ALBERTO  LÓPEZ VIEJO &TERESA GABARRA BASELLS

LAS NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO Y SUS MÚLTIPLES ANDANZAS
 

HACIENDA DESMIENTE QUE EL DINERO QUE LÓPEZ VIEJO TENÍA EN SUIZA PERTENECIESE A SU MUJER

La Agencia Tributaria concluye que el medio millón de la cuenta suiza del ex consejero madrileño en 2012 no pudo ser aportado por Teresa Gabarra

La Agencia Tributaria desmiente en un informe que el casi medio millón de euros que el exconsejero madrileño Alberto López Viejo tenía en un banco de Suiza en 2002 fuera de su mujer Teresa Gabarra, tal y como ella aseguró al juez Pablo Ruz el pasado septiembre en su declaración como imputada.

El informe sobre Gabarra, imputada en el caso Gürtel por un delito de blanqueo, analiza entre otras cosas su situación patrimonial y recursos económicos de 2004 a 2009, y la congruencia entre la documentación que aportó, sus declaraciones tributarias y la declaración que prestó ante el juez en septiembre.

Respecto a este último aspecto, el documento, al que ha tenido acceso Efe, recuerda que el 16 de septiembre Gabarra dijo al juez de la Audiencia Nacional que ella fue quien aportó los 452.197 euros que López Viejo ingresó en su cuenta del banco Mirabaud de Suiza en 2002.

Gabarra también dijo a Ruz que el origen de esos fondos era anterior a su relación con López Viejo y que procedía de actividades propias y de su familia.

Para averiguar si esto es cierto, los funcionarios de la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria suman el valor del patrimonio de Gabarra a 31 de diciembre de 2001 y el dinero que ahorró en los primeros meses de 2002.

Así, indican que el patrimonio de la mujer del exconsejero a finales de 2001 era de 265.613 euros, según su declaración del Impuesto de Patrimonio, y añaden que el "ahorro máximo" que pudo generar en los primeros meses de 2002 "es nulo", ya que de hecho su renta disponible para el ahorro fue negativa (-3.437 euros).

El informe, fechado el 25 de febrero, afirma que tampoco se cumple la condición de que su patrimonio a 31 de diciembre de 2002 menguara en, al menos, 452.197 euros, sino que, al contrario, se incrementó y pasó a ser de 311.357 euros.

Por todo ello, el informe concluye que "Teresa Gabarra no pudo aportar el efectivo que Alberto López Viejo ingresó durante 2002 en la cuenta de la Banca Mirabaud" y que "no pudo aportar siquiera una parte de aquellos ingresos en la cuenta suiza porque su patrimonio a 31 de diciembre de 2002 es superior a su patrimonio a 31 de diciembre de 2001 y su ahorro durante 2002 fue nulo".

El informe analiza también la documentación remitida por las autoridades suizas sobre la cuenta del banco Mirabaud y concluye que ella figuraba en la relación de apoderados de López Viejo y que el 20 de julio de 2012 ordenó transferir todos los fondos al Banco Santander y cancelar la cuenta de Suiza.

En su declaración ante el juez, Gabarra afirmó que fue ella quien abrió con sus ahorros una cuenta bancaria en Suiza en 2002 a nombre de su marido para evitar a un acreedor estadounidense con el que había tenido un pleito.

Dicha cuenta se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2002 por un importe total de 495.450 francos suizos, 42.393 libras esterlinas y 46.784 euros.

Otro informe del 7 de marzo de la Agencia Tributaria actualiza uno anterior para rectificar dos errores, uno de ellos sobre la cuota defraudada por López Viejo en su declaración de IRPF de 2006 y otro sobre la renta de 2008 de este imputado.

Respecto a 2006, los funcionarios de la Agencia Tributaria piden al juez Ruz un pago del Ayuntamiento de Madrid a López Viejo que permitiría averiguar si la cuota defraudada ese año alcanza los 120.000 euros y constituye así un delito fiscal.

En cuanto al año 2008, asegura que la cuota que defraudó en el IRPF fue de 505.0427 euros.

Un informe anterior del pasado mes concluyó que López Viejo defraudó a Hacienda 1.108.838 euros en 2002, 181.693 euros en 2003 y 501.712 euros en 2008.

Después de notificar el informe a las partes, el juez acordó ayer reclamar a la Agencia Tributaria las declaraciones del IRPF de López Viejo de los años 2002 a 2008.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/13/5321fd4fe2704e74718b4582.html

LA MUJER DE LÓPEZ VIEJO DICE QUE SACÓ DINERO A SUIZA PARA HUIR DE UN ACREEDOR

Teresa Gabarra tenía cuentas en el país helvético en francos, libras y euros

El exalcalde de Arganda Ginés López se niega a declarar ante el juez

Teresa Gabarra, esposa del exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo e imputado en la trama Gürtel (compra de políticos para cobrar comisiones), admitió este lunes que se llevó dinero a Suiza. Gabarra declaró ante el juez Pablo Ruz que la suma depositada en una cuenta de una entidad helvética en 2002, abierta a nombre de su marido, era suya. El dinero lo había sacado de España para huir de un acreedor. Se trataba, según el relato de la imputada, de un estadounidense con el que había mantenido un pleito y que la perseguía para cobrar. La esposa de López Viejo acudió a la Audiencia Nacional acusada de un supuesto delito de blanqueo de capitales después de que se conociera en julio que su marido tenía un depósito en Ginebra y que su mujer figuraba como apoderada general.

Gabarra aseguró al juez que había decidido acudir a un banco suizo porque consideró que era el lugar “más lejos posible” del estadounidense, informan fuentes jurídicas. El pleito lo habría provocado una fallida inversión familiar. El año pasado al enterarse de que el supuesto acreedor se había suicidado intentó recuperar su dinero y así se enteró de que su marido había estado disponiendo del dinero que ella había guardado.

En la cuenta, abierta en una sucursal del banco Mirabaud&Cie, se realizaron ingresos en efectivo entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2002 de 495.450 francos suizos, 42.393 libras esterlinas y 46.784 euros. En su condición de apoderada, Gabarra estaba facultada para realizar transacciones, incluidas las de comprar y vender sus activos, retirar fondos y disponer de cualquier forma de los títulos, fondos y valores.

Un informe de la Agencia Tributaria entregado al juez Ruz concluía que López Viejo había cerrado prácticamente sus cuentas en la banca suiza en enero de 2008. Aunque, advertían los auditores, que su cónyuge podía haber pasado a detentar la titularidad de sus inversiones financieras. El mismo informe revelaba que López Viejo acumuló en solo cuatro años un patrimonio “no justificado” de al menos 5,5 millones de euros. Unos ingresos que no cuadraban con lo que percibía por su labor como diputado y cargo público, de entre 61.000 y 103.000 euros, dependiendo de los ejercicios.

El estudio sostiene que parte del dinero procede de las comisiones que el exdiputado recibió de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. Solo el importe defraudado a la Hacienda Pública sería de unos 2,5 millones. En su declaración ante el juez Ruz, Teresa Gabarra aseguró no haber mantenido ninguna relación con Correa.

Por su parte, el propietario de la empresa Martinsa Fadesa, Fernando Martín Álvarez, que también acudió este lunes a la Audiencia en calidad de imputado, indicó que los seis millones de euros que atesoraba en Suiza y por los que se ha acogido a la amnistía fiscal del Gobierno, eran cuestiones puramente personales y que no tenían ninguna relación con Martinsa Fadesa, explicó su abogado.

Tampoco admitió ninguna irregularidad en la adjudicación a su empresa de una parcela para construir una urbanización en Arganda, en noviembre de 2004, que, según informes policiales, podría haber supuesto el mayor pelotazo de la trama, con el cobro de 12 millones de euros. Martín recordó que fue una adjudicación de un concurso convocado por el Ayuntamiento y que se le otorgó a su empresa “por unanimidad”. Aportó documentación para acreditar la legalidad de la actuación. Al mismo tiempo, comentó que en comparación con otras obras llevadas a cabo en Madrid es de muy escasa importancia. La promotora pagó por la parcela 77 millones y meses después vendió un tercio de la misma por 73 millones a una cooperativa.

El juez Ruz llamó también ayer al exalcalde de esta localidad, Gines López, que se acogió a su su derecho a no declarar. Por su parte, el exconcejal de Arganda y exdiputado autonómico del PP, Benjamín Martín Vasco, reconoció haber mantenido una relación fluida con Correa desde 1998. Sin embargo, negó haber recibido regalos de la trama como reveló un informe de la Agencia Tributaria, encargado por el juez Ruz, que indicaba que Correa pagó su boda y numerosos viajes por el mundo a este, a su esposa y a su hermano, Joaquín, además de hacerle entrega de valiosos regalos, entre los que se encontraban relojes de lujo.

Bodas, viajes, televisores y lunas de miel

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial ha entregado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga el llamado caso Gürtel, su último informe sobre el presunto cobro de comisiones y regalos por parte del exalcalde de Arganda Ginés López y de su primer teniente de alcalde, Benjamín Martín Vasco.

La Policía mantiene que Francisco Correa, cabecilla de la presunta red de corrupción de políticos, pagó a López 486.676 pesetas “con motivo de los gastos” de su viaje de novios en 1998. “Dichos gastos fueron efectivos mediante una transferencia bancaria” pagada por la agencia Pasadena Viajes, empresa de la trama Gürtel.

Siempre según el informe, “la organización de Francisco Correa Sánchez asume [también] el pago de una serie de gastos relacionados con la organización del enlace matrimonial (generador, minibús y banquetas), así como el posterior viaje de novios de Benjamín Martín”, en ese momento primer teniente de alcalde de Arganda, del PP. Pagaron estos gastos las empresas Special Events y Pasadena Viajes, “con cargo a los fondos de la organización, ya sea a través del cargo en la tarjeta de crédito del propio Correa o bien [anotándolo] como coste interno [de las empresas]”.

Televisor con mesa

Asímismo, Martín Vasco recibió en su domicilio particular de Arganda un televisor de 33 pulgadas y una mesa para colocarlo por importe de 3.124 euros. Ambos artículos fueron comprados por Correa y pagados por Special Events, dicen los agentes. Los investigadores dicen que Martín Vasco también recibió 5.019 euros en dos cheques por trabajos de “carácter profesional, en calidad de procurador de los tribunales” de servicios de “representación procesal, asesoramiento técnico-juridico y actuaciones ante notaría y registros”.

Pero la Brigada de Blanqueo de Capitales destaca que “no se ha encontrado dato alguno, en ningún soporte, que indique qué servicios concretos de carácter profesional fueron prestados” por el teniente de alcalde a Special Events.

Y concluyen: “Las dos facturas confeccionadas por Benjamín Martín Vasco tienen como fecha de emisión el mismo día (29-05-2002), son correlativas y presentan importes idénticos”. Sin embargo, los cheques de estos supuestos servicios que llevó a cabo el exteniente de alcalde fueron pagados 20 días antes.

El investigador imputado

El exconcejal de Arganda del Rey y exdiputado en la Asamblea de Madrid del PP Benjamín Martín Vasco ha pasado en cuatro años de presidir la comisión de investigación que se abrió en la Comunidad de Madrid sobre la presunta trama de espionaje político, a declarar ante el juez Ruz por su presunta implicación en el caso Gürtel.

Tuvo que renunciar a capitanear las indagaciones en febrero de 2009 por las acusaciones que se estaban vertiendo contra él. La Fiscalía había hallado indicios de que podría haber cobrado comisiones a cambio de favorecer el entramado de empresas dirigido por Francisco Correa, cabecilla de la trama en la adjudicación de una parcela en Arganda a Martinsa.

Su nombre aparecía en una grabación de Isabel Jordán, empresaria también imputada. Esta decía literalmente: “Le dieron su dinero”, en referencia al exdiputado que, supuestamente, habría amenazado con hablar sobre el negocio si no le daban su dinero. Martín Vasco era consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal, cuando se adjudicó la parcela.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/16/madrid/1379323431_134086.html

LÓPEZ VIEJO INGRESÓ EN SUIZA 450.000 CUANDO ERA CONCEJAL DE MADRID

Efectuó cinco depósitos en metálico en sólo tres meses en la banca Mirabaud

El ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo ingresó junto a su esposa 450.000 euros en metálico en la banca suiza Mirabaud en cinco depósitos durante los tres meses posteriores a la apertura de una cuenta secreta, en 2002. López Viejo, imputado en el caso Gürtel, era entonces concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de la capital, circunstancia que ocultó.

En el sumario se investiga si la empresa Sufi, que precisamente en 2002 resultó adjudicataria de un contrato por valor de 48 millones de la concejalía que dirigía López Viejo, pagó 1,2 millones en comisiones a la red de Francisco Correa a cambio de la mediación de éste.

A su vez, López Viejo figura imputado por cobrar presuntos sobornos de ese grupo, aunque todos los que la Policía ha considerado acreditados ?por 286.000 euros? se habrían producido en una etapa posterior, entre 2004 y 2007, cuando era viceconsejero de Presidencia de la Comunidad. El número dos de la trama, Pablo Crespo, se refiere a él en una de las grabaciones que destaparon el caso como «el muñidor de toda la operativa», fraccionando los contratos para que no superasen los 12.000 euros y poder así adjudicarlos a dedo a Gürtel, sin pasar por el procedimiento de concurso público.

Según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales remitido al juez Pablo Ruz, en el que se analiza la documentación remitida por las autoridades suizas a través de una comisión rogatoria, López Viejo se presentó como «abogado independiente» y sin hacer mención a su condición de cargo político. Declaró una fortuna personal de dos millones de francos suizos (1,36 millones de euros entonces) procedente de una serie de negocios hosteleros de la familia de su mujer.

Como apoderados, además de su esposa, designó a un viejo conocido del procedimiento ?Arturo Fasana, imputado como gestor y presunto blanqueador de los fondos de Francisco Correa y Pablo Crespo? y sus socios Bertrand y Marcel Hagger.

Entre 2002 y 2009, López Viejo y su esposa utilizaron su cuenta en Suiza para llevar a cabo inversiones financieras e inmobiliarias. Respecto de las primeras, se trata de varios depósitos de diferentes cuantías y de la compraventa de acciones en Bolsa, aunque con éxito desigual: Veolia, Telefónica, Unión Fenosa, Iberdrola, BBVA, Enel, Repsol...

En 2008, el matrimonio efectuó una retirada en efectivo de 314.990 euros con el argumento de que su destino sería «el reembolso de una deuda hipotecaria en España» y la indicación de que su intención es «repatriar una parte de los fondos de forma discreta».

Un segundo informe señala que López Viejo realizó esa operación un mes antes de adquirir un chalé adosado en el distrito de Hortaleza que le costó 1,71 millones de euros, de los que 1,2 fueron al contado, casi al mismo tiempo que vendió otra vivienda por un valor similar previa cancelación de la hipoteca que pesaba sobre ella.

El juez mantiene citada para declarar el próximo 16 de septiembre por un presunto delito de blanqueo de capitales a la mujer de Alberto López Viejo, Teresa Gabarra, ya que, según Ruz, su condición de apoderada de la cuenta suiza le otorgaba «facultades para todas las transacciones relativas a esa cuenta, incluidas las de comprar y vender sus activos, retirar los fondos y disponer de cualquier forma de los títulos, fondos y valores».

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=17308704&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=22_08_2013&pla=pla_11014_Madrid

LA POLICÍA FIJA EN EL 10% LA COMISIÓN ILEGAL QUE COBRABA EL ORGANIZADOR DE LOS ACTOS DE AGUIRRE

El número de trabajos que organizó la red corrupta a la presidenta madrileña en cuatro años fue de 348, que generaron a López Viejo 290.000 euros en comisiones

La trama incluía la cantidad para el exconsejero entre los gastos que debía abonar la Comunidad de Madrid, que era quién cargaba con el sobreprecio

El importe de la comisión "lo soportaba la Administración pública", explica la Policía Judicial.

Alberto López Viejo, el exconsejero de Deportes madrileño imputado en el caso Gürtel, cobraba el 10% del dinero total que Francisco Correa se embolsó entre 2004 y 2007 organizando los actos de la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Esta es la principal conclusión que contiene un informe de la Policía Judicial del pasado 29 de julio que analiza la documentación de las empresas de Gürtel, y que pone de manifiesto también que el número de actos que organizó Correa a la presidenta madrileña en cuatro años fue de 348, que le generaron 290.000 euros en comisiones a López Viejo. La mayor parte de estos actos, según la Intervención General del Estado (IGAE) fueron otorgados a Correa a dedo, sin concurso público.

López Viejo era una persona de la máxima confianza de Aguirre y tenía encomendada la misión de organizarle los actos. Ese acceso a la presidente madrileña le permitía decidir con quién contrataba, y lo hacía casi siempre con la red corrupta de Correa, a cambio de las comisiones ilegales.

En la contabilidad de las sociedades de Correa el concepto 'varios' escondía las comisiones ilegales para López Viejo: "Correspondía en la mayoría de las ocasiones con el 10% del importe facturado. Este dinero era entregado a López Viejo por la intermediación en la contratación de las sociedades madrileñas del Grupo Correa para la ejecución de diversos trabajos para varias de las consejerías de la Comunidad de Madrid, debido al puesto de trabajo que ocupaba en esos momentos", indica la Policía.

Según la Policía Judicial, el modo en el que los responsables de la trama calculaban la parte de López Viejo consistía en sumar los importes de los costes de ejecución del evento. "Una vez calculado este resultado, obtenían el 10% o el porcentaje correspondiente, pues en algunos casos era inferior o superior". A partir de 2006, el porcentaje lo calculaban de la misma manera, aunque empleaban como base de cálculo el importe total de la facturación, lo que suponía una ampliación del beneficio de López Viejo.

Aplicaban el margen de beneficio

Al analizar la documentación de las empresas de Correa, la Policía llega a la conclusión de que a la hora de facturar los trabajos, los dirigentes de la red corrupta imputaban el 10% de López Viejo como otro gasto más de la ejecución del acto: "También le aplicaban el margen de beneficio correspondiente, de tal manera que las empresas nunca perdían dinero, siendo la Administración Pública la que en última instancia soportaba esa comisión".

Los agentes también han comprobado cómo miembros de la organización corrupta, en unos casos Isabel Jordán y en otros el propio Francisco Correa, llevaron a cabo entregas de efectivo a Alberto López Viejo entre los años 2004 y 2007. "Estos pagos ascendieron a la cantidad de 397.000 euros aportados en doce entregas diferentes, con origen en las cantidades incluidas en cada acto realizado para la Comunidad de Madrid, y con el concepto de varios". A esta suma habría que añadir a la cuenta de López Viejo otros 14.000 euros procedentes de la empresa Easy Concept.

El informe de la Policía llega a la mesa del juez Pablo Ruz después de que la semana pasada decidiera llamar a declarar como imputada a Teresa Gabarra, la mujer de López Viejo, ante la existencia de indicios que apuntan a que participó en el blanqueo del dinero que presuntamente cobraba su marido en concepto de comisiones por la adjudicación de contratos a empresas de la trama Gürtel.

En un auto del pasado viernes, el magistrado detalla que el matrimonio mantenía una cuenta en el banco Mirabaud de Ginebra en la que Gabarra figuraba como apoderada, "con facultades para todas las transacciones".

Concejal de Moratalaz (Madrid)

El depósito se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre julio y octubre del año 2002, en distintas monedas, y alcanzó un saldo total cercano al medio millón de euros. "Precisamente en esas fechas, Alberto López Viejo ocupaba el cargo de concejal de limpieza del Ayuntamiento de Madrid" y se adjudicó a la sociedad Sufi un contrato de limpieza en el distrito de Moratalaz, especifica el auto.

El auto precisa que un mes más tarde, se llevaron a cabo por parte de Gabarra y López Viejo diversas operaciones de compra y venta de inmuebles y obtención y cancelación de préstamos hipotecarios. "Se ingresó para el pago de uno de ellos 91.500 euros en efectivo y se transfirió desde una cuenta titularidad de Teresa Gabarra más de medio millón de euros como parte del precio de la compra de un inmueble", informa Europa Press.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/08/06/la_policia_confirma_que_lopez_viejo_cobraba_del_dinero_que_pagaba_correa_por_organizar_los_actos_aguirre_6609_1012.html

LOS VISITADORES DE LA TRAMA GÜRTEL

La trama organizó dos días de reuniones con los responsables de las consejerías que ponían problemas para pagar las facturas irregulares

La Intervención General del Estado (IGAE) ha enviado al juez que investiga la trama Gürtel, Pablo Ruz, un detallado informe sobre cómo este grupo dirigido por Francisco Correa lograba los contratos de la Comunidad. En total, 5,1 millones, de los que 240.00 euros fueron para Alberto López Viejo, exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre. Los auditores explican con detenimiento su modus operandi e, incluso, los problemas que tenían, consejería por consejería, para convencer a sus responsables de que pagasen las facturas que les giraban. Si estos no pagaban, los miembros de la trama les visitaban para convencerlos o pedían a Alberto López Viejo que lo solucionase. Todo quedó escrito en un documento que halló la policía y que se denomina Informe sobre visitas a las consejerías.Según los investigadores, “las conclusiones obtenidas” tras analizar estos nuevos documentos y que complementan un anterior informe de abril pasado, “siguen siendo válidas”.

Este es su resumen:

 “El Grupo FCS [iniciales de Francisco Correa Sánchez] de forma artificial fraccionaba el objeto del contrato [que lograba de las consejerías] mediante la emisión de varias facturas siempre por importe inferior a 12.120,24 euros con el fin de eludir los requisitos de publicidad o relativos al procedimiento de adjudicación”. Por encima de esta cantidad hay que convocar un concurso o invitar a varias empresas para que presenten sus ofertas. Luego, el organismo que requiere los servicios decide de acuerdo con unos baremos legales. Todo está reglado.

Para evitar los controles, el grupo emitía facturas con diferentes empresas de su propiedad. Los auditores mencionan las siguientes: Easy Concept, ServiMadrid, Diseño Asimétrico y Bomerangdrive. “Posteriormente, el grupo [de Correa] actuaba en colaboración con otras empresas que inicialmente eran sus proveedores de servicios [FCS carecía de la infraestructura para darlos por lo que tenía que subcontratarlos]. El más importante era el Grupo Rafael, formado por las empresas Fotomecánica Rafael, Fotomecánica Doble, Kilda Producciones y Dimo Stand, aunque también colaboraba con otras como Raro, Dinámica, Ilusiona, Latalatina y Apogee Telecomunicaciones”.

Esta colaboración implicaba que los servicios que prestaban las subcontratas —las que hacían en realidad los trabajos— eran facturados directamente a la Comunidad, “pero siguiendo las indicaciones de FCS”. “Se había establecido un sistema de compensación cruzada, de forma que estas empresas colaboradoras facturaban y cobraban de la Comunidad y posteriormente las sociedades del grupo FCS les emitían facturas por un importe inferior, siendo la diferencia el beneficio que obtenían por sus servicios de intermediación”.

El exconsejero López Viejo recibió 290.000 euros del entramado, según los investigadores

Pero el fraccionamiento de las facturas provocaba que algunas consejerías se negasen a pagar. Sus responsables (directivos o funcionarios) no entendían por qué un trabajo —en el informe mencionan 348 de ellos, desde el homenaje a las víctimas del 11-M hasta el belén navideño de la Puerta del Sol— estaba fraccionado.

Así, algunas consejerías pusieron trabas: pedían más datos, rechazaban el pago o daban largas. La trama decidió entonces llamarles por teléfono o visitarlos. El programa de visitas duró dos días (21 y 22 de julio de 2006). Los resultados quedaron plasmados en un documento que los investigadores hallaron:

Consejería de Cultura y Deportes. “De esta factura no se van a hacer cargo, lo que me dicen es que si lo encargó Presidencia, que lo paguen ellos”. (10.297,13 euros)

Dirección General de Deportes. “Estas dos facturas se las entregué en mano a Antonio Guerrero \[subdirector general\], ya que decía que no las tenía. Me dijo que las iba a tramitar y que si tenía cualquier problema nos llamaría” (12.153,80 euros).

Consejería de Presidencia. “Se las he vuelto a enviar a Edelmiro [Galván, jefe de Gabinete], ya que nos dice que no las tiene” (15.092,68).

Consejería de Inmigración. “Ya están en tesorería y entre mediados y finales de julio \[nos dicen que\] las pagarán” (23.170,36).

Consejería de Asuntos Sociales. “Me dice María del Mar Gil que estas facturas ya están tramitadas y en tesorería. No me ha confirmado cuándo nos la pagarán” (11.549,17 euros).

Consejería de Economía. “No puedo hablar con nadie, solo con Toñi (secretaria general técnica) y no quiere saber nada” (3.734,87).

Consejería de Empleo y Mujer. “De estas facturas Lourdes Berreda [subsecretaria] nos dice que no se quieren hacer cargo, ya que se ve claramente que es un fraccionamiento del acto. Que ellos no pueden asumir costes tan elevados. Me ha dicho que si desde la Consejería de Presidencia dan la orden de que hay que pagarlas, pues que lo más probable es que lo hagan, pero que si no, no hay manera. Y he hablado con Carmen [sin apellido] y le he comentado el problema. Me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero” (30.014,57 euros).

Consejería de Sanidad. “De momento no me puede decir nada, pero lo más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y tendremos que refacturar directamente con los hospitales” (13.011,98 euros).

Finalmente, la trama escribe a Alberto López Viejo y le explica que están “teniendo muchos problemas para cobrar en la Comunidad”. Detallan que las consejerías se niegan porque no han encargado los trabajos. “Cuando les llamas para reclamar, no te hacen caso. Te dicen que no tienen las facturas. Vamos en persona a cada consejería. Se las llevamos en mano. Cuando les vuelves a llamar, te dicen que siguen sin tener las facturas. También te dicen que tienen que hablar con sus jefes o con las personas que llevan el tema y siempre están fuera o de reuniones”.

Y ponen un ejemplo: “Hemos hablado con Antonio Puentes [de la Consejería de Educación]. Nos dijo que no estaba muy conforme [con las facturas] y desde ese día no se ha vuelto a poner al teléfono”.

La esposa de López Viejo, imputada

Teresa Gabarra, esposa de Alberto López Viejo, ha sido imputada por el juez Ruz por una cuenta que abrió su marido en Suiza y de la que ella es apoderada. Gabarra ha sido llamada a declarar el próximo 16 de septiembre, junto con el exdiputado de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco; al exalcalde de Arganda del Rey Ginés López; el presidente de Martinsa, Fernando Martín Álvarez, y el presunto blanqueador de Gürtel, Ramón Blanco Balín.

En un auto notificado ayer, Ruz decide la imputación de Gabarra tras conocer que, el 31 de mayo de 2002, López Viejo abrió una cuenta en la sucursal del banco Mirabaud& Cie de Ginebra, en la que su esposa figuraba como apoderada general.

Esa condición le otorgaba a Gabarra, según el juez, “facultades para todas las transacciones relativas a esa cuenta, incluidas las de comprar y vender sus activos, retirar los fondos y disponer de cualquier forma de los títulos, fondos y valores”.

Dicha cuenta, añade el auto, se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2002 por un importe total de 495.450 francos suizos, 42.393,75 libras esterlinas y 46.784,63 euros.

En esas fechas, López Viejo ocupaba el cargo de concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid, cuando se adjudicó a la sociedad Sufi el contrato de “gestión del servicio público de limpieza viaria” en Moratalaz, “adjudicación respecto de la que se investiga el posible pago de comisiones”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/26/madrid/1374862775_344837.html

EL GOBIERNO REGIONAL SE DESMARCA DE SU EXCONSEJERO LÓPEZ VIEJO

• “No tenemos ningún conocimiento” de las cuentas en Suiza del exconsejero, sostiene Victoria

• No responde a si promoverá la declaración de bienes de sus miembros

• El exviceconsejero asegura que está "deseando que termine" su proceso para "aclarar cosas"  

Alberto López Viejo fue durante años el hombre de confianza de Esperanza Aguirre, uno de sus fichajes más cercanos. En las inauguraciones de Metro anteriores a la campaña de 2007 estaba siempre activo tanto para poner el abrigo a la jefa como para abrirle camino entre las cámaras de fotógrafos.

Aguirre lo destituyó cuando su nombre apareció en los medios de comunicación relacionado con la trama Gürtel por amañar presuntamente contratos públicos de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, cada vez que el nombre del exconsejero de Deportes sale de nuevo a relucir, el Gobierno regional recuerda que fue Aguirre quien lo expulsó y que nadie supo nada antes de que saliera en la prensa el nombre del hombre que organizaba los actos promocionales a la presidenta.

Ella ha llegado a señalar incluso estos días que entonces López Viejo llegó a amenazarla con contar todo lo que sabía, algo que no denunció entonces ni públicamente ni en la sede de su partido. EL PAÍS revela hoy que el exviceconsejero de Presidencia y exconsejero de Deportes de Esperanza Aguirre poseía cuentas opacas en Suiza, como se había conocido antes del extesorero del PP Luis Bárcenas. Así lo señala un informe de las autoridades helvéticas incluido en el sumario del caso Gürtel. Movió hasta 1,6 millones.

“No tenemos ningún conocimiento” de que López Viejo tuviera esas cuentas y de si ese dinero proviene de los supuestos cobros irregulares del exconsejero, ha dicho hoy Salvador Victoria, portavoz del Gobierno regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La entonces presidenta “en cuanto tuvo conocimiento mínimo de indicios relacionados con el caso de manera contundente rápida e inmediata” lo destituyó, ha asegurado Victoria. “Desde entonces, la colaboración con la justicia ha sido permanente deseamos que vaya lo más rápido y que desde luego se conozcan todos los extremos”.

Preguntado por la posibilidad de ofrecer la declaración de bienes de los miembros del Gobierno, como solicitó el PSM después de que trascendiera que el presidente, Ignacio González, compró un ático en Marbella valorado en 770.000 euros, Victoria no ha aclarado si respalda esta propuesta a pesar de las reiteradas preguntas. Señala que su obligación “es cumplir con la legalidad” y que esperará a una posible tramitación parlamentaria de esta petición (la Asamblea de Madrid tiene mayoría de diputados del PP). “No tenemos mucho que opinar sobre una iniciativa a que se ha desarrollado en sede parlamentaria”, ha zanjado el también diputado regional de la Asamblea de Madrid.

Por su parte, López Viejo ha dicho hoy a Efe que está "deseando que termine cuanto antes" su proceso judicial para "poder aclarar y explicar muchas cosas". "Ahí vamos, peleando y deseando que termine cuanto antes (el proceso judicial) para poder aclarar y explicar muchas cosas, porque como mucho de lo que se publica, o no son cosas ciertas, o son medias verdades, hace falta la otra parte, la versión que de alguna manera explique razonablemente las cosas", ha afirmado en conversación telefónica.

López Viejo ha agregado que, en la medida en que ya no es un cargo público, ni milita en ningún partido político, se considera "desde hace ya algunos años una persona normal" que donde hace sus "declaraciones es en sede judicial". Además, ha opinado que "no sería ni educado, ni cortés, ni sensato" que hiciera declaraciones a los medios que todavía no ha hecho al juez, "entre otras cosas porque el juez se podría molestar".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/24/madrid/1359033448_194731.html

UN EXCONSEJERO DE AGUIRRE TAMBIÉN OCULTÓ DINERO EN SUIZA Y LO REGULARIZÓ

Alberto López Viejo, imputado en el 'caso Gürtel', llegó a mover 1,6 millones de euros

Alberto López Viejo, exviceconsejero de Presidencia y exconsejero de Deportes de Esperanza Aguirre imputado en el caso Gürtel por, presuntamente, amañar contratos públicos de la Comunidad de Madrid en favor de Francisco Correa y cobrar a cambio cohechos de la trama, poseía cuentas opacas en Suiza, según un informe de las autoridades helvéticas que obra en el sumario de dicha causa. López Viejo era el hombre de confianza de la presidenta madrileña. Le organizaba todos sus actos publicitarios o electorales con las empresas de Francisco Correa.

López Viejo abrió las cuentas en Ginebra con su esposa el 31 de mayo de 2002, en el banco Mirabaud. Y llegó a mover 1,6 millones de euros hasta 2009, según una ficha bancaria, si bien personas próximas al interesado reducen a “mucho menos de la mitad de tal cifra” el dinero que ocultaba en Suiza.

Paradójicamente, según las mismas fuentes, al igual que el también imputado Luis Bárcenas, López Viejo regularizó su dinero opaco de Suiza con el fisco español el año pasado. Por tanto, son dos ya los encausados en Gürtel que, mientras los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, en conexión con la Agencia Tributaria, rastrean el patrimonio oculto en España y el extranjero de los imputados, ellos afloran ante el fisco sus fondos opacos en Suiza para eliminar el posible delito, pero a espaldas del sumario donde se investiga, por encima de la posible irregularidad fiscal, el presunto origen delictivo de los ingresos de los sospechosos vinculados a la trama de Correa.

El exconsejero era la persona de confianza que le organizaba los actos

Personas próximas a López Viejo dan la siguiente versión sobre el origen de su cuenta opaca: “El origen del dinero nada tiene que ver con Gürtel. Eran unos ahorros de su esposa que quería poner a salvo de una estafa de un empresario americano, y por eso se abrió la cuenta en Suiza. No tuvo ingresos más que al abrirla. Y se regularizó el pasado año ante el Ministerio de Hacienda, pero conforme a la ley tributaria ordinaria, sin acogerse a la amnistía fiscal. Lo hizo personalmente López Viejo. No utilizó ninguna empresa interpuesta”.

La regularización, a la que aparentemente no puso trabas la Agencia Tributaria, choca con el hecho de que López Viejo, cotitular de dichas cuentas, estaba plenamente investigado por Hacienda en el seno de las pesquisas de Gürtel. Al contrario que en el caso de Bárcenas, que tenía sus inversiones suizas a nombre de empresas, argumento que esgrime Hacienda para alegar que ignoraba si amnistió fiscalmente al extesorero el año pasado, aquí sí figuraban López Viejo y su esposa como actores directos de su regularización fiscal por dinero opaco en Suiza. Por tanto, cuando el año pasado el exconsejero de Aguirre, como persona física, quiso aflorar sus fondos suizos, la Agencia Tributaria pudo haber hecho coincidir ese dato con las pesquisas que desde hacía años llevaban los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción en el sumario sobre la trama corrupta del PP. No en vano la justicia había recabado desde el inicio a la Agencia Tributaria todo el patrimonio oculto de López Viejo.

Su entorno afirma que el dinero de Suiza eran fondos de su esposa

En su ficha bancaria se explicaba lo siguiente en 2002: “Fondos provenientes de su actividad profesional. Deben llegar en francos suizos 2 millones”, unos 1,6 millones de euros. Como administrador de sus fondos opacos situaba a un gestor habitual para tales menesteres en Gürtel, Arturo Fassana.

En la cartera de valores de López Viejo, que poseía desde Suiza, al igual que en la de Luis Bárcenas, se lee un amplio listado de valores bursátiles (BBV, Telefónica...) que le rentan a espaldas del fisco español. El 22 de enero de 2008, López Viejo pide al banco suizo la retirada de unos 500.000 francos suizos, unos 400.000 euros. Y en la ficha bancaria se lee la siguiente indicación sobre ese movimiento de su cuenta opaca en Suiza: “Sí, el cliente tenía intención de repatriar una parte de sus haberes de una forma discreta”. El fin alegado para recuperar su dinero de la cuenta suiza era el pago de una hipoteca.

La cuenta seguía viva en julio de 2009, muchos meses después de que dimitiera como consejero de Deportes tras ser implicado en Gürtel. Personas del entorno del exconsejero añaden: “La cuenta no llegó a mover más de medio millón de euros. Y se pagaron impuestos de forma anónima, es verdad que menos impuestos de lo que habría tenido que pagar en España. Ahora el dinero ya está en España, en una cuenta del Banco Santander. Es un asunto que no le preocupa”.

Personas del entorno familiar de López Viejo aseguran que la regularización se produjo en torno al verano pasado, antes de que llegara al juzgado la información de las autoridades suizas, pero cuando ya conocía el exconsejero que las autoridades helvéticas estaban en vías de aportar tal documentación al juez que hoy instruye el caso en la Audiencia Nacional.

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/23/actualidad/1358971348_705035.html

CASO GURTEL: “TUVIMOS MUCHAS FACTURAS RETENIDAS, MUY SUPERIORES A UN IMPORTE NORMAL”

Funcionarias de la Consejería de Empleo desvelan las irregularidades en los recibos

Los últimos interrogatorios llevados a cabo en diciembre por el magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tienen que ver con la adjudicación de cientos de contratos a dedo, sin un mínimo expediente, a las empresas de la trama Gürtel para organizar actos de autobombo en los que intervenía la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Cientos de contratos ilegales de la Comunidad por un valor, según el sumario del caso, que podía superar los cuatro millones de euros.

Las declaraciones de los técnicos autonómicos ante el juez cierran el círculo en torno al mismo culpable: Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y mano derecha de Aguirre para sus actos institucionales. En concreto, las dos últimas funcionarias que declararon como testigos, Rosario Jiménez y Lourdes Barreda, de la Consejería de Empleo y Mujer, indicaron que apenas tenían conocimiento de los actos que se realizaban en la Puerta del Sol, pero que pagaba su departamento: “Nos venía la factura dada de Sol [la Consejería de Presidencia] y no participábamos. Me la ponían en un sobre encima de la mesa con un post-it que decía: “Tramítese”. Esa era toda la información que tenía”, declaró ante el magistrado Lourdes Barreda, cuyo cargo en los años en los que operó la red Gürtel era el de subsecretaria de Gestión Económica Presupuestaria y de Análisis de la Gestión de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad.

Se trata de cientos de contratos ilegales por valor de cuatro millones de euros

Según el testimonio de esta funcionaria, las empresas cuyas facturas procedían “de la Puerta del Sol eran cuatro o cinco, que se repetían en 2004 y 2005. Y luego aparecieron las del Grupo Rafael y Tecnoimagen”.

Lourdes Barreda reseñó también que una mujer, Alicia, en nombre de Servimadrid y Good and Bette —dos de las empresas del presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa— llamaba de forma “persistente” para interesarse por las facturas que no se habían pagado: “Fue la propia Alicia la que me dijo que las personas que estaban detrás de los actos eran de Presidencia, concretamente me nombró a Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás [exasesor del exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad López Viejo]”. Precisamente Rodríguez Pendás fue objeto de un informe policial en el que se solicitaba su detención. Pero el entonces instructor del caso, el magistrado Antonio Pedreira, no accedió a la petición policial.

Había empresas que facturaban distintas partes del mismo evento

Por su parte, la funcionaria Lourdes Barreda, según su versión, trató de ponerse en contacto con Rodríguez Pendás tras poner en conocimiento de la empleada de Francisco Correa que las facturas estaban paradas porque no tenía información acerca de si el acto se había hecho, y si había existido un mínimo procedimiento.  

“Le envié varios correos y al final hable con él, pero no me solucionó nada”, recordó la número dos del Departamento de Gestión Económica de la Consejería de Empleo y Mujer. Y como no obtuvo información, la funcionaria se vio obligada a comprobar de forma improvisada si el evento se había publicado en la página web de la Comunidad de Madrid: “Nadie me daba información de si se había hecho, de si esa era la empresa que lo había hecho y de si se había hecho bien. Por eso yo veía mínimamente si el acto se había desarrollado”, completó Lourdes Barreda en su declaración.

Quién dijo que había que pagarlas?”, “Juan José Güemes

Con los contratos menores se eludía el procedimiento de contratación: “Lo que nos llegaba al final era la factura, nosotros nos enterábamos ya a posteriori. Se realizaba el acto y después se presentaba una factura con la justificación documental. Y la elección de la empresa la realizaba la gente que tenía Alberto López Viejo, que era Pedro Rodríguez Pendás, directamente en Presidencia. Era el que se lo daba a protocolo de la Consejería [de Empleo y Mujer]”, destacó por su parte Rosario Jiménez, responsable de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer, y por tanto la que entonces era la superior de Lourdes Barreda, que fue interpelada por una de las fiscales del caso: “¿Y eso pasaba siempre que los actos se hacían en Sol, siempre que estaba la presidenta [Esperanza Aguirre]?”. “Sí”, contestó. Posteriormente, la fiscal se interesó en si en todos esos eventos estaba presente la expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid: “Hombre, normalmente, eran en Sol. La elección de la empresa no procedía del órgano gestor sino que procedía de Sol, de la gente de Alberto López Viejo, de Pedro Rodríguez Pendas, me parece que se llamaba, el que nos daba directamente la empresa que tenía que hacer el acto”. Precisamente, a preguntas de Jaime González, el abogado de López Viejo, Rosario Jiménez, explicó que los eventos de la Puerta del Sol se celebraban en fechas concretas. “Los que se hacían en Sol eran los más importantes y tenían fecha concreta, y eran actos a los que iba la presidenta. Y como iba la presidenta había que incluirlos en la agenda con más antelación”.

Se trataba en todos los casos de facturas con un coste inferior a los 12.000 euros. Y si costaban más, se fraccionaban, con la intención de burlar la normativa. Por eso, en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer no podían fiscalizar el procedimiento administrativo, que al ser de un contrato menor no requería un concurso: “Mirábamos la correspondencia entre el gasto y lo que nos parecía a nosotros que era el precio de mercado. Teníamos una planilla de lo que costaban los plasmas, las sillas, e intentábamos buscar una racionalidad en la correspondencia del gasto”, explicó por su parte Rosario Jiménez, la jefa de Lourdes Barreda. “Recuerdo que tuvimos retenidas muchas facturas, porque revisábamos el gasto y veíamos que eran muy superiores a un importe normal”, resaltó esta funcionaria, que reconoció que no tenía conocimiento de que había un fraccionamiento real: “Había unas empresas que facturaban diferentes partes de lo que había sido el evento, pero lo que no comprobábamos, porque no se nos ocurrió comprobarlo en aquel momento era que había administradores conjuntos, o que había algún tipo de vinculación jurídica con las empresas. Lo que sí mirábamos era que fuese un importe razonable, y si no la paralizábamos para discutirlas”, sostuvo Rosario Jiménez, que recordó que las empresas del Grupo Rafael eran algunas de las que se llevaban los contratos de la Consejería de Presidencia. “Me suenan el Grupo Rafael, Servimadrid y Kilda Producciones. Siempre eran las mismas empresas las que hacían este tipo de facturaciones”. Precisamente una de las facturas, concretamente de Kilda Producciones, no fue abonada por la Consejería de Empleo: “Pues era un importe exagerado, e incluso llamamos a los teléfonos y no contestó nadie. Por esta factura, que se refería a un reportaje fotográfico, nadie preguntó”, especificó Lourdes Barreda.

Algunas de estas facturas estuvieron paradas durante más de un año, pero al final se abonaron todas, excepto dos. Por eso la fiscal se interesó sobre las posibles presiones procedentes de la Consejería de Presidencia: “¿En algún momento usted recuerda que desde la Consejería de Presidencia les dijeran que tendrían que pagar esas facturas?”, a lo que la funcionaria contestó: “No, a nosotros directamente no, pero es cierto que estuvieron retenidas muchas facturas por parte de la Consejería de Empleo y, en un momento determinado, se dijo que teníamos que pagarlas”, contestó la empleada regional.

—¿Quién dijo que había que pagarlas?

—A mí me lo indicó mi superior… el consejero…

—¿El consejero? ¿quién era en aquel momento?

—Juan José Güemes.

—¿Le dijo el motivo por el que tenía que pagarla si ustedes las estaban reteniendo desde tanto tiempo?

—Fue con el cambio de legislatura, y normalmente en todos los cambios de legislatura lo que se hace es hacer toda la tramitación pendiente porque el acto estaba realizado.

Pero a preguntas del abogado de la acusación Wilfredo Jurado, la funcionaria completó su respuesta: “Yo informé al consejero, que sabía que estaban paradas. Se dijo que el gasto estaba realizado, y creo que por parte de López Viejo hubo presión porque hubo muchas llamadas a la consejería de las empresas. Y en un momento se dio la orden de pago”.

La 'cabezonería' del juez Ruz

La negativa del magistrado Pablo Ruz a archivar el caso Gürtel, tal y como solicitaba Ignacio Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri, ha evitado que uno de los casos de corrupción política más importantes de la democracia española resultara impune.

Gracias a la decisión de continuar con el caso, el magistrado le ha dado alas y ha hecho efectivos los embargos de varios de los 70 imputados, entre los que destacan el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, o el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco.

El sumario que sigue investigando Ruz mantiene al menos cuatro líneas de investigación: la primera está relacionada con las adjudicaciones a dedo en AENA. La segunda engloba la corrupción en los diferentes Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La tercera se centra en el presunto expolio en relación con la visita del PP a Valencia. Y la cuarta se refiere a la adjudicación a dedo de cientos de facturas por parte de la Comunidad de Madrid a empresas de Gürtel.

Este último punto es uno de los que está más avanzado, según demuestra una providencia firmada el 23 de noviembre por el juez en la que solicitaba una ampliación de los informes ya existentes sobre “los eventuales cobros del imputado Alberto López Viejo”. Además, el magistrado ha solicitado a la Intervención General del Estado la ampliación de un informe sobre la regularidad de la contratación de la Comunidad con el Grupo Rafael, uno de los intermediarios entre Correa y el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para evitar que los funcionarios se percataran de que los beneficiarios de los contratos eran miembros de la red corrupta

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/06/madrid/1357502148_131237.html

LÓPEZ VIEJO, IMPUTADO EN EL ‘CASO GUATEQUE’ POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El juez Santiago Torres abre en un auto una pieza separada del caso Guateque

El exconcejal del Ayuntamiento de Madrid y exconsejero de Deportes Alberto López Viejo ha sido imputado por el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, por un delito de tráfico de influencias en un auto fechado en 22 de junio de 2012. El juez abre así una pieza separada del caso Guateque, que descubrió la mayor red de corrupción dentro del Consistorio capitalino.

El juez ve indicios de delito en la tramitación de las licencias de un restaurante abierto en la calle de Ibiza número 41 (distrito de Retiro), llamado La Hacienda Argentina. También están imputados su esposa Teresa Gamarra Balsells y el que era entonces director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ramón Enrique Sánchez López de Luzuriaga. El magistrado le había citado para declarar el pasado 16 de julio, pero al final esta comparecencia fue aplazada debido a que el magistrado que sustituye en el puesto a Torres —este se ha marchado a la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid— no se ha instalado.

El juez, que dictó varios autos antes de dejar su puesto, también ha apreciado en otro auto que López Viejo había montado un entramado de empresas junto con su mujer, según ha adelantado la cadena SER. Este conglomerado no lo declaró ante la Asamblea de Madrid.

El auto de Torres fue firmado un día después de que el juez diera prácticamente carpetazo al caso Guateque con la imputación de 28 personas, entre los que había seis funcionarios municipales. Al frente de todo el entramado en el tráfico de influencias para la concesión de licencias, el magistrado situó a Carmelo García Sánchez y Santiago Castillo Morales.

López Viejo siempre ha estado bajo la sombra de la sospecha. El PSOE pidió una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid a raíz de la puesta en marcha del Servicio Especial de Limpieza Urgente (Selur) y de los contratos millonarios de recogida de residuos en algunos distritos. El PP, con el anterior a la cabeza, Alberto Ruiz-Gallardón, frenó esa investigación al considerar que era de la etapa de José María Álvarez del Manzano.

López Viejo sí tuvo que dejar su cargo de Consejero de Deportes y pasarse al grupo mixto en la pasada legislatura en la Asamblea de Madrid al estar imputado en el llamado caso Gürtel, la  presunta red de corrupción política vinculada al PP. También estaban imputados los diputados autonómicos Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/19/madrid/1342700661_309584.html

López Viejo presenta como aval para el pago de su fianza un chalet de super-lujo en Madrid

El matrimonio López-Viejo desembolsó ante el notario el 22 de Febrero de 2008 un millón doscientos mil euros a través de un cheque de Bankinter

Tan solo un año antes de que estallara la 'operación Gürtel', Alberto López Viejo que entonces era consejero de Aguirre y su esposa adquieren en el lujoso barrio de Arturo Soria una chalet de casi 400 metros cuadrados. A la vivienda no le falta de nada: cuatro plantas, seis amplias habitaciones, cuartos cuartos de baño, dos salones, patio interior, piscina, garaje para tres coches y por supuesto ascensor que comunique toda la casa. De esta manera, es más relajado dejar el vehículo en el garaje y no tener que subir los escalones de todas las plantas.

Pero llegó 'la Gürtel' y el sueño de vivir en un palacio se desvaneció. Por eso el control de la propiedad lo tiene ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras haber fijado una fianza económica para López Viejo de unos 800.000 euros. Esta vivienda avala esa cifra. Sin embargo, la escritura de compra-venta aporta otros datos de muchísimo interés judicial: la forma de pago. El matrimonio López-Viejo desembolsó ante el notario el 22 de Febrero de 2008 un millón doscientos mil euros a través de un cheque de Bankinter. Pero quedaba medio millón suscrito por la promotora para edificar la vivienda. Pues bien, ese medio millón fue cancelado de manera automática por el propio López Viejo.

En total, casi dos millones de euros incluyendo impuestos es el precio final de este domicilio. Mucho dinero para el sueldo que cobraba el 2008 el que fuera Consejero de Deportes del Gobierno regional, unos 6.000 euros al mes.

www.cadenaser.com 19.04.10

EL 'CASO GÜRTEL' LLEGA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE LA MANO DE LÓPEZ VIEJO 

Un año después de que estallase el caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al PP que acumula ya un centenar de imputados, entre ellos ex alcaldes, diputados y senadores de esta formación política, la investigación llega por primera vez al Ayuntamiento de Madrid, que hasta ahora había permanecido al margen del escándalo. 

El juez que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, envió la semana pasada a la policía judicial a requisar contratos relacionados con la adjudicación de obras publicas a los Ayuntamientos de Madrid, Alcalá de Henares y Majadahonda, todos ellos gobernados por el Partido Popular. Los contratos estarían supuestamente relacionados con las empresas de la trama corrupta o con sociedades que pagaron comisiones ilegales. 

La orden judicial aclaraba que los contratos presuntamente irregulares objeto de la investigación se encontraban en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que ahora dirige la edil Ana Botella, esposa del ex presidente José María Aznar, con el que el cerebro de la trama, Francisco Correa, inició su aventura empresarial vinculada al PP. 

Sin embargo, estos expedientes no tienen que ver con la gestión de Botella, sino con adjudicaciones de servicios aprobadas en la época en que el concejal de Limpieza de Madrid era Alberto López Viejo. Estas concesiones se aprobaron antes de la llegada al gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón y su equipo, en el que se integró Ana Botella. 

López Viejo es ahora diputado autonómico y fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta que estalló el escándalo del caso Gürtel. Durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid (de 1999 a 2003) su gestión como concejal de Limpieza estuvo repleta de sombras. 

Los grupos municipales de la oposición (PSOE e IU) denunciaron en repetidas ocasiones que durante su mandato se autorizaron gastos por más de 18 millones de euros, sin que estuvieran suficientemente acreditados, para que las empresas de limpieza hicieran frente a imprevistos. Cuando Ruiz-Gallardón llegó a la alcaldía de la capital modificó varios de los contratos adjudicados por el imputado, pero rechazó investigar su gestión. 

Pese a estas sombras de sospechas, Esperanza Aguirre llevó a López Viejo en sus listas electorales de número seis, le hizo viceconsejero de Presidencia y, posteriormente, consejero de Deportes. Además, le dejó manos libres para encargarse de la organización de todos los actos institucionales donde participaba la presidencia autonómica, que adjudicó a dedo a distintas empresas de la trama corrupta. 

El sumario del caso Gürtel sostiene que el ex consejero cobró comisiones ilegales por su trato de favor a las empresas de la trama corrupta, a las que llegó adjudicar actos institucionales de la presidencia por casi tres millones de euros mediante el troceado de los contratos para evitar convocar un concurso público. 

Además de la investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid, el juez Pedreira también se ha interesado por distintas adjudicaciones de obras públicas de los Ayuntamientos de Alcalá de Henares y Majadahonda, además de recabar documentación de la empresa de Patrimonio Municipal de Majadahonda. 

Fuentes de este Ayuntamiento reconocieron a EL PAÍS que agentes de la Policía Judicial se personaron en las dependencias municipales durante la pasada semana para reclamar nuevos expedientes de obras públicas. Según las mismas fuentes, todos los contratos investigados por el juez Pedreira eran anteriores a 2005, cuando gobernaba Guillermo Ortega (PP), otro de los implicados en el proceso judicial al que Esperanza Aguirre sacó de la alcaldía por un escándalo urbanístico y re-colocó, con más sueldo, en la dirección general del Mercado de Toledo, una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid. 

Es la tercera ocasión que la Policía Judicial acude al Ayuntamiento de Majadahonda para requisar documentación relacionada con el caso Gürtel. Anteriormente ya se llevaron para su análisis los expedientes relacionados con la construcción de 16 viviendas de lujo adjudicados en 2004. El juez también llegó a interesarse por el contrato de limpieza viaria que el entonces alcalde Guillermo Ortega firmó en 2002 y que fue encareciéndose durante años hasta llegar a duplicarse. 

Además, Pedreira ha reclamado a Majadahonda documentación sobre la empresa de Patrimonio Municipal (Pammasa). Esta sociedad pública fue objeto de una investigación judicial porque dos ex ediles del municipio aseguraron que la sociedad recibía comisiones por permutar derechos de edificación que permitían a los empresarios liberarse de construir vivienda pública y, por tanto, obtener mayores beneficios. El actual alcalde del municipio, Narciso de Foxá, dirigía la empresa cuando se produjo la investigación judicial y llegó a declarar como imputado en el proceso. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares también ha recibido otro requerimiento judicial sobre diversa documentación, que ya ha facilitado. Fuentes del Gobierno de esta localidad reconocieron a EL PAÍS que durante la semana pasada recibieron la petición del juez Pedreira reclamando los archivos sobre dos contratos adjudicados a Constructora Hispánica, una de las empresas implicadas en la trama, que según las mismas fuentes ya habían sido entregados antes y entre los que se incluyen 19 documentos relativos al expediente de contratación del servicio para la realización de las obras de conservación y reforma de pavimentos en el municipio. Las mismas fuentes aseguran que ya habían remitido todos los documentos, a excepción de un modificado de obra que no forma parte del primer expediente y una certificación de la intervención municipal del parque de bomberos. 

El Consistorio también remitió al juzgado otros documentos referidos a la obra del parque de bomberos del polígono industrial de La Garena, ubicado en la localidad alcalaína. A finales del año pasado, un funcionario del Ayuntamiento de Alcalá acudió voluntariamente ante el juez para denunciar que el concejal de Obras del municipio le ordenó "adjudicar una obra a Constructora Hispánica". Fuentes del Ayuntamiento recuerdan que este funcionario tiene varias causas pendientes contra los responsables municipales. 

(www.elpais.com, 22/03/10) 

EL PSOE MADRILEÑO DENUNCIA QUE GALLARDÓN NO ORDENÓ INVESTIGAR A LÓPEZ VIEJO 

El PSOE madrileño ha respondido hoy a la denuncia de la posible relación del ex concejal de Medio Ambiente de Madrid, Alberto López Viejo, con el caso Gürtel. David Lucas, portavoz socialista en el Ayuntamiento, ha recordado que su formación ya había denunciado este hecho. En un comunicado, López afirma: "desde el PSOE hemos denunciado en reiteradas ocasiones que había alrededor de 18 millones de euros presumiblemente no justificados entre los gastos de la delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid mientras fue concejal Alberto López Viejo". 

El portavoz socialista ha recordado que ya habían pedido explicaciones sobre esto al alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, pero, según él, éste no lo investigó cuando se hizo cargo de la alcaldía. "Gallardón sólo modifico los contratos de López Viejo, lo que atestigua que se sabía que su gestión no había sido todo lo transparente que requiere". 

El juez que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, envió la semana pasada a la policía judicial a requisar contratos relacionados con la adjudicación de obras publicas a los Ayuntamientos de Madrid, Alcalá de Henares y Majadahonda, todos ellos gobernados por el Partido Popular. Los contratos estarían supuestamente relacionados con las empresas de la trama corrupta o con sociedades que pagaron comisiones ilegales. 

La orden judicial aclaraba que los contratos presuntamente irregulares objeto de la investigación se encontraban en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que ahora dirige la edil Ana Botella, esposa del ex presidente José María Aznar, con el que el cerebro de la trama, Francisco Correa, inició su aventura empresarial vinculada al PP. 

Sin embargo, estos expedientes no tienen que ver con la gestión de Botella, sino con adjudicaciones de servicios aprobadas en la época en que el concejal de Limpieza de Madrid era Alberto López Viejo. Estas concesiones se aprobaron antes de la llegada al gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón y su equipo, en el que se integró Ana Botella. 

 (www.elpais.com, 22/03/10)

LÓPEZ VIEJO COBRÓ SIN BASE LEGAL DOS SUELDOS COMO VICECONSEJERO 

El ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, fue el primer viceconsejero de la era Aguirre en cobrar dos sueldos: el de su cargo y el que recibía como diputado de la Asamblea. Y lo hizo durante los tres años que fue viceconsejero de Presidencia sin ninguna base legal, según fuentes de la Mesa de la Asamblea. La Comunidad de Madrid niega que se incumpliera la ley. 

Hasta que López Viejo comienza a cobrar, se aplicaba el régimen de incompatibilidades de los altos cargos que instauró en 2000 el anterior presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, y que impedía a los viceconsejeros, y también a todos los altos cargos del Gobierno regional, tener doble retribución pública, sin excepciones. 

Esperanza Aguirre nombra viceconsejero a López Viejo el 23 de mayo de 2003, pese a que estaba acusado de supuestas contrataciones irregulares durante su etapa como edil en el último mandato del alcalde José María Álvarez del Manzano. Cinco años después, López Viejo tuvo que dejar su puesto de consejero de Deportes el pasado 9 de febrero, al ser imputado por la contratación irregular de las empresas de Francisco Correa, cabecilla del caso Gürtel. 

A su llegada al Gobierno regional, López Viejo mantiene el escaño y, según fuentes de la Mesa de la Asamblea, comienza a cobrar como diputado con "dedicación parcial". Las mismas fuentes explican que no existía ninguna "cobertura legal" para que López Viejo cobrara este dinero, porque no se produjo ninguna modificación de la ley de Gallardón, ni hubo un acuerdo de la Mesa de la Asamblea, que tiene la competencia sobre las retribuciones de los diputados, para permitirlo. La Ley de Incompatibilidades equipara los sueldos de los altos cargos regionales a los de la Administración General del Estado y establece: "Sin que pueda generarse otra retribución por cualquier otro concepto". 

Juan Bravo, concejal de Hacienda del Ayuntamiento y que fue consejero de Hacienda con Gallardón, explicó que la ley sólo admitía excepciones para las retribuciones por dar conferencias o por escribir un libro. "A partir de esa ley, la entonces viceconsejera de Presidencia, Paloma García Romero, no cobró ningún concepto por su condición de diputada", explicó Bravo. Aunque reconoció que, antes de la Ley de Incompatibilidades, la anterior viceconsejera de Presidencia, Carmen Álvarez Arenas, sí cobró en la primera legislatura de Gallardón como presidente. 

Pero ninguna disposición posterior derogó la regulación de Gallardón. Tras las autonómicas de 2007, López Viejo pasa a ser consejero de Deportes. Dos meses después, Aguirre lleva a la Asamblea la Ley de Modernización de la Administración, que modificó varias normas a la vez con el rechazo de PSM e IU. En ella se extiende la doble retribución a todos los viceconsejeros con acta de diputado. Eso les permite cobrar, a día de hoy, unos 8.000 euros mensuales, más que algunos consejeros o la presidenta de la Asamblea. 

Sin embargo, el Gobierno regional niega que no hubiera cobertura legal para que López Viejo cobrase. "No se ha vulnerado ninguna norma", afirmó un portavoz que remite a la misma ley de Gallardón para justificar que los viceconsejeros de Presidencia, el enlace entre el Gobierno regional y la Asamblea, cobraran dos salarios. "La Ley de Medidas de 2007 introduce que todos los consejeros pudieran cobrar para equipararlos", agregó. 

(www.elpais.com, 08/07/09)

LA ESPOSA DE LÓPEZ VIEJO LOGRÓ UNA LICENCIA EN SÓLO 20 DÍAS 

Dos inspectores de la Sección de Disciplina Urbanística del distrito de Retiro explicaron ayer que la licencia solicitada por la mujer del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo para unas obras en un restaurante de su propiedad se tramitó "en 20 días". Hicieron estas manifestaciones antes de declarar ante el juez instructor del caso Guateque (la mayor trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Madrid). 

En el expediente de licencia del restaurante La Hacienda Argentina, regentado por Teresa Gabarra Balcells, esposa del ex consejero de Deportes, no figuraban unas obras de reforma realizadas en el local, por lo que uno de los inspectores, citado ayer como testigo, presentó una denuncia en febrero de 2006. 

A raíz de aquella denuncia, los propietarios de este restaurante, situado en la calle de Ibiza de Madrid, presentaron un nuevo proyecto, en el que sí se incluían dichas obras y que se aprobó "en 20 días", según manifestó el inspector a los periodistas. 

El pasado diciembre, Gabarra negó ante el juez que investiga una supuesta red de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales en Madrid haber recibido un trato preferente por parte del Ayuntamiento de Madrid, pese a que el expediente contenía una anotación para que se tramitara de forma "urgente". 

También comparecieron ayer ante el juez tres propietarios de locales imputados en el caso Guateque, así como dos testigos. Las declaraciones continuarán el miércoles con la comparecencia, entre otros, de la funcionaria de Medio Ambiente Esther del Olmo, que será interrogada por las prioridades en la tramitación de informes. 

(www.elpais.com,  02/06/09) 

AL EX CONSEJERO MADRILEÑO LÓPEZ VIEJO SE LE COMPLICA EL FRENTE GUATEQUE 

Alberto López Viejo, dimitido consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid imputado en la trama Gürtel, podría tener complicaciones en el otro frente que tiene abierto, el caso Guateque. Y es que ayer dos inspectores aseguraron que su esposa -ex esposa según la Ser-, Teresa Gabarra, obtuvo una licencia de obras en apenas "veinte días" -un tiempo meteórico en estos trámites- para su restaurante, La Hacienda Argentina. Los dos inspectores de la Sección de Disciplina Urbanística de Retiro llamados a declarar ante el juez instructor del caso Guateque, Santiago Torres, ofrecieron ese testimonio antes de entrar al tribunal. En febrero de 2006, uno de ellos denunció al establecimiento en cuestión por la realización de obras sin permiso. El problema se resolvió meteóricamente gracias a la solicitud presentada por Gabarra y rubricada con el cartel de “urgente”.  

Gabarra, quien fue llamada a declarar como imputada en diciembre pasado, negó cualquier trato de favor para su restaurante, situado en la madrileña calle de Ibiza. Lo cierto es que, tras la denuncia del inspector, su local obtuvo el permiso en tiempo récord. El expediente solicitando las licencias contenía una anotación para que se tramitara de forma “urgente”.

López y el Guateque  

En medio del huracán Gürtel, a López Viejo se le abrió este otro frente el pasado 23 de abril. Tal como informó la cadena Ser, ese día el juez Torres dictó una providencia reclamando información al registro mercantil sobre cuatro sociedades en las que figuran como otorgantes el propio López Viejo y también Gabarra. El tribunal pidió a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid que le envíe todas las declaraciones registradas de actividades, bienes y derechos patrimoniales del destituido consejero de Deportes.

El amigo de Agag 

Además, estas últimas declaraciones de los inspectores tuvieron lugar el mismo día en que el diario El Mundo acusó a López Viejo de colocar a Tito Pajares San Román, un empresario amigo de Alejandro Agag y miembro del clan de Becerril, como sustituto de Francisco Correa en el montaje de los actos de la presidenta regional Esperanza Aguirre, un asunto del que se ocupaba el ex consejero hasta febrero pasado, cuando se le vinculó con Gürtel.

Imputación y fianza  

López Viejo dimitió hace tres meses, tras saberse que adjudicó a dedo y a empresas de la presunta trama corrupta 76 contratos por un valor total de 562.000 euros. El pasado 7 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le impuso una fianza de 750.000 euros, acusándole de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Antes de ser consejero y protegido de Aguirre, fue concejal de Limpieza en el Ayuntamiento madrileño.  

(www.elplural.com,  02/06/09) 

UNA SENTENCIA ANULA LA GESTIÓN PRIVADA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE TORREJÓN 

Cuando el PP llegó al poder en Torrejón de Ardoz (116.455 habitantes), en 2007, una de las primeras cosas que hizo fue crear la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Redactó los estatutos y sacó a concurso la gestión de la misma. El partido socialista se opuso y denunció el pliego de condiciones de la gestión de la empresa ante los tribunales. Una sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo número 23 de Madrid le da ahora la razón. 

La sentencia dice que no está justificada la contratación de una empresa que gestione la EMVS. Y va punto por punto. Primero, dice, "no hay ni un solo documento" que explique debidamente "la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con los que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato". Y hace hincapié en que no existe ese documento, "pese a la importancia del objeto del contrato", que es la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda. 

En segundo lugar, critica el sistema de retribución a la gestora. "No existe un precio ni cierto ni referencial", asegura la sentencia. En el pliego de condiciones de la adjudicación, en la cláusula tercera, dice que "el adjudicatario percibirá una cantidad equivalente al 6% del coste total o del precio máximo de venta". Eso, según la sentencia, no vale, primero porque la gestora hace algo más que vender viviendas. Se encarga también de administrar acuerdos, de gestionar el patrimonio del Ayuntamiento y de asesorar a los ciudadanos en materia de vivienda, entre otras. "Nada de esto forma parte del precio o por lo menos no hay forma de determinarlo", dice la sentencia. Y eso es "motivo de nulidad", según la misma. 

En tercer lugar, se refiere a la "inexistencia de criterios para la adjudicación" (precio, fórmula de revisión, plazo de ejecución, etcétera). "El pliego no fija tales criterios", dice la sentencia. Y añade: "Esta forma de articular la adjudicación [...] no puede considerarse ni de lejos que cumpla las determinaciones de la Ley de Contratos". Y sigue: "En todo caso, es incompatible con el propio funcionamiento de una Administración objetiva, imparcial y al servicio del interés general". Por todo eso, la sentencia anula el "contrato de asistencia técnica y gestión" de la EMVS. 

"Estamos estudiando recurrir la sentencia, pero lo primero que queremos dejar claro es que a los torrejoneros no les afecta nada", aseguró ayer el portavoz municipal y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro. "Si hay alguna deficiencia, la estudiaremos e intentaremos subsanarla. Queremos salvar la EMVS por la creación de las miles de viviendas", añadió. Y tildó al PSOE de "irresponsable" por llevar la gestión de la EMVS a los tribunales. 

(www.elpais.com,  02/06/09)

EL JUEZ DEL 'GUATEQUE' PIDE INFORMACIÓN SOBRE LÓPEZ VIEJO 

A Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, le crecen los enanos. A la imputación por el caso Gürtel a la que tiene que hacer frente por su presunta vinculación con la trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa ahora se le suma el interés del juez Santiago Torres, que ha pedido información sobres sus bienes por la imputación de su esposa, Teresa Gabarra, en otro escándalo de corrupción: el caso Guateque. Un juez de instrucción no puede imputar a un aforado, como es el caso de López Viejo, diputado de la Asamblea de Madrid. En caso de que encuentre indicios, tiene que elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que solicite al parlamento autonómico el correspondiente suplicatorio para proceder contra él. 

El magistrado, en una providencia fechada el 27 de marzo, reclama a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid las declaraciones de López Viejo que figuren tanto en el Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid como en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos del Gobierno regional. Dicho interés proviene de la imputación de la esposa de López Viejo.La esposa del consejero, Teresa Gabarra, está imputada en la concesión de licencias por un supuesto trato de favor: la obtención de permisos para un restaurante de su propiedad en la calle de Ibiza. Uno de los expedientes solicitados por el juez, el relativo al local de la mujer de López Viejo, contenía una anotación con la palabra: "Urgente". Gabarra Balsells negó este extremo ante el juez el pasado mes de diciembre. 

Además, en la providencia, el juez reclama también al registro mercantil información sobre cuatro sociedades en las que figuran la imputada Teresa Gabarra y presuntamente también el propio López Viejo; entre ellas, se encuentra la empresa Marvel. Gabarra figura como apoderada en dos: de La Pampa Hostelera SL y Loga Siglo XXI SL, sociedades de las que fue vicepresidenta hasta agosto de 2008. 

De la misma manera, el juez solicita información al registro civil sobre el régimen económico matrimonial de esta pareja por si se hubieran acogido a separación de bienes. 

López Viejo, de 41 años, está imputado y fue investigado por el juez Baltasar Garzón por el presunto cobro de comisiones y regalos a cambio de adjudicar contratos a la trama corrupta liderada por Francisco Correa. Fraccionó contratos para adjudicarlos a la trama mafiosa y recibió sobornos por 563.000 euros, según consta en el sumario. Su causa ha pasado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá continuar con el proceso. 

La trama tenía presuntamente su contacto en López Viejo, primero como viceconsejero de Presidencia, y más tarde como consejero de Deportes. El hombre de confianza de Esperanza Aguirre, quien conoce a la presidenta desde su etapa en el Ayuntamiento (fue concejal de Limpieza entre 1999 y 2003), les facilitó la entrada en la Comunidad de Madrid, como relató Isabel Jordán, otra de las imputadas, al juez: "Una vez que ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia ya nos llamaban a todos y nos preguntaban si nos íbamos a presentar. Luego, había actos que no estaban, que surgían. De repente, viene Axa a presentar aquí no sé qué. Pues venga. Yo recuerdo un acto porque ganó el Real Madrid la copa o algo así". 

Cuando López Viejo era concejal en el Ayuntamiento fue señalado por el interventor del Consistorio por irregularidades en las contrataciones, con adjudicaciones a dedo y superposición de contratos. También fue acusado de imponer a los proveedores la compra de vehículos de una marca para favorecer a un concesionario y de forzar la adquisición de muebles en la tienda de su padre, Fernando López Paredes. 

(www.elpais.com, 24/04/09)

EL JUEZ INVESTIGA UNA POSIBLE VINCULACIÓN DE LÓPEZ VIEJO CON EL CASO GUATEQUE 

El juez instructor de caso Guateque, la supuesta trama de corrupción ligada al Ayuntamiento de Madrid y relacionad con al concesión irregular de licencias a locales de ocio, ha pedido a la Comunidad de Madrid información sobre el patrimonio económico del ex consejero de Deportes de la región, Alberto López Viejo, quien se vio obligado a dimitir de su cargo al conocerse su implicación en otra trama de corrupción, la relacionada con las empresas de Francisco Correa. 

El tribunal que investiga el caso de la operación Guateque, una presunta trama de corrupción vinculada a la concesión por parte del Ayuntamiento de Madrid de licencias de manera irregular a centros y locales de ocio, ha solicitado a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid que le envíe todas las declaraciones que haya en los registros sobre actividades, bienes y derechos patrimoniales de altos cargos de la región en relación al destituido consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

Información del registro mercantil

Según informó la Cadena SER, el juez Santiago Torres estaría investigando una posible vinculación de López Viejo, que abandonó su cargo al aparecer implicado en la trama de corrupción de la <i>Operación Gürtel</i>, con este otro caso de corrupción. Para ello ha dictado una providencia en la que reclama además información al registro mercantil sobre cuatro sociedades en las que figuran como otorgantes el propio López Viejo y también su ex mujer, Teresa Gabarra, que ya está imputada en la operación Guateque.

Su ex mujer, imputada

De hecho, esta providencia habría partido de la imputación de Gabarra, a quien se le atribuyen supuestas anomalías en el expediente de licencia del restaurante que regenta en el madrileño barrio de Retiro. El local forma parte de los establecimientos que supuestamente pagaron diversas sumas de dinero a cambio de acelerar el proceso de obtención de su licencia.

Gabarra niega los hechos

Gabarra, que declaró ante el juez el pasado mes de diciembre, negó que hubiese tenido ningún tipo de “trato preferente” por ser esposa del ex consejero, y aseguró que no había pagado ninguna suma para obtener su licencia. No obstante, el juez sospecha que sí fue así, ya que su expediente de tramitación llevaba una anotación en la que se podía leer “urgente”.

Régimen económico matrimonial

El magistrado ha solicitado también información al registro civil para saber si el matrimonio de esta pareja se basaba en un régimen económico de bienes gananciales o si, por el contrario, se habían acogido a la separación de bienes, para determinar hasta que punto podría llegar la responsabilidad del ex consejero. 

(www.elplural.com, 23/04/09)

López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa

En 2007 recibió tres pagos de 24.000, 6.000 y 8.000 euros, según apuntes de Pablo Crespo en los que consta «entregado a ALV». Otro documento refleja pagos por importe de 200.000 euros. «Veréis como ahora nos da más contratos», comentó Crespo a sus empleados. El consejero destituido otorgó a Correa en un año contratos por casi 600.000 euros fraccionados en 76 facturas de menos de 12.000

El ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo recibió un mínimo de 238.000 euros en sobornos a cambio de dar contratos a las empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.

Así lo acreditan varios documentos en poder del magistrado, cuyo contenido ha conocido EL MUNDO. En uno de ellos constan unos apuntes internos realizados en 2007, incluidos en un documento sin membrete. En el mismo se puede leer: «Pablo Crespo. Entregado a ALV» (siglas de Alberto López Viejo), seguido de una cantidad de dinero.

En esos documentos se detallan tres entregas diferentes por una cuantía de 24.000, 6.000 y 8.000 euros. Lo que no aparece es en concepto de qué se pagan esas cantidades, aunque las palabras de los imputados dan una pista de ello.

En una ocasión, como ha podido saber este diario, Pablo Crespo Sabaris, administrador de Easy Concept, S. L., y número dos de Correa, aseguró a sus empleados: «Veréis cómo ahora nos da más contratos. Ya le he dado lo que me pedía y se ha quedado contento».

El magistrado de la Audiencia Nacional también dispone de otro documento sin membrete elaborado por Crespo que lleva la cuenta de las cantidades entregadas en efectivo y personalmente a López Viejo: unos 200.000 euros (más de 33 millones de pesetas).

Además, Francisco Correa describe en las grabaciones con las que cuenta el juez que el ex consejero «se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...».

Todos estos indicios apuntan al ahora diputado autonómico Alberto López Viejo para que sea uno de los próximos imputados en la causa. En cuanto Garzón considere que es necesaria su imputación, tendrá que enviar el material relativo al aforado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el órgano facultado para investigar a los diputados de la Asamblea de Madrid, previo permiso de la Cámara.

La imagen de López Viejo no es precisamente muy buena dentro del Gobierno de Madrid. Muchos de sus compañeros coinciden en describirle como soberbio, prepotente y despótico. Casi todos tienen noticia de su carácter agrio. Pero también de la gran confianza que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, siempre depositó en él para que organizara todos sus actos, primeras piedras, presentaciones, inauguraciones... En total, millones de euros a lo largo de los cinco últimos años. Precisamente por esa confianza directa de la presidenta, nadie en la Comunidad discutía sus métodos expeditivos y su costumbre de contratar casi siempre con las mismas empresas.

El ya ex consejero de Deportes, que fue destituido el pasado lunes, organizaba todos los actos de la jefa del Ejecutivo. En total, entre 10 y 15 eventos al mes durante cinco años, superando el centenar anual. Como confirmaron a este diario en distintos departamentos, López Viejo obligaba a las consejerías a organizar sus actos importantes con las sociedades que él imponía. Cuando recibía peticiones de las consejerías para hacer actos con Aguirre, respondía taxativo: «O haces el acto con esta empresa o no se hace». Y era él quien decidía, pues llevaba la agenda de la presidenta.

Una vez obtenido el visto bueno, él mismo revisaba personalmente cómo se organizaba el evento: el sonido, la luz, las carpas (en actos al aire libre), las sillas, las azafatas... Acompañaba a los profesionales contratados y actuaba como el director de la puesta en escena.

Esta función la desempeñó como viceconsejero de Presidencia (desde junio de 2004), pero también lo hizo durante los primeros meses de la primera legislatura, aunque era un diputado autonómico raso y no estaba en nómina de la Comunidad.

En los primeros años (desde finales de 2003 a mediados de 2005), dos empresas de la red de Correa, Easy Concept Comunicación, S. L. y Good and Better, S. L., fueron las sociedades más beneficiadas.Sus administradores eran Pablo Crespo -encarcelado por Garzón- e Isabel Jordán.

De hecho, y según consta en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo de Aguirre, las dos sociedades obtuvieron 76 contratos entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 por un valor total de 562.183 euros. Y todos los contratos eran inferiores a 12.000 euros, porque ésa es la cantidad que la Ley de Contratos señalaba como tope máximo para adjudicar a dedo, sin concurso público.

Por ello, López Viejo troceaba las adjudicaciones para no superar esa cantidad. Un buen ejemplo de este procedimiento es el homenaje celebrado el 25 de marzo de 2004 a los que se volcaron con las víctimas de los atentados del 11-M. Easy Concept cobró 140.000 euros, pero extendió hasta 15 facturas diferentes. Así, Presidencia no tuvo que realizar ningún concurso y pudo contratar directamente a la empresa elegida. Algunas de las facturas se acercaban mucho a los 12.000 euros, pero nunca los superaban: el sonido costó 11.954,39 euros, y la iluminación 11.524,36.

En otros casos, no hacía falta hacer esa operación. Algunos de los grandes actos de las consejerías de Transportes o Sanidad eran abonados por las grandes constructoras adjudicatarias. Entonces, la ley ya no obliga a hacer concursos porque no se trata de dinero público. Eso sí, quien decidía a quién y por cuánto se contrataba no era la constructora, sino otra vez Alberto López Viejo.

La mala fama de López Viejo viene de lejos. En 2003, cuando Alberto Ruiz-Gallardón es designado por José María Aznar candidato a la Alcaldía y Esperanza Aguirre a la Comunidad, el primero prescinde del hasta entonces concejal de José María Alvarez del Manzano.Pero Aguirre le ficha en un estelar número seis de su lista.

Sin embargo, los escándalos que afloran entonces sobre su etapa como concejal de Limpieza le mantuvieron fuera del Gobierno durante los primeros meses.

Por aquel entonces fue acusado de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por varios contratos irregulares que fueron denunciados incluso por la propia Intervención del Ayuntamiento.

Cuando pareció amainar el temporal, Aguirre le premió y le nombró viceconsejero de Presidencia, en junio de 2004. Durante ese periodo se vio implicado en otro presunto escándalo de corrupción a través de su mujer, Teresa Gabarra Balseéis, imputada en el caso Guateque, donde se investiga la presunta concesión ilegal de licencias por parte del Ayuntamiento. En el expediente de un restaurante del que es dueña aparece una anotación para que la licencia se tramite de forma «urgente».

López Viejo siguió contratando decenas de actos de Aguirre con Easy Concept (antes llamada Down Town, heredera a su vez de Special Events), al menos hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2007.

En la segunda legislatura, cuando es nombrado consejero de Deportes, López Viejo empezó a tener más cuidado y, por orden suya, se pasó a contratar con empresas tapadera, según explican ahora desde la Comunidad de Madrid. Entre ellas aparece MQM (Marketing Quality Management), que no tiene relación conocida con la red de Correa, pero que podría trabajar como sociedad pantalla de Easy Concept, según está investigando Garzón. Con esta otra empresa, los métodos de López Viejo y su exigencia de contratación seguían siendo los mismos.

A día de hoy, como confirman desde dentro de la Comunidad de Madrid, quedan facturas por abonar pendientes desde 2008 porque los servicios se contrataron sin respaldo presupuestario.

Desde sus tiempos de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, López Viejo trabaja con un asesor, Pedro Rodríguez Pendás, que es a todos sus efectos su número dos, por encima de los funcionarios de la Consejería.

El papel de López Viejo ha despertado una gran preocupación en el Gobierno de Madrid. Por eso, la propia Aguirre decidió destituirle fulminantemente el lunes, antes de que aparecieran los primeros indicios que le podrían inculpar.

1999-2003

Alberto López Viejo fue un muy polémico concejal de Limpieza con José María Alvarez del Manzano. La Intervención del Ayuntamiento le acusó de irregularidades y el PSOE denunció que incurrió incluso en malversación de fondos.

Finales 2003

Esperanza Aguirre le ficha como 'número seis' de su lista mientras se destapan sus presuntas irregularidades consecuencia de su etapa como concejal. En noviembre, tuvo que salir al paso de todas las acusaciones y las calificó de falsas.

Mayo 2004

Aguirre le nombra viceconsejero de Presidencia, pero ya desde antes, cuando ni siquiera ocupaba un cargo en el Gobierno, comienza a ocuparse de contratar todos los actos públicos de la presidenta.Muchos, con empresas de la trama de Correa.

Junio 2007

La presidenta asciende a López Viejo y le nombra consejero de Deportes. Aun desde su nuevo puesto, sigue organizando las presentaciones y actos de importancia en los que participa Esperanza Aguirre.

Toyotas, muebles y flores de boda

De su etapa como concejal de Limpieza (1999-2003), López Viejo atesora 'perlas' que adornan su gestión, aunque él siempre ha negado irregularidades. En aquel tiempo, los contratistas le llamaban 'El Toyota' porque obligó a varias empresas a adquirir vehículos de esa marca y a hacerlo en un concesionario concreto.Además y como adelantó en su día este diario, impuso a la sociedad Cespa -que gestionaba la limpieza de varios distritos- a que comprara sus muebles de oficina en la tienda de su padre. El primer gasto de 3,5 millones de pesetas no le pareció suficiente, y la empresa tuvo que gastar otros 8,5 millones en muebles que no sabía dónde meter y que acabaron amontonados. La misma sociedad pagó las flores de su propia boda, en el año 2000, según informó EL MUNDO.

Febrero de 2009: la destitución

Tras destaparse la presunta trama de corrupción que podría afectar al PP, el pasado lunes, Esperanza Aguirre decidió destituirle, aunque oficialmente se dijo que fue él quien dimitió. Su pecado oficial: contratar con empresas bajo sospecha. El pasado jueves acudió a la Asamblea de Madrid (en la imagen) con rostro demudado y como diputado raso. Si fuera imputado, el caso tendría que trasladarse al Tribunal Superior de Madrid

www.elmundo.es 15.02.09

Garzón implica en la trama a López Viejo, ex consejero de Aguirre, y a un alto cargo de Camps, dos aforados del PP

El juez Baltasar Garzón ha sido tajante: Hay “serios indicios” que indican que cargos aforados del PP “podrían tener responsabilidad” en la causa abierta por la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa. Según informa El País, ateniéndose a fuentes de la investigación, uno de los responsables populares que aparece en el sumario es Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid hasta hace una semana. Otro sería un alto cargo del Gobierno valenciano de Camps, aunque su identidad se mantiene todavía en secreto.

• 37 políticos y empresarios, imputados por Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP

• Temor en el entorno de Aznar: sospechan que Agag y algún ex ministro podrían acabar declarando...

• La Comunidad de Madrid mantiene deudas con empresas tapadera de Correa

Así, se han cumplido las peores previsiones que manejaban en Génova 13. Aunque el magistrado no ha dado nombres, ha dejado claro que algunos de estos políticos populares podrían tener la condición de aforados -esta condición la tienen el presidente y los miembros del Gobierno, los presidentes y miembros de los Ejecutivos regionales, y los diputados y senadores-.

Aforados confirmados
De acuerdo a las informaciones ofrecidas ayer por la Cadena Ser, cuatro aforados se encuentran en el punto de mira: López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Luis Bárcenas. A la confirmación, según El País, de López Viejo, habría que añadir la aparición en el sumario de un alto cargo del Gobierno valenciano de Francisco Camps, cuya identidad permanece oculta todavía.

López Viejo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le cesó al frente de la consejería de Deportes. No obstante, López Viejo continúa en su puesto de parlamentario madrileño. Está acusado de adjudicación irregular de contratos. En una de las grabaciones de la investigación a las que tuvo acceso El Plural, Francisco Correa reconocía que López Viejo recibía comisiones de cada acto que organizaba para el Partido Popular. “Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”, afirma literalmente el jefe de la trama en estas grabaciones.

Benjamín Martín
Fue el elegido por Esperanza Aguirre para presidir la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la trama de espionaje. Elección que seguramente Aguirre lamentó al leer en El Plural que su elegido obtuvo presuntamente casi dos millones y medio de euros a cambio de guardar silencio en relación con la trama de corrupción vinculada al PP. Al menos es lo que se desprende de una de las grabaciones que obran en poder del juez Baltasar Garzón, cuando una de las imputadas explica cómo Martín Vasco les había vendido su silencio para “no reventar el tinglado”.

Alfonso Bosch
Fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. En la actualidad, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de diputado en la Asamblea regional. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre. Uno de los imputados por Garzón lo define concretamente como "uno de ellos y uno de los malos, de los que hacen cosas mandados por ellos (en relación a los cerebros de la trama)".

Luis Bárcenas
Es senador por Cantabria y tesorero nacional del PP. Aparece en algunas grabaciones y en el sumario que instruye el juez Baltasar Garzón. Hace unos días El Mundo publicó que Bárcenas (mano derecha y sucesor de Álvaro Lapuerta como tesorero del PP y "en el corazón de las finanzas del PP desde la presidencia de Manuel Fraga"), presionó al gobierno de Aguirre para conseguir contratos públicos de seguridad.

www.elplural.com 14.02.09

López Viejo y un cargo valenciano, aforados investigados por Garzón

El juez rechaza la personación del PP en el proceso por corrupción

El juez Baltasar Garzón rechazó ayer la personación del PP como acusación en la causa por la supuesta trama de corrupción que afecta a concejales y otros cargos pertenecientes al citado partido al considerar que no se puede ser al mismo tiempo presunto responsable de un delito y su víctima. En su auto, el magistrado confirma, además, que entre los investigados se encuentran parlamentarios o cargos aforados del partido por lo que anuncia que tendrá que inhibirse en favor de otros tribunales para perseguir sus actividades delictivas.

• El PP recurre una "barbaridad inaceptable"

• Empresas tapadera para contratar en Madrid

Fuentes de la investigación indicaron que los aforados a los que se refiere Garzón son Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, que fue destituido la pasada semana aunque continúa como parlamentario madrileño, y un alto cargo de la Comunidad Valenciana, cuya identidad se mantiene secreta. No obstante, en los registros efectuados en los últimos días se ha intervenido abundante documentación, ordenadores y memorias portátiles, y a la policía judicial aún no le ha dado tiempo a seguir las pistas a las que apuntan. Por ello, estas fuentes aseguran que el número de aforados podría aumentar en los próximos días.

En su resolución, el juez explica que el PP no puede personarse como acusación porque "existen serios indicios" de que algunos integrantes de ese partido o personas vinculadas a él "podrían tener responsabilidad penal en esta causa".

Garzón se dirigió el pasado jueves a la Fiscalía para que le indique qué pretende que se haga con los casos de los aforados, si debe inhibirse de inmediato al tribunal que corresponda en cada caso o si, como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe esperar a completar la investigación.

El auto anuncia que, en el momento oportuno, el juez cederá la competencia sobre los aforados al tribunal competente. Los miembros del Gobierno central, diputados y senadores responden ante el Supremo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los parlamentarios autonómicos y miembros de los ejecutivos regionales lo hacen ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad. Garzón lo tiene claro, puesto que afirma que la inhibición "se producirá una vez que concluya el análisis policial y pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".

Como el PP fue rechazado como parte -aunque ha anunciado recurso-, la Comunidad de Madrid intentó ayer personarse en la causa, aunque es obvio que el camino será el mismo que el seguido por el PP, puesto que en un futuro puede ser considerada responsable civil de las actuaciones de sus aforados. El juez tomó ayer declaración a una persona detenida desde el miércoles pasado, presuntamente el empleado de Correa que habitaba el piso de seguridad de la trama en Madrid. El juez le dejó libre con comparecencias semanales.

www.elpais.es 14.02.09

UN ACTO INSTITUCIONAL DE 65.000 EUROS

El 12 de febrero de 2007, Esperanza Aguirre impuso la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a los príncipes de Asturias en el edificio de la Presidencia del Gobierno, en la Puerta del Sol. La Comunidad pagó 65.000 euros por el estrado enmoquetado y unas sillas forradas de tela más algunos adornos florales.

www.elpais.es 14.02.09

Empresas tapadera para contratar en Madrid

El Gobierno de Aguirre tiene múltiples deudas con la red de Correa - El jefe de la trama facturaba con sociedades ajenas a petición del ex consejero López Viejo

La Comunidad de Madrid adeuda varios millones de euros a empresas tapadera con las que la red corrupta que dirigía Francisco Correa prestaba servicios al Gobierno de Esperanza Aguirre hasta hace sólo unos meses, pese a que la dirección nacional del PP había ordenado desde 2004 no contratar con ese grupo. De hecho, en las grabaciones aportadas al sumario Correa se refiere, en diciembre de 2007, a la deuda de la Comunidad de Madrid con sus empresas. Los contratos, muchos sin respaldo presupuestario y sin la tramitación legal necesaria, se hacían a través del que era hasta el pasado martes consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

López Viejo sugería fraccionar los contratos para evitar filtros administrativos Easy Concept inflaba los costes para ganar un 40% por cada transacción

La documentación en poder de EL PAÍS correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red corrupta vinculada al PP que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa empresa inflaba los costes para ganar un 40% por contrato, los presentaban al pago a la Comunidad de Madrid bajo una sociedad blanca o sin sospecha y luego los fraccionaba irregularmente. Y todo ello bajo la aparente dirección del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y de su amigo Pedro Rodríguez Pendás. Ambos se vieron implicados en facturaciones irregulares cuando eran concejal de Limpiezas del Ayuntamiento de Madrid y asesor, respectivamente.

La citada documentación corrobora lo que Correa reconocía en las grabaciones: López Viejo le sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo. No en vano Correa era un apestado tanto para el PP nacional, tras exigir contratos en nombre del partido, como para la opinión pública, tras ser denunciados sus apoyos y adjudicaciones irregulares.

Los papeles apuntan que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management). Un informe interno de Easy Concept revela cómo se fraguó dicho servicio al Gobierno de Aguirre:

"A día de hoy, 15 de febrero de 2008, el informe de factura es el siguiente. Importe total a facturar a la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid] por los Premios Príncipes de Asturias es:

- Importe a facturar: 64.475 euros con IVA.

- Facturado por MQM hasta el momento. 9.224 euros más IVA.

Pendiente de facturar: 56.250 más IVA (hasta el momento)".

El montaje del acto lo pidieron expresamente Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendas. A este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de Pedro Rodríguez. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que sólo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto". Por tanto, el escrito detalla cómo presuntamente los contratos y facturas eran encargados y presentados a la carta, de forma absolutamente irregular, por altos cargos del Gobierno de Aguirre. Todo se resolvía a golpe de correo electrónico, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación.

Pero si es llamativo que Easy Concept se oculte para prestar servicios a la Comunidad de Madrid a través de una sociedad como MQM, cuya versión de estos hechos fue solicitada ayer sin éxito -nadie coge el teléfono en su sede, que comparte con tres empresas-, más inquietante resulta advertir cómo se hinchan los precios de coste hasta un 40% a cargo del presupuesto de la Comunidad de Madrid, según el desglose al que ha tenido acceso este diario. Así, si el material le costó 39.143 euros, lo facturaron al Gobierno regional por un monto de 65.475 euros, un beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el servicio a la Comunidad. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992 euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez [Pendás] y está considerado fuera del contrato referente al concurso número 03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.

El corolario es triple: Easy Concept camuflaba su presencia como contratista a través de distintas empresas, inflaba los precios y lo hacía teledirigida desde el Gobierno de Aguirre, a tenor de los referidos escritos internos. En el presupuesto de Easy Concept aparece una comisión de un 5% para MQM, supuestamente por usar su nombre. Este diario solicitó ayer sin éxito la versión del Gobierno de Aguirre sobre estos contratos y los que dejó pendientes López Viejo. MQM aparece citada en las grabaciones sumariales como receptora de contratos de la trama.

www.elpais.es 14.02.09

GARZÓN PONE BAJO SOSPECHA AL PP DE MADRID Y VALENCIA 

La red organizada por Francisco Correa sobornó a funcionarios y autoridades de Madrid y Valencia para que concedieran contratos a sus empresas. Esa es una de las acusaciones vertidas ayer por el juez Baltasar Garzón en el auto con el que, en la madrugada del jueves, envió a prisión al propio Correa y a sus dos colaboradores principales, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.  Según el magistrado, que no concreta casos de cohecho o tráfico de influencias, «los imputados establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades». En la mayoría de los casos, las más de 20 empresas investigadas actuaban en municipios populares.  

El juez de la Audiencia Nacional explica que, para obtener los contratos, utilizaban «como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas [...] a la vez que entregaron regalos, presentes, cantidades de dinero, para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas».

Según el auto, Correa era el jefe de la trama, mientras que Crespo se encargaba de gestionar las, al menos, 23 empresas investigadas.Antoine Sánchez figuraba como titular de muchas de ellas, ocultando así la figura de Correa. Los fondos obtenidos por la trama -que ha estado en marcha, al menos, durante los últimos 10 años- circulaban por una red de sociedades que acababan en paraísos fiscales y que fue tejida por alguno de los abogados que también se encuentran imputados.  

El conjunto de la actuación se traduce así en el Código Penal: «múltiples» delitos de cohecho, «diversos» delitos de tráfico de influencias, así como blanqueo de capitales, defraudación fiscal, asociación ilícita y varios delitos de falsedad.  

En cuanto a las identidades de los funcionarios y autoridades tocados por la red, el juez dice que «se está investigando, al objeto de tomar las decisiones que correspondan en Derecho».Garzón no especifica ningún caso concreto de cohecho o tráfico de influencias, ni menciona expresamente a ningún partido. En parte, explica, porque los hechos los relata «sucintamente» para no perjudicar las investigaciones que se están practicando. Sin embargo, cruzando los presuntos sobornos cometidos con la lista de imputados surgen los nombres de los ex alcaldes populares de Boadilla del Monte Arturo González Panero, y de Majadahonda Guillermo Ortega, ambos en Madrid. En cuanto a las actividades en Valencia, el juez dejó ayer en libertad con comparecencias semanales a Alvaro Pérez Alonso, conocido como El bigotes, responsable de Orange Market, filial en la ciudad de Special Events, una de las sociedades de Correa que más contratos obtuvo del PP.  

La larga lista de casi 40 imputados no incluye a ningún aforado, pese a que en la investigación ha surgido el nombre del diputado autonómico popular Alberto López Viejo. La competencia para imputarle y seguir con la investigación recaería sobre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que el juez debería remitir el asunto cuando encontrase indicios que justificasen esa imputación. Lo mismo sucedería en el caso del también diputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor, quien, según la cadena Ser, también ha aparecido en la investigación por hechos durante su etapa como concejal de Boadilla.  

EL JEFE

El juez deja claro que todo el entramado se dirige a incrementar el patrimonio de Correa, que es quien «da instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio».  

Mientras dejaba a Crespo al frente de sus empresas, él se dedicaba a «la valoración de posibles negocios en distintos sectores, fundamentalmente el inmobiliario», aunque la crisis del sector le puso a buscar «nuevas opciones en cualquier lugar del mundo».«Su actuación consiste en negociar de forma directa un proyecto de negocio y en supervisar su ejecución, en países tales como China [y] Azerbaiyán». De ese modo, ha llegado a acumular un amplio patrimonio inmobiliario en España y en el extranjero, con propiedades en Las Rozas, Sotogrande, Ibiza, Tarifa, Miami y Cartagena de Indias.  

EL GESTOR

En la jerarquía de la trama, quien seguía inmediatamente a Correa era Pablo Crespo, que daba órdenes al resto de la organización.Según el magistrado, «lleva la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos, [...] es el consejero delegado de las empresas; recibe las ofertas de proyectos económicos, concierta las reuniones preparatorias y organiza las reuniones de otros miembros del grupo y supervisa la gestión financiera». En definitiva, Crespo «es el responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa».  

Cumpliendo con las directrices de éste, «imparte instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos».  

LA MASCARA  

El primo de Correa es una «pieza clave» en la estrategia de ocultar al verdadero jefe de la trama, que le hacía figurar como titular de las empresas. Que Sánchez era una fachada lo demuestra que Correa pagase «todos los gastos» que generaba: teléfonos, viajes, manutención, regalos... Pese a todo, su relevancia en la trama es menor, lo que se traduce que sólo le imputa blanqueo de dinero y falsedad. 

(www.elmundo.es, 13/02/09) 

EL JUEZ INVESTIGA LA IMPLICACIÓN DE CUATRO AFORADOS AUTONÓMICOS DEL PP 

Al menos cuatro aforados autonómicos de Madrid y la Comunidad Valenciana estarían implicados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón y que por el momento se ha saldado con tres personas en prisión de los 37 imputados, entre ellos dos ex alcaldes del PP. Fuentes del caso confirmaron a La Vanguardia, que además hay más miembros del principal partido de la oposición que ocupan cargos públicos en municipios madrileños cuyos nombres aparecen de una u otra forma en el sumario.  

Fuentes conocedoras del sumario judicial aseguran que habría material suficiente para probar que varios cargos públicos del PP habrían recibido costosos regalos, invitaciones a lujosos viajes y, en algunos casos, incluso dinero de parte de alguna de las empresas que controlaba Francisco Correa, jefe de la presunta trama de corrupción que, según el auto de prisión de Garzón, se dedicaba a la compra de voluntades de políticos. A cambio, los cargos públicos habrían ayudado a que las empresas vinculadas a Correa obtuviesen contratos con las administraciones en condiciones ventajosas, logrando así sustanciosos beneficios.  

Todo hace pensar que el caso sufrirá un salto cualitativo importante cuando los nombres y entidad de los aforados salgan a la luz y el juez Garzón se vea obligado a trasladar el sumario al tribunal al que le corresponda.  

Fuentes de la investigación apuntan como una de las claves económicas del caso al imputado José Ramón Blanco Balín, un asesor fiscal que llegó a ser vicepresidente de Repsol en los tiempos en que presidía la compañía Alfonso Cortina. Hace sólo unos meses la policía judicial de la Guardia Civil relacionó a Blanco Balín como uno de los participantes de un caso de evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein.  

Fuentes de esa investigación, que también dirigió la fiscalía Anticorrupción e instruye otro juzgado de la Audiencia Nacional, indicaron a este diario que Blanco Balín está acusado de utilizar una fundación en el principado alpino para desviar dinero a bancos suizos, donde permanecía a salvo de la Hacienda española. La Guardia Civil continúa todavía trabajando en la averiguación de más identidades ante la sospecha de que la trama, a través de su compleja red de empresas, oculta el dinero negro de algunos políticos españoles.  

A modo de anécdota, Blanco tiene su despacho profesional en la misma calle de Madrid donde se encuentra la dirección general de la Guardia Civil.  

En el seno del PP ya es vox pópuli que la denuncia partió de uno de sus cargos públicos en un municipio madrileño. El autor de la denuncia dedicó varios meses a grabar sus conversaciones con Correa y a acumular documentación que pudiese ser de utilidad en la averiguación de los posibles delitos cometidos por ahora considerado cerebro de la trama. Cuando tuvo el material suficiente elaboró un amplio dossier que hizo llegar a la policía y a la fiscalía Anticorrupción. Un trabajo que sirvió de base a los investigadores, aunque no puede ser considerado una prueba.  

(www.lavanguardia.es, 13/02/09) 

CORREA AFIRMA QUE LÓPEZ VIEJO CARGA A LA COMUNIDAD DE MADRID GASTOS DEL PP 

Francisco Correa -cabecilla de la trama empresarial que supuestamente se beneficiaba de sus relaciones con altos dirigentes del PP para conseguir contratos públicos o recalificaciones urbanísticas- se ufanó en una de las conversaciones con sus socios, grabadas y aportadas al sumario, de que un consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, cobraba comisiones por distintos favores y, además, obligaba a las consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba el propio Correa. 

En una de las afirmaciones más explosivas grabadas al jefe de la red de corrupción vinculada al PP, Francisco Correa, recibe una llamada de Álvaro Pérez, gestor de una filial de grupo afincada en la Comundad Valenciana, y le expone lo siguiente: "Alberto [López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo". 

A continuación, Francisco Correa, tras hablar de una promoción inmobiliaria en Las Rozas de un constructor implicado en la operación Malaya y que es muy amigo de un ex concejal de Vivienda del PP en Madrid, vuelve a detallar la operativa que ha tenido su trama para contratar con la consejería que dirige López Viejo. Es en este contexto cuando Correa comenta la deuda que la Comunidad de Madrid tiene con su grupo empresarial. Aclara que se trata de deudas por actos del Partido Popular que, supuestamente y según su relato, pagan directamente las Consejerías con el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Lo hace fraccionando los pagos, siguiendo indicaciones del consejero que, según cuenta Correa, incluso les ha obligado a crear empresas para poder contratar con los distintos departamentos de la administración. Hace varios días, este periódico preguntó a López Viejo si su consejería había contratado los servicios de alguna de las empresas de Correa y lo negó tajantemente a través de un portavoz. 

Aguirre destituyó el lunes a López Viejo que, durante los últimos años, se ha ocupado de los actos públicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y también de los actos del PP en la región. Su jefe directo, cuando hacía estas funciones y ocupaba el cargo de viceconsejero de Presidencia, era el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LÓPEZ VIEJO ORGANIZÓ ACTOS OFICIALES SIN ESTAR EN EL GOBIERNO DE MADRID 

El equipo de Aguirre sostuvo ayer que el recién dimitido consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, organizó actos oficiales de la Comunidad antes de tener un cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre como viceconsejero de Presidencia. La explicación, ofrecida por fuentes del PP madrileño, implica admitir una irregularidad pero protege con un cortafuegos a quien fue titular de Presidencia entre noviembre de 2003 y diciembre de 2004, el vicepresidente Ignacio González.  

Las citadas fuentes esgrimieron la versión antes citada cuando se les preguntó quién había contratado a Easy Concept (antes denominada Down Town Consulting), una de las empresas de la trama de Boadilla, para organizar el homenaje a los miembros de los operativos que intervinieron en el 11-M. Ese acto se celebró el 25 de marzo de 2004 y, hasta exactamente dos meses después, el 25 de mayo,López Viejo no fue designado viceconsejero de Presidencia. Según el PP de Madrid, González no participó en la adjudicación de ese contrato a Easy Concept ni en los posteriores.  

Antes de ser viceconsejero y desde su escaño de diputado autonómico, López Viejo operaba a modo de asesor extraoficial como encargado de gestionar "todos los actos de la presidenta", tarea que conservó una vez incorporado al Ejecutivo.  

Como informó Público el pasado domingo, Easy Concept cobró 140.000 euros por organizar el homenaje del 11-M. El importe total se dividió en 15 contratos, todos ellos por cuantía inferior a 12.000 euros, cifra que la ley señalaba hasta 2007 como tope máximo para hacer adjudicaciones a dedo: es decir, sin concurso o procedimiento negociado, figuras todas ellas que obligan a tramitar un expediente documentado. "No daba tiempo", alegan ayer en el PP de Madrid. Y el interventor de Presidencia remachan "no puso ningún reparo" ni vio "atisbos de ilegalidad". La ley prohíbe fraccionar contratos para disminuir su cuantía y asegurar así la adjudicación directa. 

En total, Easy Concept y Good and Better, otra de las sociedades del entramado societario que manejaban los presuntos sobornadores y traficantes de influencias, facturaron 562.000 euros a la Comunidad de Madrid entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005. Ambas firmas lograron 76 contratos directos, buena parte de los cuales procedían de adjudicaciones fraccionadas. El entorno de Aguirre aduce que, en el caso del 11-M, los contratos se trocearon por la urgencia de la tarea. En 2006, el Gobierno de Aguirre defendió en sede parlamentaria las adjudicaciones a ambas sociedades. 

"Reticencias" de González

Al organizador López Viejo "se tardó tiempo en encontrarle hueco por las reticencias de Ignacio González", deslizaron las fuentes consultadas sin precisar qué causó esa desconfianza, pero poniendo el énfasis en que el vicepresidente no quería contar con él. De manera implícita, Aguirre ya endosó el lunes a su hasta entonces consejero de Deportes la responsabilidad exclusiva de que Easy Concept y Good and Better se hubieran colado en el engranaje de adjudicaciones.  

 (www.publico.es, 11/02/09)

UNA DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS OBTUVO 340.000 EUROS DE CULTURA 

Una de las empresas de la red investigada por el juez Baltasar Garzón en la Operación Gürtel consiguió dos contratos de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid por valor de 339.570 euros. La firma Servimadrid Integral, SL, obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organización y celebración de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

En ambas fechas, el responsable de la Consejería de Cultura y Deportes era Santiago Fisas, actual consejero de Cultura, que ahora volverá a hacerse cargo de ambas carteras tras la marcha de Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes), quien dimitió el lunes después de que se conociera su relación con la trama de empresarios investigados, que encabeza Francisco Correa. Fisas declinó ayer pronunciarse sobre este asunto a través de un portavoz. 

Según las pesquisas abiertas por Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para darlos supuestamente a empresas vinculadas a Correa. López Viejo adjudicó a estas firmas al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. El importe de todos era inferior a 12.000 euros, lo que evitaba que fueran sacados a concurso y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

En la primera convocatoria se celebró un concurso abierto, al que se presentaron tres empresas, según un portavoz de la Comunidad de Madrid. En octubre de 2005, con un presupuesto de licitación de 180.000 euros, Servimadrid Integral, SL, obtuvo la adjudicación por 18.000 euros menos y la oferta más barata de las tres aspirantes. Al año siguiente, la misma contratista mejoró la oferta de salida en 12.430 euros, pero esta vez optó al proceso en solitario. 

El presupuesto del contrato, según la Comunidad de Madrid, contempla distintas actuaciones, como el montaje y desmontaje del escenario, invitaciones para 3.000 asistentes, servicio de catering, personal para atender a los invitados, decorados y medios técnicos para el acto, guión y documentación de la gala, siete estatuillas y una medalla cuyo diseño decide la Comunidad de Madrid. También están incluidos en esa partida la contratación de los presentadores de la gala, la proyección de un vídeo institucional y otra grabación homenaje para cada uno de los premiados. 

Servimadrid Integral volvió a optar al concurso para organizar la gala de la cultura durante los dos años siguientes, en los que no resultó elegida. Desde 2007, se encarga de organizar el evento otra firma, Impulsa Iniciativas y Medios, SL, que en los últimos dos años ha obtenido el contrato por 151.850 euros (25.650 menos de lo que ofreció Servimadrid en una de las convocatorias anteriores) y 153.500. La Comunidad no ofreció ayer ninguna explicación de por qué resultó más cara la gala durante los años que la organizó Servimadrid. Enrique Conde, responsable de Impulsa Iniciativas y Medios, aseguró que el presupuesto que presentó su empresa y por el que organizaron el acto, les dejó un margen de beneficios "razonable". 

La Medalla Internacional de las Artes se otorga desde el año 2000 para fomentar la cultura dentro de la Comunidad de Madrid. A lo largo de estos años han resultado galardonados, entre otros, el escritor Mario Vargas Llosa, la cantante de ópera Teresa Berganza y el tenor Plácido Domingo. 

Las investigaciones sobre Servimadrid llevaron el pasado viernes a que funcionarios de la Policía Judicial requirieran documentos en los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda para investigar su relación con esta empresa, con Easy Concept y con Pasadena Viajes, vinculadas a la presunta trama de corrupción. 

El alcalde de Boadilla, el popular Arturo González Panero -uno de los imputados en la trama- presentó ayer su dimisión como primer edil y anunció que se mantendrá de concejal en su municipio. El ex alcalde de Majadahonda, el también cargo popular Guillermo Ortega, dimitió como gerente del Mercado Puerta de Toledo el lunes y también ha resultado imputado en la trama que investiga Garzón. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

AGUIRRE SACRIFICA A DOS CARGOS DE MADRID ANTE EL ALUD DE SOSPECHAS 

Apenas han hecho falta tres días desde que trascendió la investigación sobre cohecho relacionado con el PP para que dos de sus cargos en la Comunidad de Madrid hayan "presentado su dimisión". Aunque se presentara como una decisión voluntaria, la encargada de anunciarlo fue la propia presidenta, Esperanza Aguirre, quien calificó las dimisiones como necesarias y generosas para evitar que la causa judicial se relacione con la actividad de la Comunidad de Madrid. Alberto López Viejo, hasta ayer consejero de Deportes, y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y hasta ayer gerente del Mercado Puerta de Toledo de Madrid, se convirtieron ayer en los dos primeros sacos de arena que pone el PP en su trinchera ante la ofensiva judicial que se avecina contra el partido. 

Aguirre exculpó contundentemente a López Viejo, pero no lo hizo con Ortega. "Desconozco las razones que tiene para dimitir", dijo. Lo relacionó con un caso de corrupción denunciado en 2005 en torno a unas adjudicaciones municipales denunciadas por dos concejales del PP. 

Según la investigación del juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, Alberto López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a Down Town Consulting, una de las empresas vinculadas al cabecilla de la trama, Francisco Correa. Esta firma pasó a llamarse Easy Concept Comunicación. López Viejo adjudicó a las empresas de la trama al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. Todos, por importe inferior a 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso y entre ellos, un "acto para la recepción de deportistas paralímpicos" (10.747 euros) o una "lona para la Ciudad Olímpica" (3.176 euros). 

Guillermo Ortega, en su etapa de alcalde de Majadahonda (entre 2001 y 2005), contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Correa, otra de las investigadas. Ortega aprobó contratos con Special Events, la principal empresa de la trama de corrupción por más de 125.000 euros.

"Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid", declaró Aguirre. La presidenta insistió varias veces: "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". "Ha organizado los actos de la Comunidad", que definió como "poner sillas y luces", y algunos de los contratos han ido a parar a "empresas que son las que se están investigando". Esas contrataciones se hicieron con el único criterio de "la confianza que esas empresas daban a los técnicos de López Viejo". 

"No teníamos ni idea", es el resumen exculpatorio de Aguirre. La presidenta aseguró que ella hizo indagaciones en 2005 para ver si se había contratado con Special Events, la empresa de Francisco Correa que por entonces ya era investigada y que la cúpula del PP con Rajoy había vetado en las contrataciones. "Pero resulta que las empresas mutan", sostuvo gráficamente Aguirre, es decir, cambian de nombre. 

La presidenta de Madrid aseguró con contundencia, sin embargo, que, desde que ella preside el partido en Madrid (2004) "ni esta empresa ni ninguna de las otras ha organizado actos del PP". La Consejería de Deportes se integrará en la de Cultura y Turismo. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL TIRA Y AFLOJA EN GÉNOVA

- 10.00. "Tienes que dimitir". Francisco Granados cita en su despacho de Génova a Arturo González, alcalde de Boadilla (Madrid). "Tienes que dimitir por el bien del partido", le dice Granados. Se resiste pero cede, y pactan que González lo anunciará. 

- 12.00. Aguirre habla con Rajoy. Granados llama a Aguirre para confirmarle que González ha cedido. Ésta habla con Rajoy y le da la noticia, que ya difunden algunos medios. 

- 13.00: Rajoy: "Ya no es alcalde, ha presentado su dimisión". El líder del PP es tajante ante los periodistas: "Ya ha dejado de ser alcalde, ya no es alcalde. Ha puesto el cargo a disposición del partido y el PP de Madrid le ha aceptado su dimisión". 

- 13.15: "Yo no he puesto mi cargo a disposición del partido". González, a menos de 200 metros de donde está hablando Rajoy, le desmiente. "No he puesto mi cargo a disposición", asegura a la salida de la Audiencia Nacional. 

- 13.30: "Esto no tiene marcha atrás". Granados, enfurecido, llama a González y le dice: "Esto no tiene marcha atrás, tienes que dimitir, ya lo ha anunciado el presidente del partido". 

- 15.00: "Es absurdo que dimita". Ya en Boadilla, el alcalde se siente más fuerte, comparece con 14 de los 16 concejales del PP y dice: "No dimitiré mientras no haya ninguna imputación". 

- 19.00: Ya dimite. Granados convoca a todos los concejales en Génova y asegura que González dimitirá hoy. El alcalde acepta a cambio de que también se vaya la número dos de la lista, María Jesús Díaz, a la que estaba enfrentado. 

- 19.20. Cese de un consejero madrileño. Aguirre anuncia en la Puerta del Sol la dimisión del consejero López Viejo y del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo. 

BAJO SOSPECHA DESDE HACE VARIOS AÑOS 

Una veterana ex concejal del PP de un municipio de Madrid lo resume así: "A partir de 2000, cuando Aznar logra la segunda mayoría absoluta, todo cambia en el partido. Compañeros que habían estado en Nuevas Generaciones se hacen con el poder. No hay obstáculos para ellos". 

Y así comienza el historial de relaciones entre políticos del PP madrileño con la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. En esa época Arturo González Panero y Guillermo Ortega ocupan la alcaldía de Boadilla y Majadahonda. Comienzan a tener relación con Francisco Correa, supuesto cabecilla de la red de empresas investigadas por el juez. En 2001, Special Events, la principal sociedad de la trama, se adjudica un contrato para la realización de un vídeo promocional en Majadahonda por 28.571 euros. Carmen Rodríguez, esposa de Correa y una de las investigadas por Garzón, era la jefa de gabinete del alcalde. Tan sólo unos meses antes había cesado como administradora de la empresa. 

En abril de 2002, el alcalde de Boadilla viaja a Miami con Correa y otros dos concejales. Van a comprar propiedades inmobiliarias, según reconoce uno de los que estuvieron allí. Para entonces Panero ya había contratado varios viajes de hermanamientos entre municipios con la empresa Pasadena, firma que también está vinculada a Correa.

Para entonces Alberto López Viejo ya acumulaba sospechas por su gestión al frente de la Concejalía de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de ellos, fue nombrado viceconsejero de Presidencia en mayo de 2004. Justo un mes antes este departamento adjudica 15 contratos a Easy Concept Comunicación, otra de las empresas de la trama, para organizar el homenaje del 11-M, por unos 130.000 euros en contratos separados menores de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público.  

Pero Aguirre se deshizo en elogios hacia él. La presidenta regional, sin embargo, renunció a defender a Guillermo Ortega. "Desconozco las razones de su dimisión", dijo. Pero la dirigente aclaró que conocía el caso que acabó con Guillermo Ortega al frente del Ayuntamiento de Majadahonda. Aquel en el que "hubo dos tránsfugas", dos concejales del PP que denunciaron la venta irregular de una parcela y la adjudicación de la oficina de atención al ciudadano de Majadahonda a la compañía TCM (Tecnology Consulting Management). En ambos casos los beneficiarios eran empresas de la trama. 

Aguirre no sólo dejó a los pies de los caballos a Ortega, a quien recolocó ella como gerente del Mercado Puerta de Toledo, sino que recordó que el actual alcalde de Majadahonda, su amigo Narciso de Foxá (PP), paralizó esos dos contratos en cuanto llegó al cargo. La diferencia de consideración que Aguirre mostró ayer entre López Viejo y Ortega fue sorprendente. La presidenta asumió toda la responsabilidad por la sonora discordancia entre Rajoy y el alcalde de Boadilla. Panero negó ayer haber cesado, pese a que Rajoy lo había anunciado poco antes. Finalmente, Francisco Granados, anunció que el alcalde dimitiría hoy. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL CONSEJERO DE DEPORTES ESCENÓGRAFO ELECTORAL DE AGUIRRE 

Alberto López Viejo, de 41 años, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP, que cesó ayer, es considerado un hombre estrechamente vinculado a Esperanza Aguirre. Fue responsable en 2003 de sus escenografías electorales, que montaba la compañía Special Events, regida por Francisco Correa, detenido por el juez Garzón. Como concejal de Limpieza entre 1999 y 2003, creó un servicio urgente criticado como superfluo y con cometidos duplicados por la oposición socialista, que trató de vincularle con un presunto trato de favor a varias contratas. 

En mitad del mitin que realizaba José María Aznar en febrero de 2003, un joven de 17 años se levantó y gritó "¡No a la guerra!". Estuvo a punto de ser linchado. López Viejo se ocupó personalmente de desalojarlo de la sala. Del acto que él había organizado. Porque eso, ocuparse de los eventos, "del sonido, de la seguridad, incluso de llevar pinganillo", según algunos conocidos, es lo que le gustaba. "Era el que se encargaba de llenar los autobuses con militantes para que aplaudieran a Aguirre en las inauguraciones del metro", explica una compañera. Y así, Alberto López Viejo, de 41 años, se ganó la confianza de los de dentro del partido y conoció a otros, como Francisco Correa, que se dedicaban, también con dinero público, a algo parecido a lo que a él tanto le gustaba, la escenografía electoral. 

Criado en Nuevas Generaciones en la época en que la organización estaba presidida por el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, el dimisionario consejero de Deportes entró en el Ayuntamiento de Madrid en 1995, de la mano de José María Álvarez del Manzano. Le pusieron al mando de los distritos de Carabanchel y de Usera. "Era joven, y tenía ganas. Era de los pocos que tenían un cargo a esa edad", recuerda un compañero suyo de la época de Nuevas Generaciones. 

Ambicioso, deseoso de destacar y de que hablaran de él, no perdía ocasión para pedir la palabra en los plenos. A los pocos años, le llegó un regalo envenenado: concejal de Limpieza. Por fin dejaba atrás su etapa poco agradecida de concejal de distrito de las afueras y se hacía con un área. Pero, por lo general, si se habla mucho del concejal de Limpieza... mal asunto. Esto quiere decir que la ciudad está sucia, que la gestión no es buena.... Lo mejor es la discreción. Pero eso no cuadraba con el nuevo concejal, que estaba dispuesto a (y consiguió) que se hablara de él. 

Se dio cuenta de que uno de los servicios más apreciados por los madrileños (y por el alcalde Manzano) era el Samur. Y se inventó uno para su área: el Selur, Servicio de limpieza urgente. Un equipo de barrenderos vestidos con uniformes brillantes que acudía a eventos particulares y desplegaba una eficacia y una rapidez encomiable: en la Puerta del Sol el 31 de diciembre, en procesiones, desfiles militares, en la cabalgata de Reyes... Siempre aparecían los empleados del Selur, con camiones modernos con destellos naranjas. Tanto, que se le acusó de ordenar a su flamante ejército limpiar con ahínco la acera de la discoteca Gabana, donde iban a celebrar la fiesta de boda la pareja Agag-Aznar. En otra ocasión, su tropa de limpiadores se encargó de barrer a los empleados de Sintel acampados varios días en la Castellana para protestar por sus despidos. 

La presentación de este servicio (y la de muchas máquinas nuevas de limpieza) constituyó todo un símbolo del carácter de este edil que pensaba que el cargo le venía pequeño: una carpa, música y presentador, como si en vez de un equipo de limpieza se presentara una banda de rock. Alguno se echó las manos a la cabeza. Le acusaron de despilfarrador y de hortera. Pero López Viejo, un edil que había llegado al Ayuntamiento para que se hablara de él, estaba encantado. Pero las acusaciones pasaron de hortera, a presumible corrupto, y la oposición trató de vincularlo una y otra vez con presuntos delitos de doble contabilidad. Salió indemne. Pero cuando Gallardón llegó al Ayuntamiento no le quiso. Él captó la indirecta y se fue a los brazos de Aguirre, que lo colocó encantada como número seis de su lista y director adjunto de la campaña. Lo que él sabía hacer mejor. "Hoy es esperancista. Mataría por ella. Supongo que por eso, si es que ella se lo ha pedido, no ha dudado ni un momento en dimitir", cuenta un miembro del Comité Ejecutivo del PP madrileño que señala que "quien no puede ni verle es el vicepresidente, Ignacio González". 

En un principio Aguirre fue reticente en incluirlo en su gobierno por las sospechas y permanente críticas que despertaba en la oposición, pero al cabo de pocos meses le nombró vicepresidente segundo de Presidencia, y luego consejero de Deportes y Juventud. Si se demuestra algo, dijo la presidenta, "tendrá que dimitir". Ayer todo se precipitó. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

AGUIRRE CORTA TRES CABEZAS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Esperanza Aguirre, forzó ayer la dimisión de tres altos cargos de su partido por estar presuntamente relacionados con algunas de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción que podría afectar a este partido.El primero es un consejero de su Gobierno, Alberto López Viejo, responsable de Deportes, a quien Aguirre destituyó ayer, pero al que también defendió de forma absoluta porque «no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular».  

Alberto López Viejo se ha dedicado desde siempre -primero como viceconsejero de Presidencia y luego como titular de Deportes- a contratar los actos de la presidenta y de gran parte de las consejerías. Muchos de esos contratos se hicieron con la sociedad Easy Concept.  

Los otros dos dirigentes que dejan sus cargos son Guillermo Ortega, gerente de la sociedad Mercado Puerta de Toledo y ex regidor de Majadahonda, y Arturo González Panero, que se resistió hasta última hora de la noche a dejar su puesto de alcalde de Boadilla del Monte.  

En un día de perros para el PP, lleno de confusiones por la resistencia del alcalde de Boadilla a dimitir, Aguirre decidió cortar por lo sano y forzar la salida de estas tres personas, aunque no le consta, según fuentes próximas a la presidenta, que alguno haya cometido los delitos que está investigando Garzón.  

La clave es que los tres tienen algún tipo de relación con las sociedades de Francisco Correa, el conseguidor que, según la investigación, alardeaba de contar con el apoyo del PP para lograr contratos.  

El más importante de los políticos que dejan su puesto es Alberto López Viejo, consejero de Deportes de Aguirre y persona de la máxima confianza de la presidenta, hasta ayer. El ex miembro del Gobierno de Madrid contrató durante años con sociedades vinculadas a Correa para hacer presentaciones y actos públicos de la presidenta y de multitud de consejerías. De hecho, Aguirre le preguntó en 2005 si estaba contratando con Special Events, una de las sociedades ahora investigadas, ya que se publicaron presuntas irregularidades en prensa. López Viejo le dijo que no. Lo que le ocultó es que lo estaba haciendo con otras sociedades controladas por los mismos empresarios, como Easy Concept.  

Según Aguirre, que dio una rueda de prensa a las 19.15 horas para anunciar la destitución, «López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal» y dijo que dimite porque «no quiere que se mezcle la trama de investigación de Garzón con actos de la Comunidad de Madrid» y «evitar así fomentar una campaña de desprestigio orquestada contra el PP».  

Aguirre también anunció la destitución de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y actual gerente del Mercado Puerta de Toledo. En su etapa como regidor, presuntamente contrató a sociedades de la trama de Correa. Su entonces jefa de Gabinete, María del Carmen Rodríguez, es esposa de Correa y el viernes fue detenida por Garzón, aunque después fue puesta en libertad.  

El que se resistió como pudo y hasta el último momento fue el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Aguirre habló en la noche del domingo con su número dos en el PP, Francisco Granados.Y decidió que Panero debía dejar su puesto ya que durante la investigación de Garzón se han conocido cintas presuntamente comprometedoras para él: «Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [el mote que usa Correa], se caga; pero yo también voy al trullo», aseguraba el empresario.  

Granados le citó a las 10.00 de la mañana y le exigió que dejara la Alcaldía. Panero aceptó, pero le pidió que antes le dejara hablar con el juez Garzón para anunciarlo él posteriormente.Mientras el regidor visitaba al magistrado, Aguirre le comunicó la dimisión al presidente del PP, Mariano Rajoy, y éste anunció en rueda de prensa que González Panero «dejará de ser alcalde de esa localidad».  

Tras ese anuncio, la confusión fue mayúscula porque a la vez y a escasos 200 metros (la sede del PP está frente a la Audiencia Nacional), el regidor decía a los periodistas que no estaba imputado y que no pensaba dimitir.  

Por la tarde, Granados convocó a Panero y a todos sus concejales y forzó su salida. Pero tuvo que aceptar una condición: la concejala María Jesús Díaz -enfrentada políticamente al alcalde- abandonará también el Consistorio. Díaz se enfrentó al regidor en el congreso local del PP y obtuvo un 43% de los apoyos. Desde entonces, las relaciones de los dos se rompieron definitivamente.  

Las empresas de Correa no han trabajado sólo para la Comunidad de Madrid, sino también para el PP de la región. De hecho, el congreso regional que ganó Aguirre en diciembre de 2004 fue organizado por Special Events. Sin embargo, no fue su equipo el que lo organizó, sino el entonces presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, ahora portavoz en el Senado. 

(www.elmundo.es, 10/02/09)

LA TRAMA DE MADRID SE COBRA LAS CUATRO PRIMERAS CABEZAS EN EL PP 

La trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón deja otra herida de guerra en el PP. Las relaciones de los empresarios implicados en este caso con algunos cargos populares hacen daño, y mucho, a la imagen del partido. Y en busca de algún tratamiento de choque, ayer se tomó la decisión de cortar cuatro cabezas políticas: las del consejero de Deportes en Madrid, Alberto López Viejo; el actual gerente del madrileño Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega --exalcalde del municipio de Majadahonda--; el actual alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y su número dos, María Jesús Díaz. 

Pero esto es un resumen de una larga jornada que se vivió ayer en el PP y que, en algunos momentos, adquirió tintes de sainete. Valga como ejemplo el momento en el que Mariano Rajoy anunciaba en su sede que el alcalde de Boadilla dimitía y, casi a la vez, el aludido lo negaba en las puertas de la Audiencia Nacional. El final de esta pieza lo puso Esperanza Aguirre, que decidió entrar en escena a media tarde para poner orden.Este nuevo lunes negro de Rajoy (ya acumula varios en su biografía política) comenzó temprano, con la reunión de su comité de dirección. Allí se habló principalmente de corrupción. En su entorno había tomado fuerza la idea de que esta vez era el líder y no segundos espadas quien debía dar la cara y, de paso, exhibir autoridad. 

Rajoy aceptó la sugerencia. Apareció en la sala de prensa del partido a las 12.45 horas, con sus vicesecretarios --su número dos, María Dolores de Cospedal, no estaba--; su jefe de gabinete y su responsable de justicia. Arrancó su discurso: admitió que algunos empresarios que investiga Garzón han sido "proveedores" de servicios al PP, pese a que el sumario que se está instruyendo es secreto y él, matizó, lo desconoce.

El líder del PP anunció otra investigación interna "a nivel nacional y regional" (en Madrid y Valencia) y cargó contra las "filtraciones" a los medios ya que, según apuntó, "hacen daño al PP en su conjunto". Y señaló que pediría amparo en la Audiencia Nacional y en el Consejo General del Poder Judicial, además de personarse en la causa. Eso sí, restó importancia al hecho de que hayan sido exediles del PP los que hayan favorecido que este caso salga a la luz. 

"Todas las contrataciones que ha hecho esta casa se han hecho en el marco de la legalidad", garantizó Rajoy, que añadió que tampoco ha recibido donaciones de los detenidos. "Si algún militante hubiera hecho algo ilegal, o que no se ajuste a los comportamientos que cualquier dirigente político debe mantener en el ejercicio de su cargo, el PP actuará con toda contundencia", agregó. 

Asimismo, reconoció que, cuando supo en el 2003 que empresas como Special Events trataban de conseguir contratos usando fraudulentamente el nombre de su partido, cortó relaciones con ellas. Y si se enteró, ¿por qué no lo denunció entonces?, se le preguntó. "No me pareció que aquello fuera una actividad delictiva", respondió. 

A continuación, comunicó que el alcalde de Boadilla había puesto su cargo a disposición del PP, pese a declararse inocente. Aceptaba el gesto por el bien de la imagen del partido. ¿Y quién se lo había dicho a Rajoy? Pues la propia Esperanza Aguirre, que, según especificó, le autorizó a contarlo. Pero mientras, el afectado desautorizaba al líder sin pudor y negaba su dimisión. 

Nadie entendía nada de lo que ocurría en el PP. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién dimitía? En medio del caos, el PP de Madrid trató de arreglar el entuerto. Así, su secretario general, Francisco Granados, aclaró que se había reunido a las diez de la mañana con el alcalde de Boadilla y que había obtenido su compromiso de dimisión. Granados se lo dijo a Aguirre, y esta, a Rajoy. Y Rajoy, a los periodistas. Al mismo tiempo, el regidor de Boadilla se veía con el juez Baltasar Garzón. No estaba imputado. De momento, pese a las revelaciones sobre sus supuestas y sospechosas posesiones en Miami. El alcalde reculó y decidió que no se iba. 

Granados telefoneó a González Panero y le avisó de que o se marchaba o le echaban. Ninguno cedía. Se convocó una reunión con los ediles de Boadilla. Siete y media de la tarde. Aguirre convocó con urgencia a la prensa. A saber: anunció la dimisión de su consejero Alberto López Viejo --por contratar servicios con esas empresas--, así como la del exalcalde de Majadahonda, que hasta ayer dirigía una sede comercial madrileña. 

Aguirre sostuvo que el PP de Madrid, desde que ella lo preside, no tiene relación con los investigados y que la reunión de Granados con el equipo de Boadilla daba frutos: hoy se irán el alcalde y su número dos. En total, cuatro cabezas en la cuenta de Aguirre, que insistió en la presunción de inocencia. Igual que con el espionaje, aunque ahí no dimite nadie. Es evidente que el PP tiene distintas varas de medir. Como en Valencia, donde ser imputado --como Carlos Fabra-- no implica, siquiera, perder la militancia en el partido. 

(www.elperiodico.com, 10/02/09) 

RUEDAN LAS PRIMERAS CABEZAS EN EL PP POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

Ruedan las primeras cabezas tras la trama de corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aceptado este lunes la dimisión que le había presentado el consejero de Deportes, Alberto López Viejo, según ha afirmado ella misma en rueda de prensa. Asimismo, también cesa en su puesto el actual gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Pero el torrente de dimisiones todavía no había acabado. Finalmente, y tras una jornada llena de contradicciones y desmentidos, también ha presentado su dimisión el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Aguirre, minutos antes de darse a conocer la noticia, se había mostrado convencida de que finalmente dejaría el cargo.  

López Viejo era el encargado de organizar los actos del partido, algunos de los cuales fueron encargados a Special Events, empresa vinculada con el propio Correa. Aguirre ha comentado que acepta la dimisión "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". El nombre de Ortega se venía relacionando durante los últimos días a Francisco Correa.  

Los denunciantes de la trama mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros.  La cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas. Asimismo, la presidenta subrayó que López-Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, relacionadas con Francisco Correa.

"Sólo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad", destacó en rueda de prensa. La presidenta subrayó en este sentido que el hasta ahora consejero "ha dimitido pero no está implicado en la trama", de hecho deja su cargo "para que no se confunda con la trama". "Los madrileños pueden estar tranquilos porque, desde luego, la transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad de este Gobierno y no vamos a permitir que nadie empañe esta transparencia y responsablidad", agregó.

En este sentido, Aguirre aseguró "toda la actuación" de la Comunidad en materia de contratos "es legal" y "goza de los informes de intervención", pero "esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos". "Por eso le agradezco que haya tenido la responsabilidad de dejar su cargo de consejero", manifestó. 

Aguirre asegura que la Comunidad de Madrid no tiene ningún contrato con Special Events y que, al menos desde que es presidenta de la Comunidad, tampoco con el PP. 

En cuanto a la dimisión de Ortega, también aceptada, ha sido para defender mejor sus intereses "estando fuera del Gobierno de la Comunidad". Guillermo Ortega fue alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, cuando dimitió en el marco de la ruptura del grupo municipal originada por la decisión de enajenar dos parcelas públicas a un precio inferior al del mercado. Durante su mandato Ortega tuvo como jefa de gabinete a María del Carmen Rodríguez Quijano, detenida el viernes pasado por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción y casada con Francisco Correa, otro de los arrestados en la investigación de una supuesta trama de corrupción vinculada a varios Ayuntamientos. 

(www.publico.es, 09/02/09) 

AGUIRRE DESTITUYE AL CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta tarde que el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha presentado su renuncia y ella la ha aceptado "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". López Viejo está envuelto en la trama de corrupción política vinculada al PP que fue desmantelada el pasado viernes por el juez Baltasar Garzón. El magistrado ordenó cinco detenciones, dos de ellos ex cargos en el partido, y 30 imputados. El supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa Sánchez, extendió sus negocios por Madrid y Valencia. 

Los denunciantes de la trama han investigado la supuesta relación de Correa con el consejero. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. 

También ha presentado su renuncia el gerente del Mercado Puerta de Toledo, ex alcalde de Majadahonda, Guillemo Ortega. 

En las conversaciones grabadas a Correa, éste insinúa que Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era regidor de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata", apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era de él sino que usaba un testaferro. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

LA COMUNIDAD DE MADRID ADJUDICÓ CONTRATOS A SERVIMADRID POR 340.000 EUROS 

La Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Madrid adjudicó dos contratos en 2005 y 2006, por un importe de 162.000 y 177.570 euros respectivamente, a la empresa Servimadrid Integral, investigada por la Audiencia Nacional dentro de la operación Gürtel contra la corrupción, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales. 

El objeto social de la empresa, constituida en febrero de 2005 en Alicante, es la prestación de servicios de asesoramiento, gestión y administración de empresas, así como la organización, promoción y comercialización de eventos, convenciones y congresos. 

En ambos casos Servimadrid Integral ganó el concurso abierto convocado por la Comunidad de Madrid para organizar la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes, tanto en el 2005 como en el 2006. El primero de ellos lo ganó la empresa ocho meses después de su creación, en octubre de 2005. 

Servimadrid Integral es una de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón junto a Special Events, Easy Concept y Pasadena Viajes. El juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía ordenaron el viernes a los agentes requerir documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda referidas a estas empresas. 

(www.elmundo.es, 09/02/09) 

AGUIRRE DESTITUYE A SU CONSEJERO LÓPEZ VIEJO POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha destituido al consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y ha aceptado la dimisión de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y ahora director del Mercado Puerta de Toledo. Ambos estarían presuntamente relacionados con la operación Gürtel contra la corrupción. 

López Viejo fue durante varios años el encargado de organizar los actos del partido, algunos de los cuales fueron encargados a una empresa relacionada con Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción, blanqueo y asociación ilícita destapada por el juez Baltasar Garzón. 

Según ha anunciado la presidenta regional, la cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas. Asimismo, la presidenta subrayó que López-Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez. 

"Sólo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad", destacó en rueda de prensa. La presidenta subrayó en este sentido que el hasta ahora consejero "ha dimitido pero no está implicado en la trama", de hecho deja su cargo "para que no se confunda con la trama". 

"Los madrileños pueden estar tranquilos porque, desde luego, la transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad de este Gobierno y no vamos a permitir que nadie empañe esta transparencia y responsabilidad", agregó. 

En este sentido, Aguirre aseguró "toda la actuación" de la Comunidad en materia de contratos "es legal" y "goza de los informes de intervención", pero "esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos". "Por eso le agradezco que haya tenido la responsabilidad de dejar su cargo de consejero", manifestó. 

Un consejero controvertido 

Esperanza Aguirre nombró en 2004 viceconsejero de Presidencia a su controvertido pupilo Alberto López Viejo tras investigar su pasado político, plagado de denuncias por irregularidades. Tras las pasadas elecciones de 2007, López Viejo pasó a ocupar la consejería de Deportes, un departamento sin apenas competencias. 

López Viejo, que ejerció como concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid en la época de Alvarez del Manzano, fue acusado varias veces por el PSOE de malversar fondos públicos. 

Por su parte, Guillermo Ortega, que dimitió en 2005 como alcalde de Majadahonda, habría sido responsable de los contratos a varias empresas de la trama de corrupción investigados por el juez Garzón en Majadahonda. 

(www.elmundo.es, 09/02/09) 

Aguirre adjudicó 76 contratos a dedo a la trama de Boadilla

El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó, directamente y sin concurso, 76 contratos entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 a dos empresas vinculadas a los detenidos por la trama de corrupción que comenzó a investigarse en Boadilla (Madrid) y que el viernes destapó el juez Baltasar Garzón.

En total, Easy Concept Comunicación, SL (antes denominada Down Town Consulting) y Good and Better, SL recibieron adjudicaciones para organización de eventos por valor de 562.183 euros, cada una de ellas inferior a 12.000 euros. Esa es la cuantía que la Ley de Contratos estatal señalaba hasta 2007 como límite máximo para adjudicar sin concurso los llamados contratos menores.

Easy Concept yGood and Better tienen o han tenido por administradores a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego; y Felisa Isabel Jordán Goncet, detenidos el viernes con otros tres empresarios. Entre ellos, Francisco Correa Sánchez, a quien los investigadores consideran el cerebro de la trama.

Actos de la presidenta

Las adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de Madrid constan en sendas respuestas parlamentarias remitidas al PSOE en diciembre de 2005. El listado constata que, de las dos empresas citadas, Easy Concept Comunicación fue la más beneficiada, con 68 contratos.

Al estar ‘troceados’, los contratos no tuvieron que ser otorgados por concurso 

En buena parte de la serie de adjudicaciones hay dos nexos comunes: tienen por objeto la preparación de actos a los que asistió Esperanza Aguirre y aparecen troceados. Es decir, los trabajos necesarios para un mismo evento no se consideran un todo, sino se que se adjudican por partes, de modo ninguna de ellas exceda en coste de los 12.000 euros.

El ejemplo más ilustrativo lo representan las 15 facturas emitidas el mismo día por Easy Concept –el 1 de abril de 2004– por los otros tantos servicios prestados para el homenaje que la Comunidad de Madrid rindió en la Puerta del Sol el 25 de marzo de 2004 a “los que se volcaron con las víctimas del 11-M”. La relación de contratos muestra, por ejemplo, cómo el concepto “elementos de sonido”, cuyo coste se cifró en 11.954,39 euros, aparece ajeno al de “iluminación y sonido”, cuantificado en 11.524,36 euros.

Un solo homenaje, el del 11-M, dio lugar a 15 adjudicaciones

Un segundo caso: del homenaje al Getafe por su ascenso a Primera en junio de 2004, Easy Concept emitió cuatro facturas. Todas aparecen en el listado remitido al PSOE con el mismo epígrafe, “Acto Ascenso Club Fútbol Getafe”. Easy Concept y Good and Better giraron facturas en abril de 2005 por el Día de la Mujer. La primera, por 11.906 euros; la segunda, por 11.700.

En las fechas a las que corresponden todas adjudicaciones ocupaba la Consejería de Presidencia Ignacio González. Y el viceconsejero era el actual consejero de Deportes, Alberto López Viejo, a quien, según el diario El País, los denunciantes de la trama de Boadilla señalan como el artífice de los contratos troceados. 

HABLA LA PRESIDENTA : "Ningún detenido es afiliado del PP"

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró ayer que si algún cargo del PP tiene algo que ver con la operación abierta por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos por tráfico de influencias, soborno y fraude, “tendrá qué vérselas con la Justicia”. Según Aguirre, ninguno de los detenidos está afiliado al PP. Para la presidenta, la única relación con el PP estriba en que los detenidos “tuvieron que ver con la organización de campañas electorales”.

www.publico.es 08.02.09

La operación contra una presunta trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales puesta en marcha por el juez de la

SU GESTIÓN AL FRENTE DE LA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA 

Según el último informe de la Intervención General del Ayuntamiento, presentado a Pleno el pasado 26 de septiembre, el interventor Jesús M. González Pueyo censura cómo se dispuso del dinero en la Concejalía de Limpieza, contraviniendo las normas contables del Ayuntamiento. Entre 1999 y 2003 la Concejalía de Limpieza gastó, para pagar a las empresas que realizan el servicio, 38,8 millones de euros. Pero, además, autorizó sobre la marcha, a lo largo de la legislatura, otros 18,4 millones de "reconocimiento extrajudicial de crédito por exceso de ejecución". Es decir, pagó ese dinero extra a las empresas de limpieza para que hicieran frente a gastos "imprevistos", que se van produciendo durante el año. La figura del "reconocimiento extrajudicial de crédito" se usa habitualmente para cubrir gastos de pequeña cuantía y para los que no merece la pena realizar una ampliación de contrato. Asimismo llama la atención la gran cantidad de contratos de limpieza "adjudicados a dedo" que ha habido en estos cuatro años: desde 1999 se han pagado "más de 1,2 millones de euros" por el procedimiento de "contrato menor", es decir, sin que medie concurso público. Eso es legal cuando el contrato que se adjudica es por valor inferior a 60.000 euros.  Sin embargo, entre los contratos menores de limpieza en estos cuatro años hay varios de 66.000, 150.000 y hasta 180.000 euros. Tampoco tuvieron que salir a concurso, sino que fueron aprobados directamente en Comisión de Gobierno.

Asimismo se ha conocido que los contratos de limpiezas adjudicados desde el año 1994 por los sucesivos concejales (entre ellos, Esperanza Aguirre, Luis Molina y Alberto López Viejo) hasta principios del presente año en el Ayuntamiento de Madrid suman 10.813 millones de pesetas (casi 65 millones de euros). Sin embargo, la concejalía ha desembolsado 26.801 millones de pesetas (161 millones de euros).Para las supuestas irregularidades se han utilizado cuatro procedimientos. El primero consiste en ampliar a posteriori los contratos de adjudicación a las empresas ganadoras de los concursos. Otra fórmula presuntamente utilizada por Aguirre y López Viejo es la superposición de contratos. Es decir, los distintos concejales de Limpieza han pagado dos veces por el mismo servicio, como el barrido de las calles o el borrado de pintadas en las fachadas. El pago de servicios supuestamente extraordinarios fuera del contrato (conocido contablemente como reconocimientos extrajudiciales de crédito) ha elevado la factura otros 2.705 millones de pesetas (16,26 millones de euros). El último sistema de ampliación del gasto está en el Servicio de Limpieza Urgente (Selur), cuyo cometido coincide parcialmente con los contratos de adjudicación primigenios. Se trata de cuadrillas dispuestas las 24 horas del día para atender actos extraordinarios o eventualidades como atentados terroristas o manifestaciones. Esto ha supuesto otros 2.093 millones de pesetas (12,6 millones de euros). 

FAVORES A LA CARTA 

Según se ha recogido en diferentes medios de comunicación, el ex concejal presionó a las empresas de su área a comprar muebles en la tienda de su padre y a adquirir vehículos en un concesionario Toyota.

Además, impuso a la sociedad Cespa, que gestiona la limpieza en varios barrios madrileños, la compra de muebles de oficina en una tienda que su padre tiene en Madrid y, asimismo, la decoración con flores de la iglesia donde contrajo matrimonio hace tres años. El entonces concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid pidió a Cespa, que tiene adjudicado el servicio de limpieza del distrito de San Blas, que adquiriera muebles de oficina en la tienda de su padre. Dicha empresa había comprado un edificio en la calle de Albarracín, sede de la antigua empresa Piaggio, y estaba reformando esas instalaciones para ubicar allí sus oficinas.

López Viejo se enteró y solicitó a los directivos de la sociedad el favor. Pero, aunque la sugerencia llegaba tarde, ya que la empresa había adquirido los muebles para ese edificio en otro comercio, el entonces edil de Limpieza de Madrid les convenció para que acudieran también por el negocio de su padre. Y así fue. Cespa, sin ninguna necesidad, compró inicialmente muebles por un importe de tres millones y medio de pesetas.

Pero las exigencias de López Viejo no terminaron ahí. Volvió a llamar a la dirección de Cespa para recriminarles que se habían comportado como unos tacaños por el desembolso mínimo que habían hecho, según él, en la tienda paterna. Ante esa nueva insinuación, Cespa aumentó el pedido y se gastó ocho millones y medio de pesetas. Los muebles, como físicamente no cabían en las nuevas oficinas, fueron apilados en un almacén.  Fernando López Paredes, padre del ex concejal de Limpieza, es propietario de la sociedad Equipamiento Integral de Oficinas, que tiene sus instalaciones en la calle de Trifón Pedrero de Madrid. Es una modesta empresa que fue constituida en 1992 con un capital de medio millón de pesetas y cuyo objeto social es «la venta al por mayor y al por menor de todo tipo de muebles y elementos de decoración y la representación de marcas y fabricantes de los mismos». También figura como socia su esposa, Natividad Rosalina Viejo, con un porcentaje del 45 por cien de las acciones.

Otra de las sociedades de Fernando López Paredes es Año 2000 Servicios Integrales. En diciembre de 2002 cesó como administrador único y pasó a ocupar su cargo su nuera, Teresa Gabarra Balsells. La esposa de López Viejo, que figura como administradora de la sociedad Bares de Barrio, pertenece a una familia con importantes intereses en el negocio de la restauración en Madrid. Son los propietarios de la cadena de restaurantes La Trattoria Romana, Cañas y Tapas y Ribs, entre otros.

Cuando López Viejo y Gabarra Balsells contrajeron matrimonio hace tres años, la compañía Cespa fue la encargada de facilitar los centros de flores con los que adornaron la Iglesia de la Plaza de las Salesas de Madrid. Las flores fueron trasladadas desde los viveros de Cespa previa llamada de un colaborador del concejal. Según los cálculos de la empresa de limpieza, su precio superó las 150.000 pesetas, ya que se instalaron varios centros de flores.

Sin embargo, las imposiciones de López Viejo a las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza no acaban con esas obligaciones domésticas. También comunicó a sus representantes que quería uniformidad en los vehículos del servicio en los distintos distritos de Madrid. Indicó que, a partir de su orden, unos determinados modelos de la flota automovilística debían ser de la marca Toyota. Y, dentro de la firma japonesa, el entonces concejal precisó que debían adquirir los vehículos en el concesionario madrileño Supra Gamboa. Incluso, se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y se permitió el lujo de repartir entre los asistentes unas tarjetas de dicho concesionario, según confirmó uno de los asistentes al encuentro.

Otro alto cargo de una de las firmas adjudicatarias manifestó que varias de las empresas se vieron obligadas a comprar en Supra Gamboa, para la limpieza de 15 distritos de Madrid, entre 150 y 200 vehículos. Uno de los modelos de Toyota más adquirido fue el Hilux, una pequeña camioneta valorada en unos veinte mil euros, sin el coste de las modificaciones para el uso específico de limpieza.

Supra Gamboa es un importante punto de venta de Toyota en Madrid con oficinas en las calles Ferrocarril, Doctor Esquerdo, General Ricardos y en la Plaza Agueda Díez, cuyo propietario es José López Gamboa. En ese concesionario se pueden adquirir todos los modelos que utilizan los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, pero no tiene la exclusividad en la venta de unos u otros modelos. En la región de Madrid existen otros doce vendedores con una treintena de oficinas de Toyota, donde se pueden adquirir los mismos vehículos y a los mismos precios.

Un agente de ventas de Supra Gamboa manifestó que ese concesionario había vendido diferentes modelos de Toyota a varias empresas adjudicatarias del servicio de limpieza. El servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid funciona bajo el sistema de concesión administrativa, previa celebración de un concurso público. Las compañías obtienen los contratos por distritos municipales y pagan un canon, generalmente, por una duración de diez años. En esa licitación se comprometen a cumplir a rajatabla el pliego de condiciones que les presenta el Ayuntamiento.

Entre esas condiciones de ineludible cumplimiento, López Viejo introdujo la renovación de la flota automovilística para el servicio de limpieza en las calles de Madrid.

En septiembre de 2002, el Ayuntamiento adjudicó el servicio de limpieza de 15 distritos a 7 empresas privadas, todas ellas controladas por grandes constructoras. Las empresas adjudicatarias fueron Absa (Hortaleza, Barajas, Usera, Villaverde, Tetuán y Fuencarral), Urbaser (Centro, Latina, Carabanchel y Vallecas), Cespa (Chamartín y San Blas), Tecmed (Puente de Vallecas), Ferroser (Vicálvaro) y Sufi (Moratalaz)

El Ayuntamiento, con esas adjudicaciones, aumentó en un 160 por cien el presupuesto de limpieza y pasó de una inversión de 42,66 millones de euros en esos 15 distritos a 113 millones. Todas las empresas se comprometían a utilizar máquinas y vehículos especiales, que debían ser renovados a los cinco años de su funcionamiento.

En el pliego de condiciones, López Viejo también exigía a las empresas adjudicatarias la entrega de una pequeña flota de automóviles Toyota para el servicio de inspección, que debían ser comprados en el mismo concesionario. Para la inspección de la zona Centro, por ejemplo, la empresa Urbaser (Dragados) facilitó vehículos Toyota comprados en Supra Gamboa, como puede apreciarse en los vehículos que tiene dicho servicio en la calle de El Barco de Madrid.

Cuando López Viejo decidió crear en la capital el Servicio de Limpieza Urgente, conocido con el acrónimo Selur, concedió la exclusiva por diez años a Urbaser. También pidió a su director que adquiriera los Toyota en el mismo concesionario Supra Gamboa.Hoy en día, el Selur dispone de una flota de entre 15 y 20 vehículos de la marca japonesa.

A raíz de la obligatoriedad de la compra de los automóviles Toyota para el servicio de Limpieza, López Viejo fue bautizado por los directivos de las empresas de limpieza como El Toyota.

UN AMANTE DE LOS GASTOS PARA PERROS

En la revisión de su gestión, asomaron también curiosos contratos adjudicados a dedo, por cantidades que fueron de las 995.000 pesetas por organizar una «Conferencia sobre temas de perros» (sic), a los 7.000.000 pesetas para la «compra de 100.000 huesos para perros» o los 7.700.000 pesetas para la «compra de 100.000 comederos para perros». El interés por el mundo canino llevó también a pagar 1,9 millones de pesetas para «la realización de 42 obras de teatro alegóricas del tema canino».

Aguirre corona a López Viejo

Esperanza Aguirre se ha tomado su tiempo, ha investigado y ha decidido nombrar viceconsejero de Presidencia a su controvertido pupilo Alberto López Viejo. Este ex concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid, criado a las faldas de la hoy presidenta regional, ha sido acusado por el PSOE de malversar fondos públicos.

El nombramiento llega dos meses después de que Miguel Angel Villanueva dejara el cargo para incorporarse al equipo de Alberto Ruiz-Gallardón.Se produce después de un tira y afloja entre Aguirre e Ignacio González, su mano derecha y titular de Presidencia, aunque este dijo ayer que no había habido ningún punto de disconformidad al respecto. Se ejecuta, ante todo, después de que la propia presidenta tuviera claro que López Viejo estaba limpio, al menos a su entender. Dicen que lo ha investigado durante los meses que lo ha relegado al banquillo parlamentario.

López Viejo iba a ser uno de los hombres fuertes del Gobierno regional tras las elecciones del 26 de octubre. Sin embargo, las denuncias de la concejala socialista Isabel Vilallonga recogidas por M2 hicieron recular a Aguirre. Hasta que ayer lo rehabilitó con el argumento, entre otros, de que a ella nadie le va a hacer el Gobierno, tal y como ha repetido últimamente entre personas de su entorno.

En 2002, López Viejo autorizó el pago a las concesionarias del servicio de limpieza de 4,85 millones de euros más de lo estipulado en sus contratos. Dio las órdenes telefónicamente y, según el PSOE, cuando no tenía dinero en el presupuesto.

López Viejo recurrió de forma sistemática a la fórmula del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito -limitado, por no decir prohibido por el entonces responsable de Hacienda, Pedro Bujidos- para afrontar gastos no presupuestados. Él gastaba, y luego ya vería cómo pagaba, se hartó de denunciar el PSOE.

El ex concejal siempre ha argumentado que se ha movido dentro de la ley y que todos sus pasos estaban avalados por la firma de los técnicos municipales.

Las variaciones sobre esta manera de gestionar el dinero público son interminables: el concejal ordenó que se pagaran, por ejemplo, las obras de ampliación de cantones de limpieza del Selur cuando en el pliego de condiciones se dice claramente que la empresa concesionaria debe hacerse cargo de ese coste. Obviamente, López Viejo lo negó todo, dijo que su gestión era intachable, el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón se negó a abrir una investigación y la oposición ha dejado el asunto en manos del Tribunal de Cuentas.Esto para empezar.

También en otoño, este periódico publicó que López Viejo obligó a varias empresas a comprar los vehículos del servicio de limpieza en un concesionario concreto de la marca Toyota. El viceconsejero explicó en su día que fueron las adjudicatarias las que acudieron motu proprio a ese concesionario «porque acreditaba el mayor número de ventas de España y Portugal».

Entonces se reveló que la empresa Cespa, que contrataba millones de pesetas con su concejalía, compró mobiliario a la empresa de su padre. Primero realizó una inversión de 3,5 millones de pesetas y, tras ser acusado de tacaños por el ex concejal, según se publicó, la sociedad hizo un desembolso en muebles por valor de ocho millones. El político del PP, por el que Esperanza Aguirre tiene una especial debilidad, negó que intercediera en esta transacción comercial.

El nombramiento de López Viejo provocó ayer la crítica inmediata de la oposición. Rafael Simancas (PSOE) dijo que era reflejo del enfrentamiento entre Aguirre y Ruiz-Gallardón. «Él lo pone en entredicho y ella lo premia». La misma tesis sostuvo Fausto Fernández (IU), para quien esto evidencia las peleas internas del PP. Publicado en El Mundo. 28 de mayo de 2004

El concejal que 'barría' para casa

Comunidad. Alberto López Viejo, ex concejal de Limpieza (1999-2003) y diputado tras ir como 'número 6' en la lista de Esperanza Aguirre, presionaba a las empresas de su área a comprar muebles en la tienda de su padre y a adquirir vehículos en un concesionario Toyota

Alberto López Viejo, director adjunto de campaña de Esperanza Aguirre, número seis de la lista del PP por Madrid y destacado miembro del clan de Becerril, obtuvo favores e impuso obligaciones comerciales extraoficiales a las empresas adjudicatarias del servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid.

López Viejo, que fue concejal de Limpieza entre 1999 y 2003 con el alcalde José María Alvarez de Manzano, obligó a varias de estas empresas a adquirir los vehículos del servicio en un mismo concesionario de la marca de automóviles Toyota.

Además, impuso a la sociedad Cespa, que gestiona la limpieza en varios barrios madrileños, la compra de muebles de oficina en una tienda que su padre tiene en Madrid y, asimismo, la decoración con flores de la iglesia donde contrajo matrimonio hace tres años.

El entonces concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid pidió a Cespa, que tiene adjudicado el servicio de limpieza del distrito de San Blas, que adquiriera muebles de oficina en la tienda de su padre. Dicha empresa había comprado un edificio en la calle de Albarracín, sede de la antigua empresa Piaggio, y estaba reformando esas instalaciones para ubicar allí sus oficinas.

López Viejo se enteró y solicitó a los directivos de la sociedad el favor. Pero, aunque la sugerencia llegaba tarde, ya que la empresa había adquirido los muebles para ese edificio en otro comercio, el entonces edil de Limpieza de Madrid les convenció para que acudieran también por el negocio de su padre. Y así fue. Cespa, sin ninguna necesidad, compró inicialmente muebles por un importe de tres millones y medio de pesetas.

Pero las exigencias de López Viejo no terminaron ahí. Volvió a llamar a la dirección de Cespa para recriminarles que se habían comportado como unos tacaños por el desembolso mínimo que habían hecho, según él, en la tienda paterna. Ante esa nueva insinuación, Cespa aumentó el pedido y se gastó ocho millones y medio de pesetas.Los muebles, como físicamente no cabían en las nuevas oficinas, fueron apilados en un almacén.

Fernando López Paredes, padre del ex concejal de Limpieza, es propietario de la sociedad Equipamiento Integral de Oficinas, que tiene sus instalaciones en la calle de Trifón Pedrero de Madrid. Es una modesta empresa que fue constituida en 1992 con un capital de medio millón de pesetas y cuyo objeto social es «la venta al por mayor y al por menor de todo tipo de muebles y elementos de decoración y la representación de marcas y fabricantes de los mismos». También figura como socia su esposa, Natividad Rosalina Viejo, con un porcentaje del 45 por cien de las acciones.

Otra de las sociedades de Fernando López Paredes es Año 2000 Servicios Integrales. En diciembre de 2002 cesó como administrador único y pasó a ocupar su cargo su nuera, Teresa Gabarra Balsells.La esposa de López Viejo, que figura como administradora de la sociedad Bares de Barrio, pertenece a una familia con importantes intereses en el negocio de la restauración en Madrid. Son los propietarios de la cadena de restaurantes La Trattoria Romana, Cañas y Tapas y Ribs, entre otros.

Cuando López Viejo y Gabarra Balsells contrajeron matrimonio hace tres años, la compañía Cespa fue la encargada de facilitar los centros de flores con los que adornaron la Iglesia de la Plaza de las Salesas de Madrid. Las flores fueron trasladadas desde los viveros de Cespa previa llamada de un colaborador del concejal. Según los cálculos de la empresa de limpieza, su precio superó las 150.000 pesetas, ya que se instalaron varios centros de flores.

Sin embargo, las imposiciones de López Viejo a las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza no acaban con esas obligaciones domésticas.También comunicó a sus representantes que quería uniformidad en los vehículos del servicio en los distintos distritos de Madrid.Indicó que, a partir de su orden, unos determinados modelos de la flota automovilística debían ser de la marca Toyota. Y, dentro de la firma japonesa, el entonces concejal precisó que debían adquirir los vehículos en el concesionario madrileño Supra Gamboa.Incluso, se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y se permitió el lujo de repartir entre los asistentes unas tarjetas de dicho concesionario, según confirmó a EL MUNDO uno de los asistentes al encuentro.

Otro alto cargo de una de las firmas adjudicatarias manifestó que varias de las empresas se vieron obligadas a comprar en Supra Gamboa, para la limpieza de 15 distritos de Madrid, entre 150 y 200 vehículos. Uno de los modelos de Toyota más adquirido fue el Hilux, una pequeña camioneta valorada en unos veinte mil euros, sin el coste de las modificaciones para el uso específico de limpieza.

Supra Gamboa es un importante punto de venta de Toyota en Madrid con oficinas en las calles Ferrocarril, Doctor Esquerdo, General Ricardos y en la Plaza Agueda Díez, cuyo propietario es José López Gamboa. En ese concesionario se pueden adquirir todos los modelos que utilizan los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, pero no tiene la exclusividad en la venta de unos u otros modelos. En la región de Madrid existen otros doce vendedores con una treintena de oficinas de Toyota, donde se pueden adquirir los mismos vehículos y a los mismos precios.

Un agente de ventas de Supra Gamboa manifestó a EL MUNDO que ese concesionario había vendido diferentes modelos de Toyota a varias empresas adjudicatarias del servicio de limpieza. Sin embargo, ningún directivo de la compañía respondió a las reiteradas llamadas de este periódico. Tampoco contestó a las llamadas de EL MUNDO Carlos López López, hijo del propietario de Supra Gamboa, quien dirige en la actualidad el negocio, según la información de un empleado.

Concesión municipal

El servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid funciona bajo el sistema de concesión administrativa, previa celebración de un concurso público. Las compañías obtienen los contratos por distritos municipales y pagan un canon, generalmente, por una duración de diez años. En esa licitación se comprometen a cumplir a rajatabla el pliego de condiciones que les presenta el Ayuntamiento.

Entre esas condiciones de ineludible cumplimiento, López Viejo introdujo la renovación de la flota automovilística para el servicio de limpieza en las calles de Madrid.

En septiembre de 2002, el Ayuntamiento adjudicó el servicio de limpieza de 15 distritos a 7 empresas privadas, todas ellas controladas por grandes constructoras. Las empresas adjudicatarias fueron Absa (Hortaleza, Barajas, Usera, Villaverde, Tetuán y Fuencarral), Urbaser (Centro, Latina, Carabanchel y Vallecas), Cespa (Chamartín y San Blas), Tecmed (Puente de Vallecas), Ferroser (Vicálvaro) y Sufi (Moratalaz).

El Ayuntamiento, con esas adjudicaciones, aumentó en un 160 por cien el presupuesto de limpieza y pasó de una inversión de 42,66 millones de euros en esos 15 distritos a 113 millones. Todas las empresas se comprometían a utilizar máquinas y vehículos especiales, que debían ser renovados a los cinco años de su funcionamiento.

En el pliego de condiciones, López Viejo también exigía a las empresas adjudicatarias la entrega de una pequeña flota de automóviles Toyota para el servicio de inspección, que debían ser comprados en el mismo concesionario. Para la inspección de la zona Centro, por ejemplo, la empresa Urbaser (Dragados) facilitó vehículos Toyota comprados en Supra Gamboa, como puede apreciarse en los vehículos que tiene dicho servicio en la calle de El Barco de Madrid.

Cuando López Viejo decidió crear en la capital el Servicio de Limpieza Urgente, conocido con el acrónimo Selur, concedió la exclusiva por diez años a Urbaser. También pidió a su director que adquiriera los Toyota en el mismo concesionario Supra Gamboa.Hoy en día, el Selur dispone de una flota de entre 15 y 20 vehículos de la marca japonesa. A raíz de la obligatoriedad de la compra de los automóviles Toyota para el servicio de Limpieza, López Viejo fue bautizado por los directivos de las empresas de limpieza como El Toyota.

LAS 'AMISTADES' DEL RESPONSABLE DE LIMPIEZA. Alberto López Viejo, en la foto superior junto a Esperanza Aguirre, presidenta electa de la Comunidad de Madrid, ha tenido un papel más que destacado en la última campaña electoral del PP. El ex concejal de Limpieza, que ha sido uno de los coordinadores de la campaña, era uno de los elegidos por Aguirre para formar parte de su Gobierno. Abajo, oficinas de Supra Gamboa en la calle de Doctor Esquerdo y sede del negocio del padre del ex concejal. El Mundo10 de noviembre de 2003

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