EL FRANQUISMO JUZGA A GARZÓN
El Supremo vence al juez de la democracia
Garzón, instructor de las principales causas judiciales de la historia reciente en España, suspendido de funciones por investigar los crímenes del franquismo
El poder del Tribunal Supremo acabó ayer con la carrera de Baltasar Garzón, el juez de la democracia . Desde la Audiencia Nacional, el magistrado ha instruido en los últimos 22 años la mayoría de las principales causas judiciales de la historia reciente en España.
Una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias , a la que se adhirió Falange Española, ha llevado a Garzón hasta el banquillo de los acusados, donde será juzgado como supuesto autor de un delito de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no podía hacerlo, según defienden los querellantes .
La instrucción de ese caso arrancó como consecuencia de las 22 denuncias presentadas por asociaciones y víctimas del régimen franquista a las que ningún tribunal había amparado hasta entonces. Las diligencias practicadas desencadenaron una fortísima disputa judicial entre la Fiscalía, que entendía que no había competencia para investigar, y Garzón, que citaba en sus escritos diversa jurisprudencia internacional para avalar los trabajos que estaba llevando a cabo.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró la falta de competencia del juez para investigar los crímenes del franquismo. Hubo tres votos particulares que sostuvieron lo contrario. Tres magistrados de la Audiencia Nacional respaldaron la competencia de Garzón para investigar el franquismo y varios jueces de tribunales inferiores ratificaron esa misma tesis unas semanas después.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se opuso al procedimiento de Garzón, nunca consideró que el juez pudiera estar cometiendo un delito de prevaricación.
Pese a ello, Luciano Varela, el magistrado del Supremo que instruyó la querella de Manos Limpias y de Falange , entendió que había suficientes indicios de prevaricación para ordenar la apertura de juicio oral contra Garzón.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial , en estricta aplicación de la Ley, suspendió ayer de funciones al juez Garzón por estar procesado. Unos minutos después de conocerse la decisión del Gobierno de los jueces, Garzón abandonó el edificio de la Audiencia entre aplausos, gritos de ánimo, lágrimas y abrazos de jueces, fiscales, secretarios judiciales y otros trabajadores.
Garzón pretende trabajar durante los próximos siete meses como asesor de la Corte Penal Internacional y espera recibir la autorización del Consejo General del Poder Judicial para trasladarse en comisión de servicios a La Haya.
El juez español con mayor prestigio internacional deja en la Audiencia un abundante expediente de causas relevantes para la historia de España y de otros países, como Chile o Argentina. Sus investigaciones contra el narcotráfico, los crímenes de Estado, el terrorismo o la corrupción le acarrearon poderosos enemigos, desde el Gobierno de Felipe González hasta traficantes de droga y de armas, pasando por el dictador Pinochet, al que ordenó detener, o el Partido Popular.
En su larga carrera profesional, Garzón ha sufrido múltiples querellas que, hasta el día de ayer, se habían archivado sin demasiado ruido.
Tanto el PSOE como el PP han denunciado en distintas etapas desde 1990 a Garzón por investigaciones que dirigía el juez y que afectaban a los intereses de estos partidos. Los socialistas, que llegaron a incluirle en sus listas electorales y a darle un cargo público durante uno de los mandatos de Felipe González, le denunciaron por la instrucción del caso GAL, que acabó con las condenas de cárcel para significados dirigentes del Gobierno socialista por amparar el terrorismo de Estado contra ETA.
Los populares se lanzaron contra el juez a raíz del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada a una decena de administraciones gobernadas por el Partido Popular. La formación que preside Rajoy exigió desde el primer momento que Garzón dejara la causa por entender que había aforados, nacionales y autonómicos, y que debía ser instruida en los tribunales superiores de Justicia de Valencia y Madrid y en el Tribunal Supremo.
Garzón se inhibió tras varios meses de investigación del caso, pero las conclusiones que había sacado y escrito en distintas resoluciones han sido ratificadas e incluso ampliadas en su gravedad por los fiscales y jueces que han retomado el caso tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana.
Las relaciones de Garzón con el Tribunal Supremo siempre han sido tormentosas. Hasta el punto de que en algunos casos el Supremo se ha permitido lanzar duros reproches a Garzón en el texto de algunas sentencias donde reducía las penas a delincuentes condenados en la Audiencia Nacional y criticaba al instructor, como ocurrió en el caso Nécora de narcotráfico.
En la lucha contra ETA y su entorno, Garzón abrió en 1998 un sumario que todavía colea y que permitió desarticular los distintos aparatos logístico, político, financiero y propagandístico de la banda terrorista. Las ilegalizaciones de Batasuna y sus partidos satélites, amparadas por la Ley de Partidos Políticos, llegaron siempre antes de la mano de Garzón que del Supremo.
Dirigentes del Gobierno entienden que la animadversión entre magistrados del Supremo y Garzón, por cuestiones de pura competencia profesional, explica lo ocurrido en los últimos meses. Durante 20 años, las querellas presentadas contra Garzón en el Supremo fueron desestimadas sin contemplaciones.
En el último año, las tres denuncias contra el juez que se han presentado ante el alto tribunal -por investigar los crímenes del franquismo, por el patrocinio bancario de unos cursos que dirigió en Nueva York y por ordenar escuchas a los abogados de la trama Gürtel en la cárcel- han sido estimadas y cada una de ellas está en fase de instrucción. Otros dirigentes socialistas sostienen que la suspensión de Garzón tiene que ver con el caso Gürtel.
El PP no oculta su satisfacción por la salida del juez de la Audiencia Nacional.
El Poder Judicial se divide también sobre el traslado de Garzón a La Haya
Indignación entre los vocales progresistas contra sus colegas Lastra y Robles
El Consejo del Poder Judicial suspendió ayer de sus funciones, por unanimidad, al juez Baltasar Garzón y, por la tarde, en una alianza entre vocales conservadores y progresistas (en concreto, Almudena Lastra y Margarita Robles) le humilló al pedir cinco informes antes de decidir si concede al magistrado una comisión de servicio para que se vaya durante siete meses como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
Tras la suspensión de Garzón en el pleno celebrado por la mañana, todo indicaba que por la tarde, en una comisión permanente forzada por el presidente, Carlos Dívar, al menos se iba a conceder al juez autorización para irse a La Haya. No fue así. La humillación a Garzón llegó por la tarde en toda su extensión. El sector progresista del Consejo estaba convencido de que por la tarde se daría luz verde a la petición de Garzón. Al saber lo ocurrido la indignación era total. Nadie entendía el papel de sus dos representantes en la permanente, Lastra y Robles, las mismas que aparentemente había intentado el jueves forzar ante Dívar una reunión, antes del pleno de ayer, para dar el permiso a Garzón e incluso eludir momentáneamente su suspensión.
Tampoco se entendía el papel del presidente Dívar. Y es que en el sector progresista existía la convicción de que, pese a la inexorable voluntad del juez del Supremo Luciano Varela de sentar a Garzón en el banquillo (lo que legalmente conlleva la suspensión de funciones), el Poder Judicial podía al menos evitar que el juez se marche a La Haya con el estigma de la sanción. Hubiese bastado con una mayor determinación de Lastra, Robles y de Dívar, presidente de la permanente, del Consejo y del Tribunal Supremo. Recuerdan vocales progresistas que Dívar llegó al puesto con el aval del actual partido en el Gobierno. El voto de Dívar, junto al aparentemente declarado por Lastra y Robles, habría decantado la votación a favor de permitir una salida airosa al juez. Pero con su pasividad, Dívar se ha inclinado por sus colegas del Supremo, interpretan en el sector progresista.
Como se preveía, hubo tensiones en el pleno extraordinario que finalmente suspendió a Garzón. Los vocales conservadores tenían claro desde días antes que lo primero era suspender al juez. Y lo del permiso ya se vería. Algunos vocales progresistas, no todos, batallaron para que del mismo pleno, intencionadamente cerrado a un único punto del orden del día (la suspensión de Garzón), salieran al menos dos decisiones, la suspensión y también el plácet para ir a La Haya. Pero dos vocales conservadoras, Gemma Gallego y Concepción Espejel, apagaron esa opción.
Lo primero que se trató en el tenso pleno de ayer fueron las recusaciones pendientes. Se abstuvieron de intervenir De Rosa, Robles y Gómez Benítez. Quien no se dio por aludida fue Gallego. Ella y Espejel impidieron que en el pleno se debatiera el asunto de la autorización. Y eso que, cuando este asunto fue planteado en el pleno por vocales progresistas, entre ellos Miguel Carmona, la mayoría no puso pegas. Pero las voces contrarias de Gallego y Espejel bloquearon el intento. Alegaron que no había podido leer la documentación sobre el traslado de Garzón, a pesar de que a todos se les envió la documentación por e-mail. Un vocal sugirió que se interrumpiese una hora el pleno para que ellas estudiasen la documentación. Se negaron.
LOS TRES PROCESOS CONTRA EL JUEZ GARZÓN
El franquismo
En 2008, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo. Culpó a Franco y 34 cómplices del exterminio de 114.266 desaparecidos. Se inhibió en un mes en favor de 62 juzgados territoriales.
- La fiscalía. Consideró un "disparate jurídico abrir causa general al franquismo".
- La querella. En 2009, el Supremo admite una querella por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta; pena de inhabilitación de 12 a 20 años) de Manos Limpias. Se sumaron Libertad e Identidad y Falange.
- El instructor. Luciano Varela es cofundador de la progresista Jueces para la Democracia. Garzón le recusó, pero se archivó. El día 12, el juez ordenó abrir juicio oral.
El 'caso Gürtel'
Fue el primer instructor de la trama de corrupción ligada al PP; ordenó pinchar las charlas de los cabecillas con abogados para evitar que pudieran esconder millones de euros.
- La querella. El imputado José Luis Ulibarri acusó al juez de prevaricación ante el Supremo; el fiscal se opuso.
- Las escuchas. El Tribunal Superior de Madrid anuló como prueba los pinchazos a los imputados y sus abogados.
- El instructor. Alberto Jorge Barreiro, miembro de Jueces para la Democracia.
- Los delitos. Prevaricación y delito contra las garantías de la intimidad (violación de garantías constitucionales castigado con pena de dos a seis años con inhabilitación).
Los cursos en EE UU
Durante un permiso por estudios en 2005 y 2006, organizó unos cursos en la Universidad de Nueva York.
- La querella. Los abogados dicen que el Santander pagó los actos, y luego el juez archivó una querella contra su presidente, Emilio Botín. El Supremo aceptó la querella; el fiscal se opuso.
- La universidad. Negó que Garzón interviniese en el patrocinio de los cursos.
- El banco. Botín deberá declarar como testigo.
- El instructor. Es el juez conservador Manuel Marchena.
- La acusación. Delitos de prevaricación y de cohecho (soborno; está penado con multa de tres a seis meses).
"Es un espectáculo internacional bochornoso"
Manos Limpias y Falange celebran la suspensión del juez
Muy pocos celebraron ayer una decisión que todos se esperaban. Apenas Manos Limpias, esa extraña organización ultraderechista que dice ser un sindicato y Falange Española de las JONS, las siglas a las que Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, atribuye el 98% de los asesinatos del franquismo, aplaudieron al Consejo del Poder Judicial. Entre los juristas, los artistas, los defensores de los derechos humanos y en primer lugar, los familiares de las víctimas del franquismo, la indignación era absoluta.
"El Príncipe comenta que en los viajes le preguntaban qué le ocurría a Garzón"
"Es un ataque a la independencia judicial", dicen juristas extranjeros
- J. A. Martín Pallín: "Me preocupa el crédito democrático de España". El juez del Supremo confesó estar "muy triste y preocupado por el crédito democrático de España en el mundo". "Me cuentan que el Príncipe ha comentado en actos que en cada viaje le preguntaban preocupados: '¿Qué le está ocurriendo a Garzón?' Esto es un problema mundial y el juicio oral será un espectáculo internacional bochornoso. Se han despreciado los dictámenes del ministerio fiscal y el derecho internacional, de vigencia en España, de una forma irracional".
- Carlos Jiménez Villarejo: "Es un golpe similar al 23-F". El ex fiscal anticorrupción aseguró: "Estoy triste por Baltasar y por la democracia, que está sufriendo los mayores golpes desde que se instauró. Este es similar al 23-F. 35 años después de la muerte del dictador la extrema derecha ha conquistado una victoria. Y ha sido posible por un Supremo sensible a esa persecución y un Consejo cómplice. Han atentado contra la independencia judicial y provocado un daño irreparable con un proceso lleno de incorrecciones. Es un día de amargura".
- Raúl Zaffaroni: "La dictadura de los colegiados". El juez que participó en la sentencia que acabó con las leyes que amnistiaban los delitos de la dictadura argentina explicó: "Cuando se sanciona a los jueces porque no acatan criterios de los tribunales colegiados de alzada se viola la independencia interna del poder judicial, se produce una enorme inseguridad, se corporativiza el poder judicial, se establece la dictadura de los colegiados. Realmente, no entiendo muy bien las motivaciones que llevan a España a empañar su proceso democrático".
- Las víctimas: "Ha vuelto la Inquisición". Emilio Silva recibió ayer muchísimas llamadas de ancianos rotos por la noticia. "No doy crédito al cinismo del Consejo, que por la mañana decía que no quería tomar una decisión injusta. La inquisición ha vuelto y estamos rabiosos, indignados. Creo que desde que el fiscal dijo que los crímenes del franquismo eran delitos comunes hasta ahora se ha ido representando un guión". Fausto Canales, que tiene a su padre y a su tío enterrados en el Valle de los Caídos, lloró mucho: "Es un acto miserable, una vendetta personal", dijo.
- Asociaciones de defensa de los derechos humanos. "La víctima es la justicia". "La justicia se ha convertido en la víctima de España", según Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch. Amnistía Internacional tachó la suspensión de "hecho escandaloso" que "debilita la credibilidad española en los foros de defensa de derechos humanos".
- Asociaciones judiciales. "Es un ataque a la independencia judicial". Para la Comisión Internacional de Juristas "nunca se debería haber llegado tan lejos". La suspensión de Garzón es "un ataque a la independencia judicial", señaló un portavoz. Jueces para la Democracia aseguró que la ley "no dejaba otra opción". La asociación Francisco de Victoria opinó que el Poder Judicial debería haber resuelto antes la autorización para el traslado de Garzón a La Haya y la Asociación Profesional de la Magistratura aseguró: Garzón "no es más que nadie".
- José Saramago: "Las lágrimas de Garzón son mis lágrimas". El Nobel de literatura opinó: "Quien se atrevió con los dictadores ha sido apartado de la magistratura por sus pares. O mejor dicho, por los jueces que nunca procesaron a Pinochet ni oyeron a las víctimas del franquismo. Millones de personas saben señalar el cadáver, que no es el de Garzón, respetado y querido en todo el mundo, sino de quienes, con todo tipo de argucias, no quieren una sociedad con memoria, sana, libre y valiente".
- Artistas. Pedro Almodóvar: "Desasosegante desconfianza". El cineasta manchego declaró que la suspensión del juez le provocaba "una desasosegante desconfianza en el sistema judicial". El actor Juan Diego Botto dijo: "Tratando de abofetear a Garzón se abofetea a los familiares de 113.000 desaparecidos".
- UGT: "Lamentable". Para el sindicato es la "suspensión lamentable de un juez íntegro". "Despierta demasiadas sospechas".
- Miguel Ángel Moratinos: "Que cada uno valore". "Debemos respetar la decisión del Consejo del Poder Judicial y, a partir de ahí, que cada uno valore lo que supone".
- Soraya Sáenz de Santamaría: "Respeto a la decisión". La portavoz del PP en el Congreso afirmó: "Cualquier persona está sujeta a la ley".
- PNV: "Un juez mejorable suspendido por el motivo menos razonable".
El PNV dijo entender "el flujo de simpatía" hacia el juez de la Audiencia Nacional.
Varela, conocido (no amigo) de Garzón
El instructor es famoso por su mal carácter
Ni Luciano Varela ni Baltasar Garzón hubieran imaginado este momento. No eran amigos pero tampoco enemigos, ni siquiera políticamente hablando. Si por algo ha destacado Varela es por su sentido de transformar la justicia y en ese camino ha sido muy crítico con Baltasar Garzón, al que calificaba de "juez estrella". Estaba convencido de que algunos jueces, como Garzón, imponían un Estado policial. Pero muchos colegas del ex juez de Pontevedra han empleado, precisamente, la misma definición para criticarle a él.
Fue allí, en la Audiencia de Pontevedra, donde Varela desarrolló su carrera de magistrado, antes de incorporarse al Tribunal Supremo. El carácter del juez, muy puntilloso y estricto en sus fallos, provocó grandes distanciamientos con algunos de sus colegas y fiscales, que recuerdan sus broncas, aunque también alaban sus conocimientos y sus tesis judiciales, muy avanzadas para los más conservadores.
En 1989 cayó en sus manos una carta de un preso que luego se haría famoso al convertirse en el primer narcotraficante arrepentido. Era Ricardo Portabales, que prometía descubrir a las familias mafiosas de la droga en Galicia. El juez comenzó a instruir el caso, pero no le concedió la más mínima credibilidad al testimonio de ese traficante porque, entre otras cosas, sólo buscaba beneficios penitenciarios, según declaró Varela. Al final se inhibió y lo remitió a la Audiencia, donde lo cogió Garzón y le aupó al estrellato.
La biografía de Fraga omite que fue Delegado nacional de Falange Española
El presidente fundador del PP, Manuel Fraga Iribarne, ocupó durante varios años el cargo de Delegado nacional de Asociaciones de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Sin embargo, su paso por la Falange ha sido borrado de su biografía online.
Ni en su currículum en la web del Partido Popular, ni en su trayectoria en la del Senado, se menciona la etapa en la que el veterano senador popular fue delegado del único colectivo político legal en el Franquismo.
Su rastro
La red, sin embargo, guarda aún la nota del BOE en la que se dio a conocer su cese como Delegado Nacional de Asociaciones de Falange, informa Radiocable.com.
“Cese del camarada”
El BOE publicó aquella destitución el 9 de febrero de 1961. Según el decreto, a propuesta del Ministro Secretario General del Movimiento se disponía “el cese del camarada Manuel Fraga Iribarne en el cargo de Delegado nacional de Asociaciones de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S”.
También ministro
Tal y como recuerda el diario digital que dirige Fernando Berlín, un año después, en 1962, Manuel Fraga -quien arremetió recientemente contra el auto del juez Garzón- se convirtió en Ministro de Información y Turismo de la dictadura de Franco.www.elplural.com 28.10.08
AGUIRRE: "GARZÓN DEBERÍA REFLEXIONAR EL PORQUÉ NO INVESTIGA PARACUELLOS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a criticar -en la SER- el "esperpento" promovido por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien pretende investigar los crímenes del franquismo.
"Garzón debería reflexionar el porqué no investiga Paracuellos", ha planteado Aguirre, quien vaticina que el juez de la Audiencia Nacional "se hará más fotos, saldrá en más portadas, pero su proyecto se quedará en nada".
En el auto presentado el jueves por el juez Garzón se explica que no admitió a trámite la querella presentada en 1998 por lo ocurrido en Paracuellos porque "tras la finalización de la contienda civil, tales hechos se investigaron, se procuró sancionar a los responsables y las víctimas fueron identificadas". Además, —añadía— tampoco sería de su competencia, porque no hubo ningún golpe de Estado.
Aguirre ha reiterado que ella está de acuerdo en que aquellas personas que no sepan dónde están sus abuelos, bisabuelos o primos "tienen derecho a recuperarlos y enterrarlos", si bien "desenterrar ahora la Guerra Civil, en donde se cometieron tantas tropelías por ambos bandos, no me parece lo más adecuado".
"Si no prescribe lo hecho por Franco, tampoco prescribiría lo hecho por Napoleón", ha repetido Aguirre, quien ha evitado condenar el franquismo.
En referencia a Educación para la Ciudadanía, la lideresa del PP —quien hoy se ha autodefinido de "curranta"— se ha agarrado a las "80 sentencias que amparan la objeción" para defenderse de quienes acusan a su Gobierno de incumplir la legislación.
"Nosotros no promovemos la objeción de conciencia a Ciudadanía, simplemente cumplimos la ley", ha argumentado Aguirre, pese a los antecedentes que contradicen sus palabras.
"El Balón de Oro de la política se lo daría a McCain". La lideresa, abierta partidaria del "extraordinario y heroico" candidato republicano en las elecciones de EEUU, ha alabado a McCain por apartarse de su partido cuando ha llegado el momento. "Obama está preparado para ser presidente, lo que no quita para que piense que McCain es mejor", ha argumentado Aguirre, quien confía en que Obama sea un gran presidente para EEUU y una buen aliado para España".
(www.publico.es, 21/10/08)
Los obispos se mofan a través de la COPE de las víctimas de Franco y las de Pinochet
El Grupo Risa, sección de humor que se emite en el programa que dirige a diario Federico Jiménez Losantos en la emisora de radio de los obispos, se ha mofado de las víctimas de la dictadura de Francisco Franco y Augusto Pinochet a través de una parodia de poco más de tres minutos en la que los humoristas de la COPE anuncian una recopilación musical llamada "Las Canciones de Garzón".
“La memoria histórica en un doble CD que desentierra tus recuerdos. Una recopilación imprescindible para entender la paranoia de un juez estrella, el espíritu de un tiempo que resucita. Canciones inolvidables, recuerdos entrañables, la música de fondo de las últimas propuestas de Garzón, quien quiere que salgan todos los muertos”, indica uno de los integrantes del Grupo Risa mientras suenan canciones de dibujos animados, Mecano, o Karina.
La madre de Marco
En un momento del sketch, los humoristas de la COPE aseguran que el polémico juez también “encontrará viva o muerta a la madre de Marco”, quien “probablemente habrá sido victima de la dictadura de Augusto Pinochot”. “¡Pero Garzón está aquí para desenterrarla!”, sentencian.
Reincidentes
No es la primera vez que El Grupo Risa realiza una parodia tan desafortunada como esta. En 2005, los colaboradores de Jiménez Losantos se burlaron de los inmigrantes subsaharianos que intentaban atravesar las vallas que separan a Ceuta y Melilla de Marruecos. Para ello, los humoristas de la COPE ironizaban con una supuesta competición de “salto de altura” para alcanzar la valla, llegando a comparar los disparos por parte de la policía magrebí que costaron la vida a varios inmigrantes, con el “pistoletazo de salida” de la competición.
Falta de respeto
En otra ocasión, el Grupo Risa se hizo pasar por José Luis Rodríguez Zapatero para engañar e intentar ridiculizar al recién elegido presidente de Bolivia, Evo Morales. En la conversación, mantenida por teléfono entre el imitador del jefe de Gobierno y el presidente de Bolivia, Zapatero invita a Morales a que realice a España su primer viaje oficial al extranjero. El Gobierno de Bolivia consideró esta “broma” como una "ofensa" muy grave, por lo que exigió disculpas públicas a la COPE.www.elplural.com 22.10.08
El fiscal cree que las atrocidades del franquismo fueron delitos comunes
El ministerio público recurrirá la decisión de Garzón de encausar la dictadura - Sostiene que no hubo crímenes contra la humanidad
La Fiscalía de la Audiencia Nacional intenta frenar la iniciativa judicial de Baltasar Garzón para abrir una causa al régimen franquista y a sus principales dirigentes por la represión que costó la vida a más de 100.000 personas del bando republicano. El recurso de la fiscalía, que intenta desmontar los argumentos jurídicos de Garzón, incidirá en considerar que los hechos descritos no estaban tipificados en la legislación española como crímenes contra la humanidad en el momento en que fueron cometidos y, por tanto, no se les puede dar ese tratamiento en la causa que instruye el titular del juzgado número 5. Además, la fiscalía entiende que la Ley de Amnistía de 1977 es aplicable al caso, por lo que esos delitos no son perseguibles. El fiscal tiene de plazo hasta el martes para presentar el recurso contra la decisión de Garzón, aunque previsiblemente lo hará hoy y pedirá que sea el pleno de la Sala el que resuelva el caso en lugar del tribunal al que le correspondería un recurso de este tipo.
En contra del juez, considera que los delitos han prescrito por la amnistía
La fiscalía pedirá que sea el pleno de la sala el que vea el caso
Garzón ha estructurado su auto contra la represión del franquismo sobre la base de que todos los que murieron fusilados en cunetas y cuyos cadáveres no han aparecido son en realidad secuestros con desaparición forzosa, en un contexto de crímenes contra la humanidad.
El juez considera que se trata de delitos permanentes, ya que como nadie ha dado cuenta del paradero del desaparecido el delito no prescribe, sino que se sigue cometiendo día a día hasta que el secuestrado aparezca o se encuentre su cadáver. Además, todo ello ocurrió en el contexto de un plan sistemático de exterminio de los oponentes políticos, que configurarían crímenes contra la humanidad.
Para salvar el hecho de que no se pueden aplicar de forma retroactiva leyes penales que no estuvieran tipificadas en el momento de ocurrir los sucesos, Garzón apela a que se trataba de delitos comunes, como asesinatos, torturas, violaciones, saqueos, etcétera, que ya eran delito en el Código Penal de 1932, y que, tal y como se hizo con los juicios de Nuremberg para juzgar a los criminales nazis, la denominada cláusula Martens permite juzgar como crímenes que van contra los usos de la guerra. Y que son delitos que todos los Estados universalmente reconocen como inaceptables con arreglo al derecho natural e internacional, asesinar a civiles indefensos, entre otros. Esa condición hace que los delitos sean imprescriptibles.
El fiscal Javier Zaragoza ataca frontalmente esta concepción del derecho de Garzón y sostiene que los secuestros con desaparición forzosa no son delitos permanentes, porque podría darse el absurdo de que una persona condenada por ese delito y que antes de acabar de cumplir su condena se escapara de prisión, podría -dejando transcurrir el tiempo suficiente- ver extinguida su responsabilidad por prescripción de la pena, pero sin embargo, el delito seguiría vivo porque el secuestrado seguiría en paradero desconocido.
El fiscal entiende que la prescripción del delito empieza a contar desde el momento mismo de la desaparición de la persona, única forma de evitar el absurdo jurídico. Lo que, aplicado al caso, supondría que tanto el delito como la pena habrían prescrito y no sería posible su investigación ni persecución.
El fiscal rechaza también que los hechos puedan ser calificados como crímenes contra la humanidad y menciona la sentencia del Tribunal Supremo sobre la condena al militar argentino Adolfo Scilingo, en 2007, que se opone a aplicar retroactivamente la calificación de genocidio o delitos contra la humanidad.
El principio de legalidad, decía el Supremo, no permite sancionar conductas que en el momento de su comisión no estuvieran descritas como delitos en una ley escrita con anterioridad a que ocurrieran los hechos, y que esa descripción fuera suficientemente precisa y clara. Todo ello, además, evitaría una aplicación por analogía.
Para el fiscal, los delitos de lesa humanidad fueron incluidos en el Código Penal en octubre de 2004 y no había en tiempos de la República ninguna norma que considerase aquellas conductas como crímenes contra la humanidad.
Aunque admite que los delitos contra la dignidad humana están reconocidos por cualquier cultura, el fiscal señala que el derecho internacional penal no es de aplicación directa en España, sino que es necesaria una previa transposición al derecho interno. La legislación española no permite crear tipos penales completos directamente aplicables en España basados en el Derecho Internacional Penal.
Garzón considera además que no es aplicable la Ley de Amnistía de 1977 y despliega un rosario de resoluciones de tribunales internacionales, como la Corte Iberoamericana de Justicia, en los que se proscriben las leyes de autoamnistía que se otorgaron numerosos generales latinoamericanos, e incluso las leyes de obediencia debida y de punto final de Argentina, que luego fueron revocadas por el Parlamento.
El fiscal Zaragoza, sin embargo, considera que los hechos sólo pueden ser considerados como delitos comunes y que por tanto es de aplicación la Ley de Amnistía de 1977.
Garzón además, se atribuye la competencia sobre la investigación del caso, por considerar que las desapariciones forzosas fueron la consecuencia de un plan sistemático de exterminio elaborado tras el levantamiento armado contra el poder legalmente constituido, que era la II República. A su entender, eso constituiría un delito contra la forma de Gobierno y contra los altos organismos de la nación, que es lo que conferiría la competencia a la Audiencia Nacional.
La fiscalía, en cambio, considera que la insurrección armada contra el Gobierno de la II República constituiría un delito de rebelión, que en 1932 tenía la apostilla de militar, por lo que la competencia del caso hubiera correspondido a la jurisdicción militar. En todo caso, el fiscal alega que tampoco el delito de rebelión corresponde ser investigado por la Audiencia Nacional, sino por el juez del lugar en que primeramente se produjo el levantamiento.
www.elpais.es 20.10.08
Losantos: “Ni el sucesor de Franco, a título de Rey, tiene nada que decir de que este tío se líe a abrir fosas”
El auto del juez Baltasar Garzón en el que se considera competente para juzgar los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo sigue levantando las iras de la derecha mediática. Una vez más, Federico Jiménez Losantos ha arremetido contra él, aunque esta vez aprovechando la ocasión para atacar también al Rey. Y es que, a su juicio, Don Juan Carlos debería intervenir para pararle los pies al magistrado, apelando a su “papel moderador”. Indirectamente, el locutor de la emisora episcopal ha llegado a insinuar que es un “tirano”.
Entre los múltiples temas que indignan cada mañana a Federico Jiménez Losantos se encuentra estos días la resolución del juez Baltasar Garzón de investigar las desapariciones de la guerra civil y del franquismo. El locutor estrella de la emisora de los obispos no solo ha acusado esta mañana al magistrado de “prevaricación” y de estar “manipulando la justicia en contra del sentido de la ley”, sino que ha involucrado también al Rey, por no intervenir en contra del juez en este proceso.
"Ni el sucesor de Franco..."
Tras asegurar que el Consejo General del Poder Judicial no toma medidas contra Garzón porque “le tienen pavor, le tienen un pánico impresionante”, advirtió: “Ni el sucesor de Franco, a título de Rey, tiene nada que decir como poder moderador de que este tío se líe a abrir fosas comunes”. “Imagínense las clases de educación para la tiranía que le van a dar a Leonorín en el colegio”, añadió.Ni por el negocio
"Garzón se dedica a cargarse la Transición y a decir que Franco fue un criminal contra la Humanidad, pues el sucesor no sé qué será, pero, desde luego, bueno no parece. Oye, es que ni una palabra. Pero ni una palabra", criticó en otro momento del programa expresando su asombro porque el monarca no haya dicho ni una sóla palabra, "aunque sólo sea por el negocio", argumentó.
No es la primera vez
No es la primera vez que el predicador matinal insta al Rey a intervenir en asuntos que no le competen. Ya lo hizo con ocasión del Estatut cuando recriminó al monarca su silencio ante lo que consideraba el fin de la nación española (siempre según la versión de Losantos). El locutor, ha criticado abiertamente al Rey en numerosas ocasiones desde la COPE, e incluso ha llegado a pedir que abdique. En esta ocasión ha conseguido mezclarlo con otro de sus enemigos favoritos, el juez Garzón, a quien acusa de dedicarse “a todo” excepto “a su juzgado, porque a eso no le da tiempo”.www.elplural.com 20.10.08
“Habrá que pensar la posibilidad de procesar a Garzón por torcer deliberadamente la ley"
En bronca monumental acabó la tertulia de Hoy por Hoy, programa matinal de la SER dirigido por Carles Francino, después de que Josep Ramoneda defendiera la investigación de los crímenes del franquismo. Cuando este periodista señaló que la derecha española descendía de “los militares y la Iglesia”, Fernando Fernández, colaborador de ABC y rector de la Universidad privada Antonio de Nebrija estalló en cólera. Además de contraatacar aseverando que la izquierda europea provenía de los totalitarismos, el también asesor de Vocento arremetió contra el juez Baltasar Garzón, criticando su providencia para investigar a los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo. Según Fernández, esto es una “operación de imagen personal” por la que el magistrado debería ser procesado.
Las críticas desde la derecha a la iniciativa de Garzón de procesar el franquismo han registrado hoy un nuevo capítulo en la SER cuando Fernández, próximo al PP, ha dado un paso más apuntando que el juez de la Audiencia Nacional merecía enfrentarse a un proceso judicial por torcer la ley en su propio beneficio. El periodista, que ha compaginado la dirección de la Universidad privada Antonio de Nebrija con diversos cargos, como colaborador de ABC-periódico del que es columnista- y Telecinco-en calidad de analista político-, o asesor del grupo Vocento –de cuyo consejo Asesor es miembro-, ha estallado en cólera cuando otro tertuliano, Josep Ramoneda, ha avalado la iniciativa para buscar a las víctimas de la guerra.
Miedo a reconocer el pasado
Ramoneda, colaborador de El País y la SER, no negó que la iniciativa del magistrado de la Audiencia Nacional era difícil de acometer judicialmente hablando, apuntó a lo que cree es el problema de fondo tras la cuestión: que no se pueda hablar del franquismo abiertamente. “Los crímenes del franquismo siguen sin siquiera poder ser nombrados, sin ser tipificados, tienen que ser olvidados siempre”, apostilló. Para el periodista, detrás de estos tabúes está “el miedo de la derecha a reconocer su propio pasado”.
La derecha desciende de los militares y la iglesia
“En este país no hay tradición liberal, la derecha ha venido siempre del mundo de los militares y la Iglesia, y es así, y el PP tiene que reconocerlo, y nadie se lo tendrá en cuenta, pero que lo reconozcan y acepten que se puede mirar al franquismo de cara, y se pueden explicar estas cuestiones sin ningún miedo”, remarcó Ramoneda.
Contra la izquierda
Estas palabras despertaron una reacción airada de su compañero de mesa, Fernández, que primero atacó a la izquierda y luego al magistrado. Sobre la primera, indicó que venía de los totalitarismos –“del frente popular, del comunismo, del estalinismo, y de aquello que dio grandes libertades” a Europa, según ironizó-. En la misma línea, remarcó que la Transición había nacido del deseo de olvidar este pasado y de mirar al futuro. “Reconozcamos que tenemos un pasado que ocultar y que no conviene remover, independientemente de que las familias tengan todas todo el derecho del mundo a buscar a sus víctimas, a sus antepasados condenados: esto es un hecho humano, no político”.
“Despropósito de Garzón”
“Todos estamos de acuerdo en que el despropósito de Garzón no va a conducir a ningún sitio” indicó, ignorando la réplica airada de Ramoneda –“todos no”, repetía éste en vano-. “Él lo sabe perfectamente, la mayor parte de los abogados penalistas de este país reconocen que no tiene ninguna posibilidad de prosperar y que, en cualquier caso, la Audiencia Nacional nunca será la sede judicial en la que este tema se pueda ver”, prosiguió. En definitiva, según el tertuliano “estamos asistiendo a una operación de imagen personal” del magistrado.
¿Garzón, el “problema de la Justicia”?
“La Justicia tiene demasiados problemas, uno de ellos es el personalismo de los jueces que hacen política personal y no institucional”, lamentó. Antes de finalizar, dejó caer una amenazante conclusión. “Habrá que pensar la posibilidad de que alguien acabe procesando al propio Garzón por torcer deliberadamente la ley, y hacer interpretaciones torticeras con fines propios”, sentenció.www.elplural.com 20.10.08
“Garzón es un sinvergüenza que se ha convertido en una bomba de relojería para la Justicia”
El auto del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sigue levantando ampollas entre los medios y los políticos de la derecha. A la cabeza se ha puesto El Mundo, que ha vuelto a demostrar su animadversión hacia el magistrado en un editorial en el que califica al juez de “sinvergüenza” y le sitúa “al borde de la prevaricación”. Desde ABC, los columnistas en tromba le tachan de “loco” y le acusan de construirse “un pedestal”.
Desde la política, concretamente desde el Partido Popular, pero también desde La Falange, las críticas siguen arreciando. Manuel Fraga, fundador del PP y durante años ministro de la dictadura, ha tachado la decisión de Garzón de “disparate” y de “error gravísimo”. Y Falange Española y de las JONS se está planteando tomar acciones legales contra el magistrado para “limpiar el buen nombre” del partido.
"Un sinvergüenza"
“Garzón es un sinvergüenza que se ha convertido en una bomba de relojería para la Justicia”. No es más que el broche final con que cierra su editorial de hoy el diario El Mundo. Básicamente, y ya desde el título, al magistrado se le acusa de rozar la prevaricación, es decir de “dictar una resolución injusta a sabiendas”. Un supuesto delito que habría realizado “para satisfacer sus inagotables ansias de autobombo”.
Tumbas, que no fosas
El enfado de El Mundo se centra en la conversión del auto en sumario, de manera que la Fiscalía General tenga que recurrir la causa ante el propio Garzón, en lugar de en la Sala de lo Penal. Lo que el diario califica como una “pirueta” para conseguir “un amplísimo margen no ya solamente para abrir tumbas sino además para hacer lo que quiera en este sumario”. La referencia a abrir tumbas es continua, y el editorial nunca utiliza el término, más correcto, de fosas comunes, donde están apilados impunemente los cadáveres de la Guerra Civil y la dictadura.
Un niño con su caramelo
“Garzón nos sorprende con esta maniobra para evitar que la Sala de lo Penal le ordene archivar este asunto antes de que tenga tiempo de hacerse fotos al borde de unas cuantas tumbas”, asegura el artículo. Está claro que para el diario, Garzón no se mueve por el impulso de la justicia, que le llevó a emprender acciones contra Pinochet o la dictadura argentina, sino que es “como un niño que no quiere que le quiten el caramelo”.
Un "loco" con "pedestal" y "programa de televisión"
Desde ABC, los columnistas se han puesto también de acuerdo para atacar a Garzón. Martín Ferrand no se extraña porque Garzón haya pedido certificados de defunción, sino que, irónicamente, le sorprende que no haya dictado “orden de busca y captura”, y le acusa de construirse “un pedestal” para hacerse ver. Edurne Uriarte le tacha de “loco” y le acusa de querer, en realidad, juzgar a la derecha democrática en calidad de “ególatra erigido en agente político de esa izquierda española”. Y José María Carrascal le acusa de hacer una “interpretación personal de la justicia” y buscar salir “en telediarios y titulares”, por lo que propone que se le saque de la Audiencia Nacional y se le dé un programa de televisión de juicios.
Fraga y la Falange
Desde la política, Manuel Fraga, fundador del PP y ex ministro de Información y Turismo con Franco y portavoz de su Gobierno, aseguró "es un disparate" que Garzón "se autodefina competente en un asunto" en el que, según él, es discutible que nadie tenga competencia "puesto que ya hubo leyes de amnistía". Además, Fraga subrayó que "políticamente" es "un error gravísimo" resucitar problemas del pasado. También desde la derecha, La Falange Española y de las JONS se ha lanzado al ataque. En palabras de su vicesecretario general, Jorge Garrido, la decisión de Garzón se trata de una campaña en su contra y, por ello, su formación está estudiando adoptar "medidas legales y acciones públicas de protesta" para "limpiar" su "buen nombre".www.elplural.com 18.10.08
Garzón atribuye a Franco un plan de exterminio sistemático de los 'rojos'
El juez se declara competente para investigar la insurrección contra la República, aunque cederá el caso cuando le informen de que los jefes rebeldes están muertos
El juez Baltasar Garzón pasó ayer a la historia al ser el primer magistrado español que ha atribuido al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el régimen legalmente constituido de la República la puesta en marcha de un plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos y de una represión que acabó con al menos 114.266 personas desaparecidas, de las que no se ha dado razón de su paradero, y que a su juicio constituye un contexto de crímenes contra la humanidad.
El magistrado se declaró ayer competente para investigar las denuncias presentadas por las Asociaciones de la Memoria Histórica y ordenó que se inicien las exhumaciones de los cadáveres de 19 fosas comunes, entre las que figura la que supuestamente contiene los restos del poeta Federico García Lorca.
En una resolución, cuando menos original, Garzón asumió la investigación de la causa por considerar que los secuestros con desaparición de personas son delitos permanentes hasta tanto no se dé cuenta del paradero de los secuestrados, lo que determina que no estén afectados por la prescripción ni pueden ser amparados por una ley de Amnistía. Pero la competencia de la Audiencia Nacional no viene determinada por la investigación de esos delitos, a los que considera en un contexto de crímenes contra la humanidad por existir un plan sistemático de exterminio, sino porque Franco encabezó un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo, y los delitos contra la forma de gobierno y los altos organismos de la nación, sí están atribuidos a la Audiencia Nacional.
Contra la Constitución
Ese delito es conexo con el de las desapariciones y el juez considera responsable del mismo a Franco y otros 34 generales y ministros. El auto menciona expresamente: "La acción desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrección armada del 18 de julio de 1936, estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de gobierno (delitos contra la Constitución, del Título Segundo del Código Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevación), en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia, como instrumento básico para su ejecución".
Sin embargo, el magistrado es consciente de que Franco y todos los integrantes de la relación de golpistas que incluye en el auto han fallecido. Por ello, ha solicitado a los registros civiles que le aporten en el plazo de 10 días los certificados de defunción de todos ellos, con la finalidad de declarar extinguida su responsabilidad criminal por ese delito.
Sin la posibilidad de investigar ese delito, la Audiencia Nacional ya no sería competente en el caso y Garzón deberá remitir las actuaciones a los juzgados territoriales correspondientes de los lugares donde se cometieron las desapariciones forzosas. Eso quiere decir que, en el plazo de un mes, a lo sumo dos, Garzón ya no podrá seguir con el caso.
Mientras tanto, Garzón se recrea en recordar en el auto los bandos de los generales Mola y Queipo de Llano en los que ordenaban pasar por las armas a todos los que se opusieran al levantamiento, a los comunistas, a los marxistas, etcétera, y las declaraciones de Franco al Chicago Daily Tribune el 27 de junio de 1936 en las que asumía que tendría que matar a media España.
Para establecer la existencia del plan de desaparición y exterminio cita a varios historiadores y concluye con el corolario de Secundino Serrano: "No sólo era una guerra civil, sino también un programa de exterminio", acompañado del ocultamiento sistemático de los cuerpos de forma que los familiares no pudieran ubicar el lugar de inhumación.
El magistrado recuerda que nunca se han investigado penalmente estos crímenes atroces en España y que "hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad".
También sostiene que no pretende hacer una causa general, ni una revisión de la Guerra Civil en sede judicial, aunque precisa que los vencedores, siguiendo instrucciones del fiscal general del Estado, recién acabada la guerra, sí abrieron una causa general contra las denominadas víctimas del "terror rojo".
Aunque el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y otros regidores han remitido al juez listados que recogen muertos de ambos bandos, la investigación de Garzón se refiere únicamente a uno de ellos. Eso queda claro cuando el auto señala: "Los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora. No aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, llegando a aplicarles retroactivamente leyes (...) tanto durante la contienda, como después, en los años de posguerra, hasta 1952".
La fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado ya la presentación de un recurso de apelación contra la decisión del juez que previsiblemente resolverá el pleno de la Sala Penal.
El auto de Garzón
- Pedir a los Registros Civiles certificado de defunción de Francisco Franco y otros 34 responsables "del derrocamiento del Gobierno legítimo de España".
- Reclamar al Ministerio del Interior la identificación de los máximos dirigentes de Falange Española entre el 17 de julio de 1936 y 1951.
- Formar un grupo de expertos para estudiar, analizar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas en el periodo.
- Formar un grupo de Policía Judicial que pueda acceder a registros públicos o privados para obtener información.
- Autorizar 19 exhumaciones solicitadas por las asociaciones demandantes.
www.elpais.es 17.10.08
Aguirre sugiere a Garzón que pida ¡el certificado de defunción de Napoleón!
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, calificó de “esperpéntico” que el juez Baltasar Garzón haya solicitado a Interior el certificado de defunción de Franco y de algunos de sus ministros para proceder a investigar las desapariciones durante la guerra y la dictadura. Aguirre ha ironizado con el tema y ha propuesto que se pida también el certificado de la muerte de Napoleón, ahora que se cumplen doscientos años de la guerra de la Independencia.
Igual que al resto de la derecha, a Esperanza Aguirre no le ha gustado en absoluto que Garzón vaya a investigar las desapariciones de los muertos y desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Durante una entrevista en RNE, la presidenta de la Comunidad de Madrid consideró “esperpéntico” que se haya solicitado el certificado de defunción de Franco.
El certificado de defunción de Napoleón
“Ahora que estamos en el bicentenario del 2 de mayo, que se están publicando los bandos del general que mandaba aquí a las tropas napoleónicas, por qué no pide el certificado de defunción de Napoleón, porque es que ahí se decía con toda claridad que había que proceder a fusilar inmediatamente a todos los españoles que se sospechara que hubieran llevado un arma. Pegar fuego como se hizo la noche del Dos de Mayo, eso sí que era genocidio”, ironizó.
"Fracaso colectivo"
Además apuntó que los españoles “nos habíamos puesto de acuerdo, no en olvidar la guerra civil, ni muchísimo menos, sino en recordar que la guerra fue un fracaso colectivo por todos lo lados, y que realmente para no repetirla lo que queríamos era mirar al futuro”.
"Limpiar expedientes"
En este sentido, criticó que instituciones y partidos “que hoy existen” y que tuvieron “participación directa en la guerra civil” pretendan “reabrir” este asunto. “El PP no estaba ni en la guerra ni en la república, el PP se fundó treinta años después de que se acabara la guerra”, matizó, y añadió: “Que pretendan ahora llamémosle ‘limpiar su expediente’ a base de tildarnos a nosotros de franquistas, eso sí que no”.
De acuerdo con los familiares
Pese a todo, Aguirre defendió que “todo lo que sea que los ciudadanos que desconozcan a estas alturas dónde están enterrados los desaparecidos de la Guerra Civil sean informados” le parece adecuado.
www.elplural.com 17.10.08El PP acusa a Garzón de "perder el norte"
Los principales partidos y varios miembros del Gobierno se refirieron ayer a la decisión del juez de la Audiencia, la mayoría para mostrar su respeto por el auto del magistrado. En el PP, si bien por la mañana el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, rehusó opinar sobre "procesos abiertos", horas más tarde, el portavoz de Justicia del partido en el Senado, Agustín Conde, acusó a Garzón de "tener últimamente el norte un tanto perdido" y lamentó que haya decidido "reabrir heridas felizmente cerradas", informa Servimedia. El senador también ironizó sobre la petición de la partida de defunción de Franco: "Debe ser el único español que no se enteró de que Franco está muerto". El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se limitó a expresar su respeto tanto por la decisión del juez como la del fiscal, que se opone. Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostró la disposición del Gobierno a colaborar en "todo lo que la Audiencia pida".
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aseguró que no tenía claro el objetivo de Garzón y que "son otras instancias las que tienen que dar solución" a las demandas de las víctimas, informa Efe. Marcelino Sexmero, de Francisco de Vitoria, aseguró que sí hay base legal para acometer la investigación, aunque matizó que la finalidad de un proceso penal no es sólo averiguar los hechos, sino juzgar a los culpables y, en este caso, están fallecidos.
Garzón protege su causa contra el franquismo del 'ataque' del fiscal
El juez transforma sus diligencias previas en sumario para poder defender sus argumentos - El recurso pedirá la nulidad del caso por falta de competencia
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón transformó ayer en sumario las diligencias previas abiertas el día anterior en las que atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes rebeldes un delito de insurrección contra el Gobierno legalmente constituido y un plan sistemático de exterminio de los oponentes políticos durante la Guerra Civil y la posguerra. Se trata de un trámite jurídico obligado, ya que los hechos constituyen graves delitos penados con condenas muy superiores a los nueve años de prisión, pero que, además, le permitirá defenderse del anunciado ataque de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra su decisión y responder a los argumentos de su recurso.
El fiscal recurrirá porque los hechos están amparados por la amnistía de 1977
La mayoría de los magistrados de la Audiencia no apoyará a Garzón
El fiscal jefe, Javier Zaragoza, anunció nada más conocer el auto con el que el juez admitió al trámite el caso que recurriría en apelación directa -sin dar oportunidad a Garzón para que refutase sus argumentos en la resolución del recurso de reforma- y que pediría que fuera resuelto por el pleno de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia.
El recurso, inminente, estará firmado por el propio Javier Zaragoza, amigo de Garzón, pero cuyos puntos de vista sobre este tema son absolutamente discrepantes. Zaragoza ha dado forma a un borrador preparado por el fiscal Carlos Bautista y ha comunicado al fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, su intención de recurrir la decisión de Garzón.
El fiscal reclamará la nulidad del procedimiento por falta de competencia. Por un lado, considera que los hechos están amparados por la Ley de Amnistía de 1977 y, por otro, niega que los asesinatos y secuestros cometidos en aquellas fechas constituyeran crímenes contra la humanidad, porque ese delito no estaba tipificado en el Código Penal de la República. Igualmente considera que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar el delito de rebelión, que en el Código de 1932 correspondía a la jurisdicción militar.
También critica la piedra angular del auto de Garzón al considerar que los delitos de secuestro con desaparición no son permanentes, porque podría darse el absurdo de que un delincuente condenado por ese delito que se fugara antes de cumplir la pena, transcurrido el tiempo correspondiente tendría prescrita la pena, pero no el delito, porque al no haber dado cuenta del paradero del secuestrado, el tipo penal seguiría vivo. El fiscal considera que se trataría de delitos comunes y que el único precedente es el caso Nani, sobre la desaparición del delincuente Santiago Corella por personas ligadas a la brigada antiatracos de la policía.
El caso ha levantado gran polvareda y algunos de los magistrados de la Audiencia Nacional han criticado en privado la forma en la que Garzón se ha declarado competente en el caso. Estos jueces consideran que la Ley de Amnistía abarca también los posibles delitos cometidos durante la Guerra Civil y que la Audiencia Nacional no es competente para investigar y enjuiciar crímenes contra la Humanidad cometidos en España, sino los jueces del lugar en el que se cometieron los delitos.
Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que la mayoría de los magistrados del pleno no respaldarán la postura de Garzón, y que se pronunciarán por el archivo de las actuaciones por falta de competencia y por ser aplicable la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, en el mejor de los casos, la resolución no se producirá antes de un mes.
La decisión de ayer, a pesar de ser un trámite obligado, permite a Garzón ganar tiempo -aunque el recurso de apelación de la fiscalía ante la sala se tramite paralelamente al de la reforma contra el auto de ayer- y sobre todo, defenderse y contrarrestar jurídicamente las alegaciones de la fiscalía. Previsiblemente, además, se personarán como acción popular organizaciones de defensa de los derechos humanos que han intervenido en otros procesos, como el caso Scilingo, por los crímenes de la dictadura argentina, que defenderán las tesis de Garzón.
La polémica está servida.
www.elpais.es 18.10.08
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