CASO GÜRTEL : LAS NOTICIAS 2009-2013
NOTICIAS DIVERSAS SOBRE LA TRAMA EN GENERAL
AÑO 2011
EL SUMARIO LLEGA A LA AUDIENCIA NACIONAL CON CAJAS DE DOCUMENTOS AÚN SIN ANALIZAR
El juez del Supremo que lleva el caso Gürtel enviará hoy decenas de miles de folios del sumario a la Audiencia Nacional, entre los que se encuentran cajas repletas de papeles aún sin analizar que fueron descubiertas por la policía en una nave de Alcorcón (Madrid). En ellas figuran documentos relativos a viajes de placer que la trama Gürtel pagó a cargos del PP. Otros papeles sin analizar hacen referencia a la boda de la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar, así como a parte de la contabilidad b de la red Gürtel.
No se descarta que una vez que el sumario esté en manos de la Audiencia Nacional -en concreto, del Juzgado Central de Instrucción número 5, donde comenzó a investigar este asunto el juez Baltasar Garzón-, alguna de las partes recurra la competencia de este tribunal y exija que el caso sea desgajado e investigado en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid pertenecientes a localidades donde se cometieron algunos de los delitos relacionados con la trama.
Recurso rechazado
El Supremo confirmó ayer que será la Audiencia Nacional la que investigue este caso después de que el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, se inhibiera en favor de este tribunal. El alto tribunal rechazó el recurso presentado por el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas contra la decisión del TSJM, que el pasado julio avaló la inhibición de Pedreira.
La devolución a la Audiencia Nacional de la instrucción y el eventual enjuiciamiento posterior de las actuaciones del caso Gürtel fue acordada el pasado 8 de junio por el instructor en el TSJM tras dejar de ser aforados tres de los procesados en la causa: los exdiputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Un mes después, la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal confirmó la decisión. Tras inhibirse Pedreira, consideró que las diligencias debían ser remitidas al primer tribunal que instruyó la causa.
De esta forma, estimó el recurso de súplica del abogado del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, al que se adhirieron las del considerado número dos de la misma, Pablo Crespo, y de los también procesados Felisa Isabel Jordán, Alfonso Bosch, Fernando Martín y Alberto López Viejo. A ello se opusieron el ministerio fiscal y los letrados de Bárcenas y del exdiputado del PP Jesús Merino.
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29.11.11LA POLICÍA DESCUBRE PAGOS DE CORREA A CARGOS DE AENA EN LA ETAPA DE CASCOS
La entrega de dádivas coincide con la adjudicación de contratos por 2,4 millones
La red corrupta Gürtel obtuvo de la sociedad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) la firma de contratos por un total de 2,4 millones de euros. Ahora, la policía ha desvelado cómo dos directivos de este organismo público estatal recibieron, según la contabilidad incautada a la trama, dádivas en forma de viajes, obras particulares y dinero en efectivo. Estos pagos coinciden en el tiempo con la firma de los contratos en los que, según la policía, participaron dichos empleados. Las operaciones se realizaron entre 2001 y 2002, cuando el ahora presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, era ministro de Fomento y el máximo responsable de AENA.
Uno de los directivos niega haber percibido regalos de la trama
La organización de eventos para el Partido Popular posibilitó a la red corrupta Gürtel "establecer un conjunto de relaciones" con responsables del "aparato del partido" que le permitieron "obtener negocio en aquellas Administraciones públicas gobernadas por personas pertenecientes a dicha formación política". Así de claro explica el informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la policía cómo llegó el cabecilla de la trama hasta AENA, un organismo dependiente del Gobierno que entonces presidía José María Aznar.
La policía ha destapado el pago de comisiones, por un valor total de más de 85.000 euros, en un documento, realizado a partir de la contabilidad de las sociedades de la red Gürtel.
Sin embargo, fue el propio Correa quien, en su declaración ante el juez Baltasar Garzón, en 2009, admitió su relación con Cascos y con AENA. "Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional de Turismo] y se hacían un montón de eventos", dijo Correa ante el juez. Desde entonces, no se había realizado ninguna pesquisa sobre la relación de la trama con este organismo del Gobierno.
Álvarez-Cascos, que en su día negó haber favorecido al jefe de la trama Gürtel, rechazó ayer hacer cualquier tipo de valoración sobre el informe de la policía.
El documento entregado por la policía al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, sostiene que uno de los receptores de las comisiones, el director de Comunicación del ente, Ángel López de la Mota, participó en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas que rigieron la contratación de las empresas de Correa para la realización de los expositores de AENA en las ferias de Fitur de 2001 y 2002.
El informe indica que las dádivas a los empleados "responderían a contraprestaciones por el favorecimiento a las empresas". Y marca la ilegalidad de su actuación en la "elaboración de pliegos, donde se establece un sesgo que permite ya sea establecer más baremo a cuestiones subjetivas (...) ya sea modificar las ponderaciones de la valoración económica ad hoc de la oferta de la empresa patrocinada".
Ángel López de la Mota admitió ayer que fue él quien firmó tanto los pliegos de condiciones como la conformidad de las adjudicaciones, pero que "ni yo redacté los pliegos, ni adjudiqué los contratos". El directivo, que aseguró que jamás recibió indicaciones de Fomento sobre a quién debía contratar, explicó que los viajes corresponden a servicios turísticos que contrató con una de las empresas de Correa pero que, tal como afirma "los pagué todos", aunque no guarda dichas facturas. Aún así, admite que recurrió a esta empresa porque la conocía de su trabajo anterior, en el PP, partido para el que trabajó durante 10 años. "Esperaba alguna deferencia, algún descuento, pero cuando vi lo que me facturaban, dejé de contratarles", señaló. López de la Mota, que manifestó su extrañeza sobre la existencia tanto de estas facturas en la contabilidad de la trama como de las anotaciones sobre la reforma de su casa, que "yo contraté directamente y yo pagué", dijo.
El informe destaca el intento de la trama por ocultar las facturas y sostiene que la organización, "consciente de que los documentos reflejan el pago de las obras de carácter particular y son al menos comprometedores", dio instrucciones "para que se guardaran en una carpeta dentro de una caja fuerte".
Las facturas y documentos de la carpeta 'Embolados'
La información de las supuestas comisiones pagadas por la trama Gürtel al entonces director de comunicación de AENA, Ángel López de la Mota, figura en documentos y archivos, tanto en soporte papel como informático, hallados entre la documentación y contabilidad incautada a las sociedades de la trama Gürtel durante los registros efectuados en sus sedes. Los documentos, según figura en el informe remitido por la policía al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, se encontraban en una carpeta en la que figuraba como título "Embolados".
En soporte de papel, la policía hace mención a documentos sobre el supuesto pago de las reformas de la casa de López de la Mota, que él asegura haber pagado directamente. Sin embargo, la documentación incautada a la trama incluye varias facturas de empresas de albañilería y decoración sobre las que existen otras tantas anotaciones en las que se puede leer "Casa Ángel López de la Mota", "Pagos casa A. López de la Mota" o "Resumen obra Ángel López de la Mota".
El desglose efectuado por la policía también indica que la red de Correa pagó otros gastos a Mota, hasta un total de 54.702,43 euros. Así, bajo el epígrafe "Detalle gastos personales AENA" figuran un viaje de la familia Mota a Eurodisney en abril de 2001; un viaje a Menorca en agosto de ese año (5.462,40 euros); el alquiler de un vehículo en La Palma, en septiembre de 2001; la estancia en el hotel Blanca de Navarra en febrero de 2002; la estancia en el Hotel Iberostar Palace-Fuerteventura; tres billetes de avión Madrid-Fuerteventura y el alquiler de un vehículo allí (2.627,04 euros); la estancia en el Hotel Playa la Barrosa, en Chiclana, en julio de 2002 (3.294, 40 euros) y un billete de avión Madrid-Dublín (Irlanda) en agosto de 2002.
El otro trabajador de AENA que percibió dádivas de la red corrupta es José María Gavari, quien, según la policía, trabajaba en el mismo departamento que López de la Mota. En el mismo cuadro, la contabilidad de la trama sumó 10 entregas de dinero en efectivo por un total de 9916,70 euros entre febrero y diciembre de 2001; cuatro billetes de avión Tenerife-Madrid y el alquiler de un vehículo en la isla; un viaje de la familia Gavari a Eurodisney en abril de 2001; otro viaje a Menorca en abril de 2001 (5.462.40 euros); el alquiler de una furgoneta en mayo de 2002 y billetes de avión Madrid-Tenerife de cinco personas en agosto de 2002 (1.504,36 euros), entre otros.
Eterna instrucción
- El grueso del caso Gürtel todavía está en fase de instrucción, es decir, de investigación. La policía aún tiene pendientes de analizar cerca de 200.000 folios.
- La competencia sobre la instrucción se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque volverá a la Audiencia Nacional, porque ya no hay aforados entre los imputados.
- Los Tribunales Superiores de Valencia y de Castilla y León tampoco han concluido sus investigaciones, excepto en el caso de los trajes, sobre la ramificación del caso en ambas comunidades.
- Hasta que finalice la investigación, los jueces no fijarán los nombres de quiénes serán juzgados.
www.elpais.es 03.11.11
HACIENDA DESTAPA LA FÓRMULA FRAUDULENTA DEL ENTRAMADO GÜRTEL
La Agencia Tributaria describe cómo Correa blanqueaba y eludía al fisco
"Típico o de libro", así califica un informe de la Agencia Tributaria el diseño de las estructuras opacas del entramado societario de Gürtel, liderado por Francisco Correa y creado con el fin de eludir la acción del fisco y blanquear dinero.
La red eludía el control al no inscribir la compra o venta de acciones
El informe califica de "hombre de confianza" al asesor fiscal de Correa
La investigación de Hacienda describe cinco tipos de sociedades en la red Blanco
Balín podría haber recibido parte del botín de la visita del Papa
La Agencia Tributaria explica claramente cuál ha sido el sistema de la red: Para ocultar la titularidad de patrimonios y sus rentas, estos se inscriben bajo la titularidad formal de una sociedad española que recibe fondos (a través de su constitución y ampliaciones de capital o préstamos) de un socio único extranjero. Este socio es realmente una sociedad que, a su vez, es propiedad de una tercera mercantil residente en un paraíso fiscal o territorio no cooperante. Normalmente, tal como explica el informe, el administrador de la sociedad española es un hombre de paja, "alguien vinculado al despacho de los asesores fiscales", mientras que los propietarios últimos de la sociedad extranjera pueden no llegar a conocerse. "Si es preciso, la cadena de sociedades puede alargarse hasta el infinito, y su residencia situarse en países convenientes a los fines que se persiguen", asegura el documento entregado por la Agencia tributaria al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El mismo informe explica "otro esquema más simple" que consiste en la creación de una sociedad mercantil en España, inscrita en el Registro Mercantil con información sobre su asesor fiscal y empleados como socios fundadores y administradores. A continuación, esta sociedad vende sus acciones o participaciones a quienes van a ser los dueños reales, sin que la venta conste en el Registro Mercantil ni en las bases de datos de la Agencia Tributaria, que pasa a "desconocer por completo a los titulares reales". "Es un mecanismo sin complejidad jurídica, pero que de hecho también sirve para ocultar la titularidad real", sostiene la Agencia Tributaria.
Hacienda ha elaborado este informe después de que el asesor fiscal de Correa, Ramón Blanco Balín, solicitara el sobreseimiento de su causa. El magistrado que aún instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, solicitó a la Agencia Tributaria que indicara en un informe los indicios o pruebas que sostuvieran la acusación de cooperación necesaria para la comisión de delito fiscal por la que está imputado el asesor. Hacienda afirma que Ramón Blanco, "al aportar sus especializados conocimientos en el tema, diseñar la estructura, ordenar o intervenir en operaciones, llegando hasta asumir la administración de una sociedad patrimonial española dedicada a estos fines, está desempeñando un papel indispensable para la consecución de los fines de la trama".
La Agencia Tributaria, incluso, eleva el grado de implicación de Blanco Balín y sostiene que de "todas las referencias documentales concretas, pudiera deducirse que más que un simple asesor fiscal era, junto con Pablo Crespo, un auténtico hombre de confianza de Francisco Correa, controlando la administración de muchas sociedades y participando personal y directamente en algunos de sus negocios (en particular, operaciones en Boadilla del Monte)".
Respecto a la tipología de sociedades que forman parte del entramado de Correa, el informe describe cinco modalidades: las que desarrollan actividades empresariales (Orange Market, Special Events o Easy Concept); las que tienen funciones complementarias (Pasadena Viajes); las que se utilizan para realizar inversiones inmobiliarias de carácter especulativo (Hator Consulting); las que son titulares de cuentas bancarias en paraísos fiscales y territorios no cooperantes (entre las que se encuentran varias domiciliadas en Antillas Holandesas, Nevis, lslas Vírgenes); y las que tienen como única finalidad el dar opacidad a un patrimonio situado en España (Osiris Patrimonial, Inversiones Kintamai o Caroki).
Además expone, a modo de ejemplo, algunos casos concretos extraídos del análisis de la voluminosa documentación que obra en las diligencias. Uno de ellos hace referencia a la creación de Osiris Patrimonial, inscrita por el propio Blanco Balín y un empleado de su despacho. Tres meses después entró en el accionariado Clandon BV, una entidad residente en Holanda que, a su vez, era propiedad de Lubag, domiciliada en Antillas Holandesas. Posteriormente, Blanco Balín y su empleado vendieron sus acciones a la propia Osiris Patrimonial, pero este cambio no se inscribió en el Registro Mercantil, por lo que no se hizo público que el socio único de Osiris era Clandon BV.
Pese a que no era el motivo del informe, la Agencia Tributaria se refiere también a que "la complejidad de la conducta desplegada, el empleo de cadenas de sociedades y cuentas bancarias situadas en diversos territorios, consigue, precisamente, lo que pretende: hacer difícil llegar a conocer toda la realidad de las operaciones y personas a las que estas deben imputarse". Por ello, señala, se justifica el tiempo que lleva en marcha la instrucción.
El informe de la Agencia Tributaria aborda otros documentos incautados y hace referencia a las anotaciones "Ramón" o "R", que, según indica, "nos llevan a la plausible participación del Sr. Blanco identificado como R". Entre los escritos en los que aparece esta referencia se encuentra el que "parece ser" el reparto de comisiones entre miembros de la organización de Correa, obtenidas de Teconsa por el contrato por la televisión pública valenciana por la visita del Papa, en julio de 2006. La constructora leonesa logró, supuestamente tras la mediación de Correa, que RTVV le adjudicara un contrato por 6,4 millones que luego subcontrató por 3,1 millones de euros a tres empresas especializadas en estos servicios.
El desglose de los tres millones de euros de la comisión que se repartieron, según la documentación incautada a la trama, señalan a seis receptores. Al margen de la parte que se quedó Teconsa, según la policía, Correa cobró por las gestiones un 30% de la comisión, es decir, 900.000 euros; Pablo Correa, un 21%, 630.000 euros; Álvaro Pérez El Bigotes, un 16,67%, 500.000 euros; el ahora exdirector de la televisión pública valenciana, Pedro García, que aún no está imputado pese a la petición de la fiscalía, otros 16,67%, 500.000 euros, mientras que "R", que podría corresponder al nombre de Ramón Blanco Balín, habría cobrado un 9% de la comisión, 270.000 euros.
www.elpais.es 27.10.11
EL TRIBUNAL SUPERIOR RATIFICA LA IMPUTACIÓN AL DUEÑO DE MARTINSA
El expresidente del Real Madrid pagó 11 millones de euros a Francisco Correa
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), actuando como ponente su presidente, Francisco Javier Vieira, confirmó en un auto del pasado 13 de octubre que la decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, de citar a declarar como imputado al presidente de la promotora Martinsa, Fernando Martín Álvarez, fue conforme a la legalidad. De esta forma, la Sala mantiene al empresario su situación de imputado en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular.
El dueño de Martinsa está imputado en el caso Gürtel por su relación con la comisión presuntamente ilegal cobrada por el cerebro de la trama, Francisco Correa. Según el sumario, este percibió más de 11 millones de euros por intermediar con el exalcalde y otros cargos del Ayuntamiento de Arganda del Rey para que Martinsa fuera la adjudicataria de varias parcelas, en las que estaba prevista la construcción de más de un millar de viviendas.
La investigación policial, que incluye la documentación remitida por las autoridades suizas, sostiene que el empresario Fernando Martín, que fue presidente del Real Madrid, transfirió los 11 millones de euros desde una cuenta de su propiedad, con fondos originarios de Panamá. Esta cuenta había sido abierta con el nombre de "finca", según las autoridades helvéticas. Las últimas pesquisas apuntan a que la cifra pagada por Martinsa podría sumar un total de 22 millones, cifra récord en la instrucción del caso Gürtel.
Martín, que acudió a la sede del TSJM el pasado 14 de julio a declarar como imputado, al ser citado por Pedreira, se negó a testificar, pero leyó un comunicado en el que aseguraba no haber hecho negocios con los miembros de la red presuntamente dirigida por Francisco Correa. Pedreira se inhibió del caso después de que los diputados de la Asamblea implicados en la trama dimitieran -y por tanto perdieran su fuero-, días antes de las pasadas elecciones autonómicas del 22 de mayo. Ello plantearía el regreso del caso a la Audiencia Nacional, donde se inició la instrucción, pero este se encuentra paralizado por los recursos presentados a la inhibición. La defensa de Martín considera que el apartamiento de Pedreira le obligaba a postergar las decisiones sobre los nuevos imputados, como Martín o Elena Villarroya, exmujer del que fuera regidor de Boadilla del Monte Arturo González Panero. Sin embargo, el auto del TSJM sostiene que, hasta que la inhibición no sea firme, la continuación de la instrucción "es obligada": "Es efectivamente anómala, desde el punto de vista procesal la situación de la causa, al haber declarado esta Sala que ya no le corresponde continuar el conocimiento del asunto, decisión con la que, además, están todas las partes de acuerdo", argumenta el auto. Pero ante la imposibilidad de remitir, por ahora, la causa al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la investigación no puede verse paralizada: "De hacerse así podrían desaparecer fuentes de prueba o producirse circunstancias que dificultaran o impidieran la persecución de hechos delictivos, como la prescripción de la infracción criminal por inactividad procesal". El escrito del presidente del TSJM asegura que todas las diligencias practicadas por los sucesivos instructores "son perfectamente válidas".
www.elpais.es 24.10.11
"EL SUJETO PUEDE DESHACERSE DE LA PULSERA CORTÁNDOLA O APAGANDO EL GPS"
Interior pone en duda el control telemático para garantizar que Correa no se fugue
El jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, podría fugarse aun llevando una pulsera telemática. Se puede manipular y cortar. Los informes oficiales que ha pedido el instructor de Gürtel, Antonio Pedreira, para conocer la fiabilidad de esas pulseras, ya están concluidos, salvo el pedido a la Guardia Civil, y no garantizan que Correa acuda al juicio si queda en libertad. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid, superior jerárquico de Pedreira, dictó un auto el 26 de septiembre en el que ordenó quitar al jefe de la red Gürtel la fianza de 15 millones de euros que le tenía puesta el instructor a cambio de la libertad provisional. Pero como opción, los tres jueces de la Sala sugirieron a Pedreira que pidiese informes sobre la fiabilidad de la pulsera y valorase colocar una a Francisco Correa y dejarle libre. Eso sí, con una condición, los informes debían evidenciar "con seguridad absoluta" que ese dispositivo electrónico evitara su fuga. Los informes ya están hechos y dicen que no hay total fiabilidad.
Instituciones Penitenciarias no ve total fiabilidad en el mecanismo
El jefe de Gürtel fue detenido cuando planeaba fugarse a Panamá o Colombia
La pulsera puede cortarse fácilmente o quedar inutilizada eliminando el fluido eléctrico o su sistema de seguimiento a través de GPS. Así se desprende del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía, que se nutre a su vez de otros dos emitidos por Instituciones Penitenciarias y la Subdirección General de Planificación y Coordinación Interinstitucional de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. "El sujeto puede deshacerse del sistema cortando la pulsera o apagando el dispositivo GPS", concluye el informe de Instituciones Penitenciarias, que añade: "Los medios telemáticos de que dispone Instituciones Penitenciarias están destinados esencialmente para el control de internos penados
[Correa sería un caso excepcional dado que es un preso preventivo], cuya clasificación les permite disfrutar legalmente de un régimen de semilibertad".
Este organismo subraya que estos sistemas "están afectados, como todos los que son conocidos por nuestros técnicos, de avatares tales como la pérdida de cobertura, afectación de inhibidores de frecuencia o cortes en el suministro eléctrico o telefónico". Según Instituciones Penitenciarias, estos sistemas son los que se utilizan para alejar a los maltratadores de sus víctimas y controlar a los presos que ya han cumplido casi toda la pena y acceden a un régimen de semilibertad. Pero se trata de reclusos de confianza que difícilmente huirán.
El otro informe, el de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, tampoco ve grandes garantías. Señala que estos dispositivos electrónicos están previstos "exclusivamente" para "verificar el cumplimiento de una medida cautelar de alejamiento o una pena de alejamiento
". Precisa, además, que este "sistema de seguimiento está compuesto técnicamente por dos terminales que interactúan entre sí y cuyo funcionamiento se basa en la tecnología de posicionamiento GPS, coadyuvado por un sistema GS; y otro de radiofrecuencia". Destaca que el dispositivo que se coloca a los maltratadores es similar al que usa Instituciones Penitenciarias para los presos, con el matiz de que el objetivo de este sistema es "poder vincular el equipo que porta la víctima con el que porta el agresor, y así verificar el cumplimiento de la mediad de alejamiento". Añade que este servicio se presta a través de un operativo de control gestionado en régimen de subcontratación por la compañía Securitas Direct. "En cuanto a la fiabilidad de los mecanismos y las medidas de seguridad que los mismos incorporan, señalar que, al igual que los dispositivos gestionados por el Ministerio del Interior, aquellos están dotados de diversos sensores antimanipulación, y su fiabilidad depende del nivel de cobertura que ofrecen los sistemas de localización GPS y, en su defecto, el derivado de los sistemas de localización GSM (celda de atenta de telefonía móvil)". Falta el informe de la Guardia Civil. No obstante, un mando de este departamento señala que el dispositivo no permitiría interceptar a un recluso con pulsera que usase un helicóptero para huir. "En una hora estaría en Francia", subraya.
Correa lleva dos años y ocho meses preso. El juez Garzón, primer instructor de Gürtel, precipitó su detención al saber por pinchazos telefónicos que pretendía huir a Panamá y Colombia. El jefe de la red tiene aun mucho dinero escondido en el extranjero.
La patata caliente cambia de tejado
El juez Antonio Pedreira ha negado la libertad provisional en al menos ocho ocasiones al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa. Casi inmediatamente después de cada negativa, sobre su mesa aparecía un nuevo escrito del abogado José Antonio Choclán volviendo a pedirla. Y tras los sucesivos noes, los correspondientes recursos ante sus superiores de la Sala de lo Penal (integrada por el presidente Francisco Vieira y los jueces Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano). No sin tensos debates y a veces con el voto en contra de Fernández Castro, estos acababan ratificando las decisiones de Pedreira. En mayo pasado, el instructor cambio de criterio y dijo sí a la libertad provisional de Correa pero a cambio de una de las mayores fianzas fijadas en España, 15 millones de euros, consciente de que no podría abonarla y que seguiría entre rejas. De lo que se colige que no se fía de él y teme el escándalo que generaría en la sociedad la eventual fuga de uno de los presos más famosos de las cárceles españolas: por los muchos millones supuestamente robados y las abultadas implicaciones políticas de su red mafiosa.
Pero el giro más fuerte lo dio a finales de septiembre su tribunal de instancia, ya que ordenó a Pedreira que quitase la fianza a Correa y evaluase la opción de dejarle libre con una pulsera telemática. Cerró así la puerta a la posibilidad de una rebaja de la fianza y la abrió, si los informes sobre la eficacia de la pulsera eran favorables, a dejarle en libertad.
El tribunal no se atrevió a asumir en sus propias carnes, y eso que son tres jueces, la opción de liberar al líder de Gürtel y envió la pelota al tejado del instructor. Con unos informes negativos sobre la eficacia de la pulsera, Pedreira tendrá que decidir si lo deja libre o le mantiene preso y sin fianza, en cuyo caso devolverá a sus colegas de Sala la envenenada pelota que le han pasado a él.
www.elpais.es 17.10.11
CORREA INVERTÍA EN MIAMI PARA EVADIR IMPUESTOS, RECONOCE SU CORREDOR SEGUROS
El corredor de seguros que trabajó desde 2001 a 2004 para el principal imputado en el "caso Gürtel", Francisco Correa, ha afirmado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que su cliente le dio varias cantidades de dinero en efectivo para invertirlas en Miami y evadir así impuestos.
El corredor de seguros que trabajó desde 2001 a 2004 para el principal imputado en el "caso Gürtel", Francisco Correa, ha afirmado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que su cliente le dio varias cantidades de dinero en efectivo para invertirlas en Miami y evadir así impuestos.
Así lo ha manifestado a la salida del TSJM uno de los abogados de la acusación popular en el "caso Gürtel", Miguel Ángel Garrido, después de que durante cerca de una hora haya declarado como imputado el corredor de seguros de Correa Antonio Villaverde.
Tras su declaración, el juez ha mantenido su imputación por un delito contra la Hacienda Pública, han informado fuentes del TSJM.
El letrado ha asegurado que Villaverde ha reconocido ante el instructor en el TSJM, Antonio Pedreira, que movió fondos de Correa, aunque no ha especificado en qué cantidad.
Además, el corredor de seguros ha explicado que intercambiaba el dinero que le daba Correa, siempre en efectivo, con otros clientes que él tenía en Miami y Florida, cuyos nombres ha aportado al juez.
Por ello, la acusación popular ha anunciado que pedirán la investigación de dichas personas por si tienen vinculación con la trama de corrupción, aunque Villaverde lo ha negado esta mañana.
Garrido ha comentado que le ha preguntado al imputado por qué dejó en 2004 de tener como cliente a Correa, a lo que Villaverde ha respondido que fue porque ese año se dio cuenta de que el dinero en efectivo que recibía para invertir en Miami debía de proceder de "ingresos ilícitos".
Esta mañana también estaban citados como imputados para declarar Rafael Martínez Molinero y José Luis Martínez Parra, principales directivos de la constructora Teconsa, pero ambos se han acogido a su derecho a no declarar, según informa el TSJM.
Al término de la comparecencia, el magistrado les ha imputado un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales en relación con hechos referentes al desempeño de sus cargos en la empresa mercantil Teconsa, ha añadido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Teconsa, además de ser una de las empresas implicadas en la adjudicación de las obras de variante de Olleros de Alba (León) a cambio supuestamente de dar una comisión a Correa -hechos que debe investigar el TSJ de Castilla y León- también obtuvo otros contratos supuestamente relacionados con la trama como la sonorización y el montaje de pantallas de vídeos durante la visita del Papa a Valencia en 2006 y con la adjudicación de obras en Arganda del Rey (Madrid).
www.publico.es 05.10.11
CORREA APELA A LA LIBERTAD DE LOS ETARRAS PARA EXIGIR LA SUYA
El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, está dispuesto a obtener su libertad aunque para ello haya de compararse con los presos de ETA. Así lo ha hecho en el último escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que hace referencia al tercer grado al que han pasado varios reclusos condenados por pertenencia a banda armada. Estos pueden abandonar la prisión, sometidos a controles telemáticos, los mismos que ha sugerido la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior madrileño para la puesta en libertad de Correa.
El instructor del caso, Antonio Pedreira, ya ha pedido a las fuerzas de seguridad un informe que determine si realmente existe algún control que permita, con toda seguridad, evitar la fuga. Pero Correa tiene prisa y afirma que ya está garantizado porque es utilizado. Por ello tilda de "urgente que el instructor no demore por más tiempo la privación de libertad", y aunque considera que la pulsera telemática "sigue siendo una medida desproporcionada", dice que es "menos gravosa que la prisión".
www.elpais.es 05.10.11
EL JUEZ INVESTIGA UNA OPERACIÓN EN LA QUE PARTICIPÓ AGAG
El yerno de Aznar compró en 2005, por tres euros, 7.511 participaciones de una sociedad que acabaron en manos de dos compañías vinculadas a la red
El hilo del que tiraron los investigadores del caso Gürtel para verificar la conexión empresarial entre una sociedad desconocida hasta ahora con otras dos vinculadas a la trama ha acabado conduciendo a Alejandro Agag, yerno de Aznar y entre cuyos testigos de boda figuró Francisco Correa, considerado el jefe de la red corrupta. Documentos remitidos al juez Antonio Pedreira constatan que, en 2005, Agag adquirió de una firma del sector energético, Actividades Eólicas Murcianas, 7.511 participaciones, cuyo valor nominal era de 15.020 euros, equivalente al 49,99% del capital social. Pagó por ellas tres euros. Y acabaron en manos de CGI y June Sun, dos sociedades investigadas por su supuesta pertenencia al conglomerado Gürtel.
Al año de comprar las participaciones, Agag se las revendió por un euro a CGI, firma administrada por Jacobo Gordon exsocio de Agag e imputado en el caso y que, según el sumario, se usó para canalizar pagos ilegales obtenidos por Correa a cambio de su mediación ante administraciones gobernadas por el PP.
Agag usó a su tío como apoderado y nunca figuró como accionista
En 2007, CGI traspasó la mitad de los títulos, por otro euro, a June Sun International, radicada en el paraíso fiscal de Nevis e igualmente investigada. Según la Policía, el beneficiario real de June Sun era el exeurodiputado del PP Gerardo Galeote, aunque el abogado Luis de Miguel dice ser su propietario. De Miguel está imputado en el caso Gürtel y se le atribuye un papel relevante en la estructura de blanqueo internacional de la red.
Tres escrituras notariales incorporadas al sumario Gürtel a requerimiento del juez constatan que la extraña cadena de transacciones comenzó el 4 de marzo de 2005. Ese día, la sociedad británica Wind Power Management Limited, administrada por Agag, escrituró la compra de tres paquetes de títulos de Actividades Eólicas Murcianas SL, la firma a la que el juez Pedreira seguía la pista y que también operaba en el sector fotovoltaico.
Quien compareció ante el notario en nombre de Wind Power no fue Alejandro Agag. El yerno del expresidente envióa Alberto-Luis Longo Álvarez de Sotomayor, su tío. Pero Longo comunicó al fedatario público que se hallaba legitimado como representante de Wind Power "en virtud del poder que le fue conferido por el administrador único, Don Alejandro Agag Longo".
En 2006, revendió el paquete a una firma de Jacobo Gordon por un euro
La matriz, en un paraíso fiscal
La declaración de inversión extranjera presentada al Ministerio de Industria muestra que el titular último de Wind Power no es Agag, sino una sociedad denominada PalmsideInternational Limited. Y el país donde está domiciliada Palmside es "GG". GG son las siglas del paraíso fiscal de Guernsey, una de las islas del Canal de la Mancha. Agag nunca ha figurado como administrador o apoderado de Actividades Eólicas Murcianas, cuyas cuentas tampoco reflejan la entradade Wind Power en su capital.
Público intentó el viernes y el sábado contactar con Agag. El portavoz de su escudería de GP2 dijo que el empresario y exeurodiputado del PP se encuentra en Canadá y que no había sido posible localizarle.
En 2007, lo compró una sociedad cuya propiedad atribuye la Policía a Galeote
Un experto en operaciones mercantiles consultado por este diario subrayó que la adquisición de un voluminoso paquete de títulos por un precio muy inferior tres euros al de su valor nominal no resulta extraño si la empresa es deficitaria. Pero recalcó que lo insólito es que ese comprador, en este caso Agag, se desprenda de las participaciones en un sólo año y que lo haga vendiéndolas por un euro. Y mucho más inusual, añadió, es que los mismos títulos vuelvan a enajenarse por segunda vez en un año y que la mitad se traspase de nuevo también por un euro al siguiente ejercicio. La secuencia descrita podría indicar que los tres sucesivos compradores estaban concertados entre sí, indicó la fuente.
El experto aventuró una hipótesis: que al ser esta una empresa eólica con participaciones en otra de energía solar, el negocio real fuese conseguir derechos de conexión para su cesión a terceros, una práctica común hasta 2008, cuando las ayudas al sector fotovoltaico se desplomaron. De ser eso cierto, se trataría de una operación idéntica a las que proliferaron con el boom inmobiliario, con promotoras dedicadas no a construir, sino a obtener la recalificación de terrenos para su posterior reventa.
Un fax incautado por la Policía constata que June Sun International ya transfirió 10.000 euros a Actividades Eólicas Murcianas SL en febrero de 2005, es decir, dos años antes de que formalmente entrara en el capital de la sociedad. Y otro cheque igualmente hallado por la Policía, este en el despacho de Jacobo Gordon, indica que June Sun está vinculada de algún modo a Consultoría y Gestión de Inversiones (CGI), la empresa que, en 2006, compró a Agag por un euro los títulos de Actividades Eólicas adquiridos el año antes por el yerno de Aznar. El cheque, de 5.441 euros y emitido a favor de CGI el 14 junio de 2007, tenía una anotación manuscrita: "Devolución préstamo AEM (Acti-vidades Eólicas Murcianas) a June Sun". Así consta en un informe emitido por Hacienda en enero. Ese informe fue el que accionó la maquinaria de investigación sobre Actividades Eólicas Murcianas SL.
Negocio en Castilla y León
Este diario también intentó sin éxito encontrar a los tres accionistas de Actividades Eólicas que vendieron a Agag 7.511 títulos. Dos de ellos siguieron figurando como administradores de la sociedad.
Actividades Eólicas declaróen 2005 un beneficio de sólo 128 euros. Y en 2006 anotó pérdidas por 17.337 euros. Peroese ejercicio declaró poseer el 57,14% de Solar Valle de Esgue-va SL, centrada en el sector fotovoltaico. En 2007, Solar Valle de Esgueva solicitó al menos una licencia relacionada con una planta fotovoltaica en Castilla y León, el territorio más inexplorado de aquellos donde operó la trama Gürtel.
Fue el 18 de mayo de 2006, al año de entrar en Actividades Eólicas Murcianas, cuando Agag vendió sus títulos a CGI. Pero hay dos datos fuera de lo común: uno, que las cuentas de Actividades Eólicas relativas a 2005 aparecen firmadas ya por CGI como uno de los socios integrantes y, de hecho, Jacobo Gordon consta como consejero de esa sociedad desde marzo de 2005, pese a que CGI no compró los títulos hasta 2006. El otro dato infrecuente es que en las cuentas de 2005 de Actividades Eólicas se anotó como representante de CGI a Alberto Luis Longo, el tío de Agag. Su nombre aparece tachado en el balance y fue sustituido, a mano, por el de Jacobo Gordon, cuyo abogado no atendió la llamada de Público.
"Poder conferido por Alejandro Agag Longo"
Esta página de la escritura de venta de participaciones sociales de Actividades Eólicas Murcianas SL figura en el sumario del ‘caso Gürtel' a requerimiento del juez.
El texto muestra cómo Alberto-Luis Longo Álvarez de Sotomayor, tío de Agag, actúa "como apoderado de la entidad mercantil Wind Power Management Limited", de nacionalidad inglesa.
Longo quedó legitimado para firmar "en virtud del poder que le fue conferido por el administrador único, Don Alejandro Agag Longo", que reside en Londres.
"Insistimos en que el socio debe ser June Sun"
7/02/2005: 10.000 euros enviados
El 7 de febrero de 2005, Luis de Miguel, administrador de empresas de la ‘red Gürtel', envía a Jacobo Gordon un fax. Su texto es este: "En el día de hoy la sociedad June Sun International ha realizado una transferencia por importe de 10.000 euros".
9/02/2005: Fax a actividades eólicas
De Miguel cursa otro fax, este a Rafael Maortua, de Actividades Eólicas Murcianas. "De acuerdo con su petición, adjunto remito justificante de la transferencia realizada el 7 de febrero a favor de Actividades Eólicas por importe de 10.000 euros. Insistimos en que el socio debe ser June Sun International".
4/03/2005: Agag compra los títulos
El 4 de marzo, Actividades Eólicas Murcianas da entrada a un nuevo socio. Pero no es June Sun sino Wind Power Management, administrada por Alejandro Agag. Compra tres paquetes que suman 7.511 títulos . Y adquiere cada paquete "en el precio global de un euro". Total, tres euros.
18/05/2007: Se los vende a Gordon
El 18 de mayo, Wind Power vende a Consultoría y Gestión de Inversiones (CGI) sus 7.511 títulos por un euro. CGI está administrada por Jacobo Gordon.
13/02/2007: Tercera venta: a un euro
Ese día, llega la tercera venta. CGI vende la mitad del paquete (3.755 participaciones) a June Sun.
14/06/2007: Devolución de préstamo
La Policía encuentra un cheque de 5.441 euros, fechado el 14 de junio de 2007 y de procedencia incierta, a favor de CGI. Tenía una nota manuscrita: "Devolución préstamo de AEM (Actividades Eólicas Murcianas) a June Sun". La Policía también halló en el despacho de Luis de Miguel un contrato sin firma en el que admite ser el testaferro de Gerardo Galeote en June Sun. Ahora, De Miguel dice que preparó el contrato de fiducia, pero que no llegó a ofrecérselo a Galeote.
www.publico.es 13.06.11
UN IMPLICADO EN LA TRAMA GÜRTEL CREA EL DOMINIO WEB DEL PARTIDO DE CASCOS
Álvaro de la Cruz, exjefe de Gabinete del exministro, figura en la caja B de Correa
Un implicado en el caso Gürtel de corrupción política, Álvaro de la Cruz, consta como titular del dominio foroasturias.es, la dirección de Internet que emplea el partido impulsado por el exministro y exsecretario general del Partido Popular Francisco Álvarez Cascos para optar a la presidencia del Principado de Asturias.
La titularidad del dominio a nombre de De la Cruz tiene como fecha de alta el 5 de enero de 2011, y su validez es de un año. Fuentes oficiales de la formación han manifestado que eso no supone "para nada" que De la Cruz esté involucrado en la nueva aventura política de Cascos.
Aseguraron, además, que todos los dominios relacionados con la formación pertenecen a Foro Asturias, y "si queda alguno por tramitar, se tramitará oportunamente". "En cualquier caso, a Cascos no le preocupa esa circunstancia", sentenciaron dichas fuentes.
De la Cruz fue jefe de Gabinete de Cascos entre septiembre de 1989 y octubre de 1992, siendo este secretario general del PP, y es un experto con empresas que se dedican a la prestación de servicios relacionados con Internet y el desarrollo de la sociedad de la información, así como de servicios a entidades locales y empresas proveedoras de productos municipales. Por eso no extraña que el exministro haya recurrido a él para montar la infraestructura digital de su partido de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.
Cascos rompió oficialmente con el PP el pasado 1 de enero. La fecha de registro del dominio es cuatro días posterior. Foro Asturias fue registrado el 20 de enero.
De la Cruz recaló en Andalucía tras dejar de trabajar con Cascos. En esa comunidad llegó a ser diputado autonómico por Cádiz entre 1994 y 1995. Posteriormente, entró como secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cuando la presidía Rita Barberá, del PP. Durante esa época, la red Gürtel logró los principales contratos de la FEMP sin concurso.
El nombre de De la Cruz aparece en la caja B en la que Francisco Correa, considerado el cerebro de la trama de corrupción, apuntaba los supuestos sobornos que pagaba a políticos del PP a cambio de favores. Entre otras relaciones, la principal implicación es la de "un apunte del día 14 de marzo de 2004 por importe de 30.000 euros, en el que consta 'Pago Álvaro de la Cruz por P. Crespo y autorizado por P. Correa", según detalló la Agencia Tributaria en un informe.
El presunto pago, por tanto, se habría realizado pocos meses después de que De la Cruz dejara el cargo de secretario general de la FEMP, cuando el equipo de Barberá dejó paso al del socialista Francisco Vázquez tras la asamblea general de noviembre de 2003. La organización de esa asamblea fue adjudicada a Special Events, una de las empresas de Correa. La FEMP pagó por el evento 570.000 euros. El contrato fue formalizado por De la Cruz y la adjudicación fue a dedo, algo supuestamente legal porque la FEMP es jurídicamente una asociación privada y no está obligada a sacar a concurso los contratos.
www.elpais.es 22.02.11
DENEGADA LA LIBERTAD A LOS DOS CABECILLAS DE LA TRAMA GÜRTEL
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a desestimar los recursos de los principales cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, para que se les deje en libertad provisional o se les imponga una fianza más asequible. En los dos años que llevan presos han pedido medidas similares en reiteradas ocasiones (la última, en febrero), pero el juez instructor, Antonio Pedreira, se ha negado porque sabe que ocultan dinero en el extranjero y existe riesgo de fuga. Ahora han acudido ante la Sala de lo Penal, órgano superior jerárquico de Pedreira, que ha vuelto a rechazar sus peticiones; eso sí, por una mayoría de dos votos a uno.
Uno de los jueces, Emilio Fernández Castro, ha emitido un voto particular discrepante; era partidario de aplicar una medida alternativa a la prisión para Correa, a pesar de los millones de euros supuestamente robados que este último mantiene ocultos en países extranjeros y que no ha devuelto. Este juez es el mismo que en su día abogó por anular prácticamente todas las grabaciones del caso Gürtel, lo que habría supuesto vaciar de carga probatoria el asunto y dejar impune la mayor trama de corrupción descubierta en España en esta etapa democrática.
Los otros dos jueces han vuelto a reiterar que Correa debe seguir en prisión y que persiste el riesgo de fuga. Francisco Vieira y José Manuel Suárez Robledano entienden que hay grabaciones telefónicas lícitas que revelan los intentos de Correa de huir de España antes de su detención en 2009 para asentarse en Colombia o Panamá, donde tiene inversiones inmobiliarias.
El tribunal también ha decidido mantener la prisión provisional, eludible bajo fianza de 600.000 euros, al número dos de la trama, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia. Crespo pidió que, como se ha hecho con otros imputados, se le redujera la fianza a 80.000 euros. La Sala dice que la fianza no la determina el imputado, sino "la naturaleza del delito, estado social y antecedentes del procesado".
www.elpais.es 09.04.11
LA SALA ORDENA QUE SE VUELVA A IMPUTAR A DOS ABOGADOS
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid ha decidido revocar la decisión del juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, de sobreseer la causa de los abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal. La Sala estima que deben ser nuevamente imputados y cree que existen indicios de que ayudaron a los cabecillas de la red Gürtel a ocultar en el extranjero dinero ilícito obtenido por la trama sobornando a políticos del PP.
La decisión de la Sala es importante, ya que estos son dos de los abogados a los que se grabó en la cárcel con sus clientes y cuyas conversaciones fueron luego anuladas. La Sala estima que, con independencia de las grabaciones, hay más pruebas.
Pedreira archivó la causa respecto a ambos letrados alegando que "actuaron en el ejercicio de su profesión". Y afirmó que a lo largo de la investigación no había apreciado que hubiesen "intervenido en una confabulación" para sacar dinero fuera. La fiscalía, que recurrió el archivo, atribuye a los dos letrados el haber diseñado y ejecutado "una estrategia de blanqueo dirigida a encubrir el origen ilícito" de Correa.
www.elpais.es 18.03.11
CORREA GUARDABA DOCUMENTOS DE LA BODA DE AGAG Y DE UNA VISITA DEL PAPA A MADRID
La policía halla nuevos archivos de la trama en una nave de Alcorcón
La policía se pasó casi seis horas en el almacén que la red Gürtel tenía en un polígono industrial de Alcorcón (Madrid) y que utilizaba para guardar desde las sillas y las traseras de los actos que montaba a dirigentes del PP, entre ellos José María Aznar y Esperanza Aguirre, hasta documentación de todas sus actividades. A las nueve y media de la mañana del pasado 25 de enero, diez policías, un secretario judicial y un técnico de la Intervención General del Estado comenzaron a abrir nueve cajas atestadas de legajos.
El nombre de cada uno de los legajos ofrece por sí solo información de los negocios de la red corrupta, vinculados mayoritariamente, casi de manera unánime, al PP y a las administraciones donde gobierna esa formación política.
La policía se encontró en las cajas con una carpeta dedicada a la boda de Alejandro Agag con Ana Aznar, la hija del expresidente del Gobierno. Hasta ahora, la investigación no había descubierto ninguna actividad de la trama corrupta en la boda de Agag, tan sólo las relaciones de amistad que mantenía con el yerno del expresidente e incluso la presencia del propio Correa en la boda.
Otros legajos incluyen documentación de las empresas de la red Gürtel con varios ministerios (Justicia y Fomento, al menos) de la etapa de Gobierno de Aznar. Se han hallado papeles relacionados con actos organizados en la sede del Ministerio de Justicia en el año 2001, cuando el titular era Ángel Acebes. La documentación complementaría las declaraciones del propio Correa ante el juez Garzón que, de momento, no han dado pie a ninguna investigación especial pese a lo que sugería de prácticas corruptas: "Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA
[Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, organismo dependiente del ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA. Era una prenda muy importante, porque se hacía Fitur y se hacían un montón de eventos", afirmó Correa.
El ex ministro Francisco Álvarez Cascos negó a este periódico que hubiera dado trato de favor a las empresas de Correa y aseguró que durante su mandato en Fomento se extremaron las cautelas para evitar la corrupción en las contrataciones.
Los agentes hallaron también en la nave industrial una carpeta con el título "VISITA DEL PAPA 3 y 4-05-03". La fecha no corresponde con la visita del Papa a Valencia en junio de 2006, donde la red corrupta logró un contrato multimillonario a través de una empresa pantalla (la constructora leonesa Teconsa), sino a los actos del viaje apostólico a Madrid en mayo de 2003, cuando el Papa Juan Pablo II celebró una misa de canonización en la Plaza de Colón,
Tras examinar las nueve cajas, que incluían legajos de cientos de actos del PP, incluyendo algunos de Mariano Rajoy, la policía separó dos cajas con documentos "relevantes para la causa".
BODA DE ALEJANDRO AGAG EN SEPTIEMBRE DE 2002.
En la caja número siete aparece la referencia a la boda de Agag con Ana Aznar junto a una cena de navidad del PP en 2004 y un acto de Mariano Rajoy en el Círculo de Bellas Artes en 2005.
VISITA DEL PAPA 3 Y 4 DE MAYO DE 2003.
Aparece en la caja número 5, junto a siete actos de Esperanza Aguirre (en Rivas-Vaciamadrid, Parla, el Retiro o el Faro de Moncloa) y dos relacionados con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
www.elpais.es 14.03.11
LA POLICÍA ESTRECHA EL CERCO SOBRE 15 EMPRESAS POR PAGAR A LA RED GÜRTEL EN CUATRO AUTONOMÍAS
La policía que investiga a las órdenes del juez Antonio Pedreira el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político en democracia, ha pedido autorización para reclamar a 15 empresas información sobre contratos logrados entre 2001 y 2004 en las comunidades de Madrid (presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre), Galicia (Manuel Fraga), Castilla y León (Juan Vicente Herrera) y Valencia (Eduardo Zaplana y Francisco Camps).
La contabilidad refleja el abono de comisiones a dirigentes del PP
Los agentes que firman el escrito dirigido al juez Pedreira sostienen que necesitan la información para acreditar con más elementos de prueba que los apuntes hallados en la contabilidad de la red Gürtel obedecían a lo que ocurrió en realidad.
Esos apuntes de la contabilidad reflejaban el pago de comisiones ilegales por parte de empresarios a Francisco Correa, quien a su vez repartía el dinero con dirigentes del PP que habían colaborado supuestamente en la adjudicación de determinados contratos a sociedades de la red.
La policía recuerda que estas prácticas ilegales se produjeron en la Comunidad de Madrid (adjudicaciones de suelo en Boadilla del Monte o Arganda del Rey; concursos de contratas de limpieza en Majadahonda, Pozuelo, etcétera), la Comunidad Valenciana (visita del Papa con un gasto de casi siete millones de euros adjudicados por la televisión autonómica a una constructora leonesa para instalar altavoces y pantallas de vídeo por el recorrido), Galicia (diversos contratos de la Xunta) y Castilla y León (concesión de obras de carreteras a una determinada constructora).
Además de recabar la información sobre contratos recibidos de las distintas administraciones por 15 empresas privadas, la policía también solicita que la Agencia Tributaria facilite el modelo 347 (declaración de operaciones con terceras personas) de cuatro ejercicios (2001 a 2004) de esas 15 sociedades para conocer a quién pagaron y cómo lo declararon.
Entre las empresas que quiere investigar la policía se encuentra Teconsa, una constructora leonesa a la que se adjudicó el contrato de la visita del Papa a Valencia y por el que obtuvo unos beneficios de más de tres millones de euros. Teconsa no tuvo que hacer nada, pues todos los trabajos los subcontrató con empresas especializadas, a las que pagó la mitad del dinero que recibió del canal autonómico valenciano. Esos tres millones de euros se los repartió Teconsa con la trama corrupta, según los documentos hallados por la policía en sedes de Gürtel.
Otras empresas citadas son Assignia, Eoc, Acanto, Azarbe, Eoc Galicia, Sufi, Licuas, Aqualia, Fcc, Ros Roca, Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial, Teconsa, Begar, Begar Construcciones y Limpiezas Seralia.
www.elpais.es 09.03.11
CUATRO CAJAS SECRETAS PRUEBAN LA COMPRA DE POLÍTICOS DEL PP POR LA TRAMA GÜRTEL
La policía detalla al juez en un informe el dinero hallado en distintos bancos - La firma beneficiada por el Gobierno valenciano dio dos millones en 'caja b'
Un informe policial remitido al juez Antonio Pedreira hace varias semanas sobre el contenido de cuatro cajas de seguridad que la red Gürtel tenía en varios bancos revelan que Orange Market, la filial de la trama corrupta en Valencia, es una de las que más dinero negro proporcionó para, entre otras cosas, el pago de comisiones ilegales a políticos del PP por favorecer los negocios de Francisco Correa.
En solo dos años, entre abril de 2006 y septiembre de 2008, Orange Market suministró 1.950.000 euros a la caja b de la red. Ese dinero fue a parar a su vez a un depósito de seguridad desde el que se pagaban las comisiones ilegales a los políticos del PP. Esta firma había logrado hasta 2008 contratos, muchos de ellos concedidos a dedo, por seis millones de euros de la Administración gobernada por Francisco Camps (imputado por supuesto cohecho al recibir regalos de la trama). Además, Orange Market se encargaba en exclusiva de los actos electorales del PP valenciano e intermedió en un contrato multimillonario adjudicado por la televisión autonómica, cuyo director general también recibía regalos, para la visita del Papa a Valencia.
El viaje de Benedicto XVI en 2006 permitió al jefe de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, llevarse en comisiones la mitad de los 6,3 millones de euros que costó el evento a las arcas públicas. El dinero de la escenografía salió de la televisión valenciana, cuyo ex director general se saltó todas las normas, según la policía, para adjudicar las labores de acústica e imagen del acto a una empresa que la trama puso de pantalla, la constructora Teconsa. Con parte del botín, la red compró coches y casas.
También aparecen pagos a políticos en el citado informe policial, que analiza el contenido de las cajas de seguridad y lo enlaza con los apuntes que el contable de la trama, José Luis Izquierdo, ocultó en una memoria USB por orden del exsecretario de Organización del PP de Galicia y lugarteniente de la red, Pablo Crespo. La investigación refleja una entrega de 300.000 euros al exalcalde de la localidad de Arganda del Rey, Ginés López, uno de los cuatro alcaldes de grandes poblaciones de Madrid que han tenido que dejar el cargo tras ser imputados por aceptar suculentos sobornos de Correa a cambio de amañar contratos de sus ayuntamientos. También ilustra otro soborno de 25.000 euros (en el sumario constan más entregas) al exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo. Este logró que todos los actos de Aguirre fueran organizados por la trama corrupta, bien directamente o a través de empresas pantalla. Por cada acto, Correa cobraba de las arcas públicas madrileñas casi el doble de lo que realmente costaban. De estas cajas secretas salieron los 600.000 euros entregados a Jacobo Gordón, otro de los imputados y exsocio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, para que adquiriese una finca en el municipio de La Nucia, Alicante. Y de ahí también salieron otros 30.000 euros para Cesar Tomas Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte, municipio madrileño en el que han dimitido los dos últimos alcaldes, del PP, por su implicación en la red.
El 'pen drive' delator
Lo hallado en las cajas de seguridad conecta con el contenido de la memoria USB (pen drive) del contable. En su declaración a la policía, Izquierdo dijo ignorar el origen del dinero opaco de las cajas de seguridad, si bien subrayó que en alguna ocasión el número dos de la red, Pablo Crespo, le comentó que procedía de Orange Market y de personas y empresas cuya identidad le ocultaban.
El archivo llamado caja b actual.xls contiene, por ejemplo, anotaciones y dinero procedente de la actividad desplegada en Valencia por Orange Market, que también canalizó dinero de las grandes empresas valencianas que abonaban a la trama parte de las facturas que le debía el PP por organizarle sus actos. En ese archivo "constan comisiones" procedentes de la denominada por la organización Caja B Orange.xls, sobre el "sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".
La instrucción ha destapado delitos electorales del PP valenciano y ha descubierto en sus cuentas 2,5 millones de dinero no declarado al fisco. En ese archivo informático de Izquierdo figura, por ejemplo, la referencia "OPA", que se refiere al dinero percibido por la organización con motivo de la adjudicación a Teconsa del contrato de sonido e imagen del viaje papal.
La policía concluye en su informe sobre el dinero opaco hallado en las cajas secretas: "Hubo una masiva utilización de medios de pago de alta liquidez, como es el dinero en efectivo, sistema que se sitúa en el inicio del proceso de blanqueo de capitales". La trama movió muchos billetes de 500 euros, lo que favoreció "el transporte y ocultación" del dinero "procedente de actividades ilícitas, y en el caso de Correa de la recepción de comisiones por intermediación en la adjudicación de obras públicas".
El dinero negro de las cajas de seguridad, zanja el informe policial, lo movían los cabecillas y el personal de confianza de la red, de tal forma que se nutrían entre sí y a la vez alimentaban la caja b de la sede central de la organización en un piso de la madrileña calle de Serrano, con el que se pagan, entre otras cosas, "las comisiones a los políticos implicados".
Dinero negro
- La investigación del caso Gürtel acredita el cobro de dinero negro (no declarado a Hacienda) por las empresas de Francisco Correa.
- En Valencia, los ingresos opacos, según la contabilidad de la red en esa comunidad, Orange Market, procedían:
- De actos electorales del PP, que la trama corrupta cobraba en dinero b.
- De comisiones por su intermediación para que la constructora Teconsa lograra un contrato de la televisión pública valenciana por casi siete millones de euros por la visita del Papa a Valencia.
www.elpais.es 28.02.11
CORREA SIGUE EN LA CÁRCEL PESE A QUE UN JUEZ QUISO LIBERARLE
El Tibunal avala a Pedreira y tumba la ponencia de Fernández Castro
El mismo magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que votó a favor de anular todas las escuchas de la trama Gürtel, Emilio Fernández Castro, emitió ayer un voto particular contrario a la decisión de sus otros dos colegas de ratificar la decisión del juez Antonio Pedreira de prorrogar otros dos años la prisión del cabecilla de la red, Francisco Correa. Fernández Castro llevaba días postulando en voz alta la libertad de Correa. "Si hay que dejarle libre, se le deja", llegó a espetar, delante de funcionarios de su tribunal, a una de las dos fiscales que indagan el caso Gürtel.
Este juez, adscrito a este tribunal por el Consejo del Poder Judicial, aunque sin plaza en propiedad, era el ponente del recurso que presentó el abogado de Correa frente a la decisión de Pedreira de mantenerle preso por entender que existe riesgo de fuga si queda en libertad. Su posición era (y es) que la resolución de Pedreira no razona "ni mucho ni poco" la denegación de la libertad al reo y que, por tanto, había que dejarle libre. Pero los otros dos jueces del tribunal, el presidente Francisco Vieira y José Manuel Suárez Robledano, discreparon ayer de Fernández Castro y le dejaron en minoría.
Suárez Robledano tuvo que sustituirle y elaborar otra ponencia avalando todos los argumentos de Pedreira. Es decir, que Correa debía seguir entre rejas dada la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. Esta última ponencia fue avalada por Vieira, presidente de la Sala, conformándose una mayoría de dos contra uno. Vieira trató de convencer a Castro, sin éxito, para que se sumara a la mayoría. Castro contestó emitiendo un voto discrepante, en el que, además, arremete "por falta de motivación" contra el auto de Pedreira.
Sin embargo, los otros dos jueces dictaron ayer una resolución en la que tumban los argumentos de Castro y del abogado de Correa y sostienen que la decisión de Pedreira esta "fundamentada y motivada", que persiste el riesgo de fuga y que, con independencia de las escuchas parcialmente anuladas en su día entre Correa y su abogado, hay "indicios preexistentes" que acreditan los graves delitos del cabecilla de la red Gürtel.
www.elpais.es 11.02.11
TRES JUECES DEBATEN SI LIBERAN A CORREA COINCIDIENDO CON SU INGRESO HOSPITALARIO
El cabecilla de Gürtel asegura que los espacios cerrados le producen ansiedad
El jefe de la red ha pedido en cinco ocasiones, sin éxito, ser excarcelado
Los médicos le dieron el alta ayer por la tarde y el reo volvió a prisión
Los magistrados Francisco Vieira, presidente de la Sala; Emilio Fernández Castro, ponente del recurso de Correa, y José Manuel Suárez Robledano tendrá que decidir si estiman o no el recurso de Correa pidiendo su libertad. Estos jueces han desestimado en los dos últimos años varios recursos de Correa pidiendo su libertad provisional. La novedad en esta ocasión es que Correa ya ha pasado dos años en la cárcel como preso preventivo (sin haber sido juzgado) y el instructor ha tenido que dictar, como obliga la ley, otro auto justificando la necesidad de que permanezca en prisión otros dos años más.
A los otros dos dirigentes de la trama Gürtel el juez les ha impuesto fianzas. Antoine Sánchez, primo y testaferro de Correa, salió hace varias semanas de la cárcel tras abonar una fianza de 40.000 euros que empezó siendo de 600.000. En su última declaración ante el juez Pedreira, Antoine Sánchez rompió a llorar y se desmarcó de las actividades de Correa alegando que él fue un mero instrumento de la trama y que ignoraba que se estuviesen cometiendo delitos.
El número dos de Gürtel, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, sigue en prisión, aunque el juez acaba de rebajarle de 1.200.000 a 600.000 euros la fianza. Los tres estaban al principio en el mismo módulo de la prisión de Soto Real (Madrid), pero a medida que pasaron las semanas las rencillas surgieron entre ellos, hasta el punto de que Pablo Crespo pidió ser trasladado a otro módulo.
Por otro lado, el cerebro de la trama, Francisco Correa, fue ingresado el domingo en el hospital Gregorio Marañón, en Madrid, por un problema cardiaco. Los médicos le dieron el alta ayer por la tarde y regresó a la prisión. Su hospitalización se produjo después de que el pasado viernes Pedreira prorrogase otros años su estancia en prisión y dos días antes de que la Sala debata si debe seguir o no entre rejas hasta que se celebre el juicio. Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron a Efe que Correa comenzó a encontrarse mal el domingo al mediodía y que, tras ser sometido a una revisión por parte de los médicos de la prisión, se decidió su traslado al Gregorio Marañón para que recibiera atención médica especializada.
Correa no acababa de adaptarse al régimen carcelario. Las últimas veces que ha comparecido ante el juez Pedreira ha tenido que ser trasladado al tribunal en ambulancia. Los furgones policiales y espacios cerrados de la cárcel le producen ansiedad. Precisamente este ha sido uno de los argumentos que ha empleado el cerebro de la trama en varias ocasiones para reclamar que se le excarcele provisionalmente. El juez Pedreira rechazó este argumento alegando que su ansiedad se debe a la lógica inadaptación al régimen penitenciario y subrayó que esa fobia no le atenaza, en cambio, en los viajes en avión, por lo que persiste el riesgo de fuga.
Correa está imputado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Permanece en la prisión madrileña de Soto del Real desde el mes de febrero de 2009.
El líder de la trama corrupta Gürtel ha pedido la libertad provisional en cinco ocasiones, pero el instructor y la Sala siempre la han denegado esgrimiendo riesgo de fuga. En los pinchazos telefónicos de la investigación, el empresario dice que sabe que la policía está detrás de él y planea fugarse a algún país de Sudamérica donde tiene dinero y bienes.
www.elpais.es 08.02.11
LA 'GÜRTEL' COSTÓ 120 MILLONES AL ERARIO PÚBLICO
La trama desarticulada hace hoy dos años amasó una fortuna a costa de presupuestos gestionados por el Partido Popular
La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se cumplen hoy dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Y ello sin contar la evasión fiscal: se trata sólo del dinero público que se evaporó de administraciones o entidades controladas por el PP en el mayor escándalo de corrupción de la democracia.
En dos años, el caso sobre la cuadrilla de Don Vito, que inició el juez Baltasar Garzón tras la denuncia de un exconcejal de Majadahonda, ha producido más de 100.000 folios que retratan la tupida red creada alrededor de los feudos del PP. Pero falta todavía un peritaje global que cuantifique el monto que manejó el grupo y qué efecto tuvo en las cuentas públicas.
Aún no hay peritaje global, pero el sumario permite ya una estimación
Sin embargo, en la vasta documentación incorporada al sumario existen ya los mimbres para hacer al menos una estimación mínima del coste para el erario público: al menos 120 millones de euros (casi 20.000 millones de pesetas) entre 2000 y 2008.
La cifra incluye las adjudicaciones públicas declaradas a Hacienda aunque no por ello necesariamente legales, los contratos conseguidos a través de firmas pantalla, el dinero negro para campañas electorales, los sobornos anotados en la caja B de la trama, comisiones vehiculadas directamente en el extranjero y perjuicios adicionales para los presupuestos públicos ocasionados por determinadas operaciones (ver gráfico en la página 3).
Cifra superior
La cifra final será necesariamente superior cuando se conozcan los detalles pormenorizados de cada operación con la que se lucró la trama y se cuantifique el impacto fiscal que dejó de pagarse en las operaciones en negro. Ya ahora, una estimación de los juristas del PSOE sitúa el monto global de adjudicaciones públicas relacionadas con la trama en un mínimo de 250 millones. Pero esta cantidad incluye los pagos legales efectuados por empresas adjudicatarias que habían contado con la intermediación de la trama y, por tanto, va más allá del dinero estrictamente manejado por la Gürtel.
La parte blanqueada de esa enorme tarta de 120 millones de euros suma 48,1 millones y procede de las adjudicaciones a empresas de la trama declaradas a Hacienda a través del modelo 347, que detalla pagos y cobros a terceros. El cliente fue directamente el PP cuyos presupuestos dependen en un 90% del dinero público o administraciones bajo su control: sobre todo, el Gobierno central hasta 2004, cuando el PP perdió el poder, sus feudos autonómicos del País Valencià y la Comunidad de Madrid, y municipios de esta comunidad.
Hasta 2004, el negocio se centraba en el PP, formación para la que la trama organizaba prácticamente todos los actos y campañas. Entre el partido y la FAES, la trama declaró a Hacienda una facturación de 23,4 millones de euros. El PP, en cambio, nunca declaró la relación en el modelo 347, pese a que así lo exige la ley. El partido se escuda en que ya informa al Tribunal de Cuentas, pero según todos los expertos consultados ello no le eximía de detallar también sus proveedores a la Agencia Tributaria.
Las empresas pantalla encarecían los contratos entre el 5% y el 15%
Madrid y País Valencià
Tras la derrota electoral de 2004, y con Mariano Rajoy ya al frente de Génova, la trama reorientó su negocio hacia los dos grandes feudos autonómicos del PP: el País Valencià, donde declaró contratos por valor de 8,69 millones, y la Comunidad de Madrid, donde amasó directamente 9,5 millones en adjudicaciones públicas, incluyendo los municipios alrededor de la capital.
El hecho de que estas entradas estuvieran declaradas a Hacienda no implica que los contratos fueran necesariamente legales. La práctica de trocear actos en contratos menores de 12.000 euros para evitar la convocatoria pública y repartirlos por varias consejerías es ilegal. Pero los ingresos de estos minicontratos sí constan en las declaraciones a la Agencia Tributaria.
El pelotazo de Arganda causó un perjuicio mínimo de 30 millones
Los informes incorporados al sumario muestran hasta qué punto la trama tenía entrada en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Sólo en 2007, las distintas empresas controladas por Correa lograron ingresos, que declararon a Hacienda, de al menos diez consejerías y nueve organismos dependientes del Gobierno regional. La mayoría eran teóricamente contratos menores que no exigían concurso público.
Otras adjudicaciones públicas gestionadas por la trama en Madrid ya no las declararon porque se otorgaron formalmente a otras empresas que la Gürtel utilizaba como pantalla para no llamar la atención. El sumario incluye informes específicos de al menos tres empresas que se prestaron a ello: Decoraciones CMR, el Grupo Rafael y Marketing Quality Management (MQM).
El mecanismo siempre era el mismo. Estas empresas conseguían la adjudicación y posteriormente firmaban un contrato privado con la trama en el que le cedían el encargo a cambio de una comisión, que oscilaba entre el 5% y el 15%. Estas tres pantallas obtuvieron un mínimo de 3,4 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, cifra que incluye 1,25 millones de la publicidad fantasma Made in Madrid que MQM ganó por sugerencia de Swat SL consultora coordinada con la trama y que nunca se llegó a realizar.
Este mecanismo aumentaba necesariamente el coste del servicio que pagaban los presupuestos públicos porque la comisión de la empresa pantalla se cargaba a la factura. Por ejemplo, MQM hinchó hasta un 400% determinadas facturas la Comunidad pagó en 2008 por un acto de cinco minutos en recuerdo del 11-M 118.000 euros, cuando dos años antes había costado 24.000 con idéntico formato o Decoraciones CMR llegó a cobrar el metro de moqueta a 200 euros.
Dinero opaco
La gran partida en dinero opaco fue sin embargo la de comisiones y sobornos, cuyo impacto conocido alcanza ya un mínimo de 63 millones de euros: 27 desvelados por un informe policial difundido el pasado diciembre que destripaba la caja B del documento Excel incautado al contable de la trama, y 36 en otras comisiones o perjuicios conocidos después y que, por su envergadura, no estaban incluidas en el documento anterior, como el pelotazo de Arganda (ver gráfico).
Al tratarse siempre de dinero negro, ninguno de estos fondos está incluido entre las adjudicaciones públicas citadas, que exigen declarar tanto los ingresos como los pagos. Y en el informe policial se apuntan a empresas privadas como origen de los fondos: Teconsa, Sufi, Hispánica, etc. De estos 27 millones, 14 se quedaron en la trama y los otros 13 se repartieron presuntamente entre políticos que ayudaron en las adjudicaciones.
Coste para el presupuesto
Pese a que esta enorme bolsa de dinero tiene un origen privado, acaba repercutiendo siempre en el contribuyente porque la comisión y el soborno se carga en el presupuesto. A través de dos vías posibles: o encareciendo el contrato que paga la Administración de forma que el plus equivale a la comisión o abaratando la adjudicación precisamente para justificar el pago del favor.
Un ejemplo del primer caso es el contrato ganado por Teconsa en Valencia por la visita del Papa, en 2006. Canal 9 le adjudicó la sonorización e instalación de pantallas por 6,3 millones. Como Teconsa es una constructora sin capacidad para cumplir el encargo, subcontrató a otra empresa, que cobró por el trabajo 3,1 millones. Las comisiones a repartir fueron 3,2 millones, pagadas, por tanto, por el contribuyente a través de Canal 9.
Un ejemplo del segundo caso es el pelotazo de Arganda. Una tasación municipal valoraba los terrenos en 96 millones, pero fueron adjudicados a Martinsa por sólo 77. De ellos, 11 debían abonarse en especie, pero el pago nunca se materializó. En cambio, la trama cobró en Suiza 12,8 millones por su "intermediación en un desarrollo inmobiliario en Arganda". El perjuicio para el erario público asciende a un mínimo de 30 millones: 19 por la adjudicación a la baja y 11 por los pagos en especie reconvertidos presuntamente en el grueso de la comisión en Suiza.
La última bolsa contabilizada es el dinero vehiculado ilegalmente en campañas electorales del PP. De los informes policiales se desprende un mínimo de 4,6 millones: 1,3 en el PP de Madrid en 2003 y 2004, y 3,3 en el PP valenciano en 2007 y 2008. El origen formal vuelve a ser privado al proceder de empresas. Pero el impacto final, de nuevo, es público: los informes policiales subrayan que los donantes acaparaban muchas adjudicaciones en las administraciones dirigidas por el partido cuya campaña presuntamente financiaron al margen de la ley.
www.publico.es 06.02.11
HACIENDA PIDE REACTIVAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE GALEOTE
Destapa movimientos en paraísos fiscales del asesor de Rajoy para la UE
Un informe de Hacienda recién incorporado al sumario Gürtel pide al juez Pedreira que reactive la investigación sobre Gerardo Galeote, eurodiputado del PP entre 1994 y 2009, actual asesor de Mariano Rajoy para asuntos europeos y hasta ahora no imputado en el caso. Si en diciembre el sumario ya destapó que, entre 1996 y 2000, Galeote había estado literalmente a sueldo de la trama con cobros mensuales que comenzaron siendo de 1.500 euros y terminaron llegando a 3.000, ahora los inspectores adscritos al caso profundizan en los movimientos de las empresas radicadas en paraísos fiscales y ligadas al exeurodiputado.
Hacienda destapa que la empresa June Sun International Ltd, domiciliada en la isla de Nevis y cuya conexión con Galeote ya había sido desvelada por la Policía en febrero de 2010, transfirió 10.000 euros a la mercantil Actividades Eólicas. Los inspectores firmantes del informe creen que el nombre completo de la empresa destinataria de esos fondos es Actividades Eólicas Murcianas (AEM). Los registros policiales permitieron hallar en las oficinas del abogado Luis de Miguel, imputado y supuesto testaferro de Correa y su grupo, un documento en el que el letrado se declara fiduciario en nombre de June Sun y reconoce que el beneficiario del fideicomiso es Gerardo Galeote. Asimismo, "figura vinculado" en España a la sociedad Asesoramiento y Estudios La Rochelle, "con entrada de divisas procedentes de Italia" y cuyas cuentas pide investigar Hacienda.
Los fondos transferidos por June Sun a Actividades Eólicas, sostiene el informe, se ingresaron desde España el 7 de febrero de 2005. En los registros, la Policía encontró un cheque de 5.441 euros a favor de Consultoría y Gestión de Inversiones empresa también investigada con una anotación manuscrita: "Devolución préstamo AEM (Actividades Eólicas Murcianas) a Jun Sun". Los investigadores fiscales piden a Pedreira que averigüe la cuenta de procedencia y sus movimientos "para determinar las relaciones de June Sun con José Gerardo Galeote y de ambos con AEM".
June Sun también transfirió dinero a Vistacourt España 2005 SL, igualmente representada por Luis de Miguel. También aquí los técnicos solicitan analizar los movimientos de divisas de una cuenta abierta en Madrid a nombre de Vistacourt.
El informe recuerda cómo José Galeote, exconcejal del PP y padre de Gerardo Galeote, utilizó una sociedad portuguesa llamada Freetown Comercio para invertir 36.000 euros en Bolsa "a través de Renta 4". Hacienda reclama que se recabe de Renta 4 "la documentación correspondiente al ingreso de fondos procedente de esta sociedad [Freetown] para realizar la inversión.
El informe reseña que en 2007 se realizaron dos órdenes de pago por 60.000 y 126.666 euros con cargo a la misma cuenta bancaria, abierta por Luis de Miguel Pérez en Madrid. El primer abono fue para Hercesa Inmobiliaria. El segundo, para Willow Inversiones 2002 SL, una empresa con estructura de muñeca rusa y en cuya estructura aparece de nuevo Luis de Miguel Pérez.
www,publico.es 05.02.11
UN INFORME POLICIAL SOBRE CORREA Y SU MUJER HALLA VÍNCULOS CON CAMPS Y AGAG
Los agentes detectan contactos del yerno de Aznar con una firma de la red Gürtel dedicada a compraventa de inmuebles
María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa, no es ajena al entramado de corrupción de su marido, sino una pieza importante, a juzgar por la documentación hallada en la casa que compartían ambos en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
- La esposa de Correa extrajo 345.456 euros de la 'caja b' del entramado
- Rodríguez actuó de nexo entre su marido y el regidor de Majadahonda
- El líder de la trama fue testigo de la boda de la hija de Aznar en El Escorial
- Hay "numerosas" llamadas desde una firma de la red al teléfono de Agag
Un informe remitido por la policía al juez con la petición de que se mantuviera secreto y no se entregara a las partes recoge lo hallado en las agendas particulares de la entonces esposa del cabecilla de la trama Gürtel. Se citan, entre otros, los nombres de Francisco Camps, presidente de la Comunidad de Valencia; y de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar.
"El grado de implicación de María del Carmen", escribe la policía, "dentro de las relaciones sociales establecidas entre los distintos individuos que forman parte de todo el entramado diseñado por Correa, es mayor de lo que manifiesta en sus declaraciones ante la sede judicial, cuando niega cualquier tipo de conocimiento o relación con estas personas, la mayoría imputadas en la presente causa. En sus agendas personales aparecen los nombres y apellidos junto a sus números de teléfono de Pablo Crespo, Jesús Sepúlveda, Rosalía Iglesias o Francisco Camps".
Alejandro Agag, que también aparece en la agenda particular de la mujer de Correa y no está imputado en el caso, siempre se ha mostrado ajeno a los negocios de la trama corrupta. Correa fue uno de los testigos de la boda de Agag con la hija de José María Aznar.
La policía destaca en su informe que el nombre de Agag "figura en repetidas ocasiones" no solo en la agenda particular de María del Carmen Rodríguez Quijano sino en numerosas llamadas desde Inversiones Kintamani "en las fechas 7/6/1997 y 7/10/1996".
Esta firma, propiedad de la trama, se dedicaba a la compraventa de bienes inmuebles. Fue creada en 1996 por el abogado Luis de Miguel (que montó para Correa el entramado societario en el extranjero). Las sociedades mercantiles holandesas Bellavista Holding BV y Jubilate Holding BV fueron socios constituyentes de Inversiones Kintamani. Tras dejar esas firmas Luis De Miguel, el abogado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, fue nombrado administrador único de Kintamani en 2005.
La policía sostiene que Kintamani, propietaria de fincas en Madrid, Marbella (Málaga) y Tarifa (Cádiz), entre otras ciudades, es una de las firmas de las que se sirvió Correa para blanquear dinero. El juez Antonio Pedreira ha enviado comisiones rogatorias a Holanda ante la convicción de que la trama oculta parte de su patrimonio ilícito en paraísos fiscales de las Antillas Holandesas. Holanda, de momento, no está colaborando con el juez.
Agag, al que cita la policía en el informe, fue socio de Jacobo Gordon, quien también fue testigo del enlace matrimonial y que es otro de los imputados en la trama.
En el sumario se incluye documentación que acredita que Pablo Crespo, número dos de la red, le entregó 600.000 euros para que adquiriese una finca en la población alicantina de La Nucia. Gordon también está relacionado con la firma Real Estate Equity Portfolio, que controla la mayor parte del accionariado de otras seis firmas dedicadas al negocio inmobiliario, entre ellas Proyecto Twain Jones.
En la agenda de la mujer de Correa también figuraba el nombre de "Rosa Bárcenas", en relación con la mujer del ex tesorero nacional del PP, que en realidad se llama Rosalía Iglesias Villar. La policía tiene documentos con un nombre parecido, aunque no exacto, al de la mujer de Luis Bárcenas, lo que la vincularía como una de las inversoras del Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en la localidad de Majadahonda (Madrid). Supuestamente, la cantidad invertida por la mujer de Bárcenas en el citado proyecto es de 150.000 euros. En documentación intervenida en el despacho del abogado Blanco Balín, aparece esa cifra manuscrita, que la policía atribuye a su marido, Luis Bárcenas. El juez archivó hace meses la causa contra Iglesias Villar
En otra agenda intervenida a la ex esposa de Correa y que, según la policía, acredita que su papel en la red no era meramente testimonial, también aparece varias veces el teléfono de Gordon, junto a anotaciones referidas al presidente valenciano, Francisco Camps, y a su entonces jefa de gabinete ,Ana Michavila, hermana del ex ministro de Justicia José María Michavila. Alude en concreto a "una cena con afiliados" a la que asistirían "Paco Camps, Ana Michavila".
Los agentes concluyen en su informe que la ex esposa de Correa no es ajena "a la estructura empresarial ideada" por su marido, puesto que perteneció a los órganos de gobierno de algunas de las principales empresas. Señalan los responsables de la investigación que, desde su puesto de jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, otro de los imputados en el caso, urdió adjudicaciones en connivencia con el regidor a favor de distintas sociedades de la red.
La mujer de Correa fue el nexo de unión entre este y el alcalde, señalan los agentes. Uno de los más importantes ingresos que ha tenido el entramado de Correa en Majadahonda, que le reportó un contrato de 1,5 millones de euros por la Oficina de Atención al Ciudadano de esa localidad, se produjo tras la llegada de Ortega al Ayuntamiento.
La policía dispone de documentación que revela que ella misma coadyuvó a la adjudicación de contratas a su marido. Ella recibía correos electrónicos dirigidos a su marido y a empresas de la red, de lo que se infiere que "era consciente" e incluso participó en el entramado de corrupción, del que además se lucró.
Ella conocía, además, la existencia de la caja B de las empresas de su marido, de las que extrajo a lo largo del tiempo al menos 345.456 euros.
En el informe hay abundante documentación que acredita la retirada de grandes cantidades de dinero en efectivo, algunas en billetes de 500 euros.
"No sería erróneo pensar que también habría participado como una pieza más en las funciones de reinversión del dinero ilícitamente obtenido por las adjudicaciones fraudulentas a las empresas" de su marido, se explica en el informe.
También conocía el extenso patrimonio que su marido ocultaba a través de testaferros y sociedades como dos barcos y numerosas fincas.
Trajes para alcaldes
Informe secreto La policía apunta en un informe -que solicita que se mantenga secreto- nuevos indicios de cohecho en la actuación contra la trama corrupta. Entre ellos, destaca el pago de trajes a políticos a cambio de adjudicaciones a empresas de la red Gürtel. Hasta ahora, la investigación judicial había destapado regalos de trajes en la Comunidad Valenciana, donde Álvaro Pérez, uno de los jefes de la trama, abonó decenas de miles de euros por prendas para el presidente del Gobierno autonómico, Francisco Camps, y miembros de su cúpula. El nuevo informe policial destapa que en la Comunidad de Madrid se hizo lo mismo con Guillermo Ortega, que fue alcalde de Majadahonda y tuvo durante un tiempo como jefa de su Gabinete a María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Francisco Correa. "La organización", señala el informe tras aportar una serie de facturas del sastre Rafael Caballero, "se estaría haciendo cargo del pago de prendas de vestir (trajes y abrigos) confeccionados para Guillermo Ortega. Para ello se elaboran facturas ad hoc en las que se alteran los conceptos (de trajes a trabajos de decoración o telas) y se desglosan las facturas".
El sastre de Correa Rafael Caballero, el sastre del cabecilla de la trama corrupta, declaró a la policía: "En todas las facturas que he confeccionado de prendas para el señor Correa se recogen conceptos que no tienen nada que ver con el producto servido, ya que el señor Correa me indicó que si quería trabajar con ellos lo tenía que hacer allí". Lo que cuenta el sastre es parecido a lo ocurrido con la tienda Forever Young, que sirvió la mayoría de los trajes regalados por la trama corrupta a cinco cargos y ex altos cargos de la Comunidad Valenciana, entre ellos el presidente regional, Francisco Camps.
www.elpais.es 31.01.11
Una testigo de la Gürtel dice que quien organizó el Congreso del PP en Valencia actuaba como Correa
El sospechoso trato de favor que en su día dio Arturo González Panero, ex alcalde popular de Boadilla del Monte, a la entonces esposa del ex ministro Juan Costa vuelve a la actualidad estos días, a raíz de un reportaje de la revista Tiempo. Elena Sánchez, ex mujer de Costa, dirigía la empresa Free Handicap, que durante tres años organizó el festival Summercase en la localidad madrileña y a la que el alcalde regaló 400.000 euros en tasas sin pagar. Ahora se ha sabido que un alto cargo del Ayuntamiento, Ana María Garrido, declaró en mayo ante el juez Antonio Pedreira por el caso Gürtel y definió el caso del Summercase como “muy sangrante” para las arcas y sus sospechas sobre que hubiera “financiación ilegal” de por medio. Además, relata cómo Sánchez, que también organizó el Congreso de Valencia en el que Rajoy fue elegido presidente del PP, enviaba correos electrónicos al Ayuntamiento para que modificasen los pliegos de los concursos.
Según la revista que edita el Grupo Zeta, uno de los cargos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), Ana María Garrido, alertó el pasado mes de mayo al juez Pedreira sobre estas prácticas y otras muchas irregularidades acaecidas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en las que llega a aparecer la ex mujer de Juan Costa.
El festival “sangrante
Entre las irregularidades más llamativas que Ana María Garrido relató al juez Pedraz citó, como un caso “muy sangrante”, el del macrofestival de música Summercase que se celebró en esta localidad madrileña. Garrido, siempre según Tiempo, afirmó que le pidieron que se reuniera con Elena Sánchez, entonces esposa del ex ministro del PP Juan Costa, para coordinar la organización de un concierto que se celebraría en una parcela de 100.000 metros cuadrados. Lo más llamativo del asunto es que el Ayuntamiento de Boadilla había cedido la explotación de esa parcela durante 10 años sin recibir a cambio ninguna tasa o impuesto.
La testigo indicó al juez que ella siempre sospechó que en este asunto o había “una financiación ilegal” o "una comisión de por medio”. Conclusión a la que llegó porque la ahora ex mujer de Costa incluso envió varios correos electrónicos a Alcaldía dando las pautas de elaboración del pliego de condiciones. La empresa de Sánchez, Free Handicap, fue la elegida por el PP para organizar el Congreso Nacional de 2008 en el que Mariano Rajoy fue revalidado como presidente del PP tras su derrota electoral y, curiosamente, fue el mismo cónclave al que, según varias especulaciones, estuvo a punto de presentarse su ex marido, Juan Costa.
Viajes a buen precio
Por otra parte, Garrido también dejó mucha más información en lo relativo a los famosos viajes ofrecidos por Correa, y que ahora han vuelto a la picota con el caso de Ana Mato. Cuando la trama Gürtel funcionaba a pleno rendimiento, los principales dirigentes del Partido Popular, incluida la familia del ex presidente del Gobierno José María Aznar, recibían ventajosas condiciones a la hora de reservar sus viajes, según el reportaje de Tiempo.
Garrido alertó a la Justicia que era práctica habitual de Francisco Correa y los suyos ofrecer a los dirigentes del PP viajes en clase superior a un precio más que recomendable. De hecho, explicó al juez Pedreira que existían “un montón de carpetas” de upgrading que Correa había realizado con cientos de dirigentes del PP. (El upgrading consiste en viajar en clase business o gran clase a pesar de haber pagado por una clase inferior).
Las carpetas del concejal
Los viajes siempre se realizaban a través de Pasadena Viajes, la agencia de Francisco Correa. Sin embargo, el “montón de carpetas” en los que figuraban los viajes que habían realizado miembros del PP tan importantes como Luis Bárcenas o la familia Aznar los guardaba Francisco Sánchez Arranz, concejal del Ayuntamiento de Boadilla.www.elplural.com 27.01.11
EL FISCAL SE OPONE A QUE SE EXCARCELE AL LÍDER DE LA RED
El juez Antonio Pedreira decidirá a lo largo de esta semana si prorroga la prisión preventiva para los dos principales cabecillas de la red Gürtel, Francisco Correa y su número dos y ex secretario de Organización del PP Gallego Pablo Crespo, que ya llevan casi dos años en prisión.
Correa y Crespo abandonaron ayer durante unas horas la cárcel, escoltados por policías, para comparecer ante el juez, que celebró una vistilla con las fiscales y los abogados para escuchar sus opiniones sobre si Correa y Crespo deben quedar en libertad provisional a la espera del juicio.
La Fiscalía Anticorrupción se opone a la excarcelación al considerar que persiste el riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas e, incluso, el peligro de que pudieran cometer nuevos delitos.
De los tres encarcelados, solo uno, Antoine Sánchez, ha quedado en libertad provisional tras pagar una fianza de 40.000 euros. La fianza inicial fue de 600.000 euros, pero se le ha reducido en tres ocasiones hasta llegar a los 40.000.
www.elpais.es 25.01.11
PEDREIRA TOMA DECLARACIÓN A LOS IMPUTADOS DEL GÜRTEL EN ESTADOS UNIDOS
Las declaraciones en Miami han sido a las 16:00 hora española. Mañana lo hará, a través de la Fiscalía de Nueva York, el "broker" de Correa. Pedreira busca los 30 millones de euros en paraísos fiscales
Correa ha pedido al juez Pedreira que suspenda las declaraciones en Estados Unidos de tres imputados de la red por la imposibilidad de su abogado de estar presente. Pedreira lo ha desestimado y esta tarde se han celebrado las dos primeras declaraciones con Miami por videoconferencia. La tercera está prevista para mañana, a través de la Fiscalía de Nueva York, donde declarará Randall Lew Caruso, el presunto 'broker' de Correa en Estados Unidos e intermediario de distintos negocios.
Antonio Pedreira, el instructor del caso Gürtel, en una providencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, ha desestimado la petición del abogado defensor de Correa, José Antonio Choclán, de suspender las declaraciones con los imputados en Nueva York y Miami, los supuestos intermediarios de Correa en Estados Unidos. Choclán acusaba de mala praxis a la Fiscalía Anticorrupción. Pedreira lo ha desestimado alegando que las citaciones estaban notificadas en tiempo y forma. De hecho, la defensa de Correa puede estar presente en las declaraciones, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con capacidad de preguntar.
Finalmente, Pedreira ha celebrado las dos primeras declaraciones esta tarde, a las cuatro hora española, con la Fiscalía de Miami por videoconferencia. Las imputadas Ana Karlota Figueroa y Gloria Pascual Willinger, ambas mujeres de confianza de Correa en Miami, han declarado durante algo más de una hora.
Mañana está previsto que declare Randal Lew Caruso, "broker" del cabecilla de la red que podría haber ayudado a Correa a blanquear comisiones ilegales.
La intención del magistrado Pedreira en la investigación es localizar las supuestas inversiones de Correa en Miami y recuperar los 30 millones de euros que supuestamente se ocultan en paraísos fiscales y que obtuvo a través de negocios y comisiones irregulares. Los apuntes aparecieron durante los registros en una de las cajas fuertes de su número dos, Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, donde guardaban documentos sobre cuentas en el extranjero. Algunas de estas operaciones financieras en Estados Unidos podrían haber sido ejecutadas por Randall Lew Caruso-Reynaldo, imputado en la caso Gürtel, que prestará mañana declaración a las 16:00 (hora española).
www.cadenaser.com 19.01.11
EL EX SOCIO DEL YERNO DE AZNAR, ANTE EL JUEZ POR EL 'CASO GÜRTEL'
Gordon recibió 830.000 euros de la trama para una parcela
Jacobo Gordon, empresario y ex socio de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, compareció ayer ante el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que le exhibió documentos donde figura su firma con la intención de que le informara personalmente si reconocía su rúbrica en ellos. Gordón respondió afirmativamente, según fuentes jurídicas.
Los agentes policiales que investigan la red que dirigía Francisco Correa hallaron en un registro hecho a la trama "un documento privado" en el que figura su firma y en el que Gordon "reconoce haber recibido 830.000 euros" para "la compra de una parcela en La Nucia (Alicante)". Según el citado informe incorporado al sumario, 600.000 de los 830.000 euros los recibió Gordon de manos del número dos de la red, Pablo Crespo, y otros "230.000 procedían de la sociedad Teconsa", la empresa leonesa que más tajada sacó de los chanchullos de Correa con sus amigos políticos del PP.
Por ejemplo, fue la adjudicataria, sin tener ninguna experiencia, de las instalaciones acústicas habilitadas para la retransmisión a través de la televisión publica valenciana Canal 9 de la visita del Papa a Valencia en 2006. De esa adjudicación, la red Gürtel logró más de un millón de euros en comisiones tras inflar al doble (6,4 millones) el precio del servicio prestado. Según el citado informe, el ex socio de Agag, imputado en Gürtel, se habría encargado de comprar a nombre de Crespo la citada parcela de La Nucia.
También compareció ayer ante el juez el ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, imputado por ocultar en el extranjero el dinero de la red, para ratificar el reconocimiento de su firma en otros documentos, unos incautados a la red y otros presentados por su abogado defensor.
www.elpais.es 18.01.11
El testaferro de Correa sale de la cárcel bajo fianza
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha acordado la puesta en libertad de Antoine Sánchez, testaferro y primo del presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, después de que haya abonado una fianza de 40.000 euros. Según ha informado el TSJM, Pedreira ha impuesto a Sánchez la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado y de comunicar la dirección de su domicilio actual y de cualquier eventual cambio de residencia.
Anoche, Sánchez aún no había abandonado el centro penitenciario de Soto del Real donde se encuentra desde febrero de 2009. La puesta en libertad provisional de Antoine Sánchez se produce después de que el magistrado le haya rebajado por cuarta vez hasta los 40.000 euros la fianza que le impuso en julio de 2009 y que inicialmente alcanzaba los 600.000 euros.
El fiscal anticorrupción se ha opuesto en anteriores ocasiones a reducirle la fianza por el alto "riesgo de fuga".
www.elpais.es 15.01.11
LAS MISERIAS DEL 'CASO GÜRTEL'
El despacho del juez Antonio Pedreira, donde se investiga la mayor trama de corrupción política destapada en España desde el advenimiento de la democracia, apenas ocupa 40 metros cuadrados. Y, además, es compartido. Junto a Pedreira, en esa apretujada estancia, trabajan también sus colegas de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro.
Impresiona ver los montones de diligencias y tomos del caso Gürtel que flanquean la mesa del juez, que se elevan desde el suelo porque no hay espacio ni armarios donde colocar la cascada de diligencias que el asunto genera a diario desde hace muchos meses. "No hay intimidad y tampoco se puede hablar a solas con el juez; sus colegas están al lado y todo se oye", describen fuentes de la investigación que despachan a menudo con Pedreira.
Con más de 60 imputados en Madrid -sin contar los de Valencia y Castilla y León, que aún siguen bajo la lupa de Pedreira a la espera de que adquieran firmeza los autos de inhibición dictados a favor de los tribunales superiores correspondientes-, el caso Gürtel es el mayor latrocinio de dinero público de la reciente historia de España. El juez tiene impuestas fianzas que se acercan a los 200 millones de euros. Nunca hasta ahora habían aflorado tantos aforados y con pruebas tan sólidas contra ellos por haber robado tanto dinero de las arcas públicas.
Pero no es solo una cuestión de intimidad y de exiguo espacio lo que hoy traba el caso. Hay muy pocas manos para una causa que acumula ya más de 100.000 folios. Después de que el juez Baltasar Garzón, instructor inicial del caso, elevase al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los 17.000 primeros folios que había instruido, el secretario de la Sala, Francisco de Asís González, exigió más medios para afrontar la avalancha de documentos que, como ha sucedido, se avecinaba. Por escrito y a través del presidente de la Sala, Francisco Vieira, González dio la voz de alarma. Aparte de medios tecnológicos, reclamó a la Consejería de Justicia del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre más funcionarios; al Ministerio de Justicia, dos secretarios más aparte de él; y al Consejo General del Poder Judicial, la asignación de un juez de apoyo. Francisco Granados, consejero de Justicia, reforzó la plantilla con varios funcionarios extraídos de la bolsa de trabajo. Pero son interinos, con contratos renovables mensualmente y sin experiencia en tramitación de causas judiciales. Y menos aún en un asunto tan complejo como este, con una veintena de comisiones rogatorias en diferentes rincones del planeta en busca de los millones evadidos, y reos en manos de algunos de los mejores abogados del país.
Ahora mismo hay un único secretario en la sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior. Jamás había tenido tanto trabajo. No solo se encarga de dar fe y cursar las comunicaciones que dicta Pedreira, sino que también lleva las causas de los otros tres jueces de la Sala y el archivo del tribunal. Para colmo, ahora tendrá que expurgar los 100.000 folios y remitir al Tribunal Supremo la documentación sobre las escuchas que dictó Garzón en la cárcel entre los principales acusados y sus abogados.
Al Supremo le fue enviada toda la causa, pero el instructor, Alberto Jorge Barreiro, ha pedido que se le facilite ya depurada. Conclusión: el secretario, que está para todo, no da abasto. 20 meses después de llegar el caso al TSJM, el Ministerio de Justicia no ha ampliado el número de secretarios. Y ni visos de que lo haga. Tampoco el Poder Judicial ha accedido a otorgar un juez de apoyo a Pedreira, alegando que legalmente no era posible.
"Hay que dotar a los tribunales de muchos más medios para la lucha contra tramas tan dañinas como esta para la sociedad, y lanzar un mensaje de que el corrupto que la hace, la paga rápidamente", subraya Ángel Galindo, abogado de José Luis Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción puso al descubierto los millonarios sobornos a altos cargos del PP que pagó la trama a cambio de contratas de obras o de actos públicos inflados de precio.
En esta carestía de medios, técnicos y humanos, es muy posible que las decenas de miles de folios del sumario abandonen en dos o tres meses la sede del TSJM para recalar en uno de los juzgados de la plaza de Castilla. ¿Por qué? El caso Gürtel tuvo que abandonarlo Garzón en cuanto vio que entre los imputados había tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y hasta el mismísimo presidente de Valencia, Francisco Camps. Las causas contra aforados autonómicos solo pueden instruirlas los jueces de los tribunales superiores. Es previsible que el ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo y los diputados Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco no vayan en las listas del PP de las elecciones de mayo y pierdan así su fuero. En ese momento, Pedreira se inhibirá y remitirá el asunto a un juzgado normal de Madrid. No volverá a la Audiencia Nacional, donde empezó con Garzón, ya que los aforados de otras comunidades, Valencia y Castilla y León, para entonces ya estarán previsiblemente en manos de sus respectivos tribunales superiores. Así, la investigación ya no sería supraprovincial, aunque no faltan expertos en derecho que postulan la vuelta del sumario al ex despacho de Garzón.
Pero la opinión más arraigada es que acabará en los juzgados de Madrid. Cuando llegue estará prácticamente instruido, con un auto de transformación de procedimiento abreviado por delante y concreción judicial de hechos a sus autores, y posiblemente también con una decena menos de imputados. El juicio se celebraría así en la Audiencia de Madrid. Pero todo ello si le da tiempo a la exigua plantilla judicial que, con sus penurias, tramita hoy la mayor trama de corrupción de la democracia; esto es, un juez, medio secretario y funcionarios interinos sin apenas experiencia.
(www.elpais.com, 10/01/11)
EL JEFE DE COSTAS DE BALEARES 'PIERDE' PARTE DEL EXPEDIENTE DEL CHALÉ DE CORREA EN IBIZA
El juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha ordenado tasar el lujoso chalé que el líder de la trama, Francisco Correa, compró y amplió con dinero opaco y sin licencia previa en Punta Grossa (Ibiza), y que inscribió a nombre de una de sus sociedades, Osiris Patrimonial, para que nadie supiera que era suyo.
Un informe policial fechado el pasado 15 de noviembre revela que faltan documentos clave en el expediente que los agentes reclamaron y les fueron remitidos por el Servicio de Costas y Litoral de la Consejería de Medio Ambiente de Baleares, para determinar de dónde salió el dinero y cómo es posible que se permitieran esas obras de ampliación en un lugar protegido de la isla y pese a las feroces denuncias de vecinos.
Los investigadores sostienen que parte del dinero de las obras del chalé salió del empresario leonés dueño de la firma Teconsa e implicado en el caso, José Luis Ulibarri, amigo de Correa y beneficiario, entre otras obras, de parte del montaje escenográfico de la visita del Papa a Valencia en 2006, que la trama amañó con la Administración valenciana y por el que cosechó más de un millón de euros en comisiones.
El juez también ha pedido que se investiguen las facturas de las obras y su procedencia. A la policía le resulta "extraño" que del expediente remitido por el Gobierno balear falten la escritura de compraventa del chalé y la licencia de la piscina, así como el proyecto técnico que redactó el arquitecto José Torres para intentar legalizar las obras una vez que ya estaban hechas. Según el informe policial, Torres tiene declarado y acreditado que remitió toda la documentación "al señor José María González Ortea, jefe del servicio de Costas y Litoral". Los agentes se pusieron en contacto con González el pasado 10 de noviembre para pedirle explicaciones por la falta de los papeles. Este les manifestó que desconocía "donde puede estar dicha documentación", y que todo lo que "ellos tenían en su poder" sobre ese expediente lo habían "aportado al expediente". Los agentes le preguntaron por qué el último trámite de ese expediente tenía fecha de marzo de 2009, y si nada se había movido desde entonces. El jefe de Costas, según la policía, les indicó que "efectivamente no hicieron más trámites porque no sabían cómo continuarlo al no poder comunicar el estado del expediente a ningún responsable del mismo". Añadió, además, que decidieron "dejarlo parado" al saber que "tenía relación con el caso Gürtel".
La policía dispone de un documento enviado por González sobre el chalé de Correa al Ayuntamiento balear de San Joan de Labritja en el que reconoce haber recibido del arquitecto toda la documentación, incluida la que ahora dice no hallar por ningún sitio. Precisamente, el pasado 26 de mayo, ya con el caso en plena efervescencia pública, ese Ayuntamiento denegó la licencia de obras al chalé de Correa alegando que faltaba esa documentación.
(www.elpais.com, 10/01/11)
DOS PARAÍSOS FISCALES, MARRUECOS Y HOLANDA PONEN TRABAS A LA 'GÜRTEL'
La investigación del juez Antonio Pedreira para localizar y bloquear el dinero evadido a otros países por la red Gürtel lleva desde su inicio topando con resistencias internacionales. Especialmente, con la de dos paraísos fiscales ligados al Reino Unido Isla de Man e Islas Caimán pero, también, con la de un Estado de largo pedigrí democrático: Holanda. Y con la del principal aliado de España en el norte de África: Marruecos. De los 15 países o territorios a los que el magistrado del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) que instruye el caso ha cursado comisiones rogatorias, los cuatro citados no han dado un solo paso en favor de la cooperación.
Otros Estados o territorios, como Panamá, están colaborando oficialmente, pero de manera parcial, con lentitud y muchas trabas. Y otros, como EEUU, Portugal, Reino Unido, Colombia, Mónaco y, más recientemente, Suiza, han aportado información al juez, según consta en el sumario. En la Confederación Helvética, la red tiene bloqueados 17 millones de euros. En Mónaco, cuatro.
Todo lo anterior se desprende de un informe en poder del Tribunal Superior de Madrid desde hace semanas y al que ha tenido acceso Público. El informe reseña la evolución de las comisiones rogatorias expedidas tanto por el actual instructor del caso, Antonio Pedreira, como por su precedesor, Baltasar Garzón.
Lo ocurrido evidencia de nuevo el verdadero papel jugado por los paraísos fiscales. Un ejemplo: el archipiélago caribeño de las Caimán, colonia británica, ni siquiera se ha molestado en denegar la petición de auxilio lanzada desde España. Sencillamente, no ha contestado desde que el 9 de diciembre de 2009 se cursó la rogatoria.
En las Caimán, el juez Pedreira busca información sobre Correa Sánchez Trust y la sociedad que actuaba como su administradora, Chelmi Ltd. Un informe policial fechado en julio de 2010 certificó con pruebas que Chelmi aportó los fondos para la compra de terrenos en Cartagena de Indias (Colombia).
Por lo que concierne a la Isla de Man situada en el mar de Irlanda y sujeta a la soberanía de la monarca británica, sus autoridades se limitaron a indicar en diciembre de 2009 que dos cuentas por las que preguntaba el juez no se localizan allí, aunque la rogatoria incluía muchas más peticiones. Pedreira insistió en febrero de 2010. Desde entonces, sus autoridades guardan silencio.
Pero el muro de la opacidad no se levanta sólo en paraísos fiscales. En el corazón de Europa, y dos años y medio después de tener en sus manos la primera solicitud de asistencia judicial, Holanda aún no ha entregado ni un papel, a tenor del informe sobre rogatorias.
Países Bajos y su colonia caribeña de las Antillas holandesas, ahora recién convertidas en dos países también dependientes de su antigua metrópolis, fueron los destinatarios de la primera comisión rogatoria del caso. La cursó Garzón el 6 de agosto de 2008; es decir, el mismo día en que abrió las diligencias secretas que, siete meses más tarde, provocarían el estallido del caso, el arresto de Francisco Correa y la imputación de los primeros políticos del PP conectados a la red.
Hasta ahora, y según el informe de rogatorias, la ayuda holandesa ha sido nula. Su comunicación más intensa con España se produjo en agosto de 2010. En una misiva recibida en Madrid el día 18 de ese mes, el reino neerlandés adujo "que según el ordenamiento jurídico holandés, no es posible congelar y embargar dinero de cuentas si ha sido solicitado con el objeto de obtener pruebas de hechos criminales".
En un informe fechado el pasado 23 de julio, la policía explicaba cómo Holanda y su colonia caribeña desempeñan un rol crucial en la red piramidal de sociedades creada por Correa y los suyos. "Existe relataba la policía una relación de dominio piramidal figurando en la cabeza la denominada sociedad principal constituida en un paraíso fiscal, cuyos accionistas y administradores son fiduciarios, y cuyo capital está constituido por acciones al portador". En el siguiente escalón, continúa el informe, "estaría la llamada sociedad agente ubicada en Inglaterra, Madeira u Holanda y finalmente la sociedad en España". Había dos tipos de estructura y en ambas el primer eslabón comenzaba en España. En una, las sociedades finales se localizaban en Nevis. En otra, en las Antillas Holandesas (Curaçao).
Tampoco Marruecos se toma prisas. Nueve meses después de haber recibido la primera rogatoria, Rabat pidió el pasado 27 de septiembre conocer la legislación aplicable al caso. La petición resulta insólita dado que en la rogatoria cursada en diciembre de 2009, como en todas las demás, España ya hacía constar los delitos atribuidos a los investigados.
En Marruecos, Pedreira busca información sobre propiedades de Arturo González Panero, ex alcalde del PP en Boadilla (Madrid) y uno de los primeros imputados en el caso Gürtel. Los documentos incorporados al sumario muestran que Panero compró un apartamento en una urbanización próxima a Tetuán. Pero, hasta ahora, el Gobierno de Abás El Fasi no ha dado ningún signo que indique su disposición a bloquear las cuentas de Panero abiertas en ese país ni a facilitar sus movimientos bancarios. Las restantes rogatorias han tenido este camino: Islas Vírgenes envió dos cajas de documentos el pasado 22 de octubre. Nevis ha enviado algunos datos sobre bancos. Las rogatorias de Luxemburgo y Singapur [este último, no mencionado en el informe] se cursaron en octubre.
(www.publico.es, 10/01/11)
CORREA Y ROCA HICIERON NEGOCIOS CON LA MISMA URBANIZACIÓN
La urbanización de lujo El Embrujo de Marbella, que quedó regularizada tras la amnistía al ladrillazo gilista, es el lugar que conecta al cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, y al cerebro del saqueo de Marbella, Juan Antonio Roca. Emilio Rodríguez Bugallo, empresario gallego fallecido en el verano de 2008 y suegro de Correa, aparece en los sumarios Gürtel y Malaya como el nexo entre ambos.
En varias ocasiones, utilizó los inmuebles de El Embrujo para lograr favores tanto de Roca como de Correa. De esta manera, ambos jefes acabaron haciendo negocios con inmuebles de la misma urbanización, El Embrujo. Por un lado, Roca, según reconoció él mismo, vendió seis pisos a través de su inmobiliaria One Properties. Por otro, Correa, a través de Inversiones Kintamani, trató de hacer negocios con cuatro pisos.
One Properties, según la Fiscalía Anticorrupción, es una de las empresas instrumentales que Roca utilizó para "legitimar bienes ilícitamente obtenidos mediante su transformación con otros activos y bienes, logrando darles una apariencia de licitud". Mientras, Inversiones Kintamani es una de las principales compañías creadas por Correa para la compraventa de bienes inmuebles, según la Policía.
Rodríguez Bugallo, que pagó, según la Fiscalía Anticorrupción, un millón de euros en sobornos a Roca, vendió en 2003, según un informe de la Agencia Tributaria, a Inversiones Kintamani dos casas recién construidas y contiguas en El Embrujo.
Una tenía 216 metros cuadrados y por ella Luis de Miguel, presunto testaferro a la sazón de la red Gürtel, abonó 435.733 euros. La otra medía 196 metros, y le costó 288.485 euros. Correa trató de sacar amplios beneficios. De Miguel pactó un año después la venta de la casa de 216 metros por 661.111 euros. Sin embargo, la venta no debió de llevarse a cabo, porque a principios de 2005 alquiló ese piso por 1.600 euros al mes.
En 2007, se produjo la segunda operación de Correa con su suegro en El Embrujo. Esta vez la lideró Ramón Blanco Balín, que presuntamente sustituyó a De Miguel como cabecilla de la red de blanqueo, según el sumario Gürtel. Poco antes, Rodríguez Bugallo fue implicado en el caso Malaya y tuvo que pagar una fianza para evadir la cárcel de 500.000 euros. Su yerno, Correa, le hace entonces un préstamo.
"Como resultado de su implicación, le ha encargado a Correa que proceda a vender su patrimonio inmobiliario. [Correa] recibe en compensación unas viviendas a precio inferior al de mercado", según un informe policial. "Tengo casi todo cerrado lo de mi suegro. En lo que yo le deje dice Correa en una grabación, me lo paga en pisos de El Embrujo. Le he dejado 300 kilos [de pesetas, 1,8 millones de euros] y me da cinco pisos. Me los deja en 60 kilos, está bien porque se están vendiendo en 100, 120 kilos [de pesetas]. Me das un chollo pero tengo que pagar los trescientos millones".
La Agencia Tributaria, en el marco de la Gürtel, indagó la compra en 2007 por Kintamani de dos viviendas por 330.000 euros cada una. Su valor de mercado es del doble. Estos inmuebles están enfrente de los adquiridos por Correa en 2003. La policía registró las casas de El Embrujo, y encontró planos y listas de precios.
(www.publico.es, 10/01/11)
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