LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA VALENCIANA
2012
LA PRECIPITADA REHABILITACIÓN DE IBARS
El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, dictó el miércoles el sobreseimiento provisional de la causa contra Dora Ibars, al no estar acreditada su participación en los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y otros en la millonaria adjudicación a la red corrupta de los contratos de la feria turística Fitur. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, anunció este viernes que Ibars recuperaba el cargo de directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, del que fue destituida a raíz de ser imputada en el caso.
La lectura del auto del juez Ceres hace pensar, sin embargo, que la recuperación de Ibars para ocupar el alto cargo puede haber sido imprudente. En la misma resolución en que decretaba el sobreseimiento de la causa, el magistrado abría la puerta para que la directora general vuelva a ser imputada dentro del mismo caso Gürtel, solo que no por la adjudicación de Fitur —que es lo que se va a juzgar ahora— sino por otros de los contratos de los que se benefició la red de Francisco Correa.
Siguiendo el razonamiento expuesto por Ciscar, si Ibars fuera imputada de nuevo tendría que volver a dimitir, en lo que sería uno de los capítulos más rocambolescos en la ya de por sí pesada digestión del caso Gürtel para la Administración autonómica.
El auto del juez Ceres señala que procede el sobreseimiento de Ibars "sin perjuicio de la investigación que se pueda realizar en relación con la contratación del montaje del Stand de Grandes Eventos", que iba a tener lugar en la misma feria Fitur del año 2009, pero no dependía directamente de la Agencia Valencia de Turismo. Poco después el juez va aún más lejos y señala que "procede deducir testimonio" del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se vierten las sospechas sobre Ibars. Deducir testimonio podría traducirse al lenguaje llano, salvando las distancias, como una denuncia planteada por el propio juez instructor al apreciar en unos hechos indicios de delitos que, por distintas razones, no puede investigar en el mismo procedimiento (en este caso, en la pieza separada sobre los contratos de Fitur firmados entre la Agencia Valenciana de Turismo y la trama) que está investigando.
La red Gürtel logró cerca de seis millones con Fitur. Pero obtuvo también de forma delictiva, según la Fiscalía Anticorrupción, decenas de otros contratos menores con muchos departamentos de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazó inicialmente ser competente para investigar estos últimos contratos, pero el Supremo zanjó este verano que sí le correspondía hacerlo. Dichos contratos formarán, probablemente, una nueva pieza separada del caso Gürtel en Valencia. Y el magistrado ha dado a entender que será en esa pieza en la que podría volver a imputar a Ibars.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/valencia/1355509724_585991.htmlEL JUEZ PROCESA A UN EXVICEPRESIDENTE Y DOS EXCONSEJERAS DE CAMPS POR PREVARICAR
El TSJ los acusa de tráfico de influencias por contratos con la red Gürtel
El juez encargado de instruir el caso Gürtel, en su vertiente de las contrataciones de la Generalitat valenciana con la empresa de la red Orange Market para la feria Fitur, ha acordado procesar por tráfico de influencias y prevaricación al exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, a las ex consejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. Los tres ocupan escaño en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas.
La investigación sobre la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón valenciano de Fitur entre 2005 y 2009, en la etapa de gobierno de Francisco Camps, es una de las piezas separadas dentro de la supuesta financiación irregular del PP valenciano a través de la red Gürtel.
El instructor José Francisco Ceres también ve indicios de un delito de cohecho activo en la cúpula de Gürtel y acusa al cabecilla, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, según ha informado el TSJCV.
También aprecia indicios de tráfico de influencias y prevaricación en el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret -que ya fue procesado en el caso de los trajes- y en otros cuatro empleados públicos, mientras que archiva la causa contra cinco imputados, entre ellos la exdirectora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat Dora Ibars.
El instructor imputa tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude a la Administración Pública y falsedad en documento oficial a los responsables de Orange Market Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa, Mónica Magariños, Isabel Jordán y Cándido Herrero.
El auto señala que Betoret, previo acuerdo con la consejera Milagrosa Martínez, indicó a los empleados de la Agencia Valencia de Turismo que realizaran en los nuevos pliegos de contratación para Fitur con las "adaptaciones o modificaciones que fueran necesarias para lograr la adjudicación a dicha mercantil, manifestándoles que a tal efecto, personas vinculadas a Orange Market se pondrían en contacto con ellos".
El magistrado asegura que las personas vinculadas a Orange Market, que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, elaboraron "paralelamente un borrador de criterios de adjudicación". Además, añade que esta influencia en los pliegos de contratación "una vez conseguida en la anualidad más complicada (Fitur 2005) continuó en unidad de propósito y similar método, en las sucesivas anualidades de los certámenes (2006 a 2009)".
Sobre el exvicepresidente Vicente Rambla, el auto señala que "en la concesión del referido trato de favor por parte de la AVT(Agencia Valenciana de Turismo) a la mercantil Orange Market y singularmente en las de los años 2008 y 2009, pudiera haber tenido algún grado de intervención" que, en aquellos años "tenía una estrecha relación personal con Álvaro Pérez que éste fue fomentando y de la que trató de aprovecharse, sabedor que intervenía de alguna forma en nombre de la Generalitat en la decisión sobre los denominados Grandes Eventos que se realizan en la Comunidad Valenciana, pretendiendo obtener facilidades para la adjudicación en las referidas contrataciones".
Sobre el presunto delito de cohecho pasivo, el magistrado indica que en el registro judicial de la sede de Orange Market se encontró "un listado de presuntos regalos a diversas autoridades, funcionarios y personalidades así como la compra de diversos productos en distintos establecimientos de la localidad de Valencia" en el que figuraban tanto las dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such, como el entonces vicepresidente Vicente Rambla.
En sus conclusiones, el juez José Francisco Ceres sostiene que las diligencias practicadas "revelan un abanico y pluralidad de irregularidades en la mencionada contratación administrativa objeto de investigación, en la facturación así como la existencia de relaciones personales no habituales entre un adjudicatario y funcionarios o autoridades" y considera que estas son indicadoras de "la existencia de una voluntad de favorecimiento en la adjudicación del concurso".
Los indicios sobre indicios el tráfico de influencias y la prevaricación también se sostienen, según el juez, en conversaciones como la mantenida por El Bigotes con un alto directivo de un banco, al que, como argumento para conseguir la renovación del crédito y "a modo de garantía o aval" le dice: "Todos los años hago el stand del Gobierno Valenciano de Fitur, vale?", o "que tengo la suerte de que el Gobierno valenciano siempre me paga antes de lo que está pactado en el pliego, en el contrato", en el pliego de condiciones".
También menciona otra conversación en la que Álvaro Pérez afirma: "El tema del trabajo para el partido se me ha acabado, y yo he pactado pues que como no tengo curro de partido pues que me darán otras cosas, por cojones, y que como me van a dar otras cosas, pues entonces se supone que me van a ayudar a que yo consiga un par de campañas buenas".
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/12/actualidad/1355325225_896695.htmlDIMITE EN ELCHE UNO DE LOS PROCESADOS POR EL ‘CASO GÜRTEL’
Ciscar dice que si se abre juicio oral el PP expedientará a los exconsejeros
El gerente del patronato municipal de turismo VisitElche, Isaac Vidal, dimitió ayer tras ser procesado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la pieza del caso Gürtelrelacionada con la adjudicación irregular a Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Vidal está procesado por su participación en la adjudicación a Orange Market como responsable del área de Mercados y Comunicación de la Agència Valenciana de Turisme.
Junto a Vidal están procesados en la misma causa el expresidente del Consell Vicente Rambla, las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such y otros cuatro cargos de la Agència Valenciana de Turisme (Rafael Betoret, Jorge Guarro, Ana Grau y Francisco Bover). También están procesados en la misma causa otros cinco miembros de la trama Gürtel, incluidos Francisco Correa, Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo.
En un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Elche, Vidal explica que presentó su dimisión el miércoles por la noche. "Estoy muy tranquilo y con la convicción de que todo se aclarará. Presento mi dimisión porque soy un hombre de honor y hasta que no se reconozca mi inocencia no debo estar en ningún cargo público", aseguraba el exgerente de VisitElche.
El procesamiento de los tres exaltos cargos de la Generalitat ha colocado en un aprieto al Consell que preside Alberto Fabra, porque el auto del Tribunal Superior de Justicia no ve acreditada la participación de la exdirectora general de Promoción Institucional Dora Ivars y le retira la imputación apenas un mes después de su destitución. Una decisión, adoptada por sorpresa tras meses de imputación, y que levantó ronchas en sectores del PP y de la Administración valenciana y que ayer volvieron a reproducirse.
El vicepresidente José Ciscar recordó que la decisión de destituir a Ivars se realizó en el ejercicio de sus competencias y argumentó que la politica del presidente de la Generalitat ante los casos de corrupción sigue siendo la misma. "Continua exactamente en el mismo sitio", recalcó Ciscar, que recordó que las actas de los diputados son personales. "Otra cosa es que ahora nos demos cuenta de por qué hay que respetar siempre la presunción de inocencia", admitió. En ese sentido se expresó la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig,
Respecto a los tres exaltos cargos procesados que siguen en las Cortes Valencianas, Ciscar argumentó que "los estatutos del PP dicen que en el momento en el que se decrete apertura de juicio oral, el partido con los estatutos en la mano, debería abrir, y así lo haría, expediente disciplinario".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no quiso hacer comentario alguno sobre el procesamiento de Rambla, Martínez y Such. "No tengo nada que comentar", remachó.
La oposición, por su parte, acusó a Fabra de ser el principal responsable de que los altos cargos procesados sigan en las Cortes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/13/valencia/1355429785_340549.htmlFABRA SE DESHACE DEL INTERVENTOR IMPUTADO Y RENUEVA SANIDAD
La remodelación del segundo escalón del Gobierno valenciano, aprobada este viernes, evidenció dos cosas. Por un lado, una línea de actuación errática respecto a los altos cargos implicados en casos de corrupción. Y, por otro, las enormes dificultades del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para confeccionar los equipos de gestión de las consejerías.
La manera de abordar los escándalos de corrupción se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para Fabra y en un galimatías para el PP.
El Consell aprobó la destitución del interventor general de la Generalitat, Salvador Hernándiz, imputado —igual que el exconsejero de Hacienda José Manuel Vela— por un delito de revelación de secretos al haber filtrado, supuestamente, un informe encargado por el juzgado al exconsejero imputado en el caso Cooperación Rafael Blasco.
Una reunión en la que aprobó también el nombramiento de Dora Ibars como directora general de Promoción Institucional. Un puesto que ha permanecido vacante desde que hace un mes fue destituida del mismo cargo por estar imputada en una de las piezas separadas del caso Gürtel. Lo sorprendente es que Ibars llevaba imputada desde el 17 de noviembre de 2011 y el Consell no decidió aplicarle "la tolerancia cero contra la corrupción" hasta hace mes y medio. Ahora, la rehabilita dos días después de que el auto del magistrado José Ceres no hallase indicios suficientes para mantener la imputación a Ibars en la pieza de la adjudicación de los contratos de la Agència Valenciana de Turisme a Orange Market.
Ciscar desvincula la destitución del interventor de su situación judicial
Para acabar de redondear el galimatías, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, argumentó que la destitución del interventor general no está motivada por su imputación, sino por la reestructuración que se prepara en la Consejería de Hacienda. Aunque el Consell dejó, por el momento, la vacante libre en un puesto clave para el funcionamiento de la Administración valenciana.
Ciscar recalcó de nuevo que no se pedirá al exvicepresidente Vicente Rambla ni a las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such que renuncien a su acta de diputados en las Cortes Valencianas.
Las indefiniciones sobre cómo abordar la situación de los cargos implicados en escándalos incluyen también la promoción de Laura Chorro, pareja sentimental de Ricardo Costa —el exsecretario general del PP imputado en dos piezas del caso Gürtel por supuesta financiación ilegal del partido—. Chorro abandona la gerencia de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado (Fundar) para ocupar la dirección general de Familia y Mujer con la nueva consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez. Ambas coincidieron como ediles en el Ayuntamiento de Alicante.
En este departamento también ha encontrado acomodo la secretaria autonómica Manuela García Reboll, hasta ahora número dos de Sanidad y ahora se encargará de gestionar con el mismo rango la Dependencia en Bienestar Social.
La política contra la corrupción se convierte en un galimatías
Su salida de la Consejería de Sanidad se daba por hecho desde que se anunció que el nuevo consejero sería Manuel Llombart, el director del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Las relaciones entre ambos eran tensas a cuenta de enfrentamiento que mantuvieron por los impagos de la Generalitat con el IVO y la consideración desde Sanidad de que la fundación dirigida por Llombart estaba facturando en exceso a la consejería.
El nombramiento de Llombart ha dado un vuelco a esta situación a la vez que plantea dudas sobre el conflicto de intereses que puede derivarse del hecho de que el gerente de un importante y particular cliente de la Generalitat, como es el IVO, pase a dirigir la consejería. Aún más, teniendo en cuenta que el centro oncológico está ligado a la familia del nuevo consejero.
Llombart ha aterrizado en un departamento muy renovado respecto a la etapa de su antecesor, Luis Rosado. Aunque menos de lo que parece. Los nuevos números dos y tres de la consejería son viejos conocidos del departamento, y antiguos colaboradores del ex consejero de Sanidad Manuel Cervera (2007-2011).
Manuel Escolano, director general en la consejería desde 1999 sucederá en la secretaría autonómica a García Reboll, cuyo nuevo destino en Bienestar Social causó sorpresa en el seno del PP por ser uno de los cargos más quemados con el fracasado intento de privatización no asistencial de toda la sanidad pública.
García Reboll, enfrentada a Llombart, sigue en Bienestar Social
El nuevo subsecretario de la consejería es Ignacio Ferrer. Para este cargo, el equivalente a número tres del departamento, Llombart cuenta con el que fuera jefe de gabinete del ex consejero Cervera, que en la etapa de Rosado se mantuvo en segundo plano en la dirección general de Evaluación, Calidad y Atención al Paciente.
Quizás estos nombramientos traten de aportar experiencia a Llombart ante la difícil tarea que se le presenta en el horizonte: una sanidad con una aguda debilidad financiera y un programa de privatización de la gestión de servicios por el que las operadoras sanitarias no han demostrado demasiado interés a la vez que ha sembrado de incertidumbres a los trabajadores de la red pública. En ese sentido, cobra especial importancia el fichaje de la secretaria general de la Sindicatura de Comptes como directora general de Régimen Económico de la Consejería.
En la remodelación realizada tras la desaparición de las consejerías de Agricultura y Turismo se salvan también buena parte de los altos cargos. Sorprende en la Consejería de Economía la repesca de Mar Casanova como directora general de Internacionalización, porque inició la legislatura como secretaria autonómica de Economía con Enrique Verdeguer de consejero y tras la llegada de Buch pasó a ser secretaria autonómica de Agricultura. Y también la reconversión de Ignacio Ventura, que pasa de director general de Proyectos Estratégicos a director general del Sector Público Empresarial en la Consejería de Hacienda.
El PP quiere quitar a la mitad de los miembros de los órganos consultivos
Tras el baile de cargos y de puestos, el Consell acabó por suprimir dos subsecretarías y una dirección general, creó una nueva secretaría autonómica de Turismo y dejó por ocupar la plaza del Interventor General de la Generalitat, una secretaría autonómica y una dirección general.
En la misma reunión, el Consell aprobó cuatro anteproyectos de ley para reducir a la mitad los miembros del Consell Jurídic Consultiu, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Económico y Social y el Consell Valencià de Cultura.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/valencia/1355514125_970486.html‘EL PRÍNCIPE’ Y ‘EL CANTANTE’ NIEGAN QUE FINANCIARAN AL PP
Los responsables de dos empresas declaran en el TSJ por la rama valenciana del 'caso Gürtel'
A medida que van desfilando los empresarios de la construcción ante el magistrado José Ceres se repiten las declaraciones en las que los imputados intentan justificar los trabajos abonados a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, y niegan que participaran en el pago de actividades electorales del PP.
Este martes le tocó el turno a dos de los últimos empresarios identificados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que supuestamente engordaron las cuentas de Orange Market, la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes, para financiar el partido conservador. Se trata de Rafael Martínez Berna, representante del grupo Vallalba al que según la policía los líderes de la trama llamaban El Cantante, y de Felipe Almenar, presidente de la constructora Cyes y apodado en Gürtel como El Príncipe. Ambos negaron cualquier irregularidad relacionada con la trama.
Ceres, que instruye desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la rama del caso Gürtel referida a la presunta financiación irregular del PP, está intentando desentrañar la relación con Correa y El Bigotes de un grupo de constructores que han protagonizado el boom del ladrillo en la Comunidad Valenciana al tiempo que se han beneficiado de numerosos contratos con la Generalitat. Hasta el momento el sumario eleva a nueve el número de empresas y sus principales responsables están siendo llamados a declarar como imputados en la causa.
Almenar, cuyo grupo habría abonado 200.000 euros a la trama según los informes policiales, negó ayer cualquier tipo de relación con la firma de El Bigotes. "Con Orange Market no hemos trabajado nada y eso ya lo manifestamos cuando salieron las primeras noticias", aseguró Almenar a su salida de la sede del TSJ. Efectivamente, cuando saltó la noticia de que la investigación apuntaba a Cyes, la constructora emitió un comunicado en el que negó pagos a la trama o que hubieran facturado nunca con la firma de Pérez.
También negó su implicación en la trama Martínez Berna, al que la policía atribuye pagos por 199.520 euros y que además de empresario en el grupo Vallalba fue presidente de la patronal de Alicante Coepa hasta noviembre, cuando dimitió por su implicación en Gürtel y porque la Comisión Nacional de la Competencia multó a dos empresas del grupo, Constructora Hormigones Martínez (CHM) y su filial Padelsa Infraestructuras con 5,3 millones de euros por supuestamente amañar contratos con la administración.
Por otra parte, hoy se espera que comparezcan en el TSJ los principales imputados de la trama Gürtel para cotejar sus voces con las de las conversaciones intervenidas por autorización judicial. Están citados a partir de las 11.00 Correa, su número dos, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, y el exconsejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/25/valencia/1348584801_541268.htmlINTERVENCIÓN ADVIRTIÓ TRES VECES DE LAS IRREGULARIDADES DE GÜRTEL EN VALENCIA
La Generalitat siguió con las adjudicaciones sin cumplir la ley y pese a los avisos
Un informe desvela la continuidad en el trato de favor a Orange Market
EE UU da a la Audiencia cuentas de la trama Gürtel en Gibraltar
Mientras por el juzgado siguen pasando cargos políticos y técnicos que defienden su gestión en la contratación de la filial valenciana de la red Gürtel, Orange Market, con la Administración autonómica, el juez ha recibido un informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana en el que señala que las auditorías advirtieron hasta en tres ocasiones de las irregularidades en los contratos firmados con motivo de la Feria de Turismo (Fitur), entre 2005 y 2009. En total, la red corrupta se embolsó por estas ferias cerca de cinco millones de euros.
El informe, fechado en agosto, fue requerido por la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Y señala que en la auditoría de cumplimiento de la legalidad respecto a 2005 se detectó una ampliación de contrato por un total de 90.000 euros, por el que ya se puso de manifiesto la "inexistencia de la aplicación de un procedimiento de contratación, conculcando los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación" que deben regir en la contratación pública.
Lo mismo ocurrió con otros expedientes por un valor global de más de 500.000 euros, sobre los que se advirtió que se habían hecho "por contratación directa, no habiendo dispuesto contrato formalizado con los mismos". Y volvió a pasar en 2006, cuando se adjudicaron, también de manera directa, otros 626.000 euros "no habiendo dispuesto del contrato formalizado con los mismos".
La auditoría avisó de la adjudicación, en 2005, de 590.000 euros sin publicidad
Sobre los expedientes revisados en 2009, el último año que la Generalitat valenciana adjudicó el expositor de Fitur a la trama Gürtel y el mismo en el que se inició la investigación judicial, el informe no señala irregularidades específicas, pero sí indica que los expedientes revisados se adecuaban "razonablemente" a la ley de contratos y garantizaban "en términos generales" los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación.
Pese a las advertencias de las auditorías, que comenzaron en 2005, a la vez que las adjudicaciones para la feria Fitur a Orange Market, la Administración pública valenciana, entonces presidida por Francisco Camps, siguió con las irregularidades. Estas han llevado a comparecer ante el juez a los responsables de la red, a los responsables políticos de las instituciones que promovían esas adjudicaciones (la Agencia Valenciana de Turismo) y a los técnicos encargados de los contratos, que también están imputados.
Y esto es solo una parte de la causa abierta, en la que también se investiga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano para averiguar si los populares valencianos cometieron alguna ilegalidad durante las campañas electorales de 2007 (autonómicas) y 2008 (generales). La policía sostiene que la trama Gürtel desvió parte de las deudas del PP a empresarios y que fueron estos quienes corrieron con los gastos electorales. De hecho, el informe de la Sindicatura de Cuentas, que auditó los gastos de los partidos políticos, ya señaló que existían facturas de Orange Market al PP, por valor de 175.000 euros, por las que la empresa no había certificado los servicios prestados.
El TSJCV tiene además que determinar si es competente para seguir la investigación de la visita del Papa, un pelotazo por el que la trama se embolsó unos tres millones de euros.
http://politica.elpais.com/politica/2012/09/24/actualidad/1348512994_335377.htmlUNA EX ALTO CARGO DE BLASCO ACHACA A TURISMO UN EXPOSITOR CON ‘EL BIGOTES’
La exsubsecretaria autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Cristina Serrano atribuyó ayer a la Consejería de Turismo la responsabilidad de la contratación con Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, de las ediciones de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) en las que participó con un expositor propio su departamento cuando se denominaba Consejería de Territorio y Vivienda y el consejero era el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco.
Las empresas de la trama Gürtel no solo facturaron en Fitur 2005 a la Consejería de Turismo, también cobraron pequeñas cantidades en adjudicaciones sin concurso público tanto de la consejería de Blasco como de Infraestructuras, dirigida entonces por el fallecido José Ramón García Antón. Es más, Gürtel y El Bigotes comenzaron a facturar con el Consell en 2004 gracias a una empresa pública dependiente de Blasco, Vaersa, con la elaboración de unos vídeos promocionales sobre el contenedor amarillo por 138.678 euros, concurso al que se presentaron tres firmas de la trama. Ganó Orange Market, cobró la mitad por entregar un guión y una maqueta y los vídeos nunca llegaron. Vaersa no reclamó.
Serrano acudió ayer a declarar en calidad de testigo ante el magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que investiga la supuesta financiación ilegal del PP. Estaba citada a declarar por la tercera pieza del procedimiento, relativa a los supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la contratación de Fitur.
La exsubsecretariaintentó aclarar al tribunal, según explicó a los medios a la salida, las pautas que se seguían para contratar eventos con empresas. Algunas de las cuestiones las desconocía porque ella, según dijo, no se encargaba de la contratación.
Su declaración, explicó, se centró en el expositor que Medio Ambiente habilitó en Fitur en 2005. Serrano contó que para este evento fue el propio consejero (en referencia a Blasco) el que la llamó y le comunicó la decisión de instalar en la feria un stand. La testigo indicó que desconocía la empresa adjudicataria, y lo único que reiteró es que la contratación dependía exclusivamente de Turisme.
Así, su departamento “únicamente” se dedicaba a estructurar el espacio, a dar forma a los contenidos. Turismo les cedía 18 metros cuadrados y allí colocaron pantallas en las que se difundía información sobre los parques naturales valencianos.
Serrano también señaló, tras mostrarle varios documentos, que es cierto que en la consejería había facturas de la empresa Orange Market, pero aseguró que no sabe quién las autorizó. También recalcó que ella no había firmado ninguna. Asimismo, señaló que ella conoció a Álvaro Pérez a través de la prensa, y que “nunca” le vio por la Consejería de Medio Ambiente.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/25/valencia/1343243208_408245.html
VIDAL NIEGA QUE ´EL BIGOTES´ TUVIERA UN TRATO PREFERENTE
El exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo asegura que desconoce si Betoret ordenó cambiar los criterios de adjudicación
El exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Isaac Vidal, negó en su declaración ante el magistrado José Ceres, que instruye una parte del conocido como 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que el dueño de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', tuviera un trato preferente en la agencia por amistades con la Generalitat o el Partido Popular.
Así se desprende de la declaración que prestó Isaac Vidal, en calidad de imputado, el pasado 26 de abril ante el juez Ceres que instruye la pieza separada, dentro del 'caso Gürtel', y que hace referencia a la presunta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur.
En su declaración Vidal aclaró en varias ocasiones que él no se ocupaba de elaborar los pliegos de condiciones para las adjudicaciones de la feria Fitur, y que para todo contaban con un departamento jurídico y otro financiero. Respecto a los pliegos afirmó que con éstos, se elaboraba un borrador que debía contar finalmente con el visto bueno de la "superioridad", y en este caso se refirió a la secretaria general y a la subsecretaria.
Asimismo, especificó que en la fase de ejecución, él solo intervenía a la hora de asistir a la feria, ya que solía ir un día antes. Además, tomaba algunas decisiones o participaba en valoraciones con su equipo a la hora de modificar ciertas cosas en el montaje.
Interpelado por los criterios de valoración, el imputado aclaró -a diferencia de lo que dijo Jorge Guarro en su declaración ante el juez- que él no recuerda instrucciones "concretas" por parte del ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo de la Generalitat, Rafael Betoret, sobre los criterios. "Al señor Guarro no sé si le daría este tipo de instrucciones", añadió. Lo que sí indica, es que Betoret era el interlocutor entre ellos y los "superiores".
Sobre el motivo por el que a partir de 2005 se adjudicó Fitur a Orange Market, afirmó que, por ejemplo, su propuesta ese año, en relación con las características técnicas de imagen, comunicación, visibilidad de la marca, atributos y coherencia con la comunicación de los valores de la Comunitat fue "mucho mejor" que la presentada por otras mercantiles.
Vidal, quien puntualizó que él no intervino en el expediente de los gastos de un almuerzo en Ifema -que al final se adjudicó a Orange Market- también apuntó que con Pérez y con las sociedades Down Town, Consulting, Boomerang, Drive, Easy Concept, tenía una relación derivada de ser cliente y proveedores. "Ninguna otra relación", añadió. Además, describió esta relación como "absolutamente normal", "no había ningún tipo de relación, ni connivencia, ni amistad, nada de esto".
En este contexto, indicó que él no sabe nada respecto a que Pérez tuviera un trato preferente en la agencia por alguna relación de amistad con alguien de la Generalitat o del PP. "No me consta", apostilló ante el juez. "Con la gente de Orange Market he tenido unos contactos escasos, porque el grueso del contacto se hacía más en la parte técnica y específica", aseveró. Sobre éstos, señaló que estos contactos "en ningún caso" fueron previos a la licitación.
Regalos
Preguntado por si recibió algún obsequio por parte de Orange Market o Álvaro Pérez, contestó que "ninguno en ningún año". A Vidal se le mostró un listado de regalos de las navidades de 2005 a 2006, realizado por esta mercantil, y en el que también aparecía su nombre. Al respecto, aclaró que desconocía el motivo por el que figuraba su nombre, porque él no había recibido ningún regalo.
"Si he recibido alguna agenda en concreto no lo recuerdo, pero en todo caso algo irrelevante", añadió en este sentido. Asimismo, agregó que en navidades, por el desempeño de sus funciones, recibe detalles "mínimos", "que si una agenda, que si un pequeño boli, merchandising". En este sentido, apostilló: "no recuerdo si he recibido algún regalo, aunque fuera de merchandising de Orange Market".
"Ninguna explicación"
Vidal también afirmó que no tiene ninguna explicación al hecho de que un pliego de condiciones estuviera en poder de una empresa con antelación a que se iniciara el expediente de contratación y, por lo tanto, a la elaboración de los pliegos en la agencia. "No sé ni tengo ninguna explicación para el hecho de que el pliego sea prácticamente el mismo que el que finalmente sacamos a adjudicación, no tengo ninguna explicación", dijo.
Por último, este imputado insistió en que a él no le consta que ninguna de las adjudicaciones fueran impugnadas, y señaló que ha estado trabajando en la Conselleria de Turisme y ha intentado que todas las actuaciones "fuesen legales".
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/24/vidal-niega-bigotes-tuviera-trato-preferente/915555.html
BETORET DABA LOS CRITERIOS DEL CONTRATO DE FITUR, SEGÚN UN IMPUTADO
La trama Gürtel ganó cerca de cinco millones de euros con el pabellón valenciano en la feria
El jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro, mantuvo en su declaración como imputado ante el juez José Ceres, instructor de la causa sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano relacionada con la trama Gürtel, que el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, indicaba cada año los criterios económicos y subjetivos de los pliegos de condiciones para adjudicar la feria Fitur.
La empresa Orange Market, de la trama Gürtel, ganó cerca de cinco millones de euros entre 2005 y 2009 con el pabellón valenciano de Ftur.
En su declaración el pasado 26 de abril, Guarro explica que él se encargaba, junto con otra persona, de la redacción de los pliegos y pedía instrucciones. A partir de 2005, señaló, la Agencia de Turismo cambió la forma de contratar el pabellón, de modo que pasó a pesar más la valoración subjetiva que la oferta económica.
Esa modificación "salía directamente del gabinete, del señor Betoret", declaró Guarro. "Estos cambios parten de él, pero no nos los explica", indicó. Guarro también afirmó que el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia, Isaac Vidal, estaba al tanto. El imputado negó presiones para cambiar sus informes y aseguró que no trató con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/23/valencia/1340468068_600025.html
VARAPALO DE HACIENDA AL CONTABLE DE GÜRTEL EN EL CASO DE FINANCIACIÓN DEL PP
La Agencia Tributaria afirma que recibió más de 250.000 euros de dos empresas de la trama
En la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por la supuesta financiación ilegal del PP están imputados, además de destacados cargos en el partido y el Gobierno que dirigía el expresidente Francisco Camps, los cabecillas de la trama Gürtel y numerosos empleados de sus empresas. Uno de ellos, José Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta, hizo una solicitud al juez instructor del caso, José Ceres, que ha acabado volviéndose en su contra.
Izquierdo pidió al juez que requiriese de la Agencia Tributaria si constaba en sus bases de datos algún pago a su favor por parte de Orange Market, la empresa valenciana de la red, por cualquier concepto y en cualquier ejercicio fiscal.
Hacienda respondió al magistrado que no constaban pagos a Izquierdo de Orange Market, la empresa que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes. La respuesta de Hacienda añadía, sin embargo, que el contable percibió 87.826 euros de Pasadena Viajes y otros 169.337 de Technology Consulting Management, ambas sociedades de la red entre 2003 y 2010.
Hacienda precisaba, además, que en Technology Consulting Management, Izquierdo fue autorizado en las cuentas bancarias de 2004 a 2010 y administrador en 2004 y 2005. En Pasadena Viajes figura como representante desde el año 1997.
La Agencia Tributaria y la policía ya han acreditado en las diferentes causas del caso Gürtel que, aunque formalmente aparentaban ser empresas independientes, las diferentes sociedades del grupo de Francisco Correa se hallaban en realidad bajo una dirección común y efectuaban frecuentes intercambios de fondos, tanto lícitos como en dinero negro.
La contestación de la Agencia Tributaria fue muy mal recibida por la defensa de Izquierdo que, en otra alegación al juez, le solicitó la expulsión del escrito de la causa, la declaración de nulidad del mismo y el envío de un nuevo requerimiento a Hacienda en el que se respondiera exclusivamente si la empresa de El Bigotes le había abonado alguna cantidad. El magistrado ha rechazado ahora esa posibilidad y ha decidido mantener el escrito dentro de la causa.
Izquierdo está imputado también la causa central de Gürtel que se instruye en la Audiencia Nacional. Al ser detenido en 2009, a Izquierdo se le intervino una memoria digital y documentación que revelaba que la trama Gürtel ingresó 20 millones en dinero negro que destinó, en parte, a pagar sobornos y comisiones a políticos del Partido Popular.
En la causa abierta en Valencia se investiga la financiación ilegal de las campañas electorales del PP regional en 2007 y 2008 por parte de ocho constructoras —que eran, al mismo tiempo, receptoras de grandes contratos de la Generalitat— a través de Orange Market.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/22/valencia/1340392084_427627.html
LA POLICÍA CONCLUYE QUE OTRA CONSTRUCTORA PAGÓ 110.000 EUROS AL PP DE CAMPS
Lubasa habría aportado los fondos para la campaña electoral del año 2007
El Bigotes lo camufló como una venta de 8.000 camisetas y gorras y un plan estratégico
La policía sigue reconstruyendo la supuesta financiación ilegal del PP valenciano por parte de ocho grandes empresas del sector de la construcción y la obra pública. La Unidad de Delincuencia Financiera y Económica (UDEF) ha aportado un nuevo informe al magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, que investiga la vertiente valenciana del caso Gürtel, centrado en la empresa castellonense Lubasa que, destaca la policía, cambió su nombre por el de Durantia Infraestructuras en 2009. Este grupo empresarial habría contribuido con 110.200 euros a la campaña electoral del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en las elecciones autonómicas de 2007, las penúltimas que ganó antes de dimitir por su implicación en el caso.
El sistema empleado fue el mismo que en el caso de las otras empresas ya analizadas por la policía, como Sedesa y Grupo Vallalba. Orange Market, cuyo responsable era el cabecilla de Gürtel y amigo de Camps Álvaro Pérez, El Bigotes, organizaba todos los actos electorales del partido. Pero una parte de los mismos no fueron pagados por el PP, sino por las ocho constructoras que, a su vez, obtenían grandes contratos de obra pública del Gobierno valenciano.
Para disimular el supuesto delito electoral —financiar irregularmente campañas electorales—, Orange Market facturó a dos empresas del grupo Lubasa por servicios que el análisis de la UDEF revela falsos. Una de las facturas, por 52.200 euros, tuvo como motivo teórico el suministro de 4.000 camisetas y 4.000 gorras "promocionales"; la otra, la elaboración de un "plan de marketing". Ambas contienen deficiencias y coincidencias llamativas.
La policía señala, por ejemplo, que uno de los documentos de Word que utilizó Orange Market en la contratación con Lubasa —en concreto un borrador del convenio sobre el plan estratégico de mercadotecnia—, se llama "Ortiz". Su contenido es calcado a otro convenio que la sociedad de El Bigotes firmó con el grupo del constructor alicantino Enrique Ortiz, el cual, según la policía, también enmascaró el pago de actos electorales de Camps.
Orange Market recicló para Lubasa una factura que había usado para Enrique Ortiz
"Se infiere que se ha utilizado algún documento confeccionado con anterioridad, relacionado con alguna de las sociedades vinculadas a Enrique Ortiz para elaborar el documento finalmente destinado al Grupo Lubasa", afirma la UDEF.
El análisis de la documentación incautada a la trama revela, además, que la intención inicial de la red era cobrar de una vez todo el importe. Así lo indica otra factura que, a nombre de "Luis Batalla", dueño de Lubasa, elaboró Orange Market el 19 de diciembre de 2007 y que no llegó a emitirse. El importe y los conceptos que englobaba eran parecidos a los que terminaron divididos en dos facturas, la primera de las cuales tiene la misma fecha, 19 de diciembre de 2007.
La policía deduce que Orange Market "elabora los mismos en función de una previsión de cantidad de dinero global a recibir inicialmente por parte del cliente final, en este caso 104.400 euros, a través de una única factura". Es decir, lo que la trama corrupta quería cobrar estaba predeterminado desde un principio porque venía condicionado por unos actos electorales ya efectuados. Y tras proponer la fórmula de una única factura, acaba aceptando dividirlo en dos por "adecuarse a las cantidades y forma de pago solicitada" por Lubasa.
La elaboración de las nuevas facturas, que la UDEF atribuye al empleado de la red habitual, Cándido Herrero, presenta otro error de bulto. La factura única por 104.400 euros era por "material gráfico" y "merchandising", y este último apartado incluía 3.000 gorras talla M y otras 2.000 talla S. Al dividir las facturas en dos, la de merchandising pasa a ser por un total de 4.000 gorras, pero en el presupuesto que la acompaña siguen figurando 3.000 gorras de talla mediana y otras 2.000 pequeñas.
La policía constata que no constan las hojas que la trama utilizaba para saber cuánto ganaba con un negocio tras descontar los gastos. Ni hay rastro de que Orange Market comprara camisetas ni gorras, tuviera contacto con proveedores o cualquier otro indicio de que realmente trabajó para Lubasa.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/valencia/1339615354_555603.html
LA POLICÍA ACREDITA 200.000 EUROS ILEGALES EN LA CAMPAÑA DE CAMPS EN 2007
La UDEF atribuye el origen de los fondos al Grupo Vallaba, del expresidente de Coepa
La investigación revela que El Bigotes cobró de las constructoras antes de emitir la factura
Mientras los principales imputados niegan ante el juez las irregularidades, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía sigue aportando al Tribunal Superior de Justicia valenciano informes que acreditan la financiación ilegal —delito electoral y falsedad documental— del PP regional en las elecciones de 2007 y 2008.
El último informe de la UDEF concluye que el Grupo Vallalba y dos de sus filiales, vinculados al sector de la construcción y la obra civil, aportaron casi 200.000 euros de forma irregular a la campaña del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en los comicios autonómicos que ganó por mayoría absoluta en 2007.
Las tres empresas —la matriz Grupo Vallalba, Pavimentos del Sureste y Hormigones Martínez— habrían efectuado los pagos a Orange Market, la sociedad de la trama Gürtel que organizaba los actos electorales del partido. El responsable empresarial detrás de los pagos a la red sería, según la policía, Rafael Martínez Berna, presidente de la patronal de Alicante hasta noviembre, cuando dimitió por su implicación en Gürtel y a raíz de la millonaria multa que, por otros motivos, le impuso la Comisión Nacional de la Competencia.
La contabilidad interna de Orange Market refleja el ingreso de 199.520 euros en septiembre de 2007 junto a numerosos ingresos identificados como "Campaña 2007". Pero en la hoja de Excel de la sociedad de la red que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, no figuran los nombres de las tres empresas alicantinas, sino una misteriosa referencia: El Cantante. La policía considera que se trata de otro ejemplo de la tendencia de la trama Gürtel a utilizar apodos "con la finalidad de ocultar" identidades.
La investigación lleva a la policía a concluir que con El Cantante la red hacía referencia a Rafael Martínez Berna, al coincidir "el nombre de pila de este y el de un conocido profesional dedicado a la canción española". Esto es, Raphael.
La mecánica utilizada por las empresas del Grupo Vallalba fue muy parecida a la de otras empresas supuestamente implicadas en la causa, como Sedesa, de la que la policía también aportó recientemente un informe. En el caso de Vallalba, para camuflar el pago de actos electorales populares, Orange Market emitió cuatro facturas por servicios ficticios en las que se plasmaba un concepto "suficientemente amplio y vago en su descripción, que permite acomodarse a las necesidades tanto de Orange Market como de la empresa pagadora", según la UDEF. Esos conceptos fueron: "Ocho lonas publicitarias" (40.600 euros); "asesoramiento en relaciones públicas" (21.460 euros); "estudio corporativo" (69.600 euros), y "estudio impacto" (67.860 euros).
Gürtel redactó los presupuestos de las cuatro facturas en solo tres minutos
A pesar de su apariencia legal, las cuatro facturas y la documentación relativa a las mismas incautada por la policía no han resistido un examen a fondo. Uno de los muchos datos que el informe destaca para deducir su falsedad es el de la elaboración de los presupuestos por parte de Orange Market. Aunque la trama los fechó en momentos diferentes (25 de enero, 6 de febrero, 17 de abril y 2 de julio de 2007), el campo de propiedades de los archivos informáticos revela que los presupuestos fueron redactados consecutivamente y en solo tres minutos: entre las 18.46 y las 18.49 del 17 de julio de 2007.
La contratación presenta más incongruencias. En la de las ocho lonas publicitarias que teóricamente pidió Pavimentos del Sureste —que en junio de 2009 pasó a llamarse Padelsa Infraestructuras— a la empresa de El Bigotes, la policía ha descubierto que en el borrador de presupuesto ya figuraba el mes en el que Orange Market emitió tiempo después la factura (septiembre de 2007) y la fecha exacta de vencimiento del pagaré con el que le pagó la constructora (28 de octubre de 2007).
"Se puede inferir", señala la UDEF, "que antes de la elaboración definitiva del presupuesto por parte de Orange Market, ya existía una previsión o instrucción al respecto de emitir la factura en una fecha determinada y de cuándo se iban a recibir los fondos en pago a la misma". La anomalía se repite en las otras tres contrataciones.
Es común también a los cuatro casos una ausencia llamativa. La policía no ha hallado la "hoja de costes" que las empresas del grupo de Francisco Correa utilizaban habitualmente para conocer con precisión el beneficio de los actos que organizaba. En ella, la trama detallaba "los proveedores que participaban en la preparación, montaje y ejecución de un acto determinado, el importe que los mismos facturaban" y el beneficio que obtenían.
Ni rastro del servicio
Si realmente se hubiera prestado el servicio de las lonas, prosigue la policía, el diseño, fabricación e instalación de las mismas, "habría sido subcontratado por Orange Market a un tercero y debería existir factura de dicho proveedor", ya que la empresa de El Bigotes carecía de los medios para hacerlo, pero no existe rastro de ello.
Y en el "estudio corporativo" que supuestamente realizó Orange Market para Hormigones Martínez —que en junio de 2010 cambió su nombre por el de CHM Obras e Infraestructuras—, el envío del pagaré (24 de septiembre) y el cobro del mismo (26 de septiembre) es anterior a la fecha de la factura (22 de octubre) que los justifica.
La contratación fue firmada por Tomás Martínez Berna por parte de las constructoras, según la policía. El día que la sociedad de la red recibió los 199.500 euros del Grupo Vallada también se ingresaron en su cuenta 7.345 euros provenientes de Arturo Torró, entonces en la oposición y hoy alcalde popular de Gandia. Torró reconoció en 2010 que Orange Market hizo su gran acto electoral de 2007.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/11/valencia/1339444907_683693.html
EL JUEZ EXTIENDE LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PP
Los populares señalan a su gerente Ibáñez como responsable de la contabilidad
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres ha ampliado la investigación de la causa de financiación ilegal del PP al Grupo Popular en las Cortes autonómicas. Ceres, instructor de la rama valenciana del caso Gürtel, ha requerido al Grupo Popular en la Cámara que identifique a la persona o personas que fueran responsables de los pagos y las que figurasen como administradores de las cuentas bancarias del mismo en los años 2007 y 2008.
En ese periodo, que coincidió respectivamente con las elecciones autonómicas que ganó el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y con las generales que perdió el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue cuando, según numerosas evidencias que obran en la causa, se produjo la financiación ilegal del partido (delito electoral) y la falsificación en documento mercantil. Ambos delitos corresponderían a las aportaciones de empresas de obra civil a las campañas populares, que habrían pagado a la sociedad de la trama Orange Market los actos que ésta organizó para el partido.
El magistrado también ha ordenado que, una vez se conozcan los responsables de pagos y los administradores de las cuentas del grupo parlamentario, las entidades faciliten todos los extractos de los movimientos bancarios de 2007 y 2008.
En junio de 2007, Ricardo Costa, uno de los principales imputados en la causa, se convirtió en secretario del grupo parlamentario, mientras que Esteban González Pons fue nombrado portavoz en sustitución de Serafín Castellano. Costa asumió la portavocía en las Cortes en marzo de 2008.
La extesorera García habría apuntado al grupo en las Cortes ante el juez
Fuentes jurídicas apuntan que la decisión del juez puede estar relacionada con la reciente declaración prestada por la imputada Yolanda García, diputada en las Cortes y hasta el mes pasado tesorera regional del partido. Al ser preguntada por el contenido de las conversaciones intervenidas por orden judicial en las que hablaba con Álvaro Pérez, El Bigotes, —y que, según la policía, versaban sobre la financiación ilegal— García habría afirmado, según las mismas fuentes, que en realidad estaban tratando sobre actos realizados por Orange Market para el grupo parlamentario. Y por ello el magistrado habría decidido examinar todas las transacciones bancarias del grupo popular.
García, Costa y el entonces vicesecretario de Organización del PPCV, diputado y también imputado David Serra, son los principales protagonistas de las conversaciones grabadas por la policía.
En una de ellas, de 23 de diciembre de 2008, Serra le dice a Álvaro Pérez: "El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le prestéis al de las galletas [el constructor Enrique Ortiz] la factura igual que la otra". Serra también dio al juez una explicación curiosa de sus palabras. Tras reconocer que "el de las galletas" era Ortiz, sostuvo que lo único que hizo fue mediar, por la amistad que tenía con El Bigotes, para que éste pudiera cobrar una deuda que tenía pendiente con el constructor por servicios que habría prestado a sus empresas.
Las tensiones que la causa ha generado en el interior del PP valenciano, remodelado a fondo hace unas semanas por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para sacar de los principales cargos a los imputados, continúan.
La causa ha causado tensiones en el PP valenciano
Ante el empeño del juez Ceres por averiguar cómo funcionaba la caja regional del partido, el nuevo secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha respondido al juez que la "competencia para la realización de la contabilidad corresponde a la gerencia regional del partido". Esto es, a la gerente Cristina Ibáñez, hacia quien también Costa habría desviado las responsabilidades durante el interrogatorio al que le sometieron el juez y el fiscal.
Ibáñez es una figura muy discreta y al mismo tiempo extraordinariamente duradera en el aparato regional del partido. Según informó hace poco el PPCV al juez, ocupa el cargo desde 1995, el año en el que el PP ganó por primera vez la Generalitat, lo que implica que ha sobrevivido a las numerosas guerras internas que ha vivido la formación. La dirección regional también indicó que cobra directamente de la calle Génova, la sede nacional del PP.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/08/valencia/1339176986_401159.html
FABRA DESTITUYE AL DIRECTIVO DE RTVV IMPUTADO POR LA VISITA DEL PAPA
Ricardo Calatayud ha sido implicado por el juez en el saqueo de fondos de la visita del Papa
La Generalitat destituyó este viernes al director económico y financiero de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Ricardo Calatayud, pocas horas después de que se conociera que había sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el saqueo de fondos públicos con ocasión de la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI en julio de 2006. Ruz le imputa los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
La posición de Calatayud, que fue señalado ante el juez por otro exdirectivo imputado, Luis Sabater, como el principal responsable del amaño junto al exdirector general de RTVV Pedro García Gimeno, se antojaba doblemente insostenible.
De un lado, por la imagen de dureza contra la corrupción que pretende transmitir el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en la que este viernes insistió su vicepresidente, José Ciscar. Del otro, porque debido a su cargo, Calatayud debía tener un papel destacado en la elaboración del expediente de regulación de empleo (ERE) que prepara la corporación pública y que podría afectar a entre 1.200 y 1.400 trabajadores. Las sospechas de corrupción que pesan sobre él habrían aumentado la polémica que rodea el masivo despido en el ente, y que el jueves se trasladó a las puertas del Palacio de la Generalitat en forma de sonora protesta.
Sabater, exjefe del departamento técnico de RTVV, declaró la semana pasada que Pedro García y Calatayud tejieron la adjudicación a la trama Gürtel del contrato de cobertura de la visita del Papa, que ascendió a 7,4 millones de euros. Sabater aseguró, en concreto, que el hasta este viernes director económico de la corporación alteró fechas en distintos documentos y añadió un párrafo decisivo al informe técnico que sirvió para que el contrato acabara yendo para la constructora leonesa vinculada al grupo de Francisco Correa, Teconsa.
Según la investigación, la red utilizó esta empresa, que carecía de experiencia en el campo audiovisual, como pantalla para después subcontratar los trabajos a firmas especializadas. Estas hicieron la tarea, que incluía la instalación de pantallas por la ciudad de Valencia para retransmitir los actos en los que intervenía el Papa, por menos de la mitad del dinero presupuestado: 3,2 millones de euros. El resto, 4,2 millones de euros, se lo habrían repartido los cabecillas de la red, Pedro García (medio millón de euros, según la policía) y la propia Teconsa, que habría recibido una comisión de 200.000 euros por poner el nombre en el contrato.
Los socialistas, Compromís y Esquerra Unida reclamaron a Fabra que actúe con contundencia frente a la oleada de corrupción que afecta a las instituciones. "Él tiene en su mano iniciar la regeneración democrática que le pedí como necesidad más urgente", afirmó el líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig. Intersindical pidió la paralización del ERE en RTVV y recordó que Calatayud ha estado pilotando el proceso.
El Senado aprobó, por otra parte, una enmienda a la reforma laboral que da prioridad para mantener el empleo, en casos como el ERE de RTVV, a quienes hayan aprobado una oposición.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/08/valencia/1339154651_095517.html
COSTA SE NIEGA TAMBIÉN A CONTESTAR A LA ACUSACIÓN POPULAR DEL PSPV
El exsecretario general del PP declara cuatro horas por la financiación ilegal de los populares
El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha asegurado que su declaración de hoy como imputado ha contribuido a "demostrar la inocencia" de su partido y la legalidad de sus cuentas, por lo que cree que la causa judicial abierta en este sentido debería "archivarse cuanto antes".
El diputado autonómico y ex número dos del PPCV ha comparecido durante cerca de cuatro horas ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano que investiga una presunta financiación irregular de esta formación relacionada con la trama Gürtel.
Al abandonar el Palacio de Justicia, Costa ha dicho a los periodistas que estaba "muy satisfecho" al entender que con su declaración ha ayudado a demostrar que "en el PP valenciano está todo correcto".
El exsecretario regional ha mantenido la postura del resto de sus compañeros de partido que también ha acudido al Tribunal a declarar: responder a las preguntas de todas las partes menos a las de la acusación popular, ejercida por el PSPV.
Según explicó el pasado miércoles David Serra, ex vicesecretario de Organización, los motivos por los que rechazan contestar al letrado que representa a los socialistas son "obvios".
El diputado dice estar "muy satisfecho" porque su declaración ayudará a demostrar que "en el PP valenciano está todo correcto"
Costa ha sido interrogado por dos de las tres piezas en las que han sido divida la causa: supuesto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 y presunta falsedad documental en las generales de 2008. La tercera es una posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market.
Durante esa etapa, en la que Francisco Camps era presidente del partido y de la Generalitat, el PPCV contrató a la empresa Orange Market -supuesta filial valenciana de la trama- para que le organizara diferentes actos de campaña.
El instructor investiga si las facturas de esta sociedad que gestionaba Alvaro Pérez "el Bigotes" fueron saldadas por otras empresas.
Al respecto, Costa ha insistido: "Con mi declaración creo que he contribuido a demostrar la inocencia del PP y que sus cuentas están claras; por lo tanto, creo que este proceso tiene que archivarse cuanto antes".
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha afirmado que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, carece de "capacidad legal" para destituir a los diputados del PPCV imputados por un supuesto delito de financiación irregular del partido, ya que han sido designados por las urnas.
Císcar ha sido preguntado sobre si Fabra no exige a los diputados imputados su renuncia porque tiene miedo a que se queden con el acta y formen un grupo propio, ante lo que el vicepresidente ha afirmado: "En absoluto".
La de hoy es la segunda vez que el ex secretario general del PPCV declara como imputado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por causas derivadas de la investigación de la trama Grtel.
En la primera de ellas, conocida como "causa de los trajes", fue absuelto del delito de cohecho pasivo del que fue acusado junto a Camps.
Las declaraciones de imputados continuarán la próxima semana con la comparecencia del exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, que deberá responder a preguntas relacionadas con las tres piezas, y la de la exconsellera de Turismo Angélica Such, a quien únicamente se le interrogará sobre la supuesta prevaricación de la Generalitat.
Esta investigación, procedente del Tribunal Superior de Justicia madrileño, fue asumida por el tribunal valenciano en mayo del pasado año tras detectar posibles irregularidades en la contratación pública de empresas vinculadas a la trama Gurtel.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/25/valencia/1337953245_300704.html
EL JUEZ IMPUTA AL JEFE JURÍDICO DE TURISMO EN EL ‘CASO GÜRTEL’
El instructor adopta la decisión a petición de la Fiscalía
Bover ya declaró en la causa como testigo
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, instructor de la causa de financiación ilegal del PP, que engloba la mayor parte de las actividades ilegales que la trama Gürtel supuestamente desplegó en Valencia, ha realizado una nueva imputación, y ya son 26.
Se trata de Juan Bover, jefe del departamento jurídico de la Consejería de Turismo, que avaló contratos entre el entramado empresarial de la trama de Francisco Correa y la Administración valenciana con motivo de la participación de la Generalitat en la feria Fitur, un negocio del que la red corrupta obtuvo unos cinco millones de euros entre 2005 y 2009 y que, según los informes de la policía y la Intervención General del Estado, fueron amañados de principio a fin.
El instructor ha adoptado la decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que Bover declarase en la causa en calidad de testigo. El ministerio público considera que el informe de Bover de 18 de noviembre de 2004, en el que respaldó las bases del concurso de la edición de Fitur en 2005, fue clave para el amaño.
"Posibilitó que se realizara la contratación con unos criterios y baremos de valoración escasamente definidos y con un elevado nivel de subjetividad, soslayando la aplicación de la normativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que resultaba aplicable a la Agencia Valenciana de Turismo, al tratarse de una entidad de derecho público", según el razonamiento de los fiscales acogido por el juez.
Dos consejerías más
El juez también ha dado cinco días a otras dos consejerías bajo sospecha que participaron en Fitur 2005. Ambas lo hicieron con pabellones propios, montados por las empresas del Grupo Correa y, según la investigación, troceando los contratos para adjudicarlos a dedo eludiendo la libre concurrencia.
El instructor reclama a la Consejería de Infraestructuras y a la Consejería de Territorio (hoy unidas) el documento por el cual Turismo les invitó a participar en Fitur y la certificación de las personas que resolvieron cada contrato menor y autorizaron los pagos. El juez requiere igualmente a Presidencia de la Generalitat la autorización para dichos contratos que concedió Dora Ibars, directora de Promoción Institucional, e imputada en la causa.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/24/valencia/1337883619_846445.html
EL CERCO DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL SE ESTRECHA SOBRE EL PP VALENCIANO
Los informes, los argumentos y las declaraciones van cerrando el círculo de la acusación
El intento de la anterior cúpula del PP valenciano por salvarse de las acusaciones de financiación ilegal es cada vez más complicado. El cerco se estrecha sobre quienes, bajo el mandato de Francisco Camps, aceptaron, según la investigación, endosar a empresarios varias facturas de deudas contraídas durante dos campañas electorales con la trama Gürtel. De esa forma, habrían financiado, de manera ilegal al PP valenciano.
Tres son las líneas desde las que se va cerrando el círculo. Por un parte, los informes policiales atestiguan que la filial de la red corrupta Gürtel en Valencia, Orange Market, cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana “transformada” en otra emitida a Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. U otra factura emitida al PP de Castellón que “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”.
Ambas empresas, junto a otras siete, están implicada en la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.
Los informes policiales también hacen referencia a la campaña de las elecciones generales de 2008, en la que se investiga si el Grupo Sedesa, propiedad de la familia del exconsejero de Camps y actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. La policía ya ha averiguado que cuatro facturas abonadas por el grupo a Orange Market no respondieron en realidad a “operación económica subyacente” alguna.
La policía y la Agencia Tributaria detectaron el endoso a empresarios de deudas del PP por actos electorales
También la Agencia Tributaria se ha pronunciado sobre estas prácticas. "De los documentos indicados (...) se infiere que algunos servicos prestados al PP habrían sido pagados no por este, sino por terceros (Ortiz, Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf)", explicaba Hacienda en un informe elaborado en 2010 en el que se reclamaba que “habría que examinar documentación que permitiera saber si los trabajos facturados a las constructoras se hicieron”. También la Agencia Tributaria llegó a la conclusión de que el PPCV ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que había "terceras personas" que pagaron, a través de Orange Market, actos electorales del PPCV.
El hilo del círculo sigue por los argumentos escritos del propio PP, por una parte el nacional y, por otra, el regional. Y, pese a manifestar que son un único partido, se contradicen. De los informes requeridos por el juez y remitidos desde las calles Génova (Madrid) y Quart (Valencia), se concluye un choque en la exposición sobre cómo se organizaban las cuentas en el partido. En Valencia aseguran que era Madrid quien las perfilaba mientras que en Madrid mantienen que las cuentas regionales nunca se han tocado sino que, simplemente, se consolidan para la contabilidad global del partido.
El exvicesecretario del PPCV ha admitido que "el de las galletas" es el empresario Enrique Ortiz
Ayer se cerró más el círculo después de que el ahora ex vicesecretario general del PP valenciano, David Serra, admitiera que el de “las galletas” y “las magdalenas” del que habla en sus conversaciones grabadas con Álvaro Pérez El Bigotes, es el constructor alicantino Enrique Ortiz, uno de los empresarios a los que, supuestamente, endosaron facturas de deudas del PP. “El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura igual que la otra”, se le oye decir a Serra en una de ellas. El exvicesecretario argumentó que de lo que trataba con El Bigotes se limitaba a una mediación para que la trama cobrara una deuda que tenía con Ortiz. Afirmó, en su declaración como imputado, que no hablaban de un acto del PP sino de un servicio prestado por Orange Market al Grupo Ortiz. Y mantuvo que su intervención se debió a que era amigo de El Bigotes. Es decir, su teoría es que el vicesecretario general del PP valenciano, como amigo de uno de los cabecillas de la red Gürtel, medió para que la trama cobrara una deuda de uno de los más importantes grupos empresariales valencianos.
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/24/actualidad/1337854423_075132.html
EL PP VALENCIANO Y GÉNOVA CHOCAN EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL
La dirección nacional niega al juez haber modificado la contabilidad regional
Las direcciones nacional y valenciana del PP se contradicen sobre las cuentas del partido en la Comunidad Valenciana en los ejercicios 2007 y 2008. Esos son los años en los que, según la investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, se cometió un delito electoral —financiación ilegal— y otro de falsedad mercantil en los que habrían participado la cúpula del partido en la época de Francisco Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla, empresarios de la construcción y la trama Gürtel. Los hechos se refieren a las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008.
La gerente regional del partido e imputada en la causa, Cristina Ibáñez, ha alegado que no conserva la contabilidad original e individualizada de esos dos años. El motivo sería que al cierre de cada ejercicio la remitía a la sede nacional del PP, en la calle Génova, que efectuaba “asientos de ajustes, aperturas y cierres” sobre el mismo archivo antes de reenviarlos de vuelta a Valencia.
“Al estar refundidos en un mismo archivo todos los datos contables, los remitidos inicialmente desde la gerencia regional y los añadidos posteriores de la sede central”, afirma Ibáñez, la documentación que se conserva “no se corresponde estrictamente a lo procesado en esta sede regional”. La consecuencia es que los listados “que a fecha de hoy pueden sacarse desde nuestra terminal llevan incorporados los asientos efectuados por la sede central”.
Un imputado confirma que “el de las galletas” es el constructor Ortiz
El tesorero nacional del PP, José Manuel Romay Beccaria, en cambio, se esfuerza en dejar claro en su alegación al juez instructor que los datos que se reciben “de las distintas provincias y comunidades autónomas de España no son modificados en la oficina central del partido, sino exclusivamente consolidados en la contabilidad de la organización”. Génova, donde está la sede nacional del PP, “no practica asientos modificativos de los datos contables remitidos por las organizaciones territoriales, dado que son estas quienes conocen exclusivamente las diferentes operaciones que hayan dado lugar a la práctica de los correspondientes asientos”, sigue Beccaria. La dirección nacional se limitaría “a la verificación de la corrección contable formal de dichos asientos, a la integración en la contabilidad nacional y a su devolución a la organización territorial”.
El magistrado cita a declarar a tres de los empresarios implicados
Ante el juez instructor de la causa, José Ceres, declararon ayer los imputados David Serra y Yolanda García, que hasta el pasado domingo eran vicesecretario y tesorera del PP valenciano y siguen siendo diputados regionales. Serra confirmó que “el de las galletas” o “el de las magdalenas” del que habla con Álvaro Pérez, El Bigotes, en las grabaciones intervenidas por la policía, es el constructor alicantino Enrique Ortiz. Serra admitió que medió para que El Bigotes cobrara una deuda que tenía con Ortiz pero, según su versión, no se trataba de un acto del PP como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, sino de un servicio prestado por Orange Market al Grupo Ortiz, y que él intervino porque era amigo de Pérez.
Según acreditan numerosos informes aportados a la causa, los constructores pagaron actos electorales de las campañas populares organizados por empresas de la trama Gürtel. Y, para justificar los pagos, generaron facturas falsas por servicios inexistentes. El juez ha citado como imputados para el 11 de julio a Ortiz y los también empresarios Vicente Cotino (sobrino del presidente de las Cortes valencianas) y Enrique Gimeno (de la empresa Facsa).
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/23/actualidad/1337801232_148424.html
EL EXTESORERO DEL PP NIEGA IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS DE SU PARTIDO
• El extesorero nacional del PP rechaza comentarios después de comparecer ante el juez
• Cristina Ibáñez, exgerente regional del PP, asegura sentirse tranquila al dejar el juzgado
• La policía entrega al juez facturas de la financiación ilegal del PP
Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, exsenador y uno de los principales políticos imputados en el caso Gürtel, declaró este martes en Valencia ante el magistrado José Ceres, que investiga desde la sala de lo Civil y Social del Tribunal Superior de Justicia valenciano un supuesto delito de financiación ilegal del PP valenciano. En concreto, Ceres imputa a Bárcenas en una de las tres piezas de la causa, la relativa a un supuesto delito electoral del PP en los comicios municipales y autonómicos de 2007.
Según fuentes del caso, respondió a preguntas del juez, del fiscal y de su abogado, aunque lo hizo con vaguedades, negó cualquier irregularidad en su actuación y no aportó ninguna novedad a la causa. No admitió cuestiones de los abogados de las partes ni de la acusación particular, que ejerce el PSPV-PSOE. A la salida del TSJ, no quiso hablar con los periodistas.
Aparte de la causa de Valencia, Bárcenas también tiene que responder ante el TSJ madrileño, después de que la Audiencia Nacional revocara la decisión de aquella instancia en la que acordaba en septiembre de 2011 el sobreseimiento provisional y archivo de la causa referida al extesorero del PP y otros cargos populares. La investigación judicial del caso Gürtel vio indicios suficientes de la implicación de Bárcenas en la trama tras encontrar apuntes contables en los que se constataban pagos en comisiones de la caja B de las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama. En los apuntes figuraban iniciales como “L. B.”, como “L. Bárcenas”.
Dinero de empresas
El magistrado valenciano investiga si la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market, la matriz de la trama en Valencia, financió con dinero de varias constructoras valencianas actos electorales del PP valenciano.
Este martes también se tomó declaración a Cristina Ibáñez, exgerente del PP valenciano, y al igual que Bárcenas solo respondió a Ceres, al fiscal y a su representante legal. Y hoy le llega el turno a Yolanda García y David Serra, tesorera y vicesecretario de Organización del PPCV hasta el pasado fin de semana. Pero quizá la comparecencia más esperada es la que hará el viernes el diputado Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano cuando los hechos investigados.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/22/valencia/1337679518_622654.html
DAVID SERRA: “TODO SE HA HECHO CORRECTAMENTE”
Tranquilos y contentos. El exvicesecretario de Organización del PP valenciano David Serra y la extesorera Yolanda García han declarado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en el caso de la supuesta financiación irregular del partido relacionada con la trama Gürtel. Ambos han afirmado haber "aclarado" su papel en el partido en el interrogatorio del magistrado José Ceres.
Yolanda García, tesorera del PP de la Comunidad Valenciana hasta el pasado fin de semana, ha abandonado la sede del TSJ después de hora y media ante el juez con un escueto comentario: "Estoy tranquila, ha ido todo bien, por fin he podido explicarme".García intentó evitar su declaración con un recurso de última hora en el que argumentaba que los hechos que se le imputan, y, en concreto, su participación en el supuesto delito electoral (el nombre técnico de la financiación ilegal) del año 2007 habría prescrito porque el Tribunal Superior de Justicia valenciano no se hizo cargo de la investigación hasta el verano pasado.El juez considera incorrecta esa valoración, y entiende que la denuncia contra García se remonta a un año antes, cuando el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, asumió la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción y la remitió al tribunal valenciano. El juez Ceres también deniega el archivo de la causa porque García no realiza ninguna alegación respecto al segundo delito que se le imputa, la falsedad en documento mercantil del año 2008, vinculada a las elecciones generales que se celebraron ese año, y que es susceptible de ser recatalogado durante la instrucción como otro delito electoral.Tras García ha comparecido durante más de tres horas el exvicesecretario de Organización del PP valenciano David Serra, quien ha asegurado que el magistrado que investiga una supuesta financiación irregular de su partido ha podido comprobar durante su declaración que "todo" se hizo "correctamente".
Serra, actual diputado autonómico y dirigente regional del PP hasta el pasado fin de semana, en el que se renovó la Ejecutiva de esta formación, ha declarado como imputado. Ha contestado a las preguntas de todas las partes, excepto a las formuladas por la acusación popular, ejercida por el PSPV-PSOE."He contestado a todas las partes menos al PSPV por motivos obvios; todo el mundo sabe por qué no se le contesta", ha manifestado a los periodistas al abandonar el Palacio de Justicia. Serra ha contado, además, que se queda "muy tranquilo y contento", viendo que el asunto "se ha aclarado", porque "el magistrado ha tenido una visión clara de que todo se ha hecho correctamente y perfectamente".El exdirigente de los populares valencianos ha sido interrogado en relación a dos de las tres piezas que conforman la causa: supuesto delito electoral durante los comicios autonómicos de 2007 y presunta falsedad documental en las generales de 2008.http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/23/valencia/1337761711_045793.html
MILAGROSA MARTÍNEZ RESPONSABILIZA A LOS TÉCNICOS DE LOS CONTRATOS CON 'EL BIGOTES'
La expresidenta de las Cortes está imputada por cohecho y prevaricación
Adjudicó la feria Fitur a la trama como consejera de Turismo de Camps
La exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez ha negado la existencia de irregularidades en las adjudicaciones a la empresa Orange Market de la red Gürtel y ha achacado a los técnicos la responsabilidad de la contratación y la supervisión de los trabajos, puesto que ella se limitaba a dar el visto bueno a todo aquello que ya había sido revisado, según fuentes conocedoras de su declaración judicial. Martínez, que también fue presidenta de las Cortes valencianas en la etapa de Francisco Camps al frente de la Generalitat, ha declarado hoy como imputada en el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) en la causa de financiación ilegal del PP.
A Martínez, a quien los miembros de la trama corrupta llamaban La Perla, el juez le imputa los supuestos delitos de cohecho y prevaricación en la pieza separada del caso que investiga las adjudicaciones de la feria Fitur a Orange Market entre 2005 y 2009 por cerca de cinco millones de euros. Los contratos del diseño, fabricación, montaje y desmontaje del pabellón de la Generalitat fueron ganados en todo ese periodo por Orange Market, la empresa de la trama en Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. Martínez ha declara durante casi tres horas y se le han exhibido diferentes pliegos de condiciones y contratos adjudicados a Orange Market, en relación con Fitur, principalmente en el año 2005.
La exconsejera, quien a su salida del TSJCV ha declinado hacer cualquier tipo de declaración, ha negado ante el juez que se cometieran irregularidades en las adjudicaciones que hizo el departamento de la que ella era titular.
Antes de Martínez ha prestado declaración, pero en calidad de testigo, Isabel Villalonga, exsubsecretaria de la Consejería de Turismo y de la Presidencia, y exletrada de la Generalitat. Actualmente, Villalonga ocupa el cargo de secretaria general de Delegación de Gobierno.
Villalonga ha llegado al tribunal unos minutos antes de las 10.00 y ha prestado declaración durante tres horas. A su salida, ha afirmado a los medios de comunicación que estaba "tranquilísima" y ha dicho que no hacía comentarios de su comparecencia. También ha comentado que "ha ido todo bien".
Dentro del tribunal, se le han exhibido diferentes contratos y facturas, y ha tenido que describir, tras pedírselo las partes, el organigrama de todas las personas que participaban en las adjudicaciones, la facturación o la revisión de los trabajos, según han indicado las mismas fuentes a Europa Press. Villalonga, a quien se le ha preguntado sobre todo por su etapa como letrada de la Generalitat, ha insistido en todo momento en que se encargaba de visar, dentro de los servicios jurídicos, los trabajos y facturas que otras personas ya habían conformado previamente.
Así, ha indicado que aprobaba todo lo que estuviera dentro de la norma en cuanto a la contratación de la Administración. También ha afirmado que eran los técnicos los que trataban directamente con la empresa Orange Market. Ha insistido en que ella validaba las facturas conformadas por los especialistas, porque eran ellos los que estaban a pie de obra y comprobaban la realización de los trabajos encargados.
A esta testigo también se le ha preguntado de forma reiterada por el almuerzo que organizó la Generalitat en Ifema el 27 de enero de 2005, y por el que Orange Market emitió dos facturas, una de ellas por 119.035 euros, y otra por 30.000. Interpelada por el elevado coste del evento, ha explicado que en esta ocasión, el pabellón de la Feria que siempre utilizaban, estaba ya contratado y, por ese motivo, para organizar el almuerzo, se tuvo que contratar los diferentes servicios de forma rápida y con poco tiempo, por lo que todo fue más caro que en años anteriores. Esta versión coincide con la que ya dio el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, en su declaración ante el tribunal.
La secretaria general de la Delegación del Gobierno está, por otra parte, imputada en la vertiente valenciana del caso Nóos, en el que está también imputado el duque de Palma, Iñaki Urdangarin.
"Absolutamente tranquilo"
El presidente de la Generalitat y del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha afirmado estar "absolutamente tranquilo" por la labor realizada por "los responsables políticos del partido y por lo que ha hecho la Generalitat" a pesar de la investigación sobre la supuesta financiación irregular de los populares valencianos.
Fabra ha hecho esta afirmación a preguntas de los periodistas después de visitar el Museo de Lladró en Tavernes Blanques (Valencia), donde ha estado acompañado por la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, y la consejera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá.
Fabra ha recordado que la cuentas del PPCV están auditadas por el Tribunal de Cuentas y "todo lo que se ha hecho ha sido cumpliendo la legalidad". "Estamos tranquilos", ha agregado. El presidente ha destacado que "hubo mesas de contrataciones que al final son las que decidieron qué empresas eran las que tenían que hacer los trabajos".
www.elpais.es 08.05.12
FITUR, LA FERIA DE LAS IRREGULARIDADES
La adjudicación del certamen ya acumulaba anomalías antes de la llegada de la trama Gürtel
La Intervención General del Estado constata irregularidades en el concurso desde 2001
Fitur, la principal feria turística española, que se celebra cada año en Madrid, es la protagonista de buena parte de la causa de financiación del PP valenciano que investiga el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en la que hay una treintena de imputados, entre ellos diputados y cargos públicos en ejercicio de la Generalitat. La policía y la Intervención General del Estado han acreditado que las condiciones del contrato público de la adjudicación del diseño, construcción, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en Fitur en el año 2005, el primero que ganó la trama Gürtel, fue redactada por la propia red, asegurándose así que se impondría a los competidores, tal y como prueba la documentación intervenida por la policía. Las empresas del grupo de Francisco Correa ingresaron cerca de cinco millones de euros entre esa edición y la de 2009, con Francisco Camps al frente de la Generalitat.
El informe de la Intervención General del Estado (IGE) también revela, sin embargo, que las irregularidades eran la tónica habitual en las adjudicaciones de Fitur en la etapa anterior a Camps, al menos desde el año 2001, cuando Eduardo Zaplana presidía el Gobierno valenciano.
La IGE señala que la Agencia Valenciana adaptó la redacción de las bases de la edición celebrada en 2005 que hizo la trama. El texto es prácticamente el mismo —incluida alguna errata— pero la Administración introdujo algún cambio. El más significativo es que la red pretendía que toda empresa que se presentase a la adjudicación tuviese que seguir el diseño realizado por Fernando Torres Manso, así, con nombre y apellidos, a quien la IGE describe como “apoderado de Special Events”, una de las sociedades de la red corrupta, “y colaborador y diseñador habitual del grupo” Correa.
El intento de la trama puede parecer excesivo, pero no lo era tanto desde la óptica de la Agencia Valenciana de Turismo. Porque en todas las ediciones anteriores a 2005 analizadas por la IGE, la Administración autonómica concedía a dedo el diseño del pabellón a la misma persona, Alejandro Guijarro, incumpliendo las advertencias de los técnicos jurídicos de la Agencia Valenciana de Turismo. La IGE subraya que la Sindicatura de Comptes también alertó reiteradamente de que Turismo infringía la ley.
Turismo incumplía regularmente la Ley de Contratos de las Administraciones
Como justificación para darle año tras año —al menos entre 2001 y 2004, que es el periodo investigado por la IGE— el diseño a la misma persona desoyendo las advertencias legales, la Agencia Valenciana de Turismo se limitaba a señalar: “Desde 1996 Alejandro Guijarro ha realizado para la Agencia numerosos proyectos demostrando una gran calidad en sus diseños tanto a nivel técnico como decorativo y con los que la Comunidad ha ganado un gran prestigio, consiguiendo numerosos premios como mejor stand en diversos certámenes”. El año 1996 fue el primero en el que la participación valenciana en Fitur corrió a cargo de una Administración autonómica gobernada por Zaplana, que había ganado las elecciones en 1995.
La IGE también destaca que en los años anteriores al desembarco de la trama Gürtel en Valencia, la Agencia Valenciana de Turismo incumplía regularmente la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, a pesar de que la Sindicatura de Comptes había alertado de ese incumplimiento repetidamente. La agencia está “financiada en su práctica totalidad por la Generalitat valenciana y [fue] creada para satisfacer necesidades de interés general que son competencia de esa Administración autonómica”, y por ello le era de aplicación la ley, insistía sin éxito la Sindicatura, según recoge la IGE.
La Administración de Camps no aceptó incluir en el concurso la obligación de contratar al diseñador de la trama. Pero la alternativa de Turismo le resultó igualmente favorable: decidió no mantener separados los contratos del diseño del pabellón por un lado, y el montaje y desmontaje por otro, y unificarlo en un único concurso que ganó año tras año Orange Market, la sociedad que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, hasta que fue detenido por la policía en 2009.
El informe de la IGE demuestra que El Bigotes aterrizó en un territorio, la Consejería de Turismo, que ya estaba abonado de irregularidades. Pero también que con el desembarco de la trama la cosa empeoró, tanto en la redacción de los concursos como en el importe que pagaba por ellos la Generalitat. Para Fitur 2005, el peso del criterio económico para decidir la adjudicación cayó del 50% al 15%, mientras crecía la importancia de los elementos subjetivos. El último informe de la UDEF prueba que ese cambio era una de las principales preocupaciones de El Bigotes como forma de asegurarse las adjudicaciones.
www.elpais.es 01.05.12
LA TRAMA OBTUVO MÁS FONDOS DE CAMPS DE FORMA IRREGULAR
La policía ha revelado nuevas adjudicaciones irregulares de la Generalitat valenciana que dirigía el expresidente Francisco Camps a la trama Gürtel, y ha profundizado en la mecánica utilizada en otras que ya se conocían. En total, el último informe aportado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera a la causa de financiación ilegal del PP que se instruye en el Tribunal Superior valenciano y, en concreto, a la pieza que investiga los contratos de la feria Fitur, detecta cuatro adjudicaciones a dedo a empresas de la trama que ascendieron a más de medio millón de euros, “vulnerando los principios de publicidad y concurrencia”.
La policía confirma la conclusión de la Intervención General del Estado de que las bases del concurso público para el montaje del pabellón valenciano en Fitur en 2005 fueron redactadas por la red corrupta. Subraya que Orange Market llegó a cobrar a la Administración un “precio 3,4 veces superior al coste” del servicio. Y destaca el papel desempeñado por Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, condenado en el caso de los trajes, que ayer declaró ante el juez.
Betoret era la persona que recibía y supuestamente arreglaba las facturas de las empresas de la trama: “En caso de que los conceptos que figuraban en las facturas no fueran considerados idóneos por él, solicitaba a la Organización [que es como la UDEF se refiere a la trama] la modificación de los mismos. También daba el visto bueno a los importes”, indica el informe.
La primera facturación irregular analizada se produjo con motivo del almuerzo que Camps ofreció a centenares de personas en Fitur 2005. Se creía que la red había ganado 149.000 euros, señala la UDEF, pero el cobro fue mayor. La trama instruyó a cuatro de sus empresas proveedoras para que facturasen directamente a la Generalitat por el acto. Después Orange Market facturó por “servicios ficticios” a esos proveedores para embolsarse los fondos. “La intención de la organización ha sido utilizar a las sociedades proveedoras como empresas pantalla, quedando las sociedades del grupo [Correa] solapadas en lo que al cobro se refiere”.
Ese mismo año Orange Market recibió a dedo el montaje, en un certamen celebrado en Valencia, de un stand adicional, dedicado al turismo rural, “que debiera haber sido publicado en concurso público aparte”. Para “ocultarlo”, la trama hinchó el precio, de 250.000 a 350.000 euros, que según su contrato debía cobrar por el montaje del expositor principal de la Generalitat.
Algo similar ocurrió con la feria Expotural, que se adjudicó directamente a Orange Market después de que Turismo hubiese iniciado un expediente de contratación que tuvo que anular. Tras concedérselo inicialmente por 90.000 euros, la consejería rectificó por segunda vez y elevó el abono a 102.000 euros sin justificar documentalmente por qué.
La trama habría recibido la ayuda de dos funcionarios para elaborar facturas en otra adjudicación en la que se impidió “la libre concurrencia de otros licitadores”: la de los estands de las consejerías de Territorio e Infraestructuras en Fitur 2005. Para ello, la red fraccionó en contratos inferiores a 12.000 euros el presupuesto de 98.909 euros.
www.elpais.es 27.04.12
UNA EXEMPLEADA DECLARA PROTEGIDA POR LAS AMENAZAS DE LA TRAMA
Isabel Jordán logra que el juez le permita entrar en coche al Tribunal Superior valenciano.
Betoret, condenado en el 'caso de los trajes', llega a declarar a la causa de financiación.
Ignacio Zafra / Federico Simón Valencia 27 ABR 2012 - 20:40 CET14
La exempleada de la trama Gürtel Isabel Jordán ha entrado esta mañana en coche y custodiada al Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar en la causa de financiación ilegal del PP valenciano. El motivo son las amenazas que recibió de la red corrupta a raíz de una denuncia que presentó en el año 2007 contra quienes entonces eran sus jefes. Jordán había pedido al juez instructor de la causa, José Ceres, que por motivos de seguridad dispusiera de los medios necesarios para no coincidir al llegar al tribunal con ningún otro imputado ni con la prensa, petición que por lo visto esta mañana el magistrado ha aceptado.
Tras ella está previsto que declare Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, ya condenado en el caso de los trajes, y que ha entrado en torno a las 11.30 en el tribunal. Betoret se ha limitado a decir que se encuentra "muy tranquilo".
Jordán es un personaje importante en la pieza separada de la causa de financiación que investiga las supuestas adjudicaciones irregulares de la feria Fitur a la trama entre 2005 y 2009 por cerca de cinco millones de euros. Suyo era uno de los correos electrónicos intervenidos por la policía que, según la Intervención General del Estado, demuestran que la red de Francisco Correa redactó el primer concurso público de Fitur que ganó Orange Market, la sociedad de la trama que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes.
La exempleada de Gürtel dijo, en una conversación grabada por el exedil popular José Luis López Peñas, que su empresa había pagado trajes al expresidente valenciano Francisco Camps. En el juicio de los trajes, sin embargo, Jordán matizó aquellas declaraciones y las atribuyó a que estaba nerviosa. Su testimonio fue uno de los principales argumentos que el dividido jurado del caso, en el que también se juzgó a Ricardo Costa, utilizó para absolverlos.
Su abogado ha afirmado, por su parte, que la única documentación a la que Jordán tuvo acceso fue a las condiciones del concurso de Fitur de ediciones anteriores al año 2005, y que así lo habría demostrado ante el juez.
www.elpais.es 26.04.12
LA TRAMA REDACTÓ LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO QUE LE DIO CAMPS
Hasta ahora se sospechaba que la Generalitat valenciana filtró a las empresas de la trama Gürtel las bases del concurso público para la adjudicación del montaje de su pabellón en la feria Fitur antes de convocarlo. La feria fue un lucrativo negocio del que la red obtuvo cerca de cinco millones de euros entre 2005 y 2009. El amaño fue, sin embargo, mucho peor. La Intervención General del Estado ha concluido que el itinerario se realizó al revés: fue la trama Gürtel la que redactó las bases del primer concurso que obtuvo, en 2005, del Gobierno del expresidente Francisco Camps.
“Si tenemos en cuenta las fechas de elaboración, el contenido del documento elaborado por Down Town Consulting [una de las sociedades del grupo Correa], las ampliaciones, modificaciones o rectificaciones que introducen con posterioridad los servicios técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo nos lleva a concluir que el contenido y la documentación soporte del informe de condiciones técnicas y el resumen de condiciones técnicas del stand del año 2005, es elaborado inicialmente por la empresa Down Town Consulting”, señala el informe.
Lo que describe la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con vocabulario administrativo es que fue la trama la que se diseñó a medida las bases del concurso público: qué criterios se valorarían para elegir entre las ofertas presentadas y qué puntuación tendría cada uno de ellos.
La IGE llega a esa conclusión tras analizar dos correos que se intercambiaron empleados de la trama los días 4 y 5 de noviembre de 2004, que contenían lo que acabarían siendo las bases del concurso. La tramitación administrativa del mismo no se inició hasta el 5 de noviembre.
La documentación incautada a la trama representaba su propuesta de máximos. Aunque las bases publicadas resultaron ser casi exactamente iguales —incluido un “error material” en una fórmula matemática—, la Agencia Valenciana de Turismo suavizó algún extremo en la tramitación, y las “perfeccionó” para adecuarlas a un boletín oficial.
El resultado fue “un cambio muy significativo” respecto a las anteriores ediciones del concurso de Fitur, advierte la IGAE. El criterio económico, el único objetivo y cuantificable, pasó de pesar un 50% en la feria de 2004 a un 15% en la primera que ganó Orange Market (la trama intentó reducirlo al 5%). Y los criterios no cuantificables, “cuya valoración tiene un elevado carácter subjetivo y en los que no se especifican los elementos que darán lugar a la asignación final de puntos”, aumentaron su peso hasta el 85% del total. Entre ellos se incluyeron criterios bastante etéreos, como “creatividad, estética y funcionalidad”, apartado al que se atribuyó 40 de los 100 puntos del concurso.
La propuesta de la trama suprimió el requisito de experiencia en actos similares, que Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, no podía cumplir. La Agencia Valenciana de Turismo aceptó inicialmente la petición. A lo largo de la tramitación, la Administración reintrodujo el requisito de experiencia, pero obvió que la empresa no la cumplía. Esa carencia, destaca la IGAE, “podría haber excluido a Orange Market por no reunir los requisitos de solvencia técnico profesional” exigidos en la convocatoria.
En las ediciones posteriores, con Orange Market ya dentro y con experiencia, los criterios de selección mejoraron, pero solo aparentemente, señala la IGAE. El criterio económico volvió a pesar un 50%, pero la fórmula matemática utilizada lo mantuvo en un 20% del total. La Intervención detecta igualmente irregularidades en la conformación de la mesa de contratación y en el número de vocales que participaron a lo largo de las cinco ediciones que realizó Gürtel.
Y confirma la existencia de sobrecostes y duplicidades en los pagos. Una serie de servicios incluidos en lo que, según el contrato, debía hacer Orange Market en la feria de 2005 —acceso a Internet, book fotográfico...—, fue cobrado también por Special Events. Y, uno de sus elementos, los uniformes para azafatas, otra vez por Orange Market con la justificación de que era una mejora.
www.elpais.es 26.04.12
LOS TÉCNICOS DE TURISMO CONTRATARON A ‘EL BIGOTES’ EN VALENCIA POR SU CALIDAD
Hasta el próximo día 30 declararán los imputados en esta causa derivada del ‘caso Gürtel’
Cuatro horas ha sido el tiempo empleado en el primer interrogatorio a la veintena de imputados de la causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano, derivada del caso Gürtel. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Ceres, ha iniciado esta mañana la toma de declaraciones con el interrogatorio al que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal, que participó en la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos que acabaron con la adjudicación a Orange Market, que formaba parte de la red Gürtel a través de Álvaro Pérez, El Bigotes,del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, entre 2005 y 2009,
En su declaración, Vidal, ha afirmado que ¡las adjudicaciones de Fitur a Orange Market respondieron a criterios de "calidad y estética" y que se hicieron en base a criterios profesionales. Además, ha negado haber recibido órdenes para beneficiar a empresas de la trama 'Gürtel'.Este técnico dejó la Agencia Valenciana de Turismo en mayo, cuando pasó a trabajar para el Ayuntamiento de Elche, también del PP. En su declaración, ha estado explicando que él, como técnico de la AVT, ha actuado siempre bajo criterios profesionales e independientemente de las decisiones políticas que hubiera en ese momento.
El juez sostuvo en su auto de imputación que tanto Vidal como Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (que declarará a partir de mediodía), establecieron "criterios de adjudicación de influencia decisiva". Ambos formaron parte, además, de la mesa de contratación que eligió la oferta de Orange Market y emitieron informes que fueron "determinantes para la propuesta" que dicha mesa remitió a la Agencia Valenciana de Turismo, que sirvió como base para la adjudicación de los contratos.
Para hoy está prevista también la declaración de la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, que contrató, también con la trama, la Guía de la Comunicación de 2005, la presentación del Congreso de Nuevo Periodismo en 2006 y la fiesta para la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante.
El magistrado cree que "dada la documentación e informes incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias", los tres pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market.
El magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira se inhibió de la parte valenciana del caso Gürtel a favor del Tribunal Superior de Valencia en mayor de 2010 pero no fue hasta julio de 2011 cuando este tribunal asumió el caso. Desde entonces se han practicado varias diligencias pero hoy se inicia un importante trámite, el de interrogar cerca de una veintena de imputados, citados hasta el próximo 30 de mayo. Entre ellos, se encuentra la que fue cúpula del PP valenciano bajo el mandato de Francisco Camps, sometida a la investigación de si parte de la deuda que tenía con una de las empresas de la trama, Orange Market, por servicios realizados en las campañas electorales de 2007 de 2008, fue abonada de forma opaca y a través de “donaciones de empresas” encubiertas en facturas falsas.
www.elpais.es 26.04.12
EU DENUNCIA QUE UNA EMPRESA DE GÜRTEL RECIBIÓ TRES MILLONES DE SANIDAD
El portavoz Ignacio Blanco relaciona la trama corrupta de Baleares con la valenciana
El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha denunciado que la empresa Over Marketing y Comunicación SL, vinculada a la trama Gürtel, recibió dos adjudicaciones de la Consejería de Sanidad valoradas globalmente en casi tres millones de euros para la planificación y difusión de campañas publicitarias.
Blanco, en un comunicado, ha explicado que la Brigada de la Policía Judicial de la Guardia Civil "sospecha que esta empresa habría hecho costosísimos regalos a dirigentes del Partido Popular balear a cambio de contratos, parte de los cuales fueron a parar a la financiación de la entonces partido de Matas".
Para el diputado de izquierdas, "esta es una historia de todos conocida, que nos suena mucho: es la historia de Orange Market en el País Valenciano". Así, Blanco ha anunciado que solicitará los expedientes de contratación de las dos campañas publicitarias porque "queremos saber si en 2002 ya existía la trama Gürtel y sus prácticas corruptas que tenemos que extirpar de nuestras instituciones". "Esperamos máxima transparencia por parte del Consell", ha añadido.
Para el parlamentario de EUPV, "el paralelismo entre la trama valenciana y la trama balear es absoluto". De hecho, ha indicado Blanco, "el modus operandi puesto de manifiesto en la instrucción delata que numerosos políticos del PP presuntamente recibieron regalos de lujo de la empresa Over Marketing y Comunicación SL".
Según Ignacio Blanco, esta mercantil, "vinculada a la rama balear de la trama Gürtel, recibió dos adjudicaciones de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, en 2002 y 2005, valoradas globalmente en 2.927.220,6 euros por la planificación y difusión de campañas publicitarias".
Asimismo, ha puntualizado que el 11 de noviembre del 2002, el entonces subsecretario para los Recursos de Sanidad, Máximo Caturla Rubio, adjudicó a esta empresa la campaña publicitaria institucional por un importe total de 2.103.542,37 euros.
Por otra parte, ha añadido Blanco, el 10 de febrero del 2005, el entonces director general de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad adjudicó la campaña para fomentar el uso racional del medicamento por un importe total de 823.678,23.
www.elpais.es 24.04.12
LA GENERALITAT COSTEÓ LA DEFENSA DE TRES IMPUTADOS EN EL ‘CASO GÜRTEL’
Uno de los 'protegidos' dejó el Consell meses antes de ser incluido en la causa por el juez
El abogado de la Generalitat defendió a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiación ilegal del PP, enmarcada en el caso Gürtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia. Lo más llamativo de la situación es que el último de los imputados abandonó la Administración autonómica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que ganó las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat siguió poniendo a su disposición a su letrado.
Se trata de otra incoherencia en la línea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los escándalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los últimos meses, el del supuesto desvío de ayudas de cooperación a países pobres, el presidente fulminó a dos altos cargos inmediatamente después de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiación ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.
El tribunal rechaza su recurso contra la decisión revisar los contratos de Fitur
Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicación supuestamente irregular a la trama Gürtel del montaje y organización del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trató del negocio más lucrativo de cuantos consiguió en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendió a cerca de cinco millones de euros. Según las pruebas que acumula la investigación, la empresa de El Bigotes, Orange Market, tenía acceso a las bases del concurso de la Consejería de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habría obtenido la adjudicación de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas más caras.
Los tres imputados habían recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez instructor, José Ceres, de solicitar a la Intervención General del Estado una ampliación del informe que realizó en su día sobre esta contratación de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado pedía a la intervención que comparase la tramitación de los años investigados con las ediciones anteriores, así como con la de Fitur 2010, que se celebró cuando ya se había destapado el caso Gürtel.
El magistrado ha pedido el análisis a la Intervención General del Estado
El juez también solicitó que los técnicos de la Administración General del Estado revisasen si, como ocurrió con estos concursos, "constituye una habitual o adecuada praxis de contratación administrativa" el hecho de que las mismas personas que formaban parte de las mesas de contratación hubieran participado previamente en la fijación de los criterios de adjudicación, y hubieran emitido posteriormente informes sobre las ofertas presentadas que fueron determinantes para la elección final de dicha mesa de contratación. Así como qué porcentaje de la puntuación total es "razonable" darle a los criterios subjetivos en esta clase de concursos. Orange Market se alzó con las adjudicaciones en varios casos porque en los apartados subjetivos (que a diferencia del precio ofrecido son difíciles de medir) era el mejor puntuado.
El tribunal ha rechazado el recurso de los tres imputados al considerar que el juez puede acordar las diligencias que considere adecuadas siempre que se ajusten a las reglas básicas de la obtención de fuentes de prueba. Y respalda a Ceres al considerar que el magistrado puede solicitar la ampliación del informe a la Intervención General del Estado sin estar condicionado por las peticiones pudieran plantear sobre la misma.
El PSPV seguirá como acusación en la causa por la financiación del PP
La dirección de los socialistas valencianos se mantendrá como acusación particular en la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP, una derivada del caso Gürtel, cuya instrucción corre a cargo de José Ceres, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Fuentes de la actual ejecutiva del PSPV confirmaron a este periódico que no existe la menor intención de abandonar su personación en este caso, pese a que reconocieron la existencia de una deuda importante con el bufete del abogado Virgilio Latorre, que ha venido representando los intereses de los socialistas en el caso de los trajes del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y en el de la financiación del PP.
Un portavoz autorizado del PSPV reconoció que se están retirando de algunos casos menores porque el coste que les supone es muy elevado. Estos abandonos ya habían sido decididos por la anterior dirección que encabezaba Jorge Alarte. Pero ante la hipótesis de un replanteamiento de la posición de su partido en el caso Gürtel y más concretamente en la rama que investiga la financiación del PP, el portavoz fue taxativo: "Si de algún caso no nos pensamos retirar es de este. Seguiremos hasta el final y confiamos en hacerlo con el despacho de Virgilio Latorre".
La posición oficial del secretario general del PSPV, Ximo Puig, sobre la judicialización de la vida política es conocida. En una entrevista concedida a EL PAÍS reconoció haber dudado de la eficacia de algunos procesos judiciales iniciados por su partido. Una afirmación que no afecta al caso Gürtel.
El nuevo portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, anunció el pasado martes que el PSPV será parte en la causa que siguen los tribunales por las ayudas a la cooperación concedidas desde la consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la que era titular Rafael Blasco, síndico del PP en el Parlamento autonómico.
www.elpais.es 19.05.12
COSTA INTENTA SALPICAR A LA ACTUAL DIRECCIÓN DEL PP EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL
Pide al juez que declare el secretario general y que el partido aporte documentos
La policía revela la estrecha relación de Gürtel con la cúpula de Camps
Las aguas bajan revueltas en el PP valenciano con motivo de la causa por supuesta financiación ilegal vinculada al caso Gürtel, en el que están imputadas las cúpulas del partido y la Generalitat de la época en que Francisco Camps era presidente. Frente al intento del Ejecutivo autonómico, que dirige Alberto Fabra, de establecer un cinturón sanitario respecto a esa etapa, el ex secretario general del PPCV e imputado Ricardo Costa ha hecho un movimiento que supondría un mayor alcance en la causa hasta salpicar a la actual dirección. Costa pidió al juez que citase a declarar como testigo a Antonio Clemente, secretario general del PPCV, el mismo cargo que él ocupó hasta ser defenestrado por Génova en octubre de 2009.
El magistrado José Ceres ha rechazado la petición, pero sí ha aceptado, en cambio, otra solicitud de Costa que se enmarca en la misma línea: requerir a su propio partido que aporte una docena de documentos sobre las funciones que el secretario general tenía en materia económica y contable durante la etapa en que ocupó el cargo y, especialmente, en los años 2007 y 2008, cuando supuestamente se cometieron los delitos de financiación ilegal (delito electoral) y falsificación mercantil, durante las campañas de las autonómicas y generales que tuvieron lugar respectivamente esos años, por las presuntas aportaciones irregulares de empresas constructoras. Así como que el partido identifique a las personas que entonces y ahora tienen las competencias sobre la gestión diaria de la caja del PPCV.
Algunas de las peticiones de Costa resultan chocantes tratándose de su partido. El hoy diputado autonómico solicitó al juez requerir al PPCV "las tareas concretas que desarrolla en la actualidad la persona encargada de la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, así como su identificación". Costa también solicitó y ha conseguido que el magistrado pida al partido que aporte el acuerdo de comité o de junta en el que se le habría encargado "la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, con expresión de la fecha del acuerdo, fundamentación del mismo en los estatutos del PPCV y, en su caso, cargo orgánico que propuso tal encargo".
El diputado reclama que el PP diga quién gestiona el día a día de la caja del partido
El diputado logró del mismo modo que el juez requiera al PPCV "el acuerdo que acredite la delegación de funciones de Adela Pedrosa [que formalmente fue secretaria general hasta junio de 2007] en Ricardo Costa, así como la expresión normativa que, en su caso, autoriza dicha delegación de funciones".
A petición de Costa, la actual dirección del partido deberá remitir los acuerdos de nombramiento de gerentes regionales desde 2004 hasta hoy, "quién los designa y su dependencia salarial y funcional". Y, finalmente, la identificación de qué "cargo orgánico tiene la facultad estatutaria de aprobación del presupuesto, no de propuesta, así como de control de la corrección de la contabilidad y de la aprobación de la misma".
El ex número dos del PPCV también ha conseguido que el juez pida al Santander información "periodificada", esto es, mes a mes, sobre qué personas estaban autorizadas para acceder a la cuenta del partido en los años 2007 y 2008.
Malestar
El tono y las peticiones de Costa permiten entrever lo que parece un gran malestar con la dirección del partido, que Fabra ha anunciado que depurará de imputados en el congreso que el PPCV celebrará en mayo. De hecho, el diputado quería que el actual secretario general del PPCV acudiera a declarar para explicar la información que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre la organización y funcionamiento del partido en la época investigada.
El juez Ceres ha llamado a declarar como testigo, por otra parte, a Isabel Villalonga, exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat y hoy secretaria general de la Delegación del Gobierno en Valencia. Villalonga está imputada en el caso Urdangarin.
www.elpais.es 17.04.12
EL JUEZ CITA A ISABEL VILLALONGA COMO TESTIGO EN LA CAUSA DE FINANCIACIÓN ILEGAL
Fue alto cargo de presidencia de la Generalitat durante la etapa de Francisco Camps.
Actualmente ocupa la secretaría general de Delegación del Gobierno Valencia
El juez del Tribunal Superior de Justicia, José Ceres, ha llamado a declarar en condición de testigo a Isabel Villalonga, exsubsecretaria de presidencia de la Generalitat y actual secretaria general de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, en la causa que investiga la supuesta financiación ilegal del PP y la adjudicación a la trama Gürtel de los millonarios contratos de la feria Fitur.
Según ha informado Europa Press, Villalonga, persona de confianza del expresidente valenciano Francisco Camps, declarará el 8 de mayo a las 10 de la mañana. Villalonga fue imputada recientemente en la rama valenciana del caso Urdangarín. Dos horas después lo hará como imputada Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, expresidenta de las Cortes valencianas y actual diputada autonómica, a quien la red corrupta se refería en las intervenciones intervenidas por orden judicial como La Perla.
La llamada causa de financiación ilegal indaga, por una parte, un supuesto delito electoral y otro de falsificación de documento mercantil por la presunta aportación irregular de empresas de obra pública de fondos a las campañas del PP valenciano en las elecciones de 2007, autonómicas y municipales, y 2008, generales. Y, en otra pieza separada, los supuestos delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de cerca de cinco millones de euros a la red entre 2005 y 2009 por el montaje y organización del pabellón valenciano en la feria turística de Fitur, que se celebra en Madrid.
www.elpais.es 16.04.12
LA POLICÍA REVELA LA ESTRECHA RELACIÓN DE GÜRTEL CON LA CÚPULA DE CAMPS
Ricardo Costa se convirtió en el hombre de referencia para la trama en Valencia
El último informe policial entregado al juez José Ceres, que investiga la causa de financiación ilegal del PP valenciano, dedica un amplio apartado a constatar la muy estrecha relación que mantuvieron durante años los cabecillas de la trama Gürtel con las cúpulas del expresidente Francisco Camps tanto en su Gobierno como en el partido. Desde ese entorno se gestionaba el pago por actos de partido y electorales a empresas de la red, que en ocasiones abonaban de forma irregular empresas constructoras.
Según el informe, el diputado y exsecretario general del PPCV Ricardo Costa era el encargado de que las empresas de la trama cobraran sus deudas por actos del partido. Y Vicente Rambla, diputado, exvicepresidente de Camps y coordinador de las campañas de 2007 y 2008, de la deuda contraída por la trama por actos electorales, siempre según el informe. En ambos casos parte de los pagos se habrían realizado en "A o Alicante", es decir, con factura, y parte en "B o Barcelona", esto es, con dinero negro.
El análisis de la agenda de Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa, revela que la confianza era tal que la trama y la cúpula de Camps trataron la creación de una formación, el Partido Social Demócrata, para restar votos al PSPV-PSOE. Las anotaciones de Crespo son elocuentes: "Nuevo partido político. Con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos. Necesitan ayuda económica. Ricardo protesta".
La red trató con el PP crear un partido para restarle votos al PSPV-PSOE
Ricardo es, según la policía, Costa. Y junto a la palabra "reunión" en la que se discutiría la cuestión, el número dos de la trama Gürtel apuntó una serie de nombres: "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo y Presi". Aparte de que este último término pudiera hacer referencia al entonces presidente Camps, el resto de nombres coinciden con personas que formaban parte en ese momento de su círculo de confianza.
Notas de Crespo
Tomando posiciones. "Álvaro [Pérez, El Bigotes] se quiere situar. Con Víctor [que sería Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat] está imponente".
Satisfacción por el trabajo. "Muchos actos. Todo va de puta de madre".
Confianza en Costa. "Implicar a Ricardo. Que vea que esto es un poco suyo". La policía cree que Crespo se refiere a la "consecución de trabajos para Orange Market".
Problemas a la vista. "Víctor [Campos] lo tranquiliza [a Costa] con lo del Papa".
El amigo en Canal 9. "Pedro [que sería Pedro García, entonces director de Ràdio Televisió Valenciana] se preocupa todos los días. Habla con Víctor, con Juan".
Abriendo el negocio. "Pedro [García] ha organizado una cena con Terra Natura. Van a cenar con el presidente del Valencia".
La documentación intervenida a la trama indica que Costa era la persona de referencia para la trama. En un archivo sobre actos con alcaldes apuntan lo siguiente. "Filiberto dice que Ricardo se hace cargo". Por el municipio al que está asociado, señala el informe de la UDEF, "se infiere que se trata de Filiberto Tortosa", teniente de alcalde de Ontinyent. El archivo incluye numerosos casos similares: "Alfredo Castelló dice que paga Ricardo", en referencia, según la policía, al alcalde de Sagunto.
La trama Gürtel, que en Valencia dirigía Álvaro Pérez El Bigotes, tenía mucho interés en la política valenciana. Antes de las elecciones de 2007, Crespo auguraba los puestos que podían acabar teniendo en el Consell Víctor Campos, Alicia de Miguel, Rambla o Ricardo Costa. "Vice o Economía", auguró el miembro de la trama respecto a este último. Pero Costa nunca llegó a formar parte del Gobierno. Y quizá por ello, El Bigotes le contaba a Crespo en una conversación intervenida que Costa estaba "muy cabreado, muy dolido con el curita [como la red apodaba a Camps] por muchas cosas". "Lógico, lógico", respondía Crespo.
www.elpais.es 11.04.12
ORANGE MARKET ACCEDIÓ AL PLIEGO DE FITUR ANTES DE QUE SE CONVOCARA EL CONCURSO
Un informe policial revela que la red Gürtel dipuso de los documentos antes de la feria de 2005
La unidad de delitos económicos identifica al empresario Felipe Almenar como 'El Príncipe'
Un nuevo informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) desvela que la red Gürtel recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat valenciana convocase el correspondiente concurso. De esta manera, Orange Market, que fue la adjudicataria final, pudo adecuarse a la oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos.
Así se desprende de este informe policial, con fecha de 28 de marzo de 2012, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Ceres, encargado de instruir la causa de presunta financiación irregular del PP dentro del conocido como caso Gürtel. En esta misma documentación la Policía sostiene que la persona identificada en documentos incautados a la red como El Príncipe es Felipe Almenar, presidente del grupo constructor Cyes.
Respecto al concurso de la feria, el informe recoge que Rocío Perea, trabajadora desde el año 2004 de varias empresas del grupo de Francisco Correa, recibió un correo electrónico, en fecha 4 y 5 de noviembre de 2004, con documentación relacionada con el evento Fitur de 2005.
El informe se remitió al juez Ceres del TSJ valenciano el 28 de marzo
Entre la misma, se hallaba el pliego de condiciones técnicas de la feria que requirió la empresaria Isabel Jordán, también imputada en la causa, y que le fue remitido por Down Town Consulting, una entidad que luego se convirtió en Easy Concept SL. De esta manera, la red obtuvo estas condiciones antes de que se convocase el concurso, "pudiendo de esta manera adecuar Orange Market su oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos", según consta en el informe. Asimismo, consta que Rocío Perea recibió un total de 1.874,30 euros de la Caja B del grupo entre los meses de febrero y abril de 2005, en forma de "gratificaciones" por su participación en la ejecución de los expositores de Fitur 2005 y otros congresos valencianos.
El informe también recoge que Perea se ocupó de transmitir la petición de asesoramiento para definir la fórmula de adjudicación de unos servicios por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, siguiendo las instrucciones de Jordán.
Por estos datos, la Policía mantiene que Perea era "plenamente consciente" de la "fraudulenta" forma de trabajar de la organización, como se ha podido comprobar en los trabajos efectuados al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y cómo esta persona participaba de manera activa en dicha actividad junto con Isabel Jordán.
Isabel Jordán recibió el pliego en correos electrónicos del 4 y 5 de noviembre de 2004
Otro de los puntos del informe de la Udef es la identificación de distintas personas vinculadas a los hechos objeto de la investigación. Y en este sentido, desvela que "a partir de datos objetivos" se "infiere" que la persona designada como El Príncipe, que aportó la cantidad de 200.000 euros a la sociedad Orange Market SL, es Felipe Almenar presidente del grupo Cyes, especializado en obra civil.
Asimismo, cita a Virginia Beltrán, trabajadora de Orange Market, quien participó en el proceso de elaboración y posterior modificación de diversas facturas emitidas por esta empresa, con destino a la sociedad Facsa, una empresa de Castellón vinculada al Grupo Gimeno, en el año 2007, así como en su ulterior envío al administrador único de esta entidad, tras su remisión previa a Pablo Crespo para su aprobación. En concreto, en uno de los correos, Beltrán envió al administrador de Facsa cuatro facturas, y le pidió que le facilitara una dirección de correo ordinario para poder enviarle las originales. El informe también hace referencia a Juan Enrique Sanz, administrador de la mercantil Juan Sanz SL, que participó en el diseño del expositor de la Comunidad Valenciana para Fitur 2009, también adjudicado a Orange Market. La policía señala que por parte de esta sociedad se elaboró, al menos, una factura a Orange Market con conceptos "ficticios" que no se ajustaban a la realidad del servicio inicialmente prestado, previa petición al respecto por parte de Cándido Herrero y que servían de cobertura a las facturas ficticias emitidas por Orange a nombre de la sociedad constructora Enrique Ortiz e Hijos.
Por otro lado, el informe también alude a Isaac Vidal, exdirector de marketing de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), y expone que su nombre figura en un documento en el que se detalla un listado de personas destinatarias de regalos de Navidad. En este listado también figura Salvadora Ibars, exdirectora general de Promoción Institucional de la Comunitat.
La agenda de Pablo Crespo destaca el papel de Pedro García, exdirector de RTVV
La policía también examinó la agenda de Pablo Crespo y, tras ello, determina en su informe que existe una vinculación "directa" de la organización con responsables políticos y cargos públicos del PP de la Comunidad Valenciana, y que hubo correlación entre éstos y la obtención de negocio para la sociedad Orange Market. En esta agenda se plantea la posición previsible en los órganos de gobierno de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 2007, indicando que Víctor Campos, Ricardo Costa y Vicente Rambla estarían en el mismo; y cuáles eran sus objetivos, que pasaban por implicar a los responsables políticos como a Costa en las operaciones, de tal forma que vieran que la consecución de trabajos para Orange Market era también un logro personal de él.
Asimismo, en esta agenda figuraba la intención de infundir tranquilidad sobre operaciones que realizaban en Valencia, entre ellas, la adjudicación de trabajos relacionados con la visita del Papa; y se indicaba que sus perspectivas de futuro pasaban por la obtención de muchos trabajos con el PPCV en forma de actos o acciones. También resaltaba el papel de Pedro García, exdirector de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), en las actividades de organización como persona que hablaba con los responsables políticos.
De esta agenda intervenida también se deduce que la organización relacionaba, por un lado, el conjunto de actos y acciones de comunicación desarroladas para el PP de la Comunidad Valenciana y el coste de las mismas y, por otro, la fórmula de financiación de esos servicios definiendo la deuda viva existente en un momento determinado diferenciando entre "Deuda Final RC", integrada por las cantidades pendientes de pago con origen en actos de partido y acciones de comunicación; y la "Deuda VR", construida a partir de las acciones de comunicación de las campañas electorales.
Respecto a las siglas RC y VR, la Policía señala que la organización de Correa las utilizaba para hacer alusión a la persona encargada del pago de la deuda generada con motivo del montaje de los actos y campañas de comunicación para el PP valenciano. Identifica las primeras siglas con Ricardo Costa, entonces secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, y las segundas con Vicente Rambla, entonces vicepresidente primero del Consell.
www.elpais.es 10.04.12
EL JUEZ RECHAZA LA QUERELLA DEL PP POR NO IDENTIFICAR A LOS CARGOS DE CAMPS
El juez considera que debe especificar contra quién se querella y por qué hechos concretos
La querella del PP contra Gürtel apunta a la cúpula de Camps
Consulta el auto de rechazo de la querella
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado la querella presentada por la dirección nacional del PP en la causa por la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Los populares la presentaron con el fin de personarse en el procedimiento y acceder, de primera mano, a la instrucción. El tribunal señala en un auto que la querella presentada por la dirección nacional del partido “no concreta mínimamente los hechos por los que se ejercita la acción penal”. Y no se dirige “contra persona alguna aforada ante este tribunal, siendo dicho requisito determinante de la competencia asumida por el mismo”.
El juez José Ceres, instructor de esta ramificación del caso Gürtel, da por no admitida la querella ya que considera que en la querella se "debe especificar los concretos hechos por los que ejercita la acción penal y contra qué personas determinadas dirige su acción”. En su escrito, el PP solo nombraba al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y al encargado de su filial en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y obviaba a la larga lista de caros y excargos del PP que ya están imputados.
En su texto, el PP hacía extensible la acusación a “cuantas personas físicas o jurídicas que hayan participado en los hechos delictivos como autores (directos, cooperadores o inductores), cómplices y encubridores”, pero no citaba a nadie más. Ahora, el juez le recrimina que no incluyera "ni una mínima referencia concreta" a otra parte de los hechos que también se investiga y que se basa en la contratación de la Generalitat Valenciana con Orange Market.
La causa que instruye Ceres reúne la mayor parte de la actividad corrupta que la trama Gürtel desarrolló presuntamente en Valencia. De un lado, la financiación ilegal, en la que se investigan los supuestos pagos de actos electorales del PP del expresidente Francisco Camps por parte de empresas constructoras beneficiarias de adjudicaciones de la Generalitat. En este caso, las sociedades de la trama, especialmente Orange Market, habrían actuado de vehículo de los pagos en las campañas de 2007 y 2008. La causa indaga, por otra parte, la supuesta adjudicación irregular del montaje y organización de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur desde 2005 a 2009, por más de cinco millones de euros.
En su resolución, el magistrado señala, que la querella presentada cuenta con una "descripción de los hechos en términos sumamente genéricos sin que aparezca la necesaria precisión y concreción fáctica" y apunta que “aparecen desprovistos de todo mínimo detalle y concreción, careciendo de una específica imputación fáctica y jurídica, lo que resulta necesario para un válido ejercicio de la acción penal”.
Tras esta decisión, el PP puede volver a presentar otra querella en la que rectifique e incluya las exigencias del juez para formar parte del procedimiento en el que se investiga no solo la financiación ilegal sino también la posible comisión de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad.
Se trata del segundo revés del PP en su intento por tener acceso de primera mano a la instrucción de la rama valenciana del caso Gürtel. En diciembre, el juez ya rechazó una maniobra del partido, que pretendía convertirse en acusación en Valencia limitándose a reproducir la querella que en su día presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que solo se relataban hechos referentes a esta comunidad. El segundo intento contiene algunas referencias más específicas a la causa valenciana, pero mucho menos de lo que resulta “legalmente exigible”, apunta el juez.
La negativa pone de relieve el difícil objetivo del PP: formar parte de la causa, como consiguió en Madrid, sin tener que acusar directamente a quienes integraron las cúpulas en el partido y el gobierno del dimitido presidente Camps, que en muchos casos siguen en el parlamento autonómico o en puestos destacados de la Generalitat. Entre los imputados figuran los diputados del PP Ricardo Costa, Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, Angélica Such, David Serra y Yolanda García; el extesorero nacional del partido Luis Bárcenas; la directora general de promoción institucional, Dora Ibars, otros cargos menores, miembros de la trama y los dueños o gestores de ocho constructoras valencianas.
www.elpais.es 02.04.12
LA QUERELLA CONTRA GÜRTEL ORDENADA POR COSPEDAL APUNTA A LA CÚPULA DE CAMPS
El PP valenciano recuerda que la dirección nacional auditaba sus cuentas
La iniciativa pide actuar contra cooperadores o cómplices de El Bigotes
“Cuantas personas físicas o jurídicas que hayan participado en los hechos delictivos como autores (directos, cooperadores o inductores), cómplices y encubridores”. A todos ellos se dirige la querella que la dirección del PP ha ordenado presentar para personarse en la causa valenciana del caso Gürtel que, entre otras cosas, investiga la presunta financiación de los populares valencianos en la etapa de su anterior presidente, Francisco Camps. También se investigan los posibles delitos de prevaricación y cohecho por la contratación del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, de 2005 y 2009, por un importe total de cerca de cinco millones de euros a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market. Y la falsedad en la que pudieron incurrir varias empresas por presentar facturas falsas.
La presentación de la querella (trámite ineludible para que el PP forme parte de la causa) ha supuesto cierta tensión entre la dirección nacional y el partido en Valencia. Sin embargo, la orden de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, fue clara y tajante al respecto, con la intención de frenar el “perjuicio irreparable a la buena imagen del partido”, tal como señala la querella. Mientras, el PP valenciano trata de quitarle hierro al asunto y califica de “normal” que haya sido la dirección nacional la que entre a formar parte de la causa “porque siempre ha sido así”, indican en referencia a que también se personaron en el tronco del caso Gürtel, en Madrid. Además, en Valencia apuntan que, en cualquier caso, si las cuentas del PP no son correctas, la responsabilidad última es de la dirección nacional porque era en Génova (sede de los populares) donde se auditaba toda la contabilidad.
La querella solo nombra explícitamente al líder de la trama, Francisco Correa, y a Álvaro Pérez, El Bigotes, aunque la hace extensiva a cómplices, colaboradores o inductores. En la causa judicial abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya están imputados hasta una decena de cargos o excargos del PP valenciano, entre los que se encuentran cinco diputados y el extesorero del PP Luis Bárcenas, que también lo está en la causa inicial de Gürtel.
Tampoco hace mención el escrito del PP a las empresas a las que, supuestamente, la red corrupta endosó facturas por servicios realizados a la formación política y que acabaron pagando los empresarios. Pero su personación en la causa hace que también vaya contra ellas, contra Lubasa, Ortiz (también implicado en el caso Burgal), Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora de Hormigones Martínez e incluso Sedesa, el grupo empresarial propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino.
El PP defiende su personación en la causa alegando que cualquier actividad en que se “acuda, invoque o presuma de cualquier influencia o relación con el PP para la consecución de actos ilícitos implica un perjuicio directo para la formación”. La investigación trata de averiguar, respecto a la financiación ilegal, si la deuda que el PP tenía con una de las empresas de la trama, Orange Market, por distintos servicios realizados en la campaña electoral de las autonómicas de 2007 y la de las generales de 2008, se abonó de forma opaca y a través de “donaciones de empresas” encubiertas en facturas falsas. Además, las pesquisas también se dirigen a destapar si hubo un trato preferente e ilegal a la misma empresa en la adjudicación de los cinco contratos para Fitur, entre 2005 y 2009, tiempo en el que, además, la empresa agasajó a varios miembros del PP valenciano con regalos destinados a lograr un trato de favor.
Pero el PP, en su querella, solo habla de esta formación política y de hecho lo hace a través de su representante del partido. Sostiene que Correa y El Bigotes “al parecer” utilizaron su relación con el PP, del que habían sido proveedores, “para aparentar una capacidad de influencia que favoreciera sus actividades empresariales y así cometer los delitos”.
También se refiere a las “supuestas ventajas” que pudieron obtener a través de sus “vinculaciones con personas relacionadas con distintas Administraciones públicas, procurando la obtención de un trato preferente en la adjudicación de servicios o concesiones” y al “agravio” al partido. Pero no menciona la defensa de la Administración, de las arcas públicas, en este caso las valencianas, que podrían ser afectadas, ya que una de las partes que se investiga es si las adjudicaciones se realizaron de forma ilegal.
El PP ya estaba personado en la causa principal de Gürtel, en Madrid, donde se investiga el grueso del caso. La personación le permite tener acceso al sumario de primera mano y estar al tanto de las diligencias que van ordenando los jueces. Sin embargo, al abrirse este procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el instructor, José Ceres, exigió que, para mantenerse como parte en esta ramificación, presentara una querella. La dirección nacional ha optado finalmente por hacerlo y argumenta que el PP “ha hecho un objetivo prioritario de su actividad el responder con el mayor rigor ante cualquier práctica corrupta o actividad delictiva que afecte a la formación política o a las personas que las componen”. Sin embargo, su actuación en la causa principal no ha sido tan recta, al menos, a juicio de la fiscalía y de la acusación popular, que representa a los socialistas, que se han quejado en reiteradas ocasiones de la actitud de bloqueo que el PP ha mantenido en la causa, con continuos recursos que, en muchas ocasiones, no han hecho más que interferir y obstaculizar la marcha del procedimiento, abierto en 2009.
Una de las ocasiones que provocó la queja de la fiscalía fue con el recurso a una resolución que ni siquiera impugnaron las defensas de los imputados. Y fue, precisamente, cuando el juez remitió un requerimiento a la Generalitat valenciana para que identificara a los responsables de los 17 departamentos que contrataron con empresas de la trama.
www.elpais. 01.04.12
OTRA EXCONSEJERA DE CAMPS IMPUTADA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
Angélica Such fue responsable de Turismo cuando se contrató a Orange Market
La exconsejera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Angélica Such, declarará el mes que viene ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en calidad de imputada en la causa de financiación ilegal por la que se investiga al PP valenciano. Según ha dado a conocer el propio TSJCV, Such, que actualmente es secretaria primera de la mesa de las Cortes valenciana, está citada para el próximo 30 de mayo. Con esta imputación ya son seis los miembros de las Cortes valencianas que están imputados en la causa y siguen ocupando un escaño.
Angélica Such fue responsable de Turismo entre 2007 y 2009, fechas en las que el expositor de la Comunidad Valenciana para la feria de Fitur fue adjudicado a la filial de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market.
La declaración de la exconsejera es una de las primeras diligencias del instructor de la causa, José Ceres, que también ha citado a la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, a Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico, para el día 26 de abril.
La exadministradora de varias empresas de la supuesta trama, Isabel Jordán y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, lo harán el día 27. Y la también exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, será interrogada el 5 de mayo.
www.elpais.es 01.04.12
EL JUEZ CITA A IBARS, GUARRO Y BETORET POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
El magistrado José Ceres fija para los días 25 y 26 de abril las primeras declaraciones
El procedimiento deriva del caso Gürtel e intenta esclarecer contratos de la Generalitat
Fabra cree que Gürtel y Brugal “van a quedar en nada”
La directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, el jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro, la empresaria Felisa Jordán —exadministradora de varias empresas de la supuesta trama—, y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, serán de los primeros en prestar declaración en la investigación de la que se conoce como causa de financiación irregular del PPCV derivada del caso Gürtel.
El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, ha fijado para los días 25 y 26 de abril las primeras declaraciones en este procedimiento. En esta primera fase de interrogatorios se pretende ir despejando dudas sobre las mesas de contratación que adjudicaron contratos a Orange Market, entidad que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama.
Betoret, quien ya aceptó una condena en la causa de los trajes dentro del caso Gürtel, ocupaba el cargo de jefe del gabinete de la consejería de Turismo cuando la titular de este departamento era Milagrosa Martínez. Esta entidad otorgó diversos contratos a la mercantil Orange Market para la organización y el montaje del pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur. Asimismo, Guarro está imputado por presuntamente haber participado en la redacción de los pliegos de condiciones, las ofertas presentadas y en la Mesa de Contratación para la adjudicación del pabellón de Fitur, que acabaron en la empresa Orange Market.
Durante la etapa de Ibars se contrató con esta mercantil la Guía de la Comunicación de 2005, la presentación del Congreso de Nuevo Periodismo en 2006 y la fiesta para la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante. Tanto Ibars como Guarro, imputados por un presunto delito de prevaricación y cohecho, ya prestaron declaración, pero en calidad de testigos, en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, en el caso de los trajes.
www.elpais.es 06.03.12
ARCHIVADA LA DENUNCIA DE COMPROMÍS SOBRE PRESUNTOS REGALOS A BARBERÁ
El fiscal superior afirma que el asunto ya se analizó en el sumario del 'caso Gürtel'
La coalición presentó la denuncia tras oírse las grabaciones de la trama en el juicio a Camps
El fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, ha archivado la denuncia presentada por Compromís para que este órgano investigara si los bolsos que supuestamente pudo recibir la alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, Rita Barberá, de la trama Gürtel eran por su condición de primera edil.
El decreto de archivo de Ricard Cabedo, fechado el 18 de enero, responde a una denuncia que realizó la coalición después de que en el juicio de la llamada causa de los trajes contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa se escucharan unas grabaciones en las que Álvaro Pérez, El Bigotes, indicaba que iban a hacerle un regalo de Louis Vuitton a Barberá como cada año.
"Supone ello que la empresa Orange Market hizo regalos a Barberá", indica Cabedo, quien añade que de la denuncia de Compromís se desprende que esos hechos eran conocidos por el magistrado instructor del juicio, por el fiscal y por el magistrado presidente del jurado. Sin embargo, "nadie de los referidos halló indicios delictivos en los hechos referidos y al tiempo hay, es evidente, investigación judicial y juicio sobre ello", destaca el fiscal.
Tras conocer el decreto de Ricard Cabedo, el portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, ha dicho que no le extraña el archivo de la denuncia teniendo en cuenta "el cambio de parecer de la Fiscalía General del Estado al no recurrir la sentencia que absolvió a Francisco Camps y Ricardo Costa del delito de cohecho pasivo impropio".
El ministerio fiscal "está para investigar la presunta comisión de delitos y no para servir a las estrategias de los partidos que gobiernan, antes el PSOE y ahora el PP", sostiene Ribó, que no entiende "cómo en un único folio, el fiscal jefe se quita de encima la denuncia".
Ribó ha manifestado no estar "nada satisfecho" con la respuesta que ha recibido por parte de la Fiscalía, porque a su juicio "las declaraciones del Bigotes eran contundentes y se merecían, al menos, una investigación".
www.elpais.es 08.02.12
LA POLICÍA CREE QUE LA ALCALDESA DE ALICANTE PAGÓ EN NEGRO A LA 'GÜRTEL'
Un nuevo informe coloca en el disparadero a Sonia Castedo y siembra dudas sobre Carlos Fabra
Un nuevo informe policial sobre la presunta financiación ilegal del PP en conexión con la trama Gürtel identifica a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, como la "Sonia" que entregó 24.000 euros en dinero negro para minorar la deuda contraída por el partido con Orange Market tras las campañas autonómicas y locales de 2007. El sumario del caso Gürtel apunta a que el PP ocultó al fisco 2,5 millones en 2007 con ayuda de la trama, que obtuvo de la Generalitat y sus empresas públicas 14 millones en contratos. Distintos informes incorporados a la causa también indican que varios empresarios afines al PP y con numerosas adjudicaciones públicas contribuyeron a enjugar la deuda del partidocon la red corrupta pagando un millón de euros a través de presuntas facturas falsas. Cohecho (soborno), prevaricación (amaño de contratos) y delito electoral (financiación ilegal) son los delitos que centran la nueva investigación.
Incorporado a la nueva rama del caso cuya investigación acordó en mayo de 2011 el Tribunal Superior valenciano (TSJCV), el informe señala también al expresidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del partido, Carlos Fabra. Según la Policía, Fabra es "el Tuerto" al que alude la trama en sus papeles internos como una de las personas que se comprometieron a aportar fondos para reducir la deuda electoral del PP con Orange Market: exactamente, 90.000 euros, aunque los documentos incautados en cuyo análisis sustenta sus conclusiones la Policía no desvelan si ese importe fue satisfecho ni si, en caso afirmativo, la entrega se hizo utilizando los circuitos legales o en B.
La Policía identifica a la regidora como quien pagó 24.000 euros en negro
El informe toma como base archivos internos de la trama: uno de ellos, un manuscrito; otro, una hoja de cálculo en formato Excel titulada "caja barcelona xls". Según la unidad policial de delitos económicos (UDEF), quienes en ellos aparecen nombrados como "Sonia" y "Alicante Sonia" son en realidad Sonia Castedo. El archivo Excel antes citado se refiere a pagos en negro a Orange Market para enjugar la deuda pendiente.
Un apunte contable
Uno de los apuntes, del 26 de septiembre de 2007, consigna la cantidad de 24.000 euros abonada por "Alicante Sonia". La hoja Excel enumera una serie de actos bajo el epígrafe común "Alicante". Pero, en este caso y según la Policía, la referencia a la ciudad es literal. Es decir, no se trata de una alusión a pagos legales o en A, bautizados por el grupo de Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, como "Alicante".
"La identificación de las personas que se encuentran detrás de los nombres "tuerto" o "Sonia", [o] "Alicante Sonia" se infiere por el contexto en el que se producen", dice el informe policial. Y ese contexto es el de "actos llevados a cabo en Alicante y Castellón". Su contabilidad, explica la UDEF, se llevaba "de forma separada" a la de los servicios prestados para el PP a escala regional y cuyos números quedaron plasmados en el archivo "Deuda Actual Campaña Partido".
La conclusión en lo relativo al "tuerto" y a "Sonia" queda expuesta así en el informe: "Por su carácter de aportantes de fondos para la financiación de la deuda derivada de la realización de los actos que Orange Market lleva a cabo tanto en Castilla como en Alicante y por la posición de dichas personas dentro de las estructuras de la formación política [se infiere] que se están refiriendo a Carlos Fabra y Sonia Castedo".
La investigación sobre la financiación del PP ya ha situado en el ojo del huracán a cinco destacadísimos miembros de la cúpula regional del PP a los que ahora podría sumarse Castedo. Sobre la alcaldesa alicantina ya pesaban graves sospechas en otro caso de corrupción, el Brugal, pero su imputación dependerá de que el juez que lo instruye se inhiba ante el TSJCV, ante el que Castedo goza de aforamiento como diputada autonómica. Uno de los principales imputados del caso Brugal es el empresario Enrique Ortiz, quien presumiblemente también declarará como presunto financiador del PP.
www.publico.es 07.02.12
GÉNOVA RECIBE UNA ADVERTENCIA POR RESISTIRSE A APORTAR DATOS
"Procede reiterar del Partido Popular el inmediato cumplimiento de lo requerido (...) Invocando el deber de colaboración con la justicia, reitérese el oficio".
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia asumió en mayo la investigación de la financiación irregular del PP autonómico. Dos meses después, el instructor del caso, José Ceres, requirió a la dirección nacional del partido para que aportara un informe sobre el funcionamiento de sus cuentas y determinara quién o quiénes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. El magistrado solicitó que se informara del "modo de funcionamiento", del grado de "autonomía económico-financiera y contable" y del modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. Además, reclamaba una atención especial al funcionamiento de la contabilidad electoral "y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)".
A principios de octubre, el PP aún no había contestado y el juez les requirió para ello. Ni lo hizo después del día 10, fecha en la que se le recordó, ni tras el 29 del mismo mes, cuando alegó una "inmediata" remisión. El 22 de diciembre la reclamación se hizo vía telefónica y, a finales de ese mismo mes, después de medio año, el juez decidió realizar la advertencia señalando además que, de no cumplirse el requerimiento, el PP podría ser apercibido de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal. Fue con esa "amenaza" con la que, finalmente, Génova (sede del PP nacional) decidió remitir el informe el pasado día 16.
Imprecisiones
Mientras, el PP valenciano envió su propio informe, pero el instructor ha exigido precisiones ya que no indica quién o quiénes fueron responsables de las finanzas en los años 2007 y 2008 y quiénes supervisaron en el PPCV la actividad económico-contable en los mismos años.
Los datos son necesarios para que el magistrado determine quiénes están involucrados en la causa por el posible endoso de facturas a empresarios, que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. De momento, están imputados quienes conformaron la cúpula del PP valenciano en aquellos años y el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, así como varios miembros de la trama Gürtel.
www.elpais.es 30.01.12
LA POLICÍA RATIFICA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO EN UN INFORME A RUZ
El análisis sobre el cerebro jurídico de Gürtel constata la corrupción en Valencia
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha recibido el último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía, en el que se ratifica el sistema que utilizaba la trama Gürtel y se constata el método para la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. El escrito desgrana la forma mediante la que Ramón Blanco Balín, asesor fiscal del cabecilla de la trama, Francisco Correa, manejaba sociedades y cuentas.
Emitían facturas al PP valenciano que se transformaban en deudas de empresas
La "deuda total" englobaba tanto la contabilidad visible como la "B"
El registro en el despacho de Blanco aportó un importante volumen de documentación sobre el método de la trama. Entre otros, se encontraron los documentos respecto al sistema de facturación y contabilidad de las operaciones realizadas por Orange Market. El informe, que fue encargado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira antes de que la competencia en la instrucción del caso volviera a la Audiencia Nacional, señala que la documentación refleja la doble contabilidad en la sociedad que la trama corrupta creó en Valencia. Constata, tal como lo hizo ya en 2009, que Orange Market "mantendría una contabilidad dual", integrada por una contabilidad visible, denominada A, y otra invisible, llamada B. El documento expone cómo en la contabilidad aparecen unas cantidades pendientes de cobro "generadoras de una deuda a favor de la sociedad" y explica que el epígrafe "deuda total" agrupa tanto la derivada de la contabilidad A como de la B.
La brigada de blanqueo de capitales añade que las formas utilizadas para permitir incorporar a la caja esos fondos de la deuda B, de manera que posteriormente pudieran ser utilizados, son "variadas". Y describe cuatro: enmascarando los pendientes de pago dentro de otras facturas; realizando cambios de facturas al alza o a la baja en la base imponible; con facturas de otras empresas de la trama; o incluyendo en la contabilidad facturas con la intención de reducir el saldo de pérdidas y ganancias y así optar a la devolución del IVA.
La policía describe al juez Ruz que Orange Market cambiaba el concepto de sus facturas "a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos". Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana que "la transforman" en otra emitida a Enrique Ortiz, "que es la pagadora real del acto del partido". El informe incluye otro ejemplo: una factura emitida al PP de Castellón "se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido". Ambas empresas, junto a otras siete, forman parte de la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en la que también está imputada la cúpula del PP valenciano, acusada de un delito electoral que incluye financiación ilegal por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.
"PIEZA CLAVE" EN EL ENGRANAJE DE LA TRAMA
La policía califica a Ramón Blanco Balín como "pieza clave del engranaje de la organización". El informe entregado al juez Pablo Ruz sostiene que acabó convirtiéndose en el cerebro jurídico de la trama y que pese a que "heredó" la estructura del anterior gestor de Correa, acabó teniendo el control directo de las estructuras y posiciones bancarias. De hecho, incluso participaba en algunos negocios.
La policía recalca que la entrada Blanco en escena "dinamiza las estructuras mediante la liquidación de algunas sociedades y la constitución de otras nuevas, el cierre de cuentas bancarias y la apertura de nuevas posiciones en otros países, la utilización de nuevos canales de circulación del dinero y, en definitiva, establece una nueva fórmula de gestión de la estructura financiera y de inversión tanto en España como en el exterior". Así, coincide con la Agencia Tributaria, que ya indicó que Blanco Balín era "un auténtico hombre de confianza" de Correa.
www.elpais.es 30.01.12
GÉNOVA RECIBE UNA ADVERTENCIA POR RESISTIRSE A APORTAR DATOS
"Procede reiterar del Partido Popular el inmediato cumplimiento de lo requerido (...) Invocando el deber de colaboración con la justicia, reitérese el oficio".
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia asumió en mayo la investigación de la financiación irregular del PP autonómico. Dos meses después, el instructor del caso, José Ceres, requirió a la dirección nacional del partido para que aportara un informe sobre el funcionamiento de sus cuentas y determinara quién o quiénes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. El magistrado solicitó que se informara del "modo de funcionamiento", del grado de "autonomía económico-financiera y contable" y del modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. Además, reclamaba una atención especial al funcionamiento de la contabilidad electoral "y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)".
A principios de octubre, el PP aún no había contestado y el juez les requirió para ello. Ni lo hizo después del día 10, fecha en la que se le recordó, ni tras el 29 del mismo mes, cuando alegó una "inmediata" remisión. El 22 de diciembre la reclamación se hizo vía telefónica y, a finales de ese mismo mes, después de medio año, el juez decidió realizar la advertencia señalando además que, de no cumplirse el requerimiento, el PP podría ser apercibido de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal. Fue con esa "amenaza" con la que, finalmente, Génova (sede del PP nacional) decidió remitir el informe el pasado día 16.
Imprecisiones
Mientras, el PP valenciano envió su propio informe, pero el instructor ha exigido precisiones ya que no indica quién o quiénes fueron responsables de las finanzas en los años 2007 y 2008 y quiénes supervisaron en el PPCV la actividad económico-contable en los mismos años.
Los datos son necesarios para que el magistrado determine quiénes están involucrados en la causa por el posible endoso de facturas a empresarios, que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. De momento, están imputados quienes conformaron la cúpula del PP valenciano en aquellos años y el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, así como varios miembros de la trama Gürtel.
www.elpais.es 30.01.12
EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante
La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market".
La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat
Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.
En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que "presuntamente abonó a Orange 199.520 euros" es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.
En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y "cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española". Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que "investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse" en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.
El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.
Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona".
Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.
En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.
Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.
www.elpais.es 20.01.12
EL JUEZ EXIGE AL PP VALENCIANO SEÑALAR A LOS AUTORES DE SU FINANCIACIÓN ILEGAL
El instructor requiere que presenten una querella si quieren ser parte del caso
El juez que instruye la causa por financiación ilegal del PP valenciano ha rechazado el intento del Partido Popular de personarse en el proceso como acusación sin presentar querella contra nadie en concreto, ni mencionar los delitos que presuntamente cometieron, ni dónde tuvieron lugar. El magistrado José Ceres ha rechazado, en un auto conocido ayer, el recurso presentado por el partido, y exige que especifique a los responsables que presuntamente cometieron los delitos que se investigan. El PP ha recurrido la decisión a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La formación trata de evitar el trago de acusar a la cúpula de Camps
El PP logró personarse como acusación en el procedimiento original de Gürtel que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional. La actuación del PP como acusación -en una causa que investiga un vasto caso de corrupción vinculado a esa misma formación política- ha estado marcada por la insistente presentación de recursos, que han dificultado el avance del procedimiento. Han sido tantas las demoras causadas que hasta el entonces instructor de la causa, Antonio Pedreira, instó al partido en julio de 2010 a terminar con la "batalla campal" de informes y contrainformes que había desatado.
El magistrado de Valencia José Ceres recuerda en su auto que la querella que el PP "de la Comunidad de Madrid" presentó en su día en la causa troncal de Gürtel, y con la que pretendía darse por personado también en Valencia, iba dirigida únicamente contra Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo. Y se limitaba solo a los supuestos delitos de "administración desleal, injurias, calumnias y denuncias falsas".
"No se menciona nada relacionado con los hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana", indica el juez. "Ni aparece mención de persona alguna, aforada o no, con intervención en hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana, no citándose ni mencionándose en momento alguno en el escrito de querella siquiera a la sociedad Orange Market [que administraba Álvaro Pérez El Bigotes], que es la protagonista principal de los hechos", agrega Ceres.
El, de momento, infructuoso objetivo del PP era personarse como acusación para tener acceso directo a la causa sin pasar el mal trago de tener que querellarse contra las cúpulas del PP valenciano y de la Generalitat que presidía, en ambos casos, Francisco Camps. En la causa por financiación ilegal están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional) y otros.
La causa incluye una pieza separada por delitos contra la Administración Pública: cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros. En ella están imputados Rambla, Milagrosa Martínez (exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencianas) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete en Turismo), ya condenado en el caso de los trajes.
www.elpais.es 17.01.12
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