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EL JUEZ ADELANTA LA DECLARACIÓN DE GRANADOS AL 21 DE DICIEMBRE

GRANADOS METE PRISA AL JUEZ VELASCO: LE PIDE QUE ADELANTE SU DECLARACIÓN EN LA AUDIENCIA

EL JUEZ VELASCO CITA A DECLARAR A GRANADOS EL 11 DE ENERO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

GRANADOS CONTINUARÁ EN PRISIÓN DOS AÑOS MÁS POR SU «ELEVADÍSIMO» PATRIMONIO OCULTO EN SUIZA

LOS INVESTIGADORES CALCULAN QUE GRANADOS OCULTA 20 MILLONES DE EUROS

INVESTIGAN A GRANADOS POR AMAÑAR 40.000 PISOS QUE MOVIERON "MILES DE MILLONES"

LA AGENDA SECRETA DE GRANADOS APUNTA A QUE ENCARGÓ INVESTIGAR LAS ACTIVIDADES DE TOMÁS GÓMEZ

EL ENIGMA DE LA AGENDA MANUSCRITA DE GRANADOS: UN LISTADO CON 22 EMPRESAS, 11 DE ELLAS DEL IBEX

LA AGENDA DE GRANADOS DESTAPA UN PLAN DEL GOBIERNO AGUIRRE PARA INTERVENIR EN LAS ELECCIONES SINDICALES A TRAVÉS DE CSIF

TRES EMPRESAS 'PÚNICAS' CENTRAN LAS SOSPECHAS DE FINANCIAR AL PP CON FIESTAS

HACIENDA RASTREA EN LAS INVERSIONES DE UNA EXASESORA DE AGUIRRE 'MORDIDAS' DE GRANADOS

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EL JUEZ ADELANTA LA DECLARACIÓN DE GRANADOS AL 21 DE DICIEMBRE

Francisco Granados declara por videoconferencia desde la cárcel de...

Francisco Granados acudirá al despacho del juez Eloy Velasco 21 días antes de la fecha prevista. El magistrado de la Audiencia Nacional adelantó al 21 de diciembre la declaración de que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en la Comunidad de Madrid después de que su abogado recurriese la anterior fecha fijada por el juez, el 11 de enero.

El juez Velasco accedió a la petición del ex consejero de Presidencia madrileño, que se ofreció a dar explicaciones en relación al patrimonio que posee en el extranjero y que, según consideró la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es "elevadísimo" y está "oculto" [lea el auto en PDF]. La primera fecha señalada por el juez no fue recibida con agrado por el político madrileño, en prisión desde el 27 de octubre de 2014 por su vinculación al caso Púnica -trama de adjudicaciones de contratos por parte de políticos a empresarios a cambio de comisiones-. Granados aspiraba a acudir de inmediato al despacho del juez Velasco. Es por ello que la representación legal del ex consejero madrileño recurrió la primera fecha fijada por el magistrado amparándose en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según confirmaron a este diario fuentes jurídicas. El citado artículo advierte de que "el procesado podrá declarar cuantas veces quisiere y el juez le recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa".

La fecha de la citación llegó cuatro días después de que la Sala de lo Penal ratificara la prórroga de prisión provisional para Granados por dos años más, pudiendo llegar a cumplir cuatro, que es el máximo legal permitido. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, presidida por la magistrada Ángela Murillo, en un auto fechado el pasado 25 de noviembre, advirtió de que había riesgo de huida y destrucción de pruebas por parte del ex consejero madrileño si quedaba en libertad.

http://www.elmundo.es/espana/2016/12/01/584014a9e2704e14598b464c.html

GRANADOS METE PRISA AL JUEZ VELASCO: LE PIDE QUE ADELANTE SU DECLARACIÓN EN LA AUDIENCIA

La defensa del ex consejero Francisco Granados ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia, el juez Velasco, que adelante la declaración de su cliente para cumplir con los requisitos de "inmediatez" previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La defensa de Francisco Granados ha remitido un nuevo escrito a la Audiencia Nacional donde solicita al titular del Juzgado Central Número 6, Eloy Velasco, que adelante la declaración de su cliente, prevista para el 11 de enero, puesto que dicha citación "mal se compadece con la dicción del art. 400 LECrim según el cual, el Juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa, ya que se retrasa casi mes y medio sobre la fecha de petición". Dicho artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que un investigado pueda solicitar declarar voluntariamente cuantas veces lo desee.

En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el letrado del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre explica que la citación del 11 de enero en la Audiencia Nacional no cumple con los requisitos de "inmediatez" previsto en la ley y que, además, le coincide con la celebración de otro juicio en Valencia.

En el escrito, los letrados del despacho García Ceca sostienen que se han enterado a través de este periódico de la citación de su cliente, y piden a Velasco "el adelanto de la fecha prevista para el día 11 de enero de 2017, para evitar el que hubiera de prolongarse el día 11 el juicio iniciado, y por hacer efectiva al mismo tiempo la previsión legal de inmediatez en la toma de declaración".

Se trata de la primera vez que el cabecilla de Púnica pide declarar de forma voluntaria ante el juez. El escrito del ex consejero de Madrid estaba fechado este lunes, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia volvió a rechazar la excarcelación de Francisco Granados.

En su auto, los jueces aseguraban que se ha hecho más patente el presunto acopio de "importantísimas sumas de dinero" de ajena procedencia por parte del ex dirigente del PP, "ya sea por el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros, ya sea por la declaración de otros investigados o de testigos, o ya sea porque de lo investigado hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su familia, de amigos, de testigos y de todo aquél que no siguiera sus directrices" razones por las que, según los magistrados, siguen vigentes los motivos por los que el juez instructor acordó la prórroga de prisión.

Las distintas fuentes de la investigación consultadas explican que si Granados decide ahora cambiar de estrategia de defensa y colaborar con la Justicia, esa colaboración tiene que pasar "forzosamente" porque confiese donde mantiene presuntamente ocultas importantes sumas de dinero. Tanto el magistrado Velasco como las fiscales Anticorrupción entienden que parte del dinero que el ex consejero de Aguirre cobraba como mordidas o comisiones ilegales aún no han sido halladas por la Audiencia.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Granados-prisa-Velasco-adelante-declaracion_0_976703393.html

EL JUEZ VELASCO CITA A DECLARAR A GRANADOS EL 11 DE ENERO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Según avanzan fuentes jurídicas a Vozpópuli el ex consejero madrileño ha sido citado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el próximo día 11 de enero a las 10 horas en su juzgado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado el próximo 11 de enero a a las 10 horas declarar al ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, según avanzan fuentes jurídicas a Vozpópuli. De esta forma, el ex dirigente del PP pasará las Navidades en la prisión de Estremera (Madrid) antes del cara a cara con el magistrado y las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez.

El instructor de caso Púnica adopta esta decisión después de que este lunes Granados remitiese un escrito a la Audiencia "solicitando del Juzgado el prestar declaración al amparo de lo dispuesto en el art. 400 LECrim. sobre hechos que son objeto o han sido objeto de investigación en las diligencias previas que se le siguen por la comisión de diversos presuntos delitos". Lo cierto es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que un investigado pueda solicitar declarar voluntariamente cuantas veces lo desee.

Los investigadores sospechan que el ex consejero Granados mantiene oculta "importantísimas sumas de dinero" cuyo paradero no ha sido capaz de averiguar la Audiencia

Se trata de la primera vez que el cabecilla de Púnica pedía declarar de forma voluntaria en la Audiencia Nacional. El escrito del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre estaba fechado este lunes, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a rechazar la excarcelación de Francisco Granados.

En su auto, los jueces aseguraban que se ha hecho más patente el presunto acopio de "importantísimas sumas de dinero" de ajena procedencia por parte del ex dirigente del PP, "ya sea por el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros, ya sea por la declaración de otros investigados o de testigos, o ya sea porque de lo investigado hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su familia, de amigos, de testigos y de todo aquél que no siguiera sus directrices" razones por las que, según los magistrados, siguen vigentes los motivos por los que el juez instructor acordó la prórroga de prisión.

Las distintas fuentes de la investigación consultadas explican que si Granados decide ahora cambiar de estrategia de defensa y colaborar con la Justicia, esa colaboración tiene que pasar forzosamente porque confiese donde mantiene presuntamente ocultas importantes sumas de dinero. Tanto el magistrado Velasco como las fiscales Anticorrupción entienden que parte del dinero que el ex consejero de Aguirre cobraba como mordidas o comisiones ilegales aún no han sido halladas por la Audiencia Nacional.

Además, el instructor mantiene bajo secreto de sumario la pieza que afecta a la financiación del Partido Popular de Madrid donde la Guardia Civil ha señalado a Francisco Granados como el recaudador de la supuesta caja B.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Velasco-declarar-Granados-Audiencia-Nacional_0_976702502.html

GRANADOS CONTINUARÁ EN PRISIÓN DOS AÑOS MÁS POR SU «ELEVADÍSIMO» PATRIMONIO OCULTO EN SUIZA

La Audiencia Nacional cree que existe riesgo de que intente presionar y amenazar a personas vinculadas a la investigación

La Audiencia Nacional ha ratificado la prórroga de otros dos años de prisión preventiva para el exconsejero madrileño Francisco Granados ante el riesgo de fuga por «el elevadísimo patrimonio» que tendría oculto en el extranjero y por las presiones y amenazas a personas vinculadas a la investigación.

La sección cuarta de lo Penal ha desestimado en un auto el recurso de Granados contra la decisión del juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, de prorrogar hasta el máximo de cuatro años su prisión preventiva, tras haber vencido el primer plazo de dos años desde que entró en la cárcel el 31 de octubre del 2014.

Para los magistrados -Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Fracisco Martel- «el riesgo genérico de huida y de destrucción de pruebas se ha ido paulatinamente concretando» y «se ha hecho más patente» por «el presunto acopio de importantísimas sumas de dinero de ajena procedencia», y ponen de ejemplo «el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros».Además, «hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados», circunstancia que la Sala considera «plenamente vigente», tal y como recogió el juez Velasco en un auto del pasado 3 de octubre.

A esto añade el tribunal «el dinero hallado en Suiza», del que dice no constan pruebas de que fuera producto de las ganancias que obtuvo cuando trabajaba en el banco Societé General, tal y como alegó la defensa de Granados. «En cualquier caso, de lo que sí hay datos es de la existencia de un elevadísimo patrimonio que el recurrente oculta», destaca el auto.Esto es así, según la Sala, porque de la investigación se deduce que Granados «se ha valido y ha utilizado en su provecho los cargos públicos para los que ha sido nombrado, lo que comporta que en estos años, que se inician allá por el 2000, haya participado en un gran número de actividades relacionadas con el sector inmobiliario en las que se ventilan miles de millones», indica el auto.

Para la Sala «hay datos incriminatorios bastantes para pensar que el recurrente obtuvo pingües beneficios que le servirían para eludir la acción de la justicia».

Una posibilidad de que eso pudiera suceder la encuentran los magistrados en la «cuidadosa actividad tendente a ocultar el presunto y elevado patrimonio a través de sociedades formadas por otras con sede fuera de España, cuya titularidad real resulta de muy difícil averiguación».En cuanto a la posibilidad de destrucción de pruebas y de influir en otros implicados en la investigación de quedar ahora en libertad, el auto resalta que Granados «se ha valido de familiares, amigos, testigos, de otros implicados, de funcionarios, de personas integradas en la propia fuerza actuante, con la finalidad de poner trabas a la investigación y evitar ser descubierto, llegando en algunos casos, a presionarlos e incluso a amenazarlos».En su recurso contra la prórroga de prisión, Granados admitió que el millón de euros hallado en casa de sus suegros -que su suegro justificó señalando que por su casa entraba mucha gente y citó a operarios de Ikea- procedía de la cuenta que tenía en Suiza y aseguró que ese dinero y el de sus cuentas bloqueadas es el único que tiene, por lo que negó tener más oculto.

La defensa de Granados, que ahora ejerce el abogado Carlos García de Ceca, explicaba en el recurso que ese dinero fue el que extrajo al dejar su cuenta en Suiza y que ese y el dinero de sus cuentas bloqueadas y consignadas en el juzgado es el único con el que contaba.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2016/11/28/granados-continuara-prision-dos-anos-elevadisimo-patrimonio-oculto-suiza/00031480361624279796863.htm

LOS INVESTIGADORES CALCULAN QUE GRANADOS OCULTA 20 MILLONES DE EUROS

Sospechan que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid se llevó el 3% de los contratos públicos que manejó durante una década.

El exconsejero madrileño Francisco Granados podría tener ocultos hasta 20 millones de euros, según las estimaciones manejadas por los investigadores del 'caso Púnica'. Tanto el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, como la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil calculan que esa es la cantidad que el exnúmero 3 de Esperanza Aguirre tendría escondido a través de sociedades a día de hoy desconocidas.

Además, Velasco lo ha citado como investigado para el 11 de enero a las 10 de la mañana. Granados solicitó ante el juzgado declarar voluntariamente y el juez lo ha admitido siguiendo la ley de Enjuiciamiento Criminal que contempla que un investigado puede solicitar esto cuantas veces quiera.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recogía en su último auto por el que mantenía a Granados en prisión que el exdirigente 'popular' "ha valido y ha utilizado, en su provecho, los cargos públicos para los que fue nombrado" desde el año 2000 cuando fue elegido alcalde de Valdemoro (Madrid) hasta 2011, que dejó la Consejería de Presidencia de la Comunidad para pasar a senador y diputado regional.

Granados "ha participado en un gran número de actividades relacionadas con el sector inmobiliario en las que se ventilan miles de millones y en las que, de los datos que figuran, hay datos incriminatorios bastantes para pensar que el recurrente (Granados) obtuvo pingües beneficios que le servirían para eludir la acción de la justicia".

Para los investigadores, esos beneficios son concretamente el 3% de todos, o por lo menos gran parte, de los contratos públicos que pasaron por sus manos desde que entró en la Alcaldía de Valdemoro en 1999 hasta su salida como consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, pasando previamente por la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

A Granados se le encontró tras su detención en octubre de 2014 casi un millón de euros en el altillo de un armario en casa de sus suegros. Además, el juez tiene controladas varias operaciones inmobiliarias realizadas entre el exnúmero 3 de Aguirre y su socio, el empresario David Marjaliza, y que éste aseguró que se trataron de operaciones simuladas para repatriar de Suiza parte del dinero que Granados tenía escondido.

Dinero en sociedades extranjeras

Pero con todo y con eso, es mucho el dinero que los investigadores creen que Granados sigue mantenido oculto a la Justicia, razón principal por lo que lleva dos años en prisión preventiva. “De la investigación se deduce que el recurrente (Granados) ha contribuido de forma eficaz a aumentar esa complejidad toda vez que parece haber realizado una cuidadosa actividad tendente a ocultar ese presunto y elevado patrimonio a través de sociedades formadas por otras con sede fuera de España cuya titularidad resulta de muy difícil averiguación”, explicaba el auto por el que se confirmaba que Granados debe permanecer por ahora en prisión.

El exdirigente 'popular' tiene mucho dinero escondido, según la investigación, pero él a día de hoy sigue insistiendo que jamás ha cobrado por amañar contratos. Mantiene que el dinero que tenía guardado en Suiza fueron ingresos obtenidos en su época como analista del banco Société General antes de entrar en política. Es más, cuando pasa de la Alcaldía a la Comunidad de Madrid decide cerrar esa cuenta por miedo a que su jefa, Esperanza Aguirre, conociera que poseía una cuenta en el extranjero.

Fue por esa razón, según la versión de Granados, por la que su amigo Marjaliza asume la titularidad de su cuenta helvética y éste le entrega el dinero en metálico y que es el mismo que apareció siete años después en el altillo del dormitorio de sus suegros.

Sin embargo, la Justicia no ve creíble esta versión. “Lo cierto es que no consta en el testimonio remitido la certeza de tal aseveración. En cualquier caso, de lo que sí hay datos es de la existencia de un elevadísimo patrimonio que el recurrente oculta”, recoge la resolución.

Devolver el dinero

Ahora, Granados ha solicitado al juez instructor que quiere volver a declarar en sede judicial. Su exsocio, David Marjaliza, decidió colaborar con la Justicia y reconocer gran parte de los hechos, como el amaño de contratos públicos por parte de Granados y otros alcaldes y consejeros a cambio de una mordida. El objetivo de esa colaboración era, en primera instancia, salir de prisión preventiva como así ocurrió y después obtener una rebaja de la pena cuando el asunto llegue a juicio.

Sin embargo, si Granados decidiera ahora colaborar con la Justicia el primer paso que tendría que dar es retornar a las arcas públicas todo el dinero que tiene oculto y dar datos objetivos al magistrado de dónde se encuentra ese dinero, el nombre de las sociedades en las que lo oculta, y en qué países se encuentra.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20161129/174483696_0.html

INVESTIGAN A GRANADOS POR AMAÑAR 40.000 PISOS QUE MOVIERON "MILES DE MILLONES"

La Audiencia ratifica la prisión del expolítico por su participación en "actividades inmobiliarias" de las que obtuvo "pingües beneficios". En el punto de mira, varios consorcios urbanísticos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan, desde mediados del verano, si la trama Púnica obtuvo suculentos beneficios amañando la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios urbanísticos que promovió la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Arpegio (ahora rebautizada como Nuevo Arpegio). La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó este lunes la prórroga de dos años de prisión preventiva para el exconsejero madrileño Francisco Granados, el principal político imputado en la causa y que, entre sus muchos cargos públicos, ostentó la presidencia de Arpegio. Granados está preso desde el 27 de octubre de 2014.

En el auto, la Audiencia Nacional se hace eco de los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y revela que Granados ha utilizado "los cargos públicos" para participar "en un gran número de actividades relacionadas con el sector inmobiliario, en las que se ventilan miles de millones y en las que, de los datos que figuran, hay datos incriminatorios bastantes para pensar que Francisco Granados obtuvo pingües beneficios que le servirían para eludir la acción de la Justicia". Las actividades del sector inmobiliario son los consorcios que Arpegio desarrolló en colaboración con diversos ayuntamientos madrileños (Arpegio siempre tenía la mayoría) y que pusieron en el mercado miles de viviendas.

El juez Eloy Velasco deja fuera de los tomos entregados esta semana a las partes un informe de la UCO del pasado agosto que acusa a Génova de recibir donaciones de constructoras

En julio de este año, el juez Velasco solicitó abundante documentación al ente público, ya que "a raíz de las declaraciones iniciales de David Marjaliza, se revela el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio". La investigación de la UCO, no obstante, se ha centrado solo en media docena de consorcios, aquellos en los que se tiene indicios de que se pudo amañar la adjudicación de las viviendas que se levantaron en estos ámbitos. De esos 22 consorcios, 16 son residenciales (donde se construyen viviendas) y los otros seis, tecnológicos y empresariales.

Los consorcios se han desarrollado gracias a un convenio que firman la Comunidad de Madrid (a través de Arpegio) y el ayuntamiento en cuestión para levantar tanto vivienda protegida como libre. Ambas administraciones crean una sociedad gestora que lleva los trámites y el día a día del consorcio. Este cuenta además con un consejo de administración en el que están presentes la Comunidad de Madrid (como socio mayoritario) y el ayuntamiento, a través de todos sus grupos políticos en función del porcentaje de representación que tienen en el pleno municipal. En el proceso de adjudicación, Arpegio y los ayuntamientos podían licitar el suelo que tenían asignados dentro del consorcio. Los investigadores creen que los presuntos amaños se produjeron desde los dos lados.

Los consorcios bajo sospecha son Los Molinos-Buenavista (en Getafe), Parla-Este (en Parla), Los Espartales (Alcalá de Henares) y Móstoles Sur (en Móstoles). También se investiga Ciudad Jardín en Arroyomolinos, que técnicamente no es un consorcio, ya que la gestión la llevaba directamente Arpegio a través de una sociedad urbanística. En estos cinco ámbitos se proyectaron 40.088 viviendas.

Municipios del PSOE

El de Parla se constituyó en 1998 y el de Getafe, en 2001. En ambos casos, los dos municipios estaban controlados por el PSOE. Como ya adelantó El Confidencial, David Marjaliza, el principal empresario implicado en el caso que ha decidido colaborar con el juez, explicó al magistrado Eloy Velasco que pagó comisiones para llevarse adjudicaciones de algunas de las parcelas del consorcio de Getafe cuando la localidad la dirigía Pedro Castro, exalcalde y expresidente de la Federación Española de Municipios. Al menos cinco empresas de Marjaliza se hicieron con suelo para construir unas 490 viviendas protegidas.

Granados fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Fue en ese periodo, concretamente el 24 de julio de 2006, con Granados al frente de Arpegio y Castro al frente del ayuntamiento, cuando el consorcio aprobó los pliegos de los concursos públicos para adjudicar las parcelas de las viviendas protegidas. En Los Molinos-Buenavista se han construido 12.700 viviendas, el 80% de ellas protegidas.

David Marjaliza ha puesto sobre la mesa del juez el nombre del exregidor de Getafe por el desarrollo urbanístico Los Molinos-Buenavista, donde empresas de Marjaliza se hicieron con suelo

Dos cooperativas controladas por David Marjaliza también consiguieron la adjudicación de dos parcelas para construir 532 pisos protegidos en el consorcio de Parla-Este durante el mandato de Tomás Gómez al frente de la alcaldía de Parla. En su extensa declaración ante el juez, Marjaliza confesó que había financiado con 245.000 euros diversos gastos electorales de la campaña electoral del PSOE de Parla en la campaña de 2003. Tomás Gómez fue alcalde de este municipio entre julio de 1999 y octubre de 2008. Las adjudicaciones se produjeron antes de que Granados llegara a Arpegio, en julio de 2002 y marzo de 2003. En Parla se han levantado 11.200 casas.

Marjaliza ha aportado documentación de estos pagos, "algunas facturas del tema de Parla cuando nos adjudicaron [suelo] a las cooperativas nuestras", según relató ante el juez. Estos pagos se realizaron a través de una gestoría, Gesintra 2001 SL, a petición de otro de los imputados en el caso, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa. Marjaliza explicó al juez que "entendía" que Alonso Conesa acudía en nombre del entonces alcalde, Tomás Gómez. El sumario del caso también revela que Marjaliza regaló a Gómez una televisión valorada en 5.000 euros.

Estos regalos solo eran detalles. Los promotores que se llevaban las adjudicaciones de las parcelas debían pagar una comisión que se fijaba por el porcentaje de edificabilidad que tenía cada parcela: entre 2.000 y 5.000 euros por vivienda. Los investigadores creen que lo que hizo Marjaliza (pagar por conseguir suelo) era un sistema extendido entre otros constructores de la región. Y que esos presuntos amaños también se produjeron en los consorcios de Móstoles Sur y Los Espartales en Alcalá de Henares: 8.230 pisos en el primero y 3.990 en el segundo. Los dos consorcios fueron constituidos en noviembre de 2001, cuando el PSOE gobernaba en ambos municipios, aunque su suelo se empezó a desarrollar en la época de Granados.

El PP gobernó Alcalá entre 2003 y 2012 con Bartolomé González, hoy diputado autonómico. Otro informe de la UCO relaciona a González con el presunto amaño de un contrato de eficiencia energética en el municipio, otra de las ramificaciones de la Púnica. El PP también gobernó Móstoles entre 2003 y 2012. Las investigaciones están en su primera fase y llevarán su tiempo, ya que la documentación a examinar es ingente.

Otro de los ámbitos urbanísticos que la UCO está examinando es Ciudad Jardín de Arroyomolinos. No es exactamente un consorcio, sino una sociedad urbanística gestionada al 100% por Arpegio. En una superficie de 167 hectáreas, se proyectó la construcción de 4.800 viviendas. La Guardia Civil tiene constancia de que en Ciudad Jardín Marjaliza no se hizo con suelo residencial, sino con suelo comercial en el año 2006, con Granados en Arpegio. Los consorcios son solo una ramificación de la pieza que investiga los tejemanejes de la Púnica en Arpegio. La UCO también indaga si se amañaron obras del Plan Prisma, un plan que financió en dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011) centenares de adjudicaciones valoradas en casi 800 millones por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias también pagaron mordidas por llevarse los contratos.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-11-29/punica-consorcios-granados-marjaliza-viviendas-adjudicacion-amano_1296651/

LA AGENDA SECRETA DE GRANADOS APUNTA A QUE ENCARGÓ INVESTIGAR LAS ACTIVIDADES DE TOMÁS GÓMEZ

El exsecretario general del PP madrileño escribió en su dietario en el otoño de 2010 esta anotación: "Enterarse bien de labor docente de T.G. (Germán Alcaide + Lucía F.)"

La entonces consejera de Educación, Lucía Figar, hoy imputada en Púnica, acusó en la campaña electoral de mayo de 2011 al socialista de haber logrado "por enchufe" una plaza en la Universidad Carlos III

Gómez recuerda que el PP hizo del asunto un "tema central y recurrente": NNGG, de la que Germán Alcayde era número 2 en Madrid, lo incluyó en un "ciberjuego", el 'Tomasómetro'

Una de las anotaciones de la agenda manuscrita que la Guardia Civil intervino en el domicilio de Francisco Granados durante los registros de la Operación Púnica apunta a que el exsecretario general del PP madrileño encargó en el otoño de 2010 investigar las actividades del entonces líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez. La página 10 del dietario, al que ha tenido acceso infoLibre, incluye la siguiente anotación: "Enterarse bien de labor docente de T.G. (Germán Alcaide + Lucía F.)".

Aunque el apunte carece de fecha, las que le preceden y las que le siguen lo sitúan en octubre o noviembre de 2010, cuando los partidos ya preparaban sus estrategias en Madrid para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Para entonces, y desde enero de 2010, Tomás Gómez, jurista, impartía clases en la Universidad Carlos III. El PP convirtió esa faceta en uno de los leitmotiv de su campaña contra quien en ese momento lideraba el PSM y optaba a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Los conservadores acusaron al también exalcalde de Parla de haber alcanzado la plaza en la Carlos III "por enchufe" con su rector, el ahora ya fallecido Gregorio Peces Barba. El ataque de mayor virulencia partió en plena campaña de quien desde 2007 ostentaba el cargo de consejera de Educación del Gobierno regional, Lucía Figar.

El círculo de Tomás Gómez no alberga la menor duda de que el "T.G." de la anotación se refiere a él. Wilfredo Jurado, abogado del exdirigente socialista madrileño, lo recuerda así: "Durante meses el PP no paró de machacar con la idea de que Tomás había conseguido el contrato por enchufe, hubo un momento en que en la Asamblea de Madrid y a cada cosa que se les preguntaba contestaban con lo mismo, que si la ruina de Parla y que si el 'enchufe' de la Carlos III".

Figar -cuyo nombre coincide con el de la anotación de Granados, así como la inicial de su primer apellido- y ahora también imputada en la Operación Púnica, cargó duramente contra Gómez en una rueda de prensa celebrada el 13 de mayo de 2011, es decir, 12 días antes de la jornada electoral. La entonces consejera de Educación desgranó datos detallados sobre el número de aspirantes que, según su versión, habían optado a las siete plazas docentes convocadas por la Carlos III. Lo hizo antes de afirmar lo siguiente: que el dirigente socialista superó a "decenas de candidatos que tenían mayor preparación y más alta cualificación" "pero que probablemente no tenían contacto con Peces-Barba". Este martes y este miércoles, infoLibre que Figar o su entorno confirmasen si llegó a hacer averiguaciones sobre el perfil docente de Tomás Gómez. No hubo respuesta.

Otras fuentes conocedoras del funcionamiento de la Consejería de Educación indicaron no obstante que, con las herramientas que como titular de ese departamento tenía a su alcance, Figar no podía acceder a ninguna información sobre el contrato universitario de Gómez ni a su génesis. Pero lo cierto es que ninguna de las personas consultadas entre los allegados a la exdirigente del PP madrileño explicó por qué vía conoció los datos que presentó como ciertos en su rueda de prensa: que a las siete plazas convocadas habían optado 69 profesionales y que todos ellos, a excepción de Gómez, cumplían las siguientes condiciones: "Todos los que fueron admitidos tenían estudios de Máster o eran doctores y tenían experiencia docente, algunos en sitios muy prestigiosos, salvo Gómez, que no tiene nada".

Las palabras de la consejera enfurecieron a Peces Barba, que tachó a Figar de lanzar calumnias contra Gómez y de ser "uno de los elementos más mentirosos y falaces que acompañan a la señora [Esperanza] Aguirre".

Germán Alcayde: "No lo recuerdo pero pudiera ser"

En el momento en que Granados escribió la nota sobre "T.G." en su dietario, Germán Alcayde -el apunte transcribe el apellido con i latina- era secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) en Madrid. En la campaña para los comicios de 2011, NNGG lanzó en su web un ciberjuego bautizado como el Tomasómetro, consistente en encontrar "diez mentiras" de Tomás Gómez, a quien la organización juvenil del PP tildaba de "mentiroso compulsivo". Una de las preguntas hacía referencia expresa a su plaza como profesor de la Carlos III. Y en la panoplia de respuestas aparecía de nuevo esta: "Por enchufe".

Alcayde, que obtuvo un acta de diputado autonómico y quien tras la renovada victoria de Esperanza Aguirre en mayo de 2011 fue nombrado director general de Formación de la Consejería de Educación, habló con infoLibre desde EEUU, donde ahora reside. "No recuerdo esa conversación pero pudiera ser, puede ser que sí", respondió a la pregunta sobre si Granados le hizo algún encargo para efectuar averiguaciones sobre las actividades docentes de Tomás Gómez. El exdirigente juvenil del PP argumenta que, dado que Granados era el número dos del partido en Madrid y él mismo ocupaba esa posición en NNGG, resultaba habitual que charlasen de asuntos políticos. Y que era Nuevas Generaciones la que poseía implantación en las universidades madrileñas.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/17/la_agenda_granados_apunta_que_encargo_investigar_las_actividades_tomas_gomez_57683_1012.html

EL ENIGMA DE LA AGENDA MANUSCRITA DE GRANADOS: UN LISTADO CON 22 EMPRESAS, 11 DE ELLAS DEL IBEX

Un portavoz de Legálitas confirma que el ex secretario general del PP de Esperanza Aguirre pidió trabajo al presidente de la firma

El resto de empresas y bancos ha negado a infoLibre haber abonado cantidad alguna al PP madrileño y asegura desconocer el motivo por el que aparecen en el cuaderno

La agenda manuscrita de Francisco Granados, a la que ha tenido acceso infoLibre, mantiene una incógnita que los investigadores no son capaces de descifrar. En concreto, en el cuaderno se incluye en las páginas 23, 24 y 25 el nombre de 22 empresas, 11 del Ibex-35, y de varios empresarios, sin que de momento se conozcan los motivos por los que el ex secretario general del PP madrileño realizó esas anotaciones.

Este periódico se ha puesto en contacto con todas las empresas para preguntarles los motivos por los que aparecen en la agenda de Granados, un documento que ya ha servido de prueba para iniciar una investigación por los pagos de 1,4 millones al gerente del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez.

Los investigadores del caso resaltan que el contexto de la agenda, en la que se reflejan las actividades electorales del PP en 2010 y 2011, años en los que Francisco Granados era el secretario general del PP madrileño, aporta un indicio de las intenciones de Granados, que en varias ocasiones apunta los nombres de los directivos de las empresas.

No obstante, infoLibre ha comprobado que está escrito el nombre de "Goiri" vinculado a Bankia. José Ignacio Goirigolzarri fue nombrado presidente de Bankia en mayo de 2012, fecha en la que Granados ya no era secretario general del PP madrileño. Además, las tres páginas (23, 24 y 25) de la agenda en las que se nombran las empresas lo hacen bajo el epígrafe 2 de septiembre de 2014, apenas dos meses antes de ser arrestado, cuando ya había dimitido y entregado el acta de senador del PP.

El responsable de comunicación de Legálitas ha aportado información a este periódico sobre los motivos de la inclusión del nombre de esta firma en el listado, pero también en la página número 22. En concreto, Granados escribió la frase "llamar Carlos Salamanca para quedar con Legálitas". Y en la siguiente, bajo la fecha 2 de septiembre de 2014, el político madrileño del PP vuelve a anotar el nombre de Carlos Salamanca.

El comisario Salamanca

Según el portavoz de Legálitas se trata del comisario por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, tuvo que apartarse del caso Emperador cuando apareció entre los investigados el entonces comisario del aeropuerto de Barajas, al que le une una amistad personal.

Le sustituyó el juez Ismael Moreno, quien imputó a Salamanca a instancias de Anticorrupción. La Sala de lo Penal archivó el caso, pero la Fiscalía insistió ante el Tribunal Supremo, que volvió a cerrar el caso en lo referente a este policía, ascendido y ahora destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). infoLibre se ha dirigido a la Dirección General de la Policía para conocer la versión de los hechos del comisario, que ha declinado hacer cualquier comentario a este periódico al considerarlo un tema personal.

Sin embargo, el portavoz de Legálitas sí ha aportado una explicación a las anotaciones de Granados: "[El presidente de Legálitas] Alfonso Carrascosa, Carlos Salamanca y Francisco Granados participaron en una comida sin mayor importancia con más personas. Fue ahí cuando conoció a Granados", ha relatado el responsable de prensa de la firma jurídica, quien tras facilitarle este diario las anotaciones interpretó las notas: "Lo que ha podido ocurrir es que Carlos Salamanca, que es amigo de Alfonso Carrascosa, le facilitara el teléfono móvil del propio Carrascosa a Granados. Y éste le llamó en un par de ocasiones para ofrecer sus servicios. Pero Carrascosa no vio procedente contratarle porque a la firma no le interesaba contar con una persona de este perfil, un expolítico que no tenía ninguna relación con el sector de Legálitas", ha completado el mencionado portavoz.

Junto al nombre de Carlos Salamanca, Granados añade en la agenda el del empresario de Ciudad Real "Domingo D. de Mera", que ha sido socio de referencia y miembro del consejo de administración de Metrovacesa y Colonial; el de "M. A. Gil"; y la firma "Legálitas". Domingo Díaz de Mera era también el presidente del Balonmano Ciudad Real que en 2011 trasladó el club a Madrid y pasó a denominarse CB Atlético de Madrid. Este empresario fue uno de los grandes promotores del aeropuerto de Ciudad Real. La Fiscalía Anticorrupción llegó a interponer una querella contra Domingo Díaz de Mera y Román Sanahuja, expresidente de Metrovacesa. infoLibre no ha obtenido una respuesta de Díaz de Mera ni del Atlético de Madrid.

Tres páginas de la agenda

Además de Legálistas, en la agenda negra que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requisó a Granados durante el registro de su vivienda incluye en sus páginas 23, 24 y 25 los nombres de otras 21 empresas.

Las firmas del Ibex-35 son Indra, Gamesa, BBVA, Gas Natural, Repsol, Enagás, Endesa, Acerinox, Inditex, Redesa y Telefónica. Vinculado a BBVA, en la agenda de Granados se incluye el nombre de Eva Piera, que desde febrero de 2013 es directora de Relaciones Institucionales del grupo, por lo que se encarga de coordinar la presencia de las distintas áreas de BBVA en organismos y foros internacionales públicos y privados.

Desde el 2008, Eva Piera Rojo fue viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Fue miembro de la comisión de Economía y Hacienda del Partido Popular de Madrid y coautora de la ponencia económica 'Ideas para la Acción' presentada en el XIV Congreso Regional del PP de Madrid, celebrado en septiembre de 2008.

Junto a la palabra "Repsol" y el número "6", Granados escribió "Dtra. organización y RR.HH Cristina Sanz". Cristina Sanz Mendiola es la directora general de personal y organización de Repsol.

Enagás y Endesa

Al lado de Enagás (y del número "13" detrás del nombre de la sociedad) y Endesa (número "12") aparecen las palabras "presidente", aunque sólo en el caso de Endesa se especifica un nombre: "Bogas, director RR.HH". José Damián Bogas Gálvez es el consejero delegado de la eléctrica.

También junto a la empresa "Acerinox" y el número "7" se pueden leer las notas manuscritas: "Rafael Miranda". Rafael Miranda Robredo es el presidente de esta empresa. En el caso de Inditex Granados escribió el número "8" y el nombre del actual presidente de la multinacional, Pablo Isla.

El presunto cabecilla de la trama Púnica también incluye los nombres de otros importantes empresarios españoles, como por ejemplo "Pepe Folgado", que es presidente del consejo de administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. (REE-Redesa), cuyo nombre aparece acompañado del número "9"; "Pallete (Ceo)", que es el consejero delegado de Telefónica (número "10"), cuyo nombre completo es José María Álvarez-Pallete.

También Granados escribió el nombre de "Goiri" junto al de "Bankia", que es la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri desde la salida de Rodrigo Rato en mayo de 2012. En esa fecha, mayo de 2012, Granados ya había abandonado la secretaría general del PP madrileño.

Otras diez sociedades

Asimismo, en la libreta de Granados aparecen otras diez sociedades y entidades financieras como Sacyr-Vallehermoso y OHL, que formaban parte del Ibex-35 hasta hace unos meses. En el caso de Sacyr-Vallehermoso y OHL Granados escribió los números "1" y "2", respectivamente. Fuera del Ibex-35 está Mutua Madrileña con el nombre del director general "Javier Mira" y el número "3", escrito por el presunto cabecilla de la trama corrupta.

El Corte Inglés, acompañado del número "4", incorpora el nombre de [Manuel] "Pizarro", que fue fichado en julio de 2014 como adjunto al entonces presidente Isidoro Álvarez, que falleció en septiembre del mismo año.

Liberbank, NH Hoteles, Capio (IDC Salud), Isolux-Corsan, Caja Navarra y Axa son las otras empresas cuyo nombre aparece en la libreta de Granados. En el caso de la última, en la que se inserta el número 5, Granados anotó la frase. "Preguntar a Donato Ceo?", en referencia a Donato Sánchez, jefe de Granados en Societé Générale, a quien debía preguntar el nombre del principal ejecutivo de la aseguradora.

También está numerada, con el "11", la hotelera NH, junto a la que Granados escribió: "Hablar con Pte". Una línea más abajo, tras una raya que cruza toda la página 25 de la agenda de Granados, también se añade la empresa multinacional de salud Capio, que ahora se denomina Quirón Salud. Además se puede leer las notas: "Manolo Conde, Collado Villalba", municipio madrileño en el que la citada empresa explota un hospital adjudicado por la Comunidad de Madrid.

Negativa generalizada

Estas importantes firmas españolas, que han negado a preguntas de infoLibre haber mantenido cualquier reunión con Francisco Granados en relación con la campaña electoral, aparecen justo después de otros apuntes en los que están escritos los nombres de empresarios como Luis Delso, Miguel A. Gil, Blas Herrero, Enrique Cerezo, Ildefonso de Miguel y Fernando Martín.

También se pueden leer las iniciales JLM, que en la página 119 de la agenda vuelven a aparecer. Según Marjaliza, se trata del empresario Javier López Madrid, yerno del propietario de OHL, Juan Miguel Villar Mir. El arrepentido Marjaliza también le puso nombre a otras iniciales de esta página. "B.G" es Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP de Aguirre. El exgerente del PP madrileño permanece imputado por blanqueo y cohecho en la Operación Púnica desde febrero.

Según publicó El Confidencial, la UCO de la Guardia Civil ha investigado si las iniciales LD que aparecen en la mencionada página 119 de la agenda se refieren a Luis Delso, que según Francisco Correa aparece también en los documentos intervenidos a la trama Gürtel como "Luis el cabrón". En la agenda también están las iniciales JEC, cuya identidad desconocen los agentes.

En total, la libreta de Granados muestra supuestas aportaciones de 2.060.000 euros, de los que el político se habría quedado 505.000 y el empresario Javier López Madrid 185.000 euros. El resto, 1.460.000 euros tendrían como destino al gerente del PP madrileño.

Luis Delso

El nombre de Luis Delso también se ha mencionado en el caso Gürtel Época I al haber mantenido, según la declaración de Francisco Correa, una reunión con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (PP). Este empresario declarará como testigo en Gürtel después de que lo reclamara la fiscal Concepción Sabadell. infoLibre ha intentado, sin éxito, contactar con este empresario para conocer su versión de los hechos.

Por su parte, el nombre de Fernando Martín coincide con el del propietario de Martinsa, que está imputado en el caso Gürtel como presunto autor del pago de la mayor mordida recibida por la trama presuntamente dirigida por Francisco Correa. En total, y según la instrucción del juez Pablo Ruz, Martín habría abonado 13 de los 25 millones que cobró Correa por su intermediación con el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Fernando Martín ha asegurado a infoLibre que entre los años 2010 y 2011 Martinsa estaba inmersa en un concurso de acreedores "por lo que es imposible que yo tuviera cualquier relación con Francisco Granados". En los mismos términos se expresó el empresario Ildefonso de Miguel, que ha negado cualquier relación con Francisco Granados en ese periodo, en el que aseguró ya no estaba en la Comunidad de Madrid ni en el Canal de Isabel II.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, también está imputado en el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En la página 23 de la mencionada agenda de Granados, bajo la fecha 2 de septiembre de 2014, aparecen los nombres de otras personas, como por ejemplo Ramiro, Donato, Tino y Morti, que es como Granados denominaba a su exsocio David Marjaliza. En el caso de Marjaliza, Granados anotó las frases "reciclaje León", "sanitario", "franquicias" y "local centro belleza". El juez Eloy Velasco investiga a la trama en relación a la construcción de una planta de reciclaje en León.

Ramiro Cid Sicluna

En el caso Púnica también está investigado Ramiro Cid Sicluna, y Donato es el nombre del jefe de Granados en el banco francés Societé Générale, Donato González. Ramiro Cid Sicluna sería uno de los empresarios presuntamente favorecidos en Valdemoro por Granados, y que a cambio, según la Fiscalía Anticorrupción, le regaló un inmueble: "Dicho chalé aparece indiciariamente recibido como un regalo por beneficiar Francisco Granados desde sus cargos públicos al empresario Ramiro Cid Sicluna", advierte la Fiscalía.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga también, en relación con la empresa de festejos Waiter Music, el pago de importantes constructoras por su supuesta relación con la organización criminal encabezada por Granados.

De 2004 a 2013, periodo fiscal recogido en un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso infoLibre, en el capítulo de 'ingresos y pagos' de Waiter Music aparecen Sacyr, Acciona Infraestructuras, Dragados, FCC Construcciones, Ferrovial y Cespa.

Apuntes electorales

En este sentido, la agenda incluye apuntes electorales del otoño 2010, cuando ya comenzaban los preparativos para los comicios del año siguiente. Como por ejemplo en la página 4, Granados asegura: "Hemos pedido encuestas" en los municipios madrileños de "Getafe, Leganés, Alcorcón, Las Rozas, Parla, Valdemoro, Colmenar Viejo, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Coslada y Móstoles", tal y como se puede leer debajo de la fecha "10 de septiembre de 2010".

Un poco más abajo, en la misma hoja, Granados escribe otras tres fechas: "4 oct. a las 19:00 horas. Reunión Pta. con ptes. de distrito"", "13 oct. a las 19:00 reunión Pta. con comisiones de Estudio y Jueves 23 a las 19:00 reunión ptes. sedes".

En la página 6, el ex secretario general del PP madrileño escribe sobre una reunión celebrada el 25 de septiembre de 2010: "Presidentes y responsables electorales de pueblos y distritos. Concienciarse de que ha empezado la campaña. Responsable por sede, sedes abiertas por las tardes, y contacto constante con equipo de campaña".

En la cuartilla siguiente, la número 7, el cabecilla alude a la "Convención, viernes 22, Inauguración. Mª. Dolores y E.A. 600 jóvenes. Sábado 23, Pizarro", indica la agenda.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/02/la_responsabilidad_penal_alcanza_los_empresarios_sospechosos_punica_57077_1012.html

LA AGENDA DE GRANADOS DESTAPA UN PLAN DEL GOBIERNO AGUIRRE PARA INTERVENIR EN LAS ELECCIONES SINDICALES A TRAVÉS DE CSIF

En la página 7 del cuaderno negro de Granados, al que ha tenido acceso infoLibre, se puede leer: "Gador, buscar 1 afiliado x consejería, montar YA (CSIF)" "No sé si él lo apuntó, pero desde luego a mí no me dijo nada", afirma la diputada del PP en la Asamblea de Madrid Gádor Ongil El sindicato no tiene constancia de que Granados o el PP se involucraran en la formalización de una candidatura para las elecciones sindicales de 2011

La entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, escucha un comentario que le hace al oido el consejero de Presidencia, Francisco Granados, en un acto de partido en 2010. EFE

La agenda manuscrita que la Policía Judicial interceptó en la casa del presunto cerebro de la trama Púnica, Francisco Granados, y en la que aparecen numerosas menciones a la campaña electoral de las autonómicas 22 de mayo de 2011, también hace expresas alusiones a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif), un sindicato considerado afín al PP, según el documento al que ha tenido acceso infoLibre.

En concreto, en la agenda incorporada al sumario del caso Púnica aparece de forma textual, en su página 7, el escrito siguiente: "Gador, buscar 1 afiliado x consejería, montar YA (CSIF)". Este diario omite la reproducción de las imágenes porque todavía están bajo investigación.

Por aquellas fechas, Gádor Óngil era senadora. En 2008 Esperanza Aguirre la había nombrado vicesecretaria general de los conservadores madrileños. En la actualidad es diputada en la Asamblea de Madrid e integrante de la gestora encabezada por Cristina Cifuentes. Óngil también es la presidenta de la formación en Valdemoro, considerado el epicentro de la trama liderada por Granados, que fue regidor de esta localidad madrileña.

"No tenía relación con ellos"

infoLibre ha preguntado a la parlamentaria del PP en la Asamblea de Madrid sobre los motivos por los que Granados anotó su nombre en su agenda de la campaña electoral de 2011, cuando todavía era secretario general del PP. Óngil, que era vicesecretaria general del PP, ha asegurado desconocer el sentido del manuscrito: "No recuerdo absolutamente nada. No sé si él lo apuntó, pero desde luego a mí no me dijo nada. Yo no tenía ninguna relación con los sindicatos".

En la página 14 de la agenda de color negro y marca 'Moleskine', y antes de otro apunte que incluye la fecha de 14 de febrero de 2011, se pueden leer otras frases vinculadas de forma inequívoca con el sindicato afín al Partido Popular, y que dice, de forma textual: "Csif. Hablar con los consejeros para que den nombres. Formación: le vamos a dar para un curso 18.000 euros. Temas de organización de exámenes".

infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz del sindicato Csif, que ha asegurado desconocer el contenido de la agenda de Granados. Este diario le facilitó los párrafos textuales en los que Granados alude al sindicato, para conocer la relación que mantuvieron con el presunto cerebro de la red Púnica.

"Frases inconexas"

El mencionado portavoz ha destacado que las frases son "inconexas". En relación al abono de 18.000 euros para cursos de formación, en el sindicato resaltan que Csif no es parte del caso Púnica: "Ni nos han requerido en la Audiencia Nacional ni nos han solicitado información y no teníamos constancia. Y disponemos de la relación de cursos de formación de 2010, ya que en 2011 no tuvimos ninguno, pues con la crisis desaparecieron. Y no hay ninguno de 18.000 euros. Luego hay otros que si se suman salen alrededor de 21.000 euros".

Preguntado sobre si este escrito podría estar relacionado con el interés del Gobierno de Aguirre en formalizar una candidatura de Csif para las elecciones sindicales de abril de 2011, el portavoz del sindicato ha asegurado no tener constancia de esa posibilidad: "Las candidaturas son libres y los que deciden en último término son los trabajadores. No me consta que Granados o que el PP se involucraran en la formalización de una candidatura".

Además, para este sindicato, la frase de "montar ya Csif" que incluye la agenda de Granados "no tiene ningún sentido. Csif no tiene necesidad de que le monten una candidatura, ya que es un sindicato consolidado y no necesita que le monten nada".

Granados autorizaba los cursos

El portavoz ha recordado que en 2011 Csif mantenía, al igual que el resto de sindicatos, "una relación institucional normal con Granados, que entonces no estaba imputado. Y Granados era el responsable de autorizar los cursos de formación", ha reconocido el responsable de prensa de la central sindical, que ha explicado que son actividades "totalmente legales".

En relación a la frase sobre "organización de exámenes", Csif ha negado haber mantenido cualquier conversación con Granados para preparar las oposiciones de funcionarios. "No tenemos constancia de que se haya hablado de eso y en el sindicato no tenemos gente dentro de los tribunales de las oposiciones".

Este diario también ha interpelado al responsable de prensa del sindicato sobre la existencia de una querella que interpuso Manos Limpias contra la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, y contra el entonces portavoz del sindicato Csif en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Muñoz, por presunto fraude en los cursos de formación. El portavoz de Csif ha asegurado que la misma se había archivado poco tiempo después.

"USO, M.A. López"

Los agentes de la UCO, que registraron la vivienda de la Calle Venezuela de Valdemoro en la que vivía Granados, dieron con el cuaderno con el anagrama 'Moleskine' y foliaron las 123 páginas de la libreta. Y en la página 14 de la agenda Granados escribió la plabra "USO", y justo debajo la frase "Ayudar, M. A. López". En la página 17, debajo de la fecha 13 de abril de 2011, Granados escribió también: "Miguel A. López, cursos on line". Después la agenda incluye la frase "Curso para consejería".

infoLibre se ha puesto en contacto con una portavoz delsindicato USO que ha asegurado que en los últimos años el sindicato no ha contado con ningún dirigente que se llame Miguel Ángel López. Según el arrepentido David Marjaliza, el exalcalde de Torrejón de Velasco Miguel Ángel López recibió entre 20.000 y 30.000 euros de la trama. Sin embargo, no está imputado en Púnica.

Y en la página 119 de esta agenda aparecen los supuestos pagos realizados por el empresario Javier López Madrid, el yerno de Miguel Ángel Villar Mir, el dueño de OHL, de 1.460.000 euros al entonces gerente del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, procesados en el caso de las tarjetas black.

Javier López Madrid

Los apuntes reflejan, en concreto, cuatro abonos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de 100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid con una regularidad casi mensual. Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el cuaderno con las siglas JLM.

Parte del dinero fue repartido posteriormente por Granados, que, según sospecha la Guardia Civil, la derivó al exgerente regional del partido en Madrid, identificado en el cuaderno como BG.

La Guardia Civil sospecha que las anotaciones de Granados demostrarían que el empresario Javier López Madrid se quedó con casi un 9,4% de los casi 2 millones que dedicó presuntamente a financiar la formación presidida por Aguirre. En total, 185.000 euros a descontar de 1.960.000 euros que procederían del entorno de Villar Mir.

Además, en el registro de la vivienda de Granados, los agentes de la UCO también interceptaron "una agenda de color morado con anotaciones manuscritas". Los guardias, antes de requisar la prueba, foliaron las 71 páginas para después sellarla.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/29/la_agenda_manuscrita_granados_quot_gador_buscar_afiliado_por_consejeria_montar_csif_quot_56903_1012.html

TRES EMPRESAS 'PÚNICAS' CENTRAN LAS SOSPECHAS DE FINANCIAR AL PP CON FIESTAS

El juez Velasco ha solicitado a la AEAT todos los datos sobre Waiter Music SL, Waiter Music Record SL y Saranais SL, propiedad del imputado José Luis Huerta, amigo de Granados. La investigación ha revelado irregularidades en las adjudicaciones que han recibido en varios ayuntamientos 'populares'.

Tres empresas y una sospecha. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha centrado las pesquisas en el 'caso Púnica' sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid a través de las fiestas patronales de los municipios en tres sociedades con un denominador común: todas ellas son propiedad de José Luis Huerta Valbuena, empresario y amigo de Francisco Granados, al que en 2008 agasajó con un cumpleaños 'gratis total' valorado en 12.500 euros. Se trata, en concreto, de Waiter Music SL, Waiter Music Record SL y Saranais SL, según consta en diversos documentos incorporados al sumario a los que ha tenido acceso Vozpópuli. Uno de ellos es el auto por el que magistrado ordena a la Agencia Tributaria (AEAT) que le informe de todas las declaraciones de "operaciones con terceros" realizadas por dichas sociedades entre los años 2004 y 2014. Fuentes cercanas a la investigación confirman a este diario que la sospecha es que dichas sociedades organizaron presuntamente actos de campaña e, incluso, fiestas particulares para candidatos 'populares' a cambio de adjudicaciones con sobreprecios.

Anticorrupción destaca que las tres empresas permitían a su dueño, José Luis Huerta, imponer a los Ayuntamientos los precios "con abultados beneficios a su favor"

La solicitud de información del juez Velasco se produjo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera un oficio tras "el análisis de la documentación intervenida en las diferentes actuaciones realizadas en relación con la sociedad Waiter Music SL y su administrador, José Luis Huerta". Según dicho escrito, esta empresa, "dedicada a la organización, promoción y producción de eventos culturales, lúdicos y sociales", dirigía su servicios a "diversas entidades públicas" para las que montaba "fiestas o eventos de ocio y entretenimiento para un público masivo". En este punto, el escrito del Instituto armado destaca que "la investigación ha puesto de manifiesto la existencia de irregularidades" en las adjudicaciones realizadas por diversos municipios a favor de las mercantiles de Huerta. Entre ellas, citaba expresamente Valdemoro, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Alcorcón y Arroyomolinos, "entre otros". En algunos interrogatorios de la UCO, los agentes han preguntado a testigos e imputados en esta investigación también por Humanes, Chinchón, Algete, Villarejo de Salvanés, Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón, Nalvalcarnero y Pinto.

La propuesta de la Guardia Civil fue apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe posterior destacaba que las tres empresas investigadas era presuntamente utilizadas por su propietario "para la consecución de fraudulentos contratos de realización de festejos ilicitados desde diversos Ayuntamientos". Dichas adjudicaciones eran supuestamente conseguidas "previo concierto con ediles u otros cargos públicos, prevaliéndose José Luis Huerta Valbuena del tráfico de influencias alimentado por Francisco Granados Lerena". En este sentido, las representantes del Ministerio Público inciden en que precisamente la existencia de las tres empresas permitían a su administrador "participar en el amaño de contratos negociados al ser invitadas las tres a una misma licitación, asegurando la adjudicación sin observancia de los principios que deben presidir las contrataciones públicas". Anticorrupción destaca que en los "expedientes analizados" de estos ayuntamientos se observa que José Luis Huerta impone el precio de su intermediación a los consistorios que adjudican los contratos con abultados beneficios a su favor".

Músicos, castillos hinchables...

El dueño de las tres compañías, detenido en octubre de 2014 dentro de la primera fase de la 'Operación Púnica' e imputado en la causa desde entonces, admitió en su declaración ante los agentes haber pagado la celebración del cumpleaños de político de 2008, cuando todavía era secretario general del PP de Madrid. Una fiesta en la casa de campo del político en el municipio madrileño de Valdemoro que incluyó la instalación de un escenario, cuatro músicos y castillos hinchables para los niños. En total, 12.486 euros que, según Huerta, nunca fueron abonados por Granados. El empresario aseguró entonces que el dirigente regional 'popular' le dijo que "ya echaremos cuentas y hasta hoy". Ésta no fue, sin embargo, la única celebración de Granados con la que la Guardia Civil vincula al empresario. En 2014, José Luis Huerta abonó 2.500 euros en canapés "y otras cosas que se le llevaron" para otra fiesta, según declaró él mismo a los agentes. No obstante, negó en todo momento que hubiera habido relación entre este 'regalo' y el hecho de que "al mes siguiente de la fiesta de Granados por su cumpleaños, en enero, se le adjudicara un concurso".

Los investigadores sospechan que, a cambio de las adjudicaciones, el empresario amigo de Granados montaba 'gratis total' mítines y fiestas particulares a candidatos del PP

Sin embargo, un informe de la Agencia Tributaria presente en el sumario apunta en el sentido contrario. Según éste, en sólo cinco años este empresario, a través de Waiter Music SL, obtuvo contratos del Ayuntamiento de Valdemoro, auténtico epicentro de la trama y donde el dirigente regional del PP fue alcalde, por más de 6 millones de euros. Esta forma de acaparar los concursos fue explicada por el propio Huerta ante el juez Velasco con el argumento de que su empresa ganaba porque se presentaba sola ya que las otras mercantiles interesadas finalmente desistían. Excusa, que, sin embargo, la investigación ha demostrado como falsa, ya que sí acudieron otras compañías, muchas veces con mejores ofertas, pero finalmente siempre se llevaba los contratos Waiter Music. Huerta lo justificó en que "yo ofrecía un concierto de mucho calibre y otro ofrecía un concierto más baratito". En todo momento negó el "reparto" de dinero a cargos públicos por estas adjudicaciones ya que aseguraba ir "al límite" para ganar con ofertas muy ajustadas y márgenes pequeños. Los investigadores sospechan que no es así y que, a la vista de los 'emails' encontrados en los ordenadores de su empresa, algunos cargos municipales consiguieron mítines a buen precio e, incluso, 'gratis total', cuando no fiestas particulares.

También investigadas por la UDEF

Las tres empresas no son unas desconocidas ni para la Guardia Civil... ni para la Policía. En el sumario del 'caso Púnica' figura el informe elaborado en mayo de 2014 sobre las mismas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por encargo de la Fiscalía provincial de Madrid tras recibirse un anónimo en el que se denunciaba, precisamente, la supuesta financiación irregular del PP a través de ellas. Dicha denuncia aseguraba que Waiter Music SL estaba ligada al propio ex secretario general del PP madrileño y "organiza las fiestas patronales de la mayoría de los grandes municipios de Madrid por decreto, siendo el propio Francisco Granados quien se dedica a llamar a los alcaldes para 'asesorar' y llevar a cabo unos contratos muy sobreelevados, en donde una cantidad sobrante vuelve al partido". El documento policial recogía, de hecho, los datos de todas las empresas ligadas a José Luis Huerta, entre ellas las tres que centran ahora las sospechas, así como los bienes inmuebles y vehículos puestos a nombre de las mismas. Los agentes también habían realizado un rápido repaso de adjudicaciones recibidas por una de ellas, Waiter Music SL, entre 2011 y 2013 en municipios de la Comunidad de Madrid. Los agentes, que destacaban que no habían encontrado ninguna conexión con Granados, si recogían el sospecho hecho de que en la Cabalgata de Reyes celebrada en 2008 en Valdemoro las tres empresas invitadas a presentar ofertas habían sido, precisamente, las de Huerta. Aquellas pesquisas quedaron ahí. Hoy, sin embargo, el juez Velasco y la Guardia Civil centran buena parte de la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP en ellas.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/empresas-sospechas-financiacion-PP-patronales_0_966503942.html

HACIENDA RASTREA EN LAS INVERSIONES DE UNA EXASESORA DE AGUIRRE 'MORDIDAS' DE GRANADOS

La Agencia Tributaria (AEAT) tiene desde el pasado lunes sobre su mesa un nuevo encargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número, Eloy Velasco. El magistrado instructor del 'caso Púnica' quiere que los expertos del Ministerio de Hacienda rastreen "todos los productos bancarios en los que intervenga o haya intervenido" desde el año 2006 hasta hoy

María Victoria Cristóbal Araujo, ex asesora de prensa de Esperanza Aguirre en la primera campaña de ésta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que con Francisco Granados en la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia llegó a estar al frente de la Agencia Madrileña de Emigración, además de haber sido concejal 'popular' en Majadahonda (Madrid) hasta enero de 2015. El origen de la petición son las pesquisas realizadas en los últimos meses por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre un vehículo de alta gama que figura a nombre de ella y que los investigadores sospechan que ha sido pagado por uno de los constructores de la trama de corrupción.

El juez Velasco ordena la medida tras recibir un oficio de la UCO con los indicios de irregularidades en la compra del 'Mercedes SLK' de 'Vicky' Cristóbal

Así figura en un auto del pasado 24 de octubre al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que el juez Velasco detalla que toma esta medida a petición de la Guardia Civil, que dieciocho días antes le había remitido un oficio en este sentido. En el mismo, el Instituto armado le solicitaba recabar dicha información sobre las inversiones de la ex alto cargo de la Comunidad de Madrid al tener "indicios" de que el automóvil con matrícula 6XXX-DZL, un Mercedes SLK de color negro que ella incluyó en su declaración de bienes cuando fue elegida edil de Majadahonda en las elecciones de mayo de 2011, "pudiera haber sido pagado" por la empresa Obras y Vías SA, el empresario Ramiro Cid Sicluna, imputado en la causa. La Fiscalía Anticorrupción mostró su respaldo a la medida el pasado 19 de octubre y ahora el juez la acuerda en un escrito en el que destaca que con ella pretende investigar, entre otros graves delitos, un "blanqueo de capitales" que relaciona expresamente con "Francisco Granados Lerena y otras personas físicas y jurídicas".

Por ahora, María Victoria Cristóbal, al que todo el mundo en el PP conoce como 'Vicky', no figura en el sumario como investigada (imputada). Y ello pese a que no es la primera vez que el juez Velasco pide información sobre ella. De hecho, el pasado mes de mayo el magistrado dictó otro auto en el que reclamaba a las entidades financieras que le informasen de todas cuentas bancarias en las que esta mujer figurase como "titular, apoderada, autorizada o representante" entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008. En aquel mismo escrito, también solicitó a la Agencia Tributaria que le remitiese la declaraciones de modelo 347 desde el año 2000 hasta el 2008 de la sociedad Car Valdemoro SL, un concesionario de Valdemoro que aparece en la compraventa de varios vehículos bajo sospecha utilizados por implicados en la trama. Detrás de ambas peticiones, que el juez Velasco calificaba entonces de "urgentes e inmediatas", se encontraba otro informe que la UCO, en este caso el que entregó el pasado mes de abril sobre el vehículo de alta gama que figura como propiedad de la ex colaboradora de Granados.

Un 'Mercedes SLK' bajo sospecha

En dicho informe, cuya existencia fue adelantada por Vozpópuli, los agentes destacaban que la documentación encontrada en la sede de la empresa Obras y Vías SA, propiedad del constructor Ramiro Cid, apuntaba a que dicho Mercedes SLK fue supuestamente "pagado" al concesionario Car Valdemoro por esta mercantil, pese a que el mismo figura a nombre de María Victoria Cristóbal. Es la misma situación detectada con otro vehículo, en este caso el Mini modelo Cooper que utilizaba la mujer de Granados, María Nieves Alarcón, y que apareció quemado de manera intencionada en el garaje donde lo guardaba la pareja. Sobre la propiedad de este último automóvil, la Guardia Civil ya ha elaborado dos informes, en los que concluye que el mismo fue un regalo del empresario al político como "contraprestación" por supuestos favores urbanísticos.

No es la primera vez que María Victoria Cristóbal aparece en el sumario. En mayo, el juez ya pidió información sobre sus cuentas bancarias

No es la primera vez que María Victoria Cristóbal aparece en el sumario. De hecho, los informes de la Guardia Civil recogen numerosas conversaciones entre ella y Granados que demuestran la estrecha relación que mantenían ambos. Así, en una llamada del 2 de julio de 2014, pocos meses antes de la detención del político madrileño, 'Vicky' se quejaba de que José María Aznar la quería echar de FAES, donde ella aseguraba trabajar en aquel momento, aunque desde la Fundación han asegurado a este diario que nunca estuvo en nómina. Según dicha conversación intervenida, el ex presidente del Gobierno lo hizo porque temía que saliera un escándalo "muy gordo de ella" referido precisamente a supuestos regalos, según se recoge en otro informe de la UCO. Granados se mostraba indignado por ello. "Manda huevos que le diga que yo te he regalado el piso. Es que me parece la polla", se quejaba el político encarcelado.

En una llamada telefónica posterior, María Victoria Cristóbal aseguraba que iba a enseñar a "Pablo [Casado, entonces en FAES] las escrituras de la casa para demostrar su inocencia, y que intentará buscar nuevo empleo en un proyecto con la embajada de Rusia". El exconsejero le aseguraba por su parte que había pensado en hablar con "Esperanza [Aguirre]" para "amenazarla" y contarle todo, pero que tampoco pretendía "requemar el asunto" pese a que estaba "hasta los cojones" porque era posible que sólo la perjudicase a la propia 'Vicky'. Ella entonces le dijo que había pensado en ir a un notario y contar "lo de los espías", en referencia al escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid en el que ambos se habían visto salpicados.

Un piso junto al hermano de Granados

Una nueva referencia en el sumario a María Victoria Cristóbal se ha conocido recientemente. Su nombre figura en el informe que ha elaborado la Guardia Civil sobre las inversiones inmobiliarias de Alfonso Granados Lerena, hermano del presunto cabecilla de la trama, en el que se apuntaban una supuesta operación de blanqueo de 360.000 euros en la adquisición de un piso en 2011 en una de las zonas más caras de Madrid. El documento policial no se quedaba en esta compra y analizaba el resto de las numerosas operaciones inmobiliarias realizadas por el hermano del político desde que este último desembarcó en 2003 en la Comunidad de Madrid como consejero de Transportes e Infraestructuras. Una de ellas era la compra de un piso en el número 16 de la calle Argensola, también de la capital, en junio de aquel mismo año.

'Vicky' aparece en el informe de la Guardia Civil sobre las inversiones inmobiliarias del hermano de Granados y en la lista de receptores de regalos de la Púnica

El informe destaca que tres años antes María Victoria Cristóbal había comprado una vivienda situada en la misma planta del edificio por 400.000 euros y que el vendedor fue la empresa Vicfidem Proyectos SL, cuyo administrador único es el constructor Ramiro Cid, el mismo que figura detrás de la sociedad que pagó el Mercedes SLK de la antigua alto cargo. El documento policial recalca que 'Vicky' "ostentó el cargo de directora de la Agencia Madrileña para la Inmigración (sic) tras ser nombrada por Francisco Granados en su etapa como Consejero de Presidencia, Justicia e Interior en la Comunidad de Madrid". También recuerda que durante el tiempo que el teléfono del político estuvo intervenido "se constató que ambos seguían manteniendo una relación personal cercana". Además, su nombre figura en el documento policial en el que se analizan los regalos entregados a cargos públicos y funcionarios por Ramiro Cid. En concreto, aparece en las listas de las Navidades de 2005, 2006 y 2007. Entre los presentes que supuestamente recibió de este empresario figura un reloj.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Hacienda-cuentas-Aguirre-mordidas-Granados_0_966203864.html

ALCALDES DEL PP PAGARON FACTURAS FALSAS AL EMPRESARIO DE LA FIESTA 'GRATIS' PARA GRANADOS

El pasado 7 de abril, dos de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados del 'caso Púnica' se desplazaron a Murcia. Iban a interrogar a José Gabriel R.R., un "trabajador autónomo" que entre los años 2007 y 2014 había girado diversas facturas a ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por servicios relacionados con "la celebración de las fiestas patronales y distintos eventos". Los investigadores estaban convencidos que buena parte de ellas eran falsas y que detrás de todo ello estaba José Luis Huerta, propietario de Waiter Music SL, la compañía especializada en la organización de espectáculos y mítines políticos que montó en 2008 una fiesta de cumpleaños 'gratis total' para Francisco Granados valorada en 12.500 euros. El testimonio del pequeño empresario murciano, que declaró como investigado, confirmó las sospechas de los agentes al admitir estas supuestas prácticas irregulares con ayuntamientos gobernados por el PP como el de Valdemoro, Villarejo de Salvanés y Algete.

Un trabajador autónomo confiesa haber girado facturas falsas a los ayuntamientos de Valdemoro, Villarejo y Algete. La UCO le preguntó por otra decena de consistorios

Así consta en su declaración incorporada al sumario y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En la misma, se recoge el acta de información de derechos que hicieron los agentes a José Gabriel R.R. antes de su interrogatorio y en el que la Guardia Civil le comunicó que estaba "inmerso en una investigación relacionada con la supuesta comisión de los delitos de falsificación de documentos, fraude y malversación". En concreto, los agentes le informaron que le relacionaban con "una doble facturación por servicios relacionados con la celebración de eventos" registrada entre los años 2007 y 2014 en los consistorios de Valdemoro, Moraleja de Enmedio, Arroyomolinos, Torrejón de Velasco, Humanes, Chinchón y Algete, según le detallaron antes de la declaración, aunque en el transcurso de ésta también le preguntaron por los municipios de Villarejo de Salvanés, Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón, Nalvalcarnero y Pinto. El propio investigado añadiría uno más en sus respuestas, Getafe.

Las pesquisas apuntan a que José Gabriel R.R. giraba facturas a los ayuntamientos de todos estos municipios "por servicios que se encontraban incluidos en los contratos en las que las sociedades de José Luis Huerta habrían sido adjudicatarias" para organizar diversos festejos. Este empresario, que se encuentra imputado, emitía posteriormente "una contrafactura" desde sus sociedades por los mismos conceptos para, de este modo, enajenar "dinero de las arcas públicas a favor de Waiter Music". Una mecánica en la que la UCO considera al trabajador autónomo murciano "cooperador necesario" al emitir las facturas falsas a los ayuntamientos y canalizar el cobro de las mismas. Una sospecha que, según recalca el documento policial, surge tras analizar "la documentación obtenida en los registros", así como del análisis efectuado a diversos correos electrónicos intervenidos.

Dos horas y media de declaración

En su declaración, que duró más de dos horas y media, José Gabriel R.R. admitió haber realizado dicha práctica irregular en algunos ayuntamientos, aunque lo justificó como la única forma de cobrar una deuda que Waiter Music tenía con él. En concreto, detalló haber emitido en febrero de 2010 una factura de 15.138 euros por servicios no prestados al Ayuntamiento de Valdemoro por "actuación de baile de Carnaval". El pequeño empresario aseguró que para aquel festejo facilitó generadores de corriente, pero no lo que figuraba como concepto de la factura. En este sentido aseguró que lo hizo a propuesta de José Luis Huerta, que entonces mantenía con él una deuda cercana a los 184.000 euros y le dijo que "si quería cobrar tendría que ser facturando directamente al Ayuntamiento".

El autor confeso de las facturas falsas asegura que fue el dueño de Waiter Music, investigada por la supuesta financiación irregular del PP, quien le indicó cómo tenía que hacerlas

Los agentes también le preguntaron por otras facturas giradas a este mismo consistorio. Una, de febrero de 2011 por el "alquiler de 20 grupos electrógenos y once plataformas" para la Cabalgata de Reyes del mes anterior por importe de 19.588 euros. Una segunda, por el montaje de los escenarios para las Fiestas del Pilar de 2012, por un total de 21.239 euros. Una tercera de 21.240 euros por "organización, seguimiento y control en las Fiestas de Valdemoro". Y una cuarta de 16.402 euros por la Cabalgata de Reyes de 2012. En todas ellas admitió que "sólo realizó la parte correspondiente a generadores" y que los datos que debía incluir en todas estas facturas se los facilitó el dueño de Waiter Music SL.

Villarejo y Algete

Los agentes le preguntaron entonces por la factura de 17.303 euros que emitió en 2014 al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés por la organización de unas fiestas que incluyeron un 'tributo a los 80'. La respuesta de José Gabriel R.R. fue similar a las anteriores, al reconocer que sólo hizo parte de los servicios que se recogían en la misma y que el resto lo incluyó por indicación de José Luis Huerta con el supuesto objetivo de compensarle la deuda que aún mantenía con él. Igual explicación dio al pago de 126.440 euros que en julio de 2010 le hizo otro consistorio, el de Algete, supuestamente por la organización de diversos eventos. El trabajador autónomo admitió que, de nuevo, fue el dueño de Waiter Music el que le indició que lo hiciera como única forma de cobrarlo.

En su declaración, José Gabriel R.R. reconoció haber girado una factura de 126.440 euros al Ayuntamiento de Algete por diferentes eventos que no había realizado

Los agentes de la UCO le preguntaron entonces "si estas acciones de facturar a ayuntamientos por trabajos realizados por Waiter Music y por petición de José Luis Huerta" las había realizado en "Arroyomolinos, Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero y Pinto". José Gabriel R.R. se limitó a decir que no lo recordaba "claramente", aunque sí le sonaba haberlo hecho en "Getafe y Navalcarnero". Eso sí, "siempre por servicios realizados". El trabajador autónomo concluyó su declaración asegurando que "en ningún momento tenía constancia de que estaba realizando algún hecho ilícito" e insistió en que todo ello lo hizo a "propuesta" del otro empresario con el único objetivo de que éste redujera "la deuda contraída" con él.

La pieza separada número 7 del sumario

Cuando el juez Eloy Velasco decidió 'trocear' el sumario de Púnica para facilitar una tramitación más rápida y ordenada de la causa y permitir el enjuiciamiento, sin dilaciones, en aquellas piezas en las que haya finalizado la instrucción, decidió dedicar una en exclusiva a Waiter Music SL: la séptima pieza separada. La sospecha de los investigadores es que esta empresa se hizo con numerosos contratos para organizar festejos en decenas de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y otros organismos públicos, como la Fundación Arpegio, gracias a la influencia de Francisco Granados, entonces poderoso 'número 3' del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Las pesquisas apuntan a que parte de esas adjudicaciones vieron cómo se inflaban sus importes para el posterior reparto de 'mordidas' y para la supuesta financiación de mítines y actos electorales del PP que también organizaba Waiter Music. Las investigaciones señalan que, además de Granados, los regidores de algunos de estos municipios se beneficiaron con fiestas 'gratis total'. Fuentes cercanas a la investigación indican que hace dos meses la Guardia Civil entregó un informe sobre las actividades de esta empresa al juez Velasco, quien aún no se lo ha entregado a las defensas y acusaciones.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/cumpleanos-Granados-facturas-ayuntamientos-PP_0_965603934.html

LA ÚLTIMA 'BOMBA' DE PÚNICA: EL JUEZ GUARDA UN INFORME SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El juez Eloy Velasco deja fuera de los tomos entregados esta semana a las partes un informe de la UCO del pasado agosto que acusa a Génova de recibir donaciones de constructoras

El juez Eloy Velasco acordó entregar este miércoles a las partes personadas en Púnica 27 nuevos tomos del sumario, pero mantiene en su poder el documento más valioso. El pasado agosto, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas entregaron al magistrado un informe sobre las presuntas irregularidades cometidas en torno a una de las empresas de la trama, Waiter Music, especializada en la organización de fiestas y eventos. Pero las conclusiones a las que han llegado los agentes van más allá de esa compañía y afectan directamente al Partido Popular.

Como ya informó El Confidencial, los investigadores han logrado acreditar en ese informe que el PP de Madrid habría financiado presuntamente actos de partido con donaciones ilegales de grandes constructoras que tendrían en común el haber sido beneficiarias de adjudicaciones públicas concedidas por administraciones madrileñas controladas por la formación. Se esperaba que el documento fuera trasladado a las partes dentro de los 27 tomos facilitados esta semana, que abarcan diligencias realizadas entre el 19 de mayo de este año y el pasado 10 de octubre. Pero el informe sobre Waiter Music, enviado a la Audiencia Nacional el pasado 25 de agosto, sigue por ahora oculto.

El inicio de los trabajos para confeccionarlo se remonta meses atrás. El pasado 7 de abril, agentes de la UCO tomaron declaración en la Comandancia de Murcia a un proveedor de Waiter Music que reconoció haber facturado 15.138 euros en 2010 al Ayuntamiento de Valdemoro por indicación del administrador y propietario de la empresa de eventos, José Luis Huerta, uno de los 51 detenidos e imputados en la primera fase del caso. El consistorio madrileño abonó el importe de la factura. Sin embargo, el proveedor admitió que los trabajos nunca llegaron a realizarse. Los agentes también constataron la existencia de otras irregularidades contables en facturas emitidas a administraciones públicas por indicación del propietario de Waiter Music a través de ese mismo proveedor.

La expectación que ha despertado el informe sobre la empresa de eventos está justificada. La UCO mantiene que logró adjudicaciones en decenas de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gracias a la mediación del presunto cerebro de la trama, Francisco Granados, exconsejero autonómico de Presidencia y exsecretario general del PP regional. Los importes de los contratos se inflaban para ocultar una salida de fondos públicos que luego se repartían los alcaldes. Como contraprestación, Waiter Music habría agasajado a Granados con una fiesta privada por todo lo alto con motivo de su 44 cumpleaños.

La UCO mantiene que Waiter Music logró adjudicaciones en decenas de ayuntamientos de Madrid gracias a la mediación de Granados

El foco se centra en los contratos que consiguió la firma de eventos entre 2004 y 2013 en Valdemoro, Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio, Alcorcón, Torrejón de Velasco y el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, un ente público desaparecido que también controlaba Granados durante su etapa en los gobiernos de Esperanza Aguirre. Solo en Valdemoro, la empresa de Huerta facturó en ese periodo 8,98 millones de euros.

Pero la UCO también ha descubierto que Waiter Music no solo mantenía una intensa relación comercial con administraciones públicas vinculadas al PP. Entre sus clientes figuraban empresas concesionarias de servicios públicos que no tienen ninguna relación aparente con el negocio de la organización de eventos. Según recogen las declaraciones de Waiter Music a la Agencia Tributaria, incorporadas en el sumario, FCC Construcción le habría pagado 251.557 euros en 2004 y 299.601 euros en 2007; Acciona Infraestructuras SA, 33.292 euros en 2004; Ferrovial Agroman, 33.292 euros en 2004; Dragados Obras y Proyectos, 20.936 euros en 2004 y, la matriz Dragados, 358.208 euros en 2007; OHL, 16.646 euros en 2004; Sacyr, 16.646 euros en 2004 y 89.552 euros en 2007; Urbaser, 9.117 euros en 2007, 59.000 euros en 2010, otros 59.000 euros en 2011, 35.400 euros en 2012 y 36.300 euros en 2013; la UTE FCC-Acciona, 6.844 euros en 2011; y Cespa (Ferrovial), 35.400 euros en 2012 y 36.300 en 2013.

El informe que guarda ahora Velasco confirmaría que los 1.397.091 euros abonados en total por estas constructoras a Waiter Music habrían servido para sufragar actos del PP, apuntalando de este modo una nueva acusación contra Génova por financiación ilegal que se suma a las que ya se han acreditado en las operaciones Gürtel y Taula. En plena recta final de las conversaciones para la investidura de Mariano Rajoy, la difusión del contenido del informe amenaza con abrir otra vía de agua en los planes del PP y tensar aún más el debate interno que libra el PSOE sobre su abstención.

No es la única evidencia de financiación ilegal del PP de Madrid que se investiga en Púnica. El juez Velasco instruye en secreto desde febrero diligencias sobre las presuntas donaciones ilegales al PP que supuestamente captó Granados entre 2011 y 2014. El presunto cabecilla de la trama anotó los cobros en una agenda que fue localizada en los registros. Las pesquisas apuntan fundamentalmente a OHL, que habría aportado un total de 1,6 millones de euros a través de Javier López Madrid, consejero de la compañía y consejero delegado del Grupo Villar Mir.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-23/la-ultima-bomba-de-punica-el-juez-guarda-un-informe-sobre-financiacion-ilegal-del-pp_1278998/

'GRANADOS CONNECTION': SU CUÑADO, INVESTIGADO POR EL AMAÑO MILLONARIO DE CUATRO CONTRATOS

Un escrito de Anticorrupción destaca la presunta participación de Germán Alarcón cuando era concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valdemoro en las supuestas irregularidades que permitieron que la empresa Waiter Music SL se adjudicara varios años la organización de las fiestas locales por 1,1 millones de euros.

Primero fueron el propio Francisco Granados y su esposa, Nieves Alarcón. Después, sus suegros. Hace unos días, su hermano Alfonso. El próximo puede ser su cuñado. Un escrito de la Fiscalía Anticorrupción conocido ahora sitúa en el epicentro de una de las principales líneas de investigación del 'caso Púnica' a Germán Alarcón Castellanos, hermano de su mujer y teniente de alcalde en Valdemoro cuando el juez Eloy Velasco ordenó las primeras detenciones en octubre de 2014. Dicho documento lo implica en la supuesta adjudicación irregular a la empresa de espectáculos Waiter Music SL de cuatro contratos municipales por cerca de 1,1 millones de euros. Fuentes jurídicos aseguran a Vozpópuli que el familiar del político por ahora no ha sido imputado.

Anticorrupción señala a Germán Alarcón por las irregularidades en los concursos para organizar las fiestas de Valdemoro entre 2011 y 2014

El escrito que lo señala fue presentado por Anticorrupción en la Audiencia Nacional para oponerse a la petición de sobreseimiento que habían planteado dos de los investigados, el ex alcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga y su 'mano derecha' en el consistorio, Alfredo Ovejero. Para justificar su postura, la Fiscalía detallaba en el mismo una por una media docena de contrataciones realizadas por el equipo de Gobierno de este Consistorio durante el mandato de Boza Lechuga (2011-2014), que "están siendo objeto de investigaciones" y que, por tanto, justificaba que ambos siguieran como imputados. Al detallar una de ellas, Anticorrupción citaba expresamente al "concejal de Cultura Germán Alarcón, cuñado de Francisco Granados" por su presunta implicación en una de ellas.

Se trata, en concreto, de la referida a las adjudicaciones a la empresa Waiter Music SL, una de las sociedades sospechosas de pagar 'mordidas' al ex secretario general del PP madrileño, de los concursos para la organización de las fiestas patronales de la localidad madrileña durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Unos contratos que costaron al Ayuntamiento de Valdemoro 1.115.935,46 euros, según se especificaba en el escrito. "Durante todos estos años los contratos fueron incrementados con las cuotas de intermediación del también imputado [José Luis] Huerta Valbuena, [propietario de Waiter Music], incurriendo su tramitación en irregularidades que son objeto de análisis actualmente", señalaba la Fiscalía.

"Personas involucradas"

No es la primera vez que el nombre de Germán Alarcón aparece en el sumario. De hecho, en el mismo figura también un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se detallaban otras supuestas irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de Valdemoro con las que también se le vincula. En dicho documento policial, los agentes señalan al cuñado de Granados como una de "las personas involucradas" en la sospechosa externalización de los contratos de mantenimiento y conservación de varias instalaciones deportivas municipales, entre ellas la piscina, la escuela de fútbol y el gimnasio. Todo ello cuando él era concejal.

Un informe de la Guardia Civil ya implicaba al cuñado de Granados en la sospechosa externalización de la gestión de varias instalaciones deportivas municipales

Este informe de la Guardia Civil recogía un resumen de las declaraciones de seis trabajadores del municipio que señalaban expresamente a Germán Alarcón como el responsable de "idear, planificar y elaborar" los convenios que permitieron privatizar dichas instalaciones "en favor de terceros [...] en perjuicio del interés general". Uno de estos testigos aseguró que cuando se opuso abiertamente a los amaños del cuñado de Granados éste le presionó para que firmara los pliegos de condiciones técnicas que dieron luz verde a los mismos. Los agentes vieron en todo ello claros indicios de "prevaricación y malversación de caudales públicos" en la Concejalía de Deportes que encabezaba entonces Germán Alarcón.

Además el cuñado de Granados aparece en otros dos episodios del sumario. Uno es el registro de la vivienda de sus padres en los que la Guardia Civil localizó en un altillo cerca de un millón de euros en metálico que el político ha reconocido recientemente que es suyo. En aquella intervención, los agentes también entraron en la habitación en la que Germán Alarcón dormía y encontraron dentro de un armario varios objetos de valor. Así, en una bolsa de plástico de unos grandes almacenes, se hallaron cuatro plumas estilográficas de colección, así como un reloj dorado de la marca 'Tiffany'. Junto a éste, los agentes encontraron la garantía del mismo que revelaba que había sido adquirido en la Isla de Aruba, país del Caribe considerado paraíso fiscal hasta 2010. Finalmente, el nombre del cuñado de Granados aparece en la lista de cargos públicos y funcionarios agasajados por el constructor Ramiro Cid para conseguir su favor. Éstele regaló una cesta de navidad valorada en más de 400 euros.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/suegros-hermano-familia-Granados-sospecha_0_964704048.html

TODOS LOS MIEMBROS DEL 'CLAN GRANADOS' SALPICADOS POR LA TRAMA

Su mujer, los suegros, un hermano e, incluso, el cuñado. El juez Velasco ya investiga a varios miembros del entorno familiar de Francisco Granados en el caso Púnica. Tres de ellos están imputados. Los otros dos, bajo la lupa judicial.

La familia es muy importante en el 'caso Púnica'. Tanto que varios de los principales implicados han visto como personas de su círculo más próximo eran imputadas por el juez Velasco por su participación en las supuestas irregularidades. Es el caso de Francisco Granados, el principal cabecilla de la trama. Su mujer, Nieves Alarcón Castellanos, y sus suegros, Juan y Catalina, forman parte de la larga lista de 'investigados' que acumula ya la causa. Además la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto recientemente bajo sospecha las operaciones inmobiliarias de su hermano Alfonso, mientras que la Fiscalía Anticorrupción puso hace tiempo el foco en su cuñado, Germán Alarcón, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valdemoro cuando se produjeron las primeras detenciones, en octubre de 2014. Son el 'clan Granados'.

La implicación de la Nieves Alarcón arranca como cotitular de la cuenta que tenía con su marido en Suiza y que dio pie al inicio de la investigación

La primera en verse implicada por las actividades del político fue su esposa. Nieves Alarcón no fue detenida junto a su marido, pero si fue imputada. Era, junto a Francisco Granados, titular de una cuenta en Suiza que se encuentra en el inicio de las pesquisas del 'caso Púnica'. Además, ella era la conductora habitual de un vehículo Mini que apareció quemado en el garaje de su casa y que los investigadores sospechan que era un regalo de Ramiro Cid, uno de los constructores presuntamente favorecidos por su marido cuando era alcalde. También ella era la encargada de supervisar las obras en la mansión que el mismo empresario estaba construyendo al gusto del matrimonio para regalárselo al político como supuesto pago a sus 'favores'. Las pesquisas también la relacionan con el gasto de 100.000 euros de dinero de la empresa pública Arpegio para regalar cestas de Navidad a sus amistades. Las investigaciones entorno a ella aún no han terminado.

El caso de sus suegros es más peculiar. El juez Eloy Velasco ordenó el pasado mes de noviembre registrar su vivienda en Valdemoro después de que un anónimo alertase a los investigadores de que en dicha casa podía haber dinero oculto. Era cierto. Los agentes de la UCO localizaron en un maletín ocultó en un altillo 922.000 euros en metálico, además de otros objetos de valor como estilográficas de colección y relojes de lujo. El magistrado citó al matrimonio para declarar como imputados por blanqueo de capitales en una comparecencia en el que ambos alegaron que que a su domicilio accedían fontaneros y "gente" de Ikea para justificar la presencia del dinero.

El hermano y el cuñado

Las sospechas sobre Alfonso Granados, hermano del político, se centran en la compraventa de varios pisos, en una de las cuales la Guardia Civil cree haber encontrado indicios de blanqueo del dinero tras haber hallado una nota manuscrita en la que el que fuera consejero del Gobierno madrileño anunciaba a su socio, el constructor David Marjaliza, el envío en un sobre con 360.000 euros en metálico para su adquisición. El informe de la UCO concluía que con esta "operación hizo aflorar una cantidad de dinero en efectivo procedente de Francisco Granados, cuyo origen es desconocido y que se puede presumir que procede de dinero de supuestas comisiones ilegales".

Un informe de la UCO relaciona al hermano de Granados con una operación de blanqueo con la compraventa de un piso

La implicación del quinto familiar del político tiene que ver su condición de concejal en el Ayuntamiento de Valdemoro. Germán Alarcón, cuñado de Granados, era el edil responsable de Cultura y Deportes cuando en octubre de 2014 el juez Velasco ordenó las primeras detenciones, incluida la del político. Entonces estuvo a punto de ser nombrado alcalde tras el arresto del entonces regidor, José Carlos Boza. Informes de la Guardia Civil y escritos de la Fiscalía vinculan ahora a este quinto miembro del 'clan' en diversos concursos públicos del consistorio donde los investigadores creen haber encontrado indicios de irregularidades. Entre ellos, los cuatro contratos adjudicados a una empresas clave de la trama, Waiter Music SL, para la organización los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de las fiestas patronales de la localidad. Entre los cuatro, suman más de 1,1 millones de euros. En el sumario no consta que ni él ni el hermano de Granados hayan sido imputados aún.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/miembros-clan-Granados_0_964704182.html

PÚNICA DA UN RESPIRO AL PP: SU CAJA B, BAJO SECRETO JUDICIAL DURANTE LA INVESTIDURA

Pequeño respiro en Génova 13. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado un auto por el que prorroga el secreto de sumario sobre la pieza separada del 'caso Púnica' en la que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. De este modo, Mariano Rajoy podrá afrontar un previsible debate de investidura a finales de octubre sin la amenaza de nuevas revelaciones de corrupción sobre su partido. El magistrado justifica su medida en que "el conocimiento por parte de los investigados y terceras personas de los datos que figuran en el procedimiento podrían afectar gravemente al mismo". La decisión cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez justifica la medida en la necesidad de "asegurar los posibles hallazgos" de la investigación "sin riesgo de ser manipulados o destruidos"

La decisión del magistrado se plasma en un auto del 5 de octubre que ha sido ahora comunicado a las partes personadas en el sumario. En el mismo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez Velasco recuerda que el pasado 13 de mayo decidió "abrir nuevas vías de investigación" en referencia, precisamente, a la pieza separada número 14 iniciada entonces y en la que se encuentran como investigados el exconsejero de OHL Javier López Madrid y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, junto al exsecretario general de la formación regional, Francisco Granados, por presunta financiación irregular de los 'populares' en esta comunidad.

"Las investigaciones de tales hechos -continúa el auto del magistrado- están todavía en fase de análisis, siendo preciso a tales efectos asegurar las fuentes de información respecto a las conexiones o nuevas evidencias sobre la participación indiciaria en los mismos". El juez Velasco recalca que es, precisamente, para "obtener y asegurar más elementos probatorios" por lo que considera "necesaria la prórroga del secreto en cuestión, ya que el conocimiento por parte de los investigados y terceras personas de los datos que figuran en el procedimiento, podrían afectar gravemente al mismo". En este sentido, recalca que el objetivo final es "asegurar los posibles hallazgos [...] sin riesgo de ser manipulados o destruidos".

Las anotaciones de Granados

La pieza número 14 del sumario tiene su punto de arranque en una libreta con anotaciones manuscritas halladas en el registro de la vivienda de Francisco Granados el día de su detención, en octubre de 2014. En ella aparecían iniciales y palabras en inglés junto a diversas cifras que pudieron ser interpretados gracias a la colaboración del constructor David Marjaliza, socio del político. Gracias a él, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió en noviembre de 2015 un informe en el que se apuntaban a la existencia de una supuesta caja B del PP de Madrid.

La investigación sobre la supuesta caja B del PP madrileño arranca en una libreta con anotaciones manuscritas intervenida a Granados en su domicilio

Así, el documento policial identificaba las iniciales "NP" con Nacho Palacios, antiguo jefe de Gabinete de Granados y también imputado en la causa, y la palabra "ME" con el propio político al considerar que era el pronombre inglés que significa 'yo' a la vista que en las columnas de entrada y salida de efectivos también figuraban los términos 'in' y 'out'. El informe de UCO concluía de ello que "ambos se quedaban con parte del dinero que se recaudaba, con destino a BG", iniciales que los agentes identifican con Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP de Madrid. En el apartado de aportaciones aparece JLM en referencia supuestamente al empresario Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y amigo de los reyes de España, vinculado a entregas de 2 millones de euros. Los agentes no puderon despejar, sin embargo, quién se escondía tras las iniciales "LB" y "JEC", que habrían aportado 100.000 y 60.000 euros días antes de las elecciones europeas de mayo de 2014.

El 12 de febrero, y después de que el diario El Español revelase que se estaba investigando a López Madrid, el juez Velasco ordenó que se registraran los despacho del empresario en la sede de OHL y las dependencias del PP de Madrid, dentro de la sede nacional de Génova 13 en busca de información sobre la supuesta financiación irregular. Días después, ambos fueron llamados a declarar como investigados. Primero por la Guardia Civil y, el 26 de febrero pasado, por el magistrado. En ambas ocasiones, ambos negaron los pagos irregulares.

Las 'amenazas' leonesa y murciana

Mientras la pieza sobre la supuesta financiación irregular del PP madrileño se mantiene bajo secreto, el juez Eloy Velasco avanza a velocidad de crucero con otras dos piezas del sumario del 'caso Púnica' que quiere concluir antes de que acabe el año. Se trata, en concreto, de las referidas a las 'andanzas' de la trama en la provincia de León y en la Región de Murcia. En la primera está imputado, entre otros, el que fuera presidente de la Diputación por los 'populares', Marcos Martínez Barazón, además de un alcalde del mismo partido, Pedro Vicente Sánchez. Éste último ha pedido recientemente al magistrado incorporar a la causa una serie de documentos presentes en la pieza general ante la próxima finalización de la investigación. En la pieza referida a Murcia, las pesquisas salpican directamente al presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y a la senadora del PP en esta comunidad y ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ambos aforados. Entre los últimos imputados se encuentran varios asesores de ambos. Uno de ellos, David Conesa, ha pedido recientemente al juez Velasco que retrase la toma de declaración de dos nuevos imputados prevista para el próximo viernes ante la imposibilidad de asistir su letrado. El magistrado aún no se ha pronunciado.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-PP-investigacion-secretas-investidura_0_962003951.html

EL JUEZ VELASCO PRORROGA LA PRISIÓN DE GRANADOS HASTA UN MÁXIMO DE DOS AÑOS MÁS

El instructor considera que el exdirigente del PP sigue ocultando "una cantidad todavía elevada de dinero que esta investigación todavía no ha sido capaz de decomisarle"

Tiene en cuenta además la nula colaboración del acusado y la destrucción de pruebas ejecutada por su entorno

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prorrogado hasta un máximo de otros dos años más la prisión provisional del exconsejero y exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados, que lleva dos años encarcelado como presunto cabecilla de la trama de corrupción del caso Púnica.

En su auto el juez incluye todos los indicios recabados en la investigación contra el que fuera alcalde de Valdemoro y secretario general del PP en Madrid para concluir que, además de los fondos en metálico localizados en Suiza al entorno de Granados, así como sus bienes incautados y efectivo en metálico –un millón de euros encontrados ocultos en el interior de un armario de casa de sus suegros–, según el juez sigue disponiendo " de una manera oculta de una gran cantidad todavía elevada de dinero que esta investigación todavía no ha sido capaz de decomisarle que haría que, en caso de ser puesto en libertad, le permitiría fácilmente sustraerse a la acción de la justicia".

Para tomar esta decisión el juez ha tenido en cuenta también la no colaboración con la investigación y el " apoyo ideologizado" por parte de determinadas personas que incluso han destruido pruebas ( documentos quemados o triturados en el Ayuntamiento de Valdemoro) una situación que podría todavía aumentarse con Granados en libertad, con una presión mas directa y presencial por parte del investigado.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado este miércoles al juez que acordase la prórroga por dos años más de la prisión acordada contra el presunto cabecilla de la trama Púnica. Tras la vista celebrada para estudiar este asunto, en la que el exsecretario general del PP en Madrid estuvo presente, su abogado Carlos García de Ceca manifestó que su cliente está dispuesto a declarar de nuevo "para concretar algunas cosas".

Granados había sido citado al estar próxima la fecha en la que se cumplen dos años de su entrada preventiva en prisión, el 31 de octubre de 2014. Las acusaciones personadas en la causa se habían adherido a la petición del fiscal para que Granados continúe en la cárcel .

La Audiencia Nacional ya había rechazado su petición de ponerle en libertad en tres ocasiones. El pasado mes de junio, Velasco no estimó la reclamación del ex consejero madrileño al considerar que podría haber "graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba" que podrían afectar a la investigación.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/05/el_juez_velasco_prorroga_prision_granados_hasta_maximo_dos_anos_mas_55799_1012.html

GRANADOS RECONOCE QUE ES SUYO EL MILLÓN DE EUROS "DE IKEA" ENCONTRADO A SUS SUEGROS

El político asegura ahora en un escrito presentado para pedir la libertad provisional que los 922.000 euros hallados en un maletín oculto en el altillo de la casa de los padres de su mujer forman parte del dinero que tenía en Suiza y que su socio David Marjaliza le entregó en España.

Ni generosos ladrones, ni olvidadizos empleados de Ikea, ni desprendidos fontaneros. Los 922.000 euros encontrados ocultos en un maletín en el altillo de un armario de la casa de los suegros de Francisco Granados ya tienen propietario: el propio político. El que fuera 'número 3' del Gobierno de Esperanza Aguirre y secretario general del PP madrileño ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que admite que dichos fondos son suyos y que forman parte del dinero que en su día tenía en cuentas bancarias de Suiza. El político intenta con ello demostrar que no tiene "una gran cantidad de dinero oculto", uno de los argumentos esgrimidos recientemente por el juez Eloy Velasco para rechazar su puesta en libertad y prolongar hasta dos años más su situación de prisión preventiva.

Granados vincula ahora el dinero encontrado en casa de sus suegros con los fondos que ocultaba en Suiza y que repatrió para él su socio Marjaliza

El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es un recurso de apelación a dicha decisión del magistrado que le mantiene como el único de los investigados por el 'caso Púnica' que aún sigue en prisión. En él, asegura que el único dinero que tuvo escondido fue el que atesoró la cuenta que abrió en Ginebra cuando aún era empleado de banca y no había entrado en política. De hecho, asegura que cerró la misma "voluntariamente" al considerar que "no era compatible con el ejercicio de un puesto político de cierto relieve en Madrid, dentro de la Comunidad". Para hacerlo, añade, cedió su saldo al constructor David Marjaliza, quien se "lo reintegró en España".

Es en este punto de su recurso en el que relaciona ese dinero con los 922.000 euros que se intervinieron en noviembre del año pasado en casa de sus suegros. Hasta ahora, la única versión sobre el origen de dichos fondos la habían dado, precisamente, estos últimos, Juan Alarcón y Catalina Castellanos, a los que el juez Velasco interrogó como imputados. Entonces, el primero intentó justificar el hallazgo en el hecho de que en su vivienda habían entrado muchas personas, entre ellos ladrones, "los de Ikea" y algún "fontanero". Ahora, sin embargo, su yerno reconoce que ese dinero es suyo por primera vez, aunque como parte de su argumento de que no posee más propiedades que le puedan permitir huir. De hecho, considera que este "patrimonio oculto" del que habla el juez en sus últimos autos no es sino "una elucubración, una sospecha, una hipótesis del instructor carente de un auténtico fundamento" y que es utilizada como "fórmula estereotipada" para rechazar sus peticiones de excarcelación.

Su mujer y dos hijas

En este punto, Granados compara su situación con la de "múltiples personas que por hechos similares y mucho más importantes se pasean en estos momentos por las sedes de nuestro Juzgados y tribunales, según es público y conocido". Aunque no cita nombres concretos, parece referirse a Rodrigo Rato y otros relevantes implicados en casos de corrupción que no están en prisión provisional como él. Además, el político 'popular' destaca que tampoco se ha tenido en cuenta su arraigo más que demostrable que convierte en prácticamente imposible que intente fugarse si es puesto en libertad. De hecho, en el recurso recuerda que "es natural del pueblo [Valdemoro] donde vive con su mujer y dos hijas de poco más de 19 ó 20 años" y que éstas "están en necesidad evidente de tener a su padre en casa". También asegura que su madre "le visita cada fin de semana en la única salida que hace de su casa desde que el hijo entró en prisión".

El político esgrime su situación familiar para pedir a la Audiencia Nacional que revoque la decisión del juez Velasco de mantenerlo en prisión

A todo ello, añade que todos los miembros de su familia "subsisten" gracias al trabajo de su mujer, cuyo sueldo, sin embargo, no les permite hacer frente a los pagos de la hipoteca de la casa donde viven "con el riesgo que ello comporta". También recuerda que él ha perdido su puesto de trabajo en el banco Societé Genérale, donde era analista financiero, y que "la privación de libertad le impide buscar una oportunidad de empleo cuando su edad le incluye entre los más difíciles de colocar". Circunstancias todas ellas que el ex secretario general del PP madrileño quiere que la Audiencia Nacional tenga en cuenta ahora para anular la decisión del juez Velasco de mantenerlo en prisión.

El recurso de Granados también repite el argumento que esgrimió en su anterior escrito en el que pedía la libertad. En concreto, el supuesto incumplimiento de una directiva europea que obliga a la Justicia de los países de la UE a facilitar a los imputados información suficiente sobre la causa para garantizar "un efectivo ejercicio del derecho de defensa" y que, en su caso, considera que no se ha producido por la larga duración del secreto de sumario. Entonces sustentaba su petición en tres resoluciones judiciales recientes que ahora vuelve a citar. Dos son referidas a sendos directivos del banco chino ICBC arrestados por blanqueo de capitales, y la tercera de un presunto narcotraficante, en las que sí se aplicó dicha legislación y que supuso su inmediata puesta en libertad hace sólo unos meses.

Ocho años en un altillo

La versión aportada ahora por Francisco Granados sobre el origen de los 922.000 euros implica que dicho dinero, que supuestamente llegó e agosto de 2007 a España blanqueado mediante una operación urbanística 'pantalla', llevaba más de ocho años oculto en el maletín cuando la Guardia Civil lo encontró en noviembre de 2015 en el registro de la casa de los suegros del político. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al sumario detalla que Granados llegó a acumular 1,67 millones de euros en su cuenta suiza cuando decidió repatriarlo ante el temor de que "pudiera ser descubierta por las autoridades españolas" en un momento en el que formaba parte del Ejecutivo regional de Aguirre. Para ello, transfirió todo ese dinero a la cuenta que Marjaliza tenía abierta en el banco UBS de Ginebra a nombre de la sociedad costarricense Droz & Co SA, Días después, el entonces dirigente del PP vendió al constructor cuatro parcelas en Valdemoro por 1,55 millones de euros, un valor muy superior al de mercado, en una operación que los investigadores califican de "ingeniosa" y que permitió a Granados "disponer en nuestro país de los fondos de origen injustificado que tenía depositados en Suiza con total impunidad y opacidad". De ser cierta la versión que el político da ahora, casi dos terceras partes de ese dinero ya blanqueado quedó escondido en el maletín hallado casa de los padres de su mujer.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Granados-reconoce-Ikea-encontrado-suegros_0_961404194.html

LA AUDIENCIA NACIONAL AVANZA EN UNA NUEVA VÍA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP A TRAVÉS DE LA TRAMA PÚNICA

Los investigadores sospechan que el partido en Madrid recibió mordidas de Arturo Fernández a cambio de la adjudicación de un restaurante en la Asamblea de Madrid

El juez Velasco sigue el hilo de una libreta de Granados donde consta que recibió 1,4 millones de euros para el PP madrileño

Púnica se convierte en otro de los casos de corrupción que deriva en una posible financiación ilegal del PP

Dentro del macrosumario de Púnica, un entramado de corrupción que ha sumado más de 250 millones de euros en contratos con distintas administraciones, muchos de ellos amañados a través de sobornos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha encontrado un hilo del que ha tirado para investigar otro presunto caso de financiación ilegal del PP. Aunque esta rama del caso, la pieza 14 del sumario Púnica, continúa secreta, fuentes de la investigación confirman que las pesquisas apuntan al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y a los sucesivos contratos que le permitieron explotar el restaurante de la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2013 a cambio de más de un millón de euros para su sociedad hostelera, Grupo Cantoblanco.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han presentado este martes en la Cámara Regional para pedir los contratos. El consejero de Presidencia del Gobierno de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, se ha limitado a decir que los expedientes bajo sospecha rematan en 2013, precisamente el último ejercicio en que el Grupo Cantoblanco explotó el restaurante de la Asamblea, antes de renunciar a la concesión por sus dificultades económicas que derivaron en la quiebra del grupo. 

El juez Velasco trata de saber si los contratos de la Asamblea de Madrid fueron amañados y si el PP regional, con mayoría en el Parlamento regional entre 2007 y 2013 recibió mordidas a cambio. El ovillo del que tiran los investigadores es una libreta incautada al cabecilla de la red, Francisco Granados, exmano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid y en el PP regional, con apuntes que recogen pagos por 1,4 millones de euros al entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez. La misma agenda lleva a los investigadores a pensar que otra parte del dinero, 690.000 euros, no llegó nunca a las arcas del partido porque se las repartieron el propio Granados y el alto cargo de OHL, Javier López Madrid.

Velasco ya apuntó hacia otro posible caso de financiación ilegal del PP cuando acordó el registro de la sede del partido en Madrid. El pasado junio en uno de sus autos, el juez adelantó que en la "ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital" que tiene en su poder hay "potentes indicios y datos objetivos" de que Granados recibió fondos para el Partido Popular.

La Guardia Civil busca también bucea en los contratos de la Cámara de Cuentas, el Registro de Fundaciones de la Comunidad, la Consejería de Economía y un protectorado de fundaciones de la Comunidad de Madrid bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre a empresas de servicios en busca de contratos amañados a cambio de dinero negro. La tesis de los investigadores es que era Granados el que se encargaba de recaudar las mordidas.

La causa que instruye el juez Velasco es la última operación contra la corrupción en que ha llevado a los investigadores a bucear en la supuesta financiación ilegal del PP. Púnica se suma así a Gürtel, al llamado Caja B y a la operación Taula en Valencia que acaba de motivar la imputación de la exalcaldesa Rita Barberá y que hizo dimitir a la mayoría de su grupo de concejales, acusados de blanqueo. Un juez de Ourense indaga además sobre la confesión de un antiguo gerente del partido a sueldo de José Luis Baltar, quien también denunció la financiación irregular del partido. Y otro de La Rioja determinó que la sede del partido allí se pagó con dinero negro.

http://m.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-financiacion-PP-Punica_0_563444416.html

GRANADOS COMPARA SU CASO CON LOS DE UN NARCO Y DOS BLANQUEADORES PARA PEDIR DE NUEVO SU LIBERTAD

El ex secretario general del PP remite al juez Velasco un escrito para reclamar su excarcelación por la supuesta vulneración de una directiva europea. Respalda su escrito con tres resoluciones de tribunales en el que se dio la razón por idéntico motivo a dos directivos del banco chino ICBC detenidos por supuesto 'lavado' de fondos y un arrestado por un alijo de 60 kilos de cocaína.

Enésima petición de excarcelación, pero con argumentos diferentes. El ex secretario general del PP madrileño y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha presentado en la Audiencia Nacional un nuevo escrito para solicitar su puesta en libertad condicional cuando falta sólo un mes para que se cumplan dos años de su detención. No es la primera vez que lo hace, pero sí en la que esgrime alegaciones distintas a las habituales sobre la inexistencia de riesgo de fuga o la imposibilidad de reiteración delictiva. En esta ocasión el que fuera número 3 del Ejecutivo de Esperanza Aguirre reclama su excarcelación por el supuesto incumplimiento de una directiva europea que obliga a la Justicia de los países de la UE a facilitar información suficiente sobre la causa para garantizar "un efectivo ejercicio del derecho de defensa" que, en su caso, considera que no se ha producido por la larga duración del secreto de sumario. El documento viene acompañado de tres resoluciones judiciales recientes, dos referidas a sendos directivos del banco chino ICBC arrestados por blanqueo de capitales, y la tercera de un presunto narcotraficante, en las que sí se aplicó dicha legislación y que supuso su inmediata puesta en libertad hace sólo unos meses.

Granados asegura que el secreto de sumario, que aún se mantiene en una de las piezas, le ha provocado una "grave indefensión" al impedir acceder a todas las pruebas contra él

El escrito, de nueve folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, recalca que el político viene pidiendo su puesta en libertad prácticamente desde que fue detenido el 27 de octubre de 2014, ya que, asegura su abogado, desde entonces no se han concretado en ningún momento las acusaciones que sirvieron al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para enviarle a prisión. De hecho, sigue negando acusaciones concretas como que la mansión que uno de los constructores imputados, Ramiro Cid, estaba construyendo en Valdemoro fuera realmente para él, que hubiera cometido "tráfico de influencias [...] por razón de los cargos públicos desempeñados" o un delito tributario por la apertura de una cuenta en Suiza en el año 2000. Asegura que las acusaciones que aparecían en el auto que le envió a la cárcel no se han probado a lo largo de la investigación y, de hecho, se han 'desvanecido' porque no se se han concretado en personas o "contratos irregularmente adjudicados".

Lo que su abogado asegura que sí ha cambiado en estos casi dos años es la legislación aplicable, entre otros motivos por la transposición a la española en 2015 de una directiva europea de mayo de 2012 que obliga a las Justicias de los países de la UE a permitir a las encausados el acceso "a la totalidad de las pruebas materiales, como por ejemplo, fotografías, grabaciones de sonido o de vídeo, en posesión de las autoridades competentes a favor o en contra de dichas personas con la debida antelación para un ejercicio efectivo de los derechos de defensa". En su escrito, Granados recalca que esto no se ha dado por la larga duración del secreto de sumario, una medida que aún se mantiene en "alguna pieza separada" en referencia a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP madrileño, y que él considera que debe ser de "aplicación excepcional". Esta circunstancia se traduce, en su opinión, en una "grave indefensión" ya que hasta ahora no se le ha permitido "ejercer correctamente el derecho de defensa" y, como consecuencia, "la imposibilidad de entender y combatir la privación de libertad".

"El Juzgado ha vulnerado la regulación vigente"

De hecho, recalca que las excepciones que la propia directiva europea marca al acceso a dicha información -que la misma supusiera una amenaza grave para la vida o fuera necesario para defender un interés público importante- no se dan en su caso. Por ello, el escrito concluye que se debe reconocer que se ha impedido a Granados su derecho al "acceso a la totalidad de las pruebas materiales que obran en las actuaciones" con la consiguiente puesta en libertad ya que "el Juzgado ha vulnerado la regulación vigente" y está "conculcando el derecho a la libertad prescrito en el artículo 17 de la Constitución Española". No obstante, su abogado admite que la excarcelación pueda ser acompañada de otras medidas cautelares, "como la fijación de fianza, la retirada del pasaporte o presentación" periódicas en el juzgado

En abril, la Audiencia Provincial de Madrid exscarceló a dos directivos del banco chino ICBC en aplicación de dicha directiva europea. En junio, la de Barcelona hizo lo mismo con un 'narco'

Para respaldar su petición, el político acompaña su escrito de tres resoluciones dictadas recientemente por las Audiencia Provinciales de Madrid y Barcelona. Dos de ellas se refieren a Wei Liu y Liu Wang, directivos del banco chino ICBC detenidos por la Guardia Civil en febrero dentro de la 'Operación Shadow' por un presunto delito de blanqueo de capitales, y a los que un tribunal ordenó poner en libertad precisamente porque el secreto de las actuaciones les había generado una "indefensión" al impedirles "articular" la impugnación de la orden prisión "con una información suficiente". El tercer caso es el de un presunto narcotraficante detenido en enero de 2015 en Barcelona después de que la Policía interviniera en un contenedor del puerto de la capital catalán un cargamento con 60 kilos de cocaína. El pasado 28 de junio, la Audiencia Provincial ordenó también su puesta en libertad en aplicación de la directiva europea que ahora alega Granados para salir de prisión tras dos años entre rejas.

Hasta dos años más

El escrito de la defensa de Francisco Granados en el que solicita de nuevo su libertad se produce a escasos días de una cita clave para su futuro judicial. El próximo 5 de octubre, a las diez de la mañana, el magistrado del 'caso Púnica' decidirá si prorroga hasta dos años más la situación de prisión provisional en la que el ex dirigente del PP madrileño está desde que fue arrestado el 27 de octubre de 2014 o accede a dejarle en libertad, como el político viene reclamando. Hasta ahora la Audiencia Nacional ha rechazado hasta en cuatro ocasiones su excarcelación por riesgo de fuga con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. La decisión del juez Velasco, recogida en una providencia adelantada por Vozpópuli el pasado 6 de septiembre, se produce en aplicación de los artículos 505 y 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que son los que determinan los tiempos máximos de prisión provisional y los mecanismos y plazos de su prórroga. Para la primera, la ley fija un máximo de 2 años de cárcel en los casos, como ocurre con Granados, que el delito del que se le acusa tuviera una pena superior a los tres años de prisión. La ley también recoge que, cumplido ese plazo, algo que en el caso de Granados ocurrirá a finales de octubre, el magistrado instructor puede acordar "una sóla prórroga de hasta dos años" si persisten el riesgo de fuga, de destrucción de prueba o de reiteración delictiva que determinaron su encarcelamiento.

http://vozpopuli.com/actualidad/90137-granados-compara-su-caso-con-los-de-un-narco-y-dos-blanqueadores-para-pedir-de-nuevo-su-libertad

LA UCO INCORPORA 89 NUEVAS "EVIDENCIAS" SOBRE LAS IDAS Y VENIDAS DE LAS FORTUNAS DE GRANADOS Y MARJALIZA EN EL EXTRANJERO

La Guardia Civil elabora un anexo al informe en el que se recogía la exhaustiva investigación financiera a la que sometió a los dos presuntos cabecilla de la trama. En el mismo se recogen nuevas pruebas documentales sobre los movimientos de fondos entre cuentas de España, Suiza y Singapur.

Notas manuscritas y faxes. Extractos de cuentas y otros documentos bancarios. Contratos y actas notariales. Cartas y correos electrónicos... La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado recientemente al sumario del 'caso Púnica' un informe 'anexo' con 89 documentos que cataloga de nuevas "evidencias". Se trata, en concreto, de información en soporte papel e informático localizado durante los registros o entregado a los agentes por imputados y que hasta ahora no había podido ser analizada en detalle. Con ellos, los agentes creen aportar más datos sobre diferentes aspectos de los movimientos de fondos en el extranjeros que hicieron los dos principales implicados en la trama, Francisco Granados y el constructor David Marjaliza. Nuevos indicios que sirven para reforzar las pruebas que ya recogía el Informe Integral de Investigación Financiera número 2016-5605-40 en el que se analizaba exhaustivamente el origen y destino de la fortuna oculta de ambos. El nuevo documento policial, fechado el pasado mes de febrero aunque desconocido hasta ahora, se encarga de "describir y reproducir los documentos de mayor relevancia obtenidos hasta el momento".

Una nota interna del BNP Paribas de Ginebra hallada ahora señala que la entidad aconsejó a Marjaliza acogerse a las amnistía fiscal de Montoro y que el constructor lo rechazó

Estas 89 nuevas "evidencias" las encabezan los 14 folios encontrados en el registro del domicilio de Ana María Ramírez, secretaria y persona de la máxima confianza de Marjaliza, sobre la falsa compraventa de obras de arte con la que el constructor repatrió a nuestro país 4,2 millones de euros en 2013. Se trata de "diversos documentos relacionados con el transporte y almacenamiento" de dichos objetos artísticos en un depósito del Puerto Franco de Ginebra, donde finalmente fueron intervenidas por la UCO. Sobre esta operación fraudulenta también figuran varias pruebas novedosas sobre la constitución de la empresa Millenia Trading Ltd en Singapur, la ciudad estado asiática desde la que se transfirieron los fondos a España. Incluso se han localidad los extractos bancarios de una cuenta abierta a nombre de esta sociedad en este país y los acuerdos que Marjaliza llegó con Tricor, una compañía asiática dedicada a crear y gestionar estructuras empresariales en ese continente. Incluso figuran comunicaciones del constructor con uno de sus 'testaferros', el tailandés Karit Yvaboon, del que ha aparecido además una copia de su documento de identidad. El informe 'anexo' incorpora además las órdenes de transferencias para la compra de dos obras de Antonio Tapies que formaron parte de los objetos de artes utilizados en el blanqueo de la millonaria cantidad.

También llamativa es la "evidencia" número 6. Son once páginas manuscritas aparecidas en el domicilio de Ana María Ramírez en las que constan determinadas fechas y cantidades asociadas a las palabras 'Time' y 'Sheraton', en referencia a los dos nombres con los que se identificaban sendas cuentas de Marjaliza en Suiza. "Parece tratarse de algún tipo de relación de control manuscrita de envío de fondos" hacia el país helvético, aclara el documento de la Guardia Civil. De hecho, entre las 89 nuevas pruebas abundan las relacionadas con dichos depósitos bancarios. Así, aparecen algunos referidos a las aperturas de los mismos y diversos "informes de contacto" que elaboraba la gestora de los mismos en el BNP Paribas de Ginebra, Fabiane Guinard, en los que ésta detallaba el contenido de los contactos y conversaciones que mantenía con el constructor sobre sus fondos.

Alertado por el banco

En uno de ellos, la experta financiera aseguraba que había recomendado a Marjaliza acogerse a la amnistía fiscal de 2012 de Cristóbal Montoro, algo que el presunto cabecilla de la trama rechazó. Guinard aseguraba que el cliente prefería "crear dos estructuras que tendrán dos cuentas en Singapur. Una para poner 4,5 millones de euros y la segunda estructura que comprará bienes inmobiliarios que él posee por 4 millones de euros en España". También figura la carta que el BNP Paribas le remitió en abril de 2013, año y medio antes de que fuera detenido, alertándole de que su cuenta había sido bloqueada porque estaba siendo investigada por la Fiscalía helvética. En otras ocasiones, estas notas internas del banco recogen órdenes de compra de acciones por parte de Marjaliza con referencias al propio Granados y la mujer de éste como "antiguos clientes". "David pide a Fabienne [la gestora] comprar en 2 ó 3 días", se lee en una de ellas.

La Guardia Civil ha incorporado abundante documentación que sugiera que Marjaliza tenía en 2001 "algún tipo de producto financiero" en Bahamas con 168.000 dólares

Las cuentas suizas 'protagonizan' también otro tipo de documentos. Así, aparecen resguardos de transferencias de cientos de miles de euros con destino a ellas y órdenes de pago enviadas por Fax desde las oficinas de Marjaliza en la localidad de Pinto a la sede en Ginebra del BNP. Entre las primeras, destacan las realizadas en el verano de 2013 desde una cuenta cuyo titular es la empresa Olfield Properties Inc, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Además se han incorporado nuevas evidencias de las operaciones de blanqueo 'por compensación' realizadas con la supuesta colaboración de otros ciudadanos españoles con cuentas en el país helvético. Incluso figura la solicitud de una tarjeta Visa a nombre de Marjaliza, con otra asociada al de su mujer, con cargo a una de las cuentas en Ginebra de sus empresas 'pantalla'.

También se han incorporado actas notariales de operaciones de compraventa de acciones de empresas de la trama que han levantado la sospecha de los investigadores tanto por el movimiento de dinero que representaba como por el corto espacio de tiempo que pasaba entre la venta y la recompra de las mismas ya que se hacían en el mismo día y por los mismos actores, Marjaliza y su cuñado Alfonso Luna, también imputado en la causa. Otro contrato que figura es el que el socio de Granados selló con otro de los principales implicados, el constructor Ramiro Cid. Incluso, figura abundante documentación encontrada en el domicilio de Marjaliza que sugiere la apertura por parte de éste de "algún tipo de producto financiero, cuenta bancaria o similar" en Nassau, la capital de Bahamas, a través de un bufete local que le recomienda constituir una Compañía de Negocios Internacionales para obtener "ventajas fiscales, secreto bancario y gestión de activos". En uno de ellos se recoge un supuesto saldo de 167.726 dólares americanos (149.154 euros al cambio actual) a comienzos de noviembre de 2001. Entonces, la 'Operación Púnica' estaba muy lejos.

http://vozpopuli.com/actualidad/89740-la-uco-incorpora-89-nuevas-evidencias-sobre-las-idas-y-venidas-de-las-fortunas-de-granados-y-marjaliza-en-el-extranjero

EL JUEZ VELASCO ORDENA A HACIENDA RASTREAR EL PATRIMONIO ACUMULADO POR GRANADOS, SUS FAMILIARES Y TESTAFERROS EN 15 AÑOS

La Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado mes de julio que se realizara un "análisis y valoración patrimonial" de los bienes del ex secretario general del PP de Madrid y de su socio, el constructor David Marjaliza. El magistrado ha ordenado ahora a la Agencia Tributaria que lo haga desde el año 2000 hasta 2014, cuando ambos fueron detenidos dentro de la 'Operación Púnica'.

Más trabajo para el Ministerio de Hacienda en el caso Púnica. Después de ordenar a la Agencia Tributaria que se encargase de analizar la documentación entregada recientemente por la Comunidad de Madrid sobre la empresa pública Arpegio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha cursado una nueva instrucción a los expertos del departamento de Cristóbal Montoro. En este caso para que rastreen el patrimonio que los dos presuntos cabecillas de la trama, Francisco Granados y el constructor David Marjaliza, acumularon desde el año 2000, poco después que el primero asumiera la alcaldía de Valdemoro (Madrid), hasta 2014, cuando ambos fueron detenidos por la Guardia Civil. El magistrado, sin embargo, no quiere que la investigación se centre en los bienes a nombre de ambos, sino que la misma se extienda a "familiares, personas interpuestas o personas sociales [empresas]" ligadas a ambos.

El magistrado quiere que la AEAT analice y valore el patrimonio del político y su socio Marjaliza, junto al de "familiares, personas interpuestas o personas sociales" ligados a ambos, entre el año 2000 y la detención de ambos en 2014

Así aparece recogido en una providencia dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que se señala que la iniciativa de esta diligencia es de la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, fueron sus dos representantes en la causa las que el pasado 19 de julio presentaron sendos escritos ante el juez Velasco para que se realizaran dichas pesquisas en torno a los considerados personajes de la clave. Hasta ahora, los únicos informes de la AEAT que figuraban en el sumario sobre el patrimonio de ambos fueron los estudios iniciales que se hicieron sobre sus declaraciones de la Renta y las de sus esposas. también imputadas, así como del entramado societario del constructor. Las posteriores investigaciones de la Guardia Civil han revelado que una parte importante de las supuestas propiedades de ambos, sobre todo en el caso del político, están presuntamente ocultas bajo la tapadera de familiares, testaferros y empresas 'pantalla'. Sin olvidar, también, que se hallaron importantes cantidades de efectivo en cajas de seguridad e, incluso, ocultas en domicilios particulares, como el millón de euros que apareció en la vivienda de los suegros de Granados escondidos en un maletín. Es lo que el juez Velasco quiere ahora que se analice en profundidad desde un punto de vista fiscal.

De hecho, los investigadores sospechan que el ex dirigente madrileño del PP utilizaba "diez o doce empresas" para ocultar el dinero de las 'mordidas' recibidas. Así lo reveló el interrogatorio al que el magistrado y las fiscales Anticorrupción sometieron al matrimonio formado por Ignacio Palacios, antiguo jefe de gabinete del político 'popular', y María José Marijuán. Ambos, que se negaron a contestar a las preguntas que se les plantearon, son considerados los presuntos testaferros de las sociedades instrumentales con las que Granados supuestamente evadía dinero de España y con las que ocultaba ser el propietario de bienes. Entre ellos, una finca valorada en más de un millón de euros situada en la localidad abulense de Higuera de las Dueñas y donde el político acudía muchos fines de semana con sus amigos a montar a caballo y en 'quad'. Entre estas empresas supuestas 'pantalla' de Granados, el juez citó expresamente Tuvalu Gestión SL, Sega Integrales SL, Circuito de Prácticas Pista Sur, Ayjopen Consulting SL, Himalaya 2002 SL, Norean 2000 SL, Match Golf Consulting SL, Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL y Bustren SA, según los "datos objetivos y fuertes indicios" que Anticorrupción aseguraba poseer durante los interrogatorios de Palacios y su mujer.

El hermano y la colaboradora

Junto a este matrimonio, también va a ser sometido a escrutinio por los expertos de la Agencia Tributaria diversos miembros del entorno familiar y político más cercano de Granados. De hecho, algunos ya han sido objeto de pesquisas en los últimos meses durante la instrucción de la causa. En mayo el juez Velasco ordenó investigar a un hermano del político, Alfonso Antonio Granados Lerena, y a la que fuera su estrecha colaboradora María Victoria Cristóbal Araujo. Del primero, ha indagado las "operaciones inmobiliarias" en las que hubiera participado. De la segunda, los movimientos de sus cuentas bancarias entre 2004 y 2008. Ambas líneas de investigaciones se abrieron tras recibirse en la Audiencia Nacional sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El familiar del ex dirigente del PP ya vio el pasado 16 de noviembre como los agentes del Instituto armado realizaban un registro en una las propiedades que compartía con su hermano. Fue la misma jornada en la que se localizó en casa de los suegros de Granados cerca de un millón de euros en metálicos escondidos en una maleta.

En los últimos meses, el juez ya había ordenado indagar en las "operaciones inmobiliarias" en las que hubiera participado el hermano de Granados, así como la compra de un vehículo de lujo por parte de una colaboradora del político

En el caso de María Victoria Cristóbal, 'Vicky', las pesquisas se han centrado hasta ahora en su vehículo, un Mercedes SLK que fue supuestamente "pagado" por la empresa Obras y Vías SA, propiedad del constructor Ramiro Cid Sicluna, según la documentación encontrada en su día en el registro de esa compañía. Ramiro Cid, también imputado en la causa, es considerado uno de los principados implicados en la trama y los investigadores le acusan de haber actuado de la misma manera con otro vehículo, en este caso el Mini modelo Cooper que utilizaba la mujer de Granados, María Nieves Alarcón, y que apareció quemado de manera intencionada en el garaje donde lo guardaba la pareja. Sobre la propiedad de este último automóvil, la Guardia Civil ya ha elaborado dos informes en los que concluye que el mismo fue un regalo del empresario al político como "contraprestación" por supuestos favores urbanísticos.

Algo similar ha ocurrido con una mansión que este constructor levantó en Valdemoro bajo las directrices estéticas de la esposa del político y que, pese a que no figuró nunca a nombre de Granados, los investigadores estiman que es realmente de su propiedad. A cambio, el empresario supuestamente se vio beneficiado como "adjudicatario recurrente en ventas de suelo público" en Valdemoro. Construida sobre un solar de 1.700 metros cuadrados (lo que ocupan seis chalés adosados), la vivienda iba a tener piscina con el vaso revestido de cuarcita dorada y el perímetro cubierto de pizarra negra. Además, al amplio jardín iban a dar un porche levantado en piedra arenisca. En la cocina, el político y su mujer se habían gastado 80.000 euros, con muebles de cocina valorados en 44.000 y con 17.000 en electrodomésticos. El resto de la vivienda seguía la misma línea: baño turco y sauna, vestidor con mando a distancia, tres chimeneas, ducha con cromoterapia y efecto niebla... Según recoge un documento policial, el político realizó varias maniobras mediante testaferros en 2011 para ocultar que él era el destinatario final de la vivienda, algo que intentaba ocultar a toda costa después de que en febrero de 2009 el ya desaparecido diario Público comenzase a informar sobre la existencia de la ostentosa vivienda unifamiliar.

"Fuentes de ingresos desconocidas"

Su patrimonio ya levantó sospechas al inicio de la investigación ya que no cuadraba con los ingresos declarados por el matrimonio en sus declaraciones de la Renta. Así, entre 2003 y 2013, Francisco Granados recibió como retribución oficial por el desempeño de sus diferentes cargos públicos una cantidad ligeramente superior al millón de euros. Una importante cifra que, sin embargo, no parece ser suficiente para mantener el elevado nivel de vida que tanto él como su mujer, María Nieves Alarcón, también imputada en el 'caso Púnica', mantuvieron en esos once años. Según destacaban aquellos primeros informes de la Agencia Tributaria incorporados al sumario. De hecho, los expertos de Hacienda señalaban ya entonces su convencimiento de que "el matrimonio dispone de otras fuentes de ingresos que resultan por ahora desconocidas".

Los primeros informes de Hacienda ya apuntaban a la que los ingresos de Granados y su esposa no cuadraban con su patrimonio: "El matrimonio dispone de otras fuentes de ingresos desconocidas"

Granados pasó de ganar algo más de 55.000 euros como alcalde de Valdemoro en 2003 a ingresar 85.675 euros en 2004 como integrante del Gobierno de Esperanza Aguirre tras el célebre 'tamayazo'. A partir de ese año, sus ingresos oficiales se mantuvieron en torno a los 100.000 con un pico de 118.034 euros en el año 2008. Cuando dejó su puesto en el Ejecutivo regional y pasó al Senado, sus retribuciones se redujeron de manera significativa, ya que pasó a percibir algo más de 60.000 euros por su escaño en la Cámara Alta y 19.453 euros de la Asamblea de Madrid en 2012. Cifras que registraron una subida al año siguiente hasta un total de 83.318,20 euros. Por su parte, su mujer recibió esos años retribuciones de hasta siete pagadores distintos, algunas de menos de 100 euros, por las que sólo un año, 2008, curiosamente el año de más ingresos de su marido, superó los 40.000 euros.

Con estos ingresos, el matrimonio consiguió amasar un importante patrimonio inmobiliario. Así, la Agencia Tributaria constató que la pareja era propietaria de tres viviendas en Valdemoro de 350, 127 y 163 metros cuadrados y que, además, tuvo dos pisos de lujo en Marbella que vendió. También que figuraba como titular de cinco almacenes o aparcamientos, cinco solares urbanos de entre 500 y 600 metros cuadrados y dos terrenos rústicos que suman más de 10.000 metros cuadrados, todos ellos en el municipio en el que Granados fue regidor. Hacienda detectó incluso que habían dado varios 'pelotazos' urbanísticos en 2007. Entre ellos, la venta a Servicios Logísticos Inmobiliarios, una sociedad controlada por su amigo David Marjaliza, de cuatro parcelas que poseían en el llamado sector R2 Canto Negro de Valdemoro. De aquella operación, el dirigente 'popular' y su esposa lograron una plusvalía cercana a los 1,44 millones de euros. Los investigadores creen que, en realidad, la misma fue una 'tapadera' para ocultar un 'mordida'. Esa mismo año y en un sólo día, el 31 de agosto, la pareja vendió un inmueble por 672.000 euros que ocho años antes le había costado únicamente 62.000 euros, y otro por 558.000 euros que compró siete años antes por 53.000 euros.

Elevados saldos bancarios

El informe de Hacienda también destacaba los elevados saldos que llegaron a acumular la docena de cuentas a nombre de Granados cuando éste era consejero de Presidencia, Justicia e Interior del gobierno de Aguirre... sin contar con la que tuvo en Suiza bajo el seudónimo de 'Laiker' y en la que llegó a tener 1,5 millones de euros. Así, llegó en las que declaró al fisco llegó a sumar en 2008 algo más de 1,4 millones de euros, cifra que se mantuvo por encima del millón de euros hasta 2011. Curiosamente, cuando abandonó su cargo en el Ejecutivo regional estas cifras comenzaron a reducirse de manera sensible hasta acabar en 2013 con 'sólo' 726.000 euros. Con esas cantidades a su disposición, el político y su mujer se permitieron el lujo en 2009 de invertir de golpe cada uno nada menos que medio millón de euros en adquirir Letras del Tesoro.

La AEAT también resaltaba en sus primeros análisis que a Granados la declaración de la Renta casi siempre le salía a devolver. De nueve ejercicios, sólo tuvo que pagar a Hacienda en dos de ellos

Además, la Agencia Tributaria detallaba también el amplio parque móvil con el que contaban y que se componía de dos motocicletas, un BMW 530, un Audi A5, un Mercedes 180, el Mini Cooper que resultó destruido por el fuego y un todoterreno Volkswagen Touareg. Con todo ello, los resultados de las declaraciones de la renta del matrimonio en aquellos años fueron también llamativos. De los nueve de los ejercicios analizados entonces, a Granados le salió a devolver en siete y sólo en dos tuvo que pagar, uno de ellos coincidiendo con sus 'pelotazos' urbanísticos. Con estos datos sobre la mesa, la Agencia Tributaria concluía ya entonces que no le 'cuadraban' las cifras. Ahora el juez Velasco le ordena que profundice en estos análisis y lo amplíe a sus familiares, posibles testaferros y empresas 'pantalla'.

http://vozpopuli.com/actualidad/88931-el-juez-velasco-ordena-a-hacienda-rastrear-el-patrimonio-acumulado-por-granados-sus-familiares-y-testaferros-en-15-anos

EL JUEZ DE PÚNICA ENCARGA A HACIENDA EL RASTREO DE LAS CUENTAS DE LA EMPRESA PÚBLICA QUE SALPICA A CARGOS DE CIFUENTES

La Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción se encargará de elaborar el informe sobre la abundante documentación que el magistrado Eloy Velasco reclamó el pasado mes de julio a la Comunidad de Madrid referida a los contratos del Plan Prisma y de 22 consorcios urbanísticos en los que intervino la sociedad pública Arpegio. El juez busca pruebas de los supuestos amaños de Francisco Granados y otras personas que actuaron "por delegación" de éste en un programa de inversiones que se presupuestó inicialmente en "1.000 millones de euros".

El Ministerio de Hacienda que dirige en funciones Cristóbal Montoro asume protagonismo en la investigación del 'caso Púnica'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha encargado a la Unidad de la Agencia Tributaria (AEAT) adscrita a la Fiscalía Anticorrupción que sea ella la que analice la abundante documentación que reclamó el pasado mes de julio al Gobierno de Cristina Cifuentes sobre la empresa pública Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación. El magistrado pidió entonces a la Comunidad de Madrid que le entregase de manera "urgente e inmediata" toda la información del periodo 2006-2011 referido a 22 consorcios urbanísticos y a un sin fin de contratos de obras públicas incluidos en el llamado Plan Prisma ante la sospecha de que el presunto cabecilla de la trama, el ex consejero Francisco Granados, amañó los mismos para lucrarse. Esta es la pieza el sumario que salpica a Jaime González Taboada, actual número 3 del Gobierno de Cifuentes, a quien el constructor David Marjaliza acusó en su confesión de quedarse con un tercio de estas presuntas 'mordidas'.

La documentación que ahora analizarán los expertos de la AEAT es la que el juez pidió al Ejecutivo de Madrid en julio sobre el Plan Prisma y 22 consorcios urbanísticos

De este modo, una parte relevante de la investigación en esta pieza separada del sumario que el magistrado abrió precisamente por "las declaraciones iniciales" del antiguo socio de Granados, pasa a manos de Hacienda, cuyo papel en la causa hasta ahora había sido secundario al limitarse a la elaboración de diversos informes sobre la situación fiscal de investigados y empresas. En uno de ellos, detallaba precisamente parte de la operación de blanqueo de 4,2 millones de euros que el constructor realizó con una falsa compraventa de obras de arte. Ahora, sin embargo, el encargo va más allá en una línea de investigación con evidentes conexiones políticas, ya que afecta a González Taboada y otros altos cargos de Cifuentes que en le etapa de Granados como consejero ya ocupaban puestos de responsabilidad. Sus pesquisas servirán de refuerzo a las ya realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es la que hasta ahora ha realizado las 'visitas' a la sede de Arpegio para recabar diversas documentación y que, de hecho, seguirá llevando el peso de la investigación.

En concreto, el juez quiere que los expertos de la Agencia Tributaria analicen nueve documentos que ha pedido a la Comunidad de Madrid relacionados con las tomas de decisiones que llevaron a Arpegio a estar bajo la dirección del presunto cabecilla de la trama Púnica, así como el expediente administrativo relativo al convenio de 3 de febrero de 2006 suscrito entre Granados y la empresa pública en el que se establecían las bases que regían las actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (conocido como Plan Prisma) de los periodos 2006-2007 y 2008-2011. También que estudien los acuerdos por los que Granados designó a González Taboada como el vocal que representaba al Ejecutivo regional en la mesa de contratación de ambos periodos y el acuerdo del consejo de Gobierno de Madrid que autorizaba al político hoy encarcelado a celebrar los convenios con Arpegio. Todo ello, junto a los acuerdos de los Consejos de Administración celebrados el 3 de febrero de 2006 y el 29 de septiembre de 2008 por los que se designaba a los integrantes de la Mesa de contratación.

Los contratos de la empresa DUSA

El magistrado ha ordenado también que sea Hacienda la que rastree las supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), "en particular los contratos de obras y servicios". Para ello, le ha entregado los expedientes de adjudicación de ocho contratos a dicha sociedad. El primero, de fecha 31 de marzo de 2006 y 4,5 millones de euros (más IVA) de importe, adjudicaba a dicha compañía los trabajos de "consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas" del Plan Prisma 2006-2007. Otros cinco son "complementarios" y "prórrogas" de éste que se extendieron hasta febrero de 2010 y sumaron diversas cantidades que iban desde los 633.333 euros de marzo de 2007 a los 49.760 euros de febrero de 2010. A ellos, se suma la adjudicación de la "coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Plan Prima de 2008-2011", y que fue licitado por 3,4 millones de euros, y la del arrendamiento de oficinas y plazas de garaje en la Plaza de Colón para el personal de dicho plan de inversiones, y que costó cerca de 290.000 euros. En total, DUSA se embolsó 9,8 millones de euros en contratos ahora bajo sospecha.

Buena parte de las pesquisas se centran en ochos contratos de "obras y servicios" adjudicados a la empresa DUSA por 9,8 millones de euros.

Otros contratos cuya documentación va analizar ahora la Agencia Tributaria son los de publicidad y propaganda del plan de comunicación para la presentación del Plan Prisma, que se elevó a 2,5 millones de euros, más IVA; y el de organización de "los actos de presentación, visitas a las obras y primeras piedras", que costó más de 782.000 euros. Finalmente también rastreará las copias de los acuerdos de creación de Arpegio, de sus estatutos y de las instrucciones de contratación de la empresa pública, así como los movimientos de la cuenta a través de los cuales la Fundación de esta compañía realizaba "cobros y pagos". Este último ente ya estaba siendo investigado por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto del que se encaprichó Granados y que ha supuesto la imputación de su ex gerente, Carmen Plata.

Como apuntaba en el auto por el que solicitó el pasado mes de julio toda esta documentación al Ejecutivo de Madrid, el juez Velasco sospecha que todos estos contratos se adjudicaron de manera supuestamente irregular "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados", quien en ocasiones actuaba "en persona" y en otras, "por delegación". Para esto último, presuntamente colocó como vocal en el órgano de decisión de la empresa pública a una persona de su confianza que aquel escrito judicial no daba su nombre. Diversas fuentes apuntan a que se trata de González Taboada, actual número 3 del Gobierno madrileño, ya que en actas de Arpegio figura como vocal a propuesta de la Consejería de Presidencia que encabezaba Granados. Además, estas pesquisas salpican a un nuevo alto cargo del ejecutivo regional, el viceconsejero Miguel Ángel Ruiz, quien en el periodo bajo sospecha ocupó los cargos de director general del Plan Prisma y de consejero delegado de Arpegio. Ruiz es en la actualidad la 'mano derecha' de González Taboada en la Consejería de Medio Ambiente.

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EL JUEZ VELASCO SIENTA EN EL BANQUILLO A GRANADOS POR EL CHIVATAZO QUE LE DIO UN GUARDIA CIVIL

La Audiencia Nacional decreta la apertura de juicio oral por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos

El chivatazo tuvo lugar después de que los dos agentes le informaran de que la UCO se encontraba investigando a su amigo, el empresario David Marjaliza

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y a dos guardias civiles que supuestamente le chivaron que la Unidad Central Operativa (UCO) estaba investigando a su amigo el empresario David Marjaliza, por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha finalizado la investigación de la primera de las catorce piezas separadas –la denominada pieza I Talamino– que obra el sumario de la trama Púnica .

Ya el pasado junio, Velasco acusó en un auto al cabecilla de la trama, Francisco Granados, de beneficiarse de la alerta que le hizo el agente de la Guardia Civil José Manuel Talamino en una discoteca a altas horas de la madrugada. También, acusó a este agente y a su asesor de seguridad, miembro del Instituto Armado en excedencia, José Luis Caro Vinagre, de revelación de secretos.

No obstante, el otro considerado cabecilla, David Marjaliza, quedó fuera de la instrucción de esta pieza, a pesar de haber confesado que había "quemado" todos los documentos que le incriminaban después de que Granados le advirtiera de que estaba siendo investigado.

Ahora el magistrado, en un auto de transformación EN procedimiento abreviado con fecha de 5 de julio, ha procesado tanto a los dos agentes como ex secretario general del PP de Madrid. A los miembros de la Guardia Civil por la revelación de secretos y a Granados por aprovecharse de esa revelación.

El chivatazo se produjo del 5 al 6 de septiembre de 2014

Precisamente, considera a Rodríguez Talamino autor del chivatazo, el cual tenía acceso a la información por su oficio, y a Caro Vinagre, cooperador necesario. En cuanto a Granados, subraya que se interesó en conseguir datos sobre las pesquisas para que los "vigilados" pudieran adoptar medidas que "contrarrestasen y anulasen" la investigación judicial.

Además, este auto que se ha hecho público este viernes, destaca que en el chivatazo –que se produjo en la noche del 5 al 6 de septiembre de 2014, especifica el escrito de Velasco– hizo "un grave daño" a las acciones realizadas por la UCO sobre la operación Púnica .

Rodríguez Talamino, destinado en la UCO, se dirigió a Granados durante las fiestas de Valdemoro para advertirle de que había participado en la colocación de un dispositivo de vigilancia a las puertas de las oficinas de las empresas del empresario, en el centro comercial Plaza Éboli de Pinto.

El agente se encargó de preparar el vehículo que la Guardia Civil iba a emplear en su dispositivo de vigilancia. Tan sólo un día después de la instalación de los medios en el coche, Talamino ya llamó a Caro Vinagre para avisarle.

La cámara instalada en Plaza Éboli tuvo que ser retirada y otros implicados en la trama comenzaron a adoptar medidas de seguridad adicionales en sus comunicaciones. Además, Marjaliza, ordenó la compra de nuevos teléfonos y quemó "importantísimos documentos que hubieran servido de prueba".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/29/el_juez_velasco_sienta_banquillo_granados_por_chivatazo_que_dio_guardia_civil_53075_1012.html

EL JUEZ SOSPECHA QUE GRANADOS AMAÑÓ CONTRATOS DE ARPEGIO POR VALOR DE "1.000 MILLONES DE EUROS"

El magistrado hace un requerimiento de documentación "urgente e inmediato" a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública sobre contratos, consorcios y convenios firmados entre 2007 y 2011, cuando el ex secretario general del PP madrileño ocupaba la consejería de Presidencia. 

El auto destaca que el político tenía un "dominio absoluto en persona o por delegación" sobre las decisiones que propiciaron adjudicaciones. Las nuevas pesquisas salpican a un alto cargo del Gobierno de Cifuentes, el viceconsejero Miguel Ángel Ruiz, que entonces ocupaba cargos de responsabilidad en Arpegio y el Plan Prisma.

Convenios y consorcios bajo sospecha, contratos millonarios supuestamente amañados... y, detrás de todo ello, Francisco Granados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado un auto por el que ordena a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública Nuevo Arpegio que le entreguen de manera "urgente e inmediata" abundante documentación del periodo 2006-2011 referida a la sociedad antecesora de esta última, Arpegio Areas de Promoción Empresarial SA. El motivo es la sospecha de que el que fuera secretario general del PP de Madrid y ahora señalado como presunto cabecilla de la trama Púnica aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años para manipular 22 consorcios urbanísticos y un sin fin de contratos de obras públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado cita expresamente la cantidad de "1.000 millones de euros", que se corresponde con la totalidad de dicho programa de inversiones en aquellos años, aunque no se ejecutó en su totalidad.

Las pesquisas ordenadas por el magistrado salpican a un viceconsejero del Gobierno de Cifuentes que en el periodo investigado, 2006-2011, fue consejero delegado de Arpegio y director general del Plan Prisma

El auto recalca que todo este dinero se adjudicó "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados", quien en ocasiones actuaba "en persona" y en otras, "por delegación". Para esto último, presuntamente colocó como vocal en el órgano de decisión de la empresa pública a una persona de su confianza que el escrito judicial no da su nombre. Según diversas fuentes, se trata de Ignacio Palacios, imputado ya en la causa como presunto testaferro del político, aunque otras también apuntan a Jaime González Taboada, actual número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes y a quien el constructor David Marjaliza acusó en su confesión de quedarse con un tercio de las 'mordidas' de los supuestos amaños de la empresa pública. En actas de Arpegio, González Taboada figura como vocal a propuesta de la Consejería de Presidencia que encabezaba Granados. Además, las nuevas pesquisas salpican a un nuevo alto cargo del ejecutivo regional, el Viceconsejero Miguel Ángel Ruiz, quien en el periodo investigado ocupó los cargos de director general del Plan Prisma y de consejero delegado de Arpegio. Ruiz es en la actualidad la 'mano derecha' de González Taboada en la Consejería de Medio Ambiente. 

El auto del juez Velasco detalla que esta línea de investigación, que le llevó recientemente a abrir una nueva pieza separada en el sumario que permanece secreta, arranca precisamente con "las declaraciones iniciales" de Marjaliza. Éste había revelado la existencia del "pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Primas, impulsados todos ellos por la Comunidad de Madrid". El magistrado destaca que todo ello estaba "dotado con 1.000 millones de euros" de fondos públicos, una importante cantidad que se adjudicaron "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de las Mesas de Contratación". Para ello, añade el escrito, el político participaba directamente o "junto un número de vocales, uno de ellos elegido directamente por aquel, y procedentes todos del Patronato de Arpegio (sic), presidido por el mismo". De este modo, Velasco considera que "el dominio sobre las decisiones de adjudicación era absoluto y fue algo buscado desde el momento inicial de redacción del convenio" que puso a la empresa pública bajo el control directo de la consejería que encabezaba Granados.

Copias certificadas

Por todo ello, el magistrado ordena a la Comunidad de Madrid que le entregue copias certificadas de nueve documentos relacionados con las tomas de decisiones que llevaron a Arpegio a estar bajo la dirección del presunto cabecilla de la trama Púnica. Así, reclama el expediente administrativo relativo al convenio de 3 de febrero de 2006 suscrito entre Granados y la empresa pública en el que se establecían las bases que regían las actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (conocido como Plan Prisma) de los periodos 2006-2007 y 2008-2011. También quiere que se le entregue los acuerdos por los que Granados designó a Ignacio Palacios como el vocal que representaba al Ejecutivo regional en la mesa de contratación de ambos periodos, así como el acuerdo del consejo de Gobierno de Madrid que autorizaba al político hoy encarcelado a celebrar los convenios con Arpegio. A su vez, pide a la empresa pública los acuerdos de los Consejos de Administración celebrados el 3 de febrero de 2006 y el 29 de septiembre de 2008 por los que se desiginaba a los integrantes de la Mesa de contratación.

El juez Velasco ha reclamado a la Comunidad de Madrid los expedientes de las adjudicaciones a la empresa DUSA de ocho contratos de Arpegio por valor de 9,8 millones de euros 

El auto del juez apunta además a otras dos líneas de investigación también dentro de Arpegio a la vista de la documentación que reclama. Por un lado, la abierta por dos recientes oficios remitidos a la Audiencia Nacional por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre indicios de supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), "en particular los contratos de obras y servicios". Por otro, la que se inicia tras "la declaración de un testigo el pasado mes de marzo" que no identifica y que, según destaca el magistrado en su magistrado, dio detalles sobre "la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones". El juez Velasco quiere saber ahora qué "entidades físicas y jurídicas" concretas resultaron "beneficiarias de este proceder".

"Complementarios" y "prórrogas"

Para aclarar los supuestos amaños relacionados con DUSA, el magistrado reclama los expedientes de adjudicación de ocho contratos. El primero, de fecha 31 de marzo de 2006 y 4,5 millones de euros (más IVA) de importe, adjudicaba a dicha empresa los trabajos de "consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas" del Plan Prisma 2006-2007. Otros cinco son "complementarios" y "prórrogas" de éste que se extendieron hasta febrero de 2010 y sumaron diversas cantidades que iban desde los 633.333 euros de marzo de 2007 a los 49.760 euros de febrero de 2010. A ellos, se suma la adjudicación de la "coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Plan Prima de 2008-2011", y que fue licitado por 3,4 millones de euros, y la del arrendamiento de oficinas y plazas de garaje en la Plaza de Colón para el personal de dicho plan de inversiones, y que costó cerca de 290.000 euros. En total, DUSA se embolsó 9,8 millones de euros en contratos ahora bajo sospecha.

Un testigo detalló en marzo al juez "la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones"

Otros contratos cuya documentación ha reclamado el juez, como adelantó este miércoles el diario El Mundo, son los de publicidad y propaganda del plan de comunicación para la presentación del Plan Prisma, que se elevó a 2,5 millones de euros, más IVA; y el de organización de "los actos de presentación, visitas a las obras y primeras piedras", que costó más de 782.000 euros. Finalmente reclama también copias de los acuerdos de creación de Arpegio, de sus estatutos y de las instrucciones de contratación de la empresa pública, así como los movimientos de la cuenta a través de los cuales la Fundación de esta compañía realizaba "cobros y pagos". Este último ente ya estaba siendo investigado por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto del que se encaprichó Granados y que ha supuesto la imputación de su ex gerente, Carmen Plata. El escrito del juez recalca a los destinatarios de su escrito, Comunidad de Madrid y Nuevo Arpegio, que la "práctica y ejecución" de dicho requerimiento "es urgente e inmediata". El cerco sobre Francisco Granados se sigue estrechando a toda prisa.

http://vozpopuli.com/actualidad/86592-el-juez-sospecha-que-granados-amano-contratos-de-arpegio-por-valor-de-1-000-millones-de-euros

GRANADOS SEGUIRÁ ENTRE REJAS

La Audiencia Nacional rechaza dejarlo en libertad desestimando su recurso de apelación para evitar su fuga

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La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza dejar en libertad al ex alcalde de Valdemoro y ex secretario general del PP de Madrid por tres motivos fundamentales: por riesgo de fuga, porque puede hacer desaparecer documentación y porque podría “comprar voluntades” en su beneficio futuro. De esta manera la Audiencia desestima el recurso de apelación que presentó Granados ante la decisión del juez Eloy Velasco, que ya le negó salir de prisión.

La Audiencia Nacional insiste en que los beneficios de la trama `Púnica´ están localizados “en gran parte” pero todavía podría quedar patrimonio oculto tanto dentro como fuera de España. La Sala de lo Penal añade que si accediera al recurso del ex alcalde de Valdemoro, éste podría dedicarse a actividades “que bordean la legalidad” y cometer otros hechos delictivos.

http://cadenaser.com/emisora/2016/07/15/ser_madrid_sur/1468575934_223946.html

OTRA EMPRESA DE LA ‘PÚNICA’ CONTROLADA POR GRANADOS ABONÓ 719.000 EUROS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONSERVADORES

La empresa que recibió más dinero fue la editora de La Razón, con 253.884 euros, seguida de Orange Media (145.588 euros), Sierra Media Siglo XXI (77.623), Abc (39.618), Unidad Editorial (35.764) y Madrid Diario (20.600)

La salida de Granados de Arpegio coincide con un importante descenso del gasto en comunicación, que pasó de los 91.397 euros de 2010 a 57.895 el año siguiente

Arpegio, la empresa pública encargada de la gestión del suelo de la Comunidad de Madrid, abonó 719.621 euros a empresas periodísticas y de comunicación entre los años 2007 y 2015, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre. A estos fondos hay que añadir los 491.680 euros que la Fundación de Arpegio repartió entre 2006 y 2013 entre medios de comunicación afines al PP, por lo que la suma total es de 1.211.301 euros.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga todas las adjudicaciones de terreno de esta empresa pública y su fundación, por las que la trama liderada por Francisco Granados pudo haber cobrado millonarias comisiones ilegales. La fundación disponía de un presupuesto propio que surgía de los beneficios de la empresa matriz, Arpegio, por lo que ambas financiaron por separado campañas informativas y publicitarias.

La empresa que recibió más dinero de Arpegio y su sucesora, Nuevo Arpegio, fue Audiovisual Española 2000 SL, la editora de La Razón, con 253.884 euros, seguida de Orange Media Advertising SL (145.588 euros), Sierra Media Siglo XXI (77.623 euros), Abc (39.618 euros), Unidad Editorial (35.764 euros), Madrid Diario (20.600 euros) y Consultoría de Comunicación Estratégica ( 19.416 euros). Llama la atención que el Grupo Prisa percibió otros 1.889 euros.

Las empresas beneficiadas por la Fundación Arpegio, tal y como adelantó infoLibre, fueron el Grupo Intereconomía (247.165 euros), la Cadena Cope (177.510 euros), La Razón (33.332 euros), Abc (21.672 euros) y la revista Época (12.001 euros).

La información suministrada por la Comunidad de Madrid a petición del diputado y portavoz de Podemos en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid, Miguel Ongil, muestra que en 2007, el primer año en el que Granados pasó a controlar Arpegio, esta empresa pública gastó en publicidad y comunicación 126.029 euros. De esta cantidad, la mayor parte (47.049 euros) se la llevó el grupo gallego La Región, que sigue una línea editorial por cercana al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

Pareja de Núñez Feijóo

Según adelantó El País, la empresa controlada por Granados abonó esta cantidad a La Región el mismo año en el que fue entrevistado como consejero de Presidencia de Madrid por uno de los medios de comunicación del grupo.

El rotativo madrileño destaca en su información que según las facturas que conserva el Gobierno madrileño, ese dinero sufragó publirreportajes mensuales en la publicación La Región Internacional a un precio de 6.000 euros la página. La entrevista la realizó la periodista Carmen Chinny Gámir, entonces pareja del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que era la corresponsal de La Región en Madrid.

La segunda empresa más beneficiada fue el diario Abc, que obtuvo otros 34.800 euros, seguido de la empresa Orange Media Advertising SL (30.331 euros), Madrid Diario (11.600 euros) y Gremios Periódico de la Construcción (2.247 euros).

278.718 euros en 2008

Pero 2008 fue el año en el que Granados gastó más dinero desde Arpegio en los medios de comunicación. En total abonó 278.718 euros, de los que 119.954 euros correspondieron a la empresa editora de La Razón (Audiovisual Española 2000) y 115.257 euros a Orange Media Advertising SL.

Unidad Editorial, la editora de El Mundo, Marca y Expansión percibió otros 17.049 euros, seguido de Madrid Diario (9.000 euros), Acción Media (7.999), Telemadrid (6.820 euros) y Abc (2.937).

En 2009, en el que Arpegio gastó 90.895 euros, la editora de La Razón recibió otros 43.689 euros, mientras que el resto ingresaron cantidades muy inferiores: Sierra Media Siglo XXI (10.000 euros), Grupo Actualidad/Trade Maritim SL (8.885 euros), Cesine Metros2 (5.568 euros), Mercados de la Construcción y las Infraestructuras (4.640 euros), Codice RJA (4.640 euros), Ducal Ediciones (4.176 euros), Cerezo Comunicaciones (3.944 euros), Grupo Prisa (1.829 euros), Abc (1.881 euros), Unidad Editorial (668 euros) y Editorial Observatorio Empresas y Negocios (974 euros).

91.397 euros en 2010

En 2010, con un total de 91.397 euros gastados por Arpegio, nuevamente la empresa que recibió más dinero de la empresa controlada por Granados fue Audiovisual Española SA (editora de La Razón), con otros 45.000 euros, seguido de Sierra Media Siglo XXI (11.086 euros), Mercados de la Construcción y las Infraestructuras (9.280 euros), Grupo Actualidad/Trade Maritim SL (5.664 euros), Cesine Metros2 (5.396 euros), Editorial Observatorio Empresas y Negocios (4.687 euros), Cerezo Comunicaciones (3.742 euros), Ducal Ediciones (2.900 euros), Grupo Iniciativa Soluciones Editoriales (1.972 euros), Unidad Editorial (974 euros) y Grupo Prisa (696 euros).

Pero la salida de Granados de Arpegio, que se produjo en 2011, protagonizó un importante descenso del gasto de Arpegio, que pasó de los 91.397 euros de 2010 a 57.895 euros. La empresa que recibió más dinero volvió a ser la editora de La Razón, con 45.118 euros, seguida de Sierra Media Siglo XXI (11.108 euros), Consultoría de Comunicación Estratégica (1.888 euros) y Unidad Editorial (165 euros).

Menos gasto sin Granados

En 2012 el dinero abonado desde Arpegio y su sucesora, Nuevo Arpegio, bajó nuevamente de forma ostensible, ya que pasó de los 57.895 euros de 2011 a los 15.828 euros. La sociedad que más recibió fue Sierra Media Siglo XXI con 11.108 euros.

En 2013 el gasto fue también de 15.175 euros, por 21.180 euros en 2014 y 22.499 euros en 2015. Sierra Media Siglo XXI recibió estos tres años 11.474 euros cada uno.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/14/una_empresa_punica_controlada_por_granados_abono_719_000_euros_abc_unidad_editorial_region_51196_1012.html

EL JUEZ HALLA "POTENTES INDICIOS" DE QUE FRANCISCO GRANADOS RECAUDABA PARA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El juez Velasco rechaza dejar en libertad al ex 'número dos' de Esperanza Aguirre, quien "abusó de sus cargos para conseguir" mordidas a cambio de adjudicaciones, y ante la existencia de "potentes indicios y datos objetivos" de que recibía dinero para financiar de forma ilegal al PP, a pesar de que solo ha podido evaluar el 4% de la documentación intervenida

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rechaza la petición de libertad de Francisco Granados ante la "sensibilidad de la investigación" que se desarrolla, así como por "los graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba que siguen existiendo".

En su auto, el juez determina que existen "potentes indicios y datos objetivos", de que Francisco Granados actuaba como recaudador para la financiación ilegal del Partido Popular.

"Indicios" que ha ido descifrando la investigación, y que se vieron fortalecidos al descubrir la libreta de Granados, que contenía anotaciones que supuestamente eran dinero (1,4 millones transferidos hasta mayo de 2014 al gerente del PP de Esperanza Aguirre en Madrid, Beltrán Gutiérrez), y otros elementos que permanecen bajo secreto de sumario.

Sostiene en su auto el juez que en estos momentos analiza "ingente documentación" al respecto. De hecho, fuentes jurídicas aseveran a la SER que solo han podido evaluar el 4% de la información intervenida sobre la presunta financiación ilegal del PP, que el magistrado mantiene bajo secreto de sumario en una pieza separada.

En su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 rechaza las alegaciones de la defensa de Granados para quedar en libertad, puesto que "en nada" desvirtúan los razonamientos por los que se acordó su ingreso en prisión.

Velasco, de conformidad con lo manifestado por la Fiscalía, considera que la investigación "está patentizando la realización de gran número de hechos delictivos con una significativa participación" de Granados, quien "ha abusado del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos de obras, servicios, etc, a favor de empresarios que le abonaban importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones".

Explica que se revela, además, "un uso indiscriminado" de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio y de la Fundación Arpegio, cuya presidencia "en un primer momento" le permitió controlar la venta de suelo público de la región.

Añade que "posteriores maniobras defraudatorias" (firma de varios convenios) le aseguraron presidir las mesas de contratación que proponían la adjudicación de los contratos financiados con Fondos Prisma, "gestionándose a cargo de dichos fondos durante los años 2006 a 2011 más de mil millones de euros".

Señala también el auto que "está analizándose en este momento una ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital, intervenida en los últimos registros realizados, documentación que está proyectando potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero por este investigado para posible financiación del Partido Popular".

http://cadenaser.com/ser/2016/06/08/tribunales/1465392762_960272.html

LOS NÚMEROS DE LA ‘PÚNICA’: DE LOS 709 MILLONES PARA CONSTRUCTORES A LOS 222 MILLONES POR EDIFICAR COLEGIOS PRIVADOS

Los dos líderes de la trama, Francisco Granados y David Marjaliza, ingresaron en Suiza 12,9 millones para después transferir 4,5 millones a Singapur

Los contratos de eficiencia energética posibilitaron que los integrantes de la red corrupta se hicieran también con 170 millones de euros de Administraciones públicas

El sumario del caso Púnica, en el que se investiga una trama de corrupción liderada por Francisco Granados en la que también participaron empresarios amigos como David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna, entre otros, ha puesto al descubierto las importantes sumas que los implicados han podido embolsarse gracias a la intermediación del que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en su Gobierno.

De acuerdo con la investigación judicial y de la Guardia Civil, la trama liderada por Francisco Granados facilitó a empresarios pelotazos urbanísticos por 709 millones, concesiones para construir colegios por 222 millones, y contratos de eficiencia energética por 170 millones de euros.

1. Pelotazos urbanísticos: 709 millones

Un informe financiero de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que Granados posibilitó a sus socios pelotazos urbanísticos por 709 millones en el término municipal de Valdemoro, al sur de la Comunidad de Madrid. De esta forma, estos constructores se lucraron con la reclasificación de 1,12 millones de metros cuadrados rústicos que se revalorizaron alrededor de 550 euros por metro cuadrado.

Durante los años en los que ejerció como regidor, entre julio de 1999 y noviembre de 2003, Granados creó un urbanismo a la carta en Valdemoro. Así, "confeccionó" un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que "las directrices de trazado y ampliaciones fueron acordadas" con los empresarios del sector inmobiliario David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna.

2. Construcción de colegios privados: 222 millones

Pero las constructoras de la trama no sólo se beneficiaron del urbanismo de Valdemoro, sino que diversificaron sus negocios. Por ello, se hicieron con la edificación de 17 colegios concertados y privados, lo que les reportó unos ingresos de 222,8 millones.

De hecho, hicieron caja por una doble vía, ya que la compañía que promovía los centros educativos, Alfedel, cuya propiedad la Guardia Civil atribuye a Marjaliza, se hizo con otros 19 millones de euros mediante el cobro a las cooperativas de profesores que son las que, en última instancia, gestionan los colegios. La trama garantizaba a los docentes, según se deduce de la investigación, que los municipios liberarían suelo para los centros y que la Administración les daría el concierto.

Los 17 colegios concertados promovidos por la compañía Alfedel, vinculada a la trama Púnica, ingresaron 41,7 millones de dinero público para su funcionamiento en el curso 2014-2015, según los cálculos realizados a partir de los datos de las consejerías de Educación de Madrid y Murcia.

La empresa Ferrón Laguía SL, propiedad de Alfonso Ferrón del Río, el administrador de la sociedad educativa Aldefel, percibió en ocho años 1.731.397 euros de la cooperativa, según las facturas aportadas al sumario.

3. Adjudicaciones de eficiencia energética: al menos 170 millones

Cofely-España, la filial de la multinacional francesa GDF Suez, fue la compañía que se benefició de una buena parte de las adjudicaciones públicas que ahora investiga la Guardia Civil. Cofely pudo haber cobrado más de 170 millones de euros de las Administraciones públicas implicadas, principalmente ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Sólo en 2014, Cofely ingresó 49,3 millones de instituciones y empresas públicas, según la documentación contenida en el sumario a la que ha tenido acceso infoLibre.

4. Contratos del ayuntamiento de Madrid: 32,4 millones

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por el PP, contrató por valor de 32,4 millones con empresas de la trama Púnica, según se desprende de un informe inicial firmado por el subdirector general de la Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas.

Son siete las empresas de la trama que firmaron contratos con el Ayuntamiento: Waiter Music (10 contratos), Grupo Dico y Construcciones (5 contratos), Cofely España (25), Elyo Ibérica Servicios Energéticos (4), la UTE Cofely-Velasco (2), Obrum (1) y Super Cash de Alimentación (1).

5. Servicio madrileño de salud: 12 millones de euros

El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) abonó en 2006, 2007 y 2009 un total de 10,7 millones a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones, en cuya propiedad participaba el cabecilla de la trama David Marjaliza, según un informe realizado el 19 de mayo de 2014 por la Agencia Tributaria.

Después de esa fecha, en junio de 2014, la Comunidad abonó otros 1,3 millones a la constructora que pertenece a David Marjaliza, el principal socio de Francisco Granados. En total, la empresa de Marjaliza habría percibido del Servicio Madrileño de Salud más de 12 millones de euros.

6. La reputación del gobierno madrileño: 140.000 euros en negro

La Comunidad de Madrid utilizó la empresa pública que gestiona el agua, el Canal de Isabel II, para pagar a las empresas del informático Alejandro de Pedro por sus trabajos de reputación online para Esperanza Aguirre e Ignacio González. Las sociedades de De Pedro, Eico y Madiva recibieron una "facturación ficticia" a través de dicha empresa pública, según varios testigos del caso.

La encargada de facturación de dichas mercantiles, Guadalupe Caballero, también mencionó en la declaración como testigo que De Pedro le pidió anotar "a cuenta de la deuda con la Comunidad de Madrid" que ya se habían abonado 14.000 euros. En esa comparecencia, también señaló que la deuda que tenía la Comunidad de Madrid con las empresas de De Pedro, que era supuestamente de 140.000 euros, se iba a pagar con la intermediación del Canal de Isabel II.

Una parte de esos 140.000 abonados fue interceptada por la Guardia Civil en el registro de la vivienda de De Pedro, que además en su declaración reconoció que en 2011 una de sus empresas facturó 40.000 euros al PP madrileño por siete meses de campaña.

7. Pagos a Granados de OHL: 1,4 millones

El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados reflejó en las páginas de una libreta pagos de 1,4 millones al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, según se desprende del sumario de la trama Púnica.

Los apuntes reflejan, en concreto, cuatro pagos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de 100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, con una regularidad casi mensual. Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el cuaderno con las siglas JLM.

Tanto Villar Mir como Javier López Madrid aparecen en otros casos de corrupción, como por ejemplo Gürtel y las tarjetas black. En este último López Madrid ha sido procesado por usar la tarjeta de Caja Madrid de forma irregular.

8. Envíos de dinero a Suiza: 12,9 millones

Entre 1999 y 2003 Granados ingresó en sus cuentas de Suiza 1,33 millones, pasando a superar los 1,68 millones en 2005. Entre el exalcalde de Valdemoro y su socio Marjaliza transfirieron 12,9 millones al país centroeuropeo. Sin embargo, la Guardia Civil llega incluso a elevar la cifra hasta los 15 millones de euros.

Los asesores de David Marjaliza, crearon a toda "prisa" una empresa en Singapur a la que transfirió 4,5 millones de euros, según los correos electrónicos incluidos en el sumario del caso. Marjaliza tomó esta decisión después de descartar regularizar el dinero con la amnistía del Gobierno del PP, que sí aprovecharon siete personas que ayudaron a Marjaliza a lavar el dinero.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/03/los_numeros_punica_50696_1012.html

UN TICKET DE 121 € EN CASA DE GRANADOS SIRVIÓ PARA DESCUBRIR 8 MILLONES DE LA PÚNICA EN EEUU

La Guardia Civil encontró el cargo de un restaurante pagado con American Express. Al tirar del hilo, localizaron los depósitos.

El recibo de una comida de 121 euros en uno de los restaurantes de moda de Madrid llevó a la Guardia Civil a descubrir el botín de ocho millones de euros que imputados de la trama Púnica escondían en Estados Unidos. El grueso de esta cantidad se atribuye al constructor Ramiro Cid, propietario de la empresa Obras y Vías. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió en el domicilio del ex político del PP en Valdemoro un recibo de pago de una de las tarjetas de crédito de Granados.

Le llamó la atención a los investigadores que el nombre del cliente en el recibo estaba escrito al revés, figurando en primer lugar su segundo apellido, Lerena. “El desorden en la consignación del nombre y apellidos del titular de la tarjeta infieren que pudiera tratarse de un medio de pago expedido en un país extranjero”. También destacó la Guardia Civil en sus informes que “se debe tener en cuenta el escaso uso de tarjetas de crédito tipo American Express en España”, recordando que “representan una cuota de mercado del 1% en medios electrónicos de pago”.

Este hallazgo, aparentemente anecdótico, llevó de inmediato a la Guardia Civil a “inferir” que dicha tarjeta de crédito “podría estar asociada a alguna cuenta bancaria no identificada en otros países mediante la cual Granados podría titular activos financieros no identificados hasta el momento”. Y apostillaba la Guardia Civil que “lógicamente el país donde más se usa este tipo de tarjeta es EEUU”.

Pesquisas a la embajada

Siguiendo esta pista, la misma Guardia Civil chequeó los vuelos realizados por el ex consejero de la Comunidad de Madrid a países extranjeros para intentar determinar en qué países podría custodiar fondos ocultos. Una primera búsqueda arrojó el hallazgo de desplazamientos a Panamá, a Nueva York y a Costa Rica.

 “Como se puede observar”, precisaba la Guardia Civil, “se evidencian varios vuelos de Granados a países en los cuales existen estructuras societarias domiciliadas que han sido utilizadas por la trama para operaciones financieras criminales”. No obstante, el interés de los investigadores se centró de inmediato en Estados Unidos. De hecho, los agentes se pusieron en contacto con la embajada estadounidense en Madrid. Fue el cuerpo diplomático quien confirmó a la Fiscalía que Granados y Marjaliza habían contratado varios servicios financieros en EEUU.

Con esta nueva información, la Guardia Civil pudo determinar que las empresas vinculadas a varios de los investigados, y en especial al empresario Ramiro Cid llegaron a sacar en dirección a Estados Unidos ocho millones de euros en ocho años. En un solo día, el 13 de octubre de 2014, estas entidades llegaron a sacar siete millones para enviarlos al país norteamericano.

Pero lo más paradójico del descubrimiento es que, tal y como concluyó posteriormente la Guardia Civil en otro informe, la tarjeta de crédito American Express que se creyó asociada a una cuenta estadounidense y que llevó al descubrimiento del botín americano finalmente resultó estar domiciliada en España, y ser más entre las miles de tarjetas que se expiden en le país cada año.

http://www.elespanol.com/espana/20160608/130987290_0.html

FRANCISCO GRANADOS EMPLEÓ UNA ESTRUCTURA OPACA PARA BENEFICIARSE DE UN MILLONARIO CONTRATO EN EL METRO DE MOSCÚ, SUPUESTAMENTE AMAÑADO CON LA COLABORACIÓN DEL VICEALCALDE

El ex 'número dos' de Esperanza Aguirre planeó engañar a Javier López Madrid para apartarle de la operación, según las conversaciones intervenidas

La trama Púnica, liderada por Francisco Granados, no solo extendió sus tentáculos a Suiza, Panamá, Costa Rica, el Caribe o Estados Unidos. También intervino para sacar tajada de un millonario contrato de consultoría y asistencia para la construcción de 40 kilómetros del metro de Moscú mediante el empleo de testaferros y una estructura opaca. Supuestamente, según fuentes del caso, gracias a la sospechosa intervención del vicealcalde de la capital rusa.

La Guardia Civil tuvo conocimiento del negocio de Moscú gracias a una conversación telefónica pinchada entre Granados y su jefe de gabinete y testaferro, Ignacio Palacios, en septiembre de 2014, un mes antes de la detención del ex número dos de Esperanza Aguirre.

En ella, los imputados cuentan que optaban a la obra del metro ruso por medio de la empresa Bustren, que estaba administrada por quien había sido director general de infraestructuras con Granados en Madrid, Jesús Trabada. Como en Rusia no podía concursar una empresa española, crearon otra sociedad pantalla dependiente de Bustren pero dirigida por un ruso que fue colocado en el cargo por el vicealcalde de Moscú, según admite Trabada a los agentes, y lograron el contrato.

Aunque a todos los efectos la obra del metro de Moscú había sido adjudicada a una empresa rusa dirigida por el ciudadano moscovita Sergei Groshikov, el 70% de los beneficios iban a parar a Granados, Trabada y Javier López Madrid, quien también formaba parte de la sociedad gracias a un contrato de fiducia "opaco al sistema", según Palacios.

La conversación telefónica entre Francisco Granados e Ignacio Palacios también revela cómo pretendieron traicionar a Javier López Madrid y sacarle del negocio. Granados y su testaferro dicen que hay que "meter un poco de veneno y generar la duda" con el proyecto para ver si "Javier la monta y se quita de en medio".

La relación entre todos los involucrados en esta sociedad arranca en 2011, el año en el que Granados deja la consejería de Transportes para ingresar en el Senado.

El supuesto líder de la Púnica contacta con Jesús Trabada, que acababa de abandonar la dirección general de Infraestructuras de su consejería para pasarse a la iniciativa privada fundando la sociedad Bustren PM, y Francisco Granados propone a Trabada adquirir el 10% de su empresa a través de su jefe de gabinete de siempre, Ignacio Palacios, que actuaría como testaferro. También Javier López Madrid entraría en la empresa con un 12% de las acciones, pero en su caso colocó a su hermana en la firma, ocultando tras ella la identidad del verdadero beneficiario de los trabajos, según admitió ante la Guardia Civil el propio Trabada.

Francisco Granados y Jesús Trabada estuvieron al frente de sucesivas ampliaciones de metro en Madrid desde la consejería de Transportes. Fuentes jurídicas investigan si cuando abandonaron el Gobierno de la comunidad aprovecharon los contactos y conocimientos adquiridos.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con Jesús Trabada, quien ha admitido que finalmente obtuvo el contrato del metro de Moscú, además de otros en Perú y Ecuador. No quiso ofrecer más explicaciones a preguntas de esta emisora.

http://cadenaser.com/ser/2016/06/05/tribunales/1465162978_423095.html

EL 'CUBATA' Y LAS 14 LLAMADAS QUE PUEDEN COSTARLE SEIS AÑOS DE CÁRCEL A FRANCISCO GRANADOS

El reciente auto que ha dado un impulso a la pieza del sumario en la que se investiga el 'chivatazo' detalla una por una las llamadas y encuentros de aquella semana de 2014 que pusieron en peligro la 'Operación Púnica'.

El banquillo de los acusados está un poco más cerca para Francisco Granados desde esta semana. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, dio el pasado jueves los primeros pasos para enviar a juicio la primera de las catorce piezas en las que ha dividido el sumario del 'caso Púnica'. En concreto, la referida al 'chivatazo' que supuestamente recibió el político de un guardia civil semanas antes de su detención y que estuvo a punto de echar por tierra meses de investigación. El auto por el cual el magistrado delimita quiénes están acusados por estos hechos -el propio ex secretario general del PP madrileño, el agente y un compañero de éste en excedencia- detalla los cuatro encuentros y catorce llamadas registrados entre el 5 y el 13 de septiembre de 2014 que obligaron a precipitar las detenciones de los implicados en la trama de corrupción y provocó "la quema de importantísimos documentos que hubiera servido de prueba en esta causa". Aquellos sucesos serán previsiblemente los que hagan que se siente por primera vez en un banquillo de los acusados el que fuera todopoderoso número 3 del Gobierno de Esperanza Aguirre. Lo hará bajo la acusación de aprovecharse de la revelación de un secreto realizado por un funcionario público, un delito castigado en el artículo 418 del Código Penal con una pena de uno a seis años de cárcel.

El juez Velasco apunta en su último auto que Granados habría cometido un delito de "aprovechamiento" de revelación de secreto, castigado por el artículo 418 del Código Penal con entre uno y seis años de cárcel

Todo comenzó la noche del 5 al 6 de septiembre de aquel año en Valdemoro, la localidad del sur de Madrid donde Granados fue alcalde y que se ha revelado como el auténtico epicentro de la trama. En plenas fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario, José Manuel Rodríguez Talamino, un integrante de la Unidad Central Operativa (UCO) vecino del municipio y que había participado en la colocación de una cámara oculta frente a las oficinas del constructor David Marjaliza, se acercó al entonces ya ex senador mientras tomaba copas para hacerle un comentario que dejó preocupado a éste. Así lo deducen los investigadores, y refleja el auto del juez, de la conversación telefónica que pocas horas después mantuvieron el ex secretario general del PP de Madrid y el tercer imputado por estos hechos, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia y amigo de ambos, que había trabajado para Granados cuando estuvo en la Consejería de Interior del Ejecutivo regional. "Me contó una película sin venir a cuento, y no... entendí yo muy bien [...] Es que me dio la sensación de que me lo quería contar ... porque fue sin salir", le relató Granados a este segundo agente. Éste le respondió que a él también le había abordado en la calle porque, según le dijo, "tengo que hablar con Paco y contigo", pero que lo dejó ahí. "Y si te ha contado algo es porque él se mamó el cabrón", le añadió. Ambos concluyeron que había que volver a hablar con él para que "nos lo cuente". De hecho, el político le indicó a su interlocutor que "lo que tienes que hacer es llamar a éste y que te cuente, porque yo... me dio la sensación... es que no venía a cuento".

A esa llamada le siguió otra minutos después de Granados a su amigo Marjaliza para indicarle que "uno que está en la UCO" le había comentado algo que le había sonado a advertencia ya que le apuntó que la Guardia Civil estaba "haciendo cosas" en la puerta de las oficinas que el constructor tenía en el Edificio Éboli, en la cercana localidad de Pinto. "¿Seguimientos o qué?", fue la pregunta que le planteó éste. Granados le respondió con un rotundo "sí" para señalarle que "supongo que mañana tendré... tendré más información". Inmediatamente después era el empresario el que realizaba una llamada. En este caso, a su secretaria y persona de la máxima confianza, Ana María Ramírez, para alertarla. "Que tengo un policía, un guardia civil en la puerta. Y bueno, aparte el teléfono pinchado, ya lo sabes", le dijo a su interlocutora, aunque en un primer momento él relacionó esta vigilancias con las visitas que había recibido en dicho edificio de un individuo al que apodaba 'el cojo' y cuyo hermano "está en la cárcel por droga". "A ver si van a pensar también estoy metido porque han venido dos veces a verme", se escudaba. Ese mismo 6 de septiembre se producía una cuarta llamada entre los implicados. En este caso, de nuevo entre Granados y su amigo José Luis Caro Vinagre. En ella, éste le comentaba al primero que "ya he hablado con éste", aunque evitando dar más detalles por teléfono. Se limitaron a quedar en la puerta de la casa del agente en excedencia para tratarlo en persona.

"Una pinta malísima"

La información que el político recibió del que fuera su colaborador generó a éste enorme preocupación. De hecho, a las dos de la madrugada del 7 de septiembre, Granados volvía a ponerse en contacto con Caro Vinagre para decirle que esa noche no iba a bajar a las fiestas de Valdemoro ya que "no tengo muchas ganas después de lo que ha pasado hoy". Sin embargo, los investigadores y el juez Velasco están convencidos de que aquella llamada intentaba realmente ocultar un nuevo encuentro en persona entre ambos aquella misma noche. De hecho, los informes de la UCO y, ahora, el último auto del juez destacan una llamada, la quinta, de la que se deduce que antes de aquel encuentro Rodríguez Talamino había transmitido al otro guardia civil datos sobre el grupo concreto de la unidad de élite que estaba al frente de las pesquisas y que éste se lo había comunicado a su vez al político. De hecho, en esta nueva comunicación, el ex secretario general del PP madrileño daba a entender claramente que había realizado un consulta en Internet sobre dicho departamento y había descubierto que el mismo se dedicaba a casos de corrupción. "Y eso tiene una pinta malísima, me he metido yo [en Internet], y eso tiene una pintaaaa", le espetaba a su interlocutor para más adelante incidir en su preocupación: "Por lo que yo he visto y tal, ¡no tengo duda! Vamos, ¡100 por 100! [...] y con una pinta mala, mala, mala en mi opinión". En una nueva llamada de ese mismo día, el político y su amigo acordaba recabar más datos sobre la investigación ya que, como destacaba Granados en la misma, "el tema va pa' lante y serio". "Sí, ya me lo dijo él a mí que era la cosa seria, pero bueno", fue la respuesta de su interlocutor.

Los 'pinchazos' telefónicos muestran la preocupación de Francisco Granados tras recibir el chivatazo y saber que la UCO lo investigaba: "Eso tiene una pinta malísima[...] El tema va pa'lante y serio"

A raíz de la intervención de aquellas llamadas, los responsables de la investigación decidieron 'alejar' simulando un trabajo fuera de Madrid al presunto autor del 'chivatazo' de las pesquisas y, de paso, impedir que entrase en contacto con su amigo Caro Vinagre. De hecho, el mismo 9 de septiembre este último volvía a llamar al político para decirle que el día anterior había hablado con "éste" pero que tenía que concretar "a ver si hablo con él ahora a mediodía [...] Hoy concreto para verle", añadía. Horas después se producía la novena llamada, en la que de nuevo el agente en excedencia facilitaba 'novedades' al presunto cabecilla de la trama. En concreto, que vería a Rodríguez Talamino tres días después ya que éste estaba entonces de viaje. Un día antes de ese encuentro, los investigadores interceptaban otra llamada relacionada con el 'chivatazo'. En este caso, de David Marjaliza a un "estrecho colaborador", Antonio Serrano, de la que la UCO destaca la sospechosa insistencia del constructor en recalcar la supuesta legalidad de su actividad con la multinacional Cofely, una de las empresas presuntamente implicadas en la red de corrupción. También para entonces Ana María Ramírez, la secretaria del constructor, había llamado a su marido, guardia civil de profesión y hermano del entonces alcalde de Valdemoro, Juan Carlos Boza Lechuga, también implicado en la causa, para preguntarle por las capacidades de las cámaras térmicas que utilizaba el Instituto armado para sus vigilancias y si "atraviesan paredes".

El 12 de septiembre de 2014 se reanudaba el intercambio de llamadas entre Caro Vinagre y el político. La primera, poco después de las diez y media de la mañana. En ella, el primero le anunciaba que a lo mejor quedaba esa misma jornada con el miembro de la UCO autor de la filtración para tomar algo. Una segunda se producía diez horas después y en ella le señalaba que dicho encuentro se había pospuesto para el día siguiente. En dicha conversación, Granados le pedía que le preguntase si la investigación le afectaba a él: "Sobre todo si va la cosa conmigo, claro". Finalmente, sólo unas horas más tarde, a la una y veinte de la madrugada del 13 de septiembre, Caro Vinagre telefoneaba de nuevo al ex senador para que le abriese la puerta de su domicilio porque "me he traído al 'calvito", apelativo con el que ambos se referían a Rodríguez Talamino que entonces llevaba la cabeza rapada. Los investigadores concluyen que en ese momento los tres mantuvieron una reunión en la vivienda del político en el que el miembro de la UCO les confirmó sus temores.

Graves perjuicios a la investigación

El juez destaca en su escrito, adelantado por Vozpópuli el pasado jueves, que por culpa de la indiscreción del agente hubo que retirar la cámara instalada frente a las oficinas de Marjaliza y "que se perdiera una fuente de información muy valiosa para los investigados y para la instrucción de la causa". También resalta en su escrito que disminuyó la frecuencia en las llamadas entre los principales implicados "y el contenido de las mismas", ya que desde ese momento "evitaban pronunciarse sobre temas de interés para la investigación". Eso hizo que "la intervención telefónica desarrollada con autorización policial perdiera eficacia en relación a la obtención de datos de interés para la investigación". De hecho, destaca que Marjaliza destruyó documentación, como luego él reconocería en su confesión, y que incluso cambió de terminales telefónicos. El auto también resalta que para subsanar los perjuicios del 'chivatazo' de su agente, la UCO tuvo que distraer "medios materiales y humanos" para intentar despistar a éste y que tuvieron que disminuir los seguimientos para evitar ser detectados "con la consiguiente pérdida de información". Todo ello desembocó en "una explotación precipitada de la investigación" el 27 de octubre de 2014.

El juez considera probado que el 'chivatazo' puso en peligro la 'Operación Púnica', cuyas detenciones hubo que precipitar después de que los implicados reforzaran sus medidas de seguridad

Por todo ello, el juez considera que la actuación de Rodríguez Talamino no fue "un acto individual y asilado, sino que se extendió en el tiempo" y que en ella tuvo una participación activa tanto Granados como el amigo común de ambos Caro Vinagre. Todo ello se plasmó en la difusión de la noticia a varios investigados y los insistentes intentos del político por conseguir recabar más datos sobre las pesquisas que le afectaban. Por ello, considera a los tres responsables del delito de revelación de secretos. El agente de la UCO, en grado de autor recogido en el artículo 417 del Código Penal, que sanciona estos hechos con entre dos y cuatro años de cárcel cuando han causado "un grave daño para la causa pública" como considera el magistrado que ha ocurrido en este caso. A su compañero en excedencia, como colaborador. Y al político, por "el aprovechamiento" de dicho secreto, una figura recogida en el artículo 418 que fija penas de entre uno y seis años de cárcel. El primer banquillo del político está desde este jueves un poco más cerca.

http://vozpopuli.com/actualidad/83891-el-cubata-y-las-14-llamadas-que-pueden-costarle-seis-anos-de-carcel-a-francisco-granados

EL JUEZ DE ‘PÚNICA’ RASTREA LOS SOBRECOSTES DE OBRAS QUE LA COMUNIDAD DE MADRID ADJUDICÓ EN CINCO AÑOS POR UN TOTAL DE 1.000 MILLONES

Eloy Velasco destaca que se están estudiando las adjudicaciones de suelo público a través de los consorcios urbanísticos, "aflorando indiciariamente la obtención de elevadas ganancias ilícitas por la trama investigada"

El magistrado está analizando "una ingente cantidad de documentación que está proyectando potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero para la posible financiación del PP"

El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, rastrean entre la "ingente" documentación sobre las obras en los municipios obtenida de la Comunidad de Madrid los sobrecostes de las adjudicaciones del Plan de Inversión Regional (Prisma).

En concreto, el magistrado y los agentes peinan todas las obras, cuyo montante total entre los años 2006 y 2011 supera los 1.000 millones de euros, para determinar los beneficios que han podido obtener las empresas de la trama liderada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

El 24 de febrero pasado, Velasco reclamó con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción a la sociedad pública Nuevo Arpegio SA, dominada por Granados, "la relación de contratos adjudicados con cargo al plan Prisma entre los años 2006 y 2011". El instructor pedía además a la empresa dependiente de la Comunidad de Madrid que especificara toda la información "que resulte de los registros informáticos".

Amañadas adjudicaciones

"La documentación incautada en los registros, los volcados informáticos y las declaraciones de testigos e imputados han patentizado amañadas adjudicaciones desde Arpegio", completa el juez en el auto de 24 de febrero, que recuerda que la declaración del arrepentido David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama, demuestra que Granados utilizó su poder como consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid para controlar las adjudicaciones del Plan Prisma: "Lo que le permitió poder solicitar a los empresarios que iban a resultar adjudicatarios, una cantidad de dinero en efectivo en concepto de comisión por tal adjudicación", destaca el juez en el mencionado auto, que ha permanecido secreto hasta hace menos de un mes.

De esta forma, el Gobierno de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes aportó, a requerimiento del juez, según consta en el sumario al que ha tenido acceso infoLibre, un listado de las licitaciones y los contratos modificados del Plan Prisma, muchos de ellos vinculados a las empresas de Granados y sus socios.

Entre los documentos de 2007 aparece, por ejemplo, la rehabilitación en la urbanización Santo Domingo, en el municipio de Algete; dos adjudicaciones de renovación de asfalto y alumbrado en Aranjuez; y mejoras en glorietas en Majadahonda. Sólo en estas obras, la sociedad Virton Construcciones y Proyectos se benefició de sobrecostes por 221.148 euros.

Según Marjaliza, Virton fue una de las empresas beneficiadas por Francisco Granados en su etapa como máximo responsable de Nuevo Arpegio. Además, la Fiscalía Anticorrupción investiga si esta empresa aportó 100.000 euros del millón que supuestamente reclamó en 2007 el número dos de Esperanza Aguirre a una veintena de alcaldes del PP de la Comunidad de Madrid.

El Plan Prisma es como se denominan las obras y servicios que la Comunidad de Madrid realizaba en todos los municipios de menor población con la empresa Nuevo Arpegio. Pese a ello, los Ejecutivos del PP invertían en ellos importantes cantidades de dinero. Y según el juez, "la presidencia por parte de Francisco Granados de Arpegio y de la Fundación en un primer momento permitió a dicho investigado controlar la venta de suelo público de la Comunidad".

Adjudicaciones de suelo

En su auto de 1 de junio pasado, el juez Velasco apunta que se están estudiando "las adjudicaciones de suelo público a través de los consorcios urbanísticos, aflorando indiciariamente la obtención de elevadas ganancias ilícitas por la trama investigada. Se revela un uso indiscriminado de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio Áreas de Promoción empresarial SA y de la Fundación Arpegio dependiente de dicha sociedad", destaca el instructor.

El propio Marjaliza reconoció haber abonado dinero negro tras resultar adjudicatario de vivienda pública en el municipio de Getafe, gobernado entonces por el socialista Pedro Castro. Un informe de la Agencia Tributaria investiga las cooperativas de viviendas Lares del Sur Sociedad Cooperativa Madrileña y de Altamira Sociedad Cooperativa.

Según Hacienda, estas cooperativas abonaron en total 4.281.677 euros a empresas que la investigación vincula con la red corrupta encabezada por el ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. "Hay que conocer la razón de dicha facturación", adelantaba el informe realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

infoLibre se ha puesto en contacto con el exregidor de Getafe Pedro Castro, que ha rechazado haber cometido cualquier ilegalidad en la adjudicación de la vivienda pública en colaboración con la empresa Nuevo Arpegio.

Pago "de un peaje"

Marjaliza también aseguró al juez que Granados aprovechó sus cargos en la Comunidad de Madrid para controlar las ventas de suelo del Gobierno regional y la adjudicación de vivienda protegida y de obra civil, para solicitar "el pago de un peaje a los empresarios interesados en dichas adjudicaciones para la consecución de las mismas".

Pero el juez Velasco va más allá, y sin especificar a qué documentación se refiere, asegura en el auto en el que niega la libertad a Granados que está analizando "una ingente cantidad de documentación, tanto en soporte físico como digital, intervenida en los últimos registros realizados, documentación que está proyectando potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero por este investigado [Granados] para posible financiación del Partido Popular".

Además, el instructor resalta que Granados "ha abusado del desempeño de sus sucesivos carqos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos de obras y servicios, a favor de empresarios que le abonaban importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones". Y según el mencinado auto, estos pagos permitieron al presunto cabecilla de la red Púnica desviar fondos públicos.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/08/el_juez_punica_analiza_los_sobrecostes_las_obras_que_comunidad_madrid_adjudico_por_mas_000_millones_50967_1012.html

EL ABOGADO DE GRANADOS ABANDONA SU DEFENSA "POR MOTIVOS PROFESIONALES"

El ex fiscal Enrique Molina, que llevaba la defensa del político y su mujer, remite al juez Eloy Velasco un escrito en el que anuncia que a partir de ahora se hará cargo Carlos Zabala, especialista en derecho penal del bufete Ramón y Cajal.

"Razones de índole profesional". Ese es el argumento esgrimido por el abogado Enrique Molina para dejar la defensa en el caso Púnica de Francisco Granados y su mujer, Nieves Alarcón, también investiga (antes, imputada) en la causa. Así aparece en el escrito que ha dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En dicho escrito, fechado el pasado 14 de junio, el letrado informa al magistrado que le sustituirá Carlos Zabala López-Gómez, especialista en derecho penal del bufete Ramón y Cajal. En su comunicación, Enrique Molina, que en su día fue fiscal de la Audiencia Nacional, asegura también que sigue "instrucciones de mis mandantes".

Molina, que dice seguir "instrucciones de mis mandantes", será sustituido por Carlos Zabala, especialista en derecho penal del bufete Ramón y Cajal

La decisión del abogado del político e produce poco después de que haber presentado dos escritos en en las últimas semanas. El primero, para solicitar la libertad del que fuera todopoderoso secretario general del PP madrileño. El último, hace sólo unos días, para reclamar que el juez Velasco se inhibiera en los juzgados de Valdemoro en la instrucción de la primera pieza del sumario del caso Púnica, la referida al 'chivatazo' que le dio un guardia civil de que estaba siendo investigado. La primera petición fue rechazado de plano por el magistrado, mientras que sobre el segundo aún no se ha pronunciado.

Petición de libertad

El escrito en el que solicitaba su puesta en libertad fue presentado el pasado 18 de mayo, sólo 24 horas después de que se desatara una tormenta mediática tras levantarse el secreto de sumario sobre la confesión de su socio, David Marjaliza, en la que éste le señalaba como una pieza clave en la trama. Entonces, Granados, insistía en que no había riesgo de fuga porque era "ciudadano español" y tenía arraigo en nuestro país, además de que la posibilidad de que destruyese pruebas o reincidiese en la actividad delictiva de que se le acusa era nula porque "parece poco probable" que volviese "a ocupar el puesto como funcionario público". No era la primera vez que pedía su excarcelación, pero anteriormente el ex senador había llegado a proponer llevar un pulsera de control telemático. En esta ocasión no planteó dicha posibilidad.

Tras verlo rechazado y seguir siendo el único imputado que sigue preso, la defensa intentó una nueva maniobra. En este caso, para solicitar a la Audiencia Nacional que las pesquisas por el supuesto 'chivatazo' que le dio un guardia civil que puso en peligro toda la 'Operación Púnica' fuese a partir de ahora instruido por un juzgado de Valdemoro, el pueblo del sur de Madrid en el que fue alcalde y que se convirtió en el epicentro de la trama de corrupción. El político encarcelado argumentaba en dicho escrito que esa parte del sumario, cuya finalización está próxima, no podía seguir siendo llevada por el juez Velasco, ni por la Unidad Central Operativa (UCO) ni por la misma Audiencia Nacional, al considerar que los hechos no son competencia de este último tribunal, y que el magistrado y el grupo de élito de la Guardia Civil no eran imparciales.

http://vozpopuli.com/actualidad/84324-caso-punica-el-abogado-de-granados-abandona-su-defensa-por-motivos-profesionales

FRANCISCO GRANADOS ROBABA PARTE DE LAS DONACIONES ILEGALES AL PP DE MADRID

La Guardia Civil concluye que Francisco Granados y su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios, se quedaban con “parte del dinero recaudado para el partido” haciendo “gala del refrán castellano quien parte y reparte…(sic)”

El sumario de la Púnica muestra por primera vez la libreta del exconsejero de Madrid, Francisco Granados, que sirvió al juez para registrar la sede madrileña del Partido Popular, al hallar indicios de financiación ilegal. En un informe, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil muestra una captura de pantalla del documento, que está dividido en dos columnas de entrada o “in” en inglés, y salida u “out”.

En la columna de entrada, Granados va reflejando distintos números, que según los investigadores corresponden a cantidades en miles de euros ingresadas, junto a una serie de acrónimos. Hay seis posibles identidades distintas, de los que los agentes, gracias a la declaración del número 2 de la Púnica, David Marjaliza, han identificado a cuatro.

Se trata de las iniciales JLM, que corresponderían a Javier López Madrid; BG, que serían las cifras del gerente de siempre del PP de Aguirre, Beltrán Gutiérrez; las iniciales NP, que son las de Nacho Palacios, el jefe de gabinete de Granados y testaferro; y “Me” – “yo” en inglés-, que sería la identificación del propio Francisco Granados.

López Madrid también se quedaba con parte del dinero del PP

El cuaderno muestra que cuando quien aporta el dinero es Javier López Madrid, no llega todo al PP de Madrid, sino que el propio miembro del consejo de OHL, Francisco Granados y en ocasiones también Ignacio Palacios, se reparten con entre el 50 y más del 60 por ciento del dinero.

Es lo que lleva a la UCO a asegurar en su informe que “a tenor de las cantidades que se detraen de ciertas aportaciones parece que se hace gala del refrán castellano “quien parte y reparte…”, pues tanto Francisco Granados como Ignacio Palacios parece que se quedarían con una parte del dinero recaudado para el Partido”.

Las otras siglas de supuestos donantes de fondos de forma ilegal al PP de Madrid, anotadas por Granados en su libreta son “LD” y “JEC”, cuyas identidades no han podido descubrir hasta el momento los investigadores. En ambos casos realizan una supuesta aportación de 100.000 y 60.000 euros respectivamente, y llegan de forma íntegra a “BG”, supuestamente, Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP madrileño.

http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464715582_076183.html

GRANADOS Y MARJALIZA MOVIERON CASI 6 MILLONES DE EUROS DE SUIZA A COSTA RICA

Francisco Granados y el conseguidor de la trama Alejandro de Pedro viajaron a Costa Rica y Panamá en abril del 2013 en "calidad de asesores de campañas electorales a diferentes políticos de ambos países"

La investigación de la UCO entorno a los viajes y negocios que Francisco Granados y el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, hicieron en Costa Rica y Panamá tiene lugar cuando Granados era Senador en las Cortes Generales de España entre el 29-06-11 y 21-02-2104. En ambos países la trama Púnica intentó llevar a cabo trabajos en calidad de asesores de campañas electorales a diferentes políticos de ambos países.

La investigación sobre los bienes e intereses personales o mercantiles que tanto Granados como de Pedro tienen en Panamá está todavía abierta pero se ha evidenciado la prestación de servicios de la empresa EICO a OPERA GLOBAL INTERNACIONAL SL a la alcaldía de Panamá. La UCO tiene constancia policial además que la trama tiene la empresa Bonnano Media SA constituida el 05-02-2014, domiciliada en Panamá, que tiene como directores a José Antonio Alonso Conesa, socio de Alejandro en España, Borja Jordan de Urries, administrativo de EICo y Adrián de Pedro Llorca, hermano de Alejandro.

Lo que está mas claro y constatado policialmente es lo que la trama Púnica logró en Costa Rica. El 2 de abril del 2013 Granados en compañía de los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa viajaron a Costa Rica para visitar a determinados cargos públicos y políticos "al objeto de obtener contratos y presentarse a adjudicaciones públicas". Según los investigadores el objetivo de los investigados era "crear un grupo de trabajo online (equipo multidisciplinar) para llevar a cabo trabajos en calidad de asesores de campañas electorales a diferentes políticos de Costa Rica". Además se tiene constancia de que realizaron una propuesta para el "diagnóstico y la gestión en medios digitales para el posicionamiento y la reputación del Gobierno de Costa Rica y la efectividad de sus políticas públicas".

David Marjaliza, Francisco Granados y sus esposas constituyeron sociedades en Costa Rica Sheraton Trading SA, Candeo SA, Droz&CO SA como primera maniobra "de ocultación de los fondos de corrupción derivados de su contratación, subastas y concursos con el ayuntamiento de Valdemoro y organismos públicos de la Comunidad de Madrid". La UCO que el pasado julio recibió la segunda parte de la Comisión Rogatoria Suiza, sigue analizando actualmente las cuentas de estas sociedades costarricenses que figuran en las entidades suizas UBS Y BNP. De momento no hay una cantidad global del dinero que la trama ha podido blanquear porque las cuentas se siguen rastreando pero se sabe que Sheraton Trading recibió transferencias de 4 millones de euros en seis años (del 2006-2011) y que Droz&CO recibió en tres años (2007-2010) transferencias de 1,7 millones de euros.

En cuanto al asesoramiento de políticos diferentes correos electrónicos demuestran que en Costa Rica los políticos elegidos eran Rodolfo Hernández Gómez, candidato político del RUSC Costa Rica y Rodolfo Arias, candidato político del PLN de Costa Rica. Respecto a las reuniones que se intentaron llevar a cabo con determinados cargos públicos destaca el de la alcaldesa de Panamá, Roxana Méndez del Partido del Cambio Democrático y Rodolfo Hernández, precandidato por el partido PUSC. En el mismo correo De pedro y Granados comentan que está pendiente de confirmar citas con los "precandidatos presidenciales" del partido del Cambio Democrático como Rómulo Roux (ex ministro del Canal y ex canciller de la Répública o José Domingo Arias (ex ministro de Vivienda). "Tanto si sale el uno como el otro, dicen, podemos colocar nuestros servicios ya que quien no sienta con ellos ahora, nos pagará a nosotros nuestros servicios como regalo de campaña al candidato elegido".

http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464726919_221356.html

LA GUARDIA CIVIL APUNTA QUE GRANADOS SIGUIÓ RECAUDANDO MORDIDAS PARA EL PP DE AGUIRRE TRES AÑOS DESPUÉS DE SU CESE

Los investigadores de la Púnica aseguran que siguió consiguiendo dinero negro tras haber sido apartado a un papel de segunda fila en el Senado, al menos hasta mayo de 2014

Señalan que la intervención de Granados era "necesaria" porque "este tipo de actuaciones están constituidas sobre relaciones de confianza"

A partir de la libreta incautada durante su detención, la UCO cree que Granados y su exjefe de gabinete en Valdemoro se quedaban con parte de las mordidas

La Guardia Civil trabaja con la tesis de que Francisco Granados recaudaba de empresarios dinero negro para el PP de Madrid a cambio de adjudicaciones que concedía la sociedad pública Arpegio y el Plan Prisma de la Comunidad de Madrid. En un informe de la UCO, incorporado al sumario del caso Púnica, los investigadores apuntan la posibilidad de que Granados hubiera podido seguir recaudando para el partido tres años después de que Esperanza Aguirre se deshiciera aparentemente de él.

La tesis de la UCO se construye a partir de la incautación de una libreta a Francisco Granados en el momento de su detención, en octubre de 2014. Las misteriosas anotaciones que contenía una de sus hojas comenzaron a cobrar sentido con las averiguaciones de los guardias civiles y la declaración del exsocio de Granados en la trama de corrupción, David Marjaliza.

"A juicio policial, las iniciales NP podrían corresponder a Nacho Palacios -exjefe de gabinete de Granados en Valdemoro- y Me (teniendo en cuenta que las columnas de entrada y salida de efectivo se denominan en inglés IN/OUT) sería el mismo Francisco Granados, quien se aludiría a sí mismo con la expresión inglesa me (pronombre inglés que significa yo)", escribe el instructor de la UCO en un informe incorporado al sumario.

Y añade: "De todo ello se deduce que ambos se quedaban con parte del dinero que se recaudaba, con destino a BG". La duda de a quien corresponden estas iniciales se resuelve a continuación en el informe: Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP de Madrid. En el apartado de aportaciones aparece JLM, el empresario Javier López Madrid, añade el informe, sobrino de Villar Mir y amigo de los reyes de España.

Los investigadores apoyan su tesis en que Granados fue secretario general del PP entre 2004 y 2011, periodo en el que coincidió con Gutiérrez. "Su condición de secretario general del partido le supuso que hubiera de articular las campañas electorales en Madrid. Así, en la misma libreta donde se encontraban las anteriores anotaciones, hay apuntes relativos a los comités electorales del año 2011", añade la UCO.

Además, las anotaciones reseñadas empiezan en noviembre y finalizan el 25 de mayo. Un 25 de mayo hubo elecciones europeas, concretamente en 2014. Hacía tres años que Granados había perdido la batalla contra Ignacio González, lo que provocó su salida de la Secretaría General del PP madrileño.

El motivo, según la Guardia Civil, podría ser a que "este tipo de actuaciones están constituidas sobre relaciones de confianza a nivel personal, lo que convierte la participación de Francisco Granados en necesaria, habida cuenta de que éste a lo largo de su dilatada carrera en el Partido a nivel regional, habría sido el encargado de mantener dicha red de contactos con los contribuyentes a la campaña".

El 12 de febrero, el juez Velasco ordenó que se registraran las dependencias del PP de Madrid, dentro de la sede nacional de 'Génova 13', en busca de información sobre la supuesta financiación irregular. Dos meses antes, Velasco ya situaba a Ignacio Palacios como "pieza clave del cobro de comisiones ilegales con destino a Francisco Granados".

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 indaga, en una pieza que mantiene bajo secreto del sumario, si Javier López Madrid era uno de los empresarios que habría incurrido en pagas irregulares.

http://m.eldiario.es/politica/Guardia-Civil-Granados-PP-Madrid_0_521798378.html

 ¿QUÉ HAY HASTA EL MOMENTO CONTRA FRANCISCO GRANADOS?

La Púnica se revela como la mayor y más compleja trama de corrupción en España

El levantamiento del secreto descubre que la Púnica liderada por Francisco Granados es el mayor caso de corrupción en volumen económico malversado de España y uno de los de más complejidad, superando con creces a la Gürtel.

Solo en Valdemoro, junto a David Marjaliza y Ramiro Cid, lograron un pelotazo de 700 millones de euros, de los que Granados, supuestamente, se embolsó el 20 por ciento. Y después la red se instaló en más de una decena de municipios de Madrid y en la propia Comunidad, donde el ya consejero de Transportes Granados, como “rey del suelo” desde Arpegio según Anticorrupción, manejó miles de millones en ladrillo y benefició a sus amigos púnicos, sacando tajada de ello.

Cuando pinchó la burbuja pasaron a la eficiencia energética. La cantidad de millones en mordidas en ambos sectores es hasta el momento incalculable, según el juzgado. Además, la Púnica también se extendió a Murcia, León y Valencia.

Pero la trama no tuvo bastante con España. El sumario ha revelado esta semana que a juicio de los investigadores, Francisco Granados y sus socios evadieron capitales y tuvieron negocios en Panamá, Costa Rica o Estados Unidos. Ya se sabía de sus cuentas en Suiza.

Supuestamente, también el Partido Popular de Esperanza Aguirre se benefició de la trama. Hubo actos y eventos a bajo precio a cambio de las fiestas de los pueblos para Waiter Music, encuestas pagadas por constructoras y empresas de servicios que recibían adjudicaciones a cambio, y la libreta confiscada a Granados, que revela pagos de hasta 1.4 millones de euros para el gerente del PP hasta mayo de 2014. Es decir, que Granados, según esos apuntes manuscritos, seguía recaudando dinero ilegal para el partido después de su dimisión como senador por encontrársele una cuenta en Suiza.

El juzgado aún cree que Granados tiene dinero oculto. En metálico le han encontrado poco más de 2 millones, y manejó cientos.

http://cadenaser.com/ser/2016/06/03/tribunales/1464958593_525785.html

LAS OSCURAS CONEXIONES DEL MINISTRO DE GUINDOS CON LA PÚNICA

El 'popular', que ya se vio salpicado por su amistad con Granados, ve ahora su apellido en pleno sumario

Dentro de la maraña de nombres que pululan en el sumario de la Púnica uno de los que más destaca por su importancia es el de Michael Trevor Langdon, un financiero suizo afincado en España que las investigaciones sitúan como clave a la hora de blanquear el dinero de Francisco Granados, David Marjaliza y de otros clientes relacionados con la trama de corrupción.

El blanqueador de la Púnica saca a relucir un Guindos

Al ser interrogado el financiero explicó por ejemplo cómo Granados le entregaba dinero en efectivo en el despacho de éste último como consejero de la Comunidad de Madrid para que fuera blanqueado. Pero hizo más revelaciones. En sus declaraciones ante la UCO de la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, Trevor Langdon fue preguntado por un nombre de apellido notorio: Ricardo Antonio Guindos Latorre.

El financiero recordaba bien a esa persona y este es el extracto de la declaración: “lo conoce ya que es un asesor fiscal, recordando que hizo una operación del tipo anteriormente indicado [blanqueo mediante operaciones de compensación]. Que lo conoce porque tenían en común un amigo no recordando ahora su nombre, que lo conoce desde hace unos 10 años y que se dedicó al tema de la amnistía de su mujer y de su cuñada”.

¿Primo del ministro?

Resulta llamativo que un Guindos aparezca salpicado por una trama de blanqueo y de asesoramiento para acogerse a una amnistía fiscal, cuando precisamente el Gobierno del PP con un Luis De Guindos en el ministerio de Economía había promovido, junto al ministerio de Hacienda de Montoro, tal medida. ¿Pero son familia el Ricardo Guindos Latorre y Luis de Guindos Jurado? Pues al menos hay dos primos llamados así que además tienen en común el nombre de sus padres respectivos: Ricardo de Guindos Vera (casado con una Latorre como demuestra esta esquela de ABC) y Antonio De Guindos Vera (el padre del ministro, casado con una Jurado)

La amistad entre De Guindos y Granados

Pero el ministro se ha visto de lleno salpicado en anteriores ocasiones por sus vínculos con el cabecilla político de Púnica, Francisco Granados, de hecho el ministro invitó y abrazó durante la boda de su hija al ‘púnico’ cuando ya se había destapado su cuenta opaca en Suiza. Las grabaciones de la investigación también cazaron a Granados pidiendo ayuda al ministro de Economía para que le ayudase a llevarse una porción de la privatización de AENA. De Guindos admitió que la conversación se había producido pero limitó su papel a remitir a Granados al responsable de la privatización de AENA, defendiendo también que la empresa para la que trabajaba su compañero de filas, Société Général, no había participado finalmente en la operación.

http://www.elplural.com/2016/06/03/las-oscuras-conexiones-del-ministro-de-guindos-con-la-p-nica

GRANADOS DICE QUE “NO HA COMETIDO NI HA CONOCIDO NINGÚN DELITO ”

El exconsejero declara desde la cárcel por videoconferencia ante la Asamblea y pide que se respete su presunción de inocencia

Poco o nada ha aclarado el exconsejero Francisco Granados sobre la Fundación Arpegio en su comparecencia de hoy por videoconferencia desde la cárcel de Estremera ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea.

Ha defendido su inocencia “hasta que no se demuestre lo contrario” y ha asegurado no haber “cometido, ni conocido, ni amparado ningún hecho delictivo en la Comunidad de Madrid”. El exconsejero se encuentra en la cárcel desde el pasado 31 de octubre por orden del juez Eloy Velasco que investiga la trama Púnica, de la que se ha levantado el secreto del sumario esta semana.

En repetidas ocasiones, Granados ha recordado que su falta de libertad le impide acceder a la documentación y declarar en las mismas condiciones que otras personas que acuden también ante la misma comisión. Motivo que le impide, a su vez, contestar con mayor precisión a las preguntas de los diputados. Ha mantenido que no recordaba los detalles de los convenios y subvenciones que firmó la Fundación Arpegio, que creó en 2006 y presidió durante 15 meses. Los proyectos llegaban desde las diferentes consejerías, él los firmaba, pero no entraba en los detalles.

Recuerda haber oído algo sobre un “órgano” (costó 300.000 euros) y también los 500.000 euros con los que subvencionaron a la Consejería de Cultura. En cuanto a la subvención de 139.000 euros que dió a un concierto organizado por Waiter Music en el Palacio de los Deportes y que investiga la Audiencia Nacional, dijo no recordar nada.

En su relación con José Luis Huerta, dueño de Waiter Music e imputado en la trama Púnica, Granados ha dudado de que “jamás” le haya acusado de nada. “Yo no tengo nada que ver con esa empresa”, ha dicho. El juez investiga si se amañaron concursos para que Waiter Music consiguiera contratos en las fiestas de los pueblos. Sobre David Marjaliza, al que se considera su socio empresario en la trama Púnica, y que decidió declarar ante el juez, ha preferido no comentar nada “de alguien que se ha declarado culpable de múltiples delitos, yo no sé los pactos a los que habrá llegado”.

La comparecencia ha subido de tono con el representante de Podemos (Ramón Espinar) cuando le ha espetado “es usted el rey del golferío”. Granados ha pedido el amparo a la presidenta de la comisión de investigación al considerar que se estaba “menoscabando su derecho al honor”.

También se ha mostrado dolido con la actitud del representante del PP en la Comisión, Alfonso Serrano, del que habría agradecido “un poquito más de cordialidad y cariño”. Pidió a los miembros de su partido que respetaran su presunción de inocencia, algo que, puntulizó, no hizo Javier Maroto, alcalde de Vitoria, cuando gritó en un mitin “Granados al trullo”. Un señor, “al que solo del que solo se conoce el mérito de meterse con los compañeros de partido”.

El cuanto a su relación con José Luis Huerta, dueño de Waiter Music e imputado en la trama Púnica, Granados ha dudado de que “jamás” le haya acusado de nada. “Yo no tengo nada que ver con esa empresa”, ha dicho. El juez investiga si se amañaron concursos para que Waiter Music consiguiera contratos en las fiestas de los pueblos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/03/madrid/1464966733_540359.html

LA UCO SOSTIENE QUE GRANADOS FACILITÓ PELOTAZOS URBANÍSTICOS A EMPRESARIOS AMIGOS POR 709 MILLONES

En su etapa de alcalde en Valdemoro, Granados "convocó" a los empresarios a una reunión para informarles de las "oportunidades urbanísticas" y de su interés por participar en "los beneficios"

Los socios de Granados se lucraron con la reclasificación de 1,12 millones de metros cuadrados rústicos que se revalorizaron unos 550 euros por metro cuadrado

El presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, facilitó pelotazos urbanísticos en Valdemoro (Madrid) de sus empresarios amigos por un valor de 709 millones de euros, según sostiene el informe financiero de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de febrero pasado.

Durante los años en los que ejerció como alcalde, entre julio de 1999 y noviembre de 2003, "planificó y confeccionó" un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el municipio de Valdemoro. "El devenir de la investigación ha puesto de manifiesto que las directrices de trazado y ampliaciones del nuevo plan fueron acordadas por Francisco Granados en connivencia con los empresarios del sector inmobiliario David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna". En ese mismo cuatrienio, Granados ingresó en sus cuentas de Suiza 1,33 millones de euros, pasando a superar los 1,68 millones en 2005.

Pero la Guardia Civil sostiene que los sucesores de Granados en la alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres (2004-2012) y José Carlos Boza Lechuga (2012-2015), también colaboraron con la trama, ya que eran afines al ex número dos de Aguirre, "quién por su influencia en el Partido Popular del municipio de Valdemoro y su condición de secretario regional del PP tuvo la posibilidad de influir en su designación como candidatos y por tanto en la línea política y gestión municipal de la localidad".

Los agentes explican que Granados también maniobró desde el Gobierno madrileño con terrenos de diferentes municipios mediante la empresa Arpegio y el denominado Plan Prisma, cuyos movimientos de fondos entre los años 2006 y 2007 superaron los 300 millones.

Un nuevo Plan General

En 2004 Granados aprobó un nuevo Plan General, "pese a que Valdemoro contaba con un PGOU aprobado en el año 1999 por la corporación que dirigía el exalcalde socialista José Huete López", relata el dossier policial, que completa que los intereses económicos del complejo societario de estos constructores resultaron beneficiados con las "clasificaciones" y "recalificaciones" de parcelas.

Según la declaración de Marjaliza, Granados, que 16 días después de ser nombrado alcalde abrió su primera cuenta en Suiza, fue el que "convocó" a los empresarios a una reunión en la que les informó de las "oportunidades urbanísticas y el interés del propio Granados en participar del beneficio que podría obtener por estos negocios".

Después de esta reunión, los empresarios constituyeron la empresa Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL, "cuyos socios serían Ramiro Cid Sicluna, David Marjaliza y María José Marijuán" a través de la sociedad Ayjopén, que es la esposa de Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Francisco Granados, "quién encubriría su participación en la sociedad", prosigue el documento policial.

"Se allanó el camino"

Y los empresarios "vieron reclasificados sectores dónde disponían de suelo, se allanó el camino a cualquier proyecto de compensación que procediera de los mismos y se articularon los procedimientos de venta de suelo público en su favor", aseguran los agentes al juez Velasco.

El desarrollo urbanístico del municipio se dirigió hacia sectores dónde los empresarios disponían de suelo, "conociendo de antemano hacia donde se iba a desarrollar el municipio y beneficiándose de manera directa a través de la plusvalía generada, vendiendo el suelo una vez clasificado a terceros interesados en desarrollarlo o haciéndolo a través de empresas propias".

En concreto, y según la Guardia Civil, los supuestos socios de Granados se beneficiaron de la reclasificación de 1,12 millones de metros cuadrados de suelo rústico en el municipio mediante la aprobación del Plan General y otros recalificaciones parciales, que sufrieron una revalorización de unos 550 euros por metro cuadrado, ya que "compraban suelo a sabiendas de que se iba a clasificar en gran parte".

Además, se beneficiaron de la adjudicación concertada de suelo público para la construcción de vivienda de protección oficial, "para lo que tenían que pagar el correspondiente peaje político en forma de comisión en efectivo".

"Decisiones políticas corruptas"

"Observando estos datos, es fácil tomar conciencia de la gran plusvalía inducida que se puede llegar a generar con las transacciones comerciales relativas a un sector urbanístico favorecido deliberadamente con decisiones políticas corruptas", completa el informe financiero de la UCO dirigido al juez Velasco.

La investigación de la Agencia Tributaria ha determinado que a través de un "sofisticado entramado de facturación ficticia", Marjaliza detrajo del circuito económico legal en España al menos 10,2 millones de euros entre 2004 y 2006. Los investigadores sostienen que Marjaliza envió a Suiza 15 millones.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/02/la_uco_sostiene_que_granados_facilito_pelotazos_urbanisticos_empresarios_amigos_por_709_millones_euros_50641_1012.html

EL SOCIO PRINCIPAL DE LA ‘RED PÚNICA’ CONFIRMA QUE GRANADOS “COBRABA COMISIONES” PARA FINANCIAR AL PP

El ex secretario general del PP madrileño se llevaba dinero "contante y sonante" con el "negocio" de la adjudicación de suelo, asegura David Marjaliza al juez, tal y como consta en la declaración conocida tras levantar el secreto de sumario

El número dos de la Púnica a preguntas de la fiscal sobre la agenda manuscrita requisada a Granados: "Supongo que él se quedaba con una parte. Viendo esto, alguna vez hemos escuchado cosas, y como se dice, el que parte y reparte para sí la mejor parte”

"¿Francisco Granados era partícipe en la recepción de comisiones para la financiación de la campaña [del PP]?", preguntó el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama Púnica. Y el arrepentido contestó: "Yo no lo he visto, pero supongo que sí. Por comentarios que hacía: hay que pagar esto..., hay que pagar lo otro... todo esto lo decía en reuniones o en comidas", completó de nuevo Marjaliza, en libertad desde el fin de año de 2015 tras abonar una fianza de 100.000 euros.

En la declaración de 13 de noviembre de 2015, cuyo secreto ha sido levantado por el juez, Marjaliza aseguró que el ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados se "llevó" dinero "contante y sonante" con las adjudicaciones de suelo en las que intervenía la trama Púnica y que entendía como un "negocio" a partir del cual alcaldes y empresarios sacaban un "margen" de beneficio.

En ese momento del interrogatorio, el magistrado alude a la libreta morada que fue requisada en el domicilio de Granados, y que tal y como adelantó infoLibre incluía anotaciones manuscritas: "Hemos encontrado en el domicilio del señor Granados una libreta que tenía anotaciones relativas a campañas electorales en las que aparece una especie de anotaciones de entrada y salida acompañadas de ciertas iniciales, y quería si usted es capaz de reconocer a alguna persona. ¿Esa es la letra del señor Granados?" preguntó el juez, a lo que Marjaliza contesta de forma afirmativa: "Sí. Creo que sí".

"El que parte y reparte, para sí la mejor parte"

Y tras mirar la misma unos segundos, el arrepentido identificó varios de los nombres: "Yo puedo interpretar y que me suene J.L.M, entiendo que puede ser Javier López Madrid, B.G. será el gerente del partido a nivel regional, Beltrán [Gutiérrez], N.P. puede ser Nacho Palacios, y M.E. no sé quién es, no me suena nadie en la cabeza”.

Fue entonces cuando la fiscal le pregunta por las anotaciones manuscritas en la compra de un barco: “Y entonces usted dijo que J.L.P. podía ser Javier López Madrid”, resaltó la fiscal. “No, ahí sí sé que es Javier López Madrid, porque es el barco que pagaba yo, y sabía la relación que tenía".

La fiscal vuelve a interpelar a Marjaliza acerca de las iniciales M.E: “M.E. puede significar yo en inglés?” “Si”, respondió de nuevo el arrepentido, que completó: “Que se quedaba él con una parte supongo". ¿A usted le consta que se quedaba con una parte?, completó la responsable del Ministerio Público, a lo que el cabecilla de la trama dijo: “No, pero viendo esto, alguna vez hemos escuchado cosas, y como se dice, el que parte y reparte para sí la mejor parte”, sentenció Marjaliza.

Modus operandi de la organización

Así consta en el audio, al que ha tenido acceso Europa Press, de la declaración que el presunto cerebro de la red corrupta y empresario de la construcción, David Marjaliza, prestó el pasado junio en calidad de investigado y en la que detalló el modus operandi de la organización en varios municipios madrileños.

Al ser preguntado si con esos favores urbanísticos "ganaba" la localidad madrileña de Valdemoro o "ganaban" quienes fueran sus alcaldes Francisco Granados o José Miguel Moreno Torres, Marjaliza responde: "Yo creo que en esa época hemos ganado todos". "Cuando se adjudicaban los suelos, tu pactabas y pagabas un precio", añade.

"¿Y cómo se pagaba el dinero: en mano, con dinero contante y sonante?", inquiere el juez, a lo que Marjaliza responde con un "claro". "¿Y se lo llevaba Granados?", le pregunta. "Claro", vuelve a responder el constructor.

Tema a tema

Durante su declaración ante el juez Velasco, Marjaliza pide ser preguntado tema por tema, ya que considera que narrar la trama "por bloques es más fácil" y desmiente las informaciones que le señalan como amigo del ex secretario general del PP de Madrid desde la infancia.

"Paco me saca tres o cuatro años y no hemos estudiado juntos ni mucho menos -puntualiza ante el juez-. Conozco a Paco desde que estaba en Alianza Popular, pero tenemos un enfrentamiento y decido dejar la política, y cuando llega a la alcaldía pues se acercan posturas y reconciliamos nuestras diferencias políticas".

A partir de ahí, Marjaliza narra al juez que él era un "promotor inmobiliario mediano de Valdemoro", sector en el que trabaja desde los 19 años, y que fue Granados quien les "juntó a comer" a él y a otro promotor más fuerte, Ramiro Cid Cicluna, para proponerles crear una sociedad en la que el alcalde estaría presente en un 20 por ciento, según cree recordar su exsocio, a través de la mujer de su jefe de gabinete, Ignacio Palacios.

"Se sobreentiende"

"De alguna manera entiendo que es entre comillas su porcentaje", puntualiza Marjaliza. El magistrado le pregunta si en dicha reunión Granados les prometió que recalificaría suelo rústico para que puedan construir, a lo que el promotor contesta que el exdiputado del Partido Popular no lo dice así de claro "pero se sobreentiende".

En este momento, el declarante reconoce ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que no recuerda muy bien los detalles ni el nombre de la sociedad porque en ese momento -se encontraba en prisión y no sale hasta seis meses más tarde-, lleva "ocho meses perdido" y además no se sabe el nombre de todas sus empresas. "El entramado empresarial mío es bastante grande y hay cosas que he vendido y cosas que no", señala, para concluir que esta sociedad en concreto se llamaba Servicios Patrimoniales de Obras y Vías.

Sobre el porcentaje de Granados, que en dos ocasiones sitúa en el 20 por ciento y luego duda para situar en un diez por ciento, Marjaliza señala que era la parte que "él [Granados] iba a ganar. "Nosotros compramos suelo, el dinero lo poníamos Ramiro y yo", indicó Marjaliza al juez.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/17/declaracion_marjaliza_sobre_financiacion_ilegal_del_pp_49819_1012.html

LOS 23 CONTRATOS QUE SUMAN 11,8 MILLONES Y QUE SALPICAN AL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES

Tras la confesión de David Marjaliza, la UCO investiga las adjudicaciones de dos empresas concretas en los planes Prisma 2006-2007 y 2008-2011, gestionados por Jaime González Taboada

Dos empresas que se llevaron 23 contratos que suman 11,8 millones de euros en un periodo de seis años. El juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han empezado a mirar con lupa las adjudicaciones que dos sociedades ganaron entre 2006 y 2011 dentro del Plan Prisma de la Comunidad de Madrid, un plan financiado por el Gobierno regional para ejecutar inversiones a los municipios madrileños. Obras que salpican directamente al actual consejero de Medio Ambiente y 'número tres' del Gobierno de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada.

Como ya adelantó 'El Confidencial', el empresario David Marjaliza, principal cabecilla de la trama y socio del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, reveló ante el magistrado de la Audiencia Nacional el nombre de una empresa que supuestamente les pagaba comisiones tras ser adjudicataria de obras públicas en la región. Comisiones que se repartía no solo Marjaliza como intermediario, sino también los políticos que al parecer gestionaban esas obras. Pero no era solo una. Los investigadores han sabido ahora que había una segunda empresa que también pagaba comisiones.

Taboada planificaba el Plan Prisma y estaba en la mesa de contratación de Arpegio, con Granados de presidente, donde se gestionaban las obras

Esas dos sociedades ganaron 23 contratos por un valor de 11,8 millones, adjudicados en dos ediciones del Plan Prisma; la 2006-2007 y la 2008-2011. El ahora 'número tres' de Cifuentes fue durante una década director general de Cooperación con la Administración Local del Gobierno regional, dirección de la que dependía la planificación del plan Prisma. En febrero de 2006, esta dirección firmó un convenio con Arpegio (empresa pública de suelo), para que este ente gestionara el Prisma.

Granados, actualmente en prisión, fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Es decir, Taboada planificaba el plan Prisma y Arpegio (con Granados como presidente) lo gestionaba. Granados fue además consejero de Presidencia, Justicia e Interior desde diciembre de 2004 a junio de 2011, con gran poder e influencia dentro del Ejecutivo autonómico. González Taboada estuvo en la Mesa de Contratación de Arpegio en esas dos ediciones del plan Prisma. La Mesa es el órgano técnico que valora las ofertas presentadas por las empresas que concurren a una adjudicación.

Una 17 contratos y otra, cinco

Por eso los investigadores están analizando los contratos que estas dos empresas se llevaron entre 2006 y 2011, periodo en el que Granados y Taboada tenían poder de decisión. Una de ellas ganó 17 contratos para realizar diversas obras del Prisma en las localidades de Pinto, Batres, Fuenlabrada, Aranjuez, Leganés, Villamanta, Algete, El Escorial, Majadahonda, Fresno del Torote, Alameda del Valle y Móstoles. Contratos que suman 6,43 millones de euros. La segunda empresa ganó otros cinco contratos en Móstoles, Navas del Rey, Paracuellos del Jarama y Valdilecha por un valor total de 5,22 millones de euros.

Marjaliza facilitó el nombre de estas dos firmas e incluso el nombre de algún directivo que supuestamente hacía los pagos. La colaboración del empresario ha sido el motivo por el que el magistrado revocó su prisión provisional a cambio de una fianza de 100.000 euros. Su declaración sigue secreta y en ella desgranó el sistema de reparto de comisiones entre los políticos implicados. El juez y la UCO están ahora intentando establecer una conexión, "una tarea complicada", a la espera de que Marjaliza aporte más detalles. Fuera del periodo 2006-2011, esas dos empresas también ganaron otros 10 contratos del Plan Prisma valorados en dos millones de euros. Taboada siempre ha negado los hechos y espera que se levante el secreto de la declaración de Marjaliza para emprender acciones legales contra Marjaliza.

Uno de los tentáculos del caso Púnica agarra con fuerza a la empresa pública Arpegio. La UCO investiga también ocho contratos que Arpegio y la Fundación Arpegio firmaron con tres empresas de la trama: Waiter Music, la constructora DICO y Aranan Gestión Patrimonio Inmobiliario, estas dos últimas vinculadas al empresario David Marjaliza. El montante de todas estas operaciones asciende a 11,7 millones de euros. Aunque ha aparecido un nuevo contrato que se llevó DICO por valor de 409.000 euros.

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-04-25/los-25-contratos-que-suman-8-millones-y-que-salpican-al-numero-3-de-cristina-cifuentes_1188627/

EL JUEZ VINCULA LA AGENDA DE GRANADOS A LA FINANCIACIÓN DEL PP

Velasco cree que el ex secretario general del partido en Madrid anotaba ingresos y gastos de campañas electorales.

"Hemos encontrado en el domicilio del señor Granados una libreta que tenía anotaciones relativas a campañas electorales", informó al constructor David Marjaliza el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco durante el interrogatorio realizado bajo secreto sumarialel pasado noviembre.

El instructor de la trama Púnica mostró a Marjaliza la agenda de Granados -cuya existencia fue adelantada por EL ESPAÑOL- con el fin de que el empresario, que había empezado a colaborar con la Justicia seis meses antes, reconociera la letra de su antiguo amigo y socio de negocios e identificara los nombres de las personas que pueden estar detrás de las iniciales reflejadas en el diario del ex secretario general del PP de Madrid.

"Aparece una especie de anotaciones de entradas y salidas de cantidades acompañadas de ciertas iniciales y quería ver si usted es capaz de reconocer a ciertas personas", invitó Velasco a Marjaliza. "Son ingresos y salidas de dinero", dijo éste con la agenda en la mano.

-Juez: ¿Ésa es la letra de Granados?

-Marjaliza: Sí. Creo que sí, no soy especialistas pero creo que sí. JLM entiendo que puede ser Javier López Madrid. BG, el gerente del partido a nivel regional, Beltrán. NP puede ser Nacho Palacios. ME no me suena.

-Fiscal: ME puede ser 'yo' en inglés

-Marjaliza: Que se quedaba con una parte.

-Fiscal: ¿A usted le consta que Granados se quedara con una parte?

-Marjaliza: No, pero viendo esto... Alguna vez hemos escuchado cosas. Al final en estos casos, como se dice, 'el que reparte se queda con la mejor parte'.

La investigación sobre la agenda de Granados es una de las partes del caso Púnica que permanece bajo secreto. Tanto López Madrid, ex suegro del empresario Juan Miguel Villar Mir, como Beltrán Gutierrez han tenido que acudir a declarar ante el juez y sus despachos y domicilios fueron registrados el pasado 11 de febrero.

http://www.elespanol.com/espana/20160517/125487745_0.html

CERCO A LÓPEZ MADRID: LA UCO ENTREGA UN VOLUMINOSO INFORME SOBRE EL YATE QUE COMPARTÍA CON GRANADOS

El juez Eloy Velasco había encargado a la Guardia Civil que investigase en profundidad la relación del barco de recreo del antiguo consejero de OHL con el ex secretario general del PP de Madrid y el constructor David Marjaliza. El voluminoso estudio ha llegado recientemente a la Audiencia Nacional. El yerno de Villar Mir está imputado en la causa por la supuesta financiación irregular de los 'populares' en Madrid.

El empresario Javier López Madrid centra, de nuevo, la investigación del 'caso Púnica'. En este caso, por la embarcación de recreo que compartió al menos durante tres años con los dos principales cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Granados y el constructor David Marjaliza. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, había encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaborase un informe específico sobre el yate del hasta hace poco consejero de OHL y "la relación" de dicho barco con el ex secretario general del PP madrileño y su socio. Los agentes del Instituto armado han entregado recientemente en la Audiencia Nacional dicho documento, tan voluminoso que ha obligado a formar con él un nuevo tomo en la causa, el número 89, que aún permanece secreto.

La UCO entregó el 20 de abril su voluminoso informe sobre la "relación" del político con el barco del ahora ex consejero de OHL. Se ha incorporado al tomo 89 del sumario, aún secreto

Así lo revelan documentos judiciales a los que ha tenido acceso Vozpópuli y en los que se detalla que la UCO lo aportó a la causa el pasado 20 de abril con el número 2016-5605-0000128. A la vista de su contenido, el magistrado ha dado traslado del mismo a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre qué pasos seguir a partir de ahora en las pesquisas entorno a dicho barco de lujo, bautizado con el nombre de 'Myriam' y de 18 metros de eslora. Las declaraciones presentes en el sumario del capitán del yate y de una empleada del consejero de OHL ya habían revelado que el yerno de Juan Miguel Villar Mir, Granados y Marjaliza se turnaron en su disfrute durante entre 2012 y 2014 y que, durante un tiempo, se repartían los gastos de mantenimiento del mismo, habitualmente amarrado en Marbella.

Según fuentes cercanas a la investigación, el objetivo de las nuevas pesquisas encargadas a la Guardia Civil es determinar si la cesión de la embarcación era uno de los supuestos favores que el empresario hacía al político y su socio a cambio de adjudicaciones del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, como sospecha el juez Velasco. López Madrid declaró como imputado el pasado 26 de febrero acusado de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales después de que Marjaliza, que lleva cerca de un año colaborando con la Justicia, desvelase al magistrado que las siglas 'JML' que aparecían en una agenda intervenida a su amigo Granados con supuestos cobros de 'mordidas' correspondían al entonces consejero de OHL. El constructor 'arrepentido' detalló que aquellas anotaciones reflejaban el pago de cerca de 2 millones de euros en comisiones que presuntamente se repartieron el político y su partido. De hecho, también fue llamado a declarar como investigado Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP madrileño en la época de Esperanza Aguirre. En su comparecencia ante el juez, López Madrid negó las acusaciones.

El patrón y la gestora

Sin embargo, para entonces ni su nombre ni su yate eran nuevos en el sumario del caso Púnica. De hecho, el 'Myriam', escriturado a nombre de la madre del ex consejero de OHL y gestionado por la sociedad LM Gestión, aparecía desde el comienzo de las investigaciones. La UCO y el juez Velasco ya habían interrogado hace meses como testigos al patrón del barco, Eduardo G.V., y a la gestora de fondos del empresario, Consuelo N.F. El primero confirmó a la Guardia Civil que el político y el constructor casi "nunca" coincidieron en el barco, sino que se alternaban. También dijo que el primero solía utilizarlo en compañía de su mujer, Nieves Alarcón, también imputada, y sus hijas. Sobre el segundo, el patrón detalló que invitaba a navegar a numerosas personas, entre las que identificó a los alcaldes 'populares' de Torrejón de Velasco y Valdemoro, Gonzalo Cubas Navarro y José Carlos Boza Lechuga, también encausados.

El juez Velasco planteó a una testigo sus sospechas sobre López Madrid y su yate: "¿Para qué les deja a Granados y Marjaliza un barco gratis en temporada alta?"

Por su parte, la empleada de López Madrid admitió al juez que el 'Myriam' era una de las propiedades que debía "gestionar" y que por ello recibía las llamadas de Marjaliza y Granados cuando éstos querían utilizarlo. Del primero, aseguró que le solía llamar personalmente para que le preparara el barco. En el caso del ex dirigente del PP madrileño, solía ser su mujer quien lo hacía. También afirmó que entre ambos y el propio consejero de OHL se repartían los gastos derivados de la utilización del yate, pero que en el caso del político, los "ingresos" para hacer frente a éstos los realizaba el constructor. Ante el juez, esta mujer también dijo que en un momento determinaron Granados y Marjaliza dejaron de abonar éstos aunque siguieron utilizándolo. Ante esta afirmación, el magistrado le lanzó una pregunta que la empleada de López Madrid no supo responder: "¿Para qué les deja a estos señores [Granados y Marjaliza] un barco gratis en temporada alta?".

Un coche de lujo y noches de hotel

El informe sobre el yate de López Madrid y su relación con la trama Púnica no es el único documento que la Guardia Civil ha entregado recientemente en la Audiencia Nacional sobre aspectos muy concretos de sus pesquisas. Hace escasos días también aportó a la causa uno específico sobre un vehículo de la marca Mercedes que aparece a nombre de una antigua cargo del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre que hasta ahora no está imputada en la causa. Se trata de María Victoria Cristóbal Araujo, ex asesora de prensa de la lideresa en la primera campaña de ésta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que con Francisco Granados en la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia llegó a estar al frente de la Agencia Madrileña de Emigración. Antigua colaboradora también de José María Aznar en la fundación FAES y concejal 'popular' en Majadahonda (Madrid) hasta enero de 2015, el magistrado sospecha de los supuestos vínculos entre este automóvil de lujo y la trama después de que en los 'pinchazos' telefónicos que revelaban la estrecha relación entre la mujer y Granados se escuchase a ambos hablar sobre dicho coche. También en abril, en concreto el pasado día 11, la UCO entregó un segundo informe. En este caso, "sobre diversas gestiones practicadas en establecimientos hoteleros". Aún no han transcendido detalles sobre ninguno de ellos al haber sido incluidos también en la parte secreta de la causa.

http://vozpopuli.com/actualidad/80942-cerco-a-lopez-madrid-la-uco-entrega-un-voluminoso-informe-sobre-el-yate-que-compartia-con-granados

GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LE LIBERE 114.269 € PARA PAGAR LA HIPOTECA DE SU CASA 'OFICIAL'

El exsecretario general del PP de Madrid dirige un escrito a la Audiencia Nacional para que desbloquee de sus cuentas los fondos suficientes para pagar toda la deuda pendiente con el banco. Su argumento: si no lo hace así, la entidad financiera se quedará con la vivienda que utilizaba cuando fue detenido en octubre de 2014.

Nueva petición de Francisco Granados desde la cárcel. El que fuera secretario general del PP de Madrid y número 3 del Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha dirigido un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, en el que le pide de nuevo que le desbloquee las cuentas que tiene embargadas desde que fue detenido el 27 de octubre de 2014. En concreto, el político, único de los 'investigados' en el caso Púnica que permanece encarcelado, pide que se liberen 114.269,40 euros de la cuenta en la que figuran como titular él y su mujer, María Nieves Alarcón, también imputada, para poder saldar el préstamo hipotecario que grava la casa que la pareja utilizaba como vivienda habitual en la localidad de Valdemoro. Su argumento es que, de no hacerse así, la entidad financiera que les concedió el crédito, se la quedará. Los investigadores adjudican al ex alcalde y ex consejero la propiedad de otros cuatro inmuebles, dos de ellos a nombre de testaferros (ver recuadro).

Catalunya Caixa ha ofrecido a Granados y su mujer la posibilidad de acogerse a "la reestructuración de la deuda y la dación en pago". El político ni se lo plantea

En el escrito, fechado este lunes y al que ha tenido acceso Vozpópuli, Francisco Granados asegura que Catalunya Caixa "va a iniciar la ejecución hipotecaria de la vivienda en las próximas fechas" después de que la pareja no haya abonado desde el arresto del político, hace año y medio, ninguna de cuota de dicho préstamo. En total, más de 32.000 euros. Para demostrarlo, incorpora la carta que recientemente ha remitido la entidad financiera a la pareja en la que ésta les da "5 días hábiles [...] para regularizar la totalidad de la deuda". En la misma misiva, la caja catalana ahora absorbida por el BBVA, le ofrece "soluciones como la reestructuración viable de la deuda y la dación en pago".

Sin embargo, ninguna de estas dos posibilidades es contemplada por el político a la vista del contenido del escrito. De hecho, en el mismo solicita al juez Velasco "el desbloqueo de los saldos suficientes para pagar el préstamo hipotecario pendiente, toda vez que el bien inmueble se encuentra embargado por este Juzgado y de otro modo perdería el bien a favor de la entidad bancaria como acreedor hipotecario", algo que rechaza. El político cuantifica en 114.269,40 euros el dinero necesario para no 'despedirse' de su vivienda, según un certificado con las cifras pendientes de amortización que le remitió el banco el pasado 15 de marzo. En él se detallaba que esta cantidad se repartía entre 80.793,93 euros de "capital pendiente", 32.205,60 euros de "deuda vencida", 18,93 euros de "intereses devengados", 807,94 euros de "comisión amortización" y otros 442 euros de "comisión de rec. impago".

Una inmobiliaria bajo sospecha

En su escrito, Granados y su mujer detallan al juez todo el proceso que siguieron para la adquisición en marzo 2007 de dicha vivienda, situada en el número 2 de la calle Venezuela, de Valdemoro, la localidad donde el exdirigente del PP fue alcalde. Así, aseguran que firmaron un contrato de compraventa con Promodico SL, también intervenida por orden judicial en el 'caso Púnica', por un precio de 468.000 euros. Para ello, aseguran que suscribieron la hipoteca con Catalunya Caixa por 330.000 euros de capital gracias a que la casa fue tasada entonces por un valor incluso superior al que ellos iban a pagar. Todo ello lo acompañan con documentos como la propia escritura de la compra.

El juez investiga si la vivienda que quiere salvar Granados fue realmente pagada por el político o se trató de un 'pago en especie' por sus favores a una constructora

Promodico SL, la inmobiliaria que le vendió la casa, es una de las filiales del Grupo DICO, uno de cuyos directivos denunció hace tiempo el supuesto pago de 'mordidas' al exdirigente regional del PP. En el sumario consta que fue esta promotora la que vendió al político 'popular' dos viviendas, entre ellas la que ahora a toda costa conservar. No obstante, la investigación intenta aclarar si ésta fue realmente abonada por Granados o se trató de un 'pago en especie' por los supuestos favores que el político hizo a la constructora y sus filiales en Valdemoro. Además, un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa también llama la atención sobre otra venta de Promodico al 'clan Granados', en este caso a los cuñados del exsecretario general del PP en Madrid. Formalizada en 350.000 euros, los expertos de Hacienda destacan que su valor real se acercaba al medio millón de euros. Por todo ello, el pasado 27 de octubre, cuando se produjeron las detenciones, la compañía fue intervenida, y todos sus bienes y cuentas corrientes embargados. Situación que se mantiene en la actualidad.

Sus viviendas 'ocultas'

El patrimonio inmobiliario de Francisco Granados no se limita, ni mucho menos, a la vivienda de la calle Venezuela, de Valdemoro, para cuya hipoteca pide ahora dinero. Él y su mujer también figuran como titulares de otra casa en esta localidad al Sur de Madrid donde él ejerció de alcalde y de un chalé en Marbella. Ambas adquisiciones también están bajo sospecha. Sin embargo, las pesquisas también han permitido destapar otras posesiones que supuestamente pertenecen al político aunque figuran a nombre de supuestos testaferros. Una es la mansión de 1.000 metros cuadrados que uno de los constructores imputados en la causa le estaba levantando también en Valdemoro. La misma iba a contar con todo tipo de lujos como una piscina con el vaso revestido de cuarcita dorada, un amplio jardín con porche levantado en piedra arenisca y una cocina con muebles y electrodomésticos valorados en más de 80.000 euros. El resto de la vivienda seguía la misma línea: baño turco y sauna, vestidor con mando a distancia, tres chimeneas, ducha con cromoterapia y efecto niebla... La segunda propiedad inmobiliaria oculta es un chalé situado en la localidad abulense de Higuera de las Dueñas, un pequeño pueblo de menos de 300 habitantes. Esta vivienda, que Granados utilizaba junto a otros imputados como lugar de asueto muchos fines de semana, esta situado sobre siete fincas valoradas en más de un millón de euros.

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GRANADOS PIDE DE NUEVO LA LIBERTAD EN PLENA TORMENTA POR LAS CONFESIONES DE MARJALIZA

El político, único encarcelado por el 'caso Púnica', envía al juez Velasco un escrito para reclamar su "inmediata" salida de prisión sólo 24 horas después de que se conocieran las declaraciones judiciales de su ex socio y amigo que le incriminan.

Sólo 24 horas. Ese es el corto espacio de tiempo que ha pasado entre que salieran a la luz la confesión de David Marjaliza y que el principal damnificado por sus revelaciones pida la "inmediata puesta en libertad". Francisco Granados ha entregado este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito por el que vuelve a solicitar al juez instructor del 'caso Púnica', Eloy Velasco su excarcelación. El que fuera 'número 2' de Esperanza Aguirre en el PP madrileño insiste en que no hay riesgo de fuga porque "es ciudadano español" y tiene arraigo en nuestro país, además de que la posibilidad de que destruya pruebas o reincida en la actividad delictiva de que se le acusa es nula porque "parece poco probable" que vuelva "a ocupar el puesto como funcionario público". En las ocasiones anteriores en las que pidió también su libertad, ésta fue rechazado con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción pese a que el ex senador incluso propuso llevar un pulsera de control telemático. En esta ocasión no plantea esta posibilidad.

El escrito de su abogado defensor, de poco más de tres folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, destaca que el pasado 7 de mayo el magistrado acordó el levantamiento parcial del secreto de sumario y que, a la vista de ello, "no concurren las causas que motivaron el ingreso en prisión incondicional" de su cliente, por lo que solicita "su inmediata puesta en libertad o, alternativamente, la imposición de una medida menos gravosa que la prisión preventiva". Para ello, alega que ya no existe riesgo de fuga ya que "como se ha explicado en anteriores escritos, el señor Granados es ciudadano español, residente en Valdemoro, donde vive con su mujer y sus hijas". "Por este motivo -continúa el escrito-, el arraigo en España se muestra como plenamente acreditado".

Tres años de investigación

El abogado del político también considera que "no existe riesgo de reiteración delictiva". Para ello, destaca que los delitos que "suspuestamente" se le imputan "se habrían cometido aprovechando su posición como funcionario público". "A estas alturas, parece poco probable que el señor Granados pueda volver a ocupar un puesto como funcionario público". Finalmente, incide en que tampoco puede destruir ningún tipo de prueba. En este sentido, recalca que la investigación se inició en el año 2013 y que está judicializada desde 2014, "por lo que entiende esta defensa que difícilmente el señor Granados va a poder interrumpir el curso de la investigación casi tres años después de que se iniciasen".

Por todo ello, reclama la puesta en libertad del político sin fianza o, en su defecto, de una medida económica "como le fue impuesta en su momento tanto al señor Moreno [Jesús Moreno Torres, su sucesor en la alcaldía de Valdemoro] como al señor Marjaliza". El primero eludió el ingreso en prisión tras su imputación tras abonar una fianza de 100.000 euros. El segundo abandonó la prisión el pasado mes de diciembre, tras seis meses de colaboración con la Justicia y consignar en el Juzgado la misma cantidad.

http://vozpopuli.com/actualidad/82119-granados-pide-de-nuevo-la-libertad-en-plena-tormenta-por-las-confesiones-de-marjaliza

UN EX CONCEJAL DEL PP PROCESADO EN GÜRTEL COLABORA EN PÚNICA: DESTAPA CÓMO ERAN LAS CACERÍAS DE GRANADOS Y MARJALIZA

Se trata del ex edil de Majadahonda, Juan José Moreno Alonso, quien recientemente prestó declaración en la Fiscalía Anticorrupción incriminando al ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. El ex concejal explicó cómo se hacían negocios en las cacerías donde estaba la mano derecha de Aguirre.

El ex edil de Majadahonda, Juan José Moreno Alonso, procesado por su participación en la Primera Época de la trama Gürtel (1999-2005), testificará en los próximos días ante el titular del Juzgado Central de Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, para colaborar en la investigación de la trama Púnica, según han informado fuentes jurídicas a Vozpópuli. En realidad, Moreno Alonso había sido citado por el magistrado este martes pero por motivos de agenda no dio tiempo a que prestase declaración ante el instructor y dicha comparecencia se ha aplazado para los próximos días, según explican las mismas fuentes.

Moreno Alonso, ahora testigo en Púnica, también colaboró a esclarecer la investigación de la trama Gürtel con sus confesiones

Se da la circunstancia de que el ahora testigo del caso Púnica fue uno de los concejales que ayudó a destapar la trama Gürtel ya que participó en las grabaciones que se realizaron al presunto cabecilla de esta red de corrupción, Francisco Correa, y que en 2007 fueron aportadas a la Fiscalía Anticorrupción por el también ex edil de Majadahonda, José Luis Peñas. Moreno, que no se atrevió en un primer momento a ir junto con Peñas a la Fiscalía para denunciar los hechos, sí que colaboró con la Audiencia Nacional y Anticorrupción en momentos posteriores de la instrucción de Gürtel. De ahí, que en el auto de apertura de juicio oral de la Primera Época de esta trama corrupta a Juan José Moreno Alonso, ex concejal de Hacienda de Majadahonda, se le apliquen varios atenuantes por "colaboración con la justicia y confesión judicial".

Pues bien, Moreno Alonso prestó declaración recientemente en la Fiscalía Anticorrupción y entregó allí las cintas de las grabaciones que forman parte del sumario de Gürtel donde se recoge cómo operaba la red de Correa y donde aparece salpicado Francisco Granados. Este ex edil contó cómo el ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ordenó al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, dimitir porque se estaba quedando con el dinero de las comisiones que daban los empresarios y no las estaba haciendo llegar a sus superiores.

Cacerías con putas

Según fuentes de la investigación consultadas por este periódico, el testimonio de este ex concejal del PP tiene valor en las pesquisas de Púnica ya que coincidió en algunas de las cacerías que están siendo investigadas con los cabecillas de la trama, Francisco Granados y su ex socio arrepentido, David Marjaliza. Era en dichos encuentros de caza donde, en ocasiones, se cerraban los 'pelotazos' urbanísticos.

El ex edil de Majadahonda coincidió con los cabecillas de la trama Púnica en las ostentosas cacerías donde se cerraban los 'pelotazos' urbanísticos

Del sumario de Púnica se desprende que tanto el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre como sus entonces amigos, Marjaliza y el también constructor Ramiro Cid, cerraban gran parte de sus operaciones empresariales en cacerías. Así lo confesó el ex director financiero de la promotora Dico, David Merino, una de las constructoras investigadas en este procedimiento y que habría costeado las ostentosas monterías que se dieron en fincas como La Parrilla, La Solana, Los Yébenes, Los Berrocales y Los Collados de San Benito, para uso y disfrute de los imputados en dicha trama de corrupción.

Merino explicó que las monterías se celebraban en prestigiosas fincas de España de caza mayor, donde había "venados a cascoporrillo", y que a ellas acudían unas 50 personas entre empresarios y políticos. Según sostuvo el ex director de la constructora Dico en su confesión, en las jornadas cinegéticas tampoco faltaban las prostitutas.

Por su parte, el ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno detalló cómo se hacían los negocios en dichos encuentros campestres cuando compareció en la sede de Anticorrupción a voluntad propia. De ahí que las fiscales del caso, Carmen García y María Teresa Gálvez, incorporaran su testimonio al sumario de Púnica y consideraran que éste debe ser escuchado también por el juez Velasco.

http://vozpopuli.com/actualidad/78577-un-ex-concejal-del-pp-procesado-en-gurtel-colabora-en-punica-destapa-como-eran-las-ostentosas-cacerias-de-granados-y-marjaliza

EL JUEZ DE PÚNICA IMPUTA A UN HOTELERO VALENCIANO POR EL BLANQUEO EN SUIZA DE GRANADOS Y MARJALIZA

Suma y sigue en el 'caso Púnica'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha tomado declaración como imputado en los últimos días a un nuevo empresario dentro de las pesquisas para desentrañar el entramado de blanqueo que Francisco Granados y el constructor David Marjaliza utilizaron durante años en Suiza presuntamente para 'lavar' millones de euros. Se trata, en concreto, del hotelero valenciano José Amadeo Semper Asensi, del que el magistrado ya solicitó información al Banco de España el pasado mes de septiembre. Al menos otras tres personas se encuentran ya encausadas por el mismo motivo. Vozpópuli se puso este viernes en contacto con el despacho de abogados de Madrid que lleva su defensa, pero declinaron responder a las preguntas de este diario.

El nombre de Semper Asensi ya figuraba en el listado de doce empresarios que el juez Velasco envió al Banco de España en septiembre para saber si habían declarado tener cuentas en Suiza

La imputación de Semper Asensi se le comunicó personalmente en la Audiencia Nacional el pasado 2 de marzo, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso este periódico. Días después, el juez Velasco dictaba una providencia por la que acordaba prolongar el secreto sobre las actuaciones para identificar, precisamente, a "las personas que colaboraron en las actuaciones de blanqueo". Se trata de una línea de investigación que se centra en una veintena de empresarios con cuentas en Suiza que presuntamente facilitaron, muchos de ellos de manera inconsciente, que la red de corrupción 'lavara' y repatriara fondos mediante el llamado 'mecanismo de compensación'.

El nombre del hotelero no es, sin embargo, nuevo en el sumario de Púnica. El pasado mes de septiembre, el juez Velasco ya lo incluyó en el listado de doce empresarios que remitió al Banco de España para recabar información sobre ellos. En el mismo también se encontraba su esposa, María del Carmen Ballester Ríos, que figura junto a él en varias de las empresas que administra. El magistrado reclamaba del matrimonio y de las otras diez personas, entre las que se encontraba Inés de Borbón y Borbón, prima del Rey Juan Carlos, información sobre la "apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior" entre 2003 y 2015 "con especial hincapié" en las que tuviera en el país helvético.

Un ingreso de 1,28 millones de euros

Hasta el momento, hay al menos otras tres personas imputadas por estos hechos. El primero lo fue en octubre pasado. Se trataba de Michael Trevor Langdon Sharman, un ciudadano español de origen norteamericano al que la investigación relaciona con un ingreso de 1,28 millones de euros en los depósitos en el BNP Paribas de Ginebra de los dos presuntos cabecillas de la trama. La Guardia Civil llegó, incluso, a registrar su domicilio. A él se han sumado en las últimas semanas al menos otras dos personas, además del hotelero valenciano. Se trata de J.P.B. y M.G.Y. El abogado del primero confirmó en conversación telefónica con Vozpópuli que la situación judicial de su cliente había sido provocada por un movimiento bancario que se hizo desde sus cuentas en el año 2008 con los depósitos de Marjaliza y Granados, aunque negó que conociera a éstos y descargó toda la responsabilidad de aquella transferencia en la entidad financiera helvética.

En octubre, el magistrado imputó por los mismos hechos a un ciudadano español de origen norteamericano al que la investigación relaciona con un ingreso de 1,28 millones de euros en las cuentas de Granados y Marjaliza

Esta parte de la investigación ha sido incluida por el juez Velasco en la bautizada como 'pieza separada internacional', que mantiene bajo secreto de sumario. En ella se encuentra, precisamente, la abundante documentación que las autoridades suizas remitieron a comienzos de 2014 sobre las cuentas de Granados y Marjaliza y que permitieron, precisamente, iniciar la investigación que desembocó en la 'Operación Púnica'. El magistrado ha señalado en varias ocasiones que la información que ha llegado desde Berna es tan voluminosa que aún no se ha terminado de traducirla al castellano. No obstante, diversos pronunciamientos de los tribunales helvéticos a los que ha tenido acceso Vozpópuli en los últimos meses, revelan detalles de esta trama y de los empresarios implicados.

Así, dichos documentos judiciales señalan que las pesquisas se iniciaron en el país centroeuropeo mucho antes que en España. En concreto, el 6 de diciembre de 2012, hace más de tres años, cuando sus servicios de lucha contra el lavado de capitales detectaron movimientos sospechosos en las cuentas abiertas en el BNP Paribas a nombre de la empresa costarricense Sheratong Trading, del "promotor inmobiliario en España" David Marjaliza y del "hombre político español" Francisco Granados. En dicha fecha, la Fiscalía suiza ya procedió al "secuestro penal" de dichos depósitos, medida que extendió en junio de 2013 a otra cuenta, en este caso la abierta en el UBS de Ginebra con otra mercantil centroamericana como titular, Droz & Co. también propiedad del constructor.

"Catorce intermediarios financieros"

Entre ambas fechas, las pesquisas de la Justicia suiza habían detectado ya la existencia de un importante "flujo financiero" compuesto por más de un centenar de transferencias realizadas desde 2003 que apuntaban a un supuesto delito de blanqueo de capitales que tenía como destino, precisamente, las cuentas de Marjaliza y Granados. En ellas, detalla uno de los escritos judiciales en poder de este diario, aparecieron implicados "catorce intermediarios financieros en Suiza". En mayo de 2013, un mes antes incluso de que actuaran contra las que tenía Luis Bárcenas en el país helvético, las autoridades de Berna bloquearon los depósitos de todos ellos, algunos abiertos formalmente a nombre de empresas registradas en paraísos fiscales o de fundaciones 'pantalla'.

Documentos judiciales suizos destacan la existencia de un "flujo financiero" de más de un centenar de transferencias realizadas desde 2003 en las cuentas de los cabecillas de la trama

Esta decisión fue comunicada a los afectados por la propia entidad en la que tenían sus fondos, la mayoría el BNP Paribas. De hecho, al menos uno de los afectados inició entonces trámites judiciales en el país helvético para revertir esta situación, aunque sin éxito. El Tribunal Penal Federal argumentó en el fallo en el que rechazó definitivamente su pretensión precisamente que los movimientos financieros de la cuenta bloqueada revelaban que se habían hecho transferencias con otros depósitos sospechosos de cobijar dinero "originado en la corrupción". En aquel momento, con la investigación en España recién iniciada, la Justicia helvética insistía en la necesidad de salvaguardar la información contenida en el procedimiento "a la vista de su carácter internacional, el largo periodo [desde 2003] durante el cual se han desarrollado los hechos, el número de transacciones a dilucidar, la complejidad de las estructuras financieras y el número de personas físicas y jurídicas afectadas".

El fallo recalcaba también que había un "riesgo concreto" de malograr las investigaciones si se daba acceso a las mismas a los titulares de las cuentas bloqueadas. "Después de haber consultado el sumario y tomado conocimiento de los hechos precisos que contiene, las personas implicadas podrían contactar con otras personas relacionadas con el caso y todavía no identificadas y hacer desaparecer las pruebas", recalcaban los magistrados helvéticos para explicar su negativa. Un mes después de este último fallo, las autoridades suizas remitieron a la Fiscalía española una comunicación en la que la informaba por primera vez de la existencia de "varios terceros (personas físicas y jurídicas)" que habían "intervenido activamente" en transferir algo más de 5 millones de euros a las cuentas en el BNP Paribas y el UBS de Ginebra abiertas a nombre de Marjaliza, Granados y sus empresas 'pantalla'.

Anticorrupción elaboró entonces un informe, fechado el 11 de junio de 2014, en el que ya recogía la sospecha de que dichos movimientos de fondos estaban relacionados con operaciones de blanqueo de capitales "gracias al mecanismo de compensación". En el mismo sólo se mencionaban entonces a cinco empresarios españoles. Ahora, sin embargo, esta cifra se ha elevado a cerca de una veintena de sospechosos. El hotelero valenciano es, por ahora, el último imputado en una línea de investigación que aún permanece secreta.

http://vozpopuli.com/actualidad/77573-el-juez-de-punica-imputa-a-un-hotelero-valenciano-por-el-blanqueo-en-suiza-de-granados-y-marjaliza

EL JUEZ DE 'PÚNICA' BUSCA NUEVAS CUENTAS DE GRANADOS, MARJALIZA Y SUS ESPOSAS EN EEUU

El auto que levanta el secreto de sumario revela que el magistrado remitió en octubre una comisión rogatoria a Washington para solicitar información sobre el político, el constructor y las esposas de ambos.

El caso Púnica cruza de nuevo el Océano Atlántico. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, remitió el pasado mes de octubre una comisión rogatoria a Estados Unidos para recabar información sobre la posible existencia en este país de cuentas y propiedades a nombre de los dos presuntos cabecillas de la trama, Francisco Granados y David Marjaliza, y sus esposas, María Nieves Alarcón y Adela Cubas, así como el de una quinta persona, Ana María Ramírez, secretaria y persona de la máxima confianza del constructor. El dato, desconocido hasta ahora, ha salido a la luz gracias al auto por el que este viernes el magistrado levantaba el secreto de sumario sobre la mayor parte de la causa, entre ellas la pieza separada "internacional".

Además de a EEUU y Suiza, el magistrado ha pedido ayuda a las autoridades de Liechtenstein, Panamá, Costa Rica, Holanda y Singapur

La solicitud del juez Velasco es la respuesta a la petición que cinco meses antes le había hecho la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De hecho, los agentes responsables de la investigación habían iniciado 2015 planteando al magistrado la colaboración internacional de varios países. Así, en marzo de aquel añpo solicitaron una a Liechtenstein. Dos meses después, hacían lo mismo con Costa Rica y Panamá, además de EEUU. En septiembre le tocó el turno a Holanda También plantearon una a Singapur. En todos los casos contó con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción que, sin embargo, en el caso del Washington pidió una aclaración previa a la Guardia Civil. Aunque en el auto conocido ahora no se detalla qué información reclama de todos estos países, un oficio de noviembre de 2014 ya apuntaba que la mayor parte de ellas se referían a la búsquedas de "cuentas en el extranjero". El juez dio trámite a la comisión rogatoria a EEUU en un auto fechado el pasado 15 de octubre.

Las 19 cuentas de Suiza

De confirmarse la existencia de nuevas cuentas en este último país, se añadirían a las ya descubiertas en Suiza gracias a la colaboración de las autoridades de Bena y que fueron, precisamente, las que permitieron iniciar la investigación que desembocó en la Operación Púnica. En concreto, ya ha transcendido la existencia de 19 depósitos abiertos a nombre de Granados, Marjaliza, sus esposas y cuatro las sociedades 'fantasmas'. El banco que mayor número de depósitos cobija es el BNP Paribas Private Bank de Ginebra. En él figuran nada menos que 13 cuentas bancarias a nombre de dos mercantiles con sede en Costa Rica y que estaban controladas por Marjaliza.

En Suiza, la investigación ya ha localizado 19 cuentas de Púnica abiertas en tres bancos y a nombre de cuatro empresas 'pantallas'

Una de ellas es Sheraton Trading SA, que figura como titular de cinco cuentas. Las otras ocho en este banco aparecen a nombre de Time, una empresa también registrada en el país centroamericano. Otra mercantil 'pantalla, en este caso Oldfield Properties Inc, localizada en el paraíso fiscal de Tórtolas-Islas Vírgenes Británicas., figura como titular de una cuenta en el LGT Bank de Basilea. Finalmente, los últimos cinco depósitos se encontraron en el UBS, el mayor banco suizo. Todos ellos a nombre de la mercantil costarricense Droz & Co SA, cuyo real beneficiario no es otro que Marjaliza.

Los informes de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción también recogen la existencia de otras cuentas ya cerradas. Así, Granados y su esposa, María Nieves Alarcón, abrieron a su nombre en el año 2000 una cuenta en el BNP Paribas con fondos procedentes de la entidad Credit Lyonnais. En la misma, realizaron ingresos de 1,5 millones hasta 2006, y fue finalmente cerrada en 2007. Entonces, la misma tenía un saldo de "alrededor de 1,7 millones de euros", que fueron transferidos aquel año a uno de los depósitos del UBS a nombre de Droz & Co. También en el BNP tenían otra cuenta a su nombre Marjaliza y su mujer, Adela Cubas. En la misma recibieron entre febrero de 2003 y mayo de 2006 nada menos que 4,1 millones de euros. Ese dinero fue trasladado ese último año a uno de los depósitos abiertos a nombre de Sheraton Trading SA.

Singapur, Holanda y Costa Rica

La comisión rogatoria enviada a Singapur también parece estar relacionada con cuentas bancarias. En este caso con la abierta en el Standard Chartered Bank de esta ciudad estado asiática y que figura a nombre de la sociedad pantalla Milenia Trading Pte Ltd. Desde este depósito, el constructor transfirió a España en el verano de 2013 más de 4,2 millones de euros con una falsa compraventa de obras de arte con la que blanqueo dicha cantidad de dinero. A Holanda, el juez Velasco también le ha solicitado información bancaria. De hecho, la Fiscalía de la localidad de Zwolle remitió el pasado 24 de septiembre información sobre el ABN Amro Bank, sin que hasta el momento haya transcendido de qué persona o empresa recababa la información.

La Fiscalía de la localidad holandesa de Zwolle remitió el pasado septiembre información de cuentas en el ABN Amro Bank

Finalmente, la petición de colaboración a Costa Rica está relacionada con las tres empresas 'fantasmas' registrada en el país centroamericano y que fueron utilizadas por Marjaliza y Granados para abrir cuentas en Suiza,. La primera detectada fue Sheraton Trading SA, creada en febrero de 2006. La segunda es Droz & Co,, que está operativa desde septiembre de 2006. La tercera es Time, cuya existencia fue conocida tras analizar la documentación intervenida en el registro que los agentes hicieron en el domicilio de Ana María Ramírez, la secretaria de Marjaliza.

http://vozpopuli.com/actualidad/81822-el-juez-de-punica-busca-nuevas-cuentas-de-granados-marjaliza-y-sus-esposas-en-eeuu

EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA A UNA ANTIGUA COLABORADORA DE AGUIRRE, AZNAR Y GRANADOS

El magistrado recibe un informe de la Guardia Civil sobre el vehículo propiedad de María Victoria Cristóbal Araujo por la supuesta vinculación del mismo con la trama. Asesora de la 'lideresa' y ex concejal en Majadahonda, no es la primera vez que esta ex alto cargo del Ejeuctivo regional aparece en el sumario, en el que figuran numerosas conversaciones de ella con el ex secretario general del PP de Madrid.

Ni un cabo suelto ni una pista sin investigar en el 'caso Púnica'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha encargado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre un vehículo de la marca Mercedes que aparece a nombre de una antigua cargo del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre que hasta ahora no está imputada en la causa. Se trata de María Victoria Cristóbal Araujo, ex asesora de prensa de la lideresa en la primera campaña de ésta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que con Francisco Granados en la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia llegó a estar al frente de la Agencia Madrileña de Emigración. Antigua colaboradora también de José María Aznar en la fundación FAES y concejal 'popular' en Majadahonda (Madrid) hasta enero de 2015, el magistrado indaga sobre los supuestos vínculos entre este automóvil de lujo y la trama. Vozpópuli se puso este jueves en contacto telefónico con María Victoria Cristóbal para conocer su versión sobre la adquisición de dicho coche, pero ella declinó hacer declaraciones. "No me dedico a la política desde hace más de un año y no tengo nada que decirle", fue su escueta respuesta.

La Guardia Civil remitió el informe a la Audiencia Nacional el pasado 6 de abril. Nueve días después, el magistrado preguntaba a Anticorrupción qué pasos seguir en la investigación del vehículo bajo sospecha

El informe de la Guardia Civil sobre el automóvil con matrícula 6XXX-DZL, un Mercedes SLK de color negro que ella incluyó en su declaración de bienes cuando fue elegida concejal en las elecciones de mayo de 2011, llegó a la Audiencia Nacional el pasado 6 de abril. Nueve días después el magistrado dictaba una providencia a la que ha tenido acceso este diario en la que solicitaba a la Fiscalía Anticorrupción que lo estudiase para que propusiera qué pasos dar a partir de ahora sobre el mismo y si se toma alguna medida judicial contra su propietaria. El contenido del mismo aún no ha transcendido, pero fuentes cercanas a la investigación apuntan a este diario que el objeto de las pesquisas es comprobar cómo el automóvil llegó a ser propiedad de Vicky, como todo el mundo conocía a la colaboradora de Aguirre, Granados y Aznar. En este sentido, recuerdan que la UCO ya realizó uno similar sobre otro vehículo, en concreto uno marca Mini Cooper que utilizaba la mujer del cabecilla de la trama, María Nieves Alarcón, también imputada en la causa, y que resultó destruido en un incendio provocado. Aquel informe concluyó que el coche era en realidad un supuesto pago 'en especie' de un constructor de Valdemoro, Ramiro Cid, también inculpado, que se intentó camuflar con "facturación falsa", según reconoció el propietario del concesionario.

Un "piso" y un "coche"

En el caso de María Victoria Cristóbal Araujo ha pesado también el contenido de las numerosas conversaciones que ésta mantuvo precisamente con Granados cuando éste tenía el teléfono intervenido por orden judicial. En las mismas, además de constatarse la estrecha relación entre ambos a pesar de que cuando se producen él ya no está en política y ella ejerce de concejal de Relaciones Instituciones en el Ayuntamiento de Majadahonda, aparecen precisamente referencias a un "piso" y un "coche" supuestamente regalados a ella por el cabecilla de la trama. De hecho, en una llamada del 2 de julio de 2014, pocos meses antes de la detención del político madrileño, Vicky se quejaba de que José María Aznar la quisiera echar de la fundación FAES, donde ella trabajaba en aquel momento. Al parecer, por temor a que saliera con escándalo "muy gordo de ella", según se recoge en un informe de la UCO.

Granados: ¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho éste?

Victoria: Bueno, pues nada, lo que yo más o menos me figuraba.

G: ¿El qué?

V: Pues que quieren que me quede fuera del proyecto, de momento.

G: ¿Cómo? ¿Que te quedes ... ?

V: Fuera del proyecto de momento.

G: ¿Y eso?

V: Pues porque..., bueno, eh... pues... Pues porque a [José María] Aznar le han contado toda mi historia y tal y entonces pues... no quieren, no quieren que esté en esto. Porque vamos muy justos de tiempo... y yo puedo ser una persona ahí que por estar yo en esto se bloquee la historia y tal. Y, bueno, Aznar le ha contado a [Javier Fernández] Lasquetty lo del piso, lo del coche, todo.

G: ¿Qué del piso y del coche?

V: Que tú me has regalado un piso. O sea, le ha debido... Me ha dicho Pedro que Pablo [Casado] no me lo quería decir porque yo le he dicho, oye, pero exactamente qué he hecho yo, ¿sabes? Porque es que yo también necesito saberlo. [...] ¿Qué puedo hacer Paco? Joder, que al final a mí me han jodido la vida, porque claro, es que por más que yo lo intente y por más que tal, pues que estoy ahí y me han puesto una cruz imposible de levantar, imposible, imposible.

"Manda huevos"

Granados se mostraba indignado en aquella conversación por el hecho de que se le acusase de haberle regalado un piso y un coche a su antigua colaboradora. "Manda huevos que le diga que yo te he regalado el piso. Es que me parece la polla", se quejaba el político encarcelado. En una llamada telefónica posterior, María Victoria Cristóbal aseguraba que iba a enseñar a "Pablo" [Casado] las escrituras de la casa para demostrar su inocencia, y que intentará buscar nuevo empleo en un proyecto con la embajada de Rusia", destaca un informe de la UCO. El ex consejero le aseguraba que había pensado en hablar con "Esperanza [Aguirre]" para "amenazarla" y contarle todo, pero que tampoco pretendía "requemar el asunto" pese a que estaba "hasta los cojones" porque era posible que sólo la perjudicase a la propia Vicky. Ella entonces le dijo que había pensado en ir a un notario y contar "lo de los espías", en referencia al escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid en el que ambos se habían visto salpicados.

En una de las conversaciones entre Granados y Vicky, está asegura que Aznar la ha echado de FAES por temor a que saliera a la luz "lo del piso, lo del coche" de ella

Éstas no son, sin embargo, las únicas conversaciones incluidas en el sumario del 'caso Púnica' en el que se muestra la estrecha relación entre María Victoria y Francisco Granados. Las llamadas entre ambos son numerosas y, en las mismas, hablan de la situación interna del PP, del Ayuntamiento de Majadahonda, donde ella era concejal en aquel momento, e, incluso, de negocios como la compra de unas naves en las que se quería embarcar el político. Éste le comenta a Vicky, incluso, sus encuentros con David Marjaliza, el otro presunto cabecilla de la trama; y con Javier López Madrid, consejero de OHL y también imputado en el caso por la supuesta entrega de dinero a los 'populares', así como de sus contactos telefónicos con el ministro de Economía, Luis de Guindos, por la privatización de Aena. Una estrecha relación de confianza que ahora se ha vuelto en su contra y ha puesto su coche de lujo bajo la lupa del juez y de la Guardia Civil.

"Granados y colaboradores"

Cuando el pasado mes de septiembre el juez Velasco dividió el sumario del 'caso Púnica' en doce piezas separadas para agilizar la investigación, decidió que la octava tuviera el significativo nombre de "Granados y Colaboradores". En ella se incluyen todas las pesquisas en torno a las personas que durante su etapa de consejero de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre trabajaron con él. Según las fuentes consultadas, la investigación referida al vehículo de lujo de 'Vicky' estaría incluida en ella. Además, figuran los avances en torno a la figura de Ignacio Palacios Azazuri, quien durante años fuera la mano derecha del político, y la mujer de éste, ambos detenidos el pasado mes de noviembre. A ambos los acusa el juez de haber servido de testaferros para que Granados ocultara ser el propietario de una enorme finca situada en Higuera de las Dueñas (Ávila).

http://vozpopuli.com/actualidad/80196-el-juez-de-punica-investiga-a-una-antigua-colaboradora-de-aguirre-aznar-y-granados

LA GUARDIA CIVIL HA ENTRADO TRES VECES EN LA SEDE DEL PP DE MADRID EN BUSCA DE PAPELES

Los agentes se llevaron abundante documentación relacionada con campañas electorales.

Numerosos indicios apuntan directamente al expresidente Ignacio González en la corrupción detectada en el Canal de Isabel II

La Guardia Civil ha entrado en el último año, no una, sino en tres ocasiones, en la sede del PP de Madrid y se ha llevado documentación relacionada con adjudicaciones y campañas electorales, según han confirmado fuentes jurídicas y corroborado otras fuentes cercanas a la gerencia de los populares madrileños. Con autorización del juez, los agentes de la UCO han acudido tres veces para cotejar si el exconsejero Francisco Granados y otros dirigentes del PP utilizaron empresas públicas para lucrase ellos e inyectar dinero al grupo regional.

En el marco de la Operación Púnica, que instruye el juez Eloy Velasco, los agentes requisaron una agenda a Granados (ex secretario general del PP con Esperanza Aguirre) en la que figuran apuntes de supuestos pagos hechos por un alto cargo de la constructora OHL a esta formación política y que supuestamente acabaron en las arcas que controla el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

Las tres entradas no fueron registros judiciales en sentido estricto, sino peticiones de documentación para cotejarla con la que figuran en el sumario de la Púnica, según fuentes cercanas al exgerente del PP. Los agentes recabaron documentación en el despacho de Gutiérrez, hombre de confianza de la expresidenta Esperanza Aguirre, apartado recientemente del cargo por Cristina Cifuentes, responsable de la gestora constituida en el PP de Madrid después de trascender la última de las visitas efectuadas a Génova por agentes de la UCO.

La investigación de la red Púnica ha destapado la trama de Granados y de su socio David Marjaliza para el lucro personal de ambos y, además, aflorado prácticas de financiación ilegal. Arpegio (que gestiona suelo público en Madrid, 600 millones anuales en inversiones), la Agencia Informática ICM (hasta 200 millones ha llegado a manejar en un año) y el multimillonario Canal de Isabel II son las tres empresas que indaga el juez Velasco y de las que, mediante contratas infladas y facturación falsa, ha salido dinero del que se habrían beneficiado los bolsillos de altos cargos del PP y el propio partido.

Sobre el Canal de Isabel II, las pesquisas apuntan a graves irregularidades. Se investigan numerosas contratas ante la sospecha de que muchas de ellas fueron infladas, en connivencia con los adjudicatarios, con la finalidad de tener un colchón económico a disposición del partido y de altos cargos del Gobierno de Ignacio González. Una dinámica parecida a la empleada con ICM, que se sirvió de empresas privadas para darles contratos millonarios inflados a sabiendas de que el dinero sobrante quedaba a disposición de los políticos. De tal forma que, cuando hacía falta dinero (Granados dejó vacía la caja del PP cuando se marchó), bastaba un telefonazo, o una orden al gerente de ICM, el imputado en Púnica José Martínez Nicolás, para obtener dinero líquido. Velasco también tiene imputado, por ejemplo, al exconsejero del Gobierno de Madrid Salvador Victoria, quien habría dado instrucciones a Martínez Nicolás para obtener dinero con el que pagar a un experto en redes sociales, Alejandro de Pedro, por borrar en Internet noticias negativas sobre el expresidente de Madrid Ignacio González.

En Arpegio, y en concreto las obras del plan regional de inversiones en pueblos de la Comunidad (Prisma), la investigación se centra en ventas de terrenos públicos por debajo de su valor y en recalificaciones muy onerosas para el erario público. Y en supuestas comisiones para los cargos públicos que las instigaban, según se desprende de las confesiones del arrepentido Marjaliza.

El Canal de Isabel II no solo pagó al conseguidor De Pedro por dar brillo a la imagen de González en la red; los investigadores escudriñan operaciones (relacionadas con contratas publicidad y de imagen, entre otras) que apuntan directamente al expresidente González, envuelto ahora, además, en el asunto de su ático en la selecta urbanización Alhambra Golf de Marbella, que está siendo investigado por un juzgado de Estepona, y con indicios que lo vinculan a comisiones en las que medió la trama Gürtel. Las pesquisas trascienden incluso el Atlántico; en concreto, llegan a Colombia, y tienen ramificaciones en otros países.

http://politica.elpais.com/politica/2016/03/06/actualidad/1457284463_012548.html

UN EMPLEADO DE GÉNOVA 13 ALERTÓ A LA UCO DE QUE EL PP AÚN GUARDABA LOS 'EMAILS' DE GRANADOS

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido a la sede nacional del Partido Popular (PP) en la calle Génova de Madrid hasta en tres ocasiones durante la instrucción de la trama Púnica, tal y como desveló Vozpópuli. El reciente levantamiento del secreto sobre parte del sumario revela ahora que una de ellas fue propiciada por un trabajador del Departamento de informática de la propia formación. Éste informó a los agentes del Instituto Armado que habían acudido el pasado 9 de julio al edificio a hacer el primer requerimiento de información que el ex secretario general de Madrid, Francisco Granados, cabecilla de la trama, mantenía aún "una cuenta corporativa [de correo electrónico] activa y que existía, además, una copia de seguridad que podía mantener información previa".

En el informe remitido por los agentes de la UCO al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Eloy Velasco, éstos sostienen que considerando los cargos que ocupó Granados en el PP y el uso "espurio" que hizo de los mismos se consideraba de gran interés la interceptación de los 'emails' "que haya podido mandar o recibir de dicha cuenta corporativa que pueden contribuir a aportar nueva información sobre las instrucciones o comunicaciones que mantenía con otros miembros del partido en relación al favorecimiento de determinados empresarios en materia de contratación pública o urbanismo o cualquier otra información que revele la comisión de los delitos investigados".

En Génova 13 se guardaba copia de la cuenta corporativa del cabecilla de Púnica, Francisco Granados, y una copia de seguridad de sus correos electrónicos

Los investigadores hicieron dicha solicitud al juez el 14 de julio mediante un oficio ahora conocido. El magistrado dictó al día siguiente el auto por el que autoriza la diligencia, además de un mandamiento al PP para que facilitase la labor de los agentes. Dos días más tarde se realizó sin que transcendiera a la prensa hasta ahora. Por su parte, la primera ocasión en la que los agentes acudieron a Génova 13 fue para requerir varios contratos firmados por el PP de Madrid. La tercera, el pasado día 11 para extraer información del ordenador del exgerente regional del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner, en busca de documentación sobre la supuesta recepción de 'donaciones' ilegales por parte de la formación.

Se guardaron los correos de Granados pero no los de Lapuerta y Páez

De la afirmación de este empleado del PP a la UCO se desprende además una gran contradicción. El PP sí guardó durante meses copia de los 'emails' de Francisco Granados pero no hizo lo mismo en el caso del ex tesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez. El acta levantada por el secretario judicial de la Audiencia Nacional durante el registro que tuvo lugar en Génova 13 por 'el caso Bárcenas' en diciembre del año 2013 los expertos policiales que revisaron el servidor informático del partido se encontraron con una desagradable sorpresa: los buzones de correo electrónico de dos de los imputados en la causa de los 'papeles de Bárcenas', Lapuerta y Páez, habían sido "borrados".

Durante la instrucción del caso Bárcenas, la Policía descubrió que los buzones de correo electrónico de dos de los imputados en la causa, Lapuerta y Páez, habían sido "borrados"

Según recogía el documento judicial que daba fe de dicho registro, publicado por este periódico, el borrado del contenido de dichos dispositivos no pudo ser realizado "por el usuario físicamente debiendo ser solicitado explícitamente". Los representantes del PP que asistieron a la diligencia policial negaron cualquier implicación en esta maniobra y aseguraron que "ninguna persona de la actual gerencia ni tesorería ha ordenado dicho borrado". Los mismos apuntaron que "lo lógico es pensar que debió ser él mismo [en referencia a Lapuerta y Páez] quién antes de marcharse diera la orden ya que tenía funciones para ello".

http://vozpopuli.com/actualidad/76393-un-empleado-de-genova-13-alerto-a-la-uco-de-que-el-pp-aun-guardaba-los-emails-de-granados

"EL EXPEDIENTE DE LA 'COJOCASA' DE GRANADOS FUE MANIPULADO", DENUNCIA UNA FUNCIONARIA

Asegura al juez que la llamaron un domingo a su domicilio para que fuera al Ayuntamiento a sacar el documento.

Personas próximas a Francisco Granados en el Ayuntamiento de Valdemoro "manipularon" un expediente urbanístico para desvincularle de la mansión de lujo que se estaba construyendo en el sector de El Caracol de la localidad, desveló al juez la responsable de los servicios jurídicos del área de urbanismo del Consistorio, Montserrat Pacheco.

Por las manos de esta funcionaria han pasado todos los procedimientos urbanísticos desde 1991, cuando fue nombrada para ese puesto. Es, por ello, una testigo de especial relevancia por su conocimiento del desarrollo urbanístico de Valdemoro antes, después y durante el mandato de Francisco Granados, alcalde de la ciudad ente 1999 y 2003 y luego brazo derecho de Esperanza Aguirre como consejero del Gobierno regional y como secretario general del PP de Madrid.

Durante su declaración ante el juez de la operación Púnica, Eloy Velasco, Montserrat Pachecho habló de un expediente especial, el que afectaba a siete parcelas en el sector R-6, denominado El Caracol, una zona con excelentes vistas.

La "cojocasa"

"Todo el mundo comentaba que ese inmueble era de Francisco Granados", dijo la funcionaria, que no dudó en calificar de "cojocasa" ("vi por curiosidad el plano") una construcción de 1.000 metros cuadrados de vivienda y cuya parcela ocupaba el terreno de seis chalés adosados. Piscinas exterior e interior, ascensor, salón de juegos para adultos con barra de bar incluida, habitaciones para el servicio, sauna y hamman en el sótano, chimeneas en el salón, dormitorio y despacho...

Pacheco explicó al instructor que en las dependencias de urbanismo se guardan los expedientes de una antigüedad inferior a 5 años y que el resto se almacena en el archivo general del Ayuntamiento, "a excepción", matizó, "del expediente de la calle Chequia, que lo tenía yo bajo custodia porque así me lo pidió el alcalde José Miguel Moreno Torres". Moreno, también imputado en la trama Púnica, sucedió a Granados al frente del Consistorio.

Una llamada en domingo

"¿Por qué lo custodiaba, qué pasaba con ese expediente?", le preguntó el juez. La jefa de los servicios jurídicos del área de urbanismo relató entonces que "un domingo que, además, era la fiesta de Todos los Santos recibí una llamada en mi casa porque tenía que acudir al Ayuntamiento a sacar ese expediente".

"¿Quién la llamó?", inquirió el instructor. "Me llamó José Luis Navarro [el arquitecto municipal] por orden del alcalde José Miguel Moreno, para que acudiese al departamento y abriese las puertas. Le dije que yo no iba a ir un domingo a sacar ningún expediente, aparte de que no tenía llaves", contestó ella.

"Se quejó de que cómo es posible que no tuviera las llaves y me dice: 'Bueno, pues te vienes'. Y le dije: 'No pienso ir'". Me negué, dije que no iba y no fui. Me dijeron que querían coger ese expediente".

Pacheco añadió que "al día siguiente, lunes, cuando fui a trabajar noté que en ese expediente había alguna manipulación. Lo habían tocado, no sé en qué sentido". La funcionaria cree que había un documento "que hacía referencia a la mujer" de Granados que pudo ser retirado. Con posterioridad, Moreno le pidió que custodiara el expediente porque "la Prensa está detrás".

En el procedimiento de la trama Púnica consta una copia del "Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en Glorieta de Suecia" en cuya carátula figura como propietaria Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados. El proyecto se incorporó al expediente urbanístico donde, sin embargo, consta que la licencia de obra la solicitó "una empresa de Ramiro Cid", dijo la funcionaria, que remachó: "Granados no tenía suelo en ese desarrollo".

Los investigadores sospechan que Cid, uno de los constructores más beneficiados por la trama Púnica con recalificaciones de terrenos y nuevos planeamientos municipales, pagó los favores urbanísticos a Granados con esa mansión de lujo, entre otras contraprestaciones.

"Quería una casa más grande"

Nieves Alarcón trató de desvincularse a toda costa de la "cojocasa" cuando declaró como investigada ante el juez el 29 de enero de 2015. Según dijo, "nosotros [Granados y ella] queríamos construir una casa, a mí me gustaba esa zona y Ramiro Cid [propietario de las parcelas] quería venderla".

"Yo quería vivir en una casa más grande que mi adosado de 250 metros en cuatro plantas", manifestó Alarcón, que admitió que alguna vez se acercaba "a dar una vuelta para ver cómo iba" la obra, tras hacer un proyecto "muy impersonal, para que lo pudiera comprar cualquiera".

La versión de la mujer de Granados tiene en contra no sólo el testimonio de varios testigos sino incluso las manifestaciones de Ramiro Cid y, sobre todo, los documentos custodiados por Pacheco. La primera carátula del proyecto, en la que Nieves Alarcón figuraba como propietaria, fue cambiada por otra en la que la propiedad era de la empresa Vicfidem, vinculada a Ramiro Cid.

Así lo declaró el arquitecto que visó el proyecto, Carlos de Rojas, citado como testigo por Velasco. "Inicialmente visé el proyecto a nombre de Nieves Alarcón y luego nos pidieron que cambiáramos la propiedad", dijo.

"O sea, que usted sabía que el chalé era del matrimonio Granados-Alarcón", manifestó el juez. "Estaba en la carátula", respondió el arquitecto, que señaló que ignoraba por qué se le pidió que cambiara la propiedad.

La decoradora de la vivienda, también llamada a declarar como testigo, indicó que se reunió decenas de veces con Nieves Alarcón. "Todo se hacía 'ad hoc' para ella, con el tamaño de los muebles de su casa", señaló.

Esta testigo entregó al juez un documento que constituye otra prueba de la relación de la esposa de Granados con la "cojocasa". Se trata de un email que Nieves Alarcón envió a la decoradora para que retomara el proyecto en diciembre de 2012. Ella declinó la oferta.

El correo desmiente que fuera un proyecto "impersonal", como manifestó Alarcón al juez. Según recordó a la decoradora la esposa de Granados, "teníamos hasta presupuesto de puertas, vestidores, muebles de cocina, baño y bastantes cosas que teníamos elegidas y algunas pedidas".

Consuelo Astasio, arquitecto técnico y gestor del proyecto de la calle Chequia, manifestó que la mujer de Granados visitaba frecuentemente la obra, eligió los materiales "e incluso hizo modificaciones como tirar una escalera. El matrimonio Granados actuaba como clientes finalistas", aseguró.

Astasio confirmó que en el proyecto -"que se presentó en el Ayuntamiento"- "aparecía el nombre de Nieves Alarcón". La empresa de Astasio compró las parcelas a Ramiro Cid y luego se deshicieron de ellas, perdiendo dinero, "porque Granados y su mujer dejaron de tener interés en la casa en 2009, después de que aparecieran unos artículos en la Prensa". La festividad de Todos los santos de ese año 2009 fue domingo.

"Era una cabezonada de la mujer"

Ramiro Cid negó que la casa de la calle Chequia fuera un cohecho a Granados pero no supo explicar cómo empezó a desarrollar una construcción cuyo coste cifró en 1,5 millones sin firmar un solo papel con Granados y sin que éste entregara un solo euro. "Francisco Granados me plantea que están buscando una vivienda de lujo, una casa singular, con la idea de hacer una casa a su medida. El único problema es que nunca llegamos a cerrar un acuerdo sobre el precio de la casa. Hablamos bastantes veces y no llegamos a concretar nada. La mujer insistía mucho, me presionaba. Era una cabezonada particularmente de la mujer".

"¿Y no le pidió una compensación por echarse atrás después de los gastos ocasionados?", le preguntó el instructor. "No, porque no teníamos nada firmado", fue la respuesta de Cid.

http://www.elespanol.com/espana/20160229/105989694_0.html

EL PP DE VALDEMORO USÓ DINERO MUNICIPAL PARA AUTOBUSES A MÍTINES Y TRAJES DE ESQUÍ PARA EDILES

El Ayuntamiento de Valdemoro, feudo de Francisco Granados, mantuvo durante años una caja b con dinero en efectivo cobrado por la concejalía de Deportes con las que se costeaban actos del PP y gastos privados.

El Ayuntamiento de Valdemoro bajo la gestión del Partido Popular también tuvo una caja b, según se desprende de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga la trama Púnica. El consistorio, feudo de Francisco Granados, contaba con ese fondo en el que se realizaban ingresos en efectivo procedentes de las actividades relacionadas con la Concejalía de Deportes y que se utilizaron para fines tan diversos como pagar autobuses para acudir a mítines del PP o para equipaciones de esquí para los concejales.

La existencia de esta caja b fue desvelada a la UCO por un testigo, Carlos Tomás Barajas, trabajador de la concejalía de Deportes. Su relato fue explosivo: “Una parte de los ingresos que entraban en la concejalía de Deportes procedentes de otras actividades deportivas que se abonaban en metálico no ha tenido fiscalización”.

El testigo fue más lejos en su acusación: “Parte de ese dinero ha sido utilizado para pagar el traslado en autobuses a mítines del PP”. Esa caja b se usó para costear dos trajes de esquí, comidas y taxis sin justificar. “Todo ese montante de dinero se puede considerar como la caja b del Ayuntamiento de Valdemoro”.

 “En algunas ocasiones, en la concejalía de Deportes disponían de una caja fuerte, en la cual tanto desaparecía como aparecía dinero. En alguna ocasión fueron a devolver el dinero de las fianzas del futbol y el dinero no se encontraba en la caja fuerte”, continuaba el relato del testigo.

Pero las irregularidades en Deportes, cuya gestión llevó un cuñado de Granados, no acaban aquí: en un momento dado se decidió “externalizar la escuela municipal de padel”, justo cuando empezaba a ser muy rentable. El testigo relata que la adjudicataria resultó ser una empresa vinculada al omnipresente David Marjaliza.

El empleado de Deportes no se arredró a la hora de repartir culpas: “Todo lo ocurrido en la concejalía de Deportes ha tenido una magnitud muy grande debido al enmascaramiento de lo que sucedía y ser conocedores de estos hechos los distintos concejales del Ayuntamiento que han pasado por la concejalía de Deportes. En la actualidad han puesto como jefe de deportes a José Manuel García Morán, que ha estado viviendo en chalés a nombre de Ana María Ramírez [directiva de Marjaliza] sin pagar nada por ello”.

http://okdiario.com/investigacion/el-pp-de-valdemoro-uso-dinero-municipal-para-autobuses-a-mitines-y-trajes-de-esqui-para-ediles-77390

LA AUDIENCIA DENIEGA LA LIBERTAD A GRANADOS POR SU "RED DE INFLUENCIAS"

Cree que tiene dinero oculto y pide al juez que termine "a la mayor brevedad" la investigación.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deniega la libertad a Francisco Granados al considerar que existe riesgo de que se fugue o destruya pruebas. Eso sí, insta al juez que instruye la denominada Operación Púnica a que "culmine" su investigación "a la mayor brevedad".

La Sección Cuarta concluye en un auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL que el ex secretario general del PP de Madrid, acusado de cobro de comisiones a cambio de favores públicos, no puede abandonar la prisión debido a la "red de influencias y favores" que ha demostrado controlar así como por disponer de fondos que todavía no han sido localizados por la Justicia.

Sostiene la Audiencia Nacional que el "riesgo de fuga" de quién fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid "se ve incrementado tras la aparición de un maletín con un millón de euros en su interior en el altillo del armario del dormitorio de sus suegros en la vivienda en la que estos residen en Valdemoro". "Constituyendo tal hallazgo", añade la Sala, "una evidencia poderosa de poseer activos patrimoniales que se ocultan al juzgado".

Otros "precedentes"

Pero es que, además, la Audiencia Nacional considera que dejar en libertad al ex dirigente del PP en este momento "podría poner en peligro el éxito de la investigación". Alude en esta línea a "ciertos precedentes relativos al uso por Granados de una red de influencias y favores" que le habría llevado a "obtener revelación de informaciones secretas de la Guardia Civil, así como la colaboración de funcionarios del Ayuntamiento y la Policía Local, para la destrucción de expedientes".

La defensa de Granados ha esgrimido que "tras un estudio pormenorizado de la causa se extrae la conclusión de que no se le atribuyen hechos delictivos concretos y sí genéricas imputaciones veladas, vagas e inconcretas referidas a los cargos que ocupó en la Comunidad de Madrid".

Segundo revés de la audiencia

Asimismo, los letrados del principal imputado en la Operación Púnica arguyen que su cliente "tiene arraigo, pues vive con su esposa y sus hijos en la localidad de Valdemoro, tenía un trabajo conocido que desempeñó hasta ser detenido y es un personaje público, por lo que difícilmente podría sustraerse a la acción de la Justicia".

Esta es la segunda vez que se le deniega la libertad a Granados, que ingresó en prisión preventiva en octubre de 2014. El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional rechazó su petición el pasado 28 de diciembre utilizando argumentos similares.

http://www.elespanol.com/espana/20160219/103489927_0.html

EL JUEZ CASTRO ABRE UNA PIEZA SECRETA SOBRE LAS OBRAS DE LA SEDE DE GÉNOVA, 13

Solicita a la Audiencia Nacional la agenda de Granados y al PP las facturas de su reforma en la primera planta del edificio.

El juez José Castro ha abierto una pieza separada para investigar los pagos de la constructora OHL al Partido Popular de Madrid. En un auto emitido el pasado día 16, el magistrado balear solicita a la Audiencia Nacional la información existente en la trama Púnica sobre la agenda de Francisco Granados. Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca libra un oficio a la Presidencia del Partido Popular para que "informe sobre las obras de reforma que haya realizado en la plata primera" de la sede central del partido.

La petición del juez Castro llega después de que este diario revelara los vínculos entre el empresario Javier López Madrid y la reforma de las instalaciones que el PP de Madrid ocupa en la primera planta del edificio de la calle Génova. La contabilidad manuscrita de Francisco Granados, localizada en el registro de su domicilio, fue interpretada después por el empresario David Marjaliza, considerado el principal testaferro del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ante el juez Eloy Velasco, Marjaliza mantuvo que las iniciales "JLM" correspondían al yerno de Villar Mir, y las cantidades anotadas en relación a estas siglas, corresponderían a donaciones en dinero B aportadas a Granados por el consejero de OHL.

El magistrado enmarca sus pesquisas en la investigación sobre el hospital de Son Espases, otorgado a la constructora de Villar Mir por más de 700 millones de euros. Tanto Castro como la Fiscalía Anticorrupción trabajan con la tesis de que responsables del grupo OHL pagaron comisiones a miembros del PP a cambio de la concesión del contrato público.

http://www.elespanol.com/espana/20160218/103239741_0.html

GRANADOS CONTROLABA LA VENTA DE SUELO EN LA COMUNIDAD DE MADRID POR MORDIDAS

Son adjudicaciones públicas por centenares de millones de euros desde 2004 en venta de suelo, adjudicación de vivienda protegida y obra civil, según la declaración de Marjaliza. Los investigadores sospechan que parte de las comisiones fueron a parar al Partido Popular de Madrid

El sumario de la Púnica revela que Francisco Granados controló y exigió mordidas para la adjudicación de suelo público y la concesión de vivienda protegida y obra civil en toda la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2011.

Son centenares de millones de euros en adjudicaciones y a cambio reclamaba a los empresarios el pago de una comisión, parte de la cual engrosaba las arcas de la caja B del Partido Popular en Madrid, según las sospechas de los investigadores.

Anticorrupción revela el control del mercado público del suelo por parte de Granados en un informe contenido en el sumario de la Púnica, a cuyo acceso ha tenido acceso la SER.

Un informe de la Fiscalía basado en la declaración del arrepentido socio y colíder del entramado, David Marjaliza, cuyo interrogatorio de más de 13 horas ante el juez, permanece aún bajo secreto de sumario.

La Fiscalía asevera que Francisco Granados “aprovechó sus continuados cargos públicos en la Comunidad de Madrid” para “situarse al frente de la sociedad pública Arpegio y para gestionar los fondos del Plan Regional de Inversiones y Servicios PRISMA”, permitiéndole con ello “controlar ventas de suelo de la Comunidad y la adjudicación de vivienda protegida y de obra civil, solicitando el pago de un peaje a los empresarios interesados” en las adjudicaciones para la consecución de las mismas.

Granados controló desde 2004 la fundación Arpegio, que ha dedicado centenares de millones de euros desde su inicio tanto a la creación de suelo residencial y vivienda protegida, como a la promoción de polígonos industriales.

Según la declaración de Marjaliza recogida en el informe fiscal, esas adjudicaciones tenían lugar a cambio de mordidas. Los investigadores, que solo han encontrado una mínima parte del dinero supuestamente malversado entre los investigados, sospechan que un porcentaje de esas comisiones ilegales abonadas por empresarios a cambio de las adjudicaciones concedidas por Granados, iban a parar al Partido Popular de Madrid.

http://cadenaser.com/ser/2016/02/18/tribunales/1455809210_218970.html

AGUIRRE DIMITE: "LA CORRUPCIÓN NOS ESTÁ MATANDO A TODOS"

Esperanza Aguirre ha dimitido de su cargo como presidenta del PP madrileño tras destaparse los últimos casos de corrupción que se dieron cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, y hasta ahora presidenta de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, ha dimitido de su cargo. La decisión la ha tomado después de destaparse los últimos casos de corrupción relacionados con la supuesta financiación ilegal del partido, en el marco de la Operación Púnica.

"No tengo ninguna responsabilidad directa, pero sí política", ha afirmado Aguirre tras abandonar su cargo. Aun así ha reconocido, como ya apuntó el pasado viernes en la comisión de corrupción, que no le "consta que haya habido ninguna finaciación irregular, y menos ilícita". Atribuye este desconocimiento a que ella no se ocupaba de "las cuestiones económicas del partido". "A lo mejor me debería haber ocupado", ha añadido después.

Aguirre también ha insistido en que se trata de una "decisión personal" y que lo hace porque "la gente quiere gestos". Un gesto que ella ha transformado en su propia renuncia.

La hasta ahora presidenta del PP de Madrid, ha mostrado su rechazo a los casos de corrupción de su partido. "Nos está matando a todos", ha aseverado. Asimismo, ha asegurado que su formación "no merece tener personas que nos están avergonzando". Entre sus deseos, "que la justicia actúe con celeridad en estos casos".

La expresidenta del PP de Madrid ha afirmado que ha hablado con el presidente del partido para trasladarle la noticia, aceptando Rajoy su renuncia. "Te entiendo", han sido las palabras del secretario general del partido, según la propia Aguirre. Sin embargo, ha reconocido que no le ha dado tiempo a comunicárselo a la mayor parte de sus compañeros.

http://cadenaser.com/emisora/2016/02/14/radio_madrid/1455455710_220114.html

AGUIRRE: “HE NOMBRADO A MÁS DE 500 ALTOS CARGOS Y DOS ME HAN SALIDO RANA”

Esperanza Aguirre defiende a sus exconsejeros imputados en el 'caso Púnica' y solo se desmarca de Granados y de López Viejo por su papel en Púnica y Gürtel

La presidenta del PP madrileño desde 2004, Esperanza Aguirre, ha realizado una defensa cerrada de los 33 años que ha desempeñado cargos públicos y se ha desmarcado de los casos de corrupción protagonizados por consejeros de su confianza y a los que ella misma nombró en su etapa al frente de la Comunidad de Madrid. "Mi carrera política es larguísima y he manejado más de 200.000 millones de euros, ¿verdad que es increíble? He pasado seis años en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, he sido ministra de Educación, presidenta del Senado y he sido nueve años presidenta de Madrid, que salían a razón de 17.000 millones al año. [En ese tiempo] He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana. De momento, dos, y ninguno ha sido condenado. El señor [Francisco] Granados, que ya saben dónde está, y el señor [Alberto] López Viejo", ha afirmado este viernes en su comparecencia en la comisión especial sobre corrupción de la Asamblea de Madrid.

"Financiación ilegal del PP de Madrid, que a mí me conste, nunca", afirmó el jueves y ha repetido hoy Aguirre, que se comprometió a la "colaboración a tope" con la justicia. "El PP ha pagado la consultoría online de campaña electoral de 2011 y tiene la factura. Las encuestas que encarga el PP de Madrid las paga el PP de Madrid", ha insistido en su comparecencia. Aunque su inicio estaba previsto para alrededor de las 14.00, la presidenta del PP de Madrid ha llegado al Parlamento regional a primera hora de la mañana, alrededor de las 8.30. Antes de su intervención en el Parlamento regional, Aguirre ha aseverado que no le ha llamado "nadie" de la dirección nacional del partido y ha afirmado que se siente respaldada por Génova. "Cómo no", han sido sus palabras. La comparecencia de Aguirre se produce un día después de que la Guardia Civil realizara un registro en la sede del PP de Madrid —en la primera planta de la sede del partido en la madrileña calle Génova— buscando indicios de una posible financiación irregular del PP en la región y el más poderoso del país.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) analizaron el ordenador del exgerente en Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner, que dimitió en octubre de 2014 por su implicación en el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid (gastó 58.000 euros en tres años). El exgerente del PP de Madrid mantenía desde entonces “un despacho administrativo”, según la jerga empleada por responsables del partido. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha mostrado su malestar por que el PP madrileño mantuviese un tiempo a Gutiérrez Moliner. "Este señor deja de ser gerente, pero la contratación particular que haga el PP de Madrid ni la controlo ni la dirijo", dijo este jueves en una entrevista en 13tv.

La presidenta de la Comunidad entre 2003 y 2012, que estaba obligada a acudir a la comparecencia, que ha sido exigida por el PSOE, Podemos y Ciudadanos, ha reiterado en el Parlamento su confianza en Salvador Victoria y Lucía Figar, exconsejeros del Gobierno regional imputados en la trama Púnica. "El señor Victoria fue secretario general del Consejo y después, consejero de Asuntos Sociales. Es una persona que tiene toda mi confianza. De momento, sí", ha indicado Aguirre sobre el exconsejero de Presidencia, nombrado en esa cartera por el sucesor de Aguirre, Ignacio González, y previamente secretario del Consejo de Gobierno y consejero de Asuntos Sociales.

"Sigo teniendo mi confianza en la señora Figar, absolutamente", ha añadido de la exconsejera de Educación. "Hay imputaciones e imputaciones, pongo la mano en el fuego por Figar y por la señora Gallego", ha reiterado Aguirre, en referencia también a Isabel Gallego, directora general de Medios en su Gobierno y el de González e imputada en Púnica. A diferencia que con Victoria, Aguirre ha puesto por ambas "la mano en el fuego". "Si en algo me he equivocado es que personas en las que confiaba están ahora en tela de juicio. Espero que los tribunales les juzguen y si son condenados que devuelvan lo que se han llevado (...). He cesado a todos los que tienen un mínimo indicio [de su involucración en casos de corrupción]. La señora Gallego tiene cero indicios", ha cerrado filas Aguirre con Gallego, a la que mantiene como jefa de prensa del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid.

En su intervención, Aguirre ha negado conocer irregularidades en la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad (ICM). Otro de los imputados en Púnica, José Martínez Nicolás, exconsejero delegado del organismo público, declaró que Victoria, que presidía el consejo de administración de ICM, le ordenó pedir a Indra saldar una deuda de 10.000 euros con Alejandro de Pedro,al que el juez Eloy Velasco otorga un papel primordial en Púnica. "El contrato de la informática lo desconozco. Desconozco totalmente, salvo en mi papel de usuaria, los temas de la informática. No tengo los conocimientos técnicos para decir si es mejor suspenderlo o de¡jarlo todo", se ha descolgado Aguirre.

La expresidenta regional tampoco ve problema alguno en la Ciudad de la Justicia, en la que la Comunidad de Madrid derrochó 105 millones y solo cuenta con un edificio, sin terminar, de los 15 previstos. "Los ciento y pico millones no se han tirado, ahi están: en el edificio de la cosa esa forense [el Instituto de Medicina Legal], en las carreteras subterráneas... A partir de 2008 decidimos suspender toda la idea de la Ciudad de la Justicia, podrán decir que era megalomaníaco y nos le quitaría la razón, pero no iba a costar un euro al contribuyente: la venta de las sedes judiciales iba a financiar los proyectos de los mejores arquitectos del mundo", se ha enrocado. El Instituto de Medicina Legal, en el que los Gobiernos de Aguirre y González pretendían agrupar las funciones del Instituto Anatómico Forense, ha perdido un 20% de su valor desde su finalización en abril de 2010. Una tasación del inmueble, cuyo coste fue de 21,4 millones de euros, valoró la infraestructura en 16,9 millones a finales de 2013.

El contexto en que se ha producido la comparecencia de Aguirre en la comisión de corrupción abierta en el Parlamento de Madrid no podía ser peor para el PP. Asolado por distintos casos de corrupción y cuyo presidente y dirigente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy, se reúne esta tarde a partir de las 17.00 en el Congreso con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que el Rey ha encargado la tarea de afrontar su investidura tras la negativa de Rajoy.

El desarrollo de la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid ha coincidido con la citación del PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas, extesorero popular. Esta semana también es objeto de polémica, incluidas las filas del PP, de la presencia de Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado, lo que permite a la exalcaldesa de Valencia mantener la condición de aforada en plena Operación Taula. La investigación apunta a Rita Barberá, según fuentes del caso. El juez Eloy Velasco, el mismo que instruye el caso Púnica, también investiga sobornos a altos cargos de la firma estatal Acuamed, operación que ha provocado la dimisión de Federico Ramos, mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/12/actualidad/1455268277_467608.html

LOS PAPELES DE GRANADOS REVELAN UNA POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID DE DOS MILLONES DE EUROS

Los investigadores sospechan además que el millón de euros que se encontró en casa del suegro de Granados procede también del empresario Javier López Madrid

La agenda de Francisco Granados recoge un total de dos millones de euros que presuntamente el PP de Madrid ha recibido del empresario Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de OHL y yerno del también empresario Juan Miguel Villar Mir. Según estos papeles del que fuera número dos de Esperanza Aguirre, el empresario hizo multitud de entregas de dinero al exgerente del Partido Popular de Madrid, Beltrán Gutiérrez. Fuentes cercanas a esta investigación aseguran que en principio todo el dinero, hasta dos millones de euros, se entregó en metálico. Lo que se investiga ahora es el periodo de tiempo que el Partido Popular madrileño estuvo recibiendo estas importantes cantidades de dinero del empresario López Madrid.

Los investigadores creen que los papeles de Granados revelan una posible financiación ilegal del PP. La investigación trata de concretar ahora cuántas entregas de dinero se hicieron acompañadas de contratos. En los cinco registros que se practicaron este jueves en los despachos de los implicados y en las empresas, la Guardia Civil se ha incautado de material informático, documentos, contratos y correos electrónicos que envió y recibió Francisco Granados.

David Marjaliza, el testaferro de Granados que ahora está colaborando con la justicia, es quien ha puesto sobre la pista a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). El pasado noviembre el exsocio de Granados reconoció que las iniciales “J.L.M.” y “B.G.” que aparecieron en la agenda de Granados correspondían a Javier López Madrid y Beltrán Gutiérrez. El exgerente del PP de Madrid ya apareció en las diligencias del caso Gürtel relacionado con unas facturas por servicios prestados al PP de Madrid por una empresa de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Gutiérrez fue además uno de los consejeros de Bankia que imputado por las tarjetas black.

Los investigadores sospechan además que el millón de euros que apareció en un altillo de la casa del suegro de Granados podrían proceder también del empresario Javier López Madrid. Es otra de las claves de esta investigación. Según las diligencias practicadas, todo apunta a que fueron varias entregas en metálico directamente al que fue número dos de Esperanza Aguirre encarcelado en la cárcel de Soto del Real por este sumario.

El juez Velasco preguntó al suegro de Granados, médico jubilado, cómo era posible que un maletín con un millón de euros que no tiene patas, llegase hasta el altillo del armario. El suegro de Granados respondió: “No lo sé, señoría, en mi casa ha entrado mucha gente de Ikea y fontaneros”.

http://cadenaser.com/ser/2016/02/15/politica/1455532841_996933.html

GRANADOS OBLIGÓ A UNA FIRMA PÚBLICA A PAGAR 140.000 EUROS POR UN CONCIERTO

Arpegio, dedicada al urbanismo, patrocinó el espectáculo, organizado por Waiter Music

Esta firma entregó numerosas dádivas y comisiones al exsecretario general del PP de Madrid

El 31 de marzo de 2007 el espectáculo Night of the Proms recaló en el Palacio de los Deportes de Madrid. Prácticamente desconocido en España, consiste en juntar música clásica con pop. Aquella noche una orquesta sinfónica de unos 60 miembros, un coro infantil y artistas como Mike Oldfield, Tears for Fears, John Miles y Ana Torroja deleitaron a un público que, en su mayoría, no pagó los 50 euros que costaba la entrada. Miles de ellas se regalaron. En realidad quien pagó el espectáculo fue el erario público. La Fundación Arpegio patrocinó el evento, organizado por Waiter Music, con 139.200 euros por orden de Francisco Granados, entonces consejero de Presidencia y mano derecha de Esperanza Aguirre.

Así se lo contó hace un mes al juez que instruye el caso de la trama Púnica, Eloy Velasco, la que entonces era gerente de la Fundación Arpegio, Carmen Plata. Arpegio, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el suelo, está, junto con el Canal de Isabel II, en el centro de las pesquisas sobre la trama. Velasco llamó a declarar a Plata después de saber que Granados intermedió para que la Fundación Arpegio patrocinara el concierto de Waiter Music, la empresa de espectáculos y eventos que presuntamente pagaba comisiones para obtener contratos por toda la Comunidad de Madrid.

"Me lo plantea Granados", dijo Plata al juez en su declaración, que consta en la parte del sumario que permanecía secreta hasta hoy y a la que ha tenido acceso El País. Se refiere a cómo llega hasta la Fundación Arpegio la propuesta para patrocinar el concierto. A preguntas del juez, Plata asegura que le pareció que entraba dentro de los "fines sociales y culturales" de la fundación, creada en 2006, es decir, un año antes del concierto, por el propio Francisco Granados. Velasco llega a preguntarle si es consciente de que fue creada "ex profeso para evitar pasar por la Ley de contratos públicos". Ella lo niega.

Plata, que fue concejal del PP en Getafe entre 1995 y 2014, fue nombrada gerente de la fundación en diciembre de 2006 y continuó en ese puesto hasta junio de 2011. Es ella la que firma el convenio con Waiter Music. A Velasco le interesa saber qué recibía a cambio del patrocinio Arpegio: "publicidad", "entradas con el logo de la fundación", salir en las cuñas de radio y ruedas de prensa en las que se cita a Arpegio, contesta Plata, que asegura desconocer qué relación tenía Granados con el responsable de la empresa Waiter Music, José Luis Huerta. "¿Le dio la impresión de que Granados quería favorecerle?". Ella lo niega.

Plata aportó a su declaración la memoria de actividades económicas que Huerta envió a la fundación tras el concierto, en la que se recoge que Waiter Music también consiguió dinero de otros lugares en la Comunidad de Madrid. En concreto, una subvención de 225.000 euros que ayudó a sufragar la contratación del espectáculo. A cambio del patrocinio, la Fundación Arpegio también recibió entradas gratuitas. Muchas de ellas se repartieron en la Dirección de Juventud de la Comunidad de Madrid.

El juez sospecha que el patrocinio de Arpegio se planteó a última hora, cuando Huerta comprobó que no se estaban vendiendo las entradas a buen ritmo y quiso tener otra fuente de ingresos. Algo que parece demostrar un correo electrónico, de 29 de marzo, es decir, solo dos días antes del concierto, en el que Plata insta a Huerta a firmar el convenio. Velasco insiste en preguntarle por qué envió ese email. "No recuerdo nada de ese correo. Hace nueve años", contesta Plata, que sin embargo sí recuerda que inicialmente se iban a destinar 200.000 euros al patrocinio y que fue ella la que recomendó reducir la cantidad. "No me parecía oportuno".

Plata trabaja actualmente en la empresa pública Arpegio. Según fuentes del Gobierno regional, ocupa un puesto técnico y ejerce labores administrativas, es decir, ya no tiene cargo directivo. En esta empresa pública los trabajadores son personal laboral, no funcionarios.

Arpegio es una de las tres firmas públicas investigadas por el juez Velasco, junto con el Canal de Isabel II y la Agencia de Informática de la Comunidad ICM. Además de Granados y la exgerente de la fundación, otra de las personas que se relacionan con esta empresa es Jaime González Taboada, que en la época ocupaba la dirección general de relaciones con la Administración Local y que actualmente es número tres en el Gobierno de Cristina Cifuentes.

El socio y testaferro de Granados David Marjaliza pactó con el juez y la fiscalía una reducción de pena a cambio de contar toda la verdad de la trama. Declaró durante tres días e implicó a González Taboada en la trama, si bien el juez no le ha citado.

Según fuentes de la investigación, la Fundación Nuevo Arpegio, que fue la que patrocinó el concierto de los 140.000 euros que organizó la firma afín a Granados Waiter Music, estaba situada en un local alquilado por Arpegio, matriz de la fundación, a familiares de Carmen Plata, exgerente de Arpegio.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/18/actualidad/1455796052_421759.html

GRANADOS PIDE A LA AUDIENCIA NACIONAL UNA PULSERA DE CONTROL LAS 24 HORAS CON TAL DE SALIR YA DE LA CÁRCEL

Su abogado espanta el riesgo de fuga: es "un político conocido", tiene arraigo familiar y sus cuentas en el extranjero están bloqueadas

Velasco denegó la libertad a Granados tres días después de que la Guardia Civil encontrara un maletín con casi 1 millón de euros en casa de sus suegros

Recurre a la Sala de lo Penal después de que su exsocio David Marjaliza fuera el excarcelado el 30 de diciembre por 'tirar de la manta'

Catorce meses después de su ingreso en prisión, el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados quiere salir de la cárcel cuanto antes. Con ese propósito, su defensa acaba de proponer a la Audiencia Nacional que le coloque una pulsera telemática para estar localizado las 24 horas, pero fuera del centro penitenciario de Estremera que él mismo inauguró y en el que permanece desde octubre de 2014.

El abogado de Granados ha recurrido ante la Sala de lo Penal el auto del juez Eloy Velasco que impidió al expolítico recibir el nuevo año en libertad. Su abogado alega que no hay un solo indicio de los riesgos que establece la ley para negar su puesta en libertad provisional, esto es, el de fuga, la destrucción de pruebas o la reincidencia.

 “El señor Granados es un conocido político, que ha vivido durante toda su vida en Valdemoro, que ha cosechado una carrera política de muy largo recorrido. Todos sus bienes se encuentran también en España, por lo que en el extranjero no tendría medio de sustento alguno, si sus cuentas bancarias fueran bloqueadas, como así se encuentran en la actualidad”, dice el escrito de la defensa, al que ha tenido acceso eldiario.es.

La defensa de Granados también propone como alternativa la comparecencia diaria en el juzgado de Valdemoro o en la propia Audiencia Nacional o el arresto domiciliario. Su abogado se apoya en que, antes o después, Granados saldrá de la cárcel y el juicio, seguramente, no se habrá celebrado aún. El exconsejero fue detenido el 27 de octubre de 2014 y, según la Ley, no puede permanecer más de dos en prisión preventiva. Su estancia en prisión, escribe el abogado, se ha convertido en “una pena adelantada”.

 “No es posible concebir que alguien vaya a abandonar a su familia y sus responsabilidades profesionales por estar inmerso en un proceso penal, máxime teniendo en cuenta que el señor Granados es un personaje público que podría ser fácilmente identificado allá donde fuese”, insiste.

 Granados intentó pasar las últimas Navidades en su casa, pero el escrito presentado el 18 de diciembre fue rechazado por el juez diez días más tarde. En la decisión de Velasco pesó el hallazgo de un maletín con más de 900.000 euros en el domicilio de los suegros del que fuera hombre fuerte del Gobierno de Esperanza Aguirre. El registro tuvo lugar tres días después de la solicitud de libertad. Los billetes estaban dentro de una maletín oculto en el altillo de un armario. El matrimonio fue llamado a declarar por el juez Velasco, quien les imputa un delito de blanqueo de capitales por no dar explicaciones convincentes del origen del dinero. La esposa de Granados, Nieves Alarcón, también está imputada en el caso Púnica por el mismo delito.

El abogado de Granados, sin embargo, rebate el riesgo de ocultación de pruebas de Granados. “Parece que durante más de catorce meses en prisión provisional, el Juzgado ha tenido tiempo de sobra para asegurar todas sus fuentes de prueba”, asegura en su escrito.

El último de la 'Púnica' en la cárcel

Al mismo tiempo que denegaba la excarcelación de Granados, el juez Velasco autorizaba el 28 de diciembre la de Marjaliza, siempre que abonara una fianza de 100.000 euros. El imputado presentó una finca como aval, a la que debió sumar más de 11.000 euros de su cuñado, y el 30 de diciembre abandonó la cárcel de Aranjuez. “Resulta más relevante todavía que todos los miembros de la supuesta organización criminal están ya en libertad”, alega el abogado de Granados para conseguir la libertad de su cliente.

La salida de Marjaliza de prisión estuvo precedida de cuatro visitas al juzgado de Eloy Velasco, la última el pasado mes de noviembre. Marjaliza ha decidido colaborar con la justicia y aportar información al instructor sobre los presuntos delitos que investiga. En su relato del pasado verano aparecieron nuevos nombres de políticos que mantienen en vilo al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Según desveló El Español el pasado julio, Marjaliza ha implicado al número 3 de la lista de Cristina Cifuentes, el actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, en un “reparto” de comisiones por adjudicaciones de obra pública. En la confesión de Marjaliza también aparecían mencionados el número 11 de la lista de Cifuentes, Bartolomé González, y una diputada de Ciudadanos, Eva Bórox, por su época de concejal en las listas del PSOE. El exsocio de Granados también ha implicado al socialista Tomás Gómez en el reparto de comisiones por adjudicaciones de vivienda pública en Getafe, la localidad de la que fue alcalde.

El abogado Enrique Molina, que defiende a Granados, insiste en su escrito en que en el auto por el que Velasco envió a la cárcel a su defendido, no concreta, como exige el Tribunal Constitucional para la prisión provisional, los hechos en los que se basa para acusarle de ocho delitos de corrupción, incluido el de liderar una organización criminal.

La “supuesta participación” de Granados en dicha organización, escribe el abogado Molina, “no está ni siquiera determinada más allá de una cuenta en Suiza” a nombre de su defendido. Una cuenta que, por otra parte, añade el letrado, ha sido “reconocida por el señor Granados muchos meses antes de conocer la existencia de las presentes actuaciones”. El expolítico defiende que esa cuenta fue abierta con "un poco de dinero" de su padre y que pasó a ser titular de ella su amigo y socio David Marjaliza porque el banco le exigió que buscara a alguien solvente como condición para poder poder desvincularse de ella.

El hecho de que el juez Velasco decidiera el pasado mes de septiembre dividir la investigación en 12 causas, con la intención de agilizar la instrucción, reafirma a la defensa de Granados en que la supuesta organización criminal que se investigaba en la anterior pieza principal no existe. El letrado se queja de que no sabe en qué piezas debe personarse o de si ya lo ha hecho el juzgado de oficio por él. Una parte de la investigación de la trama Púnica sigue secreta.

http://m.eldiario.es/politica/Granados-Audiencia-Nacional-pulsera-control_0_473503577.html

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