ACCIDENTE AÉREO EN TURQUÍA



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MARLASKA PASA AL SUPREMO LA DECISIÓN DE IMPUTAR A TRILLO POR EL YAK-42 

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska pasó ayer al Tribunal Supremo la "patata caliente" de decidir si imputa al ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa por el caso Yak-42. Y lo hizo no sólo en términos heterodoxos, sino también perentorios, con la advertencia de que el próximo día 26 se cumplen cinco años del accidente en el que perdieron la vida 62 militares españoles y podrían prescribir los posibles delitos. 

Lo normal es que el juez hubiera elevado una "exposición razonada", en la que detallara los indicios contra el actual diputado del PP. En lugar de eso, se limitó a trasladar al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, el escrito de las familias de las víctimas en el que se pedía la imputación del ex ministro. Marlaska no se pronuncia sobre la responsabilidad de Trillo, con el argumento de que corresponde al Supremo "analizar la razonabilidad de la imputación". 

Cinco imputados

En otro auto dictado el martes, el juez imputó por un presunto delito de homicidio imprudente al jefe del Estado Mayor de la Defensa cuando se produjo el siniestro, el almirante general Antonio Moreno Barberá, y a otros cuatro mandos militares. 

Implícitamente, el juez denegó todas las demás imputaciones solicitadas, incluida la de Trillo. La asociación de familiares anunció incluso que recurriría ante la Sala de lo Penal de la Audiencia la negativa a imputar a Trillo. 

Por eso sorprendió más el nuevo auto de ayer. Fuentes jurídicas explicaron que el propósito del juez no puede ser otro que el de salvar su responsabilidad si algún tribunal llegara a determinar que Trillo delinquió, pero no es posible condenarle por haber prescrito ya el delito. 

El hecho de que las primeras imputaciones se hayan producido casi cinco años después del suceso se ha debido a que tanto Marlaska como su antecesora en el juzgado, Teresa Palacios, archivaron la investigación y fueron obligados a reabrirla por la Sala de lo Penal. El archivo de Marlaska supuso paralizar el caso durante ocho meses. 

Trillo reaccionó ayer con nerviosismo y calificó de "indeseable" al presidente del Congreso, José Bono, aunque no llegó a citarlo. En los pasillos del Congreso, dijo tener "toda la tranquilidad de conciencia jurídica".(www.elpais.com, 22/05/08)

EL FISCAL PEDIRÁ IMPUTAR EN EL YAK AL EX NÚMERO 2 DE DEFENSA 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene previsto solicitar al juez Fernando Grande-Marlaska que tome declaración como imputados en la causa en la que investiga las irregularidades detectadas en la contratación del Yak-42 al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en el momento del accidente, Antonio Moreno Barberá, y al entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta. 

Ambas imputaciones estaban incluidas entre la veintena solicitada a finales de abril por las familias de fallecidos en el siniestro del Yakovlev representadas por el abogado Leopoldo Torres. Las acusaciones reactivaron su actividad en el procedimiento ante la inminencia del quinto aniversario del accidente y el temor a que prescribieran actuaciones concretas contra personas determinadas, ya que todavía no hay ningún imputado. 

Fuentes fiscales señalaron a 'Público' que, en respuesta a ese escrito, la Fiscalía presentará hoy o a principios de la próxima semana otro en el que apoyará las pruebas pedidas por esta acusación, pero limitará su petición de imputación a tres miembros de la cúpula militar cuando se produjo el accidente o a lo sumo a cuatro.  

Responsabilidad militar

En ningún caso el Ministerio Público considera pertinente imputar al ex ministro de Defensa Federico Trillo, cuya investigación, además, por su condición de diputado, correspondería al Tribunal Supremo. 

En este sentido, las fuentes consultadas señalaron que la responsabilidad de la contratación del avión correspondía a los mandos militares, que consta que conocían al menos parte de las 18 quejas que se produjeron en relación con los vuelos contratados por Defensa con países del Este. El propio Trillo, en el testimonio que prestó por escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 3, se escudó en la cúpula militar, como única responsable del "planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones". El ex ministro decía que el mando militar "asume las competencias operativas y logísticas de la misión, como los medios de transporte". 

Trillo ni siquiera será mencionado en el escrito que ultima a contrarreloj la Fiscalía, ya que su citación fue solicitada el miércoles por la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42, y el Ministerio Público necesita más tiempo para estudiarlo y decir lo que apoya o lo que no. 

El fiscal adscrito al caso, el teniente fiscal Fernando Burgos, también dará su visto bueno a la mayoría de las pruebas documentales y testificales solicitadas por las acusaciones. La ejercida por Torres plantea comisiones rogatorias a Rusia, Ucrania, Luxemburgo, Noruega y Bélgica para interrogar a toda persona que tuviera relación con el avión. 

Imputaciones concretas

Esta acusación pide la imputación del almirante general Antonio Moreno Barberá, número 2 de Defensa cuando se produjo el accidente, como autor de 62 delitos de homicidio por imprudencia y otro de malversación de caudales públicos, por el dinero que se perdió en las subcontrataciones del aparato (Defensa pagó 149.000 euros y la compañía ucraniana UM-AIR sólo cobró 38.422). 

Según la acusación, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el resto de la cúpula militar "ostentaban un especial deber jurídico de intervenir, desde su posición de garante, frente a los riesgos de un resultado dañoso".  

Debían haber garantizado la seguridad de los aviones utilizados para transportar a los militares españoles. 

Respecto a la otra parte del caso Yak-42, la relativa a la identificación errónea de 30 de los 62 cadáveres, el miércoles se dio traslado al fiscal y a las partes personadas para que presenten su escrito de acusación o soliciten nuevas pruebas. En esta causa, a diferencia de la de las contrataciones hay tres imputados, el general Navarro y dos oficiales médicos. 

(www.publico.es, 16/05/08)

TRILLO SUPO ANTES DEL FUNERAL QUE SE DUDABA DE LA IDENTIDAD DE LOS CADÁVERES DEL YAK-42  

El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, supo poco después del accidente del Yak-42, del que hoy se cumplen tres años, que no había seguridad en la identificación de los cadáveres de los 62 militares muertos en el siniestro. Según ha podido saber EL PAÍS, antes del funeral celebrado el 28 de mayo de 2003 en la base de Torrejón (Madrid) hubo una reunión del equipo directivo de Defensa en la que el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre, propuso entregar a las familias los cuerpos identificados positivamente y trasladar los demás al Instituto Anatómico Forense.

La reunión se celebró en la sala de juntas aneja al despacho del ministro, adornada con retratos de todos sus antecesores, y su objetivo era fijar los detalles del funeral de los militares muertos en Tabzon (Turquía), que presidieron los Reyes y fue retransmitido por TVE.

En el curso de la misma, según recuerda alguno de los asistentes, se suscitaron dudas sobre la identificación de los fallecidos. El general Luis Alejandre propuso ir entregando a las familias los cadáveres identificados sin ningún genero de dudas, a medida que fueran llegando de Turquía en los tres aviones Hércules enviados para su repatriación, y remitir los demás al Instituto Anatómico Forense hasta completar su identificación.

"Lo hubiera comprendido todo el mundo", afirman las fuentes consultadas. "Los 80 forenses del 11-M se equivocaron en 12 víctimas, hablaron de 202 en vez de 190, y lo comprendimos todos".

Segundo entierro

Sin embargo, el equipo político de Defensa se hizo cargo de la organización del funeral, de la que fueron marginados el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire.Los 62 féretros, cubiertos por la bandera española, se alinearon frente a la pista de Torrejón y las familias de las víctimas esperaron durante horas, a pleno sol, la llegada de las autoridades. Eso no hizo sino acrecentar la tensión, que estalló en abucheos y gritos contra Federico Trillo y el entonces presidente José María Aznar cuando se acercaron.Tras el funeral, los féretros fueron trasladados a sus localidades de residencia y enterrados al día siguiente, con orden expresa de que no se permitiera abrirlos.Muchos familiares mostraron ya entonces su extrañeza por la rapidez de las identificaciones. La inquietud se disparó en octubre de ese año, cuando varios de ellos visitaron el lugar del accidente y se trajeron las placas supuestamente utilizadas para identificar a sus parientes. Finalmente, el 2 de marzo de 2004, EL PAÍS y El Heraldo de Aragón publicaron un acta de la fiscalía turca que demostraba que menos de cuatro horas antes de su repatriación casi la mitad de los 62 cuerpos estaba sin identificar. Las pruebas de ADN ratificarían más tarde que 30 cuerpos -todos los identificados por el equipo médico enviado por el Ministerio de Defensa- se enterraron bajo nombre falso.

Tras laboriosas y dolorosas gestiones, un total de 21 cadáveres -los otros nueve habían sido incinerados- fueron exhumados, intercambiados y enterrados de nuevo en enero del año pasado, 20 meses después del siniestro.Aunque conoció desde el principio las dudas sobre la identificación, el Ministerio de Defensa las negó hasta el último momento. En febrero de 2004, un mes antes de que se difundiera el acta turca, Javier Jiménez-Ugarte, secretario general de Política de Defensa, recriminó a la viuda de un comandante por cuestionar en una carta pública la identificación de su marido.

"Sólo me queda lamentar que con esta carta haya llevado usted a otros familiares de las víctimas mayor preocupación y dolor por un proceso de identificación que fue llevado a cabo con total entrega y rigor", le escribió.

El mismo día que se hizo pública el acta, el Gobierno del PP difundió una nota en la que aseguraba "lamentar profundamente que un asunto tan doloroso y delicado sea objeto de un tratamiento informativo tan escasamente riguroso y tan poco respetuoso con la memoria e intimidad de los afectados". Aznar fue más expeditivo: "¡Dejen a los muertos en paz!", clamó.

Por su parte, Alejandre se limita a señalar, en el libro Yak-42 A sus órdenes ministro, presentado ayer: "Nunca oculté la aberración que consideraba se había realizado en el proceso de repatriación de los cadáveres, y siempre he remarcado que, si hubiese sido mi Ejército, Tierra, quien se hubiera encargado de aquello, el tema sería bien distinto".

Los dos responsables de la repatriación de los cadáveres, los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, están imputados por el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Yak-42

"Tras despachar con el presidente del Gobierno..."  

La celebración de un funeral de Estado en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), el 28 de mayo de 2003 por la tarde, fue la causa, según todos los indicios, de que 30 de los 62 cadáveres del Yak-42 fueran erróneamente identificados; o, más exactamente, se les atribuyera aleatoriamente un nombre y se enterrasen sin identificar. La cuestión es quién y cuándo fijó la fecha, hora y formato del funeral.

En junio de 2003, el Gabinete de Federico Trillo-Figueroa elaboró un informe titulado: Acciones realizadas por el Sr. ministro de Defensa en relación con el accidente aéreo ocurrido en Trabzon el día 26 de mayo. El documento, destinado a subrayar el protagonismo del ministro en la gestión posterior al siniestro, comienza: "26 MAY Despega desde Torrejón a las 13.00 h con destino a Trabzon".

Según el informe, el mismo 26 de mayo, a una hora sin precisar pero posterior a las 18.55, cuando se reúne con el ministro de Defensa turco, Wecti Gonul, el ministro "ordena al JEMAD [Jefe de Estado Mayor de la Defensa] / JEMA [Jefe del Estado Mayor del Aire] el traslado de tres [aviones] C-130 a Trabzon para la repatriación de cadáveres".

El 27 de mayo, a primera hora de la mañana, visita el lugar del accidente. De vuelta en Madrid, suspende casi todos los actos programados para el Día de las Fuerzas Armadas, previsto para el domingo siguiente, y, "tras despachar con el presidente del Gobierno e informar a la Casa Real, da las instrucciones pertinentes para iniciar los preparativos de un funeral solemne por las víctimas", precisa el texto.

El 28 de mayo, según el documento, Trillo "organiza personalmente el funeral solemne por las víctimas en la B. A. [base aérea] de Torrejón, donde acompaña a SS.MM. Los Reyes y S. A. R. El Príncipe".

El informe aporta un dato hasta ahora desconocido: el 6 de junio, "designa al teniente general Beltrán para constituir un Grupo de Trabajo de investigación y seguimiento" del accidente. Sólo un día después de este nombramiento, Beltrán fue ascendido a teniente general, un caso excepcional en el Ejército del Aire, ya que no es piloto.

Defensa no informó nunca de la existencia de este grupo de trabajo ni, por tanto, de sus cometidos o conclusiones.

Beltrán fue el militar de mayor graduación enviado por Trillo a Turquía para repatriar a las víctimas del Yak-42 y está imputado por un presunto delito de falsificación de documento público en la Audiencia Nacional.

Las familias del Yak vuelven a pedir que Trillo declare en la Audiencia Nacional  

Cuando se cumplen tres años del siniestro aéreo, la Asociación de Familias de Víctimas del Yak-42 ha anunciado que volverá a solicitar que el ex ministro de Defensa Federico Trillo declare como testigo en el caso que instruye la Audiencia Nacional, así como el ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) Luis Alejandre. La Asociación, que agrupa a más de 40 de los 62 militares fallecidos en el accidente ocurrido en Turquía, ha denunciado la "lentitud" de la justicia, así como la "dejadez" y "pasividad" de la juez de la Audiencia encargada del caso, Teresa Palacios, y de la fiscalía.

Así lo han puesto de manifiesto el presidente de la Asociación, Alfonso Agulló, y el abogado Leopoldo Gay, en una rueda de prensa para hablar de la situación del proceso judicial. Agulló ha afirmado: "Si doloroso fue el accidente y perder a nuestros seres queridos, no menos doloroso está siendo el parto de la verdad. Un parto que se resiste y cuesta vencerlo, al que se le ponen todo tipo de obstáculos". Ha indicado que "si por la juez fuese, todavía existiría el dolor" y ha dicho que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es "la esperanza de las familias".

Agulló ha exigido la comparecencia ante la justicia del ex ministro de Defensa Trillo, a quien tienen "muchas preguntas que hacerle", y también la de quien entonces era el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Luis Alejandre. En este sentido Leopoldo Gay, representante jurídico de esta asociación que ejerce de acusación en el caso Yak, ha afirmado que solicitará que ambos sean citados a declarar en calidad de testigos.

En el caso de Trillo, ha agregado el abogado, ya se ha pedido su citación en otras dos ocasiones, y actualmente se está pendiente de que la Sala de lo Penal de la Audiencia se pronuncie sobre el tema. En su opinión, la declaración de Trillo es necesaria, porque él fue quien designó y envió un equipo de identificaciones de cadáveres a Turquía, que actuaba bajo sus órdenes. Así, las familias creen pertinente la comparecencia de Trillo a la luz de las informaciones publicadas por este periódico en las que se dice que el ex ministro conocía que se dudaba de la identidad de los cadáveres.

También, sin especificar nombres, ha adelantado que solicitarán que declaren como testigos familiares de las víctimas y más personas relacionadas con la cadena de contrataciones y subcontrataciones del avión siniestrado. Entre ellos, responsables militares de la cadena de mando y la de los fiscales y forenses turcos que emitieron los informes de identificación de cadáveres. Tras reiterar que existe "cierta pasividad" en la fiscalía, y "la jueza no anima mucho", Gay se ha mostrado esperanzado en que el nuevo fiscal jefe de la Audiencia sea más activo y se acelere la instrucción.

Agulló ha recalcado que desde la Asociación seguirán luchando por el esclarecimiento de la verdad y la depuración de responsabilidades. "Las familias están desesperadas porque se agotan cuando se les dice, 'no y no, quédate sin hijo, quédate sin investigar y quédate sin verdad, cuando todo lo que ha hecho una familia ha sido poner a su hermano, o a su hijo, al servicio del Ejército", ha subrayado el presidente de la asociación.Publicado en www.elpais.es. 26.05.06

El PP intentó invalidar un acta que demostraba irregularidades  : El anterior equipo de Defensa trató de anular legalmente el acta que demostraba las irregularidades cometidas en la identificación de los cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42. Este documento es precisamente la base del proceso que se sigue en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, donde comparecen hoy como imputados los dos generales que lo firmaron, el teniente general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán y el general de división médico Vicente Navarro. También están citados los dos oficiales médicos que extendieron los partes de autopsia, el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Ángel Sáez.

El 24 de marzo, un día después de remitir a Trillo-Figueroa la carta que se reproduce en esta página, el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, envió un fax al embajador de España en Ankara (Turquía), Manuel de la Cámara.

"Sigo pendiente de los dos temas que comenté con el cónsul en Estambul: legalidad de la entrega del acta sobre identificación de cadáveres incluida en el sumario secreto sobre la investigación del accidente; y normativa nacional turca que hubiese sido violada por una entrega precipitada a España de restos de cadáveres insuficientemente identificados por no haberse procedido a las pruebas de ADN", explicaba el número tres del equipo político de Defensa.

Si la entrega del acta era ilegal, por haber vulnerado el secreto del sumario, como pretendía Jiménez-Ugarte, no podía servir de prueba ante la Audiencia Nacional. En el caso de que la entrega de cadáveres hubiera violado la legislación local, la responsabilidad de las falsas identificaciones no recaería sobre los dos generales españoles sino sobre las propias autoridades turcas.

Sin embargo, la abogada Beysal demostró que la entrega del acta cumplía todos los requisitos legales, mientras que un informe jurídico del propio Ministerio de Defensa subordinaba la normativa sobre traslado de cadáveres al compromiso firmado por los generales para identificarlos y entregarlos a sus familias.

Lo más sorprendente es que, tras destaparse la existencia de gravísimas irregularidades, el anterior equipo de Defensa seguía amparando a unos generales que, según su versión, no recibieron orden alguna y, si actuaron de forma negligente, fue por propia ineptitud. "Por parte de este Ministerio de Defensa, se han tomado las medidas para la debida defensa de estos compañeros militares", escribió Jiménez-Ugarte el 12 de marzo. No se refería a los 62 fallecidos, sino a los dos generales.( 15.11.04)

El equipo de Trillo maniobró para evitar que Turquía recibiera a las familias del Yak-42  : El anterior equipo del Ministerio de Defensa, del PP, maniobró hasta última hora para tratar de evitar que las familias de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 acudieran a Turquía a comprobar los errores en la identificación de los restos de sus parientes. El secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, dirigió el pasado 23 de marzo una carta al todavía ministro Federico Trillo-Figueroa, en la que le informaba de sus gestiones "para evitar que algún cambio de política en Turquía" llevase al Instituto de Estambul a aceptar la visita de los parientes de los militares. "Por nuestra parte, he hablado hoy nuevamente tanto con el Cónsul en Estambul como con el Embajador en Ankara para evitar que algún cambio de política en Turquía, forzado por la hiperactiva abogada de la Asociación, pueda llevar a que el Instituto de Estambul termine aceptando la visita de Ripollés y sus acompañantes, en contra de todo lo previsto". Así concluye la carta que el número tres del anterior equipo político de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, dirigió a Federico Trillo-Figueroa, nueve días después de las elecciones generales, en plena transición entre el Gobierno del PP y el del PSOE.

La identidad del destinatario no ofrece dudas pues, además de constar en el encabezamiento, la misiva (que se reproduce íntegramente en esta página) incluye las siguientes anotaciones manuscritas de Jiménez-Ugarte: "Urgente y Personal" y "Querido ministro", al inicio, y "en espera de tus instrucciones", al final.

La "hiperactiva abogada" a la que alude el último párrafo es Belkis Baysal, una prestigiosa letrada turca especializada en la defensa de los derechos humanos, a quien la Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42 contrató para impulsar la investigación en dicho país. Respecto a la frase "Ripollés y sus acompañantes", se refiere a Carlos Ripollés, presidente de la mencionada asociación, que agrupa a las familias de 40 de los 62 militares fallecidos.

Fue la abogada Baysal la que consiguió el acta de la Fiscalía turca en la que se demostraba que 30 de los cadáveres estaban sin identificar pocas horas antes de su repatriación a España. Pero, sobre todo, dicho documento puso en evidencia que el Instituto Toxicológico de Estambul guardaba muestras de todos los cadáveres, lo que permitía realizar pruebas de ADN, en contra de lo que había venido asegurando el Ministerio de Defensa. La existencia del acta se conoció el pasado 2 de marzo, cuando fue publicada por EL PAÍS y El Heraldo de Aragón. Ese mismo día, Jiménez-Ugarte dirigió una carta a las familias de los militares en la que tildaba dicha información de "nueva campaña sensacionalista y, sin duda, cruel hacia el dolor de los parientes de las víctimas que, sin duda, responde a los momentos electorales que vive nuestro país", en alusión a las elecciones del 14-M.

Todavía el 3 de marzo, en una nota pública, el Ministerio de Defensa seguía negando la existencia de las muestras en Estambul. "La toma de muestras de ADN a la que se refieren algunas informaciones periodísticas no fue considerada necesaria por el equipo médico desplazado a Turquía", decía el comunicado. Finalmente, en dos circulares remitidas a las familias los días 5 y 12 de marzo, el secretario general de Política de Defensa admitió la existencia del acta y de las muestras de ADN, lo que motivó que muchas familias expresasen su intención de viajar a Turquía para someterse a pruebas que despejasen las dudas sobre la identificación de sus familiares. "El Ministerio", aseguraba Jiménez-Ugarte en su carta del día 5, "atendió inmediatamente esta propuesta y para ello se ha puesto en contacto con la Embajada de España en Ankara, reclamando de las autoridades de aquel país todo el apoyo necesario de cara a la gestión que quieren llevar a cabo los familiares".

"A través de la Embajada de España en Ankara", agregaba el número tres de Defensa en su carta del 12 de marzo, "se ha obtenido ya la plena colaboración de aquellas autoridades, que han indicado que no resulta imprescindible el desplazamiento a Estambul de los interesados, pudiendo ser suficiente con el envío de las muestras necesarias para el control del ADN al Instituto Toxicológico de Estambul". Sin embargo, la carta personal remitida por Jiménez-Ugarte a Federico Trillo-Figueroa el día 23 de marzo refleja que el problema no estaba en que las autoridades turcas rechazaran el desplazamiento de los familiares a Estambul, sino en que las españolas querían evitarlo a toda costa. Aunque Defensa daba a entender públicamente que estaba dispuesta poner un avión a disposición de las familias, su propósito era justo el contrario. "La recepción de esta nota circular", explicaba Jiménez-Ugarte al ministro, aludiendo al envío de una nueva carta a los familiares, "tendría además la ventaja de terminar de desinflar esta expectativa del viaje en avión de las Fuerzas Armadas a Estambul, que tanto entusiasmo está levantando incluso fuera de la Asociación".

La nota cuyo borrador adjuntó Jiménez-Ugarte a la carta dirigida a Trillo-Figueroa se distribuyó finalmente a las familias el 26 de marzo. En ella, el primero decía que, "no es preciso que los familiares se desplacen a Estambul, ya que con tres gotas de sangre remitidas en papel TFA es suficiente para realizar el contraste de perfiles de ADN".

En total, nueve familias accedieron a tomarse una muestra de sangre en Madrid, como propuso el equipo de Defensa del PP, y otras 30 se desplazaron a Estambul en un avión de las Fuerzas Armadas, como venían exigiendo. Pero lo hicieron el 16 de mayo, casi un mes después de que se produjera el cambio de Gobierno y José Bono sustituyera a Trillo-Figueroa al frente de Defensa.

Cuando llegaron al Instituto de Toxicología de Estambul se encontraron con que las muestras de sangre remitidas desde Madrid llevaban varias semanas almacenadas sin que se hubiera realizado ningún test de ADN. La razón era que nadie había pagado el importe de dichas pruebas: 1.800 euros por unidad.

El nuevo equipo de Defensa decidió pagar todas las pruebas, tanto de las muestras enviadas desde Madrid como de las tomadas a los parientes desplazados a Estambul, y el resultado fue que en 22 de los 39 casos analizados la identificación de los cadáveres había resultado errónea.

Jiménez-Ugarte remitió su carta a Trillo-Figueroa en pleno proceso de transición. Por eso, le sugiere en una posdata la posibilidad de remitir una copia a Jesús Caldera, responsable entonces de coordinar la transmisión de poderes por parte del PSOE. Se refiere, obviamente, a una copia de la nota circular que se envió a las familias. No de la misiva personal remitida al todavía ministro.

Jiménez-Ugarte aseguró ayer a EL PAÍS que fueron las autoridades turcas quienes sugirieron que los parientes de los militares muertos no se desplazaran a Estambul y agregó que su deseo de evitar este viaje se debía a que se había convertido "en un pulso" entre la asociación de familias y el ministro Trillo-Figueroa. "Si iban a Turquía se daría la imagen de que no se fiaban de su propio Gobierno", argumentó. Concluyó asegurando que nunca hizo gestiones para evitar que fueran recibidos y que no recordaba haber escrito el párrafo que evidencia lo contrario.( 15.11.04)

El general Navarro asume toda la responsabilidad de los fallos en las identificaciones del Yak-42  : Los cuatro mandos militares imputados por delitos de prevaricación y falsedad documental en el accidente del Yakolev-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Trevisonda (Turquía) y en el que murieron 62 militares españoles, han declarado hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. El segundo en comparecer ante la juez, el general Vicente Carlos Navarro, jefe del equipo médico que firmó las identificaciones, ha asumido toda la responsabilidad de 30 de ellas que eran erróneas y ha exculpado al ex ministro Federico Trillo y a sus mandos superiores e inferiores. Previamente, el capitán Miguel Ángel Sáez ha revelado que la comisión que viajó a Turquía para hacerse cargo de los cadáveres no realizó ninguna autopsia.

El general médico ha reconocido en su declaración errores en las identificaciones y los ha atribuido a tres posibles causas: el informe toxicológico turco, equivocaciones en las identificaciones por parte del propio equipo español o la manipulación de los cadáveres en la nave habilitada en Turquía para depositar los restos, según fuentes de la acusación. Asimismo, Navarro ha rechazado que se actuara con prisas y que se le presionara para identificar cuanto antes los cuerpos y poder así repatriarlos. Sin embargo, ha reconocido que el equipo español firmó el protocolo entregado por Turquía que indicaba que 30 cadáveres no estaban identificados. Según Navarro, la identificación de estos 30 cuerpos se hizo por los galones o las chaquetas.

Navarro, en sus casi cuatro horas de declaración ante la juez, ha rechado que el equipo médico trasladado a Turquía, y del que él era máximo responsable, viajase con pocos medios, contradiciendo así a lo declarado esta mañana en el mismo juzgado por el capitán Miguel Ángel Sáez, también imputado en este caso. En lo que sí han coincidido Navarro y Sáez ha sido en admitir que el equipo médico español no realizó acto médico alguno para la identificación de los cadáveres. Según su declaración, firmó los certificados de defunción tras efectuarse las identificaciones mediante necropsias que ha calificado de autopsias "light", consistentes en el examen de guerreras, insignias, solapas y otros objetos hallados entre los restos de los cadáveres.

Las mismas fuentes han indicado que Navarro ha justificado su presencia en Turquía porque se lo pidió expresamente Trillo por su experiencia en el caso de Julio A. Parrado, el periodista muerto en Irak. Navarro ha asegurado que el fiscal y las autoridades turcas impidieron a los militares españoles tomar muestras de los cadáveres y ha señalado que fueron "ariscos y esquivos". Horas antes ha comparecido el capitán Sáez. Fuentes de la acusación y de la defensa han coincidido en señalar que Sáez ha admitido que no se hicieron autopsias. En su lugar, realizaron meros partes en los que detallaron el examen ocular que hacían de las bolsas donde se recogían los restos de cada víctima.

En su opinión, su tarea "la pudo haber hecho cualquiera" sin necesidad de ser médico. Además, ha señalado que acudieron a Turquía sin una misión concreta, que no tenían medios para realizar autopsias, ni traductor para hablar con el equipo turco, y que no se trajeron copia de las muestras de ADN recogidas por los turcos. Así, el oficial ha señalado que no hicieron ninguna prueba a los cadáveres, que se les entregaban en bolsas identificadas con un número y un nombre, y que el fiscal de la delegación turca les impidió tocarlos. En este sentido, ha precisado que en un momento determinado trataron de coger la alianza de uno de los militares y el representante turco no se lo permitió.

Su tarea consistió en hacer un examen ocular del contenido de las bolsas y después introducir los restos en otras bolsas españolas, una tarea que el capitán ha definido ante la juez como "necropsia", pese a que, según fuentes forenses, esa denominación es sinónimo de autopsia, que ha negado haber realizado. Durante su comparecencia, el capitán ha hecho hincapié en los problemas lingüísticos que tuvieron con las autoridades turcas, con quienes llegaron a comunicarse por señas. Algunas fuentes de la acusación han señalado que Sáez responsabilizó de la identificación de los cadáveres al general Navarro Ruiz.

Las mismas fuentes han indicado que el capitán ha reconocido que los responsables militares españoles no solicitaron copia de las muestras de tejidos y de ADN que tomaron los turcos a los cadáveres. A las 18.00 horas, la juez ha interrogado al comandante médico José Ramón Ramírez y a las 20.00, ha comparecido el general de División en la reserva José Antonio Beltrán. Tras la comparecencia de Beltrán, la magistrada aún tiene que tomar declaración a un testigo, el comandante auditor Alberto Ruiz de los Paños, que también viajó a Turquía y se encargó de los trámites legales para la repatriación de los cadáveres. Mañana, la juez tomará declaración también como testigo al general de brigada del Ejército del Aire Francisco Sánchez Borrallo, jefe de la representación española en la comisión de investigación interestatal del accidente del Yak-42.(15.11.04)

La Audiencia imputa a los cuatro mandos militares que identificaron a las víctimas del Yak 42  : La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha asumido hoy las peticiones de la Fiscalía y ha imputado en el sumario abierto por la tragedia aérea del Yak-42 a los cuatro mandos del Ejército que intervinieron en las autopsias o las identificaciones realizadas a las víctimas. Además, la juez ha ordenado exhumar los cadáveres de 30 de los militares, que fueron identificados incorrectamente, y ha citado a dos oficiales más como testigos en la causa.

El aparato se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003 cuando regresaban de una misión humanitaria en Afganistán; 62 militares españoles murieron en el accidente. Los cuatro militares imputados hoy son los generales de división ya en la reserva Vicente Carlos Navarro Ruiz y José Antonio Beltrán Doña, el comandante médico José Ramón Ramírez García y capitán médico Miguel Ángel Sáez García. La juez ha dictado una providencia para citarles a declarar el próximo lunes como había solicitado el fiscal, Fernando Burgos, en un escrito dirigido al Juzgado Central número 3 de la Audiencia.

El fiscal considera Navarro Ruiz y a Beltrán Doña “receptores de los cadáveres identificados y no identificados, según el acta de las autoridades turcas, responsables de la actuación médica, el primero, y coordinador de operaciones, el segundo”. Ramírez García y Sáez García fueron los que, según el escrito del fiscal, extendieron los partes de autopsias.

También el lunes, según han indicado fuentes jurídicas, declararán el comandante auditor Ruiz de los Paños, oficial del Cuerpo Jurídico Militar, que actuó como asesor de los trámites legales precisos para repatriar los cadáveres; y el general de Brigada del Ejército del Aire Francisco Sánchez Borrallo, jefe de la representación española en la Comisión de Investigación Interestatal del accidente. Además, la juez ha atendido la petición del fiscal para que comparezca el oficial responsable y coordinador del grupo de control del vuelo siniestrado, con el fin de que aclare todo lo referente al alquiler del aparato. El fiscal Burgos no se pronunció sin embargo sobre la petición de los familiares de las víctimas para que se citara a declarar como testigo al ex ministro de Defensa Federico Trillo.

El fiscal precisa en su escrito que los dictámenes y oficios enviados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses revelan que la identidad atribuida a 30 de los 62 cadáveres de las víctimas “no se corresponde con la verdadera, por lo que procede ordenar su exhumación y la toma de muestras para la confirmación de las identidades de los cadáveres y partes de cadáveres que puedan hallarse en cada uno de los féretros, para su análisis por el citado Instituto”. Publicado en El País.10.11.04

DEFENSA NO ACERTÓ A IDENTIFICAR NI A UNA SOLA DE LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42 (02/09/04) :No acertaron ni una. Ni siquiera por casualidad. Los dos generales enviados por el anterior ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, a Trabzon (Turquía) para que colaborasen en la identificación de los cadáveres de los 62 militares españoles fallecidos el 26 de mayo de 2003 en el accidente del Yakovlev 42 erraron en todos los casos. El informe entregado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses a Defensa confirma que las autoridades turcas identificaron correctamente 32 cadáveres, mientras que las españolas erraron con los 30 cuerpos de los que se hicieron cargo. El Ministerio de Defensa dio por cerrado el doloroso y complicado proceso de identificación de las 62 víctimas del accidente del Yak-42, hace más de 15 meses. Por la mañana, recibió el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia. Por la tarde, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz, empezó a contactar telefónicamente con las familias de los militares para comunicarles los resultados. A partir de hoy, se les enviará por escrito.

El estudio confirma lo que las familias sospechaban desde hace meses: el equipo enviado por el anterior Ministerio de Defensa no intentó ni siquiera identificar los 30 cuerpos que las autoridades turcas les entregaron a las 2.20 de la madrugada del 28 de mayo, sino que se limitaron a distribuirlos al azar entre los féretros y a repatriarlos a España sólo 3 horas y 25 minutos después. Además, tuvieron mala suerte. No acertaron ni una vez. 

El Instituto de Toxicología de Estambul ya determinó en junio pasado que 22 cadáveres estaban mal identificados, tras cotejar las muestras de los cuerpos con el ADN de los familiares que se desplazaron a Turquía el 17 de mayo para someterse a un análisis. 

Pero este trabajo resultaba incompleto, pues sólo 39 de las 62 familias hicieron el cotejo. Por eso, el ministro de Defensa, José Bono, ofreció en julio a los demás familiares someterse a esta prueba en el Instituto de Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en Madrid, sin necesidad de desplazarse a Turquía.En principio, 19 fueron las familias que aceptaron la oferta, pero finalmente el laboratorio español ha analizado muestras de 34, pues requirió el ADN de los padres en aquellos casos en los que los análisis realizados en Turquía correspondían a hermanos, cuya fiabilidad consideraba menor. 

El informe que recibió el Ministerio de Defensa considera que ha quedado acreditada la identidad de 56 cadáveres. De los seis restantes, cinco fueron identificados por las autoridades turcas, en condiciones que se consideran válidas. El único caso pendiente se da por resuelto a partir de los datos de los restantes. 

Para las familias, se trata de una mala y una buena noticia. Mala, porque se confirman los peores augurios. Buena, porque se conoce la actual ubicación de todos los cadáveres, lo que permitirá que las familias puedan intercambiarlos si lo desean. El documento incluye un cuadro en el que consta a dónde fue a parar el cuerpo de cada militar. 

El presidente de la asociación que reúne a la mayoría de las familias de las víctimas, Carlos Ripollés, se reunió con el jefe de gabinete del ministro José Bono, Roberto López. Éste le aseguró que el Ministerio de Defensa está dispuesto a colaborar con las familias en todas las gestiones necesarias "para que los cuerpos de los militares puedan descansar en el lugar que les corresponde". 

Las exhumaciones, si se llevan a cabo, requerirán de autorización judicial. Además, tropiezan con el hecho de que al menos 14 de los cuerpos fueron incinerados y, en algún caso, se dispersaron las cenizas. Por ello, Defensa mantiene su oferta de levantar un monumento en Madrid en memoria de las víctimas del Yak-42 que sirva de mausoleo para las familias que así lo decidan. 

Según fuentes de Defensa, el estudio del Instituto de Toxicología se ha realizado con conocimiento de la Audiencia Nacional, que el pasado 15 de julio admitió a trámite la denuncia interpuesta por la asociación de familiares contra los generales José Antonio Beltrán y Vicente Navarro, que firmaron las identificaciones de los cadáveres. 

La titular del juzgado de instrucción número 3, Teresa Palacios, desestimó repetidamente la denuncia de las familias, que se presentó por vez primera en octubre de 2003, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia resolvió finalmente la admisión a trámite después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenara al fiscal que cambiase de criterio y diera su apoyo a la adminisión a trámite. 

El Consejo de Ministros, a propuesta de Bono, decidió en julio el pase forzoso a la reserva de los dos generales. Los miembros de la cúpula militar en el momento del accidente fueron relevados el 25 de junio, el mismo día en que se conoció el informe del laboratorio de Estambul que acreditaba al menos 22 errores. (Septiembre 2004 )

EL PSOE Y FAMILIARES DEL YAK-42 PIDEN QUE TRILLO ENTREGUE SU ACTA DE DIPUTADO : El PSOE y los familiares de los fallecidos en el accidente del Yak-42, que se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, han pedido al último ministro de Defensa del PP, Federico Trillo, que asuma su "responsabilidad política" y entregue su acta de diputado, tras confirmarse que los generales que envió para que colaborasen en la identificación de los 62 muertos no acertaran en ninguno de sus 30 análisis. Algunos de los familiares han anunciado que se querellarán contra Trillo en el Tribunal Supremo, mientras IU, CiU y PNV han pedido explicaciones en el Congreso. El informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha confirmado los peores temores que albergaron los familiares de los fallecidos del Yakolev-42, cuando ya en junio su homólogo turco determinó que 22 cadáveres estaban mal identificados. El estudio forense subraya que el equipo enviado por Defensa distribuyó al azar los cuerpos por los féretros, de forma que tenían lista la repatriación en apenas tres horas y 25 minutos.

La constatación de que los familiares tenían razón ha llevado a éstos a volver a pedir a Federico Trillo que asuma responsabilidades políticas y entregue su acta de diputado. El presidente de la Asociación de Familias Afectadas por el Yak-42, Carlos Ripollés, afirmó que no sería necesario hacer una petición concreta a los grupos parlamentarios: "No creo que sea necesario hacer ningún llamamiento. El sentido común tiene que imperar y el propio partido de Trillo, después del resultado de estas pruebas científicas, algo tendrá que decir. Políticamente tiene que ocurrir algo". 

Algunos de los familiares de los fallecidos presentarán una querella contra el ex ministro de Defensa ante el Supremo por su comportamiento en el proceso de identificación de los cadáveres de los militares fallecidos. Estas familias entienden que Trillo dio una orden para que no se identificase a nadie. El abogado zaragozano Javier Hernández, que representa a 16 familias, ha recibido la solicitud de pedir responsabilidades al ex ministro, ya que piensan que no se trata de fallos en la identificación, sino que los trabajos de análisis no se llegaron a hacer "por una orden de Trillo". 

"No estamos ante un fallo de identificación", dijo, "sino ante una no identificación. Los militares españoles no identificaron a nadie. Las autoridades turcas entregaron los cadáveres a las dos de la madrugada y a las cinco estaban ya identificados. Hubo una orden directa del ministro para que el 28, al día siguiente, los cadáveres estuviesen listos para el funeral en Madrid". 

Hernández añadió: "Vamos a ir a por todas, porque los militares, los generales, que están imputados en el proceso penal en la Audiencia Nacional, tuvieron una actuación incorrecta, pero esa actuación fue inducida por una orden directa de un responsable político. Entendemos que las diligencias deben derivarse, si todo apunta a lo que sabemos, hacia el Supremo y pedir un suplicatorio [al Congreso] para imputar a Trillo". 

La secretaria adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Sánchez, por su lado, denunció la "negligencia, engaño, ineficacia y manipulación dirigida por Trillo y Rajoy". "Ya no apelamos a la conciencia del señor Trillo para que decida sobre su dimisión, porque si la tuviese ya habría dimitido. Pero si él no asume sus responsabilidades tiene detrás un partido que no tiene por qué esconder sus vergüenzas, a menos que al PP le interese callar porque las decisiones se tomaron a un nivel superior al ministro". 

El Gobierno anunció que antes de que acabe septiembre el pleno del Congreso debatirá sobre la tragedia del Yak, pero IU (que ha calificado el error masivo de "escándalo macabro"), el PNV y CiU ya han pedido que el actual ministro de Defensa, José Bono, informe en la Cámara sobre las investigaciones. 

En el campo del PP, su coordinador de Comunicación, José María Michavila, pidió al PSOE que se dedique a gobernar y deje de "seguir haciendo del drama y la tragedia un campo de ventajismo político". Agregó que el ex ministro "ha pedido reiteradamente disculpas" por la actuación "de muchos profesionales que tenían la mejor intención de atender lo mejor posible a las víctimas". El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, subrayó que Trillo "siempre ha dado la cara" y que "cumple todos los requisitos" para seguir de diputado. 

TRILLO NIEGA QUE CONOCIERA LOS ERRORES EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CADÁVERES DEL YAK-42 :El ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa salió de su mutismo en torno al escándalo del Yak-42 para difundir una breve declaración en la que aseguró que "ninguna autoridad política ni militar de Defensa conocía los errores en la identificación" de los cadáveres. Trillo-Figueroa eludió explicar si va a renunciar a su escaño, como le reclaman las familias de las víctimas y varios partidos, pero adelantó el argumento central de su eventual defensa jurídica y la de sus antiguos subordinados: "Turquía era la única responsable de la identificación". El ex ministro, que a su condición de diputado por Alicante une la de portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso, miembro de la Ejecutiva Nacional del PP y presidente del Comité de Derechos y Garantías de dicho partido, eludió pronunciarse sobre su futuro político. En cambio, salió en defensa de la gestión del ministerio que dirigía en torno al accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía).

Dos días después de que se conociera el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses -según el cual 32 cadáveres fueron identificados correctamente por las autoridades turcas, mientras que los médicos enviados por Defensa erraron en la identificación de los 30 cuerpos de los que se hicieron cargo-, Trillo-Figueroa aseguró que "todo lo que se hizo en aquellas circunstancias fue con la intención de ayudar a las familias [...] y pretender que alguien quisiera engañarlas carece sencillamente de sentido común". 

"Creo", afirmó, "que los propios médicos [militares españoles enviados a Turquía a reconocer los cadáveres] hicieron el trabajo que pudieron en las excepcionales circunstancias y limitadísimas posibilidades de Turquía, que era la única responsable de la identificación" de los cuerpos.Este última argumentación, que pretende exculpar a los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, denunciados por las familias de las víctimas ante la Audiencia Nacional, tiene, sin embargo, dos inconvenientes. 

El primero es que el propio Ministerio de Defensa ordenó desactivar la Unidad Especial de Catástrofes de la Guardia Civil, que estaba preparada para trasladarse a Turquía con placas dentarias y muestras de ADN de familiares para ayudar a la identificación, con el argumento de que el buen estado de los cuerpos hacía innecesarias estas pruebas. 

El segundo es que los dos generales denunciados firmaron un acta a las 2.20 horas del 28 de mayo -pocas horas antes de la repatriación de todos los cuerpos-, en la que se hacían cargo de los 62 cadáveres y se comprometían a identificar y entregar a sus familias los 30 que las autoridades turcas consideraban no identificados, aunque daban por hecho que pertenecían a españoles. 

Trillo-Figueroa insinuó que se siente traicionado por antiguos subordinados. "Nadie nos advirtió de tales errores", declaró. "Si alguien ha asegurado al ministro [de Defensa José] Bono lo contrario, le está mintiendo", dijo. Se trata, agregó, de "un infundio de alguno que quizás quiere hacer méritos con el nuevo mando a base de difamar a sus antecesores". Por ello, pidió a Bono que "no escuche a tan desleales consejeros". 

El ex ministro se enfrenta a la posibilidad de que el Congreso repruebe su conducta en una votación sin precedentes. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que "los hechos son muy graves", pero recordó que se ha depurado a los responsables militares, en alusión al pase forzoso a la reserva de los dos generales y al relevo de la cúpula militar. "Es el Parlamento", agregó, preguntada por las responsabilidades políticas, "el que tiene que adoptar otras medidas que considere oportunas". 

Cuatro grupos parlamentarios -Izquierda Verde, Grupo Mixto, CiU y PNV- han pedido que Bono comparezca ante el pleno del Congreso para informar del escándalo, lo que el Gobierno se propone llevar a cabo antes de que acabe septiembre. 

IV y el Grupo Mixto han pedido que esta comparecencia se realice al amparo de los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso, que prevé una comunicación previa del Gobierno y la presentación de propuestas de resolución por parte de los grupos. Pero para que esta fórmula prospere es necesaria la conformidad del propio Ejecutivo. Si el Gobierno no accediera, IV podría buscar otro procedimiento parlamentario para forzar la votación. 

"Queremos", explicó el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que "el Congreso exprese solemnemente sus condolencias y petición de disculpas a las víctimas del Yak-42 y que se consideren también las responsabilidades políticas". Se trataría de una "reprobación moral", sin carácter vinculante, pero políticamente demoledora para Trillo y el PP. 

ZAPLANA ACUSA AL PSOE DE SOMETER A TRILLO A "UN VÍA CRUCIS" POR EL YAK-42 :El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, acusa al Gobierno socialista de estar sometiendo a "un vía crucis" al ex ministro de Defensa Federico Trillo por su gestión en el accidente del Yak-42. Las familias de las víctimas, que están recibiendo la notificación de que los cadáveres que recibieron no corresponden a los de sus parientes, volvieron a exigir que Trillo deje su escaño. Pero el PP "no se plantea" esa posibilidad, según dijo su coordinador de Comunicación, José María Michavila. Zaplana criticó al actual Gobierno y lamentó el "proceso revisionista y revanchista que se está viviendo, en el que se tienen que dar explicaciones desde la oposición, cuando algunos insensatos se atreven a echarnos culpas". El portavoz parlamentario del PP hizo estas declaraciones el sábado por la noche, durante una cena con 1.200 militantes de su partido en Castellón. El acto, en el que participó junto al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, su máximo rival político, trató de dar imagen de unidad en la formación.

"Nosotros tapamos sus culpas y sus vergüenzas", continuó Zaplana, "y por eso no se desclasificaron los papeles del Cesid, y ahora están haciendo pasar al ex ministro de Defensa un auténtico vía crucis, ya que son especialistas en la desgracia humana, aunque no lo vamos a permitir". El PP, añadió, puede estar "legítimamente orgulloso de haber formado parte de un Gobierno que ha traído más trabajo, más prosperidad y más cohesión social de la que se recuerda en la historia de España". "No tenemos nada de qué avergonzarnos y no vamos a pedir perdón por ello", concluyó. 

Francisco Cardona, padre de uno de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en mayo de 2003, respondió a Zaplana que son las familias, y no los responsables del Gobierno del PP, quienes están sufriendo el vía crucis. "Que vengan a mi casa y sabrán lo que es sufrir. Mientras tanto, que no presuman de sufrimiento, porque no saben lo que están diciendo". Cardona añadió que Trillo "se ha disculpado políticamente, pero nunca ha pedido perdón a las familias". Luego dejó claro que no piensa cejar en la exigencia de responsabilidades a Trillo, porque el ex ministro "no dejó descansar en paz a los muertos ni ha dejado vivir en paz a los vivos" mientras estuvo en el poder. 

La portavoz de la Asociación de Familiares del Yak-42, Curra Ripollés, pidió de nuevo al ex ministro de Defensa que deje su acta de diputado por Alicante para comparecer en la Audiencia Nacional "sin estar aforado". 

El coordinador de Comunicación del PP, José María Michavila, señaló que su partido "no se plantea" la posibilidad de que Trillo abandone el escaño. El PP cree que ya ha hecho lo que debía: "Hemos pedido disculpas y hemos expresado nuestro afecto y cariño a las personas que han sufrido esta tragedia", dijo Michavila. La tesis que mantiene el PP es que la derrota en las elecciones ya fue suficiente castigo y con ella quedan saldadas todas las responsabilidades.

AFECTADOS DEL YAK-42 DENUNCIAN QUE SE CENSURARON FOTOS Y ESCRITOS: Varias familias de las 62 víctimas del accidente del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003, denuncian que el Ministerio de Defensa depuró el equipaje recuperado. Citan indicios de que se intentó eliminar el material gráfico (cámaras digitales con la memoria borrada tras el accidente) y escrito (diarios entregados con hojas arrancadas) para borrar pruebas o testimonios del mal estado de los aviones de transporte de tropas. A su sospecha de que se depuró el material incómodo para Defensa, los familiares denunciantes unen su convicción de que, por razones desconocidas, se les entregó sólo una mínima parte del equipaje de las 62 víctimas salvado del accidente. Aportan pruebas de este desfase: objetos inventariados en el lugar del siniestro por los funcionarios turcos nunca llegaron a los familiares. Este diario solicitó, sin éxito, el pasado jueves la versión del ex ministro de Defensa Federico Trillo a través de su partido, el PP.

Una de las familias que con mayor contundencia plantea este panorama es la del comandante Antonio Novo. Su hijo, Diego Novo, relata la siguiente secuencia de hechos: en julio de 2003 recibió una nota del gabinete técnico del ministro de Defensa. Comunicaba que no había sido posible identificar ninguna de las pertenencias de su padre, y les invitaba a reconocer una serie de objetos sin dueño conocido, como relojes, cámaras fotográficas, libros, regalos o ropa. Localizaron varios objetos propiedad del comandante Novo: una cámara réflex, un reloj digital Casio, una navaja y unos sellos. Todos estos objetos deberían haber estado dentro de la mochila azul que utilizaba como maleta el comandante Novo. La familia la daba por perdida en el accidente. Para su sorpresa, en una página web turca descubrieron hace dos semanas una foto en la que se veía perfectamente su mochila azul apilada con otros equipajes salvados del accidente y bajo custodia de un soldado turco. "¿Si la mochila se salvó, por qué no recibimos todo su contenido?", se preguntaron. 

Segunda sorpresa. En febrero pasado, alertados por un militar, acuden a reclamar a Defensa una segunda cámara, de tipo digital, que usaba el comandante Novo para su trabajo informativo. Se les entregó la cámara con la tarjeta de memoria vacía, hecho que les advirtieron responsables del ministerio. "No tiene ninguna foto", asegura Diego que les dijeron.

La familia, sin embargo, llevó a dos laboratorios la máquina fotográfica. En un primer intento recuperó siete fotos; en un segundo, a través de un laboratorio vinculado al Ministerio del Interior, rescató 54 fotos. Una de las fotos salvadas les había sido remitida impresa a finales de septiembre de 2003 por Defensa. Muestra al comandante Novo recibiendo un jamón en Kabul el 25 de mayo de ese año, el día de la partida del fatídico vuelo. "Mi padre, en pleno ajetreo de su salida, no iba a revelar sólo esa foto de todas las que tomó horas antes de embarcar. No tuvo tiempo", acusa Diego Novo. En efecto, de la memoria gráfica que Defensa daba por pérdida salieron fotos del embarque en el Yak-42. El laboratorio utilizado les dio una sorprendente explicación: "la tarjeta de la memoria fue borrada en julio de 2003", dos meses después del accidente, sostiene el hijo del comandante Novo. El borrado pudo ser neutralizado porque no hubo fotos posteriores. 

Diego Novo amplía su acusación: "No hemos recuperado todas las fotos. Creemos que mi padre hizo fotos a los aviones que llegaban a Kabul en sus meses de estancia, incluso del interior.También sabemos que a la viuda del comandante Javier Gimeno de la Guardia Civil, agente del CNI, le entregaron su cámara digital con las fotos igualmente borradas, y que luego, como nosotros, recuperó varias imágenes. Creemos que Defensa hizo una depuración de las pertenencias de los militares fallecidos para ocultar cualquier posible deficiencia reflejada en fotos o documentos". 

Un familiar de una víctima del Yak-42 que suele protagonizar denuncias de este colectivo -en este caso exige anonimato- dice que tiene conocimiento de la depuración y destrucción de pertenencias de los fallecidos: "Me consta que ha habido órdenes en Defensa al respecto para destruir equipaje que se depositó en la base militar de Getafe, pero será muy difícil poder demostrarlo por escrito". 

Un letrado vinculado a la defensa de afectados del Yak-42 arropa tal acusación -"sobre todo, no se han recuperado ni los ordenadores ni las cámaras que portaban la mayoría de los soldados fallecidos", explica-, pero pide no identificarse en tanto no se formalice la denuncia.La familia del capitán Ignacio González Castilla no entra a valorar su significado, pero sí precisa que nunca recuperó la agenda digital que portaba el fallecido ni sus complementos, y, por contra, sí se les entregó su ropa, y también los regalos que traía para sus hijo

Los familiares de las víctimas del Yak-42 piden responsabilidades políticas y militares : La asociación que agrupa a la mayoría de las familias de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 exigió  que se asuman las "gravísimas responsabilidades políticas y militares" que se derivan de los numerosos errores cometidos en la identificación de los cadáveres.

Carlos Ripollés, presidente de la asociación, presentó los resultados del cotejo de ADN realizado por el Instituto de Toxicología de Estambul: de las 39 familias que se sometieron a la prueba, el resultado fue negativo en 22 casos; es decir, los cadáveres que recibieron no corresponden a los de sus parientes. Todavía 23 familias no se han hecho esa prueba, por lo que "desgraciadamente [la cifra de errores] se incrementará", pronosticó Ripollés.

De los 22 errores, 21 corresponden a los 30 cuerpos que estaban sin identificar pocas horas antes de su repatriación, según el acta de la fiscalía turca. Hay nueve familias con militares pertenecientes a este grupo que no han cotejado su ADN, por lo que la asociación teme que estos cuerpos fueran distribuidos al azar y no se acertara ni por casualidad.

El presidente de la asociación citó "con nombres y apellidos" a las personas que, en su opinión, son responsables de este "terrible desastre". En primer lugar, el ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, quien "en repetidas ocasiones dio informaciones falsas al Parlamento", por lo que "debe entregar de manera inmediata su acta de diputado [por Alicante] si le resta algo de dignidad". A continuación mencionó al ex secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, a quien calificó de "diplomático de tercera categoría" por engañar a las familias.

Pero las responsabilidades, afirmó, no se limitan a la anterior dirección política del ministerio sino que afecta de lleno a la cadena de mando militar. En particular, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá, y al jefe del Estado Mayor de Tierra, general de Ejército Luis Alejandre. "Deseamos fervientemente que en el día de hoy ambos sean destituidos fulminantemente, porque en ningún momento velaron por la seguridad de sus hombres, por el honor de sus muertos y por el respeto a las familias. Han violado gravemente las Reales Ordenanzas, regla moral de la institución", declaró.

Los deseos de la asociación de familiares se vieron cumplidos, ya que el Consejo de Ministros aprobó el relevo de Moreno Barberá y de Alejandre, aunque Bono lo desvinculó del escándalo.

Por último, Ripollés aludió a los dos generales que firmaron en Turquía el acta de identificación de los cadáveres: el teniente general José Antonio Bernal y el general de división del Vicente Navarro. "A ellos no sólo les atañen las Reales Ordenanzas sino el Código Penal común. Los generales firmaron unos documentos públicos que resultan absolutamente falsos. Estamos hablando de prevaricación", subrayó.

El ministro de Defensa aún no ha tomado ninguna medida contra estos dos generales -que ocupan destinos de libre designación- , pero las fuentes consultadas dieron por seguro que serán destituidos antes de que Bono acuda al Parlamento, donde ha pedido comparecer con carácter urgente.

Los familiares, que  se reúnen en asamblea, se enfrentan a partir de ahora a un duro calvario. Primero, completar el puzzle de las identificaciones, lo que sólo será posible si las 23 familias que no lo han hecho se someten al cotejo del ADN. Diez ya lo han solicitado, pero otras 13 no han mostrado ningún interés.

Posteriormente, podrá solicitarse la exhumación de los cadáveres con el objetivo de intercambiarlos, si lo autoriza un juez, pero 14 cuerpos ya han sido incinerados y, según el informe del laboratorio turco, al menos un cadáver está repartido entre tres ataúdes. A ello hay que sumar restos, incluso de tripulantes ucranianos, dispersos en varios féretros.

Ante este panorama, Ripollés se mostró dispuesto a estudiar la oferta de Defensa de construir un panteón común en el Paseo de la Castellana de Madrid, aunque se trata, advirtió, de una "decisión íntima de cada familia".(Junio 2004)

LAS DECLARACIONES DEL GOBIERNO DEL PP SOBRE EL YAK-42

Tras el accidente del Yak-42 donde murieron 62 militares españoles, el Gobierno del Partido Popular rechazó las acusaciones de mala gestión en la organización del traslado de las tropas y en el proceso de reconocimiento de los cadáveres en Turquía. Los dirigentes del PP acusaron a los medios de comunicación de mentir y a los partidos políticos de la oposición de hacer electoralismo a costa de los muertos.

Lo que sigue resume las declaraciones de Federico Trillo y de José María Aznar sobre esta cuestión.

4 de junio de 2003. "No hay denuncias". El ministro de Defensa negaba que hubiera denuncias por escrito previas al accidente del Yak 42 sobre el deficiente traslado de tropas. Había más de una decena.

24 de junio de 2003: "Yo no discuto con las familias". Trillo rechazó una comisión de investigación, pese a la petición de los familiares de las víctimas. "Yo trato de paliar el dolor irreparable de las familias y no discuto nunca con ellas".

3 de febrero de 2004: "Dedicación ejemplar de las autoridades turcas". Trillo se refiere al proceso de identificación de los cadáveres y su traslado a España y ensalza la colaboración que prestaron las autoridades turcas, de las que destaca "una dedicación ejemplar". Trillo se niega "a polemizar" con los familiares.

26 de febrero de 2004. "Enfrentamientos propios del periodo electoral". El secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, dirigió una carta a las familias de las víctimas en la que atribuía las noticias críticas con su departamento respecto a la información facilitada sobre el accidente "a los enfrentamientos políticos propios del periodo electoral".

2 de marzo de 2004: "Tratamiento informativo poco riguroso". Tras la publicación en EL PAÍS de las deficiencias en el proceso de identificación de víctimas, el ministro de Defensa niega "rotundamente" que militares del Yak-42 fueran enterrados sin identificar. Y censura la información de EL PAÍS asegurando que "pone en duda la profesionalidad y la labor impecable del equipo médico encargado de la identificación de las víctimas". Trillo apostilla: "El Gobierno lamenta que un asunto tan doloroso haya sido objeto de un tratamiento informativo tan poco riguroso y con muy poco respeto a la memoria e intimidad de los afectados".

"Creo que es muy lamentable que se esté utilizando ese tema en momento de campaña electoral. Es un tema muy doloroso para las familias de las víctimas y para todo el Ministerio de Defensa, para tratarse en este periodo electoral"

Trillo también reiteró su "convencimiento personal" de que sea cual fuere el resultado de la investigación de la comisión sobre el accidente "algunas familias nunca van a encontrar satisfactoria la explicación".

5 de marzo de 2004. Aznar: "¡Dejen en paz a los muertos!" El jefe del Gobierno, José María Aznar, respondió el 5 de marzo a una pregunta sobre las dudas surgidas en el proceso de identificación de las víctimas del Yak-42 cargando duramente contra el PSOE. "Las elecciones pueden justificar muchas cosas, pero hay una cosa que me parece injustificable y es que a los muertos no se les deje en paz. ¡Dejen a los muertos en paz, por favor!", proclamó en una conferencia de prensa con Óscar Berger, presidente de Guatemala.

Aznar pasó por alto el hecho de que hubieran sido las familias de los fallecidos las que pusieran de manifiesto las irregularidades y, sin citarlos, atribuyó las denuncias a los socialistas. "Hay quien tiene que acudir a remover los muertos y hay quien habla del futuro de España", respondió a un periodista que le pidió un balance de la campaña electoral. "Mal deben ir algunos cuando tienen que caer en estas cosas", insistió.(Junio 2004)

Militares muertos en el accidente del Yak-42 fueron enterrados sin identificación fiable : Varios de los 62 militares españoles muertos en el accidente del Yak-42, el pasado 26 de mayo en Trabzon (Turquía), fueron enterrados o incinerados sin que se hubiese acreditado su identidad de modo fiable. Así se deduce del documento "Protocolo de Examen de Cadáveres, Autopsia e Identificación" incorporado al sumario que se sigue en Turquía por el accidente del avión de la compañía ucrania UM-Air.

El documento está firmado por 23 personas, entre ellos siete fiscales, cuatro médicos, un dentista, un biólogo y los dos representantes del Ministerio de Defensa español: el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, subdirector general de Política de Defensa, y el general médico Vicente Navarro.

Son los dos generales españoles quienes, según el documento, y a preguntas del fiscal turco, declaran que han conseguido determinar la identidad de 32 de los cadáveres, basándose "en factores identificativos como sus objetos personales, su graduación militar, sus chapas de identidad, sus pasaportes, su documentación militar y sus nombres sobre sus uniformes". Tras enumerar las identidades de 32 cuerpos, contenidos en otras tantas bolsas numeradas, los dos generales agregan: "Además, hemos identificado y determinado que los cadáveres [contenidos en otras 30 bolsas numeradas] son ciudadanos españoles (nuestros soldados), aunque no sabemos sus nombres [y] solicitamos que nos sean entregados [y] garantizamos que realizaremos todos los trámites necesarios para la entrega a sus familias y asumimos la responsabilidad de estos cadáveres una vez que nos sean entregados".

El documento en el que los dos generales declaran desconocer la identidad de 30 de los cadáveres de los soldados españoles está fechado a las 2.20 de la madrugada (hora local) del 28 de mayo de 2003, menos de 48 horas después del siniestro. El sumario que se sigue en Turquía por el caso Yak-42 incluye también el certificado de entrega y recepción, por parte de las autoridades españolas, de 32 cadáveres identificados y de 30 bolsas conteniendo cuerpos de militares sin identificar, fechado a las 2.30.

Las dudas sobre la identidad de los militares se podían haber despejado con la realización de pruebas de ADN, lo que habría demorado la repatriación no más de cuatro días, según los expertos.

El protocolo antes mencionado explica que los forenses turcos tomaron muestras de los tejidos de los 62 cuerpos con el objetivo de "realizar un estudio comparativo entre los análisis de ADN de los cadáveres y los de los familiares si se envían [desde España] en caso de que se soliciten".

Sin embargo, las muestras de los familiares nunca fueron enviadas. Un informe remitido por Defensa al Congreso explica que, "por parte de la Dirección General de Sanidad del Ejército de Tierra, y como medida preventiva, alguna unidad procedió a avisar a algunas familias para que estuvieran preparadas por si fuera necesario realizar alguna toma de sangre para posterior reconocimiento [de ADN]". Sin embargo, agrega, "esta medida se canceló al recibir información de cómo se iban recuperando los cadáveres y de su estado". También, pocas horas después del accidente, se alertó "al equipo de especialistas de la Guardia Civil para que se trasladase a Turquía con fichas dentales y equipo para comprobación de ADN". Pero la alerta se anuló el día 27 con el argumento de que era innecesaria.

Según el informe que elaboró el general Beltrán a su regreso de Turquía, los primeros féretros, con los cuerpos herméticamente cerrados en cajas de cinc, fueron enviados al aeropuerto de Trabzon, para su traslado a España, a las cuatro de la madrugada del día 28, sólo una hora y media después de su entrega a las autoridades españolas. Los tres aviones Hércules del Ejército del Aire que repatriaron los cadáveres despegaron a las 6, las 7 y las 8.30 (una hora menos en la España peninsular), respectivamente.

Tras el funeral celebrado esa misma tarde en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), en medio de una gran tensión, los restos de los militares fueron entregados a sus parientes. Varias familias pidieron, según aseguran, que se les permitiera abrir el ataúd, pero Defensa se negó. Nadie fue requerido para que identificase ningún cadáver.

Varias familias reclamaron posteriormente la entrega de los objetos que habían servido para identificar a los militares, pero no lo consiguieron. Según les respondió Defensa, "fue decisión del juez turco que los objetos que llevaban encima los cadáveres como anillos, placas o documentación, así como el uniforme, y que habían facilitado la identificación, quedasen depositados dentro de los féretros, junto con los cadáveres, en relación a su regreso y enterramiento en España".

La tesis de Defensa, y así consta en numerosos informes, es que "el estado de los restos era aceptable para su filiación", incluso mediante fotografías. Esta afirmación contrasta con el escrito de la Fiscalía de Trabzon, en el que se dice que fue necesario pedir el apoyo de cinco expertos forenses por "el hecho de que los cadáveres estuviesen destrozados, la dificultad e importancia de la identificación y, como consecuencia, la necesidad de estudiar los tipos de ADN".

Una prueba del estado en que quedaron los cuerpos es el hecho de que se recogieran en el lugar del accidente nueve piezas humanas que no pudieron ser atribuidas a ninguno en particular y que lo que inicialmente se clasificó como dos cadáveres distintos resultara ser posteriormente dos partes de una misma persona.

Con un comportamiento muy profesional, las autoridades turcas tomaron muestras de las nueve piezas de cuerpos y, junto a las de los 30 no identificados, las remitieron al laboratorio de medicina forense de Estambul, para realizar también pruebas de ADN. Hasta el día de hoy, el Ministerio de Defensa no ha informado a las familias de los fallecidos de que existe esta posibilidad.(Febrero 2004 )

Defensa remitió al Congreso una versión mutilada del informe clave del 'caso Yak-42'  : La Asociación de Familiares del caso Yak-42, que representa a la mayoría de las familias de los 62 militares muertos en el accidente del pasado 26 de mayo en Trabzon (Turquía), ha pedido al Ministerio de Defensa que le facilite el informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) que, casi un mes antes del siniestro, aconsejaba realizar el transporte de tropas con vuelos chárter. Aunque Defensa asegura que las "apreciaciones" del CISET se recogieron "íntegramente" en un parte enviado al Congreso, esta recomendación no figura en el documento parlamentario.

El pasado martes, el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, aseguró a EL PAÍS que desconocía la existencia de documentos secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del servicio de inteligencia del Ejército de Tierra (CISET) sobre las condiciones de transporte de las tropas. El segundo de ellos, fechado en abril del año pasado y firmado por un teniente coronel, analizaba globalmente la misión en Afganistán e incluía críticas al uso de aviones de origen soviético.

El pasado jueves, el Ministerio de Defensa remitió una carta de rectificación a EL PAÍS en la que volvía a negar la existencia de documentos secretos. "No existen más informes previos al trágico accidente aéreo que los que han sido entregados al Parlamento", afirmaba.

No obstante, la carta admitía que "hay un informe de misión sobre Afganistán firmado por un teniente coronel del CISET de 28 de abril de 2003". Tras subrayar que dicho informe "no es secreto, sino reservado" (la Ley de Secretos Oficiales de 1978 ampara tanto los documentos clasificados como reservados como los secretos), aseguraba que el informe del CISET "contiene, entre otras muchas apreciaciones de distinto tipo, una relativa a los vuelos de traslado de personal, que es la que literal e íntegramente se recoge en el parte de incidencias del comandante Míguez entregado públicamente al Congreso de los Diputados".

"Entre las conclusiones y propuestas de ese informe de misión", agregaba Defensa, "el teniente coronel que lo firma dice textualmente: "En la medida de lo posible se debería realizar [el transporte de personal al teatro de operaciones] con aviones de pasajeros contratados (chárter)..."

Aunque Defensa asegura que las apreciaciones del informe del CISET sobre los aviones ex soviéticos se reflejaron en el "parte de incidencias" del comandante Míguez, la frase que recomendaba el uso de aviones chárter no figura en el documento entregado al Congreso.

Este documento, reproducido en esta página, carece de firma o fecha y sólo tiene cuatro párrafos. En el encabezamiento figura "Informe del comandante Alfredo Míguez" y las siglas COTER (Centro de Operaciones Terrestres) y CIDI (Centro de Inteligencia y Difusión de Inteligencia). Bajo el título "Incidencias de vuelo", narra el viaje en un avión Ilihusyn "con tripulación bielorrusa", donde los contenedores iban amarrados con cadenas y los pallets de raciones de previsión apilados a dos alturas, a 40 centímetros de los asientos, sin protección que soportara su peso si se inclinaban, lo que suponía "un riesgo innecesario para los pasajeros". Además, explica, "varias de las ruedas del avión presentaban un pésimo estado de conservación, la mayor parte estaban desgastadas y en al menos cuatro se veía la urdimbre de cordaje [...] La tripulación", concluye, " apenas hablaba inglés, lo que fue un problema añadido".

El coronel Ricardo Fortún, quien realizó la investigación interna del Ministerio de Defensa, estimó que esta queja era la más relevante de las 14 elevadas por los mandos militares, ya que era la única de las tres que afectaban "a la misma seguridad de la aeronave" que se presentó antes del accidente del Yak-42, aunque, agregaba como disculpa, "ya en fechas próximas" al siniestro.

En todo caso, la propia investigación de Defensa confirma que hubo al menos un informe sobre la seguridad de los vuelos anterior al accidente, en contra de lo que dijo repetidamente en el Congreso el ministro Trillo-Figueroa.

Un portavoz de Defensa manifestó ayer que el informe del CISET se dividió en dos: con las quejas sobre el Ilihusyn se elaboró el parte del comandante Míguez, que fue elevado al Estado Mayor de la Defensa (Emad) y finalmente remitido al Congreso. El resto del documento, incluidas las recomendaciones sobre los vuelos en aviones ex soviéticos, quedó en el CISET, donde siguió su propia tramitación.

En respuesta escrita a la diputada socialista María del Carmen Sánchez, quien preguntó si se había remitido al Congreso una copia completa de la denuncia del teniente coronel Solar, Defensa respondió: "El Ministerio ha remitido copia fiel de todos los documentos recibidos, a través del Estado Mayor Conjunto, de las distintas fuentes militares. Puede, por ello, garantizar que se ha respetado en todo momento la integridad de los documentos requeridos así como la exactitud de los mismos".

Tras comprobar, el pasado viernes, que el documento enviado al Congreso, si realmente es el mismo que elaboró el servicio de inteligencia del Ejército, como sostiene Defensa, no recoge íntegramente su contenido, la asociación de familiares del Yak-42, a través de sus abogados, pidió por escrito el informe del CISET ( Febrero 2004 )

Defensa mantiene secretos dos informes relacionados con el 'caso Yak-42'  : El Ministerio de Defensa dispone de dos informes relacionados con el caso Yak-42 que siguen clasificados como secretos. Ambos documentos critican las condiciones en que se realizaba el transporte del contingente desplegado en Afganistán, 62 de cuyos miembros murieron en el accidente del pasado 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía). Los documentos fueron elaborados por el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en abril y mayo del año pasado y se refieren a vuelos anteriores al del Yakovlev siniestrado. Según las fuentes consultadas, el informe del CISET, el servicio de inteligencia del Ejército de Tierra, se refiere a la misión desarrollada en Afganistán por la Agrupación ASPFOR IV, a la que pertenecía la mayoría de los fallecidos en el accidente de Trabzon, y dedica un apartado a criticar las condiciones de los aviones ex soviéticos contratados a través de la agencia NAMSA de la OTAN. Este último aspecto es el objeto del documento, también muy crítico, elaborado por el CNI, el centro de inteligencia del Estado.

Los dos informes siguen clasificados como secretos, a pesar de que el Ministerio de Defensa renunció hace ocho meses al uso de este tipo de aviones para transportar tropas. Incluso si persistieran las razones que aconsejaron su clasificación, el Congreso podría haberlos conocido a través de la Comisión de Secretos Oficiales. Sin embargo, ningún grupo pudo solicitar conocerlos porque ignoraban su existencia. El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, no aludió a ellos en ninguna de las dos comparecencias en comisión que dedicó a este tema el verano pasado. Después de que el PP se negase a crear una comisión de investigación parlamentaria, como le reclamaba toda la oposición, el ministro se comprometió a facilitar toda la información disponible, pero en los miles de folios enviados al Congreso no hay ninguna alusión a dichos documentos. El secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, aseguró a EL PAÍS que ignoraba la existencia de los documentos secretos y que el CNI no hizo ningún informe "antes del accidente del Yak-42".

Más allá de las causas directas de ese siniestro, pendientes del dictamen de la justicia turca y de la comisión técnica internacional, la información de que disponía el Ministerio de Defensa sobre las condiciones de estos vuelos, y las medidas que se adoptaron a la luz de dicha información, han sido la clave de la exigencia de responsabilidades por parte de la oposición. En su primera comparecencia, el 4 de junio, Trillo-Figueroa aludió a la "única queja recibida con anterioridad al accidente", referida al "gran retraso de cinco horas" del vuelo de un Ilyhusin y a "los trámites aeroportuarios de entrada en territorio español. Ninguna otra queja distinta a la referida", enfatizó. En su segunda comparecencia, el 17 de julio, el ministro aludió ya a "partes de incidencias de algunos mandos sobre vuelos específicos con relación, sobre todo, a retrasos, repostajes y condiciones de confortabilidad de los vuelos". Agregó que "algunas de las [quejas] recibidas no habían llegado al Estado Mayor Conjunto, por lo que tampoco habían sido transmitidas ni habían dado pie a las correspondientes denuncias ante Chapman", la empresa que subcontrató los aviones. Subrayó, sin embargo, que "en ninguno de los informes finales de los jefes de misión española en Afganistán se han reflejado quejas sobre la seguridad de los aviones" y que la denuncia del teniente coronel José Manuel Solar, que dijo haber conocido a través de su publicación en EL PAÍS, "se refería exclusivamente al confort del pasaje y retrasos [...] En ningún momento se mencionan en ese informe asuntos relacionados con la seguridad del vuelo", concluyó. No obstante, en las conclusiones de la investigación interna realizada por el coronel Ricardo Fortún, por instrucciones del propio ministro, se admite que hubo un total de 14 quejas. "Ciertamente", reconocía el coronel Fortún, "no todos los partes denunciaban defectos de similar gravedad. Así, resultan de inferior trascendencia aquellos que exponen problemas relacionados con los retrasos e incumplimientos de horarios aunque, desde luego, suponen, caso de ser injustificados, hacer más penoso de modo innecesario un trayecto aéreo ya de por sí largo e incómodo". "Mayor importancia revisten las denuncias por la situación de peligrosidad creada ante la mala distribución y anclaje de la carga que acompañaba al personal desplazado", agregaba. "Pero, sin duda, las más graves son las que afectan a la misma seguridad de la aeronave, entre ellas, las que manifiestan la existencia de defectos en las ruedas del tren de aterrizaje, en las puertas de acceso y emergencia o en los extintores. Las dos últimas quejas", concluía, "no pudieron ser tenidas en cuenta por estar datadas después del accidente; no sucede así, sin embargo, con la referida al vuelo de un Ilyhusin bielorruso en el mes de abril de 2003, es decir, ya en fechas próximas al accidente". El informe lamentaba que las quejas sólo sirvieron para imponer "penalizaciones económicas" a Chapman, pero no para corregir las irregularidades, "a la vista de la reiteración". Cuando el pasado 1 de junio anunció la suspensión de los vuelos, Trillo-Figueroa aseguró que la decisión se adoptaba debido a la "alarma social creada" por las noticias difundidas en la prensa y no a que hubiera razones objetivas para ello. ( Febrero 2004 )

DEFENSA ADMITE QUE RESTOS DE VÍCTIMAS DEL YAK FUERON ENTERRADOS EN TURQUÍA : El Ministerio de Defensa ha admitido que algunos restos de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yakovlev 42, el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), hallados 10 días después del siniestro, fueron enterrados en ese país, según publicó El Periódico de Aragón. El secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, explicó al citado diario que los restos encontrados, que no habían sido identificados, "fueron pocos". Jiménez-Ugarte dijo también que el general turco que coordinó las labores de rastreo en Trebisonda (Turquía), donde fallecieron los 62 militares españoles, fue quien le comunicó el hallazgo y quien "se encargó de inhumarlos con el mayor de los respetos y muy cuidadosamente". Según El Periódico de Aragón, las familias consultadas por el diario aseguraron que ningún miembro del Gobierno les avisó del hallazgo y que conocieron la noticia por la prensa. Una de las viudas criticó la labor del Ministerio de Defensa, "no tanto por enterrarlos en Turquía", sino por no preguntarles si querían "que se repatriaran" los cuerpos.

"Lo más duro para nosotras es que nadie haya hablado de esto durante más de medio año. Eso es lo peor, que conocemos muchas decisiones que se tomaron en su día sin consultarnos cuando ya no hay remedio", añadió la mujer. Esta viuda manifestó que cuando preguntó a Jiménez-Ugarte acerca de por qué no se les comunicó el descubrimiento de los restos a los familiares, éste le respondió que el Gobierno español "no quería aumentar el sufrimiento de los afectados" (Febrero 2004).

300 FAMILIARES DE LOS FALLECIDOS EN EL SINIESTRO DEL YAK-42 SE MANIFIESTAN ANTE LA SEDE DE DEFENSA  :Unos 300 familiares y amigos de los 62 militares fallecidos el pasado 26 de mayo en Trabzon (Turquía), al estrellarse el avión en el que viajaban, se manifestaron ante la sede del Ministerio de Defensa en Madrid bajo el lema Exigimos la verdad. Muchos habían llegado desde Galicia, Burgos, Andalucía y Valencia. La manifestación, convocada por la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42, que agrupa a los familiares de 42 de los 62 militares fallecidos, recorrió un tramo de la Castellana. Ante Defensa, un portavoz de las familias leyó un manifiesto.

Los manifestantes que iban en cabeza portaban una pancarta con el lema de la convocatoria: Exigimos la verdad del Yak-42. Tras ella, 10 niños caminaban con una pancarta con una ilustración de la paloma de la paz y el número 62, en referencia a la cifra de fallecidos. La marcha transcurrió en silencio. En varias pancartas se podía leer: "En recuerdo a los 62 militares españoles fallecidos en Trazbon, no los olvidaremos"; "Trillo, no ha sido un accidente, los has matado y ellos se merecen la verdad", y "Señor Aznar, queremos la verdad, que pases una Feliz Navidad." (Diciembre 2003). 

TRILLO CREE QUE UNA PENSIÓN PARA LAS PAREJAS DE HECHO DE LOS MUERTOS EN EL YAK SERÍA UN AGRAVIO COMPARATIVO : El ministro de Defensa, Federico Trillo, considera que conceder una pensión extraordinaria excepcional a las parejas de hecho de varios de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 resolvería este caso concreto, pero podría crear un "agravio comparativo" con otros. En el Pleno del Senado, Trillo dijo que habrá que meditar esta cuestión y añadió que los militares profesionales, que lo son todos, conviven a diario con el riesgo y hay más víctimas y más fallecidos. "Quizás esto, debe llevar a una reconsideración más amplia del problema", añadió. "El Ministerio de Defensa como toda la Administración General del Estado, está sometida a la Ley y al Derecho y, lamentablemente, no puede atender a unas situaciones como las que usted ha comentado, que son muy dolorosas y especialmente por el caso que produjo la muerte".  El ministro informó de que los expedientes de los 62 fallecidos han dado lugar al reconocimiento de 129 pensiones, todas ellas de carácter "extraordinario": 37 de viudedad, 59 de orfandad y 33 a favor de los padres. En el caso de tres fallecidos sin viuda ni hijos no se genera derecho a pensión de los padres por "sobrepasar" éstos el límite de ingresos, y se han dictado cinco resoluciones denegatorias de los conviventes de fallecidos sin una relación jurídica. El ministro repasó la legislación vigente sobre pensiones y clases pasivas y citó varias sentencias del Tribunal Constitucional que, según explicó, establecen que las relaciones de hecho citadas no son equivalentes a las que tienen un vínculo jurídico (Noviembre 2003).  

DEFENSA IDENTIFICA A UN MUERTO DEL YAK-42 CON UN ESCUDO QUE NO ERA EL SUYO   : La esposa del sargento Blas Aguilar Ortega, fallecido en el accidente aéreo del pasado 26 mayo en Turquía junto a otros 61 militares españoles, solicitó al Ministerio de Defensa los detalles del proceso de identificación de su esposo. El jefe del equipo médico desplazado a Trabzon, el lugar del siniestro, firmó el pasado 12 de noviembre las respuestas por escrito a la mujer de Aguilar Ortega y al resto de familiares afectados. En una de ellas, asegura que Aguilar Ortega fue identificado por "el uniforme de campaña del Ejército de Tierra con distintivo de Arma de Ingenieros, empleo de sargento primero y nombre sobre el mismo". Aguilar Ortega no pertenecía a Ingenieros sino a la Infantería Acorazada Mecanizada -cuyas insignias son distintas-, como consta en el Boletín Oficial del Estado del pasado 30 de mayo, donde se dio cuenta de los fallecidos. Además, se dejó constancia de "la concordancia de rasgos faciales con fotografía aportada por el equipo de identificación". El informe de la necropsia, como en la mayoría de los casos, recoge que sufrió "lesiones cutáneas traumáticas incisocontusas en diferentes grados y destrucción tisular". Ni la familia de Aguilar Ortega ni las demás han recibido copia del material que sirvió al Ejército para identificar los cuerpos -proceso que se realizó el 27 de mayo, fecha que aparece en los documentos de las necropsias comunicadas a los familiares-. Defensa añade en el documento que "no se encontró chapa de identificación". Algunas familias tienen serias dudas sobre el proceso de identificación de sus parientes -ni siquiera coincide la hora de la muerte en el registro civil de Turquía (4.45) con el certificado firmado por el general de división Navarro Ruiz (4.15)- porque les han llegado efectos intactos, como pasaportes o identificaciones de plástico de ASFOR, y no zapatos o relojes, aunque sea quemados o rotos (Noviembre 2003). 

DEFENSA RENUNCIA A TOMAR PARTE EN LA INVESTIGACIÓN TURCA SOBRE EL YAK-42  : El Ministerio de Defensa ha renunciado de momento a tomar parte activa en el proceso administrativo que se sigue en Turquía sobre el accidente del Yak-42. El Ejecutivo sólo actúa en este caso como mero observador y sin capacidad de solicitar aspectos que considere importantes. Los familiares de las víctimas acusan al Gobierno de dejadez.

Según informa la Cadena SER, en estos momentos existen dos procesos en curso. Uno es el procedimiento penal que se sigue en el juzgado de Mazca, que investiga las causas del siniestro y en el que no hay partes personadas. El segundo es una investigación administrativa en la que participan Turquía, como lugar en el que se produce el accidente; Ucrania, país al que pertenece la compañía aérea, y Rusia, como fabricante del Yakolev.

Es en este proceso de investigación administrativa en el que España tiene la opción de tomar parte activa, según recoge el anexo 13 del convenio de Chicago sobre aviación civil internacional citado por la SER. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por la otra opción, es decir, quedarse totalmente al margen y ser un simple observador de este proceso. Así, el Gobierno renuncia a participar en la investigación y a tener información de primera mano. Precisamente, la noticia se ha conocido cuando se cumplen seis meses de la tragedia. Algunos familiares de militares fallecidos han recibido con indignación la postura del Gobierno. Curra Ripollés, hermana de una de las víctimas, asegura que "el gobierno español no sólo se tendría que haber personado, sino que tenía que haber tomado las riendas desde el principio, si es que le importaban algo esos 62 militares". Por su parte, el Gobierno asegura que es Turquía quien debe invitar a España a participar en el proceso y señala que la legislación prevista en el convenio de Chicago así lo recoge. Madrid no se ha ofrecido aunque insiste en que tampoco Turquía le ha cursado dicha invitación (Noviembre 2003). 

ACCIDENTE DEL YAKOVLEV42 : DEFENSA SE AUTO EXCULPA: La investigación interna del Ministerio de Defensa sobre el accidente del Yakovlev 42 en el que murieron 62 militares el pasado 26 de mayo en Trabzon (Turquía) admite que las quejas elevadas por los mandos sobre irregularidades de los vuelos en aviones ex soviéticos, algunas de las cuales afectaban a su seguridad, no sirvieron para corregirlas, "a la vista de la reiteración en determinados incumplimientos". El informe apunta a la responsabilidad de la agencia NAMSA de la OTAN en las anomalías al recordar su papel de "vigilante del exacto cumplimiento" del contrato. El 28 de mayo, dos días después de la tragedia, el ministro Federico Trillo-Figueroa encargó "una información previa con objeto de investigar las circunstancias relacionadas con el accidente" del Yak-42. Como instructor fue designado el coronel Ricardo Fortún y como secretario, el comandante Alberto Ruiz de los Paños. Sus conclusiones se plasman en un informe de 43 folios, fechado en diciembre pasado. El documento no analiza las causas directas del accidente, con el argumento de que está "sometido a la investigación de las autoridades judiciales turcas", aunque agrega que las conclusiones preliminares de la Comisión de Investigación Técnica "apuntan al error humano de la tripulación en la maniobra de aproximación al aeropuerto". En cambio, se centra en revisar el proceso que llevó a poner en manos de una compañía ucrania, UM Air, a través de la agencia NAMSA de la OTAN, el traslado de los militares españoles que regresaban tras cuatro meses de misión en Afganistán. Lógicamente, el texto exculpa a Defensa y afirma que "ningún reproche puede hacerse" a la decisión de fletar los vuelos a través de la OTAN: "Una organización internacional de la que formamos parte, con una misión específica [...] y una larga experiencia", aunque reconoce que había "otras alternativas". También sostiene que, a pesar de que no se aplicó la legislación española sobre contratos públicos, el proceso de adjudicación se hizo con "transparencia, legitimidad y conocimiento por todos los interesados". Agrega que la cadena de subcontrataciones (NAMSA adjudicó a Chapman, que subcontrató a Volga Dnepr, que lo hizo a UM Air) no significa, "por sí misma, menoscabo en la seguridad de los vuelos".  

EL PP VETA EL DEBATE SOBRE UNA COMISIÓN QUE INVESTIGUE EL ACCIDENTE DEL YAK-42 : El PP rechaza incluir en el orden del día del próximo pleno del Congreso el debate sobre la creación de una comisión que investigue el accidente en Turquía del Yakovlev 42, en el que perdieron la vida 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. De esta forma, el debate sobre la creación de esta comisión parlamentaria de investigación -reclamada también por familiares de víctimas del accidente- no se producirá en el Congreso al menos hasta finales de noviembre, ya pasadas las elecciones autonómicas catalanas (Octubre 2003).  

UN GENERAL, PADRE DE UN FALLECIDO ACUSA A TRILLO DE INCOMPETENTE: El general de Intendencia en la reserva del Ejército José Luis González Arribas, padre de uno de los militares fallecidos en el accidente ha remitido una carta al ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, en la que le acusa de incompetencia, prepotencia, de no hacer nada porque se sepa la verdad y de llegar a "alimentar" el dolor de las familias. En la carta el general González Arribas explica que ha tardado en decidir remitir y hacer pública la carta por respeto a su hijo, el capitán Ignacio González Castilla, que siempre ejerció su labor con discreción, según su padre. Tras calificar de "decepcionante" la labor de las autoridades españolas, el general afirma: "Sólo hemos recibido de ustedes palabras inconvenientes, malos gestos y descalificaciones hacia las familias, promesas incumplidas, informaciones contradictorias, ocultación de datos. Usted, señor ministro, dice que comparte nuestro dolor, pero llego a pensar, en muchas ocasiones, que es usted mismo quien lo alimenta". Por ello, el general concluye que el Ejército español "no se merece responsables políticos tan incompetentes, que actúan desde la prepotencia y que no asumen sus responsabilidades". "No sólo pido que se sepa cuanto antes la verdad, algo que, desde luego, no se sabrá gracias a ustedes. Desde aquí les solicito que, al menos, no obstaculicen cualquier investigación que se inicie y, sobre todo, que asuman públicamente su incompetencia. Sólo de esta forma podremos decir que los responsables políticos están a la altura que el Ejército español se merece", añade el general de Intendencia, quien concluye con un "por la obediencia debida, a sus órdenes" (Octubre 2003).

LAS FAMILIAS CUESTIONAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42 TRAS HALLAR DOS PLACAS: El hallazgo de dos placas identificativas, entre otros objetos personales, por parte de los familiares de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 que esta semana viajaron a Trabzon (Turquía) para rendirles homenaje, ha hecho que en muchos de ellos crezca una duda dolorosa sobre el proceso de identificación de cadáveres que realizó el Ministerio de Defensa. "¿Cómo los identificaron si no tenían las placas con el número personal y no pidieron muestras de ADN a sus parientes?", se pregunta Carlos Ripollés, presidente de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias. Ripollés recuerda que las 19 víctimas del accidente de tren de Chinchilla (Albacete) del pasado 6 de junio fueron sometidas a diversas pruebas de identificación durante seis días antes de su entrega a las familias. En cambio, los 62 militares muertos en el siniestro aéreo del 26 de mayo en Trabzon fueron repatriados 48 horas después y enterrados en féretros que no se permitió abrir a las familias. Ningún familiar realizó una identificación visual de los cadáveres. El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, que se trasladó al lugar del accidente el mismo día del siniestro, ordenó la formación de un equipo de especialistas militares para acelerar la identificación y repatriación de los cuerpos. Según dijo un portavoz de Defensa, "la identificación fue absoluta en todos los casos" y se realizó con base en los uniformes -que llevan cosida en el pecho una etiqueta con el apellido del propietario- y en la documentación. "También se usaron las placas metálicas identificativas en algunos casos, pero no en la mayoría, pues muchas no se encontraron", agregó. "Ni siquiera hubo que recurrir a fichas dentales, aunque se barajó hacerlo". Esta explicación es cuestionada por algunos familiares; entre ellos, por Francisco Cardona, padre de un sargento del Ejército del Aire fallecido en el siniestro. "Mi hijo iba vestido de civil, según me han confirmado varios compañeros, y Defensa no me ha devuelto su documentación, así que no sé cómo pudieron identificarlo". Otros parientes subrayan que, dado el incendio que se produjo tras la colisión, es muy dudoso que se conservaran intactos uniformes y documentos. Cardona es uno de los familiares que viajaron esta semana a Trabzon invitados por el club de fútbol Villarreal, que jugó el miércoles contra el equipo local un partido de la Copa de la UEFA. Los cinco parientes de los fallecidos -tres viudas y un hermano, además de Cardona- emplearon dos horas en recorrer los 30 kilómetros que separan Trabzon del lugar del siniestro, donde depositaron 62 rosas blancas y numerosos ramos. Durante su breve estancia en la zona, los familiares recogieron dos placas metálicas con el número de identificación correspondiente a dos de los fallecidos, así como una decena de objetos personales, entre ellos un llavero y la esfera de un reloj. Por su parte, Federico Trillo-Figueroa se limitó a señalar en Cartagena que comprendía "el dolor de los familiares" y que no iba a polemizar con ellos. "No voy a dar ninguna explicación [sobre el hallazgo de efectos personales cinco meses después del siniestro] porque tampoco la ha dado la persona que ha hecho esas declaraciones a la Cadena SER [Cardona], donde ha dicho que ha encontrado esas pertenencias, pero no cómo". El ministro aludía a la posibilidad de que las placas no fueran halladas por los familiares en el lugar del accidente, sino que se las entre