NOTICIAS ACOSO Y DERRIBO JUEZ RUZ
ÍNDICE
RUZ : JUEZ ESTRELLA A
SU PESAR
RUZ EXIGE TODOS LOS INFORMES QUE FALTAN ANTES DE MARZO
IMPUTADOS EN LA GÜRTEL PLANEAN ECHAR ABAJO TODO EL CASO APROVECHANDO
EL ACUERDO DEL CGPJ PARA RUZ
UNA ACUSACIÓN DE GÜRTEL IMPUGNA EL ACUERDO PARA SACAR A RUZ DEL CASO
EL CGPJ SACA A CONCURSO LA PLAZA DEL JUEZ RUZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL
El Poder Judicial abre una vía dudosa para que Ruz finalice el ‘caso Gürtel’
LAS PRESIONES POLÍTICAS COMPLICAN EL FUTURO DE RUZ AL FRENTE DE GÜRTEL
FISCALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL VEN “INCOMPRENSIBLE” ECHAR A RUZ
Carlos Lesmes: "Que Ruz acabe con la instrucción de Bárcenas y Gürtel ni siquiera depende de él"
El juez Ruz podrá terminar de instruir el ‘caso Gürtel’ si lo pide
Siete vocales del Poder Judicial piden que el pleno vea la continuidad de Ruz
El presidente del CGPJ garantizó al Gobierno que Ruz sería apartado de la Audiencia Nacional
El futuro de Ruz al frente del ‘caso Gürtel’ fractura al Poder Judicial
DIMITE ANA MATO PARA NO HUNDIR A MARIANO RAJOY
RUZ CITA A ANA MATO COMO “PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO” EN EL ‘CASO GÜRTEL’
RUZ LE RECUERDA AL PP QUE NO HA COLABORADO CON LA JUSTICIA
EL JUEZ RUZ TIENE LOS MESES CONTADOS
RUZ DA UN NUEVO IMPULSO A LOS PAPELES DE BÁRCENAS Y APUNTA A LA CÚPULA DEL PP
RUZ DA UN NUEVO IMPULSO A LOS PAPELES DE BÁRCENAS Y APUNTA A LA CÚPULA DEL PP
UNA DECENA DE AUTOS DEL JUEZ DE ‘GÜRTEL’ APUNTALAN YA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
EL PP SE ENROCA: CARGA CONTRA EL AUTO DE RUZ Y NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL
EL JUEZ INVESTIGARÁ EL PAGO DE COMISIONES AL PP DE RAJOY DENUNCIADAS EN ZAMORA
EL JUEZ RUZ APUNTA QUE EL PP OCULTÓ FONDOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS
EL JUICIO DE GÜRTEL TOCA POR REPARTO A UNA JUEZ AUPADA POR EL PP AL PODER JUDICIAL
EL PP ACUSA A RUZ DE VIOLAR LA CARTA MAGNA EN EL AUTO QUE LE IMPLICA EN GÜRTEL
RUZ : JUEZ ESTRELLA A
SU PESAR
El instructor del caso Gürtel, es un magistrado tímido, discreto y
minucioso
Su trayectoria está marcada por un fuerte compromiso social
Se ha dicho de él que es muy de izquierdas; y muy de derechas. Que
es muy osado; y un timorato. Que es el azote del Partido Popular; y
que ayuda al Gobierno de Mariano Rajoy. Que es muy independiente; y
muy obediente. Que es indeciso; y demasiado decidido. En lo único en
lo que todo el mundo parece estar de acuerdo es en que Pablo Ruz
(Madrid, 1975) es minucioso y trabajador. A partir de ahí, según el
caso que haya investigado en cada momento —Faisán, Gürtel, Bárcenas,
Pujol, Neymar...— cada uno se ha hecho una imagen distinta del juez
que sustituyó a Baltasar Garzón al frente del juzgado central número
5 de la Audiencia Nacional. El mismo que dejará casi con total
seguridad dentro de tres meses. Y en circunstancias polémicas. Como
su antecesor.
Ha sido uno de los personajes públicos de los que más se ha hablado
en este año que se acaba. Pero, pese a la trascendencia de sus
casos, este magistrado de 39 años tímido hasta el rubor y de
carácter reservado, no es el tipo de persona que busca protagonismo.
A diferencia de Garzón y de otros compañeros de ese tribunal, su
personalidad no encaja en el prototipo de juez estrella. Lo es por
las noticias que genera, pero a su pesar. Ruz se considera a sí
mismo un funcionario que trata simplemente de sacar adelante su
trabajo. Con discreción. Aún extrema las cautelas al hablar con los
periodistas, con los que ahora, también a su pesar, ha de tener
trato casi diario.
Fue uno de los fundadores del grupo ‘Otro derecho penal es posible’
Llegar a la Audiencia Nacional no es fácil de digerir. El tribunal,
que aparece día sí día también en los medios, es una oportunidad,
pero expone a los jueces a las críticas como ningún otro. Tras un
breve paso en 2008 para sustituir a Juan del Olmo (instructor del
11-M) Ruz aterrizó allí en junio de 2010, tan solo nueve años
después de acceder a la carrera judicial. Venía de un juzgado de
pueblo, Collado-Villalba (Madrid). No podía imaginar entonces,
cuando aún el terrorismo copaba la agenda de la Audiencia, que iba a
tener en sus manos tantos y tan importantes casos de corrupción.
Tampoco que se quedaría cinco años. Algún colega del tribunal dice
de él que es una “anomalía” porque no es el titular de la plaza en
un juzgado de extraordinaria importancia. La mayoría, sin embargo,
reconoce su dedicación. No deja un papel sin leer y no toma
decisiones sin haber reflexionado largo y tendido —para algunos, en
exceso—.
De carácter reservado, no busca el protagonismo en los medios
Ruz, procedente de una familia de clase media, fue un buen
estudiante. Estudió en un colegio religioso y cursó Derecho en la
prestigiosa ICADE. En esa época compatibilizaba sus estudios con un
fuerte compromiso social encauzado en comunidades cristianas de
base. En ese entorno dedicó parte de sus ratos libres a la música,
pero también a proyectos educativos con niños procedentes de
colectivos desfavorecidos. Ese compromiso lo ligó al profesor de
Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas Julián Ríos,
conocido por su empeño para lograr la reinserción de los presos y
por su trabajo con inmigrantes.
Ríos y Ruz se conocieron cuando el juez estudiaba quinto de carrera.
“En esa época estaba trabajando en un proyecto sobre la inhumana
situación de los presos encarcelados en módulos de aislamiento que
se titulaba Mirando el abismo”, recuerda Ríos. “Y Pablo me ayudó”.
Junto a él fundó la plataforma Otro Derecho Penal es Posible,
crítica con lo que llaman “populismo punitivo”: el endurecimiento de
las penas por puro electoralismo ante crímenes de gran alarma
social.
De entre todas las salidas de una licenciatura en Derecho, Ruz
eligió ser juez como una prolongación de sus inquietudes sociales.
En una reciente conferencia en Santander ante estudiantes de
Derecho, citando a la juez estadounidense Shirley Hufstedler,
definió lo que, a su juicio, debe esperarse de los jueces: “Que
defiendan nuestra libertad, que reduzcan las tensiones raciales, que
condenen la guerra y la contaminación, que nos protejan de los
abusos de los poderes públicos, que compensen las diferencias entre
los individuos, que resuciten la economía...”. En definitiva, que
participen activamente en la transformación de la sociedad.
Ruz tardó solo dos años y medio en sacar la oposición. Lo hizo en
2001. Su preparador fue Jaime Moreno, el número dos de la Fiscalía
durante el mandato del recién dimitido Eduardo Torres-Dulce. Nada
más abandonar la escuela judicial, en 2003, su primer destino fue
Navalcarnero (Madrid). De allí saltó al juzgado de Instrucción 1 de
Bilbao. En esos años se incorporó como coordinador al proyecto de
mediación penal puesto en marcha por Félix Pantoja, entonces vocal
del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida. El plan trataba
de humanizar la justicia penal dando la oportunidad a las víctimas
de entrar en contacto con los autores de los delitos para que
negociaran el castigo más apropiado. Para reparar el daño causado y
facilitar la reinserción del delincuente sin recurrir a la prisión.
“Es un juez de procedencia cristiana, pero claramente progresista;
muy sensibilizado con los pobres, con los presos...”, asegura uno de
los magistrados de la Sala de lo Penal que lo conoce más de cerca.
Mientras estudiaba colaboraba con comunidades cristianas de base
En abril de 2008, Ruz pisa por primera vez la primera división de la
judicatura: la Audiencia Nacional. Lo consigue por casualidad. Su
esposa y sus dos hijos (ahora son cuatro) residían en Madrid y él
aprovechaba cada concurso para pedir cualquier plaza en esa ciudad y
reunirse con su familia. Su llegada al juzgado de Del Olmo se debió
solo a la renuncia del juez inicialmente propuesto. Tras una breve
salida en la que fue a dar en un juzgado de Collado-Villalba
(Madrid), Ruz volvió a la Audiencia en junio de 2010. Lo hizo para
encargarse del juzgado con las causas más calientes, el central 5.
Una de ellas, el caso Gürtel, había hecho caer a Garzón. Afrontó el
reto de sustituirlo y heredó sus casos más delicados, como la trama
de corrupción del PP y el chivatazo del Faisán.
Durante esas investigaciones, sus detractores lo han dibujado como
un juez sin iniciativa. Alguien demasiado inseguro que no da un paso
adelante sin el apoyo del fiscal, lo que provoca retrasos en la
instrucción. En su entorno no niegan que trate de hacer equipo
frente a las decisiones más trascendentes, pero aseguran que es por
prudencia, no por inseguridad. Sin embargo, varias de sus
actuaciones más sonadas las ha adoptado solo. Frente a todos. Como
el registro de la sede del PP ante su negativa de facilitarle la
documentación sobre los papeles de Bárcenas. O la decisión de llamar
a declarar como imputado a Ángel Acebes, exsecretario general del
PP, y, como testigos, no solo a la actual número dos, María Dolores
de Cospedal, como pedía el fiscal, sino también a sus antecesores
Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas.
Durante los días de la pugna con su compañero Javier Gómez Bermúdez
por hacerse con el caso Bárcenas, desde la izquierda que ahora pide
su continuidad se le tildó de “juez preferido del PP”. “Un juez de
prestado” sin plaza en propiedad cuya “precariedad laboral” dependía
de un Poder Judicial escorado hacia ese partido, le haría vulnerable
a las presiones del Gobierno, se dijo entonces. Ruz, que es muy
consciente de su provisionalidad, asegura que siempre ha sentido
garantizada su independencia por la Sala de Gobierno de la Audiencia
Nacional y la comisión permanente del Poder Judicial. Pero ese apoyo
se esfumó el 9 de diciembre, cuando esa misma comisión sacó su plaza
a concurso, lo que provocará su salida en marzo a pesar de que podía
permanecer en el puesto hasta junio. Lo hizo solo dos semanas
después de que provocara la dimisión de la ministra Ana Mato, al
considerarla beneficiaria de los delitos presuntamente cometidos por
su marido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, en el caso
Gürtel.
Ruz, sin embargo, no abandona una prudencia a prueba de bombas y
niega cualquier tipo de relación entre ambos hechos. Aunque sus
próximos aseguran que estos últimos días los ha vivido con evidente
ansiedad, el juez quita importancia a su marcha de la Audiencia
Nacional y dice con elegancia que el día del adiós, tarde o
temprano, tenía que llegar.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/28/actualidad/1419778277_799710.html
RUZ
EXIGE TODOS LOS INFORMES QUE FALTAN ANTES DE MARZO
El magistrado reclama a la AEAT y la IGAE que remitan los 7 informes
que quedan para concluir el caso antes de que acabe el plazo
concedido por el Poder Judicial para su relevo
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, aún no se ha
pronunciado respecto a si aceptará la oferta de la comisión
permanente del Poder Judicial, de continuar como juez de refuerzo
del nuevo titular a partir del próximo mes de marzo, pero sus
escritos en las últimas semanas dan una idea de sus intenciones.
El último, una providencia emitida este viernes, en la que fija como
fecha tope para recibir los 7 informes que faltan para concluir la
Gürtel, el próximo 28 de febrero, casi cuando termina su estancia
actual en el juzgado.
El juez exige a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que antes de
finalizar el año debe tener sobre la mesa el informe sobre los
hechos atribuidos al exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero.
Antes de que acabe enero tendrá que estar presentado el relativo a
las contrataciones en Arganda, y antes del 28 de febrero el
correspondiente a Boadilla.
Respecto a los que le falta presentar a la Intervención General del
Estado, antes de finalizar el año deben concluir el del Ayuntamiento
de Jerez, mientras que antes del 28 de febrero tendrán que estar
presentados los de Boadilla, Arganda y el de la pieza separada de
AENA.
El CGPJ sacó a concurso su plaza y tenía otras opciones
La comisión permanente del Poder Judicial aprobó el pasado 9 de
diciembre sacar a concurso la plaza del juez Pablo Ruz, y ofrecerle
que continúe como juez de refuerzo con la investigación de los casos
más complejos que lleva en la actualidad, cuando en marzo se
incorpore el titular.
Pero el Consejo no puede garantizar que Ruz vaya a investigar estos
casos, entre los que se encuentran el proceso Gürtel o la Caja B del
PP. Esta decisión corresponde exclusivamente a quien acabe ganando
la plaza, y cualquier imposición contravendría el principio del juez
predeterminado por Ley.
Es más, de acuerdo con el artículo 216 bis 2 de la LOPJ, en su
apartado cuarto, el futuro juez titular del juzgado de instrucción
número 5, tendrá que asumir las causas que ya se están investigando,
y dejar para Ruz solo "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de
señalamiento" de juicio oral, lo que en principio, descartaría que
Pablo Ruz continuase con la instrucción de los procesos que afectan
al PP.
El Consejo tenía otra salida para prorrogar a Ruz en su actual
estado hasta febrero de 2016: Aplicar el artículo 355 bis de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que permite mantener a un juez en
situación de comisión de servicios, como lo está Pablo Ruz, mientras
el titular de la plaza se encuentre en Servicios Especiales, como
sucede con el titular del juzgado 5, Miguel Carmona. Pero el Consejo
no ha optado por esta vía.
Ruz deniega el abogado de oficio al exdircom de AENA
Por cierto que el juez Ruz ha denegado la solicitud del exdirector
de Comunicación de AENA, Ángel López de La Mota, quien reclamó un
abogado de oficio para defenderle en la causa donde permanece
imputado por prevaricación y cohecho.
López de La Mota habría recibido de la Gürtel un total de 60.000
euros en prebendas y viajes a cambio de adjudicar eventos y ferias a
la trama.
Según tres trabajadores que declararon como testigos ante el juez el
pasado 2 de diciembre y cuyos interrogatorios les ofreció este lunes
la Cadena SER, López de La Mota “amañó” contratos, “presionó” y
“amenazó” con el despido al menos a una empleada si no favorecían al
entramado liderado por Francisco Correa.
http://cadenaser.com/ser/2014/12/19/tribunales/1419009170_917221.html
IMPUTADOS EN LA GÜRTEL PLANEAN ECHAR ABAJO TODO EL CASO APROVECHANDO
EL ACUERDO DEL CGPJ PARA RUZ
Consideran que la permanencia del magistrado más allá de marzo en la
Audiencia Nacional es ilegal e inconstitucional
El CGPJ defiende que el acuerdo no contradice la ley porque esta no
prevé un caso como el del instructor del caso Bárcenas
Distintas voces de la carrera judicial ven imposible que Ruz siga
con la instrucción sin el acuerdo del juez que va a ocupar su actual
plaza
La decisión de sacar la plaza del juez Pablo Ruz a concurso puede
complicar el futuro del caso Gürtel hasta el punto de que algunas
defensas valoran ya la posibilidad de reclamar la nulidad de todo el
proceso. Así lo señala Miguel Durán, abogado del presunto número dos
de la trama, Pablo Crespo. El letrado advierte de que si Ruz se
queda al frente del caso como juez de apoyo podría incumplirse el
artículo 24 de la Constitución, que establece que todos los
españoles tienen derecho “al juez predeterminado por ley”.
La solución diseñada por Carlos Lesmes de permitir a Ruz seguir con
los casos Gürtel y Bárcenas como juez de apoyo es, a juicio de
Durán, “una chapuza” y su aplicación conllevará causa de nulidad. En
conversación con eldiario.es, Durán advierte de que son “el CGPJ y
la Fiscalía quienes tienen que velar por la legalidad”. Según su
criterio, las últimas prórrogas otorgadas al magistrado ya habrían
vulnerado el principio constitucional de “juez predeterminado por
ley”. Durán avisa de que sus argumentos pueden ser planteados en
cualquier momento y que, en último caso, podrían formar la base de
un eventual recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo.
Otros abogados de las defensas consultados por esta redacción
prefirieron no pronunciarse públicamente. Algunos de ellos descartan
buscar la nulidad en base a la continuidad de Ruz, pero otros
sopesan incorporar esa posibilidad a su estrategia de defensa,
siempre que Ruz continúe al frente de la instrucción más allá de
marzo.
Si Pablo Ruz aceptase quedarse como juez de refuerzo, esa opción
podría violar uno de los preceptos básicos del derecho: el del juez
natural. Según el artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ), el juez de apoyo se debe ocupar del "trámite y
resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de
señalamiento, quedando reservados al juez titular los asuntos en
tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal". Aunque
Ruz se quede de refuerzo en la Audiencia Nacional, no podría
continuar con la instrucción de la Gürtel o estaría incumpliendo la
ley, a pesar de la postura oficial del CGPJ.
La posibilidad de que la figura de juez de refuerzo pueda complicar
el desarrollo del proceso no es ajena al magistrado. Tal y como ha
publicado eldiario.es este miércoles, el magistrado está valorando
no solicitar la prórroga para seguir como juez de apoyo cuando su
plaza quede resuelta. De esta forma, evitaría el riesgo en el que
presuntamente pone a una instrucción de cinco años el acuerdo
adoptado por el CGPJ. Según las fuentes consultadas, el magistrado
del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional está acelerando su
trabajo al máximo para que la instrucción de la causa quede
perfectamente orientada por sus diligencias para el momento en el
que un nuevo magistrado se haga con el caso.
Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial defiende que
su acuerdo servirá para que Ruz concluya la instrucción del caso
Bárcenas, siempre que el magistrado solicite continuar a partir de
marzo como juez de refuerzo. Si lo hiciera, el CGPJ pediría un
informe a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que hasta
ahora ha venido respaldando de forma sólida a Ruz. La Comisión
Permanente, de mayoría conservadora, adoptaría entonces una
decisión. Fuentes del Poder Judicial solo consideran la posibilidad
de acceder a esa petición. El nuevo titular del Juzgado número 5 se
encontraría al llegar con un acuerdo por escrito del CGPJ definiendo
cuáles son las tareas que tiene asignado su juez de refuerzo, en
este caso, la investigación de la financiación irregular del PP.
Y es aquí donde chocan los argumentos de los letrados del CGPJ con
distintas voces de la carrera judicial. El Poder Judicial defiende
que eso es legalmente posible. Y los detractores de la ‘solución
Lesmes’ aseguran que va contra la ley y la Constitución, por lo que
las defensas podrán pedir la nulidad del proceso por la intervención
de Ruz en él a partir de marzo. Para ello, recurren al artículo 216
bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala al juez de
refuerzo como el responsable del “trámite y resolución de los
asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento, quedando
reservados al juez titular los asuntos en tramitación que no
hubieren alcanzado aquel estado procesal”.
Según los detractores del acuerdo del CGPJ, Ruz no podrá seguir
instruyendo el caso de la financiación irregular del PP si no es con
el acuerdo del nuevo titular de la plaza. El CGPJ, por el contrario,
asegura que es ese artículo el que garantiza a Ruz seguir con los
“casos en tramitación” y que la asignación de las nuevas causas al
juez de refuerzo, al que se refiere el artículo, no son aplicables a
este caso. El artículo de la LOPJ estaría dirigido a los jueces,
sobrepasados de trabajo, que piden un juez de refuerzo, defienden
desde el Poder Judicial.
Esas mismas fuentes admiten que el nuevo titular podría recurrir el
acuerdo del CGPJ si deseara finalizar él la instrucción de los
‘papeles de Bárcenas’. En el caso de fracasar en la vía
administrativa, debería recurrir al Constitucional y en el Alto
Tribunal, según los técnicos del CGPJ, se encontraría con
jurisprudencia contraria a su aspiración. Citan los recursos
presentados en los noventa contra las salas ‘bis’, rechazados por el
Constitucional, que avaló la intervención de esa nueva figura en los
procesos en lugar de la sala original.
División en las asociaciones
Marcelino Sexmero es portavoz de la asociación Francisco de Vitoria
y tiene claro que el CGPJ “no puede asegurar que Ruz pueda seguir en
la Audiencia Nacional a partir de marzo”. La aplicación de ese
acuerdo que se encontrará el nuevo juez significa, según Sexmero,
que Ruz le está “sustrayendo causas”, lo que posibilitaría la
impugnación de dicho acuerdo.
Por el contrario, Pablo Llarena, portavoz de la Asociación
Profesional de la Magistratura, asegura que el caso de Ruz no encaja
en el artículo 216 bis 2 y, por tanto, el acuerdo del CGPJ es
aplicable. “Cada vez que hay un juez de refuerzo, el CGPJ tiene que
dictar el plan de refuerzo. Lo hace para que no haya manipulación y
que el juez que llegue nuevo no se pueda quedar con el caso que ya
está instruyendo otro juez. De lo contrario, si el Poder Judicial
quisiera quitar un caso a un juez, bastaría con nombrar uno de
refuerzo”, explica.
Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia (JpD), considera
“discutible” que se pueda aplicar el artículo de la LOPJ. Bosch cree
que Ruz y el nuevo juez deberían pactar un reparto de asuntos y que,
si no se ponen de acuerdo, decidiera el CGPJ con informe previo de
la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. En cualquier caso, el
portavoz de JpD insiste en que, si el CGPJ hubiera prorrogado a Ruz
hasta junio, se habría ahorrado posibles causas de nulidad y otras
cuestiones procesales.
Asimismo, Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y
antigua vocal del CGPJ, considera que el acuerdo del órgano de
gobierno de los jueces es “totalmente nulo” en virtud de la LOPJ,
además de contrario a la Constitución. En este sentido, Robles
invoca el artículo 117 de la norma fundamental, que establece que
los jueces y magistrados “no podrán ser separados, suspendidos,
trasladados, ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las
garantías previstas en la ley”.
http://www.eldiario.es/politica/Imputados-Gurtel-aprovechando-CGPJ-Ruz_0_333517720.html
UNA ACUSACIÓN DE GÜRTEL IMPUGNA EL ACUERDO PARA SACAR A RUZ DEL CASO
ADADE recurre ante el CGPJ como perjudicada por la llegada de un
nuevo instructor y el retraso consiguiente en las investigaciones al
PP
Recuerda a Lesmes su denuncia de un sistema más preparado para
enjuiciar a "roba gallinas" que para instruir complejos delitos
económicos
Defiende que la Ley permite que Ruz continúe hasta que el titular de
la plaza regrese o se jubile en febrero de 2016
La oposición a la salida de Pablo Ruz de la Audiencia Nacional ya
tiene forma de recurso de impugnación ante el Consejo General del
Poder Judicial. Una de las acusaciones populares en los casos
'Gürtel' y 'Bárcenas', la Asociación de Abogados Demócratas por
Europa (ADADE), ha decidido recurrir la convocatoria de la plaza que
ocupa en la actualidad el magistrado por considerarse directamente
perjudicada por el acuerdo adoptado en la Comisión Permanente del
CGPJ.
La llegada de otro magistrado al Juzgado de Instrucción número 5
retrasaría “de forma muy significativa” la instrucción de los
citados casos de corrupción, asegura el escrito de ADADE, que
recuerda al Poder Judicial que si en la actualidad Ruz disfruta de
una prórroga en su destino es porque el mismo CGPJ valoró el
“excelente trabajo” que estaba desarrollando.
“Ante ello, importantes sectores sociales podrían hacer suyas las
palabras del presidente de ese Consejo (Carlos Lesmes) respecto a
que la justicia penal está más preparada para enjuiciar a los “roba
gallinas” que las complejas causas de corrupción”, asegura ADADE en
su recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es.
La asociación invoca el artículo 355 bis de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, según el cual, las plazas de los jueces que se
encuentren cumpliendo servicios especiales podrán ser cubiertas por
el suplente tanto tiempo como permanezca el titular en su singular
destino. En este caso, Ruz ocupa una plaza propiedad de Miguel
Carmona, actualmente destinado como juez de enlace en Londres. De
acuerdo al citado artículo, el CGPJ no tendría que haber sacado a
concurso la plaza de Ruz hasta que Carmona decidiera volver a la
Audiencia Nacional, o hasta que se jubilase, en este caso en febrero
de 2016. ADADE alude, por tanto, al mismo artículo que Álvaro
Cuesta, el vocal del CGPJ que votó en contra de la decisión
mayoritaria de sus compañeros de la Comisión Permanente.
Es poco habitual que una decisión del órgano de gobierno de los
jueces sea impugnada por alguien ajeno a la carrera judicial, en
este caso por el presidente de ADADE, Javier Ledesma Bartret. La
asociación recuerda que la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas legitima para recurrir, en su artículo 31,
a todos aquellos que” tengan derechos que puedan resultar afectados
por la decisión que en el mismo se adopte”. En este sentido, ADADE
se considera directamente perjudicada por el cambio de juez como
acusación popular de los casos más relevantes que instruye Ruz en la
actualidad.
El recurso de ADADE se suma a otro interpuesto en el mismo seno del
Poder Judicial por un grupo de siete vocales que exigieron que la
decisión sobre Ruz se debatiera en el Pleno y no en la Comisión
Permanente. Desde la renuncia de Mercé Pigem -días antes de la
decisión sobre Ruz- la Comisión Permanente -5 vocales más el
presidente- ha pasado de tener una mayoría conservadora exigua a
otra más holgada. En cualquier caso, la votación sobre el concurso
de las plazas ocupadas por jueces en comisión de servicio no arrojó
un resultado por bloques, ya que Mar Cabrejas, vocal propuesta por
el PSOE, se alineó con Lesmes y los conservadores.
El recurso de ADADE es de alzada, a debatir en el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, o subsidiariamente en la Comisión
Permanente si se considerase de reposición. Fuentes próximas al
órgano de gobierno de los jueces consideran que debe ser el órgano
reducido quien analice la impugnación de un acuerdo adoptado por él
mismo. De ser así, el recurso de podría ser visto en la próxima
reunión de la Comisión Permanente, prevista para el 23 de diciembre.
ADADE no pide que se anule el resto de la convocatoria de plazas
acordadas en las reuniones del 9 y 12 de diciembre, solo la
inclusión en el mismo de la plaza del Juzgado de Instrucción número
5 de la Audiencia Nacional.
Una norma específica contra otra general
El artículo 350 de la LOPJ establece límites temporales para la
situación de Ruz, que impediría al juez extenderse al frente del
Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional más allá
del próximo junio. Sin embargo, ADADE afirma que el artículo 355 da
solución a una situación concreta más allá de la norma genérica del
350. “Existiendo una norma específica y singular para regular tal
situación, es ésta la que debe aplicarse frente a las normas de
carácter general sobre las comisiones de servicio”, asegura en su
recurso.
Pero aunque el CGPJ primase un artículo sobre otro, ADADE alega que
no podría convocarse la plaza de Ruz hasta que no agotara el plazo
que acaba en junio. En este sentido, recuerda que si Ruz disfruta en
la actualidad de una prórroga es porque el propio Poder Judicial
valoró el “excelente trabajo” que estaba desarrollando el juez al
frente del Juzgado. Y, sobre todo, un cambio de titular “supondría
retrasar de forma muy significativa las instrucciones de causas,
entre otras, las seguidas por lo que se conoce como corrupción, pues
la simple lectura, y mucho más el estudio por el nuevo titular de
miles de folios que se incluyen en las mismas exigiría prorrogar en
el tiempo la resolución de dichos procedimientos”.
De este modo, ADADE rechaza la versión del CGPJ de que el magistrado
que gane la plaza en el concurso no instruirá los casos relevantes,
próximos a su finalización, para los que Ruz pida continuar como
juez de refuerzo. Ruz se afana estos días en cerrar las numerosas
causas que sigue en su Juzgado, según fuentes próximas al juez,
porque sopesa no pedir al CGPJ que le prolongue en tan precaria
situación.
ADADE es una de las acusaciones populares más activas en los dos
principales casos de corrupción entorno al PP y de las pocas que
están personadas tanto en Gürtel como en la investigación de la
presunta financiación irregular del PP. La asociación no siempre ha
estado de acuerdo con la instrucción realizada por el magistrado.
Por ejemplo, Ruz rechazó la solicitud de ADADE de que el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, declarara como testigo en la
investigación de la financiación irregular del PP. La petición fue
realizada después de que Bárcenas declarara en sede judicial que él
mismo había entregado 45.000 euros de dinero negro a Rajoy.
El abogado de ADADE José Mariano Benítez de Lugo llegó a tener un
enfrentamiento dialéctico con Ruz durante la declaración de María
Dolores de Cospedal como testigo ante las continuas negativas del
magistrado a que preguntara por determinadas cuestiones a la
secretaria general del PP por considerarlas improcedentes en la
causa.
Otras cinco asociaciones que participan en la acusación popular de
esta última causa hicieron público un comunicado a raíz de la
decisión del CGPJ de sacar a concurso la plaza de Ruz. Izquierda
Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción,
Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad
anunciaron "movilizaciones y actos de protesta” para que trascienda
públicamente “cómo han trabajado el PP y sus responsable en un buen
número de las instituciones que controla para conseguir que los
presuntos delitos queden impunes”
http://www.eldiario.es/politica/acusacion-Gurtel-acuerdo-CGPJ-Ruz_0_336317262.html
EL CGPJ SACA A CONCURSO LA PLAZA DEL JUEZ RUZ EN LA AUDIENCIA
NACIONAL
La Comisión Permanente apoya sacar a concurso la plaza del
magistrado quien tendrá que pedir continuar con la Gürtel y Caja B
como juez de refuerzo, pero hay problemas legales
Por cuatro votos a uno. Ha rechazado el acuerdo el vocal progresista
Álvaro Cuesta. La permanente del Poder Judicial ha aprobado
básicamente su propuesta de acuerdo del pasado viernes. Es decir,
sacar a concurso la plaza del juzgado de instrucción número 5 de la
Audiencia Nacional y cuando se incorpore el titular, previsiblemente
en marzo, Ruz tendrá que solicitar su continuidad como juez de
refuerzo si desea instruir los casos más complejos que ha llevado
hasta la fecha, como el proceso Gürtel o la Caja B del PP. A
continuación, la comisión permanente del CGPJ, oída la Sala de
Gobierno de la Audiencia Nacional, estudiará la solicitud para que
pueda investigar estas causas hasta que finalice su instrucción.
Pero juristas consultados por la SER resaltan que el Consejo no
puede garantizar que Ruz vaya a investigar estos casos. Esta
decisión corresponde exclusivamente a quien acabe ganando la plaza,
y cualquier imposición contravendría el principio del juez
predeterminado por Ley. Es más, de acuerdo con el artículo 216 bis 2
de la LOPJ, en su apartado cuarto, el futuro juez titular del
juzgado de instrucción número 5, tendrá que asumir las causas que ya
se están investigando, y dejar para Ruz solo "los asuntos de nuevo
ingreso o pendientes de señalamiento" de juicio oral, lo que en
principio, descartaría que Pablo Ruz continuase con la instrucción
de los procesos que afectan al PP.
La mejor salida, según las fuentes jurídicas consultadas por la SER,
era aplicar el 355 bis que permitía continuar a Ruz en el juzgado,
mientras el titular, Miguel Carmona, se encuentre en situación de
Servicios Especiales como juez de enlace en el Reino Unido.
Precisamente esa ha sido la postura que ha planteado en la
permanente el vocal Álvaro Cuesta.
http://cadenaser.com/ser/2014/12/09/tribunales/1418146722_856287.html
El Poder Judicial abre una vía dudosa para que Ruz finalice el ‘caso Gürtel’
La comisión permanente del Consejo General del
Poder Judicial ha aprobado este martes por cuatro votos a uno sacar
a concurso, entre otras 364, la plaza que ocupa ahora en comisión de
servicio el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional, que será
adjudicada en marzo a un nuevo magistrado. Pero el acuerdo adoptado
ayer por el principal órgano de decisión del Poder Judicial abre una
vía que, sobre el papel, permite a Ruz continuar instruyendo el caso
Gürtel hasta que cierre la investigación sobre la trama de
corrupción ligada al PP.
La solución pactada en los últimos días entre el presidente del
Poder Judicial, Carlos Lesmes, y varios vocales, salió aprobada por
cuatro votos a uno. A favor votaron Lesmes, los dos vocales
propuestos por el PP (Francisco Gerardo Martínez Tristán y Juan
Manuel Fernández Martínez) y la vocal a propuesta del PSOE, Mar
Cabrejas. El otro vocal propuesto por los socialistas, Álvaro
Cuesta, fue el único que ha votado en contra y ha presentado una
propuesta alternativa que suponía prorrogar de nuevo la comisión de
servicio de Ruz para que el magistrado siguiera hasta junio como
titular del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, pero esta iniciativa
no fue refrendada por ninguno de los otros cuatro vocales presentes
en la reunión.
La propuesta de Lesmes salió aprobada por cuatro votos a uno
El acuerdo de la comisión permanente afecta a otros 40 jueces que,
como Ruz, están en comisión de servicio y tendrán la oportunidad de
quedarse como apoyo en el juzgado que ahora ocupen si instruyen
causas “de especial relevancia o complejidad”. Pero el acuerdo se ha
ideado a la medida de la situación del instructor del caso Gürtel y
para evitar el escándalo que supondría apartarle de esta causa —que
él ha llevado durante cuatro años y medio— justo cuando la
investigación se acerca a su final.
En las horas previas a la reunión, los miembros de la comisión
permanente han recibido presiones desde el PP y el PSOE. Los
socialistas intentaron convencer a sus dos vocales para que se
opusieran a un acuerdo que, según creen, no garantiza la continuidad
de Ruz a partir de marzo. Finalmente, solo Álvaro Cuesta votó en
contra de la propuesta consensuada el viernes. El acuerdo del Poder
Judicial tampoco convence del todo al PP, que aunque logra que Ruz
deje de estar al frente del juzgado, se expone a que, si el
magistrado lo pide, siga indagando en la trama de corrupción que
compromete los intereses electorales de los populares en un año de
comicios municipales, autonómicos y generales.
El texto, en teoría, prepara el camino para que Ruz pueda seguir al
frente de la instrucción de Gürtel. Será él quien deba solicitarlo y
la comisión permanente, tras escuchar a la Sala de Gobierno de la
Audiencia Nacional, decidirá si le otorga una nueva comisión de
servicio como juez de refuerzo. Aunque el acuerdo concede al Poder
Judicial la última palabra para decidir sobre la continuidad de Ruz,
fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, si el
magistrado lo pide, se le autorizará. El juez no ha revelado, de
momento, si tiene intención de hacer uso de esta opción y quedarse
como apoyo en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional.
El acuerdo pergeñado por la comisión permanente no tiene precedentes
claros lo que, llegado el momento, podría ocasionar dudas legales o
ser recurrido por algunas de las partes personadas en el caso
Gürtel. El artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
regula el nombramiento de los jueces de apoyo. Su cometido “con
plena jurisdicción”, según este artículo, será “el trámite y
resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de
señalamiento”, mientras que “los asuntos en tramitación que no
hubieren alcanzado aquel estado procesal” quedan reservados para el
titular o titulares del juzgado. La solución pensada para el caso de
Ruz es otra: que el magistrado de apoyo se quede con la principal
causa del juzgado y el titular, con el resto.
Fuentes consultadas señalan que ese artículo de la ley orgánica está
pensado para el caso habitual en que el juez titular pide un
refuerzo para sacar adelante los asuntos de su juzgado. Pero estas
fuentes sostienen que esa no es la situación del Juzgado 5 de la
Audiencia Nacional y aseguran que el acuerdo aprobado ayer no va a
ocasionar problemas jurídicos. La solución pactada pasa por que Ruz
pida quedarse como juez de apoyo antes de que esté nombrado el nuevo
juez titular. De esa manera, cuando el magistrado que gane la plaza
por concurso se incorpore a su puesto, ya habrá un acuerdo de la
Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y de la comisión
permanente del Poder Judicial para que Ruz siga instruyendo el caso
Gürtel y la pieza separada de los papeles de Bárcenas.
Cinco vocales del sector progresista del Consejo General del Poder
Judicial ya han amenazado con impugnar el acuerdo de este martes
ante el Tribunal Supremo. Estas vocales son Roser Bach, María
Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda
—designadas por el PSOE— y Concepción Sáez, elegida a propuesta de
Izquierda Unida. Las cinco registraron el pasado viernes, junto a
otros dos miembros del Poder Judicial, un escrito en el que
solicitaban a Carlos Lesmes que la continuidad de Ruz no se
debatiera entre los cinco vocales de la comisión permanente, sino en
un pleno de todo el Poder Judicial. Estas vocales, en una nota
citada por Europa Press, se reservan ahora “el derecho” a interponer
un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de este
martes
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/09/actualidad/1418144069_053120.html
LAS PRESIONES POLÍTICAS COMPLICAN EL FUTURO DE RUZ AL FRENTE DE GÜRTEL
El PP y el PSOE se movilizan para influir en la comisión del Consejo del Poder Judicial
El organismo decide este martes si facilita la continuidad del magistrado en el proceso
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, integrada por cinco miembros —el presidente y dos vocales elegidos a propuesta del PP; y otros dos miembros apoyados por el PSOE— resuelve hoy el futuro del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional entre fortísimas presiones políticas. El acuerdo previo alcanzado el pasado viernes entre vocales de las dos sensibilidades, que permitía a Ruz continuar al frente del caso Gürtel si pedía quedarse como refuerzo del nuevo titular que gane la plaza, puede saltar por los aires.
El PSOE rechaza avalar un acuerdo del que desconfían porque creen que no garantiza la continuidad de Ruz y por eso presionó durante todo el día de ayer a los vocales de su sensibilidad en la comisión permanente, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas, para que voten en contra. Algo parecido hizo el PP previamente con el sector conservador del Consejo del Poder Judicial para que el juez Ruz no continúe al frente de un sumario que destroza sus intereses electorales.
En sus últimos autos judiciales, este magistrado implicó al PP y a la ex ministra Ana Mato como “partícipes a título lucrativo” de los delitos cometidos por dirigentes populares en el caso Gürtel. El PP critica estas resoluciones y considera que la continuidad de Ruz al frente del juzgado podría perjudicar mucho sus intereses en un año con dos citas clave: las elecciones autonómicas y municipales de mayo y las elecciones generales de final de año. Algunos de sus candidatos podrían verse salpicados por nuevas resoluciones del juez Ruz.
Los intereses del PP y del PSOE en esta partida por el control del poder judicial amenazan la estabilidad del Consejo. Carlos Lesmes, presidente del Gobierno de los jueces, y varios vocales de la Comisión Permanente habían negociado durante las últimas semanas una fórmula que evitara el escándalo que supondría apartar al juez que instruye la causa sobre la corrupción en el partido que gobierna en España.
La convocatoria de plazas que hoy tenía previsto aprobar la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial establecía la siguiente salvedad: “Los magistrados que se ocupen de causas de especial relevancia o complejidad pueden solicitar continuar en sus destinos como jueces de refuerzo hasta finalizar estos procedimientos, para lo que se les concedería una nueva comisión de servicio”. Éra una formulación pensada como traje a medida del juez Ruz para posibilitar su continuidad al frente de las causas de corrupción que salpican al PP.
Esa fórmula intermedia acordada el pasado viernes puede variar hoy si en la comisión permanente se produce una fractura del voto como consecuencia de las presiones políticas de unos y de otros.
Ruz instruye el caso Gürtel desde junio de 2010, fecha en la que se hizo cargo del juzgado en comisión de servicios tras la suspensión del magistrado Baltasar Garzón. La red Gürtel es la mas extensa trama de corrupción conocida en democracia vinculada al PP. El magistrado abrió en marzo de 2013 una pieza separada de la causa, el denominado caso Bárcenas, donde investiga la financiación ilegal del PP durante casi 20 años (entre 1990 y 2009) a través de una caja b oculta al fisco.
El mandato de Ruz en comisión de servicios podría continuar hasta junio de 2015 si solicita la cuarta prórroga, pero el Consejo del Poder Judicial ha decidido sacar ahora esa plaza a concurso, entre otras 42 de parecidas características.
Por otra parte, siete de los 20 vocales del consejo, propuestos por PSOE, IU y PNV, han firmado una petición para que el futuro del juez del caso Gürtel se decida en pleno, donde se pondría de manifiesto una división aún mayor que la que se puede registrar en la Comisión Permanente.
Si el magistrado Pablo Ruz no puede continuar en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional la causa se ralentizará porque el nuevo titular tendrá que asumir el estudio de un procedimiento con más de 200 comisiones rogatorias, un centenar de imputados, cientos de miles de folios de sumario, y más de una decena de vías alternativas de investigación abiertas tanto en el caso Gürtel como en el caso Bárcenas.
Tres alternativas en el juzgado 5
El Consejo General del Poder Judicial está dominado con mayoría absoluta por los vocales nombrados a propuesta del PP (11 de 20), por lo pueden imponer su criterio en las decisiones que adopten los órganos de Gobierno. En relación con la plaza del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ahora ocupa en comisión de servicios Pablo Ruz, caben tres posibilidades.
Continuidad hasta marzo de 2015. El Consejo General del Poder Judicial saca a concurso la plaza del Juzgado de Instrucción número 5. La antigüedad en la carrera judicial marcará quién gana el puesto entre los jueces que opten a la plaza. El concurso se resuelve en febrero y el nuevo titular toma posesión en marzo. Ruz tiene que dejar el juzgado y volver a la plaza que tiene reservada en Móstoles. El caso Gürtel y el caso Bárcenas que instruye ahora el magistrado, junto a otros procedimientos, pasará a manos de un nuevo juez.
Continuidad hasta junio de 2015. El Consejo General del Poder Judicial podría prorrogar seis meses más —lo permite la Ley— la comisión de servicios del juez Pablo Ruz. Esa circunstancia obligaría al Consejo a tomar idéntica posición respecto a otros 42 juzgados que se encuentran en idéntica situación en toda España. Esta es la opción que defiende el PSOE.
Prórroga hasta el fin de la instrucción (sin fecha). La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene la intención de prorrogar automáticamente la comisión de servicios de Pablo Ruz hasta marzo de 2015, cuando el nuevo titular tome posesión de la plaza que gane en concurso. La permanente abre la posibilidad de que, en función de la complejidad y relevancia de determinadas causas abiertas en el juzgado, el actual instructor, Pablo Ruz, pueda solicitar quedarse como juez de refuerzo hasta la finalización de los procedimientos.
Una plaza con dueño. La plaza del juzgado 5 de la Audiencia pertenece al magistrado Antonio Carmona, ex vocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE. Pero nunca llegó a ocuparla porque el Gobierno del PP le buscó antes un acomodo como juez de enlace para el Reino Unido, donde aún continúa.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/08/actualidad/1418065451_722885.html
FISCALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL VEN “INCOMPRENSIBLE” ECHAR A RUZ
Fiscales de la Audiencia Nacional han mostrado su apoyo a la continuidad del juez Pablo Ruz en el juzgado central de instrucción número 5. Entre los magistrados, los muestras de respaldo son contadas
La decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de debatir este martes sacar a concurso la plaza del juez Pablo Ruz, ha provocado las críticas de numerosos fiscales de la Audiencia Nacional consultados por la Cadena SER.
Los representantes del Ministerio Público advierten del perjuicio de cambiar a Ruz, por la gran cantidad de causas, al margen de los procedimientos considerados “políticos”, que pueden verse afectados con su sustitución. Se trata de decenas de casos de narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo yihadista y procedimientos cuya investigación permanece secreta, pero que tienen una “gran trascendencia” a juicio de estos fiscales. Echar a Ruz, insisten estas fuentes fiscales, supondrá paralizar cuando no “una condena al archivo” de “muchas” de estas causas.
Las mismas fuentes censuran la falta de apoyos entre los magistrados de la Audiencia Nacional. La SER ha contactado con varios de ellos y pocos defienden su continuidad. Algunos valoran el trabajo de Ruz al frente del juzgado número 5 y la calidad de sus resoluciones, que por ejemplo en los casos Gürtel y Caja B han recibido siempre el refrendo de sus superiores, y reconocen que si el Consejo quiere, puede prorrogarle. Pero la mayoría opta por ponerse de perfil y recordar que ya lleva cuatro años de comisión de servicios en una plaza a la que llegó con menos méritos que otros jueces que también optaban a la misma. Otros magistrados recalcan que Ruz no ha ganado su plaza por concurso. No es de su casta.
http://cadenaser.com/ser/2014/12/08/tribunales/1418045281_463673.html
Carlos Lesmes: "Que Ruz acabe con la instrucción de Bárcenas y
Gürtel ni siquiera depende de él"
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos
Lesmes, afirma que su "voluntad" es que "no se perturben los asuntos
que el juez de la Audiencia Nacional está llevando y que éste pueda
terminar la instrucción "en un tiempo razonable"
"La voluntad, la mía al menos, es que no se perturben los asuntos
que se estén llevando y que estén ya para terminarse en un tiempo
razonable de tiempo"
Carlos Lesmes ha participado este sábado en la celebración del
aniversario de la Constitución española. Durante la recepción
posterior al acto institucional, Lesmes accedió a contestar las
preguntas de eldiario.es en medio de la polémica por el final de la
carrera del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. El presidente
del CGPJ niega presiones políticas para apartar al juez de la
instrucción de los sumarios que afectan al PP, como la trama Gürtel
o el caso Bárcenas.
Lesmes reconoce que el futuro de los casos Bárcenas y Gürtel no está
en la mano del juez Pablo Ruz, a quien el PP vio con buenos ojos en
un primer momento y a quien ahora consideran una bestia negra para
sus intereses.
¿Qué está ocurriendo en el CGPJ con respecto al juez Ruz y su
sutitución?
No veo que esté ocurriendo nada especial. Hay una hoja de ruta que
lo que pretende es no perturbar la instrucción. Pero, en general, no
solo de Ruz, sino de los jueces que están en su misma situación, que
son 40.
¿No hay intencionalidad política ni ha recibido presiones del
Gobierno para apartar a Ruz de los casos que afectan al PP?
No, en absoluto. Yo creo que la hoja de ruta no apunta en esa
dirección. En ese juzgado como en otros, hay muchos sumarios. De lo
que se trata es de no perjudicarlos y que puedan terminarse en un
tiempo razonable. Si la previsión es que va a tardar tres años,
entonces lo lógico es que el caso lo lleve el titular del juzgado.
Pero es que los casos más conocidos están ya en su fase final.
¿Quién va a sustituir a Ruz?
Ni idea. Se cubre por antigüedad estricta. El propio Ruz podría
optar a la plaza pero lo que pasa es que él es un juez con poca
antigüedad. Más antiguos que él, hay miles de jueces. Cualquiera de
ellos puede pedirlo, por lo que es imposible saber lo que puede
pasar. Le corresponderá, como le digo, al más antiguo. En la carrera
judicial hay cinco mil y pico jueces. Cualquiera puede pedir esa
plaza.
¿Tiene posibilidades de continuar hasta junio?
Habrá que verlo. Lo primero, tiene que pedirlo él. Hay que oír a la
sala de gobierno y luego resolver. No es está nada decidido sobre
Ruz. Pero la voluntad, la mía al menos, es que no se perturben los
asuntos que se estén llevando y que estén ya para terminarse en un
tiempo razonable de tiempo.
¿Ha hablado usted con el juez Ruz?
No. Yo con los jueces no hablo. No, porque no me parece bien que yo
deba hablar con los jueces.
¿No es el papel del presidente del CGPJ?
No. En este caso es simplemente fijar una hoja de ruta para no
perjudicar las investigaciones penales.
¿Cree que Ruz podrá acabar la instrucción de los caso Gürtel y
Bárcenas?
Bueno, que Ruz acabe con la instrucción de los casos Bárcenas y
Gürtel ni siquiera depende de él. Él ha pedido algunas diligencias
y… pero yo creo que sí que va a acabarla. Por la información de la
que dispongo, que es la que aparece en prensa, la impresión es que
está a punto de acabarla. De hecho, ha finalizado ya la principal y
ha dictado un auto. Personalmente, yo querría que él la terminara.
Que sea él quien la termine.
http://www.eldiario.es/politica/CGPJ-Carlos_Lesmes-Juez_Ruz-caso_Gurtel-Barcenas_0_332117004.html
El juez Ruz podrá terminar de instruir el ‘caso Gürtel’ si lo pide
El CGPJ saca a concurso su plaza, pero podrá seguir hasta que acabe
la investigación
El juez Pablo Ruz podrá terminar de instruir el caso Gürtel en la
Audiencia Nacional. Tras meses de debate, el Poder Judicial ha
encontrado una solución que parece pensada a la medida de la
situación de Ruz: ni le obligan a abandonar el Juzgado número 5 de
la Audiencia, como pedía el sector más conservador de la judicatura,
ni se le prorroga la comisión de servicio otros seis meses, como
demandaba el ala más progresista. El magistrado dejará de estar al
frente del juzgado en marzo, pero podrá seguir como juez de refuerzo
hasta que termine de instruir las causas “de especial relevancia o
complejidad” en las que haya estado trabajando. Es decir, hasta que
acabe, al menos, la instrucción del caso Gürtel.
El orden del día de la sesión del próximo martes de la comisión
permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye la
convocatoria de un concurso de traslado para magistrados con 364
plazas, incluida la que de Ruz en la Audiencia Nacional. Los jueces
que, como el instructor de Gürtel, ocupan ahora esas plazas en
comisión de servicio permanecerán en su puesto hasta marzo, que será
cuando se incorporen los nuevos titulares. De esta manera, la
estancia de Ruz al frente del juzgado, que caducaba a finales de
este año, se prorrogará automáticamente otros tres meses, salvo que
el magistrado renuncie a esta opción, según recoge el acuerdo que
votará el martes el Poder Judicial.
Pero el texto contempla, además, una excepción que permitirá a Ruz
seguir en la Audiencia hasta que termine de investigar Gürtel: a
partir de marzo, los jueces que instruyan causas “de especial
relevancia o complejidad” podrán solicitar seguir en sus juzgados
como jueces de refuerzo hasta que completen la investigación, para
lo cual se les concederá una nueva comisión de servicio.
El Poder Judicial, en un comunicado difundido ayer, argumenta esta
excepción que se va a ofrecer a los jueces de casos complejos en el
interés “de no provocar una alteración seria” en la tramitación que
pueda dificultar “su pronta conclusión”. Esta vía se pondrá en
marcha si lo pide el magistrado y será la comisión permanente la
que, tras escuchar a la Sala de Gobierno correspondiente (en el caso
de Ruz, la de la Audiencia Nacional), decidirá si le concede una
nueva comisión de servicios como juez de refuerzo. El juez tendrá
que argumentar para qué casos la pide y, si se le otorga, se
trabajará en exclusiva en esas causas, mientras que el nuevo
magistrado titular se ocupará del resto de asuntos.
Aunque el acuerdo que votará y, salvo sorpresa, aprobará la comisión
permanente da a este órgano la última palabra para decidir en marzo
sobre la continuidad de Ruz en la Audiencia Nacional, fuentes del
Poder Judicial dieron ayer por hecho que el juez podrá quedarse si
así lo pide para terminar de instruir, al menos, el caso Gürtel,
cuya primera fase está prácticamente concluida. Así, la
investigación que ha puesto contra las cuerdas al PP seguirá en
manos del magistrado a las puertas de las elecciones municipales,
autonómicas y generales. Ruz investiga también los negocios de Jordi
Pujol Ferrusola, el caso Neymar (presuntos delitos en el fichaje del
jugador por el Barça) y presuntas irregularidades en la Sociedad
General de Autores (SGAE).
La comisión permanente está formada por seis miembros con mayoría
conservadora gracias al voto de calidad del presidente, Carlos
Lesmes. Esta mayoría se verá reforzada en la próxima sesión tras la
salida de Mercè Pigem, la vocal a propuesta de CiU que abandonó la
semana pasada el Poder Judicial tras conocerse que había entrado en
España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo. Pigem era miembro
de la comisión permanente y aún no tiene sustituto.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha mantenido
contactos en los últimos días con vocales conservadores y
progresistas para lograr una propuesta de acuerdo que pueda ser
aceptada por la mayoría. Poco antes de que se conociera ayer el
orden del día de la próxima comisión permanente, un grupo de siete
vocales del Poder Judicial le presentaron un escrito a Lesmes en el
que piden que la continuidad del magistrado se debata en un pleno,
en el que están presente todos los vocales, y no en un órgano más
restringido. Estos vocales entienden que sería una “gran
irresponsabilidad” que la continuidad de Ruz se decidiera en la
comisión permanente, cuya decisión podría ser recurrida por las
partes implicadas en los procedimientos que instruye Ruz, algo que
no ocurriría si la decisión la toma el pleno del Poder Judicial.
Fuentes del CGPJ explicaron que el texto no se estudió ayer porque
no llegó a tiempo antes de cierre del orden del día.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417791629_411804.html
Siete vocales del Poder Judicial piden que el pleno vea la
continuidad de Ruz
La comisión permanente prevé decidir el martes si el magistrado
sigue en la Audiencia
Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial han presentado
un escrito en el que piden que la decisión de si se renueva o no al
juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, en el Juzgado 5 de la
Audiencia Nacional se tome en un pleno y no, tal y como estaba
previsto, en la comisión permanente del próximo martes 9 de
diciembre. Los vocales argumentan que la Ley orgánica del Poder
Judicial atribuye al pleno “todos los nombramientos o propuesta de
nombramientos que impliquen algún margen de discrecionalidad o
apreciación de méritos”.
El escrito va dirigido al presidente del Poder Judicial, Carlos
Lesmes, y está suscrito por los vocales a propuesta del PSOE Roser
Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Pilar
Sepúlveda y Rafael Mozo; Consepción Sáez, propuesta por IU; y Rafael
Mozo, del PNV. Estos vocales entienden que sería una “gran
irresponsabilidad” que la continuidad de Ruz se resolviera en la
comisión permanente, cuya decisión podría ser recurrida por las
partes implicadas en los procedimientos que instruye Ruz, algo que
no ocurriría si la decisión la toma el pleno del Poder Judicial.
La comisión permanente está formada por seis miembros con mayoría
conservadora gracias al voto de calidad que del presidente, Carlos
Lesmes. Este órgano decidirá previsiblemente sacar a concurso 282
plazas de jueces aprobadas recientemente por el Consejo de
Ministros. El Poder Judicial podría incluir en este paquete la plaza
del juzgado 5 de la Audiencia que Ruz ocupa en comisión de servicios
desde 2010. Si se decanta por esta opción, el magistrado dejaría la
Audiencia Nacional a finales de año.
El Consejo General del Poder Judicial concedió a Ruz una prórroga de
seis meses el pasado 24 de junio en la que destacaba su “excelente
rendimiento” y justificaba la decisión en que “cualquier cambio en
la comisión de servicio produciría una alteración seria en la
tramitación de las causas en el juzgado”. El órgano de gobierno de
los jueces puede aceptar una última prórroga para Ruz y mantenerlo
durante otros seis meses al frente del juzgado para que que cierre
alguna de las piezas de las investigaciones que tiene más avanzadas
y sacar la plaza en junio de 2015. En julio se cumplen dos años de
la actual comisión de servicios de Ruz en el juzgado 5 de la
Audiencia y la ley no permite renovar las comisiones de servicio más
allá de 24 meses.
Aunque, según fuentes del Poder Judicial, cabría una tercera
posibilidad y es que se nombre a un nuevo juez titular para ese
juzgado pero se permita a Pablo Ruz quedarse como juez de refuerzo
para trabajar en exclusiva en el caso Gürtel.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417790315_317631.html
El presidente del CGPJ garantizó al Gobierno que Ruz sería apartado
de la Audiencia Nacional
Carlos Lesmes trasladó al ministro Rafael Catalá que sacaría a
concurso la plaza de Ruz en el juzgado número 5 de la Audiencia
La dimisión de Mercè Pigem da a Lesmes la mayoría en la comisión
permanente del Consejo que aprobará el proceso para sustituir a
Pablo Ruz
Dos poderes del Estado, ejecutivo y judicial, caminan estos días de
la mano en la persecución de un mismo objetivo: que el juez Ruz
abandone el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, donde el
Partido Popular ha encontrado sus mayores problemas a costa de los
casos Gürtel y Bárcenas. Según ha podido saber eldiario.es, el
presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha
comprometido personalmente con el ministro de Justicia para poner
fin a la era Ruz en la Audiencia.
Rafael Catalá lo ha contado ya en su entorno más íntimo y ha
trasladado el mensaje a Moncloa: "El CGPJ me ha dicho que Ruz no
seguirá en la Audiencia". Esa es la frase que las fuentes
consultadas atribuyen al sustituto de Gallardón al frente de
Justicia.
Los compromisos adquiridos por Lesmes con el Gobierno vulneran
cualquier principio de separación de poderes y explican la frase
pronunciada por el ministro esta semana en un desayuno informativo:
"No entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Ruz no
continuara al frente del caso Gürtel".
La conversación entre Catalá y Lesmes se produjo antes de que Ruz
dictase el auto que obligó al cese de Ana Mato. La decisión del
magistrado de sentar a la exministra en el banquillo por el lucro
obtenido de la Gürtel cayó como un jarro de agua fría en el entorno
de Rajoy.
La dimisión de Mato ha complicado a Lesmes su objetivo de deshacerse
de Ruz sin ruido mediático. Eso es lo que explica la decisión que el
próximo martes adoptará la mayoría conservadora del CGPJ. Según
informó el viernes por la tarde el Consejo en nota de prensa, la
plaza de Ruz saldrá a concurso y el magistrado podrá quedarse un par
de meses más, mientras se resuelve el concurso para sustituirle.
Además, según el Consejo, el instructor de Gürtel y de los papeles
de Bárcenas podría pedir permiso para seguir durante un plazo
indefinido para cerrar ambas causas como juez de apoyo.
Lo sorprendente del movimiento de Lesmes es que abre un concurso
para cubrir una plaza que ya tiene dueño. El titular del juzgado
número 5 de la Audiencia es el magistrado Miguel Carmona, a quien el
Gobierno tentó con éxito con un puesto en la embajada de Londres
para apartarlo de las causas que analizan las cuentas del PP en los
últimos años. Carmona no se jubila hasta 2016, por lo que su plaza
no precisa sustituto hasta esa fecha. Lo que ahora se hace es abrir
el proceso para nombrar un juez suplente para sustituir a otro juez
suplente.
Presiones a Ruz para que no insista
Pablo Ruz ha recibido mensajes en las últimas semanas para que dé un
paso atrás y se deje expulsar del juzgado que tiene en jaque al
Gobierno y al Partido Popular. Fuentes cercanas al magistrado
señalan sin embargo que Ruz mantenía a principios de semana su
intención de solicitar la prórroga que le habría mantenido en el
puesto hasta finales de junio. Ahora esa posibilidad ha quedado
bloqueada por la decisión del CGPJ de sacar su plaza a concurso.
La duda a partir de ahora reside en si Ruz está dispuesto a mantener
el pulso y pedir al Consejo que le mantenga al frente de Gürtel y
Bárcenas como juez de apoyo. Ruz todavía no ha tomado una decisión
al respecto.
http://www.eldiario.es/politica/CGPJ-Gobierno-Ruz-Audiencia-Nacional_0_331417041.html
El juez Ruz, punto...y seguido
El juez Pablo Ruz ha dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado de la llamada parte troncal (1999-2005) del caso Gürtel: 43 imputados, participación de dos personas -la ya exministra de Sanidad, Ana Mato, y Gema Matamoros, esposa del ex alcalde Guillermo Ortega, - y de un partido, el PP, a título lucrativo.
Es decir: se beneficiaron del resultado de actividades consideradas ilícitas por el juez.
Los viajes y otras dádivas con que la trama Gürtel favoreció a Jesús Sepúlveda, entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón, Ana Mato y su familia, aparecen enumerados minuciosamente. Son diecisiete folios sobre los 205.
El juez ha sobreseído a tres personas. Entre ellas el ex ministro y ex secretario general, Ángel Acebes, en la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital.
Aunque concluye una parte importante de la investigación, le queda al juez todavía terminar los hechos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares (pieza principal) y la contabilidad B del Partido Popular, correspondiente a la pieza de los Papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013.
Pero ya en este auto de conclusión, Ruz anticipa, como lo hiciera en múltiples resoluciones, la existencia de la contabilidad B del PP.
Ruz escribe: "La contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos".
Pero, atención, este es otro capítulo, queda pendiente.
Luis Bárcenas aparece como imputado en esta parte troncal que acaba de concluir por su presunta participación en los delitos cometidos por la trama de Francisco Correa. En negocios y cobro de comisiones.
Y, además, Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, son protagonistas, en esta parte de la investigación, en su relación con operaciones utilizadas por Bárcenas para ocultar su patrimonio en Suiza.
Es el caso de la compraventa simulada de obras de arte en Argentina. Uno de sus cooperadores, Edgardo Patricio Bel, es denunciado ante la justicia argentina, por el diseño de la operación de "venta ficticia" de cuadros a la pintora argentina Isabel Mackinlay, según se refleja en el auto.
He aquí un resumen a vuelo de pájaro de la investigación: más de 100 imputados han prestado declaración en la causa, una cifra superior a 100 testigos, 190 comisiones rogatorias que llenan más de 80 tomos, cursadas a 21 países, diversas periciales elaboradas, las certificaciones de los registros, las intervenciones telefónicas así como la documentación aportada por las múltiples entidades financieras cuya colaboración se ha requerido a lo largo de estos años.
Aunque no se dice, una parte importante de la investigación arranca de aquella lejana comisión rogatoria enviada por el juez Baltasar Garzón el 2 de marzo de 2009 a Suiza. Es una ironía que la mayor parte de la información sobre el patrimonio oculto de Bárcenas proceda de esa petición de auxilio judicial por el juez que sería inhabilitado.
Dicha petición de auxilio judicial a Suiza tuvo que ser, más tarde, complementada por el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, en abril de 2010.
Fue a raíz de la advertencia de las autoridades de inteligencia financiera helvéticas sobre la ampliación del límite de la tarjeta VISA solicitada por Luis Bárcenas en febrero de 2010. El tesorero del PP era una persona que por su condición de senador figuraba en una lista de clientes del LGT Bank (ex Dresdner, Ginebra) como PEP o Personas Expuestas Políticamente.
Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
El juez da al ministerio Fiscal y a las partes acusadoras el plazo de treinta días para que soliciten la apertura de juicio oral, sobreseimiento o pidan diligencias complementarias.
Un juez en comisión de servicios
Hay que recordar que el juez Ruz es un juez en comisión de servicios en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El titular de dicho juzgado es Miguel Carmona. Dicho magistrado se encuentra en situación de servicios especiales en Londres.
Las comisiones de servicios, como la que ejerce Ruz, están reguladas por la ley Orgánica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial de febrero de 2011.
Según el artículo 350 de la ley Orgánica el "Consejo General del Poder Judicial podrá conferir comisión de servicio a los jueces y magistrados, que no podrá exceder de un año, prorrogable por otro". Las prórrogas son de seis meses.
Por tanto: las comisiones de servicios tienen una duración máxima de dos años.
¿Cuál es la situación de Ruz?
La comisión permanente del CGPJ, bajo la presidencia de Gonzalo Moliner, resolvió por acuerdo del 17 de junio de 2013 "conceder nueva comisión de servicio al magistrado Pablo Ruz Gutiérrez, para servir el cargo en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional".
Es decir: aunque Ruz ya estaba en el juzgado desde junio de 2010, la comisión permanente le concedió una nueva comisión de servicios a partir de junio de 2013.
La comisión permanente del CGPJ razonaba, al resolver esa nueva comisión de servicios, que "cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicios produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal".
Esta "nueva comisión de servicios", pues, según la ley Orgánica y el ya citado Reglamento tiene, según hemos apuntado, una duración máxima de dos años.
Por tanto, el límite último es el 24 de junio de 2015.
El 26 diciembre de 2013, la nueva comisión permanente del CGPJ, presidida por Carlos Lesmes, acordó prorrogar en seis meses la comisión de servicios de Ruz.
He aquí el acuerdo: "Este nombramiento se efectúa al persistir las razones que justificaron la adopción de la medida, esto es: continuar el titular de dicho Juzgado en la situación administrativa de servicios especiales; no haber variado aquellas tenidas en cuenta, cuando se le concedió la comisión; dado que cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de Instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal; y dado el excelente rendimiento del magistrado comisionado".
Pero advierte: "No obstante, las excepcionales circunstancias concurrentes en relación con determinados asuntos cuya competencia había asumido este órgano en el pasado, o bien ha procedido a asumir en fechas más recientes ante la asignación realizada por turno de reparto determina que un elevado número de procedimientos de los actualmente en trámite en el juzgado precisen para su debida instrucción e impulso procesal en plazos razonables de una especial dedicación por parte del titular, especialmente en lo relativo a materias competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (muy significadamente, por su volumen, excepcionalidad y complejidad las Diligencias Previas 148/06, actual Sumario 3/13 –Forum Filatélico- y 275/08 -“Caso Gurtel”-, junto con la pieza separada “Caso papeles de Bárcenas".
Bien.
Por tanto, el próximo 24 de diciembre vencen los seis meses de la última prórroga de la comisión de servicios, quedando, según se ha apuntado, otros seis meses, hasta junio de 2015, para llegar al plazo máximo de dos años de la actual comisión de servicios.
En este contexto, el CGPJ se ha embarcado en el proceso de adjudicación de 282 plazas de jueces y magistrados.
La comisión permanente ha aprobado, en su reunión del 14 de octubre y el Pleno lo ha ratificado más tarde el "Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes".
A raíz de esta aprobación, en la intranet del CGPJ se ha enviado la siguiente comunicación el 15 de octubre:
Estimados compañeros y compañeras, en la Comisión Permanente celebrada ayer se aprobó el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto se anunciará un concurso traslado de magistrados en el que se incluirán tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos, y los correspondientes compañeros y compañeras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el artículo 355 bis".
El artículo citado de la ley Orgánica establece que "los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación".
Los llamados "mecanismos ordinarios de sustitución" son la convocatoria de concursos para ocupar la plaza.
Pero, atención, también se prevé ahora, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente (artículo 118 derogado), que se podrán cubrir "mediante comisiones de servicio" (situación actual de Ruz).
Pero es que, además, el artículo 326.3 de la ley Orgánica dice: "El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podrá no sacar temporalmente a concurso determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administración de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo".
En resumen: la comisión de servicios de Ruz está vigente y todavía le queda de plazo legal hasta junio de 2015.
Ingeniería jurídica ahora, no
No parece existir razón alguna, por tanto, para emprender ingenierías jurídicas como podría ser sacar la plaza a concurso en diciembre próximo y crear una bicefalia de jueces en uno de los juzgados que se ocupa de instruir importantes casos de corrupción y delitos económicos.
Si bien el caso Fórum-Filatélico se ha cerrado, hay casos añadidos como el de Barça-Neymar y Jordi Pujol Ferrusola, para citar solo dos asuntos de relevancia aparte del caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas. La bicefalia apuntada se produciría como resultado de sacar la citada plaza a concurso y dar lugar a una situación en la que el nuevo magistrado a cargo conviva con Ruz en calidad de juez de apoyo, pero con responsabilidad sobre los casos más importantes.
No parece, por tanto, la solución indicada.
Tanto la comisión permanente, encabezada por su presidente, Carlos Lesmes, como el juez Ruz, deben garantizar la continuidad de las instrucciones sumariales en curso en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Sí, además del CGPJ, el juez Ruz. Porque, como señala el artículo 350.2, "las comisiones de servicio requieren la conformidad del interesado...".
El juez Ruz ha concluído, según hemos señalado, la parte troncal (1999-2005) de la instrucción del caso Gürtel. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el último auto que las partes personadas pueden recurrir, pretende sentar en el banquillo a 43 personas imputadas.
Este auto, como decimos, es recurrible.
Una vez que se resuelvan por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los recursos, el juez deberá dar traslado a las partes personadas para que eleven sus calificaciones. Y, a partir de ellas, llegará el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral.
Ahora bien: la presencia del juez Ruz sigue siendo imprescindible.
Uno, todavía queda pendiente el auto de apertura de juicio oral, que deberá tener en cuenta la resolución de los recursos contra el auto de conclusión en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y lo que soliciten las partes personadas en sus calificaciones.
Un procedimiento judicial debe estar blindado frente a la inseguridad e inestabilidad.
Y, dos, aparte del caso Gürtel, el juez Ruz tiene pendiente, aparte de los Papeles de Bárcenas, otros asuntos, según hemos dicho, de importancia.
Cualquier pacto imaginario o implícito, sin aspavientos, contra la corrupción debería pasar, pues, por asegurar la prórroga de la comisión de servicios del juez Ruz por otros seis meses, el plazo necesario, ahora sí, para encaminar definitivamente los casos que tiene entre manos.
La comisión permanente dirigida por Lesmes, por una parte, y el juez Ruz, por la otra, deben ir de la mano y estar a la altura de las circunstancias.
Pues eso, el juez Ruz acaba de concluir una parte de la investigación y debe seguir.
Punto...y seguido
http://blogs.elpais.com/analitica/2014/11/el-juez-ruz-concluyey-debe-seguir-1.html
El futuro de Ruz al frente del ‘caso Gürtel’ fractura al Poder
Judicial
Los conservadores son mayoría y prefieren no renovar al
magistrado
La continuidad del magistrado Pablo Ruz al frente del juzgado de
instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde instruye desde
hace cuatro años el caso Gürtel y desde hace 20 meses el caso
Bárcenas, divide al Gobierno de los jueces. La comisión permanente
del Consejo General del Poder Judicial está formada por seis
miembros con mayoría conservadora gracias al voto de calidad que
atesora el presidente, Carlos Lesmes. Este órgano decidirá
previsiblemente el próximo 9 de diciembre si saca a concurso la
plaza que Ruz ocupa ahora en comisión de servicios.
La decisión sobre el magistrado influye en el calendario para el fin
del caso y en el futuro político del PP, es decir, si se cierra o no
antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y o de las
generales del próximo año.
Ruz tiene aún la posibilidad de solicitar una prórroga más de seis
meses para seguir en el juzgado. El Consejo General del Poder
Judicial espera que esta petición se produzca en los próximos días.
Pero si la comisión permanente decide sacar su plaza a concurso el 9
de diciembre, la solicitud de prórroga quedará sin efecto y no se
atenderá, salvo para aceptar que Ruz siga en el juzgado hasta que el
adjudicatario de la plaza tome posesión de la misma.
Los casos del juez Ruz
Desde que llegó a la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz ha
dictado numerosas resoluciones judiciales que han disgustado a los
partidos con más poder en España: PSOE, CiU y PP.
Cuando se hizo cargo del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional,
tras competir con otros 20 compañeros por esa comisión de servicios,
heredó la investigación del chivatazo policial a colaboradores de
ETA en el bar Faisán en Irún (Gipuzkoa) durante el mandato como
presidente del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Ruz imputó al ex director general de la Policía nombrado por el
PSOE, y acabó procesando al ex jefe superior del País Vasco y a otro
inspector. Ambos fueron condenados por revelación de secretos en una
sentencia que confirmó hace solo dos meses el Tribunal Supremo.
Aunque al principio se resistió, el magistrado abrió una causa en
enero de 2013 a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente
de Cataluña. Las primeras diligencias que ordenó le llevaron a
investigar el supuesto pago de comisiones ilegales a Pujol Ferrusola
por parte de empresas contratistas de la Generalitat de Cataluña. En
este proceso no solo ha imputado a Jordi Pujol Ferrusola y a su
exmujer, sino también a media docena de empresarios supuestamente
beneficiados por contratos de la Generalitat de Cataluña durante el
mandato de CiU.
En el caso Gürtely su pieza separada de los papeles de Bárcenas, el
juez Ruz ordenó hace 16 meses prisión incondicional contra el
extesorero nacional del PP; sentará en el banquillo a dos decenas de
ex altos cargos populares, entre los que destacan los tres
extesoreros; mantiene imputados a ocho grandes constructores por
supuestas donaciones ilegales y ha señalado al partido de Mariano
Rajoy como partícipe a título lucrativo de las corruptelas de la
trama.
Hay una tercera vía pendiente de explorar consistente en abrir la
posibilidad de que en aquellos juzgados que instruyan causas de
especial complejidad, el Poder Judicial, a petición de la Sala de
Gobierno del tribunal afectado por esa situación, pueda aprobar el
mantenimiento de un juez de refuerzo. Si esta vía prosperase, Ruz
podría permanecer como refuerzo del juez titular para seguir
instruyendo el caso Gürtel, uno de los muchos que dirige ahora.
La comisión permanente la forman tres miembros conservadores —dos
vocales más el presidente Lesmes, que tiene voto de calidad en caso
de empate—, dos vocales a propuesta del PSOE y una vocal de CiU,
Mercé Pigem, que dimitió anteayer tras conocerse su incidente en
Andorra. Pigem recibió allí 9.500 euros en efectivo de su madre y
los pasó por la frontera en compañía de su hermana, a la que
descubrieron en el bolso más de 10.000 euros, cantidad máxima
permitida.
La comisión permanente se reunirá previsiblemente en las próximas
sesiones sin haber cubierto la vacante que deja en ese órgano la
vocal Pigem, con lo que serán cinco miembros de ese organismo los
que decidan el futuro de Ruz: tres conservadores y dos progresistas.
Más adelante será el decano del Colegio de Procuradores de Madrid,
Antonio Álvarez Buylla, quien sustituya a Pigem como vocal, no en la
permanente.
Los vocales progresistas Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta defenderán que
no se saque la plaza a concurso de momento para que Ruz pueda seguir
instruyendo al menos hasta junio el caso Gürtel, el caso Bárcenas y
otros de similar complejidad relacionados con la corrupción.
Mientras, los conservadores defienden que la plaza del juzgado 5 de
la Audiencia Nacional tiene que salir a concurso como cualquier otra
en parecidas circunstancias. Si la plaza sale a concurso a mediados
de diciembre, el nuevo juez tomará posesión a primeros de marzo de
2015, con lo que Ruz tendría apenas tres meses para cerrar muchos de
los flecos pendientes en la instrucción de esas dos causas.
La instrucción del caso Gürtel y de su pieza separada de los papeles
de Bárcenas, próximas a su finalización, quedaría así en manos de un
magistrado nuevo sin conocimiento sobre un procedimiento
especialmente complejo: acumula cientos de miles de folios en un
sumario con cerca de 200 comisiones rogatorias tramitadas —y algunas
bloqueadas por defectos en la instrucción de los tribunales suizos—
más de un centenar de imputados y diversas piezas de investigación
abiertas todavía que apuntan directamente al corazón financiero del
PP.
Si la mayoría conservadora impone su criterio, el juez Ruz dejaría
la causa en el momento de mayor apuro para el partido del Gobierno,
cuando acaba de finalizar la instrucción de la primera fase del caso
Gürtel (1999-2005) para abrir juicio oral, pero hay otras piezas de
investigación pendientes de finalización con graves imputaciones de
corrupción sobre dirigentes populares.
En el auto que concluye la investigación, Ruz atribuye al PP y a la
exministra de Sanidad Ana Mato su participación a título lucrativo
de los delitos cometidos por la trama corrupta.
El instructor dejaría el caso en el momento más delicado del PP
La última resolución judicial de Ruz se hizo pública un día antes de
la comparecencia de Rajoy en el Congreso para explicar su plan
anticorrupción. La decisión del juez llegó en un momento tan
delicado para el PP que desencadenó la dimisión de la ministra Mato,
bajo sospecha desde que en 2009 se descubrieron los regalos de la
trama Gürtel a su exmarido, Jesús Sepúlveda.
Dirigentes populares consultados por este periódico consideran que
la iniciativa del juez Ruz de firmar la resolución judicial el
miércoles 26 de noviembre estuvo motivada por la celebración del
pleno en el Congreso un día después, algo que niegan fuentes
jurídicas conocedoras del trabajo del magistrado.
Algunos dirigentes populares interpretan además que Ruz dictó ese
auto como venganza ante su próxima salida del juzgado como
consecuencia de la decisión que adopte el Gobierno de los jueces en
los próximos días.
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/30/actualidad/1417369317_981775.html
DIMITE ANA MATO PARA NO HUNDIR A MARIANO RAJOY
Rajoy evita la fotografía con la ministra en el pleno sobre corrupción de hoy en el Congreso
Cinco años y medio después de su estallido, el caso Gürtel se ha cobrado su pieza política de mayor nivel: la ministra de Sanidad, Ana Mato, muy cercana a Mariano Rajoy, dimitió este miércoles tras una reunión con el presidente del Gobierno en La Moncloa. Formalmente se presentó como una dimisión, pero pocas horas antes su equipo trasladaba que quería seguir. La decisión final la tomó Rajoy, según diversas fuentes.
El comunicado oficial señala que la ministra quiere evitar que su permanencia pueda “perjudicar al Gobierno, a su presidente o al PP”. Rajoy protagoniza este jueves un pleno clave sobre medidas anticorrupción y la presencia de Mato en el banco azul amenazaba con hundir su mensaje, por lo que la dejó caer. Mato, que desde que hace 27 años se fuera a trabajar para José María Aznar en Valladolid siempre ha estado en política, seguirá de diputada rasa en el Congreso, aunque no irá al pleno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asumirá sus funciones hasta que haya nuevo titular de la cartera, un cargo para el que se apunta como candidata a la secretaria de Estado, Susana Camarero.
Mato dimite después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, sostuviera en un auto que la ministra fue “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exesposo y exalcalde de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda. Mato se convierte así en la política popular de mayor rango que se lleva por delante Gürtel, el gran quebradero de cabeza de Rajoy, después de Francisco Camps, que dimitió en 2011 tras un largo calvario similar al que ha sufrido la responsable de Sanidad. En ambos casos, Rajoy les mantuvo su apoyo hasta el final y dejó que su imagen se fuera deteriorando hasta que la presión fue insoportable.
En un primer momento, Mato se resistió y rechazó la dimisión, como ha hecho en las diversas crisis que ha sufrido desde que Rajoy la nombrara en 2011. De hecho su equipo preparó un comunicado para explicar que nadie le imputaba ningún delito, que el juez la colocaba en el mismo lugar que al PP, también “partícipe a título lucrativo”. Alrededor de las tres de la tarde de este miércoles, el entorno de Mato aseguraba que ella no se planteaba dimitir “de momento”. Pero ese texto nunca se llegó a publicar y la sensación fue cambiando a lo largo de la tarde, hasta que a las 19.47 llegó el comunicado oficial dando cuenta de la dimisión.
Mato se había resistido otras veces y había aguantado las presiones para que cesara porque contaba con el apoyo de Rajoy. Pero esta vez era diferente. Primero porque el presidente y el PP están hundidos en las encuestas y el deterioro provocado por los escándalos de corrupción ha disparado ya todas las alarmas internas. Barones autonómicos y alcaldes, que tienen elecciones en mayo de 2015, reclaman a Rajoy contundencia frente a los escándalos.
Pero sobre todo, porque esta vez los tiempos políticos jugaban contra ella. Rajoy protagoniza un pleno clave en el Congreso, que el presidente diseñó para dar un giro y salir del pozo en el que le han colocado los últimos escándalos, en especial la Operación Púnica. Esta situación ha hecho que el 86,6% de los españoles confíe poco o nada en el presidente y que el PP haya caído hasta el 27%, según el CIS, mientras Podemos es ya la primera fuerza en intención de voto directa.
En el PP se extendió durante toda la tarde la idea de que el juez Pablo Ruz había elegido para sacar su auto el día que más daño político podía hacer a Rajoy, precisamente antes de ese pleno clave. En la cúpula del partido se escuchan críticas muy duras contra un juez que ordenó a la policía un registro en la sede del PP por primera vez en su historia porque el partido no le daba los documentos que pedía.
Mato nunca se planteó presentar la dimisión hasta este miércoles, pese a que la oposición se lo pidió muchas veces, porque Rajoy podía asumir el coste de tener una ministra cuestionada. Pero esta vez, según señalaban antes y después de la dimisión varios altos cargos del PP y del Gobierno, “era Rajoy o Mato”. Porque el coste iba directamente sobre la imagen del presidente, que iba a ver a toda la oposición reclamándole en el pleno de este jueves que empezara por destituir a la ministra antes de hablar de ser implacable contra la corrupción.
Rajoy siempre agradeció a Mato su lealtad en los momentos difíciles, después de la segunda derrota en 2008, y creía que era injusto que ella tuviera que pagar por los delitos de su exmarido. Pero ante la tesitura de que el hundimiento de Mato arrastrara su propia imagen, el presidente ha decidido prescindir de ella.
Mato se convierte así en la segunda dimisión del Ejecutivo de Rajoy, después de Alberto Ruiz-Gallardón, que dejó el cargo de ministro de Justicia en septiembre pasado, pero sin que mediara ningún escándalo, sino por una cuestión puramente política: la retirada de la reforma de la ley del aborto. Al contrario de que lo sucedió con Gallardón, Rajoy no anunció quién sucederá a Mato al frente del Ministerio de Sanidad, una decisión que aún no parecía tomada porque la dimisión se produjo de forma precipitada por la tarde. Rajoy tendrá que hacer la tercera remodelación desde 2011, aunque mínima, después de la salida de Miguel Arias Cañete para ser candidato europeo y la de Gallardón.
Mato reivindica en su comunicado que dimite aunque el juez no le imputa ningún delito ni le “atribuye responsabilidad penal alguna”. “No quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente ni tampoco al PP”, remata el texto que deja claro que su salida está pensada para proteger al presidente del Gobierno.
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417012981_141230.html
RUZ CITA A ANA MATO COMO “PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO” EN EL ‘CASO GÜRTEL’
La ministra no está imputada pero será considerada responsable civil en el juicio
El juez sobresee la investigación sobre el exministro Acebes en este bloque de la causa
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado ya el auto de pase a procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento- a 43 imputados en la llamada “primera etapa” del caso Gürtel, la trama de corrupción que anidó en los aledaños del PP. El magistrado califica a la ministra de Sanidad, Ana Mato, de “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exesposo y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, y a Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, exregidor de Majadahonda.
La ministra de Sanidad y Gema Matamoros estarán sentadas en el banquillo durante la vista oral, no como procesadas sino como responsables civiles de estos supuestos delitos, y esta es la conducta que se va estudiar en el juicio, según han confirmado fuentes jurídicas. Para defender sus intereses, el magistrado les ordena que designen abogado y procurador. El Partido Popular permanece en su condición de partícipe a título lucrativo. Esta figura, también llamada "receptación civil", se aplica a las personas que se benefician del fruto de un delito del que no tenían conocimiento. Al tratarse de una responsabilidad civil, no se aplica el aforamiento de la ministra, que no está imputada por ningún delito.
El motivo que expone Ruz para calificar a Mato de “partícipe a título lucrativo” es que la ministra “habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar” de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos y conceptos por valor total de 55.439 euros. No obstante, el juez Ruz recuerda que será en el acto del juicio en el que se deberá concretar “la exacta cuantía de lo que la partícipe pudiera haberse beneficiado”. Además de viajes y billetes de avión, la trama corrupta supuestamente sufragó artículos de Loius Vuitton para la exministra y las fiestas de cumpleaños y de primera comunión de la hija de la pareja en los años 2001, 2002 y 2005.
En el caso de los partícipes a título lucrativo, lo habitual es que estén sentados en el banquillo. Recientemente, la Sección Cuarta de lo Penal celebró un juicio por información privilegiada en el que el partícipe a título lucrativo estuvo en el mismo estrado que los imputados, aunque como responsable civil. Lo mismo ocurrió el pasado mayo en el juicio sobre Caixa Penedés o en el caso Gescartera.
El juez ha dado por concluida la parte troncal de caso Gürtel y entiende que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a 43 personas. A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones populares tienen 30 días para solicitar la apertura del juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento de la causa.
El magistrado, en un auto de 205 folios, ha decretado también el sobreseimiento provisional de la imputación que pesaba contra Ángel Acebes, exsecretario general del PP, por la compra de acciones de Libertad Digital con fondos de la caja b del partido gestionada por el extesorero Luis Bárcenas. No obstante, el exministro Acebes permanece imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, según fuentes jurídicas.
La decisión de desimputar a Acebes del delito de apropiación indebida que se le atribuía deriva de que la investigación no ha permitido determinar que el exministro del Interior supiera que los fondos con los que se suscribieron las acciones de Libertad Digital en 2004 pertenecían a la caja B del PP que administraba Bárcenas. No obstante, Ruz considera que los estatatos del PP vigentes en aquel momento imponían a Acebes "un deber especial de control o de vigilancia" sobre el entonces gerente Bárcenas.
La primera época de Gürtel abarca hechos cometidos por la trama liderada por Francisco Correa en Castilla y León, Madrid y Estepona (Málaga). En el auto, que puede ser recurrido en el plazo de cinco días, el magistrado describe la operativa desarrollada en torno a Correa y su lugarteniente Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego. En la trama de corrupción están imputados tres extesoreros del PP, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, así como el exsenador Jesús Merino, el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo o el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote.
La red de Correa, creada en los años 90, se especializó en organizar eventos, actos políticos y viajes para el Partido Popular. Al mismo tiempo, el cerebro de la trama aprovechaba sus contactos en el partido del Gobierno para conseguir adjudicaciones públicas. Según Ruz, el entorno de Correa entregaba regalos a los funcionarios y autoridades que favorecían sus negocios.
De forma paralela, Correa y sus colaboradores crearon una estructura societaria en el exterior para transformar en fondos legales el patrimonio que iban amasando con sus actividades ilícitas.
Ruz considera constatados los indicios de que distintos ayuntamientos y consejerías de la Comunidad de Madrid contrataron a la red de Correa “apartándose de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”. Al menos 348 actos de la Comunidad de Madrid fueron adjudicados directa o indirectamente a sociedades de la trama corrupta. Los fondos obtenidos fueron invertidos posteriormente en operaciones inmobiliarias, en las que participaron cargos públicos.
El beneficio de Ana Mato
El juez Ruz considera que la ministra de Sanidad es “partícipe a título lucrativo” en el caso Gürtel, según el artículo 122 del Código Penal. Este obliga a Ana Mato a devolver el dinero que pudo obtener de los negocios supuestamente delictivos de su exmarido y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda.
El artículo 122 del Código Penal se impone al cónyuge y a los herederos del condenado si han obtenido un beneficio económico del delito. La persona declarada “partícipe a título lucrativo” responde solidariamente junto con el condenado, aunque sólo hasta la cuantía de su participación.
Existen dos requisitos para que alguien sea considerado “partícipe a título lucrativo”. Por un lado, se tiene que probar la obtención de un beneficio económico, y por otro, ha de demostrarse que el sujeto sabía que se obtenía tal beneficio, pero no que provenía de una actividad delictiva.
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417003121_995645.html
RUZ LE RECUERDA AL PP QUE NO HA COLABORADO CON LA JUSTICIA
El magistrado rechaza modificar el término “incautados” para referirse a los documentos recogidos por la policía en la sede de Génova 13 en diciembre de 2013
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz insiste en que el Partido Popular no ha colaborado con la justicia en la causa sobre los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero de Génova 13. La formación conservadora, a través de su gerente en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, imputado en la causa, pretendía que el magistrado suprimiera la expresión “incautados” para referirse a los documentos recogidos por la policía en la sede nacional del PP el 19 de diciembre de 2013.
Ruz había utilizado el término “incautados” en el auto –resolución razonada- del pasado 24 de octubre en el que ponía de manifiesto que el PP abonó con 1,7 millones en dinero b las obras de reforma de su sede nacional. El gerente Cañas, subordinado de la presidenta del PP castellano-manchego, Dolores de Cospedal, presentó el pasado 29 de octubre un escrito en el juzgado de Ruz con el que pretendía que el magistrado retirara la expresión “incautados” y dijera que el PP “aportó voluntariamente” los documentos sobre la reforma de su sede.
El Partido Popular no ha sido aceptado como acusación en la investigación sobre los papeles de Bárcenas. Sin embargo, el gerente del partido en Castilla-La Mancha está imputado en esta causa y puede presentar escritos ante el magistrado. El término “incautados”, que pasó prácticamente desapercibido el pasado 24 de octubre, ha sido puesto en primer plano con el escrito de Cañas Cañada. Este directivo del PP manchego esgrime la definición de “incautarse” del Diccionario de la Real Academia Española: “Dicho de una autoridad judicial o administrativa: Privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de éstos con un delito, falta o infracción administrativa”. E insiste en que Ruz modifique su auto para decir que los documentos que apuntan a que el PP abonó irregularmente la reforma de su sede fueron entregados voluntariamente. Para ello invoca el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece: “Los tribunales no podrán varias las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”.
Para contestar a esta petición, Ruz recuerda cuál ha sido el comportamiento del PP a lo largo de esta investigación. En abril de 2013, mientras el PP todavía pagaba la defensa del extesorero Bárcenas, el juez pidió documentación al partido sobre los trabajos efectuados en Génova 13 por el estudio Unifica, del arquitecto Gonzalo Urquijo. El partido se limitó a entregar al magistrado su contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas.
El 30 de julio de 2013, el juez requirió al partido el “expediente completo” sobre la contratación de Unifica para las obras de Génova 13. El partido entregó al magistrado un escrito con parte de la documentación reclamada. El 2 de diciembre, el partido entregó nueva documentación al magistrado: un total de 17 folios fotocopiados sobre la facturación y pago de los trabajos a Unifica. De estos 17 folios, cinco no constaban en la remesa entregada en julio.
Aunque el juez Ruz no lo menciona en su auto, el PP entregó la nueva documentación después de que las secretarias de los extesorereros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta reconocieran ante el juez que había destruido las agendas de sus jefes y de que el PP informara al juez de que se habían eliminado y borrados los discos duros de los ordenadores de Bárcenas y los libros de entrada a Génova 13. La paciencia de Ruz se colmó al constatar que el PP le entregaba datos incompletos, de modo que el 19 de diciembre envió a la policía a la sede nacional del PP con un requerimiento de entrega de la documentación completa. El requerimiento autorizaba a la policía a registrar la sede en caso de que se negaran a entregar los datos reclamados.
Durante 14 horas, los agentes de la UDEF y el secretario judicial estuvieron examinando papeles en Génova 13. Ruz recuerda en su auto que la diligencia permitió constatar que el expediente de Unifica constaba en realidad de 5.067 folios frente a los 520 entregados inicialmente por el partido. La documentación que el juez califica de “incautada” en ese requerimiento es el que ha permitido concluir a los investigadores que las obras de remodelación de Génova 13 se abonó con 1,7 millones en dinero b.
El magistrado responde al Diccionario con el Diccionario, y establece que su auto del 24 de octubre, en el que habla de documentos “incautados” no es “oscuro” ni contiene “error” alguno, por lo que se “mantiene íntegramente su contenido en los términos en aquel establecidos”. Es decir, incautados, y no entregados voluntariamente.
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/05/actualidad/1415189016_504948.html
EL JUEZ RUZ TIENE LOS MESES CONTADOS
El Poder Judicial decide si saca su plaza a concurso en diciembre
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial discute hoy qué hacer con la plaza de la Audiencia Nacional que ocupa en comisión de servicios el magistrado Pablo Ruz, instructor de algunas de las grandes causas de corrupción que afectan al poder político en España.
El Poder Judicial tiene la posibilidad de sacar a concurso en diciembre la plaza del juzgado 5 de la Audiencia Nacional que ocupa Ruz aprovechando una gran convocatoria de 282 puestos para los que el Gobierno pretende aprobar un decreto en los próximos días. O mantener a Ruz durante otros seis meses al frente del juzgado para que cierre alguna de las piezas de las investigaciones que tiene más avanzadas y sacar la plaza en junio de 2015. Es, como máximo, en esta fecha cuando el magistrado tiene que dejar a la fuerza el juzgado pues la ley sólo prevé prórrogas en la comisión de servicio por un máximo de dos años.
Si el Poder Judicial saca a concurso la plaza en diciembre próximo, Ruz deberá dejar el juzgado en un momento especialmente delicado para algunas de las causas que instruye.
El exministro y ex secretario general del PP, Ángel Acebes, ha sido imputado por el juez Ruz en el caso Bárcenas y mantiene en prisión desde hace 15 meses al ex tesorero del PP. Además, el magistrado ha abierto nuevas líneas de investigación que salpican al corazón del PP con la sospecha, apuntalada por numerosas pruebas, de financiación ilegal durante 20 años de la formación que preside Mariano Rajoy.
Por otra parte, el juez ha finalizado la instrucción de una parte del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido que se haya conocido en la reciente etapa democrática. En las próximas semanas pretende dictar el auto para la apertura de juicio oral. Ruz considera que el PP se lucró con los negocios ilegales de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.
En la investigación a los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente catalán, el magistrado ha citado para el mes que viene a una decena de imputados, entre ellos importantes empresarios que pagaron grandes cantidades de dinero a cambio de asesorías que la policía considera simuladas. Detrás de la investigación de Ruz se esconde la supuesta corrupción del Gobierno catalán de Jordi Pujol con el cobro de comisiones ilegales a empresas contratistas de la Generalitat.
Además, Ruz investiga el caso Neymar (presuntos delitos en el fichaje del jugador brasileño por el Barça); el falseamiento de cuentas en la entidad Caja Castilla-La Mancha y en la empresa Pescanova o la estafa masiva del caso Forum Filatélico, entre otros.
El Consejo General del Poder Judicial concedió a Ruz una prórroga de seis meses el pasado 25 de junio en la que destacaba su “excelente rendimiento” y justificaba la decisión en que “cualquier cambio en la comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado”.
Ruz llegó al juzgado 5 de la Audiencia Nacional el 24 de junio de 2010 para sustituir a Baltasar Garzón, apartado del puesto por el proceso abierto en el Supremo que acabó con su condena por prevaricación al ordenar escuchas en la cárcel entre los cabecillas de la red Gürtel y sus abogados.
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/26/actualidad/1414347936_341218.html
RUZ DA UN NUEVO IMPULSO A LOS PAPELES DE BÁRCENAS Y APUNTA A LA CÚPULA DEL PP
La presunta apropiación indebida de Acebes y la investigación en torno a Cospedal dejan atrás la prescripción del delito fiscal y la dificultad de acreditar el cohecho
El instructor decidió imputar al ex secretario general sin el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, a la que la acusación popular critica su pasividad durante todo el proceso
El juez pregunta por las normas de funcionamiento del partido en Castilla-La Mancha cuando ya lo presidía Cospedal y se produjo el supuesto soborno para su campaña
al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) por los papeles de Bárcenas
El juez Pablo Ruz ha dado en las últimas 48 horas un nuevo impulso al caso de la financiación irregular del PP con la imputación de un ex secretario general del partido, Ángel Acebes, y con nuevas diligencias sobre otros hechos que apuntan a la persona que ocupa ese cargo en la actualidad, María Dolores de Cospedal. El argumento del Partido Popular de que la responsabilidad sobre la supuesta caja B comienza y acababa en Bárcenas choca frontalmente con las últimas decisiones adoptadas por el instructor del caso.
Ruz investiga la posible participación de "personas aforadas" en la entrega de 200.000 euros por parte de Luis Bárcenas al PP de Castilla-La Mancha a cambio, según el extesorero, de la adjudicación de la contrata de basuras al grupo empresarial del que procedía el dinero. Así consta en el auto dictado este miércoles por el magistrado, en el que cita como imputado al entonces alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y requiere al Partido Popular que le entregue la normativa reguladora de la formación en Castilla-La Mancha en los años 2006 y 2007. Ese es el periodo en el que ya era presidenta del PP regional María Dolores de Cospedal. Y por los indicios existentes hasta ahora, no pueden ser más que la propia Cospedal y su número dos, Vicente Tirado –actual presidente del Parlamento autonómico–, los aforados a los que se refiere Ruz.
A ambos los implicó Luis Bárcenas en sede judicial cuando describió la mecánica de la mordida. Según relató, él mismo recibió en metálico los 200.000 euros en la sede en Madrid Sacyr-Vallehermoso, de manos de su entonces presidente, Manuel Manrique. "Llamé al gerente de Toledo. El sobre lo dejé en la caja y avisé al gerente regional, que tenía que entregárselo a Vicente Tirado o a María Dolores de Cospedal", explicó al juez. Bárcenas aportó además el recibí, firmado por el gerente José Ángel Cañas.
Esta es la segunda ocasión en que el juez Ruz da un impulso a la investigación del caso de los papeles de Bárcenas en menos de 24 horas. Y lo hace, de nuevo, apuntando hacia arriba. El martes citó como imputado al ex secretario general del PP Ángel Acebes por un presunto delito de apropiación indebida por omisión. El juez sospecha que Acebes pudo permitir a Bárcenas y Álvaro Lapuerta comprar acciones de Libertad Digital con dinero negro del partido. Para imputar a Acebes, Ruz cita la declaración incriminatoria de Bárcenas y los estatutos del PP, incorporados a la causa, en los que se establece que "corresponde al secretario general la decisión de todos los servicios del Partido y la jefatura de su personal".
Otros tres secretarios generales distintos de Acebes coincidieron en desvincular su cargo de las funciones del tesorero y el gerente del partido en sus declaraciones ante Ruz como testigos. Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal fueron convocados por el magistrado después de que Luis Bárcenas describiera en julio de 2013 el mecanismo de financiación irregular del partido a lo largo de dos décadas. La estrategia de los secretarios generales pasó por volcar responsabilidades en sus subordinados, los tesoreros, y en aducir que no recordaban las cuestiones por las que se les preguntaba. Arenas llegó a utilizar la expresión "no me acuerdo" o "no recuerdo" en 37 ocasiones. Con los argumentos de la imputación de Acebes, estatutos del partido mediante, esa estrategia no serviría ante una eventual imputación.
El reglamento del partido
La diligencia número 3 del auto dictado el martes sobre la compra de acciones requiere al Partido Popular que "a la mayor brevedad, y en todo caso en el plazo de tres días, certifique las fechas en las que Ángel Acebes Paniagua ocupó el cargo de secretario general de la formación, y remita testimonio del acuerdo, acta o documento en que figure su nombramiento". Cuando lo reciba, el juez tendrá en su poder el documento que acredita a Acebes como el máximo responsable del funcionamiento del partido en la época que ocupó la Secretaría General.
En el auto del día siguiente, Ruz toma un camino similar que le puede conducir al mismo destino. La diligencia cuarta reclama, "a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo de cinco días, normas de régimen interno –o normativa reguladora de la organización– de la formación en Castilla-La Mancha vigentes en 2006 y 2007", esto es, en la época del presunto cohecho, con María Dolores de Cospedal de presidenta regional. Si esa normativa se parece a los estatutos que rigen Génova, Ruz tendrá en su poder un nuevo indicio contra Tirado y, dependiendo del contenido exacto, quizá contra Cospedal.
Los hechos que investiga Ruz en torno al PP de Castilla-La Mancha son presuntamente constitutivos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Administración Pública. Ruz aclara en cualquier caso que, si aparecen indicios contra los aforados, trasladará la causa al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El juez cuenta con un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) constatando "trato de favor" a Sufi, la empresa del grupo Sacyr. Según el organismo dependiente de Hacienda, la campaña debería haber sido anulada.
Con la imputación de Acebes y los avances en el caso de Castilla-La Mancha, el juez ha abierto una brecha en el muro que impedía apuntalar responsabilidades por los papeles de Bárcenas. La argamasa de esa pared estaba formada por tres elementos: los hechos que no son constitutivos de delito, como la financiación irregular del partido; la prescripción de otros que sí son delito, como no haber declarado sobresueldos; y la imposibilidad de demostrar el cohecho, para lo que habría que poder vincular con claridad las donaciones irregulares de los empresarios y las adjudicaciones que recibían de las administraciones gobernadas por el PP.
Un paso más allá de la financiación irregular
Ahora el juez toma dos hechos concretos que han aflorado durante el caso –la posible compra de acciones de Libertad Digital con dinero negro y el pago de 200.000 euros al partido a cambio de un contrato en Toledo– para abrir una nueva vía en el caso, más allá de la mecánica general de la financiación irregular. Bárcenas acusó a Acebes directamente de autorizar la compra de acciones con dinero negro. Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, Ruz le imputa por haber consentido un daño a la formación, permitiendo que Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta, vendieran esas acciones y no reintegraran el dinero a la caja B.
La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los magistrados pronunciarse públicamente sobre los casos que instruyen. Todo cuanto pueden y deben decir aparece en los autos que dictan, sus resoluciones razonadas. De los dos últimos que ha firmado el juez Pablo Ruz esta semana sobre el caso de la presunta financiación irregular del PP, parece emerger un punto de inflexión en la instrucción. Por una parte, se acabó el tener una responsabilidad en el Partido Popular y escudarse en el "no me consta" o el "no recuerdo". Por otra, la pasividad de la Fiscalía Anticorrupción en el caso ya no va a suponer un obstáculo o un retraso en el establecimiento de esas responsabilidades.
De hecho, Ruz ha imputado a Bárcenas sin consultar a Anticorrupción. Su representante en el caso, Antonio Romeral, es blanco de las críticas de la acusación popular desde que Ruz abrió la pieza separada. Romeral propone escasas diligencias, se opone a las que solicitan las acusaciones y deja pasar los interrogatorios sin apenas formular preguntas. Los imputados sólo acceden a contestar a su abogado, a Ruz y a él, lo que hace recaer prácticamente todo el peso de los interrogatorios en el juez instructor.
http://www.eldiario.es/politica/Ruz-pregunta-mandaba-PP_0_316369411.html
EL PP SE ENROCA: CARGA CONTRA EL AUTO DE RUZ Y NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL
Los dirigentes consultados ven "enrevesada" la interpretación que el juez hace de los estatutos del partido para imputar a Ángel Acebes
Insisten en que "sólo hay una contabilidad": la oficial, la depositada ante el Tribunal de Cuentas
Cuando el Partido Popular comenzaba a digerir la marcha voluntaria y temporal de Rodrigo Rato, implicado en el escándalo de las tarjetas, otra investigación judicial, en este caso la de los papeles de Bárcenas, golpeaba de nuevo a la formación de Mariano Rajoy. Un nuevo auto judicial del magistrado Pablo Ruz citaba como imputado al ex secretario general del PP Ángel Acebes por la compra de acciones de la empresa de comunicación Libertad Digital con cargo presuntamente a la caja B del partido. Asimismo, aportaba nuevos datos que apuntan a que la sede del PP de Bizkaia se habría financiado por medio de la contabilidad opaca.
La noticia agitó a primera hora de la tarde a un partido muy golpeado por los escándalos de corrupción y que intenta dar la vuelta a las encuestas que pintan un panorama oscuro de cara a la primera cita con las urnas: las autonómicas y municipales de 2015. "Estamos en permanente estado de shock", resumía un diputado. Nadie en el partido que preside Rajoy niega que este tipo de noticias judiciales no vienen nada bien. Pero la sensación mayoritaria entre los dirigentes consultados por infoLibre es que el auto del juez Ruz es "exagerado" en lo que Acebes se refiere. Sobre el pago de la sede del PP de Bizkaia la posición de las fuentes consultadas no se mueve respecto a lo defendido en anteriores ocasiones por la cúpula de la formación conservadora: "Sólo hay una contabilidad en el partido, que es la oficial, la única, la depositada en el Tribunal de Cuentas", insiste un destacado dirigente.
"Carta de credibilidad a un delincuente"
Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tiraba de argumentario en los pasillos del Congreso de los Diputados como reacción a la imputación de Acebes, señalando el máximo respeto a las decisiones judiciales, otros miembros de su partido ponían voz a la sorpresa que el auto del juez Ruz había causado en algunos sectores del partido. El presidente del Congreso, Jesús Posada, se declaraba "un poco impresionado" y el diputado Vicente Martínez salía en defensa del ex número dos del PP: "Conozco a Acebes y no creo que haya una persona mas honesta en la vida", mantuvo también en los pasillos de la Cámara baja.
En privado, otras fuentes de la formación que preside Rajoy se declaraban sorprendidas por la esencia del auto de Pablo Ruz –"Da carta de credibilidad al testimonio de un delincuente", se queja un parlamentario– y por la forma en que este justifica la imputación del hombre que durante años fue la mano derecha del propio Rajoy en el PP. El juez le imputa un delito de apropiación indebida por "su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación", enmarcada en la ampliación de capital de Libertad Digital, y al hecho de que estos fondos acabaran "siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos".
Los conservadores ponen el énfasis en que, para imputarle, Ruz tira de los estatutos del partido "vigentes en la época de los hechos antes referidos" –año 2004–, concretamente al artículo 40.2 apartado c que establece que "corresponde al secretario general del partido la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal". "La forma en la que se le cita es perifrástica: como jefe de personal", critica un cargo regional, que prosigue: "Es como si cualquier jefe fuese responsable de los delitos que comete uno de sus trabajadores".
En el mismo auto, se hace un requerimiento al PP "al objeto de que certifique las fechas en las que Ángel Acebes Paniagua ocupó el cargo de secretario general de la formación, y remita testimonio del acuerdo, acta o documento en que figure su nombramiento". En la actualidad, Acebes es militante de base del PP y se dedica a la actividad privada. Es miembro del Consejo de Dirección de MA Abogados, un despacho en el que también trabaja el exministro de Aznar José María Michavila.
"Bárcenas está en la cárcel"
Salvo cambios de última hora, el partido no tiene previsto tomar ninguna medida disciplinaria al respecto. Las fuentes consultadas circunscriben su imputación a una "garantía procesal". Y marcan distancias respecto al caso de Rato, cuyo expediente disciplinario fue paralizado en el momento en el que este solicitó su suspensión temporal de militancia. "Lo imputan porque era el secretario general y en base a los estatutos, dice Ruz, su responsabilidad era controlar lo que pasada puertas adentro. Si hubiera sido otra persona, sería otro el imputado", añade un diputado que insiste en que "Bárcenas está en la cárcel".
Los estatutos del PP sólo contemplan la expulsión del partido cuando medie sentencia firme, pero la apertura de un expediente informativo puede realizarse en el momento en el que el Comité de Derechos y Garantías lo considere oportuno, bien de oficio, o bien a instancia de órganos superiores.
No es la primera vez que la estrategia de defensa del PP es cargar contra el juez Ruz y criticar que la instrucción del caso se está "eternizando". Este mismo martes se multiplicaron las voces que exigían que el proceso "acabe cuanto antes". El caso Gürtel estalló en febrero de 2009.
La sede del PP de Bizkaia
Por otra parte, Ruz asegura que Luis Bárcenas creó "otra" contabilidad opaca distinta a la del PP nacional que se alimentaba a través de una cuenta denominada 'Sede Vizcaya' y que tenía un funcionamiento "muy similar" a la reflejada en los manuscritos del extesorero. Esta segunda 'caja B' habría servido para financiar la compra y reforma de la sede regional de la formación en Bizkaia.
El depósito, según el juez, se financiaba por las aportaciones de particulares recibidas en efectivo en la sede nacional, en Madrid, que después se troceaban para no superar el máximo legal de 60.000 euros y que se desviaban a Euskadi vía transferencia. La contabilidad B del extesorero refleja como salidas estos envíos que "eran empleados para el pago de la cuota de la hipoteca por la compra de la sede", adquirida en 1999. Era la época de Carlos Iturgaiz como presidente de la formación regional.
Partiendo de la base de que la dirección nacional del partido ha negado siempre la existencia de una contabilidad B, fuentes del PP de Euskadi insisten en que la formación regional que ahora lidera Arantza Quiroga ha sido siempre muy transparente al respecto. Y recuerdan que, en el verano de 2013, presentaron "mes a mes" las facturas de todos los pagos de la hipoteca solicitada para pagar la sede. "En todo caso –señalan– seríamos los primeros paganos de esa estrategia de Bárcenas", añaden. En todo caso, mantienen que en lo que a ellos respecta el auto no aporta "nada nuevo".
Comunicado del partido
Un día después de conocerse la imputación, la oficina de información del PP, difundió el siguiente comunicado:
"En relación con el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de fecha 21 de octubre de 2014, el Partido Popular manifiesta su respeto a las decisiones de los tribunales y reitera que este partido no tiene otra contabilidad que la presentada y auditada por el Tribunal de Cuentas. Si hubiera otra contabilidad, desde luego no es del Partido Popular".
EL JUEZ INVESTIGARÁ EL PAGO DE COMISIONES AL PP DE RAJOY DENUNCIADAS EN ZAMORA
Ruz incorpora a la Gürtel la confesión avanzada por la SER de un empresario zamorano, quien afirmó que su empresa ha pagado durante años decenas de miles de euros a cambio de la publicidad del Partido Popular
El empresario José Antonio Perelli sostiene que las comisiones eran abonadas "con dinero o regalos de lujo" a Luis Bárcenas por las elecciones generales y europeas de 2004, en una dinámica similar a la de las empresas de la Gürtel.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz ha decidido incorporar a la pieza central del caso Gürtel las diligencias previas de investigación abiertas por un juzgado del municipio zamorano de Benavente, tras recibir la denuncia del empresario zamorano José Antonio Perelli.
El juez decide asumir la causa con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción al apreciar una conexión con la pieza por la que se investiga la supuesta red corrupta de numerosos excargos del Partido Popular y el empresario Francisco Correa.
El caso que ahora investigará Pablo Ruz fue adelantado por la SER el pasado mes de julio. Un empresario de Zamora, José Antonio Perelli, ya jubilado, denunció ante la Guardia Civil que la que fuera su empresa, BD Mail, ha estado pagando durante años comisiones de decenas de miles de euros al Partido Popular, a cambio del contrato de mailing y publicidad para esta formación política.
En concreto, según la confesión del denunciante, el PP de Rajoy pagó a esta empresa por el servicio de buzoneo de las elecciones Generales y Europeas de 2004 un total de 1.537.609,93 euros, y la empresa abonó 120.005,16 euros en metálico por comisiones y miles de euros más en regalos Hermés y Louis Vuiton que recogía Luis Bárcenas.
El empresario detalló que se dio cuenta de los hechos en 2005, cuando inspeccionó su empresa de mailing y advirtió que estaba llevando una contabilidad B. Preguntó a su socio por los hechos y este le contestó, según el declarante, que "gracias a los contratos conseguidos con el Partido Popular a través de Luis Bárcenas, se obtenían los beneficios necesarios para que la empresa siguiera adelante, aunque se tuvieran que pagar comisiones al citado Luis Bárcenas para obtener esos contratos".
Al parecer, según fuentes del caso, el empresario se ha decidido a denunciar ahora este asunto porque rompió con su antiguo socio.
El denunciante aportó además de su
testimonio numerosa documentación, relacionada con cheques al portador, y la
presunta contabilidad B de la empresa, donde recoge las supuestas comisiones
abonadas al Partido Popular a cambio de las campañas de mailing, que realizaba
en numerosas provincias de toda España. Según el empresario, empezaron a
trabajar para el PP en 1983, y los primeros contactos con Bárcenas se producen
en 1989 o 1990. Los documentos aportados corresponden a las Generales y Europeas
de 2004.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/juez-investigara-pago-comisiones-pp-rajoy-denunciadas-zamora/csrcsrpor/20141015csrcsrnac_31/Tes
EL JUEZ RUZ APUNTA QUE EL PP OCULTÓ FONDOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS
El magistrado insiste en que la
formación conservadora se lucró con las comisiones de Gürtel
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel de
corrupción, apuntó este miércoles expresamente por primera vez la posibilidad de
que el PP ocultase parte de sus ingresos al Tribunal de Cuentas. En un auto
—resolución motivada—, el magistrado confirma su decisión de trocear el caso
para acelerar el enjuiciamiento de 45 de los casi 200 imputados. En su escrito,
el juez insiste en considerar al PP “partícipe a título lucrativo” de las
comisiones ilegales supuestamente cobradas por los exalcaldes de Pozuelo de
Alarcón y Majadahonda (Madrid) Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, ambos de ese
partido.
En el auto notificado este miércoles
, Ruz rechaza en bloque los 13 recursos de reforma presentados contra su
decisión del pasado 29 de julio de abrir una pieza separada para agilizar la
tramitación del caso y permitir el eventual enjuiciamiento, entre otros, del
extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión provisional desde junio de 2013.
Los recursos de reforma son aquellos que las partes interponen ante el propio
juez que dictó la resolución que se quiere impugnar. En círculos jurídicos se
compara su inutilidad con la de “la lluvia el mar”, por lo absolutamente
infrecuente que es que un juez dé marcha atrás en sus propias decisiones.
El PP, uno de los 13 recurrentes, rechazaba ser considerado “partícipe a título
lucrativo” —beneficiado, pero no conocedor— de los supuestos delitos de
Sepúlveda y Ortega. Esta calificación, de confirmarse en una sentencia, podría
obligar a la formación conservadora a indemnizar a los consistorios de Pozuelo y
Majadahonda. El abogado del partido, el exfiscal Jesús Santos, rechazaba esta
condición y esgrimía el hecho de que las cuentas del PP son inspeccionadas y
validadas anualmente por el Tribunal de Cuentas.
Ruz replica que este control regular “en modo alguno excluye (...) la
posibilidad de que se hubiera utilizado por el partido recursos económicos
respecto de los que el órgano fiscalizador no pudiera haberse pronunciado
debido, precisamente, a su ocultación y falta de consignación” en la
contabilidad oficial. El magistrado sostiene que existen “indicios” de tal
ocultación tanto en la pieza principal del caso Gürtel como en la investigación
derivada de los papeles de Bárcenas la contabilidad secreta del extesorero
popular que publicó EL PAÍS en enero de 2013.
En esa contabilidad paralela, que Bárcenas llevó entre 1990 y 2008 figuran
ingresos en negro por 7,5 millones de euros. De esta cantidad, al menos 1,3
millones fueron ingresados —troceándolos en fracciones de menos de 60.000 euros—
y camuflados en la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas, según
el sumario del caso Gürtel.
El magistrado insiste en calificar a la formación conservadora de beneficiario
de parte de los delitos del caso Gürtel. Esto significa que, según el juez, el
partido gobernante no conocía que se estuvieran cometiendo ilícitos, pero sí
obtuvo un beneficio del cobro de comisiones. “De acuerdo con todos los indicios
obrantes en la instrucción el PP se habría beneficiado a título lucrativo de los
fondos obtenidos de modo presuntamente ilícito por [los exalcaldes] Jesús
Sepúlveda y Guillermo Ortega, propiedad al menos en parte de los Ayuntamientos
de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, entidades que por ello pudieron resultar
perjudicadas”.
El juez considera que el PP "se habría lucrado con la organización de eventos a
su favor y con el mantenimiento y gestión de su oficina electoral en Pozuelo de
Alarcón para las elecciones municipales de 2003", ganadas por Jesús Sepúlveda,
exesposo de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Estos servicios se obtuvieron,
según Ruz, "sino coste alguno para la formación política toda vez que dichos
servicios se habrían sufragado con los fondos obtenidos" de forma ilícita.
En definitiva, reitera el juez Ruz, “el PP ha resultado beneficiado con fondos
indiciariamente procedentes de un delito, por lo que debe responder del
beneficio obtenido de modo que se neutralice cualquier ventaja generada con
motivo de la presunta comisión de las infracciones penales atribuidas a
Sepúlveda y Ortega”.
El pasado 1 de septiembre, el PP rechazó que hubiera obtenido beneficio por los
delitos de los imputados en el caso Gürtel, y se presentó a sí mismo como
“perjudicado” por los hechos que se investigan. El magistrado sostiene que parte
de las supuestas mordidas cobradas por los exregidores se dedicaron a sufragar
actos electorales del partido. El sumario contiene numerosas facturas que
acreditan que el PP pagó los actos con dinero opaco
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/24/actualidad/1411564345_231422.html
EL JUICIO DE GÜRTEL TOCA POR REPARTO A UNA JUEZ AUPADA POR EL PP AL PODER
JUDICIAL
Concepción Espejel está llamada a presidir el tribunal que decidirá el caso
“Haber participado en este acto para la imposición a Concha Espejel de la Gran
Cruz de San Raimundo de Peñafort, créanme que para mí es un honor y un
privilegio. Es el acto de reconocimiento y de homenaje a una gran mujer —se ha
dicho aquí, pero yo lo quiero reiterar—, pero también a una gran jurista que ha
acumulado muchos e importantes méritos en su carrera. No solo ha velado siempre
por el correcto ejercicio de sus funciones que como juez le corresponden, sino
que además, Concepción Espejel —que para todos es Concha y lo va a ser siempre—
ha tenido un compromiso firme y una vocación profunda con la dimensión más
social de la administración de justicia”.
Quien habla en esos términos tan elogiosos de la presidenta de la sección
segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es la presidenta de
Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, tras
imponerle la más alta condecoración judicial el pasado 28 de febrero. La
homenajeada, Concepción Espejel —Concha, como la llama en tono amistoso la
presidenta castellanomanchega—, será casi con total seguridad según las normas
de reparto de la Audiencia y fuentes de ese tribunal, la presidenta de la sala
que juzgará las sucesivas piezas del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción
que afecta al partido de Mariano Rajoy y del que Cospedal es secretaria general.
Espejel ocupó hasta diciembre un despacho de vocal del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), cargo para el que fue propuesta por el PP. Dentro del gobierno
de los jueces fue también la vocal territorial para Castilla-La Mancha, por lo
que su relación con el ejecutivo de la dirigente popular fue estrecha durante
los cinco años que ocupó ese puesto.
Nada más ocupar la presidencia de la sección segunda, en enero, Espejel cambió
los criterios de formación de sala, los que determinan qué magistrados forman
parte del tribunal en cada juicio. Hasta su llegada, el presidente no formaba
parte necesariamente de cada tribunal, sino que sus cinco miembros rotaban. Si
el presidente estaba entre los elegidos, presidía el juicio; si no, lo hacía el
magistrado más veterano. A la llegada de Espejel, los restantes magistrados de
la sección le propusieron un sistema similar con el fin de descargarla de
trabajo, según fuentes de la Audiencia. Pero ella se negó e impuso su criterio
de presidir todos los procesos. Esa es la razón por la que dirigirá casi con
total seguridad, la macrocausa de financiación irregular y cobros en b que
afecta al PP.
Que Espejel pueda presidir el juicio no implica que la sentencia vaya a seguir a
pies juntillas su criterio. Pero esa posición le da más poder y protagonismo que
a los otros dos miembros del tribunal. La presidenta es la que dirige los
debates en el proceso, la que decide qué preguntas de las partes son o no
pertinentes y el modo en que se practican las pruebas en el plenario. Entre los
magistrados que, a priori, podrían sentarse en el tribunal junto a ella se
encuentra Enrique López, también excargo designado por el PP como vocal del CGPJ
y como magistrado del Constitucional. También podrían estar los conservadores
Ángel Hurtado y Julio de Diego, y el único miembro progresista de la sección,
José Ricardo de Prada.
Espejel llegó a la Audiencia Nacional tras la última renovación del CGPJ, en
diciembre. Pero su aterrizaje en la presidencia de la sección segunda —que ella
misma promovió mientras era vocal— no fue pacífico. Lo consiguió valiéndose de
una argucia legal. La Ley Orgánica del Poder Judicial da preferencia para
acceder a esa plaza a los expresidentes de Audiencias Provinciales durante los
dos años siguientes a dejar sus cargos. Los otros dos vocales del CGPJ
compañeros de Espejel que ocupaban presidencias de Audiencias —Manuel Almenar
(Pontevedra) y Pío Aguirre (Jaén)— renunciaron a esos puestos al acceder al
Consejo en 2008. Sin embargo, Espejel no dimitió de la presidencia de la
Audiencia de Guadalajara con lo que ocupó dos puestos de libre designación al
tiempo (el de vocal y el de presidenta) y consiguió alargar su derecho
preferente al puesto. Fue esa decisión la que le dio ventaja sobre el otro
candidato a presidir la sección segunda, el magistrado de la Audiencia Nacional
Antonio Díaz Delgado. Dos de los cinco vocales de la comisión permanente del
CGPJ, el órgano que la nombró, presentaron votos particulares (Almenar y
Margarita Robles). Díaz Delgado recurrió el nombramiento al Supremo, pero el
alto tribunal lo confirmó.
Años antes de llegar a la Audiencia Nacional, Concepción Espejel tuvo un papel
relevante en otro caso de trascendencia política: el incendio forestal de
Guadalajara que acabó con la vida de 11 miembros de un retén en 2005. La juez de
Sigüenza que investigaba el caso decidió descartar la responsabilidad de los
cargos y técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha (entonces gobernada por el
PSOE) que gestionarion la extinción. Sin embargo, Espejel, presidenta por
entonces de la Audiencia de Guadalajara, y otros dos magistrados ordenaron a la
juez seguir investigando a la administración socialista.
Solo unas semanas más tarde, la juez de Sigüenza fue trasladada por una decisión
del CGPJ —dominado entonces por los vocales propuestos por el PP— que vulneraba
la ley electoral. La nueva juez de Sigüenza imputó a una veintena de cargos de
la Junta, incluida la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, siempre
con la bendición de la Audiencia de Guadalajara y de Espejel, su presidenta. Al
final, 15 políticos y otros cargos fueron procesados, y el PP, que era acusación
particular, llegó a pedir cárcel por delitos de incendio, homicidio y contra los
trabajadores.
Cuando Espejel dejó el caso para marchar al CGPJ, la Audiencia, con otra
presidenta, eximió a todos y condenó sólo al excursionista que había provocado
el incendio al hacer una barbacoa. El tribunal, sin ella a la cabeza, criticó
por “irrelevante” e “inútil” gran parte de lo investigado, en un incendio cuyo
origen y autor se conocían “desde el inicio”.
La magistrada no aprecia motivos para apartarse
Concepción Espejel no niega su cercanía a María Dolores de Cospedal, pero
considera que ni ese hecho ni su paso por el Consejo General del Poder Judicial
a propuesta del PP pueden, en principio, apartarla del caso. “De lo que conozco
hasta el momento de ese asunto entiendo que no estoy afectada por ninguna causa
de abstención o recusación. A mí me propuso como vocal el PP, pero me eligió el
Senado”, explica en su despacho. “Cuando el caso nos llegue a la sección lo
estudiaré con detenimiento para confirmarlo pero, en principio, para mí es solo
un asunto más. En cualquier caso las partes tienen todo el derecho a instar mi
recusación cuando comience la fase de enjuiciamiento”. “En esta sección, en
principio, yo presido todos los juicios y lo mismo ocurrirá con este salvo que
esté enferma, de vacaciones o existan otros asuntos que por su complejidad me lo
impidan. Las normas de reparto son claras”, añade.
Que la sección segunda y Espejel, como su presidenta, tendrán previsiblemente
atribuido el caso se desprende precisamente de la aplicación de esas normas
(basadas en el número de registro inicial del caso) y lo confirman fuentes
judiciales y de Fiscalía. Pero el tribunal que en principio lo tiene asignado
puede variar según el criterio del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando
Grande-Marlaska, que, dada la importancia y la repercusión mediática del caso,
podría avocarlo al Pleno de la Sala, algo que también podría solicitar la
mayoría de sus magistrados. Sin embargo, al tomar posesión de la presidencia,
Grande-Marlaska se comprometió públicamente a no hacer uso de esa potestad
durante su mandato.
Otra de las personas que por ley podría intervenir en la composición del
tribunal es el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Gracias
a su cargo, Navarro es miembro nato de todas las Salas de la Audiencia —Penal,
Contencioso-Administrativo y Social— así que, en principio, podría decidir
formar parte de la salsa del caso Gürtel y la presidiría.
Se trata de una posibilidad muy remota y un tanto rocambolesca, según fuentes
judiciales. La cuestión estará sobre la mesa cuando el juez Pablo Ruz dé por
terminada la instrucción de la primera pieza del sumario, algo que,
previsiblemente, no ocurrirá hasta la próxima primavera.
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/12/actualidad/1410544848_524508.html
EL PP ACUSA A RUZ DE VIOLAR LA CARTA MAGNA EN EL AUTO QUE LE IMPLICA EN GÜRTEL
Los populares denuncian indefensión y niegan que se beneficiaran de los delitos
de sus alcaldes
El Partido Popular sostiene en un escrito fechado el pasado 1 de septiembre que
el magistrado Pablo Ruz vulnera el artículo 24 de la Constitución al atribuirles
en un auto judicial participación en el caso Gürtel “a título lucrativo” por los
beneficios obtenidos como consecuencia de los delitos supuestamente cometidos
por dos de sus ex alcaldes.
“La resolución vulnera el artículo 24.1 de la Constitución al carecer de
individualización de los elementos objetivos que deben concurrir para considerar
al PP responsable civil a título lucrativo”, señala el abogado que representa al
PP en el recurso de reforma que ha presentado contra el auto judicial. El
escrito denuncia que la resolución del juez Ruz no concreta “qué indicios
imputables a las personas objeto de investigación han podido suponer un
beneficio económico para el PP”.
El magistrado dictó a finales de julio un auto en el que abría una pieza
separada para enjuiciar una parte del caso Gürtel correspondiente al primer
periodo temporal de los hechos que alcanzaba hasta 2006. En dicha resolución, el
juez Ruz sostiene que Jesús Sepúlveda, ex alto cargo del PP y ex alcalde de
Pozuelo de Alarcón (Madrid), cobró 667.000 euros de la trama corrupta de los que
111.864 euros se destinaron a costear actos electorales del PP; y que Guillermo
Ortega, ex alcalde del PP en Majadahonda (Madrid) hizo lo mismo al recibir
781.000 euros de la red Gürtel de los que dedicó 125.000 euros a financiar
mítines del PP. Por ello, el magistrado comunicó en su resolución judicial al PP
que tenía derecho a “comparecer en las actuaciones designando abogado como
posible partícipe a título lucrativo por el beneficio que pudiera haber obtenido
de la actuación” de ambos ex alcaldes.
El juez Ruz sostiene que Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo, cobró 667.000
euros de la trama corrupta
El PP sostiene en su escrito que el juez no puede atribuirle esa participación
pues no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 122 del código
penal. El abogado sostiene que el PP “no tenía conocimiento alguno de que se
hubiera producido ese beneficio económico”, ni tampoco existía “daño a personas
determinables” por lo que no existe el deber de indemnizar.
El PP niega que se haya beneficiado de los hechos que se atribuyen a dos de sus
exalcaldes, sino todo lo contrario: “Son más que evidentes los perjuicios de
todo orden que el PP ha sufrido y sigue sufriendo por hechos que se imputan a
personas concretas y respecto de los cuales la organización política es
absolutamente ajena”.
El escrito del recurso de reforma sostiene que el auto del juez Pablo Ruz ha
provocado indefensión en el PP dado que “se desconoce con detalle y concreción
la base fáctica de la imputación y los indicios racionales de criminalidad que
la sustentan”. El abogado del PP explica que en el auto del juez Ruz no existe
“ilustración detallada de los hechos acaecidos tendentes a crear el soporte de
la imputación como responsabilidad civil a título lucrativo” ni tampoco “hay
soporte indiciario que establezca un nexo causal entre las actuaciones ilícitas
presuntamente realizadas por los imputados y el supuesto beneficio ilícito del
partido político”. Además, los montantes económicos que el magistrado de la
Audiencia calcula que han beneficiado al PP “no tienen un origen concreto ni se
específica su exacta procedencia”, según los abogados del partido conservador.
El PP recuerda en su escrito que tiene sus cuentas “debidamente auditadas por el
Tribunal de Cuentas, de manera que no cabe hecho indiciario que revele el
posible beneficio económico que haya podido percibir de los actos presuntamente
ilícitos cometidos por los [exalcaldes] Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega”.
El letrado solicita en el recurso de reforma al juez Pablo Ruz que dicte una
resolución en la que declare inaplicable la condición de responsable civil a
título lucrativo del Partido Popular
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/05/actualidad/1409908061_327904.html
