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Boletín nº 734. Del  22 de Junio al 08 de julio 2016


ÍNDICE


01. RAJOY APREMIA A SER PRESIDENTE EL 29 DE JULIO O A IR A OTRAS ELECCIONES

02. EL PP SE REFUERZA Y EL BLOQUE DE LA IZQUIERDA SE DEBILITA

03. LA EXPLICACIÓN DE LOS VECINOS Y EL ALCALDE Y OTROS MOMENTOS DE RAJOY EN 'EL HORMIGUERO'

04. RAJOY ES PROPIETARIO OCULTO DE UNA FINCA ‘COLONIAL’ EN ABANILLA

05. EL VICESECRETARIO DE COMUNICACIÓN DEL PP MOSTRÓ UN GRÁFICO EN EL DEBATE A SIETE EN EL QUE TODO ESTABA MAL.

06. EL PP UTILIZA IMÁGENES DEL CONGO PARA CRITICAR A PODEMOS POR LAS POLÍTICAS DE VENEZUELA

07. CASO GURTEL

7.1. LOS 50.000 € QUE BÁRCENAS DEBERÁ PAGAR A COSPEDAL: EL TS NI ADMITE A TRÁMITE SU RECURSO

7.2. BÁRCENAS CONTRAATACA EN SUIZA PARA IMPEDIR QUE SUS DATOS BANCARIOS SE USEN EN EL PRIMER JUICIO DE GÜRTEL

7.3. SUIZA PERMITE USAR LOS DATOS PARA PROBAR EL FRAUDE FISCAL DE GÜRTEL

7.4. SUIZA PREGUNTA AL JUEZ DEL ‘CASO GÜRTEL’ SI DESBLOQUEA O NO LOS 43,5 MILLONES QUE INTERCEPTÓ A BÁRCENAS Y A CORREA

7.5. ÁLVARO LAPUERTA, EXTESORERO DEL PP, NO ESTÁ EN CONDICIONES DE ASISTIR AL JUICIO POR LA TRAMA GÜRTEL

7.6. EL JUEZ RESPONSABILIZA A LA GENERALIDAD VALENCIANA DE LOS DELITOS DE GÜRTEL EN LA VISITA DEL PAPA

7.7. JUAN COTINO IMPLICA AL VATICANO Y A UN CARDENAL FALLECIDO EN EL 'PELOTAZO' DE LA VISITA DEL PAPA

7.8. RICARDO COSTA ALEGA QUE SUS DELITOS ESTÁN PRESCRITOS PARA EVITAR EL BANQUILLO

7.9. EL JUEZ SIENTA EN EL BANQUILLO A ‘EL ALBONDIGUILLA’ Y OTRAS 26 PERSONAS POR LA ‘GÜRTEL’ DE BOADILLA

7.10. GÜRTEL INFLÓ UN 260% LAS OBRAS DE UNA CARRETERA EN ARGANDA PARA ROBAR 18 MILLONES


08. CASO PÚNICA

8.1. DIMITE DANIEL ORTIZ, EL DIPUTADO DEL PP DE MADRID IMPLICADO EN LA TRAMA PÚNICA

8.2. MAREJADA EN EL PP ANTE LA NEGATIVA DE DANIEL ORTIZ A ABANDONAR SU ESCAÑO

8.3. CIFUENTES NO PEDIRÁ EL ACTA AL EXALCALDE DE MÓSTOLES HASTA QUE EL JUEZ NO LE INVESTIGUE FORMALMENTE

8.4. EL TSJ DE MADRID INVESTIGARÁ AL DIPUTADO REGIONAL DANIEL ORTIZ POR SU PARTICIPACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE DIVERSOS CONTRATOS DE SUMINISTROS

8.5. UN MAGISTRADO ELEGIDO POR EL PP PIDE ANULAR DOS PRUEBAS DEL 'CASO PÚNICA' QUE ACORRALAN A UN AFORADO DE CIFUENTES

8.6. EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA OTRA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR "POSIBLES IRREGULARIDADES"

8.7. LA TRAMA PÚNICA ALCANZA AL MUNDIAL DE MOTO GP


09. CASO ARISTEGUI & DE LA SERNA

9.1. LA AUDIENCIA INVESTIGA SI LA TRAMA DE GÓMEZ DE LA SERNA PAGÓ 1,6 MILLONES A FUNCIONARIOS ARGELINOS EN EMIRATOS ÁRABES

9.2. LOS INVESTIGADORES SITÚAN A DE ARÍSTEGUI EN EL VÉRTICE DE LA TRAMA QUE LOGRÓ AL MENOS 3 MILLONES DE EUROS EN COMISIONES

9.3. ARÍSTEGUI COBRABA EN MARRUECOS "POR PROBLEMAS CON HACIENDA"


10. EL MARIDO DE LA JEFA ANTIFRAUDE TENÍA UNA OFICINA QUE EVADÍA Y REPATRIABA DINERO NEGRO

11. CASO ACUAMED. CAÑETE TACHA DE “INSINUACIÓN” SU IMPLICACIÓN EN EL ‘CASO ACUAMED’ Y PROMETE DEMOSTRAR QUE “CARECE DE SENTIDO”

12. CASO ACUAMED. EL DÍA QUE LA 'MAFIA DEL AGUA' ESTUVO A PUNTO DE QUEDAR IMPUNE

13. ALTOS CARGOS DEL PP ANDALUZ, DE CRUCERO EN EL 'JUAN SEBASTIÁN ELCANO'

14. EL PP CERRÓ 2015 CON UN SUPERÁVIT DE 3,9 MILLONES, 400.000 EUROS MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

15. LA POLICÍA ACUDE A ‘PÚBLICO’ A RECLAMAR LAS GRABACIONES DE FERNÁNDEZ DÍAZ

16. C. A. BALEARES. UN SUMARIO DE CORRUPCIÓN POLICIAL HACE CAER A LA CÚPULA DEL PP DE PALMA Y ABRE UNA CRISIS EN EL PARTIDO

17. C. A. CASTILLA LA MANCHA. LA EMPRESA QUE REHABILITÓ LA MANSIÓN DE COSPEDAL DEBE A HACIENDA UN MILLÓN DE EUROS

18. C. MADRID. EL GOBIERNO DE CIFUENTES IMPONE A DIRECTORES EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE LOS COLEGIOS CON UNA SELECCIÓN OPACA

19. C. MADRID. UN SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN INCITA AL VOTO EN UN MAIL OFICIAL

20. C. MADRID. LA PRESIDENTA CIFUENTES DENUNCIA A LA CONSEJERA CIFUENTES

21. C. MADRID. CIFUENTES DECIDE NO IR AL ORGULLO

22. C. MADRID. PERO CIFUENTES... ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE TÚ VIAJASTE EN METRO?

23. C. MADRID. CIFUENTES ‘PASA’ DEL ENFADO DE GÉNOVA POR ASISTIR A UN ACTO DE RIVERA: “SON AMIGOS DESDE HACE AÑOS”

24. C. MADRID. VERSTRYNGE, ABSUELTO DE PAGAR LOS 1.500 EUROS QUE LE IMPUSO CIFUENTES POR EL ESCRACHE A LA VICEPRESIDENTA

25. C. MADRID. EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES CONTRA LOS ADMINISTRADORES DE LA EMVS

26. C. MADRID. CASO ÁTICO

26.1. LA PATRONAL MADRILEÑA PUSO UN SUELDO DE 112.000 EUROS A LA MUJER DEL ENTONCES VICEPRESIDENTE IGNACIO GONZÁLEZ

26.2. LA JUEZ EXIGE A PANAMÁ Y EEUU QUE REVELEN QUIÉN PAGÓ EL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ

26.3.LA JUEZ DEL 'CASO ÁTICO' INTERROGARÁ A DOS COMISARIOS SOBRE QUIÉN TORPEDEÓ LA INVESTIGACIÓN EN 2012

26.4. EL COMISARIO DEL ‘CASO DÚPLEX’: “HE SIDO CASTIGADO Y PERSEGUIDO POR INVESTIGAR A IGNACIO GONZÁLEZ”

27. C. VALENCIANA. OPERACIÓN TAULA. LAS PRUEBAS QUE ACUMULA LA UCO SOBRE EL PP DE VALÈNCIA VUELVEN A PONER EL FOCO EN RITA BARBERÁ

28. C. VALENCIANA. JUAN COTINO REPITE EN LA LISTA DE MOROSOS

29. C. VALENCIANA. EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA BARBERÁ POR NO RETIRAR SÍMBOLOS FRANQUISTAS



01. RAJOY APREMIA A SER PRESIDENTE EL 29 DE JULIO O A IR A OTRAS ELECCIONES

El PP descarta una negociación durante el verano para una tercera sesión de investidura en agosto o en septiembre a la espera del Congreso del PSOE

Mariano Rajoy trabaja con la previsión de ser elegido en una segunda votación de investidura el 29 de julio o en caso contrario optará porque el bloqueo político se aclare en unas terceras elecciones generales, que se celebrarían a finales de noviembre. Lo que Rajoy no contempla es embarcarse en una negociación farragosa para intentar otra hipotética investidura ni a mediados de agosto ni después del verano, ya en septiembre, y tras esperar a que el panorama del PSOE se aclare en el congreso de ese partido, según fuentes del PP y de La Moncloa. Los populares aún confían en la abstención del PSOE.

El PP baraja como primera opción que el PSOE facilitará al final la investidura de Rajoy con su abstención el 29 de julio tras votar negativamente la primera sesión del día 27, según el calendario ya asumido por casi todos los partidos, el Gobierno y fuentes parlamentarias. No es una especulación política. Es la conclusión fruto de los múltiples encuentros y charlas informales que distintos portavoces populares han mantenido tras el 26-J con sus interlocutores socialistas. Esas deducciones, entre las que se tiene también en cuenta la escenografía de estos días con el debate interno en el PSOE entre sus dirigentes territoriales y figuras históricas sobre la oportunidad de esa abstención, han sido trasladadas a Rajoy.

El presidente en funciones ha comunicado a un grupo restringido de sus colaboradores que no está dispuesto a participar en “la teatralización de la política” o el juego sufrido en los meses perdidos de la anterior legislatura aunque sí concede y ha visto con buenos ojos la estrategia de suavizar el tono y los ataques en estos momentos hacia Pedro Sánchez en particular y el PSOE en general.

Rajoy no ha tenido ningún tipo de contacto directo con Sánchez en este periodo y aguarda con interés la reunión que mantendrán esta próxima semana, aún sin cerrar. Para el líder del PP y su partido esa conversación resultará más trascendental que la cita convocada este sábado del comité federal socialista, del que no esperan novedades. Rajoy quiere sondear en persona a Sánchez sobre sus intenciones en la investidura de la última semana de julio porque ya descarta totalmente un gobierno o acuerdo para la gran coalición o incluso para toda la legislatura.

El líder popular se conforma con un pacto de mínimos que le permita arrancar el mandato, cerrar los primeros presupuestos (2017), cuadrar el techo de gasto de las Administraciones que hay que mandar antes de que termine agosto a la Unión Europea y una cierta lealtad institucional para sacar adelante luego algunas leyes o reformas básicas con negociaciones puntuales. Es en ese escenario en el que entraría a jugar también un papel Ciudadanos, como socio de estabilidad y con los que se verá el martes.

Aunque Rajoy sostiene en público que convocar unas terceras elecciones generales en menos de un año sería un “disparate de extraordinarias proporciones” que nadie entendería también defiende la urgencia de tener un Gobierno ya para atender los compromisos pendientes y superar esta etapa de 200 días en funciones sin ninguna ley. El miércoles, en el Congreso, cuando acudió a acreditarse, ya alertó de que no sería de “recibo” pasar “todo el verano otra vez perdiendo el tiempo” y agregó un frase premonitoria de sus verdaderas intenciones ante la continuidad del bloqueo político: “No sé qué vamos a arreglar en agosto que no podamos arreglar este mes de julio”.

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/08/actualidad/1467995824_322823.html

02. EL PP SE REFUERZA Y EL BLOQUE DE LA IZQUIERDA SE DEBILITA

Podemos no rentabiliza su acuerdo con IU y queda muy lejos del 'sorpasso'

Se mantiene la incertidumbre sobre la formación de Gobierno

El PP ha vuelto a ganar las elecciones generales y hasta supera sus resultados de diciembre, pero se mantiene las dudas sobre la formación de Gobierno, en un panorama político que sigue siendo de alta incertidumbre para poder superar el bloqueo.

No hay cambios sustanciales en el tablero político, porque el PSOE ha logrado resistir como segunda fuerza y la unión entre Podemos e Izquierda Unida (IU) no ha conseguido el ansiado sorpasso, es decir, no ha superado a los socialistas. La suma de Podemos e IU superó en votos al PSOE en las elecciones de diciembre, pero ahora ni siquiera eso porque han perdido en conjunto un millón de votos, su coalición ha fracasado. Para lograr Gobierno, el escenario es muy similar al que salió de las elecciones de diciembre porque requiere acuerdos difíciles, aunque ahora con el PP más fortalecido y el bloque de izquierdas más debilitado.

Mariano Rajoy ha ganado sus terceras elecciones y hasta ha mejorado los resultados de diciembre. Hace solo cuatro meses pudo perder la presidencia y ahora supera la línea del 32,93% de los votos y llega a los 137 escaños. A Rajoy le ha reforzado la incertidumbre. Hace cuatro meses pudo ser relevado y ahora está más fuerte y sus rivales han fracasado y están más débiles. Los intentos de cambio de los nuevos partidos y la izquierda han fracasado. Si Podemos se hubiera abstenido en la investidura de Pedro Sánchez ahora Rajoy no sería presidente.

Pero Rajoy tiene más votos, ha ganado el PP en Andalucía, ha sumado 14 escaños más y se ha fortalecido, aunque necesita acuerdos que le resultaron imposibles en diciembre.

No le bastará con los escaños de Ciudadanos, aunque ahora sumen más entre los dos (169), y solo podría gobernar con el difícil acuerdo del PSOE o con su abstención o la de partidos soberanistas. Todos están ahora presionados por la voluntad de evitar unas terceras elecciones, tras la experiencia de las de ayer.

Rajoy pedirá al PSOE que desde este mismo lunes se siente a negociar un futuro Gobierno. El acuerdo de izquierdas queda muy lejos porque ese bloque ha retrocedido en escaños y necesita aún más del voto de independentistas. El Gobierno del cambio ya no es posible.

Queda la duda de qué ocurrirá si la condición del acuerdo es que Rajoy de un paso a un lado, algo difícil de prever teniendo en cuenta el ascenso en votos de su partido con respecto a diciembre. ¿Quién le hace irse si en estas circunstancias mejora su resultado?

Los socialistas han resistido como segunda fuerza, aunque vuelvan a tener por tercera vez consecutiva su peor resultado de la historia en escaños. La noticia de la noche electoral es que la candidatura de Pedro Sánchez no se ha hundido, ha resistido el empuje de Podemos más IU y, contra todo pronóstico y desmintiendo los sondeos preelectorales y los realizados ayer mismo a pie de urna, sigue siendo el segundo partido con cinco escaños menos, pero con mejor porcentaje de votos que en diciembre. Sánchez tenía trazada la línea entre el éxito y el fracaso en evitar el sorpasso y ha superado la reválida. Su futuro político pendía de un hilo y ha superado la difícil prueba.

Por contra, Pablo Iglesias no ha superado la línea del éxito y su suma con IU no da, ni de lejos, la adición aritmética de los votos de ambos en las elecciones de diciembre. No puede encabezar las negociaciones para formar Gobierno y solo puede aspirar a volver a postularse como vicepresidente de un Ejecutivo de coalición con el PSOE. Y eso para Podemos es un fracaso después de su acuerdo con IU, cerrado con la resistencia de sectores del partido que eran partidarios de mantener la transversalidad y tras hacer desaparecer la formación que lidera Alberto Garzón.

La coalición no ha roto el tablero político. En diciembre, la suma de Podemos e IU estaba por encima del PSOE en votos, pero ahora Unidos Podemos no cumple las expectativas y pierde un millón de votos. Con el 91,81% escrutado, solo logra 71 escaños, dos más que en diciembre y lejos del sorpasso. Tras el 20-D y el bloqueo en las negociaciones para formar Gobierno, la repetición de los comicios mantiene las dudas y no consolida el fin del bipartidismo. El Congreso seguirá fragmentado con el PP como partido más votado y con el PSOE y Podemos dividiendo en dos partes el voto de la izquierda. El bipartidismo resiste, sin que ningún otro partido pueda gobernar. Y el PSOE mantiene aunque debilitadas sus opciones de liderar un Ejecutivo, con menos dudas sobre su liderazgo futuro.

Ciudadanos es el único que cae con 8 escaños menos, y queda con poder muy reducido porque sus escaños ya no sirven para determinar por sí solo el color del Gobierno. Sus exigencias apuntadas en campaña para que Rajoy deje de ser el candidato del PP a la presidencia del Gobierno pierden toda la fuerza o, al menos, ya no es una condición insuperable para los populares. Sus esfuerzos de pactos de estos meses no solo no han sido premiados, sino que parecen haber sido castigados.

El PSOE tiene en su mano mirar a su derecha y dar el Gobierno al PP o dirigir la mirada hacia su izquierda y pactar con el partido de Pablo Iglesias, con la dificultad añadida de necesitar de nuevo a los independentistas. Cualquiera de las dos opciones tiene contraindicaciones graves para el partido que encabeza Sánchez. La decisión es de los socialistas, mientras que el PP tiene claro con quién puede pactar y Podemos no tiene más opción que la de apoyar a los socialistas, a los que no ha parado de lanzar mensajes de mano tendida durante la campaña electoral.

Los dos extremos pugnarán desde ahora por el pacto con el PSOE, aunque anoche Sánchez e Iglesias ni hablaron de ello. Si se lo da al PP, Podemos, en situación más débil, podrá hacer el discurso de la derechización del PSOE y si es al revés, el PP tendrá a mano el de la radicalización del partido que más tiempo ha gobernado en España. Aparentemente, los votantes han reconocido lo que el líder del PSOE vendió en las elecciones como su principal activo: el intento de llegar a acuerdos con su pacto con Ciudadanos.

Sin suma de izquierdas

Uno de los argumentos de los socialistas, el de la imposibilidad aritmética de Gobierno de izquierdas, se mantiene. Los escaños de los independentistas y soberanistas pueden ser necesarios, pero en menor medida, porque la suma de PSOE y Podemos no llega a los 176 escaños. El acuerdo con IU no se traduce en avance de la izquierda.

Las segundas elecciones en seis meses han aclarado otra opción, porque ya no es posible la vía que intentó Sánchez tras las elecciones de diciembre: la de PSOE con Ciudadanos, a la espera de una abstención del PP o de Podemos. La suma entre el partido de Sánchez y el de Albert Rivera ya no superará el número de escaños del PP y, por tanto, no hay opción a la vía propuesta por Jordi Sevilla: que gobierne el que más escaños tenga.

Aparentemente, la polarización entre PP y Podemos ha perjudicado a Rivera. Ha perdido últimos escaños por la ley electoral y el PP ha recuperado votos de electores molestos con su política que le castigaron en diciembre apoyando a Ciudadanos. La apelación al voto útil le funciona al PP, por encima de escándalos y corrupciones, y como antídoto del miedo a Podemos.

http://politica.elpais.com/politica/2016/06/26/actualidad/1466944221_203179.html

03. LA EXPLICACIÓN DE LOS VECINOS Y EL ALCALDE Y OTROS MOMENTOS DE RAJOY EN 'EL HORMIGUERO'

El presidente en funciones ha participado por primera vez en el programa de Antena 3

Mariano Rajoy ha estado por primera vez en el programa de Antena 3 El Hormiguero, a cuatro días de que se celebren las elecciones generales. El presidente en funciones tenía complicado superar los pasos de baile de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o marcarse un chotis en inglés como Esperanza Aguirre. Pero al menos ha aclarado qué quería decir con su ya mítica frase "Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde" y ha demostrado ante la cámara lo bien que anda mientras repasa la geografía española. Estos han sido los momentos que ha dejado el programa.

1. El vecino y el alcalde que no elige a los vecinos

Pablo Motos ha alabado las habilidades como orador de Rajoy. "Pero después la cagas", le ha dicho tuteándole. El presentador le ha preguntado por las bromas que generan sus lapsus y frases del estilo "España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles". "Hombre, cuando hablas mucho tienes más posibilidades de equivocarte", se ha defendido el presidente en funciones.

Motos le ha pedido que aclarase este galimatías: "Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde". Rajoy lo ha intentado, pero ha reconocido que no recordaba qué quería decir con la segunda parte de la frase, aunque la primera le parecía incontestable. "En cualquier caso es verdad que son los vecinos los que eligen al alcalde. Por si alguien tiene alguna duda, no es el alcalde el que elige a los vecinos", ha añadido.

Cuando Rajoy ha asegurado que no le molestan este tipo de bromas sobre él, hay quien le ha recordado el episodio de amenaza de denuncia a El Mundo Today para que retirase una web satírica.

2. El himno del PP en versión merengue: "Una mielda"

El Hormiguero se ha ido a la calle a preguntar a varias personas de origen latino qué les parece la versión merengue del himno del PP. Uno de los entrevistados ha bailado, pero también ha habido respuestas negativas.

"Con el respeto del partido, del productor, que yo sé que se va a ofender, pero lo siento, es una mielda", ha dicho uno de los entrevistados. Rajoy se ha tapado la cara con las manos y se ha reído un poco. Pero parece que en el PP no se han ofendido, porque han tuiteado el momento con el comentario: "¡¡¡Pero si nuestro himno es buenísimo!!!".

3. "Cuando te sientas solo, me llamas a mí"

Estaba Rajoy hablando de la soledad que se siente cuando se es presidente del Gobierno y no tienes a nadie por arriba y las decisiones finales son tuyas, cuando Motos le ha dicho que se sentía "abrumado" por esa soledad. "Cuando te sientas solo, me llamas a mí y ningún problema, ¿eh?", le respondió el presidente.

4. Sintonía con Pablo Motos

Además de ese momento en torno a la soledad, algunos tuiteros han visto bastante cercanía entre entrevistador y entrevistado. Más de la cuenta, han pensado algunos. Otros han notado que el público aplaudía bastante y se han preguntado de dónde los habían sacado.

5. El teléfono rojo que es negro y el búnker

Rajoy ha contado que en La Moncloa hay un teléfono rojo -aunque en realidad es negro-, que sirve para mantener conversaciones privadas sin que haya peligro de que las graben. Según ha dicho, nunca lo ha utilizado. "No voy a decir que no tengo nada de lo que arrepentirme", ha dicho precisamente el día en el que se han conocido unas conversaciones comprometidas del ministro de Interior. Pero si no lo usa no es porque no quiera privacidad, sino porque le resulta muy complicado poner en marcha el protocolo para hacerlo.

Rajoy ha confirmado también que existe un búnker en el palacio de La Moncloa, pero asegura que solo ha estado tres veces, para desear desde allí una feliz Navidad a las tropas desplazadas. Pero para nada más.

6. El presidente multitarea

Rajoy es capaz de hacer dos cosas a la vez. Lo ha demostrado cuando ha hecho la típica prueba de El Hormiguero. Nada que ver con Santamaría bailando, pero sí ha puesto el cuerpo en movimiento.

Después de contar que hace ejercicio a diario -"a veces más"-, y que precisamente este miércoles ha andando por la mañana y por la tarde -"después de volver de Baleares, para desintoxicarme"-, se ha subido a una cinta de andar y Pablo Motos a otra. Y ya que estaban los dos andado, se han puesto a repasar la geografía valenciana y malagueña. Hay que decir que al presentador le ha costado seguirle el ritmo al presidente: "Es que tú tienes la piernas más largas", ha dicho Motos.

7. ¿Helicóptero? Ni por una mayoría absoluta

El presidente en funciones se quedó traumatizado cuando en septiembre de 2005 el helicóptero en el que estaba junto a Esperanza Aguirre se desestabilizó y cayó. Desde entonces no ha vuelto a subirse a un aparato de este tipo y no lo haría ni por la mayoría absoluta. "No. No lo haría. De ninguna de las maneras", ha dejado claro.

"Hay algo que nadie puede demostrar que no sea cierto: es que se puede vivir sin montar en helicóptero", ha zanjado.

El presidente en funciones, que antes evitaba no solo las entrevistas, sino las ruedas de prensa, hasta el punto de comparecer ante los medios a través de un plasma, comenzó a dejarse ver y mostrar que era de carne y hueso en programas de radio y televisión los meses previos a las elecciones del 20-D de 2015. Desde entonces le hemos visto dándole una colleja a su hijo, jugando al futbolín con Bertín Osborne, tomándose cañas con Ana Rosa Quintana, respondiendo a preguntas de niños y hasta dejándose entrevistar por Jordi Évole en Salvados.

Rajoy es el último de los principales candidatos para las elecciones 26-J que han pasado por el programa de Antena 3. Pedro Sánchez (PSOE) estuvo esta semana y Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos) lo hicieron días antes.

http://verne.elpais.com/verne/2016/06/22/articulo/1466606790_590828.html

04. RAJOY ES PROPIETARIO OCULTO DE UNA FINCA ‘COLONIAL’ EN ABANILLA

Según fuentes de toda solvencia, Mariano Rajoy es propietario oculto de una finca de dimensiones ‘coloniales’, de 55 hectáreas en la población murciana de Abanilla.

La finca, que sigue en expansión, con continuas adquisiciones de tierras, está dedicada al cultivo de mandarinos de intensa producción.

Según fuentes coincidentes del interior del Registro de la Propiedad de Santa Pola, del que es titular, en comisión de servicios, Mariano Rajoy, de notarios de Elche y del entorno familiar de Francisco Riquelme, quien gestiona tanto su propio Registro en Elche como el de Rajoy, Francisco Riquelme y el presidente en funciones son co-propietarios de la finca, que es hacia donde Rajoy habría ido desviando el dinero obtenido en el Registro de la Propiedad, y del que, según todas las fuentes, ha seguido cobrando un porcentaje.

Adquirida por 4 millones de euros a partes iguales

Fuentes solventes aseguran que la propiedad fue adquirida por 4 millones de euros a partes iguales por los registradores Mariano Rajoy Brey y Francisco Riquelme Rubira.

La sede de la empresa Inlimur, propietaria nominal de la finca, está en la oficina del Registro de la Propiedad de Francisco Riquelme en la calle Gabriel Miró, 12, de Elche, aunque la que figura en la empresa como administradora única es la esposa de Francisco Riquelme.

Mariano Rajoy y Francisco Riquelme se conocieron en Pontevedra, cuando éste estuvo allí de registrador de la Propiedad. Natural de Abanilla, Riquelme recaló en el Registro de la Propiedad nº 1 de Elche. Según fuentes contrastadas del Notariado iliciano, fue Riquelme el que convenció a Rajoy de la conveniencia de que optara al Registro de la Propiedad de Santa Pola, cuando el gallego sólo quería dedicarse a la política, porque, por cercanía, lo podría llevar Riquelme.

Irregularidad en el Registro de Santa Pola: abusiva Comisión de Servicios

Las irregularidades en torno al Registro de la Propiedad de Santa Pola, que en los años de la burbuja inmobiliaria ha sido altamente rentable, son varias. Una, evidente, es que pasara a un amigo suyo. Otra, el hecho de que Rajoy sólo estuvo un año y lleva 36 en comisión de servicios. La figura de la comisión de servicios está prevista para lapsus de tiempo de meses, por alguna eventualidad temporal excepcional. Durante todo ese tiempo, sin que salga a concurso, el titular del Registro es Francisco Riquelme Rubira, al tiempo que lleva también el Registro de la Propiedad número 1 de Elche.

En la última reestructuración de los registros de la Propiedad, de los dos existentes en Santa Pola se ha suprimido uno, que, como era esperable, no es el de Mariano Rajoy. Actualmente la actividad del Registro de Santa Pola es mucho más baja, según confirman trabajadores del Registro. Otra curiosidad es que todos los registros de Santa Pola, y también el de Crevillente, se han visto obligados a concentrarse todos en un edificio sito en la céntrica calle de Avenida del País Valenciano de Elche, situando, fuentes del Notariado ilicitano, ese edificio también en copropiedad con Rajoy.

Amigo personal de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno le cedió la gestión del Registro de la Propiedad de Santa Pola, según diversas fuentes solventes, de una manera concertada y sin que mediara ningún concurso público. Según fuentes internas del propio Registro, Rajoy ha seguido cobrando un porcentaje por el Registro de la Propiedad de Santa Pola, nada mejor que ocultar ese capital en una propiedad agrícola. Riquelme, que es conocido en Abanilla como “el magistrado”, es persona, según sus vecinos, dado a la ostentación. ‘El magistrado’ conduce un Porsche Panamera con el que, obviamente, no pasa desapercibido en Abanilla.

Fuentes del directo entorno familiar de Riquelme, al tiempo que confirman la co-propiedad de Rajoy, cuentan que “el magistrado” se puso muy nervioso cuando estalló el escándalo Bárcenas, porque pensó que iba a salir todo a relucir.

En Abanilla, lo tienen claro: “La finca de Rajoy”

Abanilla es una localidad de la Región de Murcia, colindante con la provincia de Alicante. Abanilla es depositaria de una reliquia de la Veracruz de Cristo, a la que existe gran devoción.

Trasladado a Abanilla, una buena proporción de los vecinos conocen como “la finca de Rajoy” a la impresionante extensión de mandarinos que se extiende a ambos lados de la carretera de acceso a la población hasta que se pierde la vista por las montañas calizas. María, empleada de la farmacia situada frente a la iglesia parroquial no alberga ninguna duda: “Siempre se ha dicho que parte (de la finca) la tiene Rajoy”. Los propios trabajadores de la finca consideran que algo oscuro se esconde tras el cuidado mar de mandarinos.

Rajoy siempre ha hecho gala de que hubiera ganado más dinero como Registrador de la Propiedad que como político, lo cual, según las fuentes solventes informantes, es falso por cuanto habría seguido cobrando del Registro y de la política. La campaña de estas elecciones la ha comenzado Mariano Rajoy Brey precisamente en Santa Pola.

Rajoy, en la “lista de Bárcenas”: 25.200 euros anuales en B

El actual candidato a la presidencia por el PP aparece en la “lista de Bárcenas” como receptor de sobres en negro de 25.200 euros anuales durante 11 años. También aparecen anotaciones de pagos en junio de 2006 de 667 euros por “corbatas presidente”, diciembre de 2006, 9.100 euros, “trajes Mariano” y abril de 2008, 11.020 euros, “Trajes M.R.”. En el escrito de defensa, Luis Bárcenas afirma que Mariano Rajoy gestionaba y recibía algunos de los donativos ilegales más importantes de empresas.

Las donaciones recibidas por el PP para la caja B, entre los años 1990 y 2008, alcanzaron la cantidad de 1,24 millones de euros. El PP pagó en negro las obras de remodelación de su sede central en Génova, 13, dirigidas por el arquitecto Gonzalo Urquijo, cuyo montante ascendió a 1,55 millones de euros. El pasado 24 de mayo, el juez José de la Mata notificó al PP el embargo por 1,24 millones de euros, dando la caja B por existente. El PP ha depositado esa cantidad.

http://vegamediapress.es/not/13259/rajoy-es-propietario-oculto-de-una-finca-lsquo-colonial-rsquo-en-abanilla-/

05. EL VICESECRETARIO DE COMUNICACIÓN DEL PP MOSTRÓ UN GRÁFICO EN EL DEBATE A SIETE EN EL QUE TODO ESTABA MAL.

Pablo Casado mostró un gráfico en TVE durante el debate a siete de la noche del lunes que reflejaba que el gasto social había crecido cada año desde 2011. También lo publicó la cuenta de Twitter del Partido Popular.

Fueron muchos los que se dieron cuenta en seguida de un pequeño detalle: la cantidad invertida por el gobierno en 2014 y 2015 era inferior a la de 2013, a pesar de que las barras del gráfico seguían creciendo. Lo hacían además sin proporción ninguna: todas las barras mostraban el mismo incremento respecto al año anterior, con independencia de la relación entre las cifras.

El PP borró el tuit y publicó una versión corregida. Esta nueva versión tampoco era perfecta, ya que el eje estaba cortado y, por tanto, parecía que la barra de 2016 es tres veces mayor a la de 2011 cuando el crecimiento es de solo un 3,9%, siempre según los datos que mostró Casado.

Porque los datos, además, no eran correctos. Tal y como publicó Cinco Días, los números correspondían solo a las partidas de protección social (pensiones y prestaciones de desempleo) y no contemplaban ni educación ni sanidad. Según datos de Hacienda, el gasto social total cayó entre 2011 y 2014, para volver a crecer en 2015 y 2016, pero sin llegar a los niveles de 2011.

http://verne.elpais.com/verne/2016/06/21/articulo/1466492891_470080.html

06. EL PP UTILIZA IMÁGENES DEL CONGO PARA CRITICAR A PODEMOS POR LAS POLÍTICAS DE VENEZUELA

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular Pablo Casado ha tuiteado unas imágenes de unos disturbios diciendo que se las envía un "amigo de Venezuela". En realidad, era un vídeo tomado en 2015 en el Congo


Casado ha terminado borrando el comentario en la red social después de que le señalaran el verdadero origen de las imágenes

Sin embargo, no parece que Casado hubiese contrastado mucho esas imágenes, ni que fuesen grabadas por su amigo de Venezuela. El periodista Antonio Maestre, entre otros tuiteros, le han echado por tierra el tuit: las calles que aparecen en el vídeo no se sitúan en Caracas sino en Kinsasha, capital de la República Democrática del Congo. Las capturas son de enero de 2015, y están tomadas durante unas protestas contra la ley electoral que dejaron cuatro muertos.

Tras el revuelo desatado en Twitter, Casado ha reaccionado y ha publicado otro tuit en el que reconoce que el vídeo es incorrecto. No se disculpa por difundir información falsa, y enlaza imágenes (esta vez sí) tomadas en Venezuela.

Más tarde, y después de publicar varios tuits al margen de la polémica sobre el acto de campaña que ha protagonizado este sábado junto a Cristina Cifuentes en Ávila, Casado ha decidido borrar el tuit inicial.

El asunto se ha convertido a lo largo de la tarde del sábado en Trending Topic. Casado ha vuelto a rectificar su información, y ha publicado un nuevo tuit con un enlace al Diario Las Américas con la corrección del amigo "periodista venezolano exiliado" que, dice, le mandó el vídeo erróneo.

http://m.eldiario.es/rastreador/PP-imagenes-Congo-criticar-Podemos_6_525707430.html

07. CASO GURTEL

7.1. LOS 50.000 € QUE BÁRCENAS DEBERÁ PAGAR A COSPEDAL: EL TS NI ADMITE A TRÁMITE SU RECURSO

La secretaria general del PP había demandado al extesorero por lesionar su derecho al honor al afirmar -sin probarlo- que cobró 14.000 euros de la caja B de Génova.

El extesorero del PP Luis Bárcenas tendrá que pagar definitivamente 50.000 euros a María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, por lesionar su derecho al honor al afirmar -sin probarlo- que cobró un total de 14.000 euros de la caja B de Génova.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ni siquiera ha admitido a trámite, por "carencia de fundamento", el recurso que Luis Bárcenas presentó contra la sentencia que la Audiencia Provincial de Toledo dictó contra él. El extesorero también fue condenado a "cesar en la intromisión ilegítima" en el honor de Cospedal, por lo que no podrá volver a decir que percibió sobresueldos en dinero negro.

Cospedal demandó al extesorero -reclamando una indemnización de 100.000 euros- al ver su nombre reflejado en los llamados "papeles de Bárcenas" publicados por El País en enero de 2013. En noviembre de ese año, el juez de primera instancia de Toledo Jesús Yunta desestimó la demanda al considerar que, aunque la imputación del cobro de sobresueldos lesionaba el honor de la secretaria general del PP, no había quedado probado que fuera Bárcenas, o un tercero con su autorización, el que entregó la contabilidad B al diario que los difundió.

María Dolores de Cospedal recurrió la absolución de Bárcenas y la Audiencia Provincial de Toledo le dio la razón en una sentencia dictada el 5 de febrero de 2015, confirmada ahora por el Supremo.

La Audiencia concluyó que fue Bárcenas “o persona de su orden (en referencia al abogado Jorge Trias) quien entregó los papeles al diario El País porque, si nadie más que él tuvo en su poder los papeles una vez que le fueron devueltos por el Trías tras su examen […] y el demandado se ha reunido con periodistas y colaboradores de El País en varias ocasiones antes de la aparición de la publicación de los papeles, llevándolos siempre consigo en esas reuniones, y si además, su postura jurídico-política se beneficia con la publicación de los referidos papeles, y no da razón convincente de otra posibilidad siquiera, el hecho que se trata de demostrar debe darse por acreditado conforme a las reglas del criterio humano”.

Fallo "no arbitrario"

En una resolución conocida esta mañana que ha redactado el magistrado José Antonio Seijas, el Supremo explica que el recurso de Bárcenas “ha de ser rechazado porque en definitiva se pretende por la parte recurrente una nueva valoración de la prueba practicada, según su propio análisis, distinto del de la sentencia recurrida, convirtiendo el recurso extraordinario por infracción procesal en una tercera instancia, lo que no es admisible”.

Para la Sala, la valoración de la prueba realizada por la Audiencia de Toledo “no es irracional, ilógica ni arbitraria". El Supremo comparte el criterio del tribunal de apelación en el sentido de que a Cospedal "no se le puede exigir que pruebe la autoría material de la entrega con prueba directa, bastándole al demandado con negar y al testigo instrumental (el periódico) con acogerse al secreto profesional para que la prueba directa sea imposible, no ya en este caso, sino en cualquier caso’.

http://www.elespanol.com/espana/20160707/138236569_0.html

7.2. BÁRCENAS CONTRAATACA EN SUIZA PARA IMPEDIR QUE SUS DATOS BANCARIOS SE USEN EN EL PRIMER JUICIO DE GÜRTEL

La reciente decisión del Ministerio de Justicia helvético de autorizar a la Justicia española a usar la información sobre las cuentas bancarias del ex tesorero y otros seis acusados en la trama para sustentar las acusaciones de delitos fiscal encontrará la respuesta legal de éstos en forma de nuevos recursos ante los tribunales suizos. El objetivo: impedir que todos esos datos puedan ser utilizados en la vista que se inicia el 4 de octubre.

El juicio de la primera etapa del 'caso Gürtel' previsto para el próximo mes de octubre ya está viviendo sus primeras escaramuzas. Eso sí, muy lejos de la Audiencia Nacional. En concreto, en Suiza, donde Oficina Federal de Justicia (el equivalente a nuestro Ministerio de Justicia) ha permitido a los tribunales españoles el uso de los datos bancarios aportados en las distintas comisiones rogatorias cursadas en los últimos años para probar los delitos fiscales de los que se acusa a Luis Bárcenas y otros seis acusados en la trama de corrupción: Iván Yáñez, Francisco Correa, Pablo Crespo, Alberto López Viejo, Guillermo Ortega y Arturo González Panero. La decisión de las autoridades helvéticas no es, sin embargo, definitiva. De hecho, fuentes de las defensas consultadas por Vozpópuli aseguran que ya preparan su contrataque en forma de recurso ante el Tribunal Penal Federal para lograr dar marcha atrás a dicha autorización, como ya pasó hace más de un año. Si fracasan, añaden, lo intentarán de nuevo en una segunda y última instancia judicial, el Tribunal Federal helvético, órgano similar a nuestro Supremo. De este modo, se muestran convencidos de que cuando se inicie el próximo otoño la vista por la trama de corrupción, la autorización aún estará en los tribunales suizos, lo que les dará munición para intentar pedir la nulidad de, al menos, un parte de las acusaciones.

Es la segunda vez en los últimos meses que la Oficina Federal de Justicia de Berna autoriza a la Justicia española a usar los datos bancarios para sostener acusaciones de fraude fiscal en el 'caso Gürtel'. No obstante, su decisión es recurrible ante los tribunales helvéticos

La decisión de la Oficina Federal de Justicia, conocida este miércoles por un información del diario El País, es, de hecho, la segunda en este sentido que se produce desde Berna. El pasado mes de diciembre, las autoridades helvéticas ya dieron luz verde a la Justicia española para utilizar la información que diez meses antes les habían remitido sobre una de las múltiples cuentas que el extesorero del PP tuvo abiertas en el país helvético con saldos millonarios. Era la primera vez que esto ocurría desde que el Tribunal Penal Federal del estado centroeuropeo decidiera el 11 de diciembre de 2014 dejar en suspenso esta posibilidad tras un recurso presentado por la defensa del político y de su presunto testaferro, el 'broker' Iván Yáñez. Aunque aquel documento suizo autorizaba únicamente la utilización de los datos de un depósito concreto, el abierto en el Lombard Odier de Ginebra a nombre de la panameña Fundación Sinequanon, también abría la puerta a que las autoridades de Berna cambiasen de posición y extendiesen la medida al resto de cuentas, como ha ocurrido finalmente.

La estrategia del extesorero

Aquel escrito y el ahora conocido son un serio varapalo para la estrategia de defensa de Bárcenas, que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción de 42 años de cárcel en el juicio de la Primera Época de la trama Gürtel que se celebrará a partir del próximo 4 de octubre. Según han reconocido fuentes de su equipo jurídico, su intención es la de solicitar en las cuestiones previas de la vista la nulidad de la causa recurriendo a la teoría jurídica 'del árbol envenenado'. Dicha teoría sostiene que si las pruebas obtenidas en un procedimiento judicial han sido conseguidas de manera ilícita, como defiende que ha sido en el caso de la información sobre sus cuentas bancarias en Ginebra, éstas no podrán ser utilizadas en contra de ningún encausado. Asimismo, esto impediría que se emplease también cualquier otra prueba que de manera directa o indirecta haya sido obtenida a raíz de éstas al estar 'contaminadas'. Bárcenas confía que si los datos de las cuentas helvéticas no podían se utilizados, se caería buena parte del castillo probatorio que existe contra él, sobre todo en los delitos fiscales. De hecho, éstos suponen 26 años del total de la pena que les pide la Fiscalía Anticorrupción, más de la mitad.

La autorización es un serio varapalo a la estrategia de defensa de Bárcenas, que planea solicitar en las cuestiones previas del juicio la nulidad de la causa recurriendo a la teoría jurídica del 'árbol envenenado' precisamente por el uso de dichos datos bancarios

Por ello, ahora van a centrar sus esfuerzos legales en recurrir la decisión de la Oficina Federal del Justicia ante los tribunales helvéticos. El primer alto será el Tribunal Penal Federal, ante el que presentarán un recurso para anularla. Si la respuesta es negativa, seguirán batallando en el pequeño país centroeuropeo, en este caso ante el Tribunal Federal Helvético, última instancia judicial y, por tanto, la que dirá finalmente que ocurre con dichos datos bancarios. Fuentes jurídicas cercanas a los encausados recalcan que este último pronunciamiento puede demorarse meses e, incluso, más de año, por lo que dan por hecho que el primer juicio del 'caso Gürtel', cuyas sesiones se iniciarán el próximo 4 de octubre, empezará, se desarrollará y terminará sin una decisión en firme de Suiza. Una demora que, reconocen, favorece su estrategia de defensa.

El 2 de abril de 2014

El origen del litigio sobre la utilización la información bancaria de Bárcenas y otros imputados en Gürtel se remonta al 2 abril de 2014. Ese día, el entonces juez instructor, Pablo Ruz, remitió a Berna a petición de la Fiscalía Anticorrupción una comisión rogatoria reclamando una autorización para utilizar los datos bancarios en un juicio. Doce días después, la Unidad de Asistencia Mutua de la Oficina Federal de Justicia helvética daba su visto bueno a la petición. Sin embargo, esta decisión fue recurrida ante las autoridades del pequeño país europeo por Bárcenas y Yáñez, quienes alegaron que la misma se había tomado sin que se les escuchara. Ello motivó que el 6 de junio de aquel año, el Tribunal Penal Federal suspendiera en primera instancia dicho permiso mientras estudiaba el caso antes de tomar una decisión. Ésta llegó en noviembre y fue para anular la autorización y ordenar que se iniciase de nuevo todo el proceso. Eso sí, escuchando los argumentos del extesorero y el resto de afectados.

Suiza negó en enero de 2015 la utilización de los datos bancarios de Bárcenas y otros encausados en Gürtel porque Madrid no había sido capaz de ofrecer "explicaciones lo suficientemente convincentes"

De este modo, la Oficina Federal de Justicia tenía que volver a pronunciarse, pero en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo en abril, antes de enviarlo a la Audiencia Nacional, debía dar la oportunidad a los abogados de Bárcenas para presentar sus alegaciones. Con estas últimas en la mano, este organismo helvético tomó una decisión el pasado mes de enero que sorprendió a la Justicia española: negaba la posibilidad de utilizar datos bancarios del extesorero del PP, del cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, y de otros implicados para acusarlos de fraude fiscal. "Las autoridades españolas no ofrecen explicaciones lo suficientemente convincentes acerca de cómo, en función de los hechos descritos, se podría haber originado un fraude fiscal", concluían.

Facturas, sobornos y Hacienda

Un fallo que, sin embargo, no cerró el proceso ya que dejaba abierta la puerta para que la Justicia española aportara nueva documentación. El juez Ruz encargó entonces un informe a la Agencia Tributaria sobre algunas facturas intervenidas a la trama de corrupción para intentar convencer a sus colegas helvéticos de que los sobornos supuestamente recibidos por el extesorero y otros imputados en la Gürtel nunca fueron declarados a Hacienda, como creían entender las autoridades suizas según se deducía de su última negativa. No fue la última iniciativa del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. El 17 de abril de 2015 dictaba un nuevo auto en el que pedía otra vez a las autoridades helvéticas que levantasen el veto sobre el uso en el juicio de los datos bancarios

En marzo de 2015, las fiscales Anticorrupción viajaron a Suiza para convencer a su colega helvético de que apoyase el desbloqueo del uso de los datos bancarios

En dicho documento, Ruz volvía a reiterar que de dicha información se derivaban más infracciones que el simple delito contra la Hacienda Pública y hacía suyos los argumentos que Anticorrupción había esgrimido en anteriores escritos. Además, la Fiscalía había hecho un viaje secreto sólo un mes antes para reunirse con su colega suizo y conseguir el apoyo de éste para eliminar el veto de las autoridades suizas al uso en el juicio de los datos bancarios remitidos en las diferentes comisiones rogatorias. Un viaje que Bárcenas y su testaferro Iván Yáñez, denunciaron, pero que finalmente encontró el respaldo explícito del juez De la Mata, quien ya entonces había relevado a Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5.

http://vozpopuli.com/actualidad/85695-barcenas-contraataca-en-suiza-para-impedir-que-sus-datos-bancarios-se-usen-en-el-primer-juicio-de-gurtel

7.3. SUIZA PERMITE USAR LOS DATOS PARA PROBAR EL FRAUDE FISCAL DE GÜRTEL

La Oficina Federal de la Justicia (OFJ) ha tardado 15 meses en resolver la petición de las fiscales Concha Sabadell y Concha Nicolás

El Ministerio de Justicia de Suiza ha resuelto, según han informado fuentes jurídicas helvéticas a EL PAÍS, permitir a la justicia española el uso de los datos aportados por las comisiones rogatorias en el caso Gürtel para probar los delitos de defraudación fiscal presuntamente cometidos por Luis Bárcenas y los otros cinco acusados en la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo, Alberto López Viejo, Guillermo Ortega y Arturo González Panero.

El juicio de la primera etapa del caso Gürtel (1999-2005) comienza el 4 de octubre de 2016 y la Oficina Federal de la Justicia (OFJ), con sede en Berna, ha tardado 15 meses en resolver la petición de las fiscales Concha Sabadell y Concha Nicolás, quienes desde la Anticorrupción han llevado la investigación de la trama. Esta solicitud fue respaldada por Pablo Ruz el 16 de abril de 2015, último día de su actuación al frente del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Ese día, el juez firmó el auto en el que solicitaba la autorización a través de una nueva comisión rogatoria dirigida a las autoridades helvéticas.

Los delitos fiscales son muy relevantes en el auto de apertura de juicio oral del caso Gürtel. En el caso de Luis Bárcenas, por ejemplo, se piden 42 años y medio de prisión, de los cuales 26 años se fundamentan en 17 delitos contra la Hacienda pública. Tanto las fiscales como el juez solicitaron autorización expresa para usar los datos en abril de 2014 como indicios y pruebas en relación con los delitos fiscales. Esta solicitud es un requisito de la legislación helvética que envía la información a través de comisiones rogatorias donde siempre se hace constar la llamada “reserva de especialidad”.

Esta reserva impide usar los datos cuando se trata de probar delitos fiscales entendidos como evasión (pagar menos impuestos de los que se debería). ¿Por qué? Porque en Suiza pagar menos impuestos directos no es un delito. Y para que los datos puedan ser usados, en este caso en España, debe haber doble incriminación: debe ser delito en España y en Suiza. Por tanto, las autoridades españolas podían usar la información para todos los delitos (blanqueo, cohecho, y otros), pero no para delitos fiscales. Sin embargo, en Suiza existe el delito de defraudación fiscal o escroquerie: el montaje de un esquema con falsedades documentales y sociedades pantallas para defraudar a Hacienda.

En este contexto, la OFJ extendió el 14 de abril de 2014 autorización para utilizar la información también por delito fiscal. Pero no comunicó a las defensas de los encausados la decisión, por lo que el abogado de Bárcenas recurrió, lo que llevó a la suspensión de la autorización. Posteriormente, en noviembre de ese año, el Tribunal Penal Federal decidió anular el permiso y ordenó repetir todo el procedimiento de autorización.

Además de las razones de orden formal, otra cosa que ha debido subsanar la OFJ ha sido la falta de un dictamen para perfilar el delito de defraudación fiscal. Se trata de un informe que debe realizar la Administration Fédérale des Contributions (AFC), agencia tributaria federal. Cuando la OFJ autorizó a usar los datos en 2014, faltaba dicho dictamen. La nueva información aportada por las fiscales y el juez Ruz llevó a la AFC a hacer un dictamen en agosto de 2015. Según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, dicho dictamen, firmado por Daniel Ruffi, responsable de asistencia judicial en materia fiscal, y Raúl Suárez, jurista en la AFC, señalaba que “las autoridades españolas han aportado suficientes elementos para demostrar que las sociedades [utilizadas por los imputados] no eran más que sociedades pantalla o testaferros destinados a ocultar el patrimonio y los ingresos de las personas implicadas y asegurarles un tren de vida confortable, evitando la imposición por parte de las autoridades fiscales”.

Asimismo, advertía que “la amplitud del fraude fiscal” permite calificar los hechos cometidos por Bárcenas, los líderes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo; el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo; y los exalcaldes de Majadahonda, Guillermo Ortega, y de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, de defraudación fiscal “en el sentido de los artículos 14 de la ley federal sobre el derecho penal administrativo”.

La OFJ, según ha sabido este periódico, ha asumido en su resolución dicho punto de vista. La comunicación ya ha salido con destino a la Audiencia Nacional. La defensa de los acusados ha podido hacer alegaciones ante la OFJ, al igual que la Fiscalía helvética y la justicia española antes de adoptarse esta resolución.

Una vez comunicada la decisión, las defensas tienen 10 días para recurrir. La decisión adoptada puede ser recurrida por los acusados ante el Tribunal Penal Federal (TPF) y finalmente ante el Tribunal Federal helvético (tribunal supremo). Fuentes juridicas señalan que el tema podría quedar zanjado en coincidencia con el inicio del juicio del caso Gürtel el próximo 4 de octubre o un poco después. Será el TPF el que tendrá que resolver si suspende la nueva autorización hasta resolver el tema de fondo.

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/05/actualidad/1467738358_173051.html

7.4. SUIZA PREGUNTA AL JUEZ DEL ‘CASO GÜRTEL’ SI DESBLOQUEA O NO LOS 43,5 MILLONES QUE INTERCEPTÓ A BÁRCENAS Y A CORREA

"Les agradeceríamos nos comuniquen si el bloqueo sigue siendo necesario para su investigación", reclama la fiscal federal de Suiza Elisabetta Tizzoni al magistrado José de la Mata

21,3 millones estaban a nombre de Bárcenas y 1,5 al de su presunto testaferro Iván Yáñez. Otros 22,2 millones eran de Francisco Correa y 1,7 de su número dos Pablo Crespo

Suiza tiene bloqueados en total 47,1 millones de implicados en 'Gúrtel'

La fiscal federal de Suiza Elisabetta Tizzoni ha enviado un escrito al juez que investiga en la Audiencia Nacional del caso Gürtel, José de la Mata, en el que reclama instrucciones acerca del dinero que las autoridades del país bloquearon tras estallar el caso en 2008, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

"Les agradeceríamos nos comuniquen si el bloqueo sigue siendo necesario para su investigación", especifica la funcionaria de la Confederación Helvética en el comunicado de 29 de abril, en el que también reclama al magistrado De la Mata "una estimación del plazo en el que puede dictarse una resolución relativa a dichos activos".

El escrito del Estado suizo se refiere, en concreto, a los fondos bloqueados al presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, al extesorero del PP Luis Bárcenas y a otros de los integrantes de la trama en los bancos Crédit Suisse, Lombard Odier, LGT Bank, Banque Syz y Mirabaud.

De los 47.104.389 euros bloqueados, 21.300.642 euros pertenecían a Luis Bárcenas y 1.527.472 euros a su presunto testaferro Iván Yáñez. Los jueces Pablo Ruz y José de la Mata, éste último el actual instructor, atribuyen 22.224.375 euros al presunto cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, y 1.776.574 euros a su número dos, Pablo Crespo. Suiza también congeló 250.000 euros al excargo del PP de Boadilla del Monte y Arganda del Rey Tomás Martín Morales.

El dinero de Correa

Precisamente, en Crédit Suisse Francisco Correa disponía de los 22.224.375 euros a nombre de la empresa Golden Chain Properties. Según la investigación llevada a cabo por los sucesivos jueces que se han encargado del caso, esta sociedad fue el destino de 12,8 millones de los 25 millones de la comisión que cobró la trama por intermediar en la adjudicación de varias fincas en el municipio de Arganda del Rey.

El origen de esta importante suma, siempre según el sumario, estaría en la empresa Cerdargove del propietario de Martinsa, Fernando Martín, que se benefició de la adjudicación del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), cuyo entonces regidor, Ginés López, fue imputado. Los otros 12 millones fueron abonados por el empresario Manuel Salinas.

Pese a que la cuenta estaba en Suiza, la sociedad Golden Chain Properties fue creada en Panamá por el polémico despacho de abogados Mossack Fonseca, cuya documentación dio lugar a la filtración de los denominados papeles de Panamá.

Un informe de la IGAE

Según un informe de esta semana de la Intervención General del Estado (IGAE), las irregularidades en la adjudicación en noviembre de 2004 a la promotora Martinsa de una parcela para construir en Arganda del Rey, que desembocaron en el mayor pelotazos de la trama Gürtel, provocaron que la constructora engordara su previsión de ventas de la promoción planeada en 198,3 millones, según se desprende de un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, adelantado este martes por Europa Press.

También en la entidad Crédit Suisse fueron congelados 1.766.330 euros a nombre de la firma Mall Bussiness SA, cuyo propietario era el número dos de Correa, Pablo Crespo. Según consta en el auto de procesamiento de la pieza separada de Boadilla del Monte, Mall Bussines fue la sociedad que habría utilizado Crespo para cobrar una parte de las mordidas obtenidas en el municipio madrileño, considerado junto a Majadahonda el epicentro de la trama.

El juez Pablo Ruz, el antecesor de José de la Mata, también pidió a Suiza el bloqueo de 10.244 euros cuyo titular era la empresa Clearville Group en el banco Mirabaud, vinculada a Pablo Crespo.

Otras cuentas bloqueadas

La tercer cuenta bloqueada en Crédit Suisse pertenecía a la firma Cala Asset, también creada en Panamá. El propietario de la misma, que contiene 250.000 euros, es el también procesado en la pieza de Boadilla del Monte Tomás Martín Morales. Junto a Pablo Crespo recibió, explica el sumario, una mordida de las empresas concesionarias del Consistorio, que ingresó en su cuenta suiza.

Martín Morales era uno de los responsables de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte, dirigido por Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, aunque previamente había formado parte del Consistorio de Arganda del Rey.

En el LGT Bank el extesorero del PP Luis Bárcenas guardaba 11.182.698 euros a nombre de la empresa uruguaya Tesedul SA y 324.425 euros de Granda Global. La primera de ellas, Tesedul, fue la que utilizó el exsenador del PP por Cantabria para realizar la amnistía fiscal promovida por el Gobierno del PP en España.

Iván Yáñez, testaferro

La segunda, la panameña Granda Global estaba a nombre del presunto testaferro Iván Yáñez, hijo del fallecido Francisco Yáñez, que fue compañero de Bárcenas y de Álvaro Lapuerta en la tesorería del PP. Las autoridades suizas interceptaron también 1.203.047 euros a Granda en el Banque Syz.

Pero Tesedul, la principal empresa conocida de Bárcenas, también sufrió el bloqueo de otros 10.117.944 euros, aunque en este caso en la entidad financiera Lombard Odier.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/29/suiza_pregunta_juez_gurtel_mantiene_bloqueados_los_millones_barcenas_correa_51826_1012.html

7.5. ÁLVARO LAPUERTA, EXTESORERO DEL PP, NO ESTÁ EN CONDICIONES DE ASISTIR AL JUICIO POR LA TRAMA GÜRTEL

El extesorero del PP Álvaro Lapuerta, de 87 años, ha pasado un nuevo examen médico ante los forenses de la Audiencia Nacional que tendrán que informar si su estado de salud, física y mental, le permiten asistir al juicio por las actividades de la trama Gürtel (primera parte entre 1999 y 2005) que se celebrara en los primeros días del mes de Octubre

El extesorero del PP Álvaro Lapuerta, de 87 años, ha pasado un nuevo examen médico ante los forenses de la Audiencia Nacional que tendrán que informar si su estado de salud, física y mental, le permite asistir al juicio por las actividades de la trama Gürtel (primera parte entre 1999 y 2005) que se celebrara en los primeros días del mes de octubre

Según fuentes judiciales, el resultado de ese estudio evidencia un deterioro agravado de su situación que empeoro el pasado año cuando sufrió una caída en su domicilio con hemorragias cerebrales.

Según estas fuentes, el deterioro cognitivo de Lapuerta es muy intenso, lo que hace prácticamente imposible que pueda llegar a entender las preguntas que se le puedan hacer en el juicio o recordar fechas o relaciones con otros imputados en la trama Gurtel.

La defensa del extesorero del PP ha presentado también un informe de un médico particular que describe un cuadro de “demencia sobrevenida", por lo que ha su letrado reclama el archivo de su caso debido al "deficitario estado de salud”.

Álvaro Lapuerta es una pieza esencial para el esclarecimiento del entramado económico paralelo que se gestó en la sede central del Partido Popular y su testimonio tiene las claves de la contabilidad del partido de la que estuvo al frente como guardián de su dinero entre 1993 y 2008, y tiene, según el juez, la responsabilidad sobre la financiación ilegal del PP a través de una caja b que funcionó durante casi 20 años, hasta que le tomó el relevo Luis Bárcenas.

De hecho uno de las firmas que aparecen al margen de los famosos papeles de Bárcenas podría ser la de Álvaro Lapuerta, según los investigadores, aunque él siempre lo ha negado.

La acusación sostiene que Lapuerta se encargaba de repartir los donativos a los máximos respónsales del partido y jugo un papel central en la contabilidad paralela destapada por la investigación.

Su situación física y mental tendrá que ser valorada ahora por el tribunal compuesto por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, quienes aceptaron que se sometiera a un nuevo examen medico, antes de pronunciarse sobre si archivan su caso o debe responder en el juicio.

El juicio de las actividades que la trama Gürtel realizó entre 1999 y 2005 arrancará el próximo 4 de octubre. Se dirige contra 39 acusados, entre los que se encuentra el cabecilla de la red, Francisco Correa, o el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

http://cadenaser.com/ser/2016/06/29/tribunales/1467222657_821467.html

7.6. EL JUEZ RESPONSABILIZA A LA GENERALIDAD VALENCIANA DE LOS DELITOS DE GÜRTEL EN LA VISITA DEL PAPA

El instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha rechazado el recurso presentado por la Generalidad Valenciana para no ser responsable de las presuntas irregularidades cometidas por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Un acto dónde se habría llevado a cabo un “desembolso ilícito” superior a los 7 millones de euros.

En un auto del titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se rechaza el recurso de reforma presentado por la Abogacía General de la Generalidad Valenciana, en nombre de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico y la considera heredera de la FVEMF como responsable de ser “partícipe a título lucrativo”.

De la Mata afirma que la FVEMF “se benefició de la conducta delictiva amañada por todos los acusados” de la trama Gürtel. Destaca que “los acusados urdieron presuntamente un plan para conseguir que Radio Televisión Valenciana (RTVV) asumiera sin motivo ni razón alguna formalmente un gasto multimillonario que correspondía a FVEMF, y precisamente en su beneficio”.

Según el juez, “bajo la aparentemente inocente firma de un convenio entre RTVV y la FVEMF que asignaba a RTVV la producción y distribución en exclusiva de la señal institucional y radiofónica de los actos del Encuentro Mundial de las Familias, resultó que el ente público valenciana asumió la cobertura audiovisual necesaria en la zona de celebración de los actos (sonorización, elementos audiovisuales, etc.), cuando tales gastos correspondían a los organizadores del mismo, Generalidad o la FVEMF”.

De la Mata concluye que se suscribió un convenio que en realidad era un “contrato de servicios remunerado”, que vulneraba las normas y que conllevó “un ilícito desembolso para RTVV de 7.493.600€ (IVA incluido), sin contraprestación alguna” y por tanto, la FVEMF “se benefició de las consecuencias económicas de un delito en cantidades material y económicamente valorables, siendo así que su incorporación al proceso en calidad de partícipe a título lucrativo está justificada”.

http://okdiario.com/investigacion/2016/06/30/juez-responsabiliza-generalidad-valenciana-delitos-gurtel-visita-del-papa-241706

7.7. JUAN COTINO IMPLICA AL VATICANO Y A UN CARDENAL FALLECIDO EN EL 'PELOTAZO' DE LA VISITA DEL PAPA

Atribuye a la Santa Sede y a García-Gasco el acuerdo que sirivió en bandeja el contrato de RTVV al grupo Correa

El ex director general de la Policía, ex conseller y ex presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha señalado en la Audiencia Nacional a la Santa Sede y al cardenal Agustín García-Gasco, quien falleció en 2011 en Roma, como los responsables del acuerdo por el que Radiotelevisió Valenciana (RTVV) se quedó con la señal de la retransmisión de la visita del Papa, un evento por el que la trama Gürtel cobró 7,4 millones de euros pese a que el servicio se valoró en poco más de tres. Así consta en un escrito entregado al juez José de la Mata, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que Cotino también rechaza que fuera el «factótum» del presunto pelotazo, tal y como coinciden la Policía, la Fiscalía y el magistrado. Respecto a la contratación con RTVV, la defensa del ex dirigente subraya en su documento de alegaciones que «la decisión de que fuera el ente público Canal 9 u otra televisión le correspondía al Vaticano, como así consta en el informe del profesor de Derecho Canónigo de la Universitat de València José Landete».

El ex dirigente del PP explica que «la decisión de que fuese Canal 9 la encargada de la señal para la difusión del V Encuentro Mundial de las Familias y proponerlo al Vaticano la tomaron el cardenal López Trujillo -fallecido en 2008-» y al entonces arzobispo de Valencia «García-Gasco, que era quien tenía la última palabra».Juan Cotino, quien se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción por estos hechos, mantiene en sede judicial que «esta visita se había planificado desde el Arzobispado para que estas personalidades del Vaticano dieran el visto bueno a los acuerdos con Canal 9» tras visitar las instalaciones. Más tarde, el 23 de febrero de 2006, se reunió el patronato de la Fundación V Encuentro «para tomar las decisiones, entre otras, sobre Canal 9, ya que los representantes del Vaticano habían dado su conformidad».

Así, respecto a la decisión de derivar a RTVV la contratación de las pantallas y el servicio de megafonía, Cotino, dirigente del Opus Dei en España, desvela que el cardenal López Trujillo, en una visita a Valencia en 2005, sugirió al Arzobispado que llamara «a un grupo de personas voluntarias para ir preparando el viaje del Papa a Valencia» y «de esta forma ver in situ la organización de un evento de esas características». Y repite, «el viaje lo organizó el Arzobispado de Valencia a través de la Conferencia Episcopal Española y ésta con la alemana».Entre ese grupo de voluntarios estaba Cotino, quien habría asesorado en materia de seguridad por haber dirigido la Policía durante el Gobierno de Aznar. El ex conseller recuerda al juez que Henar Molinero, ex directora general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, declaró en instrucción que «Juan Cotino no tenía funciones específicas, sólo supervisaba, se sentaba en el Patronato y solía escuchar más que hablar, hablaba de cosas como conseguir patrocinadores para el evento».También cita la declaración de Esteban Escudero, actual obispo auxiliar de Valencia, quien dijo que «la Fundación entregaba la señal de audio y vídeo a TVV, y TVV a cambio se comprometía a poner la megafonía y pantallas LED. No se hicieron gestiones previas sobre megafonía y pantallas antes de cederlo a Canal 9» por lo que la defensa del ex conseller alega que «quizás la decisión no se tomara desde la Fundación», sino desde Roma.

El papel de Barberá Juan Cotino no la nombra en su escrito pero sí cita partes del sumario de esta pieza de la Gürtel valenciana que ponen el foco sobre la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá. Su escrito recoge otro extracto de la declaración de Esteban Escudero en la que mantuvo que la decisión de derivar a RTVV la contratación de las pantallas la «avaló la alcaldesa. Nunca se valoró la posibilidad de que la propia Fundación se encargara del tema pantallas y megafonía».Los abogados también recuerdan que monseñor Escudero declaró que Cotino «advirtió a la alcaldesa de que Álvaro Pérez no era de fiar», una afirmación «completamente incompatible con querer adjudicar el evento a Alvaro Pérez». Califica las manifestaciones de la Udef de «mendaces» y puntualiza que cuando asistió a las reuniones del «Patronato de la Fundación (...) fue como invitado por el arzobispo -García-Gasco-, al igual que otros más. Se pueden comprobar que las manifestaciones de las acusaciones son gratuitas e infundadas».Respecto al chaquetón que habría recibido del denominado grupo Correa, valorado en 375 euros, su defensa traslada al juez De la Mata que «consta en el informe de la Udef, que Cotino, aunque su nombre aparece en el listado de personalidades, no ha recibido ningún regalo».El sumario de la visita del Papa, incluida en Gürtel, apunta a que Correa se escondió en la constructora leonesa Teconsa para obtener este contrato. A cambio habría pagado 500.000 euros en comisiones al ex director de RTVV, Pedro García, que se blanquearon a través de empresas.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/06/21/57682c3ee2704e77068b456c.html

7.8. RICARDO COSTA ALEGA QUE SUS DELITOS ESTÁN PRESCRITOS PARA EVITAR EL BANQUILLO

El juez rechaza archivar la causa en su contra por dos delitos electorales y otro de falsedad en documento mercantil.

Ricardo Costa alega que sus delitos electorales están prescritos para no sentarse en el banquillo. El ex vicepresidente de la Comunidad Valenciana y ex número dos del partido a nivel autonómico está a la espera de juicio desde que el pasado 20 de febrero, la Audiencia Nacional decretara la apertura de juicio oral en su contra. El juez instructor le considera autor de dos presuntos delitos electorales y otro de falsificación continuada en documento mercantil. Sin embargo, la defensa de Costa mantiene que los actos, en caso de ser delictivos, estarían prescritos. Un argumento que el juez José de la Mata ya ha rechazado.

Costa -que ya resultó absuelto en el juicio de los trajes de Francisco Camps- está acusado de dos presuntos delitos electorales, por incumplir el límite de gasto gracias a la empresa Orange Market, vinculada a Francisco Correa. Además, la Audiencia Nacional le atribuye también un delito continuado de falsedad en documento mercantil ya la empresa investigaba modificaba los conceptos de algunas de sus facturas para que el partido no tuviera problemas con el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, a juicio de la defensa de Costa, los delitos que se le imputan, en caso de existir (algo que niegan con rotundidad) prescribieron el 27 de mayo de 2010. Por eso, el ex responsable popular solicita a la Audiencia Nacional el archivo de las actuaciones.

Rechazo del juez

Sin embargo, su petición no ha sido atendida por De La Mata. El juez encargado de la trama Gürtel mantiene una postura completamente contraria y en un auto del pasado 9 de junio rechaza de plano la petición de Ricardo Costa. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene que el procedimiento comenzó a investigarse en 2008 y que por lo tanto, pese a que Costa fue imputado tres años después en una de las piezas separadas, sus presuntos delitos no han prescrito. La Fiscalía pide para él siete años de prisión.

En un escrito anterior, el ex secretario general del PP valenciano ya señaló directamente a la cúpula nacional del partido como presunta responsable de las manipulaciones y los pagos en B dentro de las campañas electorales- si se produjeron- ya que de Génova depende en última instancia el control de las cuentas de toda la organización.

http://www.elespanol.com/espana/20160629/136237058_0.html

7.9. EL JUEZ SIENTA EN EL BANQUILLO A ‘EL ALBONDIGUILLA’ Y OTRAS 26 PERSONAS POR LA ‘GÜRTEL’ DE BOADILLA

La Fiscalía Anticorrupción pide 40 años de cárcel para el exalcalde y 76 años para Francisco Correa

La red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública del municipio madrileño

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla y otras 26 personas por los contratos adjudicados a la trama Gürtel en la localidad madrileña.

La Fiscalía Anticorrupción pide en esta pieza separada del caso Gürtel penas de 40 años y siete meses de cárcel para el ex primer edil y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la trama, Francisco Correa.

En concreto, la vista oral se dirigirá contra 27 procesados y trece personas jurídicas, entre ellas el Partido Popular. El magistrado considera al PP partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

El partido será juzgado también como partícipe a título lucrativo por las actividades de la primera época de la Gürtel y las actividades de la red en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo; mientras que está considerado como responsable civil subsidiario en el juicio por la contabilidad B de la formación.

En la pieza separada sobre Boadilla del Monte, Anticorrupción reclama a la Audiencia Nacional que el número dos de la red de presunta corrupción, Pablo Crespo, sea condenado a 64 años y siete meses de cárcel; el exdiputado regional Alfonso Bosch a 23 años y medio; y al exconcejal de Boadilla José Galeote a 22 años de prisión.

De igual modo, reclama la imposición de trece años y medio de cárcel para la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán; once años para el supuesto blanqueador y ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín; diez años y dos meses para el empresario Jacobo Gordon; y siete años y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.

Entre los acusados, figuran también el contable de la red José Luis Izquierdo, que se enfrenta a siete años y medio; el empresario Alfonso García-Pozuelo, para quien pide cinco años y ocho meses; y el asesor Luis de Miguel, que afronta cinco años de prisión. Las penas más bajas, de dos años y medio, están dirigidas a Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, María del Carmen García Moreno y José Francisco Pastor de Luz.

La lista de procesados está formada también por el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales; al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo; al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico; el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel; José Luis Martínez Parra; Rafael Martínez Molinero; Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz; Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.

Regalos y comisiones

La Fiscalía cree que los acusados percibieron pagos o regalos por su intervención, entre los que Galeote recibió 557.609 euros, González Panero 1,8 millones, Martín Morales un cobro de 1,3 millones y Alfonso Bosch otro de 941.652 euros. Francisco Correa percibió por los contratos adjudicados a sus empresas 2,1 millones e ingresó 2,7 millones en concepto de comisiones por su intermediación a favor de empresas ajenas a su grupo y Pablo Crespo 593.000 euros.

Acusa a los principales encausados de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), a la que controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el número dos de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote –exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote– por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor, que participó en su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) en 2003.

Este grupo habría favorecido la contratación de Sufi, filial de Sacyr, pilotada por Naranjo Anegón; las sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo; la mercantil UFC, de José Luis Ulibarri; Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; Artas Consultoría, tras la que se ocultarían algunos miembros del grupo liderado por Correa; así como otras firmas de eventos vinculadas al cabecilla de la Gürtel.

Una parte de las comisiones percibidas por Martín Morales, González Panero y Crespo se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas. La cuenta que habría utilizado Crespo, a nombre de Mall Business, se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1,557.227 euros a junio de 2012.

Por su parte, el fiscal destaca que una de las cuentas empleadas por González Panero, a nombre de la entidad Longridge International, fue bloqueada por las autoridades suizas con un saldo de 120.379,73 euros a fecha de 31 de diciembre de 2015.

La Fiscalía considera que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a UFC y a la EMSV de un mínimo de 960.000 euros por el canon dejado de abonar por la entidad Artas Consultoría; y otra pérdida de 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Correa y que estaría destinado al PP y a Alfonso Bosch.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/30/el_juez_sienta_banquillo_albondiguilla_otras_personas_por_gurtel_boadilla_51914_1012.html

7.10. GÜRTEL INFLÓ UN 260% LAS OBRAS DE UNA CARRETERA EN ARGANDA PARA ROBAR 18 MILLONES

El segundo informe de la Intervención General del Estado, IGAE, sobre la trama Gürtel en el municipio madrileño de Arganda del Rey ya ha sido remitido al titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

En este informe esperado desde hace meses en el juzgado, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Intervención del Estado analiza los expedientes de contratación tramitados por el Ayuntamiento de Arganda gobernado por el alcalde del PP imputado, Ginés López, y por la empresa pública municipal “Sociedad de Fomento y Desarrollo”, que comandaba el también dirigente popular imputado en el caso Benjamín Martín Vasco.

La IGAE investiga las obras y servicios adjudicados a las constructoras Teconsa, Constructora Hispánica y Martinsa, investigadas en la trama Gürtel encabezada por Francisco Correa. El informe hace referencia a la construcción de la carretera de circunvalación AR-30, y a otros contratos relacionados con instalaciones deportivas municipales y mobiliario urbano.

La Intervención concluye que en las obras de la carretera AR-30 acometidas entre 2006 y 2008, se produjo una “desviación de 18 millones de euros”. El presupuesto inicial de la construcción, que estaba fijado en 11.171.709 millones, se infló un 259´74% hasta 29.016.891 millones.

En la construcción de esta carretera, participaron las empresas, implicadas en la trama Gürtel, Teconsa y Constructora Hispánica. Estas constructoras ejecutaron las obras por tramos y no cumplieron con los plazos estipulados en los contratos.

Por último, la IGAE valora las obras de asfaltado de carreteras, aceras y calles de Arganda del denominado “Servicio SUPRA 010”. El expediente de mantenimiento de estos servicios se adjudicó a la empresa Constructora Hispánica a través de la sociedad “Fomento y Desarrollo Municipal” de Arganda y no a través del consistorio. De esta forma, se benefició a esta empresa pese a no poseer “la necesaria solvencia técnica”. En otros expedientes investigados, “no consta documentación sobre el pago” de la factura o bien, se abonaron servicios que ya estabas incluidos en otros contratos.

http://okdiario.com/investigacion/2016/06/30/gurtel-inflo-260-construccion-carretera-arganda-robar-18-millones-229146

08. CASO PÚNICA

8.1. DIMITE DANIEL ORTIZ, EL DIPUTADO DEL PP DE MADRID IMPLICADO EN LA TRAMA PÚNICA

El exalcalde de Móstoles renuncia a su escaño tras la petición de imputación del juez del caso

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortiz, vinculado con el caso Púnica, ha dimitido esta tarde tras reunirse con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, según informan fuentes del PP.

El diputado y exalcalde de Móstoles, dimite "de todos sus cargos" -incluido el de concejal-, dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya aceptado investigarlo por su posible relación con la Púnica, tal y como pidió el juez Eloy Velasco, que investiga el caso en la Audiencia Nacional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid atribuye cinco delitos relacionados con la corrupción al diputado del PP porque en su época como alcalde de Móstoles supuestamente amañó un contrato para la Púnica de 73 millones a cambio de una mordida de 743.000 euros

http://cadenaser.com/emisora/2016/07/08/radio_madrid/1467995905_382233.html

8.2. MAREJADA EN EL PP ANTE LA NEGATIVA DE DANIEL ORTIZ A ABANDONAR SU ESCAÑO

Si el diputado no entregase su acta, su voto sería decisivo en la mayor parte de las decisiones parlamentarias

La situación en la que se encuentra el diputado popular de la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz, al que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido investigar por su presunta vinculación en la trama Púnica, ha abierto el debate en el seno del grupo popular de la Asamblea en cuanto a la conveniencia o no de su dimisión y la consecuente entrega del acta. Muchos de los diputados interpretan que la obligación de abandonar el escaño por el mero hecho de resultar investigado es "excesiva" e "injusta". Hasta tal punto parece desproporcionada, que existe la sensación de no ser lo más acertado. Sobre todo si se compara con el código ético del PP Nacional, en el que también existe el compromiso de dejar el escaño, pero siempre que se produzca apertura de juicio oral.

A pesar de estas opiniones discordantes, los parlamentarios admiten que la firma del documento que les compromete a dar dicho paso en el caso de que un juez abra una investigación se realizó sin ninguna presión. “A nadie se le puso una pistola en la cabeza”, puntualizan fuentes del PP. El punto de fricción, del que ahora el PP se encuentra rehén, forma parte del acuerdo de investidura firmado entre Ciudadanos y PP, que permitió gobernar a Cristina Cifuentes tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015.

El diputado, que asiste hoy al pleno de la Asamblea, no se ha pronunciado sobre cuál va a ser su decisión, aunque fuentes de su entorno indican que en ocasiones ha mostrado su reticencia a entregar el acta. En el caso de que dejara su lugar en el hemiciclo, dejaría de ser aforado y la pieza volvería a manos del juez Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional. Cifuentes, sin embargo, insistió ayer en que Ortiz dimitiría en el momento en el que se produjera “el auto formal” de investigación. “Si esto no ocurre, podría estar en peligro el pacto de investidura”, advirtió Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos.

En el caso de que Ortiz no dejase su escaño, pasaría al grupo mixto o de diputados no adscritos. Su poder en la Asamblea sería total, ya que la suma de diputados del PP y Ciudadanos actualmente es solo superior en un escaño al de PSOE y Podemos. Ortiz decidiría en los casos de empate.

En las filas del PP, intentando reducir la tensión interna, se recuerda el caso del exalcalde de Las Rozas José Ignacio Fernández Rubio, que en junio de 2015 estaba imputado y tuvo que abandonar el Ayuntamiento porque Ciudadanos se negaba a apoyar a su partido (que a pesar de ser la lista más votada no tenía los suficientes ediles). En marzo de 2016, Fernández Rubio fue exculpado del delito de prevaricación del que había sido acusado junto a cuatro miembros de la corporación. Si se hubiera esperado a que el procedimiento estuviera más avanzado, el exregidor seguiría en su puesto, porque ahora, se preguntan en el PP ¿quién le resarce por todo lo que ha pasado?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anunció ayer que iba a investigar a Ortiz por haber favorecido supuestamente a la empresa Cofely (implicada en la trama Púnica) con un contrato de eficiencia energético por 73 millones en Móstoles. La adjudicación se produjo cuando era alcalde del municipio Ortiz y el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional sospecha que pudo existir un soborno de 746.000 euros.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/07/madrid/1467903864_772585.html

8.3. CIFUENTES NO PEDIRÁ EL ACTA AL EXALCALDE DE MÓSTOLES HASTA QUE EL JUEZ NO LE INVESTIGUE FORMALMENTE

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acepta su competencia para investigar al exalcalde de Móstoles y actual diputado regional del PP Daniel Ortiz por su presunta vinculación con la Operación Púnica. El tribunal considera que Ortiz utilizó su condición de alcalde para que la multinacional Cofely se hiciera con un contrato de 73 millones de euros para la prestación de servicios energéticos y de suministros en la localidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, insiste en que si finalmente se abre auto de investigación contra el exalcalde...se aplicará el código ético del Partido Popular y Ortiz tendrá que renunciar a su acta en la Asamblea de Madrid.

http://telemadrid.es/audio/cifuentes-no-pedira-el-acta-al-exalcalde-de-mostoles-hasta-que-el-juez-no-le-investigue-formal

8.4. EL TSJ DE MADRID INVESTIGARÁ AL DIPUTADO REGIONAL DANIEL ORTIZ POR SU PARTICIPACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE DIVERSOS CONTRATOS DE SUMINISTROS

La Sala Civil y Penal designa como instructora a la magistrada Susana Polo García

La Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid ha aceptado la competencia para el conocimiento de los hechos investigados en las diligencias previas nº 85/2014 del Juzgado Central de Instrucción nº 6 realizados por al diputado regional Daniel Ortiz Espejo y que se concretan en su intervención en torno al “contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles”, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de mayo de 2014. En el mismo auto de admisión de la competencia, se ha designado como instructora de la causa, entre los miembros de la misma Sala, a la magistrada Susana Polo García, quien determinará la personas que, junto al aforado, deben figurar en esta causa como investigados por su participación conexa con los hechos imputados a Daniel Ortiz.

El auto cuenta con un voto particular formulado por el magistrado Jesús María Santos Vijande, quien comparte la asunción de la competencia acordada en la resolución objeto de esta nota, pero considera que el magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción nº 6 debió remitir mucho antes a este tribunal la exposición razonada, pues al menos desde el 20 de octubre de 2015 tenía más que suficiente conocimiento de “indicios consistentes” contra Ortiz Espejo, por lo que no debió practicar ni la declaración en calidad de testigo del día 27 de octubre del depositante de las cadenas de mensajes ante la Unidad Policial interviniente, ni el segundo informe policial, de fecha de 28 de marzo de 2016, ni cualquier otra actuación posterior al 10 de octubre de 2015 que haya podido efectuarse en relación con el aforado investigado y que no traiga causa de una razón de urgencia o necesidad.

Entiende así este magistrado discrepante con la decisión de la mayoría, que esta Sala debió declarar nulas de pleno derecho, ya ab initio, con su consiguiente expurgo de la causa, la expresadas actuaciones, ya que fueron practicadas cono conocimiento, en “auxilio” y bajo la supervisión de un juzgador carente de competencia objetiva.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/El-TSJ-de-Madrid-investigara-al-diputado-regional-Daniel-Ortiz-por-su-participacion-en-la-adjudicacion-de-diversos-contratos-de-suministros

8.5. UN MAGISTRADO ELEGIDO POR EL PP PIDE ANULAR DOS PRUEBAS DEL 'CASO PÚNICA' QUE ACORRALAN A UN AFORADO DE CIFUENTES

El juez Jesús María Santos Vijande, elegido miembro del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2014 sólo con los votos de los diputados 'populares' de la Asamblea de Madrid, formula un voto particular en la decisión de este tribunal de aceptar la competencia para investigar al ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, en el que pide anular interrogatorios e informes que sustentan las acusaciones contra éste en el amaño del mayor pelotazo de la trama de corrupción.

Palos en la rueda en la investigación contra uno de los aforados de Cristina Cifuentes salpicados por el 'caso Púnica'. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado este miércoles la competencia para hacerse cargo de la investigación sobre el actual diputado regional del PP y ex alcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo tras la exposición razonada que le había remitida en mayo el juez Eloy Velasco, instructor del sumario abierto por la trama de corrupción que presuntamente encabezaba Francisco Granados. Eso sí, lo hará con el significativo 'pero' de uno de sus magistrados. Se trata de Jesús María Santos Vijande, quien a pesar de compartir la necesidad de que la causa contra el político 'popular' sea asumida por el alto tribunal madrileño, ha emitido un voto particular en el que pide anular varias pruebas contra el parlamentario madrileño, entre ellas la declaración de un testigo y un posterior informe de la Guardia Civil que implicaban gravemente al parlamentario. Se da la circunstancia de que Santos Vijande fue elegido dentro de una terna para su actual puesto en el TSJ por la Asamblea de Madrid en 2014 con el único voto a favor del grupo parlamentario que le había propuesto: el PP.

El magistrado Santos Vijande considera que el juez Velasco debía haber remitido la causa del TSJ de Madrid el pasado octubre y no haber tomado declaración a un testigo clave

El voto de este magistrado es, de hecho, un duro rapapolvo para su colega Eloy Velasco, al que acusa de modo implícito de retrasar de manera irregular el tramite de remitir al TSJ de Madrid la exposición razonada para que este tribunal asumiera la investigación sobre Daniel Ortiz en su condición de aforado. En este sentido, asegura que el juez de la Audiencia Naciona tenía desde el 20 de octubre de 2015, hace más de ocho meses, suficiente conocimiento de "indicios consistentes" contra el parlamentario regional y que, por tanto, desde aquella fecha debió abstenerse de seguir practicando diligencias de prueba dirigidas a aclarar su supuesta implicación en el amaño de un contrato de eficiencia energética 74 millones de euros en Móstoles, municipio en el que él fue alcalde entre 2012 y 2015.

En concreto, detalla que no debió tomar declaración el 27 de octubre al concejal del PP David Sánchez de Rey que aportó al juzgado una cadena de mensajes de whatsapp que había intercambiado en marzo de 2014 con Daniel Ortiz en relación con dicha adjudicación y que revelaban el supuesto interés de el actual parlamentario regional por paralizar el concurso ya que entonces la empresa que se había presentado la mejor oferta no era Cofely-GDF Suez, la multinacional acusada de amañar diversos contratos de eficiencia energética en la región gracias a la trama Púnica.

Las 28 pruebas con Daniel Ortiz

También considera que no debió elaborarse el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró precisamente a raíz de dichos mensajes de móvil y en el que se detallan las 28 pruebas que implicaban presuntamente al aforado en los supuestos amaños y que fue entregado el pasado mes de marzo en la Audiencia Nacional. Además, considera que habría que "declarar nulas de pleno derecho" cualquier otra "actuación" posterior a aquel día de octubre "que haya podido efectuarse en relación con el aforado investigado y que no traiga causa de una razón de urgencia o necesidad". Todas ellas, recalca, deberían ser expurgadas de la causa ya que considera fueron practicadas bajo la supervisión de un juez, Eloy Velasco, que no es competente para investigar a un aforado.

En su voto particular, Santos Vijande considera que había que declarar nulo el informe de la UCO que detalla las 28 pruebas que implican a Daniel Ortiz en el amaño de un contrato de 74 millones de euros

Santos Vijande se convirtió en magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2014 al ocupar la plaza reservada a la Asamblea de Madrid. La propuesta de su elección fue planteada, precisamente, por el grupo 'popular' en la cámara autonómica dentro de una terna que fue apoya únicamente por los votos del PP, que entonces contaba con mayoría absoluta en el parlamento regional. Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial lo eligió en un pleno celebrado en abril de aquel año con 17 votos a favor. Sustituyó en el puesto a Antonio Pedreira, instructor en su día del caso Gürtel, y que entonces se encontraba ya gravemente enfermo. Ya en el TSJ de Madrid, Santos Vijande formó parte del tribunal que condenó a 17 años de inhabilitación al juez Elpidio Silva por prevaricar en el llamado 'caso Blesa'.

El voto particular de este magistrado no afecta, sin embargo, a la decisión final de la Sala Civil y Penal del TSJM, que en el auto por el que aceptan la competencia señalan que existen indicios suficientes para investigar al diputado de Cristina Cifuentes por fraude contra la Administración Pública, tráfico de influencias, información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho. Los jueces detallan en dicho auto que "se han detectado presuntos actos de corrupción en beneficio de la mercantil Cofely España, con ánimo de lucro personal como contrapartida tanto de este regidor del Ayuntamiento, como de su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y su hermano Mario", que supuestamente iban a recibir una comisión de 743.000 euros. La decisión de los magistrados designa a su colega Susana Polo como instructora de la causa, que será la que próximamente cite a Daniel Ortiz a declarar en condición de investigado (antes, imputado).

http://vozpopuli.com/actualidad/85656-un-magistrado-elegido-por-el-pp-pide-anular-dos-pruebas-del-caso-punica-que-acorralan-a-un-aforado-de-cifuentes

8.6. EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA OTRA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR "POSIBLES IRREGULARIDADES"

En un auto, el instructor reclama a la Fundación para el Conocimiento madri+d numerosa documentación de los contratos firmados con uno de los principales imputados de la trama, el empresario Alejandro de Pedro.

El instructor de la trama Púnica, el magistrado Eloy Velasco, ha puesto en el punto de mira a otra de las fundaciones de la Comunidad de Madrid con las que el imputado –investigado según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal- Alejandro de Pedro hizo negocios a través de sus empresas de reputación online Eico y Madiva.

A la investigación realizada a la Fundación de la Energía y la Fundación de la sociedad pública Arpegio, se suma ahora la Fundación para el Conocimiento madri+d, dependiente de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte del Gobierno regional. Los investigadores cuentan en su poder con documentación que pone en evidencia que, a través de este organismo, se han cometido "posibles irregularidades" en los contratos firmados entre las sociedades de De Pedro y la propia Fundación. En el epicentro de las sospechas: un proyecto llamado 'Study in Madrid'.

Según ha podido saber este periódico, fue la mercantil Eico la que puso en marcha el portal web para lanzar este proyecto. A esta empresa se le encomendó en 2014 desde la Comunidad de Madrid que hiciese un estudio de mercado para poner en marcha "un portal del estudiante", una página web que aglutinara las ofertas de todas las universidades madrileñas. La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, habría fijado la reunión entre el empresario investigado y el director de la Fundación, según indican las fuentes consultadas.

Figar, se vio obligada a dimitir en junio de 2015 cuando el juez Velasco acordó su imputación en el caso Púnica. La ex dirigente del PP está siendo investigada precisamente por los contratos que firmó la Consejería de Educación con el empresario De Pedro cuando ella estaba al frente de la misma.

Velasco pide a la Fundación para el Conocimiento madri+d que le entregue el expediente completo de contratación con las empresas de Alejandro de Pedro

En un auto dictado por el titular del Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez Velasco pide al organismo que le aporte "los datos obrantes en esa entidad sobre los trabajos realizados por Alejandro de Pedro Llorca conjuntamente con personal de la Fundación o contratado por ésta, aportando, además, normas administrativas si las hubiera de contratación de la Fundación, acta de constitución y sucesivas inscripciones realizadas en el registro de fundaciones". Además, el instructor quiere que dicha institución informe de cuáles fueron "los medios de pago" que se utilizaron con las empresas de De Pedro.

Por otro lado, Eloy Velasco ordena que desde la Fundación para el Conocimiento madri+d le faciliten "los presupuestos solicitados a otras sociedades por esa Fundación para el proyecto denominado 'Study in Madrid’", así como "el expediente completo de contratación de dicha fundación en el citado proyecto, todos los datos contables, datos de facturación sobre el proyecto, así como cualquier otra información que considere aportar sobre el mencionado proyecto".

Cerco a las fundaciones de la Comunidad de Madrid

Además, en la resolución, el instructor detalla que toda la documentación reclamada debe ser aportada por la Fundación directamente a la Guardia Civil y autoriza a los agentes a "recabar cualquier información o documentación ampliatoria relacionada con la que éstos hubiesen reclamado previamente con la finalidad de seguir el rastro de la operación en cuestión y/o de identificar a los intervinientes en la misma".

El magistrado adopta esta decisión después de que el pasado 14 de junio la Unidad Central Operativa del Instituto Armado (UCO) enviase un oficio a la Audiencia Nacional donde solicitaba que se librara una mandamiento judicial a la citada fundación para que "aportara toda la documentación que obrara en su poder en relación a proyecto denominado 'Study in Madrid', desarrollado por Alejandro de Pedro conjuntamente con personal de la citada Fundación".

Las pesquisas se centran en el proyecto 'Study in Madrid' desarrollado por De Pedro "conjuntamente" con personal de la citada Fundación

Según viene recoge su propia página web, la Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa de la Comunidad de Madrid que "nace en 2002 como un instrumento de la política científica de la Región". Dicho organismo desarrolla "programas y prestamos servicios en acreditación y calidad de la educación superior, transferencia de tecnología, creación de empresas de base tecnológica, participación en programas europeos de investigación y comunicación y cultura científica". Asimismo, en dicha web se explica que "en el año 2014 la Fundación recibe del Gobierno Regional las competencias en Evaluación y Acreditación del Sistema universitario madrileño".

Junto a la Fundación para el Conocimiento madri+d, el juez Velasco investiga en estos momentos a la Fundación de la Energía y la Fundación de la sociedad pública Arpegio, ambas dependientes de la Comunidad de Madrid. Sobre el primero de estos organismos, tutelado por la Consejería de Economía, el instructor reclamó abundante documentación contable del período 2010-2012, en el tramo final de la presidencia de Esperanza Aguirre. En concreto, la UCO se incautó de numerosas facturas relacionadas con pagos por la elaboración de diverso material divulgativo sobre eficiencia energética para esta entidad que cuenta entre sus patronos, además del Ejecutivo autonómico, con empresas como Repsol, Cepsa, Endesa, Gas Natural e Iberdrola. La Guardia Civil centra la investigación en las facturas pagadas para elaborar material divulgativo sobre la eficiencia energética.

Por otro lado, Velasco investiga a la Fundación de Arpegio por posibles "irregularidades [del] convenio de colaboración Arpegio, Consejería Cultura de la CAM y Waiter Music vinculados con la organización concierto 'The night of the Proms'. Por estos hechos, se encuentra imputada la ex concejal del PP Carmen Plata Esteban, que en el momento en el que se celebró el concierto –en el año 2007- era la gerente de la Fundación Arpegio, a través de la cual se formalizó un contrato de patrocinio por 139.000 euros.

http://vozpopuli.com/actualidad/84786-el-juez-de-punica-investiga-otra-fundacion-de-la-comunidad-de-madrid-por-posibles-irregularidades

8.7. LA TRAMA PÚNICA ALCANZA AL MUNDIAL DE MOTO GP

David Marjaliza, cabecilla de la red junto a su socio Granados, confesó al juez Velasco que amañó contratos para la constructora que patrocina a Héctor Barberá

La firma Avintia pagó encuestas para el PP según el director de proyectos de una firma de sondeos que trabajaba para el partido

Patrocina a uno de los equipos españoles en el Mundial de Moto GP. Su azul corporativo recorre este año los circuitos de todo el mundo en la moto de Héctor Barberá, su piloto estrella. Y es uno de los actores de la trama Púnica. El Grupo Avintia, una empresa constructora que se ha extendido al sector servicios, aparece señalado como un actor más de la trama Púnica. Según los investigadores pagó encuestas para el Partido Popular camufladas como estudios socioeconómicos en distintos ayuntamientos de Madrid a cambio de adjudicaciones de obras. El cabecilla de la trama, el empresario y amigo de Francisco Granados, David Marjaliza, citó su nombre entre la decena de empresas que, según él, recibieron contratos amañados del Plan Prisma de la Comunidad de Madrid, un programa para llevar infraestructuras a municipios de la región entre 2017 y 2011 con Esperanza Aguirre en la presidencia del Gobierno.

Según la investigación que dirige el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, Avintia y otras empresas firmaban con una empresa de sondeos, TNS, "contratos fraudulentos" que simulaban estudios de mercado cuando en realidad estaban pagando encuestas electorales para el Partido Popular. En el caso de Valdemoro, el ayuntamiento que gobernó durante 16 años el PP hasta 2015 y donde empezó la carrera como de Francisco Granados, Avintia recibió importantes adjudicaciones, la mayor, de nueve millones de euros para un colegio a través de una UTE con la firma Ortiz Construcciones y Proyectos.

Coincidiendo con dichas adjudicaciones, el patrocinador del equipo de Moto GP, firmó contratos por 55.000 euros para supuestos estudios de mercado en el sur de Madrid con la empresa de sondeos TNS, que en realidad efectuaba encuestas para el Partido Popular: cinco barómetros electorales entre 2010 y 2011 en el Ayuntamiento de Valdemoro. Finalmente, Avintia solo pagó 27.500 por decisión del "cliente final", para los investigadores, el Partido Popular. Lo contó por carta el empleado de TNS Víctor Sobrino, imputado también en esta causa.

En esta pista estaban los investigadores hasta que uno de los cerebros de la red, David Marjaliza, decidió comparecer voluntariamente ante el juez Velasco para tirar de la manta. Durante su confesión en la Audiencia Nacional metió a Avintia en el saco de empresas que tenía de su mano para entregarle contratos del Plan Prisma, donde, según su relato, un tercio de las obras las repartía Francisco Granados y su equipo, otro tercio los técnicos funcionarios y por último un tercer paquete que era competencia de Jaime González Taboada [entonces director general de Cooperación Local en la Consejería de Interior y Justicia que presidía Granados, y hoy consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes]".

En su testimonio ante el juez, Marjaliza contó que en las obras que no estaban adjudicadas -infraestructuras no muy grandes como plazas o pabellones, según explicó- él mediaba para favorecer a distintas constructoras con las que tenía buena relación para que pagasen comisiones de "20.000, 30.000, 50.000 euros, lo que pudieran pagar".

En la decena de nombres que él cita asociados a las comisiones y los contratos amañados figura Avintia, junto a otras constructoras de la competencia como Begar, Teconsa, Grupo Dyco, Virton, Licuas.

El procedimiento para amañar los concursos era, según Marjaliza, siempre el mismo. A través del jefe de gabinete de Granados y de Taboada, relató al juez, se le facilitaban las ofertas –que debían ser secretas en el concurso– de las empresas mejor colocadas. Si una constructora quería hacerse con la obra, solo tenía que mejorarlas y pagar una comisión. El sumario transcribe esta parte del interrogatorio.

Eloy Velasco. ¿Qué información le daban?

David Marjaliza. Me daban quiénes estaban entre los tres y cinco primeros que habían licitado la obra. Los cinco mejores. Entonces si era una empresa conocida, pues yo le llamaba. Le decía que sí quería la obra, pues que pagara una comisión.

E. V. ¿De parte de? ¿Del señor Granados?

D. M. En toda empresa se sabía que yo era la mano derecha de Paco. No tenía que decir esa… Era obvio.

E. V. ¿Y a qué empresas?

D. M. No recuerdo porque algunas no conocía. Virton, Licuas, Avintia, […] Grupo Dyco, Teconsa, Begar.

Marjaliza concreta además al juez y a las fiscales de Anticorrupción la persona con la que hacía tratos en Avintia y señala al fundador de la constructora, Antonio Martín, como uno de los constructores que pagaba mordidas. De momento, el juez no ha decidido sobre ninguno de los empresarios señalados por Marjaliza. Y Martín sigue ejerciendo como cabeza visible del equipo Avintia de moto GP con un ambicioso proyecto para la próxima temporada que incluso quiso incorporar a Pol Espargaró a la escudería para pilotar la segunda Ducati junto a Héctor Barberá.

http://m.eldiario.es/politica/Punica-alcanza-mundial-Moto-GP_0_529147693.html

09. CASO ARISTEGUI & DE LA SERNA

9.1. LA AUDIENCIA INVESTIGA SI LA TRAMA DE GÓMEZ DE LA SERNA PAGÓ 1,6 MILLONES A FUNCIONARIOS ARGELINOS EN EMIRATOS ÁRABES

El juez De la Mata rastrea los pagos a dos generales del país africano abonados desde la firma holandesa Castelino BV, según una resolución judicial a la que ha tenido acceso infoLibre

El sumario incluye seis facturas del Grupo Elecnor supuestamente abonadas a la sociedad Castelino BV por 4.944.000 euros

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso De la Serna-Arístegui, José de la Mata, investiga si los integrantes de la trama abonaron a funcionarios argelinos 1.648.000 euros de forma irregular en Emiratos Árabes Unidos, según una resolución judicial a la que ha tenido acceso infoLibre.

El instructor del caso mantiene imputadas por el delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización o grupo criminal a una veintena de personas jurídicas y físicas, entre los que se encuentran el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna y el exembajador de España en India Gustavo de Arístegui.

Tanto Gómez de la Serna como Arístegui estarían en el centro de la trama, ya que el juez considera que utilizaban sus despachos profesionales de abogados para el cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresas españolas que obtenían contratos en el exterior.

Los pagos de Argelia se produjeron, siempre según el sumario, en relación a la concesión de dos importantes obras a las empresas españolas Elecnor, Assignia y Rover Alcisa. En concreto, se trata de la instalación de las tuberías que conectan la planta desalinizadora de Souk Tleta y la región de Tlemcem (cerca de la frontera con Marruecos); y la construcción del tranvía de Ouargla, una localidad del interior argelino.

480 millones

La UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa se hizo con el contrato de 230 millones por el tren urbano de Ouargla, mientras que la conexión de la desalinizadora de Souk Tetla se elevó hasta los 250 millones de euros. En total, las dos obras supusieron ingresos para Elecnor y las otras sociedades españolas por 480 millones. De forma paralela, el juez De la Mata ha descubierto copias de facturas de Elecnor supuestamente abonadas a la empresa de la trama Castelino BV por 4.944.000 euros.

Así, los funcionarios argelinos, que según la Cadena Ser se trataría de al menos dos generales, habrían percibido la mordida a través de la firma holandesa Castelino BV. El magistrado considera que esta firma era una mera "sociedad instrumental que carece de actividad comercial o empresarial".

Copias de correos

En su auto de 6 de abril, el juez José de la Mata ya adelantó, en relación a los pagos a funcionarios públicos de Argelia por la empresa Internacional de Desarrollo Energético SA, del Grupo Elecnor, que "en la denuncia obran copias de distintos correos electrónicos y facturas de una sociedad holandesa Castelino BV".

Y esta sociedad holandesa percibió el dinero que después habría pagado en Emiratos Árabes Unidos, al menos 1.648.000 euros, gracias a un contrato de asesoramiento suscrito el 15 de diciembre de 2011 con Elecnor. Los representantes legales de Castelino BV son los imputados Adolfo Suárez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendoza.

Un nuevo imputado

La semana pasada, el juez decidió llamar a declarar como investigado en relación al cobro de comisiones en Argelia a David Luis Tomé Miller, hijo del fallecido Cristóbal Tomé Becerra y sobrino de José Luis Tomé Becerra. Estos empresarios están imputados, ya que las pesquisas apuntan que éstos habrían asumido y posteriormente "cedido la comisión de éxito del 3% del importe de la obra a la sociedad United Consultancy Services SL". Su comisión por la obra del tranvía argelino fue de 6,9 millones de euros.

Precisamente, los administradores de la mencionada United Consultancy Services SL son también los mencionados Adolfo Suárez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendoza, que son los representantes de la holandesa Castelino BV.

Casi cinco millones

En el auto de 6 de abril, el magistrado De la Mata resalta que entre los documentos que se incautaron a la trama corrupta se incluyen las copias de diversas facturas "que podrían ser emitidas por la sociedad holandesa Castelino BV a la sociedad Elecnor".

Estas seis facturas incluyen las cantidades de 400.000, 1.248.000, 400.000, 1.248.000, 400.000 y 1.248.000 euros. En total los supuestos pagos del Grupo Elecnor a la firma holandesa serían de 4.944.000 euros.

Tal y como adelantó infoLibre, entre las empresas que pagaban cantidades periódicas a los despachos de Arístegui y Gómez de la Serna se encontraba Eurofinsa SA, cuyo administrador único es el empresario Mauricio Toledano, patrono de la Fundación FAES dirigida por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/07/la_audiencia_nacional_investiga_trama_gomez_serna_pago_millones_funcionarios_argelinos_emiratos_arabes_52244_1012.html

9.2. LOS INVESTIGADORES SITÚAN A DE ARÍSTEGUI EN EL VÉRTICE DE LA TRAMA QUE LOGRÓ AL MENOS 3 MILLONES DE EUROS EN COMISIONES

La Cadena SER accede al sumario del caso que investiga a los exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui

La UDEF y Anticorrupción sitúan a Arístegui en la cúspide de la trama criminal para el cobro de comisiones y pago de sobornos a cambio de la obtención de contratos internacionales

La trama logró solo en Argelia al menos 3 millones de euros en comisiones de una empresa, y abonó a funcionarios argelinos, supuestamente, 1,6 millones para lograr adjudicaciones

La Cadena SER ha tenido acceso al sumario del caso que hasta ahora permanecía secreto y que desde el pasado mes de enero investiga los negocios internacionales de los exdiputados del PP, Pedro Gómez de La Serna y Gustavo de Arístegui, imputados por el juez de la Audiencia Nacional, José de La Mata.

Se trata de más de 9.000 folios que revelan que Gustavo de Arístegui, a juicio de los investigadores, tenía un papel preponderante en la relación comercial entre ambos políticos y en la supuesta organización criminal que conformaron. De hecho, consta un contrato inédito firmado por los dos el 28 de diciembre de 2009, en el que Arístegui y Gómez de La Serna acuerdan iniciar contactos con empresas españolas de distintos ámbitos, para la apertura de mercados internacionales. Gómez de La Serna y Arístegui acuerdan repartirse al 50% la comisión que obtengan por cada contrato, aunque la cabeza visible en cada adjudicación, en la mayor parte de los casos, fuera Pedro Gómez de La Serna y su empresa Scardovi.

Arístegui aprovechó de sus contactos y experiencia para hacer negocio

Cuando ambos rubricaron esa sociedad, Arístegui formaba parte de la diputación permanente del Congreso, y era portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Popular, tal y como recalca el juez instructor en uno de sus autos. Fuentes de la investigación sospechan que el político y diplomático del PP aprovechó de sus contactos y experiencia para hacer negocio. Cuando abrieron el negocio en 2009, Pedro Gómez de La Serna era asesor del Partido Popular , pero carecía de cargo público alguno.

El sumario del caso revela que la sociedad conformada por Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de La Serna cobró un total de 2.907.938,02 euros entre 2010 y 2015 en concepto de igualas mensuales y "comisiones de éxito" que por regla general rondaban el 3%, solo por conseguir al menos dos contratos a la empresa Elecnor en Argelia. Además, supuestamente, a juicio de los investigadores, abonaron 1.648.000 euros más en sobornos a, al menos, dos generales argelinos y otros funcionarios de ese país para conseguir las adjudicaciones a Elecnor. Según el sumario, el pago de esos sobornos fue canalizado a través de la empresa Castelino BV, ubicada en Holanda.

La trama consiguió los casi tres millones de euros en comisiones de Elecnor solo por los proyectos argelinos del tranvía de Ouargla y la instalación de una planta desaladora. Según la documentación intervenida, también tuvieron éxito en varias adjudicaciones más en Argelia para la misma empresa, aunque no constan los posibles pagos en ese caso. Elecnor no era la única empresa por la que mediaba la organización. En el sumario constan decenas de sociedades más, que también pagaban al entramado.

http://cadenaser.com/ser/2016/07/07/tribunales/1467895026_015250.html

9.3. ARÍSTEGUI COBRABA EN MARRUECOS "POR PROBLEMAS CON HACIENDA"

El exembajador en India transfería parte de sus ingresos por asesoramientos a una cuenta bancaria en el país vecino.

El exembajador español en India, Gustavo de Arístegui, tenía una cuenta en Marruecos desde la cual cobraba ingresos por asesoramientos, a través de la sociedad Kamaroc, “debido a sus problemas con Hacienda”. Según consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, Arístegui facturaría a otra de las sociedades que mantenía junto con el exdiputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, para sacar el dinero vía transferencias a Marruecos.

En un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Policía llega a esa conclusión por una serie de documentos obtenidos de los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga a los dos exdirigentes del PP por sus trabajos de asesoría mientras ocupaban cargos públicos.

Uno de los documentos intervenidos se trata de la facturación de la sociedad Scardovi, dirigida por ambos exdirigentes 'populares', en relación a proyectos realizados por Elecnor en Argelia, en Panamá, y en relación a proyectos adjudicados a Contratas Iglesias en Panamá.

Este documento contiene anotaciones manuscritas donde se refleja "Gustavo tiene una cuenta en Marruecos, y una sociedad Kamaroc. Pensemos que Elecnor pagó a Kamoroc”. Las cantidades que constan como debidas por parte de Elecnor, en función de la mediación de Scardovi, serían por el proyecto de la Estación Desaladora, que ascenderían a 885.000 euros más impuestos, mientras que por el tranvía de Ouargla se reflejan 603.246,3 euros más impuestos, todo ellos trabajos en Argelia.

En los registros también se incautaron copias de facturas, entre las que aparecieron 25 emitidas por Kamoroc a Scardovi en concepto de “asesoramiento de mercados internacionales” por un importe total de 172.550 euros. Además, hay 60 copias de facturas emitidas por Karistia SL a Scardovi (ambas relacionadas con De la Serna y De Arístetgui) en concepto de “asesoramientos” principalmente del ejercicio 2012.

Canalizan sus beneficios a través de sociedades

“La documentación recopilada en los diferentes registros, el intercambio de correos electrónicos, las facturas emitidas y recibidas por las diferentes sociedades implicadas en la investigación, demuestran que Voltar Lassen es la marca comercial a través de la que se presentan Pedro Gómez de la Serna y Gustavo De Arístegui para ofrecer sus servicios profesionales a las diferentes empresas españolas, concertándose con el fin de obtener contratos de agencia con éstas”, recoge el informe policial.

Así, los investigadores señalan que si bien, una vez son contratados sus servicios profesionales por empresas españolas, “canalizarían los beneficios obtenidos a través de las sociedades de las que son administradores únicos”.

Tanto De Arístegui como De la Serna están siendo investigados por De la Mata, junto a otros personas, por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. El juez, en base a una querella dela Fiscalía Anticorrupción, sospecha que cobraron comisiones a cambio de mediar para que empresas españolas consiguieran contratos en el extranjero, entre ellas Elecnor, también investigada.

http://www.elespanol.com/espana/20160707/138236719_0.html

10. EL MARIDO DE LA JEFA ANTIFRAUDE TENÍA UNA OFICINA QUE EVADÍA Y REPATRIABA DINERO NEGRO

La investigación sobre la lista Falciani entra en una nueva fase tras destapar un presunto chiringuito de blanqueo de capitales en el que trabajaba el marido de la jefa de la ONIF

El juez de la Audiencia Nacional que instruye desde 2013 la investigación sobre la lista Falciani ha registrado propiedades de Alejandro Pérez Calzada, marido de la jefa de la Oficina Nacional de Investigación Antifraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, por su presunta colaboración en el blanqueo de los fondos que contribuyentes españoles ocultaban en el banco HSBC de Ginebra. Pero las pesquisas han terminado revelando que el antiguo presidente en España del banco suizo Mirabaud también habría estado facilitando presuntamente la evasión de capitales de otras fortunas que no tienen nada que ver con esa entidad financiera ni con Falciani y el procedimiento ha entrado en otra fase.

Según fuentes cercanas a las indagaciones consultadas por El Confidencial, el marido de la máxima responsable de la lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria formaba parte de un chiringuito que recogía y entregaba dinero en efectivo en territorio nacional evitando todos los controles oficiales contra el blanqueo. Los clientes de su oficina tenían cuentas en Suiza desde las que hacían transferencias a depósitos de Andorra controlados por Pérez Calzada y sus colaboradores por el importe que querían repatriar y luego estos les entregaban presuntamente en metálico esa misma cantidad dentro de España.

El procedimiento se habría repetido a la inversa con los clientes que querían llevarse su riqueza al extranjero sin que fuera detectada. Pérez Calzada y sus socios supuestamente recogían los fondos en mano y se encargaban de mover el dinero desde sus propios depósitos en Andorra y otros países opacos hasta alojarlo en las cuentas opacas en las que sus clientes tenían escondida su fortuna.

Las fuentes consultadas apuntan que el marido de la jefa de la ONIF, nombrada en julio de 2013 por Cristóbal Montoro, cobraba un porcentaje sobre los fondos que pasaban por sus manos. El sistema no dejaba rastro, porque el dinero nunca entraba o salía de depósitos domiciliados en España y, por tanto, la entrega y recogida de fondos en metálico no existía para las autoridades, ni siquiera para el organismo que dirige la mujer del principal sospechoso en esta rama de la investigación de la lista Falciani que instruye bajo secreto de sumario la Audiencia Nacional.

El antecedente de Púnica

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este miércoles la vivienda que Pérez Calzada comparte con García-Valdecasas. Según ha podido saber El Confidencial, ella estuvo presente en el registro. Los efectivos del Instituto Armado también requirieron información sobre el financiero en la sede de Mirabaud en Madrid y pidieron al banco Sabadell los expedientes sobre un bróker, Carlos Alberto Sánchez, que también habría colaborado con el principal sospechoso. Las fuentes consultadas precisan que Pérez Calzada no llegó a estar detenido en ningún momento. Las pesquisas están en una fase inicial y los investigadores están recopilando indicios para apuntalar las acusaciones. Los registros y requerimientos tenían principalmente ese objetivo.

Las presuntas operativas de Pérez Calzada no sorprenden a los agentes de la UCO que llevan el caso. Esa misma sección del Instituto Armado es la que investiga desde febrero de 2014 los presuntos movimientos irregulares de capitales que habrían estado realizando durante años el exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y su socio constructor, David Marjaliza, en el marco de la operación Púnica.

El análisis de sus cuentas y los testimonios del propio Marjaliza en sede judicial condujeron hasta el ciudadano suizo afincado en Madrid Michael Trevor Langdon, que se dedicaba precisamente a recoger dinero negro en efectivo en España y trasladarlo, a través de un complejo entramado bancario, hasta las sedes en la confederación helvética de BNP Paribas y UBP. También facilitaba que ese dinero pudiera ser repatriado posteriormente cuando sus clientes lo necesitaban. Por esas gestiones se llevaba el 0,5% del dinero que movía, según admitió él mismo cuando tuvo que declarar en calidad de imputado en la Audiencia Nacional. Granados y Marjaliza solo eran dos de las muchas personas ilustres que contrataban sus servicios.

Un matrimonio de la lista Falciani

Más allá del terremoto que ha provocado en la ONIF, el hallazgo sobrepasa los hechos que se investigaban hasta ahora por la lista Falciani. Sin embargo, fue uno de los clientes del HSBC de Ginebra el que condujo a los investigadores hasta Pérez Calzada, fundador en 2000 de la sociedad de valores y gestión de fondos Ventura Finanzas, que vendió en 2012 a Mirabaud España, aunque permaneció como consejero delegado hasta julio de 2013. En la actualidad es administrador único de Venture Asesoramiento SL, consejero de la sicav Mirasset Gestión (que atesora un capital de 17 millones de euros) y socio de la firma Villacadima Inversiones SL.

Según fuentes próximas a las pesquisas, los investigadores habrían llegado hasta Pérez Calzada siguiendo la pista del matrimonio Joel David Alar y María Belén Pérez-Minayo Barroso, dos de los clientes del HSBC que aparecieron en la lista Falciani y que habrían trabajado con el marido de la jefa de la ONIF. Los nombres de la pareja figuran en las dos tandas de archivos que recibió Hacienda con la base de datos del banco. Según esa información, David Alar, nacido en Estonia y nacionalizado estadounidense aunque con residencia en España, abrió un depósito en la entidad en febrero de 2004 en el que llegó a ocultar 15,1 millones de euros. Por su parte, su esposa, de nacionalidad española, abrió su depósito en el mismo momento y alojó 1,04 millones.

Como informó El Confidencial, tanto el ciudadano estonio como su mujer se negaron a regularizar los fondos con el pago de una multa y la Agencia Tributaria acusó al supuesto empresario de defraudar un total de 6,8 millones de euros y, a Pérez-Minayo, de evadir otros 167.000 euros. Sus expedientes se encuentran entre los 40 de la lista Falciani que el juez José de la Mata ya ha enviado a juzgados de toda España para que sean investigados por delito fiscal. Fuentes próximas al caso relatan que el abogado de David Alar y Pérez-Minayo intentó llegar a un acuerdo argumentando que en realidad los fondos del HSBC no eran suyos, algo que Hacienda había sospechado desde el principio. Los inspectores pusieron como condición para el acuerdo que desvelaran la identidad de los verdaderos propietarios, pero el matrimonio prefirió asumir la culpa.

Imputación temporal en un escándalo de los 90

García-Valdecasas envió este jueves un correo electrónico a sus subordinados en la ONIF negando las acusaciones que se ciernen sobre su marido y acusando del registro de su propia vivienda a una confusión, como adelantó 'Vozpópuli'. Según la jefa de antifraude, la investigación se centra en realidad en la agencia de valores Venture Finanzas en la que Pérez Calzada habría compartido accionariado hasta 2005 con David Alar. También asegura que tanto ella como su marido desconocían las actividades que realizaba el bróker y más aún que hubiera mantenido una cuenta opaca en Ginebra.

Pérez Calzada ya estuvo imputado en el caso Athos-Fibanc (Banco Financiero y de Inversiones), un escándalo tributario que afloró en 1994 tras descubrirse la existencia de una trama societaria que habría ocultado al fisco depósitos por valor de más de 300 millones de euros de la época. El marido de la jefa de la ONIF era vicepresidente de Fibanc, pero logró ser desimputado durante la fase de instrucción. La Audiencia Nacional no juzgó el caso hasta 2015. Condenó a los únicos dos directivos de Athos-Fibanc que quedaban vivos e impuso una sanción de ocho millones de euros al banco Mediolanum, heredero de Fibanc.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-07-02/marido-jefa-antifraude-evadir-repatriar-dinero-negro_1227058/

11. CASO ACUAMED. CAÑETE TACHA DE “INSINUACIÓN” SU IMPLICACIÓN EN EL ‘CASO ACUAMED’ Y PROMETE DEMOSTRAR QUE “CARECE DE SENTIDO”

Comparecerá el próximo 12 de julio ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, aseguró este jueves que demostrará en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara que las "insinuaciones" sobre su implicación en el caso Acuamed cuando era ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "carecen de sentido".

"Siempre he estado dispuesto a comparecer ante el pleno o ante comisiones en la forma en la que haya sido invitado. Es cierto que la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento me ha invitado el próximo 12 de julio y estaré encantado de comparecer ante la misma", aseguró ante el pleno del Parlamento Europeo en un debate sobre eficiencia energética y energías renovables.

El comisario español dará explicaciones el 12 de julio sobre su supuesta implicación en la trama de Acuamed, pero no lo hará ante el pleno, según defendían algunas fuerzas, sino ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, tal y como acordaron los jefes de los grupos políticos de la Eurocámara.

Además, la intervención será "a puerta cerrada" y Arias Cañete conocerá con anterioridad los temas de las preguntas, que los grupos parlamentarios pueden presentar hasta el 27 de junio.

"En la comparecencia tendré la ocasión de demostrar que las insinuaciones que hace el señor Benito hacia mi persona carecen de fundamento", expresó en su intervención final, respondiendo a las acusaciones vertidas anteriormente por el eurodiputado de Podemos Xabier Benito.

Además, Arias Cañete afirmó que ha actuado con "plena dedicación, total transparencia, respeto a la legalidad, integridad e independencia" en todos los cargos públicos que ha ostentado, "defendiendo siempre el interés público y ahora el interés europeo".

Antes, el eurodiputado de la formación morada pidió al comisario que la próxima vez que acuda al pleno del Parlamento Europeo lo haga para rendir cuentas de una forma "abierta", al tiempo que ha señalado que "comparecer a puerta cerrada con las preguntas revisadas no disipa ninguna duda", sino que "las aumenta".

En esta línea, Benito acusó a "la gran coalición" de impedir que Arias Cañete comparezca ante el pleno y explique "por qué su nombre aparece cada vez en más casos de puertas giratorias, de fraude fiscal y de corrupción".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/23/canete_dice_que_demostrara_que_las_quot_insinuaciones_quot_sobre_implicacion_caso_acuamed_quot_carecen_sentido_quot_51630_1012.html

12. CASO ACUAMED. EL DÍA QUE LA 'MAFIA DEL AGUA' ESTUVO A PUNTO DE QUEDAR IMPUNE

El 18 de febrero de 2015, justo once meses antes de ordenar la detención de 13 personas, el juez Eloy Velasco rechazaba investigar la trama de corrupción alrededor de la empresa pública Acuamed. Un recurso de Anticorrupción y tres magistradas de la AN le obligaron a reabrir una causa que finalmente ha destapado el amaño de cerca de una veintena de contratos multimillonarios pagados con dinero público.

Viernes, 13 de febrero de 2015. La Fiscalía Anticorrupción da el primer paso para poner en marcha la 'Operación Frontino'. Ese día envía a la Audiencia Nacional un escrito de 48 folios. Es la querella que, tras meses de investigación de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge los primeros indicios sobre la existencia de una trama de corrupción en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed). El escrito detalla hasta una docena de grandes obras hidráulicas en las que se han detectado supuestos amaños. Sin embargo, sólo cinco días después, se encontraron con un impedimento inesperado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que era el en el que había recaído la denuncia, decidió archivarla. La investigación que sólo once meses después permitiría desmantelar la que se ha dado en llamar 'mafia del agua' estuvo a punto de morir antes siquiera de empezar. Un recurso y la posterior decisión de tres magistradas de la Audiencia Nacional obligaban semanas después al juez Velasco a volver a abrir el sumario. El mayor golpe contra la corrupción en una empresa pública se había salvado en la campana.

El juez Velasco, entonces enfrascado en el 'caso Púnica' consideró en un primer momento que los pufos de Acuamed no suponían "una grave repercusión" a la economía nacional pese a sus cifras millonarias

Así se recoge en los primeros tomos del sumario, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, y en los que figuran los escritos de esa pugna judicial entre Anticorrupción y el magistrado para poner en marcha la causa. El primero es, de hecho, la querella de cerca de medio centenar de folios que firmaba la fiscal Ana Cuenca y en la que ya señalaba a cinco personas como presuntos implicados, entre ellos el director general de Acuamed y presunto cabecilla, Arcadio Mateo, y su 'número 2', Gabriela Mañueco, además de al empresario Nicolás Steiggman. En la misma, se destacaba también que el origen de todas las pesquisas eran las denuncias que había presentado Francisco Valiente -alto cargo de la compañía que terminó siendo despedido por destapar el escándalo- "desde el mes de marzo de 2013 hasta el mes de abril de 2014, describiendo la existencia de numerosas y graves irregularidades en los procesos de contratación, ejecución y liquidación de diversas obras por parte de altos cargos de Acuamed". El aquel escrito ya destacaba que sólo una de las obras hidráulicas investigadas superaba los 190 millones de inversión, y que el conjunto de las doce sobre las que ya entonces había sospechas de irregularidades se acercaban a los 550 millones de euros.

Con estas cifras, Anticorrupción consideraba que el órgano judicial competente para investigar era la Audiencia Nacional, ya que las mismas reflejaban que los hechos suponían "una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia". Sin embargo, el juez Velasco, en el que recayó la querella el martes 17 de febrero de 2015 no opinó lo mismo y sólo 24 horas después de tenerla sobre su mesa dictaba un auto por el que ordenaba el archivo de las diligencias previas al considerar que los hechos que se investigaban no tenían entidad suficiente para ser asumidos por la Audiencia Nacional. El magistrado, que entonces estaba enfrascado en la 'Operación Púnica' que sólo tres meses y medio antes había provocado un enorme revuelo mediático tras la detención de medio centenar de personas, entre ellos cargos públicos y ex dirigentes políticos como Francisco Granados, despachaba en un escrito de cinco folios los planteamientos de Anticorrupción y rechazaba la competencia para instruir la investigación, y ordenaba el archivo de las diligencias. Entre los argumentos para hacerlo, Velasco destacaba que de los hechos expuestos por la fiscal no se podía deducir la existencia de una "organización criminal" que estuviera actuando ni que la defraudación presentase una importancia que supusiera "una tan grave repercusión en el ámbito nacional". De hecho, circunscribía los hechos únicamente a la Comunidad Valenciana.

Trocearlo en siete

La decisión del magistrado obligaba a 'trocear' la investigación y remitir la parte correspondiente a la causa a un juzgado diferente de la provincia donde se hubiera ejecutado las obras. En aquel momento, siete: Valencia, Almería, Murcia, Tarragona, Alicante, Castellón y Madrid. Por ello, la respuesta de Anticorrupción no se hizo esperar. El 23 de febrero, una semana después de la decisión del magistrado, la fiscal del caso presentaba un recurso de apelación de nueve folios en el reclama la reapertura de la causa y que la Audiencia Nacional asumiera su instrucción. En el mismo, se insistía en la necesidad de que se hiciera cargo de las pesquisas "un único órgano central que es el que dispone de mejores medios para culminar en el menor tiempo posible la misma y realización de los hechos en territorios de distintas audiencias, siendo imposible que un órgano judicial de cualquiera de estas provincias asuma la investigación total de los hechos". Además, elevaba hasta los 774 millones de euros el importe de las obras bajo sospechas, cantidad que consideraba de "entidad suficiente como para afectar a la seguridad del tráfico mercantil y a la economía nacional". Anticorrupción comparaba el caso, precisamente, con la 'Operación Púnica' que entonces instruía el propio juez Velasco.

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional obligó al juez Velasco a reabrir el 'caso Acuamed' porque trocearlo en diferentes juzgados provinciales podía provocar "impunidades"

El escrito de la Fiscalía llevó a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a pronunciarse días después. El 3 de marzo, las magistradas Ángela Murillo, Teresa Palacios y Carmen González dictaban un auto en el que estimaban el recurso de Anticorrupción y ordenaban al juez Velasco reabrir el caso. Entre sus argumentos, señalaban la relevancia del importe de las obras investigadas, una de las cuales, la desaladora de Torrevieja, ya apuntaba a la existencia de unos sobrescostes por encima de los 227 millones de euros. Además, consideraban que 'trocear' la investigación para remitir cada parte a un juzgado provincial podía ser perjudicial "por motivos de utilidad práctica, pues la dispersión de procedimientos [...], aparte de propiciar soluciones diferentes a un mismo fenómeno delictivo, pudiera acarrear dilaciones procesales e inc1uso impunidades en materias sensibles por su potencial repercusión a la economía nacional". Ese mismo día el juez Velasco dictaba un auto por el que ordenaba la reapertura del caso. Poco más de diez meses después, ordenaba la detención de 13 personas, de las que cinco eran enviadas a prisión. Hoy, en la causa se investigan ya 19 contratos y la propia Unión Europea ha mostrado su intención de realizar sus propias pesquisas ya que gran parte de las obras bajo sospechas fueron financiadas con fondos comunitarios. La 'mafia del agua' estuvo a punto de quedar impune aquel 18 de febrero de 2015, pero ahora está contra las cuerdas.

http://vozpopuli.com/actualidad/84929-el-dia-que-la-mafia-del-agua-estuvo-a-punto-de-quedar-impune

13. ALTOS CARGOS DEL PP ANDALUZ, DE CRUCERO EN EL 'JUAN SEBASTIÁN ELCANO'

El buque-escuela llegó a Cádiz desde Galicia tras 7 días de travesía con Zoido y un concejal del PP como pasajeros de lujo

Eran las diez de la mañana de ayer jueves cuando llegaba el buque-escuela Juan Sebastián Elcano, perteneciente a la Armada española y por ende al Ministerio de Defensa, al puerto de Cádiz. Un viaje de una semana ya que el afamado buque había salido de la localidad gallega de Marín el día 2. Un bello periplo naútico de Norte a Sur de España.

Una "semanita" de crucero desde el puerto gallego de Marín a Cádiz

Este hecho de que el bello, inmenso y cómodo navío surque de arriba abajo la Península, es algo habitual en la labor formativa de futuros marineros que desarrolla la Armada española. Un buque admirado en muchos países y lugares donde arriba. La sorpresa, al menos para algunos, es que entre sus pasajeros que pisaron tierra en Cádiz tras cubrir el trayecto marítimo desde tierras galaicas, estaba el ex alcalde de Sevilla, expresidente del PP andaluz y actual diputado del Congreso (encabezó la lista por Sevilla el 26J), Juan Ignacio Zoido. El ex regidor vino acompañado por su esposa. Pero no acaba ahí el listado de okupas civiles del buque. También fueron en una especie de "Vacaciones en el mar", el portavoz adjunto del PP en el ayuntamiento hispalense, Gregorio Serrano. Para no ser menos que Zoido también viajó con su esposa.

El hecho, insólito o cuando menos extraño, no ha tenido aun mucha repercusión. Por el momento, ha sido denunciado por el número tres del PSOE federal, Antonio Pradas que ha reclamado una explicación oficial. Pradas exige que se aclaren datos del viaje así como que se conozcan los términos y las condiciones del tour de los dos políticos del PP y de sus consortes. Pradas ha hecho su particular reflexión sobre que tipo de imagen poco seria y nada edificante, se traslada a la ciudadanía por unos supuestos privilegios para los dirigentes andaluces y sevillanos del Partido Popular .

Una semana de relax tras la "dura" campaña electoral

Hay quien incluso ha adelantado que el ex alcalde llevaba meses preparando este viaje para descansar y "sumergirse" en una semana de relax tras las duras campañas electorales. Se sabe que los dos dirigentes del PP han ido en calidad de invitados. Para ello es necesario tramitar la pertinente solicitud. Algo que parece que si se ha hecho. Esta petición debe ser aprobada por el almirante general jefe de Estado Mayor de la Armada. Las dos parejas han ocupado camarotes que dejaron expeditos los guardiamarinas de la Escuela Naval Militar que se quedaron en Marín.

¿Vocación militar sobrevenida la de Zoido?

Entre los privilegios del que gozan los invitados es el portar ropa informal, nada de uniformes ni etiquetas. También habrían cumplimentado una declaración para eximir de responsabilidad al Estado de cualquier eventualidad o accidente en el periplo marítimo. La intención de Zoido era pasar desapercibido y por ello no había informado de este viaje. Pero al final todo se sabe. Lo que no sabemos, el tiempo lo dirá, es si el ex alcalde, tras su paso por el buque escuela de la Armada, habrá tenido una vocación sobrevenida y aspirará a hacer la carrera militar en el Ejército, rama marinería. De el ex alcalde hispalense todo es posible: Zoido "Botón de ancla".

http://www.elplural.com/2016/07/08/altos-cargos-del-pp-andaluz-de-crucero-en-el-juan-sebasti-n-elcano

14. EL PP CERRÓ 2015 CON UN SUPERÁVIT DE 3,9 MILLONES, 400.000 EUROS MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

Los ingresos ordinarios fueron de 59,5 millones entre subvenciones públicas y aportaciones privadas de afiliados y donaciones

Los gastos ordinarios ascendieron en 2015 a 54,9 millones de euros

El PP cerró el ejercicio 2015 con un saldo positivo de 3,99 millones de euros, unos 400.000 euros más que el año anterior, lo que supone un aumento del 11,4 por ciento. Los ingresos ordinarios fueron de 59,5 millones entre subvenciones públicas y aportaciones privadas de afiliados y donaciones, mientras que los gastos ordinarios ese año ascendieron a 54,9 millones de euros.

Así consta en las cuentas anuales publicadas este miércoles en su página web, que ha recogido Europa Press, y que han sido remitidas al Tribunal de Cuentas para su análisis. La tesorera del PP, Carmen Navarro, presentó estos datos el lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional que presidió Mariano Rajoy.

En la memoria, el PP precisa que las cuentas anuales fueron elaboradas de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2015 de control económico financiero de los partidos que ha introducido cambios en la presentación de los registros contables. Así por ejemplo, no están consolidadas las cuentas de los grupos parlamentarios, por lo que ha habido que eliminarlas del ejercicio 2014 a efectos comparativos.

Así, en la memoria que el PP publicó el año pasado recogía que el PP cerró 2014 con un saldo positivo de 4,5 millones pero, al ajustar las cuentas a la nueva normativa, ese saldo descendió a 3,5 millones de euros. En las cuentas de 2015 que el Comité Ejecutivo del PP aprobó este lunes, ese saldo positivo sube a 3,9 millones, un 11,4 por ciento más que el año pasado.

Además, el PP obtuvo en 2015 unos ingresos totales de carácter ordinario de 59,58 millones de euros y unos gastos de gestión, también de carácter ordinario de 54,99 millones de euros.

Ingresos y gastos
En cuanto a los ingresos, 53,1 millones corresponden a subvenciones para gastos de funcionamiento (25,1 millones), aportaciones de grupos institucionales (26,8 millones) y 1,2 millones a subvenciones de Interior para gastos de seguridad.

En el apartado de ingresos de origen privado, el PP declara 6,3 millones de euros, de los que 5,5 corresponden a ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes y 831.612 euros de donaciones y legados. En la memoria publicada se incluye un cuadro precisando el importe de las donaciones en cada territorio. Así, la sede central encabeza la lista con 357.153 euros, seguida de Andalucía (145.017 euros), Galicia (124.267 euros), Asturias (72.349), Canarias (72.035), País Vasco (22.020), Aragón (14.200), Castilla-La Mancha (9.515), Cataluña (6.100), Baleares (5.432), Castilla y León (2.700), y Murcia (823 euros).

Los gastos ordinarios del PP sumaron el año pasado 54,9 millones, un apartado en el que se incluyen gastos de personal y otros gastos de la actividad ordinaria relativos a servicios exteriores, tributos y gastos de gestión corriente.

En el caso de los gastos de personal ascienden a 20,7 millones. En su memoria, el PP informa de que en 2014 su plantilla media ascendió a 484 personas y en 2015 fue de 530 personas.

El resultado de la actividad ordinaria del PP el año pasado arroja un saldo positivo de 4,5 millones de euros. En el caso del resultado de la actividad no electoral, el PP anota 5,9 millones (incluyendo ingresos electorales de origen público y gastos de las operaciones de la actividad electoral).

Deudas con bancos y cajas
En su memoria, el PP también recoge sendos anexos con las deudas a largo y corto plazo. En el caso de las primeras, el saldo asciende a 25,8 con diversos bancos y cajas, en casi todos los casos por prestamos hipotecarios.

En cuanto a las deudas a corto plazo, el PP detalla alrededor de medio centenar con distintas entidades y de varios tipos (por elecciones municipales, generales, andaluzas, préstamos hipotecarios y pólizas de crédito).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/29/el_cerro_2015_con_saldo_positivo_millones_euros_400_000_euros_mas_que_pasado_ano_51893_1012.html

15. LA POLICÍA ACUDE A ‘PÚBLICO’ A RECLAMAR LAS GRABACIONES DE FERNÁNDEZ DÍAZ

El diario digital rechaza dar una copia al carecer los agentes de mandamiento judicial

Dos policías se han personado este viernes en la sede del diario digital Público.es para reclamar a sus directivos las grabaciones de la polémica conversación que tuvieron el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Los directivos del medio de comunicación se han negado entregarlas, al no presentar los agentes un mandamiento judicial, según ha informado la agencia Efe.

El sitio web ha informado de que ha atendido a los dos agentes de la policía judicial, y de que la entrega de una copia de las conversaciones se ha condicionado a la presentación de una orden judicial. "En vista de que no portaban ningún mandamiento judicial, no se les ha entregado la copia de las grabaciones", asegura el diario, dirigido por Carlos Enrique Bayo, .

La Comisaría General de Policía Judicial investiga a petición del ministro del Interior cómo se grabó esa conversación en su despacho en octubre de 2014 y cómo se filtró a pocos días de las elecciones.

Las conversaciones —al menos dos— se produjeron en el Ministerio del Interior los días 2 y 16 de octubre de 2014, antes de la consulta independentista catalana del 9-N. Fernández Díaz y De Alfonso hablan de posibles investigaciones a dirigentes de CDC o ERC implicados en el proceso soberanista y de posteriores filtraciones a la prensa.

En la charla, De Alfonso se muestra dispuesto a complacer al ministro y a usar su oficina para descargar a la ya “quemada” UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía). Se han hecho públicos unos 15 minutos de grabaciones fragmentadas, pero fuentes informadas hablan de cinco horas. La UDEF depende precisamente de la Comisaría General de Policía Judicial, dos de cuyos agentes han ido a Público.

Hablan también de Felip Puig (consejero con Artur Mas) y de Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, y de cómo filtrar las informaciones con la connivencia de la Fiscalía General del Estado. El ministro dice a De Alfonso que Rajoy está al tanto de todo. También hablaron de quien fue alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y de que no había pruebas de que tuviera una cuenta corriente en Suiza. Aun así, ambos maniobraron para que el asunto se investigara y acabara difundido en un el diario El Mundo, según las nuevas revelaciones que publica hoy el diario digital Público.

http://politica.elpais.com/politica/2016/06/24/actualidad/1466782448_936700.html

16. C.A.BALEARES. UN SUMARIO DE CORRUPCIÓN POLICIAL HACE CAER A LA CÚPULA DEL PP DE PALMA Y ABRE UNA CRISIS EN EL PARTIDO

El juez del caso señaló al presidente del PP en Palma, José María Rodríguez, como "el artífice en la sombra mediante turbias maniobras" de un entramado policial que solo incorporaba a afines a este partido

El presidente del PP de Palma, su secretario general, Álvaro Gijón, y la responsable de Organización, Sandra Fernández, renuncian a sus cargos presionados por la dirección nacional

El PP de Palma reelige como líder a José María Rodríguez, imputado en el caso Over

La cúpula del PP en Palma de Mallorca ha saltado por los aires con la publicación de los detalles del sumario que desarticuló una trama corrupta en la Policía Local de la isla y motivó el arresto en su día de 15 agentes municipales acusados de extorsionar a locales de la noche mallorquina y de hostigar a los empresarios que no pagaban mordidas. El presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, va a presentar esta tarde su dimisión, según Europa Press y con él caerán su secretario general, Álvaro Gijón, y la responsable de Organización, Sandra Fernández, ambos cargos de la máxima confianza de Rodríguez, que accedieron a la Ejecutiva del PP en mayo de 2015.


El caso arrancó en 2013 con un supuesto amaño de exámenes para acceder a puestos de Policía Local y lo que se ha descubierto tras más de 25.000 folios de investigación es una trama mafiosa en la que participan agentes municipales, políticos y empresarios de la noche en Palma de Mallorca.

El titular del juzgado número 12 en esta ciudad, Manuel Penalva, y el fiscal anticorrupción José Luis Subirán indagan desde hace más de tres años sobre una "organización criminal" que, según los informes incorporados a la causa, funcionaba dentro de la Policía Local de Palma y que había establecido su propia ley en los locales de alterne de la noche mallorquina.

El sumario tiene de todo: palizas, sobornos, fiestas gratis con cocaína y prostitutas para agentes de policía y políticos, según han contado algunas testigos, e incluso el sospechoso incendio de un coche que aparcaba junto al del juez que investiga este caso y los robos denunciados por el fiscal. Ambos han obtenido permiso de la Delegación del Gobierno para portar armas, vistas las amenazas que han sufrido. Los propietarios de los locales que no pasaban por el aro eran acosados con inspecciones y multas mientras su competencia pagaba mordidas y podía operar libremente en la isla.

La derivada política del caso está escrita en un auto judicial que señala al presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, de ser "el artífice en la sombra mediante turbias maniobras" de un entramado policial al que "únicamente se incorporarían personas afines al PP". Detalla encuentros en la sede de este partido en Palma en los que también participó el entonces edil de Turismo y hoy secretario general del PP de Palma, Álvaro Gijón, y cargos policiales donde se pactaba la confección de la plantilla y el acceso de nuevos miembros.

El juez Penalva acusa a este dirigente del PP de ser "el artífice en la sombra” del organigrama corrupto que se pretendía crear "mediante turbias maniobras". Según se desprende de las declaraciones de los testigos recogidas en el sumario, Rodríguez se reunía en la sede del PP palmesano con el entonces concejal de Turismo, Álvaro Gijón, y algunos de los agentes investigados en la trama para diseñar una nueva estructura policial en la que “únicamente se incorporarían personas afines al PP”. Otro de los testimonios recogidos en la causa apunta que los empresarios que no se sometían a las finalidades de Rodríguez eran presionados a través de grupos policiales ”a base de inspecciones y de denuncias injustificadas”.

Rodríguez que siempre ha defendido su inocencia –este lunes ha vuelto a repetir que nunca en su vida solicitó "un servicio sexual" y que no sabe de qué se le acusa– sucumbe así a la presión de su partido desde la dirección nacional que trata de evitar que nuevos casos de corrupción añadan más ruido a las negociaciones para formar Gobierno. Durante la tarde del lunes está previsto que la dirección del PP en Palma comparezca en rueda de prensa para anunciar los cambios y las razones de los ceses.

http://m.eldiario.es/politica/sumario-corrupcion-policial-PP-Palma_0_533696977.html

17. C.A. CASTILLA LA MANCHA. LA EMPRESA QUE REHABILITÓ LA MANSIÓN DE COSPEDAL DEBE A HACIENDA UN MILLÓN DE EUROS

Arción fue también beneficiaria de concesiones públicas por valor de 700.000 euros cuando la secretaria general del PP presidía el Gobierno de CLM

Arción S. A. Construcciones es una empresa dedicada a la obra pública que forma parte del “selecto” club de morosos de Hacienda que tienen deudas pendientes y sanciones por valor de, al menos, un millón de euros y que a 31 de diciembre de 2015 no las habían pagado, según la segunda lista publicada este jueves por la Agencia Tributaria. Se da la circunstancia de que esta compañía valenciana fue contratada por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y por su esposo, Ignacio López del Hierro, para realizar obras de rehabilitación en la mansión adquirida por el matrimonio en la elitista zona residencial de Los Cigarrales de Toledo, donde cuentan con una “vivienda/búnker” de 600 metros y una parcela de 12.000 metros cuadrados, como publicó en exclusiva en su momento ELPLURAL.COM. Todo ello valorado en la actualidad en cerca de 3 millones de euros, si bien es cierto que cuando “Los Cospedal” la compraron no superaba en el mercado inmobiliario los 2,4 millones.
Hilo de Inversiones, o “López del Hierro S.L.”

Aunque para ser fieles al principio de veracidad y precisar con exactitud la contratación de Arción S.A., lo cierto de todo este asunto es que las obras de rehabilitación llevadas a cabo en la “vivienda/búnker” de “Los Cospedal” fueron contratadas por “Hilo de Inversiones S.L.”; es decir, por la empresa cuyo administrador único no es otro que el esposo de la secretaria general, Ignacio López del Hierro, quien a su vez regaló a Cospedal, cedió o donó “la mitad indivisa del pleno dominio de esta finca con carácter privativo”, dice textualmente la nota simple del registro de la propiedad. Obras consistentes en ampliar la altura del muro de 150 metros de longitud que linda con la ermita de San Jerónimo (de ahí el nombre de la mansión de Cospedal, “La ermita”), así como la construcción de una garita de vigilancia, dotada de la tecnología más avanzada, además de otras obras menores de acondicionamiento de la residencia, ahora de verano, de la secretaria general del PP, ya que desde hace un año vive en Madrid, en la llamada milla de oro, en una vivienda adquirida el pasado verano cuyo valor podría superar el millón de euros.

Constructora a domicilio

Todo parece indicar que Arción accedió supuestamente a realizar esta obra menor en la mansión de “Los Cospedal” por tratarse de quién se trataba, ya que la empresa se dedica a otros menesteres como son la construcción de autovías, aeródromos y edificios de gran calado, aunque parece ser que también le quedaba tiempo para hacer “chapuzas” en la “casita” de la entonces presidenta del Gobierno de Castilla La Mancha. El caso es que la Administración regional otorgó a Arción, antes y después de las obras en el cigarral de María Dolores de Cospedal, distintos contratos públicos por valor cercano a los 700.000 euros, o si se prefiere: 116 millones de las desaparecidas pesetas.

¿Era ya entonces morosa Arción?

No sabemos si cuando María Dolores de Cospedal decidió realizar obras en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno castellano-manchego, para acondicionar como vivienda personal, entre otros destinos, algunas de las recién rehabilitadas dependencias, presupuestadas en 230.190 euros, sabía si Arción, concesionaria de los trabajos, era o no morosa ya de Hacienda. También desconocemos si cuando Arción se hacía con el mantenimiento del edificio presidencial por valor de otros 126.733 euros, mantenía o no deudas con la Agencia Tributaria. Y mucho menos conocemos si esa posible morosidad, publicada y ratificada este jueves, era real cuando el Gobierno de Cospedal concedía a esta empresa la construcción de un aeródromo en el Centro Comarcal de Emergencias de Las Minas por un valor de otros 319.897 euros. Y decimos todo esto porque las administraciones públicas deberían vigilar estos aspectos y penalizar a aquellas empresas que mantienen deudas impagadas con la “Hacienda somos todos”, aunque para la Abogacía del Estado, que defendió a capa y espada a la infanta Elena en el caso Nóos, el eslogan se circunscribe “al ámbito de la publicidad”. Que se lo digan, entonces, a los morosos de la lista de Hacienda.

http://www.elplural.com/2016/06/30/la-empresa-que-rehabilit-la-mansi-n-de-cospedal-debe-hacienda-un-mill-n-de-euros

18. C. MADRID. EL GOBIERNO DE CIFUENTES IMPONE A DIRECTORES EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE LOS COLEGIOS CON UNA SELECCIÓN OPACA

La Comunidad de Madrid se acoge a un artículo de la LOMCE para designar con un sistema de selección extraordinario que no es público a directores ajenos a los centros

Ha ocurrido en colegios que no presentaron candidatura en la fase ordinaria, aunque pusieron posteriormente a disposición un equipo directivo

Otros denuncian que la Administración veta con su mayoría en las comisiones de valoración los proyectos de dentro para crear vacante y nombrar a dedo

A Ana Isabel Serrano, ex directora del CEIP Miguel Hernández de Getafe, aún le cuesta creer que el colegio que ha dirigido en los últimos cuatro años pase a estar capitaneado a partir de septiembre por un equipo totalmente desconocido para el claustro de profesores y las familias y que no cuenta con el respaldo de la comunidad educativa.

Esta nueva directora no ha sido designada según el procedimiento ordinario en estos casos, sino directamente puesta por la Comunidad de Madrid en un proceso "extraordinario" y opaco contemplado en el artículo 137 de la LOMCE y reservado únicamente para tres supuestos: "en ausencia de candidatos –lo que ocurre oficialmente en el Miguel Hernández–, en centros de nueva creación o cuando la Comisión correspondiente no haya seleccionado a ningún aspirante".

El antiguo equipo directivo del colegio de Getafe no presentó oficialmente su candidatura para continuar en el centro porque la directora quería volver a las aulas. Fuera de tiempo, el jefe de estudios junto a la secretaria y a otra docente del centro hizo un ofrecimiento a la inspección para formar equipo directivo y tomar las riendas del curso en septiembre, un procedimiento habitual y aceptado hasta ahora que permite dar continuidad a los proyectos educativos. "La inspección se llegó a entrevistar con el jefe de estudios", asegura Serrano.

Pero finalmente la propuesta fue desechada –según el antiguo equipo– por la Consejería, que prefirió nombrar a un director ajeno al centro para evitar la "herencia de cargos". Y no solo a uno: el primero renunció seis días después de ser nombrado "por motivos personales" y la Dirección de Área Territorial (DAT) ha impuesto a una segunda persona, también externa. Fuentes de la Consejería se escuda en que el ofrecimiento del jefe de estudios se produjo después de la designación del nuevo director, "cuando ya se había cubierto la vacante".

La elección en tres supuestos recogidos en el artículo de la LOMCE corre a cargo de la DAT correspondiente, confirman fuentes de la Consejería de Educación. "La Administración –explican las mismas fuentes– escoge a un funcionario docente con plaza que considera que reúne las características". Preguntada por los requisitos, Educación no da más detalles sobre el proceso ni sobre los criterios tenidos en cuenta.

Según la información recabada por CCOO, la Consejería de Educación ha impuesto equipos directivos en varios centros de la región. Ha pasado en colegios en los que no se ha presentado en fase ordinaria ningún proyecto pero sí ha habido ofrecimiento posterior de parte del antiguo equipo directivo para continuar; y también en los que, habiendo una propuesta procedente de dentro del colegio sometida a la comisión de valoración, la administración no ha seleccionado a ningún aspirante haciendo uso de la mayoría de votos que tienen en estas comisiones. Así se crea una vacante y, acogiéndose también al artículo 137, la DAT correspondiente termina nombrando a dedo.

El aterrizaje de un director o directora externo en contra de la opinión de la comunidad educativa lo vivirán el próximo curso al menos los siguientes centros: CEIP Miguel Hernández (Getafe), CEIP José Hierro (Parla), CEIP Federico García Lorca (Alcorcón), IES Antonio Domínguez Ortiz (Madrid), IES Jorge Guillén (Alcorcón), CEIP Montelindo (Bustarviejo), CEIP Silvio Abad (San Sebastián de los Reyes) y CEIP Francisco de Quevedo (Getafe). Las familias ya se están moviendo para protestar contra estas imposiciones. El ambiente está tan tenso que en Bustarviejo se produjo el martes un "motín" de los padres y las madres, plantados en la puerta del centro al grito de "queremos nuestra directora" cuando el nuevo director se disponía a entrar. Hay más de una decena de colegios e institutos que, a fecha 1 de julio, aún no tenían director nombrado, con lo que el número podría aumentar.

Las designaciones directas por parte de las direcciones de área territorial también se producen en otros casos: las jubilaciones. En este supuesto, no se aplica la LOMCE, sino la ley de procedimiento administrativo (30/92) que permite a la administración "suplir temporalmente –por un año– al director del centro cuando se produce una vacante sobrevenida", incluso cuando los colegios e institutos habían hecho propuestas de sustitución.

"Una toma de poder en los centros más críticos"

"Esto es una toma de poder en los centros más críticos, que se mueven más, que no han hecho la prueba de sexto...", sostiene Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Educación de Madrid. El sindicato ha remitido este martes un escrito al consejero de Educación en el que exigen que "se retrotraigan las actuaciones correspondientes a todos los nombramientos al amparo del artículo 137 de la LOMCE (los de carácter extraordinario) realizados desde el 1 de julio de 2016 y se inicie un proceso para cada caso contando con la comunidad educativa y con el inspector o inspectora del centro".

"Con directores venidos de fuera, designados sin conocer el contexto ni tener el respaldo y valoración de la comunidad educativa no puede llegarse a buen puerto", argumenta CCOO en el escrito, donde recuerda que los modos de actuar de la Consejería de Educación son contrarios a la LOMCE en tanto la ley establece que "se valorará de forma especial el trabajo previo y la labor docente desarrollada en el centro cuya dirección se solicita".

El proceso habitual cuando un director o directora quiere o debe –por jubilación– dejar su cargo es que lo comunique al claustro y al consejo escolar para, a partir de ese momento, buscar la fórmula para conformar un nuevo equipo directivo. El siguiente paso es "la salida a concurso", como explica la exdirectora Ana Isabel Serrano. Es decir, una convocatoria abierta que permite presentar –también desde fuera de la escuela– proyectos educativos para el centro.

Mayoría para tumbar propuestas

Esas propuestas son evaluadas por una comisión de valoración formada por un representante del claustro, otro del consejo escolar y tres de la administración (un inspector, el director de otro centro y una persona de la Consejería). El peso de la opinión de la comunidad educativa se ha reducido tanto con la LOMCE que los votos de la administración son suficientes para elegir una propuesta y desechar otras, como las familias denuncian que ha ocurrido en varios centros.

Pero nada de esto ha pasado en el caso del Miguel Hernández porque nunca llegó a reunirse la comisión. No se presentó proyecto dentro de plazo desde el propio centro y las propuestas que vinieron de fuera se desecharon por no cumplir los requisitos mínimos. La ahora exdirectora completaba este curso su mandato y el ofrecimiento de su equipo directivo consistía en que el jefe de estudios se pusiera al frente del colegio durante un año hasta que pudieran presentar su proyecto en la siguiente convocatoria para "dar continuidad" al modo de trabajo actual, dado que los propuestas externas presentadas no llegaron a evaluarse porque no superaban los mínimos exigidos.

"¿Cuál ha sido el criterio para que, en mismas condiciones –es decir, sin propuesta por la vía ordinaria– el director de área priorice a una persona que no conoce el centro, que no es de la localidad, sobre otro profesional que ha trabajado durante seis años en el colegio?", se pregunta la ya exdirectora del Miguel Hernández, cesada el 30 de junio.

Ese mismo día le comunicaron la entrada del nuevo director –sustituido ahora por otra persona también elegida a dedo tras dimitir– y desde ese momento, cuenta, su nombre dejó de figurar en el sistema informático SICE en el que están incluidos todos los centros públicos de la región.

El centro, donde las familias tienen una amplia participación, no se define como "combativo", aunque la que fuera su directora asegura que se han movido "cuando ha sido necesario". "Para el curso que viene, por ejemplo, solo querían sacar 25 vacantes de 3 años para reducir la línea a 1 en este nivel. Al final hubo 49 solicitudes y tendrán que mantener las dos aulas. Nos quejamos, las familias se movilizaron...". Dicen que seguirán peleando.

http://www.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-LOMCE-directores-centros-publicos_0_534047066.html

19. C.MADRID. UN SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN INCITA AL VOTO EN UN MAIL OFICIAL

El directivo aprovecha una convocatoria para recordar que era "fruto del pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos"

Rafael García Muñoz, subdirector general de Educación de la Comunidad de Madrid, envió ayer un correo electrónico oficial a personas del mundo universitario en el que indirectamente incita a votar al Partido Popular. El directivo aprovechó la convocatoria del programa Atención de talento, que tiene como objetivo recuperar a doctores investigadores fuera de España, para recordar que “esta convocatoria es fruto del pacto de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos”.

La ley de régimen electoral general prohíbe cualquier acto "organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos". Y García Muñoz se ha servido de los medios de la Administración. Ha utilizado el correo electrónico y la base de datos de la Comunidad. Un portavoz de la Consejería de Educación explica que “va dirigido a los responsables de fundaciones hospitalarias y centros de investigación para que puedan acceder a esta convocatoria de atracción de talento, alertarles, sin fin electoral ”.

Ayer la Junta Electoral Provincial obligó a quitar el enlace al blog de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, desde la página web oficial de la Comunidad de Madrid. Recibió una denuncia de los socialistas y lo eliminó por el principio de "neutralidad que debe regir en las instituciones públicas" hasta las elecciones generales. Además, ordenó retirar antes de las 15 horas de este martes todos los contenidos de la página web de la Comunidad y de las redes sociales gestionadas por el Ejecutivo de Cifuentes mencionados en la denuncia por considerar que son campaña propagandística.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/15/madrid/1466003945_851353.html

20. C.MADRID. LA PRESIDENTA CIFUENTES DENUNCIA A LA CONSEJERA CIFUENTES

Denuncia ante la Fiscalía a su antecesor, Nacho González, por la compra que hizo el Canal de Isabel II de una empresa… ¡cuando ella era miembro del Consejo!

Parece un lío, pero se entiende enseguida. El actual Consejo de Administración del Canal de Isabel II ha decidido este jueves presentar ante la Fiscalía una denuncia contra el consejo anterior. La razón, la compra en 2013 de una empresa brasileña, Emissao Engenharia e Construccoes, por valor de 21,4 millones de euros. La empresa, se considera, no valdría en realidad más de 5 millones de euros.

El pasado 31 de mayo, en ELPLURAL.COM informábamos de la posibilidad de esta acción que ahora se va a poner en marcha. Es parte de la campaña, en la que algunos medios palmeros colaboran con la propia Cristina Cifuentes, de lavado de cara de su pasado y de alabanza de su gestión. En consecuencia, presentan a Cifuentes, aunque lleva en el PP desde los años 80.., es más, antes fue de Alianza Popular, como cabeza de ‘el nuevo PP’, limpio, frente al ‘viejo PP’, el corrupto.

Así, se publica que es desde la Presidencia de esta Comunidad de Madrid desde la que se realiza la denuncia, y se destaca que el actual Consejo del Canal está controlado por miembros del presente Gobierno, como son los consejeros de Presidencia, Ángel Garrido; Medio Ambiente, Jaime González Taboada; Transportes, Pedro Rollán; Economía, Engracia Hidalgo y otros altos cargos también designados por la voluntad de Cifuentes.
Cifuentes estaba entre los que aprobaron la compra

Hay un hecho, sin embargo, que chirría en este asunto: En el Consejo del Canal de Isabel II que aprobó esta compra estaba.., Cristina Cifuentes. La compra de la empresa brasileña, como decimos, se produjo en 2013. Cifuentes, como se ve en la reproducción que adjuntamos en esta información, es miembro del Consejo desde marzo de 2012. Y siguió en el puesto hasta 2014. Es decir, la compra que ahora se denuncia por la gente de Cifuentes se produjo cuando ella era consejera de la empresa.

Puestos al habla con la Presidencia de Madrid nos han explicado que “precisamente” entre otras cosas lo que se denuncia es que la compra (realizada siendo presidente de la Comunidad Ignacio González, y del Canal su hombre de confianza, Salvador Victoria) se llevó a cabo ocultando información al Consejo. O sea, los consejeros fueron engañados. No sabían. Es más, que de haber sabido todo, la compra no se hubiera hecho.
¿Cifuentes no se entera nunca? ¿O es al contrario?

Cristina Cifuentes no sabe de esto. En realidad, tampoco supo nunca nada de la Gürtel. Ni de la Púnica. Aunque, de nuevo, hay un dato que siempre chirría en su ignorancia. Cuando sucedía la Gürtel, cuando sucedía la Púnica, que tan de lleno afectan al PP de Madrid, no otra persona que Cristina Cifuentes era la presidenta del Comité de Derechos y Garantías de su partido. Es decir, ella era la persona que tendría que haber puesto en marcha la escoba cuando todas esas corrupciones sucedían. Tampoco entonces se enteró, ha dicho. Pero ella sabe que no es verdad, que sí que escuchó mucho del ruido de lo que pasaba. Y no lo investigó, ni pidió investigarlo. Como también firmó, como consejera, la compra de la empresa brasileña, Emissao Engenharia e Construccoes que ahora su gente, la que ha puesto al frente del Canal de Isabel II, llevan a la Fiscalía para resaltar que ‘el nuevo PP’ no tiene nada que ver con ‘el viejo PP’.

http://www.elplural.com/2016/07/01/la-presidenta-cifuentes-denuncia-la-consejera-cifuentes

21. C.MADRID. CIFUENTES DECIDE NO IR AL ORGULLO

Los consejeros de presidencia y asuntos sociales representarán a la Comunidad después de que el PP no recibiera invitación a sumarse a la cabecera de la manifestación

La situación contradictoria que vivía Cristina Cifuentes se ha solventado. La presidenta de la Comunidad -que reconoció encontrarse en un conflicto al descubrir que ella habían sido invitada por la organización del Orgullo a la manifestación de esta tarde, pero el Partido Popular no— anunció ayer que no formará parte de la pancarta que abre la marcha. No lo dijo ella. Lo hizo el consejero de Presidencia, Ángel Garrido. Él, junto a Carlos Izquierdo, responsable regional de Políticas Sociales, serán los responsables de sustituir a Cifuentes. Garrido estará con Manuela Carmena, alcaldesa de la capital, en el escenario instalado en Colón y que recibirá a los manifestantes mientras que Izquierdo irá en la marcha acompañado del director general de Promoción Cultural de la Comunidad, Jaime de los Santos.

El Gobierno regional considera que debe estar en la manifestación, que tiene carácter nacional, a pesar de que el partido al que representan no haya sido animado a sumarse a la cabecera de la misma. "Todo el mundo está invitado a venir a la manifestación, pero para estar en la cabecera hay que comprometerse con los derechos del colectivo", explica Jesús Grande, presidente de Cogam.

La organización del Orgullo (las asociaciones Cogam, FELGTB y Aegal) invitaron a todos los partidos político a sumarse a la misma excepto a los populares justamente por esa falta de apoyo a las políticas LGTB: el PP madrileño se abstuvo en la votación de la Ley integral sobre la Transexualidad, cuando había sido presentada por ellos mismos; tampoco han mostrado un apoyo claro a la Ley contra la LGTBfobia, que lleva meses estancada; y, además, sus compañeros del Ayuntamiento decidieron abstenerse durante la votación que dio a la celebración un carácter genuino en la capital para evitar que en esta edición fueran multados por exceso de ruido (el Orgullo 2015 acumula más de 150.000 euros en multas por exceso de ruido en los escenarios, varias de ellas imputadas a la manifestación). "No vale venir, hacerse la foto y luego olvidarse", se quejan desde las organizaciones. La guinda del desencuentro la puso el PP nacional que, a diferencia del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, decidió no firmar un compromiso con el colectivo en el que se demandaba el apoyo a cuatro proyectos que consideran clave en la lucha por la igualdad.

A pesar de todo ello, al Orgullo sí que se animó a ir a Cifuentes: "No hay duda de que ella tiene otro estilo y su relación con el colectivo es más fluida. Pero está dentro de un partido, que parece que tiene problemas a la hora de mostrar su apoyo al colectivo LGTB", dicen desde las organizaciones. Un conflicto que viene de largo: el Partido Popular recurrió la Ley de Matrimonio Igualtario, aprobada por el socialista Zapatero hace más de una década. "Ya dije que [el recurso] nos traería problemas", recordaba Esperanza Aguirre hace unos días. "Nos iba a hacer parecer homófobos y no lo somos. Yo por lo menos no lo soy", añadía.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/01/madrid/1467378866_544996.html

22. C.MADRID. PERO CIFUENTES... ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE TÚ VIAJASTE EN METRO?

La presidenta de Madrid no puede resistirse a la oportunidad de una foto-propaganda

A partir de hoy, los perros podrán acceder al Metro en Madrid gratuitamente. Este martes les informábamos de ello. Las Asociaciones de animales lo han celebrado. Y los dueños de perros también. Lo hacen dentro de una serie de restricciones. La decisión, que había sido tomada a petición de la Asociación el Refugio, ha tenido repercusión en los medios. Motivo por el que la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, rápidamente ha aprovechado para la oportuna foto.

Desde hoy, tu perro ya puede acompañarte en @metro_madrid. #PerrosEnMetro https://t.co/Rmh7slGivO pic.twitter.com/yuM1bpEDTl

— Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 6 de julio de 2016

La propaganda es algo que Cifuentes siempre ha dominado. Aquí no ha dudado en llevarse a su perro a la parada más cercana a la oficina y, ahora sí, hacerse la foto y colgarla en sus redes personales.

Lo curioso es que en su partido a menudo se hizo chanza, e incluso se llegaron a lanzar contra ella improperios, porque la otra autoridad madrileña, la alcaldesa Manuela Carmena, siguió viajando, en metro. Lo curioso es que ella sí viajaba en el suburbano madrileño antes…. Mientras que Cifuentes ¿Cuándo fue la última vez que alguien la vio en un vagón del metro antes del protocolario paseo de este martes con la gente de Refugio y sus perros?

Efectivamente, como pone en la camiseta de Cifuentes, ¡Guau!. Pero no por la onomatopeya, no…, por la admiración de la soltura con la que sabe aprovechar, sin el menor rubor, cualquier ocasión de autobombo.

http://www.elplural.com/2016/07/06/pero-cifuentes-cu-ndo-fue-la-ltima-vez-que-t-viajaste-en-metro

23. C.MADRID. CIFUENTES ‘PASA’ DEL ENFADO DE GÉNOVA POR ASISTIR A UN ACTO DE RIVERA: “SON AMIGOS DESDE HACE AÑOS”

El líder de Ciudadanos, delante de la presidenta madrileña, ha vuelto a criticar 'los modos' de Rajoy y recordar que recibió dinero de Bárcenas

En Génova no han asimilado bien la presencia de Cristina Cifuentes en un desayuno de Albert Rivera. Se trataba de un evento de los que regularmente organiza el Forum Europa con líderes políticos, pero que en estas fechas, evidentemente, se convierten en actos electorales. La presencia de Cifuentes se ha entendido en Génova como una traición.

Los 'malos' que permiten a Cifuentes gobernar Madrid

Tampoco ha ayudado que el propio Albert Rivera aprovechara la presencia de Cifuentes en el acto para devolver a Mariano Rajoy uno de los zascas que el presidente en funciones le lanzó este martes en un mitin. “El 26J vamos a derrotar a todos los malos”, dijo Rajoy, y Rivera aprovechó la presencia de la presidenta de Madrid en la mesa central del salón donde se celebraba el desayuno para devolver el guante, y ponerse por encima: “los malos somos los que permitimos que el PP gobierne Madrid”, ha dicho.

Y a continuación ha hecho una encendida defensa de la buena convivencia en la política, “los españoles no debemos creer que somos víctimas de una plaga bíblica”, y de paso ha lanzado golpes contra el estilo de Rajoy y Hernando por buscar tan a menudo el cuerpo a cuerpo y las descalificaciones.

Amigos desde hace años, y con antecedentes

En el entorno de Cristina Cifuentes han venido a explicar a ELPLURAL.COM que “no hacen mucho caso a los supuestos malos rollos de Génova”, y nos han subrayado que “Cristina es amiga de Rivera desde hace años, desde los tiempos en los que estaba como delegada del Gobierno por lo menos”.

¿De dónde viene esa amistad? No han sabido darnos el dato exacto, pero sí que nos han recordado que este no es ni el primer, ni el último acto de Rivera, “o de políticos de otras fuerzas, a los que va Cristina”. Y en ese sentido nos han apuntado que Cifuentes ya estuvo en un Foro organizado por el ABC cuyo protagonista fue el mismo Rivera. Un acto, por cierto, que ya provocó comentarios porque ella era la única representante del PP.

El refresco 'de la vida'

Las relaciones de Rivera y el PP, desde que saltó a la política nacional, han sido difíciles por razones evidentes: comparten caladero de votantes. Pero aún más desde que Ciudadanos firmó el acuerdo con el PSOE para intentar formar gobierno tras el 20D. Y Cristina Cifuentes, a lo que se ve, supo diferenciar en su momento la amistad personal, de la confrontación política, porque en el mes de abril, durante la campaña para las municipales y autonómicas, no tuvo reparos en decir que Albert Rivera era “un refresco atractivo” resultado “del marketing electoral”.

Poco después, el refresco atractivo se convirtió en el líquido que hizo posible hidratar su candidatura a la presidencia de Madrid. Y ahora, esto es una de las cosas que critican en Génova, ha asistido sin parpadear, no sólo a la insistencia de Rivera en recordar que Rajoy cobró 343.000 euros de Bárcenas, sino a que repitiera que Rajoy es el problema del PP y que su sustitución por otro líder favorecería posiblemente su apoyo: “Si ya hay gente en el PP que no quiere defender a Rajoy, no voy a ser yo quien lo haga”, ha dicho Rivera a menos de cinco metros de Cifuentes, una de las emergentes del PP que suenan como posibles sustitutas.

http://www.elplural.com/2016/06/15/cifuentes-pasa-del-enfado-de-g-nova-por-asistir-un-acto-de-rivera-son-amigos-desde-hace

24. C. MADRID. VERSTRYNGE, ABSUELTO DE PAGAR LOS 1.500 EUROS QUE LE IMPUSO CIFUENTES POR EL ESCRACHE A LA VICEPRESIDENTA

Un juzgado de Madrid falla a favor del recurso que interpuso el politólogo contra la multa de 1.500 euros que le impuso en abril de 2013 la Delegación del Gobierno, dirigida entonces por Cristina Cifuentes

Jorge Verstrynge no tendrá que pagar los 1.500 euros con los que fue sancionado en abril de 2013 por haber asistido al escrache contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, organizado por activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El juzgado de lo contencioso administrativo nº 10 de Madrid ha fallado a favor del recurso que interpuso el politólogo contra la multa que le impuso la Delegación del Gobierno, dirigida entonces por Cristina Cifuentes, a él y a cerca de una veintena de activistas de la PAH en aplicación de la nueva ley de Seguridad Ciudadana.

En el recurso, presentado por el equipo de abogados de Legal Sol, Verstrynge alegaba que no pertenecía a la PAH y argumentaba que estaba en el escrache convocado ante la vivienda de Sáenz de Santamaría "a título individual, como ciudadano preocupado y profesor de Ciencias Políticas interesado en los movimientos sociales". Más de tres años después el fallo le da la razón y estima que no se puede deducir que fuera uno de los promotores del escrache porque atendiera a los medios de comunicación en el lugar de los hechos.

Además, en el escrito se alegaba que no se tuvo en cuenta el principio de "presunción de inocencia" y se invocaba también "al derecho de manifestación y reunión" como un "derecho constitucional". La magistrada firmante de la sentencia apoya estas argumentaciones y exime del pago de la multa al politólogo imponiendo unas costas de 200 euros que tendrá que abonar la parte perdedora, es decir, la Delegación del Gobierno. Verstrynge podrá ahora recuperar el dinero de la multa que había quedado en depósito y espera, además, que sea "con intereses".

El fallo judicial ha sido celebrado por el politólogo que en declaraciones a eldiario.es ha lamentado que "en este país nos estamos acostumbrando a acusar, sin demostrar nada. Si hay espectáculo, todo vale".

Sin embargo, lo primero que ha hecho ha sido felicitar a sus abogados por su trabajo: "Enhorabuena a los abogados de Legal Sol que siguen ganando sentencia tras sentencia". "Yo no he tenido que demostrar nada porque se ha encargado la jueza de decir que soy inocente y de hacer pagar las costas a la Delegación del Gobierno de Madrid, que acusó falsamente, en éste y en otros muchos casos, a otras muchas personas", ha añadido.

"Desgraciadamente las campañas de denuncia y de escraches contra los desahucios, siguen siendo necesarias en España. Lo del "derecho universal a la vivienda", en éste país no sabemos ni qué significa", ha sentenciado Verstrynge.

"Nuestros políticos siguen dejando que haya familias como la de Maxi, y sus 5 hijos que se han ido a la calle hace 4 días, por no poder pagar un alquiler", ha añadido para preguntar a continuación: "¿Se ha preguntado alguien dónde están durmiendo ahora mismo los cinco hijos de Maxi?".

Los hechos del escrache a Sáenz de Santamaría ocurrieron a principios de abril de 2013. En aquel acto de protesta participaron unas doscientas personas, de las cuales finalmente fueron sancionadas una veintena. La mayoría de ellas fue por infracciones graves, acusadas por la policía de ser "organizadores o promotores" de la convocatoria.

Tras su detención, Verstrynge negó la versión dada por los agentes que acudieron a disolver la concentración: "Es mentira. Yo no he organizado nada. Estaba allí para acompañar a mi mujer. Yo no suelo ir habitualmente a escraches, ni mucho menos los organizo". "Fue una manifestación pacífica. En ningún momento hubo agresiones ni insultos y eso lo sabe todo el mundo que estuvo allí. También la Policía. Lo que es una pura y burda provocación es que la Delegación del Gobierno dé órdenes de pedir carnés de identidad y provoque el nerviosismo entre los ciudadanos que nos habíamos congregado allí una vez desconvocado el acto", añadió en aquella ocasión a este diario el politólogo y tertuliano.

El episodio de aquel escrache no se le olvida a la vicepresidenta en funciones del Gobierno. En una reciente entrevista con elconfidencial.com, Sáenz de Santamaría alude con ironía a la supuesta "pinza" que hubo en la campaña entre el PP y Podemos. "Fíjese cómo será la pinza PP-Podemos que el señor Verstrynge empezó la campaña electoral a las puertas de mi casa con un escrache", replica al periodista.

http://www.eldiario.es/politica/Verstrynge-escrache-Saenz_de_Santamaria-multa-Cifuentes_0_534046693.html

25. C.MADRID. EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES CONTRA LOS ADMINISTRADORES DE LA EMVS

"Hablamos de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales", dice Sánchez Mato

La Cámara de Cuentas dice que “no había justificación” para vender en bloque 1.800 viviendas de la EMVS

La comisión de investigación denuncia la violación de varias leyes en la venta de pisos de la EMVS

La EMVS recolocaba a familias a las que los fondos buitre querían desahuciar

La EMVS acusa a la auditora de simular la subasta de 1.860 viviendas

El concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha afirmado hoy que el Ayuntamiento emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por la venta en bloque de pisos sociales a fondos buitre. La decisión fue anunciada después de la sesión de la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas. "Hay base jurídica para muchas cosas, pero especialmente para una actuación contra los administradores de una sociedad que no ha velado por el correcto funcionamiento de la misma, ni por su patrimonio", ha señalado Sánchez Mato.

Las contradicciones entre las declaraciones de los comparecientes comprueban que una serie de irregularidades pueden haber ocurrido en el proceso que culminó con la venta de 1.860 pisos protegidos (18 promociones) al fondo de inversión Fidere. "Estamos hablando de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales, o sea, vulneraciones del Código Penal. Por supuesto también de actuaciones que han vulnerado las normas mercantiles", ha advertido es concejal.

Entre los comparecientes de la comisión de investigación estaba Rafael Requena, director de Servicios Jurídicos de la EMVS entre 2012 y 2015. Con relación a la venta de las 1.860 viviendas, el letrado ha declarado que “la ley de contratos del sector público no se aplica”. Sin embargo, según la subdirectora de Control Financiero de la EMVS, María Álvarez Fernández, sí es necesario cumplir los principios de publicidad, transparencia y objetividad. "No me han acreditado que eso ha y yo no tengo más remedio que señalar que no me consta", ha subrayado Fernández.

Requena también ha afirmado que entiende que Fidere “ha mantenido las condiciones de los contratos” con los inquilinos de las viviendas, si no “la Comunidad de Madrid habría actuado”. La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS, Arancha Mejías, garantiza que Fidere cambia las condiciones solamente cuando se finaliza el contrato. “Hicieron la venta cuando sabían que los contratos iban a vencer. Ahora mi casero es un fondo de inversión y las condiciones son leoninas", ha explicado Mejías. Según la presidenta de la asociación, los alquileres suben progresivamente, alcanzando un 43% en un contrato de tres años.

Además del anuncio de acciones judiciales por parte del Ayuntamiento de Madrid, la portavoz socialista en la comisión de investigación, Mercedes González, también ha afirmado que su formación pediría la reapertura judicial de la venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Para González, los comparecientes más técnicos “han dicho de una u otra manera que no se cumplió ni una sola ley, norma o instrucción de cualquier procedimiento de contratación”. La portavoz del PSOE ha asegurado que, ante las declaraciones y el informe definitivo de la Cámara de Cuentas, su grupo municipal va a pedir la reapertura del caso “sin ningún género de dudas”.

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas publicado ayer fue mencionado varias veces durante la sesión de la comisión de investigación. El documento determina que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación. Además, señala que "no existía justificación suficiente" para la venta de las 18 promociones a Fidere. Además, el informe cuestiona por qué la Comunidad de Madrid tomó esta decisión “frente a otras posibles alternativas”, como vendérselas directamente a sus inquilinos, “o de cuál es la justificación del fin social que puede cumplir la enajenación”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/01/madrid/1467380089_893852.html

26. C. MADRID. CASO ÁTICO

26.1. LA PATRONAL MADRILEÑA PUSO UN SUELDO DE 112.000 EUROS A LA MUJER DEL ENTONCES VICEPRESIDENTE IGNACIO GONZÁLEZ

Lourdes Cavero, que en mayo de 2011 percibió 742.000 euros de la asociación de empresas eléctricas, fue contratada tres meses después por la patronal madrileña

La jueza del caso del ático no ha podido acceder a la documentación patrimonial anterior a 2011 del matrimonio González-Cavero

La grabación que prueba que el supuesto dueño del ático de González fue socio de Lourdes Cavero, la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que percibió 742.303 euros en mayo de 2011 tras su salida de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), la patronal del sector, fue contratada tres meses después por el entonces presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (Ceim-CEOE), Arturo Fernández.

Según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, le puso un sueldo anual de 112.000 euros. En 2011 Ignacio González era vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, amiga personal del propio Arturo Fernández.

Estos datos aparecen en la investigación patrimonial realizada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, que sólo ha tenido acceso a las información del matrimonio posterior a 2011: "Consultado el punto neutro judicial ]...] no se puede acceder a años fiscales anteriores a 2011, procediéndose únicamente a la obtención de los años fiscales de 2011, 2012 y 2013", indica un documento del sumario del caso del ático.

Fernández, que está procesado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, contrató a la mujer de Ignacio González en septiembre de 2011 como vicepresidenta y adjunta a la dirección, con críticas internas. Y le asignó ese importante sueldo pese a que ningún otro vicepresidente de la Ceim tenía salario fijo.

Unesa, pertenece a la CEOE

Unesa, la institución que despidió a Lourdes Cavero, es una de las asociaciones que forman parte de la CEOE, en la que se integra la patronal madrileña. Y la mujer de Ignacio González Cavero percibió los 713.475 euros de indemnización bruta el 31 de mayo de 2011, aunque el líquido a percibir fue de 636.580 euros. El sueldo de Cavero en Unesa entre los meses de enero y mayo del mismo 2011 fue de 28.500 euros, lo que supone una media bruta de 5.700 mensuales y un total de 742.303 euros.

Pero los datos aportados al sumario del caso del ático indican que Lourdes Cavero ingresó 4.379 euros del Servicio Público de Empleo Estatal por la prestación de desempleo durante 94 días, hasta el 4 de septiembre de 2011. Desde esa fecha, la mujer del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid percibió otros 35.530 euros de la patronal madrileña dirigida por Arturo Fernández, amigo personal de Esperanza Aguirre, que también le abonó 230 euros en concepto de dietas.

Los ingresos de Cavero en 2011 se completan con 1.200 euros procedentes de la Universidad Autónoma de Madrid. En total en ese ejercicio cobró 783.643 euros.

112.555 euros anuales

En 2012 fue el primer ejercicio en el que Lourdes Cavero, economista de profesión, cobró su sueldo íntegro de la patronal madrileña: 112.555 euros, más 500 euros de dietas y 800 euros de la Universidad Autónoma de Madrid.

En 2013 los ingresos se mantuvieron estables, ya que percibió 112.353 euros de la patronal madrileña más 500 euros de dietas de la misma asociación. La Universidad Autónoma de Madrid le abonó 800 euros y la Fundación Universidad Empresa (Univem) otros 1.400 euros. También en 2013 Cavero tenía cerca de 70.000 euros depositados en varias entidades bancarias.

Perdió las elecciones

En marzo de 2014, Cavero dimitió de su cargo. Fuentes de Ceim explicaron entonces a Europa Press que la esposa del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dijo que no quería ser "el mínimo obstáculo" ni "excusa" para que el proceso electoral que se iba a celebrar meses después se desarrollara con la máxima limpieza y transparencia.

Arturo Fernández acabó perdiendo las elecciones, por lo que fue desplazado como presidente de la patronal madrileña.

La documentación del sumario muestra el sueldo de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid, que en 2011 fue de 108.879 euros. En ese ejercicio ingresó otros 3.846 euros como miembro de la asamblea de Caja Madrid. En 2012, el sueldo de González bajó hasta los 103.696 euros, mientras que subió un año después hasta los 111.768 euros. En 2013, González disponía de unos 20.000 euros en cuatro entidades financieras.

Pero el sumario explica, además, el valor catastral del ático de 627 metros cuadrados, así como el de la vivienda del matrimonio en Madrid. El dúplex de lujo tendría, según esta documentación, un valor catastral de 289.471 euros del año 2016. El valor catastral de la vivienda de Madrid es de 634.292 euros.

No conocía al dueño

Tanto González como su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, están imputados en el Juzgado de Estepona por la jueza Isabel Conejo por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En su declaración como investigado, González llegó a asegurar que no sabía que su mujer alquiló el inmueble en 2008 a la sociedad Coast Investors, que estaba inscrita en el Estado de Delaware (EEUU).

Sin embargo, Cerezo sí reconoció que Luis Osvaldo Repetto,. el presunto dueño del ático entre 2008 y diciembre de 2012, fecha en la que lo compró González, había sido socio suyo y que el presunto testaferro de la operación, el mexicano Rudy Valner, era empleado suyo en una de sus principales empresas: Video Mercury.

Los extrabajadores de Telemadrid denunciaron a González al considerar que el ático de lujo de Estepona podría haber sido una dádiva de Cerezo a cambio de los presuntos favores recibidos por el empresario de la cadena pública madrileña.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/02/la_jueza_puede_acceder_los_ingresos_del_expresidente_madrileno_anteriores_2011_51983_1012.html

26.2. LA JUEZ EXIGE A PANAMÁ Y EEUU QUE REVELEN QUIÉN PAGÓ EL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ

Envía dos nuevas comisiones rogatorias en las que atribuye al expresidente indicios de delito fiscal, blanqueo y cohecho.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona acaba de remitir a Panamá y Estados Unidos dos nuevas comisiones rogatorias mediante las que exige conocer la identidad de "la persona o personas físicas" que pagaron el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid en Marbella. La instructora ha enviado los requerimientos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, incluyendo ya delitos de corrupción que no incluyó en las anteriores rogatorias, lo que llevó a Panamá, por ejemplo, a denegar la información.

La juez que investiga el denominado caso ático, en el que se encuentran imputados Ignacio González y su mujer, subraya que la sociedad instrumental que adquirió el lujo inmueble, Coast Investors LLC, "es una entidad de la que se desconoce su actividad mercantil, su capacidad económica y quién pueda ser su último beneficiario o titular".

Por ello, argumenta la juez, "con las medidas de investigación acordadas se trata de acreditar ante la existencia de una estructura societaria ciertamente opaca, quién o quiénes sean las personas físicas que sean los dueños de la referida entidad". "Y, por ende", añade la instructora, "de los inmuebles que la misma adquirió en la localidad de Estepona (Málaga) (el referido ático con trastero y plazas de garaje), ya que en la fecha de los hechos (año 2008), cuando se adquieren por Coast Investors los inmuebles en cuestión todavía no se contemplaba en nuestro Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas". Asimismo, destaca la juez que la citada entidad Coast Investors LLC "es propiedad de Waldford Overseas Investments LTD, entidad inscrita en Panamá y gestionada por el bufete de abogados Mossack Fonseca & Co.".

La magistrada comunica a las autoridades panameñas y estadounidenses que "el delito objeto de la investigación se ha visto ampliado, a resultas de la investigación efectuada, abarcando además de los presuntos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales, la presunta existencia de un delito de cohecho". Hechos por los cuales se ha tomado declaración a González y a su mujer, pero también al empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que se encuentra estrechamente vinculado a la operación de compra del ático de 500 metros cuadrados ubicado en la urbanización La Alhambra del Golf.

http://www.elespanol.com/espana/20160630/136486740_0.html

26.3.LA JUEZ DEL 'CASO ÁTICO' INTERROGARÁ A DOS COMISARIOS SOBRE QUIÉN TORPEDEÓ LA INVESTIGACIÓN EN 2012

La magistrada tomará declaración, a través de una compañera de los Juzgados de Madrid, a los comisarios Agapito Hermes y José Luis Goudiña, quienes en diferentes momentos de 2012 participaron en sendos intentos de investigar el inmueble de Ignacio González.

La investigación sobre el ático de Ignacio González en la Costa del Sol se reactiva. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, ha dictado una providencia por la que cita a declarar como testigos el próximo lunes a dos mandos policiales que intervinieron en las primeras pesquisas sobre el inmueble que fueron paralizadas entonces por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Se trata de los comisarios Agapito Hermes de Dios y José Luis Goudiña. El primero era el comisario de Marbella que hizo las primeras gestiones y que fue cesado de su puesto tras tachar Fernández Díaz de "ilegales" sus investigaciones. El segundo, destinado entonces en la UDEF, recibió el encargo de reanudarlas meses después, pero el superior que se lo había encargado, el comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, fue destituido fulminantemente por ello.

Uno de los comisarios citados como testigos fue el que inició la investigación en 2011 y al que Fernández Díaz cesó tras llegar al Ministerio del Interior

El escrito judicial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, señala el próximo 27 de junio, el día siguiente de las elecciones, como la fecha para la comparecencia de ambos mandos policiales. El primero lo hará a las 11 de la mañana. Media hora más tarde está citado el segundo. Eso sí, ninguno de los dos, actualmente destinados en Madrid, tendrán que viajar hasta la ciudad malagueña para hacerlo. Lo harán ante el titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, quien ha recibido un exhorto de su colega de estepona para practicar dicha diligencia. No es la primera vez en este caso, en el que están imputados el expresidente madrileño, su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario Enrique Cerezo, que se toma esta decisión para evitar el desplazamiento de un testigo. Ya lo hizo, por ejemplo, el comisario Rodríguez Ulla, al que también se le preguntó por las razones que llevaron a archivar el caso en 2012.

Agapito Hermes, el primer policía que comparecerá, era el comisario jefe de Marbella en julio de 2011, cuando el PSOE aún estaba en el poder. Fue quien inició las pesquisas supuestamente por orden del entonces 'número 2' de la Policía, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico. Sin embargo, la llegada al Palacio de La Moncloa del PP se tradujo en la paralización de las investigaciones en abril de 2012, al considerar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que las pesquisas que se estaban haciendo sobre el ático de su correligionario no habían sido registradas de forma oficial y, por tanto, eran "ilegales". La propia Dirección General de la Policía anunció entonces en una nota de prensa que "siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior" había abierto un expediente a este agente que también fue trasladado de destino.

Reabierto en junio de 2012

Sin embargo, el caso fue reabierto el 7 de junio de 2012 por el entonces comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, nombrado para el cargo tras la llegada del PP. En su declaración de marzo como testigo en el caso, este alto mando policial aseguró que lo hizo tras recibir tres notas registradas por un sindicato policial en las que se denunciaban supuestas irregularidades en el patrimonio del político. Ello le llevó a convocar una reunión de la comisión técnica de su departamento para analizar la información que contenía. De aquella reunión policial salió, precisamente, la decisión de encargar las pesquisas a la UDEF con "la premisa de que se diera cuenta a la Fiscalía Anticorrupción". Aquellas primeras diligencias recibieron incluso un número de referencia y fueron declaradas secretas a petición de otro comisario que participó en el encuentro. Las mismas se encargaron entonces a uno de los jefes de grupo de la Unidad, el hoy comisario José Luis Goudiña.

El segundo mando policial que comparecerá participó en el segundo intento de investigar el ático de González y que Interior cortó con el cese fulminante de su jefe

Rodríguez Ulla aseguró a la juez Conejo que al día siguiente se informó de las mismas tanto a su superior jerárquico, el también comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, como a la Fiscalía Anticorrupción. A partir de ese momento, se iniciaron las investigaciones y se planteó el desplazamiento de dos agentes a Asturias, donde vivía el primer propietario del ático que se lo había vendido a la empresa 'pantalla' que más tarde se lo alquilaría a Ignacio González y su mujer. A finales de ese mes, el comisario fue cesado "por pérdida de confianza" por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una decisión que contó con el respaldo público del ministro del Interior. Era la segunda vez que el caso se archivaba. Ahora la juez Conejo quiere saber las circunstancias de ello.

http://vozpopuli.com/actualidad/84729-la-juez-del-caso-atico-interrogara-a-dos-comisarios-sobre-quien-torpedeo-la-investigacion-en-2012

26.4. EL COMISARIO DEL ‘CASO DÚPLEX’: “HE SIDO CASTIGADO Y PERSEGUIDO POR INVESTIGAR A IGNACIO GONZÁLEZ”

El ex comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, ha comparecido como testigo ante el Juzgado de Instrucción nº 22 de Madrid. Su declaración fue ordenada por la titular del Juzgado nº 5 de Estepona, Isabel Conejo, que investiga el dúplex del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
 
Hermes de Dios, que actualmente está destinado en Madrid, ha contestado durante cerca de una hora a las preguntas de la acusación popular, que ejerce la asociación Salvemos Telemadrid, y al abogado del propio González. Según su declaración, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, sufrió una “persecución” y un “castigo teledirigido” de González por investigar su propiedad.

Este comisario ha mantenido siempre un currículum inmaculado. Trabajó entre los años 2000 y 2003 como jefe de los servicios operativos de vigilancia del ex presidente del gobierno José María Aznar. También ocupó un puesto en la Asesoría Técnica de Seguridad en el ministerio del Interior, que entonces lideraba Mariano Rajoy. Además, cuenta con seis años de experiencia en investigación criminal en San Sebastián y ocho como jefe de grupo operativo del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Órdenes de investigar

En julio de 2011, cuando era comisario de Marbella, Hermes de Dios recibió la orden del entonces nº 2 de la Policía, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, de investigar el dúplex del ex presidente de la Comunidad de Madrid. Las pesquisas comenzaron con el PSOE en el poder y finalizaron en abril del 2012, cuando el PP había llegado al Gobierno y Jorge Fernández Díaz era el ministro del Interior.

En junio de 2012, el entonces comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, ordenaba reabrir la investigación sobre el dúplex de González y la UDEF era la encargada de hacerse cargo de las pesquisas.

En esta segunda investigación, participaba el comisario José Luis Gudiña, que había sido citado este lunes como testigo, pero que no ha asistido porque no le había llegado la citación. Sin embargo, dicha investigación fue nuevamente archivada por segunda vez y Rodríguez Ulla era cesado por “pérdida de confianza”..

http://okdiario.com/investigacion/2016/06/27/comisario-del-caso-duplex-he-sido-castigado-perseguido-investigar-ignacio-gonzalez-235407

27. C. VALENCIANA. OPERACIÓN TAULA. LAS PRUEBAS QUE ACUMULA LA UCO SOBRE EL PP DE VALÈNCIA VUELVEN A PONER EL FOCO EN RITA BARBERÁ

Una cuenta del PP municipal usada para ingresos electorales, empresas donantes y asesores para el 'pitufeo', claves de la trama

Rita Barberá será algo más que una piedra en el zapato de Mariano Rajoy en las negociaciones con otros partidos para conformar gobierno. La ex alcaldesa de Valencia vuelve a la primera línea de los titulares tras conocerse más detalles del informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil sobre cómo gestionaba el grupo municipal del PP el dinero de presuntas donaciones irregulares que realmente servían para financiar al partido en las elecciones de 2011 y 2015.

Para la presunta financiación irregular el PP de Valencia requería de diferentes elementos necesarios: una cuenta oculta a través de la que se tenía que operar, empresas que aportasen las donaciones o comisiones sospechosas, y la colaboración de los propios miembros del partido.

La cuenta

Una de las principales claves de la organización está en la cuenta a través de la cual se operaba, una cuenta bancaria que en teoría servía para la operatividad del día a día del PP municipal, pero que realmente operaba para financiar al partido y que por lo tanto escapaba al control fiscal al que se debería someter. El informe de la UCO explica que "la cuenta se utilizaba como si de la cuenta del partido se tratara pero con la ventaja que suponía estar bajo la titularidad del Grupo Municipal, pero permaneciendo fuera del control de ningún órgano de fiscalización”.

El mismo informe de la UCO apunta que en la cuenta se hacían ingresos "bajo conceptos indeterminados" los cuales "ocultan verdaderas donaciones al partido político, y que debían haber sido canalizadas a través de la cuenta específica de donaciones que prevé la ley". Esta indeterminación provocaba que no hubiese ningún tipo de control y que podrían haberse utilizado para gastos electorales, como habría declarado la propia secretaria del Grupo Municipal del PP, Mari Carmen García Fuster.

Con todo la falta de control de la cuenta habría permitido al PP de la ciudad de València "superar los echos de gastos electorales establecidos sin que tuviera reflejo en la contabilidad global del partido", lo cual indica que se habría podido utilizar como 'caja B'.

Las empresas

La cuenta era un instrumento, pero para que este instrumento funcionase hacía falta el combustible del dinero, y ese dinero lo proporcionaban presuntamente empresas afines al PP. Por una parte existían las donaciones anónimas, por otra el presunto cobro de comisiones, entre estas se sospecha de una empresa, la Agencia Trasgos, que durante los 24 años de gobierno de Rita Barberá habría acumulado un total de 2,7 millones de euros facturados en contratos fraccionados.

Algunas de estas empresas sobre las que sospecha son las que aparecen también en las grabaciones de Marcos Benavent (el 'yonki del dinero') y que se habrían visto beneficiadas de los amaños de contratos y su correspondiente cobro de comisiones. Entre ellas estarían las concesionarias del centro cultural La Rambleta, que habría obtenido su gestión por 20 años a razón de 3 millones por año. Otro de los amaños a los que se hacía referencia en las mismas grabaciones era el de la rehabilitación de las Torres de Quart, donde se hablaba de nombres como el de Alfonso Rus y cómo se debían repartir las comisiones entre presuntos corruptos y el PP.

Los 'blanqueadores'

Para cerrar el círculo se necesitan los actores dentro del PP que organizasen la trama. Estos son fundamentalmente el medio centenar de imputados -figura ahora sustituída por la de investigados- entre los que están 9 de los actuales 10 concejales del PP de València además de ex ediles y asesores del partido.

Estos habrían actuado como ejecutores del 'pitufeo' (blanqueo de capitales a pequeña escala) a través del conocido método del ingreso de 1.000 euros en la cuenta investigada, y la devolución bajo mano del dinero a través de dos billetes de 500 euros procedentes del dinero de las empresas 'colaboradoras', con lo que se conseguía 'legalizar' el capital.

Este procedimiento ha sido reconocido por algunos de los ex asesores del PP que se negaron a colaborar en la trama, pero negado por los que sí habrían hecho la aportación, como el asesor Luis Salom que atribuyó la acusación a su "notoriedad". No obstante la UCO también acredita en su informe la devolución en metálico del dinero aportando conversaciones por WhatsApp de Salom junto a otros asesores que ironizaban sobre la corrupción que afectaba al PP y el cobro de los billetes de 500. Esto ha sido desmentido por Luis Salom afirmando a través de su cuenta de Twitter que "Es gravíscimo que la Guardia Civil manipule un informe judicial y tengo pruebas exactas para demostrarlo. Nos vemos en los tribunales".

Pero estos 'peones' necesitaban un jefe de pelotón al que la investigación apunta que era la secretaria y mano derecha de Rita Barberá dentro del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster. Esta, según diversos testigos, habría coaccionado a algunos investigados a coger el dinero 'B', llegando ha realizar amenazas laborales.

García-Fuster, detenida en un principio y ahora en libertad bajo fianza, declaró ante el juez que había un "recaudador", que quiso mantener en el anonimato, que le entregaba el dinero donado, dinero que ella misma se habría encargado de ingresar en la cuenta.

Rita Barberá

Todo esta trama de momento ha podido ser esquivada por Rita Barberá, quien reconoce una estrecha amistad familiar con Mari Carmen García-Fuster, y a quien dentro del PP consideran como "brazo ejecutor" de la ex alcaldesa. Rita Barberá siempre se ha escudado con que no ha tenido ningún cargo orgánico en el PP pese a haberlos liderado durante más de dos décadas, y que no tenía ninguna responsabilidad dentro del comité electoral.

No obstante la sombra sigue sobre Barberá y el juez no descarta su imputación, que debe superarse con el blindaje que le brinda el PP con su aforamiento en el Senado y que necesita la entrada en juego del Tribunal Supremo.

http://www.eldiario.es/cv/corrupcion/UCO-PP-Valencia-Rita-Barbera_0_534746565.html

28. C.VALENCIANA. JUAN COTINO REPITE EN LA LISTA DE MOROSOS

Asedes Capital debe 11,8 millones de euros y Asedes Infraestructuras tiene una deuda de 9,61 millones

Hacienda ha difundido la lista de sus grandes deudores, los que acumulan deudas o sanciones tributarias pendientes con las arcas públicas de más de un millón de euros a fecha del 31 de diciembre de 2015. La primera lista de morosos se publicó el pasado 23 de diciembre, entonces con los deudores a 31 de julio de 2015. Entre los seis meses transcurridos entre una y otra fecha el popular Juan Cotino y su sobrino constructor Vicente Cotino no han tenido tiempo de enjugar su deuda con el fisco porque repiten en las dos listas.

Así, entre los principales morosos aparecen sus sociedades Asedes Capital, que debe 11,8 millones de euros, y Asedes Infraestructuras, con una deuda de 9,61 millones. La primera de las sociedades aparecía en la lista de diciembre con prácticamente la misma deuda, 11,79, mientras que la segunda tenía que ingresar 9,67. Es decir, que en medio años apenas han restaurado 60.000 euros de su millonaria deuda con los españoles.

El daño causado por el popular Juan Cotino a las arcas públicas no solo incluye lo que figura en esta lista, aunque sea difícil de cuantificar. Porque este expresidentes de Les Corts, vicepresidente y consejero con Camps o director general de la Policía en el gobierno de Aznar, imputado por el presunto amaño de contratos de Canal 9 con la Gürtel para cubrir y retrasmitir la visita del Papa a Valencia en 2006, también aparece en el caso Brugal y fue acusado por las familias del accidente del Metro de Valencia de ofrecerles prebendas para que no denunciaran. Además, sus grupo empresarial moroso recibía jugosos contratos públicos. Y todo este currículum lo ha conseguido cuando hace ostentación pública de sus convicciones religiosas católicas. Mientras, su sobrino Vicente pedía que se suprimieran las ayudas a la dependencia para así llenar sus geriátricos.

http://www.elplural.com/2016/06/30/juan-cotino-repite-en-la-lista-de-morosos

29. C.VALENCIANA. EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA BARBERÁ POR NO RETIRAR SÍMBOLOS FRANQUISTAS

El tribunal no ve delito porque no hubo una orden a la alcaldesa para que quitara las distinciones al régimen

El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada contra Rita Barberá por negarse a retirar los símbolos del franquismo durante su etapa como alcaldesa. La Sala de lo Penal ha rechazado la denuncia al considerar que los hechos no son constitutivos de delito, como ya hizo antes con denuncias similares contra otros alcaldes que eran, además, senadores y, por tanto, aforados, como el de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, o Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador.

La querella la presentaron el PSOE valenciano y el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso. En su denuncia pedían que se abriera una causa contra Barberá por delitos de desobediencia y denegación de auxilio y, subsidiariamente, por una falta contra el orden público. El Supremo destaca, sin embargo, que la Ley de Memoria Histórica de 2007 recoge la obligación genérica de las Administraciones Públicas de adoptar medidas tendentes, entre otras cosas, a la retirada de objetos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, pero en la denuncia no se relata que se hubiese dado una orden directa y expresa a la entonces alcaldesa Rita Barberá para tomar medidas y retirar esos símbolos en cumplimiento de dicha Ley, ni tampoco que ella se hubiese negado a cumplir esa orden previa.

“Ambos elementos –destaca el auto—la existencia de una orden expresa y la negativa posterior a su cumplimiento, resultan necesarios para apreciar el delito”.

Del mismo modo, los jueces advierten de que tampoco hay constancia de que la exalcaldesa hubiese recibido una orden concreta y específica para, en cumplimiento de la misma Ley, realizar un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. La decisión del Supremo asume los argumentos del fiscal, que había informado en contra de que se admitiera a trámite.

La de la memoria histórica es una de las dos causas pendientes que tenía Barberá en el alto tribunal. La otra, derivada de la Operación Taula abierta en Valencia por el presunto blanqueo en el grupo municipal del PP, está todavía endiente de que el fiscal presente su informe.

La denuncia contra Barberá mencionaba un total de 33 calles de la ciudad cuyo mantenimiento, según sus impulsores, infringe la Ley de Memoria Histórica. Entre ellos figura el nombre del Barón de Cárcer, Joaquín Manglano y Cucaló de Montull, que fue el primer alcalde de Valencia tras la Guerra Civil. O el del falangista Antonio Rueda, que fue gobernador civil.

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/08/actualidad/1467983217_346837.htm
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