CASO GÜRTEL / BÁRCENAS / PARTIDO POPULAR / RAJOY / CAJAS B

LAS NOTICIAS 2009-2016

NOTICIAS DIVERSAS SOBRE LA TRAMA EN GENERAL 

AÑO 2015 

ÍNDICE


ANTICORRUPCIÓN DEFIENDE QUE LA RELACIÓN CON EL PP DEL JUEZ LÓPEZ TAMBIÉN LE IMPIDE JUZGAR EL ‘CASO BÁRCENAS’

NO HABRÁ SENTENCIA DE LA GÜRTEL HASTA 2018 SI LA AUDIENCIA NACIONAL NO AGILIZA OTROS JUICIOS Y FACILITA MEDIOS

EL JUEZ IMPUTA DOS DELITOS A LA GERENTE Y AL ABOGADO DEL PP POR EL DESPIDO ‘EN DIFERIDO’ DE BÁRCENAS

EL JUEZ CITA A LA GERENTE DEL PP POR EL DESPIDO DE BÁRCENAS

EL PP DEFRAUDÓ 215.000 EUROS AL REFORMAR LA SEDE DE GÉNOVA SIN PEDIR LICENCIA DE OBRAS

EL PP HIZO LA MACRORREFORMA DE GÉNOVA 13 SIN LICENCIA DE OBRAS

LA REFORMA DE GÉNOVA 13: CON ‘DINERO B’ Y, ADEMÁS, SIN LICENCIA DE OBRAS

LA JUSTICIA EMBARGA POR TERCERA VEZ A BÁRCENAS CUATRO INMUEBLES Y CINCO CUENTAS

ORDENAN LA APERTURA DE JUICIO ORAL POR LA TRAMA GÜRTEL EN JEREZ Y AENA

EXIGEN LA DECLARACIÓN DE CASCOS PARA ACLARAR SI EL PP ORDENÓ LAS ADJUDICACIONES IRREGULARES EN AENA A LA GÜRTEL

FISCALÍA PIDE 7 AÑOS Y 9 MESES DE CÁRCEL PARA LOS PROCESADOS EN LA PIEZA JEREZANA DE LA GÜRTEL

TRES EXCONSELLERS DE CAMPS, AL BANQUILLO POR EL CASO GÜRTEL

LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARÁ LA VISITA DE BENEDICTO XVI A VALENCIA

BLASCO EN EL JUICIO A GÜRTEL: “LOS FUNCIONARIOS SABÍAN QUÉ HACER SOLOS”

EL PSOE PIDE AL JUEZ QUE REGISTRE LA SEDE DEL PP DE BOADILLA DEL MONTE

GONZÁLEZ TABOADA, HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES, A UN PASO DEL JUZGADO

‘EL ALBONDIGUILLA’ SE ESCUDA EN UN CONSEJERO DE CIFUENTES PARA DEFENDER UNA ADJUDICACIÓN DE LA ‘GÜRTEL’

“ME DIERON LA ESPALDA EN EL PP POR ENEMISTARME CON CORREA”

EL ALBONDIGUILLA' INSINÚA QUE AZNAR PROPUSO COLOCAR A ALFONSO BOSCH

EL PP COMPRÓ EN 2006 LA SEDE DE GÉNOVA POR UN 35% MENOS DEL PRECIO DE MERCADO

EL ATASCO JUDICIAL RETRASA EL JUICIO DE GÜRTEL AL MENOS HASTA NOVIEMBRE DE 2016

EL JUEZ QUE PRESIDIRÁ GÜRTEL DICE QUE EL PAPEL DEL PP FUE “SECUNDARIO”

EL NUEVO JUEZ DE LA GÜRTEL PODRÍA TAMBIÉN SER RECUSADO POR LAS ACUSACIONES… ESTE ES ‘SU HISTORIAL’

LOS VOTOS DEL PP Y DE BÁRCENAS QUE LA AUPARON AL CGPJ, DETERMINANTES PARA APARTAR A ESPEJEL DEL CASO GÜRTEL

MARHUENDA ADMITE “DIEZ O DOCE” REUNIONES CON BÁRCENAS Y CASALS

SORAYA Y EL HOMBRE CLAVE DE A3 HICIERON GESTIONES EN FAVOR DE LUIS BÁRCENAS

BÁRCENAS: "MAURICIO FUE MI INTERLOCUTOR CON CONOCIMIENTO DE RAJOY"

LA DETALLADA HISTORIA DE LOS ENREDOS ALREDEDOR DE ‘LUIS EL CABRÓN

LOS 'PAPELES DE ROSALÍA' INDICAN QUE FERNÁNDEZ DÍAZ NEGOCIÓ CON BÁRCENAS

LOS PAPELES DE ROSALÍA COMPROMETEN A RAJOY

LA POLICÍA DESMIENTE AL PP: BÁRCENAS FUE READMITIDO EN EL PARTIDO

LOS ABOGADOS ESPECIALISTAS EN LA BANDA GÜRTEL CERCAN A COSPEDAL EN LOS JUZGADOS DE TOLEDO

SUIZA BLOQUEÓ LOS 1,7 MILLONES QUE TENÍA LA CUENTA SUIZA DEL INGENIERO DE POZUELO PROCESADO EN ‘GÜRTEL’

EL JUEZ CONCLUYE EL CASO DE LOS SOBORNOS DE GÜRTEL A JEFES DE AENA

LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE REABRIR EL CASO DE LA FINANCIÓN IRREGULAR DEL PP POR LA CONFESIÓN DE CORREA

LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARÁ LA VISITA DE BENEDICTO XVI A VALENCIA

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGARÁ LA VISITA DEL PAPA EN 2006 A VALENCIA EN EL SENO DE 'GÜRTEL'

BATALLA CAMPAL (JURÍDICA) EN EL PRIMER JUICIO A LA TRAMA GÜRTEL

LA EMPLEADA OLVIDADIZA DE FRANCISCO CORREA

EL EXCONCEJAL QUE TIRÓ DE LA MANTA EN EL CASO GÜRTEL CONFIRMA QUE LA TRAMA SABÍA QUE LE ADJUDICACÍAN FITUR

FERIA VALENCIA PIDE QUE BÁRCENAS DECLARE EN EL IMPAGO DEL CONGRESO QUE RATIFICÓ A RAJOY

LA FISCALÍA SITÚA A LA SENADORA GARCÍA-PELAYO EN EL VÉRTICE DE LA GÜRTEL EN JEREZ

LA TESTIGO CLAVE DE GÜRTEL, IMPUTADA POR EXTRAER DOCUMENTOS SECRETOS

RAJOY SE DESMIENTE A SÍ MISMO SOBRE BÁRCENAS Y LA CAJA B DEL PP

OTRA PRUEBA DE QUE BÁRCENAS NO MIENTE: HACIENDA CONFIRMA LA EXISTENCIA DE CAJAS B EN LOS ‘PP REGIONALES’

HACIENDA ACREDITA LAS OTRAS CAJAS B DEL PP

HALLADO MUERTO EL EXASESOR DE ARENAS IMPLICADO EN EL CASO GÜRTEL

CUATRO FUNERALES Y UNA CAÍDA…

EL JUEZ PABLO RUZ RECHAZA UN PUESTO DE LETRADO EN EL PODER JUDICIAL

CINCO AÑOS DE REFORMAS EN GÉNOVA BAJO LA LUPA JUDICIAL

EL PP RESPONDE AL JUEZ CASTRO QUE NO SABE QUÉ EMPRESAS FUERON SUBCONTRATADAS EN LA REFORMA DE LA SEDE DE GÉNOVA

EL JUEZ CASTRO INVESTIGA AL PP POR LAS OBRAS DE LA SEDE DE GÉNOVA

NUEVO FRENTE PARA EL PP: EL JUEZ CASTRO TAMBIÉN QUIERE LAS FACTURAS DE LAS REFORMAS DE GÉNOVA

ELDIARIO.ES PUBLICA UN DOCUMENTO EN EL QUE CORREA CONFIESA QUE COBRABA COMISIONES DEL 3% EN NOMBRE DEL PP Y ÉSTE LO NIEGA

CORREA ESCONDE EN COLOMBIA UN PISO DE LUJO Y UN SOLAR VALORADO EN DOS MILLONES DE EUROS

LA JUEZA QUE HA LIBRADO A BLESA USANDO UN DATO CONTABLE FICTICIO YA ARCHIVÓ EL BORRADO DE LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS

EL VARAPALO A LOS DOS JUECES APARTADOS POR SU CERCANÍA AL PP PRESAGIA QUE TAMPOCO JUZGARÁN EL CASO DE LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’

COSPEDAL, AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS: UN JUZGADO EN TOLEDO INVESTIGA LA SUPUESTA MORDIDA DE 200.000 EUROS

UN JUEZ DE TOLEDO INVESTIGA UNA MORDIDA DEL 3% PARA EL PP DE LA CONSTRUCTORA SACYR

UN DIRECTIVO DE GÜRTEL: “TENÍAMOS VENTAJA ANTE EL GOBIERNO VALENCIANO”

BOADILLA, LA MILLA DE ORO DE LA GÜRTEL: 149 MILLONES EN GRANDES CONTRATOS INVESTIGADOS

EL JUEZ DE LA MATA INCORPORA CUATRO TOMOS SOBRE MARJALIZA AL SUMARIO DE LA GÜRTEL

BLANCO BALÍN, EL AMIGO ÍNTIMO DE AZNAR Y ‘BLANQUEADOR DE LA GÜRTEL’, CITADO ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

EL JUEZ CERCA A BLANCO BALÍN POR AYUDAR A UN IMPUTADO A BLANQUEAR EN SUIZA

UN TESTIGO DE GÜRTEL ASEGURA HABER SIDO PRESIONADO POR EL EXALCALDE DE BOADILLA

EL JUEZ RECIBE EL INFORME DEFINITIVO SOBRE LA TRAMA GÜRTEL Y BOADILLA DEL MONTE

LA SECRETARIA DE CORREA: “NUNCA HE VISTO A PÍO Y QUIERO PEDIRLE PERDÓN”

‘ENTRAÑABLE’ CARTA DEL SOBRINO DE ROUCO A FAVOR DE LA JUEZ ESPEJEL PARA QUE NO SE LA APARTE DE LA GÜRTEL

ESPEJEL Y LÓPEZ RECHAZAN APARTARSE DEL TRIBUNAL DE LA CAJA B DEL PP

EL FISCAL VE RAZONES PARA DUDAR DE LA IMPARCIALIDAD DE LÓPEZ Y ESPEJEL

OCHO EXVOCALES DEL PODER JUDICIAL SE ABSTENDRÍAN SI FUESEN ENRIQUE LÓPEZ

LA AUDIENCIA VERÁ LAS RECUSACIONES DE LOS MAGISTRADOS LÓPEZ Y ESPEJEL

COSPEDAL INTENTÓ MAQUILLAR SU AMISTAD CON “COSPEJEL”, SOBRENOMBRE QUE RECIBE LA MAGISTRADA DE LA ‘GÜRTEL’

ADMITIDAS A TRÁMITE LAS RECUSACIONES CONTRA LÓPEZ Y ESPEJEL POR SU RELACIÓN CON EL PP

LA WEB DEL SENADO DESMIENTE A LA JUEZA QUE SE NIEGA A ABSTENERSE EN EL ‘CASO GÜRTEL’

¿QUÉ HAY REALMENTE TRAS LA APERTURA DEL EXPEDIENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL PP POR EL CASO BÁRCENAS?

EXPEDIENTE AL PP POR FRAUDE EN EL DESPIDO SIMULADO DE BÁRCENAS

EL JUEZ DE LA MATA ABRONCA A HACIENDA POR EL RETRASO DE CUATRO INFORMES DE GÜRTEL

GURTEL VALENCIA. «ME FUI DE ORANGE MARKET PORQUE VI COSAS RARAS Y ME AUTOMARGINÉ»

GURTEL VALENCIA. LA EXCONSEJERA DE CAMPS NIEGA EL SOBORNO: “ESE RELOJ ERA DE IMITACIÓN”

GURTEL ANDALUCÍA. LOS ÚLTIMOS PAPELES DE GÜRTEL AVIVAN LA IDEA DE RENOVACIÓN EN EL PP-A

GURTEL ANDALUCÍA. LA GÜRTEL ABRE OTRO FRENTE A RAJOY: NUEVAS FACTURAS FALSAS Y PAGOS EN B DEL PP ANDALUZ


 ANTICORRUPCIÓN DEFIENDE QUE LA RELACIÓN CON EL PP DEL JUEZ LÓPEZ TAMBIÉN LE IMPIDE JUZGAR EL ‘CASO BÁRCENAS’

El fiscal Romeral alude a las “circunstancias” que relacionan a López “con dos de las partes en el procedimiento: con el PP y con Luis Bárcenas, acusado de diversos delitos”

El Ministerio Público aporta a la causa el auto en el que se recusó al juez “en cuanto pudiera determinar la resolución del expediente, habida cuenta de la semejanza”

El fiscal que ha investigado el 'caso Bárcenas' sobre la caja B del Partido Popular, Antonio Romeral, ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que reclama la recusación del magistrado Enrique López, que fue designado como integrante del tribunal que juzgará a los extesoreros de este partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, según el la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

Y para lograr su objetivo, Romeral aporta el auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que los magistrados acordaban la recusación de López como integrante del tribunal del caso Gürtel, en el que además del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, están procesados más de una decena de cargos del Partido Popular.

“Traemos a colación el anterior auto, del que adjuntamos fotocopia, en cuanto pudiera determinar la resolución del expediente, habida cuenta de la semejanza, cuando no identidad, en los elementos subjetivos y fácticos que concurren en el anterior expediente y el que ahora ha de resolverse”, resalta el fiscal en su escrito dirigido al Pleno.

Romeral destaca además que el principal elemento “coincidente” para pedir la recusación de López en el caso Bárcenas son “las circunstancias que le relacionan con dos de las partes en el procedimiento […] esto es, con el Partido Popular” que en el caso de los papeles de Bárcenas o caja B del PP “se le tiene como responsable civil subsidiario y con Luis Bárcenas acusado de diversos delitos”.

En el auto sobre el caso Gurtel, el Pleno de la Sala de lo Penal consideró que ni López ni la también magistrada en la Audiencia Nacional Concepción Espejel cumplían la apariencia de imparcialidad necesaria para formar parte del tribunal que iba a juzgar al PP como partícipe a título lucrativo.

Asimismo, Romeral incluye en su escrito una copia del escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción para recusar a López del caso Gürtel: “Teniendo en cuenta […] que los presupuestos de resolución de este expediente coinciden parcialmente con los que han sido objeto de conocimiento en el expediente de recusación número 46/2015 [caso Gürtel], nuestro informe ha de ajustarse y reiterar lo dicho por la Fiscalía en el informe de fecha 16 de octubre de 2015".

En el mencionado escrito, la Fiscalía confirmó “que los hechos sobre los que los recusantes sustentaban inicialmente sus dudas sobre la imparcialidad del magistrado por su relación con el PP han quedado debidamente acreditados”.

Tanto en la instrucción de Gürtel como en la realizaa por la caja B, el Partido Popular ha sido considerado por el instructor Pablo Ruz como posible partícipe a título lucrativo, ya que la formación política dirigida por Mariano Rajoy pudo haberse beneficiado de los ingresos de la trama de Francisco Correa en dos municipios de la Comunidad de Madrid.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/11/anticorrupcion_defiende_que_juez_lopez_tampoco_puede_juzgar_caso_barcenas_por_semejanza_quot_con_gurtel_42037_1012.html

NO HABRÁ SENTENCIA DE LA GÜRTEL HASTA 2018 SI LA AUDIENCIA NACIONAL NO AGILIZA OTROS JUICIOS Y FACILITA MEDIOS

A Mariano Rajoy le conviene ser aforado hasta que se resuelva el caso Bárcenas, que de momento va para largo

El ‘caso Gürtel’ y el de ‘los papeles de Bárcenas’ son los dos grandes temas judiciales pendientes para el año que empieza sin solución de continuidad a no ser que la Audiencia Nacional realice un esfuerzo para acelerar los procesos resolviendo con criterio amplio otros casos a los que ahora debe dedicarse la Sección II que debe enjuiciarlos. De lo contrario, Gürtel no comenzará hasta otoño del 2016 y la sentencia no se conocerá hasta el 2018. Otra “victima” de esta situación es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, obligado a mantener su situación de aforado hasta que el caso Bárcenas se clarifique…y por el momento va para muy largo.

“Si la Audiencia Nacional no lo remedia, si no dispone de más medios humanos y materiales y se racionalizan otros juicios cuyo contenido podría estar ya poco adecuado a las circunstancias actuales, el caso Gürtel no tendrá sentencia hasta el año 2018”, han manifestado a ELPLURAL.COM fuentes jurídicas. “Y hoy por hoy está previsto que el asunto de los ‘papeles B’ de Luis Bárcenas se juzgará posteriormente, con lo que puede eternizarse”.

Si se señala ya el juicio, sentencia en 2017
Si esas imprescindibles circunstancias se dieran, según ha podido saber ELPLURAL.COM el juicio de Gürtel podría señalarse para esta primavera con lo que la sentencia se dictaría en los primeros meses del 2017, iniciándose a continuación el caso de los ‘papeles B’ del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Corrupción sin resolver
En caso contrario, y hasta la fecha no hay ningún indicio de que esa situación óptima se vaya a producir, el nuevo año comenzará con uno de los mayores temas de corrupción que han afectado a un Gobierno –el del Partido Popular- sin resolver y, lo que es peor, sin garantías de que pueda comenzar a clarificarse ante los jueces.

Con la recusación ya resuelta
La Sección II que debe juzgar el caso ya ha pasado por un proceso de recusación, en el que su presidenta Concepción Espejel y el magistrado Enrique López fueron apartados del juicio por la falta de apariencia de imparcialidad que les ha provocado su proximidad en determinados aspectos, al partido en el Gobierno.

Los jueces desbordados
El tribunal está formado, pero la fecha del juicio no se ha señalado aún. Mientras tanto, los magistrados que deben abordar este juicio, se ven inmersos en un largo sumario que puede durar hasta el mes de marzo, el de la ANV y PCTV para juzgar a 35 dirigentes de estas formaciones ilegalizadas en el año 2009 por su presunta vinculación a Batasuna.

Casos desfasados con la realidad
“No deja de ser paradójico que en un momento en que en el País Vasco corren otros aires, se está trabajando en el arrepentimiento y en la reconstrucción de la sociedad, pueda ocupar tanto tiempo a los profesionales de la justicia una cuestión que podría intentar resolverse con mayor presteza”, comentaban otras fuentes a este digital.

El País Vasco ha cambiado
En resumen, las opiniones desde diferentes ámbitos coinciden en que la Audiencia Nacional debería adecuarse a la situación actual y considerar que lo que se vivía en los años 2007 o 2009 no tiene relación con lo que se vive ocho años después. Y que en una relación de prevalencias, “es más urgente dar respuesta a los ciudadanos sobre que el partido del Gobierno esté en el punto de mira por presuntos hechos de corrupción”.

Gürtel, el juez el único condenado
Hechos que por otra parte están a la espera de enjuiciamiento desde que en 2007 la Fiscalía Anticorrupción presentara la primera denuncia de lo que se conocería como trama Gürtel que hasta la fecha solo ha provocado una condena, la del juez que la investigó, Baltasar Garzón, quien fue inhabilitado por el Tribunal Supremo a causa de las escuchas que permitió de los acusados cuando estaban en prisión. En algunas de estas conversaciones estaban presentes los abogados que alegaron se había conculcado el derecho de defensa.

Mariano Rajoy, víctima del retraso
Otra víctima de este retraso podría ser el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no va a poder retirarse del Congreso de los Diputados a su -como dicen sus compañeros de fila- mejor remunerado trabajo como registrador en Torrevieja mientras no se aclare el asunto Bárcenas.

Mejor que siga aforado
“La razón es que si las cosas no fueran bien y Rajoy tuviera que prestar declaración ante los tribunales por este tema, su cualidad de aforado le permitiría hacerlo ante la Sala II del Supremo. Un terreno mejor conocido que el de los tribunales ordinarios donde tendría que testificar en el caso de que perdiera el aforamiento”, comentaban las mismas fuentes. Y es que aquel apoyo: “Sé fuerte Luis”, que el presidente dedicó a su entonces amigo Bárcenas, le puede traer problemas.

http://www.elplural.com/2015/12/31/no-habra-sentencia-de-la-gurtel-hasta-2018-si-la-audiencia-nacional-no-agiliza-otros-juicios-y-facilita-medios/

EL JUEZ IMPUTA DOS DELITOS A LA GERENTE Y AL ABOGADO DEL PP POR EL DESPIDO ‘EN DIFERIDO’ DE BÁRCENAS

El magistrado investiga a Carmen Navarro y Alberto Durán por falsedad documental y estafa procesal

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha llamado a declarar a la gerente del PP, Carmen Navarro, y al asesor jurídico del partido, Alberto Durán, por las presuntas irregularidades cometidas en el despido del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Navarro y Durán tendrán que comparecer ante el juez el próximo 9 de febrero en condición de “investigados”, el término que sustituye a la palabra “imputado” en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El magistrado les imputa sendos delitos de falsedad documental (penado con hasta seis años de cárcel) y estafa procesal (que también implica una pena de hasta seis años).

El juez instructor ha tomado esta decisión después de que un informe pericial acreditara que la directora de recursos humanos del PP, Milagros Puentes, mintió sobre el despido de Bárcenas.

Siguió en el PP pese a estar imputado

Aunque la dirección del PP sostiene que su relación laboral con Bárcenas se extinguió en 2010, lo cierto es que éste siguió cobrando del partido hasta el 31 de enero de 2013. El Partido Popular alegó que estos pagos se correspondían en realidad a una “indemnización en diferido” que había sido pactada con su ex tesorero.

Luis Bárcenas sostiene, por el contrario, que una vez concluida su etapa de senador, en 2010, se reincorporó a su puesto como tesorero del PP pese a encontrarse, ya en ese momento, imputado e investigado por corrupción.

En su comparecencia ante el juez, la directora de recursos humanos, Dolores Puentes, negó estos hechos. No contenta con ello, firmó una declaración ante notario en la que asegura que Bárcenas nunca se reincorporó a su puesto de tesorero.

Sin embargo, como ha informado OkDiario, un informe pericial elaborado por la Policía Científica demuestra que la propia Dolores Puentes firmó la carta en la que Bárcenas pedía su readmisión.

La directora de recursos humanos del PP se rindió finalmente a la evidencia y reconoció que mantuvo una reunión con la gerente, el asesor jurídico y la secretaria general del partido, Maria Dolores de Cospedal, presuntamente para preparar su declaración ante el juez.

Según confesó, fueron la gerente, Carmen Navarro, y el asesor jurídico, Alberto Durán, quienes le propusieron acudir al notario para hacer constar que Bárcenas nunca se reincorporó a su puesto de tesorero. Siempre según su testimonio, el propio Durán se habría encargado de redactar la declaración que firmó.

Por este motivo, el magistrado ha citado ahora a declarar como “investigados” a Carmen Navarro y Alberto Durán, para aclarar si dieron instrucciones a la directora de recursos humanos del PP para que negara la relación laboral con Bárcenas.

El letrado del ex tesorero del PP también ha pedido al juez que cite a declarar a la secretaria general del partido, Maria Dolores de Cospedal. Sin embargo, hasta ahora el instructor no ha tomado ninguna instrucción al respecto.

http://okdiario.com/investigacion/el-juez-imputa-dos-delitos-a-la-gerente-y-al-abogado-del-pp-por-el-despido-en-diferido-de-barcenas-47734

EL JUEZ CITA A LA GERENTE DEL PP POR EL DESPIDO DE BÁRCENAS

El próximo 9 de febrero citarán como investigados –figura que sustituye a la de imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, y el asesor jurídico del partido, Alberto Núñez, para aclarar si la formación tuvo o no conocimiento de que Luis Bárcenas había solicitado su reingreso a través de una carta que presuntamente recibió la jefa de personal, Milagros Puentes.

El juez acordó ambas citaciones tras tomar declaración también como investigada el pasado 22 de diciembre a Puentes, a la que Bárcenas acusa de mentir ante notario sobre el proceso de su despido. La trabajadora del PP compareció por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa procesal.

Puentes negó en un acta notarial haber estampado su firma en el acuse de recibo de una carta fechada en febrero de 2010 y en la que Bárcenas solicitaba el reingreso en el partido. No obstante, una pericial caligráfica, ordenada por el juez, desmintió su versión y apuntó a que la letra que figura en el documento es suya.

Con los interrogatorios del día 9, el juez Zamarriego pretende aclarar lo que realmente ocurrió, puesto que tanto Navarro como Núñez fueron quienes acompañaron a Milagros Puente al notario donde efectuó esta declaración presuntamente falsa.

Despido improcedente

En su denuncia, el extesorero aseguraba que la encargada de recursos humanos del PP no dijo la verdad sobre este documento 'clave' que apoyaría su tesis de que la formación le despidió de forma improcedente.

El documento no fue tenido en cuenta en el juicio celebrado por este despido, considerado irregular por Bárcenas, y por el que reclamaba una indemnización de 900.000 euros. La juez consideró que el extesorero no había pedido formalmente su reingreso en el partido, después de abandonar el Senado, y rechazó sus peticiones.

Bárcenas ostentó el cargo de extesorero hasta marzo de 2010 y defiende que continuó trabajando para la formación hasta enero de 2013. Durante ese periodo cobró del PP más de 700.000 euros que, según su versión, corresponden al pago de nóminas y, según la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, a la indemnización pactada tras su salida de la formación, que se le abonó "en diferido".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/01/04/el_juez_cita_gerente_del_por_despido_barcenas_42986_1012.html

EL PP DEFRAUDÓ 215.000 EUROS AL REFORMAR LA SEDE DE GÉNOVA SIN PEDIR LICENCIA DE OBRAS

Los populares se ahorraron el pago del Impuesto de Construcción, equivalente al 4% del presupuesto de la obra, en la que invirtieron 5,4 millones de euros

El PP defraudó 215.000 euros al Ayuntamiento de Madrid, al reformar su sede nacional de la calle Génova sin solicitar la preceptiva licencia de obras.

Los trabajos se desarrollaron entre 2006 y 2009, y abarcaron casi todo el edificio: desde la planta baja (donde se encuentra la recepción) hasta la séptima planta, donde se ubica el despacho del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, y el equipo de dirección del partido.

En aquellas fechas, el alcalde de Madrid era el Alberto Ruiz Gallardón, quien elevó la presión fiscal de varios tributos municipales para pagar obras faraónicas como el soterramiento de la M30 o la rehabilitación de la antigua Casa de Correos, en la Plaza de Cibeles.

Pero su partido, el PP, incumplió sus obligaciones tributarias y no pagó a las arcas del Ayuntamiento los 215.000 euros correspondientes al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la reforma de su sede, situada en el número 13 de la calle Génova.

1,7 millones en dinero negro

Las obras, acometidas en varias fases, se prolongaron durante cuatro años y costaron 5,4 millones de euros. De esta cantidad, el PP pagó 1,7 millones en dinero negro, tal como acredita el informe elaborado por la Agencia Tributaria a petición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Por su parte, la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid ha acreditado que el PP no solicitó la preceptiva licencia de obras para ejecutar estos trabajos. El Consistorio ha respondido así un requerimiento del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro.

En el documento al que ha accedido OkDiario, el Ayuntamiento de Madrid señala que, en la dirección Génova 13, solo le consta una solicitud de licencia de obras tramitada por la aseguradora Mapfre, anterior propietaria del inmueble. Se trataba de una obra menor, presupuestada en 80.000 euros y relacionada con el sistema de extinción de incendios. Cuando el PP compró el edificio, Mapfre desistió de esta licencia.

Según la certificación emitida el pasado 11 de diciembre por el Consistorio, no se concedió ninguna licencia de obras para ejecutar la reforma de la sede de los populares. En consecuencia, el PP no abonó el correspondiente Impuesto de Construcción, que equivale al 4% del presupuesto de la obra. En este caso, el tributo ascendería por tanto a 215.000 euros.

El juez José Castro investiga si la constructora del hospital de Son Espases –la mayor obra pública adjudicada por el ex presidente del Govern balear Jaume Matas– pagó parte de la reforma de la calle Génova.

Por este motivo, ha reclamado al PP las facturas correspondientes a todas las obras ejecutadas en su sede nacional entre 2012 y 2010. Castro y la Fiscalía Anticorrupción decidieron investigar las facturas de la calle Génova tras la declaración de dos “arrepentidos”, la ex consellera balear de Sanidad, Aina Castillo, y el que fuera teniente de alcalde de Urbanismo de Palma y jefe de campaña de Matas en 2003, Rodrigo de Santos. Ambos dijeron ante el tribunal que parte de las comisiones tenían como fin pagar las obras de la sede del PP.

Informe de la Agencia Tributaria

Por su parte, basándose en los informes elaborados por la Agencia Tributaria, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado por acreditado que el PP pagó en dinero negro 1,7 millones de euros de los casi 5,4 millones que costó la reforma de la calle Génova.

Las obras de la planta baja del inmueble se ejecutaron en 2006. Costaron casi 1,3 millones de euros, de los cuales el PP pagó 750.000 euros procedentes de su caja B, que se nutría con el cobro de comisiones ilegales y donaciones no declaradas.

Las obras de la segunda planta costaron 986.000 euros, de los cuales el PP pagó 195.000 en negro. En el resto de fases de la obra se aplicó una mecánica similar. La única planta que no sufrió ninguna reforma fue la primera, donde se ubica la sede del PP madrileño.

http://okdiario.com/investigacion/el-pp-defraudo-215-000-euros-al-reformar-la-sede-de-genova-sin-pedir-licencia-de-obras-48408

EL PP HIZO LA MACRORREFORMA DE GÉNOVA 13 SIN LICENCIA DE OBRAS

Así consta en un documento remitido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid y al que ha tenido acceso Okdiario. La obra realizada sin los preceptivos permisos en la sede 'popular' en 2006 está siendo investigada por el juez Castro en relación a la adjudicación del hospital de Son Espases.

Un documento al que ha tenido acceso Okdiario prueba que la macrorreforma llevada a cabo por el PP en 2006 en su sede en la calle Génova se realizó sin la obligatoria licencia de obras. Esta información obra también en poder del juez instructor del ‘caso Son Espases’, José Castro, que investiga la conexión entre la obra en la sede madrileña del PP y la adjudicación del contrato para la construcción del hospital de Son Espases en Mallorca.

El magistrado solicitó al Ayuntamiento de Madrid los expedientes relativos a las licencias de obras del inmueble de Génova 13, en el periodo comprendido entre 2000 y 2010, como parte de las investigaciones que está llevando a cabo para determinar si hubo una conexión directa entre la reforma de la sede popular y la adjudicación del contrato de 778 millones para la construcción del hospital de Son Espases, la mayor adjudicación pública del Govern de Jaume Matas.

“Dando respuesta al oficio del Juzgado de Instrucción, 3 de Palma de Mallorca, les informamos que consultada la Dirección General de Control de la Edificación, no les consta concesión de licencia de obras que haya afectado al edificio sito en la calle Génova, 13″, así consta en el documento enviado por el departamento Jurídico del Ayuntamiento de Madrid al juez Castro.
Sin embargo, el consistorio madrileño también informa al juez de que existe una licencia de obra (Expediente 711/2006/6805) expedida al dueño del inmueble, Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros, pero de la cual desistió. Se trata en este caso de una obra menor relacionada con el sistema de extinción de incendios y por un valor cercano a los 80.000 euros. La dueña del edificio desistió de ejecutar esa licencia porque iba a vender el inmueble. El desistimiento de Mapfre validaría la ilegalidad de las obras llevadas a cabo por el Partido Popular.

Comisiones en Baleares para pagar la reforma en Génova 13

En el marco de las investigaciones que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción, 3 de Palma, el pasado 23 de octubre el juez Castro pidió al Partido Popular todas las facturas de las obras realizadas en la calle Génova entre 2002 y 2010.

El juez está investigando las multimillonarias comisiones que presuntamente ha cobrado Jaume Matas por la adjudicación. A esto se suma la sospecha de que el dinero pagado por la constructora podría haber servido también para financiar las obras de la sede del PP. El magistrado reclamó las facturas en el marco de esta línea de investigación.

El juez Castro y la Fiscalía Anticorrupción decidieron investigar las facturas de las obras de Génova tras la declaración de dos “arrepentidos”, la ex consellera de Sanidad, Aina Castillo, y el que fuera primer teniente de alcalde de Palma de Mallorca y jefe de campaña de Matas en 2003, Rodrigo de Santos. Ambos dijeron ante el tribunal que parte de las comisiones tenían como fin pagar las obras de la sede del PP.

http://okdiario.com/espana/el-pp-hizo-la-macrorreforma-de-genova-13-sin-licencia-de-obras-47190

LA REFORMA DE GÉNOVA 13: CON ‘DINERO B’ Y, ADEMÁS, SIN LICENCIA DE OBRAS

Según la investigación del juez Castro sobre Son Espases, las reformas en la sede central del PP se llevaron a cabo sin los permisos reglamentarios

El PP no sólo pagó la reforma de la sede central del partido con ‘dinero negro’ según ha señalado el juez Pablo Ruz. Es que además, en 2006, esas obras en la calle Génova se llevaron a cabo la preceptiva licencia de obras, según la información que maneja otro juez, el instructor del ‘caso Son Espases’, José Castro. Así publican hoy los periódicos de Baleares Última hora y Diario de Mallorca.

El magistrado solicitó el pasado 2 de diciembre al Ayuntamiento de Madrid una relación de los expedientes de licencias de obras de ese inmueble entre los años 2000 y 2010.

Esa diligencia se enmarca en la investigación que está llevando el juez dirigidas a determinar si hubo una conexión directa entre las obras de reforma de la sede madrileña del PP y el concurso para construir el hospital de Son Espases. Esta obra es la de mayor dotación económica en la historia de Balears, ya que el Govern de Jaume Matas destinó más de 700 millones de euros.

Según publica Última hora en la información facilitada por el gobierno municipal madrileño consta una licencia de obra expedida al propietario del edificio de la calle Génova en 2006, Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros, aunque después desistió de ella, según consta en la providencia dictada este miércoles por el juez Castro. Es decir, los trabajos se habrían desarrollado sin licencia, y para aclarar esa cuestión, Castro ha vuelto a dirigirse al Ayuntamiento de Madrid para que revise el expediente y confirme si esa anomalía es producto, o no, de un error.

Ya el pasado 26 de octubre el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, requirió a la presidencia nacional del PP que le aportara, “en el tiempo más breve posible”, una relación de las obras de remodelación llevadas a cabo en la sede del partido de la calle Génova, entre los años 2002 y 2010, de cara a esclarecer si fueron financiadas de forma irregular.

La decisión fue acordada en el marco de la causa que investiga el presunto amaño de la adjudicación de las obras del hospital de referencia de Baleares, conocido como Son Espases.

Las sospechas parten de la denuncia interpuesta por el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, el pasado mes de julio contra Jaume Matas, el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y otras seis personas por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración en torno al concurso para la adjudicación del hospital de Son Espases.

Parte de las obras en Génova podrían haber sido llevadas a cabo sin coste alguno para el partido por parte de empresarios que, a cambio, habrían resultado beneficiarios de los trabajos de Son Espases, o podrían haber estado a las puertas de lograr esta adjudicación, según han puesto de manifiesto fuentes de la investigación.

http://www.elplural.com/2015/12/31/con-dinero-b-y-ademas-sin-licencia-de-obras/

LA JUSTICIA EMBARGA POR TERCERA VEZ A BÁRCENAS CUATRO INMUEBLES Y CINCO CUENTAS

El juez De la Mata ordena el embargo preventivo de nueve bienes que figuran a nombre del extesorero del PP para hacer frente a la fianza de 8,4 millones fijada por el 'caso de la caja B del PP'. Los mismos ya fueron bloqueados dos veces antes; en 2013 y en mayo de este mismo año.

Y van tres. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, ha ordenado este miércoles el embargo de cuatro inmuebles y cinco cuentas bancarias del extesorero del PP Luis Bárcenas para cubrir la fianza de 8,4 millones de euros que se le impuso en el auto de apertura de juicio oral por la pieza separada de sus apuntes contables y la caja B de Génova 13. Es la tercera vez que la Audiencia Nacional toma dicha medida sobre estos mismos bienes, que ya fueron embargados porla Audiencia Nacional en 2013 y mayo de este mismo año por la pieza principal del 'caso Gürtel'.

Los bienes ahora embargados para cubrir la fianza de 8,4 millones del 'caso de los papeles' ya fueron intervenidos en 2013 y mayo pasado

La decisión del magistrado viene reflejada en un decreto en el que se recuerda que el pasado mes de junio se dictó un auto en el que se fijaba finalmente la fianza de responsabilidad civil para Bárcenas por esta causa en 8.411.310,63 euros. "No habiéndose prestado fianza en el plazo concedido -continúa el documento judicial-, requerido personalmente al acusado-responsable civil para designación de bienes, por parte del mismo se han designado los mismos bienes que ya han sido embargados" en la pieza principal del sumario Gürtel, donde la fianza que se le impuso fue de 88 millones de euros.

Pese a que como reconoce el escrito de la Audiencia Nacional "los bienes señalados por la parte [...] no alcanzan para cubrir la totalidad de la fianza exigida", el juez De la Mata ha ordenado el embargo de los mismos. Se trata, en primer lugar, de su vivienda familiar situado en la céntrica calle de Príncipe de Vergara. El político ahora encarcelado fijó su valor catastral en 360.607,26 euros en su declaración de bienes ante la Cámara Alta cuando fue senador. El segundo es una plaza de garaje situada en la calle General Pardiñas, también de Madrid, valorada en 15.025 euros.

Una herencia y el chalé del Pirineo

También ha ordenado que se haga una anotación de embargo preventivo para el 12% que posee de un piso en la calle Isla de Arosa de la capital que forma parte de una herencia familiar que el extesorero recibió junto a sus hermanos. Finalmente, figura el chalé que tiene en el municipio leridano de Naut Aran, muy cerca de la estación pirenaica de Baqueira. Este chalé fue adquirido en su día por 899.000 euros. En este caso, el magistrado recuerda que en esta propiedad comparte la titularidad en régimen de separación de bienes con su esposa, Rosalía Iglesias, que está imputada en el 'caso Gürtel' pero no en la pieza separada de la 'caja B del PP'.

Los bienes ahora embargados a Bárcenas están valorados en poco más de 1,3 millones, muy lejos de los 8,4 millones que se le exigen como fianza por el 'caso de la caja B del PP'

Junto a todos estos inmuebles, el instructor también ha bloqueado cinco cuentas bancarias. En concreto, una en el Banco Popular, otra en el Banco de Sabadell, dos más en Caixabank y la quinta en una sucursal de Bankia cercana a su domicilio. En todas ellas, el único titular es Luis Bárcenas y fueron abiertas entre el año 1999 y 2011. Las dos primeras carecen de fondos, mientras que en las de Caixabank los saldos intervenidos son de 764 euros y 34.600 euros. En la última, de Bankia, hay un remanente de 28.861 euros. En total, poco más de 64.225 euros.

Todos estos bienes suman poco más de 1,3 millones de euros, muy lejos de los 8,4 fijados. Además, ya fueron embargados judicialmente en 2013, tras destaparse la fortuna que el extesorero ocultaba en dos entidades financiera suizas y que nunca había declarado al fisco. A raíz del hallazgo de dichas cuentas, el entonces instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, ordenó no sólo el bloqueo de dichas cuentas en el país helvético, donde en aquel momento había poco más de 17,5 millones de los 48,2 millones que llegaron a acumular, sino también de todos sus bienes en España para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil fijada en aquel momento en 43,2 millones que le impuso. En mayo pasado, y a raíz de que la Fiscalía pidiese para Bárcenas 42 años de cárcel y 88 millones de indemnización en concepto de responsabilidad civil y multa por la primera etapa del caso Gürtel, la Audiencia Nacional reiteró el embargo sobre todos sus bienes. Ahora De la Mata lo hace por tercera vez.

http://vozpopuli.com/actualidad/73508-la-justicia-embarga-por-tercera-vez-a-barcenas-cuatro-inmuebles-y-cinco-cuentas

ORDENAN LA APERTURA DE JUICIO ORAL POR LA TRAMA GÜRTEL EN JEREZ Y AENA

El magistrado José de la Mata ordena la apertura de juicio oral por dos piezas separadas de la trama en la Agencia Estatal de Navegación Aérea y las contrataciones ilegales de FITUR 2004 en Jerez, donde tuvo un papel determinante la exalcaldesa y diputada electa, María José García Pelayo

La exalcaldesa de Jerez y diputada electa del PP, María José García Pelayo, figura en el epicentro de la trama jerezana de la Gürtel, en el auto de apertura de juicio oral del juez De La Mata. Ella firma seis actos administrativos fraudulentos, entre ellos, la adjudicación de cuatro contratos ilegales a la red corrupta por 343.000 euros.

No obstante, por su condición de aforada, no puede ser acusada en este procedimiento. La investigación contra ella se sigue en el Supremo y su presidente, Carlos Lesmes, aún no se ha decidido a pedir el suplicatorio para imputarla.

El juez dice que la red de Correa "se extendió a comunidades y municipios gobernados por el Partido Popular, dada su estrecha relación con algunos de sus miembros". Por la pieza de Jerez se juzgará a nueve personas, entre integrantes de la trama y funcionarios, a los que se pide hasta siete años de cárcel, por delitos de fraude, falsedad y prevaricación.

La segunda pieza de la Gürtel que se envía a juicio es la de las contrataciones de AENA. Son cuatro los acusados, entre ellos el exdirector de Comunicación de la Agencia estatal, Ángel López de la Mota, y también el líder Correa, con penas de hasta 10 años de prisión por fraude, cohecho, falsedad y prevaricación. Hay 22 contratos bajo sospecha entre 2001 y 2002 por 2.2 millones de euros.

De La Mata ha cerrado esta pieza sin citar a declarar al predecesor del director de comunicación de AENA, Carlos Eduardo Rodríguez, quien ordenó "contratar con Correa en cuanto el PP ganó las elecciones" generales de 2000, según una testigo. Tampoco ha citado al exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, aunque se lo pedía Ángel López de la Mota, a quien nombró en el cargo, para aclarar hasta qué punto las adjudicaciones fueron ordenadas por una trama creada por el PP.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/11/anticorrupcion_defiende_que_juez_lopez_tampoco_puede_juzgar_caso_barcenas_por_semejanza_quot_con_gurtel_42037_1012.html

EXIGEN LA DECLARACIÓN DE CASCOS PARA ACLARAR SI EL PP ORDENÓ LAS ADJUDICACIONES IRREGULARES EN AENA A LA GÜRTEL

El principal imputado por la pieza que investiga los contratos de la trama en la agencia dependiente del Ministerio de Fomento lamenta que el juez pretenda "cerrar en falso" la instrucción al negarse a citar como testigo a Francisco Álvarez-Cascos. Presenta un recurso de apelación en el que sostiene que al juez José de la Mata parecen "bastarle algunas cabezas de turco" en esta causa y no quiere llegar "al fondo" de la cuestión

El exdirector de comunicación de Aena, Ángel López de la Mota, principal imputado por la adjudicación a la trama Gürtel de 27 contratos entre los años 2000 y 2002 por un total de 2,4 millones de euros, ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez instructor, José de la Mata, quien ha rechazado citar como testigo al entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, que también ostentaba la máxima responsabilidad en la Agencia Estatal de Navegación Aérea.

López de la Mota sostiene en su escrito que la declaración de Cascos es "necesaria para evitar el cierre en falso de la instrucción" porque fue él quien nombró al imputado para el cargo desde donde se produjeron las irregularidades.

López de la Mota argumenta que si toda la instrucción y los informes de la UDEF, han girado en torno a la posible existencia de "una trama del PP" con el líder de la organización, Francisco Correa, "parece absurdo" que "sea irrelevante cómo entró" en Aena, si hubo "intencionalidad" en su contratación para favorecer a la Gürtel, o "dé igual que hubiera trabajado en el PP con anterioridad". Y para resolver todas estas cuestiones, a juicio del imputado, "Álvarez-Cascos tiene mucho que aportar".

También considera determinante su concurso para explicar "quién está detrás de las siglas PAC", que un informe de la UDEF identificó con las iniciales del exministro.

"Parece", añade el imputado, que al juez "le bastan algunas cabezas de turco" y no quiere llegar "al fondo" del asunto con su negativa a citar a Cascos.

Se da la circunstancia de que ni el juez José de la Mata ni su predecesor, Pablo Ruz, citaron a declarar al antecesor de Ángel López de la Mota en la dirección de comunicación de Aena, Carlos Eduardo Rodríguez, a pesar de que según una trabajadora de la agencia que declaró como testigo, este último fue quien le ordenó "contratar con Correa" desde el momento en el que el PP ganó las elecciones en el año 2000.

El juez José de la Mata, con el apoyo de las dos fiscales Anticorrupción, ha denegado la declaración de Cascos al considerarla "extemporánea", ya que el imputado solo la ha reclamado ahora, cuando está a punto de finalizar una investigación que se prolonga desde hace más de cuatro años.

Francisco Álvarez-Cascos negó a la Cadena SER que conociera las contrataciones de Aena a pesar de que era el principal responsable como ministro de Fomento. Afirmó que la agencia, con cerca de 8.000 trabajadores, tenía "la estructura de un organismo autónomo" y que el ministro "no estaba al detalle" de su actividad.

http://cadenaser.com/ser/2016/01/04/tribunales/1451888312_402137.html

FISCALÍA PIDE 7 AÑOS Y 9 MESES DE CÁRCEL PARA LOS PROCESADOS EN LA PIEZA JEREZANA DE LA GÜRTEL

El juez de la Audiencia Nacional abre juicio oral contra Correa y otras ocho personas por los contratos con el PP en 2004, entre ellas cinco trabajadores municipales a los que el Ministerio Fiscal reclama además una inhabilitación de 12 años para ocupar cargo público.

Pelayo, a la que señaló directamente, aguarda a declarar como imputada ante el Tribunal Supremo dada su condición de aforada al ser diputada electa tras el 20-D.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha sentado en el banquillo a nueve personas, entre ellos los presuntos líderes de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo, por las adjudicaciones presuntamente irregulares que el Ayuntamiento de Jerez concedió a la red en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004. El magistrado envió en junio pasado al Tribunal Supremo la investigación que llevaba a cabo sobre la ex alcaldesa de Jerez y exsenadora María José García Pelayo, que ha obtenido escaño en el Congreso en las últimas elecciones y seguirá siendo investigada en el Alto tribunal, quedando fuera por tanto de la decisión de la Audiencia nacional. De hecho, como ya es sabido, está pendiente de ser llamada a declarar como imputada ante esta instancia judicial, aunque al ser aforada antes han de constituirse las Cortes y que éstas reciban el suplicatorio del TS.

El instructor ha dictado el auto de apertura de juicio oral de este procedimiento contra los dos líderes de la trama y dos de sus trabajadores, Isabel Jordán y Javier Nombela. Además, serán juzgadas las interventoras municipales de aquella época, el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), el antiguo secretario del Ayuntamiento, y otra empleada municipal. La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y nueve meses de cárcel a Correa, Crespo, Jordán y Nombela por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil; y siete años de cárcel para los trabajadores municipales por los mismos delitos menos el último. Reclama, además, dos años de cárcel para una de las antiguas interventoras por prevaricación y fraude a las administraciones. Pide también que todos ellos sean inhabilitados durante 12 años para ocupar cargo público.

Salvo de una de las exinterventoras, para la que pide 2 años, Fiscalía reclama la misma pena para el conjunto de empleados municipales que para los cabecilla de la trama

En el auto notificado este viernes, del que se ha hecho eco Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 fija las fianzas que los acusados deberán depositar en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a las multas a las que pudieran ser condenados, que en el caso de Correa , Crespo, Isabel Jordán y José Javier Nombela son de 293.333 euros para cada uno. Para el resto de procesados, las fianzas son de 96.000 euros. El juez da además diez días a las partes para que presenten sus escritos de defensa y proposición de prueba frente a las acusaciones formuladas.

Pelayo adoptaba resoluciones de forma "consciente"
En lo que se refiere a García Pelayo, que comenzó siendo investigada por la Audiencia Nacional, tendrá que declarar en las próximas fechas ante el Tribunal Supremo después de haber obtenido escaño en el Congreso de los Diputados en las elecciones celebradas el pasado 20 de diciembre. El Alto tribunal abrió pasado mes de septiembre causa en su contra a raíz de los contratos cerrados por el Consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros.

García Pelayo concurría como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba. El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuye a la exalcaldesa jerezana la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello. El Supremo tiene aún que validar éstas acusacionesl.

El juez De la Mata dio por finalizada la investigación de esta pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' del caso Gürtel en un auto dictado el pasado noviembre tras constatar que los contratos se adjudicaron "sin concurso público" e incurrieron en "groseras ilegalidades". La contratación del stand de Fitur, por importe de 355.391 euros, se adjudicó directamente a tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio. Estas sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que se los adjudicara formalmente el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, un órgano que "no era el competente" para ello.

Expedientes ficticios
El juez, que considera que los acusados cometieron un delito de prevaricación continuada, reincide en los argumentos que ya expuso en noviembre y subraya que los contratos y expedientes administrativos se elaboraron una vez finalizada la Feria de Turismo y, en algunos casos, se trataron de "contratos menores sin publicidad". De la Mata concluye que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para "dar apariencia de legalidad" a las actuaciones; mientras que el entonces director del IPDC, José Agüera, justificó "indebidamente" las memorias del organismo para acudir a un "procedimiento de urgencia" y la empleada Lourdes Montenegro intervino en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes.

De esta forma, las empresas de la Gürtel confeccionaron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de Fitur, con lo que se demuestra que los expedientes "se construyeron" en realidad en febrero de 2004 y que " las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas. Las firmas de Correa presentaron sus facturas al IPDC y fueron aprobadas por García Pelayo en su condición de presidenta, a pesar de que la competencia correspondía al Consejo Rector. En la aportación de la documentación por parte de las empresas de la Gürtel, participaron Correa y Crespo en calidad de directivos y Jordan y Nombela como trabajadores.

La adjudicación del 'stand' de Fitur y su promoción con publicidad y propaganda llevaron aparejados sendos presupuestos de 162.806,37 y 141.367,56 euros, el espectáculo ecuestre de la Plaza Mayor costó 39.366,92 euros y la muestra de flamenco, 11.855,08 euros.

http://www.lavozdelsur.es/fiscalia-pide-7-anos-y-9-meses-de-carcel-para-los-procesados-en-la-pieza-jerezana-de-la-gurtel

TRES EXCONSELLERS DE CAMPS, AL BANQUILLO POR EL CASO GÜRTEL

El juez envía a juicio a Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, así como al exdiputado David Serra por las adjudicaciones a Orange Market

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado a juicio a 27 personas, entre las que se encuentran los exconsellers del Gobierno de Francisco Camps Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, por las adjudicaciones presuntamente irregulares que la Generalitat Valenciana concedió a la empresa Orange Market, filial del grupo en esta comunidad, entre los años 2004 y 2009.

En un auto dictado este lunes, el magistrado sienta en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción a otros cargos políticos valencianos como el exdiputado autonómico David Serra y al presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y el responsable del grupo en Valencia, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 destaca en su resolución que los líderes de la red Gürtel, prevaliéndose de las "especiales relaciones que habían logrado establecer directamente o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana", consiguieron la "adjudicación y contratación irregular de numerosos contratos públicos", lo que supuso dar satisfacción a su "lucrativo propósito" y provocar un "perjuicio para las arcas del erario público autonómico".

En el auto de apertura de juicio oral, de 116 páginas, el juez recuerda que los acusados deberán responder de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación de caudales públicos.

Para asegurara las responsabilidades pecuniarias que se deriven del juicio por estos hechos, De la Mata impone fianzas, en concepto de multas más el tercio que establece la ley, por un total de 776.667 euros para Correa, Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños y fianzas que van desde los 4.320 a los 66.667 euros para otros de los acusados.

Peticiones de inhabilitaciones
En el caso de los políticos acusados, a los que se imputa un delito de prevaricación administrativa, solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para De Miguel y Serra, ocho para Cervera y siete para Rosado, así como la imposibilidad de ser elegidos en unos comicios durante el tiempo que duren sus condenas.

Serra, que fue secretario autonómico de Deportes, será juzgado por la organización del Open de Tenis entre los años 2005 y 2008, mientras que De Miguel se sentará en el banquillo por las adjudicaciones efectuadas durante el periodo en el que estuvo al frente del departamento de Bienestar Social. Los 'exconsellers' de Sanidad Manuel Cervera y Luis Rosado responderán por los contratos relacionados con las obras de ampliación del Hospital Clínico.

Además, se sentarán en el banquillo de los acusados la que fuera directora general de Promoción Institucional Dora Ibars por el montaje del stand de Grandes Eventos de Fitur 2009 y la contratación de la Guía de la Comunicación y Memorias USB; y la ex directora general del Libro Silvia Caballer y el exdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós por proyectos de Software Libre. Este último responderá también por la contratación del X Aniversario de la Sociedad Proyecto Castellón Cultural.

Asimismo, están acusados el ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro por contrataciones en Bienestar Social; la exdirectora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y ex secretaria autonómica de Educación, María Auxiliadora Hernández por dos contrataciones originadas por el Instituto Valenciano para la Educación y Calidad Educativa (Ivece); la que fuera gerente de la Fundación Luz de las Imágenes Carmen Díaz por contrataciones de la entidad en los años 2005, 2006 y 2008.

La lista de acusados incluye también a la antigua gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana Arantxa Vallés por un acto de la Volvo Ocean Race en la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica; y al exdirector de Asistencia Sanitaria Rafael Peset y la exjefa de la Sección Administrativa y de Régimen Interior María Paz Aviñó, por los Premios Salud y Sociedad 2006 y 2007.

Además, se sentarán en el banquillo Enrique Bort, exjefe del gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva); Inmaculada García Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE); Paula de Cubas, ex asesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat; y José Manuel Vidal, quien ocupó diferentes cargos en la Administración y también trabajó para Orange Market. Todos ellos tendrán que responder por un vídeo de parques empresariales del Sepiva.

Finalmente, están acusadas otras cuatro personas por las contrataciones que la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) realizó con Orange Market: Juan Miguel Bellver, ex director general de la sociedad; Joaquín Tomás Font de Mora, ex asesor jurídico; Antonio Santo, jefe de área; y Patricia Callaghan, jefa de sección del Área de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/01/11/tres-exconsellers-camps-banquillo-caso/1364421.html

LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARÁ LA VISITA DE BENEDICTO XVI A VALENCIA

El Supremo da la competencia sobre cuatro piezas centrales del caso Gürtel al juzgado central 5 en detrimento del tribunal superior valenciano

La Audiencia Nacional será la encargada de investigar a partir de ahora, entre otras causas, el caso de los contratos de la trama corrupta Gürtel para la preparación de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El Supremo ha otorgado al Juzgado Central de Instrucción número 5, dirigido por el magistrado José de la Mata, la competencia para investigar cuatro de las seis piezas separadas del caso Gürtel que hasta ahora se instruían en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El alto tribunal, que actúa contra el criterio de la Fiscalía, que abogaba por que las cuatro causas siguieran en Valencia, tiene en cuenta que en ellas ya no hay personas aforadas y no se ha ordenado aún la apertura de juicio oral.

La máxima instancia judicial desestima, asimismo, los recursos de varios imputados que argumentaban que la investigación de estas cuatro piezas separadas no correspondía ni a la Audiencia Nacional ni al tribunal superior valenciano, sino a los juzgados territoriales de Valencia.

En la pieza sobre la visita del Papa a la capital valenciana en 2006 se investigan los contratos de la trama con la Radio Televisión Valenciana para la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, en el que está imputado el expresidente de las Cortes Juan Cotino.

El Supremo confirma las resoluciones del tribunal superior valenciano que otorgaron a la Audiencia Nacional investigación y el enjuiciamiento de otras tres piezas separadas de Gürtel. Se trata de las piezas 1, 2 y 6. Las dos primeras se refieren a presuntos delitos electorales en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana y a un delito mercantil cometido en 2008 respectivamente. La pieza número 6 tiene que ver con delitos fiscales atribuidos a Orange Market y a otras sociedades del entramado de Francisco Correa. En estas piezas se encuentra imputados, entre otros, los exdiputados valencianos Ricardo Costa, Yolanda García, Vicente Rambla y Francisco Serra.

La Sala de lo Penal aplica los criterios que fijó en sendas sentencias de diciembre de 2014 y julio de 2015 sobre otras piezas –la 3 y la 5- de esta misma causa. En la segunda, referida a la pieza número 5 de la trama Gürtel en Valencia, ya acordó su envío a la Audiencia Nacional por no existir aforados. Sin embargo, en la primera sentencia, referida a la pieza 3, que investigó los contratos de la Generalitat valenciana con su expositor en Fitur, decidió que se juzgase en el TSJCV porque ya se había dictado auto de apertura de juicio oral cuando dos de las imputadas, que eran aforadas, renunciaron a sus escaños en las Cortes Valencianas.

Los magistrados recuerdan que debe seguirse un criterio restrictivo en relación al enjuiciamiento de aforados, especialmente cuando se ha renunciado a esa condición sin que se haya dictado antes auto de apertura juicio oral. Añaden que la ley no exige que las piezas separadas de una misma causa sean enjuiciadas por el mismo tribunal.

De igual manera, rechazan la pretensión de varios imputados que pedían el envío de las investigaciones al juzgado territorial de Valencia correspondiente. Defienden que sea el juzgado central de instrucción número 5 por ser el órgano origen de las piezas del caso Gürtel que se remitieron al TSJCV y porque la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos.

http://politica.elpais.com/politica/2015/12/03/actualidad/1449145128_745449.html

BLASCO EN EL JUICIO A GÜRTEL: “LOS FUNCIONARIOS SABÍAN QUÉ HACER SOLOS”

El exconsejero sale por primera vez de la cárcel de Picassent para declarar sobre las adjudicaciones a la red de Francisco Correa

Con buen aspecto, aunque un poco más delgado y más pálido después de cinco meses y medio en la cárcel de Picassent, el exconsejero valenciano Rafael Blasco ha reaparecido este viernes en público para declarar en el primer juicio a la trama Gürtel.

Blasco, que comparecía como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha afirmado que no tuvo conocimiento del fraccionamiento del contrato que su departamento pagó a la red de Francisco Correa para el montaje del expositor de la Consejería de Territorio y Vivienda en la feria turística Fitur en 2005. Y que los funcionarios "sabían lo que tenían que hacer sin que nadie se lo dijera".

Condenado a seis años y medio de cárcel por malversar fondos de cooperación al desarrollo, Blasco ha restado importancia al papel de la consejería que entonces dirigía, Territorio, en el certamen turístico de Fitur. "El nuestro era un stand dentro del de la Generalitat valenciana. Estaba en una esquina y lo que hacía era reproducir unos vídeos sobre parques naturales continuamente", ha dicho.

El exconsejero y exportavoz del PP en el Parlamento autonómico ha sido trasladado en un furgón de la policía desde el centro penitenciario a la sede del Tribunal Superior, situada en el centro de Valencia. La seguridad del edificio ha sido reforzada por la Guardia Civil. Además del juicio en el que fue condenado, Blasco está imputado en otras dos piezas separadas del caso que investiga el desvío de fondos de ayuda al Tercer Mundo. Y otro juez investiga su etapa como consejero de Sanidad.

En la sala del tribunal se han reunido tres exconsejeros que estuvieron juntos en el Gobierno valenciano en la etapa de Francisco Camps. Además de Blasco, en el banquillo estaban Milagrosa Martínez y Angélica Such, extitulares de Turismo, que se enfrentan a una petición de 11 años de cárcel y nueve años de inhabilitación respectivamente por parte de la fiscalía.

El pequeño expositor al que se ha referido Blasco tenía 18 metros cuadrados, costó 47.250 euros y fue pagado por la Consejería de Territorio en cinco facturas inferiores a 12.000 euros a otras tantas empresas de Correa. La red cobró de este modo al departamento de la Generalitat de forma separada por el "diseño, proyecto y dirección del stand"; por su "construcción"; "impresión de cartelería"; "supervisión, asistencia técnica y montaje", y por la "iluminación e instalación eléctrica".

"De esa manera", sostiene la fiscalía, "se conseguía tramitar formalmente cada factura por el procedimiento administrativo de los contratos menores". Y se eludía "un procedimiento de contratación administrativa que garantizara la publicidad y la concurrencia acorde con el importe del encargo". ¿Quién eligió la fórmula de pago y supervisó que los trabajos se hubieran realizado?, le ha preguntado Francisco de Antonio, abogado de la acusación popular que ejercen los socialistas.

-El servicio de gestión administrativa correspondiente.

-¿Cuál era?

-No lo sé.

Blasco ha afirmado que un consejero "no se ocupaba de ese tipo de cuestiones". Y ha dicho desconocer quién invitó a su departamento a participar con una caseta en el pabellón de la Generalitat. "Fitur se celebraba todos los años. Es como el día de la Constitución, no tiene que recordarte nadie que tienes que acudir a estos sitios. Imagino que hasta los funcionarios sabían lo que tenían que hacer sin que nadie se lo indicara".

El juicio que se está celebrando, el único de la trama Gürtel que tendrá lugar en Valencia después de que el resto de piezas hayan sido remitidas a la Audiencia Nacional, está centrado en la adjudicación entre 2005 y 2009 de los contratos para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur entre los años 2005 y 2009, así como otros certámenes turísticos de menor importancia. Las adjudicaciones ascendieron a cinco millones de euros.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/04/valencia/1449234997_400182.html

EL PSOE PIDE AL JUEZ QUE REGISTRE LA SEDE DEL PP DE BOADILLA DEL MONTE

Los socialistas presentan en la Audiencia Nacional una batería de diligencias después de que el informe de la IGAE destapara múltiples irregularidades en la contratación del consistorio con las empresas de la trama

El PSOE ha registrado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, después del informe de la IGAE que reveló numerosas irregularidades en los contratos menores del Ayuntamiento de Boadilla con las empresas de la trama Gürtel.

Los socialistas ponen bajo la lupa 20 adjudicaciones y entre las diligencias que solicitan figura la entrada y registro en la sede de los populares en el municipio. Dice el escrito que es una diligencia necesaria para “peritar e intervenir las obras de reforma de la sede”. Los socialistas apuntan a una presunta financiación ilegal al haberse abonado estos trabajos “con dinero público pagado a través de la empresa municipal de la vivienda”. Orden de entrada y registro también para “incorporar a las actuaciones el proyecto y la licencia de obras y funcionamiento concedida por el Ayuntamiento para la nueva sede”.

En cuanto a la veintena de contratos menores sospechosos piden que se cite a declarar como imputados a 14 personas para aclarar las sospechas de amaño. Entre ellos, Pablo Crespo, Arturo González Panero, Alfonso Bosch, Tomás Martín Morales, Javier Nombela e Isabel Jordán.

http://cadenaser.com/emisora/2015/12/07/radio_madrid/1449466794_594073.html

GONZÁLEZ TABOADA, HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES, A UN PASO DEL JUZGADO

La acusación particular de la 'Gürtel' pide que la Audiencia Nacional le llame para declarar sobre supuestas presiones en una operación inmobiliaria de 30 millones de euros

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), la principal acusación popular tanto en los juicios contra la trama Gürtel como en la operación Púnica, ha presentado este viernes un escrito ante el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que el magistrado llame a declarar a Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (CAM) por las acusaciones que se han planteado contra él como supuesto intermediario en una operación valorada en 30 millones de euros con el fin de abaratar una parcela del suelo público de Boadilla del Monte.

Presiones para rebajar el precio de una parcela en Boadilla

En concreto, García Taboada, verdadero pilar del Gobierno de Cristina Cifuentes y hombre de su máxima confianza, habría presionado para que el terreno, que había sido valorado por esa cantidad de 30 millones de euros, saliera a concurso por 19,4 millones. La acusación la hizo, en una comparecencia voluntaria, ante el juez José de la Mata, quien era el alcalde de Boadilla en aquel momento, el ‘popular’ Arturo González Panero, conocido popularmente a raíz de estallar el escándalo de la Gürtel como ‘el albondiguilla’.

La base del escrito de ADADE recoge que Arturo González Panero aseguró ante el juez que “Jaime González Taboada, que entonces era director general de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid, le presionó durante seis meses para que sacara a concurso una parcela por un valor de 19,4 millones de euros, cuando los técnicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte la habían valorado en 30 millones”.

Acusaciones contra El Albondiguilla de poco solidario con otros alcaldes que ‘tragaban’

En su exposición ante el juez de la Mata, el exalcalde de Boadilla explicó que puesto que la operación era tan importante que superaba el 25% de los recursos del propio Ayuntamiento, conforme a la ley tuvo que mantener varias reuniones con González Taboada que le presionó paralizando la operación con el argumento de que “la valoración de los técnicos autonómicos era de 19,4 millones”.

En la misma declaración, el Albondiguilla dijo al juez que González Taboada le explicó que mantener el precio que pretendía por la parcela de Boadilla, que suponía alcanzar los 2.000 euros por metro cuadrado, dificultaba la venta de otro terreno en Majadahonda que se estaba poniendo en venta por ‘sólo’ 1.400 euros el metro cuadrado. En su declaración González Panero llegó a decir, según el escrito de ADADE, que González Taboada le acusó de “falta de solidaridad y poco compañerismo con otros alcaldes del Partido Popular”. Esta operación, según el exalcalde de Boadilla, le costó la amistad con Francisco Correa.

Según ADADE, esta declaración pondría de relieve la existencia de presiones de la Comunidad, para favorecer a los promotores frente a los intereses de los municipios. En consecuencia piden al juez tanto que llame a declarar a González Taboada como que se requiera a la CAM para que envíe al juzgado el expediente de autorización de la venta de la parcela en cuestión de Boadilla del Monte.

Hay que recordar que la parcela en cuestión acabó definitivamente en manos del constructor José Luis Ulibarri, que se hizo con ella a través de su sociedad UFC. Ulibarri está imputado en el caso Gürtel (por cierto, la mano derecha de Ulibarri durante años ha sido Manuel Manovel, cuñado del conflictivo juez de la Audiencia Nacional Enrique López, apartado recientemente del trío de magistrados que tienen que ver el juicio por esta trama de corrupción).

Problemas para González Taboada.., problemas para Cifuentes

Como hemos contado en ELPLURAL.COM los problemas de González Taboada no sólo se circunscriben a la trama Gürtel, sino que también está salpicado de lleno por la trama Púnica, en la que se investigan por parte de la Guardia Civil hasta 8 contratos en los que podría verse involucrado el actual consejero madrileño.

El propio David Marjaliza, ha señalado ante el juez de la Mata a González Taboada como colaborador necesario en varios contratos entre sus empresas y la Comunidad. A pesar de ello, Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid, ha repetido varias veces, desde que estalló el escándalo, “su confianza” en Taboada, uniendo de alguna manera así, ya no podrá acreditar desconocimiento, su responsabilidad con el pasado de su consejero.

http://www.elplural.com/2015/12/18/gonzalez-taboada-hombre-fuerte-de-cifuentes-a-un-paso-del-juzgado/

‘EL ALBONDIGUILLA’ SE ESCUDA EN UN CONSEJERO DE CIFUENTES PARA DEFENDER UNA ADJUDICACIÓN DE LA ‘GÜRTEL’

El exalcalde de Boadilla aseguró al juez De la Mata que González Taboada trató de convencerle de que vendiera a 19,4 millones un terreno valorado en 30 millones

El exregidor relató que Francisco Correa le acusó de ser "mal compañero" al valorar la finca municipal a 200o euros el metro cuadrado cuando en Majadahonda habían tasado otra a 1.400 euros

La colaboración de Suiza y otros 20 países permite a los jueces de ‘Gürtel’ realizar 597 actuaciones sobre los imputados

El excalde del PP de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla por los integrantes de la trama Gürtel, se escudó durante su declaración este miércoles en la Audiencia Nacional como imputado en el actual consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, para justificar el precio de adjudicación de una parcela, que según el sumario benefició a la red corrupta liderada por Francisco Correa.

En concreto González Panero, que declaró por primera vez ante el magistrado José de la Mata tras negarse en tres ocasiones, aseguró que González Taboada, que entonces era director general de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid, trató de convencerle de que sacara a concurso una parcela por un valor de 19,4 millones de euros, cuando los técnicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte la habían valorado en 30 millones.

"A 30 millones suponía unos 2.000 euros el metro cuadrado. Y con ese precio la Comunidad de Madrid quedaba en evidencia, ya que en esa fecha había autorizado la venta de una parcela en Majadahonda a 1.400 euros. Y por eso mantuve varias discusiones con González Taboada. Pero él me decía que no me podía dar el visto bueno a los 30 millones. Pero yo le contestaba ¡Jaime, por dios, si no vale 19,4 millones!. Yo creo recordar que incluso, en tono de broma, llegamos a apostarnos si al final yo podía vender el terreno a 30 millones", aseguró González Panero en conversación con infoLibre.

Tres horas y media

Según la versión de González Panero, que declaró en la Audiencia Nacional durante tres horas y media, la Comunidad de Madrid tardó más de seis meses en aprobar la venta de la parcela: "Y la autorización de la Comunidad era necesaria, ya que cuando una operación de este tipo supera el 25% de los recursos del Ayuntamiento, se necesitaba el visto bueno del Gobierno regional", relató a este diario González Panero, que destacó que en el expediente de la adjudicación de la parcela figura la valoración de los técnicos de la Comunidad de Madrid, que era de 19,4 millones.

De esta forma, González Panero trata de justificar que la finca acabara en manos de la sociedad UFC, del empresario José Luis Ulibarri, también imputado en Gürtel. En julio de 2011, la policía judicial envió un informe al entonces instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, en el que le informaba acerca de posible entrega de un millón de euros por parte de Ulibarri a Correa tras adjudicarle el Ayuntamiento la parcela.

Asimismo, El Albondiguilla aseguró al juez que recibió la llamada del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, que le acusó de ser "mal compañero", ya que poco antes el entonces alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, había promovido la venta de otra parcela a un precio menor.

No hace declaraciones

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio para conocer la versión de Jaime González Taboada, que ha preferido no hacer declaraciones al respecto.

Por otra parte, en su declaración el ex exregidor de Boadilla, municipio considerado el epicentro de la trama en la Comunidad de Madrid, acusó al extesorero del PP Luis Bárcenas de estar detrás del nombramiento del también imputado Alfonso Bosch Tejedor como gerente de la empresa municipal del suelo, que fue la que adjudicó varios terrenos a la trama: "Antonio Cámara, que es amigo de Aznar, me dijo, en plural: Estaríamos encantados si nombraras a Alfonso Bosch. Ya sabes para quién trabajo. Y fue cuando entonces yo entendí que la petición venía de Aznar", relató en el Juzgado González Panero.

En este sentido, González Panero aseguró al juez De la Mata que en 2004 se plantó ante Bárcenas, ya que se negó a adjudicar el contrato de mantenimiento de las calles del municipio a la empresa que éste le había indicado. "Luis, lo siento, pero se le va a dar a quien digan los técnicos", le dijo, según su propia versión de los hechos.

Cuentas en el extranjero

González Panero dijo también que no dispone de cuentas en el extranjero, a pesar de que Hacienda se las atribuye en Suiza y Holanda, y calificó de "disparate" que Correa sufragara sus viajes.

El exalcalde detallado que su relación con Bárcenas y Correa se enrareció en 2004 después de que estallara el caso Majadahonda, que supuso el relevo en la alcaldía de Guillermo Ortega por Narciso de Foxá, y de que el exconcejal de Boadilla fallecido Francisco Sánchez Arranz, próximo al extesorero y al presidente del Senado, Pío García-Escudero, según él, le pidiera que hablara con Bárcenas para realizar una adjudicación en Boadilla a Constructora Hispánica.

Según su relato, El Albondiguilla tuvo que decirle a Bárcenas que el contrato no se iba a adjudicar a esta empresa -cuyo presidente, Alfonso García Pozuelo, también está imputado en el procedimiento- porque su oferta estaba "muy mal puntuada por los técnicos". "Sánchez Arranz me preguntó a finales de 2004 y le dije que había hablado con Bárcenas y que no había nada que hacer", aseguró.

Habló con Aguirre

También dijo que Correa y Bárcenas le hicieron "responsable" del cambio de alcaldía en Majadahonda porque el nuevo alcalde, Narciso de Foxá, era "muy amigo" suyo y denunció "el tema de la parcela". "A partir de ahí, no solo dejé de tener trato con Correa sino que ni nos dirigíamos la mirada", dijo antes de señalar que, a partir de ese momento, se convirtió para la red Gürtel en "un obstáculo al que tenían que quitar". "Y se buscaron las fórmulas para quitarme", añadió.

El enfrentamiento llegó a tal punto, según González Panero, que en la confección de las listas de 2007 habló con la entonces presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, para que Sánchez Arranz no formara parte de su candidatura. Ésta, sin embargo, le dijo que tenía que convencer al antiguo responsable de las finanzas del PP. "Si no convences a Bárcenas, lo tengo que poner", aseguró que le dijo la presidenta regional.

Tras la declaración, solicitada a petición propia después de "siete años oyendo burradas" sobre su persona, González Panero resaltó que la única inversión que realizó en el extranjero fue un negocio conjunto con Correa, el expresidente de Vía Digital Pedro Pérez y el abogado Javier del Valle en el que desembolsó 36.000 euros.

Una casa en Marruecos

También reconoció que intentó comprar una casa en Marruecos que valía 99.000 euros utilizando pagarés a su cuenta y que es "mentira" que disponga de pisos en Miami o que tenga una "flota de vehículos". "Voy en mi Vespa y no tengo nada más que la Vespa", aseguró antes de denunciar que sufre "una persecución continua por parte del Ayuntamiento de Boadilla", informa Europa Press.

De igual modo, negó haber presionado en octubre pasado a un testigo, compañero de clase de su hijo, que aseguró que El Albondiguilla le había intentado convencer para que le dijera al juez que "no sabía nada" de la venta de un teléfono que el exalcalde habría utilizado para realizar algunas de sus operaciones sospechosas.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/10/albondiguilla_escuda_consejero_cifuentes_41976_1012.html

“ME DIERON LA ESPALDA EN EL PP POR ENEMISTARME CON CORREA”

Bárcenas y García-Escudero recomendaron al ex alcalde de Boadilla que trabajara con el líder de la trama Gürtel.

Arturo González Panero, alias 'El Abondiguilla', uno de los alcaldes de la trama Gürtel ha decidido hablar ante el juez después de seis años de silencio desde su imputación. Hoy se ha sentado frente a José de la Mata durante cinco horas para acusar al Partido Popular de favorecer a la trama que lideraba Francisco Correa. El ex alcalde de Boadilla del Monte ha señalado directamente a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; al actual presidente del Senado, Pío García-Escudero; el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas; y el ex número tres de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada.

Según ha asegurado ante el juez, ahora parece que nadie conoce a Correa pero antes de que el juez Baltasar Garzón hiciera estallar el 'caso Gürtel' era el empresario de cabecera en el PP. Es más, el empresario hacía alarde de ir a La Moncloa, ocupada por José María Aznar cuando se le antojara. El que fuera uno de los alcaldes del epicentro de la trama ha sostenido, según fuentes presentes en el interrogatorio, que fueron García Escudero, Bárcenas y el ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, quienes le recomendaron a Correa. "Manejaba mucho en el partido", ha explicado durante su interrogatorio.

Sus problemas con el partido comienzan en 2005 a raíz de enemistarse con Correa hasta tal punto que se retiraron el saludo. Entonces, en el PP le dieron la espalda y empezaron a moverse para apartarle de la alcaldía aunque no dimitió hasta que saltó el escándalo en febrero de 2009. El enfrentamiento entre ambos pudo venir por el chantaje al que supuestamente le sometía el empresario madrileño. Del sumario se desprende cómo 'Don Vito' llegó a decir que tenía "un vídeo en el que se ve a Panero contando mucho dinero en una mesa, y que le chantajea con enseñarlo si no cumple con sus obligaciones". Sin embargo, él ha negado haber recibido nunca dinero de Correa y, es más, enemistarse con él le provocó muchas complicaciones en el partido.

EL PP LE PRESIONÓ

En esas fechas también tuvo un problema con los principales dirigentes de la Comunidad de Madrid por la valoración de una parcela para favorecer a la empresa UFC S.A., del empresario José Luis Ulibarri, también imputado. Según ha contado al juez, sufrió presiones desde la cúpula del PP para cambiar la valoración de los terrenos. Desde la Comunidad, concretamente el que fuera director general de Cooperación con la Administración Local, Jaime González Taboada, se le exigió que lo valorara en 19 millones de euros aunque él defendía que fuera por 30 millones, porque lo que quería era sacar el máximo beneficio para el Ayuntamiento y porque era el precio fijado por los técnicos.

En ese momento, uno de sus concejales Francisco Sánchez Arranz, a quien le presentó Correa antes de pertenecer a su equipo de gobierno, le dijo que antes de firmar nada respecto del pliego primero debía hablar con Bárcenas. “Le cesé cuando firmó los pliegos en contra de mi criterio. Al final, acabó llamándome Esperanza Aguirre para que que metiera a Arranz -fallecido recientemente- en las listas en 2007. Me dijo que si no convencía a Bárcenas tenía que meterle”, ha asegurado el ex edil a su salida de la Audiencia Nacional. “Bárcenas había dicho a Sánchez Arranz que me tenían que quitar del medio, que no hacía la cosas como debía”, ha añadido.

Por estas relaciones del PP con la trama, González Panero cree que el día de las detenciones los teléfono en la sede de la calle Génova “debían saltar humor”. El Albondiguilla', como le llama Correa y sus acólitos, ha esperado que estuvieran todas las pruebas apartadas en la causa para solicitar declarar voluntariamente. Cree que de la investigación se demuestra que él no ha tenido nada que ver con la trama y niega haber ocultado dinero en el extranjero.

Sin embargo, la Agencia Tributaria fija en 774.000 euros el dinero que el ex alcalde 'popular' ha ocultado en el extranjero, concretamente en China, a través de facturas falsas de muebles. Hacienda detectó que González Panero utilizó una sociedad instrumental radicada en Panamá. A través de la sociedad Longridge, con cuenta en el EFG Private Bank de Suiza, realizó al menos dos transferencias -de 465.000 y 309.000 euros- a dos entidades financieras chinas el 4 de octubre y el 2 de noviembre de 2012.

La Agencia Tributaria rastreó el origen de los fondos manejados en Suiza por la sociedad panameña y halló transferencias por valor de más de un millón de euros realizadas entre julio de 2005 y el día anterior a la realización de los registros judiciales del caso Gürtel.

http://www.elespanol.com/espana/20151209/85491477_0.html

EL ALBONDIGUILLA' INSINÚA QUE AZNAR PROPUSO COLOCAR A ALFONSO BOSCH

La Cadena SER ha accedido al interrogatorio del exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla' por la trama Gürtel

El contenido del interrogatorio del juez José de la Mata –que tuvo lugar el pasado 9 de diciembre- ya se conocía, pero no el detalle de las respuestas del imputado. ‘El Albondiguilla’ insinúa que el expresidente Aznar propuso en 2007 que colocara al también imputado Alfonso Bosch en la localidad.

Bosch fue nombrado gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda en Boadilla, desde donde se pergeñaron gran parte de los desmanes de la trama, supuestamente, en el municipio. Bosch está considerado como uno de los políticos del PP con mayor peso dentro de la organización criminal.

Con el exdiputado Bosch no acaban las recomendaciones. González Panero también afirmó que el expresidente del PP en Madrid y hoy presidente del Senado, Pío García Escudero; el exsecretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, y Luis Bárcenas, también insistieron en que colocara a Francisco Sánchez Arranz como concejal.

Según ‘El Albondiguilla’ y tal y como han corroborado en parte los investigadores, Sánchez Arranz elaboró algunos de los pliegos de adjudicación más polémicos a la trama en Boadilla.
El exalcalde afirma además que se sintió presionado por la Comunidad de Madrid para vender 11.6 millones más barata una parcela en la localidad, que acabaría siendo adjudicada a la Gürtel. Seis meses de peleas, dice González Panero, con el entonces responsable de territorio y hoy consejero de Cifuentes, Jaime González Taboada.

El exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, declaró el pasado 9 de diciembre a petición propia, después de que en las tres ocasiones anteriores en que compareció ante la justicia, se acogiera a su derecho a no declarar.

http://cadenaser.com/ser/2015/12/14/tribunales/1450116251_020104.html

AMEDO: “YO LLEVÉ LA CARTA EN LA QUE LA MANO DERECHA DE SEPÚLVEDA PEDÍA 1,2 MILLONES A UN CONSTRUCTOR”

"Yo fui el embajador". Así resume José Amedo su mediación en la carta de Leopoldo Gómez, ingeniero municipal de Pozuelo de Alarcón y hombre de confianza del entonces alcalde Jesús Sepúlveda, en la que reclamaba el pago de 1,2 millones de comisiones ilegales al constructor Alfonso García Pozuelo.

José Amedo Fouce, que fue condenado y testigo clave de los GAL, ha confirmado a Okdiario la realidad de los papeles de Leopoldo Gómez, ingeniero municipal que controlaba las obras de Pozuelo de Alarcón, en los que revelaba haber recibido diez millones de euros de comisiones del constructor Alfonso García Pozuelo.

Amedo ha remitido una carta a Okdiario en la que explica su papel de embajador entre el ingeniero y el constructor, dejando clara cuál fue su misión: “Yo llevé la carta en la que el hombre de confianza de Sepúlveda pedía 1,2 millones de euros a un constructor”.
Estos son algunos extractos del texto enviado por Amedo, que aparece reproducido íntegramente al final de este artículo.

Así, explica que “siendo requerido por Francisco Mercado, periodista de Okdiario, sobre una investigación relacionada con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, me muestra unos documentos vinculados a un trama urbanística, documentos que admito reconocer”.
La misiva continúa así: “Los documentos son doce folios manuscritos por el que fuera ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pozuelo Leopoldo Gómez Gutiérrez, a quien conocí a principios de 2011″.

Amedo explica a continuación que “aproximadamente un año más tarde, cuando ya existía una cierta confianza derivada de las relaciones comerciales que habíamos establecido, me planteó entrevistarme con quien me dijo que era íntimo amigo suyo desde su juventud y compañero de carrera, con quien además había tenido distintas empresas relacionadas con la construcción. Se trataba de Alfonso García Pozuelo”.

La carta detalla que “Gómez me dijo que su amigo había sido el propietario de Constructora Hispánica y que en aquellos momentos existía entre ellos ciertas desavenencias personales como consecuencia de una deuda de 1.800.000 euros que el constructor tenía con él, sin aclararme en ningún momento el origen de la misma”.

El ex comisario ofrece detalles de cómo se produjo su acercamiento al constructor: “Gómez, después de darme el teléfono personal de García Pozuelo para ponerme en contacto con él para plantearle la venta de unos inmuebles, me rogó que cuando estuviese con él le sugiriese que se hiciera cargo de la deuda“.

Amedo explica a continuación que “sin ningún género de dudas el ingeniero municipal en aquel momento estaba actuando de mala fe conmigo, aunque yo no me percaté puesto que ignoraba el origen de la deuda, y que además García Pozuelo ya estaba procesado por la trama Gürtel. Quizá Leopoldo Gómez quiso que mi imagen pública le influyese al constructor y accediese a pagarle”.

La carta de Amedo da detalles sobre el encuentro con el constructor: “Después de contactar telefónicamente con García Pozuelo con el objetivo señalado me citó el 3 de octubre de 2012 en el hotel Miguel Ángel. Cuando acudí a la cita aquel día a las 18 horas y le expuse el objetivo de la reunión, se mostró en todo momento muy poco receptivo y noté que adoptaba muchas cautelas”.

Luego explica que “García Pozuelo me dijo que ya no se dedicaba a los negocios y que no le interesaba nada de lo que le planteaba. Antes de finalizar la reunión, le manifesté que su amigo Gómez Gutiérrez le rogaba que le hiciera efectiva la deuda que tenía con él. El constructor me respondió de forma lacónica que no debía nada a nadie y que si Leopoldo tenía pruebas de lo contrario, que se las mostrase”.

Amedo cuenta que le comentó a Gómez cuál había sido la respuesta del constructor y que el ingeniero “se mostró indignado y fue cuando me entregó los documentos que según me dijo estaban manuscritos por él y en los que acreditaba la cuantía de la deuda para que se los entregase a García Pozuelo, como así hice días después”.

Y finalmente admite que “los escritos del ingeniero municipal, que son los mismos que me muestra Francisco Mercado, señalaban determinadas cantidades referentes a distintas obras realizadas por la empresa de García Pozuelo, Constructora Hispánica. En aquellos momentos ignoraba por completo que se trataba de las ilícitas comisiones por las adjudicaciones otorgadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón al empresario procesado por la trama Gürtel”.

http://okdiario.com/investigacion/amedo-yo-lleve-la-carta-en-la-que-la-mano-derecha-de-sepulveda-pedia-12-millones-a-un-constructor-37725

ANTICORRUPCIÓN DICE QUE SEPÚLVEDA UTILIZÓ AL INGENIERO MUNICIPAL PARA AMAÑAR ADJUDICACIONES

Jesús Sepúlveda, según su entorno, se plantea denunciar y desacreditar la acusación del exsubcomisario José Amedo, que le vinculó con las mordidas de su ingeniero municipal. Pero Anticorrupción llegó a igual conclusión: Sepúlveda, siendo alcalde de Pozuelo, usó a Leopoldo Gómez para amañar contratos.

Jesús Sepúlveda, según su entorno, estudia denunciar al exsubcomisario José Amedo por vincularlo a las comisiones de su ingeniero municipal en Pozuelo, Leopoldo Gómez. Pero la Fiscalía Anticorrupción plantea en su investigación exactamente la misma relación: Sepúlveda, como alcalde de Pozuelo, “facilitó obras públicas a Constructora Hispánica” aun cuando no fuera la mejor oferta, y para ello “contó con la colaboración del ingeniero Leopoldo Gómez”.

La carta manuscrita de Leopoldo Gómez, en la que cifra en diez millones de euros las mordidas recaudadas al constructor Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, contabiliza el beneficio de la relación de connivencia entre el ingeniero municipal y el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, que ya había destapado la Fiscalía Anticorrupción.

El esquema corrupto lo describe con precisión: “Durante el tiempo en que ocupó el cargo de alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda favoreció a distintas empresas prevaliéndose al efecto de las competencias que tenía en materia de contratación”. Entre los tratos de favor, cita dos adjudicaciones a Constructora Hispánica: el camino de las Huertas y la operación asfalto 2004.
La primera obra fue adjudicada a la empresa de García Pozuelo a pesar de no ser la mejor oferta, ni económica ni técnica. Para ello, Sepúlveda contó con “la colaboración del ingeniero municipal Leopoldo Gómez cuyos informes, por su presumible objetividad y cualificación técnica, eran siempre asumidos por los órganos de contratación como conocían todos los acusados”.

Gómez, según Anticorrupción, introdujo criterios de total subjetividad para favorecer a la empresa bajo peaje, y logró el respaldo de la Junta de Gobierno, con su alcalde a la cabeza. Esto llevó a no elegir la oferta más barata y a permitir unos plazos de ejecución de imposible cumplimiento que llevó a sucesivas prórrogas. El escrito de Anticorrupción da mayores detalles de esta maquinaria de contratación oculta de Pozuelo: “Como consecuencia de lo pactado entre Sepúlveda y García Pozuelo, Constructora Hispánica resultó beneficiaria de una subcontratación relacionada con la operación Asfalto 2004”.

“Al igual que en las obras referidas al camino de las Huertas, en la adjudicación del proyecto de obras de la operación asfalto 2004 se contravino la normativa de contratación con la colaboración del ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pozuelo Leopoldo Gómez. De hecho, la tramitación y los criterios de adjudicación de ambos expedientes fueron prácticamente idénticos”.

Nuevamente, Sepúlveda y su equipo aprobaron las ofertas servidas en bandeja por el ingeniero multimillonario (20 millones valía ese año su patrimonio).

Anticorrupción rebate así toda la línea defensiva de los amigos de Sepúlveda, que alegan que sospechaba del ingeniero desde su toma de posesión como alcalde, que le retiró competencias hasta donde la ley le permitía, que nunca fue su hombre de confianza…

http://okdiario.com/investigacion/anticorrupcion-dice-que-sepulveda-utilizo-al-ingeniero-municipal-para-amanar-adjudicaciones-43558

EL PP COMPRÓ EN 2006 LA SEDE DE GÉNOVA POR UN 35% MENOS DEL PRECIO DE MERCADO

El partido de Rajoy pagó 37 millones por 10.400 metros cuadrados en la zona de oficinas más cara de Madrid en marzo de 2006, el momento más álgido del boom inmobiliario

El juez Castro, que investiga el presunto amaño del mayor hospital de Baleares a cambio de sobornos, incorpora al sumario el documento de compra y pide más datos a Hacienda

El PP compró a Mapfre en marzo de 2006 los 10.400 metros cuadrados que conforman su sede de la madrileña calle Génova por 37 millones de euros, lo que, según los expertos inmobiliarios y los informes del sector consultados por infoLibre, significa como mínimo un 35% menos del precio de mercado vigente en aquel momento, cuando la burbuja inmobiliaria alcanzó su cénit.

A preguntas de este diario, los portavoces oficiales del PP se limitaron este miércoles a asegurar que el partido adquirió el inmueble, localizado en una de las zonas más caras de la capital –la llamada premium del eje Cibeles-Colón- “a precio de mercado”. Y que la organización era “inquilina [de Mapfre] desde 1983”.

El historial registral de la sede de Génova, cuyas obras de reforma fueron parcialmente pagadas en negro según el juez del caso Gürtel, ha quedado incorporado ahora a otro sumario: el del caso Son Espases, en el que el juez de Palma José Castro investiga el presunto amaño en la adjudicación del mayor hospital de Baleares en favor de OHL primero y, luego, de una filial de ACS a cambio de sobornos durante la etapa de Jaume Matas.

El juez Castro sospecha que parte del hipotético soborno pudo producirse en especie. Y que su objetivo habría sido ayudar al PP a pagar bien el alquiler de su sede, bien su reforma. Castro ha ordenado a Hacienda que le remita todos los pagos relacionados con Mapfre y todas las licencias de obra. En ambos casos, durante el periodo comprendido entre 2000 y 2010.

Un caso real y casi idéntico

Uno de los expertos inmobiliarios cuya opinión ha recabado este diario y que pidió el anonimato por razones profesionales participó ese mismo año de 2006 en la valoración previa a la venta de un edificio de oficinas ubicado en la misma calle Génova a escasos metros de la sede del PP y que se vendió por 7.800 euros el metro cuadrado sobre rasante. El PP pagó en cambio en torno a 4.800 euros el metro cuadrado en superficie: o sea, un 36% menos.

Dado que el citado en el párrafo anterior es el caso real de un inmueble de características muy similares a las de la sede del PP y no una simulación, la cifra de 7.800 euros por metro cuadrado es la que infoLibre ha tomado como válida a efectos comparativos.

No obstante, la mayor parte de los analistas inmobiliarios consultados sostienen que para esa carísima área y ese periodo –primer semestre de 2006- el precio usual de las oficinas rondaba los 9.000 euros el metro cuadrado. Y hubo estudios que lo cifraron en hasta 12.000 euros el metro cuadrado.

Tal como refleja la inscripción registral, el PP suscribió tras la compra de su sede una hipoteca con Banesto por el mismo precio de adquisición, 37 millones. El edificio quedó tasado en 42 millones a efectos de subasta.

Aunque la hoja registral de la sede de Génova solo ofrece el precio total abonado sin desagregar oficinas y garaje, los expertos consultados en distintas empresas de tasación y en bancos alcanzan sus conclusiones utilizando la siguiente premisa: que los 3.371 metros cuadrados destinados a parking bajo rasante y en el que caben alrededor de 80 vehículos no pudieron venderse en aquellas fechas por menos de 3-3,2 millones de euros –unos 40.000 euros por plaza- y ello teniendo en cuenta que se trataba de una venta en bloque y no de plazas individuales.

La cantidad restante -34 millones- hasta el total abonado a Mapfre se corresponde por tanto con el precio de las ocho plantas más entreplanta en superficie y los 7.045 metros cuadrados que las integran. Y eso significa que el PP pagó algo más de 4.800 euros por metro cuadrado.

Una reciente operación inmobiliaria en la que Mapfre vuelve a ser protagonista, pero ahora como compradora, permite establecer comparaciones. Tras ocho años de caída en picado del mercado inmobiliario, la misma aseguradora que en 2006 vendió al PP los 10.400 metros cuadrados de Génova por 37 millones adquirió en julio y en otra de las áreas más valoradas de Madrid –la Plaza de la Independencia- un edificio de oficinas de 12.000 metros cuadrados por… 82 millones de euros.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/03/el_compro_2006_sede_genova_por_menos_del_precio_mercado_41623_1012.html

 EL ATASCO JUDICIAL RETRASA EL JUICIO DE GÜRTEL AL MENOS HASTA NOVIEMBRE DE 2016

El juicio de la Primera Época de la trama Gürtel (1999-2005), donde se sentarán en el banquillo de los acusados tres extesoreros del Partido Popular -Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas- junto con una treintena de acusados más, no se celebrará en la Audiencia Nacional antes del mes de noviembre de 2016.

Según ha podido saber Vozpópuli, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, encargada de enjuiciar esta primera pieza separada de la trama de corrupción ligada al PP, tiene el calendario judicial repleto de señalamientos con otros juicios -casi todos ellos causas con preso- hasta noviembre del año próximo.

Fuentes jurídicas consultadas sostienen que esto impide que el macrojuicio de Gürtel, que se celebrará previsiblemente en las dependencias que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, sea señalado con anterioridad a la citada fecha. Es decir, como mínimo hasta dentro de un año no veremos la foto de los cabecillas de la red de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, junto con ex tesoreros, ex consejeros y ex alcaldes del PP sentados en el banquillo de los acusados.

El tribunal lo formarán finalmente los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada

Las mismas fuentes explican que siempre tienen prioridad a la hora de señalar las vistas los procedimientos que tiene acusados que se encuentran en situación de prisión preventiva. Debido a ello, a la gran cantidad de procedimientos de estas características que tramita la Sección Segunda en la actualidad, el tribunal que finalmente formarán los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, tendrá muy difícil juzgar uno de los casos de corrupción más mediáticos, como es Gürtel, antes de otoño del año 2016.

Está previsto que el juicio por la Primera Época de esta trama se prolongue más de medio año lo que provocará, sino se refuerza para entonces la Sección Segunda con más magistrados, una parálisis en la actividad de la Sala. La razón es que para celebrar las vistas orales la Ley de Enjuciamiento Criminal (LeCrim) establece que el tribunal esté compuesto al menos por tres jueces y, a tenor de que la Sección Segunda está a su vez formada por cinco magistrados, las fuentes consultadas sostienen que sería necesario un magistrado suplente para poder continuar con el ritmo habitual de celebración de juicios.

Un magistrado suplente

Si los jueces Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada presiden el tribunal del juicio del caso Gürtel durante varios meses, los recusados Enrique López y Concepción Espejel necesitarían un tercer juez para formar Sala y poder así ir celebrando otros juicios de forma simultánea.

El artículo 199.2 de la LeCrim. recoge que "en la Audiencia Nacional, cuando no asistieren magistrados en número suficiente para constituir Sala, concurrirán para completarla otros magistrados que designe el Presidente de la Sala o, en su caso, del Tribunal, con arreglo a un turno en el que serán preferidos los que se hallaren libres de señalamiento y, entre éstos, los más modernos".

El Pleno de la Sala de lo Penal decidió el pasado viernes apartar a López y Espejel del citado tribunal por su vinculación con el Partido Popular. Aunque el Pleno no apreció interés directo de estos magistrados a la hora de juzgar a esta trama de corrupción sí que tuvo en cuenta la teoría jurídica que sostiene que la Sala que juzga debe ser un "observador imparcial externo". La mayoría de los jueces de la Sala de lo Penal entendieron que dicha "apariencia de imparcialidad" había quedado en entredicho al haber sido Enrique López y Concepción Espejel ex vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de la citada formación política.

http://vozpopuli.com/actualidad/70842-el-atasco-judicial-retrasa-el-juicio-de-gurtel-al-menos-hasta-noviembre-de-2016

EL JUEZ QUE PRESIDIRÁ GÜRTEL DICE QUE EL PAPEL DEL PP FUE “SECUNDARIO”

El magistrado Ángel Hurtado hace suyos los argumentos del PP contra las recusación de López

El juez que presidirá el tribunal del caso Gürtel, el magistrado de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado, considera que el PP solo tuvo un “papel secundario” en la causa. Así lo expone Hurtado en el voto particular que ha presentado contra la recusación del magistrado Enrique López acordada por la Sala de lo Penal. La mayoría del pleno consideró que la relación de López con el PP es “continuada e intensa”.

Tras la recusación de Enrique López y Concepción Espejel acordada por la Audiencia Nacional, el tribunal que juzgará el caso Gürtel estará formado por los otros tres magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal: Julio de Diego, que ya estaba designado, José Ricardo de Prada y Ángel Hurtado. Este último, que presidirá el juicio y será el ponente de la sentencia, votó en contra de las dos recusaciones y formuló un voto particular en el que expone sus razones. La principal: que los 14 magistrados que apoyaron apartar a López no han tenido en cuenta que el PP es solo un “actor secundario” en esta causa, por lo que no se justifica que se recuse a un juez por sus relaciones con este partido.

Hurtado asume los argumentos que emplearon los populares en sus alegaciones contra la recusación de López. El PP usaba el mismo término, “secundario”, para definir su condición de acusado como responsable civil subsidiario. El futuro presidente del tribunal dice estar de acuerdo con el partido y duda de la “proporcionalidad” de la decisión acordada. “Habría que preguntarse hasta qué punto es tolerable que la implicación de un actor secundario en el proceso penal, como es un mero partícipe a título lucrativo, pueda condicionar la formación de un tribunal penal, con la afectación que ello entraña en relación con el derecho al juez predeterminado por ley”, sostiene Hurtado en su voto particular, al que se han adherido los otros tres jueces que se opusieron a la recusación (Juan Francisco Martel, Nicolás Poveda y Fermín Echarri).

Sus argumentos se oponen a los de la mayoría del pleno, que considera que López ha mantenido una “relación continuada, intensa y remunerada” con el PP durante más de 14 años que le inhabilita para juzgar la trama de corrupción vinculada a este partido. El auto redactado por el magistrado Ramón Sáez advierte de que esta relación genera “una razonable percepción de proximidad” y denota “cierta confianza de la dirigencia del partido”.

El pleno cree que López “no superan el estándar objetivo” de apariencia de imparcialidad necesario para juzgar cualquier caso. “Este tribunal no tiene dudas sobre la capacidad del juez recusado para decidir conforme a la Constitución y a la ley, pero aquí es objeto de enjuiciamiento si se puede excluir toda duda sobre su apariencia de imparcialidad y de desinterés en el caso atendiendo a las relaciones que ha mantenido con alguna de las partes”, advierte la Sala de lo Penal.

http://politica.elpais.com/politica/2015/11/11/actualidad/1447272033_787961.html

EL NUEVO JUEZ DE LA GÜRTEL PODRÍA TAMBIÉN SER RECUSADO POR LAS ACUSACIONES… ESTE ES ‘SU HISTORIAL’

Las acusaciones particulares desconfían del magistrado Ángel Luis Hurtado, ‘heredero’ de Enrique López y Concepción Espejel, y protagonista en los casos Couso, Manjón…

El primer juicio por la Gürtel, que debiera tener lugar la próxima primavera, aún amenaza sorpresas. Y de nuevo, no llegaría por el lado del sumario, sino por la composición del tribunal que debe ver la causa. Tras la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López, que sus propios compañeros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptaron muy mayoritariamente, la presidencia del tribunal ha caído en el magistrado Ángel Luis Hurtado. Un juez que también está bajo el escrutinio de las acusaciones.., que, según ha sabido ELPLURAL.COM, desconfían de la neutralidad del magistrado Hurtado a partir de algunas de sus actuaciones y están evaluando actuar para plantear también su recusación.

Un currículo personal…, un historial de casos llamativos
Para conocer al juez Hurtado, quizás nada mejor que leer la biografía que él mismo redactó. Un currículo escrito literalmente en primera persona con los riesgos que elegir esa persona narrativa tiene. Esta ‘autobiografía profesional’ el juez la preparó para presentar su candidatura al Tribunal Supremo en 2010. Desgraciadamente para él, esfuerzo que resultó infructuoso.

De hecho, en el mundo judicial se califica a Hurtado como “aspirante permanente” al Tribunal Supermo, y se bromea sobre lo que algunos califican de obsesión por conseguir el nombramiento.

Pero lo que llama la atención de las acusaciones particulares personadas en el caso es la serie de actuaciones que ha protagonizado Ángel Hurtado a lo largo de su historial como magistrado de la Audiencia Nacional, y que se ha concretado en el contenido de su voto particular con el que, precisamente, se opuso a la recusación de sus ‘antecesores’, Espejel y López.

Su actuación en el caso Couso
El magistrado Hurtado encabezaba en 2009, como ponente, el trío de jueces de la Audiencia Nacional que vio la apelación en el caso del cámara asesinado en Irak, José Couso. En el tribunal, lo que tantas veces ha pasado en sus actuaciones en este tribunal, también figuraba su amigo personal, Enrique López.

En su auto, el juez propuso, y así lo aprobó la Sala, sumarse a la apelación del Ministerio Fiscal, que se opuso a la decisión del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional por el que se decidía procesar, y se daba orden internacional de búsqueda y captura, contra los responsables del ataque al hotel Palestine en el que murió el cámara. Se trataba del sargento Thomas Gibson, del capitán Philip Wolford, y del teniente coronel Philip de Camp.

La apelación en el caso de los insultos a Pilar Manjón
Ángel Hurtado presidió la sala de la Audiencia Nacional que vio la apelación de Luis Gutiérrez, el presidente de Nuevas Generaciones del PP de Majadahonda, que en 2012 publicó una serie de tuits contra Pilar Manjón, la presidenta de Asociación 11M Afectados del Terrorismo. En uno de los tuits, Gutiérrez llegó a escribir: “Lo de Pilar Manjón es infame. Cada día dudo más que el hijo de esa tipeja fuese el 11M en 1 tren… deplorable su actitud”. Tuits que borró cuando Manjón presentó una querella contra él.

La sala que presidía Hurtado decidió aceptar el recurso de Gutiérrez y fallar contra Manjón. En la argumentación del auto, la Audiencia decía que “la querellante (Manjón) es un personaje público conocido, de gran relevancia social y mediática y, como tal, con presencia frecuente en los medios de comunicación”, por lo que justificaba las descalificaciones porque “la crítica o reproche que se le efectúa por el querellado se refiere al ejercicio de esta actividad pública y tiene poco que ver con lo que significa ser víctima o familar directa, madre, de una víctima mortal de los atentados del 11M”.

En consecuencia con esta argumentación, en la que se decía también que “se podrá discutir si los hechos son jurídico-penalmente relevantes en cuanto al significado de sus expresiones y su aptitud como insultos con capacidad de lesionar grave o levemente la dignidad, menoscabar la fama o atentar contra la propia estimación de la destinataria”, dictaminaba que “no le cabe ninguna duda a la Sala de que no constituyen el delito que refiere el juzgado instructor”. El auto causó numerosos comentarios en prensa y después se ha visto cómo una sentencia paradójica teniendo en cuenta las reacciones muy diferentes por parte de las autoridades en casos de otros tuits que supuestamente también vejaban a algún personaje, en este caso de signo político contrario.

‘Protector’ de Bárcenas
Junto a los jueces Enrique López, otra vez, y Julio de Diego López, Hurtado fue objeto de una querella presentada por varias acusaciones, incluida Izquierda Unida, acusado de Prevaricación por haber aceptado suspender la declaración de Luis Bárcenas, junto a varios empresarios, en relación a la posible relación entre las donaciones al PP y la concesión de obras sufragadas con fondos públicos.

El ministerio fiscal había recurrido las comparecencias de Bárcenas y los empresarios “por no considerarlas necesarias”. La Sección 2ª de la Audiencia Nacional dio la razón al Fiscal. En su querella las acusaciones subrayaban que “como puede observarse, no habían transcurrido ni 40 minutos desde que se procedió a registrar y tramitar el escrito del Ministerio Fiscal en Registro de Asuntos cuando la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en lo que consideramos un acto fraudulento, ilícito y constitutivo de delito… con los exiguos elementos de juicio de los que dispone y contraviniendo el procedimiento establecido mediante norma con rango de ley, dicta una resolución suspendiendo la declaración del principal imputado”.

Concepción Espejel y Enrique López, los jueces recusados que ha defendido en votos particulares Hurtado.., y a los que debiera sustituir como presidente del tribunal que verá la Gürtel

Sus votos particulares en las recusaciones

Pero lo que más preocupa a las acusaciones particulares en el caso de la trama Gürtel han sido los comentarios que ha realizado Hurtado en su voto particular a la recusación de López y Espejel. En el caso del primero (transcribimos de su escrito) no dudaba en escribir que se alineaba con “la representación del Partido Popular cuando decía que “no olvidemos la particular condición procesal –secundaria y colateral- que dicho partido político ostenta en el presente procedimiento, que no es otra que la de supuesto partícipe a título lucrativo”, consideración que, sin embargo, no parece que haya sido tenida en cuenta por la mayoría”.

Igualmente, en su voto, el juez Hurtado venía a señalar a la prensa como ‘responsable’ de la recusación de López. En concreto hablaba de “la campaña mediática orquestada por un determinado sector de la prensa en torno a la presente recusación, así como a la articularda contra la Ilma. Sra. Presidenta de la Sección Segunda, con determinado tipo de opiniones y valoraciones, no positivas, generadoras de auténticos juicios paralelos, informados, no siempre, con el rigor jurídico que hubiera sido de desear, y que, si bien, con ello, no estamos afirmando que hayan tenido repercusión en la resolución adoptada, porque es jurídica, lo que no se puede negar es que la habida en torno a ambas recusaciones ha sido imposible que pasara desapercibida”.

La amistad de Hurtado con López, como hemos apuntado, es estrecha. De hecho, fue él quien le acompañó a la salida de la Audiencia, tras su recusación… Un caso muy similar de confianza al que mantiene con Espejel. Un dato puede ayudar a entenderlo: la presidenta de la Sección Segunda logró que la sala de Gobierno aprobara unas normas, dicen en la Audiencia que pensando ya en su posible recusación, de forma que ante su ausencia sólo Hurtado pudiera ser su sustituto. Como así ha pasado en este jucio por la trama Gürtel.., al menos de momento y si también su recusación no lo impide.

http://www.elplural.com/2015/11/16/el-nuevo-juez-de-la-gurtel-podria-tambien-ser-recusado-por-las-acusaciones-este-es-su-historial/

LOS VOTOS DEL PP Y DE BÁRCENAS QUE LA AUPARON AL CGPJ, DETERMINANTES PARA APARTAR A ESPEJEL DEL CASO GÜRTEL

En la Audiencia Nacional dicen que la jueza Espejel se ha tomado como “un referéndum” los votos a favor y en contra de su recusación

Estupor en la Audiencia Nacional ante la actitud este viernes de la magistrada recusada Concepción Espejel quien según pudo saber ELPLURAL.COM, fue a saludar personalmente a los ocho magistrados que emitieron votos particulares contra su recusación aprobada por mayoría en el pleno. Para algunas fuentes consultadas por este periódico “se lo ha tomado como un referéndum personal”.

Fue este viernes por la mañana. Acababa de salir el auto de recusación con sus ocho votos particulares y la magistrada recorrió los despachos para ‛agradecer’ a quienes habían expresado su oposición a la decisión mayoritaria del pleno de magistrados. No fue así con quienes –aún siendo en apariencia amigos- votaron en su contra.

Sugerir agradecimiento, ofensivo
La actitud de Espejel “dando las gracias” molestó a algunas personas, lo que puede extrañar dado el concepto de cortesía que para un profano entraña esta acción. Pero para un juez, el agradecer una decisión jurisdiccional puede implicar que se supone que esa decisión no responde a razones jurídicas. Solo sugerir algo así es ofensivo. Claro que la relación es diferente en la Audiencia Nacional que en el Consejo General del Poder Judicial, su anterior destino, donde a lo que parece, la reflexión política no asombra a nadie, según las opiniones recabadas por este digital entre juristas.

El auto de recusación
El auto del pleno de la Sala de lo Penal al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, recusa a la magistrada por diez votos contra ocho en relación “al enjuiciamiento de hasta una veintena de inculpados”, la mayoría de ellos ex directivos o altos cargos del Partido Popular, y, entre éstos de Luis Bárcenas Gutiérrez.

El cariño de Cospedal no se cuestiona
Para el pleno carecen de todo fundamento las causas alegadas “relativas a la pretendida amistad personal de la Ilma. Sra. Magistrada con la Secretaria General del Partido Popular Dª María Dolores de Cospedal (…) pretender que existe una relación de amistad derivada de los términos elogiosos empleados en el acto institucional de imposición de una medalla es exorbitante e injustificado”.

Lo de Guadalajara, tampoco
Se desecha también como “carentes de todo fundamento” lo referido “a las resoluciones dictadas por la jueza a su paso por la Audiencia Provincial de Guadalajara en las que acordó, contra el criterio de la instructora la imputación de altos cargos políticos del PSOE en fechas preelectorales a instancias de la acusación particular, sustentada por el Partido Popular”.

Por las normas de reparto no ha sido
Desestiman además “la alegación de una pretendida alteración de las normas de reparto en la Sección Segunda con reserva de la Presidencia de dicho Tribunal en la totalidad de los asuntos, pues ello es, por el contrario, responsabilidad inherente a la función de presidente de un Tribunal”.

Determinante que el PP la nombrara
¿Por qué se aceptó la recusación entonces? Pues dice el auto: “Se ha de ponderar que una de las partes en el procedimiento ( el Partido Popular, contra el que se ha abierto el juicio oral en calidad de partícipe a título lucrativo y al que pertenecían en el momento de acaecer los hechos a juzgar gran parte de los acusados en el procedimiento) fue determinante en la propuesta al cargo de vocal del CGPJ de la Srª Magistrada recusada, al haberse efectuado dicho nombramiento a propuesta del Senado, Cámara en la que el Partido Popular era el Grupo Parlamentario mayoritario”.

Y que Bárcenas votara
Junto a ello, ha quedado acreditado, “por el acta videográfica de aquélla sesión del Senado de 17 de septiembre de 2008 que en la votación participó activamente uno de los acusados en el Procedimiento, el entonces senador y tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas Gutiérrez”.

Del CGPJ a la Sala con Gurtel al fondo
A ésto se añade algo definitivo y es que “entre el ejercicio de dicho cargo y la designación como Presidente de la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, cuando era ya público que dicha Sección tenía turnado el enjuiciamiento del caso Gürtel, no existe solución de continuidad, pues dicho nombramiento se verificó por el mismo Consejo al que la Iltma. Sra. Magistrada hoy recusada pertenecía”.

Los votos particulares
Frente a esta recusación mayoritaria, ocho magistrados se han opuesto mediante votos particulares. Han sido Fermín Javier Echarri Casi, Fernando Grande Marlaska Gómez , presidente de la Sala de lo Penal y vocal de Consejo General del Poder Judicial; Félix Alfonso Guevara Marcos; Ángel Hurtado Adrián; María de los Ángeles Barreiro Avellaneda; Carmen Lamela Díaz; Juan Francisco Martel Rivero, y Nicolás Poveda Peñas

“No se demuestra relación con el PP”
Consideran estos jueces que con la recusación “se pone en cuestión el sistema de nombramientos de Vocales del Poder Judicial, máxime cuando ninguna relación ya directa o indirecta se ha logrado acreditar de la Ilma. Sra. Magistrada ahora recusada, con el citado partido político”.

“Campaña mediática”
Esta falta de apariencia de imparcialidad que se cita debió ser rechazada según los ocho jueces “ya que salvo que se atendiese única y exclusivamente a las campañas mediáticas externas llevadas a cabo por determinados medios de comunicación social, mal puede proyectarse sobre la sociedad los datos fácticos reseñados…”

El voto inocuo del sujeto ahora acusado
“La participación del sujeto ahora acusado, en la sesión de la Cámara Alta que decidía los nombramientos de determinados Vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuyo sentido del voto se desconoce, pero es fácilmente imaginable, dada la férrea disciplina de voto que rige en los partidos políticos que configuran las mayorías parlamentarias en nuestro país, resulta absolutamente inocua a los efectos que nos ocupan”, añaden tajantes sin mencionar a Bárcenas por su apellido.

A la sala accedió por escalafón
En cuanto a la inmediata adscripción a la presidencia de la Sala de Concepción Espejel desde su anterior puesto en el CGPJ afirman: “…se ha limitado a optar a una plaza vacante predeterminada como era la Presidencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que accedió por escalafón…”

Campañas mediáticas o juicios paralelos
El tema de los medios preocupa mucho a los jueces que vuelven sobre ello: “El denominado ‛observador imparcial’ en los casos de ‛corrupción política’ como el que nos ocupa, se ve sometido a constantes campañas mediáticas orquestadas por los medios de comunicación social, generadores de auténticos ‛juicios paralelos’ como ha sucedido en el caso de autos”.

Ideología y circunstancias inocuas
“Una cosa es preservar la independencia judicial mediante el establecimiento de las garantías que le son propias, y que coadyuvan a su preservación, y otra muy distinta es situar la ideología como motivo que posibilita la separación del juez competente en el marco del proceso que nos ocupa, para preservar su imparcialidad, sobre la base de una serie de circunstancias concretas y externas que rodean el proceso, y que en nuestro caso, se han revelado absolutamente inocuas como ha quedado dicho”, concluyen para después rechazar la recusación.

http://www.elplural.com/2015/11/15/los-votos-del-pp-y-de-barcenas-que-la-auparon-al-cgpj-determinantes-para-apartar-a-espejel-del-caso-gurtel/

MARHUENDA ADMITE “DIEZ O DOCE” REUNIONES CON BÁRCENAS Y CASALS

El director de 'La Razón' asegura que recibió al extesorero del PP en el diario por motivos periodísticos aunque luego no lo publicase.

"Diez veces, doce, ocho, Luis Bárcenas ha estado en mi despacho" ha afirmado Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, en La Tertulia de Federico de EsRadio, defendiendo que las reuniones entraron dentro de la práctica periodística y "no tenían nada que ocultar". "Mi despacho está en medio de la redacción, puedes llamar y te lo confirmarán”, ha insistido a Federico Jiménez Losantos.

Los participantes en la tertulia han hecho referencia al artículo de EL ESPAÑOL en el que el propio Mauricio Casals, ejecutivo de Atresmedia, el grupo propietario de La Razón y la cadena Antena 3 que celebrará el debate a cuatro en el que Soraya Sáenz de Santamaría sustituye a Mariano Rajoy, confirma las reuniones con Bárcenas pero desmiente que sirvieran para interceder ante la Policía para que dejaran de considerarle como el 'Luis el cabrón' que aparece en la contabilidad de la Gürtel.

"Lo que yo no entiendo es que hacía Bárcenas, que no creo que tenga mucha conversación, reuniéndose tanto tiempo con él", comenta Losantos. "Te confirmo que no se hizo absolutamente nada", insiste el director de La Razón, que atribuye la redacción del comunicado por parte de Bárcenas a su estado "desorientado y hundido moralmente" al ingresar en prisión.

"Si eres inocente lo que tienes que hacer es demostrarlo" es el contenido de las conversaciones que mantuvieron según Marhuenda, que se muestra sorprendido por que las notas redactadas a instancias del abogado defensor de entonces Javier Gómez de Liaño hayan acabado en un medio de comunicación.

"Reconoce que no es normal que Mauricio y tú recibáis a Bárcenas para conseguir que la Policía cambie la calificación de unos hechos", insiste Losantos en otro momento. "Él no debe hacer la función del ministro del Interior a gusto de Soraya", afirma sobre Casals. "Son las tinieblas, son las cloacas". Marhuenda se reafirma entonces en que las reuniones que mantuvo con Bárcenas tenían por único objetivo "ver si había algo para publicar", lo que finalmente no hizo "porque no había pruebas".

Ambos periodistas chocan también sobre la valoración del comisario Villarejo, implicado en la incautación irregular de documentos en casa de los Bárcenas. Para Marhuenda es "una bellísima persona" que "ha servido a España" mientras que Losantos le acusa de haberle llamado una noche para amedrentarle.

http://www.elespanol.com/enfoques/20151202/83741635_0.html

SORAYA Y EL HOMBRE CLAVE DE A3 HICIERON GESTIONES EN FAVOR DE LUIS BÁRCENAS

Así consta en un manuscrito inédito remitido por el extesorero al juez Ruz. Santamaría y Mauricio Casals le ayudaron a aclarar que él no era Luis el Cabrón. Organizaron la reunión con mandos policiales.

La vicepresidenta del Gobierno llevó a cabo gestiones en favor del ex tesorero del PP bajo la supervisión de Mariano Rajoy y en coordinación con Mauricio Casals, hombre fuerte del Grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y La Sexta. Así lo relata Luis Bárcenas en un escrito hasta ahora inédito que obra en poder del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En este documento el ex alto cargo del PP sostiene, además, que atesora “correos y mensajes” con los que puede documentar las referidas maniobras, desarrolladas en 2012 y 2013.

La carta de Bárcenas, escrita en septiembre de 2013 y que fue dirigida al juzgado para que tuvieran conocimiento de la misma la Fiscalía Anticorrupción y el juez Pablo Ruz señala que negoció con “Soraya Sáenz de Santamaría” y revela que su “interlocutor” en todo momento fue Mauricio Casals. Este último reconoció este martes a este periódico haberse "reunido" con el extesorero del PP pero negó tajantemente haber realizado gestión alguna a su favor.

Precisamente la mano derecha de Rajoy será quien participará el próximo lunes en el debate electoral organizado por el Grupo Atresmedia, en el que Casals preside el diario La Razón y es miembro del Consejo de Administración y adjunto al presidente José Crehueras. Este debate tendrá un formato insólito. No en vano, será ella quien asista en sustitución de Rajoy y se enfrente a los candidatos a la presidencia del Gobierno del PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Esta misma fórmula ya ha sido rechazada por el diario El País, que en su debate del lunes exhibió un atril vacío para dejar constancia de que no quiso asistir Rajoy. La misma respuesta consistente en dejar el lugar vacío del presidente del Gobierno la adoptó la asociación de estudiantes Demos de la Universidad Carlos III en el debate que albergó la pasada semana.

Por el contrario, el respaldo de Atresmedia -grupo que incluye a Antena 3 y La Sexta- a la sustitución de Rajoy por Soraya ha sido determinante para la conformidad del PSOE, Podemos y Ciudadanos, según fuentes de los respectivos partidos.

EL ENIGMA DE 'LUIS EL CABRÓN'

El objeto de las conversaciones de 2012 y 2013 entre Bárcenas y Soraya con Casals como mediador radicó en intentar que la Policía rectificase el contenido de al menos uno de sus informes. Concretamente el fechado el 23 de febrero de 2009 en el que vinculaba a Bárcenas con un pago de 72.000 euros anotado por el contable de la trama Gürtel.
Cabe recordar que la Policía consideró que detrás del apodo de “Luis El Cabrón” se encontraba el extesorero popular. Bárcenas niega tajantemente esconderse tras ese alias y los dirigentes y empleados de la red Gürtel coinciden en que se referían a Luis Delso, presidente de Isolux.

El también ex senador del PP cuenta que “empezó a visitar periódicamente a Mauricio aproximadamente en marzo de 2012”. Y que desde ese momento se vieron “con regularidad hasta abril de 2013”. Todo ello, subraya el antiguo responsable de las finanzas del PP, “con el conocimiento de Rajoy”.

En este contexto Bárcenas sostiene que “recibió una llamada de María González Pico (jefa de Gabinete de Soraya)” a lo largo del “mes de agosto de 2012”. El motivo, prosigue, radicaba en que “presentase urgentemente un escrito en la Dirección General de la Policía pidiendo que se investigase quién era 'Luis El Cabrón'”. Esta iniciativa finalmente no prosperó. Entre otras cuestiones porque, como precisa el propio Bárcenas en su misiva, “aparece” poco después su “cuenta en Suiza”.

LA REUNIÓN DEL MILFORD

Este último episodio lo cuenta con detalle el periodista Ernesto Ekaizer en su último libro, Queríamos tanto a Luis (Planeta de los libros). En él añade que “como parte del trato con María” se produjo en 2012 la conocida reunión en el pub Milford de la madrileña calle de Juan Bravo entre el abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero, y altos mandos de la Policía para abordar esta cuestión.

Esta cita fue reconocida por el Ministerio del Interior, que la circunscribió al “ámbito estrictamente policial” y añadió que se produjo “por el interés de la investigación”. Ekaizer apunta también que en estas negociaciones intervinieron “personalidades de fuera del Gobierno” que “interceden” ante el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en clara alusión a Casals.

Fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sostienen a este periódico que fue precisamente el ejecutivo de Antena 3 quien organizó la reunión en el bar Milford a través de uno de sus contactos en la Policía. Estas maniobras, sin embargo, nunca desembocaron en las pretensiones de Bárcenas y la Policía no varió sus informes. De hecho, aseguran las mismas fuentes que los policías esperaban en aquella cita que el letrado les aportara nuevos datos que contribuyeran al esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Otro periodista, en este caso Luis María Anson, ya abordó en otra ocasión la relación entre la vicepresidenta del Gobierno y el ejecutivo del grupo audiovisual. En un artículo publicado en El Mundo el 4 de marzo de 2014 bajo el título El sorayato, indicó que la número dos de Rajoy “cuenta con excelentes colaboradores y consejeros, entre ellos, y de forma destacada, con uno de los hombres más inteligentes y capaces que he conocido a lo largo de mi dilatada vida profesional: Mauricio Casals”.

EL SMS DE BÁRCENAS A CASALS

No es la primera vez que Bárcenas sitúa a Casals como mediador entre los altos cargos del PP y él. Un mes después de que aflorase su fortuna oculta en Suiza, y tal y como desveló El Mundo, Bárcenas remitió un mensaje de móvil al ejecutivo del Grupo Antena 3 desde Vancouver (Canadá), donde estaba esquiando.

“Mauricio, me llama mi abogado para decirme que mañana sale (en referencia a la edición impresa de El País del 13 de febrero) que sigo cobrando sueldo del partido”, comenzaba el SMS. “Es evidente que el problema lo tiene Génova. Yo le ofrecí a Mariano (Rajoy) a través de Javier (Arenas) que hiciésemos el finiquito de diciembre”, agregó. “El abogado de Cospedal pretende que le firme un finiquito predatado a día de hoy. He dicho que sí, siempre y cuando ingresen la cantidad que me corresponde ya”.

Este mensaje dejaba en evidencia los testimonios prestados ante el juez Pablo Ruz por la secretaria general del PP y Arenas. En este sentido, no se habría pactado “una indemnización fraccionada” con Bárcenas sino un contrato que ella misma habría acordado resolver en febrero de 2013. Asimismo, Arenas habría tratado cuestiones económicas con el extesorero a pesar de haberlo negado ante la Audiencia Nacional.

http://www.elespanol.com/enfoques/20151201/83491710_0.html

BARCENAS : "MAURICIO FUE MI INTERLOCUTOR CON CONOCIMIENTO DE RAJOY"

El extesorero mantiene en el escrito que Casals intermedió en su favor con el beneplácito del presidente del Gobierno.

El extesorero del PP llevaba dos meses en prisión preventiva, acusado de esconder más de 22 millones de euros en Suiza, cuando decidió escribir la carta. “Para Ruz y la Fiscalía”, arrancó de su puño y letra el escrito dirigido a las fiscales y al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

PRIMER PÁRRAFO

“Empecé a visitar periódicamente a Mauricio aproximadamente en marzo de 2012. Desde entonces nos hemos visto con regularidad hasta el mes de abril de 2013. En mi última visita me estaba esperando en la puerta de La Razón [Francisco] Marhuenda, que me acompañó hasta el despacho de su presidente".

Según Bárcenas, sus reuniones periódicas con el presidente de La Razón arrancaron en marzo de 2012. La fecha no es accesoria ya que es entonces cuando la Audiencia Nacional decidió reabrir su causa, archivada en verano de 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Antes, el extesorero del PP realizó un trabajo de campo para intentar que su caso quedara completamente archivado. Primero presionó para que uno de sus enviados, el abogado y exdiputado Jorge Trías, se reuniera con el entonces instructor de la causa, el juez Antonio Pedreira.

Fue Pedreira quien decidió que la policía dejara de investigar a Bárcenas, Merino y Galeote el uno de septiembre de 2011 por falta de pruebas, pero el 15 de marzo de 2012 la Audiencia Nacional decidió dejar sin efecto su decisión. Fue entonces cuando la investigación contra Bárcenas se aceleró, igual que las visitas que relata al directivo de Atresmedia y que éste asegura que no conllevaron ninguna gestión por su parte.

SEGUNDO PÁRRAFO

"A lo largo de ese período y con el conocimiento de Rajoy, Mauricio fue mi interlocutor con Jorge Fernández y Soraya Sáenz de Santamaría, así como con el comisario Oliveras [sic] y el Jefe de Gabinete de Jorge Fernández Díaz, actual secretario de Estado de Interior".

Siempre según la versión de Bárcenas, el máximo responsable de La Razón sirvió de nexo en sus negociaciones soterradas con el conocimiento expreso de Mariano Rajoy. En este fragmento, el extesorero hace referencia a sus gestiones frente al responsable policial que localizó sus cuentas ocultas en Suiza y a Francisco Martínez, mano derecha del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

TERCER PÁRRAFO

"Bárcenas quería que la policía investigase quién era 'Luis el Cabrón', dado que la policía sabía perfectamente que él no era. Pidieron a cambio que se retirase por parte de Galeote la demanda presentada contra el inspector Morocho en Plaza de Castilla".

En este punto, el extesorero del PP cambia la redacción y comienza a hablar de sí mismo en tercera persona. Según aseguran a este diario fuentes próximas a las conversaciones, la versión aportada por Bárcenas en este asunto concreto se aleja de la realidad. El 23 de febrero de 2009 -dos meses después del estallido de la Operación Gürtel- un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) identificaba al tesorero del PP como “Luis el Cabrón” en la contabilidad oculta de Francisco Correa. Desde entonces, Bárcenas pelea para desvincularse de estos apuntes contables con el argumento de que hacen referencia a otro empresario; el constructor Luis Delso, presidente de Isolux.

Las pretensiones de Bárcenas cristalizaron en una reunión celebrada el 27 de agosto de 2012 en el pub Milford de Madrid. Tal y como reconoció el propio Ministerio del Interior, el que había sido comisario responsable de la UDEF se reunió allí con la defensa de Bárcenas, encabezada entonces por el abogado Alfonso Trallero. El letrado y su socio Miguel Bajo abandonaron al extesorero cuando decidió dar un paso adelante y reconocer la autoría de la presunta contabilidad B del PP, conocida como “los papeles de Bárcenas”.

En aquella reunión –conocida y avalada por el Ministerio del Interior- las posiciones de Bárcenas y los policías se alejaron todavía más si cabe. Dos años antes, fue el propio exsenador quien se encontró con varios responsables policiales en un reservado del restaurante Riantxo de Madrid. Aquel primer encuentro acabó en desencuentro cuando Bárcenas acusó a varios de los presentes de emprender una persecución injusta contra él.

Dos años después, fueron sus abogados los encargados de transmitir la propuesta. A un lado de la mesa, Alfonso Trallero mantenía la voluntad de Bárcenas de que los informes policiales cambiaran la identificación de 'Luis el Cabrón'. Los responsables policiales, por su parte, acudieron al encuentro enviados por sus superiores y ante la promesa de que Bárcenas aportaría datos certeros sobre el caso. Nada de eso sucedió, así que el asunto quedó en tablas. Según fuentes presentes en aquella negociación, tampoco estuvo sobre la mesa la querella contra funcionario alguno como moneda de cambio. A día de hoy, los informes de la UDEF siguen señalando a Bárcenas como beneficiario de esos presuntos pagos.

CUARTO PÁRRAFO

“En el mes de agosto de 2012 recibí una llamada de María González Pico (jefa de gabinete de Soraya) para que presentase inmediatamente un escrito en la dirección general de la policía, pidiendo que se investigase quién era Luis el Cabrón (Pedro Pérez y Mauricio, íntimos)”.

En estas líneas, el extesorero del PP hace referencia a las presuntas gestiones de quien es, de facto, mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno: María González Pico. Periodista burgalesa, González Pico es la jefa de Gabinete de Sáenz de Santamaría. Entre sus atribuciones se encuentra, por ejemplo, la relación entre la número dos del Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que tras una reordenación ejecutiva en 2011 dejó de estar bajo el paraguas del Ministerio de Presidencia.

En mitad de este relato, Bárcenas deja en su escrito una anotación extraña. Una frase entre paréntesis que poco tiene que ver con el caso “(Pedro Pérez y Mauricio, amigos)”. La acotación, un inciso en el tema principal de la carta, parece un simple apunte sobre la relación de amistad entre Mauricio Casals y el que fuera presidente de la Federación de Asociación de Productores Audiovisuales de España (FAPAE), Pedro Pérez.

QUINTO PÁRRAFO

“El escrito se presentó, pero la policía pidió opinión a Ruz y este dijo que era improcedente. Se lo pedimos al juez en octubre de 2012 y desde esa fecha, la policía propuso distintos textos a través de Mauricio. Al final, la primera semana de enero de 2013 había un texto consensuado: No podemos afirmar que 'Luis el cabrón' sea Bárcenas (era lo básico). En esos días aparece mi cuenta en Suiza y la policía varía su escrito y se desdice”.

En octubre de 2012, Suiza todavía no había enviado a España la información sobre las cuentas ocultas del extesorero del PP en territorio helvético. La principal preocupación del exsenador era conseguir que su esposa, también imputada en la causa, quedara fuera de las investigaciones. Pero no lo consiguió. Un mes antes de esta fecha, un nuevo informe de la UDEF ponía a Rosalía Iglesias en el foco de las pesquisas por la supuesta venta de unos cuadros a una marchante de arte argentina. La intermediaria reconoció después ante la Audiencia Nacional que el contrato y la transacción eran ficticias, realizadas con el único objetivo de justificar la transferencia de casi medio millón de euros desde Uruguay a España.

Fue en enero de 2013 cuando la Audiencia Nacional tuvo conocimiento de las seis cuentas que Bárcenas escondía en Suiza. Desde la reunión con sus abogados en el Milford, no hubo más contacto de los funcionarios con el entorno del extesorero.

SEXTO PÁRRAFO

“(Hay correos y mensajes míos con Mauricio, María González Pico y Jorge Fernández)”.

Como despedida, Luis Bárcenas deja un nuevo mensaje entre paréntesis; un aviso a navegantes que el juez no consideró importante. Dos años después de este escrito, no hay cuerpo policial, fiscal o institución judicial alguna que haya solicitado al extesorero copia de estas pruebas.

http://www.elespanol.com/enfoques/20151201/83491712_0.html

LA DETALLADA HISTORIA DE LOS ENREDOS ALREDEDOR DE ‘LUIS EL CABRÓN’

Los documentos que muestran paso a paso cómo Bárcenas, con el apoyo del entorno de la vicepresidenta intentó, sin éxito, librarse del maldito alias con el que la policía dice que se le señalaba en los papeles de la Gürtel

Este miércoles, el digital ElEspañol.com abría asegurando que “Soraya y el hombre clave de A3 hicieron gestiones en favor de Luis Bárcenas”. La base de la información es un manuscrito del extesorero del PP, en el que se cuenta cómo le habrían ayudado a ‘vender’ ante los mandos policiales que él no era “Luis el Cabrón”. A cambio, eso no se especifica, pero parece fácil deducirlo, vendría a dejarse claro a Bárcenas que el Gobierno y el PP no le dejaban solo.

Otra forma de decir “Luis, sé fuerte”

Si se quiere, era otra forma de decirle “Luis, sé fuerte”. Pero esta vez no en forma de sms, sino de manera más práctica, y jugando el papel de ‘consolador’, no el Presidente, sino su segunda, la poderosa Soraya Sáenz de Santamaría. El vehículo para que llegara el mensaje también se cambió, y del impersonal móvil de Rajoy, se pasó a dos personas de la absoluta confianza de la vicepresidenta, el alto directivo de Planeta/Atresmedia Mauricio Casals (con el que Bárcenas dice haberse visto, incluso Maruhenda mediante, e intercambiado mensajes en repetidas ocasiones; y su jefa de Gabinete, María González Pico, que le llamó por teléfono al menos en agosto de 2012, cuando se inició todo el embrollo).

Todo, siempre, con una intención clara, insistimos: desvincular a Luis Bárcenas del personaje que en los papeles de la Gürtel aparecía ‘escondido’ tras el alias de ‘Luis el Cabrón’, y que aparecía como comisionista en grabaciones y documentos.

Los documentos que ponen orden en la historia

Pero usemos los documentos y la cronología para aclarar esta historia.

Desde el primer momento, en sus investigaciones, los miembros de la policía judicial, UDEF, concluyeron que tras el alias ‘Luis el Cabrón’, al que se habían pagado mordidas, y del que había referencias en documentos incautados a la trama Gürtel, no se escondía sino Luis Bárcenas. Y así figura en algunos escritos como éste que reproducimos, fechado en el 23 de enero de 2009.

Que se le identificara con ‘Luis el cabrón’, está claro, complicaba la vida a Bárcenas, que desde el primer momento intentó que se le desvinculara de ese alias al que se convertía en activo personaje de la trama.

LLega el PP, esperanzas nuevas para Bárcenas

La llegada del PP al Gobierno, debió pensar Bárcenas, podría facilitarle esta tarea. Era todavía, recordemos, 2011, cuando Luis Bárcenas, a través de los diferentes interlocutores que se le habían ido colocando por parte de Génova (Javier Arenas, por ejemplo) se aseguraba que “no podrán demostrar su culpabilidad”, y se emitían documentos como aquel de julio de 2009, que en 2014 aún seguía colgado en la web del PP, y en cuyo primer punto se leía “El Partido Popular confía en la inocencia de Luis Bárcenas y en que así se demostrará en los Tribunales de Justicia”.

El extesorero comenzó a presionar para que se le librara de la peligrosa relación con ‘Luis el Cabrón’ y, según se comprueba en el manuscrito hecho público este miércoles en ElEspañol.com, encontró oídos en el entorno de la vicepresidenta. Por un lado a través del directivo del grupo de medios de Planeta, Mauricio Casals. Después por parte de la propia jefa de Gabinete de Soraya, María González Pico, que dice Bárcenas, “en agosto de 2012 recibí una llamada para que presentase urgentemente un escrito en la dirección Gnal. Policía, pidiendo que se investigase quién era “Luis el Cabrón”“.

Dicho y hecho, a través de su abogado, Alfonso Trallero, como se puede comprobar en el documento que adjuntamos, Luis el extesorero, escribió a Ignacio Cosidó pidiendo que se hiciera tabla rasa de las conclusiones policiales anteriores y se buscara a “Luis el Cabrón”…, eso sí, mirando para otro sitio.

Carta de Bárcenas pidiendo que la policía vuelva a comprobar quién es ‘Luis el Cabrón’… Gestión que realiza tras llamada de María Glez. Pico, jefa de Gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría

En la UDEF desconfían de su jefe y tocan en la puerta del juez

En la UDEF, aseguran a ELPLURAL.COM fuentes que conocen el proceso, el escrito fue recibido como una amenaza, y se hizo llegar al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que dirigía Pablo Ruz y llevaba el sumario Gürtel. El juez fue contundente ante el escrito, al que respondió con un auto en el que decía que “la presentación de ese escrito constituye una manifiesta irregularidad y resulta de todo punto inadmisible”. Y concluía prohibiendo, como se ve, cualquier acción en ese sentido, al tiempo que animaba a las partes a ser legales y si querían algo acudieran a él.

Bofetón del juez a las presiones que se intentaban desde el Gobierno, como el documento del propio Bárcenas aclara ahora, pero que no les desanimaron. Ni al tesorero, ni a quienes le querían ayudar a ser fuerte.

Continuar la presión
Y es que, por un lado, lo contaba Ernesto Ekaizer en su libro Queríamos tanto a Luis, las gestiones para ‘reenfocar’ la visión de la policía continuaron y se produjo una reunión en el madrileño pub Milford organizada por el directivo de Antena 3 Media (Marhuenda ha reconocido que “Diez veces, doce, ocho, Luis Bárcenas ha estado en mi despacho” con su jefe Casals por medio) entre diferentes mandos policiales y el abogado de Bárcenas entonces, Alfonso Trallero, hombre de total confianza de la dirección del PP. Pero al tiempo seguían buscando la vía judicial para librarse del alias, y aceptaban la sugerencia de Ruz y pedían que se abriera una búsqueda de la identidad de “Luis el Cabrón”.

Ruz, cumpliendo con su promesa, cuando recibió el escrito de Trallero, volvió a dirigirse a la UDEF para que repasaran sus conclusiones. La policía judicial, para desgracia de Bárcenas, se siguió mostrando independiente ante cualquier sugerencia, si es que la hubo directamente. Su informe, que reproducimos en parte, lo demuestra.

La historia inacabada.., parece
Bien es cierto, que a partir de este momento, en los informes policiales comenzaron a desaparecer las referencias a ‘Luis el Cabrón’. Hasta el punto de que Antonio Hernando, el potavoz del Grupo Parlamentario Socialista llegó a plantear una batería de preguntas en este sentido al Gobierno (se pueden leer aquí). Cuestionario al que el Gobierno respondió con evasivas. En especial una en la que se interesaba por la desaparición de la mención hacia “Luis el Cabrón” en un informe de la UDEF de diciembre de 2013, a la que el Gobierno contestaría con un evasivo texto que concluía dicendo que los infromes nuevos se hacen “sin anular ni corregir los informes anteriores”.

Y aquí habría acabado la historia de las idas y venidas de Luis Bárcenas por evitar cargar con las ‘maldades’ de ‘Luis el Cabrón’, ayudado al parecer por la vicepresidenta y la gente de su confianza, hasta que Pedro J. Ramírez ha decidido desvelar el manuscrito y desempolvar la historia. Conociendo la relación, mala, muy mala, entre el antiguo director de El Mundo y Moncloa, muy especialmente Soraya Sáenz de Santamaría, a la que considera no muy lejos de su salida del diario, quizás no haya que descartar que la historia tiene aún capítulos por conocerse. La frase con la que acaba el manuscrito de Bárcenas publicado por ElEspañol.com parece casi asegurarlo. “Hay correos y mensajes míos con Mauricio, Mª González Pico y Jorge Fernández”, ha escrito Bárcenas, el muy cab…

http://www.elplural.com/2015/12/02/la-detallada-historia-de-los-enredos-alrededor-de-luis-el-cabron/

LOS 'PAPELES DE ROSALÍA' INDICAN QUE FERNÁNDEZ DÍAZ NEGOCIÓ CON BÁRCENAS

La esposa de Luis Bárcenas incluyó al ministro del Interior en el inventario de pruebas comprometedoras para el PP que confeccionó de su puño y letra durante el verano de 2013. Rosalía Bárcenas dejó constancia por escrito de que el matrimonio tiene en su poder “sms cruzados” con el “móvil” de Jorge Fernández Díaz, al que identifica en su manuscrito como “J. Fedez”. Pero también añadió que tienen en su poder el rastro de “una llamada a un teléfono directo” que, especifica, su marido “cree” que es el del Ministerio del Interior y “mensajes” con Javier Arenas.

Los papeles de Rosalía, de los que este periódico publica hoy una segunda entrega, incluyen, además de las referencias a Fernández Díaz y a Arenas, un amplio catálogo de pruebas que demostrarían la financiación ilegal del PP. Tal y como reveló ayer EL ESPAÑOL, estos manuscritos fueron confeccionados por la esposa del ex tesorero mientras éste estuvo en la prisión de Soto del Real y después de mantener numerosas conversaciones con su marido.
El ex tesorero del PP ha confesado a su entorno que, efectivamente, dispone de al menos dos mensajes de móvil que se intercambió con Fernández Díaz antes de ingresar en prisión. Asimismo, ha relatado que mantuvo una conversación telefónica con él a través del teléfono fijo del ministerio.

EL ENIGMA DE 'LUIS EL CABRÓN'

Según la versión que ha trasladado Bárcenas a sus más próximos, la llamada telefónica la habría realizado él y Fernández Díaz le habría reprendido por haberle telefoneado a su despacho. Por ello, según el mismo testimonio, la conversación continuó a través de un número de teléfono móvil facilitado por el propio ministro

El objeto de los mensajes y de las conversaciones con Fernández Díaz radicaba, entre otras cuestiones, en la petición por parte de Bárcenas de que la Policía rectificase sus informes aportados en el caso Gürtel. Pretendía que quedara claro que él no es el “Luis El Cabrón” que aparece en la contabilidad B del empresario Francisco Correa. Según la documentación interna del cabecilla de la trama Gürtel, un individuo identificado con este pseudónimo figura como perceptor de un pago de 72.000 euros. Bárcenas se mostraba dispuesto a admitir que tras las anotaciones de las iniciales “L.B.” se encontraba él pero, bajo ningún concepto, detrás del primero de los alias.

Además de apuntar a Fernández Díaz como negociador, los papeles de Rosalía hacen referencia a “pagos” de “obras en casa de Mariano”, en alusión al presidente del Gobierno. Pero también a que el matrimonio tendría en su poder justificantes del pago de sobresueldos en negro a altos dirigentes del partido. Esto es, “recibís” de Jaime Mayor Oreja y Ángel Acebes así como “detalles” de “cómo eran las entregas” de estos complementos salariales “sobre todo a Mariano (Rajoy), (Francisco Álvarez) Cascos, Javier (Arenas) y (Rodrigo) Rato”.

Los manuscritos de Rosalía se encuentran en estos momentos en manos de policías, no han sido aportados al juez y han aflorado en el marco de una guerra intestina en el corazón del Cuerpo en la que dos clanes enfrentados se acusan mutuamente de haberle robado estos escritos personales al ex tesorero en el marco de un operativo destinado a buscar si dispone todavía de dinero oculto.

CONFIRMADA OTRA CITA CON RAJOY

Bárcenas realizó diversas gestiones encaminadas a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía rectificara su informe de 23 de febrero de 2009 y aclarara en uno nuevo que él no era “Luis El Cabrón”. Tanto el contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo, como la empleada de las empresas de Correa, Isabel Jordán, dieron la razón a Bárcenas y aseguraron que no era él quien se escondía detrás de ese mote. No en vano, los propios líderes de la trama siempre han admitido que se referían al empresario Luis Delso, presidente del Grupo Isolux.

Con la misma intención, Bárcenas llegó a mantener una cita con varios comisarios de policía para trasladarles su malestar por este extremo y solicitarles la rectificación. El Ministerio del Interior llegó a admitir el encuentro, aunque precisó que se produjo con el letrado del ex tesorero. Lo justificó “por el interés de la investigación” y añadió que se “circunscribió estrictamente al ámbito policial”.

Junto a las referencias al ministro del Interior, los papeles de Rosalía también reproducen algunos de los mensajes de móvil ya conocidos que se intercambiaron Bárcenas y el presidente del Gobierno. En uno de ellos, Rajoy le transmite que “nada es fácil pero hacemos lo que podemos” y le explica que no puede quedar “mañana”, emplazándole un “viernes a las 17 h”. Junto a la reproducción textual del mensaje, Rosalía Bárcenas pregunta: “Le viste?”. Y se contesta ella misma a continuación con un “sí” y la aclaración de que la cita se produjo en “Genóva, 13”. En esta reunión, que se celebró el viernes 13 de abril de 2012, el ex tesorero le trasladó al presidente su malestar con el partido al considerar que le había abandonado a su suerte.

En este inventario del arsenal documental del matrimonio Bárcenas también se alude a “mensajes” entre Bárcenas y Javier “Arenas” así como a la documentación que vincula a “Cospedal” con “Toledo”. Es decir, al recibí que ya ha aportado a la Audiencia Nacional que acredita que el gerente del PP en Castilla-La Mancha José Ángel Cañas cobró 200.000 euros en negro. Estos fondos, aseguró Bárcenas, proceden de una comisión abonada por la empresa Sacyr a cambio de la adjudicación de la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Toledo.

http://www.elespanol.com/espana/20151123/81491886_0.html

LOS PAPELES DE ROSALÍA COMPROMETEN A RAJOY

La mujer del extesorero del PP confeccionó de su puño y letra durante el verano de 2013 un completo inventario del arsenal documental que su marido y ella atesoraban contra el partido y en el que incluyó anotaciones comprometedoras para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Rosalía Bárcenas elaboró esta lista, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, pocas semanas después de que su marido ingresara en prisión el 28 de junio de ese mismo año por riesgo de fuga y tras mantener numerosas conversaciones con él en el centro penitenciario de Soto del Real.

En dicha relación, que constituye un completo catálogo de irregularidades del PP vinculadas con su financiación ilegal, Rosalía Bárcenas incluye una anotación que reza textualmente “pagos obra en casa de Mariano”.

En la primera entrega de los papeles de Rosalía que publica hoy este periódico, los manuscritos de la mujer del extesorero hacen referencia a trabajos realizados en el domicilio particular del presidente del Gobierno. Pero también deja constancia el texto de Rosalía de que el matrimonio dispone de los “detalles de cómo eran las entregas” de dinero negro al máximo responsable del Ejecutivo.

Primera entrega de los papeles de la mujer de Bárcenas.

La guerra intestina que se libra en estos momentos en el corazón de la Policía Nacional ha hecho que dos facciones enfrentadas del Cuerpo hayan aflorado como arma arrojadiza, entre otros, este documento interno del matrimonio Bárcenas. Dos bandos claramente diferenciados, el primero liderado por el excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el segundo por el comisario José Manuel Villarejo, se acusan de haber sustraído ilegalmente documentos al extesorero popular durante un operativo destinado oficialmente a buscar la fortuna que supuestamente todavía mantiene oculta.

En esta reyerta policial han aflorado los papeles de Rosalía, que estaban siendo custodiados por el matrimonio en su domicilio madrileño, y que vertebran su estrategia de defensa. Pese a que esta documentación obra en poder de funcionarios de Policía, nunca fueron entregados al juez.

'Operación Kitchen'

Este diario ha contrastado con la familia Bárcenas la veracidad de la documentación así como que se encontraba en su casa en las fechas en las que se desarrolló el operativo policial conocido como 'operación Kitchen'. Esto es, durante el verano de 2013. Esta documentación, hasta ahora inédita, salió en al menos una ocasión del domicilio de los Bárcenas en cajas que fueron transportadas por su entonces chófer y escolta, de nombre Sergio, que ha ingresado con posterioridad en la Policía Nacional.

Los manuscritos de Rosalía comienzan con dos anotaciones que se refieren a los pagos librados al que hasta el 11 de julio había sido su letrado, Miguel Bajo. Así, la mujer del ex tesorero anotó en las hojas de su cuaderno: “650€ cobrado despacho Bajo (datos) [sic]”. Se refería a que el total de lo abonado por el PP al despacho de Bajo y de su socio Alfonso Trallero ascendía a 650.000 euros y no a los 338.000 que se barajaron entonces. Más adelante especificaba que la “última provisión de fondos” abonada a su bufete se elevaba a “121.000 euros”. Esta cantidad fue abonada personalmente por Bárcenas a su defensa una vez que el partido había marcado distancias con él.

Rosalía prosigue dejando negro sobre blanco una de las principales preocupaciones que invadían al matrimonio en ese momento: el “alcance de lo que conoce Trallero de los papeles del PP”. Aludía a una cuestión fundamental para la pareja en esos momentos. Quienes habían sido sus letrados no estaban de acuerdo con la estrategia adoptada por su cliente de arremeter contra el partido para demostrar que se había venido financiando durante décadas de forma irregular y que sus principales líderes se encontraban implicados en la trama.

Cuatro horas con Bárcenas

Bajo y Trallero abandonaron la defensa del ex tesorero sólo un día después de que El Mundo publicara el artículo “Cuatro horas con Bárcenas”, en el que Pedro J. Ramírez, entonces director del rotativo, relataba la larga conversación que había mantenido con el también exsenador en la que éste le explicó que el PP se había financiado irregularmente durante al menos veinte años. La renuncia de Bajo y Trallero se produjo, además, el mismo día que Ramírez aportó a la Audiencia Nacional el documento original de los famosos papeles de Bárcenas. El testigo de estos letrados lo cogió el abogado Javier Gómez de Liaño.
 

El matrimonio consideraba clave, en consecuencia, recordar el “alcance” de lo que sus ex abogados sabían de los “papeles del PP” que todavía tenían en su poder y pretendían ir administrando. Toda vez que Bajo y Trallero ya se habían posicionado a favor del partido y podían desvelar a sus dirigentes la munición de que disponía el ex tesorero y todavía no había sacado a la luz. Por lo tanto, la denominación de “papeles del PP” no sólo englobaba la contabilidad B del partido publicada por El País sino la documentación comprometedora que todavía se guardaba celosamente y que Rosalía pasaría a detallar a continuación.
 

En esta primera entrega de los papeles de Rosalía, la mujer del ex tesorero pasa a abordar la siguiente cuestión. Así, a renglón seguido escribió la siguiente pregunta: “De quién hay recibís? [sic]”.

Poco antes de que El País publicara los papeles del ex tesorero, El Mundo ya desveló que la cúpula del PP había cobrado durante años sobresueldos en negro y que muchos de ellos firmaron recibís que se quedó el ex tesorero. Con objeto de documentar estos hechos, la mujer de Bárcenas se preguntó en el mismo manuscrito si tenían a mano pruebas de los referidos pagos a dos históricos pesos pesados de la formación. “Jaime M y Acebes?”, se volvía a preguntar de forma retórica Rosalía en clara referencia al ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja y al también ex ministro de Interior y ex secretario general del PP.

"Pagos obras en casa Mariano?"

Bárcenas ya declaró ante la Audiencia Nacional que todos los presidentes, secretarios generales y vicesecretarios del partido habían cobrado sobresueldos en negro y que las entregas se realizaban de forma “sistemática” en sobres entregados en mano repletos de billetes de 500 euros. Estos pagos se articularon de esta forma ya que la mayoría de receptores ocupaba cargos públicos y no podía percibir por ley otra retribución que no fuera la correspondiente a sus respectivos puestos en la Administración. La Ley de Incompatibilidades se lo prohibía expresamente y condenaba su incumplimiento con la inhabilitación.

Bárcenas relató en círculos periodísticos antes de ingresar en prisión que en el caso de Mariano Rajoy el encargado habitual de entregarle los sobresueldos era el extesorero Álvaro Lapuerta, quien se los habría camuflado en cajas de puros.

Rosalía también consideró muy importante, y así lo anotó inmediatamente después, recopilar las pruebas del pago de trabajos realizados en el domicilio del presidente del Gobierno. “Pagos obras en casa Mariano?”, escribió.

Según ha podido saber este periódico, han circulado dos versiones distintas sobre esta cuestión. La primera consiste en que tras estos servicios se esconde la realización de obras para reforzar las medidas de seguridad del domicilio del presidente. Éstas habrían consistido en la instalación de una serie de cámaras de seguridad y cristales reforzados, algo similar a lo que se habría hecho en la casa de Acebes. Las fuentes consultadas por este diario apuntan además a que estas reformas pudieron ser sufragadas por el PP o bien directamente regaladas por el arquitecto Gonzalo Urquijo. Cabe recordar que el partido ya encargó a este último la reforma de su sede de la calle Génova y abonó sus servicios con más de un millón de euros en dinero negro, tal y como ha acreditado la Audiencia Nacional. La segunda de las versiones alude a obras de mayor envergadura en el domicilio de Rajoy pagadas con cargo a la caja B del partido.

Junto a los apartados anteriores, y con el mismo objetivo de acreditar con documentos concretos la existencia de una trama de financiación irregular en el partido, la mujer de Bárcenas escribió en el apartado siguiente la importancia para su estrategia de los “detalles de Brues y Pinal”. Pero también de “otros documentos” que “pueda ir pasando” a los medios de comunicación.

Antonio Pinal es el propietario de la constructora Bruesa y fue apuntado por Bárcenas como uno de los empresarios que entregaron dinero negro que acabaría siendo destinado al pago de varias sedes del PP. Entre otras, la de Baleares. Sólo en las Islas Bruesa se llevó adjudicaciones públicas por parte de las Administraciones gobernadas por los populares por importe de 70 millones de euros. También se investiga si Bruesa sufragó de la misma manera las instalaciones del PP en Vizcaya.

"Cuánto dinero entra en negro al año"

En el proceso de acopio de documentación comprometedora, Rosalía indicó también que obraba en su poder “cto (cuánto) dinero negro entra al año en negro [sic]” en el PP. En la documentación del ex tesorero conocida hasta la fecha dicha cifra se eleva a un total de 8,3 millones de euros no declarado que situaba la media anual en unos 600.000 euros.

Con estos fondos opacos, tal y como anotó anteriormente Rosalía, se pagaron sobresueldos a los cabecillas del PP. De ahí que, en el siguiente punto de los papeles de la mujer del ex tesorero, se resalten los “detalles de cómo eran las entregas” en sobres. “Sobre todo”, especifica el manuscrito, “a Mariano (Rajoy), (Francisco Álvarez) Cascos, Javier (Arenas), (Rodrigo) Rato y Jaime Mayor”.

Por último, Rosalía se refiere en su manuscrito a los ya célebres “mensajes” de móvil intercambiados entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas en febrero de 2012 y recalca la necesidad de explicar “tres de ellos”. Entre otros, el que remite el ex tesorero al presidente del Gobierno el día 26 a las 18.56 horas. En él plantea a Rajoy la necesidad de cambiar a Antonio Salinas como responsable de la Fiscalía Anticorrupción ya que considera que no es capaz de parar a las fiscales que le investigan.

Si esta documentación hubiera llegado a manos del juez instructor cuando presumiblemente fue sustraída, hubiera reforzado el contenido de la declaración de Bárcenas. Asimismo, hubiera obligado al instructor a tomar declaración a Mariano Rajoy como ya hiciera en calidad de testigos con María Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez Cascos o Javier Arenas.

http://www.elespanol.com/espana/20151123/81491886_0.html

LA POLICÍA DESMIENTE AL PP: BÁRCENAS FUE READMITIDO EN EL PARTIDO

Un prueba pericial acredita que la Jefa de Personal del partido firmó la readmisión del ex tesorero a pesar de que ella lo negó ante el juez

Un informe de la Comisaría General de Policía Científica desmiente a la jefa de Personal del Partido Popular y valida el escrito presentado por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, a la formación política, el 12 de febrero de 2010, solicitando reincorporarse a su puesto de trabajo tras su etapa como senador. Así lo corrobora el informe elaborado por la Unidad Central de Criminalística y aportado al sumario del caso que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid sobre la situación laboral del ex tesorero del PP, según publica hoy el diario El Mundo.

El estudio realizado por la Policía acredita que Milagros Puentes firmó el escrito de readmisión que Bárcenas presentó tras su excedencia forzosa durante seis años, para ocupar un cargo público.

El pasado 2 de junio, Milagros Puentes Colorado compareció ante el juez y, tras exhibirle el documento en cuestión, declaró que el ex tesorero «no le entregó nada» en el año 2010 y que la firma que consta en el citado escrito es «similar» a la suya, pero que no lo firmó. Es más, advirtió al juez de que «el asesor jurídico y la jefe del partido», según el testimonio de Puentes, la llamaron para enseñarle el documento y ella les dijo que no lo había visto, ante lo cual ambos le pidieron si no tenía inconveniente en recoger su queja en un acta notarial.

La Jefa de Personal del PP aseguró ante el juez que la primera vez que vio ese documento fue en octubre del año pasado y se remitió a la citada acta notarial, donde niega que el documento estuviera firmado por ella y que la carta en cuestión «es falsa».

Sin embargo, el estudio de la firma realizado por la Sección de Documentoscopia de la Policía constata que la rúbrica en cuestión la realizó Milagros Puentes, según han confirmado a El Mundo fuentes conocedoras del citado informe. El PP, en cambio, alegó que el contrato laboral con Luis Bárcenas fue extinguido de mutuo acuerdo el 16 de abril de 2010, cuatro días después de presentar la citada carta.

Indemnización en diferido
El Partido Popular justificó el dinero que siguió recibiendo el ex tesorero hasta el 31 de enero de 2013 argumentando que se trataba de «una indemnización diferida abonada como renta mensual», según consta en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid, el 17 de julio de 2014, que desestimó la demanda por despido improcedente presentada por Luis Bárcenas mientras el ex tesorero se encontraba aún en prisión. Bárcenas salió de la cárcel el pasado 22 de enero tras pagar una fianza de 200.000 euros

Bárcenas recurrió esta sentencia el 3 de octubre de 2014, en recurso de suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aportando el documento motivo de estudio de la Unidad Central de Criminalística. El ex tesorero alegó haber prestado servicios como asesor del PP con carácter retribuido entre el 16 de abril de 2010 y el 31 de enero de 2013 y defendió no haber podido aportar antes el original del escrito de readmisión por encontrarse en prisión, lo que limitó «ostensiblemente su capacidad para localizar y aportar» el documento.

El recurso presentado por Bárcenas contemplaba también la inexistencia de «documento alguno relativo a la extinción de la relación laboral» con el PP, insistiendo en que se reincorporó al partido en calidad de asesor y no de tesorero, que era el cargo que ocupaba antes de pedir la excedencia para ir al Senado.

El PP pidió la impugnación del recurso el 23 de octubre de 2014 adjuntando el acta notarial con las manifestaciones de Milagros Puentes negando haber firmado la solicitud de readmisión del ex tesorero.

“Que examinados los archivos obrantes en el Partido Popular [...] no existe ni ha existido el documento que ha aportado Luis Bárcenas Gutiérrez con su firma [la de Puentes] en el recibí y el sello de personal del Partido Popular», según consta en el acta notarial. «Que el mencionado escrito nunca le ha sido entregado, remitido o exhibido por su remitente [Luis Bárcenas]», prosigue la citada acta. En este sentido, el PP alegó que el origen del documento radicaba en «una actuación dolosa, fraudulenta y negligente».

Tras la nueva prueba aportada por la Policía, el juez Arturo Zamarriego decidió volver a citar a Milagros Puentes en calidad de imputada por presuntos delitos de falsificación de documento público, estafa procesal y obstrucción al buen funcionamiento de la justicia. La comparecencia no se celebrará hasta después de las elecciones generales. En concreto, el 22 de diciembre.

Según relata El Mundo el diario se puso este miércoles en contacto con un portavoz oficial del Partido Popular para conocer su valoración sobre las nuevas pruebas aportadas al caso por la Unidad Central de Criminalística, pero la formación política declinó hacer comentarios al respecto.

http://www.elplural.com/2015/11/19/la-policia-desmiente-al-pp-barcenas-fue-readmitido-en-el-partido/

LOS ABOGADOS ESPECIALISTAS EN LA BANDA GÜRTEL CERCAN A COSPEDAL EN LOS JUZGADOS DE TOLEDO

ADADE ha pedido la personación como acusación popular en la causa sobre la supuesta mordida de 200.000 euros que Sacyr pagó al PP toledano en 2007

Desde este viernes, 27 de noviembre, el titular del Juzgado Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, tiene sobre su mesa la solicitud de personación como acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), verdaderos especialistas en la banda corrupta Gürtel, que quieren saber todo acerca de la supuesta mordida de 200.000 euros que el PP de Castilla La Mancha recibió de Sacyr para financiar la campaña electoral de María Dolores Cospedal de 2007 a cambio de la millonaria concesión del servicio de recogida de basuras de la ciudad de Toledo, según declaración del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en sede judicial ante el exmagistrado del Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, quien realizó una pieza separada y envío a los juzgados toledanos esta “bomba de relojería” que apunta directamente a Cospedal, así como a sus más directos colaboradores, entre los que se encuentra el secretario general del PP castellano-manchego, Vicente Tirado.

Malas, muy malas, noticias para Cospedal
No hace falta recordar que ADADE fue la primera acusación, la primera acción pública que se ejerció en el caso de la corrupción generalizada más importante de los últimos 30 años que afecta directamente al PP de María Dolores Cospedal y de Mariano Rajoy, y que no tiene parangón con otros casos ya juzgados, como la Filesa socialista, o que en estos momentos lo están siendo, como son los ERES andaluces. Ni mucho menos. Y eso lo saben muy bien los “populares” castellano-manchegos, hallados en un sinvivir y cercados desde este viernes, como lo prueba el escrito de ADADE al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, y en el que recuerdan al juez Rodríguez Ruiz que las presentes actuaciones en las que piden su personación provienen, por inhibición, del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el cual acordó mediante auto de fecha 23/3/2015 la formación de una pieza separada denominada “Expediente Servicio Limpieza de Toledo” y su inhibición a favor de los Juzgados de Instrucción de la Ciudad de las Tres Culturas. De ahí que mantengan que, al estar personados “en las referidas diligencias previas, en la llamada causa Gürtel, desde su nacimiento”, donde siguen ejerciendo la acusación popular en la pieza principal y en todas sus piezas separadas, “la personación en la presente causa es una mera extensión de la personación en el procedimiento del que proviene”. O dicho de otra forma, el juez toledano tendrá que admitir, sí o sí, a los abogados de ADADE como acusación popular.

Ni querella ni prestación de fianza

No cabe duda, Cospedal tiene un nuevo problema, y gordo. Ya no hablamos de causas sorteadas a través del plasma con su otrora amigo Bárcenas desde la cárcel. No, aquí estamos tratando con juristas acreditados y reconocidos que han visto en la supuesta mordida algo más que una sospecha; han visto claros indicios como así también los percibió el juez Ruz. Por eso recuerdan al magistrado toledano que no son nuevos en este culebrón corrupto de la mordida de los 200.000 euros, ya que no se trata “de comenzar la acción penal, sino de la incorporación a un proceso ya en marcha”, por lo que “no es exigible ni la querella, ni la prestación de fianza”, señalan en su escrito de personación que obra en poder de este periódico.

Más acusaciones populares

Pero ADADE no son los únicos abogados que piden estar personados como acusación popular en la supuesta mordida de los 200.000 euros, también la Asociación Observatori de Drets Humans que lidera el abogado Gonzalo Boye, es parte en esta causa y fue uno de los primeros en recurrir las alegaciones de los letrados de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr e imputado en la mordida. La defensa del empresario entendía que el auto del magistrado Ruz sólo había calificado una presunta “prevaricación administrativa”, y nunca de “cohecho”, por lo que mantenían que no resultaba “conforme a Derecho variar la calificación judicial” realizada por Ruz y añadir a la prevaricación “la calificación jurídica de cocheo”. De nada sirvió, ya que el juez toledano no sólo admitió su recurso, sino que también le abrió las puertas para que ejerciera la acusación particular.

Cinco imputados, tres del PP

Ya lo adelantamos desde ELPLURAL.COM, el juez Rodríguez Ruíz tiene sobre su mesa un listado completo de imputados en la supuesta mordida de los 200.000 euros entregados por Sacyr al PP de Cospedal, siempre según declaraciones de Bárcenas, que llegó incluso a descartar que las donaciones de la caja B del PP, apuntadas por su puño y letra en los famosos “papeles de Bárcenas”, tuvieran un fin finalista (concesiones administrativas a cambio de las donaciones), salvo en Toledo: “La única operación irregular que se ha hecho aquí es la de María Dolores en Castilla La Mancha”, reconoció ante el extitular del Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional, que decidió imputar al gerente del PP regional y actual responsable de los dineros, José Ángel Cañas; al vicealcalde de aquel entonces, Lamberto Pineda, así como al exalcalde “popular” de Toledo, José Manuel Molina, además de al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero y a su sucesor en el cargo, Manuel Manrique.

http://www.elplural.com/2015/11/28/los-abogados-especialistas-en-la-banda-gurtel-cercan-a-cospedal-en-los-juzgados-de-toledo/

SUIZA BLOQUEÓ LOS 1,7 MILLONES QUE TENÍA LA CUENTA SUIZA DEL INGENIERO DE POZUELO PROCESADO EN ‘GÜRTEL’

Las autoridades del país centroeuropeo anuncian en la última comisión rogatoria la congelación de la nueva cuenta detectada y preguntan al juez José de la Mata si debe mantener la medida

La documentación de la Confederación Helvética aporta información sobre otras cinco cuentas bancarias vinculadas con los imputados en la trama dirigida por Francisco Correa

El exingeniero del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Leopoldo Gómez Gutiérrez disponía de una cuenta en Suiza, según la documentación aportada al caso Gürtel por las Autoridades helvéticas, que han bloqueado los 1.720.000 euros que contenía, según la información facilitada en la comisión rogatoria a la que ha tenido acceso infoLibre.

"Las autoridades españolas nos tienen que confirmar que esta medida [el bloqueo de la cuenta] es necesaria para la investigación criminal", especifica el escrito firmado por Florence Albertini, de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, en el que informan del hallazgo al juez titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

El exfuncionario Leopoldo Gómez Gutiérrez, que también fue diputado de Alianza Popular en la Asamblea de Madrid, es una de las figuras clave en los presuntos delitos cometidos por la trama en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, municipio en el que era alcalde el también procesado Jesús Sepúlveda, exmarido de la anterior ministra de Sanidad Ana Mato, según se desprende del auto de apertura de juicio oral de la denominada Época I de Gürtel, que engloba los años 1999-2005.

En su declaración como imputado, Gómez Gutiérrez negó ante el juez Ruz que recibiera ningún tipo de indicación del exalcalde Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para elaborar los informes en los que se basaron los contratos que fueron adjudicados a la trama Gürtel. En la cuenta del exdiputado madrileño del PP en la entidad Credit Suisse, también incluye, como propietaria de la misma, a María Pilar H.H.

Criterios técnicos

Gómez Gutiérrez aseguró que todos sus informes fueron redactados a partir de criterios y valoraciones técnicas y que la decisión final sobre las adjudicaciones correspondía a la Mesa de Contratación y la Junta de Gobierno.

No obstante, el ingeniero no recordó más detalles sobre las adjudicaciones que se hicieron a la empresa Constructora Hispánica, investigada tanto en Gürtel como en la pieza separada en la que se persigue la contabilidad B del PP, aunque se mostró convencido de que siguió una valoración estrictamente técnica.

En el auto de Ruz se especifican los dos contratos del Ayuntamiento de Pozuelo por los que Leopoldo Gómez Gutiérrez ha sido procesado: las denominadas Operación Asfalto y Camino de las Huertas, por las que la trama dirigida por Francisco Correa habría percibido al menos 56.000 euros.

Dos años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al exingeniero de Pozuelo los delitos de fraude continuado a las administraciones públicas y prevaricación continuada. Por el primero de los delitos Gómez Gutiérrez afronta dos años y tres meses de cárcel y hasta 9 de inhabilitación; mientras que por el segundo 9 meses de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público.

La acusaciones populares también atribuyen a Leopoldo Gómez Gutiérrez los delitos de cohecho (4 años de cárcel), fraude a la administración pública (3 años de cárcel); malversación de caudales públicos (4 años y 6 meses); falsedad en documento mercantil (2 años de cárcel); blanqueo de capitales (4 años de cárcel) y tráfico de influencias (1 año y 6 meses de cárcel).

Pero la comisión rogatoria de Suiza aporta otras nuevas cuentas en las entidades Credit Suisse y Rothschild de personas que podrían estar vinculadas con la trama Gürtel. Como por ejemplo es el caso del empresario Carlos Jorge M. M. o la relacionada con la sociedad Dolozi INC. También da datos de tres cuentas denominadas Monasterio, hasta el momento desconocidas.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/11/30/suiza_envia_los_datos_cuenta_del_ingeniero_pozuelo_procesado_gurtel_41511_1012.html

EL JUEZ CONCLUYE EL CASO DE LOS SOBORNOS DE GÜRTEL A JEFES DE AENA

El magistrado De la Mata propone juzgar al cerebro de la trama, Francisco Correa, al contable Izquierdo y a dos exdirectivos del ente aeroportuario

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la investigación sobre los sobornos de la trama Gürtel al exdirector de comunicación de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) Ángel López de la Mota y su colaborador Javier Gavari. Ambos supuestamente recibieron, entre 2000 y 2002, regalos por valor de 67.215 y 75.690 euros, respectivamente, de Francisco Correa, considerado el cerebro de la red corrupta.

El juez De la Mata, en una resolución conocida ayer, propone llevar a juicio por el caso Aena, pieza separada del caso Gürtel, a Francisco Correa; al contable de la trama, José Luis Izquierdo; y a los dos directivos del ente público aeroportuario que recibieron los regalos a cambio de otorgar contratos a la red. El magistrado les imputa delitos de prevaricación, cohecho, fraude —todos ellos de carácter continuado— y falsedad en documento mercantil.

Los regalos de Correa a sus "compinches" en Aena durante la época en que Francisco Álvarez Cascos era ministro de Fomento granjearon a los corruptores 22 contratos por valor de 2,36 millones de euros, según el auto del juez De la Mata. A cambio de las adjudicaciones, que se hicieron vulnerando la ley de contratos de la Administración, el exdirector de Comunicación de Aena López de la Mota percibió viajes a Canarias y Eurodisney con su familia. La trama Gürtel también le pagó las obras en su ático de Villaviciosa de Odón (Madrid), tasadas en 46.216 euros. Además, le pagaron 6.000 euros en metálico.

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En el caso de Gavari, percibió supuestamente 61.354 euros en metálico y otros 14.336 euros en servicios turísticos: en concreto viajes a Mallorca, Tenerife y Eurodisney. Los contratos irregulares permitieron a las empresas de la trama Gürtel —concretamente, FCS, Pasadena Viajes, Special Events y TCM— organizar la presencia de Aena en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid en 2001 y 2002, en el Barcelona Meeting Point o en otros simposios como Expo Ocio o I+D Eurocontrol.

Los contratos se realizaron con una declaración de "urgencia", que en todos los casos era "inadecuada e improcedente", según el juez. Las ofertas siempre se hacían a las mismas empresas y, en al menos un caso, en referencia a la feria Expo Ocio 2002, la fecha de adjudicación era posterior a la de celebración del contrato.

El juez mantiene que López de la Mota y Gavari "conocieron perfectamente la ilegalidad" de su actuación, que consistía en simular "la concurrencia de una urgencia inexistente" para utilizar el procedimiento negociado sin publicidad e invitar a los concursos únicamente a las empresas de Correa.

En una de las facturas analizadas, Pasadena Viajes cargó a AENA un total de 9.075,28 euros en concepto de catering (bebidas, aperitivos y canapés). Este gasto, que no aparecía reflejado en el contrato, se justificó al asistir "un muy elevado número de personas respecto a lo previsto". "Si se tiene en cuenta el importe facturado —dice el juez—, el número de personas no previstas representaría un incremento del 63,57%".

http://politica.elpais.com/politica/2015/12/01/actualidad/1448992886_851728.html

LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE REABRIR EL CASO DE LA FINANCIÓN IRREGULAR DEL PP POR LA CONFESIÓN DE CORREA

Solicita al juez De la Mata que cite como imputados al presunto jefe de Gürtel y a Bárcenas y que el director de eldiario.es declare en calidad de testigo

Izquierda Unida considera que la confesión de Correa coincide "exactamente" con los hechos que motivaron su querella, origen del caso de la caja B

Francisco Correa entregó a Ignacio Escolar un documento en el que relata su intermediación entre los empresarios del dinero negro y el PP y Bárcenas

La confesión de Francisco Correa sobre cómo se encargaba de buscar empresarios que entregaran dinero negro al Partido Popular, a cambio de adjudicaciones de grandes obras, ha llevado a una de las acusaciones populares a solicitar al juez José de la Mata que reabra la investigación de la financiación irregular. Esta acusación, integrada por Izquierda Unida y la Asociación Libre de Abogados (ALA), entre otros, pide al juez que cite a Correa a declarar como imputado en la pieza de la caja B del PP, donde el presunto líder de la trama Gürtel no figura como acusado.

En el escrito que será presentado este jueves, la acusación popular reclama igualmente que Bárcenas vuelva a prestar declaración, después de los indicios incriminatorios que aparecen en la confesión que Francisco Correa entregó al director de eldiario.es, Ignacio Escolar. Del periodista, Izquierda Unida pide que declare en la Audiencia Nacional en calidad de testigo, a fin de confirmar ante el juez cómo se produjo la citada confesión y su veracidad.

El juez Pablo Ruz archivó la causa contra los empresarios que aparecen como donantes del PP en los papeles de Bárcenas. Tras más de dos años de investigación, el magistrado concluyó que había indicios razonables de que habían entregado dinero al PP, pero añadía que era imposible acreditar que lo habían hecho a cambio de adjudicaciones concretas, lo que hubiera supuesto un delito de cohecho.

Pero con la publicación de la declaración de Correa, el caso da un giro. "En 1996 hablo con Luis Bárcenas, quien me indica que hay una serie de personas situadas en puestos políticos, y que me necesita como intermediario ante los empresarios de obra civil", escribió Correa en su confesión. Y añadía: "Se trataba de adjudicar obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas".

Bárcenas era entonces el gerente del PP y el guardián de la caja B junto al tesorero, Álvaro Lapuerta. Ninguno de los dos tenía potestad para adjudicar obras u otros contratos a esos empresarios, que, como acreditó la investigación judicial, son los grandes adjudicatarios de obra pública en España.

El 3% del PP

Correa asegura en su confesión que el porcentaje de la mordida era de entre el 2 y el 3% de la adjudicación. "Cuando se producía una adjudicación, los empresarios me entregaban, siempre en efectivo, el importe de la comisión, que yo posteriormente trasladaba a Luis Bárcenas, después de deducir mi participación. El importe de la comisión que se cobraba a los empresarios era normalmente del 2-3%, dependiendo del importe", relata en el documento entregado en mano al director de eldiario.es.

"De tales afirmaciones se desprende la existencia de una trama en la que estarían implicados políticos (representados por Luis Bárcenas como intermediario) y empresarios (representados por Francisco Correa como intermediario) para obtener adjudicaciones a cambio de donaciones", dice el escrito de Izquierda Unida y el resto de asociaciones, al que ha tenido acceso esta redacción.

Esta mecánica representa, "exactamente", los hechos denunciados por la acusación popular, cuya querella dio origen al caso denominado los papeles de Bárcenas, recoge el citado escrito. "Consideramos que los nuevos hechos acaecidos aportan indicios suficientes que hacen procedente la reapertura de la investigación y la continuación de la instrucción a través, inicialmente, de la práctica de las diligencias de prueba" señaladas, esto es, las declaraciones como imputados de Bárcenas y Correa, y del director de eldiario.es, como testigo. Asimismo, Izquierda Unida solicita se remita oficio al diario digital para que entregue el "documento original" de la confesión de Correa.

De los 23 empresarios que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas hay en la actualidad dos que están imputados en tribunales distintos de la Audiencia Nacional. Un magistrado de Toledo investiga a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, por financiar presuntamente con 200.000 euros la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en 2007. Esos 200.000 euros equivalen al 3% del contrato de basuras que una filial del grupo obtuvo en Toledo.

La imposibilidad de procesar al resto de los empresarios ha dejado el caso de la caja B en un juicio por el pago de la reforma de la sede de Génova con dinero negro. El pasado mayo, el juez José de la Mata, que sucedió a Ruz al frente del Juzgado de Instrucción número 5, dictó auto de apertura de juicio oral. Si los nuevos indicios no cambian la situación, se sentarán en el banquillo los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; el arquitecto de las obras de Génova, Gonzalo Urquijo, su socia y una empleada.

Además, el juez establece en 1,2 millones de euros la fianza que debe abonar el Partido Popular en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. Esa cifra sale de la suma de 220.000 euros como cantidad que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y algo más de un millón de euros por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.

El juez de Palma José Castro sospecha que la reforma de Génova pudo correr a costa del presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, quien también estuvo imputado en el caso de la Caja B. El constructor permanece imputado en una pieza separada del caso Palma Arena, que instruye desde hace años Castro.

http://www.eldiario.es/politica/acusacion-financion-PP-confesion-Correa_0_456005385.html

LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARÁ LA VISITA DE BENEDICTO XVI A VALENCIA

El Supremo da la competencia sobre cuatro piezas centrales del caso Gürtel al juzgado central 5 en detrimento del tribunal superior valenciano

La Audiencia Nacional será la encargada de investigar a partir de ahora, entre otras causas, el caso de los contratos de la trama corrupta Gürtel para la preparación de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El Supremo ha otorgado al Juzgado Central de Instrucción número 5, dirigido por el magistrado José de la Mata, la competencia para investigar cuatro de las seis piezas separadas del caso Gürtel que hasta ahora se instruían en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El alto tribunal, que actúa contra el criterio de la Fiscalía, que abogaba por que las cuatro causas siguieran en Valencia, tiene en cuenta que en ellas ya no hay personas aforadas y no se ha ordenado aún la apertura de juicio oral.

La máxima instancia judicial desestima, asimismo, los recursos de varios imputados que argumentaban que la investigación de estas cuatro piezas separadas no correspondía ni a la Audiencia Nacional ni al tribunal superior valenciano, sino a los juzgados territoriales de Valencia.

En la pieza sobre la visita del Papa a la capital valenciana en 2006 se investigan los contratos de la trama con la Radio Televisión Valenciana para la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, en el que está imputado el expresidente de las Cortes Juan Cotino.

El Supremo confirma las resoluciones del tribunal superior valenciano que otorgaron a la Audiencia Nacional investigación y el enjuiciamiento de otras tres piezas separadas de Gürtel. Se trata de las piezas 1, 2 y 6. Las dos primeras se refieren a presuntos delitos electorales en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana y a un delito mercantil cometido en 2008 respectivamente. La pieza número 6 tiene que ver con delitos fiscales atribuidos a Orange Market y a otras sociedades del entramado de Francisco Correa. En estas piezas se encuentra imputados, entre otros, los exdiputados valencianos Ricardo Costa, Yolanda García, Vicente Rambla y Francisco Serra.

La Sala de lo Penal aplica los criterios que fijó en sendas sentencias de diciembre de 2014 y julio de 2015 sobre otras piezas –la 3 y la 5- de esta misma causa. En la segunda, referida a la pieza número 5 de la trama Gürtel en Valencia, ya acordó su envío a la Audiencia Nacional por no existir aforados. Sin embargo, en la primera sentencia, referida a la pieza 3, que investigó los contratos de la Generalitat valenciana con su expositor en Fitur, decidió que se juzgase en el TSJCV porque ya se había dictado auto de apertura de juicio oral cuando dos de las imputadas, que eran aforadas, renunciaron a sus escaños en las Cortes Valencianas.

Los magistrados recuerdan que debe seguirse un criterio restrictivo en relación al enjuiciamiento de aforados, especialmente cuando se ha renunciado a esa condición sin que se haya dictado antes auto de apertura juicio oral. Añaden que la ley no exige que las piezas separadas de una misma causa sean enjuiciadas por el mismo tribunal.

De igual manera, rechazan la pretensión de varios imputados que pedían el envío de las investigaciones al juzgado territorial de Valencia correspondiente. Defienden que sea el juzgado central de instrucción número 5 por ser el órgano origen de las piezas del caso Gürtel que se remitieron al TSJCV y porque la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos.

http://politica.elpais.com/politica/2015/12/03/actualidad/1449145128_745449.html

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGARÁ LA VISITA DEL PAPA EN 2006 A VALENCIA EN EL SENO DE 'GÜRTEL'

El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que la competencia para investigar diversas piezas separadas del caso Gürtel que venían instruyéndose en la Comunitat Valenciana, como la relativa a la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 y otras sobre una presunta financiación irregular del PPCV es de la Audiencia Nacional, al no existir ya aforados en ninguna de ellas.

El alto tribunal ha dictado este jueves dos sentencias rechazando los recursos planteados por la Fiscalía, que defendía la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en este asunto. Se trata de las piezas 1, 2, 4 y 6 de la investigación.

El TS también ha rechazado varios recursos presentados por imputados que argumentaban que la investigación de las citadas piezas no correspondía ni a la Audiencia Nacional ni al TSJCV, sino a los juzgados territoriales de Valencia.

En dos sentencias (una referida a la pieza 4 -visita del Papa a Valencia- y otra a las piezas 1, 2, y 6 -delitos electorales y fiscales-), el Tribunal Supremo confirma los autos dictados por el TSJCV el pasado mes de marzo y acuerda el envío de los cuatro procedimientos mencionados al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al no existir ya aforados en la causa y no haberse dictado en ninguna de ellas aún auto de apertura de juicio oral.

La Sala de lo Penal aplica los criterios que fijó en sendas sentencias de diciembre de 2014 y julio de 2015 sobre otras piezas -la 3 y la 5- de esta misma causa. En el caso de la primera, que investigó los contratos de la Generalitat Valenciana con su expositor en Fitur, el Supremo decidió en su día en sentido contrario, que se juzgase en el TSJCV porque ya se había dictado auto de apertura de juicio oral cuando dos de las imputadas, que eran aforadas, renunciaron a sus escaños en las Corts Valencianes.

Criterio restrictivo
En ambas sentencias, los magistrados del Supremo recuerdan que debe seguirse un criterio restrictivo en relación al enjuiciamiento de aforados, especialmente cuando se ha renunciado a esa condición sin que se haya dictado antes auto de apertura juicio oral. Añaden que la ley no exige que las piezas separadas de una misma causa sean enjuiciadas por el mismo tribunal.

De igual manera, rechazan la pretensión de varios imputados que pedían el envío de las investigaciones al juzgado territorial de Valencia correspondiente. Defienden que sea la Audiencia Nacional por ser el órgano origen de las piezas del caso Gürtel que se remitieron al TSJCV y porque la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dispone que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos.

En las piezas relativas a los delitos electorales y fiscales, la Fiscalía había recurrido la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV de declararse no competente para juzgar a los procesados en las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel y enviarlas al Juzgado Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

También se oponía el Ministerio Público a la remisión al juez De la Mata de la última pieza del procedimiento que todavía instruía, la número 4, relativa a las contrataciones de Radio Televisión Valenciana (RTVV) por la visita del Papa en 2006 a Valencia para el V Encuentro Mundial de las Familias (EMF), en la que está imputado el expresidente de las Corts Juan Cotino.

La cuestión de la competencia se encontraba pendiente tras la renuncia de los que fueran diputados del PP en las Corts, Ricardo Costa y Yolanda García, a su escaño, y después de que no quedara en estas tres piezas ninguna persona aforada.

En las piezas sobre presunta financiación ilegal figuran como procesados Ricardo Costa y Yolanda García así como los exparlamentarios Vicente Rambla -también exvicepresidente del Consell- y David Serra por delito electoral. Junto a ellos, también figuran como procesados otros excargos del PPCV, empresarios y los cabecillas de la trama Gürtel, hasta 20 personas, por las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel por delito electoral, falsedad y delito fiscal.

Las dos primeras piezas se refieren a un presunto delito electoral relativo a las elecciones locales y autonómicas celebradas en 2007 en la Comunitat, y a un delito de falsedad en documento mercantil cometido en 2008. La pieza 6 se limita a delitos fiscales atribuidos a Orange Market S.L. y a algunas de las sociedades del Grupo Correa.

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7194652/12/15/La-AN-investigara-la-visita-del-Papa-en-2006-a-Valencia-y-la-presunta-financiacion-irregular-del-PPCV.html

BATALLA CAMPAL (JURÍDICA) EN EL PRIMER JUICIO A LA TRAMA GÜRTEL

Una acalorada discusión acaba con el Tribunal Superior valenciano acusando de obstrucción a la justicia al contable de Correa

Francisco Camps vuelve a declarar como imputado cuatro años después

El primer juicio a la trama Gürtel que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha vivido este jueves una batalla campal, jurídicamente hablando.

Acudía a declarar como testigo José Luis Izquierdo, el hombre al que en febrero de 2009 la policía tuvo que sacar del puño cerrado que escondía en el bolsillo de la chaqueta un pen drive con la presunta contabilidad b de la red de Francisco Correa. Izquierdo ha demostrado hoy la misma resistencia que entonces, y se ha negado durante más de una hora a responder a las preguntas de la fiscal a pesar de las advertencias del tribunal. La acalorada discusión ha terminado con la decisión de los magistrados de deducir testimonio -abrir un nuevo procedimiento penal contra él- por "obstrucción a la justicia". Un delito que está castigado hasta con dos años de prisión.

Izquierdo ha entrado acompañado de su abogado en la sala de juicio donde Correa, el resto de presuntos cabecillas de Gürtel, dos exconsejeras valencianas de la época de Francisco Camps y varios cargos intermedios de la Administración autonómica están siendo juzgados desde junio por el presunto amaño de contratos de la Agencia Valenciana de Turismo por importe de cinco millones de euros.

Considerado por la investigación como el contable de la trama, Izquierdo iba con su letrado aunque solo declaraba como testigo. El motivo es que está acusado en otras piezas separadas del caso Gürtel. En la primera que se juzgará en la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción pide para él 43 años de cárcel.

El tribunal valenciano, que preside Pilar de la Oliva, ha advertido a Izquierdo al principio de su declaración de que debía contestar con verdad a lo que se le preguntara por su condición de testigo. Pero ha añadido que los magistrados solo aceptarían que se le hicieran preguntas relacionadas con el procedimiento que se juzga en Valencia, centrado en la contratación del Gobierno autonómico con la trama para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en la feria turística Fitur.

Desde la primera pregunta de la fiscalía -¿dónde trabajaba usted entre el año 2004 y 2009?- ha quedado claro, sin embargo, que Izquierdo no iba a contestar. El mismo intercambio dialéctico, con pocas variaciones y con un progresivo aumento de tensión entre magistrados, fiscal, abogados defensores y acusados, se ha repetido entre la presidenta del tribunal y el testigo.

-Me niego a declarar porque afecta a mi derecho de defensa.

-Esta pregunta no afecta a su derecho de defensa y es una materia incluida en este procedimiento. Si insiste en no contestar se procederá a la oportuna deducción de testimonio por obstrucción a la justicia.

-No respondo.

El tribunal ha dictado un receso y se ha quedado a solas con el testigo y su letrado para exponerles las consecuencias que podía tener para Izquierdo. En el pasillo, Correa y su presunto lugarteniente, Pablo Crespo, se quejaban de lo que consideraban una "violación de sus derechos fundamentales". "¿Sabes cómo va a acabar todo esto?", decía uno de los acusados, "con una querella por prevaricación contra el tribunal".

En la sala, el letrado de Izquierdo ha afirmado que "de un tribunal también puede deducirse una ilegalidad". El abogado ha mantenido que no podía estar seguro de que la fiscalía no fuera "a usar la información que pueda dar hoy mi cliente en futuros procedimientos". Y por ello le ha aconsejado guardar silencio, aunque ello supusiera desafiar al tribunal y enfrentarse a una causa más.

El famoso 'pen drive'

La policía intervino por orden judicial una conversación en la cárcel de Soto del Real entre Francisco Correa, entonces en prisión provisional, y su letrado. En ella, Correa se lamentaba de que sin el pen drive intervenido a Izquierdo la investigación contra él no podría sostenerse. "Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo", decía el líder de Gürtel.

Izquierdo y su letrado se han negado a responder, sobre todo, a preguntas relacionadas con el contenido de este dispositivo de memoria informática. Este incluye datos sobre la facturación de Fitur, el caso que se juzga en Valencia. Pero también sobre toda la presunta actividad de lo que Anticorrupción considera una red delictiva.

La grabación de conversaciones en prisión entre Correa y su letrado, autorizadas por el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fue lo que llevó al Tribunal Supremo a condenar al magistrado por prevaricación expulsándolo de la carrera judicial.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/26/valencia/1448561688_006602.html

LA EMPLEADA OLVIDADIZA DE FRANCISCO CORREA

El TSJ rechaza que Blasco declare como testigo desde la cárcel por motivos de salud

Las acusaciones del primer juicio a la trama Gürtel tenían esperanzas en la declaración como testigo, este viernes, de Paula Seco, exempleada de las empresas de Francisco Correa. El juicio está centrado en las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market, la filial en Valencia de la red, de los contratos para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón autonómico en Fitur. Seco no trabajó en esta empresa, sino en otra sociedad de la trama, Easy Concept, con sede en Madrid, pero se encargó de realizar "todos" los trabajos que habían sido encargados a Orange Market.

Las expectativas que había generado la testigo, imputada en la parte origina del caso Gürtel que se instruye en la Audiencia Nacional, se han visto defraudadas porque Seco ha respondido a la mayor parte de las numerosas preguntas que le ha planteado la fiscal con la misma frase: "No recuerdo".

Entre la información que la representante del ministerio público sí que ha podido obtener de la testigo y que ha reforzado la tesis que mantiene en el juicio, está la de que Correa "era el que más mandaba" en su empresa. Y que, pese a tener su puesto laboral en Easy Concept y hacer el trabajo de Orange Market, ella cobraba de una tercera empresa de la red, Good and Better. La Fiscalía Anticorrupción considera, y los cabecillas de Gürtel niegan, que el conjunto de sociedades investigadas funcionaban como un grupo empresarial en la cúspide de la cual figuraba Correa.

El tribunal ha rechazado, por otra parte, la petición del exconsejero Rafael Blasco de prestar su declaración como testigo en el juicio a través de una videoconferencia desde la cárcel de Picassent. Blasco, que cumple una pena de seis años por malversar fondos de la cooperación al desarrollo, había alegado motivos de salud.

El exdirigente del PP tendrá así que comparecer en el Tribunal Superior "sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar la presidencia [de la sala] en orden a eludir los inconvenientes de índole médica en que basa su petición".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/20/valencia/1448038614_885490.html

EL EXCONCEJAL QUE TIRÓ DE LA MANTA EN EL CASO GÜRTEL CONFIRMA QUE LA TRAMA SABÍA QUE LE ADJUDICACÍAN FITUR

José Luis Peñas ratifica, en calidad de testigo, la estrecha relación entre las empresas de Correa y el Partido Popular

El ex concejal de Majadahonda que tiró de la manta y presentó la primera denuncia que originó el caso Gürtel, José Luis Peñas, ha declarado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), como testigo, en el juicio por el presunto amaño de los contratos de la Conselleria de Turismo con Orange Market.

Peñas ha comparecido acompañado de su abogado ya que está imputado en otras piezas de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional. El ex concejal ha ratificado ante el TSJCV la veracidad de las grabaciones que hizo durante dos años al cabecilla, Francisco Correa, y otros miembros de la trama Gürtel. «Grababa con dos dispositivos, después lo volcaba en un ordenador y en un CD para entregarlo a la policía. No manipulé, ni retoqué ninguna grabación, ni se hizo nada de nada», aseguró el ex concejal.

Su declaración es importante porque las grabaciones que aportó son la clave de bóveda sobre la que se construyó toda la investigación sobre la trama Gürtel tanto en Madrid como en Valencia. Las defensas de los acusados, de hecho, intentan invalidar la legalidad de las grabaciones, en las que los miembros de la trama admiten el amaño de los contratos de Fitur, meses antes de que se adjudicaran, así como la estrecha relación de Francisco Correa o Álvaro Pérez "el Bigotes" con responsables del Partido Popular tanto en Madrid como en Valencia.

«Francisco Correa era archiconocido en el PP. Trabajaba para ellos y hacía todos sus actos. Tenía una relación muy íntima con el presidente del Gobierno de España y su yerno», explicó Peñas en relación a la estrecha relación entre Correa, José María Aznar y Alejandro Agag. «Correa era el número 6 o 7 en el PP. Era más importante que algunas personalidades del Estado», remachó, a preguntas de la Fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca.

Peñas también confirmó las buenas relaciones de Álvaro Pérez con responsables del PP tanto en Madrid como en la Comunitat Valenciana. «Trabajaba en Madrid con las altas personalidades del PP. Estaba en el día a día, en la sede del PP, presentado los proyectos y los atriles para los actos que organizaban». En el caso de Valencia, «a Víctor Campos lo consideraban una persona muy cercana y también era muy cercano a autoridades eclesiásticas». También reveló que Correa le confirmó que «las cosas les iban muy bien en Valencia», tras crear Orange Market. «Me dijo que estaban haciendo todos los actos del PP. En 2007 hicieron toda la campaña de Camps [en las elecciones autonómicas] y que también le iban a dar a Álvaro [Pérez] Fitur», meses antes de la adjudicación del stand por parte de la Conselleria de Turismo.

En el transcurso de su declaración, que se ha extendido durante tres horas, se han escuchado las grabaciones que hizo a entre 2005 y 2007 a varios miembros de la trama Gürtel».

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/11/17/exconcejal-tiro-manta-gurtel-ratifica/1342823.html

FERIA VALENCIA PIDE QUE BÁRCENAS DECLARE EN EL IMPAGO DEL CONGRESO QUE RATIFICÓ A RAJOY

El PP valenciano se desentiende de la reclamación a Génova por la vía judicial de una factura de 568.511 euros, y la dirección de Rajoy rechaza una solución amistosa pese a quedar como morosa

Mariano Rajoy visita Valencia el próximo sábado con la intención de presentar el programa electoral de su formación para la cita con las urnas del 20 de diciembre. Y se va a encontrar con una cuenta pendiente por pagar. El Partido Popular aún no ha abonado a Feria Valencia el importe correspondiente al alquiler durante 18 días de 137.025 metros cuadrados del recinto ferial entre el 9 y el 26 de junio de 2008. Ese mes, los populares celebraron su XVI Congreso Nacional, el que dio a Rajoy su primera gran victoria orgánica pese a los fallidos intentos de Esperanza Aguirre o Juan Costa de sucederle al frente del partido.

Tras más de dos años tratando de alcanzar una solución por la vía extrajudicial (requerimientos notariales, monitorios, etc.), Feria Valencia optó el pasado 3 de noviembre por llevar a los juzgados de primera instancia de Madrid una demanda por incumplimiento de contrato por parte del PP, en la que reclama el desembolso de 568.511 euros más costas, según recoge el escrito el que ha tenido acceso El Confidencial.

Para certificar la existencia del impago, la institución ferial tiene previsto presentar varias pruebas documentales y también solicitar la declaración de todo el comité organizador del congreso popular, entre otros. ¿Y quién formó parte de ese comité? Pues el presidente era el ex jefe del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y los vicepresidentes, el exsecretario popular de Organización Sebastián González y el entonces secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga. Pero en la cúpula del montaje también estaban, en esas fechas, el gerente del PP nacional Luis Bárcenas, que ejerció de tesorero del congreso, y el actual director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, que actuaba como secretario.

Todos ellos participaron en la organización del certamen, aunque fueron personas en teoría de confianza de Bárcenas quienes tutelaron gran parte de los acuerdos, según se recoge en la propia denuncia de Feria Valencia. Concretamente, se hace referencia a Cristóbal Páez como “interlocutor directo” entre la dirección del PP y Feria Valencia para la negociación de los detalles del congreso, “aunque la toma de decisiones nos consta que fueron al máximo nivel entre Feria Valencia y el PP, tanto a nivel nacional como regional”, dice la demanda. Páez fue administrador de las campañas electorales en 2008 y 2009, y el hombre al que los populares situaron como gerente en Génova cuando Bárcenas fue ascendido a tesorero. Los dos están imputados en la causa de la caja B del PP y el pago en negro de las obras de reforma de la sede popular en Madrid.

Discrepancias entre Génova y el PP valenciano

¿Qué ha llevado al PP a convertirse en moroso con la institución que eligió para celebrar hace siete años una de sus convenciones políticas más importantes? Una de las razones hay que buscarla en las discrepancias con el PP a nivel regional a la hora de determinar quién tenía que hacerse cargo de la factura. En esas fechas, Francisco Camps dominaba a los populares en Valencia a su antojo a lomos de una, en apariencia, infinita capacidad de recursos económicos. Luego se ha comprobado que detrás de esa fachada de eficiencia y espectacularidad en la organización de actos estaba la sombra de la Gürtel y, especialmente, de Álvaro Pérez. Y también la posible financiación de los populares que ahora investiga la Audiencia Nacional en una de las piezas de la Gürtel.

Se da la circunstancia de que en esas fechas también presidía el comité ejecutivo de Feria Valencia una persona afín a Camps, Alberto Catalá, mientras que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá hacía lo propio en el patronato. Tras la celebración del congreso de los populares, nadie reclamó la factura pendiente.

Una única licencia fiscal

Apenas unos meses después, en febrero de 2009, estalló el caso Gürtel y, de pronto, el PP valenciano perdió todo el lustre y el brillo que atesoraba. “El motivo último de por qué no se pagó es la discrepancia entre el PP nacional y el PP valenciano sobre quién debía pagar los gastos”, se explica en la demanda judicial. Feria Valencia argumenta, no obstante, que se trata de una circunstancia irrelevante, “dado que el PP solo tiene una licencia fiscal para operar en el tráfico mercantil. Los acuerdos internos entre las distintas ejecutivas territoriales no pueden ser una excusa para no pagar”, sostiene el escrito.

La aparición ante la opinión pública de la denuncia de Feria Valencia se ha convertido en un argumento de campaña de los partidos que ahora gobiernan en Valencia para atacar a Mariano Rajoy justo la semana previa a su visita a la ciudad. El alcalde valenciano, Joan Ribó, nuevo presidente del patronato de Feria Valencia, ha aprovechado para arremeter contra el presidente y candidato a repetir al frente de La Moncloa. “Es totalmente intolerable y algo que le exigimos al PP y a Rajoy, porque fue él quien fue proclamado aquí; que de una vez pague”, ha afirmado. “Tengo la sospecha de que él (Rajoy) pensaba que no se le pediría este dinero, pero hizo un gasto que hay que pagar”.

http://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2015-11-25/feria-valencia-quiere-a-barcenas-en-el-juicio-por-impago-del-congreso-que-gano-rajoy-en-2008_1106270/

LA FISCALÍA SITÚA A LA SENADORA GARCÍA-PELAYO EN EL VÉRTICE DE LA GÜRTEL EN JEREZ

Según la Fiscalía del Supremo, la ahora candidata al Congreso por Cádiz “utilizó su posición de poder” en el Ayuntamiento “para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad perjudicando a los intereses generales” al adjudicar tres contratos a la trama, “eliminando la libre competencia en un injustificado ejercicio de abuso de poder”


La Cadena SER ha tenido acceso al contenido del informe de la Fiscalía sobre la competencia del Supremo para instruir el caso de las adjudicaciones a la trama Gürtel en Jerez en 2004 por parte de la entonces alcaldesa del PP y hoy senadora del mismo partido, María José García-Pelayo, y los argumentos del Ministerio Público son abrumadores.

El fiscal Fidel Ángel Cadena sitúa a García-Pelayo en la cúspide del engaño en Jerez para la firma de tres contratos con la supuesta trama criminal dirigida por Francisco Correa. Tres contratos por la organización de la presencia del Consistorio en Fitur por un total de 343.537,58 euros, que como los pliegos de adjudicación, fueron elaborados una vez ejecutados los trabajos, para dar apariencia de legalidad al amaño.

Para el fiscal del Supremo, el papel de García-Pelayo fue primordial y le atribuye sendos delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento público. Asevera que la senadora, a quien el PP ha incluido en la Diputación Permanente de la Cámara Alta con lo que mantendrá su condición de aforada tras la disolución de las Cortes, “utilizó” su “posición de superioridad” en el Ayuntamiento de Jerez “para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando a los intereses generales, eliminando arbitrariamente la libre competencia en un injustificado ejercicio de abuso de poder”.

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García-Pelayo, indiciariamente, “dictó resoluciones decisorias con conocimiento de su separación clamorosa del derecho”. Resoluciones para las que “carecía de competencia”, en relación a las dictadas desde la presidencia del Instituto de Promoción de Jerez, “con vulneración de las normas esenciales de legalidad e igualdad de concurrencia”.

Por ello, el fiscal entiende que García-Pelayo habría incurrido en un delito continuado de prevaricación. Además, interpreta que también debe ser acusada de otro delito continuado de falsedad en documento oficial por su papel como presidenta del Consistorio y del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez en la elaboración a posteriori de los expedientes administrativos de contratación y adjudicación. Afirma el fiscal que “los expedientes administrativos” fueron “mera ficción al servicio de la prevaricación previa, habiéndose confeccionado ex post con el propósito de encubrirla”.

Con estos razonamientos, desconocidos hasta ahora, el Supremo se declaró competente el pasado 24 de septiembre para investigar a García-Pelayo, a quien Mariano Rajoy acaba de elegir como número dos al Congreso de los Diputados para las elecciones del 20 de diciembre.

El Supremo ya nombró magistrado instructor y ha abierto causa especial contra la senadora. Ahora debe decidir si solicita el suplicatorio para imputarla.

El resto de la instrucción de la trama jerezana del caso Gürtel ya ha sido concluida en la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata ha procesado a nueve personas, entre funcionarios del Consistorio y la cúpula de la organización, por un delito de prevaricación.

http://cadenaser.com/ser/2015/11/11/tribunales/1447264694_733429.html

LA TESTIGO CLAVE DE GÜRTEL, IMPUTADA POR EXTRAER DOCUMENTOS SECRETOS

La testigo clave del 'caso Gürtel', una funcionaria del Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, Ana Garrido, acaba de ser imputada por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, al extraer papeles de carácter secreto del consistorio en el que trabaja. Será interrogada el próximo 10 de diciembre, tras una denuncia presentada por la Guardia Civil.

Garrido fue la misma funcionaria que grabó a la ex secretaria de Francisco Correa implicando en Gürtel al presidente del Senado, Pío García Escudero, en el cobro de dinero por parte del empresario. Por esta grabación, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citó a ambas a declarar en calidad de testigo.

Sin embargo, la ex trabajadora del líder de la trama, Maica Jiménez, lo negó todo y aseguró que le dijo tales afirmaciones a Garrido después de beberse tres o cuatro copas “y venirse arriba”. Jiménez, que fue grabada de forma subrepticia por Garrido, sostuvo ante el juez que se “inventó” que dirigentes populares visitaban la sede de la empresa Special Events, epicentro de la trama, y que en realidad “nunca” vio al extesorero del PP, Luis Bárcenas, salir con sobres “a altas horas de la noche”.

Denuncia de la concejal de Hacienda

Ahora, es el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles el que imputa a Garrido, tras una denuncia de la concejal de Hacienda, Comercio y Economía y la cuarta teniente alcalde de Boadilla del Monte, María del Mar Paños, ante la Guardia Civil. Tras tomarle declaración, el Instituto Armado decidió presentar su propia denuncia en los juzgados, tal y como consta en el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Esta concejal denunció que Garrido había reintegrado al Ayuntamiento una serie de documentación el pasado 17 de septiembre y que había extraído previamente. Cuando ésta entrega en el consistorio unas cajas, se decide proceder a su apertura. Es ahí cuando la concejal se percata, según consta en la denuncia, que son documentos del consistorio, “de carácter reservado, dado su naturaleza”. Se trata de convenios, documentación, facturas o diligencias, “documentos varios que no son de acceso libre”.

Garrido devolvió la documentación tras una denuncia de su expareja ante la Policía, quien aseguraba que la funcionaria guardaba documentación del ayuntamiento así como la grabaciones a Maica Jiménez. Esta funcionaria mantiene un litigio laboral con el Ayuntamiento, al que reclama 185.000 euros por 'mobbing'. Fuentes del caso señalan que en su denuncia, su exnovio, vecino también de Boadilla del Monte, aportaba unas fotografías que presuntamente demostrarían que Ana Garrido tenía carpetas con información que habría sustraído del Ayuntamiento y que contenían, según la denuncia del consistorio, convenios y facturas, entre otros.

Entre esa documentación se encontraban justificantes originales de ingresos a nombre de True Faith S.L. por la compra de entradas para el Summercase, un festival de música que se realizó entre 2006 y 2008 en la localidad y que coordinó la Concejalía de Juventud, área en la que Ana Garrido era directora. Esta empresa, según las mismas fuentes, forma parte del grupo Sinnamon, la empresa que organizaba el Festival, un evento que está en estudio dentro de la trama Gürtel y que generó mucha polémica ya que para su realización se cedieron unos terrenos a coste cero.

http://www.elespanol.com/enfoques/20151105/76992319_0.html

RAJOY SE DESMIENTE A SÍ MISMO SOBRE BÁRCENAS Y LA CAJA B DEL PP

El presidente del Gobierno conoce hoy exactamente lo mismo que el día que envió el mensaje de "Luis, sé fuerte", cuando ya se sabía que tenía 22 millones en Suiza.

Preso de sus propias palabras. El jefe del Ejecutivo ha hecho una enmienda sobre sí mismo respecto a lo que sabía y desconocía de las andanzas del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Mariano Rajoy mantiene ahora que no lo habría nombrado si hubiera sabido lo que sabe hoy. En una entrevista en la Cadena Ser, el líder del PP se ha defendido con que “si hubiera conocido lo que conozco hoy no lo hubiera nombrado, como es natural, pero entonces no lo conocía”.

Por “entonces” se refiere al 16 de enero de 2013, cuando se descubrió que Luis Bárcenas escondía 22 millones en Suiza. Solo 48 horas después trascendía que, además de poseer un botín millonario fuera de España, el extesorero también pagaba sobresueldos extraoficiales a la cúpula del partido. Lo que no ha contado Rajoy a la periodista Pepa Bueno este miércoles es que el mismo día en que El Mundo destapó el escándalo de los sobresueldos, a las 23.48 horas de la noche, él mismo instó a Bárcenas a “ser fuerte” y le expresó su comprensión.

En su primera declaración tras estallar el escándalo, en una comparecencia pública hecha en sede del Partido Popular, Rajoy protagonizó un rotundo desmentido en su nombre y en el de su partido. Entonces negó haber “recibido” o “repartido” dinero negro, y aseguró que “no se pagan cantidades en este partido que se hayan contabilizado de modo opaco”. “No es cierto que se haya pagado dinero en metálico que no se haya declarado al fisco”. “Todas nuestras retribuciones se han ajustado a la estricta legalidad”.

Este miércoles, sin embargo, sus palabras han sido menos taxativas. A menos de dos meses de las elecciones más complicadas para Mariano Rajoy, Pepa Bueno le ha preguntado si nunca sospechó que por los pasillos de la sede del PP se moviera una contabilidad B. Lejos de negar una vez más la existencia de ese dinero negro, el presidente se ha escudado en que “realmente” nunca lo sospechó. Una afirmación que viene a reconocer que alguien se encargaba de mover dinero negro en su partido.

Rajoy ha salido como ha podido del laberinto donde ya se había metido.“Mire, en un partido político, como supongo que en tantas y tantas empresas en la vida, cada uno tiene su función, y desde luego ni el secretario general del partido ni el portavoz del grupo parlamentario ni el portavoz del Senado ni el presidente del partido están en estos temas que usted acaba de hacer referencia. Ni en éste ni en muchos otros”.

En pleno verano de 2013, cuando compareció en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados que se reunía en la sede del Senado, Rajoy volvió a negarlo todo, por él y por el partido. “No me declararé culpable porque no tengo constancia alguna de que mi partido se haya financiado ilegalmente, porque siempre he cumplido mis obligaciones con la Hacienda Pública; porque no he venido a la política a enriquecerme; porque soy una persona recta y honrada”. La única novedad que aportó entonces es que aseguró que él fue quien exigió a Bárcenas que abandonara la tesorería.

http://www.elespanol.com/enfoques/20151028/74992511_0.html

OTRA PRUEBA DE QUE BÁRCENAS NO MIENTE: HACIENDA CONFIRMA LA EXISTENCIA DE CAJAS B EN LOS ‘PP REGIONALES’

Un informe de la Agencia Tributaria confirma 'transferencias' de dinero en negro entre diferentes autonomías 'populares' para pagar a empresas 'Gürtel'

A Luis Bárcenas no le salvan sus hechos. Pero cada nuevo detalle que salta a la luz del sumario de la Gürtel y de la llamada Caja B del PP deja más claro que no mentía con respecto al funcionamiento interno de Génova 13…, y las diferentes ‘génovas’ del partido en cada autonomía. La última prueba la ha proporcionado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el brazo armado de la Agencia Tributaria, que ha dejado claro que desde varias sedes regionales ‘populares’ se contribuyó con dinero en negro a pagar un congreso de la organización en Valencia en 2004.

‘Solidaridad’ entre los ‘PPs’ regionales
En este caso las cantidades son irrelevantes. Lo que importa es lo que demuestran. En un “extracto informe sobre las deudas fiscales de Orange Market” (como se sabe una de las empresas estrella de la Gürtel) realizado por la ONIF y que ha descubierto la Cadena SER, se deja constancia de cómo los PPs de Castilla y León, Madrid y Cataluña asumieron parte de los gastos del Congreso del PP valenciano de noviembre de 2004, cuando se eligió a Francisco Camps como presidente del partido en esa comunidad.

En concreto, y en negro, los ‘populares’ de esas tres comunidades asumieron 80.453 euros necesarios para montar los escenarios, la iluminación, las pantallas de plasma.., que se usaron en el Congreso. Aquí reproducimos el cuadro al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, incluido en el informe de la ONIF

Bárcenas no miente
Lo que viene a dejar patente este cuadro recogido en el informe de la Agencia Tributaria de la contabilidad de Orange Market, es que el PP valenciano acabó por pagar tan sólo 47.492 euros de los 258.000 que costó el Congreso. Del resto, como decimos, apunta Hacienda que más de 80.000 euros llegaron desde las cajas B de las ‘génovas’ autonómicas. Dinero que, se explica en el informe, se justificaba a su vez con supuestos servicios de las empresas Gürtel en los lugares origen del dinero.

Y aquí viene lo más importante. Lo que de esta forma reconoce la Agencia Tributaria es que, como dijo en sus diferentes comparecencias Luis Bárcenas, la existencia de una caja B no era exclusiva del PP nacional. Que sistemáticamente, y por diseño de la dirección nacional, en cada una de las sedes nacionales se puso en marcha un sistema de financiación similar, con la que lo mismo se pagaba la compra de una sede (La Rioja sería un caso), se hacía frente a las campañas electorales (Madrid es el caso más conocido, pero no el único), a gastos extras o simplemente se financiaban los sobresueldos.

http://www.elplural.com/2015/10/23/otra-prueba-de-que-barcenas-no-miente-hacienda-confirma-la-existencia-de-cajas-b-en-los-pp-regionales/

HACIENDA ACREDITA LAS OTRAS CAJAS B DEL PP

Un informe de la Agencia Tributaria revela que tres federaciones regionales del Partido Popular asumieron más de 80.000 euros de gastos en negro del congreso del PP valenciano de Francisco Camps de noviembre de 2004

Un informe definitivo de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria dirigido al juez José de la Mata, que instruye el caso Gürtel, destapa un hecho desconocido hasta ahora que profundiza en la "simbiótica" relación del Partido Popular con la organización criminal dirigida por Francisco Correa y cierra el círculo sobre las prácticas corruptas de la red y las distintas federaciones territoriales del PP, según los investigadores.

La ONIF detalla que el Partido Popular de Cataluña, Madrid y Castilla y León, asumió un total de 80.453,08 euros de gastos en b que correspondían al XVII congreso del PP de la Comunidad Valenciana, que escogió a Francisco Camps como presidente de esa formación política en Valencia los días 20 y 21 de noviembre de 2004.

El informe que acaba de recibir el juez, analiza al detalle las cuentas de Orange Market, la sociedad valenciana de la trama dirigida por Álvaro Pérez El Bigotes, para concluir la pieza de la financiación ilegal del PP en Valencia.

El documento concluye que la federación valenciana del PP solo abonó con factura un total de 47.492,40 euros de los 258.000 que costó aquel congreso organizado por la Gürtel. El resto fue pagado con dinero negro y parte del importe, los referidos 80.453,08 euros, fue soportado por tres de las organizaciones territoriales con más militantes de España, según el informe elaborado por el cuerpo de inspectores que depende del ministro Montoro.

La revelación de la ONIF viene a confirmar una denuncia reiterada en distintos tribunales por el extesorero Luis Bárcenas, quien ha declarado que la caja b manejada por él mismo y Álvaro Lapuerta en la sede nacional de la madrileña calle Génova 13 era un modelo que se extendió a las distintas organizaciones regionales del Partido Popular. También ahondan en otra sospecha de los investigadores apuntada por la UDEF de la Policía Nacional: el PP y la Gürtel actuaban de forma "simbiótica" y no de manera aislada en alguna federación regional de la formación conservadora. La trama corrupta extendió su metástasis a gran parte del partido en toda España.

Las sedes negras del PP
Este informe de la ONIF se une a otros elaborados por el mismo departamento de élite de la Agencia Tributaria, de la UDEF de la Policía Nacional y de la Intervención General del Estado, que son coincidentes a la hora de apuntalar las prácticas de financiación irregular en negro del Partido Popular.

El último ejemplo ha sido el nuevo informe de la IGAE avanzado también este viernes por la Cadena SER, que revela que el Partido Popular de Boadilla cargó a la pública Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda gastos del partido como la compra de megáfonos utilizados en una manifestación contra el Gobierno de Zapatero para protestar por la excarcelación del etarra De Juana Chaos en 2007, o la inauguración y adaptación de la sede del PP de Boadilla en 2006, por un importe total de 23.344,46 euros.

No es la primera vez que aparecen gastos de las sedes del PP, cuando no su construcción entera, financiados con dinero negro, en los distintos procedimientos abiertos ante la justicia.

Además de la sede de Boadilla, el juez Castro acaba de acreditar en Palma que la del PP en Baleares se financió de la misma forma, y en la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata tiene claros indicios de pagos en B para la construcción de las oficinas de la formación conservadora en La Rioja, Vizcaya, Pamplona e incluso la sede que ocupa la dirección nacional: El número 13 de la madrileña calle Génova, que según la Agencia Tributaria se abonó con 1.4 millones de euros en negro entre 2005 y 2010. Con Mariano Rajoy como presidente y María Dolores de Cospedal como secretaria general.

http://cadenaser.com/ser/2015/10/23/tribunales/1445579214_448440.html

HALLADO MUERTO EL EXASESOR DE ARENAS IMPLICADO EN EL CASO GÜRTEL

El periodista Isidro Cuberos, que estaba desaparecido desde el domingo, ha sido encontrado muerto en un barranco junto a su motocicleta

El periodista Isidro Cuberos, exjefe de prensa de Javier Arenas e imputado en el caso Gürtel, ha sido hallado muerto este miércoles en Málaga, en un paraje situado entre los municipios de Mijas y Benalmádena. El cadáver se ha localizado en un barranco junto a su motocicleta y la hipótesis que se baraja inicialmente es que haya sufrido un accidente de tráfico.

Cuberos estaba desaparecido desde el pasado domingo. La Policía Nacional inició en ese momento un operativo de búsqueda que ha culminado con la aparición del cuerpo. El rescate ha sido complicado porque se trata de un terreno abrupto y por las lluvias que han caído en esta zona de la provincia desde el pasado fin de semana.

Isidros Cuberos, que fue jefe de prensa del PP andaluz entre 1993 y 1996, era actualmente miembro del PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía. Estaba apartado de la vida pública, pero su nombre saltó de nuevo a los medios tras su imputación el pasado marzo en el caso Gürtel por su supuesto papel de intermediario en la adjudicación del expositor de Jerez en la feria Fitur 2004 a sociedades de la trama de Francisco Correa. El periodista también desempeñó durante su trayectoria profesional labores de comunicación en los Ayuntamientos de Málaga y Marbella.

El exasesor de Javier Arenas, expresidente de los populares andaluces y actual vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, fue citado a declarar en la Audiencia Nacional por el juez Pablo Ruz el pasado 28 de abril para que explicara cómo se tramitó el contrato de una operación por la que supuestamente habría cobrado alrededor de 50.000 euros. Ante el magistrado se acogió a su derecho a no declarar al considerar que el presunto delito de prevaricación en el que se le implicaba estaba prescrito.

En esta rama de Gürtel está imputada la exalcaldesa de Jerez y actual senadora del PP, María José García Pelayo, contra la que el Tribunal Supremo abrió juicio oral en septiembre por presunta prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/28/actualidad/1446065086_924474.html

CUATRO FUNERALES Y UNA CAÍDA…

El fallecimiento del exjefe de prensa de Javier Arenas, uno más en una extraña lista de los muertos, o casi, de la 'Gürtel'

La aparición en un barranco este miércoles del cuerpo sin vida de Isidro Cuberos, el exjefe de comunicación (en realidad mucho más que eso) de Javier Arenas y director de Comunicación del PP durante tres años, tras tres días desaparecido, ha puesto sobre la mesa una especie de trágica maldición que afectaría a imputados por la Gürtel. Cuberos, que había sido imputado el pasado mes de abril, era para todos quienes conocían el proceso, pieza clave para entender cómo había operado la trama en Andalucía.

La desaparición de un hombre clave para entender la Gürtel andaluza
De las circunstancias de la muerte de Cuberos les informaba ELPLURAL.COM desde el momento de la aparición de su cuerpo. El domingo había salido en su moto y ya no regresó a su casa. Hasta el momento no se ha informado hacia dónde se dirigía. Lo que se conoce es que la policía, alertada por la familia, inició una operación de búsqueda que concluyó en la tarde del miércoles cuando un helicóptero divisó su moto, y posteriormente encontró su cuerpo en un terraplén, en una zona rural entre Mijas y Benalmádena, conocida como ‘los repetidores’, porque allí se encuentran antenas de televisión.

Cuberos había sido imputado en la pieza separada sobre las operaciones de la Gürtel en Jerez, que abrió en su momento el juez Pablo Ruz, y que han acabado por llevar a la senadora y exalcaldesa de la población gaditana, María José García Pelayo, ante el Supremo por su condición de aforada. La muerte en este accidente de Cuberos, como decimos hombre clave en el ‘arenismo’, dificulta, sin duda, el esclarecimiento del paso de ‘la Gürtel andaluza’.

La “extrañas” caídas del extesorero Lapuerta
Antes de esta muerte, como apuntamos, se habían producido otros ‘accidentes’ en torno a personajes implicados en la Gürtel. Quizás el más conocido sea la caída, o más exactamente las caídas, del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, la segunda de las cuales le provocó un coma, y que le dejaron secuelas que su familia y él arguyeron para retrasar o evitar algunas de sus comparecencias ante los jueces.

En un comunicado que hicieron público los hijos se hablaba de estas dos caídas, una en marzo de 2013, al poco de estallar en toda su plenitud el escándalo Bárcenas, y la segunda y más grave, en abril de ese año, ambas a la entrada de su domicilio, como de “extrañas”. Para añadir más ingredientes al asunto, hay que recordar que apenas medio año antes, Lapuerta había acudido a la policía, para denunciar que había recibido llamadas amenazantes en las que se le decía que él ya era un hombre mayor, pero se le pedía “piensa en tus hijos y en tus nietos, ten cuidado con lo que haces”.

La muerte del amigo de Bárcenas
Otro hombre cercano a las cuentas del PP, amigo personal de Luis Bárcenas y del propio Álvaro Lapuerta, además del anterior tesorero Ángel Sanchís, con los que había trabajado durante años, Francisco Yáñez, también murió pocos días después de ser imputado y cuatro días antes de tener que ir a declarar ante el juez Pablo Ruz. Yáñez, durante años, había trabajado como contable para el PP.

Padre del apoderado de las cuentas en Suiza de Bárcenas, Yáñez estaba acusado por el entonces juez de la Audiencia Nacional de haber colaborado “en la ocultación del patrimonio opaco para la Hacienda Pública y de procedencia indiciariamente ilícita de Luis Bárcenas Gutiérrez y Rosalía Iglesias Villar con la finalidad de desvincularlo tanto de su origen como de sus verdaderos propietarios”.

Suicidio en un hotel
En enero de este mismo año, se produjo otra muerte entre los imputados de la Gürtel. En un hotel de Bilbao apareció el cadáver de María del Mar Rodríguez Alonso. Lo que se dictaminó es que se había suicidado. Esposa del senador del PP Tomás Burgos Beteta, el juez Pablo Ruz la había imputado por la utilización que la trama Gürtel habría hecho de su empresa MR&Asociados como tapadera de Francisco Correa, entre otros casos, en la organización de un Congreso de Parques y Jardines Públicos en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

La investigación concluyó que María del Mar Rodríguez Alonso se había suicidado, deprimida por el rechazo de los juzgados a sus repetidas peticiones de ser desimputada, y por la muerte del familiar de una amiga, a cuyo funeral había acudido a Bilbao.

La muerte de un empresario del ladrillo
Otro imputado por la Gürtel, muerto en el camino de la investigación, ha sido el constructor José Martínez Núñez, dueño de Tecnología de la Construcción (Teconsa), a quien la burbuja y el escándalo de la propia trama, le costaron un imperio que llegó a facturar por encima de 6000 millones de euros y contar con 650 trabajadores.

Un ‘dictador’ para quienes trabajaron con él, por sus métodos y formas, tanto en el trato personal como profesional, Martínez Núñez y su empresa había sido señalado ya como relacionado con Correa por el primer juez que llevó el caso, Baltasar Garzón.

http://www.elplural.com/2015/10/29/cuatro-funerales-y-una-caida-los-muertos-o-casi-de-la-gurtel/

EL JUEZ PABLO RUZ RECHAZA UN PUESTO DE LETRADO EN EL PODER JUDICIAL

El magistrado ha renunciado a la plaza que él mismo solicitó en septiembre

El juez Pablo Ruz ha presentado este martes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito de renuncia a la plaza de letrado en el Servicio de Relaciones Internacionales de dicho órgano, informa la agencia Efe. Ruz había solicitado el puesto en septiembre y ya se había sometido a una entrevista para conseguirlo.

Los motivos del cambio de criterio de Ruz, que seguirá siendo juez de instrucción del juzgado número 4 de Móstoles (Madrid), son personales, según han informado fuentes judiciales. El magistrado instruyó sumarios como el caso Gürtel o los llamados o la supuesta financiación ilegal del PP en la Audiencia Nacional, donde estuvo cinco años en comisión de servicios.

El pleno del CGPJ tenía previsto estudiar este jueves la petición de Ruz para entrar como letrado de asuntos como cooperación internacional o auxilio a jueces en comisiones rogatorias.

La plaza de jefe de sección será, ahora, para alguno de los otros siete candidatos que aspiran al mismo puesto; todos ellos se han sometido ya a la entrevista que también superó Ruz para que los vocales valoren sus méritos antes de la votación que se celebrará el jueves.

Ruz abandonó la Audiencia Nacional en abril para incorporarse a su juzgado en Móstoles una vez cumplió los cinco años de la comisión de servicios que le situó en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/27/actualidad/1445963856_870383.html

CINCO AÑOS DE REFORMAS EN GÉNOVA BAJO LA LUPA JUDICIAL

El juez Ruz consideró acreditado que las obras de la sede nacional del PP se pagaron con 1,5 millones de dinero negro

Las obras de reforma que el Partido Popular llevó a cabo entre 2005 y 2010 en su sede nacional, ubicada en el número 13 de la calle Génova, en Madrid, llevan años bajo la lupa de policías, jueces y fiscales. Hasta ahora se sabía —o al menos así lo consideró acreditado el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz— que el PP pagó al arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de la reforma, 1,5 millones de euros no declarados al fisco y procedentes en su mayor parte de la caja b que controlaba Luis Bárcenas. Ayer se supo que otro juez, José Castro, investiga si parte de esos fondos pudieron llegar de empresas que resultaron adjudicatarias de trabajos en el Gobierno de Baleares a cambio de domar dinero o asumir el coste de la reforma de la sede de Génova.

La investigación sobre la caja b del PP, cuya instrucción cerró en marzo pasado el juez Ruz y que está pendiente de juicio, cifró en 5,27 millones de euros el dinero negro que presuntamente manejó el partido entre 1990 y 2008. La mayor parte provenía de donaciones de empresarios, sobre todo del sector de la obra pública. Estas aportaciones se ingresaban en las cuentas de donativos del partido previo fraccionamiento, para fingir que se cumplían los límites de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Con la caja paralela el PP sufragó campañas electorales, sobresueldos a dirigentes y las reformas de varios locales, según Ruz. Las de Génova se pagaron, apuntó el juez, con 1,5 millones de dinero negro a cambio de los cuales la empresa de arquitectura que ejecutó los trabajos ofrecía al partido un descuento de entre el 8% y el 10%. Además, el PP se ahorraba parte del pago del IVA y el estudio de arquitectura eludía parte de la cuota del Impuesto de Sociedades que le correspondía por 1,57 millones.

El juez, que llegó incluso a ordenar el registro de la sede ante la supuesta falta de colaboración del PP, archivó no obstante la causa abierta contra los 22 empresarios que supuestamente habían llenado la caja b con sus donaciones. Según el instructor, no se ha podido acreditar la correspondencia entre los pagos al PP y las adjudicaciones de contratos públicos. Esta relación es la que ahora investiga también Castro en Baleares.

Las sedes de Bizkaia y La Rioja también recibieron financiación opaca, de acuerdo con la instrucción de Ruz. Para la sede vizcaína, Bárcenas generó una nueva contabilidad paralela en la que se recogen cuatro ingresos por valor de 36.000 euros. En Logroño, la ayuda económica en b ascendió a 200.000 euros, según reconoció Bárcenas.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/26/actualidad/1445885731_553269.html

EL PP RESPONDE AL JUEZ CASTRO QUE NO SABE QUÉ EMPRESAS FUERON SUBCONTRATADAS EN LA REFORMA DE LA SEDE DE GÉNOVA

El magistrado quiere saber si esas obras fueron financiadas de forma irregular así como su posible conexión con la adjudicación del hospital Son Espases

Castro requirió a la presidencia nacional del PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010

El PP nacional ha respondido al juez instructor del caso Son Espases, José Castro, que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma de su sede central, situada en la calle Génova de Madrid, tal y como han trasladado al magistrado mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

El documento, rubricado por el director de la asesoría jurídica del partido, acompaña a las facturas aportadas por la formación a petición de Castro, quien requirió a la presidencia nacional del PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010, de cara a esclarecer si fueron financiadas de forma irregular así como su posible conexión con la adjudicación del hospital Son Espases.

Se trata de unas facturas que ascienden a un total de 237.000 euros por conceptos como la instalación de la iluminación en el salón de actos de la sede, el tratamiento acústico en el techo de la sala de prensa y la instalación del sistema de antenas, entre otros trabajos.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/10/30/el_responde_juez_castro_que_sabe_que_empresas_fueron_subcontratadas_reforma_sede_genova_40082_1012.html

EL JUEZ CASTRO INVESTIGA AL PP POR LAS OBRAS DE LA SEDE DE GÉNOVA

Investiga si OHL pagó las obras de la sede nacional del PP a cambio de que le amañaran el concurso de la mayor obra pública de Baleares.

Pocos minutos antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijera que jamás se había luchado tanto contra la corrupción como en esta legislatura, trascendía que el juez José Castro investiga si la constructora OHL pagó las obras de la sede nacional del PP en la calle Génova a cambio de que le amañaran el concurso de la mayor obra pública de Baleares.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma concentra el sumario sobre la adjudicación del hospital palmesano de Son Espases en la financiación ilegal del partido a nivel nacional y pone el foco sobre el empresario Juan Miguel Villar Mir como uno de los supuestos grandes donantes a cambio de adjudicaciones públicas irregulares. EL ESPAÑOL desveló hace unos días que la importancia de esta licitación, que tuvo un presupuesto inicial de 758 millones de euros, radicaba en el interés de Génova por que el ganador fuese OHL pese a haberse presentado con una de las ofertas más caras. No en vano, este periódico reveló que la dirección del PP nacional presionó al ex presidente Jaume Matas para que trucara el concurso a favor de Villar Mir.

El también ex ministro de Medio Ambiente obedeció las directrices que le dieron desde la cúpula del partido y entregó a su consejera de Sanidad, Aina Castillo, un sobre con las instrucciones que debía regir el concurso para que el vencedor fuese OHL. La persona clave que trasladó la orden desde el partido fue, según aseguran a este diario fuentes de la antigua dirección del partido, el ex tesorero Álvaro Lapuerta. El juez Castro ha requerido a la "Presidencia Nacional del PP" para que aporte "en el tiempo más breve posible la relación de las obras de remodelación que se hayan llevado a cabo en la sede del PP de la calle Génova, 13, de Madrid durante los años 2002 y 2010". En esta dirección exige la relación de "empresas contratadas o subcontratadas que las hayan realizado" y las "facturas originales que acrediten el pago".Pese a diseñarse el amaño del concurso de Son Espases a favor de OHL, el concurso fue suspendido tras desvelar EL MUNDO/El Día de Baleares que Matas había forzado a los técnicos a alterar su dictamen. La licitación volvió a convocarse y resultó adjudicataria la constructora Dragados, que optó con una oferta 100 millones de euros más barata.

http://www.elespanol.com/enfoques/20151026/74492568_0.html

NUEVO FRENTE PARA EL PP: EL JUEZ CASTRO TAMBIÉN QUIERE LAS FACTURAS DE LAS REFORMAS DE GÉNOVA

El magistrado sospecha que se pudieron pagar con las comisiones generadas por la adjudicación de Jaume Matas del hospital Son Espases

No está muy claro si Mariano Rajoy cumplió su promesa de 2004 de “hacer en España lo que Matas hizo en Baleares”, pero parece que lo que Matas hizo en Baleares tuvo reflejo en España, o al menos en la sede nacional del Partido Popular, en Génova 13. Porque el juez José Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, ha reclamado a la dirección del PP que le remita un listado de todas las reformas realizadas en la sede entre 2002 y 2010 y las facturas que justifiquen los pagos, ante la sospecha de que las obras se hayan pagado con comisiones provenientes de la adjudicación del hospital de Son Espases.

La petición forma parte de la investigación del caso Son Espases, que lleva Castro, y en el que se investiga la adjudicación para la construcción de dicho hospital, el mayor de Mallorca y la adjudicación más importante de la pasada década. Valorada en 780 millones de euros, aunque las obras posteriores suman un gasto de 4.650 millones según la policía, la obra fue adjudicada a un consorcio de empresas liderado por OHL, la empresa de Villar Mir, quien aparece en los papeles de Bárcenas como donante del PP.

El juez reclama ahora al PP nacional que entregue en la mayor brevedad posible un desglose de todas las obras de remodelación hechas en Génova entre 2002 y 2010, así como las facturas que justifiquen los pagos y las empresas contratadas o subcontratadas para tal efecto. Cabe destacar que en la actualidad, las obras supuestamente pagadas con dinero negro están a punto de ser juzgadas dentro del procedimiento de la caja B, a la espera de que se resuelva la recusación de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel.

Las sospechas parten de la denuncia interpuesta por el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, el pasado mes de julio contra Jaume Matas, el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y otras seis personas por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración en torno al concurso para la adjudicación del hospital de Son Espases.

http://www.elplural.com/2015/10/26/nuevo-frente-para-el-pp-el-juez-castro-tambien-quiere-las-facturas-de-las-reformas-de-genova/

ELDIARIO.ES PUBLICA UN DOCUMENTO EN EL QUE CORREA CONFIESA QUE COBRABA COMISIONES DEL 3% EN NOMBRE DEL PP Y ÉSTE LO NIEGA

El cabecilla de 'Gürtel' afirma en un documento supuestamente entregado a Anticorrupción y publicado este jueves por eldiario.es que actuaba por encargo de Luis Bárcenas

Francisco Correa niega la veracidad del documento

Francisco Correa afirma en un supuesto documento entregado a la Fiscalía Anticorrupción y publicado este jueves por eldiario.es que cobraba un 3% de comisiones en nombre del PP por encargo de Luis Bárcenas. "Bárcenas me dijo que necesitaba un intermediario con los empresarios de obra civil", sostiene el presunto cabecilla de la trama Gürtel en ese documento. Correa pretendía con esta confesión, que ocupa nueve folios, una rebaja en los 110 años de cárcel que le pide Anticorrupción.

Según reveló el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, el patrimonio del principal encausado del caso Gürtel no procedería exclusivamente de la organización de campañas del PP, sino "de las enormes sumas de dinero en efectivo que Correa cobraba como comisionista a las órdenes del PP y de Luis Bárcenas, según su propia confesión".

El extesorero del PP Luis Bárcenas se ocupaba, según Correa, "del diálogo con los políticos" y él hablaba "con los empresarios". "Cuando se producía una adjudicación, los empresarios me entregaban, siempre en efectivo, el importe de la comisión, que yo posteriormente trasladaba a Luis Bárcenas, después de deducir mi participación. El importe de la comisión que se cobraba a los empresarios era normalmente del 2-3%, dependiendo del importe", señala en su confesión.

Francisco Correa desmintió en un comunicado enviado al programa El Intermedio de laSexta la existencia de ese documento. "Jamás he redactado ni entregado ninguna confesión propia a la Fiscalía Anticorrupción", señaló. "Es cierto que el Sr. Escolar ha participado en todo esto porque quería la exclusiva de mi declaración, favorecido por uno de los letrados de las acusaciones populares, con quien mantienen excelentes relaciones, pero nunca le he entregado ningún documento al señor Escolar y mucho menos autoinculpatorio, o que pueda ser utilizado contra los coacusados o terceras personas", manifestó.

"Por lo que he podido averiguar –agrega–, el contenido de lo que se propone publicar el Sr. Escolar en su diario es sólo un 'corta y pega' de los escritos de acusación que, con razón, cuando los abogados que tan mal me asesoraron lo llevaron a la Fiscalía, ésta les contestó que no contenía nada nuevo".

La publicación del documento se produce unos días después de que Interviú difundiera que Correa dio un paso atrás en su intención de alcanzar un pacto con la Fiscalía y las acusaciones porque “le han mandado un coche lleno de dinero”, sostiene la revista citando fuentes de uno de los participantes en las negociaciones.

El diario Público.es reveló el pasado 19 de abril la existencia de negociaciones del líder de la Gürtel con la Fiscalía para "tirar de la manta hacia arriba y dar nombres de políticos y empresarios vinculados a la trama".

Reacciones

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, consideró este jueves que la confesión de Francisco Correa tiene "poco fundamento", puesto que lo que pretende es, en el marco de su estrategia de defensa, exculparse o diluir su responsabilidad buscando culpar a otros y sin presentar ninguna prueba. En una entrevista en Antena 3, el ministro señaló que "son declaraciones de una persona acusada de múltiples delitos y que tiene un futuro penitenciario complejo".

Por su parte, Equo exigió que el PP asumiese sus responsabilidades por la financiación ilegal del partido y solicitó la dimisión inmediata de Mariano Rajoy y la cúpula directiva. Para el partido verde, "las revelaciones dan cuenta de hechos gravísimos, ya que no sólo se trata de una trama de corrupción sino de un mecanismo institucionalizado de financiación ilegal".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/10/22/correa_confiesa_que_cobraba_comisiones_del_nombre_del_pp_39555_1012.html

CORREA ESCONDE EN COLOMBIA UN PISO DE LUJO Y UN SOLAR VALORADO EN DOS MILLONES DE EUROS

En el mismo complejo elitista tienen sendos apartamentos Pablo Crespo y Blanco Balín, el blanqueador amigo de Aznar

La Justicia española ha conseguido embargar a Francisco Correa un inmenso tesoro, pese a que el capo de la Gürtel sólo declaraba a Hacienda tener una moto, una Suzuki 600. Dentro del procedimiento contra él, se le han intervenido 21 millones de euros escondidos en Suiza y Mónaco, 25 fincas, 30 casas, dos barcos, 22 coches, 18 plazas de garaje y 59 joyas de alto valor. Pero hay algo que no han podido arrebatarle. ¿La libertad? No, un apartamento de lujo en Cartagena de Indias y un terreno en Colombia valorado en más de dos millones de euros.

Este pequeño capricho ha quedado fuera de las manos de la Justicia, pero no de los periodistas, porque Interviú ha sacado a la luz cómo es este refugio colombiano y los dos apartamentos que, también en la conocido como Casa del Virrey Eslava, también tienen otros dos implicados en la Gürtel: Pablo Creso y Ramón Blanco Balín, conocido como el blanqueador y amigo íntimo de José María Aznar.

El piso está inserto dentro de la Casa del Virrey Eslava, una especie de parador enclavado n una casona señorial de cuatrocientos años de antigüedad, pero equipada con piscinas interiores, gimnasios, jardines tropicales y una azotea con jacuzzis y duchas de hidromasaje. Está a tiro de piedra del Mar Caribe y a solo unas manzanas de la casa donde vivió Gabriel García Márquez.

El inmueble está comprado a través de la empresa Special Events, mediante una empresa intermediaria radicada en Panamá, pero la policía encontró pruebas de que pertenecía a Correa y la Audiencia Nacional cursó una comisión rogatoria para pedir el embargo de los bienes, sin éxito. Según los informes policiales, Crespo y Blanco Balín son los beneficiarios de otros dos apartamentos del complejo y también se compraron a través de Special Events, previo paso por Panamá, con la colaboración del financiero suizo Arturo Fasana, como él mismo confesó al juez en su declaración.

Además del apartamento, Correa es propietario de un solar en pleno centro histórico de Cartagena de Indias. El terreno tienen 455 metros cuadrados, que además son edificables, lo que dispara su valor. Correa lo compró en mayo de 2006 a través de un intermediario por 348.837 dólares, pero ahora, según un abogado al que Correa recurrió este año para hacer sus gestiones, “vale ya por los menos dos millones de euros”.

Correa puso el terreno a nombre de una sociedad local llamada Jade&Acualina, pero el intermediario señala en un correo de 2006 que “en un futuro serán [sus dueños] el señor Francisco Correa y sus parientes, ciudadanos españoles”. Y el pago se hizo a través de una cuenta bancaria suiza tras la intervención del “abogado y economista Ramón Blanco Balín, asesor del señor Correa en España”.

En teoría, el intermediario podía disponer de los terrenos y la casa mientras Correa no estuviera en Colombia. Pero cuando el cabecilla de la Gürtel fue detenido en 2009, y tras casi cuatro años de prisión, descubrió que su testaferro había maniobrado para quedárselos en propiedad. Lo que provocó que esta primavera, cuando Correa empezó a negociar con las acusaciones populares, enviara a un hombre de su confianza a Colombia para comprobar cuál era la situación de sus bienes. Y que Correa pidiera a la Fiscalía que, tras su confesión pactada, se dejara de perseguirle a él y a sus bienes, sobre todo los de Colombia.

http://www.elplural.com/2015/10/26/correa-esconde-en-colombia-un-piso-de-lujo-y-un-solar-valorado-en-dos-millones-de-euros/

LA JUEZA QUE HA LIBRADO A BLESA USANDO UN DATO CONTABLE FICTICIO YA ARCHIVÓ EL BORRADO DE LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS

Collazos cerró en un mes y sin interrogar a nadie la investigación sobre los ordenadores que, según el extesorero, habían albergado información esencial sobre la contabilidad B del PP

Dos años después, acaba de decretar el archivo del caso del banco de Miami tras cifrar las pérdidas para Bankia en 2,5 millones en lugar de los 120 que reconoce la propia entidad financiera

La jueza Esperanza Collazos, que ha salvado penalmente a Miguel Blesa en el llamado caso del banco de Miami esgrimiendo un dato contable erróneo y, por tanto, falso, es la misma magistrada que hace dos años y con el PP como gran beneficiario archivó la causa sobre el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. La cerró sin pedir un papel ni interrogar a un solo testigo pese a que el PP había destruido los discos duros en plena investigación sobre su presunta contabilidad paralela.

En el caso de Blesa, la jueza ha dictado el sobreseimiento tras cifrar en 2,5 millones -"un resultado prácticamente neutro", opina- el saldo negativo que para Bankia acabó registrando la compra del banco de Miami.

Un informe de Bankia en poder de la jueza desde marzo refleja que, en realidad, el perjuicio económico ascendió a 119 millones: Caja Madrid compró el banco por 833 millones y su heredera Bankia ha logrado finalmente desprenderse de él por 714 millones. La diferencia, negativa para la entidad financiera, son esos 119 millones. La acusación popular, ejercida por Ausbanc en nombre de Manos Limpias, ha recurrido el archivo ante la Audiencia Provincial.

Destinada en 2013 en el juzgado de instrucción 32 de Madrid, Collazos archivó la causa de los discos duros de Bárcenas sin una sola diligencia: ni pidió que se practicaran pruebas ni tomó declaración a nadie. Simplemente, cerró el caso el 30 de octubre de 2013 con un auto de archivo provisional sobre el que la Audiencia Provincial está a punto de pronunciarse tras el recurso de las acusaciones populares.

La destrucción de los discos duros había quedado al descubierto después de que Bárcenas pidiera al instructor del caso Gürtel, entonces Pablo Ruz, que reclamase su entrega al PP.

El extesorero advirtió de que en esos ordenadores había información relevante sobre la contabilidad B del partido. El abogado que en 2013 le representaba, Javier Gómez de Liaño, desveló luego que uno de ellos también almacenaba “imágenes de personas que visitaban el PP”, en lo que parecía una clara referencia a los donantes del partido.

Ruz envió el caso sobre la destrucción de los ordenadores a los juzgados de Plaza de Castilla. Y la investigación recayó sobre Esperanza Collazos, que en apenas un mes dio carpetazo.

Su argumento central fue entonces que no cabía hablar de un delito de daños tras la destrucción de los discos duros del extesorero por cuanto, al estar dentro de la sede del PP y no haber podido Bárcenas acreditar que eran suyos, los ordenadores pertenecían al partido. Y el partido, venía a sostener la jueza, podía hacer con ellos lo que considerase oportuno.

Sobre el presunto delito de encubrimiento, Collazos adujo que solo sería posible su existencia si el delito encubierto ya hubiese sido juzgado y sus autores condenados. Y como todavía ni ha habido juicio -ni sentencia, claro- en el caso de los papeles de Bárcenas, tampoco cabe hablar de encubrimiento, razonó.

Dos años después y ya como titular del juzgado 9 de Madrid una vez defenestrado Elpidio Silva precisamente por haber enviado a prisión al expresidente de Caja Madrid, Collazos ha dictado el sobreseimiento definitivo del caso del banco de Miami.

En el auto por el que clausura las investigaciones sobre la compra del banco de Miami, fechado este 19 de octubre, Collazos vierte de manera errónea el contenido parcial de un informe de Bankia sobre los perjuicios económicos de la operación. Ese informe, de solo dos folios, ofrece en dos apartados los detalles de la compra del City National Bank of Florida (CNB), en noviembre de 2008, y los de su posterior venta al banco chileno BCI.

En otro apartado, y bajo un epígrafe distinto, Bankia desgranaba una operación posterior y de mucha menor envergadura: una compra de préstamos del City por 79 millones de dólares. Es esa operación, y no la de compra del banco en sí, la que arrojó finalmente un saldo negativo de 2,5 millones.

Ese error, cuya génesis se muestran incapaces de vislumbrar las fuentes jurídicas y financieras consultadas por infoLibre dado que el breve informe de Bankia -dos folios- no admitía equívocos, lleva a la juez a una conclusión favorable para los intereses de Blesa: que la operación de compra del banco de Miami tuvo "un resultado prácticamente neutro".

Collazos lo escribe calcando las palabras del informe de Bankia… aunque las palabras originales del informe se refieren a la adquisición de préstamos por 79 millones de dólares, no a la compra del banco por 833 millones de euros.

Pero como la jueza interpreta por error que se refieren a la adquisición del banco, concluye lo siguiente: “Cabe decir, categóricamente, que no hay perjuicio económico”.

Además del error de cifrar en 2,5 millones pérdidas que en realidad ascienden como mínimo a 120 millones, el auto adolece de otros defectos, según la acusación popular.

Por ejemplo, Ausbanc subraya que Collazos ha archivado la causa sin pronunciarse previamente sobre la solicitud de imputación por falsedad del antiguo secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, formulada por la acusación popular a raíz de un episodio reciente.

El 5 de octubre, y en medio de su declaración como testigo ante la jueza, De la Torre admitió –siempre según Ausbanc, dado que ni el vídeo de la declaración ni su transcripción han trascendido- que el consejo de administración de Caja Madrid abordó en abril de 2008 la compra de todas las acciones del banco de Miami, aunque el acta solo recogió la adquisición del 83%.

El acta de la declaración sí refleja que la juez se comprometió a responder a esa petición “en resolución aparte”. Pero no llegó a dictarla. Tan solo, la relativa al archivo de diligencias.

Ausbanc reprocha asimismo a la jueza que tampoco haya esperado a tener en su mano la versión española del contrato de compra del City National Bank de Florida. La traducción, aseguran los recurrentes, ya estaba en marcha.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/10/27/la_juez_que_librado_blesa_usando_dato_contable_falso_misma_que_archivo_borrado_los_discos_duros_barcenas_39816_1012.html

EL VARAPALO A LOS DOS JUECES APARTADOS POR SU CERCANÍA AL PP PRESAGIA QUE TAMPOCO JUZGARÁN EL CASO DE LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’

La decisión de la Audiencia sobre Espejel y López en la primera rama de 'Gürtel' plantea la opción de que ambos se abstengan ahora voluntariamente de juzgar la pieza más política del caso

La contundencia de la votación de la Sala Penal hace inviable en la práctica que ambos puedan ser revalidados como miembros del tribunal que enjuiciará la contabilidad B del PP

La decisión de la Audiencia Nacional de apartar a Enrique López y Concepción Espejel del tribunal que debe juzgar la primera pieza del caso Gürtel y la razón que ha conducido a este resultado -que su al menos aparente afinidad con el PP compromete su imagen de imparcialidad- anticipa un efecto dominó de gran calado.

Salvo terremoto, ni López ni Espejel formarán tampoco parte del tribunal que debe juzgar la segunda pieza del caso, la conocida como la de los papeles de Bárcenas o de la contabilidad B del PP. Es decir, la de mayor envergadura política de todas aquellas en las que se divide el caso Gürtel.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre creen previsible que los dos magistrados se abstengan ahora por voluntad propia antes de arriesgarse a una segunda humillación tras la sufrida este viernes. De los 18 magistrados de la Sala Penal de la Audiencia que debatieron y votaron sobre las dos recusaciones planteadas, 14 apoyaron apartar a López y 10, a Espejel. Los dos recusados no asistieron, claro, a la sesión. Un dato ilustrativo de la magnitud del varapalo es el siguiente: el presidente de la Sala Penal, Fernando Grande-Marlaska, se cuenta entre quienes votaron por apartar a López.

La doble recusación aceptada este viernes asesta un duro golpe a la expresidenta de la Audiencia de Guadalajara a quien María Dolores de Cospedal se refirió cariñosamente como "Concha" y al magistrado leonés a quien el PP había colocado en 2013 en el Tribunal Constitucional (TC) contra viento y marea. Pero golpea también, al PP, que salió en defensa de ambos y llegó a aducir que nadie ha aportado pruebas de que el magistrado leonés le sea afín.

Una hipótesis remota

A diferencia de lo que sucede con la primera pieza del caso Gürtel, denominada Primera Época (1999-2005), en la que hay (ex)militantes del PP imputados solo a título personal y que es de la que Espejel y López ya han sido apartados este viernes, en la causa de la presunta contabilidad B el partido juega un rol mucho más relevante: el PP aparece directamente como responsable civil del delito fiscal atribuido a sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro de la Puerta. El propio juez Pablo Ruz, instructor del caso hasta que dejó la Audiencia Nacional, remarcó en uno de sus autos que si no incluyó entre los procesados al PP como persona jurídica fue solo porque el Código Penal no se lo permitía.

Dado lo anterior, ninguno de los juristas consultados entre quienes participan en el caso Gürtel y quienes lo observan desde el exterior considera posible que la Sala Penal pudiera validar ahora la participación de Espejel y López en el tribunal de los papeles de Bárcenas tras lo sucedido este viernes. Y ese análisis seguiría siendo válido, coinciden todos, incluso en la remota hipótesis de que los dos jueces se aferrasen a su silla en el tribunal de los papeles y pusieran así por segunda vez su suerte en manos de la Sala Penal.

Una cualificada fuente jurídica mostró en conversación con infoLibre su incomprensión ante el hecho de que Espejel y López no decidieran dar un paso atrás tras conocer el escrito presentado por las fiscales del caso Gürtel en respuesta a las recusaciones planteadas por las acusaciones populares.

Porque en ese escrito, las fiscales se mantenían oficialmente neutrales. Pero, en la práctica, reforzaban los argumentos de la doble recusación al introducir un elemento nuevo: que varios procesados en la causa, Luis Bárcenas entre ellos, habían participado desde sus escaños del PP en las votaciones que auparon a Enrique López al Tribunal Constitucional y a Concepción Espejel, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el caso de Enrique López, operaban en contra otros factores adicionales, como el de haber sido colaborador -remunerado y asiduo- de la fundación FAES. Y el de haber sido designado magistrado del Tribunal Constitucional por un Consejo de Ministros en el que participaba Ana Mato, que en el juicio de la Primera Época de Gürtel está considerada presunta partícipe a título lucrativo. O, lo que es lo mismo, beneficiaria del dinero ilícito manejado por su exmarido, que se cuenta entre los principales procesados.

López, que en el verano de 2014 se vio obligado a dimitir como magistrado del Tribunal Constitucional tras ser cazado mientras conducía una moto sin casco y con una dosis de alcohol cuatro veces superior a la permitida, había ocupado previamente una vocalía en el CGPJ -y su portavocía-, también por impulso directo del PP.

En el caso de Espejel, hay otro factor que afloró en el debate de la Sala Penal, según fuentes conocedoras de lo ocurrido, y que figura en el escrito de recusación de la asociación de abogados Adade: que la Audiencia de Guadalajara impuso a la juez que investigaba el dramático incendio forestal de 2005 -11 muertos- la práctica de diligencias que favorecían la tesis de la acusación popular que ejercía el PP, según la cual varios altos cargos socialistas eran responsables del incendio. Espejel presidía entonces la Audiencia de Guadalajara. Tras su marcha -relataba Adade-, el tribunal eximió a esos altos cargos.

El rechazo a la participación de Enrique López en el tribunal de Gürtel fue tan abrumador que entre quienes votaron por apartarle se cuenta el presidente de la Sala, Fernando Grande Marlaska, aseguran las fuentes consultadas. Marlaska -añaden las fuentes- tuvo una primera intervención favorable a la permanencia de Enrique López pero, finalmente, votó en contra. Apoyó en cambio y de principio a fin que Espejel continuase en el tribunal.

Aunque la proporción de miembros de la Sala partidarios de apartarla fue menor en la votación sobre Espejel que en la relativa a López, el varapalo es mayor si cabe en su caso: porque preside una de las secciones de la sala penal -la segunda-, porque es persona muy próxima al presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro, y porque -recalcan quienes la conocen- no se lo esperaba. "Parece -desliza una fuente- que algunos compañeros han considerado oportuno darle una lección de humildad a Espejel".

Un conservador en contra y otro a favor

Uno de los dos jueces que sustituirán a Espejel y López -Ángel Hurtado, que presidirá el tribunal- votó en contra de las dos recusaciones. Algunas fuentes, aunque infoLibre no ha podido verificarlo, indican que el otro juez que toma el relevo de los recusados, Julio de Diego, votó a favor de apartar a los dos. El tercer miembro del tribunal, José Ricardo de Prada, el único de la terna de carácter progresista, apoyó que ambos, Espejel y López, fuesen apartados.

Entre los hitos que aparecen en la trayectoria común de Hurtado, De Diego y Prada figura el caso Falciani. Los tres formaron el tribunal que se opuso a extraditar al antiguo empleado del banco suizo HSBC que entregó a la justicia datos sobre miles de evasores fiscales.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/10/31/espejel_lopez_papeles_barcenas_40106_1012.html

COSPEDAL, AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS: UN JUZGADO EN TOLEDO INVESTIGA LA SUPUESTA MORDIDA DE 200.000 EUROS

El magistrado rechaza los recursos presentados por Luis del Rivero y acepta la personación de la Asociación Observatori de Drets Humans de Gonzalo Boye

“A Dolores le han echado mal de ojo”. Con esta expresiva declaración, un destacado líder del PP castellano-manchego se refería en declaraciones a ELPLURAL.COM al nuevo frente judicial abierto en el Juzgado Nº 3 de Toledo que ha decidido investigar, abrir diligencias, para aclarar la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sufi, filial de Sacyr, entregó al PP de Castilla La Mancha para financiar la campaña electoral de María Dolores Cospedal en 2007, tras la inhibición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que, estando dirigido por el juez Pablo Ruz, advirtió en su escrito indicios de delito, que el juez toledano Florencio Rodríguez Ruiz avala y amplia, al precisar que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones (Audiencia Nacional) presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa y cohecho, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial”, recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico

Con el juez Rodríguez llegó el cohecho
El “ataque de nervios” de Cospedal comenzó el pasado 1 de septiembre cuando el juez Rodríguez Ruiz decidió incoar diligencias previas a partir de la instrucción llevada a cabo durante años por el juez Pablo Ruz, apreciando un supuesto nuevo delito de cohecho que su colega de la Audiencia Nacional no había referenciado, o lo que es lo mismo, el juez toledano aprecia indicios delictivos sobre la aceptación de una posible dádiva a cambio de entregar a Sacyr la recogida de basuras de la capital de Toledo, estando gobernada por aquel entonces por el Partido Popular. Hecho que llevó a la defensa de Luis del Rivero a recurrir el auto del magistrado por entender que Ruz sólo había calificado una presunta “prevaricación administrativa”, y nunca de “cohecho”, por lo que entienden “que no resulta conforme a Derecho variar la calificación judicial” realizada por Ruz y añadir a la prevaricación “la calificación jurídica de cohecho”.

El peleón Boye entra en escena
La defensa de Luis del Rivero, algo que no ha hecho su otrora amigo e imputado también y actual presidente de Sacyr, Manuel Manrique, se encontró en su camino con la Asociación Observatori de Drets Humans que lidera el combativo Gonzalo Boye, que actúa de abogado de la acusación particular, al mismo tiempo que también está personado en distintos casos de corrupción como el caso Gürtel y Bárcenas. Boye, editor de la revista satírica “Mongolia”, recurrió las alegaciones de los abogados de Rivero y el juez toledano no sólo admitió su recurso, sino que también le abrió las puertas para que ejerciera la acusación particular.

¿En busca de los aforados?
Así las cosas, el juez Florencio Rodríguez ha recogido el guante lanzado por su colega Pablo Ruz, añadiendo, como decimos, un presunto delito de cohecho, por lo que ahora puede abrir otras puertas que le pueden llevar a investigar si “hay suficientes indicios de responsabilidad de personas que, habiendo aparecido identificadas en el curso de la investigación, pudiera, por su aforamiento, motivar una ulterior inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha”, dijo Ruz refiriéndose, aunque sin mencionarlos, a la presidenta y al secretario general del PP castellano-manchego, María Dolores Cospedal y Vicente Tirado, respectivamente, ambos, hoy por hoy, aforados por su condición de diputados regionales “populares” por Toledo.

Cinco imputados, tres del PP
Sea como sea, el caso es que el juez Rodríguez Ruiz tiene sobre su mesa un listado completo de imputados en la supuesta mordida de los 200.000 euros entregados por Sacyr al PP de Cospedal, siempre según declaraciones en sede judicial del extesorero Luis Bárcenas, que llegó incluso a descartar que las donaciones de la caja b del PP, apuntadas por su puño y letra en los famosos “papeles de Bárcenas”, tuvieran un fin finalista (concesiones administrativas a cambio de las donaciones), salvo en Toledo: “La única operación irregular que se ha hecho aquí es la de María Dolores en Castilla La Mancha”, reconoció ante el extitular del Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional, que decidió imputar al gerente del PP regional y actual responsable de los dineros, José Ángel Cañas; al vicealcalde de aquel entonces, Lamberto Pineda, así como el exalcalde “popular” de Toledo José Manuel Molina, además de al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero y a su sucesor en el cargo, Manuel Manrique.

http://www.elplural.com/2015/10/27/cospedal-al-borde-de-un-ataque-de-nervios-un-juzgado-en-toledo-investiga-la-supuesta-mordida-de-200-000-euros/


UN JUEZ DE TOLEDO INVESTIGA UNA MORDIDA DEL 3% PARA EL PP DE LA CONSTRUCTORA SACYR

El magistrado Rodríguez Ruiz amplía a cohecho la investigación que Ruz le remitió por presunta prevaricación en la adjudicación de un contrato de basuras

Bárcenas declaró que una filial del grupo que presidía Luis del Rivero se hizo con la contrata a cambio de 200.000 euros, el 3,2% de los 6,1 millones adjudicados

El destino del soborno fue financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en 2007, según el extesorero del PP

La confesión de Francisco Correa de que Luis Bárcenas dirigía una red de cobro a grandes empresarios por el 3% de las adjudicaciones que les concedían administraciones del Partido Popular cobra forma en el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo. Su titular, el magistrado Florencio Rodríguez Ruiz, investiga al empresario Luis del Rivero y a cuatro cargos del PP de Castilla-La Mancha por la concesión en 2007 de la contrata de recogida de basuras en la capital toledana a una filial de Sacyr-Vallehermoso. La mordida habría ascendido a 200.000 euros, exactamente el 3,2% de los 6,1 millones a los que ascendió la adjudicación por espacio de diez años a la empresa del grupo presidido entonces por Del Rivero.

Rodríguez Ruiz acordó el pasado 1 de septiembre incoar diligencias previas a partir del testimonio remitido a Castilla-La Mancha en marzo por el juez Pablo Ruz, desgajado de la investigación que durante dos años realizó de la financiación irregular del Partido Popular. En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez de Toledo concluye: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa y cohecho, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial”.

La inclusión del posible delito de cohecho en la instrucción que realiza el juez de Toledo supone retomar la investigación por el supuesto pago de 200.000 euros a cambio del contrato de las basuras, dinero que habría financiado la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en 2007, según el testimonio de Luis Bárcenas. Cuando Ruz envió la causa a Castilla-La Mancha no pasó de apuntar un posible delito de prevaricación administrativa por las irregularidades en el proceso administrativo de adjudicación, posteriores a la presunta mordida.

Ruz dejó listo para juicio el caso de los 'papeles de Bárcenas' el 23 de marzo, dando por acreditada la existencia de una caja B en el Partido Popular durante las últimas dos décadas. En el mismo auto, sin embargo, archivaba la causa contra 22 de los 23 empresarios que aparecían como donantes del PP en las anotaciones que dieron origen al caso. Ruz consideraba que no se había podido acreditar que las entregas de dinero negro al partido fueran a cambio de una adjudicación concreta. O lo que es lo mismo, el juez consideró que no podía sostener una acusación por cohecho.

Pero ese auto no significaba lo mismo para Luis del Rivero que para el resto de los empresarios que también habían estado imputados. En su resolución razonada, el juez Ruz remitía a Toledo su investigación por las irregularidades que rodearon a la adjudicación y ejecución del contrato para la "recogida de las basuras, limpieza varia y transporte" por parte de Sufi, la filial de Sacyr-Vallehermoso, incluido el sobrecoste de más de 11 millones de euros que terminó aceptando la administración.

El entonces juez de la Audiencia Nacional adujo "falta de conexidad" entre los hechos de Toledo y los que él investigaba sobre la caja B del PP, en consonancia con el testimonio de Bárcenas. Sobre las irregularidades entorno a la adjudicación contaba con el documentado informe de la Intervención General de la Administración del Estado. Para apuntar a la existencia de la mordida, sin embargo, solo tenía el testimonio del extesorero, el recibí del gerente del PP castellano-manchego por 200.000 euros y sus "vagas" justificaciones.

Así que Ruz envió la causa a Toledo calificando los hechos indiciariamente de "prevaricación administrativa", a expensas de que otro juez pudiera ahondar en los mismos. Y añadía un recado: a ese juez correspondería determinar también si hay "suficientes indicios de responsabilidad frente a persona o personas que, habiendo aparecido identificadas en el curso de la investigación, pudieran, por su aforamiento, motivar una ulterior inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha". Ruz, sin mencionarla, apuntaba a María Dolores de Cospedal.

En la causa del Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo también están imputados el gerente y el tesorero del PP local de la época, José Ángel Cañas y Lamberto Pineda, respectivamente, así como el exalcalde de Toledo José Manuel Molina y el entonces vicepresidente de Sacyr, hoy al frente de la compañía, Manuel Manrique.

Cañas es el cargo del PP que firmó el recibí de 200.000 euros a Bárcenas y que fue entregado por éste al magistrado. El tesorero a nivel nacional declaró ante Ruz que esa cantidad iba destinada a pagar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha y que el pago procedía de Luis del Rivero, el presidente de Sacyr. También que él puso en contacto al empresario y a la secretaria general del PP.

Del mismo modo, Bárcenas desvinculó esa presunta mordida del funcionamiento de la caja b del partido a nivel nacional. El extesorero siempre ha defendido que las donaciones que él anotó de su puño y letra no eran finalistas y que, por tanto, no constituían sobornos. A excepción de un caso, el de Toledo. “ La única operación irregular que se ha hecho aquí es la de María Dolores en Castilla-La Mancha”, llegó a afirmar.

La defensa de Luis del Rivero recurrió la decisión del juez Rodríguez Ruiz de investigar un posible cohecho con el argumento de que “no resulta conforme a derecho variar la calificación jurídica realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 tras varios años de investigación”, aun más si se tiene en cuenta que el juez de Toledo no ha practicado todavía diligencias, aseguraba el abogado del empresario en un escrito con fecha 17 de septiembre.

Pero Rodríguez Ruiz ha rechazado el recurso en un auto en el que defiende su potestad para calificar los hechos como considere, una vez ha estudiado el testimonio procedente de la Audiencia Nacional. En su resolución razonada, el juez recuerda que este “primer control de las imputaciones” se hace desde una perspectiva “meramente formal” y que siempre puede variar según avance la instrucción. “Los anteriores límites no pueden encorsetar la labor del juez instructor en los términos admitidos para la fase de juicio oral”, afirma en su auto del miércoles.

En mayo de 2013, Luis del Rivero negó ante Ruz haberse reunido con Luis Bárcenas en la época de este como gerente del PP. Pero en noviembre, El Mundo publicó las anotaciones de las agendas del extesorero con detalles de las 11 reuniones mantenidas con Del Rivero en los 11 meses anteriores a la adjudicación del contrato de basuras en Toledo. El juez volvió a llamar a declarar al empresario, quien en esa segunda ocasión sí reconoció los encuentros con Bárcenas y otros responsables del Partido Popular, aunque negó que alguno de ellos versará sobre los hechos que se le imputan.

Del Rivero ha demandado a Bárcenas por atentar contra su derecho al honor y el próximo noviembre se celebrará un juicio en Madrid por la petición de indemnización de 300.000 euros que hace el empresario.

Villar Mir, en otra presunta mordida

El expresidente de Sacyr no es el único de aquellos 23 empresarios de los papeles de Bárcenas que ha olvidado sus problemas con la justicia a raíz del archivo del juez Ruz. Este lunes, el juez de Palma José Castro dictó una providencia solicitando al PP nacional información sobre las reformas en su sede de la calle Génova entre 2002 y 2010. El magistrado sospecha que las obras pudieron pagarse con dinero negro de otra gran constructora, OHL, del empresario Juan Miguel Villar Mir, al igual que Luis del Rivero, donante del Partido Popular en los papeles de Bárcenas.

Villar Mir iba a ser el adjudicatario de las obras del hospital Son Espases, el más grande de Baleares, por un valor inicial de 778 millones de euros. Con la decisión ya tomada, la comisión que dictaba la adjudicación se retractó, tras una publicación de El Mundo informando de sus intenciones, y la finalmente beneficiada fue ACS, de Florentino Pérez. Villar Mir declaró el pasado 17 de septiembre como imputado ante el juez Castro y negó que hubiera un amaño para adjudicar las obras de Son Espases.

También como Del Rivero, Villar Mir estuvo imputado en la Audiencia Nacional por figurar en los papeles de Bárcenas, un caso que se ha reducido a los 1,7 millones de euros que el PP pagó presuntamente en negro por la reforma de su sede central, y por el que se sentarán en el banquillo, entre otros, los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

http://www.eldiario.es/politica/Toledo-Luis-Rivero-Partido-Popular_0_445506458.html

 UN DIRECTIVO DE GÜRTEL: “TENÍAMOS VENTAJA ANTE EL GOBIERNO VALENCIANO”

Fue director de Orange Market y ahora es testigo de la fiscalía en el primer juicio a la red

Su testimonio fue clave para la imputación de Cotino por la visita del Papa

Juan Carlos Rincón fue director de Orange Market, la filial en Valencia de Gürtel. En su oficina vio colgados los famosos trajes: las prendas de vestir que la trama de Francisco Correa regaló a cargos públicos para ganarse su favor. Rincón es ahora testigo de la fiscalía en el primer juicio que se celebra contra los cabecillas de la red, dos exconsejeras y varios funcionarios, enfrentados a penas de hasta 11 años de cárcel. Su testimonio en otra pieza del caso fue clave para la imputación de Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas, por supuestas irregularidades en un contrato de Canal 9 para cubrir el V Encuentro Mundial de las Familias que presidió el papa Benedicto XVI.

En el año que trabajó en Orange Market, Rincón vio a un cargo valenciano entrar a tomarse medidas para los trajes en la tienda Milano de Madrid. Pero el testigo evita decir nombres en esta entrevista. Ha sido advertido de que sus declaraciones, antes de prestar testimonio en febrero en el juicio que se está desarrollando en el Tribunal Superior valenciano, pueden tener consecuencias. El juicio está centrado en el presunto amaño a favor de Orange Market de los contratos para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de Ifema que la Generalitat valenciana ocupó entre 2005 y 2009 para mostrar su oferta turística en la feria Fitur. La firma cobró por ello cinco millones de euros. Los acusados han negado al tribunal los hechos que se les imputan.

Rincón entró en Orange Market en diciembre de 2004 y se despidió en febrero de 2006. “En el tiempo que estuve allí trabajé casi exclusivamente para el partido y en menor medida para la Administración. Solo hubo otros dos clientes privados en todo ese tiempo. Y uno lo traje yo”, cuenta ante un café solo. Con el partido, Rincón se refiere al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que se hallaba entonces en el ecuador de sus 20 años de gobierno en la Generalitat. “Hacíamos todos los actos, mítines, ruedas de prensa, eventos locales…”.

"Cuando el Gobierno es del mismo partido para el que trabajas… facilita las cosas o las pervierte"

De la relación con el partido Orange Market heredó un “acceso directo a determinados dirigentes de la Generalitat”, asegura. Empezando por su entonces presidente, Francisco Camps. “Tener cercanía con el presidente hacía que el resto de políticos de primera línea no pusieran muchas pegas a lo que se proponía”. “Una cosa es tener trato y otra obtener un aprovechamiento de ese trato. En nuestro caso creo que se jugaba con ventaja ante el Gobierno valenciano. Cuando el Gobierno es del mismo partido para el que trabajas… facilita las cosas o las pervierte”.

Rincón tenía 30 años y era productor freelance, especializado en cine y organización de eventos, cuando Álvaro Pérez, el cabecilla de Gürtel más conocido como El Bigotes, lo llamó para ofrecerle ser director de Orange Market. Pérez se había fijado en él por la organización de unos premios de la Generalitat, los Nova. Camps estaba haciéndose con todo el poder en la Administración y el PP valencianos. Y aquella entrega de premios “pretendía ser un punto de inflexión entre la nueva época y la anterior. Tenían que ser más austeros, más serios, con menos folclore”. Rincón se ríe de su descripción porque Camps es recordado por lo contrario. “En menos de un año habíamos vuelto a caer en el exceso, la búsqueda de protagonismo, la pompa…”. Aquella fue una época “boyante” en Valencia, recuerda. “No se escatimaba nada ni se discutían los costes”.

Fue una época "boyante" en Valencia. "No se escatimaba nada ni se discutían los costes"
A diferencia de lo que han alegado en el juicio las defensas de los cabecillas Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, Rincón afirma que las sociedades del primero actuaban como “un grupo” empresarial. “Para mí la jerarquía siempre fue Paco, Pablo y luego Álvaro”. Según Rincón, una de las razones que le llevaron a abandonar Orange Market fue que le imponían continuamente “los proveedores que ya venían de las anteriores empresas del grupo en Madrid”. “Yo decía: ‘¿Por qué tengo que trabajar con esta empresa de lonas, o de carpintería o de iluminación y sonido de Madrid cuando los tengo en Valencia al mismo precio o mejor y con la misma calidad?”.

Orange Market empezó a preparar la organización del V Encuentro Mundial de las Familias, la reunión católica en Valencia a la que asistió el Papa en 2006, antes de que se adjudicara, asegura. “Con la impresión de que de una manera o de otra lo íbamos a hacer nosotros”. Rincón vio incluso “unos pliegos de un concurso que no se llegó a publicar”.

"Empecé a ver cosas que no cuadraban. La intuición me dijo que mi etapa en la empresa había acabado"

Las fricciones con los dueños y la sensación de que algo turbio rodeaba Orange Market lo decidieron a irse. “Empecé a ver cosas que no cuadraban. Creo que fue una cuestión de intuición la que me dijo que mi etapa en la empresa había acabado”. Con él se fueron los demás empleados que formaron su equipo de trabajo en la empresa.

Rincón guarda un “amargo recuerdo” pero también otro diferente de aquella época en la que trabajó “entre 16 y 20 horas al día sin ningún día a la semana de descanso”. “Sin falsa modestia, visto lo que se ha hecho después y lo que se hace ahora a nivel institucional, la empresa trabajaba muy bien a pesar de que éramos cuatro gatos”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/23/valencia/1445618687_279262.html

BOADILLA, LA MILLA DE ORO DE LA GÜRTEL: 149 MILLONES EN GRANDES CONTRATOS INVESTIGADOS

Hacienda concluye un informe definitivo sobre las grandes adjudicaciones bajo sospecha en uno de los epicentros de la trama. Falta otro informe que se elevará al juez sobre contratos "negociados"

La Audiencia Nacional ya sabía que Boadilla del Monte (municipio de 50.000 habitantes del oeste de Madrid) había sido uno de los epicentros de la trama Gürtel. Hasta cinco ex cargos políticos de la localidad están imputados. Los investigadores llevan seis años intentando cuantificar el volumen de dinero público que la trama pudo manejar en Boadilla, un caso con tanta complejidad que el juez Pablo Ruz (el anterior instructor del procedimiento) decidió abrir una pieza separada para investigar los tejemanejes de la red de Francisco Correa en esta ciudad.

La unidad de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, acaba de elevar al juez un informe, fechado el 9 de octubre de 2015, que analiza uno por uno los 15 grandes contratos llevados a concurso público que se movieron en Boadilla durante la etapa Gürtel. En total, esas 15 adjudicaciones suman 149 millones. Ocho de esos contratos fueron adjudicados directamente por el Ayuntamiento, y siete por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Un segundo informe, también de la IGAE, analiza otros 31 contratos menores (inferiores a 30.000 euros) que el Ayuntamiento de Boadilla adjudicó directamente a empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama. Suman otros 655.000 euros. Falta un tercer informe, que analiza los contratos licitados mediante "procedimiento negociado sin publicidad".

Todos los contratos fueron adjudicados por el exalcalde Arturo González Panero, imputado en la causa, al que Correa apodó 'el albondiguilla'

Estos 15 contratos se firmaron entre julio de 2001 y julio de 2007, etapa en la que fue alcalde Arturo González Panero, apodado por Correa el 'albondiguilla'. El exregidor, que ahora vende pisos y camisetas del Real Madrid en el sótano de una administración de Lotería, está acusado de cobrar 635.000 euros de la trama en dinero y regalos. Venta de parcelas municipales para edificar pisos de lujo; la construcción de pisos protegidos; la gestión de locales comerciales; la construcción de una piscina, un colegio y un gran polideportivo; la limpieza y conservación de parques y jardines; el servicio de recogidas de basuras; una oficina de atención al cliente; la remodelación de calles, la decoración de una glorieta… todo está bajo sospecha.

Teconsa e Hispánica

La empresa más beneficiada por estos contratos ha sido la constructora Teconsa, cuyo presidente José Martínez Nuñez, fallecido en agosto, estaba imputado. Lo sigue estando su hijo José Luis Martínez Parra. Además, varios de sus directivos están o han estado investigados durante la causa. En Boadilla, hay cinco contratos que salpican a Teconsa. Es una de las empresas que más comisiones pago a la trama por adjudicación de obras, según el sumario.

En octubre de 2002, el Ayuntamiento pagó 2,9 millones de euros para que esta firma construyera la piscina municipal Las Eras, a los que luego se sumaron 974.000 euros por obras de mejora, un 33% más del precio fijado inicialmente. En noviembre de 2003, las arcas públicas desembolsaron otros 3,9 millones para que Teconsa levantara un colegio. La Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda también le adjudicó entre 2002 y 2007 la construcción de 233 pisos protegidos, trabajos que añadieron otros 35,2 millones a las arcas de esta empresa.

La Constructora Hispánica se llevó dos contratos. El primero fue la construcción del Parque del Deporte y la Salud. Iba a ser la envidia del oeste de la región: cuatro pistas de pádel, tres de tenis, una pista de voley playa, otra polideportiva, un spa, una pista de atletismo, una piscina enorme y un rocódromo. La obra fue adjudicada, por vía de urgencia, por 29,6 millones de euros. El dueño de Hispánica, Alfonso García Pozuelo, aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como donante al PP. A cambio, Panero y otros cargos públicos del Ayuntamiento recibieron 660.000 euros.

Alfonso García Pozuelo es de los pocos imputados que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Anticorrupción: una rebaja de su pena a cambio de confesar y colaborar. El Parque del Deporte es hoy un esqueleto sin terminar en una de las entradas al municipio. De los 29,6 millones, el Ayuntamiento llegó a desembolsar 11,6 millones de euros. El segundo contrato fue la remodelación de la calle José Antonio. Adjudicada en febrero de 2003 por 851.000 euros, la IGAE revela que la empresa se llevó sin justificar 8.400 euros más de lo presupuestado.

Pisos y limpieza

FCC se llevó otros tres contratos, todos relacionados con la limpieza y la conservación. El primero de "zonas verdes y arbolado". Fue adjudicado en julio de 2001 por 1,64 millones de euros, aunque luego se incrementaría en 32.000 euros. El segundo fue el servicio de recogida de basuras, adjudicado a la UTE formada por FCC-Sufi por 2,1 millones de euros (16,8 millones en los ocho años de duración del contrato). El tercero fue "la conservación de jardines y parques públicos". Adjudicado en diciembre de 2005 por 2,2 millones anuales (17,6 millones en los ocho años de duración del contrato). El dueño de Sufi, Rafael Naranjo Anegón, también está imputado. Y FCC aparece como donante en los papeles de Bárcenas.

La constructora UFC también se llevó su trozo del pastel, aunque se le atragantó. El Ayuntamiento le adjudicó en octubre de 2005 una parcela de 12.000 metros cuadrados valorada en 33,3 millones. UFC pagó 35 millones, a pesar de que había otras dos promotoras que ofertaban más, 39 millones de euros. El dueño de UFC es José Luis Ulibarri, también imputado. El empresario levantó en esos terrenos la urbanización Boadilla Park, 139 viviendas de lujo con piscina y pistas de pádel. La Policía Nacional cree que Ulibarri pagó un millón de euros en sobornos por esta adjudicación.

La mano derecha de Ulibarri es Miguel Hernán Manovel García, consejero y secretario de UFC, y cuñado del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, que forma parte del tribunal que juzgará la primera pieza del caso y los 'papeles de Bárcenas'. Está recusado por varias acusaciones. Las viviendas se vendían entre 470.000 y 740.000 euros. UFC no cumplió los plazos y no estaba inscrita en la Seguridad Social cuando se produjo la adjudicación. Tuvo que vender los pisos al Banco Santander.

Locales comerciales y oficina ciudadana

Uno de los casos más sangrantes es el contrato que se llevó Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de la trama. Su empresa Rústicas MBS S.L. se adjudicó en octubre de 2005 un contrato para gestionar 33 locales y 178 plazas de garaje durante 99 años. Todo los inmuebles estaban valorados en 3,6 millones de euros, pero consiguió la adjudicación a cambio de pagar solo un canon anual al Ayuntamiento de 81.344 euros, una cantidad irrisoria en comparación con los 1,6 millones al año que iba a obtener al alquilar esos locales.

Otra empresa, EOC Obras y Servicios, se llevó dos contratos en el año 2003 por valor de 750.000 euros. Consistieron en decorar la glorieta Bárbara de Braganza y eliminar las barreras arquitectónicas del municipio. El Ayuntamiento pagó 15.000 euros más de lo aprobado a esta empresa.

En todos estos contratos, que necesitaron concurso público por su alta cuantía, el juez sospecha que la trama solo intermedió y se llevó su comisión. Pero hubo una adjudicación que fue directa para una de las empresas de Correa. En diciembre de 2005 el Ayuntamiento adjudicó a Easy Concept la nueva Oficina de Atención al Cliente. Según la IGAE, los pliegos estaban amañados. El Ayuntamiento pagó 1,7 millones hasta que el contrato fue revocado a finales de 2009.

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-10-24/boadilla-la-milla-de-oro-de-la-gurtel-149-millones-en-15-grandes-contratos-investigados_1070052/

EL JUEZ DE LA MATA INCORPORA CUATRO TOMOS SOBRE MARJALIZA AL SUMARIO DE LA GÜRTEL

El empresario David Marjaliza no sólo aparece en el sumario del 'caso Púnica'. Desde este martes, también ocupa un lugar destacado en la causa Gürtel. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, acaba de incorporar los miles de folios que ocupan las diligencias previas que instruía un juez de Parla sobre un presunto delito contra la Hacienda Pública cometido por el presunto cabecilla de la trama desarticulada por la Guardia Civil y dos de sus hombres de confianza, José Luis Capita Gallardo, también imputado en Púnica, y Miguel Tercedor Moreno. El magistrado ha llegado hasta esa causa siguiendo el rastro de Vancouver Gestión SL, una de las mercantiles claves del entramado del socio de Francisco Granados y objeto de pesquisas por parte de su colega en la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La documentación incorporada ocupa ya cuatro tomos del sumario de Gürtel.

El juez ha creado cuatro nuevos tomos en Gürtel con la documentación recibida de la causa abierta por delito fiscal contra Marjaliza y dos de sus colaboradores

Así se refleja en una diligencia dictada por el Juzgado de De la Mata este martes y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En la misma se recoge que la documentación acaba de ser remitida por el Juzgado Mixto número 6 de Parla y se corresponde a un procedimiento abierto hace cinco años, el número 1029/10, contra Marjaliza y sus dos colaboradores. Todo ello forma ya los tomos número 333, 334, 335 y 336 del "procedimiento principal" de la investigación sobre la trama de Francisco Correa. De hecho, el escrito judicial da instrucciones para que se faciliten los mismos "a todas las partes personas para su conocimiento". La remisión de toda esta documentación es respuesta a un auto dictado por el magistrado el pasado 8 de septiembre, y que ya fue adelantado por este diario. En el mismo, De la Mata aceptaba la peticiones que cinco días antes le había realizado la Fiscalía Anticorrupción en este sentido.

El magistrado intenta con ello aclarar de una vez por todas la implicación de Vancouver Gestión SL, la empresa de Marjaliza, en la trama liderada por Francisco Correa, y que ya ha aparecido en varias ocasiones en el sumario. El juez Pablo Ruz, antecesor de De la Mata, ya la investigó en mayo de 2013 por un pelotazo urbanístico de 15 millones de euros en Las Zanjas Norte, uno de los ensanches de Valdemoro, la localidad del Sur de Madrid convertida en epicentro de la trama Púnica. El magistrado pidió entonces información sobre aquella operación que había sido denunciada por la oposición socialista en el consistorio tres años antes pero que parecía haber quedado en el olvido. En concreto, remitió diferentes requerimientos de información en relación con dos operaciones urbanísticas. Una de ellas era precisamente aquella promoción para levantar 693 viviendas en el municipio que gobernó Granados.

Multiplicar por tres los beneficios

El juez Ruz solicitaba a la empresa Vancouver Gestión SL que le remitiera toda la documentación relativa a la compraventa de la parcela así como sus operaciones con la constructora Teconsa. Las sospechas se centraban en la apresurada modificación que el Gobierno municipal del PP hizo del plan urbanístico y que permitió a Marjaliza multiplicar por tres sus beneficios. Para entonces, en el sumario sobre la red de Correa ya había aparecido el nombre del socio de Granados. De hecho, en una de las conversaciones incorporadas a la causa, se escuchaba a un directivo de la constructora Dico, también investigada ahora en Púnica, afirmar al exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno, uno de los ediles que destapó el escándalo, que "Marjaliza es el tapado de Granados".

En mayo de 2013, el juez Ruz ya pidió información sobre Vancouver Gestión por un 'pelotazo' en Valdemoro. Su sustituto reactiva ahora esa línea de investigación
Sin embargo, aquella línea de investigación reactivada por Ruz pareció quedar de nuevo en el olvido hasta que su colega Eloy Velasco inició la 'Operación Púnica' y reclamó el pasado 28 octubre, un día después de las detenciones, toda la documentación sobre dicho pelotazo a la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, un organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente donde los ayuntamientos de la región deben depositar copia de sus planes urbanísticos. Los agentes reclamaron, en concreto, el expediente R9-N de fecha del 30 de noviembre de 2006 que fijaba dicho desarrollo porque sospechan que fue uno de los 'pelotazos' urbanísticos que permitieron tanto al constructor como a su amigo político conseguir parte del dinero que luego acabó en las cuentas en Suiza descubiertas.

La llamada de julio de 2014

Sólo unos meses antes, el 2 de julio de 2014, una conversación telefónica interceptada judicialmente a Marjaliza, revelaba que éste sabía que era investigado por la Gürtel. En dicha conversación, el socio de Granados era advertido por Alfonso Luna, uno de sus hombres de confianza y testaferro, precisamente, en Vancouver Gestión SL, de que el juez Ruz le tenía entonces en su punto de mira, según le había revelado un informante, al parecer un funcionario de la Audiencia Nacional que no identifican.

Alfonso Luna: Sí, el caso ‘Gürtel’ es.

David Marjaliza: ¡Ah! de ‘Gürtel’. ¿Pero qué es lo que ha visto?

A.L.: No lo sé, no puedo hablar por teléfono.

D.M.: ¿Y qué pinto yo en el caso ‘Gürtel’, tío?

A.L.: No sabe más. Me ha dicho que es del juez Ruz. Pero nada más.

En esa misma conversación, el socio de Granados sugería que ya entonces intuía que era investigado, pero que creía que era por otro asunto: "Vale, vale. De momento ya sabemos que es de 'Gürtel'. Pues ya está. No es lo otro que estábamos esperando. Pues ya está", parecía intentar tranquilizar a su presunto testaferro, al que le recordaba que ya había declarado ante el magistrado por aquella operación: "A lo del juez Ruz ya fuimos nosotros y declaramos en su día", recalcó. Además, admitió que eran sus vínculos con la constructora Teconsa la que le podían "meter en algún lío de comisiones, yo no sé que… alguna intermediación, una gilipollez de ésta que te llamen a declarar". El reciente decisión del juez De la Mata de incorporar miles de folios de aquella investigación por delito fiscal confirma ahora sus temores de hace más de un año.

http://vozpopuli.com/actualidad/70135-el-juez-de-la-mata-incorpora-cuatro-tomos-sobre-marjaliza-al-sumario-de-la-gurtel

BLANCO BALÍN, EL AMIGO ÍNTIMO DE AZNAR Y ‘BLANQUEADOR DE LA GÜRTEL’, CITADO ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

La agenda y la lista de contactos de este exinspector de Hacienda, relacionado con las altas esferas empresariales y políticas, y con ramificaciones en Suiza, una bomba imprevisible

El juez José de la Mata, instructor de diversos sumarios relacionados con la trama Gürtel, ha aceptado la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción que adelantamos el pasado viernes y ha convocado a declarar a José Ramón Blanco Balín para el próximo día 26 de octubre. No es una declaración cualquiera, ya que Blanco Balín, inspector de Hacienda por oposición, es conocido en la investigación de la Gürtel por supuestamente haber facilitado la colocación en Suiza de capitales en negro relacionados con empresarios de la trama.

El papel de Balín en la Gürtel
En concreto, en su auto, el juez de la Audiencia Nacional apunta que Blanco Balín podría haber colaborado en la ocultación de fondos de procedencia indiciariamente ilícita por su participación en concesiones públicas que se habrían hecho en Boadilla del Monte en favor del constructor imputado César Tomás Martín Morales. Fondos que a su vez Blanco Balín habría ayudado a colocar en un fondo opaco fiscalmente y en el ingreso de parte de ese capital en una cuenta en una sucursal de Crédit Suisse en Ginebra.

Más allá del interés de esta y otras operaciones realizadas con su concurso en el entorno de la Gürtel, la importancia de Blanco Balín está, como recordábamos en nuestra anterior información, en su contacto con el mundo político, en concreto del Partido Popular, y empresarial.

Un hombre que conocía a demasiados
En concreto, Blanco Balín es amigo íntimo del expresidente José María Aznar, así como de su familia, muy especialmente su yerno Alejandro Agag. Este conocimiento le permitió llegar a ser número dos de la petrolera Repsol en los años de gobierno de Aznar. Desde ese puesto estableció toda una serie de contactos tanto en el mundo empresarial como el de liderazgo ‘popular’.

Como también contábamos en nuestra información previa, la Fiscalía Anticorrupción se interesó hace unos días por tener acceso a toda “la documentación informática intervenida en el despacho Blanco-Guillamont”, del que el inspector es socio. Según está en condiciones de asegurar ELPLURAL.COM, especialmente destacable entre esa documentación figuran la agenda de Blanco Balín, que daría información detallada de las personas que se movían en el mundo de este supuesto guía para moverse en el mundo de la colocación de capitales en Suiza y, aún más interesante, el registro de actividades diarias desde finales del año 1999 hasta octubre de 2006, donde el autor llevaba con detalle sus citas y entrevistas.

http://www.elplural.com/2015/10/19/blanco-balin-el-amigo-intimo-de-aznar-y-blanqueador-de-la-gurtel-citado-ante-la-audiencia-nacional/

 EL JUEZ CERCA A BLANCO BALÍN POR AYUDAR A UN IMPUTADO A BLANQUEAR EN SUIZA

La Audiencia Nacional le cita a declarar el 26 de octubre por su presunta implicación en un delito de blanqueo en Suiza en una operación inmobiliaria con un ex alto cargo de Boadilla, Martín Morales

La Fiscalía Anticorrupción sabe que el economista, asesor fiscal y empresario Ramón Blanco Balín es una pieza clave en el entramado internacional de la red liderada por Francisco Correa. Conocido como el 'gran blanqueador' o el 'cerebro financiero de la Gürtel', está imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata quiere tomarle declaración el próximo 26 de octubre a petición de Anticorrupción porque los investigadores tienen indicios de que Blanco Balín ayudó a evadir capitales en Suiza a otro de los imputados de la trama, un ex alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, César Tomás Martín Morales.

Blanco Balín, que llegó a ser consejero delegado de Repsol y ocupó cargos de responsabilidad en 40 empresas, forjó durante años una estrecha amistad con centenares de políticos, empresarios y banqueros. Este economista leonés también se hizo un nombre entre las grandes riquezas nacionales por su condición de gestor en España del bróker italiano Arturo Fasana, un hombre de negocios con oficina en Ginebra (Suiza) que se ha especializado en mover y gestionar fortunas de españoles en el extranjero y que también fue descubierto gracias al caso Gürtel.

En un auto fechado el pasado 16 de octubre, el juez cree que Blanco Balín "pudo participar en la ocultación de fondos de procedencia indiciariamente ilícita del imputado Martín Morales", dinero que este último obtuvo por su "intervención en las adjudicaciones públicas en Boadilla del Monte", uno de los epicentros de la trama. Según el juez, tales fondos habrían sido utilizados por Martín Morales para participar en 2005 en la empresa Real State Equity Portfolio, una participación "no declarada fiscalmente y que habría cedido en julio de 2006 a José Ramón Blanco Balín por un precio de 274.963 euros".

Blanco Balín, "conocedor del origen de los fondos y de su opacidad fiscal, habría ingresado la parte del precio que le correspondía, 137.481 euros, en la cuenta que César Tomás Martín Morales mantenía oculta para la Hacienda pública en la sucursal de Ginebra del Credit Suisse a nombre de la sociedad panameña Cala Asset".

16 pisos de lujo en Majadahonda

El proyecto Real State Equity Portfolio es una empresa creada por otro de los imputados, Jacobo Gordon Levenfeld, buen amigo de Francisco Correa y de Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar. Gordon, promotor inmobiliario, decidió levantar 16 viviendas de lujo en Majadahonda cuando el municipio estaba gobernado por Guillermo Ortega, también imputado. La inversión se bautizó como Twain Jones, aunque luego los pisos se comercializaron como Residencial Adriático. Las casas iban a costar entre 485.000 euros y el millón de euros.

Entre los inversores del proyecto estuvieron el propio alcalde de Majadahonda a través de una empresa pantalla (Sundry Advices), Correa y la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, a través del capital que puso otra sociedad tapadera radicada en Londres, Rustfield Trading Limited. Una de las conversaciones incluidas en el sumario revela que Correa se enfadó con Jacobo Gordon porque la operación se bloqueó y "no descolgaba el puto teléfono y llamaba a Aznar". Ahora el juez De la Mata revela en su último auto que Martín Morales y Blanco Balín también participaron en el proyecto. César Martín Morales también está denunciado por acoso y amenazas a su exmujer.

Una agenda vip

El Confidencial ha accedido a los casi 1.300 contactos personales que Blanco Balín guardaba en su agenda cuando fue detenido en febrero de 2009 y que casi siete años después permanecían inéditos. Martín Morales no aparece en el listado de 1.258 nombres, una agenda vip en la que sí están importantes políticos y empresarios españoles como José María Aznar, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, Florentino Peréz, Ana Patricia Botín, Francisco González, César Alierta, Isidro Fainé, 'los Albertos' (Cortina y Alcocer), Ángel Ron y Antonio Brufau, entre otros. Una lista muy larga copada por los principales empresarios del Ibex 35, los banqueros más poderosos, políticos de primera fila e incluso un buen puñado de periodistas.
La agenda de Blanco Balín, experto en evadir capitales, alberga casi 1.300 nombres: presidentes, empresarios, banqueros y políticos

Como miembro de la cúpula directiva de Repsol, una petrolera con fuertes inversiones fuera de España, Blanco Balín también tenía en su agenda una larga lista de políticos extranjeros, sobre todo en Sudamérica. Por ejemplo los mandatarios brasileños Lula da Silva y Dilma Roussef. En Argentina aparecen Alejandro Sruoga (exsecretario de Estado de Energía); Alfredo Néstor Atanasof (exministro de Trabajo) y Antonio de la Rúa (hijo del expresidente Fernando de la Rúa). En el listado están Andrés Pastrana (expresidente de Colombia) y Carlos Armando Saavedra Bruno (exministro boliviano). El apartado embajadas es amplísimo. Hay contactos de embajadores españoles en muchos países con intereses petroleros y de los embajadores de esos países en España: Guinea, Angola, Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Irán, Italia y Rusia.

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-10-20/gurtel-el-juez-cerca-a-blanco-balin-por-ayudar-a-un-imputado-a-blanquear-en-suiza_1065635/

UN TESTIGO DE GÜRTEL ASEGURA HABER SIDO PRESIONADO POR EL EXALCALDE DE BOADILLA

Afirmó ante el juez que Arturo González Panero le pidió que no dijese nada de un teléfono móvil cuyo origen y utilización por la trama están siendo investigados en la Audiencia Nacional

El pasado 13 de octubre, uno de los testigos del caso Gürtel reconoció ante el juez José de la Mata haber sido abordado unos días antes por el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, quien le habría presionado para influir en su declaración.

Según explica en su declaración a la que ha tenido acceso la Cadena SER, días antes de acudir a declarar se encontró con Arturo González Panero en los juzgados de Boadilla del Monte: habría sido entonces cuando el exalcalde del municipio, imputado en la Gürtel, le habría pedido que no dijese nada sobre un teléfono móvil cuando fuese llamado a declarar como testigo en la Audiencia Nacional:

El teléfono móvil al que se habría referido González Panero - siempre según la versión del testigo - fue uno que vendió con quince años al hijo del exalcalde cuando iban juntos a clase del colegio: según explicó ante el juez, un día el hijo de González Panero ofreció cincuenta euros a cambio de un teléfono móvil por encargo de su padre, "su padre le había pedido un teléfono y le daba igual la marca y el modelo, como si tenía ochenta años, quería un teléfono con tarjeta".

Los investigadores sospechan que González Panero habría adquirido un teléfono para intentar evitar el control de sus llamadas y comunicaciones por parte de la justicia. Todo el interrogatorio, tanto del juez como de la Fiscalía como de las partes presentes, versó sobre este asunto.

http://cadenaser.com/emisora/2015/10/15/radio_madrid/1444908726_209560.html

EL JUEZ RECIBE EL INFORME DEFINITIVO SOBRE LA TRAMA GÜRTEL Y BOADILLA DEL MONTE

La IGAE remite a la Audiencia Nacional un informe que detalla las irregularidades cometidas en 15 contratos públicos adjudicados entre 2001 y 2006 por valor de casi noventa millones

Noventa y seis casas de protección oficial. La remodelación de una glorieta. La piscina municipal cubierta. Un informe técnico sin razonar. Una irregularidad en la mesa de contratación. Un arquitecto técnico contratado sin un procedimiento claro y transparente. Trato de favor a una promotora inmobiliaria afín. Trato de favor a un imputado.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ya tiene encima de la mesa el informe definitivo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre los negocios de la trama Gürtel en Boadilla del Monte, uno de los municipios considerados como el centro de operaciones de esta red corrupta durante casi una década (1999-2009) mientras gobernó Arturo González Panero, entonces en el Partido Popular y conocido como ‘el Albondiguilla’, acusado de cobrar comisiones a cambio de adjudicar contratos públicos.

En un informe al que ha tenido acceso la SER, que llega ocho años después del comienzo de la instrucción del caso, la unidad de auxilio judicial de la IGAE – dependiente del Ministerio de Hacienda – detalla hasta quince contratos públicos suscritos por el Ayuntamiento de Boadilla y la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) cuyos precios de licitación y estimaciones del valor del suelo involucrado rozan los noventa millones de euros: tres promociones urbanísticas que sumaban 233 viviendas, 137 trasteros y 200 plaza de aparcamiento, la limpieza de zonas verdes y jardines del municipio, el servicio de recogida de basuras, el servicio de atención al ciudadano, la piscina municipal cubierta y un colegio público de enseñanza primaria con gimnasio y comedor, entre otros. Un botín repartido entre empresas afines de la trama como Hispánica o Easy Concept.

El contrato más voluminoso sobre el que pone la lupa la IGAE es el de 33 millones de euros, desembolso a una junta de compensación correspondiente a una parcela de doce mil metros cuadrados, donde podía construirse un máximo de 139 viviendas de cuatro plantas de altura. Una enajenación del año 2005 que aprobó en última instancia Francisco Granados como consejero de Presidencia y que cayó del lado de la empresa UFC, inmobiliaria del imputado José Luis Ulibarri. Aquí la IGAE detecta una serie de irregularidades que se repiten de forma transversal en todos los contratos investigados: “Es preciso valorar el poco valor que se le da a la oferta económica, un 30%, único criterio objetivo que debería ser un criterio principal”. También explica que “el pliego establece conceptos genéricos y sin baremar” y por último que el informe técnico del contrato no explica la puntuación que asigna a cada criterio, algo que lo hace “inadmisible por carecer de motivación”.

Según la IGAE, valorar tan a la baja las ofertas económicas y tan al alza otros criterios subjetivos posibilitó que la inmobiliaria de Ulibarri se llevase este contrato por delante de otros competidores: “La oferta que propone un menor plazo es UFC. Sólo esta propuesta le ha supuesto obtener una diferencia de 7,71 puntos, lo que le ha permitido superar la oferta de Lualca SA”, segunda en el concurso.

Es el ejemplo más abultado de los quince que expone la IGAE en este informe, el definitivo después de casi una década de investigación. Otra de las empresas que habrían sido supuestamente favorecidas en estas adjudicaciones es TECONSA, empresa investigada por la Audiencia Nacional: por ejemplo, en 2004 le fue adjudicada la construcción de 80 viviendas en una parcela de casi diez mil metros cuadrados por valor de más de trece millones de euros, y según la IGAE fue favorecida por un reparto arbitrario de la puntuación. “La valoración y asignación de puntos a las diferentes ofertas ni está justificada, ni está motivada”, afirma, para añadir que el arquitecto técnico del proyecto cobró más de 250.000 euros repartidos en tres contratos “sin que quede acreditado cuál ha sido el procedimiento, concurso o adjudicación directa seguido en su tramitación y adjudicación”. En el caso de otra promoción de viviendas protegidas del año 2001, TECONSA se llevó el concurso de once millones aunque según la IGAE si los procesos de puntuación hubiesen sido menos arbitrarios el proyecto se lo habría adjudicado Construcciones Ortiz, otra de las promotoras que han sido vinculadas con la trama a lo largo de la investigación.

Algo menos sutil era el método empleado con Easy Concept en 2005, propiedad del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa: según la IGAE, el por entonces concejal de Hacienda Juan Siguero - posteriormente alcalde e imputado en 2011 – les envió por email los pliegos del contrato del servicio atención al ciudadano: “Juan Siguero le enviaba a Easy Concept con carácter previo mediante correo electrónico los Pliegos de Cláusula Administrativa y de Condiciones Técnicas, no sólo para que tuvieran conocimiento de los mismos sino para que propusieran las modificaciones que consideraran convenientes”. Un contrato de 560.000 euros que se terminó adjudicando la empresa de Correa.

Otra de las empresas favorecidas por el consistorio boadillense habría sido FCC en un contrato de recogida de basuras, detectando los investigadores “una desigualdad en el tratamiento de favor a FCC-SUFI, ya que es el único licitador que no ha presentado oferta base, cuando se le tenía que haber excluido”.

La lluvia en Boadilla

Las irregularidades detectadas por la IGAE no se ciñen sólo a los procesos de contratación: califica de “manifiesto fraude” el hecho de que, por ejemplo, TECONSA tardase varios meses más en construir un colegio de lo que marcaba su oferta inicial, y destaca que por ejemplo que el entonces concejal de Medio Ambiente, nuevamente Siguero, amplió un contrato de mantenimiento de zonas verdes “sin los preceptivos informes jurídicos y económicos y al margen del procedimiento establecido”.

No cuadran las puntuaciones, no cuadran los plazos y por no cuadrar a la IGAE no le cuadra ni los días en los que llovía en Boadilla del Monte: cuando hablan de un contrato para eliminar las barreras arquitectónicas del casco urbano, remodelar una calle y acondicionar una glorieta, los investigadores destacan el retraso de un mes para llevar a cabo estas obras. Y les sorprende que en los tres casos las empresas adjudicatarias aleguen que fue por la lluvia, pero notando que a cada empresa le llovió en un día distinto: “Se destaca que siendo el período de ejecución de las obras prácticamente el mismo, los días en que han acaecido las fuertes lluvias sean distintos”. Es más, muchos días ni llovió en Boadilla: la IGAE asegura que lo ha mirado en internet y que en ese periodo de tiempo sólo hubo precipitaciones cuatro días. “Todo ello nos induce de forma razonable a considerar que los informes han sido emitidos para justificar a posteriori el retraso en la ejecución de las obras por los adjudicatarios”, asegura el texto.

http://cadenaser.com/emisora/2015/10/14/radio_madrid/1444857556_602457.html

LA SECRETARIA DE CORREA: “NUNCA HE VISTO A PÍO Y QUIERO PEDIRLE PERDÓN”

La Cadena SER accede a la grabación del interrogatorio a Maica Jiménez, la exsecretaria de Correa, ante el juez José de la Mata. Jiménez negó la grabación en la que implicaba al presidente del Senado en la Gürtel. El juez le espeta: “¿Entonces usted estaba mintiendo absolutamente, estaba engañando a su interlocutora?”. “Me vine arriba”, contesta la testigo

La exsecretaria de Francisco Correa entre mayo de 2001 y junio de 2003, Maica Jiménez, negó en su declaración como testigo ante el juez José de la Mata todo lo que había afirmado en la conversación que fue grabada de forma subrepticia por la funcionaria de Boadilla, Ana Garrido.

Maica Jiménez: "Pío y Cayetana estaban en el ajo"

Por negar, negó incluso que fuera secretaria del líder de la Gürtel, aunque reconociera ante el juez que llevó su agenda. Según dijo este martes, todo aquello que dijo sobre que vio a Pío García Escudero acudir a horas intempestivas al despacho de Correa, y a otros acusados como Bárcenas, Jesús Merino o Benjamín Martín Vasco ir allí a recoger sobres, fue “una invención”. Una “conversación de taberna” en la que se vino “arriba” después de tomarse “dos o tres copas”.

Maica Jiménez: 'Sí recuerdo a Benjamín Martín Vasco. Desconozco la relación. Yo abría la puerta y anunciaba quien era'

Sobre García Escudero, se muestra especialmente vehemente al defenderlo. Por dos ocasiones dice que “nunca” le vio en el despacho y añade que aprovecha la ocasión para pedirle “perdón por el daño que ha podido ocasionarle haberle mencionado”. García Escudero anunció una demanda contra ella en cuanto la Cadena SER desveló la grabación en la que Jiménez aseguró que “Pío estaba en el ajo” de la trama.

Maica Jiménez: 'No he visto nunca a Pío García-Escudero y desde aquí le pidó perdón por mencionarlo'

Maica Jiménez dice que “puntualmente” ha podido ver a algunas personas por el despacho, y cita en concreto a Martín Vasco “porque el PP era cliente de Special Events” pero da un trato de normalidad a las visitas y niega que hubiera visto sobres con dinero. “¿sobres cerrados?”, se pregunta la secretaria, “puede ser un billete de avión”, dice ahora cuando en la grabación se refería a dinero.

Maica Jiménez: 'Desconozco el contenido de los sobres, puede ser un billete de avión'

También niega ahora, e incluso dice no recordar que hubiera visto tráfico de dinero, hasta 300.000 euros, en cajas de zapatos, tal y como aseguró en la conversación con Ana Garrido. Al ser interrogada al respecto responde “¿Yo he dicho eso?, me desdigo absolutamente, ¡madre mía!”. En ese punto, el juez la reprende: “no se trata de desdecirse cuando uno quiere” y la secretaria contesta “pues no lo recuerdo y si lo dije es una barbaridad, yo nunca he visto salir dinero de esa empresa, jamás, ni en sobres ni en carpetas”, sentencia ahora Maica Jiménez.

Maica Jiménez, sobre 300.000 euros en cajas de zapatos: 'No lo recuerdo, si lo he dicho es una barbaridad'

Casi al final del interrogatorio, el juez la coloca ante su espejo. Le dice “¿Entonces estaba usted mintiendo absolutamente, estaba engañando a su interlocutora o no recuerda?”, a lo que la exsecretaria del líder de la Gürtel contesta “yo me vine arriba, llevaba dos o tres copas y empecé a soltar por mi boca lo que no está en los escritos”.

Maica Jiménez: 'Me vine arriba, llevaba dos o tres copas'

Solo admite una de sus afirmaciones y con salvedades. Al ser preguntada sobre quién pagó la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag, afirma que “oyó en los pasillos” que fue pagada por Special Events. “Pero solo algo”, matiza la secretaria, no toda la boda, dice ahora.

http://cadenaser.com/ser/2015/10/14/tribunales/1444840455_033106.html

‘ENTRAÑABLE’ CARTA DEL SOBRINO DE ROUCO A FAVOR DE LA JUEZ ESPEJEL PARA QUE NO SE LA APARTE DE LA GÜRTEL

Presidente del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, Rouco Rodríguez elogia sin medida a la magistrada de la Audiencia Nacional: "apreciada", "sobresaliente", "brillante"...

La magistrada Concepción Espejel, presidenta de la sección segunda de la Audiencia Nacional, ha contestado este miércoles a las acusaciones particulares y a la Fiscalía, que ven razones para su inhibición para juzgar el caso Gürtel. Como hemos contado en ELPLURAL.COM , se considera que su relación con el PP y con algunos dirigentes de este partido presuntamente implicados, la invalidarían como juez imparcial.

Una larga explicación de por qué no puede ser recusada

En un escrito-río de 87 páginas Espejel (de quien publicamos esta biografía a través de nuestros colaboradores Los Genoveses) intenta rechazar su relación de amistad con María Dolores de Cospedal, las implicaciones de que el PP haya favorecido en gran medida su carrera en el escalafón judicial, o minusvalorar hechos como que el propio Luis Bárcenas votara en el Senado en favor de su nombramiento para el Consejo General del Poder Judicial (el extesorero está entre quienes la quieren recusar).

Pero quizás lo más llamativo de su escrito resulte un escrito de apoyo que adjunta a su defensa. Una ‘carta’ que firma Vicente-Manuel Rouco Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), y también sobrino del cardenal Antonio María Rouco Varela.

Una carta que es casi una declaración

La carta, dirigida a la propia Concepción Espejel, tiene fecha del 30 de junio de este año, cuando empezaron a publicarse informaciones y presentarse recursos contra la participación de la magistrada en el tribunal que debe ver el caso Gürtel. La razón para el escrito lo deja claro Rouco en su primera línea: “… ante diversas informaciones aparecidas en medios de comunicación, en relación con la trayectoria profesional de la Itma. Sra. Dª CONCEPCIÓN ESPEJEL JORQUERA…”.

A partir de esta frase, una cascada de alabanzas sin mácula concebidas. Párrafos llenos de calificativos elogiosos sin ninguna cortedad. Un primer ejemplo, sobre su labor en Castilla-La Mancha:

“Su trayectoria profesional al frente de la Audiencia Provincial de Guadalajara puede calificarse de sobresaliente. Apreciada y respetada por su independencia y cualificada labor judicial permaneció al frente de dicho órgano judicial durante prácticamente dos mandatos, contribuyendo de manera decisiva al inmejorable funcionamiento de la Audiencia Provincial”.

Si esto parece laudatorio sin rubor, el resto de párrafos del escrito no desmerecen. Están llenos de perlas que muestran las bondades de la labor de la juez. Elegimos algunas de esas frases…

“Así mismo realizó una brillante labor de gobierno, tanto como Presidenta de la Audiencia Provincial, como miembro de la Sala de Gobierno, en la que acreditó un amplio conocimiento de la realidad de la organización…”

“… incluyó una labor muy activa y eficaz como Vocal Territorial de Castilla-La Mancha en la que hizo gala de su amplio y pormenorizado conocimiento de nuestra realidad judicial…

Concha, a la que todos llaman Concha
También el presidente del TSJCLM entra en este escrito, aún de perfil, en una de las principales causas de recusación contra la magistrada Espejel, su relación con Cospedal. Una relación especialmente buena que se puso de manifiesto en la ceremonia de concesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, en la que la presidenta de la Comunidad y secretaria general del PP, se refirió a ella como Concha y la calificó de “gran mujer… que ha acumulado muchos e importantes méritos en su carrera”.

Lo que dice Rouco en este sentido:

“.., muy agradecidos por la labor desarrollada durante tantos años al servicio de la Juticia en Castilla-La Mancha… conocida entre todos nosotros siempre como Concha Espejel y llamada tanto por los profesionales y funcionarios como D Concha Espejel, nos unimos para organizar un merecido y cariñoso acto de homenaje para regalarle la Gran Cruz, como se hace tradicionalmente entre los compañeros que apreciamos cuando se les concede alguna Condecoración, en un solemne acto judicial y con la contribución de todos cuantos quisieron participar en el mismo. Tengo noticias de que otros Vocales han recibido homenajes parecidos en otros lugares”.

El juez podría encontrarse siendo parte
Y así, se justifica la presencia en el acto de Cospedal, que dice además Rouco, convertido así en juez de lo que se argumenta en las peticiones de recusación, “los discursos (pronunciados en el acto) fueron de contenido estrictamente profesional y personal aludiendo los méritos y cualidades de la homenajeada, y por supuesto la utilización de la expresión Concha para referirnos a ella fue común a todos nosotros en las diferentes intervenciones, ya que así se la conoce y trata por todos”.

Por cierto, parece oportuno recordar en este punto que el propio juez Rouco Rodríguez como presidente del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha podría verse en la obligación de tener que dictaminar en algún tema relacionado con la Gürtel y que también pudiera envolver a María Dolores de Cospedal. Por ejemplo, el asunto de los 200.000 euros con los que Sacyr presuntamente contribuyó a la campaña de la candidata entonces del PP.

http://www.elplural.com/2015/10/08/entranable-carta-del-sobrino-de-rouco-varela-en-favor-de-la-juez-espejel-para-que-no-sea-apartada-de-la-gurtel/

ESPEJEL Y LÓPEZ RECHAZAN APARTARSE DEL TRIBUNAL DE LA CAJA B DEL PP

Consideran que no tienen una relación de "amistad íntima" con los acusados ni "interés directo" en el procedimiento

Los jueces de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López han rechazado apartarse del tribunal que juzgará la caja b del Partido Popular (PP), al considerar que no tienen una relación de "amistad íntima" con los acusados ni "interés directo" en el procedimiento. Los magistrados exponen en sendos escritos los mismos argumentos que les llevaron a rechazar las recusaciones a las que se enfrentan como miembros del tribunal que juzgará la primera época de actividades de la red Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.

López ha presentado un escrito de seis folios en el que defiende que no concurre "ninguna de las causas legales de abstención" establecidas por la ley para apartarse del procedimiento, al no tener "interés alguno, ni directo, ni indirecto, ni cercano, ni remoto" en la causa.

El magistrado, que fue miembro del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del Gobierno del PP, rechaza albergar "algún tipo de prejuicio, inclinación o predisposición personal", más allá de la obligación que, como "profesional", dice tener para "asumir y resolver" aquellos asuntos que por normas de reparto le sean "encomendados".

En relación con la decisión de otorgar al juez Pablo Ruz la competencia para instruir el caso Bárcenas en detrimento de su compañero Javier Gómez Bermúdez, que Izquierda Unida (IU) invocó como motivo de recusación, el magistrado indica que su participación se limitó a intervenir en la deliberación del tribunal. López y otros dos magistrados acordaron en marzo de 2013 suspender la declaración de Bárcenas que Gómez Bermúdez pretendía celebrar.

"Todo el mundo me llama Concha"
Espejel, que reproduce íntegramente el escrito que envió a la Sala de lo Penal en relación con el caso Gürtel, explica que no tiene ni ha tenido nunca "relación alguna" con el extesorero del PP Luis Bárcenas, al que no conoce "personalmente".

Añade que, si este participó en la votación del Senado en la que fue nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como recordó la Fiscalía Anticorrupción, la propuesta constituiría, en todo caso, "un acto del órgano y no de los senadores que en aquel momento lo integraban".

También defiende que la frase pronunciada por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, durante un acto en el que fue condecorada ("para todos es Concha y lo va a ser siempre") "no tiene trascendencia alguna", puesto que desde que se incorporó a la carrera judicial en 1983 todos sus compañeros le llaman coloquialmente Concha.

"Los que me conocen saben que siempre me he presentado como Concha y no solo desde que ejerzo la Judicatura, sino durante la etapa universitaria e incluso colegial. Desde que era niña, todo el mundo me ha llamado así", sostiene Espejel para negar a continuación una "familiaridad sobrevenida" con la número dos del PP, con la que únicamente mantuvo "una cordial relación institucional" mientras fue presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En la causa sobre la contabilidad b de los populares, la recusación de Espejel fue solicitada por Izquierda Unida (IU), el Observatorio DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejercen la acusación popular. A estos tres colectivos se sumó el PSOE en el caso de Enrique López.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/08/actualidad/1444314131_203441.html

EL FISCAL VE RAZONES PARA DUDAR DE LA IMPARCIALIDAD DE LÓPEZ Y ESPEJEL

El ministerio público pide que se admita la recusación contra los jueces del 'caso Barcenas'

La fiscalía cree que debe admitirse a trámite la recusación presentada por varias acusaciones contra los jueces Enrique López y Concepción Espejel como miembros del tribunal que juzgará el caso Bárcenas. La fiscalía que ya se pronunció a favor a admitir la recusación de estos magistrados en el caso Gürtel, advierte de que en ambos concurren circunstancias que pueden llevar a "cuestionar su imparcialidad".

Según el fiscal Antonio Romeral, la Sala de lo Penal de la Audiencia tendría que valorar "la relevancia de que los dos jueces fueron nombrados para sus cargos por el Partido Popular", que está implicado en esta causa como partícipe a título lucrativo. La fiscalía alude a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la necesidad de apariencia de imparcialidad que debe presidir la labor de los jueces.

El fiscal Romeral propone que se practiquen las siguientes pruebas: pedir a la fundación FAES, presidida por José María Aznar (PP), la documentación sobre los pagos realizados al juez Enrique López por su participación en 50 ponencias y admitir, además, las pruebas documentales aportadas por otras partes. Sí se opone el fiscal a que se interrogue a los dos jueces recusados, así como a Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y Federico Trillo, exdiputado del PP y embajador, como habían pedido las acusaciones. La fiscalía cree que es innecesario por "inútiles e impertinentes respecto de los hechos que se pretenden acreditar".

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/02/actualidad/1443791292_424307.html?rel=ult

OCHO EXVOCALES DEL PODER JUDICIAL SE ABSTENDRÍAN SI FUESEN ENRIQUE LÓPEZ

Todos invocan la apariencia de imparcialidad dictada por el Tribunal de Estrasburgo

La Audiencia Nacional tiene que decidir sobre la recusación de dos jueces de Gürtel

La Audiencia verá la recusación de los magistrados López y Espejel

Ocho exvocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aseguran que, si estuvieran en la situación de Enrique López, se abstendrían de participar como ponente en el juicio por el caso Gürtel. Las acusaciones personadas en ese proceso han pedido la recusación de López porque fue propuesto por el PP para el Consejo General del Poder Judicial; colaboró activamente con FAES, la fundación vinculada a los populares y que preside José María Aznar, y llegó a participar en un acto del partido que ahora será juzgado como responsable civil en el juicio por la trama Gürtel.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe decidir si acepta la recusación de López y de Concepción Espejel. Esta última fue nombrada por el Gobierno regional del PP para el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y mantenía estrechas relaciones con la entonces presidenta y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Los exvocales consultados por este periódico coinciden en remitirse a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), asumida por el Tribunal Constitucional, que habla expresamente de la apariencia de imparcialidad como causas de recusación o abstención.

Por ejemplo, Félix Azón, exvocal y magistrado, asegura que él se abstendría: "Sin entrar en el caso concreto, creo que es muy importante la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la apariencia de imparcialidad". La misma opinión tienen los magistrados Margarita Robles, del Tribunal Supremo, Manuel Torres Vela y Juan Carlos Campo, en excedencia.

La imparcialidad de un tribunal es la primera de las garantías básicas del proceso. Me atrevería a decir que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso

Juan Carlos Campo

"Creo que me abstendría y soy consciente de que es una cuestión que habrá de analizarse a la luz de las concretas características y material probatorio. Pero algo es claro, la imparcialidad de un tribunal es la primera de las garantías básicas del proceso. Me atrevería a decir que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso", asegura Campo. El magistrado añade: "Y como dijo hace muchos años el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, la confianza y el respeto a la magistratura son garantías de la eficacia del sistema jurisdiccional y el TEDH, sobre este particular, distingue dos aspectos, el subjetivo y el objetivo. El primero trata de averiguar la convicción personal de un juez en el caso concreto (en nuestro caso, su nombramiento como vocales y sus actuaciones en determinados foros), pero está el objetivo que se refiere a si este ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima al respecto. Y este aspecto es el que yo pondero. No es, por tanto, la conducta personal del juez (ya ha dicho el TC que ni la afinidad ideológica, ni ser nombrado para cargo a instancia de un grupo parlamentario enturbian su imparcialidad), sino si hechos ciertos y múltiples (al parecer en un determinado foro y germen de ideas de un partido político) pueden levantar dudas sobre su imparcialidad".

Su vinculación con el PP es irrepetible y no solo por haber sido vocal, que quizás no sería motivo suficiente por sí solo

Félix Pantoja

Los fiscales Gabriela Bravo y Félix Pantoja también tienen claro que se abstendrían. Bravo, ahora consejera de la Generalitat valenciana, sustituyó a López como portavoz del Consejo y tiene claro que debe imponerse la apariencia de imparcialidad. Pantoja explica que "este caso es muy fuerte, porque su vinculación con el PP es irrepetible y no solo por haber sido vocal, que quizás no sería motivo suficiente por sí solo".

La magistrada y exvocal Inmaculada Montalbán dice que no quiere pronunciarse sobre este caso concreto, pero explica que "la sola condición de exvocal no es causa de abstención. Hay que valorar si se cumplen los requisitos, pero la clave es que se cumpla la apariencia de imparcialidad".

A los exvocales consultados por este periódico se une la opinión de Javier Martínez Lázaro, que también fue miembro del Consejo y ahora, como magistrado, instruye la recusación de López y Espejel en la Audiencia Nacional. En el auto de admisión, Martínez Lázaro expone su opinión favorable a la recusación.

Otros dos exvocales, propuestos en su momento por el PP, expusieron a EL PAÍS su opinión contraria a la recusación. Así, para el magistrado Adolfo Prego, "si la causa de recusación es la que cuentan los periódicos no tiene fundamento ninguno. El hecho de que los nombrantes del Poder Judicial sean políticos no contamina de parcialidad a nadie".

Dar una conferencia no significa nada y cobrar por ello cantidades pequeñas que compensan el tiempo que se pierde, tampoco

Adolfo Prego

Prego añade que "hay muchos magistrados que vuelven del Poder Judicial y eso no supone problema". Cree, además, que la referencia a FAES es muy "inocua". "Aquello es un foro de debate técnico-intelectual, pero no con relación de obediencia y jerarquía. Dar una conferencia no significa nada y cobrar por ello cantidades pequeñas que compensan el tiempo que se pierde, tampoco. En esas conferencias hay catedráticos, juristas, abogados. Lo que no hay son políticos. Es un centro de debate entre expertos. Nada más. Son temas muy técnicos, no se suele hablar de política en los debates. No deben abstenerse". Para el magistrado, "la abstención no es algo caprichoso, está tasado, son las mismas causas que la recusación; si no cabe la una, no cabe la otra". Y añade: "La recusación solo es posible cuando alguien no se abstiene. La abstención es una especie de autorrecusación. Es una utilización incorrecta de la recusación y la imagen de falta de imparcialidad son las calcomanías que se les pega a ellos. No es una imagen autocreada por su comportamiento, sino artificialmente impuesta: sus resoluciones son excelentes, las de los dos. Espejel estuvo en la Audiencia de Segovia cuando yo fui presidente de la Audiencia y solo le preocupa la técnica jurídica, es una gran penalista".

Javier Gómez de Liaño, exvocal y ahora abogado defensor en Gürtel, se ha pronunciado contra la recusación en un escrito en ese procedimiento y se remite al derecho comparado para asegurar que "en Alemania los miembros del Constitucional son de distintos partido y no por ello se [los] cuestiona". Fernando Salinas, magistrado y exvicepresidente del Consejo, rehusó dar su opinión.

Dos asociaciones judiciales

Dos de las asociaciones judiciales, Jueces para la Democracia (JPD) y Foro Judicial Independiente, creen que debe cumplirse el principio del respeto a la apariencia de imparcialidad. Así, Joaquín Bosch, de JPD, asegura que "en estos supuestos hay dudas sobre la apariencia de imparcialidad por las conexiones que se han indicado en referencias a los vínculos con el PP; en especial, el hecho de los seminarios de López cobrando genera dudas objetivas", comenta y añade: "Creo que son jueces profesionales e imparciales y así van a actuar, pero un tribunal tiene que ser y parecer imparcial y hay dudas de que pueda parecerlo. Y puede dañar la credibilidad de la justicia porque la sociedad no crea justa la sentencia por parecer que no son imparciales".

Lo que pasa en este asunto creemos que es una muestra del efecto muy perjudicial del sistema de designación política de vocales

Alejandro Valle

Para Bosch, "deberían valorarse muy seriamente las alegaciones de la fiscalía en función de la jurisprudencia del TEDH y el caso Gürtel es muy importante para la sociedad española, afecta al partido del Gobierno. Es capital que el tribunal no tenga la mínima sospecha de falta de imparcialidad".

Alejandro Vega, del Foro Judicial Independiente, explica: "Sin entrar en el fondo de la recusación que tiene que resolver la Audiencia Nacional, no ponemos en duda su capacidad para asumir el asunto, pero lo que pasa en este asunto creemos que es una muestra del efecto muy perjudicial del sistema de designación política de vocales del CGPJ. Si fueran elegidos por los jueces, no habría cuestionamiento de la apariencia de imparcialidad. El sistema lleva a cosas como esta de pasar de un cargo de designación política a jurisdicción y de ahí la apariencia de parcialidad".

"El magistrado que tiene que resolver (Martínez Lázaro) fue nombrado por el PSOE, una demostración práctica de que hay que cambiar el sistema. No es lo mejor para la imagen del poder judicial", añade.

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/30/actualidad/1443622647_973054.html

LA AUDIENCIA VERÁ LAS RECUSACIONES DE LOS MAGISTRADOS LÓPEZ Y ESPEJEL

El instructor de la causa de López reclama a la fundación FAES que certifique los pagos al magistrado por sus ponencias

La Audiencia Nacional examinará las recusaciones planteadas por diversas acusaciones del caso Gürtel contra los magistrados conservadores Concepción Espejel y Enrique López, presidenta del tribunal y ponente de la sentencia respectivamente en el juicio por la trama de corrupción que afecta al Partido Popular. Los jueces designados como instructores de estos "incidentes de recusación" —Carmen Paloma González en el caso de Espejel y Javier Martínez Lázaro en el de López— decidieron este jueves admitir ambas a trámite.

La asociación Adade y el PSOE plantearon la recusación de López, el magistrado español más marcadamente vinculado con el PP, por varios hechos. En primer lugar, la formación conservadora ha aupado al magistrado a los puestos más relevantes de su carrera: vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional, cargo este del que tuvo que dimitir en junio de 2014, un año después de acceder a él, tras ser condenado por conducir ebrio su moto por Madrid. El segundo hecho es el medio centenar de ponencias de López en conferencias de la Fundación FAES, vivero ideológico del PP. También mencionan las acusaciones que López es cuñado de un empleado del empresario José Luis Ulibarri, imputado en otra fase del caso Gürtel.

El magistrado Martínez Lázaro, instructor del expediente de López, afirma que "el hecho de haber sido propuesto por el PP en tres distintas ocasiones para cargos públicos de alta relevancia sugiere una cierta vinculación de dicho partido con la carrera profesional del magistrado". Martínez Lázaro, que fue vocal del Poder Judicial entre 2001 y 2008 aupado por el PSOE admite que estos nombramientos "por sí solos no podrían llevar de una forma concluyente a la existencia de una causa de recusación".

Sin embargo, esta "apariencia de vinculación", dice el instructor, "se hace más intensa" al tener en cuenta su participación en la FAES, a la que define de "alma ideológica" del PP, y de cuya dirección forma parte Ana Mato, exministra de Sanidad y encausada en Gürtel como partícipe a título lucrativo. "No se trata de colaboraciones esporádicas u ocasionales con el PP: su elevado número sugiere una colaboración permanente durante un dilatado periodo de tiempo (…) por la que el magistrado recusado percibió (…) la no desdeñable cifra de 13.102 euros", señala Martínez Lázaro.

Esta "colaboración intensa y durante un largo periodo de tiempo", afirma el instructor, "podría implicar una [falta de] apariencia de imparcialidad y la apariencia de que el magistrado recusado pudiese tener interés directo o indirecto en la causa que está llamado a enjuiciar". El instructor ha solicitado a FAES que certifique los pagos al magistrado López por sus colaboraciones.

Respecto a la falta de imparcialidad con parentesco con un empleado del empresario Ulibarri, imputado en otra fase de Gürtel, Martínez Lázaro aprecia que por sí sola "no es bastante" para admitir a trámite la recusación, pero rechaza la alegación de Enrique López de que son causas distintas. "Esta razón no es lo suficientemente sólida pues se trata de hechos profundamente relacionados que por razones de operatividad procesal se ventilan en piezas distintas aún teniendo un tronco común", afirma el instructor de la causa de recusación.

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/25/actualidad/1443187397_705442.html

COSPEDAL INTENTÓ MAQUILLAR SU AMISTAD CON “COSPEJEL”, SOBRENOMBRE QUE RECIBE LA MAGISTRADA DE LA ‘GÜRTEL’

En las notas de prensa emitidas por el Gobierno manchego, presidido por la secretaria general del PP, se hablaba de “Concha”, pero ahora sólo aparece el nombre de Concepción

El 28 de febrero de 2014, el Gobierno de Castilla La Mancha, presidido entonces por María Dolores Cospedal, recogía en una amplia nota de prensa las palabras de ésta en la imposición en el Tribunal Superior de la región de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la magistrada Concepción Espejel Jorquera, conocida en círculos judiciales y periodísticos con el sobrenombre de “Cospejel” por la gran amistad que une a ambas desde que la jueza presidiera la Audiencia de Guadalajara y la lideresa contara con las bendiciones de la justicia alcarreña para intentar meter en la cárcel a los profesionales que apagaron el incendio de los Pinares del Ducado de Medinaceli, que comenzó en una barbacoa en Riba de Saelices, acabó con la vida de 11 trabajadores del retén forestal con base en Cogolludo y arrasó 13.000 hectáreas de monte. La elección de Concepción Espejel como vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del PP, como no podía ser de otra forma, y el nombramiento de un nuevo presidente de la Audiencia guadalajareña dio un giro de 180 grados y sólo hallaron culpable al autor de la fatídica barbacoa. Cospedal perdía una de sus grandes bazas políticas, tras felicitarse, eso sí, del traslado de la jueza de Sigüenza que pretendía archivar la causa y el nombramiento de una nueva titular proclive al resurgimiento de la misma.

Donde dije digo, digo Diego…
Cospedal utilizó políticamente a los familiares de las víctimas del incendio volviendo a indemnizarlas por partida doble, y aquel 28 de febrero dijo de su amiga Concha: “(…) créanme que para mí es un honor y un privilegio. Es el acto de reconocimiento y de homenaje a una gran mujer (…) Concepción Espejel, que para todos es Concha y lo va a ser siempre (…)”. Sin embargo, un año y medio después en el archivo de las notas de prensa del Gobierno de Castilla-La Mancha no encontramos ni rastro de la familiaridad con que trató Cospedal a “Cocha”. A lo sumo leemos: “Concepción (que no Concha) Espejel, en la actualidad presidenta de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y antigua vocal del Consejo General del Poder Judicial, es “una gran mujer y una gran jurista que ha acumulado una gran cantidad de méritos, ha sabido entender como pocos los deberes que conlleva el ejercicio de la Administración Pública de la Justicia”, dicen ahora que dijo Cospedal aquel lejano 28 de febrero. De Concha, nada de nada. Ni rastro.

…pero los audios no engañan
¿Limpió Cospedal el archivo de notas de prensa donde aparece Concepción Espejel para retirar el cariñoso nombre de Concha, “que para todos es Concha y lo va a ser siempre”, dijo? ELPLURAL.COM cuenta con un audio del momento donde Cospedal se dirige a la magistrada con el nombre de Concha (escuchar audio). De lo que no cabe duda es que desde que sabemos que “Cospejel” será la encargada de juzgar a la banda corrupta Gürtel y a sus socios del PP, junto a Enrique López, también conocido por el sobrenombre de “El George Clooney” de los juzgados y tan próximo o más que Espejel al partido de la gaviota y cuya recusación ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional, Cospedal se ha puesto de perfil, elude cualquier pregunta sobre su “amiga Concha”, con la que parece haber cancelado “en diferido” la vieja amistad que las unió, hasta el punto de que la magistrada eligió la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete para recibir la condecoración de manos de su “amiga Cospedal”. Fotos que este periódico conserva desde entonces.

Vinculados al PP hasta las cejas
Que Enrique López y Concepción Espejel están vinculados al PP hasta las cejas, eso, a estas alturas, no lo duda ni la Fiscalía, que no olvida que López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular y fue nombrado “con calzador” por el Gobierno de Mariano Rajoy magistrado del Tribunal Constitucional, que tuvo que abandonar tras dar positivo en un control de alcoholemia. Y cuanto a la afinidad de la actual presidenta de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la inhabilita para juzgar la Gürtel como así lo entienden las acusaciones particulares, que además de la amistad con la secretaria general del partido, recuerdan que en 2008, después del incendio de Guadalajara, fue nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, formación que defiende la “imparcialidad” de ambos (va en serio) para llevar los procesos de la Gürtel y pide a la Audiencia Nacional que rechace la recusación de los magistrados. En parecidos términos se expresa la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura que defiende a sus socios Espejel y López contra la recusación. Por algo pagan las cuotas

http://www.elplural.com/2015/09/30/cospedal-intento-maquillar-su-amistad-con-cospejel-sobrenombre-que-recibe-la-magistrada-encargada-de-juzgar-la-gurtel/

ADMITIDAS A TRÁMITE LAS RECUSACIONES CONTRA LÓPEZ Y ESPEJEL POR SU RELACIÓN CON EL PP

Los magistrados piden a FAES, la fundación del PP, que acredite a qué eventos asistieron y si cobraron por su participación

El juez Javier Martínez Lázaro considera que el nombramiento de Enrique López como vocal del CGPJ o magistrado del TC a propuesta del PP no puede llevar "por sí solo" a una causa de recusación pero sí "sugiere cierta vinculación" con el partido

Los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Martínez Lázaro y Carmen Paloma González Pastor han admitido a trámite los incidentes de recusación que las acusaciones han presentado contra los jueces que juzgarán el caso Gürtel Concepción Espejel y Enrique López, y han pedido a FAES un certificado con las conferencias en las que participaron. Además, han preguntado al Partido Popular si pagó a López por intervenir en dos mesas redondas de su conferencia política.

Así sehan pronunciado los magistrados después de que el PSOE pidiera que López se apartara del tribunal por su "íntima vinculación" y su "afinidad ideológica" con el PP. Unas acusaciones a las que se sumó la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que amplió la petición petición a Espejel por "óptimas relaciones" de ambos con la formación presidida por Mariano Rajoy.

La magistrada Carmen Paloma González Pastor, que instruye el incidente de recusación sobre Espejel, ha solicitado al secretario de FAES, la fundación presidida por José María Aznar, que remita en el plazo de diez días un certificado de las mesas redondas, cursos o conferencias en los que haya participado la jueza recusada.

Tanto ella como Martínez Lázaro, instructor del expediente sobre Enrique López, rechazan que María Dolores de Cospedal y Federico Trillo declaren como testigos. En su escrito, González destaca que Espejel ya ha explicado "el tipo de relación institucional con personas pertenecientes al Partido Popular", así como su "coincidencia con otras autoridades en actos públicos a los que ha acudido por su condición profesional".

Intervino en más de 60 actividades de FAES

Por su parte, el instructor Javier Martínez Lázaro ha emplazado al secretario de FAES a remitir un certificado con las cantidades percibidas por Enrique López por colaborar con la fundación desde 2003 y ha preguntado al Partido Popular si este magistrado cobró alguna cantidad por participar en dos mesas redondas en 2006 y 2007 en el curso de la Conferencia política sobre el modelo de Estado.

"El haber sido propuesto por el PP en tres ocasiones para ocupar relevantes cargos públicos, unido a su colaboración intensa y durante un largo periodo de tiempo con una fundación vinculada a dicho partido y el haber percibido remuneraciones significativas de dicha fundación podría implicar una apariencia de pérdida de imparcialidad y la apariencia de que el magistrado recusado pudiese tener interés directo o indirecto en la causa que está llamado a enjuiciar", señala.

López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP desde 2001 a 2008 –coincidió a su paso con Martínez Lázaro, propuesto por el PSOE–, después se postuló como candidato del Tribunal Constitucional en 2008, del que fue nombrado magistrado en junio 2013, cargo del que dimitió un año más tarde tras dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba con su motocicleta sin casco por el centro de Madrid.

A su juicio, la aparente vinculación con el PP se hace "más intensa" si se considera que participó en más de sesenta actividades de FAES, siendo "irrelevante" si coincidió con el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, o con el acusado Carlos Clemente, puesto que ello "no implica amistad ni compromete su imparcilidad" o si sus posturas doctrinales son próximas a las de este partido dada la libertad de expresión e ideología.

Colaboración "permanente" con el PP

En su opinión, "sí tiene relevancia" su "elevada" intervención en actos de la FAES, que se define en su página web como una organización "vinculada al Partido Popular" y de cuya dirección forma parte la exministra Ana Mato, encausada como partícipe a título lucrativo, al igual que el PP, en el caso Gürtel.

"No se trata de colaboraciones esporádicas u ocasionales con el PP, su elevado número sugiere una colaboración permanente durante un dilatado periodo de tiempo, lo que implica una apariencia de vinculación con el citado partido", explica Martínez Lázaro, para añadir que López admitió haber recibido la "no desdeñable" cantidad de 13.102 euros por sus actividades en FAES.

Finalmente, no considera una razón "suficientemente sólida" para comprometer la imparcialidad de López su parentesco con Miguel Hernán, que es su cuñado y está considerado como un hombre de confianza del empresario José Luis Ulibarri, encausado en el procedimiento.

En su auto, incluye la doctrina del Constitucional para concluir que las causas de recusación tienen por finalidad garantizar la imparcialidad del juez, la cual se presume siempre, salvo que haya pruebas de lo contrario y que no debe probarse que el magistrado sea imparcial sino que "existe una apariencia de imparcialidad para un observador objetivo".

Una vez recibida la documentación solicitada a FAES y al PP, las actuaciones serán remitidas a la Sala de lo Penal para que el pleno designe al magistrado ponente que proponga la estimación o no de las recusaciones de Espejel y López.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/25/admitidas_tramite_las_recusaciones_contra_los_jueces_lopez_espejel_por_relacion_con_pp_38180_1012.html

LA WEB DEL SENADO DESMIENTE A LA JUEZA QUE SE NIEGA A ABSTENERSE EN EL ‘CASO GÜRTEL’

Concepción Espejel defendió su imparcialidad con el argumento de que, además de no conocer a Luis Bárcenas, le era imposible cerciorarse de si votó a favor de su elección como vocal del Poder Judicial

Una simple consulta a la web del Senado permite ver el vídeo que muestra a Bárcenas en el momento de votar aquel día

Concepción Espejel, presidenta del tribunal que juzgará en Madrid el caso Gürtel y recusada por su supuesta cercanía al PP, defendió hace una semana su imparcialidad con un argumento que buscaba dejar en evidencia a la Fiscalía Anticorrupción.

Y ese argumento es el de que, además de no conocer a Luis Bárcenas, le era imposible cerciorarse de si Bárcenas votó el día en que, en septiembre de 2008, el Senado la eligió vocal del Poder Judicial. La web del Senado, accesible sin necesidad de especiales conocimientos tecnológicos, demuestra en cambio que no solo es posible saber si Bárcenas votó sino en qué momento exacto lo hizo: en el minuto 7,18 de la votación.

Espejel, que se ha negado a abstenerse en el caso y cuyo eventual apartamiento queda ahora en manos de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, expuso así su razonamiento sobre la imposibilidad de saber qué había hecho Bárcenas aquel día, el 17 de septiembre de 2008: "Según me han informado en el Senado, no existe lista de presentes. De modo que no está a mi alcance comprobar si dicho señor estuvo o no entre los votantes". La lista, en efecto, no existe. Pero una simple consulta a la web del Senado permite localizar con sencillez el vídeo que muestra a Bárcenas en el momento de depositar su voto en la urna.

Al igual que en lo concerniente al juez Enrique López, también recusado por las acusaciones, el conflicto jurídico-político en torno a Espejel se agudizó hace dos semanas cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó sus alegaciones sobre las recusaciones planteada.

Formalmente, Anticorrupción se mantiene neutral en el asunto. Pero, en la práctica, sus escritos cimentan las dudas sobre la capacidad de ambos jueces no para ser imparciales, extremo que la Fiscalía en ningún momento cuestiona, sino para parecerlo. Es más, las alegaciones de la Fiscalía aportan datos que no habían manejado las acusaciones populares.

Respecto de Espejel, el nuevo dato consiste justamente en que la juez alcanzó una vocalía del órgano de gobierno de los jueces tras una votación celebrada en el Senado el 17 de septiembre de 2008 y en la que participó Luis Bárcenas.

En respuesta a la sorpresiva entrada escena de Anticorrupción, que pone el acento en la importancia de la "apariencia de imparcialidad", Espejel adujo lo que se vislumbraba como una refutación implacable.

Y la plasmó así en el texto: "Según me han informado en el Senado, no existe lista de presentes. De modo que no está a mi alcance comprobar si dicho señor estuvo o no entre los votantes; siendo imposible dilucidar si fue uno de los que votó en blanco o de los que no votó mi candidatura, dada la forma en que se efectúa la votación, regulada en el art. 186.2 del Reglamento del Senado".

Entonces, Bárcenas acababa de ser elegido tesorero del PP, se sentaba en un escaño de la Cámara Alta, era un hombre poderoso dentro de su partido y no consta que ninguna vez rompiera la disciplina de partido. Fue el PP el que apadrinó el ascenso de Concepción Espejel como vocal del Poder Judicial.

En apoyo de su posición sobre la imposibilidad de verificar qué hizo Bárcenas, la magistrada pone por testigo al propio Senado. "Designo a efectos probatorios la Secretaría del Senado", escribe Espejel. Fueron los servicios oficiales de prensa de la Cámara los que este lunes explicaron a infoLibre de manera verbal y por teléfono cómo averiguar si un senador estuvo o no presente en cualquier votación celebrada en sesión plenaria.

En su informe de respuesta a las recusaciones y al escrito de la Fiscalía, la magistrada declara abiertamente su queja por lo que considera una campaña de desprestigio contra su persona con la difusión de afirmaciones que tacha de falsas. Entre ellas, la de que mantiene una relación de amistad personal con la ahora expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/22/la_web_del_senado_desmiente_uno_los_argumentos_juez_espejel_para_abstenerse_caso_gurtel_37985_1012.html

 ¿QUÉ HAY REALMENTE TRAS LA APERTURA DEL EXPEDIENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL PP POR EL CASO BÁRCENAS?

Inspectores de la Seguridad Social y otros técnicos laborales dicen a ELPLURAL.COM que tras el 'despido' de Bárcenas no hay sino "la compra de un silencio"

Este lunes se confirmaba la noticia, más que esperada, de que la Seguridad Social abría expediente sancionador al PP por el famoso despido ‘en diferido’ de Luis Bárcenas. Como decimos, noticia más que esperada, porque ya la juez que rechazó la reclamación del extesorero de reincorporarse como trabajador del extesorero a Génova 13, advertía de las ilegalidades en las que había caído la dirección ‘popular’.., y no de manera inadvertida, sino a propósito.

‘Pecado original’

Porque… ¿qué hay tras esta historia?

En ELPLURAL.COM hemos tenido acceso a evaluaciones de personas que, por razones de su dedicación, conocen el asunto. Su explicación sobre lo sucedido resulta muy esclarecedora.., básicamente porque pone en evidencia una más que posible mala intención, desde el principio, en la acción del PP.

Vamos a los hechos para entender el fraude que los técnicos de la Seguridad Social han detectado. El 24 de abril de 2010, el PP dio de alta como trabajador a Luis Bárcenas, al que había despedido formalmente sólo seis días antes, al ser cesado como tesorero y habérsele retirado los poderes para actuar como tal a raíz de su imputación en el caso Gürtel.

Un movimiento incomprensible, dicen los técnicos, que revela una intención de fondo de fraude y que tendría como verdadera intención asegurar a Bárcenas el acceso a cobrar prestaciones y sumar derechos de la Seguridad Social. En román paladino, “comprar la pensión” y asegurarse el derecho a cobrar subsidio de desempleo.

Un acuerdo que va mucho más allá de lo que se reconoce
Pero hay más, y esto lo deducen usando lógica y experiencia, y después lo refrendan los jueces. Piensan que lo que se produjo en abril de 2010 fue esta situación: cuando Bárcenas se ve involucrado hasta las cejas en la trama Gürtel y es imputado, entre el interesado y la dirección del PP se llega a un acuerdo con el que las dos partes se salvaguardan. Bárcenas seguirá como estaba, y el Partido se asegura su complicidad…, con la esperanza de que nunca llegue a pasar lo que al final sucedió en enero de 2013.

¿En qué consiste ese acuerdo que descubren los inspectores de la Seguridad Social cuando Bárcenas demanda al PP por despido improcedente? En que Bárcenas mantiene secretaria, despacho, coche y su sueldo de 21.000 euros mensuales, aproximadamente. ¿Cuál es el problema? Que resulta inexplicable tal acuerdo en el campo laboral, porque a cambio el extesorero no hace nada, ya que ha cesado en su rol de tesorero y el PP, que no quiere que se le asocie a un imputado, no le da ningún cometido alternativo, aunque sí acepta mantenerle, como decimos, todos los privilegios que había mantenido hasta entonces.

‘Un testigo protegido y silenciado’
Como lo describe un técnico en la materia, de manera muy gráfica, “¿cuál era el verdadero contrato? Pues ya lo sabemos: comprar su silencio”. Y aquí está el fraude, porque a partir de este ficticio contrato se derivan derechos de pensión y de cobro de desempleo que en realidad no debieran generarse porque el alta de la Seguriad Social, tras su despido, es falso. En realidad, vienen a decirnos los expertos en palabras que pueda entender todo el mundo, Bárcenas no era un trabajador del PP, era un ‘testigo incriminador protegido y silenciado’ del PP.

De hecho, sólo salta la historia cuando el acuerdo es imposible de sostener ante los problemas de Bárcenas con la ley y la inminencia de su ingreso en prisión. Al extesorero ya no le basta con el acuerdo económico para mantener ese silencio…, busca un apoyo de partido y Gobierno ante su situación legal que no llega. Y aparecen ‘sus papeles’ y María Dolores de Cospedal, su gran enemiga, que lleva un tiempo distanciándose de él, le deja caer. Se produce entonces su inolvidable comparecencia en Génova 13 con aquella inenarrable ‘explicación’ del despido en diferido.

Los jueces ven posible delito…, que la Seguridad Social rebaja a falta
Los jueces, tanto de primera instancia como del Tribunal Superior de Madrid, cuando les llega el caso por la reclamación que hace Bárcenas, consideran que su despido como tesorero fue ‘legal’, pero ven delito en su ‘alta’ como trabajador.., porque, insistimos, el PP nunca ha podido demostrar que le asignara un trabajo real a cambio de sus pagos en especie y dinero.

Más claro, los jueces apoyan la conclusión de la Inspección de Madrid, que dice que se ha cometido una infracción prevista en el artículo 23.1.c, que recoge como denunciable “el falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores o con los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones”.

El lado político.., no menos importante
En consecuencia, los jueces ven delito en el acuerdo ‘PP-Bárcenas’, que ahora la Seguridad Social ha rebajado a falta y por la que ha iniciado el expediente sancionador. Los técnicos que hemos consultado en ELPLURAL.COM consideran que ya que no se quiere contemplar el delito por parte del organismo oficial, y que debiera haber concluido con el caso en un juzgado con el mayor escándalo para el PP, al menos debe calificarse el asunto de ‘falta muy grave’. En este sentido, quizás no está de más recordar que al frente de la Seguridad Social, como secretario de Estado, se encuentra Tomás Burgos.., el ‘famoso’ médico que no era tal.

En otro campo está la responsabilidad política del ‘acuerdo’. Y aquí ha resultado esclarecedor que Pablo Casado y los demás ‘nuevos’ dirigentes del PP se hayan querido poner de perfil y hayan reconocido que el caso “se gestionó mal”, lo que deja a Cospedal, que tanto defendió el ‘despido en diferido’ tocada y hundida definitivamente.

http://www.elplural.com/2015/09/22/que-hay-realmente-tras-la-apertura-del-expediente-de-la-seguridad-social-al-pp-por-el-caso-barcenas/

EXPEDIENTE AL PP POR FRAUDE EN EL DESPIDO SIMULADO DE BÁRCENAS

El pasado mayo, extesorero del PP Luis Bárcenas ya solicitó el reingreso a su antiguo partido

La justicia aprecia un fraude del PP en el “despido diferido” de Bárcenas

La Seguridad Social ha abierto un "acta de infracción" al Partido Popular por dar a su extesorero Luis Bárcenas 21.300 euros al mes, pese a no desempeñar actividad alguna, tras su "despido en diferido" entre abril de 2010 y enero de 2013. El pasado mayo, la justicia apreció un posible fraude en esta "relación laboral simulada" entre la formación conservadora y el antiguo responsable de sus finanzas. El PP reconoció ayer que actuó "equivocadamente" al cotizar por Bárcenas cuando había sido despedido, pero alegó que lo hizo "de buena fe".

El extesorero Luis Bárcenas mantiene un pleito —de momento fallido— con el PP para solicitar su reingreso por despido improcedente. Hasta ahora, tanto el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid como la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han fallado en su contra, aunque le han dejado un resquicio para seguir apelando. Según estas instancias judiciales, Bárcenas se encuentra en una suerte de limbo laboral: se mantiene en la situación de “excedencia forzosa” en el partido desde 2004, año en que fue nombrado senador.

En 2010, tras su imputación en el caso Gürtel de corrupción, Luis Bárcenas dejó su escaño en el Senado, pero no quedó constancia de que reclamara su reincorporación a su antiguo puesto de tesorero del PP, por lo que seguía en excedencia.

21.300 euros al mes
Pese a no estar trabajando, el PP pagaba 21.300 euros al mes a Bárcenas y abonó sus cotizaciones sociales hasta el 31 de enero de 2013, día en que EL PAÍS publicó los documentos de la contabilidad secreta del PP llevada por el extesorero entre 1990 y 2008. Tanto Bárcenas como el PP aseguraron que aquel no prestaba ya servicios al partido. La secretaria general popular, Dolores de Cospedal, calificó el apaño de “despido en diferido con forma de simulación”.

La Sección Quinta del tribunal superior madrileño, en la sentencia en la que negaba a Bárcenas la reincorporación, apreció un posible fraude por cobrar sin trabajar. "No puede aceptarse como mínimamente razonable que una empresa se permita pagar a un trabajador casi tres años un salario sin recibir contraprestación por ello y más si ese salario asciende a 21.300,08 euros mensuales". Bárcenas percibió del partido 719.500 euros en ese periodo.

El tribunal puso este posible fraude en manos de la fiscalía, y como el PP tuvo dado de alta en la Seguridad Social a Bárcenas, también comunicó el fallo a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Inspección de Trabajo, por su posible "incidencia en futuras prestaciones de Seguridad Social".

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/21/actualidad/1442833406_724052.html

EL JUEZ DE LA MATA ABRONCA A HACIENDA POR EL RETRASO DE CUATRO INFORMES DE GÜRTEL

El magistrado reclama con carácter urgente a la Agencia Tributaria y a la Intervención General del Estado diversos estudios sobre las tramas de Arganda del Rey, Boadilla del Monte y AENA que debían haber entregado hace tiempo. Les da hasta el 30 de septiembre para hacerlo y les recuerda que "los plazos deben ser atendidos".

La paciencia tiene un límite y la del juez José de la Mata ya ha llegado a su límite. El instructor del caso Gürtel ha dictado una providencia dirigida a dos organismos dependientes del Ministerio de Hacienda en la que muestra claramente su malestar por el retraso en remitirle cuatro informes "indispensables para el avance de las actuaciones". El magistrado que sustituyó a Pablo Ruz pone, de hecho, una fecha tope a la Agencia Tributaria y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que dichos estudios estén sobre su mesa: el próximo 30 de septiembre. El escrito del magistrado incorpora un párrafo resaltado en negrita en el que recuerda a los responsables del departamento de Cristóbal Montoro que los plazos que se fijan han de cumplirse "y sólo para el caso de concurrir causa justificada" éstos se pueden retrasar.

El magistrado quiere tener sobre su mesa antes del 30 de septiembre dos informes sobre el Ayuntamiento de Arganda, otro sobre el de Boadilla del Monte y uno más de AENA

La providencia, fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, consta de tan sólo folio y medio, pero su contenido deja traslucir el malestar del magistrado. Así, destaca la necesidad de "agilizar la instrucción en curso" en lo referente a la segunda etapa del caso Gürtel y a la pieza separada abierta para investigar las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de Francisco Correa por parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento. Para conseguir ese impulso, el juez De la Mata recalca que necesita contar sobre su mesa con "diversos informes" encargados hace tiempo a la Agencia Tributaria y a la IGAE cuyo contenido califica de "indispensable para el avance de las actuaciones".

En concreto, reclama a la AEAT el "informe ampliatorio sobre la documentación analizada vinculada a la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas en relación con el Ayuntamiento de Arganda del Rey", el municipio madrileño donde la red de Correa dio su mayor pelotazo urbanístico. El instructor quiere que esté presentado como muy tarde el próximo 30 de septiembre. Esa misma fecha es la que ha impuesto al otro organismo dependiente de Hacienda, la IGAE; aunque en este caso son tres los estudios que le reclama con urgencia. Se trata, en concreto, de sendos informes sobre "la regularidad de la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas" con los ayuntamientos de Boadilla del Monte y, otra vez, Arganda del Rey, y con AENA. En este última pieza están imputadas colaboradores cercanos al que fuera vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos.

Sólo retrasos "justificados"

La providencia de De la Mata quedaría en un mero recordatorio si no fuera por el último párrafo de la misma. Siete líneas resaltadas en la que insiste para que "en la totalidad de los oficios y requerimientos" se haga mención expresa para que "los plazos previamente indicados sean atendidos por las diversas unidades destinatarias". En este sentido, insiste en que "sólo para el caso de concurrir causa justificada que motivara un retraso o demora en cuanto a la presentación de los informes interesados, deberá ser puesta en conocimiento del Juzgado con la suficiente antelación, a fin de que pueda ser valorada por este instructor".

De la Mata ordena que a partir de ahora cualquier retraso en la entrega de un informe se le comunique "con la suficiente antelación" para decidir si aplaza la fecha o la mantiene

No es la primera vez que las investigaciones de Gürtel se ven frenadas por el retraso en el envío de informes sobre el contenido de documentación intervenida. De hecho, el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, se vio obligado en diciembre de 2013 a reclamar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía siete análisis sobre documentos intervenidos en 2009, cuando se produjeron las detenciones, y que entonces, casi cinco años después, no habían sido concluidos. Los agentes remitieron entonces un informe de tres páginas en el que justificaban ese retraso en la abundantísima documentación intervenida, que se tardó casi un año en tener clasificada y disponible para su estudio, y en la continua entrada en la causa de nuevos datos gracias a las diferentes comisiones rogatorias enviadas a 21 países. Finalmente, la Policía entregó poco después todos esos documentos.

Meses más tarde, Ruz tuvo que reclamar de nuevo documentación, aunque en este caso el destinatario fue Hacienda. En una providencia de finales de julio de 2014, el entonces juez de la Audiencia Nacional reclamó a este organismo dependiente de Hacienda que le remitiese "a la mayor brevedad" un informe clave para la instrucción de la causa abierta por los 'papeles de Bárcenas'. Se trataba, en concreto, del análisis que encargó a sus expertos para determinar si había relación entre las donaciones presuntamente realizadas a la caja 'B' del PP por los empresarios entonces imputados y las adjudicaciones que las mercantiles de éstos recibieron del Estado. Lo más llamativo es que dicho documento, con el que se pretendía determinar si hubo delito de cohecho en dichas entregas de dinero, lo había encargado el magistrado el 19 de julio de 2013, más de un año antes.

http://vozpopuli.com/actualidad/68379-el-juez-de-la-mata-abronca-a-hacienda-por-el-retraso-de-cuatro-informes-de-gurtel

GURTEL VALENCIA. «ME FUI DE ORANGE MARKET PORQUE VI COSAS RARAS Y ME AUTOMARGINÉ»

El periodista y exgerente de la sucursal valenciana de la trama Gürtel, Ignacio Blanch, confirma que el fraccionamiento de contratos era una práctica habitual

El periodista valenciano, Ignacio Blanch, llegó a Orange Market en 2003 de la mano del mejor padrino posible: el periodista Pedro García, por entonces secretario autonómico de Comunicación de la Generalitat e íntimo amigo de Álvaro Pérez «El Bigotes». La empresa sucursal del grupo de Francisco Correa acababa de dar el salto a Valencia, «porque como habían trabajado con el PP a nivel nacional, conocían a gente de la estructura del PP en la Comunitat Valenciana y veían Valencia como una oportunidad», explicó ayer Ignacio Blanch.

El periodista abrió ayer el turno del centenar largo de testigos que desfilarán hasta febrero por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el juicio por el presunto amaño de contratos de la Conselleria de Turismo con la trama Gürtel.

Según Blanch, una de las primeras lecciones sobre facturación la aprendió de Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa e imputado en la causa: «Las administraciones están acostumbradas a trabajar con el fraccionamiento de facturas o contratos de urgencia para evitar los concursos», asegura que le dijo el ex dirigente del PP gallego. «Yo primero lo vi normal, pero después vi algún troceo de facturas que... Vi una línea de trabajo de la que no quería estar al tanto y me automarginé». Blanch no quiso, o no supo, dar más detalles de esta presunta línea oscura. «No le puedo decir nada», respondió a la Fiscal Anticorrupción.

Sólo admitió haber visto en la sede de la empresa de la que él llegó a ser gerente y apoderado a los dirigentes populares Ricardo Costa y Víctor Campos (absuelto y condenado en la causa de los trajes, respectivamente). Y que Álvaro Pérez le presentó un día, no recordaba la fecha, a Rafael Betoret (jefe de gabinete de la consellera de Turismo), cuando éste acudió a la sede de Orange Market. De hecho, era la estrategia de entrada en el «goloso ámbito de la comunicación pública», porque el área de turismo era «muy apetecible para todas las agencias y el modo de penetrar era a través de personas que trabajaban en la conselleria». Aunque todo lo que vio dijo que «fue legal».

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/09/30/orange-market-vi-cosas-raras/1321027.html

GURTEL VALENCIA. LA EXCONSEJERA DE CAMPS NIEGA EL SOBORNO: “ESE RELOJ ERA DE IMITACIÓN”

Milagrosa Martínez se enfrenta a 11 años de cárcel en el primer juicio a la trama Gürtel

La exmiembro del Consell mantiene que solo siguió "instrucciones" de Camps

Después de casi siete horas de declaración como acusada, Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas en la etapa del expresidente autonómico Francisco Camps, se ha enfrentado este martes a las preguntas de la fiscal sobre el soborno que presuntamente aceptó de la trama Gürtel. Un reloj de la marca suiza Hublot valorado en 2.400 euros que según el ministerio público Martínez aceptó cuando amañaba contratos a favor de la red de Francisco Correa por importe de cinco millones de euros. La exconsejera, que se enfrenta a 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación, ha negado los hechos, a pesar de que la fiscal del caso la ha enfrentado a indicios que apuntan en esa dirección.

Ante una fotografía en la que la exconsejera aparece con un reloj como el descrito por la Fiscalía Anticorrupción, Martínez se ha defendido afirmando que ese era suyo: "Lo compré yo y pone Hublot, pero es de imitación". "En distintos viajes he comprado diversos relojes de diversas marcas de imitación", ha declarado. La fiscal ha manifestado su sorpresa por el hecho de que Martínez no diera esa explicación en la fase de instrucción y haya tardado más de cuatro años en alegarlo.

La fiscal ha reproducido una conversación grabada en la que Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de Correa, y otro empleado de la red hablan de comprarle un bolso a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y de haberle regalado un reloj a La Perla, el apodo que según el ministerio público utilizaban para referirse a Martínez. La exconsejera de Turismo ha rechazado que ese fuera su apodo. Y ha matizado que en la grabación El Bigotes habla de que le han regalado un regalo a la "hija de puta de La Perla". La fiscal ha comentado que su identificación como La Perla está "ampliamente extendida" en los "medios de comunicación". Martínez ha contestado que no lee la prensa "por motivos de salud".

La representante de Anticorrupción ha exhibido una factura de una joyería de Madrid en la que la trama Gürtel compró un reloj como el que presuntamente le regalaron en fechas compatibles con el presunto soborno. Y anotaciones incautadas en oficinas de la red en la que Martínez figura como receptora de regalos, entre ellos un pañuelo de Loewe. "A la vista de estas evidencias ¿sigue usted manteniendo que Álvaro Pérez no le regaló un reloj?", ha preguntado la fiscal. "Totalmente", ha dicho Martínez, "a mí nunca me han obsequiado con ningún regalo".

La exconsejera se ha defendido del resto de preguntas de la fiscalía, que la acusa de haber amañado los contratos para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 a favor de Gürtel, alegando que ella solo se ocupaba de las “líneas generales” del departamento. Y que tenía un profundo desconocimiento de la materia que gestionaba.

“Yo no sabía lo que era Fitur”, ha afirmado Martínez para reflejar su inexperiencia. “No sabía si íbamos a un pabellón, si era nuestro, si se nos regalaba, si lo teníamos que pagar…”. Cada pabellón costó a la Generalitat en torno a un millón al año. La exconsejera ha añadido que le pidió a Rafael Betoret, entonces su jefe de gabinete y hoy acusado con ella en el juicio: “Rafa, explícame qué se hace Fitur”.

Martínez ha dicho que fue nombrada consejera por el expresidente valenciano Francisco Camps sin esperarlo ni tener preparación para el cargo: “Me llamó y me dijo: ‘Que sepas que te acabo de nombrar consellera de Turismo’. Y yo le dije: ‘Presidente, ¿tú sabes lo que has hecho? No por nada, pero yo de turismo…”.

También exalcaldesa de Novelda, un cargo del que se resistió a dimitir pese a las presiones de su partido hasta que fue desbancada en las últimas elecciones locales, Martínez fue una persona de confianza de Camps. Fue su aliada en el pulso el expresidente mantuvo con su antecesor Eduardo Zaplana por el control del PP de la Comunidad Valenciana. La exconsejera ha dicho este martes que su misión en Turismo fue plasmar “las directrices políticas siguiendo las pautas e instrucciones de Camps”.

Acusada de cohecho, prevaricación y malversación, Martínez ha mantenido que nunca se ocupó de aspectos técnicos, ni supervisó la marcha de las adjudicaciones, como declaró el lunes su exjefe de gabinete en el juicio, ni recuerda reuniones sobre los contratos con empresas de la red a las que aluden correos electrónicos incautados por la policía.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/22/valencia/1442918681_650285.html

GURTEL ANDALUCIA. LOS ÚLTIMOS PAPELES DE GÜRTEL AVIVAN LA IDEA DE RENOVACIÓN EN EL PP-A

El informe de Hacienda que apunta a hombres clave del partido en Sevilla refuerza la tesis de quienes exigen renovación ante las próximas generales y apartar a Arenas de Andalucía

El lío interno y los empujones en el Partido Popular andaluz para las listas de las próximas elecciones generales se agravan conforme se aproxima la fecha de disolución del Congreso y ante las nuevas informaciones sobre la trama Gürtel en Andalucía. El informe de la Oficina Nacional de Identificación del Fraude (Onif) avanzado por El Confidencial, y que apunta a la existencia de facturas falsas y pagos en B por parte del PP andaluz a empresas clave de Francisco Correa en la campaña de 2004, fue una bomba interna. El tiro de la Agencia Tributaria apunta al corazón del PP sevillano, que casi dos años después del aterrizaje de Juan Manuel Moreno Bonilla sigue siendo la gran piedra en su zapato político y territorio comanche para su liderazgo. Las últimas revelaciones sacudieron a un partido que emite señales inequívocas de guerra dentro de sus propias filas.

Más ruido en un momento en que la elaboración de las listas está más abierta que nunca y los dirigentes del PP andaluz tienen claro que será directamente Mariano Rajoy quien tenga la última palabra y no tiene prisa. Quienes defienden la necesidad de una renovación en las listas, y pujan por la salida de las candidaturas del Congreso de nombres del pasado como Teófila Martínez y su paso a la segunda fila política como candidatos al Senado, cogen fuerza ante las últimas revelaciones. También quienes creen que la etapa de Javier Arenas en Andalucía está terminada y apuestan por su marcha del hemiciclo andaluz, con un billete de ida al Congreso que deje espacio a Moreno Bonilla para fortalecer su liderazgo, se vieron reforzados con el nuevo frente que se abre tras la implicación del PP sevillano en la trama Gürtel.

Un ataque al corazón del PP de Sevilla

Los nombres del expresidente del PP de Sevilla y diputado en el Congreso, Ricardo Tarno, y del exsecretario general Eloy Carmona son directamente señalados en el documento de Hacienda como responsables de los pagos pendientes a una de las empresas de Correa, Rialgreen, aunque el contrato para las campañas de 2003 y 2004 se realizó directamente con otra empresa de publicidad, McCann. El primero fue uno de los hombres de más confianza de Arenas sin ninguna duda. El segundo está íntimamente ligado a José Luis Sanz, alcalde de Tomares (Sevilla), que, hasta que Rajoy mandó parar, era el elegido para hacerse con la presidencia del PP andaluz y al que la elección de Moreno Bonilla dejó en la cuneta política.

Todas estas irregularidades señaladas ahora por la Agencia Tributaria ya fueron destapadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía en su fiscalización de los gastos electorales en 2004 y en 2008. Entonces, tanto el expresidente del PP andaluz Javier Arenas como su número dos, Antonio Sanz, ahora delegado del Gobierno, dijeron ignorar la relación de McCann con las empresas de la Gürtel y defendieron las cuentas del partido. Ahora, los tiempos son otros.

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, fue mucho más cauto tras el último informe de la oficina estatal antifraude. “Máxima colaboración” con la justicia para que este asunto se aclare cuanto antes y “ninguna preocupación”, declaró el actual líder regional. Unas afirmaciones que contrastan con las que realizó Virginia Pérez, que compagina el mismo cargo de vicesecretaria general del PP andaluz y del PP de Sevilla. La coordinadora de los populares sevillanos con asiento en la dirección regional, que además es cuñada de Ricardo Tarno y fue la que sustituyó a Carmona en el organigrama provincial, se fajó mucho más. Advirtió de que interpondrán querellas ante “interpretaciones o acusaciones falsas” tras el informe de Hacienda, advirtió de que el contenido de este documento apunta a lo mismo que se viene hablando “desde hace años” y sí coincidió con su ‘jefe’ regional en el mensaje de “absoluta tranquilidad”.

La contradicción con García Pelayo y el caso ERE

Las ramificaciones de la trama Gürtel en Andalucía implican ya directamente a la exalcaldesa de Jerez y senadora del PP María José García Pelayo y al que fuera mano derecha de Arenas y su jefe de prensa durante años, Isidro Cuberos. La última operación del PP, que ha blindado a García Pelayo colocándola en la Diputación Permanente del Senado, lo que prorrogará su aforamiento ante el Supremo una vez que se disuelvan las Cortes, dejó en evidencia a la nueva dirección del partido en Andalucía.

Susana Díaz hizo lo mismo en el Parlamento andaluz con los exconsejeros imputados en el caso de los ERE, y entonces Moreno Bonilla y su equipo directo consideraron esa maniobra, calcada ahora para su senadora, de “injustificable”, “inexplicable” y ejemplo de que “no hay decencia política en el PSOE”. Ahora, fuentes próximas a Moreno Bonilla defienden que fue una decisión de la dirección del grupo del Senado y alegan que la exalcaldesa de Jerez ha pedido voluntariamente ir a declarar cuanto antes.

Moreno Bonilla defiende públicamente la necesidad de una renovación “ordenada y con sentido común” en las listas a las generales. Aboga por combinar “experiencia y juventud” y pide “generosidad y decisión”. De ese discurso público es complicado moverlo. El líder del PP andaluz clama porque se busquen los candidatos “más atractivos” para el electorado y por cerrar etapas. Sin embargo, la decisión no está en su mano.

Será directamente Rajoy, que ya ha dejado claro que no moverá ficha hasta que en noviembre se disuelvan las Cortes, quien tenga la última palabra. Fuentes del PP admiten que Arenas, vicesecretario general, tiene ahora mismo mucha más influencia en el presidente que el actual líder andaluz. Más allá de las dañinas críticas de José María Aznar, en las filas populares admiten que hay una corriente interna, liderada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que trata de disuadir a Rajoy de la necesidad de cambios claros ante las generales para evitar el descalabro del partido. Moreno Bonilla está también entre los líderes regionales que asumen estas tesis.

Las grandes incógnitas en las generales

Las incógnitas más claras que dirán quién ha ganado el pulso interno las despejarán las listas a las generales. Si Arenas, diputado andaluz y senador, se va a Madrid, Moreno Bonilla ganará espacio en Andalucía. “Para el presidente del partido es muy difícil interpelar a Susana Díaz sobre los ERE o los cursos de formación si detrás de él está el presidente de honor del partido y todopoderoso referente del PP señalado cada vez más directamente en el caso Bárcenas”, señala una cualificada voz de los populares. Se extiende el temor a que nuevas revelaciones que pongan en cuestión a Arenas estallen antes de las generales.

Hay división en el PP sobre si la cinta que el extesorero del PP dijo tener de un almuerzo con Arenas en un restaurante en Sevilla existe o no. El documento podría comprometer gravemente al exlíder andaluz, que pudo actuar como intermediario entre Bárcenas y Rajoy al estallar el caso. El sitio de Arenas en las listas no está nada claro. Ha sonado Sevilla, donde quiere ir Juan Ignacio Zoido, Almería, donde liderará Rafael Hernando, y hasta Madrid. Él se limita a asegurar que llegado el momento hablará con Rajoy y con Moreno Bonilla para expresar sus preferencias. Poco más.

Si Teófila Martínez pasa a ser candidata al Senado, será más fácil que cale el mensaje de renovación. Otro asunto clave es qué pasará con los otros exalcaldes tumbados en las urnas en las pasadas municipales. Tanto Zoido (Sevilla) como José Antonio Nieto (Córdoba) quieren liderar las listas al Congreso por sus provincias. La dirección de Moreno Bonilla está de acuerdo pero lanzan una advertencia, si ocupan plaza como diputados nacionales tendrán que dejar a medio plazo sus responsabilidades municipales en la oposición y dejar de pensar en repetir como candidatos en las próximas elecciones. No es eso precisamente lo que planean los exalcaldes mandados a la oposición.

http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2015-10-06/los-ultimos-papeles-de-gurtel-avivan-la-idea-de-renovacion-en-el-pp-a_1048757/

GURTEL ANDALUCIA . LA GÜRTEL ABRE OTRO FRENTE A RAJOY: NUEVAS FACTURAS FALSAS Y PAGOS EN B DEL PP ANDALUZ

Un reciente informe de Hacienda revela que una empresa de la trama creada expresamente para organizar actos electorales también cobró en negro y facturó irregularmente al PP de Andalucía

Seis años y medio después de que se destapara la trama Gürtel, la investigación puede abrir un nuevo frente a Mariano Rajoy. El último informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria desvela que una empresa tapadera de Francisco Correa, que compartía con Luis Bárcenas (extesorero del partido), Jesús Sepúlveda (exsenador y exalcalde de Pozuelo de Alarcón) y Jesús Merino (que fue consejero y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, diputado y senador), emitió facturas falsas y cobró en dinero negro del PP andaluz. La Audiencia Nacional ya ha abierto dos piezas que afectan a Andalucía, por los amaños de la trama en los ayuntamientos de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Estepona (Málaga). Investigaciones que ya implican a la senadora del PP María José García Pelayo y al exjefe de prensa del PP andaluz Isidro Cuberos.

El informe de la ONIF, fechado el 21 de septiembre de 2015, analiza definitivamente las deudas fiscales de las "empresas de eventos" de la trama entre los años 2003 y 2007 y desvela una facturación irregular de sociedades de la trama con el PP andaluz, incluyendo los nombres de Eloy Carmona, exsecretario general del PP de Sevilla, y Ricardo Tarno, actual diputado en el Congreso y expresidente del PP de Sevilla. "Estos datos aportados por Hacienda son muy relevantes. La pieza de Estepona ya está instruida, la de Jerez sigue en instrucción, pero los pagos del PP de Sevilla a la trama pueden y deben abrir un nuevo frente del caso", señalan fuentes de las acusaciones populares personadas en el caso.

La clave es una sociedad bautizada como Rialgreen SL, conocida como '13' en la contabilidad de la trama y constituida en septiembre de 2002. Rialgreen depende de Spinaker 2000 SL. Los verdaderos dueños de esta última sociedad eran cuatro: Francisco Correa, Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda y Jesús Merino, que a través de Spinaker intentaron ocultar su participación en Rialgreen. Esta, por su parte, "tenía como actividad económica principal la gestión de la organización de las campañas electorales del PP", reza el sumario.

Rialgreen participó en los comicios municipales, autonómicos, generales y al Parlamento Europeo que se celebraron en los años 2003 y 2004. Luis Bárcenas, en nombre del PP, firmó un contrato de prestación de servicios publicitarios para las campañas municipales y autonómicas de 2003 con Rialgreen, representada por Pablo Crespo, mano derecha de Correa. Rialgreen subcontrató a su vez a la empresa McCann Erickson a través de un convenio de colaboración empresarial, ya que Rialgreen, al ser una tapadera, no tenía capacidad para organizar esos actos. El beneficio que generó estos servicios se repartió al 50% entre McCann y Rialgreen.

"¿Cobro en B Andalucía?"

El informe de Hacienda analiza, entre otras muchas cosas, la facturación de Rialgreen en la campaña autonómica que se celebró en Andalucía en marzo de 2004. La contabilidad de la empresa revela que llegó a obtener hasta 500.000 euros del partido en actos electorales, y recoge la deuda que a finales de 2004 tanto el PP regional como el PP de Sevilla tenían con Rialgreen: 94.176 euros el primero y 127.547 euros el segundo. El 22 de julio de ese año, Pablo Crespo envió una carta a Eloy Carmona, entonces gerente del PP de Sevilla, para recordarle que tenía una deuda pendiente de 53.000 euros, de los que 40.000 se pudieron cobrar en B, según la ONIF. "¿Cobro en B Andalucía?", escribe la trama en un apunte de la contabilidad. Carmona dimitió en julio de este año como secretario provincial del PP de Sevilla.

Los papeles también salpican a Ricardo Tarno, expresidente del PP de Sevilla y actual diputado en el Congreso. Rialgreen refleja que debe emitir una factura de 72.500 euros, y en una anotación manuscrita esa cantidad se distribuye en 30.000 euros a cobrar "por una sociedad" y el "resto a pactar" con la persona de contacto, que es Ricardo Tarno. Al lado aparece su móvil. Para cobrar parte de la deuda que el PP contrajo con Rialgreen, esta empresa emitió facturas falsas, en algunos casos, o infladas, en otros, a otras empresas que le facturaban por servicios no prestados. Empresas como Cresva, propiedad de Pablo Crespo, o firmas de Luis de Miguel (imputado en el caso por ayudar a blanquear dinero a la trama).
La trama creó la empresa Rialgreen cuya única actividad era organizar actos en las campañas del PP

"Rialgreen tiene como único cliente el Partido Popular. Hay parte de los servicios prestados en la campaña de Andalucía que se cobran en B (40.500 y 12.000 euros). Una vez finalizadas las elecciones de 2004, Rialgreen no presta ningún servicio; como veremos, la facturación que se emite es meramente instrumental al servicio de las empresas vinculadas a Francisco Correa", concluye en informe de la ONIF.

Fondos públicos distraídos de la campaña

Spinaker, la empresa de la que colgaba Rialgreen, "tuvo por objeto la canalización de los ingresos procedentes de la organización de las campañas electorales", afirma el sumario, que también asegura que la empresa fue creada "con fondos de Francisco Correa de procedencia ilícita" y que "Bárcenas, Merino y Sepúlveda participaron en Spinaker de modo opaco, al objeto de enmascarar los réditos presuntamente obtenidos por su actividad de intermediación".
Según la investigación de la Audiencia Nacional, "los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar los gastos electorales que realiza la formación política, actos de la campaña electoral realizados por Rialgreen, revierten a los responsables políticos del Partido Popular encargados del control de los ingresos y gastos electorales, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal, a través de una facturación ficticia". Luis Bárcenas, uno de los accionistas de Rialgreen, ha acusado al PP andaluz de tener también una caja B y de recibir donaciones de empresarios andaluces.

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-10-05/la-gurtel-abre-otro-frente-a-rajoy-nuevas-facturas-falsas-y-pago-en-negro-del-pp-andaluz_1045856/

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