www.losgenoveses.net : Caso Gürtel y la trama Valenciana.2012

EL JUEZ ADVIERTE QUE LOS IMPUTADOS EN GÜRTEL AFRONTAN SERIAS PENAS DE CÁRCEL

Los contratos con El Bigotes pueden acarrear hasta ocho años de prisión

Son adjudicaciones de baja cuantía. Algunas apenas superan los 24.000 euros. Pero pueden conllevar penas de hasta ocho años de prisión para quienes se las concedieron a Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama Gürtel, según advierte en un reciente auto el juez José Ceres. La cuestión tiene trascendencia porque por esa contratación irregular, que se repitió a lo largo y ancho de la Generalitat durante la etapa del expresidente Francisco Camps, hay decenas de imputados. Entre ellos dos exconsejeros —Alicia de Miguel y Manuel Cervera— y el actual alcalde de Castellón, Alfonso Bataller.

El magistrado no había concretado hasta ahora en ninguna resolución qué consecuencias penales podían tener la aparente —y masiva— contratación desde numerosos departamentos del Gobierno valenciano con las empresas de la trama Gürtel infringiendo, según abundantes indicios, las leyes que velan por la imparcialidad de la Administración ante las empresas. El juez las concreta en una resolución en la que rechaza retirar las imputaciones de dos implicados: Paula de Cubas, que ha sido jefa de prensa de distintos consejeros, y Juan Miguel Bellver, ex director de la empresa pública Vaersa.

Los razonamientos jurídicos que emplea el magistrado son extensibles, sin embargo, a la mayoría de imputados. El juez instructor considera que los contratos, que entre otros elementos irregulares fueron troceados para poder concedérselas así a dedo a la red corrupta, presentan indicios “no solamente de tráfico de influencias, sino también y en su caso de un delito de prevaricación y de falsedad en documento oficial”.

El alcalde de Castellón es uno de los imputados en esta pieza separada
Sumados, los tres delitos que el juez apunta un año después de hacerse cargo de esta parte de la investigación de Gürtel, una de las seis piezas separadas que se instruyen en Valencia, pueden acarrear penas de hasta ocho años de prisión e inhabilitaciones para cargo o empleo público de más de una década.

La investigación iniciada en la Audiencia Nacional se centró en 76 contratos, aunque durante la instrucción se han descubierto algunos más. Los mismos fueron adjudicados directamente a Orange Market, la empresa que organizaba los actos y las campañas electorales del PP, y otras empresas de la trama desde Presidencia de la Generalitat, Vicepresidencia, Consejería de Justicia, Territorio, Infraestructuras, Turismo, Educación y Cultura, Bienestar Social, Sanidad y diversas empresas, fundaciones y otras entidades de la Generalitat. En total superaban los 1,3 millones de euros.

Adjudicaciones de mayor cuantía, como fue el diseño y montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur, por cinco millones, han sido investigadas en otra pieza separada cuyo juicio se espera para los próximos meses.

Los exconsejeros De Miguel y Cervera también están implicados

El juez Ceres desvela en su último auto algunas de las trampas en las que la Generalitat incurrió supuestamente para beneficiar a las empresas de la red. “Puede inferirse la existencia de presuntas anomalías reiteradas y relevantes en el procedimiento de contratación realizado con Orange Market relativas a la selección de las empresas, a las ofertas realizadas y a su debido registro, a la inexistencia de actas de apertura de las ofertas, a su publicidad y transparencia, a la inexistencia del pliego de cláusulas administrativas, inespecificación en el informe técnico de los criterios de adjudicación y falta de experiencia profesional de la adjudicataria”.

Y menciona ejemplos palmarios concretos. Como el hecho de que en la contratación de la empresa pública Vaersa a Orange Market para la elaboración de un vídeo se pretendió disimular la concesión ilegal “simulando la inexistente invitación” a otras dos empresas en una fecha posterior a la que, según el mismo expediente, ya se había adjudicado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/23/valencia/1382548149_031350.html

EL JUEZ IMPUTA AL EXCONSEJERO CERVERA POR UN CONTRATO DE SANIDAD CON GÜRTEL

El exresponsable de Sanidad declarará por un vídeo encargado a El Bigotes

La lista de imputados en el caso Gürtel creció este viernes con la inclusión del exconsejero de Sanidad y exdiputado nacional del PP Manuel Cervera, que deberá declarar ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia José Ceres el próximo 19 de noviembre.

Cervera, imputado a petición de la fiscalía, deberá responder de un contrato adjudicado por Sanidad en 2008 a Orange Market, la franquicia valenciana de la trama corrupta. La investigación forma parte de la pieza cinco del sumario de Gürtel en Valencia, centrada en las supuestas irregularidades de contratos de varias consejerías con la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, y otras firmas de la red.

El juez interrogará a Cervera, que dejó su escaño en el Congreso recientemente “por motivos de tipo personal y profesional”, en relación con el fraccionamiento de un contrato para la realización de un vídeo sobre la ampliación del hospital Clínico de Valencia.

El encargo, según la investigación, se dividió en cuatro contratos de distintas direcciones generales dependientes de la consejería de modo que cada una de las facturas rozó sin superarlo el límite de los 12.000 euros que hubiera exigido un concurso público. La adjudicación quedó en manos de Orange Market y de otras dos sociedades de la red, Easy Concept y Diseño Asimétrico.

Pago “inhabitual”

Ceres destaca que los responsables de las diversas direcciones generales implicadas “niegan” haber gestionado la contratación y apuntan al gabinete del exconsejero o al propio Cervera como presunto responsable del encargo y de la “inhabitual” forma de pago a El Bigotes, a través de la caja fija reservada “a los gastos corrientes y de funcionamiento ordinarios”. El instructor resalta también que dos personas del gabinete del exconsejero declararon que fue el propio Cervera quien les presentó a Álvaro Pérez como la persona encargada del vídeo del acto del hospital y pidió que colaboraran con él.

El magistrado, que advierte en estos hechos indicios supuesta prevaricación, tráfico de influencias y falsedad, apunta que Cerverá también podrá ser interrogado sobre otros contratos. En la misma providencia, Ceres se reserva para “un momento posterior” una respuesta a la petición del fiscal de que impute a cuatro ex altos cargos de Sanidad, entre ellos el también exconsejero Luis Rosado, que ya ha declarado como testigo.

El magistrado también realiza dos nuevos requerimientos a las consejerías de Bienestar Social e Industria para que aporten la relación íntegra de quienes componían los respectivos gabinetes y pide que le remitan la constancia de existencia de reuniones mantenidas en esos departamentos con responsables y personas vinculadas a Orange Market.

Asimismo, el magistrado ha acordado nuevas declaraciones testificales en relación con la contratación sobre la Guía de Comunicación y regalo de Navidad 2004 y sobre el Proyecto Cultural Castellón pero en relación al Congreso de Software Libre 2005.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/18/valencia/1382106963_851334.html

EL TSJ SE NIEGA A REBAJAR LA FIANZA DE MILAGROSA MARTÍNEZ EN EL ‘CASO GÜRTEL’

El tribunal recuerda a la diputada del PP que ya no cabe recurso
Impuso una fianza de 636.500 euros en su procesamiento

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso presentado por la alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, a la que los miembros de la trama Gürtel designaban como La Perla, y ha decidido mantener una fianza de 636.500 euros por su procesamiento en la pieza de Gürtel referente a las adjudicaciones de Fitur.

El letrado que representa a la también diputada del PP en las Cortes presentó el pasado 30 de julio un recurso de reposición y solicitó al TSJ la “reducción de la cuantía de la fianza establecida como medida cautelar”. La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal valenciano desestima las pretensiones de Martínez. En un decreto fechado el pasado 10 de octubre, el secretario judicial aclara que “ya no cabe recurso alguno”.

Martínez, que sigue en el cargo tanto de alcaldesa como de diputada del PP, encara un duro proceso judicial. El magistrado que instruye la causa, José Francisco Ceres, decretó el pasado 1 de julio la apertura de juicio oral contra la también expresidenta de las Cortes y ex consejera de Turismo y le imputó cuatro graves delitos: prevaricación, malversación y fraude, cohecho y tráfico de influencias.

El juez le impuso una fianza de 636.500 euros que debía ingresar en un plazo máximo de 10 días. Pero no lo hizo. La alcaldesa de Novelda alegó que no tenía tal cantidad de dinero e incluso intentó, aunque sin éxito, que el PP la ayudara. Durante una de sus tradicionales comparecencias de los viernes tras el pleno del Consell, el vicepresidente de la Generalitat y presidente provincial del PP en Alicante, José Ciscar, dejo claro que: “El PP no tiene dinero para ayudar a Milagrosa Martínez a pagar la fianza”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/16/valencia/1381949966_114777.html

EL PP OCULTÓ LOS GASTOS DE CAMPAÑA DE CAMPS, CARLOS FABRA, CASTEDO Y TORRÓ

Hacienda revela el uso de recursos de la Generalitat para las campañas del PP

La campaña de los populares valencianos en las elecciones autonómicas y municipales de 2007, en las que el expresidente Francisco Camps conquistó de forma abrumadora la Generalitat y el PP se impuso en la gran mayoría de municipios, estuvo plagada de irregularidades, según vuelve a constatar el último informe remitido por la Agencia Tributaria al Tribunal Superior de Justicia valenciano, que investiga la supuesta financiación ilegal del partido. La formación ocultó en sus declaraciones oficiales pagos por actividades electorales por importe de 2.882.659 euros en las elecciones municipales y autonómicas a empresas de la trama Gürtel, de ese año y de al menos otros 484.527 euros en las generales de 2008.

El informe recoge pagos concretos efectuados por destacados dirigentes del partido con motivo de actos electorales, como la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo —a quien la trama se refería en sus apuntes simplemente como Sonia—, por importe de 88.000 euros. O de Carlos Fabra, entonces presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del partido —a quien la red llama El tuerto—, por 90.000 euros. O de Arturo Torró, actual alcalde de Gandia, que en 2007 abonó cerca de 24.000 euros a Orange Market, la firma del entramado de Francisco Correa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. O de David Serra, entonces vicesecretario regional del PP y hoy diputado en las Cortes, por 12.000 euros, según Hacienda.

El PP declaró pagos a la red por 175.000 euros cuando fueron casi tres millones
La desproporción entre los servicios que el entramado de Gürtel prestó al PP en las elecciones de 2007 y la declaración oficial que hizo el partido —entre otros a la Sindicatura de Cuentas— fue abismal. Frente a los cerca de tres millones de euros que la Agencia Tributaria estima que obtuvo principalmente Orange Market por realizar la campaña a la formación, los populares apenas declararon 175.000 euros, todos relativos a las elecciones autonómicas. En las municipales no llegaron a reflejar ni un euro de pagos a sociedades de la red.

El PP, ahonda Hacienda, solo reconoció oficialmente una parte de los mítines que El Bigotes montó. Y dejó fuera todos los demás servicios, como la contratación de centenares de vallas publicitarias a lo largo del territorio valenciano y la inclusión de propaganda electoral en medios de comunicación.

La Agencia Tributaria revela también el uso de recursos públicos para las campañas electorales municipal y autonómica del PP. Una asesora de Presidencia de la Generalitat, Carmen Sánchez Vicente, elaboraba y enviaba desde su dirección de correo electrónico del Gobierno valenciano los anuncios electorales del expresidente Camps al número dos de Orange Market, Cándido Herrero, para que éste los insertara en los periódicos. “Se trata en todos los casos de publicidad con la expresión ‘Vota PP’ y la foto de un dirigente de esa formación política, Francisco Camps. Los textos varían según el acto el lugar de la celebración y el mensaje político”, indica el inspector.

El informe constata que las tramas de Emarsa y Gürtel se cruzaron en 2007

El informe confirma que dos de las grandes tramas corruptas que operaban en aquellos años en Valencia, la de Gürtel y la que saqueó la empresa pública que depuraba las aguas residuales de la ciudad, Emarsa, se cruzaron en aquellas elecciones que Camps ganó por mayoría absoluta. En uno de los muchos servicios que el PP ocultó haber solicitado a Orange Market, la firma subcontrató a “45 figurantes” para un spot publicitario a la empresa Management de Azafatas y Servicios perteneciente al Grupo Arrima, controlado por el exdirector financiero de Emarsa e imputado por múltiples delitos en dicho caso, Enrique Arnal, y su pareja, Eva Marsal. La factura ascendió a 4.132 euros más IVA.

Entre los mítines de ese año que Hacienda analiza en el marco de los supuestos pagos irregulares hay tres en los que participó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: los de las plazas de toros de Valencia y Xàtiva, y otro en Alicante. En la causa por financiación ilegal están imputados, entre otros, el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el exsecretario general del PP regional Ricardo Costa, ambos diputados autonómicos, y el extesorero nacional del partido Luis Bárcenas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/14/valencia/1381773106_466146.html

EL PP VALENCIANO SE FINANCIÓ CON DINERO NEGRO, SEGÚN HACIENDA

La Agencia Tributaria afirma que en 2007 y 2008 pagó actos electorales con más de tres millones no declarados a través de Orange Market

Dos informes remitidos al juezdicen que colaboró en un fraude en el IVA por una cuantía que sería delito fiscal y que engañó a la Sindicatura de Cuentas

Los datos de la UDEF confirman que el PP de Camps tenía una contabilidad A y una B identificadas como ‘Alicante’ y ‘Barcelona’

La Agencia Tributaria estima, en dos informes remitidos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que el PP autonómico se financió irregularmente y cometió fraude en el pago del IVA –en el grado de colaborador– durante los ejercicios de 2007 y 2008 por servicios realizados y no facturados por la sociedad de la trama Gürtel Orange Market.

El monto total de dinero negro con el que se financiaron dichos servicios (fundamentalmente, actos electorales) se eleva a 2.960.000 euros en 2007 y a 405.450 euros en 2008. El fraude en el pago de IVA cometido por Orange Market (y por el PP como colaborador necesario) en el primero de los ejercicios analizados supone 473.600 euros, por lo que supera los 120.000 euros a partir de los cuales se considera que existe un delito fiscal. El fraude en 2008 se sitúa en 64.800 euros y, por tanto, en dicho ejercicio no se habría cometido delito, sino una infracción administrativa.

El dato de 2007 es muy relevante por cuanto en dicho año se celebraron elecciones municipales y autonómicas y, por tanto, el PP podría haber incurrido en un delito electoral.

Además, la contabilidad del PP valenciano se consolida con la contabilidad del PP nacional, ya que el partido opera con un NIF único y, consecuentemente, las irregularidades afectarían al partido en su conjunto.

Asimismo, la Agencia Tributaria estima que los informes remitidos por el Partido Popular a la Sindicatura de Cuentas (el tribunal de cuentas autonómico) de los ejercicios 2007 y 2008 no reflejan la imagen fiel de la contabilidad de dicho partido.

Los llamados «informes de avance 1 y 2» de la Agencia Tributaria, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, fueron remitidos al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) a instancias del juez José Ceres, instructor de la causa. El primero de ellos (en realidad se trataba de dos informes realizados por dos inspectores distintos) fue entregado el pasado 20 de diciembre. El segundo llegó a manos del magistrado el pasado 10 de abril.

Ambos documentos (que se basan en la información aportada por la Udef) están incorporados a las piezas 1 y 2 de la investigación del caso Gürtel que se sigue en Valencia. La primera de ellas es la que afecta a la presunta financiación ilegal del PP y, la segunda, es en la que se investigan los delitos de falsedad documental.

En ambas está imputado el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, así como los gestores de Orange Market, el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa y los responsables de las empresas que supuestamente participaron en la financiación irregular del partido (Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf).

El pasado 22 de julio, el juez Ceres hizo pública una providencia en la que instaba a «agilizar» la documentación requerida por los inspectores de la Agencia Tributaria (y que se corresponde con datos del ejercicio 2008) con el objeto de que éstos concluyan su «informe final». El magistrado les pedía que en él hicieran «una valoración de las consecuencias jurídico penales de naturaleza tributaria e impositiva» que se deriven para el PP respecto a los ejercicios que se investigan (2007 y 2008).

Según fuentes jurídicas, el informe definitivo estará listo en un plazo breve y no se esperan modificaciones sustanciales respecto a lo que se establece en los dos primeros.

Seguramente, el propio Luis Bárcenas tendrá que ser llamado a declarar para que se ratifique o no en la versión que dio ante el juez del TSJCV el pasado 22 de mayo, en la que negó conocer si había financiación irregular en el PP de Valencia.

Sin embargo, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz del pasado 15 de julio, el ex tesorero del PP admitió que Vicente Cotino (sobrino de Juan Cotino), presidente del Grupo Sedesa, realizó una aportación de 200.000 euros en metálico que fueron apuntados en la contabilidad B.

Bárcenas reconoció asimismo que en la Comunidad Valenciana también existía una contabilidad oculta donde se anotaban aportaciones en metálico de los empresarios que financiaban al partido.

Curiosamente, esas afirmaciones confirman lo que han venido manteniendo los informes de la Udef desde hace cuatro años: el PP valenciano tenía una contabilidad A, conocida como Alicante, y una contabilidad B, identificada como Barcelona en los papeles que se incautaron en Valencia.

Según la Udef, el PP de la Comunidad Valenciana no pagaba parte de sus actos de la campaña electoral para no superar los límites legales (en 2007 se celebraron elecciones municipales y autonómicas y en 2008, generales).

La financiación irregular se lograba por una doble vía. Los empresarios investigados pagaban, según los informes de la citada unidad policial, una parte de los actos a Orange Market, que era la sociedad que los organizaba y, para justificar esos pagos, hacían facturas falsas por servicios ficticios.

Por otra parte, el PP valenciano pagaba a Orange Market sus actos electorales con dinero negro.

Para la Udef, el verdadero responsable de ese esquema de financiación ilegal del PP autonómico no era Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza visible de Orange Market, sino su número dos, Cándido Herrero, que actuaba como consejero delegado de la empresa y que reportaba directamente con la mano derecha de Francisco Correa en Gürtel, Pablo Crespo.

Los papeles más significativos y los documentos informáticos más jugosos le fueron incautados por la Policía precisamente a Cándido Herrero.

El consejero delegado de Orange Market identificó de forma curiosa a algunos de los que le hicieron entregas de dinero negro hasta sumar 3,4 millones de euros entre 2007 y 2008. Al ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra lo llamaba El tuerto; a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, simplemente Sonia; al presidente del Grupo Vallalba, Rafael Martínez Berna, lo designaba El Cantante, mientras que a Felipe Almenar, presidente del Grupo Cyes, le bautizó como El Príncipe. Otros pagos en dinero negro a Orange Market fueron realizados por David Serra (ex vicesecretario del PP valenciano) y por Francisco Martínez (vicesecretario del PP de Castellón y vicepresidente de la Diputación de esa provincia).

El 5 de octubre de 2009, EL MUNDO publicó que los entonces vicepresidentes del Gobierno valenciano, Víctor Campos y Vicente Rambla, indicaron directamente a algunos de los empresarios que tenían que contratar a Orange Market. El propio Campos fue quien dio instrucciones a Ricardo Costa (ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana) para que contratara a Orange Market con el fin de organizar los actos del partido.

Entre 2007 y 2008, esta empresa facturó en la comunidad autónoma más de 6,5 millones de euros en A. Sumando las cantidades cobradas en B, la cifra se elevaría a 9,8 millones de euros.

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18579224&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=14_10_2013&pla=pla_11014_Madrid

COTINO SE VE ACOSADO POR “LA IZQUIERDA MARXISTA” Y LA OPOSICIÓN PIDE QUE DIMITA

El presidente de las Cortes defiende su honradez

Revela que da el 50% de sus ingresos "a Cáritas y otras instituciones benéficas"

La oposición pide que dimita por los escándalos con las empresas de su familia

No bastó su comparecencia a puerta cerrada de hace casi un mes, ni su ausencia del miércoles en un pleno que incluía en el orden del día iniciativas que le afectaban. El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, del PP, comprobó este jueves, al sentarse otra vez en su puesto para la continuación del pleno, que la oposición va a mantener la presión sobre aspectos de su gestión y sobre las relaciones de las empresas de su familia con contratos de la Generalitat y con casos de corrupción

Los gastos de caja fija de la Generalitat, en los que aparecen facturas de su departamento cuando era consejero de Medio Ambiente, fueron objeto de una iniciativa de la diputada de Compromís MònicaOltra, que volvió a convertirlo en objeto de crítica. Esta vez, Cotino salió al pasillo de la Cámara para explicar a los periodistas que se siente víctima del “acoso” de la “izquierda marxista” y para defender la trayectoria de la empresa de su familia, Sedesa. La oposición se apresuró a reiterar sus demandas de que dimita.

Sobre las afirmaciones de que utilizó el dinero de la caja fija de la Generalitat para cuestiones como un viaje a Roma, Cotino explicó que fue invitado a participar en la beatificación de dos valencianos dentro de la delegación española que acudió al Vaticano, al frente de la cual estaba el ministro Moratinos. El hotel propuesto por el Ministerio de Asuntos Exteriores le parecía caro, y pernoctó en una residencia de religiosas valencianas con un coste de 40 euros.

Además, afirmó que no se arrepiente de haber pagado una cena para celebrar el 9 d’Octubre a valencianos que trabajan en Roma, ni de haber enviado tres cajas de mandarinas a instituciones de Roma. El ahora presidente de las Cortes justificó, a preguntas de los informadores, el gasto de 444 euros en el envío de mandarinas a Italia porque quería “promocionar las naranjas valencianas”.

Preguntado por el hecho de que esos importes se cargaran a la caja fija de la consejería y de que fuera su jefe de gabinete quien firmaba las autorizaciones, algo que contraviene la normativa, confesó que desconoce cómo funciona la caja fija. “Mi opinión es mala”, respondió Cotino, por otra parte, a la pregunta de qué le parece que la empresa de su familia esté implicada en el caso Gürtel. A nadie le gusta verse “en el disparadero”, comentó.

Respecto a las acusaciones de la oposición sobre las adjudicaciones de la Generalitat a Sedesa, Cotino alegó que dejó de ser accionista en 2007, y que entre 2004 y 2007 el 88% de la facturación de la empresa se hizo a Administraciones ajenas a la Generalitat o empresas privadas. Para defender su honradez, Cotino reveló que destina el 50% de sus ingresos “a Cáritas y otras instituciones sociales y benéficas”.

El portavoz socialista, Antonio Torres, señaló a continuación, en los mismos pasillos de las Cortes, que Cotino debe ser “transparente” sobre el volumen de negocio que Sedesa y otras empresas de su familia han tenido con la Generalitat. “El problema del señor Cotino no son tres cajas de mandarinas”, comentó el portavoz, que recordó que Cotino tuvo el 9% de las acciones de Sedesa entre 2002 y 2007, mientras mantenía cargos en la Generalitat y que, en 2007, cuando Bancaja otorgó un préstamo a Sedesa de 52 millones de euros para reestructurar la empresa, al tiempo que avalaba con 29 millones esa reestructuración, todavía figuraba como accionista. Torres se refirió también a Terra Natura, adjudicataria de terrenos en el entorno de Terra Mítica, participada por la familia Cotino y a la que la Generalitat permitió pagar el canon en entradas.

Para MònicaOltra, de Compromís, si Cotino tuviera “tanta vergüenza como fe, dimitiría”. Consideró “insostenible” que un presidente de las Cortes “no pueda presidir una sesión” porque cuatro puntos le afectan “directamente” con “sospechas de corrupción muy fundadas”. Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, señaló que Cotino ha buscado “excusas” para ausentarse del debate, lo que evidencia su “debilidad”.

Expulsado sin razón

Ignacio Blanco se preguntaba ayer qué artículo del reglamento le habían aplicado para permitirle asistir al pleno de las Cortes Valencianas después de que Alejandro Font de Mora le expulsara el miércoles. El diputado de Esquerra Unida acudió a trabajar en su despacho del edificio de los grupos parlamentarios cuando le comunicaron que podía incorporarse al pleno. “Es un reconocimiento implícito de que Font de Mora se excedió”, comentó Blanco, quien recordó que el presidente en funciones le expulsó cuando trató de pedir la palabra para desmentir que una concejal de su formación en Ibi estuviera imputada, como sostuvo en la tribuna César Sánchez, del PP. “Es completamente falso”, dijo Blanco, con quien se disculpó el propio Sánchez tras el pleno al comprobar que lo que había dicho no era cierto.

Este miércoles, Font de Mora, en un momento en que sustituía de nuevo a Juan Cotino, sí que permitió al diputado socialista José Benlloch que respondiera por alusiones a María Fernanda Vidal, que había arremetido contra el Ayuntamiento de Vila-real, donde Benlloch es alcalde.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/03/valencia/1380798334_909595.html

FELISA JORDÁN DEFIENDE QUE SOLO INTERVINO EN DOS CONTRATOS CON CONSELLERIAS COMO JEFA DE PRODUCCIÓN

La empresaria Felisa Jordán, una de las administradoras de las sociedades de Francisco Correa, ha defendido ante el magistrado José Ceres, que instruye el 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que solo intervino en dos contratos con Consellerias pero como jefa de producción, es decir, que no participó ni en la gestión, negociación o contabilidad de los eventos, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.

Jordán estaba citada este jueves, a las 11.15 horas, en el tribunal valenciano, dentro de la pieza cinco del 'caso Gürtel' --en total hay seis--, relativa a la investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market S.L. y sociedades vinculadas al 'Grupo Correa' y que pudieran constituir delitos de prevaricación, u otros.

Jordán ha acudido a prestar declaración en calidad de imputada por contrataciones entre los años 2004 y 2007, y lo ha hecho en coche y custodiada, al igual que ya hizo en otras dos ocasiones anteriores en las que tuvo que acudir al tribunal valenciano. El motivo es que en un primer momento pidió más seguridad tras presuntamente haber recibido unas amenazas a raíz de una denuncia que presentó en el año 2007 contra quienes entonces eran sus jefes.

Su declaración se ha prolongado durante unas tres horas y media, y se ha centrado en su intervención en diferentes contratos y eventos entre empresas de la trama y consellerias valencianas. Al respecto, ha aclarado que solo intervino en dos contratos, uno relativo al Open de Tenis de Valencia, y otro relacionado con la empresa pública Vaersa.

Jordán ha explicado que el resto de contratos que le han nombrado no los conocía y, por tanto, tampoco participó en los mismos, han indicado las mismas fuentes a Europa Press. Sobre los dos contratos en los que si que participó, ha indicado que ella era la jefa de producción de los eventos, con lo que desconoce cualquier aspecto relacionado con la contabilidad o con las gestiones de los mismos.

La imputada fue citada por esta misma pieza el 30 de mayo, pero ese día se acogió a su derecho a no declarar tras mostrarse contraria a la separación de las nuevas piezas en el procedimiento, puesto que supone, en su caso, más imputaciones --ya figura como imputada en piezas anteriores--.

En 2012 ya tuvo que acudir al TSJCV para declarar en otras piezas. En concreto, tuvo que aclarar si, tal y como consta en un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat Valenciana convocase el correspondiente concurso. Al respecto, negó que tuviera conocimiento previo del pliego de condiciones para el montaje del expositor, e intentó demostrar que la información de que disponía era de concursos anteriores.

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-felisa-jordan-defiende-solo-intervino-dos-contratos-consellerias-jefa-produccion-20131003184840.html

UN CARGO DE GÜRTEL VINCULA A COTINO CON EL AMAÑO DE LA VISITA DEL PAPA

Correa y Pérez Boada participaron en las reuniones preparatorias, según el testigo

Un testigo, antiguo empleado de la trama Gürtel, relacionó este martes al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, con el escándalo por la supuesta rapiña de fondos públicos en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Juan Rincón Feliu, por entonces director de producción de Orange Market, la delegación de la trama corrupta en Valencia, aseguró al juez José Ceres que en varias de las reuniones preparatorias sobre la cobertura de la visita del Pontífice por parte de Canal 9, en la que supuestamente se concretó el amaño, coincidieron el líder de la red, Francisco Correa, y Enrique Pérez Boada “en representación de Juan Cotino”.

Boada, en aquel momento director del Instituto Valenciano de Finanzas, y Cotino comparten una gran devoción religiosa y ambos han sido relacionados con el Opus Dei, la prelatura religiosa que tuvo un papel predominante en la organización de la estancia de Joseph Ratzinger en la ciudad en julio de 2006, con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias.

La trama se habría quedado con tres millones de euros de Canal 9
Cotino era entonces consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero tuvo un gran protagonismo en la preparación de la visita de Benedicto XVI.

La trama Gürtel se embolsó tres de los 7,4 millones de euros que la televisión valenciana destinó a la cobertura de los actos papales, según ha desvelado la investigación. Un informe policial detalló incluso el reparto que la red habría dado al dinero: 1,4 millones para Correa, al que las revelaciones del exdirector de producción de Orange Market sitúan en ahora la génesis del amaño, y que habría destinado a reformar un chalé en Ibiza. 630.000 euros para su número dos, Pablo Crespo. Medio millón para el exresponsable de Orange Market Álvaro Pérez, El Bigotes. Y otro tanto para Pedro García, que era el director general de RàdioTelevisió Valenciana (RTVV) y había sido previamente secretario autonómico de comunicación con los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

La investigación, apoyada en la documentación intervenida a la red y en declaraciones de testigos e imputados, ha revelado que la red utilizó una empresa pantalla, Teconsa, una constructora leonesa sin experiencia en el campo audiovisual, para optar a la adjudicación, que habría sido diseñada a su medida.

Orange Market, según toda esa información, empezó a trabajar en la cobertura de los actos y a buscar las pantallas gigantes que se instalaron por toda Valencia meses antes de que se realizara la convocatoria. Esta habría sido a su vez retrasada premeditadamente para poder justificar, con el argumento de la urgencia, la elección del procedimiento negociado sin publicidad como forma de adjudicar el contrato.

Ante el juez del Tribunal Superior de Justicia José Ceres declaró también Luis de Miguel, cofundador de Orange Market en 2004, en calidad de testigo. De Miguel, considerado el arquitecto financiero de la red, está imputado, sin embargo, en el tronco del caso que se instruye en Madrid y fue condenado este mismo año a 21 años de cárcel en un proceso diferente por evasión fiscal. El testigo admitió que la creación de Orange Market “no fue casual”, sino que respondió a la pérdida de las elecciones generales por parte del PP y a la necesidad de buscar “negocios” en otros territorios gobernados por el partido.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/01/valencia/1380651103_370644.html

UN TESTIGO IMPLICA EN EL FRAUDE DE CONTRATOS A LA DELEGADA DEL GOBIERNO

El exapoderado de Orange Market la señala en relación con el encargo de una guía

Ignacio Blanch, exdirectivo de una de las empresas de la trama Gürtel, implicó este martes en el amaño de contratos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, responsable de las fuerzas de seguridad en el territorio.

Blanch fue apoderado de Orange Market, extensión valenciana de la red, hasta mediados de 2005. Y se encargó de realizar la Guía de la Comunicación que la Generalitat distribuyó aquel año entre los medios. Este fue, según la Intervención General del Estado, uno de los muchos contratos que el Gobierno autonómico troceó para poder adjudicárselo a dedo a la red.

Según Blanch, toda la negociación sobre la guía, fue llevada por Dora Ibars, destituida como directora general de Promoción Institucional tras ser imputada en el caso, y Sánchez de León, que ocupaba entonces la secretaría autonómica de Relaciones Institucionales y Comunicación. Ambas trabajaban a las órdenes de Esteban González Pons, en aquel momento consejero de Presidencia en el Gobierno de Francisco Camps.

El exresponsable de la trama fue más lejos y consideró “exorbitante” el precio abonado finalmente por la Generalitat por la guía: 88.000 euros. Blanch afirmó que dejó la empresa de Gürtel antes de que el Consell abonara las facturas, pero que el precio que inicialmente iba a cobrar Orange Market rondaba los 24.000 euros.

Esa cantidad encaja con la que reflejó la Intervención General del Estado en su informe de 2010 sobre el fraccionamiento de contratos para beneficiar a la red corrupta. En dicho informe, elaborado con la documentación que le facilitó el Gobierno de Camps, solo se recogían sin embargo dos pagos a dos empresas de la trama por un importe total de 22.520 euros. La investigación del juez Ceres ha revelado, en cambio, que la Generalitat pagó en realidad cuatro veces más. Y que, voluntariamente o no, ocultó a los miembros de la Intervención General del Estado la existencia de otras seis facturas abonadas a empresas de la trama que dirigía Francisco Correa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/01/valencia/1380652013_401739.html

COTINO NIEGA UNA RELACIÓN CON LA TRAMA GÜRTEL POR LA VISITA DEL PAPA

El presidente de las Cortes rechaza que enviara a nadie a reuniones

El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha negado hoy su relación con la trama Gürtel con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, después de que Juan Rincón, exdirector de producción de Orange Market, le vinculara ayer ante el juez del caso Gürtel con el amaño que desembocó en el desvío de fondos públicos en ese acontecimiento.

"Nunca mantuve ninguna reunión con el señor Correa, al que no conocía y sigo sin conocer, ni con nadie que él hubiese enviado de la empresa Orange Market", señala en un comunicado.

Cotino recuerda que no formó parte del Patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizadó la visita de Benedicto XVI.

"Por lo tanto, no envié a nadie en mi nombre a ningún tipo de reunión con el señor Correa ni tampoco delegué en ninguna persona", añade el texto. "No tenía facultades para hacerlo al no tener ninguna competencia en ese ámbito, ni tampoco conocía de la existencia de esas reuniones, si es que las hubo".

El presidente de las Cortes anuncia que emprenderá acciones legales contra aquellas personas que le acusen de "este tipo de falsedades y mentiras".

Enrique Pérez Boada, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), y quien según el testigo Juan Rincón asistió a las reuniones con miembros de la trama Gürtel en representación de Cotino, ha negado igualmente los hechos. Según su versión, ni acudió a ningún encuentro en representación del ahora presidente del Parlamento autonómico, ni coincidió nunca con Correa.

Pérez Boada sí ha reconocido que mantuvo reuniones tanto con Rincón como con el máximo responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, pero en el marco de los muchos encuentros que los representantes del patronato (él fue uno de los dos comisionados) tuvieron con proveedores. Y ha asegurado que el patronato como tal nunca contrató a la firma de la trama Gürtel.

El exdirector del IVF ha desvinculado al patronato de la Fundación del V Encuentro Mundial de las Familias con el supuesto amaño en Canal 9, ya que el contrato se negoció exclusivamente en el ente autonómico. Pérez Boada ha confirmado, sin embargo, que la decisión de que fuera Televisió Valenciana quien se hiciera cargo de la organización y el pago de las pantallas gigantes que retransmitieron los actos religiosos por toda la ciudad sí partió de la fundación.

El también exconcejal del PP en la ciudad de Valencia, ha sostenido que, a pesar de las polémicas, la organización para la visita del Papa, articulada a través de la fundación, se autofinanció en más de un 70%, gracias a iniciativas como la mochila del peregrino y las aportaciones de los patrocinadores. Algo que no han logrado otros eventos como la Fórmula 1 o la Copa del América, ha indicado.

El problema en este caso, ha subrayado es que siete años después de la visita la fundación no se ha cerrado ni se han hecho públicas sus cuentas, lo que da pie a las críticas. En respuesta a la censura de la oposición de que la fundación sigue costando hoy dinero público, Pérez Boada ha afirmado que se debe a que las cuentas tienen que seguir auditándose cada año mientras permanezca en activo, y que la fundación precisa de un asesor que elabore las cuentas para presentarlas anualmente al patronato de fundaciones.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/02/valencia/1380708055_460521.html

DE MIGUEL TRASLADA A LOS TÉCNICOS LA DECISIÓN DE CONTRATAR CON EL BIGOTES

La exconsejera de Bienestar Social rebate testimonios de excolaboradores ante el juez del TSJ

A las puertas del Palacio de Justicia, Alicia de Miguel aseguró que iba responder a todo, que no había cometido ninguna irregularidad y que le parecía “estupendo” que “el señor magistrado” la hubiera tenido que llamar “por unas declaraciones que hubo en este proceso”. Añadió que estaba muy tranquila a pesar de su imputación. A continuación, la exconsejera de Bienestar Social entró en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano y sostuvo que no sabía ni con quién ni por qué se contrataba, que eso lo hacía su equipo, que para eso tenía delegadas las competencias, y que nunca dio órdenes para adjudicar a la empresa Orange Market u otras sociedades de la trama Gürtel tres contratos entre 2006 y 2008, según fuentes judiciales consultadas.

El juez investiga un presunto delito de prevaricación en las contrataciones suscritas por diversos departamentos de la Generalitat con empresas que lideraba en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, en la quinta pieza separada (de seis) del caso Gürtel. De Miguel, exportavoz del Gobierno valenciano, fue imputada a raíz de las declaraciones del exjefe de gabinete y exsecretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro, entre otros testimonios y diligencias. Este imputado afirmó ante el juez que ella decidió contratar con Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de la empresa de Orange Market, que ya trabajaba para otras consejerías.

En el interrogatorio, la exconsejera, que dimitió como diputada autonómica del PP horas antes de hacerse pública su imputación en julio, hizo hincapié en que Navarro no la implicó en la decisión de contratar cuando declaró como testigo. Una versión que varió cuando testificó en calidad de imputado, según fuentes judiciales que han tenido acceso al interrogatorio.

En su providencia, el instructor argumentó que la imputación de la exconsejera se derivaba de la declaración de Navarro, “así como también de la realizada por Clara Abellán”, exdirectora general de la Mujer “y las demás testificales practicadas (entre ellas, la del Jefe de Sección de Coordinación Administrativa, la de la Gerente de la Fundación Tolerancia Cero, y la Jefa del Área de la Mujer)”, y de las diligencias documentales.

El juez aprecia “que pudo existir presuntamente un fraccionamiento de las contrataciones (acto Violencia de Género: Tolerancia Cero año 2006; acto Balance General 2007 y acto Punto Final 2007) en favor de sociedades del mismo grupo empresarial”.

Durante el interrogatorio, Alicia de Miguel reconoció que habló con Navarro, una vez conoció sus declaraciones ante el juez, aunque no recordaba desde qué teléfono o si fue él quien llamó él, según recoge Europa Press de fuentes judiciales. También habló con él cuando supo que iba a declarar como testigo, pero como había hecho con otra gente de la consejería.

La exconsejera repitió que ella era “médico hematóloga” y que desconocía por completo el funcionamiento de la contratación o la organización de eventos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/24/valencia/1380020379_044445.html

COTINO EXPLICARÁ A PUERTA CERRADA EN LAS CORTES SU RELACIÓN CON BÁRCENAS

El PP rechaza todas las comparecencias de la oposición y las remite a octubre

El presidente de la Cámara quiere "informar sobre las falsedades difundidas"

Las ondas de los escándalos de corrupción que afectan al PP alcanzaron ayer al funcionamiento ordinario de la Mesa de las Cortes Valencianas. El presidente de la Cámara, Juan Cotino, se tuvo que ausentar para no invalidar la votación sobre la petición formulada por la oposición de que compareciese en la Diputación Permanente para explicar su relación con el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, en cuya contabilidad figura un apunte a su nombre de 200.000 euros realizado en 2004.

Cotino había formalizado previamente ante la Junta de Portavoces, en su condición de parlamentario, una petición para comparecer en la comisión del Estatuto de los Diputados “para informar sobre las falsedades difundidas sobre su persona en relación con la contabilidad del PP”.

Una salida, apoyada solo por el PP, que permitirá a Cotino comparecer el próximo 6 de septiembre a puerta cerrada en la citada comisión, sin la presencia de medios de comunicación. Con esta decisión, Cotino gana tiempo, reduce la presión sobre su partido y evita que los medios de comunicación puedan reproducir literalmente el contenido de su comparecencia. La petición presentada por Cotino para explicarse a puerta cerrada fue utilizada igualmente para rechazar la petición del Grupo Socialista de que compareciese un miembro del Consell en la Diputación Permanente para explicar las adjudicaciones de la Generalitat a Sedesa, la sociedad de la familia Cotino que, supuestamente, financió irregularmente al PP.

El portavoz socialista, Antonio Torres, argumentó que Sedesa logró del Consell del PP adjudicaciones en obras por valor de 850 millones de euros, a los que hay que añadir contratos de prestación de servicios por valor de otros 200 millones.

“El Grupo Socialista ha visitado las consejerías para ver las adjudicaciones a Sedesa y hemos comprobado que han existido irregularidades, porque las valoraciones de los técnicos no siempre se corresponden con la decisión final de los consejeros”, prosiguió Torres, que sentenció: “El presidente de las Cortes debería haber presentado ya su dimisión”.

Una opinión en la que coincidió la portavoz adjunta de CompromísMònicaOltra: “El presidente de las Cortes se ha tenido que ausentar porque se iba a hablar de sus miserias, por menos hay gente que ha dimitido”. “Las declaraciones de Bárcenas ratifican lo que dice su libreta y las explicaciones de Cotino llegan tarde y a una comisión sin presencia pública”, remachó Oltra.

Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes y responsable de Sedesa, ya figura como imputado en la causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia por la supuesta financiación irregular del PP valenciano.

“El PP ha utilizado su mayoría para impedir que la Diputación Permanente de las Cortes, que se celebrará este jueves, pueda tratar los puntos que solicitaba la oposición”, indicó la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz.

En la misma reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, los populares utilizaron su mayoría para rechazar las comparecencias del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, del titular de Sanidad, Manuel Llombart, y del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Al primero se le pedían explicaciones por la adjudicación de distintos contratos relacionados con Construcciones Taroncher, cuyo propietario es amigo personal del consejero, y con Avialsa, con cuyo propietario ha compartido partidas de caza. A Llombart le instaban a explicar la adjudicación del tratamiento de los residuos sanitarios a Reyval, una firma denunciada por la Fiscalía por supuesto delito contra el medio ambiente. Y del jefe del Consell, la oposición esperaba explicaciones sobre el proceso de privatización del sector público valenciano.

El portavoz del Grupo Popular, Jorge Bellver, aseguró que su grupo no se opone a ninguna de las citadas comparecencias pero que tendrán que realizarse en el periodo ordinario de sesiones. Lo que implica que, probablemente, hasta el mes de octubre no se podrán discutir.

El socialista Torres se quejó también del oscurantismo del Consell, que no facilita información sobre la partida presupuestaria 2.2.7 relativa a “trabajos realizados por otras empresas”.

“El PP ha hecho uso y abuso de su mayoría absoluta”, prosiguió el socialista, “porque no había ningún inconveniente para que la Diputación Permanente incluyese puntos”.

De este modo, el órgano que suple al plenario en los periodos no ordinarios de las Cortes, se reunirá el jueves únicamente para convalidar el decreto ley del Consell que reduce la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones (del 99% al 75%) y se eleva el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Un aumento de la presión fiscal con la que el Consellpreve recaudar 41 millones más este año y 120 el año que viene.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/26/valencia/1377539607_642689.html

LOS DIPUTADOS DEL PP SE REPARTIERON EN LAS CORTS 457.698 EUROS EN SOBRESUELDOS EN 2011

La contabilidad oficial aireada por un pirata informático confirma que el Partido Popular paga pluses como "gastos de representación" - Los parlamentarios y los dirigentes populares gastaron 113.534 euros en comidas, viajes y combustible en el último año electoral

El reparto de sobresueldos entre los diputados del PP de las Corts con cargo a las subvenciones que recibe el grupo no es una leyenda urbana. La contabilidad oficial del Partido Popular, que ayer fue destripada por un pirata informático, acredita la práctica seguida por la dirección del grupo desde hace años. Los representantes de los populares en la Cámara autonómica recibieron extras al margen de su sueldo oficial como mínimo hasta 2011, último ejercicio con las cuentas cerradas y auditadas por el Tribunal de Cuentas.

Ese año, el último electoral, los diputados del PP cobraron nada menos que 457.698 euros bajo el concepto oficial de «gastos de representación», según reflejan los papeles del partido ahora exhumados. El PPCV siempre ha mantenido que se trata de pluses que nunca se han pagado en negro, sino que han sido declarados a la Agencia Tributaria como ingresos de los diputados. No obstante, tampoco nunca han querido entrar en el detalle de explicar la cuantía exacta que cada cual recibía y en función de qué.

La contabilidad que ahora está circulando con transparencia forzada por Internet abarca desde 1990 hasta 2011. Los papeles retratan otra certeza incuestionable de este último ejercicio. En un año en el que los recortes estaban en niveles máximos, el partido siguió con un tren de gastos difícilmente conciliable con los ajustes y austeridad que se pregonaban desde el Consell. Era año electoral y Francisco Camps, acorralado por el caso Gürtel, echó el resto en una campaña de unas elecciones que él presentó como el veredicto de absolución del pueblo. Camps revalidó su mayoría absoluta, pero el 20 de julio a las cinco de la tarde se vio forzado a presentar su dimisión.

90.000 euros en encuestas

Alberto Fabra tomó las riendas del Consell y del partido. En los papeles de la contabilidad queda el rastro de unos gastos vinculados a la campaña que ascendieron a 113.534 euros. Es lo que el partido y el grupo popular pagaron por gastos de viajes, comidas, estancias y kilometraje. Pese a la inactividad parlamentaria que caracteriza a un año electoral, el grupo dedicó nada menos que 22.477 euros a las llamadas «comidas de trabajo».

El partido no le anduvo a la zaga. 33.296 euros costaron los alimentos ingeridos por quienes participaron en las reuniones de estrategia con mesa y mantel. La mayor parte de esa cantidad corresponde a la cúpula del partido. La dirección provincial de Valencia comió un poco menos. En total 11.044 euros es la cantidad que consta como apunte de gastos de comidas en la contabilidad que ayer puso patas arriba a un partido que no abandona el estado de «shock» desde que estalló el caso Bárcenas.

Cuando las urnas han de dictaminar la suerte política, los partidos se convirten en hiperactivos. Los desplazamientos de la plana mayor y de los diputados en campaña sumaron 28.180 euros. A esa cifra habría que sumarle el gasto en combustible. La regional dedicó 25.906 euros. En el apartado de «locomoción» aparecen otros 3.675 euros.

Resulta chocante que en un año en el que el partido tuvo que soltar lastre de nóminas y despedir a trabajadores, gastó paralelamente más de 90.000 euros en encuestas. El expresidente Francisco Camps, cuya imagen se deterioraba a pasos agigantados, encargó numerosos sondeos para pulsar la opinión ciudadana. La contabilidad registra una inversión de 201.781 euros en «servicios profesionales», cantidad a la que se añaden 12.146 euros por «otros asesores».

Alberto Fabra donó 1.500 euros para campaña

El presidente Alberto Fabra tuvo que rascarse el bolsillo para contribuir al partido en los gastos electorales. Su nombre aparece en la lista de donantes en la contabilidad nacional. Fabra, que fue cartel electoral en las municipales de Castelló, aportó 1.500 euros a la causa. Figura junto a miembros de la candidatura al Congreso o a las Corts por Castelló, como Ricardo Costa o Andrea Fabra. Precisamente Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló, es otro de los que aparece con un donativo de 4.500 euros. La dirección nacional del PP prescribió que los cargos públicos que aspiraban a revalidar su puesto o los debutantes en listas colaboraran en la derrama extraordinaria.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/07/09/diputados-pp-repartieron-corts-457698/1014794.html

UN EXASESOR DE VAERSA DICE EN 'GÜRTEL' QUE DIO EL VISTO BUENO A UN CONTRATO QUE VIO IRREGULAR POR ÓRDENES "DE ARRIBA"

Serra y Montalvo defienden que se limitaron a firmar facturas y que no intervinieron en las contrataciones

El ex asesor jurídico de la sociedad pública Vaersa Joaquín Fernando Tomás Font de Mora ha afirmado ante el juez del 'caso Gürtel' que dio el visto bueno a un contrato en el que detectó irregularidades porque le comentaron que no importaba el procedimiento y le dijeron que era un tema que "venía de arriba". Cuando se le ha preguntado por el significado de "arriba", ha apuntado hacia conselleria, pero ha indicado que no le dijeron nombres.

Tomás Font de Mora se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de imputado, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde estaba citado por la pieza 5 del 'caso Gürtel', en la que se investigan presuntas irregularidades en las contrataciones entre distintas administraciones valencianos con empresas de la trama.

Tomás, que estaba citado a declarar por el contrato que suscribió Vaersa en el año 2004 con Orange Market en relación a la 'Campaña de comunicación y sensibilización del correcto uso del contenedor amarillo', ha estado declarando durante algo más de tres horas en el tribunal valenciano. A su salida no ha querido atender a los medios de comunicación que estaban en la puerta.

Durante el interrogatorio, el imputado ha afirmado que tras estudiar la contratación de las campañas del contenedor amarillo con Orange Market, mostró sus reticencias al entonces director general, Juan Miguel Bellver, porque no se cumplía con algunos trámites, entre ellos, la publicación, y porque había diferentes irregularidades administrativas, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la declaración.

Sin embargo, y pese a su oposición, ha explicado que tanto Bellver como el que fuera jefe de área en la entidad, Antonio Santo Juan, le comentaron que era un tema prioritario y que lo tenía que tramitar. Es más, según ha dicho, Bellver le indicó que para este caso el procedimiento no importaba porque era un tema que venía "de arriba". Al preguntarle a qué se refería con "arriba", ha respondido que a "conselleria", pero que desconoce las personas concretas.

Tras Tomás le ha llegado el turno al ex secretario autonómico de Deportes de la Generalitat Valenciana David Serra, también imputado en la misma pieza, en relación con el contrato del Open de Tenis 2006 con sociedades de la trama.

Al respecto, Serra ha declarado, según ha podido saber Europa Press, que es cierto que firmó cuatro facturas al respecto, en relación con carpas de invitados y temas audiovisuales, pero ha indicado que no intervino en ninguna contratación. Así, ha explicado que el Open lo organizaba una empresa privada, que estaba bajo el patrocinio de otra mercantil.

A su salida del tribunal valenciano, el actualmente diputado y también exvicepresidente de Organización del PPCV ha indicado a los medios de comunicación que con su declaración se ha "evidenciado" que no ha habido "ninguna irregularidad" en "ninguna contratación" de Deporte durante su etapa. Ha respondido a todas las preguntas excepto a las formuladas por la acusación particular --PSPV--.

La última en declarar este miércoles, en calidad de imputada, ha sido la ex secretaria autonómica de Deportes de la Generalitat valenciana Niurka Montalvo, en relación con los mismos contratos del Open de Tenis que Serra, pero en su edición de 2007, y los suscritos para la presentación del Circuito Europeo de Golf 2008.

Montalvo, al igual que Serra, ha defendido que las facturas que firmó en relación con el Open eran sobre una actividad que ya había acabado, porque ella ocupó el cargo de secretaria en abril de 2007, y el torneo se había celebrado con anterioridad. También ha indicado que no tuvo nada que ver con los contratos.

En relación con el Circuito de Golf, la exatleta profesional ha señalado que firmó una factura en relación con un catering, pero ha afirmado que se hicieron muchos actos y que ella no contrató ni sabe quién lo hizo.

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-exasesor-vaersa-dice-dio-visto-bueno-contrato-vio-irregular-ordenes-arriba-20130710184341.html

MARTÍNEZ PIDE AYUDA AL PP PARA AFRONTAR LA FIANZA POR GÜRTEL

La expresidenta de las Corts no puede reunir los 636.500 euros y el partido descarta pagar el aval

La expresidenta de las Corts Valencianas y actual diputada popular está tratando de recabar apoyo externo para reunir los 636.500 euros que el juez que investiga una de las piezas separadas del caso Gürtel le ha impuesto, como fianza para atender una posible responsabilidad civil, por los cuatro graves delitos de los que se le acusa, y por los que la Fiscalía pide para ella 11 años de prisión y 34 de inhabilitación, en relación a las supuestas contrataciones fraudulentas realizadas en Fitur cuando ella era la consellera de Turismo. Martínez, que según fuentes de su entorno carece del patrimonio suficiente para avalar esta cantidad, habría expuesto su situación a los más altos dirigentes de su partido en el transcurso de las conversaciones que se están manteniendo con ella sobre su futuro en el grupo popular.

El presidente Alberto Fabra lanzó, tras el caso del exconseller Rafael Blasco (finalmente empujado al grupo de diputados no adscritos) un mensaje de tranquilidad al resto de imputados en las Corts asegurando que su caso era distinto al del exsíndic popular. Sin embargo, el auto del pasado día 2 de julio en el que dicta la apertura de juicio oral ha puesto de nuevo a Fabra frente al espejo de su línea roja contra la corrupción. La dureza del auto que incluso impone una fianza de más de 600.000 euros ha caído como un jarro de agua fría en Presidencia de la Generalitat. Fabra aseguró que el caso se está estudiando, si bien, con las Corts prácticamente inactivas, está sopensado qué hacer. En este contexto, la cúpula popular al más alto nivel ha empezado a hablar con Martínez sobre su futuro. La exconsellera se encuentra en una situación harta complicada ya que carece de recursos para afrontar una fianza tan elevada. Al parecer, aunque dispone de varias propiedades inmobiliarias y tierras, su valor no es suficiente para cubrir la fianza que el juzgado le solicita en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.

De no depositarla en un tiempo prudencial, los tribunales iniciarían el procedimiento para embargar sus propiedades, cuentas corrientes e incluso sus diferentes retribuciones. Ahora bien, el embargo no tendría efectos inmediatos. Es decir, sólo en caso de condena firme sería ejecutado. Martínez podría evitar estas medidas cautelares con una aval bancario. El PPCV, que intenta negociar con Martínez su salida al adscrito, descartó ayer de forma tajante ayudar a Martínez en la fianza. Sobre la mesa está también prestarle asesoramiento. La exconsellera de Turismo, según algunas fuentes no hará nada contra el partido, pero quiere garantías de que no se quedará sóla antes de irse al mixto, pero el PPCV no acaba de definir su postura.

Con la exconsellera Angélica Such parece que la salida del grupo es menos complicada, ya que no se resistirá, llegado el caso, a irse.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/07/05/martinez-pide-ayuda-pp-afrontar/1013585.html

EL JUEZ DE GÜRTEL IMPUTA A CUATRO CARGOS MÁS POR AMAÑAR CONTRATOS

Un ex secretario autonómico y el exdirector de Vaersa, entre los implicados

El caso Gürtel sigue siendo un agujero negro para el PP y el Gobierno valenciano cuya profundidad resulta imposible de estimar. Un día después de que el juez José Ceres enviara al banquillo a dos diputadas autonómicas que fueron consejeras con el expresidente Francisco Camps —a una la fiscalía le pide 11 años de cárcel y a la otra, 10 de inhabilitación— trascendieron otras cuatro imputaciones de antiguos cargos de la Generalitat.

Todas ellas están relacionadas con el fraccionamiento de contratos e irregularidades similares que habrían tenido como fin conceder sin competencia numerosos contratos a empresas de la trama corrupta. El primero de los nuevos imputados es Juan Miguel Bellver, que era director general de la empresa pública de Medio Ambiente Vaersa en 2004, cuando se concedió un contrato de 119.000 euros (más IVA) a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market.

Vaersa pagó la mitad del dinero, que debía servir para realizar una campaña de sensibilización del contenedor amarillo. Orange Market no hizo nada. Y la empresa pública nunca pidió el reembolso de los fondos.

El juez imputa a Bellver “porque del contenido de su propia declaración” como testigo “pueden existir indicios racionales bastantes para su participación en los hechos”. Derivado, en parte, “de las manifiestas contradicciones en las que incurrió”, “tanto en lo relativo a su papel en la decisión de la contratación como en posteriores actuaciones para la resolución del contrato”. Contra el exdirector de Vaersa pesa también la declaración de otro de los imputados, Antonio Santo Juan, jefe de área en Vaersa, “que intervino personalmente en la gestión de esta contratación”.

Están acusados de partir contratos para concedérselos sin competencia a la red
El magistrado se apoya igualmente en la declaración de otros excargos para imputar a Enrique Navarro, que fue secretario autonómico de Familia hasta diciembre. El juez ve indicios de que Navarro tuvo una “intervención relevante y decisiva” en la contratación de distintas empresas de la trama Gürtel para los actos Balance General (23.514 euros), Violencia de género, tolerancia cero (20.952 euros) y Punto Final (23.759 euros). Se celebraron entre 2006 y 2007 y, según la Intervención General del Estado, fueron troceados para adjudicarlos sin competencia.

El juez menciona que para imputarlo ha tenido en cuenta las declaraciones de Clara Abellán, exdirectora de la Mujer, así como del “jefe de prensa, la secretaria general administrativa y el jefe de sección de Coordinación Administrativa” que entonces trabajaban en la Consejería de Bienestar Social.

Enrique Bort, jefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), queda imputado por “facilitar, direccionar”, y participar presuntamente “en alteraciones relevantes” del procedimiento de contratación que eligió a Orange Market para realizar un vídeo sobre parques empresariales por 69.600 euros.

El cuarto imputado, por el mismo contrato que Bort, es José Manuel Vidal, que era empleado de Orange Market “aunque también fue alto cargo en algunas consejerías”. Vidal, a quien el juez atribuye “negociaciones y contactos posiblemente irregulares” con funcionarios para hacerse con el contrato, pasó por varios departamentos de la Generalitat. Incluido el gabinete del expresidente Víctor Campos, condenado por aceptar regalos de la red.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/02/valencia/1372781873_474920.html

LA PERLA NEGRA DE CAMPS

La exconsejera de Turismo abrió la puerta de los grandes contratos a Gürtel

Martínez, que fue presidenta de las Cortes Valencianas, se asoma al abismo

El carrusel judicial al que se enfrentan los populares valencianos ha cogido velocidad. Una velocidad tal que puede acabar por lanzar al vacío a algunos de los principales referentes de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Es el caso de la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez (Córdoba, 1958), que llegó a ocupar la presidencia de las Cortes Valencianas y hoy se niega a renunciar a su puesto de diputada autonómica y alcaldesa de Novelda (Alicante), pese a que está procesada por corrupción.

La apertura de juicio oral por la adjudicación irregular de contratos de la consejería valenciana de Turismo a la trama Gürtel ha vuelto a poner bajo los focos a Martínez. La exconsejera de Camps será juzgada —en compañía de la también exconsejera Angélica Such y junto a otros cinco cargos y seis miembros de la red corrupta— por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

La Fiscalía Anticorrupción le pide a Martínez 11 años de prisión y 34 de inhabilitación. Una petición que supone un auténtico mazazo para ella —la petición para Angélica Such es de 10 años de inhabilitación— cuya meteórica carrera política asemejó durante años un eco de la de Camps.

Ahora la exconsejera aguarda el juicio tras los muros de su lujoso chalé situado en las afueras de Novelda. Un refugio del que sale muy pocas horas al día para atender los asuntos urgentes. “Es una persona muy solitaria, con muy pocos amigos, que ha aprovechado sus cargos en Valencia para recuperar la alcaldía que dejó en 2004”, señala un político local.

‘La Perla’, persona solitaria y reservada, ha decidido refugiarse en el interior de su chalet
Quizá por ello, Martínez postuló a su asistenta como concejal en la candidatura municipal que lideró 2011. Hoy, Isabel Cascales —la persona que ha estado a su servicio durante años— es una de las pocas terminales que mantienen a la exconsejera conectada con el exterior.

Alcaldesa de Novelda desde 1995 (un municipio alicantino de 27.000 habitantes), Martínez imprimió velocidad a su carrera política a partir de 2003, con la llegada de Camps a la presidencia de la Generalitat.

De carácter muy reservado, pero obediente en sus decisiones, Milagrosa Martínez fue uno de los primeros cargos de la provincia de Alicante en apoyar a Camps en su pugna con el entonces ministro Eduardo Zaplana por el control del partido en la provincia.

“Asistía a las reuniones [de los zaplanistas] y al acabar llamaba a Camps para contarle lo que se había hablado y ponerlo sobre aviso”, explica un ex alto cargo del PP, que recuerda como traicionó al entorno de Zaplana.

“Yo he tomado la decisión de no huir” dice la política procesada

El apoyo tuvo su recompensa. Y Camps la nombró consejera a la primera ocasión. Desde su nombramiento en 2004, como consejera de Turismo, Martínez, hizo de ariete del campismo en la provincia de Alicante. Pero también abrió la puerta de los grandes contratos del Gobierno valenciano a la trama Gürtel. Una decisión donde tuvo el apoyo de su jefe de Gabinete, Rafael Betoret, para quien la fiscalía pide los mismos años de prisión que para Martínez tras declararse culpable hace dos años en el caso de los trajes por el que se juzgó a Camps.

La consejera adjudicó a Orange Market, la ventanilla de la trama en Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, el primer contrato para montar en 2005 el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Un concurso adjudicado por un millón de euros al que siguieron otros cuatro —los dos últimos adjudicados por Such—. En total más de cinco millones de euros en contratos que fueron a la caja de la trama corrupta.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Orange Market “no solo no habría podido lograr ser adjudicataria de contrato alguno, sino incluso ser admitida como empresa participante en el concurso, por carecer de la necesaria solvencia técnica”.

“Quien tiene la conciencia limpia no huye y yo he tomado la decisión de no huir”, recalca desde hace meses la exconsejera, que rehuye a los periodistas.

Conocida como La Perla, el apodo con el que la bautizaron los miembros de la trama Gürtel, Martínez figura también en la lista de cargos que fueron agasajados, presumiblemente con un reloj de la marca Hublot valorado en 2.400 euros que el propio Francisco Correa compró en una lujosa joyería de la madrileña calle de Serrano. Así al menos se desprende de una conversación intervenida a El Bigotes con el contable de la trama, Cándido Herrero. “Tenemos que comprar un reloj a la consejera de... Porque se lo compré a la hija de puta de La Perla ¿no se lo voy a comprar a la de ahora [Angélica Such], a la de Turismo?”, aseguraba Álvaro Pérez.

Cuando el caso Gürtel estalló en febrero de 2009, Camps ya había recompensado el trabajo bien hecho de Martínez con un nuevo ascenso: la presidencia de las Cortes. Un cargo que ocupó entre 2007 y 2011, con idéntica lealtad a Camps y sin reparos para aplicar el reglamento de la Cámara con celo para cortar las críticas de la oposición por los escándalos de corrupción.

Martínez admite que, desde que fue imputada en el caso Gürtel, ha asumido “la peor experiencia vivida después de la muerte de los seres queridos”. Pero no piensa dejar ni el Ayuntamiento de Novelda —donde su grupo municipal está enfrentado— ni las Cortes valencianas. Probablemente, porque carece de empleo y, como Camps, no espera ya un destino mejor.

http://politica.elpais.com/politica/2013/07/02/actualidad/1372794966_265298.html

FABRA FRENA LA SALIDA DE LA PERLA

El presidente regional del PP quiere "tiempo" y "espacio" antes de asumir medidas drásticas

Alberto Fabra pide tiempo, y considera que su hoja de ruta para atajar los casos de corrupción requiere fuego lento. No quiere precipitarse, ni adoptar medidas drásticas que no tengan marcha atrás y sean irreversibles. El presidente regional del PP y también presidente de la Generalitat tiene clara la teoría: el que la hace la paga y el corrupto fuera del Grupo del PP.

Pero esa teoría choca con la realidad: las actas tanto de diputado como de concejal son personales, la presunción de inocencia hay que respetarla y la imputación o la apertura de juicio oral no implica una condena. Y en el entorno del presidente de la Generalitat destacan el caso de Vicente Rambla, contra el cual el juez no ha abierto juicio oral. “Si llegamos expulsarle hubiéramos hecho un daño irreparable”, insisten. Con todo, Rambla tiene pendientes otras dos causas.

Pero la consigna es clara: ante las decisiones judiciales que impliquen a políticos del PP hay que poner por en medio tiempo y espacio antes de actuar. El presidente de la Generalitat y del PP regional, Alberto Fabra, se limitó a comentar públicamente, antes de celebrar un acto con empresarios en Alicante, que “la situación” de las exconsejeras Milagrosa Martínez y Angélica Such, que se sentarán en el banquillo por los contratos para Fitur con la trama Gürtel, será “analizada” tanto en el propio partido como en el seno del Consell.

El PP intenta marcar las diferencias entre el caso Blasco y el de las consejeras

Y hasta ahí, las declaraciones oficiales. Fuentes del PP no concretaron si habrá comité ejecutivo regional previo al pleno del Consell del viernes, o si se celebrará alguna otra reunión interna para analizar la situación de la también alcaldesa de Novelda y diputada autonómica, conocida en el PP como La Perla.

Fuentes de la dirección provincial del PP en Alicante explicaron que la citación para el juicio oral comportará la apertura de un expediente contra las implicadas, y que el PP adoptará medidas más severas “solo cuando haya sentencia firme condenatoria, y no antes”.

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Jorge Bellver, se encargó de marcar diferencias entre el caso del exconsejero Rafael Blasco y de las exconsejeras Martínez y Such. Para Bellver hay “una diferencia sustancial”, ya que para el primero, además de la apertura de juicio oral, había un informe acusatorio de la Abogacía de la Generalitat. Y en el caso de las exconsejeras, los informes de la Generalitat apuntan que “se actuó de acuerdo a la legalidad y que los expedientes se tramitaron perfectamente”, aseguró.

Mientras tanto en el Ayuntamiento de Novelda, cuya vara de mando regenta todavía Milagrosa Martínez, aumenta la presión política y la oposición municipal exige la dimisión de la exconsejera. La alcaldesa mantiene un pulso dentro del equipo de gobierno del PP, donde de los 12 concejales solo cuatro son afines a Martínez y el resto discrepa y quiere moverle la silla.

Ante esta situación, la oposición saca rédito político de la situación de la alcaldesa. El secretario provincial del PSPV, David Cerdán, considera que “la línea roja contra la corrupción de la que presume el presidente, Alberto Fabra, deja fuera a la provincia de Alicante”. Los socialistas en Novelda exigieron a Fabra que actúe “con contundencia” y aparte a Martínez de sus responsabilidades. “Que la alcaldesa se siente en el banquillo es un espectáculo que los noveldenses no se merecen”, aseguró Manuel González, portavoz socialista. El grupo municipal de UPyD en Novelda considera “inadmisible” que Martínez “continúe al frente” del Ayuntamiento. El portavoz de este partido, Armando Esteve, considera que el PP ha “traspasado todas las líneas rojas para atajar la corrupción, ya que consiente que Martínez firme decretos de la Alcaldía mientras se sienta en el banquillo”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/02/valencia/1372789486_573366.html

DOS CONSEJERAS DE CAMPS, A JUICIO POR MALVERSACIÓN, COHECHO Y PREVARICACIÓN

El magistrado ve prevaricación, malversación y cohecho por los contratos de Fitur a Orange Market

Fiscalía pide 11 años de cárcel para una exconsejera de Camps por Gürtel

La trama Gürtel redactó las bases del concurso público que le dio Camps

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decretado auto de apertura de juicio oral de la pieza en la que investigaba los contratos de Fitur otorgados a Orange Market, la filial de la trama Gürtel en Valencia. La causa, que instruye el magistrado José Ceres, investiga las contrataciones de la Generalitat para la construcción y montaje del pabellón de Fitur entre 2005 y 2009 y es la más avanzada de la rama del caso en la Comunidad Valenciana.

Con esta decisión, el magistrado Ceres manda al banquillo a dos exconsejeras de Francisco Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such (ambas forman parte aún del Grupo Popular en las Cortes valencianas) y archiva la causa contra el exvicepresidente Vicente Rambla al considerar no existen indicios lo suficientemente sólidos contra él, tal como señaló la fiscalía. Rambla sigue imputado, sin embargo, en otras dos piezas separadas por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

El juicio oral se abre por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, enriquecimiento injusto, falsedad en documento oficial, cohecho pasivo, cohecho activo, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, uso de información privilegiada e infidelidad en la custodia de documentos.

Además de las dos exconsejeras, se sentarán en el banquillo el exjefe de gabinete Rafael Betoret; los cargos y funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo Isaac Vidal, Jorge Miguel Guarro, Ana María Grau y Juan Bover; y los miembros de la red corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.

El magistrado establece distintas fianzas de responsabilidad civil en función de los delitos por los que pueden ser eventualmente condenados. En el caso de Martínez, conocida por la trama como La Perla, que sigue siendo además de diputada alcaldesa de Novelda (Alicante), el juez establece una fianza de 636.500 euros. Para Betoret, ya condenado en el caso de los trajes, de 645.000 euros. Y en el de los principales cabecillas de Gürtel, de 651.500 euros.

Las adjudicaciones de Fitur, pese a que Orange Market presentaba "la oferta más cara" se repitieron ininterrumpidamente desde 2005 a 2009, y reportó a la trama cerca de cinco millones de euros. Parte de los fondos, recuerda el juez, fueron por actividades ajenas a la que recogían los concursos públicos y fueron concedidos a dedo, pese a que por su cuantía era necesario que se abriera una nueva convocatoria.

Ceres también destaca que, según ha concluido la investigación, la trama llegó a redactar directamente los "criterios de adjudicación" para que les resultaran lo más "favorables" posibles y, al mismo tiempo, les permitieran ganar el máximo de dinero al "reducir la valoración económica y aumentar los criterios subjetivos" sobre los que se basaba la convocatoria.

El magistrado también señala que Orange Market, que no reunía los requisitos básicos ni para poder presentarse al primer concurso que ganó (el de 2005) y "se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana", se impuso a otras empresas, "algunas con gran experiencia profesional".

Sobre el auto del juez, como en el de hace una semana de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior valenciano, planea la idea de que la trama corrupta logró los contratos gracias a apoyos de las altas instancias de la Generalitat y del PP regional, ambos presididos entonces por Camps.

Ceres indica que los cabecilla de Gürtel, "al disminuir los actos encargados por el Partido (Popular) a nivel nacional, deciden crear Orange Market en Valencia dadas las buenas relaciones existentes entre sus gestores, singularmente Álvaro Pérez, con algunos dirigentes del Partido Popular y de la Generalitat valenciana". Y menciona a Víctor Campos (condenado con Betoret por aceptar regalos de la trama), el ex secretario general Ricardo Costa, Rambla y el propio Camps.

El magistrado instructor también considera acreditado que Rambla aceptó regalos de la trama, pero considera "razonable" la explicación dada por el mismo: "Lo enmarqué en el entorno navideño y en la relación personal, sin darle ninguna importancia", declaró el exvicepresidente. La relación de obsequios hacia él y su familia que el juez considera acreditados incluyen "un bolso de una marca conocida de algo más de 200 euros para su esposa".

Tampoco se ha podido confirmar en la investigación el supuesto reloj que la trama regaló a la exconsejera Such, pero sí el que recibió su antecesora en el cargo y posteriormente presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez. Se trató en este caso, según recoge el auto, de un reloj de la marca de lujo suiza Hublot valorado en 2.400 euros.

Contra la apertura de juicio no cabe recurso, de modo que la tercera pieza separada del caso Gürtel en Valencia queda solo a la espera de que se señale la fecha para celebrarlo.

PSPV y EU piden la expulsión de Martínez y Such de las Cortes

PSPV y EUPV han pedido al PP que expulse de su grupo de las Cortes Valencianas a las exconsejeras y diputadas del PP Milagrosa Martínez y Angélica Such.

La vicesecretaria de Política Autonómica del PSPV, Ana Barceló, ha recordado en un comunicado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "aseguró que los diputados imputados de su partido pasarían al grupo de los no adscritos en el momento en que se abriera juicio oral contra ellos". Barceló ha incidido en que Fabra "no puede exigir respeto para su partido y apartarlos de los cargos orgánicos mientras los mantiene como representantes públicos en las instituciones".

"Fabra no debe esperar a que los tribunales hagan su trabajo sino que tiene que empezar a ser contundente en su acción política", ha añadido.

Por su parte, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha apuntado que la línea roja de Fabra "se ha trazado ya para el 'caso Fitur', y ahora lo que esperamos es que tras la apertura del juicio oral a Milagrosa Martínez y Angélica Such, el presidente nos ahorre otro circo como el de Blasco".

"Esperemos que en esta ocasión no le tiemble el pulso, que tome decisiones inmediatas separando a las dos diputadas de su grupo, y cumpliendo así la palabra dada en sede parlamentaria". Sanz ha advertido de que la credibilidad de la institución "está en juego", y el presidente Fabra "no puede supeditar sus decisiones al juego de las mayorías de su grupo parlamentario".

http://politica.elpais.com/politica/2013/07/01/actualidad/1372686717_143217.html

EL TSJ ABRE UNA INVESTIGACIÓN A COSTA POR COHECHO

Climent asume las pesquisas por la denuncia de un ex trabajador de Lubasa que lo acusa de financiación ilegal

El Tribunal Superior de Justicia ha abierto una nueva investigación contra el diputado del PP y ex secretario general del partido en la Comunitat Valenciana por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. La investigación parte de la denuncia de un trabajador despedido de la constructora Lubasa que mantiene un litigio con la firma por cuestiones laborales. El ex empleado de Lubasa acusa a la firma de hacer entregas de dinero al partido, según fuentes próximas al caso. El juez instructor es Juan Climent. El magistrado fue el presidente del jurado en el caso de los trajes en el que el diputado popular salió absuelto.

Ricardo Costa está imputado en las piezas de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular del caso Gürtel. La constructora también está siendo investigada por la supuesta financiación ilegal. Fuentes del TSJ explicaron ayer que Climent tiene que estudiar el fondo de la denuncia y puede archivarla, pedir que se una al caso Gürtel o continuar con una investigación independiente.

La denuncia la presentó el ex trabajador de Lubasa hace unas semanas en la Fiscalía de Castelló, que remitió el caso a un juzgado castellonense al apreciar indicios de delito. Dado que los hechos supuestamente ocurrieron en Valencia, el asunto pasó al juzgado de Instrucción número cinco de Valencia, que tomó declaración al denunciante para que ratificara la acusación. En el interrogatorio, según fuentes cercanas al caso, estuvo el fiscal anticorrupción, que también lleva el caso Gürtel.

Una vez cumplimentado el trámite, la juez de Instrucción cinco elevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia porque Ricardo Costa es aforado. Fuentes próximas a Costa aseguraron que el diputado autonómico ni siquiera conoce el contenido de la denuncia y recordaron que él no puede haber cometido directamente los delitos de prevaricación y cohecho porque no formó parte del Consell y no tenía capacidad para adjudicar contratos. Estas fuentes mostraron su sorpresa por la difusión de la información a través del canal oficial del TSJ en la red social Twitter.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/26/tsj-abre-investigacion-costa-cohecho/1010604.htm

LUBASA CONECTA LA NUEVA DENUNCIA CONTRA RICARDO COSTA CON EL ‘CASO GÜRTEL’

Una persona que estuvo vinculada a la constructora acusó al 'ex número dos' del PP valenciano

Los hechos, que el TSJ estudia si investiga, serían constitutivos del delito de financiación ilegal

La nueva denuncia contra Ricardo Costa, diputado autonómico y ex número dos del PP valenciano, por otro supuesto delito de financiación ilegal fue formulada por una persona que estuvo vinculada a la constructora Lubasa, según confirman fuentes jurídicas.

Según la denuncia, cuya admisión a trámite debe decidir ahora el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Climent, Costa habría aceptado dinero de forma irregular, cometiendo con ello un delito electoral (nombre técnico de la financiación ilegal).

Costa ya está imputado en el Tribunal Superior dentro del caso Gürtel por supuesto delito electoral y falsedad documental en las campañas electorales realizadas por el PP valenciano en los años 2007 y 2008. Los fondos irregulares habrían sido aportados en esos casos por ocho empresas de la construcción y de obra civil, receptoras a su vez de millonarias adjudicaciones por parte de la Generalitat valenciana. Una de ellas fue también, según abundantes indicios, Lubasa.

La coincidencia de uno de los imputados, de una de las empresas investigadas y de un mismo delito presuntamente cometido pueden conducir a la acumulación de las nuevas pesquisas dentro del caso Gürtel.

Junto a Ricardo Costa están imputados por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el exvicesecretario general del PP David Serra, la extesorera Yolanda Ibáñez, la exgerente, Carmen Ibáñez y numerosos empresarios, aparte de los cabecillas de Gürtel. No se encuentra entre ellos, en cambio, el expresidente valenciano Francisco Camps, a pesar de que presidía el PP regional por entonces.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/20/valencia/1371755089_123405.html

AUXILIADORA HERNÁNDEZ DEFIENDE LA LEGALIDAD DE LOS CONTRATOS Y REITERA QUE ORANGE MARKET ERA UNA EMPRESA MÁS

La que fuera directora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y secretaria autonómica de Educación, María Auxiliadora Hernández, ha defendido este jueves ante el juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la legalidad de los contratos firmados con Orange Market S.L. —una de las empresas investigadas—, al tiempo que ha reiterado que esta mercantil era una empresa más de todas con las que trabajaban en ese momento.

Hernández estaba citada a las 9.30 horas en el tribunal valenciano para declarar, en calidad de imputada, por la pieza número cinco del 'caso Gürtel' —en total hay seis—, que investiga las contrataciones de la Generalitat con empresas de la trama, entre ellas, Orange Market.

La imputada ha acudido al TSJCV sobre las 9.15 horas, en compañía de su abogado, y ha concluido su declaración unas dos horas más tarde. A su salida, no ha querido hacer ningún tipo de declaración, y se ha limitado a decir que había contado "la verdad".

En el interrogatorio, según ha podido saber Europa Press, Hernández ha negado que firmara los contratos por el II Congreso de Software Libre celebrado en Castellón los días 5 y 6 de mayo de 2005, y ha explicado que firmó otros contratos relacionados con congresos de educación, cuando era secretaria autonómica.

Sobre los mismos, ha declarado que todos los contratos que pasaron por su mano eran legales, y ha negado que se fraccionaran para intentar beneficiar a empresas de la trama. En esta línea, al igual que han defendido otros imputados y testigos del caso, ha asegurado que Orange Market S.L. era una empresa más de todas con las que trabajaban.

Para esta jornada, también estaba citada en el TSJCV, también como imputada, Inmaculada García Pardo, por su etapa como directora general del Sepiva, quien ha acudido sobre las 10.15 horas acompañada de su letrado. A su llegada, un grupo de unas diez mujeres, extrabajadoras del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) —afectadas por el ERE— le han recibido a gritos de "corrupta".

Declaró en 'Caso de los trajes'

Auxiliadora Hernández ya prestó declaración, pero en calidad de testigo, en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, por un delito de cohecho pasivo impropio, dentro del conocido como 'caso de los trajes'.

En ese momento, calificó de "casualidad" el hecho de que contratara con cinco empresas del grupo Correa para desarrollar un congreso sobre familia y escuela, al tiempo que indicó que recordaba haber trabajado con Orange Market "y con muchas otras empresas".

Asimismo, defendió en su declaración que "nunca hubo un trato diferenciado" en las adjudicaciones. Explicó que solo recordaba haber contratado con Orange la organización del congreso de familia, hasta que le mostraron unos documentos en los que también figuraban entidades como Servimadrid o Diseño Asimétrico, mercantiles de la trama. Este contrato de familia y escuela se dividió en cinco subcontratos, entre los que figuraban el suministro de tarjetas; los traductores; las acreditaciones y el material de carpintería.

http://www.20minutos.es/noticia/1849805/0/

LA OPOSICIÓN RECLAMA A FABRA QUE TOME MEDIDAS CONTRA LOS TRES DIPUTADOS

Los socialistas preguntan al presidente si va a aplicar el mismo rasero anunciado para Blasco

La oposición reclama al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, medidas contras los tres diputados autonómicos que han quedado a un paso del banquillo tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano de rechazar los recursos contra sus procesamientos por haber amañado supuestamente concursos públicos a favor de Orange Market, la sucursal en Valencia de la trama Gürtel. Se trata de Vicente Rambla, expresidente de la Generalitat, Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsejera, y Angélica Such, también exconsejera.

Ana Barceló, presidenta del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas subrayó que Fabra "se comprometió a expulsar del PP al diputado Rafael Blasco si finalmente se abría juicio oral contra él por el denominado caso Cooperación", en el que se investiga el supuesto desvío de ayudas al Tercer Mundo, e inquirió "si hará lo mismo con estos tres diputados si de igual forma se enfrentan a la apertura de juicio oral". Los ciudadanos "quieren saber si existe diferencia entre unos diputados y otros y dónde están sus líneas rojas", añadió Barceló.

La diputada destacó la contradicción de que Fabra y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "intentaban que no se les fotografiara" el lunes con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el acto por la llegada del AVE a la ciudad, por estar imputada en el caso Brugal, mientras que no parece tener problema en ser retratado en las Cortes con los nueve parlamentarios (incluida Castedo) inmersos en casos de corrupción.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, reclamó a Fabra que aplique el código ético del PP "para evitar ver diputados votando y, después, declarando en un tribunal". "Hace falta que los implicados se dejan de hacer teatro y explican toda la verdad, añadió Morera. El diputado consideró que el "el pueblo valenciano no se merece el descrédito de las instituciones y que cada día tengamos nuevos casos de altos cargos de la administración, de exconsellers, que acuden a los tribunales".

El diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, ha puesto el dedo en la llaga de otra de las piezas del caso Gürtel abiertas en el Tribunal Superior. "De todos los viajes del pontífice, el único que ha acabado en los tribunales es el que organizaron (el expresidente Francisco) Camps, (el presidente de las Cortes Valencianas Juan) Cotino y (el anterior arzobispo de Valencia Agustín) García Gascó", ha afirmado Blasco que ha agregado: "Queremos saber cuánto se ha gastado exactamente en la visita del papa, porque hasta ahora las cifras bailan alrededor de los 15 millones de euros".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/19/valencia/1371643740_055774.html

LOS JUECES DEJAN A TRES CONSEJEROS DE CAMPS A UN PASO DEL BANQUILLO

El Tribunal Superior de Valencia confirma el procesamiento de 14 imputados en Gürtel

Están acusados de amañar concursos públicos por cinco millones a favor de la trama

Tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia valenciano despejaron este martes el camino para el primer juicio sobre el presunto saqueo de las arcas de la Generalitat por parte de la trama Gürtel. Los jueces de la Sala Civil y Penal rechazaron en un auto los recursos de 14 procesados por uno de los negocios más lucrativos en Valencia para la banda de Francisco Correa: las adjudicaciones, supuestamente amañadas, del diseño y montaje del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009, por un importe cercano a los cinco millones de euros.

Tres de los procesados fueron consejeros en la etapa del expresidente Francisco Camps. Milagrosa Martínez, apodada La Perla por la trama corrupta, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicitó 11 años de prisión en enero y que pese a ello se ha mantenido como diputada autonómica y alcaldesa de Novelda (Alicante). Angélica Such, para quien el ministerio público pidió 10 años de inhabilitación y que también sigue siendo diputada en el Parlamento autonómico. Y Vicente Rambla, que además de consejero fue vicepresidente de la Generalitat, sigue de diputado y la fiscalía no lo acusa, pero el PSPV-PSOE sí.

La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Milagrosa Martínez y 10 de inhabilitación para Angélica Such
La pieza de Fitur es una de las seis que componen la rama valenciana de Gürtel. Una vez que los recursos contra los procesamientos han sido rechazados, en los próximos días o semanas el magistrado que instruye la causa, José Ceres, abrirá el juicio oral. Es altamente improbable, sin embargo, que el juicio se celebre antes del verano.

La Fiscalía Anticorrupción no acusó a Rambla, lo que trasladó la impresión de que era difícil que llegara a sentarse en el banquillo por esta pieza (está imputado en otras dos, que versan sobre financiación ilegal). Los jueces, no obstante, rechazan el recurso del número dos de Camps en la Generalitat y dejan pistas que apuntan a que Rambla puede ser efectivamente juzgado por las adjudicaciones de Fitur.

Los jueces repasan los indicios que pesan sobre él, admiten “que pueden ser de una menor entidad” que los que existen contra otros imputados, y añaden: “Nos encontramos, no ante hechos aislados, sino ante una trama tendente a la adjudicación continuada de estos eventos que se llegan a calificar como de ‘naturaleza política de la máxima relevancia’, que precisamente por su generalización y eventual relación con el partido en el Gobierno de la Comunidad Valenciana, hace sospechar la existencia de un elemento aglutinador ajeno a la Agencia Valenciana de Turismo, del que partan las diferentes directrices e instrucciones con el fin de que se introduzcan las alteraciones necesarias para lograr” que las adjudicaciones fueran siempre para Orange Market, la empresa que regentaba Álvaro Pérez, El Bigotes.

Se trata de la primera vez que los jueces valencianos destacan la abrumadora presencia de la trama a lo largo y ancho de la Administración autonómica, y plantean la existencia de apoyos del más alto nivel que abrían al Bigotes las puertas de los despachos oficiales. La rama valenciana de Gürtel tiene cerca de 60 imputados, la mayoría de ellos cargos y funcionarios de 17 departamentos y empresas de la Generalitat, acusados de haber torcido la ley para beneficiar a Orange Market y otras empresas del grupo de Francisco Correa.

Los jueces que firman la resolución, y que incluyen a la presidenta del Tribunal Superior, Pilar de la Oliva, añaden que la “existencia de indicios” contra Rambla “impone que se arbitren los mecanismos procesales adecuados para que pueda ventilarse con total amplitud, y tras su valoración contradictoria decidir lo procedente”. Esto es, fórmulas jurídicas que apuntan a la conveniencia de que el exvicepresidente también sea juzgado.

La sala también avisa de que la condena a Rafael Betoret por cohecho en el caso de los trajes puede “llegar a emplearse como un indicio más contra él”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/18/valencia/1371567397_841305.html

LA CÚPULA DE RTVV APUNTA A PEDRO GARCÍA POR EL AMAÑO DE LA VISITA DEL PAPA

Los exresponsables del ente atribuyen a los técnicos la elección de Teconsa.

Empleados del ente increpan a los directivos a la puerta del Tribunal Superior

La antigua cúpula de RàdioTelevisió Valenciana (RTVV) apuntó este martes al exdirector general de la corporación, Pedro García, como responsable del amaño de la cobertura de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El exdirector de Canal 9 José Llorca, los exsecretarios generales del ente Juan Prefaci y Vicente Sanz, el jefe de sección de compras, Benjamín Íñiguez, y la abogada de la corporación, Encarna Pérez, estaban citados como testigos al haber participado en la mesa de contratación que eligió a Teconsa, una constructora sin experiencia audiovisual y vinculada a la trama Gürtel, para encargarse de la cobertura de los actos del Pontífice. Según fuentes conocedoras de sus declaraciones, todos ellos mantuvieron una línea común consistente en responsabilizar de la operación al director general y también a los técnicos del ente.

A Pedro García, que era amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, y de otros cabecillas de Gürtel, le responsabilizan de haber decidido que la contratación de la cobertura papal se realizara mediante procedimiento negociado —la Administración invita a participar a al menos tres empresas y elige la que considera más ventajosa—. A pesar de que alguno de los citados ayer admitió que, por la cuantía de la adjudicación, cercana a los siete millones de euros, la vía adecuada era el concurso público. Ante las preguntas de las acusaciones de por qué no tomaron ninguna medida al respecto, respondieron que tratándose de una decisión de la dirección general no iban a “contradecirla”.

El procedimiento negociado fue una de las vías favoritas de la red de Francisco Correa para hacerse con convocatorias públicas. Y una de las formas más habituales para garantizar que la modesta competencia entre empresas quedase anulada consistió en copar con empresas de su propio público el procedimiento, lo que requería la connivencia de la Administración convocante.

Los testigos señalaron también a los técnicos del ente por haber defendido ante la mesa de contratación, según su versión, que la oferta de Teconsa era la mejor.

Los miembros de la mesa de contratación insistieron en que no sabían quién invitó, de entrada, a participar a Teconsa. Ni recordaban quién hizo las ofertas. Ni habían consultado el expediente antes de sentarse a elegir a la empresa que debía hacer los trabajos. Un muro de desmemoria que hizo subrayar al fiscal que era curioso “que de unas cosas se acuerdan muy bien y de otras no recuerdan nada”.

Teconsa, que no tenía medios para hacer el trabajo, subcontrató a otras firmas para hacerlo por la mitad del dinero. La otra mitad de los siete millones acabó, según la investigación, en manos de los cabecillas de la trama y de Pedro García, una vez descontada la comisión que se embolsó Teconsa.

Un ‘paseillo’ muy largo para el procesado Sanz

El recibimiento de los cinco directivos y excargos de RàdioTelevisió Valenciana (RTVV), que acudían a declarar como testigos fue mucho peor que el han tenido en los últimos años la mayoría de imputados en las seis piezas del caso Gürtel. El motivo: el numeroso grupo de trabajadores y afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) en la corporación, que los increparon a las puertas del tribunal. El paseíllo fue especialmente duro para Vicente Sanz, ex número dos del ente, que está procesado como presunto autor de acoso sexual contra tres trabajadoras.

La policía acompañó su entrada al Tribunal Superior, al que llegó en taxi, para evitar que los miembros de la plataforma contra el ERE lo rodeasen. Las caras y los gestos de tensión de Sanz, Juan Prefaci y José Llorca reflejaron el mal trago. El grito más repetido en la protesta fue el de “ladrones”.

Su participación en la causa que investiga el amaño en la cobertura de la visita del Papa no puede darse, sin embargo, por segura. Según fuentes conocedoras de sus declaraciones, antes de empezar los interrogatorios el magistrado José Ceres preguntó al ministerio fiscal si estaba seguro de querer interrogar a los cinco en condición de testigos, y no en la de imputados. Ser llamado como testigo obliga a decir la verdad, la de imputado permite, en cambio, tanto negarse a declarar como mentir.

A pesar de los potenciales problemas que entraña, y de que lo que hayan declarado como testigos no podrá ser utilizado posteriormente contra ellos, hay numerosos antecedentes en el mismo caso Gürtel de personas que han acudido como testigos y han acabado siendo imputados días o meses después.

Los cinco admitieron que concedieron el contrato a Teconsa sin realizar el mínimo análisis crítico de su oferta, sin conocer el expediente y sin cuestionar el laxo procedimiento elegido para concederlo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/18/valencia/1371549755_389216.htm

EL JUEZ PIDE A FERIA VALENCIA QUE ACLARE ABONOS A ORANGE MARKET

La Fiscalía ha solicitado detalles de facturas de 2008 por 1,4 millones de euros

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha solicitado a Feria Valencia que aclare lo abonado a una de las empresas de la trama, Orange Market, SL, en el año 2008, tras detectarse el pago de 1.438.400 euros.

El magistrado José Ceres realiza esta solicitud a petición del fiscal del caso y después de que Feria Valencia ya remitiese hace algo más de una semana dos facturas con Orange por valor de 1.038.000 euros relacionadas con unos "servicios" prestados en torno a la precampaña de Feria Valencia Habitat 2008.

Junto a estas facturas, Feria Valencia informó en ese momento de que no les constaba un contrato por el que le preguntaba el ministerio público, suscrito entre la institución ferial, representada por entonces por el presidente del Comité Ejecutivo, Alberto Catalá, con Orange Market, con fecha 1 de febrero de 2008, y relativo a servicios integrales de marketing y publicidad. Solo tenía dos facturas con esta mercantil por 580.000 euros y 458.000 euros.

El fiscal, tras recibir la respuesta de Feria Valencia, ha solicitado de nuevo al magistrado que requiera a la institución un informe ampliatorio sobre varios extremos. Entre ellos, pide que se le pregunte por lo abonado a Orange Market en 2008, con indicación detalladas de las fechas, partidas y conceptos, tras la existencia de una "imputación" de pagos por importe de 1.438.000 euros.

Además, requiere que Feria Valencia informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el contrato de arrendamiento de servicios integrales de febrero de 2008; y sobre la documentación que tiene relativa a la contratación con Orange Market de Valencia Habitat 2008. El magistrado ha aceptado esta solicitud y la ha trasladado a la institución ferial.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/17/valencia/1371491686_979812.html

EL EXEDIL PEÑAS REAFIRMA QUE CORREA PRESUMÍA DE SER “EL AMO” EN VALENCIA

El juez de Gürtel imputa a otra cargo y ahonda las pesquisas en Feria Valencia

José Luis Peñas, exconcejal del PP en el municipio madrileño de Majadahonda, el hombre que destapó el caso Gürtel tras grabar durante horas a los cabecillas de la trama, se reafirmó este lunes ante el juez José Ceres de que el líder de la red corrupta, Francisco Correa, presumía de ser “el amo” en Valencia, gracias a sus conexiones en el Gobierno del expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Peñas afirmó que presenció cómo Crespo, Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, aseguraban que realizarían trabajos con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. La red acabó embolsándose, según la investigación, cerca de 3,5 millones de euros de los fondos destinados por Canal 9 a cubrir el acontecimiento.

Peñas, que había sido llamado a declarar por esa pieza separada de la causa, respondió, sin embargo, a todas las cuestiones, y afirmó haber escuchado conversaciones similares con otros pelotazos que presuntamente logró la banda de Correa, como la organización de la fiesta con motivo del inicio de la Volvo OceanRace en Alicante. El exedil aseguró desconocer concretamente cómo se tejieron los amaños en Valencia, pero explicó que en Madrid algunas de las técnicas consistían en fraccionar contratos para que se los pudieran adjudicar a dedo, o copar de empresas propias las convocatorias en las que se utilizaba el procedimiento negociado (la Administración invita a tres mercantiles a participar y elige la oferta más ventajosa), de modo que se asegurase la ganancia para su entramado. Ambos ejemplos casan con los métodos que según numerosos indicios la red aplicó en Valencia.

El magistrado revela otra adjudicación a El Bigotes hasta ahora desconocida

El juez instructor dictó, por su parte, una nueva imputación, la de Pau Avinyó, que fue alto cargo en la Consejería de Sanidad por su posible “intervención relevante en las irregularidades” que supuso la adjudicación a firmas de la trama de la organización de los Premios Salud y Sociedad 2006 y 2007. Tanto por la selección de empresas para el procedimiento negociado, como por la forma de adjudicar los contratos fraccionados. El juez apuntó a que todo ello pudo ser constitutivo de los delitos de “falsificación, prevaricación y tráfico de influencias”. Y reveló una nueva contratación con El Bigotes hasta ahora desconocida por la edición de 2008 de los mismos Premios Salud y Sociedad.

El magistrado instructor ahondó al mismo tiempo las pesquisas en torno a Feria Valencia. Ceres requirió a la institución “indicación detallada de las fechas, partidas y conceptos” que justificaron el pago de 1,4 millones de euros a Orange Market en el año 2008. Y también: que Feria detalle qué actuaciones, “con expresa mención de la prestación de servicios”, se llevaron a cabo por parte de Orange Market en ejecución de un contrato de arrendamiento de servicios de publicidad que suscribieron en 2008. Así como toda la documentación que justificó dos facturas de ese año que ascendieron a un millón de euros.

El instructor, que busca a los autores del fraccionamiento de contratos, solicita igualmente a Sanidad que certifique la identidad de los consejeros del ramo, secretarios autonómicos “y de todas las personas que componían” sus gabinetes entre los años 2006 a 2008.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/17/valencia/1371488511_901719.html

NO DESCARTA PERSONARSE EN GÜRTEL

El vicepresidente Císcar abrió ayer la puerta a la posibilidad de que la Generalitat se persone en un futuro en el caso Gürtel al asegurar que "si en algún momento hubiera elementos en la investigación que pudiesen hacer pensar que ha habido desvío de fondos públicos" el Consell se "plantearía", como ha hecho con el caso Cooperación, ser parte en el proceso. El portavoz del Consell mantuvo que hasta ahora esta circunstancia no se ha dado, ya que, matizó, en Gürtel "no se conoce ningún tipo de imputación por malversación o por cualquier otra figura delictiva que haga pensar que ha habido desvío de fondos".

Sólo en el caso de la pieza separada de Fitur, Anticorrupción pide once años de cárcel para la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a la que se acusa de un delito de cohecho y un delito continuado de prevaricación administrativa. A los cabecillas de la trama, se les imputa malversación de caudales públicos. En el caso de los contratos de Canal 9 sobre la visita del Papa, el juez investiga el desvió de una parte del importe de la adjudicación a la trama Gürtel.

Císcar reiteró que el presidente Alberto Fabra ha dejado muy claro que "hay que defender los intereses de la Generalitat" y a este objetivo obedecen las personaciones actuales (tanto en Cooperación como en Nóos) "En los casos en los que se piensa que puede haber presuntamente desviación de fondos públicos, existe personación y se irá hasta el final con todas las consecuencias". En el caso Gürtel, dijo, "se investigan contrataciones irregulares, pero no porque no se prestara el servicio que se ha pagado".

La línea, insistió, es "la defensa de los intereses económicos de la Generalitat". "Para la acusación de tipo penal está el Ministerio Fiscal", apostilló.

Con todo y pese a las reservas de Císcar en torno a Gürtel (la mayoría de imputados de las Corts lo están por este caso) parece evidente que la posición del Ejecutivo ha cambiado respecto a hace algún tiempo cuando se defendía férreamente la contratación y la actuación de los imputados. El goteo constante de imputados en este caso, que afecta a altos cargos o personas que estuvieron en el segundo escalón en época de Camps, es motivo de preocupación.

Gürtel empezó siendo solamente una cuestión que afectaba a la financiación del PPCV, pero al ampliarse la investigación a la contratación, cada vez es más llamativo que la Generalitat no esté personada. Lo está incluso en Nóos, aunque sólo desde la vía civil.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/09/descarta-personarse-gurtel/1005361.html

EL JUEZ DEL CASO GÜRTEL IMPUTA AL RESPONSABLE JURÍDICO DE VAERSA

Declarará por unacontratación con OrangeMarket de una campaña sobre reciclaje selectivo

El magistrado que instruye la rama valenciana del caso Gürtel ha citado a declarar como imputado al responsable del departamento jurídico de Vaersa, Joaquín Tomás, en relación a una contratación entre esa empresa pública y Orange Market para una campaña de comunicación sobre reciclaje selectivo.

Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia, esta nueva imputación se enmarca en las diligencias que se siguen dentro de la pieza número 5 de la causa conocida como Gürtel-Financiación.

Esta pieza investiga posibles irregularidades en las contrataciones públicas, de naturaleza presuntamente delictiva, realizadas por los gestores de Orange Market (y otras empresas del grupo de Francisco Correa) con la Generalitat valenciana y otras sociedades públicas.

El magistrado ha decidido llamar a declarar como imputado a Tomás el próximo 10 de julio en relación con la contratación entre Vaersa y Orange Market en 2004 para la "Campaña de comunicación y sensibilización del correcto uso del contenedor amarillo".

"Y ello -argumenta- habida cuenta de su posible participación relevante en dicha contratación, sometida a investigación por su posible irregularidad constitutiva de delito, tanto en cuanto por haber podido participar en la selección de ofertas como en el procedimiento de preparación, tramitación y adjudicación".

Asimismo, acuerda acceder a suspender la declaración prevista como imputada de Carmen Díaz Quintero para el próximo día 20, y fijarla para siete días más tarde.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/08/juez-caso-gurtel-imputa-responsable/1005137.html

BATALLER SE ATRINCHERA EN LA ALCALDÍA TRAS DECLARAR COMO IMPUTADO

El alcalde de Castellón defiende la legalidad de la adjudicación de un acto a la trama Gürtel

El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, quiso ayer dar por zanjado su imputación en Gürtel por haber adjudicado a Orange Market y a empresas vinculadas a la trama la celebración de unos premios cuando era subsecretario de la Consejería de Sanidad en 2007. Desde que el juez José Ceres le citó a declarar como imputado en la causa que instruye por presuntas irregularidades en contratos públicos firmados con empresas de la trama, siempre había apelado a que, tras el interrogatorio, su implicación se quedaría en nada. Y eso intentó transmitir. El regidor aseguró, tras declarar durante menos de una hora en el TSJ, que había dado todas las explicaciones que avalarán la legalidad de sus actos. Dos horas después, reunió a la oposición en el Ayuntamiento y les instó a abandonar la “demagogia” y seguir la senda de una oposición cómoda. “Quedaos muy tranquilos porque Castellón vuelve a estar representada por una persona honorable”, les llegó a decir en un encuentro cargado de tensión.

El juez Ceres imputó a Bataller el 25 de abril por su “presunta y aparente intervención relevante” en las contrataciones para la celebración del Acto Premio Salud y Sociedad 2007. Ayer, ante el magistrado, insistió en la legalidad del proceso. “Estoy convencido de que las respuestas que he dado van a clarificar perfectamente toda la actuación que se realizó en los premios”, dijo. Bataller, que dejó la presidencia del PP local por la imputación, aseguró (vía comunicado) que seguirá al frente de la alcaldía.

El alcalde llegó a los juzgados pasadas las 13.30 horas, dos horas después de su citación a causa del retraso de las declaraciones anteriores. La primera en acudir fue Clara Abellán, imputada por tres contrataciones cuando trabajaba en la Consejería de Bienestar Social. Le siguió Rafael Peset, también imputado por el mismo contrato atribuido a Bataller pero un año antes. Peset también defendió la legalidad de la actuación. Ambos fueron interrogados durante dos horas.

Durante la mañana también se acercó hasta el TSJ la exsecretaria autonómica de Deporte, Niurka Montalvo, que acudió sola a recoger su citación tras ser imputada en la causa. “No tengo nada que ver con este circo, no sé qué hago aquí, no conozco a ninguno de estos señores personalmente”, dijo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/06/valencia/1370548064_483096.html

NIURKA MONTALVO Y DAVID SERRA, IMPUTADOS POR CONTRATOS CON LA RED GÜRTEL

Los ex altos cargos han sido citados por los acuerdos firmados para los Open de Tenis

Los ex altos cargos del Consell David Serra y Niurka Montalvo han sido citados a declarar como imputados por el juez que investiga la rama valenciana del caso Gürtel, concretamente la pieza relativa a los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama corrupta, entre ellas Orange Market.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ambas citaciones se han señalado para el 10 de julio, a las 10.30 y 11.45, respectivamente, según consta en una providencia del magistrado que instruye la causa.

Serra es diputado autonómico del PP y ya está imputado en otras dos piezas separadas de este mismo caso que investigan supuestos delitos electorales del PP durante 2007 y 2008, años en los que ocupó el cargo de vicesecretario de los populares valencianos.

Se le cita a declarar en relación a las contrataciones relacionadas con el Open de Tenis 2006 que realizó la Consejería de Cultura, Educación y Deporte con sociedades de la trama.

Niurka Montalvo ha sido citada por los mismos contratos del Open de Tenis, pero en su edición de 2007, y los suscritos para la presentación del Circuito Europeo de Golf 2008, años en los que ocupó el cargo de secretaria autonómica de Deporte.

La exatleta española nacida en La Habana (Cuba) y medallista en varias competiciones internacionales acudió a declarar como testigo en esta misma causa en mayo de 2009, junto a otros 34 altos cargos de la Generalitat que autorizaron contratos entre la Administración y Orange Market o formaron parte de las mesas de contratación.

El juez entiende que ambos tuvieron una "presunta y aparente intervención relevante y responsabilidad en la decisión de las mencionadas contrataciones", por lo que "en atención al posible contenido del interrogatorio se hace necesaria su declaración en calidad de imputados asistidos de letrado".

El magistrado, en la misma providencia, ha ampliado el objeto de la declaración de la ex alto cargo Silvia Caballer, que inicialmente había sido citada a declarar sobre los contratos para la organización del II Congreso de Software Libre de 2005 y ahora deberá hacerlo sobre todos los contratos entre Proyecto Cultural Castellón, SA y Orange Market.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/05/valencia/1370442523_327923.html

DOS NUEVAS IMPUTACIONES POR EL CASO GÜRTEL A 24 HORAS DE LA PRIMERA VISITA DE RAJOY TRAS LAS ELECCIONES

El presidente del Gobierno no visita la Comunidad Valenciana desde las elecciones de 2011

Evita relacionarse con un partido con nueve diputados y dos alcaldes implicados en casos de corrupción

Mariano Rajoy no visita a sus correligionarios del PP en la Comunidad Valenciana desde noviembre de 2011, cuando protagonizó un acto electoral, con la intención no declarada de no verse relacionado –ni fotografiado– con una formación con el 20% de sus diputados imputados por casos relacionados con la corrupción.

El sábado, sin embargo, el presidente del Gobierno estará en Peñíscola (Castellón) para clausurar la Convención Política del PP en la Comunidad Valenciana. Dos nuevas imputaciones por el caso Gürtel le darán la bienvenida. El Tribunal Superior de Justicia acaba de imputar a David Serra y Niurka Montalvo, exsecretarios autonómicos de deportes, por adjudicar contratos a Orange Market y otras sociedades de la trama corrupta.

Serra, que ya estaba imputado en otras piezas de la investigación, es diputado regional y fue vicesecretario de organización del PP valenciano, donde era la mano derecha de Ricardo Costa, otro imputado en el caso. Tanto su imputación como la de Montalvo, una exatleta de élite, están relacionadas con la gestión del Open de Tenis de Valencia de 2006 y 2007 y el Circuito de Golf de 2008.

Como en tantas otras adjudicaciones públicas, el juez cree que varias empresas de la trama Gürtel pudieron ser beneficiadas con contratos que no respetaban los procedimientos legales previstos y en los que incluso pudo haber contraprestaciones irregulares. El caso Gürtel, según estimaciones basadas en el sumario central del caso que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pueden haber costado cerca de 120 millones de euros al contribuyente.

Rajoy huye de su granero de votos

Ante este panorama, no extraña que Rajoy eluda a la Comunidad Valenciana, aunque este territorio fue el segundo con más votos al PP en las elecciones generales de 2011 (casi 1.400.000 apoyos) sólo superado por Madrid (1.700.000). De hecho, el presidente, un habitual de la zona durante casi toda su carrera política, sólo ha visitado una vez Valencia desde que vive en La Moncloa. Fue en noviembre de 2012, cuando presidió el II Congreso Nacional de Directivos de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

En esa visita, apenas tuvo contacto con la cúpula de su partido en la Comunidad Valenciana, un hecho que Rajoy ha convertido en norma. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, había caído en desgracia por su enjuiciamiento por el caso de los trajes. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, está imputada y su homóloga de Valencia, la histórica Rita Barberá, podría estarlo pronto por su supuesta implicación en el caso Nóos.

Incluso el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, tendrá que declarar pronto ante el juez por su vinculación con uno de los innumerables flecos de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, lo que ha forzado a cambiar la sede de la convención política de la capital de la ciudad de Castellón a Peñíscola.

Se levanta la cuarentena

Rajoy no quiere fotos incómodas, ni con Bataller ni con nadie relacionado con casos de corrupción. El acto se está preparando al milímetro y parece incluso descartado que Barberá, valedora de Rajoy cuando este estaba cuestionado por su partido y la derecha mediática en 2008, suba al atril para arengar a las bases del PP en la Comunidad Valenciana.

Pese a todo, Rajoy ha levantado la cuarentena a la Comunidad Valenciana. El PP local ha reclamado cariño con insistencia al presidente del Gobierno. “Valencia y la Comunidad Valenciana son un activo electoral del partido que hay que cuidar”, clamó Barberá durante la conmemoración del primer aniversario de Alberto Fabra al frente del Gobierno valenciano.

De hecho, con la Generalitat al borde de la bancarrota (casi 30.000 millones de deuda) y las cuentas en total descontrol (2012 se cerró con un déficit del 3,45%, el mayor de todas las autonomías) Fabra y sus acólitos creen que sólo una mejora de la financiación autonómica evitará el descalabro del partido en las elecciones de 2015.

Ni Rajoy ni su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, atienden las peticiones de mayores fondos de su partido en la Comunidad Valenciana. A falta de dinero, al menos, parece que el presidente del Gobierno transmitirá un poco de apego. El PP valenciano da disgustos pero también muchos votos.

http://www.eldiario.es/politica/imputaciones-Gurtel-primera-Rajoy-elecciones_0_140336732.html

EL ALCALDE DE CASTELLÓN DEFIENDE ANTE EL JUEZ LA LEGALIDAD DEL CONTRATO CON ORANGE CUANDO ESTABA EN SANIDAD

El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha defendido este jueves ante el juez instructor del 'caso Gürtel' la legalidad del contrato que firmó con Orange Market S.L. en relación con unos premios cuando ocupaba el cargo de subsecretario de la Consejería de Sanidad, según ha podido saber Europa Press.

Bataller estaba citado a declarar, en calidad de imputado, este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en relación con la pieza 5 del 'caso Gürtel' --en total, hay seis--, en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos firmados entre diferentes consejerías y organismos públicos con empresas de la presunta trama.

El alcalde tenía que haber acudido al tribunal valenciano a las 11.30 horas, pero el retraso en los interrogatorios anteriores han hecho que se presentara sobre las 13.30 horas, es decir, unas dos horas más tarde. A su llegada ha dicho, en compañía de su abogado, que estaba "tranquilo, tranquilo".

Bataller ha comenzado su declaración sobre las 14.00 horas, y en menos de una hora, sobre las 14.45 horas, ha concluido. Durante el interrogatorio, ha defendido la legalidad del contrato que firmó cuando era subsecretario de Sanidad por el 'Acto premios salud y sociedad 2007'.

El primer edil, a su salida, ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que ha contestado a todas las preguntas que se le han formulado, y ha asegurado que estaba "tranquilo", y con el ánimo "sereno". También ha dicho: "estoy convencido de que estas respuestas que he dado van a clarificar perfectamente toda la actuación que se realizó con los premios cuando era subsecretario".

Asimismo, ha asegurado que la declaración "ha sido como esperaba", y seguidamente ha comentado que le gustaría regresar a Castellón: "tengo que seguir mi agenda, y gracias a todos", ha concluido.

Bataller, quien tras conocerse su imputación delegó temporalmente las funciones de presidente local de los 'populares' castellonenses, ya declaró anteriormente por este contrato, pero en calidad de testigo, en el transcurso del juicio del 'caso de los trajes'. En ese momento, ya defendió la legalidad del mismo, y explicó que contrató con Orange Market en su etapa en la Consejería de Sanidad "como una más de muchísimas mercantiles".

Además, en ese momento señaló que hubo dos contratos con Orange Market porque había diferentes actuaciones que hacer, y explicó que contrataron "conforme tocaba sin fraccionar contratos" ya que los objetos eran "distintos". "Todas las actuaciones se contrataban con los antecedentes que obraban en la Consejería de Sanidad", dijo.

Previamente a Bataller, también estaban citados en el tribunal valenciano, como imputados, Clara Abellán, por tres contrataciones cuando ocupaba un cargo en la Consejería de Bienestar Social: la contratación y adjudicación del acto 'violencia de género, tolerancia cero' celebrado el 6 de marzo de 2006; el 'Acto Punto final de 2007' celebrado el 25 de enero de 2007; y el 'Acto Balance General, 2007', en abril de 2007; y Rafael Peset, por contrataciones realizadas cuando trabajaba en la Consejería de Sanidad por el 'Acto premios Salud y Sociedad 2006'. Este último ha mantenido que el contrato fue "legal", según ha podido saber Europa Press.

En el transcurso de la mañana, cuando se estaban produciendo las declaraciones, ha llegado al TSJCV la atleta y ex secretaria autonómica de Deportes de la Generalitat, Niurka Montalvo, probablemente a recoger la notificación del auto de su imputación en la pieza 5 del 'caso Gürtel' --que se hizo público ayer--, en relación con un contrato del Open de Tenis y con la presentación del Circuito Europeo de Golf 2008.

En la puerta del tribunal valenciano había una veintena de periodistas esperando la llegada de Bataller, a los que Montalvo ha conseguido esquivar. A su salida, ha indicado: "no tengo ni conozco personalmente a estos señores --en referencia a responsables de la presunta trama--; no tengo nada que ver con este circo", ha aseverado.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-alcalde-castellon-defiende-juez-legalidad-contrato-orange-cuando-estaba-sanidad-20130606163802.html

FERIA VALENCIA REMITE AL JUEZ DE 'GÜRTEL' DOS FACTURAS CON ORANGE DE MÁS DE UN MILLÓN DE € POR VALENCIA HABITAT 2008

Feria Valencia ha remitido al juez instructor del 'caso Gürtel' dos facturas con una de las presuntas empresas de la trama, Orange Market S.L., por valor de 1.038.000 euros, y relacionadas con unos "servicios" prestados en torno a la precampaña de Feria Valencia Habitat 2008, según consta en una de las últimas providencias dictadas por el magistrado, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Tal y como se detalla en este escrito, el ministerio fiscal pidió que se le requiriese a Feria Valencia un contrato suscrito entre la institución ferial, representada por entonces por el presidente del Comité Ejecutivo, Alberto Catalá, con Orange Market S.L., representada por Cándido Herrero. Este contrato, de 1 de febrero de 2008, hacía referencia a servicios integrales de marketing, publicidad y promoción.

El director general de Feria Valencia, tras recibir esta solicitud, ha contestado al juez que no les consta ningún otro contrato, aunque sí dos facturas más con esta mercantil de ese año en concepto de 'precampaña de Feria Valencia Habitat 2008'. En concreto, ha señalado que corresponde a "servicios" prestados a Feria Valencia, y hay dos facturas: una por 580.000 euros, y otra por 458.000.

El magistrado ha acordado unir al procedimiento esta información, y trasladarla al ministerio fiscal --que fue quien pidió esta diligencia-- para que, en su caso, inste lo que estime oportuno al respecto, según se indica en la providencia.

Junto a ello, el juez ordena incorporar a la causa un escrito de la Fundación de la Luz de las Imágenes, en el que informa sobre la normativa de contratación que considera aplicable, anterior y posterior a 2008, y aporta informes de auditoría de las anualidades 2005, 2006 y 2008.

Por otra parte, en el mismo escrito, el juez incorpora la respuesta de Proyecto Cultural Castellón S.A. a contratos con Orange Market. Al respecto, recoge, sobre una factura relacionada con 'stands' en el congreso de software libre, que fue una "simple intermediaria monetaria" entre los patrocinadores y Orange Market, como organizadora de los 'stands'. Así, indica que fue un evento llevado a cabo por la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, con su colaboración.

Por ello, Proyecto Cultural explica que entendió que no resultaba preciso sujetar el pago a la mercantil a ningún procedimiento de contratación previo sujeto a los principios de publicidad y concurrencia previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya que las relaciones con esta entidad correspondían a la persona de la Dirección General encargada de la organización del Congreso de Software Libre.

Asimismo, respecto a otra factura, en relación con actos por los 10 años de Castellón Cultural, la entidad expone que la campaña, tras recabar la pertinente autorización por parte de la Dirección General de Promoción Institucional, se encargó a Orange Market "por ser la empresa que presentó la oferta más económica".

Igualmente, añade al director ejecutivo como persona de Proyecto Cultural de Castellón S.A. responsable de la solicitud de ofertas y de la decisión de la adjudicación, así como hace referencia a la delegación de facultades legales que el Consejo de Administración había realizado en un consejero delegado.

Por otro lado, el magistrado realiza en la providencia nuevos requerimientos a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana en relación con las normas internas de contratación de varias sociedades públicas y de anualidades.

Así, se refiere a las normas entre los años 2007 y 2008 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, y la fecha de aprobación por el Consejo de Administración de esta sociedad pública; entre los años 2005 a 2008 por el Consell Valencià de L'Esport; y entre 2005 a 2007 por Proyecto Cultural Castellón S.A.

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-feria-valencia-remite-juez-dos-facturas-orange-market-mas-millon-valencia-habitat-2008-20130606175952.html

EL JUEZ RASTREA CONTRATOS A DEDO A EL BIGOTES POR TODA LA GENERALITAT

Ceres imputa a otros dos altos cargos de Camps en el ‘caso Gürtel’

La sombra de Álvaro Pérez, El Bigotes, supuesto cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, sigue recorriendo la Generalitat. El juez José Ceres, que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, dictó en una providencia conocida ayer las imputaciones de dos ex altos cargos más: María Auxiliadora Hernández, ex secretaria autonómica de Educación, y Silvia Caballer, ex directora general en la misma consejería. El magistrado requirió igualmente nueva documentación a seis entes dependientes del Consell y a la misma Presidencia de la Generalitat.

El motivo: el supuesto de fraccionamiento de contratos —se firmaron 76 para solo 15 actos— que, según concluyó la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), sirvió para que ninguno de ellos superase por separado el límite de 12.000 euros que habría impedido dárselos a dedo a la trama corrupta, como ocurrió.

Presidencia de la Generalitat, y en concreto su dirección general de Promoción Institucional, contrató en uno de los casos analizados por la IGAE a dos empresas de la trama, DT Consulting y Boomerangdrive para “la adquisición de 1.200 memorias USB con fines promocionales” en el año 2005. El importe total del encargo ascendió a 22.500 euros, pero en vez de plantearlo así, Presidencia realizó dos contratos. Uno, por el “montaje, alzado, colocación, extracción de productos del blister (cartucho), manipulado, empaquetado, producción y distribución” (por 12.000 euros), y otro por “creatividad y serigrafiado, manipulado y extracción manual de disco duro y demás componentes del blister” (10.500 euros).

Se hizo así, según la Intervención General del Estado, “con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación (como el negociado), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia”. El juez Ceres reclama ahora a Presidencia de la Generalitat que le “informe o certifique las personas, su cargo, y el grado o carácter de su intervención” en dicha contratación.

El magistrado requirió a la empresa pública de medioambiente Vaersa; al Consell Valencià de l’Esport, a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana; al Proyecto Cultural Castellón, y a la sociedad de la Generalitat dedicada a promover parques industriales Sepiva “la remisión de copia auténtica de las normas internas de contratación”. Y también: “El acuerdo del órgano competente de la sociedad por el que se aprobaban dichas normas internas y, en su caso, el informe jurídico interno o de la Abogacía de la Generalitat que pudiera haberse emitido previo a su aprobación”.

Ceres reclamó la misma información a la Fundación de las Imágenes, dando al mismo tiempo cuenta de una respuesta poco satisfactoria. La fundación, señala el juez, remitió “tres facturas abonadas a Orange Market como única documentación que compone el expediente de contratación” y afirmó que no podía “concretar la persona que fue interlocutor con Orange Market”.

La imputación de Silvia Caballer, a la que el PP de Castellón retiró de forma “temporal” sus funciones en el partido “mientras dure el procedimiento”, se debió a su participación en otra contratación aparentemente troceada. Educación contrató a Orange Market para la organización del Congreso de Software Libre celebrado en Castellón en mayo de 2005. Como en el resto de contratos investigados en la quinta pieza separada de la causa, en lugar de hacer un solo contrato, la consejería hizo cuatro.

En concreto, acordó por un lado el “alquiler, transporte y montaje mobiliario” (12.000 euros); el “diseño, impresión y montaje de cartelería” (12.000 euros); el “alquiler, transporte y montaje de la moqueta” (12.000 euros), y la “coordinación y ejecución del congreso” (12.000 euros). Cuando hace unas semanas fue interrogada como testigo por el juez, Caballer defendió el hecho de haber establecido los contratos de esa forma y negó haber recibido instrucciones para contratar a El Bigotes, lo que ha llevado ahora al juez a imputarla.

Hernández contrató, por su parte, a cuatro empresas de la trama, con las que firmó seis acuerdos que tampoco superaron los 12.000 euros, para la realización del Congreso Familia y Escuela en 2006. La IGAE considera, de nuevo, que se trató de un fraccionamiento artificial.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/16/valencia/1368733011_487079.html

EL JUEZ IMPUTA A OTROS DOS CARGOS DE CAMPS POR DAR CONTRATOS A GÜRTEL A DEDO

El magistrado les atribuye el fraccionamiento de contratos para poder adjudicarlos directamente

El número de imputados en el caso Gürtel continúa aumentando en Valencia. El juez José Ceres, que instruye la vertiente valenciana del caso, ha imputado a otras dos personas que ocupaban altos cargos de la Generalitat en la etapa del expresidente Francisco Camps por haber troceado contratos para poder adjudicárselos directamente a dedo a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes. Se trata de la misma pieza separada de la causa en la que también ha sido imputado, entre otros, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller. Ninguna de las dos personas ocupa altos cargos en estos momentos ni en el Gobierno autonómico ni en sus empresas públicas, según una portavoz del Consell.

Una de ellas es Silvia Caballer, que fue directora general en Educación en la etapa en que la consejería estaba dirigida por Alejandro Font de Mora, actual vicepresidente de las Cortes Valencianas, y participó en la contratación de Orange Market para la realización del llamado Congreso de Software Libre, celebrado en Castellón en mayo de 2005. El magistrado ha citado a Caballer para el próximo 11 de junio.

El Bigotes cobró 12.000 euros por el alquiler y transporte de mobiliario y otros 12.000 por el alquiler y transporte de la moquetaEn vez de firmar un solo contrato por la organización del congreso, Educación acordó cuatro para eludir, según la fiscalía, tener que acudir por su importe a procedimientos que garantizasen la publicidad, igualdad y libre concurrencia de las empresas. La consejería contrató así separadamente a El Bigotes por el “alquiler, transporte y montaje mobiliario”; el “diseño, impresión y montaje de cartelería”, el “alquiler, transporte y montaje de la moqueta” y la “coordinación y ejecución del congreso”. El importe total ascendió a 48.000 euros.

“De acuerdo con la naturaleza de estos servicios y su dependencia con el objeto del contrato que consistía en la organización del congreso, consideramos que ha habido un fraccionamiento del objeto del contrato en cuatro contratos menores y con la misma empresa con objeto de no utilizar otros procedimientos de contratación (negociado o abierto), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia”, concluyó la Intervención General del Estado en un informe que obra en la causa.

La fiscalía sostiene que el fraccionar contratos fue el medio para cometer un delito de prevaricación

Caballer ya declaró como testigo, negó haber recibido instrucciones para contratar a la empresa de Álvaro Pérez y consideró normal la fórmula empleada para hacerlo, motivos que han llevado al juez a imputarla ahora. El fraccionamiento intencionado de contratos fue, según mantiene Anticorrupción, el medio utilizado para cometer, al menos, un delito de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas de que lo son), sin perjuicio de que la conducta pueda incardinarse en otros delitos contra la Administración.

La segunda nueva imputada es María Auxiliadora Hernández Miñana, hermana de la que fue consejera con Camps Maritina Hernández, que fue secretaria autonómica de la Consejería de Educación Cultura en 2006, también con Font de Mora, y participó en la adjudicación troceada de contratos a varias sociedades de la trama con motivo del Congreso Familia y Escuela, celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El contrato en este caso fue fraccionado y repartido entre Orange Market, Diseño Asimétrico, Down Town Consulting y Servimadrid, todas ellas integrantes del entramado empresarial de Francisco Correa.

Cultura pagó 47.000 euros a la red por el congreso, pero tramitó el acuerdo "mediante la realización de seis contratos menores con cuatro empresas diferentes", señala la Intervención General del Estado. En concreto: "Traductores de italiano, inglés y personal auxiliar" (8.900 euros); "acreditaciones, diseño de impresión, manipulación y producción" (3.000 euros); "1.000 carteras portadocumentos y serigrafiado" (9.8000 euros); "1.000 receptores de radio y sus pilas" (1.900 euros); "Material de carpintería, sillas, tarima.." (11.700 euros), y "Materiales para la instalación de imagen y sonido" (11.500 euros).

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/16/valencia/1368696314_683900.html?rel=rosEP

LA AGENCIA TRIBUTARIA AHONDA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS

Orange Market defraudó a Hacienda 2,28 millones de euros en cuatro años

La Agencia Tributaria ha aportado al juez que instruye el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, nuevas evidencias de la supuesta financiación ilegal del PP regional en la etapa en que Francisco Camps presidía el partido en la Comunidad Valenciana y la Generalitat. Hacienda ha entregado cuatro informes sobre “contingencias fiscales” de Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, relativos a los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Aunque no era el objeto principal del análisis, los inspectores constatan que la contabilidad interna de Orange Market refleja cómo la deuda que el Partido Popular tenía con la empresa de la trama “se va minorando” a medida que la firma de El Bigotes recibía pagos de constructoras.

A lo largo de 2008, por ejemplo, la “deuda viva” del PP valenciano con la empresa de la trama había ido creciendo por la organización de multitud de actos. Entre ellos, varios relacionados con el XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en Valencia, en el que el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se afianzó al frente del partido. Es el caso de los servicios Fiesta del PP congreso (20.358 euros) o Catering congreso (51.681 euros). En noviembre de 2008 la deuda total de los populares con Orange Market ascendía a 560.367. Hacienda comprueba, analizando las contabilidades A y B de la empresa, que ese importe se ve reducido en 180.000 euros gracias a las aportaciones de Sedesa y Lubasa, dos de las empresas investigadas por financiar ilegalmente al PP.

La dependencia que el partido tenía respecto a Orange Market en esa época queda patente en el hecho de que el siguiente recuento de deuda del PP analizado por la Agencia Tributaria, poco más de un mes después, había vuelto a ascender a 915.288 euros. La mayor parte de la misma provenía, a su vez, del XII Congreso del Partido Popular valenciano, recogido en dos asientos contables con idéntica fecha y abultados importes: 12º Congreso regional (382.676 euros) y Ampliación de congreso (168.000 euros). El cónclave popular por sí solo generó, por tanto, una deuda de 550.676 euros con Orange Market. Los inspectores vuelven a detectar que esta se ve reducida por un pago de 116.000 euros de otra constructora, Enrique Ortiz e Hijos.

La Agencia Tributaria detecta numerosas irregularidades fiscales y concluye que entre 2005 y 2008 la sociedad eludió el pago de 2,28 millones de euros a Hacienda por IVA e Impuesto de Sociedades.

La rama valenciana del caso Gürtel investiga también el fraccionamiento de la contratación con de Orange Market, realizada por multitud de departamentos de la Generalitat para eludir los procedimientos administrativos y poder adjudicársela a dedo a la firma de El Bigotes.

Una testigo, Rosa María Marín, que fue jefa de área en la dirección general de la Mujer, declaró ayer que a partir de 2006 su departamento perdió la competencia para organizar actos, que pasó a estar centralizada en la Consejería de Bienestar Social. Poco después, se celebró el acto Violencia de género. Tolerancia 0, que la consejería, dirigida por Alicia de Miguel encargó a Orange Market. El acto fue dividido en dos, de forma que ninguna de las dos facturas superase los 12.000 euros, lo que hubiera impedido concederlas directamente. Una factura fue por “Iluminación, sonido, fabricación e impresión de lonas, artes finales, tarima y enmoquetado” (11.560 euros). Y la otra, por “Organización del acto, personal, trabajo artístico y coordinación” (9.392 euros).

La testigo aseguró que, dado que no se encargó de organizar el acto, no se detuvo a repasar el objeto que figuraba en las facturas. Si se hubiera fijado, añadió, no las hubiera firmado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/09/valencia/1368126457_251206.html

LOS CABECILLAS DE GÜRTEL SE NIEGAN A DECLARAR EN UNA PIEZA POR DELITO FISCAL

Los presuntos cabecillas del 'caso Gürtel', Francisco Correa, Álvaro Pérez --conocido como 'El Bigotes'-- y Cándido Herrero se han negado a declarar ante el magistrado José Ceres, que instruye el procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por supuesta financiación irregular del PPCV. Por su parte, Pablo Crespo sí ha querido responder, pero tan solo a las cuestiones formuladas por el letrado de la imputada Mónica Magariños, exempleada de Orange Market S.L.

Correa, Pérez, Herrero y Crespo estaban citados este miércoles en el tribunal valenciano para declarar por la pieza número seis del 'caso Gürtel', que investiga un supuesto delito fiscal de Orange Market. Antes de comenzar los interrogatorios, los letrados de Correa, Crespo y Herrero han solicitado suspender las declaraciones previstas por la petición de nulidad que se ha realizado ante el tribunal de Madrid, en relación con las intervenciones telefónicas. El magistrado instructor ha rechazado esta solicitud, según ha informado el TSJCV.

El primero en llegar al tribunal valenciano, en torno a las 9.30 horas, ha sido Álvaro Pérez, quien ha asegurado a los periodistas que estaba "tranquilo", al que ha seguido unos minutos más tarde Cándido Herrero, mientras que Correa ha aparecido cerca de una hora después, y Crespo a las 10.40 horas, apenas cinco minutos antes de su citación.

A las 10.50 horas, Cándido Herrero ha abandonado el TSJCV, sin realizar declaraciones a los medios de comunicación, y en torno a las 11.30 horas, ha salido Álvaro Pérez, quien ha confirmado que se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez. Además, ha apelado a la "presunción de inocencia" y, en este sentido, ha reprochado a los "jefes" de los medios de comunicación que "con unos se la cogen con papel de fumar y con nosotros, o conmigo --ha dicho--, se la pasan por el arco del triunfo".

"Defienden siempre que la justicia sea igual para todos, pues para todos o para ninguno, pero unos presuntos y otros cabecillas es horrible", ha reivindicado Pérez, quien ha criticado que se dirijan a él "como 'señor Pérez' y luego en el periódico como 'el Bigotes', que por cierto ahora es 'el Barbas'", ha apostillado.

En la misma línea, ha espetado: "presunción de inocencia para todos o para ninguno, pero para unos 'superseñores' y para otros directamente cabecillas, no". Además, ha recalcado que no se trata de "un favor" que pide, sino de "un derecho" que tiene.

Tras esas afirmaciones se ha limitado a confirmar que no había declarado ante el juez y se ha marchado, aunque después se ha parado para hacer un donativo de diez euros en la mesa petitoria instalada ante el TSJCV en el día de la cuestación anual contra el cáncer, a cuyas representantes ha declarado: "no soy solamente víctima de estos señores, sino del cáncer también, me acaban de operar hace poquito", ha dicho.

Por último, han salido Correa --que ha rehusado responder a las numerosas preguntas de los periodistas-- y Crespo, quien ha afirmado que estaba "muy tranquilo": "lo estoy desde el primer día", ha aseverado. También ha comentado que tiene una relación "perfecta" con Correa: "Paco y yo somos amigos del alma desde hace muchos años, y lo seguimos siendo", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que no le han solicitado que se someta a una prueba de voz, y ha agregado, preguntado por si ha hablado con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que no le conoce "de nada". En este sentido, ha puntualizado: "yo al señor Camps le he visto dos veces en mi vida, y una de ellas fue en el famoso juicio de los trajes, en el que vine conducido por la Guardia Civil", ha recordado.

Por su parte, su letrado, Miguel Durán, ha afirmado que en esta causa hay circunstancias "suficientemente graves de nulidad", en relación con las intervenciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón, y ha apuntado que este martes se dio a conocer una resolución de la Audiencia Nacional que "revuelca una resolución del juez instructor que denegaba también la nulidad de las conversaciones que José Luis Peña grabó ilicitamente a Correa y que". "Por tanto, se abre ahí otro nuevo horizonte de nulidades que sin duda va a traer bastante cola en esta causa", ha apostillado.

Por estos motivos, ha insistido en que los letrados mantienen la tesis de que sus representados "no tienen por qué declarar hasta que no se esclarezcan todos estos supuestos de nulidad que a nosotros nos parecen absolutamente claros".

Sobre este procedimiento, el letrado considera que en Valencia "se ha hecho una causa general indiscriminada. Es como si cualquier cosa que hubiera hecho Orange u otras empresas relaciones con ésta, hubiera tenido que ser necesariamente ilegal. Porque estamos ante una causa general que, además ,ha sido sin garantías y por tanto inquisitorial", ha lamentado.

"Estos señores --ha agregado-- parten por desgracia de la presunción de culpabilidad y arrastran ya una pena de banquillo de más de cuatro años, y ante eso es normal que las defensas hagamos mucho hincapié en que si causa tiene su origen en una clara maniobra política". "De momento se ha destrozado la vida de Crespo, porque no puede ni trabajar ni hacer prácticamente una vida normal, es como una muerte civil anticipada, y esto es radicalmente injusto", ha apostillado.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gurtel-correa-crespo-alvaro-perez-candido-herrero-niegan-declarar-pieza-supuesto-delito-fiscal-20130508133120.html

EL BIGOTES TRAS DECLARAR EN EL TSJ VALENCIANO: “AHORA SOY EL BARBAS”

Correa, Crespo y Pérez se niegan de nuevo a declarar ante el juez

Los cabecillas de Gürtel convierten su salida del tribunal en un circo

Ni salidas precipitadas ni gestos circunspectos. Los cabecillas de la trama Gürtel, que habían sido citados a declarar este miércoles como imputados en el Tribunal Superior valenciano por una de las ramas del caso de corrupción, han repetido su táctica de negarse a responder a las preguntas del juez y del resto de partes. Su salida ha sido, sin embargo, muy distinta a las otras veces que habían sido llamados a declarar. Tranquilos, sonrientes y retadores, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, se han detenido ante la nube de periodistas para defender su "presunción de inocencia", tildar la causa de "inquisitorial" y reclamar la nulidad del procedimiento. Una petición que ya han realizado formalmente en la Audiencia Nacional, donde se instruye el tronco original del caso Gürtel, y que ahora debe resolver el juez Pablo Ruz.

El que más descaro ha mostrado ha sido Pérez, que ha afirmado que ahora es "El Barbas", y que ha acusado a los medios de "cogérsela con papel de fumar" con algunas personas y no respetar, en cambio, la presunción de inocencia en casos como el suyo. A continuación, Pérez se ha dirigido al puesto de cuestación contra el cáncer instalado junto a la entrada del tribunal, ha metido una moneda en el bote y se ha marchado a pie con la pegatina que acreditaba su aportación en la solapa.

Correa y Crespo, que se han esforzado por mostrarse de buen humor ante los numerosos periodistas que les aguardaban a la puerta del tribunal, han preferido dejar la mayoría de las declaraciones al abogado Miguel Durán, expresidente de la ONCE, que ha calificado de "causa general" e "inquisitorial" el procedimiento que se sigue contra los jefes de la trama.

El propio Crespo ha querido hablar finalmente para sostener que sus derechos han sido violados a lo largo del proceso, "incluso con la comisión de delitos" por parte de quien debía velar por la rectitud del mismo, en clara referencia al juez Baltasar Garzón, inhabilitado a raíz de la intervención de las comunicaciones de los imputados con sus letrados en prisión.

La trama Gürtel obtuvo, según la investigación, 7,5 millones de euros de la Generalitat valenciana entre 2005 y 2009, la época en la que el entonces presidente autonómico, Francisco Camps, llamaba "amiguito del alma" a Pérez. Pero sus ingresos habrían sido aún mayores, al haberse repartido presuntamente cerca de tres millones de euros de los fondos que Canal 9 destinó a cubrir la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2006. Entre los delitos que se les atribuyen se incluye la supuesta financiación ilegal del PP, y también varios delitos fiscales. Esta última defraudación integra la pieza separada por la que habían sido llamados a declarar en esta ocasión por el juez José Ceres.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/08/valencia/1368003920_477499.html

El asesor fiscal de Gürtel niega su implicación en la visita del Papa

Blanco Balín declara como imputado en el TSJ valenciano por una de las piezas de la trama

El asesor fiscal de Francisco Correa y exvicepresidente de Repsol YPF, Ramón Blanco Balín, ha afirmado hoy ante el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que no sabe nada de presuntas irregularidades en relación al contrato de Teconsa -mercantil que asesoraba- por la visita que el Papa realizó a Valencia en julio de 2006, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.

Blanco Balín estaba citado este martes, a las 11.00 horas, en calidad de imputado, por la pieza 6 del caso Gürtel, que investiga presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market, SL o a algunas de las sociedades vinculadas a la misma y que pudieran derivarse de los hechos delictivos a que se refieren las piezas una y dos, que recogen la investigación por presuntos delitos electorales en 2007 y presuntas falsedades relacionadas con un delito electoral en 2008.

El imputado se ha presentado en el tribunal valenciano, acompañado de su abogado, sobre las 9.30, y ha estado declarando durante casi dos horas. A su salida, ha indicado a los medios de comunicación que le esperaban que no quería hacer ninguna declaración. No obstante, preguntado por si había ido bien, ha respondido: "Bien, sin problemas".

Blanco Balín se ha ratificado en la declaración que ya prestó en marzo del pasado año, como imputado por un presunto delito fiscal, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye en Madrid el caso Gürtel. En ella, se desvinculó del contrato que obtuvo Teconsa -mercantil que asesora- por la sonorización del V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Valencia del 7 al 9 de julio de 2006.

Este martes, el imputado ha seguido la misma línea que empleó en Madrid, y ha afirmado que no sabe nada de este contrato, ni de presuntas irregularidades al respecto. Así, ha mantenido que él solo se dedicaba a llevar la asesoría fiscal a Teconsa, entidad que en total se adjudicó contratos por valor de 7.493.600 euros de RàdioTelevisió Valenciana (RTVV) por la instalación y desmontaje de equipos de audio y vídeo que fueron utilizados en Valencia, según ha podido saber Europa Press.

En esta línea, ha insistido en que él se ocupaba de tomar apuntes de los datos contables de la entidad, de toda aquella información que se le facilitaba, pero entre ella, ha asegurado que no sabe nada del contrato por la visita del Papa.

Las imputaciones contra Blanco Balín se sustentan en base a un informe de la Agencia Tributaria, que señala un presunto fraude fiscal de Teconsa a Hacienda por un total de 198.300 euros al no pagar el IVA, y por otros 434.941 euros del Impuesto de Sociedades en 2006, por supuestamente deducirse de forma improcedente las facturas que pasó a seis empresas por servicios que no realizaron.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/07/valencia/1367929224_547150.html

EL ASESOR DE CORREA DICE ANTE EL JUEZ DE 'GÜRTEL' QUE NO SABE NADA DE ILEGALIDADES EN EL CONTRATO DEL VIAJE DEL PAPA

Reitera que solo llevaba asuntos fiscales en Teconsa

El asesor fiscal de Francisco Correa y exvicepresidente de Repsol YPF, Ramón Blanco Balín, ha afirmado ante el juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que no sabe nada de presuntas irregularidades en relación al contrato de Teconsa --mercantil que asesoraba-- por la visita que el Papa realizó a Valencia en julio de 2006, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.

Blanco Balín estaba citado este martes, a las 11.00 horas, en calidad de imputado, por la pieza 6 del 'caso Gürtel', que investiga presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market S.L. o a algunas de las sociedades vinculadas a la misma y que pudieran derivarse de los hechos delictivos a que se refieren las piezas una y dos, que recogen la investigación por presuntos delitos electorales en 2007 y presuntas falsedades relacionadas con un delito electoral en 2008.

El imputado se ha presentado en el tribunal valenciano, acompañado de su abogado, sobre las 9.30 horas, y ha estado declarando durante casi dos horas. A su salida, ha indicado a los medios de comunicación que le esperaban que no quería hacer ninguna declaración. No obstante, preguntado por si había ido bien, ha respondido: "bien, sin problemas".

Blanco Balín se ha ratificado en la declaración que ya prestó en marzo del pasado año, como imputado por un presunto delito fiscal, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye en Madrid el 'caso Gürtel'. En ella, se desvinculó del contrato que obtuvo Teconsa --mercantil que asesora-- por la sonorización del V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Valencia del 7 al 9 de julio de 2006.

Este martes, el imputado ha seguido la misma línea que empleó en Madrid, y ha afirmado que no sabe nada de este contrato, ni de presuntas irregularidades al respecto. Así, ha mantenido que él solo se dedicaba a llevar la asesoría fiscal a Teconsa, entidad que en total se adjudicó contratos por valor de 7.493.600 euros de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por la instalación y desmontaje de equipos de audio y video que fueron utilizados en Valencia, según ha podido saber Europa Press.

En esta línea, ha insistido en que él se ocupaba de tomar apuntes de los datos contables de la entidad, de toda aquella información que se le facilitaba, pero entre ella, ha asegurado que no sabe nada del contrato por la visita del Papa.

Las imputaciones contra Blanco Balín se sustentan en base a un informe de la Agencia Tributaria, que señala un presunto fraude fiscal de Teconsa a Hacienda por un total de 198.300 euros al no pagar el IVA, y por otros 434.941 euros del Impuesto de Sociedades en 2006, por supuestamente deducirse de forma improcedente las facturas que pasó a seis empresas por servicios que no realizaron.

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-asesor-correa-dice-no-sabe-nada-presuntas-ilegalidades-contrato-viaje-papa-valencia-20130507135931.html

CORREA, CRESPO Y 'EL BIGOTES' DECLARAN EL 8 DE MAYO EN EL TSJCV POR EL CASO GÜRTEL

Los imputados están citados entre las 10 y las 11.15 horas para declarar por un supuesto delito fiscal

Los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y los responsables de Orange Market, Álvaro Pérez "el Bigotes" y Cándido Pérez, están citados a declarar como imputados mañana en el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) por supuesto delito fiscal.

Los imputados están citados entre las 10 y las 11.15 horas de la mañana en la sede del TSJCV, organismo que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana vinculada con la trama Gürtel.

Las declaraciones se enmarcan en la sexta pieza separada de la causa sobre la supuesta financiación irregular del PPCV, en la que se investigan supuestos delitos contra la Hacienda Pública atribuidos a la empresa de la trama Gürtel Orange Market y a otras sociedades vinculadas con ellas.

Esta supuesta evasión fiscal deriva de las dos primeras piezas de la causa, en las que se indaga sobre delitos electorales presuntamente cometidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y en los comicios generales de 2008.

En ellas se hacía referencia a delitos relacionados con el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre sociedades de Orange Market correspondientes a 2007 y a un delito continuado de falsedad.

También se indicaba que podían serlo por el concepto de retención del trabajo personal de Orange Market de 2007, y respecto de 2008 se indicaba que podían ser constitutivos de delitos contra la hacienda pública o contables y de un delito continuado de falsedad.

http://www.lasprovincias.es/20130507/mas-actualidad/politica/bigotes-correa-gurtel-tsjcv-201305071223.html

BATALLER AFIRMA QUE NO LE HA PRESIONADO "NADIE" PARA DEJAR SU FUNCIÓN COMO PRESIDENTE LOCAL DEL PP DE CASTELLÓN

Se centrará en el "día a día" como alcalde

El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha señalado este martes que no le ha presionado "nadie" para dejar sus funciones como presidente local del PP tras su imputación en el 'caso Gürtel', por la contratación con Orange Market S.L. de unos premios cuando ocupaba el cargo de subsecretario de la Conselleria de Sanidad, sino que que ha sido una decisión suya "muy meditada".

Así mismo, ha anunciado que el próximo lunes se celebrará el pleno extraordinario que ha pedido el grupo socialista para que dé explicaciones tras su imputación, aunque ha avisado de que se hablará "del Código de Buenas Prácticas de este ayuntamiento, que es lo que se solicita".

Bataller se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa para presentar la 'Nit de l'Art', a la que ha acudido un grupo de artistas de la ciudad, al ser preguntado por la decisión que anunció este lunes de delegar temporalmente sus funciones como presidente local del PP "hasta que se esclarezca" su comparecencia ante el juez.

Tras contestar dos preguntas al respecto, el primer edil ha asegurado que no iba a hacer más comentarios sobre este tema "por respeto a la gente que está aquí, a los artistas que han venido", afirmación que ha sido acogida con un aplauso por parte de algunos de los artistas presentes. Interpelado sobre si había recibido alguna presión en su decisión, ha contestado: "No me ha presionado nadie, es una decisión mía muy meditada, o es que no entiende. No hay nadie que me haya presionado".

Durante sus declaraciones, Bataller ha aclarado que no ha renunciado al cargo, sino que ha hecho delegación de sus funciones como presidente local del partido. "Es una decisión mía, reflexionada, tras siete u ocho días de mi citación para comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y no ha cambiado nada", ha añadido.

En esta línea, ha manifestado que sigue manteniendo su "honestidad al máximo" y su "tranquilidad de conciencia", y ha insistido en "lo único que hemos hecho es delegar las funciones de presidente local mientras se produce esa comparecencia judicial".

Preguntado por si también piensa renunciar a su cargo de alcalde, Bataller ha asegurado que continuará trabajando por la ciudad. "Es más, uno de los motivos de delegar las funciones como presidente local es para centrarme en toda la actividad que supone el día a día como alcalde, pues tengo foros de urbanismo y un pleno extraordinario que será la semana que viene y muchas citas importantes para la ciudad de Castellón", ha manifestado.

Así, ha reiterado: "vamos a continuar trabajando como hemos trabajado por todos los ciudadanos de Castellón y esto es un paréntesis, a nivel de partido". El alcalde ha explicado que retomará todas las funciones que ha delegado ahora.

Respecto a la convocatoria del pleno extraordinario para el próximo lunes, decisión que ha comunicado este martes a los portavoces de la oposición, ha advertido de que en dicha sesión "se hablará del Código de Buenas Prácticas de este ayuntamiento, que es lo que se solicita".

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-bataller-afirma-no-le-presionado-nadie-dejar-funcion-presidente-local-pp-castellon-20130507150537.html

EL JUEZ DEL ‘CASO GÜRTEL’ CITA A DECLARAR A VICENTE SANZ POR LA VISITA DEL PAPA

El magistrado llama a otros siete testigos en la misma pieza separada del 'caso Gürtel'.

La trama se embolsó tres millones de euros del presupuesto de Canal 9 para cubrir los actos

El juez José Ceres, que instruye la parte valenciana del caso Gürtel, ha señalado nuevas declaraciones testificales en la pieza separada que investiga la visita del Papa a Valencia en 2006. Entre los que tendrán que comparecer figuran Vicente Sanz, que fue secretario general de RàdioTelevisió Valenciana (RTVV) y está imputado por haber, supuestamente, abusado sexualmente de tres trabajadores del ente público.

El magistrado ha citado igualmente a quien sucedió a Sanz, Juan Prefaci.Y también a José Llorca, Encarna Pérez, Benjamín Íñiguez y Julio Martín Viciana, todos ellos en el mes de junio y en calidad de testigos. Ceres también ha llamado al legal representante de la empresa Maremoto Jets.

El último en comparecer, en una declaración que será común al resto de piezas separadas, será José Luis Peñas, el exconcejal del PP que sentó las bases de la investigación de Gürtel al grabar durante varios años en secreto a Francisco Correa, el líder de la trama corrupta que pedía que le llamasen Don Vito.

La pieza cuatro de la causa indaga el supuesto amaño de la cobertura que Canal 9 realizó de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. La investigación ha revelado que de los más de siete millones de euros que la televisión público destinó a los actos, más de la mitad terminaron en el bolsillo de los cabecillas de la trama Gürtel y del entonces director general de la corporación, Pedro García.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/03/valencia/1367596411_433429.html

LA EXPRESIDENTA DE LAS CORTES VALENCIANAS ASUME LA TÁCTICA DE LOS CABECILLAS DE GÜRTEL

Milagrosa Martínez se adihiere a los recursos de Correa, Crespo y Pérez

El objetivo es anular el procedimiento por las escuchas que Garzón ordenó en la cárcel

Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, expresidenta de las Cortes Valencianas, diputada autonómica y alcaldesa de Novelda con el PP ha asumido plenamente los argumentos de defensa de los cabecillas de la trama Gürtel para intentar evitar sentarse en el banquillo acusada de cohecho y prevaricación en las millonarias adjudicaciones que efectuó a la red corrupta. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para ella 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación.

Martínez, a quien los miembros de la trama se referían como La Perla, se ha adherido a los recursos de apelación de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. El objetivo: lograr la anulación de al menos parte del procedimiento alegando la violación de derechos fundamentales de los cabecillas de Gürtel, concretada en la intervención de sus comunicaciones en la cárcel, los hechos por los que fue condenado el magistrado Baltasar Garzón. Ello, argumentan, habría “contaminado” el resto de la causa.

"Se habían vulnerado en la causa 'madre' derechos fundamentales como el derecho de defensa, derecho a no declarar contra sí mismo, derecho a un proceso público con todas las garantías, derecho a la intimidad, que pueden afectar, por su conexión de antijuricidad, al resto de la prueba investigada y que es la que ha dado origen a este procedimiento", señala uno de los fragmentos de los recursos de Correa y Crespo que Martínez reproduce de forma literal en el suyo.

Martínez está imputada, a la espera de que se dicte la apertura de juicio, en la pieza separada del caso Gürtel que investiga la adjudicación del diseño y montaje del pabellón valenciano en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009, a razón de casi un millón de euros al año. La cantidad de irregularidades en la tramitación y los documentos coincidentes hallados tanto en sedes de las empresas de la trama como de la Administración autonómica llevaron a la Intervención General del Estado a concluir que fue la propia trama Gürtel la que redactó las bases del concurso público.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/02/valencia/1367520487_831578.html

GÜRTEL UTILIZÓ COMO AVAL EN SUIZA EL ENCARGO DE LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

El gestor de patrimonio suizo aseguró que "el dato" significaba que eran personas importantes

Los gestores de patrimonio y de cuentas en Suiza no admiten a cualquier cliente. La solvencia y capacidad de maniobra son estudiadas antes de aceptar la gestión de un capital. También los cabecillas de la trama corrupta Gürtel pasaron por ese examen antes que un gestor suizo aceptara hacerse cargo de la administración de varias decenas de millones procedentes, presuntamente, de operaciones fraudulentas.

El encargo a la red de parte de la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006 fue uno de los avales que sirvieron a los cabecillas de Gürtel para que un gestor de patrimonio los admitiera como clientes. “Era un dato importante; dado que iban a realizar un acontecimiento de este calibre esto quería decir que eran personas importantes”, aseguró en una declaración judicial el gestor de su patrimonio. Este no recuerda de quién obtuvo la información, pero sí que le otorgó el suficiente rango como para incluirla en el historial de sus nuevos clientes.

La visita del Papa a Valencia fue uno de los pelotazos de la trama corrupta, beneficiada por administraciones del PP. La adjudicataria del contrato, Teconsa, cobró 7,4 millones de euros de la televisión pública valenciana para montar televisiones y altavoces en el recorrido de Benedicto XVI, cuando el coste de los servicios apenas alcanzó 3,2 millones, según la contabilidad hallada en los registros de las empresas de la red Gürtel. Los beneficios se repartieron entre todos.

El informe de Hacienda sobre esta operación describió cómo “Teconsa actuó solo como empresa pantalla para ocultar que el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por la televisión autonómica era la organización de Francisco Correa”.

Tras varios meses de investigación, el juez de la Audiencia Nacional e instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, remitió las pesquisas sobre la visita del PP al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que asumió el caso e imputó a más de una decena de personas. Entre ellos, Pedro García, que fue jefe de comunicación con los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y Francisco Camps y, más tarde, director general de RTVV.

Las comisiones rogatorias han localizado en Suiza al menos 21 millones de euros atesorados por Francisco Correa y su principal colaborador, Pablo Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego.

El mismo gestor recordó en su declaración que ambos, Correa y Crespo, “iban juntos”. “Estos hombres siempre estaban juntos. Sé que Pablo Crespo había retomado la gestión de los asuntos de Correa en su época. Se trataba de empresarios, de hombres correctos”, adujo en su declaración. “Abrimos una cuenta porque creíamos que tanto Crespo como Correa era personas fiables; de lo contrario, no lo habríamos hecho”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/29/actualidad/1367260517_138396.html

EL JUEZ RECHAZA QUE EL PP SEA ACUSACIÓN EN LA RAMA VALENCIANA DEL ‘CASO GÜRTEL’

El magistrado Ceres ya había rechazado su personación en la pieza de financiación ilegal

Ahora le impide formar parte de la investigación de la visita del Papa

El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la causa sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano, dentro del caso Gürtel, ha rechazado la petición del PP de personarse en las nuevas piezas del procedimiento, relativas a la visita del Papa a Valencia, los múltiples contratos de la empresa Orange Market con la Generalitat, y los delitos fiscales que habrían cometido los responsables de esta sociedad del entramado empresarial de Francisco Correa.

El juez dictó un auto el pasado mes de febrero en el que acordaba abrir tres nuevas piezas separadas dentro de la vertiente valenciana de Gürtel, que se sumaban a las otras tres abiertas previamente por delito electoral y falsedad documental, cohecho y prevaricación en las millonarias adjudicaciones de Fitur.

En estas nuevas piezas, el juez ordenaba la investigación separada de las presuntas irregularidades en la contratación del ente público de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con la mercantil Teconsa para la visita del Papa a Valencia en 2006 (pieza 4); las presuntas irregularidades en la contratación pública entre la Generalitat Valenciana con la mercantil Orange Market SL y sociedades vinculadas al llamado Grupo Correa (pieza 5); y sobre presuntos delitos contra la Hacienda Pública de Orange Market SL (pieza seis).

Tras esta resolución, el PP y el abogado del Estado solicitaron su personación en el procedimiento. El primero, por las tres nuevas piezas, y el segundo, por la última. Respecto a esta última parte, el magistrado admite su solicitud por los intereses estatales que defiende.

Por su parte, el PP basó la petición de su personación en una resolución de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid (donde se instruyó la causa principal de Gürtel, que ahora se investiga en la Audiencia Nacional), en la que se admitía su incorporación al procedimiento.

La formación política ya intentó personarse en las tres primeras piezas de la causa, y el magistrado se lo denegó al estimar que el partido debía interponer una nueva querella con "hechos concretos" acaecidos en el territorio competencia del tribunal valenciano, y no en Madrid.

El PP trató de personarse en Valencia con una descripción vaga en la que solo se mencionaban hechos ocurridos en Madrid. Posteriormente presentó una segunda querella, que sí se dirigía contra Orange Market, su directivo Álvaro Pérez, El Bigotes, y Francisco Correa, pero el juez siguió considerando la denuncia excesivamente "genérica". El magistrado considera que en el intento de personación a las tres nuevas piezas "nos encontramos en la misma situación", y por tanto la rechaza.

El Partido Popular, que acaba de ser expulsado de la causa central del caso en la Audiencia Nacional pretendía, según apuntaron fuentes jurídicas, estar presente en las actuaciones sin tener que señalar ni los supuestos delitos ni los presuntos autores, entre los cuales, según la Fiscalía Anticorrupción, se encuentra la plana mayor de la formación política en la Comunidad Valenciana durante la etapa del expresidente de la Generalitat y del PP valenciano Francisco Camps.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/29/valencia/1367251743_922435.html

EL JUEZ DE GÜRTEL IMPUTA AL ALCALDE DE CASTELLÓN POR CONTRATAR A EL BIGOTES

El magistrado implica a otros cuatro cargos por adjudicar a dedo contratos a

El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha imputado al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, y a otros cuatro cargos de la Administración autonómica por haber adjudicado a dedo contratos a Orange Market, la empresa de la trama que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

La rama valenciana de Gürtel consta de seis piezas separadas, tres de las cuales se abrieron hace pocas semanas. Una de ellas, en la que han sido imputados los cinco cargos además de los cabecillas y varios trabajadores de la trama, se refiere a la adjudicación de 76 contratos a dedo a la red, que según la Fiscalía Anticorrupción eran fraccionados irregularmente para que no sobrepasaran el límite que hubiera obligado a tramitarlo con procedimientos más exigentes, como el concurso público.

Uno de esos contratos, que firmó el alcalde de Castellón, por entonces director general en la Consejería de Sanidad, tuvo como objeto la realización del "Acto premios salud y sociedad 2007". La organización de ese tipo de actos era la especialidad de Orange Market. El juez Ceres señala en la resolución conocida este jueves que Bataller y el resto de nuevos imputados tuvieron una "presunta y aparente intervención relevante" en la decisión de contratar a El Bigotes, que según la Fiscalía Anticorrupción violaron los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia que deben respetar las Administraciones.

Los otros cargos imputados por el juez Ceres son Rafael Peset, también responsable de la Consejería de Sanidad, por haber contratado la organización del mismo premio que Bataller pero en la edición de 2006; Clara Abellán, que era directora general de Bienestar Social y suscribió tres contratos con Orange Market en 2006 y 2007; Antonio Santo Juan, responsable de la empresa de medio ambiente de la Generalitat Vaersa y presidente del comité de empresa por UGT, y Arantxa Vallés, exgestora de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional.

Según fuentes jurídicas, la imputación de Vallés se debe a la declaración efectuada en su día por Dora Ibars, también imputada en la causa, y destituida dos veces en menos de seis meses por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, del cargo de directora general de Promoción Institucional.

Se da la circunstancia de que Bataller accedió a la alcaldía de Castellón en el verano de 2011 en sustitución de Alberto Fabra, actual presidente de la Generalitat. Fabra había sido a su vez elegido por el presidente del PP, Mariano Rajoy, para sustituir a Francisco Camps, a quien su partido presionó para que dimitiera después de que el juez José Flors lo sentara en el banquillo por el Caso de los trajes, una de las derivadas de Gürtel en Valencia.

Las otras piezas separadas investigan la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en la época de Camps, el fraude cometido en la cobertura de Canal 9 de la visita del Papa a Valencia en 2006, las adjudicaciones por cinco millones de euros de la feria turística Fitur y varios delitos fiscales.

Los nuevos imputados han sido citados a declarar en el Tribunal Superior de Justicia valenciano entre mayo y junio. El alcalde de Castellón lo hará el 6 de junio.

"Estoy súper tranquilo"

Al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, le han abordado los periodistas este jueves tras trascender su imputación en la sede del Ayuntamiento. Bataller ha afirmado tener "la conciencia súper tranquila" y estar convencido de que saldrá "indemne" de la investigación judicial en la que acaba de quedar inmerso.

A Bataller le han preguntado si no creía que el partido debería adoptar medidas respecto a él, dada la postura sobre los imputados que ha venido repitiendo el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El alcalde de Castellón se ha limitado a contestar que las decisiones que pueda tomar el partido no dependen de él.

Para quitarle hierro al asunto, Bataller ha recordado que ya declaró por el contrato suscrito con Orange Market. No ha indicado, sin embargo, que cuando lo hizo fue como testigo, en el juicio por cohecho contra Francisco Camps y Ricardo Costa, y que en aquel momento la contratación fragmentada de la Generalitat con la empresa de la trama Gürtel no había llegado al tribunal valenciano.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/25/valencia/1366906187_493389.html

EL JUEZ INVESTIGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN TODOS LOS MUNICIPIOS

El instructor de Gürtel reclama todos los contratos que firmaron con El Bigotes

La vertiente valenciana del caso Gürtel, que incluye la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP por parte de una decena de empresas constructoras en la época del boom del ladrillo y la obra pública, sigue complicando el futuro del partido. El magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, ha reclamado por medio de una providencia a todas las delegaciones municipales de la formación en la comunidad autónoma “una relación de contratos celebrados con Orange Market”, la sucursal en Valencia de la red que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, así como “los pagos efectuados a dicha entidad”.

El juez requiere dicha información referida a los años 2007 y 2008, que fue cuando supuestamente los populares financiaron irregularmente las campañas de las elecciones municipales y autonómicas (en el primer caso) y generales (en el segundo). Para evitar las posibles fórmulas de ocultación de los verdaderos servicios prestados por la trama corrupta, el magistrado ordena que se le remitan los contratos firmados por “todo tipo de actos, sean o no electorales”.

En la causa están imputados, además de los cabecillas de la trama Gürtel, el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas; el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla; el ex número dos del PP valenciano Ricardo Costa, la extesorera Yolanda García, y el exvicesecretario general del partido David Serra. Todos, salvo Bárcenas, son diputados en las Cortes Valencianas. Junto a ellos, están imputados los responsables de las empresas Lubasa, Grupo Cyes, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Piaf y Construcciones Hormigones Martínez.

Varias de las empresas cambiaron de denominación tras el estallido del caso Gürtel, en febrero de 2009. Para evitar confusiones, el magistrado requiere al Registro Mercantil la certificación del “historial de las sociedades”. Y al Registro de Patentes y Marcas, las “inscripciones y modificaciones de las marcas y nombres comerciales” que se hubieran producido.

Las constructoras, que se beneficiaron de grandes contratos del Gobierno valenciano durante los mandatos del expresidente Francisco Camps, ocultaron, según la Fiscalía Anticorrupción, el pago de actos electorales del PP bajo falsos contratos suscritos con Orange Market en los que se fijaban distintos conceptos. El juez solicita por ello al hotel Melià Valencia Palace y al Palacio de la Exposición de Valencia información sobre la celebración en sus establecimientos de las entregas de premios de la Fundación Sedesa entre 2003 y 2008. El instructor requiere igualmente varias facturas concretas de Orange Market al PP y la Agencia Valenciana de Turismo.

El magistrado no encuentra al responsable de la contabilidad

El magistrado instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha requerido a la dirección nacional del PP “la identificación de la persona responsable de la contabilidad durante el periodo de 2007 a 2009”. Ceres toma la decisión después de que todos los cargos con aparente responsabilidad en la materia, incluido el extesorero nacional del partido Luis Bárcenas, se hayan desentendido del control de la contabilidad de la formación y de las relaciones con empresarios.

La exgerente del PP valenciano e imputada, Cristina Ibáñez, por ejemplo, asegura en el último escrito que ha remitido al juez que ni ella ni Costa estaban autorizados en la cuenta bancaria del partido para los comicios locales de 2007. Los autorizados, según Ibáñez, fueron dos alcaldes, Juan José Medina (Moncada) y Vicente Betoret (Vilamarxant) y el gerente del PP de la provincia de Valencia, Juan Moscardó, también vocal del partido en Ontinyent.

El juez también requiere a la Consejería de Economía documentos sobre otra de las seis piezas separadas que forman la causa en Valencia, la del pabellón de Grandes Eventos que la Generalitat contrató para la feria turística Fitur en la edición de 2009, del que se encargó igualmente Orange Market. En ese pabellón de Fitur, recuerda la providencia, participaron entre otros la Ciudad de las Artes, la Ciudad de la Luz, el Palau de les Arts, Parques Reunidos Valencia y el aeropuerto de Castellón.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/03/valencia/1365013746_434294.html