FRANCISCO GRANADOS LERENA : lo sabe todo, de todos

NOTICIAS VARIAS SOBRE EL SUSODICHO

LA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN CONTRA FRANCISCO GRANADOS, EN CIFRAS

LAS EVIDENCIAS SOBRE GRANADOS QUE AGUIRRE NO VIO

AGUIRRE PIDE PERDÓN Y DICE QUE ASUME RESPONSABILIDADES, PERO NO DIMITE

EL JUEZ EXTIENDE LA INVESTIGACIÓN A TODA LA GESTIÓN DE GRANADOS EN MADRID

GRANADOS OBTUVO SUS COMISIONES DE UNA EMPRESA DE VERBENAS Y CONCIERTO

GRANADOS FUNDÓ DOS INMOBILIARIAS EN SEPTIEMBRE CON SEDE EN SU CASA

GRANADOS Y SU SOCIO SUMARON 5,8 MILLONES EN TRES CUENTAS EN SUIZA

AGUIRRE HIZO A GRANADOS SU HOMBRE FUERTE “SIN TENER LA MÍNIMA SOSPECHA”

AGUIRRE SOSTIENE QUE NO TUVO “NUNCA LA MÁS MÍNIMA SOSPECHA” DE GRANADOS

DETENIDO FRANCISCO GRANADOS EN UNA MACRORREDADA CONTRA LA CORRUPCIÓN

EL PP NO EXPEDIENTARÁ A FRANCISCO GRANADOS POR SU CUENTA EN SUIZA

FRANCISCO GRANADOS VUELVE A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE TRAS MESES DE NEGOCIACIÓN CON EL BANCO

HACIENDA ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CUENTA DE GRANADOS

LOS FICHAJES DE LA CAZATALENTOS AGUIRRE ACABAN EN SUIZA

GRANADOS ANUNCIA QUE DEJARÁ SU ESCAÑO EN EL SENADO EN LAS PRÓXIMAS HORAS

LA FISCALÍA EVITÓ INVESTIGAR POR SOBORNO A GRANADOS TRAS UNA DENUNCIA PRESENTADA EN 2011

GRANADOS, EL QUINTO CARGO DE AGUIRRE CON UNA CUENTA EN SUIZA

LA FISCALÍA HELVÉTICA ALERTÓ SOBRE GRANADOS AL INVESTIGARLE POR BLANQUEO DE DINERO

GRANADOS: 'LLEVO DOS AÑOS APARTADO APRETANDO UN BOTÓN EN EL SENADO, NO TENGO POR QUÉ AGUANTARLO'

EL PSOE EXIGE A RAJOY QUE GARANTICE QUE NO HAY MÁS CARGOS DEL PP EVADIENDO CON CUENTAS EN SUIZA

EL SENADOR GRANADOS ADMITE QUE TUVO UNA CUENTA EN SUIZA ENTRE 1996 Y 2000

EL SENADOR DEL PP GRANADOS TENÍA EN SUIZA 1,5 MILLONES DE EUROS

ASCENSO Y CAÍDA DE UNA ESTRELLA 'POPULAR'

LA POLÉMICA ‘PAELLADA’ DEL PP DE VALDEMORO

AGUIRRE SE ATRINCHERA EN MADRID Y LOS MARIANISTAS VEN SU SUCESIÓN EN MARCHA

LA PRESIDENTA ADMITE DIVERGENCIAS EN EL PP POR HABER DESTITUIDO A FRANCISCO GRANADOS

AGUIRRE DA TODO EL PODER A GONZÁLEZ

"ENHORABUENA, NACHO: POR FIN PUEDES SER LO QUE NO ME HAS DEJADO SER A MÍ"

GRANADOS: "EN EL FONDO AGUIRRE ME HA HECHO UN FAVOR"

GRANADOS, REFERENTE DEL DESPILFARRO ESPAÑOL, SEGÚN 'THE ECONOMIST'

CUANDO EL DENUNCIANTE ES EL ACUSADO

PELOTAZO URBANÍSTICO PARA UN AMIGO DEL NÚMERO TRES DE AGUIRRE

GRANADOS ADJUDICA UN CONTRATO DE UN MILLÓN AL PERITO QUE USÓ PARA DESMENTIR EL ESPIONAJE

"POR ALGUNA RAZÓN ME CONTRATARON"

FRANCISCO GRANADOS COMPARA AL GOBIERNO CON BATASUNA

SOSPECHAS DE IRREGULARIDAD EN LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EL PSM DENUNCIA A GRANADOS POR PAGAR FOLLETOS ELECTORALES CON

GRANADOS ES INCAPAZ DE ACLARAR SU COMIDA CON VIEIRA


EL PP TUMBA LA REPROBACIÓN DE GRANADOS SOLICITADA POR EL PSOE

REGALOS MADE IN GRANADOS BAJO SOSPECHA

EL EX DIRECTOR DE DICO RATIFICA ANTE LA FISCALÍA SUS DENUNCIAS CONTRA GRANADOS Y OTROS IMPORTANTES ALCALDES

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR COMIÓ EN SECRETO CON GRANADOS

EL NUEVO JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' RECONOCE SU COMIDA "SIN ZONAS OCULTAS" CON GRANADOS

AGUIRRE OCULTA LOS BIENES DE SU CONSEJERO GRANADOS

EL PSOE ACUSA A GRANADOS DE LUCRARSE CON UNA VENTA A UN CONSTRUCTOR AMIGO

LAS CUENTAS DE LA MANSIÓN QUE ENCARGÓ GRANADOS NO CUADRAN

GRANADOS INTENTA DESACTIVAR EL ESCÁNDALO DE LA MANSIÓN

ALUVIÓN DE CONTRATOS A FAMILIARES EN VALDEMORO

GRANADOS DETALLA SU PATRIMONIO A LA OPOSICIÓN

GRANADOS RESPONDE QUE TIENE BIENES POR UN VALOR TOTAL DE 348.000 EUROS Y UNA HIPOTECA DE 450.000

UNA PROMOTORA LEVANTA UNA MANSIÓN A GUSTO DE GRANADOS

UN CONSEJERO DE AGUIRRE DENUNCIA NUEVOS 'DOSSIERS' SOBRE SU PATRIMONIO EL PSOE DENUNCIA QUE UNA CUÑADA DE GRANADOS HAYA OBTENIDO UN CARGO

EL GOBIERNO DE AGUIRRE ACUSA A ZAPATERO DE FINANCIAR A LOS TERRORISTAS

FUNCIONARIOS DE MADRID INVESTIGAN A UN CONSEJERO DESTITUIDO POR AGUIRRE

GUERRA ENTRE AGUIRRISTAS

EL AUTOR DEL REGISTRO A UNA OFICINA DE UN EX CONSEJERO DE AGUIRRE SERÁ DESTITUIDO

GAMÓN: "ACTUÉ A LAS ÓRDENES DEL CONSEJERO, PERO NO ME LLEVÉ NADA"

GRANADOS: "DENTRO DE MI CONSEJERÍA SE PUEDE MIRAR ABSOLUTAMENTE TODO"

AGUIRRE 'FICHA' AL JUEZ DE UNO DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN SOCIALISTA QUE MÁS AIREÓ EL PP

EL MAGISTRADO GARCÍA-CALVO, DE MONTERÍA CON SUS AMIGOS DEL PP MADRILEÑO

VILLAVICIOSA DE ODÓN : LA MILITANCIA CONTRA SU CANDIDATA

EL EX ALCALDE DE VALDEMORO VENDIÓ A UN CONSTRUCTOR DEL PUEBLO SU CHALÉ DE MARBELLA

EL CONSEJERO SE CONSIDERA VÍCTIMA DE UNA PERSECUCIÓN

TRÁFICO NO TIENE LA DOCUMENTACIÓN DEL COCHE DE GRANADOS

EL COCHE INCENDIADO DE UN CONSEJERO DE MADRID ESTÁ A NOMBRE DE UNA EMPRESA DE UN CONSTRUCTOR

LA COMUNIDAD ADMITE EL FRACASO ECONÓMICO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL PARQUE WARNER (25/05/06)

EL ALCALDE DE VALDEMORO DECLARA ANTE EL JUEZ POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN

DOS EX EDILES DEL PP IMPLICAN A LA CÚPULA POPULAR EN EL 'CASO MAJADAHONDA'.

"A LA CALLE CONTRA LA ACCIÓN DEL GOBIERNO"


LA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN CONTRA FRANCISCO GRANADOS, EN CIFRAS

Los principales detenidos, las pesquisas en bancos y los vehículos embargados

Detenido Francisco Granados en una redada anticorrupción

La operación contra la corrupción que se ha saldado con el arresto de medio centenar de personas se ha llevado a cabo de manera simultánea en varias ciudades. Aquí se recogen los principales datos de una operación ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al menos 51 detenidos. Hasta el momento, la operación se ha saldado con 51 detenidos. Entre ellos hay políticos, como Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre cuando presidía la Comunidad en Madrid, o el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP. Martínez sustituyó hace cuatro meses a la fallecida Isabel Carrasco, que murió asesinada a tiros en León mientras caminaba por la calle.

Seis alcaldes entre los detenidos. Entre los arrestados, hay seis alcades. De momento ha trascendido que son José Carlos Boza (PP) de Valdemoro y el socialista José María Fraile de Parla. También han pasado a estar bajo custodia policial los máximos responsables del consistorio de Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas Navarro, del PP), Casarrubuelos (David Rodríguez San, PP), Collado Villalba (Agustín Juárez , PP) y Serranillos del Valle (Antonio Sánchez Fernández., UDMA con el apoyo del PSOE).

Actuaciones en Madrid, Valencia, León y Murcia. Las actividades investigadas se desarrollaban en Ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia. Entre los consistorios donde ha entrado la Policía están el de Collado Villaba, gobernado por el popular Agustín Juárez, o el de Móstoles.

Múltiples delitos. Los delitos que se investigan son: blanqueo de dinero, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.

Obras por 250 millones. los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de "comisiones ilegales" a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por unos 250 millones de euros en los últimos dos años.

259 Mandamientos a Registros de la Propiedad. Estas eran peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.

400 Mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras. En estas, las autoridades han acordado bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos.

30 Embargos preventivos de Vehículos. Los coches, destaca la Fiscalía, son de alta gama y pertenecen a los principales investigados.

Un operativo de 150 agentes. La Guardia Civil ha desplegado un total de 150 efectivos entre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de las unidades de Seguridad Ciudadana territoriales para llevar a cabo la macro operación

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/27/actualidad/1414403987_804155.html

LAS EVIDENCIAS SOBRE GRANADOS QUE AGUIRRE NO VIO

La presidenta del PP madrileño dijo el lunes que de haber tenido "la más mínima sospecha" habría llevado a su ex número dos ante la Justicia

La realidad es que las sospechas se fueron acumulando desde 2006 y Aguirre mantuvo a Granados como secretario general del PP hasta 2011

Granados no abandonó el PP de Valdemoro hasta abril de 2014, dos meses después de que se conociera que tenía una cuenta en Suiza

Consciente quizá de que el PP de Madrid queda duramente tocado por la investigación abierta a los ayuntamientos de Valdemoro, Collado-Villalba, Móstoles y Torrejón de Velasco, Esperanza Aguirre intentó este lunes sacudirse cualquier tipo de responsabilidad. Dijo sobre Granados que ya había perdido su confianza en él "hace tiempo". Y que en "ningún momento" tuvo la menor sospecha de que estuviera utilizando sus cargos para el enriquecimiento personal.

"No tengan la menor duda de que si hubiera tenido alguna sospecha, la más mínima sospecha, hubiera actuado con prontitud y lo hubiera puesto inmediatamente en conocimiento de la Justicia como he hecho siempre y como hice en el caso Gürtel", dijo la presidenta del PP madrileño. La realidad es que las sospechas sobre Granados se han ido acumulando desde el año 2006, y a pesar de ello Aguirre lo mantuvo como secretario general del partido hasta 2011. Y, pese a sus declaraciones, no consta que Aguirre haya puesto jamás un caso de corrupción en manos de la Justicia.

En 2006, cuando se descubrió que la mujer de Francisco Granados conducía un coche que estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, el político ahora encarcelado era consejero de Presidencia. En los años sucesivos, Aguirre le amplió las atribuciones adjudicándole también las carteras de Interior (2007) y Justicia (2008). Mantuvo también el cargo de secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, puesto en el que sustituyó a partir de noviembre de 2004 a Ricardo Romero de Tejada, hombre ligado a la deserción de dos diputados del PSOE tras las elecciones de 2003 que auparon a Aguirre a la presidencia de la Comunidad, el llamado Tamayazo.

Tampoco fue apartado cuando en 2009 estalló la trama del espionaje y se descubrió que la misma inmobiliaria le estaba construyendo una mansión en el pueblo del que había sido alcalde entre 1999 y 2003. El 16 de junio de 2011 fue descartado para formar el nuevo equipo de Gobierno, pero Aguirre le ofreció la portavocía del PP en la Asamblea –él la rechazó– y también le guardó uno de los cinco puestos en el Senado que correspondían a los conservadores madrileños. Granados no abandonó los dos cargos –diputado raso en la Asamblea y senador– hasta el 21 de febrero de 2014, después de que el diario El Mundo desvelara que tenía 1,5 millones de euros en una cuenta en Suiza.

El 19 de febrero se supo que Granados mantuvo abierta una cuenta en Suiza cuando ya estaba en política. La información apuntaba a que esto había ocurrido entre 1996 y 2000, años en los que fue sucesivamente concejal y alcalde de Valdemoro. La reacción de Aguirre por entonces fue la de exigirle la entrega de las actas en la Asamblea y en el Senado. Y el hombre que lo fue todo en sus gobiernos y en su partido accedió. Lo que no hizo ni se le exigió por entonces fue abandonar la presidencia del PP de Valdemoro y, por extensión, solicitar su baja en el partido. Ni él lo hizo ni nadie se lo pidió.

El partido no se encargó de informar por entonces. Pero fuentes del PP de Madrid aseguran que Granados renunció por carta a presidir el PP de Valdemoro el 21 de abril, dos meses después de conocerse la existencia de esa cuenta en Suiza que hizo que las autoridades tirasen de la manta dando origen a la Operación Púnica.

EL MINI A NOMBRE DE UNA INMOBILIARIA

La primera de las evidencias del comportamiento sospechoso de Granados que Aguirre no vio se remonta a 2006. En octubre de ese año alguien incendió un coche modelo Mini Cooper descapotable que estaba aparcado en una de las plazas de garaje de la vivienda que Granados y su familia ocupaban en Valdemoro (71.000 habitantes). Nunca se supo si el coche se incendió de forma fortuita o si su calcinación fue intencionada, pero el incidente sí obligó al entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid a dar unas incómodas explicaciones. Aunque era su mujer, Nieves Alarcón, la que solía utilizarlo y su supuesta propietaria, en la documentación del coche incendiado no aparecía ni su nombre ni el de Granados.

El vehículo estaba a nombre de una de las principales constructoras del municipio, Obras y Vías, con la que Alarcón no tenía ningún vínculo laboral ni societario. Según informó la revista Interviú, esta compañía estaba a nombre de Ramiro Cid Sicluna, el principal operador inmobiliario del municipio madrileño, y dueño a su vez varias firmas que se entrelazaban con empresas que tenían a David Marjaliza en su accionariado, amigo de la infancia del consejero Granados y también detenido en la operación Púnica. Ramiro Cid, por su parte, figura entre los imputados.

Granados explicó entonces a El País que su mujer había comprado el vehículo de segunda mano y que el hecho de que todavía no se hubiera hecho el cambio de titular era consecuencia del "retraso burocrático". No obstante, ese mismo periódico publicó después que la Dirección General de Tráfico no había recibido petición alguna de cambio de titularidad.

El 17 de julio de 2008 Alarcón fue nombrada consejera de Caja de Madrid de Pensiones, SA, entidad gestora de fondos de pensiones. Allí representaba a la Comunidad, es decir, a la institución en la que su marido era consejero y que presidía Aguirre. Profesora de Economía Política en el Centro Universitario Villanueva, de titularidad privada y adscrito a la Complutense, Alarcón percibía al mes 1.803 euros brutos (1.175 netos) en dietas por asistencia al consejo.

LA MANSIÓN DEL MILLÓN DE EUROS

El nombre de Ramiro Cid Sicluna también está relacionado, al menos, con una vivienda del ex número dos de Aguirre. En febrero de 2009 el diario Público destapó que, por encargo de Granados, una promotora inmobiliaria estaba construyendo desde 2006 en Valdemoro una casa de lujo de 1.000 metros cuadrados. Pues bien, la licencia de obras la había obtenido en 2006 una inmobiliaria que formaba parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón. Aunque no estaba a su nombre, la mujer de Granados visitaba de forma asidua las obras.

A la oposición no le cuadraba que una promotora optara por construir en Valdemoro –ciudad de la que Granados había sido alcalde entre 1999 y 2003–, y sin tener comprador asegurado, una casa de lujo sobre seis parcelas donde el planeamiento le permitía levantar otros tantos chalés estándar. El PSOE dio entonces un plazo de 24 horas para que Granados hiciera público su patrimonio y explicara cómo lo había obtenido. El entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior respondió con un escrito de dos folios en el que admitía tener un patrimonio inmobiliario de 351.000 euros, correspondientes a un piso de 110 metros cuadrados y un dúplex de 164 metros, ambos en Valdemoro. También declaró que en 2007 había comprado una vivienda por 450.760 euros de los que todavía debía 330.000 euros. En cualquier caso, dijo que "todas" sus adquisiciones se había realizado "sin ningún trato de favor".

Pero las cuentas de la mansión siguieron sin cuadrar. El coste del proyecto (incluyendo el proyecto de ejecución, los equipamientos de lujo o los honorarios del arquitecto) ya superaba en 2006 el millón de euros que, según Granados, le pidió la promotora para construirla. Alcanzaba los 1.036.713 euros, según la información revelada por Público.

No obstante, cargos del PP salieron entonces a defender a Granados. El entonces portavoz conservador en la Asamblea de Madrid, David Pérez, dijo que el chalet en cuestión no era "propiedad" de Granados ni existía "ningún vínculo para su adquisición" por lo que consideró que "sería el colmo venir a dar explicaciones sobre una propiedad que no le pertenece a Granados". Asimismo, acusó al PSOE de de divulgar “ignominias”.

LA TRAMA DEL ESPIONAJE

El caso de los seguimientos a políticos del PP de Esperanza Aguirre tiene a Francisco Granados como uno de sus protagonistas. Aunque no el único. Siendo él consejero de Interior estalló una trama de espionaje en la que intervenían antiguos agentes de la policía y de la Guardia Civil a sueldo del Gobierno autonómico. Él era, por lo tanto, el jefe orgánico de los supuestos espías imputados.

En enero de 2009, El País publicó que en la Comunidad de Madrid se habían hecho trabajos de inteligencia e información sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas y conservadores para el consejero madrileño Francisco Granados. El "servicio de espionaje" estaba dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña, fichado por Granados en julio de 2008 como asesor para asuntos de seguridad, e integrado al menos por tres ex guardias civiles. Las investigaciones abarcaban desde políticos o tramas de corrupción en ayuntamientos, como Ciempozuelos o Coslada, hasta las "supuestas mafias" que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas. Entre ellos supuestamente se sometió a seguimiento al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, y al exconsejero Alfredo Prada.

Desde que se abrieron las diligencias, en 2009, a instancias de una denuncia presentada Cobo a la que se unió Prada, dos veces la jueza Carmen Valcarce ha intentado dar carpetazo a la investigación con el razonamiento de que es imposible cuantificar el dinero público malversado para los hipotéticos seguimientos. Pero la Audiencia de Madrid ha forzado la reapertura en sendas ocasiones. Los denunciantes, entre los que está el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, alegaron que se utilizaron teléfonos y vehículos para espiar y que, por lo tanto, hubo malversación de fondos públicos.

El pasado 16 de septiembre la jueza llamó a declarar como testigo a Granados para que explicara una serie de reuniones en las que los guardias civiles imputados en el proceso le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos. El ahora presidente Ignacio González siempre ha sostenido que Granados organizó una trama para espiarle. Sin embargo, uno de los espías imputados, el guardia civil José Oreja, envió el pasado enero un escrito a la jueza en la que aseguraba que en realidad vigilaban a aquellos políticos en cuyos movimientos y actuaciones tenía “especial interés” el hoy presidente de Madrid y entonces vicepresidente primero con Aguirre. El asunto todavía se investiga en los tribunales.

Menos recorrido tuvo la investigación política. A raíz de las informaciones publicadas, la Asamblea de Madrid constituyó el 6 de febrero de 2009 una comisión de investigación parlamentaria para analizar los hechos. Sus trabajos comenzaron el 4 de marzo y finalizaron siete días después, tras comparecer sólo once de las 29 personas que había aprobado la Mesa de la Asamblea. El 16 de marzo de ese mismo año la comisión de investigación aprobó el dictamen propuesto por el PP –que exculpó al Gobierno regional de cualquier responsabilidad–, frente a los informes del PSOE e IU, que señalaron a la presidenta madrileña como "máxima" responsable y exigían el cese del consejero Francisco Granados. Aguirre lo mantuvo a su lado.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/31/las_evidencias_sobre_granados_que_aguirre_vio_23312_1012.html

AGUIRRE PIDE PERDÓN Y DICE QUE ASUME RESPONSABILIDADES, PERO NO DIMITE

"No quiero eludir mi responsabilidad porque la tengo. Estoy muy abochornada" ha dicho la presidenta del PP de Madrid. Pide a todos los cargos institucionales implicados que dimitan

Esperanza Aguirre ha comparecido en rueda de prensa para excusarse ante los ciudadanos por la operación Púnica, que ha llevado hoy a prisión a numerosos cargos del PP y del PSOE, entre ellos su exnúmero 2, Francisco Granados. "No quiero eludir mi responsabilidad porque la tengo. Estoy muy abochornada", ha confesado Aguirre.

"Los ciudadanos tenemos muchas razones para estar hartos", ha expresado la presidenta del PP en Madrid, que ha querido pedir "perdón a los madrileños y a los militantes honrados y sacrificados".

Lo ha anunciado en la sede del PP madrileño, en la primera planta de la sede nacional de la calle Génova. Además de Francisco Granados, varios alcaldes del PP en el marco de la operación Púnica, que desarrolla la Audiencia Nacional. Entre ellos cuatro son del Partido Popular, José Carlos Boza (Valdemoro), Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco), David Rodríguez (Casarrubuelos) y Agustín Juárez (Villaba).

"Pensé que Granados era adecuado para el PP", ha confesado Aguirre"Hay que pedir perdón por este y otros casos de corrupción", ha continuado en referencia al caso Gürtel, asegurando que el PP "está haciendo todo lo posible" por destapar los casos de corrupción. Pese a todo, la conservadora ha pedido más celeridad a la justicia. "Llevamos con el Gürtel seis años y ni siquiera se ha abierto el juicio oral".

Dice que los ciudadanos están "hartos" de la "coletilla" de la "presunción de inocencia" porque lo consideran "excusas". Se siente "muy abochornada" por lo ocurrido e insiste en que "no quiere eludir" su "responsabilidad" porque asegura que la tiene.

"No conocía" a los detenidos
Aguirre ha declarado que no conocía a los alcaldes detenidos en el marco de la operación, refiriéndose a que ella no los eligió para ocupar puestos de responsabilidad en las instituciones al ser ésta una designación que le corresponde a los comités electorales locales.

"A esos alcaldes no les conozco", ha declarado para matizar, a renglón seguido, que su designación le correspondía al comité electoral local. Lo que sí ha asegurado es que a todos con puestos institucionales "se les pedirá que dejen ese cargo".

"No quiero eludir la responsabilidad que me corresponde en el nombramiento de Francisco Granados para cargos de alta responsabilidad en el partido y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha manifestado con respecto a uno de sus antiguos colaboradores más próximos.

De Granados ha señalado que era "una persona destacada", nacida y criada en un municipio del sur como Valdemoro, con una "carrera universitaria brillante" a sus espaldas y que procedía de "un puesto de responsabilidad en la banca", es decir, que "no venía de ser militante desde jovencito".

http://www.publico.es/politica/552767/aguirre-pide-perdon-y-dice-que-asume-responsabilidades-pero-no-dimite


EL JUEZ EXTIENDE LA INVESTIGACIÓN A TODA LA GESTIÓN DE GRANADOS EN MADRID

El Ejecutivo regional entrega documentación referente a seis consejerías

Agentes de la Guardia Civil, a las órdenes del juez Eloy Velasco, han requerido al Gobierno de la Comunidad de Madrid amplia documentación sobre la gestión de Francisco Granados en el Ejecutivo madrileño entre los años 2004 y 2009. Los archivos incluyen datos, planes, acuerdos y convenios de cinco grandes departamentos. Entre estos años, Granados ocupó diversas consejerías en el Gobierno de Esperanza Aguirre: Transportes, Presidencia, Justicia e Interior.

El ahora detenido en el marco de la Operación Púnica llegó, incluso, a ser secretario regional del PP, aupado por Aguirre, y se convirtió en uno de sus hombres de máxima confianza. Igualmente, fue presidente de la comisión que investigó a los diputados Tamayo y Sáez, parlamentarios que abandonaron el grupo socialista en la Asamblea de Madrid y que impidieron que Rafael Simancas fuese presidente regional en 2003. En 2011, tras fuertes desavenencias con Esperanza Aguirre y el actual presidente regional, Ignacio González (en aquel momento en pugna política con Granados), dejó el Gobierno y se quedó como diputado. Poco después, también abandonó la secretaría del PP. Le sustituyó González.

Del paso de Granados por la Consejería de Presidencia (2004-2008), los agentes reclamaron al Gobierno los contratos del Patronato de Áreas de Montaña (PAMAM) —la empresa que gestionaba en aquella época los servicios públicos de 42 pequeños municipios de la sierra madrileña— con la empresa Waiter Music. De esta etapa, los investigadores judiciales también exigieron la documentación referente a los contratos entre esta consejería y la empresa Events Waiter Music.

De la Consejería de Justicia (2008-2011), la información pedida se refiere a los documentos que Granados firmó para la contratación de intérpretes judiciales, así como el contrato de seguridad de todos los juzgados de la región en 2009.

Igualmente, la Guardia Civil, según las fuentes consultadas, se llevó el contrato de alquiler de los locales donde se hallan ubicados los juzgados de Valdemoro, municipio donde Granados fue alcalde entre los años 1999 y 2003.

Francisco Granados también fue consejero de Transportes entre 2003 y 2004. Sin embargo, la documentación que los agentes reclamaron los pasados lunes y martes al Gobierno de Ignacio González se refería a facturas entre el Consorcio de Transportes y la empresa Obrum —propiedad de David Marjaliza, amigo íntimo de Granados y también detenido en la Operación Púnica— entre los años 2006 y 2008, cuando Granados ya no era consejero en esta área.

Los agentes, según las fuentes de la investigación consultadas, también requirieron información de departamentos que no dirigió directamente Granados, pero cuyas competencias tocaban de algún modo Valdemoro y varios municipios cercanos a la localidad de la que el detenido fue alcalde durante cuatro años. En concreto, a la Consejería de Urbanismo, de la que depende Arpegio —la empresa pública que gestiona el Plan de Inversiones Prisma y que reparte las subvenciones a los municipios—, los agentes le pidieron un convenio firmado con el Ayuntamiento de Arroyomolinos (próximo a Valdemoro) y tres contratos de 2007 del Plan Prisma con la empresa Dico (propiedad de otro amigo de Granados, el constructor David Cid). Igualmente, la Guardia Civil ha exigido toda la documentación de un plan parcial de Valdemoro en 2006 y todos los contratos de ese mismo año firmados entre Urbanismo y la empresa Aranán.

Finalmente, los agentes se llevaron los acuerdos por los que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro cedieron suelo y subvenciones a dos colegios concertados de este municipio. Los convenios se firmaron cuando la consejería de Educación estaba dirigida por Luis Peral, entre los años 2003 y 2007. El Gobierno regional ha entregado toda la documentación.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/29/actualidad/1414616537_578962.html

GRANADOS OBTUVO SUS COMISIONES DE UNA EMPRESA DE VERBENAS Y CONCIERTO

Waiter Music, cuyo dueño es uno de los detenidos de la Operación Púnica, organizó eventos en 27 municipios de la Comunidad de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la Operación Púnica, ha descubierto el que probablemente es uno de los principales nidos de abastecimiento de dinero de comisiones supuestamente recibidas por Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, según fuentes jurídicas. Se trata de una empresa que se dedica a organizar actividades musicales y todo tipo de actos lúdicos en municipios de la Comunidad de Madrid y en otras ciudades de España. Se llama Waiter Music, está radicada en Aranjuez y su responsable es José Luis Huerta, uno de los detenidos en la Operación Púnica (35 detenidos, entre ellos seis alcaldes y el presidente de la Diputación de León). Su casa también fue sometida a un registro.

Según fuentes jurídicas, esta es una de las empresas que el pasado lunes registró la Guardia Civil y de la que se llevó abundante documentación con la que el juez Velasco pretende acreditar el grueso de las comisiones que supuestamente ha recibido el que fuera número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre. Porque Granados, al margen de sus connivencias con su socio, amigo y constructor Javier Marjaliza, (quien actuaba como intermediario entre empresas y Ayuntamientos para que estos adjudicasen obras y servicios a aquellas, en especial a Cofely tenía su propia operativa para recaudar comisiones, según se desprende del sumario.

Y lo hizo tanto cuando era alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, entre 1999 y 2003, como después, en calidad de consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Madrid. A veces utilizaba algún intermediario, pero otras él mismo reclamaba las comisiones. De Waiter Music se sospecha que obtuvo Granados parte del dinero que supuestamente atesoró en Suiza (donde ha dispuesto de dos cuentas que, al menos, llegaron a sumar, a fines de 2013, 1,8 millones de euros). A su socio y amigo de la infancia David Marjaliza también se le ha descubierto una cuenta en el país helvético que llegó a acumular algo más de cuatro millones de euros. El juez sospecha que detrás de muchas de las adjudicaciones de espectáculos musicales otorgados a Waiter Music en diferentes municipios de la comunidad de Madrid están los buenos oficios de Granados, quien, además, pudo utilizar sus influencias como secretario general del PP para facilitar la adjudicación a esta empresa de contratas en Ayuntamientos gobernados por populares.

El PAÍS dialogó ayer tarde con una administrativa de Waiter Music y pidió hablar con el responsable de esta firma en relación con el registro al que esta fue sometida el pasado lunes y su vinculación con Granados. La administrativa comentó que no era posible hablar con él, “porque ahora no está”, pero que le elevaría el mensaje.

En la página web de Waiter Music se indica que el responsable de esta firma es Luis Huerta de la Cabeza, y que es una empresa “dedicada a la organización, promoción y producción de todo tipo de eventos lúdicos, culturales y sociales”, además de ser la mánager "de artistas nacionales e internacionales”, así como “la producción discográfica”. Bajo el epígrafe de “el ocio y el entretenimiento es lo nuestro”, en la web se añade que Waiter Music “no trata con clientes, sino con compañeros de Ayuntamientos y empresas que han de organizar fiestas o eventos para satisfacer a mucha gente. El personal de Waiter Music cuenta con una amplia experiencia en el mundo del espectáculo, las fiestas, la hostelería y lo servicios en general”.

La empresa señala que su servicio es “integral”, desde “la confección del programa de actividades”, pasando por el montaje de la carpa, barreras antiavalanchas, camareros, azafatas, seguridad y hasta la limpieza del recinto” tras el espectáculo. Y a los futuros clientes les indica que pidan referencias sobre ellos “en la Comunidad” y en 27 Consistorios de Madrid para los que han organizado eventos. Entre estos, al menos hay cuatro de los que están siendo investigados en el marco de la Operación Púnica: Valdemoro y Torrejón de Velasco (cuyos alcaldes han sido detenidos) y Móstoles (donde también hubo el lunes un registro).

En el Registro Mercantil consta que Waiter Music Record, SL, fue constituida en 2005, que se dedica a actividades recreativas y de entretenimiento y que, además de Huerta, en calidad de apoderada figura Ana Isabel Soria. El balance de sus últimas ventas relativas a 2008 se eleva a 93.012 euros. No constan incidencias.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/29/actualidad/1414610896_336551.html

GRANADOS FUNDÓ DOS INMOBILIARIAS EN SEPTIEMBRE CON SEDE EN SU CASA

Francisco Granados, preso por la operación Púnica en un calabozo del cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas (Madrid), fundó el pasado 3 de septiembre dos empresas inmobiliarias a medias con su esposa, María Nieves Alarcón Castellanos.

Las sociedades limitadas Dealum Events y Alegra Dealum fueron constituidas con un capital social de 4.000 euros cada una, con sede social en el domicilio de la pareja en Valdemoro. Y poco más, ya que únicamente constan un acto documentado por cada una en el Registro Mercantil: el nombramiento del matrimonio como administraciones solidarios.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el pasado 25 de septiembre el inicio de las operaciones. El objeto social de las firmas es idéntico: "Consultoría y asesoramiento de proyectos; Intermediación comercial. La compra, venta, arrendamiento, construcción, reforma y promoción de toda clase de inmuebles, fincas, solares, edificaciones, pisos, locales y urbanizaciones, libres o acogidas a cualquier ley".

Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presuntamente informó a Francisco Granados de la operación. El agente, según fuentes de la Guardia Civil, no formaba parte del equipo que ha investigado la operación Púnica, sino de una unidad de apoyo técnico que hizo un servicio puntual relacionado con el asunto.

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GRANADOS Y SU SOCIO SUMARON 5,8 MILLONES EN TRES CUENTAS EN SUIZA

El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio y amigo de la infancia David Marjaliza llegaron a acumular en Suiza, al menos, unos 5,8 millones de euros. Cada uno tenía sus propias cuentas, si bien las autoridades helvéticas notaron transferencias entre ellas y operaciones comunes, lo que levantó sospechas. Suiza hizo un seguimiento de los titulares de ambas cuentas bancarias y comprobaron que uno de ellos era un alto cargo del PP español (Granados) y el otro un constructor adinerado (Marjaliza). E informaron a España. Este es el origen de la Operación Púnica, ya que, con esa información bancaria, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar la procedencia de esos millones. Ambos coincidieron en sacar dinero a la vez para invertir en acciones de empresas, las mismas, según fuentes jurídicas.

Estas dos cuentas son diferentes a una tercera, también en Suiza, en el BNP Paribas, a nombre de Granados y en la que el ex número dos del PP llegó a atesorar 1,5 millones de euros, dinero este del que Suiza también acabó alertando a España. Pero la información que propició la macrorredada del lunes contra esta descomunal trama corrupta son las actividades comunes y sendas cuentas de Marjaliza y Granados. Y que el pasado lunes supuso la imputación de 51 personas (35 de ellas, detenidas: además de Granados, seis alcaldes de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Diputación de León).

Del sumario de la Operación Púnica se desprende que Granados y Marjaliza llevaban vidas económicas separadas que en determinados momentos se unían con fines lucrativos para ambos. En 2013, Granados tenía en su cuenta específica, la que manejaba casi a la par que Marjaliza, en torno a 300.000 euros (aparte de la otra, con 1,5 millones), y Marjaliza, cuatro millones. Los citados medios jurídicos señalan que se van a investigar los movimientos de años anteriores en ambas cuentas, ante el convencimiento de que en ellas atesoraron cifras de dinero incluso superiores. Granados abrió una de esas cuentas en 1999.

Las diligencias muestran también a un Granados que perpetraba personalmente sus propios chanchullos, habitualmente al margen de su amigo, socio y conseguidor Marjaliza. Es decir, percibió comisiones de empresarios y constructores con los que él mismo negoció comisiones por favorecerles con adjudicaciones de contratas y prestación de servicios para organismos públicos, que, en connivencia, inflaban contratos e incluso los manipulaban para que no hubiese dudas del beneficiario.

Marjaliza también tenía su propia operativa corrupta. Era una especie de conseguidor ante Ayuntamientos y organismos públicos de contratas para empresas con las que estaba compichado, o para las suyas propias. En sus relaciones con estos organismos pudo ayudarle su amigo, el entonces número 2 de los populares madrileños. Granados también dispuso de sus empresas de cabecera a las que otorgaba contratos, y de las que recibía comisiones, tanto en su época de alcalde de Valdemoro (cargo que ocupó entre 1999 y 2003) como posteriormente en la de consejero de Justicia a Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre. Con diferente participación, Marjaliza ha estado presente en los últimos años en órganos de dirección de casi un centenar de sociedades. Las misma que precisamente utilizaba, con sus diferentes denominaciones aunque un mismo tronco común, para aparentar concurrencia de empresas en concursos públicos.

La relación entre Granados y Marjaliza es muy estrecha y arranca de la infancia de ambos. El chalé que Granados tenía en Marbella (Málaga) se lo vendió a una sociedad de su amigo y socio Marjaliza; y los trámites municipales para la compra de la lujosa mansión que el ex consejero de Madrid quiso adquirir en Valdemoro, localidad de la que fue alcalde, los inició una sociedad de Ramiro Cid, el constructor de ese chalé, tasado en dos millones de euros y también relacionado con Marjaliza. La compra del chalé se frustró al correrse la voz de que el comprador iba a ser Granados.

El ex secretario general del PP de Madrid, junto a los otros 34 detenidos en la Operación Púnica, continuaba ayer detenido en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil, donde iba a ser interrogado, al igual que los otros, antes de pasar a disposición del juez Eloy Velasco, según informó un portavoz del instituto armado. El juez ordenó en junio pasado pinchazos telefónicos a los miembros más destacados de la trama (en la que también hay implicados funcionarios municipales que facilitaban las adjudicaciones a las empresas a la postre beneficiarias). Lo hizo tras descubrir las cuentas de ambos en Suiza y la estrecha relación que mantenían. Y, en concreto, la red mafiosa que este último había hilvanado entre ayuntamientos y empresas interesadas en adjudicarse servicios, como Cofely, que acaparó unos 160 millones de los 250 que importaron las contratas públicas fraudulentas que indaga el juez Velasco.

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AGUIRRE HIZO A GRANADOS SU HOMBRE FUERTE “SIN TENER LA MÍNIMA SOSPECHA”

“Hace más de tres años que perdí la confianza en él, pero nunca tuve la menor sospecha, ni la más mínima”, dijo ayer la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre Francisco Granados, que todo lo fue con ella, y todo lo que fue lo perdió.

Alcalde de Valdemoro (70.000 habitantes) con 35 años, entró en el comité ejecutivo del PP madrileño en 2002 de la mano de su entonces presidente, Pío García Escudero, y, un año después, en la Asamblea regional con Aguirre. Presidió la investigación política sobre el tamayazo, el episodio de transfuguismo que permitió a ésta convertirse en presidenta regional. En 2004, lo nombró secretario general del PP madrileño.

Enfrentado al ahora presidente regional, Ignacio González, por ejercer de mano derecha de Aguirre, Granados siguió acumulando poder: en 2004 cambió la cartera de Transportes por la de Presidencia, a la que sumó en 2007 las competencias de Interior y, en 2008, las de Justicia. Dirigió la campaña electoral de 2007, y ayudó a Aguirre a buscar avales para plantar cara a Mariano Rajoy en el congreso del PP de 2008.

EL PAÍS desveló en 2009 el presunto espionaje político en el seno del PP madrileño, por agentes dirigidos supuestamente desde la consejería de Interior; la juez citó a declarar a Granados el pasado mes de septiembre.

En 2011, Aguirre prescindió fulminantemente de Granados como miembro de su Gobierno y, poco después, le cambió como secretario general del PP por Ignacio González, que, a la postre, heredaría también la presidencia regional en 2012 al renunciar ella.

Aguirre explicó entonces que había tomado la decisión “por pérdida de confianza”. No dijo más. El pasado mes de febrero, Granados admitió que, de 1996 a 2000, tuvo una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros. El PP le forzó a renunciar al escaño de senador.

Aguirre aprovechó entonces para explicar que su “pérdida de confianza” de 2011 se debió a que Granados filtró a la prensa un anuncio que ella iba a hacer en un debate político. Nada dijo saber del enriquecimiento de su anterior número dos, como también negó en su momento conocer las presuntas corruptelas de su exconsejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel por cobrar mordidas en la organización de los actos de la presidenta regional. O del ex portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Benjamín Martín Vasco, también imputado en ese caso.

Dentro del descontrol de Caja Madrid, Granados también tuvo su parte: su esposa se sentó en el Consejo de Administración de Caja Madrid Pensiones. Cobraba 1.800 euros al mes, pese a carecer de conocimientos financieros.

Ayer, la dirección del PP anunció la suspensión de militancia de Granados. Aguirre, por su parte, se dijo “abochornada” y asumió su “error” por haberle convertido en todo sin tener “la mínima sospecha” de nada.

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AGUIRRE SOSTIENE QUE NO TUVO “NUNCA LA MÁS MÍNIMA SOSPECHA” DE GRANADOS

Esperanza Aguirre ha pedido perdón una docena de veces y ha manifestado su “profunda vergüenza” por la detención de quien fuera su número dos, Francisco Granados, que tras despuntar como alcalde de Valdemoro medró en el PP y la Comunidad de Madrid como secretario general del partido en la región y consejero de Presidencia. Siempre de la mano de Aguirre, presidenta autonómica de 2004 a 2012 y al frente del partido en Madrid desde hace 11 años. “Era una persona destacada, con una formación y una carrera brillante, venía de la banca, parecía una persona indicada, pero no quiero ni puedo eludir mi responsabilidad en su nombramiento para cargos en el partido y en el Gobierno de Madrid”. La presidenta del PP de Madrid ha aseverado que “en ningún momento” tuvo “la menor sospecha” de que Granados “utilizaba sus cargos para el enriquecimiento personal”.

“Si hubiera tenido la menor duda, la mínima sospecha, lo habría puesto en manos de la justicia”, ha insistido la dirigente. “Me siento directamente responsable de Granados, los otros por supuesto que también pero no es lo mismo”, ha observado Aguirre, que ha negado conocer a los alcaldes del PP de Villalba, Casarrubuelos o Torrejón de Velasco, también detenidos en la Operación Púnica, y a quienes también se ha suspendido de militancia. “A estos alcaldes ni les conozco, les nombraría el comité electoral local”, ha afirmado. “Al alcalde de Villalba no le conocía”, ha dicho de Agustín Juárez. El año pasado el PP de Madrid celebró en un polideportivo de la localidad su cena de Navidad. En la mesa principal coincidieron Mariano Rajo, Ignacio González, Ana Botella, Cristina Cifuentes y Aguirre con el regidor, que ofició de anfitrión. “A estos alcaldes les pedimos que dejen el cargo institucional sin prejuzgarles”, ha señalado la responsable del PP madrileño, partidaria de personarse en la causa. Por la mañana González, que además de presidente regional es secretario general del PP de Madrid (sucedió a Granados), ya se mostró partidario de expulsar del partido a los salpicados por el último caso de corrupción.

Aguirre, que en varios momentos ha defendido su gestión del escándalo de la trama Gürtel -“¿Dimitir? ¡No! Yo cesé a los del caso Gürtel antes de que fueran imputados”-, no incluiría en las listas para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015 a los imputados por corrupción. “Fíjese usted, yo soy por ejemplo una imputada por la multa de la Gran Vía... Es que no es lo mismo que una imputación por corrupción. Digo yo que no será lo mismo aparcar en un carril bus que llevarse el dinero de los contribuyentes. Si un señor está procesado es distinto, mientras que un imputado es otra cosa. La cuestión es si hay indicios racionales de corrupción, y en este caso lo hay y por eso digo perdón”, ha argumentado.

Frente al caso de Granados, Aguirre se ha mostrado convencida de que Ángel Acebes, imputado la semana pasada, “no se ha llevado un duro a su bolsillo. No se puede meter todo en el mismo saco”. “No eludo mi responsabilidad por el error cometido al haber depositado mi confianza en este señor”, ha repetido en varias ocasiones Aguirre, que se ha disculpado ante “los madrileños y a los militantes, a esos millares de militantes honrados y sacrificados por haberles propuesto a este señor como secretario general del PP”. Ignacio González ocupa ese puesto desde la primavera de 2012.

“Podría escudarme en la coletilla de la presunción de inocencia, pero los ciudadanos están hartos. Y por eso no voy a hacerlo. Los ciudadanos están hartos del espectáculo de corrupción, como yo. El PP cuando alcanzó el triunfo en los noventa fue porque se mostró como un partido limpio, ese fue nuestro máximo tesoro y principal activo. Desgraciadamente lo hemos dilapidado. Pedimos perdón por este y otros casos de corrupción”, ha continuado la presidenta del PP de Madrid.

Sobre las informaciones de la semana pasada que afectan a la financiación del Partido Popular, en concreto el origen de los fondos que sirvieron para remodelar la sede del partido en la calle Génova, Aguirre ha especificado que en la primera planta de la sede del PP, precisamente la que ocupa el PP de Madrid, no se realizó ninguna obra con dinero b. el resto de plantas sí se vieron manchadas. “En esta sede no se hizo obra ninguna”, ha expresado. A continuación ha pedido que se acelere la justicia, en concreto en el caso Gürtel, del que se cumplen seis años sin la apertura de juicio oral.

Por último, se ha mostrado “absolutamente dispuesta a colaborar” con la justicia, mientras mostraba su preocupación por la imagen del PP, que se juega perder la Comunidad, donde gobierna desde 1995. “Los ciudadanos necesitan un partido que defienda los valores liberales y conservadores del PP, pero sobre todo quieren un partido limpio, y tenemos que luchar para volver a serlo con carácter inmediato”, ha apostillado.

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DETENIDO FRANCISCO GRANADOS EN UNA MACRO REDADA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Agentes de la Guardia Civil, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, desarrollan en este momento una macrorredada y registros en empresas y domicilios particulares durante los que han sido detenidos el exnúmero dos del PP de Madrid y exconsejero autonómico de la Comunidad de Madrid Francisco Granados (PP) y varios constructores por el pago de dinero a cambio de favores políticos. De momento han sido detenidas 51 personas en cuatro comunidades autónomas. El PP ha anunciado que va a suspender de militancia en el partido tanto a Granados como a los cargos de la formación que resulten implicados en la operación Púnica, según ha informado Esteban González Pons, vicesecretario general de Estudios del Partido Popular.

Entre los arrestados están los alcaldes de las localidades madrileñas de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP), de Parla, José María Fraile (PSOE), y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP. Además, la Guardia Civil ha entrado en la sede del Ayuntamiento de Móstoles, también en Madrid, para un registro.

La Fiscalía Anticorrupción asegura que en la llamada Operación Púnica se ha golpeado una "trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia". La nota añade que los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de "comisiones ilegales" a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por 250 millones de euros en los últimos dos años.

La detención ha sido ejecutada por miembros de la Unidad Central Operativa (UCO). La operación anticorrupción sigue abierta y no se descartan más detenciones, así como varios registros. Los delitos que se investigan son: blanqueo de dinero, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.

Durante la operación ha sido imputado un agente de la Guardia Civil que supuestamente avisó a Granados de que estaba siendo investigado, informa Efe. El agente ha sido imputado por un delito de revelación de secretos, aunque no se encuentra entre los detenidos.

Los investigadores han efectuado casi 600 diligencias antes de promover la operación de este lunes, en el que, además de los registros, se ha ejecutado al menos 30 embargos preventivos.

Granados, que fue secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011 y durante años la mano derecha de la expresidenta Esperanza Aguirre (senador, consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes, también fue presidente de la comisión del Tamayazo), dispuso de una cuenta en Suiza de 1,5 millones de euros entre 1999 y 2013, según informaron las autoridades del país helvético a las españolas. Al ir a sacar de golpe el dinero a finales de 2012, Suiza informó a España de que exsenador Granados había dispuesto de una cuenta millonaria en uno de sus bancos.

El juez Velasco se encargó de investigar la procedencia de este dinero. Velasco sospecha que los 1,5 millones ocultados por Granados, quien fue senador del PP y alcalde de Valdemoro (localidad de unos 72.000 habitantes situada al sur de Madrid) entre 1999 y 2003, tiene un origen ilícito fruto de comisiones recibidas de constructores por recalificaciones fraudulentas de terrenos y adjudicaciones de obras en la época en que fue primer edil de esta localidad. En concreto, la investigación la han estado desarrollando desde hace un año el juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción.

Las pesquisas iniciales, que ya han propiciado su detención y la de varios constructores esta mañana, revelan la existencia de una trama corrupta de empresarios que pagan a políticos a cambio de recalificaciones y adjudicaciones de obras públicas. La cuenta descubierta en Suiza estaba a nombre del propio Granados, sin personas interpuestas. La creó en 1999 y desde entonces fue realizando aportaciones hasta acumular, al menos, 1,5 millones de euros. Los registros en casa de Granados y de empresas se han iniciado a primera hora de la mañana y se prolongarán durante parte del día, según fuentes jurídicas.

El primer ingreso de fondos de Granados en un banco radicado en Suiza, el BNP Paribas, se efectuó a los pocos meses de acceder este a la vida pública como alcalde de Valdemoro y tras abandonar su actividad bancaria como comisionista de bolsa. Inicialmente, Granados negó al citado diario madrileño que hubiese tenido una cuenta en Suiza, pero luego acabó admitiéndolo. Reconoció que tuvo esa cuenta entre 1996 y 2000, si bien negó tajantemente que hubiera realizado depósitos en ella durante sus años de dedicación a la política. Tras el escándalo de su dinero en Suiza, Granados dimitió de sus cargos públicos.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/27/actualidad/1414399445_044122.html

EL PP NO EXPEDIENTARÁ A FRANCISCO GRANADOS POR SU CUENTA EN SUIZA

El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, asegura que el senador, que renuncia a sus cargos, no será expulsado del partido

El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha asegurado este viernes que el PP de Madrid no ha "pensado en absoluto" en abrir "ningún tipo de expediente" ni en iniciar "ningún tipo de investigación" contra el diputado autonómico y senador Francisco Granados tras la polémica por su cuenta en Suiza. El diputado autonómico y senador, además de ex secretario general de los populares madrileños, ha comunicado que renuncia a su escaño en la Asamblea de Madrid.

Preguntado sobre la posibilidad de que le puedan expulsar del partido, Salvador Victoria ha contado que ha hablado con la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, y que ambos desconocen "de dónde ha salido esa noticia de la posible apertura de un expediente que además no está justificado ni se corresponde con los estatutos del PP de Madrid".

"Por tanto debo negar estas noticias sobre un expediente interno (...). Lo niego como miembro del comité de dirección y lo niego en el nombre de la presidenta del PP de Madrid", ha respondido a los periodistas tras la inauguración de un retén forestal en Boadilla.

El consejero de Presidencia ha añadido que respeta la "decisión personal" de Granados y que "a él exclusivamente le corresponde dar las oportunas explicaciones" al respecto.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/21/madrid/1392984828_158106.html


FRANCISCO GRANADOS VUELVE A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE TRAS MESES DE NEGOCIACIÓN CON EL BANCO

Lleva meses negociando su regreso a la entidad. Las autoridades suizas le informaron en septiembre de que remitirían información sobre cuentas bancarias de las que era titular a España.

El senador del PP, Francisco Granados, todavía no ha presentado su dimisión pero ya ha gestionado su vuelta a la banca de inversión. Granados se incorporará a Société Générale, según han confirmado a Vozpópuli fuentes de su entorno, tras meses de negociación con la entidad francesa, en la que Granados ya trabajó como broker hasta 1995. La entidad no ha confirmado oficialmente su regreso ni el departamento al que se incorporará aunque las mismas fuentes descartan que vuelva a la actividad de negociación de valores o brokerage.

Granados vuelve a una firma en la que mantiene una estrecha amistad con su director nacional para España, Donato González-Sánchez, bajo cuya supervisión trabajará de forma directa y con su su director de mercado de capitales, Antonio Carranceja. Société Générale no ha confirmado la incorporación oficialmente.

Las autoridades suizas informaron a Francisco Granados hace meses de que iba a remitir a España información sobre las cuentas siguiendo un protocolo habitual en todas las investigaciones e intercambios de información entre países, afirman fuentes de esa investigación. La entidad, sin embargo, no ha aclarado si la negociación con el senador del PP comenzó antes o después de que Granados conociera esa investigación.

Société Générale pagó a Granados

El senador del PP ha justificado, precisamente, en su antigua actividad profesional la cuenta que mantuvo abierta en Suiza y que --según afirma-- cerró en el año 2000, un año después de ser elegido alcalde de Valdemoro, en Madrid. En ella llegó a disponer de 1,5 millones de euros.

Fuentes del sector de la banca de inversión reconocen que era habitual en aquellas fechas que las entidades pagaran a sus ejecutivos en cuentas en Suiza para burlar la tributación en España. Sin embargo, en el caso de Granados esa práctica choca con el hecho de que sus ingresos no se produjeron en una cuenta de la propia entidad francesa en Suiza sino en la de su competencia, BNP Paribas.

En cualquier caso, la Agencia Tributaria está investigando ya esa cuenta ante las sospechas de que pueda haberse producido un fraude fiscal que superaría los 120.000 euros que constituyen delito.

http://vozpopuli.com/actualidad/39219-francisco-granados-vuelve-a-societe-generale-tras-meses-de-negociacion-con-el-banco

HACIENDA ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CUENTA DE GRANADOS

La Agencia Tributaria inicia un procedimiento de oficio para esclarecer la comunicación de las autoridades suizas - La cúpula del PP deja solo al antiguo número dos de Aguirre

La Agencia Tributaria ha abierto una investigación sobre la cuenta suiza atribuida al exdirigente popular Francisco Granados, que este jueves ha renunciado a todos sus cargos y anunciado que mañana entregará su acta de senador tras conocerse que tuvo un depósito de 1,5 millones de euros en el país helvético. Se trata, en realidad, de un procedimiento habitual, puesto que en estos casos Hacienda actúa de oficio para esclarecer las circunstancias que llevan a las autoridades suizas a comunicar la existencia de una cuenta. Según lo publicado, el descubrimiento de los fondos se produjo en un rastreo rutinario del Ministerio de Justicia, que se realiza para prevenir la entrada de dinero sucio procedente de la corrupción, el narcotráfico u otras actividades delictivas. A pesar de eso, el titular de ese departamento, Alberto Ruiz-Gallardón, no se quiso pronunciar sobre el depósito investigado.

Mientras tanto, el PP ha evitado una reacción de apoyo al desvincularse abiertamente de las explicaciones de Granados. La actuación de la dirección de los populares ha demostrado en los últimos años que cada vez que el partido se enfrenta a un escándalo interno, la cúpula recurre a dos tipos de reacciones públicas. Esto es, cerrar filas con el interesado o dejarle solo. Salvando las diferencias en el fondo de la cuestión, en el caso del ex número dos del PP madrileño ocurrió algo parecido al episodio del supuesto chantaje del exdiputado navarro Santiago Cervera.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, ayer y hoy nadie ha querido poner la mano en el fuego por Granados. Los miembros del Gobierno extremaron las cautelas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que no tiene ninguna información sobre la cuenta, y que el Gobierno y el ministerio no tienen acceso a ningún asunto que esté judicializado y que, por tanto, sea secreto. Otros ministros interpelados sobre esta cuestión, como Cristóbal Montoro o Miguel Arias Cañete, aseguraron no tener información sobre la cuenta atribuida al senador.

El senador y ex número dos del partido en la Comunidad de Madrid reconoció ayer que tuvo una cuenta en Suiza entre 1996 y 2000, pero negó tajantemente que durante los años dedicados a la actividad política mantuviera depósitos en el extranjero. Esta versión contrasta con el hecho deque la justicia helvética haya comunicado a las autoridades españolas la existencia de una cuenta bancaria a su nombre desde 1999, el mismo año en que Granados fue elegido alcalde de Valdemoro (Madrid). La reacción oficial del dirigente popular, antigua mano derecha de Esperanza Aguirre, se limitó a la negación, sin aportar pruebas, lo que hizo saltar alarmas en Génova, donde el partido aún se siente acorralado por las consecuencias del caso Bárcenas. El PP accedió a remitir un comunicado “a petición del senador del GPP”, aunque lo hizo sin el membrete del partido que suelen tener estas notas y como ocurrió, por ejemplo, en julio 2009 tras la imputación del extesorero.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/20/actualidad/1392899696_141259.html

LOS FICHAJES DE LA CAZATALENTOS AGUIRRE ACABAN EN SUIZA

Tres hombres de confianza de la líder del PP de Madrid dejan la política por supuesta corrupción

El mayor talento de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, exministra de los Gobiernos de Aznar y primera mujer al frente del Senado, no es la habilidad para atraer la atención mediática –que la tiene-, sino la formidable capacidad para reescribir a su conveniencia el relato político. Así se explica que la todavía “lideresa” del PP en Madrid se permita dar lecciones de democracia interna y cuestionar la designación del candidato de su partido en Andalucía, Juan Manuel Moreno, criticando el “dedo divino” que lo ha puesto en el cargo y a la vez asista sin inmutarse a la caída a cuentagotas de sus hombres de confianza. Como si sus propios dedos divinos no fueran los que un día los señalaron para cargos de alta responsabilidad en sus Gobiernos o en su partido.

La última pieza de esta cacería de extalentos políticos en la que parece haberse embarcado la ahora empleada de una empresa de cazatalentos es el senador y diputado autonómico Francisco Granados, que ha anunciado que deja sus escaños en el Senado y la Asamblea de Madrid tras conocerse que tenía una cuenta con 1,4 millones de euros en Suiza. Mientras él tomaba la única salida digna posible, su antigua mentora hacía escarnio y explicaba en Antena 3 que en su día lo destituyó por ser el autor de una filtración. Es decir, que no pesó el hecho de que se negara a ser el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y le dijera que no a la todopoderosa presidenta, sino que era una persona de la que ella no se podía fiar. Lo destituyó tras las elecciones de 2011, según su versión, por una filtración, aunque sobre Granados pesaban sospechas de corrupción desde 2006.

La hoja de servicios a mayor gloria de Aguirre del que fuera su mano derecha en el partido muestra de todo menos esa desconfianza sobrevenida. Granados no solo ha sido el secretario general del PP de Madrid y, por tanto, el hombre que buscó por toda España los avales que necesitaba la expresidenta para enfrentarse a Mariano Rajoy en el congreso de Valencia de 2008, y que nadie quiso dar. Ha sido también uno de los hombres fuertes de los Gabinetes de Aguirre como consejero de Presidencia, Justicia, Interior y Transportes. Fue a quien ella colocó para presidir la comisión del tamayazo –que se abrió en el verano de 2003 para investigar por qué dos diputados socialistas no habían acudido a la votación que debía poner a la izquierda al frente de Madrid- con la buscada intención de ofrecer un perfil de ética y ecuanimidad en aquellos días de escándalo político mayúsculo. Eso permitió al PP dar carpetazo a este feo asunto sin bajas graves.

Después, Francisco Granados fue el jefe de la campaña autonómica de 2007, la primera en la que el PP arrasó y logró quitarse de encima las acusaciones de malas artes electorales.

En aquella campaña, Granados compartió responsabilidades con otro hombre de confianza de la presidenta, que también ha caído ya. Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y hoy imputado en el caso Gürtel, cobró durante al menos cinco años mordidas del 10% por cada acto de la lideresa. Un hombre tan cercano a la presidenta que, como viceconsejero de Presidencia, durante años y ante el enorme enfado de sus propios compañeros de filas, fue el único que recibía un sobresueldo por tener escaño en la Asamblea. Su única obligación era ir a votar tres tardes al mes.

Aguirre llevó a López Viejo a su Gabinete, desoyendo las numerosas voces que, incluso de dentro del propio Gobierno, le advirtieron, primero, de que la gestión que había hecho él en el Ayuntamiento tenía muchas sombras, y, después, de sus irregulares manejos en las cuentas regionales.

Pero de ser el hombre que, preocupado por el estilismo de Aguirre, era el primero en conocer el color de sus vestidos para que las traseras de los mítines fueran a juego, pasó al rango de apestado tras la imputación. “No era en absoluto hombre de mi total confianza", le dijo sin inmutarse Aguirre al juez Pablo Ruz, el instructor, durante su testimonio por escrito el pasado diciembre.

Similar trató prestó la presidenta del PP a Benjamín Martín Vasco, otro de los cargos del PP implicado en la trama Gürtel, a quien dejó desde entonces de saludar por los pasillos de la Cámara. Un hombre que, para no ser de la confianza de Aguirre, fue el portavoz adjunto del grupo popular en Madrid hasta que el juez lo imputó. Como tal, daba ruedas de prensa en nombre de los diputados del PP –entre los que figuraba la propia presidenta- y su ascendencia era tal que cuando estalló el caso de los espías (los seguimientos a cargos del PP críticos con la entonces presidenta pagados con fondos públicos y ejecutados por ex guardias civiles contratados como asesores por el consejero Granados) fue el elegido para presidir la comisión de investigación que se abrió y se cerró de un plumazo en el Parlamento, pese a que la causa judicial sigue abierta. De nuevo, Aguirre había señalado con el dedo a un hombre que inspiraba en sus filas imparcialidad y rectitud. Vaya ojo.

Pero la lista no se cierra con la marcha de Granados. La irregular compra de un ático en Marbella (Málaga) ha puesto también bajo sospecha al sucesor de Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cuya esposa, Lourdes Cavero, está imputada, en contra del criterio de la fiscalía, en la investigación por blanqueo y delito fiscal. Si González termina imputado, la lideresa no podrá ya padecer amnesia política.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/20/actualidad/1392893229_153976.html

GRANADOS ANUNCIA QUE DEJARÁ SU ESCAÑO EN EL SENADO EN LAS PRÓXIMAS HORAS

La cuenta en Suiza seguía viva hasta hace al menos cinco meses

El ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha afirmado que se está "planteando muy seriamente" dejar su escaño en el Senado y que "probablemente" en "pocas horas" tome una decisión. El también diputado en la Asamblea de Madrid hace este anuncio un día después de que EL MUNDO revelara que tenía una cuenta con 1,5 millones de euros en Suiza.

En declaraciones a la Cope, Granados ha dicho sentirse "dolido" y "harto de escuchar determinado tipo de comentarios", además de que él no tiene que "aferrarse" al escaño porque tiene un empleo en la empresa privada.

Además, ha puntualizado que el momento de anunciar formalmente su decisión "no es menor" porque se puede interpretar que está vinculada a la información sobre su cuenta en Suiza, pero que "lleva mucho tiempo" pensando en dejar el Senado.

Ya ayer en una entrevista televisiva insinuaba que dejaría pronto la política. "Llevo dos años apartado apretando un botón según los dedos que se levantan (en la Cámara Alta), señalaba, al tiempo que reconocía que "vitalmente" le "merece muy poco la pena". "Me tendré que plantear dedicarme a mi vida de siempre", indicó.

Aguirre: 'Me parece estupendamente bien'

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que la renuncia de Granados le "parece estupendamente bien". Aguirre ha dicho que el hecho de entregar el acta parlamentaria es un acto de "dignidad" y ha explicado que dimite porque no habrá podido demostrar su inocencia debido a que "no debe tener pruebas" de la expatriación a España del dinero que tenía en una cuenta Suiza.

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/20/5305bd76ca47418f578b456c.html

LA FISCALÍA EVITÓ INVESTIGAR POR SOBORNO A GRANADOS TRAS UNA DENUNCIA PRESENTADA EN 2011

Una concejala socialista destapó y documentó cómo se había amañado el primer gran pelotazo facilitado por el político a un constructor amigo

Fue la fiscal del caso quien entendió que los hechos podían implicar la existencia de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación pero a renglón seguido adujo que los delitos habrían prescrito un año antes de la denuncia

La Fiscalía madrileña archivó en noviembre de 2011 una denuncia por el primer pelotazo que Francisco Granados facilitó a un constructor amigo de la infancia y excompañero de partido meses después de llegar a la alcaldía de Valdemoro, en el cinturón madrileño, donde permaneció entre 1999 y 2003. Aunque la denuncia se limitaba a detallar y documentar cómo se amañó la adjudicación de una parcela municipal sin pronunciarse sobre qué delitos podrían derivarse, la Fiscalía entendió que los hechos apuntaban a la posible existencia de prevaricación, tráfico de influencias, soborno y malversación. Pero dio carpetazo al caso bajo el argumento de que incluso los delitos más graves habrían prescrito en 2010. Es decir, cuando Granados ostentaba aún el cargo de vicepresidente del Gobierno madrileño con Esperanza Aguirre y consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

Ahora, y según el diario El Mundo, la detección de una cuenta suiza en la que el hoy senador del PP habría ocultado 1,5 millones de euros ha puesto en marcha al ministerio público y a la Policía. Siempre de acuerdo con el relato del citado rotativo, las pesquisas pasan por “escudriñar” las adjudicaciones y recalificaciones aprobadas en Valdemoro durante su mandato como alcalde, entre 1999 y 2003. A ese periodo siguió otro de ocho años con Granados como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia e Interior.

Tocado por el caso de los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid y ahora enemigo declarado del presidente Ignacio González, Granados aduce esto en su descargo: que, por razones profesionales –trabajaba en un banco de inversión–, abrió cuenta en Suiza en 1996 y la cerró en 2000. Cuando, según su propia versión, abrió ese depósito, el hoy senador y exvicepresidente del Gobierno de Madrid con Esperanza Aguirre ya era portavoz municipal del PP en Valdemoro.

El senador no ha explicado ni documentado cuánto dinero se acumuló en esa cuenta, ni si notificó su existencia al fisco mientras la tuvo a su nombre, ni si la incluyó en su declaración de bienes como alcalde, ni a qué titulares representaba ni a quiénes traspasó los fondos en el año 2000. En el supuesto de que el senador no hubiese declarado la cuenta pero que esta se hubiera cerrado en 2000, el delito fiscal habría prescrito. En el supuesto de que la hubiese mantenido abierta hasta poco antes de las Navidades de 2013, el delito tendría plena vigencia. La clave, en todo caso, seguiría radicando en la procedencia de los fondos.

El grupo del constructor Marjaliza

Formulada por la abogada Margarita Peña, entonces concejala socialista en Valdemoro, la denuncia que la Fiscalía archivó el 17 de noviembre de 2011 destapaba y demostraba con documentos cómo el grupo del constructor David Marjaliza, amigo de Granados y expresidente de Nuevas Generaciones en Valdemoro, estaba tras todas y cada una de las cinco empresas invitadas en enero de 2000 por el Ayuntamiento a la "subasta restringida" convocada para vender una parcela destinada a hotel. El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, investiga ahora una operación urbanística que en 2007 reportó a una empresa de Marjaliza 12 millones mediante la venta de un solar ubicado en el centro de Valdemoro. El nombre del constructor aparece mencionado

El 28 de marzo de ese mismo año, el Ayuntamiento adjudicó el suelo: 2.976 metros cuadrados de edificabilidad para un hotel de 50 habitaciones en una zona, El Restón, localizada a 20 minutos del Parque Warner. La beneficiaria fue una de las cinco empresas seleccionadas por el consistorio, Agrupación de Patrimonios y Consulting de Construcción SL. La venta reportó a las arcas municipales 44,74 millones de pesetas. Es decir, 268.652 euros, lo que significa 5.373 euros por metro cuadrado. Fue Granados quien como alcalde firmó el contrato.

El decreto de archivo con que la fiscal jefe del área Getafe-Leganés, Adela Prieto, dio carpetazo a la denuncia da por hecho que las cinco empresas tenían "relación entre sí" y subrayaba como prueba máxima que la fianza que todos los concursantes están obligados a depositar había sido luego retirada en la misma fecha y por la misma persona.

Mansión a la medida y gusto de Granados

La fiscal escribió esto: “Con estos datos, a primera vista, podríamos considerar que en el proceso de enajenación de la parcela referida y por parte de las autoridades y funcionarios del municipio se podría haber incurrido en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y, en su caso, malversación de caudales públicos”.

Pero, en el folio siguiente, ella misma despachó el asunto de la siguiente manera: “Habiendo transcurrido el plazo de 10 años desde la comisión de los presuntos hechos sin el ejercicio de la acción penal (…) sin entrar al estudio de las cuestiones de fondo planteadas se decreta el archivo de las presentes diligencias”. La abogada que destapó el caso, Margarita Peña, explicó anoche a infoLibre que presentó la denuncia en junio de 2011 porque el Ayuntamiento de Valdemoro sólo le facilitó el expediente de adjudicación meses antes.

Después de 2003, y con Granados aún como verdadero poder fáctico de Valdemoro, diversas informaciones periodísticas y denuncias pusieron el foco sobre el ya entonces vicepresidente y sus constructores cercanos. En 2009, por ejemplo, el diario Público reveló cómo una promotora inmobiliaria con proyectos en Valdemoro, el grupo Obras y Vías SA de Ramiro Cid Sicluna, estaba construyendo en el pueblo una mansión a la medida y gusto de Granados y su mujer, pese a que oficialmente la pareja no era propietaria del inmueble.

La Fiscalía pasó de largo sobre el asunto como ya había ocurrido cuando trascendió que en 2003 Granados le había vendido su chalé de Marbella nada menos que a David Marjaliza. O cuando, en 2006, un incendio en el garaje del político destapó que el Mini Cooper allí aparcado seguía a nombre de otra empresa administrada por Ramiro Cid, el generoso constructor que luego levantó una mansión con los materiales elegidos por la mujer de Granados.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/20/la_fiscalia_evito_investigar_por_soborno_granados_tras_una_denuncia_presentada_2011_13753_1012.html

GRANADOS, EL QUINTO CARGO DE AGUIRRE CON UNA CUENTA EN SUIZA

López Viejo ingresó en una cuenta a nombre de su mujer, Teresa Gabarra, alrededor de 1,6 millones de euros. Era una persona de la máxima confianza de la presidenta

El exdiputado Benjamín Martín Vasco y los exalcaldes de Majadahonda y de Boadilla del Monte también ocultaron importantes cantidades en el país helvético

El exconsejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid entre los años 2008 y 2011 y exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, es el quinto político del partido presidido por Esperanza Aguirre al que se le ha descubierto una cuenta en Suiza, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

De esta forma, el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, mantiene imputados a los que fueran hombres de confianza de Aguirre: el exconsejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo; y el exdiputado del PP en la Asamblea madrileña Benjamín Martín Vasco. Pero también los exalcaldes de Majadahonda y de Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo González Panero, respectivamente

1,5 millones para Granados

Granados, que es senador en este momento, mantiene un depósito en una cuenta suiza con 1,5 millones de euros, según pública el diario El Mundo, que añade que la justicia helvética ha comunicado de oficio a la española la existencia de una cuenta en aquel país, informa Europa Press.

El exconsejero de Presidencia madrileño ha negado haber tenido ninguna cuenta en Suiza durante sus años de "actividad política" pero ha reconocido que sí tuvo una dentro de su "actividad profesional" en banca de inversión y que procedió a cancelar en el año 2000.

Alberto López Viejo

Pero Granados completa, por el momento, una lista que se inició tras la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar la trama Gürtel denunciada por el exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que contó con la asistencia del abogado madrileño y concejal de Boadilla del Monte, Ángel Galindo.

Por su parte, López Viejo ingresó en una cuenta a nombre de su mujer, Teresa Gabarra, alrededor de 1,6 millones de euros, según las investigaciones realizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5, que indican que el matrimonio disponía de una cuenta en el banco suizo Mirabaud. López Viejo también está siendo investigado por el cobro presuntamente irregular del 3% del total de los pagos realizados por las empresas en 2003 al Ayuntamiento de Madrid por el servicio de recogida de basuras.

Alberto López Viejo se encargaba de organizar los actos de Aguirre y era, por tanto, una persona de su máxima confianza.

Benjamín Martín Vasco

El tercero de los expolíticos de Aguirre que según la Policía dispone o ha dispuesto de una cuenta en Suiza es el exdiputado del PP Benjamín Martín Vasco era considerado hasta ser imputado uno de los hombres de confianza de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. De hecho, desde su entrada en la política ha sido teniente alcalde de Arganda, portavoz del grupo municipal del PP en el municipio, presidente y consejero delegado de la sociedad municipal de Fomento, vicesecretario nacional de Nuevas Generaciones y diputado del PP en la Asamblea durante cuatro legislaturas.

Según el sumario, la empresa Distribuidora Fermayor, que la Policía atribuye a Martín Vasco, ingresó 300.000 euros en Miami días después de que el dueño de Martinsa, Fernando Martín, pagara 12,8 millones de euros a Francisco Correa. De los 300.000 euros, 150.000 euros fueron transferidos tras aparecer su nombre como implicado en Gürtel a una cuenta de un presunto tesfaferro en Suiza.

Arturo González Panero

El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, también dispuso de una cuenta con 716.000 euros en el país centroeuropea a nombre de su entonces mujer, Elena Villarroya. El magistrado instructor de la causa, Pablo Ruz, decidió levantar la imputación de esta mujer al constatar su colaboración con la justicia al reconocer la existencia de la cuenta, cuyo auténtico propietario, según su versión, era su exmarido.

Guillermo Ortega

El también exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, es otro de los imputados a quien la Policía atribuye la propiedad de cuentas en Suzia y otros países. Tras dimitir como alcalde de Majadahonda, la presidenta Aguirre le nombró gerente del Mercado Puerta de Toledo, un puesto que contaba con una alta retribución.

Según los informes de la Policía Judicial, en la cuenta de Suiza abierta a nombre de la sociedad Tranquil Sea Inc, de la que era beneficiario Ortega, se movieron desde su apertura el 14 de diciembre de 2001 hasta su cierre el 4 de junio de 2003 un total de 1.659.100 euros.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/19/francisco_granados_quinto_politico_del_aguirre_que_descubre_una_cuenta_suiza_13732_1012.html

LA FISCALÍA HELVÉTICA ALERTÓ SOBRE GRANADOS AL INVESTIGARLE POR BLANQUEO DE DINERO

La Fiscalía suiza tiene abierta actualmente una investigación al senador ‘popular’ Francisco Granados por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales. Es más, son las autoridades helvéticas las que pidieron información sobre el diputado de la Asamblea de Madrid a la justicia española en el marco de una investigación abierta para descubrir el origen de esos 1,5 millones de euros que Granados guardaba en una cuenta en el país extranjero.

Según fuentes conocedoras del caso, la Fiscalía helvética tiene abiertas unas diligencias por la que se está intentando averiguar el origen del dinero que acumuló en un banco de ese país y que Granados no ha podido certificar adecuadamente. En el funcionamiento suizo, una vez que al banco le salta la alarma de que un cliente puede estar extrayendo dinero de origen ilícito, se inicia una investigación. De todas maneras, en el código penal suizo no se puede acusar a una persona únicamente de blanqueo de capitales, sino que ese delito tiene que provenir de otro. En caso de que no se encuentre el origen concreto, estas fuentes explican que, a pesar de no poder llevar a cabo un procedimiento penal, sí se le podría acabar multando con el pago del hasta 80% del dinero localizado.

Precisamente cuando Suiza envía una comisión rogatoria a España para que aporten información sobre Granados, salta la alarma en la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto sus propias diligencias para analizar la procedencia del dinero.

Otro 'delfín' con cuenta en Suiza

Francisco Granados se suma a los altos cargos del equipo de Esperanza Aguirre con una cuenta en Suiza. Según la información que la justicia suiza remitió a la española, la abrió en BNP Paribas Ginebra en 1999, cuando era alcalde de la localidad sureña de Valdemoro (70.000 habitantes), y ha llegado a acumular 1,5 millones de euros. El propio Granados admitió ayer que la tuvo entre 1996 y 2000, cuando ya se dedicaba a la política. Su caso no es excepcional entre las filas populares de la capital. Guillermo Ortega, el que fuera alcalde de Majadahonda, y Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y Hacienda, también escondieron parte de su riqueza en la ciudad helvética.

Las sospechas cercan a destacados miembros del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Todos, además, están relacionados con Aguirre, que abandonó la Real Casa de Correos en septiembre de 2012 alegando motivos personales y que ayer pidió sin piedad a Granados que dé las pertinentes explicaciones sobre la procedencia de ese dinero. Francisco Granados utilizó su nombre y apellidos para abrir la cuenta en Suiza. No se sirvió de testaferros ni sociedades interpuestas, como se suele hacer en estos casos. Se escuda en que tener una cuenta en Suiza no es un hecho delictivo en sí mismo.

El foco de la investigación se pone en las adjudicaciones de obras y servicios y recalificaciones de suelo aprobadas durante su único mandato como alcalde de Valdemoro, de 1999 a 2003. En la localidad donde Granados consiguió su primer triunfo político, es vox populi que, en su etapa como máximo dirigente local, “era habitual pedir comisiones a las empresas que conseguían contratos de obras públicas”, aseguran a El Confidencial fuentes internas del consistorio. De hecho, el primer ingreso en la cuenta suiza lo hizo a los pocos meses de empezar la vida pública.

Anteriormente, Granados había sido analista de la Bolsa de Madrid, ejerció de consejero en la eléctrica francesa SNET y Caja Madrid. El mismo año que dejó la alcaldía de su pueblo natal puso el primer pie en la Asamblea de Madrid como diputado. Es el único puesto que conservó cuando Aguirre lo destituyó fulminantemente como secretario general del PP tras las elecciones de 2011.

Eterno rival de Ignacio González

Una vez que Esperanza Aguirre conquistó la Real Casa de Correos en las elecciones más polémicas celebradas en la Comunidad de Madrid, Granados presidió la comisión del ‘tamayazo’, el caso de transfuguismo político que aupó a Esperanza Aguirre a la cúspide de la región. Granados ocupó por primera vez un cargo de peso en la Comunidad con Esperanza Aguirre, que lo nombró consejero de Transportes.

Tras una agria disputa con Ignacio González, que ayer pidió explicaciones al acusado, Granados se hizo con la secretaría general del partido en 2004. En aquellos años también acumuló la cartera de Transportes y la de Presidencia, agrandando su cuota de poder en la Real Casa de Correos y acercándose cada vez más al núcleo más íntimo de Aguirre. El recelo entre los dos hombres más cercanos de la presidenta por apartar al otro del lado de la lideresa acabó en un enfrentamiento personal. En 2009 se aireó que Granados había sido quien encargó a expolicías y exguardias civiles realizar escuchas y trabajos de inteligencia a miembros del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid. Entre los espiados salieron los nombres de Ignacio González, actual presidente de la Comunidad; Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid; y Alfredo Prada, el consejero de Justicia al que él sucedió.

David Marjaliza, un empresario de la construcción amigo de Francisco Granados desde la infancia, fue la persona que supuestamente pagó el informe sobre Ignacio González elaborado por la agencia de espías Método 3 y que fue encargado en el verano de 2006. Así al menos lo atestiguan las facturas de la agencia, que revelan seis pagos del constructor entre 2007 y 2008 a través de su empresa Servicios Logísticos e Inmobiliarios. Marjaliza abonó 223.000 euros.

El descenso a los infiernos de Granados

Aguirre nombró a Granados consejero de Presidencia, Justicia e Interior tras las elecciones de mayo de 2011. Nada más revalidar la mayoría absoluta, lo destituyó como consejero y lo mandó al Senado, un cargo que aún mantiene. La secretaría general del partido madrileño pasó a manos de Ignacio González y Granados se quedó como diputado raso en la Asamblea. Tras la salida de Aguirre de la Real Casa de Correos, fue González y no Granados quien heredó la presidencia de la Comunidad.

De las sospechas de corrupción en el núcleo duro del PP de Madrid no se libra ni el propio presidente regional madrileño, Ignacio González, a quien se le señala por la compra supuestamente ilegal de un ático de lujo que posee, junto con su esposa, Lourdes Cavero, en Málaga. De momento, la única imputada es su mujer. La única urgencia para Aguirre y los suyos es prevenir que el frente judicial no derive en una imputación de González, ya que se vería forzado a dejar la presidencia, lo que provocaría una fuga mayor de votos en Madrid. Entonces habría que ocupar la interinidad que dejaría el delfín de Esperanza hasta mayo de 2015. Y es ahí donde aparece el nombre de Lucía Figar, consejera de Educación, con escaño en la Asamblea, buena imagen y moderna, 39 años, valorada en Génova. También cuenta con la simpatía de Mariano Rajoy. Pero no sería suficiente para que el presidente la colocase en la cabeza de la lista electoral.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-20/la-fiscalia-helvetica-alerto-sobre-granados-al-investigarle-por-blanqueo-de-dinero_91702/

GRANADOS ADMITE QUE TUVO UNA CUENTA EN SUIZA ENTRE 1996 Y 2000, CUANDO YA SE DEDICABA A LA POLÍTICA

El senador del PP asegura que el dinero procedía de su actividad en banca de inversión

Manos Limpias va a investigar si Granados recibía dinero de la trama 'Gürtel'

El senador y diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular Francisco Granados ha negado este miércoles que haya tenido ninguna cuenta en Suiza durante sus años de "actividad política" pero ha reconocido que sí que tuvo una dentro de su "actividad profesional" en banca de inversión y que procedió a cancelar en el año 2000.

En un comunicado remitido desde el correo electrónico de prensa del Grupo Popular del Senado -aunque no aparece en ningún momento el membrete ni el logo del PP-, y tras la información publicada por el diario EL MUNDO sobre una presunta cuenta en Suiza de 1,5 millones de euros, Granados ha señalado que es "rotundamente falso" que mantenga abierta ninguna cuenta fuera de España.

"Todos mis ingresos y patrimonio están declarados ante la Hacienda Pública española, y publicados en la página web del Senado de acuerdo con la legislación vigente", ha añadido el ex consejero de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha explicado que durante sus años de "actividad política" no ha "mantenido ninguna cuenta abierta en el extranjero" aunque, "como consecuencia" de su "actividad profesional en banca de inversión anterior" a su "entrada en la política", reconoce haber tenido abierta una cuenta a su nombre en Suiza desde 1996 y que procedió a cancelar en el 2000.

Actividad política y en banca

Granados olvida en su comunicado que en la época en la que sí tenía cuenta en Suiza ya ejercía la actividad política. En concreto, el 4 de julio de 1999 se convirtió en alcalde de Valdemoro (Madrid), cargo que ocupó hasta 2003. Al puesto de primer edil de esta localidad madrileña ya aspiró en las elecciones de 1995, que ganó, pero no logró acceder al sillón municipal por la pinza PSOE-IU.

De Valdemoro dio el salto a la Comunidad de Madrid en 2003, donde fue diputado autonómico y ocupó diversas consejerías en el Gobierno de Esperanza Aguirre, quien le sacó del Ejecutivo en 2011.

Antes de iniciar su carrera política, Granados fue director de Análisis Financieros en Interdealers, SVB y de Société Générale -sociedad en la que fue también director de Banca de Inversiones y miembro del Comité de Inversión Internacional-.

Lazos con 'Gürtel'

El sindicato Manos Limpias, que está personado como acusación popular en el caso Gürtel, afirmó va a investigar si Francisco Granados recibió dinero de la trama que encabezaba Francisco Correa. El presidente de este sindicato, Miguel Bernard, en declaraciones a Servimedia, explicó que "no es normal" que un alcalde de un municipio como Valdemoro acumulara "tanto dinero en una cuenta en Suiza".

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/19/5304a6c0ca474112118b456e.html

GRANADOS: 'LLEVO DOS AÑOS APARTADO APRETANDO UN BOTÓN EN EL SENADO, NO TENGO POR QUÉ AGUANTARLO'

El senador del PP insinúa que puede abandonar la política

Asegura que tuvo unos 300.000 euros en Suiza y que lo repatrió

El senador del Partido Popular, Francisco Granados, ha insinuado que puede abandonar la política en breve. En declaraciones a 13TV se ha mostrado hastiado con su labor como senador y por lo sucedido hoy con su cuenta en Suiza. "Llevo dos años apartado apretando un botón en el Senado. No tengo por qué aguantarlo", ha afirmado tras describir su actividad como la de un político relegado por el Partido Popular que se limita a votar lo que le ordena el portavoz del grupo parlamentario. Ha asegurado que piensa tomar "decisiones rápidas" sin afirmar si va a dejar su escaño.

Sobre la noticia que ha publicado EL MUNDO, Granados ha admitido que tuvo una cuenta en Suiza, pero ha asegurado que nunca llegó a tener "más de 300.000 o 320.000 euros" y que ese dinero fue fruto de su anterior actividad "como banquero de inversión".

Granados ha manifestado que abrió la cuenta en 1996 y que repatrió el dinero en el año 2000 poco después de ser nombrado alcalde de Valdemoro. El senador ha señalado que no recuerda como tributó aquel dinero, pero sí ha afirmado: "Siempre he cumplido absolutamente con mis obligaciones tributarias".

El ex número tres de Esperanza Aguirre ha contestado así cuando ha sido preguntado sobre si mantenía cuenta en Suiza: "Sería idiota con la que está cayendo hacer estas cosas a estar alturas".

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/20/53053edc22601d8b678b456b.html

EL PSOE EXIGE A RAJOY QUE GARANTICE QUE NO HAY MÁS CARGOS DEL PP EVADIENDO CON CUENTAS EN SUIZA

Antonio Hernando recuerda que son siete los cargos del PP 'cazados defraudando'

'Se une al club suizo del PP', con Bárcenas, Martín Vasco, López Viejo, Luis Fraga y otros

Pide a Pujalte una 'rectificación inmediata' por comparar a Rubalcaba con cargos del PP

Óscar López califica de 'impresentable' la 'afición' del PP por las cuentas en Suiza

UPyD pide en Madrid una declaración notarial de los bienes del también diputado regional

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, ha exigido al presidente del Gobierno que "garantice" a los españoles que no hay más cargos del PP evadiendo impuestos con cuentas bancarias en Suiza y ha recordado que, tras publicar EL MUNDO que el senador popular Francisco Granados tenía una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros, son siete los cargos del PP "cazados defraudando a la Hacienda pública con cuentas en el país helvético".

Hernando ha señalado que al conocerse esta cuenta, cuya existencia ha admitido el propio Granados, el también ex alcalde de Valdemoro y antiguo consejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior en la era Aguirre,"se une al club suizo del PP" donde ya figuraban el ex tesorero Luis Bárcenas, los ex consejeros de Esperanza Aguirre Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, el ex senador del PP Luis Fraga, y los ex alcaldes populares de Boadilla del Monte y Majadahonda Arturo González Panero y Guillermo Ortega.

Además, el dirigente socialista ha exigido al diputado del PP Vicente Martínez Pujalte "una rectificación inmediata y una disculpa pública" con Alfredo Pérez Rubalcaba, por haber inducido en unas declaraciones a medios de comunicación, "de forma premeditada y perversa" a pensar que el secretario general del PSOE pueda comportarse "como los cargos del PP que han sido pillados con cuentas en Suiza".

"Rajoy debería inmediatamente desautorizar estas indignas y viles declaraciones de Pujalte. Hasta ahora, con cuentas B en Suiza y sobresueldos en negro en sobres, sólo hay dirigentes del PP", ha enfatizado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha calificado este miércoles de "impresentable" la "afición" del PP por abrir cuentas bancarias en Suiza y ha pedido a Francisco Granados que abandone cualquier cargo público.

"Es insostenible e insoportable", ha sentenciado López, quien ha lamentado asimismo los cinco años de mentiras y las "toneladas de corrupción" del PP en los cinco años desde que comenzó el denominado caso Gürtel, luego caso Bárcenas y caso PP.

UPyD solicita una declaración notarial de bienes

Por otor lado, el Grupo Parlamentario de UPyD ha solicitado a la Mesa de la Asamblea de Madrid que se pida al notario que corresponda copia de la declaración notarial de los bienes del diputado Francisco Granados para que sea puesta a disposición de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, en virtud del vigente Reglamento de la Asamblea de Madrid.

Según ha relatado UPyD en un comunicado, el portavoz del Grupo Parlamentario, Luis de Velasco, se ha remitido a las declaraciones de la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, en las que ha afirmado que "si el senador del PP Francisco Granados no puede dar una explicación convincente sobre la procedencia del millón y medio de euros que tiene en una cuenta en Suiza, debería dejar su escaño y marcharse a su casa".

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/19/5304d42922601df7338b457b.html

EL SENADOR GRANADOS ADMITE QUE TUVO UNA CUENTA EN SUIZA ENTRE 1996 Y 2000

El exalcalde de Valdemoro dice que el dinero no está relacionado con su actividad política

"No me planteo dimitir", señala el también ex secretario general del PP de Madrid
Aguirre ha pedido explicaciones a su antiguo hombre de confianza, que ha negado la cuenta

La justicia suiza ha informado a las autoridades españolas de que el ex secretario general del PP de Madrid, el hoy senador Francisco Granados, tiene una cuenta bancaria en dicho país de al menos 1,5 millones de euros desde 1999, según publica El Mundo. El descubrimiento de los fondos se produjo en un rastreo rutinario del Ministerio de Justicia, que se realiza para prevenir la entrada de dinero sucio procedente de la corrupción, el narcotráfico u otras actividades delictivas.

“No me planteo dimitir”, ha declarado el senador a EL PAÍS. El que fuera también alcalde de Valdemoro ha señalado que el dinero no tiene nada que ver con su actividad política. A mediodía de este miércoles, el PP remitió a los medios un comunicado "a petición del senador del GPP, Francisco Granados", en el que este asegura que todos sus ingresos y patrimonio están declarados a Hacienda y en la web del Senado y que sí existió una cuenta a su nombre entre 1996 y 2000 "como consecuencia" de su "actividad profesional en banca de inversión anterior" a su entrada en política.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha exigido este mismo miércoles explicaciones al que ha sido uno de sus hombres de su confianza, según ha explicado a los medios el presidente madrileño, Ignacio González, informa Efe. Granados fue el número dos de Aguirre como ex secretario general del PP en Madrid y también lo mantuvo en sus diferentes Gabinetes como consejero de las áreas de Presidencia, Justicia e Interior (2004-2011) y de Transportes y Obras (2003-2004)

Según la versión difundida por González, Granados le ha negado a Aguirre que mantuviera una cuenta abierta en el extranjero durante sus años de actividad política, como explica el comunicado enviado por el PP.

La cuenta estaba directamente a nombre de Granados, sin intermediarios ni testaferros. El senador declaró ante la Cámara alta al inicio de la legislatura que tenía 510.000 euros depositados en dos cuentas corrientes, dos depósitos a plazo y un plan de pensiones, y que poseía además cuatro viviendas, cuatro plazas de garaje y una finca, según ha informado Europa Press. Así figura en la declaración de bienes y rentas firmada por Granados y presentada en diciembre de 2011 ante el Senado. Se trata de una obligación que deben cumplir todos los parlamentarios al inicio de cada legislatura y que incluye también una declaración de las actividades que realizan al margen de la legislativa.

En los pasillos del Congreso, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que no tiene ninguna información sobre la cuenta de Granados y que el Gobierno y el ministerio no tiene acceso a ningún asunto que esté judicializado en los tribunales y que, por tanto, sea secreto

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/19/actualidad/1392797338_403919.html

EL SENADOR DEL PP GRANADOS TENÍA EN SUIZA 1,5 MILLONES DE EUROS

Abrió la cuenta cuando era alcalde de Valdemoro

La Justicia suiza ha comunicado de oficio a la española la existencia de una cuenta en aquel país del senador y hasta hace dos años y medio secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. El también ex alcalde de Valdemoro y antiguo consejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior en la era Aguirre habría acumulado en tierras helvéticas al menos 1,5 millones de euros en un depósito que comenzó a operar en 1999.

La cuenta estaba a nombre del dirigente popular: no había testaferros o sociedades interpuestas. Se abrió al poco de aterrizar en la Alcaldía de Valdemoro en 1999 y, según las autoridades helvéticas, seguía viva antes de las Navidades, que es cuando alertaron a sus homólogos españoles.

La cuenta la abrió el político en 1999 y los suizos la detectaron en 2013

El descubrimiento de los fondos se produjo antes de las Navidades durante uno de los rastreos rutinarios que el Ministerio de Justicia de Suiza, dirigido por la socialista Simonetta Sommaruga, lleva a cabo para prevenir la entrada de dinero sucio de la corrupción política, el narcotráfico u otras actividades criminales. Fuentes próximas a la investigación relatan que se dio la voz de alarma al Reino de España al intentar cancelarse la cuenta sacando de golpe el dinero que quedaba.

Las autoridades españolas se pusieron en marcha sin dilación tras la advertencia de sus homólogos helvéticos hace unos cinco meses. En las pesquisas participan tanto la Fiscalía como la Policía. Los resultados del trabajo desarrollado hasta el momento permanecen en el más absoluto de los secretos.

El objetivo es escudriñar muy especialmente las adjudicaciones de obras y servicios y las recalificaciones de suelo aprobadas durante el primer y único mandato de Granados en Valdemoro, localidad a 28 kilómetros de Madrid de la que fue alcalde de 1999 a 2003. Para el dirigente popular, a la segunda fue la vencida. Tuvo más votos que nadie en 1995, pero hubo de aguardar a las siguientes elecciones por la pinza PSOE-IU. De allí dio el salto a la Comunidad de Madrid en 2003, después de la repetición de las elecciones autonómicas que dieron la victoria a Esperanza Aguirre.

No estaba a nombre de un testaferro, sino al del senador, con nombre y apellidos

Uno de los aspectos que llaman poderosamente la atención es que la cuenta en Suiza no está a nombre de un testaferro, una sociedad pantalla o una fundación, como acostumbran a hacer los políticos españoles que optaron por esconder en aquel paraíso fiscal las fortunas amasadas al amparo de las comisiones ilegales generadas por el urbanismo o la concesión de obra pública. Los al menos 1,5 millones de euros figuran a nombre de Francisco Granados Lerena.

El primer ingreso de fondos se efectuó a los pocos meses de que el valdemoreño accediera a la vida pública tras abandonar su actividad bancaria. Al parecer, el dinero de Granados se ocultaba en la sucursal helvética del BNP Paribas, el 13º banco europeo por ingresos y el 30º del mundo. Esta entidad francesa, que cubre todos los frentes financieros, desde la banca minorista hasta la mayorista pasando por la de inversión, alberga su gran sede helvética en la Place Hollande de Ginebra, a orillas del Lago Leman.

'Ni tiene ni ha tenido jamás un euro en Suiza'

Francisco Granados manifestó ayer que «ni tiene ni ha tenido jamás un euro en Suiza», pero se negó a ir más allá cuando EL MUNDO le requirió mayores precisiones. La Policía, sin embargo, ratifica la existencia de la cuenta, no descarta que el saldo haya estado por encima de los 1,5 millones de euros e intenta determinar si los fondos tienen una procedencia ilícita.

Claro que para auscultar a fondo las ramificaciones de los fondos off shore del senador y diputado regional de la Asamblea de Madrid sería imprescindible una comisión rogatoria con todas las de la ley. Hasta ahora, la existencia de esta cuenta se ha detectado gracias a la colaboración internacional iniciada por la Confederación Suiza a instancias de los Estados Unidos tras el 11-S.

Su entorno asegura que 'procede de su actividad bancaria, previa a la política'

Fuentes próximas al político popular aseguran a este diario que dicha cuenta fue abierta «a los tres meses de hacerse con la Alcaldía», pero desmienten taxativamente que el origen de los fondos provenga de comisiones ilegales percibidas durante su gestión municipal.

«Esos 1,5 millones de euros son fruto de operaciones en Bolsa realizadas antes convertirse en primer edil del Ayuntamiento de Valdemoro y que, al no poderlas declarar en España, ejecutaba a través de terceras personas», defienden personas de su más absoluta confianza.

«Es imposible», abundan en descargo del senador, «que en sólo tres meses Granados hubiera obtenido ese dinero por su actividad pública, el origen del dinero es lícito, absolutamente lícito. No le den más vueltas al asunto».

Este depósito permaneció activo en el periodo en que Granados estuvo en el equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre. El valdemoreño fue el número uno de las consejerías de Transportes (2003-2004), Presidencia (2004-2011) y Justicia e Interior (2008-2011). Además, entre 2004 y 2011 ocupó la Secretaría General del PP de Madrid. Hay que recordar que, antes de irrumpir meteóricamente en la política madrileña, Francisco Granados era un afamado broker de Bolsa de la delegación española de la banca Société Générale.

Los investigadores intentan en estos momentos averiguar si otros ciudadanos españoles están vinculados con esta cuenta de BNP Paribas. El fin último es chequear quién o quiénes ayudaron a mover los 1,5 millones.

El modus operandi habitual de los ciudadanos españoles que quieren repatriar los fondos es normalmente idéntico. Ya no se trae el dinero negro en maletines, en todo caso se lleva. Las transacciones se efectúan las más de las veces sin abandonar territorio nacional. Si un cliente quiere ingresar dinero en Suiza se lo entrega en negro (esto es, en billetes, habitualmente de 500 euros) a un empleado del banco desplazado al efecto a España; éste a su vez le da ese dinero en metálico al cuentacorrentista que desea sacarlo y luego se compensa la salida y la entrada entre las cuentas off shore de ambos. Las mayoría de las veces no son transacciones ajustadas al céntimo: porque sobra o porque el dinero facilitado para su ingreso por un cliente sirve para abonar en suelo español a dos o más que lo quieren repatriar.

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/19/5303ec64e2704e4d118b458b.html

ASCENSO Y CAÍDA DE UNA ESTRELLA 'POPULAR'

Si algo no puede negar nadie a Francisco Granados es su simpatía y su capacidad para llegar a acuerdos hasta con el demonio. Durante años fue muy querido en el PP, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y hasta en la oposición. El que fue alcalde de Valdemoro (Madrid) de 1999 a 2003 mantuvo siempre una excelente relación con todos sus colaboradores e incluso adversarios. Con una excepción: el ahora presidente de Madrid, Ignacio González, que fue siempre su enemigo íntimo.

La eterna guerra de poder que mantuvieron ambos en el Gobierno regional y en el partido llegó a su clímax en 2011. En mayo de aquel año, Esperanza Aguirre le sacó del Gobierno regional para que se quedara sólo al frente del PP de Madrid como secretario general, pero ya por poco tiempo. En noviembre de 2011, Aguirre le destituyó también como secretario general de la organización regional en una insólita decisión que no se explicó suficientemente. Le nombró senador por designación autonómica como premio de consolación. Y Granados salió de todos los círculos de poder del todopoderoso partido en la Comunidad de Madrid.

Eterno enemigo de Ignacio González, fue apartado del poder en 2011

Tras la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones generales, se evaporaron poco a poco sus esperanzas de ser fichado para un segundo nivel de la nueva Administración nacional del PP. Y se quedó agazapado en la Cámara Alta, esperando una llamada que le sacara del Senado que nunca se produjo.

Granados fue siempre un hombre de la máxima confianza de Esperanza Aguirre. De hecho, su estrella política se extinguió cuando la ahora presidenta del PP regional dejó de confiar en él.

Fue Aguirre quien le rescató del anonimato en 2003. Recién elegido diputado autonómico, le llamó y le encargó ser el presidente de la Comisión de Investigación que estudió en la Asamblea de Madrid el tamayazo, la traición de dos diputados del PSOE que impidieron que Rafael Simancas fuera investido presidente de la Comunidad aquel año.

Su buen hacer parlamentario al frente de la Comisión, de la que el PP salió indemne y el PSOE tocado, terminó de encandilar a Aguirre. Por eso, y tras ganar las elecciones autonómicas en octubre de aquel mismo año, le nombró consejero de Transportes, uno de los departamentos más potentes de la entonces inversora Administración regional.

Granados fue desde 2003 y hasta 2011 el número tres de Aguirre en el Ejecutivo de Madrid, siempre tras Ignacio González. Desde 2004, se convirtió también en secretario general del PP regional, cargo que compatibilizó a partir de ese momento con la Consejería de Presidencia, a la que la presidenta fue incorporando funciones y poder, sobre todo con las competencias de Justicia e Interior.

En enero de 2009, se enfrentó al caso del espionaje político de la Comunidad de Madrid. El diario El País le acusó directamente de haber organizado una trama de espionaje a distintos rivales de Aguirre, entre ellos Alberto Ruiz-Gallardón. Él siempre negó los hechos. La investigación judicial posterior no pudo demostrar nunca que este espionaje se produjera. Ni que lo organizara él desde la Consejería de Interior.

El aún senador tuvo una intensa vida profesional antes de llegar a la política. Puede presumir de haber sido director de Análisis Financieros en Interdealers, SVB y de Société Générale. En esta última sociedad francesa fue también director de Banca de Inversiones y miembro del Comité de Inversión Internacional. Además, fue consejero de la eléctrica francesa SNET en representación de Endesa y asesor de ésta en Chile, aparte de consejero de Caja Madrid e Ibercaja.

Pero lo que Granados siempre prefirió fue rozar poder en la Administración o en el PP aunque ganara, como siempre decía, mucho menos dinero que en la empresa privada.

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/19/5303ede1e2704e72118b4588.html

LA POLÉMICA ‘PAELLADA’ DEL PP DE VALDEMORO

Una fiesta del PP local en la piscina municipal provoca la indignación de la oposición

Al ritmo de los goles de Xabi Alonso a Francia, el Partido Popular de Valdemoro celebró el pasado sábado por la noche El Día de la Familia. Un acto, en principio anodino, que ha terminado provocando la indignación de los partidos de la oposición. Los invitados al acto disfrutaron de una jornada memorable, con paellada gigante servida por el alcalde en persona, José Carlos Boza, y su antecesor, hombre fuerte del municipio y exconsejero del Gobierno regional, Francisco Granados, mientras decenas de críos correteaban y saltaban por los castillos de aire hinchados para la ocasión. La victoria de La Roja en los cuartos de final de la Eurocopa, seguida en la piscina local a través de una pantalla gigante, coronó una fiesta que se le ha terminado atragantando al Consistorio.

La génesis de la polémica se encuentra en la revista semanal que el Consistorio -que esta primavera reconoció una deuda de 70 millones de euros con sus proveedores- imprime a todo color. La semana pasada, en la penúltima edición, una entrevista a Boza empezaba con la justificación del alcalde al cierre de la piscina municipal pese a la llegada del verano... Y del bochorno. "Comprendo perfectamente el malestar de los vecinos, porque la piscina es la mejor alternativa de ocio y deporte en verano. La razón del cierre es una avería estructural cuya reparación, además de un elevadísimo coste, nos llevaría todo el verano", asentía el alcalde, que proponía una alternativa. "Sabemos que en la de Valdesanchuela, con ser una magnífica instalación, no se puede disfrutar del baño al aire libre pero hemos optado por mantenerla abierta para que, al menos, los vecinos tengan la oportunidad de darse un chapuzón. Como compensación, esta piscina permanecerá abierta dos horas más que el año pasado. Nada va a suplir el 100% de la piscina de verano, pero con estas medidas hemos intentado que el mal sea menor y, desde ya, estamos trabajando para que el año próximo recupere su actividad habitual", insistía Boza. La decisión del PP local de celebrar un encuentro en el merendero de la piscina municipal, un espacio público reservado con anterioridad -al que en su momento han recurrido la Asociación de Pensionistas, que celebraba una comida anual, el Club Atlético de Valdemor, la Policía Local, el mismo Ayuntamiento para invitar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el PSOE o sin ir más lejos Izquierda Unida hace dos semanas-, abrió la caja de Pandora en Valdemoro.

La presencia junto al merendero de un camión de la empresa FCC, responsable de la limpieza de la localidad de 70.000 habitantes, alimentó las sospechas "de un posible delito en el que habría incurrido el Gobierno municipal por usar medios públicos" según la portavoz del PSOE, Margarita Peña. La bronca aumentó cuando se conoció que se habían aparcado varios coches en una zona prohibida, o que la paella se hizo en un espacio donde no está permitido hacer fuego y no hay instaladas barbacoas. "Un colectivo de personas del Partido Popular ha realizado recientemente algunas actividades privadas en dichas instalaciones... ¿Qué ordenanza municipal recoge la posibilidad de autorizar el uso privado de este espacio y bajo qué premisas? ¿Acreditó el colectivo que hizo uso de la mencionada instalación los seguros de responsabilidad civil y los permisos municipales necesarios para cualquier evento de estas características en Valdemoro? ¿Se usó la piscina destinada a niños y niñas de hasta 6 años? Y si así fue, ¿había una persona cualificada, un socorrista, para vigilar ese uso?", se pregunta el portavoz de UPyD, Enrique Morago.

"Se ha montado una polémica exagerada, el Merendero es una instalación anexa a la piscina que está a disposición de los demás partidos y agrupaciones de Valdemoro... ¡Nadie utilizó la piscina!Y en ningún momento se utilizaron los servicios públicos de manera partidista. Ningún camión de FCC fue utilizado para transportar material para el acto y al final del día los asistentes recogieron los restos y dejaron la instalación perfectamente", afirma un portavoz del ayuntamiento, que añade que "es sacar de madre que se haya usado un quemador con una bombona de butano para hacer la paella". "Se realizó en un recinto cerrado y donde había arena", insisten desde el Consistorio.

"Nos parece que el momento elegido para esta celebración ha sido totalmente inapropiado y la ostentación de medios utilizados en ella supone un insulto a los ciudadanos. En un momento en que asistimos a una gran subida de impuestos y tasas en el ámbito local (la nueva tasa de basuras que hemos pagado en el mes de mayo a razón de 90€ por vivienda ya había enfadado a los vecinos) y a una reducción de los servicios (reducción de la frecuencia horaria en los autobuses urbanos, se ha negociado con FCC una reducción del 20% en el canon que se le abonaba y a cambio hay una reducción en el servicio de recogida de basuras, en el mantenimiento de parques y jardines, reducción en las becas y ayudas, etc.) entre los que se encuentra el cierre de la piscina de verano, creemos que los políticos locales debemos dar ejemplo de austeridad y, sobre todo, no utilizar un espacio que se les ha negado a los vecinos", argumentan en el PSOE.

El estado y mantenimiento de la piscina municipal está en el trasfondo de la riña política. "Se supone que existe una fuga que obliga a cerrar las instalaciones, parece que está desde hace unos cuatro años, y también se encuentran cerradas desde hace unos seis meses, por culpa de otra avería, la otra piscina de invierno, ubicada en el Complejo Río Manzanares… Nadie conoce el alcance de la avería de la instalación en cuestión. En el Ayuntamiento no nos informan", critica Morago. "Hace años que el vaso de la piscina pierde agua y con esta excusa se abrió más tarde en los dos últimos años y se cerró antes, al tiempo que el horario de apertura fue más limitado", lamenta Peña.

"Hay problemas técnicos y no hay recursos", reconoce el portavoz del Consistorio, que dice desconocer los euros necesarios para el arreglo. "Pero dada la situación excepcional se ha decidido abrir, desde este domingo, la piscina infantil y tres mil metros cuadrados de zonas verdes. Será gratuito para quienes tengan el carnet de Deportes y Cultura", termina. "¿La capacidad de la piscina infantil ronda la de 40 personas. Valdemoro tiene una población de unos 69.000 habitantes... ¿Qué van a hacer mientras los padres?", se pregunta Morago.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/27/madrid/1340834026_543994.html

AGUIRRE SE ATRINCHERA EN MADRID Y LOS MARIANISTAS VEN SU SUCESIÓN EN MARCHA

El nombramiento de González, enfrentado a Rajoy, prueba que ella quiere resistir

En la calle Génova están ya acostumbrados a la guadaña implacable de Esperanza Aguirre con sus colaboradores. Pero incluso así, la destitución sin miramientos del que fuera uno de sus hombres más fieles, Francisco Granados, sorprendió ayer a todos. La explicación inmediata de los fieles de Mariano Rajoy consultados era muy clara: ella ha visto que su poder está en cuestión ahora que el marianismo, al que se enfrentó, va a tener en sus manos el control de todo el partido y el poder institucional, y ha decidido atrincherarse en Madrid. Esta era la interpretación más extendida de la destitución de Granados y sobre todo del nombramiento como secretario general de Ignacio González.

Es la única organización del partido que escapa al control de Génova

El vicepresidente y mano derecha de Aguirre está abiertamente enfrentado a Rajoy hace años, sobre todo desde que cuestionó su liderazgo en un durísimo Comité Ejecutivo después de la derrota de 2008. González, como las otras tres personas que fueron críticas con Rajoy ese día -Juan Costa, Gabriel Elorriaga y Carlos Aragonés- fueron apartados de la dirección inmediatamente. Pero el enfrentamiento con González siguió. En octubre de 2009, en una tensa reunión en su despacho con Aguirre, Rajoy le vetó para presidir Caja Madrid e impuso a Rodrigo Rato. El hecho de que la presidenta le coloque ahora, en plena ola de poder marianista, al frente del PP de Madrid, un partido clave, es todo un desafío al líder.

La batalla por el poder entre Rajoy y Aguirre, a veces sorda, a veces descarnada, con aparentes reconciliaciones y permanente recelo de fondo, ha dominado el PP en los últimos cuatro años. Ella siempre fue más rápido, muchas veces le ganó la carrera, incluso consiguió en 2008 vetar a Alberto Ruiz-Gallardón como diputado. Pero él esperó y esperó, y ahora tiene todo el poder. Ganó por agotamiento, como le gusta.

Los marianistas utilizaban ayer todo tipo de epítetos para definir el estilo de Aguirre a la hora de cortar la cabeza de Granados, que fue uno de sus hombres más fieles. Pero sobre todo ofrecían explicaciones políticas de fondo. Para ellos, Aguirre está ya empezando a pensar en su sucesión -esta es su tercera legislatura- y quiere evitar que Rajoy pueda intentar controlarla.

El líder ha convocado un congreso nacional en febrero, que será el de su aclamación definitiva con todo el poder, y después congresos regionales, en los que irá consolidando un proceso lento en el que ha logrado hacerse con el control de todas las federaciones.

Todas menos una. Madrid se ha convertido en una especie de aldea gala en la que el marianismo no ha logrado entrar. Y este último movimiento, al colocar a González al mando del partido a pocos meses de ese congreso regional, es interpretado como un paso para la sucesión. No solo González está en primera fila para eso, también la consejera de Educación, Lucía Figar, está en todas las apuestas, pero este movimiento parece un claro gesto para controlar el proceso e impedir que Granados u otros, y sobre todo Rajoy, pudieran intentar cualquier maniobra alternativa.

Cada vez que algún dirigente importante del aguirrismo se ha acercado a Rajoy, ha sido fulminado. También Granados intentó hacer de puente, y finalmente fue decapitado. Ella exige lealtad total y eso incluye no jugar a dos bandos. Aunque lo que en Madrid conduce a la caída segura es enfrentarse con González, como hizo Granados. El caso más evidente es el de Alfredo Prada, que fue vicepresidente y hombre de confianza de Aguirre. Se acercó a Rajoy, chocó con González, y fue destituido sin miramientos. El líder lo rescató y ahora es un hombre de su equipo -podría ocupar algún puesto relevante-, al que ha colocado de cabeza de lista en León. Antes hubo otros que se acercaron a Rajoy y acabaron fulminados, como Manuel Lamela, el del polémico caso Leganés, o el último en caer, Juan José Güemes, un ratista que también se acercó a Rajoy y podría tener un papel en el nuevo Ejecutivo

www.elpais.es 25.11.11

LA PRESIDENTA ADMITE DIVERGENCIAS EN EL PP POR HABER DESTITUIDO A FRANCISCO GRANADOS

"A la búlgara no hay votación ninguna. Una persona tan próxima a mí como Isabel Martínez Cubells [concejal del Ayuntamiento de Madrid y exmiembro del Gabinete de Esperanza Aguirre] se abstuvo. Aquí cada uno tiene su criterio. El PP no es un partido leninista, es un partido liberal", aseguró ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid tras ser preguntada sobre las diferentes posturas en su partido después de haber destituido a Francisco Granados como secretario general del PP de Madrid.

Algunos dirigentes ven inoportuno crear un problema en este momento

La decisión de Aguirre de sustituir al exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior por el vicepresidente, Ignacio González, su hombre de confianza en el Gobierno y en el partido, suscitó ayer numerosos comentarios, a favor y en contra, en el PP. La presidenta buceó en los estatutos del partido para esquivar un congreso regional, donde hasta ahora se acometían este tipo de cambios.

Aguirre modificó el orden del día 15 minutos antes de la reunión del comité ejecutivo regional, integrado por 110 miembros, para incluir el relevo de Granados. Cuatro personas se opusieron a la decisión de Aguirre y otras cinco se abstuvieron. Además, según fuentes del PP regional, casi una docena de personas se ausentaron del cónclave al conocer lo que se iba a votar. Fuentes conocedoras de la reunión han relatado que en el comité hubo algunas intervenciones que defendían que, "cuando Rajoy está preparando el Gobierno", no es el mejor momento de efectuar esa destitución.

Durante todo el día de ayer, el asunto se convirtió en tema de conversación entre los cargos populares. "Si hay alguien en el PP de Madrid y en el Gobierno de la Comunidad que haya tenido que ver y haya hecho lo indecible para que Paco Granados fuese secretario general del partido en Madrid y consejero de este Gobierno, y se mantuviera durante todo este tiempo, le aseguro que he sido yo", afirmó por la mañana Ignacio González. Este acumulaba ya, con la complicidad de Aguirre, todo el poder en el Gobierno regional y ahora, además, en el partido.

El vicepresidente regional recordó que en 2004, "en un momento con cierta conflictividad (en la formación popular)", fue él quien propuso a Aguirre y al entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, que fuera Granados el responsable del partido en Madrid, a pesar de que él "tenía muchas posibilidades de serlo". Y agregó: "No fue un acto de generosidad, sino de convicción. Siempre he intentado hacer lo que consideraba que era mejor para el partido, y en aquel momento no era bueno que se produjera mi nombramiento como secretario". González olvidó precisar que fue entonces cuando se produjo su primer enfrentamiento con Granados. Hasta entonces, el cargo de secretario general no se compaginaba con otros puestos en el partido. El pulso lo ganó el exalcalde de Valdemoro (65.000 habitantes) que se hizo con la Consejería de Transportes. Desde entonces sus enfrentamientos han sido más o menos intensos y visibles.

Aguirre ha entregado todo el poder a González. Muchos consideran que se trata del primer gesto de Aguirre para preparar su sucesión. Ella lo negó: "Esto no tiene nada que ver con ninguna sucesión. Aquí no hay ninguna previsión ni intención que no sea atender a la responsabilidad que nos han encomendado, pero no puedo evitar que haya especulaciones en los medios. Contra eso no puedo hacer nada". Y concluyó: "Es una cuestión que ni se ha planteado nunca, ni me lo planteo, ni nada de nada".

www.elpais.es 25.11.11

AGUIRRE DA TODO EL PODER A GONZÁLEZ

La presidenta destituye a Francisco Granados como secretario general del PP madrileño "por pérdida de confianza" y le reemplaza por el vicepresidente regional

Hasta ahora el PP en Madrid parecía bicéfalo: Ignacio González, vicepresidente regional, se disputaba la hegemonía del partido con Francisco Granados, secretario general del Partido Popular de Madrid. Ambos mantenían un pulso ante la divertida mirada de Esperanza Aguirre. Pero ayer se recogieron las piezas de un juego que la presidenta dio por terminado en mayo, tras las elecciones regionales, pero que no había querido rematar hasta ahora, una vez pasado el 20-N.

Aguirre destituyó ayer por sorpresa a Francisco Granados "por pérdida de confianza". Hizo el anuncio en un comité ordinario del partido convocado para valorar los resultados electorales. Tuvo que modificar el orden del día para incluir el cese del secretario general. En su lugar, ha designado a Ignacio González, vicepresidente regional y consejero de Cultura y Deportes.

Con este cambio, Aguirre encumbra a González como su delfín en Madrid. El vicepresidente se convierte en el hombre todopoderoso del partido, una vez que ha fulminado al que le hacía sombra.

González es, sin duda, la persona con más ascendente político sobre Aguirre. Llevan trabajando juntos los últimos 25 años, desde que ambos comenzaron su carrera política en el Ayuntamiento de Madrid.

La maniobra de Aguirre blinda su poder en el PP regional a tres meses del congreso nacional del partido, donde Rajoy podría maniobrar para reducir el poder de la lideresa. En el entorno de Rajoy hay malestar por algunos de los movimientos de Aguirre. Aún recuerdan su amago por disputarle la presidencia en el congreso de Valencia, en 2008.

"Esto es un relevo normal en la secretaría general del partido, donde los estatutos prevén que el presidente debe proponer al comité ejecutivo el relevo del nuevo secretario general y así ha sucedido", dijo Aguirre tras el comité regional del PP.Las aguas bajan turbulentas por el PP de Madrid. Se avecina una renovación tras años en los que Aguirre ha impuesto su poder. "Es un momento muy delicado [por la crisis económica], y hace falta que se le dé al partido de Madrid también el nuevo impulso que necesita", señaló ayer la lideresa tras fulminar a Granados. Admitió que se trata de "un relevo natural después de siete años" y que debería haberse hecho en mayo -tras las autonómicas-, "pero todo se ha retrasado como consecuencia de las elecciones". Un alto cargo del PP cuenta que, durante la campaña electoral, el partido ha funcionado con cierta disfunción por los actos de dos equipos: el de Granados, por una parte, y el de Aguirre y González, por otra.

Granados conoció ayer su destitución media hora antes de comenzar el comité regional. Le ha cogido por sorpresa. Tras tomar la decisión, Aguirre cambió el orden del día solo 15 minutos antes del comienzo del comité, convocado, en principio, para valorar los resultados electorales del partido el 20-N. La destitución del exconsejero regional ocupó apenas un cuarto de hora. Cuatro (de 84) cargos populares pidieron la palabra para pedir el voto secreto (aunque no es vinculante) pero su petición fue denegada. Se opusieron a la destitución. Otros agradecieron la labor de Granados y alabaron a González. Dos asistentes admiten que una docena de dirigentes se ausentaron del comité al conocer el nuevo orden del día. El encuentro fue tenso y sin euforia.

Un portavoz del PP explicó que Aguirre "consultó los estatutos y vio que tenía facultades para tomar esa decisión". Otras fuentes del PP explican: "Estamos a unos meses de la celebración del congreso nacional y regional del PP y ahora se toma la decisión para prepararse para esto".

Además de la destitución de Granados, Aguirre ha reforzado su poder al nombrar al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, como vicesecretario general, cargo que compartirá con la diputada Gádor Ongil. La presidencia del comité electoral, que hasta ahora ocupaba González, recae en el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González. Todos estos nombramientos son personas de la máxima confianza de la presidenta regional.

La caída en desgracia de Francisco Granados se produjo a partir del pasado mayo, tras las elecciones locales y autonómicas. Entonces, Aguirre lo dejó sin cartera y le ofreció la portavocía del PP en la Asamblea de Madrid, cargo que Granados rechazó. Varios diputados del PP cuentan que aquella reunión terminó a voces. Por eso, fechan en ese momento el ocaso de Granados. Esperanza Aguirre dejó caer al que hasta entonces era su consejero de Presidencia, Justicia e Interior tras años de pugna interna con Ignacio González, por intentar hacerse con el control del partido.

Fuentes del PP recuerdan que en 2004, cuando Aguirre eligió a Granados como secretario general, se produjo el primer rifirrafe. Hasta entonces, ese cargo no se podía compatibilizar con un puesto en el Gobieno regional. El exalcalde de Valdemoro pugnó con González para cambiar esa norma. Desde entonces, su relación quedó marcada.

A partir del pasado mayo, Granados quedó en una difícil posición. Y se cuestionaba cuál sería su futuro tras el nuevo esquema del PP madrileño tras las elecciones. Muchos esperaban que Aguirre prescindiera definitivamente de Granados en el Congreso regional que los populares deben celebrar el próximo año. Desde que Aguirre lo dejó sin cartera, había perdido ascendencia dentro del partido.

Varios episodios han marcado el pulso de Granados y González. Algunos de los momentos de más tensión se produjeron tras estallar el caso del supuesto espionaje a políticos del PP en Madrid. Sus entornos se culparon mutuamente. Entre medias comenzaron a filtrarse expedientes sobre el patrimonio y supuestas actividades de Granados. También aparecieron dossiers sobre viajes y un supuesto seguimiento a González en un viaje a Colombia. El vicepresidente regional llegó a sugerir que los informes tenían su origen en la propia Comunidad de Madrid.

La designación de Ignacio González como secretario general del PP de Madrid lo confirma como hombre fuerte del Gobierno regional. Es el vicepresidente regional que despacha con Esperanza Aguirre los asuntos antes de los consejos de Gobierno y el hombre de plena confianza de la presidenta. En los cenáculos del PP regional se especula desde hace meses con la posibilidad de que Aguirre nombre a González como su delfín al frente de la Comunidad de Madrid. Parece aceptado por todos los estamentos del partido que Aguirre no repetirá al frente del Gobierno regional al final del mandato. Y con este movimiento refuerza su influencia. Los cambios en el PP regional no han hecho más que comenzar.

www.elpais.es 24.11.11

"ENHORABUENA, NACHO: POR FIN PUEDES SER LO QUE NO ME HAS DEJADO SER A MÍ"

La presidenta regional convocó ayer a la dirección del PP de Madrid a tardines. Cuando Francisco Granados llegó al despacho de Aguirre en la sede del partido en la calle Génova el resto de compañeros abandonaron el despacho, según fuentes presentes en la reunión que relataron la tensa escena en la que Aguirre cesó a Granados.

-Paco, pasa a mi despacho. He decidido que voy a destituirte como secretario general, por pérdida de confianza. Imagino que te lo esperabas, ¿no?

-No, presidenta. ¿He dicho algo que no te ha gustado? ¿Te han contado que he dicho algo?

-La confianza es una cuestión de percepciones.

-Llevo siete años partiéndome la cara por ti y por el partido y no me lo esperaba.

-Has trabajado mucho, pero en esta nueva situación, con el PP en el Gobierno, necesito una persona de confianza.

Aguirre le preguntó entonces si pensaba hablar en el comité regional y le insistió en qué iba a decir. Granados no soltó prenda. En su intervención, tras agradecer a Aguirre su confianza estos años, dijo: "Quiero dar la enhorabuena a Nacho González, porque por fin vas a poder ser lo que has ejercido durante estos años y no me has dejado ser a mí, secretario general".

www.elpais.es 24.11.11

GRANADOS: "EN EL FONDO AGUIRRE ME HA HECHO UN FAVOR"

El ex secretario general del PP de Madrid critica a la presidenta por hacer pasar a sus compañeros "por el bochorno de tener que votar una cosa que no les hacía gracia"

Menos de 24 horas después de su fulminante destitución, Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, empieza a digerir la noticia. Tras aceptar con aparente elegancia y un punto de resignación su cese, el político conservador ha pasado al contraataque este jueves en sendas entrevistas a Onda Cero y ABC Punto Radio.

Granados reconoce lo evidente: que "no hay sintonía" entre él y su sucesor en la secretaría general del PP madrileño, Ignacio González, a la sazón vicepresidente y portavoz del Gobierno regional y número dos de Aguirre. Granados, públicamente enfrentado a González desde hace tiempo, asegura en la entrevista que "no es precisamente por mi culpa".

En Onda Cero Granados ha sido claro y tajante: "Esperanza Aguirre en el fondo me ha hecho un favor porque llevaba tiempo que no estaba cómodo en el PP de Madrid". Según Granados, a pesar de no sentirse cómodo, aún no se había atrevido a tomar la decisión de marcharse. "A veces es bueno que a uno le empujen cuando no ha sido capaz de decidir por sí solo", considera. Por eso, insiste en la idea de que se siente "agradecido" porque la presidenta le ha "ayudado" a una decisión que no había tomado hasta ahora.

Preguntado sobre si el cese de su cargo puede deberse a su pésima relación con González, tal y como apuntan algunas voces, Granados señala que no lo sabe, pero reconoce que él no ha fomentado "ese enfrentamiento".

"No voy a decir todo Madrid pero sí, al menos, todos los periodistas saben que no hay sintonía y creo que no es precisamente por mi culpa porque conmigo es muy difícil llevarse mal. Pero eso puede ser una interpretación", señala.

"He trabajado como una mula para que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno"

Sobre que otra de las razones haya podido ser su posible acercamiento en las últimas semanas al presidente de partido, Mariano Rajoy, Granados ha dicho que él es del PP y "sea quien sea candidato mi obligación es darlo todo". "Y eso es lo que hecho, darlo todo en la pista, dar cuantos más mítines mejor y quiero pensar que ese no sea el motivo", añadió.

En este sentido, indica que ha intentado dar a su familia una explicación concreta pero que no ha sabido. Por eso, insiste en la que dio ayer, miércoles, a sus compañeros a los que, a su juicio, les hicieron pasar "por el bochorno de tener que votar por una cosa que no les hacía mucha gracia. Pero la presidenta ha tomado una decisión y lógicamente la tengo que respetar".

Matarse a trabajar

Granados también aprovechó las entrevistas para reivindicarse: "Desde el primer le que he hecho ha sido matarme a trabajar". Añadió que en la última campaña electoral trabajó "como una mula para que Rajoy sea presidente de Gobierno", y explicó que, como ya dijo ayer a sus compañeros del Comité Ejecutivo, tiene "la conciencia muy tranquila y salgo con la cabeza muy alta" por haberlo dado en el partido, algo que va a seguir haciendo, dijo.

Aunque el miércoles negó que la destitución fuera por falta de confianza, este jueves sí que reconoció que la presidenta madrileña le dijo que "había perdido la confianza y que en este momento nuevo que se abría necesitaba en el partido alguien de su absoluta confianza". "Entiendo que en este momento no sea yo la persona indicada y que necesita alguien de otro perfil que no soy yo en absoluto", concluyó.

Preguntado por el futuro de Aguirre, Francisco Granados pronosticó que la presidenta agotará la legislatura en la Comunidad de Madrid porque "tiene todas las ganas de acabar" pero que después, como "ella tiene muy buen recuerdo de su etapa en el Ayuntamiento, no me extrañaría que en algún momento acariciase esa idea" de ser alcaldesa de Madrid, que "es una cosa fantástica".

www.publico.es 24.11.11

GRANADOS, REFERENTE DEL DESPILFARRO ESPAÑOL, SEGÚN 'THE ECONOMIST'

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, es el modelo que ha utilizado la revista The Economist en su último número como referente para describir el despilfarro del sistema español. En el reportaje se recogen todas las tesis manejadas por el Gobierno regional para criticar las políticas económicas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y se cuestiona el sistema funcionarial.

El artículo comienza describiendo al "político conservador español" como modelo de la manera de ejercer el poder político a lo largo de Europa. "Trabaja en un palacio rehabilitado con gusto", explica el texto, que describe cómo hay vigilantes en la puerta de la Consejería de Presidencia, situada en la plaza de Pontejos, a espaldas de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, que visten de uniforme ("guardias civiles con tricornios") y un ejército de personal de confianza en las dependencias de la consejería. En la plaza contigua, agrega el texto, "espera su limusina", en referencia al coche oficial.

También asegura que "casi la mitad de los madrileños depende del Estado en alguna medida", ya que calcula que de los 6,5 millones de madrileños, medio millón son empleados públicos. El resto, continúa, son un millón de desempleados, un millón de niños y más de medio millón de parados.

El artículo destaca que "hombres poderosos como Granados pierden su poderío cuando se trata de cambiar el status quo". Ello se debe a que los funcionarios españoles tienen su puesto asegurado. Y pone como ejemplo el anuncio del Gobierno autónomo de recortar 48 de los 125 coches oficiales y rebajar la gama de los vehículos. "La paradoja es que no puedo deshacerme de los conductores oficiales", se queja el consejero. Y se recuerda que solo con su consentimiento se pueden modificar los puestos de los funcionarios. El artículo también recoge el absentismo entre los empleados públicos que manejó el Gobierno regional -una media del 18%-. Por último, se criminaliza a los sindicalistas, una constante entre los consejeros de Esperanza Aguirre, al asegurar que "un ejército de 3.242 representantes sindicales" vigila los convenios y los salarios de la Administración regional.

(www.elpais.com, 09/06/10)

CUANDO EL DENUNCIANTE ES EL ACUSADO

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se mete en todos los charcos. Ayer acudió a los juzgados de la plaza de Castilla para interponer una querella contra el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Le acusa de denuncia falsa porque el líder socialista ha pedido la imputación de 44 altos cargos de la Comunidad de Madrid que validaron facturas o dieron el visto bueno a contratos irregulares del Gobierno regional con la trama Gürtel.

Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria, incluido en el sumario del caso, revela que la Comunidad vulneró al menos 105 veces las normas de contratación para favorecer a empresas de la trama corrupta. Entre las irregularidades destacan el fraccionamiento de contratos, adjudicaciones a dedo sin convocar concurso o amañarlas haciendo concurrir a empresas del mismo grupo. Por eso, Gómez acusaba a los 44 altos cargos que intervinieron en esos contratos (entre los que figura el vicepresidente Ignacio González, 15 directores generales, dos jefes de gabinete, ocho secretarios generales, seis subdirectores generales y un funcionario fallecido sobre quien retiró la denuncia) de ser "colaboradores necesarios", y les atribuye un delito de "prevaricación y de negociaciones prohibidas a funcionarios".

Ante este panorama, a Granados, como responsable de la función pública, le tocó presentar la querella del Gobierno regional. El consejero defendió a los funcionarios: "Gómez ha hecho algo irreparable, que es denunciar de manera injusta y sin fundamento a 45 funcionarios de Madrid, y eso tiene que tener respuesta por parte del Gobierno regional. No pedimos indemnización, sino que aclare la cuestión, ya que no puede ser que este señor establezca un manto de sospechas contra 45 personas honorables".

Granados, el denunciante, acumula varias acusaciones a sus espaldas. Una juez investiga a cinco empleados de su consejería por el caso de espionaje a altos cargos del PP en Madrid, adversarios dentro del partido de Esperanza Aguirre. Mientras Granados se empeña en negar el espionaje, un informe policial ha constatado que la letra manuscrita de los partes de seguimiento se corresponde con la de un trabajador de su departamento.

El consejero también fue protagonista hace tres años cuando el coche de su esposa, un Mini Cooper, apareció calcinado en el aparcamiento de su casa. El vehículo estaba a nombre de una constructora. Poco después, Granados tuvo que aclarar los detalles de la venta de un chalé en Marbella a un constructor afín. El mismo al que poco después le vendió unas parcelas que había heredado. El consejero también tuvo que responder de las visitas de su esposa a las obras de una vivienda de 1.000 metros cuadrados que no adquirió. Granados colocó en 2008 a su mujer en el Consejo de Administración de Caja de Madrid de Pensiones, gestora de fondos de pensiones.

"¿DEFIENDEN A LÓPEZ VIEJO?"

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, convirtió ayer el contraataque judicial de la Comunidad de Madrid en una oportunidad.

El dirigente socialista manifestó que la querella que le ha puesto el consejero Francisco Granados puede ser para "intentar lanzar una cortina de humo, intentar desacreditar una acción judicial". "O", dijo, "puede tener una intención más malvada: ¿Intenta el señor Granados fabricar la defensa jurídica para López Viejo [ex consejero de Deportes, imputado en el caso Gürtel]?", se preguntó Gómez.

El líder socialista aseguró que en cuanto la Fiscalía admita a trámite su denuncia contra 44 altos cargos de la Comunidad de Madrid pedirá la dimisión de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Gómez recordó que "sin la firma de estos altos cargos nunca, ni López Viejo ni el resto de los imputados, hubiese podido cometer los delitos que presuntamente han cometido".

(www.elpais.com, 08/06/10)

BAJO SOSPECHA

- Una juez investiga a cinco trabajadores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Francisco Granados, por el caso del espionaje político a altos cargos del PP. El consejer0, que fichó a dedo a tres de los imputados, niega el espionaje a pesar de que hay pruebas que lo demuestran.

- En octubre de 2006, el Mini Cooper de la esposa de Granados fue incendiado en el garaje de su casa. La policía halló restos de combustible junto al Mini, que estaba a nombre de una constructora. El caso nunca se esclareció.

- Pocos meses más tarde, el consejero y ex alcalde de Valdemoro tuvo que explicar la venta de un chalé en Marbella a un constructor afín. El actual alcalde también participó en la operación.

- El mismo constructor al que le vendió el chalé le compró cuatro parcelas en Valdemoro, que había heredado, por una cantidad millonaria.

(www.elpais.com, 08/06/10)

PELOTAZO URBANÍSTICO PARA UN AMIGO DEL NÚMERO TRES DE AGUIRRE

El Ayuntamiento de Valdemoro cambia la calificación de 693 viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid), gobernado por el PP, ha puesto en bandeja un pelotazo urbanístico a un promotor inmobiliario cercano al número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre y secretario general del partido en la comunidad, Francisco Granados.

El pelotazo, que los socialistas cifran en más de 15 millones de euros, tendrá una consecuencia directa para los habitantes de este municipio de 62.000 habitantes: las 693 viviendas que, en una nueva zona de expansión, habían sido calificadas como de protección pública básica, es decir, las más baratas, han pasado a tener la categoría de viviendas de precio limitado, lo que encarece su precio y dispara el beneficio, dado que los costes, según los socialistas, apenas varían. La modificación, acusa el PSOE, se hizo vulnerando la legislación urbanística y provocará que cada piso cueste en torno a 40.000 euros más.

El PSOE calcula que el beneficio del promotor pasará de 6 a 21 millones

El principal beneficiario del cambio introducido por el Gobierno local del PP en esa zona, conocida como Las Zanjas Norte, es el promotor David Marjaliza. El consejero Francisco Granados y alcalde de Valdemoro hasta 2003 le vendió en 2006 un chalet en Marbella y, en 2007, un terreno heredado de su familia. Ese mismo año, una empresa en la que participan socios de Marjaliza entregó al Ayuntamiento de Valdemoro un local de 4.000 metros. A cambio, y en concepto de permuta, el consistorio compensó a la empresa con suelo para construir 129 viviendas de venta libre.

Caso Gürtel

Marjaliza fue presidente local de NNGG y concejal del PP en Valdemoro hasta 1995. Granados, Marjaliza y el actual alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, son amigos de juventud. En una de las conversaciones intervenidas en el caso Gürtel, el ejecutivo de un grupo inmobiliario asegura a un ex concejal del PP que Marjaliza es "el tapado de Granados".

El beneficiario compró a Granados un chalet y unos terrenos familiares

La modificación del plan parcial de Las Zanjas Norte se hizo sin informe previo de la Comisión regional de Urbanismo pese a que la ley así lo exige si la modificación altera la llamada ordenación de usos pormenorizados, por ejemplo, el tipo exacto de vivienda que su puede construir. El PP vetó hace tres semanas en la Asamblea de Madrid una pregunta sobre este asunto formulada por el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.

Si hay denuncia, "se estudiará"

A preguntas de Público, un portavoz de la Consejería de Ordenación del Territorio subrayó que la comunidad no conoce el nuevo plan parcial dado que la ley otorga la potestad para su aprobación a los municipios cuando su población supera los 15.000 habitantes. Y añadió que, si se produce alguna denuncia ante el departamento de disciplina urbanística, la consejería "estudiará" el referido plan parcial para comprobar si se ajusta al plan general de Valdemoro. Si hay alguna irregularidad, "se actuará", dijo el citado portavoz.

La modificación se hizo sin informe de la Comisión de Urbanismo

La modificación del plan parcial fue aprobada definitivamente por el Gobierno local del PP el pasado 16 de marzo. La iniciativa de cambio partió de la junta de compensación de la zona, que agrupa a los propietarios de suelo y está presidida por Marjaliza como titular mayoritario. Los dueños de los terrenos argumentaron que, si se les obligaba a construir sólo viviendas con protección pública básica, ganarían menos dinero.

Este diario preguntó al Ayuntamiento de Valdemoro por qué, en un momento de crisis lacerante, accedió a encarecer el precio de la vivienda protegida. No hubo respuesta. "Están desvirtuando la defensa del interés general y primando el beneficio de los promotores", acusa el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. La portavoz del PSOE en Valdemoro, la edil Margarita Peña, ya recurrió hace dos meses la nueva redacción del plan parcial de Las Zanjas Norte.

Carlos de Santiago, portavoz de David Marjaliza, precisó que el promotor posee el 60% de los suelos de Las Zanjas Norte. Admitió que las viviendas de precio limitado son más caras pero aseguró que no ha habido ningún cambio sustancial en el plan. Y negó que el beneficio adicional se cuantifique en 15 millones, pero no dio cifras.

Un dictamen obligado por la Ley del Suelo

La Ley del Suelo de Madrid establece que cualquier cambio que altere la llamada ordenación pormenorizada de una zona (el tipo exacto de viviendas, por ejemplo) requiere el dictamen previo de la Comisión de Urbanismo de la comunidad. En este caso, no existió tal dictamen. Esa misma ley establece que, en cada área de suelo urbanizable, el 45% de las viviendas proyectadas deben gozar de algún tipo de protección pública. Y que sólo una de cada cuatro viviendas protegidas puede ser de "precio tasado", figura ahora equivalente a la de precio limitado. Tras el cambio aprobado en Valdemoro, el 100% de las viviendas protegidas de Las Zanjas Norte se venderá en la categoría de precio limitado. Una portavoz del consejero Francisco Granados aseguró que el número tres de Aguirre nada tiene que opinar al respecto.

www.publico.es 30.05.10

GRANADOS ADJUDICA UN CONTRATO DE UN MILLÓN AL PERITO QUE USÓ PARA DESMENTIR EL ESPIONAJE

La consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, investigada por supuesto espionaje político, adjudicó el mes pasado un contrato de casi un millón de euros para suministrar traductores en los juzgados a la asociación que preside Castor Iglesias. Este perito fue el que usó hace un año el consejero de Interior, Francisco Granados, para desmentir el supuesto espionaje político que mantiene a cuatro de sus hombres de confianza imputados en un juzgado de Plaza de Castilla.

El 17 de febrero de 2009, Iglesias firmó un informe grafológico encargado a dedo por Granados donde exculpaba al agente autonómico José Manuel Pinto de ser el autor de las anotaciones manuscritas en los partes del espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente regional Alfredo Prada, ambos adversarios dentro del PP de Esperanza Aguirre. El informe, que utilizó Granados para rechazar las acusaciones de espionaje, contradecía las conclusiones de dos peritos contratados por EL PAÍS. Ambos sostenían que Pinto era el autor de anotaciones en los partes, y esto vinculaba el espionaje con agentes de Granados.

Con meras fotocopias del trabajo ajeno, Iglesias rebatió a los dos peritos contratados por este periódico, que sí analizaron los originales (imprescindible para identificar claves como la presión al escribir). Ambos grafólogos, cuyas periciales han pesado en sonoros procesos de la Audiencia Nacional, concluían que Pinto era el autor de las notas y están dispuestos a testificarlo ante la juez del caso. Iglesias cobró 3.600 euros por el trabajo que exculpó a Pinto. Se lo encargaron porque no era un desconocido. Su Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ) estaba bajo contrato de la Comunidad de Madrid desde 2003 para prestar peritajes en los juicios rápidos, tarea por la que percibe 60.000 euros cada 18 meses.

Tras la pericial exculpatoria de Pinto, la AEPTJ de Iglesias logró un contrato a dedo de mes y medio para suministrar traductores e intérpretes a los juzgados. Tras este encargo a dedo, el 19 de febrero pasado, la Asociación de Iglesias ganó un concurso, con carácter bianual, dotado con 900.000 euros, al que se presentaba por vez primera para la prestación de intérpretes y traductores en los juzgados madrileños. Iglesias reconoce que con anterioridad sólo habían prestado una labor semejante de manera "puntual" en algún juicio. De hecho, la traducción e interpretación no figura entre los servicios que la página web de la asociación publicita. Nada de eso le impidió quedarse con la mitad de un servicio que en Madrid monopolizaba Seprotec desde 2007. Un servicio privado cuyas deficiencias ya había denunciado Jueces para la Democracia por entender que la nula o baja cualificación profesional de los intérpretes lesionaba las garantías procesales.

Según un portavoz de la consejería de Interior, se contrató a la asociación de Iglesias por ser la oferta más barata para un servicio crucial que puede dirimir si una persona va o no a la cárcel. Según jueces consultados por EL PAÍS, algunos traductores de AEPTJ han calcado los defectos de sus antecesores: nula o baja cualificación. Iglesias aduce que nadie se ha quejado por escrito sobre la supuesta mala calidad de sus traductores, pero no excluye que en algún caso se haya producido algún error con el currículo de sus contratados. Este diario tiene documentado a modo de ejemplo el caso de tres de sus traductores que incumplen los requisitos mínimos de calidad:

- Una argelina que acudió para un juicio el 9 de febrero de 2010 para asistir a un marroquí. El juez anotó lo siguiente: "Viene por AEPTJ. No tiene título alguno (no dice los conocimientos que tiene). Oculta datos. No hace bien la interpretación. Se pone a charlar con la víctima".

- "El traductor viene de AEPTJ", anota el juez, "para un caso de daños y para atender a una perjudicada portuguesa. El permiso de residencia es de Guinea, pero dice que es de Senegal y viene para hablar en portugués. Y dice que sólo tiene bachiller. No está cualificado. No sabe interpretar. Habla pisándole las palabras a la testigo".

- El tercer traductor sin titulación específica trabaja en el área de lenguas no europeas. Fue repescado del desempleo por la Comunidad de Madrid en septiembre de 2009 para que acudiera como intérprete a la sede de AEPTJ, seis meses antes de que esta entidad resultara ganadora del concurso de traductores. El formulario le exigía acreditar títulos y experiencia ante dicha entidad. No lo hizo porque carecía de ambas, según admite.

La organización de Iglesias realizó tareas de traducción en una docena de juicios ya en enero de 2010 cuando aún no había ganado el concurso. De hecho, el 22 de diciembre de 2009, la dirección general de Justicia, dependiente del consejero Granados, anuncia que desde el 1 de enero de 2010 "una vez comprobado que los servicios de traducción e interpretación no pueden ser prestados por el servicio de intérpretes y traductores propios de la Comunidad de Madrid, se podrán encargar directamente los trabajos de referencia, sin necesidad de autorización previa de la dirección general de Justicia, a la Asociación Española de Peritos Judiciales, sita en la calle General Pardiñas, 98". Iglesias admite que, antes del concurso, la consejería de Granados les contrató "por alguna razón" para tal servicio del 1 de enero al 15 de febrero de 2010. AEPTJ, según documentan sus traductores, paga la hora a 14 euros, cuando el monto abonado por la Comunidad rondaba los 40 ó 50 euros. Iglesias niega estas cifras, pero alega no poder precisarlas. Estos hechos están en la base de la denuncia de Jueces para la Democracia: es imposible tener un intérprete cualificado a ese precio. Por ello, demandan que la Comunidad de Madrid gestione directamente dichos contratos, para mejorar el servicio y el salario.

(www.elpais.com, 22/03/10)

"POR ALGUNA RAZÓN ME CONTRATARON"

Castor Iglesias, presidente de la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales, es muy puntilloso con toda simplificación sobre la adjudicación por la consejería de Interior del concurso de traductores para los juzgados madrileños. "Ni me lo dieron a mí, ni a mi asociación; el concurso lo ganó mi asociación". Pero se muestra menos contundente al explicar la obtención de un contrato para el mismo servicio que le dio a dedo el mismo departamento, que preside Francisco Granados, del 1 de enero al 15 de febrero de este año. Casualmente, el 19 de febrero, reasumió por dos años dicha prestación, pero ya con el título de ganador del concurso.

Iglesias lo explica así: "Ha habido una contratación desde el 1 de enero al 15 de febrero por motivos que la Administración conocerá. No tenemos nada que decir. Nos parece bien que nos contrate porque nos ha contratado muchas veces. Y el 19 de febrero es cuando salió el concurso y fuimos adjudicatarios, nosotros y Seprotec".

El PSOE quiere averiguar si esos 45 días le sirvieron para acreditar experiencia y ganar. Al solicitarle precisiones sobre los salarios que paga a sus traductores, que documentan a este diario que abona la hora a 14 euros y perciben unos 500 euros mensuales, Iglesias asegura que no puede facilitarlos por su cuenta y riesgo sin consultar a los demás miembros de su firma. "No puedo actuar como si la empresa fuera mía", aduce. En realidad, su entidad no tiene carácter de empresa y, por ello, no figura en el registro mercantil y, por lo tanto, no son fácilmente visualizables sus datos: cuentas, empleados, ingresos, gastos... Sólo explica que tiene poca plantilla, pero una dilatada y sólida trayectoria profesional.

(www.elpais.com, 22/03/10)

FRANCISCO GRANADOS COMPARA AL GOBIERNO CON BATASUNA

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, comparó al Gobierno central con Herri Batasuna por lamentar la muerte del prisionero cubano Orlando Zapata pero no condenarla. "Estos días hemos oído a muchos dirigentes políticos, a muchos miembros del PSOE, decir que lamentan la muerte del señor Zapata, pero también Herri Batasuna lamenta los atentados pero no los condena y eso es una diferencia fundamental", afirmó Granados tras presentar un plan de obras que se está llevando a cabo en el Corredor del Henares.

A su juicio, "es absolutamente impresentable" que "en un régimen como éste" el Gobierno de España no condene de manera abierta esos "asesinatos".

Zapata falleció la semana pasada en el Hospital Hermanos Ameijeiras tras haber permanecido 86 días en huelga de hambre. De este modo se convierte en el segundo opositor cubano que pierde la vida en la cárcel al dejar de comer en señal se protesta.

El jueves pasado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lamentó "profundamente" la muerte del opositor y exigió al "régimen cubano" la "libertad" de los "presos de conciencia".

(www.elpais.com, 02/03/10)

SOSPECHAS DE IRREGULARIDAD EN LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid adjudicará este mes de agosto un polémico contrato de seguridad, en plenas vacaciones, en tiempo récord y saltándose una de las condiciones del pliego del concurso. La empresa beneficiada es EAS Tecno System, administrada por José Luis Novales, ex inspector jefe en la Comisaría de Seguridad Ciudadana, que ya ganó otra convocatoria impulsada por el consejero de Interior, Francisco Granados, en 2008, para la vigilancia de las sedes de la Presidencia, vicepresidencia y la propia consejería que él preside.

El ex director de DICO ratifica ante la Fiscalía sus denuncias contra Granados y otros importantes...

Granados ganó 1,4 millones con la venta de terrenos en Valdemoro a un constructor amigo

El concurso, por un monto de 12 millones de euros, ha generado polémica en el sector de las compañías de seguridad porque la empresa adjudicataria debería haber empezado a prestar sus servicios el pasado 1 de julio, y sin embargo, la convocatoria se realizó cuatro días antes, el 26 de junio, en un proceso reconvertido a partir de ese momento en una carrera contra reloj para poder adjudicar el contrato en agosto, según revela Público.

¿Adjudicación a dedo?

En el pliego de condiciones se establecía como una única limitación que la empresa adjudicataria tenga una cifra de negocio global media de al menos ocho millones de euros en los últimos tres ejercicios. Sin embargo, en las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, EAS Tecno System se sitúa en un nivel más modesto: declara ingresos de sólo 1,23 millones en 2004; de 2,98 en 2005 y de 4,6 en 2006, que es el último ejercicio declarado, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre la posibilidad de que se trate de una adjudicación a dedo.

La prima de Aguirre

EAS Tecno System, administrada por José Luis Novales Cadierna, obtendrá la mayor parte del contrato de seguridad de la Comunidad de Madrid. Novales es también director general de Segur Ibérica, la empresa que ya obtuvo el año pasado la vigilancia de las sedes de Presidencia, vicepresidencia y de la Consejería de Presidencia e Interior. Segur Ibérica cuenta como secretaria del consejo con Marta Gil de Biedma, prima de Esperanza Aguirre, aunque el Gobierno regional ha desmentido la posibilidad de irregularidades en aquella adjudicación: "Gil de Biedma no ocupa ningún puesto ejecutivo en Segur Ibérica, ni es accionista de esta sociedad" fue la respuesta oficial.

www.elplural.com 01.08.09

EL PSM DENUNCIA A GRANADOS POR PAGAR FOLLETOS ELECTORALES CON DINERO PÚBLICO

Los socialistas madrileños anunciaron ayer que acudirán a la Fiscalía Anticorrupción para pedirle que investigue la "supuesta financiación irregular" de la campaña electoral de 2003 del PP en Valdemoro, que revalidó a Francisco Granados, hoy consejero de Presidencia, Interior y Justicia, en la alcaldía.

El secretario de Economía de los socialistas, Antonio Carmona, y la portavoz socialista en Valdemoro, Margarita Peña, acusaron en rueda de prensa a Granados de haber sufragado los folletos electorales con dinero del Ayuntamiento. Para ello, entregaron un albarán fechado el 14 de mayo de 2003 en el que consta que en el Consistorio se entregaron 50 cajas con 100 ejemplares cada una de los folletos de campaña. "En el albarán figura el NIF del Ayuntamiento de Valdemoro", recalcó Carmona.

Granados negó ayer que el Ayuntamiento hubiera costeado los folletos y exigió a los socialistas que presentaran las facturas, en lugar de albaranes. La diferencia entre estos documento es que el segundo es únicamente un registro de entrega de mercancia, que no demuestra que el receptor lo haya pagado.

"Los folletos se entregaron en el Ayuntamiento porque mi jefe de Gabinete lo pidió, pero es mentira que desde el Ayuntamiento se hayan pagado las facturas del PP porque es imposible", explicó. "El interventor municipal nunca paga una factura por un concepto que es un folleto electoral". Además, el ex alcalde recordó que las cuentas electorales del PP de Valdemoro han sido "auditadas y fiscalizadas por la Cámara de Cuentas". Y anunció que se querellará contra Carmona. Los socialistas también vincularon otro albarán, en este caso por la compra de 5.000 litros de aceite a la empresa Aceites del sur, en Dos Hermanas (Sevilla), a nombre de la empresa Distribución y Servicios Cid, SL. Carmona vinculó este albarán con las botellas de aceite, con el lema 100% Valdemoro, que Granados regaló en campaña. No ofreció ninguna prueba que explicara que se trata del mismo aceite.

Según Carmona, el dueño de la empresa "es un constructor que ha hecho obras en Valdemoro y, por tanto, ha disfrutado de trato de favor".

Granados afirmó que el aceite que él regaló "se compró en Valdemoro y ni mucho menos en esas cantidades" y retó a Carmona a "probar" lo contrario.

LOS ALBARANES DE LA CAMPAÑA

- Los socialistas mostraron ayer dos documentos. El primero (a la izquierda) es el albarán donde queda constancia de la entrega en el Ayuntamiento de los folletos de campaña. El segundo es el albarán a nombre de Distribuciones y Servicios Cid, que habría comprado 5.000 litros de aceite.

(www.elpais.com, 27/05/09)



GRANADOS ES INCAPAZ DE ACLARAR SU COMIDA CON VIEIRA

El consejero de Justicia de Madrid y secretario general del PP en la Comunidad, Francisco Granados, dejó este jueves sin respuesta la pregunta de la oposición sobre por qué habló del caso Gürtel con el juez Francisco Javier Vieira en el almuerzo secreto que ambos compartieron un día antes de que el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) asumiera la instrucción y del que informó Público. Vieira, presidente del TSJM, será quien previsiblemente dirija la vista oral si el caso llega a juicio. En la rama madrileña de la presunta trama corrupta aparecen implicados tres aforados por su condición de diputados autonómicos, otros tantos alcaldes que dimitieron tras su imputación y un cuarto ex regidor.

"¿En su condición de qué le interesaba a usted el tema del caso Gürtel?", preguntó en la tercera pregunta sobre el asunto la diputada socialista Encarnación Moya. Lo hizo en referencia al doble cargo, público y partidario, del consejero de Presidencia y Justicia, a quien, con sorna, inquirió a renglón seguido sobre si, para acudir a esa cita, "se quitó el manto de secretario general y entró puro, virgen, sin contaminar, como consejero de Justicia".

Recién llegado de su segunda comida con Vieira -esta en la sede del TSJM, con otros comensales y de carácter abiertamente oficial- Granados ni se dio por aludido. Tanto la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, como el parlamentario de IU Miguel Ángel Reneses diagnosticaron luego que el almuerzo de ayer se programó para el mismo día del pleno con el objetivo de dar "apariencia de normalidad" a la celebrada el 30 de marzo en el restaurante Solchaga.

El consejero no cambió el guión: fue una "comida de trabajo" entre el consejero de Justicia y el máximo responsable judicial en Madrid , nada que ver con la cacería de Bermejo y Garzón. Lo remachó en una sesión que había arrancado con una tormenta estentórea desatada literalmente por un vaso de agua: el que Esperanza Aguirre introdujo, con aplomo y botella adicional, en el pleno pese a que su partido había vetado en junta de portavoces que los diputados puedan beber en el salón. Oficialmente, el veto buscaba prevenir averías eléctricas.

El episodio del agua le costó a la portavoz socialista, Maru Menéndez, que el PP le descontara un minuto de su intervención: justo el que había dedicado a protestar airadamente por lo que consideró un paradigma de la doble vara de medir de Aguirre. El agua estaba prohibida hasta que la presidenta tuvo sed.

La imagen de esa doble vara sobrevoló la Asamblea de Madrid durante el debate sobre la cita de Granados y Vieira -la que a Aguirre le parece "extraordinariamente bien"- en un restaurante y fuera de su agenda pública. La presidenta de Madrid atacó al PSOE por su flanco débil: las declaraciones del nuevo titular de Justicia, quien, en relación a ese almuerzo, pidió que no se hagan "conjeturas". Caamaño, espetó Aguirre a Menéndez clavando la puya, "no comparte en absoluto su opinión". Esa comida, enfatizó, en nada se asemeja a la cena de cacería protagonizada por "el juez socialista y el ministro furtivo".

"Lo equivalente sería -dijo mirando a Menéndez- que usted se reuniera con el nuevo instructor, Pedreira, a quien, por cierto, ya recusamos en una ocasión". ¿Subyacía en esa frase una amenaza? Aguirre la dejó caer antes de regresar a lo que ya se ha convertido en estribillo: que Vieira -y también lo repitió Granados- "ni instruye, ni mete a nadie en la cárcel ni juzga". Eso último no se ajusta a la realidad, salvo que el Supremo termine reclamando el caso o el presidente del TSJM deba inhibirse porque resuelva algún recurso en la fase de instrucción.

"La doctrina Bermejo ya no vale", reprochó Reneses desde los bancos de IU agitando una imaginaria doble vara de medir. Por la noche,el PSOE pidió sin éxito la reprobación de Granados. A esa hora, una botella de agua hacía de parapeto en cada escaño.

(www.publico.es, 17/04/09)

EL PP TUMBA LA REPROBACIÓN DE GRANADOS SOLICITADA POR EL PSOE

Los diputados del Partido Popular tumbaron hoy (64 votos en contra, frente a 52 a favor) la moción de reprobación presentada por el grupo parlamentario socialista contra el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

¿Los motivos? Su gestión y su actuación política por el "caos organizativo y estructural de los servicios de seguridad" de la región, su incapacidad para negociar la Ley de Policía Local y por el incumplimiento de los convenios de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) con los ayuntamientos.

La diputada socialista, Encarnación Moya Nieto, que presentó en la Asamblea esta reprobación, acusó a Granados no sólo de realizar una gestión ineficaz sino además de ser incapaz de responder a las necesidades de los ciudadanos de la región. Además, dijo que su actuación política en los últimos meses "está afectando seriamente a la salud democrática" de la Comunidad, por lo que debe abandonar su puesto en el Gobierno de la Comunidad.

A su juicio, el consejero sólo ha conseguido dos logros: poner en pie de guerra a los colectivos del mundo de la seguridad y estar bajo la sospecha de llevar a cabo seguimientos ilícitos de personas de esta Comunidad.

Granados, dijo la socialista, "jamás acepta la más mínima crítica o error", al tiempo que le acusó de falta de transparencia sobre su patrimonio personal y de falta de coherencia por no haber dimitido ante el escándalo de los espías y de su comida "semiclandestina" con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Vieira, el día antes de que el tribunal asumiera la investigación del caso Gürtel. "Porque en democracia no vale con estar, hay que ser. Y en esto usted falla estrepitosamente", le lanzó.

El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Reneses, reclamó a Granados "que dimita, que se marche porque pensamos que a los madrileños les parecerá una gran noticia". "Ni por acción ni por omisión ha sido capaz de impulsar ninguna medida con algún grado de éxito", consideró, al tiempo que destacó que no le gusta la reprobación de ningún consejero, pero en esta ocasión su grupo la respaldará porque "reprueba las políticas de este reducto neoliberal en España" y para evitar "que esta comunidad no se convierta en el estercolero de este país".

Ante estas acusaciones, el portavoz del grupo PP, Pablo Casado, rechazó la moción por "indigna e injustificada en la forma y en el fondo" pues se trata de una "reprobación que intenta deslucir una trayectoria política intachable" como la del consejero de Interior.

A su juicio, lo que está en el fondo de la estrategia de la izquierda es intentar "tapar con espionaje la crisis económica que se está dejando 250.000 parados todos los meses". Son, dijo, "mamparas traslúcidas para tapar la incompetencia del Gobierno del país que está desangrando la economía".

(www.publico.es, 17/04/09)


REGALOS MADE IN GRANADOS BAJO SOSPECHA

El actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y número dos del PP madrileño, Francisco Granados, fue reelegido a la alcaldía de Valdemoro en 2003 después de una intensa campaña en la que no faltaron los regalos promocionales a los vecinos. Además de los típicos mecheros o gorras, la campaña con el eslogan Francisco Granados 100% Valdemoro incluyó como punto fuerte la distribución de 20.000 botellas de aceite de oliva, una por cada habitante del municipio. La revista Interviú ha desvelado que el albarán de entrega del aceite se facturó a una de las empresas de Ramiro Cid Sicluna, un constructor de la localidad estrechamente vinculado a Granados. La Ley de Partidos limita a 6.000 euros el máximo que una empresa o un particular pueden donar a una formación, un valor ampliamente excedido por el coste de ese pedido. Desde el entorno de Granados alegan que el empresario pudo comprar el aceite “para él”, pero no tienen las facturas que acrediten que pagaron aquel pedido. Además, miles de folletos del PP figuran como pagados por el Ayuntamiento, y no por el partido.

El PP regaló en la campaña electoral de Valdemoro 5.000 litros de aceite de oliva virgen La Española distribuidas en 20.000 botellas de cuarto de litro. La compañía aceitera dueña de la marca, Aceites del Sur, que cuenta con una sede logística en Valdemoro, entregó un pedido de 5.000 litros durante la campaña a Distribuciones y Servicios Cid, una de las empresas de Ramiro Cid Sicluna, según figura en el albarán de entrega al que ha tenido acceso Interviú.

Desde el PP apuntan que fueron "para él"

Desde el entorno de Granados aseguran que ese aceite puede no ser el mismo que el PP repartió y que quizá el empresario lo pidió “para él”, pero no muestran la factura que acredita el pago por parte del partido de aquel aceite regalado en campaña. Además, el albarán de entrega a la empresa de Cid está firmado por un miembro del equipo electoral de Granados.




Vínculos con el constructor aceitero

La estrecha relación entre el constructor Cid y el ex alcalde Granados –que el mismo año de su reelección en 2003 se marchó a la Asamblea de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre- ha salido a la luz con anterioridad en diversas ocasiones. Así, el grupo empresarial de Cid es el que está construyendo un palacete en Valdemoro para Granados, y también el mismo bajo el que figuraba la inscripción del coche de la esposa de popular que ardió en extrañas circunstancias. Estos días, David Merino, ex directivo de la constructora DICO, ha ratificado ante el fiscal Miguel Herranz sus acusaciones contra diversos alcaldes populares de Madrid de recibir astronómicos sobornos de su constructora. Merino se ha referido a Granados como “el tío más sucio del mundo”.

¿Folletos del PP pagados por el Ayuntamiento?

También en la campaña de 2003 y según ha comprobado Interviú, el Ayuntamiento de Valdemoro del PP figura en un albarán como el cliente que recibió 5.000 folletos de promoción de Granados por parte de la imprenta Monterreina. La portavoz de Granados asegura que los gastos de campaña los sufragó el PP y no el Ayuntamiento, pero no mostró tampoco las facturas de esos 5.000 folletos.

"Un grave delito"

La líder del PSOE en Valdemoro, Margarita Peña, considera que Granados “tendrá que dar explicaciones” y que “si el Ayuntamiento y un empresario pagaron gastos de la campaña del PP estaríamos ante un grave delito de financiación irregular”.

(www.elplural.com, 14/04/09)

EL EX DIRECTOR DE DICO RATIFICA ANTE LA FISCALÍA SUS DENUNCIAS CONTRA GRANADOS Y OTROS IMPORTANTES ALCALDES

David Merino, ex directivo de la constructora DICO, actualmente en suspensión de pagos, ratificó ante el fiscal Miguel Herranz sus acusaciones contra diversos alcaldes del eje noroeste de Madrid y de otras localidades, que presuntamente habrían aceptado astronómicos sobornos de la que fuera la sexta constructora de España. Entre estos regidores estaría el actual consejero de Justicia de Madrid y ex regidor de Valdemoro, Francisco Granados, a quien Merino se ha referido como “el tío más sucio del mundo” y los ex ediles de Majadahonda (Guillermo Ortega y Ricardo Romero de Tejada) y Boadilla del Monte (Arturo González Panero). El brazo de DICO, siempre según Merino, también habría llegado a Las Rozas y San Fernando (Madrid), Vera (Almería), Cadiz, Ciudad Real y Toledo, informa Interviú. Sus declaraciones, sin embargo, se vieron truncadas por las preguntas de la Fiscalía y de los abogados defensores, que se han comportado “como si él fuera el acusado en lugar de un testigo”, lamentan sus letrados.

El ex director de Dico declará sobre presuntos pagos de comisiones a Granados y otros políticos

“Francisco Granados es el tío más sucio del mundo, a ése le he dado yo el dinero directamente”...

El doble rasero del PP: de clamar por la dimisión de Bermejo a cubrirle las espaldas a Granados

A pesar de haber recibido presiones económicas de la constructora según consta en una conversación grabada –sus dueños le habrían ofrecido 2 millones de euros- y en una denuncia de la parte acusadora del caso, el Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, el ex ejecutivo y principal testigo del llamado caso Dico acudió el pasado día 30 de marzo a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Denuncia
Tal como cuenta Interviú, Merino compareció para argumentar la denuncia presentada ante Anticorrupción el 17 de noviembre de 2008 en la que describe sobornos de la constructora a alcaldes de Valdemoro, Majadahonda, Las Rozas, Villanueva del Pardillo, San Fernando y Boadilla del Monte (Madrid), además de Vera (Almería), Cadiz, Ciudad Real y Toledo, y otros delitos imputables a los dueños de la citada entidad, Julián Jiménez de los Galanes y Francisco Colado –fraude, evasión de capitales, apropiación indebida, etc.-

Lista representativa
La lista de cargos a los que apunta el ejecutivo incluye a los damnificados de la Operación Gürtel, Arturo González Panero (Boadilla) y Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda y ex gerente del Mercado de Puerta de Toledo) y a populares que no están imputados en el caso como Narciso de Foxá, actual alcalde de Majadahonda, y Ricardo Romero de Tejada, su antecesor en ese consistorio. Destaca entre todos, sin embargo, el consejero de Justicia y ex regidor de Valdemoro, Francisco Granados, a quien el testigo se refiere como “el tío más sucio del mundo” a quien ha “dado el dinero directamente”.

Interrogatorio “insólito”
Sin embargo, Merino sólo tuvo 20 minutos para denunciar la corrupción de estos altos cargos: durante las cuatro horas restantes, el fiscal Herranz y el abogado defensor de DICO, Luis Rodríguez Ramos –a la sazón, el mismo que representa al imputado en Gürtel y antes nombrado Guillermo Ortega- inquirieron al testigo en coalición, pero no se permitió a la representante legal de Merino estar presente, en un hecho que su despacho ha calificado como “insólito”. “Se le ha sometido a un tercer grado para pillarle, como si él fuera el acusado en lugar de un testigo de los hechos”, señalan.

Miedo a la destrucción de pruebas
También Miguel Bernad, secretario general de los denunciantes –Manos Limpias-, ha lamentado que el fiscal “pasó por encima de los hechos denunciados. Yo he sido conocedor de una serie de delitos por boca de Merino y no descartamos ejercer la acción popular y poner una querella ante un juzgado de instrucción”. La asociación tiene, además, otra preocupación: “La posible destrucción de pruebas por parte de los acusados, ya que hace casi cinco meses que se presentó la denuncia y no se ha ordenado ni un registro. Tampoco se ha llamado a declarar a los directivos de DICO que aparecen en las actas y que conocen la existencia de una caja B para sobornos y la estructura financiera diseñada para defraudar a Hacienda y a los accionistas”, apuntan.

Vínculos con Granados
Los acusados, entretanto, se han limitado a indicar que el principal testigo está acometiendo una “venganza personal”. Por su parte, el fiscal Herranz ha eludido hacer declaraciones sobre sus vínculos con el consejero Granados, después de que se supiera de la reunión de éste con el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, un día antes de que el tribunal admitiera el caso Gürtel. Herranz ha trasladado los pronunciamientos institucionales a Manuel Moix, fiscal jefe de este organismo, a quien Interviú ha preguntado sin éxito.

www.elplural.com 07.04.09

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR COMIÓ EN SECRETO CON GRANADOS

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, almorzó fuera de su agenda pública el pasado lunes en el reservado de un restaurante madrileño con el consejero madrileño de Presidencia y Justicia y secretario general del PP en la Comunidad, Francisco Granados. Ambos compartieron mesa, mantel y conversación un día antes de que, en un auto cuyo ponente fue el propio Vieira, el TSJM acordara asumir la investigación del caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción vinculado al PP y en el que aparecen implicados tres diputados autonómicos y otros tantos alcaldes. Si el caso, abierto por el magistrado Baltasar Garzón, llega a juicio como parece previsible, Vieira presidirá el tribunal juzgador.

A diferencia de la cacería de febrero en la que coincidieron el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Garzón, la cita a solas de Vieira y Granados se desarrolló en un escenario netamente urbano: el céntrico restaurante Solchaga de Madrid.

Aquella montería de Jaén, en la que participaron decenas de cazadores, acabó costándole el puesto a Bermejo y una persecución implacable al juez Baltasar Garzón desde las filas del PP. Ayer, en cambio, los portavoces de ambos comensales remacharon que el almuerzo de Vieira y Granados se inscribe en la "normalidad de las relaciones institucionales". "No se habló del caso Gürtel", dicen en el TSJM. El portavoz de Granados aseguró carecer de información sobre ese extremo.

¿Ninguna de las dos partes se planteó posponer el encuentro, dado que el Tribunal Superior estaba a punto de decidir sobre un asunto crucial para el partido al que representa Granados? "Los intereses de la Justicia y los madrileños no pueden estar a expensas de que un tribunal asuma o no asuma" una investigación, adujo un portavoz de Granados, número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre. El TSJM se abonó a la tesis de que Vieira no se reunió con Granados "en calidad de secretario general del PP" sino de "consejero de Justicia".

Los dos cargos públicos avanzaron, según el TSJM, en el "diseño de la Oficina Judicial". Es decir, de la nueva estructura orgánica de los juzgados españoles, cuya implantación no se producirá en ningún caso antes del próximo año.

Sobre por qué, si la cita tenía un carácter estrictamente institucional, se concertó en un restaurante y no en un despacho oficial, el equipo de Granados aventuró la siguiente explicación: "En España, se hacen muchas reuniones en comidas de trabajo". Ni el gabinete del consejero ni el de Vieira habían difundido la celebración de ese almuerzo, que, según el TSJM, se enmarca en la ronda de toma de contacto del magistrado con "autoridades" como el presidente del Poder Judicial (CGPJ) o la delegada del Gobierno en Madrid.

Anterior presidente de la Audiencia Provincial madrileña y miembro de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Vieira tomó posesión como titular del TSJM el 13 de febrero. El magistrado obtuvo la nominación por parte del CGPJ tras una primera votación fallida. En la segunda, respaldaron su candidatura 14 de los 21 miembros del órgano de gobierno de los jueces.

En lo que respecta a Garzón, los rescoldos de la cruzada del PP, de una magnitud inédita en lo que va de década, aún no se han apagado, pese a su inhibición en el caso Gürtel. Los conservadores mantienen su querella contra el magistrado, y su batería de quejas y denuncias ante el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Desde el primer momento, el Partido Popular se centró en lograr que el sumario quedara fuera del control de Garzón y terminase en manos de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. ¿El argumento? Que varios investigados gozan de aforamiento como parlamentarios autonómicos. Las pesquisas policiales apuntan a que tres diputados del PP madrileños aceptaron sobornos de la trama de Correa: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

(www.publico.es, 02/04/09)

EL NUEVO JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' RECONOCE SU COMIDA "SIN ZONAS OCULTAS" CON GRANADOS

El presidente del tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha reconocido que habló el pasado lunes sobre la operación Gürtel con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

Vieira sería el presidente de la Sala que juzgaría a los tres diputados conservadores implicados —Alberto López Viejo, Alfonso Bosh Tejedor y Benjamín Martín Vasco— en la Operación Gürtel, dirigida por Francisco Correa.

Vieira, quien se reunió con Granados en un restaurante de Madrid, ha asegurado que no hubo "ninguna zona oculta" en la conversación, que no fue secreta ni en ningún reservado.

"Se produjo un cambio de impresiones en el que se trataron cosas que afectan a la Justicia", ha explicado Vieira.

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño ha opinado que "no es bueno" estar siempre "formulando imputaciones o conjeturas" respecto a las reuniones que los cargos públicos pueden mantener con políticos.

"Creo que no es bueno para la vida política de los españoles y muchísimo menos en ese lazo necesario con la Justicia, estar siempre formulando imputaciones o conjeturas que no tienen necesariamente por qué darse", ha afirmado Caamaño.

Preguntado por la semejanza de esta reunión con el escándalo provocado por el encuentro del ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en una cacería con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Caamaño señaló que sacar conclusiones "en este tipo de encuentros sin mayores elementos en los que fundamentarse es aventurarse en exceso".

Por ello pidió no verter desde otros contextos "sospechas sobre personas que ejercen cargos públicos en el ejercicio de sus funciones".

Caamaño señaló que, aunque son Granados y Vieria quienes deben responder, él como ministro "confía siempre en la responsabilidad de los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones".

(www.publico.es, 02/04/09)

¡... PERO VE NORMAL UNA REUNIÓN SECRETA ENTRE EL NÚMERO TRES DE AGUIRRE Y EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL CASO GÜRTEL!

El consejero de Justicia y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, se reunió el lunes pasado en secreto y en privado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, quien será, a la sazón, el máximo responsable del caso Gürtel si este finalmente no llega a la Supremo. La cita entre ambos tuvo lugar en un reservado del céntrico restaurante madrileño Solchaga y se produjo, además, un día antes de que el TSJM asumiera la investigación de la presunta trama corrupta vinculada al PP en un auto expuesto, por cierto, por el magistrado en cuestión, informa Público. La cita no aparecía en las agendas y se concertó fuera de los despachos oficiales. Por si fuera poco, esta mañana Vieira ha admitido que se abordó el tema Gürtel, desmintiendo las explicaciones dadas desde el órgano que preside. Cabe recordar que cuando el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo coincidió en una cacería con el juez Baltasar Garzón, el PP exigió inmediatamente su dimisión.

La Consejería y el TSJM habían intentado quitar hierro al asunto, enmarcándolo en la “normalidad de las relaciones institucionales”. “No se habló del caso Gürtel” sino del “diseño de la nueva Oficina Judicial” –una iniciativa que no estará en marcha hasta el próximo año- agregaron, en principio, desde el tribunal.

Viera lo admite

Hoy, sin embargo, el mismo Vieira ha admitido que sí se abordó el tema de la presunta red corrupta vinculada al PP, que en Madrid ha salpicado ya a tres diputados autonómicos –Alfonso Bosch, Alberto López Viejo, y Benjamín Martín- y a varios alcaldes, forzados a dimitir por el partido –Ginés López, Jesús Sepúlveda, Arturo González Panero-.

“Cambio de impresiones”

Tal como ha dicho el presidente del TSJM, el almuerzo no fue secreto ni en un reservado. Se trató, meramente, de “un cambio de impresiones en el que se trataron cosas que afectan a la Justicia” ¿Por qué entonces tuvo lugar fuera de dependencias institucional y no está registrado en las agendas de estos funcionarios? “En España se hacen muchas reuniones en comidas de trabajo”, justificaban ayer desde el gabinete de Granados.

¿Por qué tanta urgencia?

¿Y por qué Granados no podía esperar a que el Tribunal decidiera sobre Gürtel para reunirse con el juez? “Los intereses de la Justicia no pueden estar a expensas de que un tribunal asuma o no asuma” han intentado justificar sus portavoces. Granados no acudió a la cita “en calidad de secretario de general del PP” sino de “consejero de Justicia”, corroboraron desde el TSJM.

Cacería de Bermejo

Cabe recordar que a principios de febrero pasado el juez instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, coincidió en una cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. El PP calificó el hecho de “atentado flagrante” contra el Estado de Derecho, llevó el caso al Congreso, exigió la dimisión de Bermejo –un hecho que finalmente se produjo-, y, poco después, acusó al magistrado de prevaricar y se querelló contra él.

Camps, De Rosa…

No ocurrió lo mismo, sin embargo, dos semanas después, cuando el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, señalado como beneficiario de varios regalos de la trama corrupta, se reunió con el vicepresidente del Consejo General y ex miembro de su Ejecutivo, Fernando de Rosa, apenas un día después de ser implicado en el caso por la Fiscalía Anticorrupción. De Rosa, ajeno a su labor en el CGPJ, arremetió contra el juez Garzón y su trabajo, en unas desafortunadas declaraciones que le costaron reproches del órgano rector de los jueces.

…y el TSJV

Pero Camps no solo tiene buenas relaciones con su ex conseller de Justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, José Luis de la Rúa, que será el encargado de investigarle como implicado, es su amigo íntimo. Las declaraciones del jefe del Ejecutivo regional son claras: “tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”, aseguraba el propio Camps en septiembre de 2008 en un acto oficial. Sobre ambas coincidencias, por cierto, el PP evitó pronunciarse. ¿Hará lo mismo con Granados?

(www.elplural.com, 02/04/09)

AGUIRRE OCULTA LOS BIENES DE SU CONSEJERO GRANADOS

Un informe de la Asamblea dice que la oposición no tiene derecho a conocer el patrimonio de los altos cargos de la Comunidad

Conocer el patrimonio del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, lleva camino de convertirse en misión imposible. Un informe del secretario general de la Asamblea regional, Fabio Pascua, con fecha de 26 de marzo y al que ayer tuvo acceso Público, juzga que “no existe un derecho de los grupos parlamentarios para acceder a las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos” del Ejecutivo autónomico. A los diputados, consigna el letrado mayor, “sólo” les cabe “solicitar de la Mesa de la Asamblea que recabe tales datos y obtener una resolución expresa al efecto”.

Es el penúltimo capítulo de una historia que arrancó el 23 de febrero. Ese día, este diario reveló que una promotora construye en Valdemoro (Madrid) una mansión de lujo al gusto del número tres de Esperanza Aguirre, que no ha pagado nada por la casa. El PSOE retó al consejero a que diera cuenta de todos sus bienes y Granados envió a la oposición dos folios. En ellos resumía sólo su patrimonio inmobiliario.

La decisión se revoca

El 16 de marzo, la Mesa de la Asamblea, presidida por Elvira Rodríguez (PP), acordó permitir al PSOE el acceso a la declaración de bienes y patrimonio de Granados. Una semana más tarde, el conservador Jacobo Beltrán, secretario tercero de la Cámara, interpuso un recurso contra la decisión, que Rodríguez estimó.

El diputado veía “lagunas procedimentales” que debía revisar el secretario general. Y Pascua las ha hallado. Considera que ni el Reglamento de la Cámara, de 1997, ni una resolución de 2001 –aprobada con Alberto Ruiz-Gallardón en el Gobierno–, dan a los grupos el “derecho” a este tipo de declaraciones. De hecho, aconseja que se reforme el texto de 2001 para dejar claro que la Mesa, una vez recibida la petición de los grupos, es la que tiene que decidir si la acepta o no. Rodríguez, previsiblemente, se agarrará este lunes al informe de Pascua para frenar la solicitud del PSOE.

“Pediremos que se reconsidere este informe ad hoc”, anuncia la socialista Maru Menéndez. “Es otra muestra de la estrategia de ocultación de Aguirre. Algo esconde Granados. La autonomía de Pascua queda manchada”. Con ella coincide Inés Sabanés (IU). El PP “no se pronunciará” hasta ver el escrito.

QUÉ DICEN LOS TEXTOS
Colisión con lo que autorizó Gallardón

Resolución de 2001 // Gallardón marcó el procedimiento de acceso a las declaraciones de bienes: un grupo lo reclama, la Mesa le indica al portavoz el “carácter secreto” de los datos, el Gobierno envía la información al presidente de la Cámara y este cita al portavoz en su despacho para ver el documento. El diputado no podrá fotocopiarlo, sí “tomar notas” y guardará “el sigilo debido”.

Informe de Fabio Pascua // Pascua pide que se reforme ese texto: que la Mesa pondere si se afecta la “intimidad” del alto cargo y dé su autorización expresa. Pero si el PP no quiere, no se revisará la resolución.

El honor del letrado // Fuentes de la Presidencia de la Asamblea insisten en que Pascua es un letrado “de mucho prestigio, número uno de su promoción". Añaden que ningún grupo puso objeciones a su designación, en julio de 2007. El artículo 86 del Reglamento de la Asamblea consigna que "el secretario general será nombrado por el presidente [de la Cámara], previa libre designación por la Mesa, a propuesta del propio presidente, de entre el personal funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Asamblea de Madrid, de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas o de las Cortes Generales". En el Congreso de los Diputados, el presidente también elige al secretario general, pero de entre los letrados de Cortes "con más de cinco años de servicios efectivos". Así reza en el artículo 35 del Reglamento de la Cámara baja.

www.publico.es 28.03.09

EL PSOE ACUSA A GRANADOS DE LUCRARSE CON UNA VENTA A UN CONSTRUCTOR AMIGO

El 31 de octubre de 2007, Francisco Granados, consejero de Presidencia e Interior, vendió cuatro de las cinco parcelas que poseía junto con su esposa en el sector R-2 Canto Negro de Valdemoro por 1.440.000 euros. Granados no entregó los terrenos a cualquiera. Lo hizo a un constructor afín: David Marjaliza, uno de los principales empresarios de Valdemoro, y amigo de la infancia del consejero, con el que ha mantenido negocios inmobiliarios. La empresa Servicios Logísticos Inmobiliarios, de Marjaliza, compró cuatro parcelas, con una edificabilidad de 839 metros cuadrados, pagando el precio mediante dos cheques. En cada parcela sólo se puede levantar un chalé. Los terrenos están en una cuña de terreno al noroeste del casco urbano de Valdemoro (58.000 habitantes), entre el polígono industrial Albresa y los terrenos de la Guardía Civil.

El negocio resultó provechoso para el consejero. Vendió las parcelas a 1.716 euros por metro cuadrado edificable. El precio de mercado en el área metropolitana en 2008 asciende a unos 1.080 euros por metro cuadrado construido, según datos de la consultora Grupo i. Un precio similar al que calcula el Ministerio de Vivienda. El consejero vendió el otro solar que poseía en el mismo sector a la familia de su mujer por 240.000 euros, a 1.100 euros el metro cuadrado edificable, más cerca del precio de mercado. Fuentes del PSOE aseguraron que "Granados obtiene un beneficio muy superior al que hubiera logrado un particular vendiendo las mismas parcelas".

Un portavoz del gabinete de Granados apuntó, sin embargo, que el negocio con Marjaliza se hizo a precios de mercado. "Son parcelas grandes, de unos 600 metros, que tienen una edificabilidad para construir chalés y queda un gran espacio para el jardín. No hay muchos solares como éstos en Valdemoro", explica el portavoz, quien añade: "Es difícil asegurar cuál era el precio de mercado en esa época para estas parcelas, en pleno boom inmobiliario".

El solar, de 2.981 metros cuadrados, fue recalificado como urbanizable en el plan general urbanístico aprobado por el PSOE en 1999.

Granados, que fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, se abstuvo hasta en cuatro ocasiones durante la tramitación del plan parcial que ordenaba la zona "por tener intereses". Pero en julio de 2002 firmó el decreto que autorizaba el Proyecto de Compensación del plan parcial, el acuerdo donde se establecen los terrenos que se ceden a viarios o conducciones públicas. Según ese documento, Granados mantiene los mismos metros y no cede terreno. "Pero recibe parcelas con menos edificabilidad que el resto", explica un portavoz del consejero.

Fuentes del PSOE precisan que Granados "firmó el documento administrativo definitivo que establece los beneficios y cargas que tendrán los terrenos".

El consejero vendió cuatro de los solares a Marjaliza a un precio de 360.000 euros cada uno, según consta en el registro de la propiedad. El solar restante lo vendió a la hermana de su mujer por un precio menor, 240.000 euros. En la escritura registral no figura el precio de ésta. Las cinco parcelas tienen una extensión similar, de unos 600 metros cuadrados de media. En total, Granados ganó 1.680.000 euros con la venta de las parcelas en Canto Negro.

(www.elpais.com, 18/03/09)

LAS CUENTAS DE LA MANSIÓN QUE ENCARGÓ GRANADOS NO CUADRAN

Ninguna promotora construye para perder dinero. Ninguna si se exceptúa la que desde 2006 edifica en Valdemoro (Madrid) una casa de 1.000 metros diseñada siguiendo un proyecto encargado por Francisco Granados, alcalde de ese municipio hasta 2003, número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre e hipotético cliente que, hasta la fecha, no figura como titular. En 2006, y según aseguró Granados hace dos semanas, la promotora de la mansión, perteneciente al grupo Obras y Vías, le pidió un millón de euros por hacer la casa, lo que le hizo desistir de formalizar la compra. Pero ya a finales de 2006 los costes superaban en 36.000 euros ese precio de un millón de euros.

Promovida por Vicfidem, la casa se alza sobre seis parcelas gemelas cuya superficie total sobrepasa los 1.700 metros. El 21 de mayo de 2003, Vicfidem había adquirido cuatro de esas seis por 288.480 euros. Un año más tarde, compró las otras dos, por 144.400 euros. En total, hacerse con ese suelo, adscrito al Plan Parcial del sector de El Caracol, le costó 432.000 euros. El proyecto de ejecución se cuantificó en 559.105 euros, lo que significa que la licencia equivalente al 4% de esa cifrasupuso otro gasto de 22.364 euros. Según fuentes conocedoras del asunto, la casa se edifica con materiales y equipamientos de lujo, como piscina cubierta y gimnasio en el sótano, lo que, según los arquitectos consultados eleva el coste real del proyecto de ejecución.

A lo anterior hay que añadir los honorarios del arquitecto por redacción del proyecto y dirección de obras. Incluso calculando por ambos conceptos unos honorarios equivalentes sólo al 4% del importe del proyecto las tarifas suelen oscilar entre el 5% y el 10%, habría que sumar otros 22.364 euros, con lo que el monto de costes ascendería a 1.036.713 euros. No se ha computado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Es una incógnita por qué Obras y Vías, un boyante grupo que posee intereses urbanísticos en Valdemoro, accedió a un negocio que implicaba perder seis millones de las antiguas pesetas. Aunque oficialmente ningún vínculo une a Granados con el inmueble, su esposa visita asiduamente la obra, hasta el punto de que se le han dado a elegir materiales. El coche que en 2006 conducía la esposa del consejero, Nieves Alarcón, pertenecía a otra filial de Obras y Vías. Hasta ahora, Obras y Vías tampoco ha explicado por qué, en lugar de hacer los seis chalés que en esa área prescribía el planeamiento, optó por edificar una mansión hecha a la medida de Granados, quien ni siquiera ha formalizado una opción de compra.

(www.publico.es, 05/032/09)

GRANADOS INTENTA DESACTIVAR EL ESCÁNDALO DE LA MANSIÓN

Francisco Granados, número tres del Gobierno de Esperanza Aguirre, intentó ayer sin éxito desactivar el escándalo de la mansión que una promotora inmobiliaria construye en Valdemoro (Madrid) siguiendo un proyecto encargado por el consejero y su mujer, pese a lo cual el inmueble no figura a su nombre.

Horas después de que el PSOE exigiera en la Asamblea de Madrid que el titular de Presidencia, Justicia e Interior remita en 48 horas su declaración oficial de bienes, Granados reaccionó enviando a la oposición dos folios en los que refleja su patrimonio inmobiliario y obvia que su mujer es consejera en una filial de Caja Madrid. El documento no alude a la casa de lujo de 1.000 metros cuadrados, ya casi acabada, y que su esposa visita asiduamente para supervisar las obras. Su maniobra en absoluto convenció al PSOE, que sigue reclamando los documentos oficiales del registro de bienes.

Los dos folios llegaron en mano a las portavoces de PSOE e IU, Maru Menéndez e Inés Sabanés, a primera hora de la tarde. Por la mañana, el socialista Adolfo Navarro había pedido cuentas al consejero por construirse “una fortaleza medieval, como si fuera el señor de un castillo feudal”. “Dice mucho de la ética y de la estética de Granados”, apuntaló el portavoz adjunto.

El PSOE no se cree que haya una promotora que opte por construir en Valdemoro –Granados fue su alcalde de 1999 a 2003–, y sin tener comprador asegurado, una casa de lujo sobre seis parcelas donde el planeamiento permitía levantar otros tantos chalés estándar. “Debería tener más vergüenza y explicarse. Si no tiene nada que ocultar y es rico de familia, que lo diga públicamente”, concluyó Navarro.

David Pérez, portavoz del PP en la Cámara, descartó todo vínculo de Granados con la mansión y acusó al PSOE de propalar “ignominias”. En el escrito a PSOE e IU, Granados cita a su mujer, Nieves Alarcón Castellanos. El consejero lo hace para informar que es “profesora de universidad”. Pero obvia un dato de máxima relevancia: desde el 17 de julio de 2008, Alarcón pertenece al consejo de administración de Caja de Madrid de Pensiones, SA, entidad gestora de fondos de pensiones.

Fuentes de la caja madrileña confirmaron ayer a Público que Alarcón representa en esa empresa a la Comunidad, es decir, a la institución donde su marido ocupa el tercer puesto en rango. Otras fuentes de la entidad aseguraron que Alarcón percibe al mes 1.803 euros brutos (1.175 netos) en dietas por asistencia al consejo. Este diario no logró que el Ejecutivo desvele qué criterios ha seguido para asignar uno de los 15 asientos del consejo de Caja Madrid de Pensiones a la esposa de Granados, profesora de Economía Política en el Centro Universitario Villanueva, de titularidad privada y adscrito a la Complutense.

Alarcón –cuya pertenencia al consejo de la citada sociedad desconocía la oposición– se suma así a la lista de miembros de confianza del PP a los que Aguirre ha acomodado en la órbita de Cibeles, la corporación que aglutina las participaciones financieras de la caja madrileña y a la que pertenece la gestora de pensiones. En esa nómina ya figuran el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela, el ex ministro del Interior Ángel Acebes y Carmen Cavero, cuñada del vicepresidente, Ignacio González.

En los dos folios remitidos a la oposición –a los que se une un tercero con su currículum–, Granados confiesa un patrimonio inmobiliario de 351.000 euros, correspondientes a un piso de 110 metros cuadrados y un dúplex de 164 metros, ambos en Valdemoro. Además, declara que en 2007 compró una vivienda adosada de 143 metros por 450.760 euros, de los que todavía debe 330.000 euros. “El resto de bienes corresponde a la herencia de mi padre”, apunta.

“Siempre hemos disfrutado de una buena situación económica”, sostiene el consejero. El jueves pasado, dijo a Público que antes de llegar a la política trabajaba en Bolsa y ganaba “bastante dinero”, más que ahora. “Todas mis adquisiciones, aunque modestas, se han realizado sin ningún trato de favor”, explicita en los folios.

Menéndez perseverará en su reclamación: “Le agradezco al consejero el documento, pero no nos vale. Pedimos declaración de bienes, que incluya sus cuentas corrientes. Y que explique por qué su mujer tutela las obras de una casa que no es suya”. En IU tampoco convencen esos dos folios, pero reiteran que ya han pedido el cese de Granados. El PSOE lo volvió a exigir ayer.

(www.publico.es, 25/02/09)

ALUVIÓN DE CONTRATOS A FAMILIARES EN VALDEMORO

Hijo, primo, cuñado, tío, hermano, sobrino, esposa o madre. Esa es la relación de parentesco que hay entre ediles y ex ediles del PP en de Valdemoro (58.623 habitantes) y 19 trabajadores municipales a los que, según la Inspección de Trabajo, se otorgó contratos temporales incumpliendo las normas laborales. En algunos casos, los contratos se encadenaron hasta convertirse en indefinidos.

De los 20 contratos de familiares que denunció el PSOE ante la Inspección, nueve corresponden a la etapa de Granados como alcalde. Los restantes se suscribieron cuando José Miguel Moreno, hombre fuerte del hoy consejero, ya había accedido a la alcaldía, a finales de 2003.

En la lista figuran dos primos de la mujer de Granados, según el PSOE, cuya relación de contratos indica que se lleva la palma el anterior edil de Urbanismo, Juan Carlos Bravo-Burguillos: cinco parientes en el Ayuntamiento, entre ellos, su esposa. La cuñada del actual regidor, casada con un alto cargo de la Comunidad, también aparece. Los socialistas ya han planteado una moción en la que exigen responsabilidades políticas. La Inspección subraya que en la mayoría de los casos el Ayuntamiento “violó” el precepto del Estatuto de los Trabajadores que prohíbe la contratación temporal para tareas ordinarias. Una portavoz del Consistorio dijo ayer que no poseía datos suficientes sobre el asunto.

(www.publico.es, 25/02/09)

GRANADOS DETALLA SU PATRIMONIO A LA OPOSICIÓN

Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, mandó ayer su declaración de bienes al PSOE e IU. La oposición regional se la había exigido a raíz de una información del diario Público en la que se relataba que Obras y Vías, una promotora inmobiliaria con intereses en Valdemoro -localidad de la que Granados fue alcalde-, construye una mansión en dicho municipio por encargo del consejero.

Dicha firma es un grupo empresarial que, además, era la titular del coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón, la esposa de Granados. Según el propio consejero, la casa no la han comprado todavía, pero admite que el proyecto lo encargó su mujer. De hecho, ésta ha visitado las obras unas 8 o 10 veces.

Según el documento remitido por el consejero a Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), Granados y su esposa poseen tres viviendas. Un piso de 110 metros cuadrados en Valdemoro, que costó 72.000 euros en 1993; un dúplex de 164 metros cuadrados, también en Valdemoro, por el que pagó 127.504 euros; y una tercera vivienda, la última que compró, un chalé de 143 metros cuadrados que costó 450.760 euros y por el que tiene una hipoteca pendiente de 330.000 euros.

El dinero total desembolsado hasta la fecha por el matrimonio Granados para la adquisición de todo su patrimonio, asegura el consejero, es de 351.000 euros. "Una cantidad muy razonable para un matrimonio después de 18 años de trabajo", dice Granados en el documento que ha remitido a la oposición.

GRANADOS RESPONDE QUE TIENE BIENES POR UN VALOR TOTAL DE 348.000 EUROS Y UNA HIPOTECA DE 450.000

Granados, según aclara, no tiene nada que ver con la mansión que según denunciaron ayer Público e Interviú, una constructora le está haciendo en Valdemoro. Por cierto la misma empresa que en 2006 tenía a su nombre el mini de su mujer. Entonces lo justificó porque no le había dado tiempo a resolver el papeleo. Poco después de que el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid le diera un ultimatum de 48 horas para que hicera público su patrimonio, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha remitido a los portavoces de la oposición un informe en el que explica que tiene una hipoteca por un valor de 450.000 euros, de la que restan por pagar 330.000 euros, correspondiente a su domicilio en Valdemoro. El documento informa, además, del resto de sus bienes y cuándo los ha comprado, así como que todas las adquisiciones que ha realizado en los últimos 18 años tienen un valor total de 348.000 euros.

Con ello, Granados pretende demostrar que no tiene "nada que ocultar", según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.

Ultimatum socialista

El grupo socialista en la Asamblea de Madrid había pedido esta mañana la lista de sus bienes. De no hacerlo en 48 horas, había amenazado con hacer uso de su derecho reglamentario, a través de la Comisión del Estatuto del Diputado o por otras vías legales, para acceder a la copia de su declaración del IRPF y de bienes”.

Cese de Granados

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Adolfo Navarro, exigió a Esperanza Aguirre el cese de Francisco Granados por estar políticamente incapacitado para seguir ejerciendo el cargo “por el aluvión de indicios sobre su implicación en la trama de espionaje y la trama corrupta fraguada en los aledaños o dentro del PP de Madrid”.

De consejero a “señor feudal”

“Hemos tenido conocimiento de que el señor Granados, además de poseer un patrimonio inmobiliario importante, se está construyendo el equivalente a una fortaleza medieval. La impresión es que se está haciendo el castillo de un señor feudal que desde la colina mira a los súbditos de Valdemoro. Esto dice mucho de la ética de Francisco Granados”, concluyó el portavoz socialista.

(www.elplural.com, 24/02/09)



UNA PROMOTORA LEVANTA UNA MANSIÓN A GUSTO DE GRANADOS

Estos son los hechos: una promotora inmobiliaria construye desde 2006 en Valdemoro (58.623 habitantes) una casa de lujo de 1.000 metros sobre seis parcelas donde el Plan General permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros. ¿Para quién se levanta una mansión de esas características, diseñada a medida y mucho más difícil de vender en el mercado libre que seis pareados, con o sin boom inmobiliario?

Oficialmente, es un misterio. Pero se sabe que Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados, el número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre, "encargó" el proyecto con la idea de comprar la casa. Y se sabe que, tres años después y pese a que la compra nunca llegó a "materializarse", Nieves Alarcón visita asiduamente la obra porque la pareja sigue "interesada" en la vivienda, tanto que sus constructores le han dado incluso la opción de elegir "los suelos de mármol".

Los entrecomillados pertenecen a las declaraciones efectuadas el pasado jueves a Público por Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, secretario general del PP en la Comunidad y alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Y la inmobiliaria que en 2006 obtuvo la licencia de obras forma parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón.

Granados ofrece una explicación insólita: el proyecto para la vivienda fue encargado por su mujer en torno al otoño de 2006 tras el incendio del citado Mini Cooper y sin que mediara título de compra al grupo Obras y Vías. Por ese motivo, Nieves Alarcón "puede aparecer" en el expediente de la licencia. ¿En calidad de qué?: "Como la que se va a hacer la casa", respondió el consejero. ¿Y por qué actúa como propietaria, dando indicaciones a los responsables de la obra? "Será la propietaria cuando la compremos [la casa], si la compramos", espeta.

"Nos hicieron unos bocetos e incluso se encargó un proyecto con lo que íbamos a construir pero luego, como dijimos que no queríamos la casa, pues se quedó Obras y Vías con él. Supongo que eso estará a nombre de Obras y Vías", explica.

Sin haber abonado un euro a la promotora inmobiliaria, Nieves Alarcón suele visitar el inmueble -"la citan los martes", dice su marido- para abordar la marcha de las obras, según fuentes conocedoras del proyecto. Granados rebaja esa afirmación aunque admite que su mujer ha acudido allí "ocho o diez veces" en seis meses. Y que los promotores siguen algunas de sus indicaciones por si, finalmente, el matrimonio se decide a comprar. "Una cosa es que uno pretenda comprar una cosa y que diga: pues a mí me gustaría que pusiera esto así y esto asao. Y otra cosa es dónde, por decirlo clarmaente, dónde está ahí la corrupción o el escándalo".

Pero la vivienda, remacha el también presidente local del PP en Valdemoro, no es suya. "Yo no me voy a ir a una casa que esté a nombre de otro, ni la constructora está por ser mi testaferro", argumenta.

Según Granados, en 2008 su mujer vio que la obra estaba "medio parada", se dijo "pues igual la venden", preguntó y comenzó a acudir los martes. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, en efecto, las obras se ralentizaron, pero sólo por un error técnico: al alzar los tabiques no se dejó el hueco necesario para la compleja red de canalización eléctrica -es una casa domótica- y de climatización.

Granados, que ha visitado "un par de veces" el inmueble, niega saber si el sótano dispondrá no sólo de garaje -"para tres plazas", afirma- sino también de piscina, gimnasio, bodega, dos salones de juego, cuarto de servicio y lavadero. Un ascensor de cristal enlazará las tres plantas, cuentan quienes conocen el proyecto.

El dirigente conservador asegura que no llegó a comprar porque, en 2006, Obras y Vías le pidió un millón de euros por ejecutar el proyecto. La vivienda consta de dos pisos con terraza voladiza más sótano habitable a razón de unos 300 metros por planta, lo que significa que, en aquel momento de precios disparados, Granados habría tenido que pagar, según su versión, sólo 1.000 euros por metro cuadrado construido. El cuarto trimestre de 2006, el precio medio en España se situó en 1.958 euros por metro.

Proyectada sobre una superficie de 1.721 metros y abalconada sobre un parque público, la vivienda se construye en la calle Chequia con la licencia lograda en febrero de 2006 por la empresa Vicfidem Proyectos SL. Esa promotora es una de las múltiples filiales de Obras y Vías SA, que en 2007 facturó 79,1 millones de euros. Ambas sociedades tienen como presidente a Ramiro Cid Sicluna.

El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo. Y ese precio constituye otra incógnita: los responsables de Vicfidem no ha devuelto las llamadas de este periódico.

Aunque Granados reitera que se decidió finalmente a comprar un chalé adosado, aún quiere la mansión, dice. Si vende los dos pisos que la pareja posee y tiene ya "pagados", lo hará. Y si puede vender su tercera propiedad, el adosado "con hipoteca" donde ahora reside -"costó 80 millones [de pesetas] y me dan 50"- , también se desprenderá de él. "Antes de entrar en política -aduce el consejero-, yo trabajaba en Bolsa y gané bastante dinero". Su mujer es profesora.

A tenor de sus palabras, también la promotora está interesada en que los Granados formalicen la compra: "Alguna vez me han preguntado [la promotora]: oye, te damos facilidad y nos quedamos con los pisos. No, no, yo no quiero dar pisos de entrada a ninguna constructora, no quiero líos, yo si vendo los pisos doy una entrada… si tengo dinero".

Según Granados, el terreno cambió de manos antes de que comenzaran las obras. Y su actual propietaria es una constructora cuyo nombre ignora y al frente de la cual se sitúa un tal "Consuelo" cuyos apellidos también desconoce, pese a que su mujer se ha entrevistado con él en la obra "ocho o diez veces" . Y pese, también, a que, según Granados, les pide ahora 1,2 millones por la casa.

En realidad, la transacción fue parcial y se produjo en mayo del año pasado, cuando los trabajos ya estaban avanzados. Ese mes, las empresas Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL -cuyo administrador único es el aparejador Consuelo Astasio- y Conde Guedan SL adquirieron mancomunadamente cuatro de las seis parcelas. Vicfidem conservó las otras dos. Granados habló con Público dos días después de que, el martes pasado, Nieves Alarcón fuese fotografiada a su llegada a la mansión.

(www.publico.es, 23/02/09)



LAS FECHAS NO CUADRAN

Granados sostiene que la primera conversación con Obras y Vías sobre la posibilidad de construir una casa en la calle Chequia cuando alguien prendió fuego al Mini Cooper en el garaje de la vivienda donde entonces residía la familia, en la calle Guardia Civil de Valdemoro. Pero ese incendio, nunca esclarecido y que destapó la verdadera identidad del titular del vehículo -Grandes Locales de Negocio, filial de Obras y Vías-, se produjo el 23 de octubre de 2006.

Pero en fecha, Vicfidem, filial de Obras y Vías, ya tenía la licencia de obras de la mansión. La junta de gobierno del ayuntamiento de Valdemoro la había otorgado el 16 de febrero. Y la solicitud se registró el 27 de diciembre de 2005.

Es más, según el arquitecto municipal de Valdemoro, el proyecto básico data del 14 de junio de 2005. Y el de ejecución, de noviembre de 2006. Llevan la firma del arquitecto Carlos de Rojas, con quien Público no ha logrado contactar.

Según Granados, fue el incendio lo que decidió a la pareja a buscar suelo para hacerse una casa. Eligieron El Caracol, una zona de expansión donde Obras y Vías poseía, dice el consejero, la mayor parte del terreno.

El viernes, el arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro, mostró a este periódico varios documentos del expediente, pero no el proyecto básico ni el de ejecución, donde, teóricamente, debe constar no sólo quién pide la licencia sino por encargo de quién se promueve la obra. Navarro invocó la Ley de Protección de Datos.

Tanto él como la letrada de Urbanismo afirmaron que el nombre de Nieves Alarcón no consta en el expediente urbanístico de la casa de la calle Chequia. Fuentes conocedoras de ese expediente sostienen que, al menos en el verano de 2006, sí figuraba.

El arquitecto Navarro confirmó que desde febrero de 2006 no se ha notificado ningún cambio en la titularidad de la licencia, ni en el proyecto de obras, ni en la dirección facultativa. Cualquier cambio en la titularidad o en el proyecto, precisó el alto funcionario municipal, resulta de notificación obligatoria al ayuntamiento. El jueves, Granados había asegurado que el proyecto definitivo difiere del que encargó su mujer aunque "la estructura básica" coincide.

Respecto al vehículo quemado, el consejero mantiene que Tráfico no había tramitado la transferencia. En octubre de 2006, El País publicó que la transferencia no se había iniciado.

(www.publico.es, 23/02/09)

UN CONSEJERO DE AGUIRRE DENUNCIA NUEVOS 'DOSSIERS' SOBRE SU PATRIMONIO

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha tenido que salir al paso de nuevos dossiers que le involucran en negocios ilegales con constructores. Alguno de los informes incluye fotografías de sus propiedades. Granados quiere conocer al detalle el alcance del seguimiento del que ha sido objeto y sus autores para decidir si presenta una querella.

Los dossiers vuelven a tener origen desconocido, y el consejero se muestra tan inquieto como en su día lo estuvo el vicepresidente Ignacio González, que denunció en los juzgados el seguimiento del que fue objeto. González llegó a sugerir que esos dossiers (que le atribuían trato de favor a empresarios) podrían tener su origen en la propia Comunidad.

El primer dossier se refiere a la empresa DICO, que vendió a Granados la vivienda en la que reside en Valdemoro, municipio madrileño del que fue alcalde. El director financiero de la empresa, despedido del puesto, se hizo eco del dossier y denunció en Interviú la semana pasada que el consejero cobraba sobornos a cambio de dar trato de favor a DICO. Granados lo niega y ha formalizado un requerimiento notarial contra el directivo de DICO, que, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico, se ha desdicho de lo denunciado en Interviú.

El otro asunto que ha dado lugar a un nuevo dossier tiene que ver con una historia antigua: la venta por parte de Granados de una vivienda que había empezado a comprar en Marbella. Se la vendió a un constructor de Valdemoro, David Marjaliza, ex edil del PP y amigo del consejero. Granados ya explicó los detalles de aquella operación de compraventa y mostró en su día los certificados de la transacción que supuestamente demostraban que no había ganado nada.

Por último, circula un tercer documento anónimo que vincula a Granados con el constructor Marjaliza en una adjudicación de suelo supuestamente amañada en otro municipio, Parla, gobernado por el socialista Tomás Gómez cuando ocurrieron los hechos. El dossier, que no ofrece pruebas, sugiere que la adjudicación benefició a Marjaliza y, de forma indirecta, al consejero Granados.

(www.elpais.com, 23/02/09)

EL PSOE DENUNCIA QUE UNA CUÑADA DE GRANADOS HAYA OBTENIDO UN CARGO

Madrid.- María del Mar Alarcón Castellanos es profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos.

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha denunciado que en la última reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrada el pasado jueves en ausencia de la presidenta Esperanza Aguirre, una cuñada del consejero Granados fue nombrada responsable del Servicio regional de Seguridad Social y Salud Laboral.

Se trata de María del Mar Alarcón Castellanos, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

Gómez ha dicho que le "parece una tomadura de pelo, con la que está cayendo, que el jueves, en ese Consejo de Gobierno al que no acudió Aguirre, y después del cuál Granados e Ignacio González aparecieron juntos, se tomara el acuerdo de nombrar a la señora María del Mar Alarcón Castellanos, cuñada de Granados, responsable del Servicio de Seguridad Social y Salud Laboral de la Comunidad de Madrid".

"Éste no es el cortijo de nadie; ésta es la Comunidad líder en España y tiene que aspirar a liderar Europa", se ha quejado el dirigente socialista, que la víspera afirmó que Granados "no tiene autoridad moral para seguir siendo consejero".

EFE @ 24-01-2009 15:07

EL GOBIERNO DE AGUIRRE ACUSA A ZAPATERO DE FINANCIAR A LOS TERRORISTAS

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la comunidad de Madrid, Francisco Granados, volvió a usar el Pleno de la Asamblea para arremeter contra el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, acusándole de “financiar a 41 ayuntamientos gobernados por los terroristas” con su plan anticrisis (que pondrá a disposición de los consistorios un fondo de 8.000 millones de euros, 31,7 para localidadas gobernadas por ANV). Las reacciones fueron inmediatas: mientras la bancada popular rompió en aplausos, en las filas socialistas cundió la indignación y los pitidos. La portavoz socialista, Maru Menéndez, ya ha exigido una rectificación. “No vamos a tolerarle que haga semejantes afirmaciones ni semejantes acusaciones”, señaló, remarcando que “al PP la posición de Estado en la lucha terrorista le ha durado cuatro meses”.

“Ustedes (por los socialistas) con el plan van a financiar a 41 ayuntamientos gobernados por terroristas” dijo Granados, respondiendo a una pregunta del también popular Juan Van–Halen. Entre los pitidos de los socialistas y los aplausos de los suyos, el consejero prosiguió señalando que, no obstante, los ayuntamientos del PP optarán por solicitar dinero del fondo. “Vamos a recomendar que cojan el dinero, pero la medida es sumamente negativa” apuntó, criticando “la precipitación y falta de planificación” del Gobierno central que, por ejemplo, pide a los consistorios presentar los proyectos en un mes, recoge Europa Press.

“No vamos a tolerarlo”
La acusación contra Zapatero crispó a las filas socialistas. Maru Menéndez, la portavoz de este grupo en la Asamblea, exigió a Granados que rectificara sus palabras y que las retirara del diario de sesiones. De lo contrario, amenazó, adoptarán “todas las medidas precisas”. “Nosotros no vamos de ninguna manera a tolerar que se hagan semejantes acusaciones porque nos parecen gravísimas. Eso sí que nos parece realmente grave”, remarcó. “Al PP la posición de Estado en la lucha antiterrorista le ha durado cuatro meses” sentenció, y prosiguió calificando de “lamentable” empañar el Plan anticrisis municipal vinculándolo al terrorismo.

Contraataque popular
Por otra parte, su hómólogo popular, David Pérez, dijo no comprender por qué el Partido Socialista “sale con esa acusación”. “Probablemente sea porque el PSOE quiere tapar la vergüenza de que hoy todavía haya 40 ayuntamientos gobernados por ETA por culpa del señor Zapatero, que se niega a disolver esos ayuntamientos”, insistió el portavoz del PP.

A vueltas con Pedro Castro
Entrando en otras cuestiones, cabe destacar que Granados retomó la polémica de Pedro Castro, el alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que llamó “tontos de los cojones” a los votantes del PP, lamentando también que Tomás Gómez, secretario de los socialistas madrileños, les calificara de “indecentes”. Van-Halen, a su vez, entró en el juego con ironía, aseverando que para los populares no es fácil entender el Plan de Zapatero porque son “tontos de los cojones”. “Usted, 10 millones (de personas) y yo somos tontos de los cojones”, satirizó.

www.elplural.com 12/12/2008

FUNCIONARIOS DE MADRID INVESTIGAN A UN CONSEJERO DESTITUIDO POR AGUIRRE

La crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 25 de junio, que acabó con la destitución de los dos consejeros que se habían aproximado a Mariano Rajoy, Manuel Lamela y Alfredo Prada, tiene rescoldos imprevistos. Prada, miembro del Comité Ejecutivo del PP a propuesta de Rajoy, salió del Gobierno de Esperanza Aguirre dando un portazo y se negó a acudir a la toma de posesión de su sucesor, Francisco Granados, en la consejería de Justicia. Ahora ha montado en cólera al saber que un alto cargo dependiente de este último, el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, encabezó el registro de un despacho del Campus de la Justicia, el proyecto estrella de Aguirre -300 millones de presupuesto-, y que dependía directamente del destituido Prada. Gamón puso vigilancia durante días en el despacho y, según varios testigos, se llevó documentos y un ordenador.

El jueves 26 de junio de 2008, a las 10.30, Gamón se presentó en la sede de la sociedad pública regional Campus de la Justicia con cuatro subordinados suyos de la consejería de Interior. El equipo de Gamón requisó diversos documentos de la mesa del director adjunto de Seguridad de esta entidad, Juan Carlos Fernández, que en esos momentos estaba en el funeral de un pariente, y, días más tarde, el ordenador.

Gamón pidió las llaves y cerró el despacho hasta el lunes. El directivo registrado no es un cargo cualquiera: fue director general de Seguridad de la Comunidad cuando Prada gestionaba la Consejería de Interior. El mismo Prada sustituyó a Fernández por Gamón a petición de Aguirre, según fuentes del Ejecutivo regional.

Granados admite que Prada le llamó enfadado al enterarse de lo que había pasado. Él sostiene, sin embargo, que "no hay ni una sola instrucción por parte del consejero para que nadie se desplace al Campus de la Justicia para nada que no sea el normal traspaso de poderes".

Gamón, según confirman varios funcionarios, dejó a uno de sus hombres como custodio durante días en ese despacho de la empresa del Campus de la Justicia a pesar de que, en teoría, no había nada precintado. Sin embargo, el despacho quedó cerrado la mañana del jueves hasta el lunes por orden de Gamón. El sábado por la mañana se retiró un ordenador que no ha sido devuelto, según los testigos consultados.

Granados admite sólo una parte. "Entiendo", dice el consejero, "que los papeles en los que se ha interesado Gamón eran los contratos de seguridad del Campus de la Justicia". Sin embargo, algunos de los funcionarios que efectuaron el registro comentaron que buscaban un supuesto informe patrimonial de un miembro del Gobierno de Aguirre.

"Prada me llamó y se quejó de que había una persona de seguridad custodiando ese despacho. Efectivamente, esa persona fue retirada inmediatamente tras la llamada, el jueves pasado. Hasta donde yo sé, parece que alguien se ha quejado de que había desaparecido un portátil, pero no me consta que se haya mirado ningún papel más que la copia de los contratos de seguridad, y no por orden mía", prosigue Granados. Otras fuentes apuntan que el viceconsejero de Justicia, Alfonso Cuenca, había informado a Granados del registro la mañana en que comenzó. La pasada semana, antes de la llamada de Prada a Granados, Aguirre habló por teléfono con Prada y le pidió disculpas por el incidente, del que se declaró completamente ajena. Prada, según distintas fuentes consultadas, trasladó ese mensaje, que dio por bueno, a sus enfurecidos ex subordinados, que le pidieron acudir a los tribunales.

"Nos han dejado a los pies de los caballos. Parece que tenemos algo que ocultar, y no tenemos nada que ocultar. Han cometido media docena de delitos con esta acción. Violación de la correspondencia, acoso laboral, coacciones, ataque a nuestro honor e imagen...", dijeron a Prada.

Hay un punto común en el análisis que hacen los hombres de Prada: "Si esto es una torpeza personal de Gamón, que lo destituyan, y si cumplía órdenes, que expliquen cuáles eran y quién se las dio". Porque hay algo que les parece evidente: "Si alguien sospecha de alguna información irregular en poder de dicho cargo de Justicia, que acudan a los tribunales y la requisen con orden judicial, y si se trataba de informarse para afrontar una nueva andadura política, éstas nunca debieron ser las formas". Esta invasión-custodia del despacho del jefe adjunto de seguridad de Campus de la Justicia ha tenido como testigos, al visitar la sede, entre otros, al viceconsejero de Francisco Granados, Alejandro Hallfter.

Los hombres de Prada creen que este incidente debería saldarse con la responsabilidad política de los superiores de Gamón, un hombre que ya fue jefe de la escolta personal de Aguirre en su etapa de presidenta del Senado. Este ex comisario niega a través de una portavoz que haya requisado documentación u ordenador alguno de Campus de la Justicia, pero declina hablar con este diario para rebatir lo que acreditan testigos y personas vinculadas con la consejería de Justicia.

(www.elpais.com, 07/07/08)

GUERRA ENTRE AGUIRRISTAS

El entorno de Esperanza Aguirre vive semanas convulsas. Aguirre está convencida, dicen los suyos, de que Mariano Rajoy quiere dividir a su gente y por eso está analizando más que nunca cuáles son sus verdaderos incondicionales. El congreso del PP demostró, según el análisis de los aguirristas, que tanto Manuel Lamela como Alfredo Prada no lo eran. ¿Por qué? Porque en el momento clave, cuando más claro era el choque entre Aguirre y Rajoy, ellos se acercaron al líder del PP.

Lamela ha ingresado en la Junta Directiva por decisión de Rajoy, una muestra clara de confianza. El caso de Prada, enfrentado con la mano derecha de Aguirre, Ignacio González, es mucho más complejo. La presidenta le había dado a Rajoy dos nombres que ella deseaba que entraran en el Comité Ejecutivo del PP: Ignacio González y Francisco Granados. En un gesto de hostilidad, el líder no colocó allí a ninguno de los dos, y sí a Prada. Cuando éste llamó a la presidenta para contárselo, ella no le autorizó. "Tú sabrás lo que haces", fue su respuesta. Sin embargo, él aceptó el puesto que le ofrecía Rajoy.

(www.elpais.com, 07/07/08)

EL AUTOR DEL REGISTRO A UNA OFICINA DE UN EX CONSEJERO DE AGUIRRE SERÁ DESTITUIDO

El consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, el popular Francisco Granados, planea prescindir de su actual director general de Seguridad, Sergio Gamón, autor del registro y requisa de material del despacho de un alto cargo de la Consejería de Justicia. La actuación se produjo al día siguiente del cese del anterior titular de Justicia, Alfredo Prada. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, prescindió de Prada tras ser fichado para el comité directivo del PP por Mariano Rajoy.

La medida, que planteará Granados en un próximo Consejo de Gobierno, ya ha sido consultada y confirmada con la presidenta regional, que tiene la última palabra. Gamón, sabedor desde el jueves pasado por Granados de su inminente destitución, ya ha celebrado una reunión con su equipo de confianza para relatarles estos pormenores y despedirse.

Gamón incluso les ha detallado presentó su dimisión a Granados, pero que éste la rechazó para que su salida se produzca dentro de la remodelación en sus consejerías que ha perfilado, y que verá la luz en un próximo Consejo de Gobierno. La explicación dada a Gamón sobre su relevo suma dos razones: "pérdida de confianza" y la comisión de una "torpeza" mayúscula. No en vano, según la tesis oficial que han defendido tanto Aguirre como el propio Granados, el jefe directo de Gamón, ninguno de ellos le ordenó tal registro del despacho de la cúpula de seguridad de la sociedad Campus de la Justicia, dependiente de la Consejería de Justicia.

Paradójicamente, la versión de Prada y su equipo -"nadie nos ha investigado porque no tienen nada que investigar, ya que no hemos cometido ninguna irregularidad"- coincide con la que ofrece el entorno de Granados: "No tenemos ninguna sospecha que nos moviera a investigar al equipo de Prada, pero, si la hubiera, el método nunca sería enviar una especie de pelotón de geos".

PSOE e IU han exigido que Granados explique en la Asamblea regional el "presunto espionaje" al ex consejero Prada. Entienden que es un episodio muy grave de la lucha interna del PP y una violación de la intimidad.

En el catálogo de "torpezas" acumuladas por Gamón al registrar el despacho de los jefes de la seguridad de Campus de la Justicia, la consejería de Granados tiene acreditadas, al menos, las siguientes: se retiraron las llaves del coche oficial al máximo responsable de seguridad, se dejó un vigilante en la puerta de la oficina y se requisaron documentos del citado departamento.

Los funcionarios de Justicia testigos de tal irrupción de tono policial añaden que además fue retirado el ordenador del director adjunto de Seguridad del Campus de la Justicia, intervenido cuanto papel había sobre su mesa y además se clausuró el despacho desde el jueves 26 de junio hasta el lunes 29 de junio.

Granados asegura que no tuvo conocimiento del registro en el Campus de la Justicia hasta el pasado martes 1 de julio. Ese día conoció las disculpas ofrecidas por la presidenta regional a Prada por una actuación que parecía echar sombras sobre la gestión de un área del citado ex consejero. Granados matiza que no supo de la gravedad del incidente generado por su director general de Seguridad hasta el jueves 3 de julio, día en que, tras hablar directamente con Prada, ordenó restituir el vehículo confiscado y retirar al vigilante dejado por Gamón desde una semana antes.

Este calendario choca con el hecho de que, según fuentes del equipo de Prada, Granados fue informado del registro en la mañana en que se produjo por boca del viceconsejero de Justicia, Alfonso Cuenca.

Prada se da por satisfecho con las disculpas de la presidenta regional, pero sus ex subordinados en el Campus de la Justicia exigen una restitución de su honor, que juzgan maltrecho por una actuación irregular de Gamón.

(www.elpais.com, 08/07/08)

GAMÓN: "ACTUÉ A LAS ÓRDENES DEL CONSEJERO, PERO NO ME LLEVÉ NADA"

Sergio Gamón, insiste en su inocencia total y asegura, en conversación telefónica con EL PAÍS, que en todo momento actuó a las órdenes del viceconsejero de Interior Alejandro Halffter, y del consejero, Francisco Granados.

Pregunta. ¿Por qué acudió a investigar los despachos de la Ciudad de la Justicia?

Respuesta. Yo no he entrado en ningún despacho, ni mis hombres tampoco. Ojalá haya cámaras que lo hayan grabado.

P. ¿Qué buscaban?

R. Porque el viceconsejero me ordenó que mirara cómo estaba el asunto de la seguridad en la Ciudad de la Justicia. Yo siempre he actuado a las órdenes del consejero o el viceconsejero, no hago nada por mi cuenta. Ni antes, cuando estaba a las órdenes de Prada, ni ahora con Granados. Sólo entré al despacho del director técnico, que se llama Isabelino, y me enseño los pliegos de seguridad, nada más. Y luego me estuvo enseñando las obras. Ni me he llevado ningún ordenador, ni nada.

P. ¿Por qué dejaron un hombre custodiando eso? ¿Qué temían?

R. Eso son dependencias de la Comunidad y allí no había ningún tipo de seguridad. Pero lo retiramos en cuanto nos lo pidieron. Yo siempre he obedecido órdenes del consejero. Pero tampoco he recibido ninguna orden con la que yo me sintiera molesto, algo que yo considere que no es correcto.

P. ¿Es normal irrumpir así en un despacho oficial?

R. Insisto en que no entré en ningún despacho. Por mi trabajo anterior [era policía] yo sé que en una situación así no debo tocar nada. Y no toqué nada, ni un armario, ni un papel. Me han metido en un fregado y no tengo ni fregona.

(www.elpais.com, 08/07/08)

GRANADOS: "DENTRO DE MI CONSEJERÍA SE PUEDE MIRAR ABSOLUTAMENTE TODO"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, ha confirmado esta mañana que el responsable de seguridad regional fue enviado al Campus de la Justicia para "mirar unos contratos" dentro de una dependencia "adscrita" al departamento que dirige, donde "se puede mirar absolutamente todo". "Es como si alguien me acusa de mirar en el cajón de mi mesa", ha añadido. Granados, que acompañaba a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en la inauguración de una piscina en Algete, se ha referido así a su presunta implicación en un caso "de espionaje" al ex consejero Alfredo Prada, en la que habría intervenido el director general de Seguridad, Sergio Gamón, por orden suya.

Según se ha publicado, el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, un alto cargo dependiente de Granados, encabezó el registro de un despacho del Campus de la Justicia relacionado con el ex consejero Prada, del que se supuestamente se llevó documentos y un ordenador Granados ha señalado que implicarle directamente a él en el presunto robo de documentación de su antecesor en el cargo es como si alguien le acusa "de mirar en el cajón" de su mesa, "qué es lo que hay o lo que no hay".

Respecto a la noticia de que el Gobierno regional ya ha dispuesto la destitución de Gamón, que publica hoy este diario, el consejero ha indicado que "no está en disposición de confirmar o desmentir" su futuro en la Administración regional y que éste depende de la reestructuración que se va a producir en breve en la Consejería que acaba de asumir. En este sentido ha indicado que en un próximo Consejo de Gobierno se procederá a los ceses y nombramientos a que dé lugar la restructuración de su área.

No obstante, lo que sí ha confirmado el consejero es que Gamón fue enviado a supervisar "unos contratos de seguridad el Campus de la Justicia" por el viceconsejero de Presidencia, Alejandro Halffter. "Eso es lo que se mira", ha hecho hincapié, para tildar a continuación las informaciones de este periódico de "periodismo creativo".

En conversación telefónica Sergio Gamón insiste en su inocencia total y asegura que en todo momento actuó a las órdenes de Halffter y de Granados. El todavía director general de Seguridad sostiene que no entró en ningún despacho y explica que acudió al Campus de la Justicia porque el viceconsejero le ordenó "que mirara cómo estaba el asunto de la seguridad" en el recinto.

"Yo siempre he actuado a las órdenes del consejero o el viceconsejero, no hago nada por mi cuenta. Ni antes, cuando estaba a las órdenes de Prada, ni ahora con Granados. Sólo entré al despacho del director técnico, que se llama Isabelino, y me enseño los pliegos de seguridad, nada más. Y luego me estuvo enseñando las obras. Ni me he llevado ningún ordenador, ni nada", subraya. "Me han metido en un fregado y no tengo ni fregona", se lamenta.

(www.elpais.com, 08/07/08)

AGUIRRE 'FICHA' AL JUEZ DE UNO DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN SOCIALISTA QUE MÁS AIREÓ EL PP

La transferencia de las competencias sobre el aeropuerto de Barajas y los trenes de Cercanías, entre otras, ha sido el argumento utilizado por la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre (PP), para su continuo enfrentamiento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En una medida que parece echar leña al fuego, Aguirre ha fichado ahora como director general de Política Interna y Relaciones con el Estado a Agustín Carretero, el juez del caso Ciempozuelos, que llevó a prisión a dos ex alcaldes socialistas por blanqueo de capital en Andorra.El Consejo de Gobierno que preside Aguirre anunció el pasado jueves el nombramiento de varios altos cargos. Entre ellos figuraba Agustín Carretero, de 41 años, titular del Juzgado número 2 de Valdemoro, y responsable de enviar a prisión a Pedro Torrejón cuando aún era alcalde de Ciempozuelos (ahora es concejal independiente), y a su antecesor en el cargo, Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE.

Estaban acusados de haber obtenido por vía ilícita a través de una empresa constructora grandes cantidades dinero que luego blanqueaban en Andorra. Todas las resoluciones que adoptó el juez en el caso, que sigue abierto, han sido confirmadas después por la Audiencia Provincial de Madrid. el caso Ciemozuelos fue el arma que utilizó el PP contra la gestión socialista en los ayuntamientos en la pasada campaña electoral.

Carretero, que no quiso hacer declaraciones ayer porque hasta el lunes no tomará posesión del cargo, dejará su plaza en comisión especial, según fuentes judiciales de su entorno. Éstas aseguran que está "satisfecho de su nuevo cometido". La labor de Carretero será negociar las transferencias del Estado, autorizar los espectáculos públicos (los encierros taurinos o las macrofiestas de Nochevieja) y tendrá competencia sobre los colegios profesionales y las asociaciones. También, según la Consejería de Presidencia, a la que pertenece, la atención a las víctimas del terrorismo.

El nombre de Carretero no pasó inadvertido en la conferencia de prensa que ofreció el vicepresidente regional, Ignacio González. Sin embargo, éste negó que se tratara del juez del caso Ciempozuelos. Una portavoz del Gobierno regional lo atribuyó ayer a que el nombramiento fue una sorpresa para el equipo de Esperanza Aguirre porque la propuesta de Carretero, que es hijo, hermano y sobrino de jueces, lo puso sobre la mesa el que será su jefe, el consejero de Presidencia, Francisco Granados, secretario regional del PP. Según la portavoz, "entró en el último momento".

"Los nombramientos son del Consejo de Gobierno y sus deliberaciones secretas, por lo tanto, no voy a comentar nada sobre ellas", declaró Granados, que sí dijo que Carretero es de su "absoluta confianza y probada profesionalidad". El consejero también negó que el Gobierno regional haya colocado al juez del caso Ciempozuelos al frente de las relaciones con el Estado con ánimo beligerante. "Es cierto que queremos potenciar en esta legislatura la negociación de las transferencias del aeropuerto y los Cercanías, pero sin enfrentamientos", zanjó.

No es la impresión que ha dado en el entorno socialista. La gestora que dirige en funciones el Partido Socialista de Madrid no quiso comentar el nombramiento ya que el caso Ciempozuelos todavía está sub júdice. Sin embargo, otras fuentes socialistas recalcaron que el papel del juez en la instrucción "ha sido polémico, por su enfrentamiento manifiesto con el Ministerio Fiscal". Y agregaron que su trabajo se ha retrasado inexplicablemente, lo que ha perjudicado al PSOE: "Antes de las pasadas elecciones podía haber dictado un auto de archivo o de juicio abreviado".

Hasta ahora, el caso más sonado de la marcha de un juez a la Administración había sido la del juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que fue delegado del Plan Nacional contra las Drogas, con rango de secretario de Estado con Felipe González. Al anunciarse su inclusión en la lista electoral, recibió en tromba las críticas del PP. El entonces portavoz del partido en el Congreso, Rodrigo Rato, llegó a lanzar sospechas sobre tratos de favor al PSOE en su etapa de juez: "Sería interesante saber desde cuándo Garzón piensa en clave socialista".

www.elpais.es 07.07.07

EL MAGISTRADO GARCÍA-CALVO, DE MONTERÍA CON SUS AMIGOS DEL PP MADRILEÑO

El controvertido magistrado del Tribunal Constitucional, Roberto García-Calvo se ha convertido en el principal azote de la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas a quien quiere apartar de su cargo, una maniobra muy relacionada con el recurso de anticonstitucionalidad del Estatut planteado por el PP. De él sabíamos su pasado franquista y que se ha convertido en una de las mejores bazas de de los populares en la lucha contra el la reforma catalana. Pues bien, el magistrado no sólo comparte con el partido conservador lo que parece una estrategia común, sino también su tiempo libre. Según ha podido saber El Plural, García-Calvo participó recientemente en una cacería junto a destacados miembros del Partido Popular madrileño en una finca exclusiva de Ciudad Real.

Entre los asistentes figuraban el actual secretario general del PP de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, el consejero de Presidencia, Francisco Granados; el ex secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada -que se vio envuelto por casualidad en el tamayazo-; los alcaldes de Las Rozas, Bonifacio de Santiago y de Majadahonda, Narciso de Foxá, ambos del PP; y el gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega Alonso.

Por todo lo alto

La montería se celebró en el Valle de Alcudia, una de las mejores zonas cinegéticas de España. García-Calvo eligió la finca Los Collados de San Benito para disfrutar de su afición a la caza en compañía de sus amigos populares. La montería en la que participó no baja de los 9.000 euros y destaca por su suntuosidad. Los cazadores llegan el viernes por la tarde y se pasan hasta el domingo cazando jabalíes o venados. Pero los participantes no sólo disfrutan de su deporte favorito, también aprovechan para degustar espléndidos manjares y mejores vinos. Según ha podido saber El Plural, se transporta expresamente marisco a la finca en un helicóptero.

Recusación pendiente

El magistrado podría convertirse en el primer miembro del Tribunal Constitucional, junto a su compañero también de las filas conservadoras, Jorge Rodríguez Zapata, en ser recusado por el Gobierno. La Abogacía General del Estado considera que el hecho de que ambos se hayan pronunciado ya públicamente en contra del Estatut catalán apoyando la postura del PP les inhabilita para participar en el recurso contra el mismo.

El cazador cazado

El pasado 7 de octubre el diario El País presentaba al magistrado como el artífice de la estrategia del PP ontra la presidenta del Constitucional. El periódico de Prisa recordaba que la fidelidad al PP del antiguo franquista le viene de lejos, desde que fue nombrado gobernador civil de Almería y jefe del Movimiento por Arias Navarro en 1976 cuando el partido conservador se llamaba AP. También explica que su inclusión por sorpresa en la lista de candidatos al Constitucional del PP en julio de 2001 provocó grandes controversias y que incluso los parlamentarios del PNV escribieron en su papeleta "No votaremos a García-Calvo porque es un facha". Sin embargo, al final salió adelante su nombramiento y se ha convertido en uno de los principales enemigos de María Emilia Casas, a quien quiere apartar de la presidencia.

(www.elplural.com, 15/10/07)

VILLAVICIOSA DE ODÓN : LA MILITANCIA CONTRA SU CANDIDATA

Cuando se acercan las elecciones, lo habitual es que los candidatos de cada partido se preocupen de arañar votos entre quienes no son de los suyos. Se entiende que cuentan con los de simpatizantes y militantes. De Perogrullo, sí, salvo si la tesis se aplica en un municipio del noroeste llamado Villaviciosa de Odón, gobernado desde las primeras elecciones democráticas por el PP y, si la situación no varía, a cuatro meses de ver cómo este partido pierde por primera vez las elecciones.

Allí, la realidad demuestra que la entrega a la causa no siempre está garantizada por el carné de partido. Allí hay tal pitote político montado que los afiliados (1.100) advierten abiertamente de la movilización que viene y de que no cuenten con su voto si Génova no da marcha atrás y cambia a la candidata elegida para defender sus siglas en los comicios municipales. A saber, la actual alcaldesa, Nieves García, aspirante (de momento y con la bendición de Esperanza Aguirre) a intentar repetir en el cargo urnas mediante.

«No, nos gusta como candidata porque ha demostrado ser una inepta, tiene el pueblo completamente paralizado», protesta un militante. Y es muy fácil escuchar idéntica sentencia en boca de otros afiliados siempre que se acceda a no facilitar su identidad. «No es una buena alcaldesa, ya lo ha demostrado, el pueblo está abandonado y ella no sabe tratar a los vecinos».

Claro que podría interpretarse todo como opiniones aisladas, pero ocurre que el mismo Comité Ejecutivo del PP en este municipio se ha posicionado oficialmente en este sentido. Sus 21 miembros han votado en contra de la candidatura de Nieves García. Y eso que ella preside este Comité. Es más, en su reunión del pasado 20 de diciembre abordaron el asunto de las candidaturas: se propusieron tres nombres y ninguno era el de la alcaldesa.

«Ella seguía presente, sí, pero en ningún momento dijo que quería ser candidata, se calló y puso sobre la mesa uno suyo, el de Encarna Dávila. Esperó a que se votaran los tres y, al final, nos dijo que daba igual lo que hubiéramos votado, que ella iba a ser la candidata», revela uno de los asistentes.

El resultado de aquella votación, enviado al día siguiente al presidente del Comité Electoral Regional del PP, Ignacio González, dio el apoyo mayoritario a Juan Pedro Izquierdo, actual concejal de Seguridad y secretario general del partido en Villaviciosa (17 de los 21 votos). El tercer nombre propuesto fue el del ex concejal de Cultura, Agustín Reguera, quien ha recogido 600 firmas entre la militancia contra la alcaldesa.

Todo eso ha llegado a Génova. Las firmas y numerosas cartas denunciando la situación. Incluso hay una muy detallada remitida al mismo presidente del PP, Mariano Rajoy, para reclamar su intervención. La última llegada a la sede popular es la de los actuales concejales del Gobierno municipal, que solicitan la dimisión de la edil de Urbanismo, Silvia Fernández Vaquero, que antes de ocupar este cargo era ordenanza en la Casa de la Cultura.

No sería la primera en cesar. En las dos legislaturas durante las que Nieves García ha sido alcaldesa, ocho concejales han abandonado en Ayuntamiento antes de cumplir el tiempo de su mandato.

«Muchos militantes hemos ido a Génova a contar lo que pasaba, algunos hemos pedido reunirnos con la presidenta del PP en Madrid [Esperanza Aguirre], pero no nos recibe. Nos hemos reunido con Francisco Granados, secretario general, y con Cristina Cifuentes, secretaria territorial, para informarles, pero lo único que hemos conseguido es que Esperanza Aguirre llamara a Juan Pedro Izquierdo y le pidiera tiempo», cuenta un afiliado.

Ni Granados ni Cifuentes han querido hacer declaraciones sobre el asunto más allá de intentar explicar que «la política de Esperanza Aguirre es confirmar como candidatos a todos los alcaldes del PP salvo que exista alguna sospecha de irregularidades en su gestión, y no es el caso».

Pese a ello, no son tampoco pocos los políticos con despacho en Génova que no entienden el empeño de Aguirre por mantener a Nieves García como candidata «con el riesgo evidente que supone porque, si se mantiene, aquí se cuenta ya con perder Villaviciosa y sería el primer municipio de la zona oeste, donde desde hace muchas elecciones gana el PP, en el que tendríamos una derrota».

Oficialmente, la respuesta del PP de Madrid alega que la votación de Juan Pedro Izquierdo como candidato no es válida porque los estatutos regionales obligan a realizar un paso previo: constituirse en Comité Electoral Local. Esto es, si el Comité Ejecutivo hubiera votado antes que su candidato ese trámite, la posible argumentación del partido sería mucho más complicada.

«El resultado habría sido el mismo, habría ganado Juan Pedro», replican desde Villaviciosa, «y en Génova lo saben perfectamente». ¿Por qué creen los militantes que se apuesta entonces por Nieves García? «No lo sabemos, no creemos que no sea un apersona honesta, pero lo que ha demostrado ser es una pésima alcaldesa. Perderá y no entendemos que Aguirre se resigne a eso». «A no ser que le deba algo», apunta otro afiliado.

En voz baja, hay quien sugiere que la resistencia a designar a un candidato electoral distinto de la alcaldesa persigue evitar que el gesto vuelva a atraer la atención hacia este municipio, que tras las últimas elecciones se relacionó con el tamayazo (la fuga de Tamayo y Sáez que provocó la repetición de los comicios).

En esta localidad tienen despacho inmobiliario los empresarios Francisco Bravo y su tío, Francisco Vázquez, del que es abogado Tamayo. Siendo alcaldesa Nieves García, se afiliaron todos sus trabajadores al PP, antes de que votaran a la misma mujer como presidenta del partido en Villaviciosa. Fue también bajo su mandato cuando el Ayuntamiento adjudicó al constructor en subasta, a muy buen precio, una parcela en el polígono de Quitapesares. Bravo reservó, además, las habitaciones de Tamayo y Sáez para la noche de su espantada y en la tarde de aquel 10 de junio se reunió en Génova con Ricardo Romero de Tejada, entonces secretario general del PP de Madrid y valedor de la alcaldesa hoy cuestionada.

www.elmundo.es 22.01.07

EL EX ALCALDE DE VALDEMORO VENDIÓ A UN CONSTRUCTOR DEL PUEBLO SU CHALÉ DE MARBELLA

Francisco Granados, secretario regional del PP de Madrid, consejero de Presidencia de la Comunidad y ex alcalde de Valdemoro, y José Miguel Moreno Torres, actual regidor de esta localidad madrileña de 45.000 habitantes, también del PP, vendieron en marzo de 2003 sus contiguos chalés de Marbella a una inmobiliaria del constructor de esa misma población David Marjaliza, según explicó ayer a este periódico el propio consejero. Ambos dirigentes del PP habían adelantado 33.000 euros por una vivienda que valía 200.000 y decidieron subrogarse en el constructor y recuperar el dinero invertido.

El empresario David Marjaliza es uno de los principales constructores de Valdemoro y fue, hasta 1995, concejal del PP en este municipio. Marjaliza, Granados y Moreno son amigos desde su juventud.

Según la versión de Granados, José Miguel Moreno, Marjaliza y él mismo -"amigos desde que teníamos 20 años", aclara- decidieron comprar en junio de 2002 sendos chalés en la urbanización El Arenal, en Marbella, animados por el propio Marjaliza, que había adquirido una vivienda en el mismo lugar.

Granados entregó a la promotora de su chalé como entrada "unos cinco millones de pesetas". Pero pasados unos meses, la esposa de Granados, según su versión, cambió de opinión y decidió que el matrimonio vendiera el inmueble. "Lo mismo hizo Moreno", según el secretario regional del PP.

Marjaliza decidió entonces recomprar, a través de una de sus empresas, las casas de Granados y Moreno. "Como decidimos vender antes de que estuvieran acabados los chalés [20 de marzo de 2003], ni siquiera llegamos a formalizar las escrituras", dice Granados. "La inmobiliaria [de Marjaliza] se subrogó y nos devolvió el dinero que habíamos adelantado, sin obtener ningún beneficio".

Granados presentó ayer a este periódico los justificantes de ingreso en su cuenta corriente de la recompra hecha por Marjaliza. El importe era el mismo que el que abonó Granados en la compra de 2002.

Según la documentación en poder de este periódico, en agosto de 2003, unos grandes almacenes de Madrid vendieron el mismo día a nombre de Granados, Marjaliza y Moreno los electrodomésticos necesarios para las cocinas de los tres chalés de Marbella pese a que dos de esos chalés ya no eran propiedad ni de Granados ni de Moreno, sino de Marjaliza.

El importe de las tres facturas, realizada por el mismo vendedor, fue exactamente el mismo: 1.267 euros. Los tres documentos incluyen la dirección de los tres chalés y el nombre de los tres clientes: Granados, Moreno y Marjaliza.

"Está claro que Marjaliza amuebló las tres cocinas igual porque los tres chalés ya eran suyos y los iba a dedicar al alquiler. Yo ya lo había vendido. Mi nombre aparece en las facturas [de los grandes almacenes] porque aún no se había escriturado las viviendas", indicó ayer Granados, que mantiene que "hay una operación y persecución" hacia su persona. "Y no sé los motivos", señaló.

Este periódico no logró ayer la versión del alcalde de Valdemoro "porque no está localizable", según manifestó la portavoz del Ayuntamiento. Tampoco Marjaliza, con quien Granados ayer mantuvo una conversación sobre este asunto, se puso en contacto con este diario.

En 1995, David Marjaliza era el presidente de Nuevas Generaciones del PP en Valdemoro y concejal del partido. Presentó su dimisión como edil y solicitó la baja en el PP por incompatibilidad con la línea de oposición que sostenía el entonces portavoz popular y presidente de la formación. Otros 100 afiliados solicitaron la baja por "la inoperancia y poca transparencia con la que trabajan algunos representantes del partido como oposición al ayuntamiento".

Ahora, Marjaliza es presidente de Atalia Grupo Patrimonial, además de representante, socio único y consejero mancomunado de hasta 67 empresas relacionadas con el sector inmobiliario.

Granados asegura que sufre desde hace unos días una persecución que no se explica. Todo arrancó, según él, el pasado 22 de octubre, cuando uno de sus tres coches ardió en el garaje de su vivienda, situada en Valdemoro. El turismo, un Mini Cooper, estaba a nombre también de una constructora de la localidad, Grandes Locales de Negocios. Granados aseguró ese hecho se debía a un retraso en la tramitación del cambio del titular del vehículo.

EL CONSEJERO SE CONSIDERA VÍCTIMA DE UNA PERSECUCIÓN

Francisco Granados se considera víctima de una persecución que no entiende. Asegura que no tiene enemigos conocidos y, después de los últimos días, ha intentado buscar algún motivo que pudiera llevar a personas de su entorno a sembrar sospechas sobre su persona. Granados vive desde que nació en Valdemoro, municipio que gobernó entre 1999 y 2003 antes de ascender a consejero de la Comunidad de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre. Cuando sucedió el incendio en el garaje del bloque de viviendas en el que vive y se conoció que el fuego se había iniciado en uno de sus coches, Granados fue de los pocos de su partido que no sembró sospechas sobre la implicación del PSOE en el incendio. Cuando los socialistas conocieron que el coche incendiado estaba a nombre de una constructora, pidieron una investigación respecto a la gestión de Granados. El consejero nunca ha tenido responsabilidad sobre la política urbanística. Primero fue consejero de Transportes y ahora lo es de Presidencia. www.elpais.es 01.11.06

TRÁFICO NO TIENE LA DOCUMENTACIÓN DEL COCHE DE GRANADOS

El incendio el pasado lunes del Mini Cooper de la esposa del consejero de Presidencia del Gobierno de Madrid, Francisco Granados, sigue deparando sorpresas. Si el coche sigue estando a nombre de la constructora Grandes Locales de Negocios no se debió a ningún retraso de la Dirección General de Tráfico (DGT), como insinuó el concesionario de coches de segunda mano que se lo vendió

(Car Valdemoro). En la DGT no hay constancia de que ese concesionario lo haya solicitado, pese a que cerró el contrato de venta el pasado julio. En cambio, sí se tomó la molestia, en septiembre pasado, de dar de baja temporalmente el coche que ella cedió a dicho concesionario -un escarabajo- como parte del pago por el Mini Cooper.

Pero este concesionario no realizó en Tráfico la obligada gestión paralela de dicha compraventa: dar de alta el Mini Cooper a nombre de Nieves Alarcón, esposa de Granados. El concesionario Car Valdemoro cuenta como uno sus dueños a Jesús Moreno Torres, hermano del actual alcalde de Valdemoro, José Miguel Torres (PP), cuya versión solicitó ayer este diario sin éxito,

La tercera sorpresa es que la inmobiliaria Grandes Locales de Negocios, tiene como único administrador a Ramiro Cid Sicluna, uno de los empresarios inmobiliarios con mayores desarrollos urbanísticos en Valdemoro, localidad de la que fue alcalde Granados hasta 2003. Dos empresas suyas tienen mucho que ver con la vivienda del consejero de Presidencia: una de ellas, Obras y Vías, construyó el edificio donde vive Granados, y la otra, la promotora Nuevo Parque de Valdemoro, se lo vendió en 1998 cuando aún era regidor.

Contratista municipal

Una filial de dicho grupo recibió una adjudicación de la empresa municipal de la vivienda en 2002 a través de la empresa pública Gesvival, en la que figura como consejero el hermano de la esposa de Granados, para realizar vivienda pública, tanto en propiedad como en alquiler.

Por último, según datos que han trascendido a raíz del incendio, el matrimonio Granados aparca en su plaza de garaje un BMW 530 (la matrícula no se facilita por razones de seguridad) que figura a nombre del mencionado concesionario, Car Valdemoro. Granados sólo explica: "No es de mi propiedad", refiriéndose al coche. Mientras se siente maltratado por una serie de conexiones derivadas de un suceso del que ha sido víctima, el PSOE afila sus uñas en torno a las ramificaciones empresariales que surgen del mismo. Y le pide que las explique

www.elpais.es 26.10.06

EL COCHE INCENDIADO DE UN CONSEJERO DE MADRID ESTÁ A NOMBRE DE UNA EMPRESA DE UN CONSTRUCTOR

El coche incendiado del consejero de Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, está a nombre de una empresa que se llama Grandes Locales, según ha sabido la Cadena SER. Esta firma está vinculada a un grupo constructor presidido por Ramiro Cid, que ha levantado viviendas en Valdemoro, localidad madrileña de la que fue alcalde Granados.

El vehículo está registrado a nombre de la empresa Grandes Locales de Negocio S.L., que forma parte de un gran grupo empresarial dirigido por el constructor Ramiro Cid. Se da la circunstancia de que este empresario de la construcción tiene varias firmas inmobiliarias en Madrid y ha construido mucho en el municipio de Valdemoro, del que fue alcalde hasta hace sólo tres años Granados.

Entre los edificios que Ramiro Cid ha construido en Valdemoro figura la casa de Granados, en la calle Guardia Civil de esta localidad, donde se produjo el incendio en el garaje el domingo. Ramiro Cid fue además accionista del Getafe y ahora lo es del Racing de Santander.

Francisco Granados se hizo famoso en el verano de 2003, cuando presidio en el Parlamento regional de Madrid la comisión del tamayazo, la espantada de dos diputados del PSOE que evitaron la formación de un gobierno de izquierdas en Madrid y propiciaron la repetición de las elecciones en las que Esperanza Aguirre logró la mayoría absoluta. Tras su actuación en esta comisión, llegó al gobierno madrileño y a la secretaría general del PP.

Aguirre: "Un acelerador del fuego"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo en Antena 3 que el informe policial determinaba que en el coche del secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia del Gobierno regional "había un acelerador del fuego".

Esperanza Aguirre confía en que "se averigüe quiénes son los culpables" del incendio que en la madrugada del pasado domingo se declaró en el garaje de una urbanización de Valdemoro donde reside Granados.

Tras recordar cómo el propio Granados atribuyó el suceso a "un hecho fortuito" y apuntó como principal hipótesis a un cortocircuito, Aguirre advirtió de que, sin embargo, después se supo que "el informe de la Guardia Civil o de la Policía Científica determinaba que en el coche de Granados había un acelerador del fuego, no sé exactamente qué tipo de producto".

La también presidenta del PP regional dijo esperar que no haya una relación directa entre la supuesta intencionalidad del incendio y las denuncias públicas sobre las presuntas irregularidades urbanísticas que afectan a dos ex alcaldes de Ciempozuelos.

www.elpais.es 24.10.06

LA COMUNIDAD ADMITE EL FRACASO ECONÓMICO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL PARQUE WARNER (25/05/06)

El 43,6% del parque de ocio Warner, la participación que pertenece a la Comunidad de Madrid a través de la empresa Arpegio, está en venta. Así lo anunció el consejero de Presidencia y presidente de Arpegio, Francisco Granados, que admitió: "Económicamente hablando no ha sido una buena operación". La intención del Gobierno regional es que la venta de sus acciones sea adjudicada el próximo agosto. El consejero dibujó un futuro para el parque aparentemente optimista, pues cifró en siete millones de € la previsión de beneficios para 2006. La consejería matizó luego que se trata del resultado de explotación (ingresos antes de impuestos, depreciación y amortización). El banco Santander Central Hispano (SCH) ha sido designado por la Comunidad de Madrid para coordinar el proceso de venta y, para ello, ha elaborado un cuaderno de venta que refleja las previsiones de futuro de la empresa.

Granados explicó que el banco ha valorado económicamente el accionariado en venta del parque Warner en un rango de entre 50 y 200 millones de €, en función de las hipótesis de crecimiento del complejo de ocio. "Esto supone una gran capacidad para hacer ofertas muy diferentes", estimó el consejero de Presidencia, que también reconoció que esa valoración está muy condicionada "por el valor de los terrenos". La perspectiva económica del parque Warner mejoró el pasado diciembre, cuando el Gobierno regional, el Ayuntamiento de San Martín de la Vega (PSOE), Arpegio y la empresa Parque Temático de Madrid cerraron un acuerdo que permitía ampliar las instalaciones de los terrenos libres del parque.

Eso supuso que 100 hectáreas de uso terciario aumentaban su edificabilidad hasta un tope de 275.000 m2, con el fin de enjugar la deuda del complejo de ocio, que asciende a 243 millones de €. El saneamiento financiero a través de esa operación es lo que permite a la Comunidad de Madrid desprenderse ahora de su participación.

"El Gobierno de Esperanza Aguirre ha mantenido su intención de abandonar el accionariado del parque desde el primer día", afirmó Granados. "Estamos convencidos de que el dinero público y el esfuerzo de la Comunidad de Madrid no debían dedicarse a una actividad que debe estar en el ámbito de lo privado, sino dirigirse a actividades de más calado social", resaltó. También destacó el consejero de Presidencia que el principal objetivo de la operación de venta es "garantizar la pervivencia del parque y los alrededor de 900 puestos de trabajo [incluidos los temporales]" creados.

Granados destacó también que el complejo de ocio ha mejorado su rendimiento, pues alcanzará a finales de año 1.183.000 visitantes, un 15% más que el año pasado. Además, el presidente de la empresa Parque Temático de Madrid, Jesús Sanz, aseveró que en lo que va de temporada (entre el 1 de abril y el 21 de mayo pasados) ha obtenido unos ingresos brutos de ocho millones de €.

Los grupos de la oposición, PSOE e IU, fueron muy críticos con el anuncio de la operación de venta del parque temático. El portavoz socialista en la Asamblea regional, Rafael Simancas, reclamó que dicha venta "no se traduzca en pérdidas de empleo y en especulación urbanística con el terreno del parque". A lo que agregó: "Mientras la Comunidad no quiere construir hospitales públicos y escuelas infantiles, es impropio que se mantuviese en el accionariado de un parque de recreo". También recordó Simancas que se trata de un negocio "ruinoso". "Nos prometieron 720 millones de € de inversión privada y 30.000 puestos de trabajo, mientras ahora tenemos una deuda pública de más de 240 millones de € y pérdidas de 125 millones de €", que hacen peligrar los 150 empleos directos del parque.

EL ALCALDE DE VALDEMORO DECLARA ANTE EL JUEZ POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN

El alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres (PP), está citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad. Este juzgado ha admitido a trámite una querella criminal interpuesta por una vecina de Valdemoro y que acusa a Moreno de un delito de prevaricación y otro sobre el patrimonio histórico. Los hechos denunciados -el Ayuntamiento incumple desde hace seis años una sentencia que le obligaba a demoler unas obras realizadas en un edificio protegido- afectan también al ex alcalde y hoy secretario regional del PP, Francisco Granados, aunque éste ha quedado fuera de la querella. El Ayuntamiento replica que está a la espera de otra resolución judicial para demoler las obras.

Paloma de Diego, vecina de Valdemoro, lleva más de una década batallando contra su Ayuntamiento para que cumpla la ley. La vivienda de esta vecina, en la plaza de Autos, está justo al lado de otra conocida como la Casa de la Inquisición, un inmueble del siglo XVIII incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos de la Comunidad.

Esa catalogación convierte al edificio en prácticamente intocable: en él sólo pueden hacerse obras de conservación y restauración, no de ampliación. A pesar de ello, el dueño, Nicolás Sánchez, reformó el inmueble en 1994 para construir una planta más, y modificó la cubierta. El gobierno municipal, entonces del PSOE, le advirtió de la ilegalidad y le instó a demoler esa planta, pero Sánchez recurrió ante los jueces. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia llegó en 1999 (es firme desde 2000) y dio la razón al Ayuntamiento, obligando a derribar las obras realizadas.

Pasados seis años, esa sentencia no se ha cumplido. Desde 1999 Valdemoro está gobernado por el PP. Su alcalde durante cuatro años fue Francisco Granados, hoy secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, y a él le sucedió José Miguel Moreno, su anterior teniente de alcalde y concejal de Urbanismo. Paloma de Diego les pidió varias veces por escrito que ejecutaran la sentencia. Fue en vano. Así que, cansada de enviar cartas, recurrió a los tribunales. "La habitación que se construyó ese señor me dejó sin patio. Como no recibo respuesta del Ayuntamiento, he puesto el caso en manos de mis abogados", declaró a este periódico en septiembre de 2003.

Sus abogados acudieron primero a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, que archivó las diligencias. En mayo de 2005, los letrados presentaron una querella por "prevaricación y delito contra el patrimonio" ante el Juzgado número 1 de Valdemoro, que sí vio indicios para investigar el caso y lo admitió a trámite. El pasado 24 de marzo la fiscalía solicitó la declaración de los dos acusados -el alcalde y el autor de las obras ilegales, Nicolás Sánchez-, y el 6 de abril el juzgado dictó providencia citándolos a declarar el 30 de mayo, es decir, mañana.

Una responsable del departamento jurídico del Ayuntamiento de Valdemoro confirmó el pasado viernes a este periódico la citación judicial cursada al alcalde, pero aseguró que el gobierno municipal no ha hecho dejación de funciones. "El Ayuntamiento lleva años requiriendo al propietario del inmueble a que derribe las obras. En 2003 se le envió el último requerimiento, y después se inició un procedimiento de ejecución sustitutoria: es decir, que como el propietario no derriba esa construcción, tendrá que derribarla el Ayuntamiento", explicó esta responsable.

Para que eso ocurra tienen que suceder dos cosas: "Un juez debe autorizar la entrada de funcionarios municipales en el domicilio, y el Ayuntamiento tiene que dotarse de una partida presupuestaria para realizar la demolición". Lo primero, la autorización judicial, no ha llegado. "Lo segundo no lo sé", dice esta responsable, que añade: "El Ayuntamiento se ha demorado en ejecutar la sentencia, es cierto, pero nunca renunció a cumplirla". El alcalde José Miguel Moreno no quiso hacer declaraciones.

Hace tres años, cuando este periódico denunció por primera vez el incumplimiento de la sentencia de 2000, el aún teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Valdemoro afirmó: "Es un tema complicado porque hay que contratar a una empresa que se encargue de la demolición y para eso se necesita una partida presupuestaria. Nunca nos hemos opuesto al cumplimiento de la sentencia. El derribo se hará pronto". Pero el tiempo ha pasado.

Si el asunto acaba en juicio, los abogados de Paloma de Diego quieren llamar a declarar como testigo al consejero Granados. No lo han incluido en la querella "por el momento" porque, al ser Granados diputado regional y ser aforado, el caso habría pasado directamente al Tribunal Superior, cuya fiscalía desestimó la primera denuncia interpuesta

Publicado en www.elpais.es. 29.05.06

DOS EX EDILES DEL PP IMPLICAN A LA CÚPULA POPULAR EN EL 'CASO MAJADAHONDA'.

José Luis Peñas y Juan José Moreno, los ediles de Majadahonda expulsados del PP hace una semana, declararon ante la Fiscalía Anticorrupción en calidad de testigos, cada uno durante dos horas y media. La fiscalía investiga la denuncia del grupo municipal socialista majariego sobre las presuntas presiones que se produjeron en Majadahonda en el concurso de venta de dos parcelas municipales.

Los ediles mantuvieron ante el fiscal que Esperanza Aguirre, presidenta regional, es la responsable principal de la paralización de dicha venta. También implicaron al ex secretario regional del PP, Ricardo Romero de Tejada, y a su sucesor, Francisco Granados, en las presiones que sufrió el anterior alcalde, Guillermo Ortega, por medio de un constructor.

Al terminar su declaración, los ediles indicaron que habían ofrecido al fiscal un relato pormenorizado del procedimiento de enajenación de las parcelas RN-1 y D2 y de las presiones que sufrieron el anterior alcalde y ellos mismos por parte de Aguirre, Granados y Romero de Tejada, además de por el actual alcalde, Narciso de Foxá, para parar la venta de dichos terrenos. Presiones que, según cuentan los concejales, también soportaron los técnicos municipales para que sus informes apoyaran el dejar desierta la venta. "Era vox populi. Porque la decisión de paralizar la venta ya estaba tomada por el alcalde y la cúpula del PP. Los técnicos no tenían más remedio que avalar de alguna forma lo que los políticos habían decidido de antemano. Incluso se cambió un informe de fecha", dijo Peñas.

Según mantienen los ediles, el fiscal no les preguntó por la gestión del suelo público realizada desde Pammasa, empresa municipal del suelo, ni les pidió documentos. "Aunque he quedado en enviarle algunos", puntualizó Peñas. "Le hemos contado nuestro punto de vista porque hemos estado en el centro de la polémica. Ha quedado claro que, para nosotros, Esperanza Aguirre es la artífice principal de que todo el proceso legal de venta de dos parcelas se haya ido al traste".

Ambos ediles eran los hombres de confianza del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Peñas, concejal de Planificación, fue el encargado de elaborar los pliegos de condiciones que debían seguir las ofertas que se presentaran a la venta de dicho suelo municipal. "Hemos contado al fiscal cómo, al principio, todos los concejales del PP que formábamos el equipo de gobierno del Ayuntamiento estábamos de acuerdo con la enajenación.

Las discrepancias llegaron de repente, en noviembre de 2004. En ese momento, cuando ya se habían presentado 12 empresas y estaban las plicas abiertas, resulta que hay que parar la venta. Entonces empiezan a aparecer nombres como el de Esperanza Aguirre", explica Peñas.

Ante la fiscalía han señalado que las mayores presiones las sufrió Ortega hasta que aceptó presentar su dimisión el 3 de febrero "por motivos de salud". Ahora, y por decisión del Gobierno, ocupa el cargo de gerente del mercado Puerta de Toledo. Asimismo, explicaron al fiscal que en varias ocasiones los mensajeros que trasladaron las supuestas amenazas a Ortega fueron constructores.

Uno de ellos fue Julián Jiménez de los Galanes, presidente del Grupo Dico, dedicado a la construcción y promoción inmobiliaria, con una fuerte implantación en Majadahonda. Jiménez de los Galanes mantiene con Granados una fuerte amistad, según Peñas. "Esta constructora es muy importante en Valdemoro, de donde Granados fue alcalde la pasada legislatura. Además, hasta van a cazar juntos, y digo yo que para enviar un mensaje con él a Ortega debe existir un conocimiento íntimo entre ambos", afirmó Peñas.

Este edil se refiere a una presunta conversación que mantuvo el presidente de Dico con Ortega el pasado 15 de enero. Según el edil, Jiménez de los Galanes llamó de parte de Granados al ex alcalde y le dijo: "Te tienes que ir. El candidato oficial de la presidenta de la Comunidad y del PP regional, es Narciso de Foxá [el actual regidor]. Vete mirando qué puesto quieres en la Comunidad".

Granados lo desmiente. El secretario regional indica que, debido a su puesto, hablaba casi todos los días con Ortega, y que, en caso de tener que comunicarle algo así, lo habría hecho personalmente. En cuanto a la amistad que, según los ediles, le une con el presidente de Dico, no realizó ninguna declaración. Junio 2005

"A LA CALLE CONTRA LA ACCIÓN DEL GOBIERNO"

El Partido Popular movilizó el pasado 19 de enero a sus afiliados de Madrid para que acudieran a la manifestación convocada para el sábado siguiente por las víctimas del terrorismo mediante una circular en la que se culpaba al Gobierno socialista de que los "asesinos etarras" salieran de la cárcel. El secretario de área de distritos del PP-Madrid, Ángel Garrido, hombre de confianza de la presidenta del partido, Esperanza Aguirre, dirigió a los presidentes de las agrupaciones de distrito de la capital una carta en la que les informaba sobre la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo que discurriría entre la Plaza de Cibeles y Sol.

Garrido señalaba en su misiva que "el motivo" de la manifestación no era "otro que expresar la protesta de la ciudadanía por las excarcelaciones de asesinos etarras, gracias al Código Penal que el Gobierno socialista aprobó y a su incapacidad actual para evitar su salida de las cárceles".

La inminente excarcelación del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos tras 18 años de estancia en prisión por una condena de más de 2.995 años de cárcel por 25 asesinatos provocó la inmediata reacción de la Audiencia Nacional, que evitó que el preso saliera de la cárcel imputándole un nuevo delito por dos cartas del terrorista publicadas en el diario Gara.

De Juana Chaos podía salir en libertad tras estar preso 18 de los 30 años máximos de cumplimiento porque se benefició de las redenciones de penas que contemplaba el Código Penal franquista de 1973. El Gobierno socialista eliminó esas redenciones de penas en el Código Penal que aprobó en 1995. El PP modificó la Ley en 2002 para ampliar el periodo máximo de cumplimiento de 30 a 40 años para delitos de terrorismo. Esa modificación legal sólo afectaba a los terroristas que hubieran cometido atentados a partir de 2002.

Garrido interpretó erróneamente los efectos del Código Penal de 1995. En su carta a las agrupaciones de distrito recordaba también la "petición unánime de la militancia" de su partido: "Salir a la calle para expresar nuestro rechazo a las acciones del Gobierno socialista". Garrido finalizaba su misiva con la siguiente explicación: "Es por esto por lo que, siguiendo las indicaciones de nuestro Secretario General, te pido movilices al mayor número de personas del distrito que presides para que acudan a este acto a las 17.00 y contribuyamos con nuestra presencia a evitar que estas actitudes complacientes del Gobierno socialista se sigan produciendo".

El secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, declaró ayer: "Ni tenía conocimiento de la carta enviada por Garrido ni yo dí instrucciones en el sentido que él dice. Me limité a ordenar que se comunicase a los presidentes de PP en los distritos y en los municipios de la Comunidad que nuestro partido apoyaba la manifestación contra el terrorismo y en apoyo a las víctimas. Nada más". Este periódico intentó, sin éxito, conocer la opinión de Garrido.

El secretario general del PP-Madrid, Francisco Granado, tan sólo admitió que había ordenado movilizar a la militancia a través de mensajes telefónicos donde se les pedía que acudieran a la manifestación de las víctimas.

La manifestación del pasado sábado se caracterizó por un acoso de numerosos participantes en la marcha a los dirigentes socialistas que acudieron al acto, además de la agresión al ministro de Defensa, José Bono. Los gritos que más se oyeron pedían la dimisión de Gregorio Peces-Barba, comisionado del Gobierno para la ayuda a las víctimas del terrorismo; censuraban la ausencia del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y jaleaban al secretario general del PP, Ángel Acebes, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP.

Aguirre aseguró ayer que "si algún militante del PP está involucrado en una agresión física o verbal al ministro, se encontrará con un expediente disciplinario". Después de ese anuncio, añadió: "Lo que no se puede hacer de ninguna manera es condenar a unos señores porque salen en una foto cerca del ministro cuando él mismo dijo que se introdujo entre la multitud para parecer un ciudadano más. En la foto estábamos todos, porque el PP dijo que iba a apoyar esta manifestación desde el primer momento".

La presidenta de la Comunidad, que también preside el PP de Madrid, reiteró su condena a los hechos ocurridos el sábado, pero señaló que le gustaría mucho que "hubiera una condena equivalente, o al menos algún tipo de condena, de las innumerables agresiones que han sufrido los miembros del PP por parte de relevantes izquierdistas, como diría el señor Pérez Rubalcaba, singularmente los señores Piqué y Rato, que no pudieron asistir a la manifestación del 12-M en Barcelona porque se lo impidieron las agresiones de los participantes".

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que también acudió a la manifestación de las víctimas aunque no fue jaleado como sus compañeros de partido Aguirre y Acebes, señaló ayer: "No hay ningún tipo de justificación, ni explicación para lo ocurrido. Ningún tipo de participación en una conducta de violencia es compatible con la militancia en el PP". "En esa manifestación que iba contra los violentos se practicó la violencia, y esa es una actitud y comportamiento que no admite pretextos ni disculpas y no identifica de ninguna de las formas la razón por la que estuvimos allí. El PP ha manifestado siempre su condena ante este tipo de actos, cuando la violencia ha castigado al PP o contra otros injustamente como ocurrió el sábado pasado contra el ministro Bono", concluyó

(*) Publicado en El País.26.01.05

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