Ir a informes anteriores

TITULARES   

1. AZNAR: "JAMÁS EL GOBIERNO QUE PRESIDÍ DIO INSTRUCCIONES DE NEGOCIAR CON ETA".

2. Todos los partidos menos el PP declaran probado que Irak no tenía armas de destrucción masiva.

3. LA EMPRESA QUE HA ORGANIZADO EVENTOS DEL PP PERTENECE A SOCIEDADES RADICADAS EN PARAÍSOS FISCALES.

4. C. CATALUÑA. FERNÁNDEZ DÍAZ QUIERE EXPULSAR DE LA CALLE "A PROSTITUTAS Y MENDIGOS".

5. C. CATALUÑA. CONCEJALES DEL PP IMPIDEN QUE DIMITA EL ALCALDE QUE LLAMÓ "TARADOS" A LOS GAYS.

6. C. GALICIA. SPECIAL EVENTS LOGRA CONTRATOS PÚBLICOS DE LA XUNTA DE GALICIA

7. C. GALICIA. EL PRESIDENTE DE LA XUNTA AFIRMA QUE EL 14-M SE VOTÓ "EN CONDICIONES ILEGALES".

8. C. GALICIA. FRAGA REITERA QUE NO VIAJÓ PARA HACER POLÍTICA.

9. C. ANDALUCÍA. LA DESOBEDIENCIA DEL PP A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO OBLIGA A ÉSTA A SUSPENDER EL PLENO.

10. C. ANDALUCÍA. AUMENTAN LAS DISCREPANCIAS Y LAS TENSIONES EN EL PP DE ALMERÍA.

10. C. ANDALUCÍA. AGÜERA DICE QUE FUE "ESPIADA" POR "OSCURAS AMBICIONES DE MAFIOSILLOS BARATOS".

12. C. ANDALUCÍA. LAS EDILES DE LA OPOSICIÓN EN ALHAURÍN DE LA TORRE ACUSAN AL ALCALDE DE "TRATO VEJATORIO".

13. C. MADRID. UN INFORME MUNICIPAL SEÑALA QUE MAJADAHONDA PERDIÓ UN MILLÓN DE EUROS AL VENDER UNA PARCELA.

14. C. MADRID. UN ALTO CARGO DE LA COMUNIDAD DE MADRID INCUMPLE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES.

15. C. LEVANTE. ZAPLANA PROMETIÓ DESALADORAS Y DIJO QUE NO CONTAMINABAN.

16. C. VALENCIANA. LA JUEZ EMBARGA 28 PLAGUICIDAS QUE FUERON DISTRIBUIDOS POR LAS MUJERES DE FABRA Y VILAR.

17.ORANGE MARKET ORGANIZA EL MITIN PARA FESTEJAR LOS DOS AÑOS DE CAMPS EN EL CONSELL

18.C. LEVANTE. EL CONSELL CELEBRA QUE EL ARZOBISPO «SIGA LA LÍNEA» DEL PP.

19.C. VALENCIANA. LA DIPUTACIÓN CONTRATARÁ LA ASEGURADORA EN LA QUE TRABAJA UN HERMANO DEL PRESIDENTE GINER.

20 C. CANARIAS. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CANARIO DESTITUYE A LOS TRES CONSEJEROS POPULARES.


1. AZNAR: "JAMÁS EL GOBIERNO QUE PRESIDÍ DIO INSTRUCCIONES DE NEGOCIAR CON ETA".

"Jamás el Gobierno que yo presidí dio instrucciones a nadie de negociar, y menos con terroristas", afirmó José María Aznar, ex presidente del Gobierno, en la clausura del Congreso de Nuevas Generaciones de Cantabria. Desde que Mariano Rajoy fue elegido presidente del PP, Aznar no había participado en ningún mitin ni acto del PP. Pero, Aznar aprovechó este de NN.GG. para afirmar que, mes y medio después de que ETA declarara unilateralmente una tregua, él autorizó contactos para "constatar si los terroristas estaban dispuestos a rendirse".

Según el relato de Aznar, tales contactos fueron comunicados a la opinión pública y sirvieron para "constatar" que ETA no tenía intención alguna de rendirse. A partir de ahí, según dijo Aznar su Gobierno "desarrolló la batalla más frontal contra el terrorismo" de ETA. "Hace falta derrotarles, se les puede derrotar y se les tiene que derrotar". Aznar añadió que es posible "que ahora alguien haya descubierto que es mucho mejor dar la razón a los terroristas que no derrotarles".

Aznar aprovechó su inhabitual intervención en un acto del PP para elogiar el discurso que hizo Rajoy el miércoles en el debate sobre el estado de la nación. A su juicio, Rajoy "hizo muy bien lo que tenía que hacer y dijo lo que tenía que decir". Y apostilló: "Todos estamos con él y vamos a seguir estando con él en esta tarea". Pronosticó que vienen tiempos "complicados y difíciles" para España, en los que el PP deberá estar "unido, atento, fuerte y deseoso de cumplir con sus obligaciones". Lejos de considerar un inconveniente la dureza del discurso por el que ha optado Rajoy, Aznar le dijo a los alevines de su partido que "los problemas fundamentales llegan" cuando "uno no sabe exactamente cuál es su posición". Según él, "el PP la sabe": tiene que "seguir luchando" por los valores de "la vida y la libertad". Y en esa lucha, el terrorismo es "la tarea más dura que tiene España".

Pero hay que indicar que el fallido proceso de conversaciones con ETA en Suiza, que protagonizó el Gobierno de José María Aznar en mayo de 1999, estuvo inspirado en el punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, de 1988. Dicho acuerdo es el referente de todos los intentos de paz del Gobierno -con Felipe González, en Argel, en 1989; y con Aznar, en 1999-. Fue alcanzado por todos los partidos vascos, incluido Alianza Popular (AP), antecesor del PP, y sólo con la excepción de Herri Batasuna (HB); y su punto 10, su clave, está recogido textualmente en el punto dos de la resolución presentada el viernes por el PSOE en el Congreso.

El 3 de noviembre de 1998, el Gobierno de José María Aznar anuncia que se han iniciado contactos con el entorno de ETA para abrir un proceso de paz. Éstas son algunas de las declaraciones más importantes realizadas por el entonces presidente aquellos días.

- 3 de noviembre de 1998. La agencia Efe distribuye un despacho en el que se confirmaba que Aznar había autorizado contactos con el entorno de la banda terrorista ETA. Según fuentes del Gobierno, los contactos con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) tenían como objetivo "acreditar" la voluntad de la organización terrorista de "dar los pasos necesarios para abrir un proceso de paz mediante el cese definitivo de la violencia". Aznar, según las mismas fuentes, no quería intermediarios entre el Gobierno y el entorno del MLNV, y pretendía dirigir personalmente el proceso de paz. Y dejaba abierta la puerta a una interlocución directa con el líder de Euskal Herritarrok (EH), Arnaldo Otegi.

- 4 de noviembre. En una rueda de prensa con el líder de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat, de visita en España, Aznar fue preguntado sobre estas informaciones: "Le quería preguntar sobre la iniciativa suya que se conoció [...]. Si tiene un calendario y si ha tenido algo que ver en esta iniciativa la moderación relativa de EH después de las elecciones en el País Vasco". Su respuesta fue la siguiente: "Yo he querido que los ciudadanos supieran y tengan muy claro que el Gobierno, y yo personalmente, ha autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan [...]. Cuantos pasos tengamos que dar en este camino serán conocidos por la opinión pública española, que los podrá juzgar y los podrá valorar. Evidentemente, otra cosa distinta es, si da lugar a un proceso de reuniones o conversaciones, la materialización, lo concreto, el detalle, de eso, que tiene que estar sujeto al principio, como es lógico, de la discreción y de la reserva. Y estoy seguro de que al mantenimiento de ese principio me van a prestar ustedes su colaboración y su comprensión entusiasta [...].

Y, naturalmente, si se llega a un final de cese definitivo de la violencia, eso será por todos y para todos; no será de unos contra otros, será de todos y para todos, y todos, naturalmente, habrán contribuido a ello y todos participarán del mismo.

El Gobierno tiene responsabilidades, a veces, intransferibles, y en esta situación, como en todas, hay una responsabilidad intransferible del Gobierno y del presidente del Gobierno; y hay unas responsabilidades compartidas, y hay que saber distinguir claramente lo que son responsabilidades intransferibles y responsabilidades compartidas. Alguien tenía que comenzar, alguien tiene que dar la señal, y eso no es una responsabilidad compartida, sino que es una responsabilidad estrictamente intransferible.

Pero, por el lado de los diálogos con los partidos políticos, con los diálogos con las formaciones políticas, especialmente con el diálogo con la oposición parlamentaria, yo sugeriría claramente mucha tranquilidad, porque hay muchas razones para que todos los grupos parlamentarios y todos los partidos, en este caso el principal partido de la oposición, esté sumamente tranquilo en toda esta cuestión.

Y, por último, quiero decir que la decisión que yo he tomado es una decisión que entra dentro del principio de coherencia. Yo he establecido la transparencia, el consenso y la coherencia. La sociedad española desea fervientemente que el Gobierno diese este paso y que lo diese amparado en la razón, y, en este caso, amparado en la razón de los hechos y en la razón de las urnas, habiendo hablado los ciudadanos vascos".

- 5 de noviembre. Aznar anunciaba que estaba dispuesto "al perdón y a la generosidad" si ETA aceptaba el resultado de las elecciones y renunciaba definitivamente a las armas.

2. Todos los partidos menos el PP declaran probado que Irak no tenía armas de destrucción masiva.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de Ley por la que declara "probado, más allá de toda duda razonable que, en marzo de 2003, Irak ni poseía, ni estaba en condiciones de poseer armas de destrucción masiva de naturaleza alguna". La proposición, presentada por el PSOE a modo de "homenaje" a las víctimas de una guerra "basada en la presunción" de la existencia de armas y el peligro que podrían suponer, ha sido aprobada en la comisión de Asuntos Exteriores de la cámara por 23 votos a favor y los 15 votos del PP en contra.

En su iniciativa, el PSOE recuerda que la posesión de este tipo de armamento, o la posibilidad de que el régimen de Sadam Husein lo lograra conseguir, fueron los argumentos esgrimidos por el entonces presidente José María Aznar para justificar el apoyo español a la operación militar liderada por Estados Unidos. "El Gobierno tiene información reservada que demuestra que Irak, con armas químicas y biológicas y conexiones con grupos terroristas, supone una amenaza para la paz y la seguridad mundial. Tenemos evidencias suficientes en ese sentido", según recuerda el PSOE que aseguraba Aznar en febrero de 2003. Además, incluyeron en su texto otras ocho citas de Aznar en las que defendía la existencia de armas de destrucción masiva y daba por ciertos vínculos entre el régimen de Husein y el terrorismo internacional.

Y añaden tres frases del actual presidente del PP, Mariano Rajoy, en el mismo sentido, entre ellas la que pronunció en el pleno del Congreso el 11 de junio de 2003: "Mire usted, que Irak tenía armas de destrucción masiva y que las tiene es casi un hecho objetivo. Yo tengo la convicción de que aparecerán las armas de destrucción masiva". Se recuerda que en diciembre de 2004, Estados Unidos dio por finalizada la misión de sus inspectores en Irak, que contaba con 1.200 efectivos y que había buscado las armas por todo el país bajo la dirección de Charles Duelfer.

Un mes después era la propia Casa Blanca la que admitía que la información acerca de la existencia de armas de destrucción masiva sobre la que se basó la guerra y la ocupación de Irak era "equivocada". "Según el avance del informe Duelfer al Congreso de Estados Unidos -recalca el PSOE-, Sadam Husein no sólo no tenía armas de destrucción masiva desde 1991, sino que carecía de la capacidad para fabricarlas y la intención de encargarlas".

Por su parte, el portavoz del PP, Gustavo de Arístegui, señaló que, si bien todas las proposiciones son legítimas, no le parece "legítimo que se intente usar esta Cámara para que el PP certifique y acepte" que Aznar y Rajoy "estaban mintiendo, cuando no lo estaban haciendo". Para el PP, cuando una proposición tiene "una intención muy clara y manifiesta de desprestigiar e incluso mancillar el buen nombre del anterior presidente del Gobierno y el actual presidente del PP", no se pueden "adherir".

Asimismo, sigue pendiente de debate otro texto que el PSOE registró a finales de 2004 para declarar probada la existencia de responsabilidades políticas en la gestión del accidente del Yakovlev 42, en el que murieron 62 militares españoles en mayo de 2003 en Turquía.

3. LA EMPRESA QUE HA ORGANIZADO EVENTOS DEL PP PERTENECE A SOCIEDADES RADICADAS EN PARAÍSOS FISCALES.

La empresa que ha venido organizando actos o congresos del PP, y que se ha beneficiado también de campañas institucionales en gobiernos de este partido, pertenece a sociedades radicadas en paraísos fiscales del Caribe. Los actuales responsables de esta empresa, llamada Special Events, afirman que desconocían esa circunstancia. En Special Events han trabajado desde el que fuera secretario personal de Aznar hasta personas vinculadas a su yerno, Alejandro Agag.

Y es que con el PP aparecen relacionados, de uno u otro modo, prácticamente todos los responsables que ha tenido la empresa. Antonio Cámara, secretario personal de Aznar en sus ocho años al frente del Gobierno, ha reconocido que comenzó a trabajar para Special Events, en cuanto dejó su despacho en el Palacio de La Moncloa, y que ha permanecido en la empresa hasta principios de este año.

El ex secretario de Aznar reconoce que en estos meses coincide en esta empresa con Francisco Correa, amigo íntimo del yerno del ex presidente y uno de los testigos de su boda, y también con Pablo Crespo, antiguo dirigente del PP en Galicia, hombre de confianza de Cuiña y, a día de hoy, todavía presidente de la empresa.

Ellos son los responsables visibles de Special Events. La compañía es, sin embargo, una cadena de sociedades opacas interpuestas, que hacen prácticamente imposible averiguar quiénes son los verdaderos dueños. El accionista mayoritario es la sociedad Windrate Limited, con sede en Londres, que a su vez pertenece a otras sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla de las Nieves, conocidos paraísos fiscales del Caribe. Tanto los actuales responsables de Special Events como el ex secretario personal de Aznar sostienen que no sabían que los verdaderos dueños de la empresa son sociedades radicadas en el extranjero. Cuando se les pregunta si conocen a las personas que hay detrás de estas compañías la respuesta es que "no".

Oficialmente el PP no da explicaciones sobre el dinero que ha pagado a esta empresa en los últimos años. Han organizado para ellos Congresos Nacionales, Regionales y todo tipo de eventos y actos públicos. El propio presidente de la empresa reconoce que el PP es su principal cliente. Dirigentes de este partido explican, sin embargo, en privado que desde que Rajoy ocupa la presidencia los encargos se han ido reduciendo de forma paulatina. Estos mismos dirigentes añaden que hay instrucciones en este sentido porque se considera que Special Events es una empresa más vinculada al anterior presidente, José María Aznar.

Así, la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea, Ruth Porta, denunció que su partido ha solicitado desde enero información sobre las relaciones contractuales del Gobierno regional con la empresa Special Events. Porta aseguró que el grupo socialista en la Asamblea solicitó el pasado enero información sobre las relaciones contractuales entre la Consejería de Presidencia y la empresa Special Events. Un mes más tarde solicitó la misma información, pero de los contratos relacionados con la presidencia del Gobierno regional y hace una semana, reclamó los mismos datos, pero esta vez sobre las relaciones contractuales de todas las consejerías con esta empresa. "Ante la callada de Aguirre y su Gobierno solicitamos el amparo de la mesa de la Cámara, que nos lo otorgó, y se dirigió directamente al Gobierno regional para exigirle que hiciera pública esa información". "Hasta la fecha, aún no hemos tenido ni un solo papel, ni una respuesta del Gobierno".

Special Events está íntimamente relacionada con otras tres (TCM, Down Town y Good and Better). Esta última, según una publicación, ha obtenido ya importantes adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, indicando que: "Down Town ha sido, según fuentes del PP de Madrid, muy beneficiada por concesiones para organizar todo tipo de actos de la Comunidad de Madrid". El mismo semanario también desvela que el viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, fue un personaje clave para la elección de esas empresas para organizar distintos eventos para el Gobierno regional. La empresa también organizó actos para el Ayuntamiento de Majadahonda durante la etapa en que el alcalde era Guillermo Ortega, relevado por Narciso de Foxá.

Pero además, se ha sabido que Special Events, ha ocultado a tres tribunales de cuentas autonómicos sus facturas de servicios prestados al partido en las elecciones autonómicas valencianas de 1999 y de 2003; y en las madrileñas de 2003 y en las andaluzas de 2004 por parte de Rialgreen, empresa con idéntico domicilio y presidente, Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP en Pontevedra.

En su informe sobre las elecciones autonómicas valencianas de 1999, la Sindicatura de Cuentas denunció varios incumplimientos del PP en materia de gastos electorales. Así, ninguna de las 13 empresas que le habían facturado por más de 6.000 € cumplió con su obligación de comunicar la prestación realizada. Esa documentación es esencial en toda fiscalización de campañas electorales para comprobar que los gastos declarados se corresponden con pagos realizados y que se ajustan a precios de mercado. El fin: evitar donaciones en especie. Entre dichas firmas sobresalía Special Events, a quien el PP declaraba haber abonado 60.000 € para dicha campaña.

En el informe sobre las elecciones autonómicas Valencianas de 2003, dicho órgano fiscalizador denuncia idéntica anomalía. Special Events figura como perceptor de 140.000 € del PP a cambio de una contraprestación que no declaró. Igual ocurre con Rialgreen, que tampoco aporta documentación alguna sobre los servicios que por un monto de 82.000 € realiza.

En esa misma fecha, en las autonómicas madrileñas de 2003, reaparece como proveedor electoral del PP la firma Rialgreen por 48.080 €. En esta ocasión, tampoco aporta facturas ni documentación alguna a la Cámara de Cuentas madrileña.

En las elecciones andaluzas de 2004, Rialgreen es el principal proveedor electoral del PP, que incumple su obligación de detallar ante la Cámara de Cuentas los servicios publicitarios prestados a dicho partido. El monto de la labor, de imposible contraste, el PP lo cifró en 520.491 €.

El PSOE denunció en su día las contrataciones irregulares de Special Events en 2001 por el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, del PP. En concreto, destacaba un vídeo promocional contratado en junio de 2001 y elaborado antes de noviembre de 2001. Desde su fundación en 1994 y hasta noviembre de 2001, la administradora única de Special Events era María del Carmen Rodríguez Quijano, nombrada asesora del gabinete de Ortega en la alcaldía en julio de 2001, y esposa de Francisco Correa, amigo íntimo de Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar, según denuncia el PSOE.

En septiembre de 2001, se efectuó un primer pago de 28.571 €, y un segundo en diciembre de otros 28.510. El PSOE no sólo denunció que se había producido un irregular fraccionamiento de contrato, aspecto que censuró el propio interventor del Ayuntamiento, sino que se habían eludido todas las reglas esenciales de la contratación administrativa. La denuncia socialista incluía a TCM (Technology Consulting Management), empresa que comparte varios administradores con Special Events, en relación con un contrato de 612.551 € aprobado en diciembre de 2002 para desarrollar una oficina de atención al ciudadano. El propio secretario del Ayuntamiento consideró que había anomalías en el pliego de condiciones técnicas de dicha firma: ni estaban concretadas las necesidades administrativas a satisfacer, ni su ejecución podía recaer en manos privadas; ni el presupuesto estaba suficientemente.

Entre las entidades regidas por el PP que han contratado algunas de estas empresas figuran la Federación Española Municipal de Municipios, cuya presidenta hasta 2003 fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también del PP. El Consejo Superior de Deportes, durante el Gobierno de Aznar, contrató en 1998 con una unión temporal de empresas en la que estaba Pasadena -compañía que también preside Crespo- por un monto de 69 millones de pesetas.

Y en 1997, fue contratada Special Events por el Ayuntamiento de Las Rozas, gobernado por el PP, por un monto de 17 millones de pesetas para unas actuaciones publicitarias de sus fiestas patronales. El PSOE intenta averiguar si esta empresa, cuya versión reclamó este diario sin éxito, o firmas afines, han recibido contratos del actual Gobierno madrileño, algo que no ha tenido respuesta oficial.

Pero no queda aquí la cosa. El departamento de estado americano señala a la isla de San Cristóbal y Nieves como uno de los paraísos fiscales dedicados a lavar dinero negro. En esta pequeña isla del caribe se pierde el rastro a los dueños de Special Events. El informe sobre las islas es uno de los más amplios en la web del Departamento de Estado de los EEUU, en concreto en el de la llamada "oficina de narcotráfico". De estos paraísos fiscales, antiguas colonias británicas, dicen que son "un centro de lavado de dinero y tráfico de drogas", con 40.000 habitantes, apenas 200 km2 y 15.000 compañías extranjeras registradas.

Casi todas, llamadas IBC o corporaciones internacionales de negocio. Una fórmula que garantiza completamente el anonimato de los verdaderos dueños. Se autorizan las "acciones al portador", lo que implica que no hay nada equivalente a los registros públicos que funcionan en cualquier país y se permite que los directores sean también sociedades opacas y no personas físicas. Por supuesto no se pagan impuestos sobre la renta o las ganancias del capital generadas fuera de la isla y los órganos de dirección de las compañías, cuando son algo más que sociedades pantalla, se pueden reunir en cualquier otra parte del mundo.

4. C. CATALUÑA. FERNÁNDEZ DÍAZ QUIERE EXPULSAR DE LA CALLE "A PROSTITUTAS Y MENDIGOS".

El presidente del grupo municipal del PP en el consistorio barcelonés, Alberto Fernández Díaz, pidió un Ayuntamiento "sin complejos" que expulse de la vía pública actividades irregulares como "las prostitutas, los limpiacristales, el top manta, los mendigos y los que causan desperfectos en los bienes de todos, los gamberros". Joan Ferran, primer secretario del PSC de Barcelona, replicó al dirigente popular tener "tics antidemocráticos".

Fernández Díaz hizo su balance del actual mandato municipal. Su diagnóstico es sencillo: todo va mal. Y todo va mal por culpa del alcalde, Joan Clos. El dirigente popular achaca a Clos ser un "lastre"para la ciudad. Fernández Díaz considera que la ciudad tiene un "déficit de autoridad democrática" y por ello apuesta por un Ayuntamiento "que no tenga complejos a la hora de hacer cumplir la ley y las ordenanzas". Una política sin complejos es, en su opinión, la que garantiza la seguridad ciudadana y expulsa las actividades irregulares que se desarrollan en la vía pública como "las prostitutas, los limpiacristales, el top manta, los mendigos y los que causan desperfectos en los bienes de todos, los gamberros".

5. C. CATALUÑA. CONCEJALES DEL PP IMPIDEN QUE DIMITA EL ALCALDE QUE LLAMÓ "TARADOS" A LOS GAYS.

Los cuatro concejales del PP del Ayuntamiento de Pontons (Barcelona) impidieron en un pleno extraordinario, que prosperara la petición de dimisión presentada por PSC y CiU contra el alcalde de la población, Lluís Caldentey, del PP, quien dijo que "un gay es una persona tarada, que nace con una deformación física o psíquica". El alcalde, a quien el PP ha suspendido de militancia, contó con el apoyo de los concejales de su grupo, con los que gobierna con mayoría absoluta. Durante el pleno, Caldentey señaló que sus declaraciones "no se referían al colectivo homosexual en general", sino a las personas del mismo sexo que querían casarse, y aseguró que todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial de su partido sobre posibles sanciones. En el Ayuntamiento, el PP dispone de mayoría absoluta, con cuatro concejales, frente a los dos del PSC y a uno de CiU, que no han podido forzar la dimisión del alcalde.

6. C. GALICIA. SPECIAL EVENTS LOGRA CONTRATOS PÚBLICOS DE LA XUNTA DE GALICIA

La empresa de comunicación que ha trabajado para el PP y que es propiedad de sociedades radicadas en paraísos fiscales del Caribe, fue contratada también por varios gobiernos autónomos del Partido Popular.

Según se ha sabido consiguió una importante adjudicación de la Xunta de Galicia para una campaña de publicidad. El hoy presidente de Special Events era entonces dirigente del PP gallego.

Es una constante en la forma de funcionar del grupo de empresas que gira en torno a Special Events. Sus directivos proceden en la mayor parte de los casos del PP o de las autonomías y ayuntamientos en los que gobiernan. Su principal cliente, tal y como ha reconocido el presidente de Special Events, es también el PP o los gobiernos locales o regionales en los que tienen el poder.

El actual presidente de Special Events es Pablo Crespo Sabaris, en el pasado hombre de confianza de Xosé Cuiña y dirigente del PP gallego. La empresa que ahora preside consiguió entonces, año 2001, uno de sus contratos más importantes: casi un milón y medio de euros para promocionar el mercado de la carne gallega, hundido en plena crisis de las vacas locas. Crespo también ha estado relacionado en los últimos tiempos con el entorno de Mariano Rajoy. De hecho la ex ministra Ana Pastor contrató a su mujer como asesora en su etapa de Ministra de Sanidad.

Estos contratos con la Xunta de Galicia aparecen en el registro por su volumen, pero no es lo habitual. Special Events trabaja para multitud de ayuntamientos y autonomías, casi siempre gobernadas por el PP. Más que grandes contratos, entre los pagos se encuentran una larga lista de pequeñas facturas por una escasa cuantía que evitan la publicidad y los controles habituales de los interventores. De este tipo es, por ejemplo, el contrato que consiguen del ministerio de Agricultura para organizar la entrega de los premios "Alimentos de España" en 2001. Son 4.900.000 pesetas de las de entonces, por el procedimiento llamado "negociado sin publicidad", lo que impide que otras empresas opten al concurso. Desde entonces, todos los organizadores del mismo acto han conseguido el contrato a través de concurso público.

* Ver las Noticias referidas a Special Events, pág. 6.

7. C. GALICIA. EL PRESIDENTE DE LA XUNTA AFIRMA QUE EL 14-M SE VOTÓ "EN CONDICIONES ILEGALES".

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, rescató en Montevideo el discurso que pone en duda la legitimidad del triunfo socialista en las últimas elecciones generales. Fraga planteó los comicios gallegos del 19 de junio como una prueba retrospectiva de que las elecciones del 14-M no se celebraron en "condiciones legales" e incluso "podrían haberse suspendido a la vista de las manifestaciones del día de reflexión". Fraga se encuentra de visita en la capital uruguaya para estrechar relaciones con la colonia gallega, cuyo voto puede ser determinante en las autonómicas.

El presidente de la Xunta expuso la teoría de que los comicios del 19-J serán "los primeros normales" que se celebren en España en el último año, ya que no incluye en tal categoría ni las elecciones del 14-M ni las recientes autonómicas vascas. Con ese planteamiento, destacó que los resultados de las urnas en Galicia serán "muy importantes" porque de ellos se podrían extraer una conclusión política. "Espero que vayan a confirmar lo que todo el mundo sabe: que las últimas elecciones generales no se celebraron en condiciones normales después de los atentados [del 11-M] y que no se cumplieron las condiciones legales", espetó Fraga, para quien tales circunstancias hubiesen facultado al Gobierno de entonces a suspender los comicios.

8. C. GALICIA. FRAGA REITERA QUE NO VIAJÓ PARA HACER POLÍTICA.

"No he venido aquí a hacer política". El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, puso fin a su gira por Argentina y Uruguay del mismo modo que la había comenzado: con una rotunda afirmación de que su viaje no ha estado vinculado a la inminencia de las elecciones autonómicas del 19 de junio, en las que tienen derecho a voto 130.000 gallegos residentes en ambos países. Fraga finalizó su gira en Montevideo tras ser recibido por el presidente de la República de Uruguay, Tabaré Vázquez, a quien impuso la medalla de oro de Galicia.

Tanto empeño puso Fraga en negar que su viaje obedezca a motivos electoralistas que llegó a afirmar que los dos multitudinarios mítines que protagonizó en Buenos Aires y Montevideo tenían como único propósito "ofrecer colaboración" a la colonia gallega. La visita del presidente de la Xunta estaba programada en principio para finales de junio, pero se anticipó después de que Fraga decidiese no agotar su mandato en octubre.

Pese a las declaraciones oficiales de Fraga, entre sus colaboradores se consideran cubiertos los objetivos del viaje con la multitudinaria asistencia a los dos actos centrales de la visita, los mítines en Buenos Aires y Montevideo. El PP repartió entre los inmigrantes invitaciones para comer y logró reunir en total a más de 12.000 personas.

9. C. ANDALUCÍA. LA DESOBEDIENCIA DEL PP A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO OBLIGA A ÉSTA A SUSPENDER EL PLENO.

El Parlamento registró uno de sus episodios más estridentes. El lance comenzó cuando al tomar la palabra el presidente de la Junta los diputados del PP desplegaron de improviso varias pancartas en las que se leía: "Consejo Audiovisual, Chaves, no más cacicadas". Éste se negó a hablar mientras se exhibiera el "insulto". Los populares no hicieron caso de los ruegos de la presidenta de la Cámara, Mar Moreno, ni para retirar el cartel ni para guardar orden. Tampoco se movieron cuando les ordenó abandonar el hemiciclo. La presidenta suspendió el pleno. Al reanudarse la sesión de tarde, ya sin carteles, dijo: "Si no respetan lo que marca la presidencia y cruzan la raya de la desobediencia, aniquilan las reglas del juego"

Nunca hasta ahora un grupo parlamentario había llevado tan lejos una protesta. La historia de la Cámara andaluza está salpicada de pequeños incidentes, pero en todas las ocasiones, tanto diputados como espectadores obedecieron las indicaciones de la presidencia. Y este extremo desembocó en la suspensión del pleno.

En la sesión de control al Gobierno, la presidenta del grupo popular, Teófila Martínez, recriminó al presidente de la Junta en una larga exposición la utilización de las instituciones. En especial, del Consejo Audiovisual, órgano que aún no se ha creado y donde el PP considera que estará infrarrepresentado, ya que contará con el mismo número de miembros que IU (dos), pese a la diferencia de escaños de 6 a 37.

Cuando Manuel Chaves iba a responderle a Martínez, la bancada popular desplegó una treintena de pequeños carteles con la leyenda: "Chaves, no más cacicadas". El presidente se negó a hablar mientras no se apartase el "insulto personal" y declaró que el Parlamento no es un "circo" sino la institución donde radica la soberanía popular.

Con el ruido de fondo de la una enorme bronca de los diputados del PP -el portavoz, Antonio Sanz, tomó la palabra sin permiso- la presidenta de la Cámara, Mar Moreno, pidió reiteradamente que depusieran su actitud y ordenó a los ujieres que se llevasen los carteles.

Los populares se resistieron, llegando incluso a dar tirones de los papeles que intentaban retirar los servicios parlamentarios. Ante esta tesitura, acentuada con las imputaciones de "sectarismo" que lanzó Sanz, quien atendía a la vez al teléfono móvil, Moreno suspendió el pleno cinco minutos.

Al reanudarse la sesión, el momento se tornó aún más peliagudo. La presidenta intentó sin éxito convencer al PP de que ya había conseguido "su efecto mediático". Finalmente, dijo: "Les ruego que abandonen el pleno, si lo hacen, bien; si no, no tengo método de fuerza para que entren en razón, por lo que suspendo el pleno". Los populares permanecieron aún unos veinte minutos en sus escaños.

El resto de los grupos reaccionó con una mezcla de desconcierto e indignación. El PA calificó el comportamiento del PP de "bochornoso" e IU de "gamberrada".

10. C. ANDALUCÍA. AUMENTAN LAS DISCREPANCIAS Y LAS TENSIONES EN EL PP DE ALMERÍA.

La dirección provincial del PP ultima el proceso para crear una gestora en El Ejido e incoar un expediente de expulsión al alcalde de la localidad, Juan Enciso. La negativa de Enciso a dar de baja como concejal del grupo popular de El Ejido a José Añez, presidente de la Diputación y dirigente ya expulsado del PP, está en el origen de una decisión que parece irreversible.

El presidente regional del PP, Javier Arenas, señaló que su partido "no se va a quedar huérfano" en El Ejido si Enciso es expulsado. La dirección regional y provincial del PP son conscientes que la posibilidad de llegar a un acuerdo con Enciso es casi imposible. "

El plazo que el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, otorgó a Enciso para que diese de baja a Añez como concejal popular de El Ejido se cumplió. Y ahora, los planes del PP pasan por disolver la agrupación local de El Ejido, presidida por Enciso, y crear una gestora que pilote el partido hasta que se celebre un nuevo congreso. De forma paralela, la dirección del PP tiene previsto abrir un expediente a Enciso por desobedecer las órdenes de la dirección que puede acabar en su expulsión, algo que la cúpula de los populares ve como irremediable. De hecho, el PP de Almería ha convocado un comité ejecutivo en el que se abordarán estas cuestiones, una cita a la que Enciso ya ha anunciado que no piensa acudir.

Ésta polémica es un nuevo capítulo de la crisis que atenaza al PP de Almería desde hace años y que tuvo su proyección institucional en la Diputación provincial, la única que gobernaban los populares en Andalucía. Las desavenencias en el equipo de gobierno de la Diputación terminaron con una fractura del grupo popular. Los diputados afines a la dirección provincial fueron destituidos de sus cargos por Añez, que desde entonces gobierna con sólo tres diputados que le son fieles. Estos tres diputados son Gines Martínez, Ángel Díaz y Antonio Torres.

A todos ellos, el PP les ha expulsado y ha exigido que dejen de ser concejales del PP en sus municipios de origen. Enciso se ha negado a dar de baja a Añez como concejal del PP de El Ejido y como secretario general local, camino que también ha seguido el alcalde de Dalías, Jerónimo Robles, quien se ha negado a aplicar esta orden a Ángel Díaz. El alcalde de Bayárcal, José Rovira, y la presidenta del PP de Berja, Cecilia Martín, sí han hecho caso de las órdenes de la dirección y han dado de baja como concejales del PP a Ginés Martínez y Antonio Torres, respectivamente.

El alcalde de El Ejido dijo que para él "no hay plazos", que nadie le podría exigir nada porque "no lo haría", y se mostró dispuesto a aceptar las "consecuencias" de su actuación. Enciso ya anunció que, pese a ser convocado a la reunión del comité ejecutivo del PP de Almería, no acudirá.

Por su parte, uno de los diputados provinciales díscolos, Ángel Díaz, expulsado del PP, aseguró que, si Juan Enciso, alcalde de El Ejido, y Gabriel Amat, presidente popular almeriense, no llegan a un acuerdo, "seguro que habrá un nuevo PP que desbancará al viejo y lo pondrá como tercera fuerza política de la provincia". Es decirf, si no hay acuerdo "habrá dos partidos populares", añadió. Denominó "fieras" a quienes "ocupan varios cargos en el PP" y "a los diputados nacionales que no son de Almería". "No hay ni un senador, parlamentario, diputado nacional o provincial que represente al poniente almeriense. Nuestro partido se ha convertido en una auténtica selva".

El PP de Almería celebrará próximamente la reunión del comité ejecutivo provincial y será entonces cuando realmente se conozcan cuáles son las medidas que la formación adoptará con Juan Enciso y Jerónimo Robles.

Pero el culebrón se alarga: el presidente del PP en Almería, Gabriel Amat, hizo una última oferta por carta al alcalde de El Ejido, Juan Enciso: el PP renunciará al expediente de expulsión si Enciso acuerda el relevo de José Añez como concejal popular en el Ayuntamiento y como secretario local del partido. Enciso respondió que no destituirá a Añez ni aunque éste se lo pida. "El compromiso del PP de El Ejido con sus vecinos no puede estar a capricho de estos señores, a que se hagan las listas según su gusto". Piensa que hay "orden de cargar contra Añez", pero advirtió: "Es intocable".

Pero para rematar esta situación, el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, a sólo 24 horas de su expulsión, tachó al presidente provincial del PP, Gabriel Amat, de "fascista". Enciso aprovechó la carta de Amat para tacharlo de "antidemocrático". "Se dice que el comité ejecutivo tomará la decisión [de disolver la junta local] cuando todavía no se ha votado", dijo el alcalde. "Son cartas de dictadores" que demuestran "que la democracia en el partido se ha perdido", prosiguió Enciso, que interpretó el mensaje de Amat con un sintético "se hace lo que se me pasa por el arco del triunfo".

El PP piensa en el anterior presidente local, Antonio Góngora, y en el dirigente de la asociación de cooperativas Coexphal, Juan Cantón, como responsables de la junta provisional de El Ejido.

11. C. ANDALUCÍA. AGÜERA DICE QUE FUE "ESPIADA" POR "OSCURAS AMBICIONES DE MAFIOSILLOS BARATOS".

El pleno monográfico sobre el informe policial de la concejal del PP de Málaga Rosa Agüera respecto a la filtración del informe policial en el que se detallan sus actividades públicas y privadas, no permitió arrojar luz sobre las tres cuestiones que la propia afectada considera esenciales: quien lo mandó hacer, quien lo ha conocido y quien lo filtró. La edil se reconoció no satisfecha con los resultados de la investigación reservada encargada por el alcalde, y aseguró que fue espiada por "oscuras ambiciones personales y prácticas de mafiosillos baratos".

En una tensa sesión, la oposición hizo responsable al alcalde, Francisco de la Torre, del PP, de "un grave atentado realizado desde los poderes públicos del Ayuntamiento contra los derechos y libertades de una malagueña que es además representante de los ciudadanos". El informe policial, además de detallar actividades privadas de la edil, contiene valoraciones negativas sobre su trabajo al frente del distrito centro.

Pero el revés más duro al PP vino de la propia Agüera, que puso en evidencia con su sorprendente intervención todos los argumentos oficiales del equipo de gobierno.

La concejal explicó que cree que la comisión de investigación "es la medida más correcta porque sólo el carácter público de la misma y la participación de todos los grupos políticos garantizan la pureza del proceso democrático". Pero, no rompió la disciplina de grupo y la votó en contra "por lealtad". "La lealtad que no ha existido en las personas que han encargado ese repugnante y manipulado informe, en quienes lo han autorizado o descuidadamente tolerado, y en quienes de forma no solo vil sino también interesada lo han remitido a los medios de comunicación", explicó.

Entre otros argumentos divergentes con los oficiales, Agüera señaló que "todo apunta a pensar que pudiera haber más informes sobre más concejales", y dijo que los resultados de la investigación reservada realizada por dos funcionarios designados por el alcalde "no consigue responder a las cuestiones claves".

La portavoz del PP dio un peculiar argumento contrario a la comisión: "Hubiera sido un espectáculo dantesco que personas que se preocupan por nuestra seguridad se sometieran a las preguntas del portavoz de IU". Romero criticó la ingente cantidad de información de prensa publicada sobre el caso. Agüera en cambio agradeció la labor de la prensa para que esclarecer el caso.

Posteriormente, la concejal del PP en Málaga Rosa Agüera presentó una denuncia judicial por presunto delito de revelación de secreto en relación a la filtración del informe policial. En la denuncia se pide que se abran diligencias para "averiguar los hechos y las personas que ha participado", y en el relato de los hechos aparecen dos personas cuya identidad no fue facilitada.

Desde que el asunto salió a la luz, los concejales del PP han mantenido serias discrepancias, y algunos reclamaron una reacción más contundente incluso con dimisiones.

12. C. ANDALUCÍA. LAS EDILES DE LA OPOSICIÓN EN ALHAURÍN DE LA TORRE ACUSAN AL ALCALDE DE "TRATO VEJATORIO".

Las concejalas de la oposición en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) denunciaron el "trato vejatorio" que el alcalde, Joaquín Villanova (PP), ejerce hacia ellas durante los plenos. Las ediles del PSOE e IU exigieron una rectificación del alcalde por su "continua falta de respeto, agresividad y tono insultante" demostrados hacia ellas por ser mujeres. El alcalde negó todas las imputaciones que le achaca la oposición.

"El alcalde intenta machacar a las mujeres y sus descalificativos como ignorante, mentirosa y mosquita muerta son continuos. Si los ataques personales no cesan, llegaremos a los tribunales". Patricia Alba, concejal del PSOE en Alhaurín de la Torre, denunció junto a otra edil socialista y dos concejalas de Izquierda Unida el "trato vejatorio" que ejerce el regidor hacia ellas.

Las ediles afirman que soportan esta situación desde que el alcalde asumió el poder hace más de diez años, pero que últimamente sus acusaciones se han aumentado considerablemente. Se quejan del poco respeto con que Villanova las interpela y confunde temas personales con posturas políticas. La gota que colmó el vaso llegó cuando el alcalde interrumpió a la concejal socialista Susana Radio. "De forma violenta dijo que mentía", explicó la concejal. A continuación, y en referencia a otro tema, fue interrumpida por el regidor hasta en cinco ocasiones "tratando de boicotear mi postura política". En el turno de ruegos y preguntas, las concejalas pidieron al alcalde que diera ejemplo de respeto hacia los demás ediles como presidente de la corporación municipal, a lo que éste respondió "de manera jocosa, provocando la risa del equipo de Gobierno".

Las ediles de IU denuncian que al margen de los rifirrafes, el alcalde siempre les da una contestación "insultante, vejatoria y despectiva y con alusiones personales". La concejal Mercedes Ávila afirma que sus argumentos políticos son rebatidos con insultos personales: "Me acusa de haberle decepcionado como cristiana, de ignorante y de tener mucho odio. Además de amenazas constantes tipo 'como abra la boca la echo'", denuncia Ávila. La edil opina que esta situación no se produciría si la retransmisión de los plenos en la televisión local "no se censurara, porque en el acta del pleno el secretario pone lo que quiere". "Un alcalde que no respeta el trabajo realizado por las mujeres no puede abanderar los actos del Día de la Mujer sin dar ejemplo", añadió.

"Uno es humano, y dentro del calor del debate puede haber cruces, pero se han inventado una historia sobre mi trato desigual a las mujeres", se defendió el alcalde. Villanova recordó su "talante progresista" para negar las inculpaciones de trato vejatorio: "No tengo ninguna deformación mental y me llevo muy bien con todas las asociaciones de mujeres", dijo. Frente a las acusaciones de aludir en los plenos a la vida privada de las ediles, el regidor se mostró tajante: "Asuntos personales ni los hago ni los permito en el pleno", zanjó.

El alcalde remitió por la tarde una carta a la edil socialista disculpándose por las interrupciones en el pleno. Villanova está imputado en varias causas, una de ellas por denegar acceso a documentos públicos a concejales del PSOE. En marzo, otro juzgado de Instrucción de Málaga ordenó abrir diligencias previas, a instancias de la Fiscalía, por una denuncia de IU, también por impedimentos en el ejercicio de derechos cívicos.

13. C. MADRID. UN INFORME MUNICIPAL SEÑALA QUE MAJADAHONDA PERDIÓ UN MILLÓN DE EUROS AL VENDER UNA PARCELA.

Un informe del interventor del Ayuntamiento de Majadahonda, fechado en abril de 2000, destapó que la venta de una parcela municipal de 30.154 metros cuadrados a la constructora Afar4 -propiedad de un amigo del ex alcalde de la localidad y ex secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada- provocó un "perjuicio económico" a las arcas municipales de 187.543.796 millones de pesetas (algo más de un millón de euros).

¿Cómo llegó el interventor a esta conclusión? En marzo de 1999, el entonces alcalde, Ricardo Romero de Tejada, inició el expediente de venta de la parcela DN-8 mediante subasta. El solar tenía 30.514 metros cuadrados. El arquitecto municipal la valoró en 1.373 millones y señaló en su informe que se había "procedido a depurar la situación física de la parcela, no siendo necesario su deslinde": es decir, estaba lista para vender. Se presentaron dos empresas: Afar-4, que ofreció 1.700 millones, y Mapfre, que daba 1.510.

Pero el 25 de septiembre de ese año, Afar-4 remitió un escrito al Ayuntamiento denunciando la existencia de "vicios ocultos": una línea de alta tensión y una conducción del Canal. Por ello, la constructora pedía que se aplazase "el pago de la adjudicación hasta que Ayuntamiento e Iberdrola hagan desaparecer el actual tendido".

En abril de 2003, un técnico municipal firma la propuesta de resolución definitiva en la que se permite el fraccionamiento del pago: 600 millones en un primer plazo, 600 millones 18 después y otros 502 doce meses más tarde. El interventor municipal redactó después un informe en el que mostraba su sorpresa porque en el momento del pago "se hayan descubiertos servidumbres desconocidas hasta entonces" y reclama que se exijan "las responsabilidades, en todo orden, en que pudieran haber incurrido autoridades, funcionarios, empresas públicas o privadas".

Y añadía que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas permite al Ayuntamiento cobrar los intereses de demora legales. El interventor calcula en 187 millones de pesetas las pérdidas causadas y recomienda a la alcaldía que abra expediente informativo. Pero, además, otro informe del secretario municipal ponía en duda que no se pudiese construir en la parcela y que Afar-4 no conociese los vicios ocultos de antemano.

El caso acabó con Afar-4 vendiendo la parcela a Mapfre, la otra entidad que se presentó al concurso, y que actualmente levanta un edificio de oficinas en el solar. Afar-4 declinó hacer declaraciones. Rafael Simancas, secretario regional del PSOE, manifestó: "El culebrón de la corrupción en Majadahonda parece no tener fin y tiene además un protagonista: Romero de Tejada". Por su parte, Carmen Menéndez, del PP, edil de Hacienda en el momento de la venta, afirma que la "operación fue legal, que la ley permite el fraccionamiento del pago" y que finalmente se cambió el trazado de la tubería, "que costó 500 millones y que pagó el Canal".

14. C. MADRID. UN ALTO CARGO DE LA COMUNIDAD DE MADRID INCUMPLE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES.

La decisión de la presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de contratar a más de una veintena de ex altos cargos de los gobiernos de José María Aznar sigue suscitando la polémica. El ex senador del PP y amigo personal de Aguirre, José María Barahona, cobra un sueldo de dedicación exclusiva en una agencia de la Consejería de Sanidad, mientras sigue pasando consultas privadas como oftalmólogo en Madrid y Salamanca, por lo que estaría incumpliendo la Ley de Incompatibilidades.

Este oftalmólogo salmantino, que ha sido senador del PP en las dos legislaturas en las que Aznar ha sido presidente del Gobierno, se declara amigo de Esperanza Aguirre desde su etapa como presidenta del Senado. La presidenta le ofreció un alto cargo en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el de director técnico de la Agencia Laín Entralgo, después de que se quedara sin escaño en la Cámara Alta.

La relación entre la presidenta madrileña y José María Barahona va más allá. Su hijo, tal y como ha reconocido el propio Barahona, es miembro del gabinete de Esperanza Aguirre.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid nombra a Barahona alto cargo de la Consejería de Sanidad a mediados de 2004 y queda sometido a la Ley de Incompatibilidades.

El puesto de Jose Mª Barahona, según han denunciado fuentes de la Consejeria, exige dedicación exclusiva. Sin embargo, ha reconocido que tiene una consulta en Salamanca y que también ha atendido pacientes en otra consulta de Madrid. Barahona asegura que pasa consulta de forma gratuita y por amistad, por ejemplo a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, un redactor de un medio de comunicación ha pedido cita para una revisión y el precio es de 120 €.

Hasta 22 ex altos cargos de los Gobiernos de Aznar están en nómina de la Comunidad de Madrid, tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en las pasadas elecciones generales.

15. C. LEVANTE. ZAPLANA PROMETIÓ DESALADORAS Y DIJO QUE NO CONTAMINABAN.

La petición del presidente de la Diputación de Castelló a Acuamed para que construya una planta desaladora entre Orpesa y Cabanes, junto al futuro parque de ocio Mundo Ilusión, ha provocado sarpullidos en determinadas instancias del PP y de la Generalitat, pero Carlos Fabra ha podido inspirarse en el programa electoral que bajo el liderazgo de Eduardo Zaplana llevó a los populares a desbancar del poder en 1995 a los socialistas. En sus «100 Soluciones para Empezar», la número 18 reza así: «Incentivar la instalación de Plantas Desaladoras para producir agua destinada a consumo humano».

A continuación, el «Programa de Gobierno» de Zaplana en aquellas elecciones desgrana las seis instalaciones que, con carácter de «urgentes» con el fin de combatir la sequía, había que construir en Castelló (dos) y Alicante (cuatro).

Sobresale la de Oropesa-Benicàssim, un emplazamiento muy próximo a la planta solicitada por Fabra al Gobierno socialista. La actuación debía generar 12.000 m3 de agua al día, 4,3 hm3 al año. El mismo caudal debían generar las instalaciones de Vinaròs-Peñíscola y Marina Alta. La de la Marina Baja, en cambio, era el doble, 24.000 m3 al día, 8,76 hm3 al año. Por último, para la zona meridional de Alicante, se citan dos instalaciones, de 8.000 y 9.750 m3 al día, 2,9 y 3,5 hm3 al año, respectivamente. En total, 28,06 hm3 de agua al año.

El Programa Agua del Gobierno socialista propone, curiosamente, el mismo número de nuevas desaladoras, seis, aunque limitadas exclusivamente a la provincia de Alicante y con un caudal a generar sensiblemente mayor, de 141 hm. Se trata de las instalaciones referidas a las zonas de Marina Alta, Marina Baja, Alicante-La Vega Baja, Torrevieja y Pilar de la Horadada.

El programa Zaplana se compromete a «incentivar, mediante la exención del canon de saneamiento, la instalación de plantas desalinizadoras, ligadas, en un principio, al sector turístico costero, de forma que el rechazo del tratamiento pueda efectuarse directamente al mar (no hay impacto ambiental de ningún tipo) y la captación se ejecute a una distancia de la línea de mar tal que las concentraciones de sales puedan tratarse de forma eficiente».

El actual Consell de Camps ha denostado las desaladoras por su impacto ambiental. Tras fijar en 430 hm3 el déficit hídrico de la Comunidad, explica que las desaladoras son un sistema «adecuado» para agua de consumo humano, no así para regar, debido al precio.

No hay mención al trasvase del Ebro. Las otras actuaciones son elaboración de un plan de reutilización de aguas residuales; construcción del embalse de Vila-marxant, Montesa y Llombai; y encauzamiento del barranco de Torrent y del río seco en Castelló.

16. C. VALENCIANA. LA JUEZ EMBARGA 28 PLAGUICIDAS QUE FUERON DISTRIBUIDOS POR LAS MUJERES DE FABRA Y VILAR.

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Castelló ha ordenado el embargo de los permisos oficiales de 28 productos fitosanitarios distribuidos por Artemis 2000, la empresa que fue gestionada al 50% por Montserrat Vives -ex mujer del empresario Vicente Vilar-, y María Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra.

En un oficio dictado el pasado 13 de mayo, la juez María José Masiá Canuto hace saber al Ministerio de Agricultura que el juzgado tiene abierto un procedimiento a instancias de Naranjax, SL (la empresa de Vilar productora de los fitosanitarios), contra la distribuidora Artemis 2000, por reclamación de una deuda de 512.431 euros.


La juez desglosa su resolución en dos grandes bloques. Por un lado se refiere a las licencias de Artemis concedidas por el ministerio y por otro a las que están en trámite de concesión, y aclara que la diligencia de embargo debe extenderse a todas las sustancias, aprobadas o en trámite.


El juzgado de Castelló abrió un procedimiento de embargo de bienes contra la empresa de Vives y Fernández al reclamar Vilar el pago de medio millón de euros por la confección de memorias técnicas y analíticas que sirvieron para la venta de productos insecticidas en países europeos.

La diligencia de ejecución es una consecuencia más de la auténtica batería de querellas y demandas civiles que Vilar ha interpuesto a lo largo del año contra Fabra, Fernández y Vives. En este caso, el industrial propietario de Naranjax reclama a su ex esposa y a la mujer de Fabra el pago de 512.431 euros por una serie de pagarés que supuestamente Artemis no atendió.


Comisiones judiciales de los juzgados de Castelló acudieron meses atrás a las oficinas de Artemis 2000, en la calle del Poeta Guimerá, para llevar a cabo la ejecución de los bienes, pero no pudieron cumplir la orden, ya que no encontraron a ningún responsable de Artemis, por lo que levantaron un acta de diligencia negativa.

 

 

17. ORANGE MARKET ORGANIZA EL MITIN PARA FESTEJAR LOS DOS AÑOS DE CAMPS EN EL CONSELL

Special Events tienen una antena en Valencia, que fuentes del PP valenciano identifican como Orange Market. El administrador único de esta mercantil es Luis de Miguel Pérez, abogado de Madrid con fuerte vinculaciones con el presidente de Special Events, el ex diputado autonómico gallego Pablo Crespo. De Miguel desarrolla una frenética actividad empresarial, a tenor del elevado número de sociedades en las que figura en el Registro Mercantil. El letrado, cuyo bufete (De Miguel & Abogados) ofrece servicios a empresas en materia de fiscalidad, administra otras dos firmas con Pablo Crespo: Spinaker 2000 y Gestión de Equipamientos Deportivos.

Pero también figura como presidente de las promotoras inmobiliarias La Herreria de los Chorros y Desarrollos Inmobiliarios Fuente Marcela. Además es vicepresidente de Dragon Gas y consejero delegado de Alinvest-Ko. Esta última mercantil está participada al 100% por Artoal SA, con sede en Luxemburgo, un país conocido por sus ventajas fiscales. De Miguel administra otras sociedades domiciliadas en Madrid como Sa Sterling, Soluci, Guadalmina La Garza, Catalina de Erauso, Celvic 2000 o Kuhrway SL. Sólo Orange Market tiene sede social en Valencia.

Por su parte, Special Events cuenta como máximo accionista con Windrate Limited, empresa controlada por sociedades radicadas en paraísos fiscales como La Isla de las Nieves, que según el Departamento de Estado de EE UU es un centro de blanqueo y narcotráfico.

El acto está organizado por Orange Market, a cuyo frente se encuentran Álvaro Pérez Alonso y el abogado madrileño Luis de Miguel Pérez. La citada firma tiene conexiones con Special Events. De hecho Álvaro Pérez, con notables contacto en Génova, 13, sede del PP y amigo personal de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar) y De Miguel comparten puestos en sociedades con Pablo Crespo, presidente de Special Events. Una tres mil personas está previsto que acudan mañana al Palau de la Música. Para ello se han flotado autobuses desde diferentes comarcas, según los organizadores.


Orange Market, fundada en 2003 en Valencia, se ha convertido en la empresa de cabecera del PPCV, y también de varias administraciones con gobierno popular. Álvaro Pérez, un profesional de la públicidad y de los montajes electorales, es una pesona estimada por los cargos de partido en Valencia. Pedro García, actual director general RTVV, despachó habitualmente con él durante su etapa como responsable de comunicación del partido en la pasada campaña autonómica. Distintos cargos del PP valenciano destacan su capacidad de trabajo y cualidades en los montajes de actos.


Pérez ya se dejó ver en el mitin de Aznar, Camps y Zaplana en las elecciones autonómicas de 2003 y, un año más tarde, en la plaza de toros de Valencia, en el acto central del partido, en el que partiparon el presidente de la Generalitat y Maríano Rajoy, que era el candidato a la presidencia de la Generalitat.


En Orange Market ha trabajado como director de comunicación Ignacio Blach, que recientemente fue fichado por Camps para ocupar una plaza de asesor del delegado del Consell en Valencia, Fernando Coquillat. Los lazos de Orange Market como el PP le han servicio para conseguir diversos contratos de diferente índole. Se le adjudicó el stand de la Comunidad en la Feria de Turismo por 930.000 euros, y realizó el diseño y la maquetación de la Guía de la Comunicación de la Comunicación que está elaborada por Presidencia de la Generalitat. El conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, Esteban González Pons, es el autor de la presentacion de dicha Guía. Distintas fuentes del PP, indicaban ayer que otras conselleries habían contratado con la firma de Álvaro Pérez para trabajos de publicidad.

* Ver las Noticias referidas a Special Events, pág. 6.

18. C. LEVANTE. EL CONSELL CELEBRA QUE EL ARZOBISPO «SIGA LA LÍNEA» DEL PP.

El portavoz del Consell, Esteban González Pons, afirmó que comparte las acusaciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, al presidente del Gobierno en materia de terrorismo e indicó que si, además, el arzobispo de Valencia «sigue la misma línea» del Consell y Rajoy, «lo celebramos».

González Pons se pronunció así al ser preguntado sobre si compartía las declaraciones del prelado, Agustín García Gasco, quien ha coincidido con Rajoy en que si el Gobierno negocia con los afines a ETA «se está traicionando a las víctimas del terrorismo».

El arzobispo manifestó en su carta semanal que «el diálogo y la negociación con quienes se benefician del terrorismo suponen siempre una traición a las víctimas, que corroe los cimientos de la sociedad democrática». El conseller explicó que el Consell sigue la misma línea que expuso Rajoy el miércoles en el Congreso, «más seguramente que el arzobispo de Valencia», ya que pertenecen al mismo partido. «Si además el arzobispo sigue la misma línea del Consell y de Mariano Rajoy, pues lo celebramos», agregó.

19. C. VALENCIANA. LA DIPUTACIÓN CONTRATARÁ LA ASEGURADORA EN LA QUE TRABAJA UN HERMANO DEL PRESIDENTE GINER.

La Diputación de Valencia, presidida por Fernando Giner, tiene previsto adjudicar, en la comisión de contratación y suministros, a Unión de Mutuas el servicio de asistencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En esta firma trabaja el hermano del responsable de la corporación provincial, Juan Carlos Giner.

Cuatro empresas presentaron sus ofertas al concurso: Fremap, Mutua Valenciana de Levante, Asepeyo y la citada Unión de Mutuas. El importe del contrato de un año de duración asciende a 730.000 euros (121 millones de pesetas).

Según ha podido saber este diario, tanto el informe elaborado por el jefe de servicio de gestión de personal como el realizado por el jefe de sección de salud laboral concluyen que la oferta más beneficiosa para la diputación es la presentada por Unión de Mutuas.

Juan Carlos Giner trabaja desde hace meses en la citada aseguradora, en concreto en la delegación de la comarca de la Costera. La empresa de la diputación Impulso Económico y Social (Imelsa) ya suscribió precisamente con Unión de Mutuas el servicio de asistencia sanitaria. El presidente de la diputación ha negado que su hermano hubiera intervenido en la contratación del seguro con la firma Imelsa.

20. C. CANARIAS. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CANARIO DESTITUYE A LOS TRES CONSEJEROS POPULARES.

El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis (Coalición Canaria), destituyó a los consejeros de Inmigración, Presidencia, e Industria, los tres adscritos al PP. Esta crisis rompe una tradición de 10 años de entendimiento entre nacionalistas y populares. Martín Menis explicó que la raíz de la disputa hay que buscarla en la oposición frontal del los consejeros del PP con el PSOE, lo que impide llegar a acuerdos con el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero. En 15 días se nombrarán tres nuevos consejeros de CC.

A juicio del presidente canario, la consecución de objetivos clave para las islas debe lograrse "conjuntamente con el Gobierno español, sea cual sea su color político". A este respecto, reveló que no hay "ni una sola frase que condicione el acuerdo entre el PP y Coalición Canaria en las islas a que el Gobierno de España sea del PP". Y añadió: "Canarias habrá de conseguir sus objetivos en todo caso, con cualquier Gobierno; son demasiados asuntos clave como para que se intenten dinamitar desde dentro del propio Gobierno", en referencia a los tres consejeros populares. De esta forma, y a fin de no crispar aún más las relaciones entre el Gobierno central y el canario, el presidente canario ha optado por prescindir del PP en su Gobierno regional.

Las críticas del PP canario al Gobierno central se han referido en especial a asuntos de competencia estatal cuya negociación es clave para los nacionalistas: inmigración, infraestructuras, sanidad, delimitación de aguas, desarrollo fiscal, financiación autonómica, relaciones con Marruecos y reforma del estatuto. Tanto el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, como los otros miembros del PP con responsabilidades públicas, han acusado al Gobierno central de practicar un "boicot" a las islas. A juicio de Martín Menis, esta situación ha llevado a la relación entre CC y PP a un callejón sin salida.

Martín Menis pronunció una frase definitoria: "Los consejeros de mi Gobierno son antes consejeros que miembros de un partido político y su primer interés deberá ser la defensa de los intereses de Canarias". A fin de explicar esta crisis, el presidente ha solicitado una comparecencia urgente ante el Parlamento regional.

En una declaración institucional leída en la que no permitió preguntas, Martín Menis justificó su decisión en "el deterioro de la confianza" entre nacionalistas y populares desde la firma, en 2003, del último pacto. El presidente canario reveló haber mantenido con José Manuel Soria una reunión el domingo pasado. Según Martín Menis, la conversación entre ambos acabó con la promesa del líder de los populares de salir del Gobierno el miércoles pasado, circunstancia no se produjo.

El parlamento regional canario fruto de las elecciones autonómicas de 2003 se compone de la siguiente manera: 23 diputados de Coalición Canaria; 17 del PP; 17 del PSOE; y tres del grupo mixto (independientes de Lanzarote). De esta manera, CC gobernará desde ahora en minoría.Con esta resolución, según el presidente del Gobierno canario, éste "aumentará su eficacia".

El presidente del PP apostó por la defensa de la estabilidad del Gobierno horas antes, durante su comparecencia tras la ejecutiva regional del PP, que decidió poner en manos de Martín Menis la continuidad o no del pacto.

Ir a informes anteriores

© Copyright. 1998 - 2005. www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 5 o superior  a 1024 x 768 píxeles )