrero de 2012, que añade
nuevos datos: "Con ocasión de las gestiones realizadas
en la Operación Gürtel, durante finales de 2010 y
principios del 2011 se recibieron diferentes
informaciones que apuntaban a que en el proceso de
adjudicación de la Unidad de Ejecución 124 de Arganda
(por la que Fernando Martín, de Martinsa, está imputado
en este sumario por pago de sobornos a diferentes
políticos del PP), tuvo una participación fundamental el
actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González".
El documento agrega que el confidente resaltó que
Ignacio González pudo haber percibido una parte de los
dos millones de euros "en efectivo y el resto mediante
la entrega de un inmueble de lujo en la Costa del Sol".
En este sentido, la expresidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, reconoció en su declaración
como testigo del caso Gürtel que el extesorero del PP
Álvaro Lapuerta le informó en 2004, en presencia del
ahora presidente del Gobierno en funciones, Mariano
Rajoy, sobre la posible venta de parcelas municipales a
un precio "sensiblemente" inferior al del mercado en las
localidades madrileñas de Majadahonda y Arganda del Rey.
La reunión se celebró en el despacho de Rajoy,
especificó Aguirre, que dijo que que la advertencia del
entonces tesorero, procesado en el caso de los papeles
de Bárcenas, "iba en la dirección de tratar de impedir
que los Ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial
importante porque el precio tasado era inferior al del
mercado".
Aguirre dijo, además, que llamó "inmediatamente" a los
alcaldes de los dos municipios –Ginés López y Guillermo
Ortega, ambos imputados en Gürtel– para avisarles de la
situción. Ginés López le indicó en una conversación
telefónica, que la parcela de Arganda estaba ya
adjudicada, a precio tasado, y que el procedimiento
había sido absolutamente legal, con la unanimidad de
todos los grupos políticos, destacó Aguirre, que no
paralizó el procedimiento.
Más bien ocurrió todo lo contrario, ya que las
modificaciones aprobadas por la Comunidad de Madrid
permitieron, según un testigo de Gürtel, que la
adjudicataria, la promotora Martinsa, obtuviera unas
plusvalías que superaban los 500 millones de euros, lo
que suponía un aumento de 199 millones. Por su parte,
Fernando Martín siempre ha asegurado que la adjudicación
fue completamente legal, al mismo tiempo que destacaba
que el beneficio fue muy inferior.
2. EMPRESAS RELACIONADAS
"En una entrevista personal con Ignacio González a las
11 horas del 29 de noviembre de 2011, se le solicitó de
manera discreta la posibilidad de que facilitara los
datos que confirmaran su situación de inquilino en dicho
ático a lo que se excusó en aportarlos, no recordando ni
el nombre de su arrendador, ni la cantidad que abonaba
en concepto de alquiler, ni por supuesto en que entidad
abonaba dicho importe". Así se expresaba el comisario
Villarejo en su informe de 2012 dirigido a sus
superiores, y que ahora está incluido en el sumario del
caso del ático, en el que refleja la conversación con
González, que fue grabada.
"[González] solo se limitó a solicitar ayuda para que no
trascendiera que era el inquilino de una sociedad off
shore, aunque en ningún momento se manifestó enfadado o
al menos molesto ante la insólita situación, que suponía
la reunión en sí, que fue solicitada por él, ni las
preguntas realizadas en un contexto de duda ante cada
respuesta", se señala.
Pero meses después, las investigaciones han podido
comprobar las posibles vinculaciones entre Waldorf
Overseas Investments, la empresa matriz de Coast
Investors, la compradora del ático en 2008, y la
sociedad Golden Chain Properties, del presunto cabecilla
de Gürtel, Francisco Correa.
Las dos sociedades fueron creadas en Panamá, utilizando
la misma notaría e idénticas empresas suscriptoras:
Dulcan y Winsley, según consta en un documento aportado
por el registro de la propiedad del país centroamericano
al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, anterior
instructor del caso Gürtel.
Además, la sociedad Golden Chain Properties fue la que
recibió 13 de los 25 millones que la Policía Judicial
asegura que cobró Correa por su intermediación en el
pelotazo de Arganda del Rey, que presuntamente habría
abonado en parte el dueño de Martinsa, algo que siempre
ha negado Fernando Martín.
3. UNA CUENTA EN LAS CAIMÁN
"Según dichas informaciones –se indica el informe
policial incorporado al sumario–, para esta operación de
aparente venta, se empleó una inmobiliaria del Centro
Comercial Guadalmina, interviniendo Marisa B, siendo el
vendedor Pedro Javier Villate Pérez, y aún cuando el
precio fijado fue de 1.350.000 euros, en realidad se
escrituró formalmente en 850.000 euros, abonándose la
diferencia en efectivo".
"Las fuentes consultadas señalaron que los fondos en
metálico [que habría percibido González] procedían de
una cuenta numerada de Fernando Martín de lslas Caimán y
que en la escritura de compraventa se presentó un sujeto
mejicano [Rudy Valner, que trabajaba para una empresa de
Enrique Cerezo], en nombre de la sociedad offshore Coast
Investors LLC, constituida en Delaware (EEUU), que tal
escritura se hizo ante un notario de Estepona y que no
llegó a inscribirse registralmente", completa la
investigación por escrito del comisario Villarejo.
infoLibre se ha puesto en contacto con Fernando Martín,
que ha asegurado no tener ninguna relación con el caso
del ático de González: "Se ha demostrado que no tengo
nada que ver con ese tema. Ya hay informes que lo dicen
así, por lo que no estoy seguro al 95%, sino al 100%".
En este sentido, en el sumario del caso Gürtel consta un
informe de la Oficina Nacional de Investigación del
Fraude (Onif) enviado al juez Pablo Ruz que indica que,
el 26 de junio de 2006, el imputado Manuel Salinas
vendió su parte de la parcela de Arganda a Martinsa,
para comprar el mismo día un 5% de RTM. Esta última
sociedad es la división inmobiliaria creada por el
Atlético de Madrid, cuyo presidente es Enrique Cerezo,
para construir su nuevo estadio.
Los extrabajadores de Telemadrid, que ejercen la
acusación popular en el caso del ático tras la renuncia
del Sindicato Unificado de Policía (SUP), siempre han
considerado que el ático del expresidente madrileño pudo
haberse tratado de un pago ilegal del presidente del
Atlético de Madrid.
El mismo día, el 26 de junio de 2006, según indica el
informe del organismo dependiente de la Agencia
Tributaria, se produce el pago de 13 millones por parte
de Fernando Martín, Manuel Salinas y Amando Mayo a la
empresa Golden Chain Properties, de Francisco Correa. La
Agencia Tributaria asegura que otros 4 millones se
habrían abonado en negro en la operación. Los
inspectores de Hacienda dudan en imputar esta dinero al
precio pagado por las acciones de RTM, es decir de la
Operación Calderón, o a la de Arganda del Rey.
El sumario de Gürtel también ha destapado que el
empresario Fernando Martín y Amando Mayo, otro de los
imputados por su pertenencia a la trama liderada por
Francisco Correa, firmaron un contrato mediante el cual
Martín se comprometía presuntamente a abonar 350.000
euros a Mayo cuando el Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid recalificaran el terreno del Estadio Vicente
Calderón.
4. EL VIAJE A COLOMBIA DE IGNACIO GONZÁLEZ
El pago de dos millones al que alude el confidente de
Villarejo coincidiría, explica el informe policial
aportado al Juzgado de Estepona, con un viaje realizado
por Ignacio González a Colombia. En concreto el
recorrido por el país sudamericano se llevó a cabo entre
el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2008. En su
periplo, González estuvo acompañado, entre otros, por
José Manuel Serra Peris, un consejero de Martinsa. No
obstante, y según la versión de Fernando Martín, Serra
Peris no tenía ningún cargo ejecutivo en su empresa.
En Colombia fue seguido por unos detectives privados,
que filtraron a los medios de comunicación algunas
imágenes de González con unas bolsas blancas entrando en
una vivienda.
En la nota policial se explica lo siguiente:
"Inmediatamente después del referido viaje, Ignacio
González y su esposa se presentaron en el ático de la
urbanización Alhambra del Golf en la zona de Guadalmina
(Marbella-Estepona). Aunque a los amigos y vecinos del
lugar le comentaron que la relación con dicho ático era
de alquiler con opción a compra, se comportaron en todo
momento como propietarios gastando una fuerte suma en
mobiliario y decoración de alta gama".
Las incógnitas sobre el origen de los fondos manejados
por González aumentaron con otro viaje a Sudáfrica. El
político madrileño llegó a asegurar que ese viaje, de
carácter privado, le había costado 8.000 euros, cantidad
que había abonado en efectivo, tal y como publicó la
prensa.
El informe de Villarejo destaca también que un coche
alquilado por una de las hijas de González permanecía
aparcado en una de las tres plazas de garaje asignadas
en el edificio de Estepona al matrimonio madrileño. Y
también que posteriormente el coche dejó su sitio a
"unos muebles de terraza, sillones grandes de mimbre,
algunas sillas y una mesa de jardín, todo ello cubierto
por una lona, que según el encargado de mantenimiento
fueron enviados por Ignacio González desde Madrid a
finales de enero, pero al no caber, pero al no caber ni
en el ascensor ni por las escaleras se estaba a la
espera de que llegue una grúa para hacerlos entrar por
la terraza", según consta en el documento policial.
IGNACIO GONZÁLEZ CALLA
infoLibre se puso en contacto, el pasado martes, con el
departamento de Comunicación del PP de Madrid para que
le trasladase una serie de preguntas sobre el caso del
ático a Ignacio González, que sigue siendo el secretario
general del partido. El dirigente del PP no ofreció
ninguna respuesta a las cuestiones planteadas, que
fueron las siguientes:
1.¿Qué opinión le merece la declaración del comisario
Villarejo sobre la información facilitada por un
confidente de que Ignacio González habría cobrado dos
millones de euros tras la adjudicación de Martinsa en
Arganda, operación que está siendo investigada en la
Audiencia Nacional?
2.¿Es verdad que usted y su mujer alquilaron o compraron
el ático de Estepona tras su viaje a Colombia, en el que
también participó un directivo de Martinsa?
3.Villarejo resalta en una nota policial, incluida en el
sumario del caso del ático, que un confidente aseguró
que una parte del pago por el ático, que cifró en 1,3
millones, se abonó con dinero de una cuenta de Fernando
Martín de las islas Caimán. ¿Qué opinión le merece este
dato novedoso aportado al sumario del caso del ático?
4.¿Le consta que las empresas que actuaron de
sucriptoras en la constitución de la firma de Correa
Golden Chain Properties y en la matriz del Coast
Investors,fueran las mismas: Dulcan y Winsley? ¿Qué
opinión le merece que su casero durante varios años, es
decir la sociedad Coast Investors, tuviera esa
vinculación con una empresa de Correa incluida en el
caso Gürtel?
5.¿Qué opinión le merece que el abogado que compró el
ático y que posteriormente se lo alquiló, Rudy Valner,
tuviera vinculaciones con el empresario Enrique Cerezo
en la firma Egeda US?
6.¿Acudió usted a Estados Unidos a un acto de Egeda en
el que también habría participado Enrique Cerezo, tal y
como ha reflejado la página web de Egeda US?
7. Uno de los arquitectos del caso Arganda aseguró al
juez Ruz que las modificaciones urbanísticas aceptadas
por la Comunidad de Madrid posibilitaron un aumento
hipotético de los beneficios de Fernando Martín de 199
millones de euros ¿Tuvo conocimiento de estos cambios y
del papel de la Comunidad de Madrid en Arganda? ¿Por qué
no se paralizó la adjudicación a Martinsa tras ser
alertados por Lapuerta de que la misma podría ser
irregular?¿Tenía la Comunidad de Madrid la posibilidad
de veto en la operación de Arganda al superar la misma
un porcentaje del presupuesto municipal?
8.¿Qué opinión le merece que el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid paralizara la operación Calderón por
infringir la normativa urbanística?
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/09/las_cuatro_vinculaciones_conocidas_entre_caso_del_atico_gonzalez_gurtel_44570_1012.html
EL DIRECTOR DE LA POLICÍA CALLA TRAS SER ACUSADO DE
PRESIONAR A AGENTES PARA TAPAR EL CASO DEL ÁTICO DE
GONZÁLEZ
El comisario Villarejo lo acusó hace una semana, en sede
judicial, de presionar para que se cerrase la
investigación policial
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó,
reclamó la suspensión de empleo y sueldo del comisario
José Manuel Villarejo después de que el agente asegurara
en sede judicial que el responsable político le había
pedido que abandonara la investigación sobre el ático
del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González. Así lo indicaron a infoLibre fuentes
policiales. Un portavoz del Ministerio del Interior se
negó a contestar cualquier tipo de pregunta en relación
con este asunto.
El pasado 1 de febrero, Villarejo declaró como testigo
ante la jueza del Juzgado de Estepona en el que se
investiga la compra del dúplex de lujo adquirido por
González y su mujer, Lourdes Cavero. Y en sede judicial
aseguró que la investigación sobre el ático había sido
"la más difícil de su vida". Y especificó que durante la
misma, había sufrido "presiones" y que se sintió
"coaccionado para dejar de investigar el caso", según
consta en el acta de la declaración a la que ha tenido
acceso infoLibre.
En concreto, el comisario apuntó al propio director
general de la Policía, Ignacio Cosidó, como la persona
que le "ordenó, a través del comisario de Asuntos
Internos, Marcelino Martín Blas, que no siguiera
investigando".
Según el testimonio de Villarejo, la Policía Judicial
inició la investigación sobre el ático de lujo del
expresidente madrileño Ignacio González tras recibir la
información de un confidente del caso Gürtel que
apuntaba a que el político habia percibido dos millones
de euros a cambio de una recalificación de terrenos en
el municipio madrileño de Arganda del Rey.
La petición de Cosidó
Pocos días después de la declaración, según indican
fuentes del caso, el propio Cosidó se reunió con el
secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior, Francisco Martínez Vázquez, para pedirle que
Villarejo fuese suspendido de empleo y sueldo.
InfoLibre se ha puesto en contacto con el gabinete de
prensa del Ministerio del Interior, que no ha contestado
ninguna de las preguntas (ver La caja negra, al final de
esta información). Entre las preguntas no contestadas
figura si Cosidó pensaba tomar alguna iniciativa
judicial tras las acusaciones lanzadas por Villarejo.
Comisario de Marbella
En su testimonio, Villarejo también apunta otras
posibles presiones, aunque esta vez la víctima habría
sido el comisario de Marbella que llevó a cabo la
investigación, Agapito Hermes de Dios. Según esta
versión, además de ser suspendido de empleo y sueldo,
los superiores de Hermes de Dios lo presionaron para que
cambiara informes sobre el ático de González. "Y
temiendo ser expulsado los cambió", dijo Villarejo a la
jueza, a la que también informó de que a Hermes de Dios
"le abrieron un expediente por infidelidad en custodia
de documentos".
También en este sentido, Villarejo recordó que el
comisario Enrique Rodríguez Ulla inició una
investigación y al final fue expulsado de su cargo: "Fue
otro de los represaliados".
Precisamente, en marzo de 2015, infoLibre desveló que
Ignacio Cosidó había celebrado en abril de 2012 una
comida con el entonces líder del Sindicato Unificado de
Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet. Durante el
encuentro, según indicó Fornet a este diario, Cosidó
intentó convencerle de que el sindicato policial debía
frenar las denuncias sobre la propiedad del ático.
El PSOE pide explicaciones
El pasado martes, el portavoz del PSOE en la Comisión de
Interior del Congreso de los Diputados, Antonio Trevín,
reclamó la comparecencia del ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, y del director general de la Policía,
Ignacio Cosidó, para que aclaren si presionaron para
obstruir la investigación sobre el ático de Marbella,
adquirido por el expresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González.
En concreto, Trevín quiere que Fernández Díaz aclare
"las actuaciones que se han llevado a cabo desde el
Ministerio para obstruir la investigación sobre quién y
cómo se pagó el ático de lujo de Ignacio González". En
cuanto a Cosidó, el PSOE pretende que explique "las
actuaciones sobre miembros del Cuerpo Nacional de
Policía bajo su dependencia para impedir la
investigación sobre la forma y medios de adquisición del
ático".
Por su parte, el abogado de la acusación popular en el
caso del ático de González ha asegurado a este diario
que estudia la posible existencia de coacciones por
parte de la cúpula policial a los investigadores.
COSIDÓ NO TIENE NADA QUE DECIR
infoLibre se puso en contacto, el viernes 5 de febrero,
con el departamento de prensa del Ministerio del
Interior para conocer la versión oficial del director
general de la Policía tras las acusaciones lanzadas en
sede judicial por el comisario Villarejo. Cosidó no
respondió a ninguna de las preguntas planteadas, que
fueron las siguientes:
1.¿Ha reclamado el señor Cosidó, en una reunión
mantenida el pasado jueves con el secretario de Estado
de Seguridad o en cualquier otro momento, algún tipo de
actuación disciplinaria contra el comisario Villarejo?
2.¿Ha iniciado el señor Cosidó o tiene intención de
iniciar algún tipo de actuación judicial contra el señor
Villarejo, después de que este lo acusase de
coaccionarle para que dejase de investigar el caso del
ático de Ignacio González?
3.En caso de que no tenga previsto hacer nada, ¿está de
acuerdo el señor Cosidó con el contenido de la
declaración del comisario Villarejo en relación con su
persona?
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/06/coacciones_policia_nacional_caso_del_atico_ignacio_gonzalez_44380_1012.html
LA JUEZA DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ PREGUNTA AL
FISCAL SI DEBE ENVIAR SU INVESTIGACIÓN AL ‘CASO GÜRTEL’
El comisario Villarejo declaró en el Juzgado de Estepona
que comenzó sus pesquisas tras ser alertado de que el
expresidente madrileño pudo haber cobrado dos millones
por una recalificación
El agente aseguró que el director general de la Policía,
Ignacio Cosidó, le pidió que abandonara la investigación
sobre la compra del dúplex de lujo
La jueza de Estepona Laura Sánchez Díaz ha dictado una
providencia en la que pregunta a la Fiscalía
Anticorrupción de Málaga si debe enviar el caso del
ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González “al Juzgado que tramita la causa Gürtel”, en
referencia al Juzgado Central de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional.
La jueza adopta esta decisión el 4 de febrero, tan solo
tres días después de que el comisario José Manuel
Villarejo asegurase en sede judicial que inició la
investigación sobre la compra del ático de lujo en
Estepona después de que un confidente de la Policía
asegurara que el que se había llevado “la mayor parte
del pastel” en una adjudicación municipal en Arganda del
Rey (Madrid) había sido el propio Ignacio González.
En la operación de Arganda, considerada el mayor
pelotazo obtenido por Francisco Correa en el caso
Gürtel, la trama corrupta pudo haber obtenido hasta 25
millones de euros en comisiones ilegales. En relación a
la misma, el juez José de la Mata mantiene imputados al
empresario Fernando Martín, el exalcalde de Arganda
Ginés López, y al exdiputado del PP en la Asamblea
madrileña Benjamín Martín Vasco.
En el testimonio de Villlarejo, adelantado por
infoLibre, el agente dijo a la jueza sustituta Laura
Sánchez Díaz: "Todo viene a raíz de un colaborador de la
Policía que manifiesta que González había cobrado
aproximadamente dos millones de euros por esa
recalificación por la que está imputado el empresario
Fernando Martín”, en referencia al propietario de la
promotora Martinsa, que está imputado en la pieza
principal de Gürtel.
El comisario Villarejo completó su declaración
asegurando que el expresidente madrileño podría haber
sido el político más beneficiado con la operación
urbanística: "El confidente dijo que el que se había
llevado el pastel gordo con relación a la recalificación
de Arganda era Ignacio González", dijo el comisario a la
jueza, a la que aseguró que esta investigación había
sido "la más difícil de su vida”.
El comisario también aseguró haberse sentido coaccionado
para dejar de investigar el caso. Y como ejemplo de esta
coacción ha asegurado que el juez de Instrucción número
2 de Madrid le "coaccionó y le denunció". Y que después,
ha completado Villarejo, "el director general de la
Policía, Ignacio Cosidó, le ordenó, a través del
comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas,
que no siguiera investigando”
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/06/la_jueza_del_atico_ignacio_gonzalez_pregunta_fiscal_debe_enviar_investigacion_caso_gurtel_44403_1012.html
EL COMISARIO AMIGO DE IGNACIO GONZÁLEZ INCURRIÓ EN
CONTRADICCIÓN EN LA DECLARACIÓN EN EL CASO DEL ÁTICO
Enrique García Castaño aseguró que informó al fallecido
ex director adjunto de la Policía de los problemas del
ex presidente de la Comunidad de Madrid, aunque a
'Público' le reconoció que fue él quien recomendó a
González que Villarejo se lo arreglaría
El comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad
de Central de Apoyo Operativo (UCAO), es “amigo” del ex
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Este lunes tuvo que declarar en el caso que instruye un
juzgado de Estepona por la compra de un ático que
González habría adquirido presuntamente debido a una
comisión por la recalificación de unos terrenos en
Arganda del Rey y que se investiga en el caso Gürtel
desde 2009. Pero según las conversaciones mantenidas
entre Público y García Castaño este pudo incurrir en
contradicción para salvar tanto a González como a su
colega, el comisario José Villarejo.
Según su declaración, Ignacio González le manifestó
tomando un café que estaba indignado porque unos
periodistas le habían preguntado sobre la adquisición
del ático de Estepona. Entonces García Castaño le dijo
que “hablara con su asesoría jurídica” y “que se lo
comentaría al subdirector” de la Policía, que en ese
momento era Miguel Ángel Fernández Chico, director
adjunto operativo (DAO) durante el gobierno del PSOE y
que falleció hace unos años.
Sin embargo, en diferentes conversaciones mantenidas con
Público, el comisario García Castaño aseguró: “La cita
con Ignacio González la monto yo, para que te quede a ti
claro. Ignacio González es amigo mío”. Según explicó:
“Yo monto una reunión hace cuatro años con Ignacio
González porque el hombre, entre otras cosas, estaba
preocupado. Le dije 'habla con tu asesoría jurídica o
yo, que conozco a un comisario que es experto en estas
cosas, te lo traigo y hablas con él. Y eso es lo que
hice y a mí no me ha llamado chantajista”.
Público se ha puesto en contacto con algunas de las
partes personadas en el procedimiento y coinciden en que
el comisario García Castaño podría haber incurrido en
“contradicción o falso testimonio para salvar a su
compañero y también a su amigo González”.
Sin investigación
García Castaño también explicó a Público hace meses
—cuando el periodista Esteban Urrieztieta sacó a la luz
una grabación hecha por el comisario José Villarejo de
la reunión mantenida el 29 de noviembre de 2011 con
Ignacio González y el comisario García Castaño— que esto
no formaba parte de una investigación. “Yo todo lo que
hago en mi trabajo está contado a mi jefes y escrito en
notas, y otra cosa es que una persona me transmita su
indignación (...) yo calladito, porque no sabía nada de
estos temas y después de cuatro años salió la grabación.
Si Villarejo cuando va allí estaba investigando o iba
con otra misión, lo desconozco”.
Todas estas presuntas e indagaciones que el comisario
José Villarejo estaba realizando sobre el ático de
Ignacio González corresponden a noviembre de 2011, pero
las pesquisas sobre la recalificación de terrenos en
Arganda del Rey que implicarían al empresario Fernando
Martín, de Martinsa-Fadesa; al cabecilla de Gürtel,
Francisco Correa; y al ex presidente de la Comunidad de
Madrid se remontaban a 2008, según la instrucción del
sumario Gürtel.
Sin embargo, en ese sumario no existe ningún informe de
la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que
apunte a Ignacio González como la persona que cobró la
comisión de estos terrenos. La UDEF se queda en sus
investigaciones en el ex alcalde del PP, Ginés López, y
en Fernando Martín y Francisco Correa.
Según le han explicado a Público diferentes acusaciones
del caso Gürtel, “es muy extraño que si el propio
subdirector de la Policía en ese momento le había
encargado a Villarejo que esto se investigara, tarden
tantos años en llegar a Ignacio González y que además
sea por la solicitud de un favor a otro comisario por lo
que se realiza la reunión y no dentro del marco del
proceso judicial de Gürtel”. Es más, estas fuentes
indican que “el propio Fernando Martín explicó en su
declaración que detrás de la operación de Arganda del
Rey había dos personas más, pero ni el juez Ruz le
preguntó quiénes eran ni tampoco la Policía”.
Amenaza de Cosidó
El caso del ático de Estepona se abrió en 2012, cuatro
años después de que se iniciase la investigación de
Gürtel y que se destapase el pelotazo que políticos y
empresarios habían dado en Arganda del Rey. Fue después
de que el comisario José Villarejo mantuviera esa
reunión con Ignacio González, tras ser recomendado para
que le solucionara el problema al ex presidente por su
compañero García Castaño, y que se filtrara un supuesto
informe al Sindicato Unificado de la Policía (SUP),
dirigido entonces por José Manuel Sánchez Fornet.
En ese momento, ya gobernaba el Partido Popular y la
Policía estaba dirigida, como ahora, por Ignacio Cosidó.
El director Adjunto Operativo (DAO) era el comisario
Eugenio Pino, de quien el comisario Villarejo sigue
siendo persona de confianza a pesar de haber declarado
este lunes que Ignacio Cosidó la presionó para cerrar la
investigación del ático a través del comisario
destituido de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas
Aranda.
En estos momentos, las supuestas investigaciones sobre
Ignacio González siguen sin estar reflejadas en el
sumario de la Gürtel, a pesar de que la UDEF ha seguido
presentando informes ante el juzgado de instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional.
http://www.publico.es/politica/comisario-amigo-ignacio-gonzalez-incurrio.html
EL COMISARIO VILLAREJO ANTE LA JUEZA: “UN COLABORADOR DE
LA POLICÍA NOS DIJO QUE IGNACIO GONZÁLEZ COBRÓ DOS
MILLONES POR UNA RECALIFICACIÓN”
Un confidente policial alertó de que el expresidente
madrileño se había "llevado el pastel gordo" del mayor
pelotazo de la Gürtel: una recalificación de suelo en
Arganda
Villarejo también desvela, ante la jueza que investiga
la compra de un ático de lujo por parte de González, que
el director general de la Policía le ordenó "que no
siguiera investigando"
La Policía Judicial inició la investigación sobre el
ático de lujo del expresidente madrileño Ignacio
González tras recibir la información de un confidente
del caso Gürtel que apuntaba que el político había
percibido dos millones de euros a cambio de una
recalificación de terrenos en el municipio madrileño de
Arganda del Rey. Así lo afirmó este lunes el comisario
José Manuel Villarejo, ante la jueza de Estepona Isabel
Conejo, según la declaración a la que ha tenido acceso
infoLibre. Villarejo compareció en calidad de testigo.
"Todo viene a raíz de un colaborador de la Policía que
manifiesta que González había cobrado aproximadamente
dos millones de euros por esa recalificación por la que
está imputado el empresario Fernando Martín", explicó
Villarejo, en referencia al propietario de la promotora
Martinsa, que está imputado en la pieza principal de
Gürtel por haber abonado una comisión ilegal de 24
millones de euros al presunto cerebro de la trama,
Francisco Correa, por su intermediación en la
adjudicación de unas fincas municipales.
En el caso, considerado el mayor pelotazo de la trama
Gürtel, también está imputado el exalcalde de Arganda
del Rey Ginés López y el excargo de este Ayuntamiento y
exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín
Martín Vasco.
La investigación más difícil
El comisario Villarejo completó su declaración
asegurando que el expresidente madrileño podría haber
sido el político más beneficiado con la operación
urbanística: "El confidente dijo que el que se había
llevado el pastel gordo con relación a la recalificación
de Arganda era Ignacio González", dijo el comisario a la
jueza, a la que aseguró que esta investigación había
sido "la más difícil de su vida".
Y como muestra de esta dificultad, Villarejo ha dicho
que sufrió "presiones", al mismo tiempo que ha relatado
que al comisario de Marbella Agapito Hermes de Dios, que
se encargó de la investigación, "lo han echado, lo
imputaron y lo suspendieron de empleo y sueldo". Además,
Villarejo ha recordado que "a las dos horas de llegar a
Madrid le trasladaron ya que dicha comisaría
correspondía al distrito de González".
Cambió los informes
En este punto de su declaración Villarejo ha asegurado
que el comisario de Asuntos Internos obligó a Agapito
Hermes de Dios a cambiar sus informes: "Y temiendo ser
expulsado los cambió".
El comisario también aseguró haberse sentido coaccionado
para dejar de investigar el caso. Y como ejemplo de esta
coacción ha asegurado que el juez de Instrucción número
2 de Madrid le "coaccionó y le denunció". Y que después,
ha completado Villarejo, "el director general de la
Policía, Ignacio Cosidó, le ordenó, a través del
comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas,
que no siguiera investigando".
En este sentido, el comisario también confirmó la
información adelantada por infoLibre sobre la existencia
de una reunión entre Cosidó y el entonces presidente del
Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel
Sánchez Fornet, "para que dejara la investigación y se
apartara de la denuncia". Sánchez Fornet hizo caso omiso
a las presiones, y mantuvo al SUP como acusación popular
hasta su salida del sindicato. En la actualidad la
acusación popular la ejercen los extrabajadores de
Telemadrid.
Paralizar la investigación
En su testimonio, Villarejo ha asegurado que la orden de
dar carpetazo a las pesquisas la recibió del director de
la Policía, que según el testigo acabó siendo destituido
"por elaborar informes falsos" contra él.
El comisario también relató a la jueza pormenores sobre
la reunión que mantuvo con el expresidente de la
Comunidad de Madrid en un establecimiento de la Puerta
del Sol: "González, lejos de colaborar, lo que quería
era información y la paralización de la investigación".
En este sentido, el agente reconoció que grabó la
reunión por orden de sus superiores.
Cerezo le llamó "muchas veces"
A raíz del encuentro, Villarejo redactó una nota
policial en la que consideró "muy extraño" que González
no pudiera contestar a sus preguntas: "Lo que quería era
tapar todo".
A preguntas del abogado de la acusación popular de los
extrabajores de Telemadrid, Javier Carnerero, el
comisario Villarejo ha asegurado que el empresario y
presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, le
llamó "en muchas ocasiones [...] para evitar que
siguiera la investigación, porque el fiduciario [que
compró el ático desde EEUU] Rudy Valner era el mismo
fiduciario de Cerezo. Por lo que se entiende que Cerezo
tiene mucho interés en este asunto", completó el agente,
que no ha recordado que grabara sus conversaciones con
el empresario madrileño.
Una cuenta cliente
Pero Villarejo también aportó otros datos novedosos
sobre la compra inicial del ático por la empresa
inscrita en Panamá y el estado de Delaware (EEUU): "Coast
Investors, a los pocos días de haber adquirido el
inmueble, se desactiva y todos los ingresos y pagos que
se hicieron se realizan en una cuenta cliente y no es
una cuenta de la empresa". Esa misma cuenta cliente fue
el destino del pago realizado por González en diciembre
de 2012 para adquirir la propiedad del inmueble.
También han prestado testimonio este lunes ante la jueza
el periodista Esteban Urreiztieta y el comisario Enrique
García Castaño. Mientras este último negó conocer la
existencia de una grabación de su reunión con González,
el periodista consideró que González compró el ático "y
camufló la compra como si fuera un alquiler utilizando a
un testaferro profesional llamado Rudy Valner, al que
conoció a través de Cerezo".
A juicio del periodista la estructura societaria creada
para la compra del ático "parece concebida para ocultar
la identidad del propietario real y del dinero. Puedo
decir que en otros casos se han articulado pagos de
comisiones con estructuras similares a este caso".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/02/el_comisario_villarejo_juez_quot_colaborador_policia_nos_dijo_que_ignacio_gonzalez_cobro_dos_millones_por_una_recalificacion_quot_44151_1012.html
ÁTICO DE GONZÁLEZ: EL USBANK BORRA EL RASTRO DE LOS
PAGOS TRAS MESES DE RETRASO JUDICIAL
El banco norteamericano desde el que se pagó el inmueble
asegura que ha eliminado los datos sobre las
transferencias que sirvieron para abonar la vivienda
porque ya ha pasado mucho tiempo
Sigan el rastro del dinero. La recomendación que
Garganta Profunda dio a los periodistas Robert Woodward
y Carl Bernstein hizo que ambos destaparan el caso
Watergate y forzaran la dimisión del entonces presidente
de los Estados Unidos, Richard Nixon. Se trata del mismo
criterio que hoy siguen policías y fiscales para
averiguar la verdad en pesquisas que implican sobornos,
cohechos, corrupción o delitos fiscales. La aparición de
obstáculos imprevistos, sin embargo, impide que algunas
de estas últimas investigaciones tengan el mismo final
que la historia destapada por el Washington Post.
Es el caso de la instrucción que se sigue en el Juzgado
número 5 de Estepona por el ático del expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González. Las pesquisas han
encontrado una barrera que podría paralizar
definitivamente la búsqueda de la verdad. La comisión
rogatoria solicitada por el Juzgado al USBank de Estados
Unidos -desde donde se pagó el inmueble ubicado en la
localidad malagueña- y remitida al Juzgado arroja datos
poco alentadores para los que quieren conocer lo que
realmente ocurrió.
La entidad financiera norteamericana ha borrado todos
los datos relativos a las dos transferencias (de 100.000
y de 650.000 euros) por medio de las cuales Rudy Valner,
el supuesto testaferro del expresidente de la Comunidad
de Madrid, abonó el coste del ático, situado en la
lujosa urbanización Alhambra del Golf III de Estepona.
Así lo admite el propio USBank en la comisión rogatoria
remitida al Juzgado número 5 de Estepona a través de las
autoridades políticas de ambos países. En su escrito, la
entidad responde que la información relativa a las
transferencias ya ha sido eliminada en cumplimiento con
la legislación de protección de datos norteamericana. No
en vano, se trata de movimientos bancarios que tuvieron
lugar en 2008 y ya han pasado más de siete años desde
entonces.
El banco suscribe la contestación después de recibir del
Juzgado más documentación relativa a estas
transferencias. Esta última fue solicitada por el propio
USBank después de reconocer que no era capaz de
encontrar ningún registro de los movimientos con los
datos ofrecidos en primera instancia. Una vez que
llegaron a EEUU copias de las transferencias remitidas
por el Juzgado, el banco pudo finalmente determinar que
efectivamente las cuentas desde las que tuvieron lugar
los movimientos existieron, pero que tanto estas como
las transferencias fueron suprimidas por imperativo
legal y, por lo tanto, no era posible acceder a ellas
después de ser eliminadas.
Valner desembolsó 100.000 euros el 31 de marzo de 2008 y
650.000 euros más cinco meses después, el 5 de
septiembre del mismo año, a través del mencionado banco
para pagar el ático, pero por el momento ha sido
imposible determinar la procedencia del dinero y la
respuesta del USBank pone las cosas aún más difíciles.
Tan solo quedaría el resquicio de que sean las
declaraciones de los implicados las que consigan
resolver el dilema de quién está detrás de los
misteriosos ingresos. El propio Valner, de hecho,
desveló en su declaración voluntaria ante el FBI que el
primer pago lo hizo él y que el segundo lo ejecutó una
empresa panameña propiedad del productor de cine
argentino Luis Osvaldo Repetto.
La comisión rogatoria, por otro lado, ha tardado más de
dos años en ser resuelta, fundamentalmente por la
tardanza de la Justicia española en tramitarla y por la
escasez de información que contenía, dado que el USBank
tuvo que pedir más datos. No en vano, fue remitida por
el Juzgado número 5 de Estepona en marzo de 2013. Sin
embargo, la información exacta sobre las transferencias
y las cuentas no llegó a las autoridades americanas
completa hasta el 21 de agosto pasado.
La comisión rogatoria llegó el 18 de septiembre de 2014,
un año y medio después de que la solicitara el Juzgado,
pero se alargó un año más porque el USBank se quejó de
que no tenía toda la documentación necesaria para
localizar la cuenta, por lo que volvió a pedir más datos
que no llegaron hasta el mencionado 21 de agosto.
Todos estos retrasos habrían influido definitivamente en
que la información no haya podido ser adjuntada al
sumario y, por lo tanto, no haya podido determinarse el
origen del dinero ingresado para pagar el ático, que la
acusación situaba en el presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, amigo personal de González y
socio de Repetto en puntuales negocios audiovisuales.
Cerezo, de hecho, es uno de los protagonistas de la
trama. El máximo representante del club del Manzanares
por fin ha sido localizado por la Policía Nacional en el
marco de las diligencias que sigue el Juzgado número 5
de Estepona. Este último llevaba cuatro meses esperando
a que la Dirección General de la Policía le comunicara
las direcciones de Cerezo, del supercomisario José
Manuel Villarejo y de otros dos comisarios más con el
fin de citar a todos ellos como testigos del caso.
El Juzgado, por lo tanto, tomará declaración a los
cuatro en los próximos días. Según fuentes jurídicas,
todos ellos podrían prestar testimonio por escrito, por
lo que no tendrían que desplazarse hasta la sede
judicial de Estepona, sino que bastaría con que
contestaran las preguntas que les remitiera el Juzgado,
que tendría que determinar desde qué sede responderían a
las mencionadas cuestiones.
La investigación judicial del ático de Ignacio González
va camino de cumplir cinco años de instrucción, y por el
momento no hay ninguna persona imputada ni visos de que
vaya a haberla en el corto o medio plazo. El fiscal
anticorrupción del caso, Juan Carlos López Caballero,
sin embargo, no tiene prisa. Considera que el ritmo es
el adecuado y que no debe haber temor a que prescriban
los delitos.
La lentitud, en cualquier caso, ha sido patente en el
desarrollo de la instrucción. Y no solo por las
mencionadas comisiones rogatorias o los retrasos en la
identificación de domicilios, sino también por los
obstáculos que ha encontrado la investigación en la
propia policía.
El actual director adjunto operativo de la Policía
Nacional, Eugenio Pino, por ejemplo, paralizó las
pesquisas en marzo de 2012, después de enterarse por la
prensa de que el comisario de Marbella, Agapito Hermes
de Dios, investigaba el caso desde el verano del año
anterior. Pino argumentó que no estaba judicializado. El
propio Hermes de Dios denunció poco después de comenzar
las diligencias haber sufrido un robo de documentación
relativa al caso en su propio despacho. Posteriormente,
fue relegado como número dos a una comisaría de distrito
de Madrid.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-11-17/atico-de-gonzalez-el-usbank-borra-el-rastro-de-los-pagos-tras-meses-de-retraso-judicial_1098841/
EL CASO DEL ÁTICO, PARALIZADO PORQUE LA POLICÍA NO
ENCUENTRA LA DIRECCIÓN DE ENRIQUE CEREZO
La jueza ordenó citar al presidente del Atlético de
Madrid y a los comisarios Enrique García Castaño y José
Villarejo para que aclaren sus conversaciones privadas
relativas a la investigación del dúplex
La Policía no encuentra al presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, ni a los comisarios Enrique
García Castaño y José Villarejo. El Juzgado número 5 de
Estepona (Málaga) quiere citarles como testigos en la
causa que investiga la compra del ático de lujo por
parte del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González, pero no puede hacerlo porque la Policía no les
localiza.
Aunque parezca una broma, más de dos meses después de
que el Juzgado diera el visto bueno a la petición de la
Fiscalía y ordenara a la Policía Judicial que le
remitiera la dirección de Cerezo, García Castaño y
Villarejo con el fin de citarles a declarar, ésta aún no
ha contestado, por lo que la comunicación aún no ha
podido ser entregada a sus destinatarios, que por
supuesto no se dan por enterados de que la Justicia les
busca para prestar testimonio como testigos y ayudar al
desarrollo de la causa.
En concreto, el pasado 15 de julio, la titular del
Juzgado ordenó averiguar la dirección postal de los tres
para remitirles la citación, que había sido solicitada
por el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos
López Caballero, el anterior 29 de mayo. Desde entonces,
por lo tanto, la jueza no ha realizado ninguna
diligencia, ya que se encuentra a la espera de que el
presidente del Atlético de Madrid y los dos comisarios
presten testimonio, extremo que la magistrada considera
clave para el avance de las pesquisas.
El Ministerio Público solicitó que declararan las tres
personas mencionadas después de que llegara al Juzgado
la grabación de una conversación mantenida entre
González y los dos funcionarios de Policía en una
cafetería madrileña. Tanto el fiscal como la jueza
quieren conocer cómo se hizo esa grabación para valorar
si es admisible como prueba. Instructora y fiscal
recuerdan que, como indica la jurisprudencia en España,
si quien apretó el botó de grabar fue uno de los tres
interlocutores, la cinta sería válida; si fue una
persona ajena al grupo, sin embargo, no sería legítima.
La jueza cita a los tres también con el objetivo de
determinar, como dice el Ministerio Público, “el
concepto” en el que se hizo la entrevista, ya que había
dos funcionarios de la Policía implicados. En concreto,
magistrada y fiscal quieren conocer si el encuentro
estaba autorizado por la superioridad jerárquica de los
comisarios, si se hizo bajo el control de alguna
autoridad judicial o si fue acordado por la cuenta y
riesgo de los policías al margen de cualquier
supervisión oficial.
Además de los tres mencionados, el Juzgado también ha
citado a declarar al periodista Esteban Urreiztieta, que
fue quien entregó a la autoridad judicial la mencionada
grabación. Pretenden la magistrada y el fiscal que éste
último explique cómo llegó a él el soporte informático
que contiene la grabación que luego dio a la jueza y si
éste fue entregado por alguno de los intervinientes en
la conversación. Su testimonio también podría aclarar,
por lo tanto, un elemento relevante más para decidir si
se admite como prueba el contenido de la mencionada
entrevista.
Por último, Ministerio Público y jueza han solicitado la
asistencia técnica de la Comandancia de la Guardia Civil
de Málaga con el fin de que “los funcionarios
especializados en la materia” realicen un informe sobre
la autenticidad de la grabación y la custodien a buen
recaudo.
La conversación entre González y los comisarios García
Castaño y Villarejo, que tuvo lugar en la cafetería La
Mallorquina (Puerta del Sol) en noviembre de 2011, versó
sobre la investigación policial que había en ese momento
abierta en relación al ático. En el transcurso de la
entrevista, González mostró su intención de que las
diligencias no salieran adelante.
Posteriormente, cuando el encuentro saltó a la luz, el
expresidente de la Comunidad de Madrid compareció ante
los medios para denunciar que lo que realmente había
pasado es que fueron los policías los que quisieron
chantajearle en aquel encuentro. El Supremo, sin
embargo, negó que hubiera indicios sólidos de que el
político había sido chantajeado por Villarejo y García
Castaño.
Tras la entrevista a tres –y antes de la citada rueda de
prensa de González–, Cerezo telefoneó a Villarejo para
pedirle que le echara una mano al expresidente. “En esta
guerra no tiene porqué haber muertos ni heridos”, le
dijo el dirigente del Atlético de Madrid. Ambos quedaron
en volver a reunirse en persona con el expresidente
madrileño para continuar hablando del asunto.
La acusación particular personada en el caso del ático
considera que Enrique Cerezo tiene un papel relevante en
los hechos, ya que pudo ser quien presentó a González y
a Rudy Valner, el testaferro del expresidente
autonómico. La acusación, de hecho, solicitó la
imputación del presidente del Atlético de Madrid, que
fue rechazada por la juez al menos hasta que ésta reciba
las comisiones rogatorias solicitadas.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-09-19/caso-atico-dos-meses-paralizado-porque-la-policia-no-encuentra-la-calle-de-cerezo_1023050/
EEUU NO ENCUENTRA INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL ÁTICO DE
GONZÁLEZ PORQUE ESPAÑA ENVIÓ LA ROGATORIA CON DATOS
ERRÓNEOS
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha
podido aportar datos sobre las cuentas bancarias desde
las que la empresa Coast Investors pagó en 2008 el ático
ahora propiedad del expresidente de la Comunidad de
Madrid Ignacio González porque España aportó datos
erróneos, según se desprende de un documento enviado por
las autoridades norteamericanas al Ministerio de
Justicia, al que ha tenido acceso infoLibre.
El documento, de 19 de febrero de 2015, especifica que
el US Bank, desde el que se realizaron las
transferencias para pagar el ático de lujo que poco
después alquilarían González y su mujer, Lourdes Cavero,
no ha sido capaz de encontrar la información reclamada
por España sobre las transferencias de 31 de marzo y 5
de septiembre de 2008 con las que el testaferro
profesional Rudy Valner pagó el dúplex de lujo a un
empresario vasco: "Si las autoridades españolas tienen
más documentos sobre estas transferencias, por favor
apórtenlas", especifica el Departamento de Justicia
norteamericano en el documento, que ha sido incluido en
el sumario del caso del ático del expresidente
madrileño.
González y su mujer, que alquilaron el ático a la
empresa offshore de EEUU poco después de que la propia
Cavero visitara hasta en dos ocasiones el inmueble,
anunciaron su adquisición definitiva en diciembre de
2012, después de que estallara el caso en los medios de
comunicación. La Justicia española investiga si, en
realidad, el ático perteneció desde 2008 al político del
PP.
El mensaje enviado por las autoridades norteamericanas
da cuenta del contenido de la comisión rogatoria
procedente de España que se recibió en Estados Unidos el
18 de septiembre de 2014, y que por contener datos
erróneos las autoridades de este país no han podido
completar: "Uno de los requerimientos solicitaba
documentos del US Bank sobre una transferencia de 31 de
marzo de 2008 de 100.000 euros desde la cuenta número
153458023980; y también sobre otra de 5 de septiembre de
2008 de 650.000 euros desde la cuenta 164301096479".
Cuentas intercambiadas
infoLibre ha podido comprobar que la información
reclamada por las autoridades españolas en la comisión
rogatoria contiene un error básico: los números de las
cuentas corrientes están intercambiados. En concreto, en
el sumario aparecen los extractos bancarios de ambas
transferencias, con las que el presunto testaferro Rudy
Valner realizó los pagos. El primero de 100.000 euros
fue el 31 de marzo de 2008, aunque la cuenta desde la
que se realizó el envío del dinero a España fue la
identificada con el número 164301096479 y no la
153458023980 como indicaron las autoridades españolas en
la comisión rogatoria de Estados Unidos.
Lo mismo ocurre con el segundo pago, de 650.000 euros y
realizado por Valner el 5 de septiembre de 2008. España
informó a Estados Unidos de que se trataba de la cuenta
número 164301096479, aunque en realidad se había abonado
esta suma desde la número 153458023980.
Este problema en las comisiones rogatorias no es el
primero detectado en el caso del ático de González. Las
autoridades españolas tardaron más de cuatro meses en
traducir una respuesta del Reino Unido, que pedía más
información sobre unos movimientos bancarios. Según este
documento, las autoridades españolas no habían aportado
en la comisión rogatoria datos básicos como el número de
cuenta a investigar.
Ambassador Pasadena Homes
Pero la contestación de las autoridades de Estados
Unidos aporta un dato más acerca del origen de la
empresa Coast Investors, que regularizó su situación con
la Agencia Tributaria española días antes de que
González oficializara la compra del inmueble.
Gracias a la información del Estado de Delaware, en el
que fue creada la empresa, se puede conocer que
previamente Coast Investors tuvo la denominación de
Ambassador Pasadena Homes LLC, aunque en 2008 modificó
su nombre por el actual. Pese a que este cambio se
produjo en 2008, el registro de esta modificación no se
realizó hasta el 3 de abril de 2012, cuando agentes
policiales ya estaban investigando en España la compra
del ático.
El nombre de Ambassador Pasadena Homes es parecido al de
una de las principales empresas de la trama Gürtel
liderada por Francisco Correa: Pasadena Viajes.
Además, coincide el nombre de los suscriptores en Panamá
de Walfort Overseas Investments, la empresa matriz de
Coast Investors, y de otra de las firmas de Correa:
Golden Chain Properties, con la que percibió en Suiza
una parte de la comisión de 25 millones por el mayor
pelotazo de Gürtel. En concreto, las sociedades
suscriptoras en ambos casos fueron Dulcan Inc. y Winsley
Inc.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/15/eeuu_encuentra_datos_clave_sobre_atico_gonzalez_porque_espana_envio_rogatoria_con_datos_erroneos_35418_1012.html
EL FISCAL INVESTIGA LA CONEXIÓN DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ
CON 'GÜRTEL'
Pide la información de 'sociedades instrumentales
panameñas' utilizadas en ambos casos
El fiscal Juan Carlos López Caballero ha solicitado que
la Audiencia Nacional aporte al Juzgado de Instrucción
número 5 de Estepona toda la documentación que obre en
su poder vinculada con las «sociedades instrumentales
panameñas Dulcan Inc. y Winsley Inc.».
Ambas entidades, tal y como desveló EL MUNDO, están
directamente relacionadas con Coast Investors LLC., la
sociedad de Delaware que adquirió el dúplex del
presidente en funciones de la Comunidad de Madrid. Pero
también con la red empresarial liderada por Francisco
Correa.
«La conexión», subraya el fiscal López Caballero, «viene
dada por la utilización de las mismas entidades
instrumentales en la constitución de las sociedades que,
presuntamente, encubren la titularidad real de los
bienes».
Asimismo, el fiscal López Caballero ha pedido al Juzgado
de Instrucción número 5 de Estepona que declaren en la
investigación judicial de esta operación inmobiliaria,
en la que se investiga si medió el pago de una comisión,
el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y
los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García
Castaño.
La decisión la ha adoptado tras escuchar las grabaciones
reveladas por este diario que reflejan, en primer lugar,
la reunión mantenida entre los mandos policiales y
González en una cafetería madrileña en plena
investigación policial de la compra del ático marbellí.
El fiscal Anticorrupción López Caballero ha puesto en
marcha un procedimiento para validar el contenido de las
grabaciones desveladas por EL MUNDO sobre el caso del
ático de Ignacio González. Para ello ha solicitado al
juzgado de Estepona, con la intención de «verificar su
integridad y autenticidad», que «reclame al jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil en Málaga el auxilio
técnico preciso, designando a los funcionarios
especializados en la materia, para que informe sobre los
extremos referidos, así como sobre el modo de asegurar
su conservación y custodia». Estas grabaciones dejaron
en evidencia tanto a González como a Cerezo. Al primero,
porque acusó de «chantaje» a los policías cuando
realmente les pidió ayuda para tapar el escándalo de su
ático. Y al segundo, porque negó haber realizado gestión
alguna con los policías en este asunto.
En dicho encuentro secreto, celebrado en la cafetería La
Mallorquina de la Puerta del Sol en noviembre de 2011,
el alto cargo del PP pidió a los policías que le
ayudaran a tapar el escándalo tras haber tenido
conocimiento de que estaba siendo investigado.
«El tema es que si sale... eso es lo que yo no quiero»,
les dijo textualmente en relación con la operación de
compra llevada a cabo mediante una sociedad off shore
controlada por el fiduciario Rudy Valner. Tras la
adquisición del inmueble a través del testaferro,
González firmó un contrato de alquiler con la sociedad
que la Policía considera ficticio.
Después de aquel encuentro, Cerezo se puso en contacto
con uno de los comisarios con el mismo objeto: que
ayudara a que se cerrara la investigación. «En esta
guerra no puede haber ni heridos ni muertos», le espetó
el empresario a Villarejo en una conversación telefónica
al tiempo que le pidió que hiciera lo posible por poner
punto y final a las pesquisas policiales.
El presidente rojiblanco, amigo personal de González,
tiene un papel protagonista en este asunto, ya que fue
quien presentó a González y a Valner, ya que este último
es su testaferro particular en Estados Unidos.
El representante del Ministerio Público recuerda que «en
principio, las grabaciones efectuadas por un
interlocutor de las conversaciones mantenidas con un
tercero, que luego se aportan a un procedimiento penal,
son válidas como medio de prueba, de acuerdo con la
doctrina establecida tanto por el Tribunal
Constitucional como por el Tribunal Supremo».
Así, en relación con las grabaciones desveladas por este
diario, el fiscal Anticorrupción pretende determinar «el
concepto en el que los miembros de la Policía efectuaron
esa entrevista» -en referencia al encuentro en la
cafetería de la Puerta del Sol- y si la misma estaba
autorizada o si se dio cuenta a alguna autoridad
administrativa o judicial».
Tal y como informó EL MUNDO, dicha reunión fue
comunicada a la Dirección Adjunta Operativa de la
Policía, que custodió posteriormente las cintas.
http://www.elmundo.es/espana/2015/06/12/5579edb7e2704e97238b4592.html
LA FISCALÍA PIDE QUE SE INCORPORE DOCUMENTACIÓN DE LA
GÜRTEL AL CASO DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ
La fiscalía anticorrupción ha solicitado que se
incorpore al caso del ático del presidente en funciones
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la
documentación relativa a dos sociedades panameñas (Dulcan
Inc. y Winsley Inc.) que son investigadas en el caso
Gurtel ya que, presuntamente, fueron utilizadas por Luis
Bárcenas y Francisco Correa para ocultar dinero opaco en
Suiza pero que, también, participaron en la adquisición
del ático de Estepona que Ignacio González primero
alquiló y luego compró a la sociedad Coast Investors.
La fiscalía atiende, de esta forma, a los indicios
apuntados por la acusación que ejerce el Sindicato
Unificado de Policía que aseguraba que los Bárcenas,
Correa y los compradores del ático utilizaron los mismos
testaferros y empresas para sus actividades.
Pero, además, la fiscalía anticorrupción ha pedido la
declaración en el proceso de los comisarios José María
Villarejo y Enrique García Castaño en relación con la
grabación de una conversación con Ignacio González donde
este supuestamente les solicita que tapen las
investigaciones sobre el ático de Estepona.
También por una conversación entre Villarejo y Enrique
Cerezo sobre el inmueble de Ignacio González pide el
Ministerio Público que declare en este proceso el
presidente del Atlético de Madrid.
Por último la fiscalía ha solicitado que se recabe
información sobre la cuenta desde la que se pagaba la
comunidad del ático de lujo de Estepona ya que está
radicada en un banco británico que se nutría de fondos
de otra entidad en Estados Unidos.
http://cadenaser.com/emisora/2015/06/10/ser_malaga/1433936026_736082.html
LA JUSTICIA TARDA MÁS DE CUATRO MESES EN TRADUCIR UNA
PÁGINA DE LA ROGATORIA DEL ‘CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ’
El 8 de enero la subdirectora general de Cooperación
Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia,
Beatriz Diz Bayod, envió al Juzgado el folio en inglés,
que no fue remitido a las partes en español hasta el 11
de mayo
La jueza pide a la Fiscalía que informe sobre la
"legitimidad" de la grabación de la conversación
mantenida entre el presidente madrileño y los comisarios
José Villarejo y Enrique García Castaño
Traducir una página de inglés a español ha llevado más
de cuatro meses a la justicia española, tal y como
confirman los documentos incluidos en el sumario del
caso del ático del presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, a los que ha tenido acceso infoLibre.
El 22 de diciembre de 2014 las autoridades británicas
contestaban en inglés a la petición realizada el 27 de
agosto de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) reclamando más
información sobre las cuentas utilizadas en el pago de
la comunidad del dúplex de lujo, que desde el 19 de
diciembre de 2012 es propiedad de González y de su
mujer, Lourdes Cavero.
En un folio escrito en inglés los británicos pedían a la
jueza Mariana Peregrina que especificara el número de la
cuenta sobre la que solicitaba la información y el
periodo de tiempo a analizar.
Y el 8 de enero la subdirectora general de Cooperación
Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia,
Beatriz Diz Bayod, firmaba un escrito dirigido a la
jueza en el que reclamaba más información: "Debidamente
traducida al inglés, al objeto de remitirla a las
autoridades de Reino Unido para que, a la mayor
brevedad, puedan continuar con la ejecución de su
solicitud". Este escrito tiene como sello de salida el
12 de enero de 2015.
Cuatro meses
Una providencia firmada por la titular del Juzgado,
Isabel Conejo Barranco, demuestra que la traducción de
la página al español no ha sido enviada a las partes
personadas hasta cuatro meses después, el 11 de mayo
pasado, tal y como consta en la resolución, que
especifica: "Habiéndose recibido la traducción de la
comunicación en la que las autoridades inglesas demandan
más información para la cumplimentación de la comisión
rogatoria que les fue remitida, dese traslado al
Ministerio Fiscal para que informe sobre lo solicitado".
infoLibre se ha puesto en contacto con el Ministerio de
Justicia, en el que un portavoz aseguró que preparar la
versión de una rogatoria en el idioma del país al que se
cursa es tarea asignada a cada juzgado, que utiliza para
ese fin a los traductores al servicio de cada tribunal
superior autonómico.
Acción Exterior
A renglón seguido, este diario preguntó al Gobierno
andaluz, encargado de poner a disposición del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el personal
preciso, cuyo portavoz indicó por el contrario que el
trámite completo para el envío de las comisiones
rogatorias corresponde a la Dirección General de Acción
Exterior del Ministerio de Justicia. Una fuente
jurídica, ajena al caso, aseguró que las traducciones
competen a los tribunales superiores.
infoLibre publicó ya el 22 de febrero pasado el
contenido de la contestación de las autoridades
británicas, que reclamaban los datos concretos de una de
las cuentas utilizadas en las diferentes operaciones del
ático de Estepona, ahora propiedad de Ignacio González y
de su mujer, Lourdes Cavero.
Y para que las autoridades británicas tengan toda la
documentación que demandan, el nuevo documento que
contenga las explicaciones tendrá que volver a ser
traducido al inglés, idioma en el que se remitirá la
comisión rogatoria a Reino Unido.
Coast Investors
El ático de Estepona fue adquirido en mayo de 2008 por
la empresa Coast Investors, radicada en Delaware
(Estados Unidos) por 750.000 euros. El presunto
testaferro de nacionalidad mexicana Rudy Valner acordó
la operación de forma telefónica, y después de que la
mujer de González visitara en dos ocasiones el inmueble.
La empresa que adquirió el ático en un primer momento,
Coast Investors, permaneció inactiva hasta que los
medios de comunicación españoles publicaron la
información sobre el dúplex de lujo. González aseguró
que alquilaba el inmueble durante todo el año por 2.000
euros al mes, cuando el precio medio en la zona supera
los 6.000 euros.
Además, el propietario, es decir Rudy Valner en nombre
de Coast Investors, abonaba 1.650 euros cada trimestre
por la comunidad de propietarios, cantidad que se
ingresaba desde un banco de Londres.
Rogatoria a EEUU
Es precisamente de este banco, el Lloyd's National Bank,
del que reclama más información por parte de la jueza
Isabel Conejo Barranco en la comisión rogatoria a Reino
Unido que ha tardado cuatro meses en traducirse.
Pero la comisión rogatoria a Reino Unido no es la única
que está teniendo obstáculos. La reclamada a las
autoridades de Estados Unidos, considerada clave para
conocer los entresijos del caso del ático, lleva al
menos un año y nueve meses sin respuesta.
Consuelo Madrigal
La Fiscalía Anticorrupción reclamó en octubre de 2013 al
Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) que
ampliara la comisión rogatoria solicitada un mes antes a
Estados Unidos para conocer el saldo y los movimientos
de las cuentas bancarias de la empresa Coast Investors.
Estas dilaciones en la tramitación de las rogatorias se
produce pese a que la fiscal general del Estado,
Consuelo Madrigal, informó en marzo pasado de que había
pedido al embajador de Estados Unidos, James Costos, que
agilizara la rogatoria a Delaware de la que depende el
avance de la investigación del ático del presidente de
la Comunidad de Madrid.
Grabaciones
Pero la providencia de la jueza Conejo Barranco aporta
otros datos a las partes personadas en el caso. Según
esta resolución Unión Editorial, la editora del diario
El Mundo, presentó un escrito en el Juzgado de Estepona
mediante el cual aportaba las grabaciones de la
conversación mantenida en un local comercial entre
Ignacio González y los comisarios José Villarejo y
Enrique García Castaño.
"El Mundo difundió el contenido de una conversación
mantenida por Ignacio González y dos comisarios del
Cuerpo Nacional de Policía: José Manuel Villarejo y
Enrique García Castaño en referencia al alquiler y
propiedad del inmueble del primero, sito en Estepona",
especifica el escrito remitido por Unión Editorial, que
prosigue: "Siendo una conversación grabada por uno de
los interlocutores en aquella reunión, la aportamos como
documento por si fuera de interés para esta
instrucción".
"No quiero que salga"
En esa conversación, González llega a indicar al agente
que no quería que la información sobre el ático se
difundiera: "No quiero que salga".
Pero, además, la editora del mencionado rotativo aporta
una copia de las informaciones publicadas. Y una de
ellas incluye el contenido de una conversación entre el
comisario y el presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, que también fue grabada, en la que el
empresario, a quien se le atribuye el pago del ático, se
ofreció a mediar para que el responsable de la
investigación en Marbella, el comisario Agapito Hermes
de Dios, no fuera destituido.
En la providencia dirigida a las partes personadas, la
jueza da traslado a la Fiscalía de las grabaciones para
que informe sobre su contenido: "Sobre la legitimidad de
la grabación y, en su caso, diligencias para garantizar
el control de la integridad y autenticidad de la misma".
Además, la magistrada da cuenta de que González y su
mujer han nombrado a un nuevo abogado tras la renuncia
de Adolfo Prego días antes de que se hicieran públicas
las grabaciones. En concreto, el letrado Antonio Navas
Martínez será el defensor del todavía presidente del PP
en la Comunidad de Madrid y de Lourdes Cavero.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/21/la_justicia_tarda_mas_cinco_meses_traducir_una_pagina_del_caso_del_atico_gonzalez_32918_1012.html
ANTICORRUPCIÓN QUIERE QUE CEREZO DECLARE EN EL ‘CASO DEL
ÁTICO DE GONZÁLEZ’
El fiscal reclama a la comunidad de propietarios del
dúplex de lujo que aporte los justificantes de los
gastos de comunidad que se abonaban desde EEUU
El Ministerio Público también solicita a la jueza que
presten testimonio los comisarios José
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la jueza de
Estepona Isabel Conejo, que investiga el caso del ático
propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, que cite a declarar como testigo al
empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo, según consta en un escrito de 29 de mayo firmado
por el fiscal de Málaga Juan Carlos López Caballero, que
fue adelantado por la Cadena Ser.
El representante del Ministerio Público solicita también
a la jueza que llame como testigos a los comisarios José
Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, que fueron
los que mantuvieron la conversación con el presidente
madrileño en un establecimiento, que fue grabada, y en
la que González supuestamente dijo que no quería que se
conociera que era el inquilino de una vivienda que había
sido adquirida por una empresa offshore. Esta firma fue
Coast Investors, radicada en el estado de Delaware, en
Estados Unidos.
El fiscal López Caballero realiza estas peticiones
después de que Unidad Editorial, la empresa editora del
diario El Mundo, presentara un escrito en el Juzgado de
Estepona en el que incluía la grabación del encuentro
entre los agentes e Ignacio González. El rotativo
madrileño también difundió conversaciones mantenidas
entre el comisario Villarejo y Enrique Cerezo, en las
que supuestamente el presidente del Atlético de Madrid
se llegó a interesar por asuntos relacionados con la
investigación del ático.
Según la asociación de afectados por el ERE de
Telemadrid, que está personada como acusación, el ático
podría haber sido el pago por parte de Cerezo a González
por las concesiones millonarias otorgadas por la cadena
autonómica madrileña.
Grabación "admisible"
El Ministerio Público pretende que se determine si
alguno de los interlocutores fue el autor de las
grabaciones de las conversaciones. En este caso, según
el fiscal: "Si es uno de los intervinientes, la
grabación es admisible en derecho, y no lo será, al
afectar a derechos fundamentales de terceros, si se ha
obtenido por quien no participó en dicha conversación".
Este es el motivo por el que López Caballero interpela a
la juez para que reclame el testimonio del periodista
que firmó la información sobre la grabación de las
conversaciones: "Para que aclare el medio por el que se
hizo llegar al periódico el soporte informático que
luego ha aportado a este causa, y si fue entregado por
alguno de los interlocutores en las conversaciones
grabadas".
Asimismo, el escrito del fiscal al que ha tenido acceso
infoLibre, pide a la jueza que requiera al jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de Málaga para que
designe a funcionarios especializados para que
dteterminen la integridad y autenticidad de las
grabaciones.
El escrito de Anticorrupción insta al Juzgado de
Estepona para que pida al Juzgado Central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el
magistrado José de la Mata, la documentación que obra en
el sumario del caso Gürtel sobre las entidades panameñas
Dulcan INC. y Winsley INC.
Sociedades panameñas
El escrito confirma que la sociedad Coast Investors, que
compró el ático y que después alquiló el inmueble a
Ignacio González, pertenece a la sociedad panameña
Walford Overseas Investments: "Y esta entidad tiene como
suscriptores a las sociedades de esa jurisdicción
(Panamá) Dulcan INC y Winsley INC".
Tal y como publicó infoLibre, estas dos empresas también
participaron en la constitución de la firma Golden Chain
Properties, que la investigación de Gürtel vincula al
presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa.
Esta sociedad fue la que que recibió en Suiza 13
millones del empresario Fernando Martín. El sumario
constata que este pago estaba relacionado con la
adjudicación de unas parcelas en Arganda del Rey
(Madrid), supuesrto que niega el propio Fernando Martín.
La investigación ha detectado que el 21 de mayo de 2009
la cuenta llegó a tener un valor de 17,17 millones, que
fueron bloqueadas por las autoridades helvéticas.
El representante del Ministerio Público sostiene en el
escrito de 29 de mayo pasado de que la vinculación entre
ambos procedimientos, el del caso del ático y Gürtel, se
deriva de las afirmaciones efectuadas por el
denunciante, el Sindicato Unificado de Policía (SUP):
"La conexión viene dada por la utilización de las mismas
entidades instrumentales en la constitución de las
sociedades que, presuntamente, encubren la titularidad
real de los bienes".
Comunidad de propietarios
Finalmente, la Fiscalía considera "pertinente" que se
requiera a la comunidad de propietarios de la
urbanización Alhambra del Golf, en la que está situada
el ático de González y su mujer, Lourdes Cavero, para
que aporte todos los justificantes del pago de los
gastos de comunidad efectuados por la entidad Coast
Investors.
Tal y como adelantó este diario, la instructora ha
podido conocer que la venta del ático se llevó a cabo
"de forma telefónica" entre el entonces propietario,
Francisco Javier Villate y el presunto testaferro, Rudy
Valner, que solo se conocieron cuando firmaron las
escrituras en la notaría. Por su parte, la vendedora
reconoció que llegó a enseñar el inmueble a Lourdes
Cavero "un par de veces" antes de producirse la
compraventa.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/11/anticorrupcion_pide_declaracion_cerezo_caso_del_atico_gonzalez_33932_1012.html
LOS EXTRABAJADORES DE TELEMADRID TOMAN EL TESTIGO DEL
SUP EN LA ACUSACIÓN DEL ‘CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ’
El sindicato policial justifica la decisión de su
comisión ejecutiva de abandonar el caso del dúplex de
lujo del presidente madrileño "en pro de nuestros
afiliados"
"Seguiremos con la acusación. Y más ahora que el fiscal
ha impulsado la investigación con pruebas que van en el
sentido de la comparecencia que realizamos hace dos
años", indica un portavoz de los despedidos en el ERE de
la televisión madrileña
La renuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) a
seguir con la acusación popular del caso del ático del
presidente en funciones de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, no acabará con la instrucción. Los
extrabajadores de Telemadrid, que se habían personado en
el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona bajo la
dirección letrada del sindicato policial, tomarán el
testigo del propio SUP, que de forma sorprendente ha
renunciado a seguir con la investigación sobre la compra
del dúplex de lujo que desde diciembre de 2012 es
propiedad de González y su mujer, Lourdes Cavero.
infoLibre ha tenido acceso al escrito presentado por el
Sindicato Unificado de Policía (SUP), que justifica la
decisión adoptada, según la documentación que obra en el
sumario, por la comisión ejecutiva de la central "en pro
de nuestros afiliados". El portavoz del SUP, Javier
Estevez, justifica así la retirada: "Nosotros hicimos lo
que teníamos que hacer. El SUP fue el que dio en su
momento el paso adelante. Y ahora ya existen otras
partes y la Fiscalía está actuando. Por eso a partir de
ahora no vemos el sentido de seguir seguir acusando.
Nuestro papel no es querellarnos, aunque lo hicimos en
su momento para que no quedara impune. No queremos
dedicar más tiempo ni dinero a este tema".
Las partes a las que se refiere el portavoz del SUP que
están personadas son la Asociación de Extrabajadores
Afectados por el ERE de Telemadrid, la Asociación
Transparencia y Dignidad, y el Partido Socialista de
Madrid (PSM-PSOE) que ejercen la acusación popular. Este
diario se ha puesto en contacto con los extrabajadores
de la televisión pública madrileña, en la que un
portavoz aseguró. "No vamos a valorar la renuncia del
SUP. Eso sí, nosotros vamos a seguir adelante. Y más
ahora que la propia Fiscalía ha impulsado el caso
reclamando pruebas que van en el sentido de la
comparecencia que realizamos hace dos años ante el
fiscal jefe de Málaga".
Sigue Javier Carnerero
La Asociación de Extrabajadores Afectados por el ERE de
Telemadrid, cuya participación como acusación dependía
hasta el momento de la dirección letrada del SUP, ha
decidido que el abogado Javier Carnerero, que hasta el
momento ejercía la dirección del caso del ático,
defienda los intereses de los despedidos en el ERE de la
cadena pública madrileña.
Precisamente, las preguntas realizadas por el letrado
Carnenero durante las declaraciones de los diferentes
testigos han sido claves en el avance de la
investigación. En concreto, interpeló a la vendedora del
ático, que reconoció que la primera venta se produjo
después de que la mujer de González, Lourdes Cavero,
visitara en dos ocasiones el dúplex de lujo. También fue
el artífice de la pregunta realizada al primer
propietario del inmueble, Francisco Javier Villate, que
aseguró haber vendido el ático al testaferro Rudy Valner,
que se encontraba en Estados Unidos y que ni tan
siquiera había visto la vivienda.
La participación de esta asociación está siendo clave.
Especialmente tras la comparecencia hace dos años ante
la Fiscalía Anticorrupción. Los extrabajadores de
Telemadrid aportaron al caso numerosa documentación en
la que se apuntaba la posibilidad de que el ático de
González fuera en realidad una dádiva que había
entregado Enrique Cerezo a cambio de los numerosos
contratos recibidos por el presidente del Atlético de
Madrid desde departamentos o empresas del Gobierno de
Esperanza Aguirre que dependían de la decisión directa o
indirecta de Ignacio González.
La anterior instructora del caso, la sustituta Mariana
Peregrina, dio verosimilitud al relato de esta
asociación, acordando el traslado de la investigación a
la Audiencia Nacional, al mismo tiempo que llamaba a
declarar como imputada a la mujer de González, Lourdes
Cavero.
Pero la Audiencia Provincial de Málaga revocó esta
decisión, y devolvió el sumario al Juzgado de
Instrucción número 5 de Estepona, al que se reincorporó
la jueza titular, Isabel Conejo. Los exempleados de
Telemadrid también interpusieron una querella contra
González en el Tribunal Supremo, que acordó que el caso
se mantuviera en Estepona hasta que se encontraran
indicios de la participación en el caso investigado de
cualquier aforado, en este caso el presidente de la
Comunidad de Madrid.
Inversión de 300 millones
Según la documentación aportada al sumario por esta
asociación, Telemadrid creó la empresa Madrid Deportes
Audiovisual (MDA) y adquirió los derechos de emisión y
publicitarios del Atlético de Madrid y Getafe C.F. por
300 millones de euros. Y según un correo electrónico de
Blesa, la Comunidad sabía que los números "generaban
pérdida". Asimismo, un informe que el responsable
jurídico de Telemadrid envió al director general también
dudaba de la rentabilidad de la operación, por lo que
Telemadrid y Caja Madrid han perdido más de 30 millones
de euros.
Esta decisión de renunciar a la acusación popular la
adopta la nueva dirección del sindicato policial apenas
ocho días después de que se conociera la decisión de la
Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar como
testigo al presidente del Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo, a quien el comisario José Manuel Villarejo
vinculó en una querella presentada contra González con
el mayor pelotazo del caso Gürtel.
Además del testimonio de Cerezo, Anticorrupción ha
instado a la jueza que instruye el caso en Estepona,
Isabel Conejo, a que llame a declarar a los comisarios
de Policía José Manuel Villarejo y Enrique García
Castaño. Estos dos funcionarios fueron los que
mantuvieron la reunión con Ignacio González que fue
grabada, y cuyos audios entregó el diario El Mundo en el
Juzgado. En la conversación, González llegó a asegurar
que no tenía interés en que se conociera que él era el
inquilino de la sociedad offshore Coast Investors, que
fue la que adquirió el inmueble de lujo al empresario
vasco Francisco Javier Villate por 700.000 euros.
Empresas de Panamá
Asimismo, el Ministerio Público reclamó a la jueza
Isabel Conejo que reclamara a la Audiencia Nacional toda
la documentación de las empresas que aparecen en la
constitución en Panamá de Waldorf Overseas Investments,
la matriz de Coast Investors: Winsley y Dulcan. Y lo ha
hecho tras asegurar las acusaciones que eran las mismas
empresas que constituyeron la empresa de Francisco
Correa en Panamá, Golden Chain Properties, a la que
Suiza bloqueó sus cuentas cuando tenían 17,1 millones de
euros.
En este sentido, un informe de la Agencia Tributaria
publicado este jueves por infoLibre apunta a que al
menos 12 de los 25 millones abonados a Francisco Correa
por el mayor pelotazo del caso podría haber tenido como
destino la empresa RTM, que fue la elegida por el
Atlético de Madrid para desarrollar la operación
Calderón-Mahou, en la que esta sociedad, en la que
participaba Martinsa con el 33% pretendía construir
2.000 viviendas en esta zona del suroeste de Madrid.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/19/los_extrabajadores_telemadrid_continuaran_con_acusacion_del_atico_gonzalez_tras_renuncia_del_sup_34265_1012.html
ENRIQUE CEREZO, AL COMISARIO: 'EN ESTA GUERRA NO TIENE
QUE HABER NI HERIDOS NI MUERTOS'
El empresario Enrique Cerezo, cuyo testaferro Rudy
Valner compró el ático de Ignacio González a través de
una sociedad 'off shore', llamó al comisario José Manuel
Villarejo el 21 de abril de 2012, un mes después de que
EL MUNDO destapara la operación. Cerezo pidió al mando
policial que pusiera punto y final a la investigación y
se ofreció para evitar que el PP destituyera al
comisario de Marbella que había realizado las pesquisas,
tal y como pidió González. "En esta guerra no tiene que
haber ni muertos ni heridos" y le espetó: "Pepe, que tú
tienes aquí a un amigo, que te lo digo yo".
El presidente del Atlético de Madrid pidió ayuda al
comisario José Manuel Villarejo para tapar la
investigación policial del caso ático, tal y como reveló
EL MUNDO el pasado martes. Este periódico ha tenido
acceso a una batería de conversaciones mantenidas entre
ambos a instancias de Enrique Cerezo para cortocircuitar
las pesquisas sobre la compra del lujoso dúplex, que fue
adquirido por su testaferro personal y tesorero en
algunas de sus empresas audiovisuales, Rudy Valner,
después de que lo visitase la mujer de González en dos
ocasiones en 2008.
El 21 de abril de 2012, un mes después de que este
diario destapase la existencia de la investigación
policial en marcha, Cerezo marcó el número del mando
policial al que ahora dice que casi no conoce de nada y
que se ha dedicado a presionarle.
"¿De aquello que hablamos, nada, ¿no? ¿Eso está todo
igual?", le inquirió. Para, acto seguido, preguntarle
abiertamente por el comisario de Marbella, Agapito
Hermés, que comenzó en agosto de 2011 por orden de sus
superiores las pesquisas sobre el ático del alto cargo
del PP y al que González acusó de haber urdido contra él
una "investigación ilegal".
"¿Qué coño tenía que ver el tío ese de Marbella en todo
eso?", comenzó Cerezo tras bromear con el desempleo y el
fútbol. "Las cosas cuando se hacen, hay que contar con
los jefes locales y lo que ha hecho -Hermés- es mirar a
quién pertenecía la propiedad del ático", señaló
Villarejo aludiendo a que el comisario constató que
González estaba pagando un supuesto alquiler a una
sociedad en Delaware del testaferro Valner.
"Él ha pedido el cambio de destino y se lo han dado
ahora. La solución sería que todo el mundo se relaje un
poco y baje un poco la tensión y olvidarse del asunto",
sugirió Villarejo, al tiempo que lamentó las
declaraciones públicas que había realizado el ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que consideró
que la investigación policial a González había sido
irregular y ponía al comisario en el ojo del huracán.
"Utilizó unos términos incorrectos porque le han
asesorado mal. La investigación en absoluto es ilegal",
razonó el comisario. "¿Sabes lo que le ha pasado al
ministro?", señaló un conciliador Cerezo. "Que ha pagado
la novatada".
Villarejo recordó que "la función de la policía es
preventiva" y que no es correcto decir que "la policía
no puede investigar si no lo autoriza un juez". "Pues
claro, para qué está entonces la policía", contestó
Cerezo, avalando la legalidad de la investigación. "Al
final se tienen que dar cuenta de que en las guerras no
tiene que haber ni muertos ni heridos", terció el
empresario, al comprobar que la intención de González en
ese momento era que Interior procediera a la destitución
del comisario de Marbella y cobrarse así la primera
víctima de este asunto.
"Me pega que son guerras internas que afectan a tu amigo
dentro de su propio partido", aseveró el comisario. "Lo
que pasa es que hay gente que son muy buena gente y dan
la apariencia de lo contrario y hay otros que son unos
cabrones y dan la apariencia...", templó Cerezo.
"Entonces yo debo tener muy mala pinta", le replicó
Villarejo entre risas. "¡Qué va, lo contrario!", le dijo
el mandatario rojiblanco.
Una cena entre amigos
El alto mando policial recordó a Cerezo que él había
ofrecido a González meses antes, en la célebre reunión
de La Mallorquina, la solución para zanjar las pesquisas
si acreditaba que no se encontraba oculto tras la
empresa off shore que había adquirido el ático. Y
emplazó al presidente rojiblanco a que montara una nueva
cita como la de noviembre de 2011 con el presidente de
la Comunidad de Madrid. "El día que tú quieras y cuando
quieras, charlamos y no tengo ningún problema en volver
a hablar con Ignacio". "Pepe, que tú tienes aquí a un
amigo, que te lo digo yo", le contestó Cerezo.
"También hay gente mala que te quiere meter a ti en el
tema", volvió a la carga el comisario, sugiriendo a
Cerezo que se había prestado a adquirir el ático de
González a través de su testaferro en connivencia con el
empresario Fernando Martín a cambio de la adjudicación
de una parcela en Arganda.
"A Fernando Martín le he conocido cuando era presidente
del Real Madrid e intentó meterse con una empresa suya
en el Atlético de Madrid. Nosotros no somos más listos
que nadie pero pensábamos que iba a hacer una suspensión
de pagos y la sociedad se fue al garete con él. O sea
que fíjate lo que puedes contar".
Cerezo quedó en montar una cena con amigos comunes a la
que invitarían al presidente madrileño. "Si se apunta
Ignacio, encantado", concluyó el comisario. "De
acuerdo", asintió el empresario.
Las conversaciones por el 'caso ático' continuaron hasta
hace dos semanas. En otra, el "presionado" Cerezo se
dirigió así a Villarejo: "Pepe, aquí la Comandancia de
la Guardia Civil".
LO QUE DICE
El comisario Villarejo. "Pepe, que tú tienes aquí a un
amigo, que te lo digo yo [...] Lo que pasa es que hay
gente que son muy buena gente y dan la apariencia de lo
contrario, pero tú tienes apariencia de buena persona,
no de cabrón".
La investigación. "¿Que la Policía puede investigar -el
ático de González- sin orden judicial? Pues claro, para
qué está la policía entonces".
El comisario de Marbella. "Al ministro -Jorge Fernández
Díaz- lo que le pasa es que ha pagado la novatada -al
decir que la investigación de Hermés había sido
irregular-".
Encuentro con González. "La semana que viene montamos
una cena con un amigo que tenemos que tiene el problema
de que no puede follar como él quisiera y que se venga
Ignacio".
LO QUE DIJO
El comisario Villarejo. "Es un tema curioso, yo no le
llamo nunca a él y sólo lo conozco porque me reuní un
día con dos amigos comunes en un hotel después de que
cancelara una cena".
La investigación. "Yo de esto no tengo ni la más remota
idea y los amigos que estuvieron presentes en la reunión
dicen que este señor -Villarejo- se ha vuelto loco
porque les dijo que contra mí no iba nada de esto".
El comisario de Marbella. "Villarejo no para de
presionarme para que hable con González y se desimpute
al comisario de Marbella porque él le dio la orden -de
investigar el ático de Estepona-".
Encuentro con González. "El café -en referencia a la
reunión de González con los comisarios en la Puerta del
Sol- fue hace tres años y pico y qué casualidad que
salga en estas fechas. No sé nada más del tema este".
http://www.elmundo.es/madrid/2015/03/08/54fcc8a4268e3ef92c8b457c.html
IGNACIO GONZÁLEZ, A LOS COMISARIOS: 'EL TEMA ES QUE SI
SALE... ESO ES LO QUE YO NO QUIERO'
Enrique Cerezo, a Villarejo: 'En esta guerra no tiene
que haber ni heridos ni muertos'
La grabación de la reunión secreta entre el presidente
de la Comunidad de Madrid y los comisarios José Manuel
Villarejo y Enrique García Castaño certifica que Ignacio
González les pidió que taparan la investigación de su
ático.
EL MUNDO ha tenido acceso al contenido del encuentro,
celebrado en la madrileña cafetería La Mallorquina en
noviembre de 2011, en el que los comisarios le
explicaron que un implicado en el caso Gürtel había
revelado que le habían regalado un dúplex en Marbella
del que disfrutaba mediante un alquiler ficticio que
pagaba a una sociedad pantalla de Delaware. "El tema es
que si sale... eso es lo que yo no quiero", les pidió
González a los policías.
Estos le instaron a que les aportara los recibos para
zanjar el tema. "Tranquilo que preparo esto y te lo
doy... No te preocupes que soy una tumba, ya lo verás",
le dijo a Villarejo, entre bromas, tras apuntar su móvil
en una servilleta. "Cuando me llames, me dices: 'Oye,
que soy tu primo Iñaki' y cuidado con los teléfonos
porque no son seguros", replicó el comisario.
Durante la reunión, celebrada a las 11 de la mañana del
29 de noviembre de 2011 y que se prolongó durante 43
minutos, el comisario Villarejo detalló a González la
información que les había llegado en relación a su ático
en Estepona, que barajaban que pudiera ser una comisión
ilegal a cambio de la adjudicación de una parcela en
Arganda al empresario Fernando Martín.
"El americano", tercia Villarejo en relación al
testaferro mejicano Rudy Valner, que adquirió el dúplex
de la urbanización La Alhambra del Golf en mayo de 2008
sin tan siquiera verlo tras visitarlo dos veces la mujer
de González, "es una sociedad pantalla que se ha montado
porque era muy descarado decir: 'Toma el ático para
ti'". Por eso, abundó, "se monta la sociedad de
Delaware".
Y es que Valner, fiduciario profesional que trabaja para
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid,
contratista de la Comunidad, y amigo personal de
González, constituyó poco antes de la compra del
inmueble la entidad 'off shore' Coast Investors LLC,
radicada en el referido paraíso fiscal norteamericano y
que este abogado establecido en California gestiona como
gerente.
"Esa es una sociedad al portador que, teóricamente,
según dice el pavo -en referencia al informador
vinculado al caso Gürtel-", prosigue Villarejo ante
González, "es tuya".
'El teléfono no es seguro'
El entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
que había permanecido escuchando la exposición, replicó:
"Ya, el tema es que si sale... eso es lo que yo no
quiero".
Tras comprobar la inquietud de González, Villarejo y
García Castaño ofrecieron una solución al alto cargo del
PP que pasaba por que acreditase que no tenía nexo
alguno con esa empresa 'off shore' y les facilitara los
recibos que estaba pagando a esa entidad como supuesto
inquilino.
"Tienes mi teléfono, aunque a través de Enrique -García
Castaño- me localizas", continuó Villarejo. "Pero,
vamos, apúntate", le inquirió a González aludiendo a su
número de móvil. García Castaño les interrumpió para
hacer un inciso: "Por teléfono no es nada seguro, ¿eh?".
"Por eso, me lo iba a apuntar aquí", dijo González
señalando su terminal móvil, "pero me da...". Y añadió:
"Me lo voy a apuntar aquí mejor", tras coger una
servilleta.
El comisario Villarejo le facilitó su número personal,
en el que se repiten dos veces las tres últimas cifras:
"Fíjate qué fácil". "Joder, ¿lo has elegido o qué?",
ironizó González. "Si hay oportunidad, ¿por qué no?",
contestó Villarejo también en tono irónico para, a
continuación, darle las instrucciones para comunicarse
con él.
"Me dices: 'Soy tu primo Iñaki' y nos vemos. Como dice
Enrique, si quedamos los tres, mejor. Pero si por alguna
razón él está de viaje, 'Oye, Pepe, 'pom'". "Yo la
semana que viene me tengo que ir. Por eso es una
oportunidad cojonuda de que cuando vuelva digas: 'Tengo
una información, contar una historieta, tirar balones
fuera y ya está'", le apostilla en tono cómplice. "En lo
que a mí respecta, ya lo sabes, somos troncos y a tomar
por culo, macho".
Tras zanjar el asunto nuclear que había motivado el
encuentro y después de crear un intencionado clima de
confianza para obtener toda la información posible, los
tres comensales pasaron a comentar la actualidad del PP
y salió a colación el nombre de María Dolores de
Cospedal.
"¿Sabes lo que pasa?", le dijo González a Villarejo.
"Que a la Cospe hay que echarle una mano porque estos
cabrones la van a querer quitar de la Secretaría
General". "Aquí vale todo para quitarte de en medio. A
ella la quieren quitar para ponerse la mafia esa que
tiene alrededor éste -en referencia a Mariano Rajoy-".
La cita concluyó con un González que, entre risas y
confidencias, aceptó facilitar sus recibos. "Yo te
preparo esto y te lo doy". "Por favor, discreción,
¿eh?", le insistió el policía que había llevado las
riendas de la charla. «"Tranquilos que yo soy una tumba,
ya lo verás". González, que ha insistido durante los
últimos días en que no accedió a nada y fue chantajeado,
se despidió dando las "gracias". Los policías se miraron
cómplices y concluyeron: "Está más pillado que la polla;
está cagao".
LO QUE DICE
La reunión en Sol. "Me voy a apuntar aquí tu móvil -en
una servilleta-", dijo González a Villarejo. "Me llamas,
me dices: 'Soy tu primo Iñaki' y nos vemos otra vez los
tres. Cuidado con los teléfonos que no son seguros".
Su respuesta. "Tranquilos que yo os preparo eso -los
recibos del alquiler del ático a la sociedad de Delaware
del testaferro- y os lo doy; no os preocupéis, soy una
tumba".
Las confidencias. "Hay que echarle una mano a la 'Cospe'
porque estos cabrones la quieren quitar de la Secretaría
General. Aquí vale todo y a ella la quieren quitar para
ponerse la mafia que rodea a éste (Mariano Rajoy)".
LO QUE DIJO
La reunión en Sol. "Fui a tomar un café a 'La
Mallorquina' y fui víctima de un chantaje por parte de
los comisarios Villarejo y García Castaño. Lo que se me
dice es que se me ha hecho una investigación y que para
que esto no vaya a más facilite mis recibos de
alquiler".
Su respuesta. "A mí me sonó tremendamente mal, fui con
cuatro colaboradores míos para que estuvieran como
testigos y les pedí que se sentaran allí. No les di nada
ni tampoco accedí a nada".
Su ataque a EL MUNDO. "Su información es falsa, este
medio se dedica a difamar desde hace años, no verifica
ninguna información sólo para dañar el honor de las
personas y repite una falsedad para ver si se convierte
en verdad".
http://www.elmundo.es/madrid/2015/03/08/54fcc088268e3e412f8b4576.html
LOS TRES COSTARRICENSES QUE ALQUILARON EL ÁTICO A
GONZÁLEZ SON INDIGENTES CON EMBARGOS
El ático que Ignacio González comenzó a alquilar en 2008
pertenecía a una sociedad panameña, Waldorf Overseas
Investment, pero es técnicamente imposible que esa firma
pudiera adquirirlo
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, nunca ha llegado a estar imputado por el
escándalo de su ático, pero la sombra de la sospecha era
tan alargada que el Partido Popular no ha esperado a una
resolución judicial para dejarlo fuera de las
autonómicas de mayo. Sobre el papel, la vivienda de lujo
de 496 metros cuadrados que el jefe del Ejecutivo
madrileño comenzó a alquilar en Marbella en 2008
pertenecía a una sociedad panameña, Waldorf Overseas
Investment, que curiosamente sólo había adquirido el
inmueble unos días antes de que González y su familia
comenzaran a disfrutarlo. Pero es técnicamente imposible
que Waldorf Overseas Investment afrontara la compra de
una propiedad de esas características, valorada en 1,1
millones de euros.
Waldorf Overseas Investment pertenecía supuestamente a
tres socios. Según el Registro Mercantil de Panamá, se
trataría de Walter Céspedes Alpizar, Irene Roig Vargas y
Orlando Heilbron Barrantes. Los tres habrían sido los
encargados de adquirir primero el ático de Marbella,
alquilárselo luego automáticamente a González y,
finalmente, vendérselo en diciembre de 2012 después de
que se destapara el escándalo.
Sin embargo, los datos de cada uno de ellos ponen
seriamente en duda que las cosas sucedieran tal y como
ha defendido desde el primer día González. El
Confidencial ha localizado a los tres propietarios de
Waldorf Overseas Investment. Según ha podido averiguar
este diario, los tres son naturales de Costa Rica. Y la
información que existe sobre ellos pone en cuestión que
en algún momento hayan estado en condiciones de efectuar
una operación de ese calibre al otro lado del Atlántico.
El primero de ellos es Jorge Walter Céspedes Alpizar, un
contable de 59 años que reside en la localidad de
Puntarenas, uno de los destinos más turísticos de Costa
Rica, situado en la costa del Pacífico. Sin embargo,
Walter no tiene el perfil de un veraneante. Sus ingresos
anuales declarados apenas ascienden a 626.000 colones
costarricenses, unos 1.070 euros al cambio. Sus dos
únicos bienes en propiedad son además un Ford modelo
Aerostar del año 1986 valorado en 1.720 euros (1.000.000
de colones) y un Volkswagen de 1979 que está tasado en
706 euros (410.000 colones). Ha estado a punto de
quedarse sin esos modestos vehículos en varias
ocasiones. Sobre el primero han llegado a pesar dos
órdenes de embargo y, sobre el segundo se han cernido
otras tres. El propio Walter tiene una deuda personal
con la Hacienda local de 1.541 euros (895.161 cólones),
el equivalente a su salario de año y medio. Pese a ello,
según el Registro Mercantil de Costa Rica, tiene cargos
directivos en cuatro sociedades de ese país. Waldorf no
figura entre esas empresas, al tratarse de una firma con
sede en Panamá.
Por su parte, Irene Eugenia Roig Vargas, la segunda
socia de Waldorf, tiene 34 años. Es natural de San José,
la capital del país, y sigue residiendo allí,
concretamente, en el distrito industrial de San
Francisco de Dos Ríos. Su patrimonio tampoco parece el
necesario para adquirir una vivienda de lujo de 496
metros cuadrados como la que le alquiló entre 2008 y
2012 el aún presidente de la Comunidad de Madrid. Según
ha podido averiguar El Confidencial, sus ingresos
durante todo 2014 sumaron únicamente 1.500 euros
(824.000 cólones). No tiene ninguna vivienda en
propiedad. Su única posesión en un Suzuki modelo
Sidekick de 1997 valorado en 4.900 euros (2.860.000
colones). Sin embargo, su nombre aparece vinculado con
46 sociedades anónimas de Costa Rica.
El tercer socio de Waldorf también es Orlando Gerardo
Heilbrón Barrantes, un ingeniero jubilado de 70 años que
reside igualmente en San José. No tiene propiedades de
ningún tipo, ni coches ni viviendas, ni tampoco declaró
haber tenido entrada de fondos en el último ejercicio.
Pero al igual que sus otros dos socios, su identidad
aparece en un amplio número de mercantiles. En concreto,
en 22 compañías radicadas en Costa Rica y en al menos
otras tres de Panamá.
Unos compradores sin perfil de inversores
Parece difícil que estos tres costarricenses, con
niveles de ingresos próximos a la indigencia, fueran
capaces de ponerse de acuerdo para constituir una
sociedad en Panamá con la ayuda del prestigioso bufete
de abogados Mosack Fonseca & Co. y, tras utilizar una
segunda sociedad ubicada a su vez en Delaware, acabaran
comprando una vivienda como la de Marbella, valorada
según los investigadores policiales en 1,1 millones de
euros. Su perfil no encaja precisamente en el de
inversores adinerados. Se aproxima más al de simples
testaferros.
Costa Rica es precisamente uno de los países preferidos
por los despachos panameños para encontrar los hombres
de paja para ocultar el origen y la identidad de sus
clientes. Hasta hace menos de un lustro, las autoridades
costarricenses permitían incluso la venta del nombre y
los apellidos a un tercero con fines comerciales. La ley
prohíbe actualmente esa práctica, pero se sigue
utilizando y es una importante fuente de ingresos en ese
diminuto país. De hecho, ni Walter, ni Irene, ni Orlando
serían los primeros testaferros de Costa Rica. Como ya
reveló El Confidencial en el marco de la investigación
sobre la lista Falciani, el presidente y apoderado de
Sheraton Trading SA, una de las sociedades que empleó el
exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados
para el presunto cobro de comisiones ilegales, es
precisamente otro costarricense, Bernal Zamora Arce, un
humilde cartero que figura al frente de otras 630
mercantiles.
Estos nuevos datos sobre los tres socios de Waldorf
Overseas Investment confirmarían las sospechas de los
investigadores y de la propia jueza de Estepona que
desde hace dos años instruye este caso. Los agentes que
iniciaron las pesquisas siempre han sospechado que la
vivienda de Marbella fue desde el primer momento
propiedad de Ignacio González y que el dirigente del PP
habrían recurrido a las sociedades de Delaware y Panamá
para tratar de ocultar su verdadera relación con el
inmueble. En apariencia, sólo era un simple inquilino de
la vivienda. La Policía cree, sin embargo, que es el
auténtico responsable de todo el entramado societario.
Sin duda, parece difícil que los tres costarricenses
pudieran serlo.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-03-09/los-tres-costarricenses-que-en-teoria-alquilaron-el-atico-a-gonzalez-son-indigentes-con-embargos_724159/
LA JUEZA DE ESTEPONA CITA A DECLARAR PARA MAYO A UNA
TESTIGO CLAVE DE LA COMPRA DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ
Los abogados de las acusaciones del SUP y del PSM han
remitido a la jueza de Estepona las 25 preguntas que
debe responder la expareja del vendedor del dúplex de
lujo
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de
Estepona, Isabel Conejo, ha citado a declarar para mayo
a una testigo clave del caso del ático del presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Se trata de la
ciudadana alemana Karen A.G., que era la pareja de Pedro
Javier Villate, el primer vendedor del ático que acabó
en manos de Coast Investors, la empresa de Delaware
(EEUU) controlada por el testaferro profesional Rudy
Valner.
Según han explicado fuentes del caso a infoLibre, Karen
vivió con Villate y un hijo de esta en la lujosa
vivienda de la urbanización Alhambra del Golf hasta que
el presunto testaferro acordó vender el inmueble. Tras
tenerlo durante un par de años en venta, fue comprado
tras una negociación por teléfono y sin ver el inmueble
por parte de Valner. Y lo adquirió, según la declaración
en el Juzgado de Marisa Berrie, la persona que ejerció
de intermediaria en la venta, después de que Lourdes
Cavero, la mujer de Ignacio González, visitara en dos
ocasiones el dúplex de lujo.
La testigo Karen A.G. había sido citada en un principio
el pasado 16 de diciembre a declarar en Estepona, pero
esta ciudadana alemana rechazó trasladarse hasta esta
localidad malagueña, habida cuenta de que ahora reside
en Villaviciosa, un municipio de Asturias.
Los representantes legales de los denunciantes, del
Sindicato Unificado de Policía (SUP) y de los diputados
del PSM, Javier Carnerero y Wilfredo Jurado,
respectivamente, han remitido al Juzgado de Estepona un
total de 25 preguntas, que tendrá que contestar por
exhorto la testigo alemana en el Juzgado de Instrucción
de Villaviciosa.
¿Compró el ático González?
"Diga si es cierto que, por parte del matrimonio de
González y tras varias visitas, les indicaron que el
ático iban a adquirirlo y que iba a ser comprado a
través de un señor llamado Rudy Valner desde Estados
Unidos, que se pondría en contacto con ellos para
proceder al pago de la compraventa y formalizar las
escrituras, sin que hasta ese momento ni usted ni el
señor Villate conocieran la existencia de Rudy Valner".
Este es una de las 15 preguntas remitidas por el SUP a
la jueza de Estepona.
Pero el abogado Carnerero incluye otra pregunta, que es
más directa sobre la presunta participación del
presidente de la Comunidad de Madrid: "Diga si es cierto
y le consta que el ático fue comprado por y para el
matrimonio González, resultándole extraño que lo
hicieran a través de una tercera persona desde Estados
Unidos".
Sin garantías
El letrado que presentó la denuncia inicial también se
interesa en saber la cantidad "exacta o aproximada, que
se abonó en efectivo, además de las transferencias que
recibieron", al mismo tiempo que interpela a Karen A.G.
sobre si hubo "un retraso en uno de los pagos y que no
precisaban más garantías que la palabra del comprador
González, ya que a Rudy Valner no lo conocían de nada".
Otra de las cuestiones que pretenden determinar es si
era públicamente conocido que el ático "había sido
adquirido por el matrimonio González-Cavero, siendo
conocedores que la comunidad de vecinos la pagaban
mediante transferencias desde Estados Unidos que
efectuaría Rudy Valner".
Por su parte, el abogado Wilfredo Jurado, entre sus diez
preguntas, se interesa en conocer la versión de Karen
sobre si mantuvo conversaciones previas con Lourdes
Cavero, "y si las mismas versaron sobre determinados
cambios a realizar en la vivienda y asuntos de
decoración interior de la misma".
Jurado también pregunta a esta ciudadana alemana si
justo después de la venta el ático pasó a ser utilizado
"por Lourdes Cavero y su esposo", tal y como reconoció
el propio González, aunque aseguró que lo hizo en
régimen de alquiler.
Paralización de la investigación
"Es increíble que hayan tenido que pasar nueve meses
para conocer la versión de esta testigo", se lamenta
Wilfredo Jurado, abogado del PSM en el caso. En
similares términos se expresa Javier Carnerero, letrado
del SUP, que denuncia la paralización de la
investigación, ya que pese a que denunció los hechos
ante la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2012,
todavía no ha sido cursada ninguna de las comisiones
rogatorias que se reclamaba en la denuncia inicial.
Además, Carnerero recuerda que el presunto testaferro,
Rudy Valner, tampoco ha declarado.
Por su parte Javier Estévez, el portavoz del SUP, la
organización sindical que denunció el caso, también
lamentó las dilaciones: "No son explicables por causas
jurídicas, sino por otros problemas como por ejemplo la
colaboración policial". Estévez destacó, además, que un
caso en el que se apunta el nombre del presidente de la
Comunidad de Madrid, la investigación debería tener más
medios. "No pedimos que se priorice esta investigación,
sino que debería tener mayor celeridad".
Finalmente, Estévez consideró "vergonzoso" que con todas
las informaciones que han aparecido sobre informes
policiales, "y sobre un presunto chantaje, que nadie en
el Ministerio del Interior haya hecho nada. Deberían
reconocer o desmentir las informaciones que se vienen
publicando. O por lo menos tendrían que abrir una
investigación interna sobre lo que ha pasado. Lo que
tenemos claro es que el SUP seguirá luchando contra la
corrupción, aunque de una forma respetuosa y apolítica".
Coast Investors
La sociedad Coast Investors, que adquirió el ático de la
polémica por 750.000 euros, se constituyó el 19 de marzo
de 2008 en Delaware, un Estado que ofrece a los
inversores importantes ventajas fiscales. Y Valner lo
adquirió el 12 de mayo de 2008. Este testaferro fue
empleado de una de las empresas del presidente del
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Apenas unos meses después de que se constuyera la
empresa offshore Coast Investors, Valner adquirió el
inmueble tras una conversación teléfónica desde Estados
Unidos. El vendedor, Javier Villate, y Valner no se
vieron las caras hasta que no firmaron la escritura.
En diciembre de 2012, después de publicar el diario El
Mundo la primera información sobre el ático de González,
el presidente de la Comunidad de Madrid hizo público un
comunicado en el que aseguraba que él y su mujer habían
comprado la vivienda por 770.000 euros. Justo un día
antes de la operación, Valner abonó a Hacienda 74.000
euros para regularizar los impuestos de cinco ejercicios
que no había sufragado.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/06/la_jueza_estepona_cita_declarar_una_testigo_compra_del_atico_gonzalez_29414_1012.html
EL LÍDER DEL PP NO LLAMÓ AL PRESIDENTE DE MADRID
Cospedal le comunicó que no iba a ser el candidato
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, que aspiraba a ser candidato a las próximas
elecciones, reaccionó ayer con una amarga queja después
de que el PP hiciera pública la noticia que él conoció
de forma reservada a media tarde. González cargó contra
Mariano Rajoy, aun sin citarlo, porque en su opinión ha
cedido a las presiones.
"Lamento que la campaña orquestada en estas últimas
semanas haya condicionado la decisión sobre la
candidatura", señaló el presidente regional cuando se
difundió la noticia, según una portavoz oficial.
González se quejó de que "este tipo de estrategias
puedan conseguir este objetivo", esto es, culpó a Rajoy
de ceder a presiones mediáticas o incluso a ese chantaje
policial que él ha denunciado en los últimos días.
Rajoy ni siquiera llamó a González para comunicarle su
decisión. Fue María Dolores de Cospedal, la secretaria
general del PP, cercana al presidente madrileño, quien
se puso en contacto con él a media tarde de ayer para
anunciarle que no iba a ser el candidato, algo que en su
entorno ya se temía en los últimos días.
Los fieles a González están especialmente dolidos porque
creen que Rajoy podría haberle llamado hace tiempo y
comunicarle la decisión sin necesidad de esperar a que
se publicaran acusaciones sobre el ático que posee en
Estepona o sobre el espionaje en el PP, que han hecho
que la salida del presidente sea especialmente dura.
La relación de González y Rajoy ha sido tradicionalmente
mala, sobre todo desde que en 2008 el entonces mano
derecha de Aguirre criticó la línea política del líder
del PP tras la segunda derrota electoral. Rajoy le sacó
entonces del Comité Ejecutivo. Y un año después le vetó
como candidato a presidir Caja Madrid, y puso en su
lugar a Rodrigo Rato. Pero poco a poco esa relación
mejoró y Rajoy dejó que Aguirre le colocara como
presidente de Madrid en 2012, pese a que algunos de los
suyos le pidieron que se moviera para impedirlo.
González anunció ayer que piensa seguir al frente de la
Comunidad después de este agravio y reiteró su
"compromiso de seguir trabajando en favor de los
madrileños hasta la celebración de las próximas
elecciones, con la misma dedicación y entrega con la que
lo he hecho en estos años". Asimismo, agradeció a sus
compañeros de partido, a los militantes, simpatizantes,
alcaldes y concejales "el cariño y el apoyo recibido
este tiempo".
Rajoy, que llegó a decir a un grupo de periodistas que
no había tomado una decisión sobre Madrid media hora
antes de que fuera oficial, decidió todo a última hora.
Tanto que el Comité Electoral Nacional no escuchó la
propuesta del PP de Madrid, que ni siquiera llegó a
reunir al órgano competente encargado de elaborar las
listas, al contrario de lo que sucedió en todas las
demás regiones.
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/07/actualidad/1425737672_245798.html
LA POLICÍA OCULTÓ EL ROBO DEL INFORME DEL ÁTICO DE
IGNACIO GONZÁLEZ
El ‘dossier’ estaba en el despacho del comisario de
Marbella
Interior elude explicar el ‘chantaje’ al presidente
regional
La policía investigó el ático de González sin hallar
“ningún delito”
El primer informe que se elaboró sobre la propiedad del
ático en Estepona (Málaga) del hoy presidente de la
Comunidad Madrid, Ignacio González (PP), fue robado del
despacho de su autor, Agapito Hermes de Dios, entonces
comisario de Marbella. Sin embargo, este tardó 23 días
en denunciar que el dossier había sido robado de su buró
y había llegado a El Mundo. La investigación de esta
sustracción reveló que la indagación del ático se hizo
fuera de los cauces habituales, sin conocimiento de la
cadena de mando y por encargo expreso de la Dirección
Adjunta Operativa de la policía.
La investigación interna de ese robo, a la que ha tenido
acceso EL PAÍS, pone de manifiesto que el informe
(“notas sueltas”, lo calificó Hermes de Dios cuando fue
interrogado por Asuntos Internos) fue guardado el 13 de
febrero de 2012 en el despacho del comisario sin ninguna
medida de seguridad, sin que estuviera judicializado y
sin sellos oficiales. Allí se suponía que seguía
guardado cuando el diario El Mundo, el 23 de marzo de
2012, reprodujo parte de su contenido: fotos del coche
de alquiler de González y algunas declaraciones del jefe
de mantenimiento y el presidente de la comunidad de la
finca. Estos afirmaban que los recibos de la comunidad
del famoso ático eran abonados por “un tal Rudy Valner,
a través de transferencias”.
Cuando se publicó el informe, los superiores del
comisario de Marbella reclamaron una explicación. Hermes
de Dios declaró que fue entonces cuando abrió el cajón
archivador y descubrió que el informe había
desaparecido. Todas la llaves del recinto, menos la del
comisario y su secretaria, eran de fácil acceso. Asuntos
Internos investigó el robo: pero nadie vio nada y nadie
(salvo Hermes y un colaborador) conocía en la comisaría
la existencia del documento. Cuando se le preguntó a
Hermes de Dios por qué había tardado tanto en denunciar
los hechos, dada lo delicado del caso, el comisario
respondió que no lo hizo por “tratarse de un hecho del
que no puede tenerse conocimiento de la autoría” y que
ya se lo comunicó a sus superiores, que “no le
encomendaron interponer denuncia alguna por los hechos”.
El informe, dada la “confidencialidad” de las
actuaciones, tenía que haber sido elaborado por la
Brigada de la Policía Judicial, cuyo mando protestó por
no haber sido informado. Uno de los agentes que llevó a
cabo la investigación, Pedro G., admitió que entró en la
urbanización de González “con una llave que le facilitó
su jefe de Grupo y que abre todas las puertas del
recinto de la Urbanización Alhambra de Golf”.
Ayer, el ministro del Interior, Jorge Fernández, emplazó
al Gobierno socialista a explicar la reunión entre
González y dos comisarios de policía, a los que el
presidente ha acusado de supuesto chantaje. “Cuando se
produjo la reunión fue el 29 de noviembre de 2011 (...)
El PP no estaba al frente del Gobierno; tendrán que
contestar quienes gobernaban”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/06/actualidad/1425673247_794246.html
EL TESTAFERRO COMPRÓ EL ÁTICO DE GONZÁLEZ SIN HABERLO
VISTO
El inmueble fue adquirido con una llamada de teléfono
desde California
El testaferro pagó una señal de 100.000 euros y después
otros 650.000 sin pisar Marbella
El testaferro de Enrique Cerezo compró por teléfono
desde Los Ángeles el ático del presidente de la
Comunidad de Madrid semanas después de que lo visitara
hasta en dos ocasiones la mujer de Ignacio González para
adquirirlo. Rudy Valner cerró la operación sin firmar
contrato alguno ni molestarse en visitar el inmueble.
Desembolsó 100.000 euros de señal desde una cuenta en el
US Bank con la que gestiona los fondos de sus clientes
y, menos de un mes después de la operación, articulada
con una sociedad offshore de Delaware en la que Valner
es sólo el gerente, González y su esposa firmaron con
ella un supuesto alquiler.
Rudy Valner llamó por teléfono al propietario originario
del dúplex de la urbanización La Alhambra del Golf desde
su oficina de Los Ángeles en marzo de 2008. Este
abogado, establecido en Beverly Hills, que oferta
abiertamente a través de su despacho la "creación de
escudos societarios para ocultar patrimonios" y trabaja
para el presidente del Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo, trasladó en su conversación al promotor del
residencial, Francisco Javier Villate, su intención de
comprar la mejor vivienda que quedaba a la venta: la
situada en el ático del bloque 11 perteneciente a la
tercera fase, así como varias plazas de garaje y dos
trasteros.
Este empresario vizcaíno había levantado la urbanización
junto a su socio José Antonio Díez Portillo y vivía en
ese inmueble desde el año 2002 hasta que lo puso a la
venta a finales de 2006. Fijó un precio de salida
superior al millón de euros, después de decidir que
quería dinero para dejar Estepona y mudarse a la
localidad asturiana de Villaviciosa. Colgó un cartel con
su teléfono móvil y encargó la comercialización del
mismo a una de las inmobiliarias más prestigiosas de la
zona, Villagest, con cuya propietaria, Marisa Barrie,
tenía amistad.
Declaración de los vendedores al juez.
A partir de ese momento, Barrie, afiliada al PP y
próxima a las familias de dirigentes populares que
veranean en Marbella -presume orgullosa de ser la
comercial que vendió su casa al matrimonio Aznar-,
recibió la llamada de Lourdes Cavero. "Contactó conmigo
a través de amigos comunes y me dijo que quería comprar
algo por la zona en torno al millón de euros", explica
esta inmobiliaria a EL MUNDO. "Le enseñé cinco o seis
inmuebles parecidos en Marbella, Puerto Banús y
Guadalmina", añade. "Le gustó el ático de La Alhambra
del Golf, porque en general a todo el mundo le gusta la
zona de Guadalmina y se lo enseñé dos veces, una de
ellas en compañía de una amiga. Ella quería comprar, en
ningún momento me habló de que tenía intención de
alquilar nada".
Semanas después de la visita de Cavero, Valner se puso
en contacto con Villate y ambos acordaron que
escriturarían el inmueble en 750.000 euros. El
testaferro realizó un adelanto de 100.000 euros para
garantizar la operación el 31 de marzo de 2008 a través
de la cuenta 164301096479 del US Bank, que se encuentra
a nombre de Law Offices of Rudy Valner State Bar Client
Trust. Es decir, se trata de un depósito utilizado por
el testaferro para gestionar los fondos de sus
representados y no es su cuenta personal.
Para articular esta operación constituyó además el 19 de
marzo una sociedad que radicó en el Estado de Delaware,
que bautizó como Coast Investors LLC y en la que Valner
pasó a ocupar el cargo de "gerente". En ningún caso se
convirtió en el propietario de la misma, reservándose
tan solo un 1% de las participaciones y dejando el resto
en manos de una empresa pantalla, Waldorf Overseas,
radicada en Panamá y constituida por un célebre despacho
panameño, Mossack & Fonseca, que se ha visto involucrado
en sonados casos de blanqueo de capitales y está
especializado, como Valner, en la creación de
estructuras societarias para esconder la identidad de
propietarios de grandes fortunas.
No medió la firma de ningún contrato privado, ni tan
siquiera la visita del testaferro Valner al inmueble,
que cerró todos los flecos por teléfono desde su oficina
californiana y emplazó a Villate en una notaría
madrileña, la de Julia Sanz López, para cerrar la
operación, desembolsando el 12 de mayo de 2008 los
650.000 euros restantes. Lo hizo a través de la misma
entidad financiera norteamericana, pero en esta ocasión
desde una cuenta nueva, la 153458023980 a nombre de
Coast Investors LLC.
La copia de la escritura confirma que el testaferro
simplemente estaba de paso por España: "Don Rudy Valner,
mayor de edad, de nacionalidad mejicana, casado, con
domicilio en Beverly Hills, California, accidentalmente
en Madrid". Una vez cerrada la compra no se remitió
copia de la escritura al Registro de la Propiedad número
2 de Estepona y oficialmente el inmueble continuó
inscrito a nombre del promotor Villate.
La dueña de Villagest se enteró poco después de que el
ático de su amigo Villate que había enseñado a la mujer
de González acababa de ser ocupado por ella. Pero su
sorpresa llegó cuando le comunicaron que no entró como
propietaria, tal y como en principio le había confesado
que era su intención, sino como alquilada. Y es que el
10 de junio de 2008 Cavero suscribió un contrato de
arrendamiento con Coast Investors.
"¿Que es raro? Claro que sí, pero no sé nada más. Yo soy
una persona honrada y sólo sé que me limité a hacer mi
trabajo lo mejor que pude", apostilla Barrie.
http://www.elmundo.es/espana/2015/03/05/54f79fa6e2704ef6668b456b.html
DESMONTANDO A
IGNACIO GONZÁLEZ
Las últimas declaraciones de Ignacio González y Enrique
Cerezo. ANTONIO HEREDIA | Vídeo:
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, ha realizado declaraciones en la cadena Onda
Cero para defender su inocencia y arremeter contra EL
MUNDO. Este diario ha desvelado la reunión que mantuvo
el presidente madrileño con el comisario de policía José
Manuel Villarejo para intentar frenar la investigación
sobre su ático marbellí.
A continuación, exponemos las declaraciones de González
y las contradicciones en las que ha incurrido:
La compra del ático marbellí
Ignacio González: "Es una vergüenza, ¿Dónde está la
sociedad panameña? Es todo mentira. En esa información
se llega a decir que dos sociedades que se llaman
distintas son iguales, lo que pasa es que hay una
errata. La propietaria del piso es una sociedad que está
radicada en EEUU en Delaware, que por cierto, todo el
mundo dice que Delaware es un paraíso fiscal y es como
si usted me dice que el País Vasco es un paraíso fiscal
porque tiene un régimen fiscal distinto".
El ático de Ignacio González fue adquirido en 2008 por
una sociedad off shore creada días antes de la
operación, radicada en Delaware, y denominada Coast
Investors LLC. Esta sociedad depende, a su vez, de una
empresa establecida en Panamá bautizada como Waldorf
Overseas Investments LTD. La existencia de esta matriz
panameña cuya existencia niega el presidente de la
Comunidad de Madrid ha sido certificada ya por el
Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona así como por
el Ministerio de Justicia. Prueba de ello es que, el
pasado 9 de julio, la subdirectora general de
Cooperación Internacional remitió a las "autoridades
competentes de Panamá" una comisión rogatoria "por un
delito contra la Hacienda pública" para que aclaren
quién se esconde tras esta sociedad interpuesta. En la
documentación aportada al juzgado por el testaferro
profesional que gestiona estas entidades se refiere a
esta última empresa con hasta tres denominaciones
distintas, Waldorf, Walford y Walfort, concluyendo los
investigadores que se trata de una maniobra más de
ocultación y que la verdadera es la primera. Tanto
Panamá como Delaware ofrecen exenciones fiscales y,
sobre todo, garantía de opacidad para los clientes que
depositan allí sus fondos.
La reunión con Villarejo
Ignacio González: "A mí se me llama por parte del otro
comisario que va a tomar ese café para decirme que si me
quiero ver con ellos. Me sorprende el tema y acepto ir a
tomar el café a un sitio público, a la cafetería más
concurrida de la esquina de Sol, la Menorquina. Para mi
sorpresa allí lo que se me dice por parte de este señor
es que él me ha hecho una investigación sobre un ático
alquilado y que para que esto no vaya a más, si yo le
facilito los recibos de alquiler, a ver si se puede
evitar que salga a la luz. A mí aquello me sonó
tremendamente mal. Yo, por supuesto, ni le di nada ni
accedí a nada. Dos meses después, este periódico publicó
con todo lujo de detalles y, lleva tres años
persiguiéndome, toda esta información. Yo esto lo tengo
denunciado en el Juzgado 47 de Instrucción de Madrid
donde se puede comprobar y allí se ha seguido la
investigación en la que ha declarado el comisario que me
hizo esta investigación de Marbella".
Ignacio González acusa a EL MUNDO de publicar ahora una
reunión celebrada en noviembre de 2011 con la única
finalidad de perjudicar su elección como candidato del
PP a la Comunidad de Madrid. Quien ha conseguido ahora
que se conozca aquella reunión mantenida por él con dos
comisarios de policía para hablar de la investigación de
su ático en Marbella ha sido él mismo. González instó en
2013 un procedimiento judicial por investigación ilegal
contra los policías que comenzaron investigando su
inmueble. En ese sumario, que instruye el Juzgado 47 de
Madrid, el propio González ha solicitado a través de los
servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid todo el
expediente policial. Este dossier ha sido aportado por
la Dirección General de la Policía al juzgado y ha
aflorado la nota informativa que da cuenta de aquel
encuentro. Ese documento explica que la reunión, a
diferencia de lo que asegura el político del PP, fue
solicitada por González para pedir "ayuda" para tapar la
investigación. Concretamente para que "no trascendiera
que es el inquilino de una sociedad off shore" en
Estepona. Por lo tanto, esta nota policial ha sido
aportada a petición del mismo González que asegura que
todo responde a una confabulación contra él. Nadie más
que él había solicitado que se desclasificara este
documento.
Campaña de desprestigio
Ignacio González: 'Lo que haya hablado el señor Cerezo
con alguien lo desconozco. Lo que sí le puedo garantizar
es que a mí el señor Cerezo jamás me ha dicho que si
tenemos una reunión con un policía de nada de nada. Es
tan falsa la información. Yo he comparecido públicamente
y he acreditado cómo he comprado mi casa, he presentado
la escritura, de dónde ha salido el dinero y he
presentado el crédito de la Caixa. Aquí lo que interesa
es seguir con la insidia para ver si se consigue el
objetivo. Hoy la información de ese periódico, por lo
menos, ya se quita la careta y dice claramente lo que
quiere desde hace mucho tiempo, que es que yo no sea el
candidato en la Comunidad de Madrid. Como quiso en su
día que yo no fuera como secretario general del partido
en Madrid y tuvo la osadía de presionar a Esperanza
Aguirre para que no me pusiera a mí".
Ignacio González asegura que ha dado todo tipo de
explicaciones sobre la operación de su ático, pero sigue
sin aclarar las cuestiones fundamentales. Cuando EL
MUNDO se puso en contacto con él por primera vez por
este asunto, en marzo de 2012, el presidente de la
Comunidad de Madrid aseguró que tenía alquilado "un
apartamento en Estepona a un americano que veranea en la
Costa del Sol". El tiempo ha demostrado que el alto
cargo del PP mintió. Su casero, el testaferro
profesional Rudy Valner, ni conocía Marbella en el
momento de la adquisición ni ha veraneado nunca allí.
Pero es que González no sólo faltó a la verdad sino que
ocultó deliberadamente que fue el presidente del
Atlético de Madrid, su íntimo amigo Enrique Cerezo,
quien le presentó a este abogado, que ofrece en Internet
"la creación de escudos societarios para ocultar
patrimonios". Valner trabaja habitualmente como
fiduciario en Estados Unidos para los negocios
audiovisuales de Cerezo y es tesorero de una de sus
sociedades cinematográficas. El propio Cerezo reconoció
a este periódico que fue él quien puso en contacto a
González con Valner, restándole importancia a este
extremo. Pero es que tampoco ha aclarado González quién
se oculta tras la sociedad off shore a la que le pagaba
el alquiler del ático, Coast Investors LLC, creada días
antes de la compra del inmueble y en la que Valner es
simplemente la persona que oculta la identidad de su
beneficiario final. No en vano, en su poder sólo tiene
el 1% de las acciones de la misma. Por último, tampoco
ha explicado el presidente madrileño qué le llevó a
formalizar la compra del ático cuando la investigación
se judicializó por blanqueo de capitales y delito fiscal
si, como siempre ha reiterado, él era un "simple
inquilino".
Las justificaciones de Enrique Cerezo
Enrique Cerezo: 'Este es un tema muy curioso. Hace unas
semanas recibo una llamada de un amigo mío director de
cine que me dice que un amigo de él quería cenar conmigo
y vamos a cenar con él a petición suya. Cuando se acerca
el día, dice que él no puede cenar pero que nos reunimos
una hora antes en un hotel con estos dos amigos.
Curiosamente, y ahí están los dos testigos, es que el
señor Villarejo me dice que tiene un amigo suyo que es
comisario, que no sé ni cómo se llama ni quién es, que
está imputado en un tema de no sé qué historias y que a
ver si yo puedo hablar con el señor González para que le
retiren esa imputación y al mismo tiempo que dejen de
investigar al señor Villarejo".
El encuentro entre Cerezo y Villarejo, al que asistieron
dos testigos, se produjo el pasado lunes 23 de febrero
en la cafetería del madrileño hotel Holiday Inn a las
nueve de la noche. Tal y como revela hoy EL MUNDO, el
presidente del Atlético de Madrid ofreció, en nombre del
presidente de la Comunidad de Madrid, alcanzar un pacto
consistente en que González retiraría su acusación
contra el comisario de Marbella que inició las
investigaciones sobre el ático a cambio de que la
Policía se olvidara del inmueble. En sus declaraciones,
Cerezo no desmiente la acusación más importante que pesa
en estos momentos sobre él y que ha sido denunciada por
Villarejo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. Según este mando policial, el empresario realizó
una transferencia a la cuenta del testaferro Rudy Valner
que fue utilizada para comprar el ático de Marbella de
González. Es decir, que el inmueble habría sido un
regalo de Cerezo, importante contratista de la Comunidad
de Madrid, al político que le otorga fondos públicos.
http://www.elmundo.es/madrid/2015/03/04/54f6cb7522601de4518b4570.html
EL ENTORNO DE GONZÁLEZ ATRIBUYE AL PP LAS FILTRACIONES
EN SU CONTRA
Mariano Rajoy se desentiende de la situación del
presidente de la Comunidad de Madrid
El entorno de Ignacio González, presidente de la
Comunidad de Madrid, está convencido de que un sector de
su partido (el PP) está maniobrando para impedir que sea
designado candidato a repetir en el cargo en las
elecciones del próximo mayo. Fuentes del PP de Madrid y
diputados populares del Parlamento regional enmarcan en
esa supuesta campaña el hecho de que se haya aireado una
reunión celebrada en noviembre de 2011 —en pleno
traspaso de poderes del PSOE al PP, que acababa de ganar
las generales del 20-N— entre González y dos comisarios
de policía interesados en obtener algún documento que
“exculpara” al presidente en la investigación abierta
para aclarar la verdadera propiedad del lujoso ático del
que disfruta en Estepona (Málaga).
El comisario José Manuel Villarejo ha presentado este
martes una denuncia ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid contra Ignacio González por los
presuntos delitos de acusación falsa, amenazas,
coacciones, injurias y calumnias. La denuncia llega
después de que el pasado lunes, González acusara a
Villarejo y al comisario Enrique García Castaño de un
intento de chantaje y extorsión durante aquella reunión
de noviembre de 2011 donde se abordó la investigación
del ático de 500 metros en Marbella, según El Mundo.
El presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano
Rajoy, se ha desentendido este martes de la situación de
González. Esa actitud se produce en vísperas de que
Rajoy decida si este será el cabeza de lista del PP en
la Comunidad de Madrid en las elecciones del 26 de mayo.
En rueda de prensa con el presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, Rajoy se ha limitado a remitirse a la
explicación que facilite en los próximos días el
Ministerio del Interior, cuando se le ha preguntado por
el hecho de que González haya denunciado que fue
chantajeado por policías.
El presidente del Gobierno tampoco se ha pronunciado
sobre la candidatura de González. Esa actitud de Rajoy
se corresponde con la que mantuvo este martes el PP a
través de su portavoz parlamentario, Rafael Hernando,
quien ha asegurado que debe ser González quien se
defienda.
El presidente autonómico ha insistido en su voluntad de
ser candidato: “Mi determinación sigue siendo la misma y
cada vez mayor frente a este ruido mediático: mi
disposición a encabezar esa candidatura si el partido
así lo decide”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/03/actualidad/1425413813_044090.html
CEREZO TAMBIÉN RECLAMÓ A LA POLICÍA TAPAR EL 'CASO DEL
ÁTICO'
Prometió la retirada de la acusación contra los policías
si olvidaban el dúplex
El ex jefe del SUP: "Nos llegó el mensaje de Cerezo y le
dijimos que ni hablar"
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo,
sucedió a Ignacio González como interlocutor ante los
mandos policiales tras la reunión celebrada hace tres
años en una cafetería en la que el alto cargo del PP
intentó abortar la investigación sobre su ático
marbellí. El empresario ha mantenido contacto con el
comisario José Manuel Villarejo en las últimas semanas y
le ha trasladado a través de un amigo común una
propuesta para cerrar este asunto.
Según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas a las
conversaciones, Cerezo ofreció en nombre de González
retirar la acusación de la Comunidad de Madrid por
investigación ilegal contra el comisario de Marbella que
comenzó las pesquisas. A cambio, exigió que la Policía,
que impulsa la investigación judicial del dúplex en
Estepona, se olvide de este asunto. En una de las
últimas conversaciones Cerezo ofreció montar una nueva
reunión entre los policías y González para cerrar este
pacto.
El máximo mandatario del club rojiblanco se ha puesto en
contacto recientemente con al menos uno de los dos
mandos policiales que mantuvieron la controvertida
reunión con Ignacio González en noviembre de 2011, con
el mismo propósito que movió entonces al presidente
madrileño. Esto es, intentar alcanzar un acuerdo que
ponga punto y final a las investigaciones sobre el ático
que posee el político del PP en la zona de Guadalmina.
La propuesta de Cerezo, que según aseguran a EL MUNDO
fuentes próximas a las conversaciones hablaba en todo
momento en nombre de González, pasaba por retirar la
acusación contra los policías de Marbella por
investigación ilegal que sostiene en estos momentos la
Comunidad de Madrid.
El presidente popular madrileño impulsa desde 2013 en el
Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, a través de
los Servicios Jurídicos del Ejecutivo regional, una
causa contra los policías que le investigaron. Al frente
de este juzgado se encuentra el magistrado Adolfo
Carretero, hermano de Agustín Carretero, director
general de Justicia de González en la Comunidad de
Madrid.
A cambio de su propuesta, Cerezo exigía que la Policía
se retirara del procedimiento judicial que se sigue en
Estepona por delito fiscal y blanqueo de capitales y que
fue iniciado en 2012 por el Sindicato Unificado de
Policía (SUP), que sigue personado en la causa al
considerar que la lucha contra la corrupción se
encuentra entre sus líneas de actuación.
Enrique Cerezo e Ignacio González, con la camiseta de
Atlético de Madrid. Alejandro González
Según aseguran a este periódico las mismas fuentes,
Cerezo ha ido todavía más allá y ha trasladado al
comisario Villarejo durante las últimas semanas su
intención de convocar una nueva reunión secreta con el
presidente madrileño para cerrar el acuerdo. Una cita
similar a la que se celebró en 2011 en una cafetería de
la Puerta del Sol y que fue reflejada por los mandos
policiales en un informe revelado por EL MUNDO el pasado
lunes. Según este documento, aportado por la Dirección
General de la Policía al citado Juzgado de Instrucción
número 47, González pidió en aquella reunión "ayuda"
para que "no trascendiera" que era el "inquilino de una
sociedad off shore". Tras recibir los mensajes de
Cerezo, el último de ellos trasladado a través de un
amigo común del presidente del Atlético de Madrid y los
mandos policiales, la respuesta ha sido negativa.
No en vano, uno de ellos contestó al emisario del
también productor cinematográfico que no puede volver a
entablarse diálogo alguno con González después de que
éste haya acusado "falsamente" de investigación ilegal a
los policías de Marbella que comenzaron las pesquisas
sobre el inmueble.
El papel de Cerezo
Los movimientos de Cerezo en este sentido se han
multiplicado en los últimos tiempos pero se remontan a
hace varios años. Quien fuera secretario general del
Sindicato Unificado de Policía, José Manuel Fornet, que
fue quien llevó este asunto a los tribunales, ha
confirmado a EL MUNDO la oferta del presidente
rojiblanco: "Nos llegó el mensaje de Cerezo y le
contestamos que ni hablar".
El nombre de Cerezo ha estado siempre vinculado a la
operación de compra del ático de González. No en vano,
es su propio testaferro en Estados Unidos, el mexicano
Rudy Valner, quien adquirió el inmueble por 750.000
euros a través de una sociedad creada ad hoc, Coast
Investors LLC, y radicada en el paraíso fiscal de
Delaware.
Pero los vínculos con este empresario no se
circunscriben únicamente a la figura de Valner. Los
encargados de dar de alta en Hacienda a la entidad Coast
Investors en España fueron los miembros del bufete que
habitualmente utiliza Cerezo, el despacho Suárez de la
Dehesa, que el dirigente futbolístico emplea para
gestionar sus derechos audiovisuales.
En varias ocasiones Cerezo ha admitido a EL MUNDO que
Valner trabaja para él, que es tesorero de una de sus
sociedades, y confiesa que González lo conoce gracias a
él: "¿Si yo le presenté a Rudy Valner a Ignacio
González, qué pasa? No veo que haya nada malo en eso".
"Varias personas pueden compartir el mismo abogado y eso
no significa que tengan negocios en común", arguye.
Pero el nombre de Cerezo irrumpió ayer con más fuerza
que nunca en este asunto después de que el comisario
José Manuel Villarejo interpusiera una denuncia contra
González ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en la que atribuye directamente al presidente
del club madrileño la compra del ático de 500 metros
cuadrados ubicado en la urbanización La Alhambra del
Golf de Marbella.
Según este mando policial, Cerezo no sólo cedió a
González su testaferro y sus abogados para la operación
del ático marbellí, sino que directamente se lo compró.
Las "comisiones rogatorias" solicitadas por el Juzgado
de Estepona y "aún pendientes de recibir acreditarían
que el día de antes de enviar el fiduciario [Rudy Valner]
el dinero, justo la misma cantidad la habría recibido de
otra cuenta, cuyo titular es un afamado empresario
vinculado al mundo del fútbol", en clara referencia al
presidente rojiblanco.
http://www.elmundo.es/madrid/2015/03/04/54f649b4ca47412d3c8b4579.html
EL COMISARIO DENUNCIA QUE SE INVESTIGÓ A GONZÁLEZ TRAS
RECIBIR INFORMACIÓN DE QUE EL ÁTICO ERA “EL PAGO DE UNA
COMISIÓN ILEGAL”
José Manuel Villarejo presentó este martes una denuncia
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra
el presidente de la Comunidad
González lo acusó públicamente de "chantajearle" en
relación con la investigación sobre la compra de un
ático de lujo en Estepona
El ministro del Interior evita defender a los dos
comisarios a los que González llamó públicamente
"chantajistas"
El comisario de Policía José Manuel Villarejo presentó
este martes una denuncia ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) contra el presidente de la
Comunidad, después de que éste lo acusara públicamente
de "chantajearle" en relación con la investigación sobre
la compra de un ático de lujo en Estepona por parte de
Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero.
"Llama la atención que de una conducta de chantaje, tal
y como define el señor González, inmediatamente informe
a mis superiores, lo que me definiría como el más torpe
de los chantajistas en activo", explica Villarejo en la
denuncia, a la que ha tenido acceso infoLibre, y que
prosigue: "Niego categóricamente aquí y donde sea
necesario que haya existido chantaje alguno ni por mi
parte ni por parte del comisario García Castaño al señor
González".
Villarejo considera que las declaraciones de González
son una huida hacia adelante: "Una maniobra tendente a
distraer la realidad de los hechos que se investigan
fruto de la información que se recibió en la Dirección
Adjunta Operativa (DAO), de que el señor González podría
haber percibido, presuntamente como pago de una comisión
ilegal, el ático sito en la Urbanización La Alhambra del
Golf, que previamente habría sido adquirido por un
testaferro llamado Rudy Valner".
El agente entiende que los hechos podrían ser
constitutivos de los delitos de acusación y denuncia
falsa, amenazas y coacciones, así como injurias y
calumnias, estas dos últimas agravadas por la publicidad
con la que se han llevado a cabo.
El testaferro
En la denuncia, Villarejo implica en la compra del ático
al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. En
concreto, el comisario afirma que las comisiones
rogatorias libradas por el Juzgado de Instrucción número
5 de Estepona para determinar el origen de los fondos
empleados por el testaferro utilizado en la operación (Rudy
Valner), "acreditarían que el día de antes de enviar al
fiduciario el dinero, justo la misma cantidad la habría
recibido de otra cuenta, cuyo titular es un afamado
empresario vinculado al mundo del fútbol", en referencia
a Cerezo.
Enrique Cerezo ha recibido múltiples adjudicaciones de
la Comunidad de Madrid. Y, como ha desvelado infoLibre,
ha sido el principal beneficiario del saqueo de
Telemadrid. que llevó a la televisión pública a una
situación económica insostenible y al despido de más de
900 trabajadores.
Alquiló la vivienda
Ignacio González ha defendido siempre que alquiló la
vivienda en 2008 a una sociedad del testaferro
profesional Rudy Valner y que finalmente se la compró en
2012. Las investigaciones de la Justicia están
encaminadas a saber si en realidad González y su mujer,
Lourdes Cavero, son los dueños del inmueble desde 2008 y
a conocer el origen del dinero para la adquisición del
ático.
José Manuel Villarejo sostiene en la denuncia que fue
González quien solicitó la cita –en contra de la versión
ofrecida por el presidente madrileño– y asegura que
acudió a ellas tras recibir la autorización de sus
superiores. Y añade que, en el encuentro, lejos de
aportar datos sobre el ático, González estuvo interesado
en "saber la identidad de las personas que habían
vinculado dicho ático con la operación de Arganda", en
referencia a uno de los grandes pelotazos urbanísticos
investigados en el caso Gürtel.
"Lo único que hicimos el señor García Castaño y yo fue
solicitar de manera discreta al señor González la
posibilidad de que acreditara el vínculo que le unía a
dicho ático, una vez que éste comunicó que deseaba
colaborar con la investigación en curso", prosigue el
escrito presentado en el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.
"Acto seguido el señor González solo se limitó a
solicitarnos ayuda para que no trascendiera que era el
inquilino de una sociedad offshore, sin aparentar estar
incómodo por plantearle esas cuestiones, ya que un
comisario de Policía le pide explicaciones al entonces
vicepresidente de la Comunidad de Madrid por una
situación tan confusa. Y lejos de enfadarse sudaba
abundantemente a pesar de ser pleno invierno, sentado él
solo en una mesa, frente a los comisarios actuantes",
especifica la denuncia.
Candidatura del PP
Ignacio González afirmó este martes, por su parte, que
el "ruido mediático" de los últimos días refuerza su
disposición a encabezar la lista del PP a la presidencia
de la Comunidad de Madrid.
"Mi determinación sigue siendo la misma y cada vez mayor
frente a este ruido mediático: mi disposición a
encabezar esa candidatura si el partido así lo decide",
afirmó González, que dijo que las circunstancias "no han
cambiado".
Para el agente denunciante, las comisiones rogatorias
reclamadas por el Juzgado de Estepona (Málaga), aún
pendientes de recibir, acreditarían que el día de antes
de enviar el fiduciario el dinero, justo la misma
cantidad la habría recibido de otra cuenta, "cuyo
titular es un afamado empresario vinculado al mundo del
fútbol", en clara referencia a Enrique Cerezo.
Asimismo, en la denuncia el comisario solicita que
declare el presidente de la Comunidad de Madrid: "Para
ser interrogado sobre los hechos aquí denunciados".
También reclama el sumario de las investigaciones
vinculadas a González que desarrollan el Juzgado de
Instrucción número 47 de Madrid y el número 5 de
Estepona.
No defiende a los comisarios
Antes de que trascendiese la presentación de la denuncia
de Villarejo, el ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, y el director general de la Policía, Ignacio
Cosidó, evitaron este martes por la mañana defender a
los dos policías a los que González llamó públicamente
"chantajistas": Enrique García Castaño y José Manuel
Villarejo.
"El señor Villarejo me informó de que que había
actuaciones policiales en relación a un ático y que si
le facilitaba el precio del alquiler podría evitar que
estas actuaciones vieran la luz", dijo González en rueda
de prensa. "Yo no caí en el chantaje, que lo que
pretendía era cubrir la actuación policial que se
demostró que era ilegal", llegó a decir el lunes en
rueda de prensa tras confirmar que en su día se habia
reunido con ambos mandos policiales en la cafetería La
Mallorquina de Madrid.
Fernández Díaz y Cosidó coincidieron en Madrid en el
acto de presentación de un libro sobre el terrorismo de
ETA en Navarra y al término de las exposiciones los
medios se acercaron a ambos para preguntarles acerca de
este asunto.
El ministro y Cosidó
El ministro rechazó pararse ante los periodistas, que en
ese momento le preguntaban acerca de las acusaciones del
presidente madrileño. Posteriormente, Cosidó atendió a
los medios, pero para decir que no iba a referirse a ese
asunto debido a que el acto se había convocado para
presentar un libro sobre terrorismo, informa Europa
Press.
Tras insistir en sus preguntas los periodistas, ante la
gravedad de las acusaciones vertidas por González y la
ausencia de respuesta por parte de Interior, Cosidó se
remitió a las declaraciones del Gobierno, que a su
juicio eran "claras".
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes,
José Luis Ayllón, defendió este lunes que "una cosa son
las informaciones periodísticas y otra cosa la realidad
de los hechos" e insistió en que esa misma mañana
González había dado "explicaciones".
Dicho esto, subrayó que es la Polícia la que debe decir
"si actúa de forma correcta de acuerdo con las normas".
"Y si hay alguna cuestión, serán los propios
responsables de la Policía los que den explicaciones",
apostilló.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/03/fernandez_cosido_evitan_respaldar_policia_tras_las_acusaciones_gonzalez_29196_1012.html
UN COMISARIO IMPLICA A CEREZO EN LA COMPRA DEL ÁTICO DE
GONZÁLEZ
Villarejo presenta una denuncia por delitos de injurias,
calumnias y denuncia falsa
El comisario Villarejo denuncia a González por acusarle
de extorsión
El comisario del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel
Villarejo ha presentado este martes una denuncia ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el
presidente del Gobierno madrileño Ignacio González por
cuatro delitos. En concreto, por manifestar
públicamente, en respuesta a una información de El
Mundo, que Villarejo y otro comisario le chantajearon en
relación con su ático de Marbella. González declaró a
los periodistas el lunes que Villarejo le "comunicó que
había actuaciones policiales en relación con el ático" y
que le dijeron que si les aportaba algún recibo del
alquiler del ático, podrían "evitar que esas actuaciones
vieran la luz". Y añadió: "No caí en el chantaje de este
señor, que pretendía tapar o cubrir una actuación
policial que posteriormente se demostró ilegal".
Villarejo señala en su denuncia que esta afirmación no
solo es falsa, sino que aporta nuevos detalles sobre ese
ático. Hasta el punto de que sugiere que el dinero del
ático del presidente de Madrid es fruto de una comisión
ilegal que obtuvo por una operación inmobiliaria de
Arganda y que el dinero para la compra del ático partió
de un afamado empresario perteneciente al mundo del
fútbol, en alusión, aunque no cita su nombre, al
presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
El comisario indica en su denuncia: "Niego
categóricamente, aquí y donde sea necesario, que haya
existido chantaje alguno ni por mi parte ni por la de mi
compañero García Castaño (el policía que le acompañó en
su encuentro con González)". Según Villarejo, su único
objetivo era pedirle a Ignacio González "de manera
discreta" la posibilidad de que acreditara "el vínculo
que le unía con dicho ático, una vez que él comunicó que
quería colaborar con la investigación en curso".
Villarejo señala que para la reunión que mantuvo con
González disponía de "autorización de sus superiores", y
que González, "lejos de colaborar y de aportar cualquier
tipo de documento y/o dato que le exculpara de tan
atípica situación, estuvo más interesado en saber la
identidad de las personas que habían vinculado dicho
ático con la Operación Arganda (una recalificación de
terrenos investigada en el marco del caso Gürtel), y
finalmente solicitaba el evitar que los datos que
constaban en los informes policiales fueran conocidos
por la opinión pública".
Villarejo subraya en la denuncia que la principal
preocupación de González era "solicitar ayuda para que
no trascendiera que era el inquilino de una sociedad
offshore". Lo único que se hizo, apunta, "es que un
comisario de policía pidió explicaciones al entonces
vicepresidente de la Comunidad de Madrid por una
situación tan confusa". Y recuerda que, "lejos de
enfadarse sudaba abundantemente a pesar de ser pleno
invierno, sentado solo en una mesa, frente a los
comisarios actuantes". "Es rotundamente falso", aclara
este comisario, "que a la reunión asistiera acompañado
de cuatro colaboradores, salvo que estos estuvieren
investidos de una capa milagrosa que les diera el poder
de la invisibilidad o estuvieran apostados cerca del
lugar donde se celebró el encuentro, pero en todo caso
ajenos a la reunión documentada en el escrito donde
consta expresamente que tal encuentro con González fue a
solas".
Villarejo concluye: "La actuación del denunciado
responde a una huida hacia adelante, una maniobra
tendente a distraer la realidad de los hechos que se
investigan fruto de una información que se recibió en la
Dirección Adjunta Operativa, de que el señor González
habría percibido presuntamente, como pago de una
comisión ilegal, el ático sito en Marbella, Urbanización
Alhambra del Golf, que previamente habría sido adquirido
por un testaferro llamado Rudy Valner y que las
comisiones rogatorias, aun pendientes de recibir,
acreditarían que el día antes de enviar el fiduciario el
dinero, justo la misma cantidad la habría recibido de
otra cuenta, cuyo titular es un afamado empresario
vinculado al mundo del fútbol". El comisario advierte de
que estas pesquisas las lleva el Juzgado 5 de Estepona.
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/03/actualidad/1425389097_182288.html
LA HISTORIA DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ Y DE SU ENCUENTRO CON
LOS COMISARIOS… EN LA VERSIÓN POLICIAL
José Manuel Sánchez Fornet, ex secretario general del
SUP, el sindicato policial que denunció esta historia,
cuenta los hechos desde sus inicios
En agosto de 2011, una comunicación de Interpol-Francia
alerta de un vehículo con ciudadanos extranjeros (rusos)
que posiblemente estén traficando con drogas que se
alojan en una urbanización de lujo entre Marbella y
Estepona, Alhambra del Golf. En la realización de dichas
gestiones sobre inquilinos y vehículos se tiene
conocimiento de que existe un ático, se desconoce si en
propiedad o alquilado, del vicepresidente entonces de la
comunidad de Madrid Ignacio González.
El ático ‘aparece’ casualmente
Tramitada la información policial vía Interpol a
Francia, la minuta interna con el comentario sobre el
ático llega al director adjunto operativo, Miguel Ángel
Fernández-Chico Díaz. Éste, enfrentado con el comisario
general de Policía Judicial, Juan Antonio González,
decide que las pesquisas previas se realicen sin
conocimiento del mismo y llama a Madrid al comisario
Agapito Hermes, comisario de Marbella. Le ordena que
realice una investigación discreta para determinar la
propiedad del ático que ocupa Ignacio González pero no
quiere que tenga conocimiento de ello el referido CGPJ.
Agapito Hermes no es policía afín al PSOE; sus
preferencias políticas están en el PP; siendo inspector
de policía y estando destinado en Moncloa estuvo un
tiempo en excedencia en un negocio con Alejandro Agag,
yerno de Aznar, y sus relaciones con el PP de Madrid o
de Estepona era buenas, era un comisario como la
mayoría, conservador, pero también como la mayoría,
profesional, que cumple órdenes sin atender a
condicionantes políticos. Por la discreción que le han
pedido y para que no conozca las indagaciones previas la
comisaría general de policía judicial ordena que esas
investigaciones preliminares las realice un inspector de
Información con algunos policías de dicha especialidad.
Ignacio González “invita a tomar un café a dos
comisarios”
Esas gestiones llegan a conocimiento del hoy presidente
de la comunidad de Madrid quien invita a tomar un café a
dos comisarios de amplia experiencia a los que pide
ayuda para que cese la investigación, cosa que no hacen,
y además tramitan una minuta exponiendo el motivo del
encuentro. Debe tenerse en cuenta que estamos a finales
del año 2011; la Sra. Aguirre era presidenta y nadie
podía conocer los acontecimientos que se producirían
después, por lo que es una nota policial ordinaria que
se archiva directamente.
Llegado el nuevo Gobierno y con la desgraciada muerte
del director adjunto operativo Fernández-Chico, el
vicepresidente de Madrid impone sus tesis de que no debe
investigarse la propiedad de su ático y que lo que se ha
hecho es ilegal. El ministro de Interior ratifica en el
Senado esta posición y el director general de la
Policía, también. El ministro anuncia que los policías
serán expedientados y el sindicato al que están
afiliados el inspector y un policía, informados por
estos de la amenaza de expediente, decide intervenir en
su defensa.
El SUP da un paso adelante y denuncia
El comisario de Marbella es cesado y expedientado y la
consigna oficial es que ha sido una investigación ilegal
y no hay nada más que investigar. Pero resulta que el
día que el DAO imparte la orden hay presente un
comisario, además de Hermes, y este comisario informa
por escrito para la defensa de Agapito en el expediente
disciplinario que no era una investigación ilegal sino
una orden impartida por el máximo responsable policial y
se remite como prueba de que era conocida oficialmente
la investigación a la minuta del café con el entonces
vicepresidente de la comunidad que fue entregada en la
DAO y archivada ordinariamente.
La dirección del SUP entonces (ahora hay otra estrategia
contra la corrupción que consiste en no denunciarla,
según se aprobó en asamblea nacional en junio de 2014),
decidió que la defensa de los compañeros era paralela y
hasta complementaria de la denuncia de las sombras que
existían sobre la propiedad del ático y decidieron
denunciarlo, a pesar de algún canto de sirena de un
mando de Málaga, luego ascendido, que insistía en que la
mejor forma de proteger a los compañeros era quedarse
quieto (como hizo la CEP, por cierto, sindicato del
comisario Hermes). Los hechos se denunciaron a la
fiscalía anticorrupción, que rechazó la denuncia
alegando que había indicios pero no suficientes para una
investigación judicial y que debía seguir haciéndola la
Policía (abril de 2012), confundiendo el sindicato con
una brigada de investigación. Tras esta negativa se
remiten algunos datos en una carta al comisario general
de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla, quien
ordena abrir una investigación que dura 10 días, al cabo
de los cuales es cesado por Cosidó a los cinco meses de
su nombramiento, dejando en evidencia que es el
Gobierno, el Ministerio del Interior y la Dirección
General de la Policía quienes protegen a Ignacio
González y no quieren que se investigue nada del ático.
Una injerencia política en la actividad policial propia
de un país bananero se produce en España con luz y
taquígrafos y no pasa nada.
La intrahistoria del ático y su compra
Mientras, el SUP de entonces sigue exponiendo, entre
otras razones, que no tenía sentido que alguien que ha
hecho una inversión de un millón de euros alquilara a un
precio tan bajo, porque sería más rentable dejar el
dinero en el banco del paraíso fiscal donde estaba,
siendo incoherente que se invirtiera ese dinero aquí en
un bien inmobiliario para no obtener prácticamente
ninguna rentabilidad, salvo que fuera en un bien de su
propiedad.
Tras alguna descalificación de la entonces presidenta
Esperanza Aguirre hacia el SUP de aquella época -que
combatía la corrupción- y puesto que la investigación
del hecho se ha bloqueado en la Policía y en la
fiscalía, se decide presentar una denuncia penal en el
juzgado correspondiente a la ubicación del ático, un
juzgado de Estepona (aunque es conocido como el “caso
ático de Marbella” la urbanización está a caballo entre
estos dos municipios y el ático en término de Estepona),
lo que se hace en noviembre de 2012, y ahí sigue. Desde
hace más de un año se han tramitado comisiones
rogatorias a distintos países para determinar el origen
del dinero con el que se adquirió la vivienda,
comisiones que por errores burocráticos más o menos
comprensibles siguen atascadas a fecha de hoy.
Según la señora Marisa Berry, agente inmobiliaria que
vendió el piso, la señora de Ignacio González había
estado un par de veces viendo el ático antes de que lo
comprase Rudy Valner, y según el sr. Javier Villate que
negoció la venta, Rudy Valner, testaferro que lo
adquirió en nombre de una empresa, negoció la compra por
teléfono y lo conoció en persona en el momento de firmar
el Acta notarial. El sr. Valner ha sido tesorero en una
empresa, Egeda, que gestiona derechos de autor en
algunos países de América propiedad del sr. Enrique
Cerezo, amigo del sr. González. En medio de esta
polémica e investigaciones cruzadas el sr. González
decide comprar el ático y lo hace el 18 de diciembre de
2013.
Ataque a “policías que cumplen con su deber”
Paralelamente a estos hechos y dado que la investigación
no se ha detenido como pretendieron el sr. Ignacio
González, el ministro de Interior y el director general
de la Policía, el ya propietario legal del ático decide
insistir en la denuncia contra el comisario de Marbella
en el momento de iniciarse las pesquisas, Agapito
Hermes, presentándola en el juzgado de Instrucción
número 47 de Madrid, con la excusa de que ahí se ha
investigado un caso de espionaje en la comunidad
producido hace varios años. El titular del dicho juzgado
es Adolfo Carretero, cuyo hermano Agustín es director de
seguridad en la comunidad de Madrid y recientemente ha
sido noticias por unas grabaciones del caso de espionaje
que investiga su hermano en las que aparece intentando
convencer a un implicado de que no preste declaración.
Agapito Hermes aporta documentos de su expediente
disciplinario en su defensa y entre estos, la minuta del
encuentro de los dos comisarios con el sr. González para
acreditar que no hizo ninguna investigación ilegal, y
ese documento, difundido por EL MUNDO, es el que ha
provocado una rueda de prensa del presidente de la
Comunidad de Madrid en la que, una vez más, ha atacado a
policías que cumplen con su deber, en este caso dos
comisarios a los que acusa de chantaje.
Los ceses en Interior que no se explican más que de una
manera
Dice el sr. Gonzalez que lo chantajearon porque le
pidieron un recibo del alquiler de la vivienda que
justificara que era alquilada, pero se negó. ¿Por qué se
niega alguien a entregar un recibo de alquiler de una
vivienda si realmente la tiene alquilada? ¿En qué
consistía el chantaje con la petición de ese recibo?
Pero peor es lo que insinúa después respecto a que se
trata de una maniobra para quitarle de la candidatura,
cuando el documento del que ahora se hace eco EL MUNDO
está fechado antes de que él fuera presidente y nadie
imaginaba que pudiera llegar a ser ni siquiera
candidato.
El sr. Ignacio González, con el apoyo del ministro de
Interior y del director general de la Policía, consiguió
el cese de un comisario general, de un comisario local,
de un jefe de grupo y a pesar de ello no pudo parar la
investigación de su ático. Porque esa investigación
sigue en marcha es por lo que el Sr. González pretende
conseguir a toda costa una condena del comisario Agapito
Hermes como autor de una investigación ilegal, lo que le
permitiría aplicar la teoría de la “fruta del árbol
envenenado”, según la cual, si el origen de una
investigación es ilegal todo lo demás es nulo de pleno
derecho, y es en el marco de esta pretensión del
investigado (González) de condenar a quien lo investiga
(policía) para anular el proceso del ático cuando de
nuevo vuelve a atacar a dos comisarios de policía a los
que invitó a café para intentar frenar la investigación.
Si Ignacio González consigue una condena contra el
comisario Hermes, aunque después se demostrara que
mintió y el ático era de su propiedad y comprado con
comisiones ilegales nada de lo investigado tendría valor
y debería iniciarse un nuevo proceso, en el que
posiblemente los delitos a investigar ya habrían
prescrito. Se juega mucho Ignacio González en este
asunto y de ahí su atrevimiento de denunciar a dos
mandos policiales falsamente en rueda de prensa. La
prepotencia y arrogancia del poder.
Al SUP no le pidieron los comisarios ningún movimiento
He de decir que de ese café supe tiempo después de
celebrarse y que la prueba evidente de que ninguno de
los dos comisarios pretendía hacerle ningún chantaje es
que ninguno se dirigió al SUP para intentar que
frenáramos las denuncias, siendo como éramos los únicos
que la hemos mantenido, y si hubo personas que se
acercaron a nosotros fueron algún periodista, algún
mando de mayor graduación que los dos citados y algún
político, intentando hacernos ver la conveniencia de no
insistir en la denuncia ni en la investigación del
ático. Sobra decir que no lo consiguieron y que la
ejecutiva del SUP anterior mantuvo las denuncias y su
estrategia de combatir la corrupción y a los corruptos
hasta el final de su mandato.
Que un político que adquiere una vivienda que tenía
presuntamente alquilada a través de un testaferro
profesional, que se anuncia en internet como experto en
ocultar fortunas y bienes, se permita aprovecharse de su
cargo para en rueda de prensa acusar a dos comisarios
que por su estatuto profesional no podrán responderle,
debería tener una respuesta contundente, y dado que el
ministro y el director general de la Policía están de
parte del político investigado y contra los policías
correspondería a los sindicatos policiales poner los
puntos sobre las íes.
Y a la dirección del PP le corresponde decidir si puede
o no descabalgar a Ignacio González de su candidatura o
estamos ante el caso de otro político que por el
conocimiento que tiene de las cloacas del partido es
mejor que se mantenga en el cargo.
http://www.elplural.com/2015/03/03/la-historia-del-atico-de-ignacio-gonzalez-y-de-su-encuentro-con-los-comisarios-en-la-version-policial/
GONZÁLEZ PRESUME DE TRANSPARENCIA PERO NO ENSEÑA SUS
DECLARACIONES DEL IRPF
Asegura en rueda de prensa que sus declaraciones de
Hacienda de los últimos años "son públicas en la página
web" de la Comunidad. Pero no es cierto: sólo figura la
de 2011
Rajoy, en cambio, ha hecho público su IRPF de los
últimos once años
El sector del PP de Madrid próximo a González cree que
hay una operación contra él que tiene origen en su
propio partido
En la mañana de este lunes, la política madrileña
contuvo la respiración. El presidente de la Comunidad,
Ignacio González (Partido Popular) convocaba a la prensa
a las 12.30. La cita coincidía con la publicación de una
información en el diario El Mundo en la que apuntaba a
que había pedido ayuda a policías para tapar el caso de
su ático en Estepona (Málaga). ¿Iba a dimitir?
¿Renunciaba a su aspiración de ser candidato a la
Comunidad de Madrid? Pasadas las 12.30 ya dejó claro que
no, que tenía previsto resistir. Es más, aseguró que
nunca había tapado nada. Llegado este punto se le
preguntó si, para despejar dudas sobre el origen de su
patrimonio, estaba dispuesto a hacer públicas sus
declaraciones de la renta y las de su mujer de "los
últimos años". "También las he hecho públicas. También
las he hecho públicas y están en la página web de la
Comunidad de Madrid", fue su respuesta.
Pese a esta afirmación del presidente regional, la
página web institucional no ofrece las declaraciones de
la renta "de los últimos años", que fue la pregunta
concreta que se le trasladó en rueda de prensa. Sólo
está disponible la del ejercicio 2011. Pero faltan todas
las anteriores y las posteriores (2012 y 2013).
El presidente autonómico, que aspira a que el Partido
Popular le señale como candidato a la Comunidad de
Madrid para las autonómicas del mes de mayo, aseguró,
además, que junto a sus declaraciones de Hacienda había
hecho públicas, en su día, "la escritura de compraventa"
y "la escritura del préstamo". "Yo he hecho público
todo. Lo que no han hecho público nadie es las presuntas
pruebas que me imputan algún tipo de delito.
Desgraciadamente esto es así", lamentó González.
En la siguiente captura de la página web del Gobierno
regional figura esta noticia de 2013: "Ignacio González
hace públicas sus declaraciones de la renta y de
bienes". La declaración presentada es la de 2011. Este
es el link que conduce al documento, en formato PDF, con
los datos fiscales del citado ejercicio.
Oficinas de Cinfa
La falta de transparencia de González en este tema
contrasta con el presidente del Gobierno y del PP,
Mariano Rajoy, que sí tiene publicadas en el portal de
internet de la Moncloa sus declaraciones de IRPF de los
últimos once años.
El presidente madrileño aseguró en enero de 2013 que a
finales de 2012 había comprado el ático de Estepona por
770.000 euros. El 80% del piso corresponde a su mujer,
Lourdes Cavero; el 20% restante, a González. Hasta ese
momento, dijo, había sido inquilino.
Las declaraciones del IRPF del matrimonio
González-Cavero de los últimos años permitirían conocer
sus ingresos y si estos justifican el importante
patrimonio acumulado por la pareja.
En todo este proceso, el presidente de la Comunidad de
Madrid ha sostenido que alquiló la vivienda en 2008 a
una sociedad del testaferro profesional Rudy Valner
hasta el momento de la compra. Las investigaciones de la
Justicia están encaminadas a saber si en realidad
González y su mujer son los dueños del inmueble desde
2008 y a conocer el origen del dinero para la
adquisición del ático.
¿Una operación interna para derribarle?
En la rueda de prensa que convocó este lunes, González
lanzó una advertencia a todos aquellos que, según él,
pretenden chantajearle. Unos "chantajistas" que, tal y
como subrayó, han decidido intensificar su actividad
cuando Rajoy está en plena tarea de designación de
candidatos para los comicios de mayo. No quiso entrar el
presidente regional en si las informaciones de las
últimas semanas, tanto las relacionadas con el escándalo
del espionaje como estas relacionadas con el ático de
Estepona, pueden tener su origen en su propio partido.
Si son "fuego amigo", tal y como se le preguntó.
Prefirió apuntar hacia dos comisarios –Enrique García
Castaño y José Manuel Villarejo– y dejar claro que
quienes deciden los candidatos son "los órganos del
partido y no estas prácticas chantajistas".
Fuera de las declaraciones y los pronunciamientos
oficiales, el sector del PP madrileño más próximo a
González lleva unas semanas sospechando que las
informaciones sobre los escándalos que afectan al
presidente autonómico responden a una operación en su
contra con origen en su propio partido. ¿Con que fin?
Conseguir que Rajoy no se decante por él como candidato
o hacerle dar un paso atrás. Independientemente del
origen del "chantaje" del que el dirigente conservador
se declara víctima, este dio muestras de que pasos
atrás, ninguno. Al menos, de momento. Según dijo, estas
informaciones lo único que consiguen es que se reafirme
todavía más en su voluntad de encabezar la lista.
"Si en Génova quieren que no se presente o que se retire
es muy sencillo: se le llama y se le dice 'Nacho, a
partir de mayo no se cuenta contigo por esto, por
aquello y por lo otro'. Y ya vamos viendo. Pero llevamos
unas semanitas...", reflexiona un dirigente del PP
madrileño. "Lo mismo ha ocurrido con Salvador Victoria",
añade sobre el número dos del Gobierno madrileño y las
informaciones que le han relacionado con la trama
Púnica.
Otra persona del entorno del presidente regional
mantiene que si ha llegado el momento de las dimisiones
y las responsabilidades políticas, la dirección nacional
del partido también tiene mucho que decir sobre el hecho
de que Luis Bárcenas campara durante años a sus anchas
por la sede nacional.
En menos de un mes Ignacio González ha visto cómo sus
compañeros de partido daban por prácticamente hecho el
asunto de su candidatura a que lo pongan en cuarentena
con muchas precauciones. Hasta el punto de que, a día de
hoy, el grueso de los dirigentes consultados dan más por
hecha la opción de Aguirre como cabeza de lista al
Ayuntamiento que la suya.
En este contexto, resucitan las quinielas con nombres
como el de la delegada del Gobierno en la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes. O el de Lucía Figar,
consejera de Educación. La decisión, como todo lo que
ocurre en el PP, la tomará Rajoy y él será el encargado
de trasladar su tándem para Madrid al Comité Electoral
Nacional.
Sin apoyo de la dirección nacional
No es ningún secreto. La dirección nacional del PP y el
PP de Madrid viven una relación marcada por los
sobresaltos. Primero fue la etapa previa al XVI Congreso
Nacional del PP en 2008, luego llegaría la sucesión en
Caja Madrid, la Gürtel, el caso de los espías... En este
contexto, la reacción de la dirección nacional ante el
caso que afecta a este barón regional fue fría.
El vicesecretario de Organización y Electoral del PP,
que hace pocas semanas defendió a Juan José Imbroda,
presidente de Melilla, tras ser imputado, este lunes
marcó distancias con lo que ocurre en Madrid.
"Lo que hay que hacer es estar a lo que el presidente de
la Comunidad ha dicho", fue la respuesta de Carlos
Floriano cuando se le preguntó por su compañero de
partido. Tampoco quiso valorar si se ven perjudicadas
sus posibilidades para ser candidato. Según dijo, el
Comité Electoral Nacional "valorará todos los elementos
para que esa decisión sea lo más acertada posible".
Estas palabras fueron recibidas como un jarro de agua
fría en la madrileña Puerta del Sol, sede del Gobierno
regional.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/03/gonzalez_presume_transparencia_pero_oculta_sus_declaraciones_irpf_29159_1012.html
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ LLEVA 29
MESES PARALIZADA
La investigación judicial por la compra del ático
propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, apenas ha avanzado desde que el SUP
presentó la denuncia el 15 de octubre de 2012
No han declarado ante la jueza ni testigos clave, ni los
policías que indagaron el caso, ni el testaferro Rudy
Valner, ni González, ni su mujer
Las comisiones rogatorias a EEUU, Panamá y Reino Unido
siguen sin ejecutarse
La investigación judicial por la compra del ático
propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, y de su mujer, Lourdes Cavero, apenas
ha avanzado desde que el 15 de octubre de 2012 el
Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentara una
denuncia en los Juzgados de Estepona.
Ya en ese escrito inicial, el denunciante aportaba datos
concretos sobre las cuentas utilizadas para el pago de
la comunidad de propietarios del ático de lujo, que fue
adquirido por la sociedad Coast Investors, dirigida por
el presunto testaferro profesional Rudy Valner e
inscrita en el Estado norteamericano de Delaware.
Pero también el sindicato policial reclamaba en la
denuncia que la jueza investigara "el trasvase de
capital de dudoso origen". Y para ello, el escrito
interesaba una serie de diligencias de investigación,
que 29 meses después no se han completado. Como por
ejemplo las declaraciones del matrimonio de Ignacio
González y Lourdes Cavero; la del testaferro Rudy Valner;
y la de los "funcionarios que intervinieron y sus
respectivos jefes, y en especial el comisario general
José Enrique Rodríguez Ulla y al también comisario
Agapito Hermes de Dios".
Tanto Rodríguez Ulla como Hermes de Dios fueron
destituidos por investigar el ático de González, según
reconoció el Ministerio del Interior. Tampoco se han
ejecutado las comisiones rogatorias, fundamentales para
conocer el origen y destino de los 750.000 euros
abonados por el testaferro mexicano radicado en
California (EEUU). El juzgado de Estepona no ha recibido
ninguna información al respecto desde EEUU, Reino Unido
o Panamá.
De la misma forma que las pesquisas de la denuncia
inicial apenas se han llevado a cabo, la declaración de
uno de los testigos clave tampoco tiene fecha señalada.
Se trata de la ciudadana alemana Karen Aun Gorst, que
fue pareja del primer propietario del inmueble
investigado, Pedro Javier Villate.
En un principio la declaración de esta ciudadana
alemana, en calidad de testigo, estaba prevista para el
16 de diciembre, aunque esta mujer declinó comparecer en
Estepona, habida cuenta de que en estos momentos vive en
Asturias. Fuentes del caso, que resaltan que Karen Aun
Gorst podría aportar información importante sobre la
compra del ático, aseguran desconocer la fecha en la que
prestará su testimonio en un juzgado de esta Comunidad
Autónoma.
Este es, al detalle, el punto en el que se encuentra
cada una de las diligencias:
1. DECLARACIONES DE GONZÁLEZ, DE SU MUJER Y DEL
TESTAFERRO RUDY VALNER
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) solicitó a la
jueza de Estepona los testimonios del primer comprador
del ático, Rudy Valner, y del matrimonio formado por
Ignacio González y Lourdes Cavero. Los agentes
pretendían que aportaran el contrato de arrendamiento
del inmueble, al mismo tiempo que González y Cavero
tendrían que dar explicaciones sobre su relación con el
presunto testaferro Rudy Valner.
Precisamente, este ciudadano mexicano afincado en
Beberly Hills (California), es otro de los testigos que
ha sorteado las peticiones de las acusaciones. Valner,
otra de las personas clave, tampoco acudió a la
declaración. Lourdes Cavero llegó a estar imputada en el
caso, decisión de la jueza Mariana Pelegrina, que acabó
siendo revocada por la Audiencia Provincial de Málaga.
Los que sí han prestado declaración han sido el propio
Pedro Javier Villate y la intermediaria en la
compraventa Marisa Berri. Gracias a sus respuestas, la
instructora ha podido conocer que la venta del ático se
llevó a cabo "de forma telefónica" entre el propio
Villate y Valner, que solo se conocieron cuando firmaron
las escrituras en la notaría. Por su parte, Berri
reconoció que llegó a enseñar el inmueble a Lourdes
Cavero "un par de veces" antes de producirse la
compraventa. También declararon los abogados del bufete
Suárez de la Dehesa, que reconocieron conocer a Rudy
Valner y trabajar para el presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo.
En concreto, sí compareció el letrado Antonio Yáñez
Barnuevo, que trabajó en el despacho de abogados Suárez
de la Dehesa, del que era cliente Coast Investors. En su
testimonio, adelantado por infoLibre, Yáñez negó haber
visto a Valner, aunque sí reconoció que la empresa era
cliente del despacho de sus antiguos jefes. Preguntado
por el hecho de que hubiera inscrito a Coast Investors
en su propia vivienda, respondió que lo "desconocía", y
aseguró que en todo momento siguió órdenes de la
dirección del despacho.
2. EL TESTIMONIO DE LOS COMISARIOS RODRÍGUEZ ULLA Y
HERMES DE DIOS
Pese a que se considera a ambos policías los
responsables de las investigaciones sobre la propiedad
del ático, la jueza de Estepona tampoco se ha decidido a
llamarles a declarar. En los dos casos, los agentes
fueron apartados de sus responsabilidades, llegando el
Ministerio del Interior a admitir que esta decisión fue
adoptada por haber iniciado la investigación de la
compraventa en 2008 del inmueble por 750.000 euros. Las
conclusiones de estos policías apuntaban a indicios
delictivos, que fueron reflejados en la denuncia.
En concreto, la denuncia especificaba que el gasto de
comunidad, de 1.650 euros al trimestre, se abonaba desde
un banco de Londres (Lloyd's Bank), mientras que el
alquiler era de 2.000 euros mensuales, "una cifra muy
inferior al de mercado".
3. COMISIONES ROGATORIAS A EEUU, REINO UNIDO Y PANAMÁ
En su denuncia, el SUP reclamaba que se oficiaran
comisiones rogatorias a EEUU, Panamá y el Reino Unido.
29 meses después la juez no ha podido contrastar ninguno
de los datos apuntados por el sindicato policial en
octubre de 2012. Como por ejemplo los beneficios
fiscales de la empresa Coast Investors en el Estado de
Delaware, o el auténtico propietario de la cuenta del
Lloyd's Bank con la que se abonaba la comunidad del
ático de lujo. Tampoco se ha podido identificar al dueño
de la cuenta con la que se pagó en 2008 la vivienda, que
los agentes sitúan en la ciudad de Portland (Oregón).
Panamá también reclazó aportar información sobre los
beneficiarios finales de la matriz de Coast Investors,
que se llama Walford Overseas Investments LTD. Las
autoridades del país centroamericano justificaron su
rechazo con el argumento de que el delito fiscal no
existe en su legislación.
4. TESTIMONIO DE LA EXPAREJA DEL VENDEDOR DEL ÁTICO
La declaración de la ciudadana alemana Karen Aun Gorst,
la expareja del vendedor del ático, no tiene fecha
después de que ésta rechazara desplazarse desde
Asturias, en donde vive ahora, hasta Estepona. Las
partes desconocen la fecha de su declaración, pese a que
es considerada una testigo clave.
Pero la denuncia inicial del Sindicato Unifica de
Policía identifica también a otros posibles testigos,
que tampoco han comparecido en el juzgado de Estepona.
Como por ejemplo la empleada de la empresa Golf Valley,
"de nombre Isabel, encargada de gestionar la comunidad
de propietarios de la urbanización Guadalmina", en la
que está ubicado el ático de González, y que era la
encargada de gestionar la comunidad de propietarios.
Tampoco ha declarado la presidenta de la comunidad de la
urbanización Guadalmina, que el SUP identifica como
Estrella Mas Rueda, que era propietaria de una de las
viviendas.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/02/la_investigacion_judicial_del_atico_gonzalez_lleva_meses_paralizada_29160_1012.html
IGNACIO GONZÁLEZ DENUNCIA UNA CONSPIRACIÓN POLICIAL
CONTRA ÉL
Ratifica su interés en ser el candidato del PP en las
elecciones autonómicas de mayo
El presidente de la Comunidad de Madrid afirma estar
sometido a un “chantaje” producto de “malas prácticas
policiales” en relación a su ático de Estepona
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, ha acusado hoy de “chantaje” y “malas
prácticas policiales” a “quienes están detrás” de las
investigaciones en torno al polémico ático que posee en
Estepona. El dirigente y secretario general del PP de
Madrid ha comparecido en rueda de prensa para
“desmentir” la información que hoy publica el diario El
Mundo, según la cual habría pedido “ayuda a policías
para ocultar el caso de su ático”.
“Estamos ante medias verdades, tomé un café con dos
comisarios, los señores García Castaño y Villarejo a
petición de ellos, y para nada fue una reunión secreta.
Quedamos en La Mallorquina [un establecimiento en el
centro de Madrid, a escasos metros de la Puerta del
Sol]. Además de hacerlo al mediodía con la cafetería
llena acudí con cuatro colaboradores míos. Me dijeron
que había una actuación policial por el ático y me
pareció extraño que me pidieran un recibo del alquiler
[de la vivienda]. Como no tenía nada que ocultar, no les
dije nada. Tres meses después esa información se publicó
y ya llevamos tres años”, ha observado González.
González se ha reafirmado en su intención de ser el
candidato autonómico del PP en las elecciones de mayo.
“Si alguien quiere pescar en río revuelto, lo
desconozco, pero estas informaciones me reafirman
todavía más. No puede ser que los chantajes e
informaciones adulteradas decidan quienes sean los
candidatos”. En el PP ya se habla de que Mariano Rajoy
podría retrasar la decisión al 27 de marzo, después de
las elecciones andaluzas y con la actividad
parlamentaria en la Asamblea de Madrid ya finalizada.
Técnicamente, Rajoy tiene hasta mediados de abril de
margen para pronunciarse.
“Si lo que pretende alguien es que deje de tener el
empeño de seguir trabajando a favor de los madrileños y
cambie mi disposición para encabezar la candidatura, se
equivoca radicalmente. Estas prácticas son inadmisibles
en un Estado de derecho. Llevo muchos meses en los que
hay todo tipo de insinuaciones, voy a seguir con mi
misma reafirmación que ahora. Mando el mensaje, a quien
esté detrás de estas malas prácticas policiales, que me
ratifican todavía más”, ha enfatizado el presidente
madrileño.
“Hay unas actuaciones policiales que pretenden
extorsionarme para que retire las denuncias por las
actuaciones judiciales [en torno el ático]. Coinciden en
que se presenten actuaciones que curiosamente se
presentan como al margen de la ley y se han caído. El
amparo que quiero es que estas actuaciones, ilegales
según han dicho los mandos de Interior hace tres años,
se persigan y aclaren”, ha continuado González. El barón
popular ha referido que distintos altos cargos del
Ministerio del Interior han “negado la existencia de una
investigación policial. Todos ratifican que fue una
actuación ilegal”.
El Tribunal Supremo archivó en julio dos querellas de
extrabajadores de Telemadrid y el Partido Socialista de
Madrid contra González por la adquisición y propiedad
del ático. Meses antes, la Fiscalía no encontró
argumentos de ningún hecho delictivo.
Sobre el caso de los espías, recientemente archivado,
González ha subrayado que en ese momento no era el
presidente regional sino Esperanza Aguirre (dimitió por
sorpresa en septiembre de 2012). “Yo no tenía la
presidencia de la Comunidad, no nombré a esas personas y
ha sido archivado por tercera vez”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/02/madrid/1425301848_593220.html
'DICE QUE ESTÁ ALQUILADO PERO EL PISO ES SUYO'
Empleados de la urbanización confesaron que González
usaba 'un hombre de paja'
La Policía ha entregado al Juzgado de Instrucción número
47 de Madrid todos los informes internos y diligencias
que se llevaron a cabo para investigar el ático de
Ignacio González antes de que el caso se judicializara.
Lo ha hecho a través de la Unidad de Régimen
Disciplinario, que abrió un expediente para analizar si,
como denunció el presidente de la Comunidad de Madrid,
las pesquisas que se pusieron en marcha fueron ilegales,
así como si se produjeron filtraciones de datos a EL
MUNDO.
Además de la nota policial que relata el encuentro
secreto entre González y varios mandos policiales en una
cafetería situada junto a la sede de la Comunidad de
Madrid, el Expediente 82/2012 contiene una batería de
documentos inéditos que reflejan las innumerables
gestiones realizadas por la Comisaría de Policía de
Marbella para averiguar quién era el propietario real
del dúplex de la Urbanización La Alhambra del Golf de
Guadalmina cuando fue adquirido por el testaferro
profesional mexicano Rudy Valner, a través de su
sociedad Coast Investors de Delaware.
"Puestos en contacto con el responsable de
Mantenimiento, Sr. David Jiménez" -señala uno de estos
informes, que da cuenta de gestiones realizadas en
agosto de 2011-, "éste de forma espontánea manifestó que
el ático del bloque 11 pertenece al -entonces-
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Sr. Ignacio
González". "Ante la pregunta de que si estaba de
alquiler, respondió: 'Eso dice él, pero el piso es
suyo'", agrega la nota. "Al preguntarle por qué estaba
tan seguro, dijo que no podía demostrarlo pero que se
sabía por la forma de comportarse tanto él como su
mujer".
Estos informes agregan que, "con fecha 10 de febrero de
2012", se realizaron nuevas "gestiones", esta vez con la
empresa que se encarga de la administración de la
urbanización: "Golf Valley Administration, S.L.". "Una
vez entrevistados con el responsable de la misma, se
consigue el nombre del Sr. Rudy Valner como la persona
que mantiene contacto y que, a través de transferencias,
ha venido realizando los pagos de comunidad".
"Se significa", prosiguen las notas de la Policía
marbellí, "que una empleada de Golf Valley,
concretamente la Srta. Isabel, que era la encargada de
mantener contacto vía e-mail con el Sr. Rudy Valner, de
forma espontánea manifestó que en la citada urbanización
había varias personas que comentaban que el tal Rudy era
un hombre de paja que sólo realizaba los pagos, pero que
en realidad el propietario del ático era un alto cargo
político de Madrid". "Al preguntarle quién decía eso,
respondió que la antigua presidenta de la comunidad de
propietarios, Sra. Estrella Mas".
Los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid han
otorgado, en representación de Ignacio González, plena
validez a todos estos informes policiales. Hasta el
extremo de recurrir a ellos, y concretamente al que
describe la reunión secreta del presidente madrileño con
los policías, para sostener que existe una supuesta
conexión entre la investigación policial del ático de
Marbella y los seguimientos que fueron llevados a cabo
por detectives a González en un viaje que realizó a
Colombia, que también están siendo investigados por el
juez Carretero en el Juzgado de Instrucción 47 de
Madrid.
http://www.elmundo.es/espana/2015/03/02/54f3b40122601dc9278b4576.html
IGNACIO GONZÁLEZ PIDIÓ AYUDA A POLICÍAS PARA OCULTAR EL
CASO DE SU ÁTICO
La Policía aporta al juez un informe que revela una
reunión con mandos policiales
'Pidió que no trascendiera que era inquilino de una
sociedad 'off shore'', indica la nota
El presidente de la Comunidad de Madrid pidió en persona
a la Policía que tapara el escándalo de su ático en
Marbella. Ignacio González mantuvo una reunión secreta
con varios mandos policiales a las 11.00 horas del 29 de
noviembre de 2011, sólo tres meses después de que
comenzaran las pesquisas sobre su dúplex de lujo,
adquirido por un testaferro profesional, a través de una
empresa creada sólo unos meses antes y que está
domiciliada en un paraíso fiscal.
Así consta en un informe aportado por la Dirección
General de la Policía al Juzgado de Instrucción número
47 de Madrid, al que ha tenido acceso EL MUNDO, y en el
que se hace constar tanto el referido encuentro como su
contenido. La cita de González con los mandos policiales
se produjo en una cafetería de la Puerta del Sol, lugar
donde también tiene su sede la Presidencia del Gobierno
de la Comunidad de Madrid.
El ático de Ignacio González
Según este documento policial, Ignacio González
"solicitó" la reunión y en ella "se limitó a solicitar
ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de
una sociedad offshore".
González disfruta desde 2008 de un ático de 500 metros
cuadrados en la Urbanización La Alhambra del Golf que
fue adquirido por un testaferro profesional, el mexicano
Rudy Valner, a través de una sociedad creada ad hoc días
antes: Coast Investors LLC, radicada en el paraíso
fiscal de Delaware.
A partir de la compra del inmueble por parte de este
fiduciario, que comercializa la creación de "escudos
societarios" para ocultar la identidad de sus clientes y
trabaja habitualmente para el presidente del Atlético de
Madrid y contratista del Gobierno madrileño, Enrique
Cerezo, el presidente popular y su mujer Lourdes Cavero,
suscribieron un contrato de alquiler.
La Policía sostiene desde el primer momento que se trata
de un contrato ficticio y que el inmueble fue adquirido
por González a través de Valner, con fondos que apunta a
que procederían del cobro de comisiones.
"En una entrevista personal con IG a las 11 H del
29.11.11", refleja el informe policial, "se le solicitó
de manera discreta la posibilidad de que facilitara los
datos que confirmaran su situación de inquilino de dicho
ático a lo que se excusó en aportarlos, no recordando ni
el nombre de su arrendador, ni la cantidad que abonaba
en concepto de alquiler ni, por supuesto, en qué entidad
abonaba dicho importe".
"Sólo se limitó a solicitar ayuda para que no
trascendiera que era el inquilino de una sociedad
offshore, aunque en ningún momento se manifestó
enfadado, o al menos molesto, ante la 'insólita
situación' que suponía la reunión en sí, que fue
solicitada por él"; como tampoco por "las preguntas
realizadas en un contexto de duda ante cada respuesta",
apostilla el documento.
Apertura de un procedimiento penal
El presidente de la Comunidad de Madrid solicitó en
marzo de 2013 al Juzgado de Instrucción número 47 de
Madrid la apertura de un procedimiento penal contra los
policías que investigaron su ático. Eligió para ello
este juzgado ya que está dirigido por Adolfo Carretero,
hermano del director general de Justicia en la Comunidad
de Madrid, Agustín Carretero.
González instó este proceso, utilizando a los Servicios
Jurídicos del Gobierno madrileño, para denunciar que las
pesquisas que se llevaron a cabo, carecían "de mandato
judicial que las habilitara". El Sindicato Unificado de
Policía (SUP) ya replicó entonces a González que si la
Policía judicializa cada uno de sus movimientos
colapsaría la Administración de Justicia, y subrayó que
en este caso la investigación se encontraba justificada
al existir indicios de blanqueo de capitales y fraude
fiscal. Sin embargo, el juez Carretero decidió abrir un
nuevo sumario en el que ha exigido a la Policía toda la
documentación que posea sobre este asunto.
Bien, pues ha sido precisamente este procedimiento
impulsado por González, el que se acaba de volver en su
contra al aflorar este informe, que no sólo revela que
el presidente de la Comunidad de Madrid conocía la
existencia de la investigación policial -cuando EL MUNDO
la desveló en marzo de 2012 la negó rotundamente-, sino
que intentó pararla.
Las maniobras del presidente madrileño se saldaron con
la sorprendente destitución del comisario de Marbella,
Agapito Hermés, que se había limitado a cumplir órdenes
de la Dirección Operativa de la Policía tras recibir la
información de que el ático era el pago de una comisión
a Ignacio González.
De hecho, esta misma nota señalaba que habían llegado a
la Policía "diferentes informaciones" que apuntaban a
que González había recibido "unos dos millones de euros"
a cambio de la adjudicación de una parcela en Arganda.
"Una parte en efectivo y el resto, mediante la entrega
de un inmueble de alto standing en la Costa del Sol".
Los indicios de la policía y la reacción de González
llevaron al SUP a denunciar esta operación ante el
Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. La juez y
la Fiscalía Anticorrupción advirtieron de inmediato
indicios de delito y procedieron a librar comisiones
rogatorias a Delaware y Panamá para averiguar quién se
oculta tras las sociedad Coast Investors que adquirió el
ático y de su matriz panameña.
http://www.elmundo.es/espana/2015/03/02/54f3ac2722601dde268b456f.html
UN NUEVO ERROR VUELVE A ATASCAR LA COMISIÓN ROGATORIA AL
REINO UNIDO SOBRE EL ÁTICO DE GONZÁLEZ
"A menos que la información solicitada sea
cumplimentada, la Oficina de Información de Impuestos no
podrá llevar a cabo la asistencia requerida", advierten
las autoridades británicas
La solicitud del Juzgado de Estepona no especifica el
número de cuenta bancaria y tampoco concreta el período
sobre el que el banco británico tiene que suministrar la
información
"A menos que la información solicitada sea
cumplimentada, la Oficina de Información de Impuestos
del Reino Unido no podrá llevar a cabo la asistencia
requerida". Así han contestado las autoridades
británicas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Estepona (Málaga), que investiga la compra
en 2009 del ático de lujo propiedad del presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González.
¿Y qué datos faltan? Pues algo tan básico como el número
de cuenta bancaria y la concreción del período sobre el
que el banco británico Lloyd's TSB Bank tiene que
suministrar la información vinculada a la compra del
inmueble de Estepona, ahora propiedad del presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su esposa,
Lourdes Cavero.
La jueza sustituta Mariana Peregrina reclamó al Reino
Unido una comisión rogatoria al banco de Londres en la
que reclamaba la identidad del último beneficiario de la
cuenta a nombre de Coast Investors LLC, la firma que
pagó 750.000 euros al empresario vasco Francisco Javier
Villate en 2009, poco antes de que el ático de lujo
fuera "alquilado" por González y su mujer, tal y como
aseguró a los medios de comunicación el dirigente
conservador.
Un comisario
El caso fue investigado en Estepona (Málaga) por el
comisario Agapito Hermes de Dios. Poco después de
destaparse en los medios de comunicación, tanto Hermes
de Dios como el entonces jefe de la Policía Judicial,
Enrique Rodríguez Ulla, fueron destituidos de sus
puestos.
Tras estallar el escándalo, González anunció la compra
del inmueble por unos 20.000 euros más del precio
original: 770.000 euros. Según el sumario, el presidente
de la Comunidad de Madrid adquirió el ático el 18 de
diciembre de 2012, un día después de que la empresa
dueña del inmueble (Coast Investors LCC), cuyo
representante es el ciudadano mexicano Rudy Valner,
abonase 74.290 euros por impuestos que no había pagado a
Hacienda.
Las declaraciones desarrolladas en el juzgado de
Estepona han puesto de manifiesto que Valner, residente
en Estados Unidos, compró el ático de lujo en la
localidad malagueña. Y lo hizo tras una negociación
telefónica desde EEUU y después de que la mujer de
González visitase al menos en dos ocasiones la vivienda.
Isabel Conejo
En la actualidad, y tras la reincorporación de la
titular del Juzgado de Instrucción número 5, Isabel
Conejo Barranco, la investigación se centra en conocer
quién está detrás de la sociedad que compró el
apartamento que tiene el matrimonio González-Cavero,
alquilado inicialmente por 2.000 euros al mes.
Pero la decisión de las autoridades británicas de pedir
más información no es el primer problema constatado a lo
largo de la instrucción del caso. La jueza Peregrina
sufrió el bloqueo de dos comisiones rogatorias,
solicitadas inicialmente en diciembre de 2013, y que
todavía no se han recibido.
Sin traducir
La primera de las rogatorias tenía como destino al Reino
Unido, mientras que la segunda a Estados Unidos. Ambas
fueron devueltas a la jueza "sin cumplimentar ni
traducir". Además, en el caso de la solicitud a las
autoridades británicas, la Brigada de la Policía
Judicial de Málaga la remitió al destinatario
equivocado: tenía que cursarla vía Ministerio de
Justicia y la envió a través de Interpol. La petición
fue devuelta por el Reino Unido, que recordó que sólo
acepta las rogatorias entre ministerios.
También Panamá rechazó la comisión rogatoria sobre el
caso con el argumento de que el delito fiscal no existe
en su legislación.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/20/un_nuevo_error_vuelve_atascar_comision_rogatoria_reino_unido_sobre_atico_gonzalez_28661_1012.html
EL TESTAFERRO QUE VENDIÓ EL ÁTICO A GONZÁLEZ LO HABÍA
COMPRADO POR TELÉFONO DESDE EEUU TRAS VERLO LA MUJER DEL
POLÍTICO
Javier Villate declara que negoció la venta del ático
por teléfono con un "americano" al que conoció en la
notaría el día que firmaron las escrituras
La agente inmobiliaria Marisa Barrie admite que, antes
de que el testaferro Rudy Valner comprase el inmueble,
se lo enseñó "un par de veces" a la mujer de González
El fiscal ni siquiera asiste a las declaraciones de los
testigos
La versión oficial de Ignacio González sobre su
adquisición de un ático de lujo en Estepona (Málaga) ha
sufrido un nuevo revés. El presidente de la Comunidad de
Madrid sostiene que alquiló la vivienda en 2008 a una
sociedad del testaferro profesional Rudy Valner y que
finalmente se la compró en 2012. La Justicia investiga
si en realidad González y su mujer son los dueños del
inmueble desde 2008. Y en los juzgados de Estepona se
conocieron este viernes detalles relevantes sobre cómo
adquirió Valner, residente en Estados Unidos, el ático
de lujo en la localidad malagueña. Lo hizo tras una
negociación telefónica desde EEUU y después de que la
mujer de González visitase al menos en dos ocasiones el
inmueble.
Una de las personas que prestó declaración ante la jueza
fue el empresario Javier Villate Pérez, que era el dueño
inicial del ático. Explicó que la vivienda la había
puesto "en venta en el año 2006 o por ahí y estuve dos
años y pico para poder venderlo". Hasta que a principios
del año 2008 recibió una llamada telefónica. "Un día me
llamó una persona [Rudy Valner] que estaba interesada en
comprar. Me dijo que era americano, pero hablaba
castellano. Hablamos por teléfono y concertamos la
venta", declaró Villate. ¿Y el comprador no mostró
interés en ver el inmueble? "No, la venta se realizó sin
mostrar el ático", admitió Villate.
No fue lo único extraño en la operación. La venta se
cerró en 750.000 euros y Valner le envió 100.000 euros
de señal. La negociación fue muy rápida, se cerró "en 12
o 15 días", sin conocerse ambos. Así se lo explicó
Villate a la jueza: "Vi al comprador en la notaría de
Madrid. Allí se cerró la venta porque el comprador trajo
un cheque complementario, un cheque americano, y se puso
una cláusula en la escritura que hasta que el cobro no
fuera efectivo yo seguiría ocupando el ático". Rudy
Valner, mexicano afincado en Estados Unidos, utilizó
para la compra del inmueble de Estepona a la sociedad
Coast Investors. El cheque complementario era por
importe de 650.000 euros.
"¿Qué garantías le ofreció Valner para aceptar el
cheque?", preguntó durante el interrogatorio judicial el
abogado del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Javier
Carnerero. "Ninguna", respondió Villate. El abogado del
PSOE madrileño, Wilfredo Jurado, le hizo ver que parecía
extraño "firmar sin saber si el cheque iba a ser bueno".
"La transferencia inicial me llegó bien y el comprador
me inspiraba confianza", indicó Villate. ¿Y por qué le
inspiraba tanta confianza? "Me fie", zanjó el
empresario. El SUP y el PSOE son acusación particular en
el proceso judicial.
Por tanto, según la declaración judicial de Villate, un
"americano" le compró un ático de 750.000 euros tras una
negociación por teléfono desde EEUU y él aceptó un
cheque de una sociedad desconocida sin ningún tipo de
garantía y casi por el importe total de la transacción
porque le inspiró "confianza" el comprador que acababa
de conocer en una notaría. ¿Qué sospechan las
acusaciones? Pues que en realidad Villate sabía que los
verdaderos compradores del piso eran Ignacio González y
su mujer, por eso no pidió mayores garantías. Y por eso
Valner compró la vivienda a ciegas.
La declaración judicial de Villate aún dio para más. La
jueza, que realizó preguntas muy precisas, quiso saber
si el empresario conocía al presidente madrileño o a su
mujer. "A don Ignacio no lo conozco, sólo de verlo en
los medios porque es una persona conocida. A Lourdes
Cavero pude haberla conocido mientras enseñaba el piso",
confesó Villate. Es decir, que la esposa de González
había ido a ver el ático antes de que lo comprase Valner.
Sobre este hecho arrojó más luz la declaración de la
segunda testigo: Marisa Barrie, agente inmobiliaria.
"Enseñé el piso a Lourdes Cavero un par de veces"
Antes de que Valner comprase el inmueble en 2008, había
estado en venta durante más de dos años. Y los
encargados de enseñarlo eran el propio dueño y una amiga
suya, Marisa Barrie, que trabajaba como agente
inmobiliaria en la zona. En su declaración judicial,
Barrie admitió que la mujer de González se había
interesado por el inmueble: "Enseñé el piso a Lourdes
Cavero creo que un par de veces. Me llamó por teléfono
porque ella quería comprar algo en Marbella. Yo no la
conocía de antes".
En definitiva, uniendo las declaraciones de Villate y
Barrie, destacan los siguientes hechos: la mujer de
González acudió al menos en dos ocasiones a ver el
ático, pero no lo compró; quien lo adquirió fue un
testaferro profesional desde Estados Unidos y sin ver el
inmueble, y pocos meses después ese testaferro
profesional se lo alquiló al matrimonio González-Cavero.
Fuentes de las acusaciones, consultadas por este diario,
destacan que este relato "es increíble" y afianza sus
sospechas: que el ático fue en realidad un regalo que
recibió el presidente madrileño y que Valner desempeñó
simplemente el papel de testaferro, una de las
actividades a las que se dedica profesionalmente. ¿Y por
qué Valner? El punto de conexión entre el testaferro y
el político del PP es Enrique Cerezo, empresario
audiovisual y presidente del Atlético de Madrid. Valner
era tesorero en Estados Unidos de una empresa de Cerezo
y este tiene una estrecha amistad con González. Cerezo
es uno de los empresarios que ha sido más beneficiado
por las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, y
especialmente por dinero público procedente de
Telemadrid.
De hecho, este viernes se produjo una tercera
declaración judicial en Estepona, la del presidente de
la Asociación de Afectados por la Gestión de Telemadrid.
Los extrabajadores de la cadena pública aportaron en su
día una serie de documentos a la jueza para sostener,
indiciariamente, la hipótesis de que el ático fue una
dádiva de Cerezo al presidente madrileño. En su
declaración, el portavoz de los despedidos de Telemadrid
se limitó a ratificarse en su comparecencia de hace un
año. Dicha asociación también presentó una querella
contra González en el Supremo, pero este no la admitió a
trámite, precisamente argumentando que el asunto ya
estaba siendo investigado por un juzgado de Estepona.
En las declaraciones testificales de este viernes
estuvieron presentes los dos abogados de las acusaciones
–SUP y PSOE– y los dos letrados del matrimonio
González-Cavero, pero no asistió el representante de la
Fiscalía. Esta ausencia provocó "perplejidad" a los
abogados de las dos acusaciones. No es la primera vez
que el Ministerio Fiscal muestra desinterés en este
caso. El fiscal del Tribunal Supremo Eduardo Fungairiño
también rechazó en su día investigar la compra del
ático.
La versión oficial
Ignacio González siempre ha negado cualquier
irregularidad en relación con la adquisición de su
ático. Su versión es que todo es una "campaña de
insididas" de la oposición y de los sindicatos para
desprestigiarle. El presidente madrileño mantiene que
alquiló el ático de lujo en el otoño de 2008 a la
sociedad Coast Investors y, el 18 de diciembre de 2012,
lo adquirió junto a su esposa por 770.000 euros.
Curiosamente, la compra del inmueble por parte de
González y su esposa se produjo después de que la jueza
de Estepona admitiese a trámite una denuncia del SUP en
la que se sostenía que Valner y la sociedad Coast
Investors eran meras pantallas para ocultar la verdadera
titularidad del ático. Los denunciantes sospechan que
pudo ser un regalo relacionado con una adjudicación
pública.
Una de las claves de la investigación judicial será
desenmascarar al propietario último de Coast Investors y
saber quién aportó fondos a esta sociedad. La jueza de
Estepona ha enviado recientemente comisiones rogatorias
para conocer, entre otros datos, los movimientos
bancarios de la sociedad del testaferro Valner. La
empresa se ha negado a que se conozcan esos datos.
Además del papel de un testaferro profesional como
Valner, en esta operación se produjo otro hecho
llamativo que complicaba conocer al titular del ático.
Tras comprar la vivienda, Coast Investors no cambió la
propiedad registral del inmueble, que siguió figurando a
nombre de Javier Villate. Es decir, si en el año 2011
alguien hubiese pedido en el Registro de la Propiedad
los datos del ático que disfrutaban presuntamente en
alquiler González y su esposa, ni siquiera le habría
aparecido el nombre de Coast Investors. Era, por tanto,
completamente imposible tirar de ese hilo para llegar a
Valner y a Cerezo.
La jueza, en el interrogatorio de este viernes, le
preguntó a Villate qué opinión le merecía que no se
hubiera cambiado la titularidad del inmueble. Esta fue
su curiosa respuesta: "Por un lado me sentó mal, por el
tema del IBI. Pero pensé que esto podía pasar porque en
Estados Unidos no hubiera registro de la propiedad".
Coast Investors escrituró la vivienda a su nombre
finalmente el 28 de junio de 2012, cuando ya se había
producido la denuncia del SUP y poco antes de vendérselo
a González.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/05/el_testaferro_que_vendio_atico_gonzalez_habia_comprado_por_telefono_desde_eeuu_tras_verlo_mujer_del_politico_21195_1012.html
EL SUPREMO ASEGURA QUE EL JUZGADO DE ESTEPONA ES EL
INDICADO PARA INVESTIGAR EL ÁTICO DE GONZÁLEZ
Los ex trabajadores de Telemadrid anuncian su intención
de no recurrir la decisión del Alto Tribunal y preparan
ya la comparecencia de su portavoz como testigo en
Málaga
"Nuestro único interés en este tema es el de colaborar
con la justicia para determinar si se han producido
posibles delitos o un mal uso del dinero público de
Telemadrid", resaltan los despedidos
Los extrabajadores de Telemadrid que se querellaron
contra Ignacio González tenían la esperanza de que el
Tribunal Supremo aceptase investigar el caso. Así que la
decisión de inadmitir, conocida este jueves, les sentó
inicialmente como un mazazo. Pero la lectura del auto
del tribunal cambió su opinión. La razón es este
párrafo: "Las querellas acumuladas en esta causa
especial cuyo examen es el que corresponde en este
momento a esta Sala de lo Penal, no evidencian, según
los argumentos expuestos a lo largo de esta resolución,
ningún dato objetivo que justifique la apertura de un
procedimiento penal contra el querellado, y por ello
deben ser inadmitidas, siguiéndose la investigación en
el Juzgado ordinario, que no ha concluido".
El auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
archiva las querellas presentadas por la Asociación de
Afectados por el ERE de Telemadrid y del Partido
Socialista de Madrid (PSM-PSOE) contra el presidente de
la Comunidad de Madrid y es precisamente el que ha
convencido a los exempleados de la cadena de televisión
pública madrileña para no presentar un recurso. "No
vamos a recurrir, sino que vamos a seguir el camino que
nos marca el Tribunal Supremo, que no es otro que ayudar
en las investigaciones que se siguen en Estepona
(Málaga)", asegura a infoLibre la abogada del colectivo
de extrabajadores.
En este sentido, el auto del Supremo recuerda que ya
existe una investigación abierta por la compraventa del
ático de lujo, que ahora es propiedad de González y de
su esposa, Lourdes Cavero, en el Juzgado de Instrucción
número 5 de Estepona (Málaga), y que si encuentra algún
indicio delictivo contra el presidente madrileño, "lo
que procedería sería la remisión al Supremo de una
exposición razonada".
El Tribunal Supremo agrega, de acuerdo con la Audiencia
Provincial de Málaga, que toma su decisión sin perjuicio
de que la investigación del Juzgado de Instrucción de
Estepona ponga de manifiesto indicios penales contra
Ignacio González, "y de que el instructor entienda
pertinente entonces elevar una exposición razonada al
Supremo".
"Mejores condiciones"
La representante legal de los despedidos de Telemadrid
considera que el auto del Supremo pone de manifiesto que
éste no es el órgano en el que se debe llevar a cabo la
investigación sobre el ático de González: "Y ahora
estamos en mejores condiciones que cuando se hizo la
comparecencia el año pasado, especialmente por las
pruebas a las que hemos tenido acceso desde entonces",
completa la abogada.
Un comunicado hecho público por la asociación este
jueves califica de "positivo" que el Tribunal Supremo
pida al Juzgado de Estepona que continúe investigando el
caso del ático de Ignacio González. Asimismo, recuerda
que la asociación interpuso la querella cuando la mujer
de González estaba imputada, por lo que consideraron
"lógico" plantear también una posible imputación del
presidente madrileño ante el órgano judicial que le
corresponde por estar aforado.
"Nuestro único interés en este tema es el de colaborar
con la justicia para determinar si se han producido
posibles delitos o un mal uso del dinero público en el
Ente Público Radio Televisión Madrid, con el
consiguiente perjuicio a todos los ciudadanos de esta
Comunidad de Madrid", completa el comunicado.
La Asociación de Afectados por el ERE de Telemadrid
presentó el 24 de marzo una querella contra el
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
al considerar que el ático de lujo que compró en
diciembre de 2012 junto con sus esposa, Lourdes Cavero,
era una "dádiva" del presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo. Días después el PSM presentó una nueva
querella, argumentando que el pago de la "dádiva" había
sido realizada por el promotor inmobiliario Fernando
Martín, aunque utilizando las cuentas opacas de Cerezo.
Precisamente, la semana pasada la magistrada del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona
(Málaga), Isabel Conejo Barranco, citó a declarar como
testigo al portavoz de los extrabajadores de Telemadrid,
que declarará a finales de julio. "Y en esa
comparecencia estaremos en mejores condiciones que la
que hicimos ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga,
ya que ahora podremos aportar más documentación de los
hechos", resalta la letrada.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/03/el_supremo_archiva_denuncia_contra_presidente_madrileno_pero_remite_causa_juez_estepona_19164_1012.html
LA JUEZA LLAMA A DECLARAR AL PRIMER VENDEDOR DEL ÁTICO
DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
"En el presente procedimiento penal se trata de
acreditar ante la existencia de una estructura
societaria opaca, quién o quiénes sean las personas
físicas dueñas de la referida entidad", especifica la
magistrada
El juzgado de Estepona reactiva las comisiones
rogatorias, una de ellas con destino a Panamá
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo
Barranco, ha citado a declarar como testigo a Pedro
Javier Villate Pérez, el empresario vasco que vendió el
12 de mayo de 2008 a la sociedad norteamericana Coast
Investors, por 750.000 euros, el ático de lujo que desde
diciembre de 2012 es propiedad del expresidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, y de su esposa,
Lourdes Cavero, según consta en un auto del 16 de junio
al que ha tenido acceso infoLibre.
"Debido a que se desconoce de Coast Investors la
actividad mercantil, su capacidad económica y quién
pueda ser su último beneficiario o titular, con las
medidas de investigación acordadas en el presente
procedimiento penal se trata de acreditar ante la
existencia de una estructura societaria opaca, quién o
quiénes sean las personas físicas dueñas de la referida
entidad, y por ende de los inmuebles que adquirió en
Estepona", especifica la magistrada en el auto.
Estructura opaca
Y para conseguir desenmarañar la citada "estructura
opaca", la jueza ha acordado también librar un
mandamiento a la Comisaría General de la Policía
Judicial y a la Comisaría de Marbella, "para que sean
remitidos los datos obtenidos con ocasión de la
investigación realizada sobre el inmueble".
Pero también la jueza decreta otras dos citaciones de
testigos. La primera la de la "conocedora de la
operación inmobiliaria, Marisa Barrie; y la segunda la
de un extrabajador de Telemadrid, que en representación
de la Asociación de Afectados por el ERE de Telemadrid
prestó declaración ante la Fiscalía de Málaga.
Comisiones rogatorias
Asimismo, y de forma colateral a las declaraciones de
testigos, la magistrada ha impulsado seis comisiones
rogatorias, entre las que destaca la librada a Panamá,
como adelantó el diario El Mundo, que tiene como
finalidad determinar la relación de Coast Investors con
una sociedad vinculada al cerebro de la red Gürtel,
Francisco Correa.
Tal y como explica la jueza en sus razonamientos
jurídicos, en la causa se investiga una denuncia
presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP)
el 22 de octubre de 2012 en la que se pone de manifiesto
que la sociedad Coast Investors, constituida en el
estado norteamericano de Delaware, adquirió al
empresario vasco Pedro Javier Villate Pérez el ático de
lujo por un precio de 750.000 euros, una cantidad que se
abonó en parte por transferencia desde una entidad
bancaria de Estados Unidos.
Rudy Valner
La empresa norteamericana, representada por el
intermediario mexicano Rudy Valner, acordó en junio del
mismo año un alquiler por 18 meses con la mujer de
González, con una renta de 2.000 euros mensuales. El 10
de julio de 2011, el alquiler bajó, pasando a ser de
1.400 euros al mes. Los gastos de la comunidad de
propietarios fueron abonados desde un banco en Londres,
según explica la magistrada, que resalta que la titular
de las transferencias era la entonces propietaria del
inmueble: Coast Investors.
Los ingresos del alquiler no fueron declarados ante la
Hacienda española hasta después de saltar la polémica
sobre el ático a los medios de comunicación. A finales
de 2012, días antes de que González comprara el
inmueble, la empresa regularizó sus cuentas con el fisco
español.
Dulcan y Winsley
Posteriormente, el SUP amplió su denuncia, asegurando
que Coast Investors es propiedad de la panameña Waldford
Overseas Invesments, gestionada por el bufete de
abogados Mossack Fonseca, ejerciendo como suscriptores
las compañías Dulcan y Winsley. Estas dos empresas
coinciden tanto en la creación de la empresa del ático
como en la de Golden Chain, de Francisco Correa.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/06/27/la_jueza_llama_declarar_vendedor_del_atico_del_presidente_comunidad_madrid_18851_1012.html
OTRA BAJA MATERNAL DEJA EN PUNTO MUERTO EL CASO DEL
ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ
La juez Isabel Conejo, responsable del juzgado número 5
de Estepona, vuelve a cogerse vacaciones y una nueva
baja maternal. El caso del ático del presidente de la
Comunidad de Madrid queda de nuevo en punto muerto,
salvo que la sustituta lo reactive, como hizo la
suplente Mariana Peregrina.
Conejo se reincorporó a su puesto hace tres meses, tras
una larga excedencia, y vuelve a dejar ahora la plaza
vacante y con “asuntos muy relevantes” pendientes. Según
ha sabido El Confidencial, la magistrada se ha ido de
vacaciones y lo unirá a su baja maternal mientras “la
patata caliente” de este diminuto juzgado sigue su
proceso. Los cajones de estas dependencias están
atestados de sumarios. Pero si algo preocupa realmente
es el futuro de la causa del ático de Ignacio González.
La investigación no avanzaba cuando Conejo era titular
y, curiosamente, cuando le sustituyó Peregrina, esta
empezó a mover papeles y a hacer caso a las denuncias de
los sindicatos policiales. Sin embargo, cuando la
titular volvió hace tres meses, el caso volvió a quedar
en punto muerto.
No se ha tocado nada. Según fuentes del juzgado, “la
juez Peregrina se fue al incorporarse Conejo. Como había
mucho trabajo, llegó otra juez de apoyo, Laura, para
ayudar a la titular. Nadie lo entendimos. Muchos
trabajadores creíamos que debía ser Peregrina quien se
quedara para ayudar, ya que sabe el funcionamiento a la
perfección de estas dependencias judiciales”.
Pero la realidad no ha sido esa. Conejo entró y salió
Peregrina, la juez suplente que había centrado todo su
empeño en saber quién compró el ático que tiene el
matrimonio González-Cavero.
En enero de 2013, el presidente de los madrileños
reconoció haber adquirido el inmueble de lujo en 2012,
después de que Peregrina ordenara a la Agencia
Tributaria, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción,
que investigase quién era el auténtico propietario de la
misma. En concreto, dijo haber pagado 770.000 euros, de
los que, según las escrituras, el 80% pertenece a su
mujer. También reconoció haber formalizado un crédito
con un banco para pagar su parte. Ahora todo el papeleo
judicial sigue en uno de los cajones del juzgado.
Ignacio González, junto a su esposa, Lourdes Cavero,
Jesús Posada, y Ana Botella. (Efe)Ignacio González,
junto a su esposa, Lourdes Cavero, Jesús Posada, y Ana
Botella. (Efe)
Baja tras baja
No es la primera vez que la juez Conejo deja los
juzgados por una baja. Ella tuteló las primeras
detenciones del caso de corrupción Astapa en junio de
2008 desde el juzgado número 1 de Estepona y luego se
pasó al 5. Cuando le cayeron las primeras pesquisas del
caso González, se dio de baja por un “embarazo
complicado”. Luego disfrutó de los permisos de
maternidad y lactancia y otros que fuentes judiciales
“no han especificado”.
Una de las últimas acciones que realizó su suplente en
ese periodo fue inhibirse en favor de la Audiencia
Nacional en el caso González. La togada entendía que
“podrían tratarse de delitos de nacionales cometidos en
el extranjero”. Esta decisión fue recurrida por la
Fiscalía Anticorrupción y hace sólo unas semanas el caso
volvió al juzgado al que ya se había reincorporado
Isabel Conejo. Ahora, la juez se ha vuelto a ir y el
asunto queda en manos de una nueva sustituta que,
además, deberá lidiar con el aumento de denuncias en los
meses de verano, lo que complica sobremanera que el caso
ático pueda avanzar.
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-06-23/otra-baja-maternal-deja-en-punto-muerto-el-caso-del-atico-de-ignacio-gonzalez_150596/
INVESTIGACIÓN CONTRA EL POLICÍA QUE INDAGÓ SOBRE
EL ÁTICO DE LUJO DE IGNACIO GONZÁLEZ
El organismo judicial cree que el miembro policial puede
tener relación con los seguimientos ilegales de los que
fue víctima el actual presidente de la Comunidad de
Madrid en 2008 en un viaje a Colombia.
La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que se
investigue al excomisario de Marbella Agapito Hermés,
que inició las pesquisas sobre la compra de la casa que
tiene el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, en Estepona, por su posible relación con los
seguimientos ilegales de los que fue víctima González en
agosto de 2008 en un viaje oficial a Cartagena de Indias
(Colombia) siendo entonces vicepresidente del Gobierno
regional.
Así consta en un auto en el que la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso de la
Fiscalía de Madrid contra la apertura de una pieza
separada ordenada por el titular del Juzgado de
Instrucción número 47 de Madrid para investigar este
asunto.
La pieza separada se abrió el 27 de marzo de 2013 contra
el excomisario de Marbella Agapito Hermés por las
pesquisas policiales realizas en torno a la vivienda que
González tenía alquilada entonces en Estepona y que
ahora es de su propiedad --formalizó la compra en
diciembre de 2012--.
Este magistrado acordó que este asunto se investigara al
margen del procedimiento seguido a raíz de una denuncia
de Ignacio González por los seguimientos ilegales que
sufrió en Cartagena de Indias cuando era vicepresidente
de la Comunidad y portavoz regional.
El Ministerio fiscal en su recurso sostenía que "no
existe relación de conexidad entre los diversos hechos
que han dado lugar a la formación de una nueva pieza
separada y los que hasta entonces han sido investigados
por el juzgado de instrucción en el marco de este
proceso".
En este punto, los magistrados de la Audiencia de Madrid
recalcan que el recurso carece de fundamento, por lo que
entienden que debe ser desestimado.
Investigaciones ilegales
Tras ello, alude a los argumentos expuestos por el
letrado de la Comunidad de Madrid y señala que "los
hechos que han dado lugar a la formación de este proceso
se contraen a las investigaciones ilegales de las que
había sido objeto el entonces vicepresidente y portavoz
del Gobierno de la Comunidad de Madrid".
Añade que ello "evidenciaría una misma maquinación
delictiva, una sola idea criminal, por más que su
ejecución se haya desarrollado en diferentes momentos y
lugares".
Así, señala que la investigación se inició por los
seguimientos ilegales a González durante un viaje
oficial a Cartagena de Indias en el cual se obtuvieron
imágenes de forma "subrepticia".
Agrega que la investigación "se extendió a la
elaboración y divulgación de un dossier en el que se
incluían múltiples informaciones personales del
denunciante y sus allegados".
Por último, prosigue, la resolución extiende la
investigación a "las pesquisas policiales de que
supuestamente había sido objeto el denunciante las
cuales, según señala el juez, habrían sido ordenadas y
ejecutadas al margen de los protocolos policiales y sin
contar con la necesaria habilitación judicial".
Para el letrado de la Comunidad, "todas las actividades
que están siendo investigadas responden a una misma
finalidad, dañar la imagen pública del presidente de la
Comunidad y socavar su carrera como servidor público".
Los magistrados concluyen que "no puede descartarse
'prima facie' la existencia de conexión entre todas las
actividades delictivas investigadas, por lo que es
aplicable el artículo 17.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal
http://www.publico.es/526756/investigacion-contra-el-policia-que-indago-sobre-el-atico-de-lujo-de-ignacio-gonzalez
EL POLICÍA QUE INVESTIGÓ EL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ
TERMINA EN LOS TRIBUNALES
El magistrado, titular del juzgado 47 de Madrid, es
hermano de un alto cargo del Gobierno de Ignacio
González. da la razón al juez que ya investigaba el
espionaje en Colombia para que incluya en el caso las
pesquisas del comisario Agapito Hermes.
El magistrado, titular del juzgado 47 de Madrid, es
hermano de un alto cargo del Gobierno de Ignacio
González
La Audiencia de Madrid acaba de avalar la decisión de un
juez de la capital de investigar al policía que inició
las pesquisas sobre el ático de lujo que el presidente
Ignacio González disfruta en Estepona y cuya compra por
una sociedad pantalla de Delaware (EEUU) ya investiga un
juzgado de esa ciudad. La investigación sobre esas
pesquisas “ilegales”, que le costaron una sanción por
falta grave y un traslado forzoso al entonces comisario
de Marbella, Agapito Hermes, se articulará como pieza
separada del caso del espionaje en Colombia bajo la
batuta del juez Adolfo Carretero, hermano de un alto
cargo del Gobierno de Ignacio González.
Abiertas hace cinco años, Adolfo Carretero indaga en
esas diligencias sobre los seguimientos a que el
presidente de Madrid fue sometido durante un viaje a
Cartagena de Indias en 2008. En ese caso el juez también
investiga la difusión, en enero de 2009, de un dossier
sobre las actividades privadas de Ignacio González. El
juez considera “calumnioso” el contenido de ese dossier.
Y la Fiscalía, inocuo penalmente porque sus datos
procedían de registros públicos.
El magistrado no cita por su nombre al policía Agapito
Hermes ni a otro inspector que trabajaba a sus órdenes.
Pero hace suyos los argumentos de la Comunidad de Madrid
–que sí menciona con nombre y apellidos a Hermes- y
mantiene que las averiguaciones que el entonces
comisario inició en el verano de 2011 pertenecen al
mismo paquete delictivo que el espionaje colombiano y el
dossier.
Según Carretero, los tres episodios muestran “el mismo
modus operandi” y se cometieron “sin solución de
continuidad”, es decir, sin interrupción temporal pese a
que entre el dossier y las primeras averiguaciones
policiales mediaron dos años.
En su auto, el que ahora revalida la Audiencia,
Carretero subrayaba que Ignacio González había
denunciado por ilegales las indagaciones realizadas por
Agapito Hermes sin mandato judicial. Y agregaba que, en
marzo de 2013, el presidente madrileño seguía sin tener
respuesta del ministerio público.
"Socavar la carrera de Ignacio González como servidor
público"
La Sección Cuarta de la Audiencia, que ha tardado casi
14 meses en resolver el recurso con que la Fiscalía se
opuso a la apertura de una pieza separada sobre aquellas
pesquisas policiales, prima los argumentos de la
Comunidad de Madrid: “El recurso [de la fiscal del
caso], que carece de fundamento, debe ser desestimado”.
Eso, lo primero. Y, después, esto: “Para el letrado de
la Comunidad de Madrid, todas las actividades que están
siendo investigadas responden a una misma finalidad,
dañar la imagen pública del presidente de la Comunidad
de Madrid y socavar su carrera como servidor público
(…). De este modo, siendo esta la hipótesis
investigadora, este tribunal concluye que no puede
descartarse prima facie la existencia de conexión entre
todas las actividades delictivas investigadas”.
En resumen, la Audiencia da carta de naturaleza a la
tesis de que los detectives que grabaron a Ignacio
González mientras entraba y salía de una vivienda de
Cartagena de India y los que elaboraron luego el dossier
sobre sus actividades privadas podían estar concertados
con los policías que, con Agapito Hermes en cabeza,
iniciaron luego averiguaciones preliminares sobre el
ático de 495 metros que González y su familia ocupan
desde junio de 2008.
Situado en una urbanización de lujo de Estepona cercana
a la playa en el límite con Marbella, Ignacio González y
su esposa, Lourdes Cavero, pagaban por el dúplex-ático
un alquiler mensual de 2.000 euros a Coast Investors Llc,
sociedad de Delaware administrada por el testaferro
profesional Rudy Valner. En diciembre de 2012, meses
después de que el diario El Mundo cuestionase la
verdadera propiedad del inmueble, el matrimonio
González-Cavero escrituró el ático a su nombre previa
compra a Coast Investors Llc por 770.000 euros.
Cómo Coast Investors Llc, constituida en marzo de 2008
en Delaware, supo que un ático de Estepona estaba en
venta es una de las incógnitas del caso. Lo compró en
mayo de ese año y, al mes siguiente, se lo alquiló a
González y Cavero.
La mujer del presidente madrileño llegó a ser imputada
en diciembre por la juez de Estepona que investiga las
operaciones de Coast Investors. El sindicato policial
SUP, cuya denuncia activó finalmente la apertura de esas
diligencias, se opuso al igual que la Fiscalía a la
imputación de Cavero: en ese momento, alegó el SUP,
ningún indicio incriminaba a la esposa del presidente de
Madrid. En mayo, la Audiencia de Málaga le levantó la
imputación.
Ahora, y una vez que la Fiscalía del Supremo se ha
opuesto a la admisión de sendas querellas –una de los
socialistas y otra de extrabajadores de Telemadrid- que
presentan el ático como un supuesto soborno en especie,
el paso dado por la Audiencia madrileña abre un nuevo
escenario. Y es el que buscaba el Ejecutivo regional,
cuyo letrado es quien pidió a Carretero la apertura de
una pieza separada dentro del caso del espionaje.
La estrategia del equipo de Ignacio González, que se
declara indefenso y víctima de una persecución, pasa por
situar el eje del caso en las pesquisas policiales
“ilegales” que en el segundo semestre de 2011 desarrolló
el entonces comisario de Marbella, Agapito Hermes. Y en
que el control de esa nueva investigación quede en manos
del juez Adolfo Carretero.
Su hermano Agustín, que también procede de la carrera
judicial, dirigió la Academia de Policía de Madrid.
Actualmente, ocupa una dirección general en la
Consejería de Presidencia. El titular de esa consejería,
Salvador Victoria, ostentó el cargo de viceconsejero de
Ignacio González en sus tiempos como número dos de
Esperanza Aguirre. Fue Victoria quien, en enero de 2009,
interpuso denuncia por los seguimientos a su jefe en
Colombia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/06/10/el_policia_que_investigo_atico_ignacio_gonzalez_termina_los_tribunales_18137_1012.html
Revocada la imputación de la mujer de Ignacio González
por el ático de Marbella
La Audiencia Provincial de Málaga desimputa también al
administrador de la empresa a la que el matrimonio
compró el inmueble y devuelve la causa a la juez de
Estepona
La sección novena de la Audiencia Provincial de Málaga
ha acordado en un auto hecho público hoy revocar la
imputación por un presunto delito fiscal y de blanqueo
de capitales de la esposa del presidente regional
Ignacio González, Lourdes Cavero, por el conocido como
caso ático.También deja sin efecto la imputación de Rudy
Valner, administrador de la empresa offshore Coast
Investors, a la que el matrimonio compró el apartamento
en la urbanización Guadalmina de Estepona. Ambos
permanecerán personados en la causa, al igual que el
propio Ignacio González.
La juez de instrucción número 5 de Estepona (Málaga),
Mariana Peregrina, imputó el pasado mes de diciembre a
Cavero por la operación de compra del lujoso ático de
Estepona que el matrimonio utiliza desde hace años como
lugar de veraneo. Además de tomar la decisión de imputar
a la esposa del presidente regional, la juez se inhibió
en favor de la Audiencia Nacional, una decisión que
también revoca la Audiencia Provincial de Málaga.
La resolución de la Audiencia, contra la que no cabe
recurso alguno, califica en este sentido de “impreciso y
vago” el análisis de la juez de Estepona, que imputó a
Cavero en diciembre de 2013. La semana pasada la
fiscalía ya señaló a su vez que no existían fundamentos
para la acusación. La juez de Estepona vuelve a hacerse
cargo así de una causa que tiene su origen en una
denuncia presentada ante ese juzgado por el Sindicato
Unificado de Policía (SUP), que intentaba demostrar que
el citado ático es propiedad del presidente madrileño a
través de sociedades interpuestas. La denuncia sostiene
que el piso fue comprado en 2008 “por un fiduciario
habitual llamado Rudy Valner, en nombre de la sociedad
offshore Coast Inverstors” por un millón de euros.
La resolución judicial establece que “deja sin efecto”
la imputación de Cavero dado que “no se ha sustentado
por el momento en datos fácticos o indicios de
criminalidad concretos, reveladores de su presunta
participación en unos delitos contra la hacienda pública
y de blanqueo de capitales”. El fallo de la Audiencia
Provincial de Málaga señala también que "no se alude a
la procedencia delictiva de los fondos de la sociedad
constituida en el extranjero"
Poco después de la apertura de la causa judicial, el
presidente de la Comunidad de Madrid admitió que a
finales de 2012 compró, por 770.000 euros, el ático de
Guadalmina, cercano a Marbella y en el que veranea desde
hace años. El 80% de la vivienda (equivalente a 616.000
euros de los 770.000) está a nombre de Cavero. La
Sociedad de Tasación SA tasó en julio de 2012 el
apartamento en 769.611 euros. El 20% restante de la
vivienda correspondería al presidente de la Comunidad de
Madrid, tras pagar 154.000 euros.
En su respectivo patrimonio a él le corresponde un 20%
indiviso y a ella, un 80%. La compra fue posible, según
explicó entonces el dirigente autonómico, a la
indemnización de 700.000 euros que Cavero cobró tras 26
años en la patronal eléctrica, UNESA, de donde salió en
julio de 2011. El sueldo del presidente madrileño
asciende a 103.000 euros brutos al año, según los
presupuestos de la Comunidad de Madrid.
En diciembre del pasado año, la fiscalía anticorrupción
recurrió la imputación alegando que resultaba
improcedente porque no constaban explicitados los hechos
que determinaban la imputación por un delito
determinado. El recurso señalaba que la juez no había
precisado siquiera indicios de “al menos, cuál es el
delito fiscal que se imputa, a qué impuesto se refiere y
cómo se ha producido y, especialmente, quién es el
responsable de ese hecho delictivo”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/13/madrid/1399981065_234684.html
LA FISCALÍA SE NIEGA A INVESTIGAR EL ÁTICO DE LUJO DE
IGNACIO GONZÁLEZ, PERO ABRE DILIGENCIAS SOBRE LOS
CONTRATOS DE BARREDA
El fiscal del Supremo Eduardo Fungairiño, que se negó en
su día a investigar a Pinochet y no vio delito en el
Yak-42, no quiere averiguar ahora si al presidente
madrileño le regalaron un ático de lujo
La Fiscalía de Toledo, en cambio, abre diligencias sobre
los contratos de la época del socialista Barreda a
partir de informaciones periodísticas
El fiscal del Tribunal Supremo Eduardo Fungairiño, que
fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional en la
etapa del Gobierno de José María Aznar, ha rechazado
investigar las dos querellas presentadas contra el
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
por recibir presuntamente como dádiva un ático de lujo
en Estepona. En su opinión, no hay indicios de la
comisión de delitos por parte de González.
Fungairiño intenta restar valor a las dos querellas
presentadas por los ex trabajadores despedidos con el
ERE de Tele Madrid y por el Partido Socialista de Madrid
(PSM-PSOE) con el argumento de que incluyen
"descripciones periodísticas". Así lo afirma hasta en
dos ocasiones el fiscal, que se opuso a investigar al
dictador chileno Augusto Pinochet y que no vio delito en
el caso del Yak-42, en un escrito dirigido a los cinco
magistrados que componen la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, y que tendrán que decidir si admiten a trámite
las querellas.
"Recortes de periódico"
En concreto, Fungairiño sostiene que una transcripción
de "recortes de periódico" habla de una adjudicación del
Canal de Isabel II a la empresa Videomercury, del
empresario Enrique Cerezo, pero "no se concreta qué
perjuicio dinerario se produjo, a quién afectó, por qué
cuantía, y si en la concesión de la gestión de la
publicidad tuvo lugar algún elemento de concesión de
dádiva o promesa que justifique la calificación de los
hechos como prevaricación y tráfico de influencias".
De esta forma, el fiscal olvida de que la querella
identifica en todo momento a Ignacio González como el
presunto perceptor del ático, que se habría producido a
cambio de contratos de Tele Madrid y la sociedad Madrid
Deporte Audiovisual a Cerezo, presidente del Atlético de
Madrid y gran amigo de González.
La segunda de las menciones del escrito de Fungairiño a
los medios de comunicación aparece vinculada a que los
querellantes no explican la "dinámica" mediante la cual
Ignacio González habría podido blanquear dinero: "Ni se
establece siquiera la cuantía de la posible evasión
tributaria ni se explica por qué el pago de 770.000
euros por la vivienda para Ignacio González y para su
mujer, Lourdes Cavero, tendría carácter delictivo y qué
delito constituiría; ello fuera de las descripciones
periodísticas que se acompañan al escrito de querella".
Tanto los ex trabajadores de Tele Madrid como el PSM
incluyeron en sus querellas diferentes artículos
periodísticos sobre el presunto trato de favor del
Gobierno de la Comunidad de Madrid con el empresario
Enrique Cerezo. En especial adjuntaron varias
informaciones publicadas por infoLibre, como por ejemplo
que Tele Madrid cedió a Cerezo la gestión de su
publicidad cuando éste era competencia directa; que la
cadena regional se embarcó en la compra de los derechos
audiovisuales del Atlético de Madrid cuando sabía que
era un mal negocio, o que el Atlético de Madrid no
cumplió una parte de un contrato publicitario por el que
recibió 24 millones de euros de una sociedad controlada
por la televisión pública.
Miguel Blesa
Otra de las informaciones de infoLibre mencionadas en la
querella se refiere a un mensaje del expresidente de
Caja Madrid Miguel Blesa, que evidencia que el entonces
vicepresidente madrileño, Ignacio González, participó de
forma activa en la negociación para la adquisición de
los derechos de televisión de los clubes madrileños de
Primera División, aunque al final el Real Madrid se
descolgara del acuerdo, que sí incluyó al Atlético de
Madrid y al Getafe. El ex senador Francisco Granados,
entonces integrante del Gobierno de Esperanza Aguirre,
confirmó a este diario su participación en una reunión
con los clubes de fútbol.
Pero Fungairiño va incluso más allá en sus críticas a la
querella, asegurando que la misma "tiene mucho de
prospectiva y poco de relato cierto de contenidos,
cantidades y perjuicios".
El fiscal del Tribunal Supremo también argumenta que la
querella tendría más sentido que se hubiera planteado
cuando hubiera avanzado la investigación iniciada por la
jueza de Estepona (Málaga), que ha imputado a Lourdes
Cavero, la mujer de González. "Pero no resulta
procedente, pendiente causa sobre el mismo objeto ante
el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, plantear
causa por los mismos hechos ante el Tribunal Supremo por
si ante ésta jurisdicción superior tuviese más éxito la
persecución contra el presidente de la Comunidad de
Madrid".
"Es difícil entender por qué se presenta ahora ante el
Tribunal Supremo una querella por los mismos hechos
contra Ignacio González", lamenta Fungairiño, quien a
continuación dice en relación al presidente madrileño:
"Quién no está imputado en la referida causa del Juzgado
de Instrucción número 5 de Estepona". Precisamente, este
es uno de los puntos principales de la investigación de
la jueza de Estepona, que trató de enviar la causa a la
Audiencia Nacional al mismo tiempo que imputaba a la
mujer del presidente madrileño. Además, uno de los autos
de la jueza recuerda que ella no puede investigar la
participación de González en el caso, que es aforado,
por lo que las pesquisas tendrían que ser enviadas al
Tribunal Supremo.
Entre sus argumentos en defensa del político madrileño
objeto de la querella, Fungairiño explica además que
González no es nombrado presidente de la Comunidad de
Madrid hasta el 27 de septiembre de 2012. No obstante,
la denuncia especifica como agravante que el propio
González, entonces vicepresidente madrileño, se atribuyó
las competencias audiovisuales. Y que fue el responsable
de la adjudicación de las licencias de la TDT que
favorecieron a Cerezo.
En Castilla-La Mancha sí investigan
Al contrario que Fungairiño, que cesó en su cargo en la
Audiencia Nacional tras un fuerte enfrentamiento con el
anterior fiscal general del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, la Fiscalía de Toledo ha abierto
diligencias penales para investigar los contratos del
anterior Gobierno regional presidido por el socialista
José María Barreda con la empresa Cuadrifolio. Y lo hace
después de que el diario El Mundo publicara que
supuestamente se habían "inflado" los precios de los
contratos con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para destinarlos a financiar actos del PSOE.
El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez,
confirmó este miércoles la "apertura de diligencias"
sobre la gestión de los socialistas, asegurando que esta
decisión obedece "exclusivamente a la información
periodística publicada" y no a la existencia de ninguna
denuncia.
"Esperamos recibir la documentación que algunas
instancias han dicho que remitirán a la Fiscalía", y en
cuanto la Fiscalía regional la tenga, "la valoraremos,
estudiaremos y actuaremos en consecuencia", explicó a
los medios de comunicación. Ha sido el propio PSOE quien
anunció que enviaría todos los contratos al fiscal.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/05/08/el_fiscal_fungairino_niega_investigar_gonzalez_por_informaciones_prensa_que_valen_para_iniciar_las_pesquisas_contra_barreda_16671_1012.html
AGUIRRE CONSIDERA QUE EL ÁTICO DE GONZÁLEZ ES 'UN ASUNTO
PRIVADO'
La líder del PP madrileño asegura que su sucesor en el
Gobierno de la comunidad autónoma ha presentado ya la
documentación relativa a su ático de Marbella
La expresidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP
madrileño, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que su sucesor
en el Gobierno de la comunidad autónoma, Ignacio
González, ha presentado ya la documentación relativa a
su ático de Marbella, puntualizando que se trata de "un
asunto personal" del dirigente popular.
El Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) interpuso el
lunes una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra el
presidente de la Comunidad de Madrid por los supuestos
delitos de cohecho y blanqueo de capitales, dado que se
trata de un aforado.
Los socialistas madrileños piden al tribunal que la
imputación que hizo el Juzgado número 5 de Estepona
(Málaga) a su mujer, Lourdes Cavero, se le aplique a él
también. "Lo único que tengo que decir es que el señor
González ha presentado toda la documentación sobre sus
alquileres y sus compras. Esto es asunto personal del
señor González que el PSOE quiere remover por intereses
políticos", dijo Aguirre tras asistir a un desayuno
informativo con el fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce.
La jueza de Málaga imputó a Cavero por la compra de un
ático de lujo propiedad del matrimonio y cursó la causa
a la Audiencia Nacional para que sea esta la que prosiga
las investigaciones, al sospechar que se podría haber
cometido un delito de fraude a través de una sociedad
radicada fuera de España. En la querella, el PSM
concluye que González percibió una comisión ilegal que
le habría abonado el empresario Fernando Martín, de
Martinsa, por diferentes actuaciones urbanísticas en los
municipios madrileños de Arganda del Rey y Colmenar de
Oreja.
Según el PSM, además el empresario y presidente del
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, habría puesto a
disposición de Ignacio González un asesor jurídico para
crear un entramado de empresas a través de la cual
podría ocultar la propiedad de este ático. Además de la
imputación, el PSOE pide una comisión rogatoria para
recabar los datos de las empresas supuestamente
implicadas en esta operación.
http://www.elmundo.es/madrid/2014/04/02/533bf020e2704e6e3b8b4571.html
El PSOE denuncia a González ante el Supremo por cohecho y blanqueo
Los socialistas quieren que las investigaciones del juzgado de
Estepona se trasladen al Supremo "para que se le atribuyan al
presidente los mismo delitos que a su esposa".
Entienden que la pareja sólo formalizó la compra del inmueble
"cuando la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar el caso",
precisa un portavoz del PSM.
Los socialistas madrileños han denunciado al presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, ante el Tribunal Supremo por
cohecho y blanqueo de capitales por el denominado 'caso ático'.
La magistrada de Estepona Mariana Peregrina imputó a Cavero a
principios de año por un posible delito fiscal y otro de blanqueo en
la compra del ático de 496 m² que la pareja posee en la urbanización
marbellí de Guadalmina. La vivienda que disfrutan Ignacio González y
su esposa desde hace cinco años estuvo de 2008 a 2012 a nombre de la
sociedad Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware
y controlada por el testaferro profesional Rudy Valner.
Los socialistas madrileños quieren que todo lo que se investigue en
el juzgado de Estepona se traslade al Supremo «para que se le
imputen los mismos cargos a González que a su esposa», precisa un
portavoz del Partido Socialista de Madrid (PSM).
El PSM entiende que están acreditados esos delitos, ya que la pareja
«sólo formalizó la compra de inmueble cuando la Fiscalía
Anticorrupción comenzó a investigar», precisa.
Los hechos en que se funda la presente acción penal son los
siguientes:
1. En el Juzgado de Instrucción nº5 de Estepona se instruyen las
Diligencias Previas 2081/2012 iniciadas por denuncia interpuesta por
el Sindicato Unificado de Policía (en adelante S.U.P.) por un
presunto delito contra la Hacienda Pública que podría haber sido
cometido por la entidad mercantil Coast Investors LLC, sociedad
norteamericana con domicilio en el Estado de Delaware (EEUU) 32,
Lockerman Square, Suite 101D, Dover.
2. A lo largo de dicha instrucción se ha puesto de manifiesto
incluso por la representación del Ministerio Fiscal (documento
número uno-informe de fecha 2 de abril de 2013) que el objeto de la
investigación que se lleva a cabo "gira en torno a las
circunstancias en virtud de las cuales la entidad Coast Investors
LLC adquiere, mediante escritura pública de 12 de mayo de 2008,
ciertos inmuebles (una vivienda, tres garajes y tres trasteros) en
el edificio sito en la Urbanización Alhambra del Golf, Fase III,
Bloque 11, Planta 2 de Estepona (Málaga) por un precio de 750.000,
siendo una entidad de la que se desconoce su actividad mercantil, su
capacidad económica y quién pueda ser su último beneficiario
titular".
3. La sociedad Coast Investors, LLC se constituyó en marzo de 2008 y
adquiere los mencionados inmuebles tan sólo dos meses después de su
constitución (12.05.2008), en concreto a D. Pedro Javier Villate
Pérez por 750.000 euros, tal como se desprende de la escritura
pública de compraventa (protocolo 1436) ante la Notario de Madrid,
Doña Julia Sanz López. Todo ello está documentado en el informe UDEF
58.196/12 de 18 de junio de 2012, que aportamos como documento
número dos. La referida sociedad habría sido constituida con el
único fin de ostentar tal titularidad.
4. En esta operación de compra había intervenido la Agencia de la
Propiedad Inmobiliaria del Centro Comercial Guadalmina, en concreto
su agente intermediario Marisa Berri, fijándose el precio final en
algo más de un millón de euros, aún cuando se escriturara por una
cifra inferior, esto es unos 750.000 .
5. La repetida sociedad Coast Investors, LLC, de acuerdo con el
Informe Nº 58.196/12 de la UDEF tiene como principales titulares
últimos a D. Rudy Valner y la entidad Waldorf Overseas LTD.
6. Rudy Valner tiene una relación muy directa con Enrique Cerezo
puesto que ha sido Tesorero de Egeda US INC, empresa de la que forma
parte del Consejo de Administración junto con José Antonio Suárez
Lozano. A su vez esta entidad es filial de Egeda, que tiene como
presidente al Sr. Cerezo y como secretario General a José Antonio
Suárez Lozano. El domicilio que Rudy Valner declara en España en la
escritura de adquisición del inmueble es Paseo del Pintor Rosales nº
40 de Madrid.
Concurre la circunstancia de que tal domicilio es coincidente con el
de la sociedad "Suárez de la Dehesa Abogados S.L." que actúa en
representación de Coast Investors LLC a la hora de declarar el
modelo D-2ª de declaración de inversión extranjera en bienes
inmuebles ante la Dirección General de Comercio e Inversiones del
Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Y también resulta que
José Antonio Suárez Lozano, Director del referido bufete ostenta el
cargo de Secretario en el panel de directivos y oficiales de Egeda
US INC y de Egeda, despacho especializado en derechos relacionados.
7. Por su parte, Waldorf Overseas LTD. aparece gestionada por el
despacho de abogados Mossak & Fonseca con sedes en diversos
territorios 'offshore', entre ellos Panamá y las Islas Vírgenes
Británicas.
8. El resultado es que desde el año 2008, tanto el querellado como
su esposa Doña Lourdes Cavero Mestre disfrutaban del Ático nº 11,
del Bloque 11, de la III Fase del Complejo Residencial "Alhambra del
Golf", junto con tres plazas de garaje y un trastero y que dicho
inmueble aunque se encuentra próximo a Marbella, a efectos
registrales estaba inscrito en Estepona. Consta en las DP 2081/2012
del Juzgado de Instrucción nº5 de Estepona que el D. Ignacio
González y su esposa, Doña Lourdes Cavero Mestre, han disfrutado
como inquilinos del inmueble satisfaciendo, según han referido, un
alquiler de 2.000 euros mensuales.
9. Aún cuando aparentemente la relación del querellado era de
inquilino en virtud de contrato suscrito por su esposa, fijándose en
2.000 la cuota mensual, todas las gestiones realizadas en el entorno
de dicho inmueble, señalaban que el matrimonio se comportaba
realmente como los verdaderos propietarios del mismo.
Aparte de una importante suma gastada en muebles de alta gama no
acorde con el uso dado, esto es amueblar un piso de alquiler, los
gastos de la Comunidad de Propietarios ascendían a la cifra de 1.650
trimestre, en contraste con el precio del alquiler suscrito, muy
inferior a la media de la zona, alrededor de 6.000 mes.
Dicho gasto de Comunidad eran abonados en la c/c nº
0075-3248-60-00298352, a nombre de Com. Propie. Alhambra del Golf
III, MALAGA, mediante transferencia procedente del banco 10560
Lloyds TSB Bank PLC de Londres, figurando como ordenante el
USBKUSEEFEX de USA, cc nº 153458023980, orden de Coast Investor LLC,
con domicilio en 421 North Beverly Drive STE 300, Berverly Hills CA-90210-4625.
Las diferentes gestiones policiales que se llevaron a cabo en la
urbanización Alhambra del Golf señalaban indefectiblemente al
querellado como el verdadero dueño. Así en entrevista con el
responsable de mantenimiento y portero David Jiménez el día 14.8.11,
de forma espontánea manifestó que el ático, aun cuando estaba a
nombre de una sociedad extranjera, en realidad pertenecía a dicho
político.
Misma manifestación hizo Pedro Lara, responsable de la gestoría Golf
Valley Administration SL, encargada de la administración de la
urbanización aludida, así como la St. Isabel, empleada de la firma.
Casualmente, fueron apartados de dichas funciones, nada más
contactar con los funcionarios policiales.
Igualmente, la que fuera presidenta de la comunidad de vecinos de
Alhambra del Golf, Estrella Mas Rueda, propietaria del piso 2º D del
bloque 9 de dicha comunidad, había comentado en numerosas ocasiones
a todos, que el tal Valner y Coast Investors eran "meros señuelos",
que en realidad el piso pertenecía al que lo usaba desde 2008, un
alto cargo de la Comunidad de Madrid que no era otro que el
querellado.
También la esposa del antiguo propietario del inmueble D. Pedro
Javier Villate señaló a un medio de comunicación que,
inequívocamente, los compradores del inmueble eran el querellado y
su esposa aún cuando formalmente la compra la hiciera la sociedad
Coast Investors, LLC.
10. La cuenta 153458023980 del US Bank titular de Coast Investors
LLC es el origen del pago del ático en 2008. Dicha cuenta es usada
por Rudy Valner para, entre otras funciones gestionar fondos para
operaciones financieras rápidas (denominadas Forex Spots) y en la
que el citado abogado es la única persona autorizada, manteniendo
saldos muy importantes.
11. Continuamente se produce un flujo de tráfico de ingresos-gastos,
para difuminar el origen-destino de los fondos, siendo lo habitual
que tras recibir por ejemplo el dinero Forex, en ocasiones a través
de Coast Investors LLC, se reenvía a una cuenta bancaria genérica
como abogado, con el concepto de "cuentas clientes", desde donde
Rudy Valner ordena los movimientos.
12. La cantidad usada para la compra del ático, la recibió a su vez
de otra cuenta de Panamá, cuyo titular es la sociedad Waldford
Oversead Investiments LTD, quien a su vez habría recibido una
transferencia del banco Merrill Lynch Private Banking Miami, como
Gestora de una cuenta del Bank of America Corporation, cuyo titular
en una sociedad propietaria de Enrieque Cerezo, administrada
precisamente por el ya mencionado Rudy Valner.
13. A su vez, las mencionadas cuentas de Enrique Cerezo recibieron
varias transferencias de una cuenta de Lloyds Bank de Mónaco a
nombre de la firma panameña Cedargrobe Investments SA, cuyo último
beneficiario era Fernando Martín.
14. Es decir, con ocasión del percibo de una comisión ilegal por
parte del querellado indiciariamente abonada por D. Fernando Martín
(Martinsa) por diversas operaciones urbanísticas en la Comunidad de
Madrid -Arganda y Colmenar de Oreja- o por otras personas por razón
de adjudicaciones llevadas a cabo por el querellado, éste habría
obtenido de D. Enrique Cerezo la puesta a disposición de una
estructura societaria opaca (la de Coast Investors, LLC) que habría
servido para mantener oculto a terceros la verdadera propiedad del
inmueble. Sólo cuando se pone en marcha la investigación judicial
por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el querellado y su esposa
habrían regularizado la situación del inmueble
http://www.elmundo.es/madrid/2014/04/01/533b051922601dc2748b457e.html?a=41d0dd8769264c90c16367d85668d96a&t=1396436649
EXTRABAJADORES DE TELEMADRID SE QUERELLAN EN EL SUPREMO CONTRA
IGNACIO GONZÁLEZ POR SIETE DELITOS
Consideran que el ático del presidente madrileño en Estepona es "una
dádiva" que recibió de Enrique Cerezo a cambio de decisiones que
favorecieron al empresario audiovisual y descapitalizaron Telemadrid
En la querella criminal se acusa a González de cohecho,
prevaricación, administración fraudulenta, tráfico de influencias,
blanqueo de capitales, delitos contra Hacienda y asociación ilícita
Extrabajadores de Telemadrid han presentado este lunes en el
Tribunal Supremo una querella contra el presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, según ha podido saber infoLibre. Los
querellantes consideran que el ático de González en Estepona es "una
dádiva" que recibió de Enrique Cerezo a cambio de decisiones que
favorecieron al empresario audiovisual y presidente del Atlético de
Madrid y que provocaron la descapitalización de Telemadrid.
Este miércoles, precisamente, el Tribunal Supremo se pronunciará
sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acabó con 861
puestos de trabajo en Telemadrid. El ERE se justificó por la
existencia de un agujero de 240 millones de euros en la cadena
autonómica.
En la querella criminal se acusa a Ignacio González de la presunta
comisión de siete delitos: cohecho, prevaricación, administración
fraudulenta, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delitos
contra Hacienda y asociación ilícita.
Los extrabajadores de Telemadrid sostienen que el político madrileño
del PP es "el propietario real y efectivo" del ático de lujo que
tiene en Estepona desde el momento en que fue adquirido, en 2008, a
nombre de la sociedad radicada en el paraíso fiscal de Delaware
(Estados Unidos) Coast Investors "con recursos relacionados con el
entorno de Enrique Cerezo". Según la versión de González y de su
mujer, Lourdes Cavero, el matrimonio alquiló en 2008 la vivienda y
la acabó comprando en diciembre de 2012.
En todo momento, Ignacio González ha defendido la legalidad de sus
actuaciones en relación al ático. Su versión es que desde 2008 paga
un alquiler de 2.000 euros mensuales y que desde diciembre de 2012
ha adquirido el inmueble a la sociedad Coast Investor, del
empresario mexicano Rudy Valner, que reside en Estados Unidos y es
un testaferro profesional.
LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS
Los querellantes realizan una detallada descripción de las
operaciones millonarias que supuestamente favorecieron a Enrique
Cerezo y que provocaron un agujero millonario en Telemadrid. Y
respaldan su denuncia con múltiples documentos e informaciones
periodísticas, entre ellas varias desveladas en exclusiva por
infoLibre.
Una de las operaciones más voluminosas, que contaron con el visto
bueno dle Gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González, fue la
adquisición por parte de Telemadrid de los derechos del fútbol del
Atlético de Madrid por 230 millones de euros. Dicha inversión se
llevó a cabo, destaca la denuncia citando una información publicada
por este periódico, sabiendo "que los números generaban déficit" y
por tanto perjudicarían a la televisión pública madrileña.
La empresa que compró los derechos del fútbol se llama Madrid
Deporte Audiovisual (MDA) y ahora está en concurso de acreedores.
Sus accionistas eran Telemadrid (49%), Caja Madrid (47,5%), Atlético
de Madrid (2,5%) y Getafe (1%). Pese a que un informe interno de
Caja Madrid aseguraba que esta sociedad solo comenzaría a ganar
dinero a partir del octavo año, el contrato se firmó con los clubes
por cinco años. Es decir, desde el principio los directivos de MDA
sabían que no podrían recuperar el dinero. Además, el acuerdo se
rompió al tercer año, una decisión que según fuentes de la entidad
financiera está siendo revisada por los tribunales.
Madrid Deporte Audiovisual protagonizó una segunda operación ruinosa
para sus intereses: pagó al menos 24 millones de euros al Atlético
de Madrid por otro contrato publicitario que el club presidido por
Cerezo no cumplió. Los pagos se realizaron entre 2007 y 2011, de
acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.
Fuentes de Bankia y del Atlético admitieron que Madrid Deporte
Audiovisual no comercializó los espacios publicitarios a los que
tenía derecho, en las camisetas del equipo rojiblanco y en el
estadio Vicente Calderón. Es decir, MDA le pagó 24 millones al
Atlético a cambio de unos espacios publicitarios que jamás utilizó.
Además de los derechos audiovisuales y publicitarios del Atlético de
Madrid, la querella incluye entre los supuestos favores de González
a Cerezo la adjudicación por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre
de una decena de frecuencias de Televisión Digital Terrestre (TDT)
en todas las demarcaciones de la Comunidad de Madrid. Al obtener una
frecuencia en cada demarcación, Cerezo pudo crer de hecho "una
emisora autonómica sobre la base de licencias locales", denuncia el
escrito de los extrabajadores de Telemadrid.
El 28 de noviembre de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) anuló el concurso de las TDT. Y desde el Gobierno
regional se aseguró que se trataba únicamente de la existencia de
"un defecto formal". Una vez que se subsanó dicho defecto, el
entonces vicepresidente, Ignacio González, volvió a adjudicar las
frecuencias a las mismas empresas. La sociedad de Enrique Cerezo,
Televisión Digital Madrid SLU, consolidaba así una licencia de TDT
en cada una de las demarcaciones en las que se había dividido el
mapa audiovisual de la Comunidad. Ello supuso "establecer una
emisora de ámbito regional con capacidad de llegar a un amplio
espectro de la población, aspecto fundamental para aumentar los
ingresos derivados de la publicidad", se destaca en la querella.
Precisamente, la gestión de la publicidad de Telemadrid es la cuarta
operación que se denuncia en la querella, y que supuso un beneficio
para Enrique Cerezo originada en la televisión autonómica. La
comercialización publicitaria del canal público también acabó en
manos de Cerezo, cuya sociedad Boomerang se hizo con el 30% de la
empresa que la gestionaba: Multipark S.A. El resto de capital de
esta sociedad estaba en manos de Telemadrid (35%) y Caja Madrid
(35%).
De esta forma, Telemadrid dejaba en manos de Cerezo, propietario de
un canal autonómico y por tanto de uno de sus principales
competidores, la gestión de la publicidad. También aquí la querella
se hace eco de una información publicada por infoLibre. Se trata en
concreto de una noticia relacionada con un correo secreto del
expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, en el que acordó hacer
negocios con el presidente del Atlético de Madrid pese a tener
conocimiento de que este empresario había hecho perder dinero a la
caja.
Además de los derechos audiovisuales y publicitarios del Atlético de
Madrid, la gestión de la publicidad de Telemadrid y las
adjudicaciones de la Televisión Digital Terrestre (TDT), la cadena
autonómica favoreció a Cerezo, según la querella, con una quinta
operación: la compra de derechos de televisión a empresas de su
grupo. Así, abonó al menos 1,2 millones de euros a la empresa
Videomercury; 210.00 euros a la sociedad de nombre Enrique Cerezo
Producciones Cinematográficas SA para la producción de la película
The Inquiry y otros 90.000 por los derechos de emisión; y otros
300.000 euros a la firma CIPI Cinematográfica SL para la película
Todos estamos invitados (210.000 para la producción y 90.000 por los
derechos de emisión).
Todas estas decisiones de Telemadrid no tuvieron el control del
consejo de administración, pues el Gobierno de Esperanza Aguirre
decidió en 2005 multiplicar por cuatro el límite máximo de
contratación del director general de Telemadrid –en aquel momento
Manuel Soriano– sin la autorización previa del consejo. La capacidad
de gasto del director general sin control del consejo era de 150.000
euros hasta el año 2005, y gracias al Gobierno de Aguirre pasó a ser
de 600.000 euros.
Un par de años más tarde, en 2007, el Gobierno de Aguirre permitió
que el consejo de administración de Telemadrid dejara en manos de
una comisión delegada los gastos superiores a 600.000 euros. Una
comisión delegada cuyos cuatro componentes llegaron a cobrar algún
mes cerca de 2.000 euros al mes en dietas, según admitieron a
infoLibre fuentes de dicho órgano.
Finalmente, según los querellantes, hay una sexta operación que
supuestamente favoreció a Cerezo: la adjudicación a Boomerang TV de
un contrato por parte de la empresa pública del agua, el Canal de
Isabel II, controlada por Ignacio González. Boomerang TV fue
adjudicataria por parte de la Comunidad de Madrid del acto de
inauguración de los Teatros del Canal. El presupuesto que presentó
Boomerang TV ascendía a 1,2 millones de euros, a los que había que
sumar el 16% de IVA (196.000 más). Es decir, 1,5 millones de euros
para una inauguración por la que Boomerang TV tuvo un 98% de
beneficio.
EL ÁTICO EN ESTEPONA, "DÁDIVA" DE CEREZO
La querella de los extrabajadores de Telemadrid vincula estas
decisiones tomadas por entidades que controlaba de forma directa o
indirecta Ignacio González –Vicepresidencia de la Comunidad,
Telemadrid o el Canal de Isabel II– con el inmueble que viene
disfrutando el presidente madrileño en Estepona al menos desde 2008.
Y por eso relata cada una de las evidencias de esta vinculación para
concluir que, en realidad, se trata de una "dádiva" entregada por
Cerezo a González.
Así, se indica en la querella, el ático fue adquirido a nombre de
"una estructura societaria cuyo último vértice conocido, la sociedad
Waldorf Overseas LTD. aparece gestionada por un despacho de abogados
(Mossak Fonseca & Co) dedicado a la ocultación de patrimonios y con
antecedentes por esa razón".
Los querellantes destacan que en la adquisición del ático ha
intervenido directamente el empresario mexicano afincado en Estados
Unidos Rudy Valner, "que aparece como apoderado de la sociedad
nominalmente titular de la finca [Coast Investors], que ha sido de
la estrecha confianza de Enrique Cerezo".
Otro de los puntos que conectan el ático y Cerezo es la empresa
Egeda, de la que es presidente el empresario madrileño. La Entidad
de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) es
una sociedad que representa y defiende los intereses de los
productores audiovisuales asociados a esta. Desde 1998 su presidente
es Enrique Cerezo y su secretario general es José Antonio Suarez
Lozano, del despacho Dehesa Abogados. Rudy Valner fue también
secretario de la división de Estados Unidos de Egeda.
Pues bien, la querella resalta también que la gestión en España de
la empresa a nombre de la que ha figurado el ático –Coast Investors–
ha contado con el apoyo del despacho de abogados Dehesa Abogados,
que tiene entre sus principales clientes al presidente del Atlético
de Madrid.
Los extrabajadores señalan que, si los datos oficiales sobre el
ático fuesen ciertos, la inversión no tendría ningún sentido para
Coast Investors, ya que esta empresa declaró recibir 2.000 euros de
alquiler al mes por un inmueble cuyos gastos de comunidad eran 1.750
euros mensuales. Por tanto, desde el punto de vista de Coast
Investors "no ha sido rentable, teniendo en cuenta el importe del
alquiler percibido y los gastos de comunidad, como tampoco lo ha
sido, indiciariamente, su liquidación si se tienen en cuenta los
precios de adquisición y venta".
La escritura de compraventa del inmueble detalla que en diciembre de
2012 González y su mujer adquierieron el inmueble, aunque lo
disfrutaban en régimen de alquiler desde el año 2008. El primero es
dueño del 20% y la segunda del 80%. El precio final de adquisición
fue de 770.000 euros, cuando previamente Coast Investors había
abonado al empresario vasco Pedro Javier Villate 750.000 euros. La
denuncia especifica que la adquisición en diciembre de 2012 del
ático por parte de González y de su mujer tuvo lugar cuando tuvieron
conocimiento de que había en marcha "una investigación judicial para
averiguar su titularidad".
LOS PRESUNTOS DELITOS
Después de este relato de los hechos, la querella identifica, uno a
uno, los delitos que González y las otras personas implicadas
podrían haber cometido. Son los siguientes:
1) Cohecho: Lo habría cometido por recibir una "dádiva", que sería
el ático de lujo de Estepona, "a cambio de la realización de actos
contrarios a los deberes inherentes a su cargo".
2) Prevaricación: La querella considera que González ha podido
adoptar resoluciones, "en su ámbito de actuación", que por su
carácter arbitrario e injusto pudieran ser constitutivas de
prevaricación.
3) Administración fraudulenta. Los querellantes entienden que "es
clara y manifiesta la existencia de un perjuicio económicamente
evaluable del Ente Público Radio Televisión Madrid debido a la
disposición fraudulenta de sus bienes, así como al conjunto de sus
trabajadores, realizada mediante una gestión controlada
políticamente por el querellado en la que ha prevalecido el favor
personal frente al beneficio social y a los objetivos que le fueron
encomendados, gracias una serie de ruinosas inversiones y
contrataciones, que a la postre provocaron la descapitalización" de
Telemadrid.
4) Tráfico de influencias. Los exempleados del canal madrileño
sostienen que es difícil negar que de la ejecución y desarrollo de
las actividades relatadas se desprende "un claro uso inapropiado de
la función pública, con el obvio interés de facilitar negocios
privados mediante la contratación de servicios y concesión de
licencias".
5) Receptación y blanqueo de capitales. De confirmarse el contenido
de la querella, Ignacio González habría “blanqueado” dinero
proveniente de actividades ilícitas o producto de delitos, lo que
viene tipificado como delito blanqueo de capitales. .
6) Delito contra la Hacienda Pública. En el caso de que no el ático
no se considere una dádiva entregada por Cerezo a González, los
querellantes creen que el presidente madrileño habría cometido
delito fiscal al usar "fondos de origen desconocido" que no aparecen
en sus declaraciones tributarias.
7) Asociación ilícita. Los extrabajadores de Telemadrid consideran
que las actuaciones descritas no son una conducta puntual, sino que
todo apunta a que "estaríamos ante una práctica organizada y
coordinada incrustada desde hace años en la más alta dirección del
Gobierno madrileño convirtiéndolo en un instrumento que, además,
permitiría asegurar al responsable, y responsables de dichas
actividades delictivas, altos niveles de impunidad".
LAS DILIGENCIAS QUE SOLICITAN
De admitirse a trámite por el Supremo la querella presentada por los
extrabajadores de Telemadrid, la titular del Juzgado de Instrucción
número 5 de Estepona, Mariana Peregrina, tendría que ceder la
investigación, en la que está imputada la mujer del presidente
madrileño, Lourdes Cavero. Además, el sumario tendría que ser
remitido al Tribunal Supremo, que sería el órgano encargado de
investigar a González, según especifica el Estatuto de Autonomía
madrileño al describir su aforamiento.
En la actualidad la investigación está a la espera de que la
Audiencia Provincial de Málaga confirme o no el traslado de la
investigación a la Audiencia Nacional, después del intento de la
jueza de que fuera este tribunal el que prosiguiera las pesquisas.
La acusación del Sindicato Unificado de Policía (SUP) se opone a
esta decisión de la jueza Mariana Peregrina.
La querella de los extrabajadores de Telemadrid enumera múltiples
diligencias que considera necesarias para esclarecer los hechos
denunciados. Además de solicitar diversa documentación a Telemadrid
y Madrid Deporte Audiovisual, destaca la petición de que se libre
una comisión rogatoria a Estados Unidos para que se aporte la
identidad real y efectiva del titular de las cuentas desde las que
salió el dinero para comprar el ático en 2008, y la identidad del
propietario de la sociedad Coast Investors. También reclama que se
requiera a US Bank, Merrill Lynch y Bank of America los movimientos
bancarios entre Rudy Valner, Coast Investors, Walfort o Waldorf.
Mossack y cualquier cuenta de Enrique Cerezo o de sus compañías.
La querella también destaca la necesidad de que declare como
imputado Ignacio González. Y solicita que testifiquen los
exdirectores generales de Telemadrid Manuel Soriano e Isabel
Linares; el actual director general del ente, José Antonio Sánchez;
el subdirector general, Ángel Martín Vizcaíno; y dos integrantes del
consejo de administración elegidos por el PSOE (José Miguel Villa) y
por IU (José Antonio Moral Santín). También piden al Tribunal
Supremo la declaración de Rudy Valner, así como de la mujer del
presidente de la Comunidad de Madrid.
Finalmente, el escrito pide al Tribunal Supremo que requiera al
diario infoLibre para que aporte copia del mensaje enviado por un
empleado de Caja Madrid y publicado el 31 de diciembre de 2013, así
como "las pruebas documentales que dice tener" del pago de los
derechos publicitarios del Atlético de Madrid por importe de 24
millones de euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/25/extrabajadores_telemadrid_querellan_contra_ignacio_gonzalez_por_favorecer_cerezo_cambio_del_atico_estepona_14899_1012.html
EL SUP PIDE OTRA ROGATORIA PARA AVERIGUAR QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DE
LA EMPRESA OPACA QUE LE VENDIÓ UN ÁTICO A IGNACIO GONZÁLEZ
El sindicato policial pone el foco en una segunda compañía de EEUU,
Walfort Overseas, que posee el 99% de las acciones de Coast
Investors, la sociedad que en 2008 hizo la primera compra del piso
de Estepona
Los denunciantes creen que la investigación debe centrarse en el
opaco estado de Delaware, donde las dos sociedades pantalla tienen
su sede
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuya denuncia originó la
investigación sobre la compra del ático de Estepona finalmente
adquirido por el presidente de Madrid, Ignacio González, ha pedido a
la juez del caso que envíe una nueva rogatoria a EEUU para averiguar
quién se esconde realmente tras las dos sociedades pantalla
involucradas en esa operación.
Hasta ahora, las solicitudes de ayuda cursadas por la juez
perseguían el rastreo de las cuentas de Coast Investors LLC, la
compañía opaca del Estado de Delaware utilizada en 2008 por el
tesfaferro profesional Rudy Valner para formalizar la compra del
inmueble. Ahora, lo que el SUP solicita es reclamar a EEUU los
documentos necesarios que desvelen quiénes son los beneficiarios
últimos de una segunda sociedad: Walfort Overseas Investments Ltd,
que posee el 99% de las acciones de Coast Investors LLC. Hasta
ahora, el SUP había centrado sus pasos procesales en dos compañías
panameñas de nombre casi idéntico a la de Delaware: Walford Overseas
Investments y Waldorf Overseas Investments.
Tanto Coast Investors LLC como Walfort Overseas Investments Ltd
están domiciliadas en la misma dirección y dadas de alta con el
mismo agente registrado, figura de representación obligada en la
mayoría de los paraísos fiscales y en algunos Estados de EEUU –como
Delaware– con fiscalidad laxa y escasos mecanismos para identificar
a los beneficiarios últimos de una sociedad.
El escrito remitido por el SUP a través de su abogado explica así el
porqué de su petición: “La instrucción se viene centrando en la
investigación de Walford Overseas Investments Ltd, cuya sede es
Panamá, como consecuencia de los datos recogidos en la Declaración
de inversión extranjera de bienes inmuebles presentada por el bufete
de abogados Suárez de la Dehesa [en nombre de Rudy Valner], así como
informes de la UDEF, cuando lo cierto y verdad es que la entidad que
posee el 99% de Coast Investors LLC es Walfort Overseas Investments
Ltd, con sede en Delaware”.
El sindicato policial considera que la jueza debe reclamar al
Departamento de Estado de Delaware información sobre las cuentas de
Walfort Overseas Invetments Ltd. Pero, también, datos precisos para
verificar si continúa activa o si, por el contrario, “es nula a
tenor de la normativa aplicable de Delaware y si carece de entidad
jurídica para ser titular de cuenta corriente alguna”.
Imputación de Lourdes Cavero
Desde que en 2012 arrancó la investigación judicial –ahora en
suspenso a la espera de que la Audiencia de Málaga se pronuncie
sobre el auto por el que la juez imputó a la esposa de Ignacio
González, Lourdes Cavero y decidió inhibirse en favor de la
Audiencia Nacional–, el foco del SUP apuntaba casi en exclusiva a
Panamá.
Los errores –fortuitos o deliberados– que se repiten en los papeles
aportados por los abogados españoles de Rudy Valner –en ellos, la
sociedad propietaria de Coast Investors aparece como Walfort pero
también como Walford, inexistente en Delaware– alimentaron en el SUP
y en la Fiscalía Anticorrupción la idea de que el hilo iniciado por
Coast Investors LLC en Delaware conducía a Panamá. Pero ningún
documento oficial lo indica o lo sugiere.
En ese país centroamericano, que sigue funcionando como paraíso
fiscal pese a su reciente legislación antiblanqueo, hay dos
sociedades registradas con nombres casi idénticos al de la sociedad
propietaria de Coast Investors LLC: Waldorf Overseas Investments Inc
y Walford Overseas SA.
La Walford Overseas SA, constituida en 2000, se disolvió en mayo de
2013. Y la segunda, Waldorf Overseas Investments Inc, permanece sin
agente registrado desde febrero de ese mismo año, ya en plena
polémica sobre el ático de Estepona.
El agente que la representaba, el bufete Mossack Fonseca, conocido
por ejercer o haber ejercico como agente residente en Panamá de
algunas sociedades de la trama Gürtel, entre ellas Golden Chain,
renunció a representar a Waldorf Overseas Investments Inc. Lo hizo
porque así lo prevé la ley antiblanqueo, popularmente denominada en
el Istmo como “ley de conoce a tu cliente” en determinadas
circunstancias.
Operación "opaca"
Esa ley preceptúa que el agente registrado debe saber en todo
momento quién es su representado y con qué propósito ha fundado una
compañía en Panamá. Los portavoces del bufete Mossack Fonseca con
que contactó infoLibre eludieron explicar en qué incumplimiento
concreto incurrió Waldorf ni si la compañía guarda cualquier
relación con Rudy Valner.
Ningún documento de los incorporados a la causa permite establecer
un nexo entre la Walfort Overseas Investments Ltd de Delaware
vinculada a Rudy Valner y la Walford Overseas Investments Inc de
Panamá o su casi homónima Waldorf Overseas SA. La información que
manejó el SUP en su denuncia sostiene, no obstante, que tal nexo
existe. Y que la compañía hermana de las de Delaware es justamente
la que representaba Mossack Fonseca.
La accidentada investigación sobre el ático comenzó a instancias del
SUP, convencido de que Coast Investors Llc solo es una empresa
tapadera. Tras varios reveses, la jueza Mariana Peregrina Blanco,
titular del juzgado de instrucción 5 de Estepona, abrió diligencias
en el otoño de 2012.
La Fiscalía Anticorrupción entendió que la denuncia debía ser
investigada por cuanto la primera compra del ático, efectuada por
Coast Investors Llc en mayo de 2008, apenas dos meses después de su
constitución como sociedad, arrojaba elementos para la sospecha: se
trató de una operación “opaca”, mantiene la Fiscalía.
20.000 euros más que lo que pagó Coast Investors
Ni Coast Investors opera en España de manera continuada ni el índice
centralizado de propiedades señala ningún inmueble a su nombre en
territorio nacional ni nadie ha explicado hasta la fecha cómo una
sociedad administrada por un profesional de la fiducia –Rudy Valner–
que vive en Los Ángeles llegó a saber que un ático de la
urbanización Alhambra Golf de Estepona estaba disponible.
Coast Investors alquiló el ático a la pareja González-Cavero en el
mismo año en que lo compró, 2008. En diciembre de 2012, al día
siguiente de que Anticorrupción reclamase toda la información
tributaria relativa a Coast Investors, el presidente de Madrid y su
esposa escrituraron el piso a su nombre. Pagaron 770.000 euros, solo
20.000 más de lo que había pagado Coast Investors cuatro años antes.
Hasta la fecha, no se conoce el resultado de las comisiones
rogatorias enviadas por la juez al banco Lloyds de Londres, donde
Coast Investors posee una cuenta. La segunda rogatoria, reclamada
por la Fiscalía y sobre la que tampoco se sabe nada, tiene por
destino EEUU y tiene por objeto determinar los movimientos de otra
cuenta abierta a nombre de esa sociedad. Quienes siguen el caso de
cerca ignoran si lo que sucede es que ni Reino Unido ni EEUU han
respondido o si, por alguna razón, las solicitudes de ayuda se han
atascado por el camino.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/25/el_sup_pide_otra_rogatoria_para_averiguar_quienes_son_los_duenos_empresa_opaca_que_vendio_atico_ignacio_gonzalez_14916_1012.html
GONZÁLEZ CULPA A EL MUNDO DE SUS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA
El presidente de la Comunidad de Madrid volvió ayer a intentar
culpar a EL MUNDO de los problemas que él y su imputada mujer,
Lourdes Cavero, tienen con la Justicia por la compra de un ático a
nombre de sociedades en paraísos fiscales.
En un comunicado trufado nuevamente de insultos y descalificaciones,
González no refuta uno solo de los aspectos esenciales de las
noticias y la cronología del caso ático publicadas ayer. Se limita a
intentar desviar la atención desacreditando con afirmaciones falsas
puntos colaterales. No niega, por ejemplo, que la Policía envió
incomprensiblemente a un destinatario equivocado la comisión
rogatoria a Reino Unido.
La enésima embestida del presidente a este diario apareció ayer en
su blog en forma de tres puntos:
1.-«No hay ninguna declaración en ninguna actuación policial ni
ningún folio del ‘caso Gürtel’ en los que se me vincule a Arganda»
El martes, González aseguró que su nombre no aparece «en ninguno de
los miles de folios de Gürtel». Ahora, y una vez que EL MUNDO
demostró que en el tomo octavo del sumario figuran al menos cinco
facturas firmadas por él a Francisco Correa, precisa que no existe
ninguna declaración en sede policial ni en el sumario de Gürtel en
las que aparezca su nombre «vinculado a una operación urbanística en
Arganda». Este diario jamás ha afirmado tal cosa, se ha limitado a
recordar las declaraciones de un testigo protegido del caso que ante
la Policía estableció una relación entre el dúplex de 496 metros
cuadrados adquirido a través de dos sociedades radicadas en paraísos
fiscales y el pelotazo que la Comunidad autorizó a Martinsa en
Arganda.
2.-«La investigación ilegal terminó con un escrito del comisario de
Marbella a Fernández-Chico que concluye la ausencia de cualquier
actuación ilegal»
Lo que dice en este farragoso párrafo —que tampoco reproducimos en
su integridad— es que los populares Fernández Díaz y Cosidó, jefe de
la Policía, tildaron de «ilegales» las pesquisas. Agrega que el
comisario de Marbella, Hermés de Dios, comunicó al anterior director
operativo de la Policía, Fernández-Chico, que la compra del ático
era limpia.
Hay una incongruencia de fechas que deja en mal lugar a González.
Fernández-Chico, un mito dentro de la Policía, murió el 28 enero de
2012. Y el 11 de febrero de 2012 [ver EL MUNDO del 23 de marzo de
ese año] la Comisaría de Marbella recabó datos sobre un coche
alquilado por Lourdes Cavero y aparcado en el garaje de la pareja.
Conclusión: difícilmente podía haber informado De Dios a
Fernández-Chico de la finalización de la investigación por cuanto el
primero continuaba con sus pesquisas dos semanas después de que el
segundo hubiera fallecido.
Además, conviene no olvidar que Hermés de Dios trajo una declaración
a Madrid cuando Asuntos Internos le llamó a capítulo por orden de
Cosidó y le invitaron a firmar otra con una versión favorable a la
teoría conspiratoria que defiende González.
3.- «Hemos pasado de que yo era el responsable último del Urbanismo
a que lo era Mariano Zabía, al que yo me llevé a Educación en 1996»
González niega que Zabía, el consejero que presidía la Comisión
Regional de Urbanismo que otorgó el aumento de edificabilidad a
Martinsa en Arganda en 2006, sea íntimo suyo. Olvida que era su
principal colaborador en el Ministerio de Educación en la era
Aguirre, al igual que cuando se lo llevó a la Comunidad.
Añade que fue la propia Esperanza Aguirre la que tiró de Zabía
cuando la hicieron ministra «pues es funcionario del mismo Cuerpo
que ella». Falso de nuevo: Zabía es miembro del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, los célebres TAC, y Aguirre, del
Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo, que no es exactamente
lo mismo.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20306158&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=20_01_2014&pla=pla_11014_Madrid
LAS MOTIVACIONES ‘SOCIALES’ DE MARTINSA
El presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, emitió ayer un
comunicado en el que justifica el aumento de viviendas que le aprobó
la Comunidad en Arganda bajo el argumento de que de esta manera
serían «más accesibles al mayor número posible de clientes». Eso sí,
niega un incremento de edificabilidad. Además de defender así el
retoque de un 73% en el número de viviendas –de 1.580 a 2.731– ,
sostiene que esta operación, uno de los epicentros del ‘caso
Gürtel’, es legal. Según Martín, la adjudicación de dicha parcela
«fue realizada por concurso» y su oferta obtuvo «la mayor
puntuación».
Añade Martinsa que en dos ocasiones la Justicia ha avalado «la
legalidad del procedimiento». Precisa que «el plan parcial en el que
se inserta la actuación de Martinsa fue aprobado por unanimidad por
los partidos políticos de Arganda». No obstante, el PSOE ha
denunciado los retoques urbanísticos ‘a posteriori’ por parte de la
Comunidad que supusieron un aumento de negocio que cifran en «unos
200 millones». No en vano, los socialistas siempre han recalcado que
se le permitió aumentar el número de plantas en la urbanización para
dar cabida a las nuevas viviendas. Martinsa niega que un año después
vendiera por 73 millones un tercio de la parcela que le costó 77.
«Se enajenó por 12». Y puntualiza que el solar municipal le costó
«en total 176 millones».
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20306163&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=20_01_2014&pla=pla_11014_Madrid
MADRID REGALÓ A MARTINSA 200 MILLONES EN EDIFICABILIDAD
La Comunidad de Madrid, con Ignacio González de vicepresidente,
aprobó el aumento exponencial del número de viviendas en las
parcelas públicas vendidas a Martinsa por el Consistorio madrileño
de Arganda. Una operación que constituye uno de los pilares del caso
Gürtel y de la que el actual presidente madrileño se ha intentado
desvincular por completo durante los últimos días.
Sin embargo, fue el Gobierno regional en el que González era el
número dos y un hombre de su máxima confianza, Mariano Zabía, el
responsable de la Comisión de Urbanismo que acabó dando el visto
bueno para que se disparase espectacularmente el negocio del
empresario Fernando Martín. Zabía es un hombre de la máxima
confianza de González desde que éste se lo llevó al Ministerio de
Educación en 1996.
También le permitió canjear una gran superficie comercial por
pequeños locales
El número de viviendas permitidas inicialmente en la denominada
UE-124, también conocida técnicamente como «Área de Centralidad»,
que fue adjudicada a bajo precio en noviembre de 2004 a Martinsa por
77 millones de euros -el empresario vendió posteriormente sólo un
tercio de estas parcelas por 73-, ascendía a 1.580, de las cuales
300 eran de titularidad pública.
Tras las sucesivas modificaciones, la cifra se elevó a 2.731
viviendas de las que se estableció que 600 serían públicas. Es
decir, que gracias a la autorización del Gobierno regional se
permitió a Martinsa sobre la misma superficie levantar un 73% más de
pisos: 1.151 más.
El visto bueno pasaba por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad
de Madrid, que despachaba las continuas modificaciones solicitadas
por el promotor «informando favorablemente al Plan Parcial de
Reforma Interior de la UE-124, que modifica la ordenación
pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Arganda del
Rey». Una y otra vez esta comisión se limitaba a dar el visto bueno
a las mismas «en los términos contenidos en los informes de la
Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio», que era
quien validaba los cambios en primera instancia en el Ejecutivo
madrileño.
Según ha acreditado ya la policía en el sumario de Gürtel, el
presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, utilizó su
sociedad Golden Chain para cobrar en Suiza los 12,8 millones de
euros de comisión que desde otro paraíso fiscal, el Principado de
Mónaco, le abonó Fernando Martín en 2006 por sus gestiones para
conseguir que el PP le otorgase el pelotazo de Arganda.
La Comisión de Urbanismo la presidía Zabía, íntimo de González
Martín adquirió al Ayuntamiento de Arganda del Rey, concretamente a
una sociedad municipal, un total de 150.000 metros cuadrados, la
parcela más extensa del Plan Urbanístico, por 77 millones de euros
pese a que había sido tasada en 96 millones. Finalmente, el precio
abonado por Martinsa ascendió tan sólo a 66 millones de euros. La
Comunidad de Madrid no sólo autorizó el referido aumento del número
de viviendas por hectárea sino el número de plantas, que pasaron de
seis a 10, lo que supuso unos beneficios adicionales de 200
millones. Pero éstos no fueron los únicos cambios propuestos por
Martinsa y validados por el Gobierno madrileño.
LaComunidad también dio su visto bueno para la eliminación de la
gran superficie comercial prevista inicialmente en este desarrollo
urbanístico. Bajo el argumento de que mejoraría «la calidad del
espacio público y aumentaría la vida urbana», se canjeó el gran
centro por bajos comerciales que contaran con la misma extensión.
Tal y como reveló EL MUNDO, existe una curiosa coincidencia entre la
empresa fiduciaria que adquirió el ático en Marbella del presidente
de la Comunidad de Madrid y la que empleó Correa para cobrar la
citada comisión de Arganda. Tanto Golden Chain como Waldorf Overseas
Investments comparten los mismos testaferros en Panamá.
Se trata de las sociedades Dulcan y Winsley, que ostentan la
condición de lo que en la terminología mercantil panameña se
denomina «subscribers» o, lo que es lo mismo, testaferros. Eso sí,
comparten fiduciarios pero no «agentes».
Waldorf Overseas Investments está gestionada por Mossack Fonseca,
bufete de abogados especializado en ocultar grandes fortunas e
investigado por participar en grandes operaciones de blanqueo de
capitales. Por su parte, el gestor de Golden Chain es Aba Legal
Bureau, un despacho de características similares.
http://www.elmundo.es/espana/2014/01/19/52db1fa822601d426e8b4573.html
GONZÁLEZ SÍ FIGURA EN EL SUMARIO DE ‘GÜRTEL’ FIRMANDO PAGOS A CORRE
A
El presidente dijo anteayer: «No aparezco en ninguno de los miles de
folios de ‘Gürtel’»
Ignacio González volvió a recurrir a la falsedad anteayer en su
segunda diatriba contra EL MUNDO en menos de 24 horas por publicar
que la empresa a nombre de la cual se compró su ático marbellí es
una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá que comparte
testaferros con una compañía off shore del líder de Gürtel,
Francisco Correa.
«Lleva [EL MUNDO y su director] 17 portadas en dos años y siete
editoriales sin presentar ni un solo documento acreditativo de
ninguna de las informaciones que presuntamente justifican mi
implicación en la trama Gürtel», apuntó anteayer en rueda de prensa,
«y reitero una vez más: Gürtel es un sumario instruido, con miles de
folios, que es público, al servicio y disposición de todo el mundo
que lo quiera ver. Ahí está la instrucción de Arganda. Jamás en
ninguno de los documentos de Gürtel aparezco porque no puedo
aparecer. Ya está bien de manipulación».
Pues bien, la realidad documental prueba que el presidente popular
mintió de nuevo. En el sumario del caso Gürtel, instruido primero
por Garzón, luego por Pedreira y ahora por Ruz, existen al menos
cinco facturas de pagos a Correa firmadas como Ignacio González como
«Vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Madrid».
Se trata, en concreto, de cinco autorizaciones de pago a Down Town
Consulting SL, una de las sociedades del holding que montó Francisco
Correa. Todas datan del 29 de diciembre de 2004. Y, curiosamente,
las cinco son inferiores a 12.020 euros, la cantidad a partir de la
cual era imperativo convocar un concurso de acuerdo a la Ley de
Contratos del Estado entonces vigente.
La primera de las propuestas de pago a Correa suscritas por González
es la 005393: 12.000 euros por «Decoración floral acto
institucional». A tenor del importe satisfecho a Down Town
Consulting debieron ser las flores más caras de la historia.
La fácilmente reconocible firma de González aparece en la 005397,
también por importe de 12.000 euros, 20 euros menos que el umbral
del concurso público. El concepto es el siguiente: «Iluminación y
sonorización acto Casa Co.».
Nuevamente, un concepto etéreo a más no poder preside la
autorización de pago número 005399 visada por el entonces
vicepresidente de la Comunidad de Madrid: «Trabajos acto Casa de
Correos, 7/12/04». La cantidad desembolsada por Ignacio González al
jefe de la trama Gürtel fue en aquella ocasión de 9.976, 72 euros.
La propuesta de pago 005406, que asciende a 3.455 euros, corresponde
supuestamente al «montaje acto institucional XVI tertulias
hispano-británicas el día 5 de noviembre». Otra vez, al pie del
documento, y junto con las de funcionarios de alto rango, aparece la
rúbrica de Jaime Ignacio González.
La quinta y, de momento, última en cuestión (005408) corresponde al
«Acto Institucional visita presidente Microsoft Bill Gates el día 19
de noviembre». El empresario, mecenas y desde hace unos meses
accionista de la constructora FCC visitó aquella jornada la capital
de España.
Como se ve, Ignacio González sí figura en los cientos miles de
folios del sumario de Gürtel. Al menos, en el Tomo Octavo.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20252401&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=16_01_2014&pla=pla_11014_Madrid
GONZALEZ : «NO TENGO COMPETENCIAS EN MATERIA DE
URBANISMO»
Ignacio González faltó reiteradamente ayer a la verdad
en su iracunda intervención en el programa La Mañana de
la cadena Cope, al que llamó para desmentir la noticia
publicada por este periódico bajo el título La sociedad
que compró el ático de González comparte testaferros en
Panamá con Correa. El presidente de la Comunidad de
Madrid descalificó e insultó al director de EL MUNDO,
Pedro J. Ramírez, presente en la tertulia cuando
telefoneó. Entre gritos, dijo que este diario hace
«basura» –término que empleó en varias ocasiones–, que
se dedica a «manipular» y que lo único que busca es
«dañarle».
«Jamás he tenido competencias en materia de urbanismo,
lea el Bocam [...]. Usted no ha podido acreditar nada en
relación con ‘Gürtel’»
El presidente de la Comunidad de Madrid se defendió ayer
asegurando de forma tajante que «jamás» ha tenido
«competencias en materia de Urbanismo». «Sólo hay que
buscar el Bocam [Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid] para leerlo». Asimismo, recriminó al director de
EL MUNDO «no haber podido acreditar nada en relación con
Gürtel» y su propia persona. «No tengo nada que ver con
Gürtel», remarcó una y otra vez.
Bien, pues el mismo Ignacio González que realizaba ayer
estas contundentes afirmaciones autorizó con su firma la
venta de las polémicas parcelas de Majadahonda, una
operación que constituye la génesis del caso del que
intentó ayer desvincularse por completo.
Lo hizo en calidad de «vicepresidente primero, portavoz
y consejero de Presidencia» y rubricó el 25 de junio de
2004 la autorización al Ayuntamiento de Majadahonda para
que enajenara las parcelas públicas RN-1 y 2D, que
sumaban casi 53.000 metros cuadrados y podían albergar
461 viviendas. Todo ello gracias a las competencias
urbanísticas que le otorgaba al líder del PP el artículo
91 de la Ley 2/2003 de 11 de marzo, de Administración
Local de la Comunidad de Madrid.
No en vano, en ese mismo documento se establece que esta
ley hace «competente» a la Consejería de Presidencia,
ocupada entonces por González, «al sobrepasar» el
importe de la venta «el 25% de los recursos ordinarios
del presupuesto» del municipio madrileño.
Por lo tanto, el presidente popular mintió a sabiendas
porque ha tenido competencias urbanísticas y participó
con su propia rúbrica en una de las principales
operaciones investigadas en Gürtel.
El metro cuadrado de los referidos terrenos se valoró
inicialmente en una cifra irrisoria: 1.600 euros. De tal
manera que la primera de las parcelas salió a concurso
por 48.040.000 euros y la segunda, por 35.255.776 euros.
Estos precios hacían perder al Consistorio madrileño
entre 30 y 50 millones de euros.
El concurso se convocó y se presentaron 12 ofertas con
sus correspondientes propuestas. Los ex miembros del PP
José Luis Peñas y Juan José Moreno denunciaron que la
operación fue concebida de esta manera para favorecer a
una empresa próxima al jefe de la red Gürtel, Francisco
Correa.
El escándalo desatado al conocerse las condiciones de
esta controvertida enajenación de suelo público
desembocó en la dimisión del alcalde popular de
Majadahonda, Guillermo Ortega, que fue sustituido por
Narciso de Foxá, y en la anulación del concurso.
Sólo un año y medio después, se vendieron las parcelas
por 61 millones más del precio previsto en 2004. El PP
madrileño, cuyo secretario general era entonces Ricardo
Romero de Tejada, negó que el partido hubiera dado
instrucciones para vender a bajo precio el suelo, pero
reconoció que «lo prudente era retirar el concurso»,
porque «no se estaba vendiendo bien». Por su parte, la
ex presidenta Esperanza Aguirre siempre ha recalcado que
fue ella misma quien destapó el caso Gürtel al dar la
orden de abortar el concurso de Majadahonda, declararlo
desierto y convocarlo de nuevo.
«Yo no sé ni cuál es la sociedad que compró el ático.
¿Cómo puede usted acreditar que la sociedad americana es
propiedad de una panameña?»
Curiosamente, una de las cuestiones que más preocupan al
presidente de la Comunidad de Madrid es el vínculo entre
la sociedad que compró oficialmente el dúplex de 496
metros cuadrados por casi 1,3 millones de euros (400.000
de ellos en negro), la estadounidense Coast Investors, y
la panameña Waldorf Overseas Investments. Tal vez sea
porque esta ligazón mete a Ignacio González en el caso
Gürtel.
Coast Investors es una empresa instrumental constituida
en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. Y como
todas las entidades mercantiles que operan desde esa
península situada entre Nueva York y Washington D.C., su
objetivo es operar a espaldas del fisco ocultando la
verdadera identidad de sus accionistas, que son siempre
grandes fortunas procedentes de negocios legales o
ilegales.
Ésta fue la fórmula elegida para adquirir el dúplex de
Ignacio González: una sociedad creada en una paraíso
fiscal. Muchos políticos emplean esta fórmula para
blanquear poco a poco el dinero procedente de comisiones
ilegales: se hacen con un inmueble a través de una
compañía off shore, luego lo alquilan y, al cabo de unos
años, lo ponen a su nombre. Exactamente lo que hicieron
Ignacio González y su esposa, la imputada Lourdes
Cavero.
Coast Investors se hizo en mayo de 2008 con la vivienda.
Pero, a su vez, esta empresa de Delaware es propiedad de
la panameña Waldorf Overseas Investments. Así consta en
la Declaración de Inversión Extranjera en Bienes
Inmuebles que el testaferro profesional que hace las
veces de gestor de Coast Investors, Rudy Valner,
presentó en el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en mayo de 2008, cuando se produjo la primera
transacción.
El documento no puede ser más concluyente. En el
apartado encabezado por el epígrafe «principales
titulares últimos del titular de la inversión», los
identifica como «Rudy Valner y Walford [es una errata,
en realidad es Waldorf] Overseas Investments».
González faltó clamorosamente a la verdad en este
apartado porque sabe que este dato le conecta a la red
Gürtel. Los testaferros de Waldorf, es decir, de la
dueña inicial de su ático, son Dulcan y Winsley.
Exactamente los mismos que los de Golden Chain, la
compañía a través de la cual Francisco Correa ingresó la
comisión ilegal de 12,8 millones de euros que le pagó
Fernando Martín por conseguirle una parcela municipal en
Arganda a bajo precio.
Aunque el solar fue tasado en 96 millones de euros, a
Martinsa se le fijó un precio de 77, de los que
finalmente sólo satisfizo 66. Es decir, una rebaja de 30
millones, que provocó el obvio agujero en las ya de por
sí renqueantes arcas municipales.
«¡Cómo que la operación fue fiscalmente opaca!... ¿Dónde
dice eso?»
Ésta fue la tercera ocasión en la que González faltó
clamorosamente a la verdad. El presidente de Madrid
desmintió, otra vez fuera de sí, que el fiscal
Anticorrupción haya declarado que la compra del dúplex
de 496 metros cuadrados sea «fiscalmente opaca». Pues
bien, Juan Carlos López Caballero, jefe de la Fiscalía
Anticorrupción en Málaga, afirmó textualmente en el
escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número
5 de Estepona el pasado 25 de noviembre –se reproduce a
la izquierda de este texto– que la operación de
adquisición del polémico inmueble se consumó a través de
«una estructura societaria ciertamente opaca». Y, en
consecuencia, se mostraba partidario de «acreditar las
personas físicas que sean los dueños de la referida
entidad y, por ende, de los inmuebles que la misma
adquirió en la localidad de Estepona [el ático se halla
en el límite exacto entre Marbella y Estepona]».
Pero no quedan ahí las referencias del fiscal López
Caballero a la estructura off shore que permitió la
compra opaca del ático. «Coast Investors es una entidad
de la que se desconoce su actividad mercantil, su
capacidad económica y quién pueda ser su último
beneficiario o titular», suscribió en otro informe que
data del 2 de abril del pasado año.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20231185&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=14_01_2014&pla=pla_11014_Madrid
DESCALIFICACIONES Y UNA TREINTENA DE INTERRUPCIONES
González irrumpe iracundo contra el director de EL MUNDO
en la Cope
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, irrumpió ayer de forma furibunda en la
tertulia de La Mañana de la Cope con unas airadas
acusaciones contra EL MUNDO –por publicar «falsedades» e
«insinuaciones sin acreditar nada»– y, en especial,
contra su director, Pedro J. Ramírez, al que achacó
tener «sólo un objetivo», y es que «no vuelva a ser
candidato» en Madrid. La retahíla de descalificaciones
del dirigente del PP madrileño sólo fue comparable en
número a la treintena de interrupciones con las que
enfangó la charla, de poco más de 19 minutos, con
Ramírez.
González se lanzó contra el periodista, desde el inicio,
defendiéndose con ataques: «Usted no ha acreditado nunca
absolutamente nada, y esto que publica es otra basura a
la que usted nos tiene acostumbrados [...] Deje de hacer
falsas insinuaciones, que es a lo único a lo que se
dedica». Y sostuvo, entre otras cuestiones, que «jamás»
ha tenido competencias en Urbanismo. Ramírez respondió:
«Esa expresión, basura, la recuerdo muy bien. Hace
algunos años la solía utilizar un político de su mismo
apellido».
González empezó a perder los nervios: «Usted no ha
podido acreditar nada porque no hay nada, y cuando lo
tenga, publíquelo [...] No tengo nada que ver con
Arganda ni con el caso Gürtel, por mucho que a usted le
gustaría que así fuera».
La conversación se enredó por las continuas y bruscas
interrupciones del presidente madrileño, al que Ramírez
describió como «muy nervioso, muy crispado y muy tenso»,
y sobre el que dijo que presenta este asunto como una
«cuestión personal». Pero González volvió a la carga
exasperado con el mismo argumento: «La información es
falsa». Ramírez trató sin éxito de replicar: «Puede
repetir esto mismo 27 veces [….] Yo me callo hasta que
me deje hablar…». Pero González insistió en su actitud y
continuó acusando: «Lo único que tiene que hacer es
repasar la hemeroteca para ver cuántas insinuaciones ha
publicado sin presentar ni una sola prueba. Es a lo que
se dedica usted».
El conductor del programa, Ernesto Sáenz de Buruaga, se
vio obligado a intervenir con frecuencia para frenar a
un González desatado, al que le pidió sosiego para
permitir la réplica: «Le ruego que deje terminar a Pedro
J.». Pero González apenas cedió unos segundos la palabra
y volvió a la carga para abortar el relato del director
de EL MUNDO que, a la cuarta ocasión seguida, exclamó:
«No es que me deje terminar, es que me tiene que dejar
empezar». Buruaga insistió: «Presidente, por favor se lo
pido, le hemos escuchado». Pero Ramírez, ante una nueva
zancadilla, le afeó: «¿Usted cree que está debatiendo en
la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde lo que se
trata es de interrumpir el uno al otro?». Cuando el
periodista trató de argumentar que la información es
«fruto de la labor rigurosa», González se rió con sorna
y, atropellado, le tapó: «Súperrigurosa, ni una sola
prueba [...] Es una auténtica vergüenza, hombre».
Ramírez denunció que la estrategia de González era la de
«arremeter contra el medio», y éste saltó: «Cuando esto
se publica no es más que basura, no acredita nada». A lo
que Ramírez reprochó: «Yo puedo esperar hasta que el
infierno se hiele, señor González, y siga usted
repicando en la misma dirección porque los hechos
seguirán siendo los mismos». En su obsesión por defender
atacando, González se despachó con la siguiente
insinuación: «Alguien le ha prometido algo que no le
acaba de dar ni se lo va a dar». «¿Pero de qué está
usted hablando? ¿Qué dice usted?», le preguntó Ramírez
sin encontrar respuesta.
Al abordar en concreto la información de ayer de que los
testaferros unen a González con Francisco Correa, el
presidente madrileño retó a este diario a «acreditar que
la sociedad americana [que compró el ático] es dueña de
la sociedad panameña». Entre constantes interrupciones
–por entonces ya se contabilizaba una veintena–,
González se parapetó bajo el argumento de que «no soy
parte» de ninguna investigación judicial. «¿Y por qué su
esposa está imputada?», preguntó Ramírez. «¿También la
juez es basura? ¿También quiere acabar con su carrera
política? ¿También cuando el fiscal dice que la
operación ha sido fiscalmente opaca?». González puso
esto último en duda –«¿quién?», «¿dónde dice eso?»–, y
Ramírez se lo detalló: «Eso es lo que dice la Fiscalía
en el escrito incluido en el procedimiento que se está
instruyendo».
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20231190&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=14_01_2014&pla=pla_11014_Madrid
CRÍTICAS EN EL PP: «CUANDO UNO PIERDE LOS PAPELES,
SIEMPRE PIERDE»
El rifirrafe radiofónico de González a un año de las
elecciones impacta en el partido
No se habló de otra cosa a lo largo de la jornada. El
rifirrafe radiofónico entre el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el director de
EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, se coló, si no dentro, sí al
final de todas las reuniones de partido.
Unos lo habían escuchado en directo; a otros, se lo
habían contado. Pero todos repetían una palabra:
«¡Terrible, ha sido terrible!». Y en el propio
comentario iban implícitas dos impresiones: primero, la
sorpresa y segunda, la crítica. Ambas fueron generales.
La primera, porque «es completamente inhabitual que la
bronca venga inducida por el propio político, no en
medio de una tertulia, sino a través de una llamada
telefónica». La segunda, porque nadie, ni los más amigos
de Ignacio González, veían al episodio otra ventaja para
el jefe de Gobierno regional que el propio desahogo
personal.
«Es humanamente comprensible su hartazgo personal»,
decía uno de ellos, «porque si la coincidencia de
testaferros entre Gürtel y la sociedad vendedora de su
ático es una noticia de portada, mucho más lo habría
sido el patrimonio de José Bono». «Sea como sea», le
justificaban, «lo que a unos les parecerá imprudencia,
para otros será valentía».
En esta línea, no faltaron quienes consideraron el
rédito político que la pelea con Ramírez podría
reportarle al aún no confirmado candidato electoral al
Gobierno de Madrid en 2015. Resulta de sentido común,
para el común de los populares, que plantar batalla al
periodista que publicó los SMS de Rajoy a su ex tesorero
–«Luis, sé fuerte»...– y al que el Gobierno ha
convertido en enemigo público por su beligerancia
mediática en el caso Bárcenas, supone un mérito que bien
merecería, en el caso de González, una estrategia
deliberada y previa a la llamada radiofónica.
Sin embargo, no es ésta la opinión que ayer dominaba en
el PP. La mayoría interpretaba la muy desairada
intervención de González como una prueba de su propia
vehemencia. «El tono de voz era muy tenso. El que conoce
a Nacho sabe que el que hablaba no era un hombre
tranquilo, determinado a provocar o a poner en evidencia
a Pedro J., sino un hombre nervioso por algo», decía un
miembro de la dirección del PP.
«Cuando pierdes los papeles, siempre pierdes»,
corroboraba un alto cargo próximo al presidente del
Gobierno, para añadir: «Aunque siempre es arriesgado, un
enfrentamiento público puede salir bien si lo preparas
bien y sabes mostrarte enérgico, no nervioso. Pero una
bronca de éstas ni le gustan a la gente ni, desde luego,
le gustan a Rajoy».
Si el debate sobre la intervención radiofónica y sus
causas ocupó ayer a los populares, tampoco estuvo del
todo ausente el debate sobre sus consecuencias. Por más
que el propio González acusó a Ramírez de intentar
influir –negativamente– en su candidatura a la
Comunidad, lo cierto es que ésa sigue siendo una de las
incógnitas que más entretiene al partido en Madrid.
Lo primero que hay que contar, en favor de González, es
que casi nadie entre los consultados creía que el
«desagradable» episodio radiofónico tendrá un efecto
real sobre la continuidad o no de dicha candidatura.
«Eso es un incidente que no es nada bueno para
González», decía otro alto cargo, «pero lo definitivo en
la decisión de Rajoy no van a ser sus trifulcas con la
prensa, sino las encuestas, el nombre del candidato a la
alcaldía y si se complica o se judicializa o no el
asunto de su ático».
Y es que lo del ático de González, ciertamente, sigue
siendo una sombra difusa que nadie en el PP se atreve ni
a pinchar ni a señalar. Sólo en privado, unos lo
justifican: «No hay nada probado», y otros lo critican:
«Un político con una casa comprada a una sociedad
radicada en un paraiso fiscal, como mínimo, es raro».
Pero lo políticamente relevante es que, en público,
«nadie mueve un dedo por defenderle. Ni Génova, ni el
Gobierno, ni nadie en el PP. Si algo se está viendo es
que él está saliendo solo a defenderse», dice un notable
del partido, «todos están callados, a la espera de que
hable la esfinge...»
La esfinge, como se adivinará, es Rajoy, al que también
se refería ayer otro miembro de la dirección de Génova
para descartar cualquier decisión a corto plazo sobre la
candidatura de González: «Si ha sido capaz de estar 48
horas cara a cara con Jaime Mayor en Toledo sin
desvelarle si va a ser o no candidato a las europeas,
cabe imaginar lo lejos que le queda decir o pensar
siquiera en lo que será de González».
«Nacho nunca será el favorito de Rajoy, pero éste no se
molestará en cambiarlo si no hay indicios o pruebas en
contra», apostaba ayer un veterano amigo del presidente
del Gobierno.
Por su parte, González ha tenido en María Dolores de
Cospedal a su mayor valedora ante el propio Rajoy. Su
«buena relación» personal, según fuentes próximas a la
secretaria general, viene de su común paso por Interior.
Pero otras fuentes políticamente cercanas a la dos
aseguran que Nacho no tendrá en Cospedal ningún
blindaje.
Sea como sea, esto aún no toca, ya se sabe.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20230536&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=14_01_2014&pla=pla_11014_Madrid
«‘GÜRTEL’ ES UNA HIDRA EXTENDIDA POR TODA LA ESTRUCTURA
DEL PP»
El PSOE investigará la conexión de González con este
caso de corrupción
El PSOE cree que el caso del ático de Ignacio González
es una ramificación del caso Gürtel relacionada con una
recalificación de terrenos en Arganda del Rey (Madrid),
detrás de la que presuntamente estuvo el Gobierno de la
Comunidad de Madrid y la trama de Francisco Correa. Por
eso, la revelación de EL MUNDO de ayer no les cogió de
sorpresa.
Aun así, la vicesecretaria general socialista, Elena
Valenciano, no quiso dar total validez al vínculo entre
el caso del dúplex de lujo de Marbella y Gürtel, toda
vez que González lo había «desmentido radicalmente» por
la mañana.
Eso sí, la número dos del PSOE confirmó su impresión de
que «Gürtel es una hidra de siete cabezas cuyos
tentáculos están extendidos por toda la estructura del
PP». Una vinculación que llega hasta las organizaciones
de Madrid, Valencia, Castilla y León o a la sede
nacional. Algo que, para los socialistas, «el PP debería
explicar de una vez por todas».
El secretario general de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, consideró ayer que González ya está
«inhabilitado» para seguir al frente de su cargo de
presidente autonómico por estar «bajo sospecha judicial»
tras la imputación de su mujer y tras las nuevas las
revelaciones de este diario, informa Efe.
Ayer, el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid
solicitó la convocatoria de la Diputación Permanente
para debatir la comparecencia en el Pleno de González
para que dé cuenta de estas conexiones.
Tomás Gómez consideró «gravísima» la situación en la que
se encuentra González. Por eso, le exigió «mayor
pulcritud» en «todos los asuntos» al presidente de la
Comunidad de Madrid. Y aseguró que González debería
haber acudido ya a la Asamblea a dar explicaciones sobre
este asunto.
Fuentes del Partido Socialista de Madrid (PSM),
personado en el caso Gürtel, adelantaron ayer a este
diario que van a estudiar «a fondo» las conexiones de
Ignacio González y Gürtel siguiendo la pista de varias
facturas que firmó a la trama como vicepresidente
regional, la coincidencia de los testaferros señalada
por EL MUNDO y la operación de Arganda del Rey.
Entre otras actuaciones, el PSOE utilizará las
repreguntas a la presidenta del PP de Madrid para
cuestionarle por estos aspectos.
Posteriormente, el PSOE podría solicitar como parte
personada al juez Ruz que reclame la investigación del
caso Ático como pieza separada del sumario del caso
Gürtel.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20230535&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=14_01_2014&pla=pla_11014_Madrid
LA SOCIEDAD QUE COMPRÓ EL ÁTICO DE GONZÁLEZ COMPARTE
TESTAFERROS CON CORREA EN PANAMÁ
Waldorf Overseas fue creada con los mismos ‘subscribers’
que Golden Chain, la empresa que cobró 12,8 millones de
comisión por el ‘pelotazo’ de Arganda, según el sumario
de ‘Gürtel’
Waldorf Overseas Investments, la empresa propietaria
durante cuatro años del dúplex de 496 metros que Ignacio
González posee en Marbella, comparte testaferros en el
paraíso fiscal de Panamá con Golden Chain, la sociedad
en la que Francisco Correa ingresaba sus comisiones
presuntamente ilegales. Entre otras, la de 12,8 millones
que según las comisiones rogatorias del caso Gürtel
percibió en 2006 de Fernando Martín (Martinsa) por la
venta a bajo precio de una parcela municipal de 150.000
metros cuadrados en la localidad madrileña de Arganda
del Rey. Operación cuyo visto bueno definitivo, incluido
un aumento de edificabilidad posterior del 70%, dio
González en su calidad en aquel entonces de
vicepresidente y responsable último del Urbanismo en la
Comunidad de Madrid.
Ignacio González se arrogó la última palabra en todas
las operaciones de suelo de la Comunidad de Madrid en la
primera legislatura post Gallardón (2003-2007). Ninguna
gran transacción urbanística podía salir adelante en los
179 municipios de Madrid sin su firma.
Waldorf, compañía instrumental nacida en 2000 en Ciudad
de Panamá, es a su vez la tenedora de las acciones de
Coast Investors. Esta última sociedad radicada en el
paraíso fiscal estadounidense de Delaware es la que
adquirió en el verano de 2008 el dúplex de lujo de
González, situado en la urbanización malagueña de
Guadalmina.
Waldorf tiene su domicilio social en el centro
financiero de Ciudad de Panamá y, tal y como consta en
el Registro Mercantil del país centroamericano, cuenta
desde su creación con dos testaferros: las entidades
mercantiles Dulcan y Winsley. Otras dos pantallas para
ocultar la verdadera identidad del titular del ático de
496 metros cuadrados que, a juicio de la Policía,
siempre ha sido Ignacio González.
Por su parte, Golden Chain, constituida en 2005 en
Ciudad de Panamá, es una fiduciaria cuya sede se halla a
escasos cinco minutos andando de Waldorf. Su
beneficiario último es Francisco Correa, al que la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la
Policía considera el líder de la red Gürtel.
Sus testaferros son exactamente los mismos que los de la
fiduciaria que en 2008 adquirió la vivienda de Ignacio
González y su mujer, la imputada Lourdes Cavero, en el
complejo La Alhambra del Golf de Guadalmina. Es decir,
Dulcan y Winsley, que ostentan la condición de lo que en
la terminología mercantil panameña se denomina «subscribers»
o, lo que es lo mismo, testaferros. La Real Academia
Española define testaferro como «la persona que presta
su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en
realidad es de otra persona».
Comparten fiduciarios pero no «agentes». Waldorf está
gestionada por Mossack Fonseca, el bufete de abogados
más famoso de los muchos que en Panamá se dedican a
ocultar grandes fortunas procedentes de negocios legales
o ilegales. El gestor de Golden Chain es Aba Legal
Bureau, un despacho también especializado en fiducia,
pero con menor volumen de negocio que el que contrató la
compañía que adquirió el hogar marbellí de la familia
González-Cavero.
Golden Chain fue el instrumento societario empleado por
Francisco Correa para cobrar en Suiza los 12,8 millones
de euros de comisión que desde otro paraíso fiscal, el
Principado de Mónaco, le abonó Fernando Martín en 2006
por el pelotazo de Arganda. El número uno de Gürtel se
llevó esta multimillonaria mordida por haber ejercido el
rol de conseguidor en una compraventa que le salió
redonda a Martinsa.
Fernando Martín adquirió al Ayuntamiento de Arganda del
Rey 150.000 metros cuadrados, la parcela más extensa del
Plan Urbanístico, por 77 millones de euros cuando había
sido tasada en 100 millones. Además, se le concedió un
70% más de la edificabilidad prevista. Y, por si fuera
poco, un año más tarde Martinsa traspasó un tercio de la
finca por 73 millones, casi la misma cifra que había
satisfecho por el total. La Comunidad de Madrid otorgó
el nihil obstat a todos estos movimientos urbanísticos.
El inmueble marbellí presuntamente vinculado a esta
operación fue adquirido en mayo de 2008 por Coast
Investors, mercantil de Delaware gestionada por el
testaferro profesional californiano Rudy Valner. La
matriz de esta mercantil es precisamente Waldorf. El
precio abonado fue de algo menos de 1.300.000 euros, de
los que al menos 400.000 fueron satisfechos en negro,
según confesó a EL MUNDO la comercial que participó en
la transacción. La vivienda tiene una superficie de 496
metros cuadrados, dispone de tres plazas de garaje y en
la planta superior hay de todo, piscina privada, jacuzzi
y sauna.
Rudy Valner es el abogado personal de Enrique Cerezo en
Estados Unidos, el hombre que maneja todas las
estructuras societarias en el extranjero al presidente
del Atlético de Madrid y empresario cinematográfico.
Cuando este periódico destapó este escándalo, Valner fue
tajante al ser preguntado si posee un dúplex de lujo en
Marbella: «¿Marbella, qué es eso de Marbella; Málaga,
qué es eso de Málaga? Yo no he estado en mi vida allí ni
tengo propiedades en esos lugares de los que usted me
habla».
Los vínculos entre el presidente del Gobierno de Madrid
y el del Atlético no quedan ahí. El principal cliente
del despacho capitalino Suárez de la Dehesa, abierto en
el Paseo del Pintor Rosales, es Enrique Cerezo. Pero
casualmente también representan los intereses en España
de Coast Investors y de la propietaria de esta última,
Waldorf Overseas.
Ignacio González disfrutó desde el minuto uno de la
vivienda bajo el escudo de un supuesto alquiler de 2.000
euros mensuales. Es la tercera parte de lo que se cobra
por un inmueble así en la zona. El arrendamiento no daba
ni de lejos para sufragar la hipoteca de un piso de
estas características (puede superar los 5.000 euros
mensuales) y los gastos de comunidad (600 euros por
propietario). Hay que recordar que con un sueldo de algo
más de 5.000 euros netos al mes Ignacio González y su
esposa disfrutan de este ático de 1,3 millones de euros
y de un chalé de 400 metros cuadrados valorado en dos
millones en el barrio madrileño de Aravaca.
El presidente de la Comunidad de Madrid y su esposa,
Lourdes Cavero, pusieron la casa de Guadalmina a su
nombre en diciembre de 2012, nueve meses después de que
EL MUNDO descubriera el caso. Durante los cuatro años
largos que pasaron entre la compra y la venta al
matrimonio González-Cavero no se inscribió en el
Registro de la Propiedad, como es preceptivo.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20221549&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=13_01_2014&pla=pla_11014_Madrid
EL ÁTICO DE GONZÁLEZ COMPARTE BUFETE CON UNA RED DE
BLANQUEO LIGADA A LOS KIRCHNER
El rastro
del ático de lujo en Marbella del presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su esposa,
Lourdes Cavero, conduce hasta un despacho de abogados de
Panamá, Mossack Fonseca & Co., implicado en numerosos
casos de blanqueo de dinero. El más importante de ellos
afecta a una red societaria que estaría directamente
vinculada a la actual presidenta de Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner. La Justicia de ese país ha
abierto una investigación para aclarar la implicación de
la mandataria y su familia en ese escándalo.
González
y su esposa comenzaron a habitar la vivienda en 2008 en
régimen de alquiler. Supuestamente, la vivienda, un
ático de 496 metros cuadrados ubicado en una
urbanización de lujo y equipado con jacuzzi, sauna y
piscina privada, era propiedad de una empresa sin apenas
actividad, Coast Investors, radicada en Delaware,
Estados Unidos, una de las demarcaciones menos
transparentes de la primera potencia mundial. El
administrador de la firma resultó ser un ciudadano
estadounidense que se anuncia en internet como
testaferro profesional, Rudy Valner.
Por si
fuera poco, de la investigación judicial sobre la
vinculación de González con ese inmueble se ha podido
concluir que Coast Investors es propiedad a su vez de
otra firma sin actividad, Waldford Overseas Investments,
alojada en este caso en Panamá, otro paraíso del
blanqueo internacional de capitales. La firma fue creada
por el despacho de abogados Mossack Fonseca & Co. y
tiene la misma dirección que el bufete.
La juez
de Estepona que hasta ahora ha instruido este caso
sospecha que tanto Coast Investors como Waldford
Overseas Investments sólo son sociedades instrumentales
creadas por González para tratar de ocultar que es el
propietario de ese ático. De momento, son meras
suposiciones, pero no sería la primera vez que ese
despacho de abogados crea una estructura societaria de
ese tipo para evadir fondos de mandatarios extranjeros.
En el
centro de un caso relacionado con Kirchner
Cristina
Fernández Kirchner. Cristina Fernández Kirchner. El
episodio de este tipo más relevante hasta ahora vincula
a Mossack Fonsenca & Co. con una trama en la que estaría
implicada Cristina Fernández de Kirchner. Una
investigación periodística descubrió que un empresario
de su círculo, el chileno Lázaro Báez, multimillonario
gracias a las concesiones públicas que recibió de
Administraciones gobernadas por ella y su marido, Néstor
Kirchner, sería el propietario de una red societaria
integrada por 148 firmas que poseen numerosas
inversiones en Argentina. Los únicos empleados de esas
sociedades serían seis trabajadores del bufete panameño.
En la
cúspide de la red se sitúa Aldyne, una compañía alojada
en Nevada (Estados Unidos), Seychelles y Suiza. Por
supuesto, el representante legal de Aldyne y de todo el
entramado societario es Mossack Fonseca & Co. Aparte de
su fuerte vínculo con Báez, Kirchner ha reconocido que
el pasado mes de enero se desplazó a las Islas
Seychelles. Hay otra relación: el nombre de su marido,
el ya fallecido Néstor Kirchner, ha aparecido en algunas
de esas sociedades. La Justicia argentina comenzó a
investigar esas informaciones en abril de este año. La
mayoría de las pistas conducen a Mossack Fonseca & Co.
Las
diligencias no avanzan
La red de
empresas propietaria del ático del presidente de la
Comunidad de Madrid –el pasado enero anunció que
finalmente había decidido adquirirlo– también conduce al
despacho panameño. Pero la juez no ha podido determinar
si las sociedades a las que supuestamente pagaba 2.000
euros de alquiler por la vivienda en realidad también
eran suyas. Sólo lo sospecha. Para tratar de
acreditarlo, envió dos comisiones rogatorias a Reino
Unido y Estados Unidos. Su intención era acceder a la
composición de esas firmas y conocer sus movimientos
bancarios. Sin embargo, ambas comisiones rogatorias se
encuentran completamente paralizadas. Ni siquiera han
sido traducidas, el paso previo imprescindible para que
puedan ser enviadas a las autoridades judiciales de
ambos países.
Pese a
ello, la instructora acaba de imputar a la esposa de
González y a Valner delitos contra la Hacienda Pública y
de blanqueo de capitales, y ha sugerido que el
presidente de la Comunidad de Madrid habría seguido los
mismos pasos de no ser por su condición de aforado. La
juez se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional.
Si los recursos que han planteado la Fiscalía y las
acusaciones no lo impiden, será este órgano el que
tendrá que decidir si aprecia indicios de
responsabilidad penal en la actuación del jefe del
Ejecutivo autonómico.
Como
informó El Confidencial, las firmas testigo que habría
utilizado Mossack Fonseca & Co. para poder constituir
Waldford Overseas Investments en Panamá, Dulcan Inc. y
Winsley Inc., fueron también empleadas para la
constitución de la presunta red de evasión tejida en el
mismo país por Francisco Correa, cerebro de la trama
Gürtel.
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-23/el-atico-de-gonzalez-comparte-bufete-con-una-red-de-blanqueo-ligada-a-los-kirchner_68599/
El SUP recurre la imputación de la mujer de Ignacio
González
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha recurrido la
imputación de Lourdes Cavero, esposa del presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por un
presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales
en relación con la compra de un ático propiedad del
matrimonio en Estepona (Málaga). El SUP, que ejerce la
acusación en la investigación sobre la compra de un
ático, considera en un comunicado que no es el momento
procesal oportuno para que se produzca ninguna
imputación ya que antes deben conocerse los resultados
de las comisiones rogatorias solicitadas sobre las
operaciones de compra de la vivienda. Por ello, el
sindicato dice que debe dejarse sin efecto la imputación
de Lourdes Cavero "por falta de fundamento" y que en el
supuesto de que preste declaración lo haga sólo como
testigo. En su recurso, el sindicato policial también se
muestra contrario a la decisión adoptada por la juez de
Estepona de remitir el asunto a la Audiencia Nacional ya
que los hechos investigados hasta ahora "no reúnen los
requisitos" establecidos en la ley para inhibirse del
caso a favor de una instancia superior. "Hasta el
momento se está pendiente de determinar la titularidad y
origen del dinero empleado en la compra del inmueble",
según el abogado del SUP, quien sostiene que cuando se
determine se podrá plantear la competencia judicial del
asunto.
http://www.20minutos.es/noticia/2012181/0/sup-recurre-imputacion/lourdes-cavero/mujer-ignacio-gonzalez/#xtor=AD-15&xts=467263
UN ERROR DEL JUZGADO RETRASA 9 MESES LA PRUEBA CLAVE EN
EL CASO DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ
La magistrada tramitó en marzo la comisión rogatoria
para conocer el origen de la compra de la vivienda de
lujo a través de la Policía e Interpol. Londres
respondió que este tipo de información sólo la tramita
cuando le llega por cauces judiciales.
Nueve meses. Ese es el retraso que acumula ya la
comisión rogatoria que la titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, Mariana
Peregrina, envió el pasado mes de marzo a las
autoridades de Londres para recabar "sin dilación"
información que se considera clave para desvelar las
supuestas irregularidades en la compraventa del ático
que Ignacio González, presidente de la Comunidad de
Madrid, tiene en esta localidad malagueña. Con ella, la
magistrada espera conseguir datos sobre las cuentas en
el Lloyds TSB Bank PLC de la capital británica abiertas
a nombre de Coast Investors LLC, la empresa que figuraba
como titular de la vivienda de lujo hasta que fue
adquirida hace ahora un año por el político madrileño y
su esposa, Lourdes Cavero, recientemente imputada en la
causa. Un informe policial del pasado mes de julio
desvela que el retraso no es fruto de la desidia de las
autoridades judiciales inglesas ni españolas, sino de un
supuesto error del juzgado, que tramitó su petición por
cauces policiales cuando debía haberse utilizado los
canales judiciales.
La comisión rogatoria fue tramitada, por error, a través
de Interpol. Las autoridades británicas exigen que se
siga el cauce marcado por el convenico de asistencia
penal de la UE que fija el contacto directo entre jueces
Así lo desvela un informe policial del pasado 18 de
julio que obra en la causa, y a cuyo contenido ha tenido
acceso este diario. En él, los responsables policiales
de Málaga detallan lo ocurrido desde que la juez dictó
el pasado 18 de marzo una providencia en la que ordenaba
librar la comisión rogatoria y la respuesta ese mismo
verano de las autoridades británicas negándose a
facilitar la información solicitada. Según el documento
policial, la "solicitud de asistencia judicial en
materia penal" fue trasladada, una vez traducida al
inglés, desde el juzgado a la comisaría local de la
Policía en Estepona y, desde allí, a la de Málaga. Una
vez en ésta, la misma se puso en manos de la Brigada
Provincial de Policía Judicial, quien la hizo llegar a
la oficina de Interpol-España. Ésta a su vez, la
transmitió a las dependencias que este organismo
policial internacional tiene en la ciudad de Manchester
para que, por su parte, se hiciera llegar a las
autoridades judiciales de aquel país.
Sin embargo, Interpol en el Reino Unido rechazó tramitar
dicha comisión rogatoria y respondió al requerimiento de
información en julio con una negativa. Londres explicaba
que el convenio del año 2000 que fija los mecanismos de
asistencia penal entre estados miembros de la Unión
Europea (UE) no admite la vía Interpol para recabar los
datos bancarios que reclamaba la juez de Estepona y
aclaraba que la única forma de que se le facilitase a la
juez Peregrina era que la comisión rogatoria fuera
tramitada directamente desde el propio Juzgado de
Estepona a las autoridades judiciales británicas, como
recoge la legislación europea. Fuentes del Ministerio de
Justicia español han confirmado a este diario que,
efectivamente, ese es el cauce reglado para tramitar
comisiones rogatorias entre estados de la UE
."Vía diplomática
Curiosamente, el escrito remitido por la magistrada no
recogía como canal de tramitación de la comisión
rogatoria ni el 'cauce policial' que se utilizó ni
tampoco el directo que marca la normativa europea. En
concreto, el escrito de la juez señalaba como "vía de
transmisión" al Ministerio de Justicia y que la misma
fuera trasmitida por "vía diplomática". Fuentes del
departamento de Gallardón aseguraban ayer a este diario
que dicha solicitud nunca llegó hasta sus manos, ya que
no figura en sus registros, y que la primera noticia que
tuvieron de su existencia fue el auto del pasado lunes
en el que la propia magistrada se quejaba de que no
había sido cumplimentada por las autoridades británicas.
En aquella solicitud de marzo, la instructora fijaba la
urgencia de recabar la información con la expresión "sin
dilación" y detallaba que estaba investigando la
supuesta "compra fraudulenta de inmuebles en España a
través de sociedad fiduciaria", lo que suponía un
"delito contra la hacienda pública". El objeto de la
misma no era otro que recabar información "sobre el
último beneficiario de las cuentas corrientes que obre
(sic) a nombre de Coast Inversors LLC, titulares o
autorizados de la misma, así como de sus movimientos
contables de origen o destino a España, con indicación
de las cuentas o destinatarios". Con ello, la magistrada
esperaba recabar información sobre el verdadero origen
del dinero con el que esta compañía adquirió en 2008,
sólo dos meses después de ser constituida.
Y la comisión a EEUU
La comisión rogatoria fallida a Londres no es, sin
embargo, la única petición de ayuda internacional que
tramita la titular del juzgado de Estepona dentro del
caso del ático de Ignacio González. El pasado mes de
septiembre también dictó una providencia para hacer
llegar otra a EEUU. El objeto de la misma era que las
autoridades de Washington interrogasen a Rudy Valner, el
ciudadano de nacionalidad mexicana y domicilado en
California que actuó en nombre y representación de Coast
Investors LLC en la compra del ático. Dos meses después,
está tampoco ha dado ningún resultado, entre otros
motivos, porque aún no ha sido traducida al inglés para
su posterior envío al otro lado del Océano Atlántico,
como reconocía la propia magistrada en el auto en el que
imputaba a la mujer de González, Lourdes Cavero.
Esta diligencia judicial también empezó con 'mal pie',
ya que en su momento no se le comunicó con carácter
previo a la acusación popular, representada por el
Sindicato Unificado de Policía (SUP), que al tener
noticia de la misma solicitó retrasarla para poder
incluir las preguntas que deseaba formular al titular de
la empresa bajo sospecha. Una vez hecho eso, la juez
trasladó el escrito con la solicitud y el cuestionario a
hacer a Valner a la empresa encargada por la Junta de
Andalucía para hacer las traducciones que necesiten los
juzgados de esta comunidad autónoma. Aún sigue en esa
fase. Una vez concluya, el documento debe ser remitido,
esta vez sí, al Ministerio de Justicia, que es el único
órgano encargado de solicitar la colaboración judicial
de países de fuera de la UE. Ayer, fuentes de este
departamento reconocían que aún no habían recibido nada.
http://vozpopuli.com/actualidad/36246-un-error-del-juzgado-retrasa-9-meses-la-prueba-clave-en-el-caso-del-atico-de-ignacio-gonzalez
20.12.13
LA JUEZ DA POR BUENO EL DOSSIER QUE LIGA EL ÁTICO DE
GONZÁLEZ CON COMISIONES EN TELEMADRID
La magistrada que investiga las supuestas
irregularidades en la compraventa de la vivienda de lujo
que el presidente de Madrid tiene en la Costa del Sol
esgrime la voluminosa documentación presentada por una
asociación de afectados en la gestión de la televisión
madrileña ante la Fiscalía Anticorrupción para enviar el
sumario a la Audiencia Nacional. Considera que de ella
"se deduce" la comisión de un delito de cohecho
relacionado con el supuesto blanqueo de dinero que
imputa a la mujer del político.
El empujón definitivo a la investigación que desde hace
más de un año se sigue en un juzgado de Estepona
(Málaga) sobre las supuestas irregularidades en la
compraventa de un ático de lujo en esta localidad por
parte del actual presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, ha venido propiciado, precisamente,
por un ente público bajo su mandato: Telemadrid. Así se
desprende del auto que el pasado lunes dictó Mariana
Peregrina, titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de este municipio de la Costa del
Sol, en el que, además de imputar a la esposa del
político madrileño, Lourdes Cavero, acordaba inhibirse
en la causa en favor de la Audiencia Nacional. En
concreto, la magistrada señala en el escrito que el
voluminoso dossier que una asociación de afectados por
la gestión de la televisión presentó ante la Fiscalía
Anticorrupción recientemente sobre presuntas corruptelas
en la gestión de la publicidad de la televisión
madrilleña está "relacionado con la investigación" por
blanqueo de dinero que sigue en torno a la vivienda de
lujo del político madrileño.
Los 700 folios de documentación sobre las supuestas
irregularidades en la televisión pública fueron
entregados por un empleado del ente a la Fiscalía
Anticorrupción en septiembre, cuando las pesquisas
estaban atascadas
En su auto, la juez destaca expresamente que dicha
documentación sobre Telemadrid, con más de 700 folios,
fue presentada en septiembre ante Anticorrupción por un
exempleado de la cadena pública que que forma parte de
la asociación denunciante. Dicha documentación fue
remitida poco después por el Ministerio Público a
Estepona sin pronunciarse sobre la verosimilitud de la
misma, ya que las pesquisas estaban judicializadas desde
que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentase
la querella que permitió abrir el sumario un año antes.
En aquel momento, la investigación estaba atascada ante
el retraso de varios meses que sufrían las sucesivas
comisiones rogatorias que había tramitado la magistrada
a Reino Unido y Estados Unidos para conocer los
movimientos de varias cuentas bancarias domiciliadas en
entidades financieras de ambos países, así como la
titularidad de sociedades 'pantallas' que habían
aparecido relacionadas con la compraventa del ático bajo
sospecha. De hecho, aún hoy no se ha recibido respuesta
de las autoridades de Londres y Washington, como resalta
la propia juez en el mismo escrito.
La relevancia que la juez otorga a la documentación
sobre las supuestas irregularidades en las
contrataciones de Telemadrid no se queda sólo en esta
referencia y, de hecho, vuelve a mencionarla como una
pieza clave de sus últimas decisiones en otro punto de
su auto. En concreto, en el apartado segundo de los
razonamientos jurídicos que la magistrada esgrime para
inhibirse en la investigación y remitir la misma a la
Audiencia Nacional. En este punto, la instructora hace
referencia explícita a "un supuesto delito de blanqueo
de capitales proveniente de unas supuestas comisiones",
y tras indicar la existencia en la trama de "una
estructura organizada" que habría utilizado "sociedades
fiudiciarias opacas" asentadas en paraísos fiscales,
señala que la infracción penal "se ha materializado" en
el ámbito de actuación de "distintas Audiencias
provinciales", entre ellas la de Madrid. En este punto
recalca que este último detalle "se deduce de los hechos
acumulados a instancias del Ministerio Fiscal, que
parece ser que, de ser ciertos" se habrían producido en
la comunidad presidida por Ignacio González. Según
fuentes jurídicas consultadas por este diario, es este
dossier el que apuntala la necesaria existencia de un
delito anterior al del blanqueo (si no hay dinero negro
procedente de una infracción penal anterior no existe el
'lavado') y que, en este caso, sería el de cohecho
supuestamente desvelado por la información entregada.
Pago en 'especie'
En concreto, la documentación a la que la juez ha dado
visos de verosimilitud con su auto del lunes concluía
que la vivienda de lujo era supuestamente el pago en
'especie' del empresario audiovisual Enrique Cerezo,
presidente del Atlético de Madrid, al mandatario
madrileño, al que presuntamente habría facilitado
también una estructura societaria 'pantalla' para que
dicha propiedad permaneciera oculta como un supuesto
alquiler. Siempre según el dossier, la dádiva se habría
producido en una fecha próxima a adjudicaciones
públicas. En concreto, con la participación de la
televisión autonómica en una sociedad que pagó 230
millones de euros por los derechos televisivos del
Atlético de Madrid durante cuatro temporadas y en el
contrato de gestión de la publicidad de Telemadrid, que
fue a parar a una mercantil supuestamente vinculada con
Cerezo. Además, la asociación denunciante de las
supuestas irregularidades destacaba la coincidencia en
el tiempo de la adjudicación de 10 canales de TDT al
presidente del club de fútbol y una concesión sobre los
Teatros del Canal a una empresa también participada por
éste. En estas gestiones figuraba Rudy Valner, el
supuesto testaferro domiciliado en California que
figuraba al frente de la empresa y como propietario del
ático hasta su venta formal al presidente madrileño.
La incorporación a la causa de la voluminosa
documentación provocó la inmediata reacción de González
y una de las empresas bajo sospecha. Ahora, la juez la
esgrime para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional
Las primeras noticias sobre la existencia del dossier y
el traslado que del mismo había hecho Anticorrupción al
Juzgado de Estepona, adelantadas por la Cadena Ser,
provocaron una rápida reacción del político madrileño,
del empresario señalado y de la empresa que
presuntamente vendió el ático a aquel y que concentra
gran parte de las sospechas, Coast Investor LLC. Los dos
primeros negaron entonces rotundamente los hechos que
había denunciado el colectivo. Además, Ignacio González
presentó sólo tres días después de que saliera a la luz
la documentación un escrito ante la juez de Estepona
para solicitarle que le permitiera personarse en la
causa, a pesar de no estar ni acusado formalmente ni ser
considerado afectado de la investigación. El presidente
madrileño alegaba que estaba sufriendo indefensión al no
tener acceso a la misma y filtrarse a la prensa su
contenido. La magistrada, en el auto del lunes, admitía
finalmente su personación, en contra del criterio de la
Fiscalía y de las acusaciones populares personadas, al
considerar que su condición de aforado le impidía
imputarle. Ayer mismo, Anticorrupción anunció que
presentará en los próximos días un recurso contra la
decisión del juez al considerar que el mismo, de sólo
dos folios y medio de extensión, estaba "mal
fundamentado". El propio González mostraba poco después
de conocerse la noticia su "sorpresa y estupor", y
destacaba que, en su opinión, el escrito del juez en el
que se imputaba a su mujer estaba "plagado de
presunciones" que no acreditaban ningún delito.
Por su parte, Coast Investor LLC, la sociedad a la que
González le pagaba el alquiler del ático mientras el
mismo no fue de su propiedad, presentó un escrito de
ocho folios el pasado 24 de septiembre en el que, además
de negar cualquier irregularidad entorno a la lujosa
vivienda, acusaba a la juez de varios errores
procesales, entre ellos del hecho de tener que enterarse
de los detalles de la investigación sobre la mercantil y
su propietario, Rudy Valner, "por medio de los
diferentes medios de comunicación". En sus alegaciones,
el representante legal de Coast Investor hacía
referencia precisamente al "informe del Ministerio
Fiscal de 700 páginas, resultante de la denuncia de un
sindicato de trabajadores o afectados de Telemadrid" en
el que se denunciaba "un cohecho como consecuencia de
determinadas adjudicaciones de derechos televisivos".
Según este abogado, dicho dossier no era sino una
maniobra para sustituir la denuncia inicial, que
"presenta signos de aogtamiento", por otros hechos no
conocidos hasta ese momento que "impidan que se agote el
oxígeno procesal". La juez, sin embargo, ha decidido
darle por bueno para tomar sus últimas decisiones.
http://vozpopuli.com/actualidad/36184-la-juez-da-por-bueno-el-dossier-que-liga-el-atico-de-gonzalez-con-comisiones-en-telemadrid
EL BLOQUEO DE LAS COMISIONES ROGATORIAS COMPLICA EL
AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ÁTICO DE IGNACIO
GONZÁLEZ
El auto que imputa a la esposa del presidente de Madrid,
Lourdes Cavero, destapa el parón de las gestiones con
Londres y EEUU para averiguar quién está tras la
sociedad pantalla que vendió el piso al matrimonio
La solicitud de ayuda para seguir los movimientos
bancarios de Coast Investors ha sido devuelta "sin
cumplimentar ni traducir", dice la juez
La dirigida a EEUU para interrogar al testaferro Rudy
Valner ni siquiera ha cruzado aún la frontera: "está
siendo traducida para su remisión"
El bloqueo de las comisiones rogatorias a Reino Unido y
EEUU ordenadas por la juez de Estepona que investiga el
ático del presidente de Madrid, Ignacio González,
complica el avance de las investigaciones justo cuando
la imputación de su esposa, Lourdes Cavero, marca un
punto de inflexión en el caso. En el auto por el que
imputa a Cavero, contra el que la Fiscalía ya ha
anunciado un recurso y donde la juez aclara que no puede
imputar a Ignacio González por su condición de aforado
ante el Supremo, la magistrada Mariana Peregrina aporta
una información inédita: la primera comisión rogatoria,
cursada a Londres en marzo de este año, “fue devuelta
sin cumplimentar ni traducir”. Y la segunda, cuyo
objetivo era EEUU, está “siendo traducida” pese a que la
orden de envío se produjo a finales de septiembre, según
fuentes del caso.
La rogatoria de EEUU busca el interrogatorio de Rudy
Valner, el testaferro profesional que intervino en la
operación. El cuestionario preparado para Valner incluye
la siguiente pregunta. “¿Conoce a Arturo Fasana?”.
Fasana es el gestor suizo que articuló un laberinto
bancario de cuentas a las que llegaba dinero de
múltiples clientes: entre ellos, la trama Gürtel y sus
presuntos socios políticos y empresariales. Una de las
cuentas, llamada Soleado, cumplía la función de buzón
común para los clientes de Fasana. Desde allí, el dinero
partía hacia otros depósitos.
La solicitud de ayuda judicial dirigida a Londres tenía
otro objeto tan relevante o más que el anterior:
desentrañar los movimientos de la cuenta abierta en el
Lloyds Bank de Londres por Coast Investors Llc, la
compañía de Delaware –probablemente, el estado de EEUU
más opaco y de legislación tributaria más laxa– que con
Rudy Valner como mascarón de proa compró en septiembre
de 2008 el lujoso ático de Estepona -496 metros
cuadrados muy cerca de la playa– lo alquiló a los
González-Cavero y dos años después se lo vendió al mismo
matrimonio por 770.000 euros.
Averiguar los movimientos en la cuenta británica de
Coast Investors resulta esencial para tirar del hilo y
llegar hasta los beneficiarias reales de la empresa
pantalla. La presunta existencia de una estructura de
“sociedades fiduciarias opacas” que desde el extranjero
habrían coadyuvado a perpetrar “un supuesto delito de
blanqueo de capitales” es uno de los argumentos por lo
que la juez decide enviar la causa a la Audiencia
Nacional. La juez anuncia su inhibición en contra del
criterio de la Fiscalía y de la acusación popular que
ejerce el SUP, el sindicato policial cuya denuncia forzó
la apertura de investigaciones tras varios parones
impuestos desde la cúpula de Interior.
¿Por qué una comisión rogatoria ordenada en las últimas
semanas de septiembre no ha llegado aún a su destino,
EEUU, y se encuentra pendiente de traducción al inglés?
El Ministerio de Justicia asegura que preparar la
versión de una rogatoria en el idioma del país al que se
cursa es tarea asignada a cada juzgado, que utiliza para
ese fin a los traductores al servicio de cada tribunal
superior autonómico. A renglón seguido, infoLibre
preguntó al Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), pero
sus portavoces adujeron a mediodía la imposibilidad de
obtener un respuesta o aclaración hasta hoy. Por la
tarde, fuentes del Gobierno andaluz, encargado de poner
a disposición del TSJA el personal preciso, indicaron
por el contrario que el trámite completo para el envío
de las comisiones rogatorias corresponde a la Dirección
General de Acción Exterior del Ministerio de Justicia.
Una cuarta fuente jurídica, ajena al caso, aseguró que
las traducciones competen a los tribunales superiores.
En medio de las dudas sobre quién continuará con las
investigaciones tras la inhibición de la juez y qué
ocurrirá si no llegan las respuestas internacionales, la
Fiscalía Anticorrupción anunció que recurrirá el auto.
Adelantada por la Cadena Ser, la noticia vio la luz
horas después de que Ignacio González se lanzara en
tromba contra la juez y la acusara de dictar una
resolución “plagada de presunciones”.
La principal incógnita
Anticorrupción no ha despejado la principal incógnita:
si recurrirá la imputación de Lourdes Cavero o si, por
el contrario, impugnará solo la inhibición de la juez
Peregrina a favor de la Audiencia Nacional y su decisión
de permitir a Ignacio González participar en la
instrucción pese a que ni es imputado ni acusador. Fue
la denuncia del sindicato policial SUP, que ejerce la
acusación popular al igual que el PSOE madrileño (PSM),
la que forzó la apertura de investigaciones. El abogado
del SUP, Javier Carnerero, confirmó este miércoles que
recurrirá la personación de González, quien al estar
ahora dentro de la causa tendrá acceso a cada movimiento
que se produzca por pequeño que sea.
Aunque ninguna de las tres acusaciones –la pública y las
dos populares– ha explicado si también impugnarán la
decisión de la juez de enviar el caso a la Audiencia, la
inhibición se perfila como una fuente de conflictos si
es que llega a producirse. En defensa de su tesis, la
juez arguye los tres argumentos clásicos para enviar un
sumario a la Audiencia Nacional: que la investigación de
los delitos concerniría a tribunales de más de una
provincia –aquí, Málaga y Madrid–, que el presunto
delito fiscal conjugado con el de blanqueo se perpetró
utilizando estructuras fiduciarias en el extranjero y
que pudieron producir "repercusión en la economía
nacional". De los tres, solo el segundo podría
sustentarse, mantienen fuentes conocedoras del caso.
Esas mismas fuentes subrayan cómo la juez Mariana
Peregrina ya pidió en febrero al fiscal su opinión sobre
su plan para derivar el caso a la Audiencia Nacional. Y
recuerdan un segundo hecho: que, después de que el
fiscal se opusiera a la inhibición y garantizó así que
el caso siguiera en manos de Peregrina, Ignacio González
remitió a la magistrada un durísimo escrito en el que la
acusaba de estar realizando una investigación
"inquisitiva", es decir, sin más propósito concreto que
buscar hasta encontrar algún hipotético delito.
¿Interpretó la juez ese escrito como una grave
advertencia y ha decidido librarse del mal trato de
investigar una operación inmobiliaria del dirigente del
PP que gobierna nada menos que en Madrid? Es una de las
preguntas que quienes siguen el caso se formulan ahora.
Y lo hacen ante la constatación de que si la juez se
inhibe las diligencias pueden no acabar en la Audiencia
Nacional sino en los juzgados de la madrileña Plaza de
Castilla. Exactamente, en uno cuyo titular, Adolfo
Carretero, investiga el espionaje al que fue sometido
González durante un viaje a Colombia realizado también
en 2008. Eso es lo que pretende el presidente de Madrid,
quien en marzo ya intentó que Carretero, hermano de un
alto cargo de su gobierno, asumiera la investigación
sobre el ático de Estepona. El juez aceptó de inmediato
la solicitud. Pero la Fiscalía recurrió y el litigio se
encuentra pendiente de recurso en la Audiencia
Provincial de Madrid.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/12/18/el_bloqueo_las_comisiones_rogatorias_complica_avance_investigacion_sobre_atico_ignacio_gonzalez_11232_1012.html
UNA DENUNCIA DE EXTRABAJADORES DE TELEMADRID, CLAVE EN
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
"Enrique Cerezo podría haber costeado el inmueble y
facilitado la estructura para que tal hecho permaneciese
oculto", explicaron los exempleados de Telemadrid en la
Fiscalía
El 23 de julio de 2013 un grupo de extrabajadores de
Telemadrid acudió a una entrevista con el fiscal jefe de
Málaga, Juan Carlos López Caballero, para contarle que
el ático de lujo que desde 2008 disfrutan el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su mujer,
Lourdes Cavero, podría ser un regalo del presidente del
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. "No es aventurado
considerar la hipótesis de que realmente González podría
ser el propietario real y efectivo de la vivienda desde
el momento en que fue adquirida a nombre de Coast
Investors con recursos relacionados con el entorno de
Enrique Cerezo", especifica el escrito del fiscal, que
transcribe la declaración de los exempleados de
Telemadrid.
Según esta declaración, el ático podría haber sido
facilitado por Cerezo a cambio de al menos tres
operaciones, que constan en un escrito que el fiscal
envió a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Estepona Mariana Peregrina
Blanco. Estas operaciones fueron desveladas durante los
últimos meses por por infoLibre: la adquisición de los
derechos audiovisuales del Atlético de Madrid por una
empresa participada por Telemadrid, la cesión de la
publicidad de Telemadrid a una empresa en la que figura
Cerezo y la adjudicación de 10 televisiones digitales al
presidente del Atlético de Madrid.
Un representante de la Asociación de Afectados por la
Gestión de Telemadrid (AGTPM) fue el encargado de
aportar la documentación que acreditaría de forma
indiciaria "las importantes relaciones contractuales
mantenidas por empresas vinculadas a Enrique Cerezo y la
Comunidad de Madrid", explica el fiscal jefe de Málaga,
Juan Carlos López Caballero, en el informe, al que ha
tenido acceso infoLibre. Los extrabajadores sostienen
que Cerezo se ha visto favorecido económicamente, "ya
sea a través de adjudicaciones directas efectuadas por
dicha administración territorial o a través de empresas
públicas, como el ente público Radio Televisión Madrid".
Entre los contratos y adjudicaciones, según el fiscal,
los extrabajadores de Telemadrid destacaron:
Adquisición y gestión de los derechos audiovisuales del
Atlético de Madrid. Tal y como adelantó infoLibre, en
enero de 2007 Telemadrid creó la empresa Madrid Deporte
Audiovisual para hacerse con los derechos televisivos de
los partidos oficiales y amistosos. La inversión de este
empresa en beneficio de Cerezo superó los 300 millones.
También la cadena pública, que ha aprobado un ERE
mediante el que 861 trabajadores han sido despedidos,
acordó pagar 24 millones por un contrato de publicidad
que no se llegó a ejecutar. En 2008 el empresario Rudy
Valner, vinculado con Cerezo en la empresa Egeda en
Estados Unidos constituyó la sociedad Coast Investors,
que fue la que en 2008 compró el ático al empresario
vasco Pedro Villate.
La gestión de la publicidad del ente público RTM.
Telemadrid cedió en marzo de 2008 la gestión de la
publicidad a la empresa Multipark, vinculada con Enrique
Cerezo. Y lo hizo pese a que el presidente del Atlético
de Madrid era competencia directa de la cadena pública,
ya que era y es el principal accionista de 8 Televisión
Madrid.
Adjudicaciones de la televisión digital terrestre (TDT)
a cadenas de Cerezo. El Gobierno regional, entonces con
Ignacio González de vicepresidente, adjudicó 10
licencias territoriales de TDT al empresario
audiovisual. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) anuló las concesiones por considerar que no se
había cumplido las bases del concurso. La Comunidad
convocó de nuevo el concurso, volviendo a favorecer a
Cerezo con 10 canales en las diez demarcaciones de la
región madrileña.
El fiscal explica también en su escrito que, según el
relato de los hechos de los extrabajadores de
Telemadrid, "existe base indiciaria suficiente para
afirmar la vinculación del inmueble que disfruta el
matrimonio González-Cavero con los beneficios obtenidos
por Cerezo sobre la base de adjudicaciones de servicios
obtenidos por sus empresas efectuadas por la Comunidad
de Madrid". Esta vinculación consistía, según los
extrabajadores de Telemadrid, "en que Cerezo podría
haber costeado el citado inmueble y facilitado la
estructura para que tal hecho permaneciese oculto, de
tal forma que tal dávida podría constituir una
compensación de la inversión que Telemadrid ha efectuado
en beneficio de los intereses del presidente del Club
Atlético de Madrid, de la adjudicación de 10 canales de
TDT y la adjudicación a Boomerang TV de la inauguración
de los Teatros del Canal" y de la gestión de la
publicidad de la televisión autonómica.
Despacho de abogados
Además, el relato de los hechos incluye todas las
conexiones detectadas entre Cerezo y la persona
vinculada a la empresa que compró inicialmente el ático:
Coast Investors, cuyo representante legal es Rudy Valner.
Como por ejemplo que ambos, al igual que uno de los
abogados del bufete Suárez de la Dehesa, cocnretamente
José Antonio Suárez Lozano, han formado parte de la
sociedad Egeda US. Asimismo, Valner declara que su
domicilio en España es una vivienda en la que está
domiciliada la sociedad Suárez de la Dehesa Abogados.
"La gestión en España de la estructura a nombre de la
que ha figurado la propiedad inmobiliaria ha contado con
el apoyo del despacho Dehesa Abogados, que tiene entre
sus principales clientes al presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo", especifica el escrito del
fiscal.
Tal y como adelantó infoLibre, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, compró su ático a
la sociedad de Rudy Valner en diciembre de 2012, tan
solo un día después de que este empresario mexicano
regularizara su situación con la Hacienda española, pues
hasta ese momento no había declarado los supuestos
ingresos por el alquiler que pagaban González y su
mujer, Lourdes Cavero. Según aseguró González a los
medios, la pareja abonaba 4.000 euros cada dos meses, un
precio sensiblemente inferior al de mercado, pues se
trata de un dúplex de lujo. "Cuando los gastos de
comunidad ascienden a 1.750 euros", especificaron los
exempleados de Telemadrid.
Inscribió la empresa en su vivienda
Después de la comparecencia de los trabajadores de
Telemadrid, la magistrada de Estepona interrogó al
letrado Antonio Yáñez Barnuevo, que trabajó en el
despacho de abogados Suárez de la Dehesa, del que era
cliente Coast Investors, la sociedad investigada por la
compra del ático de González. En su testimonio, al que
ha tuvo acceso infoLibre, Yáñez negó haber visto a
Valner, aunque sí reconoció que la empresa era cliente
del despacho de sus antiguos jefes. Preguntado por la
jueza por el hecho de que hubiera inscrito a Coast
Investors en su propia vivienda, respondió que lo
"desconocía", pero que en todo momento siguió órdenes de
la dirección del despacho.
Por su parte, el fiscal se interesó por el nombre de los
directivos del despacho en el que trabajaba. Y fueron
identificados por el abogado con los nombres de José
Antonio Suárez Lozano y Fernando Suárez Lozano.
Preguntado sobre si conocía a Rudy Valner, Yáñez
Barnuevo contestó que no, alegando que él no había
participado en la compra del ático ni en los negocios
posteriores de la sociedad norteamericana.
Vinculación con Cerezo
Tras el responsable del Ministerio Público, fue el turno
de las preguntas de la acusación. Y fue aquí cuando el
abogado Yáñez Barnuevo negó conocer la empresa Waldorf
Overseas, matriz de la empresa Coast Investors. La
primera firma fue creada en Panamá, tal y como prueba el
registro de la propiedad de este país centroamericano,
en el que se le vincula con el bufete de abogados
Mossack Fonseca. Asimismo, y a preguntas de la
acusación, relató que en el despacho en el que trabajaba
oyó hablar de la empresa Egeda, la entidad de gestión de
los productores audiovisuales. "Desconozco si Rudy
Valner fue tesorero de Egeda, pero sí me consta que su
presidente es Enrique Cerezo", dijo en alusión al
presidente del Atlético de Madrid, que es uno de los
principales clientes del despacho y amigo de Ignacio
González.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/12/18/la_batalla_los_trabajadores_telemadrid_para_aclarar_origen_del_dinero_del_atico_11215_1012.html
ANTICORRUPCIÓN RECURRIRÁ LA IMPUTACIÓN DE CAVERO POR
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN
Lara censura que la Fiscalía se sitúa "no al servicio de
la justicia, sino contra la justicia justa"
"Teniendo estos fiscales no necesitan abogados de la
defensa", critica Rosa Díez
La Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que tiene
previsto recurrir antes de que termine esta semana el
auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Estepona (Málaga) que imputa a Lourdes
Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, por presuntos delitos de blanqueo de
capitales y contra la Hacienda Pública. Aunque anoche el
propio González daba el recurso por hecho, la oficina
del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero,
ha explicado esta mañana que ni siquiera ha recibido la
notificación del auto, por lo que de momento no puede
iniciar el trámite del recurso, informa Esperanza
Codina.
Dicho recurso se basará en la insuficiente
fundamentación de la juez para proceder a la imputación
de Cavero, a la que se relaciona con la presunta
comisión de los delitos de blanqueo de capitales y
contra la Hacienda pública, investigados tras la
denuncia presentada por el Sindicato Unificado de la
Policía (SUP) por el lujoso ático que el matrimonio
González-Cavero compró a la sociedad Coast Investors LLC
en una urbanización de lujo de Estepona (Málaga).
Anticorrupción, que está personada en el caso,
interpondrá el recurso contra la decisión de la juez,
aunque fuentes de la fiscalía no han precisado si solo
se opondrá a la imputación o también se mostrará
contraria al traslado de la causa a la Audiencia
Nacional, tal como ha requerido la juez.
La fiscalía ya se opuso a la personación de Ignacio
González en la causa, pese a lo que la juez ha optado
por que tenga acceso a las diligencias para que pueda
ejercer su derecho de defensa. “La investigación seguida
en la causa pretende acreditar, ante la existencia de
una estructura societaria ciertamente opaca, en quién o
quiénes sean las personas físicas que sean los dueños de
la entidad y, por ende, de los inmuebles que adquirió”,
señaló el fiscal Anticorrupción de Málaga, José Luis
López Caballero. “En puridad procesal, Ignacio González
no puede ser tenido como imputado en la causa pues, en
el momento presente, no consta que tenga relación alguna
con la entidad Coast Investors LLC”, añadió para
oponerse a su personación. “No cabe pues una personación
preventiva de una futura e hipotética imputación”,
señaló ya el fiscal.
Anoche, en la cena del PP madrileño en Collado de
Villalba, González dijo que que el ministerio público
estaba ultimando este escrito contra la decisión de la
juez y que no es casual que se haya producido
"precisamente" a poco meses de las próximas elecciones.
Ante Mariano Rajoy, el presidente madrileño declaró que
no le van a "doblegar" los que han lanzado una supuesta
campaña contra él basada en "insidias" y "suposiciones".
El anuncio de recurso está siendo muy criticado. El
líder de IU, Cayo Lara, ha dicho que le parece "fatal" y
que ese recurso "situaría a la Fiscalía no al servicio
de la justicia, sino contra la justicia justa" en
España. En los pasillos del Congreso, Lara ha denunciado
que hay "ya demasiados casos donde la Fiscalía está
actuando contra los jueces que de verdad quieren hacer
justicia".
La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha
asegurado que la Anticorrupción "está dando muchas
muestras de que tiene vocación de ser abogado de la
defensa en los temas de corrupción política". "Teniendo
estos fiscales no necesitan abogados de la defensa", ha
subrayado la portavoz de UPyD.
Frente a ellos, el presidente del Congreso de los
Diputados, Jesús Posada, ha considerado que es "bueno"
que pasen "cosas" como el recurso contra la imputación
porque así se garantiza que "se cumple la ley". Posada
dijo a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja
que "la justicia está actuando de forma contínua y
siempre" y aunque "en España es lenta, sigue implacable
y todos los asuntos terminan allí".
El portavoz del Sindicato Unificado de Policías (SUP),
José María Benito, ha pedido a la justicia que
investigue "hasta el final" las posibles irregularidades
existentes en la compra del ático. A juicio de Benito,
"no es normal que un presidente de una comunidad
autónoma compre un apartamento a través de una sociedad
opaca radicada en un paraíso fiscal". La decisión de la
magistrada de imputar a Cavero parte de una denuncia
presentada por el SUP ante Anticorrupción.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/19/actualidad/1387448076_933664.html
EL ‘CASO DEL ÁTICO’ ALIMENTA LA BRONCA FINAL DEL ÚLTIMO
PLENO DEL AÑO
Tomás Gómez le dice a Ignacio González que "necesita un
buen abogado"
El presidente regional acusa al líder del PSM de
"instrumentalizar" la justicia
La imputación de la mujer de Ignacio González y
vicepresidenta de la CEIM, Lourdes Cavero, por un
presunto delito contra la Hacienda Pública y de blanqueo
de capitales ha acaparado la atención del último pleno
de la Asamblea de Madrid hasta febrero (enero es
inhábil). La oposición ha recriminado al presidente de
la Comunidad, Ignacio González que no haya comparecido
en la Asamblea a dar explicaciones por su ático pese a
sus constantes peticiones.
"Señor González, le deseo mucha suerte con la justicia,
necesita un buen abogado. Le pido que abandone el cargo.
Ya un presidente autonómico [Francisco Camps] dimitió
por unos trajes, lo de ayer es la punta del iceberg de
algo más grave", ha expresado el secretario general del
PSM, Tomás Gómez. "Todos respetamos su derecho a la
presunción de inocencia, pero usted debe respetar el
derecho de los madrileños a no tener un presidente bajo
sospecha. ¿O los madrileños están tranquilos con alguien
sospechoso de blanqueo de capitales?", ha apostillado.
"El final del año es un buen momento para hacer balance.
Pretendía hablar de la privatización de la sanidad, del
euro por receta, de Eurovegas, de las listas de espera
de sanidad, de la decepción olímpica, de Caja Madrid...
No hay lugar para esos problemas, porque desde ayer
Madrid se encuentra de facto sin presidente. Cuando un
juez establece sospecha de delitos tan graves, esa
persona deja de estar legitimada", ha zanjado Gómez. El
presidente de la Comunidad le ha replicado pidiéndole
que "vaya mañana al tribunal y denuncie lo que pasa, ya
que tanto sabe, de una vez". "Usted, a falta de proyecto
político, trata de llegar por el camino más corto, con
insidias y mentiras, instrumentalizando la justicia. Se
pone muy pomposo, pues vaya a la justicia", ha insistido
González.
El barón popular ha reprochado a Gómez que se "regodee
de que no salgan proyectos como Eurovegas y los Juegos
Olímpicos. Ha hecho todo lo posible para que no salieran
esos proyectos... Su visión de la justicia es parcial,
si le da la razón es parcial; si no es influenciada por
el PP. Ese es su proyecto político. Todo lo que ha hecho
lo sabemos, sabemos de su gestión en Parla y el PSM:
déficit, impago de nóminas, la Seguridad Social... Todo
lo que usted critica. El resto del tiempo se dedican a
la guerra interna".
El portavoz de IU, Gregorio Gordo, ha pedido a González
que comparezca en la Cámara por la imputación de Cavero.
"El del PP es un Gobierno deslegitimado y sin
credibilidad. Si quieren transmitir lo contrario la
única solución es su dimisión o de su Gobierno". "Si
sigue enrocado, señor González, al menos acepte
comparecer para dar explicaciones sobre la imputación de
un familiar directo suyo", ha vuelto a pedir Gordo.
"Lejos de mí darle un consejo, señor González,
respetamos la presunción de inocencia, pero sería bueno
para usted que diese explicaciones", ha observado por su
parte el portavoz de UPyD, Luis de Velasco.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/19/madrid/1387473274_888937.html?rel=rosEP
EL
‘MIÉRCOLES DE CENIZA’ DE GONZÁLEZ
Rajoy: “Madrid es la referencia de la reforma. Madrid es sinónimo
de gestión valiente y exitosa”,
El miércoles de ceniza de Ignacio González por la
imputación de su esposa y vicepresidenta de la patronal
madrileña, Lourdes Cavero, por presunto blanqueo de
capitales y delito fiscal, dejó al Gobierno regional y
al Partido Popular de Madrid en estado de shock. Digno
de un guion cinematográfico y con el polémico ático de
Estepona como escenario, el auto de la jueza Mariana
Peregrina desató la inquietud en el partido precisamente
el día que celebraba la tradicional cena de Navidad
presidida, como cada año, por Mariano Rajoy. Aunque
varios responsables del partido confían en que se
archivará la semana que viene —la juez se inhibió
elevando el caso a la Audiencia Nacional; la condición
de aforado de González influye en que la imputación se
limite, de momento, a su mujer— el auto judicial cayó
como una bomba en el PP. Por mucho que González mostrase
su “sorpresa y estupor” por un auto que tildó de
“plagado de presunciones y hechos sin aclarar”.
Distintas fuentes consultadas reconocieron que la
imputación es un golpe “muy grave” para González y para
el partido, al que se le acumulan los escándalos. Aparte
de la “celeridad” que el presidente autonómico reclamó a
la justicia “por la situación de inseguridad e
indefensión” que dijo atravesar, el barón del PP afirmó
sentirse “absolutamente respaldado” por la dirección
nacional de su partido. El orden de colocación de la
mesa principal —todas eran redondas y no rectangulares,
como temían muchos dirigentes antes de llegar al
cónclave— en la cena del PP en Collado Villalba reflejó
el apoyo de Rajoy.
En un gesto muy comentado, la mesa central no respetó el
protocolo y la alternación habitual hombre-mujer. En
contra de lo esperado, a Rajoy le flanqueaba, además de
la presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, el
propio González y no la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, como en ocasiones anteriores. El círculo lo
completaban Cristina Cifuentes (delegada del Gobierno) y
Carlos Floriano (vicesecretario de Organización del PP
nacional). “Ana Botella e Ignacio González dan un
magnífico ejemplo de cómo se gobierna en una crisis
económica. Nacho, a fuerza de estudiar hasta la última
coma de los problemas, ha conseguido que Madrid lidere
todos los factores económicos de España”, arropó
Aguirre, que definió el año como “duro y difícil”.
Y con los escándalos de corrupción afectando la línea de
flotación del partido, especialmente en Valencia y
Madrid. Sin ir más lejos, la propia Aguirre se pasó el
martes cuatro horas y media respondiendo por escrito en
su despacho a las preguntas del juez Pablo Ruz sobre el
caso Gürtel. Las evasivas de la presidenta del PP
autonómico renegando del exconsejero de Deportes Alberto
López Viejo, imputado en el caso — “No era en absoluto
hombre de mi total confianza”, declaró por escrito
respecto del hombre que encargaba todos los eventos de
la Comunidad de Madrid a las empresas de Francisco
Correa a cambio de una supuesta mordida del 10%—
molestaron muchísimo en la Asamblea de Madrid, donde más
de un parlamentario popular no daba crédito al desmarque
de Aguirre “como si no fuera la cosa con ella”.
Otro ejemplo de la marejada que sacude al principal
caladero de votos del PP tiene como protagonistas al
expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y a José
María Aznar Botella, el hijo mayor del expresidente del
Gobierno y la alcaldesa de Madrid. Aznar Botella pidió
explicaciones a Blesa porque la entidad bancaria no
hubiera comprado obras del artista Gerardo Rueda, amigo
de la familia Aznar y fallecido en 1996, por más de 100
millones de euros en plena crisis financiera de la
entidad. En el ojo del huracán por su gestión, Ana
Botella tampoco llegó a la cena navideña con todas
consigo. Como González. “No me van a doblegar con estas
infamias y calumnias”, proclamó González entre los
aplausos de 900 correligionarios.
Como era de esperar, Rajoy no desveló quiénes serán sus
candidatos al Ayuntamiento y la Comunidad dentro de año
y medio. Aún así, con las quinielas abiertas y sonando
los nombres de Aguirre, de Cifuentes e incluso de Soraya
Sáenz de Santamaría como potenciales candidatas, fue una
cena con mucho morbo.
“Madrid es sinónimo de gestión valiente y exitosa.
Madrid es la referencia de la reforma. Ayudaré a Madrid
porque, Ignacio, ayudar a Madrid es ayudar a todos los
españoles”, proclamó Rajoy en alusión a González. El
líder de Partido Popular no hizo ninguna referencia a la
imputación que amargó la cena del PP más poderoso del
país. Un PP que anoche se lamía las heridas.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/18/actualidad/1387402684_124754.html?rel=rosEP
GONZÁLEZ, SOBRE LA IMPUTACIÓN: “TODO EL AUTO ESTÁ
PLAGADO DE PRESUNCIONES”
"No se ha acreditado ninguna responsabilidad porque no
hay nada", sostiene el presidente
La CEIM, de la que Lourdes Cavero es alto cargo,
considera su imputación un asunto "particular"
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, ha defendido esta mañana la inocencia de su
esposa, Lourdes Cavero, imputada anoche por blanqueo de
capitales y por delito fiscal a causa del lujoso ático
de Estepona que el matrimonio utiliza desde hace años y
del que son copropietarios. González ha mostrado su
"sorpresa y estupor" por en un auto "plagado de
presunciones" y ha cargado contra la juez que lo firma.
Tras conocer la imputación de Cavero, los tres partidos
de la oposición han registrado por enésima vez la
petición de comparecencia en el Parlamento regional de
González.
"Después de más de un año en el que no se ha acreditado
ningún delito ni ninguna responsabilidad penal porque no
hay nada", ha comenzado diciendo el presidente en su
primer acto oficial del día, que ha cobrado de repente
un inusitado interés. "Todo el auto está plagado de
presunciones y hechos sin aclarar", ha declarado sobre
la polémica que arrastra desde hace más de dos años por
su vivienda en la costa malagueña. González ha cargado
contra la juez de Estepona, Mariana Peregrina: "La juez
ha decidido quitarse el asunto de en medio inhibiéndose
y trasladándolo a la Audiencia Nacional. Concluye el
fallo con una imputación con la única conclusión de
evitar la indefensión de mi mujer por las informaciones
que salen en los medios de comunicación".
“Yo hace más de un año comparecí informando de la
procedencia de este inmueble, de todos y cada unos de
los pagos que hicimos por el alquiler, y el año pasado
mostré los escritos de compraventa y los créditos
concedidos. Frente a todo eso, me sorprende mucho esta
resolución. Espero que estas actuaciones no se dilaten
más en el tiempo y que la justicia actúe con celeridad”,
ha defendido González.
"Se produce una situación de inseguridad e indefensión.
Cuando a alguien se le va a imputar hay que concretar
los hechos por los que se le imputa. Simplemente es que
se salvaguarde a mi esposa. Si la justicia actuase con
la máxima celeridad, evitaríamos el perjuicio personal",
ha proseguido González. "Hasta ahora no se ha acreditado
absolutamente nada, no hay nada más que presunciones e
insinuaciones que arrancan por la denuncia de dos
plataformas sindicales policiales", ha insistido
González, que se siente "absolutamente respaldado" por
el PP.
González ha hecho estas declaraciones en el primer acto
oficial de su agenda, la inauguración, junto al
consejero de Asuntos Sociales, del Centro Día de la
Fundación Juan XXIII en Vicálvaro, un distrito del
sureste de la capital. Era a las 10.45 y el presidente
ha llegado unos 20 minutos tarde. A primera hora de la
mañana, la Comunidad de Madrid explicó a este diario que
no iba a comentar la imputación y que no se estaba
preparando ningún tipo de respuesta o comunicado
oficial, al tiempo que remitió a las declaraciones que
pudiera hacer el propio González en la inauguración.
El auto judicial ha caído como una bomba en el PP.
Distintas fuentes consultadas han reconocido que se
trata de un golpe "muy grave" para el partido, al que se
le acumulan los escándalos. Sin ir más lejos, el martes
la expresidenta del PP de Madrid y exdirigente
autonómica, Esperanza Aguirre, se pasó cuatro horas y
media respondiendo por escrito en su despacho de Génova
a las preguntas del juez Ruz sobre Gürtel. Otro ejemplo
tiene como protagonistas al expresidente de Caja Madrid,
Miguel Blesa, y a José María Aznar Botella, el hijo
mayor del expresidente del Gobierno y la alcaldesa de
Madrid. Aznar Botella pidió explicaciones a Blesa porque
la entidad bancaria no hubiera comprado obras del
artista Gerardo Rueda, amigo de la familia Aznar y
fallecido en 1996, por más de 100 millones de euros en
plena crisis financiera de la entidad.
Sin olvidar que el pasado viernes la Comunidad se quedó
sin El Dorado de Eurovegas. Y con el proceso de
privatizavión de la gestión de seis hospitales todavía
pendiente. La situación es tal que dentro del Ejecutivo
autonómico hay quien duda si les vendría bien un fallo
judicial favorable. “Eso nos permitiría realizar el
proceso paralizado desde septiembre y daría seguridad
jurídica a las concesionarias interesadas... Pero por
otro lado seguramente se reavivaría la respuesta de las
protestas sociales, de la marea blanca, en la calle”.
Todo eso a menos de año y medio de las elecciones
autonómicas y municipales, para las que el Partido
Popular no tiene los candidatos claros.
La imputación de la esposa de González coincide con la
copa de Navidad del grupo parlamentario del PP en la
Asamblea de Madrid y con la cena del PP de Madrid, a
partir de las nueve de la noche, en Collado Villalba y
presidida por Mariano Rajoy. No parece que el presidente
del Gobierno vaya a desvelar quienes serán sus
candidatos al Ayuntamiento y la Comunidad. Aún así, con
las quinielas abiertas y sonando los nombres de
Esperanza Aguirre, de Cristina Cifuentes e incluso de
Soraya Sáenz de Santamaría como potenciales candidatas,
será una cena muy morbosa. El cónclave, además, se
produce después del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de esta tarde, en el que el Gobierno central
pretende devolver a las comunidades autónomas el
impuesto de patrimonio para que estas puedan disponer de
esos ingresos, que ahora recibe el Estado. Madrid, que
es la única región que no aplica este impuesto, se
quedaría así sin uno de sus principales argumentos para
seguir sin aplicarlo.
Al margen de estos actos, la agenda de González está
cargada. A las diez de la mañana ha arrancado en la
Asamblea de Madrid el último debate plenario para la
aprobación de los presupuestos de 2014 y de la ley de
acompañamiento. A las siete de la tarde, el presidente
de la Comunidad recibirá, junto a la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella, el premio a los valores olímpicos
del Comité Olímpico Español. La octava gala anual del
Comité Olímpico Español, que se desarrollará en la sede
del COE, estará presidida por el Príncipe de Asturias.
Mientras tanto, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM),
de la que Lourdes Cavero, licenciada en Empresariales y
poco dada a ejercer de primera dama, es vicepresidenta,
ha considerado su imputación un asunto "absolutamente
particular" en el que la CEIM "no está concernida como
organización y por tanto no tiene que pronunciarse", en
palabras de su portavoz. Preguntado sobre si la patronal
madrileña sigue confiando en Cavero y la mantiene en el
cargo, el portavoz ha señalado que "no tiene noticia ni
novedad en ese sentido" y que la esposa del presidente
"continúa con sus actividades con toda normalidad",
informa Victoria Torres Benayas.
En 2011, el ahora muy cuestionado presidente de la
patronal madrileña, Arturo Fernández, la fichó como
adjunta a la presidencia, para un cargo creado ad hoc
para ella, lo que provocó malestar en un sector de los
empresarios, que criticaron la pérdida de credibilidad
que suponía colocar a familiares de miembros del
Gobierno regional. El organigrama que la CEIM publica en
su página web le atribuye en la actualidad una de las 18
vicepresidencias de la organización empresarial.
Desde que acabó sus estudios en 1984 hasta que ingresó
en la CEIM, Cavero había trabajado para la Asociación
Española de la Industria Eléctrica. Según explicaron
fuentes cercanas a la pareja en enero del año pasado,
cuando Ignacio González admitió que era dueño del ático,
Cavero pudo formalizar la compra gracias al desembolso
de los 700.000 euros de indemnización que percibió tras
26 años de servicio en la patronal de la industria
eléctrica. En la escritura pública figura como
propietaria del 80% de la vivienda frente al 20% que
posee González.
El ático está en la lujosa urbanización Alhambra del
Golf, en Guadalmina (Málaga) y tiene una superficie
total construida, incluidas las zonas comunes, de 257
metros cuadrados. Según la escritura de su compraventa,
facilitada en enero por la Comunidad de Madrid, el ático
se compone de un recibidor, salón-comedor, cocina,
lavadero, pasillo, tres dormitorios, tres baños, un aseo
y terrazas con una superficie de 112 metros cuadrados.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/18/madrid/1387355058_494676.html
UNA JUEZ IMPUTA POR PRESUNTO BLANQUEO A LA ESPOSA DEL
PRESIDENTE DE MADRID
Lourdes Cavero es cotitular con González del ático de
Estepona que es investigado
La juez de instrucción número 5 de Estepona (Málaga),
Mariana Peregrina, ha imputado a Lourdes Cavero, esposa
del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, por su presunta implicación en blanqueo de
capitales y delito fiscal por el caso del lujoso ático
de Estepona que el matrimonio utiliza desde hace años.
La magistrada cursó ayer mismo la causa a la Audiencia
Nacional al tratarse de delitos que se han podido
cometer en el extranjero, según confirmaron fuentes del
Gobierno madrileño. La juez también ha imputado por el
mismo asunto al empresario mexicano Rudy Valner, quien
compró dicha vivienda en nombre de la empresa Coast
Investors.
La juez de Estepona inició la investigación a comienzos
del presente año y reclamó “toda la información fiscal”
disponible sobre la empresa Coast Investor LLC, una
sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos)
propietaria del piso, de 500 metros cuadrados —entre
vivienda y solarium— y ubicado en la lujosa urbanización
Alhambra del Golf. En un auto fechado el pasado 9 de
enero, la juez también daba por incorporado a la causa
un informe de 141 folios sobre el ático, elaborado por
la Fiscalía Anticorrupción.
El ático de la lujosa urbanización Alhambra del Golf, en
Guadalmina, tiene una superficie total construida,
incluidas las zonas comunes, de 257 metros cuadrados.
Según la escritura de su compraventa, facilitada en
enero por la Comunidad de Madrid, el ático se compone de
un recibidor, salón-comedor, cocina, lavadero, pasillo,
tres dormitorios, tres baños, un aseo y terrazas con una
superficie de 112 metros cuadrados.
A la vivienda le pertenece la terraza solarium, “ubicada
en la planta ático del edificio, a la que se accede a
través de una escalera que parte desde una de las
terrazas de esta vivienda, tiene una superficie de 238
metros cuadrados, siendo sus linderos los mismos que los
de la vivienda a la que pertenece, haciéndolo además en
parte con cubiertas del edificio y con cuarto de
máquinas de aire acondicionado”.
La residencia dispone de tres plazas de garaje con una
superficie de entre 22 y 24 metros cuadrados y de tres
trasteros, cuyo tamaño va de los seis a los nueve metros
cuadrados. El precio de cada plaza de garaje ascendió a
13.000 euros, por los 3.000 que se abonaron por cada
trastero, cantidades incluidas dentro de los 770.000
euros que González y su esposa, Lourdes Cavero, pagaron
por la casa.
La causa tiene su origen en una denuncia presentada ante
ese juzgado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
que intentaba demostrar que el citado ático es propiedad
del presidente madrileño a través de sociedades
interpuestas. La denuncia sostiene que el piso fue
comprado en 2008 “por un fiduciario habitual llamado
Rudy Valner, en nombre de la sociedad offshore Coast
Inverstors” por un millón de euros.
La denuncia añade que Lourdes Cavero, esposa del
presidente de la Comunidad de Madrid, alquiló el piso
mediante un contrato de larga duración por 2.000 euros
al mes. Ese precio es considerado una ganga para una
zona donde el precio medio de los alquileres para casas
de esa calidad es de 6.000 euros al mes. Además, el SUP
sostiene que González ni siquiera paga ese alquiler.
Poco después de la apertura de la causa judicial, el
presidente de la Comunidad de Madrid admitió que a
finales de 2012 compró, por 770.000 euros, el ático de
Guadalmina, cercano a Marbella y en el que veranea desde
hace años. El dúplex de lujo cuenta con piscina propia,
spa y jacuzzi. La Sociedad de Tasación SA tasó en julio
de 2012 el apartamento en 769.611 euros. El 80% de la
vivienda (equivalente a 616.000 euros de los 770.000)
está a nombre de la esposa de González, que actualmente
ocupa una de las vicepresidencias de la patronal
madrileña.
El 20% restante supuestamente sería propiedad de
González tras pagar 154.000 euros. En su respectivo
patrimonio a él le corresponde un 20% indiviso y a ella,
un 80%. En su día, fuentes cercanas al matrimonio
atribuyeron el desembolso al cobro por parte de Cavero
de una indemnización de 700.000 euros tras 26 años en
Unesa, la patronal eléctrica, en julio de 2011. El
sueldo del presidente madrileño asciende a 103.000 euros
brutos al año.
La investigación del caso del ático ha sido procelosa y
controvertida. En julio del año pasado, le costó el
puesto nada más y nada menos que a Enrique Rodríguez
Ulla, flamante comisario general de Policía Judicial,
nombrado por el Gobierno del PP.
Este mando policial perdió la confianza de sus jefes por
abrir una investigación secreta y oficial sobre el ático
de lujo, sin conocimiento ni autorización del director
general de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero sobre todo
porque Rodríguez Ulla ordenó tales pesquisas después de
que el Sindicato Unificado Policial (SUP) le advirtiera
por carta con llevarle a los tribunales si no lo hacía.
En la misiva, el sindicato policial amagaba con
denunciar a aquellos mandos policiales que dejaban de
hacer su labor por lograr un puesto de trabajo para un
pariente.
Cuatro meses antes, en abril de 2012, el director de la
Policía destituyó al comisario de Marbella, Agapito
Hermes de Dios, por investigar el ático a petición de
quien fue número dos de la Policía, Miguel Ángel
Fernández-Chico (ahora ya fallecido).
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/17/actualidad/1387318837_087039.html
“NO SE IMPUTA A IGNACIO GONZÁLEZ AL NO TENER
COMPETENCIA”
La juez cree que la decisión de imputar al presidente
madrileño corresponde al Supremo
Una juez imputa por blanqueo a la esposa de González
"No obstante, la condición de imputado de Jaime Ignacio
González no se la puede atribuir la instructora, al
carecer de competencia", dice el auto por el que la juez
de Estepona Mariana Peregrina imputa a la esposa del
presidente del presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, por la compra de un ático. La
condición de aforado del presidente de la Comunidad de
Madrid explica por qué la imputación se limita, de
momento, a Lourdes Cavero, y aún no afecta a González.
El auto señala que las investigaciones aluden a un
supuesto delito contra la Hacienda pública y a otro de
blanqueo de capitales "provenientes de unas supuestas
comisiones, producido con anuencia de una entidad
extranjera ad hoc, con una estructura organizada y para
cuya comisión se ha podido emplear una organización
también ad hoc cuales son sociedades fiduciarias
opacas".
"Con independencia de que se produzca o no la imputación
de Ignacio González", cuya competencia correspondería al
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la juez se
inhibe al entender que la causa debe seguir su curso en
la Audiencia Nacional dado que el presunto delito pudo
haberse cometido en el extranjero.
Las investigaciones partieron a instancias del Sindicato
Unificado de la Policía (SUP) que presentó la denuncia
por la compra de un ático en la lujosa urbanización
Alhambra Golf, en Estepona (Málaga) que, según sostiene
el sindicato, fue adquirido por el presidente madrileño
a través de sociedades extranjeras interpuestas.
En el mismo auto, la juez admite la personación de
Ignacio González, tal como él mismo pidió en octubre. El
juez la admite al entender que "verdaderamente se puede
correr el riesgo de indefensión". Además, indica que,
antes de proceder a la imputación de la esposa de
González de y de la sociedad Coast Investors LCC, se han
practicado solo las diligencias acordadas "en el
territorial nacional", dada la "dificultad adicional que
supone la cooperación jurídica internacional", ya que se
remitieron comisiones rogatorias a Londres "que fue
devuelta sin cumplimentar" y a Estados Unidos "que está
siendo traducida para su remisión".
La juez ha admitido la personación de González en la
causa pese a la oposición del fiscal que argumentó que
"la investigación seguida en la causa pretende
acreditar, ante la existencia de una estructura
societaria ciertamente opaca, en quién o quiénes sean
las personas físicas que sean los dueños de la entidad
y, por ende, de los inmuebles que adquirió". "En puridad
procesal, Ignacio González no puede ser tenido como
imputado en la causa pues, en el momento presente, no
consta que tenga relación alguna con la entidad Coast
Investors LLC", añade el fiscal.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/18/actualidad/1387361104_528320.html
LA FISCALÍA RECHAZA LA PERSONACIÓN DE IGNACIO GONZÁLEZ “PARA
DEFENDERSE” EN EL CASO DEL ÁTICO INVESTIGADO
El fiscal jefe de Málaga le advierte que esa pretensión sólo
sería posible como imputado y aún no lo es
También le indica que tiene otras vías en los tribunales
para defender su honor
Varapalo para los intereses del presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, al ver frustrado, por el
momento, su deseo de personarse para ejercer su "derecho a
la defensa" en la causa penal sobre la adquisición de su
famoso y lujoso ático que instruye la titular del Juzgado
Número 5 de Estepona, Mariana Peregrina.
Según ha podido saber eldiario.es de fuentes jurídicas el
fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga, Juan
Carlos López Caballero, encargado personalmente del caso, se
ha opuesto a la personación pretendida por el presidente
madrileño en un escrito enviado a la juez Peregrina
recientemente. Tras dicho trámite procesal la magistrada
deberá pronunciarse en respuesta al presidente del Ejecutivo
madrileño. Todo indica que rechazará su deseo, tras el
contundente informe de la Fiscalía.
Considera la acusación pública que la única forma que
tendría González para defenderse, tal y como pretende, sería
en calidad de imputado, pero no puede ser tenido como tal en
la causa, "pues en el momento presente no consta que tenga
relación alguna con la entidad Coast Investors LLC, cuya
inversión en España es el objeto de la investigación", en
alusión a la operación de compra-venta del inmueble.
El Ministerio Público argumenta que la investigación seguida
en dicha causa "lo que pretende acreditar, ante la
existencia de una estructura societaria ciertamente opaca,
es quién o quiénes sean las personas físicas que sean los
dueños de la referida entidad, y por ende, de los inmuebles
que la misma adquirió en la localidad de Estepona (Málaga),
extremo que es el presupuesto lógico, y necesario, de una
posterior imputación".
Así pués, según se hace constar en el escrito del fiscal,
"la personación pretendida por el Sr. González, dado su
tenor literal-para ejercer su derecho a la defensa- es en
calidad de imputado, puesto que en nuestro sistema procesal
y a diferencia de lo que ocurre en otros países (el arguido
del Derecho portugués) dicha condición es el punto de
partida para defenderse en el proceso penal".
El fiscal va más allá en el documento al recalcar que "no
cabe, pues, una personación preventiva de una futura e
hipotética imputación". De hecho, sostiene que tal situación
estaría "vetada" para González en las diligencias previas
que sigue la juez de Estepona, "dada la condición de persona
aforada" que ostenta el gobernante autonómico.
En el escrito dirigido a la juez también se le recuerda al
sucesor de Esperanza Aguirre el artículo 25 de la Ley
Orgánica 3/1.983, de 25 de febrero, del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, "careciendo el Juzgado
que conoce del presente procedimiento de competencia para
dictar un auto incriminatorio contra dicho señor", en
alusión a Ignacio González.
Por lo que respecta a la "apreciación" de González sobre la
"falsedad de los hechos denunciados" por el Sindicato
Unificado de Policía (SUP), el fiscal le recuerda que "nada
impide el ejercicio de las acciones que estime pertinentes
en defensa de su honor", en referencia a la jurisdicción
civil y penal que tiene a su alcance.
La admisión a trámite de la denuncia formulada en su día por
el SUP, "no supone, como parece entender el solicitante"
(González) , que la juez instructora "tenga por ciertos los
hechos expuestos en la misma, pues si se ha iniciado la
investigación judicial es para verificar la realidad de los
mismos y su certeza", según se recoge también en la
respuesta de López Caballero.
No menos relevante resulta el criterio para seguir el rastro
de quiénes están detrás de la estructura societaria que
engloba Coast Investors, la sociedad radicada en Delaware (EE.UU.)
que adquirió el inmueble de Estepona, primero alquilado y
luego vendido a González y su esposa. Sostiene el fiscal que
cuando se produjo la inversión de Coast Investors, en 2008,
todavía no se contemplaba en el Código Penal la
responsabilidad penal de las personas jurídicas
(sociedades). Dicho supuesto se introdujo con motivo de una
reforma en junio de 2010. "Es por ello que la investigación
deba centrarse en esas personas físicas que sean las
titulares reales de la inversión referida".
La juez instructora quiere saber quién se esconde tras la
empresa Coast Investors LLC . Dicha mercantil vendió el
ático, el 18 de diciembre de 2012, a Ignacio González, su
mujer, María Lourdes Cavero Mestre, por 770.000 euros.
Coast Investors aseguró que la citada mercantil radicada en
Estados Unidos, que tiene como administrador al testaferro
profesional Rudy Valner, adquirió el inmueble el 12 de mayo
de 2008 por el precio de 750.000 euros, abonados mediante
dos transferencias.
La magistrada está aún a la espera del resultado de una
comisión rogatoria al banco Lloyds TSB Bank PLC de Londres,
para que informe de las cuentas corrientes que la empresa
tiene en esa entidad, identifique a sus titulares o
autorizados, y concrete los movimientos contables de origen
o destino a España, con indicación de las cuentas o
destinatarios. Paralelamente, ha solicitado al Banco
Popular, donde también posee cuenta Coast Investors, que le
remita todas las operaciones realizadas por la empresa y
Rudy Valner. Este último ha figurado como secretario en la
entidad Egeda US, filial norteamericana de Egeda España,
encargada de la gestión de derechos cinematográficos, y en
la que aparece el productor y presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo.
La investigación judicial se inició en octubre de 2012, tras
una denuncia del SUP, cuando el 31 de mayo de 2012 el
sindicato policial puso en conocimiento de la Fiscalía de
Málaga que el ático, valorado en un millón de euros según
los denunciantes, no estaba escriturado y "podría tratarse
de una adquisición en dinero 'negro' procedente de
actividades delictivas'.
http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-personacion-Ignacio-Gonzalez-investigado_0_206829743.html
IGNACIO GONZÁLEZ ATACA A LA JUEZA QUE INVESTIGA SU ÁTICO Y
SE PRESENTA COMO VÍCTIMA DE UN “PROCESO INQUISITIVO”
El presidente madrileño cree que, simplemente por investigar
los hechos, la jueza está dando credibilidad a "falsas
imputaciones"
González solicita a la titular del juzgado de Estepona que
acepte su personación en el caso tras considerar que ha sido
acusado en una denuncia presentada por el SUP
Fuentes jurídicas aseguran que el presidente madrileño
podría haber enviado el escrito para fundamentar una posible
anulación de la investigación si al final acaba imputado
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
ha remitido un durísimo escrito a la jueza que investiga las
compraventas a que estuvo sujeto el ático de Estepona
adquirido por el dirigente del PP y su esposa en diciembre
de 2012 tras cuatro años como inquilinos. González, que ha
elegido como abogado al exmagistrado conservador Adolfo
Prego, pretende personarse en la causa y acusa a la jueza de
llevar un año desarrollando un “proceso inquisitivo” a sus
espaldas, con lo que insinúa que está prevaricando.
El letrado de González fue el magistrado de la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo a quien se le encomendó ser el
ponente de la querella presentada contra el juez Baltasar
Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Al final
fue apartado del caso por sus vinculaciones con
organizaciones de extrema derecha. Prego también fue el
abogado elegido por la secretaria general del PP y
presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal,
en su denuncia en defensa de su honor presentada contra el
extesorero del PP Luis Bárcenas en los juzgado de Toledo.
La petición de González se presentó el 20 de octubre, cuatro
días después de que el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos
López Caballero, solicitara a la jueza Mariana Peregrina
Blanco la ampliación de la comisión rogatoria a Estados
Unidos. En su escrito el representante del Ministerio
Público pedía a las autoridades de Washington más
información sobre los saldos y los movimientos de fondos en
las cuentas bancarias de la empresa CoastInvestors, que
durante varios años fue la casera del presidente madrileño y
que finalmente vendió el ático de lujo a González en
diciembre de 2012.
González arguye en su escrito, al que ha tenido acceso
infoLibre, que la investigación ha propiciado un “juicio
paralelo” en los medios de comunicación. El presidente ya
intentó en marzo que el caso del ático quedara en manos del
juez de Madrid que investiga el espionaje a que González fue
sometido durante un viaje a Colombia. Ese juez, Adolfo
Carretero, es hermano de Agustín Carretero, alto cargo del
Ejecutivo madrileño. La petición de González está pendiente
de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Anticorrupción y las escrituras
Localizado muy cerca de la playa y con casi 500 metros
construidos, el lujoso ático de Estepona que centra las
investigaciones fue comprado por Ignacio González y su
mujer, Lourdes Cavero, en diciembre de 2012 por un precio
declarado de 770.000 euros. La venta se escrituró un día
después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamase la
información fiscal relativa a ese inmueble; y también un día
después de que la sociedad norteamericana que era titular
del inmueble regularizara su situación fiscal en España.
En 2008 el ático había sido adquirido por CoastInvestorsLlc,
una firma opaca domiciliada en Delaware, que en Estados
Unidos funciona como una especie de paraíso fiscal interno.
La jueza ha cursado una comisión rogatoria a EEUU con las
preguntas del interrogatorio al que debía someterse el
administrador de CoastInvestorsLlc. Y la Fiscalía pidió el
lanzamiento de una segunda solicitud de ayuda internacional
para conocer los movimientos bancarios de la sociedad, de
forma que pudiera conocerse quién es su verdadero
beneficiario. En concreto en un banco situado en la ciudad
de Portland, en el estado de Oregón.
La cabeza visible de CoastInvestors es Rudy Valner,
ciudadano mexicano afincado en EEUU que se publicitaba en
internet como testaferro profesional. Como publicó
infoLibre, Valner también figura como tesorero de una
compañía panameña que estuvo vinculada a Juan Villalonga,
expresidente de Telefónica y compañero de pupitre de José
María Aznar.
"A sus espaldas"
La expresión “a sus espaldas” figura cuatro veces en el
escrito, con el que González pide personarse en las
diligencias abiertas por la jueza de Estepona Mariana
Peregrina Blanco. El jefe del Gobierno regional madrileño
entiende que, aunque no pesa sobre él ninguna imputación
formal, todas las indagaciones que efectúa la jueza van
dirigidas en la prácticas a implicarle en los delitos
mencionados por la denuncia del Sindicato Unificado de
Policía (SUP), que originó la apertura de investigaciones en
octubre de 2012.
El ataque a la jueza comienza en la primera página del
escrito y sigue in crescendo hasta la séptima y última.
Según González, las diligencias previas de la jueza se han
convertido "en una suerte de indagación prospectiva", es
decir, aquella en la que sin indicios previos se busca hasta
encontrar algo que incrimine a alguien. Al haber admitido la
denuncia del SUP, cuyo relato define González como una
"progresión de falsas imputaciones", la jueza "está dando
verosimilitud" al relato de los denunciantes, explica el
escrito. "Hasta la fecha este juzgado […] jamás comunicó
nada a nuestro representado. Este dato contrasta con el
acceso constante de determinados medios de comunicación a
las actuaciones".
"Falsas imputaciones"
González realiza de forma paralela un ataque a la acusación
popular del SUP, a quien acusa de haber realizado "falsas
imputaciones" contra él. "Situación que genera una
importante afección, no solo en la esfera personal, sino
también en su imagen pública". Asimismo, el representante
legal de Ignacio González asegura que la jueza no le ha
informado de la existencia de esta causa penal; "ni le ha
instruido de sus derechos para intervenir en ella, a fin de
defenderse frente al cúmulo de falsas imputaciones que de
manera libérrima se viene vertiendo contra su persona".
González quiere personarse en la causa, explica el escrito,
al constatar que la admisión a trámite de la denuncia
presentada por el SUP significa, según su opinión, que la
jueza da "verosimilitud" y considera "verdadero" el relato
del sindicato policial. Y que está practicando diligencias
de prueba o de investigación "a espaldas de nuestro
representado", indica el escrito del abogado de González,
que continúa: "Es muy grave que en este caso se haya
mantenido la causa durante un año, sin informar a nuestro
representado de su existencia. Y muy lamentable que haya
tenido que conocer, por los medios de comunicación y por
terceros, la denuncia y el ejercicio de acciones penales
desconocidas para él durante mucho tiempo, pero que ese
Juzgado de Instrucción ha admitido y practicado diligencia
de investigación sumarial a sus espaldas".
Audiencia Nacional
Hace varias semanas, la jueza Mariana Peregrina Blanco
solicitó a las partes su opinión acerca del posible envío
del caso a la Audiencia Nacional. Pero la Fiscalía se opuso
a esa intención. Si al final la titular del Juzgado de
Estepona decide imputar a González, la investigación tendría
que ser remitida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
que es el órgano judicial que se encarga de las denuncias de
los diputados madrileños.
Fuentes jurídicas relacionadas con el caso explican a
infoLibre que la petición de González no tiene precedentes,
pues su posible personación sin ser imputado tendría una
difícil cabida en el ordenamiento jurídico español. Las
mismas fuentes explican que el presidente de Madrid podría
estar tratando de justificar una posible futura petición de
nulidad de las actuaciones si al final la investigación
recala en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Enrique Cerezo
La jueza hizo esta petición a las partes después de que la
Fiscalía le remitiera una volumnosa documentación de
diferentes decisiones de Ignacio González que podrían haber
beneficiado a su amigo Enrique Cerezo, presidente del
Atlético de Madrid. En concreto, el pasado verano los
afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) de
Telemadrid presentaron un escrito a la Fiscalía de Málaga.
En ese documento, los empleados de la televisión autonómica
aseguraban que el ático podría ser un regalo de Cerezo al
presidente madrileño. Un regalo que tendría su origen,
precisamente, en un supuesto trato de favor concedido al
Atlético de Madrid desde organismos públicos de la Comunidad
de Madrid.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/11/19/ignacio_gonzalez_acusa_jueza_que_investiga_atico_someterlo_proceso_inquisitivo_sus_espaldas_9973_1012.html
EL CASERO DE IGNACIO GONZÁLEZ TAMBIÉN FUE TESORERO EN UNA
EMPRESA DE JUAN VILLALONGA
Rudy Valner, el
testaferro profesional que a través de la sociedad opaca
CoastInvestorsLlc compró en 2008 el ático de lujo de
Estepona primero alquilado y luego adquirido por el
presidente de Madrid, ya había hecho negocios con otro
español de fuste
En 2005 Valner
se convirtió en tesorero de la empresa instrumental panameña
Harmony International SA. La presidenta era Adriana Abascal
El secretario,
Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, compañero de
pupitre de Aznar y cuya primera esposa, Concha Tallada, se
convirtió en 2000 en socia mercantil de Lourdes Cavero, la
mujer de Ignacio González
Rudy Valner, el
abogado que en 2008 y a través de una empresa opaca de EEUU
compró el lujoso ático de Estepona que primero alquiló y
luego vendió al jefe del Gobierno madrileño, Ignacio
González, ya había hecho negocios con otro español de fuste:
desde 2005, Valner figura como directivo de una empresa
panameña entonces ligada a Juan Villalonga,expresidente de
Telefónica y antiguo compañero de colegio de José María
Aznar.
La primera mujer
de Villalonga, Concha Tallada, y la esposa de Ignacio
González, Lourdes Cavero, no solo son buenas amigas. En
enero de 2000, ambas se convirtieron en socias al
constituir, junto con Carmen Cafranga, exconsejera de
Bankia, la empresa Subastas Segre, dedicada a la
comercialización de obras de arte, joyas y antigüedades.
La sociedad
panameña donde los documentos del Registro de Panamá sitúan
al testaferro profesional Rudy Valner como
“director/tesorero” desde marzo de 2005 se llama Harmony
International SA, una de las muchas compañías instrumentales
que proliferan en el país centroamericano. Como presidenta
de la compañía figura –no hay documentos registrados con
posterioridad–Adriana Abascal. Y como secretario Juan
Villalonga, quien en julio de 2000 había dimitido como
presidente de Telefónicaarrastrado por las noticias que le
atribuían haber utilizado información privilegiada para
hacerse con acciones de la compañía.
Los papeles del
registro panameño indican que Harmony quedó bajo control de
Adriana Abascal tras el pleito que dejó en manos de la
antigua miss un importante bocado de la herencia de quien
durante años fue su pareja y mentor, el magnate mexicano
Emilio Azcárraga. Tras la muerte de Azcárraga, Abascal y
Villalonga comenzaron una relación que costó al entonces
presidente de Telefónica el divorcio de Concha Tallada.En
2009, Villalonga y Abascal se divorciaron.
Ayer, infoLibre
localizó en su teléfono móvil a Villalonga, ahora centrado
en las inversiones financieras. A la pregunta de si sabe
que el mismo Rudy Valner que en 2005 completaba junto con
él mismo y con Adriana Abascal el equipo directivo de
Harmony es quien tres años después compró un exclusivo ático
en Estepona que de inmediato alquiló a la esposa de Ignacio
González, Villalonga respondió tres cosas: "¿Quién le ha
dado mi teléfono?" fue la primera. La segunda, esta: "Sea lo
que sea lo que quiera usted, no estoy disponible". Tras el
preámbulo, el empresario entró en materia con una breve
exhortación: "No tengo nada que decir, llame usted para eso
a la señora Adriana Abascal". Este diario no logró localizar
a la Miss México 1991.
Los misterios de
CoastInvestors
De nacionalidad
también mexicana pero afincado en Los Ángeles, el testaferro
profesional Rudy Valner adquirió el ático dúplex en 2008 a
través de la sociedad CoastInvestorsLlc. Domiciliada en
Delaware, estado donde proliferan las sociedades
pantalla,CoastInvestorsLlc ve ahora cómo sus movimientos de
cuentas están siendorastreados por una juez española: la que
en Estepona, y tras una denuncia del sindicato policial SUP,
investiga la cadena de operaciones mercantiles que afectan
al exclusivo inmueble, propiedad de Ignacio González y su
esposa desde diciembre de 2012.
Ese mes, el
heredero político de Esperanza Aguirre al frente del
Gobierno madrileño y su esposa formalizaron la compra del
ático un día después de que la Fiscalía Anticorrupción
solicitara información tributaria sobre CoastInvestorsLlc.
www.infolibre.com
IGNACIO GONZÁLEZ INTENTÓ CAMBIAR EL JUEZ DE LA
INVESTIGACIÓN SOBRE EL ÁTICO DE ESTEPONA
La Comunidad de Madrid pidió en marzo al juez que
investiga los seguimientos a González en Colombia la
apertura de una pieza sobre las pesquisas "ilegales" del
policía de Marbella que detectó la existencia del ático
de lujo
El juez Adolfo Carretero, hermano de un alto cargo del
Gobierno de Madrid, accedió a los dos días de recibir el
escrito pero topó con un demoledor recurso de la
Fiscalía
El Ejecutivo madrileño no confirma qué ocurrió con la
decisión de Carretero mientras fuentes conocedoras del
caso sostienen que se encuentra pendiente de un recurso
ante la Audiencia Provincial
El Gobierno de Madrid emprendió en marzo de este año una
maniobra jurídica que, de prosperar, tendría una
consecuencia clave para su presidente, Ignacio González:
la investigación sobre las circunstancias que rodean la
adquisición del lujoso ático de Estepona donde este
veranea, investigación que incluye pesquisas en EEUU,
saltaría de las manos de la juez del caso hasta las del
magistrado de Madrid que desde 2009 indaga si González
fue objeto de espionaje. Ese juez es Adolfo Carretero,
titular del juzgado de instrucción número 47 y hermano
de Agustín Carretero, hasta hace dos semanas gerente de
la Academia de Policía Local de Madrid y hoy director
general de Calidad del Ejecutivo que preside Ignacio
González.
Los seguimientos a que fue sometido el presidente
madrileño, entonces número dos de Esperanza Aguirre,
durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) en
2008 fueron el detonante de las diligencias abiertas por
Carretero al año siguiente. El juez llegó a imputar en
2012 a una periodista de la cadena Ser ya exonerada por
informar de cómo un vídeo reflejaba los movimientos de
González y sus acompañantes en la ciudad caribeña entre
el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2008.
La maniobra legal para arrebatar el caso del ático a la
juez de Estepona y dejarlo en manos de Carretero se
sustentaba en una petición de calado. Lo que el Gobierno
madrileño solicitó con un escrito que llegó al juzgado
el 25 de marzo y lo que el juez Carretero aceptó dos
días más tarde fue la apertura, dentro del sumario sobre
el espionaje, de una pieza separada sobre la
investigación “ilegal” desarrollada sobre González por
el excomisario de Policía de Marbella Agapito Hermes
hace casi dos años.
Los argumentos del Ejecutivo madrileño en favor de
unificar los dos casos se resumían en estas líneas de su
escrito: "Don Ignacio González ha sido objeto, no de
dos, sino de tres investigaciones ilegales en un lapso
temporal de apenas tres años. la existencia de la
maquinación delictiva (...) resulta evidente, lo que
fuerza a considerar la conexión entre los hechos que
acaban de ponerse en conocimiento del órgano judicial y
los que ya son objeto de instrucción". Y esos nuevos
hechos eran las pesquisas de Agapito Hermes. Fue Hermes
quien detectó la existencia del ático de Estepona, cuya
titularidad permaneció entre el 12 de mayo de 2008 y el
18 de diciembre de 2012 a nombre de una sociedad
estadounidense sin actividad conocida, CoastInvestorsLlc.
Fuentes jurídicas relacionadas con el caso del espionaje
sostienen que el auto de Carretero, que de inmediato fue
recurrido por la Fiscalía, se encuentra pendiente de
recurso en la Audiencia Provincial. InfoLibre no ha
podido verificar ese extremo. Ayer, portavoces oficiales
de la Comunidad de Madrid tampoco accedieron a aclarar
qué ocurrió con aquella resolución de Carretero. La
fiscal del caso del espionaje, que se opuso tajante a la
apertura de la pieza separada, reclamó que la denuncia
de la Comunidad sobre lo sucedido con Agapito Hermes se
enviara al decanato para su posterior reparto a otro
juzgado.
De Agapito Hermes a la comisión rogatoria
Expedientado y degradado, las pesquisas del policía
Agapito Hermes fueron oficialmente desechadas. Pero el
Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el
Cuerpo y al que había llegado información sobre el ático
de Estepona, llevó el asunto a un juzgado de Estepona,
el número 5 de la ciudad malagueña. Es su titular la
juez que desde hace un año trata de desbrozar las
transacciones realizadas sobre ese inmueble, adquirido
en 2008 por una empresa estadounidense (CoastInvestors)
domiciliada en Delaware, una suerte de paraíso fiscal
interno. Su administrador, Rudy Valner, se publicitaba
en Internet como testaferro profesional.
La Fiscalía ya pidió en verano a la juez de Estepona que
lanzase a EEUU una solicitud de ayuda internacional
–comisión rogatoria– para desentrañar las vísceras de
CoastInvestors y averiguar quiénes son sus propietarios
últimos. Y, ayer, la Cadena SER informó de que
Anticorrupción ha pedido a la juez que amplíe esa
rogatoria para conocer todos los movimientos bancarios
de CoastInvestors. Si la empresa pagó efectivamente el
IBI del ático hasta diciembre de 2012, esos movimientos
aparecerán.
El escrito de la Abogacía de la Comunidad no dedica una
sola sílaba al ático de 257 metros cuadrados construidos
en una exclusiva urbanización de Estepona próxima a
Marbella. Pero esa investigación, la que busca averiguar
si CoastInvestors y su mascarón de proa, Rudy Valner,
eran o no los verdaderos propietarios del piso, puede
terminar en el juzgado de Carretero. Ocurrirá eso si el
juez madrileño triunfa en su empeño de investigar la
actuación del policía Agapito Hermes de manera conjunta
con los seguimientos a González en Colombia y la
elaboración de un dossier de 69 detalladas páginas sobre
su patrimonio y diversas adjudicaciones públicas en las
que participó. La Comunidad de Madrid entiende que el
espionaje en Colombia, la elaboración del dossier y las
pesquisas de Agapito Hermes son actividades delictivas
conectadas entre sí.
El juez Carretero, que con celeridad dio la razón a la
Comunidad de Madrid y ordenó abrir una pieza separada,
topó con el rechazo del ministerio público. En su
recurso, fechado el 8 de abril, la Fiscalía introdujo un
misil que negaba la mayor, es decir, la tesis de que los
tres “episodios” de vigilancia ilegal contra González
están conectados. “No se ha derivado de los casi tres
mil folios de la causa –dice el texto– indicio objetivo
alguno, ni siquiera sospecha racional de que [los
imputados del caso del espionaje] hubieran podido estar
en concierto con funcionario público alguno”. Aunque la
fiscal aduce que esos funcionarios públicos serían
“indeterminados”, lo que late bajo el litigio entre el
juez y la Comunidad por un lado y la fiscal por otra es
el nombre de Agapito Hermes.
Así las cosas, la fiscal sostiene que “el único nexo de
unión” entre los delitos investigados –el seguimiento en
Colombia, el dossier y las indagaciones de Marbella–
sería que es Ignacio González “el sujeto perjudicado”. Y
el hecho de que una misma persona aparezca como víctima
de distintos delitos en absoluto justifica la
acumulación de investigaciones.
Para el Gobierno de Madrid y el PP, la investigación de
Estepona tiene como pilares un infundio –la sospecha de
que el ático siempre fue de González– basado en una
presunta ilegalidad –las indagaciones de Agapito Hermes.
El presidente madrileño sostiene que nada inusual
ocurrió: su esposa alquiló el ático en 2008 a razón de
2.000 euros mensuales y, finalmente, el matrimonio lo
adquirió el pasado 18 de diciembre por 770.000 euros. Un
día antes de esa última fecha, el 17 de diciembre de
2012, la Fiscalía Anticorrupción había reclamado la
información fiscal completa del inmueble.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/10/22/ignacio_gonzalez_intento_que_investigacion_sobre_atico_estepona_pase_manos_otro_juez_8884_1012.html
ANTICORRUPCIÓN RECLAMA LOS MOVIMIENTOS DE LA EMPRESA QUE
VENDIÓ EL ÁTICO A GONZÁLEZ
El fiscal pide a la juez que investiga el dúplex del
presidente de la comunidad de Madrid en Estepona que
amplíe la comisión rogatoria internacional
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la juez de
Estepona que investiga el ático de Ignacio González el
informe que le solicitó para que se pronunciara sobre si
el asunto debería pasar a la Audiencia Nacional. El
fiscal sostiene que, de momento, el sumario debe seguir
en el juzgado de Estepona y reclama ampliar la comisión
rogatoria internacional para que incluya una nueva
petición a las autoridades de Estados Unidos: los
movimientos de las cuentas bancarias de CoastInvestors,
la empresa que adquirió el ático, desde el año 2008
hasta el 2013.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la titular del
juzgado número cinco de Estepona que investiga el ático
de Ignacio González que amplíe la comisión rogatoria
internacional. El fiscal quiere que la juez reclame a
las autoridades de Estados Unidos los movimientos
bancarios de la sociedad CoastInvestors entre los años
2008 y 2013.
Fuentes de la investigación, consultadas por la Cadena
SER añaden que de esta forma se podrá comprobar si esta
sociedad fue realmente la propietaria del lujoso dúplex
hasta finales de 2012 cuando el presidente de la
Comunidad de Madrid compró la vivienda por la que hasta
entonces pagaba un alquiler. Un extremo que se puede
verificar si en esos extractos bancarios figura el pago
del IBI o de la comunidad de propietarios.
El Ministerio Público rechaza, por el momento, remitir
el caso a la Audiencia Nacional. La juez preguntó por su
competencia al fiscal, después de que la asociación de
afectados por la gestión de Telemadrid presentara un
escrito con abundante documentación.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/anticorrupcion-reclama-movimientos-empresa-vendio-atico-gonzalez/csrcsrpor/20131022csrcsrnac_49/Tes
LA JUEZ QUE
INVESTIGA EL ÁTICO DE GONZÁLEZ MANEJA UN INFORME QUE
APUNTA A QUE PODRÍA SER UN REGALO DE ENRIQUE CEREZO
Anticorrupción presenta en el juzgado un voluminoso
escrito que le entregó la asociación de afectados por la
gestión de la televisión pública madrileña
La juez que investiga el pago del ático de lujo de
Ignacio González en Estepona tiene sobre su mesa un
escrito de más de 700 folios presentado por la Fiscalía
Anticorrupción que apunta a que indiciariamente el
empresario Enrique Cerezo habría costeado el inmueble
del presidente de la Comunidad de Madrid como
compensación por adjudicaciones directas de González a
empresas vinculadas al presidente del Atlético de
Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en
el juzgado de Estepona que investiga de donde salió el
dinero para pagar el ático de lujo de Ignacio González.
El documento fue remitido al Ministerio Público por la
asociación de afectados por la gestión de la televisión
pública madrileña, telemadrid. Al estar la causa
judicializada, el fiscal se lo ha entregado a la juez
del caso pero todavía no se ha pronunciado sobre el
fondo.
Según ha sabido esta emisora, la documentación concluye
que el empresario Enrique Cerezo podría haber costeado
la vivienda del presidente de la Comunidad de Madrid y
facilitado la estructura para que este hecho
permaneciera oculto. Un regalo que se produce en una
fecha próxima a las adjudicaciones públicas de las que
se ha beneficiado el presidente del Atlético de Madrid y
en el que actúa como intermediario un viejo conocido
suyo con quien ha compartido intereses en la mercantil
EGEDA, Rudy Valner. El inmueble iría dirigido a
compensar la inversión que Telemadrid ha efectuado en
beneficio de los intereses del Atlético de Madrid y de
la adjudicación a empresas vinculadas a Cerezo de 10
canales de TDT o de la inauguración de los Teatros del
Canal. Todas ellas, decisiones adoptadas directamente
por Ignacio González.
Las adjudicaciones públicas a Cerezo
El escrito recuerda que la televisión autonómica
participó como mayoritaria en una sociedad que pagó 230
millones de euros por los derechos del Atlético de
Madrid durante cuatro temporadas, entre 2009 y 2013.
Madrid Deporte Audiovisual, una empresa participada
también por Caja de Madrid, que arrojó pérdidas nada más
nacer y que ahora está en concurso de acreedores.
La gestión de la publicidad en Telemadrid también fue a
parar a este empresario. En abril de 2008, Multipark,
empresa vinculada a Cerezo, sustituye a la mercantil que
llevaba este asunto y el cambio coincide con una bajada
sustancial de los ingresos publicitarios.
El caso de la inauguración de los teatros del canal
llama la atención de los autores del texto porque la
adjudicación a Boomerang TV se produce solo dos meses
después de que Ignacio González asuma las competencias
del Canal de Isabel II y reporta a la firma participada
por Enrique Cerezo más de 1,2 millones de euros. Otra
empresa, en este caso la distribuidora del presidente
del Atlético de Madrid, Video Mercury, percibió de la
cadena pública más de 1,1 millones de euros en 8 años.
González y Cerezo lo niegan
La Cadena SER se ha puesto en contacto con Ignacio
González y Enrique Cerezo. Tanto el presidente de la
comunidad de Madrid como el del Atlético de Madrid han
negado tajantemente los hechos que ha denunciado este
colectivo.
Fuentes del gobierno de la comunidad de Madrid han
explicado que estamos ante una causa en la que "no hay
imputado, ni hay hecho delictivo" y que ahora, la única
novedad, es que una asociación ha presentado un escrito
que "en ningún caso" hace suyo la fiscalía
anticorrupción.
Cerezo subraya que es el empresario "que menos vende a
telemadrid" y que la Comunidad de Madrid "nunca le ha
dado nada". Sobre el ático, "no sabe quién lo compró"
pero asegura que con las diez licencias de TDT que posee
"ha llegado a perder hasta 10 millones de euros".
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/juez-investiga-atico-gonzalez-maneja-informe-apunta-podria-ser-regalo-enrique-cerezo/csrcsrpor/20131001csrcsrnac_2/Tes
LA JUEZA
DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ SE PLANTEA TRASLADAR EL CASO A
LA AUDIENCIA NACIONAL
La titular del Juzgado
número 5 de Estepona ha tomado esta decisión tras recibir
una voluminosa documentación sobre el tema
El hecho de que la empresa
que compró inicialmente el inmueble esté radicada en Estados
Unidos podría implicar un cambio en el órgano judicial que
instruye la denuncia presentada por el SUP
La titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona
(Málaga), Mariana Peregrina Blanco, quiere saber si el
órgano judicial competente para investigar la compra del
ático de lujo en la localidad malagueña por parte de la
empresa de Estados Unidos CoastInvestors es la Audiencia
Nacional. Este inmueble fue alquilado en 2008 por Lourdes
Cavero, la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, por un precio de 2.000 euros al mes. Según
el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que es la
organización que presentó la querella en el juzgado andaluz,
ese precio está muy por debajo del mercado.
Según una providencia
firmada por la jueza el pasado 17 de septiembre, la Fiscalía
Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
tendrá que pronunciarse sobre la competencia del caso, de
acuerdo con el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. En concreto, este punto indica que la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional se encargará de los delitos
contra la corona, altos organismos de la Nación y forma de
Gobierno; pero también de los delitos cometidos fuera del
territorio nacional. Este podría ser el caso de la compra
presuntamente irregular de la vivienda por parte de la
empresa radicada en el Estado de Delaware (EE UU), que no
fue declarada hasta meses después de hacerse público el
caso. Ignacio González y su mujer adquirieron en diciembre
pasado el inmueble por un valor de 700.000, según explicó el
propio presidente a los medios de comunicación, que mantiene
que durante cuatro años pagó un alquiler para disfrutar del
ático de lujo.
Mariana Peregrina Blanco ha
tomado la decisión de preguntar a la Fiscalía su opinión
sobre quién debe investigar el caso tras recibir una amplia
documentación (más de 700 folios) sobre el caso, pero
también tras las declaraciones testificales del pasado 13 de
septiembre de dos abogados. La querella presentada por el
SUP pone de manifiesto que la empresa CoastInvestors, cuyo
representante legal es el gestor Rudy Valner, adquirió el
ático de lujo investigado por 750.000 euros. Valner, que ha
desempeñado las labores de tesorero en la empresa Egeda US,
creada en 2004 y presidida por el presidente del Atlético
Madrid, Enrique Cerezo, no se ha presentado a declarar como
testigo pese a reclamarlo la jueza.
Consejo de administración de
Egeda US
En su declaración ante la
jueza, el abogado José Antonio Suárez Lozano, que es el
secretario de Egeda US, reconoció que Valner, Cerezo y él
mismo coincidieron en el consejo de administración de esta
empresa audiovisual. También este letrado contestó con la
palabra "posiblemente" tras ser preguntado sobre si
recordaba que en 2007 la empresa Egeda suscribió un acuerdo
con la empresa pública Promadrid y la Confederación de
Empresarios de Madrid sobre colaboración audiovisual entre
Madrid y Estados Unidos. Según la página web de Egeda, en
2007 el propio Ignacio González, entonces vicepresidente del
Ejecutivo madrileño, viajó a Los Ángeles a un acto de
presentación de la firma mencionada en el que estuvieron
presentes Cerezo, varios representantes de la patronal
madrileña (CEIM), (de la que la propia Lourdes Cavero es
vicepresidenta), y el que hasta julio fuera presidente de
los productores de cine, Pedro Pérez. Precisamente, el
nombre de éste último empresario ha aparecido en el sumario
del caso Gürtel como presunto propietario de una cuenta
bancaria abierta en Suiza en 2005 junto con Francisco Correa
y el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero.
Pérez ha negado que él sea el auténtico dueño de la cuenta.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/24/la_jueza_que_investiga_compra_del_atico_del_presidente_madrileno_pregunta_fiscal_envia_caso_audiencia_nacional_8003_1012.html
EL SUP QUIERE QUE LA MUJER DEL PRESIDENTE DE MADRID EXPLIQUE
ANTE LA JUEZA LA COMPRA DE SU ÁTICO
La acusación pretende saber si el gestor del casero de
Ignacio González ha tenido relaciones comerciales con el
dirigente del PP
Rudy Valner tendrá que explicar las relaciones del
presidente del Atlético de Madrid y el presidente madrileño
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ejerce la
acusación popular en la querella que presentó contra la
empresa norteamericana CoastInvestors por un posible delito
contra la Hacienda Pública, ha solicitado que declare como
testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5
de Estepona (Málaga) Lourdes Cavero, mujer del presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Según el escrito
dirigido a la jueza, Cavero tendrá que explicar los detalles
del arrendamiento y posterior compra del inmueble a la
empresa de Estados Unidos, que no declaró esos ingresos.
La firma CoastInvestors, radicada en Delaware (Estados
Unidos) y representada por el ciudadano mexicano Rudy Valner,
fue desde 2008 la propietaria del ático que alquilaba, por
un precio de 2.000 euros al mes, el matrimonio formado por
Ignacio González y Lourdes Cavero. En diciembre de 2012
adquirieron por 771.000 euros el inmueble a CoastInvestors,
que solo declaró a Hacienda estos ingresos tras destaparse
la investigación realizada por la Policía Judicial.
Además de la testifical de Lourdes Cavero, el SUP quiere que
la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para
interrogar a Valner le pregunte sobre su relación con el
presidente de la Comunidad de Madrid. En concreto, sobre si
Valner conocía a Ignacio González y si ha tenido relaciones
profesionales o comerciales con él. Al mismo tiempo, el SUP
quiere que explique el proceso de alquiler del ático y que
determine quién le sugirió que el contrato de alquiler fuera
a nombre de Lourdes Cavero y no de su marido.
Su relación con Arturo Fasana
Asimismo, el SUP quiere determinar las relaciones que ha
podido mantener Rudy Valner con el bufete de abogados
panameño Mossack-Fonseca, cuyo nombre aparece en numerosa
documentación del caso Gürtel. En concreto en relación a la
empresa Golden ChainProperties, de Francisco Correa, y que
fue la que recibió presuntamente, y según el sumario, una
transferencia de 13 millones por la adjudicación de varios
solares a la constructora Martinsa por parte del
Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). El SUP quiere que
Rudy Valner diga si conoce al gestor de cuentas suizas de
varios fortunas españolas: Arturo Fasana, y también el
origen de sus honorarios en CoastInvestors.
En relación con el empresario Enrique Cerezo, que es
presidente del Atlético de Madrid, también tendrá que
responder si tenía conocimiento de que la firma panameña
Mossack ha patrocinado el Festival Internacional de Cine de
Panamá, al que asiste Cerezo en representación de la entidad
Egeda. Valner será preguntada para que confirme si Cerezo;
el presidente de los productores audiovisuales, Pedro Pérez;
el presidente madrileño; el máximo propietario del Atlético
de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín; y otros representantes de
la Confederación de Empresarios de Madrid, coincidieron con
él en la presentación de Egeda en Estados Unidos. Y si en la
mencionada reunión se firmó un acuerdo de colaboración entre
la sociedad de Cerezo, la empresa pública Promadrid y la
confederación de empresarios. Según el sumario de Gürtel,
Pedro Pérez es titular de una cuenta en el banco HSBC en
Suiza junto a Francisco Correa y al exalcalde de Boadilla
del Monte Arturo González Panero.
Matriz panameña
Sobre la compraventa del inmueble por parte de González y de
su mujer, el SUP quiere que especifique por qué transfirió
desde su cuenta personal 100.000 euros para la compra del
inmueble, que fue adquirido en 2008 por CoastInvestors a un
precio de 750.000 euros. "Tendrá que indicar quién aportó
650.000 euros a la cuenta corriente de la entidad
CoastInvestors", indica el escrito del SUP, que también se
interesa en saber quién es el propietario de la matriz de la
vendedora del ático: WalfordOverseasInvestments, tamb
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/18/el_sindicato_unificado_policia_pide_que_mujer_del_presidente_madrid_explique_juez_compra_del_atico_7808_1012.html
Declaran como testigos los jefes del bufete de cabecera de
Enrique Cerezo por el ático de González
Suárez de la Dehesa reconoce haber tramitado el NIE para el
testaferro Rudy Valner en Coast Investors, empresa que
vendió al presidente de la Comunidad de Madrid
También se encargaron de los trámites ante el Registro de la
Propiedad
La jueza que investiga la operación de compra venta del
ático que posee en Estepona el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, continúa indagando sobre las
relaciones profesionales entre el presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, y el ciudadano mexicano Rudy Valner,
testaferro profesional y responsable de la empresa radicada
en Delaware (EE.UU.) Coast Investors, vendedora del inmueble
al político del PP a finales de diciembre de 2012, tras
habérselo alquilado previamente desde 2008. Este viernes
prestaron declaración, en calidad de testigos, los hermanos
José Antonio y Fernando Suárez Lozano, responsables del
bufete madrileño Suárez de la Dehesa. Dicha firma tiene a
Cerezo como uno de sus principales clientes, en relación con
empresas del ámbito audiovisual.
Según las declaraciones de ambos ante la titular del Juzgado
de Instrucción 5 de Estepona, Mariana Peregrina, a las que
ha tenido acceso eldiario.es, Rudy Valner- a quien conocen
desde 2000 por asuntos audiovisuales- se puso en contacto
desde Estados Unidos con el despacho de abogados radicado en
Madrid a comienzos del año 2008. Les dijo que había comprado
"una casa" en España, en alusión al ático. Tenía pactada la
compra y "necesitaba un notario de confianza". Los
declarantes aseguran haber tramitado para Coast Investors el
Número de Identificación Fiscal (NIE), pero se desvinculan
de la operación de compraventa en sí.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya
alertó en un informe remitido a Anticorrupción, en junio de
2012, sobre la posibilidad de que se estaba ocultando la
verdadera identidad de las personas que compraron el
inmueble, ubicado en la urbanización Alhambra del Golf,
colindante con el exclusivo enclave de Guadalmina. Dicho
documento sostenía que los titulares últimos de la inversión
de 750.000 euros para comprar el ático eran Rudy Valner y la
sociedad panameña Waldorf Overseas Investment LTD. Fue
Suárez de la Dehesa Abogados S.L. la persona jurídica que
actuó en nombre de Coast Investors al declarar la inversión
extranjera en bienes inmuebles ante la Agencia Tributaria
española.
Tal y como pudo pudo confirmar eldiario.es este viernes, la
fiscal de Anticorrupción María del Mar López-Herrero,
especializada en delitos económicos y muy conocida por su
labor en el juicio contra la cantante Isabel Pantoja, se ha
hecho cargo de las diligencias sobre la investigación del
ático de González. Hasta ahora se hacía cargo del asunto el
propio fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero,
que incluso había asistido personalmente a las
comparecencias anteriores en Estepona.
José Antonio Suárez Lozano sostiene que su despacho,
mediante un poder que le fue entregado por Valner, "obtuvo
el NIE, se envió la escritura al Registro, hubo que pagar el
impuesto de transmisiones patrimoniales y se envió la
escritura al Registrador de Estepona, todo esto después de
la compraventa", operación que se produjo en abril de 2008.
Meses antes se había constituido Coast Investors.
Cabe recordar que el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
denunciante del llamado 'caso ático', siempre ha hecho
hincapié en que la citada sociedad off shore, con sede en
Delaware, que cuenta con un régimen fiscal distinto y más
ventajoso dentro de Estados Unidos, "se creó ad hoc" para
comprar el lujoso inmueble de más de 400 metros cuadrados
con piscina privada, sauna y jacuzzi.
Dicho testigo negó este viernes que "gestione" empresas de
Cerezo, pero sí admitió que "asesora alguna empresa
relacionada con el tema audiovisual". Fue entonces cuando la
fiscal de Anticorrupción, María del Mar López-Herrero,
intentó que concretara cuáles. En ese momento Suárez se
acogió ante la juez al secreto profesional como abogado. No
obstante, sí quiso recordar que el presidente del Atlético
de Madrid "ha declarado públicamente que algunas de sus
empresas son clientes" de la firma Suárez de la Dehesa.
Además, José Antonio Suárez Lozano es secretario general de
la entidad Egeda España, presidida a su vez por Cerezo y
dedicada a la protección de derechos audiovisuales de
productores.
Por su parte, Fernando Suárez Lozano, a diferencia de su
hermano José Antonio, sí concretó a la jueza que la entidad
Egeda "es cliente del despacho Suárez de la Dehesa". Además,
aseguró haberla representado "en dos concursos de
acreedores" y situó a Valner como "asesor jurídico de Egeda
US.
Mossack patrocina el Festival de Cine de Panamá, al que
asiste Cerezo
La sociedad Waldorf Overseas fue constituida por el bufete
de abogados panameño Mossack Fonseca & Co y está domiciliada
en el propio despacho jurídico con sede en Ciudad de Panamá.
Se da la circunstancia de que Mossack es uno de los
patrocinadores del Festival Internacional de Cine que se
celebra anualmente en Panamá y al que asiste Enrique Cerezo,
en representación de la entidad Egeda.
José Antonio Suárez Lozano también reconoce en su
declaración judicial que en el "único sitio" en el que ha
coincidido con Rudy Valner y Enrique Cerezo es "en una
sociedad que se llama Egeda USA, donde están los tres en el
consejo de administración, y que se fundó en el año 2004 ó
2005". Este medio ya informó acerca de que la entidad de
gestión de derechos Egeda España tiene una filial en Estado
Unidos, denominada Egeda U.S. Inc, presidida también por
Cerezo. En ella, Valner figuró como tesorero hasta que en
2011 saltó a los medios de comunicación que la Policía
investigaba el uso y disfrute del ático de Estepona por
parte del entonces número dos de Esperanza Aguirre.
Niega el testigo que Cerezo le haya dado instrucción alguna
o sugerencia, ni tampoco que le preguntara "por ningún tema
relacionado con Egeda". Todo ello a pesar de compartir ambos
los órganos sociales de la filial norteamericana. Al ser
preguntado sobre la sociedad Waldorf Overseas Investment,
matriz de Coast Investors, le dijo a la fiscal que Valner le
aseguró que también le pertenecía. Declaró desconocer que
Ignacio González alquilara el inmueble a Coast Investors,
una vez adquirido por la mercantil norteamericana. No lo
supo hasta que se enteró "por la prensa".
El abogado del SUP, Javier Carnerero se interesó también en
conocer los entresijos de un acuerdo, suscrito en 2007,
entre Egeda y la empresa pública PromoMadrid, además de la
Confederación de Empresarios de Madrid, sobre colaboración
audiovisual entre la Comunidad de Madrid y Estados Unidos.
José Antonio Suárez Lozano participó en el acto, pero no lo
recuerda.
http://www.eldiario.es/politica/Declaran-cabecera-Enrique-Cerezo-Gonzalez_0_175682716.html
IGNACIO GONZÁLEZ
NO SE LIBRA: PIDEN SU COMPARENCIA EN LA ASAMBLEA PARA ACLARE
DE UNA VEZ SU ÁTICO EN MARBELLA
La Fiscalía Anticorrupción acaba de enviar una rogatoria a
EEUU para investigar las sociedades que están detras de la
vivienda de lujo
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado varias
iniciativas parlamentarias para que el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, comparezca en la
Asamblea de Madrid y dé explicaciones sobre el caso de su
ático de lujo en Marbella después de que la Fiscalía
Anticorrupción haya pedido una rogatoria a EEUU para
investigar el inmueble. Algunos presidentes del PP se han
visto envueltos en casos oscuros, como Alberto Núñez Feijoo,
y han rendido cuentas en los Parlamentos, pero Ignacio
Gónzález se niega sistemáticamente y de hecho desde que es
presidente no ha comparecido en sede parlamentaria, lo que
le sitúa bajo la sombra de la sospecha.
Una sociedad “opaca” tras el inmueble
En sus iniciativas, tras el procedimiento judicial abierto a
Ignacio González, los socialistas piden explicaciones sobre
quién fue desde el primer momento el propietario del ático y
preguntan si el presidente de Madrid conocía de antemano a
la empresa CoastInvestors, arrendataria del ático de 500
metros cuadrados del que es propietario González y que está
radicada en el paraíso fiscal de Delaware. El fiscal
advierte que la estructura societaria del inmueble es
“opaca” y pide al testaferro Rudy Valner que diga por qué
cobraba tan poco alquiler a González y quién negoció la
compra del inmueble.
“Un montón de interrogantes”
“Es evidente que se investiga por parte de la Fiscalía quién
es el verdadero propietario, para qué se creó esa sociedad
opaca y quién está detrás de esa sociedad opaca, por qué de
esos alquileres tan baratos que recibió en su momento y tan
dudosos” ha manifestado el diputado socialista en el
Parlamento regional Enrique Cascallana para añadir que en
definitiva, se trata de “un montón de interrogantes que
vienen siendo ya un clamor de investigaciones judiciales,
que él, por cierto, negó últimamente en la Cadena Ser”.
Para los socialistas, esto “obliga” a la ex presidenta de la
Comunidad de Madrid y presidenta del PP regional, Esperanza
Aguirre, a “limpiar, como ella dice” por lo que la emplazan
a que “empiece limpiando por donde corresponde, Madrid”. “No
puede mantener a Ignacio González en esta situación. Un
presidente que se oculta permanentemente que no da la cara.
Es el único presidente autonómico que no comparece ante el
Parlamento, ante la Asamblea, y por eso hemos pedido su
comparecencia que creo que es una obligación democrática” ha
valorado Cascallana.
Por lo tanto, los socialistas consideran que “por la salud
democrática” de la región y “por la limpieza de un
presidente que esta bajo sospecha, y cada día más”, se hace
“necesario” que atienda a las peticiones de los socialistas.
“En el PP hay sobres y testarrerros”
Esta semana Tomás Gómez, preguntado por los periodistas
sobre el caso del ático de González y el caso Bárcenas,
señaló que mientras Esperanza Aguirre hablaba de que había
que limpiar el PP, lo decía con Ignacio González sentado a
su derecha, en la Ejecutiva del PP. “Si quiere empezar a
limpiar que empiece por su casa, el PP de Madrid”, advirtió
Tomás Gómez, quien alertó asimismo de que “en el PP no
solamente hay sobres, sino que también testaferros”.
http://www.elplural.com/2013/07/11/ignacio-gonzalez-no-se-libra-piden-su-comparencia-en-la-asamblea-para-aclare-de-una-vez-su-atico-en-marbella/
EL SUP CREE QUE EL SOSPECHOSO ÁTICO MARBELLÍ DE GONZÁLEZ
PUDO SER UN SOBORNO DE CEREZO AL PRESIDENTE MADRILEÑO
Es uno de los empresarios más beneficiados por la Comunidad
de Madrid, que le adjudicó la publicidad de Telemadrid y le
compró por 230 millones los derechos de emisión del Atletico
El testaferro estadounidense que controlaba el ático de
Ignacio González en Marbella, Rudy Valner, fue tesorero de
la empresa Egeda US, presidida por Enrique Cerezo, y
actualmente es el abogado en Estados Unidos del productor y
presidente del Atlético de Madrid. Se da la circunstancia de
que Cerezo es uno de los empresarios más beneficiados por la
Comunidad de Madrid, que le adjudicó la publicidad de
Telemadrid, La Otra y la página web de la cadena pública; le
compró por 230 millones los derechos de emisión de su equipo
de fútbol, entre otros beneficios.
Los sindicatos creen que se trató del pago de una comisión
El Mundo publica este lunes que el Sindicato Unificado de
Policía y los sindicatos representados en Telemadrid
consideran que el ático del presidente madrileño puso ser un
soborno de Enrique Cerezo a González, cuando éste ocupaba la
vicepresidencia de la Comunidad de Madrid.
Las versiones dadas por González
El lujoso ático, de 495 metros cuadrados, con piscina
privada, sauna, jacuzzi, cinco habitaciones y tres plazas de
garaje, ha estado rodeado de múltiples incógnitas. El
testaferro Rudy Valner es la persona que compró el inmueble
en 2008 y supuestamente lo alquilaba a González por 2.000
euros al mes. Esto último fue lo que declaró el presidente
madrileño ante los medios de comunicación en marzo de 2012,
después de que se filtrara la existencia de esta propiedad.
Pero el sucesor de Aguirre terminó confirmando en enero de
2013 que había comprado el ático finalmente. Según dijo,
cerró la operación en diciembre pasado.
Un imputado en Gürtel también apuntó al pago de una comisión
En un principio, las investigaciones apuntaban a que el
ático habría sido el pago de una comisión a González por
parte del empresario Fernando Martín como contraprestación
por haberle favorecido en la compra de unas parcelas a bajo
precio en la localidad madrileña de Arganda. Eso fue, al
menos, lo que declaró un imputado en el caso Gürtel. Esta es
la primera vez que aparece el nombre de Enrique Cerezo
relacionado al inmueble.
El despacho que asesoró en la compra trabaja exclusivamente
para Cerezo
Según asegura El Mundo, Rudy Valner realizó la compra del
ático a través de su empresa CoastInvestors, asesorado por
el despacho de abogados Suárez de la Dehesa, situado en el
madrileño Paseo de Rosales, y que trabaja casi en exclusiva
para Cerezo. Además, se da la circunstancia de que
CoastInvestors está radicada en España en el número 40 del
Paseo de Rosales.
El empresario ha admitido que Rudy Valner es “íntimo amigo”
suyo, que fue tesorero de su empresa y es desde “hace dos
años” su abogado en Estados Unidos. Pero no recuerda si fue
él quien presentó a Valner y a González.
http://www.elplural.com/2013/06/17/el-sup-cree-que-el-sospechoso-atico-marbelli-de-gonzalez-pudo-ser-un-soborno-de-cerezo-al-presidente-madrileno/
LA JUEZ
INVESTIGA LA RELACIÓN ENTRE ENRIQUE CEREZO Y EL VENDEDOR DEL
ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ
La juez interrogó ayer al abogado Antonio Yáñez, exletrado
del bufete que representa al presidente del Atlético de
Madrid y que también participó en la venta del ático
Rudy Valner, antiguo casero del ático de Ignacio González,
fue tesorero de Egeda U.S., una filial estadounidense de
Egeda, la entidad de gestión de derechos de los productores
audiovisuales, que también preside Enrique Cerezo
Yáñez dice desconocer por qué la empresa que vendió el ático
a Ignacio González tenía sede en su casa de Madrid
Valner estaba citado a declarar, pero no apareció
Los últimos movimientos de la titular del Juzgado de
Instrucción 5 de Estepona, Mariana Peregrina, instructora
del llamado 'caso ático', en relación con el inmueble que
posee el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, en la localidad malagueña se centran en conocer
las vinculaciones societarias entre el antiguo casero del
político del PP, Rudy Valner, y el presidente del Club
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. A medida que avanzan las
pesquisas judiciales queda más patente la vinculación del
dirigente futbolístico con Valner, considerado como un
testaferro profesional que ofrece servicios fiduciarios en
su página web norteamericana.
Este viernes Valner, de nacionalidad mexicana y afincado en
Los Angeles (EEUU), estaba citado a declarar como testigo en
Estepona. No apareció. Su localización no ha sido posible
debido a que faltaban datos sobre el domicilio social que el
testigo había designado en Madrid, a través de la sociedad
radicada en Delaware (EEUU) CoastInvestors, antigua
propietaria del inmueble vendido a Ignacio González y su
esposa, Lourdes Cavero, en diciembre de 2012 por importe de
770.000 euros.
Quien sí ha comparecido como testigo es el abogado Luis
Yáñez-BarnuevoHermosín, hijo del conocido eurodiputado del
PSOE Luis Yáñez y de la exconsejera de la Junta de Andalucía
Carmen Hermosín. Dicho letrado trabajó desde 2008 hasta 2011
para el bufete madrileño Suárez de la Dehesa. De hecho, ha
reconocido haber tramitado en 2008 el Número de
Identificación Fiscal (NIE) para regular la situación de
CoastInvestors en España. Fue en ese año cuando la sociedad
off shore radicada en el Estado norteamericano de Delaware
(considerado como paraíso fiscal por su régimen especial
tributario) compró el ático que poco después comenzó a
arrendar al matrimonio González-Cavero.
En la declaración de Yáñez, a la que ha tenido acceso
eldiario.es, este ha reconocido que la entidad de gestión de
derechos Egeda, presidida por Cerezo, "era el principal
cliente del bufete Suárez de la Dehesa" cuando él trabajó en
la citada firma de abogados, entre 2008, cuando
CoastInvestors adquirió el ático de Estepona, y 2011. De
hecho, Yáñez define a Egeda como "la entidad de gestión de
los productores audiovisuales".
El testigo desconoce si Valner ha sido "tesorero" de Egeda,
pero "sí le consta" que Cerezo "es el presidente" de la
citada entidad. Al hilo de tales afirmaciones cabe destacar
que Egeda España tiene una filial en Estados Unidos,
denominada Egeda U.S. Inc., presidida también por Cerezo, en
la que Valner figuró como tesorero hasta que en 2011 saltó a
los medios de comunicación que la Policía investigaba el uso
y disfrute del ático de Estepona por parte del entonces
número 2 de Esperanza Aguirre.
No menos relevante resulta el hecho de que González siempre
negó a partir de 2011 haber conocido personalmente a Rudy
Valner cuando comenzó a disfrutar del inmueble en régimen de
alquiler en 2008. Sin embargo, informaciones publicadas en
diversos medios de comunicación sitúan entre octubre y
noviembre de 2007 al entonces vicepresidente de la Comunidad
de Madrid en Los Angeles como participante en un evento de
Egeda U.S. Inc. en el que también estuvo presente Enrique
Cerezo. En dicho encuentro participó también el conocido
productor Pedro Pérez, expresidente de Vía Digital y
responsable de FAPAE, así como una delegación de la CEIM (la
patronal de empresarios de Madrid) a cuyo organigrama
directivo pertenece la esposa de González, Lourdes Cavero.
Llama poderosamente la atención que el testigo Antonio Yáñez
desconoce por qué CoastInvestors tenía su domicilio social
en Madrid precisamente en la vivienda que él mismo ocupaba
en 2008. Asegura no haber conocido personalmente a Rudy
Valner, y niega haber intervenido ni en la compra ni en el
alquiler del famoso ático. Tampoco es baladí que el testigo
haya reconocido que "no era normal dar de alta empresas
radicadas fuera de España en ese despacho de abogados que,
de hecho, [CoastInvestors] es la única que recuerda". Y es
que el bufete Suárez de la Dehesa está especializado en la
tramitación de todo tipo de asuntos relacionados con el
mundo audiovisual y los derechos de autor, al contar entre
su clientela con la Sociedad General de Autores (SGAE) y
especialmente con la entidad de gestión de derechos
presidida por Cerezo (Egeda) como "cliente principal", ha
descrito Yáñez.
Todo indica que el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López
Caballero, presente este viernes en la declaración
testifical de Yáñez, en nombre de Anticorrupción, podría
solicitar las declaraciones como nuevos testigos de quienes
fueron los jefes directos del declarante, hacia quienes ha
desviado en todo momento las responsabilidades en cuanto a
que recibía instrucciones y directrices de ellos en el marco
de la relación con CoastInvestors. Se trata de José Antonio
Suárez Lozano y Fernando Suárez Lozano.
Desde una cuenta bancaria extranjera de CoastInvestors, una
empresa sin ninguna actividad comercial ni empresarial
conocida, salieron en 2008 más de 650.000 euros destinados
al pago de la compra del ático, que fueron a parar al
entonces promotor y propietario, el empresario asturiano
Javier Pérez Villate. De hecho, el objeto de la comisión
rogatoria que la juez Mariana Peregrina encargó meses atrás
se centra en determinar quién hizo el ingreso de dicha
cantidad en una entidad bancaria londinense, antes de que
los fondos salieran con destino a España para llegar al
vendedor del inmueble que ahora disfruta González como
último propietario y antiguo inquilino.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuyo secretario
general, José María Sánchez Fornet, ha estado este viernes
en Estepona, ya sospechó que el polémico dúplex de Estepona
"siempre ha sido propiedad" de Ignacio González, de ahí que
denunciara presuntos delitos de blanqueo de capitales y
contra la Hacienda Pública. No obstante, por el momento las
pesquisas judiciales se centran exclusivamente en determinar
si CoastInvestors y su representante, Rudy Valner, pudieron
incurrir en delito fiscal.
Javier Carnerero, letrado que representa al SUP, personado
como acción popular en la causa, ha asegurado a eldiario.es
que "lo más llamativo ha sido la presencia hoy de un abogado
en nombre de la sociedad CoastInvestors, cuando no existe
ninguna persona de esa empresa imputada". El abogado del
sindicato policial ha añadido que el letrado que representa
a la sociedad de la que es representante Rudy Valner "ha
pedido el sobreseimiento de las actuaciones", en referencia
a la insistencia mostrada en nombre del considerado
testaferro profesional para que el caso se archive por
completo.
http://www.eldiario.es/politica/Cerezo-testaferro-Rudy-Valner-Gonzalez_0_135787119.html
EL VENDEDOR DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ NO APARECE Y PODRÍA SER DECLARADO EN
BÚSQUEDA Y CAPTURA
Rudy Valner, vendedor de la casa de lujo de Ignacio
González, no se presentó a declarar este viernes ante la
jueza de Estepona
El abogado que domicilió en su casa la empresa
CoastInvestors no recuerda por qué lo hizo
El abogado de la acusación pregunta por la relación entre
Valner y una empresa de Enrique Cerezo dedicada a la gestión
audiovisual
Rudy Valner, el empresario mexicano que vendió en nombre de
la empresa CoastInvestors un ático de lujo en Estepona
(Málaga) al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, no ha comparecido como testigo este viernes ante
la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona,
Mariana Peregrina. Ante su ausencia, la juez le ha vuelto a
citar, ya que es el único responsable conocido de la antigua
propietaria del inmueble.
CoastInversors vendió el ático a González y a su mujer el 18
de diciembre pasado, precisamente un día después de que
Valner regularizara ante Hacienda los 74.000 euros que
percibió en concepto de alquiler de la familia González.
Fuentes del caso argumentan que de resultar de nuevo fallida
la citación de Valner como testigo podría cursarse una
petición de búsqueda y captura de este ciudadano mexicano.
Desde que fue citado a declarar, el Juzgado no ha tenido
ninguna noticia del vendedor de la casa de González. Valner
no constaba como debidamente notificado, es decir, que nadie
había confirmado haber recibido la citación para declarar.
Fuentes del caso explicaron que si bien Valner no ha
comparecido, sí lo ha hecho una persona que aseguró ser el
abogado del responsable de CoastInversors. Pero tanto el
fiscal como la acusación no aceptaron su declaración.
Por el contrario, sí ha declarado el abogado Antonio Yáñez
Barnuevo, que trabajó en el despacho de abogados Suárez de
la Dehesa, del que era cliente CoastInvestors. En su
testimonio, al que ha tenido acceso infoLibre, Yáñez negó
haber visto a Valner, aunque sí reconoció que la empresa era
cliente del despacho de sus antiguos jefes. Preguntado por
la jueza por el hecho de que hubiera inscrito a
CoastInvestors en su propia vivienda, respondió que lo
"desconocía", pero que en todo momento siguió órdenes de la
dirección del despacho. No obstante, reconoció a preguntas
de la acusación que no era normal que el bufete de abogados
en el que trabajaba diera de alta a una empresa radicada en
el extranjero, y que de hecho era la única que recordaba.
Por su parte, el fiscal se interesó por el nombre de los
directivos del despacho en el que trabajaba. Y fueron
identificados por el abogado con los nombres de José Antonio
Suárez Lozano y Fernando Suárez Lozano. Preguntado sobre si
conocía a Rudy Valner, Yáñez Barnuevo contestó que no,
alegando que él no había participado en la compra del ático
ni en los negocios posteriores de la sociedad
norteamericana.
Tras el responsable del Ministerio Público, fue el turno de
las preguntas de la acusación. Y fue aquí cuando el abogado
Yáñez Barnuevo negó conocer la empresa WaldorfOverseas,
matriz de la empresa CoastInvestors. La primera firma fue
creada en Panamá, tal y como prueba el registro de la
propiedad de este país centroamericano, en el que se le
vincula con el bufete de abogados Mossack Fonseca. Asimismo,
y a preguntas de la acusación, relató que en el despacho en
el que trabajaba oyó hablar de la empresa Egeda, la entidad
de gestión de los productores audiovisuales. "Desconozco si
Rudy Valner fue tesorero de Egeda, pero sí me consta que su
presidente es Enrique Cerezo", en alusión al presidente del
Atlético de Madrid, que es uno de los principales clientes
del despacho y amigo de Ignacio González.
El PSOE pide explicaciones en la Asamblea
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista en la
Asamblea de Madrid ha registrado este viernes varias
preguntas de contestación y peticiones de comparecencia para
que el presidente de la Comunidad, Ignacio González, aclare
las sospechas en relación a su ático de Estepona.
Así, los socialistas preguntan al dirigente popular si ha
llevado a cabo la modificación de su declaración de bienes y
derechos patrimoniales después del 18 de diciembre de 2012 y
exigen que informe sobre el procedimiento judicial abierto
en Estepona. También pretenden conocer la relación que
González mantiene con la empresa CoastInvestors LLC,
propietaria de este ático antes de su venta al presidente
madrileño.
"Es un tema escandaloso. Ni se sabe el origen de fondos para
la compra de ático, ni se conocen los propietarios, ni por
qué no se pagaron los impuestos, dónde se pagaron los
alquileres...", ha afirmado el diputado socialista y
secretario de Comunicación del PSM, Enrique Cascallana, para
quien "son demasiadas coincidencias" el hecho de que, según
informes judiciales, la empresa que facilitó la compra del
ático esté situada en el paraíso fiscal de Delaware, que el
propietario de esta empresa esté instalado en Panamá, otro
paraíso fiscal, y que presuntamente tenga vínculos con
sociedades de Gürtel
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/05/24/la_juez_volvera_citar_tras_comparecer_vendedor_del_atico_del_presidente_madrileno_4073_1012.html
PROHIBIDAS
LAS PATALETAS EN LA ASAMBLEA DE MADRID
·
El PP aprovecha su mayoría
para intentar evitar la alteración del orden del día del
pleno
·
En
la última sesión el PSM protestó porque no le habían
incluido una pregunta sobre el ático
La Junta de Portavoces se
reúne desde tiempo inmemorial cada martes en la Asamblea de
Madrid, dos días antes de los plenos del Parlamento
regional. En ella los representantes de cada grupo político
adelantan los temas que llevarán a la sesión, tratan los
asuntos de actualidad y, en el caso de los tres partidos de
la oposición, suelen denunciar algunas de las preguntas o
iniciativas que la Mesa de la Asamblea —el PP tiene mayoría,
acaparando cuatro de los siete integrantes— les impide
llevar al pleno.
Lo que no es nada corriente es
que el presidente del Parlamento madrileño, José Ignacio
Echeverría, convocara ayer, de urgencia, una nueva Junta de
Portavoces para hoy a la una de la tarde, después de las
tradicionales reuniones matutinas de los grupos
parlamentarios y apenas tres horas antes de la celebración
del pleno, que empieza a las cuatro. De esta manera se
confirmaba el rumor que empezó a correr el mismo martes.
¿Cuál es la razón para una
convocatoria tan sorprendente? La presentación de un informe
jurídico relativo a la alteración del orden del día de los
plenos con el que Echeverria —y por extensión el Partido
Popular— pretende evitar situaciones como la del último
pleno, celebrado el pasado 21 de marzo. Ese día el PSM se
quejó, a través del diputado José Manuel Franco, de que la
Mesa no hubiera aceptado una iniciativa de su partido
relativa al ático de Estepona que el presidente de la
Comunidad, Ignacio González, reconoció haber comprado en
diciembre una cifra cercana al millón de euros.
La protesta socialista contó
con el respaldo de Izquierda Unida y de UPyD, que alegan que
en numerosas ocasiones les viene a pasar lo mismo, con
preguntas sobre Eurovegas o Caja Madrid. La finalidad del
informe jurídico es evitar que en cada pleno la oposición le
pueda recriminar al PP algunas de las decisiones polémicas
de la Mesa. En el último pleno se llegó a votar precisamente
si la Cámara aceptaba incluir la pregunta del PSM sobre el
ático de González. El PP se valió de su mayoría —72
diputados de 129 (36 del PSM, 13 de IU y ocho de UPyD)— votó
en contra de que se incluyera.
Además de los representantes
populares, a la reunión exprés de hoy, de poco más de media
hora han acudido Juan Barranco en representación del PSM -y
no el portavoz, Tomás Gómez-, Antero Ruiz por parte de IU
-en lugar de Gregorio Gordo- y Enrique Normand por UPyD."Es
indignante que nos hayan informado a las once de la mañana,
con tan poco margen, de lo que trataría la Junta de
Portavoces. A esa hora nos han trasladado el informe, que
encima tenía una corrección, por lo que nos han dado una
nueva versión ya en la propia reunión", ha criticado
Barranco. Curiosamente, el informe jurídico presentado este
mediodía tiene fecha del pasado martes. La oposición ha
lamentado en bloque la “falta de calidad democrática del PP”
porque “ya no se pueda siquiera patalear porque no te
acepten una pregunta incómoda”. El PSM irá a los tribunales.
"Hay jurisprudencia", ha apuntado Barranco, refiriéndose a
un caso parecido que afectó al Partido Socialista en las
Cortes valencianas.
El PSM ha criticado también el
“uso de los servicios jurídicos de la Comunidad para un
asunto privado”, en alusión a una de las polémicas generadas
en torno al apartamento de lujo que hasta hace unos meses
alquilaba González. En concreto, por la supresión de un
anuncio sobre el ático en el portal inmobiliario
idealista.com.
Ya por la tarde, al inicio del
pleno en la Asamblea, Echeverria ha negado la palabra al
PSM. Varios diputados socialistas han pedido la palabra en
lo que Echeverria ha calificado de "una estrategia de
grupo": Primero se han levantado José Manuel Franco, Maru
Menéndez y José Quintana. La siguiente en hacerlo ha sido
Amparo Valcarce, a la que Echeverria ha llamado al orden
pero no se ha sentado. Como protesta y en apoyo de Valcarce,
la mayoría de diputados del PSOE también se han puesto de
pie. Tras un minuto largo, al final todos han vuelto a tomar
asiento. José Manuel Franco ha dicho, ante la negativa de
Echeverria, que el PP "está secuestrando la democracia". "En
20 años no había visto nada parecido", ha lamentado por su
parte Barranco, en un pleno de nuevo bronco y tenso.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/04/madrid/1365079412_910646.html
