LA CONTABILIDAD B DE CORREA SUMA 20 MILLONES ENTRE SOBORNOS Y 'MORDIDAS'

La investigación de la trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP ha llegado al corazón mismo de los manejos financieros del cabecilla de la red, Francisco Correa. Un total de 105 archivos almacenados en una memoria digital y una carpeta llena de documentación que tenía en su poder el contable de la red, José Luis Izquierdo, donde apuntaba los movimientos de dinero que le ordenaban sus jefes, acreditan al menos 20 millones de euros que la trama ingresó en dinero negro y que gastó en parte en sobornos.

La información de los 105 archivos, incorporada al sumario que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recoge numerosas anotaciones sobre sobornos a dirigentes del PP (alcaldes, diputados y un consejero de la Comunidad de Madrid), el cobro de comisiones ilegales a constructoras y promotoras a las que Correa había favorecido con sus tareas de intermediario ante Gobiernos del PP, y la facturación a este partido por actos electorales.

Además, en la carpeta con documentación escrita hallada en poder del contable aparecen consignados pagos a la trama corrupta por más de ocho millones de euros que hicieron distintos constructores, promotores y contratistas, favorecidos por concesiones de Gobiernos del PP.

Parte de ese dinero -los ocho millones corresponden sólo a dos años de actividad, entre 2002 y 2004- sirvió para pagar favores a dirigentes del PP (en el sumario se citan, entre otros, a Luis Bárcenas, ex tesorero nacional; Gerardo Galeote, ex eurodiputado; Alberto López Viejo, ex consejero madrileño, y varios ex alcaldes).

Los archivos encontrados al contable en su dispositivo de almacenamiento portátil (pen drive) prueban algunas relaciones anómalas entre la trama corrupta y el Partido Popular, según un informe policial que figura en el sumario del caso.

- Cohechos. Los archivos incautados al contable de la trama (véase el gráfico) reflejan pagos de cientos de miles de euros a Alberto López Viejo, ex consejero de Esperanza Aguirre, a Benjamín Marín Vasco (diputado autonómico), a Ginés López (ex alcalde de Arganda del Rey), a Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte) y a Gerardo Galeote (ex eurodiputado), entre otros.

Además, los archivos registran al menos tres cuentas abiertas por la trama corrupta a nombre de Alejandro Agag, ex eurodiputado del PP y yerno del ex presidente José María Aznar.

El contable José Luis Izquierdo declaró al juez que creía que las deudas que Agag mantenía con una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes, habían sido canceladas. Hay un apunte de 127.000 euros por un viaje de Francisco Correa a Venezuela en mayo de 2008. En ese viaje, según la documentación incautada, estuvo presente Alejandro Agag con un gasto de 6.072 euros facturado al PP.

- Financiación ilegal. Entre los 105 archivos que guardaba el contable de la trama corrupta figura uno, al que el sumario ha dado el número 45, donde se refleja una supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

El contable registra un movimiento de fondos de 240.000 euros, de los que 150.000 son supuestamente abonados por el PP valenciano en dinero negro. Otro de los archivos refleja un gasto de 50.000 euros en viajes para Luis Bárcenas (ex tesorero del PP) y Gerardo Galeote, pendientes de cobro por parte de la trama corrupta.

El contable apuntaba detalles nimios en las relaciones de Correa con el PP. En uno de esos detalles se daba cuenta de la negativa de Unión del Pueblo Navarro (UPN, marca electoral del PP en Navarra hasta hace un año) a pagar a la trama corrupta por un acto electoral. En los apuntes se reflejaba que lo abonaría el PP de Madrid.

(www.elpais.com, 22/12/09)

EL CONTABLE DE LA RED CORRUPTA: "CAJA B ES DINERO NEGRO"

José Luis Izquierdo, contable de la red corrupta bautizada como Gürtel, confesó al juez que llevaba una contabilidad secreta, al margen de las distintas sociedades de la red, donde apuntaba numerosos ingresos cuyo origen desconocía y pagos a políticos del PP. "Caja B es dinero negro", declaró Izquierdo al juez.

Estaba explicando las características de la contabilidad que llevaba por su cuenta de algunos negocios de Francisco Correa, aquellos que generaban dinero negro que se repartía por cajas de seguridad y que servía para pagar sobornos a políticos o para enriquecer a los jefes de la trama con la compra de inmuebles y otros bienes. "Se trata de una contabilidad opaca, independiente de las sociedades, yo soy un mero instrumento de las órdenes que me dan", declaró Izquierdo.

En una segunda confesión al juez, Izquierdo detalló ingresos millonarios procedentes de constructores y promotores inmobiliarios. El contable explicó estos ingresos sobre la documentación incautada por la policía:

15 de febrero de 2002. "Se trata de la recogida de 50 millones de pesetas (300.000 euros) en casa de Plácido Vázquez (propietario de empresas de asesoría). 45 millones se entregaron en un paquete a Correa para dárselos a José Galeote y otros cinco en un sobre a Correa".

19 de febrero de 2002. "Hay una entrega de Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) de 925.560 euros en dos cajas. Junto con la distribución del dinero en cada una de ellas hay siglas. LB interpreto que puede tratarse de Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP) sin tener la certeza absoluta. GG puede tratarse de Gerardo Galeote (ex eurodiputado) sin tener la certeza absoluta".

14 de junio de 2002. "Retirada de 420.708 euros de la casa de Plácido Vázquez, de los que éste se queda con 90.708 euros, otros 120.000 van para L. B., que yo interpreto que puede tratarse de Luis Bárcenas".

6 de septiembre de 2004. "Recibimos 900.000 euros, el origen lo desconozco. 480.000 fueron para Correa; 30.000 fue para cancelar deudas de Benjamín Martín [alto cargo en Arganda del Rey] y Ginés López [alcalde]. Figura una entrega de 90.000 euros a Antonio Cámara [ex secretario de José María Aznar] que fue empleado de Special Events [empresa de la trama corrupta]".

(www.elpais.com, 22/12/09)

RAJOY APRUEBA UN CÓDIGO ÉTICO 'ANTI GÜRTEL', PERO DEFIENDE A CARLOS FABRA

Casi 11 meses ha tardado el PP en aprobar definitivamente un nuevo código ético más duro que el que promovió en 1993. Ana Mato, una persona que ha estado en los equipos de organización del PP desde que José María Aznar llegó a la cúpula del partido en 1990 se ha encargado de elaborar un texto pensado para que no vuelva a haber un caso Gürtel.

Uno de los principales problemas de este escándalo, para el PP, es que Francisco Correa llegó a ser el proveedor prácticamente único de la dirección. Para lograrlo llenó de regalos y atenciones, según consta en el sumario, a buena parte del equipo de organización del PP. Y cuando Génova rompió con él, logró los contratos casi en exclusiva del PP valenciano y allí también llenó de regalos y atenciones a sus responsables, en especial a Francisco Camps, según el auto del juez José Flors.

Con estos antecedentes, Mato presentó y sometió a votación del Comité Ejecutivo -fue aprobado por aclamación con un gran aplauso- un texto que incluye para todos los cargos del partido "la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". Esto supone una clarísima enmienda a la actitud de los cargos del PP que aceptaron regalos de la red Gürtel. Sin embargo, Mato se negó a concretar en qué cantidad se marca "los usos y costumbres sociales".

¿12.000 euros en trajes -lo que recibió Camps según el auto del juez Flors- es un uso social?, se le preguntó. Ella no contestó, y se limitó a señalar que la cantidad permitida la fija "el sentido común", y puso algunos ejemplos. "Unos turrones por Navidad, unas naranjas de Valencia, un vino de La Rioja, un ramo de flores, un regalo de boda, cosas que son normales, regalos no muy caros, costumbres admitidas por todo el mundo".

Para analizar el cumplimiento del código se crea la figura del "auditor interno". Mariano Rajoy ha seleccionado al veterano José Manuel Romay Beccaria, ex ministro de Sanidad. También se encargará de que los contratos del PP, que en un 90% se financia a través de subvenciones públicas, se hagan de manera similar a los de la administración: con un concurso público, al menos tres ofertas y preferencia por la más barata. Hasta ahora, el PP -y el PSOE- eligen a sus proveedores como cualquier empresa privada y no dan explicaciones a nadie de por qué los han elegido.

Aún así, en la excepción hay hueco para evadir esta norma: "En el caso de urgencia justificada, podrá hacerse la adjudicación sin convocar a la mesa". En un partido, donde muchos actos se improvisan, la urgencia es la norma. También se aprobó que habrá una auditoria externa anual que se publicará en la web del PP.

¿Qué consecuencias prácticas tendrá el código? De momento, ninguna. El partido no ha enviado siquiera una comunicación interna para que sus cargos rechacen estas Navidades los regalos demasiado caros.

El código incluye la creación de una "carta de compromisos" que firmarán todos los candidatos del PP y cargos internos, que les obliga a contarle al partido qué bienes e intereses tienen. En ella prometen "actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez".

Sin embargo, el PP mantiene su defensa cerrada de Carlos Fabra, el todopoderoso presidente provincial de Castellón, imputado en varios delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Fabra tiene 600.000 euros en 70 cuentas corrientes distintas que no logra justificar ante Hacienda. ¿Cumple Fabra con esa ejemplaridad de la que se habla en el código?, se le preguntó. "Nosotros creemos en la presunción de inocencia", se limitó a responder Mato, avanzando así que la aplicación del código no supondrá ningún problema para el polémico barón castellonense.

(www.elpais.com, 22/12/09)

LA POLÉMICA DE LOS REGALOS DE GÜRTEL

- Lo que dice el nuevo código ético del PP: "Prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales. Las empresas proveedoras no podrán realizar atenciones a favor de miembros del PP".

- Lo que Orange Market regaló, según el sumario, a altos cargos valencianos que siguen en sus puestos. A Francisco Camps, 12.000 euros en trajes. A Isabel Bas, esposa del presidente, un bolso de Loewe de 780 euros. Al hijo de Camps, un robot de 1.800 euros. A Milagrosa Martínez, presidenta de las Corts valencianas, un reloj de la joyería Suárez de 2.400 euros. A Juan Cotino, vicepresidente, un chaquetón de Milano de 300 euros. A Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, una corbata de 452 euros. En Madrid hubo regalos hasta de coches.

(www.elpais.com, 22/12/09)

EL MUNDO DESCONFÍA DEL NUEVO CÓDIGO ÉTICO DEL PP Y ACUSA A RAJOY DE TENER “MIEDO” A LOS PRESUNTOS CORRUPTOS

El Mundo se ha negado a romperse las manos aplaudiendo el nuevo código ético que ayer aprobó el Partido Popular, y así lo ha expresado en un editorial en el que asegura que lo importante no es el código en sí, sino como se aplica. Aunque asegura que es una buena decisión tener este tipo de documentos en un partido político, son muchas las pegas: que lo presente Ana Mato, que una hora después de la presentación se pacte una moción de censura con dos condenados por corrupción o la falta de aplicación del código ya existente, creado por Aznar en 2003.

“Hay que señalar, en primer lugar, que nos parece correcto que los partidos incorporen este tipo de códigos que imponen unas exigencias éticas más estrictas a los cuadros de los partidos que a cualquier ciudadano, puesto que se entiende que el hecho de dedicarse a la política exige un plus de ejemplaridad”, inicia el editorial de El Mundo. Pero ahí acaban los elogios.

El error de Ana Mato

“Difícilmente puede aspirar el PP a que sus mensajes de regeneración calen en la opinión pública cuando la persona encargada de presentar este código fue Ana Mato, que todavía no ha explicado sus vínculos con la trama Gürtel y por qué aceptó determinados regalos de algún de sus miembros”, sigue el editorial, señalando directamente al Jaguar que Francisco Correa regaló al matrimonio de Ana Mato y Jesús Sepúlveda y al pago de la comunión de su hijo.

“Ya lo dice todo”

En su editorial en vídeo, Pedro J. Ramírez ya incidía ayer en este asunto, señalando que el hecho de que sea Mato la presentadora del texto, “ya lo dice todo”. “Puede que su conducta fuera intachable, pero no lo parece. Debería haber dimitido y no lo ha hecho porque la protegen Arenas y Rajoy”. Además, Pedro J, añade: “Es como lo de la Generalitat Valenciana pidiendo a los funcionarios que no acepten bolsos y jamones, cuando después de que El Bigotes regalara trajes y complementos a sus jefazos, el único que ha perdido el cargo ha sido Ricardo Costa”.

Defensa de Costa

En este extremo también incide el editorial, al señalar que Rajoy pretende que no se repita el caso Gürtel, “aunque sus buenos propósitos tendrían más credibilidad si el PP no se hubiera limitado a saldar este asunto con la cabeza de un chivo expiatorio como era Ricardo Costa, sin responsabilidad en las adjudicaciones de Correa y Álvaro Pérez”.

El miedo de Rajoy

Pero frenar un nuevo Gürtel ser difícil con este código, que es más flojo que el que Aznar impulsó en 1993. Y es que, esa ética anterior “hubiera permitido apartar antes a Luis Bárcenas, exigir explicaciones coherentes a Ana Mato, cesar a los responsables de las contrataciones de Gürtel en Valencia e incluso suspender de militancia a Carlos Fabra”. ¿Y por qué no se hizo? Según El Mundo, porque “Rajoy no ha actuado no por falta de reglamentación sino por miedo a tocar intereses sensibles o a enfrentarse con sectores poderosos del partido”.

(www.elplural.com, 22/12/09)

ANA MATO, SALPICADA POR LA 'GÜRTEL', PRESENTA EL CÓDIGO ÉTICO DEL PP...

Ana Mato y Cospedal presentan el nuevo Código Ético del PPEl Partido Popular contará con un auditor de prácticas internas, cuyo primer responsable será el ex ministro de Sanidad José María Romay Beccaría, y exigirá a sus miembros una carta de compromiso.

Tales son las dos principales novedades del Código de Buenas Prácticas que incorporará el PP a sus estatutos y que presentaron hoy su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su vicesecretaria de Organización y Electoral, Ana Mato, que llegó a conducir un Jaguar que la trama Gürtel regaló a su ex marido, Luis Sepúlveda, implicado en la red de corrupción.

Según explicó Mato, la Carta de Compromiso será una declaración jurada que habrá que realizar antes de acceder a una responsabilidad pública en nombre del PP o bien dentro del partido mismo. El candidato tendrá que asegurar que no existe riesgo de confusión entre su interés privado y familiar y el interés público. Además, hará una declaración de bienes ante el partido aunque el cargo no lo exija.

Igualmente, el militante que aspire al cargo tendrá que firmar un compromiso de integridad, transparencia, responsabilidad, transparencia y ejemplaridad; que comunicar cualquier acción judicial que le implique y pueda acarrear alguna sanción, y que comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías cada vez que sea requerido.

Cospedal precisó que esta Carta de Compromiso será de firma obligatoria de ahora en adelante, pero que los miembros de la dirección la rubricarán también el próximo mes de enero.

A su vez, el Auditor de Prácticas Internas, que, según Mato, ya existe en otras empresas y países, custodiará la Carta de Compromiso de los militantes y exigirá su cumplimiento por sí mismo o en el Comité de Derechos y Garantías.

Por otra parte, la dirigente popular anunció que el PP modificará sus procedimientos de contratación, equiparándolos a los de las administraciones, por lo que se realizarán por concurrencia y con transparencia. Se constituirán mesas de contratación que adjudicarán los trabajos a las propuesta más ventajosa según varios criterios, uno de ellos el económico. Las empresas adjudicatarias no podrán realizar tareas para ningún miembro del partido.

Por otra parte, y como ya advirtió el PP al anunciar su Código de Buenas Prácticas, sus militantes no aceptarán regalos que se salgan de los usos y costumbres sociales. Finalmente, el partido se compromete a someterse a una auditoría externa cada año, que se publicará en su página web

(www.publico.es, 21/12/09)

UN IMPUTADO DEL PP HIZO EL CÓDIGO ÉTICO MUNICIPAL

El código local de buen gobierno, aprobado hace una semana por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y presentado este mediodía por Ana Mato con el objetivo de frenar la corrupción, ha nacido marcado por la paradoja.

Uno de sus cinco redactores, Luis Manuel Partida, representante del PP en la ponencia y alcalde de Villanueva de la Cañada (Madrid), está imputado por presunto soborno. Sobre Partida pende una investigación judicial desde septiembre de 2007 por el llamado caso Porto, una oscura operación urbanística que reportó cuatro millones de euros a Enrique Porto, director general de Urbanismo del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2006.

Según la Fiscalía, la esposa de Partida recibió pagos que procedían de promotores con intereses en Villanueva de la Cañada y para los que Porto efectuaba trabajos privados. Fue el mismo Partida, sostiene el fiscal, "el encargado personalmente de efectuar los diversos ingresos de estas cantidades" en "sus propias cuentas corrientes".

El martes, después de que la FEMP anunciase la aprobación del código y difundiera los nombres de los comisionados de cada partido PSOE, PP, IU, CiU y PAR que habían participado en su elaboración, Público preguntó al PP sobre el asunto. "El juez le ha levantado ya la imputación", respondió primero una portavoz del PP de Madrid citando como fuente al propio Partida.

En realidad, la juez de Móstoles que instruye las diligencias del caso Porto ha levantado sólo la imputación de prevaricación urbanística, una de las cinco que pesaban sobre Partido, su esposa y Porto, entre otros. La magistrada entiende que, al computar suelo rústico protegido los llamados montes preservados para calcular los aprovechamientos urbanísticos de un sector de planeamiento, Partida no prevaricó, es decir, no adoptó una decisión injusta a sabiendas de que lo era.

Pero las restantes imputaciones siguen vigentes: cohecho (soborno), tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad. De hecho, tanto el propio Partida como fuentes de la dirección estatal del PP terminaron por reconocer el miércoles que, en efecto, la imputación por cohecho sigue vigente. "Pero le vamos a pedir a la juez que la levante", dijo Partida, quien sostiene que su comportamiento como alcalde en sus 30 años de mandato ininterrumpido ha sido "transparente" y siempre ajustado a la ley.

El código local, de cumplimiento voluntario, señala, por ejemplo, que los ediles harán públicos sus bienes y retribuciones, algo que ya venía preceptuado por la Ley del Suelo. A la pregunta de si en Villanueva de la Cañada se hacen públicos los bienes de los munícipes, Partida respondió que no. "La Ley [del Suelo] no dice cómo hay que hacerlo, pero la próxima legislatura serán públicos", respondió.

¿Por qué el PP eligió a un imputado para sumarse a la comisión que debía articular el código local de buen gobierno? Sólo en la comisión ejecutiva de la FEMP, el máximo órgano de dirección de la federación municipalista, el PP dispone de diez representantes. Y, de esos diez, sólo pesa imputación sobre Partida.

Pero, según los conservadores, la decisión de que el alcalde de Villanueva de la Cañada se incorporase a la ponencia redactora del código de buen gobierno no fue del partido. "Lo decidió la ejecutiva de la FEMP, y por unanimidad", dice Partida. La FEMP no ha podido aclarar qué habría sucedido si el PP hubiera pedido que ese puesto lo ocupase otro alcalde de sus filas.

(www.publico.es, 21/12/09)

Bájate completo el reportaje de Interviú

EL PP Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONTROLABA FACTURARON MÁS DE 26 MILLONES DE EUROS A LAS EMPRESAS DE CORREA EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA DE AZNAR

• El PP era el principal cliente de Francisco Correa y sus hombres. Las empresas de la trama ‘Gürtel’ facturaron casi 39 millones de euros al partido y a los organismos de la Administración que controlaba, en mayor proporción durante la mayoría absoluta de Aznar.

El Partido Popular era un cliente muy rentable para Francisco Correa. Tanto que el principal imputado en la operación Gürtel facturó en los últimos siete años más de 38 millones de euros a la formación de Mariano Rajoy y a distintos organismos e instituciones públicas controlados por el PP. El grueso del dinero llegó cuando José María Aznar estaba en La Moncloa. Durante el último gobierno popular (2000-2004, con mayoría absoluta), el PP nacional entregó a Correa más de 15 millones de euros por la organización de actos, según los datos de la Agencia Tributaria. A eso hay que sumar los contratos de ayuntamientos, parlamentos y gobiernos regionales controlados durante los años de mayoría absoluta. En total, Correa recibió 26 millones de euros en cuatro años durante el último periodo de Aznar. Y eso en dinero legal. Los informes policiales señalan que algunos actos del PP fueron abonados con más de un 50 por ciento en negro.

El flujo de dinero procedente de Génova –el tesorero era Luis Bárcenas– para Correa se frenó en seco tras la salida de Aznar de la presidencia. Cayó hasta un 80 por ciento. Pero el volumen de ingresos de la red no se resintió. El holding mantuvo un torrente constante de entrada de dinero público hasta el estallido de la operación Gürtel. En los últimos dos años, eso sí, el grueso del dinero llegó desde organismos oficiales de la Comunidad Valenciana: como media, las sociedades atribuidas a Correa recibían 2,5 millones de euros al año en dinero declarado a Hacienda.

Special Events fue durante años la joya de la corona. Ella fue la encargada de organizar los principales actos del PP, varias campañas electorales y hasta la boda de la hija del ex presidente Aznar. Álvaro Pérez, el Bigotes, era el titular de la cuenta del PP y el encargado de tratar con la familia Aznar. La empresa recibió durante los años de mayoría absoluta –además de los 15 millones de euros directos de Génova– 165.000 euros del Grupo Parlamentario Popular –encabezado entonces por Eduardo Zaplana–, un millón de euros de Aena –presidida por Pedro Argüelles y José Eladio Seco en ese periodo–, 267.450 euros del Ayuntamiento de Madrid –dirigido por Alberto Ruiz Gallardón– y fundaciones de la esfera del PP, como Fundescam, presidida por Pío García Escudero, o la Fundación Popular Iberoamericana, que contrataron servicios por 700.000 euros entre ambas.

Nada se escapaba a la red de Correa. En 2001, el consejero de Agricultura de la Xunta de Galicia, Castro Gago (PP), recurrió a los servicios de Special Events. El organismo le encomendó un plan de estudio y coordinación contra el mal de las vacas locas. Special Events –sin experiencia alguna en la materia– subcontrató después varios estudios a científicos y profesionales. Y cobró su porcentaje por la mediación. Al final, la maniobra costó 1,4 millones de euros a los gallegos.

La influencia del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reportó también 728.409 euros a los hombres de Correa. En aquellas fechas, 2002 y 2003, la entidad estaba presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La contabilidad B de la empresa, localizada por la policía, refleja un año después un supuesto pago de 30.000 euros a Álvaro de la Cruz, número dos de la FEMP. La tesis policial contempla esta partida como porcentaje para garantizar a la trama Gürtel la organización de la VII Asamblea General de la entidad. El precontrato ascendía a casi 600.000 euros.

La cuenta de Special Events se redondeó con los contratos que suscribieron con él varios alcaldes populares de la Comunidad de Madrid: Guillermo Ortega (Majadahonda), por 142.000 euros; Bonifacio de Santiago (Las Rozas), por 43.000 euros; y Ginés López Rodríguez (Arganda), por 3.000 euros. Sin embargo, el primer edil que más dinero aportó en un solo ejercicio fue Bernabé Cano, alcalde de La Nucía (Alicante), localidad de poco más de 15.000 habitantes que contrató en 2002 los servicios de Special Events por 524.435 euros. El dinero fue destinado a organizar los Premios Luis del Olmo, pero el Ayuntamiento declaró ante Hacienda el pago de una cantidad mucho menor: 184.702 euros.

Los datos de Hacienda sobre la red empresarial se remontan únicamente hasta el 2000, ya que los delitos fiscales prescriben a los cinco años. Los únicos documentos sobre la contabilidad del grupo de años anteriores a ese año se encontraron ocultos en una caja de seguridad del Banco de Santander en Pontevedra. En ellos, los agentes localizaron apuntes manuscritos sobre al menos 367 actos organizados para el PP; y dedujeron que más de la mitad del dinero por dichos actos, hasta 536.566 euros, se pagó en B.

Entre los principales proveedores aparece ante Hacienda un particular llamado Eduardo Jaussi. También imputado, Jaussi era el encargado de diseñar y construir los decorados para los actos del PP y otros organismos oficiales. El empresario facturó a Special Events 848.923 euros hasta el abandono de José María Aznar como máximo responsable popular, en 2004. La contabilidad legal de Correa muestra gastos anuales de más de 25.000 euros en una joyería y constantes transferencias entre sociedades del grupo. Otro proveedor que figura en la contabilidad de Correa es el restaurador madrileño José Luis, especializado en servicios de cáterin y que fue el encargado de elaborar el menú de la boda de Ana Aznar.

La mayoría de las sociedades del grupo presentan facturas a nombre de Pasadena Viajes, la agencia fundada por el principal imputado. La empresa organizó incluso en 2005 un viaje personal para la familia Aznar, declarado a Hacienda por Famaztella, la sociedad que aglutina los derechos de autor del matrimonio. Fue un leve apunte, ya que el grueso de su facturación se debe al Partido Popular (2.275.043 euros), la Fundación Popular Iberoamericana (415.004 euros) y el Ministerio de la Presidencia, que pagó hasta 912.405 euros a Pasadena. La empresa fue la elegida para organizar los desplazamientos diplomáticos de la cartera controlada entonces por Mariano Rajoy.

La caída de José María Aznar como presidente del Gobierno supuso un descalabro económico para los acusados, tal y como reflejan sus apuntes contables y las declaraciones de Correa. El empresario aseguró al juez Garzón que la elección de Rajoy al frente del PP y un reportaje de interviú sobre sus negocios en Madrid le cerraron las puertas de Génova. Las cuentas de Special Events se resintieron tanto que la sociedad quedó muerta. Pero los ingresos del grupo incluso crecieron. A partir de 2005, la sociedad Orange Market, encargada de organizar actos para el PP de la Comunidad Valenciana tomó el peso de la facturación. Y comenzó a requerir los servicios como proveedores de otras sociedades del grupo, lo que trasladó parte de los dividendos de nuevo a Madrid. La ruptura del grupo con el PP de la capital fue tal que incluso lo llevaron al juzgado para cobrar una deuda. Al final, el problema se resolvió con un acuerdo extrajudicial.

En 2007, la empresa Orange Market declaró unos ingresos brutos de 3,8 millones de euros. Ese mismo año, y según los informes policiales, la misma sociedad percibió otros 2,8 millones de euros en dinero negro por actos organizados para el PP. “Dicha cantidad tiene su origen en una financiación paralela del Partido Popular”, explican documentos judiciales. Con ese dinero se abonaron según la contabilidad, actos en Villarreal, vallas en el metro de Valencia, actos de campaña en Alicante e incluso mítines de Mariano Rajoy. Al año siguiente, los ingresos en B de Orange Market ascendieron, según los mismos documentos, a 3,4 millones de euros.

Las cuentas declaradas ante Hacienda muestran que la mayoría de sus ingresos oficiales procedían de la Agencia Valenciana de Turismo, con más de un millón de euros al año; la Generalitat Valenciana –presidida por Francisco Canps desde 2003–, que gastó hasta 103.094 euros, y el Partido Popular regional, que gastó 872.208 euros en los servicios de Orange Market en el año 2007.

(www.interviu.com, 14/12/09)

El abogado de Ulibarri se querella contra Garzón

Ignacio Peláez denuncia un presunto delito de prevaricación por las grabaciones en prisión de los cabecillas de la trama

El abogado Ignacio Peláez, defensor de un empresario imputado en el "caso Gürtel", ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una querella contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama.

En la querella se recuerda que el 19 de febrero de 2009, el magistrado de la Audiencia Nacional dictó un auto secreto, que prorrogó el 20 de marzo, para ordenar la intervención de las comunicaciones que mantuvieran en prisión Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados, especialmente con José Antonio Rubal, también imputado en la causa.

El letrado querellante denuncia que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".

Peláez, que representa al empresario José Luis Uribarri, indica que Garzón continúo adelante con su actuación pese a que el Ministerio Fiscal le requirió varias veces para que corrigiera dichas conductas ante la manifiesta ilegalidad de las mismas.

En una de las comunicaciones grabadas por orden de Garzón, que trascendió una vez que el pasado mes de febrero se levantó el secreto de parte del sumario, se recoge una conversación entre Peláez y Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, en la que éste dice que cree que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, "se habrá pagado él, de su bolsillo" los trajes.

El mismo día en el que se grabó esa conversación, el pasado 6 de marzo, el letrado también mantuvo una comunicación como abogado con el presunto líder de la trama, Francisco Correa, que habló de que habían salido "unos temas nuevos" sobre el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López.

"Como consecuencia de la ilegítima intervención, se han escuchado y transcrito conversaciones que contienen nuestra estrategia de defensa", afirma la querella, en la que se considera que con la intervención de comunicaciones se ha provocado una situación de indefensión.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/09/abogado-ulibarri-querella-garzon/659216.html

LA FISCALÍA SUIZA INSTA EL ADMINISTRADOR DE CORREA EN EL PAÍS COLABORE CON SUS ABOGADOS

La Fiscalía de Suiza insta a Arturo Fassana, administrador de las cuentas bancarias de Correa en aquel país, a colaborar con sus abogados para defenderse de la comisión rogatoria remitida por las autoridades españolas para averiguar el origen de los fondos con los que cuenta en el país helvético.

La Justicia de Suiza tiene abierto un procedimiento sobre el 'caso Gürtel' debido a la Comisión Rogatoria que enviaron las autoridades españolas solicitando información de las cuentas bancarias que tanto Francisco Correa como su lugarteniente Pablo Crespo tienen en aquel país.

Correa designó un abogado en Suiza para que defendiera sus intereses y éste solicitó la colaboración de Arturo Fassana, el encargado de administrar estas cuentas y que también se encuentra imputado por este caso de corrupción que salpica al PP. Ante su negativa, solicitaron a la Fiscalía Suiza que se pronunciara y ya lo ha hecho.

El Ministerio Público del país helvético insta a Fassana a colaborar con la defensa de Correa para garantizar un proceso con todas las garantías que será el que determine si Suiza facilita o no información a los tribunales españoles. Fuentes jurídicas estiman que Correa podría contar con más de 20 millones de euros en las cuentas que tiene en Suiza.

(www.cadenaser.com, 26/11/09)

EL PP NO PEDIRÁ LA NULIDAD DE GÜRTEL

El Partido Popular anunció ayer su intención de bajar el tono de sus intervenciones sobre Sitel y esperará a que CiU y PNV presenten la proposición de ley que ambos partidos anunciaron el martes en el Congreso para regular las escuchas.

Ayer, no obstante, el asunto siguió dándole a los populares munición para una de las más crispadas sesiones de control al Gobierno de la legislatura. El diputado del PP Carlos Floriano preguntó al ministro del Interior si escucha todo lo que dice y ve todo lo que él hace, en referencia al enfrentamiento verbal a cuenta de Sitel en los pasillos del Congreso la pasada semana entre él y Alfredo Pérez Rubalcaba. "Si le gusta bromear sobre estos temas no está en condiciones de dirigir las Fuerzas de Seguridad del Estado", dijo Floriano.

Rubalcaba defendió la legalidad de Sitel, como ha hecho el Supremo; negó la versión del PP sobre el incidente y añadió: "Les voy a ofrecer a mis compañeros de grupo un consejo: cuando vayáis a hablar con Floriano y González Pons, nunca vayáis solos, siempre acompañados, al menos dos, y con notario". Y sentenció: "Sitel es por Gürtel", en alusión a la portavoz de la Generalitat valenciana que anunció que va a pedir la nulidad del caso.

(www.elpais.com, 26/11/09)

EL RASTREO DEL DINERO DE LA GÜRTEL ALCANZA A 10 PAÍSES

Los investigadores de la trama Gürtel comenzaron en el verano de 2008 a buscar los millones de euros que Francisco Correa y otros miembros de la red sacaron de España para ocultar su verdadera procedencia. Desde agosto del año pasado y hasta mediados de este septiembre, policías y jueces han enviado 24 comisiones rogatorias a un total de 10 países solicitando datos sobre cuentas bancarias o empresas pantalla vinculadas a los imputados.

Los destinos de estas comisiones rogatorias son paraísos fiscales ubicados en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como países pertenecientes a la Unión Europea Reino Unido, Países Bajos y Portugal y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.

La trama urdida por Francisco Correa y Pablo Crespo obtenía importantes beneficios de los contratos que los gobiernos autonómicos del Partido Popular en Madrid y Valencia le adjudicaban por organizar eventos y actos publicitarios. Su otra fuente de ingresos procedía de la especulación inmobiliaria, para lo que también se valían de su relación con alcaldes y concejales del partido conservador.

Ingeniería financiera

A partir de ese momento entraba en juego una complicada ingeniería financiera que permitía borrar el rastro del dinero. Esta práctica incluía la creación de múltiples sociedades por las que poner a circular su botín. Estas tienen su sede en países cuya legislación es tan laxa que facilita las operaciones opacas. Las sociedades tapadera están, a su vez, constituidas por otras sociedades de similar constitución, lo que dificulta enormemente conocer la identidad de las personas que están detrás de las mismas.

El laberíntico recorrido del dinero es tal que los investigadores han solicitado información sobre un mismo grupo de sociedades pantalla a lugares tan dispares como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes.

El contenido de todas las comisiones rogatorias está incluido en los dos tercios del sumario que aún permanecen secretos. Público ha tenido acceso a algunas de ellas. En una fechada el 7 de septiembre de 2009, el juez de Madrid Antonio Pedreira cursó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para facilitar a las autoridades suizas información complementaria que les facilitase la búsqueda de los datos que se les habían solicitado previamente. Así, la comisión rogatoria incluye el nombre, la fecha y el lugar de constitución de cinco sociedades creadas por la red en Panamá entre abril de 2005 y diciembre de 2007.

También adjunta la filiación de Francisco Correa, y la de su primo, Antoine Sánchez, al que el presunto jefe de la trama habría utilizado para desvincularse de las sociedades que la Fiscalía Anticorrupción ya investigaba. En la comisión rogatoria también aparece Pablo Crespo, aún en prisión y segundo en el escalafón de la trama; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, imputada igualmente por Garzón; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Se da la circunstancia de que Rodríguez Quijano fue jefa de Gabinete de Ortega cuando este era regidor de la localidad madrileña.

En otra de las comisiones rogatorias, el juez Garzón solicita información sobre la sociedad Bellavita Holding BV, tal como su historial, socios, capital, domicilio social, administradores, apoderados, relación de empleados, declaraciones tributarias y dirección a la que era enviada su correspondencia bancaria.

Asimismo, el magistrado pregunta si esa sociedad está domiciliada en un centro de negocios. Una respuesta negativa confirmaría que se trata de una sociedad meramenteinstrumental.

Aún queda una decena de países por los que también habría pasado el dinero de la trama de Correa y a los que ni siquiera se ha empezado a enviar los cuestionarios, algunos tan exóticos como Azerbayán, Sri Lanka o China.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son conscientes de la lentitud del proceso de las comisiones rogatorias, aunque el país objeto de la consulta pertenezca a la Unión Europea. En el caso de los paraísos fiscales o de Estados que tienen la corrupción adherida a todos sus estamentos, el éxito de las requisitorias es prácticamente nulo.

A pesar de las dificultades, la Policía y los jueces españoles han recibido ya más de 35 contestaciones a las comisiones rogatorias enviadas. Según las fuentes consultadas, muchas de ellas simplemente transmiten que han remitido a las instancias oportunas del país las peticiones de datos cursadas por los investigadores españoles.

De todos los países a los que se han pedido datos de la trama destaca Suiza, con cuatro comisiones rogatorias enviadas hasta el momento. La primera de ellas no solicitaba información sobre cuentas o sociedades sino la declaración por videoconferencia ante el juez Garzón de Arturo Gianfranco Fasana, Fafa, a quien la investigación señala como pieza clave en el desvío de dinero al exterior para su blanqueo y posterior reingreso en España.

Fafa gestionaba cuentas en Suiza con fondos pertenecientes a Francisco Correa y otros implicados en la trama de corrupción. El mismo Fasana está imputado por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, al sospechar el juez que era miembro activo de la banda de Correa. Finalmente, la videoconferencia no tuvo lugar porque Garzón se inhibió en favor de los tribunales de Madrid y Valencia. Fasana fue detenido en el aeropuerto de Barajas dos meses después. Prestó declaración ante el juez Pedreira, quien lo dejó en libertad por colaborar "estrechamente" en la investigación.

El Supremo alarga el secreto

Precisamente ayer, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, prorrogó por un mes más el secreto del proceso abierto contra el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del mismo partido Jesús Merino. Se trata de la cuarta prórroga de secreto sumarial decretada por este órgano desde que decidiera asumir la investigación a los dos aforados.

Entre los motivos de la ampliación del secreto están las gestiones internacionales que están realizando los investigadores para localizar fondos de Bárcenas y Merino en el extranjero, también a través de comisiones rogatorias que habrían sido cursadas muy recientemente.

(www.publico.es, 20/11/09)

RAJOY ENCOMIENDA A COSPEDAL LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS DEL PP

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha encargado a su secretaria general que supervise personalmente las cuentas del partido para, en lo posible, evitar sorpresas desagradables o tentaciones como las que han quedado al descubierto con la trama Gürtel. Así, desde que se viera obligado a dimitir el extesorero Luis Bárcenas por su vinculación con el citado caso de corrupción, Dolores de Cospedal vigila de cerca cada proceso de contratación que inicia el PP y, especialmente, los pagos que conlleva, según explicaron a este diario fuentes populares.

Los conservadores –que manejan un presupuesto anual que ronda los 80 millones de euros–, han decidido también disminuir su dependencia de empresas especializadas en organización de eventos, después de las consecuncias políticas que les ha acarreado su nefasta relación comercial con Francisco Correa, máximo responsable de la red Gürtel. La explicación oficial es que, favoreciendo que sea un equipo del PP en vez de terceros los que monten grandes eventos del partido–así ha sucedido en la convención de Barcelona– se ahorra dinero y «se gana en independencia».

La dirección popular aprovechó el cónclave que celebró en Catalunya, el pasado fin de semana, para estrenar este nuevo modelo de trabajo basado en la autogestión. El área electoral del partido se encargó del diseño de la convención y hasta de la elaboración de los vídeos que allí se proyectaron, dejando en manos ajenas únicamente la producción y suministro de fondos, decorados y luz y sonido. El equipo de Rajoy, según parece, está bastante contento con el resultado obtenido en Barcelona, por lo que está decidido a que «este modo de organizar actos tenga continuidad en el tiempo, salvo cuando se trate de campañas electorales».

Para afrontar esas campañas, el PP se plantea recuperar las mesas de contratación, esto es, elegir a varios cargos de la organización que compartan con el gerente, Cristóbal Paez, la responsabilidad de seleccionar y facturar a empresas externas. Así se hizo ya en las semanas previas a las elecciones europeas, en junio, cuando el caso Gürtel y las dudas sobre la gestión del entonces tesorero Bárcenas ocupaban gran parte de las páginas de los periódicos.

Es más que probable que el código ético y de buenas prácticas que está preparando la dirección popular, y que será presentado en breve ante la opinión pública, obligue a todas las organizaciones regionales y provinciales del partido a formar este tipo de mesas cuando, en vísperas de campaña electoral o un gran acto político, haya que organizar un concurso para elegir empresas. Según el PP, Rajoy quiere imponer a los suyos unas normas de conducta basadas en los principios de «publicidad y transparencia» a la hora de contratar y, por lo tanto, de poner el dinero del partido en manos de extraños.

Ese código ético que está ultimando la vicesecretaria de organización, Ana Mato, prohibirá a los dirigentes del PP aceptar regalos de aquellas empresas que se conviertan en proveedoras del partido. Al tiempo, se baraja agrupar en un listado a aquellas compañías no consideradas aptas para trabajar con el partido, bien por haber usado las siglas populares en beneficio propio o bien por haber incumplido, en alguna ocasión, la legalidad vigente. O sea, las empresas asociadas a la trama Gürtel, esas que en los últimos años fueron favorecidas por cargos populares que, actualmente, están imputados o salpicados por la causa judicial.

Pero Mato –que está siendo asesorada por Federico Trillo, el responsable del código ético que, en tiempos de José María Aznar, elaboró el PP para contrarrestar el escándalo del caso Naseiro–, está empeñada en ir un poco más allá. Fuentes populares recalcan que se buscan fórmulas para, de ahora en adelante, forzar a todos los dirigentes conservadores a acreditar su patrimonio antes de aceptar un cargo, así como acatar solemnemente las férreas normas que piensa poner sobre la mesa Rajoy, escarmentado por el caso Gürtel. Y a esta ley interna con la que piensa dotarse el PP, hay que sumar el pacto de Estado contra la corrupción que, en las próximas horas, van a ofrecer al resto de fuerzas políticas. Todo con tal de lavar la imagen.

(www.elperiodico.com, 20/11/09)

EL SUPREMO PRORROGA POR CUARTA VEZ EL SECRETO DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL'

El Tribunal Supremo ha prorrogado un mes más, y por cuarta vez, el secreto de las actuaciones en el caso 'Gürtel', en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. Esta nueva prórroga significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Así lo ha acordado en un auto el magistrado instructor del caso en Supremo, Francisco Monterde, quien el pasado 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones.

El magistrado alega que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión. Entre los argumentos, como en los autos de prórroga anteriores, Monterde señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añade, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". "Es necesario continuar manteniendo el secreto total de las actuaciones también para las partes, en los mismos términos", concluye.

También recuerda el magistrado que la prórroga del secreto de las actuaciones no está prevista como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reseñado que tal laguna no impide al juez de instrucción proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección". "Resulta inaceptable -añade- que la prórroga del plazo máximo del secreto sumarial ocasione, por sí sola y sin más condicionamiento, un resultado de indefensión".

El Tribunal Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira.

(www.elpais.com, 19/11/09)

CORTINA PAGÓ LA EXCURSIÓN A VENEZUELA DE CORREA, AGAG Y ARRIOLA ORGANIZADA POR AZNAR

Más de 21 millones de las antiguas pesetas (unos 127.500 euros) se embolsó la agencia de viajes de Francisco Correa, Pasadena Viajes, por organizar un viaje a Venezuela para el asesor estrella de Aznar, Pedro Arriola y el entonces futuro yerno del ex presidente, Alejandro Agag. Aznar les había encargado viajar al país sudamericano para apoyar la candidatura a las elecciones de Irene Sáez, la oponente a Hugo Chávez en 1998, pero no fue el ex presidente quién pagó el viaje, y tampoco lo hizo el PP o el Gobierno: fue la petrolera Repsol quien habría respondido de los gastos.

Cuando en 1998 José María Aznar encargó a Correa que viajara a Venezuela junto a Pedro Arriola y Alejandro Agag para asesorar a la rival política de Hugo Chávez, no se olvidó de recabar también un pagador para la excursión. Según informa El confidencial, los más de 21 millones de pesetas (unos 127.500 euros) que cobró Pasadena Viajes (la agencia del presunto cerebro de la trama no salieron de las arcas del PP y tampoco de las del Estado, sino que Aznar convenció a su íntimo amigo Alfonso Cortina, entonces presidente de Repsol, para que se hiciera cargo de los costes).

Íntimo de Aznar y de Agag

Cortina no sólo era íntimo de Aznar, sino que también tenía una gran amistad con Agag a quien, en la víspera de su boda con la hija del ex presidente en septiembre de 2002 el empresario le ofreció una cena privada de despedida en su domicilio particular.

Reunión con Cortina y Blanco Balín

Según publica el digital, en la primavera del 98, antes de cerrar el viaje, Aznar se reunió con Cortina y con José Ramón Blanco Balín, ahora imputado en la Gürtel. Blanco Balín, presunto testaferro de Correa en la trama corrupta e íntimo amigo del ex presidente, era entonces presidente del comité de Auditoría del Consejo de Administración de Repsol. Aznar les persuadió de la importancia de asesorar a Irene Sáez, ya que la llegada a la presidencia de Chávez podía perjudicar a las inversiones de empresas españolas en Venezuela, entre las que se encontraba Repsol.

De petición a orden

La petición de Aznar habría sido interpretada como una orden por Cortina y Blanco Balín, que contactaron con Correa para cerrar todos los detalles del viaje, y le abonaron los costes de la estancia que aparecen referidos en el sumario del caso Gürtel.

(www.elplural.com, 16/11/09)

LA TRAMA CORRUPTA DE CORREA INGRESÓ 3 MILLONES Y MEDIO A LA CAJA B EN DOS AÑOS

Más de un tercio de los ingresos llegaban de la Comunidad Valenciana

Los años 2006 y 2007 fueron muy productivos para la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa. Los ingresos que registró su caja B, de acuerdo con la documentación requisada por la policía al contable de la red, José Luis Izquierdo, alcanzaron la cifra de 9,8 millones de euros. De ellos, al menos 3,5 millones eran de procedencia valenciana. En efecto, la contabilidad registra casi 2,5 millones procedentes de Valencia: 454.335 euros en 2006, en siete entregas, y poco más de dos millones de euros en 2007, en 20 entregas. Pero también apunta la entrada, en tres entregas a finales de julio de 2006, de 957.300 euros procedentes de Sevilla, donde la trama cobró la comisión ilegal conseguida por la sonorización y el montaje de pantallas para los actos de la visita del Papa a Valencia, que se produjo ese mismo mes.

El contable anotaba las entradas y salidas, que eran autorizadas por Pablo Crespo, uno de los principales personajes de la trama de corrupción, salvo cuando era el propio Francisco Correa, Don Vito en las anotaciones, quien ingresaba o retiraba fondos. La vinculación de Álvaro Pérez con el entramado corrupto vinculado a administraciones del PP resulta evidente en esas cuentas, donde hace ingresos y de donde recibe fondos. Algunos de los movimientos son sistemáticos y se anotan como "sueldo", de 6.000 euros mensuales en 2006 y de 9.000 en 2007. Otros, bastante regulares, hacen referencia a pagos a la madre y a la hermana del gerente de Orange Market e, incluso a la entrega de cantidades destinadas a la compra de apartamentos de Álvaro Pérez en Valencia y Barcelona ("a cuenta de bonus", apunta el contable). Otros movimientos de las cuentas se justifican como viajes de Pablo Crespo a Valencia o Alicante o no se especifica cuál es su destino.

La contabilidad incluye apartados propios dedicados a la cuenta de Álvaro Pérez cuando se instaló en Valencia, entre finales de 2004 y abril de 2005 (abierta con 84.000 euros de provisión de fondos del PP valenciano, según la anotación del contable), a la caja B de Orange Market, a la deuda del propio Álvaro Pérez, al detalle de pagos de Orange Market y al congreso regional del PP de 2002, que registra 90.000 euros cobrados en A y 150.000 efectuados en B. En relación con el PP, la contabilidad incluye una referencia del 26 de enero de 2006 al "acto 21/01/06". Se refiere a un mitin celebrado en la plaza de toros de Valencia en el que intervinieron Mariano Rajoy y Francisco Camps. La trama ingresó en su caja B 110.000 euros por ese acto político.

Por otra parte, la contabilidad revela la actividad de la trama alrededor de la visita del Papa. Así, el 23 de abril de 2006 se registran 2.000 euros para un viaje de Álvaro Pérez a Roma y el 7 de julio, la víspera de la llegada del pontífice, se anotan 10.000 euros entregados a Pablo Crespo para "gastos de producción de la visita del Papa".

Aún hay otra anotación, de octubre de 2007, apenas dos meses posteriores a la final de la Copa del América, que recoge una salida de 23.000 euros como "pago José Osuna / 50% presupuesto gradas Valencia". Previamente, durante las regatas, a finales de junio de ese año, la contabilidad anota una entrega de 18.000 euros en Valencia para la que Pablo Crespo envió a María del Carmen Rodríguez, la esposa del propio Correa.

www.elpais.es 09.11.09

RAJOY VIAJÓ CON LA EMPRESA DE CORREA

El presidente del PP, Mariano Rajoy, disfrutó de un viaje de tres días en Canarias con su familia tras la derrota electoral de marzo de 2004. Ese viaje lo gestionó Pasadena Viajes, la empresa de la trama de Francisco Correa que, como otras empresas de la red Gürtel, era proveedora casi en exclusiva de servicios para el PP. Según publicó ayer la web elconfidencial.com, el viaje fue un regalo para Rajoy de parte del líder de la trama, hoy en prisión incondicional. La información cita "fuentes cercanas a Correa" como origen de la información.

Un portavoz del PP nacional desmintió ayer que se tratara de un regalo de Correa. Fue, dijo, un regalo del partido a su candidato después de la tensión a la que estuvo sometido durante los meses de campaña electoral. El partido hizo el encargo a su proveedor habitual. Sin embargo, el partido no estaba ayer en condiciones de probar o asegurar con certeza que hubiera pagado el viaje. Según esta versión, pocos meses después el PP dejó de contratar con la trama corrupta de Correa. Si no se pagó sería, según la versión del PP, porque después de rotas las relaciones la agencia de viajes no reclamó el importe.

Desde que estalló el caso Gürtel, el pasado mes de febrero, Rajoy ha sostenido que él cortó con las empresas de la trama en 2004. Estas empresas, con Correa al frente, comenzaron a trabajar para el PP a principios de los noventa y acabaron convertidas en los proveedores exclusivos de todo tipo de servicios para el partid

www.elpais.es 03.1109

EL BIGOTES FACTURÓ CASI 100.000 EUROS AL PP EN EL CONGRESO DEL AÑO PASADO

La policía acredita que la trama Gürtel cobró el trabajo en 'dinero B'

Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo negocios en el XVI Congreso Nacional que el PP celebró en Valencia en junio del año pasado. Con su empresa Orange Market, una de las que integraban la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, facturó casi 100.000 euros por dos días de trabajo relacionados con ese evento. El PP de Mariano Rajoy ha negado siempre que Correa y El Bigotes tuvieran algo que ver con el ese acto, que supuso la ratificación de Rajoy como presidente nacional.

El PP de Rajoy negó que Orange Market tuviera relación con aquel acto

La trama corrupta de Correa, que llevaba más de cinco años, según la versión oficial, sin trabajar para la dirección nacional (antes, durante diez años, había organizado todos los actos durante el mandato de José María Aznar) volvió a trabajar con el PP de Rajoy en Valencia, un feudo donde El Bigotes se había instalado en 2004. Allí se había quedado en exclusiva con casi todos los actos del PP en esa región, la organización del pabellón valenciano en Fitur y decenas de pequeños contratos de todas las consejerías del Gobierno de Francisco Camps, quien también ha salido muy salpicado en el escándalo Gürtel por su estrechísima amistad con El Bigotes.

Así, del 20 al 22 de junio de 2008 se celebró en Valencia el XVI Congreso Nacional del PP, que encumbró de nuevo a Rajoy como presidente de esta formación política con el 84% de los votos. Contrariamente a lo manifestado por Rajoy, la investigación del caso Gürtel revela que la trama de Correa hizo caja. No obstante, el montaje escenográfico del evento fue adjudicado a la firma Free Handicap, presidida por Elena Sánchez, esposa del ex ministro de Ciencia y Tecnología y diputado Juan Costa.

Entre la documentación hallada por la policía en los ordenadores de Orange Market, la empresa que dirigía El Bigotes, se encontró un archivo con una hoja de cálculo sobre los servicios facturados en 2008, que lleva el nombre de "COBROS2008bis.xls hoja octubre: Actos".

En ese archivo, según la Policía, "se hace un resumen de los actos que se realizan en 2008 presentando el coste de ellos en dos grandes partidas, una que es Deuda A y otra que es Deuda B" (ésta segunda modalidad está cobrada sin factura ni IVA, fuera de los circuitos legales del dinero).

En el apartado correspondiente a los "últimos actos", aparecen los siguientes apuntes correspondientes al Congreso Nacional:

20-06-2008. "Stand PP congreso... 24.000".

"Stand Congreso sin/presupuesto... 2.800".

21-06-2008. "Fiesta PP congreso... 20.350".

"Catering fiesta... 51.681".

Además, existe otro apunte del 11 de julio de 2008 por 3.200 euros por un vídeo de una cena de Rajoy con militantes en Castellón.

La policía sostiene que esta relación de actos, supuestamente montados por Orange Market, la empresa de El Bigotes, para el Congreso Nacional del PP, reflejan unas fechas, conceptos e importes de los que "no se ha localizado ninguna factura emitida en esas fechas y por esos importes" que les permita deducir que "esas cantidades de dinero que aparecen en esos apuntes formen parte del circuito financiero legal".

Según fuentes del PP, El Bigotes no organizó el congreso, pero la dirección nacional sí le pidió a Camps que montara una fiesta tras la elección de Rajoy, a última hora de la tarde. Y como era costumbre, Camps decidió que se encargara a la empresa de su amigo. No consta que Génova opusiera ninguna resistencia. La fiesta consistió en un stand a la entrada del recinto de la Feria de Valencia donde Rajoy y Camps, ya anocheciendo, dieron unos discursos de agradecimiento a los compromisarios, y después hubo comida y bebida para todos, una manera de evitar que, como es habitual en los congresos, la gente se fugue después de votar.

Después de esa fiesta, Camps contrató unos fuegos artificiales para celebrar la victoria de Rajoy -contra nadie, porque no hubo candidato alternativo-, pero éstos no se le encargaron a la empresa de El Bigotes.

www.elpais.es 02.11.09

LA ORDEN QUE NO LLEGÓ

El PP nacional ha mantenido desde el principio que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa no fue contratada para ningún acto del partido durante el mandato de Rajoy. Pero al menos en Valencia, según la documentación incautada por los agentes policiales del caso Gürtel, se hizo una excepción. La trama, a través de El Bigotes, trabajó el año pasado para el XVI Congreso Nacional.

Tras destaparse el escándalo, el presidente del PP Mariano Rajoy afirmó que su partido había roto relaciones en 2003 con las empresas de la red. Y que el PP lo hizo así, según explicó el propio Rajoy, a raíz de conocer que las empresas de la trama corrupta iban "por algunos municipios del noroeste de Madrid utilizando el nombre de la dirección del partido".

Tras aflorar el caso Gürtel, que ha puesto entre las cuerdas al PP por la cantidad de altos cargos implicados, Rajoy ha explicado que la orden de no volver a contratar con Francisco Correa se la dio al tesorero, entonces Álvaro Lapuerta, y también al entonces gerente del partido, Luis Bárcenas (imputado ahora en el Tribunal Supremo por el supuesto cobro de al menos un millón de euros en comisiones ilegales de Correa). Y que les dio la orden para que éstos la trasladaran a algunas organizaciones territoriales. Aun así, ni en Madrid ni en Valencia se dieron por enterados y, de hecho, contrataron millones de euros con la trama. Los dirigentes madrileños y valencianos del PP han argumentado que la orden nunca les llegó.

El Bigotes era el hombre de Correa en Valencia, donde la trama hacía sus negocios bajo el nombre de Orange Market.

www.elpais.es 02.11.09

RAJOY VIAJÓ A CANARIAS TRAS LA DERROTA DE 2004…¡POR CORTESÍA DE CORREA!

Mariano Rajoy viajó el 19 de marzo de 2004 de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria junto a su mujer y su hijo para pasar tres días de descanso en un hotel de lujo de la zona turística de Maspalomas. Acababa de perder las elecciones del 14-M, las primeras a las que se presentaba como líder del PP. Según el PP fue un regalo del partido como recompensa por su esfuerzo durante la campaña electoral. Del viaje se encargo Pasadena S.L., la agencia de Francisco Correa, el supuesto cerebro de la trama Gürtel y, según revela El Confidencial, el PP nunca pagó la factura. Según ha podido saber El Plural, uno de los imputados en la trama, conocedor de este asunto, lo puso en conocimiento de la Justicia.

Según un portavoz oficial del PP consultado por El Confidencial, el viaje fue encargado “probablemente por orden del tesorero o del gerente”, en referencia a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas respectivamente, que eran los que ocupaban dichos cargos en 2004. “No sabemos si Pasadena le cobró este viaje al PP, pero si no envió la factura, el problema es de la agencia, no nuestro”, añaden esas mismas fuentes.

Ni Rajoy ni el PP pagaron

Sin embargo, ni Rajoy ni el PP pagaron esas minivacaciones. El entorno ce Correa habría confirmado al diario de Jesús Cacho que hay asientos contable que acreditarían el impago de la factura en la documentación sobre las empresas de la Gürtel que se haya en poder del juez Antonio Pedreira. Al parecer, Correa corrió con “todos los gastos de muchos viajes privados que hicieron algunos dirigentes del PP, y eso, antes o después, saldrá a relucir en el sumario”.

"A ver si se restablece del susto"

El Plural ha podido saber que efectivamente, uno de los imputados en el caso, relató ante la Justicia que Correa había abonado este viaje. Según esta fuente, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la supuesta trama corrupta fue el que organizó todo. "A este h.d.p. de Rajoy le vamos a regalar un viaje, a pesar de haber perdido las elecciones, a ver si se restablece del susto", comentó a sus allegados el propio Crespo. Según las fuentes consultadas por este periódico, Rajoy no fue el único dirigente del PP que pudo beneficiarse de este tipo de obsequios y se apunta, además, que podría haber ex dirigentes del partido en su mismo caso.

Rompe con Correa pero permite que siga en Madrid y Valencia

Según Rajoy, en junio de 2004 cortó todo tipo de relaciones con las empresas de Correa cuando el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, le informó de que el empresario utilizaba el nombre del PP para obtener contratos. Sin embargo, permitió que la trama continuara operando en Valencia y en numerosos municipios madrileños y la propia comunidad.

www.elplural.com 02.11.09

EL PP PIDE QUE LOS PERIODISTAS QUE DESVELARON DETALLES DE 'GÜRTEL' DÉN LOS INFORMES

El PP ha registrado en el juzgado de instrucción número 1 de Madrid su escrito de ampliación de la denuncia que ya formularon el pasado 24 de julio por un presunto delito continuado de revelación de actuaciones secretas en el llamado 'caso Gürtel'. En esta ampliación, este partido solicita que los periodistas que han recibido las filtraciones aporten a la causa los informes policiales "que dicen manejar" alegando que esa documentación podría ser "tremendamente efectiva" para "identificar" a los responsables de esas filtraciones.

El Comité de Dirección del PP acordó el pasado lunes hacer esta ampliación de su denuncia argumentando que se siguen produciendo filtraciones sobre cuestiones que aparecen en la parte del sumario cuyo secreto no se ha levantado todavía, según explicó la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal.

En su nuevo escrito, el PP incluye varios artículos publicados en el diario 'El País' sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa en los que, según los 'populares', "hacen referencia expresa" a contenidos de informes policiales o a conversaciones de la causa.

Sin embargo, recalca que esos informes de los que dan cuenta los periodistas no figuran "entre los folios de las actuaciones que se hicieron públicos" el pasado 28 de septiembre de 2009 a través de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantando parte del secreto del sumario.

Por eso, el PP propone como diligencia de investigación que "se acuerde requerir a los periodistas la aportación a la causa de tales informes que dicen manejar, así como de todos los demás documentos vinculados a los que hayan tenido acceso".

Según los 'populares', esa documentación constituye "cuerpo material de los delitos objeto de denuncia" y de los mismos se podrían extraer "determinados datos (fecha de emisión, originales o copias, foliados o no, transmisión por fax, correo...) que ayudarían al total esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan".

"La incorporación de tal documentación a requerir pudiera ser tremendamente efectiva a los fines pretendidos de localizar o identificar a los responsables de las filtraciones", dicen, para recalcar que esas filtraciones requieren una respuesta "energética y efectiva de los tribunales de justicia a fin de procurar erradicar en el menor plazo posibles tales actuaciones".

(www.elmundo.es, 29/10/09)

CORREA INVIRTIÓ EL 'BOTÍN' DE LA VISITA DEL PAPA EN NEGOCIOS CON EL EX SOCIO DE AGAG

El informe policial del caso Gürtel sobre los negocios de la trama corrupta durante los actos de la visita del Papa a Valencia -se cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales- acredita que buena parte del dinero fue a parar a una de las sociedades de inversión inmobiliaria del líder de la red, Francisco Correa.

Jacobo Gordon, imputado en el caso Gürtel y ex socio de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, es el empresario que defendía los intereses urbanísticos de Correa y con el que compartía la propiedad de varias sociedades. Entre ellas, Parque Logístico Montalvo, la sociedad a la que la trama corrupta derivó parte de los beneficios obtenidos durante la visita del Papa.

La documentación incautada por la policía a la trama corrupta acredita que Pablo Crespo, principal lugarteniente de Francisco Correa, ingresó en la caja B del grupo 951.300 euros entre el 22 y el 30 de junio de 2006. Sólo cinco días después, según la contabilidad interna de la red Gürtel, por orden de Don Vito (apodo con el que el contable José Luis Izquierdo registraba las instrucciones de Francisco Correa) se entregaron 600.000 euros a Jacobo Gordon. Dos días después, Don Vito entregó otros dos sobres por 60.000 euros a Gordon con la referencia "Montalvo".

El juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, interrogó en la Audiencia Nacional a Jacobo Gordon sobre estos apuntes. El imputado explicó así el significado de la referencia Montalvo: "Es la sociedad a través de la cual formalizamos opciones de compra de suelo con los propietarios". Se refería Gordon a la adquisición de terrenos para un polígono industrial situado a 50 kilómetros de Tarancón (Cuenca) y que, según su confesión ante el juez, supuso un fracaso. "Es un proyecto que lleva muerto, bueno, paralizado, casi dos años o año y medio".

Gordon formaba parte de la sociedad Parque Logístico Montalvo por el pago de una supuesta deuda de Correa. "Yo desarrollé unos trabajos para el señor Correa y por diferentes razones no salió ninguno y nunca me pagó. Yo no tenía intención de seguir haciéndole el trabajo y, entonces, en Montalvo me dijo que me pagaría en acciones. Yo tengo ahí creo que un 15% o un 10% de esa sociedad", explica Gordon.

Otro de los apuntes de la caja B de Correa recoge un pago de 200.000 euros a la sociedad inmobiliaria Castaño Corporate, también dirigida por Gordon. Esos 200.000 euros también son parte de los beneficios cosechados por el acto del Papa, en el que la red Gürtel actuó como intermediaria para que el montaje de la sonorización y equipos de vídeo se adjudicara por 6,4 millones de euros a Teconsa, una constructora leonesa con la que mantenía relaciones. Los costes de los trabajos de sonorización y montaje de pantallas de vídeo no llegaron ni a la mitad de lo que pagó por ellos la Radiotelevisión Valenciana, dirigida entonces por Pedro García, un íntimo amigo de los jefes de la red corrupta, a quien regalaban trajes de la tienda donde se vistió también el presidente valenciano, Francisco Camps.

Castaño Corporated es, según explicó Gordon al juez Garzón, una sociedad para hacer negocios urbanísticos que se creó a finales de 2005, sólo unos meses antes de la visita del Papa.

"Había una oportunidad en Getafe (Madrid)", recuerda Gordon, "con una parcela grande para hacer 300 viviendas. Hablé con una empresa, Procasa, con la que tengo cierta relación, y les interesa, pero la operación es muy grande y me dicen que están dispuestos a ir con el 50%, y me dicen que encuentre a alguien que invierta el otro 50%. Se lo comento a Correa y trae a Provinsa como inversor y, además entramos nosotros mismos con el 20%, creando una nueva sociedad que se llama Castaño".

Durante su declaración ante Garzón, Jacobo Gordon reconoció que en ocasiones Correa le llevaba dinero en efectivo: "En una ocasión, 300.000 euros o así, pero yo siempre le daba recibo. Lo llevaba a mi despacho, yo le firmaba un recibo".

(www.elpais.com, 26/10/09)

LA CÚPULA DEL PP SEÑALA A ZAPLANA

Ocho meses. Ese es el tiempo que el PP lleva buscando enemigos externos para dar respuesta al caso Gürtel. Primero fue el juez Baltasar Garzón, después el ex ministro Mariano Fernández Bermejo y su cacería, a continuación "las escuchas ilegales" de Interior y, tras eso, la "doble vara de medir" de la Fiscalía. Todo un "complot" que terminó desembocando en una nueva "teoría de la conspiración".

El 11 de febrero, Rajoy salió en Génova, rodeado por la plana mayor de su partido, para defender el honor de los suyos: "No hay una trama del PP, hay una trama contra el PP". Y algunos dirigentes conservadores creen que, a lo mejor, no hace falta salir de casa para dar con el adversario. Es otra vuelta de tuerca. Más fácil que la de aplicar medidas contundentes.

Hay quien cree que las heridas del Congreso de Valencia no han cicatrizado. Y que, aunque las elecciones gallegas y las europeas concedieron un respiro al líder del PP, los críticos siguen en pie de guerra.

Todo lo ocurrido en la Comunidad Valenciana en estas últimas semanas ha desenterrado viejos fantasmas. Para más de uno detrás de todo lo que le está ocurriendo a Francisco Camps se oculta la mano de Eduardo Zaplana, su antecesor en el cargo. Algunos recuerdan que el odio entre ambos es evidente y creen que el ex ministro no ha olvidado cómo, desde que dejó su tierra en 2002, Camps se encargó de aniquilar a sus fieles.

No sólo los campistas han sembrado las sospechas. También algún que otro miembro de la dirección nacional ha sucumbido. En las filas conservadoras cuentan que Zaplana ha mantenido reuniones con Rubalcaba y Juan Costa, hermano del ex secretario general valenciano. Y atan cabos. Dan por hecho que con el dirigente socialista habló de la situación en su partido y del informe policial que apunta a la financiación ilegal del PP valenciano. Con el segundo, orquestó la estrategia de defensa y resistencia de Ricardo Costa, que no dimitió de su cargo hasta que Rajoy se lo exigió a Camps por las malas. "No me extrañaría que estuviera enredando", comenta un diputado.

Pero Zaplana, que ahora es delegado para Europa de Telefónica, no ha querido entrar a desmentir ni a confirmar estas afirmaciones. En su círculo aseguran que está fuera de la política porque "así lo decidió" y que quiere seguir así. En cualquier caso, si esos dos encuentros se hubieran producido, responden a la "amistad" que mantiene con ellos desde hace mucho tiempo. Defienden que él está asistiendo a todo lo que está pasando no como actor sino como espectador, "dolido" por la crisis de su partido. Un dirigente que le conoce bien se ríe de lo que él califica de "delirio": "Ya sólo falta que digan que Zaplana controla a la policía de Rubalcaba".

Pero lo cierto es que en las últimas semanas ha vuelto a reaparecer y con más fuerza que nunca. El 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, asistió a una crispada celebración institucional. Allí pronunció las únicas palabras que le ha dedicado al caso Gürtel en público. "Espero que todo el mundo tenga claro que los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana están por encima de cualquier otro interés", señaló ante los periodistas. Y expresó su deseo de que el PP actúe: "Ustedes saben perfectamente que, al margen de discrepancias, deseo fervientemente que mi partido actúe como siempre ha hecho para que sus militantes puedan seguir sintiéndose orgullosos de contar con un partido como este". Para algunos su respuesta fue diplomática, otros lo interpretaron como un toque de atención. La mayoría coincide en que, en cualquier caso, Zaplana no quiso "hacer sangre".

Poco después volvía a ser noticia por unas declaraciones sobre la reforma de la ley del aborto. Zaplana afirmó que él apuesta por "una regulación de plazos lo más limitada y pequeña posible" que permita "el derecho de una mujer a poder abortar".

Zaplana añadió que cuando su formación llegó al poder "no cambió" la Ley del Aborto porque "es normal" que un nuevo Ejecutivo "no se ponga a revisar" todo lo que hizo el anterior. Sus palabras sentaron mal en el núcleo duro del PP y también entre miembros del Grupo Popular.

El ex ministro hablaba sobre ese asunto como tertuliano. Desde que arrancó el nuevo curso político, participa en algunos coloquios de Esradio con Luis Herrero. El pasado 7 de septiembre instalaba una máxima: "Yo lógicamente no voy en estos momentos a opinar sobre mi partido. Yo siempre diré que lo que hace me parece bien, en genérico, y no entraré en detalles".

Y es que su resistencia a hablar se ha ido relajando con el tiempo. Además de mostrar abiertamente su postura sobre el aborto, también presumió hace unos días de que fue el primer presidente de una comunidad autónoma en regular las uniones de hecho.

Y también se vuelve a hablar de Zaplana porque sus fieles están aprovechando la debilidad de Camps para volver a plantarle cara. El reducto zaplanista, liderado por José Joaquín Ripoll, trata de ganar peso territorial. El presidente de la Diputación de Alicante fue uno de los primeros en exigir "medidas" para afrontar el caso Gürtel y reclamar rapidez para quitar "las manzanas podridas" en el PP.

En el partido en Valencia algunos creen que los zaplanistas quieren cobrarse su venganza. Aún recuerdan como en diciembre de 2008 los campistas presentaron una candidatura alternativa a la de Ripoll como presidente provincial. Al final éste ganó sólo por cinco votos. Por eso ahora creen que están "haciendo palmas con todo lo ocurrido".

En el PP valenciano creen que lo único bueno que puede salir de toda esta historia es que las relaciones de Zaplana en la Comunidad se normalicen porque hasta ahora estaba "vetado" por Camps. "A lo mejor ahora los empresarios vuelven a invitarle a los actos", apuntan.

(www.publico.es, 26/10/09)

Botella: “Si, yo creo que sí [la Gürtel se está convirtiendo en una pesadilla]”

“Mi hija y mi yerno están tranquilísimos. Estamos acostumbrados a las calumnias”, afirma Ana Botella, preguntada por la periodista Virginia Drake en el diario ABC en su edición de hoy. Botella se defiende así de las alusiones del sumario Gürtel respecto a miembros de su familia. Se trata de su propio esposo, el ex presidente del Gobierno, José María Aznar -quien según subraya Botella que también está “muy tranquilo”- y de Alejandro Agag.

La esposa de Aznar confirma su relación con Álvaro Pérez el Bigotes, aunque asegura que esa relación fue “muy pequeña”. Niega asimismo que se hubiera “enamorado de él en el buen sentido”, contradiciendo de este modo la declaración del número 1 de la trama, Francisco Correa. En todo caso, el Bigotes fue el principal colaborador logístico de Aznar durante su época de presidente.

La boda: volvería a ser igual
Era pues uno de sus hombres de confianza. Recuérdese que el introductor de Pérez en el ámbito Aznar-Botella fue Agag, siempre a tenor de lo que narra el sumario. Por otra parte, muchos indicios apuntan a que el Bigotes pudo ser el organizador o uno de los organizadores de la magna boda escurialense, de la que tan satisfecha se muestra en la entrevista Botella, a pesar de los numerosos invitados que ahora han sido imputados judicialmente. La madre de la entonces novia dice ahora que volvería a celebrar el matrimonio de su hija “de igual modo y en el mismo lugar”.

"Sí", una pesadilla
Afirma Botella afirma que ella y su familia están muy tranquilos. “Pero cuando se le pregunta si la trama se está convirtiendo en una pesadilla” –puntualiza la entrevistadora-, la mujer de Aznar contesta: “Pues sí, yo creo que sí”. En todo caso, Botella aprovecha una sentencia favorable respecto a una denuncia de Aznar cuando circulaba el rumor de que se habría separado de Botella por presuntas infidelidades conyugales de él, para advertir: “Quieren destruirnos”. Evidentemente no se refería Botella sólo al caso de la no probada infidelidad de su marido, sino al caso Gürtel, su pesadilla.

www.elplural.com 25.10.09

FISCALES Y ABOGADOS, ENFRENTADOS POR EL 'CASO GÜRTEL'

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, expresó ayer su apoyo a las fiscales del caso Gürtel y lamentó que se ponga en tela de juicio su actuación en la persecución de graves delitos. La asociación respondió así al anuncio del Colegio de Abogados de Madrid de que presentará una querella contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales del caso Gürtel por la intervención de las comunicaciones mantenidas en prisión entre Francisco Correa y los demás implicados en la trama corrupta con sus letrados.

La Asociación de Fiscales lamentó que se ponga en tela de juicio "la actuación de las instituciones del Estado en la persecución de conductas presuntamente constitutivas de delitos graves, y en el intento de recuperar lo que, al parecer, pueden ser cantidades importantes de dinero defraudado a las administraciones públicas y, en definitiva, a todos los ciudadanos".

Por su parte, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid calificó la intervención de las conversaciones de los imputados en la trama Gürtel como "intolerable para el derecho de defensa" y se quejó a los presidentes del Poder Judicial, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Madrid y al fiscal del Estado.

El Colegio autorizó la presentación de una querella contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales del caso Gürtel por delitos de prevariación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Es la primera vez que el Colegio de Abogados se querella contra un juez y sólo se recuerda que ejerciera la acusación en el juicio por los asesinatos de los laboralistas de Atocha. En casos de asesinatos de abogados por ETA, como Fernando Múgica y Fernando Buesa, el decano del Colegio de Madrid, a la sazón Luis Martí Mingarro, representó a sus respectivos colegios.

(www.elpais.com, 22/10/09)

LA POLICÍA DETALLA AL MENOS 15 COBROS EN 'NEGRO' DE ERASO

El presunto comisionista Eduardo Eraso -acusado por la Policía de ser el enlace que colocaba en Suiza las comisiones irregulares cobradas por la red Gürtel- habría recibido de la trama dirigida por Francisco Correa al menos 15 entregas de dinero negro por sus servicios entre 2002 y 2005, según detalla el sumario, aunque podrían ser bastantes más. Por ese motivo está imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. EL MUNDO localizó ayer a Eraso, que aseguró que las inculpaciones contra él que sostienen los informes policiales son falsas y que así lo acreditó cuando declaró ante el juez Baltasar Garzón el pasado 30 de marzo.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) argumenta en un informe fechado el 23 de marzo -una semana antes de la declaración del supuesto comisionista en la Audiencia Nacional- que «Eraso recibiría dinero directamente de las comisiones percibidas por la organización como consecuencia de la intermediación para la adjudicación de proyectos o servicios a empresas afines por parte de las distintas administraciones, que [Eraso] se encarga de remitir [los fondos] a las sociedades Rustfield o Windrate».

Rustfield y Windrate son dos de las empresas que, según la Agencia Tributaria, formarían parte de las estructuras de blanqueo diseñadas por el experto financiero Luis de Miguel para desviar los fondos obtenidos de manera ilícita por Correa.

Según la Policía, Eraso sacaba ese dinero de España a través del llamado sistema de compensación: buscaba personas con cuenta en Suiza que deseasen invertir en España y les entregaba en nuestro país los fondos en mano y en metálico, y esos inversores realizaban luego una transferencia a la cuenta que tenían abierta en Ginebra las sociedades de Correa. Por esa mediación, Eraso percibiría una comisión en metálico del 1,5%. EL MUNDO publicó ayer que, sólo en 2004, habría recibido 270.000 euros, lo que significaría que habría lavado hasta 18 millones de euros de la trama.

La sociedad Rustfield, domiciliada en Londres, pertenece a su vez a la empresa Pacsa -acrónimo, según la Policía, de Paco Correa Sánchez-, cuya sede está en el paraíso fiscal de la Isla de Nieves. Pacsa recibiría el dinero en su cuenta de Suiza y lo transferiría a Rustfield, que a continuación suscribiría ampliaciones de capital de las firmas de Correa en España Inversiones Kintamani y Caroki -que sería el acrónimo de Carmen Rodríguez Quijano, la esposa de Don Vito-.

El dinero, ya blanqueado por este sistema, se reinvertiría en propiedades en nuestro país: casas en Las Rozas de Madrid, Sanchinarro, Málaga, Marbella, Sotogrande y Tarifa, e incluso un yate.

Una estructura calcada blanquearía el dinero a través de Windrate. La sociedad matriz sería, en este caso, Fountain Lake, domiciliada también en Nieves. Los fondos fluirían de manera opaca desde la cuenta de esa empresa en Suiza hasta Windrate, con sede en Londres, que a su vez suscribiría ampliaciones de capital de las firmas de Correa en España.

Las 15 entregas de dinero detalladas en el sumario que habría recibido Eraso se reparten en una horquilla de tiempo que abarca desde abril de 2002, la primera, y septiembre de 2005, la última. Precisamente en ese mismo mes y fecha Francisco Correa dejó de trabajar con el experto financiero Luis de Miguel y comenzó a hacerlo con el ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín.

Todos esos apuntes se contienen en el pen drive que le fue intervenido al contable de Gürtel, José Luis Izquierdo, en el registro policial del piso que la trama tenía en la calle de Serrano de Madrid. El primero se refiere a la distribución de una supuesta comisión irregular de 537.340 euros que habría realizado en abril de 2002 el constructor Alfonso García Pozuelo, presidente de Hispánica, presuntamente beneficiado por adjudicaciones en municipios controlados por Correa.

De ese dinero, se habría entregado un sobre con 120.200 euros a Eraso, y otro de 2.400 como comisión. La mayor entrega se produjo en marzo de 2004: 650.000 euros, de una supuesta comisión de 1.018.000 euros bajo la rúbrica «cobro sin referencias».

La mayoría de los apuntes se presentan con el título «envío por Eduardo Eraso» en una cuenta denominada «Barclays Rustfield».

(www.elmundo.es, 20/10/09)

EL BLANQUEADOR DE CORREA

Entre 1995 y 1996 (año de la victoria de Aznar), Francisco Correa Sánchez montó una estructura empresarial en paraísos fiscales a través del despacho de Luis de Miguel Pérez y Asociados.

El objetivo estaba muy claro: ser invisible a la Hacienda pública. En el informe de la Agencia Tributaria (4 de febrero de 2009) que figura en el sumario, se dice textualmente: «Francisco Correa no ha presentado declaración de IRPF desde 1999, no ha percibido rendimientos de ningún tipo como pudieran ser rendimientos de trabajo, de capital, mobiliarios o inmobiliarios o de actividades económicas; tampoco se advierten alteraciones patrimoniales. No consta como socio o administrador de sociedades. Únicamente figura como autorizado de las cuentas bancarias de una sociedad, FCS, Formación Comunicación y Servicios, cuyas tres primeras siglas de su denominación corresponden a las primeras letras de su nombre y apellidos. FCS es una sociedad carente de actividad económica. El señor Correa es titular desde 1999 de un piso y una plaza de parking en la calle Húmera número 46 de Madrid».

A la luz de este párrafo podemos afirmar que, efectivamente, Correa logró su objetivo: fue invisible a Hacienda durante 10 años.

Pero en esos dos lustros logró amasar una fortuna que, según fuentes cercanas a la investigación, supera los 34 millones de euros.

¿Cómo funcionaba esa red exterior? Una serie de sociedades, fundamentalmente: Kintamani, Karoki (que se corresponde también con el nombre y apellidos de su segunda mujer, Carmen Rodríguez Quijano), Osiris y Hator, radicadas en el extranjero, invertían en España en el capital de las empresas que constituyen la red de Correa. Éstas se dedicaban a organizar actos y viajes para el PP, como Special Events, Orange Market, Good and Better, Pasadena Viajes, etcétera. Además de ser las nutridoras de capital de las empresas que sí tenían actividad, dichas sociedades patrimoniales invertían en España, en Miami o Colombia en inmuebles y en objetos de lujo, como yates.

La técnica consistía en colocar unas sociedades detrás de otras para ocultar a su verdadero propietario. Osiris, por ejemplo, estaba participada mayoritariamente por la holandesa Clandon, que, a su vez, estaba participada por Lubag NV, domiciliada en Antillas Holandesas.

De esta forma, Correa no aparecía nunca como accionista de sus empresas.

La red exterior también nutría de fondos a otras sociedades (como Golden Chain, Almenara o Chalmi) que tienen cuentas en bancos suizos. Al margen del despacho de abogados español, el arquitecto de la trama es Arturo Fasana (conocido por Correa y su gente como Fafa). Fasana es un conocido gestor que, a través de Rhone Gestion, mueve fondos por un total de 2.500 millones de euros, procedentes de cuentas en Ginebra del banco Credit Suisse.

A partir de 2003, según relata el informe de la Agencia Tributaria, aparece una nueva sociedad con domicilio en Gran Bretaña: Rustfield Trading. A partir de esa fecha, otra empresa fantasma, domiciliada en Nevis (islas del Caribe) y llamada Pacsa -de nuevo a Correa le pierde el ego, ya que su denominación se corresponde con su nombre y apellidos, Francisco (Paco) Correa Sánchez-, se convierte en la cabecera de toda la red exterior oculta a Hacienda.

Detengámonos un momento en el dinero que movían estas sociedades en el extranjero. Según fuentes de toda solvencia, Kintamani tiene un patrimonio superior a 10 millones de euros (constituido por inmuebles en Las Rozas, Sanchinarro, Málaga, Marbella, Sotogrande y Tarifa). Dichos inmuebles estaban, en su mayoría, alquilados.

Karoki tiene un patrimonio de unos 4,5 millones de euros, constituido por una embarcación y una vivienda en Sotogrande.

Osiris posee un patrimonio similar, de unos cinco millones de euros, constituido por viviendas en Ibiza, Sotogrande y la embarcación Montecristo (a nombre de la sociedad gibraltareña Blue Horizon).

Hilgart Investment es, a su vez, propietaria de cuatro condominios en Miami, valorados en unos tres millones de dólares.

Hator es una pequeña sociedad, con un capital social de 100.000 euros, cuyos activos los constituyen acciones de Orange Market e Easy Concept.

Además, Correa es propietario de un apartamento en Cartagena de Indias, valorado en 500.000 dólares, y dispone de diversas cuentas en bancos domiciliados en Ginebra: dos en Merrill Lynch (de las sociedades Chami y Almenara) y otras dos en Credit Suisse. En dichas cuentas, Correa tiene unos 12 millones de euros.

Todo ese dinero procedía, según los informes de la Udef, de las comisiones que cobraba Correa en la recalificación de terrenos (sobre todo de los municipios cercanos a Madrid), y, por otro lado, del dinero negro que pagaban los empresarios para financiar los actos del PP, que se ingresaba directamente en la caja B localizada en la contabilidad secreta de sus empresas, gestionadas desde un piso de la calle de Serrano.

Así pues, el dinero negro obtenido de forma ilegal salía de España, recalaba en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales y volvía en gran parte a España blanqueado a través de inversiones inmobiliarias.

¿Cómo se sacaba el dinero de España?

Se hacía por el sistema de compensación. Alguien quiere invertir en España desde Suiza. Correa le facilita el dinero en metálico en España y el inversor, desde su cuenta en Suiza, le transfiere la misma cantidad a Correa en otra cuenta en Suiza.

¿Quién era el encargado de hacer la compensación? Según la Policía, Eduardo Eraso Campuzano, imputado en la causa por blanqueo de dinero.

Eraso cobraba el 1,5% del dinero que compensaba y que ingresaba en las cuentas de Rustfield, manantial de Pacsa y, por tanto, de toda la red exterior de Correa.

Eraso hizo ese trabajo, al menos, desde 2002. En una anotación de la contabilidad B, con fecha 6 de septiembre de 2004, puede leerse: «270.000 euros entregar a E. Eraso». En 2005 también aparece: «Entregas a E. Eraso 30.000 euros», con la especificación: «Para transferencia a Rustfield».

Eraso pudo, según la Udef, haber transferido al extranjero de forma ilegal decenas de millones de euros en pocos años. Sólo en 2004, habría sacado de España 18 millones de euros. No está nada mal.

(www.elmundo.es, 19/10/09)

TODAS LAS CLAVES DE LA CAJA NÚMERO 52

Las investigaciones policiales y judiciales comienzan a desenredar la madeja económica montada por Correa y a contabilizar el dinero que movieron los hombres de don Vito. La caja de seguridad número 52 que tenía Pablo Crespo, socio de Francisco Correa, en Caja Madrid y en la que figuraba una serie de nombres en clave como Chiquitín, Cial, Gibr, Ibiza, Benj y Venere, empieza a arrojar luz: sobornos a políticos, barcos, residencias de lujo y millones de euros, dólares y francos suizos en el extranjero gestionados por dos testaferros.

Entre esos alias o nombres en clave figuran, según las investigaciones de los agentes de la Udef, políticos del PP, operaciones inmobiliarias y la adquisición de un barco en Italia por parte de Correa. La mayoría de esas operaciones fueron gestionadas por los testaferros del grupo en el exterior, el suizo Arturo Fasana y el norteamericano Randall Lew.

EL MUNDO publicó el pasado lunes que con las notas y apuntes encontrados en esa caja 52 la Agencia Tributaria pudo determinar el sistema que utilizaba la organización de Correa: «Una serie de sociedades constituidas en el Reino Unido y Holanda, que a su vez estaban participadas por entidades domiciliadas en las Islas del Canal y en Las Antillas Holandesas […], que se han utilizado como vehículo de entrada de fondos de las sociedades patrimoniales ubicadas en España»,

En esa caja 52 también había dos apuntes contables del Credit Suisse de Ginebra por un «valor liquidativo» de 15.421.767 euros y 6.745.872 francos suizos.

Pero las gestiones económicas realizadas por Arturo Fasana (Fafa) y Randall Lew (Ran) para Correa y sus amigos fueron más y mucho más cuantiosas. Los policías de la Udef están convencidos de que la anotación Benj. que aparece en la caja 52 corresponde al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco. Se da la circunstancia de que este dirigente del PP, que recientemente ha sido apartado del Grupo Popular, tiene un ingreso en sus cuentas personales en julio de 2005 de 150.000 euros; la misma cantidad y fecha que aparece en los apuntes que Crespo tenía en su caja de seguridad. La gestión de esos 150.000 euros fue realizada, según los apuntes contables, por Arturo Fasana, Fafa.

El siguiente apunte que figura en la misteriosa caja corresponde a la palabra Venere y está acompañado de una cantidad de 255.000 dólares. Se ha podido averiguar que esa cifra y ese nombre en clave corresponden al modelo de un barco de la marca Riva que Correa adquirió en Italia y al que le puso bandera inglesa para no pagar el correspondiente IVA.

El barco es un Riva modelo Venere 75, de 22 metros de eslora, con un precio de tres millones de euros. Correa puso a la venta el Venere 75, y los 255.000 dólares corresponden a uno de los pagos que efectuó el nuevo propietario, Javier T.

Las anotaciones Gibr. e Ibiza, con cantidades de 491.803 y 450.000 dólares, corresponden a una serie de desembolsos que realiza Correa desde sus cuentas y sociedades en el extranjero para la compra de propiedades en Sotogrande y en Ibiza.

Los movimientos económicos que figuran junto a la anotación Gibr. se llevaron a cabo a través de la gestión de Ran, el testaferro norteamericano, y el de Ibiza por medio del suizo Fafa.

En los informes y estudios de Hacienda también figura que Correa tiene varias propiedades en Sotogrande y dos amarres en su puerto deportivo. Con respecto al patrimonio de don Vito en Ibiza, los inspectores de Hacienda reflejan la «compra de un inmueble en Punta Grosa, cala San Vicente (Ibiza)».

Los movimientos de Correa a través de Gibraltar se hacen con la gestión de Fafa y por medio de las sociedades Kintamani y Caroki. Los agentes de la Udef llegaron a localizar diversos movimientos desde Gibraltar a España por valor de 700.000 y 135.000 euros.

Sobre las anotaciones Chiquitín y Cial que aparecían en la caja número 52 de Crespo, los agentes de la Udef y de Hacienda continúan con serias dudas. Fuentes cercanas a Correa han indicado a EL MUNDO que la anotación Chiquitín: 12.000.000, puede corresponder a fechas anteriores a la formación del Grupo Correa, y que Radin sería un gestor que Correa utilizó en su primera etapa, entre 1996 y 2000. Por lo que respecta a la anotación Cial y a la cantidad 405.256 dólares, los agentes de la Udef consultados por este periódico se inclinan por señalar que puede ser el diminutivo de Comercial y referirse a algunas de las últimas operaciones realizadas por Correa.

Fuentes próximas al entramado del grupo también han señalado a este diario que «a Correa le entró la fiebre de comprar e invertir en el extranjero después de que el PP perdiera las elecciones de marzo de 2004». A esos años y actividad puede corresponder la anotación Amp Capital…1.825.265…Fafa, que también figura en la contabilidad y notas de la caja número 52. Antes de la detención de Correa (6 de febrero de 2009), los hombres de don Vito estaban llevando a cabo inversiones en Senegal y Uruguay.

(www.elmundo.es, 19/10/09)

La fiscalía pide la libertad bajo fianza para Antoine Sánchez

El primo de Correa, imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad, es uno de los tres dirigentes de la trama Gürtel encarcelados

La fiscalía ha pedido libertad bajo fianza para Antoine Sánchez, uno de los tres encarcelados por la trama corrupta -junto al cabecilla, Francisco Correa, y su lugarteniente, Pablo Crespo-. Antoine Sánchez, primo de Correa, estuvo empleado en varias de sus empresas y está imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad.

a petición de la Fiscalía fue formulada la semana pasada al instructor encargado del caso, Antonio Pedreira, que deberá tomar una decisión en los próximos días, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Anticorrupción considera que Sánchez no estaba tan implicado en el entramado empresarial de la red como los otros dos encarcelados y no se le acusa de los mismos delitos.

600.000 euros de fianza

La fiscalía pide una fianza de 600.000 euros para el número tres de la red corrupta por la falta de arraigo, dado que es de Senegal. El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha precisado que la petición de libertad se basa en las circunstancias que rodean la actuación de Sánchez dentro de la trama, el tiempo que ha transcurrido en la prisión y los delitos que se le imputan.

Desde que el pasado mes de febrero fue detenido, Sánchez permanece en la prisión de Soto del Real (Madrid). Fue administrador de la constructora Catalunya Nord Recor y de Inversiones Kintamani. Si se decreta su puesta en libertad, de la trama Gürtel sólo quedarían en la cárcel el propio Correa y el ex secretario general del PP en Galicia Pablo Crespo.

De acuerdo con los informes policiales incluidos en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el sumario, Sánchez era uno de los testaferros de la organización y está considerado como pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades que gestionaba.

Según algunos reclusos de la prisión de Soto del Real, la relación entre los tres detenidos de la trama es bastante difícil. Antoine se siente traicionado por Correa y habla continuamente mal de Pablo Crespo, de acuerdo con el testimonio de los presos.

El Supremo prorroga otro mes el secreto del sumario

El Tribunal Supremo ha prorrogado un mes más el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, por lo que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso de momento a las mismas. El magistrado instructor del caso, Francisco Monterde, lo ha comunicado hoy en un auto, después de que el pasado 17 de agosto ya prorrogara el secreto hasta el 17 de septiembre, día en el que lo volvió a extender un mes.

Monterde alega en su auto que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión. Entre ellas, el juez señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), "actuaciones declaradas secretas".

El Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM Antonio Pedreira.

La ramificación del caso Gürtel que se investiga en el TSJM cuenta con 71 imputados, entre ellos la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, según el auto de Pedreira en el que el pasado 29 de septiembre acordó levantar parcialmente el secreto de la causa.

www.elpais.es 19.10.09

ENTREVISTA: LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO GÜRTEL'. "CORREA ERA EL SÉPTIMO HOMBRE CON MÁS PODER EN EL PP". JOSÉ LUIS PEÑAS, EX CONCEJAL DEL PP QUE DENUNCIÓ EL 'CASO GÜRTEL'

El autor de la denuncia que ha levantado el maremoto judicial contra Administraciones del PP asegura que tuvo que elegir entre "mirar para otro lado" o acumular grabaciones contra la trama corrupta durante dos años

José Luis Peñas, de 41 años, con su acreditación de ordenanza al cuello, parece un funcionario más del Ayuntamiento de Madrid. Su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en 2007, acompañada de dos años de grabaciones a la trama de Francisco Correa, ha destapado el llamado caso Gürtel y ha puesto contra las cuerdas al PP -del que dice ser militante al coriente de pago- en Madrid, Valencia y su aparato central, por ahora. Peñas, que cobra 1.500 euros, ha puesto en jaque a presuntos blanqueadores de dinero, conseguidores y empresarios corruptos. "¿Cuánto habrían pagado por mis cintas?", fantasea ahora. Él también está imputado en el caso por cobrar de Correa, pero asegura que lo destinó al partido que fundó en Majadahonda (Madrid) como alternativa al PP local.

Pregunta. El PP le acusa de manipular la venta de unas parcelas en 2004 en Majadahonda, cuando era concejal, con Guillermo Ortega de alcalde.

Respuesta. Las acusaciones de que quise vender unas parcelas municipales a bajo precio a unos empresarios determinados son absolutamente falsas. La ley me impedía adjudicar directamente. Además, todo el expediente de venta de esas parcelas lo informó, valoró y autorizó el mismísimo vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Todo el PP de Majadahonda votó a favor de los pliegos, de las valoraciones, del expediente completo, que luego avaló la Comunidad de Madrid. Hubo una investigación en Anticorrupción para aclarar la venta en la que declararon Esperanza Aguirre [presidenta de Madrid], Ricardo Romero de Tejada [ex secretario general del PP de Madrid] y Narciso de Foxá [actual alcalde]. Y nadie me acusó de nada.

P. Esa venta originó una guerra civil en el PP y la intervención de Aguirre contra Guillermo Ortega. Usted y otro concejal se fueron del grupo.

R. No me fui. Me echaron del grupo municipal del PP. ¿Qué guerra había? Yo la sé, pero a día de hoy no la puedo revelar porque hay una parte del sumario que sigue secreta. Pero el tema que había ahí era lo de siempre: captar dinero y repartirlo.

P. ¿Ya operaba con Correa?

R. Yo con Correa tenía entonces una relación transversal por su mujer, Carmen Rodríguez, que era jefa de gabinete del alcalde. Y con ella trabajaba 12 o 14 horas al día. Era íntimo de ella.

P. ¿Cómo llegó hasta Correa?

R. Me lo presentó el alcalde, Guillermo Ortega. Lo conocíamos en el PP todo el mundo, no sólo en Madrid. Era el que hacía todos los actos del presidente José María Aznar, el que iba con Aznar. Era el séptimo hombre del PP con mayor poder. No hay más que verlo en las fotos de la boda. Y en la despedida de novios. Cuando nos expulsan del grupo municipal, Carmen Rodríguez, a través de su marido, Francisco Correa, nos intenta echar una mano y es ahí cuando veo su tinglado. Me doy cuenta de la trama en septiembre de 2005. Y decido que o miro para otro lado, como ha hecho Mariano Rajoy, o debo seguir ahí y dedicar dos años de mi vida a obtener pruebas. Porque no quiero quedarme otra vez como con las parcelas, sin pruebas, y que encima me echen las culpas.

P. Y arranca su labor de topo.

R. Al principio no me atrevo. Estoy indeciso. Pero cuando ya oigo un cabreo de miembros de la trama, que exigen cobrar dinero, al día siguiente empiezo a grabar. Es diciembre de 2005.

P. ¿Qué le evidenció que estaba ante una red de corrupción?

R. Yo ya lo tenía claro. Había visto un fotograma de un vídeo. Decía mucho: era una mesa llena de dinero con políticos alrededor. Podía parecer una timba, pero no era eso. Me dio tanto miedo que casi lo olvidé. Pero luego oí una conversación de un miembro destacado del PP de Madrid, imputado ahora en la causa, que exigía dinero a Correa por no hablar de una operación en Arganda del Rey. Vi por dónde iban los tiros y que, posiblemente, lo que pasó en Majadahonda fue algo parecido.

P. Cuando Correa le financió su partido, ya sabía usted que le estaba apoyando un corrupto. ¿Declaró ese dinero a Hacienda y al Tribunal de Cuentas?

R. Mi partido lo declaraba todo a Hacienda. El dinero se metía en las cuentas del partido y era para financiar la pequeña estructura. Pero entre septiembre y diciembre de 2005 yo veo que no es una red de colegueo, que es una red para conseguir mucho dinero. Si yo hubiera querido estar en la trama, habría estado en el entramado internacional, habría formado parte de alguna de las empresas como administrador o socio, pero no he estado nunca en nada de eso. Correa no daba nunca nada gratis. Creyó que, teniéndonos controlados, podía hacer alguna presión en Majadahonda o en pueblos vecinos. A mí Correa no me pidió nada al principio. Luego, sí. Que había que presionar a ciertas personas en varios municipios para que no hicieran o denunciaran determinadas cosas.

P. ¿Le obedeció?

R. En ningún momento.

P. Usted ha acabado imputado por la denuncia que presentó. ¿Por qué no negoció usted la condición de arrepentido?

R. En primer lugar, no soy ningún arrepentido, ni ningún chivato. Simplemente soy una persona que toma una decisión en su vida y va para adelante con ella. ¿Y por qué estoy imputado? Porque en el famoso pen drive de la contabilidad secreta hay entregas de dinero a mi nombre y las fiscales han creído oportuno que todo el que apareciera por haber recibido una cantidad esté imputado. Hay cantidades que reconozco que recogí, las de mi partido, y otras que niego haber aceptado.

P. Correa se quejó de que el PP de Madrid le debía dinero por actos que realizó y no cobró. Lo denunció en los tribunales y luego hubo un acuerdo. ¿Cómo se pagó esa deuda?

R. Para ese juicio fuimos llamados a declarar Juan José Moreno [otro edil del PP de Majadahonda que ratificó la denuncia de Peñas] y yo como testigos y es en ese momento cuando la ejecutiva regional decide negociar. Y negocia Pablo Crespo con el secretario del Consejo de Gobierno de Aguirre, cosa que me resulta extraña. Luego me dijeron que era miembro del comité. No tengo constancia de cómo se pagó. Pero sé que se pagó. Crespo me comentó cómo hacían facturar, en lugar del PP, a la Comunidad de Madrid. Hacían un acto del PP y la factura en vez de ir al PP iba a la Comunidad, y como ahí estaba Alberto López Viejo, pues no había ningún problema.

P. ¿Pudo montar López Viejo 358 contratos desde diversas consejerías sin consentimiento o conocimiento de Aguirre?

R. No entiendo que el consejero de Deportes fuera haciendo los actos de todas las consejerías. O los consejeros eran unos ineptos y no merecen ser consejeros o había una orden de que quien hacía todos los actos era López Viejo. Más que nada porque se le contrató para eso. Aguirre fichó a López Viejo y a Alfonso Bosch [ambos imputados], las dos personas que durante muchos años habían montado los actos de Aznar. Ella lo que quiere, por ejemplo, es para mañana un acto en el Metro para inaugurarlo. Y para eso tiene a fontaneros como López Viejo. Y, al final, de la tarta se llevan un trozo importante. Desde que ha salido la Gürtel, ¿cuántos actos públicos ha hecho Aguirre, que antes nos tenía acostumbrados a uno por la mañana y otro por la tarde? Hacía dos actos al día. Lleva unos meses que sale de vez en cuando. ¿Por qué? Porque no hay nadie ahora que haga lo que hacía López Viejo.

P. ¿Quiénes son los responsables en el PP del nacimiento de esta trama de corrupción?

R. Rajoy es el más culpable. Me parece un poco candoroso que diga que en 2004 Luis Bárcenas [ex tesorero nacional del PP, imputado] le dijo que estos muchachos estaban pidiendo contratos en nombre del PP y que él lo único que hizo fue expulsarles de Génova. ¿Por qué no fue a un juzgado? Y Aguirre es la segunda responsable de Gürtel y la principal en Madrid. Y Camps no ha podido demostrar que se pagó los trajes. Y es evidente que Ricardo Costa ha seguido siempre las indicaciones de sus superiores. La trama estaba antes de que llegara él. Y Aznar... Un día me dijo Correa: 'El presidente me ha llamado porque se va a ir y quiere que contrate a Antonio Cámara', que era su edecán. Los responsables políticos son todos ellos y espero que a algunos las investigaciones puedan atribuirles responsabilidades de otro tipo.

P. ¿Prevé un final en el que usted sea condenado por cohecho y Camps y otros beneficiarios del PP sean absueltos?

R. Ja, ja. Cosas peores se han visto. Espero que no. No le deseo mal a nadie, ni una condena, pero los hechos son muy tozudos. El PP se queja de que se hable de la Gürtel y no de la crisis económica, que claro que es muy grave. Pero asegurar que esto no fue grave es decir que no tiene importancia la democracia. Mucha gente cree que no le afecta el delito económico. Pero el delito económico nos afecta a todos. Te puedes caer y morir un día porque no hay una ambulancia cerca y, a lo mejor, con el dinero que se llevó determinado alcalde por la adjudicación de una parcela podíamos haber tenido una ambulancia al lado. O vas un día a un hospital y necesitas un riñón y no se puede porque no hay dinero en ese hospital... No pensemos eso de que todos haríamos lo mismo si estuviéramos ahí. El delito económico nos puede suponer cosas muy graves. Y aquí parece que mientras roben los míos... bueno.

"Gano 1.500 euros netos al mes"

José Luis Peñas milita en el PP desde 1999. Fue edil en Parla y Majadahonda, donde, tras enfrentarse en 2005 con Esperanza Aguirre por la venta de unas parcelas públicas, fue expulsado del grupo municipal, pero no del partido. Hoy, con su carné de abogado y un máster en Gestión de Recursos Humanos y Organización en el bolsillo, trabaja de ordenanza municipal.

Pregunta. ¿Cuánto cobra como ordenanza?

Respuesta. Gano 1.500 euros netos al mes.

P. ¿Cuánto le habrían pagado sus víctimas por silenciar sus dos años de grabaciones?

R. ¿Cuánto podría haber pedido? Bueno, teniendo en cuenta que hay empresas que facturaban más de 1.500 millones al año, teniendo en cuenta que solamente Correa tiene dinero en fincas, casas, coches... por más de 40 millones, que estamos hablando de 71 imputados... si a cada uno le ponemos una media de 10 millones, 700 millones de euros. Con que hubiera pedido un pellizquito, pues eche la cuenta. Para que hubieran vivido varias generaciones de Peñas fenomenal, pero no quise. Fue una decisión. Me puede creer la gente o no. Pero lo que digo es: crean a su policía, crean a sus jueces, a sus fiscales. ¿Cómo no vamos a creer en nuestro sistema?

(www.elpais.com, 19/10/09)

La trama saqueó millones de las arcas públicas

El dinero, como la energía, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La misma ley que rige la termodinámica explica también el flujo de gasto que lucró los bolsillos de la trama Gürtel transformando en fondos opacos, elementos de ostentación y sobornos dinero de origen público que no fue creado de la nada, sino que nació del esfuerzo fiscal que obliga a todos.

Los impuestos alimentaron al Partido Popular y a las administraciones públicas que favorecieron que esos tributos, destinados a mejor fin, duerman ahora en paraísos fiscales o desmejoren atracados en un puerto deportivo una vez convertidos es sólo un ejemplo en yates de lujo.

¿Qué recorrido hace el dinero desde que nace del bolsillo de un contribuyente hasta que muere en los de, al menos, los 19 políticos que, según la investigación, se lucraron con los sobornos de la trama?

01. Impuestos. Hacienda somos todos

El punto de partida es siempre el mismo: la Hacienda pública. Los ingresos de un solo año dan cuenta de la magnitud de las cifras. El Estado prevé recaudar en 2009 un total de 160.753 millones de euros a través de la recaudación de impuestos. A partir de esa gran bolsa común de tributos aportados por todos, el dinero comienza su viaje hacia la red corrupta hasta desembocar en el bolsillo de los sobornados al tiempo que engorda las arcas de la trama.

Desde esta estación inicial, el dinero público sigue dos trayectos. El primero es la subvención que recibe directamente el PP de la cantidad que los Presupuestos Generales del Estado consignan para el funcionamiento del partido conservador fondos que también reciben el resto de formaciones. La segunda ruta es el trasvase que Hacienda realiza a las administraciones territoriales: la previsión es de 60.119 millones de euros este año. Con esta cantidad se alimentan las finanzas públicas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que, a su vez, tienen capacidad para recaudar impuestos.

02. Las cuentas del PP. El dinero público alimenta al partido

"Los partidos políticos se nutren, además de la financiación privada, de tres tipos de financiación pública: electoral, que puede ser directa o indirecta esto es, en función de los votos y escaños obtenidos o con espacios en medios de comunicación públicos; parlamentaria y ordinaria", explica María Holgado, titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y autora del último texto de referencia publicado sobre la materia: La financiación de los partidos políticos en España (Ed. Tirant Lo Blanch, 2003).

El 90% de la financiación del PP procede de fondos

"Los partidos políticos viven en un 90% de fondos públicos, porque la ley establece que las aportaciones privadas sólo pueden llegar al 10%", completa Holgado. Esta financiación tan mayoritariamente pública tiene una doble justificación: "Garantiza la necesaria subsistencia de los partidos y asegura independencia frente a grupos económicos que podrían exigir contraprestaciones a cambio de beneficiar económicamente a una formación".

Esas aportaciones públicas nunca se expresan en pequeñas cantidades. Las cuentas públicas asignan en 2009 más de 34 millones de euros al PP. Además, el Estado aporta otros 1,7 millones al partido para sus gastos de seguridad. Pero la cifra crece si se tienen en cuenta también las partidas que financian los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado que suman más de 3,7 millones de euros,los parlamentos regionales más tocados por el caso Gürtel, Madrid y Comunidad Valenciana otros 3,7 millones, y los ayuntamientos madrileños donde se ubica el epicentro de la red corrupta: Boadilla, Pozuelo, Majadahonda y Arganda, con asignaciones que rondan los 40.000 euros cada uno.

En total, estas ayudas suman casi ocho millones de euros que, añadidas a la subvención ordinaria aportada por los Presupuestos, eleva la cifra a casi 44 millones sólo en un año y únicamente en los territorios contaminados por la trama. Teniendo en cuenta que la red liderada por Francisco Correa, alias Don Vito, comenzó a operar hace al menos 13 años en 1996, la cantidad de dinero público en manos del partido que lucró a la trama se multiplica hasta alcanzar una dimensión inabarcable.

03. Negocios con el PP. Don Vito, el maestro de ceremonias del PP

El entramado empresarial ligado al caso Gürtel organizó los actos públicos del PP nacional entre 1996 y el año 2004, bajo la presidencia de José María Aznar. Sólo entre los años 2000 y 2007, diferentes firmas del grupo admitieron haber facturado casi 18 millones de euros al PP. La red ha seguido trabajando para los conservadores ya con Rajoy al frente del partido hasta este mismo año.

El PP recibe casi 44 millones en 2009 sólo en los territorios a los que llegó la red

El mismo dinero de raíz pública que pagó estas facturas de Correa se ramifica por toda la estructura territorial del PP y sostiene su organización en todas las comunidades, incluidas Madrid, Valencia y Galicia, donde hay fundadas sospechas de financiación irregular, según los datos que figuran en el sumario del caso.

El número dos de Correa, Pablo Crespo, admite estas irregularidades en Galicia, donde fue secretario de Organización del PP, y lo revela así en conversaciones grabadas por la Policía. Los investigadores sostienen que la trama también financió ilegalmente al PP valenciano y, en Madrid, el partido de Esperanza Aguirre pagó a la red corrupta de Correa con dinero recaudado a destacados empresarios, encabezados por el líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, a través de la fundación Fundescam, según desveló Público en mayo.

04. Modus operandi. Contratos públicos con un fin muy privado

Dinero de naturaleza pública sostiene también a las comunidades y ayuntamientos del PP que favorecieron a la trama con centenares de contratos hasta hacer rebosar su caja. La trama se lucraba con tres actividades fundamentales: organización de eventos, adjudicación de servicios públicos y mediación para conseguir de contratos a cambio de sobornos. Sus fondos le permitían, además, diversificar inversiones y jugar a la especulación urbanística en territorios controlados por políticos conservadores con la voluntad comprada.

Las administraciones que operaron con la trama también viven de los tributos

Es en este punto cuando estos fondos nacidos de los impuestos dejan de ser abstractos y se convierten en apuntes contables para la trama desde las administraciones regionales y locales que trabajaron con la red Gürtel. La mancha de Correa contamina especialmente a Madrid y a la Comunidad Valenciana. Todas las consejerías del Gobierno que preside Esperanza Aguirre adjudicaron contratos públicos, casi siempre a dedo, a las empresas de la red corrupta desarticulada por la Audiencia Nacional.

Los contratos adjudicados en esta comunidad son en total 342, por un importe que supera los tres millones de euros. En la Comunidad Valenciana, son al menos 45 las concesiones públicas, con una cuantía de ocho millones. La red extendió sus prácticas también a Castilla y León. Según consta en el sumario levantado parcialmente el pasado 6 de octubre, varios políticos se repartieron 73.655 euros de la comisión que la trama exigió a una constructora a cambio de adjudicar una obra pública en León, gracias a su relación de privilegio con el PP.

05. Los ayuntamientos. El gran negocio de los pequeños municipios

Al menos cuatro ayuntamientos de Madrid gobernados por el PP cebaron las arcas de la trama Gürtel con adjudicaciones basadas en sobornos. Son Boadilla, Pozuelo y Majadahonda, en el adinerado noroeste de Madrid, y Arganda, al sur de la comunidad. Los cuatro municipios han vivido con especial voracidad la expansión urbanística acelerada que precedió a la crisis. Al calor de esos negocios inmobiliarios creció también la red corrupta.

La cuantía total de sus operaciones en este capítulo es aún una incógnita, pero las primeras cifras son multimillonarias. En Arganda, por ejemplo, el Grupo Municipal Socialista las cifra en más de 50 millones de euros. Los pelotazos inmobiliarios son también multimillonarios en la adjudicación de suelo público. En Boadilla, por este concepto, la red embolsó al menos otros 50 millones y en Pozuelo la cifra supera los 20.

En estos casos, los responsables municipales no consideraban la mejor oferta para su localidad, sino la que más favorecía a la trama. Los presupuestos municipales dinero público eran así malbaratados para favorecer intereses privados. En no pocos casos, el presupuesto final abonado por el ayuntamiento duplicó el proyectado inicialmente. El beneficiado era, claro, el entramado de Correa y el político local que apadrinaba su red a cambio de sobornos en metálico o en especie. Dinero y coches de lujo eran la dádiva estrella que conquistó la voluntad de algunos cargos públicos del PP que aparecen imputados en la trama.

06. Dinero evaporado. Hacienda éramos todos, menos Correa

Gracias al favor de estas administraciones regionales y municipales gobernadas por el PP, los principales cabecillas de la trama Gürtel amasaron una fortuna ingente transformando fondos de naturaleza pública en beneficio estrictamente privado a través de un magma empresarial compuesto por una treintena de sociedades. Buena parte de ese dinero se encuentra por ahora evaporado en una decena de paraísos fiscales, donde la Justicia sigue la pista de, al menos, 40 millones de euros.

El patrimonio estimado de Correa se eleva a 50 millones. El de su número dos asciende a 12 millones. Ambos acumulan un enorme patrimonio inmobiliario a nombre de sus sociedades. Hacienda, sin embargo, no existió para Correa: "No ha presentado declaración del IRPF desde 1999", señala un informe de la Agencia Tributaria. La cantidad defraudada sólo entre 2003 y 2007 supera los 5,1 millones de euros.

El dinero público acabó en manos de una trama jalonada de todo tipo de fetiches ostentosos: mansiones, yates y un parque móvil tan abultado como reñido con la discreción: 49 vehículos de alta gama valorados en 1,3 millones de euros.

07. Los sobornos. Una relación de favor a cambio de 6,4 millones

Es el final de viaje. El dinero de todos creció en el bolsillo de unos pocos. Al menos 19 cargos del PP cobraron 6,4 millones de euros de la red dirigida por Don Vito, según los informes remitidos al juez Garzón por la Policía y las anotaciones contables de la trama. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y senador por Cantabria, fue el más beneficiado, con más de 1,3 millones de euros. El origen de esta cantidad es tan público como pública es la responsabilidad de la que se valieron los sobornados para transformar este dinero en beneficio únicamente privado.

www.publico.es 18.10.09

CÓMO EL BOTONES CORREA LLEGÓ A SER DON VITO

Francisco Correa Sánchez es ahora un apestado. No tiene amigos. Fuera de la cárcel nadie se atreve a reconocer que tuvo relación con él, que le trató con asiduidad, y mucho menos que le acompañó en algunas de esas fiestas que tan bien organizaba. Claro está, nadie disfrutó de los servicios de la mujer que le acompañaba con frecuencia, una belleza eslava cuyo disfrute él ofrecía generosamente. Para ser un hombre que agasajó con regalos y atenciones a tanta gente, sus pasos no han dejado huella, fuera de un voluminoso sumario judicial. Nadie quiere hablar de Don Vito, como parece gustarle que le llamen. Dado el apodo, tampoco es de extrañar la ley del silencio a su alrededor.

Del hombre de quien más se ha escrito en el último medio año, el que ha hecho temblar los cimientos del PP, todavía amenazados por la persistencia de actividad sísmica a corto plazo, predomina una sola imagen fotográfica. Es la foto de su presencia en la boda de Alejandro Agag y la hija de Aznar, como si Correa no hubiera hecho otra cosa en la vida que asistir a ese enlace. La misma escasez de imágenes suyas es toda una evidencia: quien tenga una foto suya, no la muestra en público. No se atreve.

No tiene amigos. Ni conocidos. Nadie alza la voz en su defensa. Incluso su actual mujer alegó ante el juez que apenas tenían relación en los últimos tiempos. Si acaso, hablaría en su favor su fiel acompañante, Andrés Bernabé Nieto, su chófer, el hombre que todavía se ocupa de algunos menesteres fuera de la cárcel. Andrés vigila que nadie moleste a sus ancianos padres y a su hermano mayor, aquejado de una parálisis cerebral. Su padre (José Francisco, 98 años, zapatero en su juventud; de él hay una referencia en la prensa de 1933 por pegar unos pasquines en su pueblo alentando a la revolución comunista) vive en una residencia y su madre (Concepción, 91 años) es la única persona que llora por su hijo Paquito, a quien todavía no han permitido visitar en la cárcel. Concepción desconocía sus actividades, salvo que las cosas le estaban marchando muy bien en los últimos años: los padres se habían mudado de un modesto piso en el barrio de Carabanchel a un lujoso inmueble relativamente próximo a la antigua estación de Príncipe Pío, el lugar donde comenzó la vida de los Correa cuando se desplazaron de Casablanca a Madrid a primeros de los 60. Allí, enfrente de la estación, trabajó el señor Correa como encargado de la lavandería de un hotel. Y allí empezó a trabajar Paquito a los 13 años como botones.

Concepción está asustada por lo que ve en la tele y lo que lee en los periódicos. "La política", dice entre sollozos, "¡por qué mi Paquito se metió en política!", se lamenta. Concepción no repara que vive en un piso que no parece acorde con el estatus de una pensionista que ha de mantener a un hijo incapacitado. Se advierte en los detalles (paredes blancas, despejadas, macetas poliédricas también blancas perfectamente alineadas en el suelo, un cuadro abstracto en la pared, una cocina moderna) que el piso está decorado por un profesional. Concepción disfrutaba de esas comodidades hasta la mañana del 6 de febrero pasado cuando tres policías llamaron a la puerta. Aquella mañana fue muy confusa: la pidieron la clave de la caja fuerte instalada dentro del armario de su dormitorio. La clave era tan simple que no parecía aventurar ningún hallazgo: "1-2-3-4-5-6-7-8-9". Y, efectivamente, así fue: joyas de escaso valor y algo de dinero. Poco. La policía se fue y no ha vuelto. Por ahí, sólo pasa el chófer de Correa, que se ocupa, junto a la asistenta, de que nadie moleste a esta mujer, que ha despertado en medio de una pesadilla que probablemente le acompañe hasta el final de sus días.

Aquella mañana, la policía registró otras cajas de seguridad. En algunas no encontró otra cosa que sobres vacíos y gomas elásticas, las mismas gomas que, en otras cajas, abrazaban fajos de billetes. El pequeño imperio que presuntamente había creado Francisco Correa se manifestaba sin pudor en los registros: dinero, joyas, relojes, documentos y cuadernos con anotaciones manuscritas, simples y modestas libretas de tapa azul, eso sí algunas recogidas en una carpeta de cuero de Louis Vuitton. Correa tenía muy claro cómo funciona la condición humana. Quienes se han atrevido a intervenir en este reportaje, aunque sea bajo la protección del anonimato, así lo atestiguan.

Y es que los inicios de la carrera de Francisco Correa determinan cómo fue su aprendizaje. De aquel botones de 13 años que trabajaba en uno de los hoteles frente a la estación de Príncipe Pío, convertida desde hace unos años en centro comercial, no hay un recuerdo definido, salvo que hubo en tiempos un tal Paquillo, "que era muy espabilado". Posiblemente, ése era el pequeño Correa que hizo carrera haciendo disfrutar de su estancia a los turistas. De esa dedicación al ocio ajeno hizo una profesión, porque Francisco Correa entró a trabajar en una sucursal de Viajes Meliá próxima al hotel. Tenía a su favor una ventaja: dominaba perfectamente el francés, consecuencia de los años vividos en Casablanca, donde nació y se crió. De hecho, el francés fue en aquellos tiempos su lengua materna; tanto es así, que su hermano Miguel todavía se comunica con su madre en esa lengua. En uno de los viajes a Palma de Mallorca organizados por el joven Correa conoció a su primera mujer, María Antonia. Ella tenía 16 años y disfrutaba de un viaje de fin de estudios.

Los primeros pasos de Correa se desarrollaron en un entorno muy próximo a la estación, pero de aquello quedan pocas huellas por razones coyunturales. Viajes Meliá desapareció y fue adquirida por Viajes Halcón. Como también se cerró la sede central de Wagons Lit, sita en la calle Marqués de Urquijo, donde dirigió sus pasos después. Allí llegó a ser director comercial. Correa se había casado con María Antonia, viajaba mucho, comenzaba a tener éxito en una nueva rama de la industria turística: la organización de convenciones para empresas y los viajes de incentivos para ejecutivos. Tan bien le iban las cosas que decidió establecerse por su cuenta y montó una agencia, FCS (responde a las iniciales de su nombre) con sede en la calle Blasco de Garay. Uno de sus mejores momentos fue asistir a una entrevista con Luis del Olmo en el programa Protagonistas: Correa era por entonces un experto a la hora de hablar sobre las condiciones de vida de los ejecutivos.

Los ejecutivos eran su mercado. Cómo entenderlos, cómo entretenerlos, cómo satisfacerlos, como hacerles disfrutar del escaso tiempo que les deja su estresante vida. Conocía la noche, tenía las llaves para abrir la coraza bajo la que el ser humano esconde sus miserias. Y tenía un pico de oro.

Había tenido un hijo, que nació con una dolencia incurable (fibrosis quística). Le pronosticaron un año de vida, pero vivió 13. Su ex mujer, María Antonia, se atrevió a dirigir una carta al diario El Mundo en la que expresaba su dolor por aquellos años y aquella ausencia reiterada de un padre que no quiso saber nada del sufrimiento de su hijo: "Durante esos años, su padre no se ocupó un solo segundo de su hijo", escribió en esa carta María Antonia: "No voy a consentir que este hombre vuelva a dar pena ni fuera ni dentro de la cárcel como al parecer ha hecho estos años". "Mi hijo murió en 1996", añadió, "una persona que pierde lo que más quiere en esta vida no tiene ánimo de dedicarse a hacer esa gran fortuna, yo estuve con una depresión profunda durante cinco años y por ello dejé hasta mi trabajo, no podía resistir su falta, no así él, que aprovechó bien el momento para hacerse con dinero y, en cuanto su hijo murió, no dudó en aceptar el importe de la mitad de la casa donde vivíamos su hijo y yo, y que todavía estoy pagando, no le remordió para nada coger ese dinero después de no haberse ocupado de su hijo enfermo durante trece años".

En 1996, la vida de Francisco Correa ya había dado un vuelco. Mantenía por entonces una relación sentimental con otra mujer, María del Carmen Rodríguez Quijano, con la que se casaría en 1997 en Marbella. Los casó la alcaldesa Marisol Yagüe, luego imputada por el caso Malaya.

Marbella. Correa había empezado a transitar por el entorno marbellí con todo lo que ello significa: conducía coches de alto standing, comenzaba a relacionarse con el lujo y con el tipo de amistades que te pueden abrir puertas. Había fracasado en un negocio inmobiliario en Pozuelo, uno de sus primeros pasos en este tipo de actividad tan lucrativa, pero tenía un soporte: su mujer. Mejor dicho, quien iba a ser su suegro. Porque María del Carmen era hija de Emilio Rodríguez Bugallo, un conocido constructor en Madrid, propietario de Construcciones Salamanca. Algunos amigos de Emilio recuerdan que no veía con buenos ojos la relación de su hija con Correa, una relación que había nacido de una forma un tanto particular: ella era la cuñada de la vecina de arriba en el piso donde vivía Correa con su primera mujer. A su fama de pico de oro, Correa añadía la de mujeriego, pero esa relación en concreto fue interpretada de otra manera por alguna gente: "Correa dio un braguetazo".

Su nueva mujer tenía un perfil muy diferente: educada en colegio caro, pija y dispuesta para colaborar en las actividades de su marido. Cuando años después entró a trabajar como jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, recibió un sobrenombre entre los empleados municipales: La Barbie. Por ese nombre se la conocía en la sierra madrileña.

A partir de su segundo matrimonio, la estrella de Correa comienza a brillar. Coincide esta fase de su vida con la mayoría absoluta que disfruta el PP en el Gobierno central, en el autonómico de Madrid y en buena parte de los municipios de la sierra. En este momento se produce uno de los momentos más oscuros de la biografía de Correa, momentos que esconden algunas de las claves de su ascenso que no han sido resueltas todavía por el sumario en el que está imputado y que lleva su apellido en alemán (Gürtel), idioma que precisamente él no conoce (a lo largo de los últimos años hizo considerables esfuerzos por manejarse en inglés).

El nivel de contactos que va atesorando Correa junto a su mujer, le llevan a introducirse en la sede central del Partido Popular en Madrid. Correa tiene entrada en la calle Génova y desde ahí tiende sus redes hacia la periferia. Es un movimiento centrífugo. Amigos que le recomiendan. Amigos que imponen sus servicios en el exterior. ¿Cómo y a través de quién entra en Génova con esa fuerza? En este punto hay más especulaciones que documentos probatorios, entre otras cosas porque el sumario no va más atrás de sus actividades a partir del año 2005, cuando el PP ha perdido el poder en el Gobierno central. Es evidente que tuvo una buena relación con Alejandro Agag, con los políticos populares del llamado clan de Becerril, que tenían entre otras características la de estar educados en colegios de pago y ser asiduos a pasar jornadas en Marbella y Sotogrande. Pero es larga la lista de populares que visitan ambas localidades y no está del todo claro quién, verdaderamente, le apadrinó.

En la última legislatura del PP, Correa ya era considerado como el gran organizador de eventos, de mítines, de actos públicos del partido. "Era el más caro, pero organizaba muy bien", recuerda un político popular, "contrataba a los mejores y sabía vender el producto". Nada extraño hubiera pasado si Correa no hubiera llegado demasiado lejos, si no hubiera compartido su actividad como organizador de eventos con la mera y harto conocida tentación de hacer mucho dinero con la especulación urbanística. Correa llevaba años moviéndose como intermediario, recibiendo y repartiendo comisiones en gestiones de compra y venta de terrenos. Había probado la dulce sensación del dinero fácil. Y es evidente que parecía saber cómo comprar voluntades y cómo hacer amigos. Dominaba el arte de la seducción. Manejaba los bajos fondos de la condición humana.

No tenía un despacho fijo. Vivía entre Madrid y Sotogrande. Viajaba por motivos de negocio a Panamá, Colombia, Reino Unido y Holanda, lugares donde estaban domiciliadas algunas de las sociedades que figuran a nombre de testaferros. Buscaba nuevas inversiones. Se movía mucho. Eso sí, siempre atildado, con ropa cara. Era muy narciso Correa (dedicaba mucho tiempo en arreglarse, confiesa un conocido), frecuentaba la peluquería. Estaba orgulloso de su porte y lo lucía. Sabía ser educado y déspota, dependiendo de quién fuera su interlocutor. Seguía siendo mujeriego, con un punto misógino: hablaba de las mujeres como de objetos de uso, tanto es así que las ofrecía o que organizaba como nadie ese tipo de fiestas privadas donde el elemento femenino suele ofrecerse para algo más que hacer compañía.

Correa sabía que estaba siendo investigado. Tomaba precauciones. Lo hacía con sus móviles o a la hora de encomendarle ciertos encargos a su fiel Andrés. Viajaba con frecuencia y parecía buscar un permiso de residencia en algún lugar donde no existiera tratado de extradición con España, caso de Panamá. Así lo atestigua el sumario y así también lo explican las autoridades judiciales cuando se toma la decisión de poner en marcha las detenciones a primeros de febrero. Existía el riesgo de que abandonara España con carácter definitivo.

Cuando fue llevado a ser interrogado por el juez Garzón, Francisco Correa se quejó de que no quería ser trasladado en el furgón policial por sufrir claustrofobia. Así lo afirma un informe médico: "No puede entrar en un ascensor aunque sí puede viajar en avión". Curioso: ninguno de sus conocidos recuerda este problema, ni que evitara los ascensores, así como tampoco le es conocida afición alguna por las novelas de la Cosa Nostra. Quizás sea cierto que pocos llegaran a conocer verdaderamente a Francisco Correa, alias Don Vito por propia decisión.

(www.elpais.com, 18/10/09)

El 'caso Gürtel' pasa factura al PP

El 72% de los votantes de Rajoy cree que el escándalo está afectando a sus posibilidades de ganar las próximas elecciones - El PSOE recorta un punto la distancia con el PP

Si había un solo dato tranquilizador para el Partido Popular sobre el caso Gürtel era que parecía no tener consecuencias electorales. Hasta hoy. El sondeo flash de Metroscopia realizado el pasado jueves, sólo 48 horas después de la grave crisis de autoridad que desató la resistencia de Ricardo Costa a dimitir como secretario general del PP valenciano, refleja un deterioro de la confianza en Mariano Rajoy y una erosión de sus posibilidades electorales. El PP ha tardado cinco años en sacarle tres puntos de ventaja al PSOE en intención de voto. En las últimas dos semanas ha perdido más de uno.

Casi el 80% de los españoles considera que el caso es un asunto grave
La tendencia ascendente de los populares se ha frenado en seco

A pesar de reiterados intentos del PP por minimizar el caso y que el PSOE apenas lo ha utilizado políticamente, el 78% de los españoles considera que el caso Gürtel, una trama de corrupción que se nutría de Administraciones gobernadas por el PP en el ámbito nacional, autonómico y local, es un asunto más que grave.

El PP sigue por delante en intención de voto, pero los acontecimientos del mes de octubre han invertido la tendencia. El PSOE ya no baja, sino que sube (del 38% al 39% de estimación de voto en las últimas dos semanas). El PP deja de subir. Su estimación de voto está estancada desde el mes de julio (registró un 41,8%) y empieza a bajar ligeramente (41,3% esta semana). Estos datos deben ser tenidos en cuenta como tendencia, ya que no hay ninguna convocatoria electoral y, por tanto, no hay movilización electoral.

El pasado 28 de septiembre, el juez Antonio Pedreira levantó el secreto de 17.000 folios del sumario del caso Gürtel que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una semana después, la información estaba en todos los medios de comunicación. En estos 15 días los ciudadanos han podido conocer conversaciones bochornosas de la cúpula del PP valenciano con los empresarios corruptos, los detalles de más de 300 contratos de la Comunidad de Madrid con la trama, algunos de 2009, y la asombrosa cantidad de dinero que movían por medio mundo unos tipos que sólo eran supuestos timadores y comisionistas que se aprovecharon del PP.

Siete de cada diez votantes del PP aseguran en el sondeo que se trata de un asunto, como poco, grave, y el 72% cree que está afectando a las posibilidades de Rajoy de llegar a La Moncloa. Sólo un 21% de votantes populares le quita importancia al caso. Se ha invertido además la percepción general sobre los resultados electorales. Hace dos semanas el 54% pensaba que el PP ganaría las elecciones. Ahora es el 45%. El desánimo llega a los votantes del PP y un 20% de ellos dice que volverá a ganar el PSOE.

Quizá sean los acontecimientos de la Comunidad Valenciana los que han quebrado la confianza en el PP. Las estrechas relaciones entre la cúpula del PP valenciano y la trama se han hecho más obvias si cabe con la publicación de algunas conversaciones. Los hechos le han costado a Ricardo Costa su cargo como secretario regional del PP y como portavoz parlamentario. Sin embargo, su destitución no fue fácil. El martes, Costa desafió a Camps en televisión, éste engañó a Rajoy pactando una dimisión en falso. Finalmente, el miércoles, lo que debía ser un sacrificio personal de Costa para frenar el escándalo se convirtió en un violento golpe de autoridad desde Madrid que ha traumatizado al PP valenciano y ha debilitado la imagen pública de Francisco Camps. El sondeo fue realizado dos días después de estos hechos.

El sondeo refleja descontento con Camps y con Rajoy. Respecto al presidente valenciano, nada menos que un 42% de los votantes del PP pide elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana (también el 57% de los socialistas, que no ganan allí desde hace 13 años) y cuatro de cada diez opinan que el presidente Camps debería dimitir.

Lo que los ciudadanos parecen no perdonar a Camps es haber mentido. El presidente valenciano ha faltado a la verdad varias veces desde que se le relacionó con Álvaro Pérez, El Bigotes. La encuesta recuerda concretamente la ocasión en que dijo que él se pagaba sus trajes. Hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que archivó la causa por cohecho en relación a estos hechos, reconoció que los regalos sospechosos se produjeron.

La mitad (48%) de los votantes del PP no le cree ahora cuando dice que su Gobierno no favoreció a la trama corrupta (son más que el 44% que cree sus palabras). El porcentaje total de los que creen que mintió es del 68%.

En cuanto a Rajoy, el 62% de encuestados es crítico con la gestión del líder del PP. Cuatro de cada diez (38%) de sus propios votantes están insatisfechos con su actuación. El 50% del público del PP, además, cree que Rajoy no posee la autoridad suficiente para solucionar esta crisis. Ese porcentaje sube hasta el 63% en el total de encuestados. El desafío de Costa a su autoridad no es el primero que se encuentra Rajoy. Ya el alcalde de Boadilla, imputado por el caso, hizo caso omiso en febrero cuando Rajoy le ordenó que dimitiera.

El envés de Camps es Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha afrontado el caso de manera opuesta. Aunque se ha demostrado que parte de su Gobierno hacía adjudicaciones a la trama, ha forzado destituciones y hasta la salida del Grupo Popular de la Asamblea de tres diputados autonómicos imputados.

Para la amplia mayoría de españoles en general (70%) y de votantes populares en particular (67%) Mariano Rajoy debería expulsar del partido al ex tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, tal y como ha hecho Esperanza Aguirre con aquellos diputados regionales implicados en la trama.

www.elpais.es 18.10.09

MANUEL FRAGA Presidente fundador del Partido Popular y senador

"Dudo que Luis Bárcenas pueda volver a ser tesorero del PP"

Faltaban unos minutos para que Ricardo Costa se negara a dimitir y dejara en evidencia a Francisco Camps y a Mariano Rajoy. Pero el pasado martes, antes de esa destitución en falso que ha abierto una grave crisis de autoridad en el PP, el senador Manuel Fraga tenía muy claro que Camps y Rajoy habían pactado prescindir de Costa. "Si se resiste, él sabrá por qué", avanzaba. ¿Puede ser porque es inocente? "O por otras cosas", contestaba misteriosamente. Fraga (Villalba, Lugo, 1922), fundador del PP, admite que ésta es la crisis más grave que ha vivido su partido. Además, no le parece algo menor "los cuatro trajes" del presidente Camps.

"No es lo mismo que te regalen una empanada a que te regalen unos trajes"

¿Se ha manipulado a la policía? "¡Sin duda alguna! ¡Lo afirmo!"

Pregunta. Quisiera pedirle una reflexión general sobre las consecuencias del caso Gürtel.

Respuesta. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la política española, que es joven todavía, la forma política que estamos haciendo, tome las mayores dimensiones éticas posible. Siempre habrá alguna excepción, pero yo sí le puedo decir que las campañas sistemáticas, empezando por su periódico, que se están montando, me parecen muy mal porque no son en modo alguno equiparables los tratamientos de unos y de otros.

P. Usted mismo ha sido señalado.

R. Lo que se refiere a lo que se ha dicho de mí yo no sabía quién era ese señor [Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y secretario de Organización del PP gallego con Fraga de presidente]. Sabía que me lo había recomendado un hombre de gran valía y una gran pérdida para nosotros [Xosé Cuiña, secretario general hasta 1999].

P. Por la información que se ha visto en todos los periódicos...

R. No en todos por igual. Un periódico del que yo fui fundador, como EL PAÍS, lo da como algo obligado todos los días. Tiene su nombrecito y todo.

P. ¿Conocía a Correa?

R. No sé ni quién es. Lo veo entrar por esa puerta y no sé quién es. Jamás he tenido contacto ninguno. Creo que hay una foto de la boda de la hija de Aznar en la que salimos juntos, pero no hemos hablado una palabra en toda nuestra puñetera vida.

P. ¿Y Álvaro Pérez?

R. Menos todavía. No sé quién es. No he tenido ningún contacto con ellos.

P. Pero parece que sí tenían contacto con la gente que gobierna su partido.

R. Parece ser que sí.

P. Rajoy dice que cortó las relaciones con esta gente.

R. Yo confío en que eso termine pronto, aunque la actual situación no lo permite. Ya ve usted lo que pasa en Valencia.

P. Hay un contraste muy evidente en cómo se ha actuado en Valencia y en Madrid. ¿Qué le parece lo que ha hecho Aguirre?

R. Creo que lo ha hecho bien.

P. ¿Y Camps, en comparación?

R. Yo no hago comparaciones. Yo creo que [Aguirre] lo ha hecho bien. Y creo que Camps definitivamente ha sido maltratado. Es posible que él haya dado lugar con alguna cuestión como los famosos trajes. Evidentemente, lo de los regalos es un tema que hay que medir mucho. No es lo mismo que le regalen a uno una empanada, como hacemos en Galicia, a que le regalen unos trajes de primera categoría. Pero, en definitiva, yo creo que Camps se salvará.

P. ¿Y por debajo de Camps?

R. Repito que yo no conozco suficiente... Yo ahí apuesto por Rita Barberá.

P. Entiendo que le parece que los medios estamos exagerando en el caso Gürtel.

R. EL PAÍS está recibiendo alguna que otra bofetada del Gobierno. Se va a enterar de con quién se está jugando los cuartos. Pronto se va a enterar.

P. ¿Se refiere al PP?

R. Me refiero al Gobierno. Ya le ha dado alguna zancadilla.

P. ¿El Gobierno a EL PAÍS?

R. Claro. Naturalmente. Una muestra de gratitud.

P. ¿Es esta la crisis más grave que ha vivido el PP?

R. Bueno, supongo que sí. Sobre todo por la disposición de ciertos órganos de comunicación a hacer una campaña sistemática, incluyendo EL PAÍS.

P. Da la sensación de que las medidas disciplinarias en su partido se aplican a capricho.

R. Pregúnteselo a Rajoy, no tengo nada que decir sobre eso.

P. Le pongo como ejemplo el caso de su compañero del Senado Luis Bárcenas, que...

R. ¿Compañero del Senado? Yo no le vi nunca por el Senado. Era el tesorero del partido y de paso le hicieron senador. Pero no es de los que están aquí todos los días, como yo.

P. Desde luego. Pero, ¿le parece que puede volver a ser tesorero del PP, un cargo que exige una confianza inmaculada?

R. Personalmente, lo dudo.

P. ¿No cree que este caso evidencia una falta de cultura de dar explicaciones a los ciudadanos?

R. Es posible que sí. Sobre todo cuando hay campañas organizadas y sospechosas, empezando por la de ustedes.

P. Su partido ha reaccionado atacando las instituciones.

R. La fiscalía y los jueces han estado muy manipulados en este asunto por el poder establecido. Es evidente que muchos de los datos que se han manejado en este asunto ha sido retorcidos e interpretados como convenía.

P. ¿Usted también cree que se ha instrumentalizado a la policía?

R. ¡Sin duda ninguna! ¡Lo afirmo! Y no tengo nada más que decir.

P. Incluso aceptando esa hipótesis...

R. No es una hipótesis, es una realidad.

P. Incluso así, eso no anula los datos sospechosos.

R. No los invalida, pero los sitúa en una zona de gran conflictividad. Es evidente que han sido utilizados para hurgar en ciertas cosas. Dando ciertos datos y ocultando otros han hecho mucho daño. Pero esto se aclarará en su día.

P. ¿En un juzgado?

R. No, no. Me refiero a las próximas elecciones. No tengo nada más que decir.

P. ¿Hay una cuestión estética en las decisiones que se han tomado en Valencia?

R. Sería mucho mejor que esto no pasara, evidentemente. Ahora aparece un señor que yo ni me acordaba de que había existido y sale mi nombre por ahí. Con todas las vueltas que yo he dado en el partido para hacerlo evolucionar de la manera que ha evolucionado. Yo me he dedicado a trabajar en serio, muy en serio. Aquí tiene mi último trabajo sobre el Estado autonómico. Yo me dedico a temas serios y no a mangancias.

P. Los ciudadanos pueden pedir medidas más contundentes.

R. En todos los partidos se deberían hacer más cosas. El PP en este momento no se va a dejar llevar por ninguna prisa. Lo que está haciendo Rajoy está bien hecho.

P. Puede parecer que sólo está dejando pasar el tiempo.

R. Él sabe de sobra que el tiempo... termina. Pero lo que no puede uno es apresurarse para tomar medidas impuestas por un cierto ambiente creado desde el Gobierno. Eso no se puede hacer.

P. Pero habrá que tomarlas.

R. Supongo que sí, pero no las que algunos creen.

P. ¿Cree que al PP se le está...?

R. Haciendo la puñeta.

P. Aparte. Digo que quizá se le acusa de cosas que pueden pasar en otros partidos.

R. Yo no diría eso. Es complicado el tema, evidentemente. No estamos en el mejor momento los partidos, en ninguna parte.

P. ¿Y esto exige alguna consecuencia en la legislación?

R. Posiblemente se pudiera reforzar la legislación sobre partidos. Siempre es difícil hacerlo. Lo importante es que las personas tengan un sentimiento moral profundo antes de dedicarse a la política, como algunos hemos hecho.

www.elpais.es 18.10.09

EL PP TEME QUE EL APOYO DE RAJOY A CAMPS CIERRE EN FALSO LA CRISIS

Buena parte de los cargos del PP valenciano confesaron ayer en privado su temor a que el respaldo público de Mariano Rajoy a Francisco Camps -tras la destitución del secretario general y portavoz Ricardo Costa-, sea solamente un cierre en falso de la crisis abierta por los escándalos del caso Gürtel. Pese a ello, la dirección nacional del PP y el equipo del presidente valenciano movilizaron ayer a cuantos alcaldes y presidentes provinciales pudieron para que expresaran su apoyo a Camps y apelaran a la unidad del partido.

En privado, las opiniones de los cargos del PP eran bien distintas. "De momento tenemos que apoyar a Camps para que no se derrumbe e intentar reordenar la situación", afirmó un parlamentario. "No podemos permitir que haya un vacío. Se trata de ganar tiempo para ver qué hacemos", insistió.

En medio de este clima de escepticismo respecto a la resolución de la crisis, otros apostaban por una remodelación amplia del Consell, paralizado desde hace meses pese a la reorganización de finales de agosto, que permitiese a Camps contar con una nueva defensa.

Fuentes del PP argumentaron ayer que la destitución de Ricardo Costa, y los improvisados relevos de Rafael Maluenda y César Augusto Asencio, han dejado al presidente de la Generalitat sin su principal escudo para defenderse de los escándalos relacionados con el caso Gürtel. "¿Dónde están los vicepresidentes? ¿Qué hacen que no dan la cara y están intentando pasar lo más desapercibido posible?", exclamó este cargo.Con el PP valenciano abierto en canal, el presidente del PP en Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, volvió a criticar a la dirección regional del partido por su falta de contundencia en la gestión del caso Gürtel. En opinión de Ripoll, las responsabilidades políticas van más allá de la destitución de Ricardo Costa: "No creo que las responsabilidades acaben en el cese de Costa".

Ripoll acusó a la dirección regional de "falta de contundencia y cohesión" a la hora de afrontar la crisis. "En Madrid, el partido se ha podido aislar más del problema porque se ha actuado con más contundencia. Aquí, se ha actuado con menos firmeza y con problemas para explicar lo que estamos haciendo", añadió.

El líder del PP alicantino insistió en la contradicción entre lo aprobado en el Comité Ejecutivo Regional del martes y la destitución de Costa el miércoles.

En este sentido, Ripoll valoró la decisión de Camps de otorgar al diputado César Augusto Asencio las funciones de secretario regional del PP. "Hay una propuesta coyuntural para que provisionalmente coordine el partido, pero la designación como secretario general compete al Comité Regional", explicó Ripoll, que evitó desvelar si daría su apoyo a Asencio. Ripoll señaló que es en este órgano, del que reclamó una nueva reunión, "donde se tiene que resolver la crisis".

No obstante, Ripoll matizó que, en su opinión, la crisis no es tan grave como para la convocatoria de un congreso regional extraordinario. "Personalmente, creo que no es el momento. Hemos hecho un congreso hace un año y hay mecanismos suficientes para tomar la decisión que corresponda", aseveró.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se desmarcó sin que nadie le preguntase de José Joaquín Ripoll: "El PP no necesita ningún gabinete de crisis".

Carlos Fabra hizo una defensa cerrada del presidente de la Generalitat. Hasta el punto de descalificar al presidente de honor del PP, Manuel Fraga, por sus críticas a Camps. Fabra calificó ayer de "frivolidad" las declaraciones de Fraga, en las que puso en duda la honorabilidad del presidente Francisco Camps. "Me parece que, desde la distancia, hacer estas afirmaciones, es una frivolidad", dijo el presidente de la Diputación de Castellón.

Fabra no sólo habló de frivolidad, sino que apeló a la edad del presidente de honor del PP. "Uno se tiene que retirar cuando se tiene que retirar", sentenció. En su deseo por defender a capa y espada al presidente del PP valenciano, Fabra llegó a recordar que Camps "ha sido el presidente autonómico respaldado por un mayor número de votos" y le espetó: "Que se acuerde cuando él era presidente de Galicia", antes de recriminar a Camps "que está respaldado por muchos más votos". La actitud de Carlos Fabra en defensa de Camps se produce tras la destitución de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano y portavoz parlamentario. Fabra facilitó el pasado martes el acuerdo entre Francisco Camps y Ricardo Costa en el Comité Ejecutivo Regional que horas después fue dinamitado por la dirección nacional del PP.

A pesar de este revés, Fabra se sumó ayer al coro de declaraciones de apoyo a Camps, realizadas por el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, y un buen número de alcaldes.

En Elche un grupo de militantes zaplanistas pidió en el Ayuntamiento una comisión de investigación para esclarecer las relaciones de la portavoz municipal del PP, Mercedes Alonso, con Álvaro Pérez, El Bigotes.

(www.elpais.com, 16/10/09)

EL MINISTERIO DE ARENAS CONTRATÓ A LA TRAMA PARA EL FUNERAL DEL 11-M

Presidencia encargó a Easy Concept el montaje de los estrados para cámaras en la Almudena

La página perteneciente al informe de la Agencia Tributaria sobre Easy Concept, muestra cómo la empresa facturó desde su inicio (15 de octubre de 2003) a distintas Administraciones del PP. En el listado figura el contrato otorgado por el Ministerio de Presidencia.

Easy Concept, una de las empresas del núcleo duro de la trama Gürtel, trabajó para el Ministerio de Presidencia en marzo de 2004, cuando el entonces titular del departamento y vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, estaba ya en funciones tras la victoria electoral de Zapatero. Según ha sabido Público, A Easy Concept, entonces denominada Down Town Consulting, se le adjudicó a dedo el montaje de los estrados para las televisiones en el funeral de Estado por las víctimas del 11-M, celebrado el 24 de marzo en la catedral de la Almudena. La agencia Efe anunció la fecha del funeral el 16 marzo.

Por ese encargo, la compañía cobró 11.647,15 euros. Así consta en un informe de la Agencia Tributaria sobre Easy Concept incluido en el sumario Gürtel. Como en la mayoría de las ocasiones, también aquí se trató de un contrato menor, que no requiere concurrencia pública ni más justificación contable que las facturas.

Cuando se adjudicó el servicio, Easy Concept no tenía ni medio año de vida

Al empeorar las cosas para el PP con la apertura de una parte del sumario, Arenas, secretario general del PP hasta septiembre de 2003 y líder del partido en Andalucía, ha reaccionado prometiendo querellas contra cualquiera que lo vincule a la red corrupta. "No tengo absolutamente nada que ver", contestó rotundo el martes pasado. "No aceptamos ni media lección de ética", se jactó a renglón seguido.

"Correa no era un desconocido"

Ayer, fuentes próximas a Arenas en la dirección estatal del PP aseguraron que nadie de su antiguo equipo ministerial recuerda aquel contrato. "Como eran unas tarimas para cámaras y fotógrafos es muy posible que contratase la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende de Presidencia", dijo una portavoz.

El equipo de Arenas no recuerda el contrato y subraya su bajo importe

A la pregunta de por qué la elección recayó sobre Easy Concept, la misma fuente respondió así: "Correa no es un desconocido ni Álvaro [Pérez]. Quien fuera [que hiciese el encargo] dijo: Oye, llamad a Álvaro o a Correa. No es nada extraño. Y son 11.000 euros".

Pero la clave no es aquí el importe sino la fecha. En marzo de 2004, Easy Concept ni siquiera había cumplido medio año de vida. La empresa se constituyó el 15 de octubre de 2003, con un capital social de 3.006 euros. La cercanía entre la constitución de Easy Concept y la encomienda del Ministerio de Presidencia para un acto de tal relevancia denota la familiaridad con que el grupo de Correa se movía en las aguas del PP. En el momento en que la sociedad recibió el encargo de Presidencia tenía como administradora única a Isabel Jordán, una de las primeras imputadas en el caso.

Amenazas al PSOE

Empeñado desde febrero en marcar distancias con la trama y en presentar a su partido como la víctima de una conspiración y, en todo caso, de unos cuantos desaprensivos, Arenas anunció la semana pasada el inicio de acciones judiciales contra el secretario de comunicación del PSOE andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Vázquez había exigido a Arenas explicaciones sobre su relación con los miembros de la red.

Por el encargo, la compañía cobró 11.647,15 euros

La dirección del PP andaluz pretende también querellarse contra el secretario de Estado de Cooperación, Gaspar Zarrías, por "ensuciar" el nombre de Arenas. En este caso, la amenaza llegó después de que Zarrías recordase que Arenas había sido secretario general del PP. ¿Cuándo? "En los tiempos en que estos señores campaban por sus respetos y extorsionaban, chantajeaban y se llevaban el dinero a espuertas y de paso regaban a múltiples dirigentes del PP", dijo Zarrías.

El informe de la Agencia Tributaria que consigna el pago del Ministerio de Presidencia a Easy Concept muestra el amplio abanico de trabajos con Administraciones del PP que declaró a Hacienda. La Comunidad de Madrid, la Generalitat, varios organismos autónomos y ayuntamientos figuran en el listado.

Las cartas del archivo de "embolados"

El PP andaluz se ha prodigado en anuncios de querellas tras difundirse el informe policial de la UDEF que destapa la existencia de unas comprometedoras cartas incautadas a la trama y que se se archivaban en una carpeta con la leyenda “embolados”. Las firma Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Y la más relevante de todas, por el rango de su destinatario, es la enviada a Mariano Rajoy el 18 de diciembre de 2003. En ella, el delegado de la red corrupta en Valencia exigía a Rajoy el pago de la deuda pendiente por la campaña de las elecciones gallegas de 1999. A lo largo del texto, Pérez recordaba a Rajoy que Javier Arenas estaba al tanto del problema. ‘El Bigotes’ ya había cursado a Arenas una carta en junio de ese año. En ella, lamentaba tener que contactar de nuevo con él por el asunto de la deuda.

www.publico.es 12.10.09

SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS

La trama se repartía las comisiones ilegales con políticos populares, según la policía

Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa.

Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones.

Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.

La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.

Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.

- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".

En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP.

- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).

- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de Correa.

- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.

En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según la documentación, uno de los principales beneficiarios es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón (cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso Gürtel); modernización de regadíos de la comunidad de usuarios del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está igualmente imputado).

- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era mejor. En la ejecución se produjo una modificación que elevó los costes de la autovía en 284.000 euros.

La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso baraja que las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa, correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el escrito de adjudicación de la obra a Teconsa.

El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y 2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin publicidad y otras en contratos menores.

- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes (cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.

- Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa es la operación urbanística que menos documentada está en los libros de la red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex responsable de la empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el suelo.

www.elpais.es 12.10.09

EL PP VUELVE A CARGAR CONTRA LA FISCALÍA

Sáenz de Santamaría apoya a Camps y acusa a Conde-Pumpido de perseguirles

La dirección del PP salió ayer en defensa de Francisco Camps y recuperó la estrategia de arremeter contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por supuesta persecución a su partido en el caso Gürtel.

Los populares reclaman que el fiscal comparezca en el Congreso

Esa estrategia del PP se basa en la supuesta petición de la fiscalía para que se eliminen del sumario conversaciones que favorecen al presidente de la Generalitat valenciana. Esas grabaciones se refieren a la parte que ya archivó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre los trajes que, presuntamente, le regaló la trama corrupta a Camps. No afectan a la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni a la acusación de supuesta financiación irregular del PP de Valencia. Tampoco afectan a la estrecha relación entre Camps y los miembros de la trama, que queda probada en el sumario y que ha provocado la exigencia de responsabilidad política al presidente valenciano.

La conversación la mantuvieron en la cárcel Pablo Crespo, presunto número dos de la trama, y su abogado. No está en el sumario porque la Fiscalía Anticorrupción pidió que se eliminaran las transcripciones y el juez Baltasar Garzón emitió un auto el 27 de marzo en el que ordenaba excluir "las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados (...) y sus letrados y que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa". No obstante, en la parte del sumario que se ha hecho pública han quedado algunas de estas conversaciones, por un error. De hecho, en esos folios figura la anotación manuscrita "quitar".

El PP se agarró a este episodio ayer y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a la fiscalía de tratar de eliminar pruebas. La dirigente del PP hizo estas manifestaciones a través de un comunicado distribuido por el partido, sin posibilidad de ser preguntada.

Según Sáenz de Santamaría, el contenido de esas conversaciones "no ha estado nunca" en los autos que la Audiencia Nacional remitió a Valencia, donde se continuó el procedimiento, y por ello cree que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene que comparecer con carácter urgente en el Congreso y explicar "estos intentos de manipulación".

Sin embargo, fuentes del Congreso recuerdan que nunca se ha tramitado en la Mesa de la Cámara la petición de comparecencia del fiscal general para dar cuentas de una actuación sobre un caso judicial concreto que esté abierto. Fuentes del PSOE aseguran que su intención es frenar dicha petición cuando llegue a los órganos correspondientes de la Cámara.

Añaden que, además, es la Fiscalía Anticorrupción la que actúa directamente en el caso.

Sin embargo, la portavoz del PP da por hecho en su comunicado que Conde-Pumpido conocía la existencia de estas conversaciones. Y vincula esta decisión con la de recurrir ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa.

Sáenz de Santamaría tira por elevación, y del fiscal Anticorrupción pasa al fiscal general del Estado y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "En estos días en que la señora De la Vega va de televisión en televisión y de radio en radio pretendiendo dar lecciones de ética política y democracia, que dice ella, le digo que hay dos cosas muy claras: que en democracia el Ejecutivo no tiene que dar instrucciones ni a la justicia ni al fiscal general del Estado, y que no es ético ordenar el archivo de una actuación, cosa que no puede hacer por vulnerar la justicia y la independencia judicial". Añade que "tampoco es ético cuando se trata de eliminar unos datos del sumario, que sabían que no había ninguna responsabilidad por parte del presidente Camps porque pagaba sus trajes".

A Conde-Pumpido le acusa de "atacar" al PP y defender los intereses del PSOE.

www.elpais.es 12.10.09

LAS PREGUNTAS QUE RAJOY SIGUE SIN RESPONDER

El presidente del PP no ha explicado aún sus relaciones con Correa y Crespo, negó desde el principio que existiera una trama de corrupción y se empeñó en defender a Luis Bárcenas y Francisco Camps

Ocho meses después de que la operación Gürtel saltase a los medios de comunicación (la investigación, dirigida por el juez Baltasar Garzón, comenzó mucho antes), el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, sigue sin dar respuesta a muchas de las incógnitas acerca del verdadero alcance de la relación entre la trama y el PP.

Las seis principales son las siguientes:

1. ¿Por qué no cortó con la trama antes de 2004?

Rajoy ocupa cargos de relevancia en el PP nacional desde el año 1990, cuando fue elegido vicesecretario general en la primera dirección de José María Aznar. En 2004 se convirtió en secretario general y después en su presidente. Durante ese tiempo tuvo no sólo una responsabilidad colegiada con lo que se decidía en la sede de la calle Génova, sino que fue el responsable directo de las campañas electorales de los años 1996 y 2000, en pleno apogeo de las relaciones entre la trama Gürtel y el PP.

Sin embargo, Rajoy sostiene que la primera noticia que tuvo de lo que estaba pasando le llegó en 2004. Fue entonces cuando, según su propio testimonio, puso fin a la relación del partido con la trama siguiendo las indicaciones del entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta.

"A mi me planteó el tesorero del partido que estas personas estaban utilizando el nombre de la dirección del PP y decidimos, por eso, dejar de contratar con ellos", declaró el 24 de febrero. Rajoy sostuvo entonces que "lo único que hacían en Génova era poner las traseras", en referencia a los paneles que se colocan en los escenarios donde los dirigentes del partido tienen previsto protagonizar intervenciones públicas.

La realidad, según las conclusiones de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, es algo diferente. Special Events, la matriz de la red gobernada por Francisco Correa y Pablo Crespo, se convirtió en la empresa que acaparaba "la mayor parte de los actos promocionales de los conservadores", algo que no se consigue colocando únicamente "las traseras".

Correa, que adoptó el nombre en clave de Don Vito, "acudía con asiduidad a la sede del partido". En la que también prestaba servicios el propio Rajoy. Y la investigación ha demostrado que la forma de operar de la trama se basaba en la "relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tienen su puesto de trabajo en la calle Génova".

En esa época, el principal interlocutor de Correa era el entonces gerente del partido, Luis Bárcenas, hombre de la máxima confianza de Francisco Álvarez-Cascos, secretario general del PP hasta el año 1999.

Lo que Rajoy nunca ha explicado es por qué, siendo él el máximo responsable de las campañas electorales de 1996 y 2000, no supo hasta 2004 que la principal beneficiaria de los contratos del partido (Special Events) era el buque insignia de un trama de corrupción, financiación ilegal y blanqueo de dinero. De hecho, Rajoy no se atreve a negar haber tenido relación con el cabecilla de la trama. "No tengo claro que conozca a Correa. Es probable que me haya encontrado con él en alguna reunión, pero no hemos tenido ningún encuentro", señaló el 12 de marzo.

La ignorancia de Rajoy es especialmente llamativa porque el PP de Galicia, en cuya secretaría general había situado a Jesús Palmou, uno de sus más estrechos colaboradores tras la defenestración de Pablo Crespo, supuestamente ya conocía las actividades irregulares de la trama, al menos desde el año 1999, según han confirmado casi al unísono Manuel Fraga y Alberto Núñez Feijóo, los dos últimos presidentes del partido en la comunidad gallega.

2. ¿Por qué no advirtió al partido y a sus cargos?

Mariano Rajoy asegura que, cuando llegó a la Presidencia del partido, la única medida que adoptó contra la trama corrupta fue poner fin a sus contratos. Según él mismo ha reconocido, en la decisión de no volver a contar con las empresas de la trama pesó el hecho de que los responsables de la red iban "sobre todo por algunos municipios del noroeste de Madrid utilizando el nombre de la dirección del partido".

Lo que no ha explicado es por qué, si sabía lo que la trama estaba haciendo, especialmente en municipios de la Comunidad de Madrid, no lo puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. O, como mínimo, por qué no se lo advirtió al Partido Popular madrileño o a los alcaldes de los ayuntamientos afectados, así como a los dirigentes del partido de toda España para evitar que la red se extendiese como mínimo por Madrid, la Comunidad Valenciana y Castila y León, como acabó sucediendo.

3. ¿Por qué ascendió a tesorero a Bárcenas?

Mariano Rajoy afirma que fue Álvaro Lapuerta, tesorero del PP desde la época de Aznar, el que le advirtió sobre la trama de Francisco Correa. Pero lo que no ha aclarado todavía es por qué en 2008 eligió para sustituirle a Luis Bárcenas, que en su condición de gerente del PP había sido el principal interlocutor de la trama. Bárcenas, según las conclusiones de la investigación policial, es el político del PP que más dinero ha recibido de las empresas de Correa, que a su vez se enriquecieron con los suculentos contratos que se decidían en la calle Génova. El máximo responsable de la trama aseguró, en una conversación incluida en el sumario, que había entregado 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) a Bárcenas, tanto en la sede del PP como en su casa.

A pesar de estas evidencias, que han acabado en el Tribunal Supremo (Bárcenas es senador por Cantabria), Rajoy siempre ha defendido a su tesorero. "La gente" de Francisco Correa "no ha entregado ni un solo euro al PP. Eso lo digo con absoluto conocimiento de causa", subrayó en marzo a una emisora de radio. "Nunca nadie podrá probar" que Bárcenas y Galeote, otro de los imputados, "no son inocentes", añadió, tajante, el pasado mes de abril.

4. ¿Por qué cerró filas y ordenó atacar a Garzón?

Mariano Rajoy no ha explicado todavía por qué sabiendo lo que sabía, hasta el punto de que cuando llegó a la Presidencia del partido ordenó romper con las empresas de la trama, cuando estalló el escándalo optó por el cierre de filas y por intentar desacreditar al juez instructor, Baltasar Garzón. El PP llegó a presentar 15 querellas, denuncias o quejas (todas fracasadas) contra el juez Garzón por su instrucción del caso Gürtel. La comisión disciplinaria del Consejo General del PoderJudicial (CGPJ) aún dio carpetazo a la última de ellas el pasado 15 de septiembre.

El pasado 11 de febrero, el propio Rajoy, acompañado por la plana mayor del PP, compareció para defender el honor de su partido y presentarlo como la víctima de una conspiración del Gobierno y del juez encaminada a desgastar a los conservadores de cara a las autonómicas vascas y gallegas que se celebrarían dos semanas más tarde.

Aunque Rajoy insistió en repetidas ocasiones en su convencimiento de que todo quedaría "en nada", el sumario del caso, hecho público parcialmente esta semana, ha demostrado que las acusaciones contra los cabecillas de la trama y numerosos dirigentes y cargos públicos del PP tienen como base conversaciones grabadas por orden judicial y numerosos soportes documentales, además de algunos testimonios clave, como el ofrecido por el contable de la red.

5. ¿Por qué niega que haya financiación ilegal?

Desde que se hizo público el caso, Mariano Rajoy ha señalado en numerosas ocasiones que "no hay financiación ilegal en el PP". Lo dijo nada más conocerse la investigación, lo repitió el 3 de marzo ("todo el mundo debe tener la tranquilidad de que el partido no se financió con aportaciones de los imputados"), lo repitió en julio (el PP "no se ha financiado ilegalmente") y lo ha vuelto a decir en septiembre ("las cuentas del PP son claras y están auditadas; Gürtel no constituye una trama de financiación ilegal").

Sin embargo, el sumario del caso incluye numerosas evidencias y testimonios de todo lo contrario, tanto en relación con la vida ordinaria del partido como en lo que se refiere a las campañas electorales. Y no sólo en una comunidad sino en tres: Valencia, Madrid y Galicia.

6. ¿Por qué ha optado por la pasividad?

Frente al caso Gürtel, Mariano Rajoy ha impulsado una estrategia que consiste, básicamente, en actuar como si no pasase nada. La sensación de inhibición inquieta cada vez más a los miembros de la dirección del partido, incómodos ante la proliferación de pruebas que ponen de manifiesto la connivencia de algunos cargos con los corruptos.

Las dificultades de Rajoy para imponerse se han revelado también a la hora de abordar las responsabilidades en la Comunidad Valenciana, donde Francisco Camps se ha resistido una y otra vez a tomar decisiones. Especialmente humillante para Rajoy fue tener que reunirse con Camps en un parador a medio camino de Madrid y Valencia, lo que ha hecho a muchos preguntarse el motivo por el que el presidente del PP es incapaz de actuar con mayor contundencia para reforzar su liderazgo.

www.publico.es 11-10-09

EL 'PEN DRIVE' QUE HUNDIÓ AL PP

Un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos, incautado por la policía a un contable de Francisco Correa, delató a la trama corrupta

José Luis Izquierdo, administrativo con ciertos conocimientos de contabilidad, algunas acciones de Telefónica y una nómina mensual de 2.000 euros más un sobresueldo de 500, dedicó su última etapa profesional a trabajar a las órdenes de Francisco Correa, presunto jefe de la trama de corrupción masiva vinculada a gobiernos del PP. Izquierdo intentó poner orden en un caótico negocio formado por más de una decena de pequeñas empresas que generó unos beneficios de al menos 50 millones de euros en los últimos diez años.

Cuando el pasado 13 de febrero la policía se presentó en su despacho, en un edificio situado en el número 40 de la madrileña calle de Serrano, el contable de Correa guardó en una de sus manos un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos (pen drive). No le sirvió de mucho, porque la policía descubrió el movimiento, requisó el pen drive y procedió a leer su contenido: 107 archivos que han puesto al PP contra las cuerdas en el mayor caso de corrupción que ha sufrido esta formación política en toda su historia.

Un diputado, un senador -y entonces tesorero del partido-, varios diputados autonómicos, un consejero del Gobierno madrileño, alcaldes y concejales de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León han sido imputados, han dimitido o están a punto de hacerlo ante las revelaciones del pequeño dispositivo de almacenamiento masivo de datos.

Los 107 archivos del pen drive resumían los 13 años de historia de la trama empresarial fundada por Francisco Correa en 1996. Durante todo este tiempo, Correa practicó supuestamente el cohecho, el tráfico de influencias, la falsedad documental y el fraude fiscal para alimentar un negocio sobre el que José Luis Izquierdo intentaba llevar cierto control, informando a sus jefes de los ingresos y los gastos. Aunque, como el contable declaró a la policía, ignoraba en muchos casos el origen del dinero y sólo lo anotaba porque se lo mandaban. Izquierdo no preguntaba: hacía montones que iba guardando en distintas cajas de seguridad de sucursales bancarias repartidas por Madrid.

Tras ser detenido, la policía le interrogó en la tarde del pasado 13 de febrero. Fue una declaración larga en la que Izquierdo dejó sin contestar algunas preguntas pero respondió a otras que permitieron a los investigadores hacerse una primera idea de la trama de corrupción que habían desarticulado. Sus prácticas delictivas quedaron impresas en alguno de los 107 archivos que Izquierdo explicó a la policía.

- Pago de comisiones ilegales. El contable, por orden del número dos de la red, Pablo Crespo, anotó el pago de dinero a una decena de dirigentes del PP que tenían capacidad para adjudicar contratos millonarios. Entre ellos estaban el tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas; el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo -ambos dimitieron de esos cargos después-, dos diputados autonómicos y cuatro alcaldes.

- Financiación irregular del partido. Varios apuntes delataban cobros en dinero B al PP por el montaje del congreso regional de Valencia, el 10 de diciembre de 2002; o por la organización de actos para los populares en las elecciones gallegas de 1997.

- Blanqueo de capitales. Izquierdo reflejó también el trasiego de grandes cantidades entre sociedades patrimoniales y algunos paraísos fiscales.

- Implicación de constructores. Al menos tres de los archivos analizados por la policía incluían el pago de cantidades importantes de dinero por constructoras a la trama corrupta.

Los datos almacenados en el pen drive que probaba la corrupción masiva vinculada al PP se correspondían con ingresos de las empresas de la trama que la policía ha logrado acreditar durante los 14 meses que ya dura esta investigación.

"Aquí tenemos un problema..."

Durante una conversación mantenida en la cárcel con su abogado el pasado 6 de marzo, el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se lamenta de su suerte. Es consciente de que, aunque se enroque y niegue todas las acusaciones, no puede borrar los cientos de datos sobre pagos en dinero negro que aparecen en el pen drive del contable de las empresas. "El puto pen drive, macho [...] Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo", dice Correa. El abogado coincide: "Aquí tenemos un problema que es el pen drive, que está expresado con toda claridad. [El juez] Garzón se ha ocupado, la policía mejor dicho, de hacer cuadros de lo que cobra cada uno"

En ese archivo de memoria USB, que el contable José Luis Izquierdo trató de esconder cuando fue detenido, están registrados los ingresos de las distintas empresas de la red de Correa durante varios años, y también, con detalle, los supuestos pagos en comisiones ilegales realizados a políticos del PP que beneficiaban a esas empresas. Izquierdo, además, confirmó punto por punto esos datos en su declaración ante la policía primero y ante Garzón después. "Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo", le cuenta el abogado a Correa cuando están barruntando qué declararán los otros imputados al juez

El letrado, a pesar de todo, mantiene una esperanza: que los sobornos revelados por el pen drive no puedan ser vinculados a favores concretos de los políticos sobornados. Si ese vínculo no se prueba, asegura, no hay delito

www.elpais.es 11.10.09

LA CONJURA UNIVERSAL SE DESPLOMA

Uno por uno han caído todos los argumentos defensivos improvisados por el PP - El partido buscará ahora la nulidad de las pruebas como en el 'caso Naseiro'

Uno tras otro han ido cayendo los argumentos defensivos que el PP ha improvisado sobre la marcha para hacer frente al caso Correa. Mariano Rajoy ha puesto voz a los argumentos servidos por el equipo jurídico del partido que ha encabezado Federico Trillo.

A cada paso se respondía con ruido y con la estrategia del vaquero que, al entrar en la cantina, dispara al pianista y no al forajido. Disipado el ruido, los 17.000 folios de sumario cuyo secreto ha levantado el juez han sepultado la conspiración universal por la que desfilaron Garzón, la fiscalía, policías, jueces, periodistas.... Ahora el PP recupera la posibilidad de buscar una nulidad de pruebas, tal y como baraja desde hace meses en las reuniones de estrategia.

Todo empezó el 11 de febrero cuando Rajoy, con todos sus dirigentes detrás, incluido Francisco Camps, en una imagen insólita, dijo: "No hay una trama del PP, hay una trama contra el PP".

- 1. Baltasar Garzón. "Garzón es socialista, ha pertenecido al partido socialista y debe abstenerse en la causa contra el PP, no puede juzgar a la gente de un partido y lo que está haciendo es realmente injusto", dijo Rajoy el 26 de febrero. Le siguió una querella contra el juez, al que se acusaba de actuar por venganza. El caso ahora lo llevan otros jueces y el sumario tiene pruebas materiales, testimonios coincidentes y escuchas incriminatorias. La querella fue rechazada.

- 2. Bermejo cazador. "La cacería liquida cualquier apariencia de división de poderes y de imparcialidad de la justicia y extiende un velo de sospecha sobre el ministro y sobre el juez". "Es obscena, bochornosa y degradante". En febrero ésa era la defensa de Rajoy: el juez, el ministro y el policía urdieron todo en un día de caza. Mariano Fernández Bermejo dimitió como ministro de Justicia, pero el caso sigue y crece.

- 3. Relación terminada. "A mí me planteó el tesorero del partido -Álvaro Lapuerta- que estas personas estaban utilizando el nombre de la dirección del PP y decidimos, por eso, dejar de contratar con ellos, aunque lo único que hacían en Génova era poner las traseras". Rajoy explicó así a mediados de febrero que cuando llegó al partido en 2004 ordenó romper las relaciones con las empresas de Correa. Sin embargo, el sumario incluye facturas de trabajos de 2005, en la campaña del referéndum de la Constitución europea.

- 4. Ni un euro al PP. "Ni hay trama, ni hay financiación ilegal del PP". "Todo el mundo debe tener la tranquilidad de que el partido no se financió con aportaciones de los imputados". "La gente de Correa no ha entregado ni un solo euro al PP". "El partido no se ha financiado ilegalmente ni ha recibido un euro de las personas que están detenidas". Encabezan la lista de grandes éxitos en los argumentarios del PP y Rajoy ha intentado así dejar al partido al margen. Dolores de Cospedal, la secretaria general, le ha seguido con frases como: "Esto no es Filesa" y "No estamos hablando de financiación irregular, de ninguna manera. Estamos muy tranquilos". Pero un informe de la policía acaba de demostrar que la trama pagó actos del PP en Valencia. Y, además, con dinero negro y facturas sin IVA, según consta en el sumario. Se investiga si esta práctica se extendió.

- 5. Son inocentes. Rajoy no ha cesado de poner las dos manos en el fuego por los acusados. Sobre todo por Camps y los suyos, con los que se ha montado varios homenajes públicos, especialmente en la campaña de las europeas. El 24 de febrero, sin esperar a conocer detalles, el líder del PP ya dijo: "Estoy seguro de que muchas de las personas que salen en los periódicos no aparecen en el sumario, ni van a ser imputados, ni van a ser inculpados. Y a esas personas, ¿Quién les repara el daño causado?". Luego, sobre Bárcenas y Galeote dijo: "Nadie podrá probar que no son inocentes". Ahora, los dos están imputados. El 23 de abril, Camps dijo: "Todo es un montaje y una mentira y la verdad, si Dios quiere, es lo que pronto sabrá todo el mundo". Sin invocar a Dios, Rajoy se rindió un mes después ante el presidente valenciano: "Paco, estamos contigo, como siempre. Y la inmensa mayoría de los ciudadanos se van a llevar una enorme alegría para disgusto de esos inquisidores del siglo XXI que son de una crueldad infinita, pues no tienen razón ni corazón".

En junio, en presencia de Ricardo Costa y miles de simpatizantes, Rajoy se entregó definitivamente: "Yo creo en tí, creo en lo que haces. Paco, siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Quiero que lo oigan todos". Hoy Camps mantiene una batalla con Rajoy, que incluye intercambio de golpes en la cara de Costa y que apenas ha empezado. El paroxismo llegó con Jaime Mayor Oreja en la plaza de toros de Valencia: "Frente a la mentira y la calumnia tiene que ganar la decencia de Paco Camps, el más honorable de todos los valencianos y de todos los españoles".

- 6. Tres tristes trajes. "Lo de los trajes no me lo creo. Es imposible que se haya vendido por tres trajes". Cuando Camps sólo tenía encima la acusación de recibir trajes, Rajoy sostuvo que era poco obsequio para comprarle, como si la honestidad fuera inversamente proporcional al precio. El valenciano no ha justificado aún los pagos, y todo el PP se lanzó a criticar el llamado cohecho impropio y a justificar los regalos a políticos. Rita Barberá, que, según Álvaro Pérez, El Bigotes, recibió de la trama un carísimo bolso de Louis Vuitton, quiso que se actuara contra Zapatero por recibir anchoas del presidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Ahora, exculpado Camps por los trajes, el sumario ha mostrado que esos regalos eran lo de menos, porque el líder valenciano y su entorno mantenían una relación estrecha con la trama que dirigía quien se hacía llamar Don Vito. Tanto, que Costa les pedía que intercedieran ante Camps para que le hiciera consejero.

- 7. Escuchas ilegales. Cospedal tiró la bomba atómica en agosto, desde un chiringuito de playa: "Me consta que se están produciendo escuchas ilegales a personas que no tienen que ver con los sumarios". Se refería a que, según ella, dirigentes del PP tenían el teléfono pinchado. Por muchas preguntas que se han hecho a Cospedal y a otros dirigentes del PP nunca se ha sabido a qué se refería. Tampoco hubo querella y el PP intenta hacer olvidar sus palabras.

- 8. Persecución. "Es evidente que el Gobierno persigue al PP". "Que la fiscalía tiene un trato diferente entre el PP y el PSOE es un hecho objetivo, no un juicio de valor", aseguró Rajoy para poner el foco sobre la fiscalía. Como si los 17.000 folios de pruebas, testimonios y escuchas fueran fruto de la inquina de Cándido Conde-Pumpido.

- 9. Informe apócrifo. "Sabemos que hay un informe, pero no sabemos quién lo ha pedido", dijo el líder del PP para restar valor al informe de la Brigada contra el Blanqueo que daba por probada la financiación irregular del PP de Valencia. Incluso la factoría de denuncias de los populares aseguró que los policías que lo hicieron fueron condecorados por Interior. El informe ha sido avalado por las pruebas.

- 10. Escuchas a abogados. De los productores de las otras nueve estrategias llega ahora la de la anulación de todo el sumario por grabaciones de conversaciones entre imputados presos y sus abogados. Hace meses que se planteó en reuniones internas del PP, aún está en marcha y pretende ser el remake de la nulidad del caso Naseiro que sepultó judicialmente aquella financiación ilegal del PP. Ocurrió en Valencia y en el equipo jurídico-político estaba también Trillo.

www.elpais.es 11.10.09

LA MUJER DE CORREA ERA TITULAR DE 14 COCHES Y CRESPO DE 10

La cúpula de la 'red Gürtel' poseía un total de 49 vehículos de lujo por importe de 1,3 millones de euros

La cúpula de la 'red Gürtel' poseía un total de 49 vehículos de alta gama o lujo de marcas de reconocido prestigio por valor de 1,3 millones de euros, excluyendo los que regalaron supuestamente a diversos políticos como sobornos a sus exigencias, según un informe que consta en el sumario elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.

BMW 735, Range Rover Sport, Mercedes SLK, Audi S6, Audi All Road, Mercedes E300, Audi A8, Mercedes SL500 son algunas de las marcas de los lujosos vehículos con precios superiores a los 35.000 euros que lucían los cabecillas de la trama de blanqueo de capitales.

La palma se lo llevaba la mujer de Correa, la imputada Carmen Rodríguez Quijano, quien poseía un total de 14 vehículos de estas características, entre ellos dos Land Rover, un Chrysler Jeep Wranger y un Lincoln Town Car.

En cambio, su marido sólo era titular de una motocicleta de gran cilindrada, una Suzuki GSX 600F. No obstante, en el listado de vehículos de la trama consta que anteriormente era titular de otros tres.

Según el informe policial, el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo poseía 12 coches. En la actualidad, era titular de un Seat Ibiza 1.9 y de un Opel Ascona 2.0. Además, figuró como propietario de otros tres vehículos, actualmente transferidos a terceros.

El responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes', tenía cuatro vehículos de alta gama. En la actualidad, consta como titular de dos coches de la marca Bombardier, uno modelo CAM AM y otro DS650X, según el documento.

El restante de los vehículos, un total de 15, estaban a nombre de las empresas del entramado corrupto: Pasadena Viajes, Orange Market, Special Events Technology Consulting Management (TCM). Entre las marcas destacan Mercedes, Land Rover Discovery y Bombardier.

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales especifica que la compra de los vehículos se efectuó, en la mayoría de los casos, aproximadamente, entre el periodo de tiempo comprendido entre 2000 y 2008, figurando a nombre de los investigadores por un periodo que oscila entre varios meses y dos o tres años, momento en el que son transferidos a terceros.

Los investigadores señalan que en algunos casos se detectó que los vehículos se transferían entra las distintas personas físicas y jurídicas que engloban el grupo empresarial que dirigía Correa. También hicieron hincapié en el considerable volumen de compra-venta de vehículos de alta gama en casos como la mujer de Correa y Pablo Crespo, siendo Correa sólo titular de una moto.

REGALOS A POLÍTICOS

El sumario incluye otros vehículos regalados a los participantes de la red corrupta. Por ejemplo, Correa compró en 1999 con dinero de la 'Caja B' un Mercedes valorado en 33.000 euros que se puso a nombre de Lourdes Semprun, la mujer del ex eurodiputado Gerardo Galeote, imputado en la trama. Este vehículo estuvo en un principio a nombre de la empresa mercantil Pasadena Viajes S.L.

El sumario destapa también que 'El Bigotes' y Crespo realizaron gestiones para conseguir un coche de lujo Infiniti para el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El dirigente popular siniestró este coche el pasado mes de mayo.

Por otro lado, la relación entre Correa y los coches del ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda se refleja en una declaración del líder de la trama, en la que Correa mantiene que Sepúlveda "le debía 14 millones de pesetas de un Range River y que le iba a pagar con una obrita, y no le ha pagado ni el coche ni los viajes de los dos últimos años".

El documento precisa que el concesionario emitió dos facturas por el mismo Range Rover, una a favor de Correa por 83.000 euros y otra para la empresa ALD Automotive SAU referida al mismo vehículo donde consta un sello a nombre de Jesús Sepúlveda.

De la documentación se desprenden los tres coches de alta gama que Sepúlveda también imputado en la trama, adquirió por un valor total que supera los 175.400 euros.

Primero, compró un BMW modelo 523 I en abril de 1996 por el que pagó en efectivo 39.000 euros (6,5 millones de pesetas). Tres años más tarde se hizo con un Jaguar S-TYPE V.8. valorado en 53.400 euros, que él, por entonces pagó en pesetas (8,9 millones) en dos plazos: la entrada de 250.000 pesetas y mediante cheque bancario. Posteriormente, en 2004, compró para después alquilar un vehículo Range Rover Vogue 4.4. V8 por un valor total de 83.000 euros.

www.levante-emv.com 11.10.09

CORREA . UN VANIDOSO ENTRE LOS MILLONARIOS

La investigación sólo ha hallado por ahora unas pocas de las casas de Francisco Correa, ninguna a su nombre, que están en los lugares más exclusivos de España

Francisco Correa vivía como un millonario. Con toda seguridad, acabó siéndolo. Pero la fortuna que amasó durante más de diez años a través de su red de empresas todavía no se ha calculado de una manera oficial. Ni la policía ni los tres jueces que han instruido el caso Gürtel han llegado aún a una conclusión, y son muy prudentes en sus informes. Extraoficialmente, basándose en estimaciones y testimonios, la sospecha es que Correa pudo amasar una fortuna cercana a los 50 millones.

· El cofre del tesoro marbellí de la esposa de Correa

Los investigadores saben, porque se lo han preguntado a Hacienda, que nunca ha hecho una declaración de la renta. Que en el registro de la propiedad no aparece nada a su nombre. Que en la oficina del catastro sólo figuran apuntes de dos locales en la calle de Húmera, en Madrid. Por las dimensiones (36 y 5 metros cuadrados), uno debe de ser un garaje y el otro un trastero.

Lo que se sabe de su fortuna lo ha contado él, en conversaciones grabadas bajo autorización judicial. Dice que tiene una casa en Sotogrande (con dos atraques para barcos en el puerto), otras en Pozuelo y Majadahonda, una finca en Tarifa y problemas para construirse una casa en Ibiza. También habla de negocios en Estados Unidos, Brasil, Colombia y Panamá, que los jueces, en la parte desclasificada, aún no han conseguido descifrar. Por la frecuencia con la que viaja, parece que tiene casas en esos lugares.

Según los documentos judiciales, las propiedades de Correa están a nombre de al menos tres empresas de gestión patrimonial (Kintamani, Osiris y Caroki), en las que él no figura. Las propiedades de las que disfrutaba Correa están en el lujo más inalcanzable de España.

Por ejemplo, su residencia habitual, en la Urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Se trata del complejo residencial más exclusivo del pueblo con la renta per cápita más alta de España. Carmen Rodríguez, la esposa de Correa, que ahora utiliza ese domicilio, es vecina de poderosos y famosos, desde el ex presidente del Gobierno José María Aznar hasta la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. El ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda estaba en nómina de la trama.

El criterio de Correa y Rodríguez para elegir casa parece ser buscar la más grande, en la construcción más exclusiva, en el lugar más caro y más privilegiado. Valga de ejemplo la casa de la urbanización Valgrande, en Sotogrande, San Roque (Cádiz). Se trata de un ático en medio de la exclusiva zona. La empresa Kintamani también es propietaria de una finca de 3.000 hectáreas en El Hondón, Tarifa.

En las grabaciones, Correa habla de ciertas dificultades para construir una mansión en Ibiza. De sus conversaciones con un contacto en Ibiza se deduce que el Gobierno insular ha denunciado la obra por exceso de edificación. "El dormitorio nuestro está abierto, y al estar abierto no computa", se queja Correa. La solución que se le ocurre a Correa denota cierto estilo: "Si al tío le llevamos ya un Rólex, un buen regalo, el tío dirá bueno, venga ya". Se refiere al aparejador. En conversaciones posteriores, Correa habla directamente de sobornarlo con un jamón y 6.000 euros.

La investigación concluye que se trata de un inmueble con tres plantas y un torreón, situado al borde de un acantilado en la zona norte de la privilegiada isla. La construcción está sin terminar. Pero si se le echa un vistazo en Google Maps (la dirección es calle Punta Grossa, 76, en Sant Joan de Labritja), sobran las explicaciones.

Según constaba en la denuncia inicial contra Correa, también eran suyos varios inmuebles de unos 200 metros cuadrados en la urbanización El Embrujo, en Marbella. Esos chalés provienen de su suegro, Enrique Rodríguez Bugallo. Este abogado fue imputado en la operación Ballena Blanca, en la que se desactivó una gigantesca red de blanqueo de dinero con sede en Marbella. Según las grabaciones del sumario, Correa prestó 300 millones de pesetas a su suegro a cambio de cinco inmuebles de El Embrujo, comprados muy por debajo de su valor para sacarles una rentabilidad del 100%.

De las grabaciones se deduce también que posee al menos dos barcos de lujo, uno llamado Carmen XI y otro llamado Parapipi y localizado en el puerto de Altea.

Correa sólo ocultaba su fortuna al fisco. Todo lo que se conoce de sus propiedades lo contó él mismo cuando se jactaba de sus millones ante sus colaboradores en las grabaciones. Sin su vanidad, todo este lujo seguiría siendo un misterio. Se movía por Madrid en un Audi A8 con chófer, y disponía de varias plazas de garaje alquiladas en el Hotel Fénix, en plena plaza de Colón, a medio camino de su oficina, en la calle de Serrano, y la sede del PP, en la de Génova. Allí se grabaron algunas de las conversaciones que, dos años después, tumbarían su imperio.

Éste es el acta matrimonial de Francisco Correa y Carmen Rodríguez. Los casó Marisol Yagüe, alcaldesa tránsfuga de Marbella, el 23 de diciembre de 1997. En 2006, Yagüe fue encarcelada por el caso Malaya, que investigaba una trama de corrupción generalizada en el Ayuntamiento. Está pendiente de juicio.

AGUIRRE SE LANZA Y DESAIRA A CAMPS Y RAJOY

Sucedió de nuevo. En pleno debate interno por la lentitud de Mariano Rajoy a la hora de tomar decisiones, y sobre todo por el empeño de Francisco Camps en no hacer absolutamente nada ante las revelaciones del escándalo del caso Gürtel, Esperanza Aguirre volvió a dejarlos en evidencia, trasladando así toda la presión al presidente valenciano.

Apenas unas horas después de recibir el sumario del caso Gürtel, en el que la Comunidad de Madrid se ha personado, Aguirre optó ayer por levantar un cortafuegos para evitar que las implicaciones políticas de la trama afecten aún más a su imagen. Y por ello expulsó del Grupo Popular en la Asamblea a los tres diputados autonómicos imputados. A los dos ex alcaldes que seguían como concejales también los echó de sus grupos municipales. Ella incluso está dispuesta a forzar el reglamento de la Asamblea para evitar que se los diputados vayan al Grupo Mixto y cobren un plus. En cualquier caso, la mayoría absoluta de Aguirre no corre ningún riesgo, puesto que contará ahora con 64 de los 120 diputados.

Los afectados son el ex consejero Alberto López Viejo, muy cercano a Aguirre; el ex portavoz Benjamín Martín Vasco el diputado Alfonso Bosch, el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y el de Boadilla, Arturo González Panero. Ninguno renunció a su acta.

Sepúlveda, un histórico del PP que organizaba todos los actos de José María Aznar, ha sido reintegrado por Rajoy a su puesto como funcionario del partido en Génova, con sueldo de asesor. La dirección del PP señala que es un trabajador y su despido sería improcedente.

La decisión drástica, que la oposición venía reclamando hace meses, se produjo en medio de una gran tensión y un forcejeo interno, ya que Aguirre y su entorno intentaron sin éxito que entregaran el acta. "¿Quién les va a contratar? ¿De qué van a vivir?", se preguntaban fuentes populares. Los diputados temían, además, que el caso volviera al juez Baltasar Garzón si renunciaban al aforamiento. Una vez asumido que no cederían, la reunión en la que se decidió su expulsión fue tranquila porque estaba todo claro.

Oficialmente, la decisión se justifica por el levantamiento parcial del secreto del sumario. Pero en éste no hay apenas datos nuevos sobre la rama madrileña de la trama. Las pruebas que imputan a los diputados y concejales ya estaban el auto del juez Baltasar Garzón de marzo. Lo que realmente pesó en una decisión madurada el miércoles, en una reunión de Aguirre con sus fieles, entre ellos Ignacio González y Francisco Granados, fue el regreso ayer del caso Gürtel a las primeras planas de los periódicos y el hecho de que Aguirre debía someterse a la sesión de control. Era su imagen la que estaba en juego, y la que le hizo decidirse.

Pesaba mucho, según los aguirristas, el hecho de mantener la línea de actuación rápida y contundente. Porque la presidenta madrileña no dudó en destituir como consejero a López Viejo en cuanto comenzó a salir a la luz el caso, mucho antes de que estuviera imputado. A él le siguieron el resto de cargos.

A nadie se le escapaba ayer en el entorno de Aguirre que la decisión deja en muy mal lugar a Camps y a Rajoy, que tiene un senador, el ex tesorero Luis Bárcenas, y un diputado, Jesús Merino, imputados. La dirección nacional se puede acoger al hecho de que para ellos no ha sido levantado aún el secreto del sumario, pero la presión crece hacia Rajoy en un momento de dificultad, cuando recibe críticas de todos lados por su gestión de la crisis de Gürtel. La noticia sentó muy mal en el entorno de Rajoy.

La imagen de un líder que está en manos de Camps, al que Rajoy no consigue convencer de que tome medidas, está haciendo mucho daño, según admiten varios dirigentes. Y esta decisión unilateral de Aguirre, que no consultó, viene a agravar la situación interna. "Se ha precipitado; estamos defendiendo la presunción de inocencia y ella hace esto, es muy insolidario", sentenciaba un dirigente. El portavoz del PP, Esteban González Pons, intentó hacer equilibrios en una comparecencia en Génova. Dijo que la dirección "apoya" la decisión de Aguirre, pero trató de salvar a Camps: "en Valencia no hay ningún político imputado".

(www.elpais.com, 09/10/09)

UNA CAJA DE SEGURIDAD DA LA PISTA DE 14 MILLONES INVERTIDOS EN EL EXTRANJERO

El entramado de empresas presuntamente controlado por Francisco Correa y Pablo Crespo, y diseñado por el asesor Luis de Miguel, movía millones de euros en operaciones financieras en el extranjero. Una de las cajas de seguridad bancarias intervenidas en la investigación es prácticamente un banco en sí misma. Se trata de la caja número 52 de la oficina de Caja Madrid en la calle Velázquez número 96 de Madrid, cerca de la sede principal de la trama, en la calle de Serrano.

El titular de la misma es Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de Correa. En el registro, según el informe que figura en el sumario, fueron hallados documentos sobre cuentas de valores a nombre de "FAFA" y "RAM" que suman 2.676.581 euros. "FAFA" ha sido identificado como Arturo Gianfranco Fasana, ciudadano suizo que aparece como el gestor de los fondos de Correa y Crespo en el exterior. "FAFA" también aparece en otra hoja con anotaciones de movimientos por un total de 6.742.001 euros.

En otro taco de folios se registra una serie de contactos en Holanda y documentos sobre una cuenta en ese país y posibles inversiones. Adjunto hay un correo electrónico de una entidad holandesa a la secretaria de Ramón Blanco Balín, fichado en 2007 por Correa. En la caja había también unos títulos de inversión de la cuenta "RAM" con un saldo de 4.356.877 euros.

Un documento revela la existencia de una cuenta en Merrill Lynch Bank en Suiza a nombre de Pablo Crespo. Ahí estaban también correos electrónicos de los contactos de la trama en Estados Unidos para invertir en Miami. O un documento de Merrill Lynch en Caimán con autorizaciones de cobro y una nota que dice "Albóndiga" (al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, lo llamaban El Albondiguilla).

En otros documentos, Crespo compra bonos a través de una cuenta en Mónaco por valor de 100.000 dólares y vende por un nominal de 190.000 dólares. En un fax, Crespo y Correa envían al director de la sucursal de Bancaja en Miami, Guillermo Martínez Lluch, un poder firmado para vender acciones.

La colección de documentos bancarios continúa, incluido un reportaje de una revista sobre el secreto bancario suizo. Junto a ellos, se encuentra una bolsa de plástico de El Corte Inglés con 15 joyas dentro, además de un fajo de billetes de 500 euros.

En total, en los primeros días de la Operación Gürtel se abrieron por orden judicial nueve cajas de seguridad en distintas entidades bancarias.

(www.elpais.com, 09/10/09)

EL PP EMPUJA A CAMPS PARA QUE CORTE CABEZAS

Las presiones sobre Francisco Camps van en aumento teniendo en cuenta que pasan los días y no hace nada. Ayer fueron muchas las voces críticas del PP que abandonaron su anonimato y se alzaron para exigir algún tipo de actuación después de que Rajoy hubiese pedido "explicaciones" y María Dolores de Cospedal "medidas contundentes" sin ningún éxito. Su pasividad comienza a desatar la alarma en el partido.

Muchos dirigentes aprovecharon sus comparecencias públicas para expresar su preocupación. "Aquel que comete un delito no tiene cabida en el PP", defendió el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. El rostro económico de la oposición, Cristóbal Montoro, admitió que en su partido podían existir "unos cuantos chorizos" advirtiendo de que había que "extirparlos". Y Cospedal puso por la noche el punto final admitiendo que era posible que "personas relacionadas en su momento o actualmente con el PP" hubiesen tenido "comportamientos irregulares o ilegales".

La secretaria general subrayó en el programa En noches como esta de TVE, que tendrían su sanción "penal, administrativa o como corresponda", .

Todas las advertencias llegaron al PP valenciano pero las que peor sentaron fueron las de dos de los suyos: Rita Barberá y Esteban González Pons. Durante una rueda de prensa, la alcaldesa de Valencia mantuvo que su partido actuaría en relación con el caso Gürtel y al ser preguntada si consideraba que debían producirse dimisiones tras conocerse el contenido de parte del sumario, respondió que ella y sus compañeros estaban en política y eso requería "dar explicaciones y tomar decisiones sin duda alguna".

El nombre del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, volvió a barajarse como cese. Pero la regidora contestó que cuando le pidieran "consejo", ya lo daría. Y recordó que el pasado 27 de septiembre, cuando comenzó a reclamarse la cabeza de Costa, lanzó un comunicado mostrándole su respaldo.

Sus palabras llamaron la atención, sobre todo tras varios días de un silencio elocuente. Ayer se mostró molesta porque eso se hubiese interpretado como una falta de apoyo a Camps. "No es verdad", defendió expresándole "su apoyo, cariño y lealtad". La alcaldesa sostuvo que "cualquiera" que hubiese cometido algún delito debía "ser juzgado" y destacó que estas situaciones no respondían tanto a un tema judicial "como político", visualizando el daño que le estaba causando a su formación esta "orgía de morbo y cotilleo"

La intervención de Pons en Telecinco también molestó profundamente. El vicesecretario de Comunicación dijo que veía todo esto como una oportunidad para "demostrar que el PP es capaz de luchar contra la corrupción, depurarse por dentro y eliminar aquellas partes intoxicadas". No quiso pronunciarse sobre Costa. "Rajoy confía completamente en Camps", dijo en varias ocasiones, añadiendo que es al presidente de la Generalitat a quien le corresponde "adoptar las decisiones". Su intervención terminó con un símil futbolístico muy claro: "Los resultados de Camps son indiscutibles en la tabla de clasificación. Otra cosa es que pueda haber algún conflicto en el vestuario".

A pesar de todos los avisos, la Generalitat sostuvo que no había que tomar "ninguna medida" ante "insinuaciones" y un "corta y pega de conversaciones". La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, dijo que "siempre" habían actuado con "absoluta responsabilidad, prudencia y de acuerdo con la legalidad".

En el PP creen que, después de la comida de Rajoy y Camps en el Parador de Alarcón, este último debería reaccionar. La semana pasada algunos ya le reclamaban que lo hiciera "cuanto antes mejor". El equipo de Rajoy está tratando de forzarle, pero algunos dan por hecho que con el Día de la Comunidad Valenciana, que se celebra hoy, cualquier movimiento se aplaza, tal y como ya ocurrió con el debate de Política General en Les Corts.

Algunos ven a Camps "noqueado" y comparan su actuación con la de Aguirre, que ha expulsado del Grupo Popular a tres diputados. Pons desechaba ayer que en el PP existiera una doble vara de medir explicando que "los dos cuentan con total apoyo de la dirección nacional" y diciendo que había que "tener en cuenta que en Madrid se había visto que hay muchos políticos imputados, mientras que en Valencia, no".

"Nuestro apoyo inquebrantable a Camps", lanzó como mensaje para reconducir la tensa relación entre la sede nacional y la formación regional.

(www.publico.es, 09/10/09)

COLLADO FIRMÓ EL ALQUILER DEL PISO DE SEGURIDAD DE LA TRAMA GÜRTEL

Los pasajes del sumario del caso Gürtel son riquísimos en referencias a Pau Collado, ex alto cargo del Govern de Jaume Matas. El papel del anterior director de la Fundación Balears Sostenible en la presunta trama de corrupción no es secundario, como quiso hacer ver hace meses cuando estalló el escándalo. La Policía Nacional le sitúa como "subordinado" de los cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, con acceso directo al "piso de seguridad" de la organización.

Pau Collado, relata la Brigada de Blanqueo de Capitales, firmó el contrato de alquiler de la vivienda emplazada en la calle General Martínez Campos, de Madrid. Allí los investigadores encontraron archivos encriptados, el grueso de la contabilidad B, facturas falsas o las cartas que Álvaro Pérez, El Bigotes, enviaba al PP de Galicia para reclamar el pago de una deuda. La versión de la Policía la corrobora un empleado de Collado en la sociedad Easy Concept. El testigo admite ante el juez instructor Baltasar Garzón que el mallorquín disponía de una llave del piso de General Martínez Campos.

Cuando el caso Gürtel salta a los medios de comunicación, este diario se pone en contacto con Pau Collado. "Salvo a un par de personas, una secretaria y un comercial y poco más, no conozco a ninguno de los otros [integrantes de la lista de imputados]", dice el 10 de febrero. El sumario recoge la grabación de cerca de un centenar de conversaciones que mantiene con Pablo Crespo y Francisco Correa, supuestos corruptores de dirigentes del PP.

La Policía afirma que Collado es el "captador" de contratos públicos en la Comunidad de Madrid; dirige un buen número de empresas de la organización; da cuenta a Crespo de las actuaciones que realiza; y participa en proyectos de inversión inmobiliaria de Francisco Correa en Colombia. Y además, negocia la inclusión de presupuestos superiores a los reales en adjudicaciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Por otra parte, Correa no llamó por teléfono al actual conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, para que resolviera los problemas urbanísticos de su vivienda de Sant Joan de Labritja (Eivissa), como sostiene la Policía en el sumario. El cabecilla de la trama dejó varios mensajes al concejal de de Turismo de la localidad, Jaume Marí, tal como reconoció el edil del PP a este diario. Marí dijo que conocía a Correa porque era cliente de su restaurante Can Gat. Según Marí, el empresario imputado se quejaba de la paralización de las obras cuando acudía a comer, pero en ningún momento medió en su favor. Las obras del chalé siguen empantanadas.

(www.diariodemallorca.es, 09/10/09)

JOSÉ LUÍS PEÑAS : “Mariano Rajoy puede poner al PP a la altura de HB”

¿Qué le parece la estrategia del PP de atacar al Gobierno, a la Fiscalía… para eludir responsabilidades en relación al caso Gürtel?

Es la huída hacia delante. Es muy difícil decir que en el cesto hay manzanas podridas. Más difícil es sacarlas y limpiar todo el cesto. Normalmente el que tiene que limpiar también está podrido. Es un gravísimo problema y de ahí arrancan todos los males. Si son dos alcaldillos y un presidente de la empresa no pasa nada pero cuando subes hacia arriba y son los que te han apoyado, tus amiguitos, claro, el tío que ha manejado todo el dinero y que sabe lo que ha pasado en ese partido, cuando tú no tienes la conciencia muy tranquila porque sabes que tenías que haber hecho algo más... Es lógico que tengas que hacer esta huída.

Aguirre presume de haber actuado con contundencia. ¿Ha sido así?

Esperanza Aguirre, conocida en el PP como la tránsfuga –abandonó el Partido Liberal, que sigue existiendo, por Alianza Popular-, sabía perfectamente quién era Paco Correa, sus empresas, para quién trabajaba Isabel Jordán [una de las imputadas], a la que llamaba a diario… Siempre decía que no quería a otra persona para sus actos que no fuera Isabel Jordán y decir eso era decir Correa. Hubo un juicio en 2007 porque le reclamaban unas cantidades que tuvieron que pagar. Claro, cuando una empresa tiene mucha información sobre ti tienes que actuar con cuidado. Cuando se produce la intervención de Garzón y se empiezan a saber cosas, esta señora hace lo de siempre, sacrificar peones. ¿Alguien se va a creer que López-Viejo actuara por su cuenta?

El archivo de la causa contra Camps se ha interpretado como un triunfo ¿está de acuerdo?

Yo lo veo como lo que es. Un tejemaneje absoluto. No puede ser que haya un amiguito del alma de un presidente que sea el que lo juzgue. Me parecería indignante que De la Rúa acabara en el Supremo. Espero que sea una victoria efímera. Yo he estado allí, he oído las conversaciones y es de justicia que se reabra el caso que nunca se debió archivar. Toda la familia de Camps tiene que decir algo. Su señora tiene que dar explicación.

¿Era generoso Correa con la gente?

Sí, interesadamente. Aunque a veces era capaz de hacer cosas por altruismo. Él, en el fondo, sabía que su dinero era de procedencia ilícita. Quizá ello le llevara a hacer buenas acciones, me consta que ayudó a una persona en un tratamiento contra el cáncer. Creo que lo hizo para satisfacción personal y para poder contarlo.

¿Le hizo algún regalo?

Sí, estuvo en mi boda y me regaló un viaje. Más tarde, cuando dejé de ser concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda y pasé a concejal no adscrito, él se acercó a mí. Yo ya sospechaba de sus tejemanejes y me extrañó porque de mí no podía sacar nada porque no tenía ninguna capacidad de decisión. Tuvo la idea de formar un partido independiente y ése fue mi banderín de enganche. Montamos a final de 2005 el partido, una pequeña infraestructura que lógicamente era pagada por el señor Correa.

¿Está imputado en esta causa?

Sí. Se ha dicho que yo fui a la Fiscalía y pedí un trato. Fui a la Policía y denuncié. No sé si se pueden hacer tratos o no con la Fiscalía. Desde luego yo no pedí nada para mí.

¿Ni nadie se lo ha ofrecido?

No, nadie. No lo pedí porque no lo necesito. Para hacer esto hay que tener, como dice un amigo mío, cierta parte corporal muy limpia. Y yo la tengo. Desgraciadamente para todos ellos, desde el señor Correa hasta el último imputado, la tengo superlimpia. ¿Por qué estoy imputado? Porque en el famoso pen drive que le cogieron al señor de los dineros de Correa había unas entregas de dinero de 2005, dos o tres meses que nos entregaba unos 2.000 euros para financiar el partido que habíamos creado. Teníamos una oficina, una secretaria… y ese dinero iba para eso. Yo no tenía intención de sacar ningún concejal, como he dicho antes, era mi banderín de enganche para averiguar los tejemanejes que se traía con el PP.

¿Actuó con sangre fría con la intención de pillarle?

Me preguntaba por qué quería un partido, no era lógico que quisiera financiarnos. Empiezo entonces a verle con asiduidad y en diciembre de 2005, en el hotel Fénix -él se había ido de su casa había dejado a su mujer y tenía dos habitaciones alquiladas-, estaba hablando por teléfono con Benjamín Martín Vasco y lo tenía puesto en manos libres. Oí a Martín Vasco exigir una cantidad al señor Correa para no delatar no sé qué negocio en Arganda. Ese día pensé ‘aquí está el entramado, el quid de la cuestión’. En enero de 2006 empecé a grabar todos los encuentros que pude.

Peñas: "Oí al diputado Martín Vasco exigirle una cantidad de dinero a Correa"

Tras la denuncia y hacerse público su nombre como la persona que puso en marcha toda esta operación ¿alguien le ha llamado?
No, nadie.

¿Ha temido por tu vida en algún momento?

Por supuesto que sí. He pasado miedo. No soy un superhéroe. Tengo una familia. No estamos hablando de un trapicheo. Estamos hablando de la segunda organización política de este país, afectada hasta la médula. Miles de millones de euros. Cómo no iba yo a estar intranquilo. Yo sabía dominar ese miedo pero ha habido muchas veces que me sentía desolado, muy intranquilo. He oído cosas muy duras en conversaciones. Afortunadamente, tengo el apoyo de toda mi familia.

¿Le sigue dando miedo?

No, ahora no. Ahora mi intranquilidad es esa que si al final no hay condena todo habrá quedado como agua de borraja.

¿Le ha decepcionado el PP?

Sigo siendo miembro del PP. Me ha defraudado. Yo ya era mayor cuando entré en política, tenía 37 años. Pensaba que era una opción limpia, clara y que me convenció totalmente. Era cuando lo de Miguel Ángel Blanco y me sentía muy orgulloso de pertenecer al Partido Popular.

¿Y ahora?

No me arrepiento de nada de lo que hice con el PP, igual que no me arrepiento de haber hecho la denuncia. El PP tiene que deshacerse de esta gente corrupta. Y me gustaría hacerle la siguiente reflexión a Mariano Rajoy: usted puede poner al PP a la altura de HB. Una de las imputaciones es por asociación ilícita, que es una de las causas para ilegalizar un partido político. Si esto acaba en condena, estaría en la misma situación de ilegalidad que HB, según la ley de Partidos que tanto invoca el señor de “los chuches”.

¿Qué le gustaría decirles a aquellos a los que no ha conseguido convencer?

Yo realmente a quien espero convencer es a los jueces. Sé que hay muchos ciudadanos que han podido estar en mi misma situación. Que denuncien. La gente que pueda pensar que actúo por venganza es muy difícil que les convenza de todo lo contrario. Pueden ver mis cuentas corrientes. No era una vendetta ya que para eso, tendrían que haberme hecho antes algo. Simplemente estaba en el lugar oportuno en el momento oportuno. Podía haberme vuelto a mi trabajo y no habría pasado nada. De hecho podría haberles sacado cualquier cosa por esos audios. Nunca se me pasó por la cabeza. Ésta es la verdad, no puedo decir otra cosa.

¿Todo esto le ha perjudicado personal y/o profesionalmente?

Yo tenía una carrera política por delante, en un municipio muy rico de Madrid, que con hacer lo que me dijeran ya bastaba. Era un concejal joven y posiblemente tenía por delante una carrera política halagüeña. Pero Dios me ha venido a ver porque podía haber acabado como uno más de la secta o en la cárcel. Todo esto me ha servido para crecer mucho personalmente y ser mejor. En lo que respecta a mi familia también me ha venido muy bien: a mi hija mayor la veía minutos en sus primeros años de vida. Aunque me haya perjudicado un poco profesionalmente, prefiero tener menos desde un punto de vista económico y ser mejor persona.

¿Cuándo pase todo esto, le gustaría seguir participando en política con un PP regenerado?

Sería muy difícil. La política para mí es un caso cerrado ya. Me gustaría ayudar a la gente que pudiera estar en la situación que yo he pasado, a concejales o a partidos independientes, que los hay, que luchan por su municipio… En esa área del derecho me interesaría poder trabajar, no por el hecho de lucrarme pero creo que tengo detrás un bagaje que creo que puedo ayudarles.

www.elplural.com 09.10.09

JOSÉ LUÍS PEÑAS : “Recuerdo nítidamente cómo Correa alardeaba de su amistad con Aznar y con los cachorros de Becerril”

José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda, es la persona que denunció a la Policía el caso Gürtel. De él se han publicado muchas cosas, entre otras, que sus fines nunca fueron altruistas y que actuaba por despecho. Le han tildado de arrepentido, de traidor e incluso trataron de colgarle el sanbenito de corrupto, todo por denunciar una oscura operación urbanística en Majadahonda que finalmente fue archivada por falta de pruebas. Aquella primera denuncia le costó su expulsión del Grupo Popular pero, al mismo tiempo, le puso sobre aviso de las turbias relaciones entre sus compañeros del PP y el “octavo hombre de Génova” [Francisco Correa, presunto cerebro de la red corrupta], sin carnet de militante pero con mucho poder. El destino le sitúa a finales de 2005 muy cerca de él y decide grabar con cámara oculta sus tejemanejes. No quería que se repitiera la historia y necesitaba pruebas. A finales de 2007 se presentó con estas grabaciones ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Era sólo el principio de un terremoto de proporciones desconocidas que amenaza con destruir los cimientos de Génova. José Luis Peñas ha permanecido callado durante todo este tiempo y jamás ha concedido una entrevista a un medio de comunicación. Hoy rompe por fin su silencio en El Plural.

Noticias relacionadas
Vídeos relacionados

En los últimos meses ha provocado una auténtica tormenta en el seno del PP. Se podría decir, en lenguaje popular, la que ha liado…
Yo soy un mero intermediario, aquí quien la ha liado es el que ha metido la mano en la caja, el que ha querido aprovecharse de su cargo, el que ha querido mentir a los ciudadanos… El PP, en vez de reconocer que había manzanas podridas y retirarlas, se dedica a decir que lo podrido está fuera. Soy el mensajero de una mala noticia para un determinado partido político que debería haber pensado las cosas antes de hacerlas y haberme escuchado. El gran responsable de Gürtel tiene un nombre: Mariano Rajoy. Les rogué que me escucharan, tanto a Mariano Rajoy como a Esperanza Aguirre y lo que me encontré fue el silencio, el desprecio e intentar señalarme como lo que no soy. A partir de ese momento quise demostrarme a mí mismo y a la gente que me quería, que no tengo nada que ocultar y que siempre he ido por delante.

¿Actúa por justicia o por venganza?
Es curioso que se haga esta pregunta y no se pregunte a los delincuentes por qué delinquen. Esa misma pregunta me la hizo la Policía, las fiscales de Anticorrupción y los jueces. Cuando ves a una persona que nada contracorriente es lo que extraña. Siempre intentas ver algo oscuro detrás. Hay varias razones, la primera porque creo en la democracia y nos dice que tenemos que defender el orden constitucional. Y esto nos lleva a la dignidad de una persona, que es muy importante y me la enseñó mi padre de pequeño. Era carnicero y jamás pesaba ni un gramo de más, quitaba el papel de estraza al pesar. Yo siempre he querido ser como él. Podía haber vuelto a mi puesto de funcionario, hubiera sido muy fácil para mí, pero no hubiera dormido tan tranquilo.

¿Por qué fue expulsado del Grupo Popular de Majadahonda? ¿Se podría llegar a la conclusión de que era el ‘malo’ de la película?
Yo era concejal de urbanismo y sintetizando, porque es un caso muy complicado, había una parcela que se la quería llevar una persona por ocho millones de euros. Yo la saqué a concurso por 56 millones y me dicen que quiero trincar. No lo entiendo. Claro que lo que no sabía entonces es que había una trama corrupta dentro del partido que, en connivencia con determinados personajes, se dedicaba a dar concesiones, contratos, etc. Cuando lo supe es cuando me decidí a grabar. No estamos hablando de dos euros ni de tres. A día de hoy están implicadas dos de las principales constructoras de este país, gente con muchísimo dinero y muchísimo poder están cayendo o en entredicho. Yo estoy muy tranquilo de conciencia y en mis cuentas corrientes, a pesar de que estoy recibiendo presiones en mi entorno. Ha habido, por ejemplo, inspecciones de Hacienda a mi entorno, a mis padres, a mis suegros… A mí no porque no tengo nada. No digo que no se tenga que investigar, pero qué curioso que en los últimos tiempos se hagan a personas a las que nunca habían inspeccionado.

¿Qué le parecen los apelativos que le han puesto: el arrepentido, el topo, el traidor, el chota…?
Te ponen apellidos con una impunidad absoluta. Pensé que el periodismo en este país era serio. No pretendo con ello cargarme al mensajero pero mi teléfono está en la guía y hay periodistas que me han llamado incluso de Alemania. Pero no lo han hecho los que me han insultado, que se han dedicado a crear una imagen horrorosa en torno a mí: arrepentido es un mafioso, el chota se dice en ambientes carcelarios... Ninguno de ellos me ha permitido dar mi versión, aunque hubiera sido sólo para decir ‘José Luis Peñas lo niega’. Espero que algún día, la Justicia diga algo al respecto.

¿Ha denunciado a algún periodista?
Estoy en ello.

Casimiro García-Abadillo, en concreto, ha publicado que antes de ir a la Fiscalía había intentado chantajear a Correa para que le pagara una cantidad a cambio de tu silencio
Insisto, podía haberme llamado. Es un periodista solvente, que participa en tertulias continuamente, trabaja en uno de los periódicos más importantes de este país. Yo puedo mentir o no, pero al menos podía haberme dado la oportunidad de dar mi versión. Me imputa un delito que a su vez es un delito. Jamás pedí dinero a Correa. No se sostiene por una cuestión de lógica y por algo que yo sé. Antes de acabar mi relación con Correa, en diciembre de 2007 ya había mucha gente al tanto de la denuncia y de lo que había hecho. Entonces yo temía por mi vida. Estamos hablando de miles de millones de euros, de gente que puede ir a la cárcel y que puede salir muy mal parada políticamente. Por mucho menos te pueden dar una puñalada. ¿Cómo se entiende que vaya al señor Correa, le trate de chantajear con unos audios en noviembre de 2007 y en diciembre él me haga un encargo, el de cobrar a Alberto López-Viejo dos millones que le debía? Ahí chirría toda esta historia, le podía haber evitado al señor García-Abadillo el ridículo tan espantoso que ha hecho desde su periódico.

Jose Luis Peñas: "Jamás pedí dinero a Correa"

¿De quién se siente más víctima, de los medios o de sus compañeros del PP?
Me siento mucho más atacado por el PP. El señor Rajoy tenía que conocer toda la trama, creo recordar que en alguna ocasión viajó con esta gente. Se ha explayado diciendo que los echó él pero algo más tenía que haber hecho como presidente del PP, como diputado y como persona que aspira a presidir este país. ¿Cómo que les echó de Génova? Eso es mentira, porque en 2005 seguían trabajando para él, por ejemplo, en la campaña del referéndum de la Constitución Europea y la recogida de firmas contra la reforma del Estatut de Cataluña. ¿Por qué les deja seguir trabajando en Valencia y en los municipios de Madrid? ¿Cómo no denunció eso? Me hubiera ahorrado dos años de calvario. Tiene que explicar su responsabilidad, que la tiene y él lo sabe.

Algunos de los imputados están directamente relacionados con Agag y eso nos lleva a Aznar. ¿Hasta qué punto su círculo más cercano pudo ser permisivo?
Eso lo tendrán que determinar los jueces, pero es evidente que el caso Gürtel es el caso de los amigos de Aznar y el clan de Becerril con Agag a la cabeza. Se dice que a la Fiscalía se le va la mano hacia un determinado partido. Creo que en los últimos ocho años han sido los años de mayor lucha contra la corrupción política. Me gustaría saber qué investigaciones de este calado se hicieron con Aznar. La de Gil y Gil y punto. Eso sí, hubo algunos indultos por parte del Consejo de Ministros, de gente del PP como el alcalde de Burgos. Eso me lleva a pensar si no por activa, sí por pasiva, ha habido responsabilidad. En la boda estuvieron todos los amiguitos de Agag ahora imputados: Correa y su mujer, El Bigotes, Jacobo Gordons, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch... por no decir Flavio Briatore. Si ahora no quiere saber nada de ellos es su problema pero me consta que fueron amiguitos hasta 2007. No solamente estuvieron en la boda sino que la organizaron ellos. Habrá que saber quién la pagó, cómo la pagó y qué medios públicos se utilizaron. Lo de el Escorial fue la demostración empírica de lo que era España en ese momento. La España del pelotazo. La España del vamos a vivir por encima de nuestras posibilidades y con los recursos de los demás. Mientras los demás ganan mil, voy a hacerme multimillonario. Yo y mis amigos. Tampoco conviene olvidar que Ramón Blanco Balín, el cerebro a escala internacional de la trama, es íntimo amigo de Aznar.

¿Alardeó en alguna ocasión Correa de su amistad con Aznar?
Recuerdo nítidamente cómo Correa alardeaba de su amistad con Aznar y con los cachorros de Becerril. Tanto él como su mujer, con la que trabajé varios años. No sólo de Aznar, también de la que mantenía con un sinfín de los cachorros de Becerril. Decenas de militantes del PP y cargos del partido pasaron por su casa, por sus cenas, por su agencia de viajes... Alardeaba de ello y se quejaba a veces. Unas veces se le ayudaba. Otras no. En el año 2002, 2003, 2004, 2005 si me apuras, era un privilegio cenar con Correa, para la gente que quería claro. Era business seguro. Había tortas por cenar con él. Hubo un tiempo en el que, no te voy a decir que era el cuarto hombre de Génova, pero sí el séptimo o el octavo que más mandaba. No era miembro del PP pero todo el mundo se apartaba cuando él pasaba. Era el que hacía todas las campañas del presidente… todo todo, una persona con un poder inmenso. Ahora sus grandes amigos, cuando está entre rejas, le dedican perlas. Fernando Martín, señor de Martinsa-Fadesa, dice que le propuso un negocio. Creo que más de uno. Unos salieron y otros no.

José Luis Peñas: "Cenar con Correa era bussines seguro"

¿Qué relación tenía con Correa? ¿Hasta qué punto formó parte de ese grupo privilegiado?
Le conocí el día de mi boda. Mi jefe, que era Guillermo Ortega, me propuso que lo invitara y cómo no iba a invitar el número ocho del PP. Yo estaba trabajando en Majadahonda como personal de confianza y Guillermo a quien quería que conociera era a su mujer, a Mari Carmen que iba entrar en el Ayuntamiento, como jefa de prensa. Luego a posteriori me enteré de que se encargaba de muchas otras cosas. Entre otras facilitar la entrada de las empresas del marido. Al principio era con ella con la que mantuve una relación muy estrecha. Con Correa es a partir de 2005, cuando él se acerca a mí. Fue una relación de amor odio. Nos veníamos un mes diez veces y luego en tres meses no. Veía algo en mí que le gustaban, cosas que no veía en otras personas. Creo que soy la única persona que me he quedado con su hija en su casa. Tenía una idea muy suya de mí. Y yo la tengo de él.

¿Qué idea tiene de él?
Creo que se ha equivocado. Es una persona muy inteligente que podía haber hecho mucho dinero, aunque no tanto como el que quería tener, por medios absolutamente legales. Cayó precisamente en lo que criticaba de otros pero no en él. A veces hablábamos de la avaricia, de la codicia y se quejaba de que la gente siempre quería más. En la cárcel, con él debía haber muchas más personas.

¿No era consciente de estar cometiendo delitos?
No. Lo máximo que me llegó a reconocer que no declaraba a Hacienda pero que eso era sólo una sanción.

José Luis Peñas: "Correa no era consciente de estar haciendo algo delictivo"

¿Alguna vez le intentó meter en el negocio?
No. Su idea con nosotros era hacer el partido político. Pretendía que ganáramos en Majadahonda, que no sé de dónde se sacó esto. Era el business, como él decía, que pretendía tener con nosotros. Nunca me propuso nada, ni siquiera cuando era concejal, él tenía a mi superior que era Guillermo Ortega. Era padrino de uno de sus hijos, intercedió por su mujer para que entrara en una universidad. Siendo concejal, con Correa sólo he tenido una conversación o dos con él.

Se ha publicado que vivió en su casa cuando se separó de su mujer…
No es cierto que viviera aquí en mi casa. Ha estado aquí cenando pero jamás ha dormido en mi casa. Quien vivió aquí fue otro concejal de Majadahonda que se separó de su mujer. Cuando se fue de su casa se fue al hotel Fénix donde tenía alquilada dos suites. Una para su ropa y otra para él.

¿Conoció también a Álvaro Pérez, El Bigotes?
Era un peón de lujo, pero un peón. No hacía nada si no era con el consentimiento de Correa o Crespo. Empezó en Madrid y precisamente su primer acto con Correa fue en Majadahonda, donde yo trabajaba con la mujer de Correa. Se habían cogido CD’s pirata y quisimos hacer algo para dar publicidad al municipio. Aplastamos todos los CD’s con una apisonadora. Con Álvaro es con la persona que menos afinidad he tenido de todos estos. Nunca nos gustamos mutuamente. Era chulesco, quería resaltar siempre, todo apariencia. Éramos totalmente incompatibles.

Sí conquistó a Camps. ¿Correa le ha contado algo al respecto?
Lo de amiguito del alma lo he leído en los periódicos pero sí he sido testigo de cómo decía con sorna ‘hay que ver cómo quiere Camps a Alvarito, es que te cagas’. También he tenido la oportunidad de oír hablar de su actitud en Valencia, donde alardeaban de que allí lo que quisieran. Tenía una actitud de prepotencia absoluta, total… Recuerdo mi última conversación con Correa, me ofreció un puesto de trabajo en Valencia para llevar la Fitur cobrando 6.000 euros al mes. Por supuesto, le dije que no. Yo ya había denunciado la trama. Les he oído hablar de lo que hacían, de los programas que iban a colar a televisión, a Canal 9… Era una prepotencia tan absoluta la que tenían tanto en Valencia como en algunos municipios de la Comunidad de Madrid y en la propia Comunidad de Madrid.

(Continuará)

Marisu Moreno es subdirectora de elplural.com

DON VITO TAMBIÉN TRABAJÓ PARA COSPEDAL

María Dolores de Cospedal, secretaria General del PP, tiene muy claro que hay una persecución contra el PP orquestada por el Gobierno, pero “no tiene ni idea” de los dos contratos que su Consejería de Transportes de Madrid otorgó a la trama Gürtel. En el sumario destapado parcialmente por el juez del TSJM, Antonio Pedreira, consta que, mientras Cospedal gestionaba los Transportes de la región (2004-2006), Metro de Madrid, empresa pública dependiente de su Consejería, otorgó dos contratos a dedo a las empresas de Don Vito que es como le gustaba que le llamaran el jefe de la trama, Francisco Correa. No existe ningún expediente de contratación de estos trabajos, tan solo hay reconocimiento de los gastos y facturas emitidas… 18 meses después de prestar los servicios. El entorno de la número dos de Génova se ha apresurado en remarcar que ella no tuvo nada que ver con aquello.

A María Dolores de Cospedal no le tiembla la voz si tiene que acusar sin pruebas al ministro de Interior, a la vicepresidenta, y al fiscal General del Estado, de acosar al PP. Sin embargo, otro gallo canta cuando se trata de asumir responsabilidades propias.

“Ni idea”

Así, su entorno ha asegurado que “no tiene ni idea” de los contratos otorgados desde la que fuera su Consejería. Sus voceros no han dudado en culpar a Metro de Madrid de los negocios con Francisco Correa, presunto cabecilla de la Gürtel, apuntando que “siempre ha tenido independencia a la hora de contratar”, recoge Público citando a fuentes de su equipo. “Esos contratos no los ha visado ningún consejero ni director general ni antes ni después de ella”, han indicado estas mismas fuentes.

Contratando corruptos

Faltan explicaciones convincentes, pero el sumario de Pedreira es inclemente. En el documento consta que Servimedia Integral, una de las empresas corruptas favoritas del Gobierno de Esperanza Aguirre, se embolsó 21.480 euros por montar la presentación de una Cumbre Flamenca en septiembre de 2005. Una cantidad sensiblemente superior a los 7.758 que cobró Diseño Asimétrico, otra terminal de Correa, por organizar una rueda de prensa para firmar un convenio con Baleares el 3 de mayo del mismo año.

Aguirre presente

Huelga decir que en 2005 Correa ya había sido vetado formalmente desde Génova por usar “indebidamente” el nombre del partido en beneficio propio; sin embargo, el mismo Mariano Rajoy, que se arrogó la excomunión de los corruptos, volvió a contratarle incluso en 2008. Además de este factor, es de destacar que los dos actos organizados por Gürtel tienen un común denominador: que ambos fueron protagonizados por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y que ninguna de las facturas se emitió hasta 2007.

Intervención de López Viejo

Este último punto es curioso: las facturas se remitieron 18 meses después de los actos y la Dirección General de Comunicación de Metro tuvo que hacer una “propuesta regularizadora” para justificar los gastos. El caso de la Cumbre Flamenca tenía además otra particularidad: la Consejería de Cospedal no tramitó expediente de contratación a pesar de que el acto excedía ampliamente el tope para eludir el concurso (12.000 euros). Los costes no se pagaron hasta marzo de 2007, cuando intervino Alberto López Viejo, dimitido consejero de Deportes y entonces viceconsejero de Presidencia. López Viejo, imputado en el caso Gürtel, remitió una carta a Metro de Madrid confirmando que la Cumbre Flamenca “fue realizado (sic) por la empresa Servimadrid”. La Consejería de Transportes, ya sin Cospedal, arregló aquello sin demoras.

(www.elplural.com, 08/10/09)

AENA ADJUDICÓ MÁS DE DOS MILLONES A TRES SOCIEDADES DE CORREA

Francisco Correa se especializó en la organización de eventos. Primero, para el PP de José María Aznar; luego, para las organizaciones territoriales de ese partido en Galicia, Madrid y Valencia y, como consecuencia de las amistades que logró en ese negocio, logró cientos de contratos en numerosas administraciones públicas donde gobernaban los populares. Además, según explicó el propio Correa al juez Garzón, como tenía "cierta relación" con Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento entre 2000 y 2004, el dirigente popular le dio "la cuenta de AENA".

Los informes de la Agencia Tributaria incorporados al sumario del caso Gürtel acreditan que al menos tres empresas de Francisco Correa, TCM, Special Events y Pasadena Viajes, facturaron 2,2 millones de euros a AENA entre 2000 y 2003. El Gobierno, en una respuesta al diputado de ICV Joan Herrera, informó de que AENA había facturado 1,2 millones de euros con dos empresas de la trama por "contratos de expedientes adjudicados". El resto del dinero (un millón) correspondería a otras operaciones que no precisan la formalización de un contrato. Cascos desmintió ayer que favoreciera a Correa y acusó de un delito de filtración del sumario a jueces, fiscales y policías.

(www.elpais.com, 08/10/09)

CORREA NO DECLARA SU INMENSA FORTUNA A HACIENDA DESDE 1999

La parte del sumario Gürtel (17.000 folios) destapada por el juez incluye un informe de la Agencia Tributaria sobre los bienes de Francisco Correa que no tiene desperdicio. Correa -Don Vito, como exigía que le llamasen- no ha declarado a Hacienda desde 1999. Sin embargo, todas las sospechas apuntan a que él es el auténtico dueño de una treintena de sociedades, gran parte de ellas radicadas en el extranjero (paraísos fiscales), en los que se calcula que esconen decenas de millones de euros. Dinero que habría obtenido ilícitamente de Administraciones autonómicas y locales en las que supuestamente sobornó y agasajó con regalos a sus representantes políticos, del PP. Hay una grabación de Correa, cuando notaba que la policía pisaba sus talones, en la que confiesa: "Como Hacienda me investigue, termino en el trullo".

Según el sumario, Correa tejió, con ayuda de uno de los abogados implicados en la trama, una extensa red de sociedades en países extranjeros, que dependían de otras radicadas en paraísos fiscales y constituidas por despachos de abogados extranjeros que le garantizaban total opacidad fiscal.

En busca del dinero evadido hay en la actualidad una decena de comisiones rogatorias a más de una decena de países de varios continentes. Como testaferros de sus bienes tenía a terceras personas, e incluso a su esposa. Se le han embargado, en España, cinco vehículos de gran cilindrada. Y su patrimonio inmobiliario es espectacular.

(www.elpais.com, 08/10/09)

FINANCIAL TIMES CONSTATA LA "DAÑADA REPUTACIÓN" DEL PP Y ADVIERTE DE QUE LA GÜRTEL LES PUEDE "MUTILAR"

La dimensión alcanzada por la Gürtel lleva a diarios de todo el mundo a hacerse eco de la investigación y a alertar no sólo de las repercusiones judiciales que puede tener para el PP sino también de las consecuencias prácticas que está teniendo a la hora de desarrollar en la actualidad su labor de oposición. El Financial Times constata como el líder del PP, Mariano Rajoy, “ha restado importancia al escándalo a pesar de las perjudiciales filtraciones de la investigación” pero ahora “que se sabe que el escándalo ha llegado a regiones de Galicia y Castilla y León, además de Madrid y Valencia” dentro de su partido le reclaman medidas “para restablecer la dañada reputación del partido”, que les impide presentarse como alternativa económica al Gobierno de Zapatero. Otro prestigioso diario británico, The Guardian, informa de la figura de “Don Vito” Correa que lideraba “una trama de corrupción en el seno del principal grupo de la oposición del país”. Otro prestigioso diario europeo, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, habla de "nubarrones negros" sobre el PP y advierte de que "la tendencia de Rajoy a encoger la cabeza" le puede costar cara al partido que preside.

El corresponsal de Financial Times en España firma la crónica El Partido Popular golpeado por un escándalo de corrupción, donde recoge como el “creciente escándalo” de la Gürtel amenaza “con mutilar al PP de la oposición, mientras sus dirigentes se quejan de que el partido está perdiendo la oportunidad que le brinda la crisis económica de atacar a los socialistas del Gobierno”. El cronista recoge asimismo las presiones internas que está recibiendo Rajoy para que tome medidas “para restablecer la dañada reputación del partido”.

The Guardian recoge sospechas de financiación ilegal

Otro diario de Reino Unido, The Guardian, dedica una noticia a raíz de la apertura parcial del sumario, y señala que “Correa se enfrenta a penas de prisión como presunto cabecilla de una trama de corrupción en el seno del principal grupo de la oposición del país, el Partido Popular”. El cronista Giles Tremlett se detiene en la figura de Correa y apunta que “sus conexiones en el interior del partido le permitieron extender sus influencias y obtener contratos de organismos públicos controlados por el partido” así como “dinero de constructoras a las que las administraciones locales adjudicaban contratos, en lo que, según los investigadores, podría ser una prueba de sobornos o financiación ilegal”.

“La vinculación Correa-familia Aznar ha fascinado”

También recoge The Guardian como “la vinculación de Correa con la familia Aznar ha fascinado a muchos españoles” y que aunque “nada indica que la familia Aznar pueda estar implicada en el caso de corrupción” el cabecilla de la trama “estuvo invitado a la suntuosa boda de la hija del ex presidente”.

Alemania: “La geografía de la corrupción del PP se extiende”

Otro presitigioso diario,esta vez alemán, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, advierte en una crónica de que “el escándalo de corrupción del Partido Popular español se extiende” y “la geografía de la extorsión, que hasta ahora se limitaba a Valencia, a Madrid, al tesorero del PP provisionalmente suspendido, y a un puñado de alcaldes desenmascarados y apartados de sus funciones, se ha extendido ahora a otras regiones gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla León”.

Aznar, el yerno y un ex ministro

Además, “a esto cabe añadir que las investigaciones han alcanzado entretanto el círculo más estrecho de Aznar” como “su yerno Alejandro Agag” quien “supuestamente habría introducido al Bigotes en la familia”. El rotativo también recoge en este punto como Correa y su grupo asistieron a la boda de la hija de Aznar en El Escorial y aluden a Francisco Álvarez Cascos para decir que “también uno de los ministros de Aznar estuvo involucrado en la ampliamente ramificada empresa de Correa, Orange Market, tal y como indica el sumario”.

“Oscuros nubarrones sobre el PP”

“Los oscuros nubarrones que se ciernen ahora sobre Correa y sus amigos políticos parecen corresponder al panorama que se le plantea al conjunto del partido en la oposición española”, advierte el diario alemán. Y es que creen que aunque la crisis juega a favor del partido de la oposición, “la tendencia de Rajoy a encoger la cabeza, así como la resistencia de las principales figuras del PP en las provincias a la hora de dimitir, aún pueden costarle muy caro al partido”.

(www.elplural.com, 08/10/09)

RAJOY SE PREOCUPA POR EL DETERIORO DE IMAGEN PERO SE PONE EN MANOS DE CAMPS

Durante unas cuantas horas, casi 24, Mariano Rajoy intentó actuar como Francisco Camps, y hacer como si el caso Gürtel no existiera. Pero duró poco. Lo que tardó en encontrarse en su despacho no sólo con las caras de preocupación de algunos dirigentes, sino sobre todo con los periódicos y las tertulias de radio y televisión, que apuntaban en un mismo sentido: la exigencia al líder del PP para que reaccionara ante el escándalo.

Rajoy reunió a una especie de gabinete de crisis de urgencia en su despacho y, después de mucho cavilar, llegó a una conclusión: había que decir algo, pero no se pueden tomar decisiones drásticas hasta que haya nuevos imputados. En Génova se está instalando la idea de que tanto Francisco Camps como Ricardo Costa y Vicente Rambla acabarán imputados en poco tiempo por el asunto de la financiación ilegal del PP valenciano. Pero hasta que eso suceda, Rajoy está, dicen en su entorno, en manos de la voluntad de Camps.

A pesar de sus recomendaciones de "indiferencia" del miércoles, el líder, aseguran varios dirigentes, es plenamente consciente del enorme desgaste de imagen del partido y de su figura que está provocando este caso, pero no tiene ni las ganas ni la fuerza para empujar a Francisco Camps a tomar decisiones, entre otras cosas porque todos los dirigentes asumen que destituir a Costa o a Rambla no arreglaría el problema, ya que es Camps quien tenía la relación más estrecha con El Bigotes, y quien decidió que el PP le diera los contratos.

Ayer se produjo una nueva demostración de la fuerza de Camps, claro vencedor del pulso que mantuvo con la dirección nacional, especialmente con Dolores de Cospedal, la secretaria general. Ella ofreció una rueda de prensa en la sede central en la anunció que no habrá más medidas hasta que haya nuevos imputados: "Hemos hecho lo que podíamos. No se puede pedir más. Todos los imputados están suspendidos de militancia", dijo después de que Rajoy anunciara que el PP "actuará".

Cospedal defendió a todo el partido, pero lanzó un claro mensaje contra Ricardo Costa: "No es nada ejemplarizante que se reciban ciertos regalos", sentenció. "No hemos recibido ninguna explicación" de Costa, remató. Ante el enfado de los valencianos, Génova tuvo que rectificar rápidamente y enviar otro comunicado. "El PP ha recibido la documentación enviada por [...] Costa, que acredita la venta del coche Mercedes Benz y la compra del vehículo Infinity. El PP se da por satisfecho con estas explicaciones".

Esta nueva demostración de fuerza del PP valenciano confirma la idea instalada en el partido: que el líder está en manos de Camps, que se resiste a tomar ninguna decisión e incluso a ofrecer explicaciones públicas de sus relaciones con El Bigotes, que sostiene en algunas grabaciones que el presidente le pidió favores para su hermana, Estrella Camps.

Después de la reunión de crisis, entre las múltiples posibilidades, Rajoy descartó ofrecer una rueda de prensa en la sede nacional, algo que no sucede desde el 13 de abril pasado. Prefirió hacer una breve declaración, preparar un comunicado y mandar a Cospedal a atender a los periodistas.

En medio de un ambiente de gran tensión, la intervención de Rajoy en una reunión convocada para analizar los Presupuestos, que se retrasó una hora a la espera de que concluyera el gabinete de crisis, vino precedida por un dramático desmentido de Ana Mato sobre la posibilidad de que Correa le hubiera regalado un coche: "Nadie me ha regalado nunca nada. Todo lo que tengo es fruto de mi trabajo".

Después, Rajoy remató: "Ha quedado acreditado que no estamos ante una trama de financiación irregular del PP, sino de una trama de corrupción para aprovecharse del PP". Era una declaración muy parecida a la que pronunció cuando se destapó el caso. Y, como entonces, Rajoy ha decidido esperar y ver.

(www.elpais.com, 08/10/09)

RAJOY RETRATA AL PP COMO VÍCTIMA DE LA TRAMA Y RETRASA ADOPTAR MEDIDAS

El PP no es responsable de la red corrupta del caso Gürtel, sino su víctima principal. Ese es el mensaje que quiso lanzar ayer Mariano Rajoy a la opinión pública, 24 horas después de que se levantase, parcialmente, el secreto de sumario de este caso. En la escueta referencia que Rajoy hizo a tan grave asunto, se arriesgó y sentenció que ha quedado «acreditado» que no existe financiación ilegal en su organización –pasó por alto que aún se desconocen dos tercios de la investigación judicial instruida en Madrid– y, como ha venido haciendo en estos meses, garantizó que exigirá responsabilidades «a quien haya hecho lo que no debía».

Dicha advertencia no tuvo mayores consecuencias en el día de ayer y, según parece, no las tendrá en el futuro más próximo. Y es que, como se encargó de matizar después su número dos, María Dolores de Cospedal, el PP considera que «ya ha actuado» y que «no se le puede pedir más» hasta que se dé la siguiente situación: que haya nuevos imputados o que quede claramente demostrado que se cometió, por parte de dirigentes populares, «cualquier comportamiento irregular», incluida la aceptación de regalos, si hay pruebas.

Pero el PP pensó durante horas qué respuesta dar a la sociedad tras hacerse público un tercio del sumario del caso Gürtel, un documento de 17.000 folios que está estudiando con detalle un equipo del partido, capitaneado por Federico Trillo. ¿Qué decir? Eso es lo que consultó ayer Rajoy a sus colaboradores habituales –Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Esteban González Pons, Ana Mato y el propio Trillo– cuando, a primera hora, los citó en su despacho para redactar entre todos un comunicado oficial.

Tardaron más de lo previsto. Cuando por fin se colocaron ante los micrófonos, fue la vicesecretaria Ana Mato la primera en tomar la palabra. Y en aludir al sumario Gürtel en el que, entre otras cosas, hay conversaciones grabadas a los imputados en las que se asegura que pusieron un coche a su nombre. Mato, ante sus compañeros y la prensa, negó la mayor: « A mí nadie me ha regalado nada», señaló. Recibió aplausos. Unas horas después, su exmarido, Jesús Sepulveda (exresponsable de organización del PP en tiempos de José María Aznar, exalcalde de Pozuelo e imputado en el caso), remitió un comunicado a los medios en el que desvinculaba a Mato de la compra del vehículo aludido en el documento y, de paso, aseveraba que también es falso que a él le pagase la red de Correa 6.000 euros al mes. Después de Mato, habló Rajoy y, además de amagar y no dar con posibles medidas a tomar, insistió en la «honradez» de la gran mayoría de militantes del PP. A continuación, Cospedal se prestó a protagonizar una rueda de prensa. Primero, leyó el comunicado del partido: negó la financiación ilegal, recordó que no hay nuevas imputaciones, exigió conocer todo el secreto de sumario, resaltó que serán «contundentes» a la hora de exigir responsabilidades y denunció una persecución por parte del Gobierno y la fiscalía.

También hizo hincapié en que el caso Gürtel «no es Filesa», aunque ella, a diferencia de Rajoy, aconsejó prudencia para negar tajantemente la financiación ilegal hasta que se conozca en su totalidad la investigación. Asimismo, Cospedal creyó oportuno referirse específicamente a la información sobre posibles pagos irregulares del PP en Galicia: indicó que el sumario hace referencia a hechos que se podrían haber producido hace más de 10 años y que tanto Manuel Fraga como Alberto Núñez Feijóo han recordado que ya se expulsó del partido a su posible responsable, Pablo Crespo, actualmente imputado en el caso.

Dicho esto, recibió varias preguntas sobre regalos que habrían recibido, según los implicados en la red de corrupción, algunos dirigentes del PP. Y se hizo especial mención a Ana Mato y a Ricardo Costa. De la primera, sostuvo que ya había dado las explicaciones oportunas y que la creía. De Costa, reconoció no saber nada. Una hora después, el aludido enviaba a Madrid toda la documentación ligada a su coche para intentar demostrar que lo compró y pagó él, y no los empresarios corruptos. La dirección se dio por satisfecha.

No obstante, Cospedal dejó una frase en el aire que muchos interpretaron como un misil, más o menos disimulado, directo al PP valenciano: «No es algo oportuno ni ejemplarizante y no comparto que se reciban este tipo de regalos. También tengo que decir que esas cosas hay que demostrarlas».

Ya por la tarde y desde Valencia, el presidente Francisco Camps entró en el juego de las declaraciones y, con mucha brevedad, recordó que, «hasta ahora», la justicia ha dado la razón al partido.

(www.elperiodico.com, 08/10/09)

RAJOY 'EXIGIRÁ RESPONSABILIDADES' POR GÜRTEL PERO NO ACLARA CUÁLES

El PP quedó ayer atrapado en la retórica para reaccionar al último vendaval del Gürtel. Rajoy y Cospedal prometieron «contundencia» en la adopción de medidas, pero no aclararon cuáles.

La jornada en que los titulares de prensa, radio y televisión escupían los últimos datos revelados por el levantamiento del secreto del sumario, comenzó con la promesa del presidente nacional del PP de que su partido «actuará» y «exigirá responsabilidades a aquéllos que han hecho lo que no debían hacer». Por su parte, la número dos dio un paso más y anunció: «Vamos a actuar con toda contundencia, con independencia de que las actuaciones sean o no punibles».

La secretaria general fue especialmente explícita en lo que se refiere a los regalos recibidos por dirigentes o ex dirigentes del PP de manos de la trama de Correa. Así, y justo después de referirse a los comportamientos «no punibles», sentenció en nombre de la dirección del PP: «No nos parece oportuno o ejemplar que se reciban ese tipo de regalos».

Pese a la clara e implícita advertencia lanzada en relación, entre otros, con el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, Cospedal redobló la prudencia y emplazó a que dichos «hechos hay que demostrarlos».

En realidad, fue tal el tiento con el que Cospedal trasladó su mensaje que, al cabo de una expectante rueda de prensa, quedó disimulado bajo una retahíla de afirmaciones de auténtico sesgo inmovilista: «El PP ya ha actuado. Hemos hecho todo lo que podíamos y teníamos que hacer. Mucho más no se nos puede pedir», afirmó, para apuntalar dos ideas básicas: que no hay nuevos imputados en la investigación y que el PP ya ha suspendido de militancia a los que ya lo estaban.

Y es que la secretaria general salió ayer al ruedo de la prensa con el claro objetivo de estoquear y templar al mismo tiempo para, según las fuentes consultadas, evitar una nueva escalada de pública tensión con Francisco Camps como la coprotagonizada la semana pasada.

Según las mismas fuentes, «en el PP van a pasar cosas», pero «Rajoy quiere que las haga Valencia» y «está pretendiéndolo, pero de puertas adentro». Desde la dirección, se recibió ayer con satisfacción el que Alberto Núñez Feijóo respondiera a lo publicado con el mensaje de que el PP gallego echó a Pablo Crespo hace 10 años, y que Esperanza Aguirre venga anunciando que cortará más cabezas si del sumario se extraen nuevas responsabilidades, mientras que desde Valencia, ironizaban, «todo siue siendo muy bonito».

Lo cierto es que, en la tarde de ayer, el propio Camps devolvió a Génova un mensaje proactivo y conciliador. «Tanto la dirección nacional como la regional» están trabajando para «resolver y tomar las decisiones que correspondan», declaró.

Sea o no finalmente cierto que «en el PP van a pasar cosas», lo cierto es que el ambiente de confusión se apoderó ayer, una vez más, de Génova. Más de una hora estuvieron esperando periodistas y dirigentes populares, convocados en la sede a un acto sobre Presupuestos, hasta que el núcleo duro de Génova pergeñó un comunicado.

El propio Rajoy adelantó en el mismo acto sus dos principales mensajes. Primero, solemnizó que «ha quedado acreditado que no estamos ante una trama de financiación irregular, que es lo más importante para nosotros, sino ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y utilizarlo en su contra». Luego, con un énfasis nuevo y sin giros condicionales de por medio, comprometió las acciones del PP contra los que «han hecho» algo indebido. «Seremos firmes y contundentes a la hora de exigir responsabilidades por cualquier comportamiento irregular», rezaba el comunicado.

Pero en su lectura, Cospedal, denunció, en tercer lugar, un contraataque político al Gobierno, por primera vez, con nombres y apellidos: «Jamás se había producido un comportamiento tan parcial y sectario contra una formación política como el que han protagonizado, por acción u omisión, Cándido Conde-Pumpido, María Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba», afirmó.

Ya en el turno de preguntas, Cospedal confirmó la decisión de la dirección de no abrir una investigación interna a propósito de las últimas revelaciones del Gürtel. Y es que, pese a la enorme preocupación que ayer se detectaba en todo el PP, las fuentes consultadas en Génova aseguraban que lo desvelado hasta ahora por el juez Pedreira sólo es «barro», y que lo que verdaderamente sigue preocupando -más allá de esos dos tercios de la causa aún no desvelados- es el informe policial sobre Valencia.

(www.elmundo.es, 08/10/09)

RAJOY INTENTA SIN ÉXITO DESHACERSE DE COSTA PARA FRENAR EL CASO GÜRTEL

"Hemos hecho todo lo que podíamos hacer". Esta frase, pronunciada por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en una rueda de prensa en la que dio a conocer la postura del PP ante el contenido del sumario del caso Gürtel, demuestra la impotencia con la que la dirección del PP, en general, y Mariano Rajoy, en particular, se enfrentan al contenido de las investigaciones realizadas hasta ahora.

FINANCIACIÓN DEL PARTIDO

"Ha quedado acreditado que no estamos ante una trama organizada de financiación irregular del PP, y eso para el PP es muy importamos. Estamos, en todo caso, ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y utilizada en su contra".

REACCIÓN DEL PP

"Ante las denuncias de corrupción, el PP no mira para otro lado ni lo hará nunca. Seremos firmes y contundentes a la hora de exigir responsabilidades por cualquier comportamiento irregular".

GENTE HONRADA

"Somos conscientes de la responsabilidad que implica ser depositarios de la confianza de más de 10 millones de españoles. Garantizamos a todos los españoles que la inmensa mayoría de los dirigentes y cargos del PP son gente honrada que cumple con su trabajo fijándose en la defensa del interés general".

OVEJAS NEGRAS

"En toda organización puede haber personas que hagan cosas que no se deban hacer. El PP actuará contra ellas y exigirá responsabilidades a aquellos que hayan hecho lo que no debieran hacer nunca".

Impotencia con la que la número dos del PP expresaba también, aunque no lo dijera, el fracaso de las gestiones que durante toda la mañana había hecho la dirección nacional del PP para poder presentarse ante la opinión pública con la cabeza del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, como ejemplo de que quien la hace la paga, o como dijo el propio Rajoy horas antes en un acto a puerta cerrada en la sede del partido: "El PP actuará y exigirá responsabilidades a todos aquellos que hayan hecho lo que no debieran".

Era un clamor, dentro y fuera del PP, que Rajoy debía hacer algo, que no podía reaccionar con la tibieza del martes a los datos, delictivos y no delictivos que se iban conociendo sobre la trama Gürtel y cómo afectaba a miembros del PP. No podía limitarse a pedir a los suyos que se olvidaran de todo. Por ello, el martes por la noche al volver de su visita a Garoña y Álava, convocó una reunión del comité de dirección del PP para ayer a primera hora, ampliada a Federico Trillo, como experto jurista que se ha encargado del caso desde el principio, con el fin de analizar la situación en la que queda el PP ante el contenido del sumario.

Un sumario que está analizando con lupa un equipo de ocho dirigentes del PP a los que se ha eximido de cualquier otro trabajo, para que conozcan todos los detalles y el partido pueda anticiparse a lo que todavía les queda por conocer. Y es que todavía no se ha levantado el secreto de la totalidad del sumario. Una información en la que han buceado para conocer hasta qué punto puede estar involucrado el PP como partido en toda la trama y que permitió decir a Rajoy, a De Cospedal, y plasmar en un comunicado que "ha quedado acreditado que no estamos ante una trama organizada de financiación irregular del PP. (...) Estamos en todo caso ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y utilizada en su contra".

Porque lo que más le preocupa a Rajoy es que el caso derive en una presunta financiación irregular del PP durante su mandato. Eso no existe, insisten y De Cospedal lo proclamó: "Aquí no hay una Filesa".

De los tres frentes abiertos en el caso Gürtel, a Rajoy le preocupa uno: Valencia. Si en Galicia hubo financiación irregular, fue en la época de Xosé Cuiña, fallecido, y no afecta a Alberto Núñez Feijóo, ni a Rajoy. Madrid tampoco preocupa, "es un caso de corrupción y enriquecimiento personal" y los responsables "están suspendidos de militancia en la organización o renunciaron a sus cargos de responsabilidad".

Se refieren a los tres alcaldes y tres diputados que dimitieron o fueron suspendidos de militancia, además del ex eurodiputado Gerardo Galeote y el ex tesorero Luis Bárcenas. "No podemos hacer más", dijo De Cospedal, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quiere, según las fuentes consultadas, que la dirección expulse del partido y del grupo en la Asamblea de Madrid, a los tres parlamentarios implicados.

Una decisión que sólo puede adoptar la dirección popular, y que no se ha ejecutado porque, confiesan las fuentes consultadas, "no se entendería que hiciésemos eso y que en Valencia no se hiciera nada".

Así, todos los ojos están puestos en Valencia ante una posible financiación irregular del partido, que habría tenido lugar cuando Rajoy ya estaba al frente del PP, y con Francisco Camps, uno de sus principales valedores, como máximo responsable del Gobierno valenciano y del partido de la comunidad.

Por eso, ayer la dirección empleó la mañana en intentar convencer a Ricardo Costa de que dimitiera. Una dimisión que incluso llegó a darse por hecha, aunque después Costa se enrocó.Según las mismas fuentes, a Costa le sentó mal que De Cospedal "salvara" a Ana Mato de la tormenta periodística y diera por buenas sus explicaciones, y dijera que "de otros no ha habido aclaración". Inmediatamente envió por fax a Génova copia de las facturas de su coche y el partido se vio obligado a hacer un comunicado en el que "se da por satisfecha con estas explicaciones".

Eso no impidió que De Cospedal dejara claro que determinadas actuaciones "no son oportunas ni ejemplarizantes y no compartimos que se reciban esos regalos".

(www.publico.es, 08/10/09)

AUMENTA EL MALESTAR EN EL PP POR LA "RESIGNACIÓN" DE RAJOY

El malestar entre los dirigentes del PP está creciendo ante la ausencia de medidas en el caso Gürtel por parte de Mariano Rajoy, al que acusan de comportarse con "resignación" ante la implicación de cargos del partido en la presunta trama de corrupción de Francisco Correa.

Diputados, senadores, altos cargos del partido y barones territoriales criticaron hoy que la dirección nacional del PP siga sin actuar contra personas como Ricardo Costa a pesar de los datos que aparecen en el sumario judicial de su relación con los cabecillas de la trama corrupta.

Una de las cosas que crispa internamente es que Rajoy pida tranquilidad una y otra vez en la reuniones del partido, como volvió a hacer el lunes en una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional.

La calma de Rajoy se interpreta como una muestra de "resignación", sobre todo después de que la Audiencia Nacional haya levantado el secreto sobre una tercera parte del sumario del caso Gürtel y se hayan conocido nuevos datos de la trama.

Además, no se entiende que Rajoy insista en defender al PP de la Comunidad Valenciana cuando en el caso del PP de Madrid se forzó a dimitir a alcaldes como Jesús Sepúlveda y Arturo González Panero o al caso del ex consejero Alberto López Viejo, en este caso antes incluso de que fuera imputado.

Varios miembros de la Junta Directiva Nacional se han dirigido personalmente a Rajoy para que tome medidas

Un amplio sector cuestiona que Rajoy asegure a menudo que actuará contundentemente contra quienes hayan obrado de forma fraudulenta, pero luego se quede sin adoptar medidas drásticas y permita que la imagen pública del partido se ponga en cuestión por la vinculación a la red empresarial de Correa.

El enfado es especialmente notable fuera de estas dos comunidades, ya que están "hartos" de tener que dar la cara por sus compañeros de otras regiones que supuestamente se han enriquecido con regalos de lujo y traspasos de dinero en efectivo.

Esta situación ha provocado que varios miembros de la Junta Directiva Nacional del PP, entre ellos algunos barones territoriales, se hayan dirigido personalmente a Mariano Rajoy para que tome medidas. Sin embargo, creen que él sigue inhibiéndose.

En Valencia también hay un amplio sector que califica de "complcado" el momento actual y que reconoce que en esta comunidad están "expectantes" ante el posible cese de la cúpula regional del partido, ya que considera que hay un "clamor" interno para poner fin a la situación.

(www.lavanguardia.es, 08/10/09)

EL PAPEL DE COLLADO

Por otra parte, las diligencias del caso Gürtel mencionan en numerosas ocasiones a Pau Collado, antiguo presidente de la asociación Joves Empresaris y ex alto cargo en la etapa del Govern de Jaume Matas. Tras analizar diversa documentación y los extractos de conversaciones telefónicas, la Brigada de Blanqueo de Capitales define a Collado como un "captador" de contratos públicos para la organización empresarial que presuntamente corrompió a dirigentes del PP.

Collado, administrador de varias empresas de la trama, figura como un "subordinado" de Francisco Correa y Pablo Crespo, a los que informa de la evolución de los negocios y del cobro de los trabajos. Entre las tareas desarrolladas por el ex director gerente de la Fundación Balears Sostenible, la Policía explica que se encarga de alertar a Pablo Crespo cuando un jefe de área de la Administración Pública quiere contratar a una empresa ajena a la trama. Avisado, Crespo hace gestiones para reconducir la situación.

En las conversaciones captadas por los agentes se constata la intervención de Collado en adjudicaciones como la de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte (Madrid), entre otras.

Por otra parte, las pesquisas del caso Gürtel señalan que el mallorquín daba instrucciones de cómo confeccionar los servicios para la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de la localidad madrileña, con hoja de costes "sin presupuesto y sin importe", para conseguir la firma del también imputado Alfonso Bosch y negociar la inclusión de un precio superior al real. Bosch, diputado de la Asamblea de Madrid e imputado en este asunto por cohecho, era el director de la citada empresa municipal.

Asimismo, Collado aparece como firmante del alquiler del piso en Madrid donde se depositaba información sensible del entramado empresarial. También se expone que el ex director de la Fundación Baleares Sostenible participa en proyectos de inversión inmobiliaria en Colombia con el líder de la presunta trama corrupta.

(www.diariodemallorca.es, 08/10/09)

RAJOY DIXIT: "HEMOS HECHO TODO LO QUE PODÍAMOS HACER"

La llamada a la "indiferencia" efectuada ayer por Mariano Rajoy no ha tenido el efecto deseado. El líder del Partido Popular, que hoy ha convocado a la cúpula de su partido en la sede de Génova para analizar las consecuencias del levantamiento parcial del secreto sumarial del caso Gürtel, ha negado la financiación ilegal del Partido Popular y ha apuntado a una "trama corrupta" que ha intentado aprovecharse de su partido.

Rajoy ha comunicado a su dirección, en una reunión sobre los Presupuestos Generales televisada para los medios de comunicación -no concede una rueda de prensa en Génova desde el 13 de abril- que "la inmensa mayoría de los cargos públicos del PP son gente honrada" y ha alegado que "a veces cometen errores, pero fijándose siempre en la defensa del interés general". El líder popular ha incidido en que "ésa es la trayectoria del PP. En toda organización puede haber personas que no actúen como deben, pero, en esos casos", ha asegurado, "el partido actuará".

Para Rajoy, "ha quedado acreditado que no estamos ante una trama de financiación irregular del PP, sino de una trama de corrupción para aprovecharse del PP". Según él, "el PP no mira para otro lado ante las denuncias de corrupción. Cualquier persona que haya hecho cosas que no debía tendrá que asumir su responsabilidad". No obstante, el líder del PP no ha aclarado a quiénes se les iba a exigir responsabilidades.

En la misma línea se ha expresado la secretaria general del PP, María Dolores del Cospedal, que ante las denuncias de corrupción "el PP no mira hacia otro lado ni lo hará nunca. Seremos firmes y contundentes a la hora de exigir responsabilidades". Al igual que Rajoy, la secretaria general del PP ha denunciado que "este partido está siendo víctima de una actuación sectaria y partidista del Gobierno y del Fiscal General del Estado". Cospedal ha insistido en que "ha quedado claro que ni Correa ni sus socios son dirigente del PP. Las sociedades no eran creadas por el PP, sino que eran creadas para enriquecerse por estas personas y es lo que se desprende del sumario".

Preguntada por la forma de actuación de su partido, Cospedal ha respondido que "hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Hay que demostrar esos hechos y no compartimos que se reciban ese tipo de regalos, pero esas cosas primero hay que demostrarlas". También ha especificado que "el cómo, el cuándo y contra quién lo venimos haciendo desde que se produjeron las primeras imputaciones. Las personas imputadas ya están suspendidas de militancia o relevadas de sus cargos en el partido y no hay nuevos imputados. El partido se ha comportado de una forma ejemplar".

Asimismo, la secretaria general ha argumentado que "no estamos ante una Filesa del PP porque aquí estamos ante personas privadas que han montado un entramado para aprovecharse del PP, pero no para enriquecer al PP", y ha corroborado las declaraciones de la vicesecretaria general de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, que ha manifestado que "nadie me ha regalado nunca nada. Todo lo que tengo es fruto de mi trabajo y estoy orgullosa de este partido". Mato ha mantenido la línea del discurso de Rajoy y ha reiterado que "la inmensa mayoría de militantes somos gente honrada. Nunca he hecho ni haré nada que perjudique al partido".

A su llegada a la sede nacional del PP, la ex ministra de Sanidad y actual diputada Celia Villalobos se ha mostrado igual de rotunda. "Si se tiene que interpretar que un regalo de cualquier naturaleza, normal, sea un libro o unos vinos, es comprar a un político, entonces tienen que estar en la cárcel todos los políticos". Villalobos ha hecho hincapié en que "hay que demostrarlo primero" y ha matizado que "lo único que está claro" en el sumario es que EL PAÍS tenía acceso a la información de la Polícia Judicial que ha servido para implicar "de forma absolutamente arbitraria a algunas personas".

Antes, a primera hora de la mañana, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado en una entrevista concedida a Telecinco que ellos son "parte perjudicada" porque hay "gente" que se ha enriquecido a costa de sus militantes, aunque ha descartado por completo la existencia de financiación irregular tanto en el PP Nacional como en las federaciones regionales.

Sáenz de Santamaría ha recurrido, una vez más, a las acusaciones de conspiración política y ha asegurado que la Fiscalía "parece que está a las órdenes" de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Sobre las revelaciones que aparecen en los 17.000 folios del sumario desclasificados por Antonio Pedreira, Sáenz de Santamaría ha defendido que el juez mantiene la lista de imputados que publicó hace una semana pese a que dos tercios del sumario todavía son secretos.

(www.elpais.com, 07/10/09)

"TENEMOS UN PROBLEMA QUE ES EL 'PEN DRIVE' DEL CONTABLE". "SI NO EXISTIERA..."

Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, se lo resume sin paños calientes a su abogado: "El puto pen drive, macho". Ambos saben que la memoria USB que guarda años de contabilidad en dinero negro es la prueba clave que no pueden negar. Y Baltasar Garzón ya la tiene en su poder. La conversación entre Correa y su letrado, registrada el 6 de marzo en un vis a vis en la prisión de Soto del Real (Madrid), fue grabada por orden del juez e incorporada al sumario. En ella, el presunto jefe de los corruptos busca salidas para su defensa: puede inculpar a Pablo Crespo, Isabel Jordán y Alberto López Viejo de haberlo organizado todo a sus espaldas, o acusar al contable de mentir a la policía para salvarse a sí mismo... Pero una y otra vez vuelve a escena el archivo USB: "Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo".

El letrado está contando a Correa que lo más seguro es que en unos días tenga que declarar de nuevo ante el juez, ya con una línea de defensa sólida. Correa le expone entonces su defensa: "Yo, en Valencia, no tengo ni idea. No tengo nada que ver, cero, estoy fuera, todo esto lo ha llevado Pablo con Álvaro", asegura, en referencia a su número dos, Pablo Crespo, y a Álvaro Pérez (responsable de Orange Market, el tentáculo en Valencia). "En lo de Alberto López Viejo [diputado del PP en Madrid y ex consejero de Esperanza Aguirre] y Easy Concept, cero, lo ha llevado Isabel Jordán [otra de las directivas de la red] con Pablo. Yo hace años que no voy por la oficina", prosigue el reo. Y se lamenta de su infortunio: "Pero si es que me están imputando como si todo esto tuviera que ver conmigo y, vamos, yo no tengo nada que ver. Yo creé en el año 95 esta historia, luego me quité de en medio [...]. Lo que pasa es que yo aparezco como cabecilla de la trama, la televisión dice burradas, aquí no hay ninguna trama, hemos trabajado para un partido político y punto".

El abogado parece dejar que su cliente se desahogue, pero pronto le hace volver a la realidad: el contable de la red de empresas, José Luis Izquierdo, fue detenido con un apetitoso archivo USB en las manos. "Aquí tenemos un problema que es el pen drive, que está expresado con toda claridad. Garzón se ha ocupado, la policía mejor dicho, de hacer cuadros de lo que cobra cada uno", subraya. Luego, intenta tranquilizarlo explicando que, en cualquier caso, para que exista delito hay que probar una relación entre "los pagos realizados a determinados cargos públicos" y "una decisión administrativa contraria a Derecho".

Abogado. Esa asociación todavía no se ha establecido [...]. Ése es el debate que tenemos que dar [...]. Lo único que tenemos es la aplicación a un pen drive.

Correa. El famoso pen drive es el lío famoso, si no existiera... [...] Sin este pen drive todo esto no hubiera ocurrido.

Cuando el letrado apunta que "Isabel Jordán quiere asumir el rol de colaboradora con la Justicia, e Izquierdo también", el cabecilla plantea otra salida:

Correa. En un momento determinado se puede decir que ese pen drive es un montaje que ha hecho Izquierdo con Pepe Peñas, ahí en el pen drive tienen que aparecer los pagos a Peñas cuando era concejal de Majadahonda. Él cobraba, todos los meses le pagábamos [Peñas, ex colaborador de Correa, acabó traicionándole y presentó en 2007 la denuncia que dio origen a la investigación].

Abogado. Nosotros en ningún caso vamos a reconocer que los pagos que aquí se documentan estén asociados a una decisión administrativa.

Correa. Si me preguntan "¿Usted le ha dado el dinero a estos señores?", ¿yo qué les digo?

Abogado. Yo negaría la realidad. Que lo acrediten.

Correa. Habrá que ver qué contestan el día 18 Sepúlveda, Ginés... [ex alcaldes madrileños imputados en el caso].

Abogado. Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo.

(www.elpais.com, 07/10/09)

'DON VITO' CORROMPÍA A LÍDERES DEL PP CON DINERO Y CAPRICHOS

Francisco Correa era El Padrino de una estructura mafiosa que primero se valió de su habilidad en las relaciones públicas para corromper con dinero, regalos y caprichos a algunos líderes del PP y luego utilizó esas relaciones para seguir medrando a través de la extorsión y el chantaje. El partido y alguno de sus cargos más importantes se sirvieron de él, pero, sobre todo, él se sirvió del partido para obtener unas ganancias fabulosas.

El levantamiento del secreto de sumario del caso Gürtel dibuja a un personaje orgulloso de su poder, tanto como para usar el nombre en clave Don Vito en la contabilidad B de la trama.

Y sobre todo, los más de 17.000 folios cuyo contenido se desveló ayer retratan la dudosa moralidad pública de un buen número de políticos que habrían aceptado las lisonjas de Correa y quedaron atrapados en la red Gürtel. Significativamente, el cargo con el que el cabecilla de la trama parece haber cultivado una relación más estrecha es Jesús Sepúlveda, ex coordinador electoral del PP nacional. Al amparo de sus campañas creció la organización.

Según los documentos incautados, Sepúlveda habría recibido los sustanciosos regalos que ya reveló EL MUNDO -un Jaguar en 1999 y un Range Rover en 2004- y entregas de unos 6.000 euros mensuales desde 2002. Cuando ganó las elecciones en Pozuelo de Alarcón en 2003, ese Ayuntamiento empezó a contratar a Correa. Así funcionaba la red, de la que después era difícil salir. La amistad entre ambos puede venir de lejos: en 1994, la esposa de Don Vito transfirió su pequeño utilitario a la entonces mujer de Sepúlveda: Ana Mato, actual vicesecretaria general del PP.

La organización siguió una estrategia muy similar en la Comunidad Valenciana. Allí agasajó al secretario general del PP autonómico, Ricardo Costa -«serás el futuro presidente de este país», le decía-, para hacerse con los actos electorales del partido y con adjudicaciones de la Generalitat. Su hombre de confianza, El Bigotes, gestionó para él la compra de un Infiniti, un lujoso coche japonés.

En esa comunidad, la organización tenía un papel intermediador privilegiado: Correa declaró ante el juez Baltasar Garzón que sus buenas relaciones con «Paco Camps» sirvieron para «desbloquear» una operación urbanística en La Nucia (Alicante) y el mismísimo presidente de la Generalitat enviaba a su hermana para que El Bigotes le prestase ayuda.

En Madrid, la administradora de las sociedades de Correa señaló en su declaración a cientos de cargos como perceptores de regalos. La documentación del sumario probaría las entregas a los alcaldes de Majadahonda, Boadilla del Monte y el citado de Pozuelo, los Ayuntamientos donde la red habría recibido más adjudicaciones o habría actuado como mediadora ante constructoras a cambio de comisiones. En esta comunidad, «el gran muñidor» del operativo habría sido, según Don Vito, el ex consejero Alberto López Viejo, gran beneficiario y benefactor de la trama. Al menos 17 cargos del PP habrían recibido dádivas.

El sumario pone de manifiesto los caminos que escogió Correa para acercarse al centro del poder en España. El yerno del ex presidente José María Aznar, Alejandro Agag, aparece en numerosos apuntes de la caja B de la trama Gürtel. Por ejemplo, como perceptor de un «regalo de cortesía» de 500 euros. El concejal que denunció la red corrupta, José Luis Peñas, declaró a la Policía que, en la época en que Aznar era el jefe del Ejecutivo, decir «Correa era sinónimo de decir presidente».

En total, Correa habría invertido en política unos 5,5 millones de euros. Los investigadores calculan que las ganancias sumarían ocho veces más. Buena parte se habría desviado a través de un complejo entramado societario a paraísos fiscales como la Isla de Nieves, Suiza, Sri Lanka, Gibraltar y Panamá.

Pero la mafia tiene otra cara. El Bigotes amenazaba a Costa con destapar en la prensa los pagos irregulares para que la bola siguiese creciendo. Correa presumía de tener al alcalde de Boadilla «comiendo de su mano» porque le presionaba con un vídeo en el que se le veía cogiendo dinero. Con sólo mentar ese episodio, el teniente de alcalde «se hace caca», decía. El verdadero Don Vito era más elegante para cobrarse sus deudas: «Me debes un favor».

(www.elmundo.es, 07/10/09)

SPECIAL EVENTS MONTÓ PARA RAJOY LA CAMPAÑA DEL REFERÉNDUM EUROPEO

Special Events, una de las empresas de la red montada por Francisco Correa, facturó al PP nacional un total de 52.923,84 euros por cuatro actos relacionados con la campaña de este partido a favor del sí en el referéndum sobre la Constitución Europea.

Los actos se celebraron en enero y febrero de 2005, cuando Mariano Rajoy llevaba varios meses como máximo dirigente del Partido Popular. El propio Rajoy participó en uno de ellos, que tuvo lugar el 29 de enero de 2005 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Tras estallar el caso Gürtel el pasado febrero, Rajoy declaró que «a mediados de 2004» él cortó la contratación de eventos con las sociedades de Francisco Correa porque «utilizaban indebidamente el nombre del PP».

Los documentos que desmienten al líder del PP -al menos, en esa ocasión del referéndum sobre la Constitución Europea- estaban en un pendrive que la Policía halló en poder del contable de Correa, José Luis Izquierdo.

Son 20 folios referidos a cuatro eventos: el que protagonizó Rajoy en Madrid (29 de enero de 2005), el que se celebró en un hotel de Salamanca el 9 de febrero de 2005, el que tuvo lugar en un hotel de Sevilla el 14 de febrero de ese mismo año y un acto similar en Granada el 17 de febrero de 2005.

Si se cree en la autenticidad de esos papeles, todos ellos presentan varios puntos en común: en los cuatro actos se hizo una doble y, en un caso, hasta triple facturación; se cambiaron los importes; se incluyeron conceptos distintos y se dio cuenta mediante notas manuscritas a Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP hasta el pasado julio. Ello explica que las facturas iniciales aparezcan atravesadas por una anotación de cambiada (ver reproducción en esta misma página).

El acto de Rajoy en el Círculo de Bellas Artes, que genera la factura de Special Events 05/004 de fecha 31 de enero de 2005, tiene dos importes: el primero por 10.428,40 euros y el segundo por 13.184,56 euros. En esta segunda factura se añadió el concepto Viaje prospección y coordinación acto. Otro documento sobre este evento aclara que su coste real fue de 3.301,80 euros.

El acto en Salamanca también tuvo doble facturación. De 10.648,80 euros pasó a 13.404,96. A Bárcenas se le habría remitido una nota con el primero de los importes. De acuerdo con la contabilidad interna, el coste real ascendió a 2.674,09 euros.

Con el evento de Sevilla sucedió algo parecido. La factura inicial, de cuyo importe se habría dado cuenta a Bárcenas, se elevó a 9.744 euros. Luego se incorporó el concepto Viaje prospección y coordinación acto y la cuantía pasó a ser de 12.500,16 euros. No obstante, el coste no habría pasado de 3.075,99 euros. El acto en Granada presenta una triple facturación. Siempre con el mismo número de factura e idéntica fecha, el importe fue, sucesivamente, de 9.744, 11.078 y 13.834,16 euros. En realidad, su coste para Special Events habría sido de sólo 3.460,79 euros. En esta ocasión se enviaron al PP notas manuscritas en las que aparecían los dos primeros importes.

(www.elmundo.es, 07/10/09)

«DECIR CORREA ERA SINÓNIMO DE DECIR AZNAR EN COSA DE EVENTOS»

Los nombres del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de su yerno, Alejandro Agag, surgen en la investigación del caso Gürtel prácticamente desde el principio. El ex concejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, que fue el origen del procedimiento al presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, declaró que en la época en la que Aznar dirigía el PP y era presidente del Ejecutivo «Francisco Correa era sinónimo de decir presidente». «Y era íntimo de Alejandro Agag», añadió.

Peñas indicó que Correa «estaba junto a la Presidencia y hacía las grandes campañas y todos los grandes eventos del PP. Por ende, lo que hacía era conseguir las campañas tanto de las comunidades como de los municipios pequeños».

La organización de eventos para el PP «le dio la oportunidad de conseguir contratos administrativos y de todo tipo e inmobiliarios, pues fue su relación con la gran cúpula del PP, en concreto con el presidente».

El rastro de Agag es más extenso. Su nombre aparece en la contabilidad B de la trama Correa como supuesto perceptor de un «regalo de cortesía» por valor de 500 euros el 18 de septiembre de 2003. Asimismo, el contable de la red empresarial, José Luis Izquierdo, confirma la existencia de tres archivos localizados en el pendrive que se le intervino: el primero, con facturas de avión, hotel y coche por valor de 874.471 pesetas «que presume que dicha persona habrá abonado»; el segundo, con facturas pendientes por 1.080.000 pesetas del período 98-99; y el archivo «Gastos Venezuela» que asciende a 21,2 millones de pesetas y se refiere a los «gastos generados ante la posibilidad de hacer determinados actos en Venezuela». En este último archivo consta un apunte de un vuelo Madrid-Caracas-Bogotá-Madrid de Correa y Agag por importe de 1.012.000 pesetas facturado al PP y un reembolso de 98.000 pesetas.

Agag aseguró ayer que no ha participado en «ningún negocio» relacionado con la trama Gürtel y que «nunca ha recibido ningún pago».

(www.elmundo.es, 07/10/09)

EL CONTABLE DESVELÓ SOBORNOS Y LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

En su declaración ante el juez Baltasar Garzón, el contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, negó tener cualquier responsabilidad y trató de responder a todas las preguntas que se le hicieron. Izquierdo hizo lo que sus jefes esperaban de él. Aprovechó los tres o cuatro minutos de retardo con los que se abría la puerta del piso de la calle Serrano de Madrid para ocultar la contabilidad B del grupo de empresas de Francisco Correa. Estaba en un lápiz de memoria que se llevó a casa, escoltado por la Policía para realizar un registro, escondido en el puño dentro del bolsillo. Cuando iba a ser cacheado, lo sacó.

Gracias a esa memoria externa se vislumbraba ya en febrero el verdadero alcance de la trama de corrupción que afecta al PP y a varias de las comunidades en las que gobierna, sobre todo, Valencia y Madrid. En estos ocho meses, los datos que aportó Izquierdo en su primera declaración ante Garzón, el 13 de febrero, se han ido confirmando y ampliando. Conocía los nombres de las personas que aparecían en la caja B del grupo y que acabaron siendo imputadas, y los de las empresas de la trama, incluidas las ubicadas en paraísos fiscales, con las que se blanqueaba el dinero cobrado y pagado en comisiones.

En la Audiencia Nacional, Izquierdo explicó que el presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, le pidió que se lo llevara a casa por seguridad. Por el mismo motivo, el contable justificó los 60.000 euros que se encontraron en su domicilio: "Me limito a hacer lo que me dicen, lo que mandan".

Quizá por eso, todos los apuntes de la caja B pasaban por sus manos y conocía a los ex concejales de Majadahonda (Madrid) que cobraban 3.000 euros mensuales de la trama, aunque luego acabaran denunciando a Correa. También el entonces alcalde, Guillermo Ortega, y el ex regidor de Boadilla Arturo González Panero. Señaló a Antonio Cámara, que había sido secretario personal de Aznar. Y hasta dijo que L. B. debía ser el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Según Izquierdo, en cierta ocasión Correa le dijo que se refiriera a él como "don Vito", y como no sabía si se lo decía en broma o en serio, lo hacía constar como "D.V.I.T.O." en la contabilidad. Por si quedaban dudas, el juez le preguntó si se refería al "don Vito de la película", por El padrino.

Superando la anécdota, en la memoria aparecían los tres aforados por los que luego Garzón terminó inhibiéndose a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los diputados del PP Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Y también el ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote y su hermano Ricardo.

En el lápiz de memoria aparecen cuentas por distintos eventos: campañas electorales de Madrid y Galicia, actos de NNGG y hasta congresos, como el celebrado por el PP en Valencia. Izquierdo dijo ignorar quién era el que pagaba por el PP con dinero negro, pero admitió la práctica.

De la memoria, la policía infirió "un sistema de contabilización de operaciones con fondos de una caja paralela". Se nutre con dinero que presuntamente "procede de comisiones por la adjudicación de obras urbanísticas y la consecución de un elevado número de adjudicaciones públicas irregulares".

(www.publico.es, 07/10/09)

LA RED ENVIÓ REGALOS A POLÍTICOS COMO AGUIRRE

Cualquier ocasión era buena para tener un pequeño detalle con los políticos. Esa era la filosofía de las empresas ligadas a Correa, según explicó Felisa Jordán --una de las imputadas en el caso Gürtel-- ante el juez Garzón. ¿Con qué fin? Eso corresponderá a los tribunales aclararlo. Por el momento, hay que conformarse con el testimonio de Jordán, que trabajó para Correa y afirmó ante los tribunales que se llegaron a enviar presentes «a ciento y pico personas», todas ellas relacionadas con la Administración, entre las que incluyó a la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. No aclaró cuál fue el regalo con el que, supuestamente, se agasajó a la lideresa, aunque sí apuntó que Aguirre envió una carta de agradecimiento.

Según Jordán, se repartieron coches, pantallas de plasma, trajes, albornoces con invitaciones para spa y «bolsos de mil y pico euros», además de dinero en efectivo para personajes como el madrileño Benjamín Martín Vasco. Sin embargo, el propio Correa relató a Garzón que el verdadero «muñidor» de toda el operativo en la comunidad fue el consejero López Viejo.

(www.elperiodico.com, 07/10/09)

TRES REGISTROS DIERON CON LAS EMPRESAS DE CORREA

Tres entradas y registros, un mismo domicilio, el del asesor fiscal Ramón Blanco Balín, y un gran resultado: «Dentro de la documentación incautada, tanto en soporte informático como en soporte papel, se han encontrado numerosos documentos relacionados con diversas sociedades que tienen un nexo común: todas ellas parecen ser propiedad de don Francisco Correa Sánchez».

Ésa es la conclusión a la que llegan el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria después de que fuera registrado en tres ocasiones (30 de noviembre de 2005, 15 de julio de 2008 y 6 de febrero de 2009) el despacho profesional del que fuera alto ejecutivo de empresas como Repsol, Gas Natural, Barclays, Banco Zaragozano, NH y Ercros.

Blanco Balín, de profesión inspector de Hacienda, trabó una buena amistad con Francisco Correa y terminó organizándole todo el entramado societario, tanto en España como en diferentes paraísos fiscales.

La Agencia Tributaria y el Juzgado Central 5 consideran que Blanco Balín montó un gran entramado de sociedades para que el grupo Correa y sus socios consiguieran la opacidad que buscaban. Osiris Patrimonial era una de las piezas fundamentales y operativas del binomio Correa-Blanco. El ejemplo más directo de cómo trabajaba Blanco y evadió capital para Correa es la sociedad Osiris Patrimonial. La matriz de esa sociedad era otra denominada Lubag y estaba radicada en Curazao (Las Antillas). Y para que nadie pudiera llegar a Lubag, y muchos menos a Osiris, aparecía como intermediaria o interpuesta de la segunda, Clandon, que a su vez estaba radicada en Holanda.

Entre la documentación incautada en el despacho de Blanco había un archivo informático con el título Grupo Correa y allí se relacionaban las siguientes sociedades: Osiris Patrimonial, Caroki, Inversiones Kintamani, Orange Market, Artas Consultorias, Hator Acinipo y Fillmore.

Pero las sociedades, empresas y patrimonio de Correa no acaban en Osiris Patrimonio, ni en «Grupo Correa». El entramado montado por Blanco Balín iba más lejos.

Correa había dividido su grupo de la siguiente manera: sociedades de publicidad, inmobiliarias, patrimoniales, otras colocadas en paraísos fiscales y por último se servía de una serie de sociedades de gestión para administrar a todas las anteriores.

En el campo de la publicidad y eventos destacaba Easy Concept Comunicación, Special Events y Orange Market. Entre las inmobiliarias, Consultoría y Gestión de Inversiones; y en patrimoniales, Inversiones Kintamani. En cuanto a las empresas radicadas en paraísos fiscales hay que contar con Osiris, como principal, y otras 25 más.

Y para gestionar, administrar y llevar la contabilidad de todas esas sociedades estaba «R. Blanco Asesores Fiscales», entre otras.

(www.elmundo.es, 07/10/09)

CORREA: "AGAG ME PIDIÓ QUE 'EL BIGOTES' LLEVARA ACTOS DE AZNAR"

Que Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel, había tenido una estrecha relación con Alejandro Agag –el yerno del expresidente José María Aznar– era conocido e indisimulable: no en vano fue testigo de su boda con Ana Aznar Botella. Las fotografías de aquella pomposa cita nupcial así lo acreditan. Lo que no era tan conocido por la opinión pública es que fue Agag quien introdujo al empresario Álvaro Pérez, más conocido como el Bigotes, en el círculo de quien fue jefe del Ejecutivo. O, al menos, eso es lo que le contó Correa al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, según reza en el sumario que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

«Alejandro [Agag] me presentó a ese chico, a Álvaro [el Bigotes], que es el sobrino de Pajares. Se puede imaginar... el mundo de Pajares, la noche, el espectáculo... lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina... y entonces me dijo Alejandro: ponle a que lleve los actos del presidente y yo... ¿pero estás loco? Uno que viene del mundo de Pajares... bueno, pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo, hasta que llegó Mariano [...]», relató Correa a Garzón mientras este caso estaba siendo instruido en la Audiencia Nacional.

No obstante, el líder de la red corrupta también se encargó de aclarar al magistrado que, desde hacía seis años, no tenía relación con Agag, pese a haber sido amigos. Igualmente, especificó que Pérez terminó su relación con el PP en Madrid cuando Aznar decidió abandonar el partido y dejar como sucesor a Mariano Rajoy.

Claro que, además de las declaraciones del propio Correa, la parte del sumario que se hizo pública ayer incluye un dosier de la policía que recoge información de la caja B de la trama de corrupción, en la que constan anotaciones contables a Agag.

El empresario y yerno de Aznar difundió por la tarde un comunicado en el que negó haber recibido dinero o haber hecho negocios con esta trama corrupta. En la nota también recuerda que no ha sido imputado ni es parte del proceso judicial.

(www.elperiodico.com, 07/10/09)

"AGAG ME PIDIÓ QUE ÁLVARO LLEVARA LOS ACTOS DE AZNAR, Y A BOTELLA LE ENCANTÓ"

Las declaraciones de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, ante el juez Baltasar Garzón, constituyen un elemento definitivo para comprobar cómo operaba la trama, qué contactos de altísimo nivel político mantenía en el PP y cómo se creó a la sombra de Aznar y después se trasladó a Valencia, al entorno de Francisco Camps. Éstas son algunas de sus declaraciones:

"¿Sabe qué pasa? Que esta gente [Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo] me quiere mucho. Bueno, yo iba a ser el viernes el padrino, cuando me detuvieron iba a Barcelona a ser el padrino de la hija de Álvaro. Son gente que yo he recuperado, por ejemplo este muchacho [El Bigotes], que me lo presentó Alejandro Agag, con el que yo tuve una excelente amistad y ahora no me hablo hace seis años. [Álvaro] piensa que soy íntimo de Alejandro porque fui padrino de su boda, fui amigo, le conocí hace muchísimos años. Alejandro me presentó a Álvaro, que es sobrino de Pajares.

Se puede usted imaginar el mundo de Pajares, la noche y el espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina, y llevar un tema serio empresarial. Y entonces me dijo Alejandro [Agag], ponle para que lleve los actos del presidente [Aznar] y yo... '¿Pero tú estás loco?' Uno que viene del mundo de Pajares... Bueno, pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó, y empezó a trabajar con él [Aznar] y tuvo un éxito tremendo hasta que llegó Mariano [Rajoy], y entonces ese muchacho, Álvaro, dice que yo le debo toda su vida, porque efectivamente le hemos ayudado a centrarse, a llevar un tema serio. Cuando dejó de trabajar para Rajoy, Paco Camps se lo llevó a Valencia, y trabaja [allí] y le hace las campañas a Camps".

Correa también implica a Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP en la época de Aznar y ex ministro de Fomento, de quien dependía AENA. "Una de las cuentas que teníamos entonces era la de AENA, porque Paco Cascos, con el que yo tenía cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía FITUR y se hacían un montón de eventos". Cascos siempre ha desmentido cualquier relación con la red y señala que él no decidió esos contratos. Pero lo cierto es que, según datos oficiales, Correa recibió contratos de AENA por cinco millones de euros mientras Cascos fue ministro.

(www.elpais.com, 07/10/09)

LA TRAMA COLOCÓ DINERO EN CASI 20 PAÍSES CON TESTAFERROS

trama se movía por todo el mundo utilizando toda la ingeniería financiera que permite un planeta globalizado con empresas representadas por testaferros a miles de kilómetros de distancia del verdadero jefe. El levantamiento parcial del sumario no afecta aún a las comisiones rogatorias, pero ya aflora la trama global, con operaciones económicas en casi 20 países y tentáculos en Europa, América y Asia siempre con el doble fin de maximizar las ganancias, disponer de liquidez cuando se requiera y borrar todas las huellas.

Francisco Correa y el resto de cabecillas de la trama nunca aparecen directamente en las múltiples sociedades constituidas en todo el mundo para mover el dinero. Siempre se sitúa delante a testaferros sin ningún poder autónomo y la sociedad busca una sede social en un país lejano y especializado en operaciones opacas. La constitución de Pacsa Limited, una de las muchas empresas de la trama en el extranjero, ejemplifica cómo funcionaba. Se registró en 1997 en Isla Nevis, en el Caribe, un paraíso fiscal. Y consta como director fiduciario el contable José Luis Izquierdo.

El documento aportado al fiscal por la Agencia Tributaria explica el poder real de Izquierdo, según la escritura: "Reconozco que no tengo ninguna clase de derechos sobre cualquier activo de la sociedad (...) Declaro que no tengo ningún poder o responsabilidad comercial o financiera y que actuaré únicamente de acuerdo con las instrucciones del beneficiario (...) Reconozco que la totalidad de las participaciones registradas actualmente a mi nombre no es de mi propiedad".

La trama creó con este mismo esquema muchas empresas en el extranjero con la finalidad de mover el dinero o de burlar un eventual seguimiento de las autoridades. Rustfield Trading LTD, por ejemplo, se creó en Reino Unido, aunque la supuesta dirección recaía en Mollyland Inc., con base en las Islas Vírgenes. Y su finalidad, según el sumario, era únicamente enredar y borrar huellas: "[Su función] es complicar la estructura societaria a través de otra sociedad interpuesta controlada por las mismas personas". Su compañía matriz era Pacsa Limited.

El dinero se sacaba de España directamente o a través de estas empresas rumbo a paraísos fiscales o países que garantizan grandes beneficios y no preguntan de donde sale el dinero: se sigue el rastro en Mónaco, Panamá, Islas Caimán, Antillas Holandesas, Azerbayán un punto central del blanqueo de capitales, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Gibraltar, Sri Lanka y Suiza. Sólo este último país se estima que puede albergar hasta 23 millones de euros de la trama.

Las empresas creadas fuera servían también para canalizar inversiones en el extranjero, sobre todo inmobiliarias y en América: en Miami (EEUU), en Panamá, en Cartagena de Indias (Colombia)... Se trata a menudo de empresas constituidas en países de la UE: la mayor actividad se registra en Reino Unido sede de Grosvenor y Windrate, por ejemplo, Portugal Freetown y Holanda Bellavita Holding o Clandon BV. También hay pagos registrados desde Francia y Alemania.

El sumario muestra cómo estas pantallas facilitaban el reingreso a España de dinero evadido cuando se necesitaba para un nuevo negocio. Según la investigación, las dos empresas más utilizadas para ello eran Inversiones Kintamani y Caroki SL.

"Según va haciendo falta, capitalizan a la sociedad residente en España desde las sociedades extranjeras a fin de acometer las inversiones inmobiliarias", subraya el informe de la Agencia Tributaria. El mismo documento detalla cómo Caroki SL, cuyo objeto social es la compraventa de bienes inmuebles, va recibiendo ingresos desde la cuenta de Pacsa la sociedad creada en 1997 en la isla caribeña de Nevis por cuenta de Rustfield, dependiente de Pacsa pero sin otro fin que enredar, según la misma investigación. "No se sabe si el origen es Francia o, más seguramente, Suiza", se apunta en el informe.

Inversiones Kintamani, controlada al 100% por Pacsa Limited, también se beneficiará de "sucesivas ampliaciones de capital suscritas por socios domiciliados en Suiza, Reino Unido y EEUU". Al final, son las operaciones de estas empresas en España, a menudo a través de nuevos intermediarios, lo que permite cerrar el círculo de la red.

De las comunicaciones intervenidas a las tres personas encarceladas por la trama se deduce que algunas de las claves para desentrañar el entramado internacional se esconden también en Washington: los presos trataron de comunicarse a través de intermediarios con el broker estadounidense Randall Lew Caruso.

MÁS DE CINCO MILLONES DE FRAUDE FISCAL

Un piso y una moto

Correa sólo tenía un piso y una plaza de garaje, y para desplazarse, una motocicleta. Al menos, eso es lo que trataba de hacer creer al fisco el jefe de la ‘trama Gürtel’, quien no declaraba el IRPF desde 1999. Pero la realidad es bien distinta y apunta a que aún amasa una fortuna en paraísos fiscales, amén de haber disfrutado de un Audi A8 y un chófer.

Cuatro tramas societarias

La Agencia Tributaria ha concluido que Correa se sirvió de hasta cuatro entramados societarios para defraudar a Hacienda al menos 5,1 millones de euros, entre los años 2003 y 2007. La abundante documentación incautada en el despacho madrileño de los abogados Andrés Guillamot y Ricardo Blanco Balín, este último también imputado por Garzón, así lo acredita. Y aún no ha concluido el análisis de la misma.

Miami y las Islas Vírgenes

El bufete se habría servido de sus contactos internacionales para crear sociedades fantasma ubicadas en paraísos fiscales, donde es fácil ocultar el nombre de su verdadero propietario. Una de esas estructuras estaba compuesta por empresas con domicilio en Miami, que a su vez pertenecían a una o varias sociedades residentes en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.Las primeras sociedades de esta cadena disponían de fondos que luego invertía en lujosas residencias de la citada ciudad.

(www.publico.es, 07/10/09)

LA INVESTIGACIÓN DE LA RED GÜRTEL DESTAPA LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL PP

La corrupción amenaza al corazón, al cerebro y al bolsillo del Partido Popular. La trama Gürtel, una red empresarial dirigida por Francisco Correa, envenenó con prácticas ilegales durante los últimos 10 años a algunas de las principales instituciones donde gobierna el PP y facilitó durante ese tiempo la financiación ilegal de esta formación política. En el camino, numerosos dirigentes populares, con cargo público y presupuesto suficiente, se enriquecieron con el negocio de Correa. Así se desprende del aluvión de indicios recogidos durante 14 meses de investigación judicial y recogidos en los 17.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto.

Mariano Rajoy, presidente del PP, mostró ayer "indiferencia" ante las nuevas revelaciones de un caso que ha costado el cargo ya a cuatro alcaldes, un eurodiputado y un consejero autonómico, además de la retirada del tesorero del partido.

Muchas de las pruebas que sostienen la acusación sobre una decena de cargos del PP y otras 60 personas que continúan imputadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por el Supremo, se conocieron ayer tras la decisión del juez Antonio Pedreira de facilitar copias de una parte del sumario a todos los implicados.

La acumulación de pruebas sólo recoge una parte de la instrucción del caso, la que va de agosto de 2008 a abril de 2009, momento en que el juez Baltasar Garzón decidió inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. La documentación de las investigaciones sobre financiación ilegal del PP valenciano; el pago de comisiones ilegales por parte de diversas constructoras a Correa para que lo distribuyera entre políticos del PP y otros detalles del caso aún permanecen bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior de Madrid.

Los indicios conocidos ahora proceden de fuentes de investigación diversas, desde conversaciones telefónicas grabadas a los principales miembros de la trama corrupta, hasta declaraciones judiciales de los implicados y numerosa documentación oficial, tanto de las Administraciones gobernadas por el PP como de las empresas de la trama, que tenían una contabilidad B con la que pagaban a los políticos por los favores prestados.

Las pruebas afectan a los Gobiernos del PP en Valencia, Madrid, Castilla y León e incluso al Ejecutivo de José María Aznar; a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, gobernados por el PP, y a las organizaciones territoriales de este partido en Madrid, Valencia y Galicia, con sospechas documentadas de financiación ilegal que siguen siendo investigadas.

Lo que sigue es un resumen de la parte del sumario analizada ayer por este periódico con las pruebas recabadas por la policía para sustentar la acusación sobre los imputados:

- 'El Bigotes de Valencia'. El tomo del sumario que recoge las transcripciones de las conversaciones telefónicas grabadas a los miembros de la trama destapa las íntimas relaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de la empresa Orange Market, organizadora de todos los actos del PP y contratista de la Administración valenciana (ocho millones de euros en cuatro años, cuarenta contratos a dedo sin concurso) con el presidente valenciano, Francisco Camps, y con el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa. En las conversaciones de Álvaro Pérez con el número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, hablan de las gestiones para la adquisición de un vehículo de alta gama que Costa se compró; de un regalo de 20.000 euros con forma de reloj de acero que le hizo el ex alcalde de Alicante a Ricardo Costa y de los consejos que le daba El Bigotes para que no se lo pusiera cuando paseaba por Valencia; de las gestiones para conseguir que Camps se entrevistara con Barack Obama; y de un viaje secreto a Estados Unidos para gestionar la celebración de los Grammy en la Comunidad Valenciana para lo que contaban con el impulso del presidente autonómico.

Para cerrar el círculo, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, declaró ante el juez Baltasar Garzón que El Bigotes era íntimo amigo del alcalde popular de La Nucia, un municipio alicantino, y que medió ante Camps para que el Gobierno valenciano desbloqueara un proyecto urbanístico con problemas medioambientales.

- La financiación gallega. Las cuentas del PP gallego entre 1996 y 1999 están bajo sospecha. Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta que fue durante esos años secretario de Organización del PP en Galicia, se lamenta en una conversación que mantiene en la cárcel sobre una caja de seguridad que la policía ha descubierto donde guardaba documentación comprometida. En esos documentos aparecen las cuentas de la trama corrupta con el PP por los actos que le organizó durante tres años. Muchos de esos actos se habían hecho y cobrado, pero no existían facturas que lo justificaran. Crespo reflexiona sobre el delito y llega a la conclusión de que probablemente haya prescrito. "Si lo sacasen esta semana", cuenta Crespo en relación a los documentos de su caja de seguridad sobre la financiación del PP, "el lío sería morrocotudo".

- Los negocios de Madrid. La estructura empresarial de Francisco Correa se soportaba en gran parte con los negocios de Madrid, donde no sólo se quedó casi en exclusiva con los actos institucionales de la presidenta Esperanza Aguirre, gracias a las gestiones del consejero de Deportes Alberto López Viejo, al que pagaban abundantes comisiones. Además, Correa logró el trato de favor de cuatro ayuntamientos gobernados por el PP, Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, que le adjudicaron diversos contratos, además de permitirle intermediar ante constructores y promotores inmobiliarios en operaciones de suelo muy lucrativas de las que obtuvo jugosas comisiones.

- Las obras de Castilla y León. Uno de los tomos de la parte del sumario sobre la que se levantó ayer el secreto incluye todas las gestiones del juez Baltasar Garzón para aclarar una adjudicación de obra pública en Castilla y León que aparecía reflejada en la contabilidad B de la trama corrupta con el cobro de 72.000 euros en comisiones. La obra en cuestión fue adjudicada a una constructora de origen leonés, Teconsa, pese a que empató con otra empresa que se presentó al concurso. Esa constructora está bajo sospecha de pagar comisiones ilegales y de sacar grandes cantidades de dinero del banco en billetes de 500 euros. El consejero que adjudicó la obra, José Manuel Fernández Santiago, es hoy presidente de las Cortes de Castilla y León.

- El Gobierno Aznar y la trama. Francisco Correa relató al juez Baltasar Garzón cómo eran sus relaciones, desde muy joven, con Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar. Hasta el punto de que, en un momento dado, Agag le presentó a Álvaro Pérez, El Bigotes, y le pidió que le encargase de llevar los actos del presidente del Gobierno. Correa obedeció y el resultado fue óptimo. "Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido de la palabra, le encantó", declaró Correa al juez Garzón. El negocio de la trama corrupta se inició a la sombra de Aznar, al que montó todos los actos de partido durante sus ocho años como presidente.

La investigación judicial tiró de un hilo que dejó Correa suelto en una conversación privada donde presumía de haber pagado "1.000 millones de pesetas" a Luis Bárcenas, entonces gerente del PP nacional y hasta hace unas semanas tesorero, de adjudicaciones de la etapa de Francisco Álavarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento.

Correa dio algún detalle sobre este asunto en su declaración judicial en la Audiencia. Cuando detallaba cómo fichó a Pablo Crespo para dirigir sus empresas, recordó los años en que trabajó para Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). "Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA [organismo dependiente del Ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional de Turismo] y se hacían un montón de eventos".

Francisco Álvarez-Cascos ha negado que su departamento ordenase favorecer a las empresas de Francisco Correa en AENA y ha esgrimido que en ese organismo estatal se cumplían las normas vigentes sobre contratación administrativa.

(www.elpais.com, 07/10/09)

CONFESIONES GRABADAS

- Francisco Correa."Alejandro [Agag] me presento a Álvaro [Pérez, El Bigotes], y Álvaro es un chico que es el sobrino de Pajares. Te puedes imaginar el mundo de Pajares, la noche y el espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina, y llevando un tema serio empresarial. Y entonces me dijo Alejandro, 'ponle para que lleve los actos del presidente', y yo le dije: '¿pero tú estás loco? uno que viene del mundo de Pajares'... Bueno, pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó, y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo".

- Álvaro Pérez. "El ex alcalde de Alicante le ha regalado un reloj Frank Muller de 20.000 euros a Ricardo [Costa]. De acero. Hemos llamado ahora, es de Rabat, para preguntar a ver qué valía, lo ha flipado Ricardo, claro... Entonces se lo han ajustado, le han ajustado la correa y va como un niño, ya le conoces tío, con una cosa de estas se vuelve loco, pero no se lo puede poner en Valencia, ya se lo he dicho. Tío, ni se te ocurra, no, no, no, ni hablar, digo, es que es un cante de cojones, aparte de que es muy grande, ¿sabes? Pero va como un niño con zapatos nuevos".

(www.elpais.com, 07/10/09)

CORREA: "PACO CASCOS ME DIO UNA CUENTA EN AENA"

En un instante del largo interrogatorio, cuando Francisco Correa estaba explicando el momento en que contrató a Pablo Crespo, exalto cargo del PP de Galicia, deslizó una confesión que sugiere un supuesto trato de favor al exministro de Fomento y exsecretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos.

El jefe de la trama corrupta reveló al juez Baltasar Garzón que había hecho negocios con AENA, organismo dependiente de Fomento, durante el mandato de José María Aznar. «Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio una cuenta de AENA, y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de eventos», declaró Correa.

La relación de la trama con Cascos también abarca su etapa como secretario general del PP, cuando era el número dos de Aznar. Crespo detalló que organizó viajes para el partido cuando Cascos y Javier Arenas ocupaban la secretaría general, pero añadió que esta relación terminó con la llegada del equipo de Mariano Rajoy, en el 2004. Cascos cedió a Arenas la secretaría general del PP en 1999 tras 10 años en el cargo.

(www.elmundo.es, 07/10/09)

LA INVESTIGACIÓN DE LA 'TRAMA GÜRTEL' COMPROMETE AL PP EN MEDIA ESPAÑA

Con las manos en la caja. El sumario del caso Gürtel desvela la estrecha relación del jefe de esta red, Francisco Correa, con dirigentes del PP durante el mandato de José María Aznar. También apunta a una posible financiación ilegal del partido conservador en Galicia y en la Comunidad Valenciana y a un trato de favor en Madrid, Castilla y León y Estepona (Málaga). Los 17.000 folios del sumario, un tercio de la investigación, están plagados de documentos que ponen en serios aprietos a los populares, que ayer prefirieron guardar un prudente silencio después de la algarabía del pasado verano, cuando acusaron al Estado de conspirar contra ellos.

El magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), decidió levantar parcialmente el secreto de este sumario el 30 de septiembre. Sin embargo, la parte más jugosa aún no ha sido revelada. Este caso sufrió un vuelco tras la detención del gestor de Correa en Suiza, Gianfranco Fasana, que decidió colaborar estrechamente con la justicia e informó de que su antiguo jefe tenía escondidos en Ginebra más de 10 millones de euros. Su comparecencia permitió al juez descubrir parte de la mecánica de esta red en el extranjero.

Correa, según consta en el sumario hecho público ayer, «diseñó una estructura de circulación de fondos hacia el exterior que le permitía desvincularlos de su origen ilícito, reintroducirlos de nuevo en España y reinvertirlos en bienes de naturaleza inmobiliaria preferentemente». Por ello, tiene escondido su dinero en Miami, Londres, Amsterdam, las Antillas holandesas, las islas del Canal y Mónaco. La organización que dirigía dispuso de dos brokers y una «persona integrante de una entidad financiera» para manejar los fondos.

La justicia ha logrado identificar a algunos de los políticos que colaboraron con Correa gracias a la información que encontraron en el domicilio del contable, José Luis Izquierdo. La mecánica aparentemente era muy simple: todos ganaban. Correa lograba las adjudicaciones de las administraciones públicas gobernadas por el PP y las cedía a una empresa que le pagaba una comisión, que era repartida entre las personas que habían intervenido en el negocio.

De este modo, no solo compraba voluntades, sino que también lograba su silencio. La trama hizo regalos a más de un centenar de dirigentes del PP por importes que oscilaban entre los 1.000 y los 20.000 euros. En concreto, 17 mandos conservadores cobraron un total de 5,5 millones de euros de la red corrupta en especies y efectivo, entre ellos el senador y tesorero de los conservadores, Luis Bárcenas, que percibió 1,05 millones de euros.

Correa comenzó a trabajar con el PP en la década de los 90. Y negó haber sobornado a cargos del PP. «¿Pagar yo a funcionarios?» fue la respuesta que dio al magistrado Baltasar Garzón –el primer instructor del caso Gürtel– en su declaración judicial. En esta comparecencia también confesó que sus negocios con los populares terminaron cuando llegó Mariano Rajoy, en el 2004, después de una campaña de descrédito en la prensa. «Salió que yo era el Aznar de turno», explicó al juez de la Audiencia Nacional.

La instrucción judicial deja en evidencia la seguridad con la que operaban Correa y sus secuaces, Pablo Crespo, Álvaro Pérez –más conocido como el Bigotes– y su primo Antoine Sánchez. Sus conversaciones telefónicas están plagadas de apodos y de palabras malsonantes. Ricardo Costa, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, es uno de los más mencionados. También hay referencias al fundador del PP, Manuel Fraga; a la esposa y al yerno de Aznar, Ana Botella y Alejandro Agag –que aparece en la caja B– ,y al exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.

Quizá por estas amistades, a Correa le cuesta asumir su situación de preso preventivo en la cárcel madrileña de Soto del Real. Ante Garzón admitió que había cometido «algunas irregularidades», pero no parece que quiera enmendarse. Desde la prisión ha organizado una «estrategia de protección» de su patrimonio y ha tratado de «influir» sobre «las personas responsables de dirigir la instrucción» en el Tribunal Superior de Madrid.

Por ello, según un informe policial, daba órdenes directas a su chófer, Bernabé Nieto, cuando le visitaba en la prisión y al abogado Carlos Pardo. Las comunicaba por escrito y las debían cumplir una relación de personas de confianza y «un responsable político». Lo dicho: el culebrón continuará.

(www.elperiodico.com, 07/10/09)

LA 'TRAMA GÜRTEL' TRABAJÓ PARA EL PP AL MENOS HASTA 2005

Pese a las afirmaciones de Mariano Rajoy, la trama Gürtel contrató con el Partido Popular al menos hasta 2005, según se desprende de las facturas que figuran en la parte del sumario que instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.

Con motivo del referéndum para la aprobación del Tratado Constitucional de la UE que se celebró en febrero de 2005, Génova contrató a Special Events para que organizara determinados actos de la campaña a favor del 'sí'. En concreto, según informa la SER, entre los 17.000 folios cuyo secreto se ha levantado hoy figura una factura emitida a favor de Special Eventos por la que Génova paga 8.400 euros a la trama de los cuales, según se deduce después de su propia contabilidad, se embolsó 5.300.

Esas facturas están sometidas a constantes correcciones para ampliar importes e incluir nuevos conceptos como "gastos de prospección sobre el terreno". Los cambios en cada una de las facturas le eran comunicados en documentos manuscritos enviados por fax, al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado en el Tribunal Supremo.

De los 17.000 folios que Antonio Pedreira ha entregado hoy a las partes se desprende, además, que los cabecillas continuaron maniobrando desde la cárcel bajo las órdenes de Pablo Crespo, quien utilizó a su mujer como correo.

Con Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de la trama, se coordinaron las actuaciones con las empresas patrimoniales de Correa para la obtención de fondos que sirvan de sustento a las familias del propio Correa, de Pablo Crespo y de Antoine Sánchez. Según la policía es el propio Crespo quien desde la cárcel ordena la ejecución de fondos depositados en una cuenta en Suiza.

La policía destaca también el papel de los abogados Manuel Delgado Solís Y José Antonio López. De ellos dice el auto que procuraron ventajas en el desarrollo del procedimiento tras contactar a través de terceros con cargos de la Audiencia Nacional.

En concreto, Crespo contactó con Álvaro Pérez, el bigotes, uno de los líderes de la trama que no ha ingresado en prisión. En una carta enviada en febrero, Crespo mostraba su preocupación por el estado de ánimo de El Bigotes, a pesar de que solo pasó tres días en prisión. Le recordaba en la carta que "tiene dos amigos incondicionales" en las figuras del propio Crespo y de Francisco Correa, máximo responsable del entramado. Además, en la misiva Crespo calificaba la investigación de "gran montaje político".

En una carta posterior, tras extrañarse por no recibir respuesta de Álvaro Pérez, Crespo le recordaba lo importante de que su apariencia sea "de fortaleza".

De las escuchas que la Policía ha realizado a los cabecillas los investigadores deducen que los presos trataron de proporcionar dinero a las familias de los imputados a través de cuentas establecidas en bancos extranjeros.

Además, con la mediación de sus abogados, buscaron tratos de favor ante la Audiencia Nacional para ellos mismos con la ayuda de terceros.

(www.elpais.com, 06/10/09)

Correa: "Paco Cascos, con el que tenía cierta relación, me dio la cuenta de AENA"

El jefe de la trama corrupta confesó al juez Garzón que había hecho negocios con un organismo dependiente de Fomento durante el mandato del PP

El día 9 de febrero de 2009, Francisco Correa, jefe de la trama corrupta, compareció ante el juez Baltasar Garzón para explicar los negocios por los que había ingresado en la cárcel. En un momento del largo interrogatorio, cuando Correa estaba explicando el momento en qué contrató a Pablo Crespo, ex alto cargo del PP de Galicia, se refirió al anterior hombre de confianza que tenía en su grupo de empresas, llamado Rafael de León. Al explicar qué hacía en aquellos años, Correa deslizó una confesión que sugiere un trato de favor de Francisco Álvarez-Cascos, entonces ministro de Fomento. La confesión textual es la que sigue:

"Pablo Crespo se empezó a quedar con este tema en 2000, pero previamente a Pablo Crespo yo contraté a Rafael de León, un amigo mío, y lo puse también a llevar (...) Era director general del Grupo Terrates con Ofrisa Padrós, y le dije, aunque no tenga nada que ver con el tema tuyo de obra de cemento, vente y dirige un poco este tema de (...) y le das un poco de forma a esto, y estuvo un par de años este chico, que luego me llevé un gran disgusto porque (...) una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA [Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, organismo dependiente del ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me la dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de eventos".

Francisco Álvarez-Cascos aseguró a este periódico cuando se publicaron todos los contratos de AENA con las empresas de la trama corrupta que en ningún caso se había dado ningún trato de favor a las empresas de Correa y que las adjudicaciones de los distintos trabajos se había hecho respetando la legalidad vigente y las normas sobre contratos del Estado.

www.elpais.es 06.10.09

FRANCISCO CORREA, EN PRISIÓN: "¿QUÉ HAGO YO AQUÍ ENTRE DELINCUENTES?"

Llegó aterrorizado, y aún hoy, a Francisco Correa le cuesta salir de su celda y relacionarse con alguien que no sea su socio Pablo Crespo. Los dos jefes de la trama Gürtel comparten celda en el módulo nueve de la cárcel de Soto del Real y, según el relato de un preso que ha compartido varios meses con este grupo, no son especialmente ordenados. Ambos mantienen una relación claustrofóbica, tensa, a la espera de que el juez les deje salir bajo fianza o convoque el juicio por la trama de corrupción.

Correa y Crespo comparten celda desde el día que ingresaron en prisión incondicional, el pasado febrero. Fueron los primeros detenidos del escándalo junto con Antoine Sánchez, primo de Correa. Los dos primos no se soportan. Un recluso que compartió ratos con él relata que se siente una víctima de la trama, que se puso a trabajar para su primo en el negocio de la organización de actos y viajes por necesidad económica. Además, Sánchez afirma que es el único de los tres que no se ha hecho rico con el negocio, que los ha llevado a todos a la cárcel y ha provocado un escándalo de primer orden.

Nunca les ha faltado el dinero. Los presos tienen una tarjeta que se puede recargar con 80 euros a la semana para gastar en el economato de la prisión. La tarjeta de Correa siempre ha tenido dinero, gracias a una cuenta corriente que no le han bloqueado. En las últimas semanas, relata un preso que conoce su situación, empieza a temer que se le acabe ese dinero. Correa vivió su peor día en la cárcel cuando le comunicaron que le habían bloqueado las cuentas bancarias en Suiza. "Correa estaba blanco", asegura este recluso. Con ese dinero pretendía pagar su defensa.

Con esos 80 euros semanales, que se gastaba íntegramente, Correa nunca se ha privado de nada, dentro de las posibilidades de un centro penitenciario. Chorizo y jamón nunca le han faltado. Aunque el líder de las empresas que se hicieron de oro trabajando para el PP se ha pasado meses sobreviviendo con latas de atún, a veces con mayonesa. Bebe siempre Coca-Cola Zero.

Los tres principales imputados del caso Gürtel discuten a menudo, asegura este preso que los ha conocido en Soto del Real. Todos hablan mal de todos por la espalda prácticamente desde el primer día. Antoine se siente traicionado por Correa. Éste pone a caldo cada dos por tres a Crespo. Le pone enfermo, por ejemplo, que Crespo coleccione todos los tiques de compra del economato. Después de siete meses, la celda está llena de esos papeles. El ex secretario general del PP de Galicia, extrañamente, aguanta impasible el humor de su socio. De hecho, su sangre fría, su semblante inalterable, son las principales características que citan de él quienes lo han visto en la cárcel. Mientras Correa ha vivido meses recluido en la celda, Crespo se dedicaba a leer novelas y escribir.

En la cárcel, los presos tienen calado a Pablo Crespo, según el relato que hace F. G., un preso que ha compartido charlas con los tres imputados. La tranquilidad lo delataba en el módulo uno, donde se juntan preventivos de todo tipo de delitos económicos y de narcotráfico. "Ése es el que tiene el dinero, por eso está tan tranquilo". Ésa es la verdad del caso Gürtel que corre por el maco. Crespo tiene el dinero, porque está de lo más tranquilo. A sus compañeros de módulo, que algo saben de esto, no les hacen falta más pruebas

Correa, más temperamental, vive alterado desde que entró en prisión. Está fuera de sitio, con una actitud miedosa. Pidió que le pusieran, con Crespo, en una celda interior del módulo de preventivos, para que no le diera el sol directamente. Correa no soporta el sol. Tardó tres meses en empezar a relacionarse con unos pocos presos. Habla abiertamente de sus propiedades en Ibiza y Sotogrande, de su finca de Tarifa, por ejemplo, pero apenas menciona su relación con cargos del PP. En confianza, alguno de los tres se suelta a hablar de "LB", el misterioso receptor de más de un millón de euros en sobornos apuntados en la caja B.

Cuenta F. G. que Correa, el empresario que ha dado nombre a uno de los casos de corrupción más sonados de la democracia, alguna vez ha comentado en grupo: "¿Qué hago yo aquí entre delincuentes?". Se hizo esta pregunta una vez en alto, de forma retórica, y a continuación aseguró: "Yo no soy un delincuente". Dijo que todo era un problema de papeleo con Hacienda. Los que estaban alrededor se echaron a reír.

Correa se encuentra muy afectado psicológicamente por su situación familiar. Pidió al juez dos veces que le dejara salir bajo fianza para ocuparse de su padre, muy mayor, y de un hermano minusválido. Se lo denegaron por el peligro de destrucción de pruebas. Según el relato de F. G., en una de las pocas llamadas de teléfono que ha hecho Correa habló con su hija. No paró de llorar.

Además, según este recluso que ha sido testigo directo de sus primeros meses en prisión, Correa se desenvuelve muy mal. Era Pablo Crespo quien tenía que enseñarle, por ejemplo, cómo se marca un número de teléfono exterior desde la cárcel. Crespo también le comenta las noticias. Correa no quería al principio ver las páginas de los periódicos sobre él. Crespo se las seleccionaba.

En una celda aparte, que ha compartido ya con varios reclusos, se encuentra Antoine Sánchez. El primo de Francisco Correa prácticamente no tiene relación con él. Al poco tiempo de estar en prisión, se unió a un grupo de música del centro. Su ilusión es montar un negocio en Senegal, según ha relatado a otros presos. Uno de ellos asegura que padece de asma y tiene que acudir a menudo a la enfermería.

Los tres fueron trasladados en mayo del módulo uno, donde están los preventivos, al módulo nueve. La razón fue que se corrió el rumor de que les estaban buscando para grabarlos con un teléfono móvil y vender las imágenes. Hubo cacheos, registros de celdas. El rumor era cierto, el móvil finalmente apareció. En el módulo nueve la mayoría de los presos trabajan en las distintas ocupaciones de la prisión y no están durante el día. Correa, más solo que en su destino anterior, ha empezado a ir al gimnasio.

(www.elpais.com, 06/10/09)

LOS TRES ACTORES PRINCIPALES

El 6 de febrero quedará para siempre como un antes y un después para la corrupción en España y para el Partido Popular. Aquel día fueron detenidos los perfectos desconocidos Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Los tres fueron presentados como empresarios y jefes de una trama de corrupción que sobornaba a cargos públicos a cambio de contratos. La excitación respondía a su relación con cargos municipales del PP. El juez Baltasar Garzón los envió a prisión incondicional el 12 de febrero, de la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora ha asumido la causa, no les ha querido sacar. Estos son los delitos que se les imputan:

Francisco Correa. Supuesto jefe de la trama, con todos los demás a sus órdenes, desde las empresas Special Events y Pasadena Viajes, que organizaba todos los actos del PP. Se le imputa un delito de blanqueo de capitales, otro de fraude fiscal, varios de falsedad, varios de cohecho, uno de asociación ilícita y varios de tráfico de influencias.

Pablo Crespo. El ex secretario de Organización del Partido Popular gallego, está imputado por los mismos delitos.

Antoine Sánchez. Primo de Correa y empleado en sus empresas, está imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad.

(www.elpais.com, 06/10/09)

CRESPO DIO INSTRUCCIONES DESDE LA CÁRCEL PARA MOVER LOS FONDOS DESVIADOS A SUIZA

El sumario del caso Gürtel desvela que el ex secretario de organización del PP Pablo Crespo, segundo de la trama corrupta, dio instrucciones desde la prisión de Soto del Real para ejecutar los fondos de la organización en Suiza.

Crespo, que asegura ser víctima de un montaje, comenta con su abogado que existían gastos e ingresos sin justificar en las cuentas del partido en Galicia entre 1996 y 1999, según se extrae de una charla que mantuvieron en prisión el 24 de febrero de este año y que fueron intervenidas policialmente por mandato judicial.

"Esto va a traer cola cuando se levante el secreto del sumario", se teme Crespo, a lo que su abogado, José Antonio López Rubal, responde que si es un problema de financiación irregular puede conducir "a un delito electoral".

En la parte de las escuchas, la documentación recoge varias comunicaciones, de marzo de 2009, del 'cerebro' de la red Francisco Correa y Crespo con sus respectivos abogados. Las conversaciones destapan que el abogado José Antonio López Rubal recibe "instrucciones de Pablo Crespo para que ejecute los fondos que tiene la organización en Suiza". Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá son otros de los países donde se investiga el paradero del dinero.

El sumario recoge que este letrado controla "las declaraciones de los imputados para que no haya fugas" y que se relaciona con el ex vicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín, imputado en la trama, para coordinar las actuaciones con las empresas patrimniales de Correa. "Estamos metidos en una especie de maremágnum político y somos el muñeco al que todo el mundo le da estacazos", se queja Crespo

Según las diligencias, el letrado se ocupa de "obtener el dinero de las empresas administradas por Blanco Balín para el sustento de las familias de Correa y Crespo". Así, se recoge que el imputado "sigue desempeñando un papel activo para la organización".

Además, recoge diferentes cartas intervenidas al segundo de la trama, Pablo Crespo, en las que éste se dice "víctima de un montaje político" y reclama el desbloqueo de las cuentas de las sociedades de la presunta red corrupta. Así, la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto incluye entre sus 17.000 folios, una decena de misivas que Crespo envió a diferentes personas cercanas durante su estancia en la cárcel de Soto del Real, donde ingresó el 12 de febrero, así como las cartas recibidas.

En una de las cartas, del 25 de febrero, dirigida a la también imputada Mónica Magariños, apoderada de Orange Market y consejera de Easy Concept, Crespo señala: "Todo esto acabará en algún momento. Estamos metidos en una especie de maremágnum político y somos el muñeco al que todo el mundo le da estacazos".Así, intenta tranquilizarle y le pide que no tema por su futuro. "En primer lugar, tú no has cometido delito o falta de ningún tipo y ahí estaré yo siempre para decirlo donde haga falta", escribe Crespo.

En otra misiva dirigida a Alvaro Pérez, el 'Bigotes', Crespo afirma: "Si todo este asunto es un gran montaje de carácter político, en tu caso la injusticia y el trato que te han dado es, si cabe, más grave todavía".

Asimismo, le señala que a través de sus abogados ha insistido mucho en "la necesidad de que se centren en el desbloqueo económico" de las sociedades, aún antes de en su propia libertad. "Nos parece tremendo que en todo este asunto se fuerce a dejar sin recursos a unas compañías con tantos empleados, proveedores, trabajos por ejecutar y sobre todo teniendo en cuenta que realizan un actividad absolutamente legal, al margen de las imputaciones que pretendan realizarse", señala.

(www.publico.es, 06/10/09)

AMENAZAS, CHANTAJES Y TUTEOS: LAS CARTAS DE EL BIGOTES A RAJOY, ARENAS Y FRAGA

Tuteos, amenazas sutiles de acudir a los juzgados (que por supuesto no se cumplen), deudas multimillonarias… Son algunos de los detalles que incluyen las cartas que Álvaro Pérez, El Bigotes, y otros cargos de la trama Gürtel enviaron a Mariano Rajoy, Javier Arenas y Manuel Fraga. En 2003, la presunta red corrupta desplegó todas sus oscuras armas para cobrar una deuda contraída con el PP gallego, lo que le acabó costando la cacareada expulsión de Génova en 2004 y su mudanza a tierras más amistosas, como Valencia o Madrid. Dichas misivas, en las que Pérez tutea a Rajoy, están estrechamente relacionadas con el supuesto chantaje que Correa hizo al dirigente popular, a finales de 2003.

“El viejo está gagá”

En marzo de este año, un mes después de destaparse el caso Gürtel, se daba a conocer que Francisco Correa había chantajeado a Mariano Rajoy, amenazándole con dar a conocer un vídeo en el que el líder popular y el secretario general del PP gallego, Jesús Palmou, se burlaban de Fraga y comentaban: “El viejo está gagá”. En su crónica para El País, Carlos E. Cué asegura que “nadie pudo saber (…) qué era lo que pretendían obtener los chantajistas”.

La versión oficial

Aquel desconocimiento se debió a que, supuestamente, Mariano Rajoy no cedió ante el chantaje y expulsó a Correa de Génova. Desde entonces, el PP nacional no volvió a contratar a los chicos Gürtel. Esa es, al menos, la versión oficial del PP.

120.000 euros

Ahora, lo que sí se sabe, es qué pretendía Correa con aquel chantaje: cobrar 120.000 euros. Exactamente la cantidad que le debía el PP gallego por los actos de la campaña electoral de 1999. Pero antes de llegar a amenazar con aquel vídeo, los gürtelianos movieron Roma con Santiago a base de cartas.

“Estimado secretario general”

El último en recibir la carta fue Rajoy, el 18 de diciembre de 2003. En ella, El Bigotes comenzaba: “Estimado secretario general”, pero en seguida pasaba al tuteo para “solicitar tu intervención en un asunto” y declararse “maltratados” por el PP gallego.

Recordatorios

Además, se permite recordarle a Rajoy que fueron ellos quienes organizaron la campaña electoral gallega de 1999, “así como el multitudinario acto en el Monte de Faro y el Congreso Regional de Octubre (sic)”. También avisa El Bigotes de que ya “están puntualmente informados” Javier Arenas, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Intervención de Arenas

Y es que, Javier Arenas había recibido otra carta en junio de 2003, cuando era él el secretario general. También se le tutea y se le informa del problema. Además, se le agradece que gracias a su mediación, la trama haya conseguido recaudar otros 150.000 euros que también le debía el PP gallego, aunque lamentan que sigan faltando 120.000 por cobrar.

Amenazas veladas

Los gürtelianos no dudaron en acudir a todos los estamentos. Cronológicamente, entre las cartas a Arenas y a Rajoy, se encuentra la misiva enviada a Manuel Fraga, el 2 de octubre de 2003. Esta vez ya no la firma El Bigotes, sino Luis de Miguel, abogado de Special Events y, aunque el trato ya es de usted, se sube el tono y empiezan a verse amenazas veladas.

Entre caballeros

A Fraga le recuerdan que llevan organizando sus actos desde 1993 y se asegura: “Recurro a su persona en calidad de Presidente (sic) del Partido en Galicia y a los valores que usted representa como última alternativa amistosa de solucionar este grave asunto”. Las amenas de acabar en los tribunales también funcionó en Madrid, donde la deuda era con Fundescam, la fundación que presuntamente le sirvió a Aguirre para financiar ilegalmente sus campañas. Pero ya se sabe que, entre caballeros, nadie se denuncia. Como mucho se chantajea.

(www.elplural.com, 06/10/09)

CORREA ORGANIZÓ LA CAMPAÑA DEL PP A FAVOR DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA EN 2005

Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, se ha llenado la boca asegurando que fue él quien “decidió que Francisco Correa saliera de Génova” en 2004; sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que la red siguió organizando actos para el PP nacional al menos hasta 2005. Según facturas emitidas por Special Events al grupo de Rajoy recopiladas en el sumario recién destapado por el juez Antonio Pedreira, Special Events, una de las empresas de la trama corrupta, organizó los actos populares para pedir el sí a la Constitución Europea.

Y no se trata de un acto aislado sino de una verdadera campaña: el 25 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 14 de febrero en el Hotel Occidental de Sevilla, el 17 de febrero en el Hotel Rallye de Granada, en Salamanca o en Sevilla… El partido pagó 8.400 euros por estos actos, una cantidad que dejó a la red beneficios netos de 5.300 euros.

“Yo fui el que decidió que Francisco Correa saliera de Génova”. Es lo que dijo Rajoy en marzo pasado entrevistado en Radio Nacional. Claro que, antes de arrogarse este mérito, el líder pasó por “no tengo claro que conozca a Correa” y por “es probable que le conozca”…

Supuesta defenestración

Con o sin dudas, en ese momento la versión oficial fechaba alrededor de junio de 2004 la proscripción de los Correa en Génova. El motivo de esta purga, según Rajoy, fueron las denuncias del ex tesorero Álvaro Lapuerta, quien pidió la excomunión de la red tras conocer que se estaba utilizando el nombre del partido para obtener contratos en administraciones locales. Lapuerta confirmó este extremo tras citarse con una serie de alcaldes que ratificaron el extremo y, en conseucencia, vetó a la red con el aval del presidente.

Rajoy sí conocía a Correa

Claro que, aunque lo olvidase discrecionalmente, en 2003, un año antes de este incidente, Rajoy ya sabía qué clase de persona era Francisco Correa: el presunto corrupto le había amenazado con difundir un vídeo en el que se le escuchaba decir que Manuel Fraga, el presidente fundador del partido, “está gagá”. Hasta ayer no se supo qué es lo que perseguía Correa con este chantaje, pero las últimas informaciones apuntan a que intentaría cobrar una deuda del PP gallego por 120.000 euros. Para ello, el supuesto cerebro de la red les carteó a él, a Javier Arenas y al mismo Fraga. El número uno del PP, sin embargo, aseguró que conoció esta misiva por la prensa. “Recibo muchas cartas a diario y no las leo”, declaró a la SER.

Excomunión permisiva

Este periódico ya ha informado de que, a pesar del supuesto veto, Correa siguió montando actos para Rajoy, como un mitin celebrado en Elche en 2008 de cara las generales, una muestra más de que Rajoy faltó a la verdad cuando hablaba de que él personalmente lo expulsó de Génova. También permitió a la red que siguiera trabajando para administraciones gobernadas por el PP, y no solo a nivel local (principalmente en el eje Noroeste de Madrid, sobretodo en Boadilla del Monte y Majadahonda). Así lo prueban grabaciones de noviembre de 2006 en las que el presunto cerebro de los corruptos se jacta de estar “haciendo la campaña a Paco Camps (…). Le hacemos todos”. En estas mismas cintas se le oye mostrar su convicción de que obtendrá más adjudicaciones, por ejemplo, la de Fitur, recuerda El País.

Refugios de la red

La red también siguió operando en Madrid, o así consta en las grabaciones policiales. En febrero de 2006, era Felisa Jordán, miembro de la trama, quien hablaba de una demanda del número dos de la red y ex dirigente del PP Gallego, Pablo Crespo, contra la Comunidad de Madrid por impago de una deuda adquirida con FCS (Formación Comunicación y Servicios), otra terminal de la red. Jordán pide que se retire esta querella para conservar sus negocios con la Comunidad de Esperanza Aguirre. Su ex protegido y ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, había sido uno de los principales baluartes en esta región.

(www.elplural.com, 06/10/09)

EL 'NÚMERO DOS' DE CORREA ORDENÓ A UN ABOGADO QUE SACASE EL DINERO ESCONDIDO EN SUIZA ANTES DE QUE EL JUEZ LO BLOQUEARA

La intervención de las comunicaciones de las tres personas que hay encarceladas por la trama corrupta (el cabecilla Francisco Correa, su lugarteniente, Pablo Crespo, y su primo Antoine Sánchez) revela los manejos de éstos para intentar controlar el procedimiento judicial que entonces instruía el juez Baltasar Garzón. De las conversaciones, la policía concluye que la esposa de Crespo, Consuelo Margarita Vázquez, "actúa como intermediaria con personas de la organización para recibir o transmitir mensajes de su marido" y que, de hecho, es la que contacta "con el broker norteamericano Randall Lew Caruso" y con Álvaro Pérez, El Bigotes, para solucionar los problemas.

De las conversaciones se desprende que es la organización, la urdida por Correa, la que "sustenta económicamente a la familia de Antoine Sánchez mediante la aportación de fondos que son transferidos (...) utilizando una gestora de transferencias (Wester Union)".

Lo que revela es que, tras ingresar en prisión, una de las preocupaciones es conseguir el dinero que la trama tiene escondido en países extranjeros. Hay más de una decena de comisiones rogatorias enviadas al paraísos fiscales y países extranjeros.

En las diligencias de la trama Gürtel salen salpicados los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, según el sumario. La policía asegura, a juzgar por las conversaciones interceptadas en la cárcel a los cabecillas, que estos abogados "llevan de forma directa el control de las declaraciones de los imputados en sede judicial, y que la organización transmite [a los demás]" a través de ambos, "la idea de que les va a seguir ayudando para evitar disensiones" entre los implicados y que las declaraciones deben estar concertadas. Según la policía, López Rubal y Delgado "han contactado con abogados que poseen vinculaciones con personas que ocupan puestos en los órganos judiciales de la Audiencia Nacional para tratar de obtener ventaja en el desarrollo del procedimiento"; y además, ellos van a tratar de "controlar las comisiones rogatorias mediante la búsqueda de despachos que planteen pleitos para impedir la ejecución de las mismas".

Según la policía, también se infiere de las conversaciones grabadas en la cárcel a los principales implicados que López Rubal "controla las declaraciones de los imputados para que no haya fugas", y que éste "se relaciona con José Ramón Blanco Balín [otro de los imputados en la trama y supuesto artífice de la estructura financiera que ayudó a Correa colocar en el extranjero muchos millones de euros de comisiones] para coordinar las actuaciones de las empresas patrimoniales de Correa". Algunas empresas de Correa estaban administradas por Blanco Balín. Por eso el abogado López Rubal, según la policía, está coordinado con Balín para tratar de recuperar dinero del extranjero y mantener a las familias de los encarcelados.

Pablo Crespo ha pedido, además, a López Rubal que "que ejecute los fondos que tiene la organización en Suiza". En el país helvético, la trama de Correa oculta supuestamente cerca de 23 millones de euros, que el actual juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, pidió bloquear. Siempre según estas conversaciones telefónicas, Blanco Balín seguía desempeñando entonces, en la fecha de las conversaciones, "un papel activo para la organización". En concreto controla los fondos de dos sociedades en las que figura como administrador, Rústicas MBS, SL, y Artas Consultoria, SL, que iban a ser "utilizadas por la organización para el pago de las necesidades de las familias de Correa y Crespo". Y también de la familia de Antoine Sánchez, su primo.

La parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto incluye entre sus 17.000 folios una decena de misivas que Crespo, número dos de Correa, envió a diferentes personas cercanas durante su estancia en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde ingresó el 12 de febrero, así como las cartas recibidas. En una de las cartas, del 25 de febrero, dirigida a la también imputada Mónica Magariños, apoderada de Orange Market y consejera de Easy Concept,

Crespo señala: "Todo esto acabará en algún momento. Estamos metidos en una especie de maremágnun político y somos el muñeco al que todo el mundo le da estacazos". Así, intenta tranquilizarle y le pide que no tema por su futuro. "En primer lugar, tú no has cometido delito o falta de ningún tipo y ahí estaré yo siempre para decirlo donde haga falta", escribe Crespo. En otra misiva dirigida a Álvaro Pérez, El Bigotes, Crespo afirma: "Si todo este asunto es un gran montaje de carácter político, en tu caso la injusticia y el trato que te han dado es, si cabe, más grave todavía". Asimismo, le señala que a través de sus abogados ha insistido mucho en "la necesidad de que se centren en el desbloqueo económico" de las sociedades, aún antes de en su propia libertad.

(www.elpais.com, 06/10/09)

CORREA: "AGAG ME PIDIÓ QUE EL BIGOTES LLEVARA LOS ACTOS DE AZNAR Y A BOTELLA LE ENCANTÓ"

El líder de la trama corrupta, Francisco Correa, aseguró sobre Álvaro Pérez, El Bigotes: "Agag me pidió que El Bigotes llevara los actos de Aznar y Ana Botella se enamoró de él". Su testimonio ante el juez, en el que menciona en las operaciones de la red al yerno del ex presidente del Gobierno, se encuentra en la parte del sumario del caso Gürtel que se ha levantado hoy.

"La verdad es que Álvaro Pérez es el dueño de Orange Market, ¿sabes qué pasa?, que esta gente aunque sea feo decirlo me quiere mucho, bueno yo iba a ser el viernes el padrino, cuando me detuvieron, iba a Barcelona a ser el padrino de la hija de Pablo, de, Álvaro, la hija, y entonces son gente que me quiere mucho porque son gente que yo he recuperado. Por ejemplo este muchacho, que me lo presentó Alejandro Agag con el que yo estuve una excelente amistad y que ahora no me hablo desde hace seis años y piensa que soy el íntimo de Alejandro porque fui padrino de su boda. Alejandro me presento a Álvaro, y Alvaro es un chico que es el sobrino de Pajares. Te puedes imaginar el mundo de Pajares, la noche y el espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina, y llevando un tema serio empresarial. Y entonces me dijo Alejandro, ponle para que lleve los actos del presidente, y yo le dije ¿pero tú estas loco? uno que viene del mundo de Pajares... Bueno, pues lo pusimos y Ana botella se enamoro de él, en el bueno sentido, le encanto, y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo hasta que llegó Mariano, y entonces este muchacho, Álvaro, dice que yo le debo toda su vida, porque efectivamente le hemos ayudado a centrarse, a llevar un tema serio. Cuando dejo de trabajar para Mariano Rajoy, Paco Camps (presidente autonómico) se lo ha llevado a Valencia y trabaja y le hace las campañas a Paco Camps y la empresa es de Álvaro".

(www.elpais.com, 06/10/09)

ALEJANDRO AGAG FIGURA EN LAS ANOTACIONES DE LA 'CAJA B' DE LAS EMPRESAS DE CORREA

El empresario Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, aparece en las anotaciones contables de la 'caja B' de las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama 'Gürtel', junto a otras personas como Alvaro Pérez, Gerardo Galeote, Ricardo Galeote y 'L.B.'.

El nombre del que fuera asesor de Aznar aparece en las anotaciones que realizó José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Correa y de Pablo Crespo, 'número dos' de la trama, para controlar el dinero existente en la 'caja B' de las empresas.

Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la participación de cargos públicos en las actividades de Francisco Correa, que forma parte del sumario del caso Gürtel que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La lista con las personas físicas y empresas relacionadas con la Caja B salió a la luz tras la detención de Izquierdo López, quien en sus declaraciones a la Policía confirmó que el sistema de archivo de los apuntes contables lo realizó él mismo para llevar un control de los mismos y poder dar cuenta a Pablo Crespo de la situación.

El empleado de Correa explicó que, para este control, había abierto una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable.

Alejandro Agag aparece en esta lista junto a Alvaro Pérez, Antaine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F.Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martine.

También están recogidas las personas jurídicas Inversiones Kantamani, Rustfield, Windrate, Begar, Orange Market, Caroki, Easy Concept, De Miguel Abogados, Montalbo, Osiris, TCM y Teconsa. También aparecen cuentas individualizadas de distintos eventos, como actos de nuevas generaciones, diversas campañas electorales, congresos y convenciones.

En su declaración a la Policía, Izquierdo López manifestó que ese sistema de anotación de apuntos correspondía a pagos realizados con el dinero de la 'caja B' existente en las oficinas de la calle Serrano de Madrid, donde se encontraba el centro de decisión del conglomerado empresarial creado por Correa.

Según explicó, los datos de los apuntes se los facilitaba directamente Pablo Crespo. La caja, indicó, se nutría de dinero entregado por Crespo, Javier Nombela (de Easy Concept Comunicación)) y Alvaro Perez (de Orange Market), o de efectivo recogido de cajas de seguridad a las que tenía acceso.

(www.publico.es, 06/10/09)

RAJOY: 'EL PARTIDO POPULAR VA BIEN'

"El Partido Popular va bien". Ajeno al revuelo que se ha armado por el levantamiento del secreto de sumario del 'caso Gürtel' en Madrid y con los coletazos de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana, Mariano Rajoy ha eludido cualquier referencia al tema.

El presidente del PP ha dado esta mañana en Santa Gadea del Cid (Burgos) un discurso sin referencias al 'caso Gürtel' y con duras críticas al Gobierno. En el almuerzo con simpatizantes, el líder de la oposición se ha congratulado por los buenos resultados que le otorgan las encuestas electorales publicadas recientemente.

Rajoy también se ha referido al proyecto de presupuestos presentado por el Ejecutivo y a la anunciada subida de impuestos. "Rodríguez Zapatero engaña a la gente porque prometió no tocar los impuestos. Da la puntilla a las clases medias y trabajadoras", ha explicado. "Lo único que hace es pensar en el corto plazo", ha añadido.

Rajoy también ha cargado contra la decisión de la Fiscalía de solicitar el archivo del 'caso Faisán'. "No aceptaremos este uso sectario, antidemocrático y partidista de la institución", ha asegurado en relación a la presunta implicación del ex director del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García, en un 'chivatazo' al responsable del aparato financiero de ETA.

"El problema de España no es de ideología, es que hay un Gobierno que no está a la altura", ha concluido entre los aplausos de los simpatizantes del PP. Posteriormente, Rajoy se ha trasladado a Vitoria para inaugurar la sede local del PP junto al presidente de la formación en el País Vasco, Antonio Basagoiti.

(www.elmundo.es, 06/10/09)

RAJOY PIDE AL PP QUE SE OLVIDE DE 'GÜRTEL'

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy ha reaccionado ante el levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel', ante la implicación de varios dirigentes del PP, pidiendo a su partido que se olvide del asunto. "Lo importante es escuchar a los ciudadanos, gobernar bien, hacer buena oposición y olvidarse de todo lo demás. Hay que estar con lo que preocupa a los ciudadanos, que no suele coincidir con lo que preocupa a otros", ha señalado el presidente del PP, en clara referencia a las informaciones de la prensa sobre el caso Gürtel, ante un grupo de militantes en un pueblo cercano a Garoña (Burgos), adonde ha acudido a reclamar que no se cierre la central nuclear.

Como colofón de su discurso, Rajoy volvió a insistir en esa recomendación de pasotismo o indiferencia. Después de recordar que el PP va bien en las encuestas, sentenció: "Vamos bien, estamos con fuerza, ganas, ilusión, espíritu deportivo y un cierto sentido de la indiferencia ante algunas cosas, que nunca viene mal". En realidad, no llegó citar la trama corrupta, ni a ningún dirigente en especial, ni siquiera a las vinculaciones de Castilla y León con el caso y que hoy publica EL PAÍS, pero en su discurso quedó clarísimo a qué se estaba refiriendo: se trataba de un mensaje dirigido al PP.

Pizarro pide claridad

Manuel Pizarro, número dos de la candidatura del Partido Popular por Madrid en las elecciones legislativas de 2008, ha declarado hoy respecto al caso Gürtel y las implicaciones de su partido en Valencia que "es necesario que se sepa lo que está pasando". Añadió que cuando se conozca, "si hay que premiar a alguien, que se haga; y si hay que castigar, que se castigue".

La intervención de Pizarro se ha producido dentro del Foro Madrid, organizado por el PP regional en Parla, en la que el que fuera estandarte de las políticas económicas del PP ha reflexionado extensamente sobre "la corrupción, el cáncer de los sistemas de mercado". Pizarro ha expuesto que el PP "tiene que desterrar de sus filas la corrupción", recordando que "en cualquier grupo humano hay prácticas que no son las adecuadas".

Junto a estas declaraciones, que pueden ser interpretadas como autocríticas, Pizarro ha arremetido contra el gobierno socialista, oponiéndole en todo momento la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para la que no escatimó alabanzas.

Los dos principales blancos de los ataques del ex presidente de Endesa y actual diputado nacional han sido la política económica de Zapatero, y la "manipulación de la justicia" que identifica en los procesos abiertos contra el PP. "Los países que funcionan son los que, cuando llaman a las seis de la mañana, es el lechero y no los fiscales mandados por el Gobierno para amedrentar a la oposición", ha afirmado.

En una intervención centrada en la economía, Pizarro ha atacado la corrupción argumentando que entraña distorsiones en el mercado y un debilitamiento económico. Ha dedicado furibundos ataques a la política social del Gobierno del PSOE ("tener a la gente en casa cobrando el subsidio envilece a las personas" y "la mejor políttica social es crear empleo", han sido dos de sus declaraciones) y planteado una bajada de impuestos. En numerosos momentos ha insistido en que no piensa abandonar la política y ha desestimado la posibilidad de presidir Caja Madrid.

(www.elpais.com, 06/10/09)

PREOCUPADOS POR LOS PARAÍSOS DE LIECHTENSTEIN

Parte del dinero que la trama ha desviado al extranjero podría estar cerca de los paraísos fiscales de Liechestein. Según revelan numerosas conversaciones intervenidas por la policía, Ramón Blanco Balín, Pablo Crespo y el propio Francisco Correa mostraban su preocupación ya en noviembre del pasado año por el listado de 67 españoles que denunció la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo y fraude de cantidades millonarias. En una de las conversaciones, Blanco Balín le dice a Crespo que "ha comprobado que no hay ninguna autorización de escuchas -refiriéndose a la instrucción del juez Grande-Marlaska -, ni informes de la Agencia Tributaria'. En otro momento Correa le pregunta a Crespo sobre el listado de Liechestein 'si tienes buenas noticias para celebrarlo por la noche'. A lo que Crespo responde que el informe de fiscalía no ha localizado el entramado de sociedades en el despacho de Blanco Balín y tampoco les imputa. Dice además que Blanco Balín se hará con el sumario ese mismo día.

Sobre estas conversaciones los agentes de la UDEF incluyen informe en el sumario sobre la 'estrategia de desvinculación de los imputados de Liechestein de Blanco Balín, al cual le habían registrado el despacho.

Buena parte de las pesquisas del juez Pedreira está orientada precisamente al resultado de 15 comisiones rogatorias emitidas en ocho países.

(www.cadenaser.com, 06/10/09)

RAJOY PIDE PACIENCIA AL PP, RESPALDA A CAMPS Y SE AFERRA A LAS ENCUESTAS

Si hay una tesis instalada a sangre y fuego dentro del PP, especialmente en el entorno de Mariano Rajoy, es la de que el caso Gürtel no tiene efectos electorales. Se dice en sordina, nunca en público, pero ayer fue el propio líder quien, indirectamente, se apuntó a esa tesis durante su discurso ante el Comité Ejecutivo, la dirección del partido donde están todos los líderes regionales.

Rajoy, según varios de los presentes, exhibió las buenas encuestas del fin de semana en diversos medios, que le sitúan hasta cuatro puntos por encima del PSOE, se olvidó de su mala valoración en esos mismos sondeos, y entró sólo de refilón en el asunto del que más se habla en los corrillos del PP y menos en las reuniones, el caso Gürtel.

Algunos dirigentes esperaban que ayer acudiera Francisco Camps a explicar a sus compañeros una situación que está afectando a la imagen y el discurso de todo el partido. Sin embargo, ni Camps ni Vicente Rambla, su vicepresidente, afectado directamente por el caso, acudieron a Madrid. Tampoco lo hizo Rita Barberá. El silencio de la alcaldesa de Valencia en torno a la supuesta financiación ilegal del partido contrasta con el apoyo que dio a Camps en el caso de los trajes y ha sido comentado también internamente en el PP.

A falta de las explicaciones de Camps, fue Rajoy quien pidió a los suyos paciencia. Lo hizo a su manera: "Apoyamos a Camps. Tiene toda nuestra confianza para decidir lo que crea conveniente en el momento adecuado". Génova no se conforma con la comisión de investigación promovida ayer por el PP valenciano, y espera otras medidas, pero ha renunciado a intentar convencer a Camps. Dolores de Cospedal, que la semana pasada pidió medidas "contundentes", se reafirmó ayer, aunque en un tono mucho más suave.

Consciente de que muchos dirigentes esperan dimisiones, el líder, que tardó tres meses en forzar la caída de su tesorero, Luis Bárcenas, sentenció: "Es más fácil opinar cuando no se tiene la responsabilidad de tomar decisiones. No es fácil tomarlas".

Fue Manuel Fraga, fuera de la reunión, quien puso el dedo en la llaga: "No da la sensación de que este asunto vaya muy bien. Ahí tenemos problemas importantes", dijo sobre la crisis valenciana.

Mientras, Camps, en Valencia, valoró esa reunión a la que no había acudido: "Rajoy me ha dado todo su apoyo". "Nos apoyamos todos y eso es muy bonito". Y llegó incluso a desmentir las palabras que Fraga ante la prensa: "Don Manuel está encantado, yo hablo con él con mucha frecuencia y está encantado con el partido en la Comunidad Valenciana y en toda España". "Don Manuel está feliz con lo que está pasando", dijo.

(www.elpais.com, 06/10/09)

Gürtel, la 'crisis' que Rajoy no quiso ver

La dirección popular tenía desde agosto indicios de financiación ilegal del PP valenciano - El líder pide firmeza, pero algunos temen que sea tarde

Fue a mediados de agosto. Francisco Camps y su entorno conocían ya el demoledor informe policial que trata de demostrar la financiación ilegal del PP valenciano. Federico Trillo, principal estratega de la defensa del PP en el caso Gürtel, también lo conocía, al menos en parte, según fuentes de la dirección. Mariano Rajoy supo así cuál era el siguiente escándalo de este macroproceso con 71 imputados que afecta al corazón del PP. Aun así, confió en las promesas de Camps de que todo quedaría en nada, y decidió inaugurar el curso político en septiembre en la plaza de toros de Valencia, vinculando su futuro al de Camps, que ese día gritó en el albero contra el "régimen de terror" del PSOE que, según él, se dedica a perseguirle.

Aun sabiendo de la magnitud del caso, abrió el curso político en Valencia
¿Por qué se arriesgó tanto? "Es inexplicable", según un diputado popular
Da credibilidad a la policía, pero piensa que Camps no sabía nada sobre la trama
Está convencido de que, con el tiempo, la presión mediática por el caso bajará

¿Por qué arriesgó tanto Rajoy, un hombre siempre precavido? Es una pregunta que se repite estos días en los corrillos del PP. "No ha llegado a decir 'tendréis dos por el precio de uno', como Felipe González con Alfonso Guerra, pero casi. Es inexplicable", se sorprende un diputado. "Gürtel se está convirtiendo en la crisis que Mariano no supo o no quiso ver. La imagen de Zapatero está hundida no tanto por su mala gestión, sino sobre todo por haber negado la crisis durante tanto tiempo. A Rajoy le pasa algo parecido: siempre minimizó Gürtel, y ahora, cuando parece que intenta reaccionar, es tan grande que puede que sea tarde", sentencia un veterano.

El análisis más extendido entre los cuadros medios del PP se centra en dos ideas. Por un lado, señalan, Rajoy es un hombre que evita las medidas drásticas, "no sabe luchar a campo abierto". Por eso le costó casi tres meses hacer con su tesorero, Luis Bárcenas -imputado junto a su mujer en el caso- lo que Esperanza Aguirre hizo en tres días con su consejero de Deportes y hombre de máxima confianza, Alberto López Viejo: destituirlo.

Pero hay otro componente: la estrecha vinculación de Rajoy con Camps, que tanto le ayudó cuando perdió sus segundas elecciones. "El que no vea la comida del miércoles como un encuentro de amigos se equivoca", sentencia un marianista, refiriéndose al encuentro a medio camino entre Madrid y Valencia, en el que el líder dejó en manos del valenciano cualquier medida para hacer frente al mayor escándalo de supuesta financiación ilegal en el PP desde el caso Naseiro, en 1989.

Asesorado por Trillo, Rajoy siempre ha optado por la misma estrategia con dos ejes ante cada novedad. Primero, ponerse en lo mejor: el caso no llegará al Supremo, Camps no será imputado... Y segundo, en lugar de abrir una investigación y cortar cabezas, contraatacar culpando al exterior: primero el juez Baltasar Garzón, luego la fiscalía, después la prensa, después otro juez, José Flors, que se atrevió a imputar a Camps, y por último la policía, denunciada con la autorización de un hombre como Rajoy, que fue ministro del Interior y otro, Juan Cotino, mano derecha de Camps, que fue director de la Policía.

Algo ha cambiado, sin embargo, desde el pasado viernes. Con el escándalo en la prensa, el PP actuó como siempre. En la reunión de emergencia de la cúpula, se tomó el asunto como un "ataque contra todo el PP, no contra Camps". Se elaboró rápidamente un argumentario distribuido a todos los dirigentes en el que se decía que el informe era un "montaje" y que todo obedecía a una "actuación ilegal descarada de la policía".

Unas horas después, sin embargo, Rajoy empezó a recibir llamadas de dirigentes regionales muy preocupados. Algunos le señalaban que no se podía atacar así a un cuerpo de élite de la policía como la Brigada Antiblanqueo. Otros le decían, según fuentes de Génova, que había que hacer algo para impedir que Gürtel tape todo el discurso del PP e impida su remontada en el mejor momento posible, con el Gobierno con problemas y las encuestas favorables a la oposición.

El líder guardó silencio. Pero el domingo estalló la crisis. Génova había dado la orden de parar todo el partido para concentrar la atención en Dos Hermanas, la mayor movilización en mucho tiempo, más de 20.000 personas en el santuario socialista cercano a Sevilla.

Pero Camps ordenó a Ricardo Costa que ofreciera una rueda de prensa para presentar una encuesta muy favorable a los populares, la forma en la que el valenciano responde a las acusaciones judiciales: exhibiendo sus resultados electorales. Igual que Carlos Fabra, el todopoderoso barón de Castellón.

El entorno de Rajoy estalló en cólera contra el PP valenciano. Costa compitió en los telediarios con el líder en la fiesta sevillana. Así que el lunes, en la reunión de maitines -la cúpula del PP- la cosa estaba ya muy clara. Dolores de Cospedal llevó la voz cantante con gran dureza, según fuentes de la dirección. Ella estaba dispuesta a hacer el papel de mala y dejar a Rajoy el de bueno. Además, está muy enfrentada con Camps por el trasvase Tajo-Segura. Rajoy y Arenas, muy amigos de Camps, aceptaron pedir contundencia siempre que se respetara la autonomía del líder valenciano.

Pero Camps se ha rebelado, no acepta órdenes de Cospedal -"él da 1,5 millones de votos a Rajoy, ella está por ver", señalan en su entorno- y no quiere hacer nada hasta que no haya imputados. Además, está convencido, dicen los suyos, de que la presión mediática bajará, porque ningún periódico puede llevar el asunto todos los días a la primera página.

Rajoy ya ha asumido que el informe de la policía contiene datos ciertos, según diversas fuentes. Pero insiste en privado en que él cree a Francisco Camps cuando le dice que no sabía nada. Por eso el líder se conformaría, dicen, con que cayera algún segundo. "No valdría de nada que dimitieran Ricardo Costa o Vicente Rambla. Todo el mundo ha leído cómo Camps llamaba amiguito del alma a El Bigotes, todos saben que llegó a Valencia por él. Por eso este lío no se puede arreglar, porque tendría que dimitir Camps. Y él confía en una salvación divina, se lo toma como un martirio, y así no se puede hacer política", sentencia un hombre cercano a Rajoy.

El asunto de la fe en su figura que Camps reclama preocupa a algunos dirigentes como cuestión de fondo. "A los líderes políticos no se les sigue por fe religiosa, no son profetas. En un partido con 700.000 militantes hay mucha gente que puede hacerlo tan bien o mejor que Camps, que lo ha hecho muy bien. Esto es un partido, no una secta. La gente vota al PP porque le gustan sus ideas, no por fe. Nadie es imprescindible", concluye otro diputado.

"Vamos bien en las encuestas, pero con el desastre que es Zapatero tendríamos que estar a 15 puntos. El PP tenía que estar en una situación que forzase unas elecciones anticipadas, meter tanta presión que el PNV no se atreviese a apoyar los Presupuestos. Y Gürtel nos lo impide. Hay que pararlo ya", se indigna otro dirigente.

Otros están también muy preocupados porque creen que se ha trasladado la imagen de que el líder no controla la situación. Los marianistas, sin embargo, creen que ha quedado muy claro que el problema es de Camps, y no de Rajoy. Y todos ellos insisten en que las cosas de fondo van muy bien, las encuestas que trabaja Pedro Arriola y que se analizaron el lunes son muy buenas.

Así lo resume uno de ellos: "La crisis se llevará al PSOE por delante. Hace un año, Gürtel habría sido un problema muy grave. Pero ahora la gente está a otra cosa. Es un conflicto interno que Rajoy tendrá que resolver, y lo hará, pero no es un problema para nuestro electorado. Además, habéis informado tanto de esto que habéis agotado a la gente, ya no tiene efecto".

www.elpais.es 04.10.09

EL SUPREMO PRORROGA OTRO MES EL SECRETO "TOTAL" DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL'

El Tribunal Supremo decidió hoy prorrogar un mes más el secreto de sumario que pesa sobre su instrucción del caso Gürtel, unas diligencias en las que se investiga la posible implicación del senador del PP Luis Bárcenas y del parlamentario popular Jesús Merino en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa

El instructor del caso en el Supremo, Francisco Monterde, decidió a instancias de la Fiscalía prorrogar el secreto "total" del sumario al entender que todavía subsisten los motivos por los que fue decretado en un primer momento, según el auto dictado. Estas circunstancias que según Monterde hacen necesaria la prórroga del secreto sobre las actuaciones del Tribunal Supremo son "la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando".

Hoy vencía el plazo de la primera prórroga del secreto de sumario, que fue aprobada por el magistrado Monterde el pasado 17 de agosto. Consecuentemente, la nueva prórroga del secreto se mantendrá, si Monterde no decide lo contrario, hasta el próximo 17 de octubre.

El magistrado del Alto Tribunal también tiene en cuenta a la hora de decretar la prórroga "la situación en la que se encuentra el procedimiento seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)". El pasado 2 de septiembre, el instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, decidió a su vez prorrogar el secreto que pesa sobre su parte del sumario.

Fuentes del TSJM señalaron que Pedreira tiene previsto levantar a finales de este mes de septiembre el secreto de sumario que pesa sobre su parte de la investigación, y que afecta a varios ex alcaldes y ex parlamentarios regionales del PP en Madrid.

La prórroga decretada por Monterde llega después de que el pasado martes el Pleno del Congreso de los Diputados diese luz verde al suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al parlamentario popular Merino por su relación con el "caso Gürtel".

Por su parte, está previsto que la Cámara Alta apruebe la semana que viene el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para actuar contra el senador Bárcenas, ex tesorero del PP. De hecho, el propio Bárcenas pidió esta semana a la Comisión de Suplictorios de la Cámara Alta que agilice en lo posible la concesión del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo.

Una vez sean concedidos los preceptivos suplicatorios por el Congreso y el Senado, el juez Monterde podrá tomar declaración a Merino y Bárcenas e imputarles formalmente en la causa. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusa a ambos de un delito de cohecho, mientras que a Bárcenas le atribuye un delito adicional de fraude fiscal.

(www.publico.es, 17/09/09)

EL CGPJ ARCHIVA LA ÚLTIMA QUEJA DE LOS POPULARES CONTRA GARZÓN POR EL CASO GÜRTEL

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer archivar la última queja presentada por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la filtración de datos del sumario de la "operación Gürtel", así como por su actuación en este caso. Así lo ha decidido la Comisión Disciplinaria por unanimidad y siguiendo la propuesta del Servicio de Inspección del CGPJ, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

Los vocales de la citada comisión son Pío Aguirre, Gemma Gallego, Miguel Carmona, Margarita Uría y la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, en sustitución de José Manuel Gómez Benítez, quien se ha abstenido en este asunto por haber ejercido anteriormente como abogado de Garzón. Para la Comisión Disciplinaria, los hechos a los que se refiere la nueva queja del PP carecen de relevancia disciplinaria, pues se trata de "consideraciones subjetivas que los denunciantes deducen de cada actuación judicial" del juez de la Audiencia Nacional.

El pasado 24 de marzo el CGPJ archivó otras quejas que el PP y el senador de este partido Luis Bárcenas habían presentado contra Garzón por los mismos hechos.

El PP presentó el 12 de marzo en el órgano de gobierno de los jueces la queja que fue archivada ayer y en ella denunció las "irregularidades" cometidas por Garzón al ausentarse de España sin cumplimentar el escrito de remisión a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia del "caso Gürtel". Además, denunciaba la utilización del secreto sumarial "como instrumento de publicidad" del juez "en contra de las garantías de las partes y afectados".

(www.levante-emv.com, 16/09/09)

LA ÚLTIMA QUEJA DEL PP POR LA GÜRTEL SE ESTRELLA EN EL CGPJ

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial se ocupará hoy de la última queja presentada por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su instrucción del caso Gürtel. El servicio de Inspección del órgano de Gobierno de los jueces propone el archivo al entender que de los hechos denunciados por el PP "no se desprende irregularidad alguna susceptible de reproche disciplinario" al juez.

Según Inspección, la queja "se trata, en definitiva, de consideraciones subjetivas expresadas por los interesados (el PP), que deducen de cada actuación judicial la finalidad perseguida" por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. El partido que preside Mariano Rajoy achacaba a los autos de Garzón que éste quería "darse publicidad, originar especulaciones sobre la existencia de nuevos aforados, perjudicar al Partido Popular o conseguir dilatar la inhibición" a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.

"Por ello, al tratarse de cuestiones carentes de relevancia disciplinaria, se propone el archivo de la presente información previa", concluye la propuesta de Inspección. El PP denunció a Garzón, cuando era instructor del caso Gürtel, por hacer públicos ciertos autos, al entender que su objetivo era perjudicar al partido.

También criticaba que un policía llamara al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, para informarle del procedimiento que iba a abrirse contra él. La queja le acusaba, además, de marcharse de viaje al extranjero y retrasar las notificaciones del auto de inhibición a los dirigentes del PP valenciano que estuvieron imputados.

El informe de Inspección deja poco margen para la discusión en la Comisión Disciplinaria, que componen los vocales Gemma Gallego, Pío Aguirre, Miguel Carmona, Margarita Uría y José Manuel Gómez Benítez, aunque este último será sustituido en este asunto previsiblemente por Gabriela Bravo, al haber sido abogado de Baltasar Garzón.

El magistrado Luciano Varela, instructor de las querellas presentadas contra Garzón en el Tribunal Supremo por abrir una causa penal sobre los crímenes del franquismo, acordó pedir a Fiscalía, defensa y acusaciones Manos Limpias y la asociación, también de corte ultraconservador, Libertad e Identidad que propongan las pruebas que entiendan oportunas para continuar con el procedimiento. Ayer las partes no tenían aún la providencia.

(www.pubico.es, 15/09/09)

RAJOY NO SE PLANTEA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DEL 'CASO GÜRTEL'

El PP no tiene intención de dar ningún paso atrás en su estrategia de las últimas semanas para enfrentarse al goteo de decisiones judiciales e informaciones que desvelan los vínculos del partido con la trama supuestamente corrupta del caso Gürtel.

Los populares evitan colocarlo como el principal asunto en su agenda, pero cuando se les pregunta saltan. Ayer Esteban González Pons insistió con las supuestas escuchas ilegales para defender la tesis de su secretaria general, Dolores de Cospedal. "En el PP hoy no se habla por teléfono con seguridad", concluyó en Radio Nacional. Al responder a una pregunta sobre la información de EL PAÍS en la que se señala que hay tres veces más procesados por corrupción del PP que del PSOE desde 2004, el portavoz popular sentenció: "Eso quiere decir que la policía y la fiscalía investigan tres veces más a los dirigentes del PP que a los del PSOE".

Pocas horas después, en presencia de González Pons, la propia Cospedal ratificó sus palabras. Pero contó algo más. Preguntada sobre la posibilidad de que el PP abra una investigación interna para saber por qué los cabecillas de Gürtel pudieron llegar a introducirse en el corazón del partido y beneficiarse de sus finanzas -en un 90% derivadas de subvenciones públicas- la secretaria general admitió que eso ni siquiera está encima de la mesa. "El caso Gürtel está en los tribunales, y mientras esté allí ellos tienen prioridad. Además, ellos tienen más medios que el PP para investigar", sentenció.

Sin embargo, Cospedal sí abrió una investigación interna hace pocos meses, por el caso del espionaje en Madrid. Poco después, quedó "en suspenso", aunque nunca se ha vuelto a abrir, ni siquiera cuando una juez ha imputado a cuatro funcionarios de la Comunidad de Madrid, todos ellos nombrados a dedo, por este supuesto espionaje.

Cospedal criticó que mientras algunos jueces se han puesto en marcha para investigar las revelaciones periodísticas del sumario secreto de Gürtel, la fiscalía no actúe.

Mientras, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró en Los Desayunos de TVE que el PP busca "un espacio de impunidad" a través de "una campaña de insinuaciones", y recordó que el caso Gürtel se inició por una denuncia de un ex concejal del PP, no porque actuara la fiscalía.

(www.elpais.com, 08/09/09)

El mal negocio del 'Gürtel'

Varias de las empresas salpicadas por la trama corrupta acumulan problemas financieros

Cuando nadie mira, es más fácil hacer negocios. El caso Gürtel desveló prácticas corruptas en Administraciones gobernadas por el PP. Seis meses después de que estallase, varias de las empresas salpicadas por la trama tienen dificultades financieras.

La última pieza que se ha cobrado el huracán Gürtel ha sido Teconsa. Esta constructora, perteneciente al grupo Martínez Núñez, solicitó el pasado jueves el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos). La compañía acumula deudas por unos 30 millones y tiene dificultades para pagarlas. La crisis en la construcción y el impacto del caso Gürtel han terminado por doblegarla. La investigación del caso desveló prácticas sospechosas. Uno de sus directivos, José Ramón Blanco Balín, es uno de los más de 100 imputados por participar en la red. Según un informe de la Agencia Tributaria, Teconsa retiró más de siete millones de euros en billetes de 500. La constructora pagó supuestamente comisiones al cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, por hacer de intermediario en la concesión de una obra en una carretera de Castilla y León.

El grupo Begar fue otro al que le cambió la suerte tras destaparse su participación en la trama. El grupo, perteneciente al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso, entregó una comisión de tres millones de euros a cambio de adjudicarse un solar en Boadilla del Monte, según consta en la denuncia del caso. El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero adjudicó a la filial de promoción del grupo Begar, UFC, una parcela para construir pisos de lujo a pesar de que su oferta era tres millones de euros inferior a otra. Ulibarri se hizo con el concurso porque se comprometió a terminar las viviendas en menos tiempo, pero no fue así. Las grabaciones aportadas a la investigación revelan el pago de tres millones en comisiones a Francisco Correa. Desde entonces, las cosas no marchan bien en el grupo. El pasado junio, la división de construcción solicitó el concurso de acreedores. Begar Construcciones y Contratas debe 297 millones y no puede pagarlos. La dificultad para renegociar su deuda ha provocado que el Santander se haya quedado con la promoción de viviendas que Ulibarri había construido en la polémica parcela de Boadilla, a cambio de cancelar una deuda de cerca 50 millones. Son 139 viviendas que ahora están en manos de Altamira Santander, la filial inmobiliaria del banco. Los grandes carteles de UFC que anunciaban pisos de lujo han dado paso a otros más escuetos del Santander: "Se vende desde 336.000 euros".

www.elpais.es 05.09.09

CORREA SEGUIRÁ EN PRISIÓN AL SER SUS DELITOS "CONTINUADOS"

Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, debe seguir en prisión porque aún puede destruir pruebas, porque existe riesgo de fuga y porque los delitos de los que se le acusa son continuados y no puntuales. La sala de vacaciones (o de guardia) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid utilizó estos tres argumentos el pasado día 28 para rechazar la pretensión del letrado de Correa de que saliera de la cárcel. El auto de confirmación de la prisión fue divulgado ayer, al tiempo que el juez Antonio Pedreira, instructor de la causa en Madrid, anunciaba que levantará el secreto del sumario a finales de este mes.

La sala entiende que Correa tiene intereses, dinero y casas en varias partes del mundo, e incluso sospecha que, de haber quedado en libertad, habría huido a Panamá (donde había intentado obtener la residencia, como también lo intentó en Senegal) o Colombia. El principal acusado efectivamente había hecho negocios, además de en esos territorios, en países como China, Azerbaiyán, EE UU o Suiza, entre otros. El juez Baltasar Garzón lo encarceló precisamente al entender que se iba a fugar de manera inmediata.

Los magistrados explican que los delitos que supuestamente ha perpetrado -"blanqueo de capitales, fraude fiscal, varios de falsedad, múltiples de cohecho, asociación ilícita y diversos delitos de tráfico de influencia", escriben- "pueden tener la consideración de delito continuado", por la que la pena que podría recaer por ellos sería superior a los dos años que supone el abogado del encarcelado, José Antonio Choclán. El hecho de que pudieran ser delitos continuados, además, rompe la prescripción (de 10 años y la investigación parte de 1999), ya que comienza a computarse desde el día en que se cometió la última infracción.

La causa en Madrid ya abarca 119 tomos, de los que 46 son de prueba principal y los otros 73 son de piezas, que constituyen hasta el momento la totalidad del procedimiento que se instruye. Todos están siendo pasados a soporte informático, un proceso que se espera que esté concluido en la última semana de septiembre, cuando se entregarán a las partes. Entonces se levantará el secreto del sumario, sin perjuicio del respeto a la resolución que en este mismo sentido haga efectiva el Tribunal Supremo, explica el TSJM.

(www.pais.com, 03/09/09)

DE COSPEDAL QUITA CREDIBILIDAD A RUBALCABA PORQUE "ES EL MISMO MINISTRO QUE DIJO QUE NO EXISTÍA EL GAL"

La Secretaria General del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha contestado hoy a las palabras de Rubalcaba en las que insistió en que "las escuchas las ordenan los jueces" declarando que Rubalcaba "es el mismo ministro que dijo mirando directamente a la televisión que el GAL no existía". "Lo que tiene que hacer es investigarlo en vez de descalificar", ha aclarado.

De Cospedal ha insistido, en una entrevista en Telecinco, que el PP " no ha hablado de actuaciones ilícitas de los jueces, sino de la utilización antidemocrática del Gobierno de los aparatos del estado para hacer esas escuchas". La Secretaria de los conservadores ha recordado que "no es la primera vez que ocurre en España, ya cayó un ministro por los mismo en otras épocas y, que casualidad, también fue con el partido socialista".

"Yo no se si las escuchas se ordenan desde el Ministerio de Interior o desde otra institución del Estado, pero alguien tiene que haberlo organizado" ha aclarado, y reitera que "cuando se producen atropellos contra las personas, sean o no del PP, se tiene la obligación de denunciarlo".

Preguntada por las declaraciones en que Ana Mato, Vicesecretaria del PP, aclaraba que la denuncia era de tipo genérica, De Cospedal ha enfatizado que "las denuncias, por su propias naturaleza, son genéricas, porque sino son querellas contra personas determinadas". Aun así, ha aclarado que "hay muchísimos indicios" de que las escuchas han existido, "se ha publicado en muchos medios".

Según la Secretaria del PP, hay pruebas claras: "Tenemos indicios de que se han producido filtraciones de conversaciones de imputados, que deberían haber sido destruidas después de cerrarse el sumario".

"Hay muchas clase de delitos aquí y el juez tendrá que delimitarlos", pero "cuando una persona denuncia un delito, quien tiene la obligación de investigarlo es la Fiscalía y el juzgado. Nosotros hemos hecho una denuncia política porque somos un partido político, pero no podemos dar datos concretos, eso datos se los damos a la Fiscalía".

La portavoz en el Congreso de lso conservadores, Sáenz de Santamaría, ha hablado hoy del informe que el PP está elaborando para demostrar "la doble vara de medir" del Ejecutivo y en relación a las supuestas escuchas ilegales a miembros de su partido. Sáenz de Santamaría ha dicho que lo tienen "muy avanzado" y en el mismo se "demuestra que el PSOE y el Gobierno han hecho un uso ilegítimo de las instituciones, especialmente de la fiscalía".

(www.publico.es, 02/09/09)

RAJOY INSISTE EN LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN CONTRA EL PP

El presidente del PP, Mariano Rajoy, arranca el curso político con un discurso insistente sobre la supuesta persecución orquestada por el Gobierno contra su partido. Durante un acto ante los máximos dirigentes de la formación en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, Rajoy ha asegurado que quiere un país de "ciudadanos libres e iguales" ante la ley y ha denunciado las "detenciones televisadas impropias de un país democrático", en referencia a los arrestos de ex altos cargos del PP balear implicados en el caso Palma Arena.

Para desplegar su tarea de oposición e intentar desgastar al Gobierno, el PP va a organizar un acto cargado de símbolos el próximo 27 de septiembre. Rajoy ha anunciado una gran convocatoria para protestar contra la subida de impuestos que planea el Gobierno, que se celebrará en el velódromo de Dos Hermanas (Sevilla), con capacidad para 20.000 personas.

El acto pretende ser una demostración de fuerza en un feudo socialista, dado que en esta localidad tanto el ex presidente del Gobierno Felipe González, como el actual, José Luis Rodríguez Zapatero, han celebrado mítines electorales multitudinarios.

Disparatada subida de impuestos

Rajoy ha criticado la pretendida subida de impuestos por "disparatada" y ha anunciado que su partido planteará "una batalla a fondo" para evitarla. En su opinión, las subidas de impuestos sólo servirán para retrasar la salida de la crisis y para penalizar el ahorro y la inversión. "Va a crear más paro, penalizará el consumo y la inversión, reducirá la renta disponible de las familias, reducirá los ingresos del Estado por la contención de la actividad y será un nuevo engaño", ha asegurado el líder popular para quien Zapatero ha hecho "lo contrario de lo que decía el programa del PSOE y en el debate de investidura. "Una vez más se va a engañar a los españoles", ha afirmado.

Antes del discurro de Rajoy, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que levantó este verano la polémica de la "persecución" con sus acusaciones de escuchas ilegales, se ha reafirmado en sus teorías. "Rubalcaba es la misma persona, que mirando a la televisión y delante de toda España, dijo a todos los españoles que aquello de el GAL no existe; la obligación de un ministro del Interior, en un Estado democrático si la oposición está denunciando actuaciones ilícitas, es investigarlo en lugar de insultar y descalificar", ha afirmado la número dos del PP.

(www.elpais.com, 02/09/09)

EL PP MANTIENE VIVA LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN CON NUEVAS DENUNCIAS

La enrevesada madeja en la que se ha convertido la estrategia defensiva del PP sobre el caso Gürtel sigue marcando la agenda de este partido. Desde múltiples frentes, varios dirigentes introdujeron elementos confusos para reforzar la tesis de las escuchas ilegales con una línea común: la de consolidar la nueva teoría de la conspiración, según la cual no hay un grave caso de corrupción ligado a Administraciones del PP sino un intento del Gobierno, la Fiscalía, la policía y algunos jueces de acabar con el PP.

Los populares no sacan el asunto directamente, pero en cuanto son preguntados confirman y amplían sus tesis más extremas. Dolores de Cospedal, que abrió en agosto la espita que nadie consigue cerrar, se reafirmó ayer en Telemadrid en su acusación sobre las escuchas ilegales a dirigentes del PP: "Yo no voy a dar nombres y apellidos porque creo que no lo debo hacer, pero vuelvo a reiterar: altos dirigentes".

Esteban González Pons, portavoz del PP, que ayer compareció tras la reunión de la cúpula del partido -Mariano Rajoy ha convocado para hoy al Comité Ejecutivo, la dirección ampliada-, protegió hasta el final a su secretaria general, y aseguró que no es el PP quien debe ofrecer pruebas, sino el Gobierno quien debe investigar el asunto: "En un país democrático, cuando alguien sufre un delito no se le dan mamporros. Hemos denunciado que nos sentimos espiados. Es la Fiscalía y la policía quien debe aportar pruebas. El Gobierno debería preguntarnos por qué nos sentimos perseguidos, en vez de insultarnos".

González Pons trazó un panorama dramático de la supuesta persecución al PP, asociándolo a un régimen dictatorial. "En una democracia, tan terrible es que la oposición no sea libre como que no se sienta libre", sentenció.

Pons ahondó aún más en el embrollo al detallar, como prueba de esas supuestas escuchas ilegales, que una de las dos conversaciones de Francisco Camps con Álvaro Pérez, El Bigotes, que publicó EL PAÍS, no está en el sumario. "Pudo ser grabada legalmente pero debió ser también legalmente destruida, y en vez de eso apareció en un medio de comunicación", apuntó Pons.

En medio de la confusión, Esperanza Aguirre retiró su acusación de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, era autor de las escuchas ilegales: "Rectifico", dijo. Ambos hablaron antes por teléfono. Rubalcaba agradeció el gesto e insistió: "En España no hay escuchas ilegales; lo saben Rajoy y Cospedal, sólo se escucha a delincuentes con autorización judicial".

Mientras, Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, denunció haber sido objeto de persecución desde "las más altas instancias del Estado" y a través de "filtraciones de pruebas que debían estar custodiadas por funcionarios a un determinado medio de comunicación".

A pesar de todo, la Justicia sigue trabajando y el caso Gürtel sigue su lenta marcha, con más de 100 imputados. Ayer, la Mesa del Congreso aceptó tramitar el suplicatorio del diputado Jesús Merino, que ya dimitió como portavoz adjunto del PP.

(www.elpais.com, 02/09/09)

HACIENDA DESTAPA CONTRATOS ILEGALES DE GOBIERNOS DEL PP CON LA TRAMA GÜRTEL

Un informe de la Intervención del Estado apunta "diversas irregularidades" - La fiscalía defiende ante el Supremo la necesidad de investigar más actuaciones

Las empresas de Francisco Correa no sólo hicieron caja gracias al trato de favor de Gobiernos del PP que concedieron cientos de contratos, muchos de ellos adjudicados sin ningún tipo de concurso, por los que facturaron varias decenas de millones de euros en los últimos ocho años. Además, la trama corrupta investigada en el caso Gürtel intervino, y cobró millonarias comisiones por ello, como intermediaria en operaciones inmobiliarias para favorecer a determinados constructores en concursos de suelo o en la concesión de obras públicas cuya aprobación dependía de dirigentes del PP situados en puestos claves de distintos organismos, según apunta la investigación judicial.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió el pasado 8 de junio a la Fiscalía Anticorrupción un exhaustivo informe sobre contratos de determinadas administraciones públicas gobernadas por el PP y que tuvieron tratos con la trama corrupta. En ese informe se apuntan "diversas irregularidades" en contratos adjudicados por dirigentes del PP "tanto a empresas de eventos vinculadas a Francisco Correa, como a determinadas empresas constructoras".

Un escrito de la fiscalía destaca, citando expresamente el informe de la Intervención General del Estado, "las irregularidades detectadas en las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en fechas en que se encontraba en el mismo Jesús Sepúlveda Recio (PP), quien aparece en las hojas de reparto [de comisiones ilegales] como receptor de fondos [de la red de empresas de Francisco Correa]".

La Intervención General del Estado se encarga de verificar que la actividad económico-financiera del sector público se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Su informe pone de manifiesto cómo las administraciones del PP investigadas por sus relaciones con Francisco Correa adjudicaron múltiples contratos sin adecuarse a esos principios de legalidad.

No es el único organismo que ha observado esas deficiencias. El Tribunal de Cuentas valenciano ya advirtió hace varios años que el concurso por el que se adjudicó el montaje del pabellón de Fitur a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, lugarteniente de Correa en Valencia, estuvo plagado de irregularidades.

La fiscalía ha defendido en un escrito remitido al Tribunal Supremo la necesidad de seguir investigando dado que "las actuaciones administrativas a comprobar son ahora algunas más" y señala que habría que "analizar algunos expedientes de contratación en particular".

Lo investigado hasta ahora por la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha permitido dibujar un triángulo de supuesta corrupción donde figuran, en cada uno de sus lados, los siguientes actores:

1.- Dirigentes del Partido Popular que gobiernan en instituciones que adjudican contratos, obras o suelo.

2.- La trama empresarial de Correa, que logra contratos de servicios de ayuntamientos y comunidades del PP e intermedia para que otros empresarios del sector inmobiliario logren obras o suelo para viviendas.

3.- Constructores o promotores que pagan a Correa para conseguir el trato de favor de dirigentes del PP en la adjudicación de obras o suelo.

De la actividad conocida donde se han puesto de acuerdo esos tres supuestos actores de la corrupción, la relación que sigue está siendo investigada por los tribunales.

UNA SUPUESTA COMISIÓN DEL 3%

El primer auto del juez Baltasar Garzón donde implicaba al tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, citaba un fax -hallado entre la documentación requisada al contable de la trama-, de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes. El fax daba cuenta de la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba (León), por 2,45 millones, en noviembre de 2002, a TECONSA. La documentación de la trama corrupta incluía anotaciones con el cobro de un supuesto 3% de comisión de aquella obra que habría pagado TECONSA a Correa y que éste, a su vez, habría repartido entre dirigentes del PP que habrían favorecido la adjudicación.

La Agencia Tributaria investigó las cuentas de TECONSA, una constructora de origen leonés y descubrió que esta firma manejó entre 2004 y 2007, hasta 5,5 millones de euros en billetes de 500. Este hecho, llevó a los inspectores de Hacienda a una conclusión: "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos. Llama la atención la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes".

Los responsables de la Junta de Castilla y León, del PP, han insistido en que el expediente de adjudicación de la obra por la que TECONSA pagó supuestamente comisiones cumple con todos los requisitos legales.

IMPUTADO EL PRESUNTO PAGADOR

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene imputado por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad a un directivo de FCC cuyo nombre aparece anotado en los registros de la trama corrupta como pagador de comisiones por adjudicación de obras. Dichas comisiones fueron repartidas por Francisco Correa entre algunos políticos del PP, entre ellos podría estar Luis Bárcenas, al que se refieren en la anotación del pago como L. B.

La empresa FCC resultó entre 2001 y 2002 adjudicataria de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria de Majadahonda y Boadilla. Los alcaldes de estos dos municipios cuando ocurrieron los hechos están ahora imputados por diversos delitos y fueron destituidos de sus cargos públicos cuando estalló el escándalo.

FACTURAS FALSAS Y BILLETES DE 500

Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, entregó supuestamente 1,6 millones de euros a Francisco Correa según los libros de contabilidad de la trama corrupta. Parte de ese dinero, según las anotaciones incautadas por la policía, también llegó al tesorero del PP, Luis Bárcenas. La investigación judicial, que mantiene imputado a García Pozuelo, intenta aclarar si ese pago corresponde a comisiones por obras públicas que Constructora Hispánica consiguió de Gobiernos del PP gracias a la intermediación de Correa.

La empresa de García Pozuelo es adjudicataria desde hace años de gran cantidad de obras públicas, entre ellas, varios tramos del AVE que recibió entre 2000 y 2004 por casi 100 millones de euros; y equipamientos municipales adjudicados por alcaldes del PP imputados en el caso Gürtel, como el Parque del Deporte de Boadilla del Monte (Madrid) por 30 millones de euros.

La Agencia Tributaria analizó las cuentas de Constructora Hispánica y el manejo de billetes de 500 euros y llegó a la conclusión de que esta empresa había sacado grandes cantidades de dinero para defraudar o pagar cohechos.

Esta investigación arrancó por una conversación privada que grabó un ex colaborador de Correa donde el jefe de la trama decía: "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova [sede del PP] y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso fiscal".

El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Constructora Hispánica justificaba los pagos con facturas falsas que emitían empresas que carecían de personal o de estructura suficiente para prestar servicios o, en algunos casos, ilocalizables para Hacienda.

UNA MORDIDA PARA EL ALCALDE

El ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, uno de los cargos públicos del PP que cobró más comisiones ilegales de Francisco Correa, según la investigación, adjudicó suelo para viviendas de lujo a UFC [promotora propiedad del empresario José Luis Ulibarri]. El concurso de suelo que se convocó fue adjudicado a Ulibarri pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta económica. Se resolvió a favor de UFC porque, supuestamente, iba a terminar la construcción de los chalés de lujo tres meses antes que la empresa que competía por el suelo. Las grabaciones aportadas a la causa citan el pago de tres millones de euros de comisiones a Francisco Correa en el despacho del empresario en Valladolid. Correa pagó a su vez en metálico al alcalde de Boadilla una parte de esa mordida.

"MARTINSA SE PORTÓ CONMIGO"

La presunta vinculación del diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco con la trama corrupta surgió al conocerse que, en una de las grabaciones realizadas en 2006 e incorporadas a la causa, el supuesto cabecilla Francisco Correa afirmaba: “Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...”.

Correa parecía aludir así a que él había intercedido para lograr que Martinsa obtuviera un contrato en Arganda; a cambio, claro, de una comisión de la que aún quedaba por pagar “un millón de euros”. El nombre de Martín Vasco, que fue 12 años concejal del PP en el Ayuntamiento de Arganda, aparecía en otra grabación en la que hablaba Isabel Jordán, empresaria de la red corrupta también imputada por el juez: “Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero”.

Martín Vasco era consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal cuando ésta adjudicó a la empresa Martinsa, en noviembre de 2004, un importante desarrollo urbanístico con 300 viviendas en pleno centro de la localidad, junto a la estación de metro. El precio de la adjudicación era cerrado (no sujeto a mejora): 77 millones de euros, incluido el coste de varios equipamientos. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Ayuntamiento, a la hora de valorar las ofertas, no confió sólo en las opiniones de sus técnicos sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido la empresa de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).

Cada uno de los tres grupos de baremadores —técnicos, Aguirre Newman y Plarquin— se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Cuando Aguirre Newman entregó su parte, iba ganando Sacresa; cuando los técnicos presentaron la suya, también. El último en entregar la baremación fue Plarquin, que debía valorar la “solución técnica y propuesta estética”. Y dio tantos puntos de más a Martinsa frente a Sacresa que la primera se puso por delante y ganó el concurso.

TROCEAR CONTRATOS A 12.000 EUROS

Las empresas de Correa organizaron decenas de actos institucionales en los que intervenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, y que pagaban distintas consejerías sin que para adjudicar esos trabajos celebrasen concursos públicos. A veces se troceaba el motivo del contrato para evitar esos concursos. Todo lo ordenaba Alberto López Viejo, consejero de Deportes y hombre de confianza de Aguirre.

En la contabilidad de la trama corrupta, aparecen múltiples pagos a López Viejo por varios cientos de miles de euros. Esta manera de operar también se extendió a Valencia, donde el Gobierno de Francisco Camps adjudicó 40 contratos por distintos servicios a Orange Market sin que mediara concurso alguno y, en algunos casos, troceados en varias partes, todas inferiores a 12.000 euros, lo que evitaba la concurrencia de otras empresas.

EL PP VUELVE A LA CARGA CON LAS ESCUCHAS ILEGALES

Aunque el líder del PP, Mariano Rajoy, y la portavoz popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, habían dejado a un lado las denuncias sobre el supuesto espionaje que sufren los miembros del PP para centrarse en la teoría de la conspiración, los populares no renuncian a la estrategia de los supuestos pinchazos ilegales. Hoy mismo Ricardo Costa, González Pons y Cospedal han vuelto a insistir en que las filtraciones a la prensa proceden de escuchas ilegales y en que el Gobierno ha orquestado una persecución contra los populares.

Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, ha asegurado hoy haber sido objeto de persecución desde "las más altas instancias del Estado" y a través de "filtraciones de pruebas que debían estar custodiadas por funcionarios a un determinado medio de comunicación", en alusión al Grupo PRISA, editor de EL PAÍS. Esta denuncia ha sido avalada por el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que ha afirmado que hay "indicios suficientes" para suponer que "en la persecución de que está siendo objeto el partido, ha habido utilización en distintos grados y de distintas formas de conversaciones telefónicas".

Costa ha revelado que "a finales de julio" denunció ante el juez decano de Madrid que el 23 de febrero un escrito del fiscal anticorrupción desaconsejaba su procesamiento por el juez Baltasar Garzón; que "horas más tarde" la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) aportó nuevas pruebas al sumario de caso Gürtel que implicaban de nuevo al secretario general del PP valenciano; que el 3 de marzo el fiscal anticorrupción modificó su criterio; y que el 5 de marzo, un auto del titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional efectivamente le imputó un supuesto delito de cohecho pasivo. El mismo auto imputaba también a Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana; a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y a Rafael Betoret, que fuera jefe de gabinete de la Consejería de Turismo hasta julio de 2007.

Según Costa, el cambio de criterio del fiscal anticorrupción habría sido instado por el Gobierno. "El PSOE ha hecho buena la frase de Alfonso Guerra cuando dijo que la separación de poderes ha muerto", sentenció. Costa no ha entregado copia de la denuncia. Su abogado y también diputado, José Marí Olano, aseguró no haber guardado ninguna copia de la denuncia. Ningún juzgado se ha pronunciado todavía sobre la oportunidad de admitir a trámite la denuncia.

El también portavoz del grupo parlamentario del PP ha aprovechado la ocasión para anunciar que el PP exigirá la comparecencia ante las Cortes Valencianas de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, y de Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado, para que "aclaren si hay algo que aclarar o desmientan, si hay algo que desmentir" si el PP ha sido objeto de persecución política desde las más altas instituciones del Estado. La solicitud de comparecencia no tiene ninguna fuerza jurídica, pero Costa ha reivindicado la importancia política que tendría el gesto. Olvidó el portavoz del PP valenciano que todos los grupos político rechazaron una solicitud similar en una reunión de la Diputación Permanente del Congreso hace apenas dos semanas.

Antes de afrontar la primera reunión del PP después del verano, la secretaria General del partido, María Dolores de Cospedal, se ha ratificado en sus acusaciones de espionaje orquestado por el Gobierno. Preguntada en Telemadrid por si se han producido pinchazos ilegales a altos cargos de su grupo, la número dos del PP se ha reafirmado: "Está en sede judicial. No voy a dar nombres y apellidos pero reitero, altos dirigentes". Casi simultáneamente, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho censuraba en una entrevista en la Cadena Ser la actitud del Partido Popular. "Cuando alguien recibe envites intensos su ánimo se ve afectado. No sé si es intención del Partido Popular afectar a los cuerpos de seguridad, pero no lo van a conseguir. Deben dejar una estrategia que atenta contra el Estado de derecho", ha afirmado.

Cospedal ha insistido, como ya hiciera en sus primeras acusaciones de este verano, en que el Gobierno utiliza las instituciones para perseguir a la oposición. "Ahora saltan diciendo que presentemos pruebas, pero las pruebas las tenemos en la actuación de la Fiscalía, de los mandos del Cuerpo Nacional de Policía o de la vicepresidenta", ha afirmado la secretaria General del partido. "Claro que nos ratificamos, hay datos objetivos de persecución", ha manifestado Cospedal. "Estamos viendo detenciones en directo por faltas que, cuando salen de declarar, los acusados se van a casa".

Las declaraciones de Cospedal se han producido después de que ayer la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, apuntara directamente al ministro del Interior como el organizador de las presuntas escuchas ilegales. Aguirre ha rectificado hoy en el mismo momento en el que Cospedal era entrevistada. "No quería yo decir eso, rectifico, y lo que quiero decir es que las escuchas siempre son a miembros del PP, siempre aparecen en el mismo medio de comunicación filtradas y habrá que saber quién hace las escuchas, por orden de quién, si las ponen en el sumario, quién las quita del sumario si es que están fuera del sumario y quién las filtra siempre al mismo medio de comunicación", ha asegurado la presidenta de Madrid.

Tras lanzar las acusaciones de espionaje en una entrevista a Efe en Marbella, Cospedal había rebajado la dureza de las manifestaciones. En una comparecencia pública hace dos semanas, tras la reunión de la dirección del PP en la sede de Génova, Cospedal habló de persecución pero no de escuchas. El propio Rajoy y la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención en la Diputación Permanente en la que las solicitudes de comparecencia de los ministros fueron rechazadas, hablaban de persecución pero dejaron de citar los pinchazos. Ayer, Aguirre rompió esa línea con unas declaraciones que hoy ha rectificado, mientras que Cospedal ha insistido en las escuchas.

(www.elpais.com, 01/09/09)

AGUIRRE REAVIVA LA GUERRA DE LAS ESCUCHAS QUE RAJOY APARCÓ

Lo ha intentado en los últimos días, pero el PP no logra quitarse de encima el fantasma de las escuchas ilegales a dirigentes de la oposición que, sin que aún haya aparecido ninguna prueba, denunció la secretaria general, Dolores de Cospedal, al inicio del verano. El propio Mariano Rajoy, después de respaldar a su número dos, había aparcado este asunto en los últimos días para concentrarse en denunciar el supuesto trato desigual que la policía da a los detenidos del PP. Ayer mismo, Cospedal evitó las preguntas de los periodistas en Toledo para no reavivar el asunto. Pero fue Esperanza Aguirre quien recuperó con fuerza la polémica.

Primero dijo sobre las escuchas que "haberlas, haylas", dando pábulo a la teoría de Cospedal. Aunque enseguida introdujo matices que no aclaran si se refería a los supuestos espionajes a dirigentes del PP o a conversaciones grabadas por orden judicial que han publicado diversos medios de comunicación, en especial, este diario. "Nos encontramos todos los días en los medios de comunicación con transcripciones de conversaciones escuchadas siempre en el mismo medio de comunicación", explicó Aguirre, "y esas escuchas siempre se le hacen a miembros del PP o a personas afines al PP. Eso son escuchas. ¿Que son legales y las ha mandado el juez? Estarán en el sumario; ¿Que son legales, las ha mandado el juez, están en el sumario y las han quitado del sumario? ¿Quién las ha quitado y por qué? y si es así, ¿Quién las ha filtrado a los medios de comunicación?", se preguntó.

Sin embargo, cuando le preguntaron quién habría ordenado esas supuestas escuchas ilegales -no lo son si están autorizadas por un juez- Aguirre fue incluso más lejos que Cospedal al apuntar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "El que las ha hecho, claramente, es el Gobierno, el señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él", sentenció.

La presidenta de Madrid se refería a que hace sólo un mes, ella misma le cantó al ministro el "cumpleaños feliz" tras una reunión entre ambos que acabó con todo tipo de parabienes, y en la que también se habló de las filtraciones. Ese día, en un tono muy distinto al que utilizó ayer, Aguirre aseguró que el ministro le había explicado que él no tenía nada que ver con las informaciones periodísticas y ella creyó la versión de Rubalcaba.

Mientras, el PP sigue trabajando en un informe para demostrar el supuesto trato diferente y la "persecución" de la fiscalía y la policía, ambas a las órdenes del Gobierno, contra los populares.

Soraya Sáenz de Santamaría, que también evitó cualquier referencia a las escuchas ilegales, un asunto del que el PP ha asumido que no tiene pruebas y por tanto debe abandonar cuanto antes, explicó ayer en la Cope que ya tiene ultimado el informe que concluye que el 90% de las detenciones espectaculares por corrupción de cargos del PP en los últimos años "han acabado en nada".

El propio Mariano Rajoy, en un vídeo grabado por el PP con el que despedía el verano paseando por una playa gallega, insistía en que seguirá pidiendo explicaciones por este asunto.

Rajoy, que ha apurado sus vacaciones y las de su equipo, reúne hoy de nuevo a su cúpula, el Comité de Dirección. Ya lo hizo en pleno verano, y el asunto central fue la polémica abierta por Cospedal y la necesidad de ofrecer un contrataque frente al goteo de decisiones judiciales que incriminan a cargos populares, especialmente en Baleares, en casos de corrupción.

Esta vez también se hablará previsiblemente de eso, con el informe de Sáenz de Santamaría encima de la mesa. Pero el líder del PP también tiene pensado, según fuentes de la dirección, hablar de la estrategia de las próximas semanas para intentar que en el mensaje del PP, absolutamente sepultado por el caso Gürtel, comiencen a verse algunas propuestas, especialmente en asuntos como la crisis. Los populares creen que la opción del Gobierno por una subida de impuestos les deja ahora mucho margen para hacer oposición y vender sus propuestas, con permiso de los jueces.

(www.elpais.com, 01/09/09)

Nueva polémica

- Aguirre apunta al ministro del Interior: "Las escuchas, haberlas haylas. El que las ha hecho [las escuchas], claramente, es el Gobierno, el señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él"

- Los socialistas exigen una rectificación: "Es totalmente inaudito que Aguirre, señalada por sus propios compañeros por espiar, se permita sembrar dudas sobre el ministro del Interior sin que se le caiga la cara de vergüenza o al menos se ruborice por ello", señaló Leire Pajín en un comunicado.

(www.elpais.com, 01/09/09)

RAJOY ENTIERRA AHORA LA ACUSACIÓN SIN PRUEBAS DE COSPEDAL DE ESCUCHAS AL PP

Los populares se centran en "la saña" de la fiscalía contra sus cargos públicos

El Partido Popular ya no sabe cómo poner distancia de las supuestas escuchas ilegales a sus dirigentes. Hasta Mariano Rajoy evita ahora respaldar la acusación que hizo su secretaria general, Dolores de Cospedal. Ayer, al ser preguntado de forma directa en la radio pública gallega si en España hay escuchas ilegales, el presidente de los populares respondió: "Bueno, lo que hay es un trato diferente a distintos grupos políticos. Hemos visto cómo se ha detenido a muchos militantes del PP esposados y cómo se ha avisado a las televisiones para que salieran en ellas. La inmensa mayoría de estas personas, y Soraya Sáenz de Santamaría dio información muy cumplida, fueron absueltas sin ni siquiera pasar por los tribunales".

El PP rectifica y decide no preguntar a Zapatero por la persecución
"Del circo que han montado no se sale con el silencio", asegura el PSOE

Un día antes fue su portavoz parlamentaria la que omitió en el Congreso la denuncia de escuchas ilegales. Ambos sí insistieron en la línea de la supuesta persecución, es decir, de mencionar casos en los que supuestamente se ha producido un trato más duro de la fiscalía y la policía con cargos del PP implicados en casos de corrupción, pero eludiendo las escuchas ilegales.

El propio Rajoy aseguró ayer que "muchas de estas personas han salido absueltas sin ni siquiera ser juzgados por los tribunales; hemos visto cómo el fiscal procede con saña contra militantes del PP y, sin embargo, no hace nada en contra de Manuel Chaves, ni contra el director del CNI. Pedimos un trato igual para todos".

Hace diez días Rajoy sí respaldó la acusación de Cospedal al recordar en una entrevista con Europa Press la investigación judicial en la década de los 80 al Gobierno socialista por presunto espionaje a los partidos y en la de los 90 la dimisión de Narcís Serra como vicepresidente del Gobierno por las escuchas de los servicios secretos.

Sin embargo, fuentes de la dirección del Partido Popular aseguran que su intención es mantener la tesis de la persecución y la distinta vara de medir con el PP por parte de la fiscalía y la policía, pero sin incidir en las supuestas escuchas, sobre las que carecen de pruebas. Por ejemplo, el partido insistirá los próximos días en acusar de pasividad a la fiscalía por no actuar contra los gestores de la Caja Castilla-La Mancha, tras las actuaciones reveladas por el Banco de España.

Otro ejemplo será la denuncia de la actuación de la fiscalía y la policía en la Región de Murcia contra cargos del PP, cuando el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, era candidato por esa circunscripción. Según los populares, esos casos quedaron en nada.

Hace una semana, Rajoy dijo también que su primera pregunta a José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso se referiría a la supuesta persecución. Ayer, rectificó y aseguró que pedirán explicaciones a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, por anticipar el recurso de la fiscalía a la exculpación de Francisco Camps y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el trato a los detenidos en Baleares. Es decir, que lo harán otros diputados de su grupo.

El PSOE, a través del número dos del Grupo Socialista, Eduardo Madina, aseguró que han notado un cambio en el PP, pero advirtió: "Que no piensen que del circo que han montado este verano se sale con el silencio, tienen que explicar porqué lo han hecho". Añadió que Rajoy "debe afrontar los casos de corrupción, más allá de las cortinas de humo para tapar los 110 imputados de la trama Gürtel".

www.elpais.es 27.08.09

AGUIRRE ACUSA AL GOBIERNO DE UTILIZACIÓN PARTIDISTA DE LAS INSTITUCIONES

"El Gobierno de España ha dejado de ser el Gobierno y es el del PSOE", afirma la presidenta madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha cargado con dureza contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En su primera intervención pública tras sus vacaciones de verano ha hecho un repaso sobre los "graves asuntos" que a su juicio han ocurrido durante agosto. La presidenta madrileña ha criticado la "utilización partidista del Gobierno de la nación". Y ha precisado: "El Gobierno de España ha dejado de ser el Gobierno y es el del PSOE".

Aguirre: "¿Quién permite que se hagan esas escuchas? (27/8/2009)

AUDIO - Cadena Ser - 27-08-2009

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha eludido pronunciarse sobre la denuncia de escuchas ilegales al PP realizada por los máximos dirigentes del partido -

Aguirre se ha sumado a la teoría de la persecución que sufren los populares y ha asegurado que "todos los días aparecen en los medios de comunicación las escuchas que se hacen siempre a miembros del PP o a personas relacionadas con el PP", escuchas que, a su juicio, son de una legalidad dudosa. La presidenta madrileña ha respaldado así las acusaciones sobre el supuesto espionaje al Partido Popular ordenado por el Gobierno, posición que contrasta con la actitud adoptada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, que ayer quiso poner distancia y eludió responder una pregunta directa al respecto.

La dirigente popular ha recordado las visitas que los ministros del Gobierno realizaron a municipios madrileños para comprobar el estado de las obras del plan E. "En esos actos se ha excluido a la Comunidad de Madrid. No sólo se excluye a la Comunidad de Madrid, sino que se invita al secretario general del PSM, Tomás Gómez", ha señalado Aguirre. "Es insólito es un desprecio a la Comunidad de Madrid". La presidenta olvidó decir que las obras que visitaron los ministros las realizan los ayuntamientos con el Fondo Estatal de Inversión Local aprobado por el Gobierno nacional.

La presidenta regional ha criticado que "el Gobierno le haya dado una televisión de pago a sus amigos". Y ha cargado contra la ayuda de los 420 euros a los parados a los que se les ha acabado la prestación. "Es una maniobra para maquillar los datos del desempleo. Zapatero evita realizar reformas para no convertirnos en los campeones mundiales del paro que es lo que somos", ha señalado. "Es una utilización política del dinero público para despilfarrar en sus intereses políticos", indicó durante una rueda de prensa

Por otra parte, Esperanza Aguirre evito concretar si abrirá una nueva investigación sobre el supuesto espionaje político en Madrid tras conocerse que tres de los imputados han implicado a otros tres colaboradores de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior. "Se ha demostrado que todo el personal de la Comunidad de Madrid encargado de realizar labores de avanzada y seguridad lo han realizado correctamente, pero si alguien ha hecho algo incorrecto somos los primeros interesados en saberlo", concluyó.

www.elpais.es 27.08.09

GONZÁLEZ PONS DESCALIFICA A LA POLICÍA Y A LA FISCALÍA

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, dio ayer un paso más en el argumentario elaborado por la dirección nacional de su partido para acusar al Gobierno de acosar a los populares. "Habrá que replantearse seriamente reprofesionalizar la Fiscalía", aseguró González Pons en Valencia. "Si te dedicas a la política y eres del PP tienes más posibilidades de tener problemas con la Policía y con la Fiscalía", insistió.

El dirigente popular acusó a la Fiscalía de actuar por criterios políticos y aseguró que en otras circunstancias ésta habría abierto una investigación en casos como el de la caja de ahorros de Castilla La Mancha; la ayuda otorgada por la Junta de Andalucía a la multinacional minera donde trabaja una hija de Manuel Chaves o por la dimisión del anterior director del CNI. "Si no lo ha hecho es por razones políticas", sentenció el responsable de Comunicación del PP.

González Pons, que eludió aclarar qué pruebas tiene su partido para acusar al Gobierno de auspiciar supuestas escuchas ilegales a dirigentes populares, no quiso valorar la advertencia socialista de que el PP podría estar incurriendo en un delito de calumnias. "La oposición no sólo tiene que ser libre, tiene que sentirse libre. Me da la sensación de que cuando la oposición no se siente libre algo ocurre en este país", prosiguió. Y añadió: "Cuando la oposición denuncia que no se siente libre y el Gobierno, en lugar de preocuparse, se siente aludido y ataca a la oposición da la sensación de que las convicciones democráticas se han agotado".

El secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando instó a González Pons a "limpiar el PP de corruptos".

http://www.elpais.com/articulo/espana/Gonzalez/Pons/descalifica/Policia/Fiscalia/elpepinac/20090822elpepinac_5/Tes/

EL PSOE ADVIERTE A RAJOY QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO DE CALUMNIAS

Un argumentario interno cita expresamente el artículo 205 del Código Penal

El PSOE se prepara para hacer frente a la ofensiva del PP sobre la supuesta existencia de escuchas ilegales a dirigentes populares ordenadas por el Gobierno. Para eso, la dirección socialista ha distribuido un argumentario entre los miembros de la Ejecutiva en el que se acusa directamente a Mariano Rajoy de cometer un delito de calumnias.

El texto del PSOE cita expresamente el artículo 205 del Código Penal, que asegura que "es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". Y añade: "Eso es exactamente lo que el PP está haciendo durante este verano". Obviamente, los socialistas no tienen ninguna intención de llevar a Rajoy a los tribunales, como tampoco la dirección del PP prevé denunciar ante la justicia las supuestas escuchas ilegales.

La tesis del argumentario es la de equiparar las denuncias sin pruebas del PP con su estrategia sobre el 11-M en la anterior legislatura. En este caso, aseguran los socialistas, se trata de tapar sus responsabilidades en casos de corrupción, especialmente el caso Correa. "Para tapar un escándalo, fabricar un escándalo mayor. Ésta es la estrategia del PP: consiste en calumniar a otros para tapar las propias vergüenzas", sostiene el PSOE.

El paralelismo con el PP de la anterior legislatura lo argumentan asegurando que "lo que están haciendo ahora es la repetición de lo que hicieron con la famosa teoría de la conspiración del 11-M". "Entonces intentaron justificar el engaño masivo de la ciudadanía tras el 11-M, ahora ha sido el caso Gürtel y similares: grandes escándalos que afectan al PP y a sus dirigentes. Entonces se trataba de camuflar a toda costa la gran mentira del 11-M. Ahora se trata de camuflar a toda costa una trama corrupta dedicada a conseguir contratos millonarios de los gobiernos del PP a cambio de regalos y recompensas".

El objetivo del PP, según los socialistas, es "consolidar un espacio de impunidad política y jurídica para sí mismo y sus dirigentes. Lo que el PP está diciendo a los jueces, a los fiscales, a la policía, a los medios informativos es que dejen de hacer su trabajo. Es un plan de disuasión basado en la difamación, la calumnia y en la amenaza".

El primer dirigente socialista en interpretar este guión ha sido el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, quien se refirió ayer en la Cadena SER a la "campaña de engaño masivo" que ha emprendido el PP denunciando una "cruzada" contra sus dirigentes y alertó de que su objetivo es intentar "camuflar un gran escándalo que salpica" a su partido.

Blanco aseguró que esta campaña le recuerda a la emprendida tras los atentados del 11-M y señaló que en ambos casos los populares "carecen de pruebas".

"Plan de disuasión"

"Lo que el PP está haciendo y diciendo a jueces, fiscales y policías es lo que tantas veces hemos oído en las películas: 'yo que tú no lo haría, forastero'. Pretende un plan de disuasión basado en la difamación y la amenaza, pretende buscar la inmunidad a través de este plan", afirmó el número dos de los socialistas.

Por su parte, fuentes del PP aseguraron ayer que trabajan en la recopilación de datos para elaborar un informe que será remitido en breve al Parlamento Europeo. El informe incluye lo que el PP considera como actuaciones que prueban la persecución a su partido por parte de la fiscalía y el Gobierno. El informe será entregado a todos los parlamentarios europeos y está por decidir si promoverán algún tipo de actuación o resolución de la Eurocámara coincidiendo con el inicio de la presidencia española de la UE el próximo 1 de enero.

http://www.elpais.com/articulo/espana/PSOE/advierte/Rajoy/cometiendo/delito/calumnias/elpepinac/20090821elpepinac_7/Tes/

EL PP CREE NECESARIO "REPROFESIONALIZAR" LA FISCALÍA PARA QUE LA OPOSICIÓN SE SIENTA LIBRE

El PSOE pide a los populares que miren lo que sucede en "Génova" y en "el despacho del tesorero del PP" antes de atacar a otros partidos

El PP ha vuelto este viernes a la carga en su estrategia de denunciar la persecución a la que se encuentra sometido su partido por parte del Gobierno. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que cuando la oposición política "no se siente libre, algo grave ocurre en ese país", para lo cual considera necesario "reprofesionalizar la Fiscalía" General del Estado. González Pons ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa al ser preguntado por las escuchas ilegales que denuncia su partido, y ha afirmado que en estos momentos ser político y del PP supone tener "muchas más posibilidades de tener problemas con la Policía y la fiscalía" que si se es del PSOE.

"Eso desgraciadamente es así, y habrá que plantearse seriamente reprofesionalizar la fiscalía", ha manifestado el portavoz popular, quien ha indicado que la oposición "no solo tiene que ser libre", sino que también "tiene que sentirse libre" para que "no se autocensure". "Si Caja Castilla-La Mancha hubiera estado en una comunidad gobernada por el PP, si Chaves cuando dio la subvención de diez millones a la empresa de su hija hubiera sido presidente de una comunidad del PP, o si el director del CNI hubiera sido un alto cargo del Gobierno de Aznar, ¿alguien en España tiene alguna duda de que la Fiscalía habría abierto una investigación?", se ha preguntado.

Según González Pons, cuando la oposición "denuncia que no se siente libre" y el Gobierno "en lugar de preocuparse", se dedica a "atacar a la oposición", da la sensación de que las convicciones democráticas de ese Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, "agotaron su reserva y están en número rojos".

Frente a la acusación de los populares de que el Gobierno instrumentaliza a la fiscalía para atacar al PP, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando ha pedido a González Pons que "en vez de mirar a otros partidos, debería mirar a la calle Génova, en el despacho del tesorero del PP y revisar todos los cajones y todas las cajas".

http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/cree/necesario/reprofesionalizar/fiscalia/oposicion/sienta/libre/elpepinac/20090821elpepunac_11/Tes

RAJOY RESCATA EL PASADO PARA DENUNCIAR LAS ESCUCHAS Y ZAPATERO LE PIDE RESPETO

Ningún grupo apoya en el Congreso las peticiones de comparecencias del PP

Mariano Rajoy se puso ayer al frente de las denuncias de escuchas ilegales a su partido para encabezar la ofensiva contra el Gobierno y, además, anunció que centrará en este asunto su actuación como líder de la oposición.

El líder popular cita como prueba contra el Gobierno hechos de 1985 y 1995

Así, el líder del PP anunció en una entrevista a Europa Press que su primera pregunta en el Congreso en septiembre al presidente del Gobierno se referirá a lo que él llama "persecución" contra su partido. Ni crisis económica ni paro.

A falta de pruebas o datos, Rajoy utilizó como referencia lo que ocurrió en 1985, cuando un juez investigó al Gobierno de Felipe González por espionaje a partidos, y en 1995, cuando dimitió el entonces vicepresidente Narcís Serra por escuchas ilegales a diversas personalidades, incluido el Rey.

No mencionó que ambos sumarios se abrieron por pruebas documentales de las que ahora él carece. En un caso fue la constatación de que dirigentes socialistas manejaban discursos de la oposición antes de pronunciarse, y en el otro fue la aparición de un listado de grabaciones de los servicios secretos.

Con esos antecedentes, Rajoy asegura que "no hay por qué rasgarse las vestiduras" por las denuncias del PP.

Al líder de la oposición le respondió ayer mismo desde Lanzarote el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apelando a la "responsabilidad, y la prudencia" del PP. "Deben tener prudencia porque las posiciones extremistas casi nunca conducen a nada. Y respetar el Estado de derecho y las instituciones, que afortunadamente en España funcionan bien".

El PP formalizó su petición para que la Diputación Permanente del Congreso debata la próxima semana la comparecencia de la vicepresidenta primera, el ministro del Interior y el fiscal general del Estado para que "expliquen las directrices que se han dado desde el Gobierno a la Fiscalía y a otras instituciones del Estado para la persecución de militantes y dirigentes del PP" y la "constante utilización partidista y sectaria de la policía" contra sus militantes.

El dirigente socialista Antonio Hernando ha contactado con los demás portavoces y ninguno se ha mostrado dispuesto a apoyar las peticiones del PP. Es decir, los populares se quedarán solos en su denuncia y sus peticiones.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Rajoy/rescata/pasado/denunciar/escuchas/Zapatero/le/pide/respeto/elpepinac/20090820elpepinac_6/Tes/

EL INSTRUCTOR DEL SUPREMO PRORROGA HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE EL SECRETO DEL 'CASO GÜRTEL'

El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, ha prorrogado el secreto de las actuaciones por un mes, hasta el 17 de septiembre, según un auto conocido ayer. El Supremo ha solicitado autorización para proceder contra el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas (que se apartó temporalmente del cargo), y contra el diputado Jesús Merino, para poder imputarles delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.

El instructor del Supremo justifica la prórroga del secreto en la subsistencia de las razones que lo motivaron, entre las que cita "las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando".

El magistrado menciona también la situación en que se encuentra el procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está en el origen de la causa especial que sigue el Supremo y que también está declarado secreto.

El auto del instructor añade que es necesario "continuar manteniendo el secreto total de las actuaciones, también para las partes", y a excepción del Ministerio Fiscal.

Monterde explica que la prórroga del secreto de las actuaciones no está prevista como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que esa laguna legal no impide al juez de instrucción proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario si el plazo ha resultado insuficiente.

Sin embargo, esa misma sentencia del Constitucional también considera "inaceptable" que la prórroga del plazo máximo del secreto sumarial "ocasione, por sí sola y sin más condicionamiento, un resultado de indefensión".

Fuentes del alto tribunal han señalado que ese problema puede darse en hipótesis si las respectivas Cámaras atienden el suplicatorio cursado por el Supremo sobre una causa bajo "secreto total", incluso para Bárcenas y Merino y sus defensores.

Los diputados y senadores de las respectivas comisiones que tienen que estudiar los suplicatorios conocerían documentos de una causa secreta que en principio no conocen ni los propios "imputados provisionales".

http://www.elpais.com/articulo/espana/instructor/Supremo/prorroga/septiembre/secreto/caso/Gurtel/elpepinac/20090820elpepinac_5/Tes/

EL PP DECIDE SEGUIR DENUNCIANDO ESCUCHAS AUNQUE CAREZCA DE PRUEBAS

El comité de dirección avala a la 'número dos' y pide al Gobierno que investigue

Sin marcha atrás, sin ni siquiera pisar el freno y sin temor a estrellarse. El PP huye hacia adelante y no se apea de la denuncia de persecución política, incluida la denuncia de escuchas ilegales del Gobierno a sus dirigentes, aunque admita que carece de pruebas. Diez días después de que su secretaria general, María Dolores de Cospedal, imputara al Ejecutivo el delito, el comité de dirección del PP acordó ayer seguir adelante con la estrategia. El órgano, que incluye a los principales dirigentes del partido, trató expresamente de las supuestas escuchas, y hubo unanimidad en proseguir con la denuncia pública y política, aunque no haya pruebas para ir a los tribunales.

Cospedal: "Todo lo que tenía que decir lo he dicho y me reafirmo"
Los populares instan a buscar las pruebas del delito en los artículos de prensa

El propio Mariano Rajoy intervino ayer para respaldar esa estrategia iniciada por su secretaria general. Los dirigentes populares acordaron insistir en la estrategia defensiva de denunciar una supuesta persecución y doble vara de medir de la Fiscalía y la policía con los casos de corrupción que afectan a su partido.

El catálogo tratado en el comité de dirección para sustentar esa estrategia incluye el seguir insistiendo en que se han publicado conversaciones del caso Correa o Gürtel que aseguran que no figuran en el sumario; la filtración de detalles de las investigaciones y el supuesto tratato a detenidos del PP por casos de corrupción en Baleares y Canarias. En ese catálogo incluirán ahora el de la acusación genérica de escuchas, una vez que Cospedal hizo la denuncia pública.

Sobre las escuchas se habló poco en la reunión de ayer, según varios asistentes. En la reunión admitieron que carecen de pruebas para concretar su denuncia, más allá de confidencias que aseguran haber recibido desde la policía y la fiscalía. Utilizarán otros indicios paralelos que no se refieren a escuchas a dirigentes del PP, que fue lo que denunció Cospedal. Por ejemplo, que dos conversaciones publicadas no están en el sumario del caso Gürtel en Valencia, según les explicó ayer Esteban González Pons.

Se habló lo suficiente del asunto para decidir que seguirán adelante, según acordaron sin que nadie objetara esa estrategia, ni en el comité de dirección ni en la larga comida posterior. Cospedal admitió de forma implícita en rueda de prensa la imposibilidad de aportar dato alguno que sustente su acusación. "Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho y me reafirmo". Después de siete preguntas, no se movió de ahí en su primera comparecencia tras haber acusado desde Marbella al Gobierno de hacer escuchas ilegales a sus dirigentes.

Y si hace diez días imputó al Gobierno un delito, ayer, sin aportar ningún dato y ni siquiera dar el nombre de los supuestamente espiados, la número dos del PP exigió al Ejecutivo que lo investigue e instó a buscar las pruebas en lo publicado en la prensa. Mantuvo la imputación del delito genérico, pero de ahí no se movió. "Hay muchas conversaciones que se han publicado en los medios de comunicación y, con echarles un vistazo, sería suficiente", dijo.

La estrategia del PP llegará la próxima semana a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde el PP forzará un debate para pedir la comparecencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ministro del Interior y el fiscal general del Estado. El PSOE cuenta con apoyos de sobra para rechazar las peticiones de comparecencia, pero el PP habrá conseguido el ruido de la bronca en el órgano que sustituye al Pleno. Se debatirá de la presunta persecución y no del fondo del caso Correa.

La dirección del PP sigue teniendo sobre la mesa la posibilidad de llevar esa supuesta persecución a las instituciones europeas, coincidiendo con la Presidencia española de la UE que se inicia el 1 de enero. Ayer no se trató expresamente en la reunión de la cúpula del PP, pero destacados dirigentes son partidarios de forzar una resolución del Parlamento Europeo. La propia Cospedal insistió ayer en la rueda de prensa en que mantienen esta opción de acudir a la Eurocámara.

Las siete evasivas de Cospedal

La número dos del PP respondió ayer con evasivas a siete preguntas sobre las supuestas escuchas:

- "Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho y me reafirmo".

- "En cualquier país democrático, si la oposición dice que se siente observada y se le está espiando, lo que se hace por parte del Gobierno es abrir una investigación".

- "Hay muchas conversaciones que se han publicado en los medios de comunicación y, con echarles un vistazo, sería suficiente".

- "En los ocho años que gobernó el PP, nunca en España se produjo este intento de corrupción de las instituciones democráticas".

- "Los jueces son los que tienen que investigar. Vamos a llegar hasta el final".

- "Que el Gobierno respete las instituciones, que siempre quede a salvo el principio de independencia judicial y que la Fiscalía funcione en beneficio de todos los ciudadanos".

- "Cualquier actuación que no sea ésa tenemos la obligación de denunciarla tanto si va en contra de nuestro partido como en contra de cualquier otro ciudadano".

http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/decide/seguir/denunciando/escuchas/carezca/pruebas/elpepinac/20090819elpepinac_2/Tes/

DE COSPEDAL INSISTE EN ACUSAR AL PSOE DE ESCUCHAS ILEGALES, PERO SIGUE SIN APORTAR PRUEBAS

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reafirmó esta semana en sus acusaciones contra el Gobierno y el PSOE, a quienes acusa de haber intervenido de manera ilegal conversaciones de miembros de su partido. Igual que hiciera ayer la número tres del partido, Ana Mato, De Cospedal no aportó ninguna prueba de esas supuestas escuchas, ni tampoco dio nombres de los supuestos afectados. Insistió, eso sí, en apuntar que existe una campaña de acoso contra los populares.

Ya lo dijo hace unas semanas y lo ha vuelto a repetir este mediodía: María Dolores de Cospedal insiste en acusar al PSOE de hacer escuchas ilegales contra miembros del PP pero, como siempre, sin dar nombres de los afectados y sin aportar pruebas de tan grave acusación. Ante la petición de los periodistas, una vez más, de dichas pruebas, la secretaria general del partido de Mariano Rajoy se limitó a señalar que “hay muchas conversaciones publicadas en medios de comunicación, basta con echarles un vistazo”.

El Gobierno debería investigar

Lejos de suavizar este discurso, que ayer también repitió Ana Mato quedando en evidencia ante la prensa, De Cospedal aseguró que “lo que debería haber hecho el Gobierno es abrir una investigación y no insultar y ponerse a la defensiva”.

"Lo que teníamos que decir, ya lo hemos dicho"

Ante la insistencia de los periodistas para arrancarle algún tipo de prueba sobre sus duras acusaciones, la número dos de los populares se limitó a comentar: “Lo que teníamos que decir, ya lo hemos dicho, vamos a seguir hablando de este tema en el Parlamento”.

"Corrupción de las instituciones democráticas"

Además, De Cospedal subrayó que "la única prueba evidente" de presión a la Justicia es por parte del Gobierno y destacó que “en los ocho años que gobernó el PP nunca en España se produjo este intento de corrupción de las instituciones democráticas". Según denunció, “en cualquier país democrático si la oposición dice que se siente observada y se le está espiando lo que se hace por parte del Gobierno es abrir una investigación y no insultar a la oposición".

Investigaciones judiciales

Sobre si el PP piensa presentar más denuncias judiciales o piensa revelar al Gobierno los nombres de quienes supuestamente habrían sido espiados para que se inicie una investigación, la dirigente se limitó a señalar que las denuncias “ya están presentadas” ante los tribunales y que “los jueces son los que tiene que investigar” este asunto.

www.elplural.com 18.08.09

EL PP AMENAZA CON ENTURBIAR LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

Mato insiste, sin pruebas, en que los populares están sometidos a escuchas ilegales

El PP insiste: el Gobierno de Zapatero utiliza todos los instrumentos del Estado para llevar a cabo una "cruzada de persecución" contra ellos, que incluye las escuchas ilegales a dirigentes populares, una acusación de la que este partido sigue sin aportar pruebas que sustenten una denuncia ante los tribunales. Los populares continúan con su estrategia para intentar convertir la investigación de la trama corrupta vinculada a su partido con un caso de persecución política. El guión lo ejecutó ayer la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato. Ahora amenazan con llevar esa supuesta persecución, que Mato calificó de "cruzada", a las instituciones europeas y, más concretamente al Parlamento Europeo.

Si el PP lo hiciera finalmente, la tramitación de su denuncia coincidiría con el inicio el 1 de enero de la presidencia española de la UE. Es decir, España presidiría la UE con el Parlamento Europeo indagando si hay una persecución ilegal contra el principal partido de la oposición y si, por tanto, el Gobierno conculca derechos fundamentales.

La amenaza la hizo ayer Ana Mato y hoy el Comité de Dirección del partido, que se reúne presidido por Mariano Rajoy, decidirá si sigue adelante.

Fuentes de la dirección del PP aseguran que se estudia aprovechar la mayoría que los conservadores tienen en la Eurocámara para propiciar una declaración contra el Gobierno español o, en el caso más extremo, una comisión de investigación. Aseguran que hay un precedente de declaración institucional contra un Gobierno de Austria por un acuerdo con la ultraderecha.

Esa denuncia, en todo caso, se referiría a la actuación de la Fiscalía, incluyendo la investigación sobre Francisco Camps y de otros casos como los de Canarias y Baleares que, según el PP, han supuesto persecuciones a miembros de su partido que finalmente han sido sobreseídas. Inicialmente no estaba previsto que se incluyeran las supuestas escuchas ilegales que denunció la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

De hecho, varios dirigentes del PP han asegurado a este periódico que se sorprendieron cuando oyeron a Cospedal hacer una denuncia pública sobre esas supuestas escuchas. En ninguna reunión del partido se tomó la decisión de hacer esa acusación, aunque sí se había hablado de los supuestos pinchazos en comentarios informales entre ellos. Admiten que no disponen de pruebas para presentar ninguna denuncia, más allá de referencias o informaciones que han recibido sobre esas supuestas escuchas desde la Fiscalía o la policía.

Habían decidido explotar la estrategia de la persecución, pero en ningún caso tenían previsto incluir las supuestas escuchas hasta que no las mencionó públicamente su número dos. No obstante, la cúpula del partido mantiene la denuncia pública, aunque ayer Mato, a falta de pruebas, las redujo a una cuestión de fe: "Todo el mundo en España sabe que hay una persecución contra el PP"; "los ciudadanos saben perfectamente que el PP está sufriendo escuchas telefónicas". "No puedo dar nombres", añadió la dirigente del PP, al admitir que tampoco puede aportar pruebas.

Al ser preguntada sobre la información publicada ayer en este periódico sobre los pagos de la trama corrupta por servicios al PP sin facturas, Mato se limitó a criticar las filtraciones y a asegurar que las cuentas del partido han sido revisadas por el Tribunal de Cuentas.

Desde el PSOE, el secretario de Política Municipal, Antonio Hernando, lamentó que el PP insista en su "cruzada contra el Estado", en lugar de iniciar una "cruzada a favor de la honradez, la limpieza y en contra de la presunta corrupción de algunos de sus dirigentes".

www.elpais.es 18.08.09

600.000 EUROS SIN FACTURAS POR SERVICIOS AL PP

La investigación apunta indicios de un nuevo fraude tras analizar la contabilidad de la red encontrada en una caja de seguridad de un banco de Pontevedra

La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a una decena de gobiernos del PP, mantiene una vía abierta sobre una supuesta operación de emisión de facturas falsas por parte de la red empresarial que dirigía Francisco Correa para justificar gastos electorales del partido de Mariano Rajoy que rondan los 600.000 euros.

Hay miles de folios en cajas que aún no ha analizado ningún tribunal

En los registros de las distintas sedes y domicilios particulares de los miembros y empleados de la trama corrupta, la policía encontró algunos indicios de una supuesta facturación irregular por servicios prestados al Partido Popular. El sumario del caso incluye un informe donde se hace referencia al contenido de la caja de seguridad de Pablo Crespo Sabaris, un ex dirigente del PP gallego que se convirtió en el número dos de la trama corrupta liderada por Correa.

Crespo, según la investigación, era la persona que se encargaba de liquidar con las tiendas de ropa Milano y Forever Young las cuentas correspondientes a los trajes regalados a dirigentes del PP valenciano.

En la caja de seguridad número 5, a nombre de Crespo, ubicada en una sucursal bancaria de Pontevedra, figuraba documentación sobre la facturación de la trama corrupta con el PP entre los años 1996 y 1999, cuando se encargaban casi en exclusiva de los actos electorales del partido que entonces presidía José María Aznar.

El importe de lo facturado en ese periodo, según la documentación incautada en la caja de seguridad, ascendía a 1.027 millones de pesetas (más de seis millones de euros).

En otros dos documentos localizados dentro de la misma caja de seguridad se hacía el siguiente reparto de esos ingresos:

- "Hoja número 1: resumen en B por importe de 536 millones de pesetas".

- "Hoja número 2: Relación de entregas con recibo en B de 439 millones de pesetas".

- "Hoja número 3: recibos".

- "Hoja número 4: relación de entregas sin recibo".

La investigación interpreta que estos documentos "hacen referencia a partidas de gastos del PP entre abril de 1996 y septiembre de 1999". Del análisis de la documentación se desprende que, de la primera cantidad de 536 millones de pesetas, la trama corrupta registró "entregas con recibo" por valor de 439 millones mientras que no consta recibo en otros 97 millones de pesetas, es decir, los casi 600.000 euros citados. La trama apuntó que, de esa cantidad sin justificar, se intentaba localizar los justificantes de tres empresas:

"A-UNO ASOCIADOS por 20 millones de pesetas. FCS 4 por 21 millones de pesetas y SPECIAL EVENTS por 19 millones de pesetas, mediante seis recibos que sumarían 60 millones".

"Con el fin de concretar la posible emisión de facturas falsas por dichas sociedades", señalan los documentos de la investigación, "habría que analizar la documentación recogida en los registros practicados por si entre la misma se encuentran dichas facturas". Hay miles de folios almacenados en cajas que aún no han sido analizados por ninguno de los tribunales que investigan la trama corrupta.

La trama llevaba una contabilidad detallada de todos los movimientos de su caja B, con anotaciones en clave. Esta hoja, incorporada al sumario, fue hallada en la caja de seguridad de Pontevedra e incluye el detalle de los pagos e ingresos del entramado empresarial que dirigía Correa.

www.elpais.es 17.08.09

LAS ENTRAÑAS DE LA 'CAJA B' DE CORREA

El contable de las empresas que dirigía Francisco Correa intentaba registrar todas las entradas y salidas de dinero que se producían en la red corrupta. Había una caja B que recogía la entrada de fondos por aportaciones de las distintas empresas de la trama y la salida de efectivo para cuestiones personales (como entregas de dinero a familiares de los directivos o a los propios directivos) o para el pago de sobornos a políticos que, a su vez, tenían suficiente autoridad para adjudicarles contratos de las administraciones públicas donde mandaban.

En la hoja que se reproduce en esta página figura la historia de un año de movimientos en esa caja B donde, por un lado, se recogen los ingresos de fondos por parte de empresas de la trama (entra disasi significa una aportación de Diseño Asimétrico; entra easy se refiere a la empresa Easy Concept, que hacía la mayoría de los actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre... y así sucesivamente).

En la salida de fondos, el contable registraba quién pagaba y a quién, todo con iniciales:

- IJG ALV. En la contabilidad de la caja B, IJG es Isabel Jordan, la jefa de Easy Concept, empresa que durante años se encargó de montar los actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, era el contacto que la trama corrupta tenía para conseguir todos los contratos de la Comunidad de Madrid. En la caja B aparece bajo las siglas ALV recibiendo grandes cantidades de dinero, en pago supuestamente a sus favores. Tanto Isabel Jordan como el contable de Correa han admitido ante el juez que ALV es Alberto López Viejo.

- PCS a Boch. Francisco Correa era PCS en las siglas que el contable apuntaba en la caja B cada vez que el jefe de la trama ordenaba pagar a alguien un dinero. Boch es en realidad Alfonso Bosch, diputado autonómico del PP en Madrid.

- Orden ijtmm pp. Isabel Jordan, según este apunte, pagaba dinero a Tomás Martín Morales, dirigente del PP en Boadilla del Monte.

www.elpais.es 17.08.09

LA VIEJA Y FLEXIBLE CONSPIRACIÓN DEL PP

La acusación genérica a los poderes del Estado comenzó al día siguiente de la detención de Correa y evolucionó hasta culminar en las escuchas de Cospedal

Esta todo ahí, en ese vídeo. Mariano Rajoy, en la sede del PP, rodeado por los máximos dirigentes de su partido, el 11 de febrero de 2009, se coloca frente a un atril y dice: "Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el PP". Rajoy se centra en las informaciones periodísticas y describe una trama en la que están el fiscal general del Estado, el juez Baltasar Garzón y el Gobierno. Pide la comparecencia del fiscal general en el Congreso para que explique "el diferente trato que la Fiscalía da a los partidos políticos". "Nunca en España, ni con Suárez, ni con Calvo-Sotelo, ni con González, ni con Aznar, se había hecho un uso tan partidista de la fiscalía como hasta ahora". Exactamente igual lo dijo Arenas este jueves, seis meses después. "El 100% de los casos afectan al PP. Nunca afectan al PSOE". Rajoy también lanza la idea de que lo que está ocurriendo es propio de dictaduras: "Creíamos que estas cosas estaban superadas hace tiempo". Como ahora.

A los populares les consta que gente de su partido tiene el teléfono pinchado

Acusan al Gobierno de utilizar jueces, fiscales y policías para acosarles

Los dirigentes del PP que llevan dos semanas de agosto denunciando un supuesto acoso de las instituciones contra su partido no se basan en ninguna actuación judicial, policial o política de los últimos seis meses. Todo lo dijo ya Rajoy ese 11 de febrero cuando sólo habían pasado cinco días de la detención de Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta que logró decenas de millones de euros en adjudicaciones de Gobiernos del PP. No se podía sospechar todo lo conocido después. Sin embargo, la conspiración, la acusación genérica a todos los poderes del Estado, estuvo ahí desde el minuto uno. Aunque se ha adaptado a las circunstancias.

- Estalla el escándalo. En el primer fin de semana, los periódicos publican información a mansalva sobre Correa y sus negocios, incluidas las grabaciones en las que salen mencionados muchos dirigentes del PP. Ese mismo sábado, Esteban González Pons marca el tono de la estrategia a seguir: dice que el Gobierno utiliza la fiscalía y la policía "en una estrategia de eliminación del PP".

El domingo, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal hace público el argumento completo: "No vamos a consentir que se nos implique en ninguna campaña de financiación ilegal o de corrupción porque el PP no reconoce absolutamente como partido ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo en diversos medios. Esto es una operación de acoso y derribo contra el PP. El PSOE, que no nos puede dar lecciones porque es el partido de los GAL y de Filesa, está utilizando de forma escandalosa al Ministerio del Interior, la fiscalía y otros poderes del Estado en beneficio propio".

Para entonces sólo había dos cargos del PP imputados. Dos alcaldes, que dimitieron. A pesar de que el PP está en supuesta "indefensión absoluta" porque no conoce el sumario, la presidenta de la Comunidad de Madrid cesa fulminantemente a un consejero muy cercano a ella sólo tres días después de la detención de Correa. Nadie seguirá su ejemplo.

- Denuncia contra Garzón. El 12 de marzo, el PP presenta su segunda denuncia contra Garzón ante el Poder Judicial. En ella relata una misteriosa llamada de teléfono de un policía a Camps, el 5 de marzo, el día en que Garzón se inhibió en favor del Tribunal Superior de Valencia. El policía le comunica este hecho al presidente. El escrito da muchos detalles de la llamada y lo califica de "maniobra irregular del juez". El Consejo General del Poder Judicial archiva la denuncia.

- Una decena de imputados. Han pasado seis meses y el sumario ya no es uno, sino tres. Garzón ya no se ocupa del caso, y tres fiscales, tres jueces y una sala del Supremo han visto material suficiente para seguir adelante con la "trama contra el PP". Han sido imputados cuatro cargos del PP valenciano, incluido el presidente (el caso está archivado y recurrido al Supremo). Han sido imputados tres diputados autonómicos del PP de Madrid, un diputado nacional y un senador y tesorero nacional del partido, que dimitió.

- Las grabaciones. Con este panorama se llega a la segunda parte de la conspiración. El 19 de julio, EL PAÍS publica una grabación en la que El Bigotes, líder de la trama en Valencia, afirma que hace regalos a Rita Barberá. Él mismo dice que la alcaldesa de Valencia no le da nada a cambio. El PP monta en cólera. Considera que la conversación no tiene ninguna relevancia penal y que se ha utilizado exclusivamente dentro de una campaña de filtraciones para "tratar de aniquilar" al partido. Al día siguiente, igual que seis meses antes, Cospedal carga de nuevo contra el Gobierno, la fiscalía y la policía. Elude contestar sobre la corrupción. Las declaraciones de dirigentes del PP poniendo el grito en el cielo por las filtraciones y apuntando a la policía se suceden hasta el punto de que, el día 21, Cospedal se tiene que reunir con los sindicatos policiales, que se sienten atacados. Cospedal les tranquiliza e indica que su acción política va contra la fiscalía y los ministros de Justicia y de Interior, como responsables de los órganos del Estado con acceso al sumario. Igual que en febrero, anuncia que pedirá su comparecencia para que se expliquen. Les comunica también que van a presentar una denuncia.

Esa denuncia llega el 24 de julio. La presenta Federico Trillo, que repite frases que colean desde febrero, como la persecución al PP o una referencia a la dictadura. La denuncia es por un "delito continuado de revelación de secretos", una "revelación de actuaciones secretas" y "una interceptación ilegal de las comunicaciones". De las filtraciones ya no puede acusar a Garzón, pero en vez de acusar a los jueces de Madrid, de Valencia o del Supremo, señala expresamente como sospechosos a todos los policías que hayan participado en la investigación. Cospedal queda en evidencia ante los sindicatos policiales.

- De la prevaricación de Garzón al espionaje del Gobierno. La denuncia, además, recupera un dato antiguo para sostener las supuestas escuchas ilegales. La conversación de un policía con Camps el 5 de marzo ya no es una chapuza del juez Garzón atribuible a sus prisas sino una prueba de que el presidente valenciano está siendo grabado ilegalmente por la Policía Judicial. En la denuncia no se dice nada parecido. En su encuentro con la prensa ese día, Trillo alardea de haber escuchado esa conversación, aunque se niega a decir que esté grabada. Eso lo dice Trillo después.

- El recurso de la fiscalía. El lunes 3 de agosto, el Tribunal Superior de Valencia archiva la causa contra Camps. Ese día, la vicepresidenta anuncia sorpresivamente que la fiscalía recurrirá al Supremo. Cospedal se agarra a este nuevo dato para relanzar la conspiración a un nivel superior. El martes, en un comunicado en vídeo, acusa al Gobierno de utilizar a la fiscalía para perseguir al PP más que a ETA. Dos días despúes, en una entrevista desde la playa, acusa al Gobierno de utilizar a jueces, fiscales, policías y servicios secretos (esto es nuevo) para acosar al PP. Y añade que le consta que dirigentes de ese partido tiene pinchados los teléfonos.

Ese día, el desconcierto en el PP es palpable. Los días posteriores, la poca gente del partido que atiende a los medios sólo sabe decir que "algo saldrá" y que si Cospedal lo ha dicho es porque "algo hay". Queda claro que sólo ella sabe a qué se refiere. El 11 de agosto, Trillo reitera lo que ha dicho en días anteriores en algunas entrevistas: tiene una grabación de la llamada de Camps. Pero no aclara por qué en la denuncia del día 24 ni siquiera se dice que esa conversación está grabada. Rajoy avala la acusación, pero se niega a hablar de ella en detalle. Otros dirigentes van añadiendo elementos estilo 11-M a la historia: "Que se investigue", "que se demuestre que no es así". Todavía no han dicho "queremos saber".

www.elpais.es 16.08.09

"ZAPATERO ES LA PERSONA MÁS DICTATORIAL DEL MUNDO"

El Partido Popular sigue escalando en su particular estrategia de crispación. La última en subirse al carro ha sido Ana Mato: “Zapatero es la persona más dictatorial del mundo”. La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP se sitúa así al nivel de su compañero Javier Arenas, mostrando su afinidad, después de que el andaluz asegurase que "solamente en las dictaduras, en los regímenes no democráticos se persigue a la oposición con policías y fiscales". Mato ha concedido una entrevista a Europa Press en la que ha confirmado que su partido está manteniendo contactos con otros grupos y cargo contra el PSC por acusarles de estar manteniendo reuniones secretas con CiU.

El más dictatorial

“Zapatero ha pasado de ser la persona del talante a convertirse en la persona más dictatorial del mundo”. Ni más ni menos, así se ha referido al presidente del Gobierno, Ana Mato, la número tres oficial del Partido Popular, que ha también ha querido sumarse a la campaña de acusaciones sin prueba y comparaciones con dictaduras en la que se ha sumido el principal partido de la oposición para huir hacia adelante del caso Gürtel.

Lo habitual

Mato ha puesto como ejemplo de su idea las acusaciones que esta semana se hicieron desde el PSC acerca de reuniones secretas entre dirigentes de CiU y del PP. La popular ha confirmado que están teniendo “contactos” con diferentes partidos pero, según ella, es algo que se enmarca en la normalidad de las relaciones parlamentarias. "Son encuentros habituales en democracia, pero algunos se creen que la democracia sólo funciona cuando estás en el Gobierno y para los que están en el Gobierno", explicó.

“Una carga pesada”

Además, según Mato, estos contratos son aún más normales si se tiene en cuenta que "muchos grupos parlamentarios saben que la situación económica está mal" y "ya no confían en Zapatero". Incluso quienes han apoyado normalmente al Gobierno "saben que es una carga pesada llevar a Zapatero detrás y por tanto le están dando la espalda", según la popular.

Poder absoluto

A su juicio, Zapatero "utiliza todo con fines partidistas y tiene que darse cuenta de que es el presidente del Gobierno de todos los españoles, no solamente de su partido". "Por tanto -subrayó-, como presidente de su partido puede tener los contactos que quiera para que su partido vaya bien, pero como presidente del Gobierno tiene que tener contactos para que España vaya bien". Para la ex eurodiputada, Zapatero "confunde lo propio con lo de todos" y ahora "se ha apropiado del poder y parece que tiene un poder absoluto sobre todo".

www.elplural.com 15.08.09

VALCÁRCEL ACUSA AL GOBIERNO DE USAR A PERIODISTAS COMO "FRANCOTIRADORES" CONTRA EL PP

El presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, acusó ayer al Gobierno de querer "manipular a la Justicia" y afirmó que la "persecución al PP" llevó en su día en la región de Murcia a "tomar literalmente un pueblo", en referencia a los municipios de Totana, Librilla y Torre Pacheco. Sin citar al Ejecutivo pero con alusiones implícitas, Valcárcel arremetió contra la "parafernalia mediática" que acompaña a las detenciones de cargos del PP, y añadió que en Murcia esos arrestos se produjeron con la presencia, "como si fueran francotiradores", de medios de comunicación "avisados la noche antes".

El presidente se refería a las detenciones que llevaron a cabo Guardia Civil y Policía Nacional en Totana, Librilla y Torre Pacheco, donde fueron arrestados y encarcelados sus respectivos alcaldes y algunos ediles por su presunta implicación en casos de corrupción urbanística.

"Luego todo ha quedado en libertad sin cargos, en libertad con pequeños carguitos y sin fianza alguna...", añadió Valcárcel, a pesar de que sobre el alcalde de Totana, José Martínez Andreo -que pasó dos meses en prisión-, sobre el ex alcalde y diputado autonómico Juan Morales y sobre otros 10 imputados pesan delitos como malversación, prevaricación, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, infidelidad en custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

El alcalde de Librilla, José Martínez García, y su edil de Urbanismo, Pedro Martínez, encarcelados más de un mes, están acusados de cohecho, prevaricación y negociación prohibida. "Claro que respeto a la Justicia, yo soy muy respetuoso con ella, pero no con quien quiere manipularla", concluyó Valcárcel.

Zapatero, "dictatorial"

Por otra parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, sostuvo ayer que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado de ser "la persona del talante" a convertirse en "la persona más dictatorial del mundo". Un ejemplo, según Mato, son las acusaciones que esta semana hizo el PSC acerca de supuestas reuniones secretas entre CiU y PP. Confirmó que el PP está teniendo "contactos" con diferentes partidos, pero lo enmarcó en la absoluta normalidad de las relaciones parlamentarias.

"Muchos grupos parlamentarios saben que la situación económica está mal y ya no confían en Zapatero", dijo Mato. Según ella, Zapatero "confunde lo propio con lo de todos" y ahora "se ha apropiado del poder".

www.elpais.es 15.08.09

“ZAPATERO ES RESPONSABLE DE UN COMPLOT DE ESTADO”

El secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el "responsable de un complot de Estado" contra el PP y sus dirigentes. “Más que un complot –ha añadido- es una conspiración utilizando los resortes del Estado”.

En una entrevista a Europa Press, el portavoz popular en las Corts criticó duramente la actuación de la Fiscalía del Estado en el caso Gürtel, en el que el propio Costa ha estado imputado, y en la causa por malversación del Palma Arena. El secretario general del PP valenciano censuró también lo que calificó de "instrucciones" dadas por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que se recurra el sobreseimiento de la instrucción contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos de esa Comunidad.

"Persecución política"

"Vivimos en una época de clara persecución política”, acusó Costa, según él basándose en "hechos empíricos" como las "imágenes de las detenciones en Baleares", donde los imputados en el caso'Palma Aren' fueron esposados en su traslado a los juzgados. "Esto hace que te preguntes si es lo habitual por parte de la Policía", aseveró.

Las "instrucciones" de De la Vega

El número dos del PP valenciano dijo, además, que ver a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "dando instrucciones a Fiscalía sobre lo que tiene que hacer" consigue que "se ponga en tela de juicio la independencia de un organismo del Estado tan importante", por lo que su grupo político en las Corts -afirmó- estudia la posibilidad de pedir su dimisión, a través de una iniciativa parlamentaria.

"El Tribunal ya no decide sobre mí"

Acerca del sobreseimiento de la causa contra la cúpula de la Generalitat en el caso Gürtel, Ricardo Costa subrayó que los jueces "ya han tomado una decisión sobre Camps o sobre mí" y han concluido que "no hay ningún tipo de delito". Ahora –añadió- "el Tribunal Supremo no tiene que decidir sobre mí o sobre el presidente, sino sobre un recurso que va a presentar la Fiscalía y los socialistas valencianos".

"Me guardo las facturas...

Preguntado sobre si ahora se cuida de guardar todas las facturas, Costa señaló que "sólo me guardo aquellas que me puedan servir como garantía. No suelo ser excesivamente escrupuloso con ese tema".

www.elplural.com 15.08.09

“CADA VEZ QUE GOBIERNA EL PSOE HAY PROBLEMAS DE ESCUCHAS TELEFÓNICAS”

Javier Fernández Lasquetty se confiesa admirador de Esperanza Aguirre y de José María Aznar. No en vano, antes fue secretario general de FAES y ahora es consejero de Inmigración de Aguirre. Con estos antecedentes, es de extrañar que haya tardado tanto en sumarse a la campaña de acusaciones del PP contra el Gobierno, pero ya ha acudido al toque a rebato: “Siempre que gobierna el PSOE termina habiendo problemas de escuchas telefónicas".

Lasquetty se ha remontado a los años en los que el vicepresidente del último gobierno socialista de Felipe González, Narcís Serra, tuvo que dimitir tras el escándalo de las escuchas telefónicas del Cesid, en una operación que también le costó el puesto al entonces ministro de Defensa Julián García Vargas.

Cada vez que gobierna el PSOE…

"Yo no sé qué es lo que pasa, pero cada vez que gobierna el PSOE termina habiendo problemas de escuchas telefónicas, porque al final -ha considerado- es lo mismo: Narcís Serra organizó un servicio de escuchas y aquí fue escuchado hasta el Rey de España".

Persecución popular

No podía faltar la acusación contra el Gobierno de perseguir al PP: “Lo que hoy estamos viendo es cómo el gobierno, más allá de escuchas en concreto, está centrando todo su esfuerzo en perseguir a la oposición, contando para ello con todos los resortes y aparatos del estado, en vez de dedicarse a lo que se tendría que dedicar, que es pensar qué es lo que vamos a hacer con los centenares de miles de personas que se van a ir al paro el próximo otoño".

Los esposados

Tampoco ha olvidado Lasquetty criticar las detenciones de sus compañeros de Palma, acusados de corrupción: "Lo que le preocupa es que se vean bien claras las imágenes de un concejal del PP esposado a otro, o que salga bien claro en una portada, cualquier historia que se van inventando".

Campaña contra Granados

Igualmente, cree que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha sufrido una campaña en su contra que, en realidad, pretendía golpear a Esperanza Aguirre, para "atacar la imagen prestigio y solvencia del gobierno regional". Afirma que "nada le hace pensar" que la presidenta de Madrid planee una remodelación de su gobierno, y menos a causa de Granados.

www.elplural.com 13.08.09

ARENAS ACUSA AL GOBIERNO DE PERSEGUIR AL PP COMO EN LAS DICTADURAS

Los populares insisten en hacer a Zapatero responsable del supuesto acoso

Los dirigentes del PP se turnan cada día para mantener vivas sus acusaciones y preparar un otoño parlamentario en el que pretenden llevar la conspiración al Congreso. Ayer fue Javier Arenas, vicesecretario general de Política Autonómica, el encargado de alimentar la conspiración. "Solamente en las dictaduras se persigue a la oposición, a los adversarios, con fiscales y policías. Esta situación no debe continuar". Fue la aportación política del día.

Arenas se preocupó de que sus declaraciones llegaran a todas las redacciones a través de las agencias de noticias y de un vídeo producido por el PP. El dirigente popular ha avalado expresamente las acusaciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que el Gobierno utiliza los medios del Estado para espiar a dirigentes del PP y que tiene sus teléfonos pinchados. La acusación, una de las más graves realizadas en democracia por el principal partido de la oposición, aún no ha sido probada, ni denunciada en un juzgado, ni rectificada.

El discurso de los populares se centra ahora en insistir en una teoría conspirativa y, sobre todo, en intentar que José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno en persona entre en la guerra de declaraciones. "Creo que estamos viviendo en los últimos tiempos un clima político irrespirable cuyo máximo responsable es Zapatero", dijo ayer Arenas. El día anterior lo había intentado Mariano Rajoy también haciendo a Zapatero responsable de una supuesta "inquisición" contra el PP. Arenas añadió, invocando el espíritu de la Transición, que "lo que ocurre no ha sucedió con Suárez, ni con Calvo Sotelo, ni con González ni con Aznar".

La estrategia tiene una traducción parlamentaria que ya ha comenzado y promete un otoño de máxima tensión. En lo que para el PSOE se trata de un ataque en toda regla al Estado de Derecho, el PP pedirá que antes de que termine el mes de agosto la Diputación Permanente del Congreso vote la comparecencia de dos miembros del Gobierno y del Fiscal General del Estado.

El PP recibió ayer el primer apoyo externo a sus gravísimas acusaciones. En un debate en la Cadena SER, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, que Gobierna en coalición con los populares, afirmó: "¿Que si hay escuchas telefónicas ilegales? Sí, yo creo que sí las hay. No he dicho con rotundidad que tenga constancia de esas escuchas, pero han ocurrido muchos caos en España donde a través de escuchas no sé si procedentes o improcedentes se ha imputado a ciudadanos honorables que luego la Justicia ha dejado en libertad sin ningún tipo de cargo y ese daño no ha sido reparado".

www.elpais.es 13.08.09

BLANCO: "LOS DEL PP SE ESPÍAN ENTRE ELLOS Y CREEN QUE TODO EL MUNDO HACE LO MISMO"

se mantenían ayer al acecho de los movimientos del PP por si este partido "había recapacitado" y establecía una tregua en la escalada de acusaciones y denuncias. O incluso confiando en que entraran en un tiempo de silencio. Pero pronto salieron de dudas al conocer los durísimos juicios del vicesecretario general de política autonómica del PP, Javier Arenas. Y, de nuevo, los dirigentes del PSOE sacaron su arsenal de argumentos en contra.

La línea de réplica de los socialistas se mueve en el contraataque de que "esta desmesura" supone una "huida hacia adelante" del PP ante la perspectiva de que sigan aflorando casos de corrupción, según fuentes de la ejecutiva federal. "El señor Rajoy no debe desviar sus problemas acusando sin pruebas a los demás", señaló José Blanco, vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento. Y añadió: "Tras lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, el PP tiene el síndrome del espionaje: se espían entre ellos y creen que todo el mundo hace lo mismo". El ministro hizo estas declaraciones después de reunirse con una delegación de EE UU interesada en la red ferroviaria española. En un tono moderado, quizá porque estaba en la sede de su ministerio y en su papel de ministro, agregó: "Le pido al señor Rajoy que no cuestione el Estado de derecho cuando se investigan actuaciones que afectan a su partido".

Fue Blanco, como vicesecretario general del PSOE, quien emplazó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a que denuncie que el Gobierno ha ordenado investigar a dirigentes del PP o dimita. Este asunto ya ha quedado superado toda vez que Rajoy ha avalado a Cospedal. Ahora bien, Blanco pide al PP que no aplauda a la Justicia si le va bien y la censure si no le gustan las decisiones que adopta.

A este respecto, la responsable de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, en declaraciones a Onda Cero, se preguntó ayer si los populares quieren "que la policía y la fiscalía hagan una excepción y no investiguen cuando se trata de casos que puedan afectar al PP".

EL PSOE BUSCA APOYOS EN EL CONGRESO PARA EVITAR LAS COMPARECENCIAS

ngreso cuenta con dos semanas por delante para sondear y, si se dan las condiciones, tratar de convencer al resto de los grupos de la oposición para que no sustenten la estrategia del PP "de cuestionar al Estado de derecho". Ésta es la intención de la dirección del grupo ante la evidencia de que el resto de la oposición tendrá que retratarse en la reunión de la Diputación Permanente, cuando el PP exija las comparecencias de ministros y del fiscal general del Estado para interrogarles sobre "la persecución" a la que el Gobierno somete al PP, como ha proclamado su líder, Mariano Rajoy.

Casi con seguridad, el presidente del Congreso, José Bono, convocará la Diputación Permanente -órgano que sustituye al pleno del Congreso en tiempo de vacación parlamentaria- la última semana de agosto.

Hasta entonces, los grupos de la oposición tienen tiempo para decidir si comparten con el PP el criterio de que la policía y la fiscalía persiguen a ese partido y, por tanto, tienen que comparecer con urgencia en el Congreso la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Los socialistas reconocen que preguntarán a los grupos que les parece esta estrategia y estas peticiones.

Interpelaciones futuras

No obstante, si el PP no consiguiera su objetivo de que una mayoría fuerce estas comparecencias, nada podrá impedir que los ministros citados y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sean interpelados por el PP cuando comience el período ordinario de sesiones y utilice libremente sus turnos de control al Gobierno.

En este clima, el presidente del Gobierno ha descartado absolutamente comparecer hoy después del Consejo de Ministros. Había alguna duda sobre si, después de esta reunión, el Zapatero saldría para dar cuenta de los acuerdos y avanzar planes para el otoño, pero al final lo harán las dos vicepresidentas De la Vega y Elena Salgado. La próxima comparecencia del presidente se producirá el 28 de agosto, tras una nueva reunión del Consejo de Ministros. El líder del PP, Mariano Rajoy, exigió el pasado viernes a Zapatero que compareciera hoy para explicar el trato "vejatorio" que, en su opinión, se dio a los cargos de su partido detenidos en Baleares por presunta prevaricación, al ser esposados y "expuestos públicamente" ante los periodistas.

www.elpais.es 13.08.09

FRACTURA TOTAL ENTRE EL GOBIERNO Y EL PP

Rajoy, sin pruebas, avala la acusación de Cospedal contra las instituciones - Rubalcaba denuncia las "gravísimas e intolerables infamias" de la oposición

Una de las más graves fracturas en las relaciones institucionales entre PP y PSOE, los dos partidos que se han alternado en el Gobierno de España en los últimos 27 años, está servida. El líder del PP, Mariano Rajoy, avaló ayer en su primera comparecencia pública tras cinco días de inquietante silencio, todas las acusaciones sin pruebas de su cúpula directiva contra el Gobierno, la fiscalía, los jueces, los policías y los servicios secretos sobre la supuesta instrumentación de estas instituciones para espiar a dirigentes del PP y de persecución a este partido por parte de los poderes del Estado.

RUBALCABA: "EL DISPARATE DEL VERANO LO HA PRONUNCIADO COSPEDAL"

El ministro del Interior acusa al PP de hacer "acusaciones falsas" contra las instituciones del Estado

"En el juzgado y con pruebas, no en la playa", reclamó el ministro
Rajoy no aclaró si el PP presentará una denuncia formal por los hechos
Rajoy cortó a los periodistas cuando le preguntaron qué pruebas tiene
Dijo desconocer las declaraciones de Cospedal sobre la fiscalía y ETA

La respuesta del Gobierno fue especialmente contundente. "Es falso, es una infamia y es gravísimo; lo que pretende el PP es amedrentar a jueces, fiscales y policías para que no investiguen la corrupción de este partido", declaró el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Éste, en tono solemne, dijo que el Gobierno había sido "prudente" tras las explosivas declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desde Marbella. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero pidió "respeto" el viernes. "Quiero quedarme ahí", añadió, y aclaró que no había hablado con Rajoy. El líder del PP acusó ayer directamente a Zapatero de ser el "responsable de todo" el supuesto acoso a su partido.

Tras la confirmación de que la teoría conspirativa viene de la máxima autoridad del PP, Rubalcaba fue el encargado de expresar la indignación del Gobierno: "Es el disparate del verano, Cospedal acusando al Gobierno de espiar a la oposición... Un disparate monumental. Hemos esperado una prueba o una rectificación. Ni lo uno ni lo otro. Más bien una ratificación. Y a estas alturas, seis días después sin presentar pruebas, la conclusión es que es una acusación rotundamente falsa y una infamia gravísima. No puede quedar sin respuesta".

Como han hecho jueces, fiscales y policías antes, Rubalcaba reclamó una denuncia formal. "Este tipo de acusaciones gravísimas, con pruebas y en el juzgado, no en una playa y sin pruebas. Y luego llamando a Rajoy, que está en un chiringuito. Y después de Rajoy, 'oiga, déjeme, que ya he dicho la barbaridad del verano y voy a darme un chapuzón", caricaturizó el ministro.

Rubalcaba ya estaba lanzado y los periodistas apuntaban frenéticamente: "¿Por qué hace esto el PP? Para tapar lo que está pasando, para no hablar de los presuntos casos de corrupción que se dan en sus filas. Si lo que hay que tapar es muy grande, se dice una barbaridad muy grande. Para tapar un barco de juguete, te basta una cortinita de humo, pero para tapar el Titanic tienes que decir una barbaridad muy grande".

El ministro quiso desenmascarar lo que considera la "estrategia del mundo al revés" del PP, es decir, "que los policías y los jueces den explicaciones, en vez de los corruptos". "Con toda rotundidad, el Estado no investiga al PP, sino a presuntos corruptos que hay en el PP", dijo. Rubalcaba aún se refirió a que se trataba de la acusación "más infamante de la democracia", aunque él no es partidario de ir a los tribunales.

La contundente réplica del ministro se produjo minutos después de Rajoy respondiera preguntas por primera vez desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivara la causa por cohecho contra el presidente autonómico, Francisco Camps. El recurso de la fiscalía a esta decisión, anunciado sorprendentemente por la vicepresidenta del Gobierno desde Costa Rica, fue lo que desató las acusaciones conspirativas de Cospedal. Rajoy la avaló desde Pontevedra donde pasa sus vacaciones.

¿Cree que el Gobierno ha pinchado su teléfono?, fue lo primero que le preguntaron a Rajoy. "El mío me tiene sin cuidado porque yo no tengo nada de qué arrepentirme, me preocuparía como ciudadano porque es un principio básico de cualquier democracia. Me remito a las declaraciones que ha hecho la secretaría general de mi partido que todos los miembros de mi partido compartimos".

Rajoy evitó, no obstante, respaldar una de las más graves imputaciones lanzadas por Cospedal cuando dijo que el Gobierno dedica más esfuerzos a perseguir al PP que a los terroristas de ETA. El líder dijo desconocer la frase, pero refrendó la mayor: "Es evidente que el Gobierno persigue al PP". Después de dar carta de naturaleza a las graves acusaciones de su partido, el líder de la oposición evitó confirmar lo que le han reclamado todas las instituciones.

-¿Presentarán denuncia por las escuchas ilegales? -inquirió un periodista.

-Ya veremos lo que hacemos, de momento ya tenemos tres denuncias presentadas en Madrid, en Valencia y en Canarias.

-Dicen ustedes que tienen pruebas -replicó el redactor.

-No voy a entrar en más detalles -despachó el líder del PP.

-Discúlpeme...

-No le disculpo más.

-¿No presentan denuncia porque no confían en las instituciones ante las que deberían presentarla? -terció otro periodista.

-Yo confío en las instituciones, en la justicia y en las fuerzas de seguridad del Estado, no desde luego en el ministro del Interior y en el fiscal general del Estado (...) ni en la vicepresidenta Fernández de la Vega, que llama a la fiscalía para dar instrucciones de que presente denuncia.

El presidente del PP no esgrimió pruebas. Incluso dijo desconocer la cinta de la que horas antes había hablado Federico Trillo, una supuesta grabación de la llamada que un inspector de policía de Madrid hizo al móvil del presidente Camps para informarle de que su parte del caso Gürtel se juzgaría en Valencia. Para Trillo, según declaró ayer en Onda Cero, ésa es una de las pruebas de que los dirigentes del PP, en este caso Camps, tienen los teléfonos pinchados. Trillo no ha aportado la grabación, ni ha dicho quién la realizó. Por parte del PSOE, Elena Valenciano consideró ayer a Trillo "la mano que mece la cuna" y a Rajoy el "autor intelectual".

Tras lanzar su andanada, Rajoy anunció que su partido votará a favor de los suplicatorios para que el Supremo pueda imputar al tesorero de su partido, el senador Luis Bárcenas, y al diputado Jesús Merino. "Nosotros votamos a favor de todos los suplicatorios, de todos, siempre lo hemos hecho y volveremos a hacerlo". Será uno de los primeros asuntos parlamentarios después del verano en el que el caso Gürtel parece haber roto definitivamente todos los puentes entre PP y Gobierno.

Desde el ámbito parlamentario, José Luis Ayllón, portavoz adjunto del PP en el Congreso, ahondó en esta ruptura cuando dijo que si al Gobierno le parece una "infamia", como dijo Rubalcaba, el PP está "en el camino de la verdad". Según Ayllón, el PSOE ya calificó de infamias el caso GAL y el caso de las escuchas del CESID, a finales de los ochenta, por lo que el supuesto espionaje debe de ser verdad, como aquéllos.

El enfrentamiento más grave de la legislatura

Según dijo ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, el Gobierno ha sido prudente ante las acusaciones de María Dolores de Cospedal, quien dijo el pasado jueves desde su lugar de vacaciones que el Ejecutivo ha ordenado espionaje ilegal contra dirigentes del PP. Ayer, cuando Mariano Rajoy avaló estas palabras, el Gobierno respondió:

- Mariano Rajoy: Cospedal hizo "declaraciones que apoyamos y respaldamos todos dentro del partido".

- "El Gobierno está persiguiendo a los miembros del Partido Popular", lo que está generando "muchas dudas y muy poca confianza en las instituciones".

- "Confío en la justicia. En quien no confío es en el ministro del Interior y en el fiscal general del Estado. Y confío en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras cosas, porque yo he mandado sobre ellas, pero yo nunca les he dado instrucciones para hacer cosas que no debieran hacer. Por tanto, no confío en los responsables políticos de esas instituciones".

- Alfredo Pérez Rubalcaba: "Es una acusación rotundamente falsa y una infamia gravísima. No puede quedar sin respuesta"

- "Este tipo de acusaciones gravísimas, con pruebas y en el juzgado, no en una playa y sin pruebas".

- "Con el líder de la oposición de chiringuitos y la 'número dos' en la playa... la propia escenografía mediática es la que demuestra que ni se lo creen".

- "¿Por qué hace esto el PP? Sencillamente, para tapar lo que está pasando, para no hablar de los presuntos casos de corrupción que se dan en sus filas".

- "Es un intento no explícito de amedrentar a los policías, jueces y fiscales y eso en democracia tampoco vale".

- "El PP pretende que el mundo vaya al revés, que sean los policías y el Gobierno y no los presuntos corruptos los que den explicaciones sobre la presunta corrupción en el PP".

www.elpais.es 12.10.09

ARENAS CONFIRMA QUE "TODO EL PP" ACUSA AL GOBIERNO DE PERSEGUIRLES

Todos somos Cospedal. Ya no hay duda de que la secretaria general del PP hablaba en nombre del partido cuando hace cinco días acusó al Gobierno de ordenar escuchas ilegales a dirigentes populares no incursos en procedimientos judiciales. De corrobarlo se encargó ayer el vicesecretario general de Política Autonómica, Javier Arenas. "Lo que ha dicho María Dolores de Cospedal lo piensa el cien por cien del partido", aclaró Arenas, que repitió algunos de los argumentos utilizados por la secretaria general de los populares contra el Gobierno.

"Nunca en 30 años de democracia hemos vivido una situación peor de utilización política por parte del Gobierno, de la policía y la fiscalía para agredir al Partido Popular", señaló Arenas. Además, el dirigente del PP asocia la actuación de ambas con "lo mediático y la absoluta impunidad, con el fiscal de brazos cruzados, ante la filtración de sumarios secretos".

La presunta implicación de altos cargos del Partido Popular de Baleares en una trama de corrupción y su detención el pasado fin de semana es otro motivo que sirve a la dirección del PP para acusar al Gobierno de instigar a la fiscalía y a la policía contra su partido. "Basta ya de tanta desproporción, de tanta discriminación y de tanta doble vara de medir", clamó Arenas.

No había muchas dudas de que la cúpula del partido pensaba lo mismo que su secretaria general, ya que un día después de sus denuncias se registró en el Congreso la petición de comparecencias del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al primero se le pedirá que explique la supuesta diferencia de actuación de la fiscalía ante imputados del PP y del PSOE. Los populares sostienen que a los suyos se les trata con una dureza que no se aplica a los socialistas.

Ayer se reafirmaron en esta convicción tras las detenciones durante 72 horas de altos cargos del PP, puestos el domingo en libertad con cargos y tras abonar fianzas de distintas cuantías. "Denunciaremos tanto en tribunales españoles como en instancias jurídicas comunitarias la actuación del Gobierno" anunció Arenas. Éste desveló que su partido estudia más iniciativas de denuncia. No obstante, señaló que su partido ya ha acudido a los tribunales. Se refiere a la denuncia presentada el pasado 24 de julio para encontrar a las fuentes de EL PAÍS sobre la trama de corrupción que dirigía el encarcelado Francisco Correa.

Por su parte, la responsable internacional del PSOE, Elena Valenciano, animó a los populares "a llevar a Europa el caso Gürtel".

www.elpais.es 11/08/2009

EL PSOE REPLICA QUE, CUATRO DÍAS DESPUÉS, COSPEDAL NI APORTA PRUEBAS NI DIMITE

Si todo el PP apoya a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, todo el PSOE sigue a su vicesecretario general, José Blanco, en su exigencia a la dirigente popular de que presente pruebas de sus acusaciones o abandone la vida política. Blanco dio a Cospedal el pasado 6 de agosto "24 horas" para que presentara una denuncia "fundamentada ante los tribunales" sobre las acusaciones al Gobierno de ordenar escuchas ilegales a dirigentes del PP. Ya han pasado cuatro días desde que Cospedal lanzara tan graves acusaciones, recordó la socialista Elena Valenciano, y Cospedal "ni ha presentado pruebas, ni ha dimitido". "Por un mínimo de sentido común y de decencia democrática", opinó Valenciano, Cospedal debería "formalizar su denuncia en los tribunales o asumir responsabilidades y dejar la vida pública".

Los socialistas no abandonaron su postura a pesar de la irrupción en escena del vicesecretario general del PP, Javier Arenas, sumándose a las acusaciones lanzadas por Cospedal. "Javier Arenas debe ir a los tribunales a los que su compañera De Cospedal todavía no ha ido con las pruebas correspondientes que sustenten la denuncia sobre supuesto espionaje ilegal", le insta Elena Valenciano, en declaraciones a este periódico.

La dirección del PSOE considera que asiste a los prolegómenos de una batalla política de enorme envergadura con la que se iniciará el curso político. Y no piensa "bajar la guardia" en la exigencia al PP de que "presente pruebas" de que el Estado se utiliza para "perseguir" al primer partido de la oposición.

La dirección socialista tiene la certeza de que el Grupo Popular utilizará las primeras sesiones de control al Gobierno del otoño para interpelar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al titular de Justicia, Francisco Caamaño, sobre la "doble vara de medir" de la fiscalía. La réplica de los socialistas será "durísima", anticipan en el PSOE.

www.elpais.es 11/08/2009

RAJOY: "ES EVIDENTE QUE EL GOBIERNO PERSIGUE AL PP"

El líder de los populares amenaza con denunciar en el Tribunal Europeo los "ataques de las instituciones" a su partido

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha refrendado, con un tono más tibio, las acusaciones que su partido viene lanzando las últimas semanas contra el Gobierno por "utilizar el Estado de Derecho para perseguir al Partido Popular". El argumento sobre el que ha basado su explicación ha sido la detención "televisada" de dos altos cargos de Jaume Matas en Baleares "a los que el juez a las pocas horas dejó en libertad". Rajoy no ha llegado a entrar en el fondo del asunto, otro caso de presunta corrupción que salpica a su partido en Baleares. Se quedó en la forma que le sirvió de una tacada para pedir la comparencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que ha exigido ceses dentro de la policía y al fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido.

El presidente del PP ha anunciado que hoy mismo su partido registrará la petición para que se reúna la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados y apruebe las citaciones a Rubalcaba y Conde Pumpido. El líder del PP también ha pedido que la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, acuda a la Cámara a explicar "si dio o no instrucciones a la Fiscalía para recurrir el auto de archivo contra Camps en Valencia".

Rajoy ha hecho "responsable de todo porque es el máximo" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y le ha pedido que ordenase a Rubalcaba, De la Vega y Conde Pumpido comparecer en el Parlamento. "Puede que no se haya enterado porque él está en un palecete de Patrimonio en Lanzarote pero se lo pido a través de los medios". De lo contrario, amenazó Rajoy, el PP acudirá a denunciarlo al Parlamento Europeo. "A mí no me gusta", aseguró el líder de los populares, quien ha considerado "grave y evidente la persecución del Gobierno al PP".

"¿Cree usted que su teléfono está pinchado?, le preguntado un periodista". "Eso a mí no me preocuparía lo más mínimo, no tengo nada que ocultar, me preocuparía como ciudadano". "¿Comparte usted que está habiendo escuchas ilegales por parte del Gobierno a dirigentes del PP como ha dicho Cospedal?".
"Yo comparto las declaraciones que ha hecho mi partido". "¿Cree usted también que el Gobierno persigue más al PP que a ETA?, volvió a inquirir un redactor. "Esa declaración no la conozco", ha zanjado Rajoy. A pesar de dar carta de naturaleza a las graves acusaciones que han lanzado dirigentes del PP contra el Gobierno y la Fiscalía, Rajoy evitó explicar si su partido iba a presentar denuncia por estos hechos supuestamente delictivos. "Ya veremos lo que hacemos", evitó así las sucesivas preguntas de un periodista.

Por último, ha citado "juicios paralelos anteriores como en el caso de Canarias, donde el presidente Soria fue absuelto después de meses de duras acusaciones contra él". El líder del PP volvió a acusar a los "inquisidores y torquemadas del siglo XXI" -los medios que publican informaciones sobre la trama Gürtel- e instó a la prensa "a pensar también en las personas". Todo lo anterior sirvió al máximo responsable del PP para denunciar "la situación actual del Estado de derecho y de la democracia". Horas antes de que compareciera Rajoy, el portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, ha dado un paso más y ha afirmado que posee la grabación de una conversación telefónica del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que a su juicio demostraría las escuchas ilegales.

Las "pruebas" de Trillo

Trillo ha asegurado que esta grabación demuestra los supuestos pinchazos. El propio Trillo ya aludió a esta conversación el pasado 24 de julio, aunque entonces solo especificó que la había escuchado, no que estuviera en posesión de la grabación.

Trillo ha explicado en Onda Cero que el PP posee la grabación de la conversación telefónica a través de la que un inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) notificó a Francisco Camps la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para investigar la presunta trama de corrupción del caso Gürtel.

El dirigente popular no ha desvelado cómo había sido grabada esa conversación, aunque ha manifestado sus dudas de que lo hiciese el propio Camps porque "es bastante manazas". "No vamos a revelar las fuentes pero sí vamos a aportar las cintas", ha apuntado Trillo antes de denunciar que este tipo de notificaciones judiciales "jamás se hacen por teléfono y jamás las hace la policía".

Esta grabación, según Trillo, se incluye en la denuncia presentada por el PP el pasado mes de julio contra diferentes filtraciones de secretos sumariales. En la querella también se denuncia otra grabación de una conversación "de un presunto implicado" en el caso en el año 2006, mientras que el sumario comenzó en agosto de 2008. "Esa grabación es clara, manifiesta y rotundamente ilegal y sin autorización judicial", ha recalcado el ex ministro.

Otra de las pruebas con las que el responsable de Justicia del PP ha asegurado contar para demostrar las escuchas ilegales son las informaciones que apuntaban a presiones suyas al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia Juan Montero a favor del presidente valenciano. Trillo ha asegurado no conocer al magistrado mientras que sí habla a diario telefónicamente con el abogado del PP, también apellidado Montero. "Todavía estoy esperando a que quien tiene las pruebas de esas llamadas me explique cómo sabe que yo telefoneo a diario a un señor Montero que ellos confundieron con el magistrado", ha concluido. El pasado día 7 de agosto, fuentes del PP ya declararon a la agencia Efe que conocían dichas grabaciones.

www.elpais.es 11/08/2009

RUBALCABA ACUSA AL PP DE INTENTAR AMEDRENTAR AL ESTADO DE DERECHO

El ministro del Interior califica de "gravísimas e intolerables en democracia" las palabras de Cospedal sobre supuestos espionajes

del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha respondido con contundencia a las acusaciones del PP de supuesto espionaje y persecución a miembros de su partido. "Hay un intento no explícito de amedrentar al Estado de Derecho", ha afirmado Rubalcaba, para quien declaraciones como las realizadas la semana pasada por Cospedal son "gravísimas, intolerables y las más infamantes en democracia".

En opinión del titular de Interior, el objetivo del PP al acusar al Gobierno es ocultar los escándalos que afectan a su partido. "Si lo que se tiene que tapar es muy grande, como el Titanic hay que decir una barbaridad muy grande". Según Rubalcaba, las acusaciones de supuestos pinchazos a dirigentes del PP lanzadas por Cospedal son "irresponsables" y ha censurado la forma en que las hizo (en un rueda de prensa desde Marbella donde pasa las vacaciones de verano). "Dijo la irresponsabilidad del verano y después se fue a dar un chapuzón; el jefe de la oposición estaba en el chiringuito y ella en la playa", ha asegurado el ministro.

"Seis días después [de las declaraciones de Cospedal], sin aportar pruebas, podemos concluir que es rotundamente falso, una infamia de las más graves que se pueden decir en democracia", ha insistido Rubalcaba, quien considera que si el PP tuviera pruebas hubiera ido "corriendo a los tribunales".

Persecución al PP

Horas antes de que compareciera Rubalcaba en rueda de prensa, el líder del PP, Mariano Rajoy, había anunciado que su partido iba a pedir la comparecencia en el Congreso del ministro para que explique las detenciones de miembros del PP en el caso de corrupción del velódromo Palma Arena. El presidente del PP ha asegurado además que "comparte todo lo que dice la secretaria general" de su partido, sobre la "persecución" al PP.

El PSOE ha pedido a Cospedal en las últimas semanas que rectifique o deje su cargo. La dura respuesta de hoy de Rubalcaba ha abundado en la falta de evidencias. "Ni pruebas ni rectificación, lo único que ha habido ha sido una ratificación", ha indicado el responsable de Interior, en relación con las declaraciones de Rajoy de esta mañana.

Sobre las detenciones a dirigentes del PP en Palma, Rubalcaba ha respondido que está investigando la actuación policial porque "alguien" de la cadena de mando incumplió la orden expresa del delegado del Gobierno de actuar con "prudencia". Rubalcaba ha detallado que el delegado del Gobierno, Ramón Socías, "dio una instrucción que no se ha cumplido", y ésta era "justamente lo contrario", es decir, proceder "con mesura".

Pero el ministro ha continuado al ataque: "Se está intentado instalar la idea de que se persigue al PP y es falso", ha respondido Rubalcaba. "El Estado de Derecho no está investigando al PP; los jueces, los fiscales y los policías investigan a presuntos corruptos que también existen en el PP, como en otras formaciones políticas, porque ese es su trabajo", ha asegurado Rubalcaba.

www.elpais.es 11/08/2009

EL 'CASO GURTEL' SE EXTIENDE A LA ETAPA DE RITA BARBERÁ AL FRENTE DE LA FEMP

El juez reclama los contratos firmados con la trama bajo mandato del PP

Dos funcionarios de la Policía Judicial se presentaron ayer a las 11.30 en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid, con un papel que abre una nueva vía de investigación en el caso Gürtel. Los agentes entregaron un requerimiento del juez Antonio Pedreira, instructor de la parte madrileña del caso, en el que se reclama la relación de contratos firmados con 11 empresas de la trama de corrupción durante cuatro años (2000-2004) en los que la Federación estuvo presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP. Esos contratos suman cerca de un millón de euros, según fuentes de la asociación que agrupa a los ayuntamientos.

El ex secretario de la federación de alcaldes figura en los papeles de Correa

El actual presidente de la FEMP, Pedro Castro (PSOE), aseguró que habrá una "colaboración total con la justicia" y que los expedientes serán entregados al Tribunal Superior Madrid en los próximos días. No llegó a haber registro policial, a pesar de que las primeras informaciones en ese sentido convocaron rápidamente a los medios de comunicación en la sede. Muebles agrupados en el patio del edificio alimentaron el rumor hasta que se supo que todo se debía a una mudanza.

Los contratos que busca el juez Pedreira fueron firmados por Álvaro de la Cruz, que era secretario general de la FEMP cuando Barberá la presidía; y a él lleva el caso Gürtel porque el nombre de De la Cruz aparece en la caja B -la contabilidad de pagos en dinero negro- donde la trama dirigida por el empresario Francisco Correa apuntaba los supuestos sobornos que pagaba a políticos del PP a cambio de favores.

Esa caja B recoge "un apunte el día 14 de marzo de 2004 por importe de 30.000 euros, en el que consta como concepto Pago Álvaro de la Cruz por P. Crespo y autorizado por P. Correa", según explicaba la Agencia Tributaria el pasado junio en un informe. El pago, por tanto, se habría realizado pocos meses después de que De la Cruz dejara el cargo de secretario general de la FEMP, porque el equipo de Barberá dio paso al del socialista Francisco Vázquez tras la asamblea general de noviembre de 2003.

La organización de esa asamblea fue adjudicada por la FEMP a Special Events, una de las empresas de Correa y epicentro de toda la trama empresarial que ahora investiga la justicia. La Federación pagó por el montaje del evento 570.000 euros, el doble de lo que había costado la asamblea de 1999 -también adjudicada a Special Events y que ya, a su vez, había duplicado el coste de la de 1995-. Los dos contratos, el de 1999 y el de 2003, fueron formalizados por De la Cruz y la adjudicación fue a dedo, sin concurso, según fuentes de la Federación. Algo supuestamente legal porque la FEMP es jurídicamente una asociación privada y no está obligada a sacar a concurso los contratos.

Además, durante el mandato de Barberá la FEMP contrató con otra de las empresas de la trama, Pasadena, decenas de viajes que suman casi 300.000 euros. Esas facturas, cuya existencia confirmó hace meses Pedro Castro, forman parte de los expedientes que serán entregados a Pedreira.

Pero el requerimiento judicial no se refiere sólo a Special Events y Pasadena Viajes; añade a la lista otras nueve empresas: Orange Market -dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, que hizo negocio principalmente en la Comunidad Valenciana-, Down Town Consulting, Easy Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, Technology Consulting Management, Boomerang Drive, Rial Green y Good&Better. El magistrado solicita también la "certificación de toma de posesión y cese de Álvaro de la Cruz Gil como secretario general de la Federación" y una copia de los estatutos.

Barberá subrayó ayer que en el requerimiento judicial no se la menciona e insistió en que jamás ha tenido "la más mínima relación con ningún personaje de la trama Gürtel". También negó, por primera vez, que El Bigotes le regalara bolsos. En una conversación grabada por la policía el pasado 2 de enero al empresario, él cuenta que en ese momento está "en Louis Vuitton comprándole un bolso a la alcaldesa". "Como llevo haciendo desde hace cuatro años", dice Pérez. Y añade: "[Barberá] no nos da nada, pero tampoco nos hace nada".

"Dinero procedente de fondos de la 'caja B"

- El informe de la Agencia Tributaria.

A petición primero del juez Garzón y después del instructor Antonio Pedreira, la Agencia Tributaria realizó el pasado 4 de junio un informe que recoge algunas de las actividades de la presunta trama de corrupción ligada a gobiernos del PP y encabezada por el empresario Francisco Correa. En ese informe figura el nombre de Álvaro de la Cruz en relación con un supuesto soborno de 30.000 euros. El informe dice así:

- "En la contabilidad que recoge las entradas y salidas de fondos con origen o destino en la caja B del grupo, consta un apunte relativo a Álvaro de la Cruz, que recibe dinero procedente de fondos de la caja B de Serrano. Concretamente en la cuenta Caja Pagos B.xls consta un apunte el día 14 de marzo de 2004 por importe de 30.000 euros, en el que consta como concepto Pago Álvaro de la Cruz por P. Crespo y autorizado por P. Correa".

- "En las hojas de distribución de fondos encontradas en el domicilio de José Luis Izquierdo [el contable de la trama] consta la recepción en concepto de cobro sin referencias [es decir, de una persona no identificada] el día 14/03/2004 de un importe de 1.018.560 euros. De ese importe se distribuyen 30.000 euros a Álvaro de la Cruz, en concreto, se indica, P. CRESPO-ALVARO DE LA CRUZ. Esta cantidad podría ser la misma que se indica en el párrafo anterior".

www.elpais.es 11/08/2009

LA ALCALDESA: "EL GOBIERNO Y EL PSOE QUIEREN ENSUCIARME"

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se siente víctima de una conspiración del Gobierno y del PSOE que tendría como finalidad ensuciar su nombre porque los socialistas han sido incapaces de ganarle en las urnas en 18 años, aunque en realidad el PSOE lograra 40.000 votos más que ella en 1991. Barberá, con la contundencia que le caracteriza cuando se siente atacada, afirmó que "ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni la Policía Judicial han pedido ningún documento de la FEMP" relacionado con ella y advirtió de que no tiene "el más mínimo inconveniente" en ampliar sus "querellas contra medios de comunicación y personas".

La alcaldesa de Valencia, que se sepa, no ha presentado ninguna querella contra Álvaro Pérez, El Bigotes, que fue quien dijo que le regalaba bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton. "Jamás he recibido un euro de nadie, jamás he tenido la más mínima relación, ni he recibido ningún bolso de ningún personaje de la trama Gürtel". Barberá acusó a los socialistas de querer "ensuciar" su nombre porque son incapaces de ganarle en las urnas. "Les volveré a ganar y por más votos, porque los valencianos siguen confiando en mí y rechazan las malas artes de los socialistas", remachó.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, recordó que "todos los contratos, todos los que se hicieron durante aquella época, fueron tramitados, refrendados y aprobados por unanimidad en el seno del Comité Ejecutivo de la FEMP". Fuentes de la entidad supramunicipal dijeron ayer que "no consta" que la ejecutiva refrendara ninguno de esos contratos.

Petición de explicaciones

Por su parte, los portavoces socialistas en el Ayuntamiento de Valencia y en las Cortes Valencianas emplazaron a Barberá para que explicara porqué durante su presidencia en la FEMP se adjudicaron contratos a empresas vinculadas a la trama. Carmen Alborch, ex ministra de Cultura y portavoz de la oposición en el consistorio, preguntó a la alcaldesa porqué no impidió esas contrataciones, exigiéndole que dijera si aceptó regalos de personas o empresas de la red Gürtel. "Barberá no puede eludir por más tiempo responder a los interrogantes sobre su mandato al frente de la FEMP". Ángel Luna, portavoz del PSPV en la Cámara autonómica, subrayó que los contratos "tienen que ver con miembros de una trama corrupta que ha realizado regalos a la alcaldesa y al presidente de la Generalitat, entre otros, y que ha obtenido contratos de la Administración valenciana".

www.elpais.es 11/08/2009

El PP prende la mecha de la crispación

Las acusaciones sin pruebas de Cospedal contra el Gobierno por espionaje irritan a Zapatero, ponen en tensión al PSOE y amenazan con una quiebra institucional

Agosto ha dinamitado las relaciones institucionales entre las dos grandes formaciones políticas de España, PP y PSOE, envueltas en una guerra sorda a cuenta de las tramas de corrupción que salpican a los populares. Este partido ha desencadenado esta semana una virulenta e inaudita escalada verbal contra el Gobierno, que los socialistas interpretan como una reacción de defensa ante las investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha a algunos dirigentes del partido de Mariano Rajoy.

Impulsado por la victoria electoral de las europeas, animado por los últimos datos de las encuestas y aliviado por el archivo de la causa abierta por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones, a Rajoy se le presentaba un inmejorable arranque de sus vacaciones. Tanto que celebró eufórico ante los periodistas la exculpación provisional -el archivo está recurrido- de Camps, ironizó sobre el negocio que harían los vendedores de tila a cuenta de los que esperaban la condena del presidente valenciano y exigió cuentas a "la Inquisición" que denunció las andanzas de la trama corrupta en Valencia. Después habló de un agosto ideal para visitar "chiringuitos".

Pero el recurso de la Fiscalía ante el Supremo, que tendrá el efecto de mantener bajo sospecha al presidente valenciano durante al menos ocho meses con la amenaza de un traumático regreso al banquillo de los acusados, sumado a una inquietante redada judicial contra otra trama corrupta desarticulada en Baleares que afecta a ex altos cargos populares, ha devuelto a Rajoy y los suyos a los peores tiempos de la crispación.

Desde Marbella, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se encargó de agitar la vida política con algunas de las acusaciones más graves hechas nunca en democracia contra un Gobierno. Cospedal aseguró el martes que la Fiscalía persigue a la oposición más que a ETA. Le debió de parecer poco y al día siguiente aseguró que los socialistas han ordenado escuchas ilegales a la oposición. Hasta los jueces, fiscales y policías conservadores se mostraron escandalizados por las asombrosas declaraciones. La cuestión de si esta es una estrategia meditada y razonada en el PP para el próximo curso político sigue aún en el aire. Ni siquiera el rango de quien lanzó esa acusación (nada menos que la número dos del partido) despeja esa duda.

A pesar de que las acusaciones cuestionan el sistema mismo, Rajoy calla. Nadie avaló a Cospedal el primer día. Incluso algún dirigente ha expresado en privado su estupor. El departamento de prensa del partido tardó varias horas en deslizar la idea de que estos hechos ya habían sido denunciados, aunque la denuncia del pasado día 24 que trata de hallar las fuentes periodísticas de EL PAÍS no decía nada parecido.

Después, todavía sin presentar pruebas, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón avalaron las acusaciones. El más explícito fue, ayer, Esteban González Pons. "Hay gente en la justicia y en la policía que está empezando a darnos muchas claves", dijo en la Cope. Se entiende que la afirmación deja fuera a la Asociación Profesional de la Magistratura, al miembro del Poder Judicial Fernando de Rosa, nada menos que ex consejero de Camps, y a la CEP, sindicato policial que suele sintonizar con el PP. Todos ellos salieron el jueves, junto a todos los profesionales de la justicia y las Fuerzas de Seguridad a los que indirectamente Cospedal acusó de corruptos, a defender la honorabilidad de las instituciones y a exigir una denuncia formal si el PP tiene constancia de tales hechos.

El Gobierno recibió indignado y desconcertado estas andanadas verbales. Hubo miembros del Ejecutivo que pensaron que lo mejor sería ningunear a Cospedal para rebajar la tensión: "Le ha dado demasiado el sol", ironizan. E incluso barajaron la idea de que, tras la tormenta desatada por esas palabras, el PP echaría el freno. Reflexionaron sobre la necesidad de establecer un contacto discreto con Federico Trillo, al que consideran "la mano que mece la cuna", en palabras de Elena Valenciano, pero lo descartaron. Al final, los socialistas concluyeron que había que ser contundente en la respuesta por una denuncia tan calumniosa. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, consideraba muy grave que alguien pudiera acusar a su Gobierno de crear en España un estado policial; y, aunque optó por una reacción templada e institucional -pidió "responsabilidad" al partido de Rajoy-, dio vía libre a su partido para responder sin miramientos.

"El PP está corroído por la corrupción", declaró la diputada Elena Valenciano. "El PP teme que algunos casos de corrupción, y el último de Mallorca, tengan graves consecuencias penales. Están preparando el terreno para que, si les va mal en los tribunales, instalar la idea de que son víctimas de la persecución ordenada por el Gobierno", señalaron otros dirigentes socialistas a este periódico. "El PP reedita la crispación como forma de hacer política ante la evidente ausencia de alternativas", señaló José Blanco, el vicesecretario general del PSOE.

Pero el PP no se arredra y quiere que desfilen por el Congreso de los Diputados los supuestos culpables de tan graves delitos: el fiscal general del Estado -para que explique si hay un trato desigual a los imputados por corrupción del PSOE y del PP-, el Ministerio del Interior -para que aclare quién filtro el sumario sobre la corrupción del caso Gürtel y diga si ha pinchado los teléfonos de dirigentes populares- y la vicepresidenta primera del Gobierno -para que responda si ha presionado al fiscal contra el PP y si sus viajes por Latinoamérica son un despilfarro innecesario-.

Aún hay otro frente para alimentar la cizaña. Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, boicotea desde mayo el nombramiento de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta semana ha sugerido que obligará a Pajín a pasar un examen de valencianidad -nunca realizado a ningún candidato- antes de votarla. El PSOE ha perdido la paciencia. Por boca de su vicesecretario general, José Blanco, amenazó con tomar represalias haciendo algo también insólito: vetar al PP en la dirección de varios organismos públicos que deben designarse a partir de septiembre. La ruptura institucional, la reedición de la crispación, está servida.

Una semana de alta tensión

- Mariano Rajoy (lunes 3 de agosto). El presidente del PP se entera en medio de un mitin en Santiago de Compostela del sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps: "Y ahora, ¿qué digo yo? En realidad quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido [...] Los otros, que dedican sus energías a perseguir a los demás en lugar de hablar de la crisis. No voy a decir quiénes son, lo sabe todo el mundo". Evita las preguntas y añade: "De cara al futuro, algo tendremos que hacer y algo plantearemos, porque fueron seis meses de juicios paralelos".

- María Dolores de Cospedal (martes 4 de agosto). Tras conocer que María Teresa Fernández de la Vega había anunciado que la Fiscalía recurriría el archivo del caso Camps, la número dos del PP declara: "Es una vergüenza que la vicepresidenta haya dado instrucciones al fiscal general para decirle que tiene que seguir con la persecución del presidente de la Generalitat valenciana. Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza a la Fiscalía General, no para darle instrucciones para perseguir, como tendría que hacer e hizo en otras ocasiones, a ETA, sino para perseguir a la oposición, al PP. Es muy peligroso que el Gobierno de Zapatero utilice las instituciones del Estado para hacer política partidista, no para garantizar la seguridad y la libertad de los españoles. Con el Gobierno de Zapatero la democracia está en un serio peligro".

- José Blanco (miércoles 5 de agosto). El vicesecretario general del PSOE tacha de sonrojante la intención del PP valenciano de someter a un examen de valencianidad a la socialista Leire Pajín para darle un escaño de senadora. Blanco pide al PP que deje de "jugar con las instituciones". "Si el PP persiste en esta actitud, el PSOE bloqueará cualquier negociación en la participación del PP en los órganos que corresponde negociar en el próximo periodo de sesiones".

- María Dolores de Cospedal (jueves 6 de agosto). Al PP "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios y a destacados dirigentes nacionales". España vive, según De Cospedal, "un Estado policial".

- José Blanco (jueves 6 de agosto). "El PSOE da a la señora Dolores de Cospedal 24 horas para que presente denuncia fundamentada o abandone la vida política. Una acusación de esta gravedad no la puede lanzar un dirigente político si no la sustenta en pruebas fehacientes".

- Elena Valenciano (viernes 7 de agosto). "El PP es un partido corroído por la corrupción y, para desviar la atención, la señora Cospedal ha llegado a un grado de infamia intolerable que sólo le debe conducir a probar las acusaciones o a abandonar la vida política", protesta la secretaria de Política Internacional del PSOE.

- María Teresa Fernández de la Vega (sábado 8 de agosto). La vicepresidenta tilda de "irresponsables e incluso jurídicamente punibles" las acusaciones de Cospedal. "La acusación de un falso delito es un delito", advirtió. "Puede constituir un delito de calumnias".

- Esteban González Pons (sábado 8 de agosto). "Mucha gente del Gobierno, de la Fiscalía, de la Policía,

está empezando a darnos muchas claves sobre cómo se han gestado algunas de las operaciones que se han llevado este año contra el PP".

www.elpais.es 09.08.09

Cospedal incendia la policía y la justicia

Jueces, fiscales, policías y guardias civiles exigen al PP que "pruebe o rectifique" sus acusaciones - Las tildan de "falsas" e impropias de un partido "de gobierno"

"Falsas", "torticeras", "impropias de un partido de gobierno", "que lanzan sospechas sobre uno de los poderes del Estado". Asociaciones de jueces, fiscales y guardias civiles y sindicatos policiales de distinta sensibilidad política salieron ayer en tromba contra las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal -de profesión abogada del Estado-, que el jueves acusó al Gobierno y a esos colectivos de crear un "Estado policial" que organiza "escuchas telefónicas ilegales" a dirigentes de su partido. Esas asociaciones dejaron de lado sus diferencias y exigieron al unísono a la número dos del PP "que pruebe o rectifique" esas acusaciones que atribuyen "delitos graves" a esas instituciones.

La APM recuerda que denunciar un delito es "una obligación legal"

Una de las primeras manifestaciones de rechazo llegó del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Su vicepresidente, Fernando de Rosa, ex consejero valenciano de Justicia con Francisco Camps, uno de los cargos del PP investigados en los últimos meses por su relación con la trama Gürtel, tuvo que salir en defensa de los jueces. "Yo respondo por todos los jueces, que actúan de forma legal", afirmó. "Las escuchas que se puedan haber efectuado son bajo el control de los jueces y magistrados", añadió el vicepresidente del gobierno de los jueces, que animó al PP a "poner en manos de la justicia" el asunto.

En esa misma línea se pronunció la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entre cuyos miembros suele pescar el PP para cubrir sus cargos judiciales. "Cospedal tiene la obligación legal de denunciar esos hechos no ante periodistas, sino ante el juez, fiscal o funcionario policial más próximo" porque sus manifestaciones "implican delitos de extraordinaria gravedad", afirmó Antonio García Martínez, el portavoz del colectivo. "Plantear que las garantías constitucionales no tienen ningún valor incita a la gente a pensar que el sistema está corrupto y degenerado", añadió.

Desde la moderada Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero tachó de "mendaces y torticeras" las acusaciones, y advirtió de que, si no se prueban las acusaciones, "se podría incurrir en calumnias". "Los jueces, por el hecho de ser jueces, no pueden ordenar escuchas ilegales", subrayó Sexmero, que instó al PP a "rectificar cuanto antes".

"Cospedal ha lanzado acusaciones gravísimas sin aportar ni un solo indicio", afirmó desde la progresista Jueces para la Democracia (JpD) Miguel Ángel Gimeno. Y añadió que esas declaraciones lanzadas desde "un partido de gobierno" ponen en duda "la independencia judicial e imputan la comisión de delitos a un poder del Estado".

Entre los fiscales, el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García-Penasco, dijo: "Si el PP no lo ha denunciado, que lo haga. La acusación es muy grave y lo que tiene que hacer es demostrarla. Si no, estaría incurriendo en calumnias". Algo similar afirmó el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Sánchez Ulled: "Si Cospedal tiene pruebas, que denuncie", porque "lanzar acusaciones de este calibre pone en tela de juicio las investigaciones judiciales".

Los sindicatos policiales también cargaron contra Cospedal. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, señaló que ningún policía interviene teléfonos sin autorización judicial. "Esas gravísimas acusaciones sin respaldo probatorio y sin determinar cuáles de sus miembros [de la policía] habrían sido protagonistas de las mismas sólo contribuye a erosionar la imagen de 61.000 policías", afirmó en una nota la Confederación Española de Policía (CEP), que suele apoyar al PP. La Asociación Unificada de Guardias Civiles coincidió con ambas centrales sindicales en subrayar "los daños morales y de prestigio" que Cospedal ha causado al instituto armado. "Si ahora se desdice no basta; debería dimitir", afirmó su portavoz, Juan Antonio Delgado.

El PP cree que la 'número dos', Trillo y Camps tienen el teléfono pinchado

El PP cree que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el responsable de justicia, Federico Trillo, y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, pueden tener los teléfonos pinchados. Así lo manifestado a Efe fuentes del partido, que creen que las escuchas se han producido especialmente desde que se destapó el caso Gürtel.

El PP sigue sin aportar pruebas sobre tan graves acusaciones. Sin embargo, fuentes del partido aseguran que tienen "comprobado" que Cospedal ha sido objeto de escuchas ilegales y que Trillo tiene el teléfono pinchado. El partido justifica sus acusaciones en las informaciones publicadas por algunos medios el pasado fin de semana, en las que se acusaba al responsable de justicia del PP de haber presionado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Montero, para asegurarse de que se archivara la causa por cohecho contra Camps.

Las conversaciones que tuvo Trillo, según fuentes del PP, no fueron con el juez Montero sino con el abogado del mismo apellido que "lleva los pleitos" del partido en Madrid, por ejemplo, el caso Gürtel.

Respecto a Camps, fuentes del PP recalcan que el pasado 5 de marzo, el mismo día que el juez Garzón remitió la investigación del caso Gürtel a las instancias judiciales autonómicas, un miembro de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía telefoneó a Camps para informarle del propósito del magistrado. Trillo relató este episodio a los periodistas horas después de presentar en Madrid una denuncia para que se investigara el origen de filtraciones en el caso Gürtel.

Zapatero pide "responsabilidad" al partido de Rajoy

"El PP sabe muy bien que en España la justicia funciona conforme a Derecho; lo saben muy bien". Esta certeza expresada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Lanzarote, donde se reunió con los socialistas canarios (en la foto, con Juan Fernando López Aguilar), fue el colofón de una petición "de responsabilidad" al PP, que acusa a policías, jueces y fiscales de espiar a sus dirigentes. "En España el funcionamiento de las instituciones es correcto; y me quiero quedar aquí", sentenció.

El PSOE acusa al PP de estar "corroído por la corrupción"

Zapatero deja que su partido replique a los populares

La contención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la respuesta contundente del PSOE a las acusaciones del PP están en el mismo guión estratégico, a pesar de la posible apariencia de contradicción, según aseguran fuentes socialistas del entorno del presidente. Zapatero pidió "responsabilidad" al PP, porque ese partido "sabe" que en España no se espía ilegalmente desde las instituciones del Estado. "Y aquí me quiero quedar", dijo Zapatero tras pedir varias veces "responsabilidad" al primer partido de la oposición.

Ahora bien, desde el PSOE la respuesta fue contundente y Zapatero sabía que así iba a ser. Elena Valenciano, miembro de la comisión permanente del partido y responsable de Política Internacional, declaró: "El PP es un partido corroído por la corrupción y para desviar la atención, la señora Cospedal ha llegado a un grado de infamia intolerable que sólo la debe conducir a probar las acusaciones o a abandonar la vida política".

Esta invitación a la dimisión la formuló el día anterior el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que tras las acusaciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que el Gobierno espía a dirigentes nacionales de su partido, le dio 24 horas para que presentara demanda fundamentada en un Juzgado o abandonara la política.

"Pedimos al PP que abandone la barricada y pase a la cordura institucional", pidió Valenciano en declaraciones a la Cadena SER. En la dirección del PSOE, tras las palabras de Cospedal se dudó de si sus acusaciones habían sido fruto de una declaración apresurada. Ahora, ya no tienen duda de que fue premeditada, según señaló Valenciano a este periódico. El responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, reiteró todo lo dicho por Cospedal e instó al Gobierno a que probara que las acusaciones "son falsas".

Aunque el presidente del PP, Mariano Rajoy, guarda silencio - "yo respeto sus días de descanso", ha dicho Zapatero- el PSOE no le considera ajeno a las acusaciones de Cospedal de que el presidente del Gobierno ha hecho de España "un Estado policial" que espía ilegalmente a dirigentes del PP ajenos a cualquier sumario y "corrompe las instituciones".

No obstante, Zapatero prefirió ayer no entrar al cuerpo a cuerpo en su brevísima comparecencia ante los medios de comunicación en Lanzarote. Sólo quiso dejar claro, por su gesto y por su tono, que considera de extraordinaria gravedad las acusaciones de Cospedal, explican fuentes gubernamentales. "En España hay un funcionamiento adecuado de todas las instituciones y gracias a eso funciona el Estado de derecho", señaló Zapatero.

El presidente tampoco quería tapar con este asunto el objetivo de su reunión en Lanzarote con la ejecutiva del PSOE de Canarias, encabezada por su secretario general, Juan Fernando López Aguilar. Zapatero anunció que en octubre celebrará una reunión del Consejo de Ministros en Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP, para aprobar un plan integral de desarrollo para las islas.

Un examen "inasumible"

El presidente dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar de Canarias y para los canarios y tan sólo hubo dos menciones a la política nacional: las acusaciones de Cospedal y de las trabas que el grupo popular en Valencia pone para que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, pueda tomar posesión de su escaño de senadora por esa comunidad. Se preguntó a Zapatero qué le parecía que el PP quiera someter a Pajín a una examen de "valencianidad". "Es una actitud insólita, inasumible y espero que se corrija inmediatamente". Más contundente resultó Elena Valenciano a la misma pregunta: "¿La valencianidad para el PP es la de la trama Gürtell; la de Correa; la del Bigotes?".

www.elpais.es 08.08.09

Blanco exige a Cospedal que abandone la política si no prueba sus acusaciones

De la Vega: "No hay conspiración contra el PP, sino investigación por indicios de delito"

¿Hasta dónde quieren llegar? Ésa es la pregunta que ayer se hacían los dirigentes del PSOE y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ante la escalada de acusaciones del PP. La última ya ha superado "lo tolerable democráticamente", según proclama el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que lanzó un ultimátum de gran envergadura. "El PSOE da a la señora Dolores de Cospedal 24 horas para que presente denuncia fundamentada o abandone la vida política; una acusación de esta gravedad no la puede lanzar un dirigente político si no la sustenta en pruebas fehacientes".

Cospedal denuncia que se están realizando escuchas telefónicas ilegales

AUDIO - Cadena Ser - 06-08-2009

La secretaria general del PP ha insistido, en una entrevista a la Agencia Efe, en que están produciendo escuchas ilegales que nada tienen que ver con el sumario - EFE

Ésta es la exigencia del número dos del PSOE y ministro de Fomento, en declaraciones a EL PAÍS, después de escuchar a la secretaria general del PP afirmar que dirigentes nacionales de su partido, ajenos a los sumarios en marcha, sufren escuchas telefónicas "de policías y jueces", incluidos dirigentes nacionales del partido de Mariano Rajoy. Cospedal opina, además, que España se ha convertido en un "Estado policial" desde que gobierna el PSOE.

La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, se ha manifestado esta mañana en una entrevista en la Cadena Ser en la misma línea que Blanco. "Vamos a insistir en que Cospedal vaya a los tribunales o abandone la política", ha asegurado Valenciano, para quien el PP "se ha subido a la barricada para tapar la corrupción que les está llegando a las orejas". En su opinión, en la medida en que nadie en el PP se desmarca de las declaraciones de Cospedal se están haciendo correponsables de lo manifestado por su número dos. Para Valenciano, Cospedal se encuentra ahora en la disyuntiva de acudir a los tribunales o dejar su cargo, porque "una dirigente de un partido tan importante no puede hacer esas afirmaciones sin consecuencias".

Denunciar o retractarse

Denunciar o retractarse. Ésta es la petición enfática que también le hizo desde Asunción, la capital de Paraguay, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "Si tiene conocimiento de algún delito la señora Cospedal debe denunciarlo inmediatamente y si no, debe retractarse de inmediato", dijo. Esa misma petición la realizó ayer el Sindicato Unificado de Policía (SUP). "No hay conspiración contra el PP, sino funcionamiento normal del Estado de derecho y cuando hay indicios de delito se persigue", señaló Fernández de la Vega.

Pero tanto la vicepresidenta como el vicesecretario general, José Blanco, y los dirigentes de la ejecutiva federal del PSOE, Antonio Hernando y Elena Valenciano, llaman la atención sobre la actuación del PP desde que el pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivara el caso Camps. "El PP debería serenarse y tomar conciencia de la gravedad de lo que dice al cuestionar el trabajo de policías, jueces y fiscales; el primer partido de la oposición no debe lanzar sombras sobre nuestro Estado de derecho", pidió De la Vega.

No obstante, José Blanco, sí aventura alguna explicación a la "deslealtad institucional", que es la misma que barajan internamente los socialistas. "El PP trata de reeditar la crispación en la vida política con el único objetivo de encubrir la corrupción que le acosa por todas partes", interpretó Blanco. Este dirigente mencionó expresamente la última operación en Mallorca que afecta personas de ese partido.

Es la misma línea que tomó Elena Valenciano: "El PP trata de desviar la atención sobre la multitud de casos de corrupción que se ha instalado en el PP y dificultar e incluso impedir la investigación de la trama". Después ironizó: "De tanto espiarse entre ellos empieza a afectarles el síndrome". El caso Gürtel está en el centro de la decisión del PP de revolverse contra el PSOE de todas las formas posibles, según creen los socialistas.

Por eso, Cospedal acusó al Gobierno de perseguir al PP más que a ETA. "Pedimos al PP que vuelva a la cordura institucional", dijo Valenciano. Blanco se dirige a Mariano Rajoy para que abandone "su sorprendente silencio y dé la cara".

www.elpais.es 07.08.09

Cospedal asegura que el Gobierno ha ordenado espiar a dirigentes del PP

La 'número dos' de Rajoy acusa sin pruebas al Ejecutivo de realizar escuchas ilegales y de "intentar corromper las instituciones de la democracia"

La secretaria general del primer partido de la oposición acusó ayer sin pruebas al Gobierno de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la policía. La senadora María Dolores de Cospedal aseguró, en una entrevista con la agencia Efe desde su lugar de vacaciones en Marbella, que a su partido "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios [de la trama de corrupción que afecta al PP] y a destacados dirigentes nacionales", según el teletipo de la agencia. Cospedal se reafirmaba en sus palabras del miércoles, en las que acusó al Gobierno de usar los medios del Estado para perseguir a la oposición, en vez de a ETA. Semejante acusación la hizo en un comunicado grabado en vídeo y nadie pudo preguntarle a qué se refería. Ayer se explayó.

Blanco exige a Cospedal que abandone la política si no prueba sus acusaciones

Cospedal denuncia que se están realizando escuchas telefónicas ilegales

La secretaria general del PP insiste en que están produciendo escuchas ilegales que nada tienen que ver con el sumario

El PP insiste en que los hechos ya están denunciados en el juzgado

Según la número dos del PP, que en la entrevista habla de forma genérica y sin poner ejemplos, se están interviniendo teléfonos "de manera ilegal, nos consta". Precisó que "altos dirigentes nacionales" del PP tienen el teléfono "pinchado". No dijo quiénes.

Senadora por Castilla-La Mancha, número dos del PP y ex alto cargo del Ministerio del Interior, María Dolores de Cospedal considera que España vive en "un Estado policial", que comparó con el franquismo, en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI". Ni durante la entrevista, ni después, a lo largo del día, Cospedal explicó a qué se refería por lo que varios dirigentes socialistas exigieron que presente una denuncia por estos hechos o se retracte.

El departamento de prensa del PP explicó que esa denuncia ya existe y es la que el 24 de julio presentó el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, a fin de encontrar a las fuentes de EL PAÍS en el caso Gürtel. La denuncia era, entre otras cosas, por interceptación ilegal de las comunicaciones, y apuntaba a la Policía Judicial como responsable.

La denuncia, que ayer el PP volvió a distribuir a los medios de comunicación, pone en duda que algunas de las conversaciones grabadas relacionadas con el caso Gürtel que han sido reproducidas en los medios fueran interceptadas con todas las garantías legales. Concretamente, se refiere a varias conversaciones que tienen como elemento común al empresario imputado Álvaro Pérez, El Bigotes, quien, obviamente, está en el centro de la investigación, independientemente de quiénes fueran sus interlocutores. Las posibles irregularidades que ve Trillo en esas grabaciones le sirvieron para acusar a la policía de estar suministrando información a la prensa. Fuentes del PP citaron, como una evidencia más, una información de la Cadena SER del 31 de julio en la que, basándose en fuentes judiciales, se hablaba de conversaciones privadas de Trillo supuestamente con uno de los magistrados del Tribunal Superior valenciano que archivó el caso de cohecho contra Camps. Al dejar caer esta idea, se insinúa que el PP cree que es Trillo quien tiene el teléfono pinchado, pero nadie quiso ayer decirlo así.

En la comparecencia de prensa en la que anunció la presentación de esta denuncia, Trillo tuvo cuidado de descartar expresamente la implicación del ministro del Interior en lo que él consideraba una utilización política de la Policía Judicial, responsable de la investigación, por parte de las fuentes de EL PAÍS y de la SER. Ayer, Cospedal fue mucho más lejos y amplió considerablemente esas acusaciones.

Las denuncias de Cospedal son el último derrape en la estrategia del PP, liderada por Trillo, de poner todo el acento en las informaciones periodísticas sobre la corrupción en su partido para eludir el fondo del asunto. Llegan, además, en un momento de supuesto relajo de la tensión en torno a la corrupción, tras el archivo de la causa contra Camps, el lunes. La interpretación sui géneris del delito de cohecho que hizo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana será recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por el PSOE valenciano al Tribunal Supremo, que puede reabrir la causa en unos meses si no está de acuerdo con la decisión.

Ese recurso, anunciado por la vicepresidenta del Gobierno desde Costa Rica sin esperar a que lo hiciera la Fiscalía, es lo que dio pie a una catarata de declaraciones de líderes del PP acusando al Gobierno de haber dado orden al fiscal de perseguir judicialmente a su partido. Entre ellas, la frase de Cospedal sobre ETA, en la que se reafirmó plenamente ayer, y que lleva la tensión política al borde de la ruptura institucional.

El Estado según Cospedal

María Dolores de Cospedal es la secretaria general del PP, senadora y ex alto cargo del Ministerio del Interior. Ayer, en una entrevista acusó al Gobierno de espiar a la oposición. Además, dijo esto:

- "Vamos a seguir denunciando la utilización de la Fiscalía General del Estado para perseguir a la oposición".

- "Vamos a seguir denunciando las filtraciones que se están produciendo de actuaciones realizadas por la Policía Judicial, bien por los mandos políticos del Ministerio del Interior bien por la Fiscalía".

- "Se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que nada tienen que ver en ningún sumario y que nos consta que se están produciendo de manera ilegal".

- "El partido socialista está intentando corromper a las instituciones de la democracia".

- España es un "Estado policial" en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".

- El Gobierno "persigue a la oposición", como en "un sistema antidemocrático".

- "Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo

a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia".

- El PSOE y el Gobierno "intentan corromper las instituciones".

www.elpais.es 07.08.09

EL PP DENUNCIA ESCUCHAS ILEGALES A DIRIGENTES QUE NO ESTÁN EN LOS SUMARIOS

Cospedal asegura que el comportamiento del Gobierno es "propio de un sistema antidemocrático"

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores De Cospedal, ha afirmado hoy que a su partido le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales de su formación. "En España se vive un Estado policial como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía", se ha lamentado Cospedal, que ha criticado al Gobierno por "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".

"Perseguir a la oposición", como el PP cree que hace el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, resulta "propio de un sistema antidemocrático", ha recalcado. "Esto es lo que practica el Gobierno, aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia", ha asegurado acto seguido. Cospedal ha advertido de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno "intentan corromper a las instituciones de la democracia", incurriendo así en un caso de "corrupción política".

Asimismo, ha asegurado que "los fiscales están muy molestos con la actuación del Gobierno" en la instrucción del caso Gürtel, ya que pertenecen a una institución que, tal y como estipula la Carta Magna, ha de ser "garante de la ley y del Derecho para todos los ciudadanos". Ese malestar, ha dicho, se ha acrecentado después de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunciase desde Costa Rica que el ministerio público recurriría el auto que archiva la causa contra Francisco Camps.

Lejos de retractarse, Cospedal se ha reafirmado en las declaraciones que hizo hace dos días en un vídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP. "La Fiscalía está para perseguir a los delincuentes, los delitos y a los etarras, y no para perseguir o aniquilar a la oposición como pretende el PSOE", ha apostillado Cospedal, quien ha asegurado que a los ciudadanos les gustaría ver a la Fiscalía "persiguiendo a ETA en muchas ocasiones", y sin embargo han visto hace poco a De la Vega dando instrucciones al ministerio fiscal para perseguir al presidente valenciano.

El PP, en esta tesitura, seguirá denunciando "la utilización del Gobierno de Zapatero de todas las instituciones" y las filtraciones de las actuaciones policiales por parte de los mandos políticos del Ministerio de Interior o de la Fiscalía, ha aseverado Cospedal.

El primero en reaccionar a las declaraciones de Cospedal ha sido el responsable de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, que ha asegurado hoy que la Fiscalía "persigue todos los tipos de delitos: los de terrorismo, de corrupción o de guante blanco". En un comunicado, Hernando ha dicho que cuando la Fiscalía "persigue y detiene a presuntos delincuentes lo hace sin tener en cuenta si son militantes de un partido o si tienen cargos públicos o no".

www.elpais.es 06.08.09

EL PSOE EXIGE A RAJOY QUE SE RETRACTE DE QUE EL GOBIERNO NO PERSIGUE A ETA

De la Vega reconoce que quiso saber si el fiscal recurriría en el 'caso Camps'

Los socialistas buscaron ayer la revancha de los ataques del PP a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Se la brindó la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, al acusar al Gobierno de perseguir con ahínco a su partido y al presidente la Generalitat, Francisco Camps, a través de la Fiscalía General del Estado, en lugar de a ETA. La dirección del PSOE exigió al líder del PP, Mariano Rajoy que "desautorice inmediatamente" a Cospedal por la "indignidad" de recurrir a la "enloquecida estrategia de mezclar la política antiterrorista, con la lucha política", según un comunicado del partido.

La secretaria general del PP reaccionó el martes de esta manera ante el anuncio desde Costa Rica de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que la fiscalía iba a recurrir el auto por el que se archiva la causa por presunto cohecho contra Francisco Camps. Lo anunció ella antes que la fiscalía.

Esa información sirvió al PP para proclamar que con esa declaración quedaba probado que el Gobierno había ordenado al fiscal que recurriera. De la catarata de descalificaciones posterior, que continuó ayer, la invectiva de María Dolores de Cospedal sobrecogió a los socialistas. "Sólo tres días antes Mariano Rajoy había ido con el presidente del Gobierno en el mismo avión a la capilla ardiente de los dos guardias civiles asesinados por ETA; creíamos que la utilización del terrorismo ya estaba descartada para el PP", señalaron fuentes de la dirección socialista. "Con la lucha de los demócratas unidos frente al terrorismo ni se juega ni se frivoliza".

Lo cierto es que las acusaciones de Cospedal han contribuido decisivamente a que los socialistas olviden la contrariedad que sintieron al escuchar a la vicepresidenta. No porque pensaran que había dado instrucciones al fiscal, sino por la interpretación que supieron que el PP iba a hacer.

Desde Brasil, segunda etapa de su gira por América Latina, la vicepresidenta, tras reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, trató ayer de aclarar las circunstancias de su declaración, con la máxima naturalidad posible. Primero, ella no llamó a la fiscalía sino su equipo, informa Rosario G. Gómez "Lógicamente nos interesamos por lo que iba a hacer la fiscalía; después me preguntaron en conferencia de prensa y yo respondí", relató. "Ni conspiración, ni persecución. Actuación judicial y Estado de derecho". De la Vega estima que el PP "tiene un problema con la Justicia". De la Vega se prepara para que el asunto siga en otoño en el Parlamento. "Yo voy al Parlamento siempre que me pidan, otra cosa es que me parezca más o menos eficaz". El PSOE también prepara su estrategia, con incursiones al fondo del asunto: "Camps mintió y recibió regalos de manera continuada de una trama corrupta", subraya el PSOE.

www.elpais.es 06.08.09

"CRESPO ME DIO UN SOBRE CON 120.000 EUROS PARA ENTREGAR AL (DIPUTADO) BOSCH"

"Vi en las listas de regalos de Navidad el nombre de Luis Bárcenas".- "A.L.V. es Alberto López Viejo; se le dieron 286.000 euros".- "Galeote tiene efectivo y viajes"

Cuando el juez Baltasar Garzón ordenó la detención de los principales integrantes de la trama corrupta vinculada a gobiernos del PP que dirigía Francisco Correa y también un registro en la sede principal de la red empresarial, la policía encontró en poder del contable de la misma, José Luis Izquierdo, un pen drive (una memoria donde almacenaba datos reservados, que ocultaba en su mano, cerrada) y numerosa documentación donde se reflejaban los ingresos y los pagos.

Izquierdo apuntaba todas las entradas y salidas de fondos de la 'caja B'
Por indicación de los jefes de la trama abrió cuentas a nombre de políticos

Analizado el material, la policía halló decenas de apuntes contables referidos al supuesto pago de sobornos, en especie y en metálico, a 17 dirigentes del PP, que gobernaban en ayuntamientos y dos comunidades, por parte de la trama corrupta. El contable había apuntado durante cuatro años hasta seis millones de euros en pagos a diferentes políticos.

Cuando declaró ante Garzón, José Luis Izquierdo, a diferencia del resto de integrantes de la trama que han negado los hechos, explicó con cierto detalle todo lo que recordaba sobre esos pagos irregulares y confirmó los supuestos sobornos. En un principio trató de ocultar todo, pero cuando los agentes le sorprendieron con el pen drive escondido en su mano, optó por contar lo que sabía. Lo que sigue es un resumen de su declaración ante el juez Garzón, que se incluye entre las diligencias del caso Gürtel. Izquierdo, según su propio relato, estaba encargado de los apuntes en la caja B de la red empresarial, domiciliada en la calle de Serrano, 40 (Madrid).

Esa caja B se nutría con aportaciones de dinero que traía Pablo Crespo (número dos de la trama) procedente de otras cajas de seguridad de la organización con aportaciones de las distintas empresas adjudicatarias de obras de administraciones gobernadas por el PP o del dinero conseguido de contratos públicos. Izquierdo apuntaba todas las operaciones de entrada y salida de fondos de dicha caja. Para llevar el control de esas operaciones, había confeccionado un sistema de cuentas gestionado mediante archivos de Excel. Pablo Crespo, según Izquierdo, le indicó que abriera cuentas a nombre de determinadas personas o empresas donde se registraban automáticamente los apuntes que se realizaban. "Las indicaciones me las daba Pablo [Crespo] verbalmente, por teléfono o en el despacho". Baltasar Garzón, tras requisar la documentación que detallaba los sobornos millonarios a políticos del PP, preguntó a Izquierdo sobre cada uno de esos apuntes contables.

- Luis Bárcenas. El tesorero del Partido Popular, imputado por supuesto cohecho y delito fiscal, ha negado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que correspondan a él las siglas L. B., con múltiples apuntes en la caja B con entrega de diversas cantidades que suman 1,3 millones de euros. "El archivo con el nombre "cuentas L. B." puede referirse a Luis Bárcenas, pero no lo puedo asegurar con total certeza porque ha pasado mucho tiempo. En la época en la que Correa iba con asiduidad a la calle de Génova [sede del PP], vi en las listas de regalos de Navidad, en Serrano, 40, el nombre de Luis Bárcenas".

- Gerardo Galeote. El ex eurodiputado del PP perdió su plaza en las últimas europeas como consecuencia de su supuesta implicación en el caso de corrupción masiva. La contabilidad de la trama adjudica unos pagos de 245.000 euros en efectivo. Izquierdo señala: "El archivo de Galeote tiene una mezcla de unas entregas hechas en efectivo, según datos que me daban, y servicios de viajes, bien para él o bien para su familia".

- Alberto López Viejo. El ex consejero madrileño de Deportes y uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre adjudicó a dedo dos centenares de contratos a la trama corrupta para organizar actos de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid en los que intervenía la presidenta autonómica. A cambio, según la caja B de Correa, cobró al menos 286.000 euros en efectivo. "ALV", declara al juez Izquierdo para explicar sus propios apuntes, "es Alberto López Viejo. Esta persona era acreedora en 240.000 euros y al final se le dieron 286.000 euros. Las fechas son clavadas". López Viejo sigue siendo diputado autonómico y, aunque está suspendido de militancia a petición propia, el PP no le ha solicitado que entregue el acta.

- Benjamín Martín Vasco. Ex concejal de Arganda del Rey (Madrid), sigue siendo diputado autonómico pese a que la investigación judicial ha detectado que la trama le pagó más de 345.000 euros en comisiones ilegales a cambio, supuestamente, de sus gestiones para concursos de suelo que beneficiaron a Martinsa, una empresa para la que trabajaba supuestamente Francisco Correa como intermediario. Izquierdo declara sobre los apuntes referidos a Martín Vasco: "Hay viajes donde figuran estancias en hoteles, billetes de avión, gastos en joyería Suárez y dinero en efectivo. El dinero entregado en efectivo y los gastos de la joyería Suárez salen de la caja B. Si ha devuelto el dinero que se le dio, no ha pasado por mí. En cuanto a los viajes, hasta la fecha que pone el archivo, no se hicieron efectivos".

- Alfonso Bosch. Diputado autonómico al que el PP no ha solicitado que entregue el acta, aparece en la caja B con pagos de al menos 250.612 euros. El contable declara: "Conozco a Alfonso Bosch, me suena que es un amigo de Pablo. Lo he visto un par de veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con 120.000 euros para que se le entregara a este señor".

- Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla). Los apuntes de pagos al ex alcalde suman 642.942 euros. De algunos de esos apuntes, Izquierdo habló así al juez: "La cuenta en la que figuran 48.900 euros a nombre de Arturo González Panero son movimientos en efectivo que se le han dado a este señor, si no recuerdo mal". A González Panero le echó el PP de la alcaldía, pero sigue de concejal.

- Ginés López, alcalde de Arganda. "Es del alcalde de Arganda, en el archivo figuran viajes y alguna entrega en efectivo. Hay un sobre de 30.000 euros que me dijeron que preparara, que lo recogería Andrés (el conductor de Correa) que supuestamente hacía las entregas".

- Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo). En la caja B figuran pagos que suman 542.992 euros a favor del ex alcalde de Pozuelo, al que también se investiga por el supuesto cobro de regalos en especie (coches). Izquierdo habló de uno de esos apuntes preguntado por el juez: "Hay un asiento de cancelación facturas Pasadena Viajes. Es el mismo sistema, pagado por caja B". Sepúlveda dimitió de su cargo y sigue de concejal.

- Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda). "Hay un apunte de Pasadena Viajes 19.850 euros es la cancelación del expediente de un servicio que se pagó con la caja B. Pablo Crespo me pidió también que preparara un sobre con 50.000 euros y que lo pusiera a nombre de Guillermo Ortega", señala Izquierdo. A Ortega le quitó Esperanza Aguirre de alcalde pero le dio un cargo en la Comunidad, del que salió tras estallar el escándalo Gürtel, al comenzar las detenciones de implicados.

EL TESTIMONIO DE JOSÉ LUIS IZQUIERDO SOBRE PAGOS A CARGOS POPULARES

Luis Bárcenas, tesorero

- "El archivo L. B. puede referirse a él". "El archivo con el nombre 'cuentas L. B'. puede referirse a Luis Bárcenas, pero no lo puedo asegurar con total certeza porque ha pasado mucho tiempo".

Alberto López Viejo, diputado

- "Se le dieron 286.000 euros". Izquierdo asegura: "A. L. V. es Alberto López Viejo. Esta persona era acreedor en 240.000 euros y al final se le dieron 286.000. Las fechas están clavadas".

G. Galeote, ex eurodiputado

- Mezcla de cosas. "El archivo de Galeote tiene una mezcla de unas entregas hechas en efectivo, según datos que me daban, y servicios de viajes, bien para él o bien para su familia".

B. Martín Vasco, diputado

- "Si ha devuelto el dinero, no ha pasado por mí". "El dinero entregado en efectivo y los gastos de la joyería Suárez salen de la caja B. Si ha devuelto el dinero, no ha pasado por mí".

Arturo G. Panero, ex alcalde

- "Movimientos en efectivo que se le han dado". "La cuenta en la que figuran 48.900 euros son movimientos de efectivo que se le han dado a este señor, si no recuerdo mal".

Alfonso Bosch, diputado

- "Lo he visto por la oficina". "Me suena que es un amigo de Pablo. Lo he visto un par de veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con 120.000 euros para entregar a este señor".

www.elpais.es 06.08.09

El SUP recomienda al PP que "investigue en sus propias filas"

El PP pidió que se investigue a varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía en relación con el origen de las filtraciones

Al Sindicato Unificado de Policía (SUP) le parece bien que el PP se defienda de las filtraciones del caso Gürtel, pero no atacando a los suyos.

La Comisión Ejecutiva Nacional del sindicato ha lanzado un comunicado en el que destaca que “quienes exigen presunción de inocencia ante personas sobre las que hay sólidos indicios de implicación” deben “predicar con el ejemplo antes de poner en la picota a un Cuerpo de Seguridad del Estado”.

Por eso aconseja al PP “realizar una investigación previa”, que no afecte sólo a policías, jueces o fiscales, sino que incluya también a “sus propias filas”. El SUP cree que esa investigación es lo procedente antes de “disparar a ciegas” y exclusivamente contra los policías. Además, por los datos de los que dispone, el sindicato afirma que las filtraciones en el caso Gürtel “no proceden de ningún policía”.

Esta ha sido la reacción a la denuncia que interpuso el pasado viernes el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ante el juzgado 43 de Plaza de Castilla en Madrid.

El sindicato lamenta que los conservadores "pongan en la picota" a la Policía

En ella se pide que se tome declaración al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho; al comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, José Luis Olivera, y al comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, además de a varios funcionarios policiales, por “revelación y violación de secretos” e “interceptación ilegal de las comunicaciones”.

Después de que el PP se quedara sin argumentos para seguir cargando contra el juez Baltasar Garzón, buscó nuevo objetivo. Trillo puso en el punto de mira a González porque, tal y como recordó, fue una de las personas que participaron en la “escándalosa” cacería a la que acudieron el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Garzón. A juicio de Trillo, ambos habían terminado por pagarlo caro, pero no así el jefe de la Policía Judicial, quien no había respondido “a nada y pervive al frente de su cargo como perviven las filtraciones”.

“Incoherentes”

En la nota de prensa del SUP se señala que la denuncia “es una acusación directa que no es coherente” con lo que les manifestó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en una reunión que mantuvieron pocos días antes. Además, el sindicato recuerda que hay una trama corrupta en la que están implicados dirigentes del PP y que echarle la culpa a los demás no les “exime de su responsabilidad ante los ciudadanos”.

El SUP deja claro que las filtaciones son “delito y deben ser perseguidas” pero creen que los conservadores “se equivocan” de estrategia. Y recuerdan que, si intervenir contra grupos terroristas era sinónimo de “asumir denuncias de torturas o malos tratos”, a partir de ahora saben que cada vez que investiguen delitos de corrupción con políticos, también serán “objeto de otras” denuncias.

www.publico.es 26.07.09

Trillo exige una 'caza de brujas' contra los policías que han investigado al PP

Presenta una denuncia para descubrir a las fuentes de EL PAÍS sobre Gürtel

El portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, presentó ayer en los juzgados de Madrid una denuncia por varios delitos relacionados con la revelación de información supuestamente contenida en los sumarios secretos del caso Gürtel, que ya se reparte por tres tribunales (superiores de Madrid y Valencia y Tribunal Supremo). En su denuncia, el PP cita cinco informaciones del diario EL PAÍS y una de la Cadena SER, que reproducen el contenido de documentación que supuestamente obra en los sumarios.

El Superior de Madrid rechaza que el PP sea parte perjudicada del caso

Para aclarar el presunto delito de revelación de secretos, el PP quiere que desfilen ante un juez todos los policías que hayan participado en la investigación del caso Gürtel. Pide también que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el comisario de Policía Judicial y el comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales.

El PP no ha presentado ninguna denuncia contra quienes se aprovecharon supuestamente de instituciones gobernadas por ese partido o de la propia formación. "Lo que realmente interesa a este partido es localizar a los responsables de la filtración", dijo Trillo rodeado de una veintena de periodistas en la sede central del PP. La denuncia no considera sospechosos a jueces ni a fiscales.

Mientras denunciaba las filtraciones, Trillo reveló, sin ningún género de dudas, que una conversación en la que El Bigotes asegura que hacía regalos a la alcaldesa Rita Barberá no figura en el sumario de Valencia.

Trillo llegó a afirmar ayer que "todas las filtraciones han sido al Grupo PRISA". A pesar de que varios medios escritos han reproducido con todo detalle actuaciones secretas del caso Gürtel, sólo se cita a EL PAÍS, dijo Trillo, porque este diario "es el que ha tenido mayor protagonismo". Trillo se esforzó por aclarar que considera al periódico un "instrumento" que utiliza el delincuente, pero no quien comete el delito. En la denuncia cita por su nombre a los periodistas que firmaban las informaciones. "Aquí no se acusa a la libertad de expresión, a periodistas o a medio alguno", añadió en otro momento.

En la parte madrileña del caso Gürtel, el PP no podrá presentarse ya como acusación particular en la causa que instruye el Tribunal Superior de Madrid. El pasado 23 de mayo, el magistrado instructor aceptó esta personación del PP, que ayer rechazó la Sala Civil y Penal. La sala considera, que el PP no es parte perjudicada por la trama Gürtel, "por no ser titular de los bienes jurídicos afectados". El tribunal, además, no ve "admisible" como perjuicio al PP las noticias sobre el caso en los medios de comunicación.

www.elpais.es 25.07.09

EL TSJ DE MADRID INVESTIGA SI CORREA PAGÓ 420.000 EUROS AL PP VALENCIANO

¿Dónde estaban los 420.000 euros del PP VLC que habían salido de la Caja B de Correa, según el juez Garzón? Ésta era la pregunta que subyacía en el ambiente desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) asumió la competencia de la investigación de la Audiencia Nacional respecto a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. Hay que recordar que el auto de 5 de marzo del juez Baltasar Garzón aludía a importantes cantidades de dinero que relacionaban a la trama del caso Gürtel con el PP valenciano.

El TSJ valenciano excluyó de su investigación expresamente "los hechos referidos a apuntes sobre, aparentemente, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana", explica el tribunal en una respuesta a la Fiscalía denegándole varias pruebas relacionadas con el Grupo Correa.

En otra respuesta, en esta ocasión a la acusación popular, también el TSJ de Valencia deja claro que se le deniega la prueba porque es "objeto de la causa principal que se sigue ante otro órgano jurisdiccional", la que investiga el TSJ de Madrid, y que "estaban pendientes de investigación" por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Lo que estaba "pendiente de investigación", como refiere el TSJ de Valencia y como figura en el auto del juez Baltasar Garzón, del pasado 5 e marzo, era una salida de 420.000 euros, de la "contabilidad B de Serrano", es decir de la caja B del despacho de Francisco Correa en la calle Serrano. en un apunte contable del 18 de diciembre de 2002, "figura una cantidad de 1.000.000 de euros sin constar la procedencia" y, dentro de la "distribución de esa cantidad" aparece "PP VLC", con una cantidad asociada de 420.000 euros". Y añadía que "el dinero recibido, 420.700 euros, se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".

A continuación, el juez Garzón afirmaba que "consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el Partido Popular de Valencia". Continúa diciendo que "no existe lógica en dicho traspaso, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa se deriva a una formación política , que no tendría que participar en este tipo de operaciones". Y, por último, señalaba Garzón "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa. Este extremo está pendiente de investigación". Con ello, Garzón estaba poniendo en conexión el cobro de comisiones del PP valenciano con la adjudicación de contratos.

No obstante, de esta investigación poco se puede conocer porque el TSJ de Madrid aún no ha levantado el secreto de las actuaciones. Y ante el temor de la acusación a que "se quede sin investigar algún hecho" de las diligencias del juez Garzón, el TSJ de Valencia responde que el TSJ de Madrid tiene "perfecto conocimiento de lo que fue asumido por esta Sala y de lo que no fue asumido". De ello se deriva, que Madrid está investigando todo lo que no tiene que ver con los trajes.

Dentro de la maraña de recursos presentados por las acusaciones y las defensas ante el instructor y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), queda pendiente por resolver el definitivo, el que plantea ante la Sala bien el archivo o bien la ampliación de diligencias fuera del procedimiento del jurado, respecto al auto de 6 de julio. En su recurso, la acusación popular ejercida por los socialistas, plantean ante el TSJCV la necesidad de investigar la conexión entre los regalos y las adjudicaciones de contratos a Orange Market.

En este sentido, insisten en pedir los expedientes de contratación de esta empresa respecto a las adjudicaciones de la Generalitat, al estimar que hubo irregularidades. Para ello se basan en un informe que consta en la actuaciones y que "informa sobre la concurrencia de irregularidades en los procesos de contratación efectuados por la Agencia Valenciana de Turismo, entre los que se encuentran los contratos de Fitur". Se trata del informe de la Sindicatura de Cuentas, que cita once irregularidades.

Entre ellas, se habla de que "se realizan cuatro contratos con el mismo objeto", y "se omiten los dos trámites preceptivos de iniciación y aprobación del expediente". No "se justifica la necesidad" ni se aprueba "el pliego de prescripciones técnicas". Tampoco "se aprueba el cuadro de características básicas". Además, "el pliego de prescripciones técnicas incluye materias que deberían figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares". Tampoco consta el "requisito de justificación" y "se contrata conjuntamente proyecto y ejecución". Señala que "se efectúan contratos por el procedimiento negociado" y no se publica la adjudicación". Y, a veces, la empresa adjudicada no ha sido invitada.

(www.elperiodico.com, 24/07/09)

EL PP PRESENTA LA DEMANDA POR LAS ÚLTIMAS FILTRACIONES

El Partido Popular ha presentado hoy a primera hora de la mañana en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla de Madrid una demanda por las filtraciones del caso Gürtel publicadas en las últimas semanas, informaron en fuentes populares.

Según las mismas fuentes, la denuncia pide entre otras diligencias que se tome declaración al comisario jefe de la Policía Judicial, José Antonio González.
La denuncia en sus aspectos fundamentales pide que se investiguen tanto las intervenciones telefónicas como las violaciones del secreto sumarial en el caso Gürtel. Hace especial hincapié en distintos episodios como la reciente difusión de las conversaciones de un miembro de la trama, en la cual decía que iba a comprar un bolso para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya avanzó el pasado lunes que el PP presentaría una denuncia en los tribunales por "la campaña sistemática y planificada de filtraciones" y recalcó que cuando se trata de piezas policiales, el deber de custodia recae en la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o en quién corresponda esa custodia en el juzgado.

Además, Cospedal expresó el apoyo de la dirección nacional del PP a la querella anunciada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para la defensa de su honor y a la denuncia del PP de Valencia con el objetivo de que se investiguen las filtraciones de la causa judicial abierta en Valencia.

El pasado martes, la Fiscalía Anticorrupción señaló que tiene previsto denunciar ante un juzgado de instrucción de Madrid las filtraciones del sumario del caso Gürtel, una denuncia que hasta el momento no se materializado.

(www.publico.es, 24/07/09)

FRANCISCO CORREA, EN PRISIÓN: "¿QUÉ HAGO YO AQUÍ ENTRE DELINCUENTES?"

(www.elpais.com, 24/07/09)

LOS TRES ACTORES PRINCIPALES

Pablo Crespo. El ex secretario de Organización del Partido Popular gallego, está imputado por los mismos delitos.

Antoine Sánchez. Primo de Correa y empleado en sus empresas, está imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad.

(www.elpais.com, 24/07/09)

RAJOY: "EL GOBIERNO MACHACA AL PP"

El líder del PP, Mariano Rajoy, que no había aparecido en un acto público desde el pasado sábado, rompió ayer su silencio en un mitin de su partido celebrado en la localidad gaditana de Chipiona para señalar a terceros como responsables de los efectos del caso Gürtel.

Sin citar expresamente la investigación en curso en el Tribunal Supremo, el líder del PP señaló al Gobierno como promotor de un intento para "machacar inmisericordemente al principal partido de la oposición". Rajoy advirtió que "no lo conseguirán" porque, dijo, "ya tenemos mucho callo".

El presidente el PP afirmó que su formación "va bien, e irá mejor en el futuro, a pesar de los estratosféricos esfuerzos de algunos para hacer lo posible, y si pueden lo imposible, para que eso no sea así, pero no lo van a conseguir".

En este caso, Rajoy no apreció a quién estaba dirigida la sentencia. Rajoy no hizo ninguna mención expresa de apoyo a su tesorero, Luis Bárcenas, al contrario de lo que hizo tras la declaración de Francisco Camps, imputado por cohecho.

En una alocución sin preguntas de los medios de comunicación, el presidente popular llamó a los suyos a "actuar como periodistas" para "transmitir el mensaje del partido". "Ha sido un año que no ha sido fácil, pero vamos a sobreponernos a todas las dificultades que tengamos en el camino", animó a los militantes del PP gaditano.

(www.elpais.com, 24/07/09)

RAJOY ACUSA AL GOBIERNO DE INTENTAR "MACHACAR INMISERICORDEMENTE" AL PP

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado esta mañana que su fuerza política va bien y va a ir mejor aún en el futuro aunque el Gobierno esté intentando "machacar inmisericordemente" al principal partido de la oposición. En un acto en la localidad gaditana de Chipiona, Rajoy ha subrayado que el PP ha sabido sobreponerse a sus dificultades y ganar las elecciones europeas del pasado 7 de junio y las gallegas del 1 de marzo.

"Vamos bien y nos va a ir mejor en el futuro a pesar de los estratosféicos esfuerzos de algunos para hacer lo posible y, si pueden, lo imposible para que esto sea así, pero no lo van a conseguir", ha señalado Rajoy, que ayer guardó silencio respecto a la declaración de Luis Bárcenas ante en el Tribunal Supremo y que hoy en ningún momento de su intervención ha hecho referencias explícitas al caso Gürtel. En esa línea, ha acusado al Gobierno de preocuparse sólo de que "le saquen bien en televisión" y de ver qué puede hacer "para machacar inmisercordemente" al PP, aunque ha insistido en que no lo conseguirá porque este partido "tiene mucho callo".

Rajoy ha pedido que cada uno de los militantes del PP se convierta en un periodista que transmita el mensaje del partido, ya que eso contribuirá a hacer realidad las buenas expectativas de que goza. Por otra parte, ha reiterado que el PP va a llevar al Congreso en septiembre la necesidad de reformar la Ley del Menor, por entender que la actual normativa "protege más al menor delincuente que al menor normal". Se ha referido a los casos "dramáticos" que han ocurrido recientemente en Baena y en Huelva, en los que están implicados menores, para señalar que es necesario tomar muchas medidas para prevenirlos.

En este contexto, ha defendido que el sistema educativo se reforme "de arriba abajo" para que proporcione "principios y valores" a los jóvenes y para que éstos aprendan a distinguir, desde pequeños, lo que es bueno y lo que es malo. Ha reiterado también su intención de plantear en el Congreso que se agraven las penas de todos aquellos mayores que cometan delitos acompañados de menores, así como la rebaja de la edad penal en casos de delitos especialmente graves y en los de reincidencia.

(www.elpais.com, 23/07/09)

LA INSTRUCCIÓN DEL CASO GÜRTEL SUMA YA 101 IMPUTADOS

Los tres tribunales que se han repartido la instrucción del caso Gürtel ya han alcanzado los 101 imputados. Además, se prevé que esta cifra aumente al estar la investigación aún en un estado incipiente y no haber habido prácticamente una semana en la que no ha aparecido una nueva persona identificada como receptora de pagos por parte de las empresas de Francisco Correa. Por eso, es más que probable que la causa se convierta en la más importante de corrupción política investigada en España en número de imputados.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es el que más imputados tiene a su cargo, al ser el encargado de la totalidad de la causa, salvo la trama valenciana y lo que afecta a los dos aforados nacionales del Partido Popular de momento implicados. El instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, tiene imputadas a un total de 95 personas, a las que va interrogando de forma pausada a un ritmo de seis a la semana.

Tomar declaración a todas puede durar todavía meses, porque, de hecho, las ha intercalado con testigos de la parte del caso en las que más ha profundizado: la relativa a las irregularidades detectadas en el ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y en su gestión del suelo municipal. El ex alcalde de esta localidad Arturo González Panero es el único de los cuatro ex regidores del PP imputados que ya ha comparecido en el tribunal madrileño. También lo hicieron los diputados conservadores imputados y, en concreto, Alfonso Bosch, que se encargó de la gestión de suelo municipal, así como varios ex concejales del municipio madrileño, como el padre del ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote.

Al encargarse de la totalidad de la causa, el TSJM es el que heredó los imputados que declaró el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuyo listado provisional ascendía ya a 60 el pasado mes de marzo, cuando se inhibió a favor de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. Pedreira les ha sumado aquellos que han ido apareciendo a medida que ha avanzado la investigación, como Arturo Gianfranco Fasana, al que el juez de la Audiencia Nacional citaba en sus autos, pero que compareció por primera vez como imputado en el TSJM.

Mientras en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el número de imputados tras las últimas decisiones del juez José Flors permanecerá limitado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano, en el Tribunal Supremo todo está abierto.

El Alto Tribunal todavía no ha podido ampliar la investigación realizada por el juez Pedreira, porque todavía no ha cursado los suplicatorios con los que las Cámaras a las que pertenecen el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Medina, deben autorizar las averiguaciones.

Antes de solicitar la preceptiva autorización a las Cortes, el instructor del caso en el Supremo, Francisco Monterde, escuchará las explicaciones que Bárcenas le ofrecerá mañana en la declaración que ha solicitado voluntariamente y que prestará en calidad de "imputado provisional". Merino está citado para el jueves, pero podría ver retrasada su citación por un viaje de su abogado.

(www.publico.es, 21/07/09)

EL PP TIRA CONTRA EL GOBIERNO Y EVITA EXPLICAR SUS RELACIONES CON LA TRAMA

Después del comunicado del domingo, en el que el PP denunciaba una campaña para "tratar de aniquilar" a este partido, Mariano Rajoy reunió ayer a su dirección y, según fuentes de la calle de Génova, la sede central, todo regresó al mismo lugar en el que empezó hace unos meses.

Los populares se dedicaron, como en febrero, a compartir su indignación y a buscar un enemigo exterior. Esta vez no es el juez Baltasar Garzón, sino el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Justicia, Francisco Caamaño, que sustituyó a Mariano Fernández Bermejo, que dimitió precisamente por la presión que el PP ejerció contra él por el caso Gürtel.

En la dirección se ha extendido la preocupación por el hecho de que el caso implique cada vez a más dirigentes. Rajoy, sin embargo, está muy tranquilo, según algunas personas que pudieron comprobar ayer su estado de ánimo, y cada vez más convencido de que el caso acabará judicialmente en nada o casi nada. Aun así, el líder ordenó a su equipo, y en especial a la secretaria general, Dolores de Cospedal, que compareciera en tono duro -anunció una denuncia por las "filtraciones" y llegó a decir que lo que está pasando es "dramático" y propio de "tiempos pasados", esto es de la dictadura-.

Los populares estallaron, según varios dirigentes, al ver que el caso se extiende y afecta a un icono del PP, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, posible sustituta de Francisco Camps en el caso de que éste tuviera que dimitir por su implicación en Gürtel.

La extensión del caso a Barberá ha provocado el mismo efecto que tuvo en febrero la aparición de la vinculación de Camps. "Con las cosas de comer no se juega", dijo entonces la ex ministra Celia Villalobos en una reunión interna, para dejar claro que en el PP puede haber distintas corrientes y varios enfrentamientos, incluso personales, pero cuando los dirigentes sienten que es la imagen del partido la que está en juego, se cierran sobre sí mismos para defender la formación a la que en la mayoría de los casos han dedicado su vida profesional.

El próximo martes, Rajoy ha convocado al Comité Ejecutivo, la dirección del partido, y sin duda el asunto Gürtel será uno de los ejes. Para entonces ya habrá declarado ante el Supremo el tesorero, Luis Bárcenas, y la dirección confía en que este caso se resuelva antes de septiembre.

De momento, la dirección ha decidido, después de semanas de silencio, salir al contraataque y hablar de una conspiración contra el PP en la que estarían el Gobierno, la fiscalía y la policía. Con dos objetivos: primero, unir a los propios y cerrar filas contra el enemigo exterior; y segundo, evitar hablar del fondo del asunto.

Cospedal, que sufrió una dura rueda de prensa con 12 preguntas sobre el caso Gürtel, siguió un guión muy claro: atacó al Gobierno, anunció que el PP pedirá que comparezcan los ministros de Interior y Justicia, insistió en que su partido está siendo víctima de una persecución, pero sobre todo evitó responder cualquier pregunta sobre el fondo del asunto. ¿Van a abrir una investigación por los siete millones de euros en contratos que la Comunidad Valenciana concedió a la trama? ¿Y los que concedió Barberá como presidenta de la FEMP? ¿Van a explicar por qué esta trama pudo penetrar tanto en el PP? Fueron algunas de las preguntas que dejó sin responder mientras insistía una y otra vez en que Interior tiene la responsabilidad de custodiar los documentos del sumario.

(www.elpais.com, 21/07/09)

GARCÍA-ESCUDERO ASEGURA QUE EN 2003 DEVOLVIÓ UN RELOJ A CORREA

La contabilidad B de la trama de Francisco Correa, una de las bases del caso Gürtel, tenía un gran nivel de detalle. Hasta el punto de que en ella figuran incluso cantidades muy pequeñas. Hay una, de 500 euros, que consta en el sumario como si fuera una entrega en 2003 a la secretaria de Pío García-Escudero, actual portavoz en el Senado del PP y entonces presidente del partido en Madrid, por lo que tenía relación con las empresas de la red, que montaban casi todos los actos.

El apunte, según García-Escudero, podría deberse a un teléfono móvil que le regaló Álvaro Pérez, El Bigotes, cuando estaban organizando la campaña de las municipales y autonómicas de 2003, que coordinó García-Escudero. El miembro de la cúpula del PP sostiene que ese regalo se produjo en el contexto del trabajo, porque se le había estropeado el suyo, y lo engloba en una relación profesional normal.

García-Escudero se relacionaba con El Bigotes directamente, pero también admite que el propio Francisco Correa, el jefe de Álvaro Pérez y máximo responsable de la trama, al final de una comida de trabajo, también en 2003, le dio una bolsa con un regalo. El portavoz en el Senado recuerda que intentó no aceptarlo en ese momento, pero ante la insistencia de Correa se lo llevó a su despacho. Al abrirlo, comprobó que se trataba de un reloj "muy caro, de mucho más de 500 euros", según su propio relato, y decidió que no podía aceptar ese regalo. Por eso cerró el paquete y ordenó a su chófer que lo entregara en las oficinas de Correa, en la calle de Serrano 40 de Madrid. García-Escudero sostiene que no volvió a saber nada de ese regalo.

Correa tenía la costumbre de realizar costosos regalos a prácticamente todas las personas responsables de alguna manera de sus contratos. En el PP, los más veteranos recuerdan perfectamente los carísimos regalos -bolsos, casi siempre de Louis Vuitton, para las mujeres, relojes caros para los hombres- que llegaban a la sede de la calle de Génova cada Navidad.

García-Escudero fue el responsable de varias campañas y sobre todo del PP de Madrid, que contrataba todo con Correa hasta el punto de que el congreso de 2004, en el que Esperanza Aguirre sucedió a García-Escudero al frente del PP de Madrid, también lo organizó la red. Después de 2004 Correa buscó refugio en la Comunidad Valenciana y en el Gobierno de Aguirre, a través de Alberto López Viejo.

(www.elpais.com, 21/07/09)

EL EX SECRETARIO DE AZNAR NIEGA HABER COBRADO COMISIONES

Antonio Cámara, secretario del ex presidente José María Aznar, remitió ayer una carta a este periódico en la que indica que su relación con Special Events [una de las empresas de la trama Gürtel] fue "puramente laboral, con alta en la Seguridad Social", y que duró "apenas ocho meses". Cámara subraya que de Special Events cobró "sus emolumentos por los ocho meses de relación laboral". "Pero nunca he cobrado comisiones de ningún tipo", señala.

EL PAÍS publicó ayer que en la caja B de la red de sociedades del caso Gürtel figura una anotación de 90.000 euros a su nombre, pero no se le atribuye ningún cobro de comisiones. Cámara señala: "La noticia publicada (...) tiene como finalidad difamarme no sólo de manera directa, sino también mediante insinuaciones maliciosas, haciendo primar la difamación y la insidia frente a cualquier contenido informativo aparente". Y agrega: "No se han molestado ustedes en hacer una mínima labor de comprobación y contraste, ni de lo publicado ni de lo insinuado. Antes al contrario, hacen ustedes una confusión maliciosa e innecesaria de personas, de actividades y de periodos temporales, que nada tienen que ver entre sí".

EL PAÍS intentó durante dos días recabar su versión a través del gabinete de prensa del PP, que indicó que estaba ilocalizable.

(www.elpais.com, 21/07/09)

LA 'CAJA B' DE CORREA REFLEJA UNA ENTREGA DE 90.000 EUROS AL EX SECRETARIO DE AZNAR

Los tentáculos de la trama corrupta vinculada al PP que dirigía Francisco Correa son largos. La caja B de las sociedades de la red, profusamente nutrida de dinero negro procedente supuestamente de comisiones ilegales y de turbios negocios especulativos en Administraciones controladas por ese partido, refleja una entrega de 90.000 euros a Antonio Cámara Eguinoa, secretario personal durante ocho años del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Cámara entró a trabajar para una de las sociedades de Correa, Special Events, justo después de abandonar Aznar La Moncloa, en abril de 2004, tras perder las elecciones.

La anotación de esa entrega de 90.000 euros en dinero negro está fechada el 6 de septiembre de 2004. Cámara trabajó apenas unos meses para Correa. Poco después de que Génova rompiera con éste, Cámara también se enfrentó con él y dejó la empresa. Lo recogió Esperanza Aguirre, que le dio su actual puesto: miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Allí ha votado siempre con el grupo afín a la presidenta de Madrid en la batalla que ésta mantiene con el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón. En medio de la pelea, el ex secretario llegó a presidir de manera temporal ese órgano de la caja. Cámara es una persona muy cercana a la familia Aznar, tanto al ex presidente como a su esposa, Ana Botella, teniente de alcalde de la capital.

La anotación de los 90.000 euros en la caja B de Correa la descubrió la policía entre la documentación intervenida en un piso de seguridad que la trama tenía en madrileña calle de Serrano y en la vivienda particular del contable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo. El informe no especifica en concepto de qué se le abona esa cantidad ni por qué el dinero se extrae de las cuentas opacas de las sociedades de la trama. Pero sí está en el mismo archivo contable en el que constan las comisiones que recibe Correa de empresarios que han obtenido contratas de Administraciones locales y autonómicas gobernadas por el PP y donde también figuran pagos en especie o en metálico que la trama corrupta hizo supuestamente a los políticos y altos cargos populares que hacían posibles esos lucrativos negocios. Es llamativa la abultada cantidad de dinero, 90.000 euros, que supuestamente percibe Cámara si se tiene en cuenta que apenas trabajó unos meses para Special Events.

El contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, admitió ante la policía la entrega de ese dinero a Cámara. Izquierdo declaró que Cámara había trabajado unos meses para Special Events y que se trataba de una persona que "con anterioridad", explicó, "había trabajado para Presidencia del Gobierno, en el entorno de Aznar".

EL PAÍS intentó el sábado y el domingo, sin éxito, contactar con Cámara para conocer su versión sobre la anotación de 90.000 euros que refleja a su nombre la caja B de la trama. Fuentes del PP señalaron que Cámara estaba ilocalizable. Hasta ahora (el sumario sigue secreto), el ex secretario no figura entre los imputados del caso Gürtel. Pero lo que sí tiene claro la policía es que la procedencia de los 90.000 euros que supuestamente acabaron en manos de Cámara tienen un "origen desconocido". Fuentes cercanas a la investigación dudan de que se trate de honorarios profesionales. Por dos motivos: "son unos honorarios excesivamente abultados, 90.000 euros, y, además, las nóminas no se pagan en dinero negro".

En la misma caja B figuran anotados pagos y supuestos sobornos a Bárcenas, a tres diputados de la Asamblea de Madrid (entre ellos, el ex consejero del Gobierno de Madrid Alberto López Viejo y el diputado regional Alfonso Bosch) y a cuatro ex alcaldes de grandes municipios madrileños: Arganda, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Éstos dimitieron el pasado mes de abril tras saltar el escándalo y ser forzados por la presidenta Esperanza Aguirre a dejar sus alcaldías.

Durante los registros que efectuó la policía por orden del juez Garzón, los agentes se dieron cuenta de que el contable Izquierdo, que estaba presente, siempre mantenía cerrada una de sus manos. Parecía ocultar algo. La policía le pidió que la abriese. Y, efectivamente, en ella ocultaba un pen drive, que fue requisado y analizado. En ese archivo fueron descubiertos gran parte de las comisiones y nombres o iniciales de los altos cargos del PP que habrían recibido dinero.

Izquierdo, según el informe policial, comentó que él mismo había redactado esos "apuntes contables" y que había abierto "una cuenta por cada persona física o jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable". Entre las personas que se hallan relacionadas en la contabilidad del pen drive hay altos cargos del PP y personas conocidas, como el yerno del ex presidente Aznar, Alejandro Agag. Izquierdo tenía instrucciones precisas de Correa y de su lugarteniente en las sociedades, Pablo Crespo, de tener siempre oculta esa información y de no mostrarla a ningún otro empleado de las sociedades de la trama. Agag no está imputado en las diligencias del caso Gürtel ni hay ninguna anotación de que haya recibido dinero. Al menos no consta en ese archivo. Pero fuentes cercanas a las pesquisas destacan que tenía fuertes lazos de amistad con Correa, quien fue testigo de su boda con la hija de Aznar.

La supuesta desmemoria de Izquierdo, uno de los casi 80 imputados en la trama Gürtel, ha contribuido a que se dilate el proceso judicial que pesa sobre el senador por Cantabria y tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. Durante su interrogatorio, afirmó "no estar muy seguro" de si las siglas "LB o Luis el Cabrón", anotadas por él mismo en la contabilidad B, pertenecen a Bárcenas. Hasta que afloró el informe de la Agencia Tributaria que relaciona al tesorero del PP con la trama de Correa, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el caso Gürtel fuese elevado al Tribunal Supremo. La fiscalía se basó en las dudas de Izquierdo para esgrimir que no había indicios criminales sólidos contra él. Ahora sí los tiene claros.

(www.elpais.com, 20/07/09)

CORREA ENTREGÓ 90.000 EUROS A UN CARGO DE CONFIANZA DE AZNAR Y AGUIRRE

La trama corrupta vinculada al Partido Popular parece no tener techo. Las últimas informaciones relativas al caso reflejan una entrega por valor de 90.000 euros a Antonio Cámara, el que fuera secretario personal durante ocho años del ex presidente Aznar.

Según el diario, Cámara trabajó en Special Events, una de las sociedades de Correa, inmediatamente después de terminar su etapa con Aznar en La Moncloa, tras abandonar el poder en 2004. La entrega de dinero, que salió de la caja B de Correa, se produjo el 6 de septiembre de 2004. Su periodo en Special Events fue efímero y a los pocos meses abandonó su puesto en la empresa.

A la vez que el PP rompió con Correa, también desapareció el vínculo del supuesto cabecilla de la trama y el secretario de Aznar. Fue justo después cuando empezó a desenpeñar el cargo que actualmente ocupa en el gobierno de Esperanza Aguirre: miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid.

Cámara es una persona muy cercana, tanto de Aznar, como de su esposa Ana Botella. El pago de 90.000 euros fue descubierto por la Policía mediante la documentación intervenida en la vivienda particular del contable de Correa, situada en la madrileña calle de Serrano.

(www.publico.es, 20/07/09)

EL PP ACUSA AL GOBIERNO Y A "UN DETERMINADO GRUPO DE COMUNICACIÓN" DE TRATAR DE ANIQUILARLE

El Partido Popular difundió ayer un largo comunicado en el que afirma que, con motivo de las investigaciones judiciales del caso Gürtel, está siendo objeto de "una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos y del propio partido, en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación".

El PP se queja de que a las informaciones sobre actuaciones sumariales secretas "vienen a unirse, en las ultimas semanas, filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial" y que se utilizan para dañar personal y políticamente a algunas personas.

Los populares señalan que el respeto al honor de las personas y al secreto de las comunicaciones son derechos fundamentales, que están obligados a respetar el Ministerio del Interior, la Policía Judicial "y los medios de comunicación que respeten las reglas de la sociedad democrática". A continuación, el PP acusa sin pruebas al Ministerio del Interior de "abuso perverso y abusivo de los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho".

Tras opinar que en ese terreno se están registrando conductas "constitutivas de graves delitos y no menos graves responsabilidades políticas", el PP acusa a los medios de comunicación que informan sobre el caso Gürtel de situarse "al margen de la libertad de expresión". "Quienes de forma concertada, y amparándose en la libertad de expresión, colaboran dando publicidad a estas conductas, sin dar valor a los desmentidos previos y ampliando así los efectos dañosos, se sitúan al margen de la libertad de expresión que dicen defender, y de cualquier regla deontológica de la profesión periodística".

El PP acusa al Gobierno "de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, [que] nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial". Y hace un llamamiento "a la opinión pública española e internacional sobre las tremendas consecuencias (...) de tratar de aniquilar al primer partido de la oposición usando los instrumentos del Estado".

El PP reclama, en especial al Poder Judicial, "la especial vigilancia de cualquier conducta que tenga por objeto menoscabar de forma sectaria los derechos de los ciudadanos con la utilización de forma ilegítima de los medios del Estado de derecho".

El PP señala que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado "acciones judiciales por calumnia contra los responsables de la difamación publicada este fin de semana por los medios del Grupo PRISA, a raíz de la violación del deber de secreto de unas actuaciones que no forman parte del sumario y que están tan sólo a disposición de la Policía Judicial". Desde el PSOE, contestó Antonio Hernando: "Primero acusaron al juez Garzón, después a los policías, después al Ministerio Fiscal y ahora a Interior. Ninguna de estas instituciones es responsable del comportamiento del tesorero del PP, de su diputado ni de alcaldes como Rita Barberá".

(www.elpais.com, 20/07/09)

EL PP SE CREE VÍCTIMA DE UN PLAN DEL GOBIERNO PARA DESTRUIRLE

La filtración de una grabación telefónica de la trama Gürtel en la que uno de sus cabecillas dice haber regalado bolsos de una marca de lujo a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dio ayer pie al PP a hacer público un comunicado sin precedentes.

En él, la formación presidida por Mariano Rajoy, denuncia que está siendo objeto de un conspiración dirigida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuyo objetivo es destruir al partido conservador.

"La actitud del Gobierno, y de otras instituciones del Estado como la Fiscalía General, de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial", reza el comunicado, difundido desde la dirección nacional del PP.

Aunque no es la primera vez que el partido de Mariano Rajoy ve en la investigación judicial de la trama corrupta una operación de desgaste político auspiciada por el Gobierno y sus resortes en la Administración de Justicia, sí es la primera ocasión en la que advierten que su objetivo es barrer del mapa político al partido conservador.

Así, el PP aprovecha el documento para "hacer un llamamiento a la opinión pública española e internacional sobre las tremendas consecuencias que para una democracia tiene tratar de aniquilar al primer partido de la oposición usando para ello los instrumentos del Estado".

Y es que los conservadores entienden que con el caso Gürtel están siendo objeto de "una campaña sistemáticamente programada y ejecutada" para desprestigiar a sus cargos públicos y al propio partido "en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación".

El partido de Mariano Rajoy culpa directamente de esta supuesta estrategia al Ministerio del Interior, al que responsabilizan de "abuso perverso y abusivo" de los instrumentos con los que cuenta un Estado de Derecho. Y por ello, demandan la comparecencia urgente de los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Justicia, Francisco Caamaño, en el Congreso. El PP quiere que expliquen las filtraciones del caso Gürtel, en especial las relativas a las conversaciones telefónicas que afectan a sus dirigentes.

Los conservadores aprovechan para hacer un recorrido sobre la evolución del caso de corrupción que les salpica. A las primeras filtraciones de las actuaciones sumariales secretas, "nunca investigadas pese a nuestras reiteradas denuncias, en las que se conculcaba el derecho a la defensa y la presunción constitucional de inocencia", han venido a unirse en las ultimas semanas, recuerdan, "filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial" que no forman parte "en algunos casos de las actuaciones sumariales".

El comunicado pone al Grupo Prisa en la diana, cuya cabecera El País publicó ayer el contenido de una conversación telefónica en la que Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la rama valenciana de la trama corrupta, admitía hacer regalos a la alcaldesa de Valencia. "No nos da nada, pero tampoco nos hace nada", decía, para justificar la supuesta compra de un bolso de Louis Vuitton.

El PP argumenta que esas filtraciones son constitutivas de graves delitos y "no menos graves responsabilidades políticas". Y manifiesta que "la utilización de funcionarios públicos para realizar tan graves actuaciones, no hace sino agravar aún más las consecuencias, tanto para los que dan las órdenes, como para los que las ejecutan, arrojando injustamente dudas de manera indiscriminada sobre la conducta honrada de la mayoría de todos ellos".

(www.publico.es, 20/07/09)

DEFENSA DEL PARTIDO "EN TODAS LAS INSTANCIAS"

Dignidad de las siglas

En su comunicado, el PP mantiene que “defenderá la dignidad de sus siglas, a sus dirigentes y militantes, que representan legítimamente a más de 10 millones de españoles por todos los medios a su alcance y en todas las instancias nacionales e internacionales que fuera preciso”.

Toque al poder judicial

Los conservadores reclaman de todas las instituciones públicas y sociales, y en especial del Poder Judicial, “la especial vigilancia de cualquier conducta que tenga por objeto menoscabar de forma sectaria los derechos de los ciudadanos con la utilización de forma ilegítima” de los medios del Estado de Derecho.

Explicaciones de Rubalcaba

Los conservadores exigen la “comparecencia conjunta y urgente” de los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Justicia, Francisco Caamaño, para que den cuenta de las filtraciones, “en particular de las intervenciones telefónicas”.

Apoyo a Rita Barberá

El partido de Mariano Rajoy muestra, por último, su apoyo “unánime” y rotundo a las acciones legales que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado que va a dirigir contra los medios que informaron de sus regalos.

(www.publico.es, 20/07/09)

EL ‘CASO GÜRTEL’ SALPICA A BARBERÁ Y SUSCITA UNA AIRADA RESPUESTA DEL PP

La mancha de la sospecha de corrupción vertida sobre el PP por el caso Gürtel se extiende por las principales instituciones valencianas. Después de la imputación por un delito de cohecho impropio del presidente de la comunidad autónoma, Francisco Camps, y de su mano derecha, Ricardo Costa, así como de otros dos altos cargos de la administración valenciana, ha sido ahora la alcaldesa de la capital del Turia, Rita Barberá, la que ha visto su nombre tocado por la sombra de la trama corrupta. La noticia de la posible vinculación de Barberà, la figura más rutilante del municipalismo popular junto con el madrileño Alberto Ruiz Gallardón, con el caso Gürtel provocó ayer una oleada de indignación en las filas del PP, que salió en defensa de la alcaldesa con un florido ramillete de reacciones encolerizadas y un durísimo comunicado de denuncia.

En el origen de este nuevo escándalo está, una vez más, una conversación telefónica interceptada por la policía el pasado 2 de enero y de cuya existencia dio ayer noticia el diario El País. En ella, Álvaro Pérez, alias el Bigotes, responsable de la empresa Orange Market y presunto cabecilla de la trama corrupta vinculada al PP en Valencia, asegura que durante años ha estado haciendo regalos a Rita Barberá. De hecho, en el momento de la conversación, el Bigotes dice estar en una tienda de Louis Vuitton «comprándole un bolso a la alcaldesa». En otro momento, refiriéndose a Barberá, Pérez afirma: «No nos da nada, pero tampoco nos hace nada».

Cuando el sábado por la noche apareció la primera información sobre este caso, el jefe de prensa de la alcaldesa de Valencia se aprestó a responder que esta «jamás en su vida ha recibido ningún regalo del Bigotes». Ayer, Barberá hizo saber a través de un portavoz que «solo hablará de este asunto ante la justicia» y que «se querellará contra todos los que su abogado crea oportuno».

Durante todo el proceso que ha conducido a la imputación de Francisco Camps y de otros altos cargos, la alcaldesa se ha distinguido siempre por su cerrrada defensa de la inocencia del presidente autonómico, al que incluso acompañó personalmente el día en que este tuvo que declarar ante el juez. En aquella ocasión, Barberá lucía un llamativo bolso de Louis Vuitton de color rojo. En otro momento, la regidora sugirió que habría que modificar el artículo del Código Penal referente al delito de cohecho impropio (en el que incurre el alto cargo que acepta dádivas aunque no exista contraprestación por su parte) y comparó los trajes con que la trama corrupta supuestamente obsequió a Camps con las anchoas que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, regala a José Luis Rodríguez Zapatero.

La publicación de la conversación del Bigotes, que no forma parte del sumario judicial, soliviantó a los dirigentes del PP, que, en un comunicado de dureza inusitada difundido ayer por la oficina de información del partido, calificó la filtración de «gravísima conculcación» y acusó directamente al Ministerio del Interior de estar detrás «de tan flagrante vulneración de los derechos fundamentales».

En su nota, el PP denunció el uso «ilegítimo» de conversaciones telefónicas que no forman parte de las actuaciones sumariales «para menoscabar el honor de las personas y hacerles daño personal y político con fines claramente partidistas» y, tras recordar que este tipo de actuaciones pueden constituir un delito grave, añadió: «La actitud del Gobierno y de otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General, con su connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial».

En consonancia con su denuncia, los conservadores exigieron la comparecencia «conjunta y urgente» de los ministros de Interior y de Justicia para que respondan por las filtraciones y depuren responsabilidades.

(www.elperiodico.com, 20/07/09)

EL PP NO DENUNCIARÁ A EL BIGOTES

El PP presentará tres denuncias por la trama Gürtel. Una que va a presentar la dirección nacional del Partido Popular por las filtraciones de las piezas policiales, otra del PP valenciano por las filtraciones que afectarían a la parte que se instruye en el TSJV y otra de Rita Barberá por las informaciones en las que se afirma que recibió regalos de esta trama. Una denuncia que el PP no descarta incluso llevar hasta instancias internacionales. Para la número dos del PP es "intolerable" que se estén usando los instrumentos del estado de derecho para tratar de que el PP deje de hacer oposición al Gobierno.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, así lo ha anunciado este mediodía en una rueda de prensa en la que ha denunciado las filtraciones "planificadas" del caso Gürtel que, a su juicio, sólo persiguen "hacer daño" a su partido.

Cospedal añade que el deber de custodia de esos documentos corresponde a la Policía Judicial o al Ministerio Fiscal, por lo que pedirán la comparecencia del ministro de Justicia y del Interior, pero señalan al ministerio de Rubalcaba como el responsable.

Sin embargo, no van a denunciar de momento a Álvaro Pérez, El Bigotes ni prejuzan que pueda haber hechos delictivos. Tampoco explican por qué miembros de la trama entraban en la sede del PP de Génova con total normalidad.

Además, Cospedal ha asegurado que espera que la Justicia "actúe lo más rápidamente posible" y que "los procesos judiciales sigan su curso", ante la declaración que este miércoles realizará ante el Tribunal Supremo el tesorero nacional y senador del partido, Luis Bárcenas.

Cospedal ha advertido que el partido utilizará todas aquellas acciones que considere oportunas para defenderse ante esas filtraciones "constantes, continuas y planificadas" que se están llevando a cabo para "hacer daño al PP", "con independencia de que luego haya personas que hayan podido cometer o no actuaciones que sean irregulares o ilegales". En su opinión, "la forma de llevar a cabo este asunto" y "la actuación por muchas entidades del Estado vulneran los principios básicos del Estado de Derecho y producen una gran indefensión".

(www.cadenaser.com, 20/07/09)

Las lágrimas de Correa

El líder de la trama corrupta rompió a llorar cuando las fiscales le preguntaron por sus operaciones económicas

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, está desesperado en la cárcel. Dos veces ha pedido la libertad provisional y dos veces se la ha negado el juez. Visiblemente desmejorado y con algunos kilos de menos, su alegato es que siente claustrofobia en la cárcel y que, además, debe cuidar de su padre, muy mayor, y de su hermano, que padece una minusvalía. El juez Pedreira ha decidido mantenerle preso, informó ayer el Tribunal Superior.

El juez le ha denegado por segunda vez la libertad provisional por riesgo de fuga

El juez ve inconsistentes sus alegatos: Correa se ha ausentado muchas veces de España dejando la asistencia debida a sus familiares. La supuesta claustrofobia tampoco convence al juez. Es verdad que un psicólogo ha certificado que Correa se siente incapaz de subir a un ascensor, pero, en cambio, no tiene ningún problema para coger un avión. Hay, pues, riesgo de fuga.

Más de una vez ha estado tentado Correa de tirar de la manta. Sabe que ello aceleraría su acceso a la libertad provisional. Pero en su entorno le recuerdan que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Además, rompería la estrategia de defensa con vistas al juicio: quien acusa, debe probarlo. Por eso resiste Correa, pero su desesperación en la cárcel alguna vez le ha tentado a cantar, según fuentes penitenciarias.

Cuando fue detenido por el juez Garzón, un conocido le preguntó qué tal estaba. "Bien jodido", respondió, cabizbajo.

Desde la cárcel, está al tanto del despliegue mediático sobre sus supuestas fechorías. Defenderle de la retahíla de delitos que se le imputan, respaldados por kilómetros de conversaciones grabadas por la policía, no está resultando fácil a sus asesores.

"Si cae Balín, caigo yo", dice en una de las grabaciones. Se refiere a José Ramón Blanco Balín, otro de los implicados, ex vicepresidente de Repsol. No le falta razón. Balín es la persona que supuestamente urdió en el extranjero todo el entramado societario del que se sirvió Correa para blanquear "los muchos millones de euros" que oculta en al menos ocho países. Un dinero procedentes de comisiones, contratas y chollos inmobiliarios que, tras ser lavado, habría vuelto a España para sobornar a alcaldes y altos cargos del PP.

Pero son tantas las pruebas que han acopiado contra él la policía y la Fiscalía Anticorrupción que casi hacen innecesario que Balín le delate o no. Ahora lo sabe Correa. En un interrogatorio se puso a llorar cuando las dos fiscales de Anticorrupción empezaron a preguntarle, papeles y grabaciones en mano, por sus chanchullos. Agachó la cabeza y lloró. Luego se repuso y siguió negando las imputaciones.

Balín también sabe que no son pocas las pruebas incriminatorias que se ciernen sobre él. Y por su mente también ha pasado la idea de contarlo todo, a sabiendas del beneficio penal que puede suponerle colaborar con la justicia. Sabe que si tirase de la manta, la fiscalía sería clemente. Pero si Balín canta, más que Correa, que lo tiene casi todo perdido, son otros altos cargos del PP los que deben temblar. Balín sabe demasiado, y no sólo de Correa.

www.elpais.es 18.07.09

CORREA MONTABA FIESTAS PRIVADAS PARA AGASAJAR A LOS ALCALDES

No eran velinas pero sí chicas de lujo. No estaban en Cerdeña, sino en restaurantes y clubes de alterne de la costa valenciana. Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, montaba habitualmente fiestas privadas, con los locales cerrados, para agasajar a los alcaldes con los que la trama quería trabajar, y que ya tenía "contactados". Algunos de esos festejos terminaron en auténticas bacanales. El propio Correa se pavonea del nivel de esos festejos y de la clase de las chicas en varias de las conversaciones grabadas incorporadas al sumario y que Noticias Cuatro revelará esta noche (00.15 horas) en un programa especial titulado Caso Gürtel: cerco al PP.

"Vino el alcalde... Bernabé [Bernabé Cano, alcalde de La Nucia]... Vino el otro día en Valencia [sic] y se lo pasó tan bien que dijo: 'Oye, yo te monto un tinglao... y es verdad que las tías eran muy guarrindongas... las de Valencia... las del restaurante..." Cano es el regidor de La Nucia, en Alicante, donde la trama Gürtel quería levantar 3.824 viviendas y un campo de golf.

(www.elpais.com, 17/07/09)

"LAS TÍAS ERAN MUY GUARRINDONGAS... LAS DE VALENCIA... LAS DEL RESTAURANTE..."

"Vino el alcalde... Bernabé [Bernabé Cano, alcalde de La Nucia]... Vino el otro día en Valencia [sic] y se lo pasó tan bien que dijo: 'Oye, yo te monto un tinglao... y es verdad que las tías eran muy guarrindongas... las de Valencia... las del restaurante..." Así presumía Francisco Correa, el cabecilla de la presunta trama de corrupción asociada al PP, de las fiestas que montaba para agasajar a los políticos. La conversación, a la que ha tenido acceso la cadena Cuatro, forma parte del sumario que investigan los jueces.

Cuatro emite esta noche un programa especial Caso Gürtel: cerco al PP, en el que da cuenta de estas bacanales organizadas por Correa. El alcalde de La Nucia, según se desprende de la grabación, estuvo en una de ellas y quedó encantado. En esta localidad alicantina colindante con Benidorm, la trama Gürtel quería quería levantar 3.824 viviendas y un campo de golf.

(www.elplural.com, 17/07/09)

EL LÍDER DE LA 'TRAMA GÜRTEL' ALARDEABA DE LAS CHICAS DE LUJO QUE ASISTÍAN A SUS FESTEJOS

Seis meses después de que se iniciara el caso Gürtel, los altos dirigentes del PP implicados en la trama están más cerca que nunca del banquillo. El juez instructor de Valencia considera que hay indicios más que suficientes de cohecho en la actuación del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Al mismo tiempo, el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo ve indicios de delito en el caso del senador y tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas.

Francisco Correa, 'El Bigotes, Pablo Crespo. Nombres comunes que hace unos meses no eran conocidos por el gran público y que hoy día se han convertido en todo un torbellino de noticias. Sobre todo ello habla el reportaje que esta noche emite Noticias Cuatro.

La investigación afecta a más de 30 personas, desde el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, al número dos del PP en esa comunidad además de un ex vicepresidente y un ex alto cargo, un ex consejero madrileño y dos diputados regionales, cuatro alcaldes del PP de los municipios más ricos de Madrid, un ex eurodiputado, su padre, concejal y su hermano, ambos ex concejales del PP, el senador y tesorero nacional del partido y un diputado nacional miembro de la dirección del grupo parlamentario del PP.

Las bacanales de Correa

Segun revela este reportaje Correa organizaba asiduamente fiestas privadas para agasajar a los alcaldes y cargos políticos con los que quería trabajar. El propio Correa solía presumir del nivel de esas fiestas y de la clase de las chicas que acudían a ellas. Todo esto y mucho más podrá ser visto en Noticias Cuatro. Se emitirá a las 00.15 horas en un programa especial titulado Caso Gürtel: cerco al PP.

(www.cadenaser.com, 17/07/09)

Correa montaba fiestas privadas para agasajar a los alcaldes

Cuatro emite en la noche del viernes al sábado un reportaje que prueba que el supuesto líder de la 'trama Gürtel' alardeaba de las chicas de lujo que asistían a los festejos

No eran velinas pero sí chicas de lujo. No estaban en Cerdeña, sino en restaurantes y clubes de alterne de la costa valenciana. Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, montaba habitualmente fiestas privadas, con los locales cerrados, para agasajar a los alcaldes con los que la trama quería trabajar, y que ya tenían "contactados". Algunos de esos festejos terminaron en auténticas bacanales. El propio Correa se pavonea del nivel de esos festejos y de la clase de las chicas en varias de las conversaciones grabadas incorporadas al sumario y que Noticias Cuatro revelará la noche del viernes al sábado (00.15) en un programa especial titulado Caso Gürtel: cerco al PP.

Cano es el regidor de La Nucia, en Alicante, donde la trama Gürtel quería quería levantar 3.824 viviendas y un campo de golf.

Noticias Cuatro reproduce también otras relevantes conversaciones de protagonistas de la trama. El sumario del caso Gürtel contiene más de 26 horas de grabaciones. La mayoría tienen como protagonista a Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta.

www.elpais.es 16.07.09

TRES TRIBUNALES PARA JUZGAR UNA ÚNICA TRAMA

La decisión de repartir entre tres tribunales el caso Gürtel no sólo resulta sorprendente para los legos. También genera conflictos entre los juristas, como se demostró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Mientras la Fiscalía defiende que las personas que presuntamente pagaron los trajes a Francisco Camps deben ser juzgados junto al presidente valenciano en un mismo proceso, el instructor de la causa, José Flors, cerró de momento esta vía. El juez sostiene que a los presuntos cabecillas de la trama ya se les investiga en el TSJ de Madrid y que su instrucción queda reducida a sus aforados, como estableció el TSJ valenciano al asumir la competencia para investigar a Francisco Camps y otros tres dirigentes del PP.

01 quién investiga. Una trama troceada

La Fiscalía considera que los pagos concretos pueden investigarse en los tres tribunales que se ocupan del caso. Es decir, los pagos que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, pudieron hacer a Camps pueden investigarse en Valencia, mientras que los que hicieron a los aforados nacionales corresponden al Supremo. Este tribunal así lo entendió cuando se declaró competente para investigar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido Jesús Merino.

La Fiscalía espera que el recurso de Francisco Camps no prospere

El resto de los sobornos pagados a los tres diputados y cuatro ex alcaldes madrileños imputados se investigarán en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez Flors entiende, en cambio, que los sobornos supuestamente pagados por Correa, Crespo y El Bigotes sólo pueden investigarse en Madrid salvo que el TSJM le envíe esa parte de la causa porque "forman parte en su conjunto del objeto más amplio de otro proceso".

02 dos delitos. El que da y el que recibe

El delito que el juez Flors imputa a Francisco Camps y los otros imputados en Valencia es el cohecho previsto en el artículo 426 del Código Penal, que castiga con multa de tres a seis meses a "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función". De momento, el juez no ha encontrado pruebas que vinculen los trajes con adjudicaciones concretas de contratos por parte de la Generalitat a las empresas de Correa, algo que podría cambiar a medida que avance la investigación sobre los expedientes, como sostiene la acusación que ejerce el PSOE valenciano.

Aunque no hay una doctrina unánime al respecto, el que paga también puede ser castigado con el artículo 423 en la mano, en casos de cohecho impropio, como han establecido las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Este precepto sanciona a "los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos".

03 el recurso. 11 indicios sólidos

Quien soborna también puede ser juzgado en caso de cohecho impropio

La última ficha movida por la defensa de Camps es el recurso presentado contra el auto del juez Flors que da continuidad a la causa por el trámite de la ley del jurado. La Fiscalía confía en que no pueda ser revocado, porque, además de la declaración del sastre José Tomás, enumera otros diez indicios sólidos de la imputación que pesa sobre el presidente de la Generalitat. De hecho, Anticorrupción no dejó pasar la oportunidad de mostrarse de acuerdo con su contenido en el escrito en el que pedía que se ampliara la imputación a los pagadores.

04 secreto sumarial. Crítica del PP

En lo que sí parecen coincidir jueces y fiscales, al menos en Madrid, es en la necesidad de mantener el secreto de las actuaciones, medida que el PP sostiene que le provoca indefensión. El fiscal pidió el viernes al Supremo que mantenga el secreto decretado por el TSJM, para evitar, al estar dividido el sumario en tres tribunales, que lo que se envíe al Alto Tribunal se haga público y entorpezca las diligencias que el juez Antonio Pedreira sigue realizando. En los documentos sobre Bárcenas y Merino que se enviarán al Supremo pueden aparecer datos sobre otras personas.

Fuentes del TSJM señalan que el instructor pretende mantener el secreto del sumario hasta septiembre. Cuando se retire la medida, concretará los hechos que se imputan a los encausados

(www.publico.es, 16/07/09)

JOSÉ LUIS PEÑAS - EX CONCEJAL DE MAJADAHONDA Y DENUNCIANTE DEL 'CASO CORREA' VIENE DE PRIMERA PÁGINA... EL 'CASO GÜRTEL': "NI SE SABE TODO NI SE SABRÁ"

Fue el primer aleteo que desencadenó el efecto mariposa que acabó en el terremoto político y judicial del caso Correa.

Todo empezó un día del año 2007 en el que José Luis Peñas acudió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía con una denuncia bajo el brazo y con más de 20 horas de grabación sin editar que él mismo había hecho durante meses.

Grabó, entre otros, a Francisco Correa y a su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, y aportó la prueba a la policía para que tirara del hilo de la investigación y luego acudió en numerosas ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción para seguir aportando datos.

En febrero de este año, el caso estalló. Ha marcado la agenda política de los últimos meses y aún se desconoce hasta dónde puede llegar. Peñas está convencido de que "ni se sabe todo, ni se sabrá", pero, según asegura estos días a sus próximos, se siente satisfecho porque su compromiso "con la democracia, su país y la libertad está más que saldado" a su favor.

Si no hubiera sido por él, Francisco Camps no estaría camino del banquillo, Luis Bárcenas no estaría pendiente del Tribunal Supremo, no hubieran dimitido media docena de cargos autonómicos y municipales del PP y Francisco Correa no estaría en la cárcel. Explica a sus allegados que "las cosas no se hacen en función de si compensan o no, se hacen porque se deben hacer". Les explica que está orgulloso de poder mirar de frente a su familia y, sobre todo, de estar dispuesto a "mirar de frente a todos los golfos que han de pasar delante de él en el banquillo". Peñas, de 41 años, empezó en política en 1999 como concejal del PP en Parla y entabló relación con Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, que dimitió por su relación con la trama, y con Carmen, la esposa de Correa. Llegó a tener tal nivel de confianza, que el presunto jefe de la trama de corrupción confiaba el cuidado de su hija de pocos meses a Pepe Peñas cuando tenían que viajar. Peñas fue concejal de Planificación Urbana de Majadahonda, pero fue expulsado del PP cuando se rebeló contra una recalificación de terrenos que él consideró turbia. A pesar de eso, mantuvo su amistad con Correa y con su mujer.

Luego, Peñas hizo el segundo gesto de rebeldía: el de acaparar pruebas, incluso a costa de su "tranquilidad, tiempo y dinero", para denunciar lo que había constatado como red política corrupta, muy compleja, y con alcance a varias comunidades autónomas.

Constató de primera mano que en el PP casi todo el mundo conocía a Correa y su gente. Recuerda que Correa era íntimo de José María Aznar y de los máximos responsables del PP (de Javier Arenas, de Gerardo Galeote, de Jesús Sepúlveda, de Luis Bárcenas...); que había tortas por estar con él y que cenar con él era sinónimo de realizar un buen negocio amparado por la cúpula. Eran los días de vino y rosas de Correa, de Álvaro Pérez (El Bigotes) y de todos los cargos del PP que disfrutaban de regalos. La trama movía los hilos de sus marionetas en los ayuntamientos de los municipios más ricos del noroeste de Madrid. Pozuelo, Majadahonda y Boadilla eran el epicentro de la trama, y Peñas se dedicó a registrar con una modesta grabadora de bolsillo las conversaciones con sus amigos en las que se hablaba de comisiones, paraísos fiscales, regalos y cajas b.

Nunca se sintió un agente secreto y, por eso, mientras grababa las reuniones con los implicados para hacer acopio de pruebas, confesaba a su familia que pasaba "mucho miedo". Los datos que recabó en secreto durante meses han sido ratificados luego con pruebas materiales y con testimonios directos por el juez Baltasar Garzón y por magistrados instructores de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. Y aún queda mucho por salir.

Ahora, Peñas es funcionario del Ayuntamiento de Madrid y acaba de terminar la carrera de Derecho. Intenta ser lo más discreto que puede para pasar lo más inadvertido posible. Se limita a observar los efectos del terremoto que ha provocado y sigue colaborando con la investigación.

(www.elpais.com, 15/07/09)

Una ex directiva de Correa reitera el pago a cargos del PP

El juez Pedreira imputa seis delitos a Isabel Jordán

La investigación judicial del caso Gürtel avanza en Madrid. El caso se ha convertido en una hidra de tres cabezas y la ramificación que salpica a diputados y alcaldes de la región parece cada vez más clara. Felisa Isabel Jordán, ex administradora de tres de las empresas de Francisco Correa -el cerebro de la trama- y una de las principales implicadas en el caso, testificó ayer ante el juez del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira. Tras cuatro horas de interrogatorio, el magistrado le imputó los delitos de participación en una trama, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad por su participación en la trama.

La directiva de Easy Concept ratifica la declaración que hizo ante Garzón

Jordán ratificó la declaración que realizó el 11 de febrero ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Entonces, la imputada reconoció que la trama que dirigía Correa pagó a políticos del PP. Durante aquella comparecencia, señaló al tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. "Estaban siempre hablando de los cabrones de Génova, y hablaban del señor Bárcenas. En algunas conversaciones sí salía el señor Bárcenas, del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaba dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo", dijo entonces. También apuntó a la supuesta implicación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. La declaración de Jordán sirvió para que Garzón concluyera que "la trama de Correa utilizaba el conglomerado de empresas para ocultar facturas de productos entregados de forma gratuita al presidente de la Comunidad Valenciana". Esos productos eran trajes. En una conversación, la administradora de Easy Concept, una de las principales firmas de la trama, asegura: "Incluso he pagado. Una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo la factura y la he pagado". Tras su declaración ante Garzón, Jordán negó estas declaraciones.

Jordán también apuntó entonces a políticos del PP de Madrid, entre los que se encuentran el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo. "Una vez que ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia [de la Comunidad de Madrid] ya nos llamaban y nos preguntaban si nos íbamos a presentar...", dijo ante Garzón. El nombre de Jordán aparece en la contabilidad B de la trama. La referencia PCSABOSCH aparece en uno de esos apuntes junto a una cantidad de dinero. Jordán reveló que esa clave se refiere a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP gallego, y Alfonso Bosch, diputado de Madrid. Jordán también reconoció ante Garzón que gastó 3.000 euros en Milano para regalar varios trajes al ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero. También reveló la relación de Correa con el ex alcalde de Arganda Ginés López y con el diputado de Madrid Benjamín Martín Vasco.

www.elpais.es 01.07.09

Felisa Jordán reitera que la trama de Correa entregó dinero a políticos del PP

El juez le imputa delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, bloqueo de capitales y falsedad documental

Felisa Isabel Jordán, una de los principales personajes en el caso Gürtel, ha comparecido esta mañana ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Jordán, que hasta febrero era administradora de tres empresas de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, ha confirmado ante el magistrado la declaración que realizó ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el pasado 11 de febrero. Entonces, Jordán confirmó que políticos del PP recibieron dinero y regalos del "conglomerado empresarial" de Correa.

Pedreira ha imputado a Jordán los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, bloqueo de capitales y falsedad documental, tras interrogarla durante cerca de cuatro horas. El juez ha evitado imponer alguna fianza y no ha dispuesto ninguna medida cautelar. Jordán, cuyo nombre aparece en la contabilidad B de la trama, ha abandonado las dependencias del TSJM por una puerta trasera para evitar a los periodistas.

Fuentes del tribunal han asegurado que "la imputada se ha ratificado en sus dos declaraciones anteriores ante Garzón y ante la policía". En aquellas comparecencias anteriores la administradora de Good&Better, una de las principales firmas implicadas en la trama, apuntó al Tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, de quien aseguró que su nombre salía en algunas conversaciones, "del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaban dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo que tenían".

La imputada también confirmó que uno de esos apuntes que aparece con la referencia PCSABOSCH se refiere a entregas de dinero de Pablo Crespo Safaris, otro de los miembros de la trama, y Alfonso Bosch., diputado del PP en la Asamblea de Madrid. De esa contabilidad se deduce supuestas entregas de dinero de las empresas de Correa al ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo.

Jordán también aludió a la presunta relación del ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, con Correa y a la entrada de las empresas del cabecilla de la trama de corrupción en Arganda del Rey durante el mandato del alcalde, Ginés López, imputado también en el caso.

Jordán fue arrestada el pasado 6 de febrero cuando Garzón inició el procedimiento del caso Gürtel. Ese día también fueron detenidos Francisco Correa, Pablo respo Sabaris, Antoine Sánchez y a María del Carmen Rodríguez Quijano. Tras declarar ante Garzón el 11 de febrero durante más de tres horas Jordán quedó en libertad con cargos.

www.elpais.es 30.06.09

El PP mantiene en el cargo a ocho imputados en la Gürtel

La geometría variable de Rajoy ha permitido a los implicados de mayor relevancia política conservar sus actas parlamentarias o municipales pese a dar a algunos de baja en el partido

Baja, baja fingida y actividad plena. Por analogía, en esas tres situaciones cabe encuadrar hoy a los 18 imputados en el caso Gürtel en total hay más de 70 directamente vinculados al PP. Cinco meses y medio después de que estallara el escándalo y en espera de que el Supremo se pronuncie sobre el tesorero Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, la geometría variable aplicada aquí por el partido de Rajoy ha alcanzado tal elasticidad que ocho de esos imputados, los de mayor relevancia política, se mantienen en cargos públicos sujetos a la disciplina del mismo partido que en teoría, y exceptuando a Francisco Camps y Ricardo Costa los ha suspendido cautelarmente de militancia.

La explicación del PP ante esta multiplicación de raseros pivota sobre dos argumentos: cada caso es distinto y la presunción de inocencia prima sobre todo lo demás. Y, como cada caso es distinto, los dos polos del arco de posibilidades coinciden en Valencia, donde el citado Camps continúa al frente del partido y de la Generalitat arropado por la cúpula de Mariano Rajoy mientras que Víctor Campos, vicepresidente de la Comunidad Valenciana y consejero de Justicia hasta 2007, se dio de baja en cuanto el juez Baltasar Garzón lo señaló como implicado en la presunta trama de corrupción. Campos aparece como el imputado que menos recibió de la trama: según Garzón, 4.850 euros en trajes.

Camps y Costa viven arropados por su partido, que ni se plantea apartarlos

En Madrid, la paradoja tiene el nombre de tres diputados autonómicos y de los ex alcaldes de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. Los cinco están imputados y los cinco han sido apartados "temporalmente" del partido, pero los cinco mantienen sus cargos electos y actúan fieles a las directrices del partido.

El ardid otras veces usado por siglas de todo color despojar del cargo público al sospechoso pero sin expulsarlo se ha invertido aquí. El PP no sólo no ha exigido la devolución del escaño a los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco sino que ni siquiera los ha arrojado de la bancada conservadora. Los quiere en su grupo.

¿Independientes?

A la pregunta de por qué el PP considera que hay elementos para apartarlos de la vida interna del partido pero no para que dejen de representarlo en la Cámara autonómica, las respuestas son confusas. "Están en el grupo parlamentario como la concejal Alicia Moreno, que es independiente, está en el equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid", dice una fuente del PP madrileño al tiempo que subraya que sobre ninguno de los tres diputados pesa ahora un "mandato imperativo" para que voten en la Asamblea siguiendo las directrices del partido.

Y todos ellos pidieron su baja "voluntariamente", remacha el PP obviando que la suspensión cautelar de militancia de los tres diputados no se produjo hasta que, el 5 de mayo, el Tribunal Superior de Madrid impuso a Martín Vasco una fianza de 950.000 euros.

Habían transcurrido tres meses desde que el 9 de febrero, tres días después de que el juez Garzón ordenara las primeras detenciones del caso, López Viejo dimitió como consejero de Deportes. Ese día, Público había informado de cómo el dirigente del PP madrileño adjudicó 76 contratos a dedo en un año a dos empresas de la trama, Easy Concept y Good and Better. Según Garzón, la red corrupta compensó con 563.000 euros a López Viejo por sus adjudicaciones.

Los tres diputados de Madrid siguen sujetos a la disciplina de partido

Fuentes del grupo parlamentario del PP sostienen, por el contrario, que López Viejo, Bosch y Martín Vasco ex portavoz adjunto de los conservadores y que presidió la fallida comisión de investigación del espionaje pertenecen al grupo con todas las de la ley. Enfatizan que "no existe la figura del independiente". E ilustran su afirmación con un ejemplo: "Si no acudieran a una votación se les sancionaría como a cualquier otro diputado".

Con 67 diputados frente a los 53 que suman PSOE e IU, el PP no vería en riesgo su mayoría absoluta si prescindiera de los tres imputados. No lo hace porque "no están expulsados del partido, sólo suspendidos temporalmente", alega la fuente parlamentaria mientras subraya que el PSOE "también tiene parlamentarios imputados" y si no los ha suspendido de militancia, vienen a decir los conservadores, es su problema.

A tenor de los hechos, para el PP no constituye ningún problema que los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo, Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda, prosigan como concejales adscritos a los respectivos grupos municipales del PP. "Sepúlveda ni aparece por los plenos", asegura indignada Eva Izquierdo, portavoz socialista en Pozuelo y cuyo partido ha pedido con reiteración y nulo éxito al PP que reclame el acta al imputado que supuestamente recibió un lujoso Jaguar como regalo, amén de recibir cantidades en metálico hasta superar los 422.000 euros.

Sepúlveda es edil, pero ni aparece por los plenos. El PSOE ha pedido su relevo

El PP corroboró a Público que Sepúlveda no tiene en la práctica actividad municipal. El contrapunto lo pone el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, sobre quien pesa la fianza más alta del caso: 1,8 millones de euros.

Reprobación fallida

Panero, que se negó a declarar ante Garzón y luego ante el instructor designado por el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, está perfectamente integrado en el grupo municipal del PP. Su sucesor en la Alcaldía, Juan Siguero, le encomendó representar al partido en dos comisiones municipales, la de Personal y la de Hacienda.

"Se montó tal cisco que lo quitaron de la de Hacienda", cuenta Pablo Nieto, portavoz del PSOE en Boadilla y autor de una infructuosa iniciativa para que el pleno reprobase a González Panero. La moción se votó en el pleno celebrado el 24 de abril. El PP que tampoco aquí necesita al ex alcalde para preservar su mayoría absoluta la derrotó. Se abstuvo González Panero, quien según Garzón se habría repartido con el también imputado Tomás Martín Morales 510.000 euros procedentes de la red corrupta.

www.publico.es 28.06.09

Una red de corrupción a la sombra del PP

Correa hizo fortuna contratando con instituciones gobernadas por los populares

Todas las consejerías del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre (previa imposición del que fue su consejero de Deportes y antes viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo) y más de la mitad de las del Ejecutivo valenciano de Francisco Camps; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante el mandato de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), dependiente del Ministerio de Fomento, durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos; los ayuntamientos madrileños de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda y Arganda del Rey bajo gobiernos del PP; y las organizaciones del PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Todos permitieron a la red empresarial corrupta de Francisco Correa hacer negocios millonarios con distintos tratos de favor.

El jefe de la trama encargó a un experto que moviera el dinero por todo el mundo

Los tentáculos de Correa, que hizo carrera en los negocios a la sombra de José María Aznar (al que organizó todos los eventos del PP en los que participaba durante su mandato), se extendieron por numerosas instituciones donde mandaban dirigentes populares y obtuvo contratos por varias decenas de millones de euros durante casi diez años. Hasta que las denuncias de José Luis Peñas, un antiguo amigo y colaborador, ex concejal del PP en Majadahonda que fue expulsado tras anunciar su rebeldía ante un concurso de suelo supuestamente amañado, acabaron con un imperio que había dispersado sus millonarios beneficios por Cádiz, Málaga, Madrid, Colombia, Miami o Panamá, además de abrir cuentas en distintos países para evitar el pago de impuestos al fisco español.

Correa contrató los servicios de un experto, Arturo Gianfranco Fasana, para que le moviera su capital por el mundo, por lo que le cobraba un 0,3% de la cartera anual. Fasana ha declarado ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Madrid, que conoció a Correa hace ocho años y que éste se mostró interesado en que le traspasara unos fondos de Mónaco a Suiza. Fasana explicó que Correa era muy conservador a la hora de invertir el dinero de sus negocios en España: sólo quería obligaciones de categoría AAA, que garantizan un beneficio razonable con un mínimo riesgo. Cuando llegó la crisis, Correa preguntó a Fassana dónde podía invertir tres o cuatro millones de euros y éste le recomendó el Banco Europeo de Inversiones. Fassana gestionó alguna operación inmobiliaria de la red corrupta en el extranjero, como la compra de dos pisos en Cartagena de Indias (Colombia).

Rutsfield, sociedad domiciliada en la isla de Man, también la creó Fasana para Correa. A través de ella se hicieron transacciones de dinero que acabaron en una promoción inmobiliaria en Majadahonda (Madrid), que investiga el juez, ya que en algún documento requisado a los asesores jurídicos de la red se han hallado apuntes que vinculan el dinero de esta sociedad con Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP.

El Supremo considera insuficientes de momento estos indicios para investigar a Bárcenas por blanqueo de capitales. La policía, según adelanto Interviú, mostró a Fasana extractos de cuentas hallados en cajas de seguridad que la trama tenía en un banco de la calle de Velázquez. Esos extractos hacían referencia a fondos en sociedades extranjeras que Fasana le había creado a Correa con hasta 15 millones de euros en su balance a febrero de 2007. Cuando Correa fue detenido y Fasana lo supo, ordenó el bloqueo de las cuentas en Suiza en las que él estaba como administrador mientras Correa y su socio Pablo Crespo figuraban como apoderados.

www.elpais.es 28.06.09

LOS AMIGOS DE AGAG IMPUTADOS EN GÜRTEL SIGUEN HACIENDO NEGOCIOS

No hay imputación en Gürtel que impida a Jacobo Gordon, amigo íntimo del yernísimo de José María Aznar, Alejandro Agag, seguir haciendo negocios o, al menos, intentarlo. Y es que Proyecto Twain Jones, promotora presidida por Gordon que comparte sede registral con empresas vinculadas a la red corrupta, no ha sido intervenida judicialmente es intenta vender el excedente de Residencial Adriático, una promoción de 16 viviendas de lujo levantada en Monte Pilar (Majadahonda). La citada entidad aún tiene en el mercado cuatro de estas viviendas con costes que van desde 500.000 a 1.100.000 euros. Precisamente, en una de las grabaciones interceptadas por la policía anticorrupción, Correa daba cuenta de una promoción en Majadahonda impulsada por Gordon con un precio “desorbitado”.

Salones de cinco metros de altura, bajos con jardín, terrazas con jacuzzi y pisos de 180 m². Son algunas de las características de las viviendas que, hoy por hoy, sigue ofertando Proyecto Twain Jones, promotora presidida por Gordon y participada en un 75% por Real Estate Equity Portfolio, también presidida por el que fuera uno de los amigos más cercanos de Agag.

Misma sede

Esta última entidad, cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria y la participación en otras sociedades, ostenta la paternidad de cinco empresas más. Estas seis compañías -incluida Twain Jones-, al igual que su madre, tienen sede registral en la madrileña calle Príncipe de Vergara número 128. Ello significa que comparten domicilio legal con Castaño Corporate SL, sociedad a la que el juez Baltasar Garzón enmarcó en la constelación Gürtel.

Conversaciones vinculantes

Si hasta aquí los vínculos con la trama empiezan a dibujarse, las conversaciones grabadas por la policía toman el relevo. En una de ellas, el mismo Correa se refiere a una promoción propulsada por Gordon en Majadahonda con un coste “desorbitado”, apunta Público. Además de las cintas recogidas en el sumario judicial, las grabaciones realizadas por un ex concejal de Majadahonda consultadas por el rotativo desvelarían que el amigo y testigo de boda de Agag también había llevado en Valencia distintos temas urbanísticos de Correa.

Amistad Gordon – Agag

Los vínculos de Gordon y Agag son difíciles de negar. Ambos compartieron negocios en Natko, una sociedad dedicada al paintball, y en Columela Gestion, una asesoría inmobiliaria. El grado de intimidad de su relación quedó patente en la boda de Agag y Ana Aznar en El Escorial, en la que el ex socio fue testigo. Además de Gordon, una persona muy cercana al ex presidente Aznar ha sido imputado en Gürtel: José Ramón Blanco Balín quien, precisamente, ha sido consejero de Real Estate. Este cargo también lo ha ostentado José Luis Martínez Parra, vicepresidente e hijo del propietario de Teconsa, también implicada en la trama Gürtel.

De Teconsa al tesorero y el bodorrio

Según Garzón, la Junta de Castilla y León adjudicó a Teconsa la construcción de una carretera a través de un concurso “amañado” y previo pago de la constructora a Correa, quien posteriormente “repartió a otras personas, entre las que se encontraría, según la investigación policial, Luis Bárcenas”, tesorero del PP que podría ser imputado en breve por el Supremo. Este círculo corrupto-empresarial acabaría en Boadilla, donde Teconsa ha sido la principal beneficiaria de la EMSV. Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch, directivos de la citada empresa municipal de suelo, también han sido imputados en Gürtel. Curiosamente Bosch, diputado regional de Madrid, fue quien organizó el bodorrio de El Escorial en 2002, cuando era concejal de aquella localidad.

(www.elplural.com, 22/06/09)

El PP fracasa en su intento de tumbar el sumario de Garzón

Los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia revalidan la investigación previa del caso Gürtel

Con quince denuncias del PP a sus espaldas y tras cuatro meses sometido a fuego graneado desde cada esquina del partido de Mariano Rajoy, el juez Baltasar Garzón ha visto cómo su sucesor en Madrid al frente del caso Gürtel, el magistrado Antonio Pedreira, suscribe las principales conclusiones de su investigación inicial. Mientras, el Tribunal Superior de Valencia mantiene imputado al presidente autonómico, Francisco Camps, aunque, al menos de momento, ha pasado de largo por el espinoso asunto de la supuesta financiación ilegal del PP.

Y, salvo viraje inesperado, el Tribunal Supremo llamará a declarar como imputado bajo sospecha de blanqueo y fraude fiscal a Luis Bárcenas, tesorero del PP y a quien, el 31 de marzo, en su auto de remisión de la causa a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, Garzón ya atribuía el cobro de 1,35 millones de euros.

Uno de cada tres imputados en la causa pertenece al partido de Rajoy

De los 60 imputados (tres de ellos en prisión) que acumula ya el caso, 17 pertenecen al PP. Y otros tres presuntos implicados Bárcenas, el eurodiputado Gerardo Galeote y el diputado en el Congreso Jesús Merino alcanzarán previsiblemente ese rango en cuanto el Supremo asuma la instrucción total o parcial de las diligencias, donde las investigaciones practicadas por Garzón resultaron clave. Las esperanzas conservadoras de que un cambio de jurisdicción dejase limpios de polvo y paja a sus militantes bajo sospecha se han hecho añicos, aunque, en privado, hay quien admite que el PP espera mayor benevolencia del Tribunal Superior madrileño y el valenciano. Pero la predicción lanzada por Rajoy en referencia a Bárcenas y Galeote "Nadie podrá probar que no son inocentes", dijo cojea hoy más que ayer.

Lo sucedido desde el 6 de febrero, cuando tras meses de investigación se produjeron los primeros arrestos, constata que las diligencias abiertas por el "juez socialista" definición común en boca de Esperanza Aguirre reflejaban indicios reales y no un intento de "aniquilación del adversario", fórmula que los conservadores han elevado a la categoría de estribillo. En sus esfuerzos por castigar a Garzón, el PP ha llegado incluso a poner en solfa la independencia de los tribunales, posteriormente elogiada cuando el Supremo aceptó la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez por haber investigado los crímenes del franquismo. "En Españaafirmó el ex ministro Cristóbal Montoro siete días después de las primeras detenciones de la operación Gürtel queda mucho por recorrer para garantizar el principio de igualdad ante la ley".

El gran mazazo

El TSJM ha hecho suyas las tesis de Garzón sobre Bárcenas

La más que presumible imputación del senador Bárcenas se alza en el escenario del caso como el gran mazazo que golpea a la cúpula del PP y, de modo simultáneo, invalida sus protestas contra Garzón, a quien acusaron de apuntar hacia el tesorero con el objetivo único de presentar la trama corrupta como una trama de partido. Pero no ha sido ese el único gran varapalo quedesacredita las andanadas del PP contra Garzón. El 14 de mayo, el partido ya se había visto zarandeado por la imputación, por parte del Tribunal Superior de Valencia, de Francisco Camps, presunto receptor de trajes regalados por la trama a cambio de contratos. Así, se reafirmaba las tesis de Garzón, quien en su auto del 5 de marzo ya mencionaba al presidente de Valencia como presunto implicado e introducía el elemento de la financiación ilegal del partido.

Para entonces ya erigido en bestia negra del PP y enemigo a derribar, aquel auto le costó que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lo tachase de lanzar acusaciones "insidiosas e injustificadas". "Camps está siendo perseguido y amenazado", proclamó Cospedal en la junta directiva del PP celebrada el día 6 de ese mes. Cuando los periodistas preguntaron por qué, a diferencia de otros involucrados en el caso, Camps y su número dos, Ricardo Costa, no habían sido suspendidos de militancia, Cospedal pronunció tres palabras: "No están imputados".

Dos meses más tarde, el 14 de mayo, la frase había quedado vieja: el magistrado del Tribunal Superior de Valencia José Flors los citaba a ambos así como al ex vicepresidente de la Generalitat, Victor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret a declarar en calidad de imputados, condición en la que permanecen todos ellos. Los ataques contra Garzón quedaron, de nuevo, sin retractación y Rajoy acudió a las Fallas para arropar con su presencia a la víctima Camps.

Aguirre mantiene en su grupo parlamentario a tres implicados

Tampoco corrigió Cospedal su afirmación de que el auto del 5 de marzo del juez Garzón había hecho "todo el daño mediático que quería hacer contra el PP". Para el recuerdo quedó el "amiguito del alma" que en una conversación telefónica intervenida por la Policía había dedicado a Camps el comisionado de la trama y cara visible de la múltiples veces contratada Orange Market , Álvaro Pérez, El Bigotes. Orange Market recibió de la Generalitat adjudicaciones por un importe cercano a siete millones de euros. Camps mantiene su militancia y sus cargos. Bárcenas, de momento, también.

En su estrategia de desgaste contra el titular del juzgado central número 5, el PP apoyó comprensivo a los imputados que se negaron a declarar, bajo el argumento de que la falta de "imparcialidad" de Garzón y las constantes filtraciones del sumario los situaban en clara "indefensión" . Entre los imputados reacios destaca uno de los primeros arrestados en la operación, el silencioso Arturo González Panero, hasta febrero alcalde de Boadilla del Monte. Entre gestos de comprensión de su partido, González Panero se negó a declarar ante Garzón con el argumento, transmitido por su abogada, de que no abriría la boca "hasta conocer de forma definitiva cuál será el tribunal encargado de instruir la causa". Cuando, tras un cerco de casi dos meses, Garzón se inhibió y la investigación recayó sobre el magistrado del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, González Panero volvió a negarse. El ex alcalde de Boadilla, a quien Pedreira imputa seis delitos y contra quien pesa la fianza más alta del caso 1,8 millones de euros, invocó en esta ocasión el artículo 24 de la Constitución, que consagra el derecho de cualquier acusado a no declarar contra sí mismo. La fianza era "muy elevada", opinó Mariano Rajoy.

La incógnita de la acusación

La personación del PP aparece como el mayor revés sufrido por Garzón

Pero el mutismo de González Panero no constituye una excepción. Los tres diputados autonómicos madrileños imputados en el caso Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco han seguido sus pasos, tanto ante Garzón como ante Pedreira. Su silencio abre una incógnita de relevancia política: la de qué les habría preguntado el letrado del PP, que batalló contra Garzón para lograr que se le permitiera ejercer la acusación y consiguió finalmente que el Tribunal Superior de Madrid aceptara la personación en lo que supone el mayor revés judicial sufrido por el juez de la Audiencia Nacional en este caso. La incógnita no es baladí, dado que el PP mantiene a los tres imputados en su escaño. Esperanza Aguirre ni siquiera los ha expulsado del grupo parlamentario.

La decisión de Garzón de no aceptar la personación del PP desencadenó uno de los más furibundos ataques tras el desatado por el episodio de la cacería. Por ejemplo, a la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, le parecía inadmisible que el juez hubiera ofrecido a la Abogacía del Estado ejercer la acusación mientras cerraba la puerta al PP. "Es una doble vara de medir", dijo obviando el hecho de que las investigaciones policiales dejan entreabierta la posibilidad de que parte del dinero recibido por los imputados hubiera terminado en las arcas del partido. Finalmente, la Abogacía del Estado se personará. Con otro juez. Sin Garzón. Pero el sumario sigue adelante.

www.publico.es 21.06.09

'SÓLO PONGO LA MANO EN EL FUEGO POR MI FAMILIA'

María Dolores de Cospedal, por un lado; Javier Arenas, por otro. Nunca hasta ahora, a propósito de la estrategia sobre Bárcenas en el caso Gürtel, se había evidenciado con tanta claridad la recurrente disparidad de criterios entre los dos miembros clave del Comité de Dirección del PP. La secretaria general, siempre proclive a soltar lastre cuando se trata de defender la marca y el equipo; el vicesecretario, mucho más partidario de resistir y no dar una sola baza al adversario político. La primera, abanderada de la renovación; el segundo, de las esencias del partido.

De Cospedal fue quien forzó la apertura de la Comisión de Investigación sobre el espionaje en la Asamblea de Madrid, y Arenas fue quien pilotó toda la réplica del PP al caso Gürtel, en contra del juez Garzón y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

Ambos ejercen influencia sobre Rajoy y actúan entre bambalinas. Pero ayer, De Cospedal se destapó al negarse a poner «la mano en el fuego» por la inocencia del tesorero del partido. La número dos dijo en Los Desayunos de TVE: «Este tipo de expresiones las utilizo con mi familia y con muy pocas personas más».

Y aún dijo más De Cospedal, hasta el punto de apostar por que Bárcenas dimitirá motu proprio si finalmente es imputado por el Tribunal Supremo. «Estoy convencida de que el tesorero del partido tomará las decisiones oportunas», dijo, refiriéndose a una eventual resolución judicial. «En este tema hay que actuar con la máxima contundencia y con actuaciones ejemplarizantes», añadió quien, de común acuerdo con Esperanza Aguirre, propició la suspensión de militancia de los imputados en la trama Gürtel en Madrid.

Eso sí, mientras llega o no el referido momento, la secretaria general dedicó el resto de su discurso a defender a Bárcenas. Denunció la «completa indefensión» en que se encuentra porque, pese a lo publicado y pese a la personación de la Abogacía del Estado -«un intento de politizar esta cuestión»-, todavía no ha recibido «ninguna comunicación». Además, insistió en que «hay que demostrar la culpabilidad y no la inocencia».

Precisamente, ésta fue la única parte del discurso que hizo suya, en declaraciones a Europa Press, la vicesecretaria popular Ana Mato. No por casualidad, declaró que «es triste» que ni Bárcenas ni los demás implicados por la exposición razonada del juez Pedreira conozcan todavía las acusaciones dirigidas contra ellos, y fue muy clara al sentenciar que «lo que toca es esperar y confiar» en ellos.

Si bien todos ellos niegan la existencia de fricciones o de meras diferencias, lo cierto es que las más solventes fuentes consultadas apuntan, con respecto a este asunto, a un alineamiento político de Mato con Arenas, y de Sáenz de Santamaría con Cospedal. La portavoz en el Congreso recurrió anteayer al argumentario para escabullirse del asunto: «No puedo pronunciarme sobre hechos que desconozco».

Por su parte, Arenas, quien también repitió este argumento, no dudó el viernes pasado en denunciar el «uso partidista» que hace el Ejecutivo de «algunos fiscales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». En su opinión, se trata de una actitud que no se había visto nunca «en los últimos 30 años de democracia».

(www.elmundo.es, 18/06/09)

AGUIRRE: "LOS CIUDADANOS ME TIENEN POR UNA PERSONA HONRADA Y TRABAJADORA"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró este jueves "complicado" decidir si dimitiría de su cargo si estuviese en el lugar del senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, supuestamente implicado en la trama de corrupción del caso Gürtel.

A la pregunta de 'si usted fuera Barcenas ¿dimitiría?', la presidenta se quedó en silencio durante unos segundos y respondió: "Uy qué complicado, es que yo no puedo pronunciarme sobre eso".

Tras terminar su balance de los dos años de esta legislatura, la presidenta aseguró que todos los que supuestamente están relacioados con la trama 'Gürtel' tienen que saber "de qué se le acusa a uno".

"También al señor Bárcenas porque a mí me sorprende profundamente que se le acuse de cohecho cuando cohecho es un delito para autoridades y funcionarios, y que yo sepa, él nunca ha sido funcionario ni autoridad", indicó Aguirre, al tiempo que exigió de nuevo que se levante el secreto de sumario del caso.

En este sentido, destacó que lo puede decir "más alto pero no más claro", asegurando que si "todo esto" (en referencia a las investigaciones sobre Bárcenas) va al Tribunal Supremo "vamos a tener otros dos meses en los que ni siquiera se considerarán levantar el secreto".

Así, señaló que esta exigencia no la hace "para defender a nadie", sino que lo que defiende es que hay que presumir la inocencia de todos "y que en un Estado de Derecho lo primero de todo, lo que dice la Constitución, es que todos los españoles tienen que saber de qué se le acusa, y el señor Bárcenas, igual que los demás".

Preguntada por si teme que los casos de corrupción y la supuesta trama de espías en la Comunidad de Madrid haya podido dañar su imagen como presidenta, Aguirre se limitó a decir: "Creo que la imagen que los ciudadanos tienen de mí es que soy una persona que me puedo equivocar, como se equivoca todo el mundo, pero que soy trabajadora y honrada".

(www.publico.es, 18/06/09)

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' ELEVA LA CAUSA AL TRIBUNAL SUPREMO

El magistrado instructor del denominado caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que solicita que se haga cargo de la totalidad del caso Gürtel al resultar afectados en el curso de las investigaciones los diputados Luis Bárcenas Gutiérrez y Jesús Merino Delgado, y el todavía eurodiputado Gerardo Galeote.

Antonio Pedreira ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Supremo toda vez que los avances en la investigación, fruto de las últimas comparecencias y de los informes de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, han descubierto nuevos hechos y han puesto de manifiesto la posibilidad veraz de que Luis Bárcenas Gutiérrez y Jesús Merino Delgado hayan podido incurrir en infracciones de naturaleza administrativa y penal y sean responsables de la comisión de un delito de cohecho y de un delito contra la Hacienda Pública en el caso de Bárcenas, y de cohecho en el caso de Merino. El Tribunal Supremo, según se afirma en la exposición razonada, tiene plena competencia para asumir el proceso penal contra los aforados sin que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni la Audiencia Nacional puedan oponerse a sus decisiones.

El informe emitido por la Fiscalía Anticorrupción recoge el contenido de las declaraciones y de la prueba documental, y suministra los indicios suficientes que justifican la obligada remisión al Tribunal Supremo de las actuaciones, teniendo en cuenta que el juez Pedreira no es competente para citar a los aforados y tomarles declaración. En relación al informe facilitado por la Hacienda Pública, el magistrado instructor lo incorpora a la exposición razonada por ser la base del escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción.

En la misma línea, Antonio Pedreira solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se declare competente para evitar la posible prescripción del delito fiscal, llamando a declarar con carácter de urgencia a los aforados Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado y Gerardo Galeote Quecedo. La remisión al Tribunal Supremo de la exposición razonada supone una garantía para los aforados, que disfrutan de este privilegio procesal por ley. En todo caso y mientras no resuelva el Tribunal Supremo, el magistrado instructor seguirá practicando las diligencias necesarias para evitar perjuicio al servicio público y al funcionamiento de las instituciones.

La investigación tiene una grabación en la que el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, afirma que ha entregado mil millones de pesetas a Luis Bárcenas.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón implicó al tesorero del PP, Luis Bárcenas, en el cobro de 1,35 millones de euros en sobornos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

Además, la contabilidad B de Correa también registró pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y ahora diputado nacional por Segovia. En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular.

La Sala de Admisión del Supremo, que debe decidir si asume la investigación del caso Gürtel, está compuesta en la actualidad por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero. Al tratarse de una causa especial con aforados,se añadirán previsiblemente otros dos magistrados.

A partir de mañana, la Sala dictará una providencia en la que pedirá informe al Ministerio Fiscal sobre la competencia del Supremo y sobre si existen indicios delictivos relevantes, y nombrará al ponente que redactará la decisión sobre la admisión. Una vez informe el fiscal, si el Supremo asume la causa, nombrará al nuevo instructor del caso Gürtel de entre un turno predeterminado.

(www.elpais.com, 15/06/09)

“Rajoy no puede seguir mirando al tendido, dando excusas y perdiendo tiempo”

Los últimos e importantes avances en el periplo judicial del caso Gürtel, que ya ha llegado al Supremo, y la timorata respuesta de Rajoy han provocado las reacciones inmediatas de los dos principales partidos de izquierda, PSOE e IU, que han salido a la palestra para exigir “responsabilidades políticas de forma inmediata” a Mariano Rajoy, como ha hecho el secretario socialista de Política Municipal, Antonio Hernando.

Por su parte, en Izquierda Unida ha tomado la palabra José Antonio García Rubio, secretario federal de Economía y Trabajo, quien ha exigido al PP que no eche “un manto de impunidad” sobre sus miembros investigados a base de “recurrir” a sus resultados electorales”.

Mirar al tendido
El socialista Antonio Hernando ha dado hoy una rueda de prensa para mostrar la postura de su partido tras la llegada al Supremo de la implicación del senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, el diputado Jesús Merino y al eurodiputado en funciones Gerardo Galeote. Hernando ha avisado a Mariano Rajoy de que “ya no puede seguir mirando al tendido, dando excusas y perdiendo tiempo”.

Despachos en Génova
Hernando ha recordado que el líder del PP avaló en su día a dos de los implicados, asegurando que “nadie podrá probar que Bárcenas y Galeote no son inocentes”. Además de este juego dialéctico, Rajoy tiene “la pelota en el tejado”, según Hernando, porque ambas personas fueron “nombradas por él” y “tienen despachos en la calle Génova”.

Ganar tiempo
Por parte de Izquierda Unida ha hablado José Antonio García Rubio, quien ha exigido a Rajoy que “se deje de victimismos, dé explicaciones políticas claras y empiece a colaborar con la Justicia”. “La dirección del PP no puede seguir buscando ganar tiempo” ha asegurado, apuntando al hecho de que el caso haya llegado al Supremo con “carácter urgente”, al saber que los presuntos delitos de Bárcenas prescribirán a finales de este mes.

Campaña contra Garzón
García también ha criticado la actitud del PP contra los miembros de la Justicia: “Ahora se ve con nitidez cómo el PP ha quedado manifiestamente en evidencia tras la desmesurada campaña de ataques y desprestigio lanzada contra el magistrado Baltasar Garzón cuando empezó a instruir esta trama desde la Audiencia Nacional”

www.elplural.com 15.06.09

EL EX VICEPRESIDENTE DE AZNAR TILDA EL CASO GÜRTEL DE “POLÍTICA DE NAVAJEO, PROTAGONIZADA POR LAS CLOACAS DE RUBALCABA, CONDE-PUMPIDO Y GARZÓN”

El ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos, en su línea habitual de distinguirse por sus salidas de tono, convirtió un acto institucional en Avilés (Asturias) en un mitin personal, en el que arremetió contra la administración del Principado y el Gobierno central, que según dijo mantiene una «lamentable política de navajeo, burdamente protagonizada por las cloacas del Ministerio de Interior, de la Fiscalía General y del instructor de cámara de la Audiencia Nacional [en alusión al juez Garzón]”.

Cascos era uno de los tres galardonados con el reconocimiento «Sardinas de oro» que otorga la asociación Sabugo, junto al ex secretario general del PCE Santiago Carrillo y el ex ministro de Defensa y de Educación y Ciencia, el socialista Gustavo Suárez Pertierra, quienes, como es lo habitual en estos casos, agradecieron la distinción y se centraron en sus recuerdos de infancia en Asturias y en los treinta años de la Constitución Española. El ex presidente popular, en cambio, cambió radicalmente el tono de la ceremonia, celebrada en el Teatro Palacio Valdés, en Avilés, al empezar despotricar contra la administración autonómica y sus “retrasos en obras claves”.

Críticas al Principado

«Las obras ferroviarias de la variante de Pajares marchan retrasadas; la conexión de Asturias a la red de Alta Velocidad queda retrasada para mucho más allá de 2010, contrariamente a la planificación que otros dejamos en marcha; y por si fuera poco, Asturias es la única comunidad autónoma de la Cornisa que se opone al AVE del Cantábrico, la gran salida ferroviaria hacia Europa y hacia el Ebro», afirmó Cascos caldeando la sala donde se celebraba la ceremonia.

Cascos, ¿inspector de obras?

El ex ministro de Fomento en la era Aznar se refirió, también, a la Autovía del Cantábrico: «En 2004 estaban todos los proyectos técnicos y las previsiones presupuestarias listas para que, entre 2004 y 2005, se licitaran las obras de los cinco tramos pendientes entre Muros de Nalón y Barres. Y, sin embargo, las inversiones cayeron a la mitad y los plazos apuntan a 2011. Cuatro años más de lo previsto. ¡Casi nada!», exclamó indignado.

Recetas para el Gobierno

A continuación, Alvarez Cascos comenzó su diatriba contra el Gobierno central al que ofreció tres recetas para hacer frente a la crisis: la reedición de los pactos de Estado de la Moncloa, un plan acelerado de inversiones en infraestructuras y equipamientos, y nuevas medidas de apoyo a los sectores empresariales no financieros.

“Política de navajeo”

En su ataque contra el Gobierno, el ex ministro de Fomento y ex vicepresidente de Aznar no dejó de aludir a la trama Gürtel . Lo hizo acusando al Gobierno Zapatero de la «lamentable política de navajeo, burdamente protagonizada por las cloacas del Ministerio de Interior, de la Fiscalía General y del instructor de cámara de la Audiencia Nacional, e inspirada por móviles sectarios y nada democráticos».

La reacción del Principado

La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado, Ana Rosa Migoya, le reprochó horas después al ex vicepresidente Alvarez Cascos el no haber respetado que estaba en un acto institucional, porque, según dijo, no se puede hacer una “utilización tan burda” de un evento institucional, y a continuación le recordó al ex ministro de Fomento que aún hay "tremendos borrones" de su actuación política en el Principado.

(www.elplural.com, 15/06/09)

Rajoy entra en compás de espera

El líder popular esperará a que su tesorero sea imputado para decidir si lo echa - Buena parte del PP cree que debe irse, pero teme la comparación con Camps

La semana del mayor éxito de Mariano Rajoy en los últimos meses, la victoria holgada en las elecciones europeas, acabó con un muy mal trago para el líder del Partido Popular. Aunque el partido se empeña en transmitir tranquilidad, en actuar como si los avances judiciales del caso Gürtel no existieran, en privado todos los dirigentes reconocen que tener al borde de la imputación por cohecho y fraude fiscal al senador y tesorero nacional, Luis Bárcenas, el hombre que controla todo el dinero del PP, y que ha sido gerente durante casi 20 años, es un problema "muy grave".

El partido está tranquilo tras ver que el caso no tiene efectos electorales

No lo es desde el punto de vista electoral -la dirección está muy tranquila al ver el gran resultado de las elecciones europeas en la Comunidad Valenciana-, sino interno. "Esto es algo de lo que se entera un 10% de los ciudadanos, los que siguen la política muy de cerca. La opinión pública y la publicada aquí son muy distintas. Las elecciones europeas demuestran que el caso Gürtel no tiene ningún efecto electoral, o incluso que es positivo porque une a la militancia popular. El problema es de gestión política, Rajoy tendrá que resolverlo por una cuestión de imagen no ya pública, sino interna", analiza un miembro de la dirección.

La mayoría de los dirigentes consultados cree que Bárcenas debería haber dimitido hace tiempo, cuando el juez Baltasar Garzón redactó un auto demoledor en el que le atribuía haber cobrado 1,3 millones de euros en sobornos de la red de Francisco Correa. El cabecilla de la trama era amigo de Bárcenas, según recuerdan varios dirigentes. Pero el tesorero traslada a todo el que quiere escucharle que es inocente y no piensa dimitir. Desde ese auto se han publicado noticias comprometedoras para él, como los detalles de su patrimonio de más de tres millones de euros, algo que ha sentado muy mal a otras personas que han hecho el mismo recorrido que él: un funcionario del partido con un buen sueldo y teóricamente poco más.

También se ha publicado que Hacienda investigó un sospechoso ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 euros que Bárcenas hizo en 2003, en la época en la que aparecían pagos similares a L. B. en la contabilidad B de Francisco Correa. El tesorero asegura y prueba con documentos bancarios que pidió un crédito para comprar un cuadro y que reingresó el dinero al frustrarse la operación.

Rajoy, que apenas ofrece ruedas de prensa y por tanto no puede ser preguntado por este asunto, ha colocado a su partido en el papel de víctima de unos fiscales, periodistas y jueces que le acosan, a los que llama "Torquemadas del siglo XXI".

El líder está sobre todo tranquilo porque el caso no ha derivado, como se temía al principio, en una investigación de financiación irregular del PP. Ante cada novedad judicial, el líder habla con los implicados y les traslada, según fuentes de Génova, que deben estar tranquilos mientras no haya una imputación formal. Es lo que hizo el viernes, cuando quedó claro que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira va a enviar el caso al Tribunal Supremo al encontrar indicios de cohecho y delito fiscal contra Bárcenas y el diputado Jesús Merino, miembro de la dirección del grupo parlamentario y próximo a Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy, aseguran en su entorno, no hará nada hasta que el Supremo dé el paso de imputar a Bárcenas. Sólo entonces decidirá si lo echa o no. "Saldrá de él, dimitirá si llega ese momento", sentencian varios dirigentes que conocen bien al tesorero, y que aseguran que pese a su apariencia exterior de tranquilidad, está sometido a una gran presión.

El problema, explican, no es sólo Luis Bárcenas. El problema se llama Francisco Camps. Una vez más, el doble rasero. Si el tesorero fuera destituido -aunque se vendería como una dimisión- por estar imputado, ¿cómo se explicaría que Camps no haya asumido ninguna responsabilidad por su imputación en el mismo caso?, se preguntan algunos dirigentes, aunque todos asumen que las acusaciones contra el tesorero son mucho más graves -1,3 millones de euros frente a 24.000 en trajes regalados-.

La dimisión de Bárcenas si llega a ser imputado tendría otra consecuencia. Si dejara el acta de senador, y con él dimitiera también Jesús Merino -el otro aforado nacional, Gerardo Galeote, está a punto de dejar de ser eurodiputado-, el Supremo dejaría de tener competencia sobre el asunto, que volvería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los populares consideran a este último un tribunal más favorable a sus intereses, y Bárcenas, si no dimite, estaría arrastrando a todos los imputados del PP, también los ex alcaldes y el ex consejero madrileño, al Supremo.

Otro motivo más para forzar la caída del tesorero, que ya casi todos en el PP asumen, pero que Rajoy insiste en retrasar hasta el último minuto por si ocurre algo -que el Supremo no vea suficientes esos indicios y no impute, por ejemplo- que haga que el problema se resuelva solo, la fórmula preferida, y muchas veces exitosa, del líder para seguir adelante sin asumir demasiados riesgos.

Exceso de optimismo continuado

El día anterior a que EL PAÍS publicara que la fiscalía pedía que el caso se elevara al Supremo tras analizar un nuevo informe de la Agencia Tributaria, todos los miembros de la dirección del PP consultados se mostraban absolutamente convencidos de que Bárcenas quedaría limpio. Esta falta de previsión ha estado en el centro de muchas conversaciones estos días en el partido. Todos ven un principal responsable: Federico Trillo, el gran urdidor, con Rajoy, de la estrategia del PP con el caso Gürtel -primero tratar de convertirlo en un caso Garzón, y ahora cargar contra la fiscalía, la policía, Hacienda, los periodistas o cualquiera que vaya en contra de sus intereses-. El líder consulta con él, que es quien mantiene amistades entre jueces y fiscales conservadores, para saber qué va a pasar. Su exceso de optimismo empieza a ser criticado. Es la segunda vez que el PP se equivoca gravemente.

Durante semanas, basaron su estrategia en que Camps nunca sería imputado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Cuando lo fue, improvisaron diciendo que la imputación no tiene valor con la nueva legislación, y que "nadie se vende por tres trajes" que fue lo que dijo Rajoy. Ahora vuelve a pasar: la realidad supera las previsiones optimistas.

Algunos miembros de la dirección dicen que sí hay estrategia fijada, que todos los escenarios están contemplados desde el primer momento, incluido el de la imputación de Bárcenas, y que hay decisiones tomadas para cada uno de ellos. Sin embargo, la mayoría de los que no están en el corazón de la estrategia -este asunto no se trata ni en las reuniones de la cúpula- creen que el PP debería ponerse ya en lo peor y decir qué hará en cada supuesto.

www.elpais.es 14.06.09

Políticos del PP pudieron recibir miles de euros a través de una cuenta suiza de Francisco Correa

Al menos 150.000 euros. Esa es la cantidad que el presidente de la Comisión del Espionaje, el popular Benjamín Martín Vasco, pudo recibir por parte del entramado corrupto que lideraba Francisco Correa. Estos casi 25 millones de pesetas habrían salido del Credit Suisse, banco que tiene su sede en Ginebra (Suiza).

Las cuentas en Suiza de la trama Gürtel quedarán bloqueadas

Pero quizás Martín Vasco no fue el único dirigente del Partido Popular que pudo recibir importante cuantías de dinero provenientes de paraísos fiscales como Suiza, Panamá, la isla de Man, las Antillas Holandesas, Senegal… Tal y como informa la revista Interviú en su último número, la Justicia trabaja sin cesar para saber si esas cuentas sirvieron para pagar a más políticos del PP.

Récord
Y es que Francisco Correa y sus socios Pablo Crespo y Antoine Sánchez consiguieron tejer en tiempo récord una enorme red de cuentas bancarias destinadas a mover los miles de millones obtenidos, siempre presuntamente, mediante técnicas tan despreciables como el cohecho o el tráfico de influencias.

El hombre claro
Para conocer la verdad, es vital la declaración que el pasado mes de mayo realizó Gianfranco Fasana, el broker que supuestamente gestionó en Suiza dinero de las empresas de Francisco Correa.

Colaboración
Tras tres horas y media de declaración ante el juez Antonio Pedreira, Gianfranco Fasana fue imputado por seis delitos (entre ellos, evasión fiscal y cohecho). Sin embargo, el juez no le aplicó ninguna medida cautelar gracias a su actitud colaboradora.

Más nombres
Se sospecha que Fasana habría facilitado a Antonio Pedreira nombres de integrantes de la red corrupta y cuentas bancarias utilizadas por la trama en el extranjero para blanquear el dinero. En su afán por colaborar con la Justicia, Fasana también habría bloqueado el dinero que haya en las citadas cuentas.

21 millones
En total, la Justicia calcula que la red corrupta vinculada al Partido Popular guarda más de 21 millones de euros. Quizás, parte de ese dinero lo utilizaban para hacer pagos a políticos del Partido Popular

www.elplural.com 11.06.09

EL CEREBRO DE LA GÜRTEL PODRÍA HABER CANTADO ANTE EL JUEZ

El presunto cerebro de la Gürtel, Francisco Correa, y el ex dirigente del PP Pablo Crespo, ambos encarcelados en Soto del Real por su implicación en la trama de corrupción vinculada al PP, habrían empezado a cantar ante el juez todo lo que saben, según publica hoy el digital ExtraConfidencial.com. Al parecer, han decidido cambiar de estrategia y han pasado de negarlo todo ante el juez Garzón a reconocer los hechos y colaborar con la Justicia.

Reproducimos por su interés lo publicado en ExtraConfidencial.com

"Francisco Correa y Pablo Crespo están imputados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad en la conocida como Operación Gürtel que instruyó el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Ahora, comparten celda en la madrileña cárcel de Soto del Real. Fuentes penitenciarias aseguraron a este periódico que Correa podría tener tendencias suicidas y es su compañero Crespo el encargado de tranquilizarle.

Pero tanto Correa como Crespo podrían haber decidido cambiar la estrategia de su defensa. Y así lo han hecho en su segunda declaración ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM): variar su primera estrategia, la que siguieron ante Baltasar Garzón de negar todos los hechos que se les imputaban. Ahora, la mecánica ha sido diferente. En la mencionada segunda declaración manifestar todo su conocimiento con respecto a todos los hechos de los que son imputados en una clara colaboración con la Justicia.

Malas experiencias

Pablo Crespo no ha sido indiferente al hecho. En concreto, sufrió en sus carnes la angustia que provoca el quedarse en la calle sin apenas ingresos y las maniobras de algunos políticos cuando trabajas con ellos, como le ocurrió a él tras ser cesado como jefe de Gabinete de José Cuiña, ex consejero de Obras Públicas de la Xunta de Galicia. Pablo Crespo conoce los vaivenes de la política desde su padre que fue brazo derecho del ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, en Galicia. Casualidades de la vida. Ahora, no quiere que le pille dos veces el mismo toro.

El caso es que, según ha podido saber este periódico de fuentes de absoluta solvencia, tanto Crespo como Correa, este por influencia de aquel, tras prestar una primera declaración ante el magistrado Baltasar Garzón en la que no aceptaron ninguno de los delitos que se les imputan, habrían decidido contar toda su verdad. Y ¿quién es el artífice de este milagro? Un misterio que desvelaremos en nuestra edición de mañana.

(ww.elpais.com, 09/06/09)

UNA EMPRESA DE CORREA OPERÓ COMO AGENCIA DE VIAJES OFICIAL DE LA FEMP

Pasadena Viajes SL, una de las empresas adscritas a la trama corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa, operó como agencia oficial de viajes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante el mandato de la alcaldesa de Valencia y dirigente del PP Rita Barberá. Según los documentos a que ha tenido acceso Público, Pasadena facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003, un mes después de que Barberá cesara como presidenta de la federación.

En esos dos años y medio, la empresa, cuyo administrador único era el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, endosó a la FEMP 216 facturas, muchas de ellas emitidas por conceptos múltiples es decir, distintos viajes o alojamientos en hotel, lo que ilustra la fortaleza de su relación comercial con la entidad municipalista, que entonces tenía como secretario general y mano derecha de Barberá a Álvaro de la Cruz. Según el diario El País, en la contabilidad B de Correa figura anotada una entrega de 30.000 euros a De la Cruz, que desembarcó en la FEMP en noviembre de 1995 tras haber sido jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en su etapa como número dos del PP.

Las fuentes consultadas por Público subrayan que Pasadena fue ganando peso en la FEMP desde finales de los noventa bajo los auspicios de Barberá y De la Cruz. La Federación, que históricamente había encargado los desplazamientos y estancias de sus representantes a Viajes El Corte Inglés, abrió su mercado a Pasadena, como también lo hizo con Special Events, otra sociedad del grupo de Correa que recibió a dedo el encargo de organizar las asambleas generales de la FEMP celebradas en 1999 y 2003.

El crecimiento de la cuota asignada por el equipo de Barberá a Pasadena fue tal que, al final de su etapa, la compañía llegó a copar el 30% de la tarta presupuestaria destinada a viajes. A través de la alcaldesa de Valencia, el PP controló la FEMP entre 1995 y 2003.

Meses antes de las elecciones municipales de ese último año, celebradas el 25 de mayo, los encargos de la FEMP a Pasadena se disparan de modo extraordinario. Un ejemplo: en los once días transcurridos entre el 20 de diciembre y el 31 de diciembre de 2002, la empresa emitió 45 facturas por importe global de 86.637 euros, lo que representa un tercio del monto total facturado a la FEMP en dos años y medio.

Aunque Pasadena también recibió encargos del PP madrileño, su principal cliente dentro del partido fue la organización valenciana que ahora dirige el imputado Francisco Camps. En Madrid, recibió contratos del ayuntamiento de Boadilla, cuyo ex alcalde fue el primer detenido en la operación Gürtel. Ayer, el Tribunal Superior confirmó que el PP podrá seguir ejerciendo la acusación en el caso. Tres de los imputados continúan en el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid.

(www.publico.es, 29/05/09)

EL PP DECLARA LA GUERRA SIN CUARTEL AL PSOE PARA TAPAR EL 'CASO GÜRTEL'

El PP puso ayer de manifiesto de la forma más ruidosa posible su estrategia respecto a los casos de corrupción que salpican a este partido político: el contrataque total. Ha ocurrido otras veces; la más reciente, en las elecciones gallegas, cuando trató de contrarrestar el caso Gürtel con el despacho y el coche oficial del ya expresidente Emilio Pérez Touriño y con la cacería del exministro Mariano Fernández Bermejo. Ayer, la sesión de control al Gobierno fue el escenario idóneo para que los populares retomaran esta senda.

Desde el líder del partido, Mariano Rajoy, hasta el último de los diputados populares intervinientes, todos arremetieron con casos como el del uso de un avión militar por parte del presidente del Gobierno para ir a un mitin del PSOE, la gestión de la gripe A en un cuartel militar de Madrid y la subvención que dio la Junta de Andalucía a una empresa en la que trabaja la hija del entonces presidente, Manuel Chaves.

La respuesta del Gobierno es la de no dar tregua: minimizar estos temas respecto al caso Gürtel y acusar a los populares de diseñar deliberadamente estos supuestos escándalos del Ejecutivo para practicar el juego sucio en campaña. Así lo puso de manifiesto el ministro de Industria, Miguel Sebastián, al advertir que el PP registró en el Congreso el jueves pasado una pregunta sobre las ayudas del Gobierno a la minería en Andalucía, días antes de que el diario El Mundo difundiera el caso de la hija de Chaves, que trabaja en una empresa del sector minero. Sebastián felicitó irónicamente al Partido Popular por tener "olfato, porque el jueves ya conocía que esta semana se iban a publicar algunas cosas en la prensa".

El choque frontal entre ambas estrategias lo abrió Rajoy al acusar a Zapatero de vulnerar el "código del buen Gobierno" al usar un avión Falcon de las fuerzas armadas para desplazarse a un mitin del PSOE en Dos Hermanas (Sevilla) el domingo pasado. Rajoy vinculó esta circunstancia a la denuncia del PP de que el Gobierno no está aplicando las medidas que anuncia contra la crisis. Rodríguez Zapatero, a diferencia de otros miembros del Ejecutivo, optó por no entrar al trapo e invitó al líder del PP a "no usar determinadas cosas por respeto a la institución de la Presidencia del Gobierno" y por "seriedad y responsabilidad".

El PSOE afirma que José María Aznar también utilizó aviones militares para ciertos desplazamientos. El expresidente lo ha desmentido y ha asegurado que usaba un avión comercial, pagado por el partido, para acudir a los actos o mítines del PP.

Horas después de la sesión de control parlamentario, en un mitin en Bilbao, Rajoy también pidió que Chaves comparezca en el Congreso para dar explicaciones respecto a la empresa donde trabaja su hija y advirtió de que el PP no va a dejar de castigar al Gobierno con este tema.La ofensiva popular incluyó asimismo un episodio de enfrentamiento respecto a Canarias. Tras el archivo de una denuncia contra el vicepresidente del Gobierno autonó-mico, el popular José Manuel Soria, la dirección del PP en Madrid ha decidido también ahí jugar al contragolpe. El diputado popular Arturo García-Tizón acusó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de urdir una estrategia para dar difusión a operaciones contra presuntos casos de corrupción del PP en Canarias, filtrar los sumarios judiciales a medios afines y hacerlo siempre en plena campaña electoral.

Rubalcaba sí entró al trapo, como también lo hicieron la titular de Defensa, Carme Chacón, y la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega. El ministro de Interior reprochó al PP que despliegue campañas de amedrantamiento a jueces, fiscales y policías cuando "los presuntos delincuentes son los suyos". Chacón recordó el caso Yak-42 para tachar al PP de "cobarde". La vicepresidenta primera entró también en la escalada verbal y recordó a los populares que "hacerse trajes a costa de otros es moralmente intolerable". Incluso el cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, que en el debate con el candidato popular, Jaime Mayor Oreja, decidió no usar la corrupción como arma dialéctica, ayer sí aludió a ella. López Aguilar acusó al PP de defender "la especulación, la corrupción y la impunidad" e incluso de regocijarse y envalentonarse respecto a sus propios casos de corrupción con el objetivo de fomentar la abstención el próximo día 7 de junio.

La ofensiva popular incluyó también referencias por parte de la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, a casos de presuntas irregularidades vinculadas directa o indirectamente a ayuntamientos o ediles socialistas en Elche, Collbató o Arrecife. Todo ello recuerda a la operación desplegada al inicio de la reciente campaña electoral gallega. En esa ocasión los populares iniciaron la recta final cara a los comicios en pleno estallido del caso Gürtel y con la dimisión de uno de sus cabezas de lista. Y acabaron centrando la campaña en el precio del coche oficial y de los muebles del despacho del presidente gallego, el socialista Emilio Pérez Touriño. Los socialistas admitieron, posteriormente, que había sido un error restar importancia a esos asuntos sobre los gastos del presidente y que debería haberse producido una reacción inmediata y contundente.

(www.elperiodico.com, 28/05/09)

El juez bloquea cuentas en Suiza tras declarar un imputado del 'caso Gürtel'

El magistrado del caso Gurtel en Madrid, Antonio Pedreira, imputó ayer por seis delitos (entre ellos, evasión fiscal y cohecho) a Gianfranco Fasana, el broker que supuestamente gestionó en Suiza parte del dinero opaco al fisco proveniente de la trama corrupta que dirigía el empresario afín al PP Francisco Correa. Tras tres horas y media de declaración, el juez le dejó en libertad sin aplicarle ninguna medida cautelar, según el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Madrid. Supuestamente, Fasana colaboró con la justicia y por eso el juez, aunque le mantiene la imputación, no adoptó contra él ninguna medida cautelar.

Fasana habría facilitado al magistrado nombres de integrantes de la red corrupta y cuentas bancarias utilizadas por la trama en el extranjero para blanquear el dinero. Por este motivo, el juez habría enviado ayer mismo, tras la declaración, comisiones rogatorias a los lugares indicados por Fasana para bloquear el dinero que haya en las citadas cuentas.

Fasana fue detenido por la policía el pasado jueves en el aeropuerto de Barajas cuando se disponía a salir de España. Un apunte en la contabilidad B de las empresas de Correa revela que fue Fasana quien gestionó en Suiza el blanqueo de distintas cantidades de dinero de la trama corrupta. 150.000 euros del dinero blanqueado pudo acabar, según la investigación, en las manos del diputado de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco.

Pedreira también interrogó ayer, en calidad de testigo, al ciudadano de origen italiano Dante Jacues Canónica, quien supuestamente, y a las órdenes de Fasana, ayudó a éste en sus tareas. Jacues también colaboró con la justicia.

"Desprecio y mentiras"

En Valencia, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, confirmó ayer que en unos días presentará una querella contra Francisco Camps y el resto de imputados en la trama valenciana del caso Gürtel, informa Cristina Vázquez. "Hemos sido excesivamente responsables. Pero hay veces que no actuar es no cumplir con nuestras responsabilidades", dijo Alarte para justificar la querella que, de prosperar, permitirá al PSPV- PSOE personarse en el caso y acceder al sumario.

Según Alarte, el partido ha esperado a que Camps declarase ante el tribunal y luego compareciese en las Cortes para explicar su relación con la supuesta trama corrupta. "Su respuesta ha sido desprecio y mentiras. Por eso no vamos a esperar más", concluyó.

www.elpais.es 23.05.09

EL 'NÚMERO DOS' DE RITA BARBERÁ EN LA FEMP ADJUDICÓ DOS ACTOS A CORREA

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó a la empresa Special Events, pieza clave de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa, la celebración de sus asambleas generales de 1999 y 2003 por un monto total de más de 800.000 euros. Los contratos -el segundo de ellos por el doble de dinero que el primero- fueron suscritos cuando el organismo estaba presidido por la popular Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Ambos fueron firmados por el entonces secretario general de la FEMP, Álvaro de la Cruz Gil, quien anteriorormente había sido estrecho colaborador de Francisco Álvarez Cascos. En la contabilidad B (dinero negro) de la red de Correa figura un supuesto pago de 30.000 euros a De la Cruz que está siendo investigado.

La trama corrupta que lideraba Francisco Correa halló un buen cliente en la FEMP -organismo financiado con cuotas municipales y fondos ministeriales- cuando esta institución estuvo bajo control del PP, entre 1995 y 2003. Special Events fue adjudicataria de la séptima asamblea de la FEMP, celebrada en Madrid en 1999, pero entonces sólo facturó 232.305 euros por la organización del evento. Dicha cantidad suponía duplicar el precio de la anterior, en 1995, cuyo costo total liquidado fue de 194.126 euros.

De la Cruz, nombrado por Barberá, fue el encargado de formalizar ese contrato y también el de la siguiente asamblea general, celebrada también en Madrid en noviembre de 2003. Este segundo contrato se firmó por un monto total de 570.000 euros, es decir, el doble del costo de la anterior asamblea. Special Events tuvo como representante a Pablo Crespo, que había sido dirigente del PP gallego y que hoy está imputado en el caso Gürtel y encarcelado.

Ya bajo presidencia socialista, Special Events fue invitada a organizar la novena asamblea, en noviembre de 2007, pero no fue contratada. No lo había sido tampoco antes de la llegada del PP y de Álvaro de la Cruz, quien fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos cuando éste era secretario general del partido. Las anteriores asambleas (en 1993 y 1995) fueron organizadas con personal de la propia FEMP.

El contrato de 2003 no incluía dos partidas de gran importancia para la celebración del evento, como eran el alquiler del Palacio Municipal de Congresos de Madrid y los gastos de alojamiento de miembros de la comisión ejecutiva y del personal de la FEMP. ¿Qué incluía tal pago? Según el detalle del contrato pactado entre Special Events y la FEMP, se incluía desde el "diseño y construcción del escenario, fachada y banderas, iluminación, medios audiovisuales, sonido, diseño e impresión de cartelería y señalización interior" hasta la "construcción del stand del hall de la FEMP y seis stands políticos", pasando por "plantas y decoración floral". Por si el pago no era ya generoso, el contrato añadía: "Los gastos extra que se generen se facturarán aparte con sus correspondientes presupuestos".

Llama la atención que la FEMP encargase y pagase a Special Events servicios para su asamblea de 2003 como seguridad, ADSL, arcos detectores de metales, audiovisuales, iluminación, faxes, impresoras, limpieza, mobiliario o servicio médico cuando el lugar donde se celebró tal evento, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, disponía de todas esas prestaciones a disposición del cliente con una tarifa publicada en su página web. Actualmente, el alquiler completo del palacio cuesta 15.000 euros diarios.

De la Cruz, firmante de ambos contratos, se dedica al mundo de la seguridad con su empresa Serygur y ha reconocido que Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, medió a su favor ante la Comunidad de Madrid en un concurso. Álvaro de la Cruz figura o ha figurado en diversas sociedades: Ciudad 21 Foro de Innovación Local, Técnicas Audiovisuales Comunitarias, Internetxi Soluciones Técnologicas Avanzadas, Facilita Servicios Auxiliares, Protecny Segurity Alium Seguridad y Serygur.

(www.elpais.com, 20/05/09)

CORREA APUNTÓ PAGOS A OTRO DIPUTADO DEL PP Y AL EX JEFE DE GABINETE DE CASCOS

La investigación de la trama de corrupción masiva vinculada presuntamente a administraciones gobernadas por el PP sigue avanzando con el material que proporciona la contabilidad de las empresas de Francisco Correa y que implica a nuevos dirigentes del partido de Mariano Rajoy. Los apuntes de la caja B (contabilidad en dinero negro) de la trama, que registraba pagos a políticos a cambio de favores, han implicado hasta ahora a cuatro ex alcaldes, tres diputados autonómicos madrileños, dos valencianos (entre ellos, el presidente Francisco Camps), el tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote.

Esa contabilidad también registró pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente, con Juan José Lucas al frente, de la Junta de Castilla y León -una comunidad también afectada por el caso Gürtel por adjudicaciones sospechosas de obras de carreteras- y ahora diputado nacional por Segovia y miembro de la dirección del grupo parlamentario; y a Álvaro de la Cruz, que fue jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en los primeros años noventa, cuando éste desempeñaba el cargo de secretario general del PP.

En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular.

Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002 fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable de Política Autonómica del PP.

En aquellos años, en la dirección del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido y el que tenía mayor vinculación personal con Correa, cabecilla de la trama.

De hecho, muchas de las investigaciones policiales del caso Gürtel parecen seguir lentamente la pista de las relaciones personales fraguadas en aquella época por el equipo de personas que controlaba el aparato de organización del PP y que, por tanto, contrataban y tenían una estrecha relación con la red de Francisco Correa.

A Merino lo relevó en 2004 en la dirección del PP Soraya Sáenz de Santamaría, y él pasó a un segundo plano. Sin embargo, ambos establecieron una buena relación y Sáenz de Santamaría decidió recuperarlo en 2008, cuando Mariano Rajoy la nombró portavoz parlamentaria. Ella incorporó a Merino a la dirección del grupo parlamentario, como portavoz adjunto, y allí sigue desde entonces, en una reducida cúpula de diputados que toman las decisiones más relevantes sobre la estrategia de la oposición.

Rajoy ha concentrado especialmente sus fuerzas en el Congreso, donde el PP ha llegado a ganar alguna votación, por lo que Merino es un dirigente destacado en ese contexto actual. Merino, que la semana pasada -cuando La Vanguardia publicó que estaba siendo investigado por este asunto- negó cualquier relación con Correa, no pudo ser localizado ayer por el equipo de prensa del PP para ofrecer su versión sobre estas investigaciones policiales.

En el caso de Álvaro de la Cruz, ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros que está siendo investigado. Álvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció en enero pasado al diario El Mundo que Luis Bárcenas, tesorero del PP y presuntamente implicado en el caso de corrupción -recibió 1,3 millones de la red, según un auto del juez Baltasar Garzón-, intermedió a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad.

"Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz.

Su empresa consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que debía renovarse. Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del Río, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato. Fracasaron, y Serygur perdió ese suculento pastel de seguridad.

Bárcenas y De la Cruz trabajaron juntos en la dirección nacional del PP, uno como mano derecha del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, y otro como jefe de gabinete del secretario general, Francisco Álvarez Cascos.

De la Cruz ocupó, entre septiembre de 1989 y octubre de 1992, ese puesto de máxima confianza de Cascos, el que fuera número dos del PP en la década de los 90. Después recaló en Andalucía, donde llegó a ser diputado autonómico por Cádiz, pero durante un periodo muy breve, entre 1994 y 1995.

(www.elpais.com, 19/05/09)

LA DOCTRINA DEL DOBLE RASERO

Seguramente es el vicio más extendido de la política. Censurar desde la oposición comportamientos poco edificantes de un partido en el Gobierno para luego olvidar esa ética una vez que se toca el poder. O lo que es lo mismo, tener dos varas de medir, y aplicar una u otra según los intereses. Con el presidente valenciano, Francisco Camps, a punto de declarar como imputado por una trama de corrupción, el PP no está aplicando la doctrina que enunció su actual presidente de honor, José María Aznar, hace más de dos décadas. Aquella que sostiene que un cargo público envuelto en un proceso judicial debe dimitir, y su partido tiene que suspenderlo de militancia.

"Le doy 24 horas para dimitir". Este tajante ultimátum lleva el sello de Aznar y se remonta a 1986. El receptor era el presidente de Castilla y León a la sazón, el socialista Demetrio Madrid. Recién estrenada la aventura autonómica de la comunidad, Madrid había llegado a la política tras vender una pequeña empresa textil que regentaba a un antiguo empleado. Pero 11 trabajadoras le implicaron en una querella criminal por presuntas irregularidades.

El asunto era estrictamente laboral y no guardaba relación con su gestión política. Pese a todo, Aznar, líder autonómico de la oposición desde las filas de Alianza Popular, diseñó una concienzuda campaña de furibundos ataques contra Madrid. Enarboló la bandera de la honestidad y de la lucha contra la corrupción. "Me señalaba con el dedo con muy mal estilo porque decía que no podía estar ni un solo día más en la presidencia, que aquella imputación era incompatible con el cargo", recordó Madrid años después.

Aznar fue estrechando el cerco alrededor de su contrincante hasta llegar al mencionado ultimátum de 24 horas. Y efectivamente, su rival dimitió el 26 de octubre de 1986 "para no dañar a las instituciones ni al PSOE". Una decisión que, además, Aznar sabía que estaba tomada cuando proclamó su alegato a favor de la honradez, pues un auto de procesamiento en contra del dirigente socialista no le dejaba otra salida.

Nadie pidió perdón por ello. Ni tampoco cuando el juez dictaminó la inocencia de Madrid. Era ya 1990. Con la presidencia castellano-leonesa como trampolín, Aznar acababa de heredar el Partido Popular de manos de Manuel Fraga, paso previo para llegar a la Moncloa.

La doctrina del expresidente del Gobierno se fue contagiando. La usó en 1989 el diputado popular Luis Ramallo contra la entonces directora de RTVE, Pilar Miró. Ella, como Madrid, se vio forzada a dimitir por unos controvertidos gastos en trajes, como Camps. La justicia también la absolvió. Ramallo sí pidió perdón, pero tarde --Miró ya había fallecido-- y tras probar la misma medicina --se vio envuelto en el caso Gescartera, del fue absuelto pero tras ser (en este caso sí) suspendido de militancia--.

El propio Aznar recuperó su efectista bandera con su "¡Váyase, señor González!". Fue en la crispada legislatura 1993-1996, la misma durante la cual el PSOE aplicó las recetas de Aznar con algunos de sus cargos, siguiendo el camino que inició Alfonso Guerra en 1991. Narcís Serra, Carlos Solchaga y Vicente Albero renunciaron a ministerios o escaños al verse salpicados por la corrupción.

"Cuando un juez diga que algún militante incumple la ley actuaremos en consecuencia", proclamó en el 2006 Mariano Rajoy ante Camps en Valencia. "¿Hasta cuándo resistirán los dobles raseros en la política?", se preguntaba el viernes pasado el expresidente Felipe González. Todavía no hay respuesta.

(www.elperiodico.com, 18/05/09)

EL PP NO APLICA A CAMPS LA TESIS QUE AZNAR IMPLANTÓ EN 1986: "LE DOY 24 HORAS PARA DIMITIR"

En 1986 Aznar incició toda una estrategia de acoso y derribo contra el entonces presidente de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid, que se había visto implicado en un proceso judicial que nada tenía que ver con su cargo público. Al líder de la oposición, José María Aznar, no le importó este detalle y cuando 11 trabajadores de la empresa textil que vendió Madrid cuando inició su carrera política, lo acusaron de irregularidades en la venta, inició una furibunda campaña contra él enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. El diputado popular Luis Ramallo siguió su doctrina y fue el verdugo de Pilar Miró, quien tuvo que dimitir en 1989 por adquirir con dinero de Radio Televisión Española unos trajes cuando estuvo al frente del ente público. Tanto Madrid como Miró fueron absueltos por la justicia. Él todavía está esperando las disculpas de Aznar y ella no puedo escuchas las de Ramallo porque llegaron demasiado tarde, ya había fallecido.

El Periódico de Catalunya publica una información en la que denuncia el escandaloso doble rasero de los populares al no aplicar en el caso Camps la tesis que José María Aznar acuñó en 1986 para forzar la salida del entonces presidente de Castilla y León. No sólo consiguió su marcha sino también sustituirlo en el cargo y, posteriormente, dar el salto a la política nacional. Se echa ahora de menos que esa encendida lucha contra la corrupción que enarboló el presidente de honor del PP no se aplique con el presidente valenciano, Francisco Camps, imputado en la trama Gürtel.

(www.elplural.com, 18/05/09)

El 'caso Camps' y la investigación de la corrupción desatan la inquietud en el PP

El equipo de Rajoy ignora la versión que el líder valenciano quiere contar al juez

La inquietud se ha desatado en el PP a raíz de la imputación, el pasado jueves, del presidente valenciano, Francisco Camps, y de los próximos acontecimientos en torno a la trama de corrupción masiva que lidera Francisco Correa y que, según fuentes conocedoras de la investigación, puede implicar a nuevos dirigentes de este partido. En abierto contraste con las decisiones adoptadas respecto de otros imputados en la misma trama en Madrid, el PP ha optado por dar, de momento, su apoyo ciego a Camps, citado a declarar como imputado el próximo martes en el Tribunal Superior de Justicia valenciano para explicar supuestos cohechos.

El líder valenciano, uno de los principales apoyos con los que contó Rajoy para su reelección como presidente del partido en el Congreso celebrado en Valencia en junio de 2008, lleva tres meses afirmando que espera este momento como su oportunidad para contar "la verdad" sobre su relación con una trama corrupta que se enriqueció con contratos de su Gobierno. El PP, que ha optado por destituir a alcaldes y a un consejero y por suspender de militancia a diputados autonómicos de Madrid imputados en la trama, se encomendó ayer por completo a ese supuesto as en la manga que Camps insinúa tener para demostrar que "no hay nada de nada", la única respuesta que ha dado hasta ahora a los ciudadanos.

Lo que hay en el sumario son facturas de la tienda de ropa que suministró trajes a Camps supuestamente pagados por Álvaro Pérez, El Bigotes, el líder de la trama en Valencia; talones bancarios y transferencias documentadas de dinero de las empresas de la trama corrupta para abonar la ropa regalada al presidente valenciano, y todo tipo de testimonios de los empleados del establecimiento que ratifican lo que ocurrió.

A falta de pronunciamiento público de Mariano Rajoy, la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, asumió ayer como propio ese discurso de Camps según el cual es una ventaja haber sido imputado. "[Camps] va a poder acudir a la justicia, y va a poder hablar y va a poder defenderse personalmente de todas las insidias y acusaciones que se están vertiendo contra él", dijo Cospedal. "Por fin va a poder hablar en condición de igualdad y tener derecho a la defensa".

Hasta ahora, Camps ha intentado desvincularse de El Bigotes aunque después se ha demostrado que tenían una relación muy estrecha. También ha dicho que él paga sus trajes, pero no lo ha probado. La realidad es que nadie está seguro en el PP de cuál es esa "verdad" que Camps está deseando mostrar al juez. El propio Camps, que en tres meses no se ha explicado públicamente, ha convertido esa visita al juzgado en el todo o nada de este caso. El peso de Camps como baluarte de Rajoy en el partido, el contexto en el que se produce su imputación, y el apoyo ciego de la cúpula, lo convierten también en una prueba de fuego para la actual dirección del PP.

Los populares confían en que el caso contra el presidente se cierre sin pruebas de corrupción. La aspiración realista en el PP es que todo se pudiera quedar en un "cohecho impropio", es decir, que se demuestre que Camps ha recibido regalos de la trama corrupta para que les favoreciera, pero sin que se llegue a probar que efectivamente la haya favorecido. La dirección no tiene las mismas esperanzas para los demás cargos valencianos implicados, como el secretario general Ricardo Costa.

En cualquier caso, y ésta es la versión optimista que manejan en el PP, el golpe es demoledor para el presidente Camps, que seguramente dirá adiós a su carrera política.

Además, si Camps sale el martes con una imputación firme por corrupción, el PP incurrirá en una grave contradicción si no actúa disciplinariamente contra él. Tres diputados de la Asamblea de Madrid fueron suspendidos de militancia después de su paso por el juzgado por la misma trama, aunque el dinero recibido fue notablemente superior. El Comité de Garantías del partido (su órgano disciplinario) es el único que puede tomar esta decisión. Fuentes próximas al mismo aclaran que no hay un protocolo fijo y se estudia "caso por caso". El criterio político, reconocen, es el que más pesa a la hora de actuar. Y hay pocos con más peso que Camps.

El momento político más intenso del escándalo Gürtel se produce además en un contexto de decepción poco disimulada por el resultado del debate del estado de la nación. Rajoy no logró imponerse al presidente del Gobierno con cuatro millones de parados sobre la mesa. La dirección del PP se quiere convencer, tras los resultados en Galicia y Euskadi, de que el escándalo Gürtel no tiene consecuencias electorales, pero es una presión añadida que todo suceda en vísperas de la campaña electoral de las europeas del 7 de junio, aquellas en las que Rajoy se jugaba su derecho a mantenerse en el puesto hasta las próximas generales.

Dos fechas clave

- El 'caso Gürtel' implica a una serie de empresarios, en prisión incondicional, que supuestamente sobornaban desde los años 90 a cargos del PP para beneficiarse de contratos de sus Administraciones. En Valencia, el presidente Francisco Camps tiene una íntima amistad con uno de los líderes de la trama, Álvaro Pérez, que ganó seis millones de euros en contratos. Pérez, supuestamente, le hacía importantes regalos a Camps, entre ellos trajes a medida.

El calendario judicial para aclarar el supuesto cohecho es, por ahora, el siguiente:

- Martes 19 de mayo. Declaran en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

- Miércoles 20 de mayo. Declaran por los mismos hechos el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos, el ex asesor de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama empresarial en Valencia.

www.elpais.es 16.05.09

La Fiscalía recurre la personación del PP en el 'caso Gürtel'

El juez del TSJM permitió que los populares se presentaran como acusación en la causa lo que les daría acceso al sumario

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la personación del PP como acusación particular en la causa por la que han sido imputados tres diputados regionales de Madrid, por su implicación en el caso Gürtel. El Ministerio Público considera que el PP no puede llevar adelante la acusación, dado que existiría una colisión de intereses al pertenecer a este partido los tres diputados de la Asamblea -Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco- y los alcaldes y concejales imputados, informa José Antonio Hernández. El juez que instruye el caso en el TSJM, Antonio Pedreira, tendrá que decidir ahora sobre esta petición y, en caso de rechazarse, la Fiscalía podrá volver a presentar recurso ante la Sala de lo Penal del tribunal.

El pasado viernes, Pedreira admitió la personación de los populares, previo pago de una fianza de 1.500 euros, lo que les permitiría acceder a los datos del sumario. El PP considera que figura en la causa como acusador -y no como acusado- contra las empresas Especial Events S.L., Easy Concept S.L. y Good & Better S.L. en las personas de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez como administradores de hecho y de derecho. La decisión de Pedreira se fundamentaba en una "interpretación amplia del artículo 24 de la Constitución", que indica que todos "tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

Nuevos interrogatorios

Pedreira acusa de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Bosch, López Viejo y Martín Vasco, así como al ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, entre otros implicados en la trama. Martín Vasco y López Viejo son los aforados madrileños con medidas cautelares impuestas.

La pasada semana, Pedreira impuso a Martín Vasco una fianza de 955.000 euros para asegurar las responsabilidades que se deriven del procedimiento penal y una fianza de 750.000 euros para López Viejo. Según el TSJM, ninguno de ellos ha recurrido todavía la fianza establecida. El pasado martes, el instructor fijó una fianza de un millón de euros para Galeote, a quien Garzón le atribuye la percepción de la trama de Correa de más de 600.000 euros durante los doce años que estuvo como edil.

El magistrado toma además hoy declaración como imputado a Christian Rodríguez Maza, vinculado a la trama porque se ofreció a llevar las cuentas de las sociedades de Correa, y a los también imputados Eduardo Jaussi por videoconferencia desde Barcelona y a Juan José Moreno. Es previsible que Pedreira impute a los tres los seis delitos de corrupción genéricos de la causa.

www.elpais.es 14.05.09

RAJOY SUSPENDE A TODOS LOS IMPLICADOS EN GÜRTEL MENOS A CAMPS Y BÁRCENAS

Después de varias semanas de dudas, y ante el goteo de noticias complicadas de digerir del caso Gürtel, y ya no provenientes del denostado juez Baltasar Garzón, sino del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el PP decidió ayer cortar por lo sano. Alberto Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, los tres diputados autonómicos madrileños implicados -los dos primeros ya imputados, y el tercero a la espera- dejaron temporalmente de ser miembros del PP por decisión del Comité de Garantías, esto es, por decisión de la dirección comandada por Mariano Rajoy.

La suspensión cautelar de militancia es la medida más extrema en un partido, y además estos tres diputados no son dirigentes cualquiera. López Viejo, ex consejero de Deportes de Madrid, ha sido una de las personas de máxima confianza de Esperanza Aguirre durante muchos años, y Martín Vasco era el número dos del PP en la Asamblea de Madrid.

Rajoy toma así medidas drásticas para evitar que el caso Gürtel le complique la campaña europea. Ya ha dejado fuera de las listas a otro implicado, Gerardo Galeote. Sin embargo, mantiene en su puesto al único implicado que es miembro de su dirección y por tanto que le toca directamente, porque él le nombró: el tesorero, Luis Bárcenas.

Los tres diputados habían pedido su suspensión voluntaria hace dos meses, pero hasta que fueron imputados dos de ellos no se tomó la decisión. Los tres seguirán como diputados, para no perder el aforamiento, lo que les devolvería a que les investigara Garzón.

La suspensión complica aún más la situación interna de Francisco Camps, el único dirigente, con su mano derecha, Ricardo Costa, que pese a estar formalmente implicados a través de un auto judicial no han pedido la suspensión temporal de militancia. Si resulta imputado, será muy difícil de explicar interna y externamente que no sea suspendido cautelarmente.

Negativa a declarar

Unas horas antes de esta decisión drástica, el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, había impuesto una fianza de 955.000 euros en concepto de responsabilidad civil a Martín Vasco. Le imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Martín Vasco se negó a declarar ante el magistrado instructor. Lo mismo hizo la semana pasada Alberto Bosch, otro diputado aguirrista. Ambos se han negado a declarar hasta que se levante el secreto del sumario, según informó ayer el Tribunal Superior de Madrid.

Aún no hay fecha para que preste declaración el tercer aforado madrileño implicado, López Viejo, a quien Garzón atribuye haber cobrado de la trama de Correa, a cambio de lucrativos favores de la Administración, casi 500.000 euros. Todo parece indicar que los tres aforados habrían establecido la estrategia de no declarar, amparándose en el artículo 24 de la Constitución, hasta que se levante el secreto sumarial.

El juez impuso la fianza a Martín Vasco, pero no había decretado ninguna medida contra Bosch, pese a que el juez Garzón atribuye a ambos la percepción de dinero de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. Bosch habría obtenido 250.000 euros y Martín Vasco, 430.000, según Garzón. En el caso de Martín Vasco ha sido la fiscalía la que ha pedido que se le imponga esa fianza. Si Martín Vasco no abona esa cantidad, el juez podría decretar el embargo de bienes. El diputado regional, que tampoco quiso hablar con los periodistas, dispone de cinco días para recurrir ante la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior, que puede mantener o reducir la cuantía.

Asimismo, el magistrado instructor, Antonio Pedreira, mantuvo ayer la situación de prisión provisional del ex secretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo, lugarteniente de Correa en sus empresas.

(www.elpais.com, 06/05/09)

LA POLICÍA BUSCA NUEVAS PRUEBAS EN LA CELDA DE FRANCISCO CORREA

Novedades sobre la investigación del caso Gürtel. La policía busca nuevas pruebas en la celda del considerado cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa.

Esteo ha ocurrido el mismo día que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha imputado a Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de Madrid, en la trama Gürtel.

El instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, interrogará este jueves en calidad de imputado al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, por su presunta implicación en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa.

(www.cadenaser.com, 06/05/09)

COSPEDAL: LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL PP "NO ES UN FILESA"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha manifestado que su partido es el primer interesado en que se sepa la verdad en el denominado 'caso Gürtel', pero ha dejado claro que "aquí no estamos ante un Filesa" ni ante una trama de corrupción generalizada.

Cospedal, que ha participado en Toledo en el Foro Cope, se ha pronunciado así al ser preguntada por los asistentes por los casos de presunta corrupción que afectan a tres miembros de su partido, diputados de la Asamblea de Madrid.

El PP ha suspendido de militancia a los dos diputados madrileños imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, y ha hecho lo mismo con Alberto López Viejo, que no está aún imputado, aunque en la investigación se han apreciado indicios de delito en su contra.

La dirigente del PP, que ha recordado el derecho a la presunción de inocencia, ha indicado que si hay personas que han actuado "irregularmente, ilegalmente", su partido es "el primer interesado en que se sepa, en que se asuman responsabilidades y en que la Justicia actúe lo más rápidamente posible".

Sin embargo, aunque ha subrayado su respeto por las actuaciones judiciales que se guíen por el principio, ha manifestado que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón inició este caso con "un claro afán e interés de persecución política", pues se planteó como "una especie de trama de corrupción generalizada del PP" y se ha demostrado -ha dicho- que "aquí no estamos ante un Filesa".

(www.publico.es, 06/05/09)

EL PP SIGUE DEBATIENDO SI ECHA DEL PARTIDO A LOS IMPUTADOS

El caso Gürtel, del que trascienden cada día nuevos datos, cada vez ocupa menos tiempo en las reuniones de estrategia del PP. Los populares insisten en que el caso, por mucho interés periodístico que despierte, no tiene efecto electoral, y cada vez les interesa menos. Tal vez por eso, casi dos meses después, los tres aforados de Madrid que pidieron su suspensión de militancia voluntaria para no hacer daño al partido aún no han recibido respuesta.

El Comité de Garantías, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, quería esperar a que fueran imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, hace más de una semana que Alfonso Bosch fue imputado, y el comité aún no ha resuelto nada. Ayer entró en esa categoría Benjamín Martín Vasco, ex número dos del PP en la Asamblea de Madrid y ex presidente de la comisión de investigación del espionaje. Y de momento, aunque su actividad es prácticamente clandestina, no hay constancia de que el comité se haya siquiera reunido.

Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, aseguró ayer que el comité está "estudiando caso por caso, porque cada tema es distinto" y dará su contestación en breve. El PP asume que el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo también será imputado. Los populares no van a pedir a los imputados que dejen el escaño -"Para eso sirve el aforamiento, para que les juzgue un tribunal superior, si dimitieran lo perderían y carecería de sentido", explicó Cospedal la semana pasada- pero sí es posible que tengan que abandonar temporalmente el partido.

(www.elpais.com, 05/05/09)

LA TRAMA CORRUPTA DESTINÓ DINERO DEL BLANQUEO EN SUIZA A PAGAR A CARGOS DEL PP

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que cursen ocho comisiones rogatorias para investigar en otros tantos países de Europa e Iberoamérica la fortuna amasada (y no declarada al fisco) por Francisco Correa, cabecilla de la trama de corrupción masiva vinculada al PP que implica a 57 personas, entre las que hay un presidente autonómico, cuatro diputados regionales, cuatro ex alcaldes, el tesorero nacional del PP y un eurodiputado del partido.

Las dos fiscales que investigan esta trama, Miriam Segura y Concepción Sabadell, sostienen en su último informe, fechado a finales de marzo, que Correa desviaba a paraísos fiscales el dinero que recaudaba de los lucrativos favores económicos que recibía de administraciones públicas en manos del PP.

El negocio de Correa, según Anticorrupción, se basaba en el trato de favor de gobiernos del PP a cambio de dinero y regalos que daba a alcaldes y altos cargos del partido. La fiscalía cree que lavaba el dinero obtenido en sus chanchullos en las Islas Caimán, Reino Unido, Colombia, Suiza, Antillas Holandesas y Panamá.

Eventos e inmuebles

El pasado jueves Correa negó ante el juez que instruye el caso haber sobornado a políticos del PP y sólo admitió ser autor de un delito contra la Hacienda pública, aunque aseguró estar dispuesto a devolver el dinero.

Anticorrupción sostiene que el grupo de sociedades que dirigía Correa actuaba en tres direcciones: unas empresas se dedicaban a realizar actos y eventos del PP; otras, a inversiones en "patrimonio inmobiliario" y un tercer grupo acaparaba el dinero, ya lavado, que regresaba desde el extranjero a España.

Ese dinero opaco, según la fiscalía, procedía de "las contratas y adjudicaciones" que recibía la trama de Correa, "por sus regalos y dinero que entregaba a autoridades". "Los beneficios se ocultan a Hacienda. Son llevados al extranjero y luego se devuelven", señala el informe. Con ese dinero, la trama compraba en España propiedades inmobiliarias que se ponían a nombre de sociedades a cuyo frente Correa colocaba testaferros. Y con el dinero de la caja b de la contabilidad de estas sociedades, se pagaba a alcaldes y altos cargos del PP de Madrid por sus favores.

Según Anticorrupción, el 4 de abril de 2005, desde las empresas de Correa se dio la orden a Lucas Bagchus para que hiciese una ampliación de capital de 1,8 millones de euros en la sociedad Osiris, radicada en Suiza. Parte de ese dinero más tarde retornó a España y, según la fiscalía, terminó en manos del diputado madrileño del PP, Benjamín Martín Vasco.

Otro ejemplo es el pago con dinero opaco al fisco a José Luis Peñas, ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) que posteriormente destapó el escándalo al denunciar las actividades de Correa a la fiscalía. La trama entregó a este ex edil, según Anticorrupción, sobres mensuales con 3.500 euros entre marzo y noviembre de 2005, así como otros 18.000 euros en abril de ese año.

Que grandes cantidades de dinero acaban en manos de políticos lo han declarado ante el juez Garzón empleados de la trama de Correa como José Luis Izquierdo, el contable, e Isabel Jordan, una de las directivas. En la cuenta B descubierta en un piso de seguridad de Correa figuran pagos al diputado autonómico de Madrid, Alfonso Bosch, identificado en esa cuenta como "pcsabosch", y al ex consejero Alberto López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Jordan ha declarado que entregó a este último "un sobre con 40.000 euros".

El ex concejal José Luis Peñas (a quien Correa llama "traidor" en su declaración) entregó en la fiscalía una denuncia con grabaciones en la que el cabecilla de la trama, Correa, se jactaba de haber dado dinero a altos cargos del PP; habla de 1.000 millones de las antiguas pesetas al tesorero nacional Luis Barcenas. Lo recibido de la trama por Barcenas sumaría 1,3 millones de euros, según la investigación.

En otra de las grabaciones, Correa y uno de sus lugartenientes, Pablo Crespo, aluden a dinero que han entregado a López Viejo. "De cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto, lo sabes tú", refiere Correa. En la misma conversación se queja de que López Viejo le adeuda un millón de euros de actos de la Comunidad. Crespo, por su lado, comenta a Correa que López Viejo es "el muñidor de toda la operativa". López Viejo fraccionó el importe de algunos contratos para supuestamente poder adjudicárselos directamente a sociedades de Correa, quien, a cambio, le dio casi 500.000 euros, según el sumario. Un informe de la Agencia Tributaria destaca que las sociedades de Correa disponen de "una elevada facturación" con cargo a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, todos ellos gobernados por alcaldes del Partido Popular con mayoría absoluta.

El PP les ha forzado a dimitir por su implicación en la trama. Garzón les imputa el cobro de grandes sumas de dinero a cambio de adjudicaciones y contratas de sus ayuntamientos. Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad donde la trama corrupta hizo más negocios, asegura que a los implicados o no los nombró ella o la engañaron.

(www.elpais.com, 04/05/09)

CORREA FINANCIÓ UN MUSICAL CON DINERO DE 'GÜRTEL'

Malena Gracia, Marlene Mourreau y Rosanna Walls. Tres mujeres del espectáculo y tres amigas de Francisco Correa. El cabecilla de la trama Gürtel, que según el magistrado Garzón compró durante varios años las voluntades de algunos dirigentes del PP de Valencia y Madrid con regalos, prebendas y otros detalles más personales, invirtió unos 80 millones de pesetas (481.000 euros) en un espectáculo musical que llevaba por título Las corsarias y que se estrenó en Barcelona en diciembre de 2005.

Ninguna de ellas, Malena, Marlene y Rosanna, está imputada en la operación Gürtel, pero las tres trabajaron para Correa durante un tiempo en una sociedad llamada Apasionadda, cuyo objeto social era «espectáculos, cine y deportes». Esa empresa, que fue constituida en junio de 2005 en Madrid, tenía como administrador único a un ejecutivo de Special Events, la sociedad matriz del grupo de Correa, y fue la que financió a las tres vedettes.

Y como socio capitalista de la misma sociedad también aparecía Alvaro Pérez, El Bigotes. Pérez está imputado por el juez Baltasar Garzón por haber pagado una serie de trajes al actual presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. El Bigotes tenía relación con el mundo del espectáculo a través de su tío, el actor Andrés Pajares.

Las corsarias fue estrenada en el teatro Apolo de Barcelona el 15 de diciembre de 2005 y tenía previsto estar en cartel durante un mes. La baja calidad del espectáculo obligó a echar el telón tres días después de su estreno. Ricard Reguant, director del musical, calificó la obra como una «zarzuela tipo revista [ ] donde la belleza femenina se muestra tal como es».

Junto a las tres vedettes actuaban 14 bailarinas y seis de ellas tenían como mérito artístico haber participado en el concurso de Miss Interviú.

En el auto de prisión que el pasado 6 de febrero dictó el magistrado Baltasar Garzón contra Francisco Correa se indicaba que «dirigía un grupo organizado de personas y empresas que llevaba 10 años repartiendo dádivas y sobornos a funcionarios y personas de las actividades públicas para captar negocios». Garzón también recordaba en su escrito judicial que la organización de Francisco Correa «se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional [...] que convirtieron a su empresa, Special Events, en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política».

Francisco Correa, que entre otras imputaciones tiene la de blanqueo de capitales, siempre ha utilizado para sus intereses personales a amigas de su entorno. El pasado 6 de abril, EL MUNDO reveló que «una amiga de Correa le ayudó a sacar de España dinero de la trama» y que «el jefe de la red Gürtel abrió cuentas en Londres a nombre de Cristina Colman».

Esa amiga de Correa, que en la actualidad se encuentra en Londres estudiando inglés, también está imputada en el caso Gürtel por blanqueo de dinero y defraudación fiscal. Colman no trabajaba en ninguna de las empresas de Francisco Correa, pero era una persona de la total confianza del jefe de la trama.

Francisco Correa, ex legionario, ex bancario, ex agente de viajes y ex organizador de eventos políticos, se ha caracterizado en los últimos años por llevar un alto ritmo de vida -tenía tres barcos y residencias veraniegas en Marbella, Sotogrande e Ibiza- y presumir de amistades femeninas de alto standing.

www.elmundo.es 04.05.09

"Correa grabó un vídeo para extorsionar"

Un ex concejal del PP puso hace año y medio a la fiscalía sobre la pista de una trama que hacía negocios gracias a los favores de dirigentes populares

José Luis Peñas, ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, se presentó el 6 de noviembre de 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción y entregó el material que, durante meses, había grabado en numerosas reuniones para denunciar el mayor caso conocido de corrupción vinculada al Partido Popular (dos Gobiernos autónomos, media docena de alcaldes, el tesorero nacional del partido y un eurodiputado están implicados). Peñas denunció la existencia de una trama empresarial, cuyo jefe y cerebro era Correa, que durante 10 años aprovechó sus amistades en el PP para lograr contratos de Gobiernos populares e intermediar para lograr adjudicaciones de suelo para empresarios amigos.

Las revelaciones de Peñas costaron el cargo a un consejero y a tres alcaldes
El denunciante llevó a la fiscalía la grabación de sus citas con Correa

Año y medio después, la denuncia de José Luis Peñas, tras la investigación judicial y policial de los hechos que detallaba, ha forzado ya la dimisión de un consejero autonómico de Esperanza Aguirre, tres alcaldes madrileños y numerosos cargos municipales. Además, amenaza la continuidad en sus cargos del presidente valenciano, Francisco Camps, su mano derecha, Ricardo Costa; el tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Guillermo Galeote, que ya ha perdido su puesto en la lista europea de su partido.

En uno de los escritos de la Fiscalía Anticorrupción se da cuenta de algunos pagos de Correa a Peñas, que no está imputado en la causa. El ex edil explicó esta semana al juez instructor del Tribunal Superior de Madrid, en una ampliación de declaración, que Correa le ayudó a pagar los gastos de un partido independiente que fundó: abonaba el alquiler, dos nóminas, secretarias, publicidad, campañas... Según Peña, le aportaba 3.000 euros al mes en sobres.

Lo que sigue, resume el contenido principal de la declaración más amplia de José Luis Peñas que consta en el sumario, efectuada ante la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2008.

- El origen de una amistad. "Conocí a Francisco Correa a través de su mujer [que trabajó como jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda cuando el denunciante formaba parte de ese equipo de gobierno]. Correa se dedica a organizar eventos para ayuntamientos dirigidos por el PP y para el propio PP. También se dedica a la actividad inmobiliaria mediante la compra y venta de terrenos. Aunque no esté en los registros oficiales como administrador, es él quien controla la actividad de las empresas. En mi presencia, Correa ha revelado la capacidad que tiene para reclamar la contabilidad o las facturas de algunas de estas empresas".

- Los motivos de la denuncia. "Estoy desencantado del PP. Al conocer los hechos irregulares que he conocido de Paco Correa y de su entorno, tenía la opción de no denunciarlo e intentar hacer negocio con lo que sabía, o bien denunciarlo. Opté por denunciarlo, y por eso mantuvo el contacto con Correa y su entorno, pero grabando algunas conversaciones".

- Facturas falsas. "La actividad de la empresa tenía lugar en Serrano, 40, en la cuarta planta puerta izquierda. Allí se lleva la contabilidad de la empresa y hay dinero negro del que dispone Correa. En esta oficina se dirige la actividad de [las empresas de la trama] Inversiones Kintamani, Orange Market, Easy Concept y otras. La confección formal de la contabilidad y facturación se lleva a cabo por Asesoría Galher, que también les facilita facturas falsas. Esas facturas iban para Easy Concept por servicios no prestados, según supe porque me lo contó Isabel Jordan [directiva de Easy Concept]".

- Una comisión de tres millones. "El alcalde de Boadilla adjudicó suelo para viviendas de lujo a UFC [promotora propiedad del empresario José Luis Ulibarri] porque este empresario pagó tres millones de euros de comisiones a Paco Correa en el despacho del empresario en Valladolid. Correa pagó a su vez en metálico al alcalde de Boadilla. Correa suele hacer entregas de dinero en efectivo que lleva en una caja de zapatos. Ulibarri pagó a Correa y no directamente al alcalde de Boadilla porque era a quien conocía y con quien trataba profesionalmente. Y Correa, a su vez, era el que tenía relación directa con el alcalde".

- Extorsión por vídeo. "He visto unas imágenes en vídeo que me enseñó Correa donde salen el alcalde de Boadilla, [el diputado autonómico] Bosch y otro alto cargo municipal en torno a una mesa de la casa de Correa. El alcalde de Boadilla está contando dinero. Correa me dijo que hizo esta grabación para protegerse y extorsionar al alcalde de Boadilla".

- Propiedades del jefe de la trama. "Correa tiene un chalé adosado y otro piso en Sotogrande, una vivienda en Pozuelo, otra en Ibiza, varias fincas en Cádiz, un barco y cuatro coches de lujo".

- Deudas de la Comunidad de Madrid. "Correa me pidió que me pusiera en contacto con Alberto López Viejo [consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, presidenta regional, a la que montaba los actos institucionales contratando a las empresas de Correa] para cobrar una deuda de dos millones de euros a la Comunidad. Me dijo que amenazara a López Viejo con que si no pagaban iba a contar que la Comunidad de Madrid había pagado facturas por servicios no prestados para financiar actos del PP. Correa quería que yo fuera en condición de letrado pero cuando supo que me quedaba una asignatura de la carrera de Derecho, me dijo que se lo iba a pensar".

Tras esta declaración, Peñas ha colaborado en otras ocasiones con la justicia para ampliar detalles de su denuncia inicial. El jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, considera un traidor a Peñas. Así lo ha hecho saber en la declaración que prestó el pasado jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sobre las grabaciones de sus conversaciones que han sido aportadas por Peñas, Francisco Correa mantuvo ante el juez que José Luis Peñas sacó de contexto los comentarios hechos en las distintas reuniones que grabó.

"Me habló en Navidad de Bárcenas..."

El ex concejal José Luis Peñas, en una ampliación de su declaración judicial, efectuada esta misma semana ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dio nuevos detalles sobre cómo pudo acceder al centro de la trama. Así, relata que tuvo "una estrechísima relación laboral con la mujer de Correa" con la que coincidió en el gabinete de Guillermo Ortega, quien entonces alcalde de Majadahonda. Esa relación se convirtió "en una gran amistad que le dio acceso directo a Correa". Éste incluso llegó a admirar al ya ex concejal, porque el supuesto jefe de la trama "compraba a todo el mundo menos a él", que nunca aceptó "integrarse en sus negocios".

Peñas se atrevió a denunciar la corrupción en Majadahonda, pero fue expulsado del PP "porque Esperanza Aguirre no quiso escucharle", según la declaración. Por ello, decidió continuar para recabar pruebas para la justicia. "En este contexto de total confianza y cercanía", Correa se desnudó ante Peñas y le fue relatando detalles de sus negocios. Y así ambos pasaron una Navidad juntos en la que Correa "le habla de Luis Bárcenas [senador y tesorero del PP], Alberto López Viejo [ex consejero de Deportes de Madrid], de Arturo González Panero [ex alcalde de Boadilla del Monte], de Guillermo Galeote [eurodiputado]...".

www.elpais.es 02.05.08

Correa afirma que hizo ricos a Bárcenas y a los alcaldes porque era el más barato

El cerebro de la trama corrupta admite que pudo haber cometido un delito fiscal pero niega ante el juez el pago de sobornos a dirigentes del Partido Popular

Francisco Correa, jefe y cerebro de la trama corrupta vinculada al PP, declaró ayer ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira durante cerca de tres horas. En un momento del interrogatorio, Correa respondió: "He hecho ricos a [Luis] Bárcenas [senador y tesorero nacional del PP] y a alcaldes del PP". La frase parecía sugerir que, como figura en la contabilidad de la red empresarial corrupta, Correa pagaba sobornos a estos dirigentes populares a cambio de que le facilitasen contratos en las Administraciones públicas gobernadas por el PP. Pero el abogado de Correa corrigió el malentendido con una pregunta que permitió al cerebro de la trama corrupta explicar al juez que sus empresas habían prestado servicios al PP por un menor coste, con las ofertas más baratas, lo que había propiciado un beneficio al partido, que se había ahorrado mucho dinero gracias a su gestión.

Francisco Correa llega al TSJM

El supuesto cerebro de la trama de corrupción del 'caso Gürtel' Francisco Correa, llegó hoy a las 11.05 horas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para testificar por primera vez ante el magistrado Antonio Pedreira.

Parte del dinero llegó al tesorero del Partido Popular, según el sumario

Correa negó que hubiera cometido los delitos que se le imputan y tan sólo admitió que, como mucho, podría haber cometido delito fiscal y, por ello, estaba dispuesto a devolver el dinero. El líder de la red corrupta, que durante años contrató millones de euros con Administraciones gobernadas por el PP, cargó en su declaración contra el ex concejal popular de Majadahonda que destapó la trama al denunciarla ante la Fiscalía Anticorrupción. Correa aseguró que las frases de las grabaciones que el ex concejal popular aportó a la fiscalía estaban sacadas de contexto y que el denunciante le había traicionado después de que él le hubiera metido en su casa.

Correa, que llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde la cárcel con aspecto muy desmejorado, es el primero de los principales imputados que declara tras inhibirse el juez Baltasar Garzón en la causa ante la existencia de aforados (tres diputados autonómicos madrileños, el presidente valenciano, Francisco Camps, el senador y tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y el diputado autonómico valenciano Ricardo Costa).

La voz de Correa se escucha en distintos momentos de las grabaciones aportadas al sumario. En una de ellas, presume de haber pagado "1.000 millones [de pesetas] a Bárcenas" en relación con supuestas adjudicaciones de la etapa de Francisco Álvarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento. En otra sostiene que ha repartido comisiones millonarias al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, por un concurso de suelo para viviendas de lujo que ganó el constructor José Luis Ulibarri. Pese a que ofreció tres millones de euros menos por el suelo que la mejor oferta, se llevó el concurso porque prometió construir las viviendas tres meses antes que su principal competidor. Las viviendas, finalmente, no se construyeron en el plazo prometido.

El magistrado Antonio Pedreira implicó ayer en la trama corrupta a dos directivos de empresas que lograron contratos municipales y de obras del AVE. El juez imputó seis delitos (cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad) a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins y Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente. Ambos, según la investigación judicial, habían aportado dinero a la caja b de la red de Francisco Correa, el jefe de la trama. Parte de ese dinero, según el sumario del caso que ahora instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, llegó al actual tesorero del PP, Luis Bárcenas, al que la policía identifica con las siglas L. B. que aparecen en la contabilidad de la trama corrupta.

Carrasco, ingeniero de Caminos de 63 años, trabajaba en 2002, año en el que se cometieron los actos que se le imputan, en la filial de gestión de agua de FCC. En el auto de Garzón consta que el 8 de enero de ese año figura un apunte en la contabilidad b de la trama corrupta de 17.500.000 pesetas (105.000 euros) recibidos de un sobre de Enrique Carrasco con una anotación: "4,5 [millones de pesetas] sobre LB". LB es, según el juez Garzón y la policía que ha investigado el caso, Luis Bárcenas.

Por aquellas fechas, FCC resultó adjudicataria de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria de varios ayuntamientos cuyos alcaldes están implicados en la trama: el 5 de diciembre de 2001 obtuvo el contrato de Majadahonda y el 4 de febrero de 2002, el de Boadilla del Monte. Los alcaldes de ambos municipios en aquellos momentos están implicados en la trama y han sido destituidos de sus cargos públicos por la dirección madrileña del PP.

García Pozuelo-Asins es presidente de Constructora Hispánica. Garzón apunta una entrega de casi un millón de euros a su nombre el 19 de febrero de 2002. Parte de ese dinero también llegó a Bárcenas, según el sumario. La empresa de García Pozuelo-Asins es adjudicataria desde hace años de gran cantidad de obras públicas, entre ellas, varios tramos del AVE que recibió entre 2000 y 2004.

www.elpais.es 01.05.09

EL PP ACEPTA LA VERSIÓN DEL TESORERO SOBRE SU INGRESO DE 330.000 EUROS

Un día después de dejar fuera de la lista para el Parlamento Europeo al eurodiputado Gerardo Galeote por su implicación en el caso Gürtel, el PP decidió no tomar de momento ninguna medida ni pedir explicaciones especiales a su tesorero, Luis Bárcenas, que además de tener la misma implicación, o superior, en este caso -según la versión del juez Garzón-, fue investigado en 2008 por la Agencia Tributaria al encontrar sospechoso un ingreso, que hizo en 2003, de 330.000 euros en billetes de 500. Unos meses antes, según el auto de Garzón, la contabilidad b de la red de Francisco Correa registró un envío de esa misma cantidad a L. B, identificado por el juez como Luis Bárcenas.

El PP decidió ayer aceptar la versión dada por el tesorero a Hacienda, y a EL PAÍS, con documentos indicativos de que ese ingreso se produjo como consecuencia de un crédito que había pedido un mes antes para comprar unos cuadros. Cuando la operación se frustró, según Bárcenas, volvió a ingresar el dinero que le habían dado y eso hizo que Hacienda le interrogara.

Fuentes de la dirección del PP insisten en que Rajoy no hará nada con su tesorero -que en ningún momento ha presentado su dimisión, se declara inocente y ha aportado a sus jefes documentos para demostrar cómo ha logrado su patrimonio- hasta que no esté imputado por el Tribunal Supremo, el único competente.

Jorge Moragas, jefe de gabinete de Mariano Rajoy y responsable de Relaciones Exteriores del PP, insistió ayer en dar por buena la explicación del tesorero y en atacar a EL PAÍS por publicar la noticia. "Yo enmarcaría esta información, por llamarla de algún modo, dentro de una estrategia legítima por parte de algunos medios de comunicación y del Partido Socialista de acosar de forma injustificada al PP y a aquellos que puedan representar al PP", declaró Moragas.

José Luis Ayllón, secretario general del Grupo Popular, sentenció que la situación de Galeote y la de Bárcenas "son distintas, porque una cuestión es que el PP presente su candidatura, y otra muy distinta son todas y cada una de las informaciones que han ido saliendo sobre miembros del PP".

El PSOE, por su parte, cargó con dureza contra Bárcenas. El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, aseguró que "le huele a chamusquina" la "coincidencia" entre el importe del crédito pedido por el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y los presuntos pagos de Correa.

(www.elpais.com, 30/04/09)

EL PP EMPLEA UN DOBLE RASERO PARA BÁRCENAS Y GALEOTE

El europarlamentario Gerardo Galeote, fuera. El tesorero del partido, Luis Bárcenas, dentro. Mariano Rajoy, se ha quitado un problema de encima al decidir que el portavoz del PP en el Parlamento Europeo no vaya en la lista del 7-J, pero mantiene a otro de los implicados en el caso Gürtel en el corazón del partido.

Según los conservadores hay varias razones para ello. En el auto del juez Baltasar Garzón se señala que Bárcenas podría haber cobrado más de 1.350.000 euros procedentes de la trama de Francisco Correa. Pero la Fiscalía Anticorrupción no ha encontrado por el momento indicios suficientes para elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, órgano competente para investigarle al ser senador por Cantabria. Es el primer argumento que esgrimen para defenderle. No está imputado. Galeote tampoco lo estaba.

Recogiendo la versión oficial del partido, cuentan también que fue el eurodiputado quien se lo pidió a Rajoy para no dañar al PP. Bárcenas no ha tenido ese gesto. De hecho en la sede nacional creen que si hubiese presentado su dimisión al líder del PP, este la habría aceptado. Pero no ocurrió y, por tanto, los marianistas insisten en la presunción de inocencia. Consideran injusto que alguien se deba ver abocado a marcharse por la presión de algunos sectores del partido y, sobre todo, por "la mediática".

En el PP comentan, además, que son dos casos muy "diferentes": "Mientras a uno hay que renovarle, al otro hay que echarle". Y destacan que es mayor el coste electoral si en vez de apuntar hacia un cargo interno, el nombre de Galeote se cae finalmente de la candidatura. "Está limpia", resaltan. El eurodiputado contaba además con una serie de "hándicaps" que no le ven a Bárcenas. Por ejemplo, Galeote se iba a pasear por medios y mítines. Y todos daban por hecho que le iban a "freir" por su relación con el presunto cabecilla de la trama de corrupción. Los conservadores saben que en campaña, el PSOE seguirá "utilizando" el caso Gürtel pero mantienen que con esta decisión se ha "reducido" la fuerza del impacto.

Tras conocerse que Bárcenas ingresó 330.000 euros en billetes de 500, tal y como publicó El País, algunos en el partido ponían ayer el grito en el cielo. Sin embargo hay quien seguía protegiéndole: "Lleva años comprando arte y jugando en valores".

La mayoría en el PP piensa que Rajoy ha actuado "bien" al no incluir a Galeote. Algunos le ven ahora como "un killer". Otros resaltan que "está demostrando que sabe medir bien sus tiempos". Pero la lista no convence. En el partido son varios los que critican que no haya gente joven y que muchos sean familiares: el yerno de Pizarro, el cuñado de Rajoy, la hija de Fraga, el hermano de Mato...

Tampoco entienden que vaya de número dos Luis de Grandes. En su círculo se dice que es una "recompensa" por su trabajo y que era la figura adecuada frente a Ramón Jaúregui. Pero hay quien recuerda que es de Castilla- La Mancha y que la secretaria general del PP, María Dolores es de Cospedal, insistió en su inclusión. También ha chocado la entrada de Rosa Estarás, que compaginará su escaño con la presidencia del PP balear. Su círculo lo vende como un "refuerzo". Pero sus compañeros no comprenden que deje de ejercer la oposición en su tierra.

(www.publico.es, 30/04/09)

HACIENDA INVESTIGÓ AL TESORERO DEL PP POR INGRESAR 330.000 EUROS EN BILLETES DE 500

Mucho antes de que estallara el escándalo del caso Gürtel, en el que está implicado el tesorero del PP, Luis Bárcenas, la Agencia Tributaria ya le había investigado por un ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 que consideró sospechoso. Los bancos tienen la obligación de dar a conocer a la agencia cualquier ingreso superior a los 3.000 euros, especialmente en billetes de 500.

Los inspectores del fisco decidieron interrogar a Bárcenas por ese sospechoso ingreso, realizado el 22 de enero de 2003. El senador del PP, que entonces era el gerente del partido -mano derecha del tesorero, un cargo que ocupó durante 20 años hasta que Mariano Rajoy lo ascendió a la cúpula en 2008-, ofreció a Hacienda la misma explicación a través de un portavoz.

Según la versión de Bárcenas, que no recuerda si hizo el ingreso en billetes de 500 euros pero sí que lo hizo en efectivo, ese dinero correspondía a un crédito que había pedido el 9 de diciembre de 2002 al mismo banco donde luego lo ingresó, la oficina del Banco Popular de la calle de Cedaceros.

Bárcenas sostiene que pidió un préstamo de 330.000 euros para comprar unos cuadros, que después retiró el dinero en efectivo para realizar la transacción con el vendedor y que, en el último momento, la operación se truncó. Por ello decidió cancelar el crédito un mes después de haberlo pedido. Por tanto, fue al banco con ese dinero para ingresarlo y saldar su deuda. Fue ese ingreso de 330.000 euros de golpe el que llamó la atención de la Agencia Tributaria, que abrió una investigación el 15 de febrero de 2008 y, aparentemente, dio por buenas las explicaciones del tesorero el 24 de marzo.

Bárcenas ofreció con detalle las pruebas de la apertura y la cancelación de ese crédito tanto a la Agencia Tributaria como a EL PAÍS, al dar lectura a los documentos, con firma de notario incluida -Enrique José Rodríguez Cativiela-, que atestiguan la apertura y cancelación de la deuda. Bárcenas no explica cuánto le costó cancelar ese crédito en sólo un mes, aunque en los documentos figura una cifra de cancelación de 5,5% (17.500 euros). El crédito se hizo a tipo fijo (6,236%), con liquidaciones trimestrales.

En lo que no quiere entrar Bárcenas, siempre a través de su portavoz, es en el motivo por el que una operación de ese calibre, tan importante como para pedir un crédito de 330.000 euros, se truncó en el último momento de forma que, después de que él hubiera sacado el dinero -para hacer una transacción en metálico-, tuviese que cancelar la deuda y reingresar esa cantidad.

La operación se inició en 2002. Bárcenas insiste en negar que él recibiera ningún tipo de cantidad de la red de Correa. Pero, según el auto de Garzón, precisamente en ese año 2002, el tesorero -a quien la policía identifica como la persona a la que corresponden las iniciales L. B. que figuran en los apuntes de la contabilidad secreta de la red- habría recibido varios ingresos entre enero y junio en concepto, según el juez, de sobornos.

Uno de los seis apuntes que corresponden a paquetes de dinero para Bárcenas es precisamente de 330.000 euros. Figura en la contabilidad B de la red de Correa el 19/02/2002 con el concepto "paquete PC (20MM+15MM+25MM -5MM a paquete LB", y una cantidad asociada de 330.000 euros ingresados en Caja Madrid.

Ese mismo día, según la documentación que Garzón aporta en el auto, hay otro concepto que señala "1 paquete LB (25MM +15MM+5m de paquete PC)". PC sería Paco Correa, y LB Luis Bárcenas, según Garzón.

Ese año 2002 Bárcenas recibió, según los apuntes a los que hace referencia el juez, 780.000 euros, y en total el magistrado le acusa de percibir 1,3 millones de euros de la red.

El conocimiento del importante patrimonio inmobiliario de Luis Bárcenas, según él logrado gracias a herencias y compras y ventas exitosas, ha sentado muy mal entre algunos compañeros, que recuerdan que, al menos oficialmente, durante 20 años el tesorero no ha tenido otro ingreso que el sueldo de un funcionario cualificado del partido.

(www.elpais.com, 29/04/09)

El secretario personal de Aznar trabajó para Correa

Este martes, El País desveló que el imputado y ex segundo teniente de alcalde de El Escorial, Alfonso Bosch, envío una misiva al que fuera secretario personal del ex presidente José María Aznar, Antonio Cámara Eguinoa, para organizar (utilizando medios públicos), la famosa boda entre Ana Aznar y Alejandro Agag. Hoy, El Plural muestra nuevas evidencias que acercan la trama Gürtel al entorno del ex presidente del Gobierno.

Una vez que el Partido Popular perdió las elecciones generales del año 2004, Antonio Cámara empezó a trabajar en Special Events, sociedad dirigida por Francisco Correa que ha organizado en los últimos años numerosos actos para el Partido Popular y que está siendo investigada por la Justicia al formar parte de la trama de corrupción vinculada al PP.

Paraíso Fiscal
Special Events tiene sus principales acciones en el paraíso fiscal de la Isla de las Nieves, territorio que se independizó del Reino Unido en 1983 y que está situado entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago. Esta isla Caribeña prevé fuertes multas y hasta penas de prisión si se revela el nombre o los datos de los empresarios extranjeros que operan allí.

Sin respuesta
En 2005, el Departamento de de Estado americano señaló a la Isla de la Nieves como un paraíso fiscal convertido en “centro de blanqueo y narcotráfico”. La Cadena Ser se hizo eco por aquel entonces del informe emitido por el Gobierno de Estados Unidos. Fue entonces cuando la citada emisora Prisa se puso en contacto con el ex secretario de Aznar, para indagar sobre Special Events, a la que el PP confiaba la mayoría de sus actos de partido. Cámara aseguró no conocer la identidad de los verdaderos dueños de la empresa para la que había trabajado durante casi un año.

El origen de la empresa
Special Events se constituyó, con un capital social de 500.000 pesetas, en septiembre de 1994 por José Luis Izquierdo López y Victoria Romero (ambos están imputados en el caso Gürthel). La administradora única de esta empresa era María del Carmen Rodríguez Quijano, ex mujer de Francisco Correa.

Ampliación de capital
En junio de 2002, la empresa que tantos eventos ha organizado en los últimos años para el Partido Popular elevó su capital social en 39.990 euros, que fueron suscritos por una sociedad domiciliada en Londres denominada Windrate Limited, y cuyos misteriosos accionistas están radicados en la Isla de Nieves.

Más empresas
Según desveló el pasado mes de febrero Europa Press, la empresa para la que trabajó el secretario de Aznar no es la única sociedad del entramado Gürtel vinculada a este paraíso fiscal.

Inyecciones de capital
Al igual que Special Events, Inversiones Kintamani y Welldone 2002 también recibieron fuertes inyecciones de capital mediante sucesivas ampliaciones de capital provenientes de accionistas radicados en la citada isla del Caribe.

Inversiones Kintamani
Desde su creación en 1994, Inversiones Kintamani ha tenido varios administradores únicos, entre los que destaca José Luis Izquierdo y el también imputado en el caso Gürtel, Ramón Blanco Balín.

Welldone 2002
Por su parte, Welldone 2002, empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, se creó en 2002. El ex secretario de organización del PP Gallego, Pablo Crespo, era su representante cuando sufrió una ampliación de capital de 151.465 euros que, como no podía ser de otra forma, fue suscrita íntegramente por una sociedad radicada en la Isla de las Nieves.

Conexiones
En definitiva, nos encontramos ante una cadena de sociedades opacas interpuestas que hacen prácticamente imposible averiguar quienes son los verdaderos dueños de estas empresas. Lo que está claro es que gente muy ligada a la cúpula del Partido Popular jugó un papel muy activo en este gigantesco entramado de corrupción.

Con Aguirre en Caja Madrid
aEstas más que sospechosas relaciones del entorno de Aznar con la trama Correa son denunciadas hoy por Enric Sopena en su Cabos sueltos, donde añade además otra significativa coincidencia: en la actualidad, Antonio Cámara es presidente de la Comisión Permanente de Control de Caja Madrid. En la durísima batalla entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, el ex secretario de Aznar defiende los intereses de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

www.elplural.com 29.04.09

GERARDO GALEOTE NO IRÁ EN LA LISTA DEL PP A LAS ELECCIONES EUROPEAS

El eurodiputado popular, Gerardo Galeote, implicado en el caso Gürtel, no irá en las lista del PP a las elecciones europeas del próximo 7 de junio. Según la versión oficial, ha sido el propio Galeote el que ha pedido al líder de los populares, Mariano Rajoy, no ser incluido en las listas, aunque le seguirá asesorando en asuntos europeos.

La presión de los medios de comunicación en los últimos días ha sido muy intensa, con preguntas sobre la candidatura de Galeote en todas las ruedas de prensa del PP. Ante el temor de que los socialistas centraran buena parte de la campaña de las europeas en Galeote, fuentes de la dirección señalan que ha pesado más la idea de no ofrecer una baza tan fácil a sus rivales políticos que el criterio interno de que no se puede condenar por adelantado a un compañero como Galeote, que es un dirigente muy destacado y cercano a Jaime Mayor. Además, los populares deberían haberse pasado toda la campaña pendientes de las novedades del caso Gürtel, una tortura que ya vivió Mariano Rajoy en los pasados comicios gallegos y que no ha querido repetir.

Galeote no perderá sus cargos orgánicos y seguirá siendo miembro del Comité Ejecutivo. Bárcenas, el otro aforado implicado por el juez Baltasar Garzón, también mantiene su puesto como tesorero del partido y no ha dimitido como senador.

Las elecciones europeas son para Mayor Oreja el "primer test" que pasará el Gobierno ante la grave situación económica. "No sólo hay una elección a Europa; además de su carácter específico es la primera ante la crisis", ha indicado el candidato del PP, volcado en hacer una lectura nacional de la que puede obtener rédito.

Las encuestas le son favorables al PP, pero Mayor Oreja desconfía porque no son "determinantes". "He aprendido a no saber nada de las encuestas, dependemos de los españoles que piensan que hay que cambiar", ha asegurado insistiendo en su visión en clave interna. "Las elecciones son una oportunidad para demostrar que este ciclo económico ha terminado, que el exceso de maquillaje de Zapatero está abocado al fracaso", ha añadido Mayor Oreja.

El número uno del PP para Europa ha cargado contra la campaña del PSOE, que contrasta el mundo con George W. Bush con la nueva situación tras las últimas elecciones en EE UU . "A Obama le deseo lo mejor, pero hay cosas que suenan a paletada cuando oigo decir que tenemos que hablar de Obama en estas elecciones", ha concluido.

(www.elpais.com, 28/04/09)

EL PP DEJA FUERA DE LAS EUROPEAS A GALEOTE, IMPUTADO POR EL CASO GÜRTEL

El PP ha dejado fuera de su lista para las próximas elecciones europeas a Gerardo Galeote, uno de los cargos del partido supuestamente relacionado con el "caso Gürtel".

Fuentes del PP han confirmado a EFE este extremo después de unos días en los que la mayoría de la cúpula dirigente del partido se mostraba convencida de que repetiría, aunque no como número tres como en la lista de las anteriores elecciones europeas, en 2004, sino en un puesto más retrasado.

Galeote es uno de los cargos del PP supuestamente implicados en relaciones con la trama empresarial corrupta de Francisco Correa; el juez Baltasar Garzón, mientras instruyó la investigación, estableció en uno de sus autos que podría haber recibido de dicha trama más de 600.000 euros, algo que el eurodiputado negó.

(www.publico.es, 28/04/09)

GERARDO GALEOTE NO IRÁ EN LA LISTA DEL PP A LAS EUROPEAS

Gerardo Galeote, dirigente histórico del PP al que el juez Baltasar Garzón ha acusado de haber recibido “directa o indirectamente” 625.000 euros y varios coches de lujo por parte de de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, no irá finalmente en las listas del Partido Popular a las elecciones europeas.

Así lo ha decidido Mariano Rajoy, que este miércoles se reunió durante varias horas con los miembros que componen el comité electoral del Partido Popular.

División interna

Hasta ahora, existían dos corrientes internas en Génova 13. Varios dirigentes del PP defendían la presencia de Galeote en listas para evitar un problema interno y no condenar previamente al eurodiputado. Por el contrario, otro importante sector se negaba a que los socialistas exprimieran la baza de que en las listas del Partido Popular figura una persona que podría haber recibido más de 600.000 euros por parte de Correa

(www.elplural.com, 28/04/09)

LA MAYORÍA DEL PP ASUME QUE GALEOTE IRÁ EN LA LISTA EUROPEA

Quedan ya unas horas para que Mariano Rajoy desvele la lista del PP para las europeas, y muy pocos dirigentes esperan grandes sorpresas. Resuelto en enero el enigma fundamental, el del candidato, que vuelve a recaer en Jaime Mayor, el interés de los mentideros populares está en saber qué dirigentes de segunda línea encontrarán acomodo en una especie de retiro temporal muy deseado -la dirección tiene más de 100 peticiones para una lista con 25 puestos de salida- y en conocer si finalmente Gerardo Galeote repetirá en la lista. El eurodiputado ha recibido, según un auto del juez Baltasar Garzón, más de 600.000 euros y dos coches de la red corrupta que se investiga en el caso Gürtel.

La mayoría de los dirigentes consultados, entre ellos cinco miembros de la cúpula, se muestran convencidos de que Galeote repetirá. Eso, asumen en privado, dará una baza a los socialistas, pero resuelve un grave problema interno. Rajoy, aseguran en su entorno, no se puede permitir el lujo de dejar fuera a Galeote, portavoz de los eurodiputados populares y número tres en las últimas elecciones, porque sería una especie de condena previa.

El PP se aferra a los tres escritos de la Fiscalía Anticorrupción en los que se recomienda no llevar de momento el caso al Tribunal Supremo e investigar más a Galeote y a Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador, que según Garzón recibió 1,3 millones de la red como sobornos.

No poner a Galeote en la lista, según los dirigentes consultados, sería, además, incongruente con la decisión de mantener en su puesto al tesorero, que está participando intensamente en todas las reuniones de preparación de la campaña electoral.

Bárcenas ha detallado en una reunión con Rajoy y Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, cómo ha logrado acumular su importante fortuna familiar, especialmente en inmuebles de lujo, e insiste, como Galeote, en que todas las acusaciones son falsas.

Esta situación sólo cambiaría, según fuentes de la dirección, si alguno de los dos fuera imputado. Rajoy sí le pediría entonces que dimitiera, tanto a Bárcenas como a Galeote. El PP asume así el riesgo de que en plena campaña electoral tenga que pedir a Galeote que deje la lista, como sucedió en Galicia con el cabeza de lista por Ourense, acusado de ocultar dinero en paraísos fiscales.

(www.elpais.com, 27/04/09)

RAJOY APUESTA POR LOS POLÍTICOS BAJO SOSPECHA: SE DA POR HECHO QUE GALEOTE IRÁ EN LAS LISTAS A LAS EUROPEAS

A poco más de un mes para las próximas elecciones europeas del 7 de junio, la lista que presentará el PP es todavía un misterio. Después de desvelarse que Jaime Mayor Oreja será de nuevo el cabeza de lista de los conservadores, la principal intriga se centra ahora en si Gerardo Galeote, implicado en la trama de corrupción de la Gürtel, estará incluido en las listas. Por el momento, todo parece indicar que así será, al menos mientras el eurodiputado no aparezca directamente imputado en el caso. Mayor Oreja no quiso confirmar ayer si Galeote repetirá puesto, pero sí lo defendió, presentándolo como “un gran parlamentario en el seno del Grupo Popular”.

Aunque habrá que esperar hasta el próximo domingo para que el PP presente oficialmente a los candidatos que conformarán la lista a las elecciones europeas, la mayoría de las voces dentro del partido apuntan ya que Gerardo Galeote volverá a integrar la candidatura. Ello pese a que el actual eurodiputado es uno de los implicados en la Operación Gürtel y, según un auto de Baltasar Garzón, recibió de las empresas de la trama corrupta más de 600.000 euros y dos coches.

Seguirá en la lista

No obstante, parece bastante seguro que Galeote irá en la lista de Mayor Oreja puesto que, en caso contrario, se haría muy difícil de justificar su permanencia en el cargo durante este tiempo, así como la de el tesorero del partido, Luis Bárcenas, también implicado en la trama, y que sigue colaborando de forma activa en la campaña para las europeas.

"Un gran parlamentario", según Oreja

El cabeza de lista, Jaime Mayor Oreja, no concretó ayer si Galeote le acompañará en la carrera hacia la Eurocámara, pero sí rompió una lanza a su favor al definirlo como “un gran parlamentario en el seno del Grupo Popular español, en el seno del Grupo Popular Europeo y en las instituciones europeas”. Mayor insistió en que Galeote “ha hecho y hace muchísimo” por el partido, y recordó que no será él, sino el Comité Electoral del PP, quien configurará las listas, algo para lo que los populares se reunirán mañana.

Condena previa

Según una información de El País, el PP no puede permitirse dejar fuera de la lista a Galeote, puesto que sería una especie de condena previa por su implicación, cuando el discurso mantenido por Rajoy consiste precisamente en respaldar a los dirigentes de su partido salpicados por esta trama hasta que se demuestre su imputación en el caso. El PP justifica esta postura aferrándose a los últimos escritos de la Fiscalía, que recomiendan no llevar aún el caso al Tribunal Supremo, que investigaría a Galeote y a Bárcenas por se aforados nacionales, sino que pide que se siga investigando la posible implicación de ambos dirigentes.

¿Qué pasaría con Bárcenas?

Además, la exclusión de Galeote obligaría también a destituir a Bárcenas, algo que miembros del propio PP han pedido ya, pero a lo que la dirección se niega de momento. Su inclusión en las listas conlleva en cambio el riesgo de que, en plena campaña electoral, el nombre de Galeote apareciese como uno de los imputados, lo que obligaría a que Mariano Rajoy le pidiera su dimisión.

"Nada que temer"

No obstante, Mayor Oreja insistió ayer en que el PP no teme que los flecos de la Operación Gürtel vayan a dañar al partido de cara a los comicios, y advirtió que tiene la conciencia “tranquila” y que su “única” preocupación es por la situación económica y los datos del paro. “Nosotros no tenemos nada que temer”, aseguró, después de criticar que hay quien quiere que la crisis llegue también al PP.

Cospedal se remite al Comité

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha remitido la decisión sobre la repetición de Galeote al Comité Electoral del PP que se reúne mañana. Preguntada por el tema este mediodía tras la Ejecutiva del partido, la número dos de Génova se ha limitado a contestar que “mañana, imagino, podremos tener conocimiento” de quién será el segundo de las listas y de si el actual eurodiputado reaparecerá en las listas del PP.

(www.elplural.com, 27/04/09)

LA TRAMA CORRUPTA GASTÓ 200.000 EUROS EN ROPA PARA REGALAR A CARGOS DEL PP

Los directivos de la trama empresarial creada por Francisco Correa para lucrarse con contratos de administraciones gobernadas por el PP solían hacer regalos de agradecimiento a los cargos públicos vinculados a esas adjudicaciones.

En unos casos, según la investigación judicial y policial, se trataba de vehículos; en otros, de joyas; en algún supuesto, de inmuebles y, en muchos, de simples trajes de entre 600 y 1.000 euros la pieza. Esos regalos aparecían reflejados en la contabilidad de las distintas empresas como gastos propios de su actividad.

Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario que se está instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que ha tenido acceso EL PAÍS, acredita que en sólo dos años (2005 y 2006) las empresas Easy Concept, Good anb Better, Servimadrid Integral y Orange Market han declarado compras de material a la empresa Milano por casi 200.000 euros.

Directivos de alguna de estas empresas han declarado al juez que hacían regalos en forma de trajes a alcaldes y concejales de ayuntamientos donde habían logrado distintos contratos.

Entre esos directivos figura Isabel Jordán, despedida de la trama empresarial corrupta a finales de 2007, quien confesó al juez y a la policía que compró en dos ocasiones trajes para quien era entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Y también sugirió que compró otros regalos a concejales de la misma corporación.

Jordán aseguró que eran regalos por Navidad, pero el juez le preguntó entonces por qué se habían comprado los trajes en la tienda Milano en el mes de octubre. La ex directiva de la trama corrupta argumentó entonces que entre que se encargaba el traje, se confeccionaba y se entregaba, pasaban dos meses, justo para el regalo de Navidad. El jefe de ventas de esa tienda de ropa, José Tomás, negó ante el juez que la compra de los trajes se hubiera hecho en fechas próximas a las navidades.

"Igual que le regalo a él [Arturo González Panero], regalo a otras personas", declaró Jordán a la policía: "Son regalos por propia iniciativa mía, al igual que he hecho a muchos concejales de Boadilla del Monte. Es habitual en el sector de la publicidad".

Boadilla del Monte es un municipio de la Comunidad de Madrid donde gobierna el PP con una amplísima mayoría absoluta y donde, supuestamente, la trama corrupta había echado raíces para sus negocios. Tanto es así, que la investigación judicial destapó el supuesto pago de una comisión de tres millones de euros por la adjudicación de suelo para viviendas de lujo a un promotor inmobiliario para el que trabajaba Francisco Correa como conseguidor e intermediario.

Las empresas de la trama corrupta camuflaban los gastos en regalos de todo tipo para cargos públicos del PP, como adquisición de material necesario para la actividad de la sociedad, de manera que pudieran declararlo a la hacienda pública y ahorrarse mucho dinero, pues les esa fórmula les permitía reducir el monto de los beneficios por los que tendrían que pagar al fisco.

Durante la investigación, la policía interrogó a varias cajeras que trabajaron durante el tiempo en que ocurrieron los hechos en las tiendas Milano y Forever Young.

Una de esas trabajadoras relató así el procedimiento utilizado en relación con los trajes que la trama corrupta compraba a cargos del PP: "Elaborábamos las facturas poniendo el concepto que deseara el cliente o nos dijera el encargado [José Tomás], poniendo un número a la factura sin ningún tipo de control o registro para que las mismas fueran consecutivas, y no quedaba registrada ni almacenada en ningún sitio".

"Recuerdo", continúa la empleada de Milano en su declaración ante la policía, "que el entonces director de la tienda, José Tomás, me propuso que una venta de trajes de chaqueta que iban a hacer a personas que ostentaban cargos en el PP, entre ellos Francisco Camps, se facturaría como venta de mantelerías o cristalerías. Lo propusieron las personas que iban a comprar los trajes. Una de estas personas era un hombre con bigote que se llamaba Álvaro [en relación a Álvaro Pérez, directivo de Orange Market, empresa que contrataba con la administración valenciana]".

La empresa Orange Market se encargaba de montar los eventos del PP en la Comunidad Valenciana, donde, en algunos casos, se trataba de organizar almuerzos con numerosos asistentes, por lo que podrían hacer pasar los regalos de trajes a cargos públicos populares como gastos para montar los actos políticos a la empresa, en este caso el PP, que se los encargaba.

(www.elpais.com, 21/04/09)

"TENGO LA OFICINA LLENA DE TRAJES PARA DEJÁRSELOS A PERSONALIDADES"

- Primera visita tras la citación. José Tomás, jefe de ventas de Milano y de Forever Young, donde los altos cargos del PP adquirían sus trajes por encargo de Álvaro Pérez y Pablo Crespo (dos de los directivos de la trama corrupta), recibió a mediados de febrero la citación de la Fiscalía Anticorrupción. Tomás, según su propio relato ante la policía, se vio con Crespo antes de acudir a la fiscalía, y éste -afirma en su declaración el jefe de ventas- elucubró sobre los motivos de la misma: "Puede estar relacionado con algo del alcalde de Boadilla porque ha podido decir algo Isabel Jordán porque la hemos despedido. Pero no hay ningún problema, lo tenemos todo muy bien, no tenemos nada que ocultar fiscalmente". Dos días después, se presenta en la tienda Álvaro Pérez y habla con José Tomás: "Tranquilo, no tenemos nada que ocultar".

- Un café con el sastre. Al día siguiente, Tomás declaró ante la Fiscalía Anticorrupción y, 24 horas después, Pablo Crespo le invitó a tomar un café en un establecimiento comercial próximo a la tienda. En ese lugar le pregunta qué ha pasado con el fiscal y Tomás contesta que le ha preguntado por dos empresas de la trama corrupta y sobre la facturación de la tienda de ropa en la que trabajaba.

- La explicación de Pérez. Una semana después, Álvaro Pérez acude a la tienda de Tomás y le cuenta su versión de los hechos: "El tema de los trajes y la fiscalía me dan exactamente igual. Tengo en la oficina una barra [sic] de trajes llena y puedo decir que los tengo para dejárselos a determinadas personalidades. Que los compré yo y que yo los dejo y luego me los devuelven. Estoy supertranquilo, no tengo nada que ocultar".

(www.elpais.com, 21/04/09)

EL SASTRE: "CAMPS ME LLAMÓ ENTRE 40 Y 50 VECES"

Durante su declaración ante la policía, según consta en uno de los tomos del sumario, José Tomás García, ex director de ventas de las tiendas Forever Young y Milano, recibió en varias ocasiones llamadas telefónicas del presidente valenciano, Francisco Camps. El sastre mostró a los agentes la pantalla de su móvil, donde se podía leer "CAMS [sic]" y el teléfono del dirigente popular. Ninguna de las seis llamadas que recibió en ese momento fueron contestadas.

El domingo 8 de febrero, tras insistir reiteradamente, Camps consigue que Tomás le coja el teléfono: "Me llamó a mi casa cuatro o cinco veces, la última a las doce menos algo de la noche. Me preguntó si alguien había pagado una factura de Milano, y yo le dije, 'no, no presidente, en Milano usted nunca ha comprado ningún traje, compró cuatro y los devolvió y punto'. Hasta entonces sólo se había hablado de Milano. Yo me lo quité de encima como pude porque estaba muy nervioso. Luego, posteriormente, hasta el miércoles me estuvo llamando, calculo que entre 40 y 50 veces. Ya no le cogí el teléfono".

José Tomás se convirtió a primeros de febrero en una persona muy importante para el PP y para los dirigentes de la trama empresarial corrupta de Francisco Correa. Cuando la Fiscalía Anticorrupción fijó su mirada en José Tomás para aclarar algunas cuestiones relacionadas con la compra de trajes para diversos altos cargos del PP, el director de ventas habló con los clientes que le hacían los encargos, que eran directivos de empresas de la trama corrupta.

Uno de esos directivos, Pablo Crespo, le pidió que cuando acudiera a la fiscalía lo hiciera con un abogado de ellos y le dio el nombre. "Es un lince, y de los más prestigiosos que hay en España", le cuenta Crespo, según el relato del sastre a la policía. "Decliné la oferta, no me pareció adecuado utilizar el abogado de otra persona que pudiera estar investigada", explicó Tomás.

(www.elpais.com, 21/04/09)

EL SUPREMO CONFIRMA EL ARCHIVO DE LA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR COHECHO

El Tribunal Supremo ha confirmado este martes el archivo de la querella por cohecho que un abogado presentó contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber recibido supuestamente, durante su estancia en Nueva York, 1,7 millones dólares del Banco Santander.

En un auto notificado hoy, la sala de lo penal del Alto Tribunal rechaza el recurso de súplica interpuesto por el letrado Antonio Panea contra la decisión que este órgano tomó el pasado 9 de marzo de archivar la querella al considerar que los hechos no constituyen delito.

Panea se querelló contra Garzón en junio del año pasado al estimar que pudo cometer delitos de cohecho y prevaricación al recibir 1,7 millones de dólares del Santander para actividades del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York y después archivar con "inusitada celeridad" una querella interpuesta contra los responsables del banco.

El Supremo reitera ahora que, en su opinión, los hechos no constituyen delito "tanto por la falta de vinculación directa del patronazgo a la persona del querellado, cuanto porque nada hace sospechar que el patronazgo tuviera por finalidad el ilícito propósito que el recurrente denuncia con más voluntad que aval probatorio".

El Alto Tribunal, sin embargo, sí acordó deducir testimonio de su resolución y de la documentación recibida de la Universidad de Nueva York al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque Garzón no comunicó al órgano de gobierno de los jueces las cantidades que cobró en concepto de sueldo a través de nómina.

El CGPJ abrió a continuación una investigación sobre los ingresos de Garzón durante su estancia en Nueva York entre 2005 y 2006 que, una vez archivada definitivamente la causa penal en el Supremo, seguirá ahora adelante para ver si el juez incurrió en alguna falta disciplinaria.

(www.publico.es, 21/04/09)

ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE DECLAREN POR EL 'CASO GÜRTEL' VARIOS EMPRESARIOS

El caso Gürtel sigue su imparable marcha. La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto la declaración de media docena de personas vinculadas a la trama corrupta entre las diligencias de prueba solicitadas a los tribunales superiores de Madrid y Valencia, según fuentes fiscales. Entre estas personas, cuya identidad se reserva por no haber salido aún a la luz pública dado que el procedimiento sigue secreto, figuran algunos empresarios. Según las fuentes consultadas, estas declaraciones son complementarias a las del presidente Francisco Camps y los demás aforados, cuya declaración como imputados en un delito de cohecho ya ha interesado el fiscal Anticorrupción de los respectivos tribunales superiores.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer en los desayunos informativos de Europa Press que el momento de enviar el caso al Supremo "aún no ha llegado" y que aún "quedan muchos años de procedimiento". Conde-Pumpido explicó que la remisión de la causa al Supremo "dependerá de la evolución del procedimiento" y reveló que Anticorrupción empezó a investigar muchos meses antes de la judicialización del caso, que se produjo el año pasado. El propio fiscal general recordó que él era magistrado de la Sala Penal del Supremo cuando se instruyó allí el caso Filesa, el proceso a la Mesa Nacional de Herri Batasuna y el caso Marey, y fue en este último en el que recayó la jurisprudencia sobre el momento en que las causas deben llegar al Supremo.

El fiscal general recordó entones que el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, -presente en el desayuno informativo-, fue el fiscal que acusó en el caso Filesa sobre financiación irregular del PSOE y por lo tanto, "conoce perfectamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo" y el momento en que los casos deben ser enviados al alto tribunal.

Preguntado por la contradicción de que el juez instructor, Baltasar Garzón, vea indicios de delito en los aforados Luis Bárcenas y Gerardo Galeote, y el fiscal no, Conde-Pumpido afirmó: "Lo anómalo es este caso, porque en los demás países suele ser al revés. Si el Ministerio Fiscal aprecia que los indicios no tienen las circunstancias que el Tribunal Supremo exige, se debe a que la Fiscalía Anticorrupción conoce mejor la jurisprudencia del Supremo".

La implicación de varios dirigentes importantes del PP en el caso Gürtel trae de cabeza a los populares y les dificulta colar sus mensajes de oposición. Aunque la dirección se aferra a la decisión de la fiscalía, que por tres veces ha rechazado enviar aún el caso al Supremo, la preocupación es evidente. Y tres de los implicados, presentes ayer en unas jornadas interparlamentarias en un hotel de Sevilla, no pudieron evitar esta vez a la prensa.

Lo intentó Luis Bárcenas, el tesorero, que después de responder esquivo que está "absolutamente" tranquilo, se escapó de los periodistas por una puerta trasera. Gerardo Galeote aseguró a la carrera que considera que su inocencia "ya está probada" (se le acusa de recibir 600.000 euros y él lo niega sin más datos) y no descartó repetir como eurodiputado. "No depende de mí", se limitó a señalar. Las listas se tienen que cerrar antes del 4 de mayo. Rajoy, según fuentes de la dirección, está retrasando la decisión para ver si hay novedades. Y si Galeote no es imputado antes del 4, según los miembros de la dirección consultados, es muy posible que repita -posiblemente como número tres- porque de lo contrario se le estaría condenando antes de tiempo, señalan las mismas fuentes, y sobre todo dejaría en evidencia la negativa de Bárcenas a presentar su dimisión.

(www.elpais.com, 17/04/09)

EL PP EXHIBE SU TRIADA GÜRTEL EN SEVILLA

Al parecer Mariano Rajoy no sólo cobija sino que además exhibe a Luis Bárcenas, tesorero del PP que ayer sorprendió a propios y extraños al llegar a la XIV Unión Interparlamentaria del partido celebrada en Sevilla. Nadie le esperaba: no suele acudir a este tipo de eventos, y rehúye a la prensa desde que el juez Baltasar Garzón le señaló como presunto beneficiario de 1,35 millones de euros en sobornos de la trama Gürtel. Y, sin embargo, el responsable de las finanzas del grupo se presentó y se sentó en primera fila, un gesto con alta carga simbólica. Le acompañaron en su gesta otros dos implicados en el proceso judicial: el eurodiputado del grupo, Gerardo Galeote, y el secretario general de la formación en Valencia, Ricardo Costa. Con mayor o menor profusión, la triada del PP vinculada al caso Gürtel intentó exhibir “tranquilidad”. En defender su inocencia ni se molestaron: en palabras de Galeote, “ya está demostrada”.

Bárcenas fue la sorpresa de ayer. Pocas horas antes de que apareciera, sus compañeros de filas ya habían empezado a excusar su ausencia indicando que él no suele ir a estos eventos, informa Público. No contaban con que, al parecer, a Génova no le basta con cobijar a los implicados: quiere exhibirlos para dar la apariencia de normalidad.

Bárcenas, “absolutamente tranquilo”…

Sólo así se explica que el tesorero, un hombre poco dado a estos eventos –de hecho, ni siquiera estuvo el martes pasado en la cita de Rajoy con el Grupo Parlamentario- acudiera a la Interparlamentaria y se sentara en primera fila. Bárcenas continúa siendo, sin embargo, parco en palabras: a su llegada se limitó a declararse “absolutamente tranquilo”, y a su salida optó por una maniobra evasiva y se dirigió al a puerta trasera.

…y Galeote también

Algo parecido ocurrió con Gerardo Galeote, acosado por la prensa al entrar al recinto semivacío donde se celebraba la reunión. Preguntado sobre si estaba tranquilo, el eurodiputado redundó en palabras pero no en detalles: “Sí, sí, sí…”, dijo. Sobre su inocencia fue contundente: “Ya está demostrada”, aseguró.

Coordinador de mesa redonda

Por la tarde, el europarlamentario acudió a una mesa redonda sobre la Unión Europea como coordinador. Más relajado y más accesible, aprovechó para elogiar al número uno de las listas del PP a las europeas, Jaime Mayor Oreja, aunque trasladó la decisión sobre su repetición en dichos comicios a Génova y al presidente del Comité para estos fines, Miguel Arias Cañete.

Repetición probable

Según las fuentes de El País, Rajoy piensa incluir a Galeote en las listas y podría ir de número tres, pero el líder está esperando por si hay alguna novedad judicial antes del día 4 de mayo, fecha tope para cerrar las candidaturas. La repetición disgusta a las bases y no entusiasma ni al mismo Mayor Oreja, dicen los informantes del marianista diario La Razón, pero según explica el rotativo de Prisa tras el aparente cierre de filas estaría el temor a mostrar a eurodiputado y tesorero como culpables y, sobretodo, a dejar en evidencia la negativa de Bárcenas a dimitir,

Costa, confiado

El tercer tenor, Ricardo Costa, ha sido más prolífico en declaraciones. “Que yo sepa no se nos ha implicado en la trama Gürtel. Es un caso abierto. Esperamos que el tribunal competente asuma la causa con rapidez y se demuestre que todas las acusaciones son falsas. Confío en la justicia”, ha señalado, obviando, no obstante, que la Fiscalía sí ha visto indicios en su contra y que . Para el secretario general del PP valenciano, las acusaciones en su contra son “infundadas y falsas” al tiempo que se le somete a un “juicio paralelo y mediático”.

Rapidez
Costa ha enfatizado en que Gürtel es un proceso judicial “abierto, para el que el partido pide máximo respeto y ofrece la máxima colaboración”, mostrándose esperanzado en que los tribunales asuman “la causa con rapidez” y en que esta “se resuelva cuanto antes”. En el último extremo discrepa el fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ayer vaticinó que al caso le quedan “muchos años” por delante.

(www.elplural.com, 17/04/09)

UNO DE LOS IMPLICADOS COORDINA UNA MESA EN UNAS JORNADAS DEL PP

Gerardo Galeote ha sido acusado por Baltasar Garzón, en un detalladísimo auto, de haber recibido más de 600.000 euros de la red de Francisco Correa como soborno, incluidos dos coches de lujo regalados. Con implicaciones similares, compañeros suyos de Madrid han dimitido de sus cargos -alcaldes, consejeros y portavoces parlamentarios- "para defenderse mejor y no dañar al partido" en palabras de Mariano Rajoy.

Galeote, uno de los más conocidos eurodiputados del PP, histórico de la casa y aún portavoz del grupo parlamentario en Estrasburgo, que tiene además a su padre y a un hermano imputados, no sólo no ha dimitido, sino que ni siquiera está aún descartado que repita en las listas de las europeas, aunque la mayoría de los dirigentes consultados lo ven poco probable.

De momento, lejos de pedirle que dimita, Rajoy ha decidido encumbrarlo internamente como coordinador de una mesa de trabajo en la reunión interparlamentaria, una cita anual de diputados y senadores, que se celebra hoy y mañana en Sevilla. Galeote hará un discurso -aunque sin cámaras que lo graben- sobre "La Unión Europea y el futuro de la Política Agraria Común" y coordinará esa mesa. Otro de los implicados, Ricardo Costa, acusado por Garzón de haber recibido sobornos en forma de trajes regalados por la trama, también estará en una mesa, aunque como ponente, en este caso en la económica.

(www.elpais.com, 16/04/09)

BÁRCENAS CREA EL DESCONCIERTO EN LA INTERPARLAMENTARIA DEL PP

La presencia del tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, en la XIV reunión interparlamentaria del partido celebrada en Sevilla, no ha dejado indiferente a nadie. Bárcenas, presuntamente implicado en el caso Gürtel, ha sido el principal tema de conversación en los corrillos de la reunión, que el partido considera como "pistoletazo" de salida de la precampaña para las elecciones europeas del 7 de junio.

"Tiene coraje por haber dado la cara", comentaban algunos, en oposición a quienes criticaban su presencia. Bárcenas no ha sido el único implicado por Garzón que se ha dejado car por Sevilla.

El eurodiputado Gerardo Galeote coordinará una mesa de trabajo sobre política agraria en la UE, y el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, será ponente en otro grupo de trabajo sobre la crisis.

El secretario de Política Autonómica y Local del PP andaluz, Juan José Matarí, ha sido el encargado de inaugurar este cónclave de parlamentarios populares, y a su alocución seguirán la de la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, y la del responsable de Comunicación, Esteban González Pons, entre otros.

La reunión interparlamentaria del PP se celebrará entre hoy y mañana. El presidente del PP, Mariano Rajoy, llegará al cónclave a lo largo de la jornada, ya que antes debía acudir a la localidad jienense de Martos, e intervendrá mañana, en la clausura.

Le acompañarán en la sesión de cierre la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, así como el cabeza de lista para las europeas, Jaime Mayor Oreja.

(www.publico.es, 16/04/09)

JUECES Y FISCALES SOSTIENEN QUE EL 'CASO GÜRTEL' ACABARÁ EN EL SUPREMO

El caso Gürtel, la trama corrupta que afecta al PP, acabará en el Tribunal Supremo, según sostienen fuentes judiciales y fiscales consultadas por este periódico, aunque aún no parece ser el momento idóneo para remitirlo. En el actual estado de la causa, aseguran, la Sala Penal difícilmente aceptaría tener que practicar una instrucción tan complicada y que podría prolongarse durante dos o tres años.

El Supremo no es un tribunal diseñado para practicar largas y complejas instrucciones, por lo que tiende a admitir los procesos cuando ya están individualizadas las responsabilidades de los aforados respecto de los demás imputados en el proceso. La Sala Penal ha establecido que el instructor "puede y debe investigar hasta alcanzar indicios fundados que justifiquen la imputación", lo que implica que hay que apurar la instrucción antes de elevar una causa al Supremo.

Esa idea ya fue exprimida por el alto tribunal, en el caso Segundo Marey en el que fueron condenados por secuestro el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Garzón realizó una extensa investigación y sólo cuando faltaba llamar a declarar a Barrionuevo como imputado elevó el asunto a la sala Segunda, sin perjuicio de que el nuevo instructor, Eduardo Móner, repitiese la mayoría de las diligencias. Lo que entonces se predicó para Garzón vale también hoy, para él y para los demás instructores de los tribunales superiores de Madrid y Valencia.

Durante el tiempo que Garzón ha instruido el caso Gürtel ha imputado a 55 personas, aunque el total es de 62 implicados incluyendo a Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana, del PP), Luis Bárcenas (senador y tesorero del PP), Gerardo Galeote (eurodiputado del PP) y demás aforados, y ha acumulado nueve cajas de 2.000 folios cada una. Si se remitiesen en este momento todas las actuaciones a la Sala Penal del Supremo, el fuero del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del eurodiputado Gerardo Galeote arrastraría al alto tribunal a todos los demás implicados. Y en la Sala Penal aún se recuerda con horror el caso Filesa sobre financiación irregular del PSOE, y la polémica y accidentada instrucción del juez Marino Barbero, empeñado en tomar declaración a los primeros banqueros del país, las decenas de miles de folios acumulados durante años y la espantada final del magistrado, que abandonó la carrera judicial cuando no supo qué hacer con todo el material acumulado.

Por eso, parece que de momento la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción está orientada a cimentar los indicios existentes contra Bárcenas y Galeote antes de instar una exposición razonada para elevar la causa al Supremo. Según las fuentes consultadas, si el proceso se remitiese ahora en bruto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, éste se expone a que el Supremo le devuelva la causa, con la indicación de que desbroce el procedimiento y al menos investigue a los aforados madrileños. Lo mismo ocurriría si el de Valencia hiciese lo propio con Francisco Camps y Ricardo Costa.

Con todo, los mismos problemas de infraestructura para instruir procesos de complejo contenido económico, o más agravados aún, los tienen los tribunales superiores de justicia, que tampoco verían con malos ojos poder remitir cuanto antes el caso Gürtel al Tribunal Supremo.

Aunque todas las fuentes consultadas coinciden en que lo más probable es que a medio plazo el caso pase al Supremo, desde el punto de vista procesal el PP tiene cierto margen de maniobra para que el debate jurídico tenga lugar en algún tribunal más favorable a sus intereses. Ya lo hizo en el denominado caso Zamora, cuando instó la dimisión del diputado José Manuel Peñalosa y el senador Dionisio García Carnero (hoy es de nuevo senador) y el asunto, que salpicaba de cerca a Aznar, salió del Supremo para acabar pudriéndose en un juzgado de Zamora donde fue archivado un par de años después.

Si el PP se viera en la necesidad, podría forzar la dimisión de sus aforados Bárcenas y Galeote y el caso pasaría automáticamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por el momento el PP ha optado por mantener el aforamiento de los dimitidos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch para evitar que el caso pueda volver a manos del juez Baltasar Garzón.

(www.elpais.com, 16/04/09)

EL FISCAL GENERAL AUGURA ´MUCHOS AÑOS´ PARA EL CASO GÜRTEL

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado hoy que al "caso Gürtel" le quedan "muchos años" y que, por ello, desconoce si el procedimiento, que no es "contra políticos", acabará en el Tribunal Supremo (TS).Así se ha pronunciado hoy el fiscal general en un encuentro informativo organizado por Europa Press, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya considerado que en el estado actual de la causa no procede elevarla al Tribunal Supremo y que, por tanto, los Tribunales Superiores de Madrid y la Comunitat Valenciana son competentes para asumir la investigación sobre la supuesta trama de corrupción.

Respecto a la razón por la que la Fiscalía Anticorrupción no ve indicios contra aforados nacionales mientras que el juez Baltasar Garzón sí lo ha hecho, Conde-Pumpido ha recordado que el fiscal no aprecia que los indicios tengan las circunstancias que el TS exige y ha señalado que el Ministerio Público conoce mejor la jurisprudencia del TS.

La Fiscalía Anticorrupción -ha recordado- empezó con este trabajo muchos meses antes de que se judicializara y ha insistido en que se trata de una trama muy difícil de investigar y que está en una fase inicial.

También ha dicho que si la Abogacía del Estado decide personarse en la causa será para ejercer su derecho y que estaría perfectamente justificada mientras que, sobre la negativa de Garzón a aceptar la personación de PP en el caso, ha indicado que una institución tiene que acreditar para ello un perjuicio que no sea puramente político y que desconoce si ese partido tiene otras razones para ello.

Conde-Pumpido ha insistido en que la Fiscalía no adapta sus procedimientos a las corrientes mediáticas ni los fondos de sus resoluciones a las mayorías políticas, sino que actúa solo de acuerdo con la legalidad.

Durante su intervención, el fiscal general ha apostado por una reforma de la ley procesal penal que establezca un modelo verdaderamente acusatorio, en el que el Ministerio Público sea el responsable de dirigir la investigación para decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal y en el que el juez sea el encargado de garantizar que no se vulneren los derechos de nadie, "esquema universal" que funciona en muchos países.

Conde-Pumpido ha asegurado que el modelo penal actual, al que ha calificado de último reducto del siglo XIX en la Justicia española, provoca problemas como, por ejemplo, que los ciudadanos acudan al fiscal denunciando que el juez, al investigarles, está vulnerando sus derechos, lo que "ha pasado hace poco".

Por ello, se ha preguntado si "queremos quedarnos solos" con la vieja divisa de "Spain is different" y ha destacado la necesidad de que los fiscales no sean "representantes del botijo español".

El fiscal general ha insistido que el problema de la Justicia penal no está en si la decisión de investigar o no, de enjuiciar o no, deba quedarse en manos del juez "cuya independencia nos ofrece absoluta confianza hasta que deja de gustarnos lo que alguno concreto hace, o pasa a un fiscal que es tremendamente sospechoso de parcialidad, salvo cuando nos conviene la decisión que adopta".

Conde-Pumpido ha recordado que el 75 por ciento de los procedimientos judiciales en España pertenecen a la jurisdicción penal y que sólo un 10 por ciento de ellos terminan en sentencia.

Ante estas cifras, el fiscal general ha considerado necesario un pacto de Estado para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que aporte seguridad jurídica al sistema.

(www.levante-emv.com, 16/04/09)

La Fiscalía recomienda seguir investigando a Bárcenas y Galeote

Anticorrupción considera que no existen indicios suficientes para imputar al tesorero del PP y al eurodiputado pero recuerda que todavía hay "abundante documentación por examinar"

La Fiscalía Anticorrupción considera que no existen indicios suficientes que permitan imputar al tesorero del PP y senador Luis Bárcenas y al eurodiputado Gerardo Galeote en el caso Gürtel por lo que recomienda que se prosiga con la investigación, "especialmente teniendo en cuenta la abundante documentación aún por examinar". Según la Fiscalía no procede, por tanto, elevar todavía la causa de corrupción que salpica a miembros del PP al Tribunal Supremo. Los TSJ de Madrid y Valencia, competentes en la causa, deberán tomar la decisión sobre si asumen o no la investigación iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En el informe remitido hoy por Anticorrupción al TSJ de Madrid, la Fiscalía subraya que no puede demostrarse que "las siglas LB, L o el nombre de Luis el cabrón", que aparece en la documentación intervenida, correspondan a Luis Bárcenas, por lo que resulta "más oportuno esperar al avance de la investigación". No obstante, la Fiscalía recuerda que "en el último informe policial se indica que hasta la fecha no aparece persona alguna, diferente de Luis Bárcenas, cuyas iniciales sean LB y que se encuentre relacionada con los demás miembros de la organización".

La Fiscalía tampoco encuentra indicios suficientes de criminalidad para imputar al eurodiputado Gerardo Galeote y considera que "resulta imprescindible una más profunda instrucción que se extienda a, entre otras cuestiones, el motivo de los pagos eventualmente percibidos por los aforados". El fiscal no cierra, sin embargo, la puerta a una futura remisión de la causa al Tribunal Superior de Justicia al recordar que "la instrucción sólo acaba de comenzar y resulta procedente continuar con el examen de la documentación intervenida".

Los informes de la Fiscalía contradicen al juez Garzón, que remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid todos los indicios de criminalidad existentes contra Bárcenas y Galeote (Lee el auto). Según la investigación del magistrado, "sin género de dudas", Bárcenas, senador por Cantabria, se habría enriquecido por pagos de la trama corrupta en 1.353.000 euros y Galeote habría recibido otros 652.310. Además, el juez considera probado que las siglas "L.B." se corresponden con las de Luis Bárcenas.

Con respecto al informe enviado al TSJ de Valencia, el fiscal recomienda que se deben investigar "los hechos atribuidos a Francisco Camps Ortiz [presidente de la Generalitat de Valencia] y Ricardo Costa [secretario general del PP valenciano]", que consisten en "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en el caso Gürtel, y solicita que se tome declaración a los dos políticos valencianos.

www.elpais.es 14.04.09

EL BIGOTES ORGANIZÓ UN MITIN DE MARIANO RAJOY EN ELCHE EN LA CAMPAÑA PARA LAS GENERALES DEL 9-M

Mariano Rajoy aseguró que había roto en 2004 relaciones con las empresas de Correa porque le habían comunicado que estaban utilizando "indebidamente" el nombre del partido. Sin embargo, después de esa fecha, empresas de la trama corrupta siguieron organizando actos del Partido Popular. El Plural les muestra las obtenidas en un mitin del propio Rajoy en Elche, celebrado el 28 de febrero de 2008, en plena campaña para las elecciones generales del 9 de marzo.

Según el blog Trajes para todos, El Bigotes organizó el mitin que Mariano Rajoy celebró en la Institución Ferial Alicantina situada en el municipio de Elche el jueves 28 de febrero de 2008. En concreto, Álvaro Perez, imputado en el caso Gürtel, habría organizado todo el entramado que conllevó este mitin y mantuvo contacto con importantes dirigentes del PP. Así lo demuestran varias fotografías.

¿Más actos?

Este blog también apunta que El Bigotes pudo organizar una parte del almuerzo-mitin que se celebró en un restaurante del Parque Municipal el jueves 29 de marzo de 2007 o el acto celebrado en el Centro de Congresos de Elche el sábado 19 de abril de 2008.

Estrechas relaciones con el PP ilicitano

Hace unos días, salió a la luz una imagen en la que aparecía Mercedes Alonso, presidenta del PP de Elche y portavoz del grupo municipal popular en la capital ilicitana, con Álvaro Perez. Ahora, estas nuevas fotografías demuestran la estrecha relación que existió entre El Bigotes y el Partido Popular de Elche.

Hombre fuerte de Correa en Valencia

Los tentáculos del Bigotes se extendieron no sólo en Elche, sino en toda la Comunidad Valenciana. Como contó El Plural el pasado 30 de marzo, Correa le hizo responsable del negociado valenciano, aprovechando sus habilidades para las relaciones públicas. Y no se equivocó al convertirle en su hombre fuerte en la zona ya que se granjeó muy buenas relaciones en la cúpula del PP. El propio Camps llegó a asistir a su boda junto al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el portavoz parlamentario y secretario regional del PP, Ricardo Costa y el director general de Canal 9, Pedro García.

(www.elplural.com, 14/04/09)

GARZÓN OFRECE AL GOBIERNO PERSONARSE CONTRA LA TRAMA CORRUPTA LIGADA AL PP

El juez Baltasar Garzón dictó una providencia el pasado 17 de febrero en la que ofrecía a la Administración central, a través de la Abogacía del Estado, personarse en la causa abierta contra la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos del PP cuando mandaba José María Aznar. Los negocios ilícitos que supuestamente perpetró esta red corrupta durante años estuvieron en su mayoría vinculados a decisiones políticas adoptadas en instituciones gobernadas por el PP.

La Administración central del Estado sería parte perjudicada en esta causa si se probase, como apuntan indicios que han aparecido durante la investigación, que la trama corrupta ha llevado a cabo blanqueo de capitales y otros delitos fiscales que han ocasionado perjuicios importantes a la Hacienda Pública.

En tal caso, la administración pública se habría visto dañada por la actuación de la red corrupta que dirigía Correa y tendría derecho a defender sus intereses ante los tribunales, como ha ofrecido el juez a la Abogacía del Estado. El pasado 13 de febrero, Garzón rechazó la personación del PP en la causa al considerar que "ningún perjuicio existe [...] para el Partido Popular sino, en su caso, para las administraciones o instituciones a las que pertenecen las personas afectadas".

El Gobierno no ha respondido aún a la invitación. Cuando se recibió la providencia de Garzón había dudas respecto al órgano judicial que se iba a encargar de la causa, que de momento ha recaído en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Comunidad Valenciana, tras la inhibición de Garzón.

En sus autos, el juez sugiere que la competencia real para instruir este caso corresponde al Tribunal Supremo, debido a que los delitos se cometieron en varias comunidades y hay posibles implicados que ocupan cargos en el Senado (Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP) y en el Parlamento Europeo (Gerardo Galeote, europarlamentario popular).

Además, será la Agencia Tributaria la que deba examinar si, a la vista de los datos conocidos, es conveniente la personación del Estado en la causa. Entonces, debería indicarle a la Abogacía del Estado que iniciara los trámites para llevar a cabo esta acción.

Durante toda la investigación judicial, la Agencia Tributaria colaboró con la Audiencia Nacional mediante la elaboración de distintos informes sobre los supuestos implicados. También la brigada para prevenir el blanqueo de capitales trabajó en la causa. "Después de Semana Santa habrá una decisión respecto a si hay personación del Estado en la causa", indicaron a este periódico fuentes gubernamentales.

El primer auto de Garzón sobre esta causa apunta múltiples indicios de "defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero y un entramado de sociedades para colocar el importe en territorios offshore (paraísos fiscales) o cuya falta de transparencia fiscal o cooperación impide, gracias a las técnicas de ingeniería financiera, alcanzar los fondos desplazados".

La investigación policial y judicial de la trama corrupta se inició en agosto de 2008 y ha detectado un conglomerado de sociedades de "inversión especulativa" cuyo objetivo era "la búsqueda de operaciones inmobiliarias o la gestión del patrimonio personal de Francisco Correa".

La trama había montado una estructura internacional con sociedades en paraísos fiscales con el objetivo de blanquear dinero. Durante la instrucción, el juez Garzón ordenó comisiones rogatorias internacionales para recabar distintos datos a Reino Unido, Italia, Holanda, Suiza y Antillas Holandesas.

La red también tejió numerosos negocios basados en facturas falsas y, por tanto, en la evasión al fisco de muchos de los beneficios que obtenían por su actividad ligada al tráfico de influencias y el cohecho. Más de una decena de cargos públicos del PP han sido imputados en una causa que ahora instruyen los tribunales superiores de justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Durante la investigación, Garzón ordenó numerosas intervenciones telefónicas a los principales implicados de la red empresarial que fueron prorrogadas a petición del fiscal. Entre el 4 de septiembre de 2008 y el 12 de febrero de 2009, las conversaciones de los principales sospechosos a las órdenes de Correa estaban siendo escuchadas por la policía por orden de Garzón.

(www.elpais.com, 13/04/09)

La Abogacía acusó en el 'caso Filesa' en tiempos de González

La personación del Estado en causas judiciales donde se investigan delitos que han perjudicado a las arcas públicas es algo habitual, incluso cuando los sospechosos de haber cometido irregularidades son políticos del partido que gobierna en ese momento. Uno de los ejemplos más significativos, por la relevancia social y política que adquirió el caso, fue el de la financiación ilegal del PSOE a través de Filesa en los años noventa.

La Abogacía del Estado ejerció la acusación en ese sumario judicial. Lo formalizó en un escrito fechado el 7 de octubre de 1995, cuando todavía gobernaban los socialistas.

Los servicios jurídicos del Estado acusaron a distintas personas de la trama de financiación ilegal. El abogado del Estado pidió 12 años y ocho meses de cárcel y 767 millones de pesetas de indemnización para el ex diputado socialista Carlos Navarro y sus socios Luis Oliveró y Alberto Flores. La acusación se fundamentaba en la existencia de indicios de delitos en los que el Estado había resultado perjudicado económicamente.

También solicitó el abogado del Estado ocho años de cárcel por delitos fiscales y falsedad en documento mercantil para Aída Álvarez, responsable de las empresas proveedoras de la trama de financiación ilegal.

www.elpais.es 13.04.09

El Supremo archiva la querella del PP contra Garzón

El Tribunal Supremo ha archivado la querella que el Partido Popular interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional por considerar que había prevaricado en la instrucción del caso Gürtel. En un auto notificado hoy, el Alto Tribunal justifica el archivo de la querella, que fue presentada el pasado 25 de febrero y ampliada en dos ocasiones, en la "falta de indicios suficientes de la comisión de un hecho delictivo", coincidiendo así al entender que los hechos no constituían delito alguno. El PP se querelló contra Garzón por las filtraciones a la prensa de datos del sumario, por la negativa del magistrado a tenerlos como parte en el procedimiento, por haber implicado implícitamente al senador Luis Bárcenas en el caso al no desmentir -como sí hizo con el diputado Esteban González Pons- que hubiera indicios contra él, y por no inhibirse cuando la investigación afectó a personas aforadas.

Noticias relacionadas

Losantos: "Es más malo que el virus recuperado de la malaria"

“El PP puede discrepar de las decisiones del juez, pero no usar una querella como chantaje”

El PP denuncia que Garzón trate de incriminar a Bárcenas y Galeote en contra de la Fiscalía

El Poder Judicial archiva las quejas del PP y de Bárcenas contra Garzón

La Fiscalía insta al Supremo a archivar la querella del PP contra Garzón

Y Garzón pregunta a la Fiscalía si debe inhibirse a favor del Supremo al ver indicios contra...

El PP ampliará la querella contra Garzón por las filtraciones sobre los nuevos imputados

En la resolución, el Supremo rechaza uno a uno los argumentos esgrimidos por el PP, al que critica por haber basado su querella en hechos conocidos a través de los medios de comunicación. "Los datos o hechos transmitidos están extraídos de fuentes ajenas a la instrucción y por ello no es posible basar en los mismos la existencia de indicios consistentes de delitos", señala el auto.

No hay indefensión
El tribunal añade que, si bien es cierto que el conocimiento por los imputados de la instrucción a través de la prensa "puede generar una situación de aparente indefensión", eso sólo podrá verificarlo "la sala de lo penal de la Audiencia Nacional". En cualquier caso, el Supremo recuerda que su propia jurisprudencia establece "que la declaración del secreto del sumario no constituye en principio indefensión material alguna para los imputados, inculpados o procesados cuando éstos han tomado conocimiento del mismo y han podido intervenir y ejercitar el derecho de defensa una vez levantado el mismo".

Rechazo a la personación
Sobre el rechazo a la personación del PP en la causa, la sala afirma que esta decisión "no constituye un evidente despropósito jurídico, ajeno a la opinión jurídica común, para constituir el tipo objetivo del delito de prevaricación". Tampoco ve el tribunal nada objetable en la nota de prensa con la que Garzón desmintió la existencia de indicios contra González Pons, ya que "su finalidad no es otra que preservar la indemnidad del diputado mencionado y por ello nunca concurriría el dolo de revelar el secreto sumarial".

Inhibición correcta
Aunque el Supremo considera que todo esto sería ya "suficiente para el archivo de la querella", examina también la imputación que el PP hace al juez de retener la instrucción de la causa siendo incompetente para ello porque habían aparecido "indicios de responsabilidad" respecto de personas aforadas. En este sentido, el tribunal enumera varias sentencias en las que se explica que el juez de instrucción debe seguir investigando hasta que haya quedado "individualizada" la actividad delictiva concreta que se impute al aforado, teniendo sólo vedada "la realización de actos procesales que en sí mismos determinen ya la sujeción de un parlamentario a un procedimiento penal".

Deber de seguir investigando
"De ello se desprende que no basta la mera imputación personal del aforado para que el instructor suspenda inmediatamente la instrucción y remita la causa al órgano competente, sino que puede y debe investigar hasta alcanzar indicios fundados que justifiquen dicha imputación", dice el Supremo. En el "caso Gürtel", añade, "ello no es posible determinarlo conforme al contenido de la querella, es más, en el auto de 13 de febrero -que el PP citó en su denuncia y en el que Garzón advertía de la existencia de "serios" indicios contra aforados- se admite que el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación todavía no había concluido".

Muchos intentos
Cabe reseñar que antes del portazo de hoy en las puertas del Supremo, el PP había presentado otras tres denuncias en el Consejo General del Poder Judicial. Ante el órgano de control de los jueces llevaron la coincidencia del magistrado con el ya ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en un cacería, una querella que luego ampliaron añadiendo el supuesto uso fraudulento del secreto de sumario y una queja por retraso “injustificado” en la tramitación de la causa. El día 24 de marzo, no obstante, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial decidió por unanimidad archivar las quejas del PP y de su tesorero, Luis Bárcenas.

Críticas de la prensa
La famosa querella también había cosechado las críticas de la prensa progresista para la cual ha sido un "chantaje", y de columnistas conservadores como el juez Javier Gómez de Liaño, colaborador de El Mundo y, precisamente, condenado por prevaricación en el caso Sogecable. El ex magistrado aseguró que era un "brindis al sol" carente de “técnica jurídica" y de "fundamento”. Las dudas sobre las posibilidades de que el texto legal prosperase se confirmaron el 27 de febrero, cuando el mismo Supremo halló defectos de forma y falta de poderes para el pleito. Entonces fue Federico Jiménez Losantos quien descalificó a Federico Trillo, encargado de presentar el texto, asegurando que era "más malo que el virus de la malaria recuperado" además de "tonto".

www.elplural.com 07.04.09

Una amiga de Correa le ayudó a sacar de España dinero de la trama

Se llama Cristina Colman. Es amiga de Francisco Correa y el pasado 30 de marzo fue imputada por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el denominado caso Gürtel bajo los cargos de blanqueo de dinero, defraudación fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Colman no trabajaba en ninguna de las empresas que Correa había montado para recaudar fondos del Partido Popular, pero era una persona de total confianza del jefe de la trama.

En los dos últimos años, Cristina Colman compartió muchas cosas con Correa y se convirtió en la tercera mujer en orden de importancia dentro del entramado empresarial.

Durante un tiempo fue Carmen Rodríguez Quijano, la esposa de Correa, la que figuró como administradora de varias de las sociedades.Más tarde fue relevada por Felisa Jordán, que estuvo al frente de Special Events, la empresa matriz de todo el grupo de Correa, y de Orange Market. Y, finalmente, Cristina Colman fue utilizada por Correa para mover importantes cantidades de dinero desde Madrid a Londres y, más tarde, a diversos paraísos fiscales.

Según ha podido saber EL MUNDO de fuentes policiales de la investigación, Correa abrió varias cuentas a nombre de Cristina Colman en Londres aprovechando que ésta se encontraba en la capital británica estudiando inglés.

Según las mismas fuentes, parte de los gastos de Cristina Colman en Londres eran sufragados por Francisco Correa. El jefe de la trama se veía con su amiga con cierta asiduidad en los dos últimos años, tanto en Londres como en París.

Se da la circunstancia de que Cristina Colman tiene una página en Facebook y entre sus amigos se encontraba Correa. Después de las primeras detenciones en la operación Gürtel, que se llevaron a cabo el pasado 6 de febrero en Madrid contra Correa, Carmen Rodríguez Quijano y Pablo Crespo, el jefe de la trama desapareció automáticamente de la página de amistades de Cristina Colman.

A través de esa misma web de Facebook y de otras amistades, la tercera mujer en importancia de la operación Gürtel fue recibiendo avisos de la situación y del momento procesal del caso.

El 8 de febrero, tras ser detenido Correa, Cristina Colman recibió la primera alerta procedente de una de sus amigas de Madrid: «Hola nena, qué tal todo. Espero que estés mejor... bueno ya te llamo hoy y te cuento... nena necesito que tengamos muchísima buena energía vale?».

El siguiente aviso se produce días antes de que Cristina Colman comparezca ante el juez Baltasar Garzón. Está fechado el 24 de febrero y la interlocutora es la misma persona: «Nena. Qué tal te va todo. Espero que bien. Te cuento que aquí ya casi no se habla del tema, pero andante PY [sic], es lo que mejor que podes hacer».

Cristina Colman, joven y morena, ha estado muy cerca de Correa en los últimos años. Colman no se parece a ninguna de las mujeres que anteriormente habían estado en el entorno del jefe de la trama. Correa siempre se ha rodeado de mujeres rubias, natural o tintadas, y con un estilo totalmente diferente.

EL MUNDO ha intentado ponerse en contacto con Cristina Colman en los últimos días para conocer su versión de los hechos, pero no ha respondido a ninguna de las llamadas.

El total de imputados en el 'caso Gürtel' asciende ya a 55. Los últimos 10, entre los que se encuentra Cristina Colman, eran parte o habían trabajado para el entramado empresarial de Francisco Correa, Antoine Sánchez, Pablo Crespo y Alvaro Pérez Alonso, los principales encausados de esta trama de tráfico de influencias y lavado de dinero.

EL MUNDO ha podido saber que Correa está teniendo serios problemas económicos porque el magistrado Baltasar Garzón ha intervenido sus empresas y, en la actualidad, no dispone de dinero en efectivo para hacer frente a los pagos de sus abogados y de los letrados de las personas afines a él. El jefe de la trama también tiene serias dificultades para afrontar deudas familiares.

Garzón aún no ha podido llegar a los documentos que Correa tenía en varias cajas de seguridad ubicadas en diferentes entidades bancarias que fueron vaciadas antes de las primeras detenciones por personas cercanas al jefe de la trama.

Eso ha motivado que el magistrado haya tenido que basarse en los aspectos societario y empresarial, en una pieza del sumario que está instruyendo el juez Santiago Pedraz sobre blanqueo de capitales de 170 empresarios españoles en Liechtenstein y que está declarada secreta.

En esa instrucción judicial también se encuentra imputado Ramón Blanco, que formaba parte de varias de las sociedades del grupo de Francisco Correa. La otra pieza utilizada por Garzón y que ha resultado fundamental en la investigación han sido las declaraciones de la ex administradora de Special Events, Felisa Jordán

www.elmundo.es 06.04.09

Agag “presumía entre sus amigos de que iba a participar en un negocio llamado Orange Market”

Alejandro Agag, empresario y yerno del ex presidente José María Aznar, “en 2000, un tanto ingenuamente, presumía entre sus amigos de que iba a participar en un negocio llamado Orange Market, que uno de sus interlocutores imaginó como una especie de mercado de futuros de cítricos a través de Internet”. Es lo que cuenta Casimiro García-Abadillo, vicedirector de El Mundo, en un artículo publicado hoy en este diario. A estas alturas, es sabido que Orange Market es una de las empresas de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta vinculada al PP, dirigida por Álvaro Pérez El Bigotes, otro de los principales imputados en el caso Gürtel; y aunque ahora nadie quiera reconocerlo y el mismo Agag pierda la memoria cuando se le pregunta por la cuestión, otro gallo cantaba hace algunos años cuando “Correa fue testigo de su boda y El Bigotes acudió al evento (que, por cierto, organizó él mismo) acompañado de una linda joven retratada por Interviú”.

El número dos de El Mundo asegura que “en su día, estos hechos fueron puestos en conocimiento de Javier Arenas (cuando era secretario general) y del propio Aznar, cuando era casi como un Dios. Nada se hizo. Todo siguió igual”. Quizás ello explique el nerviosismo en el entorno de Agag, conocido como el abrepuertas, cuando se imputó a Correa, con quien se codeaba eventualmente.

Agag y Gordon
El vínculo más inmediato de Agag con la trama sería el también imputado Jacobo Gordon, su amigo, compañero de universidad en Cunef –el centro de los banqueros-, ex socio y también testigo de su boda. El nombre de Gordon asoma reiteradamente en el sumario judicial del juez Baltasar Garzón: se le vincula a una promoción inmobiliaria en Majadahonda y al tema valenciano. En las grabaciones que investiga el juez Correa destaca su cercanía con el ex presidente del Gobierno: “Jacobo, todo el verano con Aznar y no es capaz de pedirle que nos eche una mano para desbloquear la licencia”, sostiene en una de las conversaciones grabadas por la Policía.

Galeote, su fundación…
El vicedirector de El Mundo, no obstante, centra su artículo en Gerardo Galeote, el eurodiputado presuntamente relacionado con la red corrupta de la que, además de 625.000 euros en comisiones, habría recibido tres coches de lujo. El periodista recuerda que en 2003, cuando Aznar decidió fusionar todas las fundaciones del PP en FAES –incluida la Fundación de Estudios Europeos que, además de estar dirigida por quien ha sido señalado por Garzón, recibía un diezmo mensual de los eurodiputados de su grupo guardado en un paraíso fiscal-, “ideó la creación de una nueva figura: la Asociación de Estudios Europeos, con los mismos fines y propósitos que la extinta fundación”.

…y las gabelillas
Según Casimiro, los eurodiputados callaron todos porque cobraban más del doble de lo que precibe un parlamentario en el Congreso de los Diputados. En este sentido destaca que las "gabelillas que se obtienen de la euroburocracia no son pocas. Además de los elevados ingresos, el Europarlamento paga los viajes en tarifa business a sus miembros. Si uno viaja con tarifa reducida, se embolsa la diferencia, que puede ser de hasta 1.000 euros por vuelo. Además, hay una asignación para gastos de prensa de unos 1.500 euros que casi nadie utiliza para los fines a los que está destinada la partida (…)”, una forma de actuar “reveladora” de alguien que llegó a presumir “de haber ganado ya más de 200 millones” como eurodiputado.

Explicaciones endebles
El eurodiputado, no obstante, “se equivocó al limitar en su comunicado del 1 de abril sus relaciones económicas con Correa a la contratación de viajes a través de Pasadena” porque el presunto cabecilla de la trama fue, además, “el encargado de organizar diversos actos para el eurogrupo del PP. Actos a los que acudía, naturalmente, Alejandro Agag”. A pesar de todo esto, para García-Abadillo esta trama no es Filesa porque “no aparece por ningún lado la financiación del partido. Ni siquiera la Policía (…) ha conseguido poner sobre la mesa de Garzón un solo dato que lleve a pensar que la organización con su retahíla de facturas falsas incluida, haya financiado actos o campañas del PP”.

Bárcenas
¿Qué pasa entonces con el tesorero del PP, Luis Bárcenas, que habría obtenido 1,3 millones de euros en comisiones y con quien la trama habría llegado al corazón de las finanzas popular? La respuesta del número dos de El Mundo es que “100.000 euros al año” no son "moco de pavo", pero no como "para pringarse en un asunto de corrupción". ¿Qué diferencia, entonces, a Bárcenas de Galeote? Habrá que esperar a una nueva entrega de El Mundo para saberlo.

www.elplural.com 06.04.09

RAJOY SE LA JUEGA CON SU TESORERO: "NADIE PODRÁ PROBAR QUE NO ES INOCENTE"

La mayoría de los dirigentes del PP que han hablado estos días con Mariano Rajoy estaban convencidos de que el jefe de la oposición iba a apoyar sin matices a su tesorero, Luis Bárcenas, al menos hasta que el Tribunal Supremo decida imputarlo, si es que eso llega a suceder. Sin embargo, la contundencia con la que el líder del PP se la jugó ayer en Vitoria por Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote, acusados por el juez Baltasar Garzón de recibir sobornos de 1,3 millones de euros y 652.000 euros, respectivamente, de la red de Francisco Correa, sorprendió incluso a algunos marianistas. "Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes", sentenció ayer Rajoy en Vitoria.

Hasta ahora, en el entorno del líder del PP se atacaba la instrucción de Garzón, pero al final de cada conversación los dirigentes siempre terminaban con la misma idea: "Y si todo se complica, Rajoy puede prescindir de Bárcenas y no pasa nada, porque este asunto no le toca al presidente, que rompió con Correa en 2004". Sin embargo, esta seguridad de Rajoy en que ningún juez podrá probar la culpabilidad de su tesorero le vincula, efectivamente, al desarrollo del juicio.

Rajoy desoye así el clamor interno levantado entre diputados y senadores populares partidarios de la renuncia de Bárcenas. Ayer, el futuro presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, manifestó de forma ambigua: "Cada uno tendrá que hacer lo que considere oportuno y cumplir con sus responsabilidades".

En la decisión del líder de mojarse con su tesorero, en contra de su estilo habitual, han pesado dos cosas, según fuentes de la dirección. Por una parte, las pruebas que sobre todo Bárcenas, aunque también Galeote, han presentado ante Rajoy y Cospedal para demostrar cómo han hecho su patrimonio. El tesorero ha explicado con detalle a sus superiores cada venta y compra de pisos, cada herencia recibida por su mujer, cada jugada exitosa en la Bolsa. Cospedal y Rajoy han decidido creer su versión y obviar, al menos de momento, las numerosas pruebas ligadas a la contabilidad B de la trama de Correa que el juez Garzón ha hecho públicas.

A este respecto, Bárcenas volvió ayer a difundir un comunicado en el que niega "relación ilícita alguna" con Correa y sus empresas. También niega haber recibido dinero y haber mediado ante administraciones. Bárcenas niega "categóricamente" que las referencias bajo las siglas L. B. "tengan algo que ver" con su persona. En su auto, Garzón dice que los corruptos se referían al tesorero como "L. B.", "L.", "L. Barc" y "L. Bárcenas". El senador anunció nuevas querellas contra el juez y contra periodistas.

Por otra parte, pesa la convicción, instalada en la cúpula del PP, de que los defectos de forma de la instrucción, la opinión contraria de la fiscalía, dependiente del Gobierno, y las mayores garantías que les merecen tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (tanto el instructor como el presidente son magistrados conservadores, de la APM, cercana al PP) como el Tribunal Supremo pueden dejar las acusaciones de Garzón en nada. De ahí la expresión de Rajoy, que no dice estar convencido de su inocencia, sino de que no se podrá probar su culpabilidad.

Aún así, todo estaba muy medido. Después de huir de la prensa en Madrid, Rajoy aceptó una sola pregunta del caso Gürtel en Vitoria, tras una visita al Parlamento vasco. A la segunda pregunta, que le interrogaba por la diferencia entre el caso de Bárcenas y las dimisiones de los tres diputados de Madrid que, al ser aforados, tampoco están imputados, ya no quiso responder.

(www.elpais.com, 03/04/09)

LA CAUSA SE ACERCA AL SUPREMO

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, sugirió ayer que la causa abierta por una trama de corrupción masiva vinculada a numerosos cargos públicos del PP en las comunidades de Madrid y Valencia podría acabar en el Tribunal Supremo.

El caso está actualmente desgajado en dos tribunales superiores de Justicia, el de Madrid y el de Valencia, dado que hay implicados que son diputados autonómicos -tres de Madrid- o miembros de Gobiernos autónomos, como Francisco Camps y Ricardo Costa, presidente y vicepresidentes valencianos. Además, Garzón también ha visto indicios de delito en la actuación de un senador popular, Luis Bárcenas, tesorero del partido, y de Gerardo Galeote, europarlamentario popular.

Pumpido admitió ayer que la respuesta sobre qué órgano judicial es competente para instruir esta causa "se complica al existir aforados de dos comunidades diferentes" y aforados que corresponden al Tribunal Supremo, en relación a Bárcenas y Galeote. "Estamos en una fase muy previa de la investigación y pueden aparecer más datos. Lo que busca la Fiscalía es actuar de forma que se eviten las nulidades y se respeten las garantías constitucionales de los aforados", señaló Pumpido. El fiscal general defendió la actuación procesal de Garzón.

(www.elpais.com, 03/04/09)

RAJOY AGUANTARÁ A BÁRCENAS HASTA QUE SEA IMPUTADO POR EL SUPREMO

Mariano Rajoy está empeñado en dilatar todo lo posible una de las decisiones más difíciles que tiene sobre la mesa: si mantiene en el cargo al tesorero del partido, el senador Luis Bárcenas, acusado por el juez Baltasar Garzón de haber aceptado sobornos de una red corrupta de empresarios por valor de 1.353.000 de euros. Según apuntan algunos dirigentes populares, el líder espera que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que le resuelva la papeleta cuando se pronuncie sobre el asunto y aclare si, a su juicio, existen o no suficientes indicios para que el origen del patrimonio de Bárcenas sea investigado por el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado.

Será entonces y en virtud de ese pronunciamiento judicial cuando decida qué hacer, a no ser que el propio Bárcenas tome la iniciativa y abandone el barco popular. No obstante, las fuentes citadas admiten que el entorno de Rajoy confía en que el TSJM defienda la tesis de que no hay pruebas suficientes para imputar al jefe de las finanzas del PP y que incluso desacredite a Garzón dejando en evidencia "algún posible defecto de forma" en su sumario. Por el momento, Rajoy se limita en público a defender la inocencia de su tesorero y del eurodiputado Gerardo Galeote, también señalado por el magistrado de la Audiencia Nacional. "Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podría probar que no son inocentes", enfatizó Rajoy en Vitoria

Así, Rajoy ha decidido darse un amplio margen para intentar cuadrar el círculo, aunque sabe que cada vez son más los miembros de su partido que abogan por sacar a Bárcenas de la tesorería del PP. Se da la circunstancia de que uno de los imputados en el sumario, Benjamín Martín Vasco, dimitió ayer como portavoz adjunto del PP en la Asamblea madrileña para "no perjudicar" a su grupo.

El futuro presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lanzó un mensaje algo críptico sobre lo que, a su entender, debería hacer Bárcenas. "Cada uno tendrá que hacer lo que considere oportuno y cumplir con sus responsabilidades", recalcó. ¿Qué quería decir exactamente Feijóo? No lo aclaró, aunque sí pidió respeto a la presunción de inocencia. Rajoy está, en principio, dispuesto a aguantar el chaparrón interno y a mantener a Bárcenas en el cargo. Por lo menos hasta que el TSJM emita un dictamen. Eso, según parece, aún tardará en suceder.

El instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, también piensa tomarse su tiempo. Una vez que reciba los 19.000 folios remitidos por Garzón los leerá, previsiblemente, en Semana Santa. Después, llamará a declarar de nuevo al supuesto jefe de la red corrupta, Francisco Correa; a su lugarteniente, Pablo Crespo, y su primo Antoine Sánchez, presos desde febrero

.Asimismo, convocará a los alcaldes Arturo González Panero, Jesús Sepúlveda y Ginés López y al resto de los imputados que no contestaron a Garzón alegando que no era juez competente. Y revisará las imputaciones; resolverá recursos pendientes y continuará con las investigaciones que quedan pendientes, por ejemplo, en paraísos fiscales.

La fiscalía anticorrupción no informará al TSJM sobre la posible conveniencia de remitir el caso al Supremo hasta que resuelva el informe que ayer le solicitó el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, que también investiga esta trama y tiene al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, como imputado.

Mientras, los acusados intentan defenderse. Ayer, Bárcenas emitió un comunicado en el que niega toda relación con las empresas de Correa. Sostiene que puede justificar su patrimonio; admite que acudió a la agencia Pasadena a contratar viajes "personales" que pagó de su bolsillo y avisa de que habrá querellas contra Garzón y contra periodistas. Pero los socialistas no piensan perder ocasión de ensañarse con Rajoy. Su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, advirtió de que el líder del PP está "ligando su destino" al de compañeros como Bárcenas o Galeote.

Pero la pieza de caza política que ayer buscaba el PSOE era el consejero de Justicia de Madrid, Francisco Granados, tras conocerse que, hace unos días, comió con Javier Vieira, presidente del TSJM y ponente del auto por el que este tribunal asume el caso de la trama Gürtel. Y es que el PSOE ha visto en esta reunión una situación paralela a la jornada de caza que el exministro Mariano Fernández Bermejo compartió con Garzón y que terminó costándole el puesto, y también busca dimisiones. En cambio, el actual titular de Justicia, Francisco Caamaño, alertó de que "verter sospechas sobre cargos públicos porque se produzcan estos encuentros es aventurarse en exceso".

(www.elperiodico.com, 03/04/09)

BARRA LIBRE EN LA MILLA DE ORO MADRILEÑA PARA DIRIGENTES DEL PP POR CORTESÍA DE CORREA

Los coches de lujo no eran los únicos regalos con los que Francisco Correa y los suyos habrían comprado supuestamente los favores de altos cargos del Partido Popular. Relojes de más de 6.000 euros, bolsos exclusivos, zapatos de marca… son los detalles que la trama tenía para con sus clientes más selectos y sus esposas. Según fuentes del PP consultadas por El Plural, Correa se habría gastado más de un millón de euros en la llamada Milla de Oro madrileña en obsequios para sus amigos populares.

Francisco Correa tenía cuenta abierta en algunas de las más lujosas tiendas del barrio de Salamanca y era cliente habitual de establecimientos como Loewe, Louis Vuitton, Bvlgari o la joyería Suárez.

Pañuelos de 195 euros o bolsos de 7.000

Según ha podido saber El Plural, las empresas de Correa se gastaban en estas selectas tiendas miles de euros al llegar la Navidad. Compraban todo tipo de complementos: zapatos, bolsos, billeteras, pañuelos... Hasta aquí normal, ya que es habitual que las empresas tengan este tipo de detalles con sus clientes (aunque sí demasiado espléndido si tenemos en cuenta que un simple pañuelo en Loewe cuesta 195 euros –eso sí, de seda-, y que los bolsos cuestan de media 1.200 euros: 400 el más barato y 7.000 el más caro). La nota discordante es que los clientes eran todos ellos políticos del PP: alcaldes, diputados, altos cargos y, en especial, los responsables de las campañas electorales.

Regalos también para las esposas

Pero no sólo los dirigentes del PP se beneficiaron de la generosidad de Correa. También sus mujeres, a quienes iban dirigidos muchos de los costosos regalos navideños comprados por la trama. Fuentes cercanas a Génova 13 ironizan ahora con la cantidad de bolsos que se van a quedar colgados en los armarios con tal de no levantar sospechas.

Relojes de alta gama

Capítulo aparte merecen los relojes regalados por Correa, la mayoría comprados en la joyería Suárez de la calle Serrano. Dependiendo de la relevancia del dirigente popular, su precio oscilaba entre los 1.800 euros y los10.000 euros. Según ha podido saber El Plural, Correa llegó a tener un auténtico arsenal de relojes, todos ellos de alta gama, por lo que compró un dispositivo especial (con capacidad para más de 100 relojes), para guardarlos y evitar que se estropearan si los tenía inmovilizados demasiado tiempo.

“Coja lo que quiera”

“Me ha dejado esto Paco [Correa] para usted” o “coja lo que quiera”, explicaba el dueño de la joyería cuando recibía a alguno de estos clientes especiales enviados allí por la trama. Según las fuentes consultadas por El Plural, Correa no escatimó nunca en gastos con tal de tener contentos a sus amigos peperos, especialmente a los más cercanos, que llegaron a tener, se podría decir, barra libre en algunas de las tiendas más prohibitivas de Madrid.

(www.elplural.com, 03/04/09)

CORREA GENERABA UN MILLÓN AL AÑO 'EN NEGRO' PARA SOBORNOS

La contabilidad B de las empresas del grupo pilotado por Francisco Correa acumulaba cada año unos ingresos ocultos al fisco de en torno a un millón de euros.

Según los documentos de dicha contabilidad secreta, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, Easy Concept, Good and Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico (controladas por Correa y gestionadas por su mano derecha, Pablo Crespo) facturaban habitualmente a empresas por servicios que no se realizaban.

Alicia Mínguez, imputada en el auto del juez Baltasar Garzón conocido el pasado viernes, se encargaba, junto al también imputado Javier Nombela, de elaborar las citadas facturas.

Según los documentos en poder de este diario, Easy Concept (que en el cuadro adjunto correspondiente a la contabilidad B figura como ECC) generó facturas falsas por un total de 182.168 euros entre los meses de febrero y junio de 2006.

Servimadrid (en el mismo cuadro figura como SMI) hizo lo propio entre enero y julio de ese año por valor de 206.125 euros. Good and Better (que aparece en el cuadro como GB) fue más modesta en su operativa y sólo generó 46.395 euros por ese sistema. Diseño Asimétrico acumuló facturas falsas por un total de 130.348 euros durante el ejercicio de 2006.

Asimismo, las empresas del grupo de Correa se giraban entre ellas gran número de facturas que no se correspondían con servicios reales y que servían para enmascarar sus resultados.

Fuentes solventes estiman en una cifra cercana al millón de euros la cantidad de dinero negro que las empresas de Correa generaban como media cada año.

En la mayoría de los casos, el dinero para abonar dichas facturas se retiraba por caja y en efectivo, y no por transferencias bancarias, como sería lo normal para proveedoras de servicios. Posteriormente, el dinero se llevaba a la caja B que tenía el grupo en sus oficinas de la calle de Serrano, 40 (Madrid).

Según fuentes de la investigación, los fondos así generados servían para efectuar pagos en efectivo a diversos cargos del PP, como Luis Bárcenas (senador y tesorero del PP); Gerardo Galeote (europarlamentario del PP); Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda); Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo); Arturo González (ex alcalde de Boadilla del Monte); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid); Benjamín Martín Vasco (ex alto cargo del Ayuntamiento de Arganda) y Alfonso Bosch (responsable de la empresa de gestión de suelo de Boadilla).

Pablo Crespo, actualmente en prisión, era el encargado de gestionar la caja B del grupo de Correa y daba las instrucciones oportunas a José Luis Izquierdo, Nombela y Mínguez para que actuasen en consecuencia (como se puede ver en el correo electrónico adjunto).

La compañía Galer, según las mismas fuentes, se habría encargado de localizar una serie de empresas susceptibles de ser utilizadas como proveedoras de servicios ficticios como Elvinde Europe, Klober Aster, Clásica Capital y Lobirel, entre otras.

Según la contabilidad de las empresas implicadas en la operación Gürtel, que está siendo analizada por la Policía, la facturación total por los servicios que sí realizaron a ayuntamientos o consejerías de la Comunidad de Madrid superaba los cuatro millones de euros al año.

El margen obtenido, teniendo en cuenta que se descontaban como gastos las facturas falsas, era más que sustancioso.

Por ejemplo, en el ejercicio de 2006 (al que se corresponden las facturas adjuntas) el beneficio bruto alcanzó los 1,6 millones de euros. En el ejercicio de 2005, los beneficios supusieron 1,4 millones de euros. Todos los datos que respaldan dicha contabilidad figuran en una auditoría que le ha sido entregada a Garzón.

Según la información que recabó la Policía en el piso de la calle de Serrano, empleada posteriormente por el magistrado para confeccionar sus autos, Martín Vasco habría recibido un total de 345.000 euros de esa caja B; López Viejo, 286.000 euros, y Bosch, 120.000.Pero la palma se la lleva Jesús Sepúlveda, que habría ingresado 422.992 euros.

En el auto emitido el pasado martes, Garzón acusó a Luis Bárcenas de haber recibido entre 1997 y 2007 un total de 1,3 millones de euros. Una parte de ese dinero (entregado en sobre y en efectivo) procedería del dinero negro reflejado en la contabilidad B, mientras que otra parte podría provenir del pago de comisiones por adjudicaciones de obras.

En el mismo auto, Garzón acusa a Gerardo Galeote de haber recibido de la trama, entre 1996 y 2004, 652.310 euros, así como otros regalos.

Tanto Bárcenas como Galeote han negado haber recibido dinero de las empresas de Correa. El PP no adoptará, de momento, ninguna medida respecto a los aforados acusados por Garzón de estar «integrados en la organización que lidera Francisco Correa».

En estos momentos se sigue investigando el destino de otras cantidades de dinero procedentes de dicha caja B.

Correa no sólo pagaba comisiones en dinero negro a los cargos a los que luego pedía favores en forma de contratos o recalificaciones urbanísticas, sino que se mostraba generoso a la hora de proporcionarles regalos.

A Sepúlveda, además de regalarle un Range Rover 4x4 y facilitarle un Jaguar, le abonó los gastos de la comunión de uno de sus hijos.En el caso de Martín Vasco, corrió con los gastos de su boda.

El gusto por la buena ropa era habitual entre sus presuntos sobornados.Así, por ejemplo, en las navidades de 2006 la empresa Easy Concept le pagó dos trajes a medida y dos pares de zapatos ingleses (comprados en Forever Young) al alcalde de Boadilla, cuyo coste se elevó a 2.475 euros.

Al margen de la facturación de las empresas que se dedicaban a organizar actos para el PP o los ayuntamientos controlados por dicho partido, el grupo de Francisco Correa manejaba una cantidad enorme de dinero cuyo origen investiga la Policía.

Special Events, por ejemplo, ingresaba grandes sumas en un fondo de inversión del BBVA (oficina de Serrano, 32).

Según un documento que obra en poder de EL MUNDO, el 4 de junio de 2004 dicha empresa ingresó en uno de sus fondos 1,2 millones de euros.

(www.elmundo.es, 02/04/09)

RAJOY: "NADIE PODRÁ PROBAR QUE BÁRCENAS Y GALEOTE NO SON INOCENTES"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha eludido hoy dar explicaciones sobre el diferente comportamiento con el tesorero del partido, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote con respecto a los cargos públicos del PP de Madrid implicados en la trama corrupta y ha mostrado su total respaldo a ambos. "Estas dos personas no están imputadas por ningún tribunal. La propia fiscalía ha pedido que no se mande al Supremo. Ellos afirman su inocencia y estoy seguro de que nadie podrá probar que no son inocentes", ha asegurado.

El líder del PP ha hecho estas declaraciones al término de una reunión con el Grupo Popular vasco en la sede de la Cámara de Vitoria, en una cita a la que ha acudido Antonio Basagoiti, a quien Rajoy ha felicitado y dado su apoyo por el acuerdo suscrito con el PSE.

Preguntado por qué tres aforados del PP en Madrid, entre quienes se encuentra el ex consejero de Deportes de esta Comunidad Alberto López Viejo, han dejado su cargo tras conocerse indicios de su implicación en la causa que investiga la red corrupta dirigida por Francisco Correa y en cambio se mantiene el apoyo a Bárcenas y Galeote, Rajoy se ha limitado a decir: "No tengo más que añadir". A continuación se ha marchado sin contestar más preguntas.

El silencio de ayer de Rajoy sobre las acusaciones contra el tesorero y el eurodiputado, que cobraron dos millones en sobornos de las empresas de Correa según el último auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha provocado el malestar en el seno del PP. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el líder andaluz, Javier Arenas, también mostraron ayer públicamente su apoyo a Bárcenas y Galeote, pero simultáneamente diputados, senadores y dirigentes, opuestos o fieles a la dirección, señalaban que no se podía mantener en el cargo al tesorero.

Las de hoy han sido las primeras declaraciones de Rajoy sobre este asunto, después de que ayer eludiera en los pasillos del Congreso responder a las preguntas de los periodistas. El presidente de los populares se reunió posteriormente con Bárcenas en la sede de la calle Génova y le mostró su respaldo absoluto.

(www.elpais.com, 02/04/09)

EL FISCAL PIDE QUE SE ARCHIVE LA QUERELLA CONTRA GARZÓN

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de desestimar definitivamente la querella del Partido Popular contra el juez Baltasar Garzón por supuestos delitos contra los derechos de los ciudadanos, prevaricación y revelación de secretos, al no encontrar indicios delictivos.

La fiscalía propuso archivar la querella inicial del PP por no apreciar que los hechos sean constitutivos de delito y ahora señala que las dos ampliaciones de la querella no aportan nada sustancial a lo que se dice en ésta. El fiscal también deberá informar sobre la querella presentada por el tesorero del PP, Luis Bárcenas, contra Garzón, tras implicarle éste en un supuesto cohecho de 1,3 millones de euros.

Por otra parte, el Congreso votará hoy una propuesta del PP para castigar "con la máxima contundencia" a los jueces que incurran en falta grave o muy grave, propuesta que coincide con sucesivas denuncias del PP contra Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial

(www.elpais.com, 02/04/09)

LOS ÚLTIMOS DIEZ IMPUTADOS EN LA CAUSA QUEDAN EN LIBERTAD TRAS DECLARAR ANTE EL JUEZ

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer en libertad sin medidas cautelares a los diez últimos imputados en caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a administraciones del Partido Popular. Cinco de los nuevos imputados declararon ayer en el juzgado, informaron fuentes jurídicas. El resto lo hizo la semana pasada.

En concreto, los nuevos imputados a los que Garzón ha dejado en libertad tras tomarles declaración son Alicia Mínguez Chacón, José Luis Díez, Lucía Gallego Porro, Rafael de Lera, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colan González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.

En total son ya 55 los imputados en la presunta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y que supuestamente se dedicaba a sobornar a cargos públicos de administraciones gobernadas por el PP para obtener contratos públicos y adjudicaciones.

Todo ellos están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias. En este momento sólo Correa, presunto cerebro de la trama, y dos de sus colaboradores están en prisión.

El magistrado decidió imputar a estos nuevos implicados a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana decidan si se quedan con la causa. Garzón se inhibió hace tres semanas al encontrar en la investigación a aforados de esas dos comunidades, entre ellas el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el secretario general del PP en la comunidad, Ricardo Costa.

Los imputados que ayer quedaron en libertad no son relevantes para el proceso sino que participaron en un segundo plano de la trama, como personajes auxiliares.

(www.elpais.com, 31/03/09)

El Bigotes, profesor de excepción de un máster político en la Pontificia de Salamanca

El hombre fuerte de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, más conocido como El Bigotes supo aprovechar bien los contactos con políticos del Partido Popular que incluso le abrieron las puertas para convertirse en uno de los profesores de un Máster de Imagen y Asesoramiento Político que imparte la Universidad Pontificia de Salamanca. “Álvaro Pérez Alonso, asesor de Relaciones Públicas en el Gobierno de José María Aznar. Presidente del grupo The Orange Market”. Ésta era su tarjeta de visita en la web de la organización, que ya ha sido retirada.

En la Pontificia ya no conocen al Bigotes. Poco después de su imputación en el caso Gürtel, su fotografía desapareció de la web del Master de la universidad salmantina. Sin embargo, el pasado deja rastro y El Plural ha podido rescatar la presentación que se hacía de él antes de caer en desgracia.

Si se consulta en la actualidad la lista de profesores, su nombre ha sido eliminado de la lista, como se puede comprobar en la página web de la Universidad.

Representantes peperos...
El Bigotes compartía cartel, entre otros, con el secretario de Comunicación del PP, José Luis Ayllón, el coordinador Electoral del PP, José Antonio Bermúdez de Castro y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Cristina Ruiz Bujedo.

...y de Obama o el Gobierno de ZP
Pero no sólo los populares están representados en el curso. El portavoz nacional de la campaña electoral de Barack Obama en EEUU, Freddy Balsera, también figura en el claustro, al igual que la presidenta del Partido Demócrata de los Estados Unidos en España Alana Moceri, el director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Comunicación en Moncloa, Gonzalo Vázquez Villanueva y el director del Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco, Francisco Llera.

9.900 euros por curso
El master ha celebrado ya tres ediciones y cuenta entre sus colaboradores con el PP y el PSOE. Los alumnos pagan 9.900 euros por el curso y las clases se imparten de octubre a junio.

De Pajares a Camps
El currículum del Bigotes es de lo más sorprendente. Fue representante del actor Andrés Pajares con quien le unían vínculos familiares (es sobrino de su ex mujer Chonchi Alonso). Incluso llegó a participar en alguna de sus películas. Hizo sus pinitos en la radio y la televisión, pero dio el pelotazo al entrar en el círculo íntimo de Correa. A través de él conoció posiblemente a Camps en el año 2000, cuando éste formaba parte del equipo de Ana Mato y los de Correa organizaban actos para el PP.

Aterrizaje en Valencia
En 2003, precisamente cuando Camps sustituyó a Zaplana en la presidencia de la Generalitat, ¡que casualidad!, Bigotes aterrizó en Valencia y fundó junto a Pablo Crespo Orange Market. De acuerdo con datos publicados por El País, en 2004, la empresa ingresó 204.000 euros, y al año siguiente ya facturaba 2,4 millones de euros.

"Cae muy bien a la gente"
Correa supo sacar lo mejor de él y explotó su facilidad para las relaciones públicas. Así se lo hizo saber a sus allegados más íntimos: “Cae muy bien a la gente”, decía. Posiblemente por ello le hizo responsable del negociado valenciano, donde se codeó con la cúpula del PP. Muestra de las buenas relaciones del Bigotes con la élite política es que a su boda asistieron además de Camps, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el portavoz parlamentario y secretario regional del PP, Ricardo Costa y el director general de Canal 9, Pedro García.

Caída en desgracia
Sin embargo, al bautizo de su primer hijo, celebrado pocos días después de ser imputado con Garzón, sólo acudió Pedro García, quien por cierto tiene en nómina a la mujer del Bigotes, que ha hecho una fulgurante carrera en Canal 9 como presentadora. En su currículum figura haber sido una de las bailarinas de las célebres Mama Chicho de Telecinco.

Días de vino y rosas
Ahora, el PP valenciano reniega de él y lamenta no haberse dado cuenta antes de su "catadura moral". Lejos quedan esos días de vino y rosas cuando El Bigotes era la sombra omnipresente en los eventos organizados no sólo por el partido sino también por la Generalitat. Él fue el organizador de eventos tan importantes como la visita del Papa a Valencia o las presentaciones del circuito urbano de Fórmula 1.

www.elplural.com 30.03.09

Garzón imputa a otras 10 personas en la trama corrupta que afecta al PP

El juez acuerda la administración judicial de varias empresas implicadas

El juez Baltasar Garzón ha imputado a otras 10 personas por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, tráfico de influencias y cohecho (sobornos) en el denominado caso Gürtel, sobre una trama de corrupción que afecta a cargos del PP, con lo que el número de implicados supera de largo ya la cincuentena. La decisión del magistrado fue adoptada el pasado día 17, pero no fue conocida públicamente hasta ayer.

En el auto figuran los nombres de 11 personas, pero una de ellas, Tomás Martín Morales -vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) y cargo de confianza del ex alcalde Gómez Panero-, ya había sido imputado en el auto del pasado día 5. Martín Morales incluso ya ha declarado esta misma semana en el juzgado de Garzón.

Los nuevos imputados son: Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrendo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebreros, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colman González, Luis Agramunt, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.

Fuentes de la investigación consideran que no se trata de inculpados relevantes en el proceso, sino de abogados, encargados, secretarias y algún administrador de empresa o decorador de interiores. Son personas cuyo interrogatorio quedó pendiente tras las primeras imputaciones. Alguno, como Tomás Martín Morales, ha declarado ante el juez y las dos fiscales sin que se adoptaran medidas cautelares sobre él. Según las grabaciones que figuran en la causa, este imputado habría participado en la adjudicación directa de contratos a la empresa Downtown Consulting, SL, la actual Easy Concept Comunicación, SL, por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid).

Entre esos contratos figuraría uno por 14 años de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla (OAC). También estaría implicado Martín Morales en la adjudicación directa de una parcela en la citada localidad madrileña a la empresa UFC, propiedad de José Luis Ulibarri, tras la intervención del empresario Francisco Correa. Asimismo, estaría involucrado en la intermediación para obtener la adjudicación a la empresa Hispánicas del proyecto de construcción de una ciudad deportiva en ese mismo municipio madrileño.

Para el próximo lunes están convocados a declarar cinco de estos nuevos imputados, aunque, según fuentes de la investigación, no se esperan grandes revelaciones de su testimonio.

Por otro lado, a lo largo de las últimas dos semanas el juez Garzón ha ordenado la administración judicial de las empresas de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama, y de las de otros implicados.

55 encausados

- El juez Garzón imputó ayer a otras 10 personas en relación con la trama corrupta presuntamente vinculada al PP.

- Hasta el momento son 55 los imputados o implicados en la causa.

- Tres acusados se encuentran en prisión: el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y dos de sus lugartenientes: Antoine Sánchez y Pablo Crespo.

- Garzón se inhibió en favor de los Tribunales de Justicia de Madrid y Valencia por la existencia de indicios de delito contra aforados: el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa; y los diputados madrileños Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, todos del PP. También han sido imputados los ex alcaldes populares de Boadilla, Pozuelo, Arganda y Majadahonda. El juez mantiene la instrucción de la parte que no afecta a políticos aforados.

- Más de una veintena de empresas están siendo investigadas en relación con el caso Gürtel.

www.elpais.es 28.03.09

ARCHIVADAS DOS QUEJAS DEL PP CONTRA GARZÓN POR EL 'CASO GÜRTEL'

El juez Baltasar Garzón abrió una investigación para conocer el origen de las filtraciones de su sumario sobre la trama corrupta que afecta a instituciones del PP. El magistrado llegó a interrogar al letrado Carlos Galán y a su cliente, Isabel Jordán, imputada en el caso, que admitieron haber hablado del caso con varios medios de comunicación.

Es uno de los argumentos que daba el servicio de inspección para proponer el archivo de las quejas contra el juez promovidas por el PP y su tesorero, el senador Luis Bárcenas. La comisión disciplinaria aprobó ayer por unanimidad la propuesta por la imposibilidad de achacar el origen de las informaciones al juez ya que muchas personas tuvieron acceso a los datos publicados.

(www.elpais.com, 25/03/09)

EL CGPJ ARCHIVA LAS QUEJAS DEL PP CONTRA GARZÓN

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy por unanimidad archivar las quejas que el PP y el senador de este partido Luis Bárcenas presentaron contra el juez Baltasar Garzón por la filtración de datos del sumario de la Operación Gürtel. Según informa el órgano de gobierno de los jueces, la comisión ha seguido así la propuesta del Servicio de Inspección del CGPJ.

En su informe, relativo tanto a la queja que presentó el partido presidido por Mariano Rajoy como a la que, a título particular, interpuso el senador popular por Cantabria Luis Bárcenas, el Servicio de Inspección decía que han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido acceso a los datos publicados, por lo que no se pueden achacar las filtraciones a Garzón.

La inspección ha señalado que el magistrado abrió, en el marco de la causa en la que investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP, una pieza separada para averiguar el origen de las filtraciones y que tomó declaración al abogado Gustavo Galán y a su representada e imputada en la causa Felisa Jordán, que admitieron haber hablado del caso con varios medios de comunicación.

Además, el Servicio de Inspección recordaba que la Fiscalía hizo su propia investigación sobre las filtraciones, concluyendo que los datos publicados ya figuraban en la denuncia que dio origen al caso. Por ello, consideró que la posible responsabilidad por las filtraciones "ha quedado muy difuminada, pues han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido conocimiento de los datos reflejados en la prensa, sin que, por tanto, pueda achacarse la culpabilidad al magistrado señor Garzón".

(www.publico.es, 24/03/09)

BÁRCENAS INVOCA ALTOS INGRESOS PARA JUSTIFICAR SU PATRIMONIO

El tesorero del PP ha comprado al contado inmuebles valorados en más de tres millones en el barrio de Salamanca, en Guadalmina y en Baqueira. Fuentes de su entorno explican que su sueldo en el partido es mayor que el de Rajoy y unido al de senador llega a los 300.000 euros al año. También aseguran que ganó 600.000 euros con acciones de Endesa tras la Opa de Enel pues las había comprado a 8 E y las vendió a 40 Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, ha acumulado en los últimos años un patrimonio inmobiliario valorado en unos 3,3 millones de euros. Todos esos inmuebles -en el barrio de Salamanca, en Guadalmina (Marbella) y en Baqueira Beret- han sido pagados al contado.

Fuentes de su entorno justificaron ese abultado patrimonio en que Bárcenas tiene unos ingresos anuales de unos 300.000 euros, sumando su sueldo como senador y el salario que le paga el PP, que es mayor que el del presidente del partido. Aseguraron que, además, el tesorero popular ganó 600.000 euros con sus acciones de Endesa.

Bárcenas está siendo objeto de investigación policial dentro de las diligencias del caso Gürtel, ya que su nombre aparece relacionado con la red de contratos del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que en una conversación grabada se jactaría de haberle entregado 1.000 millones de pesetas. Fuentes de la investigación consultadas por este diario aseguran que, en los próximos días, podría dictarse un auto judicial que implicaría en la trama de forma expresa al tesorero del PP.

Las propiedades inmobiliarias de Luis Bárcenas no guardan relación, aparentemente, con el sueldo que recibe como senador, de unos 5.000 euros brutos al mes. A ese salario público hay que sumarle la cantidad que obtiene como tesorero del PP, no desvelada por el partido.

El grueso del valioso patrimonio inmobiliario de Bárcenas ha sido cimentado en los últimos seis años. En 2002, el matrimonio compró una vivienda de 186 metros cuadrados en Guadalmina (Marbella), más trastero y plaza de garaje. El valor del inmueble se estima en un millón de euros, según diferentes sociedades de tasación consultadas por este diario. El piso, que se encuentra en una de las zonas de mayor lujo de Marbella, está a nombre de la esposa, Rosalía Iglesias Villar, y no tiene ninguna carga hipotecaria, según consta en el Registro.

Además, el matrimonio posee otro inmueble de lujo, adquirido en julio de 2008, en una de las mejores zonas de la estación invernal de Baqueira Beret, en el Valle de Arán (Lérida). Se trata de un chalé de 151 metros cuadrados más dos plazas de garaje cuyo valor estimado supera el millón de euros, según los tasadores consultados. Este inmueble fue comprado, también, al contado.

El chalé en Baqueira no fue la única propiedad adquirida durante ese año. Sólo tres meses después de comprar el inmueble en el Valle de Arán, en octubre, Bárcenas adquirió al contado una plaza de garaje en el barrio de Salamanca de Madrid valorada en unos 100.000 euros. Justo un año antes, también en octubre, el matrimonio había adquirido otra plaza en la misma dirección de Madrid que pagó, igualmente, al contado. Estos dos bienes están a nombre de la esposa del tesorero.

El patrimonio de los Bárcenas-Iglesias se compone también de un piso de 220 metros cuadrados en la calle del Príncipe de Vergara, en una de las zonas más caras de la capital. Su valor de mercado estimado supera el millón de euros. En el Registro de la Propiedad no consta, al igual que en los demás inmuebles, ninguna carga hipotecaria. Fuentes cercanas a Bárcenas han corroborado a este diario la composición del patrimonio inmobiliario del tesorero y de su esposa, aunque puntualizaron que sus bienes están justificados por los ingresos del senador, de unos 300.000 euros anuales, y por unas altas plusvalías obtenidas en Bolsa. La cartera de valores de Bárcenas, según estas fuentes, asciende a 1,2 millones de euros.

Las abultadas ganancias de los últimos años se han debido sobre todo a su inversión en Endesa, que le reportó enormes plusvalías tras la Opa de Enel. Bárcenas, según estas fuentes, compró a ocho euros y vendió a 40 euros. Las fuentes consultadas cifran las ganancias del tesorero del PP con la eléctrica en unos 600.000 euros. Estas fuentes también afirman que el senador cobra un «buen» sueldo en el partido. «Es el mejor retribuido, más que Rajoy», aseguran. Su esposa, que no tiene ningún cargo en el PP ni sociedades mercantiles a su nombre, está vinculada al sector de las antigüedades, según afirman las fuentes consultadas.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga el caso Gürtel, ha recibido ya dos informes policiales sobre la implicación de Bárcenas en la trama. El instructor ha solicitado inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, ya que considera que existen indicios de responsabilidad penal en varios aforados autonómicos del PP, entre ellos el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Si concluye que también los hay contra el senador y tesorero del PP, debería dirigirse al Tribunal Supremo, que es el único órgano judicial que puede imputar a Bárcenas, previa aceptación del suplicatorio en el Senado.

En los documentos aportados al juez por la Policía aparecen las iniciales «L. B.», por lo que el magistrado pidió a los investigadores que indagasen si esas iniciales que aparecen en los documentos, los ordenadores y los archivos de memoria de la trama se refieren a Bárcenas. Las fuentes consultadas cercanas al tesorero aseguran que se trata de una prueba muy endeble, pues podrían corresponder a miles de nombres.

Sin embargo, el juez Garzón pidió un nuevo informe policial que recibió la semana pasada, en el que se relacionaría con nuevas pruebas al tesorero del PP con la trama presuntamente corrupta.

(www.elmundo.es.com, 23/03/09)

BÁRCENAS PAGÓ AL CONTADO INMUEBLES POR VALOR DE ¡TRES MILLONES DE EUROS!

En los últimos seis años el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha aumentado considerablemente su patrimonio inmobiliario, que ahora supera con creces los tres millones de euros. Las tres viviendas de lujo que posee (en uno de los barrios más caros de Madrid, en una urbanización de lujo en Marbella y en la estación de esquí de Baqueira) no tienen ninguna carga hipotecaria, algo que desde el PP justifican asegurando que el senador por Cantabria recibe, además de su sueldo en el Senado, unos altos honorarios por su función dentro del partido. Además, argumentan que obtuvo grandes ganancias en Bolsa gracias a su inversión en Endesa.

El sueldo como senador de Luis Bárcenas es de unos 5.000 euros brutos mensuales (sueldo, dietas y complementos). Con estos honorarios se hace difícil imaginar cómo adquirió el tesorero del PP su amplio y lujoso patrimonio inmobiliario, que suma unos 3,3 millones de euros y que, según las informaciones del diario El Mundo, el dirigente popular pagó al contado, sin necesidad de hipotecarse. Desde el PP justifican su capacidad económica asegurando que el partido le retribuye muy generosamente por su cargo de tesorero, y sus honorarios serían incluso superiores a los de Mariano Rajoy, que percibe 5.000 euros mensuales del partido.

Acciones de Endesa

Además, señala el diario, Bárcenas obtuvo cuantiosas ganancias después de la OPA de Enel sobre Endesa, de la que era accionista. El dirigente del PP habría comprado acciones a 8 euros que luego vendió a 40, ganando en la operación unos 600.000 euros. Pero su patrimonio inmobiliario supera con creces esta cifra: en 2002, Bárcenas y su mujer compraron un inmueble de 186 metros cuadrados en Guadalmina (Marbella), con su correspondiente trastero y plaza de garaje. El valor total de esta vivienda roza el millón de euros, según sociedades de tasación consultadas por el rotativo.

Un chalet en Marbella y otro en Vaquería

Este chalet está escriturado a nombre de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, quien está vinculada al sector de la venta de antigüedades, y no tiene ninguna hipoteca, como tampoco la tiene otra vivienda de lujo adquirida por el matrimonio en 2008 en la estación de esquí de Baqueira Verte (Lleida). El inmueble de lujo, de 151 metros cuadrados, cuenta con dos plazas de garaje, u su precio está estimado en 1.057.000 euros aproximadamente y también fue comprado al contado.

Plazas de garaje en el barrio de Salamanca

Pero las adquisiciones inmobiliarias de Bárcenas no acaban ahí: tres meses después de comprar el chalet del Valle de Arán, el tesorero del PP se hizo con una plaza de garaje en el madrileño barrio de Salamanca, uno de los más caros de la capital, que por supuesto también pagó a tocateja. Un año antes, en octubre de 2007, el matrimonio había comprado, también al contado, otra plaza de garaje en la misma zona. Cada una de las propiedades está valorada en unos 100.000 euros y están escrituradas a nombre de su esposa.

El pisito de Príncipe de Vergara

Por último, la familia Bárcenas reside en un piso de 220 metros cuadrados en la calle Príncipe de Vergara, también una de las zonas más lujosas de la capital. La vivienda, que tampoco tiene carga hipotecaria alguna, tendría un valor aproximado de 1.100.000 euros. La suma de todo su patrimonio ascendería a más de 3.300.000 euros, todo ello sin hipotecar incluso en los tiempos de crisis actuales.

Vínculos con la Operación Gürtel

Bárcenas está siendo actualmente investigado en el marco de la Operación Gürtel ya que el principal imputado en la trama, el empresario Francisco Correa, se jactaba en algunas de las conversaciones intervenidas por la policía de haberle entrego en mano mil millones de las antiguas pesetas. La policía habría puesto en manos de Garzón dos informes en los que se documentan pagos a una persona con las iniciales “L.B.”, por lo que el juez investiga si estas letras se corresponden con el tesorero del PP. Según El Mundo, en los próximos días podría dictarse un nuevo auto judicial que implicaría de manera expresa en la trama al dirigente popular.

(www.elplural.com, 23/03/09)

EL FISCAL PEDIRÁ INVESTIGAR A LOS AFORADOS DE MADRID Y VALENCIA

El ministerio fiscal se pronunciará a favor de la competencia de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia para continuar las investigaciones de la trama que investiga el juez Baltasar Garzón, en cuanto ambos tribunales recaben informe sobre competencia y fondo, según fuentes fiscales. Además, la posición de la fiscalía será la de pedir que se abra procedimiento y se investigue a los aforados de Madrid y Valencia.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha emitido un decreto en el que ordena a la Fiscalía Anticorrupción que siga las actuaciones de la trama corrupta de Francisco Correa, dado que es esta fiscalía especial la que conoce las actuaciones desde el principio. Será por tanto Anticorrupción, y no los fiscales superiores de Madrid y Valencia, la que prosiga las actuaciones si los Tribunales Superiores admiten la causa a trámite, de la que se ha inhibido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Los fiscales superiores de Madrid, Manuel Moix, y de Valencia, Ricard Cabedo, acompañarán el decreto del fiscal general de que el asunto de la trama corrupta lo seguirá llevando la Fiscalía Anticorrupción, en los informes que tienen que presentar ante sus respectivos Tribunales Superiores, en relación con la exposición razonada elevada por Garzón en ambas instancias.

Competencia y fondo

Respecto al informe sobre competencia y fondo, la fiscalía mantendrá que los Tribunales Superiores son competentes para conocer del asunto. Sobre la cuestión de fondo, manifestará que dada la existencia de indicios contra aforados, procede abrir un procedimiento en el que se investiguen los cargos contra ellos.

Garzón elevó al Tribunal Superior de Madrid una "exposición razonada" junto con la totalidad de las actuaciones, recomendando que sea este tribunal el que se haga cargo de toda la causa. Este Tribunal Superior designó ponente de la resolución sobre competencia a su recién nombrado presidente, Francisco Vieira Morante. Éste tendrá que decidir ahora si se queda la totalidad de la causa o sólo la parte que afecta a los aforados. Garzón remitió también a Valencia la totalidad de las actuaciones aunque este tribunal parece que sólo investigaría la parte que afecte al presidente valenciano Francisco Camps y a los demás altos cargos de la Generalitat implicados. La fiscalía sería partidaria de que Valencia investigue sólo a sus aforados.

La inadmisión de la causa a trámite no da lugar a recurso alguno. Es decir, si por ejemplo el Tribunal Superior de Valencia se declarase competente en la causa respecto de sus aforados pero decidiese que no hay motivos suficientes para investigar los indicios, contra esa decisión no cabe recurso alguno. Una vez se ha inhibido en favor de los Tribunales Superiores, Garzón ya no puede elevar una exposición razonada al Supremo. Si aparecen nuevos indicios contra aforados al alto tribunal, Garzón deberá remitirlos al Tribunal Superior competente para éste, en su caso, sea el que lo eleve al Supremo.

(www.elpais.com, 20/03/09)

Bárcenas exige a Garzón que deje de investigarle por la trama corrupta

El tesorero del PP presenta sendas quejas ante la fiscalía y el Poder Judicial

Tardó más de un mes, pero al final, Luis Bárcenas, el tesorero del PP, rompió ayer su silencio. No lo hizo atendiendo a los medios en una conferencia de prensa, a pesar de que es un senador, sino mediante varios escritos, dos de ellos dirigidos a la fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial. En ellos, arremete contra el juez Baltasar Garzón, al que también le envió una carta para exigirle que deje de investigarle. En sus quejas, Bárcenas niega cualquier "relación ilícita" con Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción que afecta al PP.

Todos los dirigentes populares consultados están preocupados porque se trata del tesorero, el corazón de las finanzas del partido, y porque todos conocen la estrecha relación de confianza que mantuvieron Correa y Bárcenas durante años, y que él no niega en sus escritos. Sin embargo, al menos oficialmente, el PP, y ahora también directamente el tesorero, rechaza tajantemente que, como dejó dicho Correa en algunas grabaciones del sumario, le entregara hasta 1.000 millones de pesetas supuestamente para financiación irregular del partido.

En la carta que ha enviado a Garzón, el tesorero, en un tono de indignación, responde a la información publicada ayer por EL PAÍS según la cual la policía ha entregado al juez un escrito de seis folios con nuevas pruebas contra Bárcenas. El magistrado debe decidir ahora qué hace: si ve indicios de delito tendrá que inhibirse a favor del Tribunal Supremo, que podría quedarse con toda la causa. El fiscal, tras estudiar un informe anterior, no apreció la criminalidad del tesorero y le recomendó que, por el momento, lo dejara estar.

"Condición de senador"

Bárcenas, en tono airado, recuerda a Garzón: "Mi condición de senador le impide la realización de acto de investigación alguna sobre mi persona, bien directa, bien indirectamente, debiendo abstenerse de conocer de cualquier supuesto hecho delictivo que se pretenda atribuirme desde el mismo momento en que tenga conocimiento del mismo y remitiendo en tal caso las actuaciones al Tribunal Supremo".

Sin embargo, la reiterada jurisprudencia del Supremo obliga a los jueces a comprobar todos los indicios contra los aforados que investigan -excepto tomarle declaración, registrar su domicilio o intervenir sus cuentas- antes de elevar la exposición razonada al alto tribunal.

El tesorero asegura que viene observando "con perplejidad" cómo, pese al secreto del sumario, aparecen constantemente datos que le incriminan en los medios de comunicación, y acusa a Garzón y a la policía de estar "buscando desesperadamente" datos contra él a pesar de que, según su interpretación, no pueden hacerlo. Por eso decidió ayer ampliar la denuncia contra Garzón y la petición de amparo al Poder Judicial. El senador asegura que ayer leyó "anonadado" la información que apuntaba a los nuevos datos que habría encontrado la policía contra él.

Bárcenas envió una carta a EL PAÍS en la que señala: "Es absolutamente falso que tenga o haya tenido relación ilícita alguna con Francisco Correa y en particular que haya recibido del mismo, bien directa, bien indirectamente, cantidad alguna. Es igualmente falso que haya mediado, intervenido, influido o solicitado favorecimiento alguno de los intereses del Sr. Correa a ningún tipo de funcionario público o autoridad".

www.elpais.es 19.03.09

Tomás: "Nos han destrozado la vida a mí y a mi familia"

El sastre José Tomás, despedido de su trabajo al día siguiente de declarar ante el juez Baltasar Garzón en la Operación Gürtel, ratificó ayer a La Gaceta de los Negocios que fue el apoderado de las empresas de Francisco Correa, Pablo Crespo, el que pagó los trajes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los demás políticos valencianos.

Desde entonces soporta el acoso del portavoz del PP, Federico Trillo, de los medios de comunicación afines a ese partido y del empresario que le despidió, Eduardo Hinojosa, que dos días después de sus declaraciones a EL PAÍS le acusa de "falsificador", de cobrar las facturas dos veces y de dejar un "agujero" de 500.000 euros, que en realidad son devoluciones de prendas de ropa a las tiendas (446.660 euros) e impagos de clientes (60.309 euros).

"Me han llamado chorizo", dice Tomás a La Gaceta. "No tengo por qué soportar ese acoso, nos han destrozado la vida a mí y a mi familia". Según el ex encargado de Forever Young, su ex jefe, Eduardo Hinojosa, trata de vincular el pleito laboral a la trama de Correa a fin de ahorrarse los 232.500 euros de la demanda laboral por despido, además de los salarios de tramitación, que podrían elevar la cifra a los 300.000 euros.

Pagaba Crespo

En su entrevista al diario económico, Tomás reitera que ni Camps ni los demás implicados por Garzón -Ricardo Costa, Rafael Betoret, Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Comunidad Valenciana- pagaron nunca en la tienda: "Ninguno personalmente. No lo digo yo, lo han declarado cajeras, responsables de tienda, personas que llevaban la facturación". "Cuando había ya una serie de compras importantes, se le mandaba a Crespo una relación, un listado donde se especificaba: Álvaro Pérez debe tanto; Pablo Crespo debe tanto".

Preguntado por quién aparecía por la tienda para pagar los trajes de Camps, Tomás responde: "A pagar, siempre Pablo Crespo. Que está en la cárcel porque es el administrador por lo visto de todas las empresas de Correa". Sobre si está convencido de que Camps no ha pagado ningún traje, Tomás responde: "Que los haya pagado no lo pongo en duda, pero en la tienda desde luego que no. Cómo los haya pagado, no es mi problema".

Tomás también ratifica que Crespo pagó, poco antes de su detención, con billetes de 500 euros; que Camps le llamó mientras estaba declarando ante la policía judicial ocho o nueve veces y no le cogió el teléfono y que el día anterior el presidente valenciano le preguntó si había alguna factura a su nombre.

www.elpais.es 19.03.09

UN NUEVO INFORME APUNTALA LA IMPLICACIÓN DEL TESORERO DEL PP EN LA TRAMA CORRUPTA

La investigación sobre la posible implicación de aforados del PP en la trama de corrupción urdida en torno a las empresas de Francisco Correa sigue adelante. La policía ya ha entregado al juez Baltasar Garzón el informe que éste había solicitado sobre la supuesta vinculación de la red con el tesorero del Partido Popular, el senador Luis Bárcenas, cuyo nombre era invocado por la red a fin de conseguir contratos para Correa. El líder de la trama incluso presumía en una de las conversaciones grabadas de haberle entregado 1.000 millones de pesetas a Bárcenas.

El informe, de seis folios, fue entregado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía a principios de la semana pasada, según fuentes conocedoras de la investigación. Éstas explican que, aunque el primer informe de investigación sobre la trama, de 130 folios, ya tenía "datos contundentes" sobre Bárcenas, Garzón reclamó algunas aclaraciones. La fiscalía no vio indicios relevantes en el primer informe para implicar a Bárcenas.

El juez solicitó a los investigadores que le aportasen más datos para aclarar si las iniciales L. B. que aparecen en documentos, ordenadores y archivos de memoria de la trama se refieren a Bárcenas. También quería precisiones sobre las declaraciones de imputados que habían citado al tesorero.

La vinculación de Bárcenas con la trama permitiría al juez Baltasar Garzón inhibirse ante el Supremo, al ser Bárcenas aforado nacional, así como, la posibilidad de que el Alto Tribunal reclamase la totalidad de la causa, incluida la que ha sido remitida a los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana, tras la implicación de diputados aforados de dichas autonomías.

El PP incrementó sus ataques para desviar la atención sobre la trama corrupta y culpó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de las sospechas de corrupción que recaen sobre los populares. El diputado Ignacio Cosidó (PP) había acusado en su blog a Rubalcaba de ser "el cerebro" que dirige la operación policial y judicial sobre el caso Correa. Rubalcaba, que había acudido al Congreso a presentar los datos de criminalidad, se incendió cuando el portavoz del PP insistió en público en esa tesis.

"Es una infamia absoluta", dijo el ministro con una irritación evidente. "Si ustedes creen que es un juicio político, díganle al señor [Francisco] Camps que presente las facturas [de sus trajes, supuestamente pagados por las empresas de la trama como regalo]. Si las tiene, las presenta y se acabó el problema". En su alegato, Rubalcaba también se fijó en Bárcenas, que aún no está imputado: "Acusan a la policía, al fiscal, a la Audiencia, al ministerio y no le preguntan a Bárcenas. Vayan a él y pregúntenle. Y si dice que no [está implicado], se acabó el problema".

Las fuentes consultadas aseguran que el caso no está ni mucho menos acabado y que aún hay "mucho material por analizar" y "muchos cabos por atar". Garzón citó mismo a Francisco Correa, jefe de la trama, Antoine Sánchez y Pablo Crespo (ex secretario de Organización del PP gallego) para que éstos abrieran en su presencia y leyeran el correo personal que le han enviado a la prisión, ya que los tres están encerrados en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 11 de febrero. También , la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid dio dos días de plazo a la fiscalía para que le informe de si debe o no asumir la investigación. El juez Garzón tiene previsto tomar declaración a los ex alcaldes de Pozuelo y Arganda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Ginés López (ambos del PP), respectivamente, informaron fuentes jurídicas. Otras fuentes indicaron la probabilidad de que "una alcaldesa" sea imputada en próximas fechas.

(www.elpais.com, 18/03/09)

EL PP AMPLÍA SU QUERELLA CONTRA GARZÓN POR TOMAR DECLARACIÓN AL SASTRE DE CAMPS

El Partido Popular ha presentado en el Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra el juez Baltasar Garzón por tomar declaración al sastre José Tomás, imputado en la supuesta trama de corrupción denominada 'operación Gürtel', una vez que ya había dictado el auto por el que se inhibía en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

En su escrito, el PP señala que Garzón decidió tomar nueva declaración al sastre de Francisco Camps el 13 de marzo "preguntándole de nuevo, a tenor de lo reflejado en los medios de comunicación, sobre los hechos en que se asienta la posible implicación de algunos de los aforados", en referencia al presidente de la Generalitat valencana, Francisco Camps.

El primer partido de la oposición señala que José Tomás "concedió al diario El País una entrevista el 15 de marzo en la que revelaba buena parte de sus declaraciones ante el juez instructor y, en consecuencia, ponía de manifiesto cómo el grueso de las preguntas que le formuló Garzón y las respuestas que él dio venían referidas a la compra de trajes por parte de algunos de los aforados".

Con ello, prosiguen los conservadores, se constata "claramente" que "no se respetó la obligación de abstenerse de realizar nuevas diligencias de instrucción respecto de los aforados por parte del juez instructor", sino que siguió "citando a testigos y, al parecer, interrogándolos sobre los hechos remitidos a los Tribunales Superiores de Justicia".

Según el PP, con esta actuación Garzón ha comprometido "la validez de todo lo instruido" porque, a su entender, carece "total y absolutamente de competencias para ello". "Eso supone, a juicio de esta parte, una conducta constante y consciente absolutamente contraria a la legalidad establecida, y por lo tanto, que puede incardinarse en los hechos típicos propios del delito de prevaricacón", sostiene.

El Partido Popular justifica también esta ampliación de la querella en la ocultación de "información relevante". Así, recalca que en los autos dictados por Garzón se pretendía hacer ver que "el elemento determinante para proceder a la inhibición era el informe de la UDEF, al menos en lo que se refiere a la presunta implicación delictiva de los aforados ante el TSJ de Valencia".

Sin embargo, los conservadores subrayan que esa afirmación "no resulta cierta porque ya con anterioridad se había considerado por el propio juez instructor que existían indicios suficientes de delito contra algunos aforados, y así lo habían reconocido en alguna resolución".

En este sentido, cree que "resulta muy interesante destacar" cómo en estos autos de inhibición en los que Garzón hace una cronología detallada de los hechos desde que asumió la competencia "se produce un salto en dicha cronología para ocultad deliberadamente la existencia y contenido del auto de fecha 13 de febrero dictado por el juez instructor con el fin de rechazar la solicitud de personación formulada por el PP".

Por todo ello, el Partido Popular pide al Tribunal Supremo que admita la ampliación de hechos en la querella criminal que presentó el pasado 25 de febrero contra Garzón por un delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales de los ciudadanos, y que fue ampliada más tarde por otro delito de revelación del secreto de sumario.

Sin embargo, la Fiscalía sugirió al Tribunal Supremo hace unos días que archivara la querella del Partido Popular porque considera que las actuaciones del juez Garzón no consistituyen un delito de prevaricación.

(www.publico.es, 18/03/09)

EL PP PROSIGUE SU OFENSIVA CONTRA EL JUEZ EN EL SUPREMO

El PP prosiguió su ofensiva contra el juez Baltasar Garzón con una ampliación de la querella presentada contra él en el Tribunal Supremo el pasado 25 de febrero, por supuestas filtraciones del sumario de la Operación Gürtel y por no inhibirse a tiempo en favor de los tribunales superiores a los que están aforados altos cargos de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat valenciana.

El ministerio fiscal ha propuesto que esa querella no se admita a trámite dado que el escrito del PP plasma la "disconformidad" de ese partido político con la marcha del procedimiento, lo que no constituye delito alguno.

El dictamen del fiscal no ha hecho sino animar al PP a redoblar sus esfuerzos, con una ampliación de la querella en la que acusa al magistrado de ocultar "deliberadamente" que dictó un auto en el que rechazó la personación del PP en la Operación Gürtel. Esa circunstancia, que Garzón justificó en la aparición de altos cargos del partido entre los implicados, ha sido divulgada por todos los medios de comunicación.

En el escrito de ampliación el PP también se queja de que después de inhibirse Garzón en favor del Tribunal Superior de Valencia, el juez tomó declaración al sastre José Tomás.

Además de la querella del PP, el Supremo tiene que resolver un recurso del abogado que denunció que Garzón cobró 160.000 euros por dar clases en Nueva York además de cobrar su sueldo. Otra querella pendiente de admisión ha sido presentada por una desconocida asociación denominada Libertad e Identidad, por abrir el sumario sobre la Guerra Civil y "querer hacerse una foto delante de la fosa de Lorca".

(www.elpais.com, 18/03/09)

CORREA, DE NUEVO ANTE GARZÓN

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón volvió a recibir en su despacho a Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama corrupta en la que se ha visto implicado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el número dos del PP, Ricardo Costa, y por la que están imputados el ex vicepresidente del Consell Víctor Camps y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

Garzón citó a los tres únicos de los 47 imputados que permanecen en prisión, ya que además de Correa están encarcelados su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, -quien según las declaraciones del sastre de Camps, José Tomás, habría pagado las prendas con fajos de billetes de 500 euros- para revisar las cartas que han recibido desde que el pasado 12 de febrero ingresaran en la cárcel de Soto del Real (Madrid), informaron fuentes jurídicas.

El magistrado llevó a cabo esta diligencia con el objetivo de determinar si la correspondencia que han recibido los reclusos en las últimas semanas pudiera contener información relevante sobre la causa, en la que investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que ofrecía dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades del PP de Madrid y Valencia a cambio de la adjudicación de contratos.

El líder de la trama, más delgado

Las citadas fuentes explicaron que los tres permanecieron ante el juez unos 20 minutos por lo que se descartaría que hubieran sido interrogados de nuevo. Correa, visiblemente más delgado que hace un mes y con la misma chaqueta azul con coderas que llevaba el día que fue enviado a prisión, salió del juzgado portando una carta entre las manos.

Mientras, el portavoz adjunto del PSPV en las Corts, Joaquim Puig, exigió una respuesta democrática de Camps con una "comparecencia inmediata en las Corts" frente al "espectáculo franquista" de identificar como un ataque a la Comunitat la implicación de Camps. La secretaria de Organización, Elena Martín, exigió las facturas.

(www.levante-emv.com, 18/03/09)

DUELO COSIDÓ (PP) RUBALCABA (PSOE)

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió con dureza al Partido Popular cuando fue acusado de dirigir la investigación del caso Correa y filtrar datos a los medios. El portavoz del PP, Ignacio Cosidó, acusó en su blog a Rubalcaba de ser "el cerebro gris y jefe máximo de la trama urdida por el PSOE para criminalizar" al PP.

- Cosidó: "Están dando más prioridad a investigar a la oposición que a perseguir a los criminales".

- Rubalcaba: "No voy a entrar en su artículo, que me parece infame. La policía que detiene delincuentes es la misma que detiene a algunos de sus amigos".

- Cosidó: "Yo le acuso de una instrumentalización política de la policía. Usted establece las prioridades políticas sobre qué casos investigar. Usted filtra información en épocas preelectorales que perjudica a mi partido".

- Rubalcaba: "La policía hace su trabajo, que es perseguir delincuentes, tengan carnet del PP o no, (...) Aparte de ser una infamia, es sencillamente falso. ¿Por qué hacen ustedes esto? ¿Le parece responsable? Díganle al señor Camps que presente las facturas y se acabó el problema. ¿No es más sencillo llamar a Bárcenas al despacho y decirle 'tú estás metido en este lío'? Y si dice que no, se acabó el problema. Pero no ha dicho ni pío".

(www.elpais.com, 18/03/09)

LOS TRIBUNALES DE MADRID Y VALENCIA YA INVESTIGAN LA TRAMA CORRUPTA

Primeros pasos. Los tribunales superiores de justicia de Madrid (TSJM) y de la Comunidad Valenciana (TSJCM) nombraron a los jueces que decidirán si asumen la investigación tramitada por el magistrado Baltasar Garzón contra la trama corrupta vinculada al PP. La causa ha recaído en ambos casos en jueces moderados.

El TSJCV designó al magistrado José Flors como instructor de la causa en la que figuran como aforados el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y otras dos personas. Flors pertenece a la asociación moderada Francisco de Vitoria. En diciembre del 2006 archivó una querella presentada por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana contra dos diputados socialistas de las Cortes Valencianas que difundieron grabaciones que le implicaban en una trama de cobro de facturas falsas en Terra Mítica en Benidorm.

Por su parte, el TSJM designó al presidente de este tribunal, Francisco Viera, como ponente de este caso. Este juez pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aunque del secto más centrista. Viera fue designado para este cargo por el actual Consejo General del Poder Judicial. Garzón remitió a este tribunal la investigación que afecta a los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

Ahora, los ponentes pedirán un informe al fiscal antes de decidir si son competentes para asumir la investigación. Viera ha dado un plazo de dos días al ministerio público para que emita su dictamen. En ambos casos, la fiscalía anticorrupción emitirá los informes, ya que es la que ha trabajado hasta ahora con Garzón.Mientras, el magistrado de la Audiencia Nacional convocó a su despacho a los principales cabecillas de la trama. Garzón les citó para abrir en su presencia las cartas que han recibido desde que ingresaron en prisión. Francisco Correa acudió vestido con unos vaqueros y una chaqueta azul y con un aspecto muy desmejorado, ya que ha perdido bastante peso. Su primo, Antoine Sánchez, no ha perdido su sentido del humor y manifestó a los periodistas que había acudido a la Audiencia a "saludar al juez". Por su parte, Pedro Crespo se presentó con un polo y vaqueros.

Garzón interrogará hoy a los últimos seis imputados en la trama. Entre ellos figuran los alcaldes de Arganda y de Pozuelo, Ginés López y Jesús Sepúlveda que dimitieron un día después el pasado 6 de marzo.

El juez afirma que Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, cobró 422.992 euros de la trama corrupta que le pagó en sobres y le costeó, por ejemplo, un viaje de 8.972 euros, un todoterreno, un Jaguar y una pantalla de plasma. Por su parte, Ginés López habría percibido más de 500.000 euros. Otros imputados son el padre y el hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote.

(www.elperiodico.com, 18/03/09)

GARZÓN CITA DE NUEVO A CORREA PARA ANALIZAR SUS CARTAS INTERVENIDAS

El supuesto cabecilla de la trama de corrupción vinculada a cargos del PP, Francisco Correa, ha comparecido hoy de nuevo ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, junto a su primo Antoine Sánchez y el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, todos ellos en prisión preventiva desde el pasado 11 de febrero. La razón de esta cita se debe a que los tres tienen el correo intervenido. Las cartas recibidas desde su detención han sido abiertas en presencia del juez para comprobar si existiera algún dato relevante que se pudiera incorporar al sumario.

Correa, Sánchez y Crespo han sido trasladados por agentes de la Policía Nacional desde la prisión de Soto del Real (Madrid) y han entrado en el despacho del magistrado a la una y diez de la tarde. Tras una breve declaración han vuelto a salir esposados. Preguntado por la razón de esta nueva citación, Sánchez ha respondido irónicamente a los medios que era para "saludar al juez".

Más declaraciones

El juez continúa con las diligencias a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia se hagan cargo de la investigación tras encontrar indicios de responsabilidad penal en cinco aforados, entre ellos el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo.

El juez volvió a interrogar el pasado viernes a José Tomás, sastre de Camps que asegura haber confeccionado varios trajes para el presidente del Gobierno valenciano. Además, el magistrado ha citado para mañana, entre otros, a los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo y de Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López.

Mientras el juez continúa con sus investigaciones, el PP prosigue con su defensa cerrada de Camps. La portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a defender la presunción de inocencia del dirigente valenciano porque "debe regir para cualquier ciudadano" hasta que haya sentencia. Los populares aseguraron ayer que Camps no tiene facturas de los trajes y centraron sus críticas contra el sastre, quien confirmó que confeccionaba el vestuario del presidente y que era Crespo quien se encargaba de pagar en efectivo en la tienda a la que acudía cada cierto tiempo. "Es la forma en que funciona el sistema. Uno no tiene que defender su inocencia, sino que otros tienen que probar su culpabilidad", ha insistido hoy Sáenz de Santamaría.

(www.elpais.com, 17/03/09)

TOMÁS: "LE VENDÍ A TRILLO MÁS TRAJES QUE A CAMPS"

El sastre José Tomás se mostró ayer desconcertado al ser preguntado por este periódico sobre las acusaciones del responsable de Justicia del PP: "Trillo era cliente habitual mío y le he vendido más trajes que a Camps, pero siempre de Milano. Eran trajes de confección, no hechos a medida, de unos doscientos y pico euros. Se quedaba cinco o seis cada temporada. Trillo los pagaba incluso antes de llevárselos. Pasaba por caja, se le ticaban y los pagaba antes de recogerlos y hacerles los arreglos". Tomás aclaró: "Como Trillo es muy bajito, había que acortarle las mangas y el largo de las americanas. Pero siempre pagaba de su bolsillo". "Sólo en una ocasión me llamó desde el Congreso porque necesitaba una americana de cachemira azul marino y me mandó a un asistente o secretario a recogerla. Dijo que le quedaba bien, aunque hubo que subirle las mangas. Después pasó a pagarla. Dejó de ir por Milano cuando le hicieron ministro", señala. Preguntado por qué cree que Trillo niega conocerle, Tomás dijo: "No sé cómo dice que no me conoce. Él iba siempre con su mujer, habitualmente en rebajas, y tenía bastante amistad con él y su señora. Él es de Murcia y hablábamos de que yo iba a La Manga en verano...". Un ex trabajador de Milano declaró ayer a EL PAÍS: "Trillo iba por la tienda y le atendía Tomás, que era el que atendía al 90% de esos clientes. Iban políticos del PP y también del PSOE".

(www.elpais.com, 17/03/09)

RAJOY PRESUME DE MANEJAR BIEN EL ESCÁNDALO Y CONSOLIDAR EL PARTIDO

Mariano Rajoy considera que la victoria de Galicia y el resultado en Euskadi alejan los fantasmas y dudas sobre su liderazgo. Ayer plasmó esa sensación en el discurso que esgrimió ante la junta directiva nacional --máximo órgano del PP entre congresos--, ampliada con parlamentarios autonómicos de distintas comunidades invitados. Quería una reunión a lo grande, por lo que convocó a los suyos en un moderno hotel madrileño. Y presumió ante todos ellos de haber sabido gestionar escándalos como el de la corrupción o los espías en pleno proceso electoral, además de haber consolidado la dirección de un partido que ha logrado dejar en nada, apuntó, los negros augurios de las encuestas.

Rajoy quiso evidenciar ayer que se ve ganador en las próximas europeas de junio e, incluso, en las próximas legislativas. "El PP ha recuperado la centralidad y el eje de la vida política española. Hemos recuperado Galicia, decidimos en el País Vasco y, además, estamos en condiciones de desempeñar un papel decisivo en las Cortes. Y desde luego, estamos en una posición que nos permite, cuando se convoquen elecciones, volver al Gobierno", enfatizó.

En este contexto, Rajoy agradeció a sus candidatos en Galicia y Euskadi, Alberto Núñez Feijóo (no estuvo presente en la junta) y Antonio Basagoiti, respectivamente, su trabajo en campaña. Apostó por que su empeño sirva de lección para próximas convocatorias electorales. Se esforzó especialmente en defender a Basagoiti --el sustituto de María San Gil al frente del PP vasco--, por saber combinar " la rotundidad" en lo fundamental con su "amplitud de mensaje y forma de comunicación".

Cuando pasó a hablar de Galicia, hizo hincapié en que ninguna encuesta había pronosticado mayoría absoluta para los populares: "Al final, por si acaso y para curarse en salud, algunos abrieron las famosas horquillas. Pero nadie nos daba mayoría absoluta y muchos pronosticaban una debacle en el País Vasco. Hay que recordarlo y también hay que decir que lo cierto es que no acertaron". Así, Rajoy estaba solicitando a sus compañeros confianza en las posibilidades del partido y de su presidente. "La victoria acompaña siempre a quien cree en ella y lucha por ella", apostilló.

Por último, el jefe de los conservadores instó a los suyos a interiorizar que se puede ganar "en situaciones muy difíciles" --en clara alusión a los escándalos sobre corrupción y espionaje que les han salpicado-- gracias a una buena gestión de la situación. "Lo importante no es que haya situaciones muy difíciles, sino como se afrontan estas", sentenció.

FABRICAR LA VICTORIA Con esos mimbres, Rajoy pretende fabricar otra victoria en las europeas, ya que el PP, a su juicio, "ha demostrado que no se hunde nunca y es el partido más fuerte de España". Y para lograr el objetivo, el candidato, Jaime Mayor Oreja, reclamó ayuda a sus compañeros y vaticinó que, antes de esa cita electoral, el país estará en una crisis social.

(www.elperiodico.com, 17/03/09)

RAJOY DEFIENDE LA INOCENCIA DE TODO EL PP PERO CAMPS EVITA ACUDIR A MADRID

Por mucho que lo intenta, Mariano Rajoy no logra que el interés informativo y los comentarios internos en su partido se centren en su innegable éxito electoral en las gallegas. Las constantes novedades de la trama corrupta en la que están implicados hasta 15 dirigentes del PP le obligan en cada discurso a dedicar unos minutos al asunto. Y ayer, en la Presidencia del PP, el principal órgano del partido, con casi 500 miembros, tuvo que hacerlo de nuevo.

El acto se había diseñado como una consagración del éxito de Rajoy, convencido ahora de que el ciclo del PSOE está tocando a su fin. El líder del PP tenía todo un discurso preparado sobre ese asunto, con la tesis de que, frente a las "operaciones ideológicas" de Zapatero, el PP está "pegado a la calle" y por eso ha ganado en Galicia. Incluso aseguró que ese éxito demuestra que "el PP no se hunde nunca y es el partido más fuerte de España".

Sin embargo, de nuevo, la sombra de la corrupción apareció. Y Rajoy trató de despejarla con la presunción de inocencia, la única defensa que ha encontrado hasta ahora frente al aluvión de detalles en los sumarios de Garzón, que han provocado ya la dimisión de tres alcaldes y la suspensión temporal de 13 militantes, todos los implicados menos Francisco Camps y Ricardo Costa.

"Este partido no se ha financiado ilegalmente, ni ha recibido un euro de las personas detenidas. Quiero que se sepa", insistió Rajoy. "No somos inquisidores y afirmamos la presunción de inocencia. Vamos a defender la honorabilidad del PP y de sus militantes, inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Y si se probara que algún militante ha hecho cosas que no son aceptables, actuaremos en consecuencia".

Entre los asistentes, sin embargo, mucho más comentadas que las palabras de Rajoy era la ausencia de Camps, que decidió a última hora no acudir a Madrid, rompiendo así con su tradición de estar en todos los actos importantes del partido. Camps evitó así la presión de los medios en la capital, después de la publicación por EL PAÍS de la entrevista con el sastre, que le incrimina, y se refugió en la protección de los empresarios valencianos.

Sin embargo, aunque Rajoy no le citó, Dolores de Cospedal sí lo hizo al enviar un mensaje de solidaridad a los populares "perseguidos y amenazados", que recibió un gran aplauso.

Rajoy también atacó a Garzón, anunció que el PP volverá a recurrir al Poder Judicial para pedir amparo y repitió la tesis de que la fiscalía y la policía actúan con saña contra los populares -a pesar de que es la fiscalía, en contra del criterio de Garzón, quien ha señalado que no ve suficientes pruebas para pedir la imputación de Luis Bárcenas, el tesorero del PP-. Los populares presentarán hoy un escrito ante el fiscal contra el sastre porque, según este partido, ha revelado secretos del sumario al conceder una entrevista a EL PAÍS. Además, pide que actúen contra Garzón por haber interrogado al sastre después de haberse inhibido en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

(www.elpais.com, 17/03/09)

Rajoy se enroca: “No somos inquisidores. Vamos a defender la presunción de inocencia”

“Este partido no se ha financiado ilegalmente, ni ha recibido un euro de las personas detenidas. Nosotros vamos a actuar con prudencia y serenidad. No somos inquisidores. Vamos a defender la presunción de inocencia”. Es el mensaje de Mariano Rajoy, presidente del PP, en la reunión de la Junta Directiva Nacional que se ha celebrado hoy en Madrid, donde ha remarcado la “honorabilidad” de su grupo “y de sus militantes, inocentes mientras no se demuestre lo contrario”. No estaba en Génova, sin embargo, Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana implicado en la llamada Operación Gürtel, que no pudo asistir por problemas de agenda. Llama la atención que, en ningún momento, el líder del PP le ha citado en su discurso.

La Junta Directiva Nacional es el órgano del PP más importante entre congresos. Asisten no sólo los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y los diputados y senadores nacionales, sino también los parlamentarios autonómicos.

No hay caso de financiación ilegal
Rajoy ha insistido en que su partido no ha recibido financiación "ilegal" de la presunta trama corrupta dirigida por Francisco Correa, a pesar de que cada vez hay más indicios que relacionan al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su homólogo del PP valenciano, Ricardo Costa -ambos implicados-, con la red. El popular se ha limitado a procalamar "la presunción de inocencia" de los suyos, sin citar a ninguno en concreto.

Presunción de inocencia
“Defenderemos nuestro partido, no haremos campañas contra nadie, pero vamos defender la honorabilidad del PP y de sus militantes, inocentes mientras no se demuestre lo contrario", ha indicado. La depuración de responsabilidades, a juzgar por sus matizaciones reiterativas, tampoco parece cercana. “Si se probara que algún militante ha hecho cosas inaceptables, si se probara, repito, actuaremos en consecuencia”, ha manifestado el dirigente.

La cacería, otra vez
Menos pruebas hacen falta para arremeter contra el juez que instruye la presunta trama corrupta, Baltasar Garzón. Basta con la famosa cacería en la que el magistrado coincidió con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, un acontecimiento “muy revelador”. “No voy a hacer juicios sobre el instructor; corresponde al Consejo General del Poder Judicial” tomar las “decisiones” pertinentes, ha indicado. Pero seguidamente ha lamentado que a Bermejo se le pidieran “responsabilidades” y a Garzón no.

Con Aznar esto no pasaba
Rajoy también ha pedido cuentas al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la actuación de la Policía Judicial en este caso y en otras tramas que afectan al PP como la de Las Palmas. La Guardia Civil y la Policía, ha apuntado Rajoy, no fueron utilizadas “políticamente nunca” por su grupo. “No lo hizo ni Jaime Mayor, ni Angel Acebes, ni yo cuando fuimos ministros de Interior bajo la presidencia de Aznar. Nunca”, ha remarcado.

Imparcialidad de la Justicia
“Me corresponde afirmar que algunas de las cosas que estamos viendo en las últimas fechas producen al menos una cierta perplejidad. ¿Qué pasaría en España si todo el mundo, todos los que ejercen la función jurisdiccional, se comportaran igual y se dedicaran a las mismas actividades" que Garzón, se ha preguntado Rajoy. "Desde luego, me corresponde decir (…) que la Justicia debe ser imparcial, y debe tener apariencia de imparcialidad”. En este caso, “es evidente” que no ha sido así, ha sentenciado.

www.elplural.com 16.03.09

¿Viajaron también Rajoy, Aznar, Agag y Arenas por cortesía de Correa?

Mariano Rajoy, José María Aznar, Alejandro Agag, y Javier Arenas. Son cuatro de los nombres que podrían aparecer en los archivadores de la empresa Pasadena Viajes que busca desesperadamente la Policía Judicial. Según informa hoy el vicedirector de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, estos archivadores habrían desaparecido de un almacén de la empresa Servi Madrid en un polígono industrial cercano a Boadilla del Monte. Los agentes intentarían, además, esclarecer uno de los detalles más jugosos de la investigación: la supuesta relación entre el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y la red corrupta. "La imputación de Camps puede ser una broma al lado de la implicación de Bárcenas en la trama", concluye en su información el periodista de El Mundo.

Varios imputados han declarado que las carpetas de Pasadena Viajes estaban rotuladas con los nombres de los beneficiarios de viajes organizados por dicha agencia. Entre estos estarían el líder del PP, Mariano Rajoy, el ex jefe del Gobierno José María Aznar, su yerno, el empresario Alejandro Agag, y el presidente del PP andaluz, Javier Arenas –de quien también se ha dicho recibió un reloj valorado en 250.000 pesetas-.

Los viajes de Rajoy
En el caso de Rajoy, además de los archivadores extraviados habría testimonios como el de Pablo Crespo, ex presidente del PP gallego y mano derecha de Correa, que llegó a comentar frente a sus empleados que al hombre de Génova se le pagaron un viaje al extranjero y varios en España. El entorno del líder popular, sin embargo, ha desmentido la mayor asegurando que Rajoy se paga todos sus viaje privados y que sólo tras las elecciones de 2004 fue a Canarias a expensas del PP. Crespo, según denunció este domigo el sastre de Camps, era el encargado de pagar sus trajes y lo hacía en metálico con billetes de 500 euros.

Pruebas contra Bárcenas
La Policía Judicial también estaría intentando hallar más pruebas de la relación entre Correa y el tesorero del PP, Luis Bárcenas, que fue implicado por el juez Baltasar Garzón el pasado 25 de febrero. El vicedirector de El Mundo opina que hasta el momento hay datos “como para poner nervioso a cualquiera”: grabaciones telefónicas y comentarios frente a testigos que apuntan a pagos de difícil justificación –“Yo le he metido a Bárcenas 1.000 millones en el bolsillo” aseveró Correa a principios de 2007-, numerosas anotaciones en la Caja B de la red corrupta con las iniciales L.B. –Luis Bárcenas- y documentos con el apodo El Cabrón -los agentes aseguran que es el mote del tesorero-.

La Caja B, clave
Precisamente, la contabilidad de la Caja B incautada en ordenadores de José Luis Izquierdo, imputado y contable del grupo, está arrojando muchos indicios. Según García-Abadillo, a Izquierdo se le conocía como el hombre de la bolsa porque llevaba dinero negro en efectivo en bolsas de Burguer King. Sus declaraciones y, sobre todo, la obsesión de Correa y Crespo por registrar al hilo cada movimiento –una precaución de cara a posibles deserciones- serían claves para llegar al corazón de la trama.

Lo de Camps, anecdótico
“La Policía no ha analizado ni la mitad de la documentación incautada. Y los imputados y algunos testigos parece que están cantando La Traviata (…). La imputación de Camps puede ser una broma al lado de la implicación de Bárcenas en la trama, que es en lo que ahora está centrada la Policía. Rajoy debe actuar con contundencia si los datos que aparecen son incuestionables”, concluye el número dos de El Mundo.

www.elplural.com 16.03.09

EL PP ANUNCIA QUE VOLVERÁ A DENUNCIAR A GARZÓN ANTE EL CGPJ Y EL SUPREMO

El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ha anunciado que su partido volverá a denunciar hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, y ha asegurado que "hay una deliberada voluntad de dañar al PP" en su actuación.

Trillo ha explicado que esta nueva denuncia contra Garzón se producirá después de que sepublicara una entrevista con el sastre José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrece detalles sobre los trajes que confeccionaba para el presidente valenciano, Francisco Camps, cuyas facturas están siendo analizadas en la trama de corrupción que investiga Garzón.

En declaraciones a Onda Cero, Trillo ha dicho que esas declaraciones son "una sarta de mentiras de principio a fin, mentiras, contradicciones y ridiculeces", y ha añadido que José Tomás no es "ni testigo, ni sastre", está "imputado por falsedad y estafa" y ha sido "despedido disciplinariamente" de la empresa Forever Young para la que trabajaba.

"Me consta que no es sastre, es jefe de ventas de la empresa Forever Young y, además, no es testigo, es imputado de Garzón", ha aseverado el dirigente del PP quien ha recalcado que sus declaraciones pueden suponer una nueva violación del secreto del sumario.

Trillo ha desvelado que se ha puesto en contacto con Forever Young y que la empresa "está actuando" contra José Tomás al que denunció el pasado 13 de febrero "como autor de falsificación de facturas dobles", y ha dicho que cree que la empresa ampliará esta denuncia por las declaraciones que publicó El País.

Ha insistido en que "hay una pretensión desde el principio" por parte de Garzón de que haya "una especie de trama nacional del PP" en la causa y que, por eso, "encuentra al sastre, que cuenta cuentos, cuentos y mentiras".

Trillo ha recalcado además que "no hay ni un sólo contrato" con la empresa investigada en Valencia por Garzón, Orange Market, que no haya sido revisado por el Tribunal de Cuentas, públicamente convocado, resuelto en mesa de contratación en concurrencia de audiencia y sin ninguna impugnación".

Ha vuelto a criticar que Garzón saliera de España el pasado martes "con permiso de asuntos propios y sin haber enviado las causas" a los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid, así como la explicación del juez de que había "funcionado mal el servicio de reprografía".

"Es lo que le ha permitido justificar la ausencia durante una semana del territorio nacional, retener la causa y abundar en la indefensión del PP", ha manifestado Trillo, quien ha confiado en que los autos lleguen "hoy o mañana" para que, "de una vez, se pueda producir un proceso con todas las garantías debidas".

(www.publico.es, 15/03/09)

SUSPENSIÓN CAUTELAR

Los abogados que se querellaron por cohecho contra Baltasar Garzón por los ingresos que recibió durante su permiso académico en Nueva York, entre 2005 y 2006, han pedido al CGPJ que suspenda cautelarmente al juez al estimar que podría haber cometido tres faltas muy graves.

En un documento remitido al CGPJ el pasado viernes los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea reclaman al órgano de gobierno de los jueces que abra expediente al magistrado de la Audiencia Nacional por una falta muy grave del artículo 417.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se refiere a la ocultación de datos para la concesión de permisos, dietas y ayudas económicas.

También creen que habría cometido una falta del artículo 417.14 por "no solicitar la autorización de compatibilidad para percibir un sueldo de una entidad privada que nunca le habría sido autorizado al percibir su salario íntegro de magistrado" y otra del artículo 417.8 por no abstenerse en una querella contra directivos de la entidad patrocinadora (Banco Santander) de dos cursos dirigidos por Garzón.

(www.publico.es, 15/03/09)

Garzón remite a Valencia y Madrid los casos contra Camps y López Viejo

El envío se retrasó una semana por problemas con el servicio de reprografía

El juez Baltasar Garzón remitió ayer a los tribunales superiores de Justicia de Valencia y Madrid la inhibición y las copias de la causa de la denominada Operación Gürtel, sobre corrupción de determinados cargos del Partido Popular, en lo que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, al secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, y a los diputados en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, ya que todos ellos tienen la condición de aforados.

El envío de las copias testimoniadas de la causa y de la exposición razonada para los tribunales superiores se produjo una semana después de que Garzón la anunciara por medio de sendos autos, porque problemas en el servicio de reprografía de la Audiencia Nacional impidieron que el envío se realizase antes.

Sin embargo, el PP ya había presentado una nueva queja contra Garzón en el Consejo General del Poder Judicial en la que criticaba que el magistrado hubiera viajado a Guatemala "sin haber cumplimentado aún el escrito razonado a los TSJ de Madrid y Valencia". La nueva queja de los populares aludía a "una nueva maniobra irregular".

Lo cierto es que el juez antes de salir de viaje había dejado firmados los oficios para la remisión de la causa, pero los problemas para elaborar dos juegos de fotocopias del sumario -más de nueve cajas de 2.000 folios cada una- retrasaron el envío hasta pasadas las dos de la tarde de ayer.

No obstante, y a pesar de haberse inhibido respecto de los cinco aforados citados, el juez mantiene la instrucción de la causa con respecto de otras 40 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes Jesús Sepúlveda, de Pozuelo de Alarcón; Ginés López, de Arganda del Rey; Arturo González Panero, de Boadilla del Monte, y Guillermo Ortega, de Majadahonda, Los ex regidores han sido citados a declarar en calidad de imputados el próximo miércoles.

Mientras tanto, la instrucción ha seguido adelante y el juez volvió a tomar declaración ayer a José Tomás, el sastre que confeccionó trajes para el presidente valenciano Francisco Camps y para el parlamentario Ricardo Costa. Tomás habría proporcionado nuevos indicios que afectan a ambos aforados, así como a Álvaro Pérez, El Bigotes, mano derecha del principal responsable de la trama, Francisco Correa, en la empresa Orange Market, que según las investigaciones era a la que se cargaban los trajes.

La declaración de Tomás es, junto a la de la imputada Isabel Jordán y la documentación intervenida, que refleja la caja "B" de Easy Concept, la base de la imputación de los aforados valencianos.

En la documentación aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros, en cuyo concepto figura: "Entradas y salidas de Milán". Son una parte de los pagos por los trajes hechos a medida por la firma Milano, según la imputada. De ellos, 4.700 euros corresponden a trajes de Camps, según el auto del juez.

Existen otros trajes comprados en la tienda Forever Young, donde también trabajaba el sastre José Tomás. El coste de la ropa de esa empresa entregada a Camps a costa de Orange Market ascendería a 8.083 euros.

Las facturas se camuflaban con conceptos falsos y por cuantías que no se corresponden con los pagos realizados.

www.elpais.es es 14.03.09

Correa invitó al Masters de tenis a Ana Aznar y Alejandro Agag

Francisco Correa, jefe de una trama de corrupción vinculada a cargos del PP, invitaba a su palco privado en el torneo Masters Series de Madrid de tenis a personalidades del PP como el matrimonio de Ana Aznar, hija del ex presidente del Gobierno, y Alejandro Agag. Ambos aparecen en la edición del torneo de 2004 junto a Jacobo Gordon, empresario y amigo de la infancia de Agag que ahora se ha visto imputado en la investigación de la trama corrupta que investiga la Audiencia Nacional.

Según la información de la cadena SER, Correa invirtió cerca de 18.000 euros al año entre 2002 y 2007 en alquilar dos palcos en esta cita deportiva. Uno lo ponía a su nombre y el otro era de Special Events, la empresa matriz de la trama de corrupción. El de la foto es el primero, reservado a sus íntimos. Por el palco pasaron importantes dirigentes del PP nacional, según fuentes próximas a Correa citadas por la SER. Correa también tuvo un papel destacado en la organización de la boda entre Aznar y Agag, un evento social y político por todo lo alto que en septiembre de 2002 reunió en El Escorial a famosos, artistas, a los Reyes y a dos jefes de Gobierno extranjeros.

La actual concejal del Ayuntamiento de Madrid y madre de Ana Aznar, Ana Botella, declaró ayer sobre las fotos de su hija con Correa: "Mi hija tiene miles de fotos con muchísima gente, como todos tenemos fotos con distintas personas".

www.elpais.es es 14.03.09

De la Vega: "El PP tiene que aclarar este barullo de prebendas y presunta corrupción"

La vicepresidenta exige desde La Moncloa "explicaciones cuanto antes"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se salió ayer del discurso habitual y de corto recorrido que sigue los viernes, tras los Consejos de Ministros, desde que empezaron a conocerse los escándalos de presunta corrupción en el Partido Popular. Hasta el viernes de la pasada semana se había limitado a pedir al PP que dejara trabajar a los jueces y no arremetiera contra el juez Baltasar Garzón. Ayer dio un paso más y reclamó al primer partido de la oposición que dé una explicación "mínimamente razonable" de este "goteo incesante" y de "todo este barullo de compraventas y prebendas", publicado en los medios de comunicación.

El Gabinete cree que los escándalos dañan la imagen de todos los partidos

De la Vega quiso responder a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que utilizó ayer un argumento feminista para defender a su compañera de partido, la dirigente del PP Ana Mato. Ésta fue esposa del ex alcalde de Pozuelo y también dirigente del PP, Jesús Sepúlveda, a quien se le acusa de haber recibido en 1999 el regalo de un automóvil Jaguar, valorado en 8,5 millones de pesetas, de Francisco Correa, jefe de la presunta trama corrupta del PP. Cuando ayer se le preguntó a Cospedal "si la dirección del PP va a respaldar o encubrir" a Ana Mato, argumentó que "afortunadamente, en España, lo que hace un marido no arrastra a su mujer". De la Vega entró en la polémica con ironía. Tras dar "la bienvenida al PP a los postulados feministas", la número dos del Gobierno contraatacó: "Me temo que el PP vuelve a errar el tiro. Lo que se está dirimiendo y lo que todos esperan que se aclare es todo este barullo de compraventas, intercambios o prebendas, que se aclare tanta presunta corruptela y corrupción que, al parecer, afecta al PP".

Precisamente, el caso que afecta al ex marido de Ana Mato, que calificó de "cuando menos, muy confuso", le dio pie a De la Vega para reclamar al Partido Popular que "se ofreciera a dar ya una explicación razonable". "El PP debería ser el principal interesado en aclarar esta situación que no favorece a nadie", insistió.

La número dos del Partido Popular anunció ayer que su partido iba a esperar a las conclusiones de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que se conocerán el próximo día 18, para emitir cualquier valoración sobre las acusaciones de espionaje en la comunidad que preside Esperanza Aguirre.

La vicepresidenta De la Vega comparte la opinión generalizada en el Gobierno de que la corrupción perjudica no sólo al partido implicado en el escándalo sino a la imagen del conjunto del sistema democrático de partidos políticos.

La número dos del Ejecutivo volvió ayer a defender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de los ataques del PP. "Los jueces y su independencia deben ser respetados por todos y que se les deje un marco de actuación razonable para ejercer su trabajo. Esto último no se ha venido produciendo recientemente", aseguró. La vicepresidenta señaló, además, que es el Consejo General del Poder Judicial el órgano competente para valorar las actuaciones de los jueces.

www.elpais.es es 14.03.09

¿Recibió también Arenas regalos de Correa?

El periodista Ignacio Escolar, hasta hace poco director del diario “Público” ha publicado un artículo en el que se hace eco de distintos regalos “donados” por Francisco Correa, el presunto cabecilla de la supuesta trama ligada al PP. En ella se afirma que el presidente del Partido Popular andaluz y anteriormente Secretario General del PP nacional, también recibió regalos de Correa. En este caso un reloj de pulsera valorado en 250.000 de las antiguas pesetas.

Noticias relacionadas

Ignacio Escolar añade en su blog www.escolar.net que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, que no ha declarado ante el juez, pues todavía no ha sido imputado, piensa desvelar cuando sea llamado dos aspectos de esta trama. Por un lado que Francisco Correa, le regaló unos gemelos de oro “y que él los aceptó”. Por otro, que también recibió como regalo un viaje a Nueva York para dos personas. “Y que él también lo aceptó”.

Viajes a Nueva York
Prosigue Escolar detallando en fuentes del PP han asegurado que “cuando Bárcena recibió esas “donaciones”, éste consultó en Génova si era pertinente quedarse con ellos “y se le dijo que sí las dos veces”. Revela que las mismas fuentes del PP han comentado que como los gemelos de oro no eran muy altos en su coste, Correa le ofreció posteriormente a Bárcenas un viaje a Nueva York justificándolo en el hecho de que una pareja se había descolgado en el último momento de un vuelo que montaba una de sus empresas”

Reloj para Arenas
En el caso de Javier Arenas, según afirma en su blog Ignacio Escolar, Bárcenas no fue el primero en el PP que obtuvo generosos obsequios de Francisco Correa, ni tampoco el único que preguntó sobre la conveniencia de aceptarlos. Según esta noticia, el actual presiente regional del PP andaluz, Javier Arenas, también recibió de Correa un reloj de pulsera, “de acero, pero de una buena marca, valorado en unas 250.000 pesetas”.

"Menos suerte que el del cochazo"
Miguel Ángel Vázquez, secretario de comunicación del PSOE andaluz se ha echo eco de esta noticia y publica en su blog que "El hombre tuvo menos suerte que el ‘premiado’ con el cochazo, sólo se llevó un modestito reloj de pulsera valorado en 250.000 de las antiguas pesetas (1.500 euros)."

Con el visto bueno de Génova
Es destacable que según estas fuentes internas del PP, Arenas “también preguntó si podía aceptarlo y también le respondieron que sí. Hoy mismo en declaraciones a El Plural, los responsables de prensa del PP andaluz han negado rotundamente que Javier Arenas haya recibido regalos de Correa. Han adelantado también que el presidente no hará declaraciones al respecto.

Ramificaciones andaluzas de Correa
De confirmarse estos hechos, el caso “Gürtel” y las empresas vinculadas a Correa, tendrían distintas ramificaciones en la comunidad andaluza. El caso “Gürtel” que investiga Baltasar Garzón, tiene relación en Andalucía con Jerez, Granada y Estepona, ciudades donde empresas vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, obtuvieron contratos. De momento se ha cobrado su primera pieza con la dimisión oficializada hoy de Ricardo Galeote como concejal del ayuntamiento de Estepona. Galeote es además secretario local del PP de la localidad malagueña. Como adelantó El Plural.

Jerez, el PP y contratos
Como informamos desde El Plural, la ex alcaldesa de Jerez de la Frontera, la popular María José García Pelayo, adjudicó en 2004 a dos de las empresas investigadas por Garzón, Easy Concept y Special Events, un contrato para la participación de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Lo hizo por el procedimiento de urgencia saltándose el concurso público. Al parecer la alcaldesa entonces, hizo caso omiso de un informe de la interventora municipal en el que se advertía de que el órgano competente para la adjudicación de los trabajos era el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad.

Estepona y comisiones
En Estepona, el dimitido hoy Ricardo Galeote, cuando ejerció de gerente de la empresa municipal “Turismo y Actividades Recreativas” entre 2001 y 2003, contrató con las sociedades de Francisco Correa, Special Events SL y Viajes Pasadena SL, en concepto de billetes de avión y tren así como alojamientos en hoteles para Fitur. También se contrataron otros servicios como montaje de carpas. Según el auto de, el desde hoy ex edil del PP habría cobrado 42.469 euros en comisiones de la trama entre los años 2001 y 2003.

Suma y sigue: Granada
También el Ayuntamiento de Granada aparece con contratos viculados a Correa. El ayuntamiento gobernado por el PP con mayoría absoluta, adjudicó en 2004 un contrato para el diseño y montaje de su expositor en la edición 2005 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a la empresa “Down Town Consulting S.L.”, una de las empresas sometidas a investigación por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

PP andaluz también
La empresa Rialgreen, una de las sociedades investigadas, cobró al PP 520.491 euros por la campaña de Teófila Martínez para las elecciones autonómicas de 2004. Desde el PP andaluz, dicen desconocer estos trabajos. Sin embargo, según el informe la Cámara de Cuentas, Rialgreen no justificó qué tipo de servicios prestó a los populares andaluces en esos comicios, al igual que ocurrió en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid y en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana. Javier Arenas aseguró que se enteró de este hecho recientemente.

www.elplural.com 13.03.09

Garzón envía la investigación de la trama a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia

El magistrado hace efectiva la inhibición al haber aforados en la red corrupción dirigida por Correa.- El sastre de Camps vuelve a declarar en la Audiencia

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado hoy la investigación del caso Gürtel a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, tras acordarse el pasado jueves 5 de marzo la inhibición en favor de estos al hallar indicios en la causa contra aforados regionales de ambas comunidades. El magistrado ha remitido los correspondientes oficios, aunque los había dejado firmados antes de irse de viaje el pasado martes. El envío no se ha hecho efectivo hasta hoy por problemas técnicos con los servicios de reprografía, dada la gran cantidad de fotocopias que han tenido que hacerse para remitir la causa completa a ambos tribunales, según han informado fuentes jurídicas.

Veinte minutos después de las dos de la tarde han comenzado a salir las nueve primeras cajas de folios de la Audiencia Nacional con destino a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. Ante el aparente retraso de la remisión de la causa, el PP presentó ayer un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunciando al juez por ausentarse de España sin cumplimentar el escrito de remisión.

A pesar de haber acordado la inhibición con respecto a los aforados, entre los que se encuentran el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el secretario general del PP en esta Comunidad, Ricardo Costa, y los diputados autonómicos madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, Garzón mantiene la instrucción de la causa con respecto a los otros 37 imputados no aforados a los que ya ha tomado declaración y a los que se suman otros seis a los que ha citado para tomar declaración el próximo miércoles, entre los que destacan los alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo y Arganda, Jesús Sepúlveda y Ginés López.

Interrogatorio al Sastre de Camps

Garzón ha vuelto hoy a tomar declaración como testigo a José Tomás, empleado de las dos tiendas en las que supuestamente se adquirieron varios trajes para el presidente valenciano por parte de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. El interrogatorio ha durado aproximadamente una hora y a la salida ni Tomás ni su abogado han realizado declaraciones. Garzón acusa a Camps de recibir trajes por valor de 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por una cantidad próxima a los cuatro millones de euros.

En el auto emitido por el magistrado el pasado 5 de marzo se detallaban una serie de pruebas en las que se apoya la acusación de sobornos a Camps y otros dirigentes valencianos, como el secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y el director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

Facturas y grabaciones

Entre dichas pruebas hay facturas de los establecimientos, las declaraciones del sastre que les suministraba el vestuario e incluso les tomaba las medidas en sus despachos y las grabaciones de los cabecillas de la trama en la que confirmaban los obsequios a los políticos valencianos. Los implicados pagaban a las empresas con facturas falsas para no dejar pistas.

De acuerdo con la instrucción del juez, Camps acudió a Madrid "a instancias" del imputado Álvaro Pérez de Alonso, El Bigotes (administrador de Orange Market) para comprar ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el hoy interrogado José Tomás, persona de confianza de Pérez de Alonso. Garzón apuntaba también a la supuesta financiación ilegal del PP, de al menos 420.000 euros, según consta en las cuentas de las empresas investigadas.

www.elpais.es 13.03.09

El PP lanza un nuevo ataque contra Garzón para tapar la trama corrupta

La formación denuncia al juez ante el Poder Judicial por maniobras "torticeras" - La fiscalía pide al Supremo el archivo de una querella anterior por prevaricación

El PP redobló sus ataques contra el magistrado Baltasar Garzón mientras arrecian las revelaciones sobre la trama de corrupción con empresas de Francisco Correa y que afecta a cargos vitales del partido. No hubo reacción alguna de la dirección de la formación ante la cacicada del PP de Madrid al cerrar la comisión sobre la red de espionaje, con graves acusaciones a un miembro de la dirección del PP. Tampoco hubo movimientos sobre la trama de corrupción que afecta a sus cargos de Madrid y la Comunidad Valenciana. Eso sí, los populares presentaron un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que piden de nuevo que se sancione al juez que lleva el caso, Baltasar Garzón.

El PP acusa al juez de "dar apariencia de legalidad" a sus actuaciones

Todo, en el día en que se conocían nuevos detalles de la vinculación de Correa con Jesús Sepúlveda, dimitido alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuando era secretario electoral del PP y estaba casado con la actual secretaria de organización, Ana Mato.

El escrito del PP no ahorra calificativos para el juez. La estrategia de desacreditación de Garzón como juez político -"es un socialista", dicen para descalificarle- ha pasado de mera defensa mediática a verdadera estrategia política del PP. En los últimos días se ha instalado en el partido la convicción de que la cúpula no depurará responsabilidades. Y sigue haciendo todo lo posible por desacreditar la causa judicial.

"Actuaciones publicitarias"

En la queja al CGPJ, el PP atribuye al magistrado prevaricación, desprecio a la legalidad y a las garantías, instrucción perversa, especulaciones, maniobras, y uso fraudulento del secreto de sumario. También acusan al juez de "cubrir de apariencia de legalidad sus actuaciones publicitarias".

Entre ellas, el PP cita que a Camps se le comunicó la resolución telefónicamente, con una llamada a su número personal el día que se notificó la resolución. Un policía que se identificó como miembro de la Unidad de Delitos Económicos pidió al presidente valenciano un número de fax para remitírsela. Al día siguiente, otro inspector de policía de Madrid contactó con el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos con el mismo objetivo. A Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, el auto se le notificó en una comisaría de Valencia, según el PP.

La causa contra los dos hombres más poderosos del PP valenciano, Francisco Camps y Ricardo Costa, es la principal preocupación del partido, que se ha empeñado en defender su inocencia, aunque por tener el mismo tipo de relación con las mismas empresas han dimitido tres alcaldes y un consejero en Madrid.

El PP asegura que esas actuaciones sólo se deben a "las necesidades personales del juez Garzón que tenía programado su viaje [esta semana ha participado en varios actos en Panamá y Guatemala] y concedido su permiso para asuntos propios". Sin embargo, dos magistrados especialistas en derecho penal aseguraron ayer a este diario que el procedimiento es "perfectamente legal" y "bastante usual en macroprocesos en los que son muchas las partes y los afectados". La ley, dicen, permite que se notifiquen resoluciones "por cualquier medio idóneo", como el fax o la comunicación en comisaría.

Respecto a que Garzón notificara a Camps el auto a pesar de que no es competente para investigar sus delitos -por lo que no es parte en la causa- los magistrados subrayan que el juez ordenó que la resolución se notificara no sólo a las partes, sino también a las "personas afectadas", entre las que se encontraría el presidente valenciano. "Se trata de asegurar que todas estas personas, incluidas las aforadas, no sufran indefensión y tengan conocimiento de los hechos por los que en el futuro podrían ser imputados".

El PP acusa además a Garzón de haberse ausentado de España sin haber enviado copias de las actuaciones a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, a favor de los cuales se ha inhibido. Pero según los jueces consultados, la labor del juez en estos casos se circunscribe a elaborar el auto de inhibición en el que se ordena remitir las actuaciones a los tribunales competentes, como hizo Garzón. "La realización de las copias y su envío efectivo es una labor burocrática cuya ejecución corresponde al secretario judicial y los funcionarios del juzgado, no al magistrado".

Es la cuarta maniobra del PP para neutralizar la investigación. Primero, intentó sin éxito personarse en la causa para recusar al juez. Después, denunció ante el CGPJ la asistencia de Garzón a una cacería con el entonces ministro de Justicia, Fernández Bermejo. El escrito fue archivado. Antes de la iniciativa de ayer, presentó una querella ante el Supremo acusando a Garzón de prevaricación. La fiscalía pidió ayer el archivo de la querella al no encontrar "delito alguno" y desairó al PP al decir que los hechos denunciados "plasman una disconformidad del partido con la marcha del procedimiento, sin que constituyan el delito de prevaricación".

En una entrevista en RNE, Rajoy dijo sobre Francisco Correa, organizador de los actos del PP cuando él estaba en el Gobierno, que no recordaba si lo conocía, pero sí que había cortado los vínculos de la cúpula del PP con él.

Al día siguiente de que el secretario general del PP de Madrid acusara públicamente de mentir a un miembro de la dirección del partido, Alfredo Prada, Rajoy le quitó importancia y dijo que "pasa en todas partes".

Eso no le pareció importante. Lo importante, replicó, es "¿qué hace Garzón en Guatemala?". El juez está en Guatemala desde el pasado día 10 impartiendo un curso. Ha pedido que le descuenten los tres días de sueldo,

www.elpais.es 13.03.0

Garzón: "Hablaré, y a lo mejor hasta me dicen que tengo que callarme"

El juez Baltasar Garzón regresa hoy a España de su viaje a Guatemala y, según él mismo anunció, hablará sobre las informaciones difundidas en los últimos días que le acusan de haber cobrado más de 200.000 dólares por dar conferencias en Estados Unidos y no haber declarado estos honorarios. El magistrado de la Audicencia Nacional advirtió desde el país sudamericano que “cuando vuelva”, hablará sobre el tema. “A lo mejor hasta me dicen que tengo que callarme”, advirtió. Sin embargo, el PP no cesa en su empeño de descalificar al juez: después de que la Fiscalía haya pedido el archivo de la querella que pusieron contra él, la oposición ha presentado una nueva queja ante el Poder Judicial. Cualquier excusa parece buena para intentar apartar a Garzón de la investigación de la Operación Gürtel, que salpica a numerosos altos cargos del PP.

Noticias relacionadas

“Las cuentas están muy claras”, aseguró Baltasar Garzón con rotundidad ante las acusaciones de que no declaró honorarios por más de 200.000 dólares por dar conferencias en Estados Unidos. Según declaró desde Guatemela, estas informaciones “no tiene fundamento”, ya que declaró sus ingresos a Hacienda fisco “dos veces”, “una a la norteamericana y otra a la española”. El magistrado, que ya está de regreso a nuestro país, advirtió que cuando llegue a España hablará sobre este tema. “Y a lo mejor hasta me dicen que tengo que callarme”, advirtió.

Archivo de la querella
Tampoco quiso pronunciarse sobre la querella que el PP interpuso contra él en la que le acusa de prevaricación por el caso Gürtel. Los populares ven una conducta delictiva en el juez por no haberse inhibido inmediatamente de la investigación de la trama de corrupción aún habiendo aforados implicados en el caso. Precisamente, la Fiscalía del Supremo se pronunció ayer sobre la querella y pidió el archivo de la misma, al no encontrar indicios de delito en la actuación del juez.

¿Persecución del PP?
Según la Fiscalía, “el aforamiento no sólo no impide, sino que obliga a continuar la investigación a fin de comprobar o desvirtuar esas imputaciones personales, evitando así la remisión no justificada”. Garzón mostró su indignación ante las múltiples acusaciones que están partiendo hacia él del PP, aunque dijo desconocer si hay una persecución política hacia su persona del partido. De ser así, afirmó, “tampoco le importa demasiado”.

Nueva queja ante el CGPJ
No obstante, el PP no ha cesado en su ofensiva contra el magistrado y, tras conocer la petición de archivo de su querella, han presentado una nueva queja, esta vez ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para pedir de nuevo que se sancione a Garzón. En su escrito, el PP insiste en presentar al juez como un “socialista”, y afirma que ha cometido prevaricación, desprecio a la legalidad y a las garantías, instrucción perversa, especulaciones, maniobras y uso fraudulento del secreto de sumario, según informó El País. Además, le acusan de “cubrir de apariencia de legalidad sus actuaciones publicitarias”.

www.elplural.com 13.03.09

Aznar se niega a dar explicaciones sobre su relación con Correa

El ex presidente José María Aznar y actual responsable de FAES apadrinó ayer la presentación de un libro del cubano Carlos Alberto Montaner. Aprovechó el acto para arremeter contra el régimen de Fidel Castro y relacionarlo con el Gobierno de Zapatero, al que acusó de actitud “mezquina” con los disidentes de la isla. Sin embargo, Aznar calló a las preguntas de las periodistas sobre la trama de corrupción en torno al PP investigada en el caso Gürtel, en la que se encuentran imputados altos cargos del partido cuando él estaba al frente, como Jesús Sepúlveda o Francisco Correa, amigo de su yerno Alejandro Agag.

Noticias relacionadas

Durante la presentación del libro de Montaner La última batalla de la Guerra Fría. Cómo y por qué se hundió el comunismo, Aznar acusó al Gobierno socialista de actitud "mezquina" con los disidentes cubanos y de mantener unos "inexplicables intereses" que le llevan a relacionarse de la misma forma con regímenes democráticos o con dictaduras.

"Incomprensible"
Aznar ha calificado de "incomprensible" que, tras la caída del Muro de Berlín, se mantenga una dictadura como la cubana, ha advertido de que el final del castrismo no llegará porque sí, y de que nada asegura tampoco que la desaparición de los hermanos Castro lleve automáticamente a la libertad y la prosperidad.

"Medio siglo de dictadura es una atrocidad"
“Si cualquier dictadura es detestable -ha proseguido-, medio siglo de dictadura es, simplemente, una atrocidad", subrayó. También aseguró que Cuba es un fracaso económico porque es comunista.

Poco hablador respecto al PP
Sin embargo, Aznar suscitó más expectación por lo que tuviera que decir respecto al caso Gürtel, en el que se encuentran imputadas personas de su confianza cuando presidía el PP, como Jesús Sepulveda, responsable del área electoral y con el que mantiene vínculos personales, o Francisco Correa, cerebro de la trama e íntimo de su yerno Alejandro Aznar. El ex presidente guardó silencio al respecto tanto en la conferencia como ante las reiteradas preguntas de los periodistas, como demuestra este audio de la Cadena Ser.

Los silencios de Aznar

www.elplural.com 13.03.09

Correa: el triunfador en El Escorial en el fotomaton policial

El diario El Mundo publica hoy en portada la ficha policial de presunto cerebro de la trama de corrupción vinculada por el PP. Bajo el título "De Gran corruptor, a juguete roto", la periodista Ángeles Escriva destaca su "punto soberbio en la mirada", que mantiene "firme" fretne al fotomatón policial.

La imagen que muestra hoy El Mundo está bien alejada de la de triunfador en la boda de El Escorial, cuando presumía de gomina y formaba parte del clan de amigos del yerno del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

www.elplural.com 12.03.09

RAJOY: "YO FUI EL QUE DECIDIÓ QUE CORREA SALIERA DE GÉNOVA"

No sabe bien si le conoció pero si algo ha querido dejar claro Mariano Rajoy es que fue él el que enseñó la puerta de salida de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid al empresario Francisco Correa, presunto cerebro de la trama de corrupción político-empresarial que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Pero, ¿le conoció? "No tengo claro que conozca a Correa" ha dudado el líder de los populares durante una entrevista en RNE. Muy a la gallega, ni sí ni no sino todo lo contrario, Rajoy ha explicado que, aunque no está seguro, "es probable" que le conociera y haya saludado durante la época en la que Correa trabajó para el PP nacional. No obstante y preguntado por si fue él el que decidió que saliera de Génova, Rajoy ha afirmado que lo hizo después de que el anterior tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, le informase de que el empresario estaba utilizando el nombre del partido para la adjudicación de contratos.

Eso fue en 2004. Rajoy era ya secretario general del PP tras dejar la Vicepresidencia del último Gobierno de José María Aznar para ser su candidato a las generales. Correa llevaba años organizando los actos del partido, entre ellos los electorales. Y precisamente el hoy líder del PP había sido el jefe de campaña en 1996 y 2000. Al que sí ha dicho conocer Rajoy ante los micrófonos de RNE ha sido a Pablo Crespo, ex secretario de Organización de la formación en Galicia también implicado en la trama que investiga Garzón. ¿Hasta dónde sabe entonces de Correa el líder de los populares? Rajoy ha reconocido que el presunto cabecilla de la red corrupta organizaba los "viajes que contrataba el partido", aunque ha puntualizado que ni siquiera hoy sabe cuál es la agencia responsable porque no es su cometido.

"He sabido lo que publican los periódicos" ha añadido Rajoy. Sin embargo, la portavoz oficial del líder del PP, Carmen Martínez Castro, reconoció recientemente que Correa intentó chantajear en 2003 a Rajoy con una grabación en la que, durante una convención, se le escuchaba decir sobre Manuel Fraga "el viejo está gagá". Preguntado por la apertura de una invetigación interna, el líder del PP ha respondido que "ya hay una abierta" en la Audiencia Nacional. "Estaremos a lo que digan los tribunales" ha añadido Rajoy que, no obstante, se ha atrevido a asegurar que "esta gente", en relación a los empresarios implicados en la trama, "no han entregado un euro al PP". En uno de los últimos autos de Garzón se apuntaba a la supuesta financiación irregular de la formación en la Comunidad Valenciana. Precisamente sobre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, implicado por Garzón en el sumario, el presidente nacional del PP ha defendido que es "inaceptable" lo que se ha hecho con él: "Me ha dicho que las acusaciones son falsas y yo le creo".

A pesar de la confianza que Rajoy ha depositado en la Justicia, no ha faltado durante la entrevista una mención al juez Garzón. "¿Qué hace en Guatemala?" se ha preguntado el presidente del PP para criticar que el magistrado no haya trasladado aún las actuaciones a los tribunales superiores de Madrid y Valencia. "¿Qué seguridad da una persona que se comporta de esta manera?". Sobre la otra trama que sacude, esta vez en Madrid, al PP, la del espionaje en el Gobierno regional, Rajoy ha echado balones fuera y ha apelado a "esperar a la decisión del Parlamento de Madrid" que votará las conclusiones de la fugaz comisión de investigación el próximo día 18.

(www.elpais.com, 12/032/09)

LA FISCALÍA PIDE QUE SE ARCHIVE LA QUERELLA DEL PP CONTRA GARZÓN

La Fiscalía ha pedido este jueves al Tribunal Supremo que archive la querella por prevaricación que el PP interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por no inhibirse en la operación Gürtel, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos de este partido.

Así lo han informado fuentes del Ministerio Público, que han señalado que la Fiscalía considera que la actuación del magistrado no constituye un delito de prevaricación.

Los conservadores denunciaron la "decisión consciente de suplantar la ley" por parte del magistrado y el hecho de que éste no se haya inhibido en el plazo de tres días establecido por ley, según informaron fuentes conservadoras.

En su escrito, de 16 folios, la dirección del PP recuerda además que Garzón participó en un cacería con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y que impidió a los conservadores presentarse como acusación particular.

Los conservadores alegan que el magistrado habría cometido un delito de prevaricación al haber realizado actuaciones judiciales "con plena consciencia de que carecía de competencia para instruir y, en consecuencia, para mantener el conocimiento de dicho asunto".

(www.publico.es, 12/032/09)

RAJOY EVITA CUALQUIER MENCIÓN A LA TRAMA DE ESPÍAS Y CARGA CONTRA GARZÓN

Con el carpetazo definitivo que Esperanza Aguirre ha dado a la comisión de los espías, sin escuchar siquiera a los espiados, todos los ojos del Partido Popular están puestos ahora en ver cómo reacciona Mariano Rajoy. Pero el presidente del PP quiere pasar página cuanto antes y aprovechar el momento de aparente unidad interna que se vive por la amenaza del caso Gürtel. Así que ayer Rajoy rehuyó a los periodistas y no hizo ni una sola mención al espionaje en su discurso a los diputados, reunidos de forma extraordinaria en el Congreso para escuchar y aplaudir al líder triunfante.

El PP se debate estos días entre la euforia por la victoria gallega y la preocupación por la investigación del juez Baltasar Garzón y la crisis por la trama de espionaje en Madrid. Sobre el juez, Rajoy no tiene control pero sobre el espionaje sí, porque puede decidir afear la conducta de Aguirre, que no ha dejado que se investigue seriamente quién y por qué siguió a dos miembros de la dirección nacional del PP, Alfredo Prada y Manuel Cobo. Rajoy, aparentemente y según la mayoría de su entorno, ha decidido pasar página cuanto antes y olvidar este asunto de guerra interna.

Ayer se concentró, sin embargo, en el caso Gürtel para atacar a Garzón. Comentó con tono de crítica que el magistrado está en Perú, le acusó de no ser imparcial, prometió que el PP no va "a olvidar" la "causa general" contra el partido y anunció que seguirán preguntando en el Congreso por la cacería que ya ha costado la dimisión a Mariano Fernández Bermejo. El PP, explicó Rajoy, también quiere la cabeza del comisario jefe de la Policía Judicial, presente en la cacería.

Al presidente del PP le interesaba mucho más, no obstante, exhibir internamente su victoria. Delante tenía a la mayoría de los dirigentes críticos que han mostrado su malestar. Es en el Congreso donde está el principal foco de revuelta interna, donde se trató de fraguar un grupo que, en caso de derrota en Galicia, estaba dispuesto a exhibir públicamente, o al menos en una reunión interna, su enfado. Todas esas maniobras potenciales han quedado en nada tras el éxito, y Rajoy, por una vez fuerte internamente y triunfador, quiso ser magnánimo. Al final de su discurso, deslavazado, realizado de forma casi rutinaria, tendió la mano muy claramente a los críticos, algo que no había hecho desde que ganó el congreso de Valencia.

"Estoy muy contento de cómo se comporta el grupo. Todo el que quiera trabajar lealmente y construir, que lo haga. Quiero decir que a mí me preocupa única y exclusivamente el futuro. Nunca tomaré ninguna decisión por razones que no sean estrictamente políticas", dijo en tono tranquilo a sus diputados.

El mensaje era claro: Rajoy conoce los movimientos de los críticos, pero sostiene que no habrá represalias. Algunos de estos dirigentes escépticos están convencidos de que el entorno del líder, ahora que está fuerte, ya prepara la venganza por las dificultades internas a las que le han sometido en los últimos meses.

Rajoy, por el contrario, parece querer a todo el partido movilizado para las elecciones europeas, su reválida. Si las gana, como es previsible, su camino hacia 2012 estará consolidado. Por eso insistió en que todos los diputados, y todo el PP, debe trabajar para movilizar a su electorado.

Además de esa oferta de armisticio con los críticos, Rajoy también quiso reivindicar su enorme capacidad de aguante y disfrutar un poco -aunque en el discurso se le veía muy desganado- de su éxito. "Hemos ganado en circunstancias difíciles. Esto demuestra que no hay victoria sin esfuerzo y sacrificio, que para ganar hay que saber sufrir. Y en no ser triste ni derrotista está la senda de la victoria".

(www.elpais.com, 12/032/09)

EL PP ARROPA A CAMPS, SEÑALADO EN LAS INVESTIGACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'

La dirección nacional del PP, encabezada por Mariano Rajoy, y empresarios madrileños y valencianos acompañan hoy al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, señalado por el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en las investigaciones del 'Caso Gürtel', en la conferencia-almuerzo que ofrece en Madrid organizada por el Foro ABC.

Desde más de una hora antes de la llegada de los asistentes al almuerzo, numerosos periodistas aguardaban el inicio del acto, mientras que frente al lugar en el que se desarrolla, el Casino de Madrid, se han manifestado trabajadores de ABC por el ERE previsto por la dirección de este periódico.

Camps ha llegado poco antes de las 14.00 horas y, poco después, lo han hecho Rajoy y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Hasta el Casino madrileño han ido acudiendo dirigentes como Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Soraya Sáenz de Santamaría, Pío García Escudero, Manuel Fraga, Ana Pastor, Ignacio González, Rita Barberá o Manuel Cobo.

Antes de comenzar la conferencia, ha habido una foto de familia en la que han posado Rajoy, Camps, Aguirre, Cospedal, Gallardón y Barberá.

Todos ellos han querido expresar con su presencia en el acto el respaldo a Camps después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón haya enviado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana parte del denominado "caso Gürtel" al implicar en él al presidente de la Generalitat valenciana.

El otro diputado regional citado en ese caso, Ricardo Costa, también ha acudido a la conferencia. Ninguno de los asistentes ha hecho declaraciones a los periodistas que se apostaban a las puertas entre fuertes medidas de seguridad, que se fueron redoblando a medida que se acercaba el inicio del acto.

Sólo Fraga se ha detenido unos momentos y, ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, se ha limitado a expresar su total apoyo a Camps.

Numerosos empresarios y representantes del mundo financiero, entre ellos Fernando Fernández Tapias, José Manuel Machado (presidente de Ford España), José Luis Olivas (presidente de Bancaja) y Rafael Arias Salgado, así como los tres vicepresidentes del Gobierno valenciano arropan también con su presencia al presidente de la Generalitat.

En su intervención en el acto, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha defendido que es él quien se paga sus "trajes" y ha expresado su "tranquilidad absoluta y la de sus compañeros" por las cosas que hacen todos los días.

El presidente de la Generalitat, que ha expresado su agradecimiento por ese apoyo, ha respondido a varias cuestiones sobre la investigación del juez Baltasar Garzón que le implica en el denominado "Caso Gürtel", sobre una supuesta trama de corrupción. Ante la pregunta de si se paga él sus trajes, planteada por la duda que abre esa investigación, ha aseverado: "claro que me los pago; me pago mis trajes".

Tras expresar su tranquilidad por su actuación al frente del Gobierno valenciano, ha recordado que pese a las "sombras de dudas" que se han pretendido lanzar, "nadie ha demostrado que nada haya ocurrido en todos los procedimientos" de adjudicación por parte de su Administración autonómica.

(www.lavanguardia.es, 11/032/09)

CAMPS SE CRECE RODEADO DE LA CÚPULA DEL PARTIDO: "YO ME PAGO MIS TRAJES"

Iba preparado para el aplauso, para el apoyo interno en un momento difícil, pero el día empezó bastante mal. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que atraviesa sus horas más bajas desde que Baltasar Garzón desvelara las facturas que prueban que Álvaro Pérez, imputado en el caso Gürtel, le regaló varios trajes, tuvo que tragar quina nada más llegar al Casino de Madrid para participar en el Foro Abc. Los trabajadores de este diario, que ha presentado un ERE de 238 empleados, la mitad de la plantilla, le abuchearon a la entrada, y tuvo que ser protegido por dos furgones de la policía. Pero él no perdió la sonrisa. Ni fuera, ni dentro. Incluso cuando tuvo que hablar de los trajes.

"¿Usted se paga sus trajes?", le preguntó el director de Abc, Ángel Expósito. "Claro, yo me pago mis trajes", se rió tenso Camps. El moderador del acto no hizo repreguntas sobre las facturas que ha presentado el juez Garzón. Pero sí sobre si se siente víctima de una "cacería". Y él aprovechó el capote: "Yo tengo una tranquilidad absoluta. Son los 20 años dedicados a la política los que me dan la fuerza e ilusión para seguir trabajando por mi comunidad y por España", clamó mientras se oía el ruido de fondo de las protestas en la calle.

El toque a rebato que hizo la dirección nacional del PP con los políticos y la Generalitat con los empresarios tuvo su efecto inmediato. El Casino, uno de los más lujosos edificios de Madrid, se llenó de enormes coches blindados de políticos y empresarios. Todos recibieron su dosis de abucheo, pero dentro, Camps se mostró ufano del éxito de convocatoria y lo interpretó rápidamente como una declaración de inocencia. "Hay muchas personas que he ido conociendo que hoy han venido aquí a decir: te he conocido, eres un buen tipo, vale la pena confiar en ti".

Había empresarios -el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, o Fernando Fernández Tapias, entre ellos- pero sobre todo muchos políticos. Para que quedara claro de qué iba el acto, y de forma totalmente inusual, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Dolores de Cospedal y Rita Barberá subieron al estrado para hacerse una foto oficial con Camps que es toda una declaración política de apoyo muy similar a la que hace tres semanas recibió Rajoy con todos los dirigentes del PP cuando estalló el escándalo de corrupción que afecta al partido.

Camps no fue preguntado directamente sobre el asunto clave. ¿Por qué han dimitido todos los cargos implicados en Gürtel, incluidos algunos aún no imputados porque son aforados, menos él y Ricardo Costa? Se da la paradoja de que Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, ahora en la empresa privada, ha sido suspendido de militancia del PP valenciano por unas pruebas muy similares -sobornos con trajes- a las de Camps y Costa. Campos, muy enfadado por este doble rasero, según fuentes del PP, evitó ayer sin embargo hacer sangre: "No voy a decir nada por recomendación de mi abogado hasta que todo esto acabe. Ahora estoy en la empresa privada, si estuviese en política igual actuaría de otra manera".

Sin embargo, cuando se le preguntó a Camps si había en el PP militantes de primera y de segunda, el presidente valenciano respondió: "Nunca ha habido militantes de primera y de segunda. Somos 800.000, y todos iguales".

Camps trató en todo momento de mantener la sonrisa y ofrecer una imagen tranquila, a pesar de que a las preguntas más incómodas respondió con algunos gestos nerviosos. Pero todo estaba pensado para que se convirtiera en un acto de cierre de filas, de desagravio. La dirección del PP le avaló con su presencia, y le presentó José Luis Olivas, que fue presidente circunstancial de la Generalitat desde que Eduardo Zaplana fue nombrado ministro hasta que Camps ganó las elecciones, en 2003, y pudo sucederle. Olivas, que ahora ha tenido un buen acomodo tras dejar la política, como presidente de Bancaja, aseguró: "Estoy convencido de que la amargura de este lamentable episodio le fortalecerá".

Y Camps también insistió en esa idea. "Cada piedra en el camino hace que uno siga trabajando con más fuerza e ilusión". El presidente recibió un aplauso tan largo de políticos y empresarios que el moderador les pidió que parasen: "Ya vale, ¿no?", ironizó. Después, el presidente recibió algunas preguntas amables, incluso sobre el posible fichaje de Villa por el Real Madrid, y se relajó.

Camps aseguró que no va a tocar su Gobierno, ni siquiera a Serafín Castellano, un consejero que ha concedido 200 obras a la empresa de un amigo. Insistió en que está tranquilo, aseguró que la gente le para por la calle para darle ánimos, dijo que eso es lo "más hermoso", y concluyó con una idea: que él sigue manteniendo lo que dijo cuando llegó a la presidencia en 2003, que con el PP "se ha acabado la España de los privilegios".

Y mientras Camps recibía este apoyo cerrado, la Mesa de las Cortes autonómicas, obedeciendo sus órdenes, rechazó tramitar dos solicitudes formuladas por los socialistas y por Compromís, que pedían la comparecencia del presidente para explicar el escándalo de los trajes. El PP argumentó que el asunto está sub iúdice. "El que calla otorga", replicó el socialista Ángel Luna, "y aquí se está callando mucho".

(www.elpais.com, 11/032/09)

RAJOY NIEGA HABER SIDO CHANTAJEADO POR LA RED LIDERADA POR CORREA

El presidente del PP, Mariano Rajoy, negó haber sido objeto de chantaje por la supuesta trama liderada por Francisco Correa investigada en el marco de la denominada 'operación Gürtel' a principios de 2003. El líder del PP aseguró no tener constancia de un supuesto vídeo en el que él criticaba al presidente fundador del PP, Manuel Fraga, y dijo que no tiene trato con Francisco Correa. «Y desde luego a mí no me chantajeó nadie", agregó.

Rajoy también se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de remitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la documentación recibida de la Universidad de Nueva York en la que se da cuenta del cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo más de 200.000 dólares que percibió por la organización de unas actividades académicas en dicho centro. "No soy juez ni me voy a erigir en juez de nadie. Espero que el CGPJ actúe y cualquier cosa que diga yo no tendré nada que decir pero a lo mejor esto debería remover también a una reflexión al juez Garzón"

(www.elperiodico.com, 10/032/09)

La red de Correa intentó chantajear a Rajoy

Los extorsionadores hicieron saber al entonces vicepresidente que había sido filmado en vídeo cuando criticaba a Fraga y comentaba: "El viejo está gagá"

Francisco Correa lo fue todo en el PP de José María Aznar, en el que Mariano Rajoy era un personaje destacado, jefe de campaña en 1996 y 2000. Pero a partir de 2003 Correa fue perdiendo contratos en el PP nacional y se refugió en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Rajoy permitió que en Valencia y Madrid se siguiera contratando a Correa, pero rompió con él a principios de 2003. Lo hizo por una cuestión personal. Rajoy sufrió en esos días una extorsión con una supuesta cinta en la que se escuchaba cómo él y Xesús Palmou, secretario general del PP gallego, criticaban a Manuel Fraga en los pasillos de una convención del PP celebrada en enero. Tras atar cabos, Rajoy llegó a la conclusión de que era Correa quien había urdido el chantaje, y rompió con él definitivamente, según fuentes de la dirección del partido.

La red hizo llegar a Rajoy que conocía la cinta y que podía solucionar el asunto
Rajoy concluyó que Correa había urdido el chantaje y decidió no ceder

Era a finales de enero de 2003. Mariano Rajoy y Xesús Palmou, dos viejos amigos, entonces vicepresidente del Gobierno y secretario general del PP gallego, respectivamente, charlaban en los pasillos de un pabellón del Ifema, en Madrid. Era un tiempo muerto de una convención del PP, poco después de la crisis del Prestige, que marcó el intento de José María Aznar por lanzar un mensaje centrista y preparar las elecciones autonómicas. "El nuestro es el partido del centro, del centro reformista", había dicho Aznar. El congreso había homenajeado a Manuel Fraga, que cumplía 80 años con un evidente deterioro físico y político por la crisis del petrolero. En su discurso, deslavazado, Fraga había puesto el futuro del PP en manos del apóstol Santiago: "Tengo la esperanza de que el patrón de todas las Españas nos ayudará. También él tuvo un momento de desaliento en tiempos difíciles, que recuperó a los pies de la Virgen del Pilar", sentenció.

Rajoy y Palmou caminaban comentando el discurso del fundador del PP. Una cámara, aparentemente, habría logrado grabar sus palabras. A Rajoy, según fuentes de la dirección del PP, le hicieron llegar que había una grabación en la que se apreciaba claramente cómo él y Palmou decían "el viejo está gagá" y criticaban su gestión en la crisis del Prestige.

Hubo un intento de chantaje con varios intermediarios, al que Rajoy y Palmou decidieron no ceder. Pero en medio de esa crisis, según las mismas fuentes, Francisco Correa habló con Rajoy para explicarle que sabía de la existencia de la cinta -a pesar de que era un asunto secreto dentro del partido- y para insinuarle que él podía solucionarlo. Rajoy llegó a la conclusión de que era Correa quien había urdido el chantaje. Decidió no ceder, y al final la cinta nunca llegó a aparecer, con lo cual nadie pudo saber si realmente existía ni qué era lo que pretendían obtener los chantajistas.

La portavoz oficial de Rajoy, Carmen Martínez Castro, confirmó ayer que el líder del PP supo del intento de chantaje con la supuesta cinta, pero aseguró que "no recuerda" haber hablado con Correa de este ni de ningún otro asunto. Rajoy asegura que conoció todo a través de Palmou y después supo que era el jefe de la supuesta trama corrupta quien podía estar detrás, y en todo momento ordenó no hacer ni caso a la extorsión.

Rajoy ha asegurado estos días que decidió romper con Correa a finales de 2003, poco después de que, en septiembre, Aznar lo nombrara secretario general del PP y sucesor. Según el líder, el PP nacional decidió dejar de trabajar con él al descubrir que utilizaba su influencia para tratar de lograr contratos y adjudicaciones en los municipios de la sierra madrileña. Sin embargo, según fuentes de la dirección, fue unos meses antes cuando Rajoy chocó con Correa, y lo hizo por algo personal, esto es: el chantaje al que fue sometido con la cinta en la que supuestamente aparecía hablando mal de Fraga.

Rajoy fue el jefe de campaña de Aznar en 1996 y 2000, por lo que tuvo responsabilidad cuando prácticamente todo en el PP, y especialmente las campañas electorales, se contrataba con la empresa de Correa. Pero desde finales de 2003, poco a poco, Correa fue perdiendo contratos del PP, que fueron a caer a manos de la empresa de la esposa de Juan Costa, Elena Sánchez, sin que desde entonces haya habido más quejas por sobreprecios o extrañas maniobras. Sin embargo, Rajoy permitió que uno de los barones más fieles a él, Francisco Camps, siguiera contratando todos los actos del PP de la Comunidad Valenciana con las empresas de la trama y nunca avisó oficialmente a las direcciones regionales, tampoco a la de Madrid, de que la gente de Correa no era de fiar. Además, Correa logró aún algunos pequeños contratos en 2005, especialmente de viajes de periodistas.

Mientras Rajoy rompió en 2003 con Correa, el enfrentamiento entre Palmou y la trama supuestamente corrupta venía de lejos. La mano derecha de Correa, Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, había chocado frontalmente con él. Palmou fue quien rompió con Special Events, la empresa con la que, en la época de Crespo, se organizaban todos los actos del PP gallego con la venia del fallecido Xosé Cuiña, entonces el jefe de Crespo en el partido. Palmou rompió con la gente de Crespo y éste dejó el partido y se pasó a trabajar para Special Events. Ahora está entre los principales implicados de la trama que investiga el juez Baltasar Garzón.

Cuando Palmou era secretario general del PP gallego se produjo una anécdota que el líder del PP y su entorno repiten una y otra vez para demostrar que él siempre ha estado alejado de la trama corrupta, a pesar de que en 1996 y 2000, como jefe de campaña, trabajó con ella. Fue en 1997, en plena guerra entre el sector de la boina, cuyo líder era Cuiña, con Crespo como su principal ayudante, y el del birrete, con Rajoy al frente. El líder del PP acudió al congreso regional del partido en A Estrada. Cuiña y Crespo quisieron mostrar su poder, e idearon un extraño protocolo, basado en el orden alfabético, que tenía un solo objetivo: mandar a Rajoy y a otro ministro destacado, miembro de grupo del birrete, José Manuel Romay, a la última fila. Los colocaron en un anfiteatro, al fondo, mientras Cuiña estaba en primera fila.

Rajoy se enfadó mucho, pero utilizó su ironía para quejarse. Dijo que nunca hasta entonces lo habían mandado a "o poleiro" (el gallinero) y que desde allí se veían las cosas de otra manera. La maniobra no gustó en La Moncloa, y muchos en el PP creen que marcó el inicio de la caída de Cuiña. Sólo dos años después llegaría Palmou a la secretaría general gallega y echaría a Crespo.

Pero Crespo y Correa no olvidaron y aparentemente buscaron venganza, años después, con la supuesta cinta comprometedora. Al final, según fuentes de la dirección, la operación no tuvo éxito, pero dejó un claro rastro de cómo funcionaban las cosas en un partido que, entonces con el poder absoluto en Galicia, Madrid, la Comunidad Valenciana y La Moncloa, tenía a su alrededor un complejo entramado de empresas, amigos, adjudicaciones millonarias, recalificaciones, regalos y favores donde lo público y lo privado se entremezclaban.

www.elpais.es 08.03.09

Rajoy protege a Camps y suelta lastre con los demás implicados en la trama

Todos, menos el líder valenciano y su mano derecha, piden la suspensión de militancia

El PP dejó ayer muy claro que está dispuesto a soltar todo el lastre necesario con tal de proteger al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los barones más poderosos del partido y el gran apoyo, junto a Javier Arenas y Alberto Núñez Feijóo, con el que contó Mariano Rajoy para ganar el congreso de Valencia hace menos de un año. En una decisión sin precedentes, el partido forzó la suspensión temporal de militancia -presentada como voluntaria- de todos los imputados en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, y los dos que eran alcaldes dimitieron fulminantemente.

Un juez muy amigo

La llegada de la red corrupta a Valencia coincide con el ascenso de Camps

Entre los ediles dimitidos está el de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, un personaje clave en el PP por su amistad personal con José María Aznar. Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, vicesecretaria de Organización y reconocida aznarista, forma parte del corazón del partido y también participó en el montaje de actos de los populares antes de llegar a alcalde, en los años 90. El asunto afecta de lleno al PP de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre, que ya ha visto caer a cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda y Pozuelo de Alarcón) y tiene a seis miembros de su dirección regional implicados.

Hasta los tres diputados autonómicos madrileños que aún no han sido imputados, porque son aforados, ofrecieron esa suspensión de militancia, aunque la dirección del PP de Madrid no se la ha aceptado a la espera de que sean oficialmente imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por tanto, de los 15 dirigentes del PP implicados en la red, todos han puesto su carné a disposición del partido menos dos: Francisco Camps y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano.

Rajoy no ha dicho aún ni palabra del caso, pero en su nombre habló ayer María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, que dejó muy claras las evidentes diferencias que la dirección establece entre Camps y el resto de los implicados. Cospedal atacó al juez, insistió en la idea de que no hay financiación ilegal del PP y, sobre todo, defendió a Camps por encima de todos los demás implicados. "Queremos reiterar el apoyo de la dirección del PP a Camps. Se han producido gravísimas acusaciones con el fin de menoscabar su imagen", aseguró Cospedal. Cuando se le preguntó si aceptar que un empresario regale trajes a un presidente autonómico no es violar el código ético del PP, la secretaria general volvió a defender al barón valenciano. "Yo no voy a dar por buenos hechos que no están comprobados. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana decidirá". Para Cospedal, las facturas y las declaraciones del sastre no son prueba suficiente. Los populares confían en que el tribunal autonómico, presidido por un magistrado nombrado cuando el PP controlaba el Poder Judicial y al que Camps considera mucho más que amigo, será magnánimo.

En el PP preocupa especialmente la acusación de financiación ilegal del partido. Cospedal insistió una y otra vez en que no hay nada que lleve a esa idea, y recordó que, al menos de momento, el juez no ha implicado a Luis Bárcenas, tesorero del PP. Pero la secretaria general fue más lejos y aseguró que tampoco hay financiación ilegal en el PP de Valencia. Garzón sí aprecia indicios de supuesta financiación ilegal por un pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 y porque se abonaron con dinero negro parte de los gastos del congreso regional de septiembre de 2002.

Fuentes de la dirección nacional y de la Comunidad Valenciana relacionaron este asunto con Eduardo Zaplana, presidente del PP en esa época. Sin embargo, el escándalo, también aquí, apunta a Camps. En julio de 2002, Zaplana dejó Valencia porque José María Aznar lo nombró ministro. Y Camps fue nombrado secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y candidato para las elecciones de 2003 (Zaplana se quedó de presidente del partido hasta 2004).

Como secretario general, el presidente de Valencia fue el encargado de organizar el congreso regional de septiembre y de firmar todas las facturas. Y fue él quien decidió encargar el trabajo al entramado de Francisco Correa a través de Álvaro Pérez, amigo personal de Camps. Las empresas de Correa habían trabajado en actos del PP valenciano desde mediados de los noventa. En 2003, el actual líder valenciano logró la presidencia de la Generalitat y empezó a ganar peso en el partido, desplazando poco a poco a Zaplana hasta que lo echó en 2004. Entonces, Álvaro Pérez, que residía en Madrid, instaló su vivienda y su empresa, Orange Market, en Valencia. Desde entonces, esta empresa de la trama, que se constituyó formalmente en julio de 2003, empezó a trabajar casi en exclusiva para el PP valenciano tras la pérdida de las elecciones generales de 2004. Pérez, que conservó hasta el último día la amistad con Camps -el presidente había acudido a sus segundas nupcias y estaba invitado al bautizo de su hija- obtenía múltiples adjudicaciones públicas, como el stand de la Generalitat en Fitur.

www.elpais.es 07.03.09

El doble rasero del PP con sus 'ovejas negras'

La dirección popular aplica de forma arbitraria su código ético

Todos los partidos políticos tienen un código ético en el que establecen, entre otras cosas, los motivos para expulsar a un miembro de sus filas. Por ejemplo, que un juez le impute un delito. El PP también tiene el suyo, aunque a la vista de los últimos casos de corrupción en los que se ha visto envuelto, y de cómo ha respondido, ese código no es dogma de fe.

El partido sostiene que muchos de los imputados sufren una persecución

El artículo ocho del código ético del PP establece que sus miembros deberán "poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". El artículo nueve dice que el partido asumirá "el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una investigación interna" y el diez, que constituirá "motivo de expulsión inmediata" la utilización "del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o terceros".

La jurisprudencia de los populares en la aplicación de ese código, sin embargo, mantiene que Carlos Fabra, investigado por delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un presunto fraude fiscal, debe seguir, como sigue, en su doble cargo de presidente de la Diputación de Castellón y del PP en la provincia, al igual que el vicepresidente canario y presidente del partido en la comunidad, José Manuel Soria, imputado por un delito de prevaricación. En ningún caso el PP abrió una investigación interna.

Mientras, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, anunció ayer la suspensión de militancia de todos los cargos del PP implicados en la Operación Gürtel por el juez Baltasar Garzón. Todos, excepto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario del partido en Valencia, Ricardo Costa, y los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre señalados en la trama: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El PP, no obstante, mantiene la querella por prevaricación que ha presentado contra Garzón.

En el Ayuntamiento malagueño de Alhaurín el Grande, sin embargo, la imputación del alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, por cohecho, prevaricación y blanqueo tampoco ha sido motivo de expulsión o investigación interna, sino todo lo contrario: el PP mantiene que son víctimas de una persecución del Gobierno, la fiscalía y la policía. Otros, como el ex teniente de alcalde de Palma de Mallorca Rodrigo de Santos, fueron obligados a renunciar a su cargo después de que el juez le imputara un delito de malversación de fondos.

En Galicia, Alberto Núñez Feijóo no quiso esperar a la justicia y retiró fulminantemente a su cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera, cuando supo que podía haber cobrado 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán.

www.elpais.es 07.03.09

Verdades y mentiras del entramado

Los autos de Garzón desmienten a destacados dirigentes populares

Los autos del juez Garzón han destapado la relación de destacados miembros del PP con la trama de corrupción vinculada al partido. Los documentos han desmentido rotundas afirmaciones de dirigentes y varios imputados.

ESPERANZA AGUIRRE "Sin relación con la actividad de la Comunidad"

"Los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no pueden relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". (...) "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular".

Estas declaraciones de la presidenta Esperanza Aguirre son desmentidas en varios pasajes del auto, que incluso detalla entregas de dinero con el entrecomillado: "Pago Comunidad de Madrid". El juez señala: "El Sr. López Viejo [diputado autonómico, ex consejero de Deportes y ex viceconsejero de Presidencia] estaría vinculado con la organización investigada a la que habría beneficiado desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". Servimadrid Integral, una de las compañías de Correa "trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia, y otras con las que hacían eventos sueltos", explica el auto.

ALBERTO LÓPEZ VIEJO "Rotundamente falso que haya recibido dinero"

"Es rotundamente falso que haya recibido dinero alguno de los investigados", declaró el ex consejero Alberto López Viejo. El juez considera que tres de los aforados implicados en la trama -el propio López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- podrían haber cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, falsedad y asociación ilícita, al haber cobrado presuntamente 1,2 millones en sobornos. Según la resolución judicial, "en la contabilidad B que se llevaba por el Sr. [José Luis] Izquierdo, siguiendo las instrucciones de Correa y Pablo Crespo [uno de los cabecillas de la trama], aparecen anotaciones que explican movimientos concretados en entregas de dinero como incentivo y pagos en favor de ALV (Alberto López Viejo) y a [Alberto] Bosch". El escrito del juez añade que "Pablo Crespo se habría reunido en diferentes ocasiones con López Viejo para darle sobres con dinero".

BENJAMÍN MARTÍN VASCO "Ninguna actuación irregular"

"No he tenido conocimiento de ninguna actuación irregular en Arganda. He decidido iniciar acciones judiciales contra Isabel Jordán, persona que, según informaciones periodísticas, me ha acusado de acordar un pacto de silencio ante actividades irregulares", explicó el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco.

El parlamentario cobró presuntamente 437.000 euros por favorecer los intereses de Correa. El auto explica que mientras Martín Vasco estuvo al frente de la empresa pública Fomento y Desarrollo de Arganda "se produjo la entrada de las empresas de Correa mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept". En la cuenta B de la trama figuran, entre otras, anotaciones "por billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches, organización de la boda, viaje de novios, compras en joyería Suárez y tres entregas en efectivo de 30.000, 50.000 y 150.000 euros (230.000 euros), ascendiendo el montante total a 345.166" euros.

FRANCISCO CAMPS "Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje"

El presidente valenciano se presentó como "una víctima" y anunció una querella contra quienes vinculasen a altos cargos de la Generalitat o del partido con la trama. Sobre el presunto cobro de comisiones en especie dijo: "Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje". El secretario general del PP en Valencia dijo: "El PP de la Comunidad Valenciana nada tiene que ver con la investigación".

Garzón considera que hay indicios de delito sobre cuatro altos cargos del PP en esa comunidad, entre ellos el presidente Camps, que recibieron según el juez, más de 30.000 euros en ropa a cambio de adjudicaciones. El juez señala: "Álvaro Pérez encargó para el Sr. Camps un esmoquin para ir a Nueva York, y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano".

MARIANO RAJOY "Indefensión"

"El juez quiere convertir el sumario en una causa general contra un partido, se filtran un sinfín de informaciones sobre personas a las que se les deja en la indefensión". El PP anunció ayer que suspende de militancia a todos los implicados, salvo a Camps, Costa y los tres diputados madrileños.

www.elpais.es 07.03.09

Facturas, testimonios y memorias USB sostienen los indicios contra aforados

El juez tiene en su poder la 'contabilidad B' en la que constan los sobornos

Las sastrerías Milano y Forever Young aportaron al sumario las principales pruebas que implican al presidente valenciano, Francisco Camps, y al secretario general del PP y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa. En el caso de los aforados de Madrid fue la contabilidad B de las empresas de la trama de Correa, intervenida a José Luis Izquierdo, el contable de la organización, la que estableció la relación entre las empresas de Francisco Correa y Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. Las declaraciones del propio Izquierdo; la administradora de Easy Concept, Isabel Jordán, y el sastre de confianza de Álvaro Pérez, El Bigotes, completan los indicios.

- El sastre de El Bigotes y los trajes de Camps. Garzón basa la implicación de Camps en las declaraciones de Isabel Jordán, ex administradora, y la de José Tomás, el sastre de Milano y Forever Young y persona de confianza de El Bigotes. Los pedidos a Milano y Forever Young también sirvieron para probar su implicación. En lo que Jordán calificó ante el juez como "la contabilidad de la caja B de Easy Concept", aparece "un apunte sin fecha" de 63.220 euros bajo el concepto "entradas y salidas de milan", que se referiría "a las compras hechas a la empresa Milano" por la trama. En el domicilio de Easy Concept, se encontraron además tres facturas del 8 y el 11 de octubre de 2005 y del 15 de diciembre de ese mismo año emitidas por Milano Difusión que son, según el auto, "aparentemente falsas".

En el sumario constan, además, dos pedidos a nombre de Camps, uno del 24 de enero de 2006 de 3.300 euros "no localizado por la firma" y otro de dos días después por 1.400 que fue abonado con cheque por Orange Market, la eterna adjudicataria de los stands valencianos en Fitur. También aparece un pedido más de cuatro trajes para Camps "que al parecer fueron devueltos".

Los trajes para el presidente encargados a Forever Young se recogen en una relación de personas facilitada al juez por esa empresa en cuyo encabezado está escrito "A./ATT. Pablo Crespo (Comunidad Valenciana)". Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, es uno de los cabecillas de la trama junto a Correa y Antoine Sánchez y los tres se encuentran en prisión. Camps también figura en el listado de encargos de sastrería facilitado por esa compañía en relación a cuatro trajes.

José Tomás, el sastre de El Bigotes, aseguró además en su declaración que el presidente valenciano fue el destinatario de otras compras a lo largo de 2008 que Orange Market, la empresa que dirigía Pérez, pagó por transferencia. Otros encargos fueron abonados por Diseño Asimétrico y Servimadrid según cheques y recibos de traspasos bancarios.

Se cree que las facturas intervenidas a las empresas de la trama son falsas porque recogen productos que Forever Young no comercializa, como "metros de tela, seda natural, seda rojo, batista suiza azul, oxford algodón, etcétera".

- La amistad de Costa con Pérez, según Isabel Jordán. Jordan explica en su declaración cómo Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, "se trasladó a Valencia porque allí tenía a su amigo Ricardo Costa, que ocupaba un cargo dentro del organigrama del partido", el de secretario general del PP valenciano. "Una vez en Orange Market, a Álvaro le encargaron en la Generalitat la realización del proyecto de stand para Fitur con el fin de presentarlo al concurso", que finalmente le "resulta adjudicado".

Las pruebas que acreditan el presunto soborno en trajes son las mismas que en el caso de Camps: la relación de pagos a cuenta facilitada por la sastrería Milano y la lista de personas que aparecían en el documento titulado "A./ATT. Pablo Crespo".

El sastre José Tomás contó a Garzón cómo acudió en una ocasión al despacho de Ricardo Costa en la sede del PP de Valencia para tomarle personalmente las medidas. En una conversación entre El Bigotes y Crespo grabada por la policía "se pone de manifiesto que aquél realiza labores de intermediación para Ricardo Costa". Una de ellas fue "la venta del vehículo que utiliza Ricardo y la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles".

- El consejero estaba en el 'pendrive' del contable. José Luis Izquierdo, apoderado de Special Events y empleado de confianza de Correa y Crespo en la empresa TCM, era quien controlaba la caja B de la trama. Él contabilizaba las salidas y entradas de fondos y llevaba un control de los archivos personales de las personas a las que supuestamente sobornaba. Toda esa información, recogida en hojas de Excel, se contenía en una memoria USB o pendrive que siempre llevaba encima.

Uno de esos archivos personales correspondía al ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo, a favor del cual constan ocho pagos que suman, en total, 563.000 euros, cantidades que fueron confirmadas por varias declaraciones. Las adjudicaciones a dedo por la Comunidad de Madrid a empresas de la trama aparece en las conversaciones grabadas por los denunciantes. Correa afirma en una de ellas que López Viejo le obligaba a facturar por debajo de 12.000 euros "para evitar sacar los eventos a concurso".

En el pendrive también había archivos a nombre del diputado madrileño Benjamín Martín Vasco -al que, al parecer, se sufragó la boda, el viaje de novios (28.888 euros) y la compra de joyas (13.975 euros) además de darle dinero en efectivo- que, a cambio, consiguió que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, donde era teniente de alcalde, adjudicara contratos a Easy Concept entre 2005 y 2007.

También el diputado Alfonso Bosch estaba en la memoria USB de Izquierdo, donde consta como receptor de 250.562 euros. Las declaraciones del contable y las de Isabel Jordán confirman que parte de ese dinero lo entregó Pablo Crespo en sobres y que las iniciales AB que aparecen en la contabilidad B del pendrive de Izquierdo corresponden efectivamente a su nombre.

www.elpais.es 07.03.09

Angelina Jolie no estaba en las cintas

La investigación judicial acredita la mayoría de las acusaciones que aparecen en las grabaciones a los miembros de la trama y de las que se burló Aguirre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se mofó el pasado 26 de febrero de las cintas aportadas al sumario en las que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, desvela sus negocios. Aguirre las llamó "conversacioncillas" de una persona que "presume y acusa de ciertas cosas que implican delitos gravísimos a otras personas". Cosas, resumió, "que pueden ser ciertas o no. Es como si el alcalde de Torrejón dice que tiene muchas relaciones con Angelina Jolie o como decirlo del consejero de Sanidad [Juan José Güemes], que hasta tendría más credibilidad", ironizó.

El auto del juez Baltasar Garzón en el que se inhibe a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia confirma en buena medida las grabaciones del sumario desveladas por EL PAÍS. Estas son las principales relaciones entre las grabaciones, realizadas por un ex concejal del PP y que sirvieron de base para la denuncia de Anticorrupción, y los hechos que ha confirmado la investigación policial.

LOS TRAJES DE CAMPS "He pagado 30.000 euros de una tienda de Milano"

La imputada Isabel Jordán, que actuaba a las órdenes de Correa, desvela en una de las cintas: "Incluso he pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo yo la factura, yo la he pagado".

El juez Garzón considera que "una vez producidas las declaraciones de José Tomás [el sastre que confeccionaba los trajes para Camps] e Isabel Jordán y analizadas las facturas y documentos presentados por Forever Young, así como las anotaciones contables intervenidas en la sede central del entramado y documentación de Orange Market, se puede afirmar que se habría utilizado una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales entregados en forma gratuita al señor Camps, haciendo aparecer en las mismas conceptos falsos".

El auto del juez señala que en lo que "según Isabel Jordán era la caja B de Easy Concept", una de las empresas de la trama de Correa, aparecen 63.220 euros como "entradas y salidas de Milán', que se referían a compras en la tienda de Milano". El juez tiene pruebas de "dos pedidos a nombre de don Francisco Camps" en Milano, uno del 24 de enero de 2006 (3.300 euros) y otro de dos días después (1.400 euros).

Además, tiene un listado facilitado por la tienda Forever Young en el que figura que Camps recibió cuatro trajes. En ese listado hay otros altos cargos valencianos, como Ricardo Costa, mano derecha de Camps, y Rafael Bertoret Parreño, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo.

La tienda cobró 30.678,90 euros que "se pagan en su totalidad, según los datos facilitados por Forever Young, con transferencias bancarias y cheques de las empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico", otras dos firmas de la trama de Correa. La cifra es similar a la que declaró Jordán.

Además, el sastre José Tomás confirma que Francisco Camps es "el destinatario de otras compras efectuadas a lo largo de 2008, cuyo pago se efectuó mediante transferencia de 4.040 euros de la empresa Orange Market".

El magistrado considera que Francisco Camps acudió a las tiendas Milano y Forever Young de Madrid "a instancias de Álvaro Pérez [conocido como El Bigotes, próximo al presidente valenciano y que también está imputado] con el fin de que adquiriera la ropa, ya que allí trabajaba José Tomás, persona de su confianza".

LOS CONTRATOS DE VALENCIA "Tiene una reunión con el tema de Fitur"

En las grabaciones, Correa menciona a Camps: "Estoy haciendo campaña para Camps y la presentamos el miércoles. Al director de la campaña y al secretario general del partido se les presenta mañana la creatividad porque le hacemos todo. Él tiene [Álvaro Pérez, responsable en Valencia de Orange] una reunión con el tema de Fitur que le van a adjudicar".

El auto de Garzón confirma esa estrecha relación entre las empresas de la trama y el Gobierno de Camps. El juez detalla que "Correa, a través de la empresa Orange Market en Valencia, concurre desde 2005 a las adjudicaciones de los stand de la Comunidad Valenciana en ferias de turismo (FITUR, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur)" por las que ha cobrado 4,14 millones de euros.

Además, Garzón ha hallado "en la contabilidad B" de una de las firmas un apunte de 420.000 euros anotado bajo "PP VLC". El juez intuye que puede tratarse del PP de la Comunidad Valenciana. Además, hay archivos con el nombre "congreso regional de Valencia" con cantidades en dinero declarado y otras en negro.

COMISIONES EN ARGANDA "Le dieron su dinero"

Las grabaciones mostraban un sistema corrupto en el Ayuntamiento de Arganda. En una de ellas, implican al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Marín Vasco: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". Garzón considera que la red "pagaba comisiones a Martín Vasco [que presidía la empresa Fomento de Arganda entre 2005 y 2007] para favorecer los intereses de Correa". Ayer dimitió el alcalde de Arganda, Ginés López (PP), que según la contabilidad de la trama recibió 1,315 millones.

CONTRATOS EN MADRID "Alberto se lleva una parte de cada acto"

Las grabaciones también apuntan al consejero de Aguirre Alberto López Viejo, que dimitió tras el escándalo pero sigue como diputado autonómico: "Alberto [López Viejo] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo". Según la contabilidad intervenida, López Viejo recibió 563.000 euros de la red. Su consejería adjudicó a dedo actos a la red de Correa. Para ello, dividía los contratos para que no salieran a concurso público.

NEGOCIOS EN BOADILLA "Si le doy la cinta se caga"

"Si le doy la cinta que tengo del Albondiguilla [Arturo González Panero, alcalde dimitido de Boadilla] se caga, pero también voy al trullo. Y además, me interesa seguir haciendo negocios en Boadilla cuatro años", se escucha en una de las grabaciones de la denuncia. Garzón estima que Panero recibió 510.000 euros, como figura en un pen drive con la contabilidad de las empresas.

Sin rastro de Pons

En las cintas de la denuncia, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, sostiene que ha financiado al PP. "A [Luis] Bárcenas [tesorero nacional del PP] yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, a Génova [sede del partido] y a su casa". La empresa pública AENA, dependiente de Fomento, dio contratos a dedo en la época de Cascos como ministro por unos cinco millones.

En un primer momento, Garzón preguntó a la fiscalía si debía inhibirse a favor del Tribunal Supremo al hallar indicios contra Bárcenas y el eurodiputado popular Gerardo Galeote. La fiscalía consideró que "de momento" no había pruebas contra ellos.

En sus autos, Garzón considera que "la organización dirigida y creada por Francisco Correa se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional" entre 1996 y 2004.

En una de las cintas también aparece mencionado el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons. Tras exponer la situación de un plan urbanístico en Alicante, Correa afirma: "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban Pons. Me lo arregla con el pollo que está cayendo". En los autos de Garzón no hay mención a González Pons.

www.elpais.es 07.03.09

El PP suspende de militancia a los implicados por Garzón salvo a Camps y otros cuatro aforados

El juez Garzón ha trasladado la causa a los tribunales superiores de Valencia y Madrid en lo que afecta a los aforados

El Partido Popular ha comenzado esta misma mañana a tomar medidas con los dirigentes de esta formación implicados en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos populares durante el mandato de José María Aznar. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado esta mañana la suspensión de militancia de los implicados, con la excepción el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ambos aforados y aún no imputados, pues depende directamente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia aunque el juez Baltasar Garzón ha encontrado suficientes indicios contra ambos.

Durante un tiempo se produjo una confusión similar a la que se vivió cuando Mariano Rajoy anunció la dimisión del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y éste se resistió hasta 24 horas después. Cospedal ha asegurado que todos los implicados, menos Camps y Costa, estaban suspendidos de militancia. Eso incluiría a los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco-, que son aforados y su imputación depende del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Cospedal ha hablado de suspensión de militancia para "todas las personas imputadas y además las personas a las que se refiere el auto de remisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Sin embargo, el PP de Madrid ha aclarado poco después que los tres diputados autonómicos no están aún suspendidos de militancia. La diferencia es fundamental, porque no tendría justificación que estas tres personas no aforadas quedaran suspendidas de militancia y no así Camps y Costa. Cospedal se ha detenido especialmente en proteger a Camps, y cuando ha sido preguntada por el posible incumplimiento del Código Ético del PP al aceptar un presidente autonómico que un empresario le regale trajes, ha asegurado que eso no está probado.

Para el PP, las facturas y las declaraciones del sastre ante Garzón no son pruebas suficientes. Cospedal ha rechazado además cualquier posible financión ilegal del PP, no sólo el nacional, también el de la Comunidad Valenciana, tal como apunta el auto de Garzón.

Tres dimisiones más

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Estepona Ricardo Galeote, implicado también en la trama, renunciará a su acta de edil en los próximos días, informa Efe. El presidente local de los populares, Ignacio Mena, ha anunciado hoy que Galeote, que también es secretario local del partido, ha adoptado esta decisión "para no dañar al PP". Según el juez Garzón, el edil habría cobrado 42.469 euros de la trama entre 2001 y 2003, periodo en el que era gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas, que contrató servicios por casi 123.000 euros con sociedades de Correa.

Ricardo Galeote es hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote. Precisamente, el candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha asegurado hoy que a su partido "no le debe temblar la mano" ante los casos de presuntas irregularidades, informa Europa Press.

En rueda de prensa desde la sede nacional en Génova, Cospedal ha declarado que los alcaldes madrileños de Araganda del Rey y Pozuelo de Alarcón han dimitido para "evitar daños al partido" y que ambos "han antepuesto el interés" del PP al suyo propio. Respecto al regidor de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, ha dicho que éste "no aparece imputado por su gestión municipal".

Además, Cospedal ha vuelto a descalificar la investigación del juez Baltasar Garzón, quien actúa con "animadversión al PP" y por "las insidiosas afirmaciones en los autos que no se justifican con los hechos". No obstante, la número dos de Rajoy ha manifestado que el PP confía "en la justicia" y que este partido actuará "con contundencia contra los militantes que hayan cometido alguna irregularidad". En este sentido, preguntada por los periodistas, ha agregado que el PP exigirá responsabilidades a los implicados en la trama de corrupción "no sólo cuando haya una sentencia firme, sino cuando la investigación demuestre que han cometido alguna irregularidad".

Por último, ha desgranado los principios que rigen la actuación de los populares en este asunto: "Ejemplaridad, tranquilidad para los militantes y la garantía de que la financiación del partido es regular".

www.elpais.es 06.03.09

El alcalde de Pozuelo también dimite por su relación con la trama corrupta del PP

Jesús Sepúlveda renuncia dos horas después que el alcalde de Arganda y por la misma causa.- Garzón implica además a los regidores de Majadahonda y Boadilla

Dos dimisiones en el plazo de dos horas aunque ambos se declaran inocentes y calumniados. El primero, a las once de la mañana, ha sido alcalde de la localidad madrileña de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, que ha presentado su renuncia como regidor, su entrega del acta de concejal y su "suspensión temporal" de militancia del PP después de que Baltasar Garzón le implicara anoche en la presunta trama de corrupción que afecta a este partido. A la una, el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, ha seguido sus pasos por las mismas razones. El primero ha leído una declaración sin posibilidad de preguntas, mientras que el segundo no ha dado la cara, de momento, y ha sido su servicio de prensa quien ha difundido un comunicado. Pero ambos textos son sorprendentemente iguales en el fondo y en la forma.

Esta mañana, a las once en punto, el alcalde de Arganda -situado al suroeste de la Comunidad de Madrid y con algo más de 50.000 habitantes- ha despachado su renuncia en apenas tres minutos, los que ha durado la lectura de un declaración tras la cual no ha admitido preguntas. Estaba rodeado de 11 concejales y otros altos cargos de la corporación local, en total una veintena. López Rodríguez ha comenzado por lamentar y criticar el hecho de haberse enterado de su implicación en la trama por los medios de comunicación. En este punto, ha denunciado que se encuentra en un estado de "indefensión" absoluta porque desconoce los hechos dictados en el auto y ha subrayado que jamás ha realizado "ningún acto fuera de la legalidad". En su declaración, ha sostenido que confía en la Justicia y que se pone "a su disposición para aclarar los hechos".

"He solicitado voluntariamente a la dirección del PP la suspensión cautelar de mi militancia hasta que se aclare la situación actual", ha revelado el primer edil, para añadir: "Con la finalidad de dejar al margen a la institución a la que represento y quiero, y por coherencia personal con lo que siempre he defendido, pensado y luchado, dimito como alcalde de Arganda". Según la investigación del juez de la Audiencia Nacional, que tuvo que interrumpir ayer para inhibirse en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia, durante su mandato cobró 1.315.427 millones de euros de las empresas de Francisco Correa, el presunto cerebro de la red de corrupción y tráfico de influencias. Es, de todos los imputados, el que más dinero cobró, según el auto.

Y después, Pozuelo

Tras la lectura de su renuncia, ha entregado el acta de concejal y ha presentado su dimisión como alcalde en un pleno convocado al efecto y celebrado al mediodía. Su sustituto es el actual teniente de alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero. Entra en la corporación Tomás Fernández Leganés, el último de la lista del PP, de modo que la distribución de fuerzas sigue siendo 12 concejales el PP, siete el PSOE y dos IU. Momentos después del anuncio de López Rodríguez, Aguirre ha revelado que Sepúlveda, ex marido de Ana Mato y fontanero de José María Aznar, también había pedido la suspensión de la militancia del partido, pero no ha dicho nada sobre la Alcaldía. Aguirre ha indicado que con estos ceses los dos imputados pretenden "demostrar su inocencia" y ha afirmado que el PP respalda "absoluta y totalmente" su decisión. Fuentes del PP de Madrid han añadido que la dimisión del alcalde de Pozuelo, que ha pasado la mañana reunido con los miembros de su equipo de gobierno, era "inminente".

Y así ha sido, esta vez sin sobresaltos -a diferencia de Arturo González Panero, ahora ex alcalde de Boadilla, también imputado en la trama y que fue el primero en dejar el puesto por esta causa tras varios amagos-. A través de un comunicado, que contiene frases idénticas a las pronunciadas por su compañero de filas, Sepúlveda ha anunciado que deja la corporación local de este municipio de más de 80.00 habitantes situado al oeste de la capital. La nota del alcalde, que según Garzón se llevó 422.992 euros de la trama, sostiene que todas las imputaciones son "radicalmente falsas", "carecen del menor fundamento" y se refieren "a indicios falsos que la propia Fiscalía Anticorrupción rechaza por inconsistentes". Sepúlveda agrega que "son imputaciones calumniosas e inciertas realizadas sin prueba alguna". Al igual que López Rodríguez, subraya: "Jamás he realizado actuación alguna al margen de la más estricta legalidad". "Me siento profundamente indignado. Es evidente que nos encontramos ante un mero episodio Garzón, caracterizado, como ha reconocido la fiscalía, por su arbitraridad", continúa la nota.

También "con el objetivo" de que su defensa "no perjudique al PP", ha solicitado la "suspensión cautelar" de su militancia y, para "dejar al margen" al ayuntamiento y a los vecinos, y por "coherencia personal", presenta su dimisión. Ginés López Rodríguez y Jesús Sepúlveda se suman así a las tres cabezas de altos cargos que ya habían rodado hace unos días a causa del mismo caso Gürtel. Se trata de Arturo González Panero, de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y que cesó como gerente del Mercado Puerta de Toledo -un cargo designado por el Gobierno de Esperanza Aguirre-; y de Alberto López Viejo, ex consejero madrileño de Deportes. Esta misma mañana, el PP ha suspendido de militancia a todos los implicados por Garzón en la causa, salvo los que no están imputados porque son aforados y cuya situación depende ahora de los tribunales superiores. Son el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco -los tres diputados autonómicos de la Asamblea de Madrid-.

Cospedal: "Ejemplaridad, tranquilidad y garantía"

El tercer acto de este guión lo ha protagonizado la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que tras las renuncias ha declarado que los dos alcaldes han dimitido para "evitar daños al partido" y que ambos "han antepuesto el interés" del PP al suyo propio. Respecto al regidor de Pozuelo, ha dicho "no aparece imputado por su gestión municipal".

Además, Cospedal ha vuelto a descalificar la investigación de Garzón, quien actúa con "animadversión al PP" y por "las insidiosas afirmaciones en los autos que no se justifican con los hechos". No obstante, la número dos de Rajoy ha manifestado que el PP confía "en la justicia" y que este partido actuará "con contundencia contra los militantes que hayan cometido alguna irregularidad". Preguntada por los periodistas, ha agregado que el PP exigirá responsabilidades a los implicados en la trama de corrupción "no sólo cuando haya una sentencia firme, sino cuando la investigación demuestre que han cometido alguna irregularidad".

Aguirre acusa a Garzón de recibir "regalos" de mayor cuantía que los de Camps

El presidente valenciano dice estar "indignado", pero asume con "paz" su implicación en la causa

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha acusado hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de aceptar regalos de cuantía superior a los que, según el último auto del magistrado , presuntamente recibió el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. "Aquello de lo que se acusa a Camps -ha manifestado Aguirre en una entrevista en la cadena Cope- es inferior en cuantía a los regalos que ha aceptado el juez Garzón". La presidente madrileña ha dicho además tener la impresión de que el magistrado "ya ha hecho todo el daño mediático que quería hacer contra el PP".

Durante su intervención, Aguirre ha manifestado "no atreverse" a calificar las actuaciones llevada a cabo por Baltasar Garzón y ha apuntado que el juez no se ha inhibido en la presunta trama de corrupción sino que "se ha quedado con todo el caso, excepto por lo que se refiere a los aforados". "Aquello de lo que se le acusa a Francisco Camps es inferior en cuantía a los regalos que ha aceptado Garzón", ha remachado.

"Garzón si puede me hace un traje a mí. Vamos a procurar evitar que ocurra", ha bromeado la presidenta del Gobierno regional, antes de referirse a la presunta malversación de fondos cometida por el alcalde de Rivas (Madrid), José Masa (IU). En este sentido, ha afirmado que el alcalde está imputado por trasladar "con dinero público" a vecinos del municipio madrileño a una manifestación contra la política sanitaria de la Comunidad. A su juicio, en este tipo de casos aparecen imputados de "dos clases", por una parte los del Partido Popular, quienes parecen ser "malos malísimos y que ya están condenados de entrada", y por otra "los condenados del PSOE", que da la impresión de que "no ha hecho nada". "Pobrecitos", ha ironizado, para recalcar que debe ser la Justicia la encargada de pronunciarse en los procesos.

Camps, "indignado"

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha afirmado hoy que asume con "absoluta tranquilidad y paz" la implicación en la supuesta trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional, aunque ha admitido estar "indignado" con algunas informaciones que se están publicando. Camps ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto de toma de posesión del nuevo síndic de Greuges, José Cholbi, al que también ha acudido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, que preside la sala que llevará el caso.

El presidente valenciano, quien se ha reafirmado en la declaración de inocencia que hizo cuando su implicación se hizo pública por primera vez, ha asegurado confiar "plenamente en la Justicia" y tener "la conciencia tranquila", además de asegurar que su esfuerzo se seguirá centrando en su labor al servicio de los ciudadanos.

www.elpais.es 06.03.09

Garzón destapa sobornos a Camps y una red de corrupción masiva en Madrid

La cúpula del PP valenciano y numerosos altos cargos madrileños del PP, implicados

Una decena larga de altos cargos del PP colaboró, a través de Administraciones públicas donde gobernaban en las comunidades de Madrid y Valencia, con una trama de corrupción masiva liderada por Francisco Correa, el empresario que durante los años de mandato de José María Aznar montó la mayoría de los actos del partido y que participó como testigo en la boda de la hija del ex presidente del Gobierno con Alejandro Agag, del que era amigo personal.

El juez vincula los sobornos a la adjudicación de contratos a Correa
La red corrupta pagó entre 500.000 euros y 1,25 millones en Madrid

Dirigentes públicos del Partido Popular en Madrid y Valencia concedieron trato de favor a las empresas de Correa a cambio de participar en los beneficios que estas sociedades obtenían por los contratos públicos logrados.

La investigación del juez Baltasar Garzón, que tuvo que interrumpir ayer para inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber diputados implicados, detalla las conductas supuestamente delictivas que salpican a más de diez altos cargos del PP.

En Valencia, la investigación implica al presidente, Francisco Camps; al secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; a un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y al director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. Todos ellos se beneficiaron de numeroso vestuario (trajes a medidas, chaquetas y pantalones, cinturones de piel, chalecos y otras prendas) que pagaban las empresas de la red corrupta a través de un mecanismo de facturas falsas para no dejar pistas. El juez Garzón detalla en su auto las pruebas recabadas para sostener la acusación: hay facturas de las dos tiendas de ropa donde se adquirían los trajes para Camps y los otros tres altos cargos valencianos; hay declaraciones del sastre, José Tomás, que se encargaba de suministrar la mercancía a los implicados e incluso de acudir a sus despachos a tomarles las medidas; y hay grabaciones de los principales jefes de la red corrupta donde hablaban de estos regalos a los altos cargos valencianos.

Garzón vincula estos supuestos sobornos con la adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros en los últimos cuatro años a las empresas de Correa en la Comunidad Valenciana.

Garzón recuerda en su auto que, aunque el valor de los trajes regalados por la trama corrupta a Camps y otros tres cargos valencianos no sea elevado -35.000 euros probados documentalmente-, "no puede eludirse la investigación penal en cumplimiento del principio de legalidad". En su auto, el juez también apunta a la posible financiación ilegal del PP -al menos 420.000 euros- recogida en la contabilidad de las empresas corruptas. Garzón aclara que la investigación sobre este aspecto de la trama no ha finalizado.

En el caso de Madrid, el relato del juez apunta a una trama de corrupción masiva de la que participaron hasta cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey), varios cargos municipales (generalmente vinculados a empresas de suelo y vivienda) y tres diputados autonómicos, uno de ellos Alberto López Viejo, consejero de Esperanza Aguirre hasta hace unos días, cuando fue destituido tras estallar el escándalo. López Viejo, según el relato judicial, cobró hasta 563.000 euros de la trama corrupta a cambio de adjudicarles la inmensa mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta autonómica.

La investigación ha acreditado pagos de entre 250.000 y 1,25 millones de euros a cada uno de los implicados madrileños. Según la investigación judicial, alcaldes, diputados autonómicos y cargos municipales favorecían a la trama corrupta en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones.

Implicados del PP

- Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana.

- Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia.

- José Víctor Campos, ex secretario de organización del PP valenciano.

- Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo.

- Benjamín Martín Vasco, parlamentario autonómico de Madrid.

- Alberto López Viejo, parlamentario de Madrid y ex consejero de Deportes.

- Alfonso Bosch, diputado autonómico de Madrid.

- Ginés López Rodríguez, alcalde de Arganda (Madrid).

- Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo (Madrid).

- Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid).

www.elpais.es 06.03.09

El presidente valenciano y su 'número dos' recibieron 20.000 euros en ropa

Implicados el diputado Ricardo Costa y los ex altos cargos Campos y Betoret

El juez Baltasar Garzón accedió ayer por fin a la petición del PP y de la fiscalía de inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que investigue presuntos delitos de cohecho (soborno), tráfico de influencias y falsedad que se imputan al presidente valenciano, Francisco Camps, que también lo es del PP en la región.

Garzón cuenta con testimonios sobre la utilización de la 'caja B'

La medida, sin embargo, conllevó que el juez desvelase los indicios documentales que acreditan que Camps aparentemente se lucró de unos pagos en especie procedentes de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por un valor total de 12.783 euros. Los pagos se hicieron en trajes. Hay 4.700 euros de Milano, aunque no se ha podido acreditar del pago de 3.300, y cuatro trajes hechos a medida fueron devueltos. El resto es de la firma For Ever Young. El pedido a ésta era de: "cinco pantalones, un cinturón piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour y una chaqueta fantasía, las cuales suman, según los recibos de venta, un importe total conjunto de 2.689,5 euros". Las dádivas se completan con un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco, para una recepción en el Vaticano, que el representante de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana Álvaro Pérez encargó para Camps.

Los pagos los hacían empresas de la trama de Correa y los camuflaban con facturas falsas. Garzón destaca que la red de Correa obtuvo a través de la empresa Orange Market la adjudicación desde 2006 a 2009 de todos los concursos para montar los stands de la Comunidad en distintas ferias de turismo como Fitur, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur. En total, más de cuatro millones de euros.

Pero Camps no fue el único beneficiario de los pagos en ropa. Otro aforado, el diputado de las Cortes Valencianas y secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa Climent, aparece implicado en la misma operativa, y lo mismo ocurre con José Víctor Campos Guinot, que fue vicepresidente de la Generalitat y consejero de Justicia y Administraciones Públicas hasta 2007, y con Rafael Betoret Parreño, que fue jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, también hasta 2007.

Las pruebas existentes son abundantes, y Garzón dispone de la mayoría de las facturas, y la contabilidad de la caja B que utilizaba la trama para acreditar los pagos, pero por si ello no fuera suficiente, cuenta con las declaraciones del sastre que realizó los trajes, José Tomás, que incluso cuando estaba declarando ante la policía el 9 de febrero recibió múltiples llamadas de Camps, a las que no contestó. La que explica la operativa y detalla que las facturas se pagan con fondos de la caja B y que luego se disimulan con facturas falsas, es Isabel Jordán, en su declaración ante el juez.

Garzón lo explica así: "Una vez producidas las declaraciones de José Tomas e Isabel Jordán y analizadas las facturas y documentos presentados por la entidad Forever Young, así como las anotaciones contables intervenidas en la sede central del entramado y documentación de Orange Market, se puede afirmar que se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al Sr. Camps, haciendo aparecer en las mismas, como se dirá, conceptos falsos". "Así", dice el auto, "en lo que, según Isabel Jordán, era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura 'entradas y salidas de milan', que se referiría a las compras hechas en la empresa Milano. Asimismo, aparecieron sendas facturas números 1012 de fecha 15/12/2005, la factura 1013 de 11/10/05 y la 1014 de 8/10/2005, emitidas por Milano Difusión, en las dependencias de la entidad Easy Concept Comunicación, aparentemente falsas".

Los hechos se remontan a la etapa entre 1996 a 2004, cuando Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del PP o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada a sus empresas. Los cambios en la dirección del PP de 2004 le afectaron y Correa se refugió en Valencia y Madrid principalmente, por medio de Special Events, y su representante Álvaro Pérez.

La operativa fue similar. Así, una sociedad sin experiencia obtuvo la realización de los stands de la Comunidad Valenciana para cuatro ferias de turismo. Fue Isabel Jordán desde Madrid la encargada de preparar el proyecto técnico y de diseño que presentaría Orange Market como propio.

www.elpais.es 06.03.09

Cuatro figuras del PP regional con el mismo sastre

El auto de Garzón remitido ayer al Tribunal Superior de Justicia de Valencia considera que hay indicios de delito sobre cuatro altos cargos del PP en la Comunidad Valenciana.

- Francisco Camps. Licenciado en Derecho, casado y con tres hijos, Camps, el presidente de la Generalitat valenciana, de 46 años, accedió al cargo en 2003 y fue reelegido en 2007. Su primer mandato al frente de la Generalitat estuvo marcado por su enfrentamiento con Eduardo Zaplana, lo que no impidió que potenciase la política de grandes eventos heredada de su antecesor. Su afición por los "actos potentes" con gran escenografía le hizo congeniar con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, convertido en una especie de asesor de cámara. Pérez fue quien le recomendó al sastre José Tomás, empleado de Milano y Forever Young. Orange Market ha organizado todos los eventos del PP regional y ha recibido sustanciosos contratos de la Generalitat.

- Ricardo Costa. Secretario general del PP valenciano y portavoz en las Cortes Valencianas, Costa, de 36 años, permaneció fiel a Camps cuando su hermano, el ex ministro Juan Costa, planteó la posibilidad de presentar una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy en el PP. Costa contrató la mayoría de los eventos del partido y del grupo parlamentario con Orange Market. Es socio de una asesoría en Castellón, que medió en la compra de una de las empresas del caso Fabra.

- Víctor Campos. Representó la cuota del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en el Gobierno valenciano en la anterior legislatura. Ocupó los puestos de consejero de Justicia, primero, y vicepresidente, después. Dimitió en 2007 para dedicarse a los negocios. Como vicepresidente participó en la organización de la visita del Papa y los contactos para llevar la fórmula 1 a Valencia. Fabra lo repescó en octubre pasado para el PP provincial de Castellón.

- Rafael Betoret. Concuñado de Carlos Fabra, Betoret accedió al puesto de jefe de gabinete de la Consejería de Turismo con Milagrosa Martínez en la primera legislatura de Camps. En 2005, con Betoret ya en este puesto, Orange Market obtuvo el primer concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Al ser nombrada Milagrosa Martínez presidenta de las Cortes en 2007, Betoret pasó a jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.

www.elpais.es 06.03.09

La investigación apunta a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano

La contabilidad de la trama registra un pago de 420.000 euros

La investigación del juez Baltasar Garzón y de la Fiscalía Anticorrupción apunta a una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana a través de la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa.

Aguirre acusa a Garzón de recibir "regalos" de mayor cuantía que los de Camps

En las 'cuentas B' de Special Events aparece el pago a 'PP VLC'
Gastos del congreso regional se abonaron en dinero negro

Este grupo empresarial "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle de Génova y que convirtieron a su empresa, Special Events, en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política", según el relato de Garzón. "Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de las empresas de Francisco Correa en la Administración que gobernaban".

En el caso de Valencia, la financiación ilegal del PP llegaría a través de la adjudicación de contratos por parte de la Administración autónoma, gobernada por Francisco Camps, a la red de empresas de Correa. Éste, a su vez, devolvía supuestamente una parte del dinero recibido en forma de contratos mediante ingresos a favor del PP valenciano.

En el auto de inhibición que Garzón firmó ayer se relatan una serie de hechos, cuya investigación está sin concluir, que avalarían la tesis de la financiación ilegal del PP. Son los que siguen:

"En la contabilidad B de Serrano [la calle donde tenía su sede principal la red corrupta] aparece una hoja de ingresos y su distribución con un apunte de fecha 18 de diciembre de 2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece 'PP VLC', con una cantidad asociada de 420.000 euros".

- Algo relacionado con el PP. "El dinero recibido, 420.000 euros, se distribuyó para algo relacionado con el PP de Valencia. A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que:

1. Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponde 420.000 euros hacia el Partido Popular de Valencia.

2. No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas de Francisco Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.

3. Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa. Este extremo está pendiente de investigación".

- Clave Bruja. "En el archivo Caja B Orange [en relación a la empresa Orange Market que operaba en la comunidad valenciana y que dirigían Correa y su socio Álvaro Pérez] de la memoria externa intervenida al contable de la organización y con la clave "Bruja", aparecen entradas y salidas de la caja B. Se nutren con dinero de distintas procedencias, entre ellas consta el apunte de 31 de agosto de 2005 recibido de Pablo Crespo [otro socio de la red corrupta] entrada del PP de Valencia. El apunte del 23 de enero de 2007 refleja una entrega a Pablo Crespo para pago Milano [tienda de ropa] por 4.821 euros. Conclusión: figura un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de Orange Market".

- Congreso regional de Valencia. "En el pen drive [memoria portátil de almacenamiento de datos para su lectura en un ordenador] intervenido al contable aparece un archivo con el nombre Congreso regional de Valencia, desde septiembre de 2002 a enero de 2003, conteniendo los siguientes apuntes:

El 10 de diciembre de 2002 cobro en A por valor de 90.181 euros y cuatro cobros en B en efectivo por un importe de 150.421 euros recibidos en efectivo".

[El Congreso al que se refiere es el X Congreso regional del PP que se celebró en Valencia el 28 de septiembre de 2002].

- Conclusión. "El pago por los gastos de organización del congreso del Partido Popular en Valencia facturados por Orange Market y abonados por el Partido Popular valenciano se realizó, aparentemente, con dinero de procedencia A y B fuera del control fiscal y en efectivo".

Las relaciones de la trama de empresas de Correa con el PP valenciano fueron denunciadas por sendos informes del Tribunal de Cuentas en las últimas elecciones autonómicas. Los auditores públicos se quejaron en las conclusiones de su informe de que las empresas de Correa no entregaron al Tribunal de Cuentas las facturas que permitían justificar los gastos que el PP declaró durante la campaña electoral en la Comunidad Valenciana.

www.elpais.es 06.03.09

Preocupación en Génova por las sospechas de pagos irregulares al partido

Después de unos días de euforia por las elecciones gallegas, la primera reacción en el PP por el auto de inhibición del juez Baltasar Garzón era de satisfacción. El caso pasa ya a tribunales superiores de la Comunidad Valenciana y de Madrid que, a juicio de los dirigentes consultados, son mucho menos agresivos con el PP de lo que lo ha sido el juez Garzón. Era la noticia que todos en el PP estaban esperando: que el caso pase a otros jueces, algo que por de pronto retrasará el proceso y le alejará del foco informativo.

Esta era la primera reacción a la noticia. Pero en cuanto se conocieron los detalles de los dos autos de Garzón la preocupación se fue instalando entre los dirigentes populares. Lo que más les inquietaba anoche era la acusación de financiación ilegal del PP valenciano que el juez detalla en su auto, con facturas A y B (sin control fiscal) del congreso de 2002. Varios de los consultados creen que eso es mucho más complicado de gestionar políticamente que los regalos de trajes al presidente valenciano, Francisco Camps. La oposición exigirá sin duda una comisión de investigación y el caso es difícil de parar, admiten las mismas fuentes.

Por otra parte, también preocupa mucho el deterioro de la imagen de Camps. Aunque la historia de los trajes pueda tener más o menos consistencia -los populares creen que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, con un presidente elegido cuando el PP controlaba el Consejo del Poder Judicial, echará atrás el caso-, los detalles del regalo de trajes para visitar al Papa o para una recepción en Nueva York será la comidilla de los medios y hará mucho daño a Camps.

Camps no dijo la verdad

A costa de no hacer ruido, no comparecer ante la prensa y controlar férreamente la televisión autonómica había conseguido cuidar su imagen.

El auto judicial muestra además que Camps no dijo la verdad cuando aseguró que había devuelto todos los trajes y que Álvaro Pérez, jefe de Orange Market, no le había regalado ninguno.

Anoche, una portavoz de Mariano Rajoy indicó que, tras conocer el auto, la dirección mantiene su "confianza absoluta" en Francisco Camps y considera que los hechos detallados no son proporcionados a las gravísimas imputaciones que se hacen contra el presidente valenciano.

Menos preocupación había en el PP por Ricardo Costa, secretario general valenciano. Cuando saltó su nombre, se pensó que podía estar implicado en la financiación ilegal, pero al saber que también estaba en el auto por los trajes, su entorno se tranquilizó porque él está seguro de haber pagado las facturas.

www.elpais.es 06.03.09

Tres diputados de Aguirre cobraron 1,2 millones en sobornos

Los parlamentarios del PP recibían comisiones a cambio de contratos

Cobraron 1.250.728 euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. La resolución por el que el juez Baltasar Garzón se inhibió ayer a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid encuentra claros indicios de criminalidad contra el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, el ex presidente de la comisión de investigación del espionaje madrileño, Benjamín Martín Vasco, y el diputado en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. El magistrado considera que los tres aforados habrían cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita, aunque será el tribunal madrileño el que los investigue.

Una empresa de la trama trabajaba con varias consejerías
López Viejo recibía sobres con dinero de un jefe de la organización

El auto se basa en un informe entregado al juzgado el pasado 24 de febrero por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que aparecían los aforados madrileños. El primero al que apuntaban los agentes es el ex consejero Alberto López Viejo, al que el documento relaciona directamente con la trama empresarial diseñada por el cerebro de la red, Francisco Correa. López Viejo, según Garzón, habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de diferentes eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid".

Esas adjudicaciones las realizaba el ex consejero "a cambio de entregas de dinero que se recogían en la contabilidad B" de algunas de las compañías, según una de las memorias USB intervenidas por los policías. Una de las sociedades de la trama que supuestamente se llevaba las adjudicaciones fraudulentas era Servimadrid Integral, SL. Esa empresa trabajaba, según el auto, "con la Comunidad de Madrid, concretamente con las Consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia y otras que las que hacían eventos sueltos".

Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y uno de los cabecillas de la trama, ahora en prisión provisional, se reunió en diferentes ocasiones con el consejero "para darle sobres con dinero". Las cantidades que se entregaban a López Viejo aparecen en un listado que controlaba el ex asesor del Ayuntamiento de Madrid Javier Nombela, también imputado en la causa, y uno de los administradores de Easy Concept, según se recoge en la resolución.

Benjamín Martín Vasco, por su parte, aparece implicado debido a las grabaciones presentadas por la Fiscalía Anticorrupción. Su papel, según el juez, consistía en "conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey". Esa promotora, según el auto, habría pagado comisiones a Francisco Correa, el cerebro de la trama, por esa labor. El parlamentario madrileño también facilitó la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007, cuando Martín Vasco estuvo al frente de la sociedad municipal Fomento de Arganda del Rey.

Los indicios contra el diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch se remontan a su época como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, municipio del que era alcalde el también imputado Arturo González Panero, el Albondiguilla. Ejerciendo ese puesto, Bosch adjudicó directamente a la sociedad Easy Concept la oficina de atención al ciudadano del ayuntamiento durante 14 años.

Otra de las irregularidades detectadas contra el diputado regional sería su intermediación para conseguir que se adjudicara a la promotora Hispánica la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte, así como la adjudicación de unos locales por ese municipio a la empresa Rústicas MBS, administrada por el también imputado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de la petrolera Repsol YPF.

Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado en dicho municipio", explica el magistrado en su resolución, que recuerda cómo se autoinculpó. "Como este último [el propio diputado regional] reconoce en las intervenciones telefónicas, él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación", continúa el juez Garzón.

En total, la cantidad obtenida por los tres aforados en comisiones ilegales asciende a 1.250.728 euros repartidos en 13 pagos, según el cuadro resumen de la UDEF recogido por Garzón en el auto por el que se inhibe. Cuatro tuvieron como destinatario a López Viejo, que cobró un total de 563.000 euros de las empresas de la trama. Bosch se llevó supuestamente 250.562 euros en cinco partes y otros 437.166 fueron a parar a Martín Vasco.

Tal y como le pedía el fiscal, Garzón considera que la práctica totalidad de la causa correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que, según el juez, "la dinámica presuntamente delictiva ha sido ordenada y ejecutada, principalmente, desde Madrid, donde se encontraba el núcleo director del entramado a cuya cabeza están Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabarís".

Los delitos que se imputan a las personas inicialmente imputadas por Garzón y los que podrían haber cometido los diputados regionales madrileños, "son conexos unos a otros y, por tal motivo, el núcleo fundamental de ellos se encuentra en esta resolución y bajo la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", dice el juez.

La existencia de aforados que deben ser juzgados por ese tribunal "atrae la competencia" a ese órgano sobre todos los demás imputados.

www.elpais.es 06.03.09

El escándalo alcanza a otros dos alcaldes del PP en Madrid

Garzón imputa a los regidores de Arganda y Pozuelo, y a cuatro cargos más

Hasta que el juez Baltasar Garzón hizo público su auto ayer por la tarde, sólo dos altos cargos del PP madrileño estaban imputados en el caso Gürtel, y a los dos les ha abierto expediente su partido: el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (dimitido a raíz del escándalo) y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (que ocupaba un cargo de gerente en el Gobierno de Esperanza Aguirre y dimitió también).

El alcalde de Arganda tenía un archivo personal de pagos en negro
Ginés López recibió 1,3 millones, y Jesús Sepúlveda 422.000 euros, según el auto

Anoche se sumaron nueve implicados más: son otros dos alcaldes, dos ex concejales (familiares de un eurodiputado del PP), un ex consejero de Aguirre, un responsable de una empresa municipal de suelo y tres diputados autonómicos. A estos últimos -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- no los imputa Garzón porque tienen condición de aforados: sobre ellos tendrá que decidir el Tribunal Superior de Madrid. El resto sí están imputados desde ayer. Son los siguientes:

- Ginés López Rodríguez. Conocido, según el auto, como El Gafitas, Ginés López es desde hace seis años el alcalde de Arganda del Rey, municipio madrileño de 50.000 habitantes. También preside el PP de Arganda y es miembro del comité ejecutivo del PP madrileño. Según Garzón, durante su mandato en la alcaldía "se ha producido la entrada de las empresas de Francisco Correa en dicho municipio mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept Comunicación, SL durante los años 2005 a 2007, como así pone de manifiesto Isabel Jordán en su declaración".

Isabel Jordán es una de las empresarias imputadas, y en varias grabaciones se refiere a la actuación de cargos públicos de los municipios en los que operaba la presunta trama corrupta.

El juez subraya que López "aparece desarrollando acciones de intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, que habría satisfecho comisiones a Francisco Correa por esta labor". Y recuerda que en ese mismo municipio "la organización trabajaba con Benjamín Martín Vasco [diputado autonómico] al que pagaban comisiones por favorecer los intereses de Correa".

El alcalde de Arganda, prosigue el auto, "disponía de un archivo personal con apuntes contables dentro del sistema de contabilización de las operaciones realizadas con la caja B". "Ginés López consta dentro de un esquema de distribución de dinero B", insiste el juez. Y acompaña una relación de anotaciones sobre "facturas de los años 2004 a 2008 por distintos conceptos: billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches y tres entregas en efectivo" en esa supuesta cuenta de dinero negro. Todo eso suma 1.315.427 millones de euros que López habría recibido de la trama. Es, de todos los imputados, el que más dinero cobró, según el auto.

- Jesús Sepúlveda Recio. Alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.000 habitantes) desde 2003, presidente del PP local y miembro del comité ejecutivo del PP regional. Sepúlveda "aparece en la contabilidad B del grupo empresarial investigado", dice el auto de Garzón. A veces son cantidades "entregadas en sobre a JS" pero también hay, por ejemplo, un "ingreso en cuenta en el BBVA, por cuenta de PC" -a quien el juez identifica como Paco Correa- "para cancelar una factura de Pasadena Viajes con cargo a Jesús Sepúlveda". "La cantidad total que resultaría a favor de Jesús Sepúlveda sería de 422.992 euros", resume Garzón. Y añade: "Previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo era una de las personas que organizaban los eventos del PP y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos. Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para ese municipio".

- Carlos Clemente Aguado. Fue viceconsejero de Inmigración de Madrid hasta el 23 de octubre de 2008 y, según el juez, recibió al menos 16.000 euros de la trama en 2006, mientras ocupaba su cargo. Uno de los pagos está reflejado en la cuenta B y el otro ha sido desvelado por la empresaria Isabel Jordán. En el auto no consta a cambio de qué recibió ese dinero.

El consejero de Inmigración de Madrid, superior inmediato de Carlos Clemente, es Javier Fernández Lasquetty, uno de los consejeros más próximos a Aguirre y procedente de La Moncloa, donde trabajó en el Gabinete de José María Aznar.

- Tomás Martín Morales. Vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, cobró al menos 378.172 euros por intervenir a favor de diversas adjudicaciones de ese Ayuntamiento, según el auto. Martín Morales, miembro del comité ejecutivo del PP de Boadilla y persona de confianza del ex alcalde Arturo González Panero (también imputado), participó, sostiene Garzón, en la adjudicación directa de contratos a Down Town Consulting, SL, actual Easy Concept Comunicación, SL. También en la adjudicación directa de una parcela a la empresa UFC, propiedad de José Luis Ulibarri, tras la intervención de Francisco Correa, entre otras.

En la documentación intervenida constan apuntes de los pagos reiterados a Martín Morales. En unas ocasiones aparece su nombre y en otras las iniciales TM. Por ejemplo, figura un apunte de fecha de 16 de junio de 2006 en concepto de entrega de un sobre a Tomás Martín por importe de 30.000 euros.

- José Galeote Rodríguez. Padre del eurodiputado Gerardo Galeote, fue durante 12 años concejal en Boadilla del Monte. En septiembre de 2002 era concejal de Relaciones Institucionales. En 2004 fue nombrado gerente del consorcio deportivo y de servicios de la zona noroeste de Madrid. En la contabilidad de la caja B de la sede de Special Events aparece un apunte de marzo de 2002 de 111.206 euros entregados a José Galeote cuando era concejal de Boadilla. El juez detalla cómo los distintos pagos pasan por Francisco Correa. En total, el ex concejal habría recibido 612.506 millones de euros.

- Ricardo Galeote Quecedo. Hijo del anterior, ex gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades recreativas en el Ayuntamiento de Estepona y concejal del PP tras las elecciones 2007 en esa localidad malagueña. Aparece en la contabilidad de la empresa de Correa como beneficiario de varios pagos de 1.500 a 2.900 euros entre enero y agosto de 2001. En la caja B consta un pago de 6.000 euros. Sumando una tercera cuenta, la cantidad total percibida por Galeote es de 42.469 euros.

- Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid).

- Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística de Boadilla.

- Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

- José Galeote, ex concejal de Boadilla.

- Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona (Málaga).

www.elpais.es 06.03.09

GARZÓN SE INHIBE EN FAVOR DEL TSJ DE VALENCIA POR LA PRESUNTA IMPLICACIÓN DE CAMPS Y RICARDO COSTA

El juez Baltasar Garzón se ha inhibido en el caso Correa a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por hallar indicios contra el alcalde de Pozuelo y de Arganda en Madrid, entre otros. También se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el caso "Gürtel" por haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el diputado de las Cortes valencianas Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar de Garzón asegura que la organización dirigida por Francisco Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova" en tiempos de Aznar a quienes entregaba dádivas de todo tipo regalos de lujo para obtener contratos. El magistrado asegura que la red de Correa buscó refugio en Valencia tras la salida de la dirección del PP de Aznar.

El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".

"Durante ese tiempo, 1996 a 2004, -añade el auto- Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban".

Según Garzón, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos".

Garzón señala al ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, como el cerebro de la estrategia de ocultación de fondos vinculados a la trama y su relación con el PP.

El juez Baltasar Garzón se ha inhibido también en el caso Correa en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al haber hallado indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido también ampliar las imputaciones en esta causa a otras seis personas del mismo partido: los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.

Financiaciones irregulares en el Valencia

El juez Garzón desvela en el auto que el Partido Popular valenciano se financió ilegalmente. Así consta en el auto en el que el magistrado se inhibe del caso Gürtel en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al considerar que podría haber indicios para imputar en la causa al presidente Francisco Camps y su número dos, el secretario general de los populares en Valencia, Ricardo Costa.

En la página 27 del auto, el juez Garzón desvela que el PP valenciano se financió irregularmente. En concreto, en tres partidas. En primer lugar, consta, dice el juez, una entrada de procedencia desconocida de 420.700 euros hacia el PP valenciano por adjudicaciones amañadas. Dinero que dice el juez, es de procedencia desconocida.

Aparece también un apunte de 15.000 euros procedendes de la Caja B de Orange Market, una de las empresas investigadas. En tercer lugar, dice el juez que hay unos gastos de organización del décimo Congreso del PP en Valencia en el año 2002, que fue pagado en parte con dinero B, dinero negro, 150.000 euros que dice el magistrado estaban fuera de control fiscal y en efectivo.

En el auto también se desvela también cada una de las supuestas irregularidades cometidas en este caso por el presidente de la Comunidad Valenciana, Franscisco Camps. Se dice que fue destinatario, según las declaraciones de su sastre, de compras en 2008 por valor de unos 12.000 euros. Álvaro Pérez, uno de los implicados en este asunto, es según el juez, quien hace todas las gestiones. Y el propio sastre, José Tomás, recibió bastantes llamadas de Camps justo el día en que estaba declarando, algo que les contó la SER, y dijo que "Álvaro Pérez es un bocazas".

También el juez desvela cuáles son las supuestas implicaciones de Ricardo Costa, el otro aforado, diputado del PP y hermano de Juan Costa, miembro de la Ejecutiva del PP, que se hizo trajes a medida por un valor de 7.000 euros.

(www.cadenaser.com, 05/03/09)

GARZÓN SUGIERE UN PAGO DE 420.000 EUROS AL PP VALENCIANO

El juez Baltasar Garzón acusa al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market, propiedad del líder de la trama de corrupción Francisco Correa, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por valor de unos cuatro millones de euros.

Así lo destaca el juez de la Audiencia Nacional en el auto en el que acuerda inhibirse en el llamado 'caso Gürtel' en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en lo que se refiere a Camps y a Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano.

Según el juez, Camps acude a Madrid "a instancias" del imputado Álvaro Pérez de Alonso, 'El Bigotes' (administrador de Orange Market) con el fin de que adquirieran ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el testigo José Tomás, persona de confianza de 'El Bigotes'.

En la contabilidad B del piso franco que esta red tenía en la calle Serrano de Madrid, apareció una hoja de ingresos y su distribución, con un apunte fechado el 18 de diciembre de 2002 en el que figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma.

Garzón subraya que de esa cantidad aparece el concepto "PP VLC", al que se asocian 420.000 euros y que según el auto se distribuyeron "para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".

"No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones", por lo que "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Correa", señala el auto.

Esmoquin para Nueva York, chaleco blanco para el Vaticano

Garzón destaca además que durante la toma de declaración al empleado de las tiendas de ropa, éste recibió a su número de teléfono móvil varias llamadas de Camps que no atendió, aunque aseguró que "había hablado con él y le había dicho que Álvaro era un bocazas".

Detalla también que Pérez Alonso encargó para Camps un esmoquin confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano. Advierte además de que de la investigación que haga el TSJCV pueden derivarse otras operaciones de tipo delictivo por parte de los aforados.

(www.elmundo.es, 05/032/09)

GARZÓN IMPUTA A DOS NUEVOS ALCALDES DEL PP EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a dos nuevos alcaldes del PP en la trama de corrupción que salpica al partido. El magistrado, que se ha inhibido hoy a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana y Madrid en la causa contra 13 de los implicados en la operación Gürtel -entre ellos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y su número dos, Ricardo Costa- imputa en el caso al primer edil de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, y al de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Las otras cuatro personas a las que el magistrado ha imputado esta tarde son Tomás Martín Morales (director general del Ayuntamiento de Boadilla), Clemente aguado (ex viceconsejero de inmigración y ex diputado de la Asamblea) José Galeote Rodríguez (padre del eurodiputado Galeote y ex concejal del PP en Boadilla) y Ricardo Galeote (hermano de Gerarardo Galeote (ex concejal del PP en Estepona).

Garzón se ha inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al encontrar indicios de criminalidad en las personas de Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, y su número dos, Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia. El auto del magistrado imputa en la trama de corrupción que salpica al PP a dos personas: José Víctor Campos Guinot, ex secretario de organización del PP valenciano, y Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo.

Según el auto del juez, la organización corrupta de Francisco Correa nació de una "relación directa" con responsables nacionales del Partido Popular. Garzón acusa a Camps de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de adjudicaciones a esta sociedad, desde 2005 a 2009, por valor por valor de unos cuatro millones de euros.

En su auto, Garzón se ha inhibido sobre los aforados de la Comunidad Valenciana implicados en la operación Gürtel, que, según dijo la Fiscalía Anticorrupción, es una parte perfectamente escindible de toda la trama de corrupción. Queda pendiente el resto de la causa, donde previsiblemente esta tarde se dictará otro auto de inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y quizá también un tercero a favor del Tribunal Supremo.

Según explicaron ayer fuentes fiscales, Anticorrupción, que pidió a Garzón que se inhibiera a favor de los TSJ de Madrid y Valencia, no descarta la existencia de indicios contra aforados al Tribunal Supremo, es decir, diputados y senadores nacionales, pero no son "lo suficientemente relevantes" o están "lo suficientemente consolidados" para remitir la causa al alto tribunal. En cambio, los indicios contra los aforados a los tribunales superiores de Madrid y Valencia sí están lo suficientemente clarificados.

Las fuentes consultadas añadieron que "no se trata de que el juez Garzón haya querido elevar el sumario al Supremo sin base alguna, porque hay datos que apuntan que algún aforado podría estar afectado" -como Luis Bárcenas, tesorero del PP- sino que Anticorrupción considera que no hay base suficiente. No obstante, la causa puede ser elevada al Supremo "en cualquier momento" si las investigaciones en los tribunales superiores de Madrid y Valencia permiten consolidar estos indicios.

Fuentes de la investigación manifestaron ayer su asombro por el documento de la Fiscalía. Consideran que, del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se desprenden indicios contra Bárcenas -aforado nacional- muy similares a los que implican al ex consejero madrileño de Deportes Alberto López viejo, implicado también en la trama.

(www.elpais.com, 05/032/09)

BALTASAR GARZÓN: LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE CORREA SE GESTÓ EN LA SEDE DEL PP EN MADRID

Garzón hace esta afirmación en el auto en el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la operación "Gürtel" al haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat Francisco Camps y el diputado valenciano Ricardo Costa.

El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".

No obstante, indica, los cambios en 2004-2005 "dentro de la dirección" del PP "provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas" de Correa, aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market), cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes' .

FRAGMENTO DEL AUTO DE GARZÓN

La organización dirigida y creada por Francisco CORREA, se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional quetenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho Partido sita en la C/Génova de Madrid y que convirtieron a su empresa SPECIAL EVENTS SL en laque acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política.

Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Francisco CORREA desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Francisco CORREA en la Administración que gobernaban.

(www.publico.es, 05/032/09)

GARZÓN IMPUTA A ALCALDES Y DIPUTADOS REGIONALES EN MADRID

Al igual que ha hecho con el Tribuna Superior de Justicia de Valencia , el juez Baltasar Garzón se ha inhibido este miércoles en la operación "Gürtel" en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al haber hallado indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP.

Garzón, que seguirá investigando esta causa hasta que la acepten los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, ha citado para el 18 de marzo a estos seis imputados, que se unen a los 37 a los que ya ha tomado declaración, y a los que acusa de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

(www.publico.es, 05/032/09)

GARZÓN SEÑALA UNA POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

El juez Baltasar Garzón acusa al presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market, propiedad del líder de la trama de corrupción Francisco Correa, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por valor de unos cuatro millones de euros. Así lo destaca el juez de la Audiencia Nacional en el auto en el que acuerda inhibirse en el llamado caso "Gürtel" en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en lo que se refiere a Camps y a Ricardo Costa.

Según el juez, Camps acude a Madrid "a instancias" del imputado Álvaro Pérez de Alonso, "El Bigotes" (administrador de Orange Market) con el fin de que adquirieran ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el testigo José Tomás, persona de confianza de "El Bigotes". En la contabilidad B del piso franco que esta red tenía en la calle Serrano de Madrid, apareció una hoja de ingresos y su distribución, con un apunte fechado el 18 de diciembre de 2002 en el que figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma.

Garzón subraya que de esa cantidad aparece el concepto "PP VLC", al que se asocian 420.000 € y que según el auto se distribuyeron "para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".

Garzón destaca además que durante la toma de declaración al empleado de las tiendas de ropa este recibió a su número de teléfono móvil varias llamadas de Camps que no atendió, aunque aseguró que "había hablado con él y le había dicho que Álvaro era un bocazas". Detalla también que Pérez Alonso encargó para Camps un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano.

Advierte además de que de la investigación que haga el TSJ de Valencia pueden derivarse otras operaciones de tipo delictivo por parte de los aforados.

EXTRACTO DEL AUTO DE GARZÓN

3.- En la Contabilidad B de Serrano, aparece una Hoja de ingresos y su distribución, con un apunte de fecha 18/12/2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 € sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece “PP VLC”, con una cantidad asociada de 420.000 €. El dinero recibido, 420.700 euros, se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia.

A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que:

1. Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el Partido Popular de Valencia.

2. No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco CORREA se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.

3. Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco CORREA. Este extremo está pendiente de investigación.

(www.publico.es, 05/032/09)

La Fiscalía no ve indicios de delito en aforados nacionales pero apunta a Madrid y Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado el primer informe enviado al juez Baltasar Garzón sobre la investigación del caso Gürtel, pidiéndole que se inhiba a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. Del mismo modo, la Fiscalía no estima necesario elevar el caso al Tribunal Supremo al no ver indicios de criminalidad contra aforados nacionales.

Esta petición evidenciaría que no hay indicios suficientes sobre aforados nacionales, esto es diputados o senadores o nacionales del Partido Popular. Los aforados nacionales sobre los que se había informado de su presunta implicación son Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP, y el eurodiputado Gerardo Galeote.

Aforados regionales
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a Garzón que se inhiba a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia en su investigación sobre el caso Gürtel, al entender que sí estarían implicados diputados o cargos públicos de estas dos comunidades.

Políticos salpicados en la trama
Entre los políticos que se han visto salpicados por esta trama se encuentra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, cuyo nombre es mencionado por una de las imputadas en las grabaciones que investiga el juez Garzón. En concreto se trata de Isabel Jordán, que asegura que pagó una factura de 30.000 euros en trajes para él. En el mismo caso se encuentra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo; y el dimitido presidente de la Comisión del espionaje de la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco. Estos dos últimos son diputados regionales.

López Viejo
El presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, aseguró en otra de las grabaciones que el consejero López Viejo recibía comisiones de cada acto que organizaba para el Partido Popular. “Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”, afirma literalmente el jefe de la trama en estas grabaciones.

Martín Vasco
En el caso de Martín Vasco, se asegura en las grabaciones que había “amenazado a todo el clan con reventar el tinglado multimillonario que tenían en Arganda”. Isabel Jordán explica cómo "desapareció" de la trama vendiendo su silencio por 2,4 millones de euros.

Alfonso Bosch
En las grabaciones también se habla del diputado en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. Fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. En la actualidad, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de diputado en la Asamblea regional. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre. Uno de los imputados por Garzón lo define concretamente como "uno de ellos y uno de los malos, de los que hacen cosas mandados por ellos (en relación a los cerebros de la trama)".

Panero guarda silencio
Por otra parte, hoy ha acudido a la Audiencia Nacional Arturo Gómez Panero (alias el albondiguilla), ex alcalde de Boadilla del Monte, que se negó a declarar ante el juez Garzón hasta que no sepa qué magistrado le juzgará. “No hay nadie que pueda asegurar qué tribunal va a tener la competencia de la causa dentro de 48 horas", ha explicado Panero. Panero también se ha negado a entregar al juez cuatro archivadores con numerosa información sobre la causa con los que hoy había acudido a la Audiencia Nacional.

Comparecencia semanal
Garzón le ha dejado en libertad pero con la obligación comparecer una vez a la semana en el juzgado más próximo a su domicilio, tal y como reclamaron las fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura, informa Europa Press. La abogada de Panero, María Ramírez, ha acusado al juez de imponer esas medidas cautelares “como represalia” por la decisión del ex alcalde de no declarar.

Ulibarri declara
Esta mañana, Garzón también ha interrogado, por los supuestos delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, al empresario José Luis Ulibarri, al también imputado Pablo Ignacio Gallo Alcántara, a Carlos Ignacio Hernández Montiel y a un empleado del bufete de abogados Blanco-Guillamot. Todos han eludido la cárcel.

www.elplural.com 04.03.09

ANTICORRUPCIÓN ULTIMA EL INFORME SOBRE LA POSIBLE IMPLICACIÓN DE FRANCISCO CAMPS

La Fiscalía Anticorrupción ultima el informe que el juez Baltasar Garzón le pidió sobre el caso Gürtel y su posible inhibición, según dijo ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien aseguró que se presentará hoy o, en todo caso, a lo largo de esta semana.

El pasado día 25 Garzón dio a la Fiscalía 48 horas para que informara de si, ante la presunta implicación en el caso de parlamentarios nacionales del PP, debía remitir la causa al Tribunal Supremo. También hay, al parecer, diputados autonómicos madrileños y valenciano, entre los que podría estar el presidente Francisco Camps, que aparece citado en las grabaciones aportadas al sumario.

El fiscal general recordó que el asunto depende de Anticorrupción y de sus profesionales "altamente cualificados, absolutamente imparciales y objetivos", por lo que, para emitir su dictámen sobre el caso, requieren el tiempo necesario.

(www.levante-emv.com, 04/032/09)

GARZÓN INTERROGA A MÁS IMPLICADOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL PP

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tomará declaración hoy al ex-director gerente de la Fundación Baleares Sostenible y ex presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Pau Collado, tras haber sido imputado por el magistrado en la presunta trama de corrupción investigada por el 'Caso Gürtel'.

Así, Collado será interrogado hoy, después de que el pasado 23 de febrero se pospusiera su declaración por parte del juez Santiago Pedraz, quien ese día sustituía a Garzón, debido a que éste se recuperaba de una crisis de ansiedad que sufrió el viernes 20 de febrero.

El ex-director de la Fundación durante el Ejecutivo autonómico presidido por Jaume Matas es uno de los 37 imputados por el juez Garzón en las investigaciones por una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las Comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.

Collado fue consejero delegado de la empresa Easy Concept, una de las entidades investigadas por Garzón. Así, quien fuera un alto cargo en el Govern de Jaume Matas ya ha subrayado en las últimas semanas estar muy tranquilo, pese a su imputación en el caso, debido a que, según ha remarcado, el juez está investigando unos hechos delictivos anteriores a su entrada en la empresa Easy Concept producida hace un año.

Garzón también ha citado a los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega respectivamente.

Además, acudirán también a declarar ese mismo día el empresario José Luis Ulibarri y los imputados Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández Montiel y un empleado del bufete de abogados Blanco-Guillamot.

El magistrado ha citado, además, para el miércoles al ex vocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa José Javier Nombela Olmo, que fue cesado por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, por "pérdida de confianza". Entre los años 1996 y 2007, Nombela compatibilizó su labor en la Administración municipal con su trabajo en las empresas investigadas Special Events (enero-junio de 2003) y Easy Concept (junio de 2003- octubre de 2006).

Los otros tres imputados cuyos interrogatorios se celebrarán el miércoles son Fernando Torres Manso, que fue apoderado de Special Events; María Victoria Romero Párraga, accionista de esta empresa y de Pasadena Viajes; y Luis de Miguel Pérez, quien ha tenido cargos en la administración de estas dos empresas y de Easy Concept.

Un día antes, durante la jornada del martes están citadas otra media docena de personas, entre ellas el consejero en el año 2000 de Bancaja Eurocapital Financia y director de Bancaja en Miami, Guillermo Martínez Lluch y el abogado Manuel Delgado Solís y su empleado José Antonio López, 'Pepechu'. Comparecerán además Francisco Javier Pérez Alonso, Juan Pérez Mora y Jesús Calvo Soria.

Desde que comenzó la instrucción, el juez Garzón ha decretado la prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.

Otros 15 imputados han quedado en libertad sin medidas cautelares o con comparecencias semanales o mensuales, incluyendo los seis citados hoy. Las tres primeras fueron la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; y Carmen Luis Cerezo.

El juez también dejó en libertad al presidente de Orange Market, Alvaro Pérez, 'el Bigotes'; el consejero delegado de esta empresa, Cándido Herrero; el financiero de Correa, José Luis Izquierdo; su chófer, Andrés Bernabé; Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag; y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.

(www.publico.es, 04/032/09)

El alcalde de Alcobendas “asumió compromisos por 78.000 euros” con el cesado López Viejo

Ignacio García de Vinuesa, alcalde popular de la localidad madrileña de Alcobendas, gastó más 70.000 euros en un Torneo de Baloncesto de la Comunidad de Madrid organizado conjuntamente con la Consejería de Deportes del dimitido Alberto López Viejo. El Plural ha hablado con el concejal socialista Ángel Sánchez, que ha confirmado que López Viejo, forzado a dejar el cargo por su presunta relación con la trama corrupta, “ha sido asiduo a la ciudad” porque el regidor “ha optado siempre por participar en grandes eventos”. El evento se celebró en octubre de 2007, pero el Patronato de Deportes ha tardado un año y medio en publicar las facturas que detallan costes como el de una comida de presentación en el lujoso restaurante Txistu, por valor de 3.000 euros.

Noticias relacionadas

Sánchez ha explicado a este diario que “una de las primeras decisiones” de López Viejo, que llegó a la Consejería en junio de 2007, fue “celebrar en Alcobendas el Torneo de Baloncesto de la Comunidad que enfrenta a los equipos regionales” en octubre de ese mismo año.

70.000 euros
“Al parecer, se firmó un convenio entre la Federación de Baloncesto, la Comunidad y el Ayuntamiento”. Este último “asumía una serie de compromisos por un total de 78.000 euros”. El dinero se destinaría a “financiar el evento, presentarlo y pagar el canon por la retransmisión televisiva -8.000 euros para Telemadrid-”. Destaca entre estos gastos el de la presentación: una fastuosa comida en el restaurante Txistu para 50 comensales por valor de 3.000 euros.

Esperando las facturas
Sánchez se refiere a la cifra como “un despilfarro excesivo que, además, contradice las palabras siempre grandilocuentes del alcalde, que dice estar por la austeridad, que baja los impuestos a los ciudadanos, pero que no tiene reparos en pagar esta comida mientras niega becas al comedor y ayudas a la tercera edad”. Además, cuenta que el gusto del alcalde por estos grandes actos acercó al ex consejero a la localidad.

López Viejo, “asiduo”
“Ha sido un asiduo a la ciudad, porque nuestro Ayuntamiento ha optado por los grandes eventos deportivos, dejando de lado el deporte de base. Al alcalde le gusta traer a los Globber Trotters, hacer grandes fiestas y torneos… De todos estos eventos ha sido un asiduo López Viejo, aunque con esto no estamos diciendo que haya una implicación suya”, apunta. Al ex consejero se le acusa de financiar actos del Partido con dinero público, y de contratar sistemáticamente a las empresas de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta, cuyo otro eje gran eje de actuación eran los Ayuntamientos del eje noroeste de Madrid.

Vinuesa, populista
En lo que a García de Vinuesa respecta, las medidas populistas como las bajadas de impuestos y los torneos deportivos han sido una constante en su legislatura. "Ni subimos los impuestos, ni bajamos la calidad de los servicios (…) El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos", aseguraba con grandilocuencia en octubre pasado, tras aprobar las ordenanzas fiscales de 2009. Pero el popular ya apuntaba maneras demagógicas hace 10 años y en la oposición, cuando arremetía contra el entonces regidor socialista José Caballero por invertir 107 millones de pesetas en una escultura gigante para la ciudad.

“Biológicamente distintos”
Su intervención más recordada, no obstante, se remite a marzo de 2005: “Los del PP somos distintos, incluso biológicamente, que ellos (los socialistas)”, aseguró en una reunión del Comité Ejecutivo regional del partido. Un cuarto de hora más tarde, se rectificaba y pedía perdón por sus palabras. Pero en diciembre pasado, Vinuesa perdió la memoria: el alcalde se convirtió en el ariete del PP contra Pedro Castro, negándose a aceptar sus disculpas por las declaraciones en las que se refería a los votantes del PP “tontos de los cojones” y exigiendo su dimisión de la Federación Española de Municipios y Provincias que preside. El episodio se saldó con la retirada de Alcobendas de la asociación, algo que hace la oposición se refiera a él como "el hoolligan de Esperanza Aguirre". "No tenemos un alcalde, tenemos un delegado de la Comunidad", sentencia Sánchez.

www.elplural.com 04.03.09

EL EX ALCALDE DE BOADILLA APORTA CUATRO ARCHIVADORES CON DOCUMENTACIÓN

El juez tomará hoy declaración a media docena de imputados, entre ellos los ex primeros ediles de esta localidad y de Majadahonda El ex alcalde la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, entregará durante la mañana de hoy en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional cuatro archivadores con documentación que aportará a la causa que investigará la presunta trama de corrupción desarticulada a través de la 'Operación Gürtel'.

Garzón reanudará esta mañana los interrogatorios de los imputados con las declaraciones de este ex edil y del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. También comparecerá ante el juez el empresario José Luis Ulibarri, a quien representa como abogado el antiguo fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez.

Las otras tres declaraciones de la jornada son las de Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández Montiel y un empleado del bufete de abogados Blanco-Guillamot.

Desde que comenzó la instrucción, el juez Garzón ha decretado la prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones en administraciones del PP de Madrid y Valencia; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.

Otros 21 de los 37 imputados han quedado en libertad sin medidas cautelares o con comparecencias semanales o mensuales. Las tres primeras fueron la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; y Carmen Luis Cerezo.

El juez también ha dejado en libertad al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'; el consejero delegado de esta empresa, Cándido Herrero; el financiero de Correa, José Luis Izquierdo; su chófer, Andrés Bernabé; Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag; y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.

También han eludido a la cárcel tras comparecer ante el juez Mónica Magariños Pérez, apoderada de Orange Market, filial valenciana de Special Events; Joaquín García Mármol, responsable de Special Events; y Guillermo García Coello, vinculado a Easy Concept y Pasadena Viajes; Antonio Herrera González, vecino de Correa; David Luis Cerezo y Paula Seco de Herrera López.

Los seis últimos imputados en quedar libres, ayer mismo, fueron Guillermo Martínez Lluch, Manuel Delgado, Jesús Calvo Soria, el abogado Manuel Delgado, un empleado de su bufete --José Antonio López, 'Pepechu'-- y el hermano de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', Francisco Javier Pérez Alonso.

(www.levante-emv.com, 04/032/09)

EL SUPREMO DEVUELVE AL PP SU QUERELLA CONTRA GARZÓN POR DEFECTOS DE FORMA

Ni una semana ha pasado desde que el Partido Popular presentó su tan anunciada querella por prevaricación contra el juez que investiga la supuesta trama de corrupción vinculada al grupo, Baltasar Garzón, y ésta sigue teniendo traspiés. Hoy El Mundo confirma que, como se informó el viernes, el Tribunal Supremo ha exigido al PP subsanar los defectos de forma que presenta su denuncia. El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, habría olvidado que para este tipo de pleito hacen falta poderes especiales.

El Mundo asegura que el Supremo ha detectado defectos formales en la querella del PP contra Garzón. A la denuncia le faltarían los poderes especiales para este tipo de pleito. El Alto Tribunal habría exigido al grupo que subsane los fallos advirtiendo que, de lo contrario, no se admitirá a trámite.

Cinco días de plazo

Esta noticia fue adelantada por El Periódico de Catalunya el viernes pasado. El rotativo catalán aseguró que el órgano había dado al PP cinco días para aportar la documentación pendiente -hasta el día 6-. Sin embargo, los populares se apresuraron a matizar la cuestión, aclarando que su pleito no corría riesgo de ser devuelto y que se había presentado con los poderes notariales correspondientes.

Garzón rechaza la recusación

Por otro lado, Garzón ha rechazado “de plano” la recusación en su contra presentada por el abogado defensor de José Javier Nombela, ex vocal del PP en la Junta del distrito de Moncloa (Madrid). En este caso, el juez también ha detectado defectos de forma en el incidente de recusación. Será la Sala de lo Penal quien tenga la última palabra.

Nombela y la trama

Nombela, que desde 2007 era asesor del presidente de distrito, fue cesado por Gallardón el 19 de febrero, poco después de que se confirmara que trabajó en Easy Concept y Special Events, dos de las empresas de la red corrupta. Ahora queda en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisar su petición de apartar al magistrado que instruye el caso.

(www.elpais.com, 03/032/09)

EL PP IGNORA SENTENCIAS QUE ANULAN CONCESIONES A ULIBARRI

El Ayuntamiento de Ponferrada (León), gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha hecho caso omiso desde 2007 a cuatro sentencias de concesiones irregulares al empresario José Luis Ulibarri, que mañana comparecerá ante el juez Baltasar Garzón como imputado en el caso Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) dictó en 2007 y 2008 dos sentencias firmes que anulan el macroproyecto urbanístico de La Rosaleda, en pleno centro, que tuvo a Ulibarri como principal beneficiario: obtuvo parcelas para hacer 2.000 viviendas a un precio equivalente al 20% del que fijaba el mercado en 2002, cuando se produjo la operación.

El tribunal anula todo el proceso por estar trufado de irregularidades: en una sentencia, niega la recalificación del suelo. En la otra, el pliego de condiciones para las adjudicaciones, por falta de publicidad y concurrencia, como informó el domingo Público. Sin embargo, las sentencias no se han ejecutado. Y no son las únicas que anulan concesiones o contratos con el empresario, cuyas supuestas comisiones en la compra de suelo para vivienda en Boadilla del Monte (Madrid), gobernada también por el PP, están siendo investigadas por Garzón.

En 2008, los tribunales anularon por irregulares otras dos decisiones del consistorio de Ponferrada que beneficiaban a Ulibarri. Tampoco se han ejecutado. Tanto el Ayuntamiento de Ponferrada, cuyo alcalde, Carlos López Riesco, ocupa un escaño en el Congreso. Una de estas sentencias no ejecutadas se convirtió en firme en mayo de 2008, cuando el TSJCYL ratificó un auto de 2007 que anulaba una adjudicación de 2001 justo antes de la concesión irregular de La Rosaleda para construir el auditorio municipal. La demanda fue presentada por el Colegio de Arquitectos de León.

El fallo es rotundo: de nuevo no hubo publicidad ni, por tanto, concurrencia, con lo que Ulibarri se aseguró la adjudicación. Únicamente se publicaron dos anuncios en la prensa local, recalca el fallo, "un instrumento de publicidad que no permite el conocimiento por la generalidad de los interesados". La adjudicación tuvo otra "peculiaridad", agrega la sentencia, porque se trataba de un "contrato mixto, no sólo de obras, sino también de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de obras", con lo que en realidad se juntaron sin publicidad dos adjudicaciones. Los jueces recuerdan que esta mezcla sólo puede darse en ocasiones excepcionales, lo que no era el caso.

La segunda sentencia de 2008 que anula concesiones del Ayuntamiento de Ponferrada a Ulibarri afecta a la recalificación, en 2004, de suelo rústico para que Graveras del Bierzo controlada por el Grupo Begar instalara una planta de hormigón. La demanda fue presentada por la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) y, aunque la sentencia se dictó en julio de 2008, tampoco ha tenido repercusión alguna: la planta sigue funcionando con normalidad.

En este caso, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León estima que la recalificación del suelo no se ajustó a la ley ni tenía justificación: ningún elemento aconsejaba que el suelo dejara de ser considerado rústico, pese a lo cual el Ayuntamiento hizo las modificaciones que le reclamaba Ulibarri. El fallo anula la autorización del Ayuntamiento para instalar la planta y exige "reponer el suelo a su situación anterior".

(www.publico.es, 03/032/09)

De Rosa podría haber incumplido la ley asesorando a Camps

Fernando de Rosa, vicepresidente del Poder Judicial y ex consejero valenciano de Justicia, podía haber incumplido la Ley Orgánica del Poder Judicial al reunirse con el presidente regional Francisco Camps. El quid de la cuestión radica en el contenido de los dos encuentros que ambos mantuvieron –el 13 y el 20 de febrero- o lo que es igual, si sus conversaciones podrían interpretarse como asesoramiento de De Rosa a Camps. En este caso, el Código Penal es claro: “La autoridad que realizare asesoramiento permanente o accidental en un asunto en que deba intervenir o haya intervenido (…) incurrirá en penas de multa de seis a 12 meses y suspensión de cargo público por un tiempo de uno a tres años”.

De momento, los protagonistas ni siquiera han querido admitir las reuniones. De Rosa ha contestado con evasivas a las preguntas sobre su reunión con Camps del día 13 de febrero, negándose rotundamente a aclarar de qué hablaron. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha hecho lo propio sobre el mini gabinete de crisis celebrado una semana después en la Generalitat. Según ha dicho, no era “una reunión como tal”.

Incompatibilidades
En cualquier caso, la ley estipula que “los miembros del Consejo General del Poder Judicial desarrollarán su actividad con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados” –artículo 117 de la LOPJ-, recoge Público.

“Todo tipo de asesoramiento”
Tal como explica este rotativo, el mismo artículo estipula que a los miembros del órgano “les serán de aplicación las incompatibilidades específicas de los jueces y magistrados enunciadas en el artículo 389 de la presente Ley”. Tal disposición contempla nueve casos de este tipo, incluido uno que define como “incompatible” “todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido”.

Castigos
El Código Penal, por su parte, recoge los castigos que han de aplicarse en estos casos. “La autoridad que realizare asesoramiento permanente o accidental en un asunto que deba intervenir o haya intervenido (…) incurrirá en penas de multa de seis a 12 mees y suspensión de cargo público por un tiempo de uno a tres años” reza en su artículo 441.

Asesoramiento, el quid
La imprudencia de Camps al convocar dos veces a De Rosa podría costarle caro al magistrado. En cualquier caso, habría que demostrar si en las reuniones se ofreció o no asesoramiento. Uno de los antecedentes más inmediatos es el de la conversación telefónica entre una letrada investigada por asesinato y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

¿Compromete la imparcialidad?
La presidenta ni siquiera conocía a su interlocutora, pero aquella grabación fue remitida al Supremo que, en ese caso, concluyó que “no todo consejo emanado de una autoridad” puede considerarse delictivo, “sólo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca interferencia entre los intereses privados o los de naturaleza pública”.

www.elplural.com 02.03.09

El PP cargó contra la presidenta del TC pero calla con De Rosa

Rajoy exigió explicaciones "inmediatas" a Casas por un simple consejo telefónico

El PP desató una cacería verbal en junio de 2008 contra la presidenta del Tribunal Constitucional a raíz de una breve conversación telefónica privada que María Emilia Casas mantuvo con una letrada sometida a una investigación judicial. Lo hizo como una deferencia hacia una amiga común. La conversación quedó grabada, ya que la Guardia Civil tenía intervenido el teléfono de la procesada, que pidió consejo a Casas. El Supremo no vio delito alguno en este asunto. Aún así, el líder del partido conservador, Mariano Rajoy, exigió a Casas explicaciones "cumplidas e inmediatas" por estos hechos y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, mantuvo sus críticas y proclamó que se vio afectada "su credibilidad como presidenta" de la institución.

Tan imperiosa petición de aclaraciones ante una conversación telefónica que no superó los tres minutos contrasta con el silencio que la cúpula del PP mantiene ahora sobre los dos encuentros de varias horas desvelados por Público entre el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

El mismo PP que asegura ser víctima de una conspiración solemnizada en el encuentro del dimisionario ministro de Justicia Fernández Bermejo y el juez Garzón, no encuentra, sin embargo, argumentos para el reproche en los encuentros entre Camps y el vicepresidente del Poder Judicial. Público intentó conocer la valoración del responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, que rehusó hacer declaraciones sobre este asunto.

Críticas del PP contra Casas

Su mutismo del viernes contrasta con la locuacidad y el tono grave exhibido hace sólo siete meses. En junio de 2008, Federico Trillo aseguró que la conversación telefónica de la presidenta del Tribunal Constitucional con una mujer investigada por el asesinato de su marido Salas desconocía esta circunstancia colocaba a la institución en una tesitura "insostenible".

Trillo pedía entonces celeridad a la Justicia: "Desde el punto de vista penal, el Supremo debería resolver cuanto antes". Su catarata de indignación le llevó a asegurar que "institucionalmente, la presidenta ha puesto al Constitucional en una situación insostenible".

Mariano Rajoy se unió a esta ofensiva, aportando munición a la andanada verbal del PP contra Casas. Rajoy aseguró que la presidenta del Constitucional "debería hacer una reflexión sobre su situación, porque estas conversaciones privadas afectan al crédito del Tribunal". Rajoy tachó de "enorme imprudencia" el comportamiento "muy poco adecuado" de Casas.

Hubo más voces críticas. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó de "muy graves" los hechos y subrayó que Casas "debería plantearse su situación en un momento en que el prestigio del Constitucional puede quedar afectado".

El jefe y su ex subordinado

Como ha revelado Público, el número dos del órgano de control de los jueces se reunió con Camps en la sede del Gobierno valenciano el pasado 20 de febrero, fecha en la que el presidente de la Comunidad reunió a un sanedrín de notables de su partido sólo 24 horas después de saber que el fiscal le implica en la trama corrupta vinculada al PP que investiga el juez Garzón.

No fue el primer encuentro entre Camps y De Rosa desde que se destapó el caso Gürtel. Una semana antes, el 13 de febrero, el presidente valenciano se desplazó al domicilio del vicepresidente del Poder Judicial para reunirse con él. La cita, según un portavoz del CGPJ, se circunscribió al ámbito estrictamente privado.

De Rosa fue, hasta hace cinco meses, Consejero de Justicia del Gobierno valenciano a las órdenes de Camps, que a juzgar por sus manifestaciones, despierta aún la admiración de su ex subordinado. Después de reunirse con él, De Rosa defendió que Camps es una persona "absolutamente honrada". Para defender la probidad de su ex jefe, el vicepresidente del Poder Judicial atacó al juez Garzón, acusándole de estar a punto de superar "la línea roja de la prevaricación". El CGPJ llamó al orden a De Rosa, que se vio obligado a pedir disculpas.

www.publico.es 28.02.09

RAJOY DICE QUE NO TIENE INDICIOS CONTRA EL TESORERO DE SU PARTIDO

Mariano Rajoy dejó ayer muy claro que no piensa tomar ninguna medida extraordinaria ante la implicación del tesorero del partido, Luis Bárcenas, en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. En una entrevista en Tele 5, el líder del PP evitó comprometerse a ninguna medida si se confirman las informaciones sobre el tesorero. Se defendió diciendo que él no es un "inquisidor" y por tanto no puede condenar sin pruebas.

Rajoy sostiene que él no tiene ningún "indicio" de que Bárcenas haya hecho nada irregular. Dentro del partido todos conocen la intensa relación del tesorero, nombrado por Rajoy en 2008 en sustitución del veterano Álvaro Lapuerta, con Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta y responsable durante años de todos los actos, campañas y viajes del PP. Sin embargo, los dirigentes consultados, preocupadísimos por la implicación del tesorero, insisten en que no ha aparecido nada que le implique salvo una conversación en la que Correa, sin pruebas, asegura que le entregó 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) y que los tenía en un paraíso fiscal. Cuando se le preguntó a Rajoy por qué el PP sí ha forzado la dimisión de otros tres cargos implicados en la trama, el ex alcalde de Boadilla, el ex consejero de Deportes de Madrid y el ex alcalde de Majadahonda, el líder del PP se defendió asegurando que contra ellos sí que había indicios.

Rajoy, que presentó una querella por prevaricación contra Garzón, cargó con dureza contra él y le acusó de someter al PP a una situación "imposible en plena campaña". El líder del PP utilizó un argumento político contra el juez: "Es socialista, se presentó en unas elecciones contra nosotros". En 1993, el juez fue candidato del PSOE, pero años después instruyó el caso GAL, que llevó a la cúpula socialista de Interior a prisión, y en esos años, Rajoy le aplaudía por su "valentía" e "imparcialidad". A Rajoy le respondió José Luis Rodríguez Zapatero, quien pidió al PP que deje de "presionar" al juez.

Mientras, Esperanza Aguirre reabrió la batalla de la sucesión. Cuando se le preguntó por una frase que José Blanco le dijo a Alberto Ruiz-Gallardón en Lugo -"Si me va bien a mí, probablemente te irá bien a ti"; esto es, si pierde el PP, se va Rajoy y entra el alcalde-, Aguirre fue tajante: "No me gustaría que me dijeran que me va a ir bien algo que le va mal a mi partido". Casi al tiempo, y sobre la misma frase, Rajoy dijo: "Blanco se equivoca, le irá bien a Gallardón, y al PP".

(www.elpais.com, 27/02/09)

CAMPS TELEFONEÓ OCHO VECES A SU SASTRE MIENTRAS ÉSTE DECLARABA SOBRE LA TRAMA

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), telefoneó en numerosas ocasiones al sastre que le había recomendado Álvaro Pérez, El Bigotes, el jefe valenciano de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que montaba actos y viajes del PP durante los años de José María Aznar. Las llamadas se produjeron cuando el sastre José Tomás, que trabajaba en la tienda que la firma de moda Milano tiene en la calle de Serrano de Madrid, declaraba ante la policía antes de pasar a disposición del juez Baltasar Garzón.

Su teléfono estaba intervenido por orden judicial, lo que permitió a los investigadores conocer las llamadas que hacía y que recibía. Durante la declaración, el sastre tenía su teléfono apagado, pero quedaron registradas las insistentes llamadas de Camps, hasta ocho, según detalló ayer El Confidencial.com citando fuentes de la investigación. Un portavoz del Gobierno valenciano rechazó aclarar a EL PAÍS el motivo de las llamadas: "No vamos a comentar nada sobre ese asunto".

Camps negó desde el primer momento que hubiera recibido regalos en forma de trajes de la red corrupta que dirigía Álvaro Pérez en Valencia a través de la empresa Orange Market. Y llegó a amenazar con querellas a quien sugiriese que había tenido tratos con la trama.

El presidente valenciano visitó a su sastre en Madrid en varias ocasiones, incluso cuando éste cambió de empresa y fichó por la franquicia Forever Young. El Gobierno valenciano ha reconocido ya que el presidente Camps encargó cuatro trajes en la tienda Milano de Madrid en las fechas previas a la visita de Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006. Nunca llegó a pagarlos porque los devolvió debido a que no le gustaron los arreglos que le habían hecho, según la versión del Ejecutivo valenciano.

Una de las colaboradoras de Francisco Correa, Isabel Jordán, señaló en una conversación grabada y aportada al sumario que los miembros de la trama habían pagado 30.000 euros en trajes para el presidente Camps.

Orange Market, la empresa de Correa en la Comunidad Valenciana, ha recibido más de seis millones de euros en contratos de distintas consejerías del Gobierno de Camps, algunos de ellos sin publicidad y por procedimiento negociado. Además, ha montado la inmensa mayoría de los actos electorales del PP valenciano. Los responsables de la trama se ufanaban en conversaciones privadas, cuyas grabaciones por parte de un ex concejal del PP están incluidas en el sumario, que en la Comunidad Valenciana lograban contratos con suma facilidad por sus relaciones con los dirigentes del Gobierno autónomo.

La fiscalía, en contestación a un escrito del juez Baltasar Garzón, solicitó la semana pasada la inhibición total del magistrado en este caso al encontrar indicios de delitos en cargos políticos del Partido Popular que, por su calidad de parlamentarios, son aforados y tienen que ser juzgados en los tribunales superiores de Justicia de sus comunidades autónomas. Entre los cargos a los que la fiscalía implicó en las prácticas ilegales de la red corrupta de Francisco Correa estaba Francisco Camps, que calificó de falsas todas las imputaciones.

(www.elpais.com, 27/02/09)

EL SASTRE DE MILANO EN MADRID RECIBIÓ OCHO LLAMADAS DE CAMPS MIENTRAS DECLARABA ANTE EL JUEZ GARZÓN

Los nervios generados por la profusión de investigaciones en torno a la Operación Gürtel pueden haber llevado al jefe del Consell, Francisco Camps, a cometer un error de bulto, de esos capaces de dejar muy tocado políticamente a un cargo de alta relevancia pública. Según una información publicada ayer por el diario digital El Confidencial.com un empleado de la tienda Forever Young de Madrid y antiguo encargado de Milano en la capital de España recibió en su teléfono móvil ocho llamadas del presidente de la Generalitat mientras prestaba declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. La información alude a una persona con la iniciales J. T. Todo indica que se refiere a José Tomás, el responsable de tienda que mantenía relación con el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, y que la Fiscalía investiga después de que una de las imputadas aludiese en una grabación a que había pagado "una factura de 30.000 euros en trajes" para Camps, aunque después negó haber dicho eso.

José Tomás fue llamado a declarar en dos ocasiones. Tras su primera comparecencia alertó desde su teléfono móvil a algunos de los imputados e implicados en la trama sobre los asuntos en los que Garzón estaba interesado. Tomás no sabía que el aparato, al igual que el de muchos de sus interlocutores, estaba intervenido. Esas conversaciones han servido para ampliar las investigaciones de la policía sobre la trama.

Fue en su segunda declaración ante Garzón, cuando Tomás, que tenía el móvil apagado, recibió hasta ocho llamadas de Camps que quedaron registradas por el "pinchazo" de la Policía Judicial, según sostiene el diario digital. Fuentes de Presidencia ni confirmaron ni desmintieron estos datos: "No tenemos nada que decir". Otras fuentes de la Generalitat trataban de quitar trascendencia a las llamadas en el caso de que se hubieran producido. "Hablando contigo me acaban de entrar siete llamadas perdidas; eso no quiere decir nada", afirman. Otro cargo del PP que ha tratado con Camps sostiene lo siguiente: "Conociendo su carácter compulsivo no me extrañaría nada".

La Fiscalía ha implicado a Camps en su primer informe e investiga varias facturas de empresas controladas por Francisco Correa. Una de ellas por valor de 5.000 euros.

(www.levante-emv.com, 27/02/09)

LUIS HERRERO TACHA A GARZÓN DE “CABRÓN CON PINTAS” Y “MUFLÓN”

El eurodiputado popular Luis Herrero ha cargado desde los micrófonos de la COPE contra el juez Baltasar Garzón, que investiga una trama de corrupción que ha salpicado al PP. Secundado por Jiménez Losantos, Herrero ha tachado al juez de “cabrón con pintas” y de “muflón” [una especie utilizada en la caza que puede llegar a pesar 50 kilos y los machos están dotados de grandes cuernos que se curvan a ambos lados de la cabeza]. Las descalificaciones lanzadas desde el PP aumentan a medida que se acercan las elecciones del domingo en País Vasco y Galicia, llegando a llamar “maricón, miserable y pufero” a un oponente político socialista. Herrero, del que se duda que repita en las listas para las europeas, fue expulsado el pasado 15 de febrero de Venezuela por decir que el proceso electoral no era limpio y su verborrea le llevó también en Telemadrid a mandar "a cagar" al presidente del Gobierno.

Herrero, cuyas opciones para repetir en las listas del PP para las europeas no están claras, está llamando la atención en las últimas semanas con declaraciones altisonantes, como las que motivaron su expulsión de Venezuela. Este hecho le permitió convertirse en protagonista durante unos días en varios medios. El eurodiputado del PP se presentó como una víctima de la dictadura de Chavez y llegó a decir que temió por su vida. Sin embargo, una conversación telefónica con el embajador de España en Venezuela, el político le aseguró que los funcionarios habían sido muy correctos con él.

Sus decalificaciones no tienen límite. Recientemente, en la cadena pública Telemadrid, criticó duramente que Zapatero hubiera ido al programa de TVE Tengo una pregunta para usted en lugar de dar explicaciones sobre la crisis en el Parlamento. Resolvió su intervención enviando “a cagar” al presidente.

Los insultos se han convertido en el protagonista del penúltimo día de campaña electoral en Galicia. El presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, tachó en un mitin de “maricón, miserable y pufero” a Manuel Vázquez, número uno del PSOE en la provincia y conselleiro de Medio Ambiente, y también insinúo que Anxo Quintana, líder del BNG, es un maltratador, justo depués de que Gallardón hicera un llamamiento a la argumentación.

Los insultos contra el juez se están convirtiendo en algo habitual en la derecha, y por ejemplo en su editorial de ayer El Mundo tachaba al magistrado, entre otras cosas, de “juez indeseable”.

(www.elplural.com, 27/02/09)

CAMPS REUNIÓ A SUS FIELES Y AL NÚMERO DOS DEL CGPJ

El número dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, se encontraba el viernes de la semana pasada en el Palau de la Generalitat cuando el presidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Camps, se reunió también con el ex ministro de Justicia, José María Michavila, y tres miembros del núcleo duro del PP regional, confirmaron a Público fuentes del Ejecutivo valenciano. Los tres miembros del equipo de Camps que acudieron a la cita son el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; y el portavoz del PP en las Cortes autonómicas, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano.

El jueves 19, un día antes de aquella ajetreada jornada en la sede de la Presidencia de la Comunidad, Camps se había enterado por la prensa de que el fiscal le implica en la trama corrupta que presuntamente operaba en instituciones gobernadas por el PP y que ha dado origen al caso Gürtel. El viernes 20, el mismo día en que se reunió con Camps, De Rosa insinuó públicamente que el juez Baltasar Garzón prevarica por no inhibirse en el caso pese a la presencia de aforados.

Los testigos que ya informaron el miércoles a este periódico de que el vicepresidente del Poder Judicial se había entrevistado con Camps ese viernes, relatan cómo De Rosa llegó al Palau a última hora de la mañana y aún permanecía en el edificio cuando ya avanzada la tarde, se marcharon Michavila, Rambla, Barberá y Costa.

Juez en excedencia, consejero de Justicia de Valencia hasta hace cinco meses y adalid de la “honorabilidad” de su antiguo jefe, De Rosa negó anteayer no sólo que se hubiera reunido con Camps sino, también, que ese día hubiera visto en el Palau de la Generalitat a Michavila o a algún conseller. El vicepresidente del órgano que vela por la independencia judicial mintió en su conversación con este periódico al negar que hubiera estado en el Palau. Tres horas más tarde, un portavoz que habló en su nombre sostuvo que De Rosa sí había ido al cuartel general del Gobierno valenciano, pero no para ver a Camps sino para “recoger teletipos”.

El vicepresidente del Poder Judicial ya se había visto justamente una semana antes con el presidente de Valencia. Pero, a diferencia de la reunión del 20 de febrero, la cita del viernes 13 se produjo en el domicilio de De Rosa, en una céntrica calle de la capital valenciana. En ese fecha ya se sabía que, en una conversación grabada por la Policía, la imputada Felisa Jordán aseguraba haber abonado una factura de 30.000 euros para “pagarle los trajes a Camps”. El presidente de la Comunidad Valenciana llegó a casa de De Rosa sobre las siete y media de la tarde.

Ayer, este periódico intentó de nuevo que De Rosa aportase una explicación sobre sus dos recientes contactos con Camps, ambos posteriores al momento en que el presidente de Valencia, que goza de aforamiento gracias a su condición de diputado autonómico, tuviera noticias de que está siendo investigado. “De Rosa no va a hablar de reuniones privadas en su casa porque forman parte de su vida privada”, respondieron fuentes oficiales del Poder Judicial.

Respecto a la reunión del viernes 20 en la sede de la Presidencia del Gobierno valenciano, De Rosa se limitó, a través de la misma fuente, a remitirse al “desmentido de Michavila”.

Aunque el vicepresidente del Poder Judicial se escudó en Michavila, el desmentido del ex ministro resulta vago. Porque, según Michavila, sí se vio con Camps pero -adujo ayer- lo hizo sólo para mostrarle su solidaridad. El bufete de Michavila asesoró al empresario José Luis Ulibarri, propietario de negocios inmobiliarios y de medios de comunicación e imputado en el caso Gürtel.

Hasta ahora, el Gobierno valenciano ha rehusado pronunciarse sobre la reunión de Camps con De Rosa. Se pidió a su gabinete de prensa que el presidente aclarase las circunstancias en que se produjo la presencia simultánea del vicepresidente del Poder Judicial y de los cuatro dirigentes del PP antes citados. Hasta ahora, la Generalitat ha rehusado comentar la reunión de Camps con el vicepresidente del Poder Judicial y se ha limitado, como De Rosa, a remachar que no existe el menor parecido entre este caso y el de la cacería de Bermejo y Garzón.

(www.publico.es, 27/02/09)

EL PODER JUDICIAL REITERA SU APOYO A GARZÓN Y LA CENSURA A SU VICEPRESIDENTE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer, sin introducir modificación alguna, la declaración institucional hecha pública el pasado martes por su Comisión Permanente en defensa de la independencia del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y en la que se pide "el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional".

La declaración se produce en respuesta a la entrevista ofrecida en Canal 9 por el vicepresidente del propio Consejo, Fernando De Rosa, quien manifestó que Garzón podría "estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación", en el caso de no inhibirse de la operación Gürtel.

De esta forma, De Rosa apoyaba públicamente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuyo nombre había saltado a los medios como posible imputado en la trama de corrupción. De Rosa fue conseller de Justicia en el Gobierno de Camps hasta el pasado mes de septiembre.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó ayer que De Rosa había reiterado ayer el contenido del escrito que presentó el martes pidiendo disculpas por su actuación y explicando que sus declaraciones fueron realizadas a título personal.

El vicepresidente remarcó su "profundo respeto a la independencia judicial", según Bravo, que calificó de "constitucional" el tono del debate en el momento de decidirse sobre este punto del orden del día. Por otra parte, eludió pronunciarse sobre la información hecha ayer por el diario Público sobre una reunión que habrían mantenido De Rosa y el presidente valenciano, Francisco Camps, el pasado viernes, día en que realizó las declaraciones de apoyo al presidente de la Generalitat y la crítica a Garzón.

El texto, que responde a una iniciativa propia del CGPJ, pues Garzón no ha solicitado formalmente su amparo a este órgano, señala que "ni desde el Consejo General del Poder Judicial -en referencia a su vicepresidente, Fernando de Rosa- ni desde otros Poderes del Estado o de sus instituciones pueden dirigirse indicaciones a ningún juez o magistrado sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección de dicho procedimiento".
Hay que recordar que el PP le dio un ultimátum a Garzón para que dejara el caso y ya hay en los juzgados varias querellas por prevaricación.

(www.levante-emv.com, 27/02/09)

LA RED CORRUPTA LOGRÓ 20 MILLONES EN CONTRATOS DE AZNAR, AGUIRRE Y CAMPS

Un negocio multimillonario basado en las magníficas relaciones del jefe empresarial con el partido que gobernaba en las instituciones que le adjudicaban contratos públicos. Así operó en los diez últimos años la red de sociedades que tejió Francisco Correa, el hombre que montó los actos del PP durante el mandato de José María Aznar y que acudió de testigo a la boda de la hija del entonces presidente, para lograr al menos 20 millones de euros de tres administraciones públicas.

- Gobierno Central. El Gobierno de José María Aznar adjudicó a través de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) entre 2000 y 2004 cerca de cinco millones de euros en contratos a diversas empresas de la red que investiga Garzón. Siempre se trataba del mismo tipo de trabajo: la organización, montaje y desmontaje de puestos en distintas ferias de turismo en España y Europa. AENA depende del Ministerio de Fomento. En la época de las adjudicaciones, el ministro era Francisco Álvarez-Cascos.

- Comunidad de Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre gastó en cuatro años cerca de ocho millones de euros, de los que al menos cinco siguen sin pagar. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, tranquilizó a las empresas que no han cobrado a través de una carta remitida a EL PAÍS: "Aquellos gastos que hubieran sido objeto de tramitación administrativa y que por las citadas razones no pudieron imputarse al presupuesto, serán abonados con cargo al presupuesto de 2009".

El encargado de adjudicar la mayoría de los contratos para actos institucionales de la presidenta autonómica era Alberto López Viejo. Lo hizo hasta 2007 como viceconsejero de Presidencia y lo siguió haciendo a partir de ese año como consejero de Deportes, aunque los actos no tuvieran nada que ver con su departamento. Con ese sistema, imputó al resto de consejerías los gastos de determinados contratos de la red de Correa.

Muchos de los contratos se hicieron a dedo, y cuando la cuantía del mismo era superior a lo establecido por la ley para este sistema de adjudicación, López Viejo los troceó en decenas de encargos con un presupuesto inferior a los 12.000 euros.

La investigación judicial ha hallado indicios de delito en la actuación de López Viejo, que fue destituido de su cargo de consejero por Esperanza Aguirre cuando se conocieron las primeras noticias sobre estos hechos. Sin embargo, López Viejo sigue siendo diputado de la Asamblea de Madrid, donde el PP le ha arrinconado en el escaño más apartado del que ocupa la presidenta regional.

- Comunidad Valenciana. El Gobierno de Francisco Camps adjudicó en los últimos cuatro años hasta seis millones de euros a las empresas de Correa. En algún caso, los concursos estaban amañados porque se hicieron sin publicidad y con el procedimiento negociado. La Administración valenciana invitaba a tres empresas y adjudicaba el contrato a una de ellas. Pero ocurrió que las tres empresas eran de la misma persona, por lo que no había competencia posible como establece la ley. Eso ocurrió al menos en una ocasión con un contrato por casi 140.000 euros para la realización del guión y la maqueta de un documental sobre la utilización de los contenedores amarillos de basura. Las tres empresas que fueron invitadas para el contrato pertenecían a la red tejida por Francisco Correa.

(www.elpais.com, 27/02/09)

AGUIRRE SE MOFA DE LA INVESTIGACIÓN PESE A DESTITUIR A TRES CARGOS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se mofó ayer de las grabaciones que implican a cargos del PP con la presunta trama de corrupción de Francisco Correa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en Torrejón (Madrid) aseguró que las grabaciones, aportadas por José Peña, ex concejal popular expulsado del partido, son "conversacioncillas" de una persona que "presume y acusa de ciertas cosas que implican delitos gravísimos a otras personas", cosas "que pueden ser ciertas o no". "Es como si el alcalde de Torrejón dice que tiene muchas relaciones con Angelina Jolie", ironizó, "o como decirlo del consejero de Sanidad, que hasta tendría más credibilidad", dijo. Pese a todo, la presidenta de Madrid ha tenido que destituir a tres cargos por este asunto, uno de ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

Aguirre arremetió también contra la consulta del juez Garzón a la Fiscalía Anticorrupción sobre qué tribunal debe ser en el encargado de seguir el caso Gürtel. Aseguró que se trataba de "una nueva triquiñuela" del juez para no pasar el caso "ni al Supremo ni a los Tribunales Superiores de Valencia y de Madrid, sino quedarse él con el asunto".

Aguirre añadió que "el ministro furtivo", Fernández Bermejo, "ya ha dimitido" y que "el juez socialista" Baltasar Garzón "sigue actuando". Criticó las filtraciones del sumario y aseguró que está a la espera de que se publiquen "en determinados medios" las conversaciones transcritas.

Contratos en Jerez

Por otra parte, la ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP) desoyó hasta dos advertencias de la intervención municipal sobre la adjudicación de contratos públicos a dos de las empresas implicadas en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

La parlamentaria andaluza adjudicó en enero de 2004 los contratos de servicios para la presencia de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las sociedades Special Events y Down Town Consulting (actualmente Easy Concept) por valor de 202.172 euros sin contar con la aprobación del Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que García Pelayo presidía en calidad de alcaldesa.

La interventora municipal advirtió por escrito que el órgano "competente para la aprobación" de los contratos "es el Consejo" del IPDC. A pesar de los escritos de la interventora, García Pelayo optó por adjudicar los trabajos a Special Events y Down Town Consulting por resolución de presidencia.

(www.elpais.com, 27/02/09)

EL EURODIPUTADO GALEOTE ABRIÓ UNA CUENTA PARA EL PP EN UN PARAÍSO FISCAL

El nombre del eurodiputado popular Gerardo Galeote es uno de los últimos que ha sonado como posible implicado en el marco de la operación Gurtel. El dirigente fue el encargado en 2003 de abrir una cuenta del PP en Luxemburgo, un paraíso fiscal, en la que sus compañeros de partido en la Cámara Europea ingresaban 3.000 euros mensuales procedentes de las asignaciones que recibían para contratar asesores. Aunque en su momento Galeote defendió que no se estaba cometiendo ninguna irregularidad, cuando el PP conoció los hechos ordenó cerrar la cuenta y trasladarla a Madrid.

Gerardo Galeote, el último de los posibles imputados con condición de aforado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, fue el encargado de abrir, en 2003, una cuanta a nombre de una fundación del PP en un paraíso fiscal, Luxemburgo. Según informó Público, el eurodiputado abrió una cuenta que pertenecía a la sociedad Asociación de Estudios Europeos, de la que era presidente. En ella, cada eurodiputado popular ingresaba 3.000 euros mensuales procedentes del dinero que la Eurocámara da a sus miembros para gastos de secretariado.

El PP cerró la cuenta

La existencia de esta cuenta ya le hizo tener que dar explicaciones públicas en septiembre de 2003: aunque Galeote aseguró que no había ningún tipo de irregularidad, el PP nacional decidió cerrar esa cuenta y trasladarla a Madrid. El dinero se estaba ingresando en Luxemburgo desde febrero de ese mismo año y procedía de los 12.305 euros mensuales que recibían los eurodiputados para contratar asesores. Galeote justificó la creación de esta cuenta común alegando la necesidad de cohesión del grupo parlamentario para contratar asistentes y asesores.

Un "pequeño remante" para el partido

No obstante, el eurodiputado llegó a admitir que “un pequeño remante” de los ingresos no se destinaban a estos fines de contratación, sino que iban a parar a las arcas del partido, algo que prohibía expresamente la normativa de la Eurocámara, que no permite que las aportaciones que reciben los eurodiputados sirvan para financiar a sus partidos.
Dinero para FAES

La Asociación de Estudios Europeos surgió en la misma época en que el entonces presidente del PP José María Aznar ordenó que todas las fundaciones del partido se integrasen en la fundación FAES. A esta sociedad de análisis los eurodiputados también aportaban mil euros cada mes, según la versión de Público.

(www.elplural.com, 27/02/09)

EL PP ATACA TAMBIÉN A LA POLICÍA Y PIDE CUENTAS AL MINISTRO DEL INTERIOR

El PP sólo ve en la investigación del caso Gürtel una gran conspiración para abatirlo. Y por ello está empeñado en demostrar, como ya hizo con el 11-M, que la justicia, la policía y el Gobierno han actuado en bloque con ese objetivo y no para desentrañar una trama corrupta que toca el corazón del partido de Mariano Rajoy. Ésa es la justificación que ha esgrimido el Grupo Popular para solicitar la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que explique las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía durante la investigación que lleva a cabo el juez Baltasar Garzón.

La petición del Grupo Popular tiene una segunda parte y ya se lo advierte a Rubalcaba. "Esa unidad depende de la Comisaría General de la Policía Judicial, que dirige Juan Antonio González García". Ese mando policial compartió cena con el ex ministro Mariano Fernández Bermejo (del que es amigo desde la juventud) y el juez Garzón en la noche previa a la montería en la que cazaron juntos, episodios que han culminado con la salida de Bermejo del Gobierno. Tanto en esa cena como en la cacería había bastantes más personas, incluidas algunas más relacionadas con el mundo judicial, pero ajenas al caso.

"La trama contra el PP"

Garzón, Bermejo y el comisario: "Ya está cerrado el círculo de la trama contra el PP", proclamó ayer la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría. Los populares, aunque arremeten contra Garzón, son conscientes de que los informes los realiza la policía; de ahí su interés de buscar también por ese lado, y en la persona de Juan Antonio González, algún resquicio para sembrar la sospecha de que tampoco la policía estaría actuando correctamente. En todo caso, las explicaciones se las piden a Rubalcaba.

Desde el lado del PSOE se contraataca con la "doble vara" de medir que utiliza el PP en torno a las distintas etapas del juez. Cuando sus actuaciones fueron contra miembros del Gobierno de Felipe González, Garzón era un hombre "valiente, con coraje e imparcial", rememora la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, leyendo declaraciones de prensa en 1995 de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos, entonces números uno y dos del PP. Toda la dirección del PSOE salió ayer en tromba para pedir al PP que pare su ofensiva contra el juez.

Pero no todos los socialistas están dispuestos a defender a Garzón. "Que no se engañen los populares de hoy, Garzón no es de los nuestros: o no es de los míos", afirma Luis Solana, ex presidente de Telefónica y ex director de RTVE, y diputado por el PSOE entre 1979 y 1983. "Muchos socialistas maldecimos la hora en que Garzón y González se conocieron en una finca de Quintos de Mora". También el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina se refiere a Garzón en su blog. "Los que ahora protestan en el PP son los mismos que antaño aplaudieron con entusiasmo cuando este justiciero metía en la cárcel a los imputados del PSOE hasta que éstos colaboraban con la Justicia, hasta que cantaban la melodía que al juez le gustaba oír, hasta que denunciaban a sus jefes".

Por otro lado, el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha remitido sendas quejas al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado por la "utilización torcida de las instituciones del Estado" contra él y el PP, que "recuerda los mejores tiempos de la propaganda goebbeliana".

(www.elpais.com, 27/02/09)

TRILLO PRESENTÓ LA QUERELLA CONTRA EL JUEZ SIN PODERES PARA HACERLO

Las prisas han traicionado al PP y a su responsable de justicia, Federico Trillo, en su acoso al juez Baltasar Garzón a raíz de la investigación de la trama corrupta. La tan anunciada querella contra el juez por prevaricación, presentada el miércoles, ha visto truncada de inicio la tramitación, y no por argucias legales, sino porque Trillo olvidó un aspecto esencial en estos asuntos. Precisamente el exministro, ariete de Mariano Rajoy contra el magistrado, olvidó que requería de poderes notariales especiales para pleitos para interponer este tipo de querella ante el Tribunal Supremo, que le ha concedido cinco días para subsanar los "defectos de forma" detectados.

(www.elperiodico.com, 27/02/09)

LA EX ALCALDESA DE JEREZ IGNORÓ DOS INFORMES SOBRE LAS ADJUDICACIONES

La ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP) desoyó hasta dos advertencias de la intervención municipal sobre la adjudicación de contratos públicos a dos de las empresas implicadas en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

La también parlamentaria andaluza adjudicó en enero de 2004 los contratos de servicios para la presencia de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las sociedades Special Events y Down Town Consulting (actualmente Easy Concept) por valor de 202.172 euros sin contar con la aprobación del Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que García Pelayo presidía en calidad de alcaldesa.

La interventora municipal emitió el 8 de enero de 2004 dos documentos en los que hizo constar que el órgano "competente para la aprobación" de los contratos "es el Consejo" del IPDC. A pesar de estas dos advertencias escritas en las que la interventora municipal detallaba las cantidades a pagar a las empresas adjudicatarias, García Pelayo optó por adjudicar los trabajos a Special Events y Down Town Consulting por resolución de presidencia.

De hecho, sólo una semana después de los informes de intervención la dirigente popular firmó la adjudicación de los contratos "mediante procedimiento negociado sin publicidad" a las empresas investigadas por Garzón. El 15 de enero rubricó la primera orden de contratación. García Pelayo declaró "válida la licitación" y adjudicó un contrato a la empresa Special Events por valor de 162.806,37 euros. Días más tarde, el 19 de enero, selló con los representantes de Down Town, Isabel Jordán y Javier Nombela, ambos imputados en la trama de corrupción, la relación contractual para eventos relacionados con Fitur por la cantidad de 40.000 euros.

El expediente completo sobre la gestión municipal en los contratos de Fitur en 2004 está ya en poder de la Audiencia Nacional. La alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), la trasladó a la sede judicial vía fax y por mensajería. Según fuentes de la presidencia de la corporación jerezana, fue personal del Ayuntamiento el que contactó a primera hora de la mañana de ayer con la secretaría del juzgado de Garzón para enviar toda la documentación.

Siguiendo las instrucciones de la interlocutora, personal municipal transmitió el expediente de manera inmediata a Madrid. A partir de entonces, hubo varias llamadas en las que la secretaría del juzgado requirió la documentación y respondió a diversas dudas de asesores municipales, que, por ejemplo, desconocían si podían facilitar el expediente al Partido Popular una vez remitido a la Audiencia.

Mientras se hacían estas gestiones, la concejal del PP y sus compañeros de filas en la corporación decidieron encerrarse en el salón de plenos del Ayuntamiento. Allí permanecieron más de tres horas reclamando la totalidad del expediente.

A las 14.30 acabó la protesta. Los concejales del PP tuvieron acceso a los 19 documentos relacionados con las empresas a las que García Pelayo adjudicó los contratos en 2004.

(www.publico.es, 27/02/09)

EL PP NACIONAL FUERZA LA SUSPENSIÓN DE MILITANCIA DEL EX ALCALDE DE BOADILLA

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón, ha sido suspendido "cautelarmente" de militancia en el Partido Popular por la número dos de la formación, María Dolores de Cospedal. Esperanza Aguirre anunció ayer que el ex regidor había pedido voluntariamente apartarse por un tiempo y que la agrupación del pueblo, hasta ayer presidida por él mismo, quedará en manos de una gestora liderada por el primer edil de Alcalá, Bartolomé González.

Fuentes próximas a González Panero aseguran que éste no se ha dado de baja "ni ha firmado ningún papel". También que en las próximas horas "negociará una solución", y advierten de que en esa "negociación" Panero exigirá que se le respete. El ex alcalde, dicen, está muy satisfecho de la elección de Bartolomé González: "Es amigo mío".

La idea de la suspensión del imputado en el caso Gürtel parte de Génova, según fuentes del PP madrileño. Su secretaria general recibió en su día, hace dos semanas, a González Panero y éste, entre su batería de excusas, llegó a decir que si era necesario se apartaría para no perjudicar al partido. Una frase pronunciada al descuido y sin intención pero de la que los dirigentes nacionales del PP tomaron nota. Panero asistió a esa reunión, ya destituido, en su coche oficial de regidor.

González Panero también, se supone, abandonará sus responsabilidades en la Ejecutiva regional del PP, en la que ocupa el área de relaciones con la Federación Madrileña de Municipios. "Cuando se convoque el siguiente consejo de dirección él no será invitado", confirman fuentes populares.

Sin embargo, donde permanecerá es en el grupo municipal de Boadilla. González Panero, obligado a dimitir el pasado 10 de febrero, conserva su despacho de alcalde. "¿Dónde voy a dejar mis cosas hasta que me den otro sitio?", es su argumento para oponerse a la mudanza, según voces municipales. Desde el PP advierten de que no se le puede expulsar "sin una votación". Además, insisten, "hay independientes en los equipos de gobierno". "No está previsto que pase al grupo mixto", concluyen.

La realidad municipal de Boadilla del Monte no ha acusado el trueque del dimisionario González Panero por su ex concejal de Hacienda y número tres de la lista, Juan Carlos Siguero."Panero sigue mandando en todo", dicen miembros de la Corporación municipal, sita en un moderno inmueble marrón casi al final de la sinuosa calle de José Antonio, cerca de su confluencia con la avenida del Generalisímo. Hasta el punto de que varias fuentes de los populares aseguran que el ex alcalde se jacta de que mantendrá el control en el urbanismo de la localidad, a través de las obras, y que, al menos, se quedará con la Concejalía de Deportes. Eso, al margen de que ocupa un cargo en la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda sobre el que no parece que tenga intención de renunciar.

Su control de la vida municipal también se refleja en una reciente reunión del nuevo alcalde con los concejales para avisarles de que se citará con ellos uno a uno para explicarles sus cometidos, González Panero estuvo presente haciendo comentarios supuestamente irónicos y se ofreció a "asesorar" al nuevo regidor, un hombre de su confianza. "No sabemos en calidad de qué estaba en esa junta, porque no se tomó la molestia de darnos explicaciones", revela uno de los asistentes.

Una actitud a la que los componentes del gobierno de Boadilla están acostumbrados. "Allí reina el terror desde hace muchos años", explica un miembro del PP. Tanto es así que el partido y el propio equipo dirigente municipal se habían escindido en dos partes. Una, liderada por la que era hasta ese momento la número dos, María Jesús Díaz, y otra por Panero. La facción de Díaz, obligada a dimitir el mismo día que el ex alcalde, era mucho más minoritaria y sus concejales se quedaron sin ninguna responsabilidad efectiva de gobierno. Incluso, de ese modo, González Panero consiguió excluirlos de las reuniones del Consistorio. Al menos ocho de los actuales concejales de la Corporación están muy próximos a González Panero. Casi todos ellos ocupan las áreas de mayor relevancia.

La gestora que desde el lunes se hará cargo de la agrupación del partido en Boadilla estará encabezada por Bartolomé González, alcalde de Alcalá. Pero quien tendrá el control cotidiano de la formación será Miriam Villares, antigua diputada regional y concejal de Cultura.

Villares, que ocupó el puesto décimo en las últimas listas electorales, fue la apuesta de la dirección popular para sustituir como alcalde a González Panero. Para que ello sucediese, todos los que la precedían en la papeleta debían renunciar al cargo. Sigueros, a instancias de Panero, decidió no renunciar.

(www.elpais.com, 27/02/09)

Pedro J. a Garzón en 1995: "Te vamos a apoyar a tope porque está en juego que la justicia sea igual para todos"

"Que sepas que te vamos a apoyar a tope proque lo que está en juego es que en España la justicia sea igual para todos", son las palabras que Pedro J. Ramírez dirigió al juez Baltasar Garzón el 7 de febrero de 1995 cuando en éste le comunicó por teléfono que estaba a punto de tirar la toalla y dejar el sumario de los GAL. Así lo reconoce el propio director de El Mundo en su libro Amarga Victoria. Hoy, un editorial del mismo periódico lo define como un "indeseable" que se comporta "de forma malévola y artera" y que, incluso, tortura al PP.

Enric Sopena recordó en El Plural el pasado 15 de febrero a Pedro J. la buena relación que mantuvo con el juez Baltasar Garzón cuando, según su propio relato, lo convirtió en en el martillo del felipismo. El periodista se jacta en su libro de la confianza que tenía con el juez al que ahora presenta como un “indeseable”. Asegura que llamó a Garzón el 7 de febrero de 1995 para darle ánimos cuando éste lamentaba “la presión” de los medios ante su investigación de los GAL y sus ideas de “dejarlo todo” en ocasiones. “Quiero decirte que lo que estás haciendo tiene un gran valor para muchas personas (…) te vamos a apoyar a tope porque lo que está en juego es que en España la justicia sea igual para todos”.

Dos hombres y un destino
La versión del director de El Mundo se ve reforzada además por la de la periodista Belen Esteban quien en su libro su libro El tercer hombre, editado en 1995, habla del "tándem Garzón-Pedro J.: dos hombres y un destino". En aquella época Pedro J. fue uno de los cabecillas del llamado sindicato del crimen, que jugó un importante papel a la hora de minar el Gobierno de Felipe González y aupar a Aznar al poder.

"El coco del cuento"
Al igual que el PP Pedro J. Ramírez, ha sufrido una auténtica mutación con respecto al magistrado. Esta mañana la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, rememoró cuando en 1995 Francisco Álvarez Cascos, entonces número dos del PP, y José María Aznar defendían “con uñas y dientes” a Garzón, a quien calificaban como “un juez valiente, con coraje e imparcial”, aunque ahora los populares lo han convertido “en el coco del cuento”. La número tres socialista ha recordado además el doble rasero del PP cuando denuncia la cacería de Bermejo y Garzón. “¿Se nos ha olvidado que el señor Gallardón y el señor Cobo comieron con el juez que instruía su caso –el caso Guateque- y nadie ha dicho nada”?, concluyó.

Garzón, el torturador del PP
Dentro de la estrategia de la derecha para convertir la investigación judicial sobre la presunta corrupción en el PP en una “causa general” contra el partido de Rajoy, las acusaciones de parcialidad y de prevaricación contra el juez Garzón forman parte fundamental. Y El Mundo es uno de los medios que más se está esforzando en cuestionar la figura del magistrado de la Audiencia Nacional. Hoy ha subido un peldaño más en su escalada de erosión contra el juez Garzón y en su editorial de este jueves, Un juez indeseable, una querella inútil, una hipótesis grave, lo presenta como “un magistrado que ha puesto el Derecho al servicio de sus intereses y de sus fobias personales”. Y tras denunciar filtraciones del sumario, el diario de Pedro J. concluye que “es obvio que Garzón se ha comportado de forma malévola y artera manejando los datos que obran en el sumario y los tiempos para perjudicar al PP, interpretando la ley a su antojo y convirtiendo el procedimiento en una tortura contra el partido de Rajoy”.

“Indeseable y sin vergüenza”
El editorial cree que la querella del PP contra Garzón no funcionará porque “la prevaricación” es “muy difícil de demostrar, excepto que se actúe con la mala fe de quienes condenaron a Liaño”. Y concluyen que “lo que sí está demostrando” es que Garzón “no es un investigador imparcial”, “asume un protagonismo desmedido”, “administra justicia para satisfacer su ego”, “tiene una serie de fobias y filias que le ciegan y sobre todo se cree por encima de la ley”. Por último proclaman que “hasta que este juez indeseable para cualquiera y sin vergüenza para casi todo no se aparte del asunto, será imposible deslindar el grano de la paja”.

El franquismo, que no se toque
No es novedosa esta animadversión de El Mundo hacia el juez Garzón en los últimos tiempos. Cuando al magistrado se le ocurrió enjuiciar los crímenes del franquismo, lideró toda una campaña contra él y sus intocables, casualmente, también apoyada por el PP.

Un pasado que la derecha perdonó
Esta mañana, Mariano Rajoy también ha arremetido con dureza contra Garzón, al que acusa de estar bajo sospecha por ser socialista. Efectivamente, formó parte del último Gobierno de Felipe González pero al líder de la oposición parece habérsele olvidado un aparte esencial de la historia. Un análisis del director de El Plural, publicado el pasado 21 de febrero podría refrescar su memoria. En él se relata cómo Garzón contribuyó decisivamente a la victoria de Aznar. Cuando el juez regresó tras su fugaz paso por la política, decepcionado por el nombramiento de Juan Antonio Belloch como superministro de Justicia e Interior, reabrió la causa de los GAL, que constituyó la puntilla que necesitaba Aznar para acabar con González.

www.elplural.com 26.02.09

Tres Galeotes, bajo sospecha de corrupción

Malos tiempos para la familia Galeote. Según adelantó ayer la Cadena Ser, Gerardo Galeote, eurodiputado del Partido Popular, portavoz de esta formación política en el Parlamenteo Europeo y patrono de la Fundación FAES, podría estar siendo investigado por el juez Baltasar Garzón

Gerardo Galeote posa con Ana Pastor

Su nombre ha aparecido, junto con el de Luis Bárcenas, en los informes policiales del caso Gürtel. Pero Gerardo no es la única persona de su familia que en los últimos días está bajo sospecha.

Ricardo Galeote
Su hermano Ricardo ejerce como concejal de la localidad malagueña de Estepona, ha sido número dos del partido y ocupó un cargo de confianza en el consistorio entre 1999 y 2003 con dos gobiernos distintos.

Ricardo Galeote se divierte en un Pleno municipal de Estepona

Contratos de miles de euros
Tal y como informó El Plural, Ricardo, como concejal de la localidad malagueña, contrató con las sociedades Special Events SL y Viajes Pasadena SL, del empresario Francisco Correa, 53.227,58 euros y 69.735,39 euros en concepto de billetes de avión y tren así como alojamientos en hoteles para Fitur.

Sandra Galeote
Gerardo y Ricardo tienen una única hermana, Sandra Galeote, afiliada muy activa del Partido Popular de Andalucía y persona muy cercana a Javier Arenas. Sandra trabaja como psicóloga en la Mancomunidad Costa del Sol.

Sandra Galeote habla en un mítin del PP

De tal palo…
Gerardo, Ricardo y Sandra son hijos de José Galeote, quien fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde 1995 a 2003. Luego trabajó como asesor del Alcalde y de Asuntos Institucionales. En la actualidad, José Galeote sigue siendo consejero de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla.

Viaje a Miami
José Galeote también fue una de las personas que acompañó a Arturo González Panero y Francisco Correa a Miami Beach, lugar donde el ex regidor de Boadilla pudo haber adquirido varias propiedades.

Jubilado y cobrando
Asimismo, El Plural publicó en exclusiva que los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón le nombraron en 2004 gerente del Consorcio Deportivo y de Servicios de la zona noroeste de Madrid. El hecho no tendría ninguna relevancia de no ser porque José Galeote estaba jubilado, con lo que no podría percibir otras retribuciones por su trabajo. Además, está prohibido desempeñar un puesto de trabajo en el sector público a personas mayores de 70 años.

www.elplural.com 26.02.09

Seis imputados en la Operación Gürtel salen en libertad

Baltasar Garzón ha dejado en libertad a otros seis imputados en la causa. Entre ellos se encuentran los tres apoderados de las empresas implicadas, Mónica Magariños Pérez de Orange Market, Joaquín García Mármol de Special Events, y Guillermo García Coello de Pasdena Viajes, Easy Concept, y Proyectos Financieros Fillmore. En total, el magistrado ha decretado 3 prisiones y 15 libertades.

Garzón también ha dejado en libertad a David Luis Cerezo –hermano de la también imputada Carmen Luis Cerezo-, Paula Seco de Herrera López, y Antonio Herrero González, veicno y amigo del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

3 detenidos…
Precisamente Correa y los otros dos supuestos artífices de la trama –Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo, y Antoine Sánchez, primo del líder y encargado del blanqueo de capitales- son quienes permanecen detenidos, recoge Europa Press.

…15 libres
Los tres primeros imputados dejados en libertad fueron Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa; Felisa Jordán, administradora única de empresas de la trama; y Carmen Luis Cerezo. Les siguieron Álvaro Pérez el Bigotes, el presidente de Orange Market; Cándido Herrera, el consejero delegado del cabecilla; José Luis Izquierdo, el financiero; Andrés Bernabé, su chófer; Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag; y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.

El martes, más
El magistrado ha retomado los interrogatorios al reintegrarse a la Audiencia Nacional después de ser ingresado el viernes pasado por una crisis de ansiedad. Garzón sigue a la espera de que la Fiscalía responda a su requerimiento sobre si debe inhibirse a favor del Supremo dada la implicación de diputados nacionales, senadores o eurodiputados. Las declaraciones se reanudarán el próximo martes, cuando están llamados a declara otras seis personas.

www.elplural.com 26.02.09

LA INVESTIGACIÓN DE GARZÓN IRRUMPE EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL PP

La trama corrupta de Francisco Correa ha llegado a la sede del Partido Popular. Ayer se conoció que el juez Baltasar Garzón considera que existen indicios racionales de criminalidad en la conducta del tesorero del PP, Luis Bárcenas, que tiene la condición de senador por Cantabria, lo que determinaría que la competencia para investigar los hechos correspondería a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La identidad de Bárcenas y de otro aforado fue incorporada a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) que el martes a las 15.30 horas fue entregado al juez para su valoración. Fuentes de la investigación consideran que se trata del núcleo de la trama corrupta.

El dictamen policial está basado en los documentos en papel y en los archivos guardados en los ordenadores y las unidades de memoria que habían sido intervenidas en los registros de los domicilios de varios de los imputados y en el piso de seguridad que la trama corrupta disponía en la calle del General Martínez Campos, de Madrid.

A la vista de las nuevas pruebas, de las que Garzón pudo tener conocimiento verbal el viernes anterior, antes de que tuviera que ser internado en una clínica de Madrid por una subida de tensión, el magistrado realizó una nueva consulta. En una providencia dirigida al fiscal anticorrupción, Garzón explicaba que "los nuevos datos podrían resultar fundamentales para la remisión de las exposiciones razonadas", ya que han aparecido nuevos posibles aforados.

El fiscal había informado con anterioridad al juez de que, a la vista del contenido de la causa, debería remitirla al Tribunal Superior de Justicia de Madrid -existen indicios contra Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Benjamín Martín Vasco, parlamentario madrileño y ex presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje, y Alfonso Bosch, diputado de la Asamblea de Madrid y gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte-. Y también que una parte, perfectamente escindible, que afecta al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y a otro aforado de esa comunidad, en idéntica medida, debería remitirse al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.

Sin embargo, la aparición de nuevos aforados, entre ellos Bárcenas, cuyo eventual enjuiciamiento correspondería al Supremo, determinó que Garzón preguntase al fiscal si procede elevar exposición razonada al Tribunal Supremo sobre los casos de su competencia, o si, a la vista de que los hechos se refieren a varias comunidades autónomas, correspondería al Supremo la investigación y enjuiciamiento de todo el caso.

El juez ha dado un plazo al fiscal que concluye hoy, pero no se descarta que el fiscal se tome más tiempo y que el presumible auto de inhibición a la Sala Segunda del Supremo -o a tres tribunales distintos- no se conozca hasta después de las elecciones del próximo domingo.

Fuentes de la investigación recuerdan que en una de las grabaciones realizadas al principal implicado en la trama de corrupción, Francisco Correa, en diciembre de 2007, se escucha a éste decir en relación con el entonces gerente y hoy tesorero del PP: "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa".

Correa no aportó ninguna prueba de tal acusación y el propio Bárcenas tachó en su momento esa afirmación de "absolutamente falsa y calumniosa". Sin embargo, el juez ha estimado que existen indicios de su participación delictiva y le ha incluido entre los aforados.

El informe de la investigación policial en el que se ha basado Garzón para implicar a parlamentarios nacionales del PP también incluye alusiones a Gerardo Galeote, europarlamentario popular. El padre de Galeote está muy vinculado con los gobiernos municipales del PP en Boadilla del Monte, donde fue concejal ocho años, asesor del ex alcalde (imputado por Garzón) y consejero de la empresa de suelo y vivienda del municipio. La red corrupta de Correa hizo negocios en Boadilla del Monte y, según las declaraciones grabadas al jefe de la trama, pagaron comisiones al entonces alcalde de la localidad a cambio de adjudicaciones.

El informe policial también incluyó el nombre de Esteban González Pons, diputado y responsable de comunicación del PP, que resultaba salpicado por un asunto muy menor, y por el que el juez de la Audiencia Nacional no consideró oportuno imputarle, ni incluirlo en la lista de aforados.

(www.elpais.com, 26/02/09)

EL PP, SALPICADO EN GÉNOVA, VALENCIA Y MADRID

- Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, es el último nombre supuestamente implicado en la trama. En una grabación, el presunto jefe de la red corrupta dice: "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene".

- Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado, según la fiscalía, en la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del PP en el mandato de José María Aznar. El escrito de Garzón conocido ayer indica que otro parlamentario o miembro del Gobierno valenciano, cuyo nombre no fue difundido, estaría implicado.

- Alberto López Viejo, que dimitió como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Alfonso Bosch, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla, y Benjamín Martín Vasco, diputado del PP en Madrid y ex presidente la comisión de investigación del espionaje, son los aforados madrileños supuestamente implicados en la red.

- La investigación ha supuesto la imputación de los también cargos del PP Arturo González Panero, forzado a dimitir como alcalde de Boadilla (Madrid), y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y ya ex director del Mercado Puerta de Toledo. Además, el juez ha encarcelado a Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego.

(www.elpais.com, 26/02/09)

"LE LLEVÉ 1.000 MILLONES DE PESETAS POR ADJUDICACIONES DE LA ÉPOCA DE CASCOS"

La investigación sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, el hombre que durante diez años montó los actos del PP bajo mandato de José María Aznar, ha dejado al descubierto algunas maniobras que han levantado múltiples sospechas sobre una supuesta financiación ilegal del PP a través de los jefes de la red empresarial encarcelados por el juez Baltasar Garzón.

Correa, en las reuniones que mantenía con sus colaboradores, citaba algún pago directo al PP a cambio de adjudicaciones de contratos. En las grabaciones de conversaciones privadas de Correa aportadas al sumario hay al menos dos referencias a la supuesta financiación ilegal del partido. Una de ellas afecta directamente al PP de la Comunidad de Madrid, cuando Correa se refiere a prácticas supuestamente ilegales del diputado popular Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y hombre de confianza de Esperanza Aguirre al menos desde 2004. El jefe de la trama corrupta asegura que López Viejo imputa gastos de actos del PP a las consejerías del Gobierno regional. El Ejecutivo de Aguirre adjudicó trabajos a la red de Correa por casi ocho millones de euros en cuatro años.

La segunda cita sobre financiación ilegal se refiere al PP que gobierna Mariano Rajoy y cita expresamente al tesorero nacional del partido y senador, Luis Bárcenas. "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos", señala Correa en una de las grabaciones que investiga desde hace año y medio la Fiscalía Anticorrupción.

La "época" de Cascos, que fue secretario general del PP cuando Correa hacía sus primeros trabajos para el partido, va de 2000 a 2004, cuando desempeñó el cargo de ministro de Fomento en el Gobierno de Aznar. En aquella etapa, AENA, dependiente de Fomento, adjudicó la inmensa mayoría de montajes para ferias en España y en el extranjero a la red de empresas de Correa, a razón de entre 30.000 y 300.000 euros por encargo.

En cuatro años, la trama corrupta se llevó cerca de cinco millones de euros en decenas de contratos adjudicados a distintas empresas de la red: Special Events, TCM y otras.

Álvarez-Cascos explicó que no tuvo "nada que ver" con ningún contrato entre las empresas de Correa y AENA. "Si se cometió alguna irregularidad, lo que a mí desde luego no me consta, se hizo sin mi consentimiento. Pero también hay que tener en cuenta que el señor Correa tenía una reputación como proveedor en el año 2000 que ahora evidentemente no tiene. Mucha gente contrataba con él de buena fe. En cualquier caso y aunque me extrañaría que hubiera irregularidades, si las hubo yo no tuve nada que ver con esos contratos. Ni siquiera me enteré de ellos en su día porque eran temas como organizar la participación de AENA en algunas ferias internacionales".

La red de sociedades que dirigía Correa echó raíces sólidas en AENA y sus contratos de ferias. Hasta el punto de que logró mantener algunos de ellos tras la salida de Álvarez-Cascos del ministerio y durante los primeros tiempos del nuevo Gobierno socialista, aunque en cantidades muy inferiores.

Rajoy ha rechazado cualquier relación del PP nacional con la trama corrupta que supusiera financiación ilegal. De hecho, recalcó que la investigación de Garzón no se podía comparar con el caso Filesa de financiación ilegal que afectó al PSOE. Rajoy ha explicado que a partir de su llegada a la presidencia del partido, cortó las relaciones con la red empresarial de Correa al descubrir que iban por los pueblos del noroeste de Madrid alardeando de sus especiales relaciones con el PP para obtener contratos.

La trama corrupta desmantelada por el juez Garzón hizo algunas operaciones urbanísticas y logró algunos contratos importantes en municipios de esta zona, como Boadilla del Monte y Majadahonda, gobernados por el PP. Ex alcaldes de estas dos localidades, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, figuran como imputados en la causa abierta en la Audiencia Nacional por Garzón.

(www.elpais.com, 26/02/09)

EL PP NO PREVÉ DIMISIONES, PERO PIDE LA INHABILITACIÓN PARA GARZÓN

El PP decidió ayer, poco antes de conocer la explosiva implicación de su tesorero, Luis Bárcenas, en el caso de presunta corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, intensificar su campaña de contraataque. Primero presentó ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo una querella contra el juez por prevaricación. En el texto se reclama que se le aplique al juez la sanción más leve de las tres previstas por la prevaricación: de 10 a 20 años de inhabilitación, lo que supondría, de concederse, el fin de la carrera del juez más conocido de España y probablemente del mundo.

El texto de los populares, preparado por el equipo que dirige Federico Trillo, se basa en recortes de periódico para tratar de probar que el juez está retrasando voluntariamente su inhibición ante la implicación de aforados, y le achaca animadversión contra el PP basándose en el encuentro en una cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que según la querella "revela una pérdida de imparcialidad del juzgador".

El PP no se conformó con este ataque frontal contra el juez, al que acusa del mayor delito que puede cometer un magistrado, el de tomar una resolución injusta a sabiendas. Cuando la portavoz de la Audiencia Nacional, por orden de Garzón, desmintió que Esteban González Pons estuviera implicado, el PP entendió inmediatamente que el juez estaba confirmando la otra parte de la información, la más relevante, esto es, que el tesorero, Luis Bárcenas, un hombre colocado al frente de la financiación del PP por Mariano Rajoy en 2008, sí está implicado. Y por eso los populares, por la tarde, ampliaron la querella por prevaricación.

En la ampliación, el PP llega a decir que la providencia de Garzón en la que pregunta al fiscal si debe dejar el caso en manos del Tribunal Supremo, visto que están implicados parlamentarios nacionales, es "probablemente una respuesta" a la querella de este partido, presentada a primera hora. Sin embargo, la providencia de Garzón.

El PP vivió ayer una nueva jornada de locos. Rajoy, que estaba de campaña en Ourense con José Luis Baltar, se pasó la mañana hablando por teléfono con Trillo, que desde Madrid iba dirigiendo la estrategia de contraataque con toda la fiereza posible. Después de un rato, Rajoy ofreció un pequeño acto con militantes en plena calle en el que sentenció: "Quiero una justicia imparcial, con apariencia de imparcialidad. Y luego, el que la haga que la pague. Hay algunas cosas que están pasando en España estos días en plena campaña electoral que a nadie le gustan, ni le pueden gustar, piensen como piensen y sea como sea su ideología".

El líder del PP estaba indignado. Los populares están desesperados porque creen que mientras Garzón no levante el secreto del sumario, ellos están expuestos a golpes diarios -"en plena campaña electoral", como dijo Rajoy-, sin poder defenderse. El líder ha decidido que no tomará ninguna decisión drástica, como la de forzar la dimisión de Bárcenas o la expulsión del partido de otros implicados, hasta que el juez no enseñe las pruebas que hay contra ellos.

Rajoy quiere además ganar tiempo hasta que pasen las elecciones del domingo, claves para él. Aún así, todos los dirigentes del partido consultados ayer mostraban una enorme preocupación por la implicación de Bárcenas. El tesorero, en cualquier partido, es una figura clave. Además, éste, aunque está vinculado a la anterior etapa, ha sido nombrado por Rajoy, por lo que cualquier golpe caerá directamente sobre el líder, que insiste en descartar absolutamente, en público y en privado, que este caso pueda acabar en un escándalo de financiación ilegal.

(www.elpais.com, 26/02/09)

12 AÑOS DE ACOSO POLÍTICO A GARZÓN

- Enemistad manifiesta (2009). El PP presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella contra el magistrado por prevaricación. Antes intentaron sin éxito personarse en la causa para recusar al juez Garzón por "enemistad manifiesta".

- Un ataque brutal (2006). El magistrado imputó un delito de falsedad a tres peritos que elaboraron un informe en el que se vinculaba a ETA con el 11-M. Éstos y el vocal conservador José Luis Requero elevaron una queja al Poder Judicial, que fue archivada. Garzón denunció ante el Consejo "un ataque brutal" por "pretensiones políticas" de quienes sostenían la teoría de la conspiración. También fue rechazada una querella del pseudosindicato Manos Limpias

- Interés directo (2002). En 2002, los abogados de Batasuna recusaron a Garzón cuando declaró la suspensión de actividades de la formación por formar parte del entramado ETA. Batasuna achacaba al juez interés directo en la causa. En ese mismo año, el Gobierno vasco se querelló contra el magistrado por las resoluciones que restringían el derecho de reunión de la formación abertzale. Fue archivada en enero de 2003.

- Falta de imparcialidad (1996). El caso Oñaederra, uno de los sumarios de los GAL, archivado en 2003, estuvo paralizado más de dos meses porque el ex ministro José Luis Corcuera y el ex secretario de Estado Rafael Vera recusaron en 1996 a Garzón, que les había imputado en la causa. Era la tercera vez que Vera lo recusaba. Los ex altos cargos acusaban a Garzón de enemistad manifiesta y falta de imparcialidad. Ambas fueron rechazadas. Meses antes, en el caso del secuestro de Segundo Marey, Vera ya se querelló contra el magistrado, con el mismo resultado.

- Otros sumarios, otros jueces. La defensa de Ibarretxe recusó el pasado año a tres magistrados en el caso de las reuniones con Batasuna aduciendo falta de imparcialidad; la Generalitat catalana recusó a un magistrado conservador para evitar que participara en las deliberaciones del Estatuto; el juez del 11-M sufrió una campaña de descrédito por parte del PP y de medios afines. El PP también acusó de prevaricación en el caso Naseiro a varios policías y al juez Manglano, y el juez del caso Filesa dejó la causa por las críticas de destacados socialistas.

(www.elpais.com, 26/02/09)

LOS AFORADOS DEL PP INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN, ASESORADOS POR TRILLO, SE UNEN A LA TEORÍA DE LA “CAZA DE BRUJAS”

El tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote, los dos aforados que podría estar investigando Garzón según apuntan varios medios, presentarán sendas denuncias ante la Fiscalía General por la “causa general contra el PP” de la que estarían siendo víctimas. Por su parte, José Javier Nombela, que sí se encuentra ya imputado por la presunta trama de corrupción en el PP, ha recusado a título personal al juez instructor de la causa, Baltasar Garzón, después de que el magistrado rechazara la presentada por el PP. El estratega judicial de los populares es Federico Trillo, quien está asesorando a sus compañeros que aparecen en los medios relacionados con la investigación de la trama y ya el domingo estuvo reunido con Galeote.

Los populares Bárcenas y Galeote, que aparecieron ayer señalados por diferentes medios como los dos aforados con los que se ha topado Garzón en su investigación en torno a la presunta trama de corrupción del PP, van a presentar sendas denuncias ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, según publica ABC. En las denuncias se presentarán como víctimas de la “propaganda goebbeliana”, de “una causa general contra el PP” y de “un juicio paralelo mediático”.

El borrador de la denuncia de Bárcenas acusa al juez instructor Garzón de confirmar implícitamente su imputación cuando ayer desmintió que González Pons fuera a ser imputado, lo que no hizo con el resto de nombres que estaban apuntando los medios. Ademá, Bárcenas y Galeote también estudian una petición de amparo ante el Consejo General del Poder Judicial. El diario de Vocento apunta que dirigentes del PP presentan el asunto como “una caza de bruzas” y que Federico Trillo es “el responsable de la estrategia judicial” del partido, por lo que estos días está asesorando a los aludidos en las informaciones periodísticas sobre la evolución de las investigaciones de la trama de corrupción. En este contexto, el pasado domingo se reunieron Trillo y Galeote.

José Javier Nombela, uno de los imputados en la operación Gürtel, ha presentado una recusación contra el instructor de la causa Garzón, según publica El Mundo. Nombela ejerció como asesor del concejal-presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, hasta el pasado miércoles 18, cuando Gallardón lo destituyó por su implicación en la trama corrupta. El viernes, presentó su recusación, después del fracaso de la presentada por el PP en la que se alegaba que el magistrado muestra “una constante actitud de enemistad” hacia el partido de Rajoy y que tiene “interés directo o indirecto en la causa”. El propio Trillo asegura que Garzón carece de la “necesaria y exigible imparcialidad”.

Las teorías de la conspiración están siendo secundados por pesos pesados del partido, empezando por Rajoy, que ya presentó públicamente las informaciones sobre corrupción en el PP como una “causa general” contra su formación. Hoy mismo ha asegurado que el juez no es imparcial porque es socialista y lo ha acusado de saltarse la ley.

El presidente de La Rioja, el popular Pedro Sanz, relacionó las informaciones sobre la presunta corrupción en su partido con las citas electorales en Galicia y País Vasco, declarando a El Mundo que “han montado un 14-M”, “el PSOE está muy nervioso” y los socialitas buscan “ganar por vías distintas a las normales, con noticias que puedan influir en el ánimo de los electores, aunque no quede nada de ellas pasadas el domingo”.

(www.elplural.com, 24/02/09)

AGUIRRE SE BURLA DE LAS GRABACIONES QUE VINCULAN A CARGOS DEL PP CON LA TRAMA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha querido hoy restar relevancia a las grabaciones que implican a cargos del PP con la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. "Lo que sabemos es que hay una cintas que dicen cosas sobre cantidad de gente, que es como si el alcalde de Torrejón dijera que tiene mucha relación con Angelina Jolie, aunque tendría más credibilidad si lo dijera el consejero de Sanidad", ha afirmado la presidenta madrileña en presencia del regidor de Torrejón, Pedro Rollán, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Aguirre se ha referido a las grabaciones como "conversacioncillas" de una persona que "presume y acusa de ciertas cosas que implican delitos gravísimos a otras personas".

La presidenta ha tildado de "triquiñuela" a la consulta de Garzón a la Fiscalía Anticorrupción sobre qué tribunal ha de llevar el caso Gürtel. "Parece ser que todo esto es una nueva triquiñuela del Juez Garzón para no pasárselo ni al Supremo ni a los Tribunales Superiores de Justicia Valencia ni de Madrid, y quedarse él con el asunto".

Aguirre ha apuntado que el "ministro furtivo", Mariano Fernández Bermejo ya ha dimitido y "el juez socialista", Baltasar Garzón, sigue actuando. "Y aquí estamos todos al albur de que se publique en determinados medios unas grabaciones, que al parecer duran nueve horas, de un señor ex concejal del PP de Majadahonda, expulsado del PP, que se pone a grabar a mí y al alcalde, y a lo mejor decimos cosas que pueden o no ser ciertas"

Aguirre ha anunciado que el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha solicitado la suspensión de militancia en el Partido Popular. Panero, aseguró Aguirre, tomó la decisión "voluntariamente", después de haber presentado su dimisión como alcalde hace 15 días por al estar imputado por Garzón. Se prevé que Panero declare ante el juez el próximo miércoles. La presidenta regional ha añadido que el lunes el comité de dirección formará una gestora para que presida el partido en Boadilla, casta ahora liderado por Panero. El director de esta gestora será el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias, Bartolomé González, hasta que se vote una nueva ejecutiva local.

La renuncia de Panero fue motivo de controversia después de que se personara voluntariamente en la Audiencia Nacional para declarar antes de que su nombre apareciera entre los imputados y en la puerta del tribunal asegurara que él no había cesado pese a que minutos antes, Mariano Rajoy, había anunciado que había puesto el cargo a disposición del partido. Horas después Panero se vio forzado a cesar, tal y como había pactado con la ejecutiva del PP de Madrid.

Aguirre se ha referido a la no inclusión del vicealcalde, Manuel Cobo, ni del ex consejero Alfredo Prada -ambos objeto del presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid - en la lista de 12 comparecientes que presentó ayer el PP ante la comisión de investigación del caso. "No están en la lista porque no les ha acusado nadie de espiar", por lo que "no tienen que dar explicaciones". La presidenta insistió en que Ignacio González, sometido a seguimiento durante un viaje a Colombia, ha sido incluido en la lista "en calidad de vicepresidente de la Comunidad".

(www.elpais.com, 26/02/09)

EL 'NÚMERO DOS' DEL PODER JUDICIAL FUE A VER A CAMPS EL DÍA QUE ATACÓ A GARZÓN

El presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps, se entrevistó en secreto el pasado viernes en el Palau de la Generalitat con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, según ha podido confirmar Público en fuentes del Gobierno autonómico. Ese mismo día, De Rosa insinuó públicamente que el juez Garzón estaba cometiendo prevaricación por no inhibirse en el caso Gürtel y definió al líder del PP valenciano como una persona "absolutamente honorable". La reunión se produjo cuando ya se sabía que Camps, también diputado autonómico, es uno de los aforados presuntamente implicados en la trama de corrupción que operaba en instituciones públicas donde gobierna el PP.

A través de un portavoz del Poder Judicial, Fernando de Rosa, consejero de Justicia valenciano hasta hace cinco meses, aseguró anoche a preguntas de este diario que el pasado viernes acudió al Palau de la Generalitat "para recoger los teletipos" de las reacciones provocadas por sus declaraciones. Tres horas antes, había mentido a Público, al negar que hubiera acudido al Palau de la Generalitat. Las fuentes que hablaron en nombre del vicepresidente del CGPJ pusieron especial énfasis en negar cualquier paralelismo entre este encuentro y la cacería en la que coincidieron Garzón y el ya ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que terminó dimitiendo el lunes tras la campaña de acoso del PP.

Dos testigos de la Generalitat vieron al vicepresidente del Poder Judicial: en la sede del Palau y con Camps. Un dirigente del PP, que exigió el anonimato, corroboró luego el relato de ambos testigos: la reunión existió.

El vicepresidente del CGPJ admitió su visita a la sede de la Presidencia valenciana sólo después de que este diario le transmitiera, primero personalmente y luego a través de sus colaboradores, que la noticia estaba confirmada. Magistrado en excedencia, De Rosa intentó convencer a este periódico de que no había pisado la sede de Camps con el argumento de que por la mañana había estado ocupado con dos entrevistas y la presentación de un libro, y que luego había pasado la tarde en su casa de Valencia con su mujer.

La jefa de prensa de Camps, Nuria Romeral, se negó a lo largo de dos conversaciones telefónicas con Público a confirmar o desmentir si tal reunión se había producido y sobre qué tema había versado. En la primera conversación, Romeral dijo que, la tarde del viernes, Camps "estuvo en el Palau en reuniones privadas". Dos horas después, negó haber dicho eso. "No informo de la agenda privada del presidente", fue su disculpa para evitar pronunciarse al respecto.

A las diez y cuarto de la noche, finalmente, un portavoz del Poder Judicial admitió que Fernando de Rosa sí había estado en el Palau, pero insistió en que sólo para recoger "faxes porque en su casa de Valencia no tiene fax". Diez minutos después, el mismo portavoz sostuvo que, en realidad, De Rosa había ido al Palau por la tarde para "recoger teletipos".

Es "absolutamente falso" que se viera con Camps, había asegurado el propio De Rosa, con voz tajante y solemne, a las siete de la tarde. Por la noche, las fuentes del Consejo que hablaron en su nombre se aferraron a que no se había entrevistado con el presidente valenciano, sino que se había encontrado con su jefa de prensa, Nuria Romeral.

Pero, simultáneamente, se esforzaron por minimizar la importancia de que el número dos del órgano de gobierno de la judicatura se hubiera podido ver con quien durante años fue su jefe en el Gobierno de la Comunidad Valenciana. "Con sus declaraciones ya se retrató", adujo el citado portavoz.

(www.publico.es, 26/02/09)

GARZÓN IMPUTA AL TESORERO DEL PP EN LA TRAMA CORRUPTA DE CORREA

El juez Baltasar Garzón dio ayer un giro al sumario de la trama de corrupción vinculada al PP al relacionar con esta red al tesorero y senador del partido Luis Bárcenas y al proponer que sea el Tribunal Supremo el que asuma la investigación y no los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia, como quería la pasada semana. El PP reaccionó ampliando la querella contra el juez por prevaricación que presentó por la mañana ante el alto tribunal.

Las prisas del PP por apartar a Garzón del caso precipitaron los acontecimientos. El partido que dirige Mariano Rajoy cumplió su amenaza y, sin publicidad, acudió al registro del Supremo a presentar su anunciada querella contra Garzón por no remitir la investigación de la trama de corrupción a los tribunales competentes. Sin embargo, el PP desconocía a esa hora que el juez ya había reclamado --el día anterior-- un nuevo dictamen al fiscal tras recibir un informe policial con "nuevos datos" sobre el entramado.

El magistrado considera que la nueva información le obliga a reconsiderar su posición inicial de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al aparecer tres aforados, y al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), al estar vinculado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otro cargo.

Garzón ya abrió la caja de pandora el pasado viernes cuando comunicó que había encargado "con carácter urgente" al servicio de reprografía de la Audiencia Nacional tres copias del sumario.Entonces ya se especuló con que el juez tenía en el punto de mira a otro aforado y que lo más probable es que fuera un diputado o senador, que debe ser investigado por el Tribunal Supremo.

Estas especulaciones forzaron la estrategia del PP, que no se arredró pese a que el magistrado fue ingresado de urgencia ese mismo día por una crisis de ansiedad. El portavoz de justicia del PP, Federico Trillo, solo prorrogó 24 horas su amenaza de atacarle en el alto tribunal, cuando el juez se recuperaba el lunes en casa de los problemas médicos.

Sin embargo, Garzón acudió a su despacho el martes y a las tres y media de la tarde recibió un informe de la policía que dio un giro al caso. El documento apunta a "un posible nuevo caso de aforamiento", según consta en una providencia que el juez firmó el miércoles. En el documento, el magistrado reclamó a la Fiscalía Anticorrupción que emitiera un informe en el plazo máximo de 48 horas para "resolver sobre las inhibiciones planteadas".

La fiscalía le propuso el pasado día 18 que dividiera el caso entre el TSJM y el TSJV. El ministerio público había encontrado pruebas contra el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los parlamentarios autonómicos de esa comunidad Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. También señaló a Camps y a otro parlamentario regional. Por este motivo, aconsejó al magistrado que trasladara la "totalidad" de la instrucción al Tribunal Superior de Madrid "salvo determinados hechos perfectamente escindibles" que debería remitir al Tribunal Superior de Valencia. Para la fiscalía, la trama de corrupción tenía su centro de operaciones en Madrid.

Sin embargo, ahora el juez le propone dirigirse a la sala penal del Tribunal Supremo que enjuicia a diputados y senadores nacionales. También quiere saber si la fiscalía sigue defendiendo la remisión a los tribunales autonómicos o "si vista la conexión que estos hechos guardan con los aforados de Madrid y los posibles aforados ante la sala segunda", procede "la elevación de una sola exposición" ante el alto tribunal.

El magistrado no revela ningún nombre en su providencia. Sin embargo, fuentes de la investigación confirmaron que el nuevo aforado es Luis Bárcenas. Su nombre apareció en una conversación grabada en la que Francisco Correa, considerado el cerebro de la trama, confesaba a su interlocutor: "Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día... vamos a sumar 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa". A lo que su interlocutor respondía: "En gastos". "Yo a ti te lo comento, yo acaso... Líquidos, yo sé como lo saca de España en paraísos fiscales", seguía Correa.

Garzón aclaró en el auto de prisión que dictó contra Correa, su lugarteniente Pablo Crespo y su primo Antoine Sánchez que investiga a un "grupo organizado de personas y empresas" cuya finalidad "a lo largo del tiempo y, como mínimo en los últimos 10 años" ha captado fondos de la Comunidad de Madrid y la de Valencia en beneficio propio tras pagar "sobornos a funcionarios y autoridades públicas". El juez ya adelantó en esta resolución que trata de identificar a estas personas porque, a través de ellas, la trama había obtenido "contratos, eventos y actividades".

Esteban González Pons, portavoz del PP, aparece mencionado en el informe policial, pero no existen pruebas suficientes que le relacionen con la trama, pese a informaciones desmentidas por un portavoz de la Audiencia Nacional en nombre de Garzón. También se relacionó ayer con esta red al europarlamentario del PP Gerardo Galeote, según la Cadena SER.

(www.publico.es, 26/02/09)

EL CEREBRO DE LA TRAMA SE FORRÓ CON LA ADMINISTRACIÓN AZNAR

La presunta trama corrupta vinculada al PP habría obtenido casi 5 millones de euros entre 2000 y 2004 gracias a las decenas adjudicaciones de AENA en la etapa de Francisco Álvarez Cascos como titular de Fomento según informa El País. El organismo, dependiente de ese Ministerio, otorgó al supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, decenas de encargos de entre 30.000 y 300.000 euros. En las grabaciones incluidas en el sumario que investiga el juez Baltasar Garzón, Correa menciona sus nexos con Cascos, con el actual tesorero del PP Luis Bárcenas, y con el ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo. En concreto, les cita para indicar que les ha pagado a cambio de adjudicaciones.

En las grabaciones de Correa, existen al menos dos referencias directas a esta presunta financiación ilegal del PP. Una de ellas apunta a López Viejo, que habría cargado a la comunidad actos del partido. La otra señala a la tesorería del PP y al Ministerio de Cascos. “Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas –que fue imputado ayer-, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras en la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene”, asegura Correa en una de sus interlocuciones.

La segunda legislatura de Aznar parece haber dado grandes beneficios a Correa, con Cascos al frente de Fomento. Entre 2000 y 2004, AENA adjudicó la inmensa mayoría de contratos para montar ferias en España y en el extranjero a empresas de la red corrupta, principalmente a Special Events y a TCM. Ya se había revelado que la entidad pública pagó 350.000 euros por un evento, pero hoy El País amplía la perspectiva: AENA les concedió decenas de contratos de entre 30.000 y 300.000 euros. Es decir, que en estos cuatro años Correa se hizo con casi 5 millones de euros.

Desmentido de Cascos

Ya hace una semana, el ex ministro se había apresurado a desmentir cualquier vinculación con el cabecilla de la trama e incluso ha presentado una demanda contra la SER por revelar estas informaciones señalarle como el padrino de Correa en el PP. “Si se cometió alguna irregularidad, lo que a mí desde luego no me consta, se hizo sin mi consentimiento. Pero también hay que tener en cuenta que el señor Correa tenía una reputación como proveedor en el año 2000 que ahora evidente mente no tiene. Mucha gente contrataba con él de buena fe. En cualquier caso (…) yo no tuve nada que ver con esos contratos. Ni siquiera me enteré de ellos en su día”.

Rajoy descarta una posible financiación ilegal

Ségún informa El País, la trama de Correa se enraizó en AENA y siguió trabajando con al entidad a la salida de Cascos, si bien el Gobierno socialista redujo la cuantía de sus trabajos. El actual líder del PP, por su parte, ha desmentido cualquier relación de Génova con la trama, aseverando que no había comparación posible entre Filesa –caso de financiación ilegal del PSOE- y Gürtel –como se ha denominado la investigación de Garzón- y que los lazos con Correa se habían cortado a su llegada a la presidencia. Sus palabras quedan en entredicho, sin embargo, tras la imputación de Bárcenas, con quien la trama habría llegado, además, al corazón del PP de Rajoy.

(www.elplural.com, 26/02/09)

EL PRESIDENTE DEL PP DELEGA EN TRILLO LA BATALLA JUDICIAL CONTRA EL MAGISTRADO

Mariano Rajoy, volcado en la campaña en Galicia, ha dejado en manos del responsable de justicia del PP, Federico Trillo, la arremetida judicial contra el magistrado encargado de instruir el sumario sobre corrupción vinculado con el PP, Baltasar Garzón. Siguiendo las órdenes del exministro de Defensa, el abogado del partido presentó por la mañana una querella por prevaricación contra el juez.Después, una vez que se conoció la providencia de Garzón en la que se insinúa que podría haber nuevos imputados con condición de aforados, se ausentó de la Comisión de Justicia en el Congreso para "estudiarla", según confesó a los periodistas. Al poco tiempo se publicó el nombre de los supuestos nuevos incriminados y Garzón procedió a desmentir uno de los nombres. Entonces, también bajo la supervisión de Trillo, se amplió la querella contra Garzón.

(www.elperiodico.com, 26/02/09)

EL CONTRATO CON EL JEFE DEL ENTRAMADO EN EL 2005 FUE OBRA DEL AHORA IMPLICADO

El 16 de febrero, cuando Mariano Rajoy proclamó que había cortado relaciones con las empresas de Francisco Correa en el 2004 al tomar las riendas del partido, no hablaba a humo de paja. Primero, porque así lo ordenó a sugerencia de su entonces tesorero, Álvaro Lapuerta; y segundo, porque, antes de ofrecer esta información, se cercioró de que así era hablando con el nuevo tesorero, Luis Bárcenas.

Luego se supo que la información de Bárcenas era inexacta: en el 2005, Pasadena Viajes, propiedad de Correa, organizó la caravana electoral de Rajoy en la campaña del referendo sobre la Constitución europea y un acto en Euskadi. Fuentes populares apuntaron, al conocerse la noticia, que Bárcenas, que era el contable en el 2005, fue responsable del contrato con Correa.

(www.elperiodico.com, 26/02/09)

LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ, EL GUARDIÁN DE LA CAJA POPULAR

Un perfecto desconocido para muchos, Luis Bárcenas Gutiérrez, nacido en Huelva en 1956, es sin embargo quien mejor conoce los secretos de las finanzas del PP. No en vano ha sido, de forma casi ininterrumpida desde mediados los años 80, primero gerente de la Alianza Popular de Manuel Fraga y después del refundado PP, para acabar convirtiéndose en el tesorero nacional del partido tras el congreso de octubre del 2008. Algunos históricos del partido atestiguan que llegó de la mano de Ángel Sanchís, el extesorero que a principios de los 90 fue encausado, y luego absuelto, por el caso Naseiro, centrado en un trama de financiación irregular que jamás se llegó a demostrar.

La biografía oficial de Bárcenas no puede ser más escueta: "Casado. Dos hijos. Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas". Hasta hace cinco años solo había trabajado de puertas adentro en el partido, sin ocupar cargos públicos ni concurrir a elección alguna. En el 2004 obtuvo el acta de senador por Cantabria, que revalidó el pasado año. Pero su actividad parlamentaria no es precisamente trepidante: aún no ha intervenido en el pleno del Senado en esta legislatura, y solo lo ha hecho una vez en comisión. Pertenece a la comisión de suplicatorios, la misma que tendrá que votar el suyo si el Tribunal Supremo decide procesarlo.

(www.elperiodico.com, 26/02/09)

EL PP CONTRATÓ A DEDO EN JEREZ A EMPRESAS QUE INVESTIGA GARZÓN

La trama de corrupción vinculada a instituciones gobernadas por el PP que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene más ramificaciones en Andalucía. En concreto, salpica también al Ayuntamiento de Jerez cuando estaba gobernado por la popular María José García Pelayo.

La dirigente popular adjudicó a dedo en enero de 2004 los contratos de servicios para la participación de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las empresas Special Events y Down Town Consulting (actualmente denominada Easy Concept), vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

García Pelayo firmó las adjudicaciones por procedimiento de urgencia y sin publicidad por valor de 202.172 euros. En los contratos rubricados por la dirigente popular están estampadas las firmas de Pablo Crespo, consejero delegado y representante de la empresa Special Events, S.L.; así como de Isabel Jordán y de Javier Nombela, ambos en representación de la firma Down Town Consulting, S.L.

Los tres firmantes están implicados en la trama. Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia, ya ha ingresado en prisión. Jordán está imputada por Garzón, al igual que Nombela, vocal del PP en la Junta de Distrito de Moncloa y destituido por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón.

La adjudicación se produjo incurriendo en varias irregularidades. García Pelayo ignoró un informe, del 8 de enero de 2004, de la interventora municipal en el que se advertía de que el Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) era el órgano competente para la adjudicación de los trabajos.

Sin embargo, la ex regidora adjudicó las obras una semana después, el 15 de enero, por resolución de presidencia. De hecho, no se dio cuenta al Consejo Rector hasta el 24 de marzo, dos meses después de que finalizara la feria.

Hay más irregularidades. García Pelayo, en calidad de presidenta del IPDC, recurrió a un procedimiento excepcional y urgente para la tramitación de los expedientes, con arreglo a un artículo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La popular se acogió a esa urgencia evitando así el concurso público y la publicidad de las adjudicaciones a pesar de que la organización de Fitur es un evento perfectamente previsible para un ayuntamiento.

En cualquier caso, este procedimiento exige a la Administración negociar al menos con tres empresas distintas para adjudicar el servicio. Un requisito que tampoco se cumplió. En la documentación sólo se hace constar la existencia de las empresas adjudicatarias de los contratos.

Desde el PP se afirmó que las relaciones del IPDC con las empresas de la trama "siempre fueron técnicas" y que García Pelayo "respetó la legislación vigente". Los populares anuncian que presentarán "de inmediato" las acciones civiles o penales que correspondan.

Este nuevo caso destapado en Jerez no es el primero que se registra en Andalucía. De hecho, los ayuntamientos de Granada y Estepona también contrataron servicios con las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón.

Las ramificaciones

- LA EMPRESA PASADENA VIAJES, CONTROLADA POR FRANCISCO CORREA, FACTURÓ 53.000 EUROS AL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA ENTRE FEBRERO DE 2000 Y JUNIO DE 2003, CUANDO GOBERNÓ EL PP.

- LA ESPOSA DE CORREA, CARMEN RODRÍGUEZ, TRABAJÓ DURANTE DOS MESES COMO JEFA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO.

- LA CONSTRUCTORA BEGAR, DEL TAMBIÉN IMPUTADO JOSÉ LUIS ULIBARRI, TIENE PROMOCIONES DE VPO EN MÁLAGA

(www.elpais.com, 26/02/09)

PRESIDENCIA SE CONJURÓ CON LA VOLVO OCEAN PARA OCULTAR LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO

La Generalitat contrata con opacidad. La Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat suscribió en julio de 2006 con la Volvo Event Manegement -propietaria de los derechos de la regata de la vuelta al mundo- un contrato confidencial donde se estipulaban las condiciones para que la Volvo Ocean Race saliera en octubre del año pasado del puerto de Alicante. Entre los documentos entregados la pasada semana por el Consell -dos años después de que lo solicitara el Grupo Socialista en las Cortes- no está el contrato suscrito por la sociedad de la Generalitat y la dueña de los derechos de la regata.

El Consell sólo entregó dos escuetos folios donde se explica que los firmantes no revelarán el contenido del contrato. "Ninguna de las dos partes, durante o después de la caducidad o terminación de este acuerdo, publicará, revelará o divulgará ninguna información confidencial de la otra parte a nadie...". Las dos partes se comprometen incluso a que "si cualquiera de las dos, debido a leyes obligatorias, es forzada a revelar información confidencial, aquella parte, antes de la revelación, avisará a la otra parte y ambas decidirán conjuntamente cómo minimizar las consecuencias del mismo".

Un portavoz de la vicepresidencia primera del Consell dijo ayer que la confidencialidad fue una condición impuesta por Volvo Event y que este contrato ha sido auditado por la Sindicatura de Comptes.

La organización de este evento de vela, que ha costado unos 20 millones de euros según Presidencia, arrancó el 28 de abril de 2006 con la firma por parte de la Generalitat de un acuerdo de intenciones con la propietaria de los derechos de la regata, el 6 de julio se firmó el acuerdo confidencial y el Consell lo convalidó el 14 de julio de ese año.

La falta de transparencia de la sociedad pública no se circunscribe solo al contrato suscrito con la Volvo Event. De los cerca de 70 contratos gestionados por la Sociedad para la Imagen de la Comunidad Valenciana, la práctica totalidad se otorgaron, según consta en la documentación entregada en las Cortes, por el sistema de procedimiento negociado o contrato menor, lo que evita el concurso público y, con ello, que empresas no invitadas presenten ofertas alternativas.

Un buen ejemplo es el contrato que la empresa de la Generalitat adjudicó a Orange Market, sociedad presidida por Álvaro Pérez, imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción vinculada al PP. En menos de un mes, la sociedad presidida por el vicepresidente Vicente Rambla encomendó a la firma de Pérez la cabalgata con la que se festejó la salida desde Alicante de la vuelta al mundo a vela. Según el contrato, el 20 de agosto de 2008 la sociedad de la Generalitat acordó contratar la fiesta, el 1 de septiembre invitó a tres empresas a presentar ofertas, entre ellas Orange Market-. La empresa de Álvaro Pérez entregó su propuesta el 9 de septiembre y tres días después, el 12, se quedó con un contrato valorado en 445.000 euros más IVA. Los plazos fueron más que ajustados porque la fiesta de inauguración se celebró solo siete días después de la adjudicación del contrato.

El contrato de Orange Market para la Volvo Ocean Race es solo uno de la larga lista de encargos que ha logrado Álvaro Pérez Alonso desde 2004, cuando centró sus negocios en la Comunidad Valenciana tras perder el PP las elecciones generales. Desde entonces, la empresa de Pérez Alonso, El Bigotes, ha logrado contratos en la Generalitat valenciana por valor de más de seis millones de euros.

El número de contratos y la cuantía no están cerrados. Al estallar el escándalo, el gobierno que preside Francisco Camps sólo reconoció haber contratado con la empresa de Pérez los pabellones valencianos en Fitur entre 2005 y este año, por un montante global de unos 5,5 millones de euros. También admitió, tras destaparse la trama, que se había adjudicado por 445.000 euros la fiesta inaugural de la regata de la Volvo Ocean Race en Alicante. Pero posteriormente, los requerimientos de la oposición y las investigaciones periodísticas han sacado a la luz otros encargos.

Así, además de las consejerías de Presidencia y Turismo, Orange Market ha trabajado para las de Medio Ambiente, Cultura y Bienestar Social. En la primera de ellas, consiguió uno de sus primeros contratos a través de la empresa Vaersa, que le encomendó en 2004 un documental didáctico sobre los contenedores amarillos que no llegó a terminar, aunque cobró la mitad del contrato, un total 69.310 euros, por entregar un guión y una maqueta.

La empresa de Pérez también ha conseguido contratos con entidades controladas por el PP, como la Ràdio Televisió Valenciana -una cifra menor-, Feria Valencia -que no ha concretado la cantidad- y la Fundación Agua y Progreso, para la que organizó un acto de la campaña Agua para todos. La empresa también montó la carpa institucional de la Generalitat en Open de Tenis de Valencia, hizo un vídeo para el hospital Clínico de Valencia y es relacionada en el sumario que instruye Garzón con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, la Copa del América y la Fórmula 1. La Generalitat ha negado que Orange Market participase en estos tres grandes eventos.

Orange Market es la principal proveedora de actos de la dirección regional del PP. La firma de Pérez ha organizado, entre otros, el congreso regional del PP el pasado mes de octubre; la última campaña electoral autonómica, y distintos mítines de partido.

Pérez desembarcó en la Comunidad Valenciana de la mano de Special Events, la empresa de Francisco Correa, supuesto jefe de la trama corrupta. Con esta firma y con Orange Market trabajó en las campañas electorales del PP en 1999, 2003 y 2007. La cuantía de los contratos con el PP no se ha concretado, pero el Síndic de Comptes menciona a las firmas de la trama en varios informes sobre los gastos electorales. Sobre Orange Market, afirma que dejó de justificar facturas por servicios prestados por valor de 175.000 euros. En 2003, Special Events dejó por aclarar recibos por 140.000 euros, y Rialgreen, SL, otra firma de la trama, por otros 82.339 euros.

Los contratos de Orange Market

- Consejería de Presidencia. La empresa se adjudicó con el ex consejero Esteban González Pons la Guía de la Comunicación. Con Vicente Rambla, logró por 445.000 euros la fiesta de inauguración de la Volvo Ocean Race.

- Consejería de Turismo. Adjudicación de los pabellones de Fitur entre 2005 y 2009, por un importe global que ronda los 5,5 millones de euros.

- Consejería de Medio Ambiente. A través de la empresa Vaersa, Orange Market cobró 69.310 euros, la mitad del contrato por el guión de un documental que no acabó.

- Consejería de Bienestar Social. Dos actos de una de sus fundaciones por cerca de 32.000 euros.

- Consejería de Cultura. Un contrato de 100.000 euros en el décimo aniversario de Castelló Cultural.

- Feria Valencia. Servicios de mercadotecnia y publicidad, así como trabajos en la feria Hábitat, de las que la institución no ha desvelado la cantidad.

- Fundación Agua y Progreso. Contrato de 13.502 euros para un acto de la campaña Agua para todos con Special Events, la empresa madre de Orange Market.

- RTVV. Un servicio de transporte y montaje de mesas por 2.178 euros.

- Partido Popular. La formación contrató con Special Events, Orange Market y Rialgreen campañas electorales en 1999, 2003 y 2007, así como numerosos actos de partido. La Sindicatura de Comptes, sobre las elecciones de 2003 y 2007, apuntó que no habían justificado facturas por 397.339 euros.

- Otros encargos. Orange Market trabajó para el Open de Tenis en Valencia e hizo un vídeo del hospital Clínico.

(www.elpais.com, 26/02/09)

GARZÓN IMPLICA AL TESORERO NACIONAL DEL PP EN LA TRAMA CORRUPTA QUE DIRIGÍA CORREA

La investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a raíz del desmantelamiento de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa vinculada al PP y a administraciones gobernadas por este partido ha hallado indicios de culpabilidad en el senador del PP por Cantabria y hoy tesorero nacional, Luis Bárcenas. Correa implicó en las conversaciones grabadas por la persona que denunció el caso a Luis Bárcenas en el cobro de cantidades millonarias para el partido relacionadas con supuestas adjudicaciones desde el Ministerio de Fomento que dirigía Francisco Álvarez Cascos. De hecho, AENA, organismo dependiente de Fomento, adjudicó entre 2000 y 2004, durante el mandato de Cascos, cientos de miles de euros en decenas de contratos a la empresa de Correa.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha emitido una nueva providencia (consulta en pdf), con fecha de ayer aunque conocida hoy, en la que consulta precisamente a la Fiscalía Anticorrupción si traslada la causa de corrupción que salpica al PP al Tribunal Supremo tras la implicación de "un posible nuevo caso de aforamiento" según el contenido de un informe policial de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales).

El pasado viernes, Garzón solicitó al servicio de reprografía del juzgado tres copias de las actuaciones con el objeto de iniciar su inhibición de la causa. Las dos primeras irían a parar a los tribunales superiores de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, como ya solicitase la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero. La tercera copia iría ahora a parar al Alto Tribunal. No obstante, el magistrado pregunta a Anticorrupción si "vista la conexión que estos hechos [derivados del nuevo informe policial] guardan con los relativos a los aforados de Madrid" procede trasladar toda la causa a la Sala Segunda del Supremo.

Hasta el momento y según se ha podido saber de las actuaciones de Garzón y los escritos de la Fiscalía, los aforados implicados en la red de corrupción serían, junto a Bárcenas, el presidente valenciano, Francisco Camps, el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. La nueva providencia de Garzón, que dice haber recibido el informe policial ayer martes, solicita al Ministerio Fiscal que resuelva sobre los aforados en un plazo máximo de 48 horas. Es este plazo el que prevé con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Criminal para inhibirse de aquellas causas en las que estén implicados aforados. Precisamente, la demora en el traspaso de competencias de forma "consciente" es lo que ha llevado al PP a querellarse hoy contra el magistrado ante el Supremo y solicitar su inhabilitación por un periodo de 10 a 20 años.

(www.elpais.com, 25/02/09)

EL PODER JUDICIAL RECLAMA EL CESE DE LOS ATAQUES CONTRA GARZÓN

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer una resolución en la que demanda que no se efectúen declaraciones que puedan "perturbar" la independencia de los jueces en sus investigaciones. La declaración institucional es genérica y no cita expresamente al juez Baltasar Garzón, pero está relacionada con las acusaciones, expresas y larvadas, que ha recibido este magistrado de la Audiencia Nacional durante la instrucción de la supuesta trama de corrupción que afecta a militantes y cargos públicos del Partido Popular.

En la sesión de ayer, los cinco miembros de la comisión permanente del Consejo analizaron, entre otras, las declaraciones que hizo el pasado día 20 el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en la televisión autonómica valenciana, Canal 9. De Rosa -ex consejero de Justicia del Gobierno del presidente valenciano Francisco Camps, implicado por el fiscal en la citada trama- cuestionó la instrucción de Baltasar Garzón y sugirió que el juez podía incurrir en un delito de prevaricación si había aforados en sus pesquisas y no se inhibía en favor de los tribunales superiores.

Las declaraciones de De Rosa fueron debatidas por los cinco miembros de la Comisión Permanente. En la reunión estaban el presidente, Carlos Dívar, las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra, y los conservadores Manuel Almenar y Antonio Dorado. El asunto se zanjó con una declaración institucional donde se señala: "El Consejo General del Poder Judicial, como garante de la independencia de jueces y magistrados, pide el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio y la actividad jurisdiccional". El texto fue apoyado por cuatro de los cincos miembros (los dos conservadores, el presidente Dívar, y la progresista Robles). La otra vocal progresista Almudena Lastra presentó un voto particular, pidiendo que se "modificase el último párrafo", se incluyese una referencia expresa al juez Garzón y que se censurase más aún cualquier testimonio contra la independencia judicial si el mismo proviene de dentro "del Consejo General del Poder Judicial", en alusión a De Rosa.

Antes del pronunciamiento oficial, la comisión permanente analizó un escrito del vicepresidente Fernando de Rosa en el que éste señala que sus comentarios en Canal 9 fueron "realizados a título exclusivamente personal y respetando siempre de forma escrupulosa la independencia judicial". En el mismo escrito, De Rosa pide "disculpas a todos aquéllos que hayan podido sentirse molestos o perjudicados por las declaraciones efectuadas".

Siete vocales del sector progresista, con excepción de Margarita Robles, redactaron y firmaron anteayer un escrito que permitiese garantizar que este asunto también sería analizado en el pleno que el Consejo del Poder Judicial celebrará mañana. Según fuentes de esta institución, el texto será ratificado sin problemas en el pleno, aunque en el sector progresista hay cierto malestar por la tibieza del mismo.

(www.elpais.com, 25/02/09)

EL PODER JUDICIAL PIDE AL PP QUE DEJE DE PRESIONAR A GARZÓN

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió ayer al PP, sin citarlo, que deje de hacer indicaciones al juez Baltasar Garzón sobre lo que debe hacer y cuándo en la investigación que tramita en el caso Correa, la trama de corrupción que afecta al partido que dirige Mariano Rajoy.
La declaración fue acordada por la comisión permanente del CGPJ después de que su propio vicepresidente, Fernando de Rosa, acusara al juez de "superar la línea roja de la prevaricación". El conservador De Rosa, miembro del CGPJ a propuesta popular, fue consejero de Justicia con Francisco Camps (PP), presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y uno de los aforados implicados en esta trama.

Además, el Poder Judicial explica que las decisiones del juez solo tienen que ajustarse "a la forma y plazos establecidos en las leyes procesales". La decisión cuenta con el voto particular de la vocal Almudena Lastra, que reclamó la misma mesura para los miembros del CGPJ. El pleno de este organismo reexaminara esta cuestión.

Sin embargo, el PP no se dió ayer por aludido. Anoche, la dirección del partido anunció que hoy presentará la querella que tenía preparada contra Garzón por prevaricación, porque no ha dejado el caso y dictado los autos de inhibición a favor de los tribunales superiores de Madrid, Valencia y otro tribunal autonómico o el Tribunal Supremo. Los populares sostienen que le han dado "un plazo razonable y normal" para abandonar el caso.

Garzón se reincorporó ayer a su despacho tras sufrir una crisis de ansiedad el pasado viernes. El magistrado reanudará las declaraciones de la trama de corrupción el próximo jueves y ha comenzado a preparar los autos de inhibición para los tribunales competentes.

(www.elperiodico.com, 25/02/09)

EL PP PIDE INHABILITAR A GARZÓN ENTRE 10 Y 20 AÑOS

Hasta 20 años de inhabilitación. El Partido Popular (PP) ha cumplido finalmente con sus amenazas al juez Baltasar Garzón y ha presentado esta mañana una querella criminal (consulta en pdf) ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por prevaricación en la causa que instruye en torno a la presunta red de sobornos empresariales que ha salpicado a los populares en al menos Valencia y Madrid. El PP defiende en su escrito que el magistrado de la Audiencia Nacional incumple la ley al no haber traspasado aún la causa a los tribunales superiores de esas dos comunidades como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero ante la presencia de aforados entre los investigados en la operación Gürtel. El PP añade a la prevaricación un delito contra los derechos individuales de los ciudadanos y pide una pena de "inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años". El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy en Orense que la querella contra Garzón es "de libro", al no haberse producido la inhibición y haber incurrido con esta actitud en "una reiterada conducta manifiestamente injusta a sabiendas".

La querella del PP, apoyada de recortes de prensa y que llega 48 horas después del plazo previsto en el ultimátum lanzado la pasada semana, es el último coletazo de la batalla abierta de la formación política contra las actuaciones del juez Garzón para investigar la supuesta trama de corrupción con vínculos en instituciones bajo su gobierno. El texto de la querella defiende que el artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal da un plazo a Garzón de tres días para inhibirse debido a la presencia de aforados en la causa. El escrito sostiene que el magistrado conoce la ley y la petición de la Fiscalía para su inhibición y que, por tanto, "sólo con una decisión consciente de suplantar la ley por la propia voluntad se puede justificar un mantenimiento de una competencia indebida".

El PP denuncia además que, a pesar de que ya el 13 de febrero, Garzón abrió la puerta a la implicación de aforados en la investigación, hecho este que le obligaría a inhibirse, el magistrado ha continuado con los interrogatorios a los imputados dentro de las diligencias previas.

La querella del PP incluye una mención a la cacería en la que coincidieron Garzón y el ya ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y que desencadenó el cese de este último. La cacería fue también uno de los argumentos manejados por el PP en el escrito de recusación presentado ante la Audiencia y sin valor alguno debido a que el propio magistrado desestimó la personación de los populares en la causa. Contra esta decisión, el PP también carga en la querella. Finalmente, la querella solicita al Alto Tribunal su admisión a trámite y pide en cuyo caso el interrogatorio de Garzón y la toma de declaración del ex ministr Bermejo, la fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado y el comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial, Juan Antonio González.

El traspaso de la causa a los juzgados competentes -al menos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia- permitiría la apertura del secreto de sumario y el conocimiento de qué cargos del PP están imputados por su implicación en la red de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional pidió el pasado viernes al servicio de reprografia del juzgado tres juegos de copias de las actuaciones para iniciar el proceso de inhibición. No obstante, una subida de tensión ha demorado la decisión.

El PP ha protestado de igual modo ante la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial por la violación del secreto de sumario de la causa y su consiguiente indefensión.

(www.elpais.com, 25/02/09)

GARZÓN PREGUNTA A ANTICORRUPCIÓN SI DEBE INHIBIRSE EN FAVOR DEL SUPREMO

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido un informe de 16 líneas y con carácter urgente —en 48 horas— al ministerio fiscal en el que pregunta si mantiene su petición de que se inhiba del caso Gürtel en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid —y en casos concretos del de Valencia— o debe dirigirse al Tribunal Supremo. El magistrado hace esta petición a la vista de un nuevo informe policial en el que se recogen indicios contra al menos dos parlamentarios nacionales o senadores del PP que estarían aforados.

El hecho de que Garzón pregunte a Anticorrupción en relación con el Tribunal Supremo permite inferir que el informe policial recibido ayer en el juzgado incluye diputados nacionales o senadores que, por esta condición, son aforados y su enjuiciamiento corresponde al alto tribunal.

En la providencia, notificada dos horas después de que el PP se querellara contra el magistrado por prevaricación y tras alzar parcialmente el secreto de sumario, explica que un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial presentado ayer a las tres y media de la tarde refleja nuevos casos de aforados que implican a la competencia del Tribunal Supremo, aunque no aporta ningún nombre ni cargo.

Del escrito de Garzón se deduce también que los hechos que implican a los aforados del Supremo están conectados con los aforados de Madrid, ya que otra de las preguntas que formula a la Fiscalía es si mantiene su informe sobre los aforados de Valencia "vista la conexión que estos hechos guardan con los relativos a los aforados de Madrid y los posibles aforados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Según fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional, otra posibilidad es que alguno de los aforados contra los que se han encontrado indicios sea en la actualidad eurodiputado.

La Fiscalía Anticorrupción pidió el martes 18 de febrero al juez Garzón que deje la investigación sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP en manos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en algunos casos "perfectamente escindibles", en el de Valencia.

Aunque ni el juez ni la Fiscalía hicieron públicos los nombres de los aforados, fuentes de la investigación informaron de que entre ellos figura el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y actual diputado autonómico Alberto López Viejo , al que se atribuye un papel "central" en la trama que justificaría que la causa pasara al TSJ en su práctica totalidad.

El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que "entretanto no recaiga decisión judicial firme" sobre la inhibición, el juez que la haya acordado "seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo".

Así, mañana está previsto que el juez tome declaración a seis nuevos imputados: David Luis Cerezo, Paula Seco de Herrera López, Mónica Magariños Pérez (apoderada de Orange Market, filial valenciana de Special Events, empresa del presunto líder de la trama Francisco Correa), Antonio Herrero González, Guillermo García Coello y Joaquín García Mármol.

Además de finalizar los interrogatorios a los 37 imputados en esta causa -hay señaladas citaciones para los días 3, 4 y 5 de marzo-, Garzón tiene también pendiente resolver sobre la petición que hizo la Comunidad de Madrid de personarse en la causa poco después de que el magistrado rechazara la personación del PP como acusación al haber encontrado indicios "serios" contra aforados de ese partido.

(www.publico.es, 25/02/09)

GARZÓN IMPLICA A PARLAMENTARIOS NACIONALES EN LA TRAMA

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha emitido una nueva providencia (consulta en pdf) en la que consulta a la Fiscalía Anticorrupción si traslada la causa de corrupción que salpica al PP al Tribunal Supremo tras la implicación de nuevos aforados en la trama según el contenido de un informe policial de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) en poder del magistrado, informa José Yoldi. El nuevo escrito de Garzón, de 16 líneas y difundido un par de horas depués de la querella del PP, abre la puerta a que diputados o senadores nacionales sean objeto de investigación en el marco de la operación Gürtel que instruye el juez. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ - art. 57.1.2º), el tribunal competente para juzgar a estos aforados sería el Tribunal Supremo.

La nueva providencia del magistrado de la Audiencia Nacional descubre una de las incógnitas abiertas el pasado viernes tras la solicitud de Garzón al servicio de reprografía del juzgado de tres copias de las actuaciones con el objeto de iniciar su inhibición de la causa. Las dos primeras irían a parar a los tribunales superiores de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, como ya solicitase la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero. La tercera copia, según se desprende de esta nueva providencia, iría a parar al Alto Tribunal. No obstante, el magistrado pregunta a Anticorrupción si "vista la conexión que estos hechos [derivados del nuevo informe policial] guardan con los relativos a los aforados de Madrid" procede trasladar toda la causa a la Sala Segunda del Supremo.

Hasta el momento y según se ha podido saber de las actuaciones de Garzón y los escritos de la Fiscalía, los aforados implicados en la red de corrupción serían el presidente valenciano, Francisco Camps, el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. Además, en las grabaciones efectuadas en la operación, aparecen Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, y Esteban González Pons, diputado por Valencia y vicesecretario de comunicación del PP. Ambos son mencionados por el presunto cerebro de la trama, el empresario Francisco Correa.

La nueva providencia de Garzón, que dice haber recibido el informe policial ayer martes, solicita al Ministerio Fiscal que resuelva sobre los preguntado en un máximo de 48 horas. Es este plazo el que prevé con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Criminal para inhibirse de aquellas causas en las que estén implicados aforados. Precisamente, la demora en el traspaso de competencias de forma "consciente" es lo que ha llevado al PP a querellarse hoy contra el magistrado ante el Supremo y solicitar su inhabilitación por un periodo de 10 a 20 años.

(www.elpais.com, 25/02/09)

RAJOY: "SOMOS UN GRAN PARTIDO, CON NUESTROS LÍOS... ES EVIDENTE"

Rajoy pasó ayer el día en Pontevedra, su tierra, desde donde explicó que Mariano Fernández Bermejo había tenido que abandonar el ministerio de Justicia "por reírse de la gente" y no por cazar. El líder del PP defendió que la primera obligación de todo político es la de "dar ejemplo". Pero no hubo intención de aplicarse el cuento. "Nosotros somos un gran partido, con nuestros líos Tampoco somos perfectos, como es evidente", reconoció en un acto en Tomiño. Pero antes de que nadie lo asociara con la presunta trama de espionaje y corrupción que afecta al PP, Rajoy recordó que su formación política había ganado siempre las elecciones en Galicia. Cambio de tercio.

El candidato del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también trató de sustraerse de la realidad. En una entrevista con Europa Press consideró "evidente" que la presidenta de la comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, y el de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps no vayan a participar como estaba previsto en la campaña electoral gallega. Feijóo lo justificó diciendo que "por la actualidad política" ambos debían "centrarse" en sus territorios.

Mientras tanto, Rajoy proseguía con su peregrinaje. En las calles de Redondela tuvo que sufrir las pullas de una comparsa de carnaval. Era un grupo de jóvenes que se hacía llamar el Bloque Socialista Popular. Pedían que se contratara a los campeones de Fórmula 1 Alonso y Hamilton para "los coches oficiales de la Xunta" y que se pusiera al frente de una brigada anti incendios al "superagente Feijóo 009".

(www.publico.es, 25/02/09)

El Poder Judicial pide a Fernando De Rosa que no hable más de Garzón

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, arremetió el pasado viernes contra el juez Baltasar Garzón en Canal 9, manipuladísima televisión pública de Valencia. En concreto, el magistrado aseguró que “podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación" y defendió a Francisco Camps, a quien calificó como “un buen presidente de la Generalitat". Este martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha criticado duramente estas declaraciones y ha exigido “el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional”.

"Ni desde el Consejo General del Poder Judicial ni desde otros Poderes del Estado o de sus instituciones pueden dirigirse indicaciones a ningún juez o magistrado sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección de dicho procedimiento", ha señalado el órgano permanente del Consejo.

Apoyo de Carlos Dívar
La declaración en contra de las palabras de De Rosa ha contado con el voto a favor de cuatro de sus miembros (Carlos Dívar entre ellos), y solo con la oposición de la vocal Almudena Lastra.

Sin presiones
La Comisión Permanente del CGPJ destaca de forma especial la necesidad de “poner todos los medios a su alcance para evitar que los jueces y magistrados se vean sometidos a presiones que perturben el ejercicio de su función jurisdiccional que pretendan orientarla en un determinado sentido”.

Trabajó para Camps
Sin duda, esta declaración ha supuesto un duro revés a Fernando de Rosa, quien antes de ser vicepresidente del Consejo del Poder Judicial fue consejero de Justicia del Gobierno Camps.

Dimisión
Cabe recordar que este domingo, Jueces para Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) reclamaron la dimisión de Fernando de Rosa por haber protagonizado un "gravísimo ataque a la independencia judicial".

“Disculpas”
Por su parte, el ex consejero de Camps pidió “disculpas” a todos aquellos que hubieran podido sentirse “molestos o perjudicados” por unas declaraciones que realizó “a título exclusivamente personal”.

www.elplural.com 24.02.09

RAJOY AFIRMA SOBRE POSIBLES DIMISIONES EN EL PP QUE "DEPENDERÁ DE QUIÉN Y DE QUÉ SEA ACUSADO"

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy sobre las repercusiones de la trama de corrupción que actualmente investigan los tribunales y que está vinculada a su partido, que habrá que esperar para ver nuevas dimisiones en su formación. "Depende de qué sea acusado", ha reseñado antes de recordar que "había dos imputados" por el juez Garzón que ya han dejado su cargo, en referencia al alcalde de Boadilla y el ex primer edil de Majadahonda.

Preguntado en una entrevista en la Cadena Ser sobre si tras la salida de Mariano Fernández Bermejo del Ministerio de Justicia se van a ver dimisiones en su formación, Rajoy no ha querido concretar posibles movimientos en este sentido: "Vamos a ver de qué y a quién se acusa", ha insistido Rajoy al mismo tiempo que ha mostrado su rechazo a "adelantar acontecimientos, porque puede suponer condenar a alguien sin ni siquiera ser juzgado".

"No se qué personas del PP hay acusadas ni de qué. Sólo sé lo que hemos visto por la prensa en los últimos días y luego algunos ni siquiera han sido imputados", ha justificado para pedir al juez que sea "cuidadoso" y se "respeta a la gente".

Eso sí, Rajoy ha reiterado que la dimisión de Bermejo era "necesaria, por que no ha sido buen ministro, se ha enfrentado a todo el mundo y no ha sido capaz de abordar los problemas justicia, principalmente el de la dotación de medios". En este punto, tras confiar en que a su sustituto, Francisco Caamaño , "le vaya bien", el presidente popular ha señalado que la polémica sobre la cacería ha sido "la gota que ha colmado el vaso" del controvertido mandato del ministro ya que, la "Justicia requiere una actitud imparcial, pero también formas y apariencia de imparcialidad".

Así, aunque sobre la denuncia de presunta connivencia entre el poder Ejecutivo y el judicial ante la coincidencia en una cacería de Bermejo con el juez Garzón, Rajoy ha respondido que "yo mantengo lo que puedo probar" y ha admitido que "no sé de lo que hablaron", ha insistido en cualquier caso en que "no es algo aceptable" y que tampoco es "muy poco presentable desde punto vista democrático".

En este sentido, interrogado sobre el hecho de que fuese precisamente Federico Trillo, actual portavoz de Justicia del PP y ex ministro de Defensa en tiempos de la tragedia del Yak 42 -en la que murieron 62 militares-, quien saliese ayer a analizar la renuncia de Bermejo; el presidente del partido ha asegurado que "Trillo es un hombre honesto y competente". "Ha cometido sus errores como los he cometido yo, pero tiene mi confianza", ha enfatizado antes de criticar que el presidente del Gobierno sacase ayer por la noche el tema del Yak "para hacer una descalificación cuando hasta los tribunales ya se han pronunciado" sobre este tema. "Me parece tremendamente injusto", ha reiterado.

(www.elpais.com, 24/02/09)

RAJOY, SOBRE POSIBLES DIMISIONES POR LA TRAMA CORRUPTA: ´DEPENDE DE QUÉ SE LES ACUSE´

Preguntado por si mantiene la intención de querellarse contra Garzón por prevaricación, el líder del PP ha contestado que no iba a "adelantar acontecimientos" y ha añadido: "Yo no descarto nada". "Yo no sé todavía qué personas del PP hay acusadas y de qué, porque a nadie se le ha dicho nada. Hemos visto filtraciones en los periódicos y estoy seguro de que muchas de las personas que salen en los periódicos no aparecen en el sumario, ni van a ser imputados, ni van a ser inculpados. Y a estas personas, ¿quién les repara el daño causado?, ha manifestado.

Preguntado por si, en el caso de que haya cargos del PP imputados en la causa, pedirá su dimisión, Rajoy ha dicho que "depende de por qué razón se les acuse" y ha agregado que "adelantar acontecimientos en estos temas puede suponer, a veces, condenar a una persona antes de ser juzgado y ni siquiera escuchado".

El presidente del PP ha señalado que no tuvo nunca una "gran relación" con ninguno de los empresarios imputados en la causa que instruye Garzón y ha concretado que al que más conoce es a Pablo Crespo "porque es de Pontevedra" aunque no tiene "relación alguna" con él.

Asimismo, ha asegurado que a Álvaro Pérez Alonso, responsable de Orange Market, le veía en los actos del PP porque "andaba siempre por ahí en medio" y que a Francisco Correa, propietario de Especial Events y presunto cabecilla de la trama, no tiene "conciencia de conocerlo".

Se ha referido a la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y ha dicho que era "obligada" después de la cacería que compartió con Garzón y que, a su juicio, ha sido "la gota de agua que ha colmado el vaso". Respecto al nuevo titular de Justicia, Francisco Caamaño, el presidente del PP ha dicho que no le conoce "mucho" y ha confiado en que "las cosas le salgan bien y tenga acierto".

Por último, Rajoy ha asegurado que es "sumamente injusto" que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aludiera ayer al caso del Yak-42 "para hacer una descalificación de una crítica política", teniendo en cuenta que es un asunto sobre el que "los tribunales ya se han posicionado".

Ha defendido la trayectoria del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, ha dicho que es "honesto" y "competente" y que "tiene la confianza del presidente del partido".

(www.levante-emv.com, 24/02/09)

EL PP SE MUESTRA EUFÓRICO PERO CREE QUE RAJOY TENDRÁ QUE HACER LIMPIEZA

"Es una gran victoria. Es la primera vez que se retira en campo abierto ante nuestro ataque. Hay que saber rentabilizarla". Con esta frase de un dirigente cercano a Mariano Rajoy se puede resumir la sensación que recorrió el partido tras la dimisión de Mariano Fernández Bermejo.

Era la pieza más codiciada. Sobre él pivotaba toda la estrategia de contraataque de un Rajoy que ha logrado darle la vuelta a la tortilla acosado por los escándalos de corrupción, una vez más, como en 2003, cuando el PP, presionado por la crisis del Prestige, logró que dimitiera un diputado socialista de Madrid, Antonio Carmona, por decir en broma "si hace falta hundimos otro barco".

Sólo 20 minutos antes de que hablara Bermejo, Rajoy había dejado claro que él quería cobrarse esa pieza y pensaba cubrir con ella cualquier asunto de corrupción durante toda la campaña electoral: "Son las 12.40 y Zapatero no ha cesado a Bermejo", dijo en Baralla (Lugo). Ayer se limitó a decir: "Es una buena noticia, era una dimisión anunciada".

En Génova, la sede central del partido, estalló la euforia. Como en los buenos tiempos de la legislatura 93-96, cuando los populares lograban, con su presión y los escándalos, dimisiones de ministros, Federico Trillo, uno de los protagonistas de aquella época, compareció para exhibir su satisfacción y anunciar que no se conforma. Ahora, explicó, exigirán a Zapatero que explique "sus relaciones con el Poder Judicial".

Los populares van a mantener la presión y el victimismo al menos hasta el domingo, día de las elecciones vascas y gallegas. No sólo contra Zapatero, sino contra el juez Garzón, a quien amenazan con presentar hoy mismo una querella por prevaricación si no se inhibe. El PP confía en que el juez, enfermo, no les dé una mala sorpresa antes del domingo.

Sin embargo, los más reflexivos tanto en el entorno de Rajoy como en las direcciones regionales asumen que, tras la dimisión de Bermejo, la pelota está en el tejado de Rajoy. Todo el partido entiende que el líder estire la estrategia del contraataque hasta las elecciones, sobre todo porque el juez insiste en mantener el secreto del sumario, pero a nadie se le escapa que este caso de corrupción, y el otro del espionaje revelado por EL PAÍS, no pueden quedar en nada.

"Esta decisión de Zapatero, por mucho que haya llegado tarde y nos haya concedido 10 días preciosos para recuperarnos de un golpe como el de Garzón, puede servir también para legitimar cualquier medida drástica interna que tenga que tomar Rajoy", sentencia otro dirigente.

En el PP se está instalando la idea de que después de las elecciones Rajoy tendrá que concentrarse en hacer limpieza interna. De momento, los tres más claramente implicados en la presunta corrupción en Madrid, el alcalde de Boadilla, el consejero de Deportes y el ex alcalde de Majadahonda han dimitido de sus puestos institucionales, pero el partido no les ha suspendido cautelarmente de militancia, paso previo a la expulsión. De hecho, el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, sigue siendo jefe del PP local y concejal, y Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes, sigue siendo diputado de Madrid.

Mientras, en la crisis del espionaje no ha habido aún ni una sola dimisión, y el entorno de Rajoy asegura que, cuando termine la comisión de investigación, el líder está dispuesto a pedir algunas.

(www.elpais.com, 24/02/09)

RAJOY SEGUIRÁ CON LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN HASTA EL 1-M

La dirección del PP está satisfecha con la dimisión del ministro Mariano Fernández-Bermejo. Considera que su estrategia de denunciar una posible "connivencia" entre Bermejo y el juez Garzón para urdir una supuesta "trama contra el PP" ha calado en una parte de la opinión pública. Y que, si consiguen mantenerla viva al menos unos días más, podría servir para amortiguar electoralmente el tremendo golpe que les ha supuesto la aparición de la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.

Por eso, Rajoy seguirá alentando esa teoría al menos hasta final de campaña, según fuentes del PP.
No obstante, los populares dedicarán ahora sus energías a exigir explicaciones directamente al presidente del Gobierno, ya que insisten en que en la cacería que compartieron Bermejo y Garzón se conspiró para diseñar toda una operación política y judicial cuya víctima, según argumentan, sería el principal partido de la oposición. Además, seguirán arremetiendo contra el magistrado de la Audiencia Nacional.

Los conservadores se saben en manos de Garzón. A él y al tiempo que tarde en reincorporarse a la Audiencia (se recupera de un ataque de ansiedad que sufrió el viernes) está supeditado el momento en que se conozca el nombre de los aforados --miembros del PP-- implicados en el sumario. Ya ha trascendido que en esa lista están el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y algunos exconsejeros y parlamentarios de Madrid. Y que Garzón está a punto de pasar el caso a los tribunales de justicia valenciano y madrileño, sin descartar el Supremo si resultase afectado algún diputado o senador.

Pero ese paso que está a punto de dar Garzón, los populares quieren presentarlo ante la opinión pública como un triunfo propio. Por eso siguen exigiendo que se inhiba de la investigación y le amenazan con denunciarle por prevaricación si no lo hace de inmediato. El magistrado lo hará de oficio, pero los populares asegurarán que lo ha hecho por la presión del PP.

Así, en la recta final de campaña en Galicia y Euskadi, Rajoy y los suyos quieren sugerir que si Bermejo se va y Garzón se inhibe del caso de corrupción, será porque, "como decía el PP", algo tenían que ocultar.

¿Servirá eso para frenar el escándalo de corrupción que les persigue? No, como ellos mismos reconocen, aunque se congratulan de haber encontrado un "paraguas" para protegerse, aunque sea mínimamente, en medio de semejante temporal. De hecho, en el PP se afirma que Rajoy está dispuesto a tomar represalias contra aquellos dirigentes que estén "de verdad" vinculados a la red de corrupción.

"Hará lo que tenga que hacer, pero eso será a partir del 2 de marzo", recalcan en el partido.
Está por ver si Rajoy logra aguantar hasta después de las elecciones para abordar, en serio, la corrupción. De momento, se dedica a pasearse por Galicia y hablar de Bermejo. "Era una dimisión obligada", comentó. Su responsable de Justicia, Federico Trillo, avanzó que seguirán preguntado por la cacería a Zapatero en el Congreso. Los populares, ayer, estaban de subidón.

(www.elperiodico.com, 24/02/09)

EL CONSELL PAGÓ A ORANGE MARKET 69.310 EUROS POR LA CAMPAÑA DE VAERSA QUE NUNCA SE HIZO

Ni lo hizo Orange Market, ni ninguna de las múltiples subcontratas que utilizaba la marca valenciana del grupo de empresas investigadas por el juez Garzón por conformar presuntamente un tinglado de corrupción dedicado al blanqueo de dinero, fraude fiscal, falsificación de facturas y, al final de la cadena, evasión de capitales a paraísos fiscales. La "campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo" no la hizo nadie. Jamás. Ni antes del 20 de enero de 2005, como fijaba el contrato, ni en febrero, ni en marzo, ni nunca.

La adjudicación de ese trabajo fue a dedo y pulverizó todas los récords de irregularidades posibles, como informó este diario el domingo. El contrato se firmó el 12 de noviembre de 2004 y Vaersa, sociedad 100% pública y entonces presidida Rafael Blasco, como conseller de Territorio, pagó la mitad del importe del contrato. Exactamente 69.310 euros, IVA incluido. El otro 50% debía abonarse, según el documento mercantil suscrito por las partes, al acabar el trabajo, el citado 20 de enero de 2005. Nunca se pagó ese segundo plazo porque, según documentación que obra en poder de este diario y admitió ayer un portavoz de la Conselleria de Medio Ambiente, la campaña no llegó a realizarse.

La firma entonces manejada ya por Álvaro Pérez Alonso, aunque administrada por el también imputado Luis de Miguel Pérez, presentó, según argumenta la Generalitat, varios proyectos pero ninguno se ajustó "a la idea del tipo de campaña que se quería". "Al final se decidió por mutuo acuerdo rescindir el contrato", explican las citadas fuentes. Entonces, si no se hizo, ¿por qué no se exigió a Orange Market la devolución de los 69.310 euros que había cobrado? Medio Ambiente esgrimió ayer como respuesta que la empresa había presentado "bocetos", había "hecho grabaciones, vídeos y trabajos que tenían sus gastos". Y los gastos se tasaron en justo la mitad del contrato. Ni más ni menos.

Resulta chocante que hubiese desavenencias entre Vaersa y la firma de Álvaro Pérez sobre la idea de campaña cuando la empresa pública no tuvo ninguna duda a la hora de adjudicarle a dedo el contrato. Es más, tan claro debían de tener el perfil de la campaña que querían que no hubo pliego de condiciones ni criterios previamente establecidos para valorar las ofertas "invitadas".

Tampoco era muy necesario si se considera que la "consulta" de los tres presupuestos que exige el procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- era realmente un auténtico paripé. Porque los tres presupuestos, que ni siquiera constan en el expediente ni pasaron por registro de entrada, eran de empresas hermanas: Orange Market, Boomerangdrive S. L. y Down Town Consulting. Esta última es Easy Concept Comunication con su nombre anterior.

La tres estaban administradas por Luis de Miguel Pérez, imputado en la causa y uno de los expertos fiscales que, con Ramón Blanco Balín y Pablo Crespo, diseñaron la arquitectura financiera de la trama, según Garzón. Orange Market, nacida quince meses antes del contrato, fue la valencianización fashion de la marca Special Events, la empresa controlada por sociedades de paraísos fiscales caribeños con la que Correa y Álvaro Pérez habían trabajado para el PP en las campañas electorales autonómicas de 1999 y 2003. Orange Market sumó la Generalitat a su cartera de clientes.

El administrador único de las tres empresas que participaron en la simulación de procedimiento negociado sin publicidad convocado por Vaersa en 2004, Luis de Miguel Pérez, no pudo declarar ayer en la Audiencia Nacional como pretendía porque el juez sustituto de Garzón decidió aplazar los cinco interrogatorios previstos. Santiago Pedraz, el magistrado sustituto, decidió que los citados vuelvan el día 5, cuando en principio ya se habrá reincorporado Garzón, que está de baja por una crisis de ansiedad. Otro de los llamados a testificar ayer era Javier Nombela, quien fue apoderado de Easy Concept y, según la imputada Isabel Jordán, llevaba la contabilidad de esa sociedad hasta 2006. Nombela fue destituido por Gallardón al verse imputado por su presunta participación en la red de facturas falsas. El actual consejero delegado de Easy Concept (firma que montaba en la práctica el pabellón valenciano de Fitur), Pablo Collado, era otro de los llamados a declarar.

(www.levante-emv.com, 24/02/09)

MICHAVILA PIDIÓ SEIS MILLONES POR MEDIAR EN UN PROYECTO EN BOADILLA

El exministro de Justicia y diputado del PP José María Michavila pidió seis millones de euros a la Mutua Madrileña cuando medió para conseguir la edificación de una ciudad sanitaria en Boadilla (Madrid) en el 2006. El exalcalde de la localidad, Arturo González Panero, uno de los 37 imputados en el sumario de la trama de corrupción vinculada al PP, le solicitó dicha mediación.

La anterior dirección de la Mutua Madrileña confirmó que Michavila le reclamó en persona los seis millones de euros, según publicó ayer El Mundo. Y que le explicó que esta cantidad era el honorario que iba a percibir la consultora Global Health para que se edificara en la localidad una megaciudad sanitaria privada. La consultora es cliente del despacho EIUS Abogados, en el que trabaja el diputado popular al compatibilizar su acta parlamentaria con su actividad profesional. EIUS, según informó el viernes EL PERIÓDICO, ha defendido al consistorio de Boadilla en diversas ocasiones.

En las reuniones participaron el entonces presidente de la empresa, José María Ramírez; el antiguo vicepresidente, Luis Rodríguez Durón, y el secretario del consejo de administración Antonio López Taracena. También acudieron los representantes de Global Haelth y Michavila. Pero el proyecto se frenó por las trabas de González Panero, que reclamaba la contratación del despacho del diputado.

Por ello, el presidente de la Mutua se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Esta, en su presencia, llamó al ahora exalcalde de Boadilla y le exigió que diera luz verde al proyecto porque era un asunto de interés general. La construcción, valorada en 600 millones de euros, finalmente se aparcó por la aseguradora en el 2007. El diputado negó que hubiera pedido seis millones de euros, aunque explicó que esta cantidad, un 1% de la inversión total, eran los honorarios de la consultora.

El despacho de Michavila ha representado al Ayuntamiento de Boadilla en varias ocasiones. Dos abogados del bufete, Alfredo Dagnino y Alberto Dorrego, asistieron a la corporación en litigios contencioso-administrativos. Dorrego colabora en los negocios de José Luis Ulibarri, imputado por Garzón.

Fuentes de la investigación han explicado que el diputado popular no está siendo investigado en la trama que instruye el juez Baltasar Garzón. El magistrado ha imputado ya a 37 personas antes de remitir el caso a los tribunales competentes.

(www.elperiodico.com, 24/02/09)

¿POR QUÉ NO DIMITIÓ TRILLO TRAS LO DEL YAK O FRAGA, QUE ESTUVO DE CAZA EN PLENO DESASTRE DEL PRESTIGE?

Ni la dimisión del ya ex ministro Bermejo ha conseguido calmar al PP que pide ahora la cabeza del propio Zapatero. Resulta significativo que la persona que precisamente da ahora lecciones de ética política sea Federico Trillo, el ministro bajo cuyo mandato se produjo el escándalo del Yak-42, donde murieron 62 militares. No sólo el avión contratado por Defensa estaba en condiciones de volar sino que las identificaciones de los cadáveres se hicieron de forma tan apresurada, que se equivocaron, con el consiguiente perjuicio para las familias de los fallecidos. No, aquello no fue motivo para dimitir. Tampoco cuando pese al desastre del Prestige, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, se encontraba en una cacería junto a alguno de sus consejeros.

El director general de Cuatro, Daniel Gavela, subraya esta contradicción entre las exigencias del PP para con los demás y la laxitud en sus reglas internas. A propósito de la cacería destaca que “está bien que el ministro dimita, pero cabe preguntarse por quién dimitió en la Xunta o en el Gobierno de Aznar cuando los conselleiros y el ministro directamente implicados en el desastre del Prestige se repartieron por media España matando perdices, persiguiendo rebecos o calzándose las raquetas en Sierra Nevada”.

De caza durante el Prestige

En su momento, Fraga desmintió haberse despreocupado del vertido del Prestige aunque no tuvo más remedio que admitir que estuvo en Madrid el sábado (cuando se inició la marea negra) hasta el domingo por la tarde. "El domingo estuve con unos amigos a los que dejé tirados porque yo no podía quedarme a la cacería", dijo. Al parecer, la cacería tuvo lugar en una finca de Toledo y contó con la presencia del entonces consejero Xosé Cuiña, ya fallecido.

Batida de especies protegidas

Según publicó entonces el diario El Mundo, esta afición de Fraga por la caza ya le trajo algunos disgustos, como participar en una batida de una gallinacea silvestre protegida, o cazar osos en la antigua Yugoslavia, actividad que ha sido duramente criticada por colectivos ecologistas.

El del Yakolev “ejemplo de integridad”

Sobre Trillo, Gavela resalta lo “chocante” de que “el responsable político de la tragedia del Yakolev le diera un ultimátum al presidente Zapatero para la destitución del ministro de Justicia”, concluyendo que una cosa es que la mantengan su condición de diputado aforado “para guarecerle de la causa del avión homicida” y otra la “osadía” de que el PP le exhiba “como azote y ejemplo de integridad política”.

Cacerías gratis para la derecha

En cuanto a otra de las críticas que se la ha hecho estos días a Bermejo, que no pagara las monterías, Gavela señala que “en España el poder político y administrativo ha cazado de gorra siempre desde don Pelayo y lo políticamente relevante es que un ministro socialista no haya roto con la tradición”. De hecho, según aseguró El Mundo el día en que publicó que Garzón y Bermejo habían participado juntos en una montería, Ana Pastor suele participar también en estas cacerías.

Pista de padel

La derecha en el poder no sólo caza gratis. Cuando llegó a La Moncloa, Aznar recibió una pista de pádel regalada por el hijo del famoso tenor Plácido Domingo valorada en unos cinco millones de pesetas de entonces, según publicó la revista El Siglo.

(www.elplural.com, 24/02/09)

EL PP RECHAZA REPROBAR AL EX CONSEJERO LÓPEZ VIEJO

El PSOE presentó ayer una proposición no de ley (PNL) ante la Mesa de la Asamblea de Madrid para reprobar al diputado autonómico y ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en el órgano rechazó llevar la proposición al Pleno porque, según dijeron, no está contemplado en el Reglamento de la Asamblea reprobar a un parlamentario sin ningún cargo público.

El ex consejero y hombre de confianza de Esperanza Aguirre dimitió el 9 de febrero, tras conocerse que había contratado durante años con empresas que ahora están siendo investigadas por el juez Garzón dentro del caso Gürtel por pertenecer a una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados distintos cargos públicos del PP.

La Mesa también estudió una nueva lista de 10 comparecientes presentada por el PSOE para que declaren ante la comisión de investigación creada en la Asamblea para estudiar el presunto espionaje político. Sin embargo, el PP rechazó a cinco de ellos, la mitad de los presentados. Entre los rechazados está el viceconsejero de Presidencia y secretario general del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria.

Según denunció la portavoz socialista, Maru Menéndez, este rechazo «confirma y refuerza las trabas del PP a la transparencia de la comisión de investigación».

Desde la dirección del Grupo Popular respondieron que tres comparecientes los habían rechazado por defectos de forma -el PSOE presentó mal sus nombres y cargos- y los otros, por ser «completamente ajenos» al objeto de la comisión.

(www.elmundo.es, 24/02/09)

MICHAVILA PIDIÓ 6 MILLONES POR UN PROYECTO QUE LA MUTUA OFRECÍA A BOADILLA

El ex ministro de Justicia con el Gobierno de Aznar y actual diputado del PP José María Michavila pidió seis millones a Mutua Madrileña como mediador entre esa empresa y la consultora Global Health, cliente del bufete donde trabaja, para construir una megaciudad sanitaria en Boadilla del Monte (Madrid), según confirmó él mismo. Dicha mediación se produjo en 2006 a instancias del entonces alcalde de esta localidad, Arturo González Panero -imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón-, según fuentes de la aseguradora.

Fuentes cercanas a la anterior dirección de la Mutua confirmaron a EL MUNDO que Michavila en persona les reclamó en varias ocasiones seis millones de euros para llevar adelante el proyecto. Dicha cantidad no era una comisión, sino los honorarios que cobraría la consultora que se encargaría de hacer realidad la idea, aunque los responsables de la Mutua entendieron en todo momento que sí se trataba de un peaje para poder hacerse con el proyecto.

El diputado se trasladó en varias ocasiones durante el año 2006 a la sede de la Mutua Madrileña, en el Paseo de la Castellana, como dijeron fuentes conocedoras de la operación. Y lo hizo como profesional del despacho EIUS Abogados, un puesto que compatibiliza con su escaño en el Congreso de los Diputados.

En aquellas reuniones solían estar el entonces presidente de la empresa, José María Ramírez Pomatta, el antiguo vicepresidente, Luis Rodríguez Durón, y el secretario del consejo de administración, Antonio López Taracena. Además, acudían los representantes de Global Health y el propio Michavila. La consultora quería encargarse del análisis de viabilidad, la financiación, buscar economistas, técnicos y administrativos para desarrollar el complejo.

Los responsables de la Mutua estaban dispuestos a realizar una inversión muy fuerte, de 600 millones de euros, para edificar un hospital, dos centros de investigación y una Universidad sobre una superficie de 50 hectáreas, una megaciudad sanitaria privada justo enfrente de la Ciudad Financiera del Santander, también en Boadilla del Monte.

Sin embargo, tanto Ramírez Pomatta como el resto de los directivos de la empresa consideraron innecesario contratar a Global Health.E incluso entendieron desde el principio que su contratación era una especie de comisión o peaje para conseguir el proyecto, por lo que rechazaron de plano «pagar ni un céntimo».

Tras rechazar la intermediación de Global Health y Michavila, volvieron a iniciar los trámites con el Ayuntamiento. Los directivos de la aseguradora buscaron también otras ubicaciones. De hecho, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, muy interesado en llevarse la ciudad sanitaria a Madrid, ofreció unos terrenos en Valdebebas. Pero como aquella superficie no tenía ni 19 hectáreas, menos de la mitad de los terrenos de Boadilla, fue desechada.

Cuando los representantes de la Mutua volvieron al Consistorio dirigido por González Panero, el alcalde les resaltó el gran interés del Ayuntamiento, pero volvió a insistir en que era conveniente hablarlo con la firma de abogados en la que trabaja Michavila, como confirmaron personas conocedoras de la negociación.

Tanto Panero como Michavila negaron a este diario esa indicación reiterada que salía del Consistorio. El primero la calificó como «falsa». El diputado también lo negó y dijo que fue Global Health quien se puso en contacto con la Mutua, y no él. Además, añadió que cree que no ha hablado nunca del proyecto con Panero. «He coincidido con él pocas veces, aunque es vecino mío», añadió.

Ante la ralentización de los trámites municipales, Ramírez Pomatta en persona pidió una entrevista a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. A ella también acudió el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela. En ese encuentro, que se celebró en la Presidencia regional, Pomatta le contó a Aguirre que el alcalde de Boadilla estaba poniendo muchas trabas y que le había dicho que era mejor que contratara la realización de los trabajos con el despacho del diputado. Aguirre llamó inmediatamente y delante de todos a González Panero, según testigos de la reunión, le preguntó qué problemas había y le dijo que, si no había ninguno, diera luz verde sin condiciones previas, porque era un asunto de interés regional.

Tras esa llamada, las cosas parecieron despejarse. La Mutua Madrileña necesitaba comprar el suelo y estaba dispuesta a hacerlo por 70 millones de euros. El Ayuntamiento cambió la calificación jurídica del terreno municipal para convertirlo en patrimonial y facilitar los trámites. Sin embargo, a las pocas semanas, volvieron a reproducirse las trabas que hacían inviable el proyecto. Durante el proceso, el propio Michavila telefoneó a Ramírez Pomatta para intentar convencerle de que contratara a Global Health. Sus gestiones fueron infructuosas.

Definitivamente, el proyecto fue desechado por la aseguradora madrileña en 2007, y nunca salió adelante. La Presidencia de la Mutua cambió y la nueva dirección no asumió como propia la idea.

En conversación con este diario, Michavila admitió haber estado en reuniones con los responsables de la Mutua. Pero negó que les pidiera seis millones de euros. Eso sí, consideró probable que ésa fuera la cifra a la que ascendían los honorarios exigidos por Global Health, un 1% de la inversión total. El ex ministro añadió que, de esos seis millones, no habría salido la minuta de su despacho. De haber cerrado la operación, habría cobrado entre 15.000 y 20.000 euros, estimó. El diputado piensa que el proyecto fracasó porque la Mutua «buscaba hacer un desarrollo residencial anexo» y el Consistorio no quería aprobar «una operación especulativa».

El alcalde de Boadilla, por su parte, negó que pusiera trabas a la Mutua y achacó que la operación se abandonara al cambio de presidente en la compañía. También negó «absolutamente» haber hablado de ese tema por teléfono con Esperanza Aguirre. «Hubo una reunión con la Comunidad y la Mutua, pero en absoluto en los términos en los que usted me explica».

POSIBLES INCOMPATIBILIDADES DE UN DIPUTADO

El diputado José María Michavila, ex ministro de Justicia, podría haber incurrido en una situación de incompatibilidad al contratar el despacho EIUS Abogados en el que trabaja con el Ayuntamiento de Boadilla.

En declaraciones a este periódico, Michavila negó este extremo de manera tajante. Precisó que él es colaborador externo de la firma, en la que hay otros 20 letrados, que nunca ha llevado ningún caso personalmente para Boadilla y que no ha tenido una relación ni personal ni profesional con el alcalde de la localidad, Arturo González Panero. El diputado insistió en que sólo se responsabiliza de sus casos.

Sin embargo, de la lectura del artículo 157 de la Ley Electoral se desprenden algunas dudas. En el punto 2, especifica que son incompatibles con el cargo de diputado «las actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualesquiera organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos». Pero más adelante, precisa que esa incompatibilidad se extiende a la prestación de servicios «con titularidad individual o compartida». Y únicamente se contempla como excepción la recogida en el artículo 159. 3 c) cuando se advierte que, para determinadas actividades privadas, se tendrá que solicitar autorización puntual a las respectivas comisiones de cada Cámara.

Según los documentos a los que ha tenido acceso éste periódico, EIUS Abogados ha sido contratado en nueve ocasiones por el Consistorio de Boadilla para diferentes pleitos. La mayor parte de los documentos vienen firmados por Alberto Dorrego, el socio director de la firma.

La primera vez que el nombre de Michavila se vio vinculado al del alcalde de Boadilla fue en un informe remitido a la Fiscalía Anticorrupción en el que un grupo de funcionarios denunciaba por escandaloso y sospechoso que, habiendo un servicio jurídico infrautilizado en el Ayuntamiento, González contratase a sus «amigos». Alertaban sobre el hecho de que los contratos se hacían teniendo buen cuidado de que las cantidades no superasen los 18.000 euros, que es el máximo permitido por la ley. Y eso es lo que EIUS ha cobrado por cada caso.

Los funcionarios aseguraban que habían visto a Panero y a Michavila tomando café con frecuencia. El diputado asegura que sólo ha visto a Panero en un par de ocasiones y el alcalde sostiene que su relación no era de amistad, sino que se circunscribía a la habitual entre dos compañeros de partido.

(www.elmundo.es, 23/02/09)

UN ABOGADO DE CORREA SE HACÍA PASAR POR JUEZ PARA PRESIONAR EN SUS NEGOCIOS

Los dos principales imputados del caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, hacían pasar a uno de sus abogados por juez para presionar en sus negocios. Se trata de Juan Pérez Mora, su nombre no aparece en la lista del CGPJ, y también está inculpado.

Pérez Mora se hizo pasar por juez, o hizo valer su autoridad como tal, para presionar, entre otros, a una empleada que mostraba discrepancias con los manejos del clan y que pretendía dejar constancia de las irregularidades manifiestas en que estaba incurriendo la empresa Easy Concept.

Esta situación es la que se desprende de los datos recabados por los investigadores. Entre las ya públicas conversaciones que han venido marcando el hilo conductor de las investigaciones, hay una en la que se relata un momento especialmente tenso entre Pérez Mora y Felisa Jordán, otra de las imputadas en la causa y, en aquellas fechas -octubre de 2007-, administradora única en las empresas Easy Concept y Good and Better. En realidad, se refiere a una conversación que se prolongó alrededor de una hora en la que éste advertía a su interlocutora de que podría acabar en la cárcel y le aseguraba que, según su fundamentada opinión y su experiencia como juez, nada le pasaría si mantenía una actitud discreta.

El nombre de Pérez Mora no consta en la lista de jueces del Consejo General del Poder Judicial, pero no es la única vez que Correa y Crespo lo han presentado como magistrado. Entre sus conocidos, también en las reuniones más o menos informales que mantenían con los abogados de los gabinetes con los que hacían negocio, los dos encarcelados hacían valer ese dato de su supuesto currículo.

Pérez Mora había obtenido favores personales de Correa. En principio, El Conseguidor habría hecho que uno de sus familiares pudiese intervenir en la puesta en marcha de determinados eventos organizados en la localidad madrileña de Arganda, y de ahí surgió el contacto entre ese familiar y la amenazada.

Según el material en poder de los investigadores policiales, Felisa Jordán, que llevaba un par de años trabajando para Correa y Crespo, inició a principios de 2007 una serie de discusiones que se prolongarían durante meses por la forma que ambos tenían de dirigir y gestionar las empresas. Había constancia específica de que, sobre todo el que fuera secretario de organización del PP gallego, había estado pagando y cobrando en efectivo abultadas cantidades de dinero por servicios de los que no se tenía referencia real; la hoy imputada había protestado por esa situación y había encargado una auditoría interna para que quedase constancia.

Su malestar se extendía -según ha trascendido posteriormente y consta en las grabaciones realizadas por José Peña, el ex concejal expulsado por el PP que ha coadyuvado a destapar la trama-, a unos trabajos realizados por Easy Concept para Orange Market cuya beneficiaria era la Generalitat Valenciana y que, según la imputada, no habían sido abonados por la citada empresa también dirigida por Crespo y por Alvaro Pérez, El Bigotes.

Correa y Crespo ya habían intentado intimidar a Felisa Jordán recordándole que era administradora única de las empresas y que en ese cargo era susceptible de verse responsabilizada de las irregularidades que denunciaba. También le habían acusado de haber empleado cantidades considerables en ropa y gastos de representación innecesarios y que más tarde fueron contabilizados hasta quedar patente que se trataba de elementos justificables.

Y fue en ese contexto de acusaciones mutuas en las que intervino este imputado, que consta como el número 25 en la lista del juez Garzón. Pérez Mora utilizó las acusaciones sobre supuestos gastos extemporáneos realizados por los dos jefes del clan a la administradora única como pretexto para hacerle llegar sus recomendaciones.Le estuvo explicando a la empleada que Francisco Correa iba a ponerle una querella si denunciaba la situación y que, dado su cargo de administradora única de un par de empresas dentro de la red pergeñada por los imputados, podía ir a la cárcel. Apeló a su experiencia profesional para intentar disuadirla y le aseguró que, si hacía caso a sus jefes, no le ocurriría nada.

Por los términos y el momento en los que recibió la llamada, Felisa Jordán entendió que ésta tenía una clara intención intimidatoria, aunque decidió de todos modos no hacer caso de las recomendaciones.En las horas siguientes, recibió el borrador con el resultado de la auditoría interna que había encargado sobre Easy Concept y acudió a la Guardia Civil de Boadilla para denunciar algunas irregularidades primero y, luego, los seguimientos y las amenazas a los que fue sometida. En esas primeras denuncias no hizo alusión a las recomendaciones del citado juez, supuesto o real.

Año y medio más tarde no había sido interrogada por los hechos denunciados hasta que Garzón, que admitió desconocer sus denuncias, la llamó a declarar. El magistrado dictaminó para ella libertad sin fianza, con la obligación de presentarse una vez por semana en comisaría. No le preguntó por su episodio con Pérez Mora, que también permanece imputado.

(www.elmundo.es, 23/02/09)

CAMPS ACUDIÓ EN MADRID AL SASTRE QUE LE RECOMENDÓ ÁLVARO PÉREZ 'EL BIGOTES'

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudió en Madrid al sastre que le recomendó el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, conocido en el partido como El Bigotes. Pérez, que está imputado por el juez Baltasar Garzón por formar parte, presuntamente, de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, era el responsable de organizar los actos de la dirección regional del PP. En especial, aquellos actos en los que aparecía el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Orange Market logró, además, varios contratos de la Administración valenciana.

Fuentes de la Generalitat confirmaron ayer que Camps acudió recomendado por Álvaro Pérez a un sastre llamado José Tomás en la tienda que Milano tiene en la calle Serrano de Madrid. Una relación que mantuvo con el sastre cuando cambió de trabajo y fichó por la franquicia Forever Young en Madrid.

Presidencia ya ha reconocido que Camps estuvo en la tienda Milano de Madrid, donde encargó cuatro trajes. Sin embargo, según las mismas fuentes, no le gustaron cómo estaban los arreglos de los trajes y los devolvió sin llegar a pagarlos. La compra frustrada tuvo lugar en las fechas en las que se preparaba la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, que tuvo lugar en julio de 2006.

El presidente de la Generalita ha anunciado una querella contra la empresaria, imputada por el juez Garzón, Felisa Jordán, que en una de las grabaciones del sumario alude al pago de 30.000 euros en trajes para Camps.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha investigado tres facturas, en especial una cuyo importe rondaría los 5.000 euros. Garzón también habría intentado averiguar si las empresas de la trama corrupta utilizaron facturas falsas para defraudar a Hacienda o blanquear dinero.

El sastre de Milano al que Álvaro Pérez acudía y que recomendó a Camps era el mismo al que le encargaba los uniformes de los grandes eventos, incluidos los de las azafatas del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Un pabellón que Orange Market se adjudicó por primera vez en 2005 por importe de más de 1,3 millones de euros y que, desde entonces, ha ganado ininterrumpidamente.

Álvaro Pérez se instaló en la Comunidad Valenciana después de que el PP perdiese las elecciones generales en el año 2004. Su capacidad para montar actos y eventos visualmente potentes fue una de las razones para que el presidente de la Generalitat lo eligiese como escenógrafo de cabecera. Orange Market ha organizado la gran mayoría de actos del PP en los que participaba Camps.

La tensión del jefe del Consell a raíz de difundirse el pasado jueves que el informe de la Fiscalía Anticorrupción lo implica en la trama corrupta se hizo patente ayer en la celebración del Día de Andalucía en la plaza de toros de Valencia.

Camps llegó alrededor de mediodía arropado por una impresionante comitiva en la que estaba la gran mayoría de los miembros del Consell, la dirección regional y provincial de Valencia del PP, diputados, secretarios autonómicos, diputados.

La entrada de Camps en la plaza registró, por primera vez en muchos años, una ostensible pitada, que se entremezcló con los aplausos de quienes querían expresar su apoyo al jefe del Consell.

Media hora antes de la entrada del presidente de la Generalitat había hecho su aparición la comitiva socialista, bastante menos numerosa y encabezada por el secretario general del PSPV, Jorge Alarte. La gran afluencia de cargos populares provocó una discusión entre los servicios de protocolo, ya que los populares querían desplazar a los socialistas que habían llegado antes. Finalmente la cuestión se solución con la incorporación de dos sillas más para otorgar a Camps la presidencia del acto.

El presidente de la Generalitat tan sólo cruzo un breve y frío saludo con el secretario general del PSPV, que evitó realizar comentarios sobre los problemas que afrontan los populares.

El reparto de sillas hizo que, finalmente, se sentase junto a Alarte el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, también inmerso en un escándalo por adjudicar obras de miles de euros a un constructor amigo suyo, con quien comparte la afición por el parany, un arte de caza declarada ilegal.

Bajo un sol de justicia, el jefe del Consell realizó una corta intervención ante los participantes del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana, festividad a la que también acudió la consejera de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro.

Camps afirmó que lleva a Andalucía en su corazón y destacó las raíces comunes que unen a valencianos y andaluces. También recordó su vinculación afectiva con varias de las imágenes que se veneran en esa tierra, como la Virgen del Rocío o de la Estrella.

(www.publico.es, 23/02/09)

CUATRO DE LOS DIEZ CONTRATOS PARA GRANDES EVENTOS SE HICIERON A DEDO

Datos sobre nuevas irregularidades en la sociedad que gestiona los grandes eventos organizados por la Generalitat Valenciana. Las dos primeras auditorías que se realizaron en la Sociedad Pública de la Generalitat Valenciana en 2006 y 2007 critican la contratación a dedo de sus empleados, según reveló ayer la Cadena SER. En concreto, los informes señalan que el proceso de selección se hizo "sin publicidad, sin garantizar los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad y sin que haya ningún informe que recoja por qué debe ser elegido un candidato en detrimento del resto". Los auditores comprobaron en el año 2006 que cuatro de los diez contratos adjudicados por esta sociedad se hicieron a dedo.

Más llamativo todavía es el caso de las adjudicaciones. Los informes de auditoría subrayan que todos los informes están firmados por la gerente de la entidad, sin que exista un informe previo de una Comisión de Evaluación. Y añaden, "creemos conveniente que aquellas licitaciones de cuantías significativas deben ser objeto de suficiente publicidad". Los auditores llegan a esa conclusión después de comprobar en 2006 que cuatro de los diez contratos adjudicados por esta sociedad en ese mismo año se habían adjudicado a dedo por el procedimiento negociado sin publicidad. Entre ellos los dos más caros: el patrocinio de la película de Los Borgia, que costó 1 millón de euros y el de la salida de la Volvo Ocean Race de Alicante, que supuso un desembolso de 5 millones de euros.

Estas recomendaciones cayeron en saco roto al año siguiente porque ocho de los nueve contratos adjudicados por resta sociedad durante los mandatos de Camps se adjudicaron también a dedo y sin publicidad.

(www.elpais.com, 23/02/09)

UN PARIPÉ A FAVOR DE ORANGE MARKET

Orange Market logró en noviembre de 2004, tras perder ese año el PP las elecciones generales, uno de sus primeros contratos con la Administración valenciana. La empresa, que forma parte de la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón, logró adjudicarse una campaña publicitaria de 138.678 euros de la sociedad pública Vaersa, según publicó ayer el diario Levante. La sociedad pública de la Generalitat, dedicada al aprovechamiento energético de residuos, recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad.

La empresa pública, que entonces dependía del consejero de Territorio Rafael Blasco, dedició adjudicar una campaña de comunicación y sensibilización sobre el uso del contenedor amarillo mediante un procedimiento negociado y sin publicidad. Es decir, la Administración reclama a tres empresas distintas que presente un presupuesto.

Las tres empresas invitadas a concursar tuvieron todas al mismo administrador único, Luis Miguel Pérez. Esta persona ostentaba entonces el cargo en Orange Market, Easy Concept Comunication y Boomerangdrive. Orange Market se había constituido apenas año y medio antes en la localidad de Algemesí por Luis Miguel Pérez, que suscribió la práctica totalidad de las acciones, a excepción de una que se quedó Pablo Crespo. Ambos han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como supuestos cerebros de la trama de empresas corruptas.

Las propuestas económicas de las tres empresas a las que se invitó a participar, según indica Levante, ni siquiera fueron depositadas en el expediente del procedimiento de adjudicación.

La razón por la cual se eligió a Orange Market fue su experiencia en este tipo de trabajos, aunque su fecha de creación era reciente. Al parecer, en el criterio de selección se tuvo en cuenta que sus orígenes estaban en Special Events, la firma de Francisco Correa.

La adjudicación se realizó, presumiblemente, sin que se exigiese ningún tipo de garantía a Orange Market.

La coordinadora general de Esquerra Unida, Glòria Marcos, aseguró ayer que el actual consejero de Inmigración, Rafael Blasco, debería dimitir si se comprueba que bajo su mandato como consejero de Territorio la empresa pública Vaersa contractó con Orange Market incumpliendo todos los requisitos que marca la ley.

Marcos pidió al Consell que depure al máximo las responsabilidades y se refirió tanto a Blasco como al consejero de Gobernación, Serafín Castellano, también implicado en un escándalo de contrataciones a un empresario amigo. La responsable de Esquerra Unida también tachó de actitudes rechazables las de Carlos Fabra y Luis Díaz Alperi.

(www.elpais.com, 23/02/09)

FERIA VALENCIA CONTRATÓ CON ORANGE MARKET PARA HÁBITAT SIN AVISAR AL ORGANIZADOR

Feria Valencia contrató a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez implicada en el supuesto caso de corrupción que afecta al PP, para realizar una campaña de promoción de Hábitat al margen del presupuesto y sin el conocimiento previo de los empresarios encargados de la organización de este certamen, que integra a los sectores del mueble, la iluminación, la decoración y el textil y que es el más importante de los que se celebran en la institución. Orange Market empezó a trabajar con Feria Valencia hace algo más de un año, después de la llegada de Carlos Vargas a la dirección general en julio de 2006.
Según fuentes oficiales de la institución, ésta colaboraba principalmente con la agencia BSB (Sáez Merino) pero se le rescindió el contrato por disconformidad con su gestión. Entonces se "buscó" un sustituto y "se encontró" a "Orange Market, sin que llegara por instrucción de nadie". Lo cierto es que Feria Valencia buscó y halló fuera de la institución, ya que en esos momentos, como constata el citado portavoz, sus certámenes tenían contratadas a otras agencias. Curiosamente, afirma que sí se consultó con estas empresas para buscar a dos personas para el departamento de marketing que al final fueron contratadas por mediación de otra firma a la que también recurrió: Orange Market. Se trata de Miren Olcoz, directora, que acaba de anunciar su marcha, y Cristina Olmeda, jefa. La Feria ve normal este proceder, se negó a revelar la identidad del resto de consultoras y no contestó a la pregunta de si no habría sido más lógico tratar con alguna empresa de selección de personal.

Sea como sea, tras este trabajo, Orange Market fue contratada para otro cometido más suculento: la promoción de Hábitat. Según fuentes presenciales consultadas por este diario, el pasado mes de junio, tres meses antes de la celebración de ese certamen, Carlos Vargas reunió a los empresarios que forman parte de la organización del evento y les comunicó la contratación de una empresa -"que nos dijeron que era muy importante, pero de la que no nos dieron información"- que llevaría a cabo la promoción de esta feria. Las citadas fuentes afirman que Orange Market no estuvo presente en la reunión, en la que les dieron a conocer hechos consumados.

Es tanto así que, en realidad, les expusieron la campaña diseñada por la firma de Álvaro Pérez. Sí les dijeron que se trataba de una iniciativa adicional a la de la propia Hábitat, es decir, que el presupuesto era suplementario al que estaba contemplado en las cuentas del certamen. "Esa contratación corría a cargo de Feria Valencia, no de Hábitat", explica una de las fuentes consultadas. La campaña no fue del gusto de todos los asistentes, pero nadie se quejó, porque el mayor gasto en promoción era una petición de los empresarios y porque "toda publicidad es buena".

Varias fuentes consultadas por este diario apuntan que el contrato llegó hasta los 800.000 euros, gestionados por el departamento dirigido por Miren Olcoz. Feria Valencia se ha negado a dar datos sobre contratos de clientes y se limitó a decir que la institución es al final la que lo paga todo, aunque un gasto esté presupuestado en un certamen y otro en la dirección de marketing. También afirma el portavoz de la institución que "se pagó lo que costaba" y especificó algunos de los servicios incluidos, como 50 monopostes durante dos meses, varias lonas gigantes o una falla que fue exhibida en diversos lugares del país. También precisó que, además de la campaña de marketing, Feria Valencia tomó otras medidas de apoyo al sector, como un descuento del 20% en el precio del suelo.

En cualquier caso, Orange Market es ya un proveedor del pasado para Feria Valencia. La institución asegura que la empresa no trabaja para ella desde enero. Ni se le ha encargado ningún nuevo cometido ni tiene ninguno pendiente de ejecutar.

(www.levante-emv.com, 23/02/09)

EL SÍNDIC DE COMPTES DENUNCIÓ EN 2004 IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE VAERSA A LA FIRMA INVESTIGADA

El informe de la Sindicatura de Comptes de 2004 puso de manifiesto numerosas irregularidades en los contratos de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), de la Conselleria de Medio Ambiente, entonces dirigida por Rafael Blasco.

Uno de los contratos estudiados por el síndic fue, precisamente, la "campaña de sensibilización correcto uso del contenedor amarillo", de 138.000 euros, que la Generalitat adjudicó a dedo a Orange Market, la franquicia valenciana de la presunta trama de corrupción que investiga Garzón.

Vaersa otorgó aquella campaña en un simulacro de selección entre tres firmas vinculadas a la misma persona, Luis de Miguel Pérez, uno de los cerebros de la presunta trama de empresas de Francisco Correa. En la auditoría sobre la actividad contractual de la empresa de Medio Ambiente Vaersa, el síndic advierte de la insuficiencia en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia exigidos en la ley de contratos de la Administración Pública (LCAP).

Respecto a las anomalías particulares, el síndic censura que en algunos expedientes no fueron registradas las ofertas económicas. Esta, concretamente, es una de las incidencias de la adjudicación a Orange Market, ya que las propuestas económicas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada.Por otro lado, la Sindicatura también denunció que en algunos expedientes de contratación no aparecía el pliego de condiciones o contenía deficiencias sobre los criterios de adjudicación o el baremo a aplicar. Precisamente, en el caso de la campaña encargada a Orange Market se aplicó como única razón su experiencia, cuando la mercantil sólo contaba con un año de existencia.

Respecto a la publicidad, los incumplimientos de Vaersa son manifiestos. Ninguna de las adjudicaciones estudiadas por la Sindicatura fue publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En el caso del contrato con Orange Market, la licitación tampoco fue anunciada en el boletín, como obliga el reglamento de la entidad pública Vaersa.

EL CONSELL LICITÓ Y ADJUDICÓ A ÁLVARO PÉREZ EN 11 DÍAS EL CONTRATO DE LA VOLVO DE 516.000 EUROS

En tiempo récord. El contrato que la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat adjudicó por procedimiento negociado a Orange Market, la empresa presidida por Álvaro Pérez y presunta pata valenciana de la trama de supuesta corrupción en el PP que investiga el juez Garzón, se ventiló en tan solo once días. Y ello, a pesar del elevado importe de la contrata, 516.000 euros con IVA y de la complejidad de la propuesta, la producción y montaje de la ceremonia de inauguración de la Villa de Regatas de la Volvo Ocean Race en Alicante, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 2008.

El contrato, entregado el jueves a las Corts por el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, refiere el proceso seguido. El 20 de agosto de 2008, la mercantil pública emite informe de aprobación del gasto y las bases que deben regir la contratación. El 1 de septiembre, se solicitan tres ofertas para presentar propuestas de adjudicación y ese mismo día se publica anuncio de licitación "para que cualquier interesado pudiera retirar en plazo el pliego de bases y presentar propuesta". El presupuesto, 500.000 euros.

En la comisión de las Corts, Rambla puntualizó que el anunció se publicó en la "web institucional", sin aclarar cuál, ya que la sociedad no tiene página en Internet. Según explicó Rambla, recogieron el pliego tres empresas: Orange Market, Inmotion y Concepto Alternativo. Sólo optó la firma de "El Bigotes". El contrato revela que la sociedad de Pérez presentó propuesta el 9 de septiembre, ocho días después de recibir la invitación y difundirse el anuncio. Su oferta fue de 445.000 euros sin IVA, 516.000 con el impuesto, una baja del 11%, resaltó el portavoz del Consell.

Tres días después, el 12 de septiembre, se emite el "Informe de selección y adjudicación" avalando la contratación. Ese mismo día, el 12, se firma el contrato entre Cándido Herrero Martínez, en representación de Orange Market e imputado también por Garzón, y por parte de la Sociedad Gestora, la gerente, Arantxa Vallés, y la directora general y secretaria del consejo, Dora Ibars.

Desde el 1 al 12 de septiembre, en once días, la mercantil del Consell solventó el proceso de licitación y adjudicación en favor de Orange Market para una contrata de medio millón de euros. La capacidad de reacción de la empresa fue espectacular, ya que la ejecución del contrato abarca "desde el día de su firma indicada en el encabezamiento [12 de septiembre], hasta el día 22 de septiembre de 2008". La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 19 de septiembre, 18 días después de la invitación y 7 de la adjudicación.

Según el propio documento, la prestación de servicios "no se encuentra sujeta a regulación armonizada" por la ley de Contratos del Sector Público, de forma que "se regirá de acuerdo con las instrucciones internas de contratación". Estas instrucciones fueron informadas por la Abogacía de la Generalitat el 1 de agosto de 2008.

Tal como publicó el sábado este periódico, la Sociedad todavía le debe a Orange Market el 40% del precio de este contrato -206.000 euros con IVA-, que debía abonarle "antes del 15 de febrero de 2009", nueve días después de estallar el escándalo de la presunta trama de corrupción. El Consell no le ha pagado la cantidad, ya que, como estipula el contrato, la firma debe presentar una "Memoria gráfica y audiovisual de la ceremonia de inauguración", algo que todavía no ha hecho.

(www.levante-emv.com, 23/02/09)

CAMPS ACUDÍA A LA TIENDA FOREVER YOUNG RECOMENDADO POR ´EL BIGOTES´

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, estuvo en las tiendas de moda madrileñas Milano y Forever Young, y lo hizo por recomendación de Álvaro Pérez El Bigotes. Empleados de Milano explicaron que Camps sólo compró una vez en la tienda, cuatro trajes concretamente, pero no llegó a pagarlos porque los devolvió, ya que estaban mal hechos.

Sin embargo, Camps también acudió a otra sastrería madrileña por consejo de Álvaro Pérez. Cuando José Tomás, a quien Pérez compraba los trajes desde quince años atrás, dejó Milano para encargarse de dirigir las sucursales de Forever Young, el presidente valenciano se convirtió en asiduo de esta tienda para hacerse los trajes. Acudía recomendado por Pérez, pero sin él. "Solía venir Camps solo con su guardaespaldas", afirmaba un empleado. Cabe recordar que las palabras de una de las imputadas en la trama vinculaban a Camps con la factura de unos trajes.

(www.levante-emv.com, 23/02/09)

CAMPS Y BLASCO GUARDAN SILENCIO

Justo el mismo día en que Levante-EMV revelaba que Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de empresas de Francisco Correa que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción, logró una adjudicación a dedo de la Generalitat en 2004, a través de la empresa pública Vaersa, que presidía el entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco, el propio conseller y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, optaron por guardar silencio.

Todos los medios de comunicación, convocados ayer en la plaza de toros de Valencia donde se celebraba el Día de Andalucía, aguardaban la ocasión de poder preguntar a Camps o Blasco. Pero ni explicación sobre la adjudicación a dedo a Orange Market de una campaña de 138.678 euros saltándose la publicidad y concurrencia que exige la ley, ni sobre ninguna otra cuestión. Ni el actual conseller de Inmigración y Ciudadanía, ni el jefe del Consell, tenían previsto hacer declaraciones, aseguraban los responsables de comunicación del PP.

Pero es que acercarse a alguno de ellos para intentarlo era una misión imposible. Una hora antes de la llegada de Camps, un nutrido grupo de simpatizantes le aguardaba en la puerta de autoridades. "He venido porque me han dicho que es el momento de estar con el president", comentaban entre ellos. En cuanto llegó el jefe del Consell, una nube de seguidores le rodeó y, entre aplausos, le acompañó hasta la primera fila. Allí Camps saludó al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, con quien era la primera vez que coincidía dese que estalló el caso Gürtel.

La corrupción aparca la guerra sucesoria

El riesgo es de tal calibre que hasta los más críticos del PP se ven obligados a cerrar filas

Lo explicó Ricardo Costa, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana. El miércoles reunió a sus diputados para pedir unidad y sobre todo para garantizar una ovación cerrada cuando, pocos minutos después, entrara Francisco Camps en el hemiciclo tras jurar en público su inocencia. "Vienen días y semanas muy duros, pero esto va a fortalecer al partido", auguró. La semana anterior, había sido la ex ministra Celia Villalobos la encargada de resumir, también en reunión interna -de estas cosas con la prensa delante no se habla-, el sentimiento que recorre el PP: "Hay que apoyar al partido. Con las cosas de comer no se juega".

"El enemigo exterior ha silenciado el debate sobre la sucesión de Rajoy"

Los únicos molestos con la situación son los aznaristas puros

" La Cope ya ni siquiera critica a Rajoy. Y eso sí que es noticia"

La implicación de Camps, el todopoderoso barón valenciano, en la trama corrupta que investiga el juez Garzón ha tenido un efecto inmediato. Por unos días -nadie sabe cuánto durará-, ya no hay marianistas, aguirristas, críticos y oficialistas. Hay dirigentes del PP, profesionales de la política que sienten que Garzón ha iniciado una causa general contra el partido. Y con un enemigo exterior tan claro, y un riesgo tan evidente de que el PP, la casa de todos ellos, se venga abajo, la unidad es mucho más fácil.

"Parece increíble, pero esto está sirviendo para cohesionar al partido. Yo nunca había visto una unidad interna así", sentencia un dirigente de Génova que en las últimas semanas estaba muy preocupado y ahora, después de decenas de llamadas de apoyo, se siente algo más aliviado.

"Todo esto anima el patriotismo de partido. Nuestra reacción es muy similar a la de Convergència en los 80, con el caso Banca Catalana. Entonces todos estaban con Pujol. Ahora todos con Camps y Rajoy, incluso los críticos", sentencia un veterano diputado, siempre distante del líder.

Mientras, Rajoy, que estos días come y cena en Galicia y en el País Vasco con diversos cuadros del partido, recibe apoyos y trata de tranquilizar a los suyos. Les asegura que, cuando se abra el sumario, será "implacable", pero ahora no puede hacer nada porque Garzón les está dejando indefensos con su secretismo.

El enemigo exterior ha silenciado y pospuesto, de momento, el intenso debate sobre la sucesión de Rajoy que el PP vive desde que perdió las elecciones generales. Por si fuera poco, los datos que maneja la dirección no descartan que el PP recupere la mayoría absoluta en Galicia, con lo que incluso los dirigentes más críticos están esperando, porque eso reforzaría mucho a Rajoy.

"Los que están pensando en la sucesión tienen que dejarlo para otro momento. Ahora vienen a por nosotros y sólo toca defenderse. Nadie cambia al general en plena guerra", sentencia otro diputado.

Los únicos realmente molestos con la situación y con la reacción de Rajoy son los aznaristas puros, y en especial el propio Aznar, según varias personas cercanas. Su esposa, Ana Botella, lo dejó muy claro cuando exigió a Rajoy que defienda "toda la historia" del PP. En el aznarismo ha sentado muy mal que el líder trate de desvincularse de la etapa en la que Francisco Correa lo era todo en el PP, precisamente cuando Aznar mandaba.

Por lo demás, el partido parece una piña. Y a esa unidad están ayudando mucho dos personas. Primero, Garzón, con su empeño de no abrir el sumario. "Sabemos que tenemos un agujero pero el juez no nos quiere decir de qué tamaño es. Y así no hay manera, es intolerable", sentencia un miembro de la dirección.

Y el otro es Mariano Fernández Bermejo, que con su actitud que el PP considera chulesca tras la cacería con Garzón une al partido en su contra. "Ese supuesto progresista, que es el más conservador, salió el miércoles del Congreso con gritos de ¡Torero, torero! de la bancada socialista. Bastaba mirar a nuestras filas para ver cuánto nos une Bermejo. Nos da munición cada día", sentencia otro diputado.

En esos mismos bancos, hasta el día en que el escándalo llegó hasta Camps, había cada vez más gente hablando de la necesidad de una catarsis en el PP. Algunos diputados comenzaban a recuperar la idea de que para la sucesión ya no vale ni Alberto Ruiz-Gallardón, el que sale menos tocado de la crisis de corrupción, entre otras cosas porque se está apresurando a destituir a cualquier subordinado suyo implicado e incluso a denunciar cualquier cosa que tenga que ver con el ayuntamiento de Madrid.

Aunque nunca ha sido ministro, Gallardón lleva toda la vida en primera fila del PP, y sobre todo, aseguran quienes piensan en la necesidad de alguien nuevo, tendría dificultades para unir al partido, ya que hay sectores, los más conservadores y el aguirrismo, que no le pueden ni ver. Por eso, antes de la implicación de Camps, se hablaba de alguien nuevo, aunque, como sucedió en 2000 cuando surgió Zapatero, nadie le ponía ni cara ni nombre. "Yo miro a los bancos del Congreso y no veo a nadie con esa capacidad, pero me puedo equivocar", sentencia un veterano diputado.

Sin embargo, también estas cábalas se han pospuesto con el cierre de filas. El propio alcalde trató de zanjar el jueves ese debate sobre su papel como el único de los sucesores que sale beneficiado de la crisis. "Nada, absolutamente nada que pueda perjudicar a ningún compañero del PP, nunca, jamás, podrá ser nada que beneficie a Alberto Ruiz-Gallardón", sentenció.

Los más veteranos del partido están especialmente satisfechos porque, sostienen, en el fondo todo ha vuelto a colocarse en el sitio de siempre. Lo resume así uno de ellos: "Por mucho que hablen del nuevo PP, ahora estamos unidos porque tenemos los enemigos de siempre: el PSOE, el Ministerio del Interior, la fiscalía y el Grupo PRISA. Ya ni siquiera la Cope critica a Rajoy. Y eso sí que es una noticia".

www.elpais.es 22.02.09

La caída del niño mimado de Aguirre

Alberto López-Viejo siempre hizo ruido. A veces, demasiado. Ahora ha sido destituido por su implicación en la trama corrupta

Hay políticos que pasan por los cargos como la luz por el cristal: sin manchar ni romper. No es el caso de Alberto López Viejo, que siempre deja rastro visible, ruido de vidrios rotos y escándalo. Nunca se le ha demostrado nada, pero ha hecho siempre ruido. Ahora puede acabar imputado por la presunta trama de corrupción destapada por Baltasar Garzón, y ha tenido que dimitir como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Es la pieza de más peso político que se ha cobrado el escándalo, hasta ahora.

En todos los cargos por los que ha pasado ha dejado un rastro de escándalo
Formó parte del equipo que organizaba los actos electorales de Aznar

Con sólo 40 años, su trayectoria está cargada de acusaciones e historias oscuras. Desde su etapa al frente de la Concejalía de Limpieza de Madrid, entre 1999 y 2003, cuando fue señalado por el interventor del Ayuntamiento por irregularidades en las contrataciones, con adjudicaciones a dedo y superposición de contratos. En esa época fue acusado de imponer a los proveedores la compra de vehículos Toyota para favorecer a un concesionario y de forzar la adquisición de muebles en Equipamiento Integral de Oficinas, la tienda de su padre, Fernando López Paredes. Se llegó a escribir que compró con dinero público las flores para su boda.

Y volvió a salir su nombre en la Operación Guateque. Se dijo que su esposa, Teresa Gabarra, había sido presuntamente beneficiada por el Ayuntamiento de la capital en los restaurantes de su propiedad: La Hacienda Argentina, La Trattoria Romana, Cañas y Tapas y Ribs, explotadas a través de la sociedad Bares de Barrio. También salió indemne.

Todo ese historial hace que en el PP se le haya visto siempre como una bomba de relojería andante. Pese a todo y para sorpresa de muchos, Esperanza Aguirre lo rehabilitó en 2003. Le hizo número seis de su candidatura y puso en sus manos la campaña electoral. Luego le nombró viceconsejero de Presidencia -aunque su relación con Ignacio González es manifiestamente mejorable- y en esta legislatura creó para él la cómoda Consejería de Deportes. Le regaló una nueva vida política.

¿Por qué Aguirre le rescató con ese historial cargado de borrones? El entorno de la presidenta ofrece una explicación más humana que política. Aseguran que le conoce desde que coincidieron en el Ayuntamiento y que, literalmente, le tiene "cariño maternal". Adora de él, dicen, "su buen humor, su capacidad para crear buen rollo" y su efectividad en la labor que se le encomienda.

La prueba es que en el mitin de cierre de la última campaña autonómica, Aguirre mencionó expresamente a dos personas para agradecerles su labor y una de ellas era López Viejo. La presidenta siempre se ha distinguido por acoger a miembros de todos los sectores del partido; tanto que, tras la debacle electoral de 2004, a la Comunidad de Madrid se le conocía en el PP como "el hospital de campaña". Pero con López Viejo influye más el trato humano que cualquier otra cosa. De su faceta de organizador de actos electorales de Aguirre, un diputado del PP recuerda la soltura con que López Viejo colocaba a cada uno en las primeras filas y la autoridad con que levantaba a quien le estorbaba.

Cuando en el PP se pregunta de quién es López Viejo, la única respuesta es: "Sólo de Esperanza". Ahora Aguirre se ha visto obligada a sacrificar a su protegido. Hace 12 días, el entonces consejero no debía tener la conciencia tranquila, porque apenas se desató la operación de Garzón, llamó a la presidenta y le dijo que dimitía. Le aseguró que su consejería no había contratado con Special Events, la empresa matriz de Francisco Correa, y que se iba para facilitar la situación. No le contó a Aguirre que sí contrató con otras sociedades de la trama, hasta el punto de que el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, lleva desde entonces revisando contratos y desenmarañando la complicada madeja que ha dejado el ex consejero. Y no está siendo fácil.

López Viejo es pieza clave en este caso, entre los tres ángulos que forman el PP, los empresarios imputados y las administraciones públicas salpicadas. Todos con vinculaciones estrechas a lo que fue el aznarismo. Al PP llegó como secretario de estudios de Nuevas Generaciones cuando la presidía Pedro Calvo, hoy concejal en Madrid. Las relaciones entre ambos terminaron siendo muy malas y López Viejo pasó a organizar actos del PP de Madrid. Luego, Juan Carlos Vera, eficaz miembro del aparato de Génova, le integró en un equipo del PP nacional que organizaba los actos de Aznar, con Alfonso Bosch (otro diputado madrileño también presuntamente implicado en la trama), Álvaro Moragas y Chema Rios, entre otros. Vera se encargaba de pedir al entonces alcalde José María Álvarez del Manzano que liberara al concejal López Viejo para participar en las campañas de Aznar; y recuerda que su trabajo consistía, por ejemplo, en diseñar los escenarios, preparar los pasillos para la entrada del candidato o disponer la colocación de las cabezas calientes (grúas con cámaras). Hay cientos de fotos de Aznar con López Viejo y Bosch en esa época.

En esos años, López Viejo contactó con Correa y Álvaro Pérez, encargados de ejecutar los actos del PP. Su relación con ese vértice del triángulo se prolongó cuando pasó a encargarse de los actos electorales de Aguirre y se estrechó cuando les facilitó contratos públicos en la consejería. El nexo con el aznarismo le viene, como a otros muchos de la trama, del llamado clan de Becerril, donde estaban Alejandro Agag, Francisco Camps, Ignacio Echániz y otros. Más exactamente, es identificado como miembro de una de las corrientes de ese grupo: el clan Gabana, bautizado así en honor al selecto local de la calle Velázquez de Madrid en el que tantas noches coincidían y tan buenos ratos echaron. Todo el clan se retrató en la boda más famosa de la historia reciente de España -la de Agag y Ana Aznar- y disfrutó la también célebre despedida de soltero en Gabana, con calle cortada y limpieza municipal extra.

Otro punto de contacto de López Viejo con la trama es el de su amigo Alfonso Bosch, miembro del equipo que organiza los actos del PP y, además de diputado regional, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte, origen geográfico de la metástasis. Bosch trabajaba a las órdenes del dimitido alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, hoy imputado.

Con la misma endogamia de otros de los mencionados en la trama, López Viejo y Bosch comparten veranos y urbanización en Calpe (Alicante) desde hace siete años. El ex consejero tiene un apartamento de 230 metros cuadrados, en primera línea de playa y con impresionantes vistas al mar y al parque natural del Penyal de Ifach. El de Bosch es más modesto: 110 metros cuadrados. En el Club Náutico, López Viejo tiene atracado el Altea II, una embarcación tipo menorquina de unos 10 metros de eslora. Bosch conduce un aparatoso Mitsubishi todoterreno que le vendió en 2001 López Viejo.

www.elpais.es 22.02.09

Calp, refugio de dos imputados del PP de Madrid

Los políticos mantienen relaciones con promotores locales

El ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, y el diputado del PP de esa comunidad, Alfonso Bosch Tejedor, dos de los imputados en la trama corrupta de Francisco Correa, mantienen una fuerte vinculación con Calp, donde cada uno posee una vivienda de lujo en el mismo edificio de apartamentos ubicado en un enclave privilegiado, a apenas 30 metros de la playa y con impresionantes vistas tanto al mar como al parque natural de El Penyal d’Ifach. Además, López Viejo dispone de un barco de diez metros de eslora amarrado en el exclusivo Club Náutico de la población. Ambos dirigentes populares, muy ligados a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, no sólo utilizan Calp como destino vacacional, sino que han establecido en este municipio importantes relaciones con promotores y cargos locales del PP.

López Viejo y Bosch Tejedor, quienes frecuentan Calp al menos desde 2004, pasan juntos las vacaciones en el edificio Apolo XVI, en una zona rodeada por las dos láminas de mar que bañan El Penyal d’Ifach y muy cerca de otro paraje natural, el humedal de Las Salinas. El ex consejero de Deportes disfruta de una magnífica panorámica en la planta 13, donde tiene dos apartamentos unidos con una superficie total de 230 metros cuadrados valorados, según el precio actual del mercado, en más de 600.000 euros. Y tiene un garaje donde guarda un todo-terreno de lujo matriculado en 2001. El inmueble de su amigo es más modesto: se trata de un solo apartamento de 110 metros cuadrados valorado en 300.000 euros.

El Apolo XVI está ubicado muy cerca del Club Náutico, donde López Viejo utiliza durante muchos fines de semana el Altea II, un barco de unos diez metros de eslora y de un llamativo color azul marino. Se trata de una “menorquina”, un modelo inspirado en la tradicional barca de pesca de esa isla que ha evolucionado hasta convertirse en una embarcación de recreo a motor. El Altea II está escriturado a nombre de la mujer del ex consejero, Teresa Gabarra, quien por su parte cuenta con importantes negocios de restauración en la Comunidad de Madrid.

Ni ella ni su marido son buenos navegantes, por lo que cada vez que utilizan el barco debe acompañarles un marinero del Club Náutico. Ello les supone un importante desembolso al que hay que añadir el alquiler del amarre, que cuesta unos 4.000 euros anuales. En la actualidad, el barco se encuentra en el varadero, sometido a tareas de reparación.

López Viejo y su esposa compraron el Altea II al empresario Jaime Vives Tur, con el que suelen coincidir en el Náutico y que es uno de los promotores más importantes de Calp. Otro de los asiduos a esos días estivales es Manuel Alonso Laborda, quien tiene muchos puntos en común con Vives Tur: también es empresario inmobiliario y también fue edil popular. Además, Alonso Laborda es tío de Álvaro Alonso, imputado en la trama corrupta y responsable de Orange Market.

Cuando era regidor, Laborda organizó para el Ayuntamiento de Calp eventos que congregaron a miles de personas, como la famosa Fiesta de la Cerveza, y fue responsable de la imagen corporativa del municipio en Fitur cuando el concejal de Turismo era el diputado popular Juan Roselló, a su vez imputado en la trama de Aguas de Calp. El PSPV investiga si los eventos los organizó Orange Market

www.elpais.es 22.02.09

El mapa valenciano de la trama

El presidente del Consell se probó varios trajes en la tienda de Milano en Madrid

El sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación con una trama corrupta vinculada al PP, no sólo amenaza con implicar a altos cargos de la Generalitat. También ha puesto en tela de juicio la gestión de la política de grandes eventos del Consell y ha evidenciado la confusión que un buen número de altos cargos del Partido Popular tienen para distinguir su ámbito privado, del partidario y el institucional.

Los letrados de Eius defienden los intereses televisivos de Mediamed
Una grabación en la que se habla de los trajes implica a Camps en la trama
Garzón investiga si Álvaro Pérez intervino para tener facturas falsas

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha tenido siempre entre sus fijaciones dos ideas: transmitir imagen de proximidad y de honradez. Dos elementos con los que buscó desmarcarse de su predecesor, Eduardo Zaplana, que tuvo en su gobierno a Luis Fernando Cartagena, condenado a pena de prisión por un delito de malversación. Sin embargo, nadie ha explicado todavía por qué, la dirección regional del PP, que preside el propio Camps, contrató con Orange Market, la empresa que dirigía en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y que forma parte de la trama que dirigía Francisco Correa. Un personaje del cual el PP nacional se deshizo al saber que reclamaba contratos en nombre del partido al poco de llegar Mariano Rajoy a la presidencia.

Orange Market forma parte de la trama que investiga el juez Garzón. Esta empresa era la principal organizadora de actos de la dirección regional del PP y se ocupaba, especialmente, de la escenografía donde intervenía Francisco Camps. También logró a partir de 2005 de forma ininterrumpida el concurso de la Generalitat para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Un concurso millonario al que hay que añadir otros contratos de empresas públicas e instituciones controladas por las Administraciones gobernadas por el PP, como Ràdio Televisió Valenciana y Feria Valencia. Al ámbito partidario e institucional, hay que sumar el privado, que hizo que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y parte de la cúpula regional del PP acudiese a las segundas nupcias de Álvaro Pérez hace ahora un año.

El juez Garzón ha investigado, al menos, el contenido de una grabación en la que una de las imputadas, la empresaria Felisa Jordán, se refiere al pago de una factura de trajes para Camps por importe de 30.000 euros en una sastrería de Madrid. Además, en las conversaciones grabadas se vincula a Álvaro Pérez y a las empresas de Correa con la celebración de grandes eventos como la visita del Papa a Valencia, la Copa del América o el gran premio de Fórmula 1.

El presidente de la Generalitat ha negado, desde que estallaron los primeros rumores, que ninguno de esos extremos fuese cierto. Al menos hasta ahora. El diario El Mundo asegura que, tras conocerse que el informe de la Fiscalía Anticorrupción implica al jefe del Consell en la trama, Camps admitió haber encargado trajes en la tienda de Milano en Madrid. Presidencia de la Generalitat, que insistió ayer en la rectitud de la actuación de Camps, confirmó que el jefe del Consell llegó a probarse los trajes en Milano y pidió que le realizasen varios arreglos, aunque finalmente optó por devolverlos.

"Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje", aseveró Camps. Según El Mundo, algunos de los encargos de sastrería investigados podrían haberse justificado en relación con la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El juez Garzón investiga si Correa estableció algún sistema para generar facturas falsas, defraudar a Hacienda y obtener dinero negro con el que sobornar a funcionario. En ese marco, se habría investigado también la relación de Álvaro Pérez con personal de Milano y otras sastrerías.

Dos elementos de lo conocido hasta ahora son especialmente llamativos. La estrecha relación de los dirigentes del PP con Álvaro Pérez y la confianza depositada en su empresa, de apenas media docena de trabajadores, para proyectos de gran magnitud.

La Generalitat insiste en que sólo contrató con Orange Market el pabellón de Fitur -a través de la Agencia Valenciana de Turismo- y la cabalgata de la regata Volvo Ocean Race por importe de 445.000 euros -desde la empresa pública Sociedad para la Imagen Estratégica y Promoción de la Comunidad Valenciana que dirige el vicepresidente Vicente Rambla-. Esta misma empresa adjudicó también contratos de miles de euros a distintas empresas en relación con la organización de eventos como la visita del Papa o la carrera de Fórmula 1. Beneficiarios de estas importantes ayudas, como Valmor Sports que organizaron la carrera de Fórmula 1 niegan que subcontratasen con Orange Market. En una de las grabaciones se afirma que esta empresa se va a encargar del montaje de las gradas.

La otra red valenciana vinculada a la trama que investiga Garzón es la relacionada con el empresario castellano-leonés José Luis Ulibarri, también imputado por sus relaciones con Correa. Ulibarri, a través de la firma Mediamed, ha obtenido directa, o indirectamente, 13 licencias de Televisión Digital Terrestre otorgadas por el Consell. Ulibarri también ha penetrado con fuerza en el sector inmobiliario a través del Grupo Begar, Ulibarri proyecta una urbanización con campo de golf en Xilxes, el hospital de Llíria y varias promociones de vivienda protegida y otra obra pública. En las grabaciones en poder de Garzón también se menciona al ex consejero Esteban González Pons.

www.elpais.es 22.02.09

El Consell contrató a dedo a Orange Market entre tres ofertas del mismo gerente

Vaersa dio la campaña de 138.678 euros a la empresa de cabecera del PP tras consultar otras dos también gestionadas por Luis de Miguel. Se hizo con Blasco de conseller y sin la publicidad y concurrencia exigidas

Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de empresas de Francisco Correa que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción, logró una adjudicación de la Generalitat en 2004 que dinamitó toda la arquitectura normativa. Vaersa le dio a dedo una campaña de 138.678 euros saltándose la publicidad y concurrencia que exige la ley. Se "consultaron" tres empresas y todas estaban gestionadas por el imputado Luis de Miguel, uno de los expertos fiscales de la trama.

La empresa Orange Market, contratista de referencia del PP valenciano y pieza clave en la tela de araña de presunta corrupción que tejió Correa, encontró en sus primeros pasos en el mercado la misma buena acogida en la Generalitat que la que tenía en el partido que la gobierna. La firma que hoy preside Álvaro Pérez y a la que entonces ya estaba ligado laboralmente, logró en noviembre de 2004 un contrato a dedo de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), una sociedad 100% pública presidida entonces por Rafael Blasco, por su cargo de conseller de Territori, departamento del que depende la firma.

Juan Miguel Bellver era gerente de la empresa que adjudicó por 138.678 euros una campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Pese a que la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP) y la propia normativa interna de esta empresa obligan a respetar los principios de publicidad y concurrencia de ofertas en el proceso, por la cuantía de ese contrato (disposición adicional sexta del Texto Refundido de esa ley), en este caso se saltaron todos los preceptos al optar por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. La necesaria concurrencia de ofertas fue muy "sui generis". Porque la preceptiva invitación a tres empresas del sector para que presentaran propuestas fue técnicamente un paripé. Además de Orange Market, se pidió presupuesto a Boomerangdrive S. L. y a Down Town Consulting. El administrador único de la primera era Luis de Miguel Pérez. El de la segunda, también. ¿Y quién gestionaba la tercera? Pues el mismo. En el caso de Orange Market, el gerente era también cofundador de la sociedad -en escritura otorgada el 24 de julio de 2003- y prácticamente dueño único, al haber suscrito 3.005 acciones. Todas menos una, que se la quedó, por un euro, Pablo Crespo, quien ahora duerme en prisión.

Down Town Consulting no es otra cosa que el anterior nombre de Easy Concept Comunication. De Miguel, especialista en fiscalidad considerado como uno de los cerebros del entramado societario que ahora se investiga, administraba esta empresa desde hacía seis meses, según documentación mercantil a la que ha tenido acceso este diario.

Las propuestas económicas recabadas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada. Tampoco constan en el expediente del procedimiento, lo que abunda en las irregularidades de esta adjudicación. Y ahí no acaban las anomalías de una contrata que, en la lectura más laxa y amable de la normativa para el Consell, debería haber sido negociado con publicidad, según expertos consultados. Sin embargo, no hubo ninguna licitación publicada en el DOCV, como obliga el propio reglamento de la entidad pública Vaersa, ni siquiera un anuncio en prensa. Al Diario Oficial no acudió la Generalitat ni antes ni después porque la identidad de la contratista también se cubrió de un manto de silencio. Para justificar la adjudicación del contrato se argumentó, como única razón para elegir a Orange Market, la experiencia. Era difícil saber si esa variable pesaba poco o mucho porque los criterios establecidos para seleccionar la empresa no constaban en ningún pliego de condiciones ni en informe técnico alguno.
El propio contrato mercantil, firmado el 12 de noviembre de 2004, presentaba más anomalías, como para batir récords. Una de las más flagrantes: no constaba en ningún sitio que se le hubiera exigido fianza o garantía de cumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria. El aval u otro tipo de garantía es uno de los requisito básicos en cualquier encargo de este tipo. En la letra gorda y en la pequeña hubo descuidos en la que fue una de las primeras experiencias de la empresa hoy presidida por Álvaro Pérez con la Generalitat del PP. Por ejemplo, el DNI que consta en el documento no se correspondía con el del representante legal de la empresa, sino con el de la apoderada de la mercantil dedicada al montaje de eventos, saraos y a la publicidad.

www.levante-emv.com 22.02.09

El presidente del CEU es socio de Michavila y la fundación San Pablo forma parte de Mediamed

El rector Parejo impone el birrete a Aznar ante Camps y Dagnino. ferran montenegro

El secretario de la institución académica también asesora a Eius Abogados

La Fundación Universitaria San Pablo CEU está presente, de una u otra manera, en empresas y despachos vinculados a personas relacionadas con las ramificaciones de la trama del caso Gürtel. El presidente del CEU, Alfredo Dagnino Guerra, es uno de los socios de Eius Abogados, el bufete del diputado por Valencia y ex ministro José María Michavila. En este despacho coincide también con Alberto Dorrego de Carlos, secretario de Mediamed Comunicación Digital, la empresa de medios de José María Ulibarri -imputado por Garzón por cuestiones urbanísticas-. La propia fundación universitaria forma parte del consejo de Mediamed.

Según informaciones publicadas por El Periódico de Catalunya, Eius Abogados -en el que también trabaja el portavoz de Economía del PP en les Corts Valencianes José Marí Olano- ha defendido al consistorio de Boadilla del Monte -epicentro del sumario- en varias ocasiones. Y añade que concretamente los letrados fueron Alfredo Dagnino y Dorrego. El sindicato Manos Limpias entregó a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de González Panero "implicados" en sus negocios que incluía a Michavila pero éste negó tener negocios con el entonces alcalde de Boadilla.

Según el diario catalán el propio Dorrego habría reconocido sus trabajos en "ciertos pleitos de singular complejidad". Como ya informó Levante-EMV, Dorrego, que fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia en la etapa de Michavila como ministro, es al mismo tiempo secretario del consejo de administración de Mediamed y de dos empresas públicas de la administración valenciana: Cabanyal 2010 y Comunitat Valenciana d'Inversions (VCI) ( en esta última como vicesecretario). En declaraciones a El Periódico, Dorrego quita importancia a su cometido en estas firmas. Cabanyal 2010 también encargó a Eius un informe jurídico sobre el plan del Cabanyal. Y la Televisión Municipal de Valencia ha contratado a este mismo bufete por 7.000 euros para defender a la sociedad participada mayoritariamente por otra sociedad de Ulibarri (a través de Begar) frente a un recurso del PSPV que cuestiona precisamente el desembarco del empresario en la emisora.

Mediamed Comunicación Digital es propiedad de Ulibarri se ha hecho con 13 licencias de TDT del Consell en la Comunitat Valenciana.
En el consejo académico de Eius Abogados figuran también Raúl Mayoral, secretario general de la Fundación San Pablo CEU y especialista en Derecho de las Telecomunicaciones que, como se ha informado, es una de las muchas especialidades del bufete. El propio Michavila y Dorrego de Carlos publicaron un número monográfico sobre las TDT.

www.levante-emv.com 22.02.09

El bufete de Michavila y Marí asesoraron a Ulibarri en Xilxes

El bufete de abogados Eius, del que forman parte el ex ministro José María Michavila -hermano de la jefa de gabinete de Francisco Camps- y el portavoz de Economía del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Marí, asesoraron al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en el sumario de la operación Gürtel.

Los letrados de Eius defienden los intereses televisivos de Mediamed

Marí Olano, responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat en la pasada legislatura, es abogado del Grupo Selma que junto a la empresa UFC de José Luis Ulibarri impulsa una urbanización con campo de golf en la localidad castellonense de Xilxes.

El parlamentario popular ha justificado su relación con el promotor Andrés Selma porque ambos son originarios de Segorbe, aunque no realizó labores de asesoramiento hasta julio de 2007, una vez cesó su incompatibilidad.

El Grupo Selma ha insistido en que la participación de Ulibarri en el proyecto urbanístico de Xilxes se estableció cuando ya se había logrado la adjudicación.

Ambos empresarios, Andrés Selma y José Luis Ulibarri, también son socios en Mediamed la empresa que se ha hecho con 13 licencias de televisión digital terrestre en la Comunidad Valenciana.

En esta empresa de comunicación figura como secretario Alberto Dorrego, antiguo subordinado de José María Michavila en el Ministerio de Justicia y ahora director del bufete de abogados Eius. Dorrego fue una de las personas que asesoraron en la licitación de las licencias de televisión digital terrestre en al Comunidad Valenciana. Y su bufete, Eius ha sido el bufete que ha contratado la Televisión Municipal de Valencia que gestiona José Luis Ulibarri para defenderse del recurso judicial presentado el grupo municipal socialista contra la venta de acciones que ha dado el control del medio al empresario castellano-leonés.

El secretario de Mediamed, Alberto Dorrego, también ostenta cargos en dos empresas públicas administradas por el PP. En la sociedad Cabanyal 2010, participada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, figura como secretario. Su participación en la firma se fraguó también a través del bufete de abogados Eius. La otra empresa pública en la que figura es de la la Generalitat. En esta firma, denominada Comunitat Valenciana d' Inversions (VCI), ostenta el cargo de vicesecretario. El presidente de la empresa pública es Antonio Lis y tiene como objetivo atraer inversiones a la Comunidad Valenciana.

José Luis Ulibarri también construye en la ciudad de Valencia un par de aparcamientos subterráneos y un colector, cuya obra ha sido licitada por la Generalitat.

Eius, el bufete en el que trabaja José María Michavila, también ha asesorado al municipio madrileño de Boadilla del Monte, cuyo dimitido alcalde Arturo González Panero es uno de los imputados en la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón.

www.elpais.es 22.02.09

La implicación de Camps en la trama siembra la desconfianza en su partido

"Ha sido un mazazo, sólo comparable al que tuvimos cuando perdimos las elecciones generales de 2004", reconoce un alto dirigente de los populares valencianos. La publicación por EL PAÍS el pasado jueves de que un informe de la Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón, ha hecho temblar los cimientos de uno de los bastiones del PP.

El mismo jueves por la noche, Camps instó a la Junta Directiva Regional del PP a dejar las cuitas internas para afrontar todos juntos una situación que amenaza seriamente la estabilidad del partido que gobierna la Comunidad Valenciana con mayoría absoluta desde 1999.

Sin embargo, la desconfianza se ha instalado entre los populares. En Alicante, los seguidores del presidente de la Diputación y del PP provincial, el zaplanista José Joaquín Ripoll, no se fían de los seguidores del presidente Camps, que tienen impugnado el congreso provincial y aspiran a barrerlos. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado en varios supuestos delitos contra la Administración y presunto fraude fiscal, ha visto la oportunidad para equiparar su situación a la de Camps. Aunque Fabra, a quien el propio Mariano Rajoy calificó de "ciudadano y político ejemplar", nunca ha ocultado que él siempre se mueve en defensa de sus intereses.

El ambiente de desconfianza también se ha infiltrado en el propio Gobierno valenciano tras publicar este periódico que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó directamente contratos a una empresa propiedad de un amigo suyo. El entorno del consejero, que presumiblemente se ha salvado gracias al escándalo del propio Camps, sospecha que la filtración de su actuación fue interna.

El presidente de la Generalitat intenta mejorar la imagen de su gestión tras años de opacidad y un férreo control de Canal 9.

Pese a todo, Camps no ha explicado todavía su relación con Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, que formó parte del círculo íntimo de la cúpula popular y a quien se contrató en la Generalitat y en el PP. Un PP que asegura estar "muy fuerte y con ganas de guerra".

www.elpais.es 22.02.09

Garzón sugiere más aforados en la trama

El juez apunta a la implicación de otros cargos públicos antes de inhibirse - Solicita nuevos informes a Anticorrupción sobre parlamentarios o consejeros

El presidente valenciano, Francisco Camps; el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, pueden no ser los únicos cargos públicos implicados en la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones gobernadas por el PP que han aparecido en la investigación que dirige Baltasar Garzón. El juez ha pedido nuevos informes a la Fiscalía Anticorrupción sobre aforados, cuya identidad no fue anoche revelada debido al secreto del sumario. Alguno de ellos debe responder ante un tercer órgano que no es ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -donde se investigará a los aforados madrileños- ni el de la Comunidad Valenciana, el que correspondería a Camps.

La Fiscalía Anticorrupción, "descolocada" por la nueva resolución
El juez preguntó al fiscal si podía seguir investigando tras abstenerse

Justo antes de abandonar la Audiencia Nacional para ingresar en un hospital madrileño por una fuerte subida de tensión, el juez redactó una providencia que sugiere la implicación en la causa de nuevos parlamentarios, nacionales o autonómicos, o miembros de gobiernos regionales, cuyos delitos, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben ser investigados por el Tribunal Supremo (diputados, senadores y miembros del Gobierno central) o los Tribunales Superiores de cada comunidad (parlamentarios autonómicos y miembros de gobiernos autónomos).

La fiscalía remitió el pasado miércoles al juez un escrito en el que le informaba de que la totalidad de la causa debía pasar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que debe investigar los presuntos delitos de López Viejo, Martín Vasco y Bosch-, salvo una parte desgajable que correspondería al de la Comunidad Valenciana, que instruiría todo lo relacionado con Camps.

Sin embargo, en la providencia de ayer, Garzón anuncia que ha solicitado a Anticorrupción otros dos informes "en relación con las personas aforadas" antes de inhibirse a favor de otros tribunales, lo que indicaría que existen nuevos parlamentarios o gobernantes regionales implicados en la causa.

Alguna de los cargos públicos aforados, según se desprende de la providencia, tendría que responder ante un tercer tribunal, que podría ser el Tribunal Supremo u otro tribunal superior de justicia de un comunidad autónoma -que no es ni el de Madrid ni el de la Comunidad Valenciana-. Lo indica el hecho de que, en su resolución de ayer, el juez reclame "con carácter urgente" al servicio de reprografía de la Audiencia "tres juegos de copias de las actuaciones" sobre la trama corrupta. Dos de ellas irán previsiblemente a los tribunales superiores de Madrid y de la Comunidad Valenciana, respectivamente, para que estos decidan si son competentes para investigar a los aforados de esas comunidades. La tercera debería remitirse a otro tribunal, según fuentes jurídicas.

En las grabaciones que dieron lugar a la Operación Gürtel aparece mencionado Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, cuyas eventuales responsabilidades deberían ser exigidas ante el Tribunal Supremo. El supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, dijo en una de sus conversaciones a su interlocutor: "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene". Otro de los posibles aforados que aparecen en las grabaciones es Esteban González Pons, diputado y vicesecretario de comunicación del PP.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron ayer que se habían quedado "sorprendidos" y "descolocados" con la última resolución de Garzón. Esas fuentes aseguraron que uno de los aspectos sobre los que el juez ha solicitado informe es sobre si puede seguir instruyendo una vez que se haya inhibido. El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el instructor que acuerde la inhibición a favor de otro "seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo".

El juez pretendía inhibirse el próximo lunes, según fuentes jurídicas, aunque la resolución podría dilatarse debido a los problemas de salud por los que ayer fue hospitalizado. Una vez tomada su decisión enviará las copias del sumario a los tribunales que competentes para investigar aforados, para que decidan si lo son y respecto a qué personas. Mientras, seguirá investigando.

Subida de tensión

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ingresó sobre las dos y media de la tarde de ayer de urgencia en un hospital madrileño aquejado de un fuerte dolor de pecho. El magistrado abandonó apresuradamente su puesto quejándose de opresión en el pecho y con el rostro visiblemente enrojecido. Los médicos aseguraron que se encontraba fuera de peligro y que su estado no revestía gravedad.

El dolor en el tórax se debía, según esas mismas fuentes, a una fuerte subida de tensión acompañada de un ataque de ansiedad. El juez permaneció toda la tarde en la unidad coronaria del centro sanitario después de que los médicos le suministraran fármacos para rebajarle la hipertensión.

El juez seguirá hospitalizado en observación previsiblemente hasta hoy, cuando el personal sanitario planea hacerle un examen completo para certificar que su estado no es grave, según fuentes de la Audiencia, que añaden que en los próximos días se reincorporará a su juzgado.

www.elpais.es 21.02.09

El PP da un ultimátum al juez para que se inhiba antes del lunes o se querellará

El PP dio ayer una nueva vuelta de tuerca en su acoso al juez Baltasar Garzón, por instruir un sumario sobre corrupción en administraciones gobernadas por este partido. Y, además, anunció que la próxima semana redoblará sus esfuerzos contra el magistrado.

Dirigentes del PP se lanzaron ayer contra Garzón, y el portavoz popular de justicia, Federico Trillo, lanzó un ultimátum en nombre de la dirección del partido: o abandona el caso antes del lunes o presentarán una querella contra él por prevaricación ante el Tribunal Supremo.

La tesis oficial del PP es que la investigación forma parte de "una trama contra el partido, urdida y puesta en marcha por el juez Garzón, el ministro de Justicia y el jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración especial del fiscal general del Estado". La investigación, no obstante, ya ha hecho caer a un consejero de la Comunidad de Madrid (Alberto López Viejo), a un alto cargo de esa comunidad (Guillermo Ortega), un alcalde (Arturo González) y un asesor de un concejal de Madrid (Javier Nombela). Todos ellos son del PP.

El propio Rajoy encabezó ayer la oleada de declaraciones de los dirigentes del PP contra el juez. "El sumario se está filtrando todos los días y nadie sabe de qué se le acusa exactamente". El líder el PP considera que, de este modo, Garzón "está generando indefensión a mucha gente, que se ve todos los días en los medios de comunicación y nadie, ni un juez ni un fiscal, les ha dicho nada".

La ofensiva tiene continuidad en el Congreso, donde el PP intenta forzar un Pleno con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y ha pedido la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Esta última fue tramitada en la Mesa del Congreso, pero el PSOE la frenará en la Comisión de Justicia hasta que vaya a presentar la memoria fiscal, o sea, en octubre.

www.elpais.es 21.02.09

Gallardón destituye a dos cargos salpicados por la trama de corrupción

El alcalde releva a un asesor imputado por Garzón y a un director citado por Correa

El alcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, ha destituido a dos cargos municipales cuyos nombres aparecen en la causa de la presunta trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón. Se trata de un director de área de la Empresa Municipal de la Vivienda -despedido por causas ajenas a la trama, según el gobierno local-, y un asesor de un concejal de un distrito de Madrid. Ambos aparecen citados por Correa en las conversaciones grabadas que aportó el denunciante a la Fiscalía Anticorrupción.

En las cintas, Correa dice que uno de los destituidos le propone "negocios"
El director de la empresa pública relevado llevaba tres semanas en el cargo

El primer cargo municipal en caer fue Guillermo Pariente, director general de Producción de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Pariente fue nombrado el 22 de enero y destituido sólo tres semanas después, el 13 de febrero. Procedía de la gerencia de la EMV de Ciudad Real, pero antes había estado en el Ayuntamiento de Madrid: entre 2003 y 2005 fue el hombre de confianza del entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez.

En esa época, dicha concejalía amañó un concurso público para favorecer a Special Events, una de las empresas de Francisco Correa. Los documentos de puntuación fueron manipulados para que la empresa de Correa pasara de ser la quinta clasificada a la segunda y pudiera obtener el contrato de 153.000 euros tras la descalificación de la primera. El Gobierno municipal ha abierto ahora una investigación y lo ha denunciado en el juzgado de guardia. La marcha de Herráez en 2005 propició también la de su jefe de gabinete, Guillermo Pariente.

La explicación oficial que consta en el documento de despido de Pariente es que su destitución se ha producido por "discrepancias" en la reestructuración del área que le fue asignada. Juan José de Gracia, actual consejero de la EMVS y responsable de dicho nombramiento y destitución, asegura que "la falta de confianza" es el único motivo. "Me presentó una propuesta para reestructurar su área que no me gustó y tengo competencias para destituirlo", explicó ayer a este periódico para negar que tuviera relación con las noticias sobre la trama corrupta.

Por otro lado, Javier Nombela, asesor del concejal de Moncloa, Álvaro Ballarín, fue destituido también el pasado miércoles. Nombela, que trabajó en Special Events y en Easy Concept (ambas firmas, vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa), sí está imputado por Garzón.

Sin embargo, desde que se conoció su imputación hasta que fue obligado a dimitir, han pasado dos semanas. En realidad, parece que Gallardón ni siquiera sabía que continuaba en su puesto, ya que este diario le preguntó el jueves por el asunto y dijo que ya había dimitido. Por la tarde, el regidor ordenó al concejal de Moncloa -que pretendía esperar a que Nombela declare el lunes ante el juez para destituirlo- que lo relevara inmediatamente.

Las alusiones a ambos cargos destituidos ayer en las grabaciones aportadas con la denuncia de un ex concejal del PP son significativas. Sobre Pariente, Correa afirmó el 4 de octubre de 2006, tras recibir una llamada: "Guillermo Pariente, que quiere hacer negocios conmigo en Ciudad Real". Pariente fue gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Vivienda del Ayuntamiento de Ciudad Real entre 2005 y 2007, bajo un gobierno del PP. La alcaldesa, la popular Rosa Romero, le elogió por haber construido 800 viviendas en poco tiempo.

En las grabaciones, Nombela es citado como un fiel subordinado de Correa. Este último le ordena que acuda a Easy Concept por la tarde. Según trabajadores de dicha empresa, Nombela solía acudir a trabajar a esta firma de la trama todas las tardes.

Citados en las grabaciones

- Javier Nombela. Fue asesor de Álvaro Ballarín, presidente de la Junta Municipal de Moncloa. Correa exige en una grabación del sumario que vaya a trabajar esa tarde a su empresa, de la que era empleado.

- Guillermo Pariente. Fue asesor del ex concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez y ahora era un director general de la EMVS. Correa habla de él tras recibir una llamada: "Guillermo Pariente, que quiere hacer negocios conmigo en Ciudad Real".

www.elpais.es 21.02.09

El 'número dos' del Poder Judicial sale en defensa de su ex jefe, Camps

Para colaborar con la estrategia del PP contra el juez Garzón, ayer apareció en escena Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y hasta hace cinco meses miembro del Gobierno valenciano. De Rosa, que tendrá que deliberar sobre denuncias contra Garzón que han llegado al Consejo, criticó con dureza al magistrado e invocó el delito de prevaricación. Dijo en la televisión autonómica valenciana que si hay aforados y Garzón no se inhibe, "podríamos pasar una línea roja que es muy importante, que es la prevaricación".

El número dos del Consejo, que no conoce el contenido del sumario, hizo una cerrada defensa de Francisco Camps. "Es un gran presidente de la Generalitat Valenciana, es absolutamente honorable", dijo antes de declararse "orgulloso" de Camps. De Rosa era hasta septiembre consejero de Justicia de la Generalitat bajo las órdenes de Camps.

Fue el presidente valenciano quien pidió a Mariano Rajoy y a Federico Trillo que le propusieran para número dos del Poder Judicial. José Luis Rodríguez Zapatero aceptó y el PSOE hizo que los vocales que propuso votaran a De Rosa como vicepresidente, desoyendo las críticas. Quienes cuestionaron ese nombramiento sostenían que había un desequilibrio entre la posición más alejada del PSOE del presidente, Carlos Dívar, frente a la clara militancia de De Rosa al pasar de un cargo político al Consejo.

De Rosa pidió ayer también que Garzón levante el secreto del sumario, habló de "juicio paralelo" y criticó que fuera de cacería con el ministro Mariano Fernández Bermejo, porque eso, según dijo, "daña la imagen de la justicia". "Sólo faltaba la folclórica para que fuera una imagen del NO-DO", añadió.

"A título personal"

La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, aclaró que "las declaraciones del vicepresidente del consejo han sido realizadas a título personal y no representan al Poder judicial, que tiene sus propios cauces para acordar cualquier posición". "En cualquier caso el consejo velará siempre por la independencia de los jueces y magistrados del país", comentó.

Según Bravo, el Poder Judicial podría adoptar la próxima semana, si corresponde, una decisión sobre si la independencia de Garzón está siendo lesionada, aunque no sobre el fondo.

www.elpais.es 21.02.09

RAJOY PIDE REVISAR LAS CUENTAS DEL PP POR SI HAY MÁS PAGOS A CORREA

Mariano Rajoy ordenó ayer a sus colaboradores que revisen todos los archivos de la contabilidad del partido y le digan hasta cuándo el PP contrató realmente los servicios del empresario Francisco Correa, imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. El líder de los conservadores aseguró ayer que no tenía conocimiento de que Correa organizara en el 2005 la caravana electoral de la campaña del referendo sobre la Constitución europea y de algunos actos de la precampaña vasca, como probó ayer este diario con la publicación de dos facturas abonadas por su editora, Ediciones Primera Plana.

El presidente del PP está especialmente preocupado por este asunto, ya que en las últimas semanas ha asegurado en varias ocasiones que él mismo ordenó cortar la relación con Correa en el 2004, en cuanto supo que utilizaba el nombre del PP en su beneficio. Sin embargo, con estos documentos en la mano queda claro que su orden no fue escuchada o, como mínimo, que no llegó a todos los miembros del organigrama del partido, puesto que se siguió contando con Correa más allá de ese año. Al menos, en dos ocasiones.

Varios colaboradores de Rajoy aseguran que, efectivamente, el líder les pidió que finiquitaran la relación con el empresario ahora imputado en junio del 2004, después de los primeros actos que se realizaron en la campaña de las europeas. Alegó que no le gustaba el montaje de los eventos. Pero la verdad era que por aquellas fechas el tesorero del PP ya había avisado a Rajoy de que Correa estaba haciendo negocios en el norte de Madrid blandiendo su buena relación con la cúpula del partido.

"Desconozco ese asunto", se limitó a decir Rajoy ayer en Galicia, cuando se le pidió una explicación sobre la existencia de contratos con las empresas bajo sospecha en el 2005. El presidente del PP volvió a aferrarse a la misma filosofía que ya utilizó el pasado lunes en su entrevista en Antena 3, cuando insistió una y otra vez en usar la fórmula "en lo que yo conozco" para marcar distancias, en lo posible, con las posibles irregularidades que puedan haber cometido otros miembros del partido.

En la sede central del PP, la explicación a esta situación también fue ayer ambigua. El vicesecretario de comunicación de los populares, Esteban González Pons, alegó que si se encargó a Correa una campaña electoral en el 2005 fue porque su empresa, Pasadena Viajes, ofreció "el mejor precio". "Creo que está bastante claro que si hay una oferta barata se puede contratar", añadió González Pons cuando se le insistió en que para esas fechas, según ha reconocido el propio Rajoy, la dirección del partido teóricamente había finiquitado cualquier relación.

(www.elperiodico.com, 20/02/09)

LA SOLEDAD DEL HOMBRE CAÍDO EN DESGRACIA

El último escaño. El más alejado de la presidenta. En la última fila y escorado a la izquierda, casi en la tierra de nadie que queda entre la bancada popular y la socialista. Con la única compañía de un diputado -y algún otro que se acercó a hablar con él durante el receso- y el refugio intermitente de la pantalla de su móvil. Ahí colocó el PP en el pleno de ayer al diputado y ex consejero de Deportes Alberto López Viejo. Lo más alejado posible del Gobierno. Un hombre de Esperanza Aguirre señalado por la fiscalía en la investigación del juez Baltasar Garzón y cuya gestión la presidenta no quiso avalar de forma expresa.

Fue probablemente el pleno más largo de quien fue durante años el escenógrafo electoral del PP madrileño. Un mal trago que sorbió con dificultad. Aunque los flases también se cebaron con los otros dos diputados populares supuestamente implicados en la trama de corrupción: Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

Una decena de veces aplaudió la bancada del PP las intervenciones de su presidenta y de algún parlamentario. Ni una sola lo hizo López Viejo, pese a que Aguirre estaba respondiendo preguntas sobre él. Fruncía el ceño, bebía agua. No quiso, él que fue maestro en el arte de la inauguración y los aplausos, participar en el teatro parlamentario. Ni en las muecas, ni en los bramidos de desaprobación de ambos bandos. "Es una situación muy dura para él. Le están haciendo un juicio paralelo en los medios", se apiadaba del ex consejero una diputada.

Los compañeros de penitencia de Alberto López Viejo aguantaban cada uno a su manera. Alfonso Bosch, hierático. Casi como un muñeco de cera. Benjamín Martín Vasco, muy activo, muy cerca de la presidenta, seguro de sí mismo. Enérgico en el aplauso y con una perenne media sonrisa cuando hablaba la oposición, como si le hiciera gracia lo que estaban diciendo. La víspera, Martín Vasco se había visto obligado a dimitir como presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje por su presunta vinculación con otra trama: la de corrupción que investiga el juez Garzón.

La presidenta lucía un jersey rojo con estrellas blancas. Bandera de su Comunidad con mangas que compró, dijo luego, en H&M. Y así ataviada, y llamando "secta" al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al juez de la Audiencia Nacional y a los medios que, según ella, reciben sus filtraciones, estuvo atacando al PSOE y revolviéndose a su vez a cada uno de sus ataques. Citando incluso la sentencia que atribuyó a Bertolt Brecht -"Primero fueron a por los comunistas, y yo no hice nada..."-, y que ahora parece que sirve para todo: por la mañana la había citado Francisco Camps, el presidente valenciano señalado por la fiscalía. Y un mes atrás, el vicealcalde Manuel Cobo, éste por causa bien distinta: había sido espiado y reclamaba el apoyo de los suyos.

De pronto, a Aguirre le dio por soltar que en las filas socialistas había un imputado. Sin dar más datos. Como dando a entender que en todas las casas cuecen habas -y que de devolver el acta de sus tres penitentes, nada de nada-. Sus colaboradores aclararon más tarde -ella no lo hizo- que el aludido era el diputado socialista José Luis Pérez Ráez, ex alcalde de Leganés y con una causa abierta -distinta a la de la trama de la que se hablaba- en el Tribunal Superior de Justicia.

Y enfureció el PSOE. Algunos se cebaron entonces con López Viejo. "¡Ése sí está imputado!", gritó un socialista. Él (que no está imputado) no se inmutó. Alargaba un poco el cuello y torcía el gesto. Elvira Rodríguez, la presidenta de la Asamblea, tuvo que suspender el pleno casi veinte minutos. Tiempo muerto.

A la vuelta, los tres penitentes se centraron en sus móviles y ordenadores. El ex consejero de Deportes mascaba chicle. Bosch seguía rígido. Martín Vasco continuaba aplaudiéndolo todo enérgicamente. "La verdad es que, al principio, cuando estalló todo esto, estaba abatido. Pero en las últimas horas se ha venido bastante arriba", se comentó en un pasillo.

Poco a poco se fue vaciando la sala. Apenas quedaban diez diputados del PP. Pero López Viejo resistía. Un incómodo escaño que, al menos, le mantenía a salvo de los pasillos donde aguardaban los periodistas. Martín Vasco y Alfonso Bosch se habían largado a mitad del pleno. Cada uno a sus cosas, según una portavoz. El segundo volvió de vez en cuando, pero el ya ex presidente de la comisión de investigación se esfumó y sólo regresó para la votación final.

A las 19.20, tras tres largas horas de penitencia, Alberto López Viejo se cansó, se levantó y abandonó el salón de plenos. Pero él, que dos semanas atrás se sentara junto a la presidenta Aguirre, no regresó al final de la sesión. Su voto no era necesario.

(www.elpais.com, 20/02/09)

GALLARDÓN BUSCA DESMARCARSE DE SUS CONTRATOS CON LA TRAMA

El alcalde de Madrid aparece hasta el momento como el gran beneficiado político de las tramas de corrupción y espionaje que tienen a los principales dirigentes del PP contra las cuerdas. Pero Alberto Ruiz-Gallardón no es un mero espectador. El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna desde junio de 2003, le ha adjudicado contratos por un importe total de 399.206 euros a Special Events , sociedad clave en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón.

Gallardón admitió ayer la existencia de esas adjudicaciones –junto a otras tres realizadas por el Ayuntamiento madrileño cuando el alcalde era José María Álvarez del Manzano– y también reconoció que una de las concesiones se realizó después de que alguien "manipulase" un informe técnico municipal para mejorar la puntuación de Special Events.

Además, el alcalde madrileño intentó montar un cortafuegos para evitar que la oposición le reclame responsabilidades políticas. Según aseguró Gallardón, “todos” los miembros del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) que decidieron la adjudicación a Special Events, en mayo de 2004, actuaron “de acuerdo al informe técnico que les fue presentado”. Ese “todos” incluye a Sigfrido Herráez, que era entonces presidente de EMV y concejal de Vivienda del equipo de Gallardón.

El alcalde denunció el miércoles los hechos ante el juzgado de guardia y El País –el diario más cercano a Gallardón– informó de que el Ayuntamiento había “expedientado” a un funcionario. Al igual que ocurrió con la operación Guateque, donde se investiga el pago de sobornos para agilizar licencias municipales, el Gobierno del PP señala así como culpables a funcionarios.

El asunto del concurso manipulado se agrava con una segunda denuncia realizada ayer por el PSOE: que el Gobierno de Gallardón le “ha ocultado datos” del expediente esta misma semana. Pedro Sánchez, concejal socialista y consejero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), solicitó el 10 de febrero todos los contratos suscritos por dicha empresa municipal con las sociedades de la trama corrupta. El lunes 16, los responsables de EMVS le entregaron el expediente con el concurso adjudicado a Special Events, pero faltaba un documento clave.

Así lo explica Sánchez “Me fijé en el informe de la comisión técnica y observé que no tenía ni membrete, ni fecha ni firma de funcionarios. Llamé a Isabel Pinilla, directora general de la EMVS, para decirle que era surrealista y que exigía el informe oficial, pero me respondió que el expediente entregado era el oficial”. Y Sánchez no volvió a tener más noticias.

El concejal socialista se declara “escandalizado” por la forma en que el alcalde presenta el tema de sus adjudicaciones a la trama corrupta: “Cuando se manipuló el concurso, el responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda era Sigfrido Herráez, un concejal nombrado por Gallardón. Y cuando ahora el alcalde asegura que ha presentado una denuncia en el juzgado, estamos presenciando cómo Gallardón denuncia a Gallardón. ¿O quién es si no el responsable de los contratos del Ayuntamiento con Special Events?”

Un portavoz del Gobierno municipal negó ayer que se hubiese manipulado el informe entregado a Pedro Sánchez: “El documento que faltaba lo encontramos el martes 17, un día después de darle el expediente al concejal socialista”. ¿Y por qué no avisaron de forma inmediata a Sánchez? Según el portavoz, porque entendieron que era prioritario “poner los hechos en conocimiento del juzgado”.

Por lo demás, en el Ayuntamiento se remiten a la promesa realizada ayer por Gallardón: “Actuaré con toda la dureza del mundo contra los responsables de aquella actuación”, es decir, de la manipulación del concurso.

(www.publico.es, 20/02/09)

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADJUDICÓ SIETE CONTRATOS A SPECIAL EVENTS

Son datos que ha confirmado este jueves el propio alcalde, en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, al informar de que el Ayuntamiento denunció ayer ante la justicia la "manipulación" de un informe técnico municipal que permitió la adjudicación en 2004 de un contrato a la empresa de Francisco Correa, detenido por el juez Baltasar Garzón dentro de la operación Gürtel.

Este contrato, para el montaje y mantenimiento del 'stand' de la capital en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004, es el único de los siete en que se ha advertido una irregularidad, según ha asegurado el alcalde.

Tras informar de que la relación de esos contratos se envió en 2005 al Grupo Municipal Socialista, a petición de éste tras publicarse noticias de posibles irregularidades, Ruiz-Gallardón ha confirmado que también ha ordenado abrir un expediente sobre esos hechos y ha afirmado que actuará "con toda la dureza del mundo" contra el o los responsables de aquella actuación.

Como publica este jueves el diario El País, la empresa de Correa fue colocada en el puesto quinto, muy lejos de poder ganar el concurso, en un primer informe técnico que no fue el que posteriormente llegó al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez.

Basándose no en aquel primer informe técnico sino en otro que el alcalde ha confirmado hoy que fue "manipulado", el Consejo adjudicó el contrato a Special Events por 153.000 euros.

Por eso cree que "todos" los miembros del Consejo de Administración de la EMV, incluido Herráez, con el que ya han hablado, y los representantes de la oposición -del PSOE, que se abstuvo, y de IU, que votó a favor-, actuaron "de acuerdo al informe técnico que les fue presentado", es decir, desconociendo que hubiera habido una "manipulación".

De hecho, esa "manipulación" no ha sido descubierta hasta ayer, después de que se cotejaran todos los documentos que se guardan al respecto en el Ayuntamiento.

(www.publico.es, 20/02/09)

GALLARDÓN ADMITE QUE SE MANIPULÓ UN CONCURSO

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió ayer que la Concejalía de Vivienda, entonces dirigida por Sigfrido Herráez, "manipuló injustificadamente" en 2004 el informe técnico de un concurso para adjudicar un contrato a una de las empresas de Francisco Correa.

El alcalde aseguró que se está investigando el asunto, que EL PAÍS adelantó en su edición de ayer, para averiguar quién fue el responsable. "Se actuará con toda la dureza del mundo contra los responsables", anunció en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. De momento ya se ha presentado una denuncia en el juzgado.

La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidida entonces por el concejal de Vivienda, adjudicó en 2004 un contrato de 153.000 euros para la caseta municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, considerado por Baltasar Garzón como el presunto cabecilla de la red de corrupción y tráfico de influencias vinculada al PP. Dicha empresa había quedado en quinto lugar en la clasificación de las 10 compañías que ambicionaban el contrato. Pero alguien manipuló la valoración técnica realizada por los funcionarios y sustituyó el informe original por uno trucado que favorecía a Special Events

(www.elpais.com, 20/02/09)

CAMPS SE APUNTA A LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN Y SE ESCUDA EN EL PP

El presidente del Consell, Francisco Camps, se apuntó ayer a la teoría de la conspiración y movilizó a todo el PP tras conocer que el informe de la Fiscalía Anticorrupción lo implica en la trama que salpica a su partido de la que forma parte Orange Market.

Alertado de madrugada y conmocionado por el contenido de la información publicada en EL PAÍS, Camps organizó su estrategia de defensa ante lo que considera "un proceso abierto contra todo un partido político".

A primera hora de la mañana se reunió en el Palau de la Generalitat con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino y su equipo más cercano. En comunicación con Mariano Rajoy, Camps decidió montar una escenografía similar a la utilizada por el presidente nacional del PP para mostrar el rechazo del partido al sumario de la operación Gürtel que dirige el juez Baltasar Garzón y por el que ha imputado a los responsables de Orange Market.

Arropado por Barberá y todos los miembros de su Gabinete, a excepción del titular de Medio Ambiente que no llegó a tiempo, Camps leyó antes de las nueve de la mañana una declaración institucional en la sede de Presidencia. Allí, visiblemente conmocionado, aseguró estar "profundamente indignado", desmintió "de plano", pero sin dar un dato y sin entrar en el fondo de la cuestión, la información publicada por EL PAÍS que recogía el informe del fiscal anticorrupción en el que se le implicaba en la trama. El juez Garzón ha investigado tres facturas después de que una imputada aludiera al pago de 30.000 euros en trajes para el jefe del Consell

Camps se defendió asegurando que "esto más que una causa parece un proceso abierto contra todo un partido político", anunció medidas legales en defensa de su honor, el del PP y de la dignidad de su cargo. También aseguró que piensa citar a centenares de personas como testigos de su honradez en los puestos que ha ocupado.

Acompañado en todo momento por la alcaldesa de Valencia y su Gabinete, Camps se tomó un respiro antes de desplazarse a pie desde el Palau de la Generalitat hasta las Cortes Valencianas para asistir a la sesión de control parlamentario.

Casi simultáneamente, el secretario general y portavoz del Grupo Popular, Ricardo Costa, se reunía con sus diputados para anunciarles lo sucedido -en medio de un estado general de estupor- y les indicaba la necesidad de dar una imagen de unidad en torno al presidente.

Por primera vez en años, Camps llegó con un ligero retraso al hemiciclo, donde se encontró con la escenografía bien engrasada. Aplausos, aplausos, aplausos. Luego intentó mantener un guión que había saltado por los aires y habló, sin convicción, del paro.

La situación se tensó cuando el portavoz socialista, Ángel Luna, salió a interpelar a Camps sobre los controles en las contrataciones de la Generalitat. Y ahí Camps retomó el hilo de su declaración institucional. Volvió a apelar a sus mayorías electorales -sólo una hora antes había apelado a un nuevo sondeo que supuestamente ratificaría su mayoría en caso de elecciones, como si ello justificase toda su gestión-, criticó a los socialistas e hizo una concesión, forzado por el escándalo político. "Todos los consejeros han pedido comparecer [en las distintas comisiones parlamentarias] para todo aquello que ustedes les pregunten", prosiguió el jefe del Consell, "si ustedes han intentado elevar la sombra de la sospecha durante los días de las comparecencias se darán cuenta del terrible error que cometen".

Pero esa defensa ya estaba desbordada. Luna recordó que ha tenido que ser, esta misma semana, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, el que ha demostrado cómo funciona el Consell, al reconocer que tiene amigos a los que ha adjudicado contratos.

"La diferencia es que él ha firmado y por usted han firmado otros", remachó Luna, que acusó al presidente valenciano de no controlar nada y de estar en una situación complicada. "Ustedes se han gastado dinero público en eventos que terminan donde terminan", sentenció.

En este punto del debate, Camps intentó primero la descalificación personal, luego defendió su tranquilidad de conciencia y negó todas las insidias. Y finalmente, optó por refugiarse en unos versos más propios de unos ejercicios espirituales que de un estadista defendiendo su gestión.

Con la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, Camps tampoco tuvo ayer mejor suerte. Oltra se quejó del oscurantismo, le aireó los problemas con la justicia, las sospechas por el impago de los trajes (que se mencionan en una de las grabaciones del sumario de Garzón) y de la desfachatez con la que los consejeros reconocen que adjudican a los amigos.

Camps, en un momento de bajón, insistió en que todas las informaciones de irregularidades habían sido rebatidas y sentenció: "Redoblaré el esfuerzo para demostrar la decencia de un Gobierno que se siente respaldado por la democracia", manifestó Camps. Aplausos y más aplausos del PP.

La sesión de control también sirvió para constatar dos cosas. Dos vicepresidentes, Vicente Rambla y Gerardo Camps, se esforzaron en mostrarse agresivos con la oposición en la defensa del jefe del Consell. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que ha reconocido adjudicar contratos a un amigo íntimo y que tiene una propiedad a medias en la que ha levantado un parany, constató como su posible destitución por el escándalo se diluía ante los nuevos hechos conocidos. De hecho, Castellano se presentó voluntario ayer para atizar también a la oposición en la sesión de control. Una sesión en la que la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez -que adjudicó el primer concurso de Fitur a Orange Market- dejó su supuesta imparcialidad para aplaudir a Camps. Un presidente arropado por todos sus diputados, especialmente por el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ambos imputados. Cargos del PP imputados a los que, de manera genérica, el jefe del Consell mostró su solidaridad durante la declaración institucional.

Las horas siguientes no fueron mucho más relajadas. Tras el mazazo, los populares valencianos se dedicaron a intentar contrarrestar el efecto del informe de la Fiscalía Anticorrupción, tanto en la estructura del PP nacional como su repercusión mediática.

Por la tarde, el PP escenificó su apoyo a Camps en una junta directiva extraordinaria. Camps entró en la sede del brazo de Barberá, que anuló sus compromisos en la campaña electoral gallega, y tras fundirse en sonoros abrazos Ricardo Costa, David Serra y el vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons. Los aplausos y gritos de "¡president, president!" se escenificaron ante las cámaras. Al acabar, Costa explicó que el PP sale "más unido que nunca" y apoya sin fisuras "al mejor presidente". Aunque de momento la instrucción sigue adelante y apunta a otro alto cargo.

(www.elpais.com, 20/02/09)

CAMPS NIEGA SU IMPLICACIÓN EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN Y DENUNCIA UNA CAMPAÑA CONTRA EL PP

Eran las seis de la mañana y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, recibía una llamada en su teléfono móvil. Dos diarios, uno editado en Madrid y otro en Cataluña, informaban de que su nombre aparecía en el informe de la Fiscalía Anticorrupción como posible implicado en la presunta trama de corrupción dirigida por el empresario Francisco Correa, que salpica a cargos del Partido Popular. La cúpula del Consell no tardó en montar un gabinete de crisis con, al menos, los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino. En apenas hora y media movilizaron a todo el Consell convocándolo en el Palau de la plaza de Manises y las 8 de la mañana citaron a a los medios de comunicación para las 9 horas.

La Generalitat podría haber optado por desmentir las informaciones aparecidas y dejar correr el asunto. Pero, ante el riesgo de que el contenido del informe de la Fiscalía derive en un auto del magistrado Baltasar Garzón inhibiéndose en favor del TSJ valenciano solicitando la imputación del jefe del Consell (aforado), Camps optó por organizar una ofensiva institucional. En uno de los patios del Palau, ante los numerosos medios de comunicación presentes, fueron apareciendo primero los consellers -a excepción del Medio Ambiente José Ramón García Antón- y minutos después (a las 9.15 horas) el presidente de la Generalitat acompañado de Rambla y Cotino. También de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quien se atribuye la iniciativa de ofrecer una imagen de cierre de filas, al igual que hizo la semana pasada con Mariano Rajoy cuando comenzaba a tomar forma el escándalo judicial.

Contundente, pero con claros síntomas de cierto nerviosismo y los ojos vidriosos, Camps leyó un comunicado y no aceptó preguntas de la prensa. «Desmiento de plano la información aparecida hoy en un medio de comunicación», dijo en referencia a su posible implicación en el caso de corrupción a partir de unas grabaciones en las que una de las imputadas Isabel Jordán alude a un factura de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Las informaciones, publicadas por El País yEl Periódico de Cataluña, aluden a que Garzón ha investigado tres facturas sobre ese asunto. El diario del grupo Zeta añade que los incidicios contra Camps podrían ser insuficientes para su imputación. No obstante en medios judiciales se apunta a un segundo cargo valenciano implicado en la trama.

«Hoy recuerdo a todos mis compañeros perseguidos, acosados y con causas sobreseídas que han sufrido daños irreparables», dijo Camps. «Hoy recuerdo detenciones televisadas de compañeros de partido que han quedado en libertad sin cargos. Hoy recuerdo alcaldes, que ya no lo son, por falsas imputaciones, que hoy han quedado en nada». Parafraseó un poema sobre las persecuciones nazis que atribuyó a Beltolt Brecht, aunque en realidad su autor es el pastor luterano alemán Martin Niemöller: «Ayer un concejal, hoy un alcalde. Mañana el presidente de una comunidad autónoma». «Recuerdo cuando al principio de la democracia se me dijo que a diferencia de la dictadura al albor de la mañana quien llamaba era el lechero y no una falsa imputación», añadió. A continuación denunció una campaña contra el Partido Popular y dijo sobre la investigación abierta por Garzón que más que una causa «parece un proceso contra un partido político». «Desde el primer momento se ha buscado el ataque directo al partido, la incertidumbre y el ataque entre nosotros», añadió. «No lo han conseguido».

Camps insinuó que si Garzón sigue adelante pedirá la comparecencia de altos cargos, funcionarios, personas que han trabajado con él en su trayectoria política y presidente de empresas «para que digan si alguna vez insinué algún tipo de contraprestación». Y anunció que pondrá en marcha acciones legales «en defensa de mi honor, del honor del Partido Popular y de la dignidad y honradez del cargo que tengo encomendado por el pueblo valenciano».

Camps ya avanzó en su discurso parte de lo que a lo largo del día formó parte del argumentario extendido en las filas de PP: Que se están produciendo filtraciones interesadas de poco peso judicial con el objetivo de dañar al partido y que se está produciendo un proceso mediático paralelo sobre un sumario que sigue siendo secreto. En la defensa de sí mismo llegó a afirmar que la filtración de un sumario secreto de la que se desprende la investigación a un cargo aforado «podría anular todo el procedimiento y cuando lo que se busca es la persecución de un delito, un error de esas características tendría nefastas consecuencias judiciales». Así desvinculaba también su persona del grueso de los imputados, con el empresarios Francisco Correa a la cabeza o el presidente de Orange Market, de los que ahora reniega el PP.

El PP nacional se movilizó en defensa de Camps. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirmó que Camps, es «un dirigente ejemplar». En un acto con medios de comunicación en A Coruña, Rajoy recordó que Camps no está imputado, pero sí «indefenso», pues no se sabe de qué se le acusa. Tras señalar que Camps es «un extraordinario dirigente» y «un político honrado». Sobre las filtraciones, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, anunció la presentación de una denuncia por violación del secreto de sumario. Pons apuntó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, al afirmar que el Gobierno tiene en esas dos instituciones «presumiblemente al menos dos fuentes de acceso al sumario». Desde Presidencia dijeron que esperarán el auto de Garzón elaborado a partir del informe de la Fiscalía para decidir si emprenden acciones legales contra el propio magistrado o el proceso de instrucción. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que si Garzón no se inhibe lo denunciarán por prevaricación.

(www.levante-emv.com, 20/02/09)

LA BRONCA POR LA CORRUPCIÓN EN MADRID OBLIGA A SUSPENDER EL PLENO REGIONAL

Sólo Alberto López Viejo, diputado regional del PP y dimitido como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid hace 11 días por su supuesta vinculación con la presunta trama corrupta del empresario Francisco Correa, permaneció serio y en silencio en su escaño durante el pleno de ayer en el Parlamento madrileño. El resto del hemiciclo era un hervidero al principio de la sesión, se convirtió en terremoto poco después y derivó en una bronca monumental que obligó a suspender el pleno 20 minutos.

Aguirre tenía que dar explicaciones sobre la situación en la que queda su gobierno tras la dimisión de López Viejo: respondió denunciando "una trama contra el PP" montada por el "juez socialista" Baltasar Garzón, el "ministro furtivo" Mariano Fernández Bermejo y los medios que publican noticias "filtradas" sobre la causa judicial, a los que calificó de "secta". Aunque en medio de esa filípica dejó caer algo parecido a una autocrítica: "Me preguntan las razones que me han llevado a aceptar la dimisión del señor López Viejo. Sólo hay una: distinguirme del PSOE, que jamás ha sido capaz de aceptar responsabilidades políticas. El ejemplo lo tenemos hoy: Bermejo reconoce que se saltó a la torera la Ley de Caza y no acepta responsabilidades políticas. Nosotros no somos como ustedes y sí las aceptamos", afirmó, mientras los suyos rompían en aplausos, y los socialistas, en indignados pataleos.

Pero la presidenta no llegó a explicar por qué tenía que asumir responsabilidades: aunque no respaldó a su ex consejero expresamente, tampoco cuestionó su gestión. "No vamos a juzgar a nadie, eso lo harán los jueces", dijo. Entonces hizo una pausa y soltó el dardo que desató la ira en el PSOE: "Tampoco juzgamos a los imputados del grupo socialista".

"¿Qué imputado? ¿Quién es?" "¡Que lo retire!", gritaban los socialistas. Aguirre se negó a retirar nada -se refería a una supuesta imputación, por causa totalmente ajena a la trama de corrupción, de un ex alcalde del PSOE y diputado autonómico- y, tras varios minutos de silbidos que cruzaban el hemiciclo en ambas direcciones, la presidenta de la Cámara suspendió el pleno y la bronca se fue a los pasillos.

Antes de eso, la oposición había tenido apenas cinco minutos para centrar el debate en la corrupción -que, según el fiscal, podría salpicar a López Viejo y a otros dos diputados del PP: Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch-. Inés Sabanés (IU) pidió directamente la dimisión de Aguirre. "Hoy hay una verdadera crisis de gobierno en esta comunidad. Han dimitido un consejero, un gerente, el presidente de una comisión de investigación, hay dos diputados espiados... ¿Qué más tiene que pasar para que usted se dé por aludida? Sólo le queda un camino: dimitir. Usted es el problema", soltó, ante la inmutable sonrisa de la presidenta.

La portavoz socialista, Maru Menéndez, se declaró "abochornada" por "la hipocresía" de Aguirre y le pidió cuentas sobre contratos adjudicados a empresas supuestamente implicadas en la trama. No logró sacar a la presidenta madrileña de la trinchera de una respuesta: "Este Gobierno trabaja hoy con la misma ilusión que el primer día".

(www.elpais.com, 20/02/09)

EL PP CIERRA FILAS PARA BLINDAR A CAMPS

No fue una noche tranquila en el PP. Desde que se conoció, de madrugada, que EL PAÍS de ayer contaba que el fiscal implica en la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón a Francisco Camps, gran barón valenciano, uno de los hombres más poderosos del PP y aspirante -hasta ahora- a la sucesión de Mariano Rajoy, los teléfonos se desataron. Camps consultó con Rajoy y marcó desde primera hora de la mañana la estrategia: cierre de filas total y escenificación de su poderío, sin fisuras, en el PP.

Todo estuvo diseñado al milímetro. Hasta el aplauso que recogieron las cámaras de televisión, lo más importante para los políticos, cuando entró el presidente en el Parlamento autónomo, estaba lejos de ser improvisado. Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, había reunido a sus diputados poco antes. "Vienen días y semanas muy duras, pero esto va a fortalecer al partido", les dijo. Puso la mano en el fuego por Camps, pidió a los suyos que vayan "con la cabeza alta" porque no hay nada, y terminó con una idea. Cada uno, explicó, que haga lo que quiera cuando entre el president en el hemiciclo. Pero sentenció: "Yo tengo muy claro lo que creo que hay que hacer".

Tampoco es que los diputados necesitaran muchas instrucciones para entender que ayer era un día de cierre de filas. Por si fuera poco, Camps convocó por la tarde de forma urgente la Junta Directiva del PP de la comunidad. Los convocados, muchos de ellos diputados nacionales que estaban lejos de Valencia, fueron advertidos de la "presencia inexcusable" a la foto para blindar a Camps.

Era de manual, como sucedió hace una semana cuando Rajoy compareció con todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP para criticar al juez Garzón y pedir su recusación. Aunque esta vez el líder del PP, que habló ya por la tarde, fue más lejos de lo esperado. El líder, que el primer día que aparecieron escándalos sobre Esperanza Aguirre se mostró muy cauto, y se limitó a decir "yo la creo" cuando ella lo negaba todo, demostró ayer que Camps es de los suyos, uno de los que más le apoyó en el congreso de Valencia. "Es un político honrado, un dirigente ejemplar, se encuentra en estado de indefensión. No sabemos si le acusa y de qué. Tiene mi pleno apoyo", zanjó en A Coruña.

El primer paso de la estrategia de defensa de Camps consistió en comparecer ante la prensa. Con su estilo habitual, esquivo con los periodistas, no aceptó preguntas y leyó una declaración. Camps controla de manera férrea una televisión autonómica, Canal 9, que pese a las evidentes implicaciones valencianas, ocultó cualquier noticia de la trama durante días, y ni siquiera contó una rueda de prensa de Rajoy sobre el asunto.

Camps, sin entrar en el fondo de la cuestión -la ramificación valenciana de la trama corrupta- desmintió sin dato alguno y sin conocerlo el contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción y se solidarizó con sus compañeros de partido "perseguidos, acusados y con causas sobreseídas". En tono dramático, Camps llegó a recordar a Bertolt Brecht y lo intentó parafrasear: "Ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una comunidad autónoma".

Sin respuestas

En el Parlamento autónomo, Camps se negó a responder a las preguntas de la oposición sobre la corrupción y tan sólo anunció que sus consejeros comparecerán para dar explicaciones en las comisiones parlamentarias.

La estrategia de contrataque del PP no se quedó ahí. Génova, la sede central, también se puso manos a la obra después de que Camps hablara con Rajoy. Primero presentaron una denuncia a la fiscalía por la supuesta filtración a EL PAÍS y después amenazaron a Garzón con una querella por prevaricación si no deja ya el caso a los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia. Todos los dirigentes nacionales del PP que hablaron centraron de nuevo el tiro en el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para tratar de sacar balones fuera, y hablaron de nuevo de una conspiración contra el PP en la que está el Gobierno, la fiscalía, el juez, la policía y los medios.

El intento de contrataque llegó al extremo de que Esteban González Pons, portavoz del partido, dio una inusual rueda de prensa para denunciar un caso de presunta corrupción en la Junta andaluza con una empresa, Decoestudio, que montó el stand de Andalucía en Fitur. Lo hizo por un precio, según el PP, cinco veces superior al que le pagó la Generalitat valenciana a empresas de la trama corrupta. Pons exigió que el sumario se haga ya público. El PP pretende mitigar el goteo de noticias que afectan a cargos populares durante la campaña.

(www.elperiodico.com, 20/02/09)

DÍA DE CONMOCIÓN

- 6.00. Francisco Camps es alertado en su casa de que EL PAÍS publica el informe de la fiscalía que lo implica en la trama corrupta.

- 8.55. En Presidencia de la Generalitat valenciana, Camps comparece para leer una declaración institucional. Igual que hizo Mariano Rajoy días atrás, el presidente valenciano sale arropado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y todo su Gabinete, excepto el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, que no llega a tiempo.

- 9.45. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Costa, pide a los diputados que muestren su solidaridad con Camps.

- 10.10. Sesión de control en las Cortes Valencianas. Los aplausos de una bancada popular conmocionada reciben a Camps, que defiende su honradez pero no responde a la oposición. Camps anuncia que todos los consejeros comparecerán.

- 17.00. Con todo el Partido Popular valenciano movilizado para recabar apoyos y muestras de solidaridad con Camps, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, comparece en Cortes para explicar el contrato con Orange Market para la regata Volvo Ocean Race.

- 19.00. Camps habla ante el Comité Ejecutivo Regional del PP convocado de urgencia para apelar a la unidad del partido.

(www.elperiodico.com, 20/02/09)

EL DESPACHO DE MICHAVILA TIENE LAZOS CON DOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN

El municipio madrileño de Boadilla del Monte, uno de los más ricos de la Comunidad, cuenta con un ayuntamiento que tiene una actividad casi frenética en los tribunales. Será por eso que Arturo González Panero, el exalcalde imputado en la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón, dio el visto bueno para que se contratara al despacho EIUS Abogados, donde presta sus servicios el exministro de Justicia José María Michavila, ahora diputado del PP en el Congreso. El director del bufete, antiguo subordinado de Michavila en el ministerio, Alberto Dorrego, también colabora en negocios de otro imputado, el empresario José Luis Ulibarri, beneficiado por González Panero con una adjudicación que investiga el juez.

Según los documentos obtenidos ha defendido al consistorio de Boadilla en varias ocasiones. Los letrados fueron Alfredo Dagnino y Dorrego, que fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia en la etapa de Michavila como ministro. En el 2004, al perder el PP las elecciones, Dorrego fundó el bufete y contrató a quien fuera su superior jerárquico. Semanas atrás, el sindicato Manos Limpias entregó a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de González Panero "implicados" en sus negocios que incluía a Michavila. Este negó tener negocios con el entonces alcalde de Boadilla.

Quizás no los tenga directamente, pero sí el despacho para el que trabaja. Así se lo confirmó ayer a este diario el propio Dorrego. "Ciertos pleitos de singular complejidad se encomiendan a abogados en ejercicio. Es una práctica frecuentísima", enfatizó.

Dorrego aclaró que los casos que han llevado para Panero son de orden contencioso administrativo, y minimizó al hecho de que el consistorio tenga un letrado en nómina. A su juicio, un solo abogado no puede atender el número "ingente" de litigios de distintas especialidades judiciales. Al tiempo, resaltó que el suyo no es el único despacho que ha colaborado con Panero. Otros, como Galán y Asociados, que también se ha beneficiado de varios contratos del consistorio. Casualidad o no, Gustavo Galán defiende a otra imputada en la trama de corrupción, Felisa Isabel Jordán.

El caso es que Dorrego compagina la dirección de EIUS con otras atribuciones que le vinculan laboralmente con el empresario Ulibarri, otro imputado en el caso: es secretario en Mediamed Comunicación Digital, propiedad de Ulibarri y partícipe de las adjudicatarias de licencias de la TDT otorgadas por la Generalitat Valenciana. Idéntico cargo ostenta Dorrego en Cabanyal 2010, empresa pública valenciana al igual que Comunitat Valenciana d'Inversions, de la que es vicesecretario.

¿Qué implica ser secretario en esas firmas?. "Levanto las actas de los consejos y las llevo al registro mercantil", explicó Dorrego, restando importancia a su cometido. Pero una de ellas, Cabanyal 2010, ha solicitado varios informes al bufete que él dirige en relación a procesos de "expropiación", entre otros. "Temas menores", puntualizó el aludido. El director de EIUS encarna, así, el segundo punto de conexión entre dos de los imputados: González Panero y Ulibarri. El primero figura en el sumario que instruye el juez Garzón: el alcalde adjudicó al constructor una parcela en Boadilla para la construcción de 139 viviendas libres a un precio inferior en cuatro millones de euros a la cifra que ofrecía uno de sus competidores.

Dorrego es ahora el jefe de Michavila en EIUS, pero antes estuvo a sus órdenes. La carrera de ambos ha ido en paralelo: Dorrego entró a formar parte del cuerpo de letrados de las Cortes Generales desde 1991, llegando a ser secretario general adjunto del Congreso. De 1996 al 2000, Michavila fue el secretario de Estado de Relaciones con la Cortes, etapa en la que pudo trabar relación con él.En el 2002, Michavila fue nombrado secretario de Estado de Justicia, con Ángel Acebes como ministro. Meses después, Michavila le sustituyó al pasar Acebes a Interior. En esa etapa, el ministro confió a Dorrego uno de los planes estrella de su departamento: la modernización de la justicia, que, a tenor de la reciente huelga de jueces, quedó inacabada. El ministerio terminó concediendo a Dorrego la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.

(www.elperiodico.com, 20/02/09)

LA ALCALDÍA DE BOADILLA VUELVE A ENFRENTAR AL PP

Boadilla ya tiene un nuevo alcalde. Se llama Juan Siguero Aguilar, es el número tres del PP en el municipio y el segundo teniente de alcalde. Se trata de un hombre cercano al ex alcalde Arturo González Panero, que dimitió el pasado 10 de febrero tras ser imputado en la trama de corrupción investigada por el Juez Baltasar Garzón.

La elección del nuevo regidor, que se hará efectiva hoy en el pleno municipal, ha enfrentado a los concejales del PP en Boadilla por segunda vez en una semana. El plan de la ejecutiva era llevar a la alcaldía a la número diez, Miriam Villares. Para ello tenían que renunciar los nueve primeros de la lista. Contra el criterio de la dirección del partido en Madrid, Siguero anunció que se queda con la alcaldía.Tras la dimisión de Panero, impuesta por la ejecutiva del PP, se supo que el ex alcalde había exigido la renuncia de la número dos, María Jesús Díaz, su enemiga declarada. Ese mismo día, la ejecutiva del PP madrileño anunció a los concejales que la elección del nuevo alcalde sería una decisión de partido y se les pidió el compromiso de acatarla. Así parecía que iba a ser. Un hombre del partido se encargó de sondear a todos los concejales del municipio y les convocó ayer para tomar la decisión. A la reunión también asistió Granados.

Una de las concejales, la número diez del PP, Miriam Villares, contaba con la mayoría de los apoyos, nueve de los 16 concejales del PP en la localidad. Pero para su nombramiento debían renunciar los nueve primeros. El Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales establece que en caso de que se produzca la dimisión de un cargo elegido, será sustituido por el siguiente en la lista.

Tras la dimisión de González Panero y la renuncia de la número dos, María Jesús Díaz, la semana pasada, la siguiente en la lista era María Belén Húmera Contreras. Ésta renunció a su derecho a hacerse con la alcaldía y cumplió así el compromiso con el partido. El siguiente en la lista era Juan Siguero, que no cumplió lo prometido y anunció que él sí ejercería su derecho a la alcaldía de la localidad.

La reunión, según fuentes municipales, fue tensa. Siguero defendió su decisión y alegó ante Granados que lo hacía porque era un hombre de partido. El secretario general del PP en Madrid le recriminó su conducta. "Es lo único que se os ha pedido", dijo Granados, según fuentes municipales. "Si fueras un hombre de partido harías lo que tu partido te pide".

Si no hay sorpresas hoy en el pleno, Siguero será el nuevo regidor. Tiene 39 años, está casado y tiene dos hijos. Lleva en el Ayuntamiento de la localidad desde 1993, donde ha sido responsable de las áreas de Deportes, Medio Ambiente, Urbanizaciones y Servicios, Régimen Interior, Nuevas Tecnologías y Hacienda.

(www.elpais.com, 20/02/09)

ADJUDICACIONES ILÍCITAS Y CONCESIONES VINCULAN AL ALCALDE POPULAR DE PONFERRADA CON EL IMPUTADO ULIBARRI

Los negocios del empresario José Luis Ulibarri con posibles irregularidades no se limitan a los investigados tras su imputación en la trama de corrupción que instruye el juez Baltasar Garzón y que salpica a empresarios y altos cargos del PP de Madrid y Valencia. En el municipio de Ponferrada (León), al menos tres sentencias han declarado ilícitas actividades de su grupo de empresas, Begar, y el trato de favor recibido por parte del Ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista presentará la próxima semana ante la Fiscalía Anticorrupción numerosa documentación sobre estas y otras actuaciones irregulares vinculadas con el consistorio que dirige Carlos López Riesco, alcalde del municipio y diputado nacional del PP.

Hasta ocho sentencias del Tribunal Superior de Castilla y León implican al Ayuntamiento popular de Ponferrada (León) a través de su empresa gestora del suelo público (Pongesur) en actuaciones irregulares. Muchas de ellas están vinculadas además al Grupo Begar, el conglomerado de empresas de José Luis Ulibarri, que está imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. La oposición socialista del Ayuntamiento presentará la próxima semana documentación sobre todas estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción para que el Ministerio Público estudie si debe abrir una investigación contra la gestora del suelo público municipal.

Según el Grupo Socialista, estas resoluciones judiciales “evidencian la ilegalidad de las más importantes actuaciones urbanísticas llevadas a cabo durante los últimos años por el alcalde y diputado popular Carlos López Riesco en Ponferrada”. Además, señalan que algunas de estas actuaciones “han ido de la mano” de Ulibarri, cuyas conexiones con el consistorio incluyen “adjudicaciones de parcelas declaradas ilícitas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”, “cuantiosas y jugosísimas concesiones de servicios públicos”, “concursos declarados igualmente ilícitos e innumerables adjudicaciones de obras públicas”.

En concreto, de las ocho sentencias que se llevarán ante Anticorrupción y que señalan actividades irregulares de Pongesur, tres apuntan directamente contra el empresario imputado por Garzón. La primera de ellas, dictada por el Tribunal Superior de Justicia primero (febrero de 2007) y, en sentencia firme por el Supremo después (abril de 2008), anulaba el concurso por el cual se adjudicó al Grupo Begar la construcción de un Auditorio Municipal.

En junio de 2008 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León también anuló una autorización de la Junta de Gobierno municipal que permitía a la empresa Gaveras del Bierzo, incluida en Begar, la instalación en suelo rústico de una planta de hormigón.

En tercer lugar, el Tribunal Superior castellano-leonés también anuló la adjudicación y venta de parcelas del terreno conocido como La Rosaleda, donde los principales beneficiarios fueron las constructoras de Ulibarri UFC y Leocasa. En el caso de este concurso, se intuye también un posible delito fiscal dado que, aunque hubo parcelas adjudicadas a tres empresas no vinculadas con el empresario, estos terrenos nunca se registraron a su nombre, sino que se inscribieron como propiedad de UFC. Esta operación incumplía el pliego de condiciones del concurso, que no permitía transacciones comerciales de las parcelas hasta después de constituidas las escrituras públicas. De este modo, la constructora de Ulibarri se habría ahorrado pagar impuestos de transmisiones al comprárselas a sus propietarios originales.

Al margen de las operaciones irregulares urbanísticas, el consistorio de López Riesco ha hecho numerosas concesiones y adjudicaciones a las empresas del imputado Ulibarri. De hecho, el magnate controla, casi en régimen de monopolio, la gestión del transporte urbano de Ponferrada, el mantenimiento de los parques y jardines de la localidad y la limpieza de los edificios municipales (este servicio ha modificado el contrato al menos en seis ocasiones desde que le fue concedido en 2004).

Además, al empresario se le han adjudicado en los últimos años al menos siete obras públicas, por las que sus sociedades han ingresado unos honorarios de unos quince millones y medio de euros.

(www.elplural.com, 20/02/09)

SINDICATURA DE CUENTAS CUESTIONÓ EL CONTRATO

La Sindicatura de Cuentas (El Síndic de Comptes autonómico), órgano encargado de fiscalizar los gastos públicos, hizo constar en un informe sobre la gestión del Govern en 2006 sus objeciones al abono de casi 5 millones de euros al Golf de Pula sin justificar la conveniencia del dispendio por la organización del trofeo de golf Mallorca Classic.

"El patrocinio de actividades realizadas por personas privadas exige un estudio y un análisis previo a fin de justificar que lo que se pretende llevar a término responde a finalidades de interés general, que los costes previstos se adecuan a los precios de mercado y que la actividad patrocinada es la idónea", alertó el Síndic de Comptes. El órgano fiscalizador añadió de forma taxativa: "Estos puntos no figuran acreditados debidamente en el expediente" del Mallorca Classic.

Curiosamente en el mismo informe el Síndic de Comptes censuró también otro gasto del anterior Govern del PP investigado por la fiscalía anticorrupción: la operación Honey Moon, del Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), el organismo de la conselleria de Comercio e Industria supuestamente expoliado en la trama del caso Scala.

El complejo Pula Golf fue durante varios años un foco de atracción de personalidades vinculadas al Partido Popular y de personajes famosos del mundo del deporte o del cine. En el recinto hotelero y deportivo se celebraron animados eventos que reunieron a líderes insulares y nacionales del PP, como Jaume Matas, Javier Arenas, Eduardo Zaplana y Jaime Mayor Oreja. Anticorrupción investiga cómo se financiaron algunos de aquellos festejos.

(www.diariodemallorca.es, 20/02/09)

29 millones en ferias y fiestas

La sociedad para grandes eventos adjudicó 348.000 euros a la mujer de Cascos

La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana ha gastado más de 29 millones de euros desde su constitución por acuerdo del Consell en noviembre de 2005 en el patrocinio de espectáculos y competiciones deportivas o en inserciones publicitarias y guías turísticas. Pan y circo. O ferias y fiestas. Vicente Rambla, presidente de "la sociedad", ofreció ayer una relación tan pormenorizada de cada uno de los contratos que llegó a ser acusado de "filibusterismo parlamentario". Fue un sorprendente ejercicio de transparencia después de tres años de un silencio que ha llegado a bloquear el nombramiento del Síndic de Greuges. Y viene espoleado por la investigación abierta por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional sobre una supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas vinculadas al PP. La exposición de Rambla arroja el siguiente panorama de contratos que fueron cerrados, en su inmensa mayoría, por procedimiento negociado sin publicidad.

www.elpais.es 20.02.09

La investigación de Garzón espolea la transparencia de Rambla

- Orange Market. La empresa de Álvaro Pérez, Alonso, El Bigotes, uno de los imputados en la investigación abierta por Garzón, fue contratada para "organizar el acto de inauguración de la Villa de Regatas", según la explicación de Rambla, para "diseñar, producir y ejecutar un espectáculo que debía estar a la altura del evento y proyectara una imagen excepcional de la ciudad de Alicante". "Participaron más de 98 personas entre artistas, músicos, técnicos y personal de pirotecnia". El importe de la adjudicación fue de 445.000 euros.

- Álvarez Cascos. La empresa Aqualium Spain, cuyo administrador único es María Porto, esposa del ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, y propietaria de Cinqualium, cuyo administrador único es el propio Álvarez Cascos, se adjudicó "la cesión, transporte y mantenimiento" de una exposición de esculturas de Robert Indiana en la Gran Vía del Marqués del Turia, de Valencia, por 348.000 euros.

- 4 millones en conciertos. "La sociedad", la fórmula que utilizó Rambla para referirse a la empresa pública a lo largo de toda su comparecencia, gastó en contratos de conciertos o patrocinios de conciertos más de cuatro millones de euros.

En el festival de la noche de la Fórmula 1, el pasado 22 de agosto, la empresa Planet Events organizó un concierto gratuito en el que participaron Gloria Stefan, Juan Luis Guerra y La Quinta Estación. El presupuesto fue de 1,48 millones de euros. Rambla citó "el primer concierto en Valencia de Bruce Springsteen", el 21 de octubre de 2006, en el que "la sociedad" participó con 450.000 euros en colaboración con la promotora musical MusicComunity.

La sociedad recibió a finales de abril "una propuesta" del Ayuntamiento de Xàtiva para participar en el patrocinio conjunto "del primer concierto de Elton John en la Comunidad Valenciana". La empresa pública aportó 250.000 euros. Rambla justificó que "Xàtiva acogía en ese momento la exposición de arte La luz de las imágenes".

La sociedad también patrocinó, junto con el Ayuntamiento y la Diputación de Castellón, "dentro del programa de promoción Pasión por Castellón" un concierto del cantante Luis Miguel por valor de 258.620 euros.

- Un millón para Los Borgia. El estreno de la película Los Borgia en Antena 3 fue patrocinado con un millón de euros por parte de la sociedad. La primera actividad que Rambla atribuyó a la empresa pública fue "la creatividad, producción y difusión" del estreno en Valencia de la película Tirant lo Blanc en el primer trimestre de 2006.

Otra cadena de televisión, Tele 5, fue contratada por 239.093 euros para emitir las campanadas de final del año 2006 desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para promocionar la Copa del América.

- Deportes. La sociedad invirtió cinco millones de euros en la compra de los derechos de la Volvo Ocean Race. Al margen de obras en el Puerto de Alicante, diversos actos promocionales de la carrera consumieron más de un millón de euros. Pero la sociedad también invirtió 112.765 euros en el patrocinio de un torneo de ajedrez y 400.000 euros en el patrocinio de dos embarcaciones que participaron en una regata denominada Minitransat "dentro del proyecto Mini Race en Castellón".

- Guía del peregrino. La visita a Valencia del Papa Benedicto XVI coincidió con el primer año de existencia de la sociedad para grandes eventos. La empresa pública contrató por 200.000 euros "un documento práctico, la Guía del peregrino, con el objeto de promocionar la ciudad de Valencia entre los cerca de dos millones de visitantes".

Espectáculos y patrocinios

- Orange Market: La empresa de Álvaro Pérez Alonso, uno de los imputados en la supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas afines al PP, fue contratada por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana por 445.000 euros.

- María Porto: La esposa de Francisco Álvarez Cascos, ex ministro de Fomento, organizó una exposición del escultor Robert Indiana en la Gran Vía del Marqués del Turia de Valencia que costó 348.000.

- De Bruce Springsteen a Gloria Stefan: El contrato o patrocinio de grandes conciertos ha sido una de las actividades a las que más fondos ha destinado la sociedad para grandes eventos. El primer concierto de Bruce Springsteen en Valencia fue patrocinado con 450.000 euros. La sociedad destinó 250.000 euros a un convenio con el Ayuntamiento de Xàtiva para contratar un concierto de Elton John. El concierto de Gloria Stefan, Juan Luis Guerra y La Quinta Estación que se celebró en Valencia la víspera del Gran Premio de Fórmula 1 fue contratado por 1,48 millones de euros.

- Estreno de Los Borgia: La sociedad pública patrocinó con un millón de euros la emisión en Antena 3 del estreno de la película Los Borgia.

- Guía del peregrino: La visita a Valencia del Papa Benedicto XVI coincidió con el primer año de ejercicio de la sociedad pública que editó una Guía del peregrino, "un documento práctico para promocionar la ciudad de Valencia entre los cerca de dos millones de visitantes" por 200.000 euros.

www.elpais.es 20.02.09

El gobierno de Camps adjudicó contratos a una empresa vinculada a Cascos

La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana adjudicó un contrato de asistencia técnica cultural a la empresa Aqualium, que tiene como asesor al ex vicepresidente del gobierno

La sociedad pública del gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps encargada de gestionar grandes eventos adjudicó contratos a una empresa vinculada al ex vicepresidente del gobierno, Francisco Álvarez Cascos

La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana fue constituida en 2006 por el Gobierno de Camps para llevar a cabo los eventos promocionales de la Generalitat.

Esta Sociedad Pública era la encargada de contratar con terceros la celebración de estos eventos. En su primer año de vida adjudicó un contrato de asistencia técnica cultural a la empresa Aqualium, que tiene como administradora a María Porto y, según su web, tiene como asesor a Francisco Álvarez Cascos.

El contrato por un importe de 350.000 euros se adjudicó a dedo, mediante el sistema "negociado sin publicidad", atendiendo a razones de urgencia.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps se ha negado sistemáticamente a ofrecer información sobre esta Sociedad dependiente de la Generalitat a la oposición con el argumento de que no era de interés público.

Francisco Álvarez Cascos también se ha negado desde hace semanas a hablar con la Cadena SER que se ha intentado poner en contacto con él en muchas ocasiones para conocer su versión sobre varias noticias que le relacionaban con la trama. Ni en las empresas de su compañera, María Porto para las que ahora trabaja ni en el PP en donde dicen que no saben nada de él ni a través de su abogado, Cascos ha querido dar su punto de vista.

Padrino de Correa

La Cadena SER contó hace una semana que varios sectores del PP señalaban a Cascos como la persona que había apadrinado la entrada de Correa en el PP después de contratarle un viaje privado a Estambul. Cascos aparecía también citado en las grabaciones que tiene Garzón cuando Correa decía que le había dado un millón de euros al tesorero del PP, Luis Bárcenas por obras de la etapa de Cascos.

Ayer mismo, la SER se puso de nuevo en contacto con el abogado de Cascos para tratar de conocer la versión del ex ministro del PP sobre los contratos de Aqualium con la Generalitat valenciana. La respuesta de Cascos y su abogado fue denunciar a la SER por coacciones

www.cadenaser.com 19.02.09

LA FISCALÍA IMPLICA AL PRESIDENTE VALENCIANO, FRANCISCO CAMPS, EN LA TRAMA CORRUPTA

Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.

En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).

El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.

En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.

Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.

La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.

Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:

- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.

Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.

Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.

El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.

- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...".

En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".

Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.

- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.

(www.elpais.com, 19/02/09)

EL FISCAL TIENE INDICIOS CONTRA CAMPS, EL PRESIDENTE VALENCIANO

Las ramificaciones de la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón alcanzan, con mayor o menor intensidad, a un dirigente de primer nivel del PP: el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Así lo entiende, al menos, la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito sujeto al secreto sumarial cita a Camps entre los cinco aforados --cargos públicos protegidos por el fuero parlamentario-- contra los que tiene indicios de delito. Por esta razón, el fiscal insta al juez a inhibirse en favor de los tribunales superiores de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, competentes para investigar a sus respectivos aforados.

De la relación de los cinco diputados autonómicos investigados solo han trascendido cuatro nombres: el de Camps y los de los parlamentarios de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, recientemente dimitido como consejero autonómico de Deportes; Benjamín Martín Vasco, hasta ayer presidente de la comisión de investigación sobre la trama madrileña de espionaje; y Alfonso Bosch, gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte. El quinto, valenciano, no se conocía al cerrar esta edición.

Tampoco se han hecho públicos los indicios de delito concretos que pesan sobre cada uno de los aforados. De hecho, fuentes del ministerio público aclaran que las evidencias contra el presidente Camps podrían ser insuficientes para que sea objeto de una imputación formal.

La Fiscalía Anticorrupción centra la trama de corrupción en la Comunidad de Madrid. Por esta razón, el ministerio público apoya que la trama corrupta sea investigada "en su totalidad" por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), excepto determinados hechos, "perfectamente escindibles", que correspondería investigar a la misma instancia de la Comunidad Valenciana. En suma, ayer pidió ayer al juez que remita el grueso del sumario al tribunal madrileño, salvo una parte "escindible", que debería enviar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La fiscalía, en una escueta nota de prensa, explica que entregó ayer al magistrado el informe que este le requirió el pasado viernes tras encontrar "serios indicios de que personas vinculadas o integradas" en el PP "podrían tener responsabilidad penal en esta causa". Estas personas, al ser aforadas, deben ser investigadas por los tribunales de justicia de sus respectivas comunidades autónomas.

Previsiblemente, el juez remitirá la causa al TSJM la próxima semana. Sin embargo, hasta que el tribunal competente no acepte el caso, él podrá continuar con la investigación. El magistrado aún espera los informes policiales de los documentos intervenidos en los registros. En ellos aparece una relación de cargos del PP que han recibido sobornos de Francisco Correa, el cerebro de esta trama.

(www.elperiodico.com, 19/02/09)

CAMPS PIDE EL CIERRE FILAS ANTE SU IMPLICACIÓN EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha hecho una llamada a rebato en defensa de su honorabilidad tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción lo vincula con la trama de corrupción que, supuestamente, dirigía Francisco Correa e investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Tras varios años mirando al tendido en otros supuestos casos de corrupción, como los que afectan al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a varios alcaldes y a empresas públicas de la Generalitat, Camps se encontró ayer en el epicentro del huracán. A primera hora de la mañana movilizó todos sus efectivos para mostrarse "profundamente indignado" con la información de EL PAÍS en la que se explica que el fiscal lo implica en la trama corrupta. Antes de las nueve de la mañana, Camps realizó una declaración institucional en la sede de Presidencia de la Generalitat arropado por todo su gobierno y por Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, en la que desmintió, "de pleno, la infamia", en relación al supuesto pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano.

En la sede del Gobierno, Camps achacó su supuesta implicación en la trama corrupta a "un proceso abierto contra el PP" con el objetivo de dividir al partido. El presidente valenciano, que ignoró el hecho de que la empresa Orange Market, estrechamente relacionada con el PP y con su Gobierno, tiene a todos sus socios imputados, apuntó que ejercitará todas las acciones legales que considere necesarias y afirmó que "de la filtración [del contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción] se desprende la hipotética investigación a una persona aforada que podría anular todo el proceso".

Tras su declaración institucional, en la que no admitió preguntas, Camps se trasladó al hemiciclo de las Cortes Valencianas, siempre arropado por su gobierno en el que figura, al menos, un consejero que han reconocido haber adjudicado obras a un amigo íntimo. Allí, en sede parlamentaria, el presidente de la Generalitat volvió a escudarse en las amplias mayorías electorales obtenidas hasta ahora para justificar su gestión. Francisco Camps se negó a responder a las preguntas que le formuló con insistencia la oposición, tanto desde la filas socilaistas como del grupo de Compromís pel País Valencià. No quiso adelantar si dimitirá en caso de ser imputado, o pondrá su cargo a disposición de la dirección nacional del PP.

Camps tampoco quiso hablar sobre supuestas irregularidades en las contrataciones de distintas consejerías y, tras años de negar información a la oposición parlamentaria, anunció que todos sus consejeros comparecerán en las distintas comisiones parlamentarias para responder a las preguntas de la oposición. Camps, que tampoco quiso explicar si abrirá una investigación interna, se hizo arropar por dos de sus vicepresidentes, Vicente Rambla y Gerardo Camps, y el consejero de Gobernación, que esta semana ha reconocido que adjudicó a un amigo íntimo, distintos contratos. El discurso de los miembros del Gobierno valenciano fue para descalificar una y otra vez a la oposición. Al término de la sesión, Camps recibió la felicitación afectuosa de un nutrido grupo de diputados populares, entre los que estaban el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el alcalde Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ambos imputados en supuestos casos de corrupción.

(www.elpais.com, 19/02/09)

EL IMPUTADO FABRA SÍ QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR CAMPS

El presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha afirmado este jueves que en la Comunitat Valenciana "nadie pone en tela de juicio la honestidad y honradez" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y ha sentenciado que él sí pone "la mano en el fuego" por Camps.

Carlos Fabra ha hecho estas declaraciones en la localidad castellonense de Onda, al ser preguntado por las informaciones que anuncian que la fiscalía implica a Francisco Camps en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Fabra ha afirmado: "Estamos en tiempo de cacería y la cacería continúa indiscriminadamente para todos, con gran satisfacción por parte del PSOE, por parte de aquellos que la han promovido".

"Como no tengo absolutamente ninguna duda, yo sí pongo la mano en el fuego por el presidente Camps, seguro", ha añadido en declaraciones a los periodistas.

Según Fabra, "uno puede estar de acuerdo con el presidente Camps -sobre- si hace grandes proyectos o no, si atiende más o menos a los municipios de la provincia, si su plan Camps va a ser más o menos efectivo. Se podrá estar, como yo a veces, más contento o más descontento de sus miembros del gobierno", pero "nadie pone en tela de juicio la honestidad y la honradez del presidente Camps".

Este asunto, ha añadido Fabra, "desde luego, quedará absolutamente aclarado. En cualquier caso esto se revolverá contra quienes lo han promovido, porque la impunidad de golferías de este tipo no suelen quedar impunes". Fabra, que fue reelegido líder del PP en Castellón con el 98,83%, está imputado por fraude fiscal, malversación de fondos, tráfico de influencias, falsificación de documento público y otros cinco delitos en una instrucción que dura ya cinco años.

(www.publico.es, 19/02/09)

RAJOY DICE QUE CAMPS ES "UN DIRIGENTE EJEMPLAR" QUE TIENE "PLENO APOYO" DEL PARTIDO POPULAR

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es "un dirigente ejemplar que cuenta con el pleno apoyo del PP". En un acto con medios de comunicación en A Coruña, en donde ha estado hoy con motivo de la campaña electoral gallega, ha destacado que Camps, tras la publicación en el diario "El País" de una información que implica al presidente valenciano en la supuesta trama empresarial vinculada con los populares, no está imputado, pero sí "indefenso", pues no se sabe de qué se le acusa.

Rajoy, que ha recibido el apoyo incondicional de Camps en diversas ocasiones, especialmente durante su puja con Aguirre, no ha escatimado elogios hacia el político valenciano y ha dicho de él que es "un extraordinario dirigente" y "un político honrado", el líder del PP ha remarcado, en referencia al presidente de la Generalitat valenciana, que "está pasando ahora por un momento de indefensión porque no se sabe si se le acusa de algo".

Acompañado por el candidato del PPdeG por A Coruña, Carlos Negreira, el presidente popular ha asegurado respecto de la presunta implicación de Camps en esa trama empresarial que lideraba Francisco Correa, y que supuestamente se aprovechaba de sus vínculos con el Gobierno valenciano, que ni siquiera a fecha de hoy ni la Fiscalía ni el juzgado establecen "si está o no acusado, ni de qué". "Ese es el concepto de la democracia que tienen algunos represetantes de la Fiscalía", ha apostillado.

El presidente del PP ha alabado a Canos, pues tiene todo el apoyo, ya no sólo el suyo propio, sino también "de todo el partido", y ha destacado que ahora, tras las informaciones publicadas, vive en la "indefensión", la "peor situación en la que puede estar una persona" ante acusaciones como las conocidas. Tras aparecer la información sobre su hipotética implicación en el "caso Correa ", el propio Camps negó tal extremo, mientras que el PP, tal y como anunciara el responsable de Comunicación, Esteban González Pons, ha remitido al fiscal general del Estado una denuncia por considerar que la citada información vulnera el secreto sumarial.

(www.publico.es, 19/02/09)

"CLARO... YO TENGO EL CONTACTO... QUE ES EL HIJO DE PUTA DE ESTEBAN (GONZÁLEZ ) PONS"

Justo el día en que todo apunta que Camps podría estar implicado en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón, la Cadena Ser ha publicado el audio de parte de las grabaciones que han destapado la ola de corrupción que afecta al PP. Por su interés informativo, reproducimos a continuación el audio.

En su conversación, Correa dice: "Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de pelas y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un monton de gente ahí ... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta ... yo no la pongo.... y yo de mi 50% reparto con 'Alvarito'( El bigotes) , reparto con el alcalde (del PP), reparto con Ramón Blanco (ex vicepresidente de Repsol) y reparto con Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) en fin...¡la polla!.

La conversación continúa así: "Ayer, estos tíos nos meten más edifica... no...más metros....que en el PAI luego no van a computar porque es agropecuario, en fin, ...un lío, y la operación estaba cerrada y nos hemos plantado hoy...Es un arma de doble filo porque este tío (el promotor) esta noche se puede encabronar y decir "ya no lo vendo" y el PAI tiene un tema medioambiental y el que lo desbloquea soy yo". (Álvaro Pérez le interrumpe diciendo: "¡Claro que tú tienes la llave!). "Claro ...yo tengo el contacto...que es el hijo de puta de Esteban (González ) Pons... que lo han nombrado Conseller de Obras Públicas y este antes era de Presidencia ...¿os acordáis que estaba en el Senado? Pues este es".

(www.elplural.com, 19/02/09)

LA DESCONFIANZA SE INSTALA EN EL PP TRAS LOS ÚLTIMOS ESCÁNDALOS

La desconfianza ha terminado por instalarse en el seno del PP tras los últimos escándalos relacionados con el Gobierno valenciano que preside Francisco Camps. La publicación en EL PAÍS de que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó obras a la constructora de José Miguel Taroncher, un amigo íntimo suyo con quien comparte la afición por el parany (un arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Supremo en 2005) en una finca comprada a medias por las esposas de ambos, ha terminado por dinamitar las complicidades en el seno del Gobierno valenciano. El escándalo del parany y las contrataciones realizadas por Castellano se suma a la incertidumbre del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre la trama corrupta relacionada con personas del PP.

Al ambiente de tensa espera por conocer finalmente a qué personas aforadas en la Comunidad Valenciana se referirá el auto del juez Garzón se suma la perplejidad de distintos cargos populares ante la pasividad del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El jefe del Consell ha optado por resguardarse y dejar que den la cara el vicepresidente primero, Vicente Rambla; la consejera de Turismo, Ángelica Such; y el secretario regional del PP, Ricardo Costa, en el complicado asunto de las contrataciones de la Generalitat con Orange Market, la principal organizadora de eventos del PP regional y que figura en la trama de empresas corruptas que investiga el juez Garzón.

Camps sólo se pronunció al respecto en la sesión de control de las Cortes Valencianas el pasado jueves a preguntas de la oposición. Situación que volverá a reproducirse hoy, aunque con un nuevo escándalo encima de la mesa, el del consejero de Gobernación, y con el hecho de que el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional ponga en evidencia la posición del presidente de la Generalitat.

Distintos cargos del PP coincidieron ayer en mostrar su convicción de que los escándalos han surgido del interior del propio partido. Situación que hace más impredecible la evolución de los acontecimientos y la capacidad de recuperar la iniciativa.La comparencia de Camps en la sesión de control de las Cortes Valencianas se produce hoy en un contexto diferente al de hace una semana. A la imputación de un muy alto cargo del Gobierno valenciano por parte del juez Baltasar Garzón se une el escándalo relacionado con el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que tiene matices propios.

Por un lado, está la supuesta ilegalidad cometida por el consejero, que, en un terreno del que es copropietario, tiene un parany. Un instrumento de caza declarado ilegal, tanto por el Tribunal Superior de Justicia como por el Tribunal Supremo. Esta situación coloca a Castellano, obligado como consejero a defender la legalidad vigente, ante una situación difícilmente sostenible. Aunque fue el propio Camps el que la semana pasada abrió un espacio nuevo para la insumisión ante los tribunales al afirmar que, en contra de lo que señalan las sentencias judiciales, nunca aceptará homologar los títulos de valenciano y catalán. En este sentido, el Gobierno valenciano trabajaba ayer en la búsqueda de excepciones al tema del parany que permitan colocar una línea de defensa.

Por otro lado, Castellano vuelve a colocar el foco en la poca transparencia de la Generalitat a la hora de adjudicar contratos y cómo esta opacidad acaba por beneficiar a las amistades. "Lo ético es cumplir la legalidad", afirmó el pasado martes el consejero de Gobernación en referencia a la concesión de contratos a Construcciones Taroncher, empresa que dirige un amigo íntimo de Castellano. Una sentencia que resulta imposible de aplicar a la práctica del parany, pero tras la que el consejero se parapeta para justificar su decisión de beneficiar a uno de sus allegados.

De hecho, las contrataciones a amigos y familiares relacionados con miembros del Consell es una de las cuestiones que más quebraderos de cabeza está dando al presidente de la Generalitat, que la semana pasada confesó que "nunca" pregunta por "expediente alguno".

Ayer mismo, el vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, tuvo que ver cómo los socialistas le interrogaban sobre las adjudicaciones a empresas participadas por su familia. La oposición también preguntó a la consejera de Cultura, Trinidad Miró, por la contratación de una cuñada de Camps. Y el vicepresidente primero, Vicente Rambla, acudirá a petición propia a la comisión de Industria de las Cortes para dar cuenta de un contrato adjudicado a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, que montó la campaña electoral del jefe del Consell en 2007 cuando el propio Rambla era el responsable del PP regional.

Rambla explicará, previsiblemente, la contratación de Orange Market, a través de la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen Promocional y Estratégica de la Comunidad Valenciana, de la cabalgata de la salida de la vuelta al mundo de veleros Volvo Ocean Race, desde Alicante, y por importe de 445.000 euros.

Aproximadamente a la misma hora está previsto que, en Madrid, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar interrogue a Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market. La decisión de Garzón de concluir los interrogatorios a los 37 imputados en la Operación Gürtel puede prolongar la instrucción del sumario hasta el próximo 4 de marzo.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer al juez que se inhiba de la instrucción en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en "determinados hechos" en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al entender que entre los imputados puede haber personas aforadas de los gobiernos o los Parlamentos autonómicos. La prolongación de la instrucción del sumario es una dificultad añadida para Camps que no logra recuperar la iniciativa política.

(www.elpais.com, 19/02/09)

RAJOY ACUSA EN EL CONGRESO A GARZÓN DE TENER CONDUCTAS PREVARICADORAS

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sabía que se había convertido en el objetivo preferente del PP y que la cacería que compartió con el juez Baltasar Garzón le serviría a Mariano Rajoy para intentar salir del agujero político del escándalo de la corrupción. Desde ayer, sabe también que cuenta con el respaldo expreso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que muchos diputados socialistas tuercen el gesto en privado al imaginar la escena de la montería.

El PP dedicó ayer a este asunto casi todas sus energías en la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso, y solemnizó acusaciones contra el juez que el Código Penal tipifica dentro del epígrafe de la prevaricación.

Mariano Rajoy, jaleado por los suyos, pero con unos 40 escaños del PP vacíos, abrió fuego: "El juez quiere convertir el sumario en una causa general contra un partido, se filtran un sinfín de informaciones sobre personas a las que se machaca en su honor y se les deja en la indefensión". Hubo bronca, con intercambio de frases que incluían referencias a casos de financiación ilegal como Filesa (PSOE) o Naseiro (PP).

La faena contra Garzón la remataron los diputados Arturo García-Tizón y Guillermo Mariscal. El primero, que fue jefe de la Abogacía del Estado, empezó con una acusación rotunda: "El juez Garzón, junto a determinados grupos de comunicación afines al Partido Socialista, ha iniciado una nueva campaña de desprestigio del PP, coincidiendo con las próximas elecciones vascas y gallegas". Todos ellos pidieron la dimisión de Bermejo y, cuando Zapatero le respaldó, el líder del PP aseguró que se ha convertido en "avalista" del ministro.

Zapatero se remitió a las explicaciones de Bermejo sobre la cacería, afirmó que lo que repugna es la corrupción y concluyó pidiendo respeto al Estado de derecho y acusando a Rajoy de llevar a la Cámara "sus problemas, que no sabe o no puede resolver".

Bermejo siguió la recomendación de La Moncloa y estuvo contenido esta vez. Aun así incluyó un reproche a su compañero de partido y alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, que había pedido su relevo: "No puedo compartir que un imputado por corrupción no deba dimitir y el de la cacería sí, cada uno se califica a sí mismo". Al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el PP le pidió también, sin éxito, el cese del comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, presente en la montería.

(www.elpais.com, 19/02/09)

GARZÓN DEJARÁ LA INVESTIGACIÓN EN UNOS DÍAS

El juez Baltasar Garzón se inhibirá en los próximos días de la causa sobre la trama de corrupción que investiga. El magistrado considera que la competencia para perseguir los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de dinero, fraude fiscal y asociación ilícita presuntamente cometidos por personas aforadas corresponde al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, como le ha informado la Fiscalía, salvo un aspecto desgajable de la causa, según fuentes de la investigación, que correspondería al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La inhibición de Garzón se produciría, según las citadas fuentes, a lo largo de la próxima semana, aunque el juez, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá seguir practicando las diligencias necesarias para comprobar la existencia del delito, identificar a los posibles culpables y proteger a los perjudicados hasta que ambos tribunales superiores no acepten su competencia.

Anticorrupción presentó ayer un dictamen en el juzgado en el que considera que el magistrado debe inhibirse de la totalidad de la causa en favor del TSJ de Madrid, "salvo determinados hechos, perfectamente escindibles, que correspondería investigar al TSJ de la Comunidad Valenciana".

Mientras, ayer declararon ante el juez Jacobo Gordon, amigo de Alejandro Agag con el que tenía negocios, y José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol y socio en Orange Market, la filial de Special Events en Valencia. El juez les dejó en libertad sin medidas cautelares de ningún tipo. A la salida, Blanco fue preguntado cómo se sentía. "Hasta los huevos", fue su gráfica respuesta. Luego explicó que en 25 años se ha dedicado sólo a realizar una actividad profesional y que no se ha llevado dinero de nadie. "No me gusta que mis hijos lean que su padre es un delincuente", afirmó.

(www.elpais.com, 19/02/09)

EL PP INICIA SU INVESTIGACIÓN SOBRE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

La primera consecuencia del expediente informativo abierto por el Partido Popular a los ex alcaldes de Boadilla y Majadahonda Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, es que hoy tendrán que comparecer ante el Comité de Garantías del partido para informar sobre las acusaciones de corrupción que están judicializadas. La reunión de este órgano no es pública. De las conclusiones de ese expediente depende que sean expulsados del partido.

Además, el comité lleva varios días recabando documentos para llevar a cabo la investigación interna que ha ordenado Mariano Rajoy en relación con este asunto y "entrevistándose con las personas afectadas", según confirmó ayer la propia secretaria general, Dolores de Cospedal.

Hasta ayer este órgano no ha abierto por el momento expediente al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que dimitió tras el escándalo, dado que aún no está imputado.

El alcalde de Boadilla tuvo que dimitir tras las evidencias que relacionan su gestión con los sobornos y cohechos imputados a Francisco Correa y su red de empresas. A pesar de la orden tajante de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy para que dimitiera, tardó más de 24 horas en hacerlo y además se permitió poner condiciones para la misma, como obligar a dimitir también a la concejal del PP que era su sucesora natural.

En aquella jornada del pasado día 10 también fueron relevados Ortega de su puesto como gerente del Mercado Puerta de Toledo y Alberto López Viejo, consejero de Deportes y el cargo más alto implicado hasta ahora en la operación Gürtel. González Panero ha sido citado para declarar el 4 de marzo en la Audiencia Nacional

(www.elpais.com, 19/02/09)

EL JEFE DE LA TRAMA TRABAJÓ PARA EL PP MÁS TIEMPO DEL QUE CONFIESA RAJOY

Al estallar la trama de corrupción vinculada al PP, Mariano Rajoy levantó una muralla para protegerse de la deflagración. El 9 de febrero, el líder conservador se aprestó a aclarar que en el 2004, tan pronto como tomó las riendas del partido, cortó relaciones con Francisco Correa, ahora imputado como cabecilla de la trama, al sospechar de sus métodos. Trataba Rajoy de desvincularse del escándalo, por mucho que autonomías y ayuntamientos gobernados por su partido hayan seguido contratando a Correa. Pero el dique de contención de Rajoy se empieza a resquebrajar: el PP continuó trabajando con Pasadena Viajes, una de las firmas de Correa, al menos hasta el 2005.

Junto a la ofensiva contra el juez Baltasar Garzón y el Gobierno socialista, la estrategia de defensa de Rajoy se ha basado en garantizar que su equipo nada tiene que ver con la trama de corrupción investigada. "Nosotros decidimos que no hubiera más contrataciones con esta empresa, que en épocas anteriores al 2004 se habían ido reduciendo (...), porque fuimos conocedores de que algunas personas utilizaban el nombre del PP, incluso el de la dirección nacional, ante ayuntamientos del noroeste de Madrid", declaró la semana pasada.

El pasado lunes, en Antena 3, fue más explícito respecto a las fechas: "En el 2004 el tesorero me dijo que estas personas estaban usando indebidamente el nombre del partido, propuso que no se les contratara más y yo acepté su petición." El entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, se hacía eco de las denuncias de algunos ediles madrileños del PP, que después motivaron la apertura de la causa que instruye Garzón

Pero el relato cronológico del presidente del PP no se ajusta con exactitud a la realidad, a juzgar por las facturas que un año más tarde Pasadena Viajes remitió a los medios de comunicación --incluida Ediciones Primera Plana, editora de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA-- que siguieron a Rajoy durante la campaña del referendo sobre la Constitución europea y la precampaña de las elecciones vascas, ambas en el 2005. Rajoy, hasta entonces secretario general, había asumido la presidencia del partido en el congreso celebrado en Madrid en octubre del 2004.

Cuando se acerca una campaña electoral, los grandes partidos contratan con agencias de viajes la organización de la caravana que seguirá al líder en sus mítines y otros actos públicos, en la que se integran los periodistas acreditados y el personal del partido. La empresa elegida factura a cada medio de comunicación una cantidad cerrada que incluye los vuelos por toda España en un avión fletado para la ocasión, los desplazamientos entre los aeropuertos y las ciudades de destino y las noches de hotel del periodista, entre otros gastos. La agencia, por tanto, no la elige el medio, sino el partido. Y, en la campaña del sí a la Constitución europea, en febrero del 2005, el PP escogió a la firma de Correa.

Algo parecido sucedió en la precampaña de las elecciones vascas del 2005. El PP organizó en Vitoria la 11ª reunión de su Unión Intermunicipal, que congrega a los alcaldes y ediles populares de toda España. Como Rajoy la clausuraba el 15 de marzo, el PP encargó a Pasadena Viajes la gestión de la estancia en el Hotel Palacio Elorriaga de los periodistas que asistiesen a la cita. La factura por una habitación individual ascendió a 235 euros. La tarifa que ayer ofrecía el hotel era sensiblemente más económica: 85 euros.

UNA CONCEJALÍA DE MADRID AMAÑÓ EN 2004 UN CONCURSO A FAVOR DE CORREA

El 27 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, el hombre que montaba los actos del PP durante el mandato de José María Aznar.

Se presentaron al concurso 10 empresas y, supuestamente, la firma vinculada a Correa quedó en segundo lugar. Pero se llevó el contrato porque se consideró que la primera clasificada incurría en "baja temeraria", es decir, que su oferta económica era poco creíble por demasiado barata.

Ésta es la información que contenía el expediente original de adjudicación que se aprobó en el Consejo de Administración de la EMV y que el ayuntamiento facilitó la semana pasada a este periódico.

Pero en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya un año como alcalde, la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo estaba dividida en tres áreas: Suelo, Vivienda y Urbanismo. En cada una de ellas quedó una copia del expediente con una inquietante diferencia que apunta a que el concurso estuvo amañado para dárselo a Correa.

El informe técnico de las propuestas que se presentó en el consejo de la EMV, en cuya votación participaron PSOE e IU, venía firmado por cuatro funcionarios y estaba acompañado de un cuadro con la puntuación obtenida por cada empresa. Sin embargo, en el documento que sirvió para la adjudicación definitiva no había ninguna rúbrica de empleados públicos.

La suma de resultados obtenidos por su diseño, conocimiento y experiencia, colocó a Special Events en segundo lugar y en virtual ganadora del concurso. Pero en el cuadro que consta en el expediente hallado posteriormente el cuadro de puntuación, que está vez sí estaba firmado por los funcionarios que realizaron el informe, contenía unos datos distintos que dejaban a Special Events en quinto lugar y, por tanto, sin ninguna opción de obtener el contrato.

El apartado que puntuaba la oferta económica estaba intacto. Pero en las áreas en las que el criterio podía ser más arbitrario, como el diseño o la experiencia, las cifras eran distintas. Los cuatro funcionarios que firmaron el documento bueno confirmaron ayer que no son los autores de la valoración aprobada. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo no encuentran explicación técnica posible a las diferencias aparecidas en el mismo expediente. Consideran que es factible que el cuadro original fuera destruido y reemplazado por otro más favorable a Special Events. La sospecha es que se amañó el concurso.

Por ello, el ayuntamiento ha presentado una denuncia al juzgado de guardia y ha abierto un expediente informativo a José Luis Gómez, funcionario y ex gerente de la empresa pública que firmó la propuesta que se llevó entonces al consejo de la EMV.

"Nosotros respaldamos lo que los técnicos nos elevan al consejo de administración. Yo no sé qué es lo que han archivado. Sé lo que voté, pero no conozco la existencia de otros documentos", declaró ayer el ex concejal de Vivienda, que además indicó que nunca tuvo relación profesional con Correa.

Herráez fue hombre de confianza del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano y miembro del clan Becerril, un grupo de jóvenes promesas del PP que, agrupados por Alejandro Agag y bendecido por el entonces presidente, José María Aznar, se reunía en la sierra de Madrid para hablar de política. A las reuniones acudieron en alguna ocasión los imputados por Garzón, Francisco Correa, Álvaro Pérez o Jacobo Gordon. Además, era asiduo el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, recién dimitido por su presunta vinculación con la trama corrupta.

(www.elpais.com, 19/02/09)

DE CONCEJAL A CONSTRUCTOR

Sigfrido Herráez (Madrid, 1964), arquitecto de formación, fue un hombre de José María Álvarez del Manzano. De su mano llegó al Ayuntamiento de Madrid en 1991, al cargo de concejal de Latina y, en 1995, el de Vivienda. Lo dejó en 2005 con el siguiente alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste colocó por encima de él a la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.

Sólo una semana después, fichó como vicepresidente de la constructora Rayet, que realizaba un proyecto en el Ensanche de Vallecas, una zona directamente administrada por Herráez como concejal al presidir su junta de Compensación. Legalmente no había incompatibilidad, pero todos los partidos, incluido el gobierno de Gallardón, quedaron escandalizados. Hoy preside dicha firma.

Esperanza Aguirre le prestó su apoyo en aquella decisión y le mantuvo como responsable de Vivienda del partido. Herráez se había significado por la candidatura de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, en detrimento de Manuel Cobo, vicealcalde y hombre de Ruiz-Gallardón. "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio", declaró Aguirre. Pero un mes más tarde, promovió su dimisión del cargo en el PP.

Herráez perteneció al clan Becerril, un grupo de promesas del PP agrupados por Alejandro Agag que se reunían en la sierra para, según el yerno de José María Aznar, formar "el banquillo del banquillo" del partido. Pertenecieron al núcleo de ese grupo José Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros o Lucía Figar.

Por otro lado, su mujer, María Gálvez, es consejera de Ploder, una constructora que junto al grupo Begar (entre otras), propiedad del imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, obtuvo la concesión para la construcción del nuevo Hospital de Vallecas de la Comunidad de Madrid.

(www.elpais.com, 19/02/09)

GALLARDÓN ASEGURA QUE NADA QUE PERJUDIQUE A UN MIEMBRO DEL PP LE PUEDE BENEFICIAR

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado, en contestación a quienes creen que él es el gran beneficiado de las acusaciones publicadas y judiciales contra otros miembros de su partido, que nada que perjudique a un compañero del PP puede ser beneficioso para él.

"Nada, absolutamente nada que pueda perjudicar a ningún compañero del Partido Popular, nunca, jamás, podrá ser nada que beneficie a Alberto Ruiz-Gallardón", ha contestado tajantemente el alcalde, tras la reunión semanal de su Gobierno, en la que ha roto en parte su silencio sobre las supuestas "tramas" con las que se ha relacionado a responsables del PP.

Ruiz-Gallardón no ha querido hablar de la cacería del ministro de Justicia, Mariano Bermejo, y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, pero sí ha hablado de la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre el supuesto espionaje a políticos y del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

Ha dicho que le parece "lógico" y que tiene "muchísimo interés" en comparecer ante la Comisión de Investigación para dar su opinión sobre unos hechos publicados y "no desmentidos" y ha calificado de "adecuada" la reacción de Camps ante las acusaciones contra su actuación, al tiempo que ha defendido la presunción de su inocencia.

Respecto a la información que hoy publica el diario El País sobre un contrato adjudicado en 2004 por el Ayuntamiento a la empresa del detenido Francisco Correa, Ruiz-Gallardón ha confirmado que ha denunciado ante la justicia la supuesta "manipulación" del informe técnico que permitió la adjudicación.

(www.publico.es, 19/02/09)

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADJUDICÓ SIETE CONTRATOS A SPECIAL EVENTS

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó siete contratos a la empresa Special Events en los años 1996, 1999, 2001, 2004 y 2005 (3), los tres primeros con José María Álvarez del Manzano en la Alcaldía y los cuatro últimos ya durante el primer mandato municipal de Alberto Ruiz-Gallardón. Son datos que ha confirmado este jueves el propio alcalde, en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, al informar de que el Ayuntamiento denunció ayer ante la justicia la "manipulación" de un informe técnico municipal que permitió la adjudicación en 2004 de un contrato a la empresa de Francisco Correa, detenido por el juez Baltasar Garzón dentro de la operación Gürtel.

Basándose no en aquel primer informe técnico sino en otro que el alcalde ha confirmado hoy que fue "manipulado", el Consejo adjudicó el contrato a Special Events por 153.000 euros.

De hecho, esa "manipulación" no ha sido descubierta hasta ayer, después de que se cotejaran todos los documentos que se guardan al respecto en el Ayuntamiento.

(www.publico.es, 19/02/09)

AGUIRRE CONTRAATACA ASEGURANDO QUE EL PP NO JUZGA A LOS SOCIALISTAS IMPUTADOS

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, suspendió hoy el Pleno de la cámara autonómica ante las protestas de los diputados de la oposición después de que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, asegurara que en las filas socialistas hay imputados y el Partido Popular no lo juzga.

Ante estas palabras, pronunciadas durante una tumultuosa sesión de control al Gobierno, los parlamentarios de PSOE e IU reclamaron a la jefa del Ejecutivo que retire esta acusación, que tacharon de falsa. La presidenta se negó a ello. Dada la imposibilidad de proseguir el debate, Rodríguez ha suspendido la sesión durante 10 minutos y ha llamado a consultas los portavoces de cada grupo.

En los pasillos de la Asamblea, Esperanza Aguirre, reiteró su postura. "Estamos ante una trama clarísima, una trama organizada por el ministro furtivo y el juez socialista, una trama contra el PP para evitar que pueda haber una alternativa al peor gobierno de la historia de la democracia", aseguró la 'lideresa' en relación a la cacería en la que estuvieron presentes Bermejo y el juez Garzón, al frente de la Operación Gürtel, que trata de esclarecer la presunta trama de espionaje en municipios del norte de la región y de la Comunidad Valenciana.

"Una trama para hacer que desistamos y una trama en la que cada mañana desayunamos con nuevas filtraciones de un sumario secreto, que recuerdo que ese sumario es secreto, pero todas las mañanas hay filtraciones, siempre al mismo grupo de medios de comunicación", señaló la presidenta.

En esta línea, indicó que uno de los medios "ya tiene una denuncia por coacciones" que el ex ministro Francisco Alvarez Cascos presentó ayer, "porque negándose a publicar la rectificación del ex ministro y secretario general, no se le ocurrió mejor cosa que coaccionar, amenazar y chantajear con publicar contratos de otra persona, razón por la cual ya se le puso una denuncia en el juzgado de guardia en el día de ayer". Así, reseñó que lo que hay "es una trama contra el PP".

(www.publico.es, 19/02/09)

LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 'TUMBA' AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESPÍAS

Después de negarse durante días a dimitir como le pedía la oposición, el diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco anunció ayer por sorpresa que renuncia a presidir la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad. Lo hace para defenderse, dice, de las acusaciones que se están vertiendo contra él en relación con otro asunto: el de la trama de corrupción destapada por el juez Baltasar Garzón y que ya ha provocado, con ésta, cuatro dimisiones de cargos del PP -un alcalde, un gerente, un consejero y el propio Martín Vasco- en distintos puntos de la administración madrileña.

El diputado popular -que mantendrá su escaño aunque ya no formará parte de la comisión de investigación- aseguró a este periódico que su decisión fue "personal" y que ni la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ni el partido le exigieron el cese. Fuentes del Gobierno regional sostienen, sin embargo, que Martín Vasco se resistió hasta el último minuto a dimitir y que fue Aguirre la que le presionó ante las crecientes sospechas de que esté vinculado a actuaciones irregulares en Arganda.

Benjamín Martín Vasco no está imputado por el momento en el sumario abierto por Garzón sobre la presunta trama corrupta que afecta a más de una veintena de empresas y a varias administraciones del PP. Pero la Fiscalía ha hallado indicios de que podría haber cobrado comisiones a cambio de favorecer al entramado de empresas comandado por Francisco Correa. Una de las imputadas en esa trama, Isabel Jordán, asegura -en una conversación que consta entre las grabaciones aportadas a la causa- que Martín Vasco ocultó, a cambio de dinero, irregularidades cometidas en la adjudicación de un desarrollo urbanístico a la empresa Martinsa en Arganda.

"No he dimitido. He pedido a mi partido que me aparte de la comisión de investigación para poder defenderme de esas acusaciones. Voy a presentar una querella por injurias contra Isabel Jordán", afirmó Martín Vasco ayer para explicar su decisión. Apenas 48 horas antes, el PP había rechazado la petición de recusación del presidente de la comisión -presentada por PSOE e IU- con el argumento de que nada tenía que ver una trama con otra y de que, en cualquier caso, primaba la presunción de inocencia de Martín Vasco.

Inés Sabanés (IU) subrayó que, finalmente, Martín Vasco "ha dicho que dimite" por los mismos motivos por los que el lunes aseguraba que no debía hacerlo. "Lo cual es más que contradictorio y podría indicar que hay más motivos que ya iremos conociendo", deslizó. La socialista Maru Menéndez abundó en que Martín Vasco debería haber renunciado mucho antes y apuntó directamente a Esperanza Aguirre: "Está con el agua al cuello".

La presidenta madrileña, por el contrario, despachó el asunto con una fría sentencia referida a su diputado: "Entiendo que haya decidido abandonar la comisión de investigación para dedicarse a querellarse contra quienes le acusan de hechos gravísimos". Y el presidente del PP, Mariano Rajoy, zanjó: "Si él cree que [dimitir] es la mejor forma de defenderse, a mí me parece muy bien". Martín Vasco sigue siendo presidente de la comisión -ha convocado a sus miembros para esta tarde- hasta que su partido le aparte formalmente de ella.

La presunta vinculación de Benjamín Martín Vasco con la trama corrupta investigada por Garzón surgió al conocerse que, en una de las grabaciones realizadas en 2006 e incorporadas a la causa, el supuesto cabecilla Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...". Correa parecía aludir así a que él había intercedido para lograr que Martinsa obtuviera un contrato en Arganda; a cambio, claro, de cobrarle a Martinsa una comisión de la que aún quedaba por pagar "un millón de euros".

Pero el nombre de Martín Vasco no aparecía en esa grabación sino en otra en la que habla Isabel Jordán, empresaria también imputada por el juez: "Le dieron su dinero", decía Jordán refiriéndose al diputado del PP. "Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".

Martín Vasco -que había sido concejal de Arganda 12 años, entre 1991 y 2003- era consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal cuando ésta adjudicó a la empresa Martinsa, en noviembre de 2004, un importante desarrollo urbanístico con 300 viviendas en pleno centro de la localidad, junto a la estación de metro. El precio de la adjudicación era cerrado (no sujeto a mejora): 77 millones de euros, incluido el coste de varios equipamientos.

El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE dos veces: ante un juez de lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. El grupo socialista de Arganda no sabe qué fue de esa denuncia. "Suponemos que se archivó, aunque el juzgado nunca nos notificó nada", explica Victoria Moreno, portavoz del PSOE local.

Los socialistas consideraban sospechosa la adjudicación por lo siguiente. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Ayuntamiento, a la hora de valorar las ofertas, no se fio sólo de las opiniones de sus técnicos sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Ésta había sido la empresa de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).

Cada uno de los tres grupos de baremadores -técnicos, Aguirre Newman y Plarquin- se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Cuando Aguirre Newman entregó su parte, iba ganando Sacresa; cuando los técnicos presentaron la suya, también. El último en entregar la baremación fue Plarquin, que debía valorar la "solución técnica y propuesta estética". Y dio tantos puntos de más a Martinsa frente a Sacresa que la primera se puso por delante y ganó el concurso. "No tiene sentido que los baremadores entregaran su valoración uno detrás de otro, porque el último sabía cómo iba la puntuación. Y justo en el último momento, gracias a la valoración sobre el aspecto más discrecional de todos, gana Martinsa", subraya Antonio Fernández Gordillo, portavoz de Vivienda del grupo socialista en la Asamblea de Madrid.

A ese caso es al que parecen referirse Francisco Correa e Isabel Jordán cuando hablan de adjudicaciones supuestamente irregulares en Arganda, porque, según ha rastreado el PSOE, Martinsa no ha tenido ninguna otra adjudicación similar en ese municipio.

Benjamín Martín Vasco reconoció hace días que es amigo de Francisco Correa, aunque en todo momento ha negado haber dado un trato de favor a ninguna empresa. La empresa pública que presidió en Arganda y que se encargaba de todo el desarrollo urbanístico fue continuamente tachada de falta de transparencia (en el consejo de administración sólo estaba el PP).

Poco después de su creación, Martín Vasco firmó un contrato con la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo, otro de los hoy imputados (por su cargo en una empresa distinta). El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.

(www.elpais.com, 19/02/09)

ENTREVISTA: BENJAMÍN MARTÍN VASCO DIPUTADO DEL PP EN LA ASAMBLEA DE MADRID : "NO CONOCÍ IRREGULARIDADES EN ARGANDA"

Benjamín Martín Vasco (Valverde de Llerena, Badajoz, 1967) no tiene ningún problema en explicar las razones de su dimisión -que se niega a calificar así- como presidente de la comisión de investigación, pero se enroca cuando se le pregunta por el fondo de la cuestión: si tiene alguna vinculación con la trama corrupta destapada por Baltasar Garzón. "Me remito a la querella que he presentado", repite varias veces, en conversación telefónica con este periódico. Ni él ni el PP han querido facilitar la querella.

Pregunta. ¿Por qué dimite ahora y se negaba a hacerlo hasta ayer?

Respuesta. No he dimitido: he pedido a mi partido, y lo he hecho voluntariamente, que me aparte de la comisión de investigación. Ya no seré presidente ni miembro de esa comisión. Y lo hago porque he decidido iniciar acciones judiciales contra Isabel Jordán, la persona que, según informaciones periodísticas, me ha acusado de acordar un pacto de silencio ante actividades irregulares en Arganda.

P. Las acusaciones vertidas por Jordán ya se conocían hace días, pero usted se negó a dimitir como le pedían PSOE e IU.

R. Hoy he decidido presentar la querella, y por eso he esperado hasta hoy.

P. ¿Por qué dimite?

R. Porque no quiero que nadie pueda acusarme de utilizar el cargo de presidente de la comisión en beneficio propio. Que nadie interprete cualquier decisión mía en esa comisión como vía para reforzar mi querella. Le he dicho a mi partido que lo mejor era quitarse problemas.

P. ¿Le pidió la presidenta Esperanza Aguirre o el portavoz del grupo popular, David Pérez, que renunciara al cargo?

R. Ni la presidenta ni el partido me pidieron nada. Ha sido una decisión mía, personal.

P. ¿Se ratifica en que no hay nada de cierto en las conversaciones que lo vinculan con la trama investigada por Garzón?

R. Me remito a lo que dice la querella. Pero si no me ratificara, no la presentaría, ¿no?

P. ¿Ocultó alguna adjudicación irregular en Arganda del Rey?

R. No he tenido conocimiento de ninguna actuación irregular en Arganda del Rey.

(www.elpais.com, 19/02/09)

EL HOMBRE QUE GESTIONÓ EL SUELO DURANTE EL 'BOOM' DEL LADRILLO

La trayectoria de Benjamín Martín Vasco, de 41 años, es un ejemplo de ascenso social. De un pueblo de Badajoz, de familia de agricultores, pasó a la universidad, a las Nuevas Generaciones del PP y en 1995, con menos de 30 años, se convirtió en teniente de alcalde de Arganda con Ginés López, el regidor, del que era amigo de la infancia. Hoy, diputado de la Asamblea, puede preciarse de tener dos pisos en la capital, uno de ellos de 180 metros cuadrados en plena Milla de Oro, la zona de la tiendas más caras de Madrid.

Como concejal de Personal y Seguridad participó en despidos masivos de trabajadores municipales y fue denunciado por prevaricación: cambió el turno a un policía para colocar al marido de su secretaria. Fue absuelto.

En 1997 cayó en sus manos la dirección de la recién creada Sociedad de Fomento. Tras una legislatura de gobierno del PSOE, López regresó a la alcaldía en 2003 y Martín Vasco se dedicó en exclusiva a la empresa pública de gestión del suelo, en pleno boom urbanístico. En 2005 presentó su dimisión.

En el debate político es "desestabilizador", "muy de armar broncas", según lo describe la oposición. "Un duro del PP, aguirrista", "algo prepotente y con la cabeza bien puesta", dicen. También aseguran que le gustaba alardear de sus viajes a Las Vegas y sus vacaciones en Marbella. Incluso de que llevó a su amigo Francisco Correa, principal cerebro de la trama de corrupción, a las fiestas de Arganda.

(www.elpais.com, 19/02/09)

AGUIRRE HABLÓ CON RAJOY PARA SABER SI PONE LA MANO EN EL FUEGO POR ELLA

En estos días de grandes titulares sobre la corrupción que afecta al PP, sus dirigentes están especialmente sensibles. Cada palabra se interpreta una y mil veces. Y más si se trata del líder, Mariano Rajoy, hablando de Esperanza Aguirre. El rechazo de Rajoy -en una entrevista en Antena 3- a poner "la mano en el fuego" por la presidenta de Madrid desató todo tipo de especulaciones. Aguirre trató de zanjarlas: habló con él para que le explicara sus palabras, y después se lo contó a los periodistas.

La presidenta le preguntó a Rajoy expresamente por ese rechazo a poner la mano en el fuego. "Me ha dicho que esta expresión no la ha utilizado nunca por nadie y que no le gusta; por lo tanto, no le saquen ustedes tres pies al gato", dijo irónica.

Aguirre prefirió quedarse con la parte positiva de la entrevista a Rajoy, cuando defendió la honorabilidad de la presidenta. Aunque el líder insistía en añadir la coletilla "en lo que yo conozco" al referirse a las sospechas de corrupción, Aguirre obvió esas dudas de su jefe. "Lo que dijo Rajoy es exactamente lo mismo que yo pienso sobre él y sobre mí: que en 26 años que llevamos en política jamás nadie ha puesto en cuestión nuestra honorabilidad; y, por lo tanto, quiero agradecérselo", sentenció.

El desconcierto en el PP es total porque, según varios miembros de la dirección, no tienen información sobre los planes del juez Baltasar Garzón sobre nuevos imputados, especialmente los aforados, y por tanto no pueden tomar decisiones. Según estas fuentes, Rajoy está dispuesto a cortar más cabezas y abrir más expedientes en cuanto Garzón levante todo el secreto del sumario.

Nada de López Viejo

Por otra parte, el PP madrileño ha dejado claro que no quiere hablar de Alberto López Viejo, que dimitió de consejero por las noticias que lo vinculan con la trama corrupta. El Grupo Popular impidió el lunes, con su mayoría absoluta, que el PSOE registrara cinco preguntas para formular mañana en el pleno al vicepresidente, Ignacio González.

Los socialistas querían saber la opinión de González sobre la gestión de López Viejo y sobre su dimisión. "Nombrar a los consejeros no es responsabilidad del vicepresidente sino exclusivamente de la presidenta", subrayó una portavoz del PP para justificar el veto.

(www.elpais.com, 18/02/09)

AGUIRRE TELEFONEA A RAJOY PARA SABER POR QUÉ NO DA LA CARA POR ELLA

Esperanza Aguirre vio el lunes por la noche la entrevista en Antena 3 del líder de su partido, Mariano Rajoy. Seguramente, puso extrema atención cuando la entrevistadora le preguntó directamente si era capaz de poner "la mano en el fuego por Esperanza Aguirre", entre otros dirigentes del partido, ante su posible relación con la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. Él evitó hacerlo. "No se trata de eso", dijo, aunque sí defendió la honorabilidad de la dirigente madrileña. Ayer por la mañana, Aguirre cogió el teléfono para pedir explicaciones a su jefe. "Esta expresión no la uso nunca con nadie y no me gusta", le respondió Rajoy, según la versión difundida por la aludida.

La presidenta de Madrid era consciente de que los periodistas le iban a preguntar por este asunto en cuanto tuvieran ocasión. Y no se equivocó. Así que llevaba una respuesta preparada que no estaba exenta de cierta sorna: agradeció a Rajoy ante cámaras y micrófonos que "no pusiera en cuestión" su honorabilidad.

Aguirre atendió a los medios durante su visita a un hospital de Madrid y, ante la insistencia en las preguntas por Rajoy y sus declaraciones, rogó a la prensa que no tratara de buscar "tres pies al gato". Claro que a ella debió extrañarle tanto como a los periodistas la tibia defensa que Rajoy le dedicó, ya que terminó llamándole por teléfono para aclarar la situación.

En cualquier caso, decidió recurrir a la sorna para replicar públicamente al líder del PP. "Lo que dijo Mariano Rajoy es exactamente lo mismo que yo pienso sobre él mismo y sobre mí. Que, en 26 años que llevamos en política, jamás nadie ha puesto en cuestión nuestra honorabilidad y, por lo tanto, quiero agradecérselo al presidente de mi partido", remató Aguirre. A continuación, centró sus críticas en el juez que lleva el caso por ir de cacería con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Por otro lado, el responsable de política autonómica del PP, Juan Manuel Moreno, reiteró ayer que no existe una trama de corrupción ligada a su partido, sino "parásitos que se han situado en el entorno del poder", aludiendo así a los empresarios imputados por Garzón.

Sostuvo que los responsables de dicha trama son los que "se han enriquecido ilícitamente y utilizando las siglas del PP y los nombres de dirigentes del PP". No obstante, los populares han tenido que abrir expediente informativo a dos exalcaldes por posible vinculación con el caso. Y fue el propio Moreno el que admitió que, en caso de que el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo resulte también implicado en el caso, se actuará en consecuencia.

(www.elperiodico.com, 18/02/09)

Correa proporcionó azafatas y equipos de sonido para la campaña de Aguirre

Según la documentación interna del PP, a la que ha tenido acceso la SER, las empresas de la trama corrupta organizaron del acto de proclamación de Esperanza Aguirre como candidata a las elecciones tras el Tamayazo

El 14 de septiembre de 2003 Esperanza Aguirre fue proclamada candidata popular a la presidencia de la Comunidad después de que el escándalo de la Asamblea de Madrid (el tamayazo ) obligase a repetir las elecciones.

Fue un acto multitudinario, en el que intervinieron además de Aguirre, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Las empresas Correa, líder de la trama, hicieron un servicio completo para este acto de Aguirre.

Según los documentos de Génova sobre este acto a los que ha tenido acceso la CADENA SER, el sonido del evento y la instalación de los equipos fue proporcionado por el hoy imputado Álvaro Pérez, el conocido bigotes, jefe de una de las empresas de la trama de Correa : Orange Market.

Pero este no fue el único servicio que las empresas de la trama prestaron al la proclamación de Aguirre como candidata: Las azafatas que distribuían el agua a las filas de altos cargos populares fueron también proporcionadas por otra de las empresas de la trama : FCS (Siglas de Francisco Correa Sánchez).

www.cadenaser.com 18.02.09

LÓPEZ VIEJO DEJÓ UN 'AGUJERO' DE CINCO MILLONES EN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

adjudicación de contratos a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, el hombre que durante 12 años montó los actos electorales del PP cuando mandaba en el partido José María Aznar y hasta ahora se encargaba de la mayoría de los eventos de la presidenta autonómica, ha destapado la existencia de, al menos, cinco millones de euros gastados por la Consejería de Deportes sin respaldo presupuestario y, por tanto, pendientes de abonar, según fuentes próximas a este departamento autonómico. La inmensa mayoría de esos cinco millones corresponderían a trabajos hechos por la trama corrupta, según los datos iniciales.

El responsable de la Consejería de Deportes, hasta la semana pasada cuando fue destituido por Aguirre, era Alberto López Viejo, que ha desempeñado el cargo durante casi dos años. López Viejo, hombre de confianza de la presidenta, que le situó de número seis en su lista electoral, le hizo viceconsejero de Presidencia y, posteriormente, consejero de Deportes, ha sido el encargado desde 2004 de organizar los actos institucionales de Aguirre y de contratar con las empresas la organización de los eventos. La inmensa mayoría de esos actos han sido realizados por la trama de sociedades de Correa, con el que López Viejo tenía una estrecha relación. El juez Baltasar Garzón investiga si López Viejo cobró sobornos a cambio de la adjudicación de contratos a Correa.

El juez ha solicitado oficialmente a la Comunidad de Madrid que le envíe la relación de todos los contratos formalizados con las principales sociedades de la trama: Special Events, Diseño Asimétrico, Servimadrid o Easy Concepts. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, es el encargado de recopilar toda la información y hasta ayer había contabilizado cerca de tres millones de euros en contratos abonados por la Administración regional a estas empresas por las que ha preguntado el juez Baltasar Garzón. Todos estos pagos se han efectuado y tienen sus expedientes administrativos.

Muchas de las adjudicaciones se troceaban en contratos de menos de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público, y darlos así a dedo. La gestión de López Viejo como organizador de los actos donde intervenía Esperanza Aguirre continuó tras su paso a la Consejería de Deportes, hasta el punto de que había dejado a un hombre de su confianza en la sede de la presidencia del Gobierno regional, Pedro Rodríguez Pendás, que asumía todas las gestiones.

Muchos consejeros se enteraron del coste de actos institucionales de la presidenta autonómica cuando López Viejo les remitió la factura. Ahora, la investigación abierta en el seno del Gobierno regional para aclarar las contrataciones de López Viejo han descubierto la herencia de al menos cinco millones de euros de pagos. El malestar inicial de la presidenta con López Viejo derivó de su ocultación de la contratación de filiales y empresas tapadera del grupo de Correa. La auditoría puesta en marcha ahora ha desacreditado el mentís global de López Viejo, que refutaba haber contratado a Special Events y a ninguna otra empresa de la trama, ya que se ha verificado que les otorgó adjudicaciones, incluso, presumiblemente, a firmas tapadera. De hecho, emisarios de Correa negociaron sin pudor algunos contratos de tales firmas aparentemente ajenas, como MQM, y otras.

(www.elpais.com, 18/02/09)

AENA CONTRATÓ AL MENOS CON SEIS EMPRESAS DE LA TRAMA CORRUPTA DURANTE EL GOBIERNO DEL PP

La entidad pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), adscrita al Ministerio de Fomento, contrató durante el segundo gobierno de José María Aznar con al menos seis empresas relacionadas con la trama corrupta vinculada al PP que investiga el juez Garzón. Fuentes gubernamentales conocedoras de las adjudicaciones han confirmado la existencia de estos contratos y que muchos de ellos se han concedido sin concurso público, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, pero Fomento y AENA se niegan a facilitar la información sobre los detalles de las operaciones (cuantía, tipo de adjudicación, objeto del contrato) a pesar de que son contratos públicos sobre los que los ciudadanos tienen derecho de acceso.

La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas -que se aplica, según su artículo 2, a las "entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas", como AENA- regula el derecho de los ciudadanos a acceder a archivos y registros administrativos. El artículo 37.1 señala que "los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos (...) siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud".

A pesar de que esta ley dispone que sólo podrá ser denegado este derecho "cuando prevalezcan razones de interés público, intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una ley", AENA y Fomento consideran que no tienen obligación alguna de dar cuenta a los ciudadanos ni a los medios de comunicación sobre estos contratos públicos.

El viernes pasado este diario contactó con el gabinete de prensa de AENA para confirmar la existencia de cuatro contratos entre la empresa de la trama corrupta TCM (Technology Consulting Management) y AENA entre 2001 y 2002, sobre los que había otras pruebas documentales, cuando era ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos (PP). Portavoces del gabinete de prensa señalaron que ese mismo día no podían facilitar información porque debían revisar los expedientes de esos años, pero que a partir del lunes los datos y detalles previsiblemente estarían disponibles.

El lunes este diario remitió una serie de preguntas a AENA sobre los expedientes administrativos que la entidad pública se comprometió a responder. Horas después, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, afirmó que la información sobre AENA se facilitaría al juez Garzón si éste la solicitaba. Pero AENA no forma parte en estos momentos de la investigación judicial, y, aunque estuviera investigada, esto no anularía el derecho de los ciudadanos a obtener información pública como es la contratación por parte de las Administraciones, con dinero público, y que debe estar sometida, en todo caso, al escrutinio ciudadano.

(www.elpais.com, 18/02/09)

UN CONSEJERO DE CAMPS CONTRATÓ A LA EMPRESARIA A LA QUE DA OBRAS A DEDO

Auxiliar administrativa por la mañana y constructora por la tarde. Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación del PP de la Comunidad Valenciana, contrató en 1996 a María Ángeles González García, la dueña de la constructora a la que este político otorga obras a dedo, como auxiliar administrativo del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas.

El consejero del presidente de la Comunidad, Francisco Camps (PP), ha adjudicado con frecuencia concursos y obras a dedo a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, SL, con la que él y su esposa tienen estrechas vinculaciones personales. Ambos comparten un crédito hipotecario solidario con la dueña de la constructora en la compra de unos terrenos en Llíria (Valencia) de los que los tres son propietarios.

María Ángeles González todavía trabaja como auxiliar para el Grupo Parlamentario Popular pese a que la constructora de su propiedad, con sólo cinco empleados, ha facturado en los últimos siete años más de siete millones de euros, en su mayoría con el Gobierno valenciano.

El contrato de auxiliar administrativa de la dueña de Construcciones Taroncher y Asociados S. L. lo firmó el actual consejero de Gobernación el 31 de marzo de 1996 y su salario base es de 2.865 euros. "Estoy trabajando en otro sitio. No lo sé, yo no llevo nada de esto", contestó anteayer la empresaria cuando un redactor de este periódico la telefoneó a las Cortes y preguntó por las obras que lleva a cabo su empresa en la Consejería de Gobernación.

Castellano reconoce que contrató personalmente a la dueña de Construcciones Taroncher, y lo explica así: "Yo la contraté hace años como auxiliar de nuestro grupo. Creo que entonces estaba en el consejo de dirección y hacia falta personal". José Miguel Pérez Taroncher, apoderado de la empresa, y el consejero de Gobernación son amigos. Juegan juntos partidos de pelota y cazan pájaros los fines de semana. María Ángeles González creó su empresa en agosto de 1996, cinco meses después de ser contratada por el consejero.

Serafín Castellano protagonizó ayer una rueda de prensa en Valencia en la que negó haber beneficiado a la empresa de sus amigos y se mostró dispuesto a que se investigue su patrimonio. Castellano reconoció que durante los últimos dos años ha otorgado contratos menores, los que no necesitan concurso, a Construcciones Taroncher y Asociados S. L., por valor de 171.034 euros. Y añadió que en la última década, coincidiendo con su mandato al frente de tres consejerías, la constructora ha logrado contratos en concursos públicos por valor de otros 391.450 euros.

El consejero no precisó los contratos menores obtenidos por esta empresa durante esos diez últimos años, pero se comprometió a hacerlo. Construcciones Taroncher y Asociados S. L. ha obtenido la mayoría de sus obras mediante los citados contratos menores, inferiores a 50.000 euros, que según la ley no salen a concurso y facilitan la adjudicación directa. "Creo que a ninguno de ustedes se le escapa que en los tres departamentos que he dirigido, he adjudicado miles de millones de las antiguas pesetas. Que cada uno saque sus conclusiones".

Castellano repitió ayer que "lo ético es cumplir la legalidad" e insistió en que sólo habría un conflicto de intereses si hubiera adjudicado "grandes obras" a la empresa de sus amigos. Según su versión, los contratos otorgados por él a Taroncher lo fueron de acuerdo al precio, las mejoras y las garantías ofrecidas por la empresa. Añadió que la empresa se presentó a otros concursos y fue rechazada porque no reunía las condiciones exigidas por las bases, pero no especificó cuántas veces, en qué concursos ni cuáles fueron las adjudicatarias. Tampoco explicó la celeridad con la que esta empresa cobra sus trabajos. Una rapidez que sorprende a sus competidores.

Los contratos más recientes adjudicados por Castellano a Taroncher son los siguientes: obras de adecuación de la nueva sala de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de L'Eliana por 29.986 euros, adjudicado el 2 de julio de 2008; instalación del alumbrado de la primera planta y planta principal de dicho centro por importe de 11.691 euros, asignado el pasado 25 de septiembre; instalación de una cortina en el centro de emergencias por importe de 2.358 euros; instalación de alumbrado en la planta baja y cubierta, por valor de 8.816 euros, e instalación de detección de incendios y emergencias, por importe de 4.365 euros. Las tres últimas obras fueron aprobadas el 26 de septiembre de 2008.

(www.elpais.com, 18/02/09)

LA RED DE CORREA COMPRÓ FIRMAS DORMIDAS A UN EMPRESARIO DE ONTINYENT PARA FACTURAR A MADRID

La trama liderada por Francisco Correa recurrió en enero de 2005 al empresario de Ontinyent Ramón Cerdà Sanjuán para adquirir una sociedad dormida y facturar contratos menores a la Comunidad de Madrid. Los actos inscritos en el Registro Mercantil reflejan que Cerdà Sanjuán constituyó en enero de ese año en el municipio madrileño de Coslada la mercantil Good and Better, una de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón. Good and Better se creó con la compraventa e intermediación de fincas rústicas y urbanas y la construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones como objeto social. Apenas un mes después de su puesta en funcionamiento, la sociedad cambió tanto de objeto social como de administrador único. Cerdà Sanjuán cedió su puesto a Isabel Jordán, una de la imputadas por Garzón, y Good and Better pasó a dedicarse a la "organización, promoción y comercialización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos".

Apenas un mes después de que Ramón Cerdà constituyese Good and Better, la sociedad comenzó a recibir contratos y pagos a dedo de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre por debajo de 12.000 euros, que no obligaban a convocar concurso público. El primero de ellos lleva fecha de 14 de febrero por valor de 9.158 euros. La factura se correspondía con la preparación de la presentación el 26 de enero del nuevo helicóptero Bescam (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid) que fue protagonizada por la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. Good and Better se encargó, oficialmente, de colocar la carpa, el enmoquetado, la iluminación y el escenario del acto, según informó el diario Público. En esas fechas todavía no había modificado su objeto social. Hasta abril de 2005 Good and Better había facturado ya a la Comunidad Madrid 58.753 euros por un total de ocho contratos menores.

Isabel Jordán permaneció como administradora única de Good and Better hasta febrero de 2008, cuando fue sustituida por Francisco Javier Pérez Alonso. En otoño de 2007, Isabel Jordán había presentó tres denuncias por presuntas irregularidades contables en otra de las empresas de la trama, Easy Concept, de la que también era administradora.

Francisco Javier Pérez Alonso cesó a su vez en noviembre del año pasado. Entonces se incorporaron al consejo de administración Hator Consulting como presidente y Mónica Magariños y Pablo Collado como consejeros. Los dos están imputados por Garzón.

(www.levante-emv.com, 18/02/09)

"NO TE PREOCUPES. EL PARTIDO SE VA A PORTAR BIEN CONTIGO"

"Lo urgente primó sobre lo importante". Es el resumen que hace María Jesús Díaz, de 44 años, ex concejal del PP en Boadilla del Monte, para explicar por qué entregó el acta hace exactamente una semana. Díaz tomó la decisión empujada por las presiones de su partido para forzar a dimitir al alcalde, Arturo González Panero quien forzó que ella, su gran oponente no le sustituyese en el cargo. Ahora le da vueltas y rumia lo ocurrido el lunes 9 de febrero, cuando el regidor exigió su cese para dimitir. "Era la mejor solución, aunque fuera un sacrificio de inocentes", confiesa con alivio junto a un centro comercial de Boadilla.

Las acusaciones sobre la gestión de Panero al frente del Ayuntamiento de Boadilla llevaron al PP regional a forzar su dimisión. Su nombre aparecía envuelto en la trama de corrupción en administraciones gobernadas por el PP que investiga Baltasar Garzón. Tras aceptar inicialmente la renuncia, el ex alcalde de Boadilla se resistió a presentarla, desautorizando a Mariano Rajoy, quien la había anunciado unas horas antes. Panero había acudido a la Audiencia para comprobar la profundidad de la investigación judicial y vio que aún no estaba imputado. Ése fue su argumento. La decisión de Panero provocó un cataclismo en el PP "al que había que poner freno". Díaz recuerda la tensión: "Rajoy estaba en el Congreso esperando que se solucionara el tema... Todo el partido estaba pendiente de nosotros".

Y ellos, los 16 concejales del PP en Boadilla, se encontraban en la primera planta de Génova 13. "Nos convocó el secretario general [Francisco Granados]" para resolver el asunto. Allí, en la sede del PP, Granados se enfrentó a los ediles del partido en Boadilla: "Os he reunido aquí para explicaros lo ocurrido...". Y comenzó su relató de supuestos malentendidos que se inició la mañana de ese mismo día.

Presionado por el partido y casi sin margen de maniobra, Panero tomó la palabra y ofreció su cargo: "Cedo de forma generosa mi puesto con la única e insalvable condición de que María Jesús entregue el acta de concejal". La ex edil y ex primera teniente de alcalde se había erigido como su sustituta. Y eso no entraba en los planes del ex alcalde, enfrentado ferozmente a Díaz. Hacía tan sólo dos meses habían peleado por el control del partido en Boadilla. Panero había ganado la batalla, pero no quería perder la guerra que ahora se libraba en Génova.

Durante unos minutos se cruzaron acusaciones entre unos y otros. Hasta que Granados la llamó a su despacho y le dijo: "No hay otra salida. Sé que es injusto y tienes razón. Pero no hay otra solución. Si la hubiese la adoptaríamos", le susurró Granados. Luego le arrojó el consuelo: "No te preocupes. El partido se va a portar bien contigo". Díaz asegura que nadie del partido la ha llamado desde entonces. "Estoy en paro y sigo sin trabajo", aclara mientras recuerda la frase con la que Granados la despidió: "Menos mal que tú piensas en el partido. No como Arturo".

Pero el entuerto aún no había concluido. Panero había convocado una rueda de prensa al día siguiente para anunciar su renuncia. Pero Díaz tenía dudas. "Pensé que como Garzón lo había imputado ya no hacía falta que dimitiera". La espera se alargó varias horas hasta que cedió. "No quería aparecer como la culpable de todo", explica. Ahora reclama que Panero también entregue el acta de concejal y abandone el Ayuntamiento de Boadilla.

Díaz fecha el inicio de su enfrentamiento hace un par de años. "En el verano de 2007", recuerda, "llegó el proyecto de una residencia geriátrica. La idea era buena, pero pretendían construirla en medio del monte. Me opuse". La residencia pertenece al grupo cordobés Sanyres, filial de Prasa con intereses inmobiliarios y comerciales. La ex concejal relata cómo traspasaron el proyecto a otra concejalía para que aprobase lo que ella no quería aprobar. El proyecto finalmente no se llevó a cabo.

A partir de entonces, Panero le retira las competencias como teniente de alcalde y la Concejalía de Servicios Sociales. Una ruptura amarga para dos políticos que iniciaron juntos su carrera en Nuevas Generaciones. El final de la historia todavía está por escribir.

(www.elpais.com, 18/02/09)

EL FISCAL SITÚA EN MADRID EL NÚCLEO POLÍTICO DE LA CORRUPCIÓN LIGADA AL PARTIDO POPULAR

La Fiscalía Anticorrupción ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un informe en el que solicita que se inhiba en la causa abierta por la trama de corrupción que salpica al Partido Popular en favor del Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid para la "totalidad de la investigación", salvo en "determinados hechos" que correspondería investigar al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia. El informe de la Fiscalía pide al magistrado que eleve "exposiciones razonadas" a estos dos tribunales autonómicos, que deberán decidir a qué personas y qué partes de la causa deben investigar.

Garzón solicitó este informe a Anticorrupción tras hallar "indicios" en el transcurso de la investigación abierta por la operación Gürtel, que relacionaban con la trama a miembros del Partido Popular. En el caso de que los imputados sean cargos de los Gobiernos autonómicos de Valencia o Madrid, o sean diputados regionales, el juez, por la condición de aforados de estos, tendría que ceder la competencia a los tribunales superiores de las dos Comunidades Autónomas. En los próximos días, Garzón se inhibirá a favor de estos dos tribunales.

Por otro lado, el magistrado ha dejado en libertad a los dos imputados citados esta mañana en el juzgado, el ex consejero delegado de Repsol José Ramón Blanco Balín y Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag . El juez no les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, han asegurado sus abogados. A la salida del juzgado, Blanco Balín ha pedido comprensión a los periodistas y ha manifestado que tiene "hijos pequeños" y no le "gusta que lean por la mañana que su padre es un delincuente".

(www.elpais.com, 18/02/09)

LOS ESCÁNDALOS DEL PP RESUCITAN LA CRISPACIÓN DE LA PASADA LEGISLATURA

Ocho de abril del 2008, debate de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP, Mariano Rajoy, proclama que está dispuesto a colaborar con el renovado Gobierno socialista respecto al modelo de Estado, la política antiterrorista, el Poder Judicial y la política exterior y de seguridad, e incluso el sistema de protección social. Y añade: "No solo estamos dispuestos, sino que pedimos que se haga". Diez meses después, los puentes han volado. Los escándalos que asedian al PP han disipado las esperanzas de consenso, resucitando el clima de crispación de la pasada legislatura en un semestre marcado por las elecciones vascas, gallegas y europeas.

Hoy mismo, los populares aprovecharán la sesión de control al Gobierno en el Congreso para lanzar un durísimo ataque contra Zapatero, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el compañero de caza de este último, Baltasar Garzón, el juez que investiga la trama de corrupción que salpica al PP.

¿Vuelve la crispación? Indicios no faltan. De entrada, hoy el PP bombardeará a preguntas a Bermejo en el Congreso y prevé pedir su reprobación. Los populares incluso interrogarán por escrito al Gobierno sobre la presencia del comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, en una cena previa a la jornada de caza en Jaén.

Aprovechando la ocasión, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, insistió ayer en que este agentes este agente participó en la rocambolesca captura en Laos del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán. El PP cierra así el círculo, al evocar los graves casos de corrupción de la última etapa de Gobierno socialista de Felipe González.

Hablando del pasado, el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, definió la gestión económica del Ejecutivo como la vuelta "a lo mejor del socialismo: el déficit descontrolado y aumento galopante de la deuda pública". Sonaba al viejo mantra de "paro, despilfarro y corrupción" que José María Aznar recitaba en la oposición. Zapatero también tiró ayer de hemeroteca y recordó a Escudero el "decretazo" de Aznar que le valió una huelga general, además de hurgar en la herida abierta en el PP al atribuir su "vacío de ideas" a la crisis que padece. El socialista José Antonio Alonso emplazó a Rajoy a cesar en sus "ataques a las instituciones del Estado".

El Gobierno espera que el retorno de la crispación sea efímero y que haya acuerdos con el PP, en especial en materia de justicia. Fuentes de la Moncloa consideran que el enfrentamiento entre el Gobierno y los populares debe enmarcarse en la campaña de las elecciones gallegas y vascas, que pueden resultar determinantes para el desarrollo del segundo mandato de Zapatero. Y aseguran que, al margen de las respuestas del presidente a las pullas y reproches del PP, el Ejecutivo "no va a caer" en el clima de crispación que, según las mismas fuentes, pretende recuperar el PP.

La explicación gubernamental es que el PP se está viendo inmerso en un caso judicial cuya evolución todavía se desconoce, y que, fruto de esa situación de "desconcierto", está reaccionando con "virulencia" contra el Ejecutivo con mayor o menor motivo. Por ejemplo, a cuenta de la coincidencia cinegética entre el ministro Bermejo y el juez Garzón, que no ha gustado nada en la Moncloa. Pero también se asegura con contundencia que "esta pretendida crispación no tiene nada que ver con la anterior legislatura, no hay color".

El Ejecutivo, por tanto, quiere aguantar el chaparrón--al que también contribuye-- hasta el 1 de marzo. Y, con los resultados electorales en la mano, diseñará una nueva estrategia para el resto de la legislatura. En todo caso, el grupo socialista contribuyó ayer en el Senado a irritar a los populares con preguntas de varios senadores del PSOE a Zapatero que invitaban a respuestas de autobombo sobre las inversiones del Gobierno en muy diversos ámbitos en Galicia y Euskadi.

(www.elperiodico.com, 18/02/09)

LA RED DE CORRUPCIÓN VINCULADA AL PP TUMBA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SOBRE EL ESPIONAJE

El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco ha solicitado esta mañana dejar la comisión de investigación sobre el espionaje de la Asamblea de Madrid, de la además de miembro es presidente, para querellarse contra Isabel Jordán, imputada en la otra gran trama que salpica al PP, el caso Gürtel que investiga la Audiencia Nacional.

En las grabaciones en poder del juez Baltasar Garzón, Jordán le había relacionado con la trama corrupta y de tráfico de influencias, razón por la cual PSOE y PP habían exigido la recusación de Martín Vasco como presidente de la comisión sobre espionaje. El PP rechazó el pasado lunes esta petición. El diputado no está imputado en el caso.

El propio afectado ha explicado que ha quedado hoy "voluntariamente apartado" de la comisión de investigación porque hoy mismo ha emprendido un procedimiento penal contra Isabel Jordán y no quiere que los trabajos de la comisión se vean "perjudicados por este procedimiento". "He pedido a mi grupo que, como hoy emprendo un procedimiento penal contra esta señora, se me aparte de la comisión, con el objeto de que los trabajos no salgan perjudicados, ya que voy a estar involucrado dentro de este procedimiento que he abierto para defenderme", ha declarado. Tras subrayar que su decisión "irrevocable" no es una "dimisión", ha apuntado que pretende también evitar que nadie pueda acusarle de "utilizar la comisión de investigación contra Isabel Jordán".

De llamadas anónimas y pagos por silencios

Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto del Grupo Popular y miembro de la dirección de grupo, denunció la semana pasada que el lunes sufrió un intento de chantaje telefónico a cuenta de la trama de corrupción. Alguien llamó a su móvil y le dijo: "Si no quieres que te pase lo que a tu amigo Correa [Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción] , tienes que llevar 50.000 euros esta tarde a un bar de la Casa de Campo".

Martín Vasco ha admitido que mantiene una relación de amistad con el presunto cabecilla de la trama, aunque subraya que desde 2005 ya no lo frecuenta tanto porque él dejó de veranear en Marbella, donde ambos solían coincidir. La cadena SER informó al estallar el escándalo que Martín Vasco estaba siendo investigado y que Isabel Jordán sostiene en una grabación que al diputado madrileño le pagaron 30.000 euros para que callara sobre operaciones urbanísticas irregulares en el municipio de Arganda del Rey. Pero Martín Vasco no ha sido imputado por el juez Garzón.

Este periódico ha detallado que en otra conversación grabada, Correa y sus colaboradores implican a Benjamín Martín Vasco, ex alto cargo de Arganda: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".

(www.elpais.com, 18/02/09)

EL SECRETARIO DE LA EMPRESA DE MEDIOS DE ULIBARRI LO ES TAMBIÉN DE DOS EMPRESAS DE LA GENERALITAT

El plan urbanístico del Cabanyal en Valencia ha irrumpido en la escena del caso Gürtel. El secretario (no consejero) del consejo de administración de la sociedad inicialmente mixta y ahora 100% pública -Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana- Cabanyal 2010 es, desde su constitución, Alberto Dorrego de Carlos, quien a su vez ocupa idéntico cargo en Mediamed, la firma de medios de José Luis Ulibarri, imputado en el sumario que instruye el juez Baltasar Garzón. No acaban aquí los nexos porque Dorrego es socio del despacho de abogados del diputado por Valencia José María Michavila, y ejerce de vicesecretario en otra sociedad pública de la administración autonómica, Comunitat Valenciana d'Inversions.

¿Cómo llega este colaborador de Michavila y de Ulibarri a la sociedad gestora del plan del Cabanyal? La empresa encarga a Eius Abogados un informe jurídico sobre el Pepri que firma Dorrego el 19 de diciembre de 2005. Casi a la vez, al constituirse los cargos del consejo (posiblemente a propuesta del presidente y primer teniente de alcalde de Valencia Alfonso Grau) es designado secretario. El puesto de vicesecretario lo ocupa otro socio del mismo bufete, sustituido luego por otro y, en febrero de 2008, por un tercero, Santiago Reyna, de Eius Valencia.

Dorrego, hijo del ex senador de UCD y CDS Manuel Dorrego, figura a la vez en más consejos de administración. En VCI, empresa de la Generalitat presidida por Antonio Lis para atraer inversiones externas, es vicesecretario. En Mediamed Comunicación Digital -firma que se hizo con 13 licencias de TDT en la Comunitat- entró como consejero en junio de 2006 y, desde mayo de 2007, ejerce de secretario. El sindicato Manos Limpias presentó un escrito a la Fiscalía en el que apuntaba a Eius, el despacho de abogados del ex ministro Michavila -hermano de la jefa de gabinete de Francisco Camps- como beneficiario de contratos del ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González, imputado en el caso Gürtel. Michavila, sin embargo, ha negado cualquier relación. Él y Dorrego comparten despacho con José Marí Olano, portavoz de Economía del grupo popular en les Corts.

El PSPV en el Ayuntamiento de Valencia ha presentado una batería de más de 200 preguntas sobre si hay contrataciones con empresas relacionadas con los imputados.

(www.levante-emv.com, 18/02/09)

RAJOY: "EL PP NO SE HA FINANCIADO CON ESTA TRAMA, EN LO QUE YO CONOZCO"

El líder del PP, Mariano Rajoy, repite constantemente que, en pleno escándalo por corrupción, quiere preservar, a toda costa, la honorabilidad de su partido. Pero anoche dejó claro que no pondrá en riesgo la suya propia por lo que hayan podido hacer otros. Y lo hizo aferrándose a una coletilla, "en lo que yo conozco", que utilizó reiteradamente, a modo de chaleco salvavidas, en la entrevista que concedió a Antena 3. "Yo empeño mi palabra en que el PP no se ha financiado con la trama de corrupción, en lo que yo conozco", enfatizó ante su entrevistadora.

Y hubo más. "Niego que estas personas empresarios imputados, con las informaciones que tengo, hayan dado un solo euro al PP. Todas las cuentas del partido están en el Tribunal de Cuentas". Y aún utilizó otra coletilla-coartada. "No hemos recibido ni un euro, en lo que yo conozco, y, por lo que me han informado, antes tampoco, de esas personas detenidas por Garzón". Lo que no llegó a aclarar Rajoy es si su "por lo que me han informado, antes tampoco", se refería a que había preguntado por este asunto directamente a José María Aznar.

A lo largo de la entrevista, se reclamó también a Rajoy que pusiera la mano en el fuego por su actual equipo, incluido el tesorero del PP. No lo hizo y esquivó la petición con una larga respuesta. Se insistió en la demanda. Él insistió en eludirla. "El tesorero, igual que cualquier otra persona, mientras alguien no me demuestre nada, para mí es inocente. Y ni el tesorero ni nadie de la dirección del PP ha sido imputado, no ya condenado, por el juez Garzón", apuntó.

Rajoy intentó pasar la incómoda pelota al tejado del adversario. Los populares, dijo, no tienen un Filesa como los socialistas. "Niego absolutamente que el PP haya organizado una trama como la que en su día organizó el PSOE con Filesa", remató.

Después, cargó contra el juez Baltasar Garzón. Aseguró que su imparcialidad está "en entredicho", ya que se presentó a unas elecciones de la mano de Felipe González. Y que es "impropio de un sistema democrático" que, instruyendo un sumario que afecta al PP, se vaya de cacería con el ministro de Justicia, el responsable de la policía judicial y una fiscala.

Rajoy, que manifestó no sentirse "en absoluto acorralado", solicitó al juez que levante el secreto del sumario de una vez para, de esa forma, saber a quién se acusa y de qué. "Eso me permitiría a mí actuar en consecuencia", apostilló. A lo que no se atrevió anoche fue a insinuar que el magistrado caía en la prevaricación por sostener, en un auto, que hay aforados en su investigación y, sin embargo, no pasar el caso a los tribunales competentes. Es igual. Ya lo había dicho, por la mañana, su número dos, Dolores de Cospedal.

Rajoy le tocó hablar, además de sobre corrupción, sobre espionaje en Madrid. ¿Pone la mano en el fuego por Esperanza Aguirre?, se le planteó. No lo hizo, aunque sostuvo que la presidenta regional es "honrada". Ella también está salpicada por el escándalo de corrupción. ¿Cómo se enteró del asunto del espionaje?, se le preguntó. "Por el periódico", confesó el líder de la oposición.

Rajoy señaló que debe ser la investigación abierta en el Parlamento madrileño la que, en próximos días, arroje luz al respecto. "Yo no sé quién espiaba (...). Si hay algo, actuaré y le apartaré del PP".

(www.elperiodico.com, 17/02/09)

RAJOY DICE QUE SE HAN REALIZADO "CACERÍAS" EN LAS CALLES DE MADRID "AHORA QUE ESTÁN TAN DE MODA"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha denunciado esta noche que se hayan realizado "cacerías" de inmigrantes en Madrid por encontrarse en situación irregular cuando fue el Gobierno del PSOE el que "se inventó aquello de 'papeles para todos'". "Ahora que están de moda las cacerías, las cacerías se han realizado en las calles de Madrid", dijo Rajoy en una entrevista a Antena 3, en referencia a la montería que compartió el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Baltasar Garzón, en plena operación Gürtel.

Una orden interna distribuida en la Comisaría de Villa de Vallecas trasladaba las instrucciones de la Jefatura Superior de Policía de Madrid para detener un cupo semanal de extranjeros, en este caso 35. "Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", dice el escrito.

Según Rajoy, "eso de que el Ministerio del Interior de instrucciones de que se detenga a un número mínimo de inmigrantes en cada comisaría es una broma, pero que se diga que fundamentalmente marroquís porque es más barato repatriarlos, porque están más cerca, me parece una doble broma".

En la nota interna, se hace referencia a qué inmigrantes tienen prioridad para que se solicite su ingreso en un CIE. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirma en el documento.

"Esto no es un tema menor, el PSOE se inventó aquello de 'papeles para todos', que está muy bien, pero dio lugar a que España se convirtiera en el país de la UE donde más inmgrantes ilegales entraron. La Ley hay que cumplirla siempre, y las personas en situación de irregularidad hay que repatriarlas. Una cosa es eso y otra, ahora que están tan de moda las cacerías, las cacerías que se han realizado en las calles de madrid", afirmó el líder 'popular'.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado también que no se siente "acorralado" porque su formación no ha recibido "ni un sólo euro" de los detenidos en la presunta trama de corrupción liderada por Francisco Correa que investiga el juez Baltasar Garzón. "Niego absolutamente que el PP haya organizado ninguna trama como en su día organizó el PSOE con Filesa. Niego que estas personas hayan dado un sólo euro al PP", proclamó en una entrevista en Antena 3.

Tras asegurar que todas las cuentas del PP están en el Tribunal de Cuentas y "han sido auditadas y fiscalizadas", defendió la inocencia del tesorero de su partido y de las contrataciones que ha realizado la dirección nacional. "Empeño mi palabra en que el PP no se ha financiado en lo que yo conozco, y algunas cosas conozco", enfatizó.

(www.publico.es, 17/02/09)

GARZÓN INVESTIGA UNA COMISIÓN DE TRES MILLONES POR UN PELOTAZO INMOBILIARIO

La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa. Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras.

Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: "Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]" a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006.

Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente.

En el sumario se han incorporado grabaciones donde se habla de una promoción en Boadilla, sin concretar cuál, donde Correa asegura que cobró el dinero por sus gestiones y luego lo repartió. Correa solía usar un discreto sistema para entregar sus sobornos o reparto de comisiones en metálico: lo hacía en el interior de cajas de zapatos que entregaba a cargos madrileños del PP.

Existe una singularidad en la oferta ganadora que UFC presentó al concurso del Ayuntamiento de Boadilla por 35 millones de euros: era tres millones más barata que la que perdió la adjudicación. Casualmente, la cifra ahorrada por Ulibarri para hacerse con la jugosa promoción inmobiliaria es idéntica a la suma presuntamente pagada en comisiones ilegales y sobornos a la trama de Correa y a los miembros del Ayuntamiento de Boadilla implicados.

UFC, a cambio de quedarse con el suelo, ofreció culminar el proyecto de construcción de 139 viviendas libres "de alto standing" en un tiempo récord doce meses, plazo que, según fuentes municipales de Boadilla del Monte, incumplió. Fue justamente el plazo de ejecución lo que inclinó la balanza a su favor en el fallo final del concurso. Un concejal independiente de Boadilla, Ángel Galindo, denunció en 2005 la irregularidad de esta operación inmobiliaria sobre suelo público.

Existe la sospecha, no verificada, y que consta en el sumario, de que hubo dos pagos por esta operación de 500.000 euros cada uno a una firma de Jacobo Gordon, amigo y ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag.

En el negocio, según la denuncia que investiga Garzón, también estaba Alfonso Bosch, un alto cargo de Boadilla que hoy es diputado autonómico del PP. Sobre este presunto negocio bajo cuerda entre González Panero y Correa existe un precedente que facilitó su logro. Garzón posee testimonios sobre la existencia de un vídeo en el que González Panero cuenta dinero de una presunta comisión anterior rodeado de diversos cargos de su partido.

La grabación tuvo lugar, según los testimonios obrantes en el sumario, en el salón de la finca de Correa. Ese vídeo le sirvió a Correa, según se jactaba de contar a sus interlocutores íntimos, para presionar a González Panero y lograr sucesivos tratos de favor en el Ayuntamiento de Boadilla. González Panero jura ignorar la existencia de dicho vídeo y, por supuesto, niega dicha reunión.

El vídeo presuntamente comprometedor para el regidor de Boadilla también fue visionado por un alto cargo del Gobierno de Castilla y León. Es el vídeo por el que se jacta Correa de tener asegurado negocio en Boadilla por cuatro años. "Tuve que hacerle el vídeo para defender lo mío", se justifica Correa.

Correa no anda lejos de otro negocio que cobra inusitada turbidez: "Ibámos a adjudicar una cosa grande, una residencia de tercera edad en Boadilla; yo ganaba un pastón, la empresa era de un antiguo amigo mío de Córdoba". Lo decía Correa, sin cargo alguno en el Ayuntamiento de Boadilla, pero que figura como maestro que dirige no pocas operaciones municipales.

El chantaje parece haber sido un habitual método para conseguir contratos. Así, en relación con los contratos obtenidos a través de su trama de empresas, de modo directo o camufladas tras empresas blancas, Correa empezó a hacer llegar el siguiente mensaje a la Comunidad de Madrid: si no cobraba su deuda, que elevaba a más de dos millones de euros, difundiría que la Comunidad de Madrid había estado pagando facturas de actos del PP por la vía de abonar servicios no prestados a sus firmas.

El mensaje amenazador tenía como primer destinatario al entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo, destituido por Esperanza Aguirre sin haber detallado una sola de las decenas de irregularidades que ha dejado como herencia y a las que, el consejero de Hacienda, se esfuerza por depurar y buscar salida legal.

Legó un auténtico marasmo de facturas, ya que las asignaba a cada consejería organizadora de actos de Aguirre y las troceaba para adjudicar a dedo. López Viejo sigue siendo diputado autonómico, aunque Garzón posee datos de que recibió presuntos sobornos.

(www.elpais.com, 17/02/09)

CONSEJEROS A LA ORDEN DE LÓPEZ VIEJO

Los consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre confiesan en privado que están desconcertados ante los contratos adjudicados a la red corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa. De hecho, el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, anda de cabeza estos días para reunir toda la información sobre las facturas impagadas al grupo de Correa por actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alberto López Viejo, investigado por el juez Baltasar Garzón por aceptar supuestamente sobornos de la trama corrupta, se encargó durante los últimos cinco años de organizar esos actos institucionales, aunque estuvieran fuera de su competencia, al menos desde que fue nombrado para dirigir la Consejería de Deportes y dejó la Consejería de Presidencia.

"El resto de consejeros se enteraban de que debían pagar determinados gastos de presentaciones institucionales donde estaba la presidenta de la Comunidad cuando les llegaba la factura, que les remitía López Viejo", señala un alto cargo autonómico.

"El sistema era tan perverso como que muchos consejeros con escaso peso político en el Gobierno tenían que aceptar las condiciones de López Viejo porque, de lo contrario, como era el que manejaba la agenda de la presidenta para actos institucionales, se quedaban sin poder presentar sus proyectos con Esperanza Aguirre", concluye.

(www.elpais.com, 17/02/09)

LAS EMPRESAS DE LA TRAMA DE CORREA CREARON UNA RED DE FACTURAS FALSAS PARA DEFRAUDAR A HACIENDA CANTIDADES MILLONARIAS

Según el testimonio de una de las imputadas, recogido en las grabaciones que obran en poder del juez Garzón y a cuya transcripción ha tenido acceso la SER, cuatro de las sociedades de la trama corrupta crearon una red de facturas falsas organizada a través de una asesoría fiscal que servía de intermediaria entre las empresas de la trama (vinculadas a Correa) y terceras empresas.

El método consistía en cruzar facturas por servicios no realizados y así conseguir beneficios fiscales y desgravaciones en las declaraciones del Impuesto de Sociedades y en el IVA. "Todo por recomendación de Pablo crespo, (ex secretario de organización del PP en Galicia) que era el hombre en la sombra" asegura la imputada en las grabaciones.

Las cuatro empresas de la trama que habrían colaborado en esta red de facturas falsas son, según la documentación que baraja Garzón : Easy Concept Comunicación, Good and Better, Diseño Asimétrico y Servi Madrid. Según la imputada estas son "empresas con contratos muy interesantes, muy golosos (...) con mucha rentabilidad, tienen costes pero hay mucha facturación, y hay mucho beneficio real entonces se hicieron una serie de facturas falsas, facturas que no son reales"

El asunto iba mucho mas allá de cruzar facturas dentro de las empresas vinculadas a la trama "no era entre nosotros , era peor (...) eran empresas ajenas a nosotros y todo a través de la asesoría" se asegura en las grabaciones en poder de Garzón

La labor de la asesoría fiscal que contrató Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) era captar a terceras empresas, ajenas a las vinculadas a Correa, para utilizarlas en la emisión y recepción de las facturas falsas.

Carlos Ignacio Hernández Montiel uno de los 37 imputados es el jefe de la asesoría Galher servicios administrativos S.A , intermediaria en esta red de facturas falsas. Según las grabaciones que obran en el sumario el "lugarteniente" de correa Pablo Crespo ( tambien imputado ) seria el cerebro de esta red de documentos falsos para evadir impuestos.

Las revelaciones contenidas en estas grabaciones son una pieza clave en la investigación impulsada por Garzón. Del contenido de las mismas, así como de las investigaciones todavía en marcha depende que la concurrencia de delito fiscal sea probada, al margen del resto imputaciones impulsadas por el magistrado de la Audiencia Nacional entre las que se encuentran el tráfico de influencias, el cohecho y el blanqueo de capitales.

(www.cadenaser.com, 17/02/09)

UNA DE ESTAS SOCIEDADES RECIBIÓ 70.000 EUROS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE HACE APENAS DIEZ SEMANAS

Diseño Asimétrico SL, una de las empresas de la trama fue contratada por la Comunidad de Madrid el pasado 2 de diciembre. El contrato fue negociado y sin publicidad y adjudicado a esta empresa vinculada a Correa, por la consejería de Inmigración que dirige Javier Fernandez-Lasquetty. El objeto del mismo era el montaje del Stand institucional de la Consejería en la feria "Intregra Madrid" que tuvo lugar tres días después, el 5 de diciembre, en Ifema.

A la empresa se le encargó también un informe sobre la ejecución de la feria y un reportaje fotográfico. Por todo ello, el gobierno de Esperanza Aguirre pago a esta empresa 69.020 euros.

(www.cadenaser.com, 17/02/09)

LOS MIEMBROS DEL SÉQUITO DE AZNAR SE ALOJARON EN HOTELES RESERVADOS POR CORREA

La empresa Pasadena Viajes, propiedad de Paco Correa es una de las sociedades de la trama investigadas por Garzón. Según facturas y documentos internos a fue esta empresa la que facturó al PP por el alojamiento del equipo organizador de los mítines del entonces presidente José María Aznar.

Cada vez que Aznar viajaba fuera de Madrid para participar en un mitin de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003, lo hacía acompañado por un equipo de Génova que se encargaba de la organización de los actos. Esto obligaba a la contratación de un gran número de habitaciones de hotel. Correa -el cabecilla de la trama empresarial que presuntamente se beneficiaba de sus relaciones con altos dirigentes del PP para conseguir contratos públicos o recalificaciones urbanísticas- era el encargado del alojamiento de los miembros del partido que acompañaban a Aznar y por ello facturó importantes cantidades a Génova.

De este séquito electoral formaban parte el dimitido Alberto López Viejo y el actual diputado regional y secretario de movilización del PP de Madrid Alfonso Bosch.

Ambos son mencionados con frecuencia por Correa en las grabaciones en poder de Garzón. De López Viejo, entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Correa dice que cobraba comisiones y que además, obligaba a las consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba el propio Correa. "Alberto [López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo".

Correa menciona también a Bosch. El líder de la trama asegura que le ha pedido "a Alfonso" que le presente a alguien que puede serle útil en sus negocios. Otra de las imputadas, cuya voz también aparece en las cintas, destaca la estrecha relación de Bosch con el líder de la trama. "Es uno de ellos, uno de los malos, de los que hacen cosas mandado por ellos", dice la imputada.

(www.cadenaser.com, 17/02/09)

LOS PROTAGONISTAS EN EL "FALCON" PRESIDENCIAL DE AZNAR

Bosch fue la sombra de José María Aznar en las elecciones de 2003. Él era parte del comité organizador de Génova y el responsable de los Mítines multitudinarios que Aznar dio en Burgos, Tenerife o Las Palmas.

Hasta tal punto no se despegó de Aznar, que su nombre figura en los registros de pasajeros del avión presidencial del entonces presidente del gobierno, el Falcon 900 en el que Aznar y su equipo se desplazaban a los mítines. Junto a él aparece también Antonio Cámara quién un año después pasaría a trabajar para Correa en la empresa "Special Events". Cámara es actualmente consejero de Caja Madrid dentro del sector Aguirrista.

(www.cadenaser.com, 17/02/09)

EL PARTIDO CORRIGE A AGUIRRE Y EXPEDIENTA A DOS CARGOS POPULARES IMPUTADOS POR GARZÓN

Mariano Rajoy quiere combinar la dureza contra sus cargos imputados por Baltasar Garzón en la trama corrupta del empresario Francisco Correa con la confrontación radical con el juez y, sobre todo, con el Gobierno, al que acusa de mover los hilos del caso. Por eso, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, anunció ayer que el Comité de Derechos y Garantías ha abierto expediente informativo a los cargos imputados -Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda-. La apertura del expediente contradice a Esperanza Aguirre, ya que el pasado jueves el portavoz del PP de Madrid, Juan José Güemes, negó una medida similar. Rajoy busca poner distancia con los imputados.

La otra línea de actuación del PP es la de dar a entender que todo el caso es una maniobra urdida contra el partido por el juez y el Gobierno. Se trata de mostrarse como víctimas y unir a todos en el partido frente al enemigo exterior. Además de la ofensiva parlamentaria y política, Cospedal insistió ayer en la idea de que el juez ha de inhibirse tras constatar que hay aforados en la causa. La número dos del partido advirtió de que mantener la investigación sobre aforados podría provocar la nulidad de las actuaciones.

Dentro de esta estrategia, el PP ha remitido un nuevo escrito a la Audiencia Nacional en el que se le pide al juez que haga públicos los nombres de los aforados investigados. Garzón rechazó el viernes la personación del PP y aseguró que había aforados implicados. El PP, según fuentes de su dirección, pretende poner de manifiesto que Garzón retiene el sumario de forma irregular. Explican el convencimiento de que en los próximos días el juez declinará su competencia. La Comunidad de Madrid pidió su personación.

El líder del PP aseguró anoche en Antena 3 que Garzón instruye "una causa general" contra su partido. Se mostró dispuesto a actuar "con toda contundencia" contra cualquier "militante que haya hecho algo que no deba" y criticó que Garzón, que fue candidato del PSOE, sea el instructor de la causa. Negó que el PP recibiera dinero de los imputados. "En lo que yo conozca", añadió Rajoy.

(www.elpais.com, 17/02/09)

LOSANTOS INSINÚA QUE EL PP DE RAJOY ACTÚA “POR COMISIÓN”

Federico Jiménez Losantos vuelve a arremeter contra el PP de Mariano Rajoy, esta vez desde El Mundo y mezclando las críticas a la dirección nacional del partido con el escándalo por la presunta trama de corrupción asociada al partido. Compara a Sáenz de Santamaría con Heidi y luego concluye que “los heidis de Génova 13 no actúan por acción sino por omisión; o por la pantarriólica retribución”.

Losantos recicla las burlas que durante años la derecha a vertido contra Zapatero sobre un presunto pensamiento infantil de éste y denuncia ahora que “en el PP reina hoy lo que podríamos llamar el Pensamiento Heidi, que es como el Pensamiento Alicia estudiado por Gustavo Bueno en la izquierda pero en carca, una especie de buenismo tan idiotizante como idiotizado”.

El locutor de la COPE denuncia incluso que “los heidis de Génova 13 no actúan por acción sino por omisión; o por la pantarriólica [en alusión a Arriola] retribución”. Más adelante aclara quién es Heidi para él en el PP. “El abuelo Mariano y Heidi Sáenz de Santamaría dirán que siempre que llueve escampa”, advierte para insinuar el fracaso electoral del PP en las próximas citas electorales.

(www.elplural.com, 17/02/09)

LANZAROTE IRONIZA CON EL CRIMEN DE MARTA DEL CASTILLO PARA NO HABLAR DE SU RELACIÓN CON UNO DE LOS IMPUTADOS EN LA TRAMA CORREA

"Estoy preocupado porque el año pasado estuve en la Feria de Abril de Sevilla, en La Maestranza, en una corrida de toros y estoy preocupado no siendo que vaya a haber estado el chico éste que ha matado a la niña ésta de Sevilla, no siendo que... Estoy preocupadísimo de verdad", de esta manera el polémico alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote evitaba aclarar su relación con uno de los imputados en la trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.

Según publica hoy el diario salmantino La Gaceta, con esta ironía de mal gusto, Lanzarote aclaraba el papel de Panero como principal valedor de la concesión del título de Ciudad Europea del Deporte a Salamanca en 2010.

La oposición socialista había pedido al concejal de Deportes del Consistorio, Jorge Recio, que informase a la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deporte y Juventud sobre esta designación sobre la que creen que "pesan dudas" ya que la llamada Asociación de Capitales Europeas del Deporte (ACES) no cuenta con estructura física en España. Las sospechas del PSOE se han visto amplificadas ante la circunstancia de que el vicepresidente de la citada organización es nada más ni nada menos que Arturo González Panero, que se vio obligado a dimitir como alcalde de Boadilla la semana pasada después de que el juez Baltasar Garzón lo imputase por corrupción. Panero es el principal valedor de Salamanca para conseguir el nombramiento.

(www.elplural.com, 17/02/09)

EL PP INCUMPLE SUS ESTATUTOS AL NO EXPULSAR A LOS IMPUTADOS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

En su último Congreso nacional, celebrado en Valencia el pasado 20, 21 y 22 de junio, el Partido Popular aprobó sus estatutos, cuyas disposiciones son de obligado cumplimiento para todos sus militantes y simpatizantes.

En el artículo 11.1 de estos estatutos, el Partido Popular asegura que todos aquellos que incurran “en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos”, cometerán “una infracción” que será considerada como “muy grave”.

“Expulsión del partido”

Acto seguido, los estatutos señalan que este tipo de infracciones serán sancionadas en los siguientes términos: Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años, inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste, y expulsión del partido.

El caso Panero

Sin embargo, ninguno de estos supuestos se han aplicado a Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla e imputado en la operación Gürtel que continúa siendo presidente del PP local y mantiene su acta de concejal.

Sólo expedientes informativos

A este respecto, la número dos de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, reconoció este lunes que el PP tan sólo ha abierto expedientes informativos (que no trascenderán hasta que no haya más indicios) a “las personas que aparecen imputadas en la Audiencia Nacional”.

“Es una burla”

Que Panero no haya abandonado su acta de concejal ni la presidencia del PP local es “una especie de burla” para Pablo Nieto, portavoz socialista de Boadilla del Monte.

(www.elplural.com, 17/02/09)

EL CONSELL GANA TIEMPO AL NEGAR LOS PAPELES DE ORANGE MARKET AL PSPV Y PROMETER QUE LOS DARÁ

El Consell de Camps, envuelto en la polémica por sus contrataciones con Orange Market, una de las empresas investigadas por Garzón, se encuentra impotente para controlar la agenda política pero al menos puede ganar tiempo. Pese a las promesas de transparencia del vicepresidente Vicente Rambla y a que el presidente aseguró el jueves en las Corts que lo que hace la Generalitat es "público y notorio", ayer la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, que depende de Rambla, no pasó la prueba del algodón al negarse a entregar a los diputados socialistas Ángel Luna y José Camarasa los contratos suscritos, entre ellos al menos uno con Orange Market. El Ejecutivo apeló a una cuestión formal para esconder los papeles pero Rambla ofreció garantías de que si vuelven a solicitar la documentación "por los cauces reglamentarios", la tendrán.

Esos cauces, sin embargo, ya estaban cumplidos. Los socialistas justificaron la reclamación de papeles en la solicitud sobre la Sociedad Gestora y sobre Proyectos Temáticos que la presidenta de las Corts amparó el 27 de noviembre de 2007. La negativa del Consell a respetar el amparo es lo que bloquea el Síndic de Greuges. Minutos antes de las 12, hora a la que el PSPV había comunicado que iría a la empresa a por la documentación, el Consell remitió un escrito en el que le adelantaba que no admitía la vía, apelando al reglamento aprobado en su día por el PP. El Ejecutivo da estas solicitudes por "contestadas en tiempo y forma", cuando la respuesta fue negar la información. No obstante, anuncia que las iniciativas futuras serán "atendidas adecuadamente".

La Sociedad Gestora está en Conde de Almodóvar, a dos callejuelas de las Corts y a quince metros de la sede de la Vicepresidencia primera. Los diputados, que se desplazaron a pie, coincidieron en la calle de Samaniego con Rambla, quien les garantizó que tendrán los contratos si los piden (otra vez) siguiendo los cauces y que el Ejecutivo es el mayor interesado en que los vean porque no hay nada que rascar. El encuentro fue casual,según les indicó Rambla.

Ayer, de momento, no se vio un papel. En un encuentro de diez minutos, la directora, Arantxa Vallés, reiteró el escrito remitido. Luna avanzó que volverán a pedir las actas y contratos de la Sociedad, que solicitó hace año y medio. Antes, en 2005, ya les vetaron preguntas sobre Orange Market. Ahora, con el mismo reglamento, el milagro es posible. Ya se verá. Al poner el contador a cero, el Consell puede ganar, si quiere, al menos 20 días, que es el plazo para responder. "Cuando en una situacion como en ésta se dan cita elementos como amigos íntimos, tan íntimos que el presidente Camps acude a su boda [de Álvaro Pérez, presidente de Orange Market]; contratos públicos; sociedades con ramificaciones en paraísos fiscales; un juez desentrañando una trama delictiva y, al mismo tiempo, opacidad y ocultación de documentos, es natural que la gente piense mal", aseveró Luna.

Antes, en declaraciones recogidas por Efe y Europa Press, Rambla insistió en que la única relación con Orange Market se ciñe al montaje del stand de Fitur y en el acto de la salida de Alicante de la Volvo Ocean Race (otorgado por la Sociedad Gestora a la firma de Pérez por 445.000 euros), "y son dos o tres pequeñas relaciones ya conocidas, que en este momento no recuerdo, y que aparecieron en los medios la semana pasada". "Vamos a seguir trabajando porque nada ha habido ni hay en relación al Consell"; de ahí, el deseo de evitar el "circo" que busca el PSPV con la "irrelevante" información que pide. Ricardo Costa (PP) instó al PSPV a seguir el cauce reglamentario y "dejar de hacer el número en busca de la foto".

(www.levante-emv.com, 17/02/09)

Las empresas de la trama de Correa crearon una red de facturas falsas para defraudar a Hacienda cantidades millonarias

Según consta en las grabaciones que tiene Garzón, las sociedades cruzaban facturas con terceras empresas por servicios no realizados

Uno de los imputados por Garzón es el jefe de la asesoría fiscal

Una de estas sociedades recibió 70.000 euros del Gobierno de Aguirre hace apenas diez semanas

Otra novedad que les adelanta la SER. El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó hace sólo tres meses uno de los últimos contratos uno de los últimos contratos a una de estas empresas del grupo de Correa. Fue un contrato a dedo de 70.000 euros.Diseño Asimétrico SL, una de las empresas de la trama fue contratada por la Comunidad de Madrid el pasado 2 de diciembre. El contrato fue negociado y sin publicidad y adjudicado a esta empresa vinculada a Correa, por la consejería de Inmigración que dirige Javier Fernandez-Lasquetty. El objeto del mismo era el montaje del Stand institucional de la Consejería en la feria "Intregra Madrid" que tuvo lugar tres días después, el 5 de diciembre, en Ifema.

A la empresa se le encargó también un informe sobre la ejecución de la feria y un reportaje fotográfico. Por todo ello, el gobierno de Esperanza Aguirre pago a esta empresa 69.020 euros.

www.cadenaser.com 16.02.09

COSPEDAL ENMIENDA A AGUIRRE Y ABRE EXPEDIENTE A LOS IMPUTADOS DEL PP

María Dolores de Cospedal ha enmendado la plana hoy al PP de Madrid al afirmar, en contra de lo dicho el jueves pasado por el consejero de Sanidad y secretario de Comunicación de los populares madrileños, Juan José Güemes, que el PP sí va a expedientar a los dos imputados en la trama de corrupción y tráfico de influencias: el dimitido alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, que se ha quedado como concejal y como presidente del PP local, y el ex alcalde de Majadahonda y ex presidente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega. "Vamos a abrir expediente informativo a las personas imputadas en esta causa", ha anunciado De Cospedal.

Güemes cerró filas el jueves y dijo que el PP de Madrid no abriría expediente, "de momento" a ninguno de los miembros del partido que están imputados en la operación Gürtel (correa en alemán) lanzada por el juez Baltasar Garzón y que han dimitido, uno, Ortega, de manera fulminante nada más conocerse la trama y otro, González Panero, tres días después y en medio de fuertes presiones, amagos y anuncios. Cuatro días después, la secretaria general del PP ha confirmado que el Comité de Derechos y Garantias de su partido les ha abierto "expediente informativo". Son, ha precisado Cospedal, expedientes informativos, "el paso previo" al posible expediente disciplinario, y aunque no ha concretado los nombres, De Cospedal se ha referido a los dos cargos imputados de momento. En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del Comité de Dirección del partido, De Cospedal ha aclarado, eso sí, que no se ha abierto expediente al ex consejero de la Comundiad de Madrid, Alberto López Viejo, dado que no está imputado. López Viejo presentó su renuncia por este escándalo y es uno de los principales sospechosos de percepción de sobornos.

El PP se aferra a la cacería

Aunque no ha dado detalles sobre la marcha de la investigación interna, ha insistido en varias ocasiones en que sólo se centrará en las personas "imputadas" y no en todas aquellas cuyo nombre ha aparecido en los medios de comunicación como relacionadas con el caso. El objetivo del PP es dejar sentada la "honorabilidad" del partido, reponer su buen nombre e impedir, en su caso, que nadie use el nombre del PP para "conseguir beneficios económicos" ilícitos o para lograr "réditos políticos en período electoral". Dicho esto, Cospedal ha insistido en que la voluntad de la dirección del PP es ser "implacable" y actuar con toda "serenidad y firmeza" contra cualquiera que pretenda "enfangar" la honorabilidad del PP. En cuanto a su ofensiva contra la Justicia y el ministro Mariano Fernández Bermejo, Cospedal ha anunciado una batería de preguntas parlamentarias sobre la cacería en la que participaron Garzón y Bermejo. En esa bateria de preguntas, el PP pide explicaciones por la presencia en esa monteria del comisario de Policía Judicial que, a su juicio, tiene una "curiosa" trayectoria, en la que aparece el caso Roldan y los papeles de Laos.

Por otro lado, el grupo socialista de la Asamblea de Madrid promoverá la reprobación en la cámara de Alberto López Viejo si en una semana no devuelve su acta de diputado autonómico. Lo ha anunciado esta mañana el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Tomás Gómez, quien ha subrayado: "Hay que tener mucha cara para seguir sentándose en el Parlamento autonómico ante indicios tan fundados de cobros de comisiones y delitos tipificados en el código penal". Aunque ya no es consejero, el popular sigue ostentando su cargo como diputado autonómico, una condición que le permite ser aforado ante un proceso judicial y, por tanto, ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente para dirimir posibles responsabilidades penales de altos cargos autonómicos.

Aguirre: "Ya ha dimitido"

En una reunión de la ejecutiva regional del PSM, Gómez ha considerado "evidente que hay indicios más que fundados de que López Viejo ha incurrido en un acto delictivo" y ha argumentado que "alguien que es indigno para ser consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid es indigno también para ser diputado autonómico". El mismo argumento lo aplican al dimitido alcalde de Boadilla de Monte, Arturo González Panero, al que piden que entregue su acta de concejal. González Panero, además de edil, sigue siendo presidente del PP local. Gómez también ha considerado "increíble" e "inadmisible" que el PP "no haya abierto ningún expediente informativo" a López Viejo y ha insistido en que Esperanza Aguirre tiene que "contar lo que sabe a los ciudadanos". Preguntada hoy en un acto por este asunto, Esperanza Aguirre ha afirmado que López Viejo "ya ha dimitido". Por su parte, Güemes ha asegurado que "si hay algún dirigente o militante que no ha estado a la altura de lo que se espera de un militante del PP, naturalmente que hay que depurar todas las responsabilidades, tanto en el ámbito judicial como político". Al ser preguntado por si el PP apoyaría la reprobación del ex consejero, Güemes ha insistido en que él es el primer interesado "en que se depuren todas las responsabilidades que sean necesarias".

Según viene publicando este diario, el presunto cabecilla, Francisco Correa, llega a manejar varios millones de deuda de la comunidad madrileña con las firmas de su trama, en su mayoría a partir de contratos presuntamente logrados con la mediación irregular de López-Viejo. Correa lo retrataba así en las grabaciones: "Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio". Incluso proclamaba en una charla que el consejero de Aguirre le indicaba cómo debía fraccionar el contrato y utilizar una empresa blanca, fuera de toda sospecha, para cobrarle al Gobierno de Madrid sin levantar sospechas. La finalidad, según Correa, de tales contratos del Gobierno de Aguirre en favor de su red era financiar actos electorales del PP de Madrid, algo que niegan tajantemente altos cargos de la dirección nacional del PP. El juez Garzón está investigando a varios aforados, entre ellos a López-Viejo. Garzón tiene que dirimir en los próximos días si remite los datos que tiene contra los aforados a los tribunales competentes.

(www.elpais.com, 16/02/09)

EL GOBIERNO DE AZNAR OTORGÓ CONTRATOS A LA TRAMA CORRUPTA A TRAVÉS DE AENA

Una de las empresas de la trama corrupta ligada a cargos del Partido Popular que investiga el juez Baltasar Garzón fue contratada al menos en cuatro ocasiones por la entidad pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), adscrita al Ministerio de Fomento, a lo largo de 2001 y 2002 -durante el segundo Gobierno de José María Aznar-. El ministro del ramo en ese momento era Francisco Álvarez-Cascos. El monto de las cantidades entregadas a la sociedad, Technology Management Consulting (TCM), fue de más de 350.000 euros.

No es la primera vez que aparece algún tipo de vínculo entre Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta y en prisión preventiva desde el pasado 12 de febrero, y altos cargos de gobiernos del Partido Popular. En una de las grabaciones que obran en poder del juez Garzón, Correa da a entender que dio 1.000 millones de pesetas a Luis Bárcenas, actual tesorero del PP, por adjudicarle obras durante la época como ministro de Álvarez-Cascos, de quién Bárcenas era estrecho colaborador.

Álvarez-Cascos afirmó ayer a EL PAÍS que no tiene "nada que ver" con ningún contrato entre las empresas de Correa y AENA. "Si se cometió alguna irregularidad, lo que a mí desde luego no me consta, se hizo sin mi consentimiento. Pero también hay que tener en cuenta que el señor Correa tenía una reputación como proveedor en el año 2000 que ahora evidentemente no tiene. Mucha gente contrataba con él de buena fe". El ex ministro contrastó ayer con algunos colaboradores la existencia de los contratos entre TCM y AENA, que él no recordaba, y confirmó finalmente las cuatro adjudicaciones. "Todo se hizo siguiendo los procedimientos establecidos en la ley, los que deben cumplir las administraciones públicas para poder contratar. La empresa de Correa ganó la adjudicación por ser la mejor oferta presentada, creo, probablemente la más barata. Nadie tenía en ese momento ninguna suspicacia hacia esta empresa. En cualquier caso y aunque me extrañaría que hubiera irregularidades, si las hubo yo no tuve nada que ver con esos contratos. Ni siquiera me enteré de ellos en su día porque eran temas como organizar la participación de AENA en algunas ferias internacionales".

Álvarez-Cascos niega haber beneficiado en ningún momento al cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, ni tener relación alguna con él. "Algunos medios han llegado a decir incluso que yo lo apadriné dentro del PP, pero eso es rigurosamente falso. Le conocí ya como proveedor de viajes y de actos para el PP cuando yo era secretario general del partido, así que no pude ser yo quien le acercó al PP", señala el ex ministro. "Compré en su agencia de viajes algo así como tres viajes. Pero, repito, cuando yo le conocí ya era proveedor del partido. Todo esto es perfectamente contrastable a través de las fechas de mis viajes y el inicio de los trabajos de Correa para el PP".

A través de contactos y supuestos sobornos a políticos, Francisco Correa tejió presuntamente a lo largo de más de una década una red de empresas inversoras, inmobiliarias y de gestión de las que se servía para enriquecerse a través de adjudicaciones de suelo, recalificaciones urbanísticas y concesión de contratos con distintas administraciones públicas a las que habría pagado para lograr un trato de favor. El juez Garzón está investigando distintos casos relacionados con la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana y numerosos municipios gobernados por el PP.

Uno de los lugares en los que las empresas de Correa obtuvieron un buen número de contratos fue Majadahonda (Madrid). Y para lograr una adjudicación en este municipio, la empresa TCM entregó al Ayuntamiento -gobernado por el PP- una documentación en la que los representantes de la empresa hacían constar los negocios que habían mantenido durante 2001 y 2002 con AENA.

La mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, trabajaba como asesora del entonces alcalde Guillermo Ortega (imputado también por Garzón) cuando TCM concursó y obtuvo la adjudicación de la concesión para montar la Oficina de Atención al Ciudadano del municipio. La operación suponía más de medio millón de euros al año y la adjudicación se produjo a pesar de que el secretario general de la Mesa de Contratación había insistido en que TCM no había concretado los servicios que se iban a prestar en la oficina y que el contrato no tenía un objeto claro. Sobre estos hechos, el Grupo Socialista de Majadahonda presentó en mayo de 2003 una denuncia ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. La Fiscalía remitió la denuncia a los juzgados de Majadahonda, pero el caso fue archivado.

Entre los papeles que TCM presentó al Ayuntamiento de Majadahonda en ese momento para acreditar su solvencia e historial empresarial -localizados gracias a una investigación del PSOE local- aparecen un par de documentos que acreditan que la sociedad había contratado con AENA en cuatro ocasiones a lo largo de 2001 y 2002.

Por un lado, hay una declaración de dos representantes de TCM, Pablo Crespo Sabaris -ex secretario de organización del PP en Galicia (hasta 1999), presunto segundo de la trama corrupta, en prisión preventiva e imputado por asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y defraudación fiscal- y el también imputado José Luis Izquierdo. En este escrito, Crespo e Izquierdo detallan "bajo su solvencia y honor personal" los principales servicios realizados entre 1999 y 2002 por TCM a distintas empresas y organismos, uno de los cuales resulta ser AENA.

Por otro lado, aparece también en el expediente administrativo la declaración tributaria de TCM relativa a las operaciones con terceras personas durante el ejercicio fiscal de 2001. En este documento declaran haber recibido de AENA 111.547 euros a lo largo de ese año. Hay una discordancia entre la cantidad de 2001 que los representantes declaran en su documento privado y en la declaración tributaria. Crespo e Izquierdo dicen que durante 2001 sólo hicieron un servicio a AENA por valor de 12 millones de pesetas (77.000 euros) mientras que en su declaración tributaria dicen haber recibido de AENA durante ese ejercicio fiscal 111.000 euros. La diferencia podría deberse a alguna deuda anterior de AENA con TCM que se pagó en 2001, lo que implicaría que existió otro contrato más, probablemente en el año 2000.

(www.elpais.com, 16/02/09)

LA RELACIÓN ENTRE AENA Y TCM ENTRE 2001 Y 2002

Dos documentos acreditan los vínculos entre la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y Tecnology Management Consulting, firma ligada a la trama corrupta.

- Declaración tributaria. En la declaración de operaciones con terceros de TCM relativa al ejercicio fiscal de 2001 aparece una operación con AENA por valor de 111.547 euros, un tercio del importe total de las operaciones de la empresa en ese año.

- Declaración de Pablo Crespo Sabaris y José Luis Izquierdo. Como representantes de TCM, Crespo (en prisión preventiva) e Izquierdo (imputado) firman una carta el 23 de enero de 2003 para presentar en un concurso público en la que describen los principales servicios realizados de 1999 a 2002 a otras empresas. Los cuatro contratos con AENA (como figura en uno de los documentos reproducidos, de nueve páginas, del que se extractan las líneas con los contratos con la entidad pública) son:

Marzo de 2001. Organización, montaje y desmontaje del stand de AENA en la feria ITB de Berlín. Importe de facturación: 12.876.000 pesetas (77.386,32 euros).

Febrero de 2002. Asistencia Técnica para la participación de AENA en la Feria de Maastricht. Importe: 89.237,64 euros.

Febrero de 2002. Segundas jornadas por Excelencia en AENA y entrega de premios. Importe: 60.013,48 euros.

Marzo de 2002. Asistencia Técnica para la participación de AENA en la Feria de Berlín. Importe: 98.998,72 euros.

(www.elpais.com, 16/02/09)

CORREA VINCULÓ ENTREGAS DE DINERO AL PP CON ADJUDICACIONES DE OBRAS DE CASCOS

En las casi 18 horas grabadas a la trama corrupta vinculada al PP que dirigía Francisco Correa, entre otras decenas de frases explosivas o incriminatorias, el jefe de la trama suelta un auténtico misil contra el actual tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el ex vicepresidente y ex ministro de Fomento de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos: "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene". Bárcenas niega tal entrega de dinero y la dirección del PP afirma creerle sin titubeos. Bárcenas se muestra tan alarmado como indignado al conocer el contenido de tales imputaciones de Correa sobre su persona, y no descarta emprender acciones legales contra él si se confirma que ha sostenido tales acusaciones, que juzga "absolutamente falsas y calumniosas".

El actual tesorero del PP -cargo que recibió en junio de 2008 tras tomar el testigo de su amigo Álvaro Lapuerta- sospecha que tal afirmación procede del resentimiento que le guarda Correa. En mayo de 2004, Bárcenas contribuyó personalmente, como gerente del partido, a declarar a Correa persona non grata en el PP nacional, tras conocer que invocaba el nombre del partido y de su tesorería nacional para exigir la adjudicación de contratos en ayuntamientos de Madrid en manos de los populares.

Lapuerta, tras confirmar tal sospecha en una reunión con alcaldes del noroeste madrileño, puso fin, con el pleno apoyo de Mariano Rajoy, a 12 años de contrataciones en régimen de monopolio con Correa para organizar los actos electorales del PP nacional. Bárcenas, con el beneplácito del entonces secretario general del partido, Ángel Acebes, vetó incluso la adjudicación del contrato de organización del congreso nacional del partido en Valencia de junio de 2008. Correa perdió así el principal atractivo de su tarjeta de visita: ya no era el sempiterno organizador de los actos del partido ni podía decir ante sus potenciales clientes: "Vengo en nombre de Génova, de la tesorería".

Desde entonces, Correa se refugió en contratos logrados en las administraciones autonómicas madrileña y valenciana, bajo mandato de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, respectivamente. Bárcenas incluso llegó a plantear: "Que lo contraten [a Correa] los de Valencia si quieren, pero nosotros, no". Fuentes de la actual dirección nacional del PP consideran que el tesorero está fuera de sospecha en esta trama.

El sumario en algo sí le da la razón a Bárcenas: Correa lo odia. En un momento dado afirma lo siguiente: "Anoche me despaché con Bárcenas". El enfrentamiento parece vinculado a "la deuda del PP" con las empresas de su red. Las transcripciones arrojan cierta luz sobre tal resentimiento: "Yo facturaba más de 500 millones al año". Tal cifra parece adjudicarla Correa a campañas del PP a escala nacional, pero podría incluir otros conceptos, otras fuentes de negocio.

Personas relacionadas con Correa afirman que tuvo una honda amistad en la década de los noventa con Francisco Álvarez-Cascos, una relación que declinó posteriormente. Lo cierto es que en los dos años donde se le han grabado 15 reuniones (2006-2007), Correa no sólo se queja con amargura del impago de deudas del PP nacional con sus empresas, sino también de la morosidad del Gobierno de Aguirre. Llega a manejar varios millones de deuda de la comunidad madrileña con las firmas de su trama, en su mayoría a partir de contratos presuntamente logrados con la mediación irregular del ex consejero de Deportes Alberto López-Viejo, uno de los principales sospechosos de percepción de sobornos.

Correa lo retrataba así: "Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio". Incluso proclamaba en una charla que el consejero de Aguirre le indicaba cómo debía fraccionar el contrato y utilizar una empresa blanca, fuera de toda sospecha, para cobrarle al Gobierno de Madrid sin levantar sospechas. La finalidad, según Correa, de tales contratos del Gobierno de Aguirre en favor de su red era financiar actos electorales del PP de Madrid, algo que niegan tajantemente altos cargos de la dirección nacional del PP.

Sin embargo, las mismas fuentes sí aceptan que pudo haber irregularidades en tales contrataciones con las Administraciones de Madrid, o de Valencia, en algunos casos a través de empresas tapadera, pero sostienen que sirvieron sólo para el lucro personal del cargo público implicado y del contratado, pero no para financiar el partido. Correa tiene en su mano despejar tal duda. "Yo nunca cantaré", dijo antes de acabar en prisión. Sus interlocutores en las conversaciones grabadas tienen algo muy claro. "Por eso te tienen tanto miedo, Paco. Lo sabes todo de todos. Los tienes pillados".

(www.elpais.com, 16/02/09)

GARZÓN INVESTIGABA POR BLANQUEO AL ABOGADO QUE CREÓ ORANGE MARKET

El desmantelamiento de la trama de corrupción vinculada al Partido Popular, que ha llevado a la cárcel a tres personas y en la que están imputadas al menos otras 34, se originó hace cinco años cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió una investigación por supuesto blanqueo de dinero al abogado Luis de Miguel Pérez.

Este abogado, ahora imputado en la causa, fue quien constituyó en 2003 en Algemesí la empresa Orange Market, cuyo presidente y cabeza visible, Álvaro Pérez Alonso, ha sido detenido y puesto en libertad con cargos de blanqueo, tráfico de influencias y cohecho mientras todos sus socios eran también imputados por el juez.

El fundador de Orange Market, miembro de los consejos de más de medio centenar de sociedades, dirige un bufete en Madrid (De Miguel y Abogados Asociados) especializado en el asesoramiento financiero y empresarial y ha formado parte de los consejos de media docena de las empresas de la trama de corrupción supuestamente dirigida por el detenido Francisco Correa. Se trata de Pasadena Viajes, Special Events, Technology Consulting Management, Caroki, Easy Concept y Orange Market. En tres de ellas fue durante un tiempo administrador único. Es el caso de Orange Market, donde fue sustituido en enero de 2006 por Francisco Javier Pérez Alonso, quien ejerció de administrador único de la empresa valenciana hasta el pasado mes octubre. Mientras desempeñaba la función de administrador único de Orange Market, De Miguel lo era a su vez de Caroki y de Easy Concept, sociedades controladas por Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia e ingresado en prisión preventiva.

Garzón sospecha que Easy Concept inflaba costes en los encargos de administraciones gobernadas por el PP a otras firmas tapadera.La presencia de Luis de Miguel Pérez en el origen de la investigación del juez Baltasar Garzón, -reactivada tras la entrega a la fiscalía, en noviembre de 2007, de 18 horas de grabaciones por parte de un ex concejal del PP madrileño-, y su vinculación a algunas de las sociedades más destacadas de la trama corrupta sitúan a Orange Market en el núcleo de la red que lideraba Correa.

De esta manera, la empresa que ahora preside Álvaro Pérez Alonso, la cara visible de Orange Market en Valencia desde hace años, no es una pieza vinculada a la trama tangencialmente, como tampoco son tangenciales sus contactos con el poder político. Amigo de varios de los principales dirigentes del PP valenciano, formación política con la que se ha relacionado de forma casi exclusiva, bien para organizar los actos públicos y electorales o bien a través de los encargos de las instituciones donde gobierna el partido, como la misma Generalitat, Álvaro Pérez Alonso interviene en varias de las grabaciones en las que se ha basado el juez Garzón para actuar contra la trama de corrupción.

Como recoge en el auto por el que envió a prisión a tres de los supuestos integrantes de la red, el juez de la Audiencia Nacional precipitó las detenciones el pasado día 6 de febrero después de recibir una alerta policial de que algunos de los sospechosos podían intentar la fuga de territorio español. Ese mismo viernes ejecutó, entre otros, el registro de la Agencia Valenciana de Turismo, en busca del expediente sobre la adjudicación a Orange Market del pabellón valenciano en el certamen turístico Fitur, que conseguía por quinto año consecutivo, y de las propias dependencias de la empresa en Valencia.

Tras la detención de Álvaro Pérez, Garzón imputó a todos los miembros actuales del consejo de Orange Market y a los que habían formado parte anteriormente de él. Entre esos socios figura José Ramón Blanco Balín, considerado uno de los principales implicados e imputado por presuntos delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Sin embargo, Blanco Balín, desde cuyo despacho en Madrid se gestionaron empresas de la trama de corrupción vinculadas a Pablo Crespo, abandonó el consejo de administración de Orange Market cuatro días antes de la intervención judicial.

Según los datos que constan en el registro mercantil, Ramón Blanco Balín fue sustituido el pasado 2 de febrero como secretario del consejo de administración por Nuria Pérez Alonso, hermana del presidente y cabeza visible de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso. Ese mismo día, la sociedad cambió oficialmente su domicilio social de su antigua dirección en la calle de Conde Salvatierra, en Valencia, a la que efectivamente ocupan sus oficinas, en el número 18 de la calle de Colón.

En ese mismo domicilio, Orange Market registró hace tres meses, el 19 de noviembre del año pasado, una filial, Orange Factory, SL, cuyo administrador único es el consejero delegado de la empresa matriz, Cándido Herrero Martínez, también imputado por Garzón.

(www.elpais.com, 16/02/09)

CORREA PIDIÓ A FERNANDO MARTÍN 50 MILLONES POR UNA ADJUDICACIÓN

Lo que más llamaba la atención en la forma de comportarse de Francisco (Paco) Correa era que daba la impresión de que controlaba el cotarro. Es decir, hablaba con un constructor y le ofrecía la recalificación de un terreno como si fuera suyo. Si éste le miraba con desconfianza, descolgaba el teléfono y llamaba al alcalde de la localidad donde se iba a perpetrar el atropello.Tras unos minutos de charla, en la que Paco tuteaba al alcalde y le trataba como si fuera un subordinado, todo quedaba resuelto.«Mira, es que yo controlo a los alcaldes del PP de Madrid, de Valencia y de Castilla y León», se jactaba, ante el asombro de su interlocutor.

Paco presumía de ser muy amigo de Aznar («fui testigo de la boda de su hija con Agag», era su recurrente coletilla) y, sobre todo, de Alvarez Cascos, sobre el que se atribuía predicamento incluso para las adjudicaciones de obras públicas en su época de ministro del ramo.

«Yo a Florentino Pérez le hice muchas putadas cuando Paco Cascos era ministro», presumía.

A pesar de sus fantasmadas, Correa manejaba mucho dinero («si quería conseguir algo de ti o eras de su círculo íntimo te invitaba a su yate», dice una de sus víctimas) y su capacidad para mover determinados hilos era auténtica.

Fernando Martín, presidente de Martinsa, me confesó la semana pasada que a él personalmente Correa le exigió 50 millones de euros de comisión por adjudicarle las parcelas de suelo público de Majadahonda que, a la postre, fueron la causa de la destitución del alcalde de la localidad cercana a Madrid, Guillermo (Willy) Ortega.

Eso sucedió a finales de 2004. El interlocutor para otorgar un chollo urbanístico que suponía convertir terreno rústico en suelo urbano con una edificabilidad de 52.000 metros cuadrados no era Willy Ortega, ni siquiera el concejal de Urbanismo, José Peñas, sino Paco Correa, el conseguidor.

El asunto era tan sencillo como descarado. El suelo se adjudicaba directamente, sin concurso, a un precio muy inferior al de mercado, lo que hacía que la comisión no supusiera sobrecoste efectivo para el empresario. Estamos hablando de los años del boom inmobiliario en los que municipios como Majadahonda, Pozuelo o Boadilla crecían como la espuma y en los que los precios de la vivienda se multiplicaron por dos en muy poco tiempo.

Fernando Martín, perro viejo, no aceptó el trato que le ofreció Correa, de lo que se siente, visto con retrospectiva, muy satisfecho.«Yo sólo entro en negocios que se puedan hacer y que se puedan explicar», advirtió el dueño de Martinsa a Correa. Ahora muchos vecinos de Majadahonda se explican por qué un municipio teóricamente rico reconoció justo ese mismo año un déficit de 15 millones de euros.

Desde 2002 la oposición llevaba denunciando los chanchullos del alcalde con Correa y sus empresas y la contratación a discreción de asesores, entre los que se encontraba su propia esposa, Carmen Rodríguez. La destitución de Guillermo Ortega y de sus concejales afines era una forma de tapar el asunto de la adjudicación ilegal de terrenos, pero sólo fue un parche en lo referente a una trama de corrupción con tintes mafiosos. De hecho, Correa se refería a sus allegados como la familia.

La trama funcionaba en tres niveles. En el nivel superior, Correa se dedicaba a cobrar comisiones por adjudicaciones o recalificaciones en ayuntamientos controlados por el PP. Una parte del dinero obtenido iba al alcalde y a los concejales que participaban en el apaño. Uno de los concejales de Boadilla me confesó hace unos días que a él Correa le ofreció dinero a cambio de ceder a la pretensión de recalificar un terreno rústico para la construcción de una residencia de lujo para la tercera edad.

En un segundo nivel estaban las empresas que se dedicaban a organizar todo tipo de eventos, viajes y a dar servicios a los ayuntamientos y comunidades autónomas (Special Events, Easy Concept, Orange Market, Servi Madrid, Pasadena Viajes, etcétera).

Dichas empresas, que prestaban efectivamente servicios, funcionaban como un confuso entramado. Por ejemplo, la Comunidad de Valencia adjudicaba la organización de un acto a Orange Market (controlada por Alvaro Bigotes Pérez), y ésta, a su vez, lo subcontrataba con Easy Concept (que tiene su sede en Madrid). Sin embargo, Easy Concept no facturaba a Orange Market porque, según Pablo Crespo, el hombre responsable de este segundo nivel y mano derecha de Correa, «el jefe es el mismo y da igual quién facture».

Ese entramado era muy importante para que el primer nivel pudiera funcionar con efectividad. Daba la impresión de una red perfectamente organizada y que tenía el respaldo del PP, lo que hacía que algunos alcaldes pensaran que estaban obligados no sólo a contratarlas, sino a pasar por el aro en la intervención de Correa en los asuntos urbanísticos.

Las empresas legales, por así decirlo, recurrieron a otra empresa, Galer (cuyos socios Pablo Gallo y Carlos Hernández están también imputados), como localizadora de empresas factureras. Es decir, de sociedades a las que se pagaban servicios inexistentes (y que habían sido puestas a disposición del entramado por Galer) para así generar dinero negro con el que pagar las comisiones a los altos cargos que adjudicaban los contratos. Así se hacía, por ejemplo, en el caso del ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

El tercer nivel, el más sofisticado, es el que corresponde a una estructura empresarial compleja que extiende sus tentáculos hasta paraísos fiscales.

Los investigadores suponen que son esas sociedades las que recibían el dinero obtenido a través del cobro de comisiones por recalificaciones urbanísticas. Es decir, el dinero que provenía del primer nivel, al que sólo tenía acceso Correa, su hombre de confianza, Crespo y, según la investigación, Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel (ambos imputados).

A partir de septiembre de 2007, Hator Consulting (propiedad de Blanco Balín) se hizo con el control de las principales empresas de servicios fundadas por Correa.

Antes de ser imputado en la operación Gürtel, Blanco Balín estaba ya siendo investigado por la Audiencia Nacional (Santiago Pedraz) por su implicación en la trama de blanqueo extendida por toda Europa, que tenía como refugio del dinero negro cuentas secretas en bancos de Liechtenstein, y que fue descubierta en Alemania a principios de 2008.

Asimismo, Blanco y De Miguel estuvieron bajo la lupa de Garzón cuando se descubrió el fraude fiscal llevado a cabo a través de la sociedad Privanza (que formaba parte del BBVA). La Fiscalía Anticorrupción tiene la impresión de que Blanco y De Miguel han montado una red de empresas en paraísos fiscales para blanquear el dinero que Correa obtenía de sus actividades como conseguidor en administraciones públicas.(www.elmundo.es, 16/02/09)

UNA EMPRESA DE ULIBARRI CONSTRUYE EN VALENCIA SIN HABER PAGADO LOS AVALES OBLIGATORIOS POR LEY

El empresario José Luis Ulibarri (en la foto), uno de los imputados en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón es uno de los que ha llevado a que el escándalo se extienda hasta la Comunidad Valenciana, donde tiene numerosos negocios relacionados con las telecomunicaciones y con el urbanismo. Según publicó Levante, en este último campo Ulibarri está ejecutando con una de sus empresas un PAI (programa de actuación integrada) en el municipio de Rocafort para el que no ha presentado el aval al que obliga la ley. Pese a esta irregularidad, las obras están en marcha, aunque las parcelas para las nuevas viviendas no aparecen registradas.

Antes de su imputación en la trama de corrupción que desde hace 10 días investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el empresario José Luis Ulibarri ya sonaba como uno de los grandes beneficiados en la Comunidad Valenciana. Sus empresas de medios de comunicación han conseguido trece licencias de TDT en la región, y sus constructoras agrupadas en el Grupo Begar tienen un enorme volumen de construcción en la zona.

Sin avales

Una de estas firmas de Begar, Urbanite S.L., es la encargada, según informó Levante de desarrollar un polémico programa de actuación integrada (PAI) en Bovalar en Rocafort, donde la sociedad no ha presentado el aval que exige la ley para llevar a cabo la construcción. La última ley sobre urbanismo obliga al agente urbanizador a depositar una fianza “por valor mínimo del 7 por ciento del coste de urbanización previsto” como garantía del cumplimiento de sus previsiones.

Estimación de 9,1 millones

Para este proyecto, se había estimado en un primer momento un coste de 7,7 de euros, que ha aumentado hasta alcanzar los 9,1 millones, pero Urbanite no ingresó el porcentaje establecido, por lo que el Registro de la Propiedad tiene paralizada desde hace algo más de año y medio la inscripción de la reparcelación del nuevo sector residencial de Bovalar.

Sin registrar

El proyecto está integrado por unas 500 viviendas, pero no ha sido registrado, según los informes del Registro de la Propiedad, porque en el proyecto de la constructora “no se acreditan los avales que debe presentar el agente urbanizador, Urbanite, al Ayuntamiento de Rocafort”.

Problemas para los propietarios

Pese a ello, las obras de la empresa de Ulibarri ya están en marcha, con el consiguiente problema para los propietarios de los terrenos, que han tenido que comenzar ya a pagar sus cuotas, pero no pueden solicitar hipotecas, dado que las nuevas parcelas no están registradas.

(www.elplural.com, 16/02/09)

ORANGE MARKET OPERABA CON EMPRESAS SUBCONTRATADAS EN LOS GRANDES EVENTOS

La empresa Orange Market, marca valenciana de la presunta trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón en varias autonomías, realizaba sus eventos en la Comunitat Valenciana a través de varias empresas, en las que se apoyaba para obtener el suministro de material técnico, por un lado, y el personal para el montaje de las producciones, por otro.

Se trata de firmas de confianza, aunque sin ninguna vinculación aparente con Orange Market más allá de la relación comercial, que en la práctica ejecutarían los montajes de los eventos encargados a Álvaro Pérez, detenido a los pocos días de destaparse la presunta trama y puesto en libertad. Y es que, según los datos que figuran en el registro mercantil correspondientes a 2006, Orange Market contaba con solo cinco empleados en aquellos momentos. Así, Orange realizaría esta especie de subcontratación.

Una de las empresas que supuestamente participaba en los actos que organizó Orange Market es Vía Cultural, según ha sabido Levante-EMV de fuentes conocedoras de las contrataciones. Esta empresa con sede en Valencia tiene en su objeto social la organización por cuenta de terceros de congresos, exposiciones, actos sociales y toda clase de eventos culturales, musicales, deportivos, de ocio y recreo.
Vía Cultural, según la relación de trabajos que figura en su propia página web, trabajó el año 2007 en el concierto Night of the Proms. Este festival, celebrado en el Velódromo Luis Puig de Valencia, estuvo organizado por Álvaro Pérez, presidente de Orange, que compró los derechos de la primera gira por España de este macroconcierto, como ya informó este periódico.

Además, Vía Cultural estuvo presente en el congreso del Partido Popular de 2008 en Feria Valencia, aunque la información de la empresa no especifica si se trató del cónclave nacional o del regional, celebrados con unos meses de diferencia. Orange Market ha sido en los últimos años la empresa de cabecera del PP para la organización de mítines, congresos y todo tipo de eventos. El último congreso regional también contó con su organización.

Consultadas por su relación con Orange Market, fuentes de la dirección de Vía Cultural declinaron hacer valoraciones aunque no negaron la relación con la firma de Álvaro Pérez.

Vía Cultural se presenta en su web con "una experiencia que abarca más de 400 eventos anuales". Sus trabajos han coincidido en ocasiones en el espacio y en el tiempo con los intereses de Orange Market. En el marco de la salida de la regata Volvo Ocean's Race desde Alicante, por ejemplo, Orange recibió 445.000 euros de Presidencia de la Generalitat por el evento de inauguración del Village del Puerto de Alicante. En el mismo contexto, Vía Cultural realizó trabajos en la organización de conciertos de la Volvo.
Precisamente, entre los trabajos realizados en las últimos años destaca la gran cantidad de conciertos realizados por esta empresa. También participó en el concierto de la Fórmula 1 organizado en Valencia. Igualmente, Vía Cultural participó en el montaje de las gradas para la presentación del coche Fórmula 1 de Mc Laren Mercedes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en 2007.

La misma empresa estuvo presente en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Concretamente, participó en el montaje de las gradas y el escenario del Encuentro Mundial de las Familias 2006 (Cacsa, Valencia), según la información de la propia empresa. Recientemente, Vía Cultural ha participado en conciertos en el Palau de la Música, festivales musicales en la Ciudad de las Ciencias o espectáculos teatrales en varios escenarios valencianos.

(www.levante-emv.com, 16/02/09)

La grabación que reventó la trama

Un ex edil del PP registró 15 reuniones con implicados - El CD, de casi 18 horas, fue entregado a Anticorrupción y reactivó un antiguo sumario del juez Garzón

La denuncia vino de dentro. Un ex concejal del PP puso en conocimiento del fiscal la trama de supuestos cohechos a cargos públicos del partido. Los indicios sobre las "dádivas y sobornos" recogidos en el auto donde el juez Baltasar Garzón explicaba los motivos por los que mandaba a prisión al presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, y a dos de sus testaferros, se contenían en un CD entregado a la fiscalía en noviembre de 2007. Catorce meses después, Garzón ha imputado a 37 personas relacionadas con la trama, abriendo una crisis de proporciones desconocidas en el PP. Se ha llevado por delante a un consejero de Esperanza Aguirre y dos ex alcaldes, pero amenaza con agravarse. El juez ha anunciado que en su sumario aparecen autoridades aforadas a las que él no puede investigar.

Media docena de colaboradores del partido ayudaron al denunciante

El PP considera sospechoso el momento en el que ha reventado esta investigación, en precampaña electoral gallega y vasca. Pero fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones. Los sospechosos estaban al corriente de los pinchazos, destruían documentos y preparaban su salida del país. Una situación que estuvo a punto de dar al traste con una investigación que Garzón mantenía sobre alguno de sus integrantes desde hace cinco años. En concreto, investigaba al abogado Luis de Miguel, como presunto cerebro de una red de blanqueo. Su actuación sumarial languidecía cuando un impulso inesperado la dotó de un arsenal de pruebas. Tal regalo le llegó de manos de la Fiscalía Anticorrupción el pasado verano. Su aportación consistía en una explosiva denuncia presentada en noviembre de 2007 por este concejal, expulsado del PP por airear las corrupciones internas. Junto a ella entregó un CD de audio en el que había grabado 15 reuniones con miembros de la trama. Duraba 17 horas y 53 minutos. Junto a la grabación aportó la identificación de los sospechosos, una transcripción de las partes más jugosas e incluso un árbol de las empresas vinculadas a la trama.

El ex militante hizo el trabajo con un equipo integrado por media docena de colaboradores del partido de Madrid y Castilla y León. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) verificó los datos y, con la anuencia de Garzón, pinchó teléfonos.

Los resultados no difieren de los aportados por el denunciante. Las grabaciones presumariales y las sumariales han brindado un abanico de indicios de corrupción que salpican a distintas administraciones públicas gobernadas por el PP, tanto municipales como autonómicas. En muchos casos, Correa apunta a la connivencia con autoridades del partido para la concesión de contratos, la adjudicación de suelo o las recalificaciones urbanísticas precisas para grandes negocios inmobiliarios.

www.elpais.es 15.02.09

11 supuestos casos de corrupción en organismos del PP

Las conversaciones de la red liderada por Francisco Correa revelan el presunto trato de favor que recibía

El juez Baltasar Garzón investiga una decena larga, muy larga, de supuestas corruptelas en instituciones gobernadas por el PP que habrían dado en los últimos 10 años un trato de favor a la red de empresas que dirigía Francisco Correa a cambio supuestamente de sobornos. Las grabaciones aportadas al sumario, y que se entregaron a la Fiscalía Anticorrupción por parte de los denunciantes, señalan, entre otros muchos, los siguientes casos o "negocios" de la supuesta red corrupta:

- Adjudicación de suelo para viviendas libres en Boadilla del Monte

A finales de octubre de 2005, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el PP con mayoría absoluta, adjudica una parcela para construir 139 viviendas libres (un negocio que reporta varias decenas de millones de euros de plusvalías) a la empresa UFC, S. A., propiedad del constructor José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en la trama corrupta. Ulibarri se quedó con la parcela por 35 millones de euros, que no fue la oferta más alta recibida por el Ayuntamiento de Boadilla cuando sacó a concurso el suelo. Otra empresa ofrecía cuatro millones de euros más, pero sacó menos puntos porque ofrecía un plazo de ejecución de las viviendas de 15,6 meses, mientras que UFC se comprometía a hacerlas en 12 meses. En las grabaciones aportadas al sumario, Correa señala: "En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". En otras conversaciones, Correa se ufana de tener al entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como colaborador de sus negocios, aunque también le presiona mediante supuestos vídeos comprometedores. González Panero niega haberlo favorecido. El propio Correa no niega que el dinero de esta operación no ha sido para el alcalde, sino para él.

- Facturas a favor de la agencia de viajes de Correa en Majadahonda

El Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), gobernado por Guillermo Ortega (PP) cuando ocurrieron los hechos, adjudicó diversos viajes de sus cargos públicos sin concurso a la empresa Pasadena Viajes, una de las que el juez Baltasar Garzón incluye en la red de corrupción que manejaba Francisco Correa.

- Concesión de la Oficina de Atención al Ciudadano en Majadahonda

Dentro de la diversificación de los negocios vinculados a administraciones gobernadas por el PP, Francisco Correa logró la concesión para montar la Oficina de Atención al Ciudadano por medio millón de euros al año. No era el primer negocio que hacía en este municipio, en el que la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, trabajaba como jefa de gabinete del alcalde.

- Contrato de vídeo promocional

Sólo unos meses después de llegar al puesto de jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, una empresa en la que participaba como administradora, Special Events, recibió el encargo de elaborar un vídeo ensalzando la gestión del Gobierno municipal del PP en la localidad. El encargo se hizo por casi 30.000 euros y no salió a concurso, pese a los reparos del interventor. María del Carmen Rodríguez se dio de baja en Special Events meses después de adjudicado el vídeo.

- Adjudicaciones a Martinsa en Arganda

Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones de finales de 2006 a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...". En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda, Benjamín Martín Vasco: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". Martín Vasco, diputado autonómico del PP, preside la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid contrarios a Esperanza Aguirre por parte de agentes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Vasco ha denunciado que personas anónimas que le han llamado a su teléfono móvil intentan extorsionarle. En la denuncia inicial se aludían a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda del Rey como elemento clave para obtener beneficios ilegalmente con la complicidad de miembros del consistorio.

- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte

Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de haber cerrado un buen negocio para una de las personas que colaboraba con él. En el hotel Fénix, de Madrid, Correa hablaba de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte, donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios su trama, Arturo González Panero. Correa, en una grabación aportada al sumario que instruye el juez Garzón, consideraba que la adjudicación de los locales comerciales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex vicepresidente de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados. González Panero otorgó 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas a Rústicas MBS por un canon anual de 320.000 euros. A cambio, Rústicas gestionaría el alquiler de esos inmuebles durante 75 años. Una tarea por la que podrían ganar más de un millón de euros al año. El gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones.

- Adjudicación de pabellones de Valencia en Fitur

La Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana adjudicó en 2009 a Orange Market el montaje del pabellón de esta comunidad en la feria de turismo Fitur. Y eso que presentó la oferta más cara en el concurso. En las conversaciones del sumario, los miembros de la red corrupta dan por hecho, antes de que se adjudique el concurso, que van a ser los ganadores. La consejera de Turismo, Angélica Such, destacó la "creatividad" del proyecto de Orange Market para justificar la concesión del contrato para el montaje del pabellón. Orange Market ganó su primer concurso para diseñar, montar y desmontar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur en el año 2005. Aunque no tenía experiencia, y contaba con una estructura mínima, Orange Market se hizo con un contrato de 1.344.000 euros. "La experiencia y el tamaño de la empresa no se valoran en estos concursos", indicaron fuentes de la Consejería de Turismo. Desde 2005, año en el que compitió con otras tres ofertas, Orange Market ha ganado ininterrumpidamente el concurso de la Agencia Valenciana de Turismo. Isabel Jordán, imputada que denunció las irregularidades contables de sus firmas Easy Concept y Good and Better en octubre de 2007, lo resume en una frase: "Hemos hecho Fitur y todo bien, y las cinco ferias que hay después".

- Negocio urbanístico en La Nucia

La Comunidad Valenciana tiene una peculiar legislación urbanística que permite a cualquier promotor plantear un gran proyecto urbanístico sobre suelos que no sean suyos y que, incluso, no estén calificados como urbanizables. Las gestiones llegan después. Correa tramaba un gran pelotazo urbanístico en La Nucia (Alicante) en el que pensaba ganar "12.000 kilos" (millones de pesetas) en colaboración con el constructor José Luis Ulibarri. El proyecto nunca se llevó adelante, aunque las conversaciones grabadas acreditarían la connivencia de dirigentes del PP, singularmente del alcalde local, para facilitar la operación. "Nos hemos hecho amigos íntimos del alcalde de La Nucia", revela Correa. Y, para seguir con su striptease, confiesa que, negociando en Valencia con el regidor, acabaron "montando un tinglado de tías buenas".

- La Copa del América y el Ballet Nacional

En las conversaciones de los cabecillas de la red corrupta se hace referencia expresa a los actos relacionados con la celebración de la Copa del América en la Comunidad Valenciana. Y Correa señala que uno de esos actos, con el Ballet Nacional, lo iban a montar sus colaboradores. Y, por supuesto, la coordinación de la visita papal, es algo que les cae del cielo. Del cielo del PP. "Víctor me puede nombrar hoy por la cara coordinador general no sé qué del evento", se despacha en las conversaciones grabadas Álvaro Pérez, imputado como responsable de Orange Market.

- Contratos de la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid

El consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, amigo de Francisco Correa y con el que compartió mesa en la boda de Alejandro Agag, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas que cita Garzón en su auto de prisión. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole de su puesto, pero sin detallar el motivo ni sus cuentas. Las facturas que dejó pendientes y las que abonó a la trama de Correa, de forma directa o indirecta, son un secreto que la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, se ha comprometido a arrancar al hermetismo del Ejecutivo regional sobre este asunto. Desde las filas del PP sólo se alzan tibias voces para insinuar que no aceptan la corrupción en la gestión de tales contratos, pero lo desvinculan de las finanzas del partido. Sin embargo, en las conversaciones grabadas que investiga Garzón, López Viejo es citado repetidamente como el consejero que cobra comisiones ilegales por adjudicar contratos a la trama de Correa, y que ha establecido un sistema de fraccionamiento de los contratos y de empresas pantalla para pagar con dinero público estos servicios. Correa llega incluso a relatar cómo López Viejo imputaba gastos de actos electorales del PP a distintas consejerías del Gobierno regional.

- Montaje de Gradas en el Circuito de Valencia para el premio de fórmula 1

Los cabecillas de la red corrupta presumen en sus conversaciones que harían negocio con la celebración del premio de fórmula 1 en Valencia. Anunciaban que asumirían el "montaje de gradas" en el circuito urbano de la ciudad.

www.elpais.es 15.02.09

Gallardón sobrevive agazapado mientras el PP se tambalea

“Esto es como la novela Diez negritos, de Agatha Christie, en la que van cargándose a todos hasta que, al final, sólo queda uno”. De esta forma ilustra un dirigente del PP la situación que vive su partido. A su juicio –compartido por otros compañeros–, existe “una auténtica convulsión interna” y nadie sabe en qué puede acabar la investigación abierta por Baltasar Garzón y la presunta trama de espionaje y corrupción de la Comunidad de Madrid.
Algunos miembros del PP consultados por Público coinciden en señalar que si Esperanza Aguirre y Francisco Camps quedan “tocados” y Rajoy “se tambalea”, quizá Alberto Ruiz-Gallardón sea el único que sobreviva. “Aquí siempre se ha comentado que Gallardón sólo se podría hacer con las riendas si estuviéramos ante una situación catastrófica. Hemos llegado a ese punto y él juega con esa baza. En el momento menos pensado puede levantar la cabeza y decir aquí estoy yo”, explica un diputado.

Pero, por el momento, el alcalde de Madrid más bien la esconde. Gallardón permanece callado, esquivando a los medios. Sólo cuando se supo que su mano derecha, Manuel Cobo, había sido espiado –el próximo miércoles hará cuatro semanas de eso– el regidor se pronunció en el programa de TVE 59 segundos.

“Imprudencia”

Durante su intervención fue contundente. Aquello era el comienzo de la crisis, la revelación de los primeros seguimientos a cargos del PP. Juzgó los hechos como “muy graves” y avaló las informaciones de El País que situaban la autoría del espionaje en la Consejería de Interior, que dirige Francisco Granados.

Dolió mucho ese 59 segundos en el Gobierno regional. “Fuimos muchos los que comentamos la imprudencia de Alberto dando por buenas esas noticias”, señala un dirigente del PP madrileño, coto exclusivo de la presidenta. Aguirre y su número dos, Ignacio González, amenazaron de inmediato al regidor con llevarle a los tribunales si no reculaba.

Gallardón respondió con el silencio. Ni tocó el tema cuando coincidió con la presidenta en un acto en Fitur el 29 de enero y ésta le pidió que diera marcha atrás. No lo hizo. Horas antes, en la sede de la Alcaldía, había anunciado que mientras durara la investigación, se abstendría de hacer valoraciones. “El caso está en manos de los jueces”, repitió.

"Gallardón necesita una situación catastrófica", destaca un diputado

Aguirre no le perdona que no se desdijera y ya le ha devuelto el golpe: permitirá que en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid se hable de la supuesta existencia de un cuerpo parapolicial en el Ayuntamiento. Y lo más probable es que el PP le llame a comparecer. A Gallardón “no le preocupa”, dicen los suyos. Creen que se trata de una “cortina de humo” y se remiten a lo que ha repetido hasta la saciedad: que “jamás” habría creado una unidad similar.

Pero el partido pasó del espionaje al caso Gürtel, que erosiona aún más al Ejecutivo madrileño, toca de lleno al Gobierno valenciano y arrastra a la cúpula del PP. Y Gallardón, ni una palabra. El martes, los periodistas le preguntaron en Bruselas, donde se encontraba en un acto sobre el cambio climático. Él salió corriendo.

El regidor trata de mantenerse al margen y evita criticar a Aguirre

Esa actitud levanta suspicacias. Algunos en el partido señalan maliciosamente que le ven “muy alegre”. Añaden que si hubiera firmado un pacto secreto con Aznar –algo que los entornos de ambos desmienten– desde luego sería “una alianza invencible”. Otros, en cambio, no lo ven “frotándose las manos” y creen que es más “un juicio externo que interno”. Además, defienden que aunque el momento sea difícil para Aguirre y Camps, estos no perderán su “capacidad de influencia” ni dejarán de ser “elementos fundamentales a la hora de tomar decisiones”.

Los colaboradores de Gallardón apuntan que en tiempos revueltos “lo mejor es mantenerse al margen” y juzgan mejor ser “prudentes”. Pero, precisamente por esta actitud, algunos ya han comenzado a “recelar” de él y se preguntan si no quiere intervenir para que no le salpique nada de esta trama o si lo hace esperando que todos “se maten”.

También desde su equipo saben que “haga lo que haga” le va a perjudicar. “Si se pronuncia, le llueven las críticas, y si no lo hace es porque está muy interesado en que todo funcione mal”, comentan. Además, consideran que la derecha mediática, que le tiene como blanco, está deseando que “se moje” para echársele encima a degüello. “Y no les dará ese placer”, sentencian.

“No es inquebrantable”

En el PP de Madrid se niegan a ver a Gallardón como el vencedor de la tormenta interna: “Se cuestiona a Rajoy, a Aguirre y a Camps. Y el alcalde, el elemento que falta en esta terna de posibles competidores por la sucesión, parece inquebrantable. Pero no es así”.

En la Comunidad creen que es pronto para declarar ganador a Gallardón

“Queda mucho tiempo”, señalan desde el PP regional. “La presidenta puede errar, pero es honesta y cuando ha habido sospechas, ha cortado por lo sano, algo que no ha sido lo suficientemente valorado”, sostiene un aguirrista. Lo ilustra con las dimisiones, el pasado lunes, del consejero de Deportes, Alberto López Viejo; del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y del ex regidor de Majadahonda, Guillermo Ortega. “Haga lo que haga, nunca gana”, se lamenta.

En la Comunidad insisten en que pese a que el nombre de Gallardón y de sus hombres de confianza no se ha puesto en tela de juicio, su imagen dentro del partido, que es el que tendría que apoyarle de cara a un congreso nacional, está tocada desde la misma semana en que se destapó la presunta trama de espionaje.

¿Pero no se había quedado quieto, al margen? “Es puro instinto de supervivencia”, señala un integrante del equipo de la presidenta. ¿A qué obedece? Los aguirristas no tienen dudas: “Ahora está centrado en las citas electorales, a la espera de los acontecimientos internos que de ellas se generen. No quiere dar mucho que hablar, estar en el disparadero. El que no está en la batalla no sale quemado. Eso que se lleva”.

Rajoy intervino al ver que el 'caso Gürtel' afectaba también a Camps

En el PP madrileño aportan otra razón para no dar por muerta a Aguirre: la división del partido en la Comunidad entre vencedores –el alcalde– y vencidos –la presidenta– sólo se percibe en la capital. “En otras comunidades, la gente está harta de la guerra en Madrid y, sin diferenciar entre ellos, ven que el gran perjudicado es el partido”, explica un diputado. No obstante, no oculta que en esta batalla Gallardón lleva ahora la delantera. “Las dos personas más cercanas a Esperanza, Nacho González y Paco Granados, están en entredicho. Del equipo del alcalde no se ha señalado a nadie. Es su ventaja”, explica la misma fuente. “En esta pelea de gallos, Aguirre ha perdido más plumas”.

La reacción del líder

¿Dónde queda el presidente del PP en esta contienda? Cuando saltó el caso del espionaje, tras vacilar, se situó contra Aguirre. En cuanto ésta accedió a activar una comisión en la Asamblea, suspendió las diligencias internas. Luego, con el estallido de la operación Gürtel, pareció noqueado, a la defensiva. Pero un segundo después de que El Mundo le sirviera la noticia de la cacería que compartieron Garzón y el ministro Mariano Fernández Bermejo, Rajoy contraatacó. El partido podía quedar “roto”. Por eso se presentó como “víctima”, desató la cruzada contra el juez y denunció la campaña de “acoso y derribo” orquestada por el PSOE.

El líder del PP ha ligado su futuro al resultado de las investigaciones

La montería fue uno de los detonantes. No el único. En el PP indican que le afectó que la trama señalara a Camps, y también que apareciera el nombre de José Luis Ulibarri, presidente de un holding con tentáculos en el País Valenciano y Castilla y León. Garzón, en su auto, habla de “dádivas y sobornos” a autoridades públicas en Madrid y Valencia. El escándalo se extendía. “Una cosa es que tengas averías sólo en Madrid, donde puedes nombrar una gestora y, más o menos, seguir adelante. Pero si empiezan a estallar fuegos por todos sitios y en comunidades del PP, la situación es más difícil de manejar”, cuenta un dirigente territorial.

El equipo de Rajoy afirma que el líder “sabe muy bien lo que hace”. Pero hay otros dirigentes que temen que, a la larga, la línea ofensiva traiga más problemas. Piensan que Rajoy “ha vinculado su liderazgo al resultado de la investigación”, embarcándose en una operación de “muchísimo riesgo”.

www.publico.es 15.02.09

El escándalo deja nuevas cartas para la sucesión

Aguirre y Camps, claves para la batalla tras Rajoy, muy tocados - El líder evita 'mancharse', pero sólo Gallardón sale intacto

El miércoles, en la reunión interna más importante del PP en los últimos meses, en la que se decidió cerrar filas ante el escándalo de corrupción que investiga el juez Garzón, hablaron 17 personas, algo inédito. Y, sin embargo, en el PP casi están recibiendo más comentarios los silencios de unos pocos, los que no hablaron, que las palabras de los muchos que sí lo hicieron. Entre ellos, el más destacado es Alberto Ruiz-Gallardón, el alcalde de Madrid, que no dijo ni palabra mientras escuchaba cómo sus compañeros, uno detrás de otro, clamaban contra Garzón, la fiscalía, la policía, el Gobierno, los medios. Todos confabulados para acabar con el PP.

Fue con Aznar con quien Francisco Correa lo fue todo en el partido
Moragas tuvo que recolocar al alcalde para acercarlo a Rajoy en la foto

¿Por qué ese interés? Porque lo que se estaba jugando en esa reunión, y sigue todavía jugándose en el PP cada día, no es sólo cómo gestionar la peor crisis de imagen del partido en mucho tiempo, con un caso, el Gürtel (correa en alemán) que crece cada día con revelaciones y decisiones judiciales que demuestran la vinculación de algunas personas del partido, especialmente en Madrid y la Comunidad Valenciana. Lo que se está jugando en el partido, a lo que los dirigentes dedican gran parte de su tiempo, sus conversaciones, sus comidas y sus cenas, son los efectos que esta crisis tiene en cada uno de los personajes que son clave para preparar la sucesión de Mariano Rajoy, a quien cada vez más gente en el partido ve como un improbable candidato en 2012.

La crisis ha tocado de lleno a Esperanza Aguirre, la gran rival interna de Rajoy. Un consejero, un alto cargo y un alcalde madrileño han dimitido, y todas las informaciones apuntan a connivencias entre algunos cargos del PP madrileño y la trama presuntamente corrupta liderada por Francisco Correa. Eso, aunque haya generado un tremendo deterioro de imagen del PP, favorece internamente a Rajoy. "Los que nos daban lecciones de cómo hacer oposición, ahora ya no pueden hablar mucho", sentencia un marianista. Pero también ha golpeado de lleno a Francisco Camps, un influyente barón que apoyó a Rajoy pero que se está conformando como un poder autónomo dentro del PP, con capacidad para presionar y complicar las cosas al líder -por ejemplo con el Estatuto de Castilla-La Mancha-. Camps siempre había estado en la lista de los candidatos a la sucesión, por lo que este deterioro de imagen que ha sufrido elimina también otro posible rival de Rajoy.

En la Generalitat valenciana aún no ha dimitido nadie, pero en el partido y en los medios es bien conocida la cercana relación de amistad que Camps mantenía con uno de los principales imputados, Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, la filial valenciana de Special Events, que organizaba prácticamente todos los actos del PP local. La mujer de Pérez, una ex Mamachicho (las azafatas que Berlusconi importó a España al llegar las televisiones privadas, en 1990), encontró acomodo en Canal 9, la televisión controlada férreamente por Camps -que durante días no informó del escándalo- y fue ella la encargada de dar las campanadas de 2009.

En esta crisis, además, según coinciden varios marianistas, ha quedado muy tocado otro de los grandes enemigos internos de Rajoy: el aznarismo. Ha quedado clarísimo, y el propio líder se ha encargado de destacarlo al confirmar que fue él quien rompió con Correa en 2004, cuando sucedió a Aznar al frente del partido, que el escándalo afecta sobre todo a la gestión del ex presidente como jefe del PP, porque fue con Aznar y con sus amigos, como su secretario Antonio Cámara, con quien Correa lo fue todo en el PP. "Otro que tampoco puede dar lecciones ahora es Aznar", señala el mismo marianista. La propia Ana Botella exigió a Rajoy que defendiera el legado y la imagen de su marido.

Tocados Aguirre -algunos consejeros admiten que la ven realmente preocupada por el deterioro de su imagen- y Camps, sólo queda uno de los candidatos a la sucesión que, hasta ahora, ha conseguido no mancharse demasiado: Ruiz-Gallardón. El alcalde no habló en el Comité Ejecutivo y, aunque no ha expresado su disconformidad con la estrategia de contrataque y de campaña contra Garzón decidida por Rajoy y todo el partido, ha hecho muchos esfuerzos por no quedar demasiado vinculado a ella. No sólo por ese significativo silencio. Cuando llegó la hora de la gran foto de todo el partido denunciando esa gran conspiración contra el PP, Gallardón se colocó en un lado. Fue Jorge Moragas, uno de los hombres más cercanos a Rajoy, quien tuvo que recolocarlo para que estuviera cerca del líder, aunque su cara de incomodidad era evidente. Los esfuerzos de Gallardón por quedar a salvo de esta ola de corrupción que toca directamente a su gran enemiga, Esperanza Aguirre, han llegado al límite de evitar a los periodistas para no hablar sobre el asunto. El alcalde se mojó mucho para criticar el espionaje de un funcionario de Aguirre a su mano derecha, Manuel Cobo, pero desde entonces se ha retirado de los focos.

La inaudita estrategia de contrataque y denuncia contra el juez, similar a la que adoptó el PSOE de los primeros noventa cuando estalló el caso Filesa, un escándalo de financiación ilegal, no ha sido criticada internamente por nadie. "Teníamos que aprovechar el error del enemigo, Garzón, que se fue a cazar con Bermejo [ministro de Justicia]. No lo podíamos dejar pasar", se justifica otro marianista. Sin embargo, algunos han dejado clara su distancia. Ni Alberto Núñez Feijóo ni Antonio Basagoiti, los candidatos gallego y vasco, estaban en esa reunión clave del miércoles y, por tanto, tampoco en la foto que será recordada en el PP durante mucho tiempo. Y ninguno de ellos, hartos de que los escándalos nacionales compliquen sus campañas localistas, ha reivindicado esa estrategia de guerra contra Garzón.

A partir de ahora, y sobre todo después de las elecciones, Rajoy se enfrentará, según gente de su entorno, a la cruda realidad. El partido está tocado, y al margen de la estrategia de contrataque a Garzón, que sirve para salir del paso en plena campaña electoral, el líder sabe que en el PP hay que hacer limpieza para recuperar la buena imagen. Los marianistas están convencidos de que precisamente Rajoy es la persona ideal para hacerlo. Tiene imagen de honrado, fue quien echó a Correa -aunque no intentó siquiera impedir que contratara con el PP valenciano, por ejemplo- y ha pasado por todo tipo de puestos en el partido y de Gobierno sin que nunca haya existido ni la más leve sospecha de asuntos oscuros. Otros dirigentes, más críticos, admiten la imagen de honestidad, pero recuerdan la frase que le dedicó el locutor José María García: "Mariano, lo bueno es que pasas por los sitios y no manchas. Lo malo es que pasas por los sitios y no limpias".

www.elpais.es 15.02.09

El coreógrafo de cabecera de Francisco Camps

Álvaro Pérez presumía de ser amigo de Aznar y logró grandes contratos con el PP, que ahora reniega de él

La estrella de Álvaro Pérez Alonso, conocido familiarmente como El Bigotes en el PP de la Comunidad Valenciana, comenzó a declinar el pasado viernes día 6. Fue justo en el momento en que dos agentes policiales entraron en la Consejería de Turismo de la Generalitat valenciana y reclamaron el expediente 33/08 de la adjudicación a Orange Market, SL, del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, por un importe cercano al millón de euros.

Hacía de regidor en los mítines, llenaba las sillas vacías e imprimía camisetas
El Bigotes era el más caro, pero siempre estaba dispuesto

Esa mañana había empezado bien para Álvaro Pérez, que ronda los 45 años. Al día siguiente tenía previsto hacer de anfitrión en el bautizo de su hija, un acto social organizado en Barcelona en el que pensaba volver a exhibir sus poderosas amistades. Al fin y al cabo, saludaban con respeto en la sede del PP valenciano a este especialista en eventos que se ocupaba personalmente desde hacía varios años de la puesta en escena de todos los actos de partido en los que intervenía Francisco Camps. El bautizo iba a ser una nueva oportunidad de demostrar su habilidad para las relaciones públicas ante su amigo Francisco Correa, a quien había otorgado el honor de ser el padrino de su hija. Pero al poco de llegar al despacho, Pérez se percató de que las cosas se torcían de manera irremediable.

Antes de saber que el padrino de su hija, y supuesto cabecilla de la trama que investiga Garzón, había sido detenido, Pérez ya tenía en la puerta de Orange Market a un par de policías dispuestos a requisar hasta el polvo de las mesas. Los agentes comunicaron a Pérez y al consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero, su condición de imputados y se llevaron cerca de 25 cajas con documentación.

Tras salir los agentes por la puerta de Orange Market, ubicada en la céntrica calle de Colón de Valencia, a un tiro de piedra de su casa -una lujosa vivienda en la plaza de Porta de la Mar-, Álvaro Pérez tomó una decisión: mantener la celebración familiar y hacer una ronda telefónica para comunicar a sus ilustres invitados del Partido Popular lo sucedido. "Si no podéis venir, lo entenderé", les dijo. La mayoría optó por excusarse, aunque uno de sus más allegados, el director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García, decidió ir y aceptó sustituir a Correa como padrino de la niña.

La celebración del fin de semana dio paso a la detención de Álvaro Pérez en Valencia el pasado lunes. El arresto confirmó que los cargos políticos que un año antes habían acudido a su boda con la modelo Noemi Ramal ahora le daban la espalda.

A este hombre de bigotes prusianos, fumador de puros habanos, amante de las motocicletas de lujo y los trajes de sastrería, la vida llevaba muchos años sonriéndole. Vinculado al mundo de la farándula -participa también en una sociedad con el actor Andrés Pajares-, Álvaro Pérez aterrizó en Valencia con Special Events, una de las firmas de Francisco Correa que organizaba campañas electorales y actos para el PP de José María Aznar.

Excelente relaciones públicas para unos y un "fantasma" para otros, Álvaro Pérez presumía constantemente de sus relaciones en el PP, con Aznar a la cabeza. En 1993 ya se hizo notar en el mitin de Mestalla, el mayor que han montado nunca los populares en Valencia. En 1999 y 2003 se ocupó de la campaña electoral autonómica del PP. Así se consagró. Ese último año se constituyó en Algemesí, una ciudad de interior de 30.000 habitantes, Orange Market, auspiciada por otro de los detenidos por Garzón, el ex dirigente del PP gallego y mano derecha de Correa, Pablo Crespo.

Y una cosa llevó a la otra. Pérez se compró un impresionante chalé para los fines de semana en La Nucia (Alicante), se estableció junto a las clases más pudientes de Valencia y se convirtió en una especie de asesor de cabecera del PP valenciano, que no ocultaba su satisfacción por el buen resultado mediático de sus puestas en escena. Álvaro Pérez era el coreógrafo más caro, pero siempre estaba dispuesto. Con una empresa de apenas media docena de trabajadores, hacía lo que se fuese necesario para que los actos del PP valenciano fuesen un éxito. Hacía de regidor en los mítines, daba paso a los aplausos, vigilaba la realización televisiva, llenaba las sillas vacías, completaba montajes de otros o imprimía camisetas. A menudo, se le veía en primera fila con los líderes.

En 2005 la Generalitat le otorgó su primer concurso para montar el pabellón de Fitur. Aunque Orange Market también ha logrado otros contratos con la Administración y ha sido proveedora de servicios de otras empresas que han trabajado para la Administración valenciana.

En 2007, Pérez llevó la campaña electoral de Francisco Camps. Una campaña que en el PP regional dirigió el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla. El mismo que recientemente adjudicó, a través de una empresa pública, un evento a Orange Market para la salida de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo de vela, desde Alicante, por 445.000 euros.

El presidente Camps, su vicepresidente Rambla, el secretario regional del PP, Ricardo Costa, y el director general de RTVV, Pedro García, entre otros cargos, acudieron el 14 de marzo del año pasado al enlace matrimonial entre Álvaro Pérez y Noemi Ramal, una modelo que ejerció de mamachicho en Telecinco y que dio las campanadas en Canal 9 en el show del último fin de año.

Quienes compartieron mesa y mantel en las segundas nupcias de Álvaro Pérez en el edificio Veles e Vents -el icono de la Copa del América en el puerto de Valencia- y mantuvieron alegres conversaciones y reuniones de trabajo, ahora reniegan de él.

La dirección regional del Partido Popular ha cortado esta semana sus relaciones con Orange Market. Fuentes del PP regional dicen que desconocían sus relaciones con Francisco Correa, con quien pensaban que había roto hacía años. El Gobierno valenciano intenta desde hace días minimizar al máximo sus relaciones con Orange Market, pero sigue sin dar una relación de los contratos suscritos. Atrás quedan los años de vino y rosas de Pérez con la cúpula del PP.

www.elpais.es 15.02.09

Orange Market creó una productora de televisión hace tres meses

El responsable de Orange Factory declarará el jueves ante Garzón

Orange Market, la empresa investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con una trama de corrupción vinculada al Partido Popular, creó hace apenas tres meses una empresa filial, con domicilio social en las oficinas de la firma en Valencia, dedicada a "la producción, el doblaje y la sincronización de reportajes de video, televisión y cine", así como a "la distribución y comercialización de películas de video, televisión y cine, para cadenas de televisión pública y privada, distribuidoras cinematográficas y agencias de publicidad".

La firma de Álvaro Pérez compartió administrador con Easy Concept

Esta nueva sociedad, constituida el 19 de noviembre del año pasado, tiene como administrador único al consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero Martínez, imputado en la investigación de la Audiencia Nacional y que esta semana, previsiblemente el jueves, ha sido citado a declarar por el juez Garzón.

Si Orange Market, la empresa que preside Álvaro Pérez -detenido por Garzón y puesto en libertad con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado y la prohibición de salir del país-, es una empresa dedicada a la organización de eventos y a la publicidad, cuyos clientes eran el PP y administraciones gobernadas por ese partido, como la Generalitat valenciana, Orange Factory, SL, centra claramente sus objetivos en el ámbito de la televisión. Por lo que se conoce hasta ahora, su sociedad matriz, Orange Market, como desveló el portavoz socialista el las Cortes, Ángel Luna, el jueves pasado, trabajó para Canal 9 en el montaje del telemaratón que la cadena pública ofreció el 23 de noviembre.

Cándido Herrero, que estuvo presente en el registro de la sede de Orange Market en la calle de Colón, en Valencia el pasado día 6, es un empleado de la empresa. El pasado mes de octubre asumió el cargo de consejero delegado. Ese día, Álvaro Pérez asumió la presidencia y entró como consejero Ramon Blanco Balín, también imputado por el juez Garzón. Desde el despacho de Blanco Balín en Madrid había gestionado Orange Market hasta ese momento, como administrador único, Francisco Javier Pérez Alonso, junto a una una red de empresas vinculadas a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia e imputado también en la investigación de la trama que lideraba Francisco Correa, auténtico jefe de la organización.

Entre las empresas con las que compartía administrador único Orange Market estaba Easy Concept, SL, sociedad de la que el juez Garzón sospecha que inflaba los costes de los encargos que recibían de r el PP otras empresas que eran utilizadas como tapadera.

Los principales cargos populares se movilizaron ayer contra lo que consideran "una campaña de difamación" orquestada por los socialistas a raíz del sumario abierto por el juez Garzón. Lejos de aclarar los extremos de su relación con Orange Market, el PP optó por arremeter contra el Gobierno, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el PSOE.

El presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, aseguró que se trata de "una campaña de difamación puesta en marcha por el PSOE para esconder la inacción y la falta de propuestas de futuro del Gobierno central ante la crisis económica actual".

Junto a Rus, que organizó una reunión de alcaldes y portavoces populares en La Pobla Llarga, el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, instó a los miembros del PP a "no dejarse engañar". "Es una campaña aforada e injustificable puesta en marcha por el Ejecutivo central", sentenció Blasco, que añadió: "El único objetivo del PSOE es dividir al PP".

El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, durante una visita a las instalaciones de la Volvo Ocean Race en Alicante, afirmó: "Siempre que hay unas antesalas electorales, el PSOE nos obsequia con campañas orquestadas mediáticas y, además, con comportamientos poco saludables democráticamente".

"Creo que en democracia se tiene que investigar todo y, evidentemente, quien la haga que la pague, pero lo que no se puede hacer es utilizar de manera partidista las instituciones para tener rendimiento político" aseguró el consejero de Gobernación. Y añadió: "Se tiene que investigar todo, pero un juez no puede marcar la agenda política de un país", argumentó Castellano en referencia al juez Baltasar Garzón. La arremetida de los cargos populares contra los socialistas de ayer se produce en un contexto de inquietud. Aunque el Consell que preside Francisco Camps se esfuerza por dar sensación de tranquilidad, lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, no está consiguiendo marcar la agenda política.

De hecho, la cúpula popular confía en que la instrucción que sigue el juez Baltasar Garzón se limite finalmente a la Comunidad de Madrid y no haya ningún aforado valenciano. En el Consell son conscientes de que la relación con Orange Market, que ha instalado los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años, y con su presidente, Álvaro Pérez, ha sido prolongada e intensa en el tiempo, lo que ha permitido a éste acceder al círculo de confianza de los populares valencianos.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, aseguró ayer que el PP "siempre culpa a los demás de hechos que le afectan". Llinares tachó de "lamentable la "actitud que está teniendo el Partido Popular para tapar algunos hechos que se están investigando".

Por su parte, el secretario general del Bloc y diputado de Compromís, Enric Morera, exigió al Partido Popular que "cumpla escrupulosamente" con el reglamento de las Cortes Valencianas y en los plazos indicados -que son de 20 días- facilite copia de las facturas que se solicitaron el pasado jueves de la relación de la Generalitat con la mercantil Orange Market.

"No vamos a permitir que nos engañen mostrando contratos con informes de legalidad favorables. Queremos las facturas porque puede haber pagos a Orange Market sin fiscalización y por encargos de trabajos puntuales", advirtió Morera.

www.elpais.es 15.02.09

González Pons defiende la adjudicación de las TDT

Esteban González Pons, portavoz de la Generalitat y consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación en 2005, cuando se adjudicaron 40 licencias de explotación de canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Valenciana, aseguró ayer que el concurso en cuestión fue "estrictamente legal". González Pons salió al paso de las acusaciones vertidas por el presidente de la Federación Valenciana de Televisión, Alejandro Rodríguez, quien declaró al diario Levante-EMV que el concurso fue "un desmadre de prebendas y adjudicaciones descaradas".

Rodríguez arremete específicamente contra José Luis Ulibarri, que controla 13 de licencias de TDT en territorio valenciano a través de la empresa Mediamed y que es uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, en la supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas vinculadas al PP.

Rodríguez asegura en unas declaraciones difundidas el sábado que, en 2005, Ulibarri "ya sabía que le iban a adjudicar 13 licencias porque me lo dijo a mí". En una época en la abundaban los canales de televisión local al margen de cualquier regulación administrativa, Ulibarri "iba diciendo que lo tenía claro y que quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a quedar sin concesión", sigue Rodríguez.

El presidente de la Federación Valenciana de Televisión subraya, además, que las bases del concurso establecían que se primaría a los empresarios locales en las concesiones y recuerda que Ulibarri es de Castilla-León.

El comunicado difundido por González Pons apunta que Mediamed "ha aclarado que, en el momento de la adjudicación del concurso, José Luis Ulibarri era parte del accionariado de una empresa en la que primaba el accionariado valenciano" y "un conocido empresario valenciano" presidía la sociedad.

González Pons anunció que presentará "inmediatamente" una querella y destacó que "ante los rumores o historias falsas que malintencionadamente se están recibiendo en algunos medios de comunicación aprovechando la investigación abierta por la Audiencia Nacional y que nada tiene que ver con ésta", ejercerá las acciones legales oportunas "contra toda aquella persona física o jurídica, profesional de la información o no, que publique o difunda o comunique hechos no veraces" que pongan en entredicho su honor o su honradez.

www.elpais.es 15.02.09

Orange Market despegó con Fitur

La empresa creció en facturación gracias al concurso de la Generalitat

Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez en Valencia, tuvo un importante salto en su facturación a partir de 2005, año en el que logró ganar por primera vez el concurso de la Generalitat para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid.

La firma de Álvaro Pérez se constituyó en julio de 2003 con sólo un empleado. El ejercicio acabó con 76.169 euros de ingresos y 848 euros de beneficios, según el registro mercantil. El año siguiente no fue mucho mejor, apenas 9.500 euros de beneficio sobre una facturación anual cercana a los 200.000.

En 2004 el PP perdió las elecciones generales y fue al año siguiente cuando Orange Market dio un salto cualitativo en su facturación. Con una estructura mínima -cuatro empleados fijos-, la empresa de Álvaro Pérez logró adjudicarse, en competencia con otras tres firmas, el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur por un importe de 1.344.000 euros.

El contrato multiplicó casi por doce los ingresos de esta sociedad, que acabó el ejercicio con unos ingresos que rozaron los 2,4 millones de euros. Orange Market siguió adjudicándose en años sucesivos el contrato de Fitur, concretamente hasta 2009, y amplió la lista de eventos a organizar que la Generalitat le ha otorgado. A la adjudicación del pabellón valenciano en Fitur se han añadido los actos organizados para la Volvo Ocean Race, la sociedad Castellón Cultural de la Consejería de Cultura, publicaciones, vídeos institucionales y trabajos para Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y Feria Valencia, entre otros. La empresa de Álvaro Pérez montó también una carpa para la Generalitat en el Club de Tenis de Valencia, del que es socio el presidente valenciano Francisco Camps, durante la celebración del Open de Tenis en la ciudad.

Curiosamente, a pesar de su mayor actividad, esta sociedad apenas supera en la actualidad la decena de trabajadores.

www.elpais.es 15.02.09

Cuando los amigos caen bajo sospecha

Jacobo Gordon, imputado por Garzón, es íntimo compañero del yerno de Aznar

Hace pocos días, un diputado del PP oyó que su amigo Jacobo Gordon Levenfelt estaba imputado por el juez Garzón y le llamó para interesarse por su situación. Poco después, Gordon le telefoneó y le explicó que todas sus desgracias comenzaron cuando hace poco empezó a hacer negocios con Francisco Correa, el supuesto jefe de la trama corrupta que investiga Garzón. "Me ha pillado éste por medio. No he hecho nada de nada", le aseguró al diputado que, según dice, le creyó.

Ambos cursaron juntos bachillerato en el Retamar y luego, empresariales
Gordon afirma que sus desdichas empezaron tras asociarse a Correa
En Navidades, compartieron cena con Lucía Figar y Carlos Aragonés
Ha tenido como amigo agregado en Facebook a José María Aznar Botella

Gordon es el mejor amigo de Alejandro Agag. Es el compañero de pupitre del yerno de José María Aznar en el colegio Retamar de Madrid y en los estudios de empresariales y, como tal, ha entrado muchas veces en casa de los Aznar-Botella.

Jacobo Gordon es también amigo de diputados del PP como Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros y Carlos Aragonés, y de cargos públicos del partido, entre ellos Lucía Figar, consejera de Educación de Madrid, y de Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana. Todos tienen en común la vinculación con lo que fue, a mediados de los noventa, el clan de Becerril. De esa época data también la relación con Alberto López Viejo, destituido como consejero de Deportes madrileño tras estallar el escándalo, amigo de Correa y criticado cuando era edil de Madrid por cortar el tráfico de la calle de Velázquez durante la despedida de soltero de Agag con un cartel de "cortado por acto oficial".

La última vez que los dos compañeros de pupitre fueron vistos juntos fue en Navidades, en la fiesta que Agag celebra cuando viaja a Madrid, aproximadamente cada tres meses. Nunca falta su compañero de pupitre. El pasado noviembre, Jacobo Gordon organizó una cena en su casa a la que asistieron, entre otros, Agag, Lucía Figar y Carlos Aragonés. Quería presentarles a su nueva novia, y uno de los asistentes asegura que le oyó quejarse de cómo le afectaba la crisis de la construcción. Gordon, descrito por quienes le conocen como simpático sin llegar a la soltura de su amigo Agag y ligeramente tímido, asistió a la boda de sus amigos Lucía Figar y Carlos Aragonés, hoy diputado del PP y antes jefe de gabinete de Aznar en La Moncloa. No consta que perteneciera al PP, pero siempre se ha movido en el círculo de los que un día fueron jóvenes cachorros de Aznar.

Agag, a sus 38 años, tiene ya una vida en la que se mezclan la leyenda y la realidad. Es la imagen viva de una parte importante del aznarismo. Es lo que parece: el más listo y brillante; el seductor; el encantador de serpientes, dotado de un don de gentes desproporcionado; el más atrevido; el más pagado de sí mismo y el dueño de toneladas de desparpajo y simpatía que exhibe cada segundo. Es también verdad que es poderoso en la Fórmula 1; uno de los intermediarios más importantes de Europa; el dueño de negocios en todo el continente, con expansión a países como Marruecos; el flamante propietario de un club de fútbol en Reino Unido y amigo de algunos jefes de Gobierno y de Estado. Y más.

No está claro si es exacto lo que cuentan sus amigos de que se fue a vivir a Londres harto de cómo se le trataba en España y para evitar la presión mediática. Ni está comprobado que sea verdad la frase que le atribuyen sus amigos sobre su actividad empresarial: "En España no tengo nada". No ha sido posible contrastar con él las informaciones sobre su trayectoria y sus relaciones con los imputados ya que el viernes declinó dar su versión.

Agag llegó con 22 años a la sede de Nuevas Generaciones a pedirle al hoy diputado Ignacio Echaniz que le dejara trabajar para el PP. Echaniz le destinó al área internacional para atender llamadas y hacer recados, pero su desparpajo y soltura con los idiomas le hicieron progresar. Es tan atrevido que cuando en 1996 Antonio Cámara, secretario de Aznar, le pidió el nombre de un miembro de Nuevas Generaciones que hiciera de ayudante del presidente del Gobierno, él le contestó: "Pues yo mismo". Con el tiempo, Cámara pasó de La Moncloa a empleado de Correa.

Entre las funciones que bordó siendo ayudante en La Moncloa fue la de mostrar a Chelsea Clinton la noche madrileña, durante una visita de su padre. Cuentan que ella quedó encantada y no olvida la experiencia.

Es tan listo que entró como asistente en La Moncloa, se hizo íntimo amigo de José María Aznar hijo y terminó casándose con la hija del jefe, siendo éste presidente del Ejecutivo. Y celebró la boda a lo grande, entre los muros centenarios de El Escorial, con los Reyes de España y dos jefes de Gobierno extranjeros, Blair y Berlusconi, entre los invitados. Y con varios de los ahora imputados por Garzón y con Álvaro Pérez como encargado de la organización.

Es tan ambicioso que fue a Bruselas en 2000 como eurodiputado del montón y se convirtió en secretario general del Partido Popular Europeo y mano derecha de su presidente, Wilfred Martens. Es tan inquieto que jugó a constituirse en corriente del PP y lo que empezó como cena mensual de jóvenes del partido terminó en foro en el que participaban dirigentes destacados. Se cuenta que tuvo el impulso de Aznar, a través de Aragonés, para que el presidente contactara con la realidad de los jóvenes del partido.

El grupo languideció y murió por el ascenso de algunos, el recelo de los veteranos del partido, las trabas de Francisco Álvarez Cascos y las tiranteces que surgieron entre ellos por la filtración en un libro de sus reuniones.

Por su parte, Gordon, soltero, volvió a España hace unos dos años. Ha contado a sus amigos que en este tiempo cometió dos errores: dedicarse a negocios inmobiliarios y relacionarse con Correa. No se sabe en qué momento se cruzó con Paco Correa de nuevo en los últimos años. Lo que sí ha contado es que algunos negocios comunes fracasaron y que han tenido algunas broncas sonadas recientemente. Ahora, atribuye a Correa su desgracia.

Todos coinciden en que la relación entre Agag y Correa, que comenzó cuando el primero estaba en Nuevas Generaciones, no sólo se ha enfriado sino que ya no existe. Aunque estuviera en su boda como testigo y aunque Álvaro Pérez fuera el organizador.

Gordon canceló hace unos días su cuenta en Facebook, en la que tenía agregado como amigo a José María Aznar Botella.

Aliados en empresas y gestiones

Alejandro Agag y Jacobo Gordon han compartido aventuras empresariales. Fundaron algunas sociedades con sus amigos Carlos Mazario, Javier Álvarez y Jaime López-Ibor, entre otros. La primera la crearon en 1993. Se llamaba Natko y pretendía dedicarse al paintball, una modalidad de juego bélico con bolas cargadas de pintura que practicaban ejecutivos de otros países y por entonces sin implantación en España. El negocio no arrancó porque la Guardia Civil denegó los permisos de armas. Con Gordon fundó dos empresas en Sevilla en 2002, tras abandonar la política: Columela Gestión, SA, y Titalbe, SA. Su objeto social era la "asesoría comercial legal, fiscal, económica, compraventa, construcción, promoción de fincas rústicas y urbanas, gestión de valores". El administrador único era Alberto Longo Álvarez de Sotomayor, tío de Agag.

Fundaron también en Londres Adaxx Capital, una sociedad de inversiones. Los dos trabajaron juntos en el Banco Portugués de Negocios. En el libro Los PPijos, de Carlos Ribagorda y Nacho Cardero, se relata cómo en junio de 2002 Agag viajó a Lisboa junto a Gordon para buscar un socio para la constructora Metrovacesa. Los compañeros de pupitre eran mediadores a favor de Gaetano Caltagirone, uno de los principales constructores italianos, próximo a Berlusconi.

www.elpais.es 15.02.09

Veranos en Las Gacelas junto a Aznar

Jóvenes del PP aglutinados por Agag en el 'clan de Becerril' formaron un club político con el que flirtearon Correa, Álvaro Pérez, López Viejo y Jacobo Gordon

Cuando se acercaba la primavera y el verano, algunas personas sabían que tenían una cita obligada en la sierra madrileña. Otras, esperaban una llamada. Si había suerte, al otro lado del teléfono sonaría la voz de alguien del entorno de Alejandro Agag. El mensaje era una invitación al encuentro anual de Becerril de la Sierra con jóvenes promesas del PP y al que acudiría el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Un encuentro por el que se dejaron caer en varias ocasiones tres de los imputados ahora por el juez Garzón (Francisco Correa, Álvaro Pérez y Jacobo Gordon) y el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, obligado a dimitir por el escándalo de corrupción.

En aquella época, finales de los noventa, Aznar consumía su primera legislatura. Un grupo de entre 10 y 15 jóvenes del partido llevaba años celebrando una cena mensual en un restaurante cercano al Palacio Real. La bautizaron como la Polvera, en honor a una edición de la Constitución que se guarda en el Congreso. A la mesa se sentaban figuras destacadas de Nuevas Generaciones como Esteban González Pons, Juan Manuel Moreno, José Ignacio Echániz, Francisco Camps, Sigfrido Herráez o Tomás Burgos. Cada noche había un invitado distinto que daba una charla y al que se le hacían preguntas.

Agag, según los asistentes, no era un habitual de la velada. "Quizá vino alguna vez. Él era más joven que esa generación", explica un asistente. Pero, a partir de 1996, el futuro yerno del presidente del Gobierno obtuvo un cargo de asesor en La Moncloa. Apoyado por Carlos Aragonés (asesor del gabinete de Aznar y marido de la consejera madrileña de Educación, Lucía Figar), y tomando como núcleo original al de la Polvera, crearon lo de Becerril.

Entonces Agag era Alejandro y no era aún el yerno de Aznar ni el amigo íntimo de Flavio Briatore o Silvio Berlusconi; ni siquiera el heredero natural del imperio de la Fórmula 1 o el dueño de un club de fútbol. Era sólo un joven del PP con talento desmesurado para las relaciones públicas que iba a cruzar la corta pasarela que une política y negocios. Y todos los que estaban ya a un lado y a otro empezaban a querer un asiento junto a él.

Los que se quedaban fuera de aquel clan lo consideraron un club demasiado selecto. "Se pavoneaban, parecía que si no eras de Becerril no eras nadie", explica un miembro del partido que ha ocupado cargos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid. Los que asistían no veían esa exclusividad. "No es que fuera cerrado, es que la relación que teníamos entre nosotros era de una amistad muy fuerte". Porque ésos, los amigos, y no los 40 que podían llegar a ir un fin de semana a la sierra, conformaban el núcleo duro del clan, que se reunía en el hotel Las Gacelas, de tres estrellas y reformado hace 10 años.

Agag se convirtió en maestro de ceremonias de unos encuentros a los que no fallaban la actual consejera de Educación, Lucía Figar; el diputado nacional José Ignacio Echániz; el ex concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez; el hoy jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas; el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; el concejal de Madrid, Enrique Núñez o Adolfo Suárez Illana. "La única característica de aquel encuentro era que todos éramos menores de 35 años, militantes del PP y admiradores de Aznar", explica uno de los fundadores de la Polvera.

Un escenario perfecto para los que querían mandar y para los que preferían influir, como Agag. Según varios asistentes consultados, Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta y testigo de boda de Agag, se encargó de organizar una de aquellas reuniones. "La relación con Correa la tenía Agag. Y luego Correa la mantuvo como pudo con el partido. Pero él no tenía amistad con tanta gente del clan de Becerril", explica un miembro de las reuniones. También se dejó ver por ahí alguna vez Álvaro Pérez, El Bigotes, que además fue organizador de la ceremonia de boda de Agag. Pero ni él ni Correa eran aceptados. "Ellos no tenían mucho que ver con aquello, que básicamente eran unas jornadas políticas", cuenta un diputado.

Unas jornadas que comenzaban el viernes por la tarde y concluían con una comida dominical con el gran líder. En alguna ocasión se vio por allí a Jacobo Gordon, amigo íntimo y compañero de pupitre de Agag y ahora imputado por su vinculación con Correa. "Jacobo es una excelente persona. Quizá tuvo la mala suerte de que le ofrecieran participar en un negocio sin saber que eran unos piratas", explica un amigo suyo. Otro de los que anduvo por la sierra fue Alberto López Viejo.

Las reuniones se fueron apagando y Becerril se consumió paralelamente al interés de Agag por la política y su creciente ambición por los negocios. "Él era el alma. El final de aquello debió coincidir con su boda (2002) y su marcha fuera de España". Muchos de sus miembros ocupan hoy cargos importantes en el PP. El último encuentro de los becerriles, según uno de los asistentes, se celebró en La Moncloa. Esta vez, Aznar fue el anfitrión y no el invitado de honor.

www.elpais.es 15.02.09

López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa

En 2007 recibió tres pagos de 24.000, 6.000 y 8.000 euros, según apuntes de Pablo Crespo en los que consta «entregado a ALV». Otro documento refleja pagos por importe de 200.000 euros. «Veréis como ahora nos da más contratos», comentó Crespo a sus empleados. El consejero destituido otorgó a Correa en un año contratos por casi 600.000 euros fraccionados en 76 facturas de menos de 12.000

El ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo recibió un mínimo de 238.000 euros en sobornos a cambio de dar contratos a las empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.

Así lo acreditan varios documentos en poder del magistrado, cuyo contenido ha conocido EL MUNDO. En uno de ellos constan unos apuntes internos realizados en 2007, incluidos en un documento sin membrete. En el mismo se puede leer: «Pablo Crespo. Entregado a ALV» (siglas de Alberto López Viejo), seguido de una cantidad de dinero.

En esos documentos se detallan tres entregas diferentes por una cuantía de 24.000, 6.000 y 8.000 euros. Lo que no aparece es en concepto de qué se pagan esas cantidades, aunque las palabras de los imputados dan una pista de ello.

En una ocasión, como ha podido saber este diario, Pablo Crespo Sabaris, administrador de Easy Concept, S. L., y número dos de Correa, aseguró a sus empleados: «Veréis cómo ahora nos da más contratos. Ya le he dado lo que me pedía y se ha quedado contento».

El magistrado de la Audiencia Nacional también dispone de otro documento sin membrete elaborado por Crespo que lleva la cuenta de las cantidades entregadas en efectivo y personalmente a López Viejo: unos 200.000 euros (más de 33 millones de pesetas).

Además, Francisco Correa describe en las grabaciones con las que cuenta el juez que el ex consejero «se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...».

Todos estos indicios apuntan al ahora diputado autonómico Alberto López Viejo para que sea uno de los próximos imputados en la causa. En cuanto Garzón considere que es necesaria su imputación, tendrá que enviar el material relativo al aforado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el órgano facultado para investigar a los diputados de la Asamblea de Madrid, previo permiso de la Cámara.

La imagen de López Viejo no es precisamente muy buena dentro del Gobierno de Madrid. Muchos de sus compañeros coinciden en describirle como soberbio, prepotente y despótico. Casi todos tienen noticia de su carácter agrio. Pero también de la gran confianza que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, siempre depositó en él para que organizara todos sus actos, primeras piedras, presentaciones, inauguraciones... En total, millones de euros a lo largo de los cinco últimos años. Precisamente por esa confianza directa de la presidenta, nadie en la Comunidad discutía sus métodos expeditivos y su costumbre de contratar casi siempre con las mismas empresas.

El ya ex consejero de Deportes, que fue destituido el pasado lunes, organizaba todos los actos de la jefa del Ejecutivo. En total, entre 10 y 15 eventos al mes durante cinco años, superando el centenar anual. Como confirmaron a este diario en distintos departamentos, López Viejo obligaba a las consejerías a organizar sus actos importantes con las sociedades que él imponía. Cuando recibía peticiones de las consejerías para hacer actos con Aguirre, respondía taxativo: «O haces el acto con esta empresa o no se hace». Y era él quien decidía, pues llevaba la agenda de la presidenta.

Una vez obtenido el visto bueno, él mismo revisaba personalmente cómo se organizaba el evento: el sonido, la luz, las carpas (en actos al aire libre), las sillas, las azafatas... Acompañaba a los profesionales contratados y actuaba como el director de la puesta en escena.

Esta función la desempeñó como viceconsejero de Presidencia (desde junio de 2004), pero también lo hizo durante los primeros meses de la primera legislatura, aunque era un diputado autonómico raso y no estaba en nómina de la Comunidad.

En los primeros años (desde finales de 2003 a mediados de 2005), dos empresas de la red de Correa, Easy Concept Comunicación, S. L. y Good and Better, S. L., fueron las sociedades más beneficiadas.Sus administradores eran Pablo Crespo -encarcelado por Garzón- e Isabel Jordán.

De hecho, y según consta en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo de Aguirre, las dos sociedades obtuvieron 76 contratos entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 por un valor total de 562.183 euros. Y todos los contratos eran inferiores a 12.000 euros, porque ésa es la cantidad que la Ley de Contratos señalaba como tope máximo para adjudicar a dedo, sin concurso público.

Por ello, López Viejo troceaba las adjudicaciones para no superar esa cantidad. Un buen ejemplo de este procedimiento es el homenaje celebrado el 25 de marzo de 2004 a los que se volcaron con las víctimas de los atentados del 11-M. Easy Concept cobró 140.000 euros, pero extendió hasta 15 facturas diferentes. Así, Presidencia no tuvo que realizar ningún concurso y pudo contratar directamente a la empresa elegida. Algunas de las facturas se acercaban mucho a los 12.000 euros, pero nunca los superaban: el sonido costó 11.954,39 euros, y la iluminación 11.524,36.

En otros casos, no hacía falta hacer esa operación. Algunos de los grandes actos de las consejerías de Transportes o Sanidad eran abonados por las grandes constructoras adjudicatarias. Entonces, la ley ya no obliga a hacer concursos porque no se trata de dinero público. Eso sí, quien decidía a quién y por cuánto se contrataba no era la constructora, sino otra vez Alberto López Viejo.

La mala fama de López Viejo viene de lejos. En 2003, cuando Alberto Ruiz-Gallardón es designado por José María Aznar candidato a la Alcaldía y Esperanza Aguirre a la Comunidad, el primero prescinde del hasta entonces concejal de José María Alvarez del Manzano.Pero Aguirre le ficha en un estelar número seis de su lista.

Sin embargo, los escándalos que afloran entonces sobre su etapa como concejal de Limpieza le mantuvieron fuera del Gobierno durante los primeros meses.

Por aquel entonces fue acusado de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por varios contratos irregulares que fueron denunciados incluso por la propia Intervención del Ayuntamiento.

Cuando pareció amainar el temporal, Aguirre le premió y le nombró viceconsejero de Presidencia, en junio de 2004. Durante ese periodo se vio implicado en otro presunto escándalo de corrupción a través de su mujer, Teresa Gabarra Balseéis, imputada en el caso Guateque, donde se investiga la presunta concesión ilegal de licencias por parte del Ayuntamiento. En el expediente de un restaurante del que es dueña aparece una anotación para que la licencia se tramite de forma «urgente».

López Viejo siguió contratando decenas de actos de Aguirre con Easy Concept (antes llamada Down Town, heredera a su vez de Special Events), al menos hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2007.

En la segunda legislatura, cuando es nombrado consejero de Deportes, López Viejo empezó a tener más cuidado y, por orden suya, se pasó a contratar con empresas tapadera, según explican ahora desde la Comunidad de Madrid. Entre ellas aparece MQM (Marketing Quality Management), que no tiene relación conocida con la red de Correa, pero que podría trabajar como sociedad pantalla de Easy Concept, según está investigando Garzón. Con esta otra empresa, los métodos de López Viejo y su exigencia de contratación seguían siendo los mismos.

A día de hoy, como confirman desde dentro de la Comunidad de Madrid, quedan facturas por abonar pendientes desde 2008 porque los servicios se contrataron sin respaldo presupuestario.

Desde sus tiempos de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, López Viejo trabaja con un asesor, Pedro Rodríguez Pendás, que es a todos sus efectos su número dos, por encima de los funcionarios de la Consejería.

El papel de López Viejo ha despertado una gran preocupación en el Gobierno de Madrid. Por eso, la propia Aguirre decidió destituirle fulminantemente el lunes, antes de que aparecieran los primeros indicios que le podrían inculpar.

1999-2003

Alberto López Viejo fue un muy polémico concejal de Limpieza con José María Alvarez del Manzano. La Intervención del Ayuntamiento le acusó de irregularidades y el PSOE denunció que incurrió incluso en malversación de fondos.

Finales 2003

Esperanza Aguirre le ficha como 'número seis' de su lista mientras se destapan sus presuntas irregularidades consecuencia de su etapa como concejal. En noviembre, tuvo que salir al paso de todas las acusaciones y las calificó de falsas.

Mayo 2004

Aguirre le nombra viceconsejero de Presidencia, pero ya desde antes, cuando ni siquiera ocupaba un cargo en el Gobierno, comienza a ocuparse de contratar todos los actos públicos de la presidenta.Muchos, con empresas de la trama de Correa.

Junio 2007

La presidenta asciende a López Viejo y le nombra consejero de Deportes. Aun desde su nuevo puesto, sigue organizando las presentaciones y actos de importancia en los que participa Esperanza Aguirre.

Toyotas, muebles y flores de boda

De su etapa como concejal de Limpieza (1999-2003), López Viejo atesora 'perlas' que adornan su gestión, aunque él siempre ha negado irregularidades. En aquel tiempo, los contratistas le llamaban 'El Toyota' porque obligó a varias empresas a adquirir vehículos de esa marca y a hacerlo en un concesionario concreto.Además y como adelantó en su día este diario, impuso a la sociedad Cespa -que gestionaba la limpieza de varios distritos- a que comprara sus muebles de oficina en la tienda de su padre. El primer gasto de 3,5 millones de pesetas no le pareció suficiente, y la empresa tuvo que gastar otros 8,5 millones en muebles que no sabía dónde meter y que acabaron amontonados. La misma sociedad pagó las flores de su propia boda, en el año 2000, según informó EL MUNDO.

Febrero de 2009: la destitución

Tras destaparse la presunta trama de corrupción que podría afectar al PP, el pasado lunes, Esperanza Aguirre decidió destituirle, aunque oficialmente se dijo que fue él quien dimitió. Su pecado oficial: contratar con empresas bajo sospecha. El pasado jueves acudió a la Asamblea de Madrid (en la imagen) con rostro demudado y como diputado raso. Si fuera imputado, el caso tendría que trasladarse al Tribunal Superior de Madrid

www.elmundo.es 15.02.09

Garzón implica en la trama a López Viejo, ex consejero de Aguirre, y a un alto cargo de Camps, dos aforados del PP

El juez Baltasar Garzón ha sido tajante: Hay “serios indicios” que indican que cargos aforados del PP “podrían tener responsabilidad” en la causa abierta por la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa. Según informa El País, ateniéndose a fuentes de la investigación, uno de los responsables populares que aparece en el sumario es Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid hasta hace una semana. Otro sería un alto cargo del Gobierno valenciano de Camps, aunque su identidad se mantiene todavía en secreto.

Así, se han cumplido las peores previsiones que manejaban en Génova 13. Aunque el magistrado no ha dado nombres, ha dejado claro que algunos de estos políticos populares podrían tener la condición de aforados -esta condición la tienen el presidente y los miembros del Gobierno, los presidentes y miembros de los Ejecutivos regionales, y los diputados y senadores-.

Aforados confirmados
De acuerdo a las informaciones ofrecidas ayer por la Cadena Ser, cuatro aforados se encuentran en el punto de mira: López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Luis Bárcenas. A la confirmación, según El País, de López Viejo, habría que añadir la aparición en el sumario de un alto cargo del Gobierno valenciano de Francisco Camps, cuya identidad permanece oculta todavía.

López Viejo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le cesó al frente de la consejería de Deportes. No obstante, López Viejo continúa en su puesto de parlamentario madrileño. Está acusado de adjudicación irregular de contratos. En una de las grabaciones de la investigación a las que tuvo acceso El Plural, Francisco Correa reconocía que López Viejo recibía comisiones de cada acto que organizaba para el Partido Popular. “Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”, afirma literalmente el jefe de la trama en estas grabaciones.

Benjamín Martín
Fue el elegido por Esperanza Aguirre para presidir la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la trama de espionaje. Elección que seguramente Aguirre lamentó al leer en El Plural que su elegido obtuvo presuntamente casi dos millones y medio de euros a cambio de guardar silencio en relación con la trama de corrupción vinculada al PP. Al menos es lo que se desprende de una de las grabaciones que obran en poder del juez Baltasar Garzón, cuando una de las imputadas explica cómo Martín Vasco les había vendido su silencio para “no reventar el tinglado”.

Alfonso Bosch
Fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. En la actualidad, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de diputado en la Asamblea regional. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre. Uno de los imputados por Garzón lo define concretamente como "uno de ellos y uno de los malos, de los que hacen cosas mandados por ellos (en relación a los cerebros de la trama)".

Luis Bárcenas
Es senador por Cantabria y tesorero nacional del PP. Aparece en algunas grabaciones y en el sumario que instruye el juez Baltasar Garzón. Hace unos días El Mundo publicó que Bárcenas (mano derecha y sucesor de Álvaro Lapuerta como tesorero del PP y "en el corazón de las finanzas del PP desde la presidencia de Manuel Fraga"), presionó al gobierno de Aguirre para conseguir contratos públicos de seguridad.

www.elplural.com 14.02.09

El imputado González Panero, ¿un protegido de la lideresa Aguirre?

La dimisión de Arturo González Panero como alcalde de Boadilla se hizo esperar. Para ello, el entonces regidor desmintió previamente a Rajoy y se agarró con resistencia a su preciado puesto, al tiempo que las informaciones sobre su supuesta implicación en operaciones investigadas por el juez Garzón se iban multiplicando. El ex alcalde mantiene actualmente su acta de concejal en el consistorio y el cargo de presidente del PP de la localidad. ¿Le quedan apoyos en el PP? Al menos contaba con estos previamente al estallido del escándalo.

A pocos escapa la afinidad existente entre el por ahora concejal de Boadilla y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Protagonista de ciertos escándalos, que le han valido numerosas condenas y denuncias -de las que ha ido informando El Plural-, Panero tuvo incluso que ser llamado al orden por la lideresa -presidenta del PP madrileño- hace algunos meses, ante la purga que estaba llevando a cabo en el seno de su formación local.

Clara cercanía
La cercanía entre ambos dirigentes es manifiesta, y podría explicar, en parte, la actitud de disidencia frontal que Panero expresó ante Mariano Rajoy el pasado lunes. Como muestra, un botón: una visita de la presidenta regional al citado municipio madrileño el pasado 13 de enero, poco más de dos semanas antes de que se produjera la explosión de la trama corrupta que ahora amenaza con cobrarse cada vez cargos populares más relevantes.

Según publica la revista de información municipal Boadilla del Monte Actual, la lideresa escogió el municipio entonces regido por González Panero para "acoger el primer barrio ecológico de la Comunidad de Madrid". El documento refleja el agradecimiento del regidor a tal concesión y la "estrecha colaboración" mantenida en otros proyectos entre la Comunidad y el Ayuntamiento. Las instantáneas reflejan el buen ambiente entre ambos dirigentes antes de la tormenta. ¿Ha cambiado Esperanza Aguirre su percepción sobre el edil ahora imputado?

www.elplural.com 14.02.09

La Comunidad de Madrid mantiene deudas con empresas tapadera de Correa

La Comunidad de Madrid tiene una deuda de varios millones de euros con empresas tapadera que utilizaba la red corrupta de Francisco Correa por servicios contratados hasta hace sólo unos meses, aunque la dirección nacional del PP rechazó en 2004 seguir haciendo negocios con el cabecilla de la trama. Estos contratos no tenían ningún respaldo presupuestario y se acordaban sin seguir el trámite legal, muchas veces incluso a golpe de correo electrónico. El encargado de las gestiones era Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la lideresa hasta el pasado martes.

Uno de estos contratos hace referencia al acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de su Gobierno en la Puerta del Sol, según informa El País. No pasa por alto, según los documentos, que Easy Concept, la empresa de Correa encargada del evento, infló los costes para ganar hasta un 40% más.

Triple vertiente
Las sospechosas actuaciones de Easy Concept, empresa de Francisco Correa con la que la Comunidad de Madrid trabajaba, tienen tres vertientes: La empresa se camuflaba bajo tapaderas como el grupo MQM (Marketing Quality Management) para no despertar sospechas en la dirección nacional; inflaba los costes de sus servicios hasta alcanzar beneficios del 40%; y sus actuaciones eran presuntamente teledirigidas desde el Gobierno de Esperanza Aguirre.

López Viejo
El encargado de realizar las operaciones de maquillaje no sería otro que Alberto López Viejo, consejero de Deportes de Esperanza Aguirre hasta el martes y que todavía es parlamentario madrileño. Junto a él trabajaba su amigo Pedro Rodríguez Pendás. López Viejo sugería fraccionar los costes de los servicios para que no superaran la cantidad de 12.000 euros, que obligaría a realizar un concurso público para evitar la adjudicación a dedo.

MQM, tapadera
Uno de los casos que ilustran estas prácticas es el que realizó Aguirre en la sede de su Gobierno en la Puerta del Sol de Madrid para entregar a los Príncipes de Asturias la medalla de la Comunidad de Madrid, el 12 de septiembre de 2007. El acto lo organizó supuestamente Easy Concept, pero lo hizo bajo la tapadera de la firma MQM.

Inflando los costes
El coste del acto resulta bastante inquietante. Aunque el material le costó a la empresa 39.143 euros, fue facturado a la Comunidad de Madrid por 65.475 euros. El precio se inflaba de esta manera en un 40%, consiguiendo un beneficio de 26.331 euros. Los responsables del encargo a MQM no eran otros que Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás. A éste último se le enviaron los detalles de la contratación por e-mail, dejando claro que el acto estaba fuera del “concurso número 03-at-6.6/2007”, que tenía la Comunidad con MQM. Esta aclaración fue incluida a petición expresa de Pendás.

A dedo
Finalmente, los costes eran fraccionados en cantidades inferiores a los 12.000 euros, para que no hubiese necesidad de realizar un concurso público y poder realizar las adjudicaciones a dedo. La documentación intervenida a Easy Concept así lo refleja: "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que sólo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto".

www.elplural.com 14.02.09

EN EL TRIBUNAL DE LOS AFORADOS

Una agencia de Correa operó para Estepona mientras gobernó el PP

Esperanza Aguirre, su vicepresidente, Ignacio González (izquierda) y su consejero de Interior, Francisco Granados, coincidieron ayer durante la toma de posesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira. Este tribunal asumirá parte de la investigación de la trama de corrupción destapada por Baltasar Garzón si finalmente él se inhibe por haber imputados aforados.Una de las sociedades controladas por Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama investigada por el juez Garzón, Pasadena Viajes, facturó al Ayuntamiento de Estepona (Málaga) más de 53.000 euros entre febrero de 2000 y junio de 2003. El actual concejal del PP Ricardo Galeote fue en aquella etapa gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades Recreativas. Galeote, que es hermano del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Gerardo Galeote, e hijo del ex concejal en Boadilla del Monte y gerente del consorcio deportivo de la zona oeste de Madrid, José Galeote, fue tajante ayer en negar cualquier tipo de irregularidad y aseguró que si se operó con Pasadena fue porque ofrecía precios más baratos que otras agencias.

En cambio, Galeote recordó que en octubre de 2006, siendo ya concejal, la denuncia del grupo municipal del PP logró evitar la firma de un convenio urbanístico que beneficiaba a Construcciones Salamanca, promotora fundada por el suegro de Correa, Emilio Rodríguez Bugallo, recientemente fallecido que estuvo imputado en el caso Malaya. El PP estimó las plusvalías en unos 50 millones de euros.

La esposa de Correa, Carmen Rodríguez, también imputada en la trama, trabajó dos meses y medio como jefa de prensa en el Ayuntamiento de Estepona.

www.elpais.es 14.02.09

López Viejo y un cargo valenciano, aforados investigados por Garzón

El juez rechaza la personación del PP en el proceso por corrupción

El juez Baltasar Garzón rechazó ayer la personación del PP como acusación en la causa por la supuesta trama de corrupción que afecta a concejales y otros cargos pertenecientes al citado partido al considerar que no se puede ser al mismo tiempo presunto responsable de un delito y su víctima. En su auto, el magistrado confirma, además, que entre los investigados se encuentran parlamentarios o cargos aforados del partido por lo que anuncia que tendrá que inhibirse en favor de otros tribunales para perseguir sus actividades delictivas.

Fuentes de la investigación indicaron que los aforados a los que se refiere Garzón son Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, que fue destituido la pasada semana aunque continúa como parlamentario madrileño, y un alto cargo de la Comunidad Valenciana, cuya identidad se mantiene secreta. No obstante, en los registros efectuados en los últimos días se ha intervenido abundante documentación, ordenadores y memorias portátiles, y a la policía judicial aún no le ha dado tiempo a seguir las pistas a las que apuntan. Por ello, estas fuentes aseguran que el número de aforados podría aumentar en los próximos días.

En su resolución, el juez explica que el PP no puede personarse como acusación porque "existen serios indicios" de que algunos integrantes de ese partido o personas vinculadas a él "podrían tener responsabilidad penal en esta causa".

Garzón se dirigió el pasado jueves a la Fiscalía para que le indique qué pretende que se haga con los casos de los aforados, si debe inhibirse de inmediato al tribunal que corresponda en cada caso o si, como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe esperar a completar la investigación.

El auto anuncia que, en el momento oportuno, el juez cederá la competencia sobre los aforados al tribunal competente. Los miembros del Gobierno central, diputados y senadores responden ante el Supremo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los parlamentarios autonómicos y miembros de los ejecutivos regionales lo hacen ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad. Garzón lo tiene claro, puesto que afirma que la inhibición "se producirá una vez que concluya el análisis policial y pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".

Como el PP fue rechazado como parte -aunque ha anunciado recurso-, la Comunidad de Madrid intentó ayer personarse en la causa, aunque es obvio que el camino será el mismo que el seguido por el PP, puesto que en un futuro puede ser considerada responsable civil de las actuaciones de sus aforados. El juez tomó ayer declaración a una persona detenida desde el miércoles pasado, presuntamente el empleado de Correa que habitaba el piso de seguridad de la trama en Madrid. El juez le dejó libre con comparecencias semanales.

www.elpais.es 14.02.09

UN ACTO INSTITUCIONAL DE 65.000 EUROS

El 12 de febrero de 2007, Esperanza Aguirre impuso la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a los príncipes de Asturias en el edificio de la Presidencia del Gobierno, en la Puerta del Sol. La Comunidad pagó 65.000 euros por el estrado enmoquetado y unas sillas forradas de tela más algunos adornos florales.

www.elpais.es 14.02.09

Empresas tapadera para contratar en Madrid

El Gobierno de Aguirre tiene múltiples deudas con la red de Correa - El jefe de la trama facturaba con sociedades ajenas a petición del ex consejero López Viejo

La Comunidad de Madrid adeuda varios millones de euros a empresas tapadera con las que la red corrupta que dirigía Francisco Correa prestaba servicios al Gobierno de Esperanza Aguirre hasta hace sólo unos meses, pese a que la dirección nacional del PP había ordenado desde 2004 no contratar con ese grupo. De hecho, en las grabaciones aportadas al sumario Correa se refiere, en diciembre de 2007, a la deuda de la Comunidad de Madrid con sus empresas. Los contratos, muchos sin respaldo presupuestario y sin la tramitación legal necesaria, se hacían a través del que era hasta el pasado martes consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

López Viejo sugería fraccionar los contratos para evitar filtros administrativos Easy Concept inflaba los costes para ganar un 40% por cada transacción

La documentación en poder de EL PAÍS correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red corrupta vinculada al PP que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa empresa inflaba los costes para ganar un 40% por contrato, los presentaban al pago a la Comunidad de Madrid bajo una sociedad blanca o sin sospecha y luego los fraccionaba irregularmente. Y todo ello bajo la aparente dirección del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y de su amigo Pedro Rodríguez Pendás. Ambos se vieron implicados en facturaciones irregulares cuando eran concejal de Limpiezas del Ayuntamiento de Madrid y asesor, respectivamente.

La citada documentación corrobora lo que Correa reconocía en las grabaciones: López Viejo le sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo. No en vano Correa era un apestado tanto para el PP nacional, tras exigir contratos en nombre del partido, como para la opinión pública, tras ser denunciados sus apoyos y adjudicaciones irregulares.

Los papeles apuntan que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management). Un informe interno de Easy Concept revela cómo se fraguó dicho servicio al Gobierno de Aguirre:

"A día de hoy, 15 de febrero de 2008, el informe de factura es el siguiente. Importe total a facturar a la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid] por los Premios Príncipes de Asturias es:

- Importe a facturar: 64.475 euros con IVA.

- Facturado por MQM hasta el momento. 9.224 euros más IVA.

Pendiente de facturar: 56.250 más IVA (hasta el momento)".

El montaje del acto lo pidieron expresamente Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendas. A este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de Pedro Rodríguez. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que sólo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto". Por tanto, el escrito detalla cómo presuntamente los contratos y facturas eran encargados y presentados a la carta, de forma absolutamente irregular, por altos cargos del Gobierno de Aguirre. Todo se resolvía a golpe de correo electrónico, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación.

Pero si es llamativo que Easy Concept se oculte para prestar servicios a la Comunidad de Madrid a través de una sociedad como MQM, cuya versión de estos hechos fue solicitada ayer sin éxito -nadie coge el teléfono en su sede, que comparte con tres empresas-, más inquietante resulta advertir cómo se hinchan los precios de coste hasta un 40% a cargo del presupuesto de la Comunidad de Madrid, según el desglose al que ha tenido acceso este diario. Así, si el material le costó 39.143 euros, lo facturaron al Gobierno regional por un monto de 65.475 euros, un beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el servicio a la Comunidad. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992 euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez [Pendás] y está considerado fuera del contrato referente al concurso número 03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.

El corolario es triple: Easy Concept camuflaba su presencia como contratista a través de distintas empresas, inflaba los precios y lo hacía teledirigida desde el Gobierno de Aguirre, a tenor de los referidos escritos internos. En el presupuesto de Easy Concept aparece una comisión de un 5% para MQM, supuestamente por usar su nombre. Este diario solicitó ayer sin éxito la versión del Gobierno de Aguirre sobre estos contratos y los que dejó pendientes López Viejo. MQM aparece citada en las grabaciones sumariales como receptora de contratos de la trama.

www.elpais.es 14.02.09

El director de la televisión de Valencia es padrino de la hija de un imputado

El presunto cerebro de la trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón, Francisco Correa, estaba llamado a ser el padrino en el bautizo de la hija del presidente de Orange Market, Álvaro Pérez. Sin embargo, fue detenido el 6 de febrero, un día antes del bautizo, para evitar su huida de España, prevista según el auto para después de ese acto. Ese mismo viernes la policía registró las oficinas de Orange Market, lo que disuadió a varios cargos del PP en Valencia de asistir al bautizo que se celebraba el día siguiente en Barcelona. El director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Pedro García, que fue el único que acudió, sustituyó a Correa en el encargo debido a la relación que mantiene con Pérez. El lunes siguiente Pérez ingresó en prisión. Anteayer fue liberado.

García confirmó ayer este hecho, que circunscribió al "ámbito privado" y a la "amistad de familia" que mantiene con Pérez, a quien conoció hace años, antes de ocupar su actual cargo, como producto de la relación profesional que Orange Market mantenía con el PP "en la organización de actos". El director general de RTVV admitió un contrato por 2.178 euros tras haber negado su existencia. Ayer fue la primera vez que el nombre de Álvaro Pérez fue pronunciado en un informativo de Canal 9 para anunciar su puesta en libertad.

www.elpais.es 14.02.09

"Ulibarri me dijo antes del concurso que el Consell le iba a adjudicar 13 licencias de TDT"

No sólo el imputado Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market, se jactaba de sus buenas relaciones con los dirigentes del PP valenciano y con el Ejecutivo de Francisco Camps. También el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la misma causa que investiga el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, y que controla 13 emisoras de TDT en la Comunitat Valenciana, se vanagloriaba de tener influyentes contactos en la Administración valenciana.

Muy pocos en el sector audiovisual valenciano conocían a Ulibarri cuando desembarcó en Valencia en 2005 procedente de Castilla y León, donde había entablado relación con dirigentes del PP, como el ex presidente del Gobierno José María Aznar, o el ex ministro y ex número dos del partido, Ángel Acebes. En poco tiempo el también constructor logró 13 licencias en las 14 demarcaciones en que se dividió la Comunitat Valenciana para la conversión a la TDT.

Casi cuatro años después, el presidente de la Federación Valenciana de Televisión, Alejandro Rodríguez, recuerda muy bien a Ulibarri. "Él ya sabía que le iban a adjudicar las 13 licencias de TDT porque me lo dijo a mí. ¿Cómo lo sabía él de una forma tan fehaciente?", se pregunta Rodríguez, que preside la federación que aglutina a las tres asociaciones provinciales y a un centenar de empresarios.
En aquellos años Ulibarri no se escondía. "Él iba diciendo que ya lo tenía claro y que quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a quedar sin concesión y se iba a comer los equipos con patatas", aseguró ayer Rodríguez a Levante-EMV. Se trataba de las televisiones locales de diferentes empresas que emitían de manera ilegal y a las que el Consell conminó a asociarse con el empresario castellano-leonés para garantizarse que se iban a adjudicar la licencia local.

"Comprar a un precio irrisorio"

Según Rodriguez, Florencio Carreras, mano derecha de Ulibarri, intentó aproximarse a los empresarios valencianos afirmando que tenían la adjudicación prácticamente concedida, e intentó "comprarles por un precio irrisorio" sus emisoras. Rodríguez explica las irregularidades que a su juicio se han cometido, "llevadas a cabo directamente por Esteban González Pons", entonces conseller de Presidencia.

Para el presidente de los empresarios valencianos de televisión las piezas del puzzle comienzan a encajar. "Esto es un desmadre de prebendas y adjudicaciones descaradas. Cuando tú ves que no se respeta la legalidad vigente y no hay equidad es decir que concurramos todos en igualdad de oportunidades pues pasa que los empresarios valencianos están quemadísimos. ¿Qué pasa que nosotros no les íbamos a dar nada?", afirma Rodríguez.
"Ulibarri viene de fuera, no conoce la idiosincrasia valenciana. La ley dice que se valorará la pertenencia al lugar y cuando ha montado las televisiones lo hace fuera de la ley porque no respeta el uso del valenciano. En cambio nosotros estamos trabajando en televisión desde hace 25 años, antes de que Canal 9 existiera"", añade el empresario valenciano.

El proceso está recurrido

Las licencias que el Consell concedió en 2005 están adjudicadas de forma provisional porque el proceso está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desde mediados de 2005 por parte de algunas de las empresas que participaron en el concurso y por la propia federación, cuyo presidente denuncia que hubo "manipulación de expedientes". "Hay un descaro y poca vergüenza cuando Camps dice que ha sido una concesión limpia e inmaculada y está en la sala tercera del contencioso-administrativo para beneficio de unos señores que han llegado aquí como paracaidistas para llevárselo calentito con González Pons de mano armada de Camps. Ni se publicó en el diario de la UE, es decir una serie de irregularidades y descaros", añade. Ahora, la Federación Valenciana de Televisión estudia personarse en la causa abierta por el juez Baltasar Garzón al sentirse perjudicados. Quieren saber cómo un empresario de Castilla y León llega a la Comunitat Valenciana y logra las licencias. "Actúan sin vergüenza porque si no, no le haría esto a los empresarios valencianos", añade.

www.levante-emv.com 14.02.09

Cuando a Garzón le agasajaba el PP

Eran otros tiempos. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue el invitado "estrella" en las Fallas de 1993 del Ayuntamiento de Valencia presidido por la alcaldesa Rita Barberá, que ahora carga contra él -a coro con todo el Partido Popular- a cuenta de la instrucción del caso Gürtel, que salpica a dirigentes populares. A principios de los 90 Garzón llevaba entre manos el proceso por el secuestro de Segundo Marey, el sumario matriz de los GAL que retomaría tras su breve aventura política. Precisamente su visita del 93 se produjo apenas un mes antes de solicitar la excedencia en la Magistratura para presentarse a las elecciones en las listas del PSOE, alcanzar su acta de diputado y el cargo de delegado del Plan Nacional contra las Drogas.

Por entonces, Garzón llegó a coincidir en la ciudad con Mariano Rajoy y Javier Arenas aunque estos se marcharon antes de la cremà, en la que el juez fue el invitado más agasajado. Se le mostró un ninot que le representaba como un "caballero de causa nobles" y acudió a los toros.

Repetiría experiencia muchas veces, aunque de visita privada, de la mano del ex concejal y ex diputado provincial Vicente Martínez Marco y el ex concejal y ex director general de Salud Pública, Francisco Bueno. En 1999 coincidió en el balcón del consistorio con Barberá, Zaplana -entonces presidente de la Generalitat- y Ángel Acebes, a la sazón ministro de Administraciones Públicas.

En 2001 fue de nuevo invitado oficial pero en esta ocasión por la Diputación Provincial de Valencia presidida por Fernando Giner, junto con el entonces Defensor del Pueblo y ex ministro de Justicia Enrique Múgica. Ese mismo año recibió el premio Cotorra del Mercat Central. En 2002 también visitó las fallas y fue mantenedor de la Regina dels Jocs Florals, la esposa de Martínez Marco.

www.levante-emv.com 14.02.09

"DADIVAS Y SOBORNOS A AUTORIDADES"

El juez Baltasar Garzón ha puesto por fin por escrito el objetivo de su investigación. En el auto por el que la pasada madrugada envió a prisión a los tres cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez-, explica que en la causa que instruye hay indicios suficientes de que un grupo organizado de personas en el que participaban los imputados, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas", como Madrid y Valencia. La finalidad de ese grupo era obtener beneficios utilizando "como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas". Por el momento han resultado implicados dos cargos públicos, pero Garzón especifica que se investiga a las autoridades y funcionarios que hayan sido receptores de esas dádivas y cuya voluntad haya podido ser corrompida para exigirles las responsabilidades penales correspondientes.

Según el juez, los imputados "entregaron regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas".

Al mismo tiempo, el juez considera acreditado que se ha producido una "defraudación fiscal" y que ha habido movimientos de dinero en el extranjero por medio de sociedades que operan en paraísos fiscales para blanquear fondos. El magistrado especifica que los imputados utilizaron "técnicas de ingeniería financiera", de tal forma que al utilizar territorios como Panamá, las islas del Canal de la Mancha o las Antillas Holandesas, han buscado la opacidad y han impedido que la justicia alcance los fondos desplazados.

Además, para conseguir sus objetivos y disfrazar las contabilidades, el grupo no dudó en alterar y falsificar documentos, entre otros, facturas comerciales.

El auto destaca que Correa -cuyo nombre en alemán, Gürtel, da nombre a la operación policial-, montó una estructura de empresas en España a la que superponía otra estructura internacional con sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda, que a su vez estaban participadas por sociedades creadas en paraísos fiscales. Precisamente, los fondos procedían de sociedades matrices con sede en Antillas Holandesas, Jersey y Guernsey, Suiza y otros territorios off shore, y llegaban a las sociedades españolas camuflando las aportaciones como si fueran ampliaciones de capital.

Se trata de un presunto delito de blanqueo de dinero cometido por españoles en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.

Correa, según el auto del juez, utilizó testaferros y estructuras fiduciarias opacas, creadas por asesores fiscales y jurídicos en su estrategia de ocultación, mientras realizaba operaciones en países tan dispares como China, Azerbaiyán, Colombia, Panamá o Estados Unidos.

Entre otros hechos, el juez imputa a Correa haber dado "instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio".

El jefe de la trama ha intentado obtener la residencia en Panamá y tenía previsto abandonar en breve España, por lo que la policía aconsejó al juez que precipitase las detenciones. También dio instrucciones a su primo Antoine Sánchez -utilizado como testaferro al frente de las sociedades- para que obtuviera pasaporte y residencia en Senegal.

El lugarteniente de Correa, sin embargo, era Pablo Crespo Sabaris, que actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas. Crespo es responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y "codiseña con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo".

Asimismo, Garzón le achaca el impartir "instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo".

Uno de los aspectos que denotan el carácter delictivo del grupo es que "utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen".

La organización, según se describe en la resolución judicial, "dispone de un piso de seguridad [en la calle de Martínez Campos, 32, 7º, puerta sexta, de Madrid] donde, además de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas, guarda documentos sensibles que han sacado de la sede de Serrano, 40, 4º izquierda, de Madrid".

El juez destaca que en la causa hay elementos que determinan un riesgo de fuga "objetivo y real", puesto que fue precisamente la posibilidad de fuga de Correa el detonante de que se produjeran las detenciones. Además, Crespo dio órdenes de que se escondieran documentos y no se utilizaran los móviles porque los teléfonos estaban intervenidos.

El juez afirma también que "la trama parcialmente desvelada, en este momento, no alcanza a la totalidad de las actividades delictivas que se pueden imputar, pero extendiéndose a todas las personas que ya están imputadas, puede afectar a un mayor número". Es decir, la operación sigue abierta y va para largo.

Por otro lado, ayer declaró ante el juez, en calidad de imputado, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, que fue detenido el lunes pasado por su presunta vinculación con la trama de corrupción en la Comunidad Valenciana. Las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell no solicitaron prisión ni fianza para él, según explicó su abogada, Ángela Coquillat. El juez, por tanto, le dejó en libertad, aunque con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.

(www.elpais.com, 13/02/09)

UNA IMAGEN DE OTROS TIEMPOS

Era el 18 de abril de 2007, en Paterna (Valencia). La foto muestra el grado de cercanía de Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, con la cúpula del Partido Popular. Por ello aparece sentado en el suelo, a la izquierda, justo delante de Juan Costa, y muy cerca, entre otros, de Francisco Camps, Mariano Rajoy, Rita Barberá y Carlos Fabra durante un acto del Partido Popular. Eran otros tiempos.

www.elpais.es 13.02.09

GARZÓN PONE BAJO SOSPECHA AL PP DE MADRID Y VALENCIA

La red organizada por Francisco Correa sobornó a funcionarios y autoridades de Madrid y Valencia para que concedieran contratos a sus empresas. Esa es una de las acusaciones vertidas ayer por el juez Baltasar Garzón en el auto con el que, en la madrugada del jueves, envió a prisión al propio Correa y a sus dos colaboradores principales, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Según el magistrado, que no concreta casos de cohecho o tráfico de influencias, «los imputados establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades». En la mayoría de los casos, las más de 20 empresas investigadas actuaban en municipios populares.

El juez de la Audiencia Nacional explica que, para obtener los contratos, utilizaban «como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas [...] a la vez que entregaron regalos, presentes, cantidades de dinero, para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas».

Según el auto, Correa era el jefe de la trama, mientras que Crespo se encargaba de gestionar las, al menos, 23 empresas investigadas.Antoine Sánchez figuraba como titular de muchas de ellas, ocultando así la figura de Correa. Los fondos obtenidos por la trama -que ha estado en marcha, al menos, durante los últimos 10 años- circulaban por una red de sociedades que acababan en paraísos fiscales y que fue tejida por alguno de los abogados que también se encuentran imputados.

El conjunto de la actuación se traduce así en el Código Penal: «múltiples» delitos de cohecho, «diversos» delitos de tráfico de influencias, así como blanqueo de capitales, defraudación fiscal, asociación ilícita y varios delitos de falsedad.

En cuanto a las identidades de los funcionarios y autoridades tocados por la red, el juez dice que «se está investigando, al objeto de tomar las decisiones que correspondan en Derecho».Garzón no especifica ningún caso concreto de cohecho o tráfico de influencias, ni menciona expresamente a ningún partido. En parte, explica, porque los hechos los relata «sucintamente» para no perjudicar las investigaciones que se están practicando. Sin embargo, cruzando los presuntos sobornos cometidos con la lista de imputados surgen los nombres de los ex alcaldes populares de Boadilla del Monte Arturo González Panero, y de Majadahonda Guillermo Ortega, ambos en Madrid. En cuanto a las actividades en Valencia, el juez dejó ayer en libertad con comparecencias semanales a Alvaro Pérez Alonso, conocido como El bigotes, responsable de Orange Market, filial en la ciudad de Special Events, una de las sociedades de Correa que más contratos obtuvo del PP.

La larga lista de casi 40 imputados no incluye a ningún aforado, pese a que en la investigación ha surgido el nombre del diputado autonómico popular Alberto López Viejo. La competencia para imputarle y seguir con la investigación recaería sobre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que el juez debería remitir el asunto cuando encontrase indicios que justificasen esa imputación. Lo mismo sucedería en el caso del también diputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor, quien, según la cadena Ser, también ha aparecido en la investigación por hechos durante su etapa como concejal de Boadilla.

EL JEFE

El juez deja claro que todo el entramado se dirige a incrementar el patrimonio de Correa, que es quien «da instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio».

Mientras dejaba a Crespo al frente de sus empresas, él se dedicaba a «la valoración de posibles negocios en distintos sectores, fundamentalmente el inmobiliario», aunque la crisis del sector le puso a buscar «nuevas opciones en cualquier lugar del mundo».«Su actuación consiste en negociar de forma directa un proyecto de negocio y en supervisar su ejecución, en países tales como China [y] Azerbaiyán». De ese modo, ha llegado a acumular un amplio patrimonio inmobiliario en España y en el extranjero, con propiedades en Las Rozas, Sotogrande, Ibiza, Tarifa, Miami y Cartagena de Indias.

EL GESTOR

En la jerarquía de la trama, quien seguía inmediatamente a Correa era Pablo Crespo, que daba órdenes al resto de la organización.Según el magistrado, «lleva la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos, [...] es el consejero delegado de las empresas; recibe las ofertas de proyectos económicos, concierta las reuniones preparatorias y organiza las reuniones de otros miembros del grupo y supervisa la gestión financiera». En definitiva, Crespo «es el responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa».

Cumpliendo con las directrices de éste, «imparte instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos».

LA MASCARA

El primo de Correa es una «pieza clave» en la estrategia de ocultar al verdadero jefe de la trama, que le hacía figurar como titular de las empresas. Que Sánchez era una fachada lo demuestra que Correa pagase «todos los gastos» que generaba: teléfonos, viajes, manutención, regalos... Pese a todo, su relevancia en la trama es menor, lo que se traduce que sólo le imputa blanqueo de dinero y falsedad.

(www.elmundo.es, 13/02/09)

UN TOPO EN CASA DE CORREA

Ya fue topo. Y parece que ha vuelto. José Luis Peñas, conocido en ambientes políticos madrileños como Pepe Peñas, es una de las personas que han facilitado al juzgado información, grabaciones, para la operación Gürtel.

Pepe Peñas es un viejo conocido de los militantes del PP de Madrid.En el año 2005, junto con Juan José Moreno, provocó una grave crisis en el Ayuntamiento de Majadahonda, una localidad en la que el PP arrasa en todas las elecciones. Allí ya grabó a sus compañeros.

El Ayuntamiento, cuyo alcalde era entonces Guillermo Ortega (Willy), despedido recientemente por Esperanza Aguirre como gerente del Mercado Puerta de Toledo, quiso vender unas parcelas a un precio por debajo de su valor. Narciso de Foxá, era entonces responsable de Urbanismo, pero quien manejaba las operaciones era Peñas. Foxá dimitió como responsable de Urbanismo y se negó a firmar la venta de esas parcelas a un precio que consideró «irrisorio» (luego se vendieron por 60 millones de euros más). Las parcelas llegaron a la calle Génova.

Esperanza Aguirre intervino y la crisis terminó con la dimisión «por enfermedad» de Guillermo Ortega, que tenía como guardia pretoriana y hombres fuertes a Pepe Peñas y Juan José Moreno.La sensación que quedó de aquella crisis es que el asunto de las parcelas llevaba incluido reparto. Moreno era el responsable de Hacienda de un Ayuntamiento en bancarrota, con una deuda de 30 millones euros.

El Ayuntamiento eligió como alcalde a Foxá para sustituir a Guillermo Ortega. Una de sus primeras medidas fue destituir a los tenientes de alcalde que trabajaban con Willy. Pepe Peñas y Moreno, conocidos como Pin y Pon, pasaron a ser concejales sin delegación de servicios, o, lo que es peor, sin sueldo. Pasaron de cobrar unos 66.000 euros al año a 300. Comenzaron a denunciar al alcalde tanto en los medios como en los tribunales.

Lograron algunas grabaciones de reuniones del grupo municipal que hicieron llegar a una emisora de radio. En una de estas conversaciones se escuchaba a Foxá que decía que Aguirre había dicho que lo de las parcelas «no iba a salir». «Se han debido de comprar una grabadora en la tienda del espía», dijo entonces uno de sus compañeros.

Los dos concejales presentaron hasta 56 demandas en los tribunales por violación de derechos contra el alcalde que les había quitado el sueldo. Los ediles han perdido todas las demandas e incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les ha condenado a pagar las costas. Se calcula que sólo en este proceso han tenido que abonar unos 60.000 euros.

Pin y Pon crearon su propio partido político, Corporación Majadahonda, para ser bisagra en el Gobierno de la ciudad. No sacaron ni 100 votos. En el PP estaban convencidos de que el patrocinador era Francisco Correa, detenido por Garzón, y que podría estar detrás de algunas de las operaciones oscuras del Ayuntamiento de Majadahonda en los tiempos de Guillermo Ortega.

Con el resultado electoral, los dos concejales se quedaron en la calle. Uno de ellos, Pepe Peñas, es hoy bedel en un centro municipal del Ayuntamiento de Madrid. El otro, licenciado en Filología, logró una plaza como administrativo en esa misma administración. Su tío fue concejal de Personal en la misma corporación.

Una persona que los conoce decía que Pepe Peñas debe de tener grabaciones de Francisco Correa de los últimos cuatro años. «Ha vuelto a sacar las grabadoras que se compró en el 2005 en la tienda del espía», añadió.

Peñas fue visto hace unos días en la Audiencia Nacional, saliendo del despacho del juez Garzón, en compañía de otro concejal de Boadilla del Monte.

(www.elmundo.es, 13/02/09)

LA POLICÍA BUSCA UN MALETÍN QUE INCRIMINARÍA A DIRIGENTES DEL PP

Vídeos, CD, casetes, pendrives, contratos, documentos y elementos varios. Todo esto contenía un misterioso maletín escondido en una caja de seguridad de una entidad financiera que la Policía busca desesperadamente desde hace siete días. La pequeña valija demostraría definitivamente la relación económica que existía entre el clan de Francisco Correa (Pablo Crespo, Antoine Sánchez y otros) con algunos dirigentes municipales, autonómicos y nacionales del PP. La maleta estuvo durante un tiempo controlada por Correa, pero alguien la sacó de donde estaba guardada el 2 de febrero, cuatro días antes de la redada de Garzón.

Cuando la Policía llegó hasta las diferentes cajas de seguridad que localizó en diversas entidades financieras tras las primeras detenciones, se encontró que en ellas sólo había dinero o ya estaban totalmente vacías.

Los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) de la Policía están convencidos de que el clan Correa recibió un soplo desde alguna de las administraciones que han participado en la investigación de la denominada operación Gürtel, palabra alemana que se traduce como correa.

Este periódico, en su edición del pasado sábado, informaba de que inicialmente estaba previsto que la redada contra los principales imputados se llevara a cabo a lo largo del mes de mayo, pero se adelantó al viernes pasado porque el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sospechaba que algunos de los miembros del grupo iban a viajar a Senegal y posteriormente a Suramérica, después de acudir a un bautizo el sábado en Barcelona.

En estos momentos, son muchos los que están detrás de la ya famosa maleta. Los primeros son los agentes de la Udef, que quieren rematar una investigación que comenzaron hace cuatro años. Los segundos, los que quieren destruir el material sensible que contiene.Los terceros, los que pretenden sacarle una rentabilidad económica.Y está, finalmente, el propio Correa, para intentar llegar a un acuerdo con Garzón de colaboración judicial.

El total de cajas de seguridad localizadas y registradas por la Udef desde que comenzó la redada es de ocho. Todas ellas estaban repartidas por diferentes cajas de ahorro con sucursales en Madrid.La primera fue una oficina de Caja Madrid en la calle de Velázquez.Allí había dos cajas a nombre de Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa. La intervención se produjo sobre las 13.00 horas del día 9 y el resultado fue nefasto: no había nada en su interior.

Este periódico ha podido saber que esas dos cajas se abrieron dos años antes de la intervención policial y que las únicas personas que las utilizaban eran el propio Correa o personas del clan, como Pablo Crespo y otros. Carmen Rodríguez abrió las cajas a instancias de su marido, y, según ha comprobado la Policía, tanto el libro de registros como el vídeo de control demuestran que la persona que hizo la apertura no realizó visitas. En el libro de registros, curiosamente, figura un movimiento días antes de la redada policial.

Correa y su clan tenían, además, dos cajas de seguridad en Caja Murcia, dos en Bancaja y dos en otra sucursal de Caja Madrid, todas ellas localizadas en la capital.

Dos de esas cajas figuraban a nombre de Carmen Luis, de profesión relaciones públicas, que en 2005 trabajó durante un tiempo en la empresa Special Events de Correa y sus socios. EL MUNDO ha podido saber que, al igual que Carmen Rodríguez, Carmen Luis fue utilizada por el clan, y que el pasado verano se limitó a llevar a cabo la operación de apertura de dos de las cajas en una oficina de Caja Madrid de la calle madrileña de Bravo Murillo.

En una de esas cajas de seguridad, la Policía ha encontrado 200.000 euros en billetes y está convencida de que allí se encontraba la tan buscada maleta. Este periódico ha podido saber que las personas que usaban con mayor asiduidad esas cajas eran Correa y Crespo.

También había otra persona autorizada para abrirlas: una mujer llamada Victoria. La Policía está estudiando los vídeos de seguridad de la oficina donde estaban las cajas para determinar quién es la enigmática Victoria que accedió a ellas y pudo cambiar la documentación por dinero.

Correa, que visitaba Miami con asiduidad, también tenía otra caja de seguridad en una sede de Bancaja de esta ciudad norteamericana. En el auto dictado ayer por Garzón se recoge que Correa «ha invertido en la construcción de tres edificios [se refiere a Miami] por valor de unos cuatro millones de euros, aproximadamente, obtenidos del fondo inmobiliario que creó en España y que habría perdido porque no los ha escriturado».

(www.elmundo.es, 13/02/09)

EL JUEZ INVESTIGA LA IMPLICACIÓN DE CUATRO AFORADOS AUTONÓMICOS DEL PP

Al menos cuatro aforados autonómicos de Madrid y la Comunidad Valenciana estarían implicados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón y que por el momento se ha saldado con tres personas en prisión de los 37 imputados, entre ellos dos ex alcaldes del PP. Fuentes del caso confirmaron a La Vanguardia, que además hay más miembros del principal partido de la oposición que ocupan cargos públicos en municipios madrileños cuyos nombres aparecen de una u otra forma en el sumario.

Fuentes conocedoras del sumario judicial aseguran que habría material suficiente para probar que varios cargos públicos del PP habrían recibido costosos regalos, invitaciones a lujosos viajes y, en algunos casos, incluso dinero de parte de alguna de las empresas que controlaba Francisco Correa, jefe de la presunta trama de corrupción que, según el auto de prisión de Garzón, se dedicaba a la compra de voluntades de políticos. A cambio, los cargos públicos habrían ayudado a que las empresas vinculadas a Correa obtuviesen contratos con las administraciones en condiciones ventajosas, logrando así sustanciosos beneficios.

Todo hace pensar que el caso sufrirá un salto cualitativo importante cuando los nombres y entidad de los aforados salgan a la luz y el juez Garzón se vea obligado a trasladar el sumario al tribunal al que le corresponda.

Fuentes de la investigación apuntan como una de las claves económicas del caso al imputado José Ramón Blanco Balín, un asesor fiscal que llegó a ser vicepresidente de Repsol en los tiempos en que presidía la compañía Alfonso Cortina. Hace sólo unos meses la policía judicial de la Guardia Civil relacionó a Blanco Balín como uno de los participantes de un caso de evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein.

Fuentes de esa investigación, que también dirigió la fiscalía Anticorrupción e instruye otro juzgado de la Audiencia Nacional, indicaron a este diario que Blanco Balín está acusado de utilizar una fundación en el principado alpino para desviar dinero a bancos suizos, donde permanecía a salvo de la Hacienda española. La Guardia Civil continúa todavía trabajando en la averiguación de más identidades ante la sospecha de que la trama, a través de su compleja red de empresas, oculta el dinero negro de algunos políticos españoles.

A modo de anécdota, Blanco tiene su despacho profesional en la misma calle de Madrid donde se encuentra la dirección general de la Guardia Civil.

En el seno del PP ya es vox pópuli que la denuncia partió de uno de sus cargos públicos en un municipio madrileño. El autor de la denuncia dedicó varios meses a grabar sus conversaciones con Correa y a acumular documentación que pudiese ser de utilidad en la averiguación de los posibles delitos cometidos por ahora considerado cerebro de la trama. Cuando tuvo el material suficiente elaboró un amplio dossier que hizo llegar a la policía y a la fiscalía Anticorrupción. Un trabajo que sirvió de base a los investigadores, aunque no puede ser considerado una prueba.

(www.lavanguardia.es, 13/02/09)

EL PP MANIOBRA EN LA AUDIENCIA PARA INTENTAR APARTAR A GARZÓN DEL CASO

Quieren ser parte en el proceso que investiga la trama corrupta, pero no para acusar a sus presuntos cabecillas, sino para echar al juez. Los dirigentes del PP Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría acudieron ayer a la Audiencia para solicitar a Baltasar Garzón que admita a su partido como acusación particular en la investigación sobre la red de sociedades que presuntamente se lucraban con dinero de instituciones gobernadas por esa formación. Junto a esa petición, el responsable de Justicia del partido y su portavoz parlamentaria presentaron otra en el que exigen a Garzón que deje el caso.

Además, el PP logró con sus quejas abrir otra vía: el Consejo del General Poder Judicial ha derivado a sus servicios de inspección una denuncia de los populares contra el juez para que se analice si actuó correctamente al ordenar la detención de los implicados y, según el PP, dejarlos en el calabozo durante el fin de semana que estuvo de caza en Jaén, donde coincidió con el ministro Fernández Bermejo.

El juez Garzón tendrá que decidir en primer lugar si admite al PP como perjudicado, condición para que la Sala Penal estudie su recusación. En el escrito con el que piden ser parte, los letrados del partido aseguran que los principales imputados, según "las grabaciones filtradas en los medios de comunicación", "simulan inciertas e inexistentes vinculaciones con miembros", del PP.

El PP no explica en su documento a quién piensa acusar en caso de que el juez lo acepte como perjudicado. Solicita "personarse en las actuaciones en concepto de acusación particular sin necesidad de formular querella". Los hechos revelados en la investigación representan "un claro perjuicio" a sus "derechos fundamentales al honor y a la propia imagen y a la tutela judicial efectiva" y le han producido "una absoluta situación de indefensión y desamparo", según el escrito.

El escrito es un auténtico alegato político contra Garzón, del que, sin embargo, Mariano Rajoy decía en 1998, cuando se juzgaban los GAL: "Los jueces actúan en el Gobierno de Felipe González, pues Garzón instruyó el sumario gobernando González, y siguen actuando en el Gobierno del PP con la misma independencia".

Sin embargo, el texto señala: "No es la única ocasión en la que el Magistrado al que recusamos exhibe su estrecha vinculación con el PSOE y sus distintos gobiernos de la nación, y su permanente animosidad contra el PP. Fue público y notorio que, tras una reunión también campestre, en esta ocasión en la Finca de Quintos de Mora, y oficiando como intermediario el entonces presidente de Castilla-La Mancha, hoy presidente del Congreso, el socialista José Bono, el Magistrado Baltasar Garzón acordó con Felipe González su inclusión como número dos en la candidatura del PSOE por Madrid".

Pero los precedentes no son muy favorables. El PSOE también intentó personarse en el caso Filesa sobre la presunta financiación irregular, pero la Audiencia lo rechazó porque entre los investigados había miembros de ese partido. El mismo resultado obtuvo el Gobierno de Felipe González cuando intentó convertirse en acusación particular del caso Amedo, en plena investigación sobre la guerra sucia contra ETA. Se impidió porque los policías José Amedo y Michel Domínguez eran funcionarios y el Estado podría resultar responsable.

De su lado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó ayer de "exageración tan evidente que no se compadece con las reglas habituales de la democracia", la reacción del PP ante la noticia de que el ministro de Justicia y el juez Garzón habían asistido juntos a una cacería. Aunque Zapatero no entró a valorar esta coincidencia, pidió "mesura y tranquilidad" a los dirigentes del PP. "Los problemas propios hay que resolverlos y no se consigue nada atacando a los otros", les aconsejó.

(www.elpais.com, 13/02/09)

AGUIRRE: "GARZÓN Y BERMEJO DEBERÍAN ESTAR AVERGONZADOS"

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, subrayó ayer en la Asamblea de Madrid la estrategia de contraataque de su partido y que ella defendió en el Comité Ejecutivo del PP el miércoles. "En cualquier país democrático estarían avergonzados y no chulescos, como ayer vimos a algunos. Estarían avergonzados, habría dimitido el ministro y se habría abstenido de este caso el señor juez", señaló sobre Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo.

Aguirre, en la reunión interna del PP, recordó que en 2005 se querelló contra Cándido Conde Pumpido por enviarle al fiscal anticorrupción en el caso Majadahonda, lo que, políticamente, equivale para ella a una condena previa. Explicó que en ese Ayuntamiento se iba a vender de saldo una parcela a gente de Francisco Correa. Ella, dijo, lo resolvió y expulsó a los concejales del PP díscolos y forzó la dimisión del alcalde Guillermo Ortega (recolocado en el Mercado Puerta de Toledo). Aguirre explicó que, por ello, Correa quiso financiar a esos ediles para que se presentaran en contra de los de la línea oficial aguirrista.

(www.elpais.com, 13/02/09)

EL PP BASA EL VETO A GARZÓN EN QUE FICHÓ POR EL PSOE HACE 16 AÑOS

El PP busca amedrentar a Baltasar Garzón. A tal efecto, ayer registró en la Audiencia Nacional dos escritos: el primero, solicitando personarse como acusación particular en el sumario sobre la trama de corrupción supuestamente ligada al partido; el segundo, para recusar al juez. A su juicio, los populares merecen ser parte en esta instrucción porque el secreto sumarial les deja "indefensos", al ignorar de qué se les puede acusar. Además, exigen que Garzón deje la causa por estimar que les profesa una "enemistad manifiesta". Como prueba de cargo alegan que en las generales de 1993, hace ya 16 años, Garzón fue el número dos de la lista que encabezaba Felipe González.

Los conservadores se postulan como acusación particular para así tener acceso a las entrañas de un sumario que, según uno de sus autos de prisión, podría señalar a funcionarios y autoridades madrileños y valencianos por haber obtenido "dádivas y sobornos".

Garzón tendrá que decidir en las próximas horas si acepta o no que el PP ejerza de acusación particular en el caso. Si se niega, el intento de recusación contra él quedará igualmente desactivado. Pero si lo aceptara sería una sala de la Audiencia la que finalmente se pronunciaría sobre la idoneidad del juez para seguir investigando esta trama de corrupción.

Entretanto, los populares seguirán explotando la cacería en la que Garzón coincidió el pasado fin de semana con el ministro de Justicia. Sugieren que fue ahí donde se fraguó una trama "no del PP, sino contra el PP". El líder de los populares, Mariano Rajoy, preguntará por este asunto a José Luis Rodríguez Zapatero el próximo miércoles en el Congreso. Asimismo, exige una investigación al respecto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De hecho, en el escrito de recusación los populares sacan a colación otra cacería en la que Garzón aceptó unirse al PSOE. "Tras una reunión también campestre, en la finca Quintos de Mora, y oficiando como intermediario el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, (...) Garzón acordó con Felipe González su inclusión como número dos en la candidatura del PSOE por Madrid", recuerdan. Lo que no añaden es que Garzón dejó el Gobierno pocos meses después para reabrir un sumario que había dejado en suspenso y que acabaría dando la puntilla al felipismo: el de los GAL, la guerra sucia contra ETA.

El PP va encontrando, poco a poco, réplica a su discurso. Ayer, la fiscalía aclaró al partido que las filtraciones a la prensa no provienen del sumario de Garzón, sino de la denuncia que impulsaron exediles del PP. Por su lado, Zapatero aconsejó mesura y afeó la conducta a los populares: "La exageración es tan evidente que no se compadece en un duelo democrático", enfatizó. El presidente agregó que del Estado de derecho solo cabe esperar que funcione bien "para todos". "No es útil atacar a los demás para resolver problemas propios. Cada cierto tiempo, cada partido tiene algún problema de cierta envergadura que debe resolver", concluyó.

(www.elperiodico.com, 13/02/09)

EL ALCALDE DE BOADILLA CEDIÓ LOCALES A LA TRAMA POR UN PRECIO RIDÍCULO

El 12 de diciembre de 2007, Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción investigada por el juez Garzón, se lo confirmaba a su interlocutor en el hotel Fénix, de Madrid. Arturo González Panero, entonces alcalde de Boadilla, había adjudicado 32 locales comerciales "en unas condiciones muy ventajosas", a la empresa de José Ramón Blanco, ex vicepresidente de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.

Así quedó grabado en las conversaciones incluidas en el sumario de Garzón. González Panero otorgó a Rústicas MBS 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros. A cambio Rústicas gestionarían el alquiler de esos inmuebles durante 75 años. Una tarea por la que podrían ganar más de un millón de euros al año. Entre sus clientes, además, está el propio Ayuntamiento, que les arrienda uno de los locales por 104.000 euros anuales para instalar allí su comisaría de policía, según ha denunciado la oposición socialista.

En esa adjudicación también figura, como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, Alfonso Bosch. Este hombre, mencionado en varias ocasiones en el sumario, es diputado regional por el PP. Bosch también figura en el capítulo para el intento de construir una residencia para ancianos previa tala de 250 árboles en un monte. "Yo ganaba un pastón", asegura la cadena SER que fue el comentario de Bosch en una conversación grabada. No fue así porque se abandonó el proyecto cuando estaba a punto de votarse."José Ramón Blanco tiene una empresa, le adjudicamos un local y nos llevamos unas pesetillas", es la descripción del negocio que hizo Francisco Correa, según las grabaciones aportadas al sumario de Garzón. Unas "pesetillas" obtenidas a través de unas parcelas para construir los locales comerciales que están en una zona muy conveniente para instalar un negocio. "Es un sitio cojonudo", aclara un concejal del Consistorio. Un lugar muy bueno con un precio excelente. Además, la concesión incluye un aparcamiento de 180 plazas.

Rústicas lo construye y lo alquila. A cambio, paga 320.000 euros anuales al Ayuntamiento. El propio Consistorio ha decidido alquilar uno de los locales, de aproximadamente unos 200 metros cuadrados, para instalar allí su comisaría de Policía Local. Ha presupuestado 104.000 euros anuales para ello, según la oposición, y ya ha comenzado las obras de acondicionamiento del lugar. Ese alquiler supone un tercio de lo que le paga Rústicas, a la que aún le resta por sumar el alquiler de los otros 31 locales y la explotación del aparcamiento. Los locales tienen una media de 120 metros cuadrados. El precio estimado de mercado es de 1.700 euros al mes de alquiler.

Durante una reunión de la EMSV, Bosch, en su calidad de gerente, explica que la idea es "conseguir que vengan negocios atractivos a la zona". Es su réplica a Enrique Hernández Fernández, del PSOE, que considera que "ninguno de los tres proyectos presentados cumple con lo programado inicialmente". Por ello, prosigue, "que se puede declarar desierto el concurso porque está desvirtuado". No fue así. En marzo de 2007 se traspasan los derechos a Artas Consultoría, cuyo único administrador es el propio Blanco.

Otro apartado en las irregulares concesiones de González Panero, es la adjudicación a UFC, empresa de otro imputado, José Luis Ulibarri, de una parcela para construir 139 viviendas, de precio libre, en noviembre de 2005. La oferta de UFC no era la mejor, 35 millones, pero el Ayuntamiento valoró el compromiso de levantar los pisos en menos de 16 meses. Aún no están terminados. La oposición, tanto PSOE como Alternativa por Boadilla, ha denunciado el asunto en muchas ocasiones. De hecho, una demanda de Ángel Galindo, de Alternativa, fue admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.

Las concesiones y contratos de Arturo González Panero, obligado a dimitir por el PP el pasado martes, fueron uno de los motivos por los que el grupo popular se partió en el Ayuntamiento. El alcalde pretendía construir una residencia de mayores, previa tala de 250 árboles, algunos de ellos centenarios. La número 2 del Ayuntamiento, María Jesús Díaz, que ha abandonado el Consistorio, se opuso. González Panero expulsó a Díaz del equipo de gobierno en diciembre cuando ésta se presentó como candidata a la presidencia del PP local, disputándole el cargo. Díaz obtuvo 134 votos y González Panero, 186.

Otra de las irregularidades afecta a Tomás Martín Morales. "Quería que Tomás fuera concejal y por eso se inventó un puesto para él", explica una fuente cercana al grupo popular. El puesto "inventado" es el de director general de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Un cargo que, según ha denunciado la oposición, no puede existir en municipios menores de 250.000 habitantes. Boadilla tiene cerca de 50.000.

(www.elpais.com, 13/02/09)

DOS DIPUTADOS DEL PP EN APUROS

Dos diputados del PP conversaban ayer en la Asamblea: Benjamín Martín Vasco (a la izquierda) y Alfonso Bosch. El primero es presidente de la comisión de investigación para desentrañar el espionaje a cargos públicos y denunció ayer que el lunes sufrió un intento de chantaje telefónico. Alguien llamó a su móvil y le dijo: "Si no quieres que te pase lo que a tu amigo Correa [Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción, y amigo suyo] , tienes que llevar 50.000 euros esta tarde a un bar de la Casa de Campo". El segundo es también gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla. En una conversación grabada que consta en el sumario del caso, Correa asegura que Boadilla concedió "en condiciones ventajosas" unos locales comerciales a la empresa de otro imputado.

(www.elpais.com, 13/02/09)

OCHO CONTRATOS DE LA COMUNIDAD PARA EL IMPUTADO ULIBARRI

El empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ha obtenido al menos ocho contratos de obras con la Comunidad de Madrid para construir colegios, parte de la ampliación del metro, uno de los nuevos hospitales y un parque de bomberos.

Ulibarri, nacido en Burgos hace 54 años, es el presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA, una empresa de obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario.

Ulibarri es uno de los 37 imputados por la presunta trama de corrupción que encabeza Francisco Correa. Garzón considera que hay indicios de que los imputados formaron un conglomerado de empresas para obtener fondos de entidades públicas para beneficio propio con "dádivas y sobornos a funcionarios".La empresa de obras de Ulibarri ha construido al menos cuatro colegios y ha rehabilitado otro en Madrid. El juez Garzón señala a esta comunidad como una de las regiones en las que se movía la trama corrupta, que también actuaba en Valencia, donde el empresario burgalés controla cuantiosos negocios de construcción y medios de comunicación, principalmente. En Madrid, José Luis Ulibarri resultó adjudicatario entre 2005 y 2007 de cinco proyectos de la Consejería de Educación que superan los 16 millones de euros.

A principios de 2007 Begar se presentó y ganó frente a otras constructoras la obra del colegio de infantil y primaria Winston Churchill, en Valderribas (Vicálvaro). La oferta de la empresa rebajaba en más de 700.000 euros (de 5 a 4,3 millones) el presupuesto previsto por la Comunidad de Madrid para la obra. Debía terminarlo en 19 meses y construir las 27 aulas que finalmente fueron inauguradas por la presidenta Esperanza Aguirre el pasado octubre. En su nota a los medios de aquel día, la Comunidad destacaba que el centro, que cubre con otro más antiguo la demanda educativa de un barrio nuevo y joven, costó cinco millones de euros. Los mismos que había calculado al principio la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación. ¿Qué pasó con los 700.000 euros de diferencia?

Antes de que acabara el proyecto, la constructora de Ulibarri obtuvo una ampliación de contrato del primer concurso, y sin publicidad. En agosto de 2008, Begar Construcciones recibe 787.000 euros más para insonorizar el colegio Winston Churchill. Esta vez por procedimiento negociado, que permite elegir a una empresa sin competencia cuando la cuantía no supera el 20% del presupuesto. El proyecto se amplió, según explicaron ayer desde la Consejería de Educación, para insonorizar el colegio, situado junto a la estación de tren de Vicálvaro. Ésa fue precisamente una de las peticiones que hizo la asociación de padres y madres de alumnos meses antes de que concluyeran las obras, como consta en una carta del AMPA.

Los encargos a la empresa constructora de Ulibarri en la Comunidad de Madrid incluyen otros proyectos, todos adjudicados por concurso abierto y "con los procedimientos legalmente establecidos", asegura un portavoz del Gobierno regional. Begar es una de las firmas que ha construido el hospital Infanta Leonor (Vallecas), inaugurado el pasado marzo. Junto con otras seis empresas, creó la sociedad Hospital de Vallecas, SA. El centro se abrió al público sin la licencia de ocupación que debía otorgar el Ayuntamiento.

También es responsable de la ampliación de la red del metro, otra de las propuestas estrella de Aguirre en la anterior legislatura. Begar hizo la estación de Aviación Española de la línea 10 de Metro (Hospital del Norte- Puerta del Sur) que adjudica Mintra, la empresa que construye el suburbano. Recibió 12 millones de euros por esa obra, inaugurada a finales de 2006. El sello de Ulibarri también está detrás de las obras del parque de bomberos de Navacerrada, obtenido por 4,2 millones de euros.

(www.elpais.com, 13/02/09)

CASTILLA Y LEÓN Y VALENCIA, FEUDOS AMIGOS

José Luis Ulibarri es un hombre bien relacionado, sobre todo con gobernantes de comunidades autónomas regidas por el PP. Preside 23 empresas y ostenta diferentes cargos en otras 24. La mayoría tienen su sede en Castilla y León, donde está al frente de un holding (Grupo Begar) que también ha echado sus redes en la Comunidad Valenciana, donde tiene importantes intereses audiovisuales, inmobiliarios y de obra pública.

Trabaja para administraciones de distinto signo, como el Ministerio de Fomento, para el que construye varios tramos del AVE a Barcelona o parte de la Ronda Sur de Granada. Pero se ha hecho fuerte en tierras castellano-leonesas, donde gobierna el PP. Su empresa Begar Construcciones y Contratas, SA, ha recibido adjudicaciones para edificar viviendas, colegios públicos y mejorar algunas carreteras de la región. En Ponferrada y en Valladolid, con cuyo alcalde mantiene una buena relación, participa en numerosas obras, la mayoría relacionadas con los servicios de limpieza.

Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones.

(www.elpais.com, 13/02/09)

UN PLENO A CARA DE PERRO

Ni micro ni nada. Hubo momentos en que no había manera de oír lo que decían sus señorías. Palmadas sobre la mesa, silbidos, bramidos ininteligibles, patadas en el suelo... Cómo estaría el ambiente ayer en el pleno de la Asamblea que las dos decenas de trabajadores de la multinacional de transporte de paquetería UPS que ocupaban la tribuna de invitados miraban lo que sucedía abajo y callaban. Y eso que estaban allí para protestar por el ERE de su empresa. El pollo ya estaba montado. Entre sus señorías.

Fue un pleno a cara de perro. Y con acusaciones gruesas, como la que hizo la portavoz del grupo socialista, Maru Menéndez, a Esperanza Aguirre. Empezó preguntando por qué no avanza la comisión que investiga la trama de espionaje: "¿No será que están ustedes ganando tiempo porque, como cada vez está más extendido el rumor, pueden estar destruyendo documentación pública?". En la bancada popular, sorpresa y un clamor: "Buuu".

Socialistas e IU denunciaron por la mañana la "censura" del PP por negarles documentación imprescindible para investigar el espionaje en Madrid. Menéndez anunció antes del pleno que pedirá amparo al Constitucional si la Asamblea persiste en su negativa a aportar más de la mitad de la documentación pedida por la oposición.

"Cada vez está más claro que el PP tiene muchas cosas que ocultar", dijo Menéndez, que calificó la actitud de los populares de "oscurantista". Inés Sabanés, de IU, se sumó a la protesta, aunque subrayó que mientras haya "una mínima posibilidad de seguir trabajando y el blindaje no sea ya total", su grupo no dará "ni una sola razón para que se bombardee la comisión".

Ya en el pleno, Aguirre respondió a la portavoz socialista: "Nos ha imputado un delito. O lo retira... o tendrá que retirarlo en los tribunales". Lo siguiente fue devolver el golpe. Con ironía. "Me ha sorprendido gratamente que sea la primera socialista que se preocupa por la utilización partidista de las instituciones", empezó. "Justamente en la semana en que nos hemos enterado de que el Poder Judicial y el Gobierno van juntos de cacería". Aguirre, ya lanzada, narró la secuencia completa de los hechos con una sonrisa: "Justo la semana en la que el juez pretende acusar al principal partido de la oposición de estar detrás de una trama de corrupción se va de fin de semana, deja detenidos en los calabozos y se va con el ministro de Justicia".

Era el turno de la bancada socialista: "Buuu", exclamaron los diputados. Unos minutos antes, los representantes de IU se habían levantado de sus escaños y habían mostrado carteles donde se leía: "¡Censura política, no!" y "Los madrileños quieren saber". Llegó un punto en que la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, tuvo que poner orden: "Con esta animación no hay manera de continuar", soplaba.

Las acusaciones cruzadas no acabaron ahí. Aguirre aprovechó para desempolvar supuestos escándalos, algo "corriente", dijo, entre los socialistas: del mitin de Tomás Gómez en un coche de policía, al avión privado de Zapatero "para ir de compras a Londres". En el orden del día no había ni rastro de espías, comisiones de investigación o tramas corruptas. Pero la actualidad mandaba. Menéndez recordó las dos destituciones que ha provocado de momento el escándalo de corrupción. "Se denuncian los unos a los otros, se chantajean unos a otros, echan a su alcalde, pero le dejan que continúe como concejal; cesan ustedes a su consejero, pero le dejan que siga como diputado. Explíquenoslo porque no lo entendemos ni nosotros ni ningún madrileño". El ya ex consejero Alberto López Viejo, asistió al pleno, muy serio, pero se marchó pronto. No quiso hablar con la prensa.

Mientras, la Asamblea seguía trabajando. Se comentaba, a pregunta de Izquierda Unida, la propuesta de los empresarios madrileños de abaratar el despido, "sensata y eficaz", según Aguirre. Su respuesta soliviantó a la portavoz de IU, Inés Sabanés. "Con todo lo que está pasando, salir aquí, con todo el desparpajo y toda la cara del mundo, a decir que lo que hay que hacer es abaratar el despido, me parece el colmo de la provocación", aseguró después en el pasillo.

Hubo más acusaciones. Como la del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que tachó a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, de "irresponsable" por admitir que va a aumentar la delincuencia este año por la crisis económica y el desempleo.

Entre papeles en destrucción y cacerías, en el pleno de ayer se contestaron 14 preguntas, comparecieron dos consejeras, se presentó una moción y se votaron dos proposiciones de ley. Pero al final se hablaba de lo mismo que al principio: la comisión de investigación que no avanza -debe finalizar el 31 de marzo-, espías y corrupción.

(www.elpais.com, 13/02/09)

ORANGE MARKET TRABAJA CON LA TELEVISIÓN DE CAMPS

El portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, denunció este jueves que Radio Televisió Valenciana (RTVV), organismo público que gestiona la televisión autonómica, mantiene contratos con Orange Market, cuyo responsable, Álvaro Pérez, está imputado por Baltasar Garzón. Pérez quedó ayer en libertad.

Luna aseguró que sabe "con certeza que hay contratos" con esta firma, investigada en el marco de la operación Gürtel. Por esa razón, el portavoz socialista pedirá la comparecencia en las Cortes del responsable del ente público para que "traiga los contratos y los explique". "Cuántos, para qué y por qué" son las preguntas que quiere aclarar Luna, quien añadió que la televisión de Camps "todavía le debe dinero a la empresa".

Un portavoz de RTVV aseguró que Orange Market sólo le prestó un servicio por un contrato de mobiliario para un telemaratón, por importe de 2.178 euros. La trama que investiga Garzón centró la comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, en la sesión de control al Gobierno de ayer. Camps defendió la gestión "transparente y correcta" de las contrataciones que realiza la Generalitat.

Los socialistas, sin embargo, le instaron a aclarar por qué mantuvo relaciones con Orange Market a pesar de que el PP nacional las interrumpió en 2004 y por qué otro de los imputados, el empresario José Luis Ulibarri, consiguió en 2005 "todo tipo de contratos" en materia audiovisual. Una de sus firmas resultó favorecida en la adjudicación de licencias de Televisión Digital Terrestre.

Camps defendió la limpieza del proceso, aunque las sospechas del Partido Socialista les han llevado a pedir pruebas documentales que, de momento, el Gobierno valenciano no ha aportado.

En relación con otra empresa pública, el portavoz socialista anunció que visitará el lunes la sede de la Sociedad Gestora para la Imagen de la Comunitat Valenciana para que le muestren la documentación que "han estado ocultando hasta ahora". Esta compañía, creada cuando Esteban González Pons era el portavoz del Ejecutivo valenciano, no facilita información sobre las empresas a las que adjudica sus servicios.

(www.publico.es, 13/02/09)

CAMPS, NINGUNA RESPUESTA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, volvió a presumir ayer en sede parlamentaria de gestión intachable. "Garantizo que el funcionamiento de la Administración autonómica es correcto. Garantizo que está fiscalizado por todas las instancias que corresponde", prosiguió Camps, "confío en todos los procesos de subasta y contratos que se hacen por concurso por la Generalitat".

El auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga una trama de corrupción de personas próximas al PP, afirma que Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez y otros imputados forman parte de un conglomerado empresarial, en el que figura Orange Market, que tenía como objetivo la "realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende fondos en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia". Según el auto, Crespo creó "empresas ad hoc" para dar cobertura a sus actuaciones, como Pasadena Viajes, Easy Concept u Orange Market, la empresa que dirige en Valencia Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, imputado por Garzón.

El juez ve indicios suficientes para establecer que se trata de "un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas para obtener un beneficio propio utilizando para ello, como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, cuya identidad y cargos se está investigando".

"Para disfrazar tanto las contabilidades, como la operativa del grupo o las dádivas entregadas, no dudaron en alterar y falsificar documentos, especialmente facturas comerciales", indica el auto.

Ante esta situación, a Camps no le pareció necesario dar explicaciones en las Cortes Valencianas sobre las relaciones de Orange Market y Álvaro Pérez con su Administración. Tampoco le pareció necesario dar información sobre las 13 concesiones de televisión digital terrestre y los intereses urbanísticos de las empresas de José Luis Ulibarri en la Comunidad Valenciana.

Tampoco consideró Camps necesario contestar a ninguna de las numerosas preguntas que le formularon los grupos de la oposición. ¿Por qué no hicieron caso de las advertencias? ¿Cuántos contratos se han formalizado con Orange Market? ¿Por qué se dieron tantas concesiones de TDT a Ulibarri? No hubo ni una sola respuesta.Francisco Camps acudió ayer a la sesión de control de las Cortes Valencianas con la escenografía bien preparada. Con aplausos de la bancada popular adornando cada intervención del presidente y caras airadas y aspavientos de indignación cada vez que la oposición mencionaba alguna de las palabras malditas como amigos, trajes o corrupción. Pero información sobre el alcance de las relaciones de Orange Market y las sociedades de Ulibarri con la Generalitat, ninguna.

Y eso que la oposición socialista entró al debate humilde. "No venimos a dar lecciones, su obligación es dar explicaciones", aseguró el socialista Ángel Luna. Que formuló preguntas de catón. ¿Por qué la dirección nacional del PP (que rompió con las empresas de Correa, el supuesto jefe de la trama) no les avisó? ¿Por qué han suspendido las relaciones con Orange? ¿Cuántas personas que exhiben su familiaridad con ustedes tienen contratos?... "Usted ha estado por la opacidad, vamos a ver si a partir de ahora se atreve con la transparencia", dijo Luna, que anunció que el lunes acudirá junto al diputado José Camarasa a la sede de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana para ver la documentación de la empresa pública, que depende del vicepresidente Vicente Rambla. Y luego dio un paso al frente y aseguró que Canal 9 tiene contratos firmados con Orange Market, extremo que han desmentido tanto RTVV como el Consell. Y ahí lo dejó.

Camps replicó con la evasión, salió armado con una foto de Zapatero y el empresario Ulibarri en un acto celebrado en León y se presentó como un simple impulsor de su gestión. "Nunca pregunto por expediente alguno, lo que me interesa es que funcione el hospital y se haga la carretera". Luego se refirió a la concesión a Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur (la oferta más cara) y, como si fuese Ana Botella, se puso a juntar peras con manzanas. Comparó el pabellón valenciano de Fitur con el de la Junta de Andalucía y luego con el de TurEspaña. Y, claro del injerto, salió una variante ciertamente extraña: "Aquí no se hace nada por capricho. Quien la haga, que la pague", prosiguió Camps, "Y de momento quienes la pagan son los socialistas".

La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, también se puso el guante de seda para interpelar a Camps. Y como si pasase por allí preguntó por los reveses que los tribunales han propinado a la Generalitat en materia de sanidad (condenas a pagar con intereses las deudas a los proveedores), educación (en la asignatura de Educación para la Ciudadanía) y "otras investigaciones que afectan al Consell". Y Camps optó de nuevo por la evasión. Se hizo el sueco con los reveses en sanidad y educación y respecto a las "otras investigaciones" afirmó: "Hubo 2.000 licitaciones en 2008 y solo 150 impugnaciones que en la inmensa mayoría han sido ganadas por la Generalitat".

A estas alturas del debate, mientras en Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana ya estaban redactando una nota para "puntualizar que la única prestación de servicios realizada por Orange Market" había sido una bagatela, la portavoz de Compromís ya se había sacado el guante de seda. Oltra esgrimía el guante de acero para recriminar a Camps que abandonase las Cortes para irse a Madrid a sostener a Mariano Rajoy en la sede del PP, elaboraba metáforas sobre los trajes y las camisas del presidente y se quejaba de su "retórica barata". Oltra le recordó a Camps que él es el responsable de su Gobierno y que está incumpliendo sentencias judiciales como la que le obliga a homologar los títulos de valenciano y catalán. En ese punto vio Camps la gatera del debate y se puso el traje de patriota indignado. "El día que este pueblo claudique en la homologación del valenciano y el catalán no será nuestro pueblo".

La sesión de control la remató el vicepresidente Rambla, de nuevo interpelado por si se facilitarán los contratos y las facturas de las empresas investigadas por Garzón. "Ustedes conocen el reglamento y sabrán a lo que tienen derecho o no. Y nosotros, lo que es nuestra obligación y lo que no". La opacidad estaba bendecida.

(www.elpais.com, 13/02/09)

ORANGE MARKET Y ULIBARRI, DOS REDES VALENCIANAS DE LA TRAMA CORRUPTA

La trama de corrupción destapada por el juez Garzón se bifurca en dos redes distintas en el ámbito valenciano. Una de ellas está centrada en las empresas de eventos, a través de Orange Market, vinculada a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia, a quien el juez ha enviado a la cárcel. Crespo contó con Álvaro Pérez, otro de los imputados por Garzón, como su representante en Valencia. La otra tiene que ver con intereses urbanísticos, inmobiliarios y de concesiones administrativas, y por ella está imputado el empresario José Luis Ulibarri, cuyos negocios se relacionan con Francisco Correa, supuesto jefe de toda la red de corrupción ahora desmantelada.

De Pablo Crespo, auténtico lugarteniente de Correa, dice Garzón en el auto por el que lo mandó a prisión que lleva "la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos", y añade que "imparte instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios y autoridades y el pago en especies, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor y la concesión de eventos a los que se dedica el grupo". La empresa valenciana Orange Market, SL, cuyo responsable, Àlvaro Pérez, declaró ayer en la Audiencia Nacional tras su detención, forma parte de ese grupo.

La vinculación de la firma, cuyos socios han sido todos imputados, queda en evidencia, sobre todo, porque hasta octubre del año pasado compartió administrador único con Easy Concept Comunicación, SL, Caroki, SL y Good and Better, SL, todas ellas gestionadas por Francisco Javier Pérez Alonso desde el despacho que comparten en Madrid Ramon Blanco Balín y Andrés Guillamot (calle de Guzmán el Bueno, 133). Blanco Balín, imputado por Garzón, es también socio de Orange Market

El despacho de Blanco y Guillamot es investigado en otra causa de la Audiencia Nacional por supuesta evasión fiscal a Liechtenstein. En muy pocos días, entre finales de septiembre y mediados de octubre del año pasado, Francisco Javier Pérez Alonso, también imputado, cuyos apellidos coinciden con los del presidente de Orange Market pero no tiene relación familiar con él, dejó sus cargos en las cuatro sociedades. La empresa ha gestionado la mayor parte de los actos organizados por la dirección regional del PP valenciano, ha ganado concursos de la Generalitat relacionados con el turismo y los grandes eventos y ha obtenido encargos de entidades como la Feria de Valencia y Ràdio Televisió Valenciana.

Por lo que se refiere a Ulibarri, sus negocios en la Comunidad Valenciana se centran en dos áreas de actividad, principalmente. Por un lado, este empresario castellano-leonés se ha hecho con el control de 13 emisoras de televisión digital terrestre, incluida la Televisión Digital Municipal de Valencia. Este entramado mediático lo ha logrado bien mediante concesión directa, con la firma Mediamed, o bien mediante la compra de la licencia a otras adjudicatarias.

Sin embargo, el mayor volumen de negocio está en la construcción y promoción inmobiliaria a través de las empresas del Grupo Begar. Una urbanización con campo de golf en Xilxes, el hospital de Llíria, varias promociones de vivienda protegida y obra pública le han sido tramitadas o adjudicadas por el Consell.

(www.elpais.com, 13/02/09)

Camps, contra las cuerdas: la oposición le reprocha sus contratos con Orange Market y Ulibarri

Los socialistas han exigido desde el pleno de las Cortes valencianas a Francisco Camps que aclare sus contratos con la Orange Market de Francisco Correa y con el empresario José Luis Ulibarri, ambos imputados en la investigación contra la corrupción del juez Garzón. El presidente regional conservador se ha limitado a mostrar una foto en la que Ulibarri aparece estrechando la mano de Zapatero, y a asegurar que en su Gobierno “se fiscaliza” cada euro y que “quienes pagan por la corrupción son los socialistas”. Como ha podido saber El Plural de fuentes cercanas a la investigación, el director de Canal 9, cuya comparecencia reclaman los socialistas valencianos para que dé explicaciones sobre los contratos del ente público, aparece en algunos documentos por sus posibles relaciones con algunos de los empresarios imputados.

El portavoz del PSPV en el Consell, Ángel Luna, denunció en el pleno que el empresario imputado José Luis Ulibarri consiguió de la Comunitat “todo tipo de contratos, fundamentalmente en materia audiovisual” y que sabe “con certeza” que también hay contratos con otra de las empresas en el punto de mira de las investigaciones, Orange Market. La socialista Carmen Ninet también ha pedido que se interrumpan todas las adjudicaciones a Ulibarri, quien ha conseguido por ejemplo varias licencias de TDT en la comunidad sobre las que ven “sospechas”.

PSPV reclama explicaciones sobre contratos
Además, Luna pedirá la comparecencia en la cámara del director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García, para que “traiga” los contratos con Orange Market y explique “cuántos, para qué y por qué” son, advirtiendo que la televisión autonómica “todavía le debe dinero” a esa empresa, como recoge el diario Levante.

Relaciones del director de Canal 9 con imputados
Las investigaciones del juez Garzón sobre la presunta corrupción en torno al PP tienen de momento dos ejes principales en cuanto a las irregularidades en las adjudicaciones de contratos públicos: la Comunidad de Madrid y en Generalitat valenciana. Por otro lado, y como ha podido saber El Plural de fuentes cercanas a la investigación, el director de RTVV, Pedro García, aparece en el marco de las investigaciones por sus vínculos con los empresarios imputados; de hecho figura mencionado como invitado a algún “tinglado” para cerrar negocios.

Sin información autonómica sobre la trama
Si UGT ya había denunciado al Sindic que, a pesar de la dimensión que estaba alcanzando la Comunidad Valenciana en la trama investigada por Garzón, Canal 9 estaba ignorando en sus informativos esas noticias, esa sensación se extiende entre los profesionales. La plataforma mayoritaria de representación profesional de los periodistas en la Comunitat Valenciana, Unió de Periodistes, ha denunciado en un comunicado al ente público de RTVV Canal-9 por ocultar información de interés general para los ciudadanos.

La defensa de Camps
En su intervención en el pleno del Consell, Camps eludió dar respuestas sobre los vínculos con Ulibarri mostrando una foto de este empresario junto al presidente Zapatero. “Como sabía que me iban a preguntar de esto, hoy he pedido una foto de este señor”, dijo mostrando la imagen mientras los diputados populares le jaleaban con aplausos. El presidente valenciano insistió en que “todos los procesos de subasta y contratos se hacen por concurso por la Generalitat” y “se fiscaliza cada euro”, reclamando que “quien la haga, que la pague” y, de momento, en España “quienes pagan por corrupción son los socialistas”.

Bodas y adjudicaciones
La diputada socialista Carmen Ninet replicó que "el único conseller condenado de la democracia es del PP" y que la diferencia entre las relaciones del PPV con Orange Market y Ulibarri y las de José Luis Rodríguez Zapatero con éstos estriban en que el presidente del Gobierno “no fue a la boda de Álvaro Pérez” [responsable de Orange Market] mientras que algunos de los parlamentarios populares en las Corts “sí". No hay que olvidar, en todo caso, la relación privilegiada que Orange Market mantiene con la Generalitat de Camps: esta empresa fue contratada por casi un millón de euros para el montaje y desmontaje del pabellón valenciano de la Feria Internacional de Turismo, FITUR.

www.elplural.com 13.02.09

Temor en el entorno de Aznar: sospechan que Agag y algún ex ministro podrían acabar declarando ante Garzón

“Me parece muy bien el apoyo interno, pero me gustaría que sea a toda la etapa del partido, incluida la del presidente Aznar", afirmó la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y esposa del ex presidente popular, Ana Botella, en el Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebró el pasado miércoles.

Sin duda, las palabras de Ana Botella, que no suele intervenir en este tipo de foros, no eran casuales y tampoco pasaron desapercibidas. El entorno del ex presidente del Gobierno es consciente de que la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón podría llegar a salpicar de forma directa al yerno de Aznar: Alejandro Agag.

El clan hace aguas
Desde luego, a Ana Botella y a su marido no les faltan motivos ni razones para estar preocupados. Precisamente el clan que organizó la boda entre su hija y Alejandro Agag hace literalmente aguas.

Los organizadores
Era septiembre de 2002, Álvaro Perez -imputado, detenido y puesto en libertad con cargos-, Alberto López Viejo -cesado de la Consejería de Deportes-, Alfonso Bosch -cuya pista se sigue en documentos investigados por Garzón-, Francisco Correa -considerado el cerebro de la presunta trama, también imputado y detenido- y sus respectivas mujeres acudieron juntos a la ceremonia religiosa que se celebró en El Escorial. Fueron los encargados de organizar el banquete e incluso compartieron mesa y mantel. Siete años después, todos ellos, a los que se suma la mujer de Correa, han sido investigados por el juez Garzón.

Amigo y testigo
Pero sobre todo, al entorno de Aznar le ha preocupado que el empresario Jacobo Gordon, compañero de carrera en Empresariales de Alejandro Agag y "mano derecha" de este, también esté imputado en la trama. Tal y como informó El Plural, Gordon fue uno de los testigos, al igual que Francisco Correa, en su boda con Ana Aznar.

También ex ministros
Pero más allá de las vinculaciones de Alejandro Agag con algunos de los implicados e imputados -que ya son suficientes como para que los más avezados establezcan posibles relaciones de causa-efecto-, periodistas tan próximos a Génova y al nuevo PP como Federico Quevedo (uno de los últimos defensores a ultranza de Rajoy), ya empiezan a sospechar que en la segunda fase de la instrucción, el juez Garzón podría elevar la categoría de los imputados. Incluso, creen que, además del propio Agag, algún ex ministro de Aznar podría acabar declarando ante el prestigioso juez.

www.elplural.com 13.02.09

El Ayuntamiento de Granada adjudicó su stand de Fitur a una empresa de la presunta trama

El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP con mayoría absoluta, adjudicó en 2004 un contrato para el diseño y montaje de su expositor en la edición 2005 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a la empresa “Down Town Consulting S.L.”, una de las empresas sometidas a investigación por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El contrato de casi 60.000 euros, fue adjudicado a esta empresa por una mesa de contratación presidida por Sebastián Pérez Ortiz -en la foto con Arenas-, actualmente Presidente provincial del PP granadino y en aquel momento, concejal de Presidencia del ayuntamiento presidido por el actual alcalde José Torres Hurtado. Entre las numerosas empresas que se presentaron, "Dow Town" resultó ganadora por puntuación en el concurso, con una baja de 600 euros sobre el tipo de licitación.

Contratado por Sebastián Pérez
La Mesa de Contratación, encargada de proceder a la apertura de las plicas presentadas, se constituyó el 9 de noviembre de 2004 bajo la presidencia de Sebastián Pérez Ortiz, entonces teniente delegado de Presidencia, Contratación y Relaciones Institucionales y actual presidente de los 'populares' en Granada.

Valoración de distintos méritos
La Mesa otorgó la mayor puntuación a esta sociedad por distintos aspectos tales como el diseño, calidad de materiales, experiencia o medios técnicos, entre otros parámetros. La mesa de contratación adjudicó facultó a Sebastián Pérez para la firma del contrato una vez cotejada toda la documentación pertinente.

Voto subsidiado
Como presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, salió recientemente a la palestra tras manifestar, poco después del "caso Nebrera", que "hay gente que ocurra lo que ocurra, va a seguir votando al PSOE". Pérez, atribuía este hecho al "voto subsidiado". Como denunció El Plural, Pérez ahondó más en la crítica argumentando que hay localidades en las que daba igual que el PSOE "mienta" porque "lo seguirán votando igual".

"Tela de araña socialista"
En aquella ocasión, paradójicamente, Pérez explicó que su partido seguiría combatiendo la "tela de araña" del PSOE. Lógicamente no se refería a la desmantelada por Baltasar Garzón.

www.elplural.com 13.02.09

Francisco Correa llegó al PP de la mano de Álvarez Cascos

El presunto cabecilla de la trama de corrupción desmantelada por el juez Garzón, Francisco Correa llegó al PP de la mano de Álvarez Cascos según han señalado a la Cadena SER diversas fuentes del PP.

Cascos era secretario general del PP todavía en la oposición cuando conoció a Correa. Según han señalado a la SER varias fuentes internas del partido, Cascos reservó un viaje privado a Estambul en la agencia que Correa tenía muy cerca de la sede del PP, en la calle Génova de Madrid.

Correa aprovechó el momento para conocer a uno de los nuevos dirigentes del PP de Aznar que estaba en plena ofensiva contra los gobiernos de González. Según las mismas fuentes. el ahora detenido reservó dos billetes para él y para su mujer en el mismo avión de Cascos para hacerse el encontradizo. Después de aquel viaje, Correa empezó a trabajar para el PP.

Desde entonces y hasta el año 2004, Correa y los suyos organizaron Congresos, campañas electorales y los viajes del PP. Según las fuentes del partido consultadas por la SER, Correa entraba y salía de Genova a todas horas y mantuvo siempre una excelente relación con Cascos y sus hombres de confianza. Estas fuentes señalan al propio Barcenas, a Gerardo Galeote y a Antonio Cámara, secretario personal de Aznar, como las personas con las que despachaba Correa.

Álvarez Cascos aparece mencionado en las grabaciones del escándalo que obran en poder de Garzón y a cuya transcripción ha tenido acceso la Cadena SER. Correa le nombra en la misma frase en la que asegura que le ha dado mil millones a Barcenas, el tesorero del PP. Según él, le daba el dinero por las adjudicaciones de obras de la época de Cascos.

www.cadenaser.com 12.02.09

Dos salpicados por el caso Correa, junto a Aznar

Alfonso Bosch (el primero por la derecha, con corbata roja)

Bosch compatibiliza su cargo de gerente de la empresa municipal de suelo y vivienda de Boadilla del Monte con el de secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre. Hasta 2003 fue teniente de alcalde de El Escorial y concejal de urbanismo. En la actualidad es además diputado regional en la Asamblea de Madrid. En las grabaciones del caso, el empresario Francisco Correa (hoy en prisión) dice que Bosch adjudicaba los locales municipales de Boadilla en condiciones ventajosas a empresarios afines.

Antonio Cámara (a la izquierda, con corbata azul)

Cámara fue ayudante y secretario de Aznar y tras perder las elecciones en 2004, Correa le contrató como trabajador de su empresa Special Events y ha seguido en ella hasta principios de año. Actualmente forma parte del Consejo de Caja Madrid. Pertenece al sector que defiende los intereses de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, frente a del alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

www.cadenaser.com 12.02.09

RAJOY VE UNA TRAMA DE JUECES, FISCALES Y POLICÍAS

Los dirigentes del PP llevaban días agobiados, mirando con desesperación las terribles noticias que entraban en sus móviles corporativos, buscando como fuera una salida. Hasta que creyeron encontrarla en un fallo de imagen del supuesto enemigo. El del juez Baltasar Garzón, que durante el fin de semana compartió cacería en Jaén con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aficionado a la escopeta.

De ese gancho colgaron ayer Mariano Rajoy y toda la cúpula del PP una auténtica teoría de la conspiración en la que las acusaciones de corrupción que afectan a su partido están montadas por "una trama contra el PP" compuesta por Garzón, la fiscalía, el ministro, la policía que las ha investigado, los detenidos que airean acusaciones contra el partido, los denunciantes -algunos de ellos del PP-, los que filtran grabaciones y los medios de comunicación, como EL PAÍS, que las publican.

Nunca, ni siquiera cuando perdió las elecciones, había comparecido Rajoy con tanta gente detrás, en señal de unidad y para resaltar la gravedad del momento, una de las peores crisis del partido. Aunque ni siquiera fue idea suya. Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, lo propuso en la reunión del Comité Ejecutivo, aunque dejó claro que era idea de Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat valenciana. Rajoy había previsto que compareciera Dolores de Cospedal, la secretaria general.

El PP, acosado por los escándalos que llegan a las portadas de algunos periódicos -la mitad de la prensa conservadora silencia el caso- se defendió atacando, de manera muy similar a la del PSOE en 1992, cuando estalló Filesa. Entonces, los socialistas recusaron al juez, Marino Barbero, y arremetieron contra él.

El PSOE de Felipe González hablaba en 1992 de "sumarios de interminable y heterodoxa instrucción que mantienen bajo continua sospecha de inespecificados delitos al partido". El PP de Rajoy sostuvo ayer que su partido "está en una indefensión absoluta". "Las filtraciones del sumario son un atentado frontal al Estado de derecho. Sólo hay dos dirigentes locales del PP imputados. Ambos han dimitido. Todos nuestros contratos están en el Tribunal de Cuentas. Exigimos que se levante todo el secreto del sumario. No podemos defendernos", insistió. La estrategia de atacar para defenderse también es muy similar a la que el PP utilizó en 1987, con el caso Naseiro. Entonces el juez atacado se llamaba Luis Manglano.

Pero el líder del PP, aplaudido al final por toda la cúpula de su partido, fue ayer mucho más lejos en su teoría de la conspiración cuando identificó a los protagonistas.

Primero, la fiscalía: "Nunca, ni con Suárez, Aznar o González, se hizo un uso tan partidista de la fiscalía". Luego, la policía, esto es el Ministerio del Interior. "Se detiene a militantes del PP con policías encapuchados a los que se les hace un daño irreparable, y luego son puestos en libertad. Es evidente el distinto rasero. El 100% de los casos afectan al PP. No al PSOE. Esto no casa con el Estado de derecho".

Después, el ministro de Justicia. "Pedimos su comparecencia, porque el fin de semana en el que se hicieron públicas algunas filtraciones de este sumario, se ha ido de cacería con el juez de la Audiencia Nacional que instruye este sumario. Es un acto obsceno. Liquida la calidad de la democracia, es inaceptable en la octava o novena potencia del mundo. Pediremos explicaciones al Poder Judicial. El PP rompe cualquier interlocución con Justicia mientras el señor Bermejo siga siendo el titular de ese ministerio". Rajoy estaba así, oficialmente, rompiendo también el pacto de la Justicia, firmado con Bermejo.

Y por último, y más definitivo, el juez, el mismo que enjuició a la cúpula del PSOE por el terrorismo de Estado de los GAL, al dictador chileno Pinochet, a decenas de narcotraficantes, el magistrado más conocido de España y probablemente del mundo, Baltasar Garzón. "El PP cree que el juez Garzón debe abstenerse en esta causa en beneficio de la credibilidad y de la imparcialidad de la Justicia. Y el PP, que hoy presentará su escrito de personación en esta causa, pedirá la recusación del juez Garzón".

El PP, que sufre uno de los peores momentos a sólo dos semanas de las elecciones gallegas, claves para consolidar o debilitar aún más el liderazgo de Rajoy, ha decidido convertir este ataque sin matices en su única defensa ante lo que pueda llegar, consciente de que Francisco Correa y los suyos, después de 15 años trabajando codo a codo con la mitad del PP, pueden seguir soltando acusaciones de todo tipo. Y por eso, olvidados los primeros días en los que Rajoy evitaba el asunto, ahora incluso anuncia que lo llevará al Congreso para preguntarle al presidente del Gobierno. El PP trata así de darle la vuelta a la tortilla. Sólo el resultado de las elecciones demostrará el efecto de la nueva estrategia.

(www.elpais.com, 12/02/09)

Lo que Rajoy no cuenta

- 'Caso Telde'. "Ayer conocimos que tres personas del PP, concejales, detenidos hace dos años en Telde [Gran Canaria] con televisiones y con policías encapuchados se les ha dejado libres sin cargos", señaló Rajoy. Lo que olvidó contar es que el juez, en el mismo auto donde archivaba las actuaciones sobre tres ex concejales, imputaba a otros siete, entre ellos el ex alcalde y la ex concejal de Obras, por tráfico de influencias, cohecho (cobro de comisiones de entre el 6% y el 20% de lo presupuestado) y prevaricación en relación con una supuesta financiación ilícita del PP.

- 'Caso del lino'. Rajoy: "En aquella ocasión se manchó el nombre de muchos dirigentes del PP y en particular el nombre de nuestra candidata número uno, Loyola de Palacio. Ese asunto al final quedó en nada". Fue De Palacio quien llevó el caso a la Audiencia Nacional después de que la Oficina Europea Antifraude denunciara una trama de cazaprimas en España y reclamase la devolución de las subvenciones.

Sólo casos del Partido Popular. Rajoy: "El 100% de los casos sólo afectan al PP. Nunca afectan al PSOE". En los dos últimos años, la Fiscalía ha actuado contra los alcaldes socialistas de Estepona (Málaga), Ciempozuelos (Madrid), Seseña (Toledo), Los Alcázares (Murcia) o Bigastro (Alicante), entre otros.

(www.elpais.com, 12/02/09)

RAJOY SE HACE ARROPAR POR SU PARTIDO PARA ECHAR UN PULSO A LA JUSTICIA

Mariano Rajoy convocó ayer en Madrid a su comité ejecutivo con la firme intención de exigir lealtad y cierre de filas ante la gravísima crisis que atraviesa el PP. Para arengar a un partido deprimido ante tanta acusación de corrupción, optó por echar un pulso a la justicia. El líder popular culpó de su particular calvario al titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y al juez Baltasar Garzón por diseñar una operación contra el PP de la que se declaró dispuesto a defenderse. "Esto no es una trama del PP, esto es una trama contra el PP", espetó.

La llamada a la unidad que trasladó a puerta cerrada a su partido se exteriorizó mediante una imagen inédita: la de Rajoy escoltado por todos los miembros de su dirección en una comparecencia en la que no aceptó preguntas de los medios de comunicación. Así arropado anunció que será contundente con cualquier militante que dañe la honorabilidad del PP, pero antes lo fue con Bermejo y Garzón. Anunció la ruptura de relaciones con el ministro, al que reprocha la filtración a la prensa del sumario del caso Gürtel, y exigió al juez que deje de instruirlo.

Pero como Rajoy no espera ni que Bermejo dimita ni que Garzón se inhiba, ayer explicó al partido su plan B. Adelantó que solicitará en el Congreso las comparecencias del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado para que aclaren quién rompió el secreto sumarial y la motivación del "diferente trato" que la fiscalía da a los partidos políticos. Tanto la Fiscalía del Estado como el juzgado de Garzón investigan ya el origen de estas filtraciones.

"Nunca en España, ni con Adolfo Suárez, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con José María Aznar, se había hecho un uso tan partidista de la fiscalía como hasta ahora", denunció Rajoy, que se quejó de que, últimamente, haya policías "encapuchados" que, acompañados de cámaras de televisión, se dediquen a detener a cargos del PP y a ponerles "grilletes", para después "dejarlos libres sin cargos".A continuación, añadió que también exigirá a Bermejo que explique en el Congreso por qué se fue de cacería con el juez Garzón el pasado fin de semana, justo "cuando se hicieron públicas filtraciones del sumario". "Esto es un acto obsceno, que liquida la calidad de la democracia (...). El PP dirigirá un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que examine este asunto, para que diga si es sensato, razonable o normal que un juez que está instruyendo un sumario se vaya de cacería con el ministro de Justicia", resaltó. El dirigente conservador insistió en que Garzón debería apartarse del caso. De lo contrario, dijo, el PP se personará en la causa y pedirá la recusación del magistrado. De hecho, los populares acudirán hoy mismo a la Audiencia Nacional para presentar ambas solicitudes.

Se abrió el turno de réplica en esta reunión a puerta cerrada. Según fuentes populares, la primera en hablar fue la presidenta del PP en Baleares, Rosa Estarás. Aseguró que ella sufre el "protocolo de actuación" de una fiscalía que detiene a cargos políticos "por interés electoral". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseveró que ella también había sido víctima de ese tipo de prácticas.

Y el valenciano Francisco Camps garantizó a sus compañeros que la Generalitat nada tiene que ver con esta trama de corrupción, y adujo en su defensa que todos los gastos están "fiscalizados". En este caso se refería a los de la Administración, no a los del partido. Hubo muchas otras peticiones de palabra, casi todas para apostar por la unidad.

Entonces, Ana Botella, teniente de alcalde de Madrid y esposa del expresidente José María Aznar, señaló que le parecían bien los llamamientos a la cohesión, pero demandó que también se defienda la etapa aznarista. "Ana, será así. Y si no es así, me gustaría que lo digas inmediatamente", le respondió Rajoy. En este contexto, la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, trasladó al líder una idea de otro dirigente valenciano, Vicente Rambla: que compareciera ante los periodistas arropado por toda la Ejecutiva. Así se hizo. Y Rajoy intentó mandar un mensaje de tranquilidad a los votantes: "Trataremos con valentía y justicia un asunto que en democracia no se puede repetir."

(www.elperiodico.com, 12/02/09)

Otro de los diputados de Aguirre, Alfonso Bosch, mencionado por Correa en relación con la presunta trama

Otro diputado de la asamblea regional madrileña aparece mencionado en las transcripciones y documentos sobre la presunta trama con epicentro en Boadilla del Monte. Es el caso de Alfonso Bosch, un dirigente conservador muy cercano, además, a la lideresa Aguirre y al propio ex presidente José María Aznar. La vinculación de Esperanza Aguirre con este nuevo personaje mencionado en los documentos sobre la presunta trama en Boadilla del Monte viene demostrada, además, con ilustrativas imágenes que a muchos les pasaron desapercibidas en un primer momento.

Una instantánea tomada en plena precampaña electoral para las generales del pasado mes de marzo muestra a la presidenta regional visitando un mercado junto al entonces número dos por Madrid, Manuel Pizarro. En tal visita, que tuvo lugar el 31 de enero de 2008, el ex presidente de Endesa y ahora discreto diputado en el Parlamento afirmó que "el despacho de un candidato es la calle". Lo que entonces no llamó la atención y ahora resulta ilustrativo es la presencia de Alfonso Bosch Tejedor, precisamente uno de los dirigentes populares que aparecen en las conversaciones investigadas en el sumario que instruye el juez Garzón.

"Uno de los malos"
La Cadena SER informó esta mañana de cómo Alfonso Bosch aparece mencionado en las transcripciones a las que ha tenido acceso. Uno de los imputados por Garzón lo define concretamente como "uno de ellos y uno de los malos, de los que hacen cosas mandados por ellos". Con ese "ellos" se refiere a los cerebros de la trama, entre los que se encuentra inequívocamente Francisco Correa.

Múltiples cargos
El perfil de Bosch Tejedor revela conexiones clave con importantísimos dirigentes del PP. Según la SER, Bosch fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. En la actualidad, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de portavoz en San Lorenzo de El Escorial, donde antes había sido teniente de alcalde. Bosch es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre y en la actualidad es además diputado de la Asamblea regional.

¿Condiciones favorables?
En las grabaciones enviadas a Garzón, Francisco Correa afirma que a través de Bosch se adjudican en condiciones ventajosas locales municipales de Boadilla del Monte a la empresa de Ramón Blanco Balín, otro de los imputados por Garzón y que en época de Aznar y en medio del privatización de Repsol accedió a la cúpula de la empresa petrolera, llegando al cargo de consejero delegado. Preguntado por la misma cadena radiofónica, el mencionado Alfonso Bosch Tejedor ha negado haber realizado ningún tipo de adjudicaciones en las condiciones descritas: "El proceso fue totalmente transparente".

www.elplural.com 12.02.09

AGUIRRE: "YO PUSE UNA QUERELLA AL FISCAL GENERAL EN 2005. ASÍ SE LES PARAN LOS PIES"

Para la mayoría de los que asistieron, fue una reunión reconfortante, porque todos se dedicaron a lamerse mutuamente las heridas. La sensación se resume en una frase de la ex ministra Celia Villalobos: "Todos tenemos que apoyar al PP. Con las cosas de comer no se juega". Ésta es la reconstrucción de la reunión según varios dirigentes.

Esperanza Aguirre. "Yo le puse una querella al fiscal general en 2005, por el caso Majadahonda, por prevaricación y violación del secreto de sumario. Así se les paran los pies. Desde entonces en Madrid ya no van a por nosotros [la querella fue archivada por el Supremo]. Me acusaban de intervenir en una parcela, que se iba a vender más barata y gracias a mí se vendió más cara. Tuvimos que echar a dos concejales y tuvo que dimitir el alcalde". Aguirre no contó que lo recolocó en el mercado Puerta de Toledo, con un sueldo público, hasta que dimitió el lunes por su implicación en la red que investiga Garzón. Fue una de las pocas intervenciones que tuvo aplausos.

Francisco Camps. "Te agradezco lo que estás haciendo, Mariano, y agradezco el apoyo de todo el partido. Esto es una campaña de acoso, porque aquí no hay nada. Los contratos son todos limpios y transparentes. Sólo persiguen al PP. En nuestra comunidad lo han hecho muchas veces, pero no hay ni un solo alcalde condenado".

José María Michavila. "Yo conozco bien a Bermejo [como ministro de Justicia, Michavila se enfrentó a Bermejo, que era fiscal jefe de Madrid]. Ya intentó muchas veces ir contra el PP como fiscal, pero todos los casos se los echaban para atrás. Tenemos que estar todos unidos. No hay salidas para unos o para otros".

Celia Villalobos. "Madrid es parte del partido, pero no todo el partido. Los problemas de Madrid no se pueden convertir en los problemas del partido".

Teófila Martínez. "Mariano, tú tienes la autoridad para salvaguardar la unidad del partido y para exigirnos a todos que nos pongamos detrás de ti. Tenemos que mostrar la unidad aquí, pero también fuera, en la calle".

Rosa Estarás (Baleares). "En Baleares hemos visto la actuación de la fiscalía. El trato discriminatorio es evidente. Cuando son del PSOE, hay una citación al juez y nada más. Cuando es del PP, primero aparece en prensa. Después se les detiene con grilletes y policías encapuchados, siempre con cámaras de televisión presentes. Y les dejan detenidos durante 72 horas, como el chaval de 21 años al que se acusaba de delito informático. Al final quedó en libertad sin cargos".

Miguel Ángel Cortés. "Deberíamos utilizar las nuevas tecnologías para denunciar este acoso, con vídeos en YouTube de las detenciones".

Esteban González Pons. "Garzón no imputa a ningún aforado, como López Viejo [ex consejero de Aguirre] para que no le quiten el caso".

Manuel Fraga. "En todos los partidos hay un Judas. Hay que mantener la unidad absoluta".

(www.elpais.com, 12/02/09)

BOTELLA: "ME GUSTARÍA QUE ESTE APOYO SE DIERA TAMBIÉN A TODA LA HISTORIA DEL PP"

El Comité Ejecutivo discurría con una muestra de cierre de filas absoluto, en la que los dirigentes competían por ver quién atacaba con más dureza a la fiscalía y al juez Garzón, hasta que le llegó el turno a Ana Botella, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y esposa del ex presidente José María Aznar. La intervención chirrió porque era una reprimenda interna en toda regla.

"A mí me parece muy bien la posición del partido y de su presidente en toda esta cuestión, y tiene todo mi apoyo. Pero me gustaría que este apoyo se diera también a toda la historia del partido, incluida la del presidente Aznar y su equipo. Todos sabéis quién soy. Aquí hay sentados muchos dirigentes que tuvieron responsabilidades en esa época [había ex ministros, entre ellos Rajoy]. Me gustaría que se defendiera de manera más firme ese legado", clamó Botella, según la reconstrucción de varios de los presentes.

No hubo aplausos, y los dirigentes se miraron, según contaron después, con caras de complicidad y una tensión difícil de disimular. La esposa de Aznar, en un auditorio acostumbrado a leer entre líneas y que no necesitó muchas explicaciones para saber de qué estaba hablando y qué quería decir, estaba protestando por el hecho de que Rajoy haya dejado muy claro que fue él quien, en 2004, en cuanto sucedió a Aznar, rompió con Francisco Correa, el jefe de Special Events.

El líder lo dejó claro en una rueda de prensa el lunes. Pero todo el mundo en el PP sabe que Correa fue el principal organizador de actos de Génova durante toda la etapa de Aznar. En la prensa han aparecido sus estrechas relaciones con el aznarismo y con el yerno del ex presidente, Alejandro Agag, además de las fotos de Correa y su socio Álvaro Pérez en la boda de la hija de Aznar y Botella. Por eso la esposa del ex presidente se queja de que Rajoy se concentre en decir que él rompió en vez de reivindicar que no hubo nada sucio en la etapa de Aznar. La ofensiva del aznarismo, en boca de su principal representante en activo, aspirante a la alcaldía de Madrid si la abandonara Alberto Ruiz-Gallardón, fue de tal calibre que Rajoy entendió que tenía que responder para dejar claras algunas cosas.

El líder del PP, elegido a dedo por José María Aznar en 2003 frente a otras opciones como Rodrigo Rato o Jaime Mayor, nunca ha osado criticar públicamente a su mentor. Aun así, todos los analistas interpretaron que, en el congreso de Valencia, Rajoy acabó con el aznarismo para inaugurar un nuevo PP, el suyo. Pero el jefe de la oposición decidió ayer que era momento de unidad, y trató de atraerse a Botella a su terreno.

"Por supuesto, Ana, yo siempre defiendo y defenderé toda la historia del partido. Y si alguna vez compruebas que alguien no lo hace, me gustaría que me lo dijeras inmediatamente", sentenció el líder, firmando así una especie de pacto de no agresión con el aznarismo.

(www.elpais.com, 12/02/09)

EL PP ELIGE UNA VÍA SIN FUTURO PARA RECUSAR AL JUEZ INSTRUCTOR

El presidente de los populares, Mariano Rajoy, arropado por numerosos cargos de su partido, anunció que el PP tenía intención de personarse como acusación en la causa que instruye el juez Garzón con la intención de recusarle por entender que participa en una campaña de desprestigio del partido.

Es la misma reacción que el PSOE tuvo en su día con el juez Marino Barbero, instructor del caso Filesa. También en aquel caso, los socialistas intentaron personarse como acusación. Sin embargo, la personación no fue admitida porque miembros del PSC y del PSOE estaban siendo investigados y por tanto de su actuación podía derivarse una responsabilidad civil por parte del partido.

También el Estado en el caso Amedo intentó personarse como acusación por estimar que la conducta de los policías podía constituir un perjuicio a la Administración. La Audiencia Nacional lo impidió por entender que precisamente la condición de funcionarios de Amedo y Domínguez suponía que el Estado debía asumir la responsabilidad civil de sus actos.

Así que, aunque el PP presente una querella contra sus propios militantes para conseguir ser parte en el proceso, fuentes de la Audiencia señalaron que, previsiblemente, no será admitida, puesto que no se puede estar en una causa penal como acusador y como defensor al mismo tiempo, y el PP podría acabar como responsable civil de los actos de los imputados.

(www.elpais.com, 12/02/09)

LOS POPULARES ROMPEN EL PACTO DE LA JUSTICIA Y JALEAN LA HUELGA DE JUECES

El PP dio ayer una patada al tablero e hizo saltar por los aires el único pacto que ha firmado con el PSOE en cinco años: el de la Justicia. Federico Trillo oficializó la ruptura del acuerdo en un agrio enfrentamiento con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en el Congreso de los Diputados.

La consecuencia de la investigación del juez Baltasar Garzón sobre actos de corrupción en torno al PP es que el principal partido de la oposición se descuelga del acuerdo para modernizar la justicia que firmaron el pasado mes de julio en La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

La excusa es la montería en la que coincidieron el pasado fin de semana el juez y el ministro y el pretexto la dura y expresa acusación de complicidad entre el magistrado y el Gobierno para perseguir al PP. Es decir, de prevaricación del juez.

Gráficamente y con una metáfora cinegética propia del caso, Trillo acusó directamente a juez y ministro de connivencia: "Alguno de ustedes parece que señala y apunta y el otro dispara". El portavoz de Justicia del PP, arropado por Soraya Saénz de Santamaría, aseguró que asistimos "al mayor ataque contra la independencia del poder judicial de la historia democrática".

Pidió la dimisión del ministro y condicionó la vuelta al pacto a que Fernández Bermejo abandone el cargo. También formalizó la petición para que comparezca en el Congreso para explicar el fin de semana de caza.

En su respuesta, el titular de Justicia no se arredró e imputó al PP "desmesura". Explicó que en la montería coincidió con 50 ó 60 personas, entre las que estaba el juez Garzón, sin considerar que eso suponga atentar contra la independencia judicial. Por supuesto rechazó la posibilidad de dimitir: "No sabía yo que mi afición cinegética y por el campo daría para que pidieran mi dimisión".

Bermejo acusó al PP de utilizar el episodio para "extender una cortina de humo" que oculte la investigación y advirtió: "A ver si van a terminar incendiando las instituciones". "Miren para dentro y arreglen su casa, porque éste es un asunto del PP contra el PP y dejen de disparar contra las instituciones", añadió, antes de ironizar sobre Rajoy: "Ustedes dicen que dimita don Mariano, pero ¿qué don Mariano?". Incluyó en su respuesta expresiones como "ustedes sobreactúan y pasan del drama a la pantomima" y "no le acepto que me acuse de atacar la independencia judicial".

Trillo antes había utilizado expresiones que establecían una relación causa-efecto entre la cacería y las actuaciones contra el PP, aunque éstas sean previas. Al magistrado, además, le acusó de filtrar el sumario durante el fin de semana en que cazaba para "desacreditar y calumniar al PP". La comparecencia tenía por objeto inicial que el ministro explicara las actuaciones para evitar la huelga de jueces prevista para el 18 de febrero, pero derivó en la tangana y dejó a un lado los problemas de la Justicia. Fue tal que Joan Ridao (ERC) y Emilio Olabarría (PNV) dijeron sentirse "asqueados" por el "espectáculo deprimente" al que asistieron.

La primera consecuencia de la ruptura del pacto es que el PP, libre ya de ataduras de acuerdo alguno, jaleó ayer en la Comisión la huelga de jueces. "Compartimos plenamente la plataforma reivindicativa de los jueces", dijo Trillo antes de asegurar que es mayoritaria en la carrera y que el PP respeta lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial sobre la ausencia de la legalidad de la protesta.

Fue el único que sostuvo esa posición porque todos los demás grupos, de forma expresa y más o menos dura, rechazaron la protesta judicial.

El ministro se remitió al origen "corporativo" del conflicto por la sanción al juez Tirado y la petición de aumento salarial. Habló de "movimiento asambleario y minoritario", explicó que las juntas de jueces carecen de legitimidad para convocar la protesta y detalló una a una las ocho reivindicaciones. De todas dijo que las asume y que, de hecho, ya hay actuaciones en marcha en forma de proyectos de ley o decretos y sólo rechazó una, la del aumento salarial que mantiene una parte de los convocantes. "No está el horno para bollos", se limitó a decir.

(www.elpais.com, 12/02/09)

AGRIO INTERCAMBIO

- Trillo a Bermejo.

- "Alguno de ustedes señala y apunta y el otro dispara".

- "Estaba con el juez, mientras tenía a tres imputados en el calabozo, filtraba su sumario y calumniaba al PP".

- "No sé si quedarme con su incompetencia, su descaro, su fracaso o su desparpajo".

- Bermejo a Trillo.

- "Que dimita don Mariano, pero ¿qué don Mariano?"

- "Cuando disparo soy bastante bueno".

- "No me parece mala compañía un juez".

(www.elpais.com, 12/02/09)

EL EX EDIL DEL PP QUE ORGANIZÓ LA CACERÍA AFIRMA QUE SU PARTIDO "TERGIVERSA"

Un ex concejal del PP de Torres (Jaén) fue el organizador de la cacería en la que el pasado fin de semana coincidieron el juez Baltasar Garzón, natural de aquella localidad, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Ayer se mostró indignado con la tergiversación que ha hecho su partido de la cacería, en la que fueron abatidos ocho muflones y cinco jabalíes.

La montería el pasado domingo reunió en la finca Cabeza Prieta de Torres a medio centenar de personas, además del juez y el ministro. A Garzón lo invitó el organizador de la batida, su amigo Bartolomé Molina, ex concejal del PP que en 2003 fue el candidato a la alcaldía por este partido. Por su parte, el ministro fue invitado por el dueño de la finca, el empresario farmacéutico José Peñas Pérez, originario de Torres y afincado en Cataluña.

En la montería, se repartieron 12 puestos, y en cada uno había una o varias personas. El ministro compartió puesto con su esposa y el juez Garzón estuvo solo en otro, ambos distanciados en torno a un kilómetro. Tanto Bermejo como el magistrado de la Audiencia Nacional se alojaron la noche del sábado en el cortijo de la finca, donde compartieron cena con unas 30 personas. "Estuvieron sentados alejados unos del otro y en ningún momento tuvieron una conversación privada; es más, el ministro y su señora se fueron a dormir dos horas antes que el resto", indicó ayer el organizador de la montería, indignado por la "tergiversación" que su partido, el PP, está haciendo de esta montería. "Allí había gente del PP, pero también del PSOE y de IU, pero no se habló de política, se habló de caza", subraya Molina.

Entre los participantes se encontraba un primo del juez Garzón, José Real, que es militante del PP. Bartolomé Molina dice que fue una cacería entre amigos y desmiente que el ministro llegara a Torres rodeado de un séquito numeroso. Bermejo, su señora y el personal de seguridad llegaron en un turismo y un todoterreno. El juez Garzón estaba ese fin de semana en su pueblo natal, al que viaja con cierta frecuencia, donde departió con la alcaldesa, la socialista Elvira Sanjuán, sobre la organización de los cursos de verano que el propio magistrado organiza desde hace tres años.

Tanto el ministro como el juez estuvieron el día anterior en otra cacería en la Sierra de Andújar, a unos 50 kilómetros de Torres, y ambos compartieron una comida en un hotel con otras 40 personas, según fuentes locales. También en ese caso, ministro y juez fueron invitados por diferentes vías.

(www.elpais.com, 12/02/09)

UN CARGO POPULAR ORGANIZÓ LA MONTERÍA QUE ESCANDALIZA AL PP

La cacería en la que coincidieron el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Baltasar Garzón, instructor del caso de la trama corrupta, fue organizada por un responsable del Partido Popular de Andalucía. Bartolomé Molina, secretario general del PP en Torres (Jaén), debilitó ayer muy seriamente la estrategia de contrataque decidida por el comité ejecutivo nacional popular, cuando admitió que él fue el anfitrión de la montería en la que participaron el pasado fin de semana el ministro y el magistrado de la Audiencia Nacional.

Pocas horas después de que los populares salieran en tromba a denunciar con gran indignación que Bermejo y Garzón se encontraran en la provincia de Jaén y de que el exministro Federico Trillo se rasgara las vestiduras por "el más descarado ataque a la independencia judicial en la historia de la democracia", su correligionario Bartolomé Molina contó a la cadena SER que fue él quien organizó la montería y que invitó a Bermejo. Al tener noticia, además, de que Garzón también se hallaba ese fin de semana en Torres, su pueblo natal, extendió la invitación al juez. Molina fue muy duro con la dirección de su propio partido, al opinar que no deben contarse "verdades a medias o mentiras" sobre lo ocurrido.

Durante todo el día de ayer el Gobierno y el PSOE ya habían quitado trascendencia política al asunto y acusado a los populares de tratar de desviar la atención respecto a los casos de corrupción y espionaje en los que pueden resultar implicados cargos populares. Desde que trascendió la noticia sobre la coincidencia de Bermejo y Garzón, tanto en la Moncloa como en el ministerio se trató de limitar el encuentro cinegético al ámbito privado. Fuentes de la Moncloa afirmaron que no es la primera vez que ministro y juez comparten jornadas de caza con otros aficionados, incluidos miembros del PP, en una actividad en la que este fin de semana participaron unas 60 personas, según el propio Bermejo.

El ministro afirmó ayer que apenas habló con Garzón durante el fin de semana y, en ningún caso, sobre la trama de corrupción. Pero Bermejo no se quedó ahí y atacó al PP, por tratar de crear "una cortina de humo" y desviar la atención sobre su "lío monumental". El ministro aprovechó una comparecencia parlamentaria para afear a Federico Trillo su conducta, que calificó de un ejercicio de sobreactuación "poco respetable". Quizá previendo lo que sucedió horas más tarde con las declaraciones del cargo local del PP, el ministro ya advirtió a los populares que este tipo de escenificaciones podían acabar pasando "del drama a la pantomima o al cómic". Sin embargo, no todos en el PSOE consideran secundario el encuentro entre juez y ministro.

La bronca sobre la situación interna del PP llegó también al Congreso, donde el presidente del Gobierno , José Luis Rodríguez Zapatero, exigió a Rajoy que no pida dimisiones y cambios en el Gobierno sino que "hable de los que ustedes necesitan". El diputado de CiU Jordi Jané afirmó que la coincidencia en la cacería era "poco estética" pero también hay "cacerías dentro del Congreso, algunas de ellas políticas, que quizá veremos a lo largo de los debates".

GARZÓN ENCARCELA A LOS TRES CABECILLAS DE LA TRAMA

Los tres máximos responsables de la trama de corrupción que ha salpicado al PP de Madrid seguirán entre rejas. El juez Baltasar Garzón decretó ayer prisión incondicional contra Francisco Correa, presunto cerebro de la red de empresas que organizaban eventos para ese partido, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo.

El juez dejó libres a la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, y a Felisa Isabel Jordán, ambas ex administradoras de cuatro de las sociedades investigadas, con la condición de que acudan al juzgado una vez al mes. A Carmen Luis, que también se encontraba en la lista de imputados, ni siquiera le impuso esa cautela.

Garzón considera que existen indicios racionales de que al menos cinco de esas personas han cometido presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. La relación de Rodríguez y Jordán con la trama se basa en que ambas ocuparon puestos directivos en las firmas a través de las cuales se cometieron supuestamente los delitos.

Convivencia rota

La esposa del presunto cerebro de la trama confirmó ante el juez que fue administradora de las sociedades Special Events y Pasadena Viajes, pero aseguró que ostentó esos cargos sólo para "hacerle un favor a su amigo José Luis Izquierdo", el apoderado de ambas compañías, según su abogado, el ex fiscal Enrique Molina.

Rodríguez, que según el letrado llegó a declarar que simplemente firmaba lo que Izquierdo "le ponía encima de la mesa", negó que cobrara de las compañías investigadas y afirmó que el único salario que percibe procede de Construcciones Salamanca, la empresa de su padre, Emilio Rodríguez Bugallo, procesado en el caso Malaya por la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y fallecido el año pasado.

La mujer de Correa, que fue detenida junto a su marido y después puesta en libertad, manifestó también ante Garzón que su convivencia con el presunto cerebro de la trama se rompió hace más de cuatro años y que actualmente tramita su separación. El régimen matrimonial de ambos es de "separación de bienes" por lo que, según su abogado, "no tiene nada que ver con los negocios con su marido".

Respecto a su relación con Antoine Sánchez, reconoció que lo conocía, pero sólo porque es el primo de su esposo. Sobre su etapa al frente del gabinete del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, afirmó que sólo se encargaba de relaciones con los medios y de la publicidad.

La misma suerte que Rodríguez corrió Jordán, ex administradora de Easy Concept y Good and Better antes de que las pasara a controlar Francisco Javier Pérez Alonso, hermano de Álvaro Pérez Alonso, el bigotes, presunto jefe de la red corrupta en Valencia.

(www.elperiodico.com, 12/02/09)

EL FISCAL INVESTIGA EL ORIGEN DE LAS INFORMACIONES DE EL PAÍS

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha incoado diligencias informativas para averiguar de dónde proceden los datos sobre la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, en la que aparecen personas que han mantenido vínculos con el PP.

El PP presentó el martes un escrito en la Fiscalía quejándose de las informaciones de este periódico sobre la trama de corrupción que investiga el juez Garzón. La Fiscalía remitió ayer al PP otro escrito en tono oficial, haciendo oídos sordos a las invectivas que por la mañana dirigió Rajoy a Conde-Pumpido, acusándole de dar un "trato diferente" a los partidos políticos.

La respuesta al PP afirma que la Fiscalía del Estado comparte la "inquietud" de ese partido por la situación y, como "garante de la legalidad", siempre cuida especialmente de que se mantenga "la necesaria reserva de las investigaciones judiciales", especialmente cuando sobre ellas "pesa la declaración de secreto".

En consecuencia, prosigue la Fiscalía, la Inspección Fiscal incoó el martes diligencias informativas "a fin de practicar las actuaciones necesarias para averiguar las circunstancias que han determinado la difusión pública de informaciones y contenidos que son objeto de investigación penal".

Además, el fiscal general remitió ayer una comunicación escrita al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, pidiéndole que refuerce "las habituales cautelas para garantizar la confidencialidad de cuanta información y documentación de este procedimiento se encuentra a disposición de esa Fiscalía".

Respecto de la relevancia penal de los hechos narrados en el escrito del Partido Popular, la Fiscalía explica que el juez Baltasar Garzón ha iniciado, a su vez, una investigación para conocer el origen de las "supuestas filtraciones". En consecuencia, añade, "no resulta oportuno" en este momento el ejercicio de acciones ante la jurisdicción penal por parte del fiscal, por los mismos hechos que investiga el juez.

El escrito de la Fiscalía recuerda por último al PP que tiene la posibilidad de acudir directamente a la autoridad judicial, presentando una denuncia al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

(www.elperiodico.com, 12/02/09)

GARZÓN ACUSA A LOS TRES CABECILLAS DE LA RED DE SOBORNAR A CARGOS PÚBLICOS EN FAVOR DE SUS EMPRESAS

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusa a los tres cabecillas de la trama de corrupción que salpica al PP enviados anoche a prisión "sobornar a funcionarios y autoridades públicas" a través de "regalos" y "cantidades de dinero" para mover su "voluntades" con el objetivo de favorecer a sus empresas. El auto de prisión del juez sitúa a Francisco Correa como cerebro de la red que hasta el momento ha llevado también a la cárcel a su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo. A los tres les acusa de establecer un "conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de ayuntamientos y Comunidades Autónomas". Garzón decretó ayer prisión incondicional para los tres.

El auto del juez afirma que se está investigando la identidad de los cargos públicos objeto de las "dádivas" de los tres encarcelados. Garzón defiende que el "grupo organizado" perseguía la obtención de "contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas y empresas que no utilizaban las mismas prácticas". El juez de la Audiencia Nacional ve además indicios de defraudación fiscal, movimiento de dinero en el extranjero y un entramado para colocarlo en paraísos fiscales.

Garzón dedica en su escrito un apartado especial a Correa, del que dice "da instrucciones al resto de integrantes de la organización; lleva a cabo una supervisión directa (...); controla las cuentas que dispone en Suiza; y, ordena la contratación de productos financieros o la obtención de moneda extranjera". De Pablo Crespo, el auto dice que "lleva el control y funcionamiento de las empresas" y gestiona el "patrimonio personal" de Correa. Antoine Sánchez sería, según la investigación de Garzón, "pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas" como "miembro de los órganos de administración", "titular de un porcentaje del capital" de las empresas vinculadas y "titular de las acciones al portador de las sociedades ubicadas en paraísos fiscales". Garzón aclara, no obstante, que Correa sufragaba con todos los gastos de su primo.

El juez dejó ayer libres a la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, y a Felisa Isabel Jordán, ambas ex administradoras de cuatro de las sociedades investigadas, con la condición de que acudan al juzgado una vez al mes. A Carmen Luis, que también se encontraba en la lista de imputados, ni siquiera le impuso esa cautela.

(www.elpais.com, 12/02/09)

LA RED DE CORREA PAGABA A CARGOS PÚBLICOS PARA OBTENER TRATOS DE FAVOR

La red de corrupción liderada por Francisco Correa pagaba a funcionarios públicos y autoridades para obtener tratos de favor en la concesión de eventos, según se desprende del auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

El auto establece que Francisco Correa es el líder número uno de la red, seguido de Pablo Crespo y Antoine Sánchez, los tres enviados a prisión la pasada madrugada. El diseño de la estrategia de ocultación que permitió a Correa llevar el control del "entramado societario sin que él figurara" consistió en "la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal, especializados en la creación de estructuras fiduciarias opacas".

Según lo investigado en las diligencias 275/08, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio".

El magistrado, que ordenó el ingreso en prisión de Correa al apreciar la existencia de riesgo de fuga, afirma que éste trató de salir de España el pasado día 7 para instalarse en Panamá —país en el que estaba intentando obtener la residencia de forma "fraudulenta"—, lo que fue el detonante de las detenciones.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) había advertido en un informe, el pasado día 3, que "quedaba constatado el nerviosismo de Pablo Crespo "al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran las cosas y escondieran otras".

Del auto se desprende que Correa da instrucciones para realizar "dádivas" a funcionarios y cargos públicos para obtener un provecho económico para él y para su grupo o para paralizar procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio.

El juez anuncia en su resolución que se está investigando la "identidad y cargos" de esos "funcionarios y autoridades públicas" que recibieron "dádivas y sobornos", "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho". En cuanto a las actividades de Correa, el juez asegura que no se centraban sólo en España sino que tiene varias cuentas en Suiza y diversos negocios en China, Azerbayan y Miami.

La mano derecha de Correa, según el auto, es Pablo Crespo, consejero delegado y gerente de las empresas y quien ejecuta las órdenes del cabecilla. Su misión es desvincular las actuaciones ilegales tanto de su persona como de las sociedades, para lo que utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de los que disponen en Suiza.

Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999, también imparte instrucciones para dar "cantidades de dinero" y regalos en especie para "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades" y así conseguir tratos de favor o concesión de eventos, que es a lo que se dedica el grupo.

El tercer elemento del engranaje es Antoine Sánchez, "una pieza clave" del entramado. Correa colocó a Sánchez, su primo, al frente de las sociedades. El líder de la red también sufragó todos los gastos generados por Antoine y le ofreció hacerse cargo de algún negocio relacionados con el sector turístico en Colombia o la fibra óptica en Cuba.

(www.elmundo.es, 12/02/09)

LAS EMPRESAS DE CORREA LOGRARON 3,5 MILLONES EN MAJADAHONDA

Entre 2003 y 2005, tres sociedades controladas por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, de objeto difuso y administradores comunes (TCM, Downtown Consulting y Easy Concept) fueron cerrando acuerdos con el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), del PP, por valor de más de dos millones de euros. Todos figuran en los papeles municipales de la oficina de contratación. Además de los pagos por esta "oficina fantasma", IU ha documentado otro millón y medio de euros pagados a empresas vinculadas a Correa, aunque es posible que haya muchos otros contratos. Eso, en una legislatura (2001-2005). Algunos de ellos por conceptos como "Decoración de la concejalía de Familia", montar un stand en una feria de informática, "suministrar vinilos para terminales de información" o colocar una mampara.

En 2003, la empresa madre de Correa en Madrid, Special Events, deja de firmar contratos con Majadahonda. Alguien ha reparado en que la administradora es María del Carmen Rodríguez, conocida por los trabajadores municipales como La Barbie. Rodríguez es la mujer de Correa y la jefa de gabinete del entonces alcalde, el ahora imputado Guillermo Ortega. Special Events se volatiliza, pero emerge Technology Consulting Management, de los mismos dueños y que se dedica a las mismas cosas. Esta compañía gana el concurso para "la consultoría de diseño de la implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano" de Majadahonda. Un rebuscado pliego que se traduce en el pago de 612.551 euros a esta empresa el 18 de febrero de 2003.

En diciembre de ese mismo año, la compañía repara en que necesita más dinero. El ayuntamiento se lo da. En concreto, 120.000 euros más. Eso supone el 19% de la concesión original. Si el aumento hubiese superado el 20% habrían tenido que repetir el concurso. El 30 de abril de 2004, con la oficina a punto de abrirse, se les prorroga el contrato. En esta ocasión reciben 419.638 euros. Un técnico municipal había sugerido que lo justo sería 58.000 euros y así lo hace constar en un documento. Nadie le hace caso.

¿Ha terminado el trabajo de la empresa de Correa una vez abierta la oficina? No. Ahora, es el momento de que emerja otra de sus empresas. Alguien tiene que llevar el día a día de esa oficina. Nace Downtown Consulting. Esta firma recibe más de 20.000 euros mensuales. En 2005 cambia de nombre y se vuelve a transformar. Su nueva reencarnación es Easy Concept, con la misma configuración que Downtown, pero cobrando un poco más: 27.900 euros. Hasta mayo de 2005. La oficina desapareció y sólo estuvo unos meses en funcionamiento.

(www.elpais.com, 12/02/09)

FEIJÓO EVITA LAS PREGUNTAS DESDE QUE SE DESTAPÓ LA TRAMA DE MADRID

El candidato del PP a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió ayer a convocar a los medios de comunicación a un acto electoral en el que de nuevo se negó a responder preguntas. Los periodistas llevan cinco días sin poder preguntar al líder del PP por las circunstancias del caso que ha obligado a renunciar a su cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera, ni acerca de su relación con Pablo Crespo, el ex secretario de organización de los populares gallegos detenido en el marco de la operación

Feijóo, que ha citado de nuevo a los medios para hoy, apenas unas horas antes del inicio de la campaña, convocó a los periodistas para ser meros testigos de un acto en el que, con la residencia de Monte Pío como telón de fondo, firmó su "compromiso con los ciudadanos". El candidato popular eligió para la firma una terraza techada del Hostal dos Reis Católicos, en Santiago, desde la que puede verse la residencia del presidente de la Xunta.

Mediante ese documento, el candidato del PP se comprometió a "combatir el paro", "luchar contra la crisis", "eliminar y reducir los gastos superfluos", "reducir la cantidad de impuestos" y "mejorar la calidad de la asistencia sanitaria".

Con la firma, Feijóo quiso solemnizar también su promesa de "dotar a los dependientes de garantías" de cumplimiento de la ley, responder a las demandas de plazas de guardería, "ampliar las oportunidades de los jóvenes", "garantizar que todos los gallegos tengan las mismas oportunidades" y "hacer del respeto medioambiental un principio irrenunciable".

La lista de compromisos, que es una síntesis del programa electoral del PP, incluye también el objetivo de "recuperar los consensos" en torno a "los símbolos identitarios, muy especialmente en el idioma: debe garantizarse la libertad de elegir lengua en todos los ámbitos". Feijóo contrapuso estos compromisos a los programas que han presentado BNG y PSdeG "a sabiendas de que no los van a cumplir". A diferencia de lo que ocurre con los partidos del bipartito, el "contrato con los ciudadanos" del PP se presenta antes de las elecciones, se firma con la sociedad y va a ser cumplido, subrayó. "Llegó el momento de cambiar y de devolver la confianza a la clase política", aseguró.

Garzón envía a prisión a los tres cabecillas de la trama de corrupción vinculada al PP

El juez Garzón decide esta tarde si Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez van a prisión tal y como solicitan las dos fiscales. -El juez deja en libertad a la esposa de Correa

Las dos fiscales del caso de la trama de corrupción municipal vinculada al PP, Concha Sabadell y Mirian Segura, han pedido prisión incondicional para los tres presuntos cabecillas, -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-, que estaban en prisión desde el viernes. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidirá en las próximas horas si los tres implicados van a la cárcel, tal y como solicita la fiscalía.

Garzón ha dejado en libertad a María del Carmen Rodríguez, imputada por la causa abierta por corrupción, y cuyo cabecilla sería precisamente su marido, Francisco Correa. Rodríguez ha explicado al juez que accedió a administrar hasta 2001 dos de las empresas investigadas, Special Events y Pasadena, porque así se lo pidió como favor José Luis Izquierdo, apoderado de la primer de estas sociedades. Garzón le ha pedido que comparezca una vez al mes.

La imputada, que fuera jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, investigado también en la trama, ha aclarado al juez que el único sueldo que recibe es el de una empresa de su padre, Construcciones Salamanca. El padre de María del Carmen Rodríguez es el constructor Emilio Rodríguez Bugallo, detenido en la operación Malaya de Marbella.

Sobre su relación con Correa, Rodríguez ha tratado de desvincularse hoy de las actividades de su marido y ha explicado que mantienen separación de bienes, que ya no conviven y que está en trámites de separación. "La relación personal es inexistente", ha asegurado, porque llevan cuatro años "sin tratarse". A preguntas del juez sobre otro de los implicados en el escándalo de corrupción, Antoine Sánchez, detenido desde el viernes, Rodríguez ha dicho que es primo de Correa. La imputada ha asegurado además que no tiene bienes en ningún paraiso fiscal.

Las otras dos imputadas que han declarado hoy son las empresarias Carmen Luis Cerezo y Felisa Isabel Jordán. La primera ha salido al poco tiempo de entrar a declarar ante el juez Garzón. Jordán, a la que el juez ha tomado declaración después de interrogar a Carmen Rodríguez, ha salido en libertad sin que el juzgado acordara ninguna medida cautelar, según informa su abogado.

También será hoy interrogado el último detenido en la operación Gürtel, Alvaro Pérez Alonso, conocido como el bigotes y responsable de la empresa Orange Market, que fue detenido el martes en Valencia, informa Efe.

www.elpais.es 12.02.09

GÉNOVA DICE QUE PÉREZ ESTABA EN EL MITIN DE RAJOY POR LA REGIONAL DEL PP

La dirección nacional del Partido Popular se esforzó ayer por cortar amarras de la presencia del presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, en el mitin central de campaña celebrado el 7 de marzo en Valencia protagonizado por el entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy. Tras la publicación de la fotografía de Levante-EMV en la que Pérez aparece en la trasera del escenario dirigiéndose a una de las "niñas de Rajoy", fuentes oficiales de la madrileña calle de Génova se pusieron en contacto con este diario para matizar que en ningún momento contrataron con Orange Market ni ninguna de las empresas relacionadas con Pérez. Los actos de Rajoy, dijeron, se encargaron durante toda la campaña a la firma Promedia, vinculada a Elena Sánchez, esposa del diputado por Castelló, Juan Costa. Este es a su vez hermano del secretario general del PPCV, Ricardo Costa. Fuentes de Promedia manifestaron que tampoco subcontrataron a Orange Market. Preguntados por la presencia de Álvaro Pérez dijeron: "No sabemos qué hacía ahí ese señor".

Es la misma versión que ofreció la dirección nacional, que atribuyó la responsabilidad de la presencia de Pérez Alonso en el mitin "a la dirección regional" del PP en la Comunitat Valenciana. Las mismas fuentes insistieron en Génova cortó con Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en 2004. Algo que no hicieron los populares de Francisco Camps, que han mantenido a Orange Market y Álvaro Pérez como asesor de cabecera para actos de partido, al tiempo que la Generalitat lo ha contratado para diversos eventos.

El mitin de la Plaza de Toros de Valencia tuvo como punto álgido el momento en que un grupo de niñas subieron al escenario con una camiseta con el lema "Soy la niña de Rajoy". El presidente del PP había hecho referencia a una niña imaginaria en el debate televisivo con el candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre la presencia de Pérez en el mitin, que aparece en la imagen organizando un grupo de niños, fuentes de la dirección regional negaron que lo hubieran contratado y dijeron que "podía tener una acreditación vieja". La versión es un tanto extraña, porque al mismo tiempo dijeron que Álvaro Pérez acostumbraba a participar en los actos y "ejercer de organizador". Algo que viene a demostrar que el presidente de Orange Market, detenido e imputado por el juez Baltasar Garzón en la operación tenía camino libre para moverse entre los bastidores del Partido Popular.

Génova no fue la única en desmarcarse de Pérez. La secretaria local del PP de Castelló, Carmen Amorós, aseguró que ni el ayuntamiento ni la agrupación local han contratado con Orange Market. Insistió en que es la dirección regional que preside Francisco Camps la que contrata con la empresa de Pérez. Amorós ofreció esta versión: "Tú contratas con una empresa para que te haga algo y resulta que en esa empresa son unos sinvergüenzas, y tú no lo sabes, y te encuentras con la indefensión".

Por su parte, Miguel Peralta, coordinador general del PP provincial de Alicante, dijo que "el partido en Alicante nunca contrató con Orange Market". "Siempre que ha habido algún acto ha sido porque la dirección regional lo organizaba con Álvaro Pérez", dijo Peralta. Fuentes de la ejecutiva provincial alicantina dijeron que el detenido al que ayer tomó declaración, Baltasar Garzón, pedía precios muy altos a las direcciones provinciales por organizar sus actos.

(www.levante-emv.com, 12/02/09)

ORANGE MARKET ORGANIZÓ LA CENA CON RAJOY

El presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, encontró en Castelló, de la mano del PP, el campo abonado para desarrollar su actividad organizadora de eventos. La secretaria general de los populares de la capital de la Plana, Carmen Amorós, confirmó ayer que el empresario investigado por Garzón también montó la cena de Rajoy en El Grau con militantes. Así mismo, estuvo detrás de un acto sectorial del partido con el ex ministro Cristóbal Montoro. El PP castellonense rebota los balones a Valencia y asegura que todos estos eventos fueron tutelados por la dirección regional.

El pasado 11 de julio, el Gran Casino de Castelló acogió la tradicional cena de verano del PP de Castelló, que congregó a más de 600 comensales. Como invitado de excepción, acudió el líder nacional del partido, Mariano Rajoy, además del presidente regional, Francisco Camps, y el provincial, Carlos Fabra. Rajoy aprovechó la visita para proclamar a Fabra ciudadano "ejemplar" y defender su inocencia.
En la sala de máquinas estaba Álvaro Pérez. Según la secretaria local del PP en Castelló, Carmen Amorós, "eso se organizó todo desde Valencia. Nosotros lo único que hicimos fue encargarnos de las mesas, los carteles, de nuestra gente para que se pudieran sentar, y lo de los pueblos y demás, pero todo lo demás se llevó desde allá, como es costumbre siempre".

Orange Market también estuvo en Castelló en noviembre de 2006 en un acto sectorial del PP que contó con la presencia del ex ministro de Aznar Cristóbal Montoro. Además, acudieron el responsable económico del Consell Gerardo Camps, el secretario regional, Ricardo costa, el presidente provincial, Carlos Fabra, y el líder local, Alberto Fabra, entre otros. La presencia del empresario Álvaro Pérez no pasó desapercibida, por su imponente bigote y por un vistoso suéter rosa.

Carmen Amorós insistió en el mensaje del día anterior de Carlos Fabra y trasladó la responsabilidad a la calle Quart de Valencia (donde está la sede autonómica del PP). Manifestó que desde Castelló "nunca" se ha contratado a Orange Market.

"Cuando somos nosotros, Castelló, los que organizamos nuestros congresos, nunca hemos contratado con esta empresa, que quede bien claro", aseveró. Por ejemplo, el congreso provincial de 2004 en Peñíscola lo montó Orange Market, pero el encargo se hizo desde Valencia. Amorós negó que la ejecutiva regional haya recomendado o impuesto la contratación de la firma para la celebración de eventos al PP castellonense.

La dirigente popular restó importancia al hecho de que el PP haya contratado en numerosas ocasiones los servicios de Orange Market argumentando que "tú contratas con una empresa para que te haga algo y resulta que en esa empresa son unos sinvergüenzas, y tú no lo sabes, y te encuentras con la indefensión".

(www.levante-emv.com, 12/02/09)

ULIBARRI, UN EMPRESARIO MIMADO POR CAMPS

El empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción que afecta al PP, preside desde Castilla y León un holding de empresas (Grupo Begar) que se ha extendido también a la Comunidad Valenciana en los sectores de la construcción, servicios y medios de comunicación.

Su negocio más conocido en tierras valencianas está ligado a Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales (TDT) adjudicadas a otras empresas por el Gobierno autónomo que preside Francisco Camps (PP).

Ulibarri amplió su control en los medios en junio del año pasado, cuando se hizo con el 80% de Administración y Gerencia de Ondas 13, SL, la empresa con la que el Ayuntamiento de Valencia había suscrito sólo un año antes el contrato para la producción y gestión de la Televisión Digital Municipal de Valencia. El acuerdo del consejo de administración, presidido por el PP, que aprobó el traspaso de acciones a Ulibarri ha sido recurrido por la oposición socialista porque el empresario ya es dueño mayoritario de otra TDT en la misma demarcación, Tele 7, a cuya inauguración en 2007 en Valencia acudieron Camps y varios consejeros.

El pasado mes de diciembre, la apertura de Tele 7 en Alicante congregó de nuevo a altos cargos populares, como la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El Grupo Begar también se ha adjudicado en Valencia dos aparcamientos y un importante colector de la Generalitat. José Luis Ulibarri participa, además, en la construcción del hospital de Llíria, adjudicado por el Gobierno valenciano.

Por otra parte, Presidencia de la Generalitat valenciana reconoció ayer que Francisco Camps acudió hace un año al banquete de boda del responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, detenido el pasado lunes e imputado en la investigación que sigue el juez Baltasar Garzón.

Junto a Camps también asistieron a los festejos de las segundas nupcias de Pérez, celebrados en el recinto del edificio Veles e Vents de la Copa del América, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; el secretario regional del PP, Ricardo Costa, y el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García. Canal 9 Televisió Valenciana empezó ayer a informar del caso.

(www.elpais.com, 12/02/09)

ULIBARRI Y CORREA QUERÍAN REVENDER EL PAI DE LA NUCIA TRAS DESBLOQUEARLO EN EL CONSELL

El grupo de empresarios vinculados a la trama de presunta corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón tenía olfato para los negocios en todas sus manifestaciones. Desde los tablados de última generación en mítines del PP y grandes eventos hasta los desarrollos de proyectos urbanísticos. El presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, no sólo se paseaba por la Nucia y la Marina Baixa de la mano de su jefe, Francisco Correa -presunto cabecilla del conglomerado de intereses- para montar el premio periodístico Luis del Olmo. Pusieron el ojo, sobre todo, en los terrenos rústicos con perspectivas de ser reclasificados a urbanizables.

Los dos intentaron adquirir los terrenos incluidos en el PAI Pie del Monte, uno de los dos grandes proyectos, junto con la Serreta que se desarrollan el municipio. El plan, que contempla casi dos millones de metros, fue adjudicado en 2004 y está bloqueado pendiente de los informes favorables de impacto ambiental y de suficiencia hídrica, que otorga la Conselleria de Territorio y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Correa y el responsable de Orange Market pretendían asumir el control del proyecto, desbloquearlo y revenderlo, una práctica bastante habitual en este tipo de operaciones, según fuentes conocedoras de la negociación. Se reunieron al menos dos veces con responsables de la empresa Montemar La Nucia S. L, que tiene entre sus socios al conocido empresario Francisco Murcia Puchades, pero los contactos no derivaron en acuerdo alguno. Las gestiones las realizaron Correa y Álvaro Pérez, pero la financiación iba por cuenta del empresario José Luis Ulibarri, adjudicatario de 13 TDT repartidas por el Consell. Al menos eso se desprende de un pasaje de las cintas reproducidas por El País, en el que Correa asegura: "Ulibarri pone la pasta y vamos al 50%". "De mi 50% reparto con Ramón Blanco, Álvaro [Pérez], Pablo [Crespo] y el alcalde". Los impulsores del proyecto vendieron después la mitad de los terrenos del PAI que, por cierto, resultó afectado por el incendio del Puig Campana este mes de enero. El segundo de los grandes PAI, el de la Serreta, comprende 2,7 millones de metros, 3.884 casas y campo de golf y fue también paralizado por una sentencia del TSJ de marzo de 2007.

(www.levante-emv.com, 12/02/09)

Un miembro del PP organizó la cacería que juntó a Bermejo y Garzón

Bartolomé Molina, ex concejal de Torres, acusa a su partido de "tergiversar"

Un ex concejal del PP de Torres (Jaén) fue el organizador de la cacería en la que el pasado fin de semana coincidieron el juez Baltasar Garzón, natural de aquella localidad, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Ayer se ha mostrado indignado con la tergiversación que ha hecho su partido de la cacería, en la que fueron abatidos ocho muflones y cinco jabalíes.

Bartolomé Molina (PP), organizador de la cacería: "No deberían contar verdades a medias"

AUDIO - Cadena Ser - 11-02-2009

Bartolomé Molina, secretario general del PP en Torres (Jaén), quien organizó la cacería en la que participaron el ministro Bermejo y el juez Garzón: "No deberían contar verdades a medias" -

"Estuvieron sentados alejados unos del otro y en ningún momento tuvieron una conversación privada; es más, el ministro y su señora se fueron a dormir dos horas antes que el resto", indicó ayer el organizador de la montería, indignado por la "tergiversación" que su partido, el PP, está haciendo de esta montería. "Allí había gente del PP, pero también del PSOE y de IU, pero no se habló de política, se habló de caza", subraya Molina.

www.elpais.es 12.02.09

RAJOY REÚNE AL PP PARA EXIGIR LEALTAD Y PERSPECTIVA ELECTORAL

Mariano Rajoy ha convocado hoy en Madrid al comité ejecutivo del partido. Y está decidido a reclamar a sus compañeros unidad, lealtad, honradez y visión electoral en uno de los momentos más difíciles que ha vivido esta organización, según fuentes de su entorno. Esta cita estaba prevista para la próxima semana aunque, con la tormenta que está cayendo sobre el tejado popular, no caben esperas. Rajoy está preocupado por la repercusión que, en Galicia y Euskadi, pueda tener el escándalo sobre el espionaje en Madrid o la investigación del juez Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción, que de momento se ha cobrado cuatro dimisiones en el PP.

Por eso, hoy sacará a colación que hay dos investigaciones internas --una suspendida temporalmente y otra en marcha-- para esclarecer esos casos. Dicho esto, demandará a los suyos que se vuelquen con sus candidatos gallego y vasco, Alberto Núñez Feijóo y Antonio Basagoiti, ya que, en opinión de los más cercanos a Rajoy, en momentos tan duros se la está "jugando" todo el partido.

En los últimos días, tanto Núñez Feijóo como Basagoiti han reconocido públicamente su desazón por el interés mediático que despierta el escándalo del espionaje o, últimamente, el sumario sobre corrupción y tráfico de influencias que instruye Garzón. Existe temor en las filas del PP por cómo pueda salpicar la investigación de la Audiencia Nacional en Madrid y Valencia, dos importantes caladeros de votos populares. "Me produce repugnancia que mientras hay concejales del PP vasco que dan la vida, que dan todo por defender sus ideas, pueda haber por ahí conseguidores que utilizando el nombre del PP, saquen dinero", enfatizó ayer Basagoiti.

Rajoy pretende insistir hoy en ese punto y advertir que, si se demuestra que algún miembro del partido ha sacado los pies del tiesto de la honradez, se tomarán medidas "contundentes". Claro que ese aviso del líder conservador está rodeado de cierta ambigüedad: el lunes, tuvieron que dimitir un consejero de Esperanza Aguirre; el alcalde del municipio de Boadilla y el exregidor de la localidad de Majadahonda sin estar aún imputados por Garzón (los dos últimos lo fueron finalmente ayer). Mientras, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se mantiene sin problemas en el cargo pese a llevar a sus espaldas varias imputaciones.

En cualquier caso, ya hay dirigentes del PP que han señalado que es momento de limpiar la suciedad que pueda haber de puertas para dentro, o de "sacar las manzanas podridas del cesto", como dijo ayer la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Más duro se mostró el ya ratificado candidato a las europeas, el veterano Jaime Mayor Oreja, que recalcó que al equipo de Rajoy no debe "temblarle la mano" a la hora de tomar medidas que ayuden a restaurar la deteriorada credibilidad del partido. Y demoledor el dirigente navarro Jaime Ignacio del Burgo, que tachó de "hijos de puta" a todos los cargos del PP que se hayan lucrado a costa de la corrupción. Eso sí, Del Burgo hizo hincapié en el "regalo electoral" que, bajo su punto de vista, ha hecho Garzón a los socialistas al destapar este asunto en víspera electoral.

Ese último argumento será utilizado, de modo algo más suave, por el propio Rajoy en el comité ejecutivo. Como ayer hiciera Esperanza Aguirre, insistirá en la "indefensión" que supone para el PP que haya "filtraciones" de un sumario secreto. Recordará además que ha presentando denuncias al respecto en la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial y que intentará personarse en la causa para tener más información. Rajoy se sabe tocado y reclama refuerzos.

(www.elperiodico.com, 11/02/09)

RAJOY ARREMETE CONTRA GARZÓN Y EXIGE QUE DEJE EL CASO DE LA TRAMA CORRUPTA

Arropado por los principales dirigentes de su partido, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha defendido la "honorabilidad" de su formación y ha negado cualquier relación con la trama empresarial que se beneficiaba de sus relaciones con dirigentes populares para conseguir contratos públicos. Rajoy ha arremetido contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y ha exigido que abandone la investigación.

El líder del PP ha añadido que su formación romperá cualquier interlocución con el ministerio de Justicia mientras Mariano Fernández Bermejo siga en el cargo. Además el PP exigirá el levantamiento del secreto de sumario y pedirá la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado para que explique "el trato desigual" que, según ha afirmado, proporciona a los partidos.

"Todo se produce en plena campaña electoral y mientras España atraviesa una crisis económica", se ha quejado Rajoy, quien ha denunciado que nunca en España la fiscalía había hecho un uso "tan partidista".

(www.elpais.com, 11/02/09)

BARBERÁ CONVENCE A RAJOY PARA QUE SEA ÉL QUIEN COMPAREZCA

La intención de Rajoy en un primer momento era que compareciera ante los medios la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Sin embargo, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha convencido a Rajoy para que fuera él quien leyera en público las conclusiones de la reunión con todos los dirigentes detrás para ofrecer una imagen de unidad.

(www.elpais.com, 11/02/09)

LOS LÍDERES DEL PP SE SIENTEN VÍCTIMAS DE UNA CONSPIRACIÓN

Un día después de que Esperanza Aguirre aceptara tres dimisiones en el seno de la Comunidad de Madrid, tocaba sacar pecho. Destacados dirigentes conservadores aprovecharon ayer para defender la "transparencia y responsabilidad" con la que están actuando y presentarse como las víctimas de una campaña de filtraciones para dañar la estructura del PP.

La primera en manifestarse fue la propia presidenta madrileña. "Me parece verdaderamente escandalosa la campaña de desprestigio emprendida contra el PP y la utilización de las instituciones, las filtraciones, me parece vergonzoso. De ello tendrán que responder quienes están impulsándolo", espetó. Después, consciente de que la imagen que su partido está proyectando no es la mejor, lanzó un mensaje a los madrileños: "Que sepan que nadie va a empañar la transparencia que tenemos en la Comunidad".

De no empañar la imagen también habló la secretaria general del PP. Fue a la salida de un desayuno informativo con Antonio Basagoiti, el candidato de su partido para las elecciones de Euskadi, el mismo acto en el que habló Aguirre. María Dolores de Cospedal mantuvo que su partido no va a permitir "actuaciones" que "empañen una trayectoria intachable del PP de lucha por la libertad y la democracia". Al mismo tiempo, agradeció a quienes han presentado sus dimisiones que hayan querido "mantener alejado su nombre del nombre del PP para mantener la honorabilidad del partido".

Por su parte, Basagoiti no mostró reparos, una vez más, a la hora de sostener que la trama no favorece al PP. No obstante, señaló que su partido "ha actuado de una manera clara y contundente si lo comparamos con la del PSOE, que es capaz de ir a las puertas de las cárceles a aplaudir a los condenados". El candidato del PP a la presidencia del País Vasco dijo sentir "repugnancia" de que mientras en su partido hay gente que se juega la vida por defender unas ideas, haya por ahí "unos conseguidores" que usan en nombre del PP a cambio de dinero.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, mantuvo que "la casi totalidad de militantes del PP es gente honorable". Además, anunció que su grupo iba a registrar en la Cámara Baja una iniciativa para que el fiscal general del Estado explique por qué hay casos bajo secreto de sumario que después se filtran.

En esta línea, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, se lamentó del "uso político" que se está haciendo en los últimos cinco años por parte del Gobierno "de algunos fiscales". Dijo que esto jamás se produjo en democracia, ni con Adolfo Suárez, ni con Leopoldo Calvo Sotelo ni con Felipe González ni con José María Aznar.

Más claro y duro en sus críticas fue el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva(PP), que opinó que igual que las bombas de ETA son habituales antes de unas elecciones, "las actuaciones del juez Garzón también". El PSOE le ha exigido una rectificación.

(www.publico.es, 11/02/09)

EL PP INTENTA MEZCLAR A RUBALCABA Y EL CNI EN LA CRISIS DE LOS ESPÍAS

El PP quiere que la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid para abordar la supuesta trama de espionaje político destapada por EL PAÍS investigue otras cosas, como el estado de la cuestión del presunto seguimiento al popular Manuel Pizarro por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hace dos años, el dictamen emitido en su día sobre el "espionaje en la Televisión Pública Gallega", el presunto espionaje en las Cajas de Ahorro en Andalucía, el presunto espionaje "ordenado por el CNI a políticos y cargos públicos de la Comunidad de Madrid"... Nada de esto tiene relación aparente con el caso por el que se creó hace apenas una semana la comisión madrileña, pero todo figura en la solicitud de documentación que el grupo popular ha presentado hoy ante el registro, apenas minutos antes de que terminara el plazo.

El PP solicita, además, el "registro de entrada y salida de personal y visitas" en el complejo de La Moncloa, en el CNI y en el Ministerio de Interior (no precisa en qué periodo ni por qué) y reclama la "relación de actividades, presupuesto y viajes sufragados por la Fundación Pinares adscrita al PSOE de Pinto", localidad donde una polémica moción de censura desalojó al PP de la alcaldía el pasado diciembre.

Los populares solicitan por último la documentación relativa al presunto seguimiento a Manuel Cobo, Alfredo Prada o Ildefonso de Miguel -partes del espionaje publicados por este periódico, el organigrama de la Consejería de Interior, las denuncias de los afectados ante la fiscalía- por la presunta trama relacionada con el actual Gobierno madrileño, que es de lo que trata la comisión de investigación.

Mientras tanto, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha opinado que el mantenimiento del diputado del PP Benjamín Martín como presidente de la comisión hace que "esté en juego en estos momentos la credibilidad de la institución".

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de su partido, el secretario general de los socialistas madrileños ha pedido que Martín deje el cargo porque es una persona "bajo sospecha" y "presuntamente implicado en asuntos oscuros", en relación con las informciones que apuntan que podría haber recibido dinero a cambio de silenciar la supuesta corrupción en Boadilla. Preguntado por qué iniciativas adoptaría el Grupo Socialista si Martín sigue al frente de la Comisión, Gómez ha contestado que no concibe otro escenario que su relevo.

También ha criticado que la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, "actúa de parte" -a favor de su partido- al no calificar las listas de comparecientes en la cmisión presentadas por la oposición hasta que el PP haya registrado la suya. Además, el líder del PSM ha vuelto a pedir el cese "de forma automática" del consejero de Interior, Francisco Granados, esta vez tras la publicación ayer por este periódico de unas pruebas caligráficas que, sin ninguna duda para Gómez, prueban que los partes del seguimiento a Alfredo Prada entre marzo y mayo de 2008 fueron escritos por un funcionario de su departamento.

(www.elpais.com, 11/02/09)

EL PP NO EXPEDIENTARÁ "DE MOMENTO" A LOS IMPUTADOS

El PP de Madrid no expedientará "de momento" a ninguno de los miembros del partido que están imputados en la 'Operación Gürtel' relacionada con una supuesta trama urbanística y que ya ha supuesto la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero; del gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; y del consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

Así lo anunció hoy tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid el secretario de Comunicación de la formación, Juan José Güemes, quien quiso dejar claro que "es rotundamente falso" que el supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa, así como cualquiera de sus empresas o de las personas que están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón "haya participado en la programación o financiación de eventos o actos públicos del PP regional".

"Correa no ha organizado ningún acto del PP de Madrid al menos desde noviembre de 2004, es decir, desde que Esperanza Aguirre es presidenta del partido en Madrid", indicó Güemes.

El secretario de Comunicación del PP madrileño anunció que el Comité de Dirección del partido ha decidido que el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Bartolomé González, apoye al PP de Boadilla para salvar la situación tras la dimisión de González Panero y para buscar cuanto antes un nuevo alcalde. No obstante, precisó que de momento no se prevén cambios en el PP de la localidad.

(www.elpais.com, 11/02/09)

LA TRAMA CORRUPTA SE AMPLÍA A 37 IMPUTADOS

El juez Baltasar Garzón ha imputado a 37 personas en la supuesta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, el hombre que durante 12 años, hasta 2004, fue proveedor principal del Partido Popular nacional para sus actos públicos, y que sigue colaborando con determinadas administraciones gobernadas por este partido en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. Entre los imputados figuran cargos públicos del PP (un alcalde y un director general de una empresa autonómica, ya destituidos por Esperanza Aguirre, y un asesor de un concejal del PP madrileño afín a la presidenta autonómica); abogados (que actuarían como gestores o administradores de las empresas de la trama) y empresarios de la construcción o del sector inmobiliario (que aprovecharían las relaciones de los cabecillas de la red para obtener recalificaciones urbanísticas o negocios del mismo tipo en ayuntamientos gobernados por el PP). Muchos imputados aparecen en las grabaciones aportadas al sumario.

EL EX SOCIO DE AGAG. Gimnasia con Correa

Jacobo Gordon fue socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. En las grabaciones, aparece reiteradamente. Correa alardea de hacer gimnasia con él. Presuntamente, comparte un fondo de inversión con varios de los imputados de la trama, según los indicios de los denunciantes. En las grabaciones aportadas al sumario, Correa alude a una promoción impulsada junto con Gordon en Majadahonda por la que pagaron un precio "desorbitado". Correa, en otra grabación, recibe una llamada donde le preguntan si ha hablado con Jacobo del "tema valenciano". El cabecilla de la trama comenta en otra conversación la "desastrosa" gestión de Gordón en algunos negocios hasta el punto de llevar a la ruina a algunos fondos de inversión que comparten. "Jacobo, todo el verano con Aznar y no es capaz de pedirle que nos eche una mano para desbloquear la licencia. No ha hecho nada".

EL ALCALDE. "Si le doy la cinta se caga"

Arturo González Panero, ex alcalde del PP en Boadilla del Monte. Ayer dejó el cargo obligado por su partido. Sobre él recaen múltiples sospechas de trato de favor a la red de Correa. Los supuestos corruptos hablan mucho sobre este alto cargo en sus conversaciones. Isabel Jordán, administradora de una de las sociedades de la red, asegura que el alcalde se irá en la próxima legislatura porque ha hecho mucho dinero, pero, al mismo tiempo, le intentan presionar con supuestos vídeos comprometedores. "Si le doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote con el que se refieren al alcalde], se caga, pero voy también al trullo". Y alardea de sobornos: "Ahora no voy a tener para pagar al Albondiguilla", ironiza Correa.

EL CONSTRUCTOR. "Me ha dado unas pesetas por la parcela"

José Luis Ulibarri es un constructor con el que, supuestamente, Correa hace negocios basados en su tráfico de influencias para conseguir recalificaciones urbanísticas. El trato de Correa con Ulibarri es casi íntimo. "Os traigo a Ulibarri y se sienta con vosotros dos; soy amigo de los dos; le he vendido mi barco a Ulibarri, en la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarlo".

EX ALCALDE. "Cerebro de mosquito"

Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y, hasta el lunes, director general del Mercado Puerta de Toledo, empresa pública de la Comunidad de Madrid. Correa no siente, precisamente, aprecio por él. "Mi mujer compró un piso de la Rata , le costó 54 millones al cerebro de mosquito".

OTRO CABECILLA. "Ganamos 12.000 kilos"

Álvaro Pérez es otro de los cabecillas de la trama. Dirigente de Orange Market, empresa que sucedió a Special Events, trabajó intensamente con administraciones del PP en Valencia. Y cosechó abundantes contratos de la propia Generalitat valenciana. "Víctor me puede nombrar hoy por la cara, coordinador general de no se qué del evento". Se refiere a la visita papal.

En presencia de Álvaro Pérez, Correa detalla el negocio que está preparando en el ayuntamiento alicantino de La Nucia, también gobernado por el Partido Popular: "Estoy en un tema gordo en Valencia, con un PAI [plan urbanístico] prácticamente cerrado. El tío del PAI nos pide 1.000 kilos de más, compramos a 10.000 y vendemos a 20.000, ganamos 12.000 kilos, he metido un montón de gente, Ulibarri pone la pasta y vamos al 50%, de mi 50% reparto con Ramón Blanco, Álvaro [Pérez], Pablo [Crespo] y el alcalde. Estos tíos nos meten más metros en el PAI que no computan". En otro momento de las conversaciones grabadas aportadas al sumario, Pérez se marca otro éxito comercial: "Voy a organizar la presentación del barquito con el ballet nacional", en alusión a la Copa América de Vela.

(www.elpais.com, 11/02/09)

LOS PRINCIPALES IMPLICADOS

- Francisco Correa. Presunto jefe de la trama. Está ligado a Special Events, que recibió contratos del Partido Popular nacional, y cuya filial Orange Market recibe encargos del PP valenciano. Fue testigo de Alejandro Agag en su boda con la hija de Aznar.

- Pablo Crespo. Ex secretario de Organización del PP gallego, está relacionado, entre otras, con Special Events o Pasadena Viajes (contratada por varios ayuntamientos del PP).

- Antoine Sánchez. Empresario. Sobre éste y los dos primeros, detenidos desde el viernes, Garzón decidirá hoy si los envía a prisión.

- Álvaro Pérez Alonso, responsable en la Comunidad Valenciana de Orange Market, que ha recibido numerosos encargos del PP valenciano. Además, están imputados Cándido Herrero Martínez, su hermano Francisco Javier Pérez y Luis de Miguel Pérez y Mónica Magariños Pérez, relacionados con la empresa.

- Arturo González Panero. Hasta ayer alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) por el PP. Viajó con Correa a Miami en 2002.

- Guillermo Ortega. Ex alcalde de Majadahonda. Fue destituido anteayer por Esperanza Aguirre como gerente del Mercado Puerta de Toledo, dependiente de la Comunidad de Madrid. Durante su mandato, la esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez, también imputada, era su jefa de gabinete. Rodríguez es hija de Emilio Rodríguez Bugallo, constructor detenido en la operación Malaya en Marbella.

- José Ramón Blanco Balín. Ex consejero delegado de Repsol YPF y ex miembro de los consejos de administración del Banco Zaragozano, la cadena de hoteles NH o la empresa de fertilizantes Ercros. Socio de Orange Market.

- Jacobo Gordon Levenfeld. Ha tenido relación con Alejandro Agag en la empresa Natko. Son amigos de la infancia y, al igual que el jefe de la trama, fue testigo de la boda de Agag con Ana Aznar.

- José Luis Ulibarri. Presidente del grupo Begar, dedicado a la construcción y las telecomunicaciones. Es propietario del Diario de León y tiene un 20% de Punto Radio y participación en el Diario de Soria, Correo de Burgos, así como en las televisiones de Castilla y León (el Gobierno autonómico le concedió dos canales de TDT hace menos de 15 días) y en la local de León. Es propietario de la empresa que gestiona la Televisió Municipal de València (TMV)

- Guillermo Martínez-Lluch. Director de la sucursal en Miami de Bancaja. La entidad afirmó ayer que su jefe no ha recibido ninguna notificación.

- Pablo Collado Serra. Fue director general de la Fundación Balear Sostenible en el Gobierno de Jaume Matas, del PP. Ligado a Easy Concept.

- José Javier Nombela Olmo. Asesor del presidente del PP en el distrito de Moncloa (Madrid). Ex presidente de Nuevas Generaciones del PP en ese distrito. Estuvo ligado a Easy Concept y Special Events.

- María Victoria Romero Párraga. Relacionada con Deadline Events, empresa vinculada a Orange Market que, por contrato con el Metro de Madrid, de la Comunidad, realizó un polémico anuncio en el que se mofaban de un seguidor del Atlético de Madrid. Socia fundadora de Special Events y Pasadena Viajes.

- Jesús Calvo Soria. Ex gerente de la Universidad Complutense. Participó en la logística de la moción de censura de un partido local, el PP y un tránsfuga que derrocó al alcalde socialista de Bormujos (Sevilla) en 2005.

- Manuel Delgado Solís. Abogado. Es consejero de Unión Fenosa, ACS y ha estado vinculado a Cajamadrid.

(www.elpais.com, 11/02/09)

AGAG Y SUS AMIGOS IMPLICADOS

Algunos de los amigos de Alejandro Agag que acudieron a su boda con Ana Aznar, hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar se han dedicado estos años a la política y a los negocios con resultados traumáticos para ellos.

Al menos tres de esos amigos han caído estos días en la red de supuesta corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, fue uno de los testigos de la boda de Agag, y era un viejo conocido de todo el PP pues se encargaba de montar todos los eventos durante la era Aznar. Ahora ha sido detenido por orden de Garzón y en las grabaciones aportadas al sumario aparecen sus palabras amenazantes hacía políticos que no se pliegan o sus reflexiones sobre las maneras de hacer negocios rápidos y muy rentables.

Otro testigo de la boda, también amigo y, además, ex socio de Alejandro Agag en alguna empresa, fue imputado ayer por Garzón. Se trata del empresario Jacobo Gordon.

Por último, Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid hasta ayer mismo, también fue uno de los invitados a la boda, así como Álvaro Pérez Alonso. Sus relaciones con Correa le han llevado al precipicio.

Aguirre decidió prescindir de sus servicios el pasado lunes tras comprobar que el departamento de López Viejo había contratado, en alguna ocasión con bastantes anomalías, servicios de la red empresarial que dirigía Correa.

El desmantelamiento de esta trama empresarial por la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Baltasar Garzón ha supuesto un terremoto dentro del PP.

(www.elpais.com, 11/02/09)

GARZÓN INVESTIGA LOS VÍNCULOS DE LA RED CON UN 'PELOTAZO' EN CASTELLÓN

El juez Baltasar Garzón ha imputado al constructor José Luis Ulibarri, que aparece en múltiples conversaciones grabadas donde el cabecilla de la supuesta red corrupta, Francisco Correa, le cita para hablar de grandes pelotazos urbanísticos cuyos beneficios se iban a repartir a medias. Correa llega a comentar que en la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte a una empresa de Ulibarri se ganó una comisión. "Le he vendido mi barco a Ulibarri. En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarle. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla", señala.

También habla de Ulibarri para comprar unos terrenos en un municipio alicantino y lograr unas plusvalías de "12.000 kilos". El proyecto no cuajó.

En la denuncia sobre la red corrupta también aparece un supuesto pelotazo en Xilxes (Castellón) que sí parece haberse consolidado. La empresa UFC, propiedad de Ulibarri, forma parte del accionariado de Xilxes Golf Resort. La sociedad presentó un programa para construir, sobre 1,7 millones de metros cuadrados, un campo de golf y 6.500 viviendas. El suelo afectado era, en su totalidad, rústico pero fue recalificado como urbanizable, al margen de las áreas reservadas como zona verde y suelo terciario.

El Plan de Actuación Integrada (PAI) pasó la tramitación y obtuvo el informe positivo sobre la declaración de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. En mayo pasado, la Comisión de Urbanismo, que es la que ha de dar el último aprobado a los proyectos y que depende del Gobierno de Francisco Camps, dio el visto bueno a la actuación aunque requirieron al Ayuntamiento para que realizara unas correcciones sobre la necesaria reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial y modificaran un aspecto de los accesos.

Aunque entonces fuentes del departamento calificaron las modificaciones de "no muy importantes", ayer se afanaron en señalar que el proyecto no tiene la aprobación definitiva, ya que ha de volver a pasar por la Comisión de Urbanismo. En cualquier caso, el aprobado, con condiciones, de la comisión se realizó pese a la existencia de un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que señaló que no estaban garantizados los recursos hídricos para este desarrollo. Como en otras ocasiones, la Generalitat Valenciana consideró que los informes de la CHJ no son vinculantes.

El informe favorable a este PAI se incluyó en la primera tanda de resoluciones positivas que adoptó el Gobierno valenciano en 2008, después de que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, constructores y empresarios del golf, entre otros, arremetieran contra el Ejecutivo valenciano por los supuestos retrasos en la aprobación de programas urbanísticos.

La sociedad que inicialmente, en 2004, presentó el proyecto estaba formada por promotores de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en 2006 comenzó a moverse el accionariado ya que algunos de los socios de Xilxes Golf Resort optaron por adquirir otra sociedad, Costa Malvarrosa, que había presentado una propuesta colindante a la primera, de 1,2 millones de metros cuadrados, otras 4.500 viviendas y un campo de golf.

El visto bueno de la Generalitat Valenciana, en mayo de 2008, se realizó de manera conjunta. Fue poco después cuando parte de los promotores se salió de Xilxes Golf Resort y entró UFC. La relación entre ambas sociedades llegó a través de Andrés Selma, un empresario inmobiliario que participa en grupos de comunicación con José Luis Ulibarri, presidente de UFC. Ambos, Ulibarri y Selma, son socios mayoritarios de Mediamed, firma concesionaria de 13 licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Valenciana.

(www.elpais.com, 11/02/09)

CORREA AFIRMA QUE LÓPEZ VIEJO CARGA A LA COMUNIDAD DE MADRID GASTOS DEL PP

Francisco Correa -cabecilla de la trama empresarial que supuestamente se beneficiaba de sus relaciones con altos dirigentes del PP para conseguir contratos públicos o recalificaciones urbanísticas- se ufanó en una de las conversaciones con sus socios, grabadas y aportadas al sumario, de que un consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, cobraba comisiones por distintos favores y, además, obligaba a las consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba el propio Correa.

En una de las afirmaciones más explosivas grabadas al jefe de la red de corrupción vinculada al PP, Francisco Correa, recibe una llamada de Álvaro Pérez, gestor de una filial de grupo afincada en la Comundad Valenciana, y le expone lo siguiente: "Alberto [López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo".

A continuación, Francisco Correa, tras hablar de una promoción inmobiliaria en Las Rozas de un constructor implicado en la operación Malaya y que es muy amigo de un ex concejal de Vivienda del PP en Madrid, vuelve a detallar la operativa que ha tenido su trama para contratar con la consejería que dirige López Viejo. Es en este contexto cuando Correa comenta la deuda que la Comunidad de Madrid tiene con su grupo empresarial. Aclara que se trata de deudas por actos del Partido Popular que, supuestamente y según su relato, pagan directamente las Consejerías con el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Lo hace fraccionando los pagos, siguiendo indicaciones del consejero que, según cuenta Correa, incluso les ha obligado a crear empresas para poder contratar con los distintos departamentos de la administración. Hace varios días, este periódico preguntó a López Viejo si su consejería había contratado los servicios de alguna de las empresas de Correa y lo negó tajantemente a través de un portavoz.

Aguirre destituyó el lunes a López Viejo que, durante los últimos años, se ha ocupado de los actos públicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y también de los actos del PP en la región. Su jefe directo, cuando hacía estas funciones y ocupaba el cargo de viceconsejero de Presidencia, era el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González.

(www.elpais.com, 11/02/09)

LÓPEZ VIEJO ORGANIZÓ ACTOS OFICIALES SIN ESTAR EN EL GOBIERNO DE MADRID

El equipo de Aguirre sostuvo que el recién dimitido consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, organizó actos oficiales de la Comunidad antes de tener un cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre como viceconsejero de Presidencia. La explicación, ofrecida por fuentes del PP madrileño, implica admitir una irregularidad pero protege con un cortafuegos a quien fue titular de Presidencia entre noviembre de 2003 y diciembre de 2004, el vicepresidente Ignacio González.

Las citadas fuentes esgrimieron la versión antes citada cuando se les preguntó quién había contratado a Easy Concept (antes denominada Down Town Consulting), una de las empresas de la trama de Boadilla, para organizar el homenaje a los miembros de los operativos que intervinieron en el 11-M. Ese acto se celebró el 25 de marzo de 2004 y, hasta exactamente dos meses después, el 25 de mayo,López Viejo no fue designado viceconsejero de Presidencia. Según el PP de Madrid, González no participó en la adjudicación de ese contrato a Easy Concept ni en los posteriores.

Antes de ser viceconsejero y desde su escaño de diputado autonómico, López Viejo operaba a modo de asesor extraoficial como encargado de gestionar "todos los actos de la presidenta", tarea que conservó una vez incorporado al Ejecutivo.

Como informó Público el pasado domingo, Easy Concept cobró 140.000 euros por organizar el homenaje del 11-M. El importe total se dividió en 15 contratos, todos ellos por cuantía inferior a 12.000 euros, cifra que la ley señalaba hasta 2007 como tope máximo para hacer adjudicaciones a dedo: es decir, sin concurso o procedimiento negociado, figuras todas ellas que obligan a tramitar un expediente documentado. "No daba tiempo", alegan ayer en el PP de Madrid. Y el interventor de Presidencia remachan "no puso ningún reparo" ni vio "atisbos de ilegalidad". La ley prohíbe fraccionar contratos para disminuir su cuantía y asegurar así la adjudicación directa.

En total, Easy Concept y Good and Better, otra de las sociedades del entramado societario que manejaban los presuntos sobornadores y traficantes de influencias, facturaron 562.000 euros a la Comunidad de Madrid entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005. Ambas firmas lograron 76 contratos directos, buena parte de los cuales procedían de adjudicaciones fraccionadas. El entorno de Aguirre aduce que, en el caso del 11-M, los contratos se trocearon por la urgencia de la tarea. En 2006, el Gobierno de Aguirre defendió en sede parlamentaria las adjudicaciones a ambas sociedades.

"Reticencias" de González

Al organizador López Viejo "se tardó tiempo en encontrarle hueco por las reticencias de Ignacio González", deslizaron las fuentes consultadas sin precisar qué causó esa desconfianza, pero poniendo el énfasis en que el vicepresidente no quería contar con él. De manera implícita, Aguirre ya endosó el lunes a su hasta entonces consejero de Deportes la responsabilidad exclusiva de que Easy Concept y Good and Better se hubieran colado en el engranaje de adjudicaciones.

(www.publico.es, 11/02/09)

EL ALCALDE DE BOADILLA NO SE FUE HASTA QUE NO CAYÓ LA 'NÚMERO DOS'

Anteayer, Antonio González Panero, del PP, se resistió a cesar en su cargo como alcalde de Boadilla del Monte, pese a que lo había anunciado su presidente nacional, Mariano Rajoy. Ayer, el pleno en el que finalmente iba a renunciar se fue retrasando a lo largo de la mañana. ¿La razón? No se fue hasta que la número dos del grupo, María Jesús Díaz, su enemiga declarada, firmó la renuncia al acta de concejal. Terminaban 28 tensas horas de tira y afloja en las que el ahora ex alcalde, imputado por el juez Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP, desafió la autoridad de Rajoy y del secretario del partido en Madrid, Francisco Granados. El regidor cesante, con el rostro demudado, no admitió preguntas. Ni de la oposición, durante el pleno, ni de los periodistas, durante su comparecencia.

(www.elpais.com, 11/02/09)

UNA DIMISIÓN CON CONDICIONES

Primer aviso de la mañana desde el Ayuntamiento de Boadilla: la dimisión del alcalde Arturo González Panero se hará pública a las doce en un pleno extraordinario. Anuncio fallido. Se retrasa a la una de la tarde. Pasa la hora. Nada. Finalmente, a las dos y media, un demudado Panero preside por última vez una sesión plenaria, la de su destitución como regidor. Alrededor, cámaras, periodistas, algunos amigos, pero pocos vecinos. De paso se lleva por delante a María Jesús Díaz, a la que en diciembre pasado desposeyó de sus cargos como primera teniente de alcalde y concejal de Sanidad, y su sucesora natural al haber ocupado el número dos en las listas.

Se lo había exigido al PP: si ella no se iba, él tampoco. "Estaba fuera de lugar que si yo dejaba la alcaldía pasara a ser alcaldesa alguien que podría estar generando el conflicto en Boadilla", declaró ayer en un comunicado que leyó a los medios de comunicación después del pleno. No admitió preguntas. Pero mientras Díaz abandona su acta y el Ayuntamiento, él continuará trabajando en el equipo de gobierno como concejal.

Ayer no era día para contestar preguntas. Panero tampoco dejó intervenir a los grupos de la oposición, PSOE y APB, que exigían una explicación pública. "No voy a dejar que el pleno se convierta en un circo. Me parece lamentable", zanjó Panero.

La sesión acabó pronto. Un cuarto de hora bastó para que se admitiera la renuncia de Díaz. El ya ex alcalde salió por una puerta lateral, deprisa y acompañado de sus concejales afines. Todos, menos dos: Díaz y Fernando Sánchez, al que el ex regidor ha denunciado por calumnias al considerarle autor de un dossier en el que se le acusa de enriquecimiento. Un documento que Panero recordó ayer que es anónimo: "Ahí se puede poner cualquier cosa, hasta que yo maté a Manolete".

El PP de Madrid decidirá el nombre del próximo primer edil en un máximo de 10 días. Hasta entonces, la primera teniente de alcalde y concejal de Obras, Belén Húmera, ocupará el puesto de alcalde en funciones.

En una comparecencia posterior al pleno, Panero explicó que hubo un "malentendido" cuando el presidente de su partido, Mariano Rajoy, anunció su renuncia el pasado lunes, que él luego desmintió. El ex primer edil sostiene que actuó de acuerdo con las directrices del PP. El lunes por la mañana se reunió con el secretario general, Francisco Granados. "Quedamos en que hasta que no saliera de la Audiencia Nacional yo no ponía el cargo a disposición del partido". Pero antes de que él abandonara la Audiencia, Rajoy anunció que el alcalde había dimitido. "No sé de dónde pudieron venir los malos entendidos", indicó.

(www.elpais.com, 11/02/09)

28 HORAS PARA DIMITIR DE ALCALDE Y SEGUIR DE CONCEJAL

- 9 de enero. 10.00. "Tienes que dimitir". El secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, pide al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que dimita.

- 13.00. Rajoy: "Ya no es alcalde". Mariano Rajoy anuncia que el regidor ha puesto su cargo a disposición del PP.

- 13.15. "No he puesto el cargo a disposición". Al salir de la Audiencia Nacional, el alcalde niega haber dimitido.

- 13.30. "No hay marcha atrás".Granados le pide de nuevo que dimita.

- 15.00 "No dimitiré si no hay imputación". En Boadilla, el alcalde, rodeado de 14 de sus 16 concejales, considera "absurdo" dimitir.

- 19.00. Sólo si se va la 'número 2'. Granados convoca al alcalde y a los concejales a la sede del PP en Génova. González Panero acepta dimitir sólo si también lo hace su número dos, María Jesús Díaz, con la que está enfrentado.

- Martes 10. 12.00. La dimisión se retrasa. Para esa hora está convocado el pleno que debe aprobar la dimisión del alcalde. Se retrasa a las 13.00 porque María Jesús Díaz no ha presentado todavía su renuncia al acta de concejal.

- 12.30. Imputado el alcalde. El juez Garzón levanta parcialmente el secreto del sumario de la red de corrupción vinculada al PP. González Panero es uno de los 37 imputados

- 13.30. Primero ella. La número dos firma su renuncia y entrega el acta de concejal. Minutos después, el alcalde presenta su dimisión como regidor, pero mantiene su acta como concejal.

- 14.30. Dimite como alcalde, sigue de concejal. El pleno admite la renuncia total de Díaz y la dimisión como alcalde de González Panero

(www.elpais.com, 11/02/09)

DÍAZ Y PANERO SE ENFRENTARON POR EL PROYECTO DE UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS

La buena relación entre el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y María Jesús Díaz, la concejal a la que ha obligado a abandonar el Ayuntamiento para impedir que ocupara el puesto de alcaldesa al dimitir él, comenzó a deteriorarse en el verano de 2007. Hasta entonces habían sido compañeros de equipo de gobierno en varias legislaturas. Dieron sus primeros pasos en política juntos como concejales en 1991. En las elecciones de 2003, Panero llamó a Díaz y le dio el puesto de primer teniente de alcalde.

Todo marchaba sobre ruedas. Pero algo se rompió después de los comicios de 2007, hasta el punto de que Panero ha exigido ahora su cabeza. Díaz se enfrentó con él por el proyecto de construcción de una residencia de ancianos en medio del bosque de Boadilla. "Quizá todo empezó a ir mal ahí. Pero yo no estoy en su cabeza", dice la ex edil.

Panero incluso sospecha que ella puede estar detrás de las acusaciones que le acusan de enriquecimiento, según un dossier que, según Panero, fue elaborado por el concejal Fernando Sánchez. Díaz lo niega. "Yo no conozco ese dossier. Si tuviera la valentía de decirlo delante de mí iría directamente al juzgado de guardia para denunciarlo". Ella achaca las malas relaciones personales a que le disputó la presidencia del partido en el municipio el pasado diciembre. González revalidó su puesto con un 57% de los votos, mientras Díaz obtuvo el 43%. La edil pensaba que su proyecto mejoraba la actual gestión municipal.

"Está claro que tenemos un concepto distinto de lo que significa la libertad de presentarse a unas elecciones. Él lo ve como un enfrentamiento y yo como una mejora para el municipio, que es de lo que se trata". La ex edil pensaba que Boadilla necesitaba otra trayectoria de gestión "con más apertura al exterior". A partir de ese momento, Díaz perdió la confianza del alcalde, que la despojó de sus competencias como primera teniente de alcalde y concejal de Sanidad.

(www.elpais.com, 11/02/09)

LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE BOADILLA DA UN RESPIRO A RAJOY

"Bueno, ya ha dimitido el alcalde de Boadilla". Mariano Rajoy parecía aliviado a media tarde de ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados en una charla informal con periodistas. Más de 24 horas después de que él lo diera por hecho, con la información que Esperanza Aguirre le había facilitado, el PP de Madrid consiguió convencer a Arturo González para que deje la alcaldía, aunque se quedará como concejal, pese a estar imputado por el juez Baltasar Garzón.

Rajoy estaba comentando la buena noticia cuando le entró un mensaje con una noticia a su Iphone y cambió la cara. Después respiró. "Uf, es que con estos mensajes... Cinco detenidos, dice aquí... en el País Vasco francés. Menos mal", sonreía. La anécdota muestra la tensión en la que vive el líder del PP, como todo el partido, ante la sucesión de escándalos internos, y su enorme capacidad de resistencia e ironía.

Reunión de urgencia

González cayó al final -aunque no está suspendido de militancia pese a su imputación-, pero se resistió de nuevo, hasta que a las 14.30, en un pleno en el que no dejó hablar a la oposición, cedió. Sólo lo hizo, a pesar de su imputación, cuando entregó su acta de concejal María Jesús Díaz, la segunda en la lista y sucesora natural, a la que estaba enfrentado. Ésa es la cabeza que él pidió y que el partido le concedió para que no se enrocara, lo que les habría forzado a promover una moción de censura de resultado incierto.

Rajoy se enfrenta hoy, resuelto el entuerto de Boadilla, a una reunión clave, un Comité Ejecutivo extraordinario para tratar la investigación interna que ha decidido poner en marcha para investigar la relación del PP con la trama corrupta que persigue el juez Garzón. Rajoy pedirá a los suyos, según su entorno, apoyo a sus medidas en estos momentos difíciles.

Aunque es poco probable que nadie alce la voz en una reunión de más de 100 personas elegidas por el propio Rajoy, que sacó de allí a todos los que le criticaron antes del congreso de Valencia, el desconcierto es total en las filas del partido. Nadie sabe bien cómo acabará la crisis y casi todos los dirigentes temen que deje muy tocada a Esperanza Aguirre y a Francisco Camps, pero especialmente al líder, que es quien sufre el deterioro de la imagen del conjunto del PP.

(www.elpais.com, 11/02/09)

UNA DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS OBTUVO 340.000 EUROS DE CULTURA

Una de las empresas de la red investigada por el juez Baltasar Garzón en la Operación Gürtel consiguió dos contratos de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid por valor de 339.570 euros. La firma Servimadrid Integral, SL, obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organización y celebración de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En ambas fechas, el responsable de la Consejería de Cultura y Deportes era Santiago Fisas, actual consejero de Cultura, que ahora volverá a hacerse cargo de ambas carteras tras la marcha de Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes), quien dimitió el lunes después de que se conociera su relación con la trama de empresarios investigados, que encabeza Francisco Correa. Fisas declinó ayer pronunciarse sobre este asunto a través de un portavoz.

Según las pesquisas abiertas por Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para darlos supuestamente a empresas vinculadas a Correa. López Viejo adjudicó a estas firmas al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. El importe de todos era inferior a 12.000 euros, lo que evitaba que fueran sacados a concurso y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

En la primera convocatoria se celebró un concurso abierto, al que se presentaron tres empresas, según un portavoz de la Comunidad de Madrid. En octubre de 2005, con un presupuesto de licitación de 180.000 euros, Servimadrid Integral, SL, obtuvo la adjudicación por 18.000 euros menos y la oferta más barata de las tres aspirantes. Al año siguiente, la misma contratista mejoró la oferta de salida en 12.430 euros, pero esta vez optó al proceso en solitario.

El presupuesto del contrato, según la Comunidad de Madrid, contempla distintas actuaciones, como el montaje y desmontaje del escenario, invitaciones para 3.000 asistentes, servicio de catering, personal para atender a los invitados, decorados y medios técnicos para el acto, guión y documentación de la gala, siete estatuillas y una medalla cuyo diseño decide la Comunidad de Madrid. También están incluidos en esa partida la contratación de los presentadores de la gala, la proyección de un vídeo institucional y otra grabación homenaje para cada uno de los premiados.

Servimadrid Integral volvió a optar al concurso para organizar la gala de la cultura durante los dos años siguientes, en los que no resultó elegida. Desde 2007, se encarga de organizar el evento otra firma, Impulsa Iniciativas y Medios, SL, que en los últimos dos años ha obtenido el contrato por 151.850 euros (25.650 menos de lo que ofreció Servimadrid en una de las convocatorias anteriores) y 153.500. La Comunidad no ofreció ayer ninguna explicación de por qué resultó más cara la gala durante los años que la organizó Servimadrid. Enrique Conde, responsable de Impulsa Iniciativas y Medios, aseguró que el presupuesto que presentó su empresa y por el que organizaron el acto, les dejó un margen de beneficios "razonable".

La Medalla Internacional de las Artes se otorga desde el año 2000 para fomentar la cultura dentro de la Comunidad de Madrid. A lo largo de estos años han resultado galardonados, entre otros, el escritor Mario Vargas Llosa, la cantante de ópera Teresa Berganza y el tenor Plácido Domingo.

Las investigaciones sobre Servimadrid llevaron el pasado viernes a que funcionarios de la Policía Judicial requirieran documentos en los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda para investigar su relación con esta empresa, con Easy Concept y con Pasadena Viajes, vinculadas a la presunta trama de corrupción.

El alcalde de Boadilla, el popular Arturo González Panero -uno de los imputados en la trama- presentó ayer su dimisión como primer edil y anunció que se mantendrá de concejal en su municipio. El ex alcalde de Majadahonda, el también cargo popular Guillermo Ortega, dimitió como gerente del Mercado Puerta de Toledo el lunes y también ha resultado imputado en la trama que investiga Garzón.

(www.elpais.com, 11/02/09)

LAS ROZAS ADJUDICÓ CONTRATOS A SPECIAL EVENTS DE FORMA IRREGULAR

La mancha de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón en administraciones gobernadas por el PP se extiende por la región como una espesa mancha de aceite. El Ayuntamiento de Las Rozas contrató entre 2002 y 2003 a Special Events, la principal empresa investigada en la trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La concejal de Educación del municipio, Gema Matamoros, adjudicó los contratos para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 y 2003. Esta edil es la esposa del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado por el juez Garzón.

Matamoros troceó los contratos de Special Events por importes inferiores a 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público. La edil aprobó el gasto de "urgencia". Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo imprescindible para poder realizar cualquier tipo de tramitación". En el curso de 2002, Special Events emitió seis contratos por importe de 24.040 euros, todos con la misma fecha. Los conceptos de las facturas dejan claro que tenían el mismo objetivo: decoración, escenario, sonido, speaker-conductor de ceremonia, exhibición de vuelo de paramotores y personal técnico del acto de inauguración. El interventor municipal advirtió en 2002 de esta irregularidad.

Un portavoz del Ayuntamiento de Las Rozas explicó ayer que acaban de conocer este caso y aplazan hasta hoy una explicación más elaborada. También aseguró que la concejal de Hacienda ha reclamado las facturas de Special Events para comprobar si son irregulares.En 2003, Matamoros volvió a contratar a Special Events para organizar el acto de inauguración de las olimpiadas escolares por 17.266 euros en total. Y procedió como el año anterior. Troceó el contrato en cuatro facturas para evitar el concurso público. Los mismos conceptos y la misma fecha. El interventor volvió a poner reparos al fraccionamiento del gasto. Pero Special Events cobró por segundo año consecutivo del Ayuntamiento de Las Rozas.

Un año antes, su marido, alcalde de Majadahonda, había utilizado la misma fórmula para adjudicar a Special Events la realización de un vídeo titulado Creciendo en calidad de vida. Guillermo Ortega fragmentó el contrato en cinco facturas por un importe global de 28.571 euros. Así evitaba el concurso público.

Los principales accionistas de esta sociedad son Pablo Crespo y Carmen Rodríguez Quijano, ambos imputados por el juez Garzón. Además, Rodríguez es la esposa de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama, y jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda.

Otra de las empresas del complejo entramado de compañías vinculado con el caso investigado por Garzón es Technology Consulting Management (TCM), cuyo titular es Pablo Crespo Salaris, imputado por el juez y ex secretario de organización del PP en Galicia. Esta empresa tiene contratos repartidos por toda la Comunidad de Madrid.

En el año 2000, el Ayuntamiento de Arroyomolinos recibe el asesoramiento sobre las modalidades de gestión de los servicios públicos, y especialmente sobre la sociedad pública para la gestión de la vivienda y suelo municipal, por 1.800 euros, según consta en la relación de contratos que TCM presenta para demostrar su viabilidad técnica en el concurso de la gestión de la oficina de atención al cliente de Majadahonda.

Esta empresa también realiza informes sobre el modo de prestación de servicios del Ayuntamiento de Ciempozuelos en el año 2001, por 12.000 euros.

Ese mismo año, la empresa Limpiezas Crespo contrata a TCM para que le asesore en el concurso de limpiezas del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por unos 21.000 euros. La empresa se hizo con la contrata de limpieza municipal. Un año después, en 2002, prepara otro informe sobre las necesidades organizativas de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte para la empresa Asesoramiento y Desarrollo Local. Por este trabajo recibió 1.202 euros.

Además, entre noviembre de 1999 y noviembre de 2002, TCM realiza varios servicios para las empresas de sus accionistas. Tiene varios contratos con Pasadena Viajes y con Special Events, en la que figuran Pablo Crespo y Carmen Rodríguez. Todo un entramado de sociedades y contratos que despiertan sospechas.

(www.elpais.com, 11/02/09)

UNO DE LOS IMPUTADOS POR GARZÓN ES ASESOR DEL CONCEJAL DE MONCLOA

Uno de los 37 imputados por la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón es José Javier Nombela, que trabajó hasta 2006 en dos de las empresas implicadas y ejerce desde 2007 como asesor del concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín (PP), según confirmó ayer el edil a este periódico.

Ballarín -concejal en las listas de Alberto Ruiz-Gallardón aunque más afín a Esperanza Aguirre- subrayó que tiene una opinión "impecable" de su subordinado y que va a esperar a saber por qué está imputado. "Si hay alguna irregularidad, tendrá que dimitir. Pero en este momento mantengo su presunción de inocencia", dijo. La junta de distrito no ha contratado con las empresas investigadas, "al menos desde 2007".Nombela, presidente de Nuevas Generaciones del PP en Moncloa entre 1996 y 2000, ejerció como vocal-vecino del distrito entre 1996 y 2007.

Ese año, Ballarín fue nombrado concejal-presidente de la Junta de Distrito y le fichó como asesor (tiene dos). Ayer, tras conocer su imputación por Garzón, explicó a Ballarín su relación con dos de las empresas investigadas: entre enero y junio de 2003 trabajó en Special Events (supuesta empresa madre de la trama corrupta) y entre junio de 2003 y octubre de 2006 fue empleado de Easy Concept. Según algunos compañeros del partido consultados, "todo el mundo sabía que trabajó ahí".

"Ni esas empresas ni ninguna otra de las investigadas por Garzón ha obtenido contratos aquí desde que yo soy concejal-presidente. Y creo que antes tampoco", afirmó Ballarín.

(www.elpais.com, 11/02/09)

LA HUELLA DE SPECIAL EVENTS SE EXTIENDE AL PP DE LAS ROZAS

Special Events, la firma de Francisco Correa, detenido como presunto cerebro de la trama de corrupción investigada por el juez Garzón en varios ayuntamientos gobernados por el PP, también dejó su huella en Las Rozas. Este municipio, regido por Bonifacio de Santiago, es un feudo conservador de la zona noroeste de Madrid, donde se ubican otros ayuntamientos ligados a esta red, como Majadahonda o Boadilla del Monte.

De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso Público, el Ayuntamiento de Las Rozas contrató a la empresa de Correa para organizar dos actos en los años 2002 y 2003, que se celebraron bajo la competencia de la Concejalía de Educación.

La responsable de este área es Gema Matamoros, casada con Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda a quien Garzón imputa los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. La directora financiera de la empresa organizadora de estos actos, Special Events, es María del Carmen Rodríguez, pareja de Correa, detenida también por Garzón, y jefa de gabinete de Ortega en Majadahonda hasta el año 2005.

Ambos trabajos los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de los años 2002 y 2003 fueron encargados a Special Events sin que se realizara con anterioridad un expediente de contratación.

El abono de este servicio se fraccionó a través de varias facturas por importes siempre inferiores a 12.024 euros, el límite que establecía la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de manera que fueron tramitadas y pagadas como si fueran contratos menores cuando, en realidad, se trataba de varias actividades que formaban parte del mismo servicio.

Así, las seis facturas abonadas por el Ayuntamiento de las Rozas a Special Events en el año 2002 sumaban un total de 24.040 euros. En esta ocasión, se facturaron por separado los siguientes conceptos: decoración, escenario, sonido, conductor de la ceremonia, personal técnico y una exhibición de vuelo realizada en el mismo acto. El importe mayor asciende a 4.507 euros, la factura menor fue de 3.666,17 euros.

En el acto organizado por Special Events para el Ayuntamiento de Las Rozas en el año 2003, el total de las facturas abonadas importó una cantidad de 17.266 euros, aunque se presentaron cuatro partidas distintas, dividiendo el gasto mediante conceptos similares a los descritos para el año anterior.

En una nota del interventor municipal encargado del control y fiscalización interna de la gestión económico financiera y presupuestaria, fechada el 17 de julio de 2003, este funcionario insertó en el documento que obliga al pago de las facturas la siguiente observación: "No se ha dado cumplimiento al artículo 68 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que al Área de Educación se le informa del contenido de dicha normativa".

Este artículo establece, entre otras cosas, que cada expediente "deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello".

Asimismo, la citada ley indica en el mismo artículo que "no podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda".

(www.publico.es, 11/02/09)

LA INVESTIGACIÓN DE GARZÓN TAMBIÉN SALPICA AL PP ANDALUZ

La empresa Rialgreen, investigada por el juez Garzón, no justificó ante la Cámara de Cuentas de Andalucía sus servicios al PP de esta comunidad durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2004, cuando la candidata conservadora fue Teófila Martínez. "Nuestro partido tiene las cuentas claras de la A a la Z", dijo el martes Javier Arenas, presidente del PP-A, al ser preguntado por este hecho.

Rialgreen, empresa de publicidad con la que supuestamente tiene relación Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, figura en el informe de fiscalización de los gastos electorales de las autonómicas de 2004 dentro del apartado de "Proveedores que no han informado a la Cámara de Cuentas de Andalucía de la facturación realizada a las formaciones políticas e importe de la misma". Crespo también estaba relacionado con la firma Special Events, empresa ahora investigada que ha trabajado en campañas del PP en Madrid y en Valencia anteriores a lasautonómicas de 2004.

La empresa Rialgreen tiene un cargo del PP andaluz de 520.491 euros, más que cualquiera de las 15 firmas que no justificaron sus trabajos en aquella campaña. La segunda con mayor importe fue Francisca Vico Lobillo, que trabajó para Izquierda Unida por 64.149 euros.

"La Cámara de Cuentas no ha puesto al PP de Andalucía ningún reparo, de ningún tipo", dijo Arenas, que subrayó que su partido tiene "todos los gastos justificados". "No le debemos ni un duro a nadie", añadió el también vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP, que afirmó que "sería muy interesante investigar cuántas adjudicaciones" ha realizado la Junta de Andalucía a las empresas que han trabajado en las campañas electorales del PSOE. "A las que han trabajado con nosotros, ninguna", dijo.

Arenas sacó a la palestra el caso del ex alcalde de Ohanes (Almería), Juan Francisco Sierra, ya expulsado del PSOE y que el lunes declarará por cohecho. De Sierra circula un vídeo en el que recibe dinero de un promotor. "El vídeo es un retrato psicológico de un fracaso de 26 años", manifestó Arenas, que preguntó "qué papel ha desempeñado la Junta" en Ohanes. "Ese señor ya no pertenece al PSOE y ya no es alcalde de ese pueblo. Así actuamos nosotros, con la expulsión", respondió Manuel Chaves.

(www.publico.es, 11/02/09)

CAMPS SE PRESENTA COMO VÍCTIMA, PERO LA TRAMA NO EXISTE PARA CANAL 9

El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, ha decidido aparentar normalidad y minusvalorar las relaciones que distintos altos cargos de su entorno han mantenido con la empresa Orange Market. En lugar de dar explicaciones, prometer que investigará lo ocurrido o anunciar que depurará responsabilidades, se ha colocado como víctima de una campaña contra su honor.

Orange Market organiza desde hace años la práctica totalidad de los actos que convoca la dirección valenciana del PP, incluida la última campaña electoral de Camps en 2007 y el último congreso regional. Álvaro Pérez, su responsable en Valencia, fue detenido el lunes por orden del juez Baltasar Garzón.

A diferencia de Esperanza Aguirre, que ha aceptado dimisiones de varios cargos de su partido y crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por el caso del espionaje, Camps tan sólo ha anunciado que interpondrá querellas contra todos aquellos que vinculen a altos cargos de la Generalitat o del partido en Valencia con los delitos que investiga la Audiencia Nacional.

Además, ni la trama de corrupción vinculada al PP ni sus ramificaciones valencianas existen para Canal 9. La televisión autonómica, controlada por Camps, no ha dedicado ni un segundo de sus informativos a abordar la investigación abierta por el juez Garzón y la Fiscalía Anticorrupción.

Ni una referencia

Ni una referencia a los 37 imputados, los cuatro detenidos o las dimisiones de altos cargos del PP en Madrid. Ni siquiera a la rueda de prensa de Mariano Rajoy del lunes, en la que anunció medidas excepcionales en su partido. Tampoco a las implicaciones valencianas, ya sea la referencia a un pelotazo urbanístico en la localidad alicantina de La Nucia en unas grabaciones ordenadas por Garzón. Ni mucho menos a la detención en Valencia de Álvaro Pérez, que mantiene una buena amistad con el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García.

Sólo en el informativo de mediodía del domingo pasado se emitieron 25 segundos de declaraciones del secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Pero sólo los más despiertos pudieron relacionar estas palabras con el entramado de tráfico de intereses vinculado al PP, al que no se aludió. En un corte de voz descontextualizado, Costa embestía contra el "uso" de la Fiscalía General del Estado por parte del PSOE y recordaba la dimisión del anterior secretario de los socialistas valencianos Joan Ignasi Pla, por no pagar unas obras de su casa.

(www.elpais.com, 11/02/09)

LA FLOJA MEMORIA DEL ALCALDE DE LA NUCIA

El alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, dijo primero no conocer a Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. Sin embargo, en esta imagen, del 15 de junio de 2002, aparecen los dos hablando y supervisando la instalación del escenario de la gala de los Premios Luis del Olmo de periodismo, dotados con más de 607.000 euros. Ahora el alcalde admite conocer a Pérez "como a otras muchas personas", pero intenta desvincularse y evita contestar a las preguntas de los periodistas. Ayer el Bloc pidió un pleno extraordinario para que Cano explique las relaciones de la empresa con el municipio y la relación de la trama de corrupción con un plan urbanístico en la localidad

(www.elpais.com, 11/02/09)

UN HERMANO DE ÁLVARO PÉREZ DIRIGIÓ CUATRO EMPRESAS DE LA TRAMA

El actual responsable de Orange Market, SL, Álvaro Pérez Alonso, fue detenido la noche del lunes en Valencia por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Además, todos los socios de la firma y sus fundadores han sido imputados por Garzón en relación con una trama de corrupción política.

La vinculación que ha tenido Orange Market con el PP valenciano ha sido tan estrecha que, aparte de organizar la mayoría de sus actos públicos, gestionaba incluso su publicidad en los medios de comunicación para convocatorias más o menos eventuales. Basten dos ejemplos: en octubre de 2007 fue esa empresa la que gestionó las órdenes de publicidad del mitin que ofreció en la Feria de Valencia Mariano Rajoy, entonces candidato a la presidencia del Gobierno. Unos meses antes, en marzo de 2007, contrató la publicidad de las concentraciones convocadas por el PP en Alicante, Vall d'Uixó y Valencia para protestar contra la excarcelación del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos.

Aunque la cara visible de Orange Market es Álvaro Pérez Alonso, el representante oficial de la empresa para todas esas gestiones publicitarias era su hermano, Francisco Javier Pérez Alonso, entonces administrador único de la empresa y de otras tres sociedades vinculadas a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP en Galicia, detenido por orden del juez Garzón, y a Ramón Balín Blanco, también imputado en la misma investigación.

Francisco Javier Pérez Alonso, que ofrecía un domicilio social, en el número 133 de la calle de Guzmán el Bueno, en Madrid, distinto del de Orange Market en Valencia, era también administrador único de Easy Concept Comunicación, SL; de Caroki, SL, y de Good and Better, SL, todas ellas empresas de la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional. Pero Francisco Javier Pérez Alonso dejó sus cargos en las cuatro sociedades hace poco y casi simultáneamente, entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre del año pasado. El denominador común de todas estas empresas, aparte de que sus consejos de administración agrupan a más de una decena de los 37 imputados por Garzón, es la vinculación al ex secretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo Sabaris, bien personalmente, bien a través de Hator Consulting, SA, empresa que comparte con Juan Ramón Balín Blanco y cuyo domicilio social estuvo precisamente en la calle de Guzmán el Bueno, número 133, en Madrid.

Pablo Crespo Sabaris fue una de las cinco personas inicialmente detenidas por Garzón, como también lo fue Felisa Isabel Jordán Goncet, a quien Francisco Javier Pérez Alonso sucedió en la dirección de Easy Concept y de Good and Better en el cargo de administrador único (el 19 de diciembre de 2007 y el 20 de febrero de 2008, respectivamente). Tras declarar el lunes ante el juez, Jordán Goncet fue puesta en libertad con cargos y a Pablo Crespo le fue prorrogada la orden de detención.

También está detenido Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market, la persona que se ha hecho habitual en los actos organizados por el partido que preside Francisco Camps y del que es secretario general Ricardo Costa. Álvaro Pérez fue apoderado de una empresa, Technology Consulting Management, SL, de la que Pablo Crespo es, precisamente, administrador único.

Del nivel de implicación de Orange Market en la trama de corrupción política que se está investigando, cuyos organizadores habrían aprovechado supuestamente la relación con el PP para contratos y concursos de administraciones gestionadas por ese partido, da una idea el hecho de que el juez Garzón ha imputado a todos los miembros del consejo de administración de la sociedad, el propio Álvaro Pérez, Cándido Herrero Martínez y Ramón Blanco Balín, así como a sus anteriores administradores, Francisco Javier Pérez Alonso y Luis de Miguel Pérez.

ORANGE MARKET Y LAS INSTITUCIONES

- Fitur. Ha organizado el pabellón valenciano en la feria de turismo de Madrid los últimos cinco años por cantidades en torno al millón de euros. También en otros certámenes.

- Vaersa. Campaña de publicidad en 2004 por 130.00 euros.

- Volvo Ocean Race. Organiza actos para la salida de la vuelta al mundo de vela por valor de 445.00o euros.

- Castelló Cultural. La Consejería de Cultura le adjudicó en 2007 un contrato por 100.000 euros para el décimo aniversario.

- Open de Tenis. Montó una carpa de la Generalitat en el Club de Tenis Valencia.

- Feria Valencia. La empresa ha sido contratada en diversas ocasiones para lo que la institución ferial califica como "apoyo externo".

- FEMP. Organizó en 2003 la última asamblea convocada por Rita Barberá.

- Visita del Papa. El cabecilla de la trama asegura en las grabaciones que Álvaro Pérez viajó a Roma para prepararla.

(www.elpais.com, 11/02/09)

BOTELLA SE QUEJA DEL POCO APOYO DEL PP A LA ÉPOCA AZNAR

La consejera de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, ha sido la única nota discordante durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en el que el líder, Mariano Rajoy, ha forzado el cierre de filas del partido sobre la trama de corrupción. "Me parece muy bien el apoyo interno -ha manifestado la también teniente alcalde de Madrid-, pero me gustaría que sea a toda la etapa del partido incluída la del presidente Aznar". El líder del PP ha tomado la palabra y ha respondido a Botella: "Por supuesto Ana que va a ser así y si en algún momento no es así te pido que me lo digas inmediatamente". Rajoy, en una decisión inédita, ha salido en la rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional escoltado por su dirección.

El dirigente del PP que cortó las relaciones del partido a nivel nacional con su principal proveedor electoral, Francisco Correa, presunto jefe de la trama corrupta desarticulada el viernes, fue Álvaro Lapuerta, ex tesorero nacional. Sucedió en junio de 2004, poco después de las elecciones que sacaron del poder a José María Aznar. Lapuerta, tesorero desde 1993, tomó esa decisión, que avaló el propio Rajoy, tras conocer que Correa estaba exigiendo, en nombre de su departamento, la adjudicación de contratos a sus empresas a alcaldes madrileños populares, según confirman altos cargos del partido.

Cierre de filas

"Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP" ha sido una de las frases que ha trasladado Rajoy a sus compañeros durante el Comité Ejecutivo Nacional y ha repetido en rueda de prensa en la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid. El presidente del PP, en medio del escándalo de corrupción con dos focos en Madrid y Valencia, y la trama de espionaje en torno al Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre, ha forzado hoy que los dirigentes de su partido cierren filas en apoyo al líder.

Durante la reunión previa a la rueda de prensa, en la que han hablado numerosos dirigentes, entre ellos Esperanza Aguirre, se ha criticado de nuevo la violación del secreto de sumario -levantado ayer mismo- del juez Garzón, y se ha querido llamar a la tranquilidad del partido ante el proceso abierto con 37 imputados.

(www.elpais.com, 11/02/09)

LA OPOSICIÓN PIDE QUE DIMITA EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, no tuvo reparos ayer en relacionar las dos tramas que afectan en estos momentos al Partido Popular. En este sentido, y pese a las recomendaciones de José Luis Rodríguez Zapatero a los suyos de no cebarse con los populares, Gómez afirmó que la Asamblea de Madrid debe sustituir al actual presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje en el PP, Benjamín Martín Vasco, porque "no se puede poner a la zorra a cuidar el gallinero". El socialista se hacía eco, con ello, de la información que relacionaba a Martín Vasco con una imputada en la trama corrupta, Isabel Jordán.

El líder socialista también llamó "a la cordura" al PP, en una entrevista en Telemadrid, para que "depure responsabilidades, sea transparente y permita que todos los ciudadanos conozcan la verdad". La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, aseguró también que "necesariamente" hay que impugnar al presidente de la comisión. Sabanés se sumó a los socialistas madrileños y exigió que se celebre un pleno monográfico para que Esperanza Aguirre "responda globalmente de la crisis de enorme de magnitud que afecta a su Gobierno y que está poniendo en riesgo la estabilidad de las instituciones".

La respuesta no se hizo esperar. Martín Vasco no dimitirá y para defender su inocencia actuará contra los que le impliquen. Así lo anunció el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, que dijo que estaba "convencido" de que las acusaciones contra el presidente de la comisión "no son ciertas". "Si no hay una rectificación, Martín Vasco se querellará", señaló.

(www.elperiodico.com, 11/02/09)

IMPUTADO EN LA TRAMA CORRUPTA UN ADJUDICATARIO DE TELEVISIONES DEL PP

El juez Baltasar Garzón imputó ayer a otras 34 personas en la trama de corrupción vinculada al PP --que se suman a los tres ya detenidos-- bajo las acusaciones de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Entre los encausados figura el empresario de la comunicación y constructor José Luis Ulibarri, que ha obtenido 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana y el 50% de la televisión autonómica de Castilla y León, ambas gobernadas por los populares. Además, logró del Ayuntamiento de Boadilla del Monte una parcela por cuatro millones de euros menos de lo que ofrecían sus competidores.

El consistorio de Boadilla, también en manos del PP, entregó a Garzón el viernes el expediente de esta adjudicación. Este constructor, que se proclama inocente, posee varios diarios en Castilla y León y es accionista de Punto Radio y Vocento. El recién dimitido alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, es otro de los imputados. Su ayuntamiento está bajo sospecha por la entrega de esta parcela, la concesión municipal de la oficina de atención al ciudadano y la adjudicación de 20 locales comerciales al empresario y exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín, otro de los imputados. En la lista aparece también el abogado Manuel Delgado, consejero de ACS y Unión Fenosa.Además, en la lista está el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, otro de los consistorios en el punto de mira del juez. El resto de imputados en su mayoría tienen relación con las empresas del presunto cerebro de esta red, Francisco Correa. Al menos cinco de ellos han sido fundadores o son socios de la empresa radicada en Valencia Orange Market, cuyo responsable, Álvaro Pérez Alonso, fue detenido el lunes.

La investigación de Garzón se centra en personajes y arribados al entorno del PP en la etapa de José María Aznar. El último detenido, por ejemplo, es amigo de Alejandro Agag, yerno del expresidente, y fue invitado a la boda de El Escorial. Otros dos imputados están también vinculados a Agag de Ana Aznar: los empresarios José Javier Nombela y Jacobo Gordon, con quien montó su primera empresa. Gordon fue compañero de Agag en el colegio del Opus Dei Retamar y, al igual que Correa, fue testigo de su boda en el 2002.

El resto de imputados son abogados acusado de apoyar a los responsables de esta trama para blanquear el dinero obtenido con sus trapicheos. También figura el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Españoles Pablo Collado y Jesús Calvo Soria, que fue investigado en Sevilla por haber pagado la habitación de un hotel a unos ediles tránsfugas en el municipio de Bormujos.

Las declaraciones comenzarán hoy. Las primeras citadas son la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, y Felisa Jordán, de la empresa Special Events, que dirigía Correa. Ambas fueron detenidas el viernes, aunque la policía las dejó en libertad el sábado. También ha sido citada Carmen Luis Cerezo. Por la tarde, el juez comunicará a Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez si van a prisión, pues el lunes la Fiscalía Anticorrupción pidió más tiempo antes de tomar una decisión.

(www.elperiodico.com, 11/02/09)

IMPAGADO DE 34.000 EUROS EN TRAJES

En trajes Milano, propiedad del grupo Cortefiel, todavía recuerdan a Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market. "Era un tipo desagradable, que montaba unos pollos increíbles solo porque el botón de un traje estaba un poco descosido", rememoraba ayer José Luis Rodríguez, el encargado de la tienda en Valencia, que en aquellas fechas, cuatro años atrás, era uno de los dependientes que atendió a Pérez cuando este acudió para tomarse medidas para varias prendas.

El paso del tiempo no ha hecho olvidar a un cliente especial que se presentó en Milano con un encargo que, en principio, iba a ser para muchas personas, pero que luego vistió a una sola: Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes, detenido por orden del juez Baltasar Garzón.

Rodríguez recuerda que Pérez, en connivencia con el responsable de Milano en Madrid, al que la empresa despidió hace tiempo, anunciaron una venta numerosa de trajes en Valencia, por lo que distintas personas irían a tomarse medidas al establecimiento, que, además de su propia colección, confecciona trajes con otros tejidos italianos de marcas reconocidas como Cerruti y Ermenegildo Zegna. Pero esos clientes no aparecieron nunca.

Al único que vieron en Milano fue a Pérez, una y otra vez, hasta que le confeccionaron los trajes que había solicitado y se los mandaron al Ayuntamiento de Valencia, según indica el director de la tienda. Rodríguez asegura que nunca se emitió ninguna factura en Valencia, y que su empresa en Madrid llamó hace unos días para saber si la factura se había emitido y cobrado. Rodríguez no sabe qué pasó. Recuerda que se comentó que los trajes serían abonados a medias entre Madrid y Valencia. "Por la caja no pasó nada y una factura de 34.000 euros no pasa desapercibida para un dependiente", agregó.

(www.elperiodico.com, 11/02/09)

MANOS LIMPIAS VINCULA EN EL CASO DE BOADILLA A MICHAVILA Y ÉSTE LO NIEGA

El documento entregado ayer ante la Fiscalía Anticorrupción por el sindicato Manos Limpias asegura que el ex ministro de Justicia José María Michavila se encuentra en la lista de "amigos implicados en los negocios" del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Michavila, diputado del PP por Valencia y hermano de la jefa de gabinete del presidente Camps, Ana Michavila, desmintió cualquier relación con los negocios de Panero.

En ese listado de "amigos implicados en los negocios" del alcalde de Boadilla, Manos Limpias incluye también a Francisco Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano y Pablo Crespo Sabaris, los tres detenidos en la Operación Gürtel llevada a cabo por el juez Garzón.

Según declaró Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, el alcalde de Boadilla acudía "a despachos de abogados externos", entre ellos el de José María Michavila, para que emitieran informes "para favorecer las adjudicaciones a dedo realizadas por el alcalde y que recibían el rechazo de los técnicos municipales".

(www.levante-emv.com, 11/02/09)

GARZÓN IMPUTA A PAU COLLADO, DIRECTOR DE UNA FUNDACIÓN DEL GOVERN DE MATAS

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha incluido a Pau Collado entre las 37 personas implicadas en la operación Gürtel, la presunta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y dedicada a captar contratos en administraciones gobernadas por el PP. Garzón les imputa los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.Pese a su juventud, Pau Collado ha desempeñado un papel relevante en el mundo empresarial mallorquín. Con 22 años montó su primera empresa, una correduría de seguros; después abrió una sociedad mercantil dedicada a la distribución de ropa femenina que luego cerró y más tarde levantó una consultora de comercio internacional. De forma paralela ocupó el cargo de presidente de la asociación Joves Empresaris de Balears y, más tarde, con 30 años, encabezó la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, incluida en la CEOE. Su salto a la Administración autonómica lo dio en julio de 2004 de la mano del ex presidente del Govern Jaume Matas, quien le nombró director gerente de la Fundación Para el Desarrollo Sostenible de Balears, encargada de distribuir la conocida Tarjeta Verde, que debe servir para financiar proyectos medioambientales en sustitución de la ecotasa.

Con la llegada del Ejecutivo de Antich, Pau Collado volvió al ámbito privado, esta vez en Madrid. Tal como manifestó ayer a este diario, hace un año ingresó en Easy Concept Comunicación S.L, firma que organizó actos del Partido Popular y del Ayuntamiento de Madrid ligada a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia y uno de los primeros en ingresar en prisión por orden de Garzón. En Easy Concept, Pau Collado ocupa el puesto de consejero delegado.

En declaraciones a este periódico, Collado aseguró ayer que conoció su imputación por la prensa. "No he recibido ninguna notificación ni llamadas", dijo. "Salvo a un par de personas, una secretaria y un comercial y poco más, no conozco a ninguno de los otros [integrantes de la lista de Garzón]", abundó. Pau Collado afirma que los hechos que se investigan son anteriores a su entrada en la empresa: "De todo lo que se ha publicado no tengo nada que ver. Estoy supertranquilo". El ex presidente de Joves Empresaris especifica que sus clientes son empresas privadas a las que monta ´stands´ en ferias, caso de la naviera Boluda, del presidente del Real Madrid. "No hemos ganado concursos para entidades públicas porque ya no es nuestro nicho de mercado. Tampoco hemos desarrollado trabajos en Balears", asevera en referencia a su etapa actual como consejero delegado de Easy Concept.

Pau Collado dice que apenas ha mantenido contacto con los cabecillas de la presunta trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, aunque sí con Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol YPF y actual "administrador" de Easy Concept. Collado se muestra sorprendido de figurar en la lista de imputados por el magistrado a petición de las fiscales anticorrupción Myriam Segura y Concha Sabadell. "Creo que aparecen personas sin ton ni son", aventura. El ex presidente de Joves Empresaris argumenta que él es uno más en la compañía, pese a su cargo de consejero delegado, y que la nómina del próximo mes se encuentra en el aire. "No sabemos que pasará con la empresa", aduce. El listado de 37 personas también incluye a Jacobo Gordon, testigo de la boda de Alejandro Agag y la hija del ex presidente Aznar.

(www.diariodemallorca.es, 11/02/09)

EL PARTIDO DE RAJOY APLAZA LA PERSONACIÓN EN LA CAUSA

El PP quiere que quede claro en estos momentos que no tolera malas prácticas en la gestión pública. Sin embargo, los servicios jurídicos del partido han decidido esperar a conocer los datos del sumario abierto por Baltasar Garzón para decidir de qué manera se persona en la causa, si lo hace en forma de acusación particular o de acción popular, según Europa Press. La decisión de formar parte de la causa responde al anuncio de Mariano Rajoy, en el sentido de que a su partido le interesa que "se aclare todo". Según los populares, los hechos afectan directamente al partido e insisten en que las personas investigadas son absolutamente ajenas al PP.

(www.elperiodico.com, 11/02/09)

Correa: " Yo a Bárcenas le he llevado más de 1.000 millones de pesetas "

Correa: "Yo a Bárcenas le he llevado más de 1.000 millones de pesetas"

Uno de los imputados en el caso de corrupción cuenta cómo le llevaba dinero "a Génova a su casa" al tesorero del PP

Interlocutor: Hemos hablado muy poco, no, no de verdad.

Correa: Yo te he dicho a ti y a Juanjo el dinero que yo le he dado a Bárcenas 20 veces".

Interlocutor: Te digo yo que no, te prometo yo que no Paco, que tengo buena memoria para esas cosas. De Bárcenas hemos hablado muy poco.

Correa: Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día...vamos a sumar, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa.

Interlocutor: ¿En gastos?

Correa: Gastos... En obras, en obras, éste no se andaba con pollas. Yo a ti te lo comento, yo acaso... Líquidos, yo sé cómo lo tiene, yo sé como lo saca de España... [Ruido de fondo] En paraísos fiscales.

Interlocutor: Qué cabrón, es por lo que te tienen tanto miedo, tío. Lo sabes todo. Los tienes pillados a todos.

Correa: Ya, pero yo no voy a cantar, ya lo sabes.

Interlocutor: Ya lo sé.

www.elpais.es 10.02.09

Esperanza Aguirre a la teniente de alcalde de Boadilla: “Dimite por favor que, si no, lo tengo que hacer yo en dos días”

La reunión del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, los concejales del PP de la localidad y el secretario general del partido, Francisco Granados, pudo haberse saldado en auténtica catástrofe para el PP de no ser por la intervención in extremis de Esperanza Aguirre que convenció a la primera teniente de alcalde de Boadilla, María Jesús Díaz (y contrincante de Panero en el seno del PP), para que también dimitiera, tal y como exigía el propio regidor y sus 13 concejales fieles. Según ha podido saber El Plural, Panero habría amenazado a Granados con tirar de la manta y explicar todo lo que sabe de la trama de corrupción que investiga el juez Garzón, si detrás de él no salía también del Ayuntamiento Díaz.

Díaz, que ocupó el número dos en las listas municipales, era la enemiga interna de Panero y en el último congreso local le plantó cara. El hasta ahora regidor de Boadilla consiguió revalidar su mandato por 184 votos frente a los 136 que cosechó María Jesús.

14 contra 2
Esta correlación de fuerzas no es la misma que la que mantienen en el Ayuntamiento, donde están 14 a 2 (la propia María Jesús y el concejal Francisco Sánchez Arranz, a quien Panero acusa de haber filtrado un informe sobre sus presuntas propiedades en Miami). Ayer, ante Granados, Panero y sus 13 concejales exigieron que también saliera del consistorio María Jesús Díaz.

Intervención de Aguirre
Ante la amenaza de Panero fue necesaria la intervención personal de Aguirre, que, según fuentes consultadas por El Plural, pidió “por favor” a Díaz que dimitiera. “Si no, lo tengo que hacer yo en dos días”. Finalmente la concejala accedió a hacerlo. Aunque la versión oficial es que lo hizo con tal de no perjudicar la elección de un nuevo alcalde, detrás estaría la seria amenaza de Panero de contarlo todo. Esas fuentes añadieron: “Aunque obliguen a María Jesús de modo que se vea obligada a desmentir lo sucedido, la verdad es que existió la amenaza de Panero y la intervención de Aguirre”

Cesada por venganza
María Jesús, que durante 10 años ocupó la seecretaría general del PP local, fue cesada por Panero de todos sus cargos en el consistorio (Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, Concejala Delegada de Servicios Sociales y Protección Civil, y miembro de la Junta de Gobierno Local), justo después de la celebración del congreso en el que intentó arrebatarle el control del partido en la localidad. Hoy ha conseguido que renuncie a su acta de concejala.

El imputado Panero formaliza su dimisión
Esta mañana, Panero, ha renunciado a su cargo como alcalde pero continúa como concejal, ante las protestas de los cuatro ediles de la oposición socialista y de Ángel Galindo, único concejal de Alternativa por Boadilla. Por otra parte, el juez Garzón, que ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la trama de corrupción que investiga, le ha imputado en la causa junto a otras 36 personas.

www.elplural.com 10.02.09

AGUIRRE SACRIFICA A DOS CARGOS DE MADRID ANTE EL ALUD DE SOSPECHAS

Apenas han hecho falta tres días desde que trascendió la investigación sobre cohecho relacionado con el PP para que dos de sus cargos en la Comunidad de Madrid hayan "presentado su dimisión". Aunque se presentara como una decisión voluntaria, la encargada de anunciarlo fue la propia presidenta, Esperanza Aguirre, quien calificó las dimisiones como necesarias y generosas para evitar que la causa judicial se relacione con la actividad de la Comunidad de Madrid. Alberto López Viejo, hasta ayer consejero de Deportes, y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y hasta ayer gerente del Mercado Puerta de Toledo de Madrid, se convirtieron ayer en los dos primeros sacos de arena que pone el PP en su trinchera ante la ofensiva judicial que se avecina contra el partido.

Aguirre exculpó contundentemente a López Viejo, pero no lo hizo con Ortega. "Desconozco las razones que tiene para dimitir", dijo. Lo relacionó con un caso de corrupción denunciado en 2005 en torno a unas adjudicaciones municipales denunciadas por dos concejales del PP.

Según la investigación del juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, Alberto López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a Down Town Consulting, una de las empresas vinculadas al cabecilla de la trama, Francisco Correa. Esta firma pasó a llamarse Easy Concept Comunicación. López Viejo adjudicó a las empresas de la trama al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. Todos, por importe inferior a 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso y entre ellos, un "acto para la recepción de deportistas paralímpicos" (10.747 euros) o una "lona para la Ciudad Olímpica" (3.176 euros).

Guillermo Ortega, en su etapa de alcalde de Majadahonda (entre 2001 y 2005), contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Correa, otra de las investigadas. Ortega aprobó contratos con Special Events, la principal empresa de la trama de corrupción por más de 125.000 euros.

"Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid", declaró Aguirre. La presidenta insistió varias veces: "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". "Ha organizado los actos de la Comunidad", que definió como "poner sillas y luces", y algunos de los contratos han ido a parar a "empresas que son las que se están investigando". Esas contrataciones se hicieron con el único criterio de "la confianza que esas empresas daban a los técnicos de López Viejo".

"No teníamos ni idea", es el resumen exculpatorio de Aguirre. La presidenta aseguró que ella hizo indagaciones en 2005 para ver si se había contratado con Special Events, la empresa de Francisco Correa que por entonces ya era investigada y que la cúpula del PP con Rajoy había vetado en las contrataciones. "Pero resulta que las empresas mutan", sostuvo gráficamente Aguirre, es decir, cambian de nombre.

La presidenta de Madrid aseguró con contundencia, sin embargo, que, desde que ella preside el partido en Madrid (2004) "ni esta empresa ni ninguna de las otras ha organizado actos del PP". La Consejería de Deportes se integrará en la de Cultura y Turismo.

(www.elpais.com, 10/02/09)

LA RESISTENCIA DEL ALCALDE DE BOADILLA COMPLICA LA IMAGEN DE FIRMEZA DE RAJOY

Mariano Rajoy, Javier Arenas y Federico Trillo, tres pata negra del PP que llevan más de 30 años en política, curtidos en mil batallas y todos ellos ex ministros de Aznar, entraron juntos y con cara de circunstancia en la sala de prensa de Génova. Querían darle la mayor gravedad a la comparecencia del líder, la primera en un mes en su sede nacional, a pesar de la ristra de escándalos.

Los históricos del PP habían preparado con detalle la reacción del partido después de que EL PAÍS revelara que Francisco Correa, jefe de la supuesta trama de tráfico de intereses vinculada al PP que investiga el juez Garzón, presumía de haber entregado en mano 1.000 millones de pesetas al tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Todo estaba cuidado, hasta la escenificación, pero se fue al traste por un alcalde díscolo. Rajoy desmintió todo lo que dice Correa y anunció las medidas que toma el partido -abrir una investigación interna, personarse en la causa, pedir amparo al CGPJ por las filtraciones del sumario- y guardó para el final la noticia: "El alcalde de Boadilla [presuntamente implicado en la trama y veterano regidor de ese municipio residencial madrileño] ha puesto su cargo a disposición del partido y el PP de Madrid ha aceptado su dimisión. Ha dejado de ser alcalde".

Pero pocos minutos después, y a unos 200 metros de donde hablaba el líder del PP, en la puerta de la Audiencia Nacional, el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, desmentía al presidente de su partido: "No he puesto mi cargo a disposición".

El estupor en la cúpula del PP fue inmediato. ¿Qué había pasado? Una rebelión en toda regla. El alcalde había sido citado a las 10.00 en Génova por Francisco Granados, secretario general del PP madrileño. Después de una fuerte presión, le convenció de que debía dimitir. Quedaron en que lo anunciaría después de hablar con Garzón. Granados llamó a Esperanza Aguirre y ésta a Rajoy para confirmarle la dimisión. Pero el juez le dijo al alcalde que, de momento, no tiene nada contra él, y González cambió de idea. Granados le llamó enfurecido: "¿Qué has hecho?". "Necesito más tiempo, Garzón me ha dicho que no hay nada contra mí", contestó el alcalde. "Ya no hay marcha atrás, la decisión está tomada, tienes que dimitir", zanjó Granados.

González se refugió en Boadilla, donde compareció con 14 de los 16 concejales del PP para mostrar su fuerza. "Mientras no haya imputación es absurdo que presente la dimisión. Entonces no quedaría ningún político", se defendió. El PP mantiene como presidente de la Diputación de Castellón a Carlos Fabra, imputado por varios delitos fiscales y de tráfico de influencias. A última hora, según Granados, González cedió a la presión y dimitirá finalmente.

El entuerto de Boadilla tapó la principal decisión tomada por Rajoy después de casi un mes de escándalos. El líder, presionado por barones, dirigentes rivales y afines que le exigían que moviera pieza, esperó de nuevo mucho tiempo -tres días-, dejó a algunos de los suyos a los pies de los caballos -sobre todo a Dolores de Cospedal, que el sábado recuperó Filesa y los GAL y negó que todo esto tuviera nada que ver con el PP- pero al final, con Arenas, Trillo, Ana Mato y Esteban González Pons aconsejándole, dio el puñetazo que muchos esperaban.

Rajoy defendió la honorabilidad del PP y aseguró que todo lo que tiene que ver con su financiación está supervisado por el Tribunal de Cuentas, pero confirmó la información de EL PAÍS. Admitió que él, como jefe de campaña en 1996 y 2000, conocía a Francisco Correa, que entonces, con su empresa Special Events, hacía todo para el PP. Y reconoció que en Génova se dio la orden de no trabajar más con él. "Supimos que utilizaban el nombre de la dirección del PP para obtener ventajas en algunos ayuntamientos del norte de Madrid". ¿Por qué no lo denunció?, le preguntaron. "Porque no vimos delito". ¿Y por qué no avisó al PP de la Comunidad Valenciana, que siguió trabajando con ellos? "Sólo avisamos a los municipios de Madrid aludidos de que ellos [Special Events] no hablaban en nuestro nombre", sentenció.

Rajoy ha convocado para mañana un Comité Ejecutivo Nacional extraordinario para tratar este asunto. De momento, el líder, que acaba de dejar en suspenso una inaudita investigación interna por el caso del espionaje, abre otra por la vinculación del PP con Special Events. Y anuncia expulsiones inmediatas para cualquier militante que se vea implicado. De momento han rodado cabezas en Madrid. Ahora la presión pasa a la Comunidad Valenciana, donde se refugiaron Correa y su socio, Álvaro Pérez. Todo, a menos de tres semanas de unos comicios clave. ¿Cree que esto afectará a las elecciones?, le preguntaron ayer. "Espero que no", sólo acertó a decir Rajoy.

(www.elpais.com, 10/02/09)

EL TIRA Y AFLOJA EN GÉNOVA

- 10.00. "Tienes que dimitir". Francisco Granados cita en su despacho de Génova a Arturo González, alcalde de Boadilla (Madrid). "Tienes que dimitir por el bien del partido", le dice Granados. Se resiste pero cede, y pactan que González lo anunciará.

- 12.00. Aguirre habla con Rajoy. Granados llama a Aguirre para confirmarle que González ha cedido. Ésta habla con Rajoy y le da la noticia, que ya difunden algunos medios.

- 13.00: Rajoy: "Ya no es alcalde, ha presentado su dimisión". El líder del PP es tajante ante los periodistas: "Ya ha dejado de ser alcalde, ya no es alcalde. Ha puesto el cargo a disposición del partido y el PP de Madrid le ha aceptado su dimisión".

- 13.15: "Yo no he puesto mi cargo a disposición del partido". González, a menos de 200 metros de donde está hablando Rajoy, le desmiente. "No he puesto mi cargo a disposición", asegura a la salida de la Audiencia Nacional.

- 13.30: "Esto no tiene marcha atrás". Granados, enfurecido, llama a González y le dice: "Esto no tiene marcha atrás, tienes que dimitir, ya lo ha anunciado el presidente del partido".

- 15.00: "Es absurdo que dimita". Ya en Boadilla, el alcalde se siente más fuerte, comparece con 14 de los 16 concejales del PP y dice: "No dimitiré mientras no haya ninguna imputación".

- 19.00: Ya dimite. Granados convoca a todos los concejales en Génova y asegura que González dimitirá hoy. El alcalde acepta a cambio de que también se vaya la número dos de la lista, María Jesús Díaz, a la que estaba enfrentado.

- 19.20. Cese de un consejero madrileño. Aguirre anuncia en la Puerta del Sol la dimisión del consejero López Viejo y del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo.

EL PP MADRILEÑO, AL BORDE DEL COLAPSO: ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA AHORA A GRANADOS POR UN POSIBLE COHECHO

Al número dos del PP madrileño y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, se le acumulan los problemas: después de verse envuelto en la supuesta trama de espionaje que el viernes comenzó a debatirse en la comisión de investigación del Parlamento autonómico, hoy se ha sabido que la Fiscalía Anticorrupción le investiga ahora por un presunto delito continuado de cohecho durante su época como alcalde de Valdemoro.

El PP madrileño está al borde del colapso. Por si fuera poco, al escándalo de la red de espionaje dependiente presuntamente del mismo Granados, y la trama de corrupción de Boadilla, hoy se le suma un nuevo caso. Según publica hoy el digital ElConfidencial.com, la Fiscalía Anticorrupción investiga desde el pasado mes de noviembre al secretario general de los populares madrileños y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la región, Francisco Granados. Después de que el consejero de Esperanza Aguirre se haya visto directamente implicado en la supuesta trama de espionaje desatada en la Comunidad de Madrid, Granados está acusado ahora, según el mencionado diario, de un presunto delito continuado de cohecho mientras ocupó la alcaldía del municipio de Valdemoro, entre junio de 1999 y noviembre de 2003.

Favores urbanísticos a cambio de comisiones

Según esta información, Anticorrupción abrió diligencias contra el consejero madrileño tras recibir la denuncia de una promotora inmobiliaria que aseguraba haber sido beneficiada por la recalificación de terrenos en Valdemoro a cambio de importantes comisiones mientras Granados gobernaba en el municipio. Además, la investigación de la Fiscalía se extiende también a cerca de una docena de municipios madrileños, además de otros en Castilla- La Mancha y Andalucía, la mayoría de ellos gobernados en los últimos años por el PP.

Registros

La denuncia de la promotora detalla numerosas pruebas de los supuestos sobornos recibidos y de las presuntas comisiones que se le habrían cobrado como pago de favores por las adjudicaciones de trabajos. En base a ella, la Policía judicial ya habría realizado registros en la sede central de la empresa, donde se habría incautado de numerosa documentación que aún estaría siendo analizada.

Rastreo del patrimonio

Anticorrupción ha requerido además a la Fiscalía de Madrid para que colabore en esta investigación e inicie un rastreo del patrimonio personal de este hombre fuerte de Aguirre.

Del tamayazo a número dos

Francisco Granados, uno de los hombres más cercanos a la presidenta Aguirre no ha tenido una larga carrera política. En solo un año pasó de ser un simple parlamentario de la Asamblea de Madrid y alcalde del municipio de Valdemoro a secretario general de los populares madrileños, previo paso, ¡atención!, por la presidencia de la Comisión de la Asamblea de Madrid que investigó el tamayazo. Su nombre se ha visto envuelto en oscuros episodios, entre ellos, la trama del espionaje; el incendio del coche de su mujer, que reveló que el vehículo estaba puesto a nombre de la empresa Grandes Locales de Negocio, presidida por un constructor cántabro que había edificado numerosos espacios en Valdemoro durante su mandato como alcalde y la compra de un chalet en Marbella a otro constructor favorecido en Valdemoro.

(www.elplural.com, 10/02/09)

BAJO SOSPECHA DESDE HACE VARIOS AÑOS

Una veterana ex concejal del PP de un municipio de Madrid lo resume así: "A partir de 2000, cuando Aznar logra la segunda mayoría absoluta, todo cambia en el partido. Compañeros que habían estado en Nuevas Generaciones se hacen con el poder. No hay obstáculos para ellos".

Y así comienza el historial de relaciones entre políticos del PP madrileño con la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. En esa época Arturo González Panero y Guillermo Ortega ocupan la alcaldía de Boadilla y Majadahonda. Comienzan a tener relación con Francisco Correa, supuesto cabecilla de la red de empresas investigadas por el juez. En 2001, Special Events, la principal sociedad de la trama, se adjudica un contrato para la realización de un vídeo promocional en Majadahonda por 28.571 euros. Carmen Rodríguez, esposa de Correa y una de las investigadas por Garzón, era la jefa de gabinete del alcalde. Tan sólo unos meses antes había cesado como administradora de la empresa.

En abril de 2002, el alcalde de Boadilla viaja a Miami con Correa y otros dos concejales. Van a comprar propiedades inmobiliarias, según reconoce uno de los que estuvieron allí. Para entonces Panero ya había contratado varios viajes de hermanamientos entre municipios con la empresa Pasadena, firma que también está vinculada a Correa.

Para entonces Alberto López Viejo ya acumulaba sospechas por su gestión al frente de la Concejalía de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de ellos, fue nombrado viceconsejero de Presidencia en mayo de 2004. Justo un mes antes este departamento adjudica 15 contratos a Easy Concept Comunicación, otra de las empresas de la trama, para organizar el homenaje del 11-M, por unos 130.000 euros en contratos separados menores de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público.

Pero Aguirre se deshizo en elogios hacia él. La presidenta regional, sin embargo, renunció a defender a Guillermo Ortega. "Desconozco las razones de su dimisión", dijo. Pero la dirigente aclaró que conocía el caso que acabó con Guillermo Ortega al frente del Ayuntamiento de Majadahonda. Aquel en el que "hubo dos tránsfugas", dos concejales del PP que denunciaron la venta irregular de una parcela y la adjudicación de la oficina de atención al ciudadano de Majadahonda a la compañía TCM (Tecnology Consulting Management). En ambos casos los beneficiarios eran empresas de la trama.

Aguirre no sólo dejó a los pies de los caballos a Ortega, a quien recolocó ella como gerente del Mercado Puerta de Toledo, sino que recordó que el actual alcalde de Majadahonda, su amigo Narciso de Foxá (PP), paralizó esos dos contratos en cuanto llegó al cargo. La diferencia de consideración que Aguirre mostró ayer entre López Viejo y Ortega fue sorprendente. La presidenta asumió toda la responsabilidad por la sonora discordancia entre Rajoy y el alcalde de Boadilla. Panero negó ayer haber cesado, pese a que Rajoy lo había anunciado poco antes. Finalmente, Francisco Granados, anunció que el alcalde dimitiría hoy.

(www.elpais.com, 10/02/09)

EL CONSEJERO DE DEPORTES ESCENÓGRAFO ELECTORAL DE AGUIRRE

Alberto López Viejo, de 41 años, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP, que cesó ayer, es considerado un hombre estrechamente vinculado a Esperanza Aguirre. Fue responsable en 2003 de sus escenografías electorales, que montaba la compañía Special Events, regida por Francisco Correa, detenido por el juez Garzón. Como concejal de Limpieza entre 1999 y 2003, creó un servicio urgente criticado como superfluo y con cometidos duplicados por la oposición socialista, que trató de vincularle con un presunto trato de favor a varias contratas.

En mitad del mitin que realizaba José María Aznar en febrero de 2003, un joven de 17 años se levantó y gritó "¡No a la guerra!". Estuvo a punto de ser linchado. López Viejo se ocupó personalmente de desalojarlo de la sala. Del acto que él había organizado. Porque eso, ocuparse de los eventos, "del sonido, de la seguridad, incluso de llevar pinganillo", según algunos conocidos, es lo que le gustaba. "Era el que se encargaba de llenar los autobuses con militantes para que aplaudieran a Aguirre en las inauguraciones del metro", explica una compañera. Y así, Alberto López Viejo, de 41 años, se ganó la confianza de los de dentro del partido y conoció a otros, como Francisco Correa, que se dedicaban, también con dinero público, a algo parecido a lo que a él tanto le gustaba, la escenografía electoral.

Criado en Nuevas Generaciones en la época en que la organización estaba presidida por el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, el dimisionario consejero de Deportes entró en el Ayuntamiento de Madrid en 1995, de la mano de José María Álvarez del Manzano. Le pusieron al mando de los distritos de Carabanchel y de Usera. "Era joven, y tenía ganas. Era de los pocos que tenían un cargo a esa edad", recuerda un compañero suyo de la época de Nuevas Generaciones.

Ambicioso, deseoso de destacar y de que hablaran de él, no perdía ocasión para pedir la palabra en los plenos. A los pocos años, le llegó un regalo envenenado: concejal de Limpieza. Por fin dejaba atrás su etapa poco agradecida de concejal de distrito de las afueras y se hacía con un área. Pero, por lo general, si se habla mucho del concejal de Limpieza... mal asunto. Esto quiere decir que la ciudad está sucia, que la gestión no es buena.... Lo mejor es la discreción. Pero eso no cuadraba con el nuevo concejal, que estaba dispuesto a (y consiguió) que se hablara de él.

Se dio cuenta de que uno de los servicios más apreciados por los madrileños (y por el alcalde Manzano) era el Samur. Y se inventó uno para su área: el Selur, Servicio de limpieza urgente. Un equipo de barrenderos vestidos con uniformes brillantes que acudía a eventos particulares y desplegaba una eficacia y una rapidez encomiable: en la Puerta del Sol el 31 de diciembre, en procesiones, desfiles militares, en la cabalgata de Reyes... Siempre aparecían los empleados del Selur, con camiones modernos con destellos naranjas. Tanto, que se le acusó de ordenar a su flamante ejército limpiar con ahínco la acera de la discoteca Gabana, donde iban a celebrar la fiesta de boda la pareja Agag-Aznar. En otra ocasión, su tropa de limpiadores se encargó de barrer a los empleados de Sintel acampados varios días en la Castellana para protestar por sus despidos.

La presentación de este servicio (y la de muchas máquinas nuevas de limpieza) constituyó todo un símbolo del carácter de este edil que pensaba que el cargo le venía pequeño: una carpa, música y presentador, como si en vez de un equipo de limpieza se presentara una banda de rock. Alguno se echó las manos a la cabeza. Le acusaron de despilfarrador y de hortera. Pero López Viejo, un edil que había llegado al Ayuntamiento para que se hablara de él, estaba encantado. Pero las acusaciones pasaron de hortera, a presumible corrupto, y la oposición trató de vincularlo una y otra vez con presuntos delitos de doble contabilidad. Salió indemne. Pero cuando Gallardón llegó al Ayuntamiento no le quiso. Él captó la indirecta y se fue a los brazos de Aguirre, que lo colocó encantada como número seis de su lista y director adjunto de la campaña. Lo que él sabía hacer mejor. "Hoy es esperancista. Mataría por ella. Supongo que por eso, si es que ella se lo ha pedido, no ha dudado ni un momento en dimitir", cuenta un miembro del Comité Ejecutivo del PP madrileño que señala que "quien no puede ni verle es el vicepresidente, Ignacio González".

En un principio Aguirre fue reticente en incluirlo en su gobierno por las sospechas y permanente críticas que despertaba en la oposición, pero al cabo de pocos meses le nombró vicepresidente segundo de Presidencia, y luego consejero de Deportes y Juventud. Si se demuestra algo, dijo la presidenta, "tendrá que dimitir". Ayer todo se precipitó.

(www.elpais.com, 10/02/09)

EL ALCALDE DE BOADILLA UN REGIDOR QUE NO QUERÍA IRSE

El PP obligó ayer al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, de 42 años, a abandonar la alcaldía por las denuncias de su presunta implicación en la trama de corrupción. Rajoy lo anunció por la mañana y él lo había aceptado. Pero después de que el juez Garzón le dijera que no tenía nada contra él, cambió de opinión. Panero llegó a Boadilla en 1991. Entonces gobernaba Nieves Hernández, del PP. En 1999 llega a ser alcalde después de una moción de censura contra su mentora, Hernández. Pactó con cuatro concejales de Eficacia Independiente (EI).

Panero gobernó con EI hasta que el grupo tuvo problemas internos y se disolvió. El PP arrasó en las elecciones de 2003. Consiguió mayoría absoluta y se convirtió en uno de los bastiones de los populares en el noroeste madrileño. Fue en esos años cuando se tiene constancia de su relación con Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción investigada por Baltasar Garzón.

El 18 de abril de 2002 Panero viajó con Correa a Miami, con ellos iba el entonces concejal José Galeote. Y se unió Francisco Sánchez, que se convertiría en edil de Sanidad e Higiene de Boadilla en 2007. Éste asegura que el alcalde alardeaba de "comprar en Miami y tener muchas propiedades". En julio de 2003 Panero volvió a repetir viaje con Correa. El viernes pasado la Policía requirió documentos en el Ayuntamiento sobre su relación con las empresas Easy Concept, Pasadena Viajes y Servimadrid Integral, vinculadas a la trama de corrupción. Boadilla contrató a la primera para gestionar la Oficina de Atención al Ciudadano. Paga por ello 506.000 euros anuales.

En 2007 los populares repitieron resultados: de 21 concejales, obtuvieron 16. El PSOE se quedó con cuatro y APB con uno. Nadie podía imaginar que en menos de dos años le obligarían a dimitir. La actitud de Panero ya había cambiado. Sus adversarios políticos, PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) le califican de "prepotente y dictatorial". "No sólo con nosotros, que al fin y al cabo somos ediles de la oposición, sino con sus propios compañeros. Realmente tiene muy poca sensibilidad y empatía", señala Pablo Nieto, portavoz de los socialistas boadillenses. Asegura que cuando se le rebate en los plenos su tono se vuelve despreciativo e incluso insultante. A la vez le reconoce un "gran instinto político". "Es ágil mentalmente, salta de un argumento a otro con gran facilidad", indica. González, que cobra unos 85.000 euros anuales, se ha rodeado de un séquito de asesores. "29 nada más ni nada menos", puntualiza Nieto. El Consistorio se gasta 1.269.000 euros al año en pagar sus sueldos.

Los resultados electorales auguraban un mandato sin grandes complicaciones. Nada más lejos de la realidad. El clima en el PP se fue enrareciendo. Los problemas comenzaron con un dossier que empezó a circular hace aproximadamente año y medio en el que se acusaba al regidor de poseer un patrimonio inmobiliario, con casas en España y Miami, que no concordaba con sus ingresos. Él negó todas las acusaciones e incluso denunció por calumnias a uno de sus ediles, Francisco Sánchez, al que considera autor del informe. Previamente, le había despojado de sus competencias como concejal de Sanidad.

No fue su único quebradero de cabeza. La primera teniente de alcalde y edil de Servicios Sociales, María Jesús Díaz, le disputó la presidencia del partido en el municipio el pasado mes de diciembre. González revalidó su puesto con un 57% de los votos, Díaz obtuvo el 43%. Panero no perdió más tiempo y una vez pasadas las elecciones, la destituyó de todos sus cargos.

"En ese momento hubo bastante lío, pero nada comparado con lo de ahora". En el pleno en el que se dio cuenta de su cese no apareció ni el alcalde, ni Díaz. "En un principio nos comentaron que estaba enfermo, pero después nos enteramos de que estaba en Brasil para ver el último Gran Premio de la temporada de Fórmula 1", explica Ángel Galindo, portavoz de APB. Le invitó el Banco de Santander, patrocinador de la escudería McLaren Mercedes, que tiene en Boadilla del Monte su Ciudad Financiera.

El clima político del Ayuntamiento era irrespirable, según la oposición. Los ediles pidieron una comisión de investigación debido a que los problemas internos del PP afectaban al funcionamiento del Consistorio. También en diciembre, PSOE y APB abandonaron un pleno debido a que les impidieron participar. Además, Panero se enfrenta a diferentes procesos judiciales abiertos por sus opositores, PSOE y APB. Ambos grupos le han denunciado por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación continuada y contrataciones ilegales.

(www.elpais.com, 10/02/09)

RECOLOCADO TRAS SER DESTITUIDO

Guillermo Ortega, de 41 años, llegó a la alcaldía de Majadahonda cuando Ricardo Romero de Tejada dejó el municipio en mayo de 2001 para ser secretario general del PP de Madrid. En 2005, el PP le obligó a dimitir por un escándalo urbanístico, pero le colocaron como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Ahora dimite también de este cargo por sus implicaciones con la trama de corrupción. Durante su mandato contrató a la empresa Special Events, vinculada a Francisco Correa. Su jefa de gabinete fue María del Carmen Rodríguez, detenida y puesta en libertad con cargos.

Ortega está vinculado al PP desde su adolescencia. Con 14 años entró a formar parte de las filas del partido. Su ascensión en la política se la debe a Ricardo Romero de Tejada. Cuando éste abandonó el Ayuntamiento era concejal de Urbanismo, primer teniente de alcalde y número dos de la lista del PP. Ganó las elecciones de 2003 con mayoría absoluta. "Le venía grande el puesto. No estaba preparado para asumir esa responsabilidad", opina Mercedes Pedreira, concejal del Grupo Centrista.

En marzo de 2005 se gestó en el municipio una crisis político-urbanística que acabó con el relevo de Ortega y una denuncia del PSOE por prevaricación y tráfico de influencias que investigó el fiscal anticorrupción. Finalmente, el caso se archivó.

Pero la situación en el Consistorio majariego era insostenible, el alcalde se encontró solo, con el único apoyo de dos concejales, José Luis Peñas y Juan José Moreno, a los que el partido acabó expulsando. A su lado estaba también María del Carmen Rodríguez -esposa de Franciscon Correa, presunto responsable de la trama- detenida el pasado viernes y puesta en libertad. Guillermo Ortega se vio obligado a dimitir en febrero de 2005 "por motivos de salud", dijo. Esto no le impidió ejercer de gerente del Mercado Puerta de Toledo, puesto en el que le colocó Aguirre, durante todos estos años. Puesto al que ahora también se ve obligado a renunciar.

El PSOE denunció que Rodríguez compaginó durante 2001 su puesto de administradora única de Special Events con el de asesora del alcalde. El 20 de septiembre se pagaron 28.571 euros a Special Events por la realización de un vídeo. A otra de las empresas investigadas por Garzón, TCM, se le adjudicó la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano por 612.551 euros. Al final, el importe llegaba a dos millones de euros anuales. Narciso de Foxá, el alcalde que sustituyó a Ortega, anuló el contrato.

(www.elpais.com, 10/02/09)

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE, AMIGO DEL JEFE DE LA TRAMA

El entramado de relaciones con los implicados en el escándalo se extiende por multitud de ayuntamientos de Madrid, distintos organismos de la Comunidad y hasta el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, Benjamín Martín Vasco, el diputado del PP en la Asamblea que ha sido designado presidente de la comisión de investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid, es amigo personal de Francisco Correa, el empresario detenido.

Martín Vasco está siendo investigado y que una de las detenidas, Isabel Jordán, asegura en una grabación que a Martín Vasco le pagaron para que callara sobre operaciones urbanísticas en Arganda. Fuentes de la Audiencia aseguran que, por el momento, no está imputado en este sumario. El diputado autonómico admite su relación de amistad con Correa. De hecho, explica que antes de 2005 coincidía con él en Marbella, mientras pasaban las vacaciones de verano. Según su versión, salían y asistían a fiestas con grupos de amigos. Niega que fuera de vacaciones a su casa en Marbella y asegura que desde 2005 viaja a Estepona y ya no coincide con Correa. Pero admite su relación de amistad.

El empresario detenido está casado con Carmen Rodríguez, hija de un constructor recientemente fallecido que estuvo implicado en la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Algunas fuentes aseguran que Martín Vasco coincidió en Marbella con Emilio Rodríguez Buallo, el suegro constructor de Correa.

Otra relación llamativa es la de la jefa de gabinete del todavía alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que está casada con David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

Elena Cerezo Rodero ocupa ese cargo de confianza del alcalde desde hace seis años. Fuentes del PP en la Asamblea aseguran que se trata de un cargo técnico y que la esposa del portavoz es especialista en comunicación.

Por el cargo de jefa de Gabinete, Elena Cerezo, de 36 años, tiene acceso a la agenda del alcalde de Boadilla, que, entre otras cosas, viajó a Miami con Correa. También se ha asegurado en algunos medios que adquirió un apartamento en Estados Unidos.

Fuentes del PP aseguran que cuando fue designada por González Panero para el cargo, hace seis años, David Pérez no era ni diputado autonómico. El actual portavoz del PP obtuvo el escaño en 2003. Correa es también amigo personal de Jesús Sepúlveda, actual alcalde de Pozuelo y anterior responsable de acción electoral de su partido. Cuando organizaba los actos del PP tenía también estrecha relación con Francisco Álvarez-Cascos, entonces secretario general del partido. Personas vinculadas a Correa han tenido relación con el concejal de Madrid Álvaro Ballarín.

(www.elpais.com, 10/02/09)

EL JEFE DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN QUISO COMPRAR UN PAI EN LA NUCIA

Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, puesta al descubierto por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, intentó comprar el Programa de Actuación Integrada (PAI) Pie de Monte de La Nucia a los promotores del proyecto. "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado. El tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 [el metro cuadrado] y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos", recoge una de las numerosas grabaciones incorporadas al sumario del caso, donde Correa se refiere a un negocio urbanístico que, como se ha sabido después, tiene que ver con el citado PAI de La Nucia. "De mi 50%", alardea Correa en las grabaciones, "reparto con Ramón Blanco, con Álvaro [Pérez], con Pablo y con el alcalde. Hay un tema medioambiental que desbloqueo yo".

Para que el supuesto negocio del que habla el jefe de la trama se cerrara era imprescindible que el PAI Pie de Monte, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de La Nucia en 2004, fuera aprobado por la Generalitat. Sin ese permiso la recalificación de parte de estos terrenos era imposible. Correa visitó al menos tres veces la localidad.

El proyecto, promovido entre otros por Francisco Murcia Puchades, se había atascado en la Consejería de Territorio porque carecía de los preceptivos informes, confirmaron ayer a este diario fuentes de este departamento. El propio Correa alardea en otro fragmento de las conversaciones registradas de que cuenta con un as en la manga para desbloquear el proyecto. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban [Gonzálezs", en alusión al ex consejero de Territorio, cuyo departamento estableció varias condiciones para aprobar el PAI, entre ellas contar con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), una barrera prácticamente insuperable.

El PAI no pasó el examen de la Comisión de Urbanismo de Alicante a finales de octubre del año pasado. Sus responsables dejaron el expediente encima de la mesa a la vista del informe negativo de la CHJ por la falta de suficientes recursos hídricos. Tampoco contaba con el informe de la Entitat de Sanejament de la Generalitat, corroboró la misma fuente oficial.

La actuación afecta a más de un millón de metros cuadrados de suelo urbanizable y no urbanizable, donde los promotores querían levantar 3.900 viviendas.Del millón largo de metros cuadrados que abarca el plan urbanístico, unos 450.000 son urbanizables y algo más de 600.000, no urbanizables, detalló una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. La mercantil Montemar La Nucia, SL, es la sociedad promotora del PAI y en su accionariado se encuentra el promotor alicantino Francisco Murcia Puchades. También figuran Jaime Febrer Rovira o Juan Vicente Hermosilla. El proyecto de Pie de Monte no es el único que se promueve en esta localidad. En proceso están también los de La Serreta y Algar.

Este proyecto sigue en tramitación en la consejería que dirige José Ramón García Antón, pero, contrariamente a lo que defiende el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, no tiene un informe favorable de impacto medioambiental. Así lo confirmó ayer una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. Tan lejos como el domingo, el consistorio alicantino aseguraba en un comunicado que este departamento se lo había concedido en 2007. "Es rotundamente falso que tenga un informe de impacto negativo", dijo el gabinete de prensa de La Nucia, que amenazó con emprender acciones jurídicas contra los medios de comunicación.

Desde que la operación de Garzón saltara a las portadas de los diarios, Cano ha repetido que no tiene relación con Álvaro Pérez, a pesar de que numerosos testimonios, y el propio hecho de que éste tiene un chalé en L'Alfàs del Pi, municipio vecino de La Nucia, indican lo contrario. También hay testimonios que aseguran que Francisco Correa, el supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se paseó varias veces -al menos tres- por esta localidad de La Marina Baixa. Fue precisamente Cano quien contrató a la empresa Special Events de Correa para que organizara la primera edición de los Premios Luis del Olmo de Periodismo en La Nucia. Correa estuvo en la presentación de los premios y también en la entrega. Después de este evento, se le vio una vez más por La Nucia. Correa y Álvaro Pérez -que se refería al primero como su jefe- aparcaron su vehículo a las puertas del Ayuntamiento, donde se reunieron con el alcalde.

(www.elpais.com, 10/02/09)

GONZÁLEZ, ANTE EL JUEZ

El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, acudió ayer al juzgado para ratificar la denuncia que interpuso ante la fiscalía por los supuestos seguimientos a los que fue sometido en viajes al extranjero. A las puertas de las dependencias judiciales, el número dos de Esperanza Aguirre confió en que el proceso sirva para conocer "quién está detrás de los seguimientos ilícitos" y de la vulneración de su "intimidad privada". "Espero que la actuación diligente de la justicia nos dé luz para saber quién está detrás de esto, por qué lo ha hecho, con qué objetivos y sepamos qué hay detrás de verdad", recalcó el vicepresidente.

(www.elpais.com, 10/02/09)

EL AYUNTAMIENTO HA ADJUDICADO TRES CONTRATOS A SPECIAL EVENTS

Special Events también ha dejado rastro en el Ayuntamiento de Madrid. Pese a que los contratos de los que se benefició fueron adjudicados conforme a la legislación y mediante concurso público, la empresa de Francisco Correa ya estaba vetada por el PP en la sede de Génova en el año 2004, cuando obtuvo los dos contratos concedidos durante el mandato del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Por aquella época, Mariano Rajoy ya tenía constancia de que Correa exigía contratos, en nombre de la tesorería del partido, a alcaldes madrileños populares. Desde entonces cortó todo tipo de relaciones con él y su empresa.

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó a Special Events, la principal empresa implicada en el caso de corrupción destapado por el juez Baltasar Garzón, tres contratos. Uno en la etapa de José María Álvarez del Manzano como alcalde (en 2001) y otros dos con Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Consistorio (en 2004 y en 2005).

En 2005, el entonces portavoz del PSOE, Óscar Iglesias, pidió información al Ayuntamiento acerca de las adjudicaciones a dicha empresa. Lo hizo a raíz de los primeros indicios de irregularidades en Special Events, que ya contrataba servicios con la Comunidad y no había declarado ninguna de sus facturaciones.

Según el documento que el Ayuntamiento remitió a Iglesias, María Tardón, entonces tercera teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Policía y Movilidad, adjudicó un contrato por valor de 267.000 euros a la empresa de Correa para que organizara los actos del Día sin Coches que celebraba el Ayuntamiento.

Años más tarde, cuando dicha empresa ya estaba vetada internamente por el Partido Popular por sus presuntas irregularidades, el Gobierno de Gallardón le adjudicó dos contratos más.

El primero, por un monto total de 329.000 euros, se lo concedió, mediante concurso público, la empresa pública Promoción Madrid para que se encargase de montar el stand de la capital en la feria de turismo Fitur.

El contrato y el pliego de condiciones, que el Ayuntamiento mostró, cumplía con la legalidad vigente y se sometía a las normas de la contratación. "Esa empresa tenía todo en regla. No había ningún motivo jurídico para que no se le adjudicase el contrato para montar el stand", alegaron ayer fuentes del Ayuntamiento.

Cinco empresas más participaron en el concurso, cuya convocatoria se publicó en dos periódicos de tirada nacional el 17 de diciembre de 2004 con un plazo de respuesta hasta el 27 de ese mismo mes. Apenas una semana hábil para apuntarse. "Eso es normal. Las empresas que se dedican a esto están pendientes de estos concursos, que son siempre en las mismas fechas", explicaron fuentes de la Concejalía de Economía. Una vez adjudicado, el Ayuntamiento les ofreció la posibilidad de revisarlo, pero nadie lo pidió, alegan en el Consistorio.

La Empresa Municipal de la Vivienda adjudicó otro contrato a Special Events durante el mandato de Gallardón. La sociedad pública, entonces dirigida por el concejal de Vivienda Sigfrido Herráez, encargó a la firma de Francisco Correa en 2004 la "asistencia técnica para el diseño, montaje y mantenimiento del stand EMB, EMS y GMU del Salón Inmobiliario 2004". El precio de licitación fue de 153.000 euros y otras nueve empresas participaron en el concurso. "La comisión técnica propuso que se le adjudicase a esa compañía. No se encontró ninguna irregularidad y se consideró que era la mejor oferta", explican fuentes de la Concejalía de Urbanismo.

Según las mismas fuentes, un año después, Special Events se volvió a presentar al mismo concurso, pero en esa ocasión la comisión técnica no consideró oportuno adjudicárselo.

(www.elpais.com, 10/02/09)

AGUIRRE CORTA TRES CABEZAS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Esperanza Aguirre, forzó ayer la dimisión de tres altos cargos de su partido por estar presuntamente relacionados con algunas de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción que podría afectar a este partido.El primero es un consejero de su Gobierno, Alberto López Viejo, responsable de Deportes, a quien Aguirre destituyó ayer, pero al que también defendió de forma absoluta porque «no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular».

Alberto López Viejo se ha dedicado desde siempre -primero como viceconsejero de Presidencia y luego como titular de Deportes- a contratar los actos de la presidenta y de gran parte de las consejerías. Muchos de esos contratos se hicieron con la sociedad Easy Concept.

Los otros dos dirigentes que dejan sus cargos son Guillermo Ortega, gerente de la sociedad Mercado Puerta de Toledo y ex regidor de Majadahonda, y Arturo González Panero, que se resistió hasta última hora de la noche a dejar su puesto de alcalde de Boadilla del Monte.

En un día de perros para el PP, lleno de confusiones por la resistencia del alcalde de Boadilla a dimitir, Aguirre decidió cortar por lo sano y forzar la salida de estas tres personas, aunque no le consta, según fuentes próximas a la presidenta, que alguno haya cometido los delitos que está investigando Garzón.

La clave es que los tres tienen algún tipo de relación con las sociedades de Francisco Correa, el conseguidor que, según la investigación, alardeaba de contar con el apoyo del PP para lograr contratos.

El más importante de los políticos que dejan su puesto es Alberto López Viejo, consejero de Deportes de Aguirre y persona de la máxima confianza de la presidenta, hasta ayer. El ex miembro del Gobierno de Madrid contrató durante años con sociedades vinculadas a Correa para hacer presentaciones y actos públicos de la presidenta y de multitud de consejerías. De hecho, Aguirre le preguntó en 2005 si estaba contratando con Special Events, una de las sociedades ahora investigadas, ya que se publicaron presuntas irregularidades en prensa. López Viejo le dijo que no. Lo que le ocultó es que lo estaba haciendo con otras sociedades controladas por los mismos empresarios, como Easy Concept.

Según Aguirre, que dio una rueda de prensa a las 19.15 horas para anunciar la destitución, «López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal» y dijo que dimite porque «no quiere que se mezcle la trama de investigación de Garzón con actos de la Comunidad de Madrid» y «evitar así fomentar una campaña de desprestigio orquestada contra el PP».

Aguirre también anunció la destitución de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y actual gerente del Mercado Puerta de Toledo. En su etapa como regidor, presuntamente contrató a sociedades de la trama de Correa. Su entonces jefa de Gabinete, María del Carmen Rodríguez, es esposa de Correa y el viernes fue detenida por Garzón, aunque después fue puesta en libertad.

El que se resistió como pudo y hasta el último momento fue el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Aguirre habló en la noche del domingo con su número dos en el PP, Francisco Granados.Y decidió que Panero debía dejar su puesto ya que durante la investigación de Garzón se han conocido cintas presuntamente comprometedoras para él: «Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [el mote que usa Correa], se caga; pero yo también voy al trullo», aseguraba el empresario.

Granados le citó a las 10.00 de la mañana y le exigió que dejara la Alcaldía. Panero aceptó, pero le pidió que antes le dejara hablar con el juez Garzón para anunciarlo él posteriormente.Mientras el regidor visitaba al magistrado, Aguirre le comunicó la dimisión al presidente del PP, Mariano Rajoy, y éste anunció en rueda de prensa que González Panero «dejará de ser alcalde de esa localidad».

Tras ese anuncio, la confusión fue mayúscula porque a la vez y a escasos 200 metros (la sede del PP está frente a la Audiencia Nacional), el regidor decía a los periodistas que no estaba imputado y que no pensaba dimitir.

Por la tarde, Granados convocó a Panero y a todos sus concejales y forzó su salida. Pero tuvo que aceptar una condición: la concejala María Jesús Díaz -enfrentada políticamente al alcalde- abandonará también el Consistorio. Díaz se enfrentó al regidor en el congreso local del PP y obtuvo un 43% de los apoyos. Desde entonces, las relaciones de los dos se rompieron definitivamente.

Las empresas de Correa no han trabajado sólo para la Comunidad de Madrid, sino también para el PP de la región. De hecho, el congreso regional que ganó Aguirre en diciembre de 2004 fue organizado por Special Events. Sin embargo, no fue su equipo el que lo organizó, sino el entonces presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, ahora portavoz en el Senado.

(www.elmundo.es, 10/02/09)

RAJOY DICE QUE LOS DETENIDOS «JAMÁS» DIERON DINERO AL PP

Rajoy dio uno de sus atípicos y tardíos golpes en la mesa. Anunció una investigación interna para la «expulsión inmediata» de cualquier militante que pudiera aparecer implicado en la trama de corrupción; pidió de manera reservada investigaciones paralelas en Madrid y Valencia; informó de su intención de personar al PP en la causa como acusación particular, y ordenó remitir escritos de queja al CGPJ y a la Fiscalía contra la revelación del secreto de sumario [que el juez investiga desde ayer] y el «uso político» de la investigación. Por último, convocó una reunión de urgencia del Comité Ejecutivo para analizar mañana una de las situaciones más críticas del PP desde el congreso de Valencia.

A diferencia de Aguirre, Rajoy no cortó cabezas. Eludió en rueda de prensa poner la mano en el fuego por los dirigentes del PP que aparecen mencionados en las grabaciones a Correa, pero proclamó que «jamás condenaré a nadie sin pruebas» y que «la acusación sobre la actuación del señor Bárcenas es absolutamente falsa».Una afirmación que extendió a Esteban González Pons.

Tres días con sus correspondientes noches: ése fue el tiempo que tardó Rajoy en reaccionar ante el último y más grave de los escándalos que los últimos días castigan al PP a golpe de titulares. El viernes pasado ni él ni nadie de Génova dijo nada. El sábado, desde Suiza, se escabulló de los periodistas para no hablar de lo que «nada» sabía y «nada» le afectaba, a decir de su círculo más próximo, y pese a que se encargó a Pons contestar a José Blanco. El domingo, Rajoy mandó salir a De Cospedal, pero él seguía sin saber nada de nada. Por no saber no sabía ni si conocía a Correa. Pero esa misma noche, supo que el escándalo iba a dar en El País del lunes lo que Génova calificó de «salto cualitativo».Y es que las grabaciones ya no apuntaban sólo a presuntas irregularidades en las contrataciones con administraciones del PP sino, directamente, a la financiación ilegal del partido.

Fuentes del PP consideran que el origen de dichas grabaciones está en uno de los dos ediles tránsfugas que rompieron con el partido en el Ayuntamiento de Majadahonda en 2004. Aseguran que habría sido una venganza contra Correa, con quien pese a que les ayudó en la formación de un nuevo partido, se peleó luego por un problema financiero.

Así que anteanoche Rajoy convocó un comité de dirección para la mañana siguiente -faltó De Cospedal porque estaba en Toledo, y asistió Trillo, quien sugirió los escritos mencionados-. Y despachó con todos los citados en las escuchas, empezando por Bárcenas, del que recogió su principal mensaje de la rueda de prensa: «Este partido jamás ha recibido ninguna donación de ninguna de las cinco personas que han sido detenidas», proclamó.

El mismo dio explicaciones y se arrogó la iniciativa de haber apartado a la empresa de Correa de los contratos después de que empezara a hacerlo, en 2003, Javier Arenas. Aún más, reveló: «Fuimos conocedores de que algunas personas utilizaban el nombre del PP, incluso de la dirección nacional, sin estar en absoluto habilitados para ello» y «lo avisamos a algunos ayuntamientos del noroeste de Madrid». Argumentó que no denunció porque no advirtió delito. Pero tampoco avisó al presidente valenciano, Francisco Camps. Y anoche, a él iban dirigidas las miradas del partido. Por si él también acaba por mover ficha.

(www.elmundo.es, 10/02/09)

CORREA, TRAS DECLARAR: «ESTOY BIEN JODIDO»

Los tres arrestados por la presunta trama de corrupción que ha salpicado a algunos municipios populares seguirán detenidos al menos hasta mañana a las 17.30 horas. El juez Baltasar Garzón acordó la prórroga a petición de las dos fiscales de Anticorrupción presentes ayer en los interrogatorios.

El magistrado tomó declaración a los arrestados durante más de cinco horas, empezando por Francisco Correa, supuesto responsable de la red. «Estoy bien jodido», señaló a su salida de la declaración.Su letrado explicó que había contestado a todas las preguntas, parte de ellas dirigidas a explicar su relación con algunas personas.

(www.elmundo.es, 10/02/09)

CORREA, EL HOMBRE QUE QUERÍA VIVIR COMO LOS PIJOS

Como en la película de Elia Kazan, ya nada podrá devolver el esplendor en la hierba y la gloria en las flores de aquella época en la que Francisco Correa, Paco, creía que todo era posible. Incluso que las puertas del sanctasanctórum del PP se le abrieran de par en par a un hombre como él, que empezó en una agencia de viajes situada en las cercanías de la sede central del partido en Madrid.

Poco a poco, con la misma paciencia con la que el PP presidido por Aznar se fue consolidando como alternativa de Gobierno, Paco Correa se abrió camino en los despachos, mediante ofertas para organizar viajes y actos del partido más baratos que otras empresas.Era un tío espabilado, atrevido, proclive a las fantasmadas, presumido, ambicioso, y quería ser rico. Por utilizar una palabra que le cuadra muy bien y que ha sido utilizada muchas veces para referirse a él, Paco Correa era un auténtico chulo. Su pinta lo delataba, con el pelo engominado y los rizos en la nuca. No era un pijo, ni mucho menos, pero sí quería ser uno de ellos y vivir como ellos, veranear en Marbella, navegar en yate, comer en restaurantes de lujo y tomar café en hoteles de cinco estrellas, conducir un deportivo y casarse con una mujer rica. Todo ello lo consiguió, e incluso más.

Las personas que le conocieron hablan de un hombre pródigo en invitaciones a todo tipo de viajes y lujos. Las grabaciones que figuran en el sumario le retratan al 100%. Correa hablaba así: «Se va a enterar este hijoputa». «Le voy a dar a éste su merecido».«Tengo un negocio que me voy a salir de la tabla». Con él sólo se podía hablar de dinero. Si su colega tenía un yate, él quería otro, y si su suegro se compraba un chalé de lujo, él lo quería más grande.

Si el juez Garzón le deja leer la prensa en la cárcel, Paco Correa se habrá dado cuenta de que le dejaron entrar en los palacios, pero, cuando vienen mal dadas, nadie conoce a nadie. A diferencia de muchos dirigentes del partido que ahora se hacen de nuevas, todos los periodistas y todos los trabajadores del PP pueden dar testimonio de quién era Paco Correa. Aquel que tantas veces se peleó con los responsables del gabinete de prensa de Aznar -casi llegando a las manos- cuando el foco no se encendía al paso del entonces líder del PP o cuando la carpintería del escenario no estaba bien pintada.

Uno de los que más discusiones tuvo con él fue Miguel Angel Rodríguez, el periodista que cambió la imagen del PP en los años 90 siguiendo las instrucciones de Aznar de pivotar hacia el centrismo y la modernidad. Algo había en Correa que no le gustaba al equipo de Rodríguez, encargado de la imagen de Aznar. Numerosos periodistas son testigos de los enfrentamientos de Correa y sus colaboradores con personas de confianza del entonces presidente del PP. Primero con Rodríguez, pero después también con Isidro Cuberos, el que también fue jefe de prensa del PP. Y, más tarde, con Esteban González Pons, que no quiso contratarle para organizar las reuniones de la Interparlamentaria.

Muchos periodistas escucharon las confidencias de los trabajadores y responsables del gabinete de comunicación con la idea general de que Correa no era trigo limpio. El organizaba los viajes nacionales e internacionales de los medios que acompañaban a Aznar porque, aclaraban en el gabinete de comunicación, su oferta era mejor que las de otras agencias.

El ambicioso u osado empresario, poco a poco, se hizo íntimo amigo del gerente del partido, Luis Bárcenas, estrecho colaborador del entonces secretario general, Francisco Alvarez Cascos. Bárcenas, ahora tesorero del partido, y Correa pasaban juntos incluso las vacaciones. Todo el mundo conoce, asimismo, la estrecha relación que le unía con el eurodiputado Gerardo Galeote, hijo de un concejal de Boadilla del Monte.

El asistió en directo, desde detrás de los escenarios de los mítines, al ascenso electoral del PP. Y cuando llegó la gloria del poder, en el 96 y después con la mayoría absoluta de 2000, también estaba allí, con la puerta grande abierta para él.

Quiso degustar las mieles del poder. Era la época en la que no se ponía el sol en los dominios de Aznar. Paco Correa y su colega Alvaro Pérez se colaron así en el célebre clan de Becerril, liderado por Alejandro Agag, un joven dotado de un extraordinario don de gentes. Correa y Agag conectaron. Todavía no era el Agag de la Fórmula 1 ni el de Briattore. Entonces estaba en la tarea de aglutinar a un grupo de jóvenes políticos, ambiciosos y preparados, que se creían llamados a tomar el relevo del poder de los mayores en el PP.

La vida les llevó después por caminos distintos pero, en la época dorada, no había quien les tosiera por su cercanía al entorno de Aznar. Los periodistas Carlos Ribagorda y Nacho Cardero, en un libro editado por La Esfera, aseguran que Alvaro Pérez, el socio de Correa, más conocido por Alvaro el del bigote, se encargó de organizar una de las reuniones del clan de Becerril, la tercera edición del Seminario con Jóvenes Altos Cargos, celebrada en el hotel Las Gacelas los días 16 y 17 de noviembre de 2001.

Un año después, los autores aseguran que Alvaro el del bigote también organizó la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar Botella en El Escorial. Eran profesionales en la organización de eventos y el de El Escorial era, sin duda, un gran evento internacional.Ambos asistieron al enlace. Las fotos de archivo de los ahora detenidos en el patio real del Monasterio de El Escorial han dejado sin habla a numerosos dirigentes del PP. También han supuesto el enfado mayúsculo de Alejandro Agag. El yerno de Aznar creía que Correa era sólo un mal recuerdo, pero el pasado le ha salido al encuentro.

Al grupo de amistades personales de Correa pertenecía, asimismo, el dimitido consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, que, como concejal que era entonces del Ayuntamiento de Madrid, cerró al tráfico los alrededores de la discoteca Gabana la noche de la despedida de solteros de Alejandro y Ana. Los carteles ponían: «Prohibido aparcar por acto oficial».La despedida de soltera de la hija del presidente era un acto oficial, de la misma forma que Alvaro Pérez se ha presentado en alguna ocasión como «asesor de relaciones públicas del Gobierno de Aznar».

Los días de esplendor en la hierba no sólo ya no volverán, sino que en el PP tampoco nadie quiere acordarse ahora de cómo fueron.

(www.elmundo.es, 10/02/09)

DETENIDO ÁLVARO PÉREZ, ORGANIZADOR DE EVENTOS DEL PP

El presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, se convirtió ayer en la última persona detenida por su relación con la supuesta trama de corrupción relacionada con el PP que investiga el juez Baltasar Garzón. Según diversas fuentes, fue arrestado en Valencia y anoche estaba siendo trasladado a Madrid.

Alvaro Pérez centraba su actividad en la Comunidad Valenciana tras haber tenido un aterrizaje triunfal: el gran mitin de Mestalla de 1996, que organizaron Special Events y Jesús Sánchez Carrascosa, asesor de Eduardo Zaplana. El era un trabajador más, pero participó en el mayor acto electoral celebrado hasta la fecha por un partido, que abarrotó las gradas y el terreno de juego con 55.000 seguidores.Pérez trabajaba como asesor externo de José María Aznar en Génova.

Fue entonces cuando el actual presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, vio por primera vez al hoy investigado por Baltasar Garzón. Los siguientes encuentros se produjeron en los congresos nacionales del PP de 1999 y 2002. En 1999, Special Events organiza parte de la campaña electoral de Zaplana a la Generalitat y percibe por ello 10 millones de pesetas. Es la tercera firma en facturación (Media Estrategia cobra 22,3 y Grupo Cencal, 13,3).

En esos años, Alvaro Pérez campaba a sus anchas en Génova, pero comenzó a tener enfrentamientos con algunos miembros del partido en Valencia. En concreto, con Esteban González Pons, que, en aquellos años (1999-2003) como portavoz del PP en el Senado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, se opuso a algunos trabajos del grupo por el alto precio. González Pons elevó sus quejas al secretario del PP, Javier Arenas, quien ya tenía dudas.

Sin embargo, es en ese momento cuando Alvaro Pérez se consolida en Valencia, pese a que pincha en su segunda cita en Mestalla, el 10 de mayo de 2003. Allí se volvió a congregar a las mismas figuras para la campaña autonómica de Camps -por la que Special Events cobró 140.000 euros, de los 832.000 que gastó el partido-.En esa campaña de transición de Zaplana a Camps ya se notaban las primeras fricciones hasta entre los asesores. Pérez llega, enviado desde Génova, de la mano de Daniel Mercado, pero enseguida domina en las decisiones, mientras el segundo se encarga más directamente de Camps hasta que es apartado poco a poco, según fuentes del partido.

Tras las fricciones con la dirección nacional del partido, Alvaro Pérez se presenta en Valencia como el hombre que ha roto con Francisco Correa y que desea establecerse por su cuenta. El 24 de julio de 2003 funda, para su mercado naranja, Orange Market.La constituye en Valencia como sociedad limitada y con un capital social de 3.006 euros.

A partir de ese momento, la firma se convierte en habitual de los actos regionales del PP. Entarimados, traseras y servicio de megafonía son las contrataciones más habituales. Organiza el congreso regional de 2004 y los provinciales de 2005 de Valencia y Castellón. En Alicante, los zaplanistas, ya enfrentados a Camps, optan por Genoveva Reig. Orange Market repite con el PP en las autonómicas de 2007, las generales y el último congreso regional.

La imagen de Alvaro Pérez en el PP y en la Generalitat era la de un tipo «resolutivo, eficaz y con ideas innovadoras» en el escenario, según fuentes del partido. Pero caro. Diputaciones y varios alcaldes rechazaron sus servicios por las elevadas tarifas.Con todo, fuentes del PP advierten de que tienen «todas las facturas», que «todo se ha pagado» y que, además, se trata de «trabajos tangibles, ningún dossier o informe».

(www.elmundo.es, 10/02/09)

CAMPS ELIGIÓ A ORANGE MARKET PESE A SER LA OFERTA MÁS CARA

La Generalitat valenciana adjudicó a Orange Market un contrato de 915.000 euros a pesar de que la oferta de esta empresa, una de las investigadas en la Audiencia Nacional por la presunta trama de corrupción ligada a distintas administraciones del PP, era la más cara de las siete que se presentaron a concurso. Orange Market recibió en diciembre el encargo de crear, montar y desmontar el pabellón de la Comunidad en cuatro ferias de turismo, entre las que se encuentra Fitur, durante el año 2009. La compañía se benefició del mismo contrato en las cuatro ediciones anteriores.

La consellera de Turismo, Angélica Such, explicó este lunes que la empresa fue escogida por su "buenísima creatividad" y porque conseguía "conectar el stand de Fitur con la campaña Te doy todo de la Comunidad". Sin embargo, como ella misma reconoció minutos más tarde, estas capacidades -la creatividad y la creación de un elemento unificador- sólo suponían el 45% de la nota final que recibieron las empresas candidatas, según las condiciones que puso la propia administración.

El criterio más importante era, precisamente, el precio, con un 50%. A pesar de que en este aspecto, la de Orange Market era la peor oferta, obtuvo la máxima puntuación: "Veinte sobre veinte puntos", según Such. La consellera se presentó ante los medios de comunicación para, según dijo, preservar la "honradez y honorabilidad del Gobierno" presidido por Francisco Camps.

En su comparecencia, Such rehusó detallar qué empresas compitieron con la investigada. Tampoco aclaró quiénes componían la mesa de contratación que la eligió con la máxima puntuación. Insistió en que la investigación judicial no afecta a su departamento, sino "a una de las más de 40 empresas que a lo largo de 2008 han sido adjudicatarias de los distintos concursos públicos de la Conselleria de Turismo".

Such reconoció que su conselleria recibió el viernes la visita de dos agentes judiciales, que pidieron el contrato firmado con Orange Market. El Gobierno valenciano señaló este martes en un comunicado que las investigaciones no se dirigen contra sus funcionarios o altos cargos. El PSOE regional recordó que el PP se niega desde hace cuatro años a dar explicaciones sobre sus relaciones con esta empresa. Los socialistas pidieron información ya en 2005 sobre esta cuestión. La pregunta fue rechazada por las Cortes valencianas con el argumento de que la compañía no tenía "trascendencia pública". El PSOE y el resto de la oposición anunciaron que volverán a intentar obtener información.

(www.publico.es, 10/02/09)

LA TRAMA DE MADRID SE COBRA LAS CUATRO PRIMERAS CABEZAS EN EL PP

La trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón deja otra herida de guerra en el PP. Las relaciones de los empresarios implicados en este caso con algunos cargos populares hacen daño, y mucho, a la imagen del partido. Y en busca de algún tratamiento de choque, ayer se tomó la decisión de cortar cuatro cabezas políticas: las del consejero de Deportes en Madrid, Alberto López Viejo; el actual gerente del madrileño Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega --exalcalde del municipio de Majadahonda--; el actual alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y su número dos, María Jesús Díaz.

Pero esto es un resumen de una larga jornada que se vivió ayer en el PP y que, en algunos momentos, adquirió tintes de sainete. Valga como ejemplo el momento en el que Mariano Rajoy anunciaba en su sede que el alcalde de Boadilla dimitía y, casi a la vez, el aludido lo negaba en las puertas de la Audiencia Nacional. El final de esta pieza lo puso Esperanza Aguirre, que decidió entrar en escena a media tarde para poner orden.Este nuevo lunes negro de Rajoy (ya acumula varios en su biografía política) comenzó temprano, con la reunión de su comité de dirección. Allí se habló principalmente de corrupción. En su entorno había tomado fuerza la idea de que esta vez era el líder y no segundos espadas quien debía dar la cara y, de paso, exhibir autoridad.

Rajoy aceptó la sugerencia. Apareció en la sala de prensa del partido a las 12.45 horas, con sus vicesecretarios --su número dos, María Dolores de Cospedal, no estaba--; su jefe de gabinete y su responsable de justicia. Arrancó su discurso: admitió que algunos empresarios que investiga Garzón han sido "proveedores" de servicios al PP, pese a que el sumario que se está instruyendo es secreto y él, matizó, lo desconoce.

El líder del PP anunció otra investigación interna "a nivel nacional y regional" (en Madrid y Valencia) y cargó contra las "filtraciones" a los medios ya que, según apuntó, "hacen daño al PP en su conjunto". Y señaló que pediría amparo en la Audiencia Nacional y en el Consejo General del Poder Judicial, además de personarse en la causa. Eso sí, restó importancia al hecho de que hayan sido exediles del PP los que hayan favorecido que este caso salga a la luz.

"Todas las contrataciones que ha hecho esta casa se han hecho en el marco de la legalidad", garantizó Rajoy, que añadió que tampoco ha recibido donaciones de los detenidos. "Si algún militante hubiera hecho algo ilegal, o que no se ajuste a los comportamientos que cualquier dirigente político debe mantener en el ejercicio de su cargo, el PP actuará con toda contundencia", agregó.

Asimismo, reconoció que, cuando supo en el 2003 que empresas como Special Events trataban de conseguir contratos usando fraudulentamente el nombre de su partido, cortó relaciones con ellas. Y si se enteró, ¿por qué no lo denunció entonces?, se le preguntó. "No me pareció que aquello fuera una actividad delictiva", respondió.

A continuación, comunicó que el alcalde de Boadilla había puesto su cargo a disposición del PP, pese a declararse inocente. Aceptaba el gesto por el bien de la imagen del partido. ¿Y quién se lo había dicho a Rajoy? Pues la propia Esperanza Aguirre, que, según especificó, le autorizó a contarlo. Pero mientras, el afectado desautorizaba al líder sin pudor y negaba su dimisión.

Nadie entendía nada de lo que ocurría en el PP. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién dimitía? En medio del caos, el PP de Madrid trató de arreglar el entuerto. Así, su secretario general, Francisco Granados, aclaró que se había reunido a las diez de la mañana con el alcalde de Boadilla y que había obtenido su compromiso de dimisión. Granados se lo dijo a Aguirre, y esta, a Rajoy. Y Rajoy, a los periodistas. Al mismo tiempo, el regidor de Boadilla se veía con el juez Baltasar Garzón. No estaba imputado. De momento, pese a las revelaciones sobre sus supuestas y sospechosas posesiones en Miami. El alcalde reculó y decidió que no se iba.

Granados telefoneó a González Panero y le avisó de que o se marchaba o le echaban. Ninguno cedía. Se convocó una reunión con los ediles de Boadilla. Siete y media de la tarde. Aguirre convocó con urgencia a la prensa. A saber: anunció la dimisión de su consejero Alberto López Viejo --por contratar servicios con esas empresas--, así como la del exalcalde de Majadahonda, que hasta ayer dirigía una sede comercial madrileña.

Aguirre sostuvo que el PP de Madrid, desde que ella lo preside, no tiene relación con los investigados y que la reunión de Granados con el equipo de Boadilla daba frutos: hoy se irán el alcalde y su número dos. En total, cuatro cabezas en la cuenta de Aguirre, que insistió en la presunción de inocencia. Igual que con el espionaje, aunque ahí no dimite nadie. Es evidente que el PP tiene distintas varas de medir. Como en Valencia, donde ser imputado --como Carlos Fabra-- no implica, siquiera, perder la militancia en el partido.

(www.elperiodico.com, 10/02/09)

UN ENCARGO DE CAMPS A ORANGE MARKET ERA EL MÁS CARO DEL CONCURSO

El Gobierno de Francisco Camps (PP) optó por la oferta más cara, la presentada por la empresa Orange Market, una de las firmas vinculadas a la trama que investiga el juez Baltasar Garzón, a la hora de diseñar y montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Al concurso se presentaron otras seis empresas con ofertas más bajas. Fue adjudicado por un total de 915.000 euros a Orange Market, que siguió así con su buena racha en la adjudicación de contratos con el Gobierno valenciano, que desde el 2005 le viene concediendo a la empresa investigada los contratos de Fitur, además de otras adjudicaciones que la consejera de Turismo, Angélica Such, dijo ayer desconocer pese a ser de su competencia.

Este es el caso de la ceremonia de inauguración de la Vuelta al Mundo de Vela que se celebró en Alicante, que también organizó Orange Market y por la que cobró medio millón de euros. En este caso el contrato se realizó a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, una entidad pública que depende del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Vicente Rambla, y cuya directora general es Arantxa Vallés, su exjefa de gabinete.

Las actuaciones de esta sociedad han sido cuestionadas por la Sindicatura de Cuentas, institución que fiscaliza las empresas públicas, por el excesivo número de contratos adjudicados sin procedimiento concursal.

(www.elperiodico.com, 10/02/09)

LA SOMBRA DEL PASADO ES ALARGADA

Desde el 19 de enero el PP soporta tres vendavales que le zarandean con gran violencia. El primero, muy escandaloso, la oscura trama de espionaje de Madrid que afecta a dos hombres clave de la Comunidad: el vicepresidente y hombre de confianza, Ignacio González, y el consejero de Interior y Justicia (y secretario general del PP madrileño) Francisco Granados. Rajoy no ha podido sacudirse el asunto porque no se sabe imponer a la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño. Ha intentado templar gaitas y no le sale.

El segundo es la metedura de pata de Núñez Feijóo. Resulta que el número uno por Orense, Luis Carrera, presentado como un fichaje y futuro consejero de Hacienda, está acusado de defraudar a Hacienda dinero procedente de paraísos fiscales. Una bomba de destrucción sobre la campaña gallega, pero que Rajoy y Feijóo --aquí sin ataduras-- han afrontado. Carrera tendrá costes pero el tumor se ha extirpado. El tercero es la trama de corrupción capitaneada por Francisco Correa y su empresa Special Events, investigada por Garzón, que durante años organizó actos del PP, y está activa en cuatro comunidades.

El PP ha agitado la teoría de la conspiración y acusa a Rubalcaba, al fiscal general y a Garzón. Y se queja de la violación del secreto del sumario (¡gran novedad!). El PSOE también alegó conspiración (Anson luego la confirmó) y ahora no se puede descartar. Pero la sustancia son los hechos delictivos. El PSOE pagó por Filesa y por el GAL porque (además de conspiración) había materia delictiva. Cospedal dice que quizás haya enriquecimiento privado pero que no es Filesa. Quizás sea peor. Tanto los espías, como la guerra de contratas que subyace, como las hazañas de Francisco Correa, íntimo del yerno de Aznar y testigo de la boda de El Escorial, huelen fatal. A tráfico de influencias, a corrupción y a grosero caciquismo.

Y el tercer vendaval es el peor. Rajoy lo detectó pero se quedó mudo. Ayer anunció la dimisión --luego negada por el interesado-- del alcalde de Boadilla, Arturo González, sospechoso de complicidad con Correa. Por la tarde, Aguirre cesó a su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y al exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, implicados en la trama de Correa. Pero el gran problema es Correa, vinculado a Agag y a la larga sombra de la etapa de José María Aznar.

Rajoy decidió hace tiempo apartar a Correa porque citaba "en vano" a los tesoreros del PP. Vio que era un desaprensivo peligroso. Pero entonces, ¿por qué no apartarse con decisión y hacerlo público? Lo prudente era reventar el grano. Pero el grano estaba demasiado infectado y vinculado a la etapa Aznar. Demasiado para Rajoy, que no tiene manos libres ni ante Aguirre ni ante el pasado.

(www.elperiodico.com, 10/02/09)

MANOS LIMPIAS DICE QUE EMPRESARIOS PACTABAN LAS BASES DE CONCURSOS CON EL ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE

El empresario "amigo" del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que pactaba una comisión con él para acceder a una adjudicación del Ayuntamiento del municipio elaboraba con el técnico municipal las condiciones del concurso para que las bases se amoldaran a su oferta, según consta en un informe presentado por Manos Limpias ante la Fiscalía Anticorrupción.

Según el documento, al que tuvo acceso Europa Press, el alcalde obligaba a los técnicos a amañar las bases del concurso público de las empresas que optaban a las adjudicaciones para adecuarlas a las gestionadas por sus "amigos", entre los que figuran Francisco Correa, Pablo Crespo, José Ramón Blanco Balín y José Galeote.

"Cualquier técnico municipal responsable de realizar bases de concursos para la adjudicación de servicio del Ayuntamiento, pasa por la experiencia previa de ser advertido de las directrices, bajo las cuales, ha de elaborar el correspondiente Pliego de Condiciones y su posterior Informe Técnico para que el campeón, que así es como lo denomina el alcalde, sea la empresa que él ha decidido. Ya sea porque le reporta alguna comisión en efectivo, favor o sea amigos personal", recoge el documento.

El informe de Manos Limpias revela que Panero se reunía previamente a comer con cada uno de los empresarios que se presentaban a los concurso para realizar un sondeo de cual empresa ofrecía la mayor comisión. Tras cerrar el trato, el alcalde enviaba al empresario a una reunión con el técnico municipal para realizar las bases del Pliego de Condiciones a su medida, "de modo que el posterior informe técnico le resultara favorable en el proceso de adjudicación". "En otros casos, dependiendo de las características del técnico municipal, las directrices le vienen marcadas a través del concejal de su Delegación, de modo más sutil", recoge el texto.

(www.levante-emv.com, 10/02/09)

PRESIDENCIA PAGÓ 445.000 EUROS A ORANGE MARKET POR ORGANIZAR LA FIESTA DE LA VOLVO

Orange Market obtuvo un suculento bocado de su participación en los fastos de la Volvo Ocean Race, la vuelto al mundo de vela que salió de la ciudad de Alicante. Fuentes de la conselleria de Presidencia admitieron ayer que la empresa de Álvaro Pérez investigada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fue contratada a través de la Sociedad para la Promoción y la Imagen Estratégica de la Comunitat Valenciana, dependiente del vicepresidente del Consell, Vicente Rambla. Desde su departamento aseguraron que Orange Market se encargó de organizar el evento de inauguración de Village del Puerto de Alicante, que incluyó un castillo de fuegos artificiales, representaciones teatrales y el desfile de los equipos participantes. La Sociedad de Promoción tramitó el concurso por procedimiento negociado con publicidad, según las mismas fuentes, con un presupuesto de licitación de 500.000 euros. Tres empresas recogieron la documentación, pero sólo una, Orange Market, se presentó. El contrato se adjudicó finalmente por 445.000 euros. "Se ha utilizado un procedimiento de contratación estrictamente dentro de la legalidad", dijeron desde la conselleria de Presidencia al facilitar los datos.

El mismo portavoz del Consell aseguró ayer en una entrevista a Radio Nacional de España que la Generalitat tiene previsto finiquitar su relación con la empresa. "Nos sentimos victimas de una actuación de personas nada respetables", dijo Rambla en tono críptico. Desde su entorno manifestaron que Rambla no conoce ni ha mantenido nunca contactos con el considerado cabecilla del grupo de la trama investigada por Garzón, Francisco Correa.

Desde que estalló el caso de la trama de presunta corrupción investigada por Baltasar Garzón, los distintos responsables de la Administración autonómica se han esforzado por lanzar el mensaje de que Orange Market trabaja con profesionalidad y es uno más de los 2.000 proveedores de la Generalitat. Ayer la consellera de Industria, Belén Juste, dijo que Orange Market es "una empresa estupenda", aunque negó que su departamento hubiese contratado con ella. Juste fue directora general de Feria Valencia antes de acceder al Consell.

La institución que preside Alberto Català tiene a Orange Market como contratista en cuestiones de marketing. En Feria Valencia celebró al Partido Popular de la Comunitat Valenciana su congreso regional el pasado otoño, en el que resultó reelegido presidente Francisco Camps. Un cónclave que montó la empresa de Álvaro Pérez. Con este congreso Álvaro Pérez consolidaba su posición como personaje clave en el devenir de la vida del PP. tras disfrutar de las mieles del poder cuando José María Aznar ocupaba la Moncloa. Quien se lo iba a decir a alguien que empezó su carrera como técnico del periodista José María García en la radio.

(www.levante-emv.com, 10/02/09)

Detenido el responsable de Orange Market en Valencia

Álvaro Pérez ha sido detenido orden del juez Baltasar Garzón en relación con la trama de corrupción que implica a cargos del Partido Popular

Álvaro Pérez Alonso, responsable de Orange Market en Valencia, ha sido detenido esta noche en la capital del Turia y trasladado a Madrid por orden del juez Baltasar Garzón en relación con la trama de corrupción que implica a cargos del Partido Popular.

La sede de Orange Market en la céntrica calle de Colón de Valencia fue inspeccionada el pasado viernes por agentes de la policía judicial por orden del magistrado de la Audiencia Nacional. Buscaban documentación relacionada con los contratos suscritos por esta empresa, perteneciente al conglomerado empresarial del principal imputado del caso, Francisco Correa, con la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat valenciana. Orange Market acababa de renovar el contrato con el departamento de Turismo para organizar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, una tarea que viene realizando al menos desde el año 2005, siempre por importes en torno al millón de euros. Álvaro Pérez Alonso también aparece relacionado con el negocio urbanístico del que habla Correa en una de las grabaciones ordenadas por Garzón, en concreto un proyecto en la localidad alicantina de La Nucia.

www.elpais.es 09.02.09

El presidente de la Comisión del espionaje PRESUNTAMENTE cobró casi 2 millones y medio de euros a cambio de silenciar la trama de corrupción vinculada con el PP

Un nuevo escándalo puede asestar un golpe mortal al escaso crédito que tiene la mayoría popular en la Asamblea de Madrid. El Plural revela hoy que Benjamín Martín Vasco, el elegido de Esperanza Aguirre para presidir la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la trama de espionaje, obtuvo casi dos millones y medio de euros a cambio de guardar silencio en relación con la trama de corrupción vinculada al Partido Popular.

Benjamín Martín Vasco no solo ha compartido vacaciones en propiedades ahora registradas judicialmente en Marbella con Francisco Correa y su mujer, Mari Carmen Rodríguez, dos de los detenidos en la operación anticorrupción con epicentro en Boadilla del Monte.

Discusión extramunicipal
Fuentes cercanas a la investigación han revelado a El Plural la estrecha relación que mantenía Martín Vasco -en la legislatura 2003-2007, teniente de alcalde de Arganda- con su entonces superior, el regidor popular Ginés López. Tras una fuerte discusión mantenida por motivos extramunicipales, Martín Vasco habría “amenazado a todo el clan con reventar el tinglado multimillonario que tenían en Arganda”.

Un caro silencio
La disputa se habría saldado, según las mismas fuentes, con el silencio de Martín Vasco a cambio de un alto precio: 2,4 millones de euros, que pudieron provenir, según revelan los implicados en las citadas grabaciones, de los pagos que la empresa Martinsa pudo realizar a dicho entramado.

Correa estaba allí
No es casual, en este sentido, que en el momento en que Martín Vasco exigió recibir 2,4 millones de euros para no “reventar el tinglado”, el empresario Francisco Correa ya había establecido negocios en la localidad de Arganda del Rey.

Un buen botín
Martín Vasco abandonó según se desprende de estas conversaciones grabadas e investigadas por Garzón, con un buen botín. Después se convirtió en diputado de la Asamblea regional y, a partir de ahí, es conocida su cercanía a Esperanza Aguirre, quien le ha designado presidente de la Comisión que va a investigar el, por ahora, mayor escándalo de la historia de la Comunidad. Un nuevo golpe que va a complicar las cosas al Gobierno regional.

Sin respuesta
A lo largo de esta tarde, El Plural se ha puesto en contacto con el Partido Popular para conocer la visión de los hechos de Benjamín Martín Vasco. Este periódico no ha obtenido respuesta alguna.

www.elplural.com 09.02.09

Correa y el presidente de la Comisión Parlamentaria que investiga el espionaje, buenos amigos

El entramado empresarial que presuntamente encabezaba Francisco Correa, que organizaba actos para el PP en la etapa de José María Aznar y que mantenía estrechas relaciones con alcaldes y concejales populares del Oeste de la autonomía madrileña, no era en absoluto ajeno a determinados miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y a altos cargos de Esperanza Aguirre, según fuentes de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional.

En concreto, el presidente de la comisión que investiga una supuesta trama de espionaje en la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, diputado del PP y ex primer teniente de alcalde de Arganda, compartió vacaciones en Marbella con Correa y su esposa, María del Carmen Rodríguez. Jornadas que disfrutaron precisamente en propiedades ahora registradas judicialmente, según fuentes jurídicas.

Presidente de la Comisión
El matrimonio ahora detenido disfrutó a su vez de las fiestas de Arganda a invitación del propio Martín Vasco, el parlamentario halcón designado recientemente por Aguirre para dirigir la Comisión Parlamentaria de Investigación.

Agag, el primero en “pegar la espantá”
Tanto el responsable de Special Events, Francisco Correa, como otros destacados miembros de la trama de supuesta corrupción mantuvieron, al menos hasta el viernes pasado, día en el que fueron detenidos, una fluida relación contractual que también funcionaba a través de adjudicaciones que se encuentran bajo sospecha. Además, seguían conservando estrechos lazos de amistad, con viajes y vuelos compartidos, aunque ahora sitúen esos vínculos como agua pasada, como ha hecho el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag.

Las grabaciones de Correa
El poder de Francisco Correa para “resguardar” a su círculo de amigos podría tener sentido a la vista de la revelación efectuada ayer por el diario El País. Este periódico reprodujo el contenido de una grabación en la que el mismo Correa sostiene que si entregara una cinta del albondiguilla (apodo con el que designa al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero) él mismo iría al trullo.

El albondiguilla
Según fuentes jurídicas, Garzón no habría necesitado por ahora la polémica grabación, en la que el albondiguilla aparecería en una situación muy comprometedora para un político.

Más amigos en puestos clave
El Plural ha podido saber asimismo que otro miembro destacado de la Comisión Parlamentaria de investigación también es muy amigo del detenido Correa. Éste, según personas de su entorno, intervino ante el alcalde de Boadilla para que la mujer del diputado autonómico consiguiera trabajo.

“Arreglar los papeles”
Francisco Correa, según otras fuentes, solía alardear de que “arreglaba los papeles” de forma irregular a través de un alto cargo del ejecutivo autonómico.

www.elplural.com 09.02.09

Una de la imputadas pagó una factura de 30.000 euros en trajes para Camps

La figura del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha salido a relucir en las grabaciones que investiga el juez Garzón sobre la trama de corrupción destapada en Boadilla del Monte. En una de estas conversaciones a la que ha tenido acceso El Plural, una de las detenidas, Isabel Jordán, asegura haber “pagado una factura de 30.000 euros” para “pagarle los trajes al presidente Camps”.

Noticias relacionadas

El diálogo registrado en la grabación refleja la preocupación de Jordán por las “presiones” sufridas, y por las deudas contraídas por la empresa Orange Market: “Ahora son 600.000, antes eran 900.000 euros de deuda, he hecho trabajo para la Comunidad de Valencia, Máster Open, FITUR y que no le he facturado. Incluso hemos adelantado las nóminas”.

Aparece Camps
Por si esto fuera poco, Jordán saca a relucir la figura de Camps al afirmar lo siguiente: “Incluso he pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps, tengo yo la factura, yo la he pagado”.

Orange Market
La empresa Orange Market forma parte del entramado investigado por Garzón. En Valencia, Orange Market ha resultada adjudicataria, como empresa organizadora, de algunos de los principales eventos que se han realizado en Valencia bajo el mandato de Francisco Camps, entre ellos la visita del Papa en 2006 o la Copa América en 2007. Además el pasado 26 de enero, El Plural del escándalo que supuso que el Gobierno regional valenciano hubiera concedido a Orange Market –cuyos principales gestores mantienen vínculos con Aznar- el diseño, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Tal adjudicación se produjo por un importe cercano al millón de euros. El escándalo de corrupción sigue expandiéndose.

www.elplural.com 09.02.09

ESPÍAS QUE SIGUIERON A CARGOS PÚBLICOS SON EMPLEADOS DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR

Los seguimientos en Madrid a cargos políticos del PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre -el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección General de Seguridad. Los indicios recaen sobre personas ajenas al colectivo de 40 funcionarios que desempeñan las tareas oficiales. En concreto, sobre uno de los dos equipos especiales de funcionarios que han coexistido en dicha consejería para la realización de tareas sensibles: uno, históricamente al mando de Sergio Gamón y otro, desde junio de 2008, bajo el control del ex policía Marcos Peña.

Dicho personal dejó anotaciones manuscritas sobre los partes mecanografiados para identificar determinadas matrículas de coches que aparecían en los seguimientos. Los agentes escribieron a mano el número de la matrícula y el nombre de su supuesto propietario, que confirmaron, supuestamente, acudiendo a otros servicios policiales. La letra manuscrita que figura en alguno de esos partes coincide con la de al menos una de las personas que está empleada en ese departamento de la Comunidad de Madrid desde hace años, según las conclusiones de los dos informes caligráficos encargados por este periódico.

La caligrafía coincide

Antes de encargar los informes periciales, EL PAÍS tuvo acceso a numerosos documentos originales del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid (formularios de personal y partes de vacaciones o turnos), donde se recogen algunos apuntes manuscritos de funcionarios que trabajaban allí. En alguno de los documentos del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid con los que ha trabajado este periódico, la caligrafía coincide con la que aparece en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento a políticos, fechados entre marzo y mayo de 2008.

Los peritos a los que ha recurrido EL PAÍS sacan idéntica conclusión tras analizar con diversas técnicas y durante días todos los documentos facilitados por este periódico y que se presentan en estas páginas. "Los textos dubitados [las anotaciones a mano en los partes de seguimiento publicados por este periódico] han sido manuscritos por la misma persona que realizó los textos y firma indubitados [documentos originales de la direción general de Seguridad que se corresponden con distintos formularios y presupuestos donde los empleados escribieron a mano diversas anotaciones]", señalan los informes periciales.

El presidente del PP, Mariano Rajoy; y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE) habían defendido la necesidad de ordenar informes caligráficos para determinar la autoría de la letra que aparece en los partes de seguimiento. Pero ni el Gobierno de Esperanza Aguirre ni el juzgado que investiga estos hechos, el numero 47 de Madrid, que acumula las pesquisas iniciales de la Fiscalía de Madrid, se han interesado por la práctica de esta prueba para investigar de dónde procedió el espionaje. El consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, llegó incluso a poner en duda la autenticidad de los partes de seguimiento publicados por este periódico. Pese a que los dos espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, confirmaron punto por punto que el contenido de los seguimientos se correspondía con sus actividades públicas y privadas de aquellos días.

El autor de la letra forma parte del equipo que hasta hace unos meses trabajaba a las órdenes directas del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en 2007 por Esperanza Aguirre. La dirigente madrileña conocía bien a Gamón, pues trabajó en el equipo de seguridad del Senado cuando ella era presidenta de esa institución. Una de las secretarias de Aguirre en el Senado durante aquella etapa era la esposa de Gamón. Cuando en julio de 2008 fue destituido Gamón de su puesto por irrumpir en un despacho de la consejería de Justicia, casualmente de una persona que también había sido espiada algunos meses antes, para sustraer documentación supuestamente delicada, Aguirre ordenó que se le buscase un cargo dentro de la misma consejería de Interior. Le garantizó así que siguiera cobrando más de 90.000 euros anuales. Y el consejero de Interior, Francisco Granados, lo hizo con celeridad. Gamón sólo estuvo tres días en el paro tras ser destituido por supuesto espionaje ilegal de una dependencia de la Comunidad de Madrid.

Fractura interna

Unos meses antes de su destitución se produjeron los seguimientos a políticos del PP. En los meses del espionaje, de los que ha quedado prueba documental a través de partes de seguimiento (entre marzo y mayo de 2008), se había desencadenado con especial virulencia la mayor batalla que se recuerda por el poder dentro del PP. Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se había mostrado muy crítica con la dirección del partido tras la derrota electoral y muchos de sus consejeros defendían que había que plantar cara a Rajoy en el congreso extraordinario de junio que se iba a celebrar en Valencia.

En ese ambiente de fractura interna en el PP se producen los seguimientos diarios al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado con Aguirre y con el propio Gobierno regional por asuntos políticos y de pura gestión diaria de ambas instituciones. También hay seguimientos más detallados al que entonces era un miembro del propio Gobierno de Esperanza Aguirre, el consejero de Justicia, Alfredo Prada. A Prada, según los partes diarios de seguimiento, se le espía en restaurantes y hoteles y se describe a las personas que le acompañan para tratar de identificarlas, a veces utilizando otros servicios de información de manera ilegal para conocer quienes podían ser los propietarios de determinados vehículos. Prada se situó del lado de Rajoy en la batalla interna del PP y ahora es un cargo orgánico de la dirección nacional del partido. Desde hacía meses, Prada había caído en desgracia en el Gobierno de Esperaza Aguirre. La presidenta pasó de tenerle en el máximo escalafón de su Gobierno, como vicepresidente y consejero de Justicia e Interior, a dejarle sólo con la cartera de Justicia.

(www.elmundo.es, 09/02/09)

(20:57 horas). DIMITE EL ALCALDE DE BOADILLA

El alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (PP), ha presentado su dimisión, según han confirmado a elmundo.es fuentes del PP de Madrid. La confirmación oficial se produce después de un día lleno de rumores sobre la dimisión del primer edil popular, después de que el pasado viernes se detuviese por una trama de corrupción a cinco personas, presuntamente vinculadas con su Ayuntamiento.

Esta mañana, tras declarar ante el juez Baltasar Garzón, González Panero reiteraba que no había presentado su dimisión y que no pensaba hacerlo mientras no fuese imputado. Casi al mismo tiempo, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunciara que el alcalde de Boadilla había puesto su cargo a disposición del PP.

(www.elpais.com, 09/02/09)

RUEDAN LAS PRIMERAS CABEZAS EN EL PP POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

Ruedan las primeras cabezas tras la trama de corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aceptado este lunes la dimisión que le había presentado el consejero de Deportes, Alberto López Viejo, según ha afirmado ella misma en rueda de prensa. Asimismo, también cesa en su puesto el actual gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Pero el torrente de dimisiones todavía no había acabado. Finalmente, y tras una jornada llena de contradicciones y desmentidos, también ha presentado su dimisión el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Aguirre, minutos antes de darse a conocer la noticia, se había mostrado convencida de que finalmente dejaría el cargo.

López Viejo era el encargado de organizar los actos del partido, algunos de los cuales fueron encargados a Special Events, empresa vinculada con el propio Correa. Aguirre ha comentado que acepta la dimisión "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". El nombre de Ortega se venía relacionando durante los últimos días a Francisco Correa.

Los denunciantes de la trama mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. La cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas. Asimismo, la presidenta subrayó que López-Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, relacionadas con Francisco Correa.

"Sólo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad", destacó en rueda de prensa. La presidenta subrayó en este sentido que el hasta ahora consejero "ha dimitido pero no está implicado en la trama", de hecho deja su cargo "para que no se confunda con la trama". "Los madrileños pueden estar tranquilos porque, desde luego, la transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad de este Gobierno y no vamos a permitir que nadie empañe esta transparencia y responsablidad", agregó.

En este sentido, Aguirre aseguró "toda la actuación" de la Comunidad en materia de contratos "es legal" y "goza de los informes de intervención", pero "esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos". "Por eso le agradezco que haya tenido la responsabilidad de dejar su cargo de consejero", manifestó.

Aguirre asegura que la Comunidad de Madrid no tiene ningún contrato con Special Events y que, al menos desde que es presidenta de la Comunidad, tampoco con el PP.

En cuanto a la dimisión de Ortega, también aceptada, ha sido para defender mejor sus intereses "estando fuera del Gobierno de la Comunidad". Guillermo Ortega fue alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, cuando dimitió en el marco de la ruptura del grupo municipal originada por la decisión de enajenar dos parcelas públicas a un precio inferior al del mercado. Durante su mandato Ortega tuvo como jefa de gabinete a María del Carmen Rodríguez Quijano, detenida el viernes pasado por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción y casada con Francisco Correa, otro de los arrestados en la investigación de una supuesta trama de corrupción vinculada a varios Ayuntamientos.

(www.publico.es, 09/02/09)

AGUIRRE DESTITUYE AL CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta tarde que el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha presentado su renuncia y ella la ha aceptado "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". López Viejo está envuelto en la trama de corrupción política vinculada al PP que fue desmantelada el pasado viernes por el juez Baltasar Garzón. El magistrado ordenó cinco detenciones, dos de ellos ex cargos en el partido, y 30 imputados. El supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa Sánchez, extendió sus negocios por Madrid y Valencia.

Los denunciantes de la trama han investigado la supuesta relación de Correa con el consejero. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros.

También ha presentado su renuncia el gerente del Mercado Puerta de Toledo, ex alcalde de Majadahonda, Guillemo Ortega.

En las conversaciones grabadas a Correa, éste insinúa que Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era regidor de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata", apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era de él sino que usaba un testaferro.

(www.elpais.com, 09/02/09)

LA COMUNIDAD DE MADRID ADJUDICÓ CONTRATOS A SERVIMADRID POR 340.000 EUROS

La Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Madrid adjudicó dos contratos en 2005 y 2006, por un importe de 162.000 y 177.570 euros respectivamente, a la empresa Servimadrid Integral, investigada por la Audiencia Nacional dentro de la operación Gürtel contra la corrupción, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales.

El objeto social de la empresa, constituida en febrero de 2005 en Alicante, es la prestación de servicios de asesoramiento, gestión y administración de empresas, así como la organización, promoción y comercialización de eventos, convenciones y congresos.

En ambos casos Servimadrid Integral ganó el concurso abierto convocado por la Comunidad de Madrid para organizar la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes, tanto en el 2005 como en el 2006. El primero de ellos lo ganó la empresa ocho meses después de su creación, en octubre de 2005.

Servimadrid Integral es una de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón junto a Special Events, Easy Concept y Pasadena Viajes. El juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía ordenaron el viernes a los agentes requerir documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda referidas a estas empresas.

(www.elmundo.es, 09/02/09)

AGUIRRE DESTITUYE A SU CONSEJERO LÓPEZ VIEJO POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha destituido al consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y ha aceptado la dimisión de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y ahora director del Mercado Puerta de Toledo. Ambos estarían presuntamente relacionados con la operación Gürtel contra la corrupción.

López Viejo fue durante varios años el encargado de organizar los actos del partido, algunos de los cuales fueron encargados a una empresa relacionada con Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción, blanqueo y asociación ilícita destapada por el juez Baltasar Garzón.

Según ha anunciado la presidenta regional, la cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas. Asimismo, la presidenta subrayó que López-Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez.

"Los madrileños pueden estar tranquilos porque, desde luego, la transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad de este Gobierno y no vamos a permitir que nadie empañe esta transparencia y responsabilidad", agregó.

Un consejero controvertido

Esperanza Aguirre nombró en 2004 viceconsejero de Presidencia a su controvertido pupilo Alberto López Viejo tras investigar su pasado político, plagado de denuncias por irregularidades. Tras las pasadas elecciones de 2007, López Viejo pasó a ocupar la consejería de Deportes, un departamento sin apenas competencias.

López Viejo, que ejerció como concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid en la época de Alvarez del Manzano, fue acusado varias veces por el PSOE de malversar fondos públicos.

Por su parte, Guillermo Ortega, que dimitió en 2005 como alcalde de Majadahonda, habría sido responsable de los contratos a varias empresas de la trama de corrupción investigados por el juez Garzón en Majadahonda.

(www.elmundo.es, 09/02/09)

RAJOY CORTÓ CON CORREA PORQUE EXIGÍA CONTRATOS EN NOMBRE DE LA TESORERÍA

Álvaro Lapuerta hizo cortar las relaciones del PP a nivel nacional con su principal proveedor electoral, Francisco Correa, presunto jefe de la trama corrupta desarticulada el pasado viernes. Sucedió en junio de 2004, cuando Lapuerta era tesorero nacional del partido. Lapuerta tomó esa decisión, que avaló Mariano Rajoy, tras conocer que Correa estaba exigiendo, en nombre de su departamento, la adjudicación de contratos a sus empresas a alcaldes madrileños populares, según confirman altos cargos del partido. Ésa es, precisamente, la sospecha que alimenta la investigación que ha culminado ahora el juez Baltasar Garzón al desarticular la presunta trama corrupta que dirigía Correa: que captaba contratos públicos mediante tráfico de influencias en municipios del PP.

De hecho, la información inicial sobre la trama fue brindada por cargos del PP, que en noviembre de 2007 aportaron a la policía y a la Fiscalía Anticorrupción su denuncia y pruebas sobre los manejos de esta red. La investigación se alargó durante más de un año y acumula abundantes grabaciones. Ese material aporta abundante información sobre las maniobras de Correa, pero también aparentes datos comprometedores que dice conocer de otros personajes.

Así, en diciembre de 2007 afirmó en una conversación lo siguiente sobre Luis Bárcenas, entonces gerente y hoy tesorero del PP. "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". No aportó ninguna prueba de tal acusación. Bárcenas tacha la declaración de "absolutamente falsa y calumniosa". Y sus colaboradores explican cuál puede ser la razón de tal inquina: Bárcenas formaba parte del equipo de Lapuerta que forzó que se le cortara el grifo de contrataciones para las campañas del PP en junio de 2004. Tras conocer la denuncia de que presionaba a alcaldes madrileños para exigir contratos en nombre de la tesorería nacional del partido, Lapuerta organizó en Génova, 13 una reunión con los regidores susceptibles de haber sido tocados. Todos confirmaron la información recibida en la dirección del partido. A partir de ese momento, Correa fue declarado persona no grata y sus empresas dejaron de prestar servicios electorales al PP nacional.

Obviamente, como gerente, Bárcenas ha tenido una "relación fluida" con Correa durante los más de doce años que éste monopolizó la prestación de servicios al partido. Pero hay algo que avala la versión del entorno de Bárcenas: Correa, en sus conversaciones grabadas, denigra con frecuencia a cargos del partido susceptibles de haber chocado con sus intereses. Así, se jacta de poseer informaciones comprometedoras, que niegan los afectados, sobre el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, o el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega. Casualmente, dos municipios donde ha tenido contratos y donde debería haber dejado de captarlos desde 2004, tras el veto del PP nacional, año en que Correa se convirtió en un apestado para el equipo de Rajoy. Hasta el punto de que cuando el PP iba a celebrar su congreso en Valencia, en junio de 2008, donde se debatía el liderazgo por el partido entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, el equipo de Lapuerta y Bárcenas fueron tajantes: Correa no podía organizar el acto. Y no le permitieron ni concursar, con el pleno respaldo de Ángel Acebes, secretario general. A partir de ahí, las empresas de Correa siguieron funcionando gracias a contratos en Administraciones donde aún les quedaban contactos de su etapa de esplendor, bajo el paraguas aznarista en el partido y en el Gobierno: en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Galicia. En sus conversaciones grabadas, Correa también arremetió contra Esteban González Pons, actual vicesecretario de Comunicación del PP y persona que apoyó decididamente su defenestración, según altos cargos de ese partido. En relación con un negocio urbanístico que gestionaba en La Nucía (Alicante) y topaba con restricciones legales, Correa manifestó a fines de 2006: "Lo desbloqueo yo con el contacto, con el hijoputa de Esteban González Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo en Valencia".

González Pons, entonces consejero de Territorio en la Comunidad Valenciana, nunca desbloqueó tal plan, según personas de su entorno. Incluso, según recuerdan sus colaboradores, el proyecto fue sometido al dictamen favorable de la Confederación del Júcar, que dependía del Gobierno de Zapatero. Nunca tuvo luz verde, por lo que nunca salió adelante, afirman colaboradores de González Pons. "El proyecto era y es inviable", aseguran.

Lo llamativo de la historia de Correa es que mientras era ya un apestado en Génova 13, sede central del PP, aún siguió siendo contratado por Gobiernos autónomos de ese partido, según demuestran las grabaciones realizadas por orden del juez. Así, en noviembre de 2006, dijo lo siguiente: "Estoy haciendo la campaña a Paco Camps (...) Le hacemos todo". Y añadió su convicción de que le iban a adjudicar más contratos, como Fitur...

Felisa Jordán, miembro de la trama, se quejó de que Orange Market, empresa que controlaba para Correa, le estaba dando problemas: "La deuda de Orange Market de Valencia es del grupo. He hecho trabajo real para la Comunidad de Valencia que no he cobrado, Master Open, Fitur y que no le he facturado. Incluso hemos adelantado las nóminas. Los 300.000 euros de la deuda con Orange son cosas que hemos facturado pero que yo no les he hecho, las hizo Orange, pero las facturé yo".

Correa también halló cobijo en el Gobierno de Esperanza Aguirre, a tenor de sus conversaciones grabadas. En febrero de 2006, Felisa Jordán habló de una demanda que interpuso Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego detenido como miembro de la trama, contra la Comunidad de Madrid por falta de pago a FCS (Formación Comunicación y Servicios), una firma de la red. Jordán le pidió que la retirara para que no le quitaran a ella sus negocios con la Comunidad que preside Esperanza Aguirre.

En noviembre de 2007 Correa ya sabe que algunos miembros del partido amenazan con denunciarlo a Hacienda. Según sus propias conversaciones grabadas, una destacada consejera del Gobierno de Aguirre, Paloma Adrados, responsable de Empleo y Mujer, había elaborado una "carta" en la que había participado "todo el PP". En efecto, para entonces Correa ya se hallaba bajo el foco de una conjura de al menos media docena larga de concejales y cargos del PP que acabarían sacando sus turbios negocios a la luz.

Entretanto, pasarán hoy a disposición judicial Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez. La esposa del primero, María del Carmen Rodríguez Quijano, y Felisa Jordán, fueron puestas en libertad con cargos el sábado. Presumiblemente, serán citados a continuación una treintena de personajes vinculados a sus negocios de Correa que aparecen en las grabaciones. En este contexto, el sábado fue registrado en Madrid un despacho contiguo al de Alejandro Agag, yerno de Aznar. El de Agag no fue inspeccionado. Los policías se centraron en un ex compañero de negocios suyo que aparece en las grabaciones presumariales.

(www.elpais.com, 09/02/09)

LAS ALUSIONES GRABADAS DE CORREA A ALTOS CARGOS DEL PP

Lo que sigue es una selección de las abundantes acusaciones, sin aportar detalles, formuladas en las conversaciones grabadas a Francisco Correa, jefe de la trama corrupta vinculada al PP, contra dirigentes de dicho partido. La totalidad de los afectados ha restado veracidad a sus palabras. Algunas de esas acusaciones, conocidas antes de abrirse el sumario, tienen como objetivo cargos del PP, singularmente dirigentes afines a Mariano Rajoy, que se han interpuesto en sus negocios.

(www.elpais.com, 09/02/09)

SOBRE EL ALCALDE DE BOADILLA: "SI DOY LA CINTA SE CAGA, PERO YO VOY AL TRULLO"

Correa afirma: "Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote que aplica a Arturo González Panero], se caga. Pero también voy yo al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". Y añade sobre un asunto urbanístico en Boadilla: "Dile que mi amigo no ha pagado nada, que el Ayuntamiento le ha dado una prórroga, que no joda al empresario, éste no le ha dado un duro a Arturo. (...) No le ha dado el dinero a Arturo, me lo ha dado a mí".

Sobre el presidente valenciano: "Estoy haciendo la campaña de Camps"

Francisco Correa: "Estoy haciendo la campaña a Paco [Francisco] Camps [presidente de la Comunidad Valenciana, del PP] y la presentamos el miércoles. Al vicepresidente, el director de campaña y al secretario general del partido se les presenta mañana la creatividad porque le hacemos todo. Él tiene [Álvaro Pérez Alonso, responsable en la Comunidad Valenciana de la empresa Orange Market] una reunión con el tema de Fitur [Feria Internacional de Turismo] que le van a adjudicar".

Sobre el tesorero del PP: "Le he llevado 1.000 millones a Génova"

Correa: "A [Luis] Bárcenas [tesorero del PP] yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". A renglón seguido, amaga con conocer el patrimonio secreto en un paraíso fiscal de un ex ministro de Aznar vinculado a las obras públicas. Sus interlocutores se admiran de sus datos: "Por eso te tienen miedo. Los tienes pillados". Pero Correa les tranquiliza. "Pero yo nunca cantaré".

Sobre el ex alcalde de Majadahonda: "Pagó facturas extrañas de Pasadena Viajes"

Correa insinúa que Guillermo Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era alcalde de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata", apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era de él sino que usaba un testaferro. Ortega niega tajantemente tales acusaciones.

Sobre el portavoz del PP: "Yo lo desbloqueo con González Pons"

Tras exponer la situación de un negocio urbanístico en La Nucía (Alicante), Correa se jacta de que tiene un as para desbloquear el proyecto. "Lo desbloqueo yo con el hijo puta de Esteban [González] Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo". González Pons, entonces consejero de Territorio valenciano, supeditó la aprobación del proyecto a la Confederación del Júcar, en manos del PSOE, y el plan no fructificó.

(www.elpais.com, 09/02/09)

"A MIAMI HEMOS VENIDO A COMPRAR"

El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, viajó a Miami el 18 de abril de 2002. A su lado en el avión volaba Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en varios ayuntamientos de España. Un resguardo del billete de avión confirma que viajaron en primera clase. Junto a ellos también viajó el entonces concejal popular José Galeote, padre del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.

Al llegar a Miami, alquilaron un coche y se alojaron en un hotel de lujo. Al día siguiente, otro personaje se unió a la comitiva: Francisco Sánchez, amigo de Galeote. Un año después, Sánchez se convertiría en concejal de Sanidad e Higiene de Boadilla. Cuando aterrizó en Miami preguntó a Galeote y sus amigos qué hacían allí. "Hemos venido a comprar", le respondieron. El alcalde de Boadilla tiene un sueldo público de unos 85.000 euros al año.

Sánchez recuerda que durante los años que permaneció en el Ayuntamiento de Boadilla a las órdenes de González Panero "siempre alardeaba de comprar en Miami y de tener muchas propiedades". Cuenta que, al detectar sospechas sobre el alcalde, comenzó a investigar sobre las supuestas propiedades de González Panero en Florida. "Aparecieron muchas propiedades a nombre de Arturo González. Pero no pude comprobar que se trataba de él", concluye.

Sánchez fue destituido. El alcalde lo denunció por distribuir un dossier sobre un supuesto enriquecimiento del alcalde. "No hay ningún informe. Lo que circula es el boca-oído. En el Ayuntamiento todo el mundo sospecha del alcalde", concluye. El alcalde del municipio madrileño ha negado que tenga ninguna propiedad inmobiliaria en Florida. También rechaza ser amigo del cabecilla de la trama, Francisco Correa.

Otro de los personajes que viajaron a Miami, Galeote, es objeto de una denuncia por parte de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Boadilla. El portavoz socialista, Pablo Nieto, denuncia que Galeote "sigue cobrando del consistorio a pesar de estar jubilado".

José Galeote fue concejal del Ayuntamiento de Boadilla durante 12 años, hasta 2003. Un año más tarde fue nombrado gerente del Consorcio Deportivo, una entidad pública de la que forman parte los ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda -una de las Administraciones supuestamente vinculada a la trama de corrupción- y Pozuelo.

Además, Galeote es consejero de la Empresa Municipal de Vivienda de Boadilla, según consta en el acta del consejo de administración de junio de 2008. El concejal del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo explica que los cargos son incompatibles con la jubilación. "Está prohibido desempeñar un puesto de trabajo en el sector público a personas mayores de 70 años", precisa Galindo.

(www.elpais.com, 09/02/09)

TRES DETENIDOS POR LA TRAMA DECLARAN ANTE GARZÓN

Comienza el desfile de detenidos por la trama de corrupción política vinculada al Partido Popular ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Francisco Correa, presunto jefe de la trama; Pablo Crespo Safaris, ex secretario de Organización del PP de Galicia, y el empresario Antoine Sánchez declararán hoy. Se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Mientras que los tres arrestados durmieron ayer en dependencias policiales, María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, y la empresaria Felisa Jordán han quedado en libertad con cargos, según fuentes de la investigación.

Aún no hay fecha para que los 30 imputados de la operación presten declaración en la Audiencia Nacional.

La operación, que se desarrolló en Boadilla del Monte y Majadahonda (Madrid), Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz), continúa su curso. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial llevaron a cabo más registros en domicilios, despachos profesionales y empresas relacionadas con los detenidos.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige la investigación junto a la Fiscalía Anticorrupción, requirió documentación a los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda. El alcalde del primer municipio, Arturo González Panero (PP), confirmó el viernes que funcionarios municipales facilitaron información a los agentes sobre varias empresas que han mantenido relaciones comerciales con los consistorios y sobre la adjudicación de una parcela a la sociedad UFC.

El Ayuntamiento de Boadilla se apresuró a publicar un comunicado en el que desmiente que miembros de la corporación, trabajadores municipales o militantes del PP estuvieran entre los detenidos.

Las empresas que están siendo investigadas son Easy Concept, encargada de la Oficina de Atención al Ciudadano; Pasadena Viajes, una agencia pequeña de viajes con la que el Ayuntamiento ha contratado para desplazamientos de hermanamiento con otras ciudades, y Servimadrid Integral, una compañía que, según fuentes municipales, es desconocida para los miembros del consistorio.

Fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda, también regido por el PP, no quisieron precisar el tipo de documentación solicitada por los agentes, después de recalcar que no existe ninguna vinculación del consistorio con la supuesta trama de corrupción urbanística ni con los arrestados. Además, apuntaron que la policía no ha practicado detenciones de cargos municipales o de empresas relacionadas con la localidad.

(www.elpais.com, 09/02/09)

RAJOY SE ENROCA Y ACUSA AL GOBIERNO DE ORQUESTAR UNA CAMPAÑA CONTRA EL PP

Después de tres semanas sintiendo pitar sus oídos por la sucesión de informaciones devastadoras para el PP, el sábado por la noche Mariano Rajoy descolgó el teléfono y le dio a su número dos en el partido, María Dolores de Cospedal, la orden de pasar a la ofensiva. Ella ni siquiera esperó al lunes: ayer por la mañana convocó a los medios de comunicación para trasladarles la "opinión oficial del PP" sobre el último de los escándalos: la presunta trama de corrupción empresarial destapada por el juez Baltasar Garzón y que podría afectar a administraciones gobernadas por los populares.

El PP, vino a decir Cospedal, no tiene nada que ver con todo eso. Y las informaciones que relacionan al supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, con alcaldes populares de Madrid y la Comunidad Valenciana son sólo un paso más en la "campaña de acoso y difamación orquestada por el PSOE" valiéndose de los "poderes del Estado" -entre ellos la Audiencia Nacional- para "cambiar la intención de voto de los ciudadanos" en las próximas elecciones gallegas, vascas y europeas.

"No vamos a consentir que se nos implique en ninguna campaña de financiación ilegal o de corrupción porque el PP no reconoce absolutamente como partido ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo en diversos medios de comunicación", comenzó la dirigente popular, para a continuación apuntar a los socialistas: "Esto es una operación de acoso y derribo contra el PP. El PSOE, que no nos puede dar lecciones porque es el partido de los GAL y de Filesa, está utilizando de forma escandalosa al Ministerio del Interior, la fiscalía y otros poderes del Estado en beneficio propio". ¿Qué otros poderes del Estado?, se le preguntó. Y Cospedal señaló directamente al juez: "Se están produciendo filtraciones de un sumario secreto, y eso es digno de responsabilidad penal. La información está saliendo del juzgado del señor Garzón. Filtraciones interesadas a favor del PSOE. Pedimos al Poder Judicial que tome medidas".

Cospedal no explicó por qué al llegar Rajoy a la presidencia del PP ordenó suspender cualquier relación laboral con Special Events, la principal empresa implicada en la trama, y aseguró que el hecho de que otras firmas sospechosas sean proveedoras de servicios para administraciones del PP como la Comunidad Valenciana no significa nada. "Que una empresa contrate con una administración no quiere decir que haya una conexión. El presidente [Francisco] Camps me ha dicho que las cuentas están perfectamente justificadas, pero además, desde el viernes, ha ordenado dejar en suspenso cualquier contrato con esa empresa", afirmó antes de enviar un "mensaje de confianza" a militantes y votantes del PP: "Pertenecen a un partido digno".

La desarticulación de esta presunta banda corrupta de empresarios llega en medio de otra tormenta: la de la supuesta trama de espionaje político en Madrid; y cuando, además, la campaña del PP gallego se ha visto tocada al conocerse que el número 1 por Ourense, Luis Carrera, no declaró a Hacienda 240.000 euros (Carrera fue apartado de la lista de forma fulminante el viernes por el candidato a presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo).

Todo en las mismas tres semanas. Ahora, la dirección del PP parece haber decidido que la mejor estrategia es la del enroque. Eso sí, Cospedal subrayó que "en el caso hipotético de que algún militante o cargo publico tuviera algún tipo de responsabilidad" en los hechos investigados, el PP "actuará con toda contundencia".

Rajoy, por su parte, sigue prefiriendo el silencio: ayer, desde Suiza, volvió a arremeter contra la política económica del Gobierno sin hacer la más mínima alusión a la investigación de Garzón. Sí habló el portavoz del PP, Esteban González Pons, durante un acto de precampaña en Getxo (Vizcaya). "Cuatro chorizos no son el PP. Este partido no se va a rendir nunca", dijo. Y atribuyó igualmente a la cercanía de las elecciones las informaciones aparecidas en las últimas semanas: "No por casualidad sobre el nombre de nuestro partido se está arrojando mucha basura", protestó.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no quiso entrar en el asunto durante un acto multitudinario con alcaldes socialistas, informa Anabel Díez. Lo hizo el líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez, que tomó la palabra para referirse al otro escándalo que atenaza a los populares, el de la trama de espías: "El gobierno de la Comunidad de Madrid ha creado un problema de salud democrática, envuelto en corrupciones, espionajes, negocios oscuros y adjudicaciones sospechosas. Si se ponen impedimentos a la investigación, no tendrá legitimidad moral ni política para seguir gobernando".

(www.elpais.com, 09/02/09)

LAS TRES SEMANAS NEGRAS DEL PP

- 19 de enero 2009. EL PAÍS publica que la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid (PP) tiene un servicio secreto integrado por ex policías y ex guardias civiles que elabora informes sobre tramas corruptas en ayuntamientos socialistas.

- 20 de enero. Dossiers divulgados por EL PAÍS demuestran que el vicepresidente de Madrid, Ignacio González (número dos de Esperanza Aguirre), fue espiado en sendos viajes en marzo y agosto de 2008. González denuncia el asunto ante la fiscalía y un juzgado. Uno de los informes recoge datos sobre adjudicaciones sospechosas realizadas por González.

- 21 de enero. Nuevos dossiers revelan que el vicealcalde Manuel Cobo (número dos de Alberto Ruiz-Gallardón) y el ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada -ambos enfrentados políticamente a Aguirre- fueron sometidos a seguimientos parapoliciales, supuestamente por agentes al servicio de la Consejería de Interior. Cobo y Prada denuncian ante el fiscal. El consejero Francisco Granados niega estar detrás del espionaje, y Rajoy se limita a decir: "Yo le creo [a Esperanza Aguirre]".

- 22 de enero. Rajoy encarga a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, una investigación interna sobre la presunta trama de espionaje político en Madrid, y anuncia -a través de un comunicado- que exigirá "responsabilidades políticas" con "absoluta firmeza" si se demuestra que algún cargo popular está implicado. Aguirre afirma que pone "la mano en el fuego" por los consejeros de su Gobierno. "Aquí no hay ninguna estructura de espionaje. Quien diga lo contrario tendrá que probarlo", advierte. La fiscalía abre una investigación.

- 26 de enero. El Juzgado número 47 de Madrid abre una investigación por el supuesto espionaje a Ignacio González.

- 27 de enero. Esperanza Aguirre afirma: "Me siento una víctima. Políticamente van a por mí". Cospedal le responderá al día siguiente: "El principal perjudicado es el partido".

- 2 de febrero. Esperanza Aguirre acepta la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Cospedal suspende "temporalmente" la pesquisa interna.

- 6 de febrero. En la misma mañana en que se constituye la comisión de investigación sobre la trama de espías, cinco empresarios -dos de ellos ex altos cargos del PP- son detenidos por orden del juez Garzón por un asunto distinto: su pertenencia a una presunta trama de corrupción. El supuesto jefe del grupo es Francisco Correa, amigo de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar) y organizador de eventos para varias Administraciones gobernadas por el PP.

- 6 de febrero. Ese mismo día, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a presidente de la Xunta de Galicia, aparta al número uno de la lista por Ourense, Luis Carrera, por impagos a Hacienda.

(www.elpais.com, 09/02/09)

MEDIA DOCENA DE CARGOS DEL PARTIDO ESPIARON Y GRABARON AL JEFE DE LA TRAMA DURANTE DOS AÑOS

Durante meses, media docena de cargos del PP madrileño, en su mayoría vinculados a municipios del noroeste, tendieron una trampa a las personas que integraban la presunta trama de corrupción vinculada al partido que lideraba Francisco Correa. Dos años antes de que se iniciara propiamente la investigación por la Fiscalía Anticorrupción sobre esta red, empezaron a procurarse pruebas contra ella. Estuvieron dos años acudiendo a citas con ellos, grabándoles, manteniendo citas en hoteles, en restaurantes y en los propios locales de las empresas de la trama.

El piano acompaña muchas de las grabaciones como música de fondo. Y, entre copa y copa, Correa les desnuda sus negocios, sus socios ocultos, sus bienes en paraísos fiscales, sus protectores políticos. O, por el contrario, suelta invectivas contra decenas de cargos políticos del partido. Lo mismo se jacta de haber recaudado sumas para Génova que de saber en qué paraíso fiscal ocultó un ex ministro de Aznar su patrimonio ilegal. O amenaza con poseer información delicada o grabaciones contra alcaldes o ex alcaldes del PP. Todo eso le sirve para concienciar a sus interlocutores de que hay un poder que el PP que dirige Rajoy no le puede arrebatar: la información sucia que se jacta de poseer tras haber servido al partido durante una década en régimen de monopolio para atender las campañas electorales. Nadie repara en una contradicción que aflora de su relato: ¿Cómo puede defenestrarlo Luis Bárcenas, gerente y luego tesorero del PP, si él le ha entregado 1.000 millones de pesetas en Génova y en su casa?

Pero el mensaje sirve para que su red clientelar le tenga respeto y propague en sus círculos que, en el fondo, sigue contando con poder para poder exigir contratos públicos en los municipios donde gobierna el PP. Por contra, algunas de las supuestas personas con las que insinúa haber tenido relaciones comprometedoras, como Bárcenas o González Pons, han colaborado decisivamente a erradicarlo de Génova 13, cuartel general del PP, desde que asumió en 2003 el liderazgo Mariano Rajoy.

Por fin, con un material probatorio que arranca en febrero de 2006 y culmina en octubre de 2007, en noviembre de 2007 se presenta una denuncia a la Policía, que, a su vez, la traslada a la Fiscalía Anticorrupción. Los conspiadores del PP anti-Correa aportan a la justicia todos sus documentos y grabaciones presumariales. Y ese material sirven de arranque para la investigación del juez Baltasar Garzón, que decreta numerosas intervenciones telefónicas, cuyo contenido no ha sido desvelado, pero que, según fuentes conocedoras del sumario, han proporcionado abundantes indicios sobre la actividad delictiva de esta trama. Hasta el punto de que no sólo están bajo el foco del juez los cinco ya detenidos, sino más de 30 personas que han tenido estrecha relación con ellos. El PP, oficialmente, se siente víctima política de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

Pero la realidad es que esta bola de nieve, que se agiganta por minutos, la empujó un puñado de cualificados militantes suyos para erradicar unas prácticas ilegales que, amén de ensombrecer la imagen del partido, convertían en un calvario la vida de quienes se oponían personalmente a sus intereses. Para desgracia de los investigadores, desde hace meses los investigados sabían que estaban bajo la lupa. Una filtración periodística les alertó. Eso rebajó notablemente el contenido probatorio de las charlas que seguía grabando la policía semana tras semana. Sin embargo, los responsables de la investigación se muestran satifechos: sobran pruebas contra los detenidos, dicen.

(www.elpais.com, 09/02/09)

UN SECRETO A VOCES MUY VIEJO

"Por fin, alguien va a meter mano en esto", se congratulaba ayer Ángel Galindo, el concejal portavoz de Alternativa por Boadilla (APB) tras felicitar al juez Baltasar Garzón y a la fiscalía por la investigación contra la trama de corrupción que ha salpicado al PP.

El edil recordó que el ayuntamiento que dirige el popular Arturo González Panero acumula más de 30 denuncias por irregularidades en las adjudicaciones de contratos. Este ayuntamiento, en la zona noble de Madrid, se ha convertido en un claro ejemplo de los trapicheos de Francisco Correa, el presunto jefe de la red, que afecta a varias autonomías. Una de ellas es la Comunidad Valenciana, donde uno de los principales implicados es Álvaro Pérez, directivo de Orange Market, empresa contratada con asiduidad por el Gobierno de Francisco Camps y el PP valenciano.

Fuentes municipales de Boadilla recuerdan que Correa creció a la sombra de José María Aznar y mantuvo buenas relaciones con el yernísimo, Alejandro Agag, aunque ahora "le niegue como a San Pedro". Correa, conocido como el conseguidor, "lo ha hecho todo y conoce a todo el mundo". Por ello, en el cuartel general del PP están bastante expectantes por su comparecencia ante Garzón. "Si tira de la manta, Rajoy se va a quedar muy solo", vaticinan. Y es que parece que el juez sabe lo que busca. El viernes obligó al Ayuntamiento de Boadilla a entregarle tres expedientes. Uno versa sobre la venta de una parcela a la empresa UFC por 35 millones de euros, aunque otras dos llegaron a ofrecer 39 millones.

El segundo expediente afecta a la oficina de atención al ciudadano. Fue adjudicada a la empresa Easy Concept, cuya representante es Felisa Jordán, una de los cinco detenidos. Esta sociedad logró un contrato de 530.000 euros anuales durante 14 años por colocar a dos azafatas en un local del consistorio para que informen, por ejemplo, de dónde está el centro de salud. Este modelo de oficinas ha encontrado hueco en otros ayuntamientos como el de Paterna en Valencia, según fuentes municipales. El tercer expediente es el más comprometido. Explica la adjudicación para la construcción de 20 locales comerciales a la empresa de Ramón Blanco, hombre de confianza de Correa. La policía dejó ayer en libertad a Jordán y a la mujer de Correa, Carmen Rodríguez, tras interrogarlas y mantenerlas imputadas. Los otros tres detenidos --Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-- pasarán hoy a disposición judicial.

(www.elperiodico.com, 09/02/09)

RAJOY OBVIA SU RELACIÓN DE PARTIDO CON EL JEFE DE LA TRAMA

Los colaboradores de Mariano Rajoy afirman que los escándalos de corrupción que salpican al PP no tocan a su jefe porque precisamente fue él quien rompió definitivamente los contactos del partido con Special Events, empresa dirigida por Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama que ha puesto al descubierto el juez Baltasar Garzón.

Pero por mucho que el líder de la oposición pretenda mantenerse al margen, no le va a ser fácil. No puede echar balones fuera, culpar al PSOE o dejar que su gente lo vincule a la etapa de José María Aznar. Dentro del partido creen que no se puede lavar las manos en este asunto porque él también conocía a Correa.

De hecho, recuerdan que cuando Rajoy fue director de la campaña de Aznar para las generales de 1996 y para las de 2000, mantenía reuniones habituales con el hoy detenido. Además hay quien resalta que en la etapa anterior a esas dos convocatorias electorales, Rajoy era vicesecretario de Organización, el área a la que justamente corresponde la preparación de actos y eventos.

Correa y su socio Álvaro Pérez Alonso, a quien todos llaman dentro del partido “Álvaro bigotes”, se pasearon durante años por la sede del PP como reyes por su casa. Y se hicieron amigos íntimos de Alejandro Agag, yerno de Aznar. Pero se cuenta que fue hasta que llegó Javier Arenas a la secretaría general. Entonces, dicen que “el grifo se fue cerrando” para esta empresa. Y que en 2003, con Rajoy como sucesor, hubo orden de no contratarla nunca más.

A pesar de todo, Correa hizo uso de sus contactos y extendió sus lazos por Madrid y la Comunidad Valenciana, administraciones públicas gobernadas por el PP. Para algunos miembros conservadores este último dato debería bastar para que Rajoy, como máximo responsable de la formación, tomara cartas en el asunto y pidiera explicaciones sobre los supuestos sobornos y contratos irregulares que existen en la actualidad.

También, y siempre en privado porque en el PP se ha desatado una auténtica psicosis, algún miembro de la Junta Directiva Nacional se atreve a decir que en el mismo edificio que Rajoy tiene su despacho quedan aún muchas personas cercanas a Correa. Fuentes del PP destacan la “excelente relación” que este mantiene con Luis Bárcenas, ex gerente y actual tesorero del partido.

A pesar de todo, la cúpula del PP se resiste a implicarse. Un colaborador de Rajoy apunta que el detenido es un empresario y no un militante del partido. Por eso considera que la resolución tiene que venir por otras vías. Pero al menos dos de las cinco personas arrestadas el pasado viernes –Pablo Crespo y Carmen Rodríguez Quijano– ostentaron cargos dentro del partido. En las filas conservadoras más de uno opina que “como Correa cante, el PP se viene abajo”.

Por esa razón, para varios dirigentes del PP, Rajoy debería abordar el tema personalmente. Esperan que no actúe como cuando se destapó la presunta trama de espionaje de la Comunidad de Madrid, cuando se mantuvo 16 días en silencio. De momento lleva dos. Este fin de semana Rajoy ha estado en Suiza en busca del voto emigrante para las elecciones gallegas. El sábado pidió la dimisión del vicepresidente económico Pedro Solbes. Ayer señalaba a Zapatero como “el mayor temporal” de España. Eso sí, al menos dio orden para que María Dolores de Cospedal, secretaria general, diera la cara y afrontara su chaparrón.

(www.publico.es, 09/02/09)

LAS CLAVES. ¿POR QUÉ RAJOY NO SE PUEDE DESENTENDER?

Coincidiendo con Correa // Rajoy fue vicesecretario de Organización con Francisco Álvarez Cascos como secretario general. Después fue director de la campaña para las elecciones de 1996 y de 2000 y mantuvo contacto con Francisco Correa.

Génova, 13 // Dentro del partido cuentan que en la sede nacional todavía hay gente relacionada con el detenido. Y resaltan que este tiene “una excelente relación” con Luis Bárcenas, tesorero del PP.

Extendiendo las redes // Cuando Correa dejó de trabajar para el PP empleó sus contactos para ponerse a trabajar con Madrid y Comunidad Valenciana, dos administraciones públicas gobernadas por el PP.

Con cargos en el PP // Entre los cinco detenidos el pasado viernes, hay dos personas que desempeñaron directamente tareas orgánicas para el PP.

(www.publico.es, 09/02/09)

AGUIRRE CONTRATÓ A DEDO A UNA EMPRESA RECIÉN CREADA

No se habían cumplido aún 15 días desde su constitución cuando la empresa Good and Better SL, presuntamente adscrita a la trama de corrupción destapada por el juez Baltasar Garzón, logró en enero de 2005 su primer contrato a dedo de la Comunidad de Madrid. Tanto la que fue hasta febrero de 2008 su administradora única, Felisa Isabel Jordán Goncet, como su sucesor al frente de la compañía, el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo Sabaris, permanecen detenidos desde el viernes. Garzón les imputa, entre otros, los delitos de cohecho (soborno a funcionario o cargo público), blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Como informó el sábado Público, Good and Better y Easy Concept Comunicación, ambas ligadas a Jordán y Crespo, facturaron al Ejecutivo de Esperanza Aguirre 562.000 euros entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 gracias a la adjudicación directa de 76 contratos menores, esto es, aquellos que no se someten a concurso dado que su importe no supera los 12.000 euros [18.000 tras la nueva ley de 2007].

Según la nota registral, Good and Better quedó constituida el 11 de enero de 2005. El día 26 de ese mes, ya había tenido tiempo para preparar la presentación del nuevo helicóptero Bescam [Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid], acto protagonizado esa mañana en Móstoles por Esperanza Aguirre.El 14 de febrero, la empresa giraba factura por su primer trabajo: 9.158 euros. Y el 7 de abril de ese mismo año ya había recabado del Ejecutivo madrileño ocho contratos, cuya suma total ascendió a 58.753 euros.

Pero si resulta inédita la velocidad con que Good and Better se hizo un hueco en la agenda de adjudicatarios directos del Gobierno de Madrid, más complicado de explicar parece otro dato: cuando el 26 de enero colocó la carpa, el enmoquetado, la iluminación y el escenario desde donde Aguirre difundió las bondades del nuevo helicóptero, Good and Better no se dedicaba oficialmente a la organización de eventos. Fue el 3 de febrero cuando, en el mismo momento en que Felisa Isabel Jordán Goncet adquirió la condición de administradora única, la compañía modificó su objeto social para asumir tareas tales como "organización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos" y "proyectos con las administraciones públicas".

Good and Better (en castellano, bueno y mejor) pertenece a la categoría de sociedades limitadas llave en mano. Quien gestionó los trámites y figuró como primer administrador fue el abogado Ramón Cerdá Sanjuán, que anuncia por Internet sus servicios. Un empleado de su empresa explicó ayer que el negocio consiste en vender una sociedad limitada durmiente dispuesta para ser activada y lanzarse al mercado.

Las adjudicaciones a Easy Concept y Good and Better se produjeron en la etapa de Ignacio González como consejero de Presidencia y de Alberto López Viejo, actual titular de Deportes, como viceconsejero.

(www.publico.es, 09/02/09)

CESIÓN URBANÍSTICA. EL PSOE DENUNCIA MÁS ANOMALÍAS EN BOADILLA

El PSOE de Boadilla (Madrid) criticó ayer que Ramón Blanco, adjudicatario de un derecho de superficie sobre 30 locales comerciales concedido por la empresa municipal del suelo por un canon anual de 320.000 euros, alquile uno de ellos al Ayuntamiento por una tercera parte de esta suma.

Según el PSOE, el Ayuntamiento ha arrendado uno de estos locales para la nueva comisaría por un precio de 104.000 euros al año
a la empresa de Ramón Blanco, supuestamente vinculado a Francisco Correa, a quien la Policía señala como jefe de la trama. Este importe supone el 34% del canon que recibe el Ayuntamiento.

El alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), figura entre las 30 personas cuya imputación ha pedido Anticorrupción a Garzón.

(www.publico.es, 09/02/09)

FUNCIONARIOS DENUNCIAN EL COBRO DE COMISIONES DEL ALCALDE DE BOADILLA

«Cualquier técnico municipal responsable de realizar concursos para la adjudicación de servicios para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte pasa por la experiencia previa de ser advertido de las directrices bajo las cuales ha de elaborar el pliego de condiciones y su posterior informe técnico, para que el campeón sea la empresa que él ha decidido. Bien porque le reporta alguna comisión en efectivo o porque sea amigo personal».

Así relatan unos funcionarios y empleados la presión a la que se han visto sometidos por Arturo González y sus hombres de confianza para que las contrataciones se las llevaran sus «amigos», según la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

«Incluso te pedían que te reunieses con la empresa previamente para que todo cuadrase», sostienen. ¿Qué cómo saben que se pagaban comisiones?, «porque te lo dicen los responsables de las propias empresas: 'Tu jefe me ha sacado más pasta de la que habíamos hablado en un principio, o hemos tenido problemas con tu jefe porque no le hemos pagado lo que él pedía'», precisan para describir tanto el funcionamiento general del sistema de adjudicaciones municipales como para justificar la denuncia en la que afirman que los ingresos del alcalde no justifican ni sus propiedades - «posee un patrimonio personal muy superior a sus ingresos»- ni su tren de vida.

El desplazamiento en helicóptero para participar en un Torneo de Golf en Cádiz -aparte de sus viajes a Miami junto con el detenido Francisco Correa- es uno de los ejemplos -más o menos anecdóticos- de actividades que, al parecer de los denunciantes, no se ajustan a una retribución anual de 81.136,30 euros.

El sindicato Manos Limpias presentará hoy un escrito ante la Fiscalía con un listado de testigos para que sean llamados a declarar. Sobre las empresas que han venido beneficiándose de la contratación -y aquí aparecen los componentes del Club de Miami, llamado así por viajar junto a Correa hasta esa ciudad con intenciones inversoras- y sobre el patrimonio del edil popular.

Según el dossier aportado, el alcalde Arturo González Panero tiene dos coches a su nombre -un BMW X-5 y un Opel Zafira- y habría comprado otros dos a su hermano - como regalo de bodas- y a su padre. Se le atribuyen tres propiedades, una en Boadilla, otra en una urbanización de Torrepacheco, en Murcia, y una tercera comprada sobre plano en Los Fresnos, que estaría valorada en más de 607.000 euros.

Se pide a la Fiscalía que investigue sobre una propiedad en Marruecos -una inmobiliaria de Ceuta, Euromaroc, le remitió una carta en la que se le notificaba que no se le podría entregar su adquisición hasta abril de 2008-; además de los inmuebles que pueda tener en Miami de cuya compra se ha jactado.

Los denunciantes dan cuenta de una circunstancia que les parece sospechosa, como los viajes a Andorra «portando maletines» en compañía de un asesor de la Alcaldía, y apuntan algunas inversiones y gastos del primer edil. Como la acción adquirida en Palomarejos Golf por valor de 20.000 euros, las inversiones en bolsa o los viajes que regala a través de Pasadena Viajes, la empresa que tiene como administrador único a su amigo Pablo Crespo, socio de Correa, ambos arrestados por orden del juez Garzón.

Se contabilizan gastos de escolarización de sus tres hijos en el eurocolegio Casvi y Highlands de Boadilla por un importe anual aproximado de 11.455 euros; los correspondientes a las clases de golf de su esposa por un importe de 3.000 euros, y se relata su participación en torneos de este deporte por toda España.

Ese nivel de vida tiene relación directa, según los denunciantes, con el hecho de que el alcalde y su director general, Tomás Martín Morales, por ejemplo, «se reúnan previamente para comer con cada uno de los empresarios que se presentan a los concursos para realizar un sondeo de quién ofrece mayor comisión».

Como consecuencia, «desde hace años se comunica al personal del Ayuntamiento que todos los seguros de accidentes se contraten con la empresa F y A de Lope Correduría de Seguros -amigos de negocios- con los que, entre otras actividades, viajó a Brasil para el último mundial de Fórmula 1-. Todo ello sin pedir previamente presupuestos a otras empresas».

«Habiendo un letrado consistorial y dos técnicos jurídicos, se contrata en numerosas ocasiones a la empresa EIUS Abogados con importes que suman un montante anual de entre 12.000 y 18.000 euros», se informa, para después especificar que el bufete pertenece a sus amigos José María Michavila (ex ministro de Justicia) y Alberto Dorrego.

Y se relatan presuntos tratos de favor, como la parcela de Boadilla que fue adjudicada para su explotación a UFC S.A., una empresa vinculada a la hermana del ex concejal de urbanismo. Entre otros.

(www.elmundo.es, 09/02/09)

FRAGA: "SI JESUCRISTO ERRÓ AL ELEGIR, IMAGÍNESE LOS MORTALES"

El presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, siempre le encuentra un parecido a cualquier situación. En esta ocasión recuperó un pasaje bíblico para justificar el escándalo que amenaza con empañar la campaña del PP en Galicia. "Jesucristo tuvo un Judas entre los doce apóstoles. Si al propio Jesucristo le pasó eso en una selección de personal, imagínese qué no le pasará a los pobres mortales", afirmó Fraga en referencia a las irregularidades que obligaron al candidato del PP a la presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a prescindir de su número 1 por Ourense, Luis Carreras, quien cobró 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán, en el Caribe.

De lo más antiguo, de Jesucristo, al mismísimo Obama, nadie, según Fraga en declaraciones a la cadena SER, está libre de un posible caso de corrupción en sus filas. Preguntado por cómo se solucionaba en su época un problema de posible corrupción, el presidente fundador del PP respondió que se atajaba rápidamente: "Cuando se veía venir un caso de estos, lo ponía fuera de circulación, por las buenas o por las malas".

Fraga elogió a Núñez Feijóo, del que dijo que había demostrado tener "una gran experiencia". Ante los "reproches" de que Feijóo no es tan "galleguista" como lo es él, aclaró las diferencias que existen entre ser galleguista, como él, y nacionalista, que, a su juicio, "es alta traición".

(www.elpais.com, 09/02/09)

EL ALCALDE DE BOADILLA DESAFÍA AL PP Y SE NIEGA A DIMITIR POR LA TRAMA

"Sin estar imputado es absurdo presentar la dimisión". Así se ha expresado esta tarde el alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, en una rueda de prensa en la que no ha admitido preguntas, según informa J. Sérvulo González. A Panero se le vincula con la trama de corrupción municipal destapada el viernes por la fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón. Sin embargo, según sus propias palabras, hoy se ha reunido con Garzón y éste ni siquiera lo ha citado como testigo. "Soy un cabeza de turco", ha afirmado.

La renuncia de González Panero ha sido objeto de controversia toda la mañana. Primero fue el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien aseguró que González Panero, había presentado su dimisión al secretario general de los populares en Madrid, Francisco Granados, y que se la había aceptado. Sin embargo, el regidor insistió en su inocencia al acudir a la Audiencia Nacional y negó que hubiera puesto su cargo "a disposición del partido". Rajoy ha anunciado que va a abrir una investigación interna para conocer los hechos que vinculan a su formación con la trama corrupta desarticulada el pasado viernes, que conseguía contratos en administraciones públicas gobernadas por los populares y después prestaba servicios a este partido en las campañas electorales.

El alcalde de Boadilla quien viajó en viajó a Miami en dos ocasiones (en 2002 y 2003) con el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, había pactado esta mañana con Granados su dimisión pero posteriormente ha dado marcha atrás. Conocido el cambio de postura de González Panero, el secretario general del PP madrileño ha empezado a usar todos sus recursos para forzar su renuncia y ha comenzado a hablar con los concejales para presentar, si fuera preciso, una moción de censura.

El PP pedirá amparo

Al igual que hizo ayer la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el líder del PP ha cargado contra el PSOE porque, en su opinión, ha utilizado "de forma partidista" a la fiscalía y ha anticipado que van a presentar un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial para pedir amparo. Rajoy ha querido aclarar que su partido nunca ha recibido donaciones de ninguno de los empresarios arrestados y ha manifestado que las contrataciones siempre se han hecho "en el marco de la legalidad" y no se ha recibido "beneficio alguno".

Preguntado no obstante por su etapa como responsable de campaña del PP, Rajoy ha reconocido que trabajaron con Special Events, firma investigada en el proceso abierto por Garzón, pero ha señalado que "conocedores de que algunas personas utilizaban el nombre del PP" en ayuntamientos del noreste de Madrid dejaron de hacerlo. En línea con la investigación interna, el PP se personará como acusación popular en la causa de la Audiencia Nacional.

Rajoy, que hasta hoy había guardado silencio sobre la trama, ha afirmado que la revelación del contenido del sumario "puede hacer daño" al partido y las actuaciones contra esos cinco "individuos" puede "manchar el nombre del PP", algo que, en palabras del líder del PP es "injusto e intolerable". Por ese motivo, el presidente del PP ha insistido en que su partido actuará con "contundencia" contra cualquier militante que actúe fuera de la legalidad.

Una relación "puntual"

Por su parte, el regidor de Boadilla ha asegurado que su ayuntamiento ha tenido relación puntual con tres de las empresas de Correa, al facturar a Pasarena Viajes contratos por un importe de 5.500 euros, además de unos servicios con ServiMadrid por valor de 2.000 euros y una adjudicación a la empresa EasyConcept la oficina de atención al ciudadano con el voto favorable de la oposición. "La documentación aportada por el ayuntamientos sobre estas adjudicaciones es totalmente transparente", ha afirmado González Panero. "Desde ese 2004 no tengo ningún trato con Correa", ha apuntado. "Yo hablaré con el Partido Popular y les contaré lo que he hablado hoy aquí -en la Audiencia Nacional-", ha afirmado el alcalde de Boadilla. En una de las cintas grabadas a Correa, éste asegura: "Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote que aplica a González Panero], se caga. Pero también voy yo al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla".

Los detenidos que hoy declararán ante el juez Garzón son Francisco Correa , quien se encargaba habitualmente de organizar los actos de los populares, hasta que Rajoy prescindió de él en 2003; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y Antoine Sánchez, cuyo nombre aparece en el amplio entramado de empresas de Correa. Las dos mujeres detenidas, María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio y Felisa Jordán Goncet, han quedado en libertad con cargos.

(www.elpais.com, 09/02/09)

RAJOY ACEPTA LA DIMISIÓN QUE EL ALCALDE DE BOADILLA NIEGA HABER PRESENTADO

El lío en el PP ya llega hasta tal punto que los mensajes que lanzan desde su seno se contradicen entre sí. Un ejemplo: mientras el líder conservador, Mariano Rajoy, anunciaba de forma rotunda la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, por su presunta relación con la trama de corrupción en Madrid, el propio González lo desmentía pocos minutos después. Además, añadía que no estaba dispuesto "a convertirse en cabeza de turco de nadie".

Diez de la mañana. El secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, cita al alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) por orden de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Granados recomienda a González que ponga su cargo a disposición del partido ante las graves acusaciones que pesan en su contra.

El alcalde de Boadilla, conforme con Granados, le asegura que hará pública su decisión de dimitir tras presentarse voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Batasar Garzón. Tras su reunión con el alcalde de Boadilla, Granados se reúne con la presidenta Aguirre para comunicarle lo sucedido. La lideresa habla con Rajoy para informarle de que el alcalde de Boadilla ha presentado su dimisión y que el partido lo ha aceptado.

A renglón seguido, Rajoy comparece ante los medios para informar de la dimisión porque "el alcalde de Boadilla no quería hacer daño al partido".

En ese preciso momento en el que Rajoy comparece ante los medios, y tras personarse ante Garzón, el alcalde de Boadilla matiza que no ha presentado su dimisión. Surge el caos.

El alcalde ha asegurado ante los medios de comunicación que tiene "la conciencia tranquila" y que las adjudicaciones realizadas por su consistorio fueron "impecables" y "aprobadas por la oposición".

"No he puesto ningún cargo a disposición, yo hablaré con el Partido Popular y les contaré lo que he venido a hacer hoy aquí, en cuanto tenga oportunidad", dijo el edil de Boadilla. González Panero ha argumentado que no ha puesto su cargo a disposición del partido porque Garzón le anunció que "ya me llamaría", por lo que ha decidido dejar su dimisión en suspenso.

Posteriormente, ya en rueda de prensa, el alcalde de Boadilla ha explicado su visión de los sucedido: "No voy a poner el cargo a disposición de mi partido". El anuncio, en este sentido, realizado por el PP esta mañana "ha sido una sorpresa" para él. González Panero ha dado un paso más allá y de forma contundente ha anunciado que no se va "a convertir en cabeza de turco de nadie". Para que dimita, explica, la Justicia debe probar antes su culpabilidad. "¿Por qué tengo que dimitir, si ni siquiera he sido citado como testigo o como imputado por el juez Garzón?".

No obstante, desde el PP ya se ha informado de que esta decisión unilateral —de dejar su dimisión en suspenso— del alcalde de Boadilla no se va a aceptar, y han informado de que, de ser necesario, presentarán una moción de censura.

"Lo procedente es que el alcalde de Boadilla ponga su cargo a disposición del partido", explicaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

"Quiero aclararlo todo cuanto antes", ha manifestado González, quien pretende así esclarecer la relación de su consistorio con los detenidos el pasado viernes relacionados con una trama de corrupción urbanística presuntamente liderada por Fernando Correa.

González ha indicado que el consistorio facturó a Pasarena Viajes contratos por un importe de 5.500 euros, contrató servicios con ServiMadrid por valor de 2.000 euros y adjudicó a la empresa EasyConcept la oficina de atención al ciudadano con el voto favorable de la oposición.

"La documentación aportada por el ayuntamientos sobre estas adjudicaciones es totalmente transparente", añadió. Además, González Panero aclaró que rompió su relación con Correa en 2004. "Desde ese año no tengo ningún trato", indicó en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Audiencia Nacional.

Garzón tomará hoy declaración a los detenidos en la operación contra la corrupción en Madrid, que se extiende a Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz), según informaron fuentes jurídicas.

A los detenidos en esta operación, dirigida por Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, se les imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Las detenciones del viernes fueron practicadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Comisaría General de Policía Judicial.

Los arrestados en la operación contra la corrupción en la Comunidad de Madrid son cinco: los empresarios Pablo Crespo Sabaris, Francisco Correa Sánchez, la mujer de éste último, María del Carmen Rodríguez Quijano, Felisa Jordán y Antoine Sánchez.

(www.publico.es, 09/02/09)

RAJOY DA POR DIMITIDO AL ALCALDE DE BOADILLA Y ÉSTE LO NIEGA

El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (PP), ha comparecido para reiterar que no ha presentado su dimisión y que no piensa hacerlo mientras no sea imputado. Ha hecho estas declaraciones poco después de que el líder del partido, Mariano Rajoy, anunciara que el primer edil de la localidad madrileña había puesto su cargo a disposición del PP.

González Panero ha hecho estas declaraciones ante la prensa, rodeado por 14 de los 16 concejales del municipio (los otros dos fueron expulsados del equipo de Gobierno) y no admitió preguntas.

El viernes fueron detenidas cinco personas dentro de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional, algunas de ellas presuntamente vinculadas con su Ayuntamiento.

El primer edil de Boadilla se ha reunido a las 10 de la mañana durante una hora con el secretario general del PP, Francisco Granados, quien le ha pedido que pusiera su cargo a disposición del partido.

Fuentes populares aseguraron que el hasta ahora alcalde se ha declarado inocente de todas las imputaciones que se le han hecho pero para no perjudicar al partido ha decidido poner su cargo a disposición de sus superiores.

Más tarde, sin embargo, Panero, ha negado que haya puesto su cargo a disposición del PP y que tenga intención de dimitir. Panero aseguró ante los medios de comunicación que tiene "la conciencia tranquila" y que las adjudicaciones realizadas por su consistorio fueron "impecables" y "aprobadas por la oposición".

Asimismo, preguntado acerca de la posibilidad de que el testimonio de Francisco Correa -uno de los principales detenidos en la trama- provoque su ingreso en prisión, contestó: "No, le puedo asegurar que no". Fuentes municipales han precisado que Panero no dimitirá haasta que no sea imputado por el caso.

Ante esta actitud, fuentes de la dirección del PP han señalado que confiaban en que Panero dimitiera, ya que, en caso contrario, sería expulsado del partido y se le plantearía una moción de censura.

Después de reunirse con Granados, Panero ha acudido de forma voluntaria a declarar en la Audiencia Nacional. Ha sido acompañado por su abogada para aclarar informaciones periodísticas que le vinculan con el cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones a determinadas empresas.

Así, funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción la presión a la que se vieron sometidos por Arturo González y sus hombres de confianza para que las adjudicaciones se las llevaran "amigos".

"Incluso te pedían que te reunieses con la empresa previamente para que todo cuadrase", sostienen los funcionarios, que aseguran que los propios empresarios les decían "tu jefe me ha sacado más pasta de la que hablamos en un principio o hemos tenido problemas con tu jefe porque no le hemos pagado todo lo que él quería".

El sindicato Manos Limpias presentará hoy un escrito ante la Fiscalía con un listado de testigos para que sean llamados a declarar, y otro con el patrimonio de Panero, que según el dossier, tiene dos coches a su nombre -un BMW X-5 y un Opel Zafira- y habría comprado otros dos a su hermano -como regalo de bodas- y a su padre.

(www.elmundo.es, 09/02/09)

RAJOY SOLICITARÁ AMPARO DE LA JUSTICIA PARA QUE NO SE VIOLE EL SECRETO DE SUMARIO

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que solicitará amparo de la justicia solicitando que no se viole el secreto de sumario, y ha ordenado una investigación interna para la expulsión de cualquier militante del PP implicado en el caso de corrupción urbanística en Madrid -que se extiende a Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz)- investigado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Rajoy ha reiterado que ninguno de los cinco detenidos son militantes del PP, por lo que "no pueden manchar en ningún caso el nombre del PP".

"Es intolerable y profundamente injusto que se pretenda ensuciar el nombre del PP por las actuaciones de esas personas. Todo lo hecho en esta casa se ha hecho dentro del marco de la legalidad y no hemos obtenido beneficio alguno", ha matizado Rajoy, quien asegura que el PP " no ha recibido ninguna donación de alguna de las personas detenidas".

(www.publico.es, 09/02/09)

EL PP BLINDA LOS DATOS SOBRE ORANGE MARKET

"Es una persona jurídica no relevante". Ésta es una de las fórmulas que, de forma habitual, utiliza el Gobierno de Francisco Camps para no contestar a las preguntas que formula la oposición sobre determinadas subvenciones, ayudas o contratos. Las relaciones entre los adjudicatarios de servicios o proveedores y la Administración autonómica deberían ser públicas y expeditas pero, en la práctica, el Consell utiliza todas las argucias legales posibles no sólo para poner trabas, sino para impedir que la oposición fiscalice su tarea en este ámbito.

El caso de Orange Market no ha sido distinto. El oscurantismo del PP ha planeado, desde el principio, sobre esta empresa, incluida en el entramado de sociedades que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante posibles delitos de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Ni la insistencia ni el interés de la oposición han servido, de momento, para que la Generalitat aporte la información sobre todos los contratos adjudicados a esta empresa. Dos días después de que se conocieran las detenciones y la investigación de la trama, ni el PP de la Comunidad Valenciana ni sus representantes en la Generalitat han ofrecido algún tipo de explicación o aclaración sobre el caso. El silencio, como cuando la oposición ha tratado de obtener información sobre Orange Market, es absoluto. Ni siquiera el secretario regional de los populares valencianos, Ricardo Costa, ha mentado el nombre de la firma. Aunque ayer a últim hora la dirección de los populares valencianos anunció que rompe con Orange Market.

Las únicas adjudicaciones a Orange Market publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana son las realizadas por la Consejería de Turismo por la creación y montaje del expositor de varias ferias de turismo, entre ellas, Fitur, a partir de 2005. La documentación de la última de ellas, el expediente 33/08 sobre el contrato para el diseño y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana de este año, fue requisada el pasado viernes, por orden del juez Garzón, cuando la policía judicial acudió a las sedes de la mercantil y de la Agencia Valenciana de Turismo en Valencia.

Los negocios entre el PP valenciano y las firmas investigadas empiezan hace ya una década, en la época de Eduardo Zaplana cuando Orange Market, ahora filial de Special Events, aún no había nacido: era la matriz la que realizaba los servicios.

El bloqueo del PP a ofrecer información sobre la relación de la Generalitat comenzó en 2005. El diputado socialista José Camarasa remitió seis cuestiones al Consell en las que se preguntaba por la relación de Orange Market con la Generalitat. "¿Ha mantenido alguna relación contractual?", pidió saber. En el caso de que la respuesta a esta cuestión fuera positiva, el socialista quería saber qué contratos habían adjudicado la Generalitat, las empresas públicas y/o organismos autónomos a la empresa, desde 1995 hasta 2005, cuál era el objeto de estos contratos y a cuánto ascendía cada uno de ellos.

La información detallada que exigía el parlamentario incluía también las fechas de adjudicación de cada uno de los contratos y las fechas en las que éstas fueron publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el caso de que se hubieran publicado.

El PP no optó por admitir las preguntas y responder con evasivas o ambigüedades, como en otras ocasiones. En este caso, ni siquiera tramitó las cuestiones. La decisión del PP provocó que Camarasa presentara un recurso, que también fue desestimado. El interés de los socialistas por la firma comenzó después de que el entonces consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación, Esteban González Pons, adjudicara a Orange Market la elaboración de la guía de la comunicación, tal como recuerda el propio Camarasa.Desde 1999 la Sindicatura de Comptes incluye los nombres de las sociedades Special Events y Orange Market (desde 2003) en sus informes por incumplir la obligación de comunicar los trabajos realizados en campañas electorales, todos ellos para el PP. Los tres últimos procesos electorales autonómicos, 1999, 2003 y 2007, fueron fiscalizados por la Sindicatura de Comptes, entidad encargada de revisar los ingresos y gastos electorales derivados de la participación de formaciones políticas en las elecciones.

En los tres últimos informes de la Sindicatura aparecen las firmas de la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ante la posible comisión de presuntos ante posibles delitos de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. En total, son 375.000 euros los que el PP facturó a estas empresas. Pero las firmas no comunicaron, tal como obliga el Régimen Electoral General, la prestación de los servicios realizados. La fiscalidad sobre los trabajos que el PP contrata a las empresas se limita al proceso electoral. Así, los demás encargos realizados por los populares no están sujetos a ninguna otra condición que las propias de la ley.

La adjudicación directa de la Generalitat y la contratación por el PP no son las únicas vías en la relación de los populares valencianos y las empresas sometidas a investigación. El PP ha utilizado también sociedades públicas para realizar contratos de los que luego, alegando que se trata de firmas que están participadas por otras entidades, no rinde cuentas. Ésa es una de las principales batallas de la oposición a la que, de forma sistemática, se niega cualquier tipo de información sobre los trabajos que contratan sociedades como Cacsa, Ciegsa o la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana (SGIEP). Ésta última fue creada en la época en la que Esteban González Pons era el portavoz del Gobierno valenciano. La Sindicatura de Comptes también fiscaliza su funcionamiento y recoge el objeto de los contratos, pero no tiene acceso a las empresas adjudicatarias de los servicios.

Aún así, el informe del Síndic indica que esta sociedad "no justifica y motiva la determinación del precio contratado". Entre los proyectos de esta sociedad figura la organización del gran premio de España de Hípica, que se celebrará en mayo en Valencia. Orange Market, que participó el pasado verano en los actos de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante, opta a organizar el evento.

(www.elpais.com, 09/02/09)

LAS PREGUNTAS A LAS QUE EL GRUPO SOCIALISTA NO OBTUVO RESPUESTA

- Contratos: ¿Ha mantenido la Generalitat valenciana alguna relación contractual con la empresa Orange Market?

- Cuántos: ¿Qué contratos han adjudicado la Generalitat valenciana, empresas públicas y/o organismos autónomos a la empresa Orange Market desde 1995 hasta la fecha?

- Para qué: ¿Cuál era, detalladamente, el objeto de los contratos adjudicados a Orange?

- Cuánto: ¿A cuánto asciende, detalladamente, cada uno de los contratos adjudicados a Orange Market?

- Cuándo: ¿Cuáles han sido las fechas de adjudicación de cada uno de los contratos?

- Publicidad: ¿Se han publicado en el DOGV las adjudicaciones de los contratos?

(www.elpais.com, 09/02/09)

EL PP ROMPE CON ORANGE MARKET

El PP valenciano ha decidido romper toda relación mercantil con Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez vinculada a la trama de corrupción de este partido. Fuentes de la dirección regional aseguraron a este periódico que no seguirán trabajando con esta sociedad, pese a reconocer su satisfacción por los trabajos que ha realizado para los populares. "Con lo que está ocurriendo no podemos seguir con ellos", afirmaron. Los populares reconocieron a través de un comunicado haber contratado "puntualmente" los servicios de Orange Market.

El desmarque de la dirección popular llega tras una jornada intensa en la que volvió a reflejarse la división interna en el PP valenciano. Fuentes próximas al ex presidente Eduardo Zaplana insistieron en relacionar a Álvaro Pérez con Francisco Camps. "Llegó de su mano. Fue él quien lo trajo y del que es amigo. También mantiene muy buena relación con Gerardo Camps", vicepresidente segundo y consejero de Economía. Hay quien llega más lejos y asegura que Pérez ha afirmado en una reunión en Madrid que está trabajando para "preparar el desembarco de Paco [Camps] en Madrid para sustituir a Mariano Rajoy".

Los actuales responsables del PP discrepan. "Cuando nosotros llegamos, Álvaro Pérez ya estaba. Él participó en las elecciones de 2003 y todo el mundo sabe que aquella campaña fue controlada por Eduardo Zaplana. Además, en 2004 organizó el congreso regional del partido, cuyo responsable político fue Juan Manuel Cabot [ex secretario general y persona vinculada a Zaplana]. Pensar o insinuar que Ricardo Costa [actual secretario general del PP valenciano] conocía a Álvaro Pérez antes de ser elegido no se corresponde con la realidad".

La bronca entre zaplanistas y campistas tiene derivaciones singulares en la provincia de Alicante. Los primeros dicen que Ricardo Costa quiso imponer a Orange Market en la organización del congreso provincial en el que fue reelegido José Joaquín Ripoll como presidente provincial. Los segundos lo niegan, preguntándose de forma retórica: "¿Alguien puede afirmar eso en serio? Pero si Ripoll no hizo otra cosa que atacar a Ricardo. Cómo se puede pensar que éste iba a pedirle nada al presidente de la Diputación de Alicante, tal y como estaban las relaciones?".

Por otra parte, fuentes de Bancaja aseguraron que su presidente, José Luis Olivas, "no conoce" a Álvaro Pérez, que supuestamente propició la entrevista de Juan Villalonga con aquél el pasado julio.

(www.elpais.com, 09/02/09)

ORANGE MARKET ORGANIZÓ EL INICIO DE CAMPAÑA DEL PP EN ALICANTE CON ALPERI Y LA ACTUAL ALCALDESA

La rama valenciana del entramado empresarial que investiga el juez Baltasar Garzón, organizó el arranque de campaña de Luis Díaz Alperi en las municipales de 2007, al que también asistió la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien el sábado dijo que no le sonaba el nombre de la empresa que preside Álvaro Pérez. Una firma que también organizó el congreso regional del PP en 2004, el de la elección directa de Camps como líder popular.

Una de las empresas vinculadas a la trama que investigan el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción trabajó para la campaña de Luis Díaz Alperi en las pasadas elecciones municipales de 2007, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Orange Market, la empresa cuyas oficinas registró el viernes la Policía Judicial y de la que fue fundador uno de los detenidos en la operación contra la corrupción, no ha trabajado, hasta ahora, para la dirección provincial del PP pero sí lo hizo, por indicación de la cúpula regional que preside Francisco Camps, en la última campaña electoral de Díaz Alperi.

La mercantil organizó el sábado 24 de febrero de 2007 el acto de presentación de la candidatura electoral del entonces alcalde que se celebró en la Estación Marítima del Puerto de Alicante. El rastro de Orange Market -sociedad implicada en la investigación del juez Baltasar Garzón- quedó marcado en un correo electrónico que a las 11,56 horas de la mañana del viernes 23 de febrero de 2007 -un día antes de la convocatoria-la actual delegada de Presidencia, Sonia Alegría, remitió con los datos de la empresa a efectos de facturación de los gastos de las instalaciones. El mensaje, escueto y enviado desde la cuenta de correo de Alegría en el consistorio, incluye el nombre de Orange Market, su CIF y la antigua dirección de la sociedad en la calle Conde de Salvatierra de Valencia, sede que la mercantil dejó poco después para trasladarse a la actual de la Calle Colón, donde el pasado viernes se produjeron los registros policiales.

Sonia Alegría, una de las personas de máxima confianza de Alperi, también figura como representante de la agrupación local del PP en la autorización que expidió el Puerto de Alicante -firmada por el hoy conseller Mario Flores- para poder celebrar el acto en la Estación Marítima. El documento, por cierto, revela que la concesión de las instalaciones era a favor del Ayuntamiento de Alicante a pesar de que el acto era organizado por el PP como partido y, en ningún caso, tenía que ver en modo alguno con la institución pública. Desde la Presidencia del Puerto también se dirigían los correos electrónicos -uno, por ejemplo, fechado el 21 de febrero de 2007 a las once menos veinte de la mañana- a cuentas electrónicas del Ayuntamiento de Alicante aunque la convocatoria corría a cargo del PP.

Entre la documentación del acto que organizó y preparó Orange Market también figura, en uno de los escritos de asunción de responsabilidades, el nombre de la actual alcaldesa y entonces responsable de Urbanismo, Sonia Castedo. La primer edil, que sustituyó a Alperi tras el pasado verano y que ocupó el número tres de la candidatura electoral, aparecía como peticionaria en un documento en el que también figura como persona responsable del montaje. Sin embargo, el pasado sábado, a preguntas de los periodistas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, informa Alejandro Fernández, evitó la polémica y dijo, incluso, no conocer la empresa. Tras presidir el día de la Policía de la Generalitat, Castedo se limitó a señalar que «aún no he leído los periódicos, pero ni tan siquiera me suena -en alusión a la empresa- ese nombre». Orange Market, la sociedad que dirige Álvaro Pérez y que fue fundada por uno de los detenidos por la trama de corrupción, ha recibido contratas millonarias desde el Consell y es la mercantil que más encargos recibe para organizar actos de la dirección regional del PP. Tres empresas vinculadas a la trama trabaron para Camps en sus dos campañas.

(www.levante-emv.com, 09/02/09)

LA FIRMA INVESTIGADA MONTÓ EL PRIMER CONGRESO DE CAMPS EN 2004

Los dirigentes del PP valenciano pasan; Orange Market permanece. La empresa que preside Álvaro Pérez y que fue objeto de un registro judicial el viernes, en sesiones de mañana y tarde, ya organizó el congreso regional de los populares en Castelló, el 20 y 21 de noviembre de 2004. La sociedad dedicada al montaje de eventos recibió aquel encargo de una dirección del partido de alma dual: el presidente era Camps, porque Zaplana le cedió el testigo, y José Joaquín Ripoll y Juan Manuel Cabot eran secretario y vicesecretario.

Fue precisamente en ese cónclave donde se materializó el relevo por la vía congresual entre el ex ministro de Trabajo y quien ganó las elecciones autonómicas de 2003 y era presidente del PP pero no por elección directa de los compromisarios. Camps consagró esa presidencia al lograr el 78% de los votos de delegados. La batalla interna entre campsistas y zaplanistas ya se había destapado. Hubo hasta gritos de «pucherazo» en el debate de la ponencia de estatutos.

Orange Market montó ese acto año y medio después de nacer en una notaria de Algemesí, el 24 de julio de 2003. En la escritura de constitución figuraban Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP gallego y diputado por Pontevedra y Luis de Miguel Pérez. Crespo es administrador único de Special Events, la sociedad matriz de Orange, que se encargó de organizar las campañas electorales del PP valenciano en 1999 y 2003. En esas dos campañas, Special Events y su filial Realgreen no declararon al Tribunal de Cuentas 282.239 euros facturados al partido. Crespo fue detenido el viernes en la operación desplegada como consecuencia de la investigación de Anticorrupción, el juez Garzón y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).

Hoy mismo pasarán a disposición judicial los detenidos, entre los que no se encuentra ya la esposa de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, según el juez. Carmen Rodríguez, también vinculada a Special Events, fue puesta en libertad el sábado. Fue jefa de gabinete del ex alcalde popular de Majadahonda, uno de los focos de la investigación. El vicesecretario regional del PP, David Serra, emitió ayer un comunicado en el que reconoce haber contratado «puntualmente» los servicios de Orange Market. «El PP ha actuado como cualquier otra persona física o jurídica que contrata un servicio y al quedar satisfecho vuelve a contratarlo», dijo de una empresa de la que destacó «la perfección del servicio que presta».

Serra aseguró que su partido «colaborará con la justicia» y arremetió contra el PSOE por «la insistencia en relacionar las empresas que investiga Garzón con el PP». «A no ser que su relación con las empresas que contrata el Gobierno central sea de ese tipo; cree el ladrón que todos son de su misma condición», concluyó el dirigente regional.

(www.levante-emv.com, 09/02/09)

EL GOBIERNO VALENCIANO CONSIDERA ´TESTIMONIAL´ SU RELACIÓN CON ORANGE MARKET

En declaraciones a Radio Nacional de España, el vicepresidente primero del Consell ha insistido en que la relación de la Generalitat con la empresa investigada es "tangencial", ya que sólo ha organizado "un evento", el del expositor valenciano en Fitur, y otro el año pasado con motivo de la salida de la vuelta al mundo de vela desde Alicante.

Rambla ha destacado que la Generalitat cuenta con 2.000 proveedores y que la organización del acto de Alicante tuvo 160, y ha insistido en que el Ejecutivo valenciano está "muy interesado" en que haya "toda la transparencia" y una "claridad informativa" sobre esa "supuesta relación".

Ha asegurado que van a poner a disposición de la justicia toda la información de que disponen, y ha alertado de que no van a "tolerar que nadie ponga en duda el nombre del PP ni mancille el nombre de la Generalitat", por lo que actuará con "contundencia" y llevarán ante la Justicia a "todos aquellos que pongan en duda la actuación de la Generalitat".

"Nos sentimos como una víctima colateral de unas investigaciones que en otros sitios se están llevando" a cabo, ha manifestado Rambla, quien ha insistido en que "se depuren todas las responsabilidades" y que "lleguen hasta donde tengan que llegar", pero que haya también "responsabilidad".

Rambla ha recordado que la investigación está bajo secreto de sumario, por lo que "la responsabilidad de todos exige que se digan las cosas que están contrastadas, y no las valoraciones de personas nada respetables por lo que estamos leyendo estos días".

Según ha dicho, en cuanto han tenido conocimiento de que puede haber sospechas en relación con la actuación de personas relacionadas con la dirección de esta empresas, han dado instrucciones para que en todos los organismos que dependen de la Generalitat y del PP "no haya ninguna contratación".

No obstante, Rambla ha resaltado que por parte de la Generalitat "prácticamente no había ninguna, y por tanto poco hay que parar".

Preguntado por el hecho de que Orange Market y Special Events aparezcan ya en algunos informes de la Sindicatura de Cuentas por impagos a la Generalitat, Rambla ha dicho que no tiene conocimiento de eso, y que la única empresa que conoce que haya trabajado con la Generalitat es Orange Market.

Ha destacado que en Fitur se ha recibido este año una mención de la organización como uno de los mejores 'stands', y ha recordado que este año se ha reducido el presupuesto para ese fin.Rambla ha negado además que esa empresa trabajara en la visita del Papa a Valencia y en la Fórmula Uno, o que esté preparando un gran premio de hípica, y ha reclamado que "se ciñan las cosas a sus términos exactos" y no se ponga en duda el nombre de la Generalitat.Preguntado sobre si el president de la Generalitat irá a Les Corts a informar de esta cuestión, Rambla ha dicho que Francisco Camps estará en el Parlamento el jueves hablando de este tema, "y en todos los sitios que haga falta", porque tienen "mucho interés en dejar claro que la única relación" con esa empresa , de "acreditada solvencia" en la organización de actos, se circunscribe a los dos citados.

(www.levante-emv.com, 09/02/09)

EL BENEFICIARIO DE 13 TDT DEL CONSELL TIENE 60 MILLONES EN CONTRATOS PÚBLICOS EN LA COMUNITAT

La operación anticorrupción abierta el viernes por el juez Baltasar Garzón contra una presunta trama de empresarios por media docena de presuntos delitos económicos y urbanísticos, salpicó el sábado a otro hombre de negocios vinculado a la Generalitat Valenciana. Los agentes que acudieron al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), uno de los focos de la investigación, también pidieron información sobre la adjudicación de una parcela a UFC, empresa inmobiliaria del Grupo Begar, propiedad de José Luis Ulibarri.

Este magnate leonés de la construcción y los medios de comunicación lleva varios años ganando terreno en la contratación pública valenciana. Un espacio consolidado en el ámbito de los servicios y la construcción de hospitales, aparcamientos, colectores y carreteras. Sólo con algunos contratos, la suma supera los 60 millones. Entre los intereses empresariales de Ulibarri en la Comunitat destacan las trece licencias de TDT del Consell que controla a través del grupo Mediamed. Además, Ulibarri participa en la construcción del hospital de Llíria, que la Conselleria de Sanidad adjudicó por 25 millones a una UTE en la que se integra su empresa Begar Construcciones y Contratas.

Pero otras empresas de Ulibarri también han encontrado mercado en la administración autonómica. La firma Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, presidida por Ulibarri, logró el contrato para limpiar los centros de la Agencia de Turismo los años 2007 y 2008 por casi 1,3 millones.

Precisamente, la Agencia Valenciana de Turismo fue registrada el viernes por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que requisaron el contrato de Turismo para el montaje del stand de Fitur con Orange Market, la marca valenciana de la trama investigada por Garzón.

Por otro lado, Bienestar Social le adjudicó a Seralia en 2008 la limpieza de algunos centros de Valencia por medio millón de euros; y Justicia le encargó en 2007 la limpieza, desinfección y desratización de cuatro edificios del Prop en Valencia, Castelló y Requena por casi un millón.

Ulibarri también tiene a la Conselleria de Infraestructuras entre sus clientes. Además del desdoblamiento en 2006 del colector norte del parque de Cabecera de Valencia, adjudicado a una UTE por más de 7 millones, Infraestructuras ha vuelto a confiar en Begar este mandato. Infraestructuras ha encargado a Begar, también como parte de una unión de empresas, la "conservación, reparación y adecuación de las carreteras de Castelló norte". El importe de la adjudicación supera los 15 millones. Y en Valencia, Begar -en unión con Bertolín- recibió en 2007 la construcción y gestión del aparcamiento de Eugenia Viñes y el depósito de tormentas del Cabanyal, por unos 12,6 millones.

Ulibarri también tiene entre manos proyectos urbanísticos en la Comunitat. El empresario es el consejero delegado de Xilxes Golf Resort SL, uns mercantil que promovió el verano de 2004 el proyecto para construir un PAI de 1, 7 millones de metros, campo de golf incluido, en la costa de Castelló. UFC, la firma de la parcela investigada en Boadilla, está en el accionariado de Xilxes Golf Resort Golf.

(www.levante-emv.com, 09/02/09)

Aguirre adjudicó 76 contratos a dedo a la trama de Boadilla

Alberto López Viejo, un prometedor sospechoso

El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó, directamente y sin concurso, 76 contratos entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 a dos empresas vinculadas a los detenidos por la trama de corrupción que comenzó a investigarse en Boadilla (Madrid) y que el viernes destapó el juez Baltasar Garzón.

En total, Easy Concept Comunicación, SL (antes denominada Down Town Consulting) y Good and Better, SL recibieron adjudicaciones para organización de eventos por valor de 562.183 euros, cada una de ellas inferior a 12.000 euros. Esa es la cuantía que la Ley de Contratos estatal señalaba hasta 2007 como límite máximo para adjudicar sin concurso los llamados contratos menores.

Easy Concept yGood and Better tienen o han tenido por administradores a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego; y Felisa Isabel Jordán Goncet, detenidos el viernes con otros tres empresarios. Entre ellos, Francisco Correa Sánchez, a quien los investigadores consideran el cerebro de la trama.

Actos de la presidenta

Las adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de Madrid constan en sendas respuestas parlamentarias remitidas al PSOE en diciembre de 2005. El listado constata que, de las dos empresas citadas, Easy Concept Comunicación fue la más beneficiada, con 68 contratos.

Al estar ‘troceados’, los contratos no tuvieron que ser otorgados por concurso

En buena parte de la serie de adjudicaciones hay dos nexos comunes: tienen por objeto la preparación de actos a los que asistió Esperanza Aguirre y aparecen troceados. Es decir, los trabajos necesarios para un mismo evento no se consideran un todo, sino se que se adjudican por partes, de modo ninguna de ellas exceda en coste de los 12.000 euros.

El ejemplo más ilustrativo lo representan las 15 facturas emitidas el mismo día por Easy Concept –el 1 de abril de 2004– por los otros tantos servicios prestados para el homenaje que la Comunidad de Madrid rindió en la Puerta del Sol el 25 de marzo de 2004 a “los que se volcaron con las víctimas del 11-M”. La relación de contratos muestra, por ejemplo, cómo el concepto “elementos de sonido”, cuyo coste se cifró en 11.954,39 euros, aparece ajeno al de “iluminación y sonido”, cuantificado en 11.524,36 euros.

Un solo homenaje, el del 11-M, dio lugar a 15 adjudicaciones

Un segundo caso: del homenaje al Getafe por su ascenso a Primera en junio de 2004, Easy Concept emitió cuatro facturas. Todas aparecen en el listado remitido al PSOE con el mismo epígrafe, “Acto Ascenso Club Fútbol Getafe”. Easy Concept y Good and Better giraron facturas en abril de 2005 por el Día de la Mujer. La primera, por 11.906 euros; la segunda, por 11.700.

En las fechas a las que corresponden todas adjudicaciones ocupaba la Consejería de Presidencia Ignacio González. Y el viceconsejero era el actual consejero de Deportes, Alberto López Viejo, a quien, según el diario El País, los denunciantes de la trama de Boadilla señalan como el artífice de los contratos troceados.

HABLA LA PRESIDENTA : "Ningún detenido es afiliado del PP"

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró ayer que si algún cargo del PP tiene algo que ver con la operación abierta por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos por tráfico de influencias, soborno y fraude, “tendrá qué vérselas con la Justicia”. Según Aguirre, ninguno de los detenidos está afiliado al PP. Para la presidenta, la única relación con el PP estriba en que los detenidos “tuvieron que ver con la organización de campañas electorales”.

www.publico.es 08.02.09

Anticorrupción denuncia al ex alcalde de Majadahonda y al regidor de Boadilla

Entre la treintena de nombres cuya imputación propone la Fiscalía Anticorrupción en su denuncia figura el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, el ex alcalde de esta misma localidad y el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega, que ocupó el cargo hasta 2005.

El juez Baltasar Garzón debe ahora decidir sobre las imputaciones solicitadas por el Ministerio Público, para lo que tendrá en cuenta lo que declaren los principales encausados, detenidos el viernes.

Fuentes jurídicas indicaron que el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, también podría figurar entre los investigados, por supuestos contratos firmados con una de las empresas vinculadas al entramado.

De momento, no hay más detenidos que los cinco del viernes, jornada durante la que, en los once registros practicados en Madrid, Valencia, Marbella y Sotogrande (Cádiz), la Policía se incautó de abundantísima información que ahora deberá procesar.

Por lo que respecta a Boadilla, los investigadores analizan, entre otros contratos, el suscrito por González Panero con Easy Concept el 19 de diciembre de 2005 para la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano, y que garantizaba a la citada empresa cinco millones de euros en diez años. En ese municipio madrileño, cuya población censada no llega a los 50.000 habitantes, el servicio de atención al ciudadano cuesta al ayuntamiento 506.000 euros al año.

Según la oposición municipal de Boadilla, Felisa Isabel Jordán, administradora de Easy Concept hasta diciembre de 2007, es la pareja del abogado externo a quien el alcalde ha encomendado en diversas ocasiones la defensa de los intereses municipales.

También Guillermo Ortega adjudicó como alcalde de Majadahonda contratos a una de las empresas presuntamente nucleadas en torno a la trama, Special Events. Esa sociedad tuvo como administradora a Carmen Rodríguez Quijano, asesora municipal de Ortega.

www.publico.es 08.02.09

Garzón también investiga al empresario al que el Consell concedió 13 licencias de TDT

La operación anticorrupción que abrió el pasado viernes el juez Baltasar Garzón y que tiene ramificaciones en Valencia, donde investiga a Orange Market, ofreció ayer nuevas conexiones con la Comunitat. Varios agentes requisaron contratos en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), entre ellos, la adjudicación de una parcela a la empresa inmobiliaria UFC. José Luis Ulibarri, presidente de UFC, se hizo en 2006 con trece licencias de TDT otorgadas por el Consell.

La operación anticorrupción que mantienen abierta la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que se desarrolla de forma paralela en Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana, salpicó ayer a José Luis Ulibarri, otro empresario con conexiones con la Generalitat Valenciana.

Agentes de la investigación acudieron ayer al ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) para pedir varios documentos: entre ellos, los papeles sobre la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa del sector inmobiliario UFC, según la Cadena Ser. Esta empresa, UFC, está presidida por José Luis Ulibarri, y es la rama inmobiliaria del grupo Begar, el imperio de la construcción de este empresario castellano-leonés.

Tanto estas actuaciones como el registro el viernes en Valencia de Orange Market, firma de cabecera del PP en organización de actos y contratista millonaria de la Generalitat, se enmarcan en una operación contra presuntos casos de corrupción. La investigación tiene ramificaciones en la ciudad de Valencia, en las localidades gaditanas de Marbella y Sotogrande, y en los municipios madrileños de Boadilla y Majadahonda.

Ulibarri es un viejo conocido en la Comunitat Valenciana. Este empresario ha conseguido consolidar un imperio económico basado en la construcción, la obra pública y los medios de comunicación; un imperio radicado en Castilla y León, pero con cada vez más presencia en la Comunitat Valenciana.

Ulibarri irrumpió el año 2006 en el mapa televisivo valenciano. Una de las empresas que dirige, Mediamed Comunicación Digital, se hizo con trece licencias de televisión digital (TDT) otorgadas por el Consell. Mediamed, a través de sus firmas asociadas, consiguió obtener representación en trece de las catorce demarcaciones locales en que se dividió el espacio televisivo valenciano para el reparto de las licencias de TDT. En 2007, Ulibarri escenificó su buena sintonía con la administración autonómica durante la presentación de Tele 7, el proyecto audiovisual de Mediamed. En el acto celebrado en Feria Valencia, Ulibarri estuvo arropado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por los entonces consellers de Sanidad, Rafael Blasco, de Territorio, Esteban González Pons, de Bienestar Social, Alicia de Miguel, y el portavoz del Consell, Vicente Rambla. Con todo, la presencia de Ulibarri en la Comunitat Valenciana no se circunscribe únicamente al negocio de la comunicación. En los últimos años, el empresario de Castilla y León también ha ganado terreno como adjudicatario de obra pública que se licita en la Comunitat Valenciana.

Begar Construcciones y Contratas recibió en enero de 2007 la adjudicación del contrato de construcción del hospital de Llíria, en unión temporal con otra firma, al igual que la construcción del colector norte entre Beniferri y el Parque de Cabecera.

En el año 2006, el instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) ya adjudicó a Begar Construcciones y Contratas el proyecto de urbanización y construcción de 72 viviendas en Albaida. También logró la adjudicación de dos aparcamientos subterráneos en Valencia, uno en la Plaza de Neptuno y otro en Tomás de Montañana. Precisamente, el último movimiento de Ulibarri en el mapa comunicativo valenciano está vinculado a la capital valenciana. En junio pasado, otra empresa controlada por Ulibarri, Producciones Audiovisuales Digitales Alicante, se hizo con el control de la Televisión Municipal de Valencia (TMV), al comprar el 80% de las acciones a la adjudicataria original, Canal 13.

www.levante-emv.com 08.02.09

'Esta vez la compra ha sido un apartamento en Miami Beach'

El alcalde de Boadilla se jactó de haber adquirido propiedades tras viajar a Florida con el detenido Correa, según denuncia remitida a la Fiscalía

Alardear más de la cuenta, aunque sea ante un auditorio reducido, puede traer más problemas de los esperados y eso es lo que debe estar pensando a estas alturas el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, tras ver el cariz que van tomando las pesquisas sobre corrupción de munícipes del PP iniciadas por el juez Baltasar Garzón.

González negó ayer que tuviera nada que ver con lo que se ha dado en llamar el Club de Miami y anunció querellas contra quienes le atribuyan propiedades en esta ciudad estadounidense facilitadas por Francisco Correa, el conseguidor, uno de los detenidos en la operación dirigida por el magistrado. Pero esa actitud no se corresponde con la mantenida en el pasado cuando se jactaba de haber realizado adquisiciones en ultramar recién regresado de los viajes realizados junto a Correa.

Una denuncia remitida a la Fiscalía recoge esos momentos. «Es un hecho constatable», recoge la prueba, «que el Sr. Panero, al regreso de sus viajes, expresó a sus compañeros de alcaldía y allegados que había adquirido propiedades en Miami. En una de las ocasiones comentó: 'Esta vez la compra ha sido un apartamento en Miami Beach'».

Los empresarios Francisco Correa, Pablo Crespo, Mari Carmen Rodríguez, Antoine Sánchez y Felisa Jordán fueron detenidos el viernes en relación con una supuesta trama de adjudicación de contratos públicos de determinadas administraciones del PP, entre ellas la de la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

El documento al que ha tenido acceso este periódico ha sido elaborado por personas que conocen el desarrollo del Consistorio, que aseguran ser testigos y a veces víctimas de comportamientos ilícitos por parte de algunos responsables de esta entidad municipal, y que han aportado datos -a través del sindicato Manos Limpias- para que el Ministerio Público amplíe una investigación que llegue donde ellos no han podido.

Para empezar, uno de los listados remitidos a la Fiscalía Anticorrupción recoge algunos de los trayectos realizados por algunos de los protagonistas de la presunta trama. Consta el viaje a Miami fechado el 18 de abril y realizado por Francisco Correa, Arturo González y José Galeote, concejal del Ayuntamiento de Boadilla entre 1995 y 2003, y padre del eurodiputado Gerardo Galeote.

Esa estancia en EEUU demostraría el vínculo -sobre el que González ha mantenido una considerable distancia- entre el conseguidor y el alcalde. No sólo porque el primero cargó con los gastos de toda la estancia, sino porque el localizador del billete de aquel trayecto es el mismo para los tres viajeros y eso indica que lo pagó una misma persona.

El 30 de noviembre, González Panero y su mujer, Elena Vilarroya, se desplazaron hasta Miami con su amigo Javier del Valle -de la empresa Renta 4-, su esposa Victoria Ruiz de Velasco y su hijita de apenas un año. Medio año después, el 14 de julio de 2003, el alcalde y Francisco Correa coincidieron de nuevo.

Los registros de la Propiedad de Miami ya acogían nombres idénticos a los de Correa y similar al de alguna de sus empresas, -en concreto, hay un Special Events Catering sito en el 0018 Commercial Condominium-.Pero ,a partir de esos viajes, empieza a quedar constancia de compras realizadas por personas con nombres iguales a los del alcalde de Boadilla y de algunas de sus personas de su confianza.Según el informe remitido a los fiscales, hay al menos nueve propiedades registradas a nombre de Arturo González en Miami.Si fuera cierto que pertenecen al regidor, sumarían un patrimonio de más de 2.200.000 dólares.

Sin embargo, una comprobación más minuciosa revela que la compra de algunos de los inmuebles se realizó en 1980 o que otra la efectuó un propietario con el mismo nombre pero que dice ser originario de Carolina del Norte. Los mismos redactores del documento reconocen sus limitaciones: «Dada la complejidad de los registros públicos de Miami, ya que sólo figura el nombre y el primer apellido del comprador, y que los documentos que se solicitan para una compraventa son la licencia de conducir o una dirección de correo, no se ha podido contrastar que todas estas propiedades pertenezcan a D. Arturo González Panero».

Hay que añadir a esta circunstancia que la labor de abogados especializados en realizar este tipo de operaciones de compraventa, cuidándose de garantizar la máxima confidencialidad para sus clientes, puede contribuir a la falta de transparencia. Pero siempre hay un dato que puede suscitar dudas, y en este informe recoge uno de ellos.

«Es importante destacar que en la página 2 de dicho documento, Dña. María C. Rodríguez figura con una dirección (5953 W 28 Ave), que es la que posteriormente utiliza D. Arturo González como comprador. Sin embargo, la primera dirección que facilita D.Arturo González (111 W 45 Place) no existe como tal en el Registro de la Propiedad de Miami; por lo tanto, es falsa».

Los redactores destacan este punto porque, según recuerdan, la esposa de Francisco Correa se llama Mari Carmen Rodríguez, también arrestada el jueves, y la compraventa del inmueble -30 de julio del 2003-está fechada un par de semanas después de uno de los viajes del alcalde -del 14 al 18 de julio-.

En el registro de Miami también constan los nombres de personas que se llaman Guillermo Ortega, Miguel Angel Valdés o Javier del Valle como, respectivamente, el ex alcalde de Majadahonda, el marido de la teniente alcalde de Boadilla, Belén Húmera, o el amigo de la empresa Renta 4 que acompañó al alcalde a Florida.Y hay también un Francisco Correa que compró en el 2800 de Townhome Residential.

Los remitentes del informe han denunciado a la Fiscalía, entre otras muchas cosas, los comentarios de González Panero jactándose de sus adquisiciones. Pero piden, además, que se investigue si estas coincidencias son algo más que eso.

El alcalde aseguró ayer que encargará un informe que pagará de su bolsillo para demostrar quiénes son los verdaderos propietarios de las viviendas que se le atribuyen en Florida. Según informó el Ayuntamiento, las acusaciones formuladas han sido realizadas «sin ninguna comprobación seria, rigurosa y fidedigna» en el registro de Miami.

«Simplemente, en la página web www.miamidade.gov se ha introducido su nombre, Arturo González, y ha aparecido una sucesión de propiedades que corresponden a este nombre y apellido. Este nombre es muy común en un Estado de habla hispana, por lo que son múltiples las viviendas que se corresponden con estos datos», añadió.

Según el Consistorio, el alcalde tiene previsto financiar este informe «de su propio bolsillo» y resarcirse después del coste a través de las demandas que interpondrá «por calumnias e injurias contra los responsables de estas falsas acusaciones».

El Ayuntamiento reitera que la única actuación judicial realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 respecto al Consistorio ha sido la petición de una documentación de procedimiento, "que nada tiene que ver con asuntos urbanísticos", y que le fue entregada a la Policía Judicial dos horas después de ser solicitada.

Asimismo, y al ser el primer interesado en que se aclaren "cuanto antes" estos hechos, el Ayuntamiento explica que el alcalde de Boadilla quiere ponerse "a la entera disposición de la Audiencia para cualquier información adicional que deseen"

Aportaciones a la Fiscalía Anticorrupción

>Billete. Uno de los documentos aportados a la investigación judicial demuestra que Francisco Correa 'El Conseguidor', Arturo González, el alcalde, y el que fuera concejal de Boadilla, José Galeote viajaron a Miami juntos y bajo el mismo localizador. >Los denunciantes reconocen que el sistema de registro de Miami no facilita las identificaciones, pero consideran una coincidencia sospechosa que una mujer con el apellido de la esposa de Correa (María C. Rodríguez) figure con una dirección (5953W 28 Ave) que es la que después utiliza un tal Arturo González como comprador. >Se extrañan de que la primera dirección que da el citado González sea falsa (111W 45 Place) y quieren que Anticorrupción investigue.

www.elmundo.es 08.02.09

Francisco Correa contactó con una empresa de seguridad para proteger un megayate en alta mar

El empresario Francisco Correa, detenido junto a otros cuatro sospechosos por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística, en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, contactó hace unos tres meses con una empresa de seguridad internacional para contratar los servicios de protección de un megayate en alta mar.

Al parecer, Francisco Correa -presuntamente vinculado a una empresa que organizaba eventos para administraciones municipales gobernadas por el Partido Popular-, junto a otra persona no implicada en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y que obedece a las iniciales J. P., entró en contacto con una empresa dedicada a la protección personal y la seguridad al más alto nivel.

Esa empresa está formada por expertos en alta tecnología, operadores, especialistas en táctica militar y personal y ex miembros de cuerpos especiales con contactos en 15 países europeos. Además, utilizan todo tipo de armamento de última generación.

El objetivo, según fuentes confidenciales, era custodiar y proteger un megayate y a sus ocupantes durante una larga travesía por aguas internacionales en alta mar. No ha trascendido el itinerario exacto, ya que la operación no fraguó al haber dudas sobre el motivo por el que se requería esta especial protección y pese a que había mucho dinero en juego.

No era problema de dinero

En este sentido, las mismas fuentes insistieron en que la tercera persona que contactó con la organización en nombre de "Don Francisco Correa" y J. P. nunca discutió por el precio de la operación, dejando claro que no era un problema de dinero.La Fiscalía Anticorrupción inició hace un año la investigación de la supuesta trama de corrupción urbanística y tráfico de influencias, que desembocó en las detenciones de cinco personas por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.La investigación coloca en el centro de la trama al empresario detenido Francisco Correa, a quien calificaron como "el conseguidor" de los contratos municipales por su cercanía a altos cargos del PP en Majadahonda y Boadilla del Monte.

www.levante-emv.com 08.02.09

Una actriz ex ´mamachicho´ que dio la campanada en Canal 9

Del escándalo de las presuntas comisiones y favores urbanísticos y en concesiones de contratos a la trama de empresas ligadas al PP que investiga Garzón no ha informado un segundo Canal 9. No será porque Álvaro Pérez es un desconocido en la televisión autonómica. Ni él, ni su mujer, la actriz y bailarina Noemí Ramal, quien llegó al centro de producciones de Burjassot de la mano de su marido.

Y ha progresado. Presentó programas como Tot per riure y la pasada Nochevieja retransmitió, junto al veterano Paco Nadal, las campanadas. Desde la ermita de Paterna, municipio que queda al otro lado de la autovía de Ademuz, pero cuya proximidad física a Canal 9 fue descubierta por los directivos de la cadena después de que un popular, Lorenzo Agustí, ganó la alcaldía del municipio vecino.

Actuó en "El amor brujo"

Además de acompañar a los telespectadores mientras tomaban las doce uvas, Noemí Ramal, fue "mamachicho" en los inicios de Tele 5 y ha participado, con el Ballet de Teatres de la Generalitat, en el montaje de El amor brujo, en el Teatre Principal. Con coreografía de Ramón Oller y en su segunda temporada, la actriz recitó, entre otros, textos del llamado Romance del pescador. Tarea, la pesca de contratos de la Generalitat y del PP valenciano, en la que su marido es un consumado especialista.

www.levante-emv.com 08.02.09

Dos de los detenidos gestionaron con Álvaro Pérez una consultora clave en la trama

La investigación abierta por el juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) contra el conglomerado de empresas que orbitan en torno al empresario Francisco Correa -la Audiencia Nacional lo sitúa como cabecilla de la trama-presentaba ayer el saldo de cinco detenidos y treinta imputados. Al menos dos de esos cinco nombres son muy conocidos para Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market. Se trata de Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez.

Con ambos coincidió en el consejo de administración de una de las firmas clave de la trama, la consultora de ingeniería, arquitectura y urbanismo Technology Consulting Management, domiciliada en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Diversas fuentes sitúan a TCM en el epicentro de la investigación de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o fraude fiscal. Con Antoine Sánchez coincidió Pérez unos meses, entre enero y agosto de 2003, como apoderado de TCM. El 24 de enero de ese año, Pérez entró a formar parte del órgano de gobierno de la consultora junto a Pablo Crespo Sabaris, el hoy administrador único de esa sociedad y otro de los detenidos en la operación policial. Crespo Sabaris es el administrador único de Special Events y fue uno de los dos fundadores de Orange Market. En la escritura de constitución de esta empresa, el 24 de julio de 2003 en Carlet, constan dos socios: Crespo y Luis de Miguel Pérez. El segundo suscribió 3.005 participaciones de un euro. Crespo, sólo una. Un euro que fue suficiente para dar fe de que el ADN de Special Events se transmitía a la nueva firma. que fue bautizada con un nombre tan valenciano como "mercado naranja". Una forma de mimetizarse con el territorio, pero con el glamour que da el inglés en eso de los negocios. De eso se trataba, de valencianizar el invento. Porque Special Events tenía mala fama. La que le daba tener como principal accionista a Windrate Limited, una firma pantalla radicada en Londres, administrada, a su vez, por tres sociedades domiciliadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas o al Isla de las Nieves, también en el Caribe.

Cuando Álvaro Pérez salió del consejo de TCM, el 7 de diciembre de 2005, entró precisamente Luis de Miguel Pérez, el cofundador de Orange Market, que tiene abierto un despacho en Madrid que asesora sobre cómo reducir costes fiscales. Que por algo es inspector fiscal en excedencia, como Aznar.

www.levante-emv.com 08.02.09

La regional del PP hace de comercial de Orange Market

La dirección popular y Presidencia han llevado a la empresa de la mano para que instituciones y las provinciales del PP le dieran contratos

Álvaro Pérez Alonso, el hombre de prominente bigote, es viejo conocido del PP valenciano y amigo de la casa. Pero de unos más que de otros. Su empresa Orange Market, la marca valenciana de la trama que está siendo investigada por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por media docena de presuntos delitos urbanísticos y económicos, y su firma paralela Special Events han sido contratistas de lujo del Consell y del PP, partido al que le han montado las campañas autonómicas desde 1999.

Special Events la adoptó Eduardo Zaplana porque llegaba de la mano de José María Aznar. El presidente Camps la convirtió en empresa de cabecera y desde Presidencia y la dirección regional del partido siempre han intentado que la hoja de servicios de Orange Market trascendiera los encargos hechos desde el cap i casal. Tanto institucionalmente como en clave de partido. Los tres presidentes provinciales del PP y de las diputaciones pueden dar fe de que Álvaro Pérez tiene buenos padrinos.

La mano de Víctor Campos

El incombustible Carlos Fabra comprobó en 2004 el interés que el entonces vicepresidente del Consell y secretario provincial del PP, Víctor Campos, tenía en que Orange Market organizara el congreso de Peñíscola. El virrey de Castelló aceptó, pero no consintió que el siguiente cónclave de exaltación de su figura lo montara de nuevo la firma que desde 2005 diseña el expositor valenciano de Fitur. Porque a él no le tose ni el presidente Camps. El homólogo de Fabra en Valencia es Alfonso Rus. La empresa de Álvaro Pérez montó un acto sectorial de la provincial, pasó la factura, al alcalde de Xàtiva le pareció pelín cara, pagó y nunca más lo volvió a contratar. En Alicante, ese sur indomable para Camps, el presidente de la diputación, José Joaquín Ripoll, no se doblegó ante los intentos del diputado de deportes, el campsista alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, de darle a Pérez el contrato de 30.000 euros para organizar la gala anual del deporte. Tampoco le encargó a Orange Market el congreso provincial de Orihuela en el que Pérez Fenoll se estrelló contra Ripoll.

Más éxito tuvo Álvaro Pérez en los espacios del partido y de las instituciones afines a la dirección regional que lideran el jefe del Consell y Ricardo Costa. Así, de la campaña municipal de Luis Díaz Alperi se encargó la firma de la que es consejero Ramón Blanco Balín, persona vinculada al gerente de Special Events y cofundador de Orange Market, Pablo Crespo, uno de los detenidos en la operación abierta en Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

En un ayuntamiento tan campsista como Paterna, Álvaro Pérez se ofreció para gestionar un punto de atención ciudadana como el que le fue adjudicado a la filial Easy Concept en Boadilla del Monte (Madrid) y cuyo contrato ha sido reclamado por el juez Garzón. Aunque algunas fuentes apuntaron que Pérez también se llevó la adjudicación en Paterna, fuentes del PP indicaron que el alcalde rechazó la propuesta. Entre otras razones, porque en Paterna han optado por prestar este tipo de servicio a través de una empresa pública.

Special Events montó el mitin de Mariano Rajoy en el velódromo Luis Puig en las europeas de junio de 2004. La empresa, de la confianza de Génova 13 en tiempos de Aznar, cobró un contrato de relaciones públicas en la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en noviembre de 2003, la última presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En los aledaños campsistas del Consell, navega la fundación Agua y Progreso, altavoz del Consell en políticas protrasvase. En 2004, abonó a Special Events una factura de 13.502 euros por servicios prestados.

www.levante-emv.com 08.02.09

Otra entidad del empresario Ramón Blanco obtuvo parcelas construibles mediante concurso público

La Cadena SER ha tenido acceso a una documentación en la que se vincula a Ramón Blanco Balín con el Ayuntamiento de Boadilla. Mediante concurso público, la empresa Rústicas MBS, en la que figuraba como administrador único, obtuvo el derecho de superficie de tres parcelas que en la actualidad acogen una treintena de locales y un aparcamiento subterráneo en una de las menores zonas de la localidad. Otro de los empresarios sobre los que el magistrado solicitó información en Boadilla por una adjudicación, José Luis Ulibarri, también recibió 13 licencias de TDT y la autorización para construir un hospital por parte del Gobierno valenciano

Rústicas MBS obtuvo el derecho de superficie de tres parcelas municipales por 75 años. Durante este periodo tendría que abonar al Ayuntamiento un cánon anual de 320.000 euros, comprometiéndose a entregar dos locales para que se ubique la empresa municipal de la vivienda y la oficina de atención al ciudadano.

Esta concesión la consiguió en octubre de 2005. Sin embargo, en la primavera de 2007 Blanco Balín solicitó a la EMSV autorización para otorgar la cesión del contrato a Artas Consultoría, empresa con la misma Dirección social que Rústicas Mbs. Por su parte, el PSOE de Boadilla afirma que en uno de los locales se ubicará una comisaría de la Policía Local, por la que el Ayuntamiento abonará 104.000 euros al año, según se recoge, dice el portavoz, Pablo Nieto, en los presupuestos de 2009.

Los socialistas de Boadilla pedirán al alcalde que ponga en marcha una comisión de investigación para aclarar la presunta vinculación del Ayuntamiento con la supuesta trama.

¿Quién es Ulibarri?

El empresario José Luis Ulibarri llegó a la Comunidad Valenciana en 2006 cuando irrumpió en el mapa televisivo a raíz de que el gobierno valenciano dirigido por el popular Francisco Camps le otorgara 13 licencias de televisión digital terrestre, logrando estar presente en todas las demarcaciones de este concurso.

La empresa que creó para este concurso, Media Med, alcanzó acuerdos con numerosos operadores de televisión local asegurándoles que contaba con el apoyo del gobierno valenciano y dando por seguro que iban a ser los adjudicatarios de estas licencias como finalmente se produjo.

Además del negocio de la comunicación, Ulibarri también tiene intereses en el sector de la construcción. En los últimos años ha ganado peso como adjudicatario de obra pública que se licita la comunidad valenciana. Entre otras cosas, en enero de 2007, se le adjudicó la construcción de un hospital en Valencia, la de un colector de agua en la capital y 72 viviendas en la localidad valenciana de Albaida

www.cadenaser.com 08.02.09

Una empresa investigada por Garzón trabajó para el PP andaluz sin justificar trabajos

Rialgrenn fue empresa proveedora del PP–A en las elecciones de 2004, siendo Teófila Martínez candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Dicha sociedad, está en el listado de las investigadas por Baltasar Garzón en el marco de la supuesta red de corrupción por la que fueron detenidas cinco personas del entorno del PP. Se da la circunstancia de que la sociedad Rialgreen no justificó a la Cámara de Cuentas los trabajos realizados a los populares andaluces.

En la red de empresas que desmanteló el pasado viernes Garzón y que intenta saca a la luz una presunta trama de corrupción se encuentra la sociedad Rialgreen, que trabajó para el PP-A en las elecciones autonómicas de 2004, las últimas a las que se presentó Teófila Martínez como candidata a la Junta. Rialgreen, una empresa publicitaria, aparece en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de esos comicios como “proveedora que no ha informado de la facturación” realizada al partido.

Cantidad más alta no justificada
También se ha podido conocer que la cuantía de estas facturas no justificadas de Rialgreen son las que suponen la cantidad más alta de entre todos los proveedores a partidos políticos que no llevaron los papeles a la Cámara de Cuentas, órgano que se encarga de fiscalizar la legalidad de los gastos de las campañas electorales de los distintos partidos y formaciones andaluzas.

520.00 euros
En total el importe por los servicios prestados de Rialgreen al Partido Popular andaluz ascendió a 520.491 euros, cantidad que el partido dijo haber pagado a esta empresa por su trabajo. Sin embargo la sociedad no informó ni declaró este servicio ni su importe a la Cámara de Cuentas.

Vinculaciones
Rialgreen está vinculada a Pablo Crespo, secretario de Organización del PP de Galicia hasta 1999, quien también estuvo al frente de Special Events, que trabajó para el PP de Madrid en las campañas electorales de 1999 y en 2003 y para el PP de Valencia en las elecciones de 2003. En estos casos tampoco se remitió la información requerida por los organismos públicos al objeto de contabilizar los gastos de los partidos en esas comunidades autónomas. Consta que el PSOE denunció en su día supuestas contrataciones ilegales de Special Events.

Objeto social inmobiliario
La firma que prestó los servicios al PP-A en 2004 fue constituida por una única sociedad llamada Smart Link, domiciliada en Barcelona y dedicada al estudio y promoción de inversiones inmobiliarias. El entramado de empresas de Pablo Crespo se completa con Pasadena Viajes, Hator Consulting, Studios Vesubio y Forever Travel Group.

www.elplural.com 08.02.09

Cospedal: “El PP no va a consentir que se le implique en ninguna campaña ilícita de financiación ilegal o de corrupción”

Transcripción de la intervención de Cospedal:

Quiero pasar a comentarles lo que es la opinión oficial del PP acerca de las informaciones que están apareciendo estos días.

Ante la campaña de desprestigio y acoso que está sufriendo el PP, iniciada por determinados medios de comunicación y por el PSOE, el PP quiere comunicar lo siguiente:

En primer lugar, que no vamos a consentir ni tolerar que se nos implique en ninguna campaña ilícita de financiación ilegal o de corrupción porque el PP no reconoce absolutamente como partido ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo en estos días en diversos medios de comunicación. Y por la tanto estamos completamente tranquilos porque nuestro partido no tiene nada que ocultar ni reconoce ningún tipo de responsabilidad.

En segundo lugar, quiero decirles a ustedes que los únicos hechos constatados en nuestro país y que han sido objeto de condena penal han sido los que dieron lugar a varias condenas a miembros del PSOE y al PSOE, por el uso de fondos reservados y por financiación ilegal tanto en el caso de los GAL como en el caso de FILESA.

En tercer lugar, en el caso hipotético de que se demostrase que algún militante o cargo público del PP tuviera algún tipo de responsabilidad, nuestro partido actuará como ha hecho siempre con toda contundencia, así lo hemos demostrado siempre a lo largo de nuestra trayectoria política y así lo vamos a seguir haciendo. Y vuelvo a repetir, no vamos a aceptar lecciones de personas que han sido condenadas por la justicia por tramas de financiación ilegal, y por casos de uso de fondos reservados o hasta de asesinatos de Estado como en el caso de los GAL.

En cuarto lugar, consideramos –y es un hecho objetivo- que todo esto es una campaña orquestada de acoso y difamación al PP en un periodo próximo a las elecciones y que tiene por objeto modificar la intención electoral de los ciudadanos, y así se demuestra además de manera evidente con las continuas filtraciones que se están produciendo a medios de comunicación. Filtraciones parciales y filtraciones interesadas en un sumario que ha sido declarado secreto y que por lo tanto es absolutamente escandaloso que estas filtraciones se estén produciendo. Por eso les digo que estamos convencidos que en este caso la cercanía del periodo electoral ha hecho que la maquinaria del PSOE, utilizando de manera escandalosa los servicios del Ministerio del Interior y los servicios de la Fiscalía General del Estado, está puesto al servicio del PSOE y lo está haciendo con un interés electoral y esto va en contra de los mínimos fundamentos de un Estado de Derecho como es el Estado español.

Quiero decirles también que exigimos del Poder Judicial que tome las medidas necesarias para evitar que se siga con las filtraciones a los medios de comunicación de datos interesados que son de interés partidistas y electoral, produciendo indefensión en este caso a un partido, que está siendo acusado sin que haya una relación directa con lo que está apareciendo en los medios de comunicación con el PP.

Y también exigimos al Poder Judicial que tome las medidas necesarias para exigir las responsabilidades -si tienen que ser penales responsabilidades penales- hacia aquellos que están realizando dichas filtraciones, porque es un escándalo que con un sumario secreto se estén produciendo filtraciones a los medios de comunicación con la consiguiente indefensión que se está produciendo.

Quiero decirles también que estamos absolutamente convencidos de que este hecho y estos acontecimientos que se están relatando estos días son una cortina de humo más, lanzada por el PSOE, para tapar los más de tres millones de parados en España y para tapar el escándalo del presidente de la Xunta de Galicia, por el lujo para su beneficio particular que no puede explicar a los miles de gallegos y gallegas que tienen que ir a votar dentro de unos días.

Quiero decir que no vamos a consentir desde el PP que el quebranto que se está produciendo al Estado de Derecho acusando a un partido de haber provocado algo que no ha provocado y sin tener ninguna conexión ni realidad, no vamos a consentir que lo siga realizando el PSOE, partido que como les he dicho antes no puede dar lecciones a ningún partido político de España de honestidad en las cuentas públicas, ni de transparencia, ni de claridad. Tengo que recordar que el PSOE fue condenado con sentencia firme por financiación ilegal en FILESA y por el uso de fondos reservados.

Y por último quiero trasladar un mensaje a todos los afiliados, a los militantes y a los simpatizantes de mi partido, y a todas aquellas personas que nos han votado, a los más de 10.200.000 votantes que nos han votado en las últimas elecciones. Quiero trasladarles un mensaje de confianza en el PP, quiero trasladarles que en el PP no nos vamos a rendir ni achantar ante estos ataques, ante estas campañas de difamación y de acoso que está provocando el PSOE utilizando los medios del Estado de manera escandalosa.

Y quiero trasladarles a los militantes y afiliados del PP que tienen que tener el ánimo muy alto, que tienen que tener la cabeza muy alta porque pertenecen a un partido digno, al partido que ha defendido siempre la libertad, la claridad y la transparencia en este país y que lo va aseguir haciendo. Y que nuestro partido precisamente en estos momentos va a dar lo mejor de sí para que en España deje de gobernar quien utiliza las instituciones, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General del Estado e incluso a otros poderes del Estado en beneficio propio para ganar elecciones a costa de lo que sea e incluso a costa de poner en grave riesgo el Estado de Derecho.

Por eso a mis compañeros de partido, a los votantes del PP, a los afiliados del PP, a nuestros amigos del PP, les quiero decir tened confianza en el PP, tenemos que seguir trabajando juntos. En periodos precisamente de acoso y de provocación es cuando tenemos que estar más unidos, es cuando tenemos que sentirnos más fuertes, es cuando la unión es más que nunca la fuerza, y es cuando tenemos que demostrarle a toda la sociedad española que este partido va a seguir adelante a pesar de las campañas de provocación, de acoso y de difamación injustas y absolutamente escandalosas que estamos sufriendo.

www.pp.es 08.02.09

"Le pusimos ahí y está subidito, se le ha olvidado que ha estado en la mierda"

Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se jacta en sus conversaciones de tener bajo su control a cargos del partido

Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se jactaba constantemente de su poder sobre alcaldes y concejales de dicho partido. Así consta en las conversaciones de esta red que ha desarticulado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras un año de investigación y escuchas telefónicas de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía. Cinco personas, dos de ellas ex cargos del PP, fueron detenidas el pasado viernes acusadas de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Otras 30 personas están imputadas. La red operaba principalmente en Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana.

"Aunque le vaya mal en España, él tiene su dinero en las Islas Caimán"

"Si ganan en Majadahonda, las decisiones las voy a tomar yo"

Correa carece de cargos en el partido, pero posee profundas relaciones con su jerarquía (organizó actos electorales hasta 2003, cuando lo apartó Mariano Rajoy). En las grabaciones afirma que su poder sobre el PP le viene, siempre según las cintas, de su complicidad con personas vinculadas históricamente a la tesorería del partido y del supuesto conocimiento de operaciones turbias, que amenaza con utilizar.

Por ejemplo, respecto del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), afirma: "Si entrego la cinta que tengo del albondiguilla [apodo que le da a González Panero] se caga, pero voy también al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". Y sobre un concejal de dicho municipio, también del PP, sostiene: "Le pusimos ahí y está subidito, se le ha olvidado que ha estado en la mierda".

González Panero niega tener conocimiento de tal cinta sobre su persona. "Me suena a coña marinera, no he tenido con él ninguna relación desde hace cinco años. Lo conocía del partido, como todo el mundo, pero no he ido a ninguna boda. Si organiza actos de partido, pues lo contratas. Y algunas cosas no sabíamos que eran de él. O era la mejor oferta", se defendió ayer el alcalde de Boadilla.

Las conversaciones de Correa muestran que se presenta ante sus interlocutores como un poder fáctico por encima de los cargos electos del PP. En relación a una lucha entre facciones de dicho partido en Majadahonda, dice: "Si ellos ganan en Majadahonda, las decisiones no la toman ellos, las voy a tomar yo".

Igualmente, alude a presuntos negocios turbios de Guillermo Ortega (PP), ex alcalde de Majadahonda, y sostiene que su esposa, María del Carmen Rodríguez Quijano -ahora detenida por Garzón como integrante de la trama-, había comprado una casa a un abogado, que en realidad era de Guillermo Ortega, al que denomina la rata. "Compró el piso de la rata por 54 millones". Y apunta que el ex regidor tenía un asunto de facturas falsas.

Fuentes próximas a Ortega niegan la existencia de tales operaciones. "Todo es una pura mentira", sostienen.

Correa, a tenor de sus charlas, tiene negocios urbanísticos en Arganda, El Escorial, Boadilla, en Madrid, La Nucia (Alicante), etcétera. Por el contrario, reconoce en las grabaciones que ha dejado de trabajar con Génova (sede nacional del PP), aunque mantiene que posee informaciones inquietantes para algunos de sus cargos históricos.

El fruto de sus actuaciones ilegales parece desembocar en inversiones opacas: "Voy a Cartagena de Indias, he comprado un terreno por teléfono, he mandado la pasta a Panamá, está en el casco antiguo, dentro de la muralla. Y voy luego a Nueva York, y luego a Miami a ver mis cosas". Isabel Jordan, subordinada suya detenida, lo ratifica: "A él le seguirá yendo bien, aunque le vaya mal en España. Él tiene su dinero en las Islas Caimán".

www.elpais.es 08.02.09

"Se veía venir ; hubo cosas sorprendentes"

Boadilla del Monte es un municipio de 42.000 habitantes al oeste de la Comunidad de Madrid. La localidad linda con la carretera de A Coruña (A-6), en torno a la cual se ha producido una explosión urbanística en la región. Un ejemplo de ello es que Boadilla ha visto duplicada su población en poco más de cinco años. En este escenario, el gobierno local de Boadilla, del PP, acumula varias acusaciones de corrupción por parte de la oposición e incluso de antiguos ex concejales del PP. Por eso, el viernes pocos se sorprendieron cuando el municipio apareció en la lista de Administraciones implicadas en la trama de corrupción que lograba contratos con los ayuntamientos gobernados por el PP. El alcalde de Boadilla, Arturo González, está relacionado con uno de los cabecillas de esta trama. El portavoz del PSOE local, Pablo Nieto, asegura que en el municipio "se han producido decisiones urbanísticas con una irreparable dirección especulativa". Nieto denuncia la adjudicación de una parcela municipal a la empresa UFC para la construcción de viviendas. Asegura que ésta es una de las operaciones investigadas por el juez Garzón en la trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en varios ayuntamientos de España.

Nieto explica que el Ayuntamiento adjudicó la parcela a UFC "cuando hubo otra empresa que ofreció 3,4 millones de euros más". "La empresa está vinculada al PP", precisa Ángel Galindo, portavoz del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB), que confirma que el viernes la Policía Judicial reclamó los expedientes sobre las operaciones del Ayuntamiento con esta empresa.

La ex concejal popular en Boadilla, María Paz Echenique, reconoció ayer que "el asunto se veía venir. Hubo cosas sorprendentes". Salió del gobierno municipal en 1999 tras una moción de censura de su propio partido contra una alcaldesa, también del PP, Nieves Hernández, un episodio estrambótico en la localidad que permitió que el actual alcalde, Arturo González, ocupase la alcaldía. "En cuanto llegaron", relata, "presentaron cosas en el pleno sobre las que no estaba de acuerdo. Había cosas que parecían irregulares", recuerda. Echenique cuenta que al llegar Arturo González aparecieron cerca de 20 cargos de confianza en apenas cuatro meses. "No me pasaba desapercibido que si alguien se propone hacer algo te rodeas de los que considera que van a hacer todos los trabajos", concluye.

www.elpais.es 08.02.09

Una de las firmas investigadas es la principal proveedora del PP valenciano

Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez y que figura en el organigrama de la presunta trama investigada por el juez Baltasar Garzón, es la principal proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular valenciano. La firma organiza mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoce el partido. Y esa estrecha relación con la dirección del PP ha contribuido a que Orange, pese a su reducida dimensión empresarial, se haya adjudicado importantes contratos.

El Ejecutivo autónomo que preside Francisco Camps sostiene que sólo ha adjudicado a Orange Market en 2005, 2006, 2007 y 2008 el concurso para montar el pabellón institucional valenciano en las ferias de turismo de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. En todos esos ejercicios la adjudicación se hizo por importes en torno al millón de euros. El Gobierno admite también que se encargó a esta empresa parte de los festejos de la salida de la regata Volvo Ocean Race en Alicante, aunque no desvela por cuánto dinero. El Ejecutivo que preside Francisco Camps se ha negado a facilitar la relación de contratos con Orange Market.

Pero la presencia de Orange Market en la Comunidad Valenciana es mucho mayor. Con una estructura mínima de capital y sólo cinco personas contratadas, esa firma ha obtenido también jugosos contratos de empresas públicas de la Generalitat, por ejemplo para fomentar el reciclaje de vidrio, o de instituciones públicas como Feria Valencia, que el año pasado le adjudicó la promoción de Hábitat, el mayor de los certámenes que organiza esta institución ferial dependiente de las Administraciones gobernadas por el PP.

Volumen de negocio

Según el Registro Mercantil, Orange Market tuvo en 2005 un volumen de negocio de 2,4 millones de euros, y de 1,5 millones en 2006. De los años 2007 y 2008 aún no hay resultados depositados. También la influencia de Orange Market es mayor de lo que sugeriría su pequeña dimensión. El pasado verano su responsable abrió las puertas de la Generalitat y de Bancaja al financiero Juan Villalonga en su pretensión de hacerse con el control del Valencia CF. En cuestión de horas, Villalonga logró entrevistarse con el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y el presidente de Bancaja, José Luis Olivas.

Orange se presenta asimismo como colaboradora de firmas que quieren organizar eventos con apoyo de la Generalitat, como el gran premio de España de Hípica, de mayo en Valencia.

www.elpais.es 08.02.09

El silencio de Rajoy desespera a los dirigentes de su partido

González Pons acusa al PSOE de usar a la fiscalía para "eliminar" a los populares

A menos de tres semanas para unas elecciones clave, Mariano Rajoy trata de seguir como si nada su hoja de ruta. Ayer estaba en Bussigny, cerca de Lausana (Suiza), para buscar votos en la campaña la gallega. Al mismo tiempo, su hombre en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, estaba haciendo lo mismo en Argentina, donde hay 120.000 gallegos con derecho a voto. Pero ninguno de los dos tenía la cabeza en los gallegos emigrantes. Ambos tienen problemas mucho mayores.

Cospedal acusa al PSOE de "orquestar una campaña" contra el PP usando a la Fiscalía y a Garzón

El líder dice estar seguro de que Aguirre demostrará "su verdad"

Los dirigentes del PP asisten con estupor a la sucesión de escándalos, investigaciones y acusaciones de corrupción. "Hay un vendaval que recorre al PP de norte a sur y de este a oeste, un vendaval de espías, de mangoneo, de paraísos fiscales, y Rajoy huido. Lo que tiene que saber Rajoy es que este vendaval lo va a llevar a él y al PP por delante", resumió el socialista José Blanco, ya instalado en Galicia para la campaña de su partido.

La preocupación es inmensa en el PP. Nadie ve la salida y la mayoría de los consultados aseguran que, aunque es difícil en las circunstancias actuales, Rajoy debe tomar las riendas con dureza, buscar cabezas que cortar y hacer limpieza en el partido. Hace un año, en el PP se hablaba de crisis de liderazgo. Ahora ya casi todos asumen que, a no ser que tenga unos resultados extraordinarios en Galicia y en las europeas, Rajoy no llegará a 2012. Por eso los comentarios se dedican no tanto al líder, sino a qué pasará cuando se vaya. "Aquí se está fraguando una guerra de todos contra todos", sentencia un veterano pesimista. En el entorno del líder, que insiste en evitar hablar de temas polémicos -ayer no comentó nada de la investigación del juez Baltasar Garzón- aseguran que el último escándalo no le toca a él. De momento, insisten, no hay afiliados entre los detenidos e imputados, con lo que no puede expulsar a nadie.

Rajoy fue quien rompió definitivamente los contactos de Special Events, empresa del detenido Francisco Correa, con el PP. Ante las sospechas generalizadas, la dirección dio en 2003 orden estricta de no contratarla nunca más. La empresa de Elena Sánchez, Free Handicap, que llevaba muchos años trabajando sin queja en el PP, se hizo poco a poco con esos contratos sin que nunca más se hayan producido denuncias internas de sobreprecios ni nada parecido. Los marianistas, por tanto, están convencidos de que este escándalo no toca al líder.

Pero otros dirigentes, más pesimistas, recuerdan que en la planta sexta de Génova, donde está la gestión, siguen las mismas personas que durante años lo contrataron todo con Special Events. "Cuando en un partido se apunta a los tesoreros y al dinero, las cosas siempre se complican", sentencia otro dirigente.

Rajoy dijo ayer estar "absolutamente seguro" de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, va a demostrar "su verdad" a través de la comisión de investigación por la presunta trama de espionaje en la región. Y el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó al PSOE de utilizar a la Fiscalía Anticorrupción y a la policía "en una estrategia de eliminación del PP".

www.elpais.es 08.02.09

Garzón desmantela una gran trama de corrupción política vinculada al PP

Hay cinco detenidos, dos de ellos ex cargos en el partido, y 30 imputados - El cabecilla de la red extendió sus negocios por Madrid y Valencia

Una larga investigación del juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) culminó ayer con la desarticulación de una extensa trama corrupta que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, partido al que luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales.

La trama está acusada de cohecho, tráfico de influencias, fraude y blanqueo
Las empresas de la red prestan al PP servicios electorales sin detallar

Entre los detenidos de la trama se encuentra el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP, hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003, y amigo personal del yerno de Aznar, Alejandro Agag, del que fue testigo en su boda; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio; y dos personas más que aparecen en su amplio entramado de empresas, Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez.

Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tiene en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos. Anticorrupción atribuye a la trama corrupta los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada). La policía judicial practicaba ayer registros en domicilios particulares, empresas y despachos de diversas localidades de Madrid capital y de sus alrededores, así como en sedes institucionales de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de la propia administración autonómica valenciana, además de en viviendas de Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).

Una vez analizada esta documentación, desfilarán ante Garzón los cargos políticos implicados en las supuestas corruptelas. Durante los meses -más de un año- que ha durado esta investigación, la policía ha acumulado abundante información a través de las escuchas practicadas. Indicios de corrupción que serán verificados ahora con los testimonios de los imputados y las pruebas documentales obtenidas en los registros que hasta el momento se han realizado.

Esta trama tiene un doble vínculo con el PP. Por un lado, recibía decenas de adjudicaciones en condiciones sospechosas de administraciones bajo gobierno de dicho partido. Por otro lado, le prestaba servicios electorales al partido sin dar cuenta de los gastos al Tribunal de Cuentas, que en varias ocasiones puso serios reparos a la contabilidad de la formación por esta anomalía.

La trama corrupta se nutría de fondos públicos por el trato de favor de gobiernos del PP para mantener una estructura que, luego, realizaba servicios a la misma formación política. Por ejemplo, empresas vinculadas a la trama de Correa aparecen como proveedoras del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid; en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana y en las de 2004 al Parlamento andaluz.

Curiosamente, los informes de los distintos tribunales de cuentas autonómicos alertan de que no se ha podido precisar qué tipo de servicios les prestó, lo que constituye una irregularidad electoral. Así, Rialgreen, firma del grupo, nunca detalló qué servicio prestó al PP en dicha campaña andaluza de 2004. No aportó facturas ni documento alguno. Igual ocurrió con las elecciones madrileñas de mayo de 2003, donde la suma de votos de PSOE e IU daban una victoria a la izquierda, que se frustró tras la deserción de dos diputados socialistas. Rialgreen, nuevamente, no aportó facturas. Y otro tanto ocurrió en las elecciones valencianas.

El Tribunal de Cuentas exige facturas a cada proveedor electoral de los partidos para garantizar que el servicio prestado en campaña cuesta lo que vale y no hay rebaja ni regalo. Es decir, que no hay financiación encubierta al partido a través de un proveedor que regala el servicio electoral (catering, publicidad, organización de acto electoral) o no lo cobra a precio de mercado.

Aquí, el opaco proveedor electoral es habitual contratista de gobiernos municipales o autonómicos del PP. El reguero de adjudicaciones públicas en los últimos 10 años se extiende por toda España: Galicia, Comunidad Valenciana, ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Boadilla, y un largo etcétera, e incluso la Federación Española de Municipios bajo presidencia del PP hasta 2003.

Una singularidad más. Una de sus empresas más conocidas y polémicas, Special Events, tiene su accionariado en un paraíso fiscal a través de la firma Windrate. En Special Events ha trabajado Antonio Cámara, ex secretario personal del presidente Aznar. Con cuatro empleados, Special Events logró unos ingresos de 4,4 millones de euros en 2003.

La tupida red de empresas de los cinco detenidos

Los detenidos por la trama de supuesta corrupción urbanística aparecen vinculados a una enorme malla de empresas:

- Francisco Correa está ligado a Special Events, que contrató el PP nacional y cuya filial Orange Markets recibe encargos del PP valenciano. Correa aparece en Ekobaby (comercio de frutas) y Formación Comunicación y Servicios (viajes).

- María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, ex jefa de gabinete del ex alcalde popular de Majadahonda, figura en Pasadena Viajes, Special Events, Construcciones Salamanca, Construcciones Roquiconsa y 25 Alfileres Torrent (tejidos al por mayor).

- Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, está relacionado con la inmobiliaria Welldone 2002 Special Events, Hator Consulting (compraventa mobiliaria), Studios Vesubio (inmobiliaria), Technology Consulting Management (urbanismo), Pasadena Viajes, Rialgreen (publicidad), Osiris Patrimonial (compraventa mobiliaria), Forever Travel Group (viajes), Inversiones Kintamani, Cresva, (publicidad), Proyectos Financieros Fillmore, Caroki, Castano Corporate, Spinaker 2000 (inmobiliarias) y Gestión y Equipamientos Deportivos (servicios deportivos).

- Felisa Jordán Goncet figura en Uno más Cuatro Comunicación, Good and Better, e Easy Concept.

- Antoine Sánchez está en Catalunya Nord Recor, Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial y Technology Consulting Management.

www.elpais.es 07.02.09

"Ganamos 12.000 kilos. De mi 50%, yo reparto con Ramón, Álvaro y el alcalde"

Correa tramaba con sus socios negocios urbanísticos en municipios valencianos

Entre las numerosas grabaciones que forman parte del voluminoso sumario sobre la trama corrupta vinculada al Partido Popular, hay una donde Francisco Correa, el organizador durante 20 años de los eventos de esa formación política, trata de negocios con Álvaro Pérez. En ella, Correa detalla sus gestiones para lograr un gran negocio urbanístico.

Correa: "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".

Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan.

"Álvaro" es supuestamente Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia, mientras que "Ramón" es supuestamente Ramón Blanco Balin, secretario de esa sociedad, y "Pablo", supuestamente es Pablo Crespo, ex número 3 del Partido Popular gallego, socio de Special Events.

Orange Market es una filial de Special Events, la sociedad con la que Correa empezó su carrera empresarial vinculada al Partido Popular.

En sus conversaciones, Correa citaba a empresarios a los que Garzón también ha imputado en relación con esta red de corrupción política en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.

Los denunciantes de la trama también han investigado la supuesta relación de Francisco Correa con el actual consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. La Comunidad de Madrid lo negó ayer a través de un portavoz.

Las instituciones 'contaminadas'

La investigación del juez Garzón se dirige contra un grupo de empresas dedicadas a lograr contratos públicos y organizar campañas electorales, siempre del PP. Se les achacan delitos como cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Un amplio abanico de administraciones, siempre bajo mando del Partido Popular, aparecen salpicadas por la investigación, al ser aquellas con las que trabajaban esas empresas.

- Agencia (Consejería) Valenciana de Turismo. Sus dependencias fueron registradas ayer.

- Ayuntamientos de Madrid. La trama salpica también los contratos de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Las Rozas, Boadilla del Monte o Majadahonda.

- Partido Popular. Es el cliente principal de las empresas de Francisco Correa dedicadas a organización de eventos y viajes durante los años noventa.

- Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia y Comunidad Valenciana. También son clientes principales de las empresas de la trama de corrupción, especialmente a raíz de que dejan de trabajar para el PP nacional, alrededor de 2003.

- FEMP. Bajo la presidencia de Rita Barberá, hasta 2003.

www.elpais.es 07.02.09

El hombre que manejaba todos los eventos del Partido Popular

Todo el Partido Popular conoce al empresario Francisco Correa Sánchez, después de que durante toda la época de José María Aznar organizara cualquier aparición pública y viaje del partido. Special Events, la empresa de Correa y su esposa, María del Carmen Rodríguez (ambos detenidos), forjó la imagen del PP en los años noventa. Correa entraba y salía de la sede central de la calle Génova como uno más. La sede de su empresa, en Serrano 40, está a tiro de piedra de Génova. Era conocido hasta para los periodistas como el organizador de eventos oficial.

La empresa de Correa empezó a tener menos contratos con Javier Arenas como secretario general (1999-2003) hasta que dejó de trabajar a nivel nacional para el PP cuando Mariano Rajoy alcanzó el liderato. Correa se refugió en la Comunidad de Madrid y, a través de la filial Orange Market, en la Comunidad Valenciana. El grueso de los contratos de eventos del Partido Popular ha pasado a la empresa de la esposa del diputado valenciano Juan Costa.

Todos los actos

Al frente de Orange Market, cuya sede fue registrada ayer por la policía, está el empresario Álvaro Pérez. De él se dice en la Comunidad Valenciana exactamente lo mismo que de Correa en Madrid, que entraba por la sede del PP regional como si fuera su casa. La empresa de Pérez ha montado todos los actos del PP valenciano, incluido el congreso regional.

También se ha encargado de montar el pabellón valenciano en la Feria de Turismo (Fitur) en los últimos años (el de 2009 se le adjudicó por 916.000 euros) o la cabalgata de la Volvo Ocean Race. Es una queja habitual entre las empresas de comunicación y márketing valencianas la facilidad con la que todos los contratos de la Administración autonómica van a parar a Orange Market.

De los personajes de la trama desvelada ayer, el que tiene una mayor vinculación orgánica con el PP es Pablo Crespo, quien llegó a ser el número tres del partido en Galicia. Tras Manuel Fraga y Xosé Cuiña, Crespo era el hombre más poderoso como secretario de Organización. Fuentes del PP gallego indicaban ayer que recibían presiones para contratar actos electorales a Special Events, sociedad de Crespo, detenido ayer.

Crespo, de quien el PP gallego dijo ayer que está desvinculado del partido hace años, fue consejero de Portos de Galicia hasta 2005.

www.elpais.es 07.02.09

Madrid adjudicó contratos a Special Events por 210.000 euros en 2007

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa Special Events S.L., vinculada a uno de los cinco detenidos el viernes por presuntos delitos de corrupción, por un importe total de 210.000 euros, según consta en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM).

Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP gallego y detenido ayer en el marco de la operación puesta en marcha por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía de Corrupción que investigan presuntos delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias, y blanqueo de capitales.

Precisamente, Crespo es también administrador único de la empresa Pasadena Viajes S.L. con la que, según informó el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, este consistorio madrileño, gobernado por el PP, contrató varios viajes de hermanamiento, y ahora la Justicia le ha pedido información al respecto.

En el caso de Madrid, el Consistorio adjudicó a Special Events mediante concurso abierto la ejecución del diseño, montaje y organización de una pista de hielo artificial, tanto en el distrito de Villaverde, en el Auditorio del Espinillo, como en el distrito de Vicálvaro.

Así, en la obra de Villaverde, la adjudicación tuvo un coste de 140.000 euros y tuvo lugar el pasado 17 de diciembre de 2007, mientras que en el caso de la pista de Vicálvaro, el coste fue de 71.000 euros, y la fecha de contratación se fijó cinco días antes, el 12 de diciembre de ese mismo año.

Otro de los ayuntamientos que también ha tenido contacto con la empresa ha sido el de Alcalá de Henares, también en manos del PP, que en 2003 contrató a Special Events por un importe de 70.000 euros para instalar otra pista de patinaje en la Plaza de Cervantes, en la misma localidad del Corredor.El procedimiento de adjudicación en este caso fue negociado y tuvo lugar el pasado 9 de diciembre de 2003.

www.elmundo.es 07.02.09

Aznar contó con Álvaro Pérez, ahora involucrado en el escándalo de corrupción, para montar la ceremonia de El Escorial y los fastos adyacentes

Alejandro Agag, yerno del ex presidente de José María Aznar y hombre de negocios de éxito, se apresuró ayer a negar a El Mundo cualquier “vinculación empresarial o comercial” con Francisco Correa, uno de los detenidos en la trama de corrupción de empresarios vinculados al PP, destapada esta semana. Su relación se limitaría a una amistad, ahora perdida, según él, pero que en su día le llevó a ser uno de los veinticinco testigos de su enlace con la hija de Aznar. Sin embargo, hay más. Fue Álvaro Pérez, entonces director general de una de las empresas de Correa, FCS Comunicación y Servicios, organizadora de congresos y eventos del PP, el encargado de organizar y coordinar todos los detalles de la boda. El encargo naturalmente le debió de llegar con el consentimiento de Aznar, como mínimo.

Así lo afirmaban ya en 2004 los autores de Los PPijos. El turno de la generación de Agag, editado por La Esfera de los Libros, vinculada al Grupo Mundo. Los periodistas Nacho Cardero, ex redactor de El Mundo y subdirector de El Confidencial, y Carlos Ribagorda, antiguo miembro de la COPE, ofrecen en su libro una inequívoca muestra de la íntima relación que ligaba a Agag y Correa.

Uno entre veinticinco
"Es cierto que fue testigo de mi boda, hace 7 años, a propuesta mía y que he tenido una relación larga de amistad con él, pero hace ya mucho tiempo que no hemos tenido contacto", explicaba Agag en la edición de ayer de El Mundo. Después del enlace, los recién casados se fueron a vivir a Londres. ¿La distancia enfrió la relación? De hecho, que Correa fuese testigo no es especialmente relevante, si se tiene en cuenta que la boda contó con un total de veinticinco testigos.

FCS al cargo de la boda
Lo que sí demuestra que la relación era estrecha es el encargo del monumental evento matrimonial al director general o número 2 de una de las empresas de Correa y que aparece en la investigación policial y judicial que se ha hecho pública estos días. Así de claro lo explica el libro Los Ppijos: “De organizar y coordinar todos los detalles (de la boda) se encargó Álvaro Pérez, íntimo del yernísimo, ‘pijo’, de poblado mostacho y director general de FCS Comunicación y Servicios, la empresa que se encarga de organizar los congresos y demás eventos del PP. El número uno de FCS es Paco Correa, otro de los íntimos del novio con el que comparte vacaciones en Marbella”. Nada se dice, sin embargo, sobre si tan delicado servicio fue pagado ni se habla tampoco de los gastos de la boda. Pero eso no es lo importante. Lo significativo es que la familia Aznar confiara a Pérez, el segundo de Correa, nada menos que todo lo concerniente a una boda bien distinta a las normales.

Boda imperial
El libro no elude la “polémica” que acompañó a “todos los fastos” relacionados con la boda, que se celebró en septiembre de 2002. Por una parte, los tintes imperiales, reforzados con la estampa del palacio de El Escorial: “Los suntuosos preparativos, capaces de parar un país, y los excéntricos y rimbombantes invitados, más propios de la boda de un príncipe que de la hija del presidente del Gobierno, chocaron de frente con los partidos de la oposición”, puede leerse en el libro.

¿Con dinero público?
El capítulo referido a la boda recuerda también que no faltaron las acusaciones desde la oposición que apuntaban a que “la parafernalia montada en torno a este acontecimiento fue costeada en parte con dinero público”.

La fiesta de Gabana
Por otra parte, dentro de la polémica a la que alude Los Ppijos, no falta la referencia a la famosa fiesta que “dos días antes de la boda, el 3 de septiembre, fue la comidilla de todo Madrid y que se celebró en la discoteca Gabana 1800”. El acontecimiento, que contó con más de 500 invitados, obligó a cerrar al tráfico, parcialmente, en la madrileña calle Velázquez.

Alvaro Pérez (primero, izquierda), Francisco Correa (segundo, izquierda) y María del Carmen Rodríguez Quijano (vestido rojo largo) en la boda de Alejandro Agag y la hija de Aznar. Correa y su mujer Carmen Rodríguez están detenidos y Pérez implicado.

“¿Quiénes sois?”
Casualmente, durante el seguimiento que el Caiga Quien Caiga de la época hizo de la boda de la hija de Aznar, y que les ofrece ahora El Plural, Arturo Valls pregunta a un grupito de invitados si asistieron a dicha fiesta. Los interpelados sonríen y asienten con la cabeza. “¿Quién sois?”, pregunta el reportero. Eran Francisco Correa y María del Carmen Rodríguez Quijano, el matrimonio detenido. Junto a ellos va Álvaro Pérez, estrechísimo colaborador de Correa en FCS. Tan estrechísimo que, según una de las conversaciones grabadas por orden judicial, Correa se repartía sus comisiones, entre otros, con su amigo Pérez, asimismo amigo de Agag.

Fiesta privada en casa de Cortina
El día antes de la boda, Agag celebró la despedida oficial y privada en la casa de Alfonso Cortina, entonces presidente de Repsol. En aquel entonces, con el visto bueno y el apoyo de Aznar, el cargo de vicepresidente de la petrolera lo ostentaba Ramón Blanco Ballín, que ahora es consejero de Orange Market. A Blanco Ballín también apunta esa conversación telefónica del sumario sobre “un tema gordo” de urbanismo en Valencia.

Pérdida de contacto
Agag aseguraba en El Mundo que no ha sucedido nada en estos años que le haya enemistado con Correa. Fue sólo la pérdida de contacto. Extraña esa pérdida de contacto en un hombre que ha labrado su éxito gracias a su habilidad para las relaciones públicas. Un ejemplo: A aquella fiesta en casa de Cortina acudieron Rupert Murdoch y Flavio Briatore. Hoy, el primero es jefe de Aznar y el segundo es uña y carne –en términos de negocios- con Agag. Y es que, como dice el refrán, quien tiene un amigo tiene un tesoro.

www.elplural.com 08.02.09

Un asesor clave en las campañas autonómicas de Camps

Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, se ha convertido en apenas unos años en un personaje conocido por la práctica totalidad del Partido Popular. Va y viene de despacho en despacho y hace gala de sus múltiples y variadas relaciones. Con el PP mantiene una relación especial. Ha participado activamente en las dos campañas en las que Francisco Camps ha sido aspirante a presidir la Generalitat Valenciana. Trabajó en la campaña de 2003 a través de Special Events, mercantil dirigida por Pablo Crespo, ahora detenido en la operación anticorrupción puesta en marcha por Baltasar Garzón. Por esta tarea Special Events facturó al PP valenciano 140.000 euros ese año. Una de sus filiales Realgreen percibió 83.239 euros. También en 1999 participó en la campaña autonómica de Eduardo Zaplana. En esta ocasión Special Events cobró 60.000 euros.

Pero la campaña con la que Álvaro Pérez se consagró como proveedor del PPCV fue la de las autonómicas de 2007. Para entonces Pérez ya trabajaba a través de Orange Market, que se había constituido en 2003 tras la salida de José María Aznar de Génova y la llegada de Mariano Rajoy. Por sus trabajos para la campaña de 2007, Orange Market facturó al PPCV al menos 175.00 euros, según figura en los informes de fiscalización de cuentas electorales de los partidos elaborado por la Sindicatura de Cuentas. En el mismo informe se reprocha a Orange Market que no cumpliera con su obligación de comunicar al Síndic los trabajos realizados. Sobre esta cuestión, Álvaro Pérez sostiene que ya ha regularizado su situación documental.

La mejor empresa

Desde el Partido Popular valenciano manifestaron ayer que Orange Market es una de las empresas que hace los mejores actos de España. "Se presentan las facturas y se pagan". También desde la Generalitat restaron importancia a la operación policial. Fuentes de Presidencia dijeron que es "habitual" que los juzgados soliciten información a la Administración en sus procedimientos. Además manifestaron que la adjudicación de Fitur se produjo porque era la empresa que realizó mejor oferta económica y que es la que mejor trabaja. De esta forma intentaban rebajar la polémica de la investigación abierta por Garzón. Presidencia dice que los contratos públicos no son muchos.

www.levante-emv.com 07.02.09

Aguirre: "En el PP nos dedicamos a construir hospitales, escuelas, redes de metro y no a espiar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró este sábado que si algún cargo del Partido Popular tiene algo que ver con la operación abierta por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos por tráfico de influencias, soborno y fraude, "tendrá qué vérselas con la justicia", aunque recalcó que, de momento, ninguno de los detenidos es un afiliado al PP.

"Si algún cargo del PP ha hecho alguna recalificación urbanística para ellos (los empresarios implicados), desde luego, tendrán que vérselas, me imagino, con la Justicia", aseveró Aguirre en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press y en donde fue preguntada por la nueva operación contra la corrupción destapada en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, Valencia y Andalucía.

"Me parece muy bien que se juzgue a los culpables con todas las garantías"

No obstante, señaló que por lo que ha podido saber por los medios de comunicación, ninguno de los detenidos es afiliado o cargo del Partido Popular sino que "son personas que tuvieron que ver con la organización de campañas electorales". En todo caso, Aguirre apuntó que la situación se tiene que aclarar "cuanto antes" porque la corrupción es algo "intolerable".

"Si en esta ocasión es cierto lo que se dice, que la Fiscalía lleva mucho tiempo detrás de esta trama, me parece muy bien que se juzgue a los culpables con todas las garantías, y les daremos también la presunción de inocencia...pero si eso es así, que la Justicia esclarezca este asunto", añadió.

Preguntada por la comisión de investigación que se ha abierto esta semana en la Asamblea de Madrid para esclarecer la supuesta trama de espionaje en el seno de la Comunidad de Madrid, Aguirre recalcó que se ha aceptado dicha comisión para que se sepa que el Gobierno "no ha espiado, ni ha amparado el espionaje, ni lo ha conocido ni considera presentable que nadie espíe". "Queremos proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, su intimidad y demostrar que nosotros no hemos espiado", apostilló.

En este sentido, subrayó que, en ningún caso la comisión se ha demorado, sino que "para sorpresa de la oposición", el PP la aceptó porque "no tiene nada que ocultar" y porque quiere que el asunto se esclarezca porque son "los más perjudicados en este asunto". "Lo que queremos es claridad, luz, taquígrafos y transparecia", añadió, al tiempo que criticó que el PSOE, a pesar de decir que se solidarizaba con el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, luego ha montado "prácticamente una causa general y una investigación al estilo de la Inquisición".

Por otro lado, la presidenta madrileña dijo que no era "serio" que la oposición se queje por todo lo que haga el PP al respecto de la comisión. "Si no aceptamos la comisión, porque tenemos algo que ocultar, si la aceptamos porque la queremos controlar", se quejó Aguirre, quien criticó que la oposición piense que el PP tiene interés en que vaya rápido porque quiere perjudicarles.

"El PSOE ha montado una investigación al estilo de la Inquisición"

Frente a las críticas que ha recibido el Gobierno regional por que el presidente de la comisión sea del PP, Aguirre recordó que todas las comisiones de investigación las ha presidido un miembro del PP, "como dice el reglamento", y que, por el contrario, está la Comisión de Vigilancia de Contrataciones que la preside la oposición, en donde González ha pedido intervenir para hablar de unas adjudicaciones.

"Compareceremos donde haga falta, soy una entusiasta del control parlamentario, y aquí estamos para que los madrileños sepan y tengan la tranquilidad de que nos dedicamos a cumplir con el programa electoral que ellos votaron, a construir hospitales, escuelas infantiles, redes de metro y no a espiar", arguyó.

Asimismo, negó que haya una pugna entre la dirección del PP nacional y la del PP de Madrid, y cuestionada por si se había sorprendido de que el PSOE no haya solicitado la comparecencia en la comisión del presidente de su partido, Mariano Rajoy, Aguirre se limitó a preguntar: "¿Qué tiene que ver el pobre con todo este asunto, con que El País me acuse a mí de espiar falsamente...se quiere magnificar".

Acciones contra 'El País'

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en que todo el caso deriva de unas informaciones publicadas en el diario 'El País' y recordó que como consideran que las acusaciones sobre la trama son falsas, han enviado al periódico, acogiéndose al derecho de rectificación, la rectificación de este asunto.

Así, señaló que el periodista que redactó las informaciones, Francisco Mercado, ya ha rectificado ante los medios de comunicación cuando salió de la Fiscalía y en un programa de televisión, pero que esto "no basta" porque el periódico no lo ha hecho. Por ello, anunció, está estudiando el planteamiento de una demanda de concilición. "Y si no, tendremos que ir a los tribunales penales", agregó.

Preguntada por si cree que todas estas informaciones son porque alguien quiere ir a por ella, la presidenta apuntó que "no cabe duda que el periódico 'El País' no le tiene gran simpatía" y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "es el emblema del tipo de gobierno del PP en España, como el valenciano, el de Castilla y León o Murcia".

"Es evidente que todo lo que sea hacernos daño, al Partido Socialista...", señaló la presidenta, quien recordó como el PSOE ya dijo en su día que había que ganar en Madrid "como sea". Por ello, también insistió en que, en este caso, IU está haciendo un "enorme" favor al Gobierno de la nación por "no recordarle que se están yendo al paro 7.000 españoles más cada día".

Para Aguirre, no tiene sentido que se esté hablando de una cuestión suscitada por un periódico, cuando su periodista ya ha rectificado, si hay un momento de crisis económica como la que atraviesa España. "Es de gran interés para el Gobierno que no se hable de la crisis que estamos padeciendo", matizó.

www.publico.es 07.02.09

El PP acusa al PSOE de usar a la Fiscalía y a la Policía para eliminar a este partido

El dirigente popular ha respondido así a lo dicho por el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien se ha referido a un "vendaval" que recorre el PP de "espías"

González Pons ha manifestado, en declaraciones a EFE, que tiene la sensación de que el PSOE está empleando contra el partido que lidera Mariano Rajoy los medios que tiene el Ejecutivo a su disposición "en una estrategia de eliminación del PP".

El dirigente popular ha respondido así a lo dicho por el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien se ha referido a un "vendaval" que recorre el PP de "espías", de "mangoneo" y de "paraísos fiscales". En opinión de González Pons, "cuando José Blanco celebra la desaparición del PP está verbalizando su fantasía de una España de partido único".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha puntualizado que las comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura o Cataluña, entre otras dirigidas por los socialistas, "nunca reciben órdenes de investigación" de la Fiscalía General del Estado.

"Se está poniendo en peligro el Estado de Derecho en España con la persecución sistematizada del principal partido de la oposición", ha aseverado. En nombre del PP, ha exigido que la justicia sea rápida para que "todos sepamos cuanto antes si estamos ante una peligrosa red de tráfico de influencias o ante una maniobra electoral del partido del Gobierno, utilizando los recursos de la Justicia española".

"El PP es un partido honrado, sus militantes son militantes honrados y sus dirigentes son dirigentes honrados", ha enfatizado González Pons, quien ha matizado que en esta formación política, como en todas, "hay personas que no hacen lo correcto".

Sin embargo, ha concluido, "ya nos hemos hartado de que sólo se persiga la incorrección por parte del Fiscal General del Estado en el PP

www.cadenaser.com 07.02.09

José Blanco asegura que el PP está "bajo sospecha"

El vicesecretario general del PSOE, ha manifestado que la crisis interna del principal partido de la oposición es muy profunda y califica de "espectáculo lamentable" la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha dicho que el PP está bajo sospecha mientras Garzón investiga la presunta corrupción de empresas vinculadas al PP con negocios en varios ayuntamientos populares en Madrid y la Comunidad Valenciana. El candidato del partido por Ourense ha renunciado y en Madrid se investiga la presunta trama de los espías

www.cadenaser.com 07.02.09

Ripoll se negó a encargar actos a Orange Market en Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante se enfrentó con los afines a Francisco Camps por el congreso provincial y la gala del deporte

Las adjudicaciones de contratos desde la Generalitat y el PP a la empresa valenciana Orange Market -inmersa en la investigación iniciada ayer por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción- ha tenido en los últimos meses implicaciones evidentes en la batalla que libra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el titular de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, por el control del Partido Popular en la provincia de Alicante. De hecho, los campsistas intentaron imponer a Ripoll que adjudicara a la mercantil investigada la última gala del deporte de la Diputación y el congreso provincial que los populares celebraron en diciembre en la ciudad de Orihuela.

Como ha ido informando este periódico, en plena batalla entre ripollistas y campsistas por el control del Partido Popular, Ripoll mantuvo un duro enfrentamiento con el alcalde de La Nucia y diputado de Deportes, Bernabé Cano, por la organización de la velada. En el transfondo de la disputa estaba quién organizaba la gala del deporte, un contrato de alrededor de 30.000 euros. Si Orange Market, como pretendían los campsistas; o Publiasa como, finalmente, decidió el presidente de la Diputación con el criterio de que la corporación debe primar a las empresas alicantinas en el reparto de las contratas provinciales. Finalmente, Bernabé Cano, en medio de una intensa polémica y entre acusaciones de «dictador» contra José Joaquín Ripoll, no sólo no acudió a la gala que tenía como escenario la localidad de Petrer sino que se desvinculó del jurado de los premios.

Unas semanas más tarde, la dirección autonómica del Partido Popular, explicaron fuentes populares, remitió a Orange Market a Orihuela para la organización del congreso provincial de Alicante, como había ocurrido con los correspondientes a Valencia y Castelló. El propio José Joaquín Ripoll rechazó de plano la intervención de la cúpula autonómica en el cónclave alicantino -no dejó entrar a trabajadores de la empresa en el recinto- y optó, nuevamente, por conceder la contrata a la sociedad Publiasa.

www.levante-emv.com 07.02.09

Un consejero de Orange comparte intereses con los detenidos por blanqueo, cohecho y fraude

Ramón Blanco Balín no está en la lista de detenidos que ayer fue conocida tras la operación lanzada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y la Fiscalía Anticorrupción. El ex vicepresidente y ex consejero delegado de la petrolera Repsol en la etapa de Alfonso Cortina como presidente, este ejecutivo y abogado de renombre en los despachos capitalinos tampoco aparece inicialmente en ninguna de las empresas que están siendo investigadas en la presunta trama de corrupción cuyo descubrimiento se saldó con seis arrestos después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) practicaran diversas pesquisas en Valencia, Madrid, Sotogrande (Cádiz) y Marbella. Sin embargo, desde un punto de vista mercantil, Ramón Blanco es el nombre que actualmente conecta Orange Market con los responsables de Special Events, dos de las empresas a las que Baltasar Garzón ha puesto la lupa.

Blanco figura como consejero de Orange Market desde octubre del año pasado, cuando Álvaro Pérez procedió a una reestructuración de la empresa, asumió la presidencia y designó a Cándido Herrero Martínez consejero delegado. Amigo íntimo del ex presidente del Gobierno José María Aznar -a quien se atribuye, al menos el plácet de su nombramiento en Repsol cuando ocupaba la Moncloa- Blanco Balín figura en decenas de consejos de administración. Castano Corporate es uno de ellos. En esta mercantil domiciliada en Madrid dedicada a la promoción inmobiliaria fue administrador hasta el 17 de junio del año pasado, al igual que Pablo Crespo, administrador único de Special Events y uno de los detenidos en la operación policial de ayer junto a Francisco Correa. Crespo y Balín aún figuran en las bases de datos como apoderados.

En otras tres empresas se dio una curiosa coincidencia. El pasado 20 de enero Blanco Balín abandonó los consejos de administración de Hator Consulting, Inversiones Kintamani y Osiris Patrimonial. En las tres se produjo el mismo día el nombramiento como administrador de Pablo Crespo.

Abandono en breve

Crespo fue uno de los fundadores de Orange Market, tal como refleja la escritura de constitución que en su día reveló Levante-EMV. Sin embargo, a preguntas de este diario Álvaro Pérez lleva años negando que Crespo tenga ya relación con Orange Market. También afirma que Ramón Blanco Balín iba a abandonar «en breve» el consejo de la empresa cuya sede fue registrada ayer en Valencia por agencia de la Policía Nacional.

Ramón Blanco, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez podrían esta envueltos en un escándalo urbanístico en la Comunitat vinculado a poblaciones gobernadas por el Partido Popular, al igual que en los municipios de Madrid en los que ayer se desarrolló parte de la operación judicial, según publica hoy El País.

Pese a sus afirmaciones, este periódico ha podido saber de fuentes solventes que tanto Pablo Crespo como Francisco Correa -a quien Anticorrupción señala como conseguidor-visitan frecuentemente Valencia y se presentan ante muchos interlocutores como socios de Álvaro Pérez Alonso. Incluso han sido vistos con altos responsables de la dirección regional Partido Popular de la Comunitat Valenciana. con quienes mantienen una relación privilegiada.

www.levante-emv.com 07.02.09

La operación contra la corrupción llega a dos municipios del noroeste

La operación contra una presunta trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en Valencia, Marbella y Cádiz convulsionó ayer a dos ayuntamientos del noroeste madrileño: Boadilla del Monte y Majadahonda, gobernados por el PP. Funcionarios de la Policía Judicial se presentaron en ambos consistorios por la mañana para requerir información sobre sus relaciones comerciales con varias empresas: Pasadena Viajes, SL; Easy Concept Comunicación, SL; Servimadrid Integral, Special Events, SL, y Technology Consulting Management. Todas ellas tienen vínculos con los cinco detenidos en la operación: Francisco Correa Sánchez (empresario que organiza actos para el PP), Pablo Crespo Sabaris (ex secretario de organización del PP gallego y hombre de confianza del dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña), María del Carmen Rodríguez Quijano (esposa de Correa, ex secretaria del PP en Majadahonda y ex jefa del gabinete del anterior alcalde majariego, el popular Guillermo Ortega, que dimitió tras un escándalo urbanístico y un enfrentamiento con su grupo), Antoine Sánchez (primo de Correa) y Felisa Jordán Goncet. Ambos alcaldes dicen sentirse tranquilos.

www.elpais.es 07.02.09

El alcalde de Boadilla viajó a Miami con Correa

La condesa gacela con el Alcalde de Boadilla

El alcalde de Boadilla, Arturo González (PP), viajó a Miami en clase business en dos ocasiones (en 2002 y 2003) con uno de los detenidos ayer, Francisco Correa, como se desprende de documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero el regidor mantiene que no conoce a Correa, el hombre detrás de al menos una de las tres empresas que el juez investiga en Boadilla, Pasadena Viajes, SL. La policía pidió ayer al alcalde información sobre qué había contratado el Consistorio con Pasadena Viajes, Servimadrid Integral y Easy Concept Comunicación. La relación más importante la mantiene con esta última.

Esta sociedad está presidida por la empresa Hator Consulting, S.A., de la que es administrador único uno de los detenidos, Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego. La empresa gestiona la Oficina de Atención al Cliente del municipio desde 2005. La oficina está formada por dos locales, en los que se atiende las 24 horas del día en tres turnos de trabajo. El Ayuntamiento paga por ello 506.000 euros anuales. Además, contrató viajes con Pasadena entre 2001 y 2005 de 5.790 euros. "Viajes de hermanamiento por cantidades muy pequeñas", explican. El alcalde ha negado cualquier relación con el detenido Francisco Correa, empresario vinculado con el PP y uno de los presuntos responsables de la trama. "Ni de amistad, ni de ninguna otra clase", sostiene González.

El PSOE ha denunciado que el regidor se desplazó con Correa a Miami en primera clase en dos ocasiones, en abril de 2002 y en julio de 2003. "Correa es muy conocido en el PP y quizá haya coincidido con el alcalde en algún viaje, pero no lo han organizado juntos", responde un portavoz municipal. El concejal del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, se felicitó de que "por fin", la justicia investigue la corrupción en la zona: "Las continuas denuncias por presunta corrupción urbanística, las adjudicaciones de contratos, tráfico de influencias, son el origen de la actuación judicial".

El clima en el PP de Boadilla está enrarecido. El alcalde denunció al ex edil de Sanidad, Francisco Sánchez. Le acusa de distribuir un dossier sobre un presunto enriquecimiento del alcalde.

www.elpais.es 07.02.09

La Fiscalía y Garzón piden información sobre la oficina de atención al ciudadano de Boadilla

BÁJATE EN PDF EL CONTRATO AMIGO ENTRE EL ALCALDE Y UNA PRESUNTA IMPLICADA

Hay 30 imputados, entre ellos alcaldes y ex alcaldes, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal, y operaciones inmobiliarias

Adjudicación que se realizó por un periodo de 14 años a razón de medio millón de euros anuales a la empresa Easy Concept, vinculada a Isabel Jordán, una de las detenidas en esta operación. Jordán es, según fuentes municipales, la actual pareja de Enrique Galán Abad, abogado del alcalde de Boadilla. Un abogado muy marcado por la polémica. En los últimos años, la oposición ha presentado varios escritos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid, pidiendo explicaciones de por qué el alcalde ha recurrido siempre a los servicios de este letrado en lugar de los muchos abogados que hay en plantilla en el consistorio, todos funcionarios, y por tanto sin coste alguno a los presupuestos.

Es más, según han confirmado estas mismas fuentes, la oposición se ha querellado ya por este asunto con el alcalde de Boadilla acusándole de malversación y prevaricación, escrito que han presentado ya ante el juzgado de instrucción número 1 de Móstoles.Los funcionarios que acudieron al ayuntamiento de Boadilla también solicitaron, según fuentes de la investigación los documentos sobre la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa UFC, que preside José Luis Uribarri.

El tercer expediente solicitado fue sobre unos locales de la empresa municipal del suelo adjudicados a una firma de Ramón Blanco, consejero de Orange Market, la marca de este conglomerado de empresas en Valencia.

www.cadenaser.com 07.02.09

El alcalde que viajaba a Miami con Correa

Un dossier denunció la compra de pisos en EEUU de personas vinculadas al PP

La sospecha de corrupción en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid es algo tan viejo como las primeras elecciones municipales que se celebraron después de la muerte de Franco. Algunas denuncias superaron la sospecha y pasaron a la Fiscalía y al juzgado, como fue el caso de Aquiles Aparicio. Se tuvo que ir. El PP obligó al alcalde de Pozuelo de Alarcón, Martín Crespo, a abandonar cuando la zona de sombras sobre aquella localidad era ya absoluta.

El nuevo alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, logró dar estabilidad a los populares en uno de sus más importantes caladeros de votos.

Pero desde hace dos años comenzaron a correr rumores por Boadilla, que llegaron hasta Madrid en forma de dossiers. En uno de ellos, alentado y amparado por mucha gente vinculada al PP, se acusaba al primer edil de comprar casas en Miami y de tener un patrimonio inmobiliario muy superior a sus ingresos en el Ayuntamiento, que se calcula que son de unos 85.000 euros anuales.

Se facilitaban fotocopias de billetes de avión y se hablaba claramente de trato de favor a las empresas encabezadas por Francisco Correa, detenido ayer. Uno de estos trabajos llegó a manos del sindicato Manos Limpias, que presentó en la Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que acusaba de presunto cohecho a algunos empresarios de la zona.

Miguel Bernad, dirigente de ese sindicato, hacía una relación de las empresas de Francisco Correa que contrataban con el Ayuntamiento de Boadilla y también de lo que consideraba como «colaboradores y asesores del alcalde», que habían comprado casa en Estados Unidos.

En esa relación figuraban, además de Francisco Correa, su esposa, María del Carmen Rodríguez, y Pablo Crespo, también detenidos por Garzón ayer. Asimismo, estaban Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y hoy gerente del Mercado Puerta de Toledo, propiedad de la Comunidad de Madrid; Javier del Valle, Manuel Angel Jiménez, Manuel A. Valdés, Rafael de León, Fernando Torres, Joaquín García y Ramón Blanco. Todos, al parecer, con casa en Miami.

Entre los militantes del PP se conocía a este grupo de amigos como el club de Miami. El ruido llegó a ser tan grande que el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, llamó al alcalde para que le aclarara la proliferación de informes sobre sus propiedades.

Arturo González Panero lo negó todo al secretario general del PP y también a EL MUNDO cuando, en diciembre del año pasado, publicó las acusaciones de uno de sus concejales y un resumen del dossier. Lo atribuyó a la lucha por desbancarle de la secretaría general del PP de Boadilla.

El portavoz local del PSOE, Pablo Nieto, denunció hace meses que el hoy alcalde de Boadilla y el empresario Francisco Correa eran buenos amigos y viajaban a menudo a Miami, lo que hacía sospechosa era relación. González Panero lo niega todo.

www.elmundo.es 07.02.09

Cargo de confianza del anterior alcalde majariego

María del Carmen Rodríguez fue jefa de gabinete del ex regidor

La policía también visitó el Ayuntamiento de Majadahonda ayer por la mañana. No en vano. María del Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación contra la corrupción, desempeñó un papel relevante en la localidad, mientras gobernó Guillermo Ortega, entre mayo de 2001 y febrero de 2005. Primero fue asesora y después Ortega la nombró jefa de su gabinete. También es miembro de la Asamblea General de Caja Madrid nombrada por el Consistorio majariego. Desde su puesto municipal ejercía un gran poder sobre las decisiones del Ayuntamiento. Fue en esa época cuando el equipo de gobierno contrató con Special Events diferentes trabajos.

El Consistorio encargaba a Special Events hasta fotocopias

Rodríguez fue administradora única de esta empresa hasta el 20 de noviembre de 2001. En ese año Special Events elaboró un vídeo promocional para el Ayuntamiento, por el que se pagaron más de 55.000 euros. La concejal del grupo centrista, Mercedes Pedreira, denunció en los plenos que se encargaban a esta empresa "trabajos peregrinos". Como ejemplo la elaboración de discos compactos y fotocopias que hacía la empresa por las que se pagaron facturas de hasta 87.000 euros. "¿Es que en el Ayuntamiento no se podían hacer fotocopias?", se pregunta.

Las relaciones entre Ortega y sus concejales se fueron deteriorando. Las acusaciones mutuas desembocaron en una crisis y un escándalo urbanístico por la venta de dos parcelas municipales. Ortega perdió el pulso y dimitió en febrero de 2005. "Desde ese momento, no existe ninguna relación con esas empresas", afirma con alivio el alcalde actual, Narciso de Foxá. "Incluso rescindí el contrato con la sociedad a la que se le había adjudicado la Oficina de Atención al Ciudadano", añade.

Antes de dimitir Ortega, el Ayuntamiento adjudicó el desarrollo de la Oficina de Atención al Ciudadano a la empresa Technology Consulting Management, también investigada por Garzón y de la que es administrador único Pablo Crespo Sabaris, detenido en la operación.

"El propio secretario de la organización consideró entonces que había anomalías en el pliego de condiciones técnicas de dicha firma: no estaban concretadas las necesidades administrativas, ni su ejecución podía recaer en manos privadas", explica la edil centrista.

MÁS INFORMACIÓN

www.elpais.es 07.02.09

Una empresa ligada a la trama de corrupción organiza eventos para el PP

La policía registra por orden del juez Garzón la Consejería de Turismo y requisa el expediente sobre la concesión a Orange Market del pabellón valenciano en Fitur

Funcionarios judiciales, por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se desplazaron ayer hasta la sede que tiene en la avenida de Aragón la Agencia Valenciana de Turismo, que dirige la consejera Angélica Such, para reclamar y requisar toda la documentación relacionada con la adjudicación a la empresa Orange Market del concurso para montar los pabellones de la Comunidad Valenciana en las ferias del turismo de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Agentes policiales registran la sede de Orange Market en Valencia

La empresa ha participado en la Volvo Ocean Race y otras campañas

El registro, que también se realizó en la sede que tiene Orange Market en la céntrica calle de Colón de Valencia, forma parte de la desarticulación de una trama de personas afines al PP que, presuntamente, prestaba distintos servicios al partido a cambio de un trato de favor en las Administraciones gobernadas por este partido. La trama se extiende por distintas provincias españolas.

Los dos funcionarios judiciales que se presentaron en la Agencia Valenciana de Turismo requisaron toda la documentación relacionada con el expediente 33/08, un concurso para montar los estands de las ferias de turismo en las que participa la Generalitat a lo largo de 2009. El concurso se adjudicó a Orange Market, frente a seis competidoras, con una baja sobre el presupuesto base de licitación del 14%. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el pasado 29 de enero la adjudicación a esta empresa del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid por importe de 916.000 euros. Orange Market se ha adjudicado ininterrumpidamente estos concursos desde hace casi un lustro.

Presidencia de la Generalitat se limitó ayer a reconocer que unos funcionarios judiciales habían solicitado una información en la Agencia Valenciana de Turismo. "Se les ha dado y se han marchado", sentenciaron.

Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez Alonso en Valencia, también se adjudicó la organización de una parte de los festejos de la salida de la Volvo Ocean Race (la regata de veleros alrededor del mundo) en Alicante. Esta empresa aspira a participar en el Gran Premio de España de Hípica que se celebrará la próxima primavera en el recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La firma que dirige Álvaro Pérez ha recibido otros contratos de empresas públicas de la Generalitat como Vaersa para realizar campañas de publicidad. Es además una de las empresas que trabaja para Feria Valencia.

Orange Market se creó en julio de 2003 en Algemesí por Pablo Crespo, presidente de Special Events -firma que participó en las campañas electorales autonómicas de 1999 y 2003 del PP, en las que el Tribunal de Cuentas detectó distintas irregularidades.

La vinculación de Orange Market con la Generalitat también tiene ramificaciones personales. Ignacio Blanch, que fue apoderado de Orange Market, entre octubre de 2003 y diciembre de 2004 -año en el que fue delegado de Canal 9 en Madrid- es asesor de Presidencia con Francisco Camps, desde hace años.

Pero donde Orange Market se mueve realmente como pez en el agua es en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Su responsable, Álvaro Pérez, mantiene una estrecha amistad con el secretario general, Ricardo Costa, y otros miembros de la dirección regional. De hecho, Orange Market es la empresa que organiza la mayor parte de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y aquellos en los que participa su presidente regional, Francisco Camps. La firma de Álvaro Pérez fue la encargada de organizar el último congreso regional del PP celebrado en el recinto de Feria Valencia el pasado mes de octubre.

En la sede del PP ha sido habitual en los últimos años ver entrar y salir a Álvaro Pérez, conocido como El bigotes. En círculos populares es elogiada, con frecuencia, su capacidad para organizar grandes actos y sus contactos a alto nivel. El presidente de Orange Market asesoró a Juan Villalonga en su pretensión de hacerse con el control del Valencia CF. A Orange Market se deben la mayoría de los mítines multitudinarios del PP o la organización de la escenografía de los actos públicos del partido.

Fuentes de la dirección popular indicaron que, desde 2003, se ha contratado con esta firma por su capacidad para organizar los actos del partido. La eficiencia de Orange Market ha hecho que también haya organizado las jornadas parlamentarias del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Las contrataciones del PP regional con Orange Market están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, que revisa la contabilidad de los partidos. "Estamos muy tranquilos", indicaron estas fuentes.

Sin embargo, en el seno del partido reconocieron ayer que la fluidez de Orange Market con la dirección regional del PP no es la misma con las direcciones provinciales del partido, con las que no existe el mismo nivel de colaboración con la firma de Álvaro Pérez.

Por otra parte, la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, en la que participa el Arzobispado de Valencia, negó ayer que Orange Market participase en la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. El desmentido, provocado por el temor del Arzobispado a verse involucrado en un escándalo de corrupción, no se acompañó de la presentación de las cuentas, que son opacas desde hace años.

www.elpais.es 07.02.09

Los trabajos de Orange Market para el PP y el Consell

Álvaro Pérez con el Secretario General del PP Ricardo Costa

- Fitur: La firma de Álvaro Pérez se ha adjudicado el concurso de la Agencia Valenciana de Turismo para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en las ferias de turismo españolas ininterrumpidamente desde 2005.

- Volvo Ocean Race: Organización de parte de los festejos realizados con motivo de la salida de los veleros desde el puerto de Alicante para dar la vuelta al mundo.

- Campañas publicitarias: La empresa ha logrado el concurso de distintas empresas públicas vinculadas a la Administración, como Vaersa.

- Feria Valencia: La compañía es uno de los principales proveedores de la institución ferial.

- Partido Popular: Orange Market es la principal empresa con la que trabaja la dirección regional del PP. A ella se debe la organización de mítines, convocatorias de prensa y otros actos de partido. El Grupo Popular en las Cortes Valencianas también la ha contratado para la realización de jornadas

www.elpais.es 07.02.09

Registran en Valencia la empresa Orange Market por el caso de corrupción urbanística de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en una operación contra la corrupción, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales desarrollada en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, así como en Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz). Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial han llevado a cabo varios registros en domicilios, despachos profesionales y empresas de estas localidades.

Los arrestados, cuyas identidades se corresponden con las iniciales F.C.S., P.C.S., F.J.G., R.Q. y A.S., están acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.

REGISTRO EN ORANGE MARKET

La Policía realizó esta mañana un registro en la empresa valenciana Orange Market S.L. Según indicaron a Europa Press fuentes conocedoras del caso, los agentes inspeccionaron el local, ubicado en la calle Colón, pero desconocen si se llevaron algún tipo de material. Los policías se presentaron en la mercantil a primera hora de esta mañana, y realizaron un registro, después de que detuvieran a seis personas en esta operación, acusadas de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.

Durante la tarde no se encontraba ningún trabajador en la mercantil valenciana, aunque posiblemente seguían allí policías haciendo diferentes registros, indicaron las mismas fuentes. El portero de la finca comentó que los empleados eran personas "normales" y "agradables" y que "nunca habían armado ningún tipo de escándolo". AsImismo, afirmó que "nunca había venido la policía para nada".

La empresa, que en la actualidad cuenta con unos seis o siete trabajadores, fue constituida en el año 2003 con un capital de 3.006 euros, y su sede inicial, según figura en el registro mercantil, se localizaba en la calle Conde Salvatierra de Valencia. No obstante, a finales de verano, trasladaron la sede a la calle Colón, número 18. Esta entidad tiene como objeto la creación, el diseño, la investigación, la ejecución y el control de campañas publicitarias y agencia de publicidad; la implantación, creación y realización de campañas de márketing; y proyectos de organización, planes de negocio y planificación.

Entre sus actividades, según informaron a Europa Press, ha organizado diferentes eventos para el Partido Popular (PP), sobre todo en la época de campaña electoral, así como para la Generalitat, ya que se encargó del desfile inicial de la Volvo Ocean Race, en Alicante, y le fue adjudicado el 'stand' donde la Comunitat ha presentado su oferta turística para Fitur. Según consta en el registro mercantil, el presidente de la mercantil es Álvaro Pérez Alonso; el consejero delegado, Cándido Herrero; y el consejero, Ramón Blanco Balín.

Respecto a sus ventas, en el año 2004 registró 204.694 euros; en 2005 un total de 2.395.289; y en 2006 1.483.489 euros. Fuentes de la investigación han confirmado a Efe que uno de los detenidos es Francisco Correa, responsable de Special Events, una de las empresas investigadas, fuertemente vinculada al Partido Popular. Esta empresa tiene su representación en Valencia a través de Orange Market, como publicó Levante-EMV. Entre los actos organizados por esta empresa destacan el acto 'Parlem' del presidente Camps y los últimos cuatro stands de la Comunitat Valenciana en Fitur.

El gerente de Orange Market, Alvaro Pérez, es amigo personal de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno, José Maria Aznar. En Special Events trabaja Antonio Cámara, que fue secretario personal de Aznar.

La empresa que dirige Álvaro Pérez facturó 175.000 euros a los populares en las autonómicas y figura en el listado de mercantiles que incumplieron con la obligación que marca la ley de Régimen Electoral General de comunicar al órgano fiscalizador las prestaciones realizadas a los partidos políticos en campaña electoral.

Tal como publicó Levante-emv, la mercantil negocia ahora su participación como proveedor del Global Champions Tour, la denomina fórmula 1 de la hípica, que ha alcanzado un acuerdo con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Generalitat, a través de la Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunitat Valenciana, para que Valencia sea una de las sedes del campeonato. El acontecimiento deportivo se celebra en los lagos de Cacsa del 8 al 10 de mayo de este año.

REQUERIMIENTO DE COMUNICACIÓN

Los funcionarios municipales de Majadahonda y Boadilla del Monte han facilitado a los agentes información acerca de varias empresas que han mantenido relaciones comerciales con los consistorios.

A raíz de esta operación, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha hecho público un comunicado en el que desmiente que se haya producido detención alguna de miembros de la Corporación, trabajadores municipales o militantes del PP. "El Ayuntamiento sólo ha recibido un requerimiento por parte del Juzgado de Intrucción 5 solicitando una información de procedimiento que el Consistorio ya ha entregado", dice la nota.

La operación ha sido dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, Baltasar Garzón, y la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con expertos de la Agencia Tributaria.

www.levante-emv.com 06.02.09

Detenidos un ex dirigente del PP gallego y un empresario ligado a Aznar por presunta corrupción

Cinco detenidos, ninguno de ellos cargo público. Anticorrupción y el juez Garzón ordenan registros en Madrid, Marbella, Cádiz y Valencia

El Juez Garzón y la Fiscalía Anticorrupción investigan los presuntos delitos de pago de comisiones ilegales, tráfico de influencias, blanqueo o delito fiscal. El nudo gordiano está en la Comunidad de Madrid, aunque también se han practicado registros en Marbella, Cádiz y Valencia y se ha solicitado información a los Ayuntamientos de Boadilla y de Majadahonda. En el caso de Majadahonda informacion sobre los años en los que estuvo de alcalde Guillermo Ortega

Juez y Fiscalía han pedido a estos consistorios los contratos y adjudicaciones a distintas empresas, las más importantes. 'Special Events' y 'Viajes Pasadena', vinculadas a Francisco Correa, uno de los cinco detenidos en esta operación junto con su compañera Maria del Carmen Rodriguez Quijano y Pablo Crespo, administrador único de ambas compañías y ex secretario de organización del PP gallego.

'Special Events', empresa dedicada a la celebración de actos y eventos ha trabajado para el Partido Popular, en las dos legislaturas de Aznar al frente del Gobierno.

No hay ningún cargo público entre los detenidos

www.cadenaser.com 06.02.09

LA EMPRESA BENEFICIADA MILLONARIAMENTE POR CAMPS ACOGE A AMIGOS DE AZNAR, VILLALONGA Y ALEJANDRO AGAG

La concesión millonaria de la Generalitat de Camps a la empresa Orange Market, que, por cerca de un millón de euros, se va a encargar de montar y diseñar el pabellón valenciano en la próxima Feria Internacional del Turismo (FITUR), tiene detrás más razones y conexiones que las reveladas en un principio por El Plural, que describió el lunes cómo en el organigrama de la entidad concesionaria destaca la cercanía de uno de sus consejeros, Ramón Blanco Balín, con el ex presidente José María Aznar.

La amistad que Blanco Balín mantenía con Aznar –ambos, por cierto, inspectores fiscales en excedencia- influyó probablemente en el nombramiento del primero como vicepresidente corporativo y después consejero delegado de la empresa Repsol bajo la presidencia de Alfonso Cortina. Balín participó activamente en los acuerdos que llevaron a la adquisición de la argentina YPF por la compañía entonces con más facturación de la economía española. Era un momento en el que las galopantes privatizaciones pilotadas por el PP en el Gobierno colocaron a muchas personas afines al presidente conservador al frente de las grandes ex empresas públicas. En este sentido, Blanco Balín también fue consejero de la empresa Gas Natural, otro puesto de designación política.

“Infracción grave”

El largo recorrido de Balín por la empresa privada nos lleva también al consejo de administración de Ercros, en el momento en que la entidad estaba presidida por el financiero Javier de la Rosa. Balín figuró, a su vez, como apoderado de las entidades Real Estate Equity Portfolio e Inversiones Kintamany. Sin embargo, su paso como consejero de NH Hoteles se saldó con una sanción por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2005. Blanco Balín fue multado con 6.000 euros por “infracción grave”, al no haber comunicado a tiempo la adquisición de acciones de la propia empresa, de cuyo consejo de administración formaba parte.

Y los Albertos…

No se quedan los Albertos fuera del círculo de influencia de Balín, que constituyó con estos una fundación, OI Jogi, en 2007, en la que figura como secretario.

Villalonga

Pero Orange Market da mucho más de sí. Fundada en 2003, casualmente, por el ex diputado popular en el Parlamento gallego Pablo Crespo, cuenta como presidente con Álvaro Pérez Alonso, antiguo asesor de imagen y colaborador del ex presidente de otra gran empresa como Telefónica, Juan Villalonga –por cierto, gran amigo de Aznar-. El diario Levante informó en su momento de la aparición conjunta de Pérez y Villalonga en la breve luna de miel que el ejecutivo valenciano mantuvo con el Valencia C.F.

El mordisco

Según este diario, “el asesor Álvaro Pérez permaneció en un lateral superior del escenario, a donde Villalonga dirigió su mirada constantemente buscando la aprobación a su gestualidad”. Como ya informó en su momento El Plural, la brevísima relación de Villalonga con el club ché se saldó con una nada despreciable indemnización de diez millones de euros para el bolsillo del compañero de pupitre de José María Aznar.

Más vínculos

Pero queda mucho más por contar: Álvaro Pérez, amigo personal de Alejandro Agag el conseguidor, estuvo vinculado a la firma Special Events, uno de los principales proveedores de PP a nivel nacional. Sin embargo, tras perder las elecciones generales en 2004 y tomar Mariano Rajoy el control del partido, Pérez perdió influencia en Génova y decidió instalarse en la Comunitat Valenciana, donde, como se ha podido comprobar, está haciendo camino.

Todo queda en casa

Orange Market constituye, por tanto, un nido de antiguos colaboradores y puestos de confianza del Partido Popular. Sus trabajos para la Generalitat de Camps no se quedan en el FITUR de este año, pues se trata de la quinta edición de la feria que cuenta con esta entidad como concesionaria de la Comunidad valenciana. Las mayorías absolutas y la opacidad del régimen regional de Francisco Camps parecen permitir que, por ahora, todo quede en casa. De la oposición progresista y de ciertos medios independientes depende el desenlace final.

(www.elplural.com, 28/01/09)

ORANGE MARKET NEGOCIA PARTICIPAR EN EL MONTAJE DE LA FÓRMULA 1 DE HÍPICA

Orange Market, la empresa de organización de eventos que preside Álvaro Pérez, sigue abriéndose hueco en el complejo mercado valenciano. La mercantil negocia ahora su participación como proveedor del Global Champions Tour, la denomina fórmula 1 de la hípica, que ha alcanzado un acuerdo con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Generalitat, a través de la Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunitat Valenciana, para que Valencia sea una de las sedes del campeonato. El acontecimiento deportivo se celebra en los lagos de Cacsa del 8 al 10 de mayo de este año.

La empresa promotora del evento, Oxer Sport, ha suscrito un convenio con la Generalitat, el Ayuntamiento de valencia y RTVV, para que Valencia sea una de sus sedes durante tres años consecutivos (2009-2011) prorrogables hasta 2013. Es la primera vez que la Global Champions Tour llega a España. El acuerdo pasa básicamente por una cesión de espacios por parte de Cacsa, cuyo arrendamiento estaría valorado entre 300.000 y 500.000 euros al año.

La empresa de Álvaro Pérez no ha tardado en moverse. Ya trabajó con Oxer Sport en la presentación pública del proyecto prestando servicios audiovisuales. Ahora negocia con la firma promotora participar en el montaje de gradas y escenografía. Fuentes de Oxer afirmaron no obstante que "el contrato no está cerrado" y que conversa con varias empresas valencianas.

La Global Champions Tour cuenta entre sus patrocinadores con firma como Repsol y NH Hoteles. Se da la circunstancia de que en otoño del año pasado se incorporó al consejo de Orange Market, Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente corporativo de Repsol en la etapa de la presidencia de Alfonso Cortina y actualmente consejero de NH Hoteles. Orange Market es una de las empresas de cabecera del PPCV Facturó al partido 175.000 euros en las autonómicas de 2007.

(www.levante-emv.com, 28/01/09)

Camps pagará casi un millón de euros a una empresa con un consejero amigo de Aznar

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades y agencias de valores

Resolución de 30 de junio de 2005, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se da publicidad a la sanción por infracción muy grave impuesta a don José Ramón Blanco Balín.

El Gobierno de Camps ya ha decidido qué empresa se encargará de diseñar, montar y desmontar su pabellón de Turismo en la feria madrileña de Fitur. Será la empresa Orange Market, una empresa amiga del Partido Popular valenciano para el que ha trabajado en la gestión de muchos de sus congresos y actos públicos. Las relaciones entre Orange Market y el Partido Popular llegan hasta dentro del organigrama empresarial, donde aparece como consejero Ramón Blanco Balín, amigo personal de José María Aznar y vicepresidente ejecutivo de Repsol durante su etapa de Gobierno.

Los datos hablan por sí solos de la estrecha relación entre Orange Market y el Partido Popular valenciano, que gobierna en la Generalitat. En las pasadas elecciones locales, en 2007, las que confirmaron a Camps al frente del Govern, el PPCV facturó a Orange Market alrededor de 175.000 euros por los servicios prestados. La concesión de Turismo de esta vez se acerca al millón de euros.

Vieja conocida
El pasado 15 de enero, la Conselleria de Turismo resolvió el concurso para el suministro de diseño, montaje y desmontaje de los stands que la Comunitat Valenciana presentará en la feria Fitur de Madrid, la Feria Internacional de Turismo de valencia (TCV), Expovacaciones en Bilbao, SITC en Barcelona y la feria INTUR en Valladolid. Según informa Levante, la empresa que recibió la concesión fue Orante Market, una vieja conocida del PP valenciano.

Experta en Fitur
En total, el importe que recibirá Orange Market será de 789.500, que junto al IVA del 16% llega a superar los 900.000 euros. Este es el quinto año consecutivo en que esta empresa se hace con el contrato. Un éxito que se repite desde 2005 y que se acrecienta teniendo en cuenta que la empresa era por entonces una recién llegado, que constituyó Álvaro Pérez en otoño de 2003 cuando llegó de Madrid.

Adjudicación precipitada
Cabe destacar, eso sí, que la adjudicación este año se ha realizado de una manera un tanto precipitada. Apenas 13 días antes de la celebración de Fitur se ha ejecutado la resolución. El pasado día 22 se publicó en el BOE, donde se asegura que la adjudicación tiene fecha de 30 de diciembre. Pérez alega, en todo caso que los responsables de Turismo le comunicaron "por teléfono" una adjudicación provisional en diciembre a la espera de cumplir el plazo de alegaciones, por eso su empresa llevaba trabajando en el pabellón de Fitur desde hace varias semanas.

Colaboración en las elecciones
La labor de Orange Market se centra en la gestión de actos públicos, como congresos, mítines, ferias… Y el PP valenciano necesito de muchos de estos servicios en las pasadas elecciones locales de 2007. Tanto es así, que llegó a facturar alrededor de 175.000 euros a esta empresa, según los datos recogidos por la Sindicatura de Cuentas en su último informe de fiscalización de gastos electorales.

Organizadora del Congreso
Orange Market también trabaja prestando servicios de marketing a Feria Valencia, donde realiza labores en calidad de colaborador externo. Es en Feria de Valencia donde el PP valenciano ha decidido celebrar muchos de sus actos. Un ejemplo es el Congreso regional celebrado el pasado mes de otoño, con un despliegue de medios que incluía un macro complejo en forma de “coliseo” erigido en torno de los ponentes y 70 metros cuadrados de pantallas. La empresa encargada del montaje del escenario, y de otras labores, fue Orange Market.

Íntimo de Aznar
La extensión de esta buena relación entre PP y Orange se extiende al organigrama de la empresa. Es ahí donde se encuentra el nombre Ramón Blanco Balín, amigo íntimo del ex presidente José María Aznar, con el cargo de consejero. Balín tiene experiencia en los negocios. Fue vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Repsol durante el Gobierno del PP, en la época de Alfonso Cortina. También fue consejero en aquella época de Gas Natural.

www.elplural.com 25.01.09

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El Síndic reprocha a Orange Market que no informe de su labor para el PP

La empresa de Álvaro Pérez Alonso, que facturó 175.000 euros a los populares en las autonómicas, también trabaja para Feria Valencia

La Sindicatura de Cuentas incluyó en su último informe de fiscalización de gastos electorales de los partidos en las elecciones autonómicas a la empresa Orange Market. La empresa que dirige Álvaro Pérez figura en el listado de mercantiles que incumplieron con la obligación que marca la ley de Régimen Electoral General de comunicar al órgano fiscalizador las prestaciones realizadas a los partidos políticos en campaña electoral. La sociedad domiciliada en Valencia facturó 175.000 euros al Partido Popular de la Comunitat Valenciana por sus trabajos relacionados con la organización de actos políticos, mercadotecnia y comunicación. La información forma parte del expediente de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas y las cantidades incluyen también el IVA.

Pérez estuvo vinculado a la firma Special Events, uno de los principales proveedores de PP a nivel nacional y en cuyo consejo de administración figuraban sociedades ligadas a paraísos fiscales. Sin embargo, tras perder las elecciones generales en 2004 y tomar Mariano Rajoy el control del partido, Pérez perdió influencia en Génova y decidió instalarse en la Comunitat Valenciana. Su relación con Rajoy y sus asesores nunca fue buena.

Empresa registrada en 2003

En otoño de 2003, ya con Rajoy como aspirante a la Moncloa, Pérez registró en Valencia la firma Orange Market. Sus buenas relaciones con el Partido Popular valenciano le han permitido abrirse un hueco en el siempre complejo mercado valenciano. Se ha convertido en la empresa de referencia de la dirección regional y fue uno de los responsables de montar la escenografía del congreso regional del pasado mes de octubre en Feria Valencia en el que salió reelegido Francisco Camps.

A principios de este año Orange Market se hizo con un contrato de servicios de apoyo en materia de marketing con Feria Valencia. Fuentes de la entidad que preside Alberto Català confirmaron a Levante-EMV que Orange Market figura entre sus proveedores para prestar «apoyo» como empresa externa.

Feria Valencia es uno de los escenarios preferidos por la dirección regional del PP para montar grandes actos de partido. Orange Market también es adjudicataria desde hace varios ejercicios del montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur, contrato adjudicado por la Generalitat por con un presupuesto que ronda los 750.000 euros.

www.levante-emv.com 28.12.08

mas noticias sobre la CUESTIÓN

La empresa que hizo el vídeo del 'Atleti' de Metro, vinculada con Special Events

Deadline Events, la empresa que realizó para el Gobierno regional el vídeo de Metro de Madrid donde se ridiculiza a un seguidor del Atlético, está vinculada con Special Events, una firma controlada por accionistas radicados en paraísos fiscales, según el PSOE. Esta última firma se ha encargado durante varios años de organizar actos del Partido Popular, muchos de ellos del Gobierno regional.

Según el Registro Mercantil, el administrador único de Deadline Events, la empresa que elaboró el vídeo para Metro de Madrid, es Raúl Gascón, que sustituyó en el cargo a María Victoria Romero, según informó la Cadena ser. Tanto Crespo como Romero son los únicos socios de Deadline Events.

Raúl Gascón ha formado parte del Consejo de Administración de Pasadena Viajes, cuyo administrador único es Pablo Crespo, quien también es administrador único y ex presidente de Special Events. María Victoria Romero, por su parte, fue socia fundadora de esta misma empresa.

El vídeo realizado por Deadline Events, que se mostró dentro de una exposición de Metro de Madrid sobre el 'efecto invernadero', causó una enorme polémica. Esperanza Aguirre y el vicepresidente regional, Ignacio González, lo repudiaron, así como el Atlético de Madrid, cuyos aficionados se veían ridiculizados en la grabación.

El Gobierno regional fulminó la polémica destituyendo al responsable de la Gerencia de Atención al Cliente de Metro, Juan Carlos Galindo, y al director de Operación, Aurelio Rojo

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/17/madrid/1192636007.html

Pablo Crespo aportó un euro en la constitución de la empresa que trabaja para el PP

La vinculación de la mercantil valenciana Orange Market con Special Events, la empresa cuyos propietarios radican en parísos fiscales del Caribe y que ha realizado diversos trabajos para el Partido Popular es mucho más estrecha de lo que hasta ahora había trascendido. Orange Market, que también ha trabajado para el PP valenciano y para la Generalitat, no sólo está relacionada con Special Events a través de vinculaciones societarias. Documentación a la que ha tenido acceso este diario revela que el presidente de Special Events, Pablo Crespo, ex diputado del PP en el parlamento gallego y también ex secretario de organización del partido en Pontevedra, fue uno de los fundadores en Valencia de la sociedad limita Orange Market.

Así consta en la escritura de constitución de la mercantil que se celebró el 24 de julio de 2003 en Algemesí. Junto con Crespo figura como fundador Luis de Miguel Pérez, quien resultó nombrado administrador único de la empresa. Luis de Miguel regenta en Madrid un bufete de abogados que, entre otros servicios, ofrece asesoramiento para reducir costes fiscales. De Miguel y Crespo comparten puestos en otras sociedades.
Tal como relató en su día Levante-EMV algunos de los responsables de Orange Market y Special Events mantienen relaciones personales con dirigentes del PP. Así, el gerente de Orange Alvaro Pérez es amigo personal de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno, José Maria Aznar. En Special Events trabaja Antonio Cámara, que fue secretario personal de Aznar.

Aportó solo un euro

Las noticias que señalaban que Special Events tiene su antena en Valencia a través de Orange Market parecen claras con la escritura de constitución en la mano. Luis de Miguel y Pablo Crespo comparecen conjuntamente para constituir la sociedad con un capital social de 3.006 euros. LLama la atención que Luis de Miguel suscribe 3.005 participaciones de un euro cada una mientras que Pablo Crespo suscribe una sola participación de un euro. Tres meses después, en octubre de 2004 en una notaría de Madrid Luis de Miguel otorga plenos poderes en favor de Armando Lucas Hurtado y Mónica Magariños Pérez para representar a Orange Market

La escritura de constitución arroja otros datos que refuerzan la idea de que Orange Market es una mera intermediaria de Special Events. Así, los estatutos recogen que el objeto de la misma es la realización de campañas publicitarias, de marketing, promoción de convenciones, eventos públicos, entre otros actos sociales públicos y sociales. Acto seguido, se añade lo siguiente: «En relación con aquellos servicios profesionales incluidos dentro del objeto social que conforme a la normativa vigente, tenga que ser realizados por personas físicas con titulación académica y/o colegiación profesional suficiente, la sociedad sólo realizará funciones de mediación entre quienes soliciten tales servicios y los profesionales integrados en ella, que prestarán tales servicios en su propio nombre». Y añade que «las actividades enumeradas podrán ser desempeñadas por la sociedad total o parcialmente mediante la participación en otras sociedades de objeto análogo». El PP en las Cortes ha vetado al PSPV conocer las adjudicaciones que la Administración ha realizado a esta empresa. Según ha sabido este diario, Orange ha trabajado al menos con la conselleria de Turismo y con Presidencia.

www.levante-emv.com Sábado 04 de junio de 2005

Dos empresas ligadas al PP ocultan a tres tribunales de cuentas sus facturas electorales

Special Events y Rialgreen, proveedores de los populares, no justifican sus servicios al partido

Special Events, firma controlada por accionistas radicados en un paraíso fiscal cuya contratación con la Comunidad de Madrid intenta esclarecer el PSOE, ha sido proveedora electoral del PP. Esta empresa, en la que han participado dirigentes del PP, ha ocultado a tres tribunales de cuentas autonómicos sus facturas de servicios prestados al partido en las elecciones autonómicas valencianas de 1999 y de 2003; y en las madrileñas de 2003 y en las andaluzas de 2004 por parte de Rialgreen, empresa con idéntico domicilio y presidente, Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP en Pontevedra. En su informe sobre las elecciones autonómicas valencianas de 13 de junio de 1999, la Sindicatura de Cuentas denunció diversos incumplimientos del PP en materia de gastos electorales. Por ejemplo, que ninguna de las 13 empresas que le habían facturado por un monto superior a los 6.000 euros había cumplido con su obligación de comunicar la prestación realizada. Esa documentación es esencial en toda fiscalización de campañas electorales para comprobar que los gastos declarados por los partidos se corresponden con pagos realmente realizados y que se ajustan a precios de mercado. El fin es evitar donaciones en especie. Entre dichas firmas sobresalía Special Events, a quien el PP declaraba haber abonado 60.000 euros para dicha campaña.

En el informe sobre las elecciones a las Cortes Valencianas de 25 de mayo de 2003, dicho órgano fiscalizador denuncia idéntica anomalía. Special Events figura como perceptor de 140.000 euros del PP a cambio de una contraprestación que no declara. Igual ocurre con Rialgreen, empresa con igual presidente y domicilio, que tampoco aporta documentación alguna sobre los servicios que por un monto de 82.000 euros realiza.

En esa misma fecha, en las autonómicas madrileñas de 25 de mayo de 2003, donde la suma de IU y PSOE daba una mayoría absoluta que frustrarían dos diputados socialistas tránsfugas, reaparece como proveedor electoral del PP la firma Rialgreen por 48.080 euros. En esta ocasión, tampoco aporta facturas ni documentación alguna a la Cámara de Cuentas madrileña.

Obligación incumplida
En las elecciones al Parlamento andaluz de 2004, Rialgreen es el principal proveedor electoral del PP, que incumple su obligación de detallar ante la Cámara de Cuentas los servicios publicitarios prestados a dicho partido. El monto de la labor, de imposible contraste, el PP lo cifró en 520.491 euros.

El PSOE ya denunció en su día las contrataciones irregulares de Special Events en 2001 por el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, del PP. En concreto, destacaba un vídeo promocional contratado en junio de 2001 y elaborado antes de noviembre de 2001. Desde su fundación en 1994 y hasta noviembre de 2001, la administradora única de Special Events era María del Carmen Rodríguez Quijano, nombrada asesora del gabinete de Ortega en la alcaldía en julio de 2001, y esposa de Francisco Correa, amigo íntimo de Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar, según denuncia el PSOE.

En septiembre de 2001, se efectuó un primer pago de 28.571 euros, y un segundo en diciembre de otros 28.510. El PSOE no sólo denunció que se había producido un irregular fraccionamiento de contrato, aspecto que censuró el propio interventor del Ayuntamiento, sino que se habían eludido todas las reglas esenciales de la contratación administrativa. La denuncia socialista incluía a TCM (Technology Consulting Management), empresa que comparte varios administradores con Special Events, en relación con un contrato de 612.551 euros aprobado en diciembre de 2002 para desarrollar una oficina de atención al ciudadano. El propio secretario del Ayuntamiento consideró que había anomalías en el pliego de condiciones técnicas de dicha firma: ni estaban concretadas las necesidades administrativas a satisfacer, ni su ejecución podía recaer en manos privadas; ni el presupuesto estaba suficientemente desglosado ni estaba acreditada la experiencia en esa tarea por parte de la empresa.

Entre las entidades regidas por el PP que han contratado algunas de estas empresas figuran la Federación Española Municipal de Municipios, cuya presidenta hasta 2003 fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también del PP. El Consejo Superior de Deportes, durante el Gobierno de Aznar, contrató en 1998 con una unión temporal de empresas en la que estaba Pasadena -compañía que también preside Crespo- por un monto de 69 millones de pesetas. Y en 1997, fue contratada Special Events por el Ayuntamiento de Las Rozas, gobernado por el PP, por un monto de 17 millones de pesetas para unas actuaciones publicitarias de sus fiestas patronales. El PSOE intenta averiguar si esta empresa, cuya versión reclamó ayer este diario sin éxito, o firmas afines, han recibido contratos del actual Gobierno madrileño, algo que no ha tenido respuesta oficial.

Sede en la calle de Serrano y accionistas en un paraíso fiscal

En junio de 2002 se produce un hecho singular en Special Events: eleva el capital social en 39.997 euros, a sumar a los 3.000 con los que se fundó en 1994. Todas las nuevas acciones quedan en manos de un solo propietario: Windrate Limited, domiciliada en Londres, y cuyos accionistas se hallan, según datos del PSOE, en un paraíso fiscal. Pablo Crespo Sabaris, administrador único de Rialgreen, preside Special Events, Pasadena Viajes y Technology Consulting Management. Todas, salvo la última, comparten sede en el número 40 de la madrileña calle de Serrano, una de las más caras de la capital.

Crespo ha sido secretario de Organización del PP en Pontevedra y hombre de confianza del dirigente gallego popular Xosé Cuiña. En Special Events han trabajado Antonio Cámara, antiguo secretario personal del ex presidente José María Aznar, y Francisco Correa, íntimo del yerno del ex líder popular.

Special Events, con sólo cuatro empleados fijos, consiguió en 2003 unos ingresos de 4,4 millones de euros, un millón más que en el ejercicio precedente. Todo ello le dio unos beneficios cercanos a los 23.000 euros en 2003.

www.elpais.es 19-05-2005

Los Eventos Especiales contratados por el PP

Sus directivos forman o han formado parte del Partido Popular, en sus altos cargos o en gobiernos regionales. Special Events, empresa de comunicación y organización de eventos fue contratada también por varios gobiernos autónomos del PP. Es el último dato que ha aportado la investigación que está llevando a cabo la Cadena Ser. Este martes, la emisora revelaba en exclusiva que Special Events era propiedad de sociedades radicadas en paraísos fiscales de El Caribe. en la compañía han trabajado desde el que fue secretario personal de José María Aznar, hasta personas vinculadas a su yerno Alejandro Agag.

La Ser da en sus informaciones algunos ejemplos de los vínculos entre la empresa y el partido político: "el actual presidente de Special Events es Pablo Crespo Sabaris, en el pasado hombre de confianza de Xosé Cuiña y dirigente del PP gallego". En 2001 y durante la presidencia de Crespo, Special Events se hizo con un contrato de casi un millón y medio para promocionar el mercado de la carne gallega en plena crisis de vacas locas.

Otro ejemplo: el contrato que logró del ministerio de Agricultura para organizar los premios Alimentos de España en 2001. En este caso el contrato era más bien una serie de facturas por una escasa cuantía que evitaban la publicidad y los controles habituales de los interventores.

A la investigación ha añadido su granito de arena también el diario Levante que publica hoy que Orange Market, vinculada a Special Events, organiza los principales actos de promoción del gobierno valenciano del PP. El rotativo levantino añade además que el anterior director de Orange Market ha pasado a ser ahora asesor del presidente valenciano Francisco Camps.

Lo último que ha lanzado la Cadena Ser es la vinculación entre Antonio Cámara Eguinoa, ocho años como secretario personal de Aznar y presidente de Special Events desde el cambio de Gobierno hasta el 17 de febrero, coincidiendo con las primeras denuncias públicas sobre las adjudicaciones de contratos públicos a esta empresa.

http://www.periodistadigital.com/politica/object.php?o=72313 Miércoles, 18 de mayo 2005

La empresa que ha organizado eventos del PP pertenece a sociedades radicadas en paraísos fiscales

Con Special Events han estado relacionados el secretario personal de Aznar en La Moncloa y amigos íntimos de su yerno.La empresa que ha venido organizando actos o congresos del Partido Popular, y que se ha beneficiado también de campañas institucionales en gobiernos de este partido, pertenece a sociedades radicadas en paraísos fiscales del Caribe. Los actuales responsables de esta empresa, llamada Special Events, afirman que desconocían esa circunstancia. En Special Events han trabajado desde el que fuera secretario personal de Aznar hasta personas vinculadas a su yerno, Alejandro Agag.

Y es que con el Partido Popular aparecen relacionados, de uno u otro modo, prácticamente todos los responsables que ha tenido la empresa. Antonio Cámara, secretario personal de Aznar en sus ocho años al frente del Gobierno, ha reconocido en declaraciones a la Cadena SER que comenzó a trabajar para Special Events, en cuanto dejó su despacho en el Palacio de La Moncloa, y que ha permanecido en la empresa hasta principios de este año. El ex secretario de Aznar reconoce que en estos meses coincide en esta empresa con Francisco Correa, amigo íntimo del yerno del ex presidente y uno de los testigos de su boda, y también con Pablo Crespo, antiguo dirigente del PP en Galicia, hombre de confianza de Cuiña y, a día de hoy, todavía presidente de la empresa.

Ellos son los responsables visibles de Special Events. La compañía es, sin embargo, una cadena de sociedades opacas interpuestas, que hacen prácticamente imposible averiguar quiénes son los verdaderos dueños. El accionista mayoritario es la sociedad Windrate Limited, con sede en Londres, que a su vez pertenece a otras sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla de las Nieves, conocidos paraísos fiscales del Caribe.

Tanto los actuales responsables de Special Events como el ex secretario personal de Aznar sostienen que no sabían que los verdaderos dueños de la empresa son sociedades radicadas en el extranjero. Cuando se les pregunta si conocen a las personas que hay detrás de estas compañías la respuesta también es que “no”.

Oficialmente el PP no da explicaciones sobre el dinero que ha pagado a esta empresa en los últimos años. Han organizado para ellos Congresos Nacionales, Regionales y todo tipo de eventos y actos públicos. El propio presidente de la empresa reconoce que el Partido Popular es su principal cliente. Dirigentes de este partido explican, sin embargo, en privado que desde que Rajoy ocupa la presidencia los encargos se han ido reduciendo de forma paulatina. Estos mismos dirigentes añaden que hay instrucciones en este sentido porque se considera que Special Events es una empresa más vinculada al anterior presidente, José María Aznar. Publicado en la Cadena SER.17.05.05

El paraíso fiscal donde está radicada Special Events es un “centro de blanqueo y narcotráfico”, según EEUU

El departamento de estado americano señala a la isla de las nieves como uno de los paraísos fiscales dedicados a lavar dinero negro. En esta pequeña isla del caribe se pierde el rastro a los dueños de Special Events, la empresa que en los últimos años ha contratado gran parte de la propaganda y los eventos encargados por el partido popular y las administraciones en las que gobiernan.

Para Special Events ha trabajado hasta principios de año Antonio Cámara, secretario personal de Aznar en sus ocho años como presidente del gobierno. También algunos amigos íntimos de su yerno, como el empresario Francisco Correa, testigo en la boda de Alejandro Agag y la hija de Aznar.

El informe sobre las islas de San Cristóbal y Nieves es uno de los más amplios en la web del Departamento de Estado de los EEUU, en concreto en el de la llamada "oficina de narcotráfico". De estos paraísos fiscales, antiguas colonias británicas, dicen que son “un centro de lavado de dinero y tráfico de drogas”, con 40.000 habitantes, apenas 200 kilómetros cuadrados y 15.000 compañías extranjeras registradas.

Casi todas, llamadas IBC o corporaciones internacionales de negocio. Una fórmula que garantiza completamente el anonimato de los verdaderos dueños. Se autorizan las "acciones al portador", lo que implica que no hay nada equivalente a los registros públicos que funcionan en cualquier país y se permite que los directores sean también sociedades opacas y no personas físicas. Por supuesto no se pagan impuestos sobre la renta o las ganancias del capital generadas fuera de la isla y los órganos de dirección de las compañías, cuando son algo más que sociedades pantalla, se pueden reunir en cualquier otra parte del mundo. Las islas de Nieves y San Cristóbal son inevitables en cualquier informe internacional que hable de paraísos fiscales. Según los documentos de la OCDE, unos 35 en todo el mundo. Otras fuentes hablan de más de 70. Los principales en esta zona, son los que fueron colonias británicas del Caribe. Según los expertos quienes recurren a este tipo de organizaciones financieras buscan, por este orden, ocultarse y evitar los impuestos o el control del capital en sus países de origen. Publicado en la Cadena SER.19.05.05

Special Events logra contratos públicos de la Xunta de Galicia y de la Generalitat valenciana

La empresa de comunicación que ha trabajado para el PP y que es propiedad de sociedades radicadas en paraísos fiscales del Caribe, fue contratada también por varios gobiernos autónomos del Partido Popular. Según ha sabido la Cadena SER consiguió una importante adjudicación de la Xunta de Galicia para una campaña de publicidad. El actual presidente de Special Events era entonces dirigente del PP gallego.

Es una constante en la forma de funcionar del grupo de empresas que gira en torno a Special Events. Sus directivos proceden en la mayor parte de los casos del PP o de las autonomías y ayuntamientos en los que gobiernan. Su principal cliente, tal y como ha reconocido a la Cadena SER, el presidente de Special Events, es también el PP o los gobiernos locales o regionales en los que tienen el poder.

El actual presidente de Special Events es Pablo Crespo Sabaris, en el pasado hombre de confianza de Xosé Cuiña y dirigente del PP gallego. La empresa que ahora preside consiguió entonces, año 2001, uno de sus contratos más importantes: casi un milón y medio de euros para promocionar el mercado de la carne gallega, hundido en plena crisis de las vacas locas.

La SER ha tratado de recabar la versión de Pablo Crespo que no ha atendido la llamada de la SER. Crespo también ha estado relacionado en los últimos tiempos con el entorno de Mariano Rajoy. De hecho la ex ministra Ana Pastor contrató a su mujer como asesora en su etapa de Ministra de Sanidad.

Estos contratos con la Xunta de Galicia aparecen en el registro por su volumen, pero no es lo habitual. Special Events trabaja para multitud de ayuntamientos y autonomías, casi siempre gobernadas por el PP. Más que grandes contratos, entre los pagos se encuentran una larga lista de pequeñas facturas por una escasa cuantía que evitan la publicidad y los controles habituales de los interventores. De este tipo es, por ejemplo, el contrato que consiguen del ministerio de Agricultura para organizar la entrega de los premios "Alimentos de España" en 2001. Son 4.900.000 pesetas de las de entonces, por el procedimiento llamado “negociado sin publicidad”, lo que impide que otras empresas opten al concurso. Desde entonces, todos los organizadores del mismo acto han conseguido el contrato a través de concurso público.

El diario Levante publica hoy además que otra empresa vinculada a Special Events, Orange Market, organiza los principales actos de promoción del gobierno valenciano del PP. El que era hasta diciembre director de esta empresa, el periodista Ignacio Blanch, es ahora asesor del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El caso más llamativo es, sin embargo, el de Antonio Cámara Eguinoa, que estuvo ocho años como secretario personal de Aznar en La Moncloa. Cesó en su puesto a la vez que el ex presidente y lo hizo para incorporarse a la plantilla de Special Events en julio de 2004. Deja la empresa el pasado17 de febrero, coincidiendo con las primeras denuncias públicas sobre las adjudicaciones de contratos públicos a esta empresa. Antonio Cámara explica que realizaba labores de "coordinación" para montar el dispositivo audiovisual del último congreso del PP, entre otros eventos. Y, añade, que decidió irse a principios de año "porque no era lo mío", según ha declarado a esta redacción. Cuando se le pregunta por los verdaderos dueños de la empresa, las sociedades de los paraísos fiscales caribeños en las que acaba el rastro, su respuesta es que no sabe quiénes son. La cadena SER se ha puesto hoy en contacto de nuevo con Antonio Cámara. No ha querido responder a ninguna pregunta y ha colgado el teléfono. Publicado en la Cadena SER.18.05.05

Special Events y una filial no declararon 282.239 euros de las campañas de Zaplana y Camps

Special Events, la firma cuyos propietarios radican en paraísos fiscales y en la que ha trabajado el ex secretario de Aznar, trabajó para el PP en las campañas autonómicas de Eduardo Zaplana en 1999 y Francisco Camps de 2003. La mercantil figura en los informes de la Sindicatura de Cuentas en los que se denuncia que ni Special Events ni una filial denominada Rialgreen declararon prestaciones realizadas por valor de 282.239 euros en las dos citas electorales

No sólo Orange Market ha prestado sus servicios a los populares valencianos. Special Events, la mercantil cuyos propietarios radican en paraísos fiscales y que tuvo como empleado al que fue ex secretario de José María Aznar durante sus ocho años de estancia en la Moncloa, Antonio Cámara, trabajó en las campañas autonómicas del PP en 1999 y 2003. Los responsables de Orange Market y Special Events comparten puestos en sociedades y empresas y el gerente de la primera, Álvaro Pérez Alonso, ha llegado a trabajar para la segunda. Pérez Alonso es amigo personal de Alejandro Agag (yerno de Aznar) y del director general de RTVV, Pedro García, uno de los responsables de la campaña de Francisco Camps en los comicios de 2003.

La relación de Special Events con los populares valencianos se remonta al menos a la cita autonómica de 1999, cuando el candidato a la presidencia de la Generalitat era Eduardo Zaplana. En esa ocasión, según el informe de fiscalización de las contabilidades electorales de ese año de la Sindicatura de Cuentas, Special Events no cumplió la Ley de Régimen Electoral y no comunicó el Síndic prestaciones realizadas por un valor de 60.000 euros. Otras doce empresas que también trabajaron para el PP en la campaña que ganó Zaplana por mayoría absoluta figuran en epígrafe del informe de la Sindicatura denominado «Incumplimiento de terceros».Cuatro años más tarde, Special Events volvió a aparecer en la lista negra de la Sindicatura. Francisco Camps era en esta ocasión el cabeza de lista de los populares. La cantidad sin declarar por parte de la mercantil en 2003 es notablemente superior: 140.000 euros. En esa misma cita electoral, Rialgreen, otra empresa de la cual es administrador único el presidente de Special Events y ex diputado del PP en Galicia Pablo Crespo, ocultó 82.339 euros por sus servicios al PP. En conjunto, la cantidad sin justificar de las empresas comandadas por el también ex secretario de organización del PP de Pontevedra asciende a 282.239 euros.

Special Events y sociedades en su órbita han trabajado de manera habitual en las campañas nacionales del PP y ha sido contratada por ayuntamientos populares para actuaciones publicitarias

Luis de Miguel figura en más de 30 empresas

Special Events tienen una antena en Valencia, que fuentes del PP valenciano identifican como Orange Market. El administrador único de esta mercantil es Luis de Miguel Pérez, abogado de Madrid con fuerte vinculaciones con el presidente de Special Events, el ex diputado autonómico gallego Pablo Crespo.

De Miguel desarrolla una frenética actividad empresarial, a tenor del elevado número de sociedades en las que figura en el Registro Mercantil. El letrado, cuyo bufete (De Miguel & Abogados) ofrece servicios a empresas en materia de fiscalidad, administra otras dos firmas con Pablo Crespo: Spinaker 2000 y Gestión de Equipamientos Deportivos. Pero también figura como presidente de las promotoras inmobiliarias La Herreria de los Chorros y Desarrollos Inmobiliarios Fuente Marcela. Además es vicepresidente de Dragon Gas y consejero delegado de Alinvest-Ko. Esta última mercantil está participada al 100% por Artoal SA, con sede en Luxemburgo, un país conocido por sus ventajas fiscales. De Miguel administra otras sociedades domiciliadas en Madrid como Sa Sterling, Soluci, Guadalmina La Garza, Catalina de Erauso, Celvic 2000 o Kuhrway SL. Sólo Orange Market tiene sede social en Valencia.

Por su parte, Speical Events cuenta como máximo accionista con Windrate Limited, empresa controlada por sociedades radicadas en paraísos fiscales como La Isla de las Nieves, que según el Departamento de Estado de EE UU es un centro de blanqueo y narcotráfico, según informaba ayer la Cadena Ser. Publicado en El Levante. 20.05.05

El "Clan Agag": una trampa de influencias en torno al yerno de Aznar
| JUAN LUIS GALIACHO |

"El escándalo de Majadahonda es una de las mayores injerencias políticas de los últimos tiempos", así me definía recientemente un alto cargo del poder judicial la trama urbanística y financiera maquinada desde el Ayuntamiento de esta localidad madrileña y gobernada por el PP desde hace quince años. Un feudo controlado por los populares madrileños, con sus principales mandatarios a la cabeza , como su ex secretario general Romero de Tejada.
Este veterano y prestigioso magistrado me afirmaba que un partido político, como el PP, debería tener mucho más cuidado y responsabilidad democrática al poner en tela de juicio a las instituciones, refiriéndose a la querella criminal interpuesta por los populares contra el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, con el fin primordial de frenar las investigaciones judiciales.

Pero la gravedad del caso Majadahonda reside, al igual que en el caso Marbella, en que se han utilizado sociedades dormidas, se han realizado facturas irregulares con sociedades de amigos e , incluso, para evitar los controles municipales, se han realizado facturas con conceptos etéreos, no cuantificables: como fotocopias, fotografías, vídeos...sin especificar el número, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. En definitiva, se ha marbellizado el Ayuntamiento.No hay que olvidar la estrecha relación que unía al ex alcalde del municipio, cerebro de todas la operaciones urbanísticas y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, con el que fuera alcalde de Marbella, Jesús Gil. Juntos intentaron levantar en Majadahonda la gran Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Un proyecto inmobiliario especulativo que no pudo ver la luz debido a las múltiples irregularidades que encontraron los técnicos de la Administración y que, hoy en día, sigue teniendo denuncias por los residuos vertidos en los campos de entrenamiento que utiliza el Atlético de Madrid. Pero la gestión política del que fuera sucesor de Ricardo Romero de Tejada al frente del Ayuntamiento de Majadahonda, Guillermo Ortega, también se puso en entredicho desde el inicio de su andadura al frente de la alcaldía en el año 2001. Una de sus primeras decisiones fue rodearse de un personal de confianza exquisito, los llamados "asesores". El principal de estos fichajes fue el de María del Carmen Rodríguez, su jefa de Gabinete hasta su dimisión el pasado mes de febrero de 2005, y mujer del empresario Francisco Correa, testigo de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar.

Este fichaje empezó con polémica porque se denunció que Carmen Rodríguez, compatibilizó durante un tiempo (de mayo hasta noviembre de 2001) su cargo en el Ayuntamiento con el de administradora única de la empresa Special Events, una de las empresas factureras principales del "clan Agag", que en los últimos años se ha convertido en una de las principales proveedoras de publicidad y propaganda del Ayuntamiento de Majadahonda y del PP madrileño y, en ocasiones, de la sede de Génova. Su sueldo como jefa de gabinete era, según la oposición, de más de 60.000 euros.

Los grupos de la oposición vieron desde el principio con preocupación la relación del regidor con su asesora y con el compañero de ésta, Francisco Correa. Una de las primeras denuncias llegó de la mano del PSOE cuando en 2001 destapó que Guillermo Ortega había encargado a la empresa de su asesora un vídeo promocional del equipo de gobierno a cargo de las arcas municipales, con el nombre de "Creciendo en calidad de vida". Este vídeo, que tuvo un coste de 28.571 euros, incumplía la ley de incompatibilidades e, incluso, se habló ya de prevaricación. El importe se fraccionó en varios pagos para eludir la celebración de un concurso público, y fue el propio Ortega el encargado de abonar directamente los servicios, cuando lo normal es que la liquidación se produzca desde la tesorería municipal.

Estas denuncias no impidieron al Ejecutivo local conceder nuevos "tratos de favor" a esta empresa, situada en la céntrica calle Serrano, 40, de Madrid. De hecho, la portavoz de Centristas Majadahonda, Mercedes Pedreira, destapó en el 2004 un agujero de gastos "curiosos" que se embolsaba Special Events por sus servicios al Ayuntamiento y denunció la curiosa relación existente entre los miembros de esa sociedad y otras que operan en el municipio como Tecnologic Consulting Mannagernent (TCM), empresa que controla la Oficina de Atención al Ciudadano, Pasadena Viajes S.L que realiza los viajes, y otras más, en las que coinciden socios, administradores y domicilios sociales.

El cabeza del llamado "clan Agag" es el empresario Francisco Correa Sánchez, uno de los testigos de la boda de Alejandro Agag con Ana Aznar, como ya se ha indicado. Su empresa matriz es EVENTOS, COMUNICACION Y MARKETING FCS, que da marca al grupo FCS, que tiene su centro neurálgico y operativo en el piso cuarto del edificio del número 40 de la mencionada calle Serrano, en el barrio de Salamanca madrileño.

Muchos son los pagos concedidos por los gobiernos del PP a la empresa Special Events, creada el 2 de septiembre de 1994 y cuyo objeto social "es la organización, promoción y comercialización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos público". Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Majadahonda le ha pagado 87.000 euros en una serie de facturas en las que no se especifica casi nada. Los pagos se refieren a facturas etéreas que hacen referencia a fotocopias, copias de CD's y hasta la realización de vídeos de fútbol sala. En las documentos contables se observa que Special Events consigue facturar al ayuntamiento cada tres o cuatro días, siempre mediante cantidades pequeñas que rondan los 500 euros. Se trata de fraccionar los pagos evitar el control de la intervención municipal y ser pagados directamente por el gabinete del propio alcalde. Son facturas que no especifican detalladamente su concepto .

Los últimos cambios habidos en Special Events son también singulares y datan, según el Borme, del 5 de agosto de 2003. Ese día se producen una serie de cambios en la entidad que pasa a ser presidida por Pablo Crespo Sabaris -que hasta entonces había sido secretario del Consejo de Administración-. Como apoderados figuran Fernando Torres Manso y José Luis Izquierdo López. SE da la coincidencia que el actual presidente de esta empresa, Pablo Crespo Sabaris, también preside o forma parte del Consejo de otras empresas que han facturado para el Ayuntamiento de Majadahonda en los últimos años, entre ellas: TCM (Tecnologic Consulting Managerment), BOOMERANGDRIVE, CREIVAS, S.L y una agencia de viajes que trabajaba para el municipio y para el PP, como es Pasadena Viajes, S.L.

Curiosamente esta agencia fue la encargada de organizar en Madrid la última Asamblea de la Federación de Municipios Españoles, por entonces controlada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, otra afín al "clan Agag". Pasadena Viajes S.L. al igual que Special Events tuvo su primera sede en Velásquez, 85 y ahora, está en Serrano, 40, bajo la marca FCS.

Se da también la casualidad que Pablo Crespo Sabaris es un significado dirigente del PP gallego, en concreto de Pontevedra, de donde es natural. Crespo Sabaris ha sido uno de los hombres de confianza del omnipresente mandatario gallego, Cuiña, y fue en el puesto número 5 del PP por esta provincia en las elecciones autonómicas del 19 de octubre de 1997. Su padre, Justo Crespo Alfaya, era un histórico dirigente del PP gallego y hombre de confianza del que fuera ministro Pío Cabanillas.

En resumen, toda una trama de intereses que confluye en una sola y única persona como envoltorio preferente: Alejandro Agag, marido de Ana Aznar Botella, y yerno del ex presidente del Gobierno español José María Aznar. Seguiremos informando de ello.

http://www.noticiasgalicia.com/articulos/articulo8.html e-defensor.29/03/05

MÁS NOTICIAS

La fiscalía pide la libertad bajo fianza para Antoine Sánchez

El primo de Correa, imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad, es uno de los tres dirigentes de la trama Gürtel encarcelados

El Supremo prorroga otro mes el secreto del sumario

La trama saqueó millones de las arcas públicas

01. Impuestos. Hacienda somos todos

02. Las cuentas del PP. El dinero público alimenta al partido

03. Negocios con el PP. Don Vito, el maestro de ceremonias del PP

04. Modus operandi. Contratos públicos con un fin muy privado

05. Los ayuntamientos. El gran negocio de los pequeños municipios

06. Dinero evaporado. Hacienda éramos todos, menos Correa

07. Los sobornos. Una relación de favor a cambio de 6,4 millones

El 'caso Gürtel' pasa factura al PP

El 72% de los votantes de Rajoy cree que el escándalo está afectando a sus posibilidades de ganar las próximas elecciones - El PSOE recorta un punto la distancia con el PP

MANUEL FRAGA Presidente fundador del Partido Popular y senador

"Dudo que Luis Bárcenas pueda volver a ser tesorero del PP"

EL MINISTERIO DE ARENAS CONTRATÓ A LA TRAMA PARA EL FUNERAL DEL 11-M

"Correa no era un desconocido"

Amenazas al PSOE

Las cartas del archivo de "embolados"

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Correa: "Paco Cascos, con el que tenía cierta relación, me dio la cuenta de AENA"

El jefe de la trama corrupta confesó al juez Garzón que había hecho negocios con un organismo dependiente de Fomento durante el mandato del PP

Gürtel, la 'crisis' que Rajoy no quiso ver

La dirección popular tenía desde agosto indicios de financiación ilegal del PP valenciano - El líder pide firmeza, pero algunos temen que sea tarde

El mal negocio del 'Gürtel'

Varias de las empresas salpicadas por la trama corrupta acumulan problemas financieros

"Plan de disuasión"

Zapatero, "dictatorial"

Interpelaciones futuras

Petición de explicaciones

El PP prende la mecha de la crispación

Las acusaciones sin pruebas de Cospedal contra el Gobierno por espionaje irritan a Zapatero, ponen en tensión al PSOE y amenazan con una quiebra institucional

Una semana de alta tensión

Cospedal incendia la policía y la justicia

Jueces, fiscales, policías y guardias civiles exigen al PP que "pruebe o rectifique" sus acusaciones - Las tildan de "falsas" e impropias de un partido "de gobierno"

El PP cree que la 'número dos', Trillo y Camps tienen el teléfono pinchado

Zapatero pide "responsabilidad" al partido de Rajoy

El PSOE acusa al PP de estar "corroído por la corrupción"

Zapatero deja que su partido replique a los populares

Un examen "inasumible"

Blanco exige a Cospedal que abandone la política si no prueba sus acusaciones

De la Vega: "No hay conspiración contra el PP, sino investigación por indicios de delito"

Cospedal denuncia que se están realizando escuchas telefónicas ilegales

AUDIO - Cadena Ser - 06-08-2009

Cospedal asegura que el Gobierno ha ordenado espiar a dirigentes del PP

La 'número dos' de Rajoy acusa sin pruebas al Ejecutivo de realizar escuchas ilegales y de "intentar corromper las instituciones de la democracia"

Cospedal denuncia que se están realizando escuchas telefónicas ilegales

El Estado según Cospedal

El SUP recomienda al PP que "investigue en sus propias filas"

El sindicato lamenta que los conservadores "pongan en la picota" a la Policía

“Incoherentes”

Trillo exige una 'caza de brujas' contra los policías que han investigado al PP

Presenta una denuncia para descubrir a las fuentes de EL PAÍS sobre Gürtel

Las lágrimas de Correa

El líder de la trama corrupta rompió a llorar cuando las fiscales le preguntaron por sus operaciones económicas

Correa montaba fiestas privadas para agasajar a los alcaldes

Cuatro emite en la noche del viernes al sábado un reportaje que prueba que el supuesto líder de la 'trama Gürtel' alardeaba de las chicas de lujo que asistían a los festejos

Una ex directiva de Correa reitera el pago a cargos del PP

El juez Pedreira imputa seis delitos a Isabel Jordán

Felisa Jordán reitera que la trama de Correa entregó dinero a políticos del PP

El juez le imputa delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, bloqueo de capitales y falsedad documental

El PP mantiene en el cargo a ocho imputados en la Gürtel

Camps y Costa viven arropados por su partido, que ni se plantea apartarlos

¿Independientes?

Los tres diputados de Madrid siguen sujetos a la disciplina de partido

Sepúlveda es edil, pero ni aparece por los plenos. El PSOE ha pedido su relevo

Reprobación fallida

Una red de corrupción a la sombra del PP

Correa hizo fortuna contratando con instituciones gobernadas por los populares

El PP fracasa en su intento de tumbar el sumario de Garzón

Uno de cada tres imputados en la causa pertenece al partido de Rajoy

El gran mazazo

El TSJM ha hecho suyas las tesis de Garzón sobre Bárcenas

Aguirre mantiene en su grupo parlamentario a tres implicados

La incógnita de la acusación

La personación del PP aparece como el mayor revés sufrido por Garzón

Rajoy entra en compás de espera

El líder popular esperará a que su tesorero sea imputado para decidir si lo echa - Buena parte del PP cree que debe irse, pero teme la comparación con Camps

Exceso de optimismo continuado