CASO GÜRTEL / BARCENAS / PP : VERSIÓN MADRID

La Sra Condesa Aguirre dixit : " Yo destapé la trama Gürtel"
( Asamblea de Madrid.08.04.10 )


LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA EN MADRID  2013

 


LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA EN MADRID  2013-2009

AGUIRRE: “SOY LA PRIMERA INTERESADA EN QUE SE ESCLAREZCA TODO”

La presidenta del PP será preguntada por las adjudicaciones de su Gobierno a la trama

Las partes del 'caso Gürtel' han planteado unas 300 preguntas

"Soy la primera interesada en que se esclarezca todo". La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha mostrado así su disposición a colaborar con la investigación del caso Gürtel, al llegar, a las nueve y diez de la mañana, a su despacho de la sede popular en la calle de Génova de Madrid. Allí tiene previsto contestar, en presencia del secretario judicial, a un cuestionario elaborado por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, con las alrededor de 300 preguntas planteadas por las partes del caso Gürtel. Se trata de cuestiones relacionadas con las adjudicaciones del Gobierno autónomo de Aguirre a las empresas vinculadas con la trama. "Tengo para rato", ha afirmado la expresidenta madrileña, que ha agregado que ella es la primera interesada en colaborar.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, citó a Aguirre para que explicara las manifestaciones que hizo ante distintos medios de comunicación sobre la prohibición que habría efectuado al exconsejero regional e imputado en la causa, Alberto López Viejo, de contratar con Easy Concept, una de las empresas de la trama.

Ruz le dio la opción de declarar por escrito, tal y como prevé la ley en el caso de los expresidentes autonómicos, o de acudir a la Audiencia Nacional y Aguirre se inclinó por hacerlo de esta última manera y designó su despacho profesional en la madrileña sede del PP para contestar a las preguntas que las partes han enviado al juez. Este permite a la expresidenta madrileña "estar asistida de otra persona, ajena al ejercicio profesional del derecho, a los únicos efectos de poder proceder a la transcripción de las respuestas que la testigo diera a las preguntas que se le formulen".

La expresidenta madrileña lo hará en presencia del secretario del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y no podrá consultar documento alguno ni comunicarse con terceros, según estableció el juez en una providencia.

La Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley, según constaba en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado de abril de 2013.

http://politica.elpais.com/politica/2013/12/17/actualidad/1387266931_949567.html

RUZ CITA A AGUIRRE EL 17 DE DICIEMBRE PARA DECLARAR SIN MÓVIL NI APUNTES, COMO SUGERÍA ANTICORRUPCIÓN

La presidenta del PP madrileño declarará por escrito como testigo en el caso Gürtel. La declaración se realizará en una unidad de acto, en presencia únicamente del secretario judicial. No podrá comunicarse por vía telefónica ni consultar ningún documento salvo algún apunte con datos difíciles de recordar, tal y como recomendó al juez la Fiscalía Anticorrupción.

Pablo Ruz cita como testigo Esperanza Aguirre para el 17 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Teniendo en cuenta su condicion de aforada, en cuanto a ex presidenta, el juez le requiere que a la mayor brevedad ponga en conocimiento en que despacho, preferentemente profesional, propone para practicarse el interrogatorio, que será en las condiciones del 412.4 de la Lecrim, es decir, por escrito, en presencia del secretario judicial. El juez de la Audiencia Nacional sigue las recomendaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre las condiciones en las que debería desarrollarse la declaración, de las que informó Vozpópuli.

El secretario le apercibirá de la obligación de ser veraz y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal. Tras el apercibimiento, le hará entrega del pliego de preguntas de las partes. La declaración se realizará en una unidad de acto, en presencia únicamente del secretario, sin perjuicio de la presencia de otro funcionario y de otra persona que pueda asistir a la testigo, ajena al ejercicio del derecho.

A los únicos efectos de poder proceder a las transcripción de las respuestas que la testigo pueda dar a las preguntas que se le formulen. No podrá comunicarse por vía telefónica ni consultar documento alguno salvo algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar.

El instructor del 'caso Gürtel' preguntará a Aguirre por las prácticas del que fuera su consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo, imputado en el procedimiento. A éste se le atribuye haber recibido "cuantiosos pagos" efectuados desde el entorno del cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, como consecuencia de "la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid".

La providencia detalla que Aguirre será advertida por el secretario judicial de su obligación de "ser veraz y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal". Tras esta prevención, tendrá que responder a las preguntas planteadas por las partes sin que "se le permita acceder con anterioridad a las mismas".

En concreto, el juez ha considerado pertinentes todas las preguntas formuladas por el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE); la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE); y la defensa del presunto número dos de la trama, Pablo Crespo; y los imputados Juan Hernández Rodríguez e Isabel Jordán.

De igual modo, ha desestimado por su "carácter sugestivo" o por resultar "irrelevantes para la instrucción" una cuarentena de preguntas formuladas por la representación del PSOE de Boadilla del Monte (Madrid).

http://vozpopuli.com/actualidad/35699-ruz-cita-a-aguirre-el-17-de-diciembre-para-declarar-sin-movil-ni-apuntes-como-sugeria-anticorrupcion

EL FISCAL CALCA PARA AGUIRRE LAS CONDICIONES DEL INTERROGATORIO A CAMPS

Anticorrupción presenta al juez Ruz el informe para practicar el interrogatorio por escrito en calidad de testigo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid

Esperanza Aguirre y Francisco Camps tendrán las mismas condiciones en sus interrogatorios por escrito en calidad de testigos. La expresidenta madrileña, en la investigación abierta por la trama Gürtel y el expresidente valenciano, por el caso Nóos. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el informe que reclamó el magistrado para pactar el marco que regulará el interrogatorio ante la falta de previsión legal. El Ministerio Público calca las condiciones que solicitó para Camps y la cita tendrá lugar en un despacho oficial y en presencia del secretario judicial del juzgado central de instrucción número 5.

La Fiscalía Anticorrupción se apunta a la unidad de actuación y ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que el interrogatorio en calidad de testigo y por escrito de la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dentro del caso Gürtel, se desarrolle bajo las mismas condiciones que el de Francisco Camps, testigo del caso Urdangarin. Ruz reclamó a Anticorrupción que se pronunciará sobre este extremo ante la falta de previsión legal.

Bajo esta premisa, el interrogatorio de la presidenta del PP de Madrid tendrá lugar ante el secretario judicial del juzgado central de instrucción número cinco y en un despacho oficial. Salvo prueba en contrario ese despacho será el que tiene la presidenta del PP de Madrid en la primera planta de la sede de los populares en la calle Génova.

Aguirre no podrá comunicarse ni recibir asesoramiento de terceras personas. Solo podrá contar con alguien que no sea profesional en derecho exclusivamente para transcribir sus respuestas y excepcionalmente podrá consultar algún documento necesario para contestar adecuadamente a la pregunta formulada.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/fiscal-calca-aguirre-condiciones-interrogatorio-camps/csrcsrpor/20131127csrcsrnac_4/Tes

AGUIRRE ADMITE QUE ÁLVARO LAPUERTA LE AVISÓ DEL PELOTAZO QUE REPORTÓ A LA ‘GÜRTEL’ 13 MILLONES

La expresidenta de Madrid dice que en 2004 intentó parar la adjudicación de 16 hectáreas a bajo precio en el municipio de Arganda a Martinsa pero que "no pudo" porque ya se había llevado a cabo

Reconoce que el entonces tesorero del partido la puso en alerta en una reunión "en el despacho de Rajoy"

La presidenta del PP de Madrid y exjefa del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, admitió ayer de manera inédita que el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, le avisó a finales de 2004 y en "el despacho del presidente" Rajoy en la sede de Génova de que en un municipio próximo a la capital, Arganda del Rey, se preparaba un enorme pelotazo que Aguirre asegura que "no pudo" parar. Esa operación, por la que el propietario de la empresa beneficiaria, Martinsa, permanece imputado en el caso Gürtel, reportó a la trama de Francisco Correa una comisión de al menos 13 millones de euros pagados en Suiza, y así lo sostienen tanto los informes policiales incorporados al sumario como los documentos enviados por la justicia helvética.

Según Aguirre, Lapuerta le advirtió de que se preparaba la venta de una gran bolsa de suelo "a precio tasado" pero ni le informó de que la red corrupta estaba tras la operación -"¡qué me van a hablar de Correa!"- ni supo que la adjudicación se había cocinado a medida.

Esa adjudicación, que benefició a Martinsa -su propietario, Fernando Martín, permanece imputado en el caso Gürtel- se produjo el 25 de noviembre de 2004. Fuentes conocedoras de aquella reunión de aviso en el despacho de Rajoy -a la que también asistió Bárcenas pese a que Aguirre dijo ayer no recordarlo- sostienen dos afirmaciones opuestas a la versión lanzada ahora por la líder del PP: que el encuentro se produjo antes de que la adjudicación quedase cerrada y que por supuesto que le comunicaron que aquello iba en beneficio de Correa y sus cómplices, entre ellos varios cargos del partido.

Cuando en el otoño de 2005 el plan urbanístico para aquel suelo llegó a la Comunidad de Madrid, recibió de inmediato sus bendiciones. Fue el entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto, quien emitió informe favorable. Porto había sido también copropietario de la empresa privada Plarquin, cuyo dictamen fue el que en noviembre de 2004 inclinó la balanza municipal de Arganda en favor de Martinsa. En octubre de 2006, Porto dimitió.

"Intenté pararlo pero no pude"

"Intenté pararla como hice en Majadahonda [otra venta de suelo bajo sospecha de amaño] pero no pude; llamé al concejal y al alcalde y me dijeron que ya se había adjudicado, y que se había hecho por unanimidad" de todos los grupos políticos, dijo durante una entrevista en el programa Las Mañanas de Cuatro.

En realidad, no existió tal unanimidad. Mucho antes de saber que aquella maniobra llevaba el sello de Gürtel, los socialistas ya habían acudido a los tribunales por la vía del contencioso -una demanda contra la Administración-, pero la justicia dio la razón al Ayuntamiento de Arganda y avaló la venta. Gracias a aquella adjudicación, la empresa Martinsa se hizo con 160.000 metros cuadrados por 66 millones. A los dos años vendió un tercio del terreno por 77 millones, con lo que no solo recuperó la inversión sino que obtuvo un beneficio líquido fulgurante.

La confirmación de Aguirre sobre la reunión con Lapuerta es la primera que se produce desde que hace cuatro años trascendió su existencia. Aguirre tendrá que declarar por escrito en fechas próximas como testigo ante el juez que investiga el caso Gürtel, Pablo Ruz. Ayer, y a la pregunta de si estaría dispuesta a prestar esa declaración en presencia de un secretario judicial -como exigió el sábado el juez del caso Urdangarin a Camps, que desapareció en cuanto lo supo- , Aguirre amagó una negativa pero, finalmente, anunció que hará lo que le diga el magistrado.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/11/20/aguirre_admite_que_alvaro_lapuerta_aviso_pelotazo_que_reporto_gurtel_millones_10022_1012.html

AGUIRRE SOBRE LÓPEZ-VIEJO: "ES CON EL QUE MÁS ME HE SENTIDO TRAICIONADA"

La presidenta del PP de Madrid ha preferido responder por escrito a la convocatoria del juez Ruz y no acudir en persona porque "no quería darle satisfacción a los 70 abogados de los 70 presuntos corruptos" que, en su opinión, quieren aprovechar su "tirón mediático para ocultar sus corrupciones".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre considera que "de todos" los nombramientos que hizo, el de Alberto López-Viejo, imputado por percibir sobornos de las empresas de la trama Gürtel a cambio de adjudicaciones irregulares, es con el que más se ha sentido "traicionada".

Aguirre ha hecho hoy estas declaraciones en una entrevista al programa 'El Objetivo' de Ana Pastor, donde ha explicado que el exconsejero de Deportes formó parte de su equipo porque era una persona "eficaz, que organizaba bien los actos". Para ella fue una "enorme decepción" enterarse de que había cerrado contratos con la trama que dirigía Francisco Correa. "De todos los nombramientos que he hecho éste ha sido el que más me ha dolido, el que más me ha defraudado y con el que más me he sentido traicionada", ha admitido.

Aguirre, que ha sido llamada a declarar como testigo por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la trama de Correa, ha asegurado que después de integrar a López-Viejo en su equipo fue cuando conoció que "se llevaba dinero y robaba dinero público" de los eventos que organizaba.

"Lo traje porque era una persona del partido, eficaz", ha dicho la expresidenta regional, quien ha recalcado que el PP en la Comunidad de Madrid, como partido, "nunca firmó contratos con las empresas de la trama".

Aguirre ha recordado que en 2005 llamó a López-Viejo a su despacho para que le explicara un artículo publicado en la revista 'Interviu' en el que se afirmaba que el entonces viceconsejero de Presidencia trabajaba con empresas relacionadas con Correa que tenían sede fuera de España, y que ella, en ese momento, "no sabía quién era" Correa. Sobre la citación del juez Pablo Ruz, asegura que está dispuesta a "responder a todo lo que sea" para esclarecer "ese asunto desgraciado" que es la trama Gürtel.

Además, ha explicado que ha preferido responder por escrito a la convocatoria del magistrado y no acudir en persona porque "no quería darle satisfacción a los 70 abogados de los 70 presuntos corruptos" que, en su opinión, quieren aprovechar su "tirón mediático para ocultar sus corrupciones".

"Yo no me he llevado un duro, ni conozco a Correa ni he tenido condescendencia con los corruptos", ha aseverado. Aguirre también ha hablado sobre el caso Bárcenas y ha asegurado que le abochorna "igual que los ERE en la Comunidad andaluza".

Sostiene no haber hablado nunca con el extesorero del PP y cree que el partido ha gestionado bien el caso, aunque sí ha criticado los pagos que el PP hizo a Luis Bárcenas tras la imputación, pues considera que "se podía haber hecho de otra manera".

Sobre la presentación el jueves pasado del libro del expresidente José María Aznar, la líder del PP madrileño cree que es "evidente" que ningún miembro del Gobierno de Mariano Rajoy quiso acudir. "El pretexto era que estaban en una interparlamentaria en Córdoba, pero el acto empezaba el viernes, también hay que decirlo", ha apostillado.

http://vozpopuli.com/actualidad/34407-aguirre-sobre-lopez-viejo-es-con-el-que-mas-me-he-sentido-traicionada
 

DETENIDO EL EXALCALDE DE MAJADAHONDA GUILLERMO ORTEGA POR LA VENTA DE UN COCHE

La Guardia Civil le interrogó por la orden de un juzgado de Cádiz que pesaba sobre él y lo dejó en libertad con cargos

La Guardia Civil detuvo ayer al exalcalde de Majadahonda e imputado en el llamado caso Gürtel, Guillermo Ortega, en el hotel NH de Las Rozas debido a un requerimiento del juzgado de instrucción número 3 de la Línea de la Concepción (Cádiz). Los agentes tomaron declaración a Ortega en el puesto del instituto armado en Las Rozas. Tras las indagaciones policiales, el exregidor quedó en libertad. Ortega dijo desconocer los motivos que habían desencadenado su detención por parte de la Guardia Civil.

El juzgado de Cádiz le había declarado en rebeldía por no atender a sus requerimientos debido a la venta de un vehículo, según informan fuentes del instituto armado. El motivo podría estar en “la no realización de una transferencia y no haber colaborado con el juzgado”. Esta actitud motivó que el juez solicitara su búsqueda.

Ortega gobernó el municipio de Majadahonda de 2001 a 2005, época en la que se realizaron importantes contratos con empresas como TCM, Downtown Consulting y Easy Concept (de la red Gürtel) por varios millones de euros. Entre sus asesores se encontraba la mujer de Francisco Correa (cabecilla de la trama).

Las investigaciones llevadas a cabo por el juez Pablo Ruz sobre la red Gürtel, han detectado una cuenta en Suiza vinculada con Ortega con 420.000 euros. En ella se movieron de 2001 a 2003 un total de 1,6 millones, en transferencias principalmente a cuentas de empresas en las que Ortega figura como beneficiario o a Correa (cabecilla de la trama Gürtel), según indica un informe que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). También se le han detectado adquisiciones de joyas y relojes de lujo.

Los problemas de Ortega comenzaron en 2005, cuando el PP de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, le obligó a dimitir por un escándalo urbanístico en Majadahonda. No fue muy lejos, porque el PP le colocó como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Ejerció este cargo hasta que en 2009 de vio obligado a dimitir cuando su nombre apareció entre los implicados en la Gürtel.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/05/madrid/1386276254_401089.html

GÜRTEL INFLÓ EN MÁS DEL DOBLE EL COSTE DE LA TOMA DE POSESIÓN DE AGUIRRE EN 2007

El coste del acto fue de 46.410 euros, pero lo facturado se elevó a 96.764

La red obtuvo un margen de beneficio del 128% en los 248 actos facturados a la Comunidad de Madrid

La empresa Easy Concept, propiedad del presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, infló más del doble -en más de 50.000 euros- el coste de la toma de posesión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en 2007, al igual que hizo con otros actos institucionales del gobierno regional.

Así consta en los múltiples documentos de esta empresa que obran en la causa, en la que se investiga a esta trama de corrupción vinculada al PP y que han sido hoy notificados a las partes por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, junto a otros numerosos papeles incautados en su día a la red Gürtel.

Según uno de esos documentos, denominado "hoja de costes" y "fechado los días 20 y 21 de junio de 2007 en el Edificio del Reloj de la Puerta del Sol", sede de la Comunidad de Madrid, el coste de la organización del acto de toma de posesión fue de 46.410 euros.

Sin embargo, indica el documento, lo facturado se elevó a 96.764 euros, por lo que el beneficio ascendió a 50.354, lo que equivale a un 52 %.

En la llamada "hoja de costes" se desglosa el precio de los elementos utilizados en el acto de toma de posesión, tales como cartelería (1.500 euros), luz y sonido (4.256), audiovisuales (6.000), arte floral (3.323 ) o tapicería (2.212), entre otros.

La misma dinámica se observa con otros actos como un homenaje "al deporte madrileño", el 26 de febrero de 2007, que costó 18.680 euros y por el que Easy Concept facturó 37.533 o el acto de inauguración de la nueva carretera M-407, el 3 de mayo de 2007, que tuvo un coste de 19.474 euros y por el que la empresa de Correa se embolsó 39.179.

De lo investigado en la causa, se ha deducido que el "conseguidor" de estos contratos para la red Gürtel era el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

De hecho, un informe de la Intervención General del Estado enviado a Ruz el pasado julio afirmaba que empresas del Grupo FCS (las iniciales de Francisco Correa Sánchez), vinculado a la trama Gürtel, pagaron 290.004 euros entre 2004 y 2007 a "ALV", a quien la Policía identifica como Alberto López Viejo.

El informe también analizaba el coste de estos servicios prestados por el grupo de empresas vinculado a Gürtel a la Comunidad de Madrid, que sería de un total de 2.079.130 euros, lo que significa que el margen que obtuvieron las adjudicatarias de estos 348 actos ascendería a un 128 %.

"Es decir, sobre un importe facturado a la C.A.M. de 5.144.257,07 euros, han obtenido un beneficio de 2.662.785,41 euros", concluía.

Estos datos son los que han determinado que el juez haya pedido la declaración como testigo de Esperanza Aguirre, ya que considera que su testimonio es necesario para confirmar las manifestaciones que realizó ante distintos medios de comunicación sobre la prohibición que habría efectuado a López Viejo de contratar con Easy Concept.

Aguirre decidió acogerse a su derecho a prestar declaración por escrito, y ahora las fiscales del caso han propuesto al juez que lo haga en presencia del secretario judicial, y que no se le permita consultar documento alguno ni comunicarse con terceros, aunque Ruz todavía no ha puesto fecha para cumplimentar esta diligencia.

http://www.eldiario.es/politica/Gurtel-inflo-coste-posesion-Aguirre_0_203330552.html

EL ALCALDE DE GETAFE CESA AL DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE EMSV TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL 'CASO GÜRTEL'

El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha anunciado este lunes el cese del director de Promoción de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV), José Antonio Saénz Jiménez, tras ser imputado en el 'caso Gürtel' por una adjudicación en 2004 cuando era concejal de Medio Ambiente en Pozuelo.

Juan Soler ha manifestado al ser preguntado por este asunto tras asistir a un acto institucional que ha hablado con José Antonio Saénz Jiménez y que "lo mejor es que abandone su puesto para que se defienda lo mejor posible y no complicar la situación con mezclar cosas que le hayan podido ocurrir en su época de concejal de Pozuelo, trasladándolas a su actividad actual, que es lo que ocurriría".

El alcalde le ha deseado "que salga bien todo su procedimiento", pero ha agregado que entiende que "es mucho mejor que no esté ahora mismo en una empresa pública en la situación en la que se encuentra".

"Estamos hablando con él, todavía no ha habido un cese, pero él mismo entiende que la situación en la que se encuentra compromete su actividad en la empresa y que probablemente lo mejor será que en el día de hoy cese en su actividad como trabajador en la EMSV", ha apuntado.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó el pasado viernes la comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a José Antonio Sáenz Jiménez, por su presunta intervención en la adjudicación irregular de la organización del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (Parjap), celebrado en el año 2004, a una empresa de la trama Gürtel.

Deberá declarar el próximo 12 de diciembre, ya que el magistrado explica que esta adjudicación incurrió "en distintas vulneraciones de la normativa de contratación pública".

Sáenz fue nombrado asesor de la Concejalía de Vivienda de Getafe en 2011 aunque el alcalde ha subrayado este lunes que no es cargo de confianza, sino trabajador de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe.

http://madridiario.es/municipio/getafe/juan-soler/alcalde-de-getafe/director-de-pr

LÓPEZ VIEJO EDITÓ CUATRO MILLONES DE FOLLETOS PARA SOLO UN MILLÓN DE HOGARES

El juez Ruz investiga la contratación por su posible vinculación con la Gürtel

En 2003, Alberto López Viejo, exconcejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid, contrató la campaña Madrid limpio y olímpico. La actuación incluía la distribución de 3.950.000 folletos publicitarios a pesar de que en Madrid solo había 1,2 de hogares y en toda la Comunidad 1,8, según un informe de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional.

Ayer declararon en calidad de testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso por su posible vinculación con la trama Gürtel, el responsable de la División de Limpiezas, Luis Antonio Morales, y el jefe de la Sección de Limpieza, Abel Arias Rancaño. Ambos responsabilizaron de la adjudicación a los dirigentes de la concejalía, a cargo entonces del exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo (imputado en la red Gürtel), según fuentes jurídicas.

La campaña estaba incluida en el contrato de “gestión del servicio público de la limpieza viaria en 10 zonas de la ciudad de Madrid”. El concurso se está investigando por encargar tareas de control de calidad y publicidad a empresas relacionadas con el entramado de empresas de la red Gürtel (trama de compra de cargos públicos para conseguir contratos). Los técnicos informaron de que estas cláusulas fueron anuladas en 2004, tras la incorporación del nuevo equipo de gobierno municipal. El juez también había llamado a declarar al que era jefe del Departamento de Limpieza Urbana del Consistorio, Amadeo Hernández García, ya fallecido.

El contrato se licitó el 1 de marzo de 2003, tenía una vigencia de 10 años y contaba con un presupuesto anual de 113,61 millones. Las campañas de control de calidad y concienciación ciudadana, entre las que estaba la de Madrid limpio, contaban con un presupuesto de 2,83 millones, de los que 1,8 se destinaban a difundir valores cívicos y 945.000 al control de las tareas de limpieza. Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia Nacional consideró “desproporcionado” el gasto de la campaña Madrid limpio y olímpico, que llevó a cabo en 2003 la empresa Versus Comunicación por un importe de 770.975,55 euros.

Finalmente, se realizaron dos buzoneos de 1.975.000 folletos de 12 páginas, que incluían carpetas y sobres. El estudio puntualizaba que la elección de esta empresa se realizó “al margen de cualquier procedimiento de contratación administrativa, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”.

El informe de los investigadores indicaba también que las liquidaciones justificativas de los fondos destinados por las empresas a las iniciativas de concienciación “adolecen de importantes defectos y carencias”, al dar por válida “facturas por servicio de naturaleza distinta a la contemplada en el contrato”, admitir “facturas sin verificar que han sido abonadas” e, incluso, “abonar como gasto una mera provisión de fondos”.

En cuanto a las campañas de control de calidad, la investigación añadía que “no consta ningún expediente o documentación que justifique cuáles fueron las empresas que formaban parte de la terna propuesta por los servicios municipales”, según los documentos de la Dirección de Gestión Medioambiental.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/19/madrid/1384895258_561337.html

CORREA IMPUSO A MAJADAHONDA LAS EMPRESAS QUE DEBÍA CONTRATAR

El municipio dividió la adjudicación para evitar el concurso abierto, según la policía

Una de las sociedades cobró, pero no efectuó los trabajos encargados

En 2001, el Ayuntamiento de Majadahonda, del PP, decidió instalar un stand para explicar a los vecinos los cambios que suponía la llegada del euro. Esta campaña salió más cara de lo previsto a los residentes en este municipio del oeste de la región. El trabajo terminó en manos de la organización de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, o de empresas vinculadas a ella como proveedoras de servicios (Q+D, Punto Centro, Swat Data y M. R. Asociados), según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF). Los beneficios generados fueron a parar “a la contabilidad b” de Correa, sostienen los agentes. Al frente de la corporación municipal se encontraba en aquel momento el popular Guillermo Ortega, imputado en el caso Gürtel.

Los agentes han detectado en su investigación que la contratación del stand informativo se dividió en cuatro contratos negociados sin publicidad (petición de ofertas a tres empresas) y otros tres contratos menores (adjudicación directa). Como el importe total fue de 131.995,51 euros, se debería haber llevado a cabo un procedimiento abierto mediante concurso público, al que se podría haber presentado cualquier empresa interesada. El fraccionamiento permitió eludir la convocatoria pública.

Rafael de León (FCS Travel Group, empresa de Correa) remitió a Majadahonda los datos de las sociedades que debía invitar a los concursos negociados sin publicidad, con el número de fax de estas “al objeto de que se proceda a su invitación oficial”, dice la UDEF. Esta información iba a la atención de “Pepe”. La UDEF deduce que se puede tratar de José Luis Peñas, entonces miembro de gabiente de alcaldía, y exedil que destapó la trama con su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por desavenencias con Francisco Correa.

El informe policial explica también que la empresa Óscar Bermejo/Swat, S. L. (adjudicataria final de uno de los trabajos tramitados como contratos menores) envió por correo electrónico a Juan Carlos Díaz (gabinete de Alcaldía) “los borradores de los pliegos a confeccionar con motivo de los distintos concursos negociados a elaborar”. El edil recibió esta información el 8 de octubre de 2001, pero no fue hasta 21 días después cuando se aprobó mediante decreto de alcaldía el expediente de contratación y los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas por los que se regía la adjudicación.

Los agentes resaltan en su informe la adjudicación a M. R. Asociados, S. L. de dos de los contratos. La empresa no ejecutó ninguno de los trabajos, por los que facturó 36.449 euros a Majadahonda. Es la organización de Correa, especifica la UDEF, en este caso su sociedad Special Events, a través de Rafael de León, la que da las instrucciones a la administradora de M. R. Asociados, Mar Rodríguez, para que confeccione las facturas a nombre del Ayuntamiento, con indicación de conceptos e importes que tenía que reflejar.

“Especialmente llamativa” es la forma en la que M. R. Asociados, S. L. hace llegar con posterioridad a la organización de Corea, a la caja B, el dinero cobrado al Ayuntamiento. Primero, siempre según la policía, Pedro Martínez López, diseñador de stands, emitió una factura el 26 de diciembre de 2001 por 31.348 euros más IVA a M. R. Asociados por los trabajos realizados. Este importe coincide con la factura que M. R. Asociados le cobró al Ayuntamiento.

Después, esta empresa emitió un cheque bancario por la misma cantidad a nombre de Pedro Martínez, en pago a la factura emitida por el mismo. Al día siguiente, después de hacer efectivo el cheque, Rafael de León ingresó en la caja b de Correa 28.650 euros. El desfase que existe de 2.698 euros entre lo cobrado y lo ingresado en la caja b se puede deber, según los investigadores, a los honorarios de Martínez, “al finalizar su relación laboral con la empresa (diseñador de stands)”.

“De lo que se infiere”, señala el informe, “que el cobro del cheque y el posterior pago de los servicios prestados pueden estar relacionados”. En las declaraciones tomadas por la UDEF, tanto la administradora de M. R. Asociados como el diseñador Martínez dicen desconocer los trabajos efectuados para el stand de Infoeuro en Majadahonda. Tampoco reconocen los documentos que les mostraron, confeccionados supuestamente por ellos mismos.

Atado y bien atado

La trama empresarial de Francisco Correa, cabecilla de la red Gürtel, utilizó en Pozuelo de Alarcón métodos similares a los empleados en Majadahonda, sostiene la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) remitida al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz. Los regidores de los dos municipios en esos momentos, Guillermo Ortega en Majadahonda y Jesús Sepúlveda en Pozuelo, ambos del PP, están imputados en la trama Gürtel.

La red utilizó a empresas interpuestas y envió a miembros del equipo de gobierno los borradores de los pliegos de condiciones por los que se iban a regir los concursos de adjudicación. No se dejaba nada al azar. El fraccionamiento del contrato, como ocurrió con el stand de información del euro en Majadahonda, para disminuir la cuantía del mismo y lograr así eludir la convocatoria de concursos públicos a los que se podría presentar cualquier empresa, era otra de sus prácticas habituales.

Otra maniobra usada por la trama para dificultar la concurrencia de otras sociedades ajenas a su entramado era tramitar el concurso por urgencia, como ocurrió con la convocatoria para celebrar el Congreso Nacional de Parques y Jardines en 2004.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/16/madrid/1384616038_288120.html

BANKINTER PIDE PERDÓN AL JUEZ RUZ POR 'LIARLE' CON EL PARADERO DE 1,6 MILLONES DE EUROS DE LA GÜRTEL

El banco remite al magistrado un escrito en el que achaca al funcionamiento del programa informático utilizado por la entidad las contradicciones en los datos enviados sobre las cuentas de uno de los imputados en la trama de corrupción, López Viejo.

El programa informático Target2 tuvo la culpa y en ningún momento hubo "ánimo de ocultación [...] ni tergiversación de la información". Bankinter ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, un amplio informe con el que intenta excusarse por adjudicar dos orígenes distintos a los 1,6 millones de euros que acabaron en la cuenta de uno de los imputados en el caso Gürtel, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. El error provocó que el magistrado dictara el pasado viernes un auto para que la Policía registrara una de las sedes principales de la entidad financiera, además de una sucursal del Banco Sabadell, también relacionada con el movimiento de la elevada cantidad de dinero. En el escrito, los responsables del banco insisten en que no hubo intencionalidad y que todo fue fruto "del funcionamiento de nuestros sistemas y procesos [informático] y en ningún momento por una intención de no colaborar plenamente con la acción de la Justicia". Entre esos programas 'culpables', Bankinter señala a Target2, utilizado para realizar transferencias urgentes.

El banco achaca parte de los errores a que en febrero de 2008 coincidieron la millonaria transferencia y el cambio informático que hizo la entidad para agilizar los traspasos de dinero

El informe remitido por Bankinter a la Audiencia Nacional cuenta con más de cien hojas de documentación, incluidos varios "pantallazos", que van acompañado de dos escritos, ambos firmados por Iñigo Guerra Azcona, secretario del Consejo de la entidad. En el primero, de tres folios de extensión, el directivo del banco reconstruye lo ocurrido el pasado viernes, cuando poco después del mediodía un secretario judicial acompañado de policías se personaron en las oficinas que la entidad tiene en la calle Pico de San Pedro, de Tres Cantos (Madrid) para solicitar información sobre dos cuentas que López Viejo tenía abiertas en la entidad y, más en concreto, sobre uno de sus movimientos, el realizado el 21 de febrero de 2008 y que supuso el ingreso de 1,6 millones de euros. El directivo destaca en este escrito que no fue necesaria la entrada y registro de los funcionarios en la entidad ya que el propio banco entregó toda la información requerida y, además, se comprometió a remitir al lunes siguiente "antes de las 14,00 horas" un "informe aclaratorio" sobre las contradicciones existentes entre la documentación que antes se había entregado.

En dicho escrito, el directivo reconoce que la información que hasta entonces había facilitado la entidad relacionada con el 'caso Gürtel' podía provocar "algunas dudas lógicas", pero recalca que "nunca ha habido ánimo de ocultación por parte de Bankinter SA de dato alguno ni tergiversación alguna de la información. Si la información proporcionada no ha sido todo lo clara que el Juzgado al que tenemos el honor de dirigirme exigía o no era fácil de seguir a los efectos de sacar conclusiones útiles para la causa, ha sido única y exclusivamente por razones del funcionamiento de nuestros sistemas y procesos y en ningún momento por una intención de no colaborar plenamente con la acción de la Justicia", añade antes de recalcar que ayudar a los tribunales "constituye un pilar básico de las políticas corporativas" de la entidad.

Dos titulares y luego uno

Inmediatamente después, el banco incorpora el "informe aclaratorio", de nueve folios, con el que intentar justificar por qué dicho movimiento millonario aparecía relacionado con dos cuentas y éstas, a su vez, figuraban a veces a nombre sólo de López Viejo y, en otras ocasiones, también al de su mujer, María Teresa Gabarra, también imputada en la causa. Según detalla el documento, el origen del error fue, en primer lugar, el cambio de titularidad del depósito, que cuando se abrió en abril de 2003 figuraba a nombre del matrimonio, pero que en noviembre de 2007 se modificó para quedar como único titular López Viejo, mientras su mujer pasaba a "autorizada". Bankinter detalla que, además, once meses después de ese modificación el exconsejero solicitó un cambio de oficina donde tenía la cuenta, lo que propicio un cambio de numeración de ésta aunque "en realidad" seguía siendo la misma.

Sobre otro de los datos sospechosos que incorporaba la primera información remitida a los investigadores, y que adjudicaba el origen de los 1,6 millones de euros a una cuenta en el "extranjero", el banco asegura que todo es fruto de la entrada en funcionamiento justo el mes en que se produjo ésta, febrero de 2008, de un sistema informático para realizar transferencias denominado Target2 "donde se unificaban tanto las operaciones urgentes enviadas al extranjero como las operaciones procedentes de los países de la Unión Europea". El banco explica que la coincidencia en el tiempo entre el movimiento y el 'mudanza' informática hizo que en la "microficha" que recogía los movimientos de la cuenta de López Viejo se reflejase por equivocación el código 500, referido únicamente a las transferencias realizadas desde fuera de España. Un error que, asegura, se aclaraba fácilmente al observar el número swift de dicha operación, el cual indicaba "claramente" que el dinero había procedido de una cuenta abierta en España por el propio exconsejero autonómico, en concreto en el Banco Sabadell.

Para justificar que en la documentación referida a los extractos referidos a la segunda de las cuentas de López Viejo se incluyeran movimientos de la primera y, en concreto, el sospechoso ingreso de 1,6 millones de euros, Bankinter asegura que todo es fruto del sistema utilizado por la propia entidad para que los clientes que cambian de cuenta puedan consultar a través de la numeración de la nueva los movimientos de los dos o tres últimos años anteriores al traspaso. "Los movimientos realizados en esos años anteriores al traspaso desaparecen de la cuenta original y aparecen en la cuenta con nueva numeración, facilitándose así la gestión para el cliente que no tiene que hacer ninguna petición especial para consultar movimientos", asegura el escrito del banco. De este modo, insiste, el dato referido a la transferencia millonaria aparecían en una y otra cuenta. El banco se ofrece a "aportar ejemplos de otros clientes" para demostrar que esta "migración de movimientos" se realiza con todos los que cambian de sucursal y, por tanto, de número de cuenta.

Con todo ell, Bankinter considera haber aclarado todas las dudas provocadas por la documentación remitida hasta ahora por sus servicios jurídicos e, incluso, concluye que "ha proporcionado toda la información requerida [...] sin que haya habido nunca ánimo de ocultación". El directivo de la entidad insiste al final del mismo que las contradicciones destapadas por el juez Ruz han sido, por tanto, consecuencia de "la complejidad de los datos y del funcionamiento de nuestros sistemas informáticos" y se pone "a su disposición para proporcionales cualquier información adicional que sea necesaria sobre este particular o sobre otros hechos que estén siendo objeto de investigación". Todo antes de volver a ver a la Policía a las puertas de la entidad dispuestos a registrarla.

http://vozpopuli.com/actualidad/34596-bankinter-pide-perdon-al-juez-ruz-por-liarle-con-el-paradero-de-1-6-millones-de-euros-de-la-gurtel

LA GÜRTEL DICTÓ LOS PLIEGOS DEL CONCURSO QUE GANÓ EN POZUELO

La policía detalla cómo la trama y el Ayuntamiento se pusieron de acuerdo

El grupo de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, usó a la empresa M. R. Asociados como pantalla para conseguir la adjudicación de la organización del Congreso Nacional de Parques y Jardines celebrado en Pozuelo de Alarcón en 2004. También mantuvo reuniones previas con el equipo de gobierno para redactar un pliego de condiciones adaptado a sus intereses, según indica un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) al que ha accedido EL PAÍS. El importe de la adjudicación ascendió a 150.781 euros y la red obtuvo un beneficio de 70.714. En aquel momento, era alcalde Jesús Sepúlveda, del PP, imputado en la trama.

Los agentes sostienen que el entramado de Correa pagó una comisión del 2% a M. R. Asociados. El Ayuntamiento de Pozuelo asumió tanto ese importe (2.599,69 euros) como otros gastos que tuvo la empresa por presentarse al concurso (1.272,41 euros). Posteriormente, la adjudicataria canalizó el beneficio obtenido a la red de Correa.

Los implicados utilizaron empresas interpuestas para desviar los fondos

En 2002 la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos designó a Pozuelo como sede del congreso. La organización de Correa mantuvo desde el mes de julio de 2003 reuniones con personal del Ayuntamiento de Pozuelo. En una de ellas se concretaron aspectos relativos al montaje del evento. Participaron el entonces concejal de Medio Ambiente José Antonio Sáenz, el responsable del Gabinete de Alcaldía, Juan Carlos Pérez, y un técnico que deducen puede ser Fernando Palao, jefe del Área de Medio Ambiente. Por la Gürtel acudieron Pablo Crespo, número dos de la red y Álvaro Pérez, El Bigotes.

El informe explica como Sáenz e Isabel Jordán, empleada de Correa, se pusieron en contacto tanto de forma personal como por correo electrónico. Jordán le remitió distintos borradores con el contenido de los pliegos de condiciones que habían de regir el concurso. La comparación de estos bocetos con los pliegos que confeccionó el Ayuntamiento ponen de manifiesto “una coincidencia literal en muchos de sus apartados” con la “finalidad de adaptarlos a sus intereses particulares”, dicen los agentes.

Los beneficios obtenidos del montaje del evento pasaron a la organización de Correa por medio de la sociedad Down Town Consulting. Esta emitió una factura inicial a nombre de M. R. Asociados el 1 de julio de 2004 por 150.781 euros por labores de coordinación, producción y desarrollo del congreso, que coincide con lo que factura de M. R. Asociados a Pozuelo. Después Down Town y Boomerangdrive emitieron otras dos facturas a M. R. Asociados relacionadas con trabajos del congreso por 73.123,69. De esta forma se logró que “la práctica totalidad del beneficio” pasara del adjudicatario inicial a la organización de Correa. El informe policial considera también que la urgencia con la que se tramitó el concurso fue “una maniobra para dificultar la participación de terceros”.

La UDEF ha detectado prácticas similares en la adjudicación de cuatro contratos negociados sin publicidad y otros tres contratos menores convocados por el Ayuntamiento de Majadahonda en 2001 con motivo de la campaña de información del euro.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/13/madrid/1384379568_029989.html


RUZ ENVÍA A LA POLICÍA A DOS BANCOS A BUSCAR DATOS DE LÓPEZ VIEJO SOBRE GÜRTEL

Las entidades han colaborado ante el apercibimiento de una entrada y registro

El magistrado pretende localizar documentación sobre un ingreso de 1,6 millones

El juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha enviado a la policía a dos bancos para reclamar información sobre las operaciones del exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y ante la dilación de ambas entidades en el envío de la información solicitada. El magistrado pretende localizar documentación sobre un ingreso de 1,6 millones de euros realizado en febrero de 2008 por el exconsejero de Deportes. Los agentes se han desplazado a las dos centrales de los bancos Sabadell y Bankinter y a dos sucursales de esta última entidad.

Ruz justifica la medida ante el tipo de delincuencia investigada que "puede calificarse de grave". La diligencia fue solicitada este jueves por la fiscalía Anticorrupción ante las trabas de las entidades bancarias.

El juez recoge la tesis de la fiscalía, en un auto de ocho páginas, en el que señala que la constatación de incongruencias documentales "que revisten especial trascendencia en cuanto que impiden determinar la procedencia de los fondos ingresados en la cuenta de Alberto López Viejo, a quien entre otros hechos se le imputa en el procedimiento la percepción de cuantiosas dádivas en efectivo vinculadas a adjudicaciones presuntamente irregulares".

Y considera que puedan podían ser hallados "efectos, documentos o cualesquiera otros materiales relacionados con la actividad presuntamente delictiva investigada, indiciariamente constitutiva, sin perjuicio de ulterior calificación, de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación y delitos contra la Hacienda Pública".

Así, esta mañana ha enviado a la policía a dos sucursales de Bankinter y del Banco de Sabadell de Madrid que, ante el apercibimiento de proceder a una entrada y registro, han empezado a ofrecer los datos requeridos.

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/08/actualidad/1383919062_382333.html

ESPERANZA AGUIRRE DECLARARÁ POR ESCRITO COMO TESTIGO EN EL CASO GÜRTEL

La expresidenta de Madrid se acoge a su derecho de no acudir al despacho del juez Ruz

Será interrogada por los contratos de la Comunidad de Madrid con la trama de Francisco Correa

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre no acudirá a declarar en persona como testigo en el caso Gürtel ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre los contratos otorgados por diferentes consejerías del gobierno regional a las empresas de la trama de Francisco Correa entre 2004 y 2008.

Aguirre se ha acogido al artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que da derecho a declarar por escrito, entre otros cargos públicos, a los presidentes de comunidad autónoma. Este privilegio de la ley procesal penal se extiende a los expresidentes cuando se trate de informar de hechos de los que tuvieran conocimiento por razón de su cargo anterior.

El magistrado ha dado un plazo de tres días al fiscal y al resto de partes personadas en la causa sobre corrupción en el PP para que presenten en el juzgado los correspondientes pliegos de preguntas. Con los formularios sobre la mesa, Ruz decidirá sobre la pertinencia de las preguntas y enviará el pliego definitivo a Aguirre para que las conteste.

Aguirre se ha desmarcado del camino seguido por otros altos cargos públicos de su partido como Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Francisco Álvarez-Cascos, que renunciaron al privilegio que les da la ley y acudieron al juzgado de Ruz a someterse al interrogatorio de las partes en el caso de los papeles de Bárcenas.

Esta misma mañana, tras declarar como testigo en el juicio por una presunta estafa inmobiliaria de la gestora de cooperativas PSG, fue interrogada por los periodistas sobre su declaración ante Ruz. La dirigente del PP ha afirmado que dirá "la verdad" y declarará "todo lo que sabe" ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, quien ha acordado citarla a declarar como testigo en el caso Gürtel por su condición de presidenta regional durante el tiempo en el que se sucedieron los hechos investigados y relacionados con el que fuera su consejero de Deportes, Alberto López Viejo. "Como testigo, hay que decir la verdad y decir todo lo que se sabe. Eso es lo que haré", ha sostenido.

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/04/actualidad/1383571623_585247.html

ESPERANZA AGUIRRE: DE LA "INMISERICORDIA" CON LA CORRUPCIÓN A DECLARAR POR ESCRITO EN EL CASO GÜRTEL

La presidenta del PP madrileño ha empleado las semanas previas a su citación a reivindicarse como adalid contra la corrupción, si bien ha decidido acogerse al privilegio de testificar por escrito

"La lucha contra la corrupción nos atañe a todos y todos debemos ser inmisericordes a la hora de descubrir a los corruptos y apartarlos de la vida política", afirmó el 16 de octubre

María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, declaró en persona en el caso Bárcenas en la Audiencia Nacional y en su demanda contra el extesorero en el juzgado de instrucción de Toledo

Madrid fue uno de los epicentros de la trama Gürtel, junto con Valencia. Y uno de los excompañeros de filas y de Gobierno de Esperanza Aguirre, como Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes, acabó expulsado del PP por su vinculación con la red. Recientemente se ha conocido que llegó a ingresar en Suiza en un solo año medio millón de euros. Quien ha tardado más en ser definitivamente expulsado es el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exesposo de la ministra de Sanidad, Ana Mato, el "funcionario" del PP – en palabras de Carlos Floriano– Jesús Sepúlveda, a quien la trama Gürtel agasajó generosamente, según indica la investigación.

E juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga Gürtel y los papeles de Bárcenas, está abordando las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid y ahora ha llamado a Aguirre a declarar como testigo. Pero la expresidenta madrileña ha anunciado que lo hará por escrito, la primera dirigente del PP que no acudirá en persona a la Audiencia Nacional, a pesar de haberse esforzado en las semanas previas en reivindicarse como un adalid contra la corrupción dentro y fuera de su partido. María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, por ejemplo, declaró en persona en el caso Bárcenas en la Audiencia Nacional y en su demanda contra el extesorero en el juzgado de instrucción de Toledo:

29 de octubre: "Estamos viviendo una época de crisis de confianza de los ciudadanos con respecto a los políticos", lamentó Aguirre, antes de apuntar a la corrupción en un acto en Majadahonda, epicentro del caso Gürtel: "Un episodio de corrupción, muy grave, ocurrido en el municipio, que dio origen a todo el asunto de la trama Gürtel". Y destacó la "rápida y tajante actuación" del PP con el objetivo de "defender los intereses generales de los majariegos".

16 de octubre: en la comisión de estudio de la posible reforma electoral de la Comunidad de Madrid apuntó la principal causa de desencanto de los ciudadanos con la política. "La primera y más evidente" es "la corrupción. La lucha contra la corrupción nos atañe a todos y todos debemos ser inmisericordes a la hora de descubrir a los corruptos y apartarlos de la vida política. La relación entre corrupción y el desprecio que provoca es evidente".

30 de septiembre: durante su intervención ante el Comité Regional del PP de Madrid, Aguirre insistió en que los magistrados "tienen que ser rápidos" y que estos casos "no se pueden eternizar", y afirmó que ni a ella ni al Partido Popular de Madrid le podrán acusar de esconder la cabeza "debajo del ala" a la hora de hacer frente a los problemas.

19 de septiembre: en el Círculo Ecuestre de Barcelona lamentó "la lentitud exasperante de la Justicia", y que cuando la Justicia es lenta deja de ser justa. "Ocurre con la corrupción", y recordó que la investigación del caso Gürtel empezó en 2009 y no se había celebrado el juicio oral. "Hay que ir al fondo de la cuestión".

12 de septiembre: tras la decisión del COI de no dar a Madrid organización de los Juegos de 2020, llamó a los madrileños a utilizar la "ilusión y la energía" que tenían puesta en este proyecto para resolver los "tres grandes problemas de España: el paro, la tensiones territoriales y que los indicios de corrupción sean castigados".

http://www.eldiario.es/politica/Esperanza-Aguirre-inmisericordia-corrupcion-Gurtel_0_193181183.html

EL JUEZ RUZ CITA COMO TESTIGO DEL ‘CASO GÜRTEL’ A ESPERANZA AGUIRRE

La declaración de la expresidenta de Madrid fue solicitada por el PSOE de Boadilla del Monte

Aún no se ha fijado una fecha

Aguirre se muestra "dispuesta y encantada" de aportar la información que sea necesaria

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado la declaración como testigo en el caso Gürtel de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La citación, para la que no hay fecha todavía, fue solicitada por el PSOE de Boadilla del Monte, acusación popular en la causa sobre corrupción en el PP. Al tratarse de hechos ocurridos durante su mandato al frente de la Comunidad, Aguirre, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá declarar por escrito o bien presentarse ante el juez Ruz, como han hecho, entre otros María Dolores de Cospedal o Javier Arenas.

Aguirre se muestra "dispuesta y encantada" de aportar la información que sea necesaria cuando el juez la cite a declarar como testigo, según fuentes próximas a la expresidenta.

El juez Ruz, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, considera “necesaria, útil e idónea” la declaración de Esperanza Aguirre para determinar las contrataciones de la Comunidad de Madrid con las empresas del entramado de Francisco Correa, supuesto cerebro de la trama Gurtel. El Gobierno madrileño celebró contratos con el entramado de Correa por valor de 8,75 millones de euros. Según fuentes jurídicas, su interrogatorio tiene por objeto afianzar la imputación del exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo. El magistrado estima “que de las diligencias hasta ahora practicadas no resulta indicio alguno de participación o consentimiento por parte de la Sra. Aguirre Gil de Biedma en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid a lo largo de los años objeto de investigación”.

El juez recuerda en su auto que la investigación practicada hasta ahora ha revelado indicios de la existencia de una “una operativa de contratación pública llevada a cabo por diferentes entidades y Consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid que se habría apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”. Ruz cita un informe de la Intervención General del Estado del pasado abril en el que se ponía de manifiesto que en al menos 104 actos de la Comunidad de Madrid por importe de 3,16 millones, “había quedado acreditado que el objeto de contrato ha sido fraccionado en varios servicios siempre de cuantía inferior a 12.020,24 euros”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/31/actualidad/1383225239_920094.html

ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE AGUIRRE DECLARE POR EL ‘CASO GÜRTEL’

La fiscalía no se opondrá a que la expresidenta comparezca como testigo cuando se abra el juicio

La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe en el que se opone a que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cite a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, en la causa que investiga la adjudicación fraudulenta de contratos a empresas de la trama 'Gürtel'. Fuentes de la fiscalía recogidas por Europa Press han explicado que la citación de la expresidenta y actual presidenta del PP de Madrid "no se considera necesaria" en el momento actual del procedimiento, si bien el Ministerio Público "no se opondrá a que Aguirre sea llamada como testigo una vez que se abra juicio oral por estos hechos".

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz había solicitado ese informe a Anticorrupción a instancias del PSOE madrileño (PSM), personado en la causa como acusación popular. En su escrito, el PSM aseguraba que Aguirre "debía tener conocimiento directo, cuando no participación, de la forma en que se contrataban las empresas de sus actos".

La Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley, según constaba en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado del pasado mes de abril.

El dictamen analizaba un total de 686 operaciones por un importe de 6.484.080,07 euros adjudicados por la administración autonómica que se concretaron en seis expedientes de contratación por un importe total de 1.148.271,62 euros y en 657 expedientes tramitados como contratos menores por un total de 5.335.808,45 euros.

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/18/actualidad/1382090353_506108.html

El PSM denuncia al grupo popular por fraude a la Seguridad Social

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha explicado que su partido ha registrado en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla de Madrid una querella por fraude a la Seguridad Social contra el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea madrileña por los sobresueldos a altos cargos del grupo.

Además, Gómez ha manifestado que le gustaría que a nivel federal el PSOE actuara en el mismo sentido que han obrado los socialistas madrileños y también dirigiera a acciones judiciales a nivel nacional, pues entiende que también ha habido sobresueldos dentro del PP que afectan a diputados, ministros e incluso al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por ello, ha animado a la dirección federal del PSOE a hacer lo mismo a nivel nacional.

Así lo ha indicado Gómez en rueda de prensa tras la Ejecutiva regional del PSM para recalcar que la actuación del PP, reconocida por el propio partido en medios de comunicación, es "irregular" puesto que esos pagos ordinarios a miembros de la dirección deberían haber cotizado y dadas de alta en la Seguridad Social.

Por ello, el líder de los socialistas madrileños ha indicado que esa actuación supone un fraude a la Seguridad Social puesto que han sido los ciudadanos los que han terminado pagando las cotizaciones que debería haber asumido el PP.

"ALGO ESTÁ PODRIDO"

 Gómez ha indicado que el PSM ha optado por esta medida judicial porque el PP no sólo ha hecho algo "recriminable éticamente" sino que supone una actuación irregular tipificada en el Código Penal. "Deberían haber cotizado como cada hijo de vecino", ha apostillado luego.

 En este sentido, ha dicho que "algo está podrido y algo no funciona" cuando un pensionista va a perder 140 euros con los nuevos Presupuestos Generales del Estado mientras algunos diputados cobran 3.000 euros al mes. Por este motivo, ha defendido esta querella puesto que a su juicio "hace falta regenerar y cambiar las cosas"

El escrito de querella de los socialista solicita al juzgado que inicie diligencias al Grupo Parlamentario Popular por posible fraude al efectuarse esos sobresueldos e indica que se extiendan si es pertinente contra las personas físicas que resulten responsables de esta actuación.

La querella solicita que se oficie a la Inspección de Trabajo para que elabore un informe sobre la relación laboral que une a los perceptores de esos sobresueldos con el Grupo Parlamentaria, que cuantifique las cantidades transmitidas y los importes de cotizaciones dejados de ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social.

También reclama que se inste a la Asamblea de Madrid que certifique la afiliación y cotización en ese organismo a la Seguridad Social sobre David Pérez, Jesús Fermosel, Beatriz Elorriaga, Álvaro González, Isabel González, Iñigo Henríquez de Luna, Isabel Redondo, María Eugenia Carballido, Juan Soler, Mario Utrilla y Pedro Muñoz Abrines. Además, reclama oficio a la Seguridad Social sobre estas personas.

 http://www.europapress.es/nacional/noticia-psm-denuncia-pp-asamblea-madrid-fraude-seguridad-social-sobresueldos-miembros-direccion-20131014133019.html

Además, Gómez ha manifestado que le gustaría que a nivel federal el PSOE actuara en el mismo sentido que han obrado los socialistas madrileños y también dirigiera a acciones judiciales a nivel nacional, pues entiende que también ha habido sobresueldos dentro del PP que afectan a diputados, ministros e incluso al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por ello, ha animado a la dirección federal del PSOE a hacer lo mismo a nivel nacional.

Así lo ha indicado Gómez en rueda de prensa tras la Ejecutiva regional del PSM para recalcar que la actuación del PP, reconocida por el propio partido en medios de comunicación, es "irregular" puesto que esos pagos ordinarios a miembros de la dirección deberían haber cotizado y dadas de alta en la Seguridad Social.

Por ello, el líder de los socialistas madrileños ha indicado que esa actuación supone un fraude a la Seguridad Social puesto que han sido los ciudadanos los que han terminado pagando las cotizaciones que debería haber asumido el PP.



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Además, Gómez ha manifestado que le gustaría que a nivel federal el PSOE actuara en el mismo sentido que han obrado los socialistas madrileños y también dirigiera a acciones judiciales a nivel nacional, pues entiende que también ha habido sobresueldos dentro del PP que afectan a diputados, ministros e incluso al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por ello, ha animado a la dirección federal del PSOE a hacer lo mismo a nivel nacional.

Así lo ha indicado Gómez en rueda de prensa tras la Ejecutiva regional del PSM para recalcar que la actuación del PP, reconocida por el propio partido en medios de comunicación, es "irregular" puesto que esos pagos ordinarios a miembros de la dirección deberían haber cotizado y dadas de alta en la Seguridad Social.

Por ello, el líder de los socialistas madrileños ha indicado que esa actuación supone un fraude a la Seguridad Social puesto que han sido los ciudadanos los que han terminado pagando las cotizaciones que debería haber asumido el PP.

"ALGO ESTÁ PODRIDO"

Gómez ha indicado que el PSM ha optado por esta medida judicial porque el PP no sólo ha hecho algo "recriminable éticamente" sino que supone una actuación irregular tipificada en el Código Penal. "Deberían haber cotizado como cada hijo de vecino", ha apostillado luego.

En este sentido, ha dicho que "algo está podrido y algo no funciona" cuando un pensionista va a perder 140 euros con los nuevos Presupuestos Generales del Estado mientras algunos diputados cobran 3.000 euros al mes. Por este motivo, ha defendido esta querella puesto que a su juicio "hace falta regenerar y cambiar las cosas"

El escrito de querella de los socialista solicita al juzgado que inicie diligencias al Grupo Parlamentario Popular por posible fraude al efectuarse esos sobresueldos e indica que se extiendan si es pertinente contra las personas físicas que resulten responsables de esta actuación.

La querella solicita que se oficie a la Inspección de Trabajo para que elabore un informe sobre la relación laboral que une a los perceptores de esos sobresueldos con el Grupo Parlamentaria, que cuantifique las cantidades transmitidas y los importes de cotizaciones dejados de ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social.

También reclama que se inste a la Asamblea de Madrid que certifique la afiliación y cotización en ese organismo a la Seguridad Social sobre David Pérez, Jesús Fermosel, Beatriz Elorriaga, Álvaro González, Isabel González, Iñigo Henríquez de Luna, Isabel Redondo, María Eugenia Carballido, Juan Soler, Mario Utrilla y Pedro Muñoz Abrines. Además, reclama oficio a la Seguridad Social sobre estas



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El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha explicado que su partido ha registrado en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla de Madrid una querella por fraude a la Seguridad Social contra el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea madrileña por los sobresueldos a altos cargos del grupo.

Además, Gómez ha manifestado que le gustaría que a nivel federal el PSOE actuara en el mismo sentido que han obrado los socialistas madrileños y también dirigiera a acciones judiciales a nivel nacional, pues entiende que también ha habido sobresueldos dentro del PP que afectan a diputados, ministros e incluso al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por ello, ha animado a la dirección federal del PSOE a hacer lo mismo a nivel nacional.

Así lo ha indicado Gómez en rueda de prensa tras la Ejecutiva regional del PSM para recalcar que la actuación del PP, reconocida por el propio partido en medios de comunicación, es "irregular" puesto que esos pagos ordinarios a miembros de la dirección deberían haber cotizado y dadas de alta en la Seguridad Social.

Por ello, el líder de los socialistas madrileños ha indicado que esa actuación supone un fraude a la Seguridad Social puesto que han sido los ciudadanos los que han terminado pagando las cotizaciones que debería haber asumido el PP.

"ALGO ESTÁ PODRIDO"

Gómez ha indicado que el PSM ha optado por esta medida judicial porque el PP no sólo ha hecho algo "recriminable éticamente" sino que supone una actuación irregular tipificada en el Código Penal. "Deberían haber cotizado como cada hijo de vecino", ha apostillado luego.

En este sentido, ha dicho que "algo está podrido y algo no funciona" cuando un pensionista va a perder 140 euros con los nuevos Presupuestos Generales del Estado mientras algunos diputados cobran 3.000 euros al mes. Por este motivo, ha defendido esta querella puesto que a su juicio "hace falta regenerar y cambiar las cosas"

El escrito de querella de los socialista solicita al juzgado que inicie diligencias al Grupo Parlamentario Popular por posible fraude al efectuarse esos sobresueldos e indica que se extiendan si es pertinente contra las personas físicas que resulten responsables de esta actuación.

La querella solicita que se oficie a la Inspección de Trabajo para que elabore un informe sobre la relación laboral que une a los perceptores de esos sobresueldos con el Grupo Parlamentaria, que cuantifique las cantidades transmitidas y los importes de cotizaciones dejados de ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social.

También reclama que se inste a la Asamblea de Madrid que certifique la afiliación y cotización en ese organismo a la Seguridad Social sobre David Pérez, Jesús Fermosel, Beatriz Elorriaga, Álvaro González, Isabel González, Iñigo Henríquez de Luna, Isabel Redondo, María Eugenia Carballido, Juan Soler, Mario Utrilla y Pedro Muñoz Abrines. Además, reclama oficio a la Seguridad Social sobre estas personas.



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El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha explicado que su partido ha registrado en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla de Madrid una querella por fraude a la Seguridad Social contra el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea madrileña por los sobresueldos a altos cargos del grupo.

Además, Gómez ha manifestado que le gustaría que a nivel federal el PSOE actuara en el mismo sentido que han obrado los socialistas madrileños y también dirigiera a acciones judiciales a nivel nacional, pues entiende que también ha habido sobresueldos dentro del PP que afectan a diputados, ministros e incluso al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por ello, ha animado a la dirección federal del PSOE a hacer lo mismo a nivel nacional.

Así lo ha indicado Gómez en rueda de prensa tras la Ejecutiva regional del PSM para recalcar que la actuación del PP, reconocida por el propio partido en medios de comunicación, es "irregular" puesto que esos pagos ordinarios a miembros de la dirección deberían haber cotizado y dadas de alta en la Seguridad Social.

Por ello, el líder de los socialistas madrileños ha indicado que esa actuación supone un fraude a la Seguridad Social puesto que han sido los ciudadanos los que han terminado pagando las cotizaciones que debería haber asumido el PP.

"ALGO ESTÁ PODRIDO"

Gómez ha indicado que el PSM ha optado por esta medida judicial porque el PP no sólo ha hecho algo "recriminable éticamente" sino que supone una actuación irregular tipificada en el Código Penal. "Deberían haber cotizado como cada hijo de vecino", ha apostillado luego.

En este sentido, ha dicho que "algo está podrido y algo no funciona" cuando un pensionista va a perder 140 euros con los nuevos Presupuestos Generales del Estado mientras algunos diputados cobran 3.000 euros al mes. Por este motivo, ha defendido esta querella puesto que a su juicio "hace falta regenerar y cambiar las cosas"

El escrito de querella de los socialista solicita al juzgado que inicie diligencias al Grupo Parlamentario Popular por posible fraude al efectuarse esos sobresueldos e indica que se extiendan si es pertinente contra las personas físicas que resulten responsables de esta actuación.

La querella solicita que se oficie a la Inspección de Trabajo para que elabore un informe sobre la relación laboral que une a los perceptores de esos sobresueldos con el Grupo Parlamentaria, que cuantifique las cantidades transmitidas y los importes de cotizaciones dejados de ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social.

También reclama que se inste a la Asamblea de Madrid que certifique la afiliación y cotización en ese organismo a la Seguridad Social sobre David Pérez, Jesús Fermosel, Beatriz Elorriaga, Álvaro González, Isabel González, Iñigo Henríquez de Luna, Isabel Redondo, María Eugenia Carballido, Juan Soler, Mario Utrilla y Pedro Muñoz Abrines. Además, reclama oficio a la Seguridad Social sobre estas personas.



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El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha explicado que su partido ha registrado en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla de Madrid una querella por fraude a la Seguridad Social contra el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea madrileña por los sobresueldos a altos cargos del grupo.

Además, Gómez ha manifestado que le gustaría que a nivel federal el PSOE actuara en el mismo sentido que han obrado los socialistas madrileños y también dirigiera a acciones judiciales a nivel nacional, pues entiende que también ha habido sobresueldos dentro del PP que afectan a diputados, ministros e incluso al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por ello, ha animado a la dirección federal del PSOE a hacer lo mismo a nivel nacional.

Así lo ha indicado Gómez en rueda de prensa tras la Ejecutiva regional del PSM para recalcar que la actuación del PP, reconocida por el propio partido en medios de comunicación, es "irregular" puesto que esos pagos ordinarios a miembros de la dirección deberían haber cotizado y dadas de alta en la Seguridad Social.

Por ello, el líder de los socialistas madrileños ha indicado que esa actuación supone un fraude a la Seguridad Social puesto que han sido los ciudadanos los que han terminado pagando las cotizaciones que debería haber asumido el PP.

"ALGO ESTÁ PODRIDO"

Gómez ha indicado que el PSM ha optado por esta medida judicial porque el PP no sólo ha hecho algo "recriminable éticamente" sino que supone una actuación irregular tipificada en el Código Penal. "Deberían haber cotizado como cada hijo de vecino", ha apostillado luego.

En este sentido, ha dicho que "algo está podrido y algo no funciona" cuando un pensionista va a perder 140 euros con los nuevos Presupuestos Generales del Estado mientras algunos diputados cobran 3.000 euros al mes. Por este motivo, ha defendido esta querella puesto que a su juicio "hace falta regenerar y cambiar las cosas"

El escrito de querella de los socialista solicita al juzgado que inicie diligencias al Grupo Parlamentario Popular por posible fraude al efectuarse esos sobresueldos e indica que se extiendan si es pertinente contra las personas físicas que resulten responsables de esta actuación.

La querella solicita que se oficie a la Inspección de Trabajo para que elabore un informe sobre la relación laboral que une a los perceptores de esos sobresueldos con el Grupo Parlamentaria, que cuantifique las cantidades transmitidas y los importes de cotizaciones dejados de ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social.

También reclama que se inste a la Asamblea de Madrid que certifique la afiliación y cotización en ese organismo a la Seguridad Social sobre David Pérez, Jesús Fermosel, Beatriz Elorriaga, Álvaro González, Isabel González, Iñigo Henríquez de Luna, Isabel Redondo, María Eugenia Carballido, Juan Soler, Mario Utrilla y Pedro Muñoz Abrines. Además, reclama oficio a la Seguridad Social sobre estas personas.



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FERNANDO MARTÍN: “HE LLEVADO DINERO B A MÓNACO, PERO NO ERA DE MARTINSA"

El dueño de la constructora reconoce haber transferido seis millones de euros que ha regularizado gracias a la amnistía fiscal del ministro Montoro

"Es una actuación incorrecta, está mal y, eso sí, reconozco que es una actuación a título personal indebida, pero era un dinero que en aquella época se operaba con frecuencia", declaró este empresario

El principal accionista de Martinsa sostiene que no pagó 13 millones a Correa sino que eran para un proyecto en Panamá, del que no guarda ningún tipo de prueba

Fernando Martín, el presidente de Martinsa-Fadesa, una de las principales constructoras y que en 2008 protagonizó el mayor concurso de acreedores de España, ha reconocido ante el juez Pablo Ruz que en 2006 llevó seis millones de euros de dinero negro desde España hasta Mónaco: "Era dinero que tenía desde 1984 en España de temas inmobiliarios. Era una cuenta mía personal que no tiene nada que ver con Martinsa", declaró Martín, que a preguntas de la Fiscalía también dijo: "Una cosa es mi cuenta personal y otra cosa es Martinsa. La de esta empresa ha sido una actuación absolutamente impecable, transparente y honesta. La de Martinsa…la mía... lógicamente no voy a decir que fue una actuación correcta cuando he llevado dinero, entiéndame en el buen sentido del término que lo digo, que era dinero B que llevé allí, pero yo personalmente".

Este empresario hizo estas declaraciones durante su declaración en el caso Gürtel, en el que está imputado como presunto autor de un pago de 13 millones de euros al cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, por intermediar para que el Ayuntamiento del PP de Arganda del Rey (Madrid) le adjudicara varias parcelas por un precio muy inferior al de mercado, según la acusación. Fernando Martín siempre ha declarado que el precio que abonó fue justo y que no pagó ninguna cantidad a Correa, a quien asegura no haber conocido nunca.

Pero el juez Ruz, que al igual que la fiscal llegó a decir durante la declaración de Fernando Martín que no entendía el sentido de sus declaraciones, le mantiene imputado al constatar numerosas evidencias. La primera que la información procedente del banco de Mónaco muestra que desde la cuenta de Fernando Martín se transfieron 13 millones de euros a la cuenta de Francisco Correa en Suiza, que se llama Soleado. Una parte de ese dinero ha sido bloqueado por las autoridades suizas, que están a la espera de que finalice la investigación española para tomar una decisión al respecto.

Regularización fiscal especial

La representante del Ministerio Público centró también su interés en el hecho de si Martín había regularizado este dinero. "Al final lo he legalizado con la regularización fiscal especial. Y lo hice en mi nombre, no en el de Martinsa, que no tiene nada que ver con la cuenta de Mónaco", explicó Martín, en referencia a la amnistía fiscal del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, y de la que también se han aprovechado Luis Bárcenas y otros imputados en el caso Gürtel.

Pero el principal propietario también recibió la pregunta de la abogada del Estado, que volvió a pèdir al constructor que aclarase de dónde procedían los seis millones de euros que había depositado en su cuenta de Mónaco: "Era dinero mío de operaciones inmobiliarias. De muchísimas. Iba sumando sucesivamente y llegó un momento en el que me decidí a hacer esta inversión… Es una actuación incorrecta, está mal y eso sí reconozco que es una actuación a título personal indebida, pero era un dinero que en aquella época se operaba con frecuencia", especificó el empresario nacido en Valladolid.

En su testimonio, Martín negó que el dinero que envió a la cuenta de Suiza denominada Soleado y que gestionaba Arturo G. Fasana, también imputado en Gürtel, tuviera como beneficiario a Francisco Correa, pese a que ese fue finalmente su destino. Realmente, explicó al juez, invirtió en un gigantesco proyecto inmobiliario en la ciudad de Panamá. Pero que en 2008 renunció al no incluir este dinero entre sus posesiones en el concurso de acreedores de Martinsa. "Vi los planos de la inversión en Panamá. Se trataba de cinco millones de metros cuadrados en centros comerciales, oficinas, viviendas y parque industrial. El presupuesto era superior a 200 millones". Pero, sin embargo, tras ser interrogado por la fiscal, Martín no supo dar ningún dato concreto. No existe documentación, pues tras el concurso de acreedores Fernando Martín dijo haberla destruido. De hecho, aseguró al juez y a la fiscal que no conocía el nombre de la empresa en la que había invertido en Panamá los siete millones de euros y que toda la documentación de la inversión ya no estaba disponible.

Lagunas en su testimonio

Pero su testimonio no solo tuvo esa laguna. Tanto la fiscal como el juez no llegaron a entender otras explicaciones de Fernando Martín. Como por ejemplo cuando el dueño de Martinsa trató de explicar el proceso que finalizó con la inversión en Panamá. De hecho llegó a contar dos versiones distintas. Primero dijo que empresarios le habían aconsejado que se pusiera en contacto con Fasana, que se encargaba de gestionar el dinero de "muchísimos españoles". Pero tras ser interpelado por la fiscal y por el juez por los nombres de estas personas, Fernando Martín cambió de versión, asegurando que habían sido los gestores de sus bancos los que le habían hablado de Fasana.

Tras ponerse en contacto con Fasana, que era quien gestionaba la cuenta Soleado, "pero no con Correa", a quien aseguró no conocer, Fernando Martín hizo una transferencia de siete millones de euros. Pero en realidad desde su cuenta de Mónaco salieron hasta 13 millones (el resto eran de otros dos inversores). Pero este empresario destaca que la inversión en Panamá salió mal desde un principio. Y por eso la abandonó en 2008, cuando se declaró en concurso de acreedores. "No incluí las cuentas de Suiza porque no tenían prácticamente valor". Pero la Fiscalía aseguró no entender este razonamiento, reprochándole que primero había dicho que no tenían valor, pero después que valían menos.

Al contrario de la declaración de Martín, los documentos del banco prueban que el destino final era una cuenta propiedad de Francisco Correa. Además, un documento escrito en francés especifica que los 13 millones de euros se transfirieron en relación con una operación inmobiliaria en Arganda del Rey (Madrid).

No informó de sus cuentas de Mónaco

Fernando Martín también fue objeto de preguntas de la Fiscalía y de la abogada del Estado interesándose por el motivo por el que no declaró en el concurso de acreedores de Martinsa el dinero de Mónaco: "Existe la obligación de comunicarlo pero lo que crees que no es tuyo no lo puede incluir. Pero cuando compras una cosa y tienes compromisos de pago, yo preferí perder lo que tenía a pagar lo siguiente".

Pero en realidad Fernando Martín tampoco hizo una renuncia formal de esta inversión: "No tenía por qué dar explicaciones a nadie", zanjó este empresario, que reconoció que si no llega a caer en el concurso de acreedores no habría renunciado a la inversión en Panamá, de la que no existe ninguna prueba de su existencia. "La verdad es que acerté, porque si lo hubiera incluido en el concurso de acreedores no solo tenía que haber pagado 13, sino que el compromiso de pago era hasta de 25", declaró Fernando Martín, con un testimonio que entraba nuevamente en contradicción con su propia declaración realizada minutos antes, cuando había dicho que de los 13 millones solo siete eran suyos.

226 millones en el Atlético de Madrid

Además, Fernando Martín aseguró que también realizó una inversión en el Atlético de Madrid desde su cuenta en Mónaco. "Para mi la operación [de Panamá] era muy modesta, pues me gasté en la fusión con Fadesa 4.000 millones. En Mónaco lo que buscaban era la inversión, se va usted a sorprender, que hice en el Atlético de Madrid de 226 millones de euros", reconoció este empresario, que durante dos meses de 2006 fue presidente del Real Madrid. En concreto, según especificó Martín, invirtió en la compañía RTM, encargada por el Atlético de Madrid de la operación urbanística del Vicente Calderón y de la antigua fábrica de la Mahou, en la que también se incluía la construcción del Estadio Olímpico en la actual Peineta. "Nosotros hicimos la inversión del Atlético de Madrid de 226 millones de euros, y en la fábrica Mahou, que estaba colindante otra invesión de otros 226 millones de euros entre los socios de RTM. Pero esa operación se canceló y perdimos lo que habíamos dado. Porque en enero de 2008 se lo vendimos a FCC y dejamos nosotros de desarrollar el proyecto, y todos los que habíamos aportado dejamos de tener compromisos", especificó Fernando Martín.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/10/12/fernando_martin_quot_llevado_dinero_quot_monaco_8584_1012.html

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha explicado que su partido ha registrado en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla de Madrid una querella por fraude a la Seguridad Social contra el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea madrileña por los sobresueldos a altos cargos del grupo.

Además, Gómez ha manifestado que le gustaría que a nivel federal el PSOE actuara en el mismo sentido que han obrado los socialistas madrileños y también dirigiera a acciones judiciales a nivel nacional, pues entiende que también ha habido sobresueldos dentro del PP que afectan a diputados, ministros e incluso al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por ello, ha animado a la dirección federal del PSOE a hacer lo mismo a nivel nacional.

Así lo ha indicado Gómez en rueda de prensa tras la Ejecutiva regional del PSM para recalcar que la actuación del PP, reconocida por el propio partido en medios de comunicación, es "irregular" puesto que esos pagos ordinarios a miembros de la dirección deberían haber cotizado y dadas de alta en la Seguridad Social.

Por ello, el líder de los socialistas madrileños ha indicado que esa actuación supone un fraude a la Seguridad Social puesto que han sido los ciudadanos los que han terminado pagando las cotizaciones que debería haber asumido el PP.

"ALGO ESTÁ PODRIDO"

Gómez ha indicado que el PSM ha optado por esta medida judicial porque el PP no sólo ha hecho algo "recriminable éticamente" sino que supone una actuación irregular tipificada en el Código Penal. "Deberían haber cotizado como cada hijo de vecino", ha apostillado luego.

En este sentido, ha dicho que "algo está podrido y algo no funciona" cuando un pensionista va a perder 140 euros con los nuevos Presupuestos Generales del Estado mientras algunos diputados cobran 3.000 euros al mes. Por este motivo, ha defendido esta querella puesto que a su juicio "hace falta regenerar y cambiar las cosas"

El escrito de querella de los socialista solicita al juzgado que inicie diligencias al Grupo Parlamentario Popular por posible fraude al efectuarse esos sobresueldos e indica que se extiendan si es pertinente contra las personas físicas que resulten responsables de esta actuación.

La querella solicita que se oficie a la Inspección de Trabajo para que elabore un informe sobre la relación laboral que une a los perceptores de esos sobresueldos con el Grupo Parlamentaria, que cuantifique las cantidades transmitidas y los importes de cotizaciones dejados de ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social.

También reclama que se inste a la Asamblea de Madrid que certifique la afiliación y cotización en ese organismo a la Seguridad Social sobre David Pérez, Jesús Fermosel, Beatriz Elorriaga, Álvaro González, Isabel González, Iñigo Henríquez de Luna, Isabel Redondo, María Eugenia Carballido, Juan Soler, Mario Utrilla y Pedro Muñoz Abrines. Además, reclama oficio a la Seguridad Social sobre estas personas.



Leer más: El PSM denuncia al grupo popular por fraude a la Seguridad Social http://www.europapress.es/nacional/noticia-psm-denuncia-pp-asamblea-madrid-fraude-seguridad-social-sobresueldos-miembros-direccion-20131014133019.html#AqZ1Wkdl68PXnud9
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“CORREA RECOGIÓ EL DINERO DE LA VENTA DE MI APARTAMENTO Y ME LO DIO EN EFECTIVO”

Benjamín Martín Vasco, imputado en la trama Gürtel, justifica, ante la estupefacción de la acusación, regalos y cantidades recibidas por el cabecilla de la red corrupta

El exconcejal de Arganda del Rey y exdiputado del PP Benjamín Martín Vasco, imputado en el llamado caso Gürtel (una supuesta red de corrupción de políticos para lograr contratos y comisiones), admitió ante el magistrado Pablo Ruz que trabajó, cuando estaba en la oposición municipal, como asesor legal de las empresas de Francisco Correa, el presunto jefe de la trama. Martín Vasco, ante la sorpresa de la acusación, aseguró en una inconexa declaración, entre otras cosas, que Correa hizo de intermediario en la recepción del dinero que recibió por la venta de un apartamento en Estepona, que este le regaló “un sobre con dinero” en su boda o que guardó en casa de sus padres un televisor de plasma de Correa de la marca Loewe, porque este último no sabía dónde guardarlo ya que estaba de mudanza.

El relato del exdiputado Martín Vasco para justificar la supuesta recepción de comisiones de más de 30.000 euros en metálico comienza en el municipio malagueño de Estepona. Allí, en 2000 compró un apartamento en una urbanización donde Correa “tenía varios” pisos. Pagó 60.000 por el inmueble y lo puso a la venta en 2002. Pero el apartamento no se terminaba de vender y Martín, según su relato, necesitaba el dinero porque se iba a comprar otra casa en Madrid. Empezó así a reclamárselo a Correa, ya que supuestamente este tenía una autorización para cobrar el dinero de la inmobiliaria que había vendido el apartamento de Martín.

Al final, Correa le entregó en mayo de 2005 —un año después de la venta— el dinero del apartamento y, tras descontar la hipoteca, le entregó en mano “algo más de 30.000 euros”. “Quedamos y me dio el dinero en efectivo”. Martín, que no recuerda el número del apartamento que vendió, admitió que “nunca llegó a vivir en él”. En la misma urbanización tenían apartamentos, según la acusación, Pablo Crespo y Guillermo Galeote, también imputados en el caso.

La acusación le preguntó entonces por lo extraño de sus declaraciones y le inquirió sobre las razones por las que la inmobiliaria no le hizo una transferencia directamente a su cuenta bancaria. “Es que Correa bajó a Estepona”, lo justificó Martín, porque él también había vendido algunos de los apartamentos suyos en la misma urbanización y cogió el dinero de los dos. Luego le dio su parte.

Martín también rechazó que recibiera dos sobres de Andrés Bernabé, chofer de Correa, por importe de 50.000 y 150.000 euros, tal y como este declaró ante el juez. Cuando la fiscal le interrogó por todo ello, Martín no encontró una respuesta y replicó que su secretaria municipal —la que supuestamente recepcionó los sobres enviados de Correa— “por desgracia ha muerto”.

Durante la declaración, Martín fue preguntado por los viajes que realizó a diversas partes del mundo (entre 2003 y 2008, los investigadores han hallado traslados y estancias en Galicia, Lanzarote, Málaga, Gran Canaria, París, Sicilia, Niza, un crucero en Rusia, Berlín, Londres, Miami...) organizados por Viajes Pasadena, propiedad también de Correa. La justificación que dio fue que Pasadena le abrió una “cuenta de crédito” y que todos los viajes los pagó él (unos 45.000 euros) “en efectivo”.

Martín Vasco liquidaba, según afirmó, dos veces al año sus deudas con la agencia. “En el primer semestre, y otra a final de año, donde ajustábamos las cuentas”. Pero no iba a la agencia a abonarlo, ni hacía una transferencia, sino que quedaba con Correa y le paga la deuda en metálico. “El dinero”, según Martín, procedía de lo que le habían regalado en su “boda”, de su actividad profesional y de la venta de una casa. También pagó en efectivo los gastos de la celebración (autobús, banquetas, generador...), y estos servicios los contrató también con el grupo de Correa. Precisamente este asistió con su esposa a la boda de Martín. “Me dio un sobre con dinero”, señaló, pero no supo concretar la cantidad.

El imputado también admitió ser asesor legal de Correa entre 2001 y 2003, cuando estaba en la oposición de Arganda. Y que le ayudó en una operación para explotar “como iniciativa empresarial” la Oficina de Atención al Ciudadano. Martín, abogado de profesión, recibió el dinero de Correa por su trabajo en dos cheques. El exdiputado negó, sin embargo, aceptar regalos de la trama. Solo admitió haber recibido en Navidades “un Monopoly y una cartera de polypiel”.

"Le guardé el televisor en mi casa"

El relato de Martín Vasco no deja clara su relación de amistad con Correa. Unas veces es asesor de él, otras amigo y en otras conocido. Y en otras ocasiones se refiere a él como “ese señor”.

Martín mantiene que dejó de asesorar a las empresas del grupo de Francisco Correa en 2003, cuando volvió a ocupar un puesto en el gobierno municipal. No obstante, terminó estableciendo “una relación de conocimiento con Correa, pero no de amistad”. Esta relación permitió que, en un momento dado que no aclara —y cuando Correa se estaba cambiando de piso— le pidiera al exdiputado que le guardase los muebles de la vivienda que dejaba en una de los padres de Martín. Y así llegaron a este último inmueble “unos sofás, un colchón, unos canapés, cuadros y diversos electrodomésticos”, entre los que se hallaba una TV Loewe de 35 pulgadas, la misma que, según la policía, era uno de los regalos con los que Correa pagó a Martín por su supuesta intermediación en Arganda.

Pero la caja de la televisión, nunca se abrió y, cuando Correa reclamó sus pertenencias, la televisión se fue con ellas, se justificó el exedil de Arganda.

Martín también está acusado de recibir un reloj Bulgari y otro Cartier de Correa. Del Bulgari dijo no saber nada, mientras que del Cartier afirmó que lo compró Correa, a petición suya, para su esposa con un descuento del 25%. Costó unos 4.000 euros que fueron pagados por Martín, dijo.

El exdiputado aseveró que cuando él era concejal de gobierno municipal de Arganda, sus relaciones con Correa fueron de “proveedor”, pero cuando pasaba a la oposición era “la de un profesional que trabajó para las empresas de ese señor”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/10/madrid/1381423825_785774.html

EL PSM CRITICA LA “CONTINUA” FALTA DE RESPUESTAS DE LA COMUNIDAD SOBRE GÜRTEL

El TSJM admite a trámite un recurso socialista al no poder acceder a contratos troceados de la trama

Las preguntas sobre López Viejo siguen sin respuesta

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso del PSOE conforme a la “protección de derechos fundamentales de la persona” ante la negativa del Gobierno regional a facilitar a la oposición la documentación que reclaman en la Asamblea de Madrid sobre los contratos troceados de la trama Gürtel, liderada por Francisco Correa, y en general a pronunciarse sobre las preguntas referentes a la red corrupta. La decisión judicial, de finales de julio, parte de las alegaciones de los socialistas madrileños en las que resaltan que el Consejo de Gobierno “deberá, en plazo no superior a 30 días, facilitar los datos, informes o documentos solicitados o manifestar las razones fundadas en Derecho que lo impidan”. Precisamente a finales de la semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz solicitó al Ejecutivo autonómico la documentación de 71 de los 317 contratos que ya reclamó en mayo de 2012 sobre las adjudicaciones a empresas de Gürtel entre 2004 y 2006. El responsable del juzgado central de instrucción número 5 demanda “toda la documentación que obre en su poder” de eventos de lo más variado, que van desde la colocación de la primera piedra de una decena de hospitales, una cumbre internacional de terrorismo en 2005 o la presentación de la Vuelta a España de un año después.

Ruz, instructor del caso Gürtel, apunta que las diligencias están “dirigidas de manera especial a impulsar, simplificar y permitir la próxima conclusión de la instrucción en curso”. Para ello, entre otros procedimientos, solicita a la Agencia Tributaria la situación patrimonial de Teresa Gabarra, esposa de Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre acusado de cobrar comisiones de la trama. Ruz también ha ordenado una prueba caligráfica a Isabel Jordán, administradora de varias firmas de la trama, y ha citado para el 9 de octubre a declarar como testigo a Joaquín Molpeceres, que avaló un préstamo de 1,6 millones al exconsejero de Deportes.

Aparte de la documentación que el PSOE y el resto de partidos de la oposición vienen pidiendo en el Parlamento regional sin resultado, la Mesa de la Asamblea, que el Partido Popular controla con su mayoría de representantes, se ha convertido en un obstáculo prácticamente insalvable. La Mesa de la Cámara está compuesta por siete miembros: cuatro del PP (el presidente del Parlamento regional, José Ignacio Echeverría; Jacobo Beltrán, Rosa Posada y Carlos González), uno del PSOE (Juan Barranco), uno de IU (Antero Ruiz) y uno de UPyD (Enrique Normand).

Entre las últimas peticiones de información de los socialistas, que lamentan la “continua falta de respuestas”, están dos que afectan al exconsejero de Deportes. “¿Ha cuantificado la Comunidad de Madrid el perjuicio económico ocasionado a la Comunidad de Madrid por Alberto López Viejo? ¿Qué acciones judiciales va a emprender?”, registró en agosto como “pregunta para contestación oral ante el Pleno” la diputada regional Maru Menéndez. Frente a las críticas de la oposición a la Administración, el PP argumenta que el caso Gürtel está sub judice y que tantos las preguntas y documentación solicitadas por la oposición pertenecen a legislaturas anteriores y ya se trataron en ellas.

La policía calcula en unos 400.000 euros la mordida de López Viejo, que montó casi 350 actos para el Gobierno de Aguirre, en los que contaba con una comisión del 10%. La esposa del exconsejero, con cuentas en Suiza en francos, libras y euros también está imputada, en su caso por un delito de blanqueo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/27/madrid/1380315318_009541.html

FERNANDO MARTÍN DECLARA ANTE EL JUEZ HABER PERDIDO 225 MILLONES EN LA OPERACIÓN CALDERÓN

El constructor se comprometió a edificar el estadio olímpico de Madrid a cambio de construir en los solares del estadio del Atlético de Madrid y de la antigua fábrica de la cerveza Mahou

El sueño de Martinsa niega haber pagado a Francisco Correa a cambio de que éste intermediaria con el Ayuntamiento de Arganda del Rey para obtener la adjudicación de un solar

El presidente de Martinsa, Fernando Martín, ha asegurado este lunes al magistrado que investiga el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que en la 'Operación Calderón' ha perdido 225 millones de euros, según indican fuentes del caso a infoLibre. Martinsa era la empresa que inicialmente se iba a encargar de la construcción del estadio olímpico de Madrid. A cambio, la firma de Martín tenía el visto bueno para derribar el estadio Vicente Calderón y la antigua fábrica de la cerveza Mahou. En los solares resultantes estaba previsto construir las viviendas que darían rentabilidad a la operación, que también incluía el soterramiento de la M-30 en esa zona oeste de Madrid. Pero el concurso de acreedores alejó a Martín de este negocio, que ha asumido la constructora FCC.

Fernando Martín ha aludido en su declaración como imputado a las pérdidas en sus negocios, un total de 273 millones, después de que la fiscal se interesara sobre el motivo de una transferencia de 13 millones que acabaron en una cuenta del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa. Según uno de los documentos aportados por los bancos, ese dinero lo abonó el dueño de Martinsa a cambio de la adjudicación irregular de varias parcelas en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en lo que se considera el mayor pelotazo de Gürtel. Pero otra documentación, también aportada por la entidad financiera británica Lloyd's TBS, pone de manifiesto que esta transferencia se había producido en el marco de la inversión de Fernando Martín en la empresa RTM, que era la encargada de la operación Calderón-Mahou.

Fernando Martín invirtió en la empresa RTM. La familia Gil había traspasado en 2006 la propiedad del estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam). Y en su constitución los dueños del equipo madrileño vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9 millones. Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no fructificar la operación urbanística.

Un documento del banco inglés en el que Fernando Martín guardaba parte de su dinero indica el montante total de la inversión que tenía previsto realizar este contructor en el Calderón: 564 millones de euros. Así, Martinsa iba a urbanizar el terreno comprado, de 751.000 metros cuadrados. "Multiplicarán por cuatro sus inversiones y tienen pensado vender las propiedades en un plazo de unos cuatro años. La inversión total del cliente representará alrededor de un tercio del importe total", destaca en sus notas un empleado del Lloyd's TBS.

A su vez, un informe de Hacienda asegura que el empresario zaragozano Manuel Salinas Lázaro pagó en junio de 2006 a Fernando Martín cuatro millones "sin declarar" a cambio de entrar en el negocio de la recalificación del Vicente Calderón.

Legalidad de la adjudicación

Asimismo, Fernando Martín ha rechazado en su declaración ante el juez la existencia de irregularidades en la adjudicación del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), explicando además que no se puede hablar de pelotazo y que no conocía a Francisco Correa. Según el sumario, Martín adquirió los solares por 77 millones de euros, de los que abonó 67 millones al Consistorio. Tan solo un año después vendió un tercio de los terrenos por 73 millones de euros. Además, y según la declaración del arquitecto que se encargó del diseño del plan parcial de Arganda del Rey para Martinsa, esta empresa pudo haber ganado hasta 500 millones de euros. Fernando Martín niega que su negocio de Arganda haya tenido tales plusvalías.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/17/fernando_martin_operacion_calderon_mahou_perdi_225_millones_quot_7783_1012.html

GALLARDÓN ADJUDICÓ 10 MILLONES A UNA SOCIEDAD LIGADA A BÁRCENAS Y LAPUERTA

Alberto Ruiz-Gallardón, siendo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, concedió más de veinte contratos a una empresa de seguridad vinculada al extesorero del PP Álvaro Lapuerta y al exgerente Luis Bárcenas. La sociedad Serygur, una desconocida en el sector y sin ninguna trayectoria profesional, obtuvo, entre 2006 y 2009, adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros.

Sólo en 2006 -el ejercicio más productivo- Serygur logró contratos por más de cuatro millones de euros, casi la mitad de los ingresos de la sociedad en ese año. La cifra superaba con creces los ingresos de ejercicios anteriores y  llegó a provocar suspicacias y protestas por parte de empresas mucho más consolidadas del sector de la seguridad.

El acceso a contratos millonarios de Serygur en la corporación local, presidida por Ruiz-Gallardón, se debía no sólo a la influencia de la dupla Lapuerta-Bárcenas, sino también a la participación en la sociedad de otros dos pesos pesados del Partido Popular: Álvaro de la Cruz e Ignacio del Río. El primero, con un amplio historial en el PP como jefe de Gabinete del secretario general Francisco Álvarez Cascos (1989/1992), director de Innovación Tecnológica y secretario de Comunicación. El segundo, tras su paso por el Ayuntamiento de Madrid como teniente alcalde de Urbanismo, entre 1995 y 2003, durante el mandato de Álvarez del Manzano, el predecesor de Gallardón. Ambos conocían de sobra las interioridades del Partido Popular y del consistorio madrileño para acceder a las ofertas públicas de los contratos de vigilancia. 

El onubense Álvaro de la Cruz, que en 1982, a los 24 años, inició su carrera política en la sede de Génova, sumaba a sus cargos en el PP el de secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el sumario de la Gürtel figura como el responsable de la adjudicación a la empresa de Francisco Correa, Special Events, de la organización de las asambleas de este organismo en 1999 y 2003 por 800.000 euros. En esos años, Correa mantenía unas excelentes relaciones con Bárcenas y, con la ayuda de este, facturaba centenas de miles de euros a la contabilidad de Génova. El extesorero, a cambio, era recompensado, como demuestran los documentos del sumario de la Gürtel.

Gracias a esas intermediaciones, Serygur pudo obtener también contratos tan sustanciosos en el Ayuntamiento -ver gráfico- como la Agencia de Empleo de Madrid por 2,5 millones de euros; el distrito de La Latina por 1,1 millones; el edificio del área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales por 0,6 millones; la Dirección General de Patrimonio Verde por 0,5 millones o el Organismo Autónomo de Madrid Salud por 0,8 millones. En 2006, obtuvo adjudicaciones por un importe de 4.046.166,15 euros; en 2007, por 1.310.684,04; en 2008, por 3.313.877,24 y en 2009, por 1.149.420,37, según un pormenorizado estudio realizado por El Confidencial a partir de los concursos municipales publicados en el Boletín Oficial del Estado y adjudicados en esos años.

En el Ayuntamiento de Madrid señalan que todas las adjudicaciones se concedieron dentro de la legalidad, a partir de concursos públicos y con criterios técnicos y económicos. Según un portavoz municipal, "cada contrato obtenido por Serygur pertenecía a un área de Gobierno o un distrito diferente y tanto los órganos de contratación como las mesas de adjudicaciones eran autónomas".

En aquellos años, la hoy alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros miembros del actual consistorio ya formaban parte del Ayuntamiento, tras las elecciones de 2003. Botella, desde 2007, se encargó del Área de Medio Ambiente.  

De la Cruz, Bárcenas y la Gürtel

Álvaro de la Cruz mantenía, asimismo, una excelente relación con Jesús Sepúlveda, el exalcalde Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato, imputado en el sumario de la Gürtel. Sus vínculos quedaban sellados a través de la fundación municipal Pozuelo Siglo XXI, de la que De la Cruz era director general.

En un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en mayo de 2009, tres meses después de estallar el caso Gürtel, los agentes policiales le atribuyen a De la Cruz el cobro de 30.000 euros de la caja B de Correa, según la documentación intervenida en sus oficinas de la calle Serrano de Madrid. El informe policial mantiene que De la Cruz es apoderado de varias sociedades de seguridad, entre ellas Serygur (Alium) y otras afines y concluye que “está vinculado a Luis Bárcenas”. Según las investigaciones de la Policía, el extesorero del PP, en la actualidad en la cárcel de Soto del Real, presionó en 2007 a la Comunidad de Madrid para obtener contratos a favor de De la Cruz y Serygur. Fuentes del Partido Popular en Madrid afirman que Bárcenas y Lapuerta buscaban las adjudicaciones "por su propio interés".

Ademas de apoderado de Serygur (Alium) desde 2007, Álvaro de la Cruz compartía el mismo cargo en otras sociedades del grupo como Serycur, ProtecnySegurity o Facilita Servicios Auxiliares. Todas ellas estaban centralizadas en un mismo domicilio social y vinculadas a la sociedad que conseguía los contratos millonarios en el consistorio madrileño.

Se da la circunstancia de que el ex alto cargo popular aparece en el registro mercantil como administrador de todas esas sociedades con el nombre de "Álvaro Cruz". Sin embargo, cuando inscribe su nombre en otras dos empresas, exclusivamente de su propiedad -InternetXXI Soluciones Tecnológicas Avanzadas y Ciudad21 Foro de Innovación Local-, sí lo hace con la preposición y el artículo "de la".

Ni Álvaro Lapuerta ni Bárcenas figuran en el registro mercantil como socios, apoderados o administradores de Serygur (Alium). Tampoco Ignacio del Río. En todas las sociedades del grupo, desde su constitución en 1989, aparece como administrador único un empresario de perfil bajo: José Luis Cuadros Arias. Sin embargo, Cuadros es todo un desconocido en el sector de las empresas de seguridad. Si se pregunta por él, todos coinciden en su condición de hombre pantalla.     

El Confidencial ha podido verificar, empero, en fuentes de la propia compañía y del sector de la seguridad que el extesorero y el exgerente del PP participaban en el negocio de la sociedad. No se ocultaban a la hora de negociar contratos -gestiones que las realizaban en persona- y se valían de su posición dentro de partido para obtener adjudicaciones de las Administraciones regional y local de Madrid. Y, aunque en esas fechas los populares habían sido desalojados de la Moncloa, Serygur también obtuvo importantes adjudicaciones de la Administración central.

El nombre de Mariano como reclamo

Para convencer a los compañeros más reticentes, Bárcenas y Lapuerta utilizaban como reclamo el nombre de Mariano Rajoy, como sucedió con algunos de los contratos exigidos a la Comunidad de Madrid. Una de las frases más recurrentes de Bárcenas, según un alto cargo de la Administración madrileña, era: “Si no nos arropamos entre nosotros y favorecemos a los nuestros, quién nos va a ayudar”. Ese discurso provocó roces con miembros del equipo de Esperanza Aguirre en el Gobierno autonómico madrileño, en el que algunos consejeros negociaron directamente las adjudicaciones con la empresa de seguridad, tras las presiones de Bárcenas y Génova.

Serygur fue constituida en mayo de 1989 y fue una desconocida en el sector hasta que, a mediados del 2000, desembarcaron en ella los altos cargos del PP. En el registro figura como una sociedad anónima cuyo objeto social es “la vigilancia y protección de toda clase de bienes muebles o inmuebles, certámenes, ferias o cualquier acto público”, entre otros.

El último depósito de cuentas de la sociedad, declarado por sus propietarios, está fechado en octubre de 2010 y corresponde al ejercicio de 2009. En ese año Serygur comienza a comprobar cómo se le pincha el globo del tráfico de influencias. La sociedad se ve penalizada por el escándalo que arrastra el estallido de la operación Gürtel y la posterior caída de los contratos y el volumen de negocio. Se podría afirmar que existe una causa-efecto entre las investigaciones a Correa y Bárcenas y el declive de Serygur.

Para afrontar la tormenta, sus políticos-accionistas decidieron modificar, en abril de 2009, la denominación social de Serygur por la de Alium. Un mes después, Álvaro de la Cruz también dimitía como apoderado. Esas decisiones coincidían con las filtraciones sobre las investigaciones secretas del juez Baltasar Garzón acerca de las relaciones inconfesables entre Bárcenas y Correa. El escándalo provocó la dimisión de este como senador y su salida de la Tesorería de Génova, tras ser imputado en el caso Gürtel por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Ni que decir tiene que las caídas de Bárcenas y De la Cruz provocaron una importante merma en el negocio de Serygur. En el ejercicio de 2009, según los propios datos de la empresa de seguridad, los ingresos cayeron en picado. De recaudar 13 millones de euros en 2006; 16, en 2007 y 11, en 2008,  la recaudación descendió a 8,7 millones en 2009, con unas pérdidas declaradas de 1,6 millones.

De la opulencia a la nada

Los cuatro años de crecimiento meteórico, con la adjudicación de la vigilancia de edificios públicos, permitieron incluso a Serygur situarse en el puesto 17 del ranking nacional por facturación, entre más de 500 empresas de seguridad. Esa evolución también se manifestó en sus signos externos: de unas modestas instalaciones en la calle Alcocer, en el barrio obrero de Villaverde, pasaron a un moderno y lujoso edificio en la carretera de La Coruña. Sin embargo, tras la quiebra, las instalaciones de la zona residencial de Las Rozas fueron abandonadas y la empresa regresó a su domicilio original de Villaverde.

Con la deserción de los pesos pesados del PP, Serygur/Alium regresaba a la realidad de su potencial, a los años en los que ingresaba 1,6 millones, en 1999, o 5,2 en 2000. Las palabras de un exdirectivo de la compañía, que prefiere permanecer en el anonimato, son concluyentes: “Aquello era un chiringuito iluminado por las influencias de Bárcenas y De la Cruz. Pero la luz se apagó cuando el caso Gürtel se llevó todo por delante y los contratos con la Administración dejaron de llegar. Los otrora conseguidores influyentes del PP pasaron a convertirse en unos apestados”.

En la actualidad, las acciones de Serygur/Alium están en poder de la sociedad Lovermats SL en un 81,08% del capital; de Gloria Cabañas Aranda, en un 15,71%, de José Luis Cuadros Arias, en un 2,9 y de ProtecnySegurity, en un 0,31%. En la práctica, la propiedad pertenece a su administrador y fundador, José Luis Cuadros, ya que su esposa, Gloria Cabañas, que tiene estudios de enfermería, figura en el registro como la única accionista de Lovermats. La pareja reúne, por tanto, el 99,69 de la compañía.

El matrimonio Cuadros/Cabañas ha estado arropado en el negocio por el equipo directivo de sus comienzos: Juan Antonio Martínez Peinado, director financiero de Serygur; Carmen Pernía, la directora general, colocada por Álvaro de la Cruz; el padre de la anterior, Ángel María PerníaPernía; y los hermanos del exdirigente del PP, María de los Ángeles de la Cruz y Emilio de la Cruz.

Este diario ha intentado por todos los medios contactar con José Luis Cuadro y Gloria Cabañas, pero las gestiones han resultado infructuosas. Los teléfonos de Serygur, que figuran en las guías de empresas de seguridad y en la propia web de la compañía, no están operativos y los números particulares del matrimonio asimismo están inactivos. Como su domicilio familiar, un lujoso chalé de Las Rozas, valorado en tres millones de euros, que ha salido a pública subasta este verano.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013-09-16/gallardon-adjudico-10-millones-a-una-sociedad-ligada-a-barcenas-y-lapuerta_28691/


La ‘Gürtel’ pagó un lujoso viaje de novios por 21.000 euros a un exdiputado del PP

Como en la boda Aznar-Agag, Correa asumió costes de los enlaces del exparlamentario Martín Vasco y el exalcalde de Arganda

La trama Gürtel no sólo pagó gastos de la boda de la hija de Aznar con Alejandro Agag, también agasajó a cargos populares con regalos similares. Son los casos del exdiputado de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y el exalcalde de Arganda, Ginés López.

Un viaje de novios de 21.000 euros
Un informe policial remitido al instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, al que ha tenido acceso la SER, incluye información sobre las facturas que corroboran los gastos a Martín Vasco y Ginés López.

El entramado empresarial de Francisco Correa corrió con los gastos de la lujosa boda y viaje de novios de Martín Vasco. Sólo este último costó más de 21.000 euros. El exdiputado popular se libró de abonar, además, las banquetas de Teka y, como en la boda Aznar-Agag- la iluminación, el auto, el minibús para los amigos del novio. Benjamín Vasco y su esposa se fueron de luna de miel por Estados Unidos y Polinesia, en hoteles de cinco estrellas, a cargo también de la Gürtel.

Cheques de 3.000 euros por servicios no realizados
La Policía también encontró numerosos cheques, por casi 3.000 euros cada uno, pagados por Francisco Correa al exdiputado a cambio de servicios que realmente no se realizaron.

Microondas a costa de la Gürtel
La trama abonó, además, casi 6.000 euros por diversos electrodomésticos para el domicilio de Vasco: dos televisores de marca Loewe, un horno microondas y una nevera marca Bosch.

3.000 euros para la boda de Ginés López
Los investigadores han incluido en su informe un gasto de unos 3.000 euros hecho por la Gürtel, esta vez para el viaje de novios del exalcalde de Arganda Ginés López.

Declaraciones ante el juez
Martín Vasco y Ginés López tendrán que declarar ante el juez el próximo lunes, cuando están citados, también, la esposa del exdiputado regional y el empresario Fernando Martín.

http://www.elplural.com/2013/09/14/la-gurtel-pago-un-lujoso-viaje-de-novios-por-21-000-euros-a-un-exdiputado-del-pp/

LA POLICÍA FIJA EN EL 10% LA COMISIÓN ILEGAL QUE COBRABA EL ORGANIZADOR DE LOS ACTOS DE AGUIRRE

El número de trabajos que organizó la red corrupta a la presidenta madrileña en cuatro años fue de 348, que generaron a López Viejo 290.000 euros en comisiones

La trama incluía la cantidad para el exconsejero entre los gastos que debía abonar la Comunidad de Madrid, que era quién cargaba con el sobreprecio

El importe de la comisión "lo soportaba la Administración pública", explica la Policía Judicial.

Alberto López Viejo, el exconsejero de Deportes madrileño imputado en el caso Gürtel, cobraba el 10% del dinero total que Francisco Correa se embolsó entre 2004 y 2007 organizando los actos de la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Esta es la principal conclusión que contiene un informe de la Policía Judicial del pasado 29 de julio que analiza la documentación de las empresas de Gürtel, y que pone de manifiesto también que el número de actos que organizó Correa a la presidenta madrileña en cuatro años fue de 348, que le generaron 290.000 euros en comisiones a López Viejo. La mayor parte de estos actos, según la Intervención General del Estado (IGAE) fueron otorgados a Correa a dedo, sin concurso público.

López Viejo era una persona de la máxima confianza de Aguirre y tenía encomendada la misión de organizarle los actos. Ese acceso a la presidente madrileña le permitía decidir con quién contrataba, y lo hacía casi siempre con la red corrupta de Correa, a cambio de las comisiones ilegales.

En la contabilidad de las sociedades de Correa el concepto 'varios' escondía las comisiones ilegales para López Viejo: "Correspondía en la mayoría de las ocasiones con el 10% del importe facturado. Este dinero era entregado a López Viejo por la intermediación en la contratación de las sociedades madrileñas del Grupo Correa para la ejecución de diversos trabajos para varias de las consejerías de la Comunidad de Madrid, debido al puesto de trabajo que ocupaba en esos momentos", indica la Policía.

Según la Policía Judicial, el modo en el que los responsables de la trama calculaban la parte de López Viejo consistía en sumar los importes de los costes de ejecución del evento. "Una vez calculado este resultado, obtenían el 10% o el porcentaje correspondiente, pues en algunos casos era inferior o superior". A partir de 2006, el porcentaje lo calculaban de la misma manera, aunque empleaban como base de cálculo el importe total de la facturación, lo que suponía una ampliación del beneficio de López Viejo.

Aplicaban el margen de beneficio

Al analizar la documentación de las empresas de Correa, la Policía llega a la conclusión de que a la hora de facturar los trabajos, los dirigentes de la red corrupta imputaban el 10% de López Viejo como otro gasto más de la ejecución del acto: "También le aplicaban el margen de beneficio correspondiente, de tal manera que las empresas nunca perdían dinero, siendo la Administración Pública la que en última instancia soportaba esa comisión".

Los agentes también han comprobado cómo miembros de la organización corrupta, en unos casos Isabel Jordán y en otros el propio Francisco Correa, llevaron a cabo entregas de efectivo a Alberto López Viejo entre los años 2004 y 2007. "Estos pagos ascendieron a la cantidad de 397.000 euros aportados en doce entregas diferentes, con origen en las cantidades incluidas en cada acto realizado para la Comunidad de Madrid, y con el concepto de varios". A esta suma habría que añadir a la cuenta de López Viejo otros 14.000 euros procedentes de la empresa Easy Concept.

El informe de la Policía llega a la mesa del juez Pablo Ruz después de que la semana pasada decidiera llamar a declarar como imputada a Teresa Gabarra, la mujer de López Viejo, ante la existencia de indicios que apuntan a que participó en el blanqueo del dinero que presuntamente cobraba su marido en concepto de comisiones por la adjudicación de contratos a empresas de la trama Gürtel.

En un auto del pasado viernes, el magistrado detalla que el matrimonio mantenía una cuenta en el banco Mirabaud de Ginebra en la que Gabarra figuraba como apoderada, "con facultades para todas las transacciones".

Concejal de Moratalaz (Madrid)

El depósito se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre julio y octubre del año 2002, en distintas monedas, y alcanzó un saldo total cercano al medio millón de euros. "Precisamente en esas fechas, Alberto López Viejo ocupaba el cargo de concejal de limpieza del Ayuntamiento de Madrid" y se adjudicó a la sociedad Sufi un contrato de limpieza en el distrito de Moratalaz, especifica el auto.

El auto precisa que un mes más tarde, se llevaron a cabo por parte de Gabarra y López Viejo diversas operaciones de compra y venta de inmuebles y obtención y cancelación de préstamos hipotecarios. "Se ingresó para el pago de uno de ellos 91.500 euros en efectivo y se transfirió desde una cuenta titularidad de Teresa Gabarra más de medio millón de euros como parte del precio de la compra de un inmueble", informa Europa Press.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/08/06/la_policia_confirma_que_lopez_viejo_cobraba_del_dinero_que_pagaba_correa_por_organizar_los_actos_aguirre_6609_1012.html

UN ACUSADO DE LA GÜRTEL SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ

El expropietario de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo también rechazó hablar en mayo

El expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo se negó ayer de nuevo a prestar declaración ante el juez que instruye el llamado caso Gürtel, Pablo Ruz, tal y como hizo el pasado 27 de mayo cuando el magistrado tomó declaración a siete empresarios imputados por supuestas donaciones irregulares al Partido Popular.

El juez Pablo Ruz había citado ayer a García Pozuelo y al presunto blanqueador de la red Gürtel Ramón Blanco Balín para interrogarles acerca de varios contratos sospechosos adjudicados a sus empresas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP.

En el auto de citación, Ruz explicaba que dos de las empresas beneficiadas con contratos a cambio de comisiones pagadas a cargos públicos del consistorio eran Constructora Hispánica SA y a EOC de Obras y Servicios, vinculadas a García Pozuelo.

Destacaba el juez como “especialmente relevantes” las adjudicaciones relacionadas con García Pozuelo, entre las que se cuentan la ejecución de las obras del parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte y las obras para la eliminación de barreras arquitectónicas en el casco urbano del municipio.

Contratos irregulares

Blanco Balín, por su parte, sí accedió a declarar ante el juez acerca de esos contratos en Boadilla y también sobre las presuntas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, hechos estos últimos por los que le había citado para el 16 de septiembre, día en el que ya no deberá comparecer al haber respondido ayer sobre este asunto.

También comparecieron ayer en el juzgado el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; Elena Villaroya, mujer del exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, y el considerado también blanqueador de Gürtel Eduardo Eraso.

El juez les preguntó si tenían previsto impugnar la comisión rogatoria de Suiza que tienen pendiente de conocer. Se sospecha que en este país pueden tener cuentas bancarias no declaradas.

Todos ellos manifestaron su consentimiento a esa comisión rogatoria, aunque Eraso advirtió de que solo es suya una cuenta en el banco Crédit Suisse, mientras que otros movimientos bancarios que se le atribuyen en Suiza no son suyos, según aseguró.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/30/madrid/1375175532_990233.html

EL EXALCALDE DE MAJADAHONDA PERMITE QUE SE ACCEDA A SUS CUENTAS EN SUIZA

El excalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega y la esposa del exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, Elena Villarroya, ambos imputados en la rama madrileña del "caso Gürtel", han acudido este lunes a la Audiencia Nacional para dar al juez instructor de la causa, Pablo Ruz, permiso expreso para remitir a Suiza sendas comisiones rogatorias relativas a determinadas cuentas que tienen abiertas en la confederación helvética.

Para el mismo trámite tambien ha acudido este lunes ante el juez central de Instrucción número 5 el presunto blanqueador de la trama comandada por Francisco Correa Eduardo Eraso, que ha dado su permiso para que la justicia española pueda acceder únicamente a una de las cuentas que se le atribuyen, abierta en el CreditSuisse. Para el resto no ha dado su permiso porque niega que sean suyas, han informado fuentes jurídicas.

Igualmente, este lunes comparecieron ante el juez Ruz el empresario Alfonso García Pozuelo, quien se negó a declarar, y el abogado Ramón Blanco Balín, que además de por su implicación en la trama referida a Majadahonda y Boadilla ha sido interrogado por las supuesta entrega de dádivas a cambio de contratos públicos para empresas vinculadas a la trama en Arganda del Rey, aspecto para el que había sido citado para el 16 de septiembre.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ex-alcalde-majadahonda-mujer-boadilla-permiten-acceda-cuentas-suiza-20130729143311.html

RUZ CITA PARA SEPTIEMBRE A JORDÁN Y OTROS 6 IMPLICADOS EN LA TRAMA DE OBTENCIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS EN MADRID

El instructor del "caso Gürtel", Pablo Ruz, ha citado en calidad de imputados para los próximos 11 y 12 de septiembre a la que fuera empleada del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, hasta 2007, Isabel Jordán, y otras seis personas vinculadas con el grupo de sociedades creadas por éste para la obtención irregular de contratos públicos.

Se les imputan delitos contra la administración pública, cohecho, prevaricación, malversación y fraude a la administración pública, delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo. Algunos de ellos ya declararon cuando la causa estaba secreta.

Jordán declarará el día 11 y ese mismo día están citados Javier Nombela y Alicía Mínguez Chacón, encargados de la facturación y de la gestión contable del entramado societario, además de la colaboradora Mónica Magariños, quien según el juez "habría permitido que se contratara una caja de seguridad a su nombre para desvincularla de sus verdaderos titulares".

Un día después comparecerán Pablo Collado Serra (sustituto de Jordán la primera en la administración de las sociedades) y otras dos personas vinculadas con la confección de facturas falsas y que serían los encargados de elaborar las declaraciones tributarias de la trama: Carlos Ignacio Hernández-Montiel Gener y Pablo Ignacio Gallo Alcántara Criado

El auto de citaciones dictado este viernes por Ruz les vincula con el grupo de Correa y del abogado también imputado en la trama Ramón Blanco Balín para presentarse a concursos públicos como entidades independientes, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia, así como simulando operaciones mercantiles para reducir la cuota tributaria.

Connivencia con cargos públicos

Según el juez, este grupo de sociedades habría obtenido múltiples adjudicaciones públicas de forma irregular en connivencia con distintos cargos públicos con influencia o competencia en el ámbito de la contratación pública a los que entregaban dádivas en forma de regalos, viajes, artículos de joyería o efectivo.

Esta actividad se desplegó básicamente en la Comunidad de Madrid, en los municipios de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, y la práctica más habitual sería la de fraccionar los contratos en varios servicios de cuantía inferior a 12.020,24 euros, de modo que las adjudicaciones se pudieran obtener sin concurso.

En otras ocasiones, según detalla el auto, los implicados habrían obtenidos los pliegos de condiciones administrativas y técnicas "antes de su publicación oficial llegando incluso a participar en la redacción de los mismos".

Para alcanzar sus fines, la trama habría hecho uso de otras sociedades ajenas al grupo como Elba Grupo Comunicación S.L., Marketing Quality Management SI (MQM), y el "grupo Rafael" (Fotomecánica Rafael S.A., Techimagen Rafael S.L., Fotomecánica Doble M S.L. y Kilda producciones Fotográficas S.L.).

Al menos parte del dinero entregado a cargos públicos, según el juez, se habrían generado con la elaboración de facturas falsas simulando servicios facturados a otras sociedades o profesionales (KloberAster S.L., Loribel S.L., Clásica Capital S.L., Elvinde Europea S.L., El dinero revertiría en la caja B del entramado.

Empleados de Easy Concept

En otro auto, Ruz acuerda la práctica de varias diligencias solicitadas en su día por Isabel Jordán, consistentes en la aportación de documentos de las empresas investigadas y la declaración como testigos también el próximo 12 de septiembre de los trabajadores de Easy Concept Cristina Montaña Claver, Noemí Martínez Mouteira y Laura Sánchez Martínez.

En la primera de sus resoluciones, el magistrado se hace eco de un dictamen de la Fiscalía en el que se señala que Correa, su mano derecha Pablo Crespo y Blanco Balín idearon en 2005 la constitución de un grupo de sociedades dedicado a la organización de eventos que continuara con la actividad anteriormente desarrollada por en tidades como Special Events S.L., Boomerangdrive S.L. y Technology Consulting Management S.L. (TCM) pero que apareciera desvinculada del primero.

Este nuevo grupo estaría formado por Good&Better S.L., Diseño Asimétrico S.L., Servimadrid Integral S.L. e Easy Concept Comunicación S.L.(antes Down Town consulting), participadas por los tres antes señalados más Isabel Jordán.

Para ocultar la participación de Correa y Crespo en estas sociedades dicha participación se canalizó a través de Hator Consulting S.A., en la que participaba Correa en un 50 por ciento (Inversiones Kintamani S.L.), Crespo en un 20 por ciento (Cresva S.L.) y Blanco Balín en el 30 por ciento restante (R. Blanco Asesores Fiscales S.L.).

Todas ellas, sin embargo, "funcionarian desde todos los puntos de vista como una única mercantil con identidad de actividad, trabajadores y administración", según el juez. Jordán administró estas sociedades bajo instrucciónes de Correa.

"Operación Arganda"

Por otra parte, el juez Central de Instrucción número 5 ha citado también para septiembre, concretamente el día 16, al exalcalde de Arganda Ginés López, al ex diputado del PP Benjamín Martín Vasco, al propietario de Martinsa Fadesa Fernando Martín Álvarez y al abogado Blanco Balín también como imputados.

También siguiendo el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, el juez detalla en su auto de citación que desde 2003 desde el entorno de Correa se habrían entregado dádivas al exprimer edil de Arganda y al exdiputado y exconcejal de este municipio Martín Vasco, así como al que fuera responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda en este municipio Juan Fernández Caballero. Ninguno de los cobros o regalos fueron declarados a Hacienda.

Como operación relevante, Ruz destaca en su auto la conocida como "Operación Arganda", que concluiría en noviembre de 2004 con la adjudicación por el Ayuntamiento a la empresa promotora Martinsa de una parcela para construir, lo que justifica la citación de Martín Álvarez como imputado.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ruz-cita-septiembre-jordan-otros-implicados-trama-obtencion-contratos-publicos-madrid-20130726161936.html

LOS VISITADORES DE LA TRAMA GÜRTEL

La trama organizó dos días de reuniones con los responsables de las consejerías que ponían problemas para pagar las facturas irregulares

La Intervención General del Estado (IGAE) ha enviado al juez que investiga la trama Gürtel, Pablo Ruz, un detallado informe sobre cómo este grupo dirigido por Francisco Correa lograba los contratos de la Comunidad. En total, 5,1 millones, de los que 240.00 euros fueron para Alberto López Viejo, exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre. Los auditores explican con detenimiento su modus operandi e, incluso, los problemas que tenían, consejería por consejería, para convencer a sus responsables de que pagasen las facturas que les giraban. Si estos no pagaban, los miembros de la trama les visitaban para convencerlos o pedían a Alberto López Viejo que lo solucionase. Todo quedó escrito en un documento que halló la policía y que se denomina Informe sobre visitas a las consejerías.Según los investigadores, “las conclusiones obtenidas” tras analizar estos nuevos documentos y que complementan un anterior informe de abril pasado, “siguen siendo válidas”.

Este es su resumen:

 “El Grupo FCS [iniciales de Francisco Correa Sánchez] de forma artificial fraccionaba el objeto del contrato [que lograba de las consejerías] mediante la emisión de varias facturas siempre por importe inferior a 12.120,24 euros con el fin de eludir los requisitos de publicidad o relativos al procedimiento de adjudicación”. Por encima de esta cantidad hay que convocar un concurso o invitar a varias empresas para que presenten sus ofertas. Luego, el organismo que requiere los servicios decide de acuerdo con unos baremos legales. Todo está reglado.

Para evitar los controles, el grupo emitía facturas con diferentes empresas de su propiedad. Los auditores mencionan las siguientes: Easy Concept, ServiMadrid, Diseño Asimétrico y Bomerangdrive. “Posteriormente, el grupo [de Correa] actuaba en colaboración con otras empresas que inicialmente eran sus proveedores de servicios [FCS carecía de la infraestructura para darlos por lo que tenía que subcontratarlos]. El más importante era el Grupo Rafael, formado por las empresas Fotomecánica Rafael, Fotomecánica Doble, Kilda Producciones y Dimo Stand, aunque también colaboraba con otras como Raro, Dinámica, Ilusiona, Latalatina y Apogee Telecomunicaciones”.

Esta colaboración implicaba que los servicios que prestaban las subcontratas —las que hacían en realidad los trabajos— eran facturados directamente a la Comunidad, “pero siguiendo las indicaciones de FCS”. “Se había establecido un sistema de compensación cruzada, de forma que estas empresas colaboradoras facturaban y cobraban de la Comunidad y posteriormente las sociedades del grupo FCS les emitían facturas por un importe inferior, siendo la diferencia el beneficio que obtenían por sus servicios de intermediación”.

El exconsejero López Viejo recibió 290.000 euros del entramado, según los investigadores

Pero el fraccionamiento de las facturas provocaba que algunas consejerías se negasen a pagar. Sus responsables (directivos o funcionarios) no entendían por qué un trabajo —en el informe mencionan 348 de ellos, desde el homenaje a las víctimas del 11-M hasta el belén navideño de la Puerta del Sol— estaba fraccionado.

Así, algunas consejerías pusieron trabas: pedían más datos, rechazaban el pago o daban largas. La trama decidió entonces llamarles por teléfono o visitarlos. El programa de visitas duró dos días (21 y 22 de julio de 2006). Los resultados quedaron plasmados en un documento que los investigadores hallaron:

Consejería de Cultura y Deportes. “De esta factura no se van a hacer cargo, lo que me dicen es que si lo encargó Presidencia, que lo paguen ellos”. (10.297,13 euros)

Dirección General de Deportes. “Estas dos facturas se las entregué en mano a Antonio Guerrero \[subdirector general\], ya que decía que no las tenía. Me dijo que las iba a tramitar y que si tenía cualquier problema nos llamaría” (12.153,80 euros).

Consejería de Presidencia. “Se las he vuelto a enviar a Edelmiro [Galván, jefe de Gabinete], ya que nos dice que no las tiene” (15.092,68).

Consejería de Inmigración. “Ya están en tesorería y entre mediados y finales de julio \[nos dicen que\] las pagarán” (23.170,36).

Consejería de Asuntos Sociales. “Me dice María del Mar Gil que estas facturas ya están tramitadas y en tesorería. No me ha confirmado cuándo nos la pagarán” (11.549,17 euros).

Consejería de Economía. “No puedo hablar con nadie, solo con Toñi (secretaria general técnica) y no quiere saber nada” (3.734,87).

Consejería de Empleo y Mujer. “De estas facturas Lourdes Berreda [subsecretaria] nos dice que no se quieren hacer cargo, ya que se ve claramente que es un fraccionamiento del acto. Que ellos no pueden asumir costes tan elevados. Me ha dicho que si desde la Consejería de Presidencia dan la orden de que hay que pagarlas, pues que lo más probable es que lo hagan, pero que si no, no hay manera. Y he hablado con Carmen [sin apellido] y le he comentado el problema. Me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero” (30.014,57 euros).

Consejería de Sanidad. “De momento no me puede decir nada, pero lo más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y tendremos que refacturar directamente con los hospitales” (13.011,98 euros).

Finalmente, la trama escribe a Alberto López Viejo y le explica que están “teniendo muchos problemas para cobrar en la Comunidad”. Detallan que las consejerías se niegan porque no han encargado los trabajos. “Cuando les llamas para reclamar, no te hacen caso. Te dicen que no tienen las facturas. Vamos en persona a cada consejería. Se las llevamos en mano. Cuando les vuelves a llamar, te dicen que siguen sin tener las facturas. También te dicen que tienen que hablar con sus jefes o con las personas que llevan el tema y siempre están fuera o de reuniones”.

Y ponen un ejemplo: “Hemos hablado con Antonio Puentes [de la Consejería de Educación]. Nos dijo que no estaba muy conforme [con las facturas] y desde ese día no se ha vuelto a poner al teléfono”.

La esposa de López Viejo, imputada

Teresa Gabarra, esposa de Alberto López Viejo, ha sido imputada por el juez Ruz por una cuenta que abrió su marido en Suiza y de la que ella es apoderada. Gabarra ha sido llamada a declarar el próximo 16 de septiembre, junto con el exdiputado de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco; al exalcalde de Arganda del Rey Ginés López; el presidente de Martinsa, Fernando Martín Álvarez, y el presunto blanqueador de Gürtel, Ramón Blanco Balín.

En un auto notificado ayer, Ruz decide la imputación de Gabarra tras conocer que, el 31 de mayo de 2002, López Viejo abrió una cuenta en la sucursal del banco Mirabaud& Cie de Ginebra, en la que su esposa figuraba como apoderada general.

Esa condición le otorgaba a Gabarra, según el juez, “facultades para todas las transacciones relativas a esa cuenta, incluidas las de comprar y vender sus activos, retirar los fondos y disponer de cualquier forma de los títulos, fondos y valores”.

Dicha cuenta, añade el auto, se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2002 por un importe total de 495.450 francos suizos, 42.393,75 libras esterlinas y 46.784,63 euros.

En esas fechas, López Viejo ocupaba el cargo de concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid, cuando se adjudicó a la sociedad Sufi el contrato de “gestión del servicio público de limpieza viaria” en Moratalaz, “adjudicación respecto de la que se investiga el posible pago de comisiones”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/26/madrid/1374862775_344837.html

DESAHUCIAN AL EXALCALDE DE MAJADAHONDA, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL

No ha podido hacer frente a los pagos de la hipoteca con la que compró su casa en el municipio madrileño.

La mitad de la vivienda, la que corresponde a Ortega, se encuentra ya embargada por orden de la Audiencia Nacional.

El exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, imputado en la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Gürtel’, se encuentra inmerso en proceso de desahucio iniciado después de que no haya podido hacer frente a los pagos de la hipoteca con la que compró su casa en el municipio madrileño.

Este proceso de desahucio, que instruye el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Majadahonda, se ha topado con un escollo: la mitad de la vivienda, la que corresponde a Ortega, se encuentra embargada por orden de la Audiencia Nacional.

El instructor del ‘caso Gürtel’, el juez Pablo Ruz, decretó el embargo de los bienes de Ortega después de que el antiguo regidor no haya podido abonar la fianza de responsabilidad civil que le fue impuesta para que pueda devolver el dinero presuntamente defraudado si es condenado.

El Registro de la Propiedad de Majadahonda ha remitido a la Audiencia Nacional un escrito en el que comunica a Ruz el proceso de desahucio seguido contra Ortega. El escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, señala que “sobre la mitad indivisa de la citada finca propiedad de Guillermo Ortega aparece anotado un embargo, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Audiencia Nacional”.

Prueba caligráfica

Ruz sometió el 7 de junio al exalcalde de Majadahonda a una prueba caligráfica para determinar si es el autor de unas órdenes de transferencia manuscritas encontradas en un banco de Suiza.La prueba caligráfica se está cotejando con las órdenes de transferencia remitidas por las autoridades suizas y con las que habría transferido entre 2002 y 2003 un total de 270.781 euros desde el banco CIC suizo a cuentas españolas.

El juez Ruz ordenó la práctica de esta prueba después de que el presunto testaferro de la red ‘Gürtel’, Antonio Villaverde, reconociese en la declaración que prestó el pasado 23 de abril que fue apoderado de unas cuentas que el exalcalde de Majadahonda tenía en Suiza. Estos datos se vieron corroborados por la última información remitida a la Audiencia Nacional por las autoridades suizas, en la que consta que Villaverde aparecía como autorizado en una cuenta en el banco CIC a nombre de la sociedad Tranquil Sea Inc., en la que también operaba Ortega.

http://noticias.lainformacion.com/espana/desahucian-al-exalcalde-de-majadahonda-imputado-en-el-caso-gurtel_JjxugOShhS97NUu36YwpQ1/

RUZ PREGUNTA A ANTICORRUPCIÓN SI DEBE LLAMAR A DECLARAR A ESPERANZA AGUIRRE

Los socialistas madrileños quieren que la expresidenta regional testifique sobre los fraccionamientos de contratos para la trama Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe citar a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en el marco de la causa de investiga la adjudicación fraudulenta de contratos a empresas de la trama Gürtel.

El magistrado ha tramitado la solicitud realizada por el Partido Socialista Madrileño (PSM) en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press. La acusación popular asegura que Aguirre "debía tener conocimiento directo, cuando no participación, de la forma en que se contrataban las empresas de sus actos".

La Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley, según constaba en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado del pasado mes de abril.

El dictamen analizaba un total de 686 operaciones por un importe de 6.484.080,07 euros adjudicados por la administración autonómica que se concretaron en seis expedientes de contratación por un importe total de 1.148.271,62 euros y en 657 expedientes tramitados como contratos menores por un total de 5.335.808,45 euros.

Entre los actos investigados se encuentran la Cumbre Flamenca 2005, la celebración del Día de la Comunidad de Madrid y los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes 2005, así como contratos del Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM), Promomadrid y Arpegio con empresas como Servimadrid, MQM, CMR o Pasadena Viajes.

El desglose por consejerías revela que el departamento de Cultura, Deportes y Turismo, que dirigía el imputado en el 'caso Gürtel' Alberto López Viejo, organizó 23 actos por importe de 719.345,85 euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por su parte, contrató 24 actos con las empresas de Francisco Correa por importe de 974.107,45 euros.

Los socialistas especifican en su escrito que, con ocasión de la dimisión de López Viejo como diputado del PP y consejero de Deportes, Aguirre realizó unas declaraciones en las que indicaba que le dio "instrucciones clarísimas de no contratar ninguno de mis actos con esas empresas".

"Si impartió instrucciones a López Viejo de no contratación es porque conocía que sí se estaban contratando con las mismas", deduce el PSM. "No deja de ser llamativo que una autoridad administrativa pueda impartir órdenes de contratar o no contratar fuera de los expedientes administrativos correspondientes", agrega el escrito.

http://politica.elpais.com/politica/2013/07/04/actualidad/1372961158_346703.html

AGUIRRE TRASLADA A RAJOY LA PETICIÓN DE INVESTIGAR A LA DIPUTADA PROTEGIDA DE LAPUERTA

La presidenta del PP de Madrid anunció el lunes la apertura de una investigación en el seno del comité de derechos y garantías regional sobre el patrimonio, desvelado por El Mundo, de la diputada Carmen Rodríguez Flores, amiga íntima de Álvaro Lapuerta, extesorero del PP

Según los estatutos del partido, el órgano facultado para abrir un expediente a una diputada nacional es el comité de derechos y garantías nacional

El PP de Madrid trasladará el caso al órgano nacional correspondiente

El comité de derechos y garantías del PP de Madrid trasladará en los próximos días a su órgano homólogo nacional la petición de investigar el patrimonio de la diputada Carmen Rodríguez Flores. Tal y como adelantó infoLibre, el órgano, que a nivel regional preside la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no es competente para abrir un expediente a un parlamentario nacional, por lo que la queja ha de ser derivada al comité de conflictos nacional, presidido por Alfonso Fernández Mañueco. La pelota está, pues, en el tejado de Mariano Rajoy. Será la dirección nacional del partido la que tenga que decidir si abre expediente a Rodríguez Flores, amiga íntima del extesorero Álvaro Lapuerta.

Todo arrancó este lunes después de que el diario El Mundo publicara que "un donante de Bárcenas traspasó tres naves a la protegida de Lapuerta". Una noticia ante la que la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, reaccionó anunciando que Rodríguez Flores tendría "la oportunidad de dar explicaciones" ante el comité de derechos y garantías regional. La "protegida" de Lapuerta es diputada por Madrid y, además, concejal del distrito de Arganzuela.

El Mundo precisa que el constructor andaluz José Luis Sánchez Domínguez (Sando), imputado en el caso Bárcenas, traspasó en 2000 y 2005 a la diputada tres propiedades tasadas en 800.000 euros.

La noticia provocó un terremoto en el partido. Porque a la reacción de Aguirre siguió otra del abogado de la diputada en la que instaba a la presidenta del PP de Madrid a dar explicaciones sobre la trama de espionaje desatada en 2008 en la Comunidad de Madrid y sobre ciertas adjudicaciones de la Comunidad. No pasa por alto que Rodríguez Flores fue víctima de uno de los seguimientos.

El próximo martes está prevista una nueva reunión del comité de derechos y garantías del PP de Madrid. Fuentes del partido consultadas apuntan a que podría ser en esta reunión en la que se dé traslado al nacional de la petición de investigar a la diputada.

En el partido atribuyen la presencia de Rodríguez Flores en las listas al Congreso y al ayuntamiento a las presiones de Lapuerta ante la dirección nacional del PP.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/07/04/aguirre_traslada_rajoy_peticion_investigar_diputada_protegida_lapuerta_5501_1012.html

RUZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO GÜRTEL’ EN BOADILLA DEL MONTE

El juez instructor cita a declarar de nuevo al exalcalde González Panero y al exdiputado regional Alfredo Bosch, entre otros políticos y empresarios imputados

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz está próximo a cerrar la instrucción del caso Gürtel, la gran trama de corrupción en el Partido Popular. Y para ello trata de apuntalar judicialmente las diferentes ramas de la investigación. Una de ellas tiene que ver con el ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, en el que las empresas de organización de eventos de Francisco Correa y otras empresas –la mayoría constructoras- cubrieron de regalos y dinero a los políticos locales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos entre los años 2000 y 2009.

El magistrado ha citado nuevamente como imputados a los políticos, empresarios y testaferros que componen la trama de Boadilla. En su escrito, Ruz recuerda que el exalcalde de la localidad Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla, percibió de manos de la trama viajes, joyas y dinero en efectivo por valor de 637.000 euros. César Tomás Martín Morales, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda obtuvo 600.000 euros; el exdiputado regional Alfonso Bosch, 250.000 euros y el exedil José Galeote, medio millón.

A cambio de estas dádivas, las empresas de Correa obtuvieron numerosos contratos públicos de organización de eventos mediante distintos procedimientos fraudulentos, como el fraccionamiento de los contratos en varios servicios de cuantía inferior a 12.020 euros para evitar así tener que abrir un concurso público con publicidad.

Otras compañías constructoras como Teconsa, Constructora Hispánica o Sufi pagaron sobornos a los dirigentes políticos por la adjudicación de obras como la construcción de piscinas cubiertas, colegios o viviendas de protección oficial. Teconsa, por ejemplo, entregó 1,8 millones de euros por distintas concesiones.

Según la investigación, González Panero ocultó sus fondos ilícitos en cuentas en Suiza a nombre de sociedades interpuestas y utilizó el dinero para invertir en bienes situados en Miami (EE UU) y Marruecos.

http://politica.elpais.com/politica/2013/07/03/actualidad/1372872637_765158.html

EL PSOE PIDE QUE AGUIRRE TESTIFIQUE

La ex presidenta niega que se pagara la campaña electoral del PP con fondos públicos

El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, afirmó ayer que «los madrileños tienen derecho a saber cuánto dinero de las arcas públicas ha pagado la Comunidad de Madrid a Gürtel, ante las informaciones que cada día revelan la vinculación de la trama corrupta con los gobiernos del PP», en referencia a la información publicada ayer por EL MUNDO, en la que se denuncia que, según Hacienda, la Comunidad de Madrid pagó gastos electorales del Partido Popular.

Gómez indicó que, por todos estos datos que se están conociendo, «los socialistas de Madrid, que ejercen la acusación particular en el sumario Gürtel, han pedido a la Audiencia Nacional que testifique Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012 y actual presidenta del PP de Madrid, para que explique el Informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de fecha 30 de abril de 2013 sobre la contratación en la Comunidad de Madrid».

Para el líder de los socialistas madrileños, «había un triángulo maldito en términos de Gürtel: el señor Ignacio González, la señora Aguirre, que era presidenta de la Comunidad de Madrid, y el señor López Viejo, el muñidor y el hacedor de todo», destacó. Y explicó que, según el informe de IGAE, la práctica totalidad de los actos en cuestión, cuyo pago se tramitó a través de fraccionamiento de contratos, corresponden a actos de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid que fueron encargados al grupo empresarial del imputado Francisco Correa.

En la misma línea se expresó ayer el diputado Rafael Simancas, quien afirmó que «Aguirre y González deben saber que lo que produce bochorno es certificar que el PP pagaba sus campañas electorales con el dinero público de todos los madrileños, ya que en 2007 todos éramos conscientes de que el PP estaba gastando mucho más dinero que los demás. Lo escandaloso es comprobar que se pagaba con fondos de la Comunidad de Madrid», afirmó.

Sin embargo, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo ayer que las facturas publicadas por este diario corresponden a actos institucionales de la Comunidad de Madrid, no del partido.

Aguirre aseguró que «es completamente falso que el dinero de esas facturas se utilizara para pagar actos del partido».

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=16188748&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=03_07_2013&pla=pla_11014_Madrid


«LAS FACTURAS CORRESPONDEN TODAS ELLAS A ACTOS INSTITUCIONALES»

En relación a la información que EL MUNDO lleva hoy [por ayer] en su portada, según la cual la Comunidad de Madrid habría pagado gastos de la campaña electoral del Partido Popular en junio de 2007, el Partido Popular de Madrid tiene que declarar que se trata de una información absolutamente falsa.

Según el periódico, la Agencia Tributaria habría concluido que el dinero que la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid pagó a una empresa por la organización y montaje de actos de seguimiento electoral fue un dinero que, en realidad, se habría empleado en organizar actos electorales del Partido Popular de Madrid.

No sabemos cómo la Agencia Tributaria habría llegado a esa conclusión, pero la realidad es que las facturas que EL MUNDO exhibe para justificar su titular de primera página corresponden todas ellas a actos institucionales de la Comunidad de Madrid, desde la organización de la noche electoral para todos los medios de comunicación que seguían las elecciones, hasta el montaje de la toma de posesión de la presidenta electa y la del Gobierno.

Es verdad que, según están demostrando las investigaciones judiciales en marcha, algunos altos responsables de la Comunidad de entonces utilizaron las atribuciones de sus cargos para su provecho propio y que, por ello, están encausados y serán juzgados en su momento. Como también es verdad que, ante los primeros indicios de sus actuaciones delictivas y antes de que siquiera fueran imputados, todos ellos fueron separados de sus cargos.Pero ninguno de esos altos cargos tuvo nada que ver con la organización de la campaña del Partido Popular de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron en mayo de ese año. Y, por supuesto, es completamente falso que el dinero de esas facturas se utilizara para pagar actos del Partido.

Sólo nos queda lamentar que, en contra de lo que es norma habitual en el periodismo de investigación en el que ese periódico ha prestado grandes servicios a la sociedad española descubriendo graves casos de corrupción, nadie del periódico haya recabado información directa al PP de Madrid para contrastar la información de la Agencia, que, si existe, tampoco ha sido comunicada al Partido por esa Agencia.

Ahora más que nunca es necesario ser inflexibles ante cualquier caso de corrupción, por pequeño que sea, y, si lo que proclama EL MUNDO fuera verdad, estaríamos ante un caso importante. Pero el deseo de limpiar de corruptos la escena política española de hoy no puede llevarnos a lanzar acusaciones sin contrastar todas las fuentes implicadas. Si no somos rigurosos en la identificación de los corruptos y de los casos de corrupción, acabarán por ser iguales los honrados y los que utilizan el dinero público para su provecho personal.

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=16188747&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=03_07_2013&pla=pla_11014_Madrid

LA COMUNIDAD DE MADRID PAGÓ GASTOS DEL PP, SEGÚN HACIENDA

Un informe enviado a Ruz señala que el viceconsejero López Viejo abonó 178.000 de dinero público a una empresa de Gürtel por actos electorales

La Comunidad de Madrid financió actos electorales del PP durante la campaña para las elecciones autonómicas y municipales celebradas el 27 de mayo de 2007, según se desprende de un informe remitido ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria.

Según el documento, la Consejería de Presidencia de la Comunidad abonó durante el mes de junio de 2007 un total de 286.866 euros por el montaje de actos de carácter político, de los que casi 178.000 se habrían destinado a gastos electorales. La trama usó una sociedad pantalla para disimular su elevada facturación con el Gobierno autonómico.

La empresa que teóricamente habría llevado a cabo dichos trabajos fue MQM (Marketing Quality Management), cuyo administrador único es Antonio Martín Sánchez. Pero la que realmente los ejecutó fue Diseño Asimétrico, una sociedad que forma parte de la trama Gürtel.

En la conclusión segunda de su informe, la Agencia Tributaria afirma: «Dentro del contrato administrativo nº 3-AT-6.6/2007 para la ejecución de servicios de Montajes escenográficos de los actos institucionales a celebrar por la Comunidad de Madrid se prestaron servicios de carácter electoral. Del listado de facturas emitidas por MQM a la Comunidad de Madrid deducimos que el total de servicios por actos de apariencia electoral que fueron prestados por MQM tuvo un importe, IVA incluido, de 286.866 euros».

En el listado de las facturas que aparecen en el informe las hay de dos tipos: «Toma de posesión» (que podrían corresponder a gastos institucionales) y «Seguimiento electoral». Según fuentes de la investigación, éstas son las que se corresponderían con actos del PP. En conjunto, esas siete facturas suman una cantidad cercana a los 178.000 euros.

MQM forma parte de una larga lista de empresas que teóricamente trabajaban para la Comunidad de Madrid pero que, en la práctica, actuaban como pantalla para ocultar el enorme volumen de facturación de las empresas de la trama Gürtel con el Gobierno autonómico.

Según señala la Agencia Tributaria, MQM y Diseño Asimétrico firmaron un acuerdo de subcontrata el 27 de abril de 2007. Es sencillo: el contratista se compromete a subcontratar el 100% de las obras y servicios para la Comunidad de Madrid con el subcontratista. Por su parte, y como compensación, el contratista recibe 17.400 euros (15.000 más IVA) del subcontratista por el simple hecho de poner su nombre. El total facturado por MQM por cuenta de Diseño Asimétrico se elevó a 462.450 euros. Otra modalidad utilizada por dicha sociedad pantalla (además de recibir un dinero fijo) era cobrar una comisión del 11,5% sobre total facturado.

El modus operandide la ocultación queda así definido en el informe de la Agencia Tributaria remitido a la Audiencia Nacional: «Estaba acordado que Diseño no cobraba hasta que no lo hiciera MQM, lo que tiene toda su lógica siendo MQM un mero velo».

Según la Agencia Tributaria (que ha utilizado para su trabajo el informe elaborado por la Udef el pasado 21 de mayo), Alberto López Viejo «estaba detrás de todo el proceso». Por esas funciones, Gürtel le retribuía puntualmente en dinero negro. El informe de la Agencia dice textualmente que López Viejo «resolvía los problemas».

Hasta las elecciones de mayo de 2007, López Viejo era viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid (justamente desde esa Consejería era desde donde se abonaban las facturas de actos electorales a la empresa pantalla MQM).

Entre las empresas que la red Gürtel utilizaba como pantalla, el informe de la Agencia Tributaria destaca: Decoraciones CMR (que llegó a facturar 538.023 euros); empresas del Grupo Rafael (que facturaron un total de 801.866 euros); Sagitour 2000 (50.553 euros); Lata Latina (400.814); Quasar Iluminación y Sonido (42.745 euros); Dimo Stand (74.881 euros); Aekio (23.193 euros) y Dinámica Producciones y Eventos (108.306 euros).

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=16168639&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=02_07_2013&pla=pla_11014_Madrid

AGUIRRE PIDE QUE RODRÍGUEZ SE EXPLIQUE ANTE EL PARTIDO

El abogado de la diputada le replica que aclare el «espionaje»

Llegó sola y sola se quedó en su «bochorno» por el caso Bárcenas y por la noticia publicada ayer en EL MUNDO sobre los millonarios traspasos de naves por parte del constructor José Luis Sánchez Domínguez, antiguo donante del PP, a la «protegida» política del ex tesorero Álvaro Lapuerta, hoy diputada nacional, Carmen Rodríguez Flores.

«Yo vengo hoy absolutamente abochornada», enfatizó Esperanza Aguirre a los periodistas, a su entrada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, «por las informaciones que se están publicando sobre la corrupción en el PP». Así, con todas las letras: «corrupción en el PP», afirmó.

«Los políticos honrados estamos indignados», añadió la presidenta del partido en Madrid, que no contenta con ello, abogó por «poner freno a esta situación» y por sugerir que actúe el Comité de Derechos y Garantías regional. Un Comité que preside la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y que casualmente se reúne hoy mismo en la sede madrileña de Génova. «Creo que será el Comité de Derechos y Garantías el que posiblemente le dé la oportunidad de dar explicaciones», fueron sus palabras.

Unas palabras que rompieron con la ley del silencio impuesta con disciplina casi militar por el presidente del partido, Mariano Rajoy, y por la propia cúpula de Génova, pero que no tuvieron reflejo en el seno del Comité Ejecutivo. Puertas adentro, ni Aguirre pidió la palabra, ni Rajoy dio más turno que unos pocos segundos antes de levantar la sesión.

Fue sin embargo la propia diputada la que replicó a Aguirre a través de su abogado, Javier Iglesias Redondo, quien en declaraciones a Europa Press, arremetió contra la líder del PP de Madrid. Aseguró que ella también tiene que dar una explicación del «espionaje» que se realizó a su cliente y a Álvaro Lapuerta.

Y es que la matrícula del coche de la «protegida» de Lapuerta apareció en uno de los partes del presunto espionaje de la Comunidad de Madrid, dos veces archivado y dos, reabierto, hasta ahora. Un año antes de los hechos, en plena crisis interna del PP en 2008, Lapuerta había investigado al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González (Ver EL MUNDO 24-I-2009), lo que da idea de que la tensión viene de lejos. Fuentes del partido la sitúan en el tamayazo.

Además, el letrado retó ayer a Aguirre a hablar de «operaciones inmobiliarias» de personas muy cercanas a ella en la Comunidad de Madrid sobre las que no quiso dar detalles. Cuestión que mereció una nueva réplica de la propia Aguirre dirigida al letrado: «Por favor, le pido de rodillas que si tiene un indicio o sospecha de alguna operación opaca o irregular, la denuncie al juzgado o a los medios de comunicación, que también sirve».

El portavoz de Flores aseguró que lo pagado por las naves de Sando «no son 800.000 euros», pese a ser su valor de tasación, y que el dinero «no procede de ningún acto ilícito ni es una donación o un regalo». Sin embargo, no dio explicaciones sobre su origen, y se limitó a prometer que su cliente las dará, llegado el caso, ante el partido.

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=16167968&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=02_07_2013&pla=pla_11014_Madrid

LAS FIGURITAS NO ERAN DE LA GÜRTEL

El nacimiento que la trama facturó al Gobierno en 2005 era propiedad de la Asociación de Belenistas

La red cobró 80.000 euros por las luces y la tarima

El belén que el Gobierno regional colocó en la Casa de Correos en 2005 no costó 80.988,63 euros, tal y como sostienen los auditores del Ministerio de Hacienda, sino más de 100.000. En el informe que los inspectores de la Intervención General del Estado enviaron al juez Pablo Ruz —que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de la llamada trama Gürtel—, se olvida que el belén (figuras y decorado) fue transportado, montado y desmontado por la Asociación de Belenistas de Madrid, entidad sin ánimo de lucro y ajena a la trama. La entidad, tras un concurso, se quedó con la adjudicación del portal por unos 20.000 euros.

Las empresas de la Gürtel, en cambio, cobraron más de 80.000 euros solo por la tarima sobre la que iba el nacimiento, la iluminación o la impresión de trípticos relativos al evento.

Ángel Ibáñez, presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, recuerda que su entidad es la adjudicataria de numerosos nacimientos navideños en la capital desde 1945. “No tenemos nada que ver Gürtel. Nosotros fuimos los que montamos y desmontamos ese belén en 2005. Nos hicimos cargo de todo, excepto de la iluminación, la seguridad o la tarima. Cuando llegamos a un lugar, necesitamos que esté montada la tarima. Pero las figuras y todo lo demás es nuestro”.

La asociación de belenistas, ajena a la trama, monta nacimientos en la capital desde 1945
Esta entidad, según explica, se presenta a los concursos que convocan las administraciones y, por lo general, suele ganarlos porque es la más antigua y la que cuenta con los mejores especialistas. Ibáñez no puede precisar cuánto cobraron por el belén de 2005 porque en ese momento él no era el presidente de la asociación. “Depende de lo grande que sea y de la calidad de las figuras. Pero un belén de esas características, uno de los más visitados de España, puede costar entre 20.000 y 30.000 euros”.

En 2005, el presidente de la asociación era José Manuel Sánchez-Molina, que ratifica las palabras de su sucesor. “Desconozco los conceptos por los que otras empresas pudieron cobrar, nosotros no nos acercamos a esas cantidades ni de lejos”.

A la cantidad que recibió la asociación de belenistas, hay que sumar la que la trama facturó al Gobierno regional. Según los auditores, los 80.988,63 euros recibidos se desglosan de la siguiente manera: Montaje del escenario (24.413,96); diseño, cuatro lonas microperladas, soporte y maqueta de 21,90 metros cuadrados (18.765,40 euros); sonido, transporte, personal técnico, montaje y desmontaje y coordinación agencia (11.990,83), tapicería, mantenimiento un mes de las flores, moqueta e iluminación (5.997,81), creatividad, diseño e impresión de trípticos, coordinación y producción (7.996,62), manipulación de los 50.000 trípticos, mostrador, carga y descarga y transporte (11.824,3).

Los auditores de Hacienda insisten en su informe en que dos empresas de la red cobraron por duplicado por la iluminación y la tapicería, pero que es imposible “calcular el presunto pago indebido, ya que en dichas facturas no especifica el tipo de servicio, las unidades y el coste unitario”.

En 2007, la trama cobró un poco más por el nacimiento: 81.053,88 euros. Las figuras y la decoración corrieron, de nuevo, a cargo de la Asociación de Belenistas. “Nos presentamos todos los años al concurso de la Comunidad. Como siempre”, dicen.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/01/madrid/1372702128_784081.html

 

UN TESTIGO VUELVE A IMPLICAR A GERARDO GALEOTE EN LA ‘GÜRTEL’

El exedil del PP de Pozuelo Roberto Fernández dice al juez que el exeurodiputado participó en una reunión con la trama en la que se nombró a su padre gerente de un campo de golf

Galeote, que no está imputado, niega conocer a Isabel Jordán y anuncia una querella contra el exteniente alcalde de Jesús Sepúlveda

El testigo explica al magistrado Pablo Ruz que el exalcalde de Pozuelo le recomendó como abogada a la hermana de la ministra Ana Mato

El exconcejal denuncia la desaparición de varios millones de euros en la compra del centro comercial El Torreón

El exteniente alcalde del PP de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández ha vuelto a implicar al exeurodiputado del PP Gerardo Galeote en una adjudicación de la trama Gürtel, según consta en la declaración realizada el pasado 2 de abril ante el juez Pablo Ruz: "Hay una reunión y se decide que se plantea esa adjudicación [el campo de golf de Las Rejas]. Está Gerardo Galeote, está Isabel Jordán, creo recordar que Ana García y está el alcalde [Jesús Sepúlveda]. Entonces se produce la adjudicación y se da la gerencia y la dirección del campo a una persona inhabilitada, que es el padre de Gerardo Galeote, inhabilitado durante diez años".

Isabel Jordán era una de las principales empleadas del cerebro de la red, Francisco Correa, por lo que está imputada, al igual que Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Gerardo Galeote fue imputado inicialmente en el caso, pero Antonio Pedreira, que sustituyó a Garzón al frente de la instrucción, rechazó llamarle a declarar como imputado al considerar que no había indicios suficientes de que hubiera cometido ningún delito. De esta forma, Pedreira se oponía a la petición de la Policía Judicial, que en varios informes aseguraba que Galeote podría haber cobrado de la red de Correa más de 600.000 euros en comisiones ilegales. La investigación se archivó y Galeote fue rehabilitado por Mariano Rajoy, que en 2011 pasó a ser el quinto político del PP con mayor sueldo: 151.000 euros anuales. Entre 2009 y 2011, percibió 373.424 euros, con una subida en uno de los ejercicios de más del 40%. Gerardo Galeote también forma parte de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), dirigida por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz del PP para conocer la versión de Gerardo Galeote de los hechos. Según esta portavoz, Galeote ha negado haber participado en ninguna reunión con la que fuera número dos de Francisco Correa, Isabel Jordán. "No ha visto nunca a Isabel Jordán. Conoce su nombre por los medios de comunicación", explica la portavoz del PP. Además, Galeote también niega haber conocido al edil Roberto Fernández, que ha denunciado los hechos ante el juez. En relación al nombramiento de su padre, Galeote ha asegurado que sí fue designado como gerente del club de golf, pero que puso como condición no cobrar nada. También ha anunciado su intención de presentar una querella contra Roberto Fernández.

"La presencia de Gerardo Galeote era continuada"

En relación a este campo de golf, explica el testigo, Isabel Jordán presentó al Ayuntamiento la posibilidad de crear un campo "en colaboración con Gerardo Galeote, que no sé si esta imputado o no. Pero la presencia de Gerardo Galeote era continuada. Y decidimos formalizar una especie de mancomunidad entre Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda para elaborar este campo de las Rejas. Aquí sí que conozco a Paco Correa. Viene Isabel Jordán y posteriormente viene él, y se produce la adjudicación. No recuerdo a qué empresa, pero se produce la adjudicación y se nombra como gerente del campo de Las Rejas al padre de Gerardo Galeote, que está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público". Este nombramiento supone, según Fernández, un problema para Sepúlveda: "Al no tener Galeote ningún tipo de formación, porque solo tiene asignaturas de primero de Derecho, tuvimos que pagarle desde el Ayuntamiento un programa de alta dirección para poder darle una cobertura formativa", especificó al juez en su declaración el exconcejal del PP de Pozuelo de Alarcón. Fuentes del PP aseguran que Galeote ha asegurado que nunca ha visita el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

La declaración del 2 de abril como testigo del exedil del PP de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández se centró en las presuntas irregularidades protagonizadas por los imputados de la red Gürtel. En su testimonio, Fernández relata lo que considera irregularidades. Entre estas destaca, explica el mismo exedil, la Oficina de Atención Ciudadana (OAC): "Sepúlveda me envía un correo electrónico para que tratara correctamente a Isabel Jordán y a Correa", indica Fernández, que en otro momento de la declaración llega a asegurar que Sepúlveda le pide que le adjudique el servicio a Correa. En su testimonio Fernández también aseguró, en relación a los seguros municipales: "Se me pide a reciba a la hermana de Ana Mato. Y se me presenta en el Ayuntamiento como intermediaria". También Sepúlveda le dio la indicación de que recibiera "al cuñado de Ana Mato. Pero yo me negué en este caso".

La mujer del exdiputado del PP Jesús Merino

El ex teniente alcalde de Pozuelo del PP también se refirió Ana García, la mujer del exdiputado del PP Jesús Merino, también imputado en Gürtel y propietaria de la sociedad Everland, propietaria del piso alquilado por el PP en el que vive el diputado del PP en el Congreso Esteban González Pons. En relación al centro comercial El Torreón "Isabel Jordán nos presenta a la intermediaria del grupo Sigla-Vips, Ana García, a la sazón abogada, comisionista, intermediaria y la mujer de un diputado imputado en el caso Gürtel [Jesús Merino]. Actúa como intermediaria a través de Isabel Jordán". Y Sepúlveda, según este testimonio, decide comprar el centro comercial: "Nos reunimos con el director de Sigla, Ana García, el director de VIPS y Jesús Sepúlveda y acordamos un precio de compra con mi oposición", relata el testigo, que destaca que se compra por 19: "Jesús [Sepúlveda] me llama y me dice: Roberto he conseguido una negociación mucho mejor, y en vez de 26 lo vamos a comprar por 19. Pagamos 19 después de estar cerrados los 26... blanco y en botella...Yo cierro un precio y elaboro un pliego de condiciones. Y hay una partida presupuestaria por 26 millones....y 6 desaparecen", concreta el concejal.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/06/24/un_testigo_vuelve_implicar_gerardo_galeote_gurtel_5112_1012.html

UNA EMPRESA PÚBLICA PAGÓ LAS FACTURAS DE GÜRTEL DE LA CONSEJERÍA DE LÓPEZ VIEJO

Funcionarios de la Comunidad de Madrid testifican que recibieron “órdenes políticas” para derivar los pagos a Arpegio

Funcionarios de la Comunidad de Madrid han declarado esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que recibieron “órdenes políticas” para derivar a la empresa pública de suelo Arpegio las facturas que empresas de la trama Gürtel giraba por la celebración de actos de propaganda a la consejería de Cultura, Deportes y Turismo, en la época en la que estuvo dirigida por Alberto López Viejo.

El juez ha analizado esta mañana tres contratos celebrados con la empresa MQM, vinculada a Francisco Correa y pagados por Arpegio. El secretario general de Arpegio, Francisco Esquivias, ha admitido que pagaban los actos de la consejería pese a que la empresa pública no había contratado los servicios, que además no tenían que ver su campo de actividad. Uno de los contratos consistía en un acto del servicio de emergencias 112 y otro del desarrollo urbanístico de Arroyo Culebro. “No era tanto el importe de los actos [13.000 y 6.000 euros] como asumir el coste de un servicio que no habían contratado”, ha afirmado un letrado presente en los interrogatorios.

Tras tomar declaración a estos testigos, el juez Ruz interrogará este jueves a cuatro imputados por las adjudicaciones que la Comunidad de Madrid concedió de forma presuntamente irregular a las empresas de la trama Gürtel’. Supuestamente, Francisco Correa recurrió a ellos para poder amañar las adjudicaciones investigadas. Se trata de Juan Ignacio Hernández Rodríguez (Grupo Elba), Antonio Martín Sánchez (Marketing Quality Management), y Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno (Grupo Rafael).

El instructor de la Audiencia Nacional les imputó en un auto en el que acusó a la Comunidad de “ocultar la reiterada e incorrecta adjudicación de eventos” a sociedades de Correa, así como de “facilitar el fraccionamiento de los contratos y simular una concurrencia entre distintas sociedades realmente vinculadas con el mismo grupo”.

El magistrado realizó esta acusación tras estudiar el informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre 686 adjudicaciones de la Comunidad de Madrid por un importe total de 6,48 millones de euros. El informe determinó que en 104 casos se realizó un fraccionamiento de los contratos para que no superasen los 12.020 euros –límite legal- y no tener que sacarlos a concurso. Entre las adjudicaciones investigadas se encuentra contratos para actos como el primer aniversario del 11-M, la visita de Bill Gates en noviembre de 2004, la firma de un convenio con el Real Madrid, la realización de un vídeo de Esperanza Aguirre y un cuadro de Alberto Ruiz-Gallardón.

El juez sitúa en el centro de esta trama de contratos irregulares al imputado Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre.

La resolución dictada por Ruz señalaba que desde el entorno de Correa “se habrían efectuado cuantiosos pagos” a López Viejo “como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid”. Ruz detallaba que las comisiones por las adjudicaciones iban desde el 5% al 11,5% de la cuantía del contrato.

A López Viejo se le imputan delitos de prevaricación, cohecho, malversación, fraudea la Administración y contra la Hacienda Pública.

http://politica.elpais.com/politica/2013/06/19/actualidad/1371644481_644724.html

El juez Ruz interroga a tres testigos por los "cuantiosos pagos" que López Viejo recibía de Correa

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará este miércoles a tres testigos del 'caso Gürtel' por los "cuantiosos pagos" que el exconsejero de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo presuntamente recibió de la red de empresas liderada por Francisco Correa, informaron fuentes jurídicas.

Los comparecientes son Carmen García Expósito, que era jefa de la Secretaría de la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno regional cuando López Viejo simultaneaba este cargo con sus funciones como consejero, y Javier Peña, director de Servicios Generales de la Academia de Policía Local de Madrid en 2007.

Además, el magistrado ha citado a declarar a la persona que firmó uno de los contratos que son objeto de la investigación, en concreto, la factura y propuesta de la adjudicación de la presentación del Parque Forestal del Sur.

CUATRO EMPRESARIOS IMPUTADOS

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también tomará declaración el jueves a cuatro empresarios que presuntamente intermediaron en el pago de comisiones a López Viejo: Juan Ignacio Hernández Rodríguez, vinculado al Grupo Elba; Antonio Martín Sánchez, relacionado con MQM; y Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno, administradoras de varias sociedades del Grupo Rafael.

En un auto dictado el pasado 30 de mayo, el juez destacaba que desde el entorno de Correa "se habrían efectuado cuantiosos pagos" a López Viejo como consecuencia "de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y Consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid".

El magistrado explicaba que para facilitar el fraccionamiento de los contratos y así simular "una concurrencia de distintas sociedades", realmente vinculadas con el mismo grupo, Correa empleó no sólo empresas vinculadas con él si no también otras, que accedían a figurar en los documentos oficiales a cambio de comisiones de entre el 5 y el 11,5 por ciento.

El cabecilla de la red 'Gürtel' contaba con la "connivencia" de los gestores de las empresas para realizar este tipo de operaciones, de las que tenía también "conocimiento" el entonces consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre.

FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS

Además, Ruz pedía a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que ampliara el informe que realizó el pasado 30 de abril y que ha motivado los nuevos interrogatorios. En él se aseguraba que la Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley.

Del desglose de los actos contratados por cada consejería se desvelaba que el departamento de Cultura, Deportes y Turismo, que dirigía López Viejo, organizó 23 actos por importe de 719.345,85 euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por su parte, contrató 24 actos con las empresas de Francisco Correa por importe de 974.107,45 euros.

En el examen de la documentación analizada se ponían de manifiesto, según la IGAE, "facturas cuyo concepto es genérico o sin desglosar las unidades y su coste unitario, facturas cuya fecha de emisión es muy posterior a la celebración del acto y actos en los que intervienen diferentes órganos gestores que no inician el expediente de contratación sino que se limitan a pagar una factura por indicación del titular de una consejería determinada".

También se destacaba que se llevaron a cabo actos "negociados sin publicidad" como la presentación del Plan Prisma o la fabricación del 'stand' de la feria Integramadrid 2008, en los que no se promovió "realmente" la concurrencia "vulnerando los principios aplicables a la contratación pública".

http://www.europapress.es/madrid/noticia-juez-ruz-interroga-hoy-tres-testigos-cuantiosos-pagos-lopez-viejo-recibia-correa-20130619094218.html

REFERÉNDUM A UN PALACIO DE CONGRESOS "INCRUSTAO" EN UN CAMPO DE GOLF

Un proyecto para colocar un palacio de congresos en un campo de golf levanta polvareda política en Segovia. Ulibarri y Jesús Merino, imputados en Gürtel, se encuentran detrás.

"La Real Quinta de Quitapesares, que quitó los pesares de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, se ha convertido en el pesar de los distintos presidentes de la Diputación de Segovia". El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia y fundador del Rancho de la Aldegüela de Torrecaballeros, Javier Giráldez, se refirió así al monumental lío que hay montado a cuenta de un palacio de congresos que a la Diputación de Segovia, la Junta de Castilla y León, y la Cámara de Comercio se les ha ocurrido empotrar en la casa club de un campo de golf, y que ha levantado una polvareda tal que incluso ha provocado que el alcalde de Segovia lo vaya a someter a referéndum.

En Quitapesares, en los alrededores de La Granja, la viuda de Fernando VII se solazaba con Muñoz, un guapo sargento de su guardia de corps, con el que contrajo matrimonio morganático en secreto y con el que tuvo numerosa descendencia. Fue en esa finca pública, sita en el término municipal de Palazuelos de Eresma, donde a Atilano 'Milano' Soto, presidente de la Diputación de Segovia y de su caja de ahorros, se le ocurrió dar el pelotazo, con un complejo residencial, hotelero, empresarial y deportivo, con campo de golf incluido, que lleva por nombre Segovia 21 y que ha resultado ser un tremendo fracaso: El hotel, de NH Hoteles, está abandonado; las 40 viviendas, en pleitos; el vivero de empresas, medio vacío; y el campo de golf, sin socios suficientes. Para más inri, la deuda confesa de esta sociedad participada por Diputación de Segovia, Bankia y Cámara de Comercio era de 18 millones de euros a finales de 2012.

Jesús Merino, Ulibarri y Elías Benatar

Hace un año, UPyD denunció ante la Fiscalía que un trato de favor de Segovia 21 hacia la inmobiliaria Segóbrida del Eresma causó un perjuicio a la Diputación de 1,4 millones de euros y recomendaba a la institución provincial, máxima accionista del complejo, que renovara el Consejo de Administración. Dicho y hecho. La corporación destituyó al Consejo en favor de una sociedad unipersonal, Verae, y llevó ante la Fiscalía un sospechoso contrato con Fomento Territorial por un "posible exceso de pagos".

Fomento Territorial, presidida por el empresario francés Elías Benatar, tenía lazos con empresas consultoras vinculadas al exdiputado segoviano y exconsejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, apartado de la carrera política a raíz de su imputación en el 'caso Gürtel'. Cabe recordar que la urbanización de Segovia 21 fue adjudicada en su día por más de 14 millones de euros a Begar, pata constructora de otro imputado en Gürtel: José Luis Ulibarri.

El antiguo Consejo de Administración desfila ante el fiscal

Así pues, a principios de 2013, desfilaron ante el fiscal jefe de Segovia, Antonio Silva, los antiguos consejeros de Segovia 21, o sea: Atilano Soto (Caja Segovia), Manuel Escribano (Caja Segovia), Jesús Sánchez (Segovia 21), Benigno Rodríguez (Banco Santander), Miguel Ángel González (Ontex), Tomás Rivilla (Cámara de Comercio), Jesús Postigo (Cámara de Comercio), David Rubio (PSOE), y Elías Benatar (Fomento Territorial).

Para enmarañar más las cosas, al caso aún abierto en la Fiscalía, hay que añadir la demanda de Fomento Territorial a Segovia 21 por impago de 280.000 euros y la reclamación por parte de Atilano 'Milano' Soto de 80.000 euros de finiquito al dejar de ser consejero delegado de la sociedad.

El Santander financiará a la Junta ocho millones en diez años

Así las cosas, llegamos a la primavera de 2013. Y para intentar salir del atolladero, a alguien se le ocurre la genial idea de montar un palacio de congresos en Segovia 21. En medio del campo de golf hay un edificio del siglo XIX, antiguo pabellón de caza, que lleva por nombre La Faisanera. Reconvertido en casa club del campo de golf, o "jaus clab" (sic), según Giráldez, la Diputación, la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio pretenden insertar en su patio el palacio de congresos. Es por ello que el socarrón de Torrecaballeros llama a la ocurrencia "el incrustao". Su pariente, Luis Peñalosa, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Segovia, lo ha calificado de "aberración arquitectónica".

Peor aún es la ‘ingeniería’ con que aspiran a financiarlo. En un momento en el que la Junta de Castilla y León deja a sus pueblos sin urgencias nocturnas, a sus universitarios sin campus y a sus paisanos sin tren, la consejera de Agricultura y Ganadería Silvia Clemente, actual responsable de la Junta en Segovia 21 tras Jesús Merino, anunció que el gobierno de Juan Vicente Herrera financiaría el 40% del engendro a través de una subvención a diez años, gracias a un préstamo del Santander que aún estaba pendiente de cerrar. En total, ocho milloncejos de euros. A los que hay que añadir la construcción de un vial desde el palacio de congresos a la estación del AVE Segovia-Guiomar.

"El palacio de congresos busca tapar vergüenzas"

Al conocer la noticia, la primera reacción del alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, que lleva años exigiendo al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que cumpla su palabra de implantar un palacio de congresos en cada provincia de la región, fue la siguiente: "El palacio de congresos puede ser una nave de cerdos". El hedor levantado todavía se siente en la ciudad del cochinillo.

Pedro Arahuetes, también presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, dice no entender cómo se pretende construir un palacio de congresos a dos kilómetros del de La Granja y a ocho del que ansían en Segovia. Y denuncia alto y claro lo que muchos en Segovia murmuran: Que "el palacio de congresos busca tapar vergüenzas". Es por ello que decretará una consulta popular de diez días entre los segovianos, coincidiendo con las fiestas de San Juan y San Pedro, con la siguiente pregunta: "Quiere usted que se construya el palacio de congresos de Segovia en Palazuelos de Eresma?".

http://www.vozpopuli.com/buscon/26395-referendum-a-un-palacio-de-congresos-incrustao-en-un-campo-de-golf

EL JUEZ HACE UNA PRUEBA DE CALIGRAFÍA A ORTEGA, IMPUTADO EN EL GÜRTEL

El exalcalde de Majadahonda realiza un examen de su escritura en la Audienca Nacional

Se quiere comprobar si coincide con la de unas transferencias a cuentas en Suiza

Guillero Ortega, exalcalde de Majadahona (2001-2005) e imputado en el caso Gürtel, llegó a la Audiencia Nacional esta mañana a pie y con semblante tranquilo, acompañado por su abogado alrededor de las 11.00. El juez Pablo Ruz, que lleva el caso Gürtel, le había citado para que se le realizara una prueba caligráfica que permitirá comparar su escritura con la de unas órdenes de transferencia manuscritas en bancos de Suiza realizadas entre 2002 y 2003 por un importe de 270.781 euros.

La toma del cuerpo de escritura duró media hora, tras la cual Ortega abandonó la Audiencia sin realizar ninguna declaración al respecto. El abogado confirmó que se había llevado a cabo la prueba y que se había desarrollado sin ningún problema. Ortega solo se refirió a su estado de salud y a una operación de corazón que se le ha realizado y que indicó "ha salido muy bien".

Según informa Efe, dos de los manuscritos que el juez pretende cotejar con la letra del alcalde son del año 2002. En febrero se ordena una transferencia de 90.151 euros desde una cuenta de la sociedad Tranquil Sea en el banco CIC a la empresa Sundry Advices, vinculada a Ortega. La segunda orden de transferencia, de 18 de marzo, también desde Tranquil Sea a la misma cuenta por un importe de 30.000 euros. El tercer envío de dinero (150.630 euros) tiene fecha 4 de junio de 2003 y se realiza desde Suiza a una cuenta de la empresa Pacsa, vinculada a Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama.

Los tratos de Ortega con entidades bancarias en Suiza han salido a relucir también en un informe que la Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional, en el que se indica que Ortega tenía en 2002 una cuenta en el banco suizo Banque Cial, abierta a nombre de la "sociedad interpuesta Tranquil Sea, con un saldo de más de 420.000 euros.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/07/madrid/1370610348_630063.html

MADRID TROCEÓ LAS ADJUDICACIONES A GÜRTEL EN 657 CONTRATOS PARA CAMUFLARLAS

La Intervención General certifica que los contratos vulneraron la transparencia y la publicidad

Sobre la mesa del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se encuentra desde el pasado lunes un informe que certifica el supuesto trato de privilegio y las irregularidades cometidas por la Comunidad de Madrid a favor de las empresas de la trama Gürtel entre 2004 y 2008. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), máximo responsable del control de la gestión económica del sector público, ha analizado por orden del magistrado todos los contratos celebrados por el ejecutivo regional con las sociedades de la red liderada por Francisco Correa. Estos tuvieron como eje a Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre y que está imputado en la causa por cobrar supuestamente sobornos a cambio de los contratos. El resultado es un cúmulo de sobrecostes, concursos amañados, facturas sin justificar y otras vulneraciones de la Ley de Contratos Públicos.

Las empresas de Correa se dedicaban principalmente al montaje y organización de actos conmemorativos e institucionales de las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Los interventores han verificado 686 actos por un importe de 6,48 millones de euros. Del total de eventos —inauguraciones de escuelas, primeras piedras de hospitales, o entregas de premios diversos— 103 pagos carecen de facturas justificativas, y su gasto ha tenido que imputarse genéricamente a la consejería que supuestamente lo contrató.

La Comunidad tramitó seis expedientes de contratación por un importe de 1,14 millones y 657 contratos menores —inferiores a 12.020 euros, y por lo tanto no sujetos a publicidad— por valor total de 5,33 millones. Los auditores de la IGAE consideran que “en al menos 104 actos ha quedado acreditado el fraccionamiento”, es decir, que se trocearon los contratos para no superar los 30.050 euros, lo que obligaría a convocar un concurso público. El importe de los expedientes fraccionados suma 3,16 millones de euros, un 69% del total de los contratos menores.

Las supuestas irregularidades también alcanzan a los seis expedientes por importe superior a 30.050 euros. Dos de ellos se celebraron por el procedimiento “negociado sin publicidad”, por el que la Administración invita a una serie de empresas a que presenten sus ofertas, y se escoge a la que resulte más ventajosa. En ambos casos, la Comunidad invitó a licitar a tres empresas, pero con una salvedad: todas ellas eran del mismo grupo de Correa.

Los otros cuatro expedientes mayores —en los que se celebraron concursos públicos que recayeron en las empresas de la trama— presentan llamativos sobrecostes. En el acto de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes de 2006, se produjo un “pago indebido” de 15.200 euros por “duplicidad de servicios”. En el contrato para el montaje escenográfico de los actos institucionales de la Comunidad de Madrid, adjudicado a MQM SL en 2007, la sociedad subcontrató servicios a empresas del mismo grupo, lo que supuso una desviación del 80% sobre el presupuesto de ejecución. Los interventores entienden que el contrato con MQM funcionó “como una especie de cuenta corriente en donde de forma arbitraria se han ido incluyendo o no los servicios prestados” por esa sociedad adjudicataria.

Otros actos, como la Cumbre Flamenca de septiembre de 2005, cuya organización costó 21.480 euros, se adjudicó directamente pese a que superaba los 12.020 euros. La factura del acto se emitió en enero de 2007, 16 meses después de la celebración. La visita de Esperanza Aguirre al Parque Empresarial de La Carpetana, con un importe de 34.700 euros, se adjudicó a una empresa de Gürtel “por razones de urgencia”, que no fueron nunca justificadas.

Además, de las 573 facturas que han examinado los fiscalizadores estatales, 418 carecen de desglose o detalle de las operaciones cobradas, como exige el reglamento que regula las obligaciones de facturación de los gastos públicos. Otras 56 facturas apenas cuentan con un concepto genérico. Solo 96 recibos —un 17% del total— están debidamente cumplimentados. El que en las facturas figuren “cantidades a tanto alzado” no solo vulnera el reglamento, sino que “imposibilita verificar y certificar correctamente” que el servicio prestado por las empresas de la trama se correspondía con lo solicitado por la consejería contratante.

El último bloque de la investigación

El análisis de los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas de la trama Gürtel es previsiblemente el último bloque que se plantea el juez Pablo Ruz de una investigación que se inició en el año 2008. Aunque el magistrado pretendía que las pesquisas del tronco principal del caso estuvieran terminadas antes del verano, fuentes de la Audiencia Nacional calculan que la causa seguirá abierta hasta principios del otoño.

En esta fase, uno de los personajes clave es Alberto López Viejo, uno de los antiguos hombres fuertes de la Comunidad y que fue destituido en febrero de 2009 como consejero de Deportes por la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, su gran valedora política, tras destaparse la operación policial contra la corrupción en el entorno del PP.

López Viejo, de 45 años, está acusado de cobrar hasta 563.000 euros en sobornos de la trama corrupta. El pasado 29 de abril, el juez Ruz ordenó el embargo de dos casas y de todas las cuentas bancarias del exconsejero y exdiputado regional del PP. El embargo tiene como objetivo que haga frente a la fianza por responsabilidad civil de 750.000 euros que le impuso el anterior instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.

El que fue una de las personas de mayor confianza de Aguirre está imputado por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y asociación ilícita. López Viejo abrió una cuenta en Suiza en 2002 y regularizó su situación con el fisco en 2012.

http://politica.elpais.com/politica/2013/05/08/actualidad/1368036870_972285.html

CAJA MADRID, CON BLESA COMO PRESIDENTE, CONCEDIÓ 6,7 MILLONES DE EUROS AL ‘CEREBRO FINANCIERO’ DE LA TRAMA

Artas Consultoría, cuyo administrador único en José Ramón Blanco Balín, recibió dos préstamos

Sirvieron para financiar la construcción de 33 locales y 106 plazas de garaje en una superficie cedida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Caja Madrid otorgó en 2008 dos créditos por un valor conjunto de 6,7 millones de euros a Artas Consultoría, sociedad anónima cuyo único administrador es José Ramón Blanco Balín, considerado el cerebro financiero de la trama Gürtel. Miguel Blesa presidía entonces la caja de ahorros (cuyo negocio financiero fue traspasado al grupo Bankia en 2011).

El primero de los préstamos concedidos, formalizado en el mes de julio de ese año, ascendió a 5,9 millones de euros; el segundo, por 800.000 euros, fue evaluado durante agosto. Ambos sirvieron para financiar la construcción de varios locales y plazas de garaje en una superficie que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cedió a Artas Consultoría, cuando Arturo González Panero era alcalde por el Partido Popular (éste renunció al cargo después de ser imputado en el caso Gürtel por los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad).

La excusa del sobrecoste

La sociedad de José Ramón Blanco Balín había resultado adjudicataria de tres parcelas de uso terciario en la localidad madrileña, en las que construyó 33 locales y 106 plazas de garaje que explotaba en régimen de alquiler. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte asignó el derecho de esta superficie por un plazo de 99 años y un canon anual de 81.344 euros, cantidad considerada “realmente reducida” por Caja Madrid, según consta en el informe de riesgos de la segunda operación, solicitada para pagar el IVA de las obras realizadas. En este documento [consultar] al que ha tenido acceso ZoomNews queda recogido, asimismo, que el consistorio de la localidad madrileña bajó el precio de esta cesión desde los 320.000 euros iniciales por “el sobrecoste de la construcción respecto a la planificación inicial”.

Pese a que Artas Consultoría apenas había tenido actividad desde 2005 (cuando fue constituida con un capital social de algo más de 60.000 euros) y que en el ejercicio previo a la solicitud de los créditos (2007) el resultado de explotación arrojó unas pérdidas de 7.000 euros, el Comité Financiero de la entidad resolvió la concesión del primero de los préstamos por 5,9 millones de euros. Asimismo, el Comité de Dirección de Negocio de Caja Madrid, evaluador de los riesgos, aconsejó la siguiente operación por 800.000 euros sobre la base de la “excelente” ubicación de los locales y las perspectivas de beneficio que eso hacía albergar.

El análisis de la entidad correspondiente al segundo crédito apuntaba: “Se enclavan en el corazón del ámbito financiero y comercial de Boadilla del Monte, totalmente consolidada en cuanto a población, comercio y servicios se refiere. Los locales de Artas son los únicos disponibles en toda la zona, habiendo comprobado personalmente que la ocupación en los alrededores es superior al 95%. Justo enfrente de los locales de Artas se encuentra la parada del Metro Ligero, estación Infante Don Luis. Entre los arrendatarios ya contratados se encuentra El Corte Inglés (Opencor), Gilmar y el propio Ayuntamiento de Boadilla del Monte donde ha ubicado la Oficina de Atención al Ciudadano, una comisaría de policía local y las oficinas de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda”.

Clientes de "primera fila"

El informe también aludía a la previsión de resultados de la sociedad de Blanco Balín y a la evolución de las rentas: “En estos momentos, suponen unos ingresos mensuales de 48.000 euros. Los ingresos por alquiler, con el 100% de los locales y plazas contratados ascenderá a 115.000 euros mensuales. La cuota mensual de amortización del préstamo supone un 42% de esta cantidad. En cuanto a la capacidad de generación de recursos, Artas nos ha facilitado la cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional en la que se observa un elevado excedente de la explotación y cash flow suficiente para atender correctamente el repago de la operación”.

No fue ésta, no obstante, la única razón para que Caja Madrid financiara a Artas Consultoría. Según recoge la valoración de la entidad, “la principal compensación a futuro es el inicio de operaciones con el entorno de D. Ramón Blanco, cuyo potencial de negocio es elevadísimo, y sin duda nos aportará nuevas relaciones comerciales con clientes de primera fila, económicamente hablando”.

José Ramón Blanco Balín fue vicepresidente de Repsol cuando Alberto Cortina ocupó la Presidencia de la petrolera y es conocido por la amistad que le vinculó al expresidente del Gobierno, José María Aznar. Durante años estuvo considerado parte de los círculos de decisión del país. Asesor fiscal (es inspector de Fianzas del Estado en excedencia) ha sido retratado como una de las piezas claves del caso Gürtel, como responsable del entramado societario en el extranjero que Francisco Correa y el resto de la trama utilizó para evadir capitales.

En febrero de este año saltaba de nuevo a la palestra porque la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) lo relacionaba con quien aconsejó a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEOE, que contratara a Ángel del Cabo para vaciar Marsans. También a cuenta de Díaz Ferrán y de un crédito de 26,5 millones de euros que éste recibió en 2009, está imputado el antiguo presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y el Comité Financiero de Caja Madrid por aquel entonces.

Bankia pretende recuperar una parte

El pasado mes de marzo, Bankia dirigió un escrito al Juzgado Central de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional para notificar que dado que Artas Consultoría S.A. no había atendido el pago de la cuota de algo más de 38.000 euros con fecha de vencimiento 3 de marzo (en el contexto de la investigación sobre la trama Gürtel quedaron bloqueados los bienes tanto de la sociedad como de José Ramón Blanco Balín) procedía a aplicar dicho cargo a la cuenta constituida como prenda del préstamo de 5,9 millones.

Explicaba, asimismo, que esa cuenta, en la que queda un saldo de algo más de 165.000 euros, “continúa pignorada en garantía de la operación de préstamo”. Bankia pretende así recuperar una parte, casi testimonial, de los 6,7 millones de euros concedidos a Blanco Balín por Caja Madrid.

http://www.zoomnews.es/48148/actualidad/espana/caso-guertel-caja-madrid-blesa-como-presidente-concedio-67-millones-euros-al

EL JUEZ DE ‘GÜRTEL’ INVESTIGA OTRA OPERACIÓN DE 12 MILLONES EN MADRID

La firma Vancouver Gestión compró la finca en 2006, obtuvo la licencia de obras para construir 99 viviendas el 6 de septiembre de 2007 y vendió el terreno un mes más tarde

El vendedor fue David Marjaliza, conocido por su amistad con el ex secretario general del PP Francisco Granados

El magistrado ya ha tomado declaración como testigo a uno de los responsables de la empresa de Marjaliza

El magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, está investigando una operación urbanística de 12 millones de euros firmada el 5 de octubre de 2007 en el municipio madrileño de Valdemoro, según un auto aportado al sumario el pasado 23 de abril. Se trata de la venta de un solar por parte del empresario David Marjaliza, con gran presencia en negocios inmobiliarios en la Comunidad de Madrid (entre otras firmas a través de Dico) y conocido por su amistad personal con el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

Ruz ha solicitado la escritura pública de la compraventa de esta finca de Valdemoro en relación con la investigación que se desarrolla sobre el imputado Antonio Villaverde Landa, considerado testaferro del presunto cerebro de la red 'Gürtel', Francisco Correa. Hasta el momento, según el sumario, las pesquisas apuntan a que Villaverde Landa era uno de los encargados de transferir el dinero opaco de Correa a Suiza y Estados Unidos mediante un sistema de "compensación" (ver PDF). Asi, Villaverde Landa recibía el dinero en efectivo del entorno de Correa y se lo entregaba a otras personas en España, que eran las encargadas de transferir desde sus propias cuentas el dinero a Suiza o Estados Unidos. El total de fondos transferidos superó los 1,8 millones de euros. Este testaferro también gestionó el dinero del número dos de Correa, Pablo Crespo, y de una sociedad atribuida al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.

En Valdemoro Ruz centra sus pesquisas en la adquisición por parte de la empresa Staig Madrid, representada por Antonio Francisco Calvo Leira, de un solar en el centro de esta localidad madrileña a la firma Vancouver Gestión SL, de David Marjaliza. Según la documentación aportada por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado, Marjaliza vendió el 5 de octubre de 2007 un solar de 1.475 metros cuadrados, en la Plaza Duque de Ahumada, que había adquirido un año antes. La escritura de la venta del solar indica, además, que Marjaliza suscribió el 19 de septiembre de 2006 un préstamo por 6,4 millones de euros, que canceló el mismo día de la venta a Staig Madrid, una sociedad con sede en Pozuelo de Alarcón.

La licencia de obras fue concedida por el Ayuntamiento de Valdemoro apenas unos días antes de la operación, en concreto el 6 de septiembre de 2007. La propuesta partió del concejal de Urbanismo y Obras, José Javier Hernández Nieto, que permitió la construcción de 99 viviendas, locales comerciales y garajes.

El pago, según la escritura, se efectuó mediante dos cheques. Utilizando la sociedad de Marjaliza uno de ellos, por un valor de 6,4 millones, para cancelar la hipoteca con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Para completar la información, Ruz ha solicitado a la Agencia Tributaria que recabe el modelo 347 (un formulario que deben presentar todas las empresas comunicando las operaciones superiores a 3.000 euros) del año 2007 de las mercantiles que realizaron la compraventa en Valdemoro, concretamente Vancouver Gestión y Staig Madrid. En ese sentido el juez, según fuentes de la investigación, ya ha tomado declaración como testigo a José Luis Cápita Gallardo, uno de los administradores de la empresa de Marjaliza.

infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz de la firma Vancouver, que rechazó cualquier ilegalidad en la operación. "Nosotros estamos al día con la venta, y los talones estaban en regla. Debe ser que quién nos compró el terreno ha hecho algo mal. Pero no sabemos nada", explicó dicho portavoz. Pese a la elevada cifra de la operación, de 12 millones de euros, aseguró "no recordar" la identidad del comprador y alegó que la mayor parte de las operaciones se realizaban con intermediarios: "Y nosotros le pagamos su comisión, y no hubo ningún problema".

Esta no es la primera vez que aparece el nombre del Marjaliza en el sumario del caso Gürtel. La propia denuncia inicial presentada en 2008 por el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas ante la Fiscalía Anticorrupción incluía una grabación en la que el constructor de la firma Dico Raúl Calvo conversaba con el denunciante de 'Gürtel' acerca de la situación del PP madrileño. En esta grabación, que fue publicada por El País el 10 de abril de 2010, el contructor vinculaba a Marjaliza con el ex consejero madrileño Francisco Granados. "Marjaliza es el tapado de Granados", especifica la grabación que consta en el sumario.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/05/02/ruz_investiga_venta_por_millones_terreno_importante_constructor_madrid_3243_1012.html
 

EL JUEZ ORDENA EL EMBARGO DE DOS CASAS Y LAS CUENTAS DEL EXCONSEJERO LÓPEZ VIEJO

El exconsejero debe hacer frente a la fianza civil de 750.000 euros que le impuso el juez Pedreira

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el embargo de dos casas y de todas las cuentas bancarias del exconsejero de Deportes del Gobierno de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo. El embargo tiene como objetivo que haga frente a la fianza por responsabilidad civil de 750.000 euros que le impuso el anterior instructor del caso Gürtel Antonio Pedreira.

Hasta ahora, López Viejo solo había depositado como aval una vivienda que comparte en Madrid con su esposa. El juez le había dado un plazo para que mostrara más bienes con los que avalar esa fianza, al entender que la citada casa era un bien insuficiente. Por eso ahora Ruz ordena embargar otra casa que posee en Caspe, Alicante, y todas sus cuentas corrientes.

Ruz destaca que el dinero es para que haga frente a las responsabilidades pecuniarias derivadas de los delitos (seis en total) que le imputan él y la Fiscalía Anticorrupción: blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y asociación ilícita. López Viejo, uno de los más estrechos colaboradores de Aguirre, fue el encargado de organizar todos los actos de la presidenta durante sus mandatos al frente de la Comunidad de Madrid: desde primeras piedras de nuevos hospitales, inauguración de escuelas y guarderías, hasta actos benéficos…

Los actos los realizaba la trama Gürtel, a precios superinflados, casi el doble de lo que podían costar en el mercado, y López Viejo se llevaba supuestamente una comisión. Los distintos jueces instructores del Gürtel han requerido a la comunidad para que les facilite más de 400 contratos de actos del Gobierno regional en los que habría intervenido el exconsejero López Viejo.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/29/actualidad/1367235637_830567.html

HACIENDA ASEGURA QUE 4 MILLONES DE LA OPERACIÓN CALDERÓN SIRVIERON PARA PAGAR UNA COMISIÓN A CORREA

La Agencia Tributaria acusa al dueño de Martinsa de defraudar casi 6 millones por tener dinero en paraísos fiscales

Fernando Martín declaró un ingreso de 5 millones por vender acciones de una empresa, pero realmente fueron 9 millones, según el informe oficial

El empresario zaragozano Manuel Salinas Lázaro pagó en junio de 2006 al dueño de Martinsa, Fernando Martín, cuatro millones "sin declarar" a cambio de entrar en el negocio de la recalificación delVicente Calderón, según indica un informe de la Agencia Tributaria. "Las rentas no declaradas por Martín son consecuencia del descubrimiento de la existencia de un patrimonio oculto, que estaba situado ya sea de forma directa o con una sociedad pantalla interpuesta, en cuentas en entidades bancarias situasas en paraísos fiscales", sostiene el documento.

Hacienda indica también que la declaración presentada por Martinsa reseña ingresos de 5 millones de euros, pero que no contabiliza los cuatro millones de euros que recibió directamente en una cuenta a nombre de Cedargrove en Mónaco. Por ese dinero y otras cuentas Hacienda le acusa de defraudar casi 6 millones de euros.

El documento elaborado por Hacienda el pasado 7 de marzo especifica también que los cuatro millones que no declaró Martinsa pasaron a engrosar las cuentas del Fernando Martín en Mónaco, que transfirió 13 millones a Francisco Correa como intermediario de la operación Arganda. Considerado el mayor pelotazo del caso Gürtel, que en total se elevó a 25 millones de euros. Según un arquitecto que trabajó para Martinsa en Arganda, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, permitió modificaciones de la edificabilidad que favorecieron a la firma de Fernando Martín, que obtuvo unas plusvalías de casi 200 millones de euros.

El informe de Hacienda, que consta de 118 folios, relata que la empresa Tasal, cuyos dueños son el matrimonio Salinas-Villaba, compró a la de Fernando Martín el 5,01% de las acciones de RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales. Esta firma era la titular del 10% de las acciones de la División Inmobiliaria del Atlético de Madrid, que fueron adquiridas a los dirigentes del Atlético de Madrid, como paso previo a la reclasificación del estadio Vicente Calderón y de la antigua fábrica de la cerveza Mahou. Este acuerdo, según explicó el Atlético de Madrid, fue finalmente disuelto.

Estos cuatro millones "opacos" elevarían el coste del 5% de RTM "como mínimo a los 9 millones de euros", argumenta el documento de Hacienda, que especifica que Martinsa incluyó en su contabilidad una entrada de 5 millones, declarando solo por eso unos beneficios de 4,8 millones de euros.

"El señor Salinas manifiesta que el destino de la transferencia a favor de Cedargrove de 27 de junio de 2006 por 4 millones de euros es el pago por la compra de acciones de RTM", indica la funcionaria de Hacienda, confirmando que el empresario zaragozano adquiere finalmente las acciones, pero no a su nombre, sino al de su empresa Tasal. "Es importante señalar que en el documento bancario en el que Manuel Salinas Lázaro ordena la transferencia se menciona expresamente a RTM S.L."

La información suministrada por el Principado de Mónaco sobre el banco Lloyds TBS, en el que Fernando Martín tenía una cuenta, confirma quede los 13 millones pagados a Correa, Fernando Martín aportó 7, Manuel Salinas, 4; y Amando Mayo, 2. Todos imputados en el caso 'Gurtel'.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/03/13/hacienda_explica_que_millones_dinero_opaco_compra_rtm_sirvio_para_pagar_una_comision_millones_correa_1111_1012.html

350.000 EUROS TRAS LA RECALIFICACIÓN DEL ESTADIO DEL ATLÉTICO DE MADRID

Fernando Martín y su socio pactan el reparto del dinero tras la aprobación urbanística

El Ayuntamiento de Madrid firmó dos años después del acuerdo privado un protocolo de actuación para reclasificar el terreno

La existencia de un contrato privado firmado en febrero de 2005entre Fernando Martín y Amando Mayo, regulando el pago de 700.000 euros en concepto de inversión en la operación Calderón, pone de manifiesto que los dos imputados estaban interesados en que se reclasificara el estadio, con la intención de construir viviendas. En el documento se cita un contrario previo, suscrito el 27 de enero del mismo año entre RTM y el Atlético de Madrid, en el que se explica que el club había vendido el 10% de la división inmobiliaria rojiblanca a RTM, que compraba 2.261.848 de acciones (22,6 millones de euros). Ambas partes se prometen "de forma recíproca", la compraventa de los 20 millones de acciones restantes del club en la División Inmobiliaria del Atlético (Dicam).

El apartado segundo del contrato, relativo a la contraprestación por la aportación de 700.000 euros, indica que el socio-gestor (Martinsa) se obliga a realizar al cuenta partícipe (Amando Mayo) los siguientes pagos a cuenta de la liquidación definitiva del proyecto: "La cantidad de 350.000 euros en el plazo de 15 días desde la aprobación definitiva del planeamiento que resulte necesario para la obtención de losaprovechamientos acordados en el convenio urbanístico que se firme entre el club, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la reordenación de la parcela en que se ubica actualmente el estadio Vicente Calderón". Martinsa también se comprometió en el acuerdo, que en su punto octavo incluye una cláusula de confidencialidad, "a abonar 350.000 euros en el plazo de 15 días desde el otorgamiento de las licencias de obras necesarias para la ejecución del proyecto inmobiliario".

De esta forma, tanto Fernando Martín como Amando Mayo confiaban en que el Consistorio madrileño, encabezado por el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre de presidente e Ignacio González como número dos, iban a dar el visto bueno a la operación urbanística. Pero el acuerdo con el Ayuntamiento no llegó hasta el 30 de julio de 2007, dos años después de que Martinsa y Amando Mayo firmaran su contrato.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/27/350_000_euros_dias_desde_aprobacion_definitiva_del_planeamiento_650_1012.html

EL ALCALDE DE ARGANDA MANTUVO HASTA 2005 UNA CUENTA CONJUNTA CON MARTÍN VASCO Y GINÉS LÓPEZ

Pablo José Rodríguez Sardinero sustituyó al exregidor tras dimitir por su imputación en el caso 'Gürtel'

Benjamín Martín Vasco cobró 150.000 euros de la cuenta en la que Correa recibió 13 millones de euros del empresario Fernando Martín

El informe de la Agencia Tributaria del pasado 7 de marzo sobre el mayor pelotazo del caso Gürtel dedica un apartado especial a los cargos públicos del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). En el asignado al exalcalde del PP Ginés López, se incluye una referencia al actual regidor del municipio: "Ginés López mantiene hasta el 2005 una cuenta abierta a su nombre y el de Benjamín Martín Vasco y Pablo José Rodríguez Sardinero (alcalde de Arganda desde la dimisión de Ginés López desde 2009). Desde un principio el alcalde siempre ha rechazado cualquier relación con la trama corrupta.

Pero el excargo del PP de Arganda del Rey que parece tener mayor importancia en el informe es el exdiputado en la Asamblea madrileña Benjamín Martín Vasco. A quien atribuye la propiedad de la sociedadFermayor, que recibió 150.000 euros de la empresa Golden ChainProperties del presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, unos meses después de que el Ayuntamiento de Arganda adjudicara unas parcelas municipales a Martinsa. El principal propietario de esta última firma, Fernando Martín, está acusado de pagar 13 millones de euros a Correa por su intermediación en la operación de Arganda. En la contabilidad b de Correa aparece el apunte BENJ: 150.000 euros, algo que según la Agencia Tributaria confirmaría el cobre de Benjamín Martín Vasco, que también fue presidente de la empresa municipal de Arganda Sociedad de Fomento. Pero en realidad la empresa atribuida a Martín Vasco está a nombre del ciudadano hispanovenezolano Jorge L. Viña Fernández. Por eso la Agencia Tributaria ha solicitado al juez que busque todas las cuentas a nombre de esta persona.

En cuanto al exregidor de Arganda Ginés López el informe resalta que recibió más de medio millón de euros de Correa: "En este caso queda probado que las rentas proceden en su totalidad de la participación de Ginés López como cargo público del Ayuntamiento de Arganda en las actividades de Correa", explica la inspectora de Hacienda, que reseña que en 2006 el fraude fue de 148.500 euros, por lo que al superar los 120.000 euros se puede hablar de delito fiscal.

Sobre el consejero de la sociedad de Fomento de Arganda Juan Fernández Caballero el informe recuerda que su familia fue objeto de regalos por parte de Pasadena Viajes, la agencia de Francisco Correa.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/03/13/el_alcalde_arganda_tuvo_una_cuenta_bancaria_hasta_2005_con_martin_vasco_gines_lopez_1125_1012.html

EL JUEZ INVESTIGA LA RELACIÓN ENTRE EL MAYOR PELOTAZO DE LA ‘GÜRTEL’ Y LA RECALIFICACIÓN DEL CALDERÓN

Mónaco suministra los datos sobre la transferencia de 13 millones que recibe Correa tras comprar Martinsa acciones de la división inmobiliaria del Atlético de Madrid

Fernando Martín, uno de los promotores de la operación urbanística, abonó el dinero desde una empresa de Panamá, según el sumario

El magistrado que instruye la Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y las dos fiscales asignadas a la investigación, Concepción Sabadell y Miriam Segura, tienen sobre la mesa numerosa documentación procedente del Principado de Mónaco que siembra dudas sobre el origen del mayor pelotazo del caso, de 25 millones de euros.

Hasta el momento, el juez y las fiscales consideraban que tanto los primeros 12 millones, abonados en diciembre de 2004, como los 13 siguientes, pagados en 2006, y de los que se benefició el presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, tenían como explicación única la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de unas parcelas a la empresa Martinsa. Pero si se comprueba, tal y como se manifiesta la documentación aportada por el banco británico Lloyds TBS, que el segundo pago de 13 millones realizado en junio de 2006 estaba relacionado con la operación Calderón-Mahou, la investigación sufrirá un importante cambio.

Según los cálculos del arquitecto que se encargó del diseño del plan parcial de Arganda del Rey para Martinsa, esa decisión municipal pudo haber supuesto para esta firma hasta 500 millones de euros de beneficio. El principal dueño de la promotora, Fernando Martín, niega que su negocio de Arganda haya tenido tales plusvalías, al mismo tiempo que reitera la legalidad de esta operación urbanística, recordando la existencia de varias sentencias que redundan en la limpieza de la misma.

Pero la documentación aportada por Mónaco, como por ejemplo los informes internos del banco británico Lloyds TBS, y por Panamá, país que certifica la apertura de Fernando Martín de una empresa en este país relacionada con Lloyds, muestra que la comisión de 13 millones podrían tener otra justificación: la inversión de Fernando Martín en la empresa RTM, que en 2006 se hizo con el 10% de la División Inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam), promotora de la operación Calderón-Mahou. La familia Gil traspasó en 2006 el estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam). Y en su constitución vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9 millones. Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no fructificar la operación urbanística. Además, en enero de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en el ámbito Mahou-Vicente Calderón. El tribunal censuró la decisión de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital de aumentar la edificabilidad de las viviendas previstas en el terreno del Calderón y la fábrica Mahou: "Por no ser conforme a derecho permitir una edificabilidad general por encima de la prohibición legal de edificar una altura superior a tres plantas más ático".

La documentación aportada en octubre de 2011 por la Policía Judicial del Principado de Mónaco al anterior instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, incluye las notas del responsable de la cuenta de la empresa panameña CedargroveInvestments, SA, abierta en el banco británico Lloyds por el empresario Fernando Martín, principal accionista de la promotora Martinsa-Fadesa. Desde esta cuenta se abonan los 13 millones a Francisco Correa en junio de 2006. Estas notas indican el motivo de la apertura de la misma: "Para atender pagos no oficiales". Estos documentos evidencian, también, que Fernando Martín abrió esa cuenta en junio de 2005 a nombre de Cedargrove. Y para demostrar su propiedad aportan hasta fotocopias del DNI de Fernando Martín, así como los de sus familiares, como beneficiarios de la cuenta.

Inversión de "564 millones de euros"

Y estas notas del banco, incluidas en el sumario, ponen de manifiesto que el 19 de junio de 2006 el encargado de la cuenta bancaria, Malcolm Klein, mantiene una reunión con los imputados en la Gürtel: Fernando Martín y Amando Mayo. Este último como intermediario. En la entrevista se habla de dinero: "La cantidad total que ha de transferirse será de 13 millones de euros y representará el 2% de la inversión total que están realizando en España"; pero también del destino del mismo: "Se trata de las inversiones relacionadas con la compra de acciones en una empresa de inversión llamada RTM, propietaria del terreno en el que se encuentra el campo donde entrenan (sic) los jugadores del equipo de fútbol Atlético de Madrid, la propiedad adyacente donde se encuentra la fábrica de cerveza Mahou y tres grandes extensiones de tierra en la ciudad de Málaga". En el informe del empleado dek banco se explica que la inversión total será aproximadamente de 564 millones de euros. Y que la idea de Fernando Martín era urbanizar el terreno comprado, de 751.000 metros cuadrados urbanizables. "Adelantan que multiplicarán por cuatro sus inversiones y tienen pensado vender las propiedades en un plazo de unos cuatro años. La inversión total del cliente representará alrededor de un tercio del importe total". Además, numerosa documentación aportada por Mónaco incluye en los justificantes de las transferencias bancarias la referencia: RTM S. L.

Con toda esta información, el magistrado Ruz, a petición de las fiscales y de la Agencia Tributaria, ha solicitado varias diligencias relacionadas con la empresa RTM. En concreto, la fiscalía ha reiterado la ampliación de la comisión rogatoria de Mónaco con la intención de que se recabe la documentación aportada a la entidad Lloyds Bank como justificación de la transferencia de un millón de euros efectuada desde la cuenta de la sociedad ArthingtonInvestments en junio de 2006 a favor de la cuenta CedargroveInvestments. "Por cuanto de la documentación remitida con anterioridad por las autoridades monegascas resulta que en la reunión mantenida el 19 de junio de 2006 el cliente se habría comprometido a aportar copia de la escritura o documento de la inversión inmobiliaria a la que estarían destinados los fondos". La Fiscalía quiere salir de dudas sobre si los 13 millones se pagaron por RTM o por Arganda del Rey.

Además, la aparición de un supuesto contrato entre Amando Mayo y Fernando Martín sobre la salida del primero de RTM a cambio de 700.000 euros, ha obligado al juez a modificar hasta en dos ocasiones un auto. El 30 de enero Ruz rectifica un auto del 15 de octubre pasado en el que inicialmente se refería de forma concreta a un acuerdo de Arganda. Ahora, con el cambio, aparece el texto siguiente:"En el que se indica que División Inmobiliaria del Club Atlético de Madrid S.L. (Dicam) es propietaria del Estadio Vicente Calderón y de los terrenos sobre el que el mismo se asienta, sobre los que pretende realizar una reordenación urbanística para su posterior desarrollo inmobiliario] de fecha 27-10-2010 por importe de 744.743,53 euros".

Por el contrario, un informe de la Agencia Tributaria del 27 de agosto de 2012 pone en duda que los 13 millones de euros se deban a la inversión de Fernando Martín en RTM. La Agencia Tributaria recurre también a las notas del banco sobre la reunión con Fernando Martín llevado a cabo el 19 de junio de 2006: "Por tanto, en esta reunión se trata de justificar la transferencia de los 13 millones como una inversión en RTM, cuando lo cierto es que Martinsa efectivamente participa en esta sociedad en un tercio, pero desde su constitución en 2004". Hacienda destaca también que Amando Mayo aportó en 2005 alrededor de 700.000 euros a la sociedad Martinsa-Fadesa para participar en la compra de acciones de la compañía mercantil RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales S.A. "para un proyecto inmobiliario sobre los terrenos privados del estadio Vicente Calderón". Y hasta la fecha, el magistrado Pablo Ruz ha rechazado los intentos de la Asociación Señales de Humo de personarse en el caso Gürtel. Esta asociación, compuesta por aficionados del Atlético de Madrid contrarios a la gestión de la familia Gil al frente del club madrileño, fueron los artífices de varios recursos judiciales, como por ejemplo el que ha paralizado la operación Calderón-Mahou.

infoLibre se ha puesto en contacto con Fernando Martín, que no ha querido responder a las preguntas relativas al caso. Sin embargo, emitió un comunicado en el que reconoce que abrió cuentas en Mónaco. Aunque sostiene que los dos pagos, de 12 y 13 millones, no tenían como destino España: "Las transferencias bancarias a las que se hace alusión en algunas informaciones guardan relación única y exclusivamente con unas antiguas inversiones personales realizadas por Fernando Martín en el extranjero, y no con ninguna operación inmobiliaria en España".

Fernando Martín no ha querido responder a estas preguntas:

1. Las comisiones rogatorias de Mónaco y Suiza han aportado documentación de la presunta apertura por su parte (y su familia) de varias cuentas en el banco británico Lloyds. Una de ellas a nombre de la sociedad Cedargrove, y que en junio de 2006 hace una transferencia de 13 millones de euros. Según el sumario 7 son suyos, dos de Amando Mayo y cuatro de Manuel Salinas. ¿Me puede confirmar este dato?

2. En las transferencias el motivo que se alega es RTM S.L., ¿se refiere al pago del tercio de los 22,6 millones que se abona al Atlético de Madrid?

3. ¿Esa inversión era relativa a la operación Calderón? En su declaración de junio de 2011 Amando Mayo reconoce que Salinas participa en esa operación, que al final se ha desechado.

4. ¿Cómo puede explicar que los 13 millones de euros acabaran en manos de la empresa Golden ChainProperties, propiedad de Francisco Correa?

5. ¿Sabía que la empresa Cedargrove y Golden Chain tienen una misma raíz panameña? ¿Y que a su vez podría estar relacionada con la empresa CoastInversors, expropietaria del ático de presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González?

6. Además, en una grabación de una conversación entre Amando Mayo y el empleado de Lloyds Malcolm Klein sobre una inversión se cita al "tío Fernando". ¿De qué hablan, de Arganda o de la Operación Calderón?

7. En el sumario de la Gürtel se incluye la existencia de un acuerdo privado entre Amando Mayo y Martinsa de febrero de 2005 sobre RTM. ¿Está relacionado con el pago de los 13 millones de euros?

El Atlético de Madrid tampoco ha querido contestar a las preguntas relativas a la inversión de RTM en Dicam.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/27/el_juez_investiga_relacion_entre_mayor_pelotazo_gurtel_recalificacion_del_calderon_643_1012.html

UNA CUENTA BANCARIA PARA "LOS PAGOS NO OFICIALES" DE FERNANDO MARTÍN

"El cliente puede generar grandes cantidades de fondos no oficiales a través de sus transacciones inmobiliarias", explica un empleado del banco

"Ha sido nombrado presidente del Real Madrid y prefiere evitar cualquier contacto directo"

El perfil sobre el inversor elaborado por los empleados del banco británico Lloyds describe a Fernando Martín, según las autoridades de Mónaco: “Como uno de los mayores promotores inmobiliarios de Madrid. Su empresa Martinsa está involucrada en varios proyectos, incluyendo la construcción de un área de entrenamiento para el Real Madrid F. C.”. Después de la definición, el empleado de Lloyds TBS Malcolm Klein relata que Martín había sido recomendado por la empresa Asignia, cuyo titular era Amando Mayo, otro de los imputados en Gürtel.

En los documentos de la entidad finaciera se especifica también el uso que Fernando Martín quiere dar a la cuenta abierta en el Principado de Mónaco a nombre de la panameña Cerdargrove, desde la que se pagaron 13 millones a Francisco Correa: "La cuenta recoge los ahorros familiares 'off shore' y podría utilizarse para la financiación de pagos no oficiales para algunas de las mayores inversiones del cliente".

En octubre de 2005, Fernando Martín abre una la cuenta que se usará “para financiar parte de sus operaciones inmobiliarias. Estos activos han de separarse de la otra cuenta, que representa sus ahorros”. Y el 13 de julio de 2005 Fernando Martín participa en una reunión con el ejecutivo de cuentas de Lloyds acompañado de su mujer y dos hijos: “El introductor [en referencia a Amando Mayo, según las autoridades monegascas] ha vuelto a confirmar que éste es un cliente importante para él en España y que deberíamos mantener siempre el contacto con él ya que el cliente puede generar grandes cantidades de fondos no oficiales a través de sus transacciones inmobiliarias”.

Malcolm Klein relata que tras explicarles en la reunión el contenido de la directiva europea sobre tributos, “se mostró conforme de crear esta empresa en Panamá a través de Alemán [notario de Panamá] por, entre otros, motivos de confidencialidad y de seguridad. Nos informó de otra cuenta que tiene en el CFM con una cantidad similar a la de esta (1,5 millones). Está disgustado con ellos porque no le han informado de las implicaciones que tiene para él la directiva europea. Hablará con el introductor y puede que decida concentrar todos sus activos en paraísos fiscales en un banco y transferir esta cuenta (CFM), además de la que tiene en el KBL (3 millones de euros transferidos inicialmente desde nosotros en 2004). Él y el introductor nos mantendrán informados de su decisión”.

El 10 de mayo de 2006, Fernando Martín se vuelve más cauto al sernombrado presidente del Real Madrid, según el ejecutivo de cuentas: "Por el momento todos los contactos se realizan a través del 'PoA' (apoderado) o a través de la mujer, dado que el marido ha sido nombrado presidente del Real Madrid Club de Fútbol, y ahora es una personalidad que ocupa una posición destacada. Aunque puede que no sea por mucho tiempo, aun así prefiere evitar cualquier contacto directo".

La cuenta de Cedargrove se nutrió de otra previa de Fernando Martín, abierta el 14 de abril de 2003, y que el empresario denominó "Finca". En el informe del banco se constata que Fernando Martín se mostró descontento porque el banco le enviara el correo de las operaciones, y que por tanto le cobraran por eso: “El cliente pidió detalles de los movimientos de la cuenta corriente. Los repasamos y no se mostró conforme con que le estuviéramos pasando cargos anuales por mantenimiento de la cuenta y por conservación de correo. Pide que lo anulemos".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/27/una_cuenta_bancaria_para_quot_los_pagos_oficiales_quot_646_1012.html

“YO LO QUE HICE FUE FIRMAR DOS TRANSFERENCIAS A FERNANDO MARTÍN”

Amando Mayo, socio del dueño de Martinsa, asegura ante el juez Ruz que desconoce el destino de su dinero

"Sé que el Grupo Salinas tenía un activo que era el del Calderón-Mahou"

Amando Mayo, uno de los imputados en Gürtel, al que la Agencia Tributaria considera intermediario financiero de Fernando Martín con el banco Lloyds TBS, reconoció en su declaración ante el juez del 14 de julio de 2011 haber participado junto con el dueño de Martinsa en una inversión: “Me dijo: tengo una operación de inversión en tema… para un tema inmobiliario, que va a ser una gran operación, con otra serie de clientes. ¿Qué hay que hacer? Traspasar a mi cuenta personal. Yo tenía en este caso los dos millones, se traspasaron y en paz”. En una grabación que consta en el sumario, aportada por el Lloyds TBS, Amando Mayo, habla con el empleado Malcolm Klein, aludiendo al "tío Fernando”. “Te va a llamar para que hagas líquida la cartera. Le ha salido un tema inmobiliario importante e incluso me ha invitado a mí a participar. Es un tema de recuperación máximo en 5 meses”, le dice Amando a Malcolm Klein.

Durante el interrogatorio de Mayo una de las fiscales trató de saber más datos sobre la operación, iniciando una conversación que contó connumerosas imprecisiones por parte del imputado:

Pregunta. “Le explicaron en qué consistía el proyecto inmobiliario?

Respuesta. “Él habló de países en abstracto”.

P. “¿Pero le informó de qué es lo que pensaba hacer? Usted es un experto….”.

R. “Un desarrollo… no, yo soy experto en valores inmobiliarios. Ahí me ha ido bien. Y en el inmobiliario soy un inútil, me ha ido fatal.Es la realidad…”.

P. “¿Y no recuerda, en concreto, si en relación a la operación de los 13 millones de euros, en la que usted envió 2 millones, pudiera ser que mantuviera una reunión con el gestor de la cuenta, y se informara de cuál era la finalidad de esa inversión, y cuál era la aportación que iba a hacer cada uno?”.

R. "Yo lo que hice fue firmar dos transferencias de mi dinero personal a la cuenta de Fernando Martín, exclusivamente".

Después, la fiscal se interesa en saber si Amando Mayo tuvo intención o si había realizado alguna inversión en relación con la compra de un terreno del Real Madrid o del Atlético de Madridcomo campo de entrenamiento.

Respuesta. "Jamás, eso que es..".

Pregunta. "Y en relación a la sociedad RTM, usted ha dicho que sí que ha efectuado alguna inversión...".

R. “En la sociedad RTM el Grupo Salinas [Manuel Salinas, imputado en Gürtel] tiene el 5%, y yo suelo asistir a las reuniones que realizan los consejos de administración. Y sé que tenía un activo que era el del Atlético de Madrid Calderón-Mahou. Ese lo vendieron, ya no está. Sé que queda un solar en Alcorcón que está cerca de la ciudad deportiva, de lo que va a ser la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Tienen otro tema en Málaga, y tienen otro que va de horror. La última vez en el consejo de administración hablaron de la posibilidad de adjudicar a los socios de RTM el terreno ese…”.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/27/quot_que_hice_fue_firmar_dos_transferencias_dinero_personal_cuenta_fernando_martin_quot_647_1012.html

UNA GRABACIÓN ENVIADA POR MÓNACO APORTA NUEVOS DATOS SOBRE EL MAYOR PELOTAZO DE LA 'GÜRTEL'

La Policía Judicial del Principado de Mónaco ha enviado al magistrado que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, una grabación  en la que el intermediario financiero Amando Mayo anuncia en 2006 al banco británico Lloyds una importante inversión del “tío Fernando”. Según los informes previos de la Policía española, los 13 millones de euros, considerados el mayor pelotazo de Gürtel, finalizan en manos del presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa. La Policía vincula esa transferencia bancaria a Fernando Martín, dueño de la inmobiliaria Martinsa e imputado en el caso.

Esta comisión tendría su origen, según los mismos documentos policiales, en la intermediación del propio Correa para lograr que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, cuyo exalcalde Ginés López (PP) también está imputado, adjudicara unas fincas municipales a Martinsa.

Además, el Principado de Mónaco, citando al Lloyds Bank, explica que la persona a la que la entidad financiera denomina en sus informes internos como PoA (Power of Attorney) es Amando Mayo, a quien identifica como uno de los participantes en la grabación. Su interlocutor es Malcolm Klein, ejecutivo de cuentas de Lloyds Bank. En el audio, Amando habla sobre “el tío Fernando”. “Te va a llamar para que hagas líquida la cartera. Le ha salido un tema inmobiliario importante e incluso me ha invitado a mí a participar. Es un tema de recuperación máximo en cinco meses”, le dice Amando a Malcolm Klein en vísperas de la operación de Arganda, tal y como se puede oír en la grabación aportada por el Principado de Mónaco.

"Yo no tengo nada que ver con este tema"

Según la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, Amando Mayo sería unintermediario de la cuenta de Fernando Martín en Mónaco, pero que además aportó de su propio dinero dos de los 13 millones.

infoLibre se ha puesto en contacto con Fernando Martín, quien ha negado ser “el tío de ninguna de esas personas". "Yo no tengo nada que ver con este tema”, explicó el máximo accionista de Martinsa, que siempre ha asegurado que la adjudicación del Consistorio de Arganda “fue totalmente legal”.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/12/una_grabacion_enviada_por_monaco_aporta_nuevos_datos_sobre_mayor_pelotazo_gurtel_289_1012.html

EL EMPRESARIO CALVO SORIA ASEGURA QUE LA RED 'GÜRTEL' FALSIFICÓ SU FIRMA

Está imputado por blanqueo de capitales y como cooperador necesario en varios delitos fiscales

Ha sido preguntado por una transacción de 240.000 euros que Rustfield, ligada a Correa, hizo a Lujeca Inversiones, de la que era socio Calvo Soria

El empresario Jesús Calvo Soria, que ha declarado este miércoles como imputado en el marco del caso Gürtel, ha negado ser testaferro del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y ha asegurado que alguien le falsificó la firma para que apareciera como administrador de varias sociedades que la red habría utilizado para blanquear dinero procedente de comisiones ilegales por la adjudicación de concursos públicos, informaron a Europa Press fuentes de la causa presentes en la declaración.

Calvo Soria, que ha declarado ante el juez Pablo Ruz antes de que lo hiciera el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (PP) Jesús Sepúlveda, está imputado por blanqueo de capitales y como cooperador necesario en varios delitos fiscales por estas operaciones, que ha defendido ante el juez como "legales" dentro del mercado inmobiliario.

En concreto, el imputado ha sido preguntado por una transacción de 240.000 euros que la sociedad Rustfield, radicada en el Reino Unido y vinculada a Correa, hizo a Lujeca Inversiones, de la que era socioCalvo Soria, en junio de 2003, cuando Sepúlveda era alcalde de la localidad madrileña, informaron fuentes jurídicas.

60.000 euros para Sepúlveda

Según la documentación que obra en la causa, ese dinero se hizo llegar al contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo, que lo repartió de la siguiente manera: 60.000 euros fueron a parar a una sociedad denominada Quintamari, 96.000 al colaborador de Correa Plácido Vázquez y otros 60.000 a "J.S. (Jesús Sepulveda)", según consta en un escrito incautado por la Policía, que añade que el resto se lo quedó Correa.

Las citadas fuentes también han indicado que el imputado ha reconocido su vinculación a la sociedad Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña, también vinculada a la trama, aunque ha dicho que trabajó en ella porque conocía a la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/13/calvo_soria_asegura_que_red_gurtel_falsifico_firma_315_1012.html

EL JUEZ RUZ ORDENA EMBARGAR LOS BIENES DEL EXALCALDE DE BOADILLA

La medida pretende asegurar la fianza civil de 1,8 millones dictada contra González Panero

El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decretado hoy el embargo de los bienes del exalcalde de Boadilla (Madrid) Arturo González Panero, para asegurar la fianza civil de 1,8 millones de euros dictada contra él dentro de esta causa de supuesta corrupción. En un auto notificado esta mañana, el juez recuerda que el 1 de diciembre de 2009 se impuso la fianza civil al ex primer edil para asegurar las responsabilidades pecuniarias que podrían derivar de una condena por este caso.

El 20 de junio de 2011, el juzgado acordó el embargo de las cuantías que recibió Panero —al que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, llamaba El Albondiguilla—, en concepto de indemnización por importe de 25.691 euros, y un año después el fiscal pidió que se decretara el embargo sobre sus bienes muebles e inmuebles para cubrir la fianza civil.

En respuesta a esta petición, el magistrado decreta el embargo del dinero que tiene el exalcalde en varias cuentas bancarias a su nombre, así como derechos de uso de instalaciones, un coche de su propiedad, y varias acciones y participaciones en tres fondos de inversión.

Panero está imputado en este caso por los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad.

Según el auto de imputación que firmó contra él el juez Baltasar Garzón, que instruyó el caso, en una reunión entre el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y los líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, se habló de las entregas de cantidades de dinero a González Panero, entre otros.

Además, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría participado en la adjudicación directa de contratos a la empresa de Correa Town Consulting, la actual Easy Concept Comunicación, así como en la adjudicación del proyecto de la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte a la empresa Hispánica.

http://politica.elpais.com/politica/2013/03/07/actualidad/1362661630_821335.html?rel=rosEP

“TUVIMOS MUCHAS FACTURAS RETENIDAS, MUY SUPERIORES A UN IMPORTE NORMAL”

Funcionarias de la Consejería de Empleo desvelan las irregularidades en los recibos

Los últimos interrogatorios llevados a cabo en diciembre por el magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tienen que ver con la adjudicación de cientos de contratos a dedo, sin un mínimo expediente, a las empresas de la trama Gürtel para organizar actos de autobombo en los que intervenía la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Cientos de contratos ilegales de la Comunidad por un valor, según el sumario del caso, que podía superar los cuatro millones de euros.

Las declaraciones de los técnicos autonómicos ante el juez cierran el círculo en torno al mismo culpable: Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y mano derecha de Aguirre para sus actos institucionales. En concreto, las dos últimas funcionarias que declararon como testigos, Rosario Jiménez y Lourdes Barreda, de la Consejería de Empleo y Mujer, indicaron que apenas tenían conocimiento de los actos que se realizaban en la Puerta del Sol, pero que pagaba su departamento: “Nos venía la factura dada de Sol [la Consejería de Presidencia] y no participábamos. Me la ponían en un sobre encima de la mesa con un post-it que decía: “Tramítese”. Esa era toda la información que tenía”, declaró ante el magistrado Lourdes Barreda, cuyo cargo en los años en los que operó la red Gürtel era el de subsecretaria de Gestión Económica Presupuestaria y de Análisis de la Gestión de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad.

Se trata de cientos de contratos ilegales por valor de cuatro millones de euros

Según el testimonio de esta funcionaria, las empresas cuyas facturas procedían “de la Puerta del Sol eran cuatro o cinco, que se repetían en 2004 y 2005. Y luego aparecieron las del Grupo Rafael y Tecnoimagen”.

Lourdes Barreda reseñó también que una mujer, Alicia, en nombre de Servimadrid y Good and Bette —dos de las empresas del presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa— llamaba de forma “persistente” para interesarse por las facturas que no se habían pagado: “Fue la propia Alicia la que me dijo que las personas que estaban detrás de los actos eran de Presidencia, concretamente me nombró a Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás [exasesor del exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad López Viejo]”. Precisamente Rodríguez Pendás fue objeto de un informe policial en el que se solicitaba su detención. Pero el entonces instructor del caso, el magistrado Antonio Pedreira, no accedió a la petición policial.

Había empresas que facturaban distintas partes del mismo evento

Por su parte, la funcionaria Lourdes Barreda, según su versión, trató de ponerse en contacto con Rodríguez Pendás tras poner en conocimiento de la empleada de Francisco Correa que las facturas estaban paradas porque no tenía información acerca de si el acto se había hecho, y si había existido un mínimo procedimiento.  

“Le envié varios correos y al final hable con él, pero no me solucionó nada”, recordó la número dos del Departamento de Gestión Económica de la Consejería de Empleo y Mujer. Y como no obtuvo información, la funcionaria se vio obligada a comprobar de forma improvisada si el evento se había publicado en la página web de la Comunidad de Madrid: “Nadie me daba información de si se había hecho, de si esa era la empresa que lo había hecho y de si se había hecho bien. Por eso yo veía mínimamente si el acto se había desarrollado”, completó Lourdes Barreda en su declaración.

Quién dijo que había que pagarlas?”, “Juan José Güemes

Con los contratos menores se eludía el procedimiento de contratación: “Lo que nos llegaba al final era la factura, nosotros nos enterábamos ya a posteriori. Se realizaba el acto y después se presentaba una factura con la justificación documental. Y la elección de la empresa la realizaba la gente que tenía Alberto López Viejo, que era Pedro Rodríguez Pendás, directamente en Presidencia. Era el que se lo daba a protocolo de la Consejería [de Empleo y Mujer]”, destacó por su parte Rosario Jiménez, responsable de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer, y por tanto la que entonces era la superior de Lourdes Barreda, que fue interpelada por una de las fiscales del caso: “¿Y eso pasaba siempre que los actos se hacían en Sol, siempre que estaba la presidenta [Esperanza Aguirre]?”. “Sí”, contestó. Posteriormente, la fiscal se interesó en si en todos esos eventos estaba presente la expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid: “Hombre, normalmente, eran en Sol. La elección de la empresa no procedía del órgano gestor sino que procedía de Sol, de la gente de Alberto López Viejo, de Pedro Rodríguez Pendas, me parece que se llamaba, el que nos daba directamente la empresa que tenía que hacer el acto”. Precisamente, a preguntas de Jaime González, el abogado de López Viejo, Rosario Jiménez, explicó que los eventos de la Puerta del Sol se celebraban en fechas concretas. “Los que se hacían en Sol eran los más importantes y tenían fecha concreta, y eran actos a los que iba la presidenta. Y como iba la presidenta había que incluirlos en la agenda con más antelación”.

Se trataba en todos los casos de facturas con un coste inferior a los 12.000 euros. Y si costaban más, se fraccionaban, con la intención de burlar la normativa. Por eso, en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer no podían fiscalizar el procedimiento administrativo, que al ser de un contrato menor no requería un concurso: “Mirábamos la correspondencia entre el gasto y lo que nos parecía a nosotros que era el precio de mercado. Teníamos una planilla de lo que costaban los plasmas, las sillas, e intentábamos buscar una racionalidad en la correspondencia del gasto”, explicó por su parte Rosario Jiménez, la jefa de Lourdes Barreda. “Recuerdo que tuvimos retenidas muchas facturas, porque revisábamos el gasto y veíamos que eran muy superiores a un importe normal”, resaltó esta funcionaria, que reconoció que no tenía conocimiento de que había un fraccionamiento real: “Había unas empresas que facturaban diferentes partes de lo que había sido el evento, pero lo que no comprobábamos, porque no se nos ocurrió comprobarlo en aquel momento era que había administradores conjuntos, o que había algún tipo de vinculación jurídica con las empresas. Lo que sí mirábamos era que fuese un importe razonable, y si no la paralizábamos para discutirlas”, sostuvo Rosario Jiménez, que recordó que las empresas del Grupo Rafael eran algunas de las que se llevaban los contratos de la Consejería de Presidencia. “Me suenan el Grupo Rafael, Servimadrid y Kilda Producciones. Siempre eran las mismas empresas las que hacían este tipo de facturaciones”. Precisamente una de las facturas, concretamente de Kilda Producciones, no fue abonada por la Consejería de Empleo: “Pues era un importe exagerado, e incluso llamamos a los teléfonos y no contestó nadie. Por esta factura, que se refería a un reportaje fotográfico, nadie preguntó”, especificó Lourdes Barreda.

Algunas de estas facturas estuvieron paradas durante más de un año, pero al final se abonaron todas, excepto dos. Por eso la fiscal se interesó sobre las posibles presiones procedentes de la Consejería de Presidencia: “¿En algún momento usted recuerda que desde la Consejería de Presidencia les dijeran que tendrían que pagar esas facturas?”, a lo que la funcionaria contestó: “No, a nosotros directamente no, pero es cierto que estuvieron retenidas muchas facturas por parte de la Consejería de Empleo y, en un momento determinado, se dijo que teníamos que pagarlas”, contestó la empleada regional.

—¿Quién dijo que había que pagarlas?

—A mí me lo indicó mi superior… el consejero…

—¿El consejero? ¿quién era en aquel momento?

—Juan José Güemes.

—¿Le dijo el motivo por el que tenía que pagarla si ustedes las estaban reteniendo desde tanto tiempo?

—Fue con el cambio de legislatura, y normalmente en todos los cambios de legislatura lo que se hace es hacer toda la tramitación pendiente porque el acto estaba realizado.

Pero a preguntas del abogado de la acusación Wilfredo Jurado, la funcionaria completó su respuesta: “Yo informé al consejero, que sabía que estaban paradas. Se dijo que el gasto estaba realizado, y creo que por parte de López Viejo hubo presión porque hubo muchas llamadas a la consejería de las empresas. Y en un momento se dio la orden de pago”.

La 'cabezonería' del juez Ruz

La negativa del magistrado Pablo Ruz a archivar el caso Gürtel, tal y como solicitaba Ignacio Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri, ha evitado que uno de los casos de corrupción política más importantes de la democracia española resultara impune.

Gracias a la decisión de continuar con el caso, el magistrado le ha dado alas y ha hecho efectivos los embargos de varios de los 70 imputados, entre los que destacan el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, o el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco.

El sumario que sigue investigando Ruz mantiene al menos cuatro líneas de investigación: la primera está relacionada con las adjudicaciones a dedo en AENA. La segunda engloba la corrupción en los diferentes Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La tercera se centra en el presunto expolio en relación con la visita del PP a Valencia. Y la cuarta se refiere a la adjudicación a dedo de cientos de facturas por parte de la Comunidad de Madrid a empresas de Gürtel.

Este último punto es uno de los que está más avanzado, según demuestra una providencia firmada el 23 de noviembre por el juez en la que solicitaba una ampliación de los informes ya existentes sobre “los eventuales cobros del imputado Alberto López Viejo”. Además, el magistrado ha solicitado a la Intervención General del Estado la ampliación de un informe sobre la regularidad de la contratación de la Comunidad con el Grupo Rafael, uno de los intermediarios entre Correa y el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para evitar que los funcionarios se percataran de que los beneficiarios de los contratos eran miembros de la red corrupta

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/06/madrid/1357502148_131237.html

EL JUEZ EMBARGA CASAS A TRES EXCARGOS DEL PP

Las viviendas están ubicadas en Madrid y la costa valenciana

La costa valenciana era el lugar elegido para veranear por miembros de la trama Gürtel como Pablo Crespo, número dos de la red, quien, además de un apartamento en Altea (Alicante), tenía su yate Parapipi atracado en el club náutico del municipio. En el mismo litoral tienen propiedades varios de los excargos del PP imputados en la causa. El Juzgado Central de Instrucción 5 de Madrid ha dictado en las últimas semanas el embargo —o ha avanzado en los trámites para llevarlo a cabo— de varias viviendas de tres exresponsables políticos en las poblaciones de Calpe y Jávea, ambas en la provincia de Alicante.

El primero, a principios de agosto, fue Alfonso Bosch, exdiputado popular en la Asamblea de Madrid, a quien el juez ha embargado un apartamento en el edificio Apolo, en primera línea de mar de Calpe, tasado por los peritos en 275.800 euros. Y una vivienda unifamiliar en San Lorenzo del Escorial (Madrid), valorada en 330.000 euros. La fórmula para llevar a cabo el embargo ha sido la de fianza hipotecaria. A Bosch, acusado de blanqueo de dinero, fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público y mercantil, revelación de secretos y prevaricación, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 750.000 euros.

El mismo procedimiento se ha seguido contra dos propiedades del exconsejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo: otro apartamento en el edificio Apolo de Calpe y un chalé en Madrid. La fianza para hacer frente a su eventual responsabilidad asciende a un millón de euros. López Viejo está también imputado en el caso Guateque por tráfico de influencias.

El tercer afectado por los embargos es César Tomás Martín Morales, que fue jefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte (Madrid) y estrecho colaborador de su exalcalde Arturo González Panero, conocido en la trama Gürtel como El Albondiguilla. El juez ha ordenado, en su caso, que se proceda a valorar por parte de la oficina de peritos de la Audiencia Nacional una casa ubicada en el municipio de Jávea, en segunda línea de playa, y un local comercial en el barrio de Salamanca de Madrid. La investigación apunta, según fuentes jurídicas, a que Martín Morales participó en la elaboración de pliegos de convocatorias públicas a las que se presentaba la trama, como la cobertura televisiva de la visita del Papa a Valencia en 2006. El juez le exige 1,5 millones de fianza.

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/26/actualidad/1348684417_716688.html

EL JUEZ INVESTIGA EL MACROFESTIVAL SUMMERCASE DE MADRID

Ruz requiere el expediente al Ayuntamiento de Boadilla, donde se celebró

El juez Pablo Ruz, que instruye la causa central del caso Gürtel, ha empezado a investigar el Summercase, el macrofestival de música indie y electrónica que se celebró en Madrid entre 2006 y 2008 con decenas de miles de asistentes. Ruz ha requerido al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en cuyo término municipal tuvieron lugar los conciertos, toda la documentación relativa a la primera edición del festival. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el mismo del que era titular Baltasar Garzón, tomó la decisión el 21 de junio tras solicitárselo la Fiscalía Anticorrupción.

El alcalde de Boadilla del Monte —uno de los núcleos de la trama Gürtel— era entonces Arturo González Panero, a quien la red corrupta apodaba El Albondiguilla. Y una de las personas que intervinieron en la organización del festival, actuando formalmente como agente entre la empresa promotora de los conciertos, Sinnamon, y compañías patrocinadoras fue Elena Sánchez, por entonces esposa del exministro de José María Aznar y exdiputado Juan Costa.

Los documentos suscritos entre la productora y la empresa de Sánchez, Free Handicap, revelan que esta recibía hasta el 20% de lo que aportasen los patrocinadores. Solo en una de las ediciones, los documentos indican que ese porcentaje habría alcanzado los 700.000 euros. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que una de las peculiaridades del Summercase era que se celebraba simultáneamente en Madrid y Barcelona —aunque el juez solo se ha interesado por el de Boadilla— y que los anexos firmados por Sánchez y el representante de Sinnamon hacían referencia a que el patrocinio se extendía a todos los conciertos que la productora hiciera ese año en España.

Fuentes jurídicas sostienen, sin embargo, que esa fue la fachada utilizada para cobrar comisiones. Y que en realidad, como declaró un testigo, exfuncionario de Boadilla, ante el anterior juez instructor, Antonio Pedreira, el Summercase cayó en la misma dinámica que los negocios en los que intervino la trama Gürtel. Correos electrónicos aportados a la causa por este testigo indicarían que el festival fue diseñado con anterioridad por la empresa de Sánchez y altos responsables del Ayuntamiento de Boadilla, y luego se buscó una productora para llevarlo a término (Sinnamon), que pagó generosos porcentajes por el patrocinio. Y que, siempre según estas fuentes, la decisión del juez tiene como objetivo averiguar si lo aportado por el testigo se corresponde con la realidad.

El Summercase de 2006, que llevó a Madrid a grupos como Chemical Brothers, Rufus Wainwright, Belle & Sebastian y Primal Scream, levantó polémica en el municipio por el lugar elegido para los conciertos —muy cerca de viviendas— y porque el Ayuntamiento no cobró la correspondiente tasa a los promotores por la cesión del espacio. Al tratarse de 70.000 metros cuadrados, los ingresos que el Consistorio dejó de percibir superaron, según las fuentes consultadas, los 350.000 euros anuales.

Free Handicap, la empresa de Sánchez, también trabajó para el PP. En 2008, como publicó este periódico, se encargó del montaje del congreso nacional del partido celebrado en Valencia, en el que el presidente, Mariano Rajoy, fue ratificado en el cargo. En aquel congreso también tuvo una participación menor Álvaro Pérez, El Bigotes. En 2009, tras el estallido del caso Gürtel y la dimisión de González Panero, el Summercase dejó de celebrarse.

http://politica.elpais.com/politica/2012/07/04/actualidad/1341432967_621943.html

EL JUEZ RUZ CITA AL EXDIPUTADO MARTÍN VASCO Y A SU HERMANO

El exdiputado regional imputado en el Caso Gürtel es sospechoso por la compraventa de una parte de un piso con la intención de eludir el pago de una fianza

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, ha citado a declarar al exdiputado regional del Partido Popular Benjamín Martín Vasco y a su hermano, Joaquín Martín Vasco, por haber realizado la compraventa de una parte de un piso que estaba a nombre del primero con la intención de eludir presuntamente el pago de una fianza, según un auto hecho público el pasado miércoles.

Los hermanos Martín Vasco declararán el próximo 11 de julio como posibles autores de un delito de insolvencia punible o, lo que es lo mismo, por permitir que el primero se hiciera pasar por insolvente para evitar hacer frente a un posible embargo. El 3 de marzo de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) impuso al exparlamentario regional del PP madrileño —uno de los tres imputados inicialmente por el exmagistrado Baltasar Garzón en el caso Gürtel— una fianza de 950.000 euros para garantizar sus eventuales responsabilidades pecuniarias. Pero Martín Vasco no abonó la cantidad requerida, por lo que el 5 de mayo de 2011 el magistrado del TSJM Antonio Pedreira acordó el embargo de sus cuentas y de un inmueble de su propiedad en Arganda del Rey.

"El 12 de noviembre de 2009, Benjamín Martín Vasco y su hermano, con el fin de eludir la traba y la posterior ejecución del inmueble, otorgaron escritura pública por la que se procedía a su venta a Joaquín Martín Vasco por un precio de 42.000 euros que se decía haber recibido por el vendedor en efectivo entre los años 2005 y 2008. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de insolvencia punible", explica el magistrado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/28/madrid/1340918969_610390.html

LA TRAMA GÜRTEL COBRÓ A AGUIRRE GASTOS DEL RESTAURANTE DE LÓPEZ VIEJO

El exviceconsejero derivó a su negocio familiar dinero público de la Comunidad

"Solo preguntarte que si los costes de lo del restaurante de Alberto ¿los divido en tres y los imputamos a distintos actos de la CAM como hicimos la otra vez?". "Lo de La Hacienda Argentina, hay que hacer lo mismo de la otra vez. Tenemos que repercutir en nuestros costes".

Con esa soltura, los trabajadores de las empresas de la trama Gürtel exponían en sus correos electrónicos cómo se iba a pagar un trabajo realizado para el restaurante del que era propietaria la esposa del entonces viceconsejero de Presidencia de la Asamblea de Madrid, Alberto López Viejo. La trama realizaba servicios para el establecimiento, dividía el coste de estos y los repartía y endosaba en diferentes facturas que emitía la propia trama a la Comunidad de Madrid, por la celebración de distintos eventos. Así lo refleja la policía en un informe que remitió hace apenas unos días al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel.

La red corrupta endosó costes de publicidad y azafatas del local

"Los 1.000 tarjetones van a: Plza. Pontejos. Viceconsejería de Presidencia", señala otro de los correos electrónicos intervenidos. "Hola Alberto. Te llevan esta mañana los tarjetones a la Plaza de Pontejos. Al final te hemos hecho 1.000 uds., que nos daba lo mismo que hacerte 700 más. Espero que te guste el color", dice otro de los mensajes analizados que lleva a la policía a concluir que "del contenido de los datos reflejados en los distintos correos se puede inferir que el llamado Alberto López Viejo, es el destinatario de un trabajo encargado previamente relacionado con un negocio vinculado al "Restaurante La Hacienda Argentina (Tarjetones con publicidad y servicio de azafatas)".

El acuerdo en correos electrónicos

De: Rocío, de Servimadrid

A: Isabel Jordán, de Easy Concept

Asunto: La Hacienda Argentina y otros

Hola Isabel. Sólo preguntarte que si los costes de los del restaurante de Alberto los divido entre tres y los imputamos a distintos actos de la CAM como hicimos la otra vez?

De: Isabel Jordán, de Easy Concept

A: Rocío, de Servimadrid

Asunto: Re: La Hacienda Argentina y otros.

Sí, ok a imputar los costes a diferentes actos.

De: Rocío, de Servimadrid

A: otras dos trabajadoras de Servimadrid

Asunto: Hola Chicas. Lo de la Hacienda Argentina, hay que hacer lo mismo de la otra vez. Tenemos que repercutir en nuestros costes cada una de 971,08 euros. Besos

De: Rocío de Servimadrid

A: López Viejo, Alberto

Asunto: Re: argentina

Hola Alberto.

Te llevan esta mañana los tarjetones a la plaza de Pontejos. Al final te hemos hecho 1.000 uds., que nos daba los mismo que hacerte 700 más. Espero que te guste el color. Un abrazo, Rocío.

Ese trabajo, según añade la policía, fue encargado a Servimadrid, una de las empresas que componían la trama Gürtel. Y, posteriormente, y tras previa autorización, se cargaron los costes de los servicios prestados, "referidos al restaurante de Alberto, tras dividirlos entre tres, en distintos actos de la CAM". Además, el informe hace hincapié en el hecho de que en los correos hablan de "tal y como hicieron la otra vez" de lo que la policía concluye que "se puede inferir que no es la primera vez que utilizaban dicha práctica".

El informe también llama la atención sobre el hecho de que los encargos se remitieran directamente al despacho oficial del viceconsejero, lo que no deja lugar a dudas de su destinatario. Además, entre los correos intervenidos se encuentra uno del propio Alberto López Viejo a una de las trabajadores de la trama en la que le reclama uno de los servicios encargados a la red que lideraba Francisco Correa. "Me dice Esteban, el gerente del restaurante que las azafatas llevan esperando un buen rato la llegada de la publicidad, ¿Sabes algo?", indica el mail remitido por el viceconsejero que, al parecer, se hacía cargo también de hacer gestiones del restaurante.

En el caso de uno de los gastos analizados, la confección de unos tarjetones y un servicio de azafatas, el trabajo fue realizado realmente por dos empresas ajenas a la trama y su coste ascendió a cerca de 3.000 euros. Pero, tal como sostiene el informe, la contabilidad de la trama corrupta no lo sumó como deuda del verdadero cliente "de lo que se desprende la intención inicial de no facturar el acto al destinatario final". Y así, la policía concluye que "de esta forma el acto genera un coste a la organización que enjuga imputándole el mismo a distintos actos realizados para la CAM.".

La investigación se dirigió entonces a intentar comprobar si esos costes se repercutieron realmente en facturas a la Comunidad de Madrid. Y la policía encontró documentación de tres actos en los que se "refleja el coste repercutido". Uno de ellos fue una presentación de rallies, por el que la Comunidad de Madrid pagó los primeros 1.359 euros, cantidad semejante a la que se coló en la factura de los "Premios tolerancia 2006" y en la de "Entrega diplomas rumbo al sur".

Cartas de restaurante, carteles, más tarjetones y el reparto de estos son otros de los servicios prestados entre julio de 2006 y febrero de 2007.

El informe analiza otro documento que refleja una relación detallada de actos efectuados para la Comunidad de Madrid y unas cantidades de dinero asociadas a cada uno de ellos, que se corresponden con un porcentaje del coste de cada uno de los eventos. La policía apunta que se trata de las comisiones a "ALV" cuyo resultado asciende a 76.389,74 euros. En esa relación se descuenta una cantidad correspondiente a trabajos hechos para el restaurante que López Viejo no pagó pero que sí que provocó que se le rebajara el cobro de comisiones, según la policía.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/madrid/1339608449_228777.html

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE MADRID EXPEDIENTA AL JUEZ QUE INSTRUYÓ GÜRTEL 

Vieira atribuye a Pedreira no haber tramitado ante el Supremo un incidente jurídico

La Sala registra numerosos votos particulares contra decisiones de Vieira 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, ha abierto “un expediente” a quien durante casi tres años ha sido el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, una de las causas de corrupción más complejas y voluminosas que se instruyen en España en los últimos años. 

Entre otros argumentos, Vieira fundamenta el expediente en la no tramitación por parte de Pedreira de una cuestión de competencia negativa ante el Tribunal Supremo para dilucidar qué órgano —si el Tribunal Superior de Madrid o el de Valencia— debía investigar el cohecho que Anticorrupción atribuye a Pedro García, exdirector general de Canal 9. Este cohecho tiene relación con los contratos fraudulentos de la visita del Papa a Valencia en 2006, que depararon comisiones a las empresas de la red Gürtel por casi tres millones de euros, de los que 500.000 fueron supuestamente para García. 

El principal delito que se imputa a García, el cohecho, habría prescrito el pasado 8 de enero, según entiende la Fiscalía Anticorrupción. La Sala de lo Penal, en una decisión de Vieira y su colega Emilio Fernández Castro, rechazó imputar a Pedro García a pesar del voto particular en contra del tercer juez de la Sala, José Manuel Suárez Robledano, que alertó sin éxito a sus colegas sobre la prescripción del delito. 

Discrepancias judiciales 

Francisco Vieira fue nombrado presidente del Tribunal Superior por el actual Consejo del Poder Judicial, tras haber presidido la Audiencia de Madrid y, antes de eso, la Sección que condenó el asunto de los fondos reservados del Ministerio del Interior en época del PSOE, caso que fue denunciado por el dirigente del PP Federico Trillo. 

Para llegar a la presidencia de la Sala Civil y Penal Vieira contó con el aval del grupo conservador del Poder Judicial y el del varios vocales progresistas, entre ellos Margarita Robles, según fuentes de este órgano. Mientras Pedreira ha instruido Gürtel no formaba parte de la Sala, lo que permitía a Vieira y su colega Emilio Fernández Castro imponer sus criterios (por mayoría de dos a uno) al tercer magistrado, Suárez Robledano. Al dejar Pedreira el caso Gürtel, ha vuelto a la Sala como titular. En esta Sala, las decisiones las toman tres jueces que se van turnando con el cuarto, por lo que es factible que en algunas decisiones la postura de Vieira quede en minoría si a su lado están Pedreira y Robledano. 

En este contexto, Vieira envió el pasado 13 de marzo la incoación de su expediente contra Pedreira a los servicios de inspección del Consejo del Poder Judicial. Y, además, pidió un informe a la secretaria de su tribunal, Julia Fabián, para que explique por qué no se tramitó esa incidencia, subsanada sin mayor problema hace poco más de un mes por el actual instructor del caso Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. 

Fuentes jurídicas sostienen que detrás de expediente se halla un intento de Vieira de apartar a Pedreira de la Sala de lo Penal y Civil que preside para poder ejercer sobre ella un mayor control, dadas las fuertes desavenencias que existen entre los cuatro magistrados que la conforman: el propio Vieira, Suárez Robledano, Pedreira y un juez de apoyo nombrado por el anterior Consejo del Poder Judicial, pero que no es titular de la misma: Emilio Fernández Castro. Estos jueces son los que tramitan las causas en las que hay aforados (diputados autonómicos madrileños o miembros del Gobierno regional) y también la que enjuicia las querellas que se interponen contra los jueces de la región. Según estos medios, apartando a Pedreira, Vieira trata de exhibir su poder de presidente en la Sala. Y evitar así los constantes votos particulares a que son sometidas muchas de las resoluciones que ha adoptado junto al juez de apoyo Fernández Castro. 

Casi todos los votos particulares han sido emitidos por el magistrado Suárez Robledano, ex portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y se han hecho más patentes durante el tiempo en que Pedreira estuvo fuera de la Sala instruyendo el caso Gürtel. Decenas de resoluciones adoptadas por mayoría entre Vieira y Fernández Castro se han topado con votos particulares de Suárez Robledano. Uno de esos votos particulares fue, por ejemplo, el que formuló en la resolución en la que Vieira y Fernández Castro decretaron anular las escuchas que mantuvieron en la cárcel los cabecillas de la red mafiosa Gürtel con sus abogados. Y que supuso un precedente para la posterior condena por el Supremo del juez que ordenó esas escuchas, Baltasar Garzón. 

Detrás del expediente incoado a Pedreira, los citados medios jurídicos atisban la siguiente jugada: Pedreira es magistrado de elección autonómica. Es decir, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial tras optar entre una terna de candidatos propuesta por la Asamblea de Madrid. Lleva 20 años en el Tribunal Superior, al que accedió tras ocupar la jefatura de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, cargo al que accedió por oposición y obtuvo el número uno. Si Pedreira tuviera que marcharse de la Sala Penal y Civil, la asamblea madrileña, controlada ahora por el Gobierno de Esperanza Aguirre, sería la encargada de nombrar la terna con sus posibles sustitutos, todo ello en un momento de especial convulsión. 

Robledano advirtió sin éxito de que uno de los cohechos iba a prescribir 

Fuentes jurídicas señalan que Vieira y Fernández Castro han pedido verbalmente a Pedreira, de 66 años, que pida la baja médica y deje el tribunal debido a su problema de movilidad física, lo que daría luz verde a la Asamblea de Madrid para proponer una terna de sustitutos. De ahí extraen las citadas fuentes el expediente abierto ahora por Vieira a Pedreira luego de casi tres años instruyendo el caso Gürtel, causa que Pedreira remitió a finales del año pasado al juez Ruz con más de medio millón de folios. 

El expediente se debe a que Pedreira no tramitó ante el Supremo una cuestión de competencia negativa. Es decir, cuando empezaron a salir implicados en el caso políticos y funcionarios de Valencia, Pedreira remitió a sus colegas de esa comunidad una parte de la causa al entender que los delitos se habían cometido allí. Pero Valencia rechazó investigar esa parte y la devolvió a Pedreira. Al ver que le llegaba devuelta la causa, Pedreira, con fecha 20 de septiembre de 2011, firmó una resolución, que ocupa 20 folios, en el que eleva este incidente ante el Supremo. Sin embargo, el escrito no llegó al alto tribunal. Hecho ya subsanado por Ruz. 

La secretaria judicial del Tribunal Superior de Madrid, Julia Fabián, ha comunicado a Vieira que Pedreira solía despachar con la oficial encargada de tramitar Gürtel, y que ella no tuvo conocimiento de esa resolución. Vieira ha pedido también a Fabián información sobre dos colaboradores que tuvo Pedreira en el tramo final de la instrucción de Gürtel. Según los citados medios, se trata de un asistente del magistrado para ayudarle en su problema de movilidad y de un funcionario judicial que le fue designado como apoyo por la Consejería de Justicia de Madrid. 

Al periodo de tensión que vive ahora la Sala de lo Penal se une el hecho de la posible prescripción del delito de cohecho que se atribuye al exjefe de Canal 9 por la visita del Papa, Pedro García. Vieira y Fernández Castro desatendieron un voto particular de Suárez Robledano en el que les advertía que había que actuar contra García antes del 8 de enero pasado o el delito prescribiría. Pasó esa fecha y no se hizo nada. El pasado viernes el juez Ruz acabó por fin con la nebulosa que se cernía sobre García y le imputó cinco delitos, incluido el de cohecho. Si ha prescrito o no se verá en el juicio. 

www.elpais.es 02.04.12

SALTA A LOS JUZGADOS DE ALCALÁ, QUE INVESTIGARÁN AL CONSISTORIO

Un juez de instrucción examinará la adjudicación de un contrato de cinco millones 

Un juzgado de instrucción de Alcalá de Henares será el encargado de investigar si el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el popular Bartolomé González, cometió alguna ilegalidad al adjudicar el servicio de pavimentación municipal por cinco millones de euros a la empresa Constructora Hispánica, relacionada con el caso Gürtel. El magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decidido que la competencia para investigar un presunto caso de corrupción en el seno del Ayuntamiento complutense la tienen los juzgados de Alcalá, por lo que ha acordado la inhibición parcial en favor del juez decano de este municipio. Y lo hace después de comprobar que no hay ninguna relación con el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. 

De esta forma, la pieza separada en la que se investiga el expediente de contratación para la conservación y reforma de los pavimentos de Alcalá, “así como el eventual pago de comisiones ilegales derivadas de su adjudicación”, según la denuncia del funcionario municipal Juan Antonio Camargo, se desgaja del tronco principal del sumario, que seguirá en la Audiencia Nacional. 

Esta pieza separada contiene importante documentación, entre la que destaca un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que sostiene que la tramitación y adjudicación de este contrato a la empresa Constructora Hispánica se hizo de manera "arbitraria" y "subjetiva". El documento resalta el Ayuntamiento ha pagado a Hispánica unos 500.000 euros más de lo previsto en dos contratos, siendo el desembolso total de 10 millones de euros. Además, explica que dos ofertas idénticas han sido valoradas de forma diferente, lo que ha provocado que al final Hispánica adelantara a las otras empresas que optaban a los servicios municipales ofertados por Alcalá. 

“Esta oferta no vale ni las pastas” 

“¿Quien le dijo que lo hiciera así, según dice en el escrito, fue Francisco Javier Fernández Abad?”, preguntó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una de las fiscales al funcionario de Alcalá Juan Antonio Camargo, que contestó: “Exactamente. Es mi jefe directo, el concejal de Obras y Seguridad”. 

“¿Lo que dice en ese escrito es que le dijeron que adjudicara las obras a Construcciones Hispánica a pesar de que la mejor oferta era la de la empresa API?. ¿En qué momento del expediente se encontraban?”, preguntó de nuevo la representante del ministerio público. 

Este fue el momento en el que Camargo explicó todo el operativo: “Una vez que se abren las plicas ya se sabe cuales son las mejores ofertas. Vemos que la oferta de Api es la mejor. Todos estamos de acuerdo en que es la mejor. Pero me hacen volver de un curso en Salamanca y me dice primero que a Api ni hablar. Que bajo ningún concepto se le adjudique a Api las obras. A pesar de que él es consciente de que es la mejor oferta. Y nos dice que ya nos dirá a qué empresa hay que adjudicarlo”. Al poco tiempo, según Camargo, el concejal le dijo que la empresa adjudicataria era FCC, la tercera. “Di instrucciones a Juan María y a los demás. Estudia la oferta de FCC que parece que finalmente va a ser la que va a resultar adjudicataria”, explicó Camargo, que prosiguió: “No parecía una mala oferta aunque no era la mejor. Y bueno, nos dicen que no, que esa tampoco y que era la de Constructora Hispánica. Y yo le digo: esa oferta es tan mala que no vale ni las pastas, es que es espantosa, es como mucho la peor de todas”, declaró este funcionario. 

Precisamente, la declaración del funcionario municipal Juan Antonio Camargo añade todavía mayor credibilidad al informe de la Igae. En la misma, explica cómo su jefe directo, el concejal de Obras y Servicios, Francisco Javier Fernández, le dijo a qué empresa tenía que otorgar el servicio: “Nos hizo una indicación de que debíamos adjudicar el contrato de mantenimiento de pavimentos a la empresa Constructora Hispánica”. 

En su testificación, Camargo explica también que la decisión de sus jefes de utilizar una fórmula novedosa para adjudicar el servicio fue decisiva para que Hispánica lograra el contrato. “Normalmente hay un concejal responsable y luego esta Héctor Bárez, que es el que abre las ofertas y el que lleva todo el asunto. Esta [fórmula] me la ha dado Gustavo Severián y me la tienes que aplicar. Y yo le pregunto: ¿Y esto …esta novedad. Esto no está en ningún sitio”. Para Camargo la aplicación de esta fórmula es la clave de la operación irregular del Consistorio: “Efectivamente minimiza el impacto del precio. De manera que una baja por encima del 20% prácticamente no tiene importancia”. “La formula que él me da, que yo lógicamente aplico, abre la posibilidad de que ese concurso acabe donde se quiere. Yo veo lo que está pasando”.

En el sumario de la operación Gürtel se mantiene la investigación sobre el segundo de los servicios municipales que analizó la Intervención General del Estado en Alcalá de Henares: la construcción de un parque de bomberos. Y seguirá instruyéndose en la Audiencia Nacional porque uno de los apuntes de la contabilidad de Correa recoge que la organización recibió 78.899 euros por el parque de bomberos. El PSM a través de su abogado ya ha pedido en el TSJM la imputación de los ediles del PP Javier Fernández Abad y Marta Viñuelas. 

www.elpais.es 04.03.12

EL EXALCALDE DE MAJADAHONDA DESVIÓ 28.000 EUROS A SU CUENTA

Ortega envió el dinero público a una firma de Gürtel que, a su vez, pagó los relojes que había comprado en una joyería, según la policía

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega pidió en 2001 al Ayuntamiento que dirigía 28.000 euros para pagar un vídeo. Recibió el dinero, pero en vez de pagar el trabajo audiovisual ingresó el dinero en una de sus cuentas. Y después le envió el dinero a una de las empresas del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, que se encargó de pagar una factura que había generado el propio Ortega, que había comprado relojes en una conocida joyería madrileña por un importe de 28.000 euros. Estas son las conclusiones que se desprenden del último informe realizado por los agentes de la policía judicial que investigan el caso.

"El exalcalde recibió un cheque nominativo a su nombre"

El dinero era supuestamente para pagar un vídeo promocional

Correa, el cerebro de la red Gürtel, sufragó las compras de joyas del edil

El último informe policial destapa el 'modus operandi' de la trama

El informe, con fecha del 26 de enero, y que tiene el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre la mesa, explica que el 29 de agosto de 2001 el propio Guillermo Ortega solicitó al Consistorio un total de 28.571,51 euros. Supuestamente era para pagar la confección de un vídeo en el que se iban a reflejar los proyectos abordados por el equipo de Gobierno majariego. Pero la realidad, según la policía judicial, era muy distinta: "Francisco Correa crea una operación económica ficticia, como es el servicio prestado al Ayuntamiento de Majadahonda, para dar cobertura al trasvase de fondos", sostiene el informe remitido a Ruz, magistrado titular del Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional en sustitución de Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación tras la denuncia presentada por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, asesorado por el letrado y concejal de Boadilla del Monte Ángel Galindo.

La investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-BLA) pone de manifiesto que días después de que Ortega solicitara el dinero, el exalcalde recibió "un cheque nominativo a su nombre" con fecha de 20 de septiembre del mismo año y con cargo a las cuentas del municipio. E ingresó el dinero en una de sus cuentas. Seis días después una de las empresas del presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, concretamente Special Events, recibió un cheque por el mismo importe: 28.571,51 euros. En este punto, las pesquisas policiales argumentan que Ortega transfirió el dinero a Special Events, ya que ese mismo día la firma de Francisco Correa efectuó el pago de 27.117,66 euros a una joyería de Madrid. La misma de la que Ortega se había llevado relojes por el mismo precio.

Tres meses después, Ortega trató de regularizar la situación, algo que finalmente no logró, pues el interventor municipal acabó por oponerse a los presuntos tejemanejes del exalcalde de Majadahonda: "Con la finalidad de justificar el libramiento de fondos por parte del Ayuntamiento de Majadahonda a nombre de Guillermo Ortega, Special Events confecciona una factura pagada por el Consistorio por un importe de 28.571,51 euros". En la memoria de la factura, Francisco Correa indicó que el cobro del dinero está justificado por la realización del vídeo Creciendo en calidad de vida.

Pero hubo un problema, y la factura fue anulada, ya que el montante era superior a los 6.000 euros. Y cualquier adjudicación municipal superior a esta cantidad debería haber obligado a Ortega a convocar un concurso público, que no se había celebrado. Por eso la firma de Correa envió en lugar de la factura anulada otras cinco, con importes similares, que no superaban los 6.000 euros. Pero la Intervención municipal se opuso a esta operación, al considerar que se había fraccionado el contrato, tal y como consta en un informe del 11 de febrero de 2002.

www.elpais.es 07.02.12

BOADILLA FICHA A UN ACUSADO DE TROCEAR CONTRATOS A CORREA

El exfuncionario regional trabaja ahora en el Consistorio

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha contratado como funcionario al exempleado de la Comunidad de Madrid Gerardo R. C., acusado por los socialistas madrileños de favorecer desde su anterior puesto a las empresas de la red Gürtel encabezada por Francisco Correa. En concreto, y según consta en el sumario del caso Gürtel, el nuevo funcionario municipal participó en la adjudicación a la empresa Easy Concept de un contrato para la inauguración del curso escolar de 2004 en 11 colegios de la Comunidad de Madrid. "De acuerdo con la naturaleza de estos servicios consideramos que ha habido un fraccionamiento del objeto del contrato con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación (negociado o abierto), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia", asegura el informe de la Unidad de Auxilio Judicial que analizó las cuentas de la Comunidad de Madrid relacionadas con las empresas de Correa. En dichas cuentas se halla la adjudicación en la que participó el ahora funcionario de Boadilla del Monte. De esta forma, y según el sumario, Gerardo R. C. participó desde su cargo de secretario general técnico de la Consejería de Educación en ese fraccionamiento realizando por un mismo trabajo dos facturas de 11.990 euros y 11.984 euros. Ambas facturas no superan el límite de los 12.000 euros, algo que hubiera obligado a la Comunidad de Madrid a sacar a concurso público la organización del inicio del curso escolar, que acabó engrosando las cuentas de las empresas de Correa.

Cuatro ediles de la época de Panero, reubicados en otros Ayuntamientos

En el escrito de acusación de los socialistas, que más de un año después no ha sido contestado por el magistrado Pedreira, se solicita la imputación de numerosos cargos del Gobierno regional, incluido Gerardo R. C., atribuyéndole tres y no dos fraccionamientos, como asegura el sumario, del contrato del inicio del curso escolar. De esta forma, el beneficio de Correa gracias a la gestión del mencionado funcionario sería de 5.432 euros, superando entonces los 29.300 euros.

La contratación de este funcionario choca con las anteriores iniciativas desplegadas por el nuevo alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, quien ha manifestado su intención de dotar de transparencia su gestión después de que en la pasada legislatura dos alcaldes, Arturo González Panero y Juan Siguero, tuvieran que abandonar el cargo tras ser imputados en el caso Gürtel. Por decisión del nuevo primer edil, todos los gastos serán enviados al Tribunal de Cuentas para que fiscalice los presupuestos municipales, al mismo tiempo que ha creado un órgano de control de las adjudicaciones municipales.

Por otra parte, un sector de los exconcejales del PP que se presentaron en la lista que hace cuatro años encabezó el exalcalde Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, y que no resultaron implicados en el escándalo, han sido recolocados en los Ayuntamientos adyacentes en los que gobierna el PP. Este es el caso de al menos cuatro integrantes del equipo de González Panero, como por ejemplo la que después fuera alcaldesa Mercedes Nofuentes: tras aceptar el cargo, al dimitir Juan Siguero, fue contratada en el Ayuntamiento de Las Rozas como responsable de área con una retribución anual de 45.832 euros en 14 pagas (3.273 euros mensuales). Los socialistas también solicitaron que Nofuentes declarase como imputada en el caso Gürtel, algo que el juez Pedreira dejó sobre la mesa.

La exconcejal en Boadilla Isabel Fernández de Guzmán también fue nombrada asesora en Las Rozas pero con un sueldo menor: 37.654 euros. Fernández de Guzmán fue citada a declarar como testigo por Pedreira por la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla, un servicio adjudicado por González Panero a una de las empresas de Correa por más de dos millones de euros. La oficina fue cerrada por su sucesor, Juan Siguero, tras reconocer que su funcionamiento había sido irregular. Otras de las recolocadas son Olivia García Moyano, concejal en Villaviciosa de Odón; y Cristina Sánchez Massa, edil en Pozuelo de Alarcón.

www.elpais.es 26.10.11

LA RED GÜRTEL FINANCIÓ AL PARTIDO POPULAR DE MAJADAHONDA

Un informe policial dice que Correa facturó a contratistas las campañas del PP.- Correa pagó el hotel a dos ediles del PP majariego, según la policía.- El Ayuntamiento lo confirma, pero les defiende "porque eran jóvenes y no eran cargos públicos"

El presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, llegó a tener un control casi absoluto del Ayuntamiento de Majadahonda durante el periodo en el que el exalcalde del municipio Guillermo Ortega, imputado en el caso, estuvo al frente del Consistorio. Esta es la principal conclusión de un reciente informe elaborado por la Policía Judicial y que consta en el sumario del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en el periodo democrático ligada a un partido político: el PP.

El modo de actuar de Correa en el Consistorio majariego, gracias al que recibió pingües beneficios al menos entre 2001 y 2005, consistía en asignar dentro de su contabilidad una cuenta denominada "gabinete Majadahonda". Esta partida se nutría del dinero que recibía de las empresas concesionarias del Ayuntamiento. En ella se reflejaban todos los ingresos presuntamente ilegales procedentes de las empresas, alguna de las cuales resultó adjudicataria de servicios y obras municipales por un valor superior a los 20 millones de euros. Francisco Correa también se hizo cargo, con este dinero obtenido de una forma presuntamente ilegal de los contratistas de Majadahonda, de los gastos personales del exalcalde majariego Guillermo Ortega; así como de campañas publicitarias del Consistorio y del PP local.

"Los fondos que entran en la cuenta proceden del cobro de facturas emitidas por las sociedades de servicios de Francisco Correa", explica el documento policial, que especifica el nombre de estas empresas: Special Events, Down Town Consulting, TCM o Pasadena. Estas firmas facturaban a terceros: "En unos casos adjudicatarios de contratos públicos por el Ayuntamiento, como por ejemplo la unión temporal de empresas (UTE) de la recogida de las basuras Sufi-FCC, a Equipamientos Ambientales, a Osepsa, la UTE Saglas-Panasfalto, Licuas o Tecmed". También cobraron, según la policía "a sociedades como Serprinsa, al Patronato Monte del Pilar, al Ayuntamiento y a la firma Creative Team, de la red de Francisco Correa".El informe de la policía, que tiene como fecha de realización el 1 de junio de 2011, indica que los fondos de la cuenta que Correa destina a Majadahonda se aplican al pago de facturas relativas a publicidad institucional del Ayuntamiento o del PP de Majadahonda. Todas ellas realizadas en diferentes medios de comunicación. El dinero de la cuenta de Correa también se asignó al pago de servicios profesionales, como por ejemplo los trabajos gráficos realizados para el Ayuntamiento o el PP de Majadahonda en los años 2003 y 2004. Para ello la sociedad Boomerangdrive emitió una factura de servicios profesionales de asesoramiento.

También utilizaban el dinero de la caja b de Correa para entregárselo a José Luis Peñas, el denunciante del caso Gürtel; al exedil Juan José Moreno Alonso; a la entonces mujer de Correa María del Carmen Rodríguez Quijano, que era jefa de gabinete del Consistorio; y a Francisco Javier Agulló Sagastizábal, que en la actualidad es miembro de la junta directiva del PP de Majadahonda, según consta en la página web del partido. Las empresas de Correa también destinaban el dinero que recibían de las firmas concesionarias del Ayuntamiento de Majadahonda para realizar pagos a la empresa Citytime, así como para sufragar los gastos particulares de Guillermo Ortega y de su mujer, como la adquisición de turismos de lujo (ha tenido a su nombre, junto con su esposa, hasta 39 vehículos).

Llama la atención que en uno de los que la policía denomina "servicios turísticos", consta el nombre de dos miembros del PP de Majadahonda que en la actualidad son concejales del grupo municipal: el primer teniente de alcalde, José Antonio Carnevali y el edil de Medio Ambiente y Jardines, Pablo García. También está el exconcejal de Deportes Ricardo Riquelme. Según el albarán que consta en la documentación, Correa pagó a estos tres miembros del PP de Majadahonda y al exalcalde Guillermo Ortega una noche de hotel en el NH Villa de Bilbao el 31 de marzo de 2001. El importe de este "servicio turístico" que aparece en las cuentas de la sociedad de Correa Pasadena Viajes fue de 388,42 euros.

Fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda con las que se ha puesto en contacto este periódico confirman que los dos ediles disfrutaron de los servicios de Pasadena, aunque en su defensa aseguran que entonces "eran muy jóvenes, pues estaban en un viaje de Nuevas Generaciones, y que entonces no desempeñaban ningún cargo público, por lo que no se trata de ninguna ilegalidad". Estas mismas fuentes indican que entonces los ediles Carnevali y García tenían entre 25 y 30 años, por lo que le pidieron al presidente del partido en Majadahonda, el propio alcalde Guillermo Ortega, viajar y por eso se fueron al acto del partido en Bilbao. "Se fueron cinco en una furgoneta y se alojaron en dos habitaciones dobles. Es perfectamente legal, tan legal es que te lo pague el partido como que alguien te ayude", expresa esta fuente municipal que prefiere no citar su nombre.

El informe policial hace especial hincapié en la figura del popular Agulló Sagastizábal, quien recibió rentas de forma periódica procedentes de las cuentas de Correa: "Seguramente por la realización de un servicio profesional", indica el documento, que resalta que según la página web del PP de este municipio Agulló es miembro del partido a nivel local.

El trabajo policial destaca, por otra parte, que las facturas emitidas por las empresas de Correa emplean conceptos genéricos, "como campaña publicitaria, creatividad, artes finales, reparto e instalación de elementos de la campaña", "diseño y creatividad para distintas promociones en Madrid", "diversos trabajos de creatividad". Pero todas estas facturas no tienen nada que ver con el trabajo desempeñado en realidad.

En conclusión, según el informe, se crean facturas específicas para justificar los movimientos de fondos y con ellos "alimentar" la cuenta por parte de las sociedades de Correa. Las sociedades pagadoras son en su mayoría entidades adjudicatarias de contratos públicos en Majadahonda. El dinero de dicha cuenta se dedica al pago de servicios de carácter publicitario del propio Ayuntamiento y del PP.

www.elpais.es 03.10.11

EL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA SE ACERCA A LOS 24 MILLONES DE EUROS

La policía cree que cobró comisiones de Martinsa y de otros dos empresarios

Un informe de la Policía Judicial hecho público ayer destapa la relación entre dos comisiones de más de 12 millones de euros cada una (en total 24,8 millones) cobradas por el presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, por intermediar entre las instituciones gobernadas por el PP madrileño y empresas relacionadas con la red corrupta. El documento vincula el pago de 12,8 millones a Correa en junio de 2006 por parte del empresario Fernando Martín, máximo accionista de la promotora Martinsa, para lograr una adjudicación de suelo público en Arganda del Rey con otra supuesta comisión ilegal de 12 millones, realizada en diciembre de 2004, de origen desconocido.

"Martinsa se portó conmigo", asegura el líder de la trama Gürtel en una cinta

El resguardo de uno de los pagos en Suiza lo identifica como "comisión"

La policía atribuye este pago a los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo. Los dos responsables de la empresa que pagó esta comisión están citados a declarar mañana ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye la rama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira.

La presunta comisión ilegal abonada por el propietario de Martinsa estaba considerada hasta ahora el mayor pelotazo de Correa. Si ahora se demuestra que estas dos transferencias están relacionadas, el beneficio del cerebro de la trama por intermediar con el Ayuntamiento de Arganda se podría haber multiplicado por dos, llegando a superar los 24 millones de euros. Por el momento son cuatro los imputados del caso Gürtel relacionados con el Consistorio de Arganda: el exalcalde Ginés López, el exdiputado regional Benjamín Martín Vasco, el cargo local Tomás Martín Morales, y el responsable de la sociedad municipal de fomento Juan Fernández Caballero.

Según consta en un documento incluido en el informe remitido por las autoridades suizas, el resguardo de la transferencia de 12,8 millones a Correa realizada desde una cuenta del empresario Fernando Martín no esconde el verdadero motivo del pago: "Montante recibido como comisión por la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de Madrid hecho por la sociedad Martinsa". Esto probaría que el pago se debió, según el informe policial, a la intermediación del cerebro de la red corrupta con el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. El Consistorio, gobernado por el PP, adjudicó finalmente a Martinsa la denominada Unidad de Ejecución 124, donde estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas, por un precio de 77 millones de euros, cuando inicialmente se había tasado en 100 millones. Dos años después, la promotora vendió un tercio del suelo por 73 millones de euros, una cantidad tres veces superior al precio pagado, que fue de 25 millones. Hasta el momento no se ha puesto ni un ladrillo en el terreno.

Al concurso que ganó Martinsa en Arganda del Rey el 23 de junio de 2004 se presentaron tres empresas. Pero el Consistorio de Ginés López, a la hora de valorar las ofertas, delegó parte de la baremación en dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Los técnicos del Ayuntamiento y las dos sociedades valoraron diferentes aspectos del polémico concurso y entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero se pronunció Aguirre Newman, que optó por una empresa distinta de Martinsa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, tampoco resultó ganadora la sociedad de Martín. El último en valorar fue Plarquin, que puntuó la solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.

El establecimiento de la conexión entre las dos comisiones de 12 millones fue posible gracias a la documentación remitida por Suiza, que ha destapado que, de los 12,8 millones de Martinsa, ocho ya se encontraban inicialmente en la cuenta de Fernando Martín, mientras que otros cuatro fueron aportados por Ostara Services, del empresario Manuel Salinas. El millón restante tenía su origen en una cuenta de la sociedad Arthington Investments, relacionada con Amando Mayo. Estos empresarios fueron los responsables de la otra comisión pagada a Correa en 2004, sin que se conozca el motivo de la misma. La policía no ha podido determinar el verdadero motivo de esta comisión.

El informe policial aporta la transcripción de conversaciones grabadas por el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, en las que Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros".

www.elpais.es 29.06.11

2) CASO GÚRTEL: LA EXESPOSA DE PANERO SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ

Pedreira mantiene imputada a la que fue mujer del exalcalde de Boadilla  

La exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero se negó ayer a declarar ante el magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que la había citado como presunta autora de un delito contra la Hacienda pública. Elena Villarroya rechazó testificar al entender que el juez no era competente tras inhibirse de la investigación del caso a favor de la Audiencia Nacional, según explicaron ayer fuentes del caso, que especificaron que el magistrado ha decidido mantener su imputación. También estaba prevista la declaración de González Panero, pero esta se ha aplazado hasta el 14 de julio.

En su comparecencia ante el TSJM, Villarroya resaltó, además, su intención de no prestar declaración hasta que concluya la inspección de Hacienda a la que está sujeta.

La decisión del juez de imputar la semana pasada a González Panero, conocido como El Albondiguilla, y a su exesposa ha alejado la posibilidad de que el delito contra la Hacienda pública que el magistrado les atribuye prescriba, al haber pasado seis años, ya que fue el 28 de junio de 2005 cuando se abrió la cuenta en Suiza. Tanto Villarroya como González Panero fueron imputados como presuntos autores de un delito fiscal al poseer una cuenta no declarada al fisco en un banco suizo.

El fraude del que se les acusa asciende a 365.000 euros. En la cuenta, abierta a nombre de Longridge Internacional, SA, Villarroya aparecía como apoderada y González Panero como gestor. En declaraciones a EL PAÍS, González Panero negó tener ninguna relación con la empresa, asegurando que la figura de "gestor" no existe en relación con las cuentas bancarias. Asimismo, indicó que si el juez considera que la cuenta era propiedad de los dos ya no podrían ser acusados de un delito fiscal. No obstante, en la actualidad el límite para ser considerado delito fiscal es de 120.000 euros.

www.elpais.es 30.06.11

EL PRESIDENTE DE MARTINSA, IMPUTADO

El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 30 de junio al presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín, al que imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra Hacienda.

Pedreira le preguntará por un desembolso de casi 13 millones de euros que acabó en Panamá en manos del cabecilla de la trama, Francisco Correa. El juez investiga si estos millones tienen relación con una operación inmobiliaria desarrollada por Martinsa en Arganda del Rey (Madrid) en la que Correa habría actuado de intermediario ante el Ayuntamiento, entonces gobernado por Ginés López, del PP, otro de los imputados.

En el marco de esa operación, Martinsa pagó al Ayuntamiento 66 millones por unas parcelas tasadas en 100 y se comprometió a abonar otros 11 millones, pero ese dinero nunca llegó al municipio. Fuentes de Martinsa negaron ayer haber pagado comisión alguna a la red.

www.elpais.es 14.06.11

EL JUEZ SEGUIRÁ MESES CON EL CASO ANTES DE ENVIARLO A LA AUDIENCIA 

Los recursos de dos imputados ante el Supremo frenan el traspaso del sumario 

El juez Antonio Pedreira continuará investigando durante varios meses el caso Gürtel antes de enviarlo, presumiblemente, a la Audiencia Nacional. Los recursos ante el Supremo anunciados ayer por el extesorero del PP Luis Bárcenas y el empresario José Luis Ulibarri, también imputado, implican que la instrucción continuará en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) al menos otros seis meses.  

Bárcenas y Ulibarri tienen ahora un mes para impugnar el auto por el que la Sala Penal y Civil del TSJM ratificó el pasado día 8 la inhibición de Pedreira en favor de la Audiencia Nacional. La ratificó por dos razones: porque ya no hay imputados con aforamiento y porque el delito de blanqueo internacional de capitales compete a la Audiencia. 

Fuentes jurídicas indicaron ayer que Pedreira proseguirá al frente de la investigación hasta comienzos de 2012 si el Supremo admite a trámite uno o los dos recursos de casación. En el caso de los trajes, la ramificación del sumario por la que Francisco Camps está imputado como presunto receptor de sobornos en especie (los trajes), el Alto Tribunal se tomó ocho meses para ordenar la reapertura de diligencias tras el cerrojazo dictado por el Tribunal Superior valenciano (TSJCV). 

Quienes siguen el caso de cerca indicaron que Pedreira no planea limitarse en esta fase de prórroga a realizar los trámites imprescindibles. De hecho, el día 30 interrogará al presidente de Martinsa y a otros dos empresarios bajo sospecha de haber pagado 24,8 millones a Francisco Correa. Al menos uno de esos pagos, de 12,8 millones, está presuntamente vinculado a un pelotazo de Martinsa en Arganda (Madrid). 

Otro imputado por soborno 

Ayer, y en relación con ese mismo pelotazo, declaró como imputado Juan Fernández Caballero, gerente de la empresa municipal de Arganda que, en 2004, adjudicó una gran bolsa de suelo público a Martinsa en un concurso que las acusaciones creen amañado. Fernández, a quien el juez imputó los delitos de soborno y prevaricación tras un interrogatorio de dos horas y media, se escudó en que siguió el criterio de "los técnicos". Su declaración llegó al culmen cuando, pese a la existencia de papeles oficiales, negó que dos empresas privadas hubieran sido las encargadas de evaluar distintos puntos de las ofertas presentadas al concurso.

Una de las empresas evaluadoras fue Plarquin, de la que había sido copropietario Enrique Porto, entonces director general de Urbanismo de Esperanza Aguirre. Fue el dictamen de Plarquin el que inclinó la balanza en favor de Martinsa. Antes de la adjudicación, Luis Bárcenas y el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, alertaron a Aguirre del amaño que se avecinaba. El aviso fue desoído.  

www.publico.es 16.06.11 

LA TRAMA PREPARÓ UN NEGOCIO PARA UN UN MIEMBRO DEL GRUPO DE TAMAYO

La red guardaba copia de un contrato de venta de acciones a Dionisio Ramos, a quien el escolta del tránsfuga señaló como quien le encargó proteger al diputado

Un documento hallado por la Policía en los ordenadores de Luis de Miguel, imputado en el sumario Gürtel como uno de los presuntos blanqueadores de la trama, amenaza con dar una vuelta de tuerca al caso. Porque el documento, datado en 2002, es la copia informática de un contrato de venta de acciones de una sociedad del grupo de Correa, Gestión y Equipamientos Deportivos SL, creada según la propia trama para hacer negocios con la Universidad Complutense. Y quien figura como comprador es Dionisio Ramos, el exgerente de esta universidad a quien el escolta de Eduardo Tamayo señaló ante un juez en 2005 como persona vinculada al encargo que recibió para proteger al diputado tránsfuga tras el tamayazo, el golpe que el 10 de junio de 2003 impidió al PSOE gobernar la Comunidad de Madrid y abrió la puerta de la victoria a Esperanza Aguirre.

El agente de seguridad privada que protegió a Tamayo, José Antonio Expósito, se retractó de su versión judicial sobre el papel de Dionisio Ramos tras ser contratado por Intereconomía, informó entonces la cadena SER. Según Ramos, cambió su relato por otro motivo: "Porque provoqué un careo". Expósito fue condenado en 2010 por fingir que era agente del CNI.

El exgerente de la Complutense niega tajante que el contrato sea real

Público localizó a Ramos a través de una empresa donde comparte cargo de administrador con la esposa de José Luis Balbás, jefe de filas de Tamayo en la corriente socialista Renovadores por la Base hasta la fulminante expulsión de ambos. El ex alto cargo del PP fue secretario general de Educación en Madrid y de la Complutense negó rotundo la existencia de ese contrato, anunció acciones legales contra este diario y remachó que Gestión y Equipamientos Deportivos jamás trabajó para la universidad mientras él fue gerente. "Ya demandé a una periodista de El País y eso se va a repetir", espetó en referencia a cómo actuó después de que el citado rotativo informase en 2006 sobre la caja B con que la Complutense hizo pagos opacos durante la etapa de Ramos, gerente hasta 2003. Fuentes de la universidad madrileña confirmaron el viernes la existencia de ese "fondo de reptiles", así como que el escolta Expósito cobró de la universidad días después del tamayazo. Y corroboraron que el caso, denunciado por el Rectorado, continúa en manos de un juez.

Integrado por tres folios, el contrato de venta de acciones a Dionisio Ramos consta incorporado al sumario Gürtel junto con los restantes archivos informáticos incautados en el despacho de De Miguel. Fechado el 8 de mayo de 2002, su contenido refleja cómo Spinaker 2000, empresa largamente investigada por el juez Antonio Pedreira, declara haber vendido al entonces gerente universitario 1.800 de sus 5.990 participaciones en Gestión y Equipamientos Deportivos SL. El precio, 1.800 euros.

Vehículo de pagos ilegales

La sociedad de la que habla el documento buscaba contratos con la universidad

Un informe policial del sumario Gürtel presenta a Spinaker 2000 como una de las sociedades que, con estructura de muñeca rusa sus títulos pertenecían a una compañía radicada en un paraíso fiscal utilizó la trama para canalizar pagos ilegales a varios dirigentes del PP. El informe cita como supuestos receptores al exdiputado Jesús Merino, el exsecretario de acción electoral y exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, el eurodiputado Gerardo Galeote y el extesorero Luis Bárcenas, todos ellos salvo Galeote ya imputados. Bárcenas y Merino niegan todo vínculo con Spinaker.

La venta de participaciones a Dionisio Ramos quedó fechada 20 días después de la constitución de Gestión y Equipamientos Deportivos, cuya titularidad real pertenecía a la trama. Así lo reconoce el propio Luis de Miguel en un escrito recibido por el juez Pedreira. "La sociedad dice ahí el abogado de De Miguel fue constituida pensando en que sería utilizada por el grupo empresarial del Sr. Correa. Por ello, se confirieron poderes a Pablo Crespo Sabarís", considerado el número dos de la red corrupta. En ese mismo texto, el defensor de De Miguel reconoce que también Spinaker fue creada a petición de Correa.

A lo largo de dos conversaciones, el exgerente universitario negó con reiteración haber hecho ningún negocio con Luis de Miguel, a quien dijo no conocer, o con cualquier otro miembro de la red Gürtel. Y anunció "una querella o una demanda" contra este diario en el momento mismo en que se ligara su nombre a la trama corrupta. Público le ofreció enviarle una copia del contrato para que pudiese estudiarlo y comprobar que la foliación lo identifica como un documento sumarial. En la primera llamada telefónica, el exgerente accedió a recibirlo mediante fax o correo electrónico. Una hora más tarde había cambiado de opinión: ya no estaba interesado en ver los papeles.

Ante la insistencia del diario en saber si, a su juicio, la única explicación posible es entonces la de que alguien hubiese suplantado su identidad, Ramos terminó por responder así: "Yo no le digo nada. No tengo ni idea de si han suplantado mi personalidad o de si se lo ha inventado usted [el contrato]".

Con este, son ya dos los nexos entre la Gürtel y el grupo de Tamayo que destapa el sumario. El primero se relaciona con una anotación en la agenda de Pablo Crespo, quien en el otoño de 2005 escribió un apunte sobre la creación de un nuevo partido valenciano destinado a debilitar a los socialistas. El apunte se hizo en las mismas fechas en que irrumpió el Partido Social Demócrata (PSD), que nació con el objetivo confeso de atrapar votos del PSPV y cuya sede oficial coincide con la del despacho de José Luis Balbás. Ramos participa en numerosas sociedades inmobiliarias y de servicios 27, según sus datos, en parte de las cuales comparte gestión con ejecutivos ligados a Balbás.

www.publico.es 02.05.11

CAE UN ALTO CARGO DE ALCOBENDAS POR FAVORECER A UNA EMPRESA AFÍN

La directora de Comunicación adjudicó contratos públicos valorados en más de 400.000 euros a la compañía de un socio de su hermano- Teresa Alonso-Majagranzas trabajó para una empresa relacionada con Gürtel

La directora de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas (PP), Teresa Alonso-Majagranzas, presentó ayer su dimisión tras haberse hecho público que desde 2008 y hasta marzo de 2011 concedió a la empresa Simple Part of Design Place, SL (SPD), contratos de publicidad por un valor cercano a los 400.000 euros, según informó ayer la cadena SER. SPD es una empresa de Roberto Guitián Yustas, socio en otra compañía del hermano de Teresa Alonso-Majagranza. Los dos son los dueños de una compañía de publicidad que compartía el mismo objeto social; la misma dirección y el mismo teléfono que la firma beneficiada por las adjudicaciones del Consistorio. La responsable de estas adjudicaciones fue presuntamente Teresa Alonso-Majagranza, quien ayer no respondió a las llamadas de este periódico para aclarar estos términos. La denominación de esta segunda empresa, en la que aparece el hermano de la empleada municipal es Adquiere Publicidad. Esta firma fue creada un mes antes de la llegada de Teresa Alonso-Majagranza al Consistorio de Alcobendas, en agosto de 2007.

El Consistorio dice que volverá a contar con la empleada expulsada

Tal y como consta en la documentación que obra en poder de EL PAÍS, a lo largo de 2008 la sociedad SPD realizó varias campañas institucionales de publicidad en Alcobendas, con unos ingresos de 118.252 euros. En 2009 fueron 120.932 euros; en 2010, 127.000 euros; y en lo que va del presente ejercicio 11.275 euros. El Ayuntamiento difundió ayer una nota en la que tras defender la "honestidad" y "profesionalidad" de este cargo de confianza anunció su "suspensión" como empleada del Consistorio.El Ayuntamiento de Alcobendas sostiene que la exdirectora de Comunicación, Teresa Alonso-Majagranzas, presentó su dimisión por la sensibilidad que rodea al periodo preelectoral: "Con el ánimo de no perjudicar ni a la candidatura conformada por el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento ni a la propia institución".

El Gobierno local mantiene su total confianza en la exempleada, de la que destaca su "generosidad". Pese a ello, el Consistorio ha decidido suspenderla: "Con la intención de preparar la documentación precisa que demuestre que los procedimientos llevados a cabo durante su gestión han sido, en todo momento, transparentes, conformes a los procesos existentes, y siempre en la mejor defensa de los intereses del Ayuntamiento". Por todo ello, el Consistorio explica que una vez aclaradas las circunstancias por las que se suspende a Teresa Alonso-Majagranzas, esta se reincorporará de nuevo a su puesto: "Para poder seguir ejerciendo en un puesto clave para la promoción de la buena imagen de la ciudad de Alcobendas".

El miércoles, la cadena SER adelantaba que Alonso-Majagranzas había reconocido que fue ella quien encargó el diseño y la maquetación del folleto de las Navidades de 2007 a una empresa de la que había sido apoderada. La factura por estos servicios ascendieron a 3.364 euros. Esta mercantil es Traci Comunicación, una sociedad limitada que en 2007 tenía el mismo domicilio social; el mismo número de teléfono y de fax que Over Marketing y Comunicación. Esta última mercantil está presuntamente implicada en el caso Gürtel y Palma Arena.

Además, en declaraciones a la misma emisora, Teresa Alonso-Majagranza dijo que en el momento en el que fue nombrada en el Ayuntamiento de Alcobendas, abandonó el cargo de directora de comunicación en Over MC y dejó de ser apoderada de Traci. Este cargo de Alcobendas también reconoció que la cuantía de la factura reflejaba un trabajo menor: un folleto del que se realizaron 45.000 ejemplares y que fue repartido en los domicilios del municipio.

En Baleares, la fiscalía investiga contratos publicitarios suscritos por Over MC con instituciones gobernadas por el PP. Over MC hizo la campaña del exministro de Medio Ambiente y presidente balear, Jaume Matas, en 2003. Asimismo, Over MC fue beneficiaria de un contrato de creatividad publicitaria del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), por un valor de dos millones de euros. Según declaró Isabel Jordán, empleada de la red Gürtel, Over MC fue una de las sociedades pantalla de las empresas del cerebro de la trama, Francisco Correa.

En una de las conversaciones interceptadas a la trama entre Correa y Pau Collado, otro de los empleados de la red, el cabecilla llega a preguntar por "lo de Alcobendas", a lo que Collado contesta: "Lo de Alcobendas ya está, ya está cerrado, en marzo empezamos". "En marzo empezamos, lo que pasa es que, claro, no son los presupuestos que había antes". Ante lo que Correa le responde: "Lo que hay que hacer es la campaña", contestándole Collado: "Alcobendas ya está, ya está facturada una parte".

www.elpais.es 19.04.11

LOS ATAQUES AL JUEZ PEDREIRA DIVIDEN Y TENSAN AL TRIBUNAL DEL CASO

Los magistrados se tiran los trastos a la cabeza a cuenta de las grabaciones en prisión

La división y la tensión son totales entre los tres magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dirime los recursos del caso Gürtel. Emilio Fernández Castro, el juez partidario de dejar libre bajo fianza al jefe de la trama, Francisco Correa, ha sido ponente de un auto (al que se ha adherido con su firma el presidente del tribunal, Francisco Vieira) en el que ataca con extrema dureza al instructor del caso, Antonio Pedreira.

Robledano considera "innecesarias e impropias" las críticas al instrutor

Este auto, que revoca una decisión de Pedreira sobre los pasos a seguir para eliminar de las diligencias las grabaciones de las conversaciones entre los cabecillas de la red y sus abogados en la cárcel, emplea términos casi insultantes y aleccionadores sobre cómo debe abordar el instructor el incidente de nulidad de las citadas escuchas.

Uno de los magistrados de la Sala, José Manuel Suárez Robledano, ha emitido un voto particular en el que respalda a Pedreira y sostiene que las expresiones que Fernández Castro vierte son "innecesarias, inadecuadas e impropias del funcionamiento ordinario y regular de las instituciones del Poder Judicial, y que además no responde a la realidad de lo ocurrido en el caso".

Fernández Castro recrimina a Pedreira una supuesta demora en la instrucción del proceso, y trata de darle clases sobre cómo debe tramitar la anulación de las escuchas. Suárez Robledano le replica recordando la complejidad de un sumario que acumula ya "632 tomos con aproximadamente 265.000 páginas", comisiones rogatorias en tres continentes y "más de 60 imputados". La propia Sala ha tenido que resolver casi 200 recursos presentados por las partes, lo que da idea de la enorme actividad de las investigaciones que desarrolla Pedreira desde hace casi dos años.

Fernández Castro y Vieira dejan entrever que Pedreira no ha escuchado todas las conversaciones grabadas. Le instan pues a hacerlo y a eliminar, palabra por palabra y anotando periodos concretos del diálogo, aquellos pasajes que atenten contra el derecho de defensa, así como cuestiones referidas a la intimidad.

Suárez Robledano sugiere que los firmantes del auto, que suman mayoría de dos a uno, tampoco han escuchado las grabaciones.

El auto de Fernández Castro estima tres recursos presentados por los imputados Alberto López Viejo (exconsejero del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre), Isabel Jordán y Alfonso Bosch, contra una decisión de Pedreira que ordenaba eliminar en bloques las grabaciones entre abogados y clientes en la cárcel, así como todos aquellos pasajes que afectaran a su intimidad.

Dice así la Sala: "Lo cierto [es] que la formulación de los tres citados recursos de apelación ha puesto antes que nada de manifiesto la singular forma en que el instructor, sin acompañar o exponer, como es imprescindible en derecho, sin motivación alguna al respecto (...)".

En su voto particular, Suarez Robledano rechaza esta afirmación. Recuerda que en el auto de Pedreira sí existe "la motivación" que marca la ley, y que se desarrollan -a lo largo de ocho folios- los pasos a seguir para eliminar las partes del sumario afectadas por la nulidad.

Los abogados de los tres procesados afirman que Pedreira ha hecho "una poda excesiva de las grabaciones", y exigen tener acceso a ellas íntegramente.

El auto de Fernández Castro da la razón a los apelantes y señala, entre otras consideraciones: "Esa no es la tarea que se espera del instructor. Es, por el contrario, preciso que este, digámoslo con propósito no solo didáctico, sino en estricto ejercicio de la potestad funcional que a esta Sala incumbe, lea detenidamente las transcripciones de todas las conversaciones intervenidas".

A continuación, en una suerte de ejercicio pedagógico, trata de aleccionar a Pedreira: "Todo lo que no sea actuar así, implicará una persistencia en el error y una pérdida de tiempo tan lamentable como insubsanable".

www.elpais.es 20.04.11

PEDREIRA CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO A UN ALTO CARGO DE ARGANDA

Es Juan Fernández, presidente de la Sociedad Municipal para el Fomento que, según la investigación del 'caso Gürtel', contrató a las empresas de Correa

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar como imputado el próximo 10 de mayo al presidente de la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero. El juez accede a la petición realizada por la Fiscalia Anticorrupción, a la que recientemente se adhirió la acusación popular ejercida por los concejales socialistas de Boadilla del Monte. Según la investigación del caso, la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda fue el organismo público que contrató a las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. Entre 2005 y 2008 adjudicó contratos por valor de 1.200.00 euros. El PSOE de Arganda ha exigido el "cese fulminante" de Fernández Caballero. Además, los socialistas argumentan que el alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, que es a su vez presidente de la Sociedad, "debe asumir inmediatamente las responsabilidades que correspondan".

Además de a Fernández Caballero, Pedreira también cita a declarar, pero en esta ocasión como testigo, al empleado del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Juan Carlos Rey, uno de los responsables del informe técnico que determinó la adjudicación de la Ciudad del Deporte a una de las empresas de la trama: Constructora Hispánica. También tendrá que testificar en calidad de testigo la concejal de Boadilla responsable del contrato de la Oficina de Atención al Ciudadano con la empresa Easy Concept, Isabel Fernández de Guzmán.

El efecto electoral

El antecesor de Fernández Caballero en el cargo, Benjamín Martín Vasco, también está imputado en la causa, así como el exalcalde de Arganda, Ginés López (PP). En contra de la doctrina aplicada en otros municipios salpicados por el escándalo de corrupción -admitir la culpa, pedir perdón y cambiar al candidato- el PP ha mantenido como candidato en Arganda al actual regidor pese a que fue el teniente alcalde de López.

El Ayuntamiento de Arganda, cuando era alcalde el imputado Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa Martinsa, que había sido tasada en 100 millones, según consta en el expediente de la operación aprobada en el Consistorio. La decisión corrió a cargo de Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, de la que Fernández Caballero es consejero delegado desde 2006.

Pedreira investiga si Correa cobró 13 millones de euros por intermediar en esta operación urbanística. Entre los contratos firmados por Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de Arganda destacan los 48.893 euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael, que el sumario considera muy cercanas a Correa. Este diputado también contrató a la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro de los imputados. El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.

"Martinsa se portó conmigo"

Pese a que la adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo principal accionista era el empresario Fernando Martín, pagó un total de 66 millones comprometiéndose a abonar en especie otros 11 millones. Pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400. Martinsa no ha edificado ningún. Además, el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha constado que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8 millones de euros procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia helvética, procedían de Martinsa.

La información de las autoridades suizas demuestra la veracidad de las grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia constituyó el inicio de la instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen imputadas más de un centenar de personas por su supuesta implicación en la que es considerada como la mayor trama de corrupción ligada a un partido político: el PP. Según estas grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación de Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel Jordán, alude a la operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de 950.000 euros.

El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE en dos ocasiones: en lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fió solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).

www.elpais.es 20.04.11

PEDREIRA CITA AL EXTESORERO DEL PP ROSENDO NASEIRO

El juez indaga si Bárcenas pidió un crédito de 325.000 euros para cuadros

El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha citado en calidad de testigo para el próximo día 4 de mayo al extesorero nacional del PP Rosendo Naseiro, quien en 1990 se vio envuelto en un escándalo relacionado con la financiación ilegal del PP. La Fiscalía Anticorrupción quiere preguntar a Naseiro si es cierto que él era el destinatario final de las dos obras de arte para cuya adquisición Luis Bárcenas -sucesor de Naseiro en el cargo hasta abril de 2009- pidió un crédito de 325.000 euros que un mes y medio después devolvió al banco tras frustrarse la compra.

Bárcenas fue forzado a dimitir en abril de 2009 como tesorero del PP tras verse implicado en el escándalo Gürtel por haber recibido supuestamente más de un millón de euros de la trama que dirigía Francisco Correa por mediar para la red corrupta en la consecución de contratas de obras públicas.

Préstamo fallido

Anticorrupción pidió al juez Pedreira que citase a Naseiro después de que Bárcenas, durante el interrogatorio al que fue sometido el pasado 29 de marzo, le mencionase como receptor final de los cuadros. En resumen, Bárcenas subrayó que pidió ese dinero para prestárselo a Naseiro, coleccionista de arte, y que este comprara los cuadros. Y añadió que el motivo de devolver el dinero al banco es porque la operación se frustró, y que recibió 5.000 euros de Naseiro para sufragar los gastos del préstamo ante el banco.

La policía sospecha que no hubo tal crédito, que el dinero en realidad procedía de sobornos de la red Gürtel y que todo consistió en una operación destinada al blanqueo de capitales. Según la policía, en la contabilidad B de Correa figuran anotaciones relativas a esa fecha que dan cuenta de la entrega a Bárcenas de una cantidad de dinero similar a la que supuestamente pidió como préstamo.

El juez Pedreira también ha citado para el día 4 de mayo a Miguel Granados, el experto en cuadros al que supuestamente acudió Bárcenas para desarrollar la frustrada operación de los cuadros.

Naseiro tuvo problemas con la justicia en 1990, siendo tesorero del PP, tras aparecer su nombre en grabaciones telefónicas judiciales vinculado con operaciones de financiación ilegal del PP. Pero pudo esquivar aquella investigación gracias a que el Tribunal Supremo anuló las escuchas interceptadas.

www.elpais.es 16.04.11

EL CONSTITUCIONAL AMPARA AL EXCONCEJAL DEL PP QUE DENUNCIÓ EL GÜRTEL TRAS SER EXPULSADO

El Tribunal Constitucional estimó el pasado lunes la cuarta demanda de amparo de las 112 presentadas por el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Este exedil recurrió al Alto Tribunal al negarle el equipo de Gobierno del PP, encabezado por su alcalde, Narciso de Foxá, la participación en las comisiones informativas municipales. Según la fiscalía, el Consistorio del PP vació de contenido el derecho político a participar de los recurrentes, ya que se les convocaba pero no se les dejaba votar. Además, el primer edil impidió que José Luis Peñas constituyera el Grupo Mixto municipal junto a otro edil que también había sido obligado a abandonado el PP: Juan José Moreno Alonso. Ambos fueron expulsados del partido el 29 de julio de 2005, y al no poder formar el Grupo Mixto tuvieron la consideración de concejales no adscritos.

Peñas fue quien asesorado por el letrado Ángel Galindo, concejal de Alternativa por Boadilla (APB) en este municipio, presentó la denuncia inicial que dio paso al caso Gürtel, que ha destapado la mayor trama de corrupción conocida en la democracia española ligada a un partido político: el PP. El mencionado abogado recurrió al Constitucional tras ver cómo la Sección Octava y Novena de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaba los recursos que había presentado contra las sentencias de los juzgados de lo Contencioso-administrativo de Madrid.

Estos exediles argumentaban en sus recursos de amparo que el equipo de gobierno del PP de este municipio había vulnerado sus derechos constitucionales. Precisamente el primero de los cuatro amparos concedidos por el Tribunal Constitucional, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), declara, tras reconocer su derecho a la participación política en condiciones de igualdad, la nulidad de la comisión informativa de 24 de enero de 2006 de asuntos económicos del Ayuntamiento de Majadahonda recurrido por Peñas.

Este fallo del Tribunal Constitucional pone de manifiesto que el equipo de Gobierno de Narciso de Foxá vulneró los derechos constitucionales de los dos ediles al prohibir su participación en las comisiones informativas.

La decisión del Tribunal Constitucional se produce después de que el fiscal Alfredo Ramos solicitara al Alto Tribunal que unificara sus criterios, con la intención de que se admitieran a trámite todos los recursos presentados por los exconcejales del PP de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno. Y lo hizo al constatar que no todas las demandas se admitían a trámite. Hasta el momento, el Constitucional ha admitido 45 recursos, de lo que cuatro ya han sido estimados. Por el contrario, inadmitió 11, lo que provocó las quejas del fiscal del Constitucional, que ha recurrido esta decisión, tratando de guardar la homogeneidad en las decisiones.

www.elpais.es 20.04.11

LA LISTA DE BOADILLA DESMIENTE LA PROMESA DE AGUIRRE DE BORRAR EL RASTRO DE GÜRTEL

 El pasado 23 de marzo, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, pidió disculpas ante “el 70% de los ciudadanos de Boadilla del Monte que votaron al PP en las elecciones municipales de 2007 por haber defraudado su confianza" y aseguraba que a su partido "nunca le ha temblado el pulso para cortar todas las cabezas necesarias", incluso antes de que los presuntos responsables hayan sido condenados.

Lo dijo en un acto en Boadilla para apoyar a su candidato a la Alcaldía, Antonio González Terol, donde prometió que se produciría una renovación en la lista popular en ese municipio.  Sin embargo, fuentes cercanas al PP local han denunciado a ELPLURAL.COM que la presidenta madrileña no ha conseguido “borrar el rastro de Gürtel” dejado por el ex alcalde Arturo González Panero (El Albondiguilla), imputado por corrupción.

Suárez y Muñoz

En la lista del PP de Boadilla a las próximas elecciones municipales del 22 de mayo se mantienen antiguos miembros del equipo de El Albondiguilla, como como Natalia Suárez, que aspira a un puesto de concejal. El padrino político de Suárez fue Alfonso Bosch, diputado en la Asamblea de Madrid que dejó el PP tras ser imputado en el caso Gürtel. Bosch manejaba los hilos en la EMSV, la empresa municipal de suelo donde introdujo a Suárez con un contrato blindado que aún mantiene. También irá en las listas Trinidad Muñoz, la jefa de gabinete de Juan Siguero, el hombre que sustituyó a Panero como alcalde cuando estalló la Gürtel, aunque después también tuviera que dejar el cargo al ser imputado en el caso de corrupción.

Manuel Malavé de Cara

Así mismo, cabe destacar la presencia de Manuel Malavé de Cara, exsecretario de Comunicación en la etapa del exalcalde, y exconsejero de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda en las etapas de Tomás Martín Morales y Bosch, ambos acusados de recibir sobornos por presuntas adjudicaciones irregulares de la entidad pública.

Los disidentes no están en la lista

Sin embargo, las mismas fuentes denuncian que no estarán en la lista electoral los cargos María Jesús Díaz, Francisco Pastor y Francisco Sánchez Arranz, que se enfrentaron a Panero por sus presuntas irregularidades. 

Un procesado, miembro del comité electoral

En el actual comité electoral aparece el nombre de José María de la Mata, ex concejal de Hacienda en la época de Panero, procesado por malversación de fondos y prevaricación.

El equipo de Comunicación de Panero

El gabinete de Comunicación del grupo popular que acompaña a la nueva apuesta del PP en Boadilla, Antonio González Terol, es también el mismo equipo de González Panero. Entre estas personas se encuentra Elena Cerezo, esposa del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y candidato popular a Alcorcón, David Pérez, y persona de confianza de El Albondiguilla y de su sustituto Juan Siguero, también implicado en el caso Gürtel.

www.elplural.com 09.04.11

PEDREIRA DICTARÁ LA APERTURA DEL JUICIO POR EL ‘CASO GÜRTEL’ ANTES DEL 15 DE JUNIO

El instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha afirmado este miércoles en las que han sido sus primeras declaraciones a los medios, que si Baltasar Garzón “es inocente, los tribunales se pronunciarán” y ha precisado al respecto que él presume “de la inocencia” del juez. Pedreira ha anunciado que decretará la apertura del proceso antes del próximo 15 de junio.

El magistrado ha contestado a los medios a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, antes de tomar declaración como imputados al exsecretario general del PP de Estepona y exconcejal Ricardo Galeote y al empresario José Luis Ulibarri.

A continuación de las elecciones regionales

El instructor del caso Gürtel ha explicado que la prueba “ya está terminada” y que cree que el procedimiento “se terminará” con la legislatura madrileña actual “y se celebrará el juicio a continuación” de las próximas elecciones autonómicas.

Cree que el Supremo lo está haciendo bien

Pedreira ha valorado positivamente la actuación del Tribunal Supremo contra Garzón por ordenar la grabación de las conversaciones mantenidas en la cárcel por los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, con sus abogados.

Le ha caído una buena encima

Sobre el caso Gürtel, el juez ha admitido que le ha caído “una buena encima”, aunque ha agregado que está “contento”. Pedreira investiga la parte más importante de este proceso que fue distribuido por el instructor inicial, Baltasar Garzón, entre varios juzgados.

www.elplural.com 13.04.11

LA COMUNIDAD NO ENVÍA FACTURAS DE GÜRTEL PEDIDAS HACE SEIS MESES

Asegura en un escrito a Pedreira que es normal que se dilate

El letrado de la Comunidad de Madrid Roberto Pérez Sánchez ha remitido un escrito al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, en el que asegura, seis meses después de ser requeridos por el juez, que es normal que el proceso de localización y recopilación de los documentos pedidos se dilate "algo" en el tiempo. Así justifica el letrado que pese a solicitarlo por primera vez el juez el 1 de septiembre las facturas pagadas por el Gobierno regional al Grupo Rafael, cuyas empresas ejercían de pantalla para Francisco Correa, no se hayan enviado todavía. "La detección y recopilación de las facturas lleva una ingente labor de búsqueda y clasificación en los archivos administrativos de las diferentes consejerías", recalca el letrado del Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

El juez Pedreira no se ha quedado de brazos cruzados y, un día después de recibir el escrito de la Comunidad, dictó una providencia en la que solicitó a la Intervención General del Estado (IGAE) que le informara sobre la existencia de facturas de la Comunidad al Grupo Rafael.

La falta de colaboración del Ejecutivo regional, que niega el abogado, ya fue objeto el 16 de diciembre de 2010 de una providencia de Pedreira, en la que el magistrado advertía de la responsabilidad penal de la persona que no colaborara. Por eso el PSOE solicitó la declaración como imputado del secretario general técnico de la Comunidad, Héctor Casado López, al considerar que esta forma de actuar ponía en evidencia la "intención manifiesta" de ocultación de los datos solicitados por el tribunal. Además, el abogado defiende en el escrito la labor realizada por el Ejecutivo popular en relación a las peticiones judiciales: "La Comunidad de Madrid ha atendido, con plena exactitud, todos y cada uno de los requerimientos cursados por los órganos judiciales que, de forma sucesiva, se han ocupado de la instrucción".

Pero el funcionario regional hace también una valoración política de la petición de los concejales socialistas: "Resulta triste que el ansia de perjudicar a toda costa al adversario electoral, el deseo de obtener rédito político por cualquier medio, lleve a algunos a hacer pasar por auténtico aquello que no lo es".

Www.elpais.es 01.04.11

LA POLICÍA DESTAPA UNA RED PARALELA DE CONTRATAS IRREGULARES EN MADRID

El exconsejero López Viejo otorgó concesiones a una empresa ajena a Correa.- "Pillé a López Viejo dándole trabajo a otro; dice que se lo pidió la presidenta"

Una empresa constituida en enero de 2006, Ilusiona Comunicación, entró solo unos meses después en el reparto supuestamente ilegal de contratos por cientos de miles de euros para la organización de actos institucionales de la Comunidad de Madrid en los que participaba la presidenta Esperanza Aguirre.

El cerebro político de esta trama corrupta, según la investigación del caso Gürtel, era Alberto López Viejo, exconsejero de Aguirre y encargado por orden de la presidenta de organizar todos sus eventos.

Durante la primera mitad del primer mandato de Aguirre (2003-2007), la mayoría de los actos fueron encargados por López Viejo, aunque no tuviera responsabilidad ni mando sobre la consejería que los convocaba, a empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

A partir de 2006, la cosa cambió un poco, según el último informe policial fechado el pasado 2 de marzo de 2011 e incorporado al sumario del caso Gürtel, donde se hacen públicos los correos electrónicos que se cruzaban entre sí los directivos de la red Gürtel para tratar las incidencias en la actividad de sus empresas.

En mayo de 2006, los responsables de la trama corrupta estaban preocupados porque López Viejo había diversificado el reparto de actos institucionales de la presidenta y, por tanto, de un negocio que podía alcanzar varios millones de euros al año.

Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, la empresa de la red Gürtel encargada de los actos de Aguirre, escribe a su jefe, Pablo Crespo, número dos de la trama para trasladarle algunos motivos de preocupación respecto a una firma que organiza actos para Aguirre: "He hablado con Alberto [supuestamente López Viejo] de la empresa Ilusiona y, según él, no son muy amigos. Los conoce pero que nosotros vamos a seguir haciendo los trabajos, solo que facturamos a través de ellos. Ya son cuatro actos que hemos hecho con ellos".

Jordán se refiere, y la cita por su nombre en el correo electrónico, a la empresa Ilusiona, que por entonces tenía como administrador único a Javier Fernández Verea, vinculado a un amigo de López Viejo y propietario de la discoteca Gabana, según la investigación.

Entre la documentación incautada a la trama corrupta figuran 23 trabajos por actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid entre abril y julio de 2006 por 345.190 euros facturados a nombre de Ilusiona. Esos trabajos los hacía en realidad la empresa Servimadrid Integral, perteneciente a la trama corrupta, pero los facturaba Ilusiona, según la documentación que aporta en su informe la policía.

En junio de 2006, la desconfianza de la trama corrupta en López Viejo había aumentado. Isabel Jordán remite entonces otro correo electrónico a Pablo Crespo: "Este señor (en referencia supuestamente al exconsejero autonómico Alberto López Viejo) está haciendo cosas raras. Le he pillado dándole trabajo a una empresa que se llama Ilusiona para la cual nosotros trabajamos. Según él, ha sido la presidenta [Esperanza Aguirre] quien le ha pedido que le dé trabajo, pero yo me he informado a través de cierto alcalde, que este chico es amigo de él... A nosotros nos sigue dando trabajos pero está diversificando, porque todo el mundo habla de él y de sus chanchullos (...)".

www.elpais.es 23.03.11

JORDÁN: "... EL DINERO QUE DIMOS A ALBERTO" CRESPO: "ESTO NO SE COMENTA POR 'E-MAIL"

Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, la empresa de la trama Gürtel que organizaba todos los actos institucionales presididos por Esperanza Aguirre entre 2004 y 2006, tenía contactos con Alberto López Viejo, el consejero del Gobierno regional que le adjudicaba a dedo la mayoría de los contratos de la Comunidad de Madrid.

De esta relación con el consejero daba cuenta Jordán a su jefe Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y lugarteniente de Francisco Correa.

En uno de los correos electrónicos que envía Jordán a Crespo y que este responde, se produce un curioso intercambio de informaciones en base a tres de los seis puntos que abordan en la siguiente conversación.

Isabel Jordán. (...) "2. Las facturas de José Luis, le dije a Javier que hablaría contigo para comentar lo de las facturas porque no sabía que era para no pagar tantos impuestos".

"4. Cuando hicimos cuentas pusimos el dinero que le habíamos dado a Alberto López Viejo, pero lo hicimos desde el año 2004".

"6. También te mando documento que me ha remitido Alberto López Viejo sobre la Asamblea de Madrid".

Pablo Crespo. "(...) 2. Sin comentarios. No obstante, creo que estos temas no se deben comentar por e-mail (todavía menos que por teléfono)".

"4. ¿Quién es Alberto López Viejo? No le conozco".

"6. Sigo sin saber quién es ese señor".

www.elpais.es 23.03.11

EL PSOE PIDE QUE DECLAREN LOS JEFES DEL PP EN LA CAMPAÑA DEL 'TAMAYAZO'

Los socialistas citan un informe policial sobre la financiación de la red Gürtel al PP

El PSOE ha solicitado al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que cite a declarar como imputados a los responsables de la organización y de la financiación de los actos de la campaña electoral del PP en 2003, como presuntos autores de un delito de cohecho. Esa campaña fue la primera en la que Esperanza Aguirre se presentó como candidata a la Comunidad, y en la que se produjo la espantada de dos diputados socialistas, conocida como el tamayazo, que impidió un pacto de gobierno del PSOE con IU. Los máximos responsables del PP en Madrid eran Pío García Escudero, ahora portavoz en el Senado, y Ricardo Romero de Tejada.

  • Según el escrito de la policía, la red pagó a Mato y a su hija un viaje a Suiza
  • El PSM considera que hubo una concertación previa con la red corrupta

El PSOE ha tomado esta decisión tras conocer el contenido de un informe de la Policía Judicial que concluye que el acto electoral celebrado el 6 de marzo de 2003 por Esperanza Aguirre en Boadilla del Monte (Madrid), con un coste de 11.449 euros, fue sufragado al 50% por las empresas FCC y Sufi a través de la red Gürtel. Estas dos sociedades habían logrado el contrato para la recogida de la basura en ese municipio y, según la investigación, pagaron una comisión ilegal que acabó sufragando actos electorales del PP.

Para enmascarar el pago de los actos del PP -uno de ellos, el protagonizado por Aguirre- y de los regalos que la trama hizo a Arturo González Panero, el Consistorio de Boadilla del Monte ideó una forma de hacer pasar como legales los abonos realizados por las empresas privadas al cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, según el informe.

Un apartado de los pliegos de la adjudicación de la basura en Boadilla obligaba a las empresas que se hicieran con el servicio a realizar campañas de comunicación por el 2% del total del dinero que recibían del Ayuntamiento. Y en todos los casos, Correa cobraba por esas campañas que no se realizaron. Así, la trama facturaba a FCC y Sufi los actos que le organizaba al PP en Boadilla, lo que demostraría la financiación ilegal del PP en la Comunidad de Madrid. El pasado jueves, Pedreira dictó una providencia en la que solicita a los Ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda y Madrid información sobre las campañas de publicidad desarrolladas por la empresa Special Events, de Correa, con las que se financiaron al menos cinco actos del PP en Boadilla.Los socialistas reclaman en su escrito al juez que solicite al PP que certifique el nombre de los responsables del partido en la campaña de 2003, y señalan que para abonar el acto electoral de Esperanza Aguirre sobre el Metro ligero tuvo que haber una "concertación previa", teniendo en cuenta "la superioridad jerárquica" de Aguirre sobre el PP de Boadilla del Monte. La petición considera necesario que se "aclaren" los términos en los que fue financiado dicho evento y el grado de participación de las personas que intervinieron en el mismo: "Por eso consideramos esencial la declaración de los responsables de la campaña electoral del PP de Madrid en las elecciones autonómicas y locales de 2003, pues es dicha organización política la que resultó beneficiada por la irregularidad manifiesta cometida por el alcalde de Boadilla".

El informe policial remitido al juez hace dos semanas, y que sirve de base para que los socialistas pidan la imputación de los responsables de la campaña electoral del PP madrileño, no es el primero que la policía entrega al juez sobre la presunta financiación ilegal de los populares. A mediados de 2010, otro exhaustivo documento ofrecía múltiples indicios de financiación ilegal de las campañas electorales del PP en Madrid a través de Fundescam, una fundación del PP que recibía fondos de numerosas empresas privadas contratistas de la Comunidad de Madrid, donde gobiernan los populares desde 1995. "Estos fondos, obtenidos por la Fundación, provienen de empresas privadas a las que se le ha adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en Administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una propensión al intercambio de favores", relata el texto policial, que cita de forma expresa los nombres de importantes empresas y algunos particulares.

Y como conclusión, el informe indica que existen un conjunto de facturas emitidas por Special Events al PP por actos relativos a campañas electorales o al congreso regional, en las que se ha producido un cambio de entidad y/o de concepto. "Es decir, por actos realizados al PP de Madrid o al PP Nacional con motivo de las elecciones realizadas en 2003 y 2004 se emiten facturas con conceptos ficticios. Asimismo, por actos realizados al PP de Madrid, europeo o nacional con motivo de las elecciones autonómicas de 2003, al Parlamento Europeo o generales de 2004, o por el congreso regional del PP de Madrid de 2004 se emiten facturas cambiando la entidad, que pasa a ser Fundescam, y el concepto de la misma". Precisamente en una de estas facturas interceptadas a la trama, uno de los empleados de Correa anotó a mano que el concepto de la misma se cambiaría tras hablar "con el gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez".

La Fiscalía Anticorrupción ya expresó en su día que los hechos eran constitutivos de delito pero que este había prescrito y que salvo que en el curso de la investigación se descubrieran conductas semejantes en años más recientes no podía apoyar la imputación de los dirigentes del Partido Popular.

Por otra parte, el PSOE también ha solicitado a Pedreira que testifique como imputada la parlamentaria del PP Ana Mato, que en 2003 estaba casada con el también imputado Jesús Sepúlveda, como presunta autora de un delito de cohecho al recibir dádivas por parte de las empresas de la trama de corrupción mientras ejercía como cargo público. Según el informe policial, la red de Correa le pagó a ella y a su hija un viaje a Suiza y la estancia en un hotel de lujo.

La factura con la que se abona el viaje de Ana Mato, según el escrito de los socialistas que manejan un informe policial, así como otras facturas a nombre de su exmarido se pagaban mediante ingresos en metálico con origen en la denominada caja B de Francisco Correa. Por su parte, Ana Mato aseguró que ella misma había abonado estos gastos.

Los socialistas recuerdan que en esas fechas Ana Mato era miembro destacado del comité nacional del PP, diputada nacional hasta junio de 2004 y eurodiputada a partir de esa fecha, habiendo ocupado desde 2003 a 2004 el cargo de julio de coordinadora de Organización del PP.

www.elpais.es 15.03.11

EL JUEZ DECIDIRÁ SI CITA A LA ALCALDESA DE BOADILLA

El abogado de la acusación popular en el caso Gürtel, ejercida por el PSM-PSOE, ha pedido al magistrado que investiga la trama presuntamente encabezada por Francisco Correa que cite a declarar como imputada a la nueva alcaldesa del PP de Boadilla del Monte, Mercedes Nofuentes, y a la concejal Belén Húmera. De tener en cuenta el juez esta petición, Nofuentes sería el tercer alcalde de Boadilla imputado en la trama Gürtel.

Los socialistas consideran que ambas deben declarar por su participación en la adjudicación de la construcción de la Ciudad del Deporte a Constructora Hispánica, por 30 millones de euros, en una junta de gobierno extraordinaria de la que se ausentó el ex primer edil Arturo González Panero. Según los socialistas, el contrato se adjudicó días antes de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007, con la asistencia de solo tres concejales y la ausencia de otros cinco. Los ediles que asistieron a la junta fueron: como presidenta accidental Mercedes Nofuentes; así como el exalcalde Juan Siguero, también imputado, y Belén Húmera, además del interventor y de la secretaria general.

El escrito enviado al juez destaca que en un archivo interceptado a la trama se explica que el 22 de mayo, 11 días después de la adjudicación, se produce en la contabilidad del Grupo Correa un ingreso de 900.000 euros, que posteriormente será repartido entre los imputados Tomás Martín Morales, que ocupó los cargos de gerente, vicepresidente y consejero de la empresa municipal del suelo (EMSV) de Boadilla; el exalcalde Arturo González Panero; Alfonso Bosch Tejedor (gerente de la EMSV) y Pablo Crespo, número dos de Correa, y exsecretario de Organización del PP gallego.

Los socialistas piden también al juez que cite como testigo al empleado municipal Juan Carlos Rey Rico, quien se encargó de uno de los dos informes que constan en el expediente de la Ciudad del Deporte, la adjudicación de mayor cuantía de la historia de Boadilla del Monte.

www.elpais.es 15.03.11

DINERO OPACO AL FISCO

Antonio Pedreira, juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encargó ayer a la Agencia Tributaria que realice las "liquidaciones" correspondientes a 13 de los imputados en la investigación. Es decir, que diga cuánto dinero ingresaron los cabecillas de la trama de forma opaca, sin pagar impuestos a Hacienda. Lo hizo a petición de la Abogacía General del Estado, que lo reclamaba en nombre de la Agencia Tributaria.

Los imputados señalados por el fisco son dos supuestos jefes de la trama -Francisco Correa y Pablo Crespo-; la esposa de Correa; los exparlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino; y ocho exdiputados o exalcaldes populares de la Comunidad de Madrid. El juez insta a establecer el dinero defraudado siempre que las cantidades superen los 120.000 euros por impuesto y año. Los informes que Hacienda ha hecho hasta la fecha ya apuntan a que Correa defraudó presuntamente 18 millones de euros entre 2002 y 2007, y Crespo, 500.000 euros en 2006.

El juez ha vuelto a pedir también de forma "urgente" a varios países que localicen el dinero blanqueado por la trama.

www.elpais.es 15.03.11

MANUAL DE CORRUPCIÓN DE CORREA

En una grabación recogida en el sumario, el jefe de la trama Gürtel asesora al exviceconsejero Carlos Clemente para hacer negocios turbios en ColombiaClemente pide una participación "y no un sueldo" a la red Gürtel en un negocio

Francisco Correa. Yo no creo que debas ser transparente. Yo creo que deberías ser opaco. Porque siendo gerente de una fundación de ese tipo no deberías transmitir que estás haciendo business, ¿entiendes?

Carlos Clemente. No, bueno, pero los hace mi mujer. No, si lo que yo te he dicho es la primera opción, que la ponga alguien a su nombre y yo compraré las participaciones.

F. C. Tienes que ser opaco, tienes que ser opaco, Carlos.

C. C. O sea, entonces hago que la monte uno y yo le compro las acciones...

F. C. Y no la registras.

C. C. Y no la registro. Eso es. La llevo al notario y ya está [...].

F. C. Me parece bien, pues ese es el camino que tienes que coger. Y yo te recomendaría que fueras opaco...

Esto es un extracto de una conversación telefónica entre el presunto cerebro de la trama Gürtel y el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado. "Configura", según el juez instructor Pedreira, "una estrategia apta para el blanqueo de capitales: asesoramiento legal especializado, opacidad en la constitución de empresas, empleo de testaferros, uso de información privilegiada, control indirecto de las empresas y transmisión de una imagen exterior de legalidad".

Correa asesora a Clemente, según un auto del juez del 2 de marzo, para hacer negocios aprovechando la posición que va a tener en Colombia. Meses antes, Clemente había dejado el Gobierno de la Comunidad por voluntad propia para presidir la fundación privada Alas, en sus palabras, "gracias a la recomendación de [el exministro de Justicia de Aznar José María] Michavila".

Correa, tras comprobar que Clemente había dejado "todo pagado", le ofrece participar en sus negocios en el país sudamericano. En otra de las conversaciones recogidas en el sumario, Clemente interrumpe al cerebro de la trama porque, resalta el juez, "se iba a recoger a la Comunidad la medalla por los servicios prestados".

3El exviceconsejero de Inmigración Carlos Clemente -imputado en la trama como presunto autor de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos- se había preocupado de mantener contactos con dirigentes de Colombia, meses antes de recibir la llamada de Correa para intermediar en un negocio allí. En julio de 2008, participó junto al consejero Javier Fernández-Lasquetty en un viaje al país sudamericano, cuya finalidad era conocer in situ el destino de la inversión de la Comunidad en cooperación para el desarrollo de 212.670 euros. En ese viaje ambos se entrevistaron, entre otros, con altos cargos del Gobierno colombiano y con el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno.

Precisamente, en Bogotá Carlos Clemente Aguado logró hacer amistad, según el juez Pedreira, con el secretario de alcaldía, Yuri Chillán Reyes, al que Clemente trató de recurrir para extender los negocios de Correa en Colombia. Correa ya estaba relacionado con empresas de la energía gracias a su socio Miguel Uriel Hernández Navarro. Pero el exviceconsejero fue muy ambicioso y, según la conversación que consta en el sumario, quiso más: "le pregunta a Correa que, si sale bien la llamada, podría meterse a participar. No un sueldo, una participación. Correa le contesta que sí, y que su mujer podría estar trabajando en una de las empresas".

Pedreira llega a la conclusión de que Correa asesora a Clemente para que este cree una estructura empresarial opaca en Colombia con la que podría operar y rentabilizar la "información privilegiada" obtenida de su posición, y que consiste en: "asesoramiento legal especializado por abogados de su confianza; constitución de empresas por terceros; compra de las participaciones sociales sin registrarlas; opacidad en el conocimiento del beneficiario real de las operaciones desvinculándose de ellas; empleo de testaferros; control directo de las empresas; transmisión de una imagen exterior de legalidad; y uso de la información y de los contactos para obtener negocios".

En el auto de Pedreira, que mantiene la fianza contra Clemente en 37.000 euros, decisión que confirmó el pasado martes, se explican otras presuntas relaciones del excargo madrileño. En la cuenta de la caja B de Correa, según el juez, consta un apunte de la entrega de un sobre de dinero por orden de "don Vito" -es decir, de Correa- que el empleado de este Andrés Bernabé debía realizar a Carlos Clemente. Además, Isabel Jordán, una de las empleadas de la trama, reconoce en su declaración ante el juez que han hecho regalos a Carlos Clemente y que, antes de las Navidades de 2006, le entregaron un sobre con 6.000 euros.

Asimismo, la propia Isabel Jordán explicó que estos regalos coincidieron en el tiempo con la concesión de eventos de la Consejería de Inmigración a las empresas de Francisco Correa. Clemente, antes de salir del Gobierno regional, "agilizó" el pago de las deudas pendientes con las empresas de la red corrupta. En otra conversación, un empleado tranquiliza a Correa, asegurando sobre los contratos con la Consejería tras la salida de Clemente: "todo sigue igual, están contentos con nosotros. [...] No va a haber grandes cambios. Todo es gente de la casa".

El magistrado Antonio Pedreira considera que la imputación en el caso Gürtel del excargo de Esperanza Aguirre es "clara", ya que, explica en su auto, "trata de trasladar su conducta delictiva a Colombia, pese a que la mayor parte de los hechos imputados se cometieron en España".

Algunos consejos

- "Yo no creo que debas ser transparente. Hay que ser opaco. Porque siendo gerente de una fundación de ese tipo no deberías transmitir que estás haciendo business, ¿entiendes?".

- "Me parece bien, pues ese es el camino que tienes que coger. Y yo te recomendaría que fueras opaco, y que no salieras porque me imagino que ahí generarás muchos enemigos a medida que vas manejando temas y presupuestos... envidias y enemigos e irán a por ti".

- "Has hecho muy bien [dejando la Comunidad], como ciudadano colombiano te saldrán 500.000 oportunidades".

www.elpais.es 18.03.11

EL TRIBUNAL DE MADRID DEFIENDE JUZGAR A CORREA Y EL BIGOTES JUNTO A CAMPS

Los jueces dejan en manos de la justicia de Valencia decidir si hay delito

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó ayer que sean sus colegas de Valencia quienes decidan si los tres máximos jefes de la trama Gürtel deben ser juzgados junto a Francisco Camps en relación con el regalo de los trajes y joyas que hizo la red al presidente valenciano y a otros altos cargos del PP de esa comunidad (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos).

La Sala ratifica en gran parte la decisión del juez instructor de Gürtel, Antonio Pedreira, quien en el tema de los trajes se inhibió a favor del Tribunal Superior de Valencia por entender que tanto el cabecilla de la red, Francisco Correa, como su número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes, debían ser enjuiciados junto a los citados altos cargos del PP por ser ellos quienes les sobornaron con esas dádivas.

La Sala Penal de Madrid analizó ayer el recurso del PP contra la decisión de Pedreira en el tema de los trajes y en la que sostenía que no es posible juzgar de forma aislada a Camps y los otros altos cargos como receptores de los regalos sin enjuiciar paralelamente a quienes les sobornaron. El PP actúa en Gürtel como acusación particular, aunque a juzgar por sus constantes recursos más bien parece ser una defensa.

La decisión de la Sala Penal de Madrid puede demorar el previsible juicio contra Camps por aceptar trajes de la trama Gürtel, a pesar de que este asunto ya está instruido por el juez de Valencia José Flors, quien solo está pendiente de recibir los escritos de dos imputados antes de tomar una última decisión. Salvo que su Sala dictamine otra cosa, la intención inicial de Flors es sentar en el banquillo a Camps y a los otros altos cargos pero no a la cúpula de Gürtel.

Cohecho pasivo

En julio de 2009, Flors dio por instruida la causa de los trajes y dictó un auto en el que reveló que existe "constancia" de que las prendas de vestir adquiridas por Camps en diferentes tiendas de Madrid fueron pagadas por sociedades vinculadas a Orange Market. También consideró que los hechos "eran constitutivos de un delito de cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal", que determina que "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".

Pero el asunto quedó entonces paralizado porque Camps y los otros imputados recurrieron la decisión de Flors ante la Sala de lo Penal de Valencia, que acabó archivando el caso de los trajes con el voto a favor del expresidente de este órgano Juan Luis de la Rúa. La Fiscalía Anticorrupción apeló el archivo ante el Tribunal Supremo, que un año después tumbó la decisión de la Sala y ordenó reabrir la causa para juzgar a Camps y los otros imputados. Como el objeto de ese recurso era el archivo decretado en Valencia, el Supremo no se pronunció sobre si la cúpula de Gürtel debía ser enjuiciada junto a Camps. Anticorrupción, que pide para Camps, por cohecho pasivo, una multa de 41.250 euros, es partidaria de que el presidente de la Comunidad Valenciana y los otros altos cargos se sienten en el banquillo junto a los responsables de Gürtel por la conexión entre los donantes de los regalos y sus receptores.

Fuentes jurídicas de Valencia creen que es factible juzgar a Camps, Costa, Campos y Betoret como receptores de regalos sin necesidad de enjuiciar en la misma causa a los donantes de los trajes. Estos medios señalan que el delito de cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal es un tipo residual y diferente del activo, y que va dirigido solo contra los funcionarios que aceptan regalos en función de sus cargos, no contra los donantes.

Fuentes jurídicas de Madrid entienden, en cambio, que el tipo base, el de cohecho propio, castiga a receptor y dador, y entienden que separar a unos de otros cara al juicio rompe los principios de "economía procesal" y el de no ruptura de la continencia de la causa, por lo que lo normal es que se juzgue a Correa, el Bigotes, Camps y al resto de los imputados en un mismo procedimiento.

www.elpais.es 18.03.11

EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL DE GÜRTEL DESTAPA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Correa organizó, según el documento remitido a Pedreira hace seis días, actos de los populares en Boadilla y se los facturó a las concesionarias de la basura

El acto celebrado el 6 de marzo de 2003 en Boadilla del Monte por la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre, con el fin de presentar su propuesta para construir el metro ligero hacia el oeste de la Comunidad de Madrid y que tuvo un coste de 11.449 euros, fue pagado al 50% por las empresas Sufi y FCC, concesionarias del contrato de la basura en Boadilla del Monte. Las dos firmas abonaron en total a Special Events, propiedad del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, cinco facturas de eventos que había organizado este para el PP en el municipio. El coste de estos actos fue de 24.901 euros, según indica el último informe realizado por la Policía Judicial y que fue remitido el pasado martes al magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada a un partido político: el PP.

El folio de la izquierda es un manuscrito interceptado a la red, en el que aparecen los gastos generados en Boadilla por el PP y González Panero. También se ve el reparto que se hace entre las empresas. Los otros dos documentos son facturas de Correa al PP, cuyos datos coinciden con la cantidad que abonan FCC y Sufi.-

Además del acto de Esperanza Aguirre, las empresas a las que el Ayuntamiento de Boadilla les adjudicó la gestión de las basuras pagaron a Special Events por otros trabajos que hizo el PP, como la realización de carteles (2.405 euros); el montaje de la reunión celebrada en el hotel Convento de Boadilla el 27 de abril de 2002 (1.637 euros); la organización de un evento el 4 de junio de 2002 (2.504 euros) y un acto de "alcaldía", del 25 de febrero de 2003 ( 4.475 euros).

La organización de Correa, según las conclusiones de la policía, actuó como "canalizadora" y "ejecutora" de la operación mediante la que el PP evitó pagar los actos que celebró en Boadilla, uno de ellos el que encabezó la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Así lo explica su informe: "Correa presta los servicios turísticos al alcalde a través de su empresa Pasadena Viajes, realiza las compras de prendas de vestir para González Panero mediante facturas emitidas a través de su empresa Special Events, anotando la indicación de facturar a Sufi por publicidad, al mismo tiempo que organiza los eventos del PP de Boadilla, que cobra de las sociedades Sufi y FCC mediante cuatro facturas emitidas por Special Events por unos supuestos servicios prestados".Las facturas por el pago de los servicios, según la policía, son "ficticias"y su "único fin es el de hacerse cargo de distintos servicios de carácter particular [...], así como a gastos relativos a distintos actos efectuados para el Partido Popular en dicha localidad pendientes de cobro, por un importe total de 98.389,42 euros".

En el registro efectuado en una nave de un polígono de Alcorcón, en donde se almacenaba la documentación de la sociedad de Correa Easy Concept, se encontró un documento manuscrito que la policía considera "especialmente significativo", ya que en él se refleja la suma del importe de los regalos realizados a González Panero (33.074 euros), el pago por los actos del PP (24.901 euros) y el coste de un vídeo (26.843 euros). La suma de los tres conceptos asciende a 84.818 euros. En el mismo folio se calcula el IVA, que eleva la cifra final hasta los 98.389 euros. Pero una vez establecido el importe final, según indica el informe policial, este se divide en dos, a nombre de Sufi (49.149,71 euros) y FCC (49.149,71 euros). A continuación, estas dos empresas facturan a Special Events por la cantidad indicada.

Para enmascarar el pago de los actos del PP -uno de ellos protagonizado por Esperanza Aguirre- y de los regalos que la trama hizo a Arturo González Panero, el Consistorio de Boadilla del Monte ideó una forma de hacer pasar como legales los abonos realizados por las empresas privadas a Correa. Así, un apartado de los pliegos de condiciones de la adjudicación de la basura obligaba a las empresas que se hicieran con el servicio a realizar campañas de comunicación por el 2% del total del dinero que recibían del Consistorio. Y en todos los casos eran las empresas de Correa las que cobraban por estas campañas de publicidad, que tampoco se llegaron a realizar. De esta forma, Correa facturaba a FCC y Sufi los actos que le organizaba al PP, lo que demostraría la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

El modus operandi de los populares madrileños es muy parecido al del PP valenciano, que desde el Gobierno presidido por Francisco Camps adjudicaba obras a empresas que pagaban los actos de este partido organizados por la sociedad de Correa Orange Market.

El informe policial que tiene el juez sobre la mesa destaca, además, que en otro folio encontrado en una carpeta azul durante la inspección efectuada en el domicilio particular de José Luis Izquierdo, el contable de Francisco Correa, se registra la entrega de la cantidad de 157.800 euros por parte del presidente de la sociedad Sufi, Gonzalo Naranjo, tres meses después de que se le adjudicara el contrato de las basuras en Boadilla, a Arturo González Panero, José Galeote, Tomás Martín Morales, todos ellos de Boadilla, y al propio Correa.

El informe de la Policía Judicial también indica que el exalcalde del municipio Juan Siguero, que dimitió el mes pasado tras ser imputado por Pedreira, fue quien promovió la modificación del contrato de la basura de FCC y Sufi. Siguero, que fue tesorero del PP de Boadilla del Monte, también formó parte de la mesa de contratación, según la policía.

Asimismo, los investigadores consideran que Correa utilizó el importe de las distintas prendas de vestir compradas a González Panero para aumentar el coste de los eventos que le cobraba a las instituciones públicas y privadas, con la finalidad de que estas fueran las que finalmente pagaran el producto. Como pasó con facturas que Correa cobró al PP por el acto de cierre de la campaña de 2003 y por un evento de 2004 para celebrar los ocho años de Gobierno de José María Aznar.

www.elpais.es 07.03.11

UN EMPRESARIO ADMITE PAGOS DE 1,6 MILLONES EN SUIZA A GÜRTEL

Sufi recibió de López Viejo una contrata de 48 millones

El presidente de la empresa Sufi, SA, Rafael Naranjo, afirmó ayer ante el juez Antonio Pedreira que pagó 1,6 millones de euros en una cuenta en Suiza a nombre de los directivos de la red Gürtel, según explicaron ayer fuentes jurídicas conocedoras de su declaración. Este dinero correspondía supuestamente al pago de una comisión del 3% por la adjudicación en 2002 del servicio de recogida de basuras en el distrito de Moratalaz (Madrid) por 48 millones de euros. El encargado de la concejalía de Limpieza entonces era Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre. López Viejo está imputado en el caso Gürtel por el cobro de comisiones de la red corrupta a cambio de la adjudicación de numerosos contratos a dedo para organizar los actos institucionales en los que participaba Esperanza Aguirre.

Naranjo dice que algunos Consistorios pedían dinero para publicitar proyectos

Naranjo, uno de los empresarios imputados en Gürtel por pagos a la trama para conseguir contratas, no especificó la cuenta ni el banco de Suiza en los que depositó el dinero, según explicaron ayer fuentes jurídicas. En una anterior declaración ante Pedreira, Naranjo había admitido pagos de comisiones del 3% pero lo había vinculado a las obligaciones que imponía el Ayuntamiento de Madrid para dedicar ese dinero a publicidad institucional. Tras su declaración de ayer, el dueño de Sufi se convierte en el primero de la decena de empresarios imputados que reconoce abiertamente haber pagado comisiones ilegales a cambio de contratos.

Otro empresario también imputado, Alfonso García Pozuelo, ha reconocido implícitamente haber pagado comisiones a la trama de Correa, ya que recientemente regularizó su situación con Hacienda pagando 23 millones de euros por cuotas defraudadas en los últimos años. Hacienda le pidió ese dinero por delitos fiscales antiguos y también contabilizó en ellos, a la hora de fijar la deuda tributaria, todas las anotaciones de dinero negro que constan en el sumario de Gürtel como entregadas por García Pozuelo a Correa.

Preguntado ayer por las partes, Naranjo reconoció que conocía al todavía diputado autonómico Alberto López Viejo pero negó que tuviera relación con los cabecillas de Gürtel.

Informes policiales que constan en el sumario que instruye Pedreira acreditan pagos de Naranjo a la red, basados en anotaciones halladas en la contabilidad B de Correa, por importe de al menos 1,2 millones.

En su primera declaración ante el juez, efectuada hace varios meses, Naranjo justificó el pago de comisiones en que entonces había Ayuntamientos del PP que exigían en los pliegos de adjudicación de contratos el abono de unas partidas del 2% o 3% para publicidad e información de sus proyectos.

www.elpais.es 04.03.11

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' IMPUTA CUATRO DELITOS AL ANTERIOR ALCALDE DE BOADILLA

Siguero reconoce ante Pedreira que envió pliegos de contratas solo a la trama

El exalcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), apeló ayer a su desmemoria en la declaración que prestó ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel. Ante las preguntas de las partes relacionadas con los supuestos chanchullos por adjudicaciones irregulares de contratas a la red que dirigía Francisco Correa, Siguero respondió con frases como "no recuerdo" y otras del tipo "me remito a los informes técnicos", según asistentes al interrogatorio.

El instructor no fijó ninguna medida cautelar contra el imputado

Tras dos horas de declaración, Siguero salió del Tribunal Superior de Madrid con la imputación por parte del juez de cuatro delitos: negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y posible colaboración como cooperador en los delitos que se imputan a su predecesor en el cargo, Arturo González Panero como él forzado a dimitir por su implicación con la trama. Sobre este pesa una fianza de 1,8 millones. Pedreira no fijó ninguna medida cautelar contra Siguero.

Un informe policial atribuye a Siguero haber facilitado a la red Gürtel datos previos sobre contratas que luego sacó a concurso el Ayuntamiento. "Participó en el diseño de los pliegos ad hoc" para el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, adjudicado a una empresa Gürtel por más de 600.000.

Ayer, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Siguero reconoció que participó en la elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo envió a una empresa de la trama. En concreto, admitió que le envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la red y, hasta 2006, asesor de un concejal de Moncloa-Aravaca. La fiscalía le preguntó si remitió esos pliegos a las otras empresas que pugnaban por esa contrata. Su respuesta fue no. También admitió que El Albondiguilla fue quien le presentó a Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la trama.

A Siguero se le preguntó también sobre la adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las elecciones municipales de ese año, a una constructora madrileña. La adjudicación fue de 29,6 millones y, supuestamente, la trama recibió en comisiones 1.050.000 euros.

El polideportivo fue adjudicado en una comisión municipal a la que asistieron solo tres concejales -entre ellos él mismo- . Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos informes: uno, de técnicos de la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de técnicos del Ayuntamiento. En el primero, la firma adjudicataria tuvo la mejor puntuación; en el segundo, quedó en tercer lugar. Se tuvo en cuenta el informe más favorable. Uno de los redactores del informe, Juan Carlos Rey, según el sumario, era una persona de total confianza de González Panero. Preguntado por esta contrata dijo que no recordaba y se remitió, sin más, a los informes técnicos.

www.elpais.es 25.02.11

PEDREIRA CONFIRMA LA IMPUTACIÓN A JUAN SIGUERO TRAS TOMARLE DECLARACIÓN POR EL 'CASO GÜRTEL'

El exalcalde de Boadilla reconoce que envió pliegos de contratas solo a una empresa de la trama de corrupción

El ex alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Juan Siguero ha declarado esta mañana durante dos ante el magistrado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en la comunidad, por cuatro delitos: negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se imputan a su predecesor en el cargo, Arturo González Panero, también dimitido e imputado en la trama de corrupción. Tras la declaración, el juez mantiene las imputaciones y no ha impuesto medidas cautelares.

Un documento de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) denominado Informe sobre Boadilla del Monte acusa al exregidor de facilitar a "la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio". En este informe, la UDEF asegura que Juan Siguero "participa en el diseño de los pliegos ad-hoc para que este concurso (la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla) fuese adjudicado a una de las empresas de la organización". Además, señala que "existe una negociación previa a la publicación del concurso entre el órgano contratante, representado por Juan Siguero, y el grupo de empresas de Francisco Correa". La adjudicación de la oficina se hizo por más de 600.000 euros y un periodo de 14 años. A preguntas de la fiscalía al respecto, el ex alcalde ha reconocido que participó en la elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo entregó tan solo a una empresa de la trama. En concreto, ha admitido que envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la red de corrupción y hasta el 2006 fue asesor del concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín (PP). También ha dicho que González Panero, alias El Albondiguilla, fue quien le presentó a Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la trama Gürtel y una de las principales imputadas.

Alega que no se acuerda

También se le ha preguntado sobre la adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las elecciones municipales celebradas ese año, a la firma Constructora Hispánica. La inversión, de 29,6 millones de euros, era la más cuantiosa realizada por el Consistorio de Boadilla y, al parecer, la trama recibió en concepto de comisiones 1.050.000 euros. El polideportivo fue adjudicado en una comisión municipal a la que asistieron solo tres concejales -entre ellos él mismo, entonces edil de Boadilla-, pero no el alcalde González Panero. Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos informes: uno, de técnicos de la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de técnicos del Ayuntamiento. En el primero, Constructora Hispánica lograba la mayor puntuación, mientras que el segundo la consideraba la tercera mejor opción. Preguntado por el PSOE, que ejerce la acusación particular, por qué se lo acabó llevando Constructora Hispánica, el ex alcalde ha respondido, como casi en todas las ocasiones, que no lo recuerda y se ha remitido a los informes técnicos.

La citación responde a una providencia en la que Pedreira imputaba a Siguero en la trama el pasado día 10. Horas más tarde, el ex alcalde de Boadilla presentaba su dimisión. También solicitó la baja del PP. El ex alcalde González Panero, que está imputado en la misma causa como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, acusó el pasado junio a Siguero de haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción. "Por eso tendrían que investigarle más a él que a mí", dijo el alcalde en declaraciones a EL PAÍS. Su sucesor en el cargo era el número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de 2009, el PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre de confianza.

González Panero afronta una de las fianzas más altas impuestas a los imputados, de 1,8 millones de euros por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Tras la caída de ambos alcaldes, este municipio de 42.430 habitantes nombró a su tercer regidor en dos años el pasado día 18. Se trata de Mercedes Nofuentes, la número cinco del PP en en municipio. La oposición, PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) abandonó el pleno en protesta por no poder intervenir. Nofuentes fue una de las tres ediles que asisterion a la comisión en la que se adjudicó el polideportivo, según el PSOE.

www.elpais. 24.02.11

EL CONTRATO POR LA VISITA DEL PAPA EN VALENCIA LO PREPARÓ UN ALTO CARGO DE BOADILLA DEL MONTE

El imputado Tomás Martín Morales, ex director general del consistorio madrileño, adaptó los pliegos del concurso de la visita del Papa a Valencia desde el Ayuntamiento de Boadilla, adjudicados a Teconsa, por lo que cobró comisión, según la investigación

Novedades judiciales del caso Gürtel. Según un auto, el magistrado Antonio Pedreira reclama al Ayuntamiento de Boadilla los expedientes de todos los contratos investigados, acusa a los responsables municipales de ocultar información, y acusa a quien fuera gerente de la EMV en ese municipio de asesorar a las empresas de Correa en la elaboración de pliegos para concursos que después ganaba, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.

En un extenso auto centrado en Boadilla, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, el juez instructor Antonio Pedreira solicita de nuevo al Ayuntamiento todos los expedientes de los contratos investigados por los que la policía señala que cobraron comisiones el ex alcalde Arturo González Panero, el ex concejal popular José Galeote y otros altos cargos. En especial, solicita las operaciones, contratos menores, facturas y expedientes completos del consistorio y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda con el entramado de sociedades de Francisco Correa.

Los más señalados son la Ciudad del Deporte de la constructora Hispánica; 140 viviendas sobre una parcela municipal por parte de la empresa UFC de José Luis Ulibarri y los proyectos de reparcelación de Narcisos 22 de Jesús Calvo Soria, ex gerente de la Complutense. Los supuestos pagos en B de los cargos del Ayuntamiento, según el auto, figuran documentados en la contabilidad de Correa y sobre los que los imputados no han dado explicación al juez.

Pedreira mantiene que Tomás Martín Morales, ex consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y ex director general del ayuntamiento, asesoró a las empresas de Francisco Correa desde el Ayuntamiento de Boadilla. Martín Morales adaptó los pliegos de condiciones de contratos que luego se adjudicaban en la Generalitat Valenciana. Es el caso del contrato de Radiotelevisión Valenciana a Teconsa por la visita del Papa en el V Encuentro Mundial de las Familias y por lo que Martín Morales habría cobrado una parte de la comisión ilegal.

El auto, del 22 de febrero, resuelve la negativa de Tomás Martín Morales a entregar su agenda municipal, alegando que era personal, requerida en su día por el juez y los fiscales anticorrupción.

El magistrado Pedreira se queja de una reitera conducta municipal que impide el avance de la investigación, así como el hecho de que los responsables municipales oculten a la justicia expedientes investigados.

www.cadenaser.com 24.02.11

NUEVAS FACTURAS DE GÜRTEL PRUEBAN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN BOADILLA

Un auto del juez Pedreira asegura que dos empresas privadas pagaron a Correa varios actos que organizó la trama corrupta para los populares

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, hizo público el pasado viernes un auto en el que constata la existencia de nuevas facturas y transferencias bancarias de las empresas que conforman la UTE Boadilla (formada por FCC y Sufi), a la que se le adjudicó los servicios de las basuras del municipio en 2002 por 2,2 millones anuales, que prueban que algunos de los actos del PP organizados por Special Events, de Francisco Correa, fueron pagados por FCC y Sufi. Esta forma de financiar los actos del partido se asemeja al modus operandi del PP valenciano, según constata un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, que concluyó que la financiación ilegal del PP de esta comunidad se hizo a través de diversas constructoras que recibían contratos públicos del Gobierno de Francisco Camps y que colaboraban con Orange Market, la empresa que se encargaba de todos los actos del PP valenciano. Queda acreditado, de acuerdo con este informe, que el PP valenciano fue financiado mediante "entregas" realizadas por el propio PP con fondos "ajenos al sistema económico real" que engrosan la caja B de Orange Market y "facturas reales emitidas por esta empresa a la formación política y abonadas por esta".

  • Panero recibió como regalo una televisión de más de 4.000 euros
  • El sastre acudió a la sede del Consistorio para tomar medidas al exalcalde

En el auto, de 30 páginas, Pedreira resuelve una petición del exalcalde de Boadilla Arturo González Panero en la que solicitaba que se le rebajara la fianza de 1,8 millones de euros. El magistrado ha decidido mantener la cuantía al considerar que el conocido por los miembros de la red como El Albondiguilla tiene propiedades con un valor muy superior en diferentes partes de España, Marruecos, Estados Unidos y en el paraíso fiscal caribeño de las islas Caimán. En el caso de que Arturo González Panero no consigne el dinero, se procedería al embargo de sus bienes.El auto del magistrado Pedreira en el que se describen de forma detallada los presuntos hechos protagonizados por Arturo González Panero, y que se encuentran en el sumario del caso Gürtel, resalta que tras encontrar nueva documentación, como albaranes, facturas y justificantes de transferencias bancarias, que complementan los datos reflejados en un informe policial del 8 de junio de 2009, se ha podido comprobar que el ex primer edil de Boadilla recibió numerosos regalos pagados por las empresas FCC y Sufi, a las que adjudicó siendo alcalde la gestión de las basuras.

Toda esta nueva documentación se encontraba en los apuntes de la cuenta personal del exalcalde en la contabilidad b de las empresas de Francisco Correa. Como principal novedad con respecto a la información ya incorporada, según Pedreira, se ha podido constatar cómo la organización delictiva efectúa el cargo de numerosos viajes efectuados por Arturo González Panero, uno de ellos a Miami (Estados Unidos), que fueron prestados por una de sus empresas del cerebro de la trama (la agencia de viajes Pasadena). También FCC y Sufi pagaron las compras de ropa realizadas a nombre del entonces alcalde de Boadilla en 2002: "Encubriendo dicho cobro como pago de varias facturas de las empresas a Special Events, con motivo de una campaña de publicidad supuestamente establecida para publicitar el concurso relativo a la recogida de basuras, adjudicado a la UTE de FCC y Sufi por parte del Ayuntamiento, hasta un monto total de 98.389 euros", explica el magistrado Pedreira en el auto del pasado viernes. "Entre las facturas hechas efectivas por la UTE de estas dos empresas también se cargan diversos actos realizados por Special Events al PP de Boadilla del Monte pendientes de cobro", especifica el magistrado que instruye el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la Democracia relacionada con un partido político: el Partido Popular.

La adjudicación de los servicios de las basuras de Boadilla se encuentra en el punto de mira de Pedreira, que ordenó registrar los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y de Majadahonda en busca de la documentación de ambas concesiones. Estos expedientes ponen de manifiesto que tan solo siete meses después de adjudicarse el servicio en Boadilla por un precio anual de 2,2 millones, el contrato de la recogida de las basuras se modificó al alza, encareciéndose 617.906 euros. En marzo de 2007, tres años después, volvió a encarecerse en 468.715,53 euros y en 2008 se elevó otra vez en 707.523,2 euros. Estas sucesivas ampliaciones sirvieron de base para que la interventora municipal elaborara un informe en el que destacaba que el total de las modificaciones suponía un importante aumento del coste anual de la gestión de las basuras para Boadilla, que pasó de 2,2 millones a 3,97 millones.

En este sentido, el auto incluye la declaración de Rafael Caballero Mateos, el sastre que realizaba de forma habitual la ropa a Correa, que de forma voluntaria reconoció a los agentes de la policía judicial que confeccionó varios trajes a Panero por indicación de Correa, quien le explicó que El Albondiguilla era "uno de esos alcaldes que no se sabe vestir". El sastre testificó que los encargos los abonaba uno de los empleados de la trama, concretamente José Luis Izquierdo, que le encargaba que pusiera en las facturas conceptos que no tenían nada que ver con la realidad. Como por ejemplo, según su declaración, cuando el 29 de junio de 2004 facturó a Special Events por un importe total de 3.721 euros con el concepto de "Suministro y colocación de tejidos en el stand de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla (EMSV)': "Cuando debería figurar la venta de tres americanas, dos trajes completos y cinco pantalones para Arturo González Panero, que es lo que realmente se confeccionó", relata el informe policial basado en la declaración del sastre. Este trabajador aseguró, además, que en una ocasión González Panero le citó en la misma sede del Consistorio de Boadilla del Monte.

En sus conclusiones, Pedreira cita un informe del 23 de enero de 2009 concluyendo que entre agosto de 2002 y febrero de 2004 en la contabilidad b de Correa a aparecen 24 pagos de facturas con conceptos como billetes de avión, compra de ropa o compra de televisor de plasma, de 4.034 euros, a favor de González Panero por un importe total de 48.941 euros. Esta cuenta b de Correa contiene un apunte con fecha del 21 de febrero de 2006 por un importe de 124.000 euros. "Dicha cantidad podría tratarse de la comisión cobrada a través de Panero por la obtención de algún tipo de contrato vinculado a jardines y que engrosa la caja b de la calle Serrano", explica el auto del juez que relata al menos otros pagos al El Albondiguilla de 660.000, 18.000, 24.000, 12.000 y 30.000 euros. El exalcalde también es propietario de un piso en Marruecos de 100.000 euros e invirtió en Bolsa 144.000 euros.

www.elpais.es 22.02.11

FUNDESCAM Y REPARTO DE SOBRES

El auto del pasado viernes no es la primera ocasión en la que el sumario de la operación Gürtel alude a la posible financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid, ya que en una memoria externa en poder de la trama los investigadores descubrieron una carpeta con el epígrafe "Facturación PP Madrid", en el que se sugiere que las empresas de la trama financiaron actos de este partido.

Además, un documento de la Agencia Tributaria refleja que Special Events, una de las empresas de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, facturó a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fundescam), vinculada al PP, en 2004 y que ha encargado actos electorales para el partido.

Por otra lado, un informe elaborado por la policía y que está incluido en el sumario detalla cómo en un reparto de dinero entre los miembros de la trama por la consecución de tres contratos en Boadilla del Monte, aparece una entrega de 30.050 euros bajo el concepto "campaña", 15 días antes de las elecciones autonómicas de 2003. Entre las personas que presuntamente habría recibido dinero estarían el responsable de la campaña en Boadilla Tomás Martín Morales, imputado en la causa, y el propio ex primer edil Arturo González Panero. En las conclusiones, Pedreira indica que la empleada de Correa Isabel Jordán explicó que la red corrupta había grabado un vídeo en el que éste contaba dinero junto con el ex teniente alcalde de Boadilla Miguel Ignacio González Sánchez.

Otro informe policial sobre el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, señala que Correa financió actos del partido en el municipio, en concreto en las elecciones generales de 2004 y que el dinero se había ingresado en una cuenta a nombre de Ortega.

www.elpais.es 22.02.11

¿PASARÁ FACTURA EL GÜRTEL EN LAS URNAS?

Los expertos y los propios candidatos coinciden en que la crisis mitigará los efectos electorales de la corrupción en los municipios afectados por la trama

La concejal del PP de Boadilla del Monte Mercedes Nofuentes fue investida ayer como alcaldesa en un atípico pleno municipal en el que la regidora no recibió ni un aplauso. Ni tan siquiera de los ocho cargos de confianza que se sentaron entre el público. Antes de la votación, los ediles de la oposición abandonaron sus asientos, tras comprobar que la alcaldesa en funciones, Belén Húmera, volvía a impedirles tomar la palabra. Con Nofuentes, Boadilla ya ha tenido cuatro alcaldes en cuatro años, después de las renuncias de Arturo González Panero, de Juan Siguero y de Belén Húmera. Nofuentes participó en una adjudicación a la trama de Francisco Correa.

La situación límite que viven en estos momentos Boadilla y otros Ayuntamientos ha obligado al PP a eliminar de las candidaturas para las próximas elecciones a los relacionados con Gürtel. Sin embargo, esta doctrina no se ha mantenido en un municipio como Arganda del Rey, en el que el candidato era el número dos del primer edil imputado, Ginés López, y el resultado electoral podría ser incierto. Al PP no le importa soportar el coste electoral que le puede suponer recurrir a los paracaidistas en los municipios en los que la ventaja es amplia, en detrimento de sus afiliados. Pero este partido apuesta en los municipios con resultado más apretado por copiar la doctrina Fabra, que ahora podría ser la del presidente valenciano, Francisco Camps: "Las elecciones me absolverán".El resultado electoral de Boadilla del Monte, al igual que el del resto de los Ayuntamientos relacionados con el caso Gürtel (Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Las Rozas), va a ser mirado con lupa por los sociólogos y los ciudadanos en general, que querrán saber si la corrupción pasa factura o no a los partidos que la protagonizan. En este caso, el más importante de la Democracia, afecta de forma directa al PP. "Está en juego si triunfa o no la doctrina Fabra o Camps, que sostiene que un resultado electoral positivo absuelve al presunto corrupto", argumentan Pablo Nieto, candidato del PSOE en Boadilla, y Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla (APB).

"Claro que vamos a hacer una lectura de los resultados electorales. Es uno de los temas clave. Intentaremos saber cómo ha afectado la corrupción: si da o quita votos. Pero no es fácil aislar la variable corrupción de otras que también son importantes, como por ejemplo la crisis económica que estamos viviendo", explica el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, uno de los investigadores sobre la corrupción más prestigiosos de España.

Al contrario que en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid el PP ha optado, salvo casos excepcionales (Alcobendas, Coslada y Pinto), por no presentar como candidatos a imputados. Pero no siempre ha hecho limpieza total. En este sentido, el todavía alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, llegó a lamentar ante el juez que investiga el caso del parque del Arroyo de las Cárcavas los efectos políticos de su presunta implicación ya que, según dijo, el PP no presenta a candidatos que están imputados.

La reacción política del PP madrileño, que públicamente no reconoce que la corrupción haya tenido un coste económico para los municipios afectados por el caso Gürtel, se puede resumir en dos formas de actuar. En los Ayuntamientos con amplia mayoría absoluta se opta por una limpieza total, asumiendo un posible castigo por la incomprensión de los militantes, que no entienden por qué un paracaidista tiene que ser el nuevo candidato del PP. Por el contrario, en los Consistorios con un resultado para los populares más incierto, como por ejemplo Arganda del Rey, donde dimitió el anterior alcalde, Ginés López, se apuesta por negar la evidencia y se mantiene el actual corregidor, Pablo Rodríguez Sardinero, como número uno, pese a que fue el teniente alcalde de Ginés López.

El caso del alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, se puede ubicar en el grupo de Ayuntamientos en los que el PP se ha planteado realizar una limpieza a fondo, asumiendo los posibles costes electorales de la desmovilización de los afiliados. Además, este caso tiene ciertas similitudes con el del ya exalcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, a quien el partido le comunicó que no iba a ser candidato antes de ser imputado por el juez. En sus círculos más íntimos, Siguero considera que el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, le ha imputado por una confabulación de la oposición y de los medios de comunicación. A ellos culpa de que se hiciesen públicos los informes de la policía, que llegó a solicitar su detención para que no destruyera pruebas. Tanto en Pozuelo como en Boadilla, los militantes del PP no están de acuerdo con la decisión de Granados, que ha optado por una limpieza total de las candidaturas. Pero en el PP regional consideran que este cambio, lejos de ser un problema, posibilitará que los simpatizantes del PP puedan votar a este partido, sin necesidad de taparse la nariz. El coste interno no será excesivo, según explican en el PP, al tiempo que están seguros de que de ninguna manera se perderá la mayoría absoluta, ya que los resultados electorales en Pozuelo y Boadilla de 2007 dejaron a una distancia sideral al ganador, el PP, del PSOE e Izquierda Unida.

Sin embargo, los socialistas de Pozuelo y Boadilla están seguros de que la corrupción pasará factura al PP, pero coinciden con los populares en que será muy difícil romper las mayorías absolutas. El panorama que se espera pasa por una leve bajada del PP y una subida de IU y los partidos localistas. La incógnita es el PSOE, cuyas candidaturas sufren dos fuerzas contrapuestas: la inercia nacional de la crisis -o hablando claro, la figura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero- y el fuerte desgaste del PP con el caso Gürtel.

Llama la atención que todavía se desconozcan los candidatos del PP en Las Rozas y Majadahonda, pese a que cualquier militante al que se le pregunte considera que tanto Narciso de Foxá como Bonifacio de Santiago seguirán.

Para el catedrático Manuel Villoria la incidencia electoral de la corrupción es "obvia", ya que en las investigaciones se ha comprobado que influye de forma negativa en la confianza en las instituciones, en los partidos y en la calidad de la Democracia: "Pero habrá que ver la incidencia concreta en estas elecciones. Creo que no será suficiente para generar cambios, ya que existe otra factor, el de la crisis económica, que hará que muchos ciudadanos prefieran castigar a los socialistas antes que al PP".

Tanto en Pozuelo como en Boadilla los militantes del PP acudirán divididos a las elecciones en dos o más facciones: los partidarios de que no se haga tabla rasa, y los que apuestan por empezar de cero, echando mano de los paracaidistas Antonio González Perol y Paloma Adrados. Un sector de los militantes del PP apostaría por cambiar las cabezas visibles, pero manteniendo la presencia de los militantes de toda la vida. Los más realistas consideran obligatorio hacer borrón y cuenta nueva para acabar con las familias políticas. Pero la realidad se impone y los candidatos apostarán por limpiar las listas y evitar posibles contaminaciones que den balas a la oposición.

El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria entra de lleno en una de las principales controversias de los últimos días sobre si la corrupción molesta más a los simpatizantes del PP o del PSOE: "Considero que la relación de la izquierda con la corrupción no nos indica que haya grandes diferencias. Y una prueba de esto es que los socialistas, encabezados por Felipe González, perdieron por la mínima las elecciones de 1996, pese a que cada semana se destapaba un caso nuevo".

En este sentido, este catedrático considera que no hay grandes diferencias entre los partidos, aunque puntualiza: "Algo hay, en el sentido de que en la izquierda los discursos éticos y de transformación social forman parte de su tradición, por lo que una conducta corrupta puede ser más incoherente que el discurso de la derecha sociológica, en el que prevalece el desarrollo económico". Por eso Villoria advierte de que el candidato del PSOE madrileño, Tomás Gómez, ha tomado una decisión errónea manteniendo en el partido a su número dos, Trinidad Rollán, porque de esa forma legitima un discurso del PP que podría ser demoledor, ya que al recibir cualquier tipo de acusación sobre su presunta corrupción podría recurrir al y tú más. Por otra parte, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos advierte de que, si Rajoy focaliza el discurso solo en el desarrollo económico, se equivocaría porque, sin un discurso ético, prevalecería la corrupción. "El problema de Rajoy, con esta actuación tan permisiva con la corrupción interna, es que parece que está diciendo, aunque sea sin querer, que cuando él gobierne va a ser mucho más fácil ser corrupto. Eso es terrible y un peligro, por lo que debe reaccionar y pasar a la acción", argumenta.

LICENCIAS EN SAN LORENZO DEL ESCORIAL

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, dictó el pasado jueves una providencia en la que solicita al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que se informe de las licencias que se han podido conceder en relación a una finca denominada El Valle y que, presuntamente, pertenece a una de las empresas relacionadas con la trama. Asimismo, Pedreira ha presentado un requerimiento al Área de Urbanismo y Licencias Generales del Ayuntamiento de Madrid para que certifique si la mercantil UFC,empresa de uno de los principales imputados en la trama, el empresario José Luis Ulibarri, solicitó entre los años 2002 y 2004 alguna licencia relacionada con varias fincas situadas en la Avenida de Aragón. Esta licencia podría estar relacionada, según Pedreira, con la construcción de apartamentos turísticos. El magistrado informa también de la petición de una de las partes para que se tome declaración como imputada a una empleada de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones, propiedad de Francisco Correa y Jacobo Gordon. Este último era amigo y socio de juventud de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar y, junto al propio Correa, uno de sus testigos en su boda con Ana Aznar celebrada en El Escorial, en presencia de entre otros mandatarios del presidente italiano, Silvio Berlusconi, y del ex primer ministro británico, Tony Blair.

www.elpais.es 19.02.11

HACIENDA PIDE INDAGAR UN TRÁFICO DE DIVISAS LIGADO AL PP DE MADRID

El dinero es de comisiones por contratas amañadas por Gürtel

La Agencia Tributaria ha pedido al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que ordene investigar movimientos bancarios de divisas por importe de casi 700.000 euros procedentes de cinco países relacionados con la sociedad Special Events, administrada por el número dos de Francisco Correa en la trama corrupta, Pablo Crespo.

Según un informe de Hacienda, tales divisas están ligadas con supuestos pagos de comisiones hechos por la firma Sufi a la red corrupta de Correa a cambio de contratas vinculadas al PP de Madrid y a Alberto López Viejo, exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Asimismo, Hacienda pide investigar "salidas y entradas de divisas" en España que suman casi otros dos millones de euros y que también estarían relacionadas con pagos "sin justificar" de Sufi a una extraña firma llamada Nige, sin apenas actividad y con un solo trabajador, Plácido Vázquez Diéguez. La policía sostiene que Vázquez entregó a la trama 1,7 millones a cambio de favores en la adjudicación de contratas de organismos gobernados por políticos del PP.

Hacienda destaca que Sufi "prestó fundamentalmente servicios a los Ayuntamientos de Madrid" -cuando López Viejo era edil del área de Limpieza, con José María Álvarez del Manzano en la alcaldía- y al de Majadahonda, en la época del alcalde Guillermo Ortega, otro de los principales imputados en Gürtel y a quien se le han descubierto cuentas en el extranjero.

Moratalaz

Las entradas y salidas de divisas de Special Events se produjeron, según Hacienda, entre 2002 y 2004. Fue precisamente en 2002 cuando se adjudicó la limpieza del distrito madrileño de Moratalaz a Sufi por 48 millones y por un periodo de 10 años. Según consta en el sumario de Gürtel, Sufi, entonces presidida por Rafael Naranjo, logró la adjudicación gracias a una comisión millonaria (un 3% de la operación, 1,2 millones) entregada a la red de Correa.

Otras contratas que recibió Sufi para tareas de limpieza salieron del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, entonces regido por Arturo González Panero, El Albondiguilla, imputado en Gürtel por haber recibido sobornos de la red a cambio de adjudicaciones. Hacienda destaca que hay "entregas de dinero" de Sufi "a la organización de Correa equivalentes al 3% del monto total de la adjudicación de los servicios de limpieza". Y añade que López Viejo, "que recibió dinero" de la red a través de Crespo, "obligaba a facturar por debajo de dos millones de pesetas [12.000 euros]

para así adjudicar los contratos directamente". También da por sentado la Agencia Tributaria, basándose en informes policiales, que las entregas de dinero de Sufi a la trama no están justificadas en trabajos reales. Hacienda explica al juez que, "teniendo en cuenta que el principal cliente" de Sufi "en los años 2002, 2003 y 2004 fue el Partido Popular, y en 2005 empresas vinculadas al Ayuntamiento de Madrid", es conveniente examinar el origen y destino de los fondos y divisas que se canalizan a través de las cuentas bancarias de Special Events.

www.elpais.es 14.02.11

GÜRTEL PROVOCA LA CAÍDA DEL SEGUNDO ALCALDE DE BOADILLA EN DOS AÑOS

Juan Siguero, sucesor de Arturo González Panero, deja el cargo tras ser imputado por el juez a petición del PSM, que ejerce la acusación particular

La decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, de llamar a declarar como imputado el próximo miércoles al alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (Partido Popular), ha obligado a este a anunciar su dimisión, según confirmó una escueta nota hecha pública ayer por el gabinete de prensa del Ayuntamiento.

Ya son dos los regidores del PP de este municipio de 42.430 habitantes que se han visto obligados a abandonar su cargo en la actual legislatura. En febrero de 2009 su predecesor, Arturo González Panero, fue expulsado del partido pero siguió manteniendo el acta de concejal en el Consistorio.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la instrucción del caso Gürtel -la mayor trama de corrupción destapada en la democracia española ligada al PP- el número de alcaldes imputados se eleva a cuatro: los mencionados Juan Siguero y Arturo González Panero (de Boadilla), Jesús Sepúlveda (de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (de Arganda del Rey).

Pedreira ha comunicado en una providencia su decisión tras recibir la petición de la acusación particular ejercida por los concejales del PSM-PSOE de Boadilla del Monte, que fue registrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado 10 de enero. El magistrado tomará declaración al regidor como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, así como por su posible participación como cooperador necesario en los delitos que se le imputan al exalcalde del municipio Arturo González Panero.

A su vez, este último, conocido como El Albondiguilla entre los miembros de la trama, está acusado de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. El propio Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él que a mí", aconsejó el ex alcalde.En el comunicado hecho público por el Consistorio, Siguero manifiesta también "su total y absoluta inocencia". "Con la finalidad de aclarar de forma inmediata su inocencia se pone a disposición judicial, toda vez que el escrito de la fiscalía se basa en una solicitud del Partido Socialista". Fuentes del PP aseguraron ayer que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, recibió a las tres de la tarde una llamada de Siguero en la que le comunicó su intención de dimitir para no perjudicar al PP.

Sobre Siguero pesaban graves acusaciones contenidas en varios informes policiales en los que los agentes solicitaban su detención tras constatar su "estrecha relación" con las empresas de Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama Gürtel. En uno de los informes se relata que el regidor llegó a pedir a las empresas de la trama un puesto de trabajo para su mujer: "Retomando el favor que te pedí en su día acerca de la posibilidad de un trabajo para Beatriz, (...), si sabes de algún cliente tuyo o conocido que necesite contratar a alguien te agradecería que te acordases de ella. Espero tus noticias y gracias de antemano", escribió Siguero en un correo electrónico.

La decisión del alcalde dimisionario se produce el mismo día en el que se ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 12 de noviembre que declara nulo el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla, aprobado en 2002, por denegar el Ayuntamiento la documentación del plan a miembros de la oposición. La sentencia, que no es recurrible, estima un recurso de casación de lo contencioso-administrativo presentado por un particular contra los acuerdos de la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, celebrados el 7 de noviembre de 2001 y el 20 de febrero de 2002, que se declaran nulos. En el orden del día de estos acuerdos se incluía la aprobación de forma definitiva del PGOU del municipio, ahora paralizado, y que tendrá que volver a aprobarse pasando todos los filtros establecidos en la normativa, como es la declaración de impacto ambiental.

El particular inició el litigio porque estaba disconforme con el cambio de calificación de una parcela de su propiedad: "Tenía un uso comercial y, por obra y gracia de la aprobación definitiva del plan general que se recurría, pasaba a zona verde pública", explica el fallo.

www.elpais.es 11.02.11

EL ALCALDE DE BOADILLA PRESENTA SU DIMISIÓN TRAS SER IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL'

Pedreira cita a Siguero a declarar por prevaricación y tráfico de influencias.- También le considera presunto cooperador necesario de los delitos de su predecesor, que también dejó el cargo tras ser imputado

Antonio Pedreira, el magistrado que investiga el caso Gürtel, ha imputado al actual alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Juan Siguero Aguilar (PP), por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan al anterior regidor, Arturo González Panero, expulsado del PP y conocido como El Albondiguilla. Según la resolución, conocida esta mañana y contra la que cabe un recurso de reforma en un plazo de tres días o de apelación en cinco, Siguero Aguilar deberá comparecer el día 16 a las 12.00.

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Juan Siguero Aguilar, imputado

DOCUMENTO (PDF - 74,06Kb) - 10-02-2011

Unas horas después de conocerse el audio, Esperanza Aguirre ha declarado esta tarde en la Asamblea de Madrid que Siguero Aguilar ha presentado su dimisión. "Como no quiere perjudicar al partido presenta la dimisión para defenderse, pero asegura que es inocente", ha explicado la presidenta regional, informa J. Sérvulo González. Tras "agradecerle en nombre del PP de Madrid" esa decisión al alcalde imputado, Aguirre ha sostenido que eso "es lo que hay que hacer", sin que ello signifique "faltar a la presunción de inocencia, que a todos nos tiene que afectar y que en este caso desde luego que se la concedo al alcalde de Boadilla como a todos los demás", ha subrayado.

Pedreira ha decidido llamarle a declarar después de que un informe policial solicitara su detención. La investigación realizada por la policía puso de manifiesto que el regidor de Boadilla, que era concejal de Hacienda con Arturo González Panero como primer edil, informó a las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa de las adjudicaciones. También llegó a recibir instrucciones de la trama acerca de los precios de las adjudicaciones, según los informes policiales. Con esta decisión ya son cuatro los alcaldes del PP de Madrid que han sido imputados en el caso Gúrtel. Los anteriores fueron el propio Arturo González Panero (Boadilla); Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón); y Ginés López (Arganda del Rey). Todos ellos dimitieron y fueron expulsados del PP.

A la oposición no le vale con la renuncia. El portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha dicho que "cada día que aparece una noticia nueva sobre la trama Gürtel hace más irrespirable la política en la Comunidad de Madrid" y que "es una situación que está acorralando al PP en Madrid y está acorralando a Esperanza Aguirre". Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, ha vuelto hoy a pedir a la presidenta del PP de Madrid que "asuma la responsabilidad que tiene en el caso Gürtel".

El ex alcalde de Boadilla Arturo González, que está imputado en la misma causa como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, acusó el pasado junio a Siguero de haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción. "Por eso tendrían que investigarle más a él que a mí", dijo el alcalde en declaraciones a EL PAÍS. Su sucesor en el cargo era el número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de 2009, el PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre de confianza.

Así, el ex alcalde asegura que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado que dirigía Francisco Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la trama Gürtel]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo". Además, Panero relaciona a su sustituto con otras dos operaciones Gürtel. La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine". La segunda es la cesión de terrenos municipales a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMSV) de Boadilla que acabaron en manos de la trama. "La EMSV adjudicó estos terrenos a una empresa de Ramón Blanco Balín [presunto testaferro de Correa]".

www.elpais.es 10.02.11

LA COMUNIDAD OCULTA CONTRATOS DE GÜRTEL

La Comunidad adjudicó a una firma implicada en Gürtel por 39 millones

El Servicio Madrileño de Salud adjudicó entre 2005 y 2009 ocho contratos por un importe de 11,5 millones a Constructora Hispánica, una empresa vinculada al caso Gürtel, la trama de corrupción que afectó a administraciones gobernadas por el Partido Popular. Este partido ha evitado desde entonces la fiscalización de los ocho contratos. Entre ellos se encuentra la construcción del centro polivalente de Vallecas (4,3 millones) en 2005, la del centro de salud de la Casa de Campo (3 millones) en 2006 o las obras de reforma del Hospital de la Princesa (2,6 millones) en 2006. El Gobierno del PP impide el acceso a los contratos.

La diputada socialista Livia Castillo detectó que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) había adjudicado hasta ocho grandes contratos a Hispánica para la realización de obras de reforma, mantenimiento de diferentes instalaciones e incluso climatizaciones por un importe total de 11,5 millones (en total, las adjudicaciones de la Comunidad a Hispánica superan los 39 millones). En marzo de 2009, la parlamentaria reclamó por primera vez, una copia íntegra de todos los documentos que conformaban los expedientes. Pero el Gobierno regional esquivó el requerimiento alegando que no era posible identificar los contratos solicitados, a pesar de que se aportaba la fecha, la identificación de la empresa y el importe del mismo. El Sermas es una de las entidades regionales que, según la Cámara de Cuentas, ha dilatado más la presentación de su contabilidad. La oposición ha criticado en repetidas ocasiones la opacidad del Sermas. Esta entidad que gestiona un tercio del presupuesto de la Comunidad de Madrid (unos 7.000 millones de euros) no está obligada a fiscalizar sus cuentas en la Asamblea.

Pocos meses más tarde de la primera negativa, en noviembre del mismo año la diputada socialista Livia Castillo volvió a reclamar información sobre los contratos. En esta ocasión precisó el número del expediente de contratación, desde entonces no se ha producido ninguna comunicación formal por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, explica la parlamentaria. En diciembre, Castillo remitió un burofax al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, reclamándole una "cita para examinar los expedientes" que afectan a los contratos con Hispánica después de ver como ignoraba sus peticiones. Hoy está previsto que el consejero intervenga en la cámara y aporte luz sobre estos contratos después de que los socialistas lo exigieran.

Los socialistas se cuestionan si realmente se ejecutaron las obras y los suministros acordados. La supervisión de los contratos es relevante porque Hispánica es una de las principales empresas salpicadas por el caso Gürtel. El que fuera su propietario, Alfonso García Pozuelo, figura en el sumario como uno de los empresarios que hacía negocios con la red corrupta. Supuestamente entregaba dinero a cambio de contratos públicos. En la documentación intervenida por la investigación figuran pagos de 4,1 millones de euros a Francisco Correa. Este empresario decidió en 2009 entregar 19,7 millones de euros a Hacienda para hacer frente a los delitos fiscales. Hispánica, que ahora se llama Assignia, ya no pertenece a García Pozuelo sino a la constructora Essentium. Un portavoz de la firma dice que la cifra de 11,5 millones "no es sustancial" ya que esta licita al año por un valor de 15.000 millones. Además, apunta que en 2008 una de las empresas de Andalucía, gobernada por el PSOE, les adjudicó una obra de 15 millones.

Fuentes del Gobierno regional niegan que sea verdad que no se haya permitido el control de los expedientes a los diputados de la oposición, y sostienen que en éstos se han seguido todos los trámites previstos por la ley. El mismo portavoz del Ejecutivo autonómico justifica su retraso de más de un año intentando endosar la culpa a la oposición: "La última petición coincidió con un cambio en Sanidad, pero hace dos semanas nos pusimos en contacto con la diputada Castillo para contestarle, pero no fue posible", dijo.

www.elpais.es 03.02.11

CORREA COBRÓ DE UNA EMPRESA 12 MILLONES EN EL EXTRANJERO

Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, cobró, en diciembre de 2004 y sin explicación conocida, 12 millones de euros de Manuel Salinas, dueño del grupo empresarial aragonés Salgar, que ahora participa en el holding Ros Roca Internacional. El pago, y así lo detalla un informe de Hacienda incorporado al sumario, se hizo mediante una transferencia a una cuenta abierta en Mónaco por Awberry License, una de las sociedades utilizadas por Correa para canalizar el dinero negro que le proporcionaban sus enjuagues con administraciones controladas por el PP. El envío de fondos se realizó desde Fairway International, compañía panameña donde el empresario Manuel Salinas consta como mandatario y beneficiario, explica Hacienda.

Este es el segundo pago multimillonario en el extranjero que destapan las pesquisas ordenadas por el juez Antonio Pedreira. Hace 20 días, el magistrado reveló en un escrito la existencia de otra comisión de 13 millones abonada a Correa en 2006 por sus labores de conseguidor en un pelotazo urbanístico de Arganda (Madrid) que reportó no menos de 73 millones de euros a la inmobiliaria Martinsa. Tanto el ex alcalde de Arganda como el ex consejero delegado de la sociedad municipal de suelo, ambos elegidos por el PP, permanecen imputados en el caso.

Salgar vendió suelopara un proyecto en Bárboles, donde gobierna el PSOE

Golf y viviendas

Ayer, Público intentó recabar la versión del propietario del grupo Salgar. Salinas, de 89 años, confirmó que Salgar participa en Ros Roca Internacional, cuyas adjudicaciones públicas en la etapa del PP investiga Pedreira. El empresario adujo asimismo que ignora el porqué de ese pago de 12 millones. Y dijo que ni siquiera conoce a Correa. En una conversación posterior, su abogado rehusó hacer declaraciones.

El informe de la Agencia Tributaria sobre este nuevo pago detectado en Mónaco, donde Correa tiene ya bloqueados 4,3 millones de euros, se muestra cauto sobre el origen de la comisión. Pero señala cómo Agrícola Ganadera La Corona, una de las empresas de la constelación Salgar, participó en la gestación de un macroproyecto urbanístico en Bárboles, municipio aragonés de 300 habitantes situado muy cerca de la capital zaragozana. Ese macroproyecto, que preveía originalmente hasta 7.000 viviendas y dos campos de golf, no existe aún.

Hacienda sospecha que el pago buscara saldar la deuda de "un tercero"

Fuentes del Gobierno de Aragón subrayaron ayer que tanto la Diputación de Zaragoza como el Ejecutivo regional vetaron el plan "por descabellado". Sin embargo, el actual alcalde de Bárboles aseguró en noviembre de 2009 a Heraldo de Aragón que el proyecto, para 1.500 viviendas, seguía en marcha, aunque sus promotores, impulsores de un convenio urbanístico presentado en 2006, ya no tenían "tanta prisa como antes".

Cuando, en octubre de 2004, Agrícola Ganadera La Corona vendió los terrenos de Bárboles a una sociedad en teoría ajena a Salgar Davalu, del grupo Proconsol, la localidad estaba gobernada por la socialista Tomasa Joven. Este diario no logró anoche contactar con la ex regidora, a quien en 2007 relevó el también socialista José Ángel Subías.

Pero la operación urbanística de Bárboles no es la única hipótesis para el origen del pago. Hacienda sugiere que, dado que no hay "ninguna causa aparente" para el traspaso de 12 millones a Don Vito, cabe la opción de que Salinas fuera una especie de pagador vicario. Es decir, que hubiera satisfecho "una deuda que un tercero tuviera con Francisco Correa". Respecto a quién podría ser ese tercero y en concepto de qué se habría generado la deuda, Hacienda no se aventura.

El traspaso de 12 millones no fue el único efectuado por Fairway a Correa o su entorno. El pasado verano, Mónaco comunicó al juez Pedreira que, el 27 de junio de 2006, la sociedad panameña de Manuel Salinas hizo llegar cuatro millones de euros a una cuenta suiza de Cedargrove Inv., una de las que manejaba Arturo Fasana, gestor de Correa imputado en el caso.

www.publico.es 02.02.11

AGUIRRE PAGÓ 200 EUROS POR METRO DE MOQUETA A UNA FIRMA LIGADA A GÜRTEL

La policía envía al juez un informe del contrato de los actos institucionales de 2006

La red Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, logró beneficios de hasta el 50% en el contrato principal de los actos institucionales de la presidenta Esperanza Aguirre durante 2006 aunque su nombre no apareció por ningún lado.

La adjudicación por 317.000 euros de ese contrato recayó en Decoraciones CMR, una firma aparentemente nada sospechosa. La investigación judicial del caso Gürtel ha puesto al descubierto cómo esta empresa trabajaba al dictado de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa.

Hasta el punto de que, según el último informe aportado por la policía al juez Antonio Pedreira, la proposición económica que presentó CMR al concurso para montar todos los actos institucionales de la presidenta Esperanza Aguirre fue redactada por empresas de la red Gürtel con los siguientes precios:

- Fondo de escenario: 224 euros por metro cuadrado.

- Escenario: 194 euros por metro cuadrado.

- Laterales de escenario: 306 euros por unidad.

Así se recoge en uno de los numerosos correos electrónicos que forman parte de la documentación incautada a la trama que dirigía Francisco Correa.

En la documentación recabada por el juez y analizada ahora por la policía, se registran unos beneficios por cada acto montado para alguna de los actos donde interviniera la presidenta autonómica de casi el 50%.

También presenta la policía en su informe un contrato privado por el que Decoraciones CMR, la adjudicataria del concurso convocado por la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, subcontrata el servicio a Servimadrid Integral, una de las empresas de la trama corrupta.

Este contrato privado demostraría, según la investigación, como la red Gürtel siguió recibiendo contratos de la Comunidad de Madrid a través de sociedades pantalla que utilizaba para que se presentaran a los concursos públicos.

No es la primera vez que, tras dos años de investigación judicial, aparece documentación que acredita como la trama corrupta logró contratos de la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para el que trabajó casi en exclusiva, a través de empresas pantalla, como Decoraciones CMR.

El informe señala que esta pauta de actuación era dirigida desde la viceconsejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que ocupaba aquel año Alberto López Viejo, que fue la mano derecha de Aguirre en sus actos institucionales. "La viceconsejería de Presidencia determinaba con quién contratar, si se solicitaba presupuesto previo o no, a qué consejería había que facturar y por qué importes".

La policía concluye que la trama corrupta pagaba a las empresas pantalla una comisión de la factura a la Comunidad de Madrid. "Esto", según la policía, "atenta contra uno de los principios de la contratación administrativa seguida por la Comunidad de Madrid, como es el principio de transparencia".Las empresas del grupo Correa que utilizaban como pantalla a la firma Decoraciones CMR, SL, para realizar los actos en los que intervenía la presidenta regional Esperanza Aguirre, tenían una contabilidad opaca al fisco. Una doble contabilidad. Aunque Correa tenía todo un abanico de empresas para conseguir actos o contratas de la Comunidad de Madrid sin que la competencia se diera cuenta de que siempre resultaba él beneficiado, a veces pedía a empresas amigas que se presentaran ellas: les garantizaba la adjudicación y, en contraprestación, les daba una comisión del 5% del abultado beneficio.

En realidad, tales empresas ni siquiera hacían ellas los trabajos. Formalmente se los adjudicaban, pero los obreros eran los de Correa; en concreto los de Servimadrid Integral, SL. Había tajada para todos. En registros a las empresas de la trama Gürtel, los investigadores se incautaron, por ejemplo, de un archivo consistente en una hoja de cálculo bajo el título Actos CMR 2005-2006. En esa hoja, la trama calcula el beneficio antes incluso de realizar el trabajo. Por un acto relativo a la celebración de los dos primeros años de Gobierno de Aguirre, en 2006, la trama factura a la Comunidad "12.607 euros", cuando el coste real del evento era, según la citada hoja de cálculo, 9.237. Obtuvo un beneficio de 3.370 euros, con un 27%.

El Grupo Rafael

Por el montaje de los actos del 2 de mayo del año 2005, la trama facturó a las arcas públicas de la Comunidad 26.816,71 euros, cuando el coste real era de 11.468,06. Es decir, Correa se llevó 15.348,65 euros de beneficio (un 50,16% de margen). De esa cantidad, entregaba una comisión del 5% a la empresa pantalla, Decoraciones CMR, SL. De ahí también salía dinero para comisiones que supuestamente acababan en manos del responsable político que autorizaba los pagos: en este caso, el ex viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo.

Correa no se sirvió solo de esta empresa para simular. Tenía otras dos: el Grupo Rafael y la firma MQM. Con ellas hizo los mismos chanchullos. El saqueo de la red Gürtel en todas las consejerías de la Comunidad de Madrid le llevó a facturar en solo cuatro años más de cinco millones de euros. Cuatro millones directamente y otro millón a través de las citadas sociedades pantalla. Muchas de las adjudicaciones eran a dedo (menos de 12.020 euros).

www.elpais.es 31.01.11

ARGANDA DEJÓ DE COBRAR 23 MILLONES EN UNA OBRA DE GÜRTEL

Una valoración privada permitió que Fernando Martín ganara el concurso

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, cuyo alcalde era el imputado en Gürtel Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa Martinsa. No obstante, esta iniciativa urbanística había sido tasada en 100 millones, según consta en el expediente administrativo de la operación aprobada en el Consistorio. La decisión corrió a cargo del también imputado Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda.

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, investiga si Correa cobró 13 millones de euros por intermediar en esta operación urbanística.Entre los contratos firmados por Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de Arganda destacan los 48.893 euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael, que el sumario considera muy cercanas a Correa. Este diputado también contrató a la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro de los imputados. El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.

Pese a que la adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo principal accionista era el empresario Fernando Martín, pagó 66 millones y se comprometió a abonar en especie otros 11 millones. Pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400. Martinsa no ha construido las casas.

La obra en la que Arganda dejó de ganar 23 millones es precisamente la que está bajo sospecha después de que el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, constatara que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8 millones de euros procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia helvética, procedían de Martinsa.

La información de las autoridades suizas demuestra la veracidad de las grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia constituyó el inicio de la instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen imputadas más de un centenar de personas por su supuesta implicación en la que es considerada como la mayor trama de corrupción ligada a un partido político: el PP. Según estas grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación de Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel Jordán, alude a la operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de 950.000 euros.

El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE en dos ocasiones: en lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).

Cada uno de los tres consultores (los técnicos del Ayuntamiento, la sociedad Aguirre Newman y Plarquin) se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución técnica y la propuesta estética. Y dio tantos puntos a Martinsa que ganó el concurso. Por eso, el magistrado Antonio Pedreira ordenó el pasado 5 de enero a peritos judiciales que elaboraran un informe sobre esta operación.

www.elpais.es 13.01.11

EL JUEZ RASTREA 13 MILLONES QUE CORREA COBRÓ POR INTERMEDIAR EN ARGANDA

Pedreira reclama a Mónaco información sobre la sociedad que hizo el ingreso

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha solicitado a las autoridades de Mónaco más información acerca de la identidad de los accionistas de una sociedad mercantil de este pequeño país que pagó una comisión de 13 millones de euros que, según la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, acabó cuatro días después en poder del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa. Según el ministerio público, que utiliza nuevos documentos procedentes de Suiza, el pago se produjo a cambio de la intermediación en 2004 de Correa en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda de unos terrenos urbanizables a la sociedad Martinsa. En el momento de la adjudicación, el alcalde de este consistorio era Ginés López (imputado en el caso). Además, otro presunto implicado, Benjamín Martín Vasco, ex diputado del PP (ahora en el grupo mixto) en la Asamblea, era responsable de la empresa municipal del suelo.

El pago fue posterior a una adjudicación a Martinsa de terreno urbanizable

En la providencia, Pedreira solicita a Mónaco que complete la documentación remitida en una anterior comisión rogatoria solicitada en mayo de 2009 a tenor de la aparición de nuevos datos procedentes de Suiza relacionados con el cerebro de la trama corrupta. Esta nueva documentación atribuye a la empresa Martinsa el pago de la comisión ilegal. Y es precisamente eso lo que pretende determinar el juez, que solicita información del beneficiario económico y de las personas con firma autorizada de la empresa Cedargrove. El juez quiere conocer también el extracto de movimientos bancarios con sus soportes documentales desde 2004 y el saldo actual de esta firma mercantil. De confirmarse que la empresa Cedargrove está relacionada de alguna manera con Martinsa, se demostraría que el pago a Correa se pudo haber producido a cambio de su intermediación en la operación urbanística de Arganda del Rey.

Para tratar de acelerar la investigación de las autoridades monegascas, Pedreira recuerda que tres de los implicados en este caso de corrupción, el mayor ligado a un partido político: el PP, permanecen en prisión, por lo que recuerda la urgencia en la práctica de las diligencias.

Según el sumario, el Ayuntamiento del PP adjudicó en 2004 a Martinsa terrenos para desarrollar 2.400 viviendas y dos años después la promotora vendió un tercio de estos suelos por 73 millones de euros, lo que demostraría que esta operación había sido muy ventajosa para esta empresa privada.

Fuentes de Martinsa-Fadesa citadas por Europa Press insisten en la "absoluta transparencia" de este proceso de adjudicación. Aseguran que no hubo "ninguna situación irregular ni ningún pago o comisión encubierta".

www.elpais.es 12.01.11

UN FUNCIONARIO DENUNCIA PRESIONES POR OBRAS DE GÜRTEL

El ingeniero acusa al Ayuntamiento de Pozuelo de imponerle sobrecostes

El ingeniero del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Leopoldo García ha denunciado en un juzgado haber sido sometido a presiones por parte de los responsables del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para que certifique la recepción de una obra municipal cuya adjudicación está siendo investigada por dos jueces: el primero, el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, y el segundo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo. "Solo podré firmar el acta de recepción cuando el juez resuelva sobre este asunto, y en las condiciones que fije el mismo y en concreto, respecto a la fecha de inicio de la conservación del parque y el plazo de la misma, y su coste", que pasó de 300.000 euros al año a más del doble.

El afectado calificó de "burrada" pagar un millón de euros por cuidar un parque

Este proyecto se aprobó en el año 2005 y en marzo de 2006 se adjudicó por 4,5 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cárcavas. El grupo empresarial que conforma esa UTE está encabezado por el empresario Alfonso García Pozuelo Asins, uno de los imputados en el caso Gürtel. Con la posterior aprobación de la modificación del proyecto, la obra pasó a costar 11 millones de euros, un 110% más de lo que inicialmente se había aprobado.

El funcionario Leopoldo García presentó un escrito ante el juez en el que denunció haber sido amenazado con la apertura de un expediente disciplinario si no firmaba la recepción de las obras, con cuyos sobrecostes no estaba de acuerdo. En el escrito, este empleado municipal se lamenta también porque estas amenazas eran "un bonito broche de oro a 34 años de funcionario del Ayuntamiento".

Según el documento que obra en poder del juzgado y que sirve de base para la imputación de los responsables municipales, el funcionario se oponía a regularizar las obras al considerar "una burrada" un acuerdo suscrito entre el alcalde de Pozuelo, Antonio Aguado, y el responsable de los trabajos, en el que acordaba fijar el precio del mantenimiento del parque en un millón de euros. Según Leopoldo García, el coste del mantenimiento era de 661.000 euros en tres años, pero con el nuevo acuerdo pasaba a ser de 661.000 euros por un año.

"En concreto", explica este informe remitido al juzgado, "la decisión adoptada era la siguiente: que se abone la totalidad de la partida de conservación, siendo el plazo de un año". "Mi contestación, ante una orden tan insólita y sin sentido es la siguiente: esto es una burrada, va en contra de la adjudicación. No tiene lógica ni nada que se parezca".

La portavoz del PSM en Pozuelo, Eva Izquierdo, indicó que seis meses después de la inauguración del parque, la Junta de Gobierno municipal aprobó el modificado con el que se finalizaban las obras. "Esta aprobación se realizó con un informe contrario de la secretaria general del Ayuntamiento, un informe negativo que se sumó al que emitió el interventor municipal con relación al abono de 625.000 euros por parte del Ayuntamiento a la empresa constructora en concepto de mantenimiento del parque", añadió.

Después de la declaración el 21 de junio del ingeniero municipal Leopoldo García, ahora jubilado, el juez de Pozuelo decidió citar como imputados al actual alcalde, Gonzalo Aguado, que declarará el 28 de febrero; al ex alcalde, Jesús Sepúlveda (también imputado en la trama Gürtel); al actual concejal de Hacienda, José María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández, que declarará hoy a las diez de la mañana; a la concejal expulsada del PP Yolanda Estrada (imputada en la trama Gürtel); y al jefe del departamento de Contratación.

La investigación acerca de la construcción de esta obra municipal se inició tras una denuncia presentada por el PSOE de la localidad en 2008, al considerar ilegal el incremento en el presupuesto para construir el parque,que, según los socialistas, se adjudicó por 4,5 millones de euros y terminó costando 11 millones.

En el auto de citación, el juez ordenó al Ayuntamiento que remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pedía a la Unidad de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que prosiga con las averiguaciones, en especial con relación al viaje de Bélgica para la adquisición de árboles. Este funcionario reconoció haber participado en un viaje a este país para adquirir un árbol centenario de 109.000 euros: "Como en Bélgica había viveros que disponían de árboles especiales, viajó a Bruselas a fin de elegirlos con el alcalde, el concejal de Urbanismo y la edil de Obras".

www.elpais.es 11.01.11

ANTICORRUPCIÓN DESCUBRE EL 'BAILE' DE EMPRESAS DE CORREA

Anticorrupción denuncia el uso de las sociedades de Correa

Las principales empresas del cerebro de la trama de corrupción destapada con el caso Gürtel funcionaban como si se tratara de una sola, según la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe reciente ha solicitado que la liquidación del impuesto sobre sociedades y el IVA de Servimadrid Integral, Diseño Asimétrico, Good and Better y Easy Concept se efectúe considerándolas como una única sociedad. "En definitiva, la utilización de cuatro entidades diferentes con actividad indiferenciada tenía como objeto ocultar la identidad de quienes se encontraban tras ellas y evitar el conocimiento de la vinculación entre ellas en la contratación administrativa", según la fiscalía, que relata que las cuatro empresas, que facturaban básicamente en la Comunidad de Madrid, funcionaban "desde todos los puntos de vista" como una única mercantil con idénticas actividades, trabajadores y administración. Estas cuatro empresas están consideradas por su volumen de negocio como las principales del caso.

Hasta el momento, unas 130 personas están imputadas en el Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. El caso, inicialmente instruido por el magistrado Baltasar Garzón, está en manos ahora del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.

Las sociedades objeto del informe recibieron decenas de contratos del Gobierno regional y de los Ayuntamientos implicados en la trama, todos ellos del PP, por más de tres millones de euros, según el sumario, que amplía esta cantidad hasta los cuatro millones si se incluye el Grupo Rafael.

El empleo de estas cuatro sociedades mercantiles por parte de Correa le habría permitido dificultar la identidad de las personas propietarias de las mismas, y copar los concursos públicos con entidades del mismo grupo, consiguiendo aparecer como entidades independientes "vulnerando así los principios de publicidad y concurrencia", explica el ministerio público.

Un ejemplo que ilustra esta forma de actuación de las empresas de Correa en Madrid se halla, según la Fiscalía, en la contratación pública referida a Arganda del Rey. Un informe de la Agencia Tributaria sobre la contratación en este municipio del sureste madrileño pone de manifiesto el fraccionamiento de expedientes utilizando las distintas empresas del grupo. Y el informe destaca algunas de estas adjudicaciones: la VII Olimpiada Escolar, la VIII Gala del Deporte y la X Olimpiada del Deporte. Pero la Agencia Tributaria también detectó irregularidades como adjudicaciones a las que solo se pedían presupuestos a tres empresas del grupo de Correa, tal y como ocurrió en el acto de la colocación de la primera piedra de la comisaría del municipio y en la XII Gala del Deporte.

Los fiscales aportan más evidencias de esta "unidad", como por ejemplo que todas estas empresas estaban administradas por las mismas personas, entre otras Isabel Jordán. Esta forma de controlar las cuatro empresas continuó tras la salida de esta mujer, que fue sustituida en 2007 por Javier Nombela, entre otros. Por encima de estos gestores siempre se encontraban el ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo Sabaris, y el propio Correa.

Las cuatro mercantiles de la red corrupta también tienen una composición accionarial semejante, pues los accionistas mayoritarios son desde 2005 Isabel Jordán y otra empresa, Hator Consulting (80%). Por eso, los accionistas reales son, según la Fiscalía, además de Jordán, Francisco Correa, Pablo Crespo y José Ramón Blanco Balín, este último uno de los gestores de las inversiones de la trama en los paraísos fiscales caribeños de las islas Nieves y Curaçao. Aunque el porcentaje de Blanco Balín, un conocido empresario, podrían ser los honorarios recibidos de Correa por su trabajo.

Lo que parece determinante para dar la razón a la Fiscalía, que considera que se trata de una única empresa, es que las cuatro desarrollaban la misma actividad con los mismos empleados y en la misma sede. Todos los empleados admitieron en sus declaraciones judiciales que pese a la existencia de diferentes sedes sociales, todos trabajaban a diario en la misma dirección de Pozuelo de Alarcón.

Los registros realizados en las diferentes empresas han permitido que el sumario incorpore datos que muestran también que la contabilidad de las cuatro firmas se había unificado, algo que compartían con otras empresas de la trama como las del Grupo Rafael, que de forma periódica justificaban sus ingresos a las empresas de Correa.

La investigación de Anticorrupción se amplía con un análisis de los cambios registrados en la red como consecuencia de las investigaciones realizadas por distintos juzgados. En 2005, a raíz de unas publicaciones periodísticas y de un procedimiento judicial relacionado con Luis de Miguel Pérez

[uno de los gestores del dinero de Francisco Correa en los paraísos fiscales], la trama se desvinculó de este abogado, transfiriendo la gestión de las sociedades Kintamani y Caroki al despacho de Ramón Blanco Balín, que continuó con su administración. Correa también se desvinculó de De Miguel en otras empresas: Orange Market y Down Town Consulting, siendo esta última el origen de Easy Concept, que pasó a controlar Isabel Jordán.

Aguirre no remite al juez de Gürtel facturas de empresas de la trama

Pedreira apercibe a la Comunidad del deber de colaborar y advierte de las posibles responsabilidades penales de la negativa

La falta de colaboración del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre ha obligado al magistrado encargado de la instrucción de la operación Gürtel, Antonio Pedreira, a firmar el pasado jueves una providencia en la que habilita a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que consigan que la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid aporte de una vez por todas las facturas de cualquiera de los departamentos autonómicos con las sociedades del conocido como Grupo Rafael: Tecnimagen, Fotomecánica, Kilda Producciones y Fotomecánica Doble. Estas empresas eran utilizadas como pantalla por el cerebro de la trama, Francisco Correa, para evitar que los contratos del Gobierno regional fueran a parar a las empresas de su grupo, y así eludir las sospechas. También estas sociedades eran utilizadas como maniobra de distracción, incluyéndolas en concursos como relleno, y consiguiendo que solo se presentaran las relacionadas con la red corrupta.

Además, el magistrado realiza en la providencia un "apercibimiento del deber de colaboración con la Administración de justicia impuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El magistrado Antonio Pedreira recuerda además que los responsables de que esta documentación solicitada no se haya enviado tres meses después de haberse pedido por primera vez serán las personas físicas que actúen en nombre y representación de la Comunidad, por lo que podrían incurrir en una responsabilidad penal, tal y como prevé el artículo 31 del Código Penal.

La decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel de requerir a la Comunidad de Madrid para que coopere con la investigación se produce después de que los agentes de la UDEF encargados de la investigación le remitieran al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el pasado 9 de diciembre, una comunicación en la que constataban la falta de cooperación de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda a la hora de enviar la documentación solicitada de las facturas de las empresas pantalla de Correa, denominadas Grupo Rafael, entre los años 2004 y 2007.

En este documento, los agentes incluyen un relato de los cuatro intentos fallidos para obtener esta información, vital para conocer la total implicación de las empresas de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, ya que uno de cada cuatro euros que cobró Correa del Ejecutivo autónomo lo hizo utilizando estas empresas pantalla.

El primero de los requerimientos por parte de los policías a la Comunidad para conseguir esta documentación se produjo días después de que el magistrado Pedreira lo solicitara el pasado 1 de septiembre. Un mes después, el 7 de octubre, el Gobierno regional remite los documentos solicitados, pero de forma incompleta. Concretamente, solo aporta la documentación relativa a un contrato adjudicado a la empresa MQM y otros relacionados con las sociedades Decoraciones CMR y Sagitour 200. Pero no se adjuntan las facturas del Grupo Rafael, las que tienen una mayor presencia en la red de Correa. Ante este olvido los agentes se pusieron en contacto el 13 de octubre con el secretario que firmó la contestación de la Comunidad, asegurando en la misma esta persona que buscaría estas facturas, tal y como consta en una grabación de la Policía Judicial.

Pese a este, los agentes no han recibido estos documentos, por lo que volvieron a llamar hasta dos veces después: el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Pero en esta ocasión no logran contactar con el secretario, que se había comprometido a buscar estos documentos vitales para la instrucción del caso.

Ante esta falta de cooperación de la Consejería de Economía y Hacienda, los agentes se deciden a enviar al magistrado la documentación incompleta, lo que ha obligado al propio Pedreira a recordar a los responsables de la Comunidad las posibles responsabilidades penales que podrían acarrear la falta de colaboración con la justicia.

El Grupo Rafael es un conglomerado de cuatro empresas que en 2003 apenas tenía relaciones comerciales con las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Fue a partir de 2005 cuando su suerte cambió, ya que los contratos adjudicados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre a estas empresas sufrían un aumento exponencial. Según los datos que obran en el sumario de la operación Gürtel, entre 2004 y 2008, el Grupo Rafael facturó más de un millón de euros a instituciones municipales y regionales relacionadas con el PP. En el mismo periodo estas sociedades consideradas pantalla abonaron un poco menos, unos 900.000 euros, a las empresas de Correa, especialmente Easy Concept y Good and Better. El análisis de la documentación obtenida en los registros de las empresas de la trama demuestra la estrecha vinculación entre el Grupo Rafael y las sociedades de Correa. Un correo electrónico enviado por una de las trabajadoras del Grupo Rafael a la responsable de las empresas de la trama es claro al respecto: "Espero haber cumplido los objetivos marcados".

Además de a los organismos pertenecientes a la Comunidad, el Grupo Rafael llegó a facturar más de 100.000 euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y más de 30.000 del Consistorio de Arganda del Rey.

www.elpais.es 18.12.10

"No hay ningún informe donde se recojan dichos datos"

El Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre tampoco informa en la Asamblea a los grupos parlamentarios de la oposición sobre los contratos adjudicados a las empresas relacionadas con la operación Gürtel, el principal caso de corrupción destapado en la democracia española ligada a un partido político: el PP.

Una contestación por escrito a una pregunta realizada por la diputada socialista Rosa Alcalá pone una sombra de duda en la facturación de la Comunidad a las empresas del Grupo Rafael, que Correa utilizaba como pantalla. "En relación a la interpelación se comunica que no es posible facilitar la información solicitada, ya que no obra en poder de la Administración informe o documento donde se recojan dichos datos", dice este texto.

Esta contestación por parte de los diferentes departamentos del Gobierno regional es habitual ya, una y otra vez dicen que no hay información acerca de los contratos formalizados con empresas como Easy Concept o Good and Better. Por el contrario, los diferentes informes de la policía aseguran que en total la Comunidad abonó más de cuatro millones de euros en adjudicaciones de menos de 12.000 euros a las sociedades de la red Gürtel.

www.elpais.es 18.12.10

"NOS HACEN CAMBIAR FACTURAS DE UNA CONSEJERÍA A OTRA Y NO SE HACEN CARGO" 

Cartas y correos electrónicos intervenidos por la policía reflejan los tejemanejes entre la trama Gürtel y ex altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre para lograr que el montaje de los actos de la Comunidad de Madrid recayese en sociedades de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. El último informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales sobre la empresa Marketing Quality Management (MQM), utilizada por la red como pantalla de sus operaciones con la Comunidad, concluye que el ex viceconsejero de Presidencia de Aguirre, Alberto López Viejo, era la persona a quien acudía la red para desbloquear las pegas que surgían con las facturas. 

López Viejo -el cargo público que organizaba en las distintas consejerías los actos en los que intervenía la presidenta Aguirre- y también su hombre de confianza en Vicepresidencia, Pedro Rodríguez Pendas, no solo encargaban los actos en que intervenía Aguirre. También daban instrucciones a la red, según el informe policial, de cómo había que fraccionar las facturas e indicaban a qué funcionarios de la Comunidad había que remitirlas. 

Aun así, surgían problemas, dado que algunas consejerías se daban cuenta de que las facturas llegaban troceadas, lo que vulnera la ley, y ponían pegas para abonarlas. Era entonces cuando la red apelaba a López Viejo (que también llegó a ser consejero de Deportes) o a Rodríguez Pendas para que desbloqueasen los pagos. 

Tras ser implicado en estos amaños, Rodríguez Pendas pidió declarar ante el juez Pedreira, si bien luego rehusó contestar preguntas y se limitó a entregar un escrito exculpatorio en el que afirmó que él siempre siguió las órdenes del ex consejero. "(...) Alberto López Viejo me decía con qué empresa había que contactar para cada evento, cuándo había que hacerlo, qué había que solicitar y quién era la persona de contacto", expuso. López Viejo es uno de los políticos del PP supuestamente sobornados por Gürtel.  

El juez Pedreira le ha impuesto una fianza de 750.000 euros. La UDEF ha incorporado al sumario un archivo informático hallado en registros a sociedades de la trama bajo el nombre "Estimado Alberto2.doc", que avala los amaños entre la red y quien fuera hombre de confianza de la presidenta. Se trata de una carta remitida a López Viejo. Empieza así: "Estimado Alberto. Como bien sabes estamos teniendo muchos problemas para cobrar en la Comunidad [de Madrid] y a continuación te detallo los problemas más usuales que tenemos" para el cobro de facturas: "(...) Nos hacen cambiar facturas de una Consejería a otra y ninguna se quiere hacer cargo y les pasan la pelota a otras y así continuamente". "En la Consejería de Empleo y Mujer estamos teniendo muchos problemas porque tiene unas cuantas facturas retenidas Rosario Jiménez, ya que dice que de esos actos, al pasar de 12.000 euros, tenían que haberse hecho por contrato y no desglosar las facturas". "En la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Mar Gil siempre nos dice que ya están las facturas y es mentira"... 

Al margen de estos contactos, el informe policial destapa, además, que la principal empresa que Correa usó como pantalla para evitar sospechas de amaños era MQM. Esta firma facturó al Gobierno de Aguirre en 2007 casi tres millones. Por cada acto, cualquier otra empresa habría cobrado un tercio menos que Correa. El informe evidencia el sobreprecio que se pagó, por ejemplo, por la escenografía de la entrega de la medalla de Madrid por parte de Esperanza Aguirre a los Príncipes de Asturias, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol. Según la UDEF, el acto lo montó la empresa Gürtel Easy Concept, pero bajo la tapadera de MQM, que se llevó por ello una comisión del 11,5%. Su coste real fue de 39.143 euros, pero fue facturado al Gobierno de Aguirre por 65.475 euros (26.331 euros de beneficio). 

MQM se ponía de escaparate para conseguir las contratas de los actos de la Comunidad relacionados con mercadotecnia y escenografía. Pero era la red Gürtel quien realmente realizaba esos trabajos, cobraba por ellos cantidades muy infladas y pagaba con el sobreprecio comisiones a políticos y a la empresa testaferro. Correa tenía una veintena de sociedades, pero muchas de ellas las tenía quemadas como multiadjudicatarias de actos de la Comunidad.  

Por eso buscó empresas pantalla: fundamentalmente MQM y el llamado Grupo Rafael, que facturó un millón a la Comunidad entre 2005 y 2008. Se trataba de disimular, que en la competencia no corriera la voz de que la Comunidad de Madrid siempre daba sus actos a las mismas sociedades. Formalmente, MQM se adjudicó una veintena de actos de Aguirre. Pero los obreros que los ejecutaban eran los de la firma Diseño Asimétrico; es decir, Correa, que pagaba a MQM comisiones de entre un 5% y un 11,5% por actuar de testaferro. 

Eran encargos a dedo, muchas veces a través de llamadas telefónicas. Las facturas se troceaban por debajo de los 12.000 euros para escabullir la ley que obliga a sacar a concurso cualquier obra que rebase esa cuantía. Todo funcionaba así, según el informe policial: si Aguirre participaba en un acto en la Consejería de Sanidad, López Viejo o su asesor Rodríguez Pendas encargaban su montaje a Correa o a sus empresas testaferro. Correa remitía las facturas a la Consejería en la que se hacía el acto. Pero a veces las inflaba tanto que tenían que trocearlas por debajo de 12.000 euros y las consejerías ponían pegas para abonarlas, conscientes de que se vulneraba la ley. Es cuando Correa o sus empleados, por orden suya, se ponían en contacto con Rodríguez Pendas o López Viejo para que desbloqueasen la situación. El acto de los príncipes motivó el siguiente correo electrónico de una empleada de la firma Easy Concept ("paula@easyconcept.net") al número dos de la trama, Pablo Crespo (gerencia@fcsgrupo.com): 

"Hola, Pablo, te cuento cómo ocurrió lo del acto de los Príncipes de Asturias. (...) Me lo contrató Pedro Rodríguez Pendas por teléfono la semana anterior. Él expresamente me contó que como no había dinero en el contrato, se facturara fuera del mismo (...) El presupuesto aumentó con extras durante el acto. Todas estas facturas se prepararon para que MQM las facturase a la Comunidad (...) Antonio Martín [funcionario] las paró y no dijo nada a Julia López Valladares de Presidencia. Una vez que se lo dijo fue cuando Julia le comentó que MQM solo puede facturar una inferior a 12.000 euros y el resto [del dinero] otras empresas, y en ello estamos (hay una de Dimo y otra de Impacto), pero el resto tiene que ser del Grupo Rafael, ya que nosotros, con nuestras empresas, también estamos facturando otras que MQM no quiere (...) Si tienes cualquier duda, dímelo", concluye el revelador correo. 

(www.elpais.com, 13/12/10)

Un informe de la Unidad Central de Policía Judicial (UDEF) concluye que el ex consejero y diputado regional Alberto López Viejo y el ex asesor técnico Pedro Rodríguez Pendas definieron un sistema de actuación dentro de la Comunidad de Madrid para moldear la facturación con la finalidad de realizar un procedimiento administrativo conforme a todos los principios de contratación pública.

Así consta en un informe policial fechado el 4 de junio de 2010, cuyo contenido está incluido en el sumario del 'caso Gürtel'. Estas conclusiones se extraen tras analizar la relación de la empresa Marketing Quality Management (MQM) con la Comunidad de Madrid.

Según el informe, MQM es una empresa que concurre a concursos públicos ofertados por la Comunidad de Madrid. MQM recibía una comisión por cada factura que ella misma cobraba a la Comunidad de Madrid por cuenta de Diseño Asimétrico, una de las empresas de Francisco Correa, entregando el resto a ésta, la cual también emite la correspondiente factura a MQM.

En las conclusiones, el informe recoge que "existe un sistema de actuación dentro de la Comunidad de Madrid ordenada por los responsables políticos Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendas dirigido a definir el sistema de contratación público, indicando así mismo la forma de facturación, número de facturas, si estaban dentro o fuera de contrato...etc"

"Con todo ello se otorgaría la prestación final del servicio a una serie de empresas, relacionadas con la organización de Francisco Correa Sánchez y se consigue moldear la forma de facturación para evitar un procedimiento administrativo conforme a todos los principios de contratación pública", recoge el informe.

Asimismo, señala que la organización de Correa desarrolló un conjunto de mecanismos de ingeniería financiera a fin de ocultar su verdadera posición de prestador del servicio público a través de una sociedad pantalla mediante acuerdos privados relativos a la forma de facturación, cobro de comisiones, pago de los servicios y asunción de la deuda.

www.elmundo.es 03.12.10

DECLARACIÓN DEL ALCALDE DE LAS ROZAS AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL'

"Me ofreció 350 millones, pero callé a Correa inmediatamente"

El alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP), justificó en su declaración como testigo ante el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que no denunciara al cerebro de la trama, Francisco Correa, después de que le ofreciera en febrero de 2003 un soborno de 2,1 millones de euros (350 millones de pesetas) a cambio de que una empresa fuera la adjudicataria del servicio de recogida de basuras, porque no tenía pruebas: "Hubiera sido su palabra contra la mía". EL PAÍS ha tenido acceso a la declaración íntegra del regidor ante el juez, en la que detalla el intento de soborno por parte de Correa: "350 millones [de pesetas] para ti y 50 para mí", fue la oferta.

"Los concejales tienen autonomía con su presupuesto para contratar"

La declaración del alcalde se produjo el pasado 10 de junio, tras asegurar en una entrevista publicada en ELPAIS.com que había expulsado "amablemente" a Correa de su despacho después de que este le ofreciera 350 millones de pesetas.

- Su palabra contra la mía. De Santiago, a la pregunta de la fiscal sobre si tras expulsar a Correa no consideró pertinente denunciar el hecho en algún otro foro, el primer edil roceño dijo: "Pues no, porque en la conversación no me dijo cómo, de qué manera, cuándo, cuál era la empresa, cómo lo iba a hacer, porque no le di pie. Si yo lo denuncio hubiera sido su palabra contra la mía".

- Aviso a otros concejales. Según el relato del alcalde, ese mismo día llamó al jefe de Contratación y al coordinador de Medio Ambiente, que eran los que estaban preparando el pliego de condiciones: "Y les dije que hicieran el mejor pliego de condiciones. Y de hecho lo hicieron tan bien que en 15 años es lo único que me ha votado a favor la oposición".

- Contactos en Génova. En la declaración el alcalde de Las Rozas explica cómo Correa utilizaba sus contactos en el Partido Popular para urdir sus planes. De Santiago conoció en 1989 al líder de la trama en la sede del PP "en la calle de Génova", donde el regidor trabajó durante 15 años.

- "Beneficio para los dos". Tras ser elegido como alcalde De Santiago en 1995, Correa llamó "por primera vez" a su secretaria y concertó una cita en el despacho del alcalde. Allí, según el testimonio del regidor de Las Rozas, le pidió segregar un terreno de su propiedad en la urbanización del Golf. No lo consiguió. Pero Correa volvió a concertar otra cita. Fue en febrero de 2003. "En esta ocasión estaba interesado en una concesión. Me dijo que podría haber presumiblemente un beneficio para los dos".

- Fuera del despacho. El beneficio consistía, según la declaración de De Santiago, en 400 millones de pesetas (2.400.000 euros): "350 para mí y 50 para él. No me dijo cómo. Él me dijo que había una empresa interesada en las basuras, pero no me dijo el nombre porque yo inmediatamente le callé y le dije amablemente que abandonara mi despacho, le acompañé hasta la puerta". En su relato explicó que no fue hasta que saltara a los medios de comunicación el caso Gürtel cuando se enteró de que la empresa era Sufi. "Me enteré después, pero en aquel momento no; pero le vuelvo a decir que no le dejé que me hablara más del asunto". Al final, de las dos empresas que se presentaron a la adjudicación, Urbaser y Sufi, resultó ganadora la primera, por lo que Correa tampoco tuvo éxito en este segundo intento de obtener beneficio en Las Rozas.

- "No conocía Special Events". Sin embargo, tanto en 2002 como en 2003, tal y como reconoció el regidor, el Consistorio adjudicó dos contratos menores para celebrar las Olimpiadas Escolares de Las Rozas a una empresa mercantil de la red. "Fueron adjudicadas a Special Events, que yo no sabía ni de quién era, porque los concejales tienen autonomía dentro de su presupuesto para contratar. La concejal de Educación [Gema Matamoros, responsable de Contratación y mujer de Tomás Martín Morales, imputado por el caso Gürtel] hizo una propuesta y pasó por todos los cauces del Ayuntamiento...".

Veinte días después de la declaración de De Santiago, la concejal Matamoros presentó la dimisión tras conocerse que, según un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales incluido en el sumario del caso Gürtel, la edil popular había recibido 51.086 euros de Special Events, propiedad de Correa.

Matamoros fue quien adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad sin relación directa con el dinero que ella percibió de la trama de Correa) a la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 (24.040 euros) y 2003 (17.266 euros).

La edil troceó los contratos de la empresa de Correa en importes inferiores a 12.000 euros, con lo que evitaba sacar esas adjudicaciones a concurso público. Además, Matamoros aprobó el gasto con carácter de urgencia. Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo para poder realizar cualquier tipo de tramitación".

- No a la Oficina de Atención al Ciudadano. Correa intentó que el Ayuntamiento le instalara una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) al igual que hicieron otros Consistorios del PP relacionados con la trama Gürtel: "Pues que a mí me presentó la idea un concejal, y yo le dije que no necesitamos ninguna oficina de atención al ciudadano; de hecho, ni la necesitamos, ni la hemos necesitado, ni la necesitaremos", declaró el alcalde.

www.elpais.es 29.11.10

AGUIRRE ELIMINA UNA ENTIDAD INVESTIGADA EN EL 'CASO GÜRTEL' 

La austeridad se convirtió ayer en el argumento oficial de Esperanza Aguirre para suprimir de un plumazo el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), una poderosa entidad pública refractaria al control parlamentario y que, como adelantó Público, pagó en 2007 a la empresa MQM 1,2 millones de euros por una campaña de publicidad fantasma. Ese contrato, adjudicado en octubre de 2006, está ahora siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Gürtel, tras la denuncia formulada en abril por la entonces diputada autonómica de IU Reyes Montiel.  

En su denuncia, la parlamentaria Reyes Montiel acreditó y los documentos constan en el sumario Gürtel cómo el Imade eximió a MQM de cumplir el 80% del contrato. Lo hizo en vísperas de las elecciones autonómicas de 2007, que permitieron a Aguirre afianzar su mayoría absoluta. Pese a la modificación sustancial de ese contrato, supuestamente dirigido a desarrollar una campaña de publicidad denominada Made in Madrid, MQM cobró sin rebajas los 1,2 millones pactados. MQM, siglas de Marketing Quality Management, figura entre los "proveedores" habituales de las empresas que formaban el núcleo duro de la trama Gürtel. Los investigadores creen que la red corrupta se rodeó de un grupo de sociedades amigas que actuaban como pantalla para obtener adjudicaciones sin atraer sospechas.  

Que la adjudicación a MQM está siendo objeto de pesquisas en el caso Gürtel se confirmó hace 20 días, cuando Anticorrupción envió al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un escrito en el que confirmaba los indicios de financiación ilegal del PP de Madrid en 2003 y 2004 a través de la fundación Fundescam. En su escrito, Anticorrupción alegaba que esas presuntas conductas criminales ya habían prescrito. 

El Imade no es el único organismo bajo control total del PP abocado a la desaparición: otras 18 entidades públicas dejarán de serlo o, directamente, desaparecerán. Se disuelve, por ejemplo, Mercado Puerta de Toledo SA, del que fue gerente Guillermo Ortega hasta su imputación en el caso Gürtel. Esa sociedad pertenece al grupo del Imade, al igual que Promomadrid, dedicada a la promoción internacional y que registró pérdidas por 13,1 millones de en 2009.  

En los últimos cuatro años, Promomadrid ha destinado al capítulo de publicidad y propaganda 19,1 millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y según un informe de la Cámara de Cuentas relativo a 2006. El ejercicio con más gasto fue 2008 (6,2 millones).  

Ese informe de fiscalización sobre el Imade y las empresas de su grupo ofrece un valioso retrato sobre el funcionamiento de este conglomerado empresarial. En 2006, desvela la Cámara de Cuentas de Madrid, el Imade destinó a publicidad y relaciones públicas 3.185.000 euros, lo que implicó multiplicar por ocho lo gastado el año anterior (395.000 euros). Fue en octubre de 2006 cuando el Instituto de Desarrollo adjudicó a MQM la campaña fantasma, valorada en 1,2 millones y de cuyo concurso fue excluida la agencia Bassat Ogilvy porque ofrecía realizar el trabajo... por 167 euros menos, y no más, que MQM. 

El mismo día en que MQM obtuvo ese sustancioso contrato, el Imade adjudicó una segunda campaña de publicidad, esta por dos millones de euros. Aquí, la beneficiaria fue Over Marketing y Comunicación SL, que también se coordinaba con las empresas de Francisco Correa. Over ya estaba siendo investigada en Baleares por el juez que instruye el caso Matas.  

(www.publico.es, 12/11/10)

ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS MÁS RECIENTES DEL PP DE AGUIRRE 

La trama de corrupción masiva que organizó Francisco Correa con la colaboración de múltiples Administraciones gobernadas por el PP en Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana, afecta directamente a la financiación ilegal de esta formación política en las campañas electorales de Francisco Camps y Esperanza Aguirre . 

Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene que decidir en los próximos días si asume la competencia para investigar la financiación ilegal que ha destapado la investigación policial con documentación inequívoca, en Madrid, tras descubrir que el PP se financió ilegalmente en 2003, a través de su fundación Fundescam , y concluir que el delito había prescrito, la fiscalía investiga ahora las cuentas más recientes (de 2007 y 2008) con varias citas electorales, para conocer si se repitió el mismo modelo en los siguientes comicios, según explicaron fuentes de la investigación. 

Aunque Fundescam es la fundación madrileña del PP dedicada a cursos, seminarios, libros y conferencias, entre la documentación incautada a la trama Gürtel figuran suficientes pruebas de que los dirigentes populares utilizaron este instrumento para financiar parte de los gastos electorales, algo prohibido por ley. 

El diario Público reveló que los principales financiadores de Fundescam eran empresarios contratistas de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, como Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y adjudicatario de diversas concesiones en establecimientos de Administraciones públicas. El PP logró por esta vía más de un millón de euros en periodo electoral. 

El PSOE, que competía por la presidencia de la Comunidad de Madrid y que en primera instancia logró un resultado suficiente para desbancar al PP aunque dos tránsfugas arruinaron sus aspiraciones de recuperar el Gobierno regional, ha asegurado a este periódico que ni Díaz Ferrán ni Arturo Fernández le financiaron la campaña electoral. 

La Fiscalía Anticorrupción que investiga los hechos relacionados con la financiación ilegal del PP ha acreditado múltiples irregularidades en la contratación a las empresas de la trama Gürtel por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al igual que también ocurrió en la Comunidad Valenciana.

Anticorrupción quiere conocer ahora si esas prácticas irregulares de financiación ilegal se prolongaron en paralelo a la adjudicación ilegal de los contratos públicos, que llegó hasta prácticamente la desarticulación de la trama en febrero de 2009. 

"Los delitos [electorales y de falsedad en documento mercantil correspondiente a los años 2003 y 2004] mencionados se encontrarían prescritos no procediendo, en consecuencia, una más profunda investigación", señala la fiscalía en un escrito ya conocido del 15 de octubre pasado. Pero añade: "Ello sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas y de la participación de distintos imputados en éstas". 

Anticorrupción señala también que "la única excepción a la extinción de responsabilidad criminal sería la atribuible a los responsables de la mercantil Special Events por la elaboración de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados puesto que a los mismos se les imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil". Special Events, según la investigación, facturaba a Fundescam por servicios prestados al PP en campaña electoral, cuando eso es ilegal. 

El Gobierno de Esperanza Aguirre, que adjudicó cientos de contratos sin concurso a la trama corrupta mediante una contratación ilegal durante más de cuatro años, ha intentado en todo momento obstaculizar la investigación de las cuentas de Fundescam, que negó reiteradamente al diario Público cuando este las solicitó. La propia Aguirre, presidenta del PP, ha intentado desvincularse de Fundescam al asegurar que en las fechas investigadas el máximo responsable de su partido en Madrid era Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Sin embargo, cuando Aguirre se hizo cargo del partido continuó con el mismo gerente, Beltrán Gutiérrez, que, a su vez, continuó contratando con la trama corrupta. 

Los dos sistemas de financiación ilegal del PP en Madrid y en Valencia tenían un rasgo en común: los empresarios que terminaban pagando actos electorales eran, a su vez, contratistas en las comunidades respectivas donde gobiernan Camps y Aguirre. Pero, mientras en Valencia los empresarios pagaban el dinero a una empresa intermediaria (en este caso Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta), en Madrid, los empresarios hacían donaciones a una fundación del PP para cursos y seminarios pero el dinero se utilizaba, en muchos casos, para fines electorales. 

De esta manera, los populares pudieron gastar en la campaña electoral que llevó a Esperanza Aguirre hasta la presidencia de la Comunidad de Madrid mucho más dinero del permitido por la ley, al derivar alguno de sus gastos a las cuentas de Fundescam, cuyos fondos solo se podían dedicar a cursos y seminarios pero en ningún caso a acciones electorales. 

Las fotografías que complementan esta información prueban los actos y los objetivos que el Partido Popular cubría con fondos de Fundescam. 

(www.elpais.com, 01/11/10) 

20 MESES DE IRREGULARIDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción más extensa que ha conocido la democracia, vinculada a Gobiernos del PP, con un centenar de imputados, cuatro comunidades afectadas y los alcaldes y concejales de una decena de Ayuntamientos implicados, tiene en Madrid su principal fuente de negocios turbios de la que bebió, como en ningún otro lugar, la red empresarial montada por Francisco Correa. 

Cuatro grandes Ayuntamientos (Arganda, Pozuelo, Boadilla del Monte y Majadahonda) y las entrañas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, llenaron la mayoría de los libros de contabilidad de la trama con ingresos que, a su vez, nutrían la caja B de los corruptos para pagar comisiones ilegales a los políticos. Veinte meses de investigación han dejado fuera de juego a cuatro alcaldes de la confianza de Esperanza Aguirre, Ginés López (Arganda del Rey), Jesús Sepúlveda (Pozuelo), Arturo González (Boadilla) y Guillermo Ortega (Majadahonda); tres diputados autonómicos a los que valoraba, entre ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que le organizaba los actos, y varios ex altos cargos más.

La investigación avanzó mucho en estos 20 meses hasta descubrir la ilegalidad en cientos de contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid sin concurso previo. 

De hecho, los últimos informes aclararon cómo había cargos intermedios de distintas consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre que conocían la ilegalidad que suponían los contratos con las empresas de Francisco Correa pero que aceptaron pagar siempre que lo ordenase la Consejería de Presidencia. 

El PSOE denunció a decenas de cargos intermedios que habían firmado los expedientes para contratar a las empresas de la trama corrupta. 

La misma investigación ha destapado que los actos de Aguirre se troceaban sin razón alguna para evitar los concursos. El Gobierno regional del PP llegó a cargar sobre los presupuestos públicos de la Comunidad de Madrid los actos de autobombo en los que, subidos a una tarima pintada de rojo, se ensalzaba la gestión que había hecho durante el año. Aguirre, que ha presumido de "ser austera en todo", fue el cargo público del PP al que más actos organizó la trama corrupta con un porcentaje de beneficio que siempre rondaba el 50%. 

(www.elpais.com, 01/11/10)

COMUNIDAD DE MADRID. EL ALCALDE DE POZUELO, IMPUTADO POR CORRUPCIÓN 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón ha citado a declarar como imputados al actual alcalde de Pozuelo y a otros cuatro miembros del equipo de gobierno del PP en las legislaturas de 2003 y 2007, además de a un funcionario municipal, por presuntas irregularidades en la construcción del parque de las Cárcavas. 

El juez ha llamado a declarar al actual alcalde, Gonzalo Aguado; al ex primer edil Jesús Sepúlveda (que dimitió en 2009 tras ser imputado en la trama Gürtel); al concejal de Hacienda, José María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández; a la edil no adscrita Yolanda Estrada, expulsada del PP tras ser imputada en la trama Gürtel; y al jefe del Departamento de Contratación, Leopoldo Gómez. Este funcionario fue quien redactó el proyecto e intervino en el concurso de adjudicación otorgado a una unión temporal de empresas compuesta por EOC Obras y Servicios y Acanto Instalaciones. Alfonso García Pozuelo Asins, imputado en el caso Gürtel, era el administrador único de EOC. Este empresario devolvió recientemente más de 20 millones de euros a la Agencia Tributaria. 

Preguntado sobre la legalidad del expediente de las Cárcavas, un portavoz del Ayuntamiento de Pozuelo aseguró a EL PAÍS: "En cuanto a todas las decisiones políticas sobre esta obra, sin duda". Pero después, en su respuesta por escrito, prosigue: "En cuanto a la parte técnica, fue el ingeniero jefe de área el que tuvo la responsabilidad de redactar los proyectos y los modificados. Posteriormente, las certificaciones, basándose en los aspectos técnicos, fueron competencia y responsabilidad exclusivamente suya". Asimismo, el portavoz del Consistorio explica que cualquier pago del Ayuntamiento está fiscalizado por el interventor. "Una certificación de obra sin firmar por el director de obras correspondiente, primero, no llega ni a tramitarse; y segundo, el interventor no podría autorizar ese pago". 

El proyecto del parque de las Cárcavas fue adjudicado en marzo de 2006 por 4,5 millones de euros. Meses más tarde el coste de la obra se disparó hasta los 11 millones por añadidos y modificados al proyecto original. El secretario municipal elaboró un informe en el que señalaba algunas irregularidades y manifestó: "La dirección facultativa ha incumplido su obligación de pedir autorización previa para firmar un acta de suspensión de las obras". Esta suspensión fue definitiva para elevar el presupuesto final. 

En el auto de citación el juez, que inició la investigación tras denunciarlo el PSOE en 2008, ordena al Ayuntamiento que remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pide a la Policía Judicial que prosiga con las averiguaciones, "en especial con relación al viaje de Bélgica para la adquisición de árboles". 

Respecto al viaje a este país, la portavoz del PSM en el municipio, Eva Izquierdo, explicó que en el mismo participaron tres de los imputados con un acompañante cada uno para adquirir arbolado para el parque. "Nos parece fuera de lo normal que un árbol costara más de 100.000 euros", relató. 

Esta operación urbanística también está siendo investigada en la Operación Gürtel. La ex concejal del PP de Pozuelo Yolanda Estrada aseguró el 16 de septiembre ante el magistrado Antonio Pedreira que no tenía competencias en esa materia. La propia Estrada dijo a la prensa que ella fue concejal de Obras, Servicio y Contratas hasta 2007 y que luego su concejalía pasó a Obras, Servicios y Limpieza, dejando de tener competencias en contratación. 

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, restó  importancia a los hechos, asegurando que el origen de la querella es el "encarecimiento de unas obras", algo que, dijo, pasa muy a menudo. Por ello, dijo que esperará a ver "si la imputación tiene trascendencia", porque ella es partidaria de que dimita "el que esté imputado por haber usado su cargo político para enriquecerse", y "no todo el que esté imputado". 

(www.elpais.com, 30/10/10)

TRES EX CARGOS DEL PP COBRARON 780.000 EUROS DE SOBORNO POR UNA OBRA 

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla (Madrid), y dos de sus más estrechos colaboradores, el todavía diputado Alfonso Bosch y el ex directivo de la empresa local de suelo, Tomás Martín Morales, se repartieron en 2007 un soborno de 780.000 euros que, presuntamente, pagó Constructora Hispánica por una sola obra: el Parque de la Salud y el Deporte, adjudicado en 29,6 millones de euros pese a que la oferta de Hispánica no había sido la mejor valorada por los servicios técnicos municipales. Así consta en un informe policial incorporado al sumario Gürtel y al que ha tenido acceso Público.  

El informe desvela cifras exorbitantes. Porque la comisión ilegal pagada por Hispánica, ahora en manos de propietarios ajenos al caso, fue aún mayor: 900.000 euros "como mínimo", dice el informe. Esa cifra equivale al 3,53% de la adjudicación de la obra sin IVA. A Panero y sus correligionarios, los tres imputados, no llegó todo el dinero: Pablo Crespo, considerado el lugarteniente de Correa en la red Gürtel, retuvo 120.000 euros. 

González Panero, El Albondiguilla como lo llamaba la trama, cobró 510.000 euros. Martín Morales, uno de los hombres fuertes de Correa para sus gestiones en ayuntamientos del PP, recibió 150.000. Y Alfonso Bosch, entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla, se hizo con 120.000 euros, según el informe policial.  

Los archivos de la contabilidad secreta de la red corrupta han resultado, de nuevo, cruciales para tirar del hilo. El informe policial cita los denominados Caja B Actual.xls y Box V51x.ls, que reflejan la entrada de los 900.000 euros en las arcas de la trama corrupta. La red, continúa la Brigada de Blanqueo, se refería al concurso con la referencia "Neveras -2" al concurso del Parque del Deporte, "que origina el cobro de una cantidad tan elevada en concepto de comisión". El dinero para los tres políticos se entregó en mano a Tomás Martín. El archivo Box 51 lo hace constar, así como los criterios para su reparto con Panero, "Ref. Albondiguilla" y Bosch, a quien la red llamaba "Bujías", relata el informe.  

El soborno, argumenta la policía, podía ser aún mayor si se computan otros 150.000 euros anotados en la contabilidad opaca de la trama el 22 de mayo de 2005 con idéntica referencia: "Neveras-2". 

Según la policía, que se basa en la contabilidad de la trama, cobraron el 22 de mayo de 2007. Tres semanas antes, el 11 de mayo, el ayuntamiento había adjudicado el Parque del Deporte a Hispánica. Para la adjudicación fue clave un informe de los técnicos de Deportes que contradecía al emitido por los servicios técnicos. Lo firmó un empleado eventual, y fue él quien inclinó la balanza en favor de Hispánica. Un mes después, fue nombrado director técnico de Actividades Físico Deportivas.  

(www.publico.es, 27/10/10)

ANTICORRUPCIÓN NO DESCARTA MÁS DELITOS DEL PP DE MADRID 

La investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en combinación con la trama Gürtel no ha agotado su camino. Así se desprende del informe de la Fiscalía Anticorrupción , que considera prescritos los presuntos delitos electorales y de falsedad derivados del uso de la fundación Fundescam como canal paralelo de financiación electoral en 2003 y 2004.  

"Los delitos mencionados -dice Anticorrupción en referencia a los electorales y de falsedad que describe el informe policial sobre Fundescam- se encontrarían prescritos". Pero -añade- ello es "sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas y de la participación de distintos imputados en estas".  

La fiscalía abona con otro elemento la tesis de que las pesquisas sobre la financiación del PP madrileño no han acabado. Anticorrupción recuerda que "están siendo investigados" los hechos que la diputada de IU Reyes Montiel denunció en abril de 2010 tras lo publicado por este diario sobre un contrato fantasma otorgado en 2007 a la empresa MQM, que se coordinaba con la Gürtel. 

MQM, siglas de Marketing Quality Management, fue una de las adjudicatarias de la publicidad fantasma pagada por la Comunidad de Madrid a cambio de campañas que nunca llegaron a realizarse. A las puertas de las elecciones autonómicas de 2007, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) pagó un total de 4,5 millones de euros a tres agencias que se coordinaban con la trama Gürtel: 1,3 millones a Swat SL, dos a Over Marketing y Comunicación y 1,25 a MQM.  

La fiscalía ya ha solicitado la imputación del director de MQM. Esta empresa fue elegida por Alberto López Viejo para organizar los actos institucionales de Esperanza Aguirre, también a las puertas de los comicios de 2007.  

Fuentes cercanas al PSOE sostienen que, al hablar de "conductas semejantes no prescritas", Anticorrupción está dejando la puerta abierta para investigar no otros delitos posteriores sino conectados a los de 2003 y 2004. Con nombre y apellidos, el líder del PSM, Tomás Gómez, expresó ayer esa sospecha: "Ya veremos si no hay otros presuntos delitos. No solamente financiación irregular, sino a lo mejor delito de cohecho o asociación ilícita, delitos que no estarían prescritos", aventuró Gómez. 

El informe policial de julio señala que Fundescam, a la que la red endosó facturas del PP, recibió casi un millón de euros en donaciones de empresarios. Seis de ellos obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300 millones.  

El sistema de funcionamiento de Fundescam, aduce la Brigada de Blanqueo en su informe, generó "una propensión al intercambio de favores" con los donantes de Fundescam.  

El documento policial traza un triángulo sobre cómo funcionaba el sistema de financiación: en un vértice, se situaría el gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, a quien la trama tenía como "interlocutor"; en otro, el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante quien "reportaba" la red corrupta. Y en la cúspide estarían los archivos de la contabilidad secreta de la red, que consignan la falsificación de facturas, y aquellos que almacenó bajo el nombre de "pufos" del PP de Madrid. En ámbitos socialistas se sostiene que la conjugación de los tres factores indica que hubo un concierto previo para falsificar las facturas y cometer delito electoral. Y ese concierto previo es lo que el Código Penal define como asociación ilícita  

(www.publico.es, 26/10/10)

ANTICORRUPCIÓN CONFIRMA QUE AGUIRRE SE FINANCIÓ ILEGALMENTE 

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.  

Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros. 

La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular. 

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.  

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.  

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años. 

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores". 

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.  

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones. 

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.  

El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.  

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.  

(www.publico.es, 25/10/10) 

LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA 

Special Events, marca de cabecera de la trama Gürtel, endosó a la fundación Fundescam una factura de 70.644 euros que en realidad se correspondía con la organización del congreso regional del PP de 2004 y en el que Esperanza Aguirre fue elegida presidenta de los conservadores madrileños. Special Events giró contra la fundación del PP la factura del congreso regional el 30 de noviembre de 2004. Es decir, lo hizo tres días después de que Aguirre ya hubiera tomado formalmente el timón del PP madrileño. En abril de 2005, Aguirre ascendió también a la presidencia de Fundescam, cargo en el que permaneció hasta meses después de estallar el escándalo. 

El falseamiento de la factura congresual consta en el informe policial sobre financiación del PP remitido el 30 de julio al juez Antonio Pedreira y cuyo contenido acaba de ratificar Anticorrupción . El informe cifra en 1,3 millones de euros las facturas que el PP falseó entre 2003 y 2004 en supuesta connivencia con la red corrupta y gracias al uso de Fundescam como fuente de financiación opaca. Ratifica, asimismo, que Special Events no sólo organizó algunos actos electorales de Aguirre para las autonómicas de 2003 sino que llevó toda su campaña. 

Emitida con el número 04/099, la factura falsificada sobre el congreso regional del PP es una de las halladas por la policía en el registro del piso que la trama tenía en la madrileña calle de Serrano. Y sobre esa factura había una anotación manuscrita con la siguiente leyenda: "Congreso Regional PP. Madrid". Formalmente, Special Events reclamaba a Fundescam los 70.644 euros por un concepto propio del objeto social de la fundación y ajeno, por tanto, a la actividad partidaria del PP: "Importe correspondiente al montaje de cursos, seminarios y presentación de publicaciones durante el 2º semestre de 2004", dice la factura. 

Pero la anotación manuscrita no es el único indicio que sustenta la sospecha de falsificación. La referencia a esa factura endosada a Fundescam consta en tres archivos distintos, todos ellos pertenecientes a la contabilidad secreta de Special Events y cuyo contenido reproduce el informe policial. 

Uno de esos tres archivos es una hoja en formato Excel denominada "Detalle facturas actos P.P. Madrid" y en ella se consignan los gastos que fueron generando los actos del partido entre diciembre de 2002 y 2004. En ese archivo, los datos se organizan en columnas bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última columna sin denominar. Los "clientes" eran cinco: PP de Madrid, Grupo Popular Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP nacional. En la columna de "cliente" la factura 04/099 aparece endosada a Fundescam. Pero en la columna "concepto", figura el verdadero origen del cargo: "Congreso Regional P.P. Madrid".  

La Brigada de Blanqueo subraya que tanto ese como los restantes archivos almacenados en el disco duro externo del piso de seguridad que la trama tenía en General Martínez Campos (Madrid) el ya célebre pendrive estaban "encriptados". O sea, cifrados mediante un código que hacía ilegible su contenido si no se conocía la clave. 

La factura del congreso regional aparece igualmente reseñada en el archivo "Cambios facturación 2003-2004.xls", cuyo contenido es la relación de facturas del PP falseadas. Hay otro archivo casi idéntico, llamado "cambios facturación 2003-2004-barcenas.x". Lo único que lo diferencia del anterior es que, en la parte inferior, podía leerse esto: "Demanda de Special Events contra el PP de Madrid procedimiento ordinario 1200/2005 juzgado de primera instancia número 8 de Madrid 1ª Audiencia día 1-2-06 a las 11.30 horas". Esa demanda es la que Special Events planteó para exigir el pago de lo que la propia trama denominaba los "pufos del PP de Madrid".  

"INTUYO CÓMO SIGUE FINANCIÁNDOSE EL PP" 

Campañas bajo sospecha 

El secretario general del PSM y candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, subrayó ayer que "haya prescrito o no, no significa que no hubiese financiación irregular" en las campañas de su oponente, Esperanza Aguirre. 

Posible recurso 

Tomás Gómez aseguró que si el juez Pedreira da la razón a la Fiscalía Anticorrupción, el PSM tendrá que estudiar si cabe o no recurso para mantener abierta la investigación sobre Fundescam y el PP de Madrid. "Intuimos cómo puede seguir financiándose" el PP, avisó el líder de los socialistas madrileños.  

(www.publico.es, 25/10/10)

CORREA DECIDÍA CÓMO BOADILLA LE ADJUDICABA LOS CONCURSOS 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP con mayoría absoluta, era un coto cerrado para los negocios de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, hoy en la cárcel. La red corrupta operaba con total impunidad en este municipio, según demuestra uno de los correos electrónicos interceptados por la policía durante los registros. Dicho mensaje, del 20 de marzo de 2007, se dirigía a Tomás Martín Morales, entonces alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En este correo electrónico, incluido en el informe de la policía al que ha tenido acceso EL PAÍS, aparecían las instrucciones a Martín Morales: "Te mando este email siguiendo las instrucciones de Isabel Jordán 

[responsable de las empresas de Correa]. Tenemos que facturar una serie de trabajos que ya hemos hecho para el Ayuntamiento de Boadilla en el edificio nuevo y vamos a hacerlo de la siguiente forma: hemos dividido por zonas todo lo que hemos hecho: tres zonas van a ir con concursos de contratos menores (menos de 30.000 euros)". 

Sigue el mensaje con las instrucciones: "Presentamos tres ofertas para cada zona. Hay que hacer los pliegos del concurso. Y la empresa que factura tiene que aportar un informe de los trabajos realizados. Necesitamos que nos digas cómo lo hacemos". Y enumera los trabajos y las empresas que debían participar en los concursos: "En la construcción de la alcaldía y secretarías tres empresas: Servimadrid: 28.733 euros, Fotomecánica Rafael 29.999, Kilda Producciones 29.500 euros. Factura Servimadrid". Lo mismo hace con otras obras para la construcción de una sala de prensa y un hall por 29.365 euros, la instalación de escudos por 11.086 y el diseño de la imagen interior por 15.323.El correo electrónico interceptado a los empleados de Francisco Correa es una muestra, según la policía, de cómo la organización corrupta, además de amañar un concurso para justificar una adjudicación directa utiliza a empresas pantalla. Concretamente, se trata de las sociedades del Grupo Rafael, que la red Gürtel incluía como terceros en los concursos. Según un informe de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Boadilla facturó en cuatro años casi 100.000 euros. 

El informe policial demuestra cómo Correa recibe una adjudicación directa de servicios en el Ayuntamiento, cuyos dirigentes justifican después mediante la creación de unos pliegos ad hoc. Todo con la finalidad, según los agentes, de que le sean otorgadas a las empresas de la trama Gürtel. Además, otras sociedades actúan como terceros en los concursos. Este sistema es ordenado por la red, que utilizaba los servicios del imputado Tomás Martín Morales. Este dirigente del PP de Boadilla del Monte era el encargado de buscar el modo de justificar estos gastos. 

Un portavoz oficial del Ayuntamiento de Boadilla reconoció que el Consistorio había abonado una factura de 11.086 euros a la empresa de Correa Servimadrid por la instalación de los escudos del municipio en el nuevo edificio del Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de la trama. Esta factura fue, según el portavoz municipal, una de las primeras peticiones que realizó el juez Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación del caso después de la denuncia del ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Precisamente, en el correo interceptado por la policía a la trama, un empleado de Correa le daba instrucciones a Tomás Martín Morales para que les pagara como "partida de menos de 12.000 euros". 

No obstante, el portavoz del Consistorio sostiene que el resto de las obras incluidas en el correo electrónico que tenían que ser amañadas fueron finalmente realizadas por otras empresas que nada tienen que ver con el caso Gürtel. 

La persona que se encargaba de forma habitual del pago de estas facturas de menos de 12.000 euros era el entonces concejal de Hacienda y ahora alcalde, Juan Siguero, quien realizaba estos trabajos por delegación del entonces primer consejero, Arturo González Panero, expulsado del PP de Boadilla. Precisamente, Panero aseguró a EL PAÍS en una entrevista que si fuera el juez investigaría antes al actual alcalde [Siguero], ya que él no había firmado nada. No obstante, fuentes del Consistorio de Boadilla aseguraron que Siguero no adjudicó ningún contrato a dedo ni amañado a las empresas de la trama Gürtel. En este sentido, la policía pidió hace meses la detención de Juan Siguero, al considerar que había suministrado información privilegiada a las empresas de la trama. 

Los grupos de la oposición, el PSM-PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) pidieron la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya que, de resultar imputado el actual alcalde, sería el segundo regidor implicado en la mayor operación contra la corrupción en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. Por el momento, el número de imputados en la región de Madrid supera ya el centenar. 

(www.elpais.com, 25/10/10)

EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL DETALLA MÁS DESPILFARROS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE 

La rapiña de la red Gürtel en todas las consejerías de la Comunidad de Madrid le llevó a facturar en cuatro años varios millones de euros directamente y otro millón a través de sociedades pantalla por los actos presididos por Esperanza Aguirre. Y casi siempre con adjudicaciones a dedo que nunca superaban los 12.020 euros con la finalidad de evitar los concursos públicos, según la investigación judicial de este caso de corrupción. En el listado, que incluye el último informe policial incorporado al sumario, se encuentran eventos como la presentación en 2005 de los 174 nuevos bomberos de la Comunidad. En una sola jornada de trabajo las empresas de la trama y las pantallas libraron hasta ocho facturas diferentes: Kilda Producciones (11.832); Rafael (5.329); Dimo Stand (11.774); Quasar Iluminación y Sonido (4.930); Aekio (4.118) y Mediática Producciones (4.234), que fueron las sociedades ligadas a la trama que cobraron por organizar el acto. Pero los integrantes de la red Gürtel no tenían bastante con los 37.973 euros que habían conseguido de Aguirre, por lo que enviaron dos recibos más: de 5.921 y 4.977 euros, elevando la cifra total hasta los casi 50.000 euros que abonó la Consejería de Justicia e Interior, según el informe de la investigación judicial. 

El Grupo Rafael, vinculado a la red Gürtel a través de contratos de la Comunidad, cobró 10.336 euros por un trabajo de "adaptación del atril de Presidencia", que utilizó la presidenta Esperanza Aguirre. También llama la atención que la visita del entrenador de baloncesto universitario de EE UU Ken Carter, conocido por impedir que sus jugadores jugaran un campeonato por sus malas notas, y que se retrató con Aguirre, tuvo un coste de 12.000 euros, que se incluyó en la partida Campeonatos Escolares, y que fueron pagados a dos empresas pantalla. 

También Presidencia abonó a seis empresas de Correa más de 58.000 euros por un único acto de Aguirre: los premios a la Tolerancia Raúl Rivero (Mediática Producciones, Aekio, Quasar, Dimo Stand, Kilda y Rafael). Otro ejemplo de despilfarro fue la contratación de la campaña denominada Gracias a todos. Agradecimientos a los médicos, que costó al erario público más de 17.000 euros, que fueron a parar a Servimadrid y Kilda. 

La argucia de trocear los contratos fue precisamente uno de los consejos de Correa a uno de sus alumnos aventajados, el ex viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente Aguado, quien según la policía era junto al funcionario de Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás, quien solicitaba los eventos directamente a las empresas de la trama, también indicaba los conceptos, cantidad y el fraccionamiento de las facturas que había que hacer. En concreto, la empresa de la trama Good and Better le remite copia de los actos celebrados para el Ejecutivo regional con indicación del importe y la empresa pantalla que lo facturaba. Precisamente los imputados Carlos Clemente Aguado y Pedro Rodríguez Pendás eran, según la policía, quienes se encargaban de adjudicar y cobrar los trabajos del Grupo Rafael, según el informe. 

La relación económica entre las empresas de Correa y del Grupo Rafael era mediante un sistema de compensación entre las facturas que ya habían cobrado las sociedades pantalla a la Comunidad y las facturas que las sociedades de Correa emitían a estas. El modus operandi de la red se iniciaba al prestar un servicio por parte de las sociedades de la trama a las consejerías. Sin embargo, la emisión de los recibos corría a cargo de las sociedades pantalla del Grupo Rafael y otras. El cobro lo gestionaban Carlos Clemente Aguado o Pedro Rodríguez Pendás con la responsable de las cuentas de la red Gürtel en Madrid, que era Isabel Jordán. 

Las gestiones de ambos lograron alterar incluso el proceso de contratación de la Comunidad. En algunos casos, se saltaban a la torera la obligatoriedad de aprobación previa de las dotaciones presupuestarias destinadas a cubrir el costo del objeto contratado. En alguna ocasión, según la policía, se produce una alteración del proceso de contratación, de forma que primero se ejecuta el acto y se emiten las facturas al órgano administrativo sin una previa existencia de crédito presupuestario. Posteriormente se busca su encaje en una partida presupuestaria: los Premios Siete Estrellas. 

El propio Rodríguez Pendás, mano derecha del ex consejero López Viejo, en su declaración ante el magistrado, negó cualquier responsabilidad sobre la contratación de los actos: "Yo no tenía ninguna competencia ni relación directa o indirecta con la contratación ni la facturación de los eventos de ninguna consejería de la Comunidad. Afirmo con rotundidad que mi papel era irrelevante en todo el procedimiento administrativo. Siempre actué siguiendo instrucciones directas de Alberto López Viejo. Simplemente ejecutaba lo que me ordenaba". 

Rodríguez Pendás explicó también que no tenía capacidad para proponer "y mucho menos" para elegir las empresas que realizaban los eventos. "López Viejo me decía con qué empresa había que contactar para cada evento, cuando había que hacerlo, qué había que solicitar y quién era la persona de contacto". "Cada consejería organizaba o promovía sus eventos o actuaciones publicas, pero tan solo en el caso de que se acordara la presencia de la presidenta de la Comunidad, solo entonces, participaba en la organización la Consejería de Presidencia", en la que trabajaba Pendás. 

El colaborador de López Viejo sostuvo ante el juez que nunca sospechó que los contratos eran ilegales: "Lo normal en mi caso es suponer que todo se hacía de la manera acordada y por supuesto de forma legal. La prueba para mí de que se hacían las cosas del modo acordado es que no se hizo un evento o dos y luego se cambió el procedimiento. Se hicieron así todos durante los años que López Viejo fue responsable de los actos públicos de la presidenta". 

Además, en su declaración asegura haber oído a los responsables del Ejecutivo regional que los contratos se formalizaban de acuerdo con la legalidad. "Por tanto, mi percepción ha sido siempre la misma que la que tenían los responsables políticos y legales de la contratación y la facturación de los eventos". 

(www.elpais.com, 23/10/10) 

QUEDA INAUGURADA LA PIEDRA UN MILLÓN Y PICO 

Nunca el concepto primera piedra fue tan elástico. En primer término, Esperanza Aguirre, paleta en mano, realizando un fino trabajo de albañilería -"¡qué arte, presidenta!", le gritó, arrebatado, un vecino- para sellar con cemento una losa conmemorativa. Colocaba la primera piedra del centro de salud Maqueda, en Latina, o eso decía la convocatoria de prensa. Porque justo a su espalda se alzaba el edificio en cuestión, a medio construir, con la primera planta ya perfectamente visible. Esa piedra debía de ser, como poco, la número un millón. 

A las arcas regionales hace tiempo que se les ve el fondo. Pero las elecciones ya están ahí. Así que a falta de nuevos edificios que inaugurar, buenas son las primeras piedras, o segundas, o terceras. Aguirre repitió ayer la cantinela habitual: que ha construido 68 centros de salud desde que es presidenta. "Uno cada mes". El problema es que lleva diciendo eso desde julio, cuando inauguró el último, en Guadalix de la Sierra. El 68. Desde entonces, ha tenido que conformarse con primeras piedras, como el centro del PAU de Carabanchel o Maqueda. 

La visita de ayer empezó mal. En cuanto Aguirre se bajó del coche oficial, una decena de vecinos de la asociación de Aluche desdoblaron sus pancartas caseras -"Hospital, ya" y "Mentirosa", decían- y empezaron a corear "¡Hospital de Carabanchel!", "Esperanza, cumple" y a preguntar dónde está el centro que prometió construir en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. "¿Cómo, hospital?", se sorprendió Aguirre. "Pero si hoy venimos a este centro de salud, ¿es que no os parece bastante?". La presidenta se encaró con dos o tres vecinos: "Pero si no me da el terreno Rubalcaba", les repetía. La Consejería de Sanidad asegura que Interior aún no ha cedido el solar al Ayuntamiento de Madrid, que a su vez debe cederlo a la Comunidad. Lo que Aguirre no repitió ayer es que, después de firmar el convenio para que el Gómez Ulla tenga uso civil, ya no tiene intención de construir el otro hospital. 

El acto siguió sin abucheos porque la escolta de la presidenta impidió el paso a los vecinos que protestaban y cerró con candado la entrada a la obra para dejarlos fuera. Se quejaban de que, pese a ser de una asociación vecinal, no les habían invitado. "Si somos nosotros, con nuestras manifestaciones, los que hemos conseguido que lo construyan", decía Julián Rebollo. El actual centro de salud de Maqueda es, probablemente, el peor de Madrid. Saturado, pequeño, sin ventilación, sin sillas suficientes... El nuevo, que entrará en funcionamiento el próximo verano, atenderá a los casi 29.000 ciudadanos de la zona en dos plantas y 23 consultas. 

(www.elpais.com, 23/10/10)

EL EX ALCALDE DEL PP DE COSLADA SERÁ JUZGADO POR FAVORECER A GINÉS JIMÉNEZ 

El caso Coslada, la desarticulada trama de corrupción de los agentes municipales presuntamente liderada por Ginés Jiménez, que estalló cuando gobernaba el municipio el PSOE, se ha cobrado, sin embargo, su primera víctima política en el PP: el anterior regidor, el popular Raúl López Vaquero. El PSOE lo denunció por prevaricación y malversación en junio de 2008 por mantener el salario a Ginés Jiménez cuando una sentencia judicial le obligaba a suspenderle de empleo y sueldo.  

El juez que instruyó este caso ha concluido sus pesquisas y ha señalado la apertura de juicio oral. La petición de la fiscalía para el ex alcalde popular es de cuatro años de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos y de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. El juez, asimismo, le ha impuesto una fianza de 21.639 euros para responder de las responsabilidades pecuniarias. 

La querella contra el ex regidor popular deriva de la siguiente actuación: el Ayuntamiento de Coslada, bajo gobierno socialista, sancionó en 2000 a Ginés Jiménez, que ya ocupaba el puesto de jefe de la Policía Local, con una suspensión de empleo y sueldo de 10 meses por seis faltas graves. Tras un largo pleiteo de Jiménez, en julio de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó ajustado a derecho el expediente, salvo una falta. 

Su castigo quedó reducido a suspensión de empleo y sueldo durante ocho meses. Según la denuncia, Ginés sí cumplió tal apartamiento del cargo durante dicho periodo entre 2001 y 2002, salvo 15 días, pero nunca se le embargaron dichas retribuciones del periodo sancionado. 

El anterior alcalde socialista, Juan Granados, asegura que pidió a la justicia la ejecución de la sentencia. Pero cuando llegó la respuesta, el nuevo regidor, Raúl López, solicitó al letrado del Ayuntamiento, en junio de 2003, que desistiera de la ejecución de la sentencia en lo relativo a la suspensión del sueldo a Jiménez, ya que, según alegó, "el Ayuntamiento poseía medios suficientes" para garantizar su cumplimiento. Pero no fue así. Según la denuncia que originó esta bola de nieve que amenaza con prisión ahora a López, el ex regidor popular no realizó ninguna actuación tendente al cumplimiento del fallo. Además, en la práctica, el alcalde popular imposibilitó que su sucesor exigiera el cobro de los haberes del jefe de la Policía Municipal que debieron ser embargados.  

La denuncia señalaba que al dejar de transcurrir "de forma dolosa el plazo de prescripción (seis meses)" evitó que pudiera ejecutarse posteriormente la sanción por otros posibles gobernantes. "Lejos de tratarse de un mero trámite administrativo, el expediente afectaba al jefe de la policía local y por ello tenía una evidente notoriedad". Por ello, la denuncia socialista, firmada por todos los concejales del equipo que dirige el regidor Ángel Viveros, veía en tal inacción del ex alcalde popular una prevaricación al "desistir del procedimiento judicial para posteriormente no ejecutar ningún acto administrativo tendente al cumplimiento de la sanción impuesta, y todo ello de forma absolutamente arbitraria". 

(www.elpais.com , 22/10/10)

AGUIRRE SE DESMARCA DE LA 'GÜRTEL' Y SEÑALA OTRA VEZ A ESCUDERO 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, insiste en desvincular su etapa al frente del PP de Madrid de la trama Gürtel, a pesar de que los últimos informes policiales apuntan a que los responsables de la red corrupta organizaron todos los actos de las primeras autonómicas de 2003 cuando ella era la candidata. 

"Una vez que se sabe que todos los actos de su campaña electoral de 2003 los organizó la red Gürtel, ¿mantienen en el PP de Madrid que hay que seguir pidiendo explicaciones a Pío García-Escudero, su antecesor en el cargo?", fue preguntada ayer en rueda de prensa. La líder del PP de Madrid respondió con otra cuestión: "En el año 2003, ¿quién era el responsable de las campañas electorales [en Madrid]?", en alusión a Pío-García Escudero, ex presidente de los conservadores de Madrid y actual portavoz del partido en el Senado.  

No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid marca distancias con la etapa de su predecesor. El 19 de mayo de 2009, cuando estalló el escándalo de Fundescam, fue contundente en sus declaraciones. "En el 2003, yo no estaba [en el partido]. O sea que se lo pregunten a Pío, pío, pío". Esperanza Aguirre no llegó a la primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova, sede del PP de Madrid, hasta noviembre de 2004. 

Según ha informado este periódico, Special Events, una de las empresas de la red corrupta, se encargó de organizar todos los actos de las autonómicas de 2003 anteriores al tamayazo. Así se desprende de un documento de excel, "Relación actos E. A.-Beltrán.xls", hallado por la policía en un ordenador de la trama Gürtel. 

Las siglas E. A. se refieren a la presidenta madrileña y el siguiente nombre es el de Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid. Según la policía, el PP de Madrid falseó facturas electorales de las campañas de Aguirre de 2003 por más de 1,2 millones de euros. Y, para ello, se sirvió de la fundación Fundescam, perteneciente al partido. Hasta hace unos meses, la norma ha sido que el presidente del PP de Madrid lo sea también de la citada fundación. 

Transcurridas las autonómicas, las empresas de la red corrupta recibieron adjudicaciones de actos de las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. 

Una vez más, la presidenta madrileña restó ayer valor a los informes que prueban la financiación ilegal del PP de Madrid. "No hay nada nuevo, más que un informe policial que pone de manifiesto la enorme transparencia con la que el PP ha funcionado en todo momento".  

Mañana, Esperanza Aguirre y Pío García-Escudero podrán ser fotografiados juntos. El portavoz conservador en el Senado será uno de los participantes en la convención regional del PP de Madrid. Hasta el sábado, la plana mayor del partido se dará cita en el hotel Auditorio de Madrid para debatir sobre educación, inmigración, deporte, financiación local, economía e ideología. 

El plato fuerte ha sido reservado para la clausura. Será cuando intervengan Alberto Ruiz-Gallardón,, Aguirre y Mariano Rajoy.  

(www.publico.es, 21/10/10)

PEDREIRA RASTREA LAS CUENTAS DE 14 EX CARGOS DEL PP 

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha ordenado a 79 entidades bancarias con sede en España que en el plazo de un mes informen sobre las cuentas y cualquier otra clase de activos financieros vinculados a 38 sociedades y 27 imputados en la trama, entre ellos 14 ex cargos del PP.  

El marco temporal sobre el que el juez extiende sus pesquisas abarca hasta el 31 de diciembre de 2009 en el caso del jefe de la red, Francisco Correa, y su mujer así como de su círculo de máxima confianza: su lugarteniente, Pablo Crespo; su delegado en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y su primo Antoine Sánchez.  

Que el juez pida datos bancarios de hasta diez meses después del estallido del caso sugiere que los investigadores albergan una sospecha: que los implicados pudieron tener margen de maniobra para mover el dinero incluso después de los arrestos e imputaciones. Correa, Crespo y Sánchez permanecen en prisión. Lo investigado sobre las conversaciones que en prisión mantuvieron con sus abogados aún continúa bajo secreto. 

Entre los 27 imputados sobre los que el juez requiere información figuran 14 antiguos cargos del PP madrileño, entre ellos Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y considerado el número dos de la trama corrupta; y los tres diputados que mantienen su acta en la Asamblea de Madrid: el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.  

El magistrado también solicita los datos relativos a los cuatro ex alcaldes del PP madrileño a quienes se atribuye el presunto cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones: Arturo González Panero (Boadilla), Ginés López (Arganda), Jesús Sepúlveda (Pozuelo) y Guillermo Ortega (Majadahonda).  

El ex viceconsejero madrileño de Inmigración Carlos Clemente; Pau Collado, ex director general del Govern balear con Jaume Matas; los ex concejales Ricardo y José Galeote (Estepona y Boadilla, respectivamente), la ex edil de Pozuelo Yolanda Estrada y el ex gerente de la Empresa Municipal de Suelo de Vivienda de Boadilla Tomás Martín Morales completan la lista de cargos del PP sobre los que el juez demanda información. 

La mayoría de ellos tuvo participación en las adjudicaciones a empresas del núcleo duro de la red corrupta o a otras que, a cambio de contratos, pagaban comisión al grupo dirigido por Francisco Correa. Pedreira solicita también información sobre José Luis Peñas, ex edil del PP en Majadahonda y denunciante del caso Gürtel. 

Por lo que respecta a Arturo González Panero y Yolanda Estrada, hasta ahora la última militante del PP en ser imputada, los requerimientos también alcanzan hasta diciembre de 2009.  

Y entre las sociedades investigadas se cuentan todas las patrimoniales ligadas a Correa y sus socios y las que obtuvieron contratos de administraciones del PP, incluida la valenciana Orange Market. También figura Astrolago de Inversiones, donde el ex tesorero del PP Luis Bárcenas poseía acciones con el ex diputado Jesús Merino y el ex alcalde Jesús Sepúlveda. 

La solicitud del juez consta en un auto dictado el martes. El redactado de la resolución sugiere que Pedreira no está dispuesto a aceptar negativas o dilaciones como las que se han sucedido desde el comienzo de la instrucción.  

El juez pide a las entidades bancarias "una relación comprensiva de las cuentas, depósitos, cajas de seguridad y cualquiesquiera otros productos financieros, activos o pasivos, existentes en la entidad o gestionados por la misma". Y precisa que la solicitud se extiende no sólo a aquellos productos donde las sociedades implicadas o los imputados constaban como titulares sino también a aquellos en los que figuraban como autorizado o donde hayan tenido "otro tipo de intervención".  

www.publico.es, 20/10/10) 

 

'GÜRTEL' ASOMA EN LA POLÉMICA DEL CURSO MUNICIPAL CON PRÁCTICAS DE TIRO 

El curso de formación con prácticas de tiro por el que la empresa pública Promoción Madrid pagó en 2009 más de 16.000 euros para potenciar el trabajo en equipo de su plantilla incendió ayer la comisión del Área de Economía y Empleo, dependiente de Miguel Ángel Villanueva. La oposición, especialmente IU, cargó contra el concejal y le acusó de irregularidades en la contratación del curso de formación. Villanueva, que no esperaba tales ataques, negó cualquier ilegalidad, aunque sí asumió que las prácticas de tiro que realizaron los empleados de la televisión pública no eran apropiadas. 

El concejal de IU, Ángel Lara, tachó a Villanueva y a su equipo de "irresponsables" por haber permitido la contratación de ese curso que tuvo que suspenderse porque varios empleados se negaron a disparar, a meterse una cuerda por el interior de la ropa o a participar en actividades que consideraron machistas. 

Lara defendió que Promoción Madrid, dedicada a fomentar el turismo de la capital, nunca tendría que haber contratado aquel curso porque la empresa que se lo ofreció, Megatraining, según publicó el BOE, no estaba al corriente de pago con las Administraciones públicas, lo que la "inhabilita legalmente" para contratar con la empresa pública. 

Villanueva replicó que en contratos inferiores a 18.000 euros -este costó 16.397 euros- no tiene obligación de investigar la situación de las empresas que le prestan servicios. Unas horas después, sin embargo, un portavoz envió un documento que se había solicitado a la Agencia Tributaria de Barcelona, fechado en febrero de 2009, que certificaba que Megatrainig estaba al corriente de pago. 

"¿Sabe usted quién era el presidente de la empresa [Fyrs] donde se impartió el curso?", le inquirió Lara a Villanueva. "¿No lo sabe? ¿No se lo han dicho sus compañeros?", continuó. "Pues era un compañero de su partido que se llama Guillermo Ortega Alonso, ex alcalde de Majadahonda e imputado en el caso Gürtel". 

El concejal del PP, al que le pilló por sorpresa la afirmación, aseguró desconocer "el accionariado" de las empresas subcontratadas por otras y siguió: "Nosotros hemos contratado con Megatraining. No tenemos ninguna relación contractual con Fyrs. Si Ortega es el presidente no nos afecta. Y me parece que está montando una historia donde no hay tema". 

(www.elpais.com, 20/10/10)

LA 'GÜRTEL' ORGANIZÓ TODOS LOS ACTOS DE AGUIRRE EN LA CAMPAÑA DE 2003 

"Relación actos E.A.-Beltrán.xls". Un documento en formato excel creado con ese título y hallado por la policía en un ordenador de la trama Gürtel prueba que la red corrupta organizó a través de Special Events no algunos sino todos los actos protagonizados por Esperanza Aguirre en la precampaña y la campaña de las primeras autonómicas de 2003. E.A. son las iniciales de la presidenta y Beltrán, el nombre de pila de Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid ya en esa época y a quien, según la policía, la trama tenía como interlocutor regional en el partido. Tras su nombramiento como presidenta del PP en el congreso regional de noviembre de 2004, Aguirre revalidó en el cargo a Beltrán Gutiérrez. Público intentó ayer sin éxito contactar con el gerente del PP de Madrid. 

Las revelaciones sobre el papel sustancial de la trama Gürtel en esa campaña de Aguirre, aquella tras la que se produjo el tamayazo, constan en el informe policial remitido al juez Antonio Pedreira el pasado 30 de julio y al que ha tenido acceso Público. El informe cifra en 1,3 millones de euros las facturas electorales falseadas por el PP entre 2003 y 2004. La falsificación se hizo, según la policía, en connivencia con la red de Francisco Correa y gracias al uso de Fundescam como canal opaco de financiación del PP.  

Desde que, en mayo de 2009, este diario informó del falseamiento de facturas electorales endosadas a Fundescam, Aguirre ha alegado que nada de lo ocurrido en 2003 le concierne. La presidenta argumenta que, entonces y hasta noviembre de 2004, el partido y Fundescam tenían como presidente a Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. 

Pero el hallazgo de un archivo en formato excel dedicado en exclusiva a contabilizar los actos de la hoy presidenta de Madrid pone en solfa la versión de Aguirre sobre su desconocimiento de los entresijos financieros de 2003. En el estadillo archivado con las iniciales de la presidenta se consignan relata el informe policial "el conjunto de los actos realizados por fecha, lugar, importe facturado y tipología del acto".  

La trama clasificaba los actos de Aguirre según su tamaño (pequeño, mediano, grande). Todos ellos figuran en el archivo dedicado a Aguirre. Y los organizó de principio a fin: el estadillo incluye el acto de apertura de la campaña para las elecciones del 25 de mayo de 2003, que contaba con su propia hoja de cálculo, "Hoja Costes Inicio Campaña Regional Madrid.xls". Y también el acto de cierre, para el que Special Events creó un documento denominado "Presupuesto Pta. del Sol.doc", al que se añadió un complementario llamado "Extras.doc". 

Special Events preparó incluso, y así figura en el estadillo sobre la presidenta, uno con interventores y apoderados y otro con agentes electorales.

Un año después de las autonómicas de mayo de 2003, la trama Gürtel comenzó a recibir un aluvión de contratos a dedo adjudicados por la Comunidad de Madrid, ya bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. El fraccionamiento de los contratos, táctica urdida para que el importe de cada adjudicación fuese inferior al mínimo legal que obliga a convocar concurso (12.020 euros entonces), resultó providencial para la red: sus empresas obtuvieron en cinco años más de tres millones de euros en contratos otorgados por todas las consejerías de la Comunidad de Madrid.  

La versión oficial del PP sostiene que fue el viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes, Alberto López Viejo, quien maniobró para beneficiar a la trama con contratos a dedo. Imputado desde el estallido del caso Gürtel, López Viejo ocupó el puesto de director adjunto en la campaña de Esperanza Aguirre en 2003 para las autonómicas de octubre, las segundas del año y en las que venció por mayoría absoluta. El ex consejero de Deportes mantiene su acta en la Asamblea de Madrid como diputado no adscrito. El informe policial, incorporado a las actuaciones secretas del sumario Gürtel, señala a Beltrán Gutiérrez como "interlocutor de la organización [la red corrupta] con el Partido Popular Regional para el desarrollo de la campaña" para las elecciones del 25 de mayo de 2003.  

Que entonces era el interlocutor de la Gürtel queda claro por la existencia del documento "Temas a tratar Beltrán Gutiérrez", incluido en el archivo "Beltran Gutierrez.doc". "A esta persona señala la policía en referencia expresa al gerente se le anotan el conjunto de actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral".  

El apartado relativo a la organización de actos no es el único del informe que otorga relevancia a Beltrán Gutiérrez: junto con Francisco Granados, número dos del PP de Madrid, Gutiérrez es uno de los dirigentes a quienes escribió cartas Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa. En sus misivas, Crespo reclamaba la deuda pendiente con Special Events, aquella que la propia trama definía como los "pufos" del PP de Madrid.  

Los documentos de la trama analizados por la policía refutan la línea de defensa que tanto el PP como Francisco Correa han esgrimido desde el inicio del caso Gürtel: que las empresas de ese grupo se convirtieron en la marca favorita del PP porque eran las más baratas. Según el informe, que cita como fuente "los datos del archivo Campaña.Madrid.xls.", Special Events logró un beneficio medio del 50% en cada acto de Aguirre. Por qué el PP no eligió ofertas más baratas es todavía una cuestión abierta.  

A tenor de los documentos requisados, los actos "medianos" eran los más rentables, con un beneficio del 65,5% sobre el precio de coste. Por un acto grande, Special Events se hacía con una ganancia del 50,2%. En otros casos, como el que aparece consignado como "Acto Villaverde", la rentabilidad se situó en el 59,19%. El 24 de febrero de 2003, aún en fase de precampaña, Aguirre fue la estrella en la Convención de Metro celebrada por el PP en un conservatorio del distrito de Villaverde.  

"Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del Partido Popular de Madrid, es el interlocutor de la organización con el Partido Popular Regional para el desarrollo de la campaña, así en el archivo "Beltran Gutierrez.doc", bajo el título "Temas a tratar con Beltrán Gutiérrez", se establecen una serie de puntos a abordar como el presupuesto de la campaña, acto 22-02, actos principio y fin de campaña y economía donde se plantea que las facturas de los pueblos cree que las irán pagando y que él les va a pagar una parte de la factura de 120.000 euros. A esta persona se le anotan el conjunto de actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral, de esta forma en el archivo "Relación Actos E.A.-Beltrán.xls" se establecen, a fecha 14/5/03 el conjunto de actos realizados por fecha, lugar, importe facturado y tipología del acto".  

(www.publico.es, 19/10/10) 

GRANADOS SE DEFIENDE: "NO ENTIENDO DE CONTABILIDAD" 

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, desconoce a qué tipo de "pufos" se refería Pablo Crespo, número dos de la Gürtel, en las dos cartas que le envió para reclamarle que pagase la deuda contraída por el partido con la trama corrupta. Eso es, al menos, lo que mantuvo ayer cuando fue preguntado por los periodistas. 

"Evidentemente, no entiendo de contabilidades de empresas y, por lo tanto, no sé a lo que se refiere". Una respuesta llamativa teniendo en cuenta que Granados es licenciado en Económicas y Empresariales. 

Según desveló Público la semana pasada, la red Gürtel tenía en sus ordenadores dos misivas que prueban que Granados estaba al tanto de la existencia de una deuda con Special Events, una de las empresas de la trama corrupta. El "pufo" ascendía presuntamente a 60.000 euros.

Las citadas cartas aparecen en un informe realizado por la Brigada de Blanqueo de la Policía, fechado el pasado 30 de julio y que ha sido incorporado al sumario de este escándalo de corrupción. El informe recopila datos que prueban la financiación ilegal del PP de Madrid.  

Concretamente, según la policía, el PP de Madrid falseó facturas electorales de las campañas de Aguirre del año 2003 por más de 1,2 millones de euros. Para ello, se sirvió de Fundescam, una fundación perteneciente al partido. 

Pese a desconocer supuestamente a qué se refería la red en sus misivas un documento hallado en un ordenador de la Gürtel se llama "Carta Granados-Pufos Reg. Madrid.doc", el número dos de Aguirre reconoció que "es verdad" que cuando el actual equipo llegó a la dirección del PP de Madrid (noviembre de 2004) recibió "dos cartas de estos señores".  

En estas, siempre según las palabras de Granados, se reclamaba al PP de Madrid una "deuda" que el partido entendía "excesiva". Para el secretario general del PP de Madrid, la demostración "fehaciente" de que su formación "nada tenía que ver con estos señores" es que el partido fue llevado a los tribunales para que hiciese frente a los pagos. "Acudieron a los tribunales y en los tribunales se dictaminó que teníamos que pagar mucho menos de lo que ellos decían", señaló Granados, que también aseguró que el PP de Madrid "nunca" trabajó con esta trama. 

Pese a estas declaraciones, este periódico ha revelado, y así consta en los informes policiales incluidos en el sumario, que el juicio, fijado para el 16 de mayo de 2006, nunca se celebró. Y es que ambas partes llegaron a un acuerdo previo. 

Tras las declaraciones de ayer de Granados en las que aseguraba que el PP de Madrid "nunca" trabajó con la trama, se halla la estrategia que el equipo de Esperanza Aguirre ha mantenido desde que estalló el escándalo de Fundescam. Justo el día que se publicaron las primeras informaciones, la presidenta madrileña intentó salir al paso apuntando a su antecesor en el PP madrileño, Pío García-Escudero, ahora portavoz de los conservadores en el Senado. "Pregunten a Pío, pío, pío", espetó. 

No obstante, el sumario del caso Gürtel ha desvelado que la Comunidad de Madrid, en manos de Aguirre, adjudicó a la trama más de 300 contratos por un valor superior a los tres millones de euros. Lo hizo entre los años 2004 y 2008, con la presidenta ya en la Puerta del Sol. Menos dos, todos estos contratos fueron adjudicados a dedo. 

Granados acudió ayer a Getafe, donde el PP local presentó una oficina móvil de atención al ciudadano. Junto a él, participaron Antonio Basagoiti, líder del PP vasco, y Carlos González, presidente de los conservadores de Getafe. Todos confiaron en arrebatar el municipio al PSOE.  

(www.publico.es, 19/10/10) 

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' RECLAMA A 79 BANCOS INFORMACIÓN DE 12 EX ALTOS CARGOS DEL PP 

El juez Antonio Pedreira, que investiga desde hace año y medio el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción de la democracia, que salpica a más de 30 dirigentes del PP de varias comunidades autónomas, ha solicitado a 79 bancos con sede en 30 provincias españolas la información de 27 personas imputadas en la causa. 

En el listado de los afectados por esta investigación especial figuran 12 ex altos cargos del PP: los tres diputados autonómicos expulsados del grupo popular que mantienen todavía su escaño en la Asamblea, Alberto López Viejo (ex mano derecha de Esperanza Aguirre para todos sus actos institucionales de propaganda), Benjamín Martín Vasco (al que colocó como presidente de la comisión que investigó el espionaje político pagado con fondos de la Comunidad de Madrid), y Alfonso Bosch Tejedor. El juez pide a los bancos que le faciliten todos los movimientos de dinero de sus cuentas corrientes. 

Reclama la misma información para los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey y para otros cargos intermedios del PP. En el listado figura Francisco Correa, el cerebro de la trama que montó su red empresarial tras hacerse con los actos del PP durante el mandato de José María Aznar, y sus principales colaboradores, entre ellos Álvaro Pérez, El Bigotes, que tejió una red corrupta en la Comunidad Valenciana con la complicidad del Gobierno de Francisco Camps, que le adjudicó decenas de contratos sin concurso. 

El auto del juez también solicita a los 79 bancos información de 38 sociedades montadas durante más de diez años por Francisco Correa para sus distintos negocios. 

(www.elpais.com, 19/10/10)

LA 'GÜRTEL' INFORMÓ AL NÚMERO DOS DE AGUIRRE DE LOS "PUFOS" EN MADRID 

"Carta Granados-Pufos Reg. Madrid.doc". Bajo ese título de significado inequívoco, la red Gürtel guardaba en sus ordenadores dos cartas de relevancia para las indagaciones sobre la presunta financiación ilegal de PP madrileño y que aparecen reseñadas en el informe policial al que ha tenido acceso Público. Porque esas misivas prueban que su destinatario, Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, fue informado de la existencia de una deuda con Special Events cifrada oficialmente en 60.000 euros. Tal deuda, reclamada a Granados por Pablo Crespo, a quien se considera el lugarteniente de Don Vito, era el "pufo". En otras palabras: se trataba de una deuda que, a criterio de la propia trama corrupta, poseía un carácter engañoso, turbio o fraudulento. La palabra "pufo" se repite en el enunciado de cinco archivos informáticos incautados por la policía, todos ellos referidos a la citada deuda. Una portavoz de Granados confirmó que este recibió al menos una carta de Crespo. 

Fechado el pasado 30 de julio e incorporado a las actuaciones secretas del sumario Gürtel, el informe de la Brigada de Blanqueo aporta numerosos datos sobre la financiación ilegal del PP madrileño. El PP, sostiene la UDEF, usó un sistema de "facturas ad hoc" cuyo concepto y destinatario el PP o Fundescam variaba según "las necesidades del cliente". Según la policía, el PP de Madrid falseó facturas electorales de las campañas de Aguirre en 2003 por importe superior a 1,2 millones de euros. 

"Este sistema de facturación ad hoc y de financiación irregular de los actos realizados por el conjunto de empresas de Francisco Correa para el PP tiene una persistencia en el tiempo", dice el informe. En otro momento, la Brigada de Blanqueo pone el dedo en la llaga de Fundescam: "El partido ha canalizado a través de Fundescam recursos que han sido empleados para financiar campañas electorales". 

Por lo que respecta a la reclamación del "pufo", la policía reproduce en estilo indirecto parte de una de las dos misivas de Crespo a Granados: "Le indica [Crespo] la existencia de una deuda pendiente como consecuencia de los trabajos realizados en beneficio de la formación política", detalla el informe antes de precisar que esa carta obtuvo "acuse de recibo y respuesta", y que todo ello quedó almacenado en los ordenadores del conglomerado Gürtel.  

En el apartado relativo al tráfico postal entre la trama y los dirigentes del PP madrileño, el informe policial introduce un elemento incómodo para el equipo de Aguirre cuando relata cómo Crespo subraya en su carta a Granados que "ellos [la trama] han seguido las instrucciones marcadas desde la primera planta de la calle Génova". En esa primera planta se localiza el cuartel general del PP madrileño. Y, también, la sede de Fundescam. 

A preguntas de este diario, una portavoz de Granados negó de manera tajante que la deuda pendiente con Special Events incluyera facturas giradas a nombre de Fundescam. La portavoz confirmó que Crespo se había dirigido por carta a Granados y añadió que, dado que no hubo acuerdo, Special Events "planteó un pleito". En efecto, la empresa que en esa época operaba como marca principal de la trama Gürtel demandó al PP de Madrid. El juicio, señalado para el 16 de mayo de 2006, no llegó a celebrarse, dado que las dos partes alcanzaron un acuerdo.  

Como informó este periódico en mayo de 2009, fue Crespo quien al final frenó el juicio cuando llevó a la sede del PP de Madrid un documento que evidenciaba la falsificación de facturas. Fuentes que conocen esa información de primera mano aseguran que Crespo esgrimió un archivo Excel titulado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (PP de Madrid)". Ese estadillo figura en el informe policial y está incorporado al sumario Gürtel. 

En ese juicio de Special Events contra el PP estaban citados como testigos dos personajes clave en el caso Gürtel: el ex concejal del PP José Luis Peñas, que grabó sus conversaciones con Francisco Correa y denunció los hechos ante Anticorrupción, y José Luis Izquierdo, el contable de la trama.  

Así, se preguntó a Peñas. "Me consta que en el total de la deuda que reclamaban había actos facturados a Fundescam", aseguró el ex edil de Majadahonda, que permanece imputado en la causa. Peñasacudía a todos los actos como miembro del equipo de organización del PP. Y, según pudo saber este diario, Special Events planeaba aportar fotos de los actos de Fundescam como prueba contra el PP. En algunas de esas fotos se observa el logotipo de Fundescam en la esquina superior izquierda de las traseras de los actos. El logo del PP aparece en la esquina superior derecha.´ 

Las cartas a Granados no fueron las únicas que escribió Crespo. El número dos de la organización de Don Vito remitió una misiva a Salvador Victoria en su calidad de "secretario de la comisión jurídica asesora del PP de Madrid". Victoria es actualmente viceconsejero de la Vicepresidencia, a las órdenes de Ignacio González.  

Otra carta igualmente remitida por Pablo Crespo al gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y reproducida fotográficamente en el informe afianza la tesis policial sobre el falseamiento contable. "Aprovecho la ocasión escribió Crespo para recordarte el asunto de las facturas pendientes de los pueblos de Madrid de hace un año". "Recordarás dice a renglón seguido que quedamos en encajarlas en esta campaña", la autonómica de 2003, según la policía.  

Además de gerente del PP, Beltrán Gutiérrez ya era en 2003 apoderado de Fundescam. Es su firma la que consta en los certificados que Fundescam entregó a los empresarios que, con Gerardo Díaz Ferrán en cabeza, aportaron a sus arcas casi un millón de euros entre 2003 y 2004. Al menos un tercio de ese dinero sirvió para sufragar gastos electorales de Esperanza Aguirre, sostiene el informe policial, que incluye la lista de facturas de Fundescam que fueron falseadas.  

(www.publico.es, 16/10/10)

EL PP FALSEÓ FACTURAS PARA LA CAMPAÑA DE AGUIRRE 

El PP de Madrid falseó, según la policía, facturas electorales de las autonómicas de 2003 por importe superior a 1,2 millones de euros. Lo hizo con la connivencia de Special Events, entonces buque insignia de la trama Gürtel. Y lo hizo también utilizando la fundación Fundescam como canal de financiación paralelo gracias a donaciones de empresarios cuya "opacidad" subraya la policía. El grueso de las donaciones (649.255 euros) llegó a Fundescam el año del tamayazo, la traición de dos diputados socialistas que abrió a Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid. 

Las nuevas revelaciones policiales, que agravan las sospechas de financiación ilegal y corroboran las informaciones de Público sobre Fundescam, constan en un informe de la Brigada de Blanqueo fechado el pasado 30 de julio. El informe, al que ha tenido acceso este diario, concluye que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se hizo "con conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad". 

Siempre según el informe, el monto de las facturas "ficticias" que Special Events giró al PP y a Fundescam entre 2003 y 2004 es aún superior: "El importe total en euros al que ascienden las facturas alcanza un montante de 1.316.103 euros", dice en referencia expresa al archivo llamado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (P.P. de Madrid)". En ese archivo, una columna agrupaba datos bajo el epígrafe "concepto real". Y, bajo el título "concepto factura", en otra columna se alineaban los datos falsos utilizados a efectos oficiales.  

Elaborado en formato excel, ese es uno de los estadillos que la trama almacenaba en la carpeta denominada "PP.-Madrid". Su contenido, cruzado con el del archivo "Detalle facturas emitidas por actos PP de Madrid", ha sido clave para la investigación. El análisis de esos documentos, incautados en los pisos francos de la trama, ha permitido a la policía abordar por primera vez con carácter monográfico la financiación del PP madrileño a través de Fundescam. En su informe, la policía reseña que Luis Bárcenas era en 2003 el responsable del PP a efectos de control de ingresos y gastos electorales. Y que Fundescam tenía como presidente en esas fechas a Pío García Escudero, hoy portavoz del PP en el Senado. 

Había un doble modus operandi y el informe abunda en datos al respecto. En unos casos, Special Events alteraba el concepto de la factura e incluso la fecha del supuesto acto que la había originado, de modo que esa factura no quedara sujeta a las severas limitaciones de gasto que la legislación impone a los partidos durante las campañas electorales. Mediante ese procedimiento y según los documentos de la trama corrupta reproducidos por la policía, el PP pagó a Special Events un millón de euros entre 2003 y 2004. 

En otros casos, la empresa endosaba la factura a Fundescam. Aquí, Special Events fingía haber organizado para la fundación actos ajenos a la actividad partidaria, ya fueran jornadas o seminarios. Atendiendo a los datos del informe y de los anexos, Fundescam abonó así más de 300.000 euros que se correspondían con gastos electorales del PP madrileño. 

Como norma, el concepto de la factura y/o su destinatario se alteraban a conveniencia. El informe lo resume así: "El sistema de actuación consistía en elaborar una factura de carácter provisional una vez realizado el acto, que posteriormente estaba sujeta a cambios tanto de entidad como de concepto en el momento de ser enviada al cliente según las necesidades de este".  

En referencia a los empresarios que, con Gerardo Díaz Ferrán en cabeza, donaron casi un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004, el informe habla de "opacidad" y lanza un misil contra el Ejecutivo de Aguirre: "Estos fondos obtenidos por Fundescam, vinculada orgánicamente al PP, provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una propensión al intercambio de favores". Seis de las empresas donantes de Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300 millones de euros.  

El informe policial, que evita nombrar delitos imputables a los dirigentes del PP pero los describe con precisión, incluye este párrafo: "[El PP madrileño utilizó] un mecanismo de financiación ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al partido".  

(www.publico.es, 15/10/10) 

LA POLICÍA PIDE DATOS SOBRE LAS DONACIONES 

El informe policial que ratifica los indicios de financiación ilegal en el PP madrileño propone al juez una amplia batería de pruebas para avanzar en las pesquisas. Una de ellas, que se reclame a Fundescam la lista de donaciones recibidas en 2003 y 2004 "con indicación del donante y de la cuantía de la donación, así como el destino dado a las mismas". En esos dos años, ambos electorales, Fundescam recaudó 941.574 euros por aportaciones de origen privado. A partir de 2005, y a tenor de sus propias cuentas, la fundación ya no recibió un solo euro en donaciones. 

Como ha venido informando Público a lo largo del último año, las cuentas de esta misteriosa fundación ligada al PP madrileño no aportan el más mínimo detalle sobre el destino de las donaciones. Las memorias anuales de Fundescam relativas a 2003 y 2004 ni siquiera pormenorizan la relación de donantes. Tampoco ofrecen pistas sobre el destino dado a las generosas ofrendas económicas hechas por una quincena de hombres de negocios con intereses en la Comunidad de Madrid. Los encabezaba el todavía jefe de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que donó en total 246.000 euros. 

Fundescam centra el grueso de las propuestas de actuación planteadas en su informe por la Brigada de Blanqueo. La policía propugna que se requiera a la fundación para que facilite "toda la documentación soporte de las relaciones comerciales" que haya podido mantener con las empresas más señeras de la red corrupta. Y en ese "toda" se incluye desde facturas a informes realizados a correos electrónicos cruzados entre ambas partes. La relación de empresas por cuyas relaciones con Fundescam se interesa la policía es esta: Special Events, Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better, Technology Consulting Management, Orange Market, Pasadena Viajes, Orange Factory, Forever Travel Group y Ventana Única.  

La policía propone igualmente que se reclame al Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid los siguientes datos sobre Fundescam: "Fundadores, patronato fundacional, cargos de responsabilidad, estatutos, memorias y estados contables y toda la información obrante en el registro desde su fundación y hasta el año 2004".  

Respecto al PP de Madrid, la Brigada de Blanqueo solicita que se le requiera "para que facilite la documentación relativa a las operaciones llevadas a cabo con la sociedad Special Events durante 2003 y 2004". Esa petición se hace extensiva al PP nacional, incluyendo aquí la "justificación bancaria y contable" de los pagos.  

En los dos meses hábiles transcurridos desde el envío del informe al juez Pedreira, Anticorrupción no ha solicitado la práctica de ninguna de las diligencias propuestas por la Brigada de Blanqueo .  

(www.publico.es, 15/10/10) 

LA POLICÍA CONSTATA QUE EL PP MADRILEÑO SE FINANCIÓ ILEGALMENTE ENTRE 2003 Y 2004  

El PP madrileño utilizó "un mecanismo de financiación ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al partido". Así de contundente es el informe policial incluido en el caso Gürtel, que asegura que los populares en la Comunidad de Madrid falsearon facturas de activides electorales de las autonómicas de 2003 por un importe superior a 1,2 millones de euros y que para ello utilizaron la fundación Fundescam a partir de donaciones de determinados empresarios. 

El diario Público, que ha tenido acceso al informe policial, asegura que la mayor de las donaciones (unos 649.255 euros) llegó a Fundescam el año del tamayazo, la traición de dos diputados socialistas que abrió a Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid, en 2004.  

"Enmascarar la realidad" 

La autoría del informe corresponde a la Brigada de Blanqueo, y está fechado el pasado 30 de julio. En él se concluye que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se hizo "con conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad".  

Special Events 

La empresa que falseó presuntamente las facturas que suman un montante de 1.316.103 euros fue Special Events, una de las compañías del cabecilla de la trama Gürtel, entre 2003 y 2004. Estos datos están recogidos en al archivo llamado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (P.P. de Madrid)". La Policía halló en ese documento una columna con datos bajo el epígrafe "Concepto real". Y, bajo el título "Concepto factura", en otra columna, se alineaban los datos falsos utilizados a efectos oficiales.  

Facturas a medida 

Special Events en ocasiones alteraba el concepto de la factura e incluso la fecha del supuesto acto que la había originado, para que no quedara sujeta a las limitaciones de gasto que la ley impone a los partidos durante las campañas electorales. Mediante ese procedimiento y según los documentos de la trama corrupta reproducidos por la Policía, el PP pagó a Special Events un millón de euros entre 2003 y 2004. Al respecto, la Policía establece que "el sistema de actuación consistía en elaborar una factura de carácter provisional una vez realizado el acto, que posteriormente estaba sujeta a cambios tanto de entidad como de concepto en el momento de ser enviada al cliente según las necesidades de ´éste".  

Facturas a Fundescam con "conceptos ficticios" 

En otros casos, la empresa de Correa elaboraba la factura a nombre de Fundescam, con conceptos “ficticios” ajenos a la actividad partidaria, como jornadas o seminarios. Atendiendo a los datos del informe y de los anexos, Fundescam pagó más de 300.000 euros que se correspondieron, realmente, con gastos electorales del PP madrileño.  

Las donaciones de empresarios 

Sobre los empresarios que presuntamente financiaron al PP madrileño, entre 2003 y 2004, con donaciones que sumaron casi un millón de euros, está el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán(en la foto junto a Aguirre). "Estos fondos obtenidos por Fundescam, vinculada orgánicamente al PP, provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una propensión al intercambio de favores". Seis de las empresas donantes de Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300 millones de euros, según el informe policial, citado por Público.  

La versión del Gobierno de Aguirre 

Una fuente próxima a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que ha sido consultada por El Plural para la elaboración de esta información, ha afirmado que en la noticia de Público, según su criterio, no hay datos nuevos, y que sobre las acusaciones vertidas en la misma, el juez que lleva el caso Gürtel no ha tomado medida alguna. El Plural ha intentado, sin éxito, conocer la versión del PP madrileño. 

(www.elplural.com, 15/10/10) 

ASÍ FUNCIONABA FUNDESCAM 

El sumario sobre el caso Gürtel incluye, en su tomo 60, las pruebas que permiten concluir que el PP de Madrid falsificó facturas para financiar las campañas electorales de 2003. Y que lo hizo a través de Fundescam, una fundación del propio partido. Los datos que demuestran el maquillaje de facturas a fin de burlar la Ley Electoral, que fija un límite de gastos a los partidos políticos, figuran en un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía incluido en el sumario.  

Fue durante un registro policial en un piso de seguridad de Francisco Correa, ubicado en la madrileña calle General Martínez Campos, donde los investigadores hallaron una memoria portátil en la que figuraban hojas de cálculo de la empresa Special Events, firma clave de la trama. Los nombres de los archivos no dejaban indiferente: "Cambios facturación 2003-2004.xls", "Cambio facturación 2003-2004.barcenas.xls" y "Facturación P.P. Madrid.xls". Esta información ya fue adelantada por Público el pasado octubre. 

El archivo "Facturación P.P. Madrid.xls", según figura en la página 136 del tomo 60, consta de "seis columnas con las denominaciones: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última sin denominar". Los datos abarcan el periodo comprendido entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004. 

Entre los clientes que figuran en esta hoja de cálculo, están el PP de Madrid, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Móstoles. el PP de Majadahonda, Fundescam y el PP nacional. 

A la hora de citar el concepto, los investigadores destacan que, en ocasiones, consta una denominación genérica, como "campaña municipales y autonómicas Madrid", "campaña autonómicas E. Aguirre octubre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" y "congreso regional PP Madrid". Junto a estos conceptos, figura, según sostiene la policía, un número 1. Son los actos que después se facturarán falsamente. El apunte en el que se hace mención a octubre se refiere a las elecciones posteriores al tamayazo. 

El archivo en el que aparece el nombre de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, junto a la expresión "cambios facturación", ofrece detalles de las facturas con modificaciones en lo referente a los clientes y los conceptos. Al igual que el archivo "Facturación P.P. Madrid.xls", este consta de seis columnas. Pero en este caso hay una ligera variación: "fecha, factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura". Esto permite concluir que se facturaron cantidades por conceptos falsos. Las fechas siguen siendo las mismas, pero los clientes son ahora tres: PP de Madrid, Fundescam y PP Nacional. 

En cuanto al concepto real, se citan "las elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004" y el "congreso regional 2004". Y en el concepto factura, aparece, según el sumario "la descripción del acto atribuido". 

Los investigadores concluyen que "existe una correlación entre ambos archivos, de tal forma que los apuntes genéricos que figuran en el archivo "Facturación P. P. Madrid xls" con el número 1 al lado se traspasan casi en su totalidad al archivo "Cambios facturación 2003-2004 barcenas.xls" asignando un concepto determinado a cada uno de ellos, si bien sigue siendo genérico sin aportar datos concretos sobre los mismos como: lugar de realización, fecha de celebración etc." El informe policial también incorpora una información publicada en mayo por Público, en la que se menciona que el PP de Madrid recaudó cerca de un millón de euros de empresarios a través de Fundescam. Con ellos se pagaron facturas de las campañas de 2003.  

(www.publico.es, 15/10/10)

PRESIDENCIA PAGÓ A 'GÜRTEL' 45.534 EUROS POR UN ACTO DE AUTOBOMBO

El 22 de noviembre de 2006, Esperanza Aguirre sacaba pecho por su gestión al frente del Ejecutivo regional. Había ordenado celebrar un acto en la sede del Gobierno autónomo, en el patio de la Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol, para recordar lo bien que lo había hecho. Una pantalla trasera con el lema "Tres años de Gobierno, gracias a la suma de todos" y el logotipo de la Comunidad de Madrid decoraba un escenario montado para la ocasión en el que se colocaron todos los miembros del Gobierno de Aguirre. El Ejecutivo regional convocó a consejeros, viceconsejeros, directores generales y demás cargos regionales. Un acto de autobombo que costó más de 45.534 euros y que fue adjudicado a varias empresas pantalla del entramado de la red Gürtel, según un informe policial sobre el Grupo Rafael.

La Comunidad de Madrid contrató a las empresas Fotomecánica Doble M, Fotomecánica Rafael y Tecnimagen, pertenecientes al Grupo Rafael, para la organización del acto. Estas empresas actuaron de pantalla de las sociedades de la red Gürtel, que lideraba Francisco Correa, según el informe policial. Todas las facturas fueron emitidas por un importe inferior a 12.000 euros para evitar el concurso público y dificultar su control.

La investigación policial revela que la red Gürtel utilizaba a las empresas del Grupo Rafael como tapadera y prueba que la Consejería de Presidencia de Madrid contrató, al menos en cuatro ocasiones, a compañías de este entramado empresarial para organizar el acto de promoción de Aguirre. El ex viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo está imputado por su presunta participación en las operaciones de la trama corrupta. Según el sumario del caso Gürtel, López Viejo ordenaba a la red corrupta trocear los contratos por debajo de 12.000 euros para dificultar su control.

El informe policial confirma que el Grupo Rafael hacía de pantalla a la red Gürtel: "Existe una estrecha vinculación entre las empresas de la organización de eventos de Madrid de Francisco Correa y las del Grupo Rafael". Y añade: "La emisión de facturas a la Comunidad de Madrid la realiza el Grupo Rafael, luego es el grupo vinculado a Correa el que factura por esa misma cantidad al Grupo Rafael [...], Correa emitía facturas a este grupo por los mismos conceptos e importes para compensar contablemente las operaciones".

En un correo electrónico recibido por Felisa Jordán, administradora de varias de las empresas de Correa, la policía halló unas hojas de cálculo con la relación de facturas del Grupo Rafael a la Comunidad de Madrid. En uno de estos archivos, correspondiente a "facturas pagadas", figuran tres cuentas con empresas del Grupo Rafael de la Consejería de Presidencia [con las siguientes numeraciones: 20070857 por importe de 11.629,09 euros; 20070003, por 10.378,75 euros y 20071237, por 11.990,88 euros] para la organización del acto de celebración de los tres años de gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. En otro archivo de "facturas pendientes" se incluye otra cuenta del mismo grupo [20070002] por importe de 11.537,75 euros.

Las sociedades Doble M, Fotomecánica Rafael y Tecnimagen, del conglomerado de empresas Rafael, emitieron facturas por un importe menor de 12.000 euros. De esta forma, eran consideradas como contratos menores y evitaban que hubiera que concurrir a un concurso público.

Un portavoz de la Comunidad de Madrid explica que el Gobierno autónomo ya ha entregado toda la documentación necesaria al juez que instruye el caso, Antonio Pedreira. Además, asegura, han participado en una comisión en la Asamblea de Madrid y han realizado una investigación interna del caso.

El acto de autopromoción para celebrar los tres años de gobierno de Esperanza Aguirre fue pagado íntegramente por el Ejecutivo regional de Madrid. En otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, este tipo de actos los paga el partido. Así ocurrió el pasado mayo cuando el presidente valenciano Francisco Camps (PP) celebró los tres años de su victoria en las elecciones a la Comunidad Valenciana. El acto de celebración fue sufragado por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El portavoz regional explica que el evento organizado por la Comunidad de Madrid era un acto institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid al cumplirse tres años de la toma de posesión.

(www.elpais.com, 14/10/10)

POZUELO INVIRTIÓ 9,6 MILLONES EN UN PARQUE BAJO SOSPECHA 

La investigación judicial abierta en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para esclarecer por qué el ayuntamiento decidió de un plumazo gastarse 9,6 millones en un parque presupuestado en 4,5 millones ha avanzado en una dirección que puede complicar más aún las cosas al Gobierno del PP. Máxime cuando se trata de un municipio involucrado desde primera hora en el caso Gürtel. Y, de hecho, el eco del escándalo de corrupción resuena en cada nuevo descubrimiento judicial sobre ese parque, bautizado como el de LasCárcavas por el nombre del arroyo en cuyas inmediaciones se construyó.  

Por ahora, el único imputado es el ingeniero municipal que dirigía el proyecto, el ex parlamentario autonómico del PP Leopoldo Gómez. Pero Gómez ya le ha contado al juez que en esa extraña operación que benefició a dos filiales del grupo Constructora Hispánica, cuyo ex presidente, Alfonso García Pozuelo, está imputado en la Gürtel, sólo seguía órdenes: las del ex alcalde Jesús Sepúlveda y la ex concejal de Obras Yolanda Estrada, ambos imputados también en el caso Gürtel (aunque el juez podría levantar en breve la imputación contra Estrada). Y también seguía instrucciones, sostiene el ingeniero, de Gonzalo Aguado, actual alcalde de Pozuelo. Aguado sucedió a Sepúlveda cuando este dimitió al estallar el sumario sobre la trama corrupta. Cuando el parque de Las Cárcavas adquirió en 2007 dimensiones presupuestarias versallescas, Aguado era concejal de Urbanismo.  

El pasado viernes, la portavoz municipal socialista en Pozuelo, Eva Izquierdo, anunció que su partido ya ha pedido la imputación de Yolanda Estrada y exigió "responsabilidades políticas" a Aguado. La apertura de diligencias sobre Las Cárcavas se produjo en 2008 a raíz de una denuncia del PSOE ante la fiscalía. "Aquí subraya Izquierdo se actuó mal desde el inicio". La concejala remarcó que la legislación sobre contratos públicos exige que cualquier modificación de obras cuyo importe supere el 20% del contrato original debe someterse de nuevo a licitación. "Y eso se ha incumplido, como se han incumplido todos los trámites de legalidad", se lamenta la edil. 

Ese año, los tres munícipes citados y el ingeniero Leopoldo Gómez viajaron a Bruselas con una misión inusual incluso para una localidad rica como Pozuelo: comprar árboles y plantas en un vivero. De allí se trajeron un árbol que costó al erario municipal de Pozuelo 110.578 euros. El PP revistió la compra de solemnidad: se trata de un "árbol centenario de la especie Quercus Palustris", se lee en una respuesta municipal al PSOE. Es decir, un roble de los pantanos cuyo coste, y así se lo contó al juez el ingeniero Gómez, "sobrepasaba en realidad el umbral" para comprarlo de forma legal. 

El actual regidor de Pozuelo, a quien se inquirió sobre las acusaciones de Gómez y sobre aquel desplazamiento a Bruselas, respondió por escrito que "desconoce" el coste de ese viaje. Pero el periplo belga, y así lo aseguran fuentes conocedoras del caso, lo pagó la Unión Temporal de Empresas que, en marzo de 2006, se había alzado con la adjudicación del parque. La formaban EOC de Obras y Servicios SA, Acanto Instalaciones y Montajes Eléctricos SA y Grupo Empresarial de Obras Civiles SA. Las dos primeras pertenecían al grupo de Constructora Hispánica, que ha cambiado de nombre y de accionistas.  

Según Aguado, fueron a Bruselas con una misión importante: "Se viajó fue su respuesta por mail no para comprar un árbol sino diversas especies vegetales (flor, arbusto, árboles, etcétera) con el fin de obtener vegetación ya consolidada para que los vecinos pudieran disfrutar del parque en el menor tiempo posible". Dado que el alcalde de Pozuelo no aceptó hablar fue imposible preguntarle por qué el municipio necesitaba poblar el nuevo parque con especies traídas de un país situado a 1.600 kilómetros.  

(www.publico.es, 13/10/10)

CARGOS DE AGUIRRE DESTAPARON CONTRATOS ILEGALES DE LA RED GÜRTEL SIN HACER NADA

Un informe policial del caso Gürtel, donde se recogen numerosos correos electrónicos enviados entre trabajadores y directivos de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, revela cómo algunos altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre fueron conscientes de la ilegalidad que suponía la contratación de determinados actos con sociedades de la red corrupta, hasta el punto de que llegaron a negarse a pagar hasta que no lo ordenase la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Cuando se produjeron los hechos que relata el informe policial, en 2006, al frente de la consejería estaba Ignacio González, vicepresidente autonómico. Su viceconsejero de Presidencia era Alberto López Viejo, diputado autonómico y después consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, hasta que fue despedido tras ser imputado en la causa de la trama Gürtel por haber recibido supuestamente más de 250.000 euros en comisiones ilegales por su trato de favor a las empresas de Francisco Correa dentro de la Administración regional.

El ex consejero López Viejo se encargó, por orden expresa Aguirre, de montar todos los actos públicos de la presidenta autonómica. Lo hizo en su etapa de viceconsejero de Presidencia de Aguirre y, después, como consejero de Deportes. Durante más de cuatro años, López Viejo contrató todos los actos institucionales con las empresas de la trama corrupta o con sociedades que en realidad trabajaban para la red Gürtel.

Algunos de los contratos los adjudicó por concurso y la mayoría directamente a dedo, para lo que en muchos casos fraccionaba el servicio en varias adjudicaciones, troceadas, para que no superasen los 12.000 euros, cantidad a partir de la que según la LCE habría que convocar un concurso.

La Intervención General del Estado, que ha examinado para el juez del caso, Antonio Pedreira, decenas de contratos de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2008, ha señalado que en la inmensa mayoría de los casos se incumplieron las normas de contratación y se vulneró la ley. Por este trato de favor de Alberto López Viejo a la trama corrupta, según la investigación del caso Gürtel, el ex consejero y todavía diputado autonómico cobró cientos de miles de euros en comisiones ilegales, según anotó el contable de la red.

A esta práctica irregular de contratos con las empresas de la trama corrupta no fueron ajenas las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre. En uno de los informes internos entre los directivos de la red Gürtel se da cuenta del resultado de una serie de visitas que realizan los trabajadores de Easy Concept -una de las empresas que más actos de Esperanza Aguirre organizó- a las distintas consejerías donde tienen facturas pendientes de cobro.

En dicho informe se señala: "Lourdes Barreda [secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y Mujer] nos dice que la consejería no se quiere hacer cargo de estas facturas [número 34, 58 y 73] ya que se ve claramente que es un fraccionamiento del acto y dicen que ellos no pueden asumir estos costes tan elevados". Tras recordar que en la Consejería de Empleo no están dispuestos a pagar las facturas por las irregularidades descubiertas, Alicia Mínguez, trabajadora de una de las empresas de la trama corrupta que organizaba actos institucionales presididos por Aguirre, le explica a su jefa, Isabel Jordán: "Me ha dicho [Lourdes Barreda, secretaria general técnica de la Consejería de Empleo] que si desde la Consejería de Presidencia dan la orden de que hay que pagarlas [las facturas 34, 58 y 73] pues que lo más probable es que lo hagan, pero que si no, no hay ninguna manera de que nos las paguen".

Para resolver el problema, Mínguez tiene una solución: "He hablado con Carmen [jefa de la secretaría de Alberto López Viejo] y le he comentado el problema y me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero [Alberto López Viejo]". Lourdes Barreda puso pegas a más facturas, algunas reclamadas por la trama corrupta pero que en realidad correspondían a otras sociedades, del Grupo Rafael, que utilizaba la red Gürtel como pantalla, según sostiene la investigación policial.

Las facturas en litigio sumaban 30.014 euros y eran parte de un paquete pendiente de cobro en 2006 por más de 300.000. La trama corrupta tuvo más dificultades para cobrar las facturas por actos ya celebrados, según el informe de la visita que realizaron los días 21 y 22 de junio a las distintas consejerías.

- Economía e Innovación Tecnológica. "Factura 2. De esta factura no puedo hablar con nadie. Con la única persona que hablé fue con Toñi (secretaria general técnica) y ella no quiere saber nada de esta factura. El importes es de 3.734 euros".

"Factura 36. De esta factura dicen que no se van a hacer cargo ellos, que les parece carísimo y que no se van a hacer cargo de nada. El importe es de 6.048 euros. El problema que tenemos con estas facturas ya se lo he comentado a Carmen [secretaria de Alberto López Viejo], tiene que contestarnos ella lo que tenemos que hacer".

- Sanidad. "De momento no me pueden decir nada de las facturas 25, 26 y 39, pero lo más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y tendremos que refacturar directamente a los hospitales. La suma de estas facturas hacen un importe de 13.011 euros".

Entre las facturas pendientes de cobro había servicios de propaganda del propio Gobierno de Esperanza Aguirre (acto de dos años de Gobierno por 3.415 euros; el descubrimiento de un cuadro en el que aparece retratado Alberto Ruiz-Gallardón (1.730 euros) o el escenario del Belén de Navidad, por 36.907 euros.

Este informe de la policía acredita hasta qué punto muchos altos cargos regionales eran conscientes de la contratación anómala que mantenía López Viejo con la red Gürtel.

(www.elpais.com, 12/10/10)

UN CONSTRUCTOR DE 'GÜRTEL' DEVUELVE 20 MILLONES AL FISCO Y DA UN VUELCO AL CASO

El caso Gürtel ha experimentado un salto cualitativo. Uno de los empresarios imputados por delito fiscal y pago de comisiones ilegales a la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha dado un paso al frente y ha pagado a las arcas de Hacienda casi 20 millones de euros por delitos fiscales derivados de Gürtel y otros conceptos.

Mientras Correa esconde en el extranjero los millones de euros que amasó recibiendo comisiones y sobornando a cargos públicos del PP de tres comunidades (Madrid, Valencia y Castilla y León), Alfonso García Pozuelo, ex dueño de Constructora Hispánica, ha tenido que vender a la firma Assignia la empresa que tenía desde hace 20 años para saldar la deuda que tenía con el fisco. Y lo ha hecho antes incluso de que acaben las pesquisas que desarrolla el juez instructor, Antonio Pedreira, sobre la mayor red de corrupción política que azota a España desde el regreso de la democracia.

Anotaciones contables en una carpeta azul intervenida por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía al economista de la red Gürtel, José Luis Izquierdo, revelan pagos que suman más de 4.192.000 euros de García Pozuelo a Correa. Este prometía a constructores adjudicaciones de obras públicas de administraciones gobernadas por el PP a cambio de comisiones. Según el sumario de Gürtel, 600.000 euros procedentes de entregas hechas por este ex empresario a Correa (en concreto de una partida de 1,6 millones) acabaron supuestamente en las manos del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. En el sumario figuran supuestos pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP.

Pero mientras los demás imputados se resisten a devolver el dinero ilícito que se les reclama, García Pozuelo se ha puesto totalmente al día con el fisco. Es el único de los casi 100 imputados en la trama que, pagando al fisco, reconoce implícitamente haber entregado dinero a Correa. Parte del dinero abonado al fisco sale de las supuestas entregas opacas a Correa, y el resto por otros conceptos.

Antes de regularizar su situación fiscal, García Pozuelo tuvo que vender su empresa, Constructora Hispánica, puntera en el mercado español, a la firma Assignia, que ahora desarrolla obras de gran envergadura en España y otros países extranjeros. Pese a las convulsiones iniciales, Constructora Hispánica -a diferencia de otras implicadas en Gürtel, como la castellanoleonesa Teconsa o Begar, que han despedido a todos sus trabajadores por quiebra- ha huido del ERE y ha mantenido todos los puestos de trabajo (en torno 2.000), incluso después de la venta a Assignia.

El juez Pedreira imputa delitos de cohecho, tráfico de influencia y contra la Hacienda pública a García Pozuelo. Pero, dado que ha saldado todas sus deudas con el fisco, lo previsible es que ahora plantee el asunto a la Fiscalía Anticorrupción y lo desimpute, al menos de los delitos contra la Agencia Tributaria.

Los problemas judiciales de García Pozuelo, ahora aminorados, nacen cuando la policía, entonces por orden del juez Garzón, registra la maraña de sociedades de Correa y requisa al contable Izquierdo un pen drive que contiene una detallada relación de cargos públicos del PP supuestamente sobornados por la trama corrupta y una carpeta azul que refleja donaciones de promotores que pujaban por adjudicaciones de obras públicas. En concreto, y entre otros constructores, aparecen pagos de García Pozuelo.

A raíz de esas anotaciones, Hacienda abrió una rigurosa inspección a su empresa, que abarca desde 2003 a 2007, y entregó un informe a la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Madrid. El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción 20, cuyo titular, Antonio Viejo, lo elevó para juicio al Juzgado de lo Penal 20 de Madrid.

Casi desde el primer momento, García Pozuelo mostró su decisión de abonar las deudas que le reclamase el fisco. Ni siquiera quiso alargar el reciente juicio (sólo por delito fiscal) que se celebró contra él en el Juzgado Penal 20 de Madrid. Su abogado habló con el fiscal y ofreció pagar todo lo que Hacienda le reclamase, que incluye la parte defraudada del dinero que supuestamente entregó a Correa y que, lógicamente, era opaco al fisco: 19,7 millones de euros en total, incluidas las preceptivas multas. "Mi cliente se ha puesto al día y ya no tiene ninguna deuda pendiente con la Agencia Tributaria", subraya su abogado, Javier Iglesias, quien admite que ha entregado al juez Pedreira la documentación judicial que acredita el pago a Hacienda.

Ningún otro implicado de Gürtel ha seguido la senda de García Pozuelo, a pesar de que hay otros empresarios que tienen problemas fiscales similares. Y también hay políticos imputados por delitos distintos de los de García Pozuelo (haber aceptado supuestamente sobornos de Correa) que siguen sin aportar las fianzas por responsabilidad civil que les impuso hace meses el juez Pedreira.

Aún se resisten numantinamente a pagar esas fianzas bajo apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago. Pedreira ha decretado fianzas civiles que sobrepasan los 200 millones de euros. Entre ellos, los 170 millones (85 millones a cada uno) que ha fijado a los dos cabecillas de la trama, Correa y su número dos, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.

(www.elpais.com, 11/10/10)

OBJETIVO: RECUPERAR EL DINERO 

Una vez que el constructor Alfonso García Pozuelo ha entregado al fisco casi 20 millones de euros, lo previsible ahora es que el juez Pedreira, instructor del caso Gürtel, retire el delito fiscal que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción. El empresario ha pagado incluso las preceptivas multas. Hacienda ya no tiene nada contra él. 

Fuentes de la investigación están convencidas de que la acción de García Pozuelo reconfortará a Pedreira, cuyo objetivo prioritario es "recuperar el dinero". "Desde el principio, más que enviar a la cárcel a los acusados, su obsesión ha sido que el dinero defraudado o robado vuelva al erario público", señalan. 

En busca de los millones que aún oculta el cabecilla de la trama, Francisco Correa, Pedreira ha enviado 15 comisiones rogatorias, con regular éxito, a una decena de países. Fundamentalmente Estados Unidos, cuyas autoridades también están investigando minuciosamente a Correa; Venezuela, Colombia, Suiza, Portugal... y varios paraísos fiscales (Ver gráfico de la página anterior). No todos los países están colaborando, aunque Pedreira ha logrado bloquear 17 millones de Correa y cuatro más a su número dos, Pablo Crespo, en Suiza, además de inmuebles en Miami y Colombia. Pero aún queda mucho dinero por aflorar. Correa lo llevaba a paraísos fiscales, interponía sociedades opacas y lo blanqueaba en España pagando sobornos a políticos. 

No es Pedreira un juez propenso a medidas carcelarias. Magistrados que le conocen le consideran "muy garantista" con los justiciables. Durante más de un año ha mantenido las órdenes de prisión que Garzón dictó contra los tres cabecillas de la trama Gürtel -Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- y ha dejado libres, aunque imponiendo fianzas de carácter civil -650.000 euros y 1,8 millones, respectivamente- a El Bigotes y El Albondiguilla, ex alcalde de Boadilla del Monte, por ejemplo. Según estas fuentes, Pedreira sostiene que la prisión provisional es una medida de aplicación muy excepcional. Imputados como el ex vicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín, el ex consejero de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo o los diputados populares de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco o Alfonso Bosh, incluso el propio Bigotes, habrían estado muy cerca de la cárcel si la investigación de Gürtel cae en manos de otro juez, subrayan estos magistrados. 

Por otra parte, la apertura total del sumario del Gürtel a las partes es inminente. Quizás a finales de esta misma semana. La próxima como mucho. Y es que el Tribunal Supremo está apremiando para que se levante el secreto y poder utilizar así los más de 100.000 folios que abarcan las diligencias. ¿La intención? Analizar si el juez Garzón, primer instructor de Gürtel, cometió prevaricación al ordenar la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los jefes de la trama con sus abogados. El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro lleva este asunto. Esas escuchas carcelarias fueron anuladas por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Algunos abogados, tras los encarcelamientos, hablaron con Correa de blindar el dinero en el extranjero para eludir las comisiones rogatorias e impedir el bloqueo del dinero en cuya búsqueda sigue obsesionado Pedreira. 

(www.elpais.com, 11/10/10)

AGUIRRE: "A MÍ ME LLEVARÍAN A LA CÁRCEL POR COHECHO IMPROPIO" 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha salido en defensa de Francisco Camps, relacionado con el caso Gürtel por haber aceptado supuestamente trajes de una de las empresas del entramado de Correa, el cerebro de la trama.  

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Aguirre se ha escandalizdo con "ese nuevo delito llamado cohecho impropio". "Cuando yo estudiaba derecho, el cohecho era aceptar una dádiva a cambio de algo, pero ahora el impropio es aceptar un regalo en consideración de la función, pero como no dice la valía del regalo, algunas 'pulseritas' podrían ser cohecho impropio, de modo que me lleven a la cárcel ya", ha sugerido. "Con el cohecho impropio me llevarían a mí a la cárcel", ha insistido, "porque a mí me regalan toda clase de cosas sin valor".   

La dirigente conservadora ha optado por la línea del victimismo elaborada por su partido para defender la inocencia de Camps al afirmar que los informes policiales, que "no condenan a nadie, de momento", son fruto de "una camarilla en la que estaba un señor que participó en una cacería con Garzón y al que acaba de nombrar Rubalcaba y que presuntamente aparece en el caso Malaya".  

Además, ha asegurado que los ciudadanos "lo que no perdonan es que usemos nuestro cargo para hacernos ricos de manera corrupta" para añadir que "cuando Camps llegó a la política tenía un patrimonio y no le ha aumentado". Sobre este tema, Aguirre ha apuntado que su Gobierno se vió afectado por la trama Gürtel y que las personas implicadas "están todos fuera del partido". "Y creo que en Valencia también lo están", ha afirmado. 

Sobre su rival en las próximas elecciones autonómicas, Tomás Gómez, la presidenta regional ha asegurado que se trata de "un rival muy respetable" al que ha criticado por "hacer una oposición que no ha resultado creíble para los madrileños". "Criticar por criticar no le ha resultado efectivo", ha añadido.  

Aguirre no se siente preocupada por la elección de Gómez , aunque ha "seguido con interés el proceso de primarias" en el que no ha visto "una sola idea en que los candidatos hayan discrepado". "Eran cuestiones personales sobre si una es más atractiva que el otro", ha ironizado.  

Aún así, la conservadora no quiere relajarse ni confiarse. "Todos los rivales me parecen duros y correosos y mi peor enemigo es el exceso de confianza", ha afirmado. 

Aguirre ha vuelto a repetir elogios hacia Francisco Álvarez-Cascos, que aún no es candidato, aunque para la presidenta regional es un apersona "que suma" para el partido y de la que "una inmensa mayoría de ciudadanos" piensa que "podría hacer mucho por Asturias". "En este momento en que Areces lo deja, es una oportunidad para el PP". 

También ha echado un capote al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que pidió a las Comunidades Autónomas un mayor control de las cuentas, llegando a proponer "un límite de gasto". "No es ningún secreto que estoy de acuerdo con él", ha afirmado la conservadora, que pide "imponer la ortodoxia financiera".  

"España debería usar la crisis para arreglar los problemas que tiene", ha continuado Aguirre que cree que "la descentralización" tiene una parte "de incremento de gasto que hay que cuidar". Por esa razón ha pedido que si se ceden competencias a los entes regionales, se mantengan y no se dividan entre ayuntamientos y Gobierno central. "La crisis es una buena base para comenzar las negociaciones", ha añadido después de pedir que "los dos grandes partidos" aprovechen la situación de crisis "para arreglar lo que tenemos que arreglar". 

(www.publico.es, 07/10/10)

LO QUE AGUIRRE NO CUENTA DE LOS ACTOS DEL 11-M: LA DERECHA PERMITIÓ QUE SUS AMIGOS GÜRTEL HICIERAN NEGOCIOS CON LOS MUERTOS  

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ya ve a Tomás Gómez como un peligroso rival de cara a mantener su mayoría absoluta en Madrid. De hecho, este miércoles la líderesa del PP no ha dudado en cargar contra su contrincante socialista por no haber “tenido a bien” atender a las numerosas llamadas de teléfono que, según ha dicho, le ha hecho para felicitarle por su victoria frente a Trinidad Jiménez.  

No obstante, Aguirre ha indicado que el comportamiento de Gómez es propio de alguien "que no acudió al homenaje a las víctimas del 11-M" o que hizo un acto paralelo al de la Comunidad en la fiesta del 2 de mayo de 2009. Sin duda, sorprende que la presidenta del PP madrileño utilice los actos de homenaje a las víctimas del atentado de Atocha para atacar a los socialistas cuando fue su gobierno el que permitió que la trama Gürtel hiciera negocios con los muertos.  

Negocios con el 11-M  

En concreto, el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó. según el sumario, a Marketing Quality Management (MQM), empresa proveedora de la trama Gürtel, facturas infladas al 400% por organizar el homenaje a las víctimas del 11-M celebrado en 2008 en la Puerta del Sol. De este modo, la empresa de la trama corrupta ligada al PP pudo embolsarse 118.595 euros por montar la escenografía de un acto que apenas duró 5 minutos.  

Sin ética alguna  

Pero esta no fue la única ocasión que el Gobierno de Aguirre permitió que sus amigos Gürtel aumentaran sus ingresos a costa de las víctimas del atentado más duro ocurrido en España. El 25 de marzo de 2004, dos semanas después del atentado, fue la terminal corrupta Easy Concept la que se llevó 140.000 euros por el montaje. Dada la cuantía, la entidad fraccionó los cobros en 15 facturas, todas inferiores a 12.000 euros (el tope para no salir a concurso). Quien habría teledirigido esa operación sería Alberto López Viejo, entonces asesor extraoficial de Aguirre. Dos meses después, el protegido de la lideresa ingresó oficialmente en el Ejecutivo.  

Tomás homenajeó a las víctimas  

Asimismo, cabe aclarar que Tomás Gómez fue elegido secretario general del PSM en julio de 2007. Todos los años, excepto en 2009, acudió a las ceremonias de recuerdo a las víctimas celebradas en la sede del Gobierno regional. Si ese año no acudió a Sol fue porque su partido había decidido boicotear todos los actos presididos por Esperanza Aguirre por su "falta de respeto institucional". Y es que los socialistas estaban muy enfadados por el "carpetazo en falso" que el Gobierno del PP dio a la polémica comisión de espionaje. Eso sí, Gómez suspendió su agenda ese 11 de marzo de 2009 para reunirse a lo largo de todo el día con las víctimas del terrible atentado perpetrado por Al-Qaeda.  

(www.elplural.com, 07/10/10)

LOS JUECES ANULAN LA ADJUDICACIÓN DEL PALACIO DE BOADILLA A LA SGAE 

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) han decidido anular la adjudicación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) del palacio del Infante Don Luis a la Fundación Autor, dependiente de la Sociedad General del Autores y Editores (SGAE). Los cinco jueces justifican esta decisión al considerar que la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado entonces por Arturo González Panero (PP), se realizó "con absoluto desconocimiento" del procedimiento y de los requisitos que la regulan. Panero, imputado en el caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, fue expulsado del PP. 

Para obtener esta adjudicación la SGAE se comprometió en noviembre de 2006 a invertir 30 millones de euros para rescatar de la ruina en la que se encuentra al palacio del Infante Don Luis, construido por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1765 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El edificio, una vez rehabilitado, iba a ser destinado a albergar la sede de la Fundación Autor. El compromiso entre la SGAE y el Ayuntamiento se selló con la firma de un contrato entre el alcalde de Boadilla del Monte y el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, por el que se le cedía el palacio durante 75 años. A cambio se comprometían a rehabilitar, conservar y mantener el edificio. 

En ese sentido, el Ayuntamiento de Boadilla con Juan Siguero (PP) como alcalde rescindió a finales de mayo el contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de la Fundación Autor. El propio Siguero justificó esta decisión por la "inadecuación" del proyecto presentado por la SGAE a las "especificaciones técnicas" marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en los jardines. 

Esta decisión judicial, que discrepa de la sentencia dictada en primera instancia por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Madrid, había desestimado la denuncia del abogado y concejal de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, supone un nuevo traspiés para un Ayuntamiento que ha sido seriamente golpeado por la corrupción, convirtiéndose en el epicentro madrileño de la Operación Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. 

A la postre, el TSJ ha terminado por dar la razón al representante de APB, que alegaba que la concesión era nula de pleno derecho. "La justicia vuelve a darnos la razón con esta sentencia. Gracias a eso volvemos a recuperar el palacio para los vecinos de Boadilla. Y no ha sido nada fácil, ya que el PP decidió con su mayoría absoluta adjudicar ilegalmente esta concesión a la SGAE, y Alternativa por Boadilla ha tenido que oponerse en solitario". 

La sentencia, que es firme y ante la que no cabe recurso, ahonda en las graves irregularidades detectadas. Como que en la concesión no se ha observado ninguna de las formalidades ni requisitos descritos en la normativa vigente, al mismo tiempo que "falta" la aprobación previa del proyecto de obras que no fue realizado con anterioridad a la adjudicación. Los magistrados recuerdan que el proyecto de actuación de obras fue aprobado después de haberse adjudicado el uso del palacio, según un informe de la Comunidad de Madrid. 

La SGAE emitió ayer un comunicado de prensa en el que destaca que la Fundación Autor "no tiene ninguna responsabilidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento". Además, recuerda que el Consistorio decidió a finales de mayo extinguir la concesión del uso privativo del inmueble, por lo que esta entidad privada daba ya el expediente por terminado. 

(www.elpais.com, 05/10/10)

EL JUEZ INCORPORA LA FINANCIACIÓN DEL PP DE MADRID AL NÚCLEO DEL 'CASO GÜRTEL' 

El juez instructor del caso Gürtel ha dado un paso clave en las pesquisas sobre la financiación del PP madrileño a través de Fundescam, fundación a la que la red corrupta endosó facturas de las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo. Antes de las vacaciones de agosto, Pedreira decidió que lo relativo a Fundescam se uniera al sumario en la parte que continúa secreta y que dejara, por tanto, de instruirse como pieza separada. Fuentes del caso subrayaron ayer a Público el significado de esa decisión: que el juez valora Fundescam como un elemento indisolublemente unido a las pesquisas sobre la trama y no como una mera derivada. Las piezas separadas se forman con asuntos conectados al sumario original pero que, por su carácter colateral, se consideran ajenos al núcleo de la investigación.  

En fechas cercanas a aquella en que Pedreira adoptó su decisión, la policía le envió un informe de 50 páginas que recogía sus avances en la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño a través de Fundescam. Un año antes, en julio de 2009, la Brigada de Blanqueo ya había remitido al juez un dossier en el que desgranaba la mecánica supuestamente delictiva que seguía la fundación.  

Ahora, el balón está en el tejado de la Fiscalía Anticorrupción, que deberá pronunciarse: es decir, pedir declaraciones o nuevas pruebas. O no pedir nada sobre la fundación que presidió la propia Esperanza Aguirre desde marzo de 2005 y hasta poco después de que, en mayo de 2009, Público desvelase sus conexiones con la trama de Francisco Correa. Su predecesor en Fundescam fue Pío García Escudero, ahora portavoz del PP en el Senado. 

Pero, al incorporarse a autos las actuaciones sobre Fundescam, el juez puede mantenerlas vivas aun si Anticorrupción posterga su pronunciamiento. Ahora bien, cuanto más tiempo transcurra, mayores serán las posibilidades de que el PP madrileño alegue la prescripción del presunto delito electoral, uno de los que, según las fuentes consultadas, serían atribuibles a quienes dirigían Fundescam.  

Entre 2003 y 2004, Fundescam captó más de un millón de euros en donaciones procedentes de notorios empresarios, con el todavía presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a la cabeza. Seis de las empresas donantes lograron luego de la Comunidad de Madrid más de 200 contratos cuyo importe global superó los 300 millones de euros. 

Ferviente admirador de Esperanza Aguirre, Gerardo Díaz Ferrán fue el donante más generoso: aportó a la fundación del PP madrileño 240.000 euros. Su empresa Marsans obtuvo después cuatro contratos sucesivos del Gobierno de Madrid para gestionar los viajes de mayores. Y esos cuatro contratos le reportaron 16,7 millones de euros en el cuatrienio 2005-2008.  

Fundescam endosó a Special Events, entonces buque insignia de la red corrupta, más de 300.000 euros correspondientes a deudas electorales del PP. Para ocultar que se trataba de una deuda partidaria con la que el PP podía estar vulnerando el límite máximo de gasto que marca la legislación electoral, Special Events camufló las facturas como si tuvieran su origen en trabajos hechos para la fundación Fundescam. En el registro a uno de los pisos francos de la red, la policía halló un archivo encriptado de formato excel que acreditaba el falseamiento de facturas y corroboraba las informaciones publicadas por este diario. 

Esa información quedó consignada en el informe que la Brigada de Blanqueo envió al juez Pedreira y al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) el 31 de julio de 2009. En sus páginas, la policía citaba de forma expresa dos hojas de cálculo de Special Events con los siguientes nombres: "Facturación P.P.Madrid.xls" y "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls". 

Las fuentes consultadas ayer no precisaron si Fundescam ha remitido ya al juez la contabilidad de los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2009. Tampoco desvelaron si el juez ha pedido a la fundación que certifique quiénes eran sus rectores en 2003 y 2004, los dos años que aparecen en el listado de facturas supuestamente falsificadas.  

Las cuentas de Fundescam, a las que este periódico logró acceder previo requerimiento notarial, muestran cómo los ingresos de la fundación evolucionaron de año en año según hubiera o no elecciones. En 2003, cuando el tamayazo impidió gobernar al PSOE y abrió a Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid tras la repetición de las elecciones autonómicas, Fundescam recaudó 649.255 euros en donaciones empresariales. En el ejercicio siguiente, fecha de las primeras elecciones generales que ganó Zapatero, la fundación obtuvo por esa vía 292.319 euros. En 2005, año en que no se celebraron comicios, la fundación anotó un cero en la casilla de donaciones.  

La Agencia Tributaria acaba de remitir al juez Pedreira un listado con los informes realizados hasta la fecha y aquellos otros que quedan pendientes. Entre estos últimos figura el relativo a Grupo Rafael, cuyas cuentas solicitó investigar la fiscalía bajo la sospecha de que había actuado como empresa pantalla de la red corrupta.  

Como informó este diario en abril, la contabilidad secreta de la ‘trama Gürtel' computaba la facturación de Grupo Rafael como si se tratara de una empresa de su conglomerado.  

Anticorrupción pidió a Hacienda que investigara los contratos otorgados a Grupo Rafael por varias administraciones del PP, entre ellas la Comunidad de Madrid.   

(www.publico.es, 05/10/10)

UN IMPUTADO DE LA GÜRTEL SE NIEGA A DECLARAR PESE A COMPARECER A PETICIÓN PROPIA

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha confirmado hoy la imputación por 11 delitos de Francisco Rodríguez Pendas, ex asesor del diputado regional y ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. Rodríguez Pendas ha comparecido hoy a petición propia ante el magistrado aunque se ha negado a declarar amparándose en el artículo 24 de la Constitución.

Pedreira ha decidido mantener las imputaciones contra el acusado, aunque no ha decretado contra él medida cautelar alguna, según informa el TSJ de Madrid en una nota.

Rodríguez Pendas es una de las cuatro personas que la policía pidió al juez detener, antes del verano, en lo que cabría definir como la segunda fase de la Operación Gürtel en las Comunidades de Madrid y Valencia, en la que resultaron implicadas otra veintena de personas, entre funcionarios de sendas regiones y empresas colaboradoras de la red corrupta.

El imputado se ha negado a responder hoy sobre las decenas de contratos troceados que, por orden del también ex consejero de Deportes López Viejo, otorgó la Consejería de Presidencia a la red Gürtel. Rodríguez Pendas, entonces hombre de confianza de López Viejo, figura como implicado en una trama que proporcionaba a Gürtel contratos bien directamente o bien a través de empresas utilizadas por la red mafiosa de Correa como pantalla desde 2004.

Por ejemplo, el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias el 12 de septiembre de 2007, que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Gobierno de Aguirre. La puesta en escena la realizó Easy Concept, una de las sociedades corruptas de Correa, si bien, como tapadera ante la opinión pública, para que nadie sospechase de amaños en la Comunidad a favor de Correa, fue utilizada como adjudicataria la firma MQM (Marketing Quality Management). La empresa tapadera se llevaba supuestamente una comisión por prestarse al chanchullo.

(www.elpais.com, 30/09/10)

EL JUEZ DEL GÜRTEL CITA COMO IMPUTADO A UN EX ASESOR DE ALBERTO LÓPEZ VIEJO 

El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en Madrid, ha citado para el próximo día 30, como imputado de 11 delitos, a Pedro Rodríguez Pendas, ex asesor del ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, quien supuestamente recibió de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa más de 250.000 euros a cambio de adjudicarle a dedo contratos del Gobierno regional. Rodríguez Pendas es una de las cuatro personas que la policía pidió al juez detener, antes del verano, en lo que cabría definir como la segunda fase de la Operación Gürtel en las Comunidades de Madrid y Valencia, en la que resultaron implicadas otra veintena de personas, entre funcionarios de sendas regiones y empresas colaboradoras de la red corrupta. 

Entre las personas cuya detención también pedía la policía, e incluso el registro de su despacho, se halla el actual alcalde de Boadilla, Juan Jesús Siguero, y otros dos asesores del Gobierno de Esperanza Aguirre. Siguero accedió a la alcaldía de Boadilla, como sustituto de Arturo González Panero, El Albondiguilla, con el respaldo del PP de Madrid, pero dimitió tras acreditar la policía que había cobrado comisiones de la red Gürtel que superan los 500.000 euros. 

El juez y la Fiscalía Anticorrupción quieren interrogar a Rodríguez Pendas, que había pedido comparecer voluntariamente, sobre las decenas de contratos troceados que, por orden del también ex consejero de Deportes López Viejo, otorgó la Consejería de Presidencia a la red Gürtel. Rodríguez Pendas, entonces hombre de confianza de López Viejo, figura como implicado en una trama que proporcionaba a Gürtel contratos bien directamente o bien a través de empresas utilizadas por la red mafiosa de Correa como pantalla desde 2004. Por ejemplo, el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias el 12 de septiembre de 2007, que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Gobierno de Aguirre. La puesta en escena la realizó Easy Concept, una de las sociedades corruptas de Correa, si bien, como tapadera ante la opinión pública, para que nadie sospechase de amaños en la Comunidad a favor de Correa, fue utilizada como adjudicataria la firma MQM (Marketing Quality Management). La empresa tapadera se llevaba supuestamente una comisión por prestarse al chanchullo. 

En principio, el juez Pedreira iba a tomar declaración hoy, viernes, a Rodríguez Pendas, pero el juez ha optado por citarle en forma y con todas las garantías y por ello ha aplazado el interrogatorio hasta el próximo día 30. En la citación le indica que acuda como imputado de 11 delitos. Entre ellos destacan tráfico de influencias, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales. 

(www.elpais.com, 24/09/10

EL EX ASESOR DE LÓPEZ VIEJO, ANTE PEDREIRA POR LA 'GÜRTEL' 

El asesor técnico del ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendas, ya tiene fecha para declarar como imputado ante el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira. Pidió declarar voluntariamente después de que varias informaciones le relacionaran con la trama corrupta y el juez le ha citado para mañana. 

Rodríguez Pendas, que fue asesor de López Viejo mientras este fue viceconsejero de Presidencia de Madrid, aparece en informes policiales como quien dio instrucciones a la red presuntamente dirigida por Francisco Correa para trocear los contratos en cantidades inferiores a 12.000 euros, y así eludir la licitación pública de las adjudicaciones. 

Se sospecha que era uno de los que ayudaban a la trama a cobrar las facturas que les planteaban problemas con las consejerías de Madrid. Tras hacerse público este dato, el PSM pidió su imputación en la causa. 

En 2007, López Viejo pasó de Presidencia a la Consejería de Deportes, cargo del que dimitió al estallar el caso Gürtel, en el que se le atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.  

(www.publico.es, 23/09/10)

LA FISCALÍA CONSIDERA "EXCESIVO" QUE BOADILLA PAGUE 5,9 MILLONES A CORREA 

La Fiscalía Anticorrupción considera que los 5,9 millones de euros que se ha comprometido a pagar la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) a la sociedad Artas Consultores, una de las empresas implicadas en la trama Gürtel, es una cantidad "excesiva". Por eso, se oponen al acuerdo suscrito entre el representante legal de la firma, el imputado Ramón Blanco Balín, en virtud del cual el Consistorio asumía la hipoteca de esta sociedad, cuyos propietarios renunciarían al uso y explotación de 33 locales comerciales y 138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI. 

Estas superficies fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda a Rústicas MBS, SL, de Ramón Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario. El sumario Gürtel pone de manifiesto que en realidad el auténtico propietario de ambas firmas es el cerebro de la trama, Francisco Correa, por lo que está intervenida judicialmente.  

En un informe dirigido al magistrado instructor del caso, Antonio Pedreira, que es quien deberá tomar una decisión definitiva, el fiscal justifica su oposición al acuerdo: "La suscripción del contrato inicial podría constituir una infracción penal de lo que derivaría inexorablemente su declaración de nulidad". Y en el caso de declararse nula esa operación acordada en 2005, según el documento del ministerio público, serviría de base a una "extinción unilateral" por parte de la empresa municipal del suelo "con un menor coste" para Boadilla. 

Anticorrupción considera, además, que el acuerdo es perjudicial para Boadilla porque el contrato de resolución de la adjudicación goza de una garantía de dos millones de euros ajena a los inmuebles gravados por la hipoteca que se hiciera efectiva en caso de impago. Asimismo, el fiscal explica que, hasta el momento, todos los plazos se están abonando con los fondos embargados a la mercantil Artas Consultoría, los cuales se incrementan con los ingresos percibidos mensualmente en concepto de alquiler. Entre otras instituciones, la Policía Local de Boadilla y la Empresa Municipal del Suelo pagan un alquiler mensual. 

Esta operación ha sido rechazada por la interventora municipal del Ayuntamiento, quien en un informe anunció su "disconformidad". El trato también fue criticado por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por Boadilla), ya que la hasta hace unos meses edil Rosalía de Padura (la mujer del que fuera accionista de Artas, Tomás Martín Morales) participó en la votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el PP dio el visto bueno a la operación.  

El portavoz del PSM, Pablo Nieto, asegura que Anticorrupción "defiende" a los vecinos: "Frente a los intereses de las empresas implicadas, es vergonzoso e indecente que el alcalde pretenda pagar 5,9 millones más a Correa". Nieto rechaza que se asuma la hipoteca, y plantea otra opción: "Debe rescindirse el contrato y defender esta decisión en los tribunales". 

Por otra parte, el PSM, como acusación popular del caso Gürtel, ha pedido al juez que llame a declarar al alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), en calidad de imputado. Los socialistas quieren que explique su participación en las adjudicaciones del Consistorio que están siendo investigadas por Pedreira, y por las que la policía ha pedido su detención. 

(www.elpais.com, 21/09/10)

ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE BOADILLA ASUMA UNA DEUDA DE CORREA 

La fiscalía anticorrupción se opone a que la empresa municipal del suelo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) asuma una hipoteca de 7,1 millones de euros que la empresa Artas Consultores, propiedad de Francisco Correa, tiene con una entidad financiera. 

La última palabra la tiene el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que será quien tome la decisión acerca de si permite esta operación, que posibilitaría al Consistorio de Boadilla recuperar el uso de 33 locales comerciales y 138 aparcamientos en la zona del municipio denominada Residencial Siglo XXI. La empresa Artas Consultores está intervenida judicialmente, por lo que cualquier operación debe tener la autorización de la autoridad competente, en este caso el juez Pedreira. 

Los locales comerciales y aparcamientos que trata de rescatar el Consistorio fueron adjudicados por la empresa municipal del suelo de Boadilla -cuyo gerente era otro imputado en el Gürtel: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor- en 2005 a la empresa Rústicas MBS, encabezada por Ramón Blanco Balín. 

Este empresario, también imputado por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales en el caso, es considerado uno de los testaferros de Correa, finalmente traspasó la propiedad a otra sociedad: Artas Consultores, dirigida por él mismo. 

Pero un informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario de la operación que inició el juez Baltasar Garzón destapó que Artas Consultores es, en realidad, propiedad de Correa, aunque también fueron accionistas de la misma Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales, ambos acusados en Gürtel. Precisamente el parlamentario, expulsado del grupo parlamentario popular en la Asamblea, fue el encargado de rebajar el canon anual que debía pagar la empresa al Ayuntamiento, que pasó de 244.750 euros a 84.344 euros, aumentando los años de concesión de 75 a 99 años. No obstante, la investigación del juez ha puesto de manifiesto que esta empresa de Correa no ha llegado a pagar ni un solo euro por el canon. 

El juez Pedreira está en espera de recibir un informe de los funcionarios de la Intervención General del Estado, que hace dos meses recibieron el encargo de que investigaran la mencionada operación. Con toda esta documentación sobre la mesa, incluyendo un informe de la empresa acerca de una valoración realizada por técnicos de la Comunidad de Madrid, el magistrado tendrá que tomar una decisión al respecto. También tendrá que decidir si llama a declarar como imputado al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), presuntamente por facilitar información municipal confidencial a las empresas de la trama Gürtel. 

Un portavoz del Ayuntamiento aseguró ayer que el Consistorio aprobó la operación con la intención de desbloquear una de las zonas comerciales más importantes del municipio. 

(www.elpais.com, 20/09/10)

EL FISCAL PIDE EXPULSAR AL PP DE LA 'GÜRTEL' POR "FRAUDE DE LEY"

No es la primera vez que lo dice, pero se nota que ahora lo hace con el convencimiento de que el tiempo le ha dado la razón. La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedir la expulsión del PP del caso Gürtel por "claro fraude de ley por cuanto desempeña una labor de defensa amparándose en su condición de acusación popular". La fiscalía sostiene que, en vez de acusar para tratar de esclarecer lo ocurrido con la trama de corrupción, el PP ejerce la defensa, y de sus escritos, "plagados de descalificaciones contra todos los funcionarios intervinientes en la causa", se infiere que lo que busca "es realmente el archivo de los hechos".

Como ejemplo cita el recurso que el partido conservador interpuso contra el auto de inhibición a favor de Valencia dictado por el instructor en Madrid, el magistrado Antonio Pedreira. Una resolución que "ninguna de las defensas ha impugnado", destaca la fiscalía.

Anticorrupción se adhiere en su escrito a la petición formulada por los socialistas valencianos a finales de julio y notificada el pasado día 1 a las partes. El ministerio público recuerda, como hacía el PSPV en su escrito, que la investigación judicial se extiende ahora a la posible comisión de delitos electorales en el seno del Partido Popular valenciano. Es decir, se investigan unos hechos "que previsiblemente podrían afectar directa o indirectamente" al PP.

Y así, ambas acusaciones y la que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) neutralizan la única alegación presentada por el PP para oponerse a su expulsión del procedimiento: que la Sala de lo Civil y Penal ya rechazó una petición similar que Anticorrupción formuló el pasado 6 de octubre.

En esa ocasión, el tribunal se basó en que determinar cómo iba a ejercer la acusación el PP "se trataba de una mera hipótesis". Sin embargo, su actuación, lejos de disipar los temores que planteaban las demás acusaciones, los ha confirmado. ADADE apunta que "la forma de ejercicio de dicha legítima condición de origen la ha convertido claramente en ilegítima".

"La actividad procesal y extraprocesal del Partido Popular a partir de esa fecha es absolutamente reveladora del verdadero papel que asume en esta causa y que no es otro que el de una defensa más", señala Anticorrupción. Otra prueba de ello es que también recurrió la providencia con la que el juez Pedreira requería a la Abogacía de la Generalitat valenciana la identificación de las personas que ocuparon cargos en la Administración de su competencia.

ADADE asegura no haber encontrado "ningún caso en el que un supuesto acusador popular desnaturalizase su condición". Esta prueba era imprescindible tras el informe de la Intervención General de la Administración del Estado que ponía de manifiesto "la continua y reiterada infracción de todos los principios básicos de la contratación pública en los contratos examinados".

ADADE, que dice haber realizado una "exhaustiva investigación", asegura no haber encontrado "ningún caso en el que un supuesto acusador popular desnaturalizase su condición y se convirtiera objetivamente en una defensa más, ya sea de los imputados, ya fuere de la organización política (el PP) a la que muchos de ellos pertenecen".

Esta acusación también afirma que "el sentido común jurídico y la propia filosofía y ratio de la figura de la acusación popular abona su tesis: la absoluta incompatibilidad ante la actitud adoptada por la dirección técnica del PP en este proceso, con su ubicación como acusador popular en el mismo".

Por otra parte, el ex tesorero y senador del PP hasta el pasado 19 de abril, Luis Bárcenas, se personó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez Pedreira tendrá que volver a interrogarlo como imputado, junto con el ex diputado de esta formación Jesús Merino. Ambos comparecieron ya en el Tribunal Supremo como imputados por la condición de aforados que entonces mantenían.

(www.publico.es, 16/09/10)

ANTICORRUPCIÓN PIDE EXPULSAR AL PP DEL PROCESO DEL GÜRTEL POR ESTAR IMPLICADO

La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedir al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que "expulse" del proceso al PP en su actual condición de acusación popular al entender que puede verse afectado por "la posible comisión de delitos electorales en el seno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

Anticorrupción entiende que la investigación ha destapado pruebas suficientes de la implicación del PP en la trama corrupta. El PP, ahora personado como acusación particular, pretende evitar mediante un recurso que todos los indicios de delito que pesan sobre el PP valenciano puedan ser investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por lo que rechaza el auto de inhibición del juez Pedreira a favor del traslado de una parte de la causa a la Comunidad Valenciana por estar implicados en los supuestos delitos dirigentes del PP aforados.

Con su petición al juez, formulada en un escrito del pasado 8 de septiembre, la Fiscalía se adhiere así a la solicitud formulada ante el juez por el PSOE de Valencia en la que se señala que el PP está actuando en el caso Gürtel como defensa de los imputados y no como acusación particular. El juez Pedreira ya rechazó hace meses una petición similar de la fiscalía.

(www.elpais.com, 16/09/10)

FINANCIACIÓN ILEGAL Y OTRAS EMPRESAS IMPLICADAS 

El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, deberá decidir en los próximos días si, como le ha pedido la policía, si interroga o detiene al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, sustituto de Arturo González Panero, uno de los principales implicados en la trama corrupta por el cobro de cientos de miles de euros a cambio de favorecer los intereses de Francisco Correa y su red empresarial. 

Siguero, según las investigaciones policiales, colaboró activamente en las gestiones para favorecer a la trama corrupta en diversos contratos. Aún sigue como alcalde. Cuando se destapó el caso, el PP intentó sustituir a Panero con una concejal, pero Siguero impuso su poder en Boadilla para hacerse con el cargo. La policía también ha pedido al juez que ordene la detención de tres personas de confianza del diputado autonómico Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y mano derecha de la presidenta Esperanza Aguirre. 

Las tres personas trabajaban en la Consejería de Presidencia durante la etapa en que todos los actos institucionales presididos por Aguirre eran organizados por la trama corrupta, a los que se adjudicaba el trabajo sin concurso previo, según la investigación. En esta trama, la policía ha encontrado a otras empresas privadas que hacían de intermediarias para que el dinero llegara a la red Gürtel. 

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga múltiples operaciones urbanísticas sospechosas en la Comunidad de Madrid relacionadas con la trama corrupta y una supuesta financiación ilegal del PP a través de una de sus fundaciones, Fundescam. El juez ha ordenado en los últimos días el embargo de bienes de alcaldes y diputados autonómicos del PP, que no han hecho frente a la fianza de responsabilidad civil que les impuso. 

(www.elpais.com, 13/09/10)

EL JUEZ DEL GÜRTEL INTERROGA A UN EX FUNCIONARIO DE MAJADAHONDA 

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, tomará hoy declaración como imputados a un ex funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda y a dos empresarios. Se trata de Luis Valos San Román, ex director del área de Nuevas Tecnologías de este Consistorio madrileño; del ex presidente de la sociedad Sufi, SA, Rafael Naranjo Anegón, y José Luis Cortés Bañares.  

Al ex funcionario de Majadahonda, que ahora trabaja en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, Pedreira le acusa de cooperación en un delito de prevaricación por su intervención en una adjudicación millonaria que benefició a las empresas del cerebro de la trama Gürtel.  

Este ex empleado de Majadahonda fue el autor, según el sumario, de los pliegos y los informes técnicos que condujeron a la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Majadahonda a la empresa Technology Consulting Management (TCM), vinculada a la red corrupta. 

Por su parte, el empresario Naranjo está acusado de un delito de cohecho continuado, según el sumario instruido por Pedreira, que especifica que Naranjo podría haber pagado "una comisión" de 1.232.074 euros por intermediar en una adjudicación de 48 millones de euros de la Concejalía de Limpieza Urbana de Madrid de la que era responsable Alberto López Viejo, también imputado. A la tercera persona que declarará hoy ante el juez, José Luis Cortés Bañares, se le acusa de los delitos de falsedad y fraude fiscal. 

(www.elpais.com, 09/09/10) 

EL JUEZ DEL 'EL CASO GÜRTEL' DESVELARÁ EL SECRETO DE SUMARIO EN OCTUBRE. T

ambién se destapará el contenido de las piezas de Fundescam y la relativa a los contratos de la Comunidad con empresas de Correa.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, levantará a finales de octubre el secreto del sumario que destapará la totalidad de la causa. También revelará las piezas separadas del groso de la investigación, entre las que se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del PP a través de la fundación Fundescam, así informaron fuentes jurídicas.

Los flecos que quedan aún por resolver para que la investigación penal concluya se refieren a la resolución de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la inhibición a favor de Valencia de la parte que alcanza a la cúpula del Gobierno de Francisco Camps, así como la resolución de los recursos que se presenten en el incidente de nulidad por las escuchas telefónicas realizadas en la prisión de Soto del Real.

El levantamiento del sumario incluirá el contenido de las piezas separadas. Una de las piezas se refiere a las intervenciones de las comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados.

"Podría haber pagado a la organización de Correa, la cantidad de 1.232.074,8 €" 

El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal acordó anular todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas anuladas.

Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual presidenta, Esperanza Aguirre.

Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que esta pieza se desgajó a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado del PSM y la defensa de una diputada de IU.

Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales gobernadas por el PP con la facturación entre los años 2000 y 2009 con las empresas que conforman el Grupo Rafael.

Niegan la imputación

Por otro lado, el juez ha tomado declaración al que fuera director del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda, Luis Valor San Román, y a José Luis Cortes Bañares. Ambos han negado su participación en la red corrupta de Correa.

Estaba prevista la declaración también del empresario Rafael Naranjo Anegón, que presidió la empresa Sufi, pero quedó aplazada al certificar éste un problema de salud.

Según el juez, Sufi, a través de Naranjo, "podría haber pagado a la organización de Correa, la cantidad de 1.232.074,8 euros, que se correspondería con un porcentaje del 3 por ciento del monto total de la adjudicación, en concepto de comisión, por su intermediación ante un cargo público con responsabilidad de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, y por tanto, con capacidad de adjudicación de contratos públicos".

En su declaración, San Román negó su participación en el expediente de 'consultoría y asistencia técnica para el diseño e implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano' de Majadahonda.

Así, aparece como la persona que elabora los pliegos y hace los informes técnicos de la adjudicación inicial de Technology Consulting Management S.L. Según el juez, "las irregularidades se hacen constar en el Informe emitido por la Unidad de Auxilio de la Intervención General del Estado, de fecha 29 de mayo de 2009.

www.publico.es 09.09.10

UN EX ASESOR DE LÓPEZ VIEJO PIDE DECLARAR EN GÜRTEL 

El abogado de Pedro Rodríguez Pendás, que fue asesor técnico del diputado regional en la viceconsejería de Presidencia encabezada por Alberto López Viejo, ha solicitado al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que su cliente pueda comparecer ante el tribunal de forma voluntaria.  

La solicitud se realiza a consecuencia de las informaciones publicadas que reflejan un informe de la Policía Judicial en el que se solicita la detención de este ex asesor de la Comunidad y de otras tres personas, una de ellas el alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP). El primer edil de Boadilla fue el encargado de suceder a Arturo González Panero, imputado en la trama y conocido por los demás miembros de la red como El Albondiguilla. 

El documento, que se encuentra sobre la mesa del despacho del juez Pedreira, pone de manifiesto que los miembros de la trama Gürtel acudían a Rodríguez Pendás y otros empleados de la Consejería de Presidencia para tratar de cobrar los contratos "problemáticos". En un escrito presentado ante el magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado del ex asesor indica que "no teniendo nada que ocultar" su cliente, y "desde su responsabilidad", Rodríguez Pendás ha manifestado su voluntad de ponerse a disposición del juez. 

El sumario revela que tres empleados de Presidencia se encargaban de conseguir que las facturas inicialmente rechazadas por los distintos departamentos de la Comunidad de Madrid se cobraran. 

El dossier elaborado por la Policía Judicial transcribe un correo electrónico de la trama del 12 de septiembre de 2006 que demostraría que al menos seis facturas de la Consejería de Presidencia de la Comunidad, de un importe total de 62.000 euros, fueron finalmente abonadas "después de las gestiones realizadas con Carmen, secretaria de López Viejo", uno de los principales acusados por la mayor trama de corrupción de la democracia y al que el juez Pedreira acusa de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. 

El informe explica que en 2006, cuando la organización corrupta acumuló 65 facturas sin cobrar en varios departamentos del Gobierno de Aguirre, por un valor de 362.903 euros, una empleada de la empresa de Correa Servimadrid acudió inmediatamente a Rodríguez Pendás para interesarse por la situación 

(www.elpais.com, 07/09/10

RAPAPOLVO DE PEDREIRA A LOS LETRADOS DE LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS POR ENTORPECER EL CASO

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira Andrade, ha reprochado a la defensa de los diputados regionales del PP de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch su estrategia de recurrir "una y otra vez" todas las resoluciones y de exigir reiteradamente la nulidad de actuaciones para impedir que el juicio oral pueda celebrarse, "como si los graves hechos ocurridos no hubiesen sucedido".

La defensa de los diputados regionales impugnó un auto de Pedreira exigiendo que se les diese traslado de todas las conversaciones intervenidas en prisión a los principales imputados con sus abogados, pese a que dichas conversaciones no les afectaban a ellos.

En el auto, Pedreira permitía la audición íntegra de las conversaciones intervenidas únicamente a los abogados de defensores del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, su lugarteniente, Pablo Crespo, y Antoine Sánchez, uno de los testaferros. El magistrado instructor precisa que son los abogados de estos imputados los únicos que pueden acceder exclusivamente a la integridad de las conversaciones grabadas.

Pedreira asegura que "un sector de los recurrentes pretende paralizar el incidente de nulidad, interponiendo constantemente toda clase de recursos". El juez lo considera "totalmente improcedente", porque no resulta "factible ni ajustado a Derecho" y afirma que "suscita perplejidad" que soliciten la nulidad de pleno derecho contra una resolución que se limita a cumplir un auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Madrid.

El magistrado agrega que los imputados formulan sustancialmente las mismas alegaciones, con "hipótesis infundadas" y pretensiones "que deben ser rechazadas". El rapapolvo lo extiende a las "contradicciones" en que incurren y a la "impropiedad en el manejo de los tecnicismos" al confundir "una anulabilidad con una nulidad absoluta y de pleno derecho", errores que para Pedreira resultan "paradójicos y sintomáticos".

El auto impugnado, concluye el juez, es ajustado a derecho y el recurso contra el mismo parece responder "al afán de que recurran todos contra todo". Pedreira termina desestimando todos los recursos.

(www.elpais.com, 02/09/10)

PRORROGADA LA EXCLUSIVIDAD DEL JUEZ PEDREIRA AL 'CASO GÜRTEL'

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer prorrogar durante tres meses la dedicación exclusiva del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira como instructor del caso Gürtel.

El pasado 15 de abril, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid acordó eximir a Pedreira durante tres meses del reparto de otros asuntos, dado el volumen alcanzado por las actuaciones judiciales en torno a la trama corrupta de empresarios de la red Gürtel y sus implicaciones con dirigentes del Partido Popular.

Al inicio del nuevo curso judicial, el magistrado instructor del caso Gürtel tendrá que pronunciarse sobre la eventual imputación y medidas a adoptar respecto al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, y otras cinco personas del entorno del ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo.

www.elpais.es 18.08.10

SUBCONTRATAS DE CORREA COBRARON A LA COMUNIDAD UN MILLÓN DE EUROS

El Grupo Rafael también facturó a Boadilla del Monte y Arganda del Rey

Documentos del sumario del caso Gürtel prueban que el cerebro de la trama, Francisco Correa, subcontrató cuatro empresas englobadas en el Grupo Rafael que facturaron entre 2005 y 2008 más de un millón de euros a la Comunidad de Madrid, y a los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Arganda del Rey, según un informe de Hacienda que consta en la parte del sumario desvelada el 6 de abril.

Correa utilizaba estas empresas ajenas a su vasto conglomerado societario y les daba una comisión a cambio de concurrir a las adjudicaciones que él tenía amañadas con la intención de tapar la certidumbre de que las contratas siempre recaían en su grupo. Si se incluyen estas empresas pantalla, la facturación de Correa a la Comunidad sería un tercio mayor de lo hasta ahora conocido, pasando de 3 a 4,1 millones. La trama implica ya hasta ahora a más de 130 personas, en la que se considera ya la mayor red de corrupción ligada a un partido político, el Partido Popular.

Las sociedades Tecnimagen Rafael, Fotomecánica Rafael, Fotomecánica Doble M y Kilda Producciones Fotográficas mantenían "una estrecha vinculación" con Correa, aclara la policía. Y esta relación, según los agentes, se prueba con la existencia de distintos correos electrónicos interceptados por la policía en los que la organización de la red les marcaba a los gestores del Grupo Rafael unos objetivos en la facturación a la Comunidad de Madrid, a la que cobró de forma directa 807.756 euros en cuatro años.

El informe de la policía judicial resalta además otro punto que conecta a las empresas de la red con el Grupo Rafael, que era que este último asumía "los importes correspondientes a la deuda y los cobros de las empresas de Correa, como si fuera la suya propia, realizándole incluso la gestión de cobro con los distintos organismos".

Un mensaje vital

Los agentes consideran vital el contenido de un mensaje que probaría la relación de las sociedades con la trama. Enviado por "Carmen", del Grupo Rafael, a "Javier", de Easy Concept

[posiblemente Javier Pérez Alonso, hermano de Álvaro Pérez, El Bigotes'], dice: "Como verás la suma total fue de 752.179 euros, de la que se han cobrado 658.881. Las facturas pendientes van por buen camino. ¡Confío en haber alcanzado los objetivos esperados!".

Además del Gobierno regional, el Grupo Rafael facturó a la Academia de Policía Local regional (16.670 euros), la Agencia de Información y Comunicación regional (3.313), el Servicio Regional de Empleo (32.714), el Canal de Isabel II (11.628), el Instituto de Administración Pública (16.809), la Agencia Regional de Inmigración y Cooperación regional (10.624) y los Ayuntamientos de Boadilla del Monte (95.839) y Arganda del Rey (48.893).Los trabajadores de las empresas de la red Gürtel y las subcontratadas se valían de la influencia de tres empleados de la viceconsejería de Presidencia, encabezada entonces por Alberto López Viejo. Este ex cargo autonómico, que se encargaba de la organización de los actos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, es uno de los principales acusados de la trama corrupta. El juez le acusa de los delitos de cohecho [al menos cobró 250.000 euros en comisiones], tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

La policía judicial ha pedido al instructor del caso, Antonio Pedreira, la detención de los ex empleados de Alberto López Viejo: Pedro Rodríguez Pendás, María del Carmen García y Julia López Valladares. Según se desprende del sumario, se encargaban de conseguir que las facturas problemáticas se cobraran.

La influencia de estos asesores, especialmente la de Rodríguez Pendás, les hacía capaces no solo de conseguir que se cobraran las facturas de su departamento, Presidencia, sino también las de otras consejerías: Medio Ambiente, Educación, Economía, Empleo y Mujer, Sanidad, Cultura y Deportes, Inmigración, Familia y Justicia. Un correo electrónico interceptado a la trama indicaba que al menos seis facturas de Presidencia, de un importe total de 62.000 euros, fueron finalmente abonadas "después de las gestiones realizadas con Carmen, secretaria de López Viejo. Se está encargando de ello Julia López Valladares".

65 recibos sin cobrar

Cuando en septiembre de 2006 la organización corrupta acumuló 65 facturas sin cobrar, por un valor total de 362.903 euros, una empleada de la empresa de Correa Servimadrid acudió inmediatamente a Rodríguez Pendás para interesarse por la situación en un correo del 12 de septiembre de 2006.

Rocío (Servimadrid): "Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Sabes algo del tema de nuestras facturas? Te llamo y me cuentas". Este mensaje lo contesta Pedro Rodríguez Pendás: "¿Qué tal con la factura de la remodelación de Santa Cristina? ¿Esa ya os han dicho que os la pagan?". Una hora después, obtuvo respuesta de la empleada de Correa: "Sí, esa va más o menos bien, me la pagan dentro de un mes. La que me preocupa mucho es la de la primera piedra del Plan de Vivienda Joven de Navalcarnero, que se lo facturamos a Asimut Travel. Pues nada de nada, que no quieren pagar. Si pudieras hacer algo, te lo agradecería".

www.elpais.es 16.08.10

El PP de Madrid desliga a Aguirre de la financiación ilegal de sus campañas

Argumenta que no presidía el partido en 2003, cuando Fundescam pagó sus gastos electorales

El Partido Popular de Madrid intenta desligar a Esperanza Aguirre de la presunta financiación ilegal de sus campañas electorales en 2003 a través de la fundación Fundescam. No es la primera vez. Nada más estallar el escándalo, la propia presidenta regional respondió a los periodistas con un: "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío", en alusión a Pío García-Escudero, su antecesor al frente de los conservadores madrileños hasta noviembre de 2004.

En un sentido similar, ayer el partido remitió una solicitud de rectificación a Público al entender que es incorrecto el titular del diario de ayer: "La policía busca más pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Aguirre".

Informe policial

En dicho escrito, el PP de Madrid no niega ni una sola de las informaciones reveladas por Público sobre la presunta financiación irregular de los conservadores madrileños a través de Fundescam. Este periódico ha revelado que la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía ha entregado al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un informe que recoge sus avances en la investigación de la supuesta financiación irregular del PP de Madrid sirviéndose de la mencionada fundación.

Fundescam, controlada por al PP de Madrid, recibió entre los años 2003 y 2004 un millón de euros de donaciones procedentes de empresarios. Estos, a su vez, recibieron después adjudicaciones millonarias del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Según documentos a los que ha tenido acceso este diario, el PP de Madrid pagó con los fondos recaudados facturas de las dos elecciones autonómicas celebradas en el año 2003, las del 25 de mayo y las celebradas en octubre tras el episodio del tamayazo. La candidata del PP era Esperanza Aguirre.

Ahora, la policía ha entregado al juez un nuevo informe con avances sobre el caso y le solicita que requiera los datos contables del partido en 2003 y 2004.

En la citada nota de rectificación, el PP de Madrid argumenta que "la presunta actividad irregular a la que alude su información se refiere a un periodo de tiempo, anterior al 30 de noviembre de 2004, en el que la Sra. Aguirre no ejercía la presidencia del Partido Popular de Madrid, hecho éste que se oculta en los titulares, y se relega en la información".

Como admite el propio PP de Madrid, este diario informa con exactitud de todas las fechas. En este sentido, en la información se menciona que Pío García-Escudero, actual portavoz del PP en el Senado, presidía a los conservadores madrileños en 2003 y 2004 y que también presidió Fundescam hasta noviembre de 2004, cargo en el que le sustituyó Esperanza Aguirre. A principios de este año Gádor Ongil, número tres del PP de Madrid, tomó el testigo de la presidenta y preside ahora la fundación.

www.publico.es 13.08.10

LA POLICÍA INVESTIGA LOS GASTOS DEL PP EN ÉPOCA DEL' TAMAYAZO'

Entrega al instructor del caso 'Gürtel' un nuevo informe sobre presunta financiación irregular a través de Fundescam. Pide al juez que requiera los datos contables del partido en 2003 y 2004

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La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía ha entregado al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un informe de 50 páginas que recoge sus avances en la investigación de la presunta financiación irregular del PP a través de Fundescam, una fundación del partido en Madrid que recibió un millón de euros entre 2003 y 2004 en donaciones de empresarios a los que luego el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó contratos millonarios.

En este informe, la policía pide al juez que requiera todo tipo de información contable al Partido Popular y a la propia Fundescam correspondiente a esos dos años, incluidas las operaciones con Special Events, empresa clave en la trama que dirigía Francisco Correa. Hasta ahora, la investigación ha puesto de manifiesto que el PP se sirvió de Fundescam para burlar la Ley Electoral, que establece un límite de gasto en las campañas.

La policía indaga los vínculos del Gobierno de Madrid con Fundescam

Según reveló Público en mayo de 2009, la fundación abonó 300.000 euros a Special Events entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004 en concepto de gastos electorales que correspondían al partido. Para enmascarar la trampa, Special Events emitía facturas por conceptos que no se corres-pondían con la realidad.

Campañas para Aguirre

Las campañas de las dos eleccio-nes autonómicas celebradas en Madrid en 2003, pagadas en parte por Fundescam, estuvieron separadas por el tamayazo, la repentina deserción de dos diputados socialistas que impidió la investidura de Rafael Simancas, propició la celebración de unos nuevos comicios y el desembarco final de Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol.

Pide información del Registro de Fundaciones y de la Junta Electoral

Ahora, los requerimientos de la policía se centran en la campaña electoral de 2004 para las elecciones al Parlamento europeo, en la que el PP habría seguido el mismo método fraudulento de financiación. De ahí que uno de los requerimientos de la policía afecte a la Junta Electoral. El cuarto y último va dirigido al juez para que requiera información detallada al Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

En esta nueva fase de la investigación, la policía pretende avanzar también en la relación de Fundescam con la Comunidad de Madrid. Por el momento, se sabe que el Gobierno de Aguirre otorgó desde 2004 un total de 367 contratos a distintas empresas de Correa. El modus operandi consistía en que varios departamentos o consejerías de la Comunidad contrataran distintos servicios de un mismo evento y pagaran por cada uno de ellos siempre menos de 12.000 euros, límite máximo fijado por la ley para que la adjudicación no tenga que salir a concurso.

Los policías piden también al juez todos los datos de facturación de Special Events, la justificación contable, servicios prestados e identidad de las personas que se situaron a un lado y otro de los cobros. Su administrador único era Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel y ex secretario de organización del PP gallego, que continúa en la cárcel.

La fundación pagó 300.000 euros a una empresa de Correa en gastos electorales

La policía ya desmenuzó el canal paralelo de financiación del PP madrileño en un informe de abril de 2009, para el que resultó clave la de-sencriptación de un pen drive hallado en un piso de la calle General Martínez Campos. Para el nuevo informe ha sido fundamental la información incautada en otro de los pisos de la red, situado en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, y registrado el 6 de febrero de 2009 en presencia del contable de la trama, José Luis Izquierdo.

Esa contabilidad en negro también recogía los pagos a distintos políticos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas y el que fuera consejero del Gobierno madrileño Alberto López Viejo, al que el propio Crespo describía como el "muñidor" de todos los contratos que recibía la trama por parte de la Comunidad de Madrid a partir de 2004.

"Que le pregunten a Pío, Pío"

El juez Pedreira tiene el informe, de 50 páginas, desde hace dos semanas

En lo que respecta a Fundescam, el Gobierno de Esperanza Aguirre siempre ha remitido al que era presidente del PP madrileño en 2003 y 2004, Pío García Escudero. "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío", contestó Aguirre la primera vez que un periodista la interrogó por esta cuestión. De la misma forma, el PP nunca ha explicado a qué se destinó el millón de euros que recaudó Fundescam entre los años 2003 y 2004.

El juez Pedreira recibió el citado informe de la Brigada de Blanqueo a principios de agosto y no está previsto que se pronuncie sobre sus peticiones hasta bien entrado el mes de septiembre

www.publico.es 12-08.10

LA POLICÍA PIDE AL JUEZ DETENER A UN ALCALDE Y TRES EX ASESORES DEL EJECUTIVO DE AGUIRRE

La UDEF atribuye al regidor de Boadilla maniobras a favor de la trama corrupta - La Fiscalía Anticorrupción propone que se les cite como imputados

La policía ha descubierto nuevos negocios de la trama Gürtel y ha pedido al juez Antonio Pedreira y a las fiscales anticorrupción la detención del actual alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Juan Jesús Siguero, del PP, y de tres ex asesores del Gobierno de Esperanza Aguirre que supuestamente facilitaron información a las empresas del cabecilla de la red, Francisco Correa, para amañar contratos y adjudicarlos a la trama corrupta.

  • Correa usó firmas tapadera para acudir a las contratas del Gobierno de Aguirre
  • Una factura de un acto de los Príncipes fue inflada para ganar un 40% más

La unidad de blanqueo de capitales de la Policía, la UDEF, ha elaborado un informe en el que esgrime toda una batería de pruebas e indicios que aconsejan la detención de estas cuatro personas para ser interrogadas y evitar que oculten pruebas. Documentación intervenida en registros en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (44.000 habitantes) revela que Siguero no solo facilitó a la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio, sino que además se implicó personalmente en la redacción y preparación de los pliegos de licitación que presentaban las empresas de Correa. Este alcalde es el que, con el respaldo del PP, sustituyó al anterior, Arturo González Panero, El Albondiguilla, que dimitió al estar entre los principales implicados en el caso Gürtel.

La policía sospecha que Siguero intervino activamente, entre otras contratas, en la adjudicación de la Oficina de Atención al Consumidor de Boadilla (OAC) por más de 600.000 euros y un periodo de 14 años. Esta oficina, instalada en el mismo Ayuntamiento, fue cerrada tras estallar el escándalo. Las fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura ya han respondido a las peticiones policiales de detención de estas personas con otro escrito en el que rechazan esta medida, si bien avalan que se cite a los nuevos implicados, una veintena solo en Madrid, como imputados o testigos, señalan fuentes de la investigación. El juez no se ha pronunciado aún, explican estos medios.

La policía sostiene que la trama Gürtel estaba plenamente conectada a Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre. López Viejo actuaba supuestamente a través de sus máximos colaboradores para facilitar información de primera mano a las empresas de Correa sobre los contratos que salieron de su departamento y de otras consejerías del Gobierno de Aguirre hasta finales de 2008.

Los investigadores han analizado abundante documentación que implicaría a María del Carmen García, mano derecha de López Viejo en su secretaría cuando éste era viceconsejero de Presidencia. También quieren que sea detenido Pedro Rodríguez Pendas, asesor técnico de López Viejo hasta 2007, y Julia López, adscrita a la vicepresidencia de la Comunidad y también bajo las órdenes de López Viejo.

Según fuentes conocedoras del informe, María del Carmen García, "siempre por indicación de López Viejo", facilitaba a las empresas de Correa información confidencial sobre contrataciones y les decía cómo debían confeccionar las futuras facturas y qué debían incluir en sus ofertas para adjudicarse las contratas que iban saliendo, procedentes de casi todas las consejerías de Aguirre. Rodríguez Pendas era otra pieza clave. Entre 2003 y 2008, con López Viejo como viceconsejero de Vicepresidencia, se encargaba de informar a la red de Correa de cómo debía trocear los contratos en cantidades inferiores a 12.000 euros (para evitar el concurso) y qué conceptos debían figurar en las posteriores facturas. Julia López, siempre según estos medios, cooperaba con Rodríguez Pendas y hacía facturaciones, y realizaba diferentes justificantes de pago, con datos falsos, para aparentar que las operaciones se hacían dentro de la legalidad.

La policía implica también a otra decena de personas en sus nuevas pesquisas y pide que se las cite, algunas como imputadas y otras como testigos. Algunos, ya imputados, son trabajadores de las empresas de Correa que, en connivencia con los ex colaboradores de López Viejo, intervenían en las licitaciones y se ponían de acuerdo con los empleados del cabecilla de la trama para conseguir las adjudicaciones. Así, figuran empleados de empresas del grupo Rafael y de las firmas Marketing Quality Management, Decoraciones CMR, que supuestamente habrían intervenido como pantallas de la red Gürtel.

Para disimular, Correa utilizaba a veces empresas ajenas a su vasto conglomerado societario y les daba una comisión a cambio de concurrir a las adjudicaciones que él tenía previamente amañadas y tapaba así la certidumbre de que las contratas siempre recaían en su grupo.

La policía también quiere interrogar a Fernando Martínez Vidal, ex responsable de Relaciones Externas de la consejería de Presidencia y ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, quien, junto a Rodríguez Pendas, habría solicitado eventos que luego recayeron en la red de Correa.

Entre las empresas investigadas figura Servimadrid Integral, SL, que obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organización y celebración de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y también Easy Concept, una de las sociedades con las que operaba la red corrupta ante la Comunidad de Madrid, infló costes de actos de la Comunidad (por ejemplo, uno al que asistieron los príncipes de Asturias) para ganar un 40% por contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management).

www.elpais.es 09.08.10

MUCHAS SOSPECHAS ANTES DEL GOLPE JUDICIAL

Muchos años antes de que el juez Baltasar Garzón asestara, en febrero de 2009, el golpe judicial definitivo a la trama corrupta de Francisco Correa, el PSOE denunció contratos irregulares con las empresas de la red en el Ayuntamiento de Madrid, el de Majadahonda y en la propia Comunidad de Madrid. El rodillo del PP, que gobernaba con mayoría absoluta en estas tres instituciones, echó tierra sobre el escándalo.

En mayo de 2005, el PSOE denunció que el Ayuntamiento de Madrid había contratado en 2001 a una empresa que organizaba actos electorales del PP. Se trataba de Special Events y la investigación del PSOE permitió acreditar que la empresa pertenecía a sociedades radicadas en paraísos fiscales, estaba presidida por un ex alto cargo del PP gallego, Pablo Crespo, y organizaba actos electorales para este partido desde 1999. El PSOE denunció en aquel momento que Special Events había contratado con diversas autonomías gobernadas por el PP, entre ellas Galicia. Los socialistas llevaban meses pidiendo sin éxito al Gobierno presidido por Esperanza Aguirre que le dijera si había adjudicado algún contrato a esta empresa. Un portavoz del Ejecutivo regional aseguró entonces a EL PAÍS: "La Comunidad de Madrid nunca ha contratado absolutamente nada con la empresa Special Events". Y era verdad, lo habían contratado todo con otras empresas de reciente creación a las que facturaba Special Events y propiedad, como esta firma, de Francisco Correa. Todo quedaba en casa. Los consejeros autonómicos que adjudicaron contratos a la trama aseguraron que lo hacían por orden de López Viejo, el consejero encargado de los actos de la presidenta autonómica.

En el municipio de Majadahonda, el grupo socialista denunció una adjudicación aún más grosera. El alcalde había decidido encargar una campaña para mejorar la imagen institucional del Ayuntamiento a una empresa de Francisco Correa, para entonces casado con la jefa de gabinete de la alcaldía de esa localidad. Todas estas denuncias socialistas quedaron en nada.

www.elpais.es 09.08.10

LÓPEZ VIEJO ALERTÓ A LA TRAMA EN 2006 DE QUE EL PSOE INVESTIGABA SUS CONTRATOS

Altos cargos autonómicos mintieron en la Asamblea sobre las adjudicaciones

judicial del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido político, el PP, ha permitido conocer a la Policía que los colaboradores del que fue mano derecha de Esperanza Aguirre para todos sus actos institucionales, el ex consejero Alberto López Viejo, alertaron a la red de Francisco Correa en junio de 2006 de que el grupo parlamentario socialista estaba investigando en la Asamblea de Madrid supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de distintos departamentos del Gobierno autónomo.

La Comunidad falseó la solvencia de una firma de la red Gürtel

Los colaboradores de López Viejo, según la investigación policial, remitieron el orden del día de una comisión de vigilancia de las contrataciones a los responsables de la trama corrupta, que para entonces y desde la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid, se encarga de los actos institucionales de la presidenta.

En esa comisión, el socialista Óscar Monterrubio intentó conocer los motivos que habían llevado a distintas consejerías autonómicas a encargar a dedo una serie de trabajos a empresas de la trama corrupta, Boomerangdrive y Good and Better, cuya solvencia y experiencia eran más que dudosas, pues habían logrado los trabajos sólo unos días después de haber sido creadas.

Los secretarios generales técnicos de las consejerías de Presidencia, Empleo e Inmigración respondieron como pudieron, en algún caso con mentiras, para justificar las adjudicaciones, y se desvincularon de las mismas aludiendo en sus respuestas a que alguien, nunca dijeron quién, había aconsejado su contratación.

En la comisión de vigilancia, el PSOE se interesó por numerosos contratos adjudicados a dedo para celebraciones del Día Internacional de la Mujer o actos a favor de la Inmigración presididos por Aguirre y pagados por las consejerías de Inmigración, Empleo o Presidencia. Lo que sigue es un resumen de esa comisión.

Óscar Monterrubio (PSOE): "Good and Better, la empresa a la que se adjudicó el contrato para marzo, se constituyó el 11 de enero de ese mismo año; la persona que realiza el acto se hace cargo de esa empresa el 3 de febrero. ¿Cómo la consejería, y la dirección general, asigna a esta empresa creada en enero un contrato para organizar un acto el 8 de marzo? ¿Qué criterios se aplican para buscar a esta empresa o cómo aparece esta empresa encima de la mesa del órgano que hace la contratación?".

Altos cargos regionales: "No conozco la información que me ha facilitado sobre las fechas de constitución, lo que sí me han manifestado es que esta empresa ha debido desempeñar una labor muy activa, pues ya contaba con una cartera de clientes en el ámbito privado, como podía ser Repsol, el Banco de Santander o el Ayuntamiento de Zaragoza. No sé si llegó a través de referencias de actos que habían visto en la dirección general, que participa en muchos foros y, probablemente, uno de esos foros lo habría organizado esa empresa".

Las declaraciones de los altos cargos del Gobierno regional, todos ellos secretarios generales técnicos, estaban llenas de mentiras o inexactitudes. Para cuando se adjudicó el contrato a Good and Better, esta empresa no había hecho ningún trabajo para Repsol, el Banco Santander o el Ayuntamiento de Zaragoza y, por otra parte, era muy difícil que alguien hubiera participado en foros organizados por Good and Better porque el contrato de la Comunidad fue, prácticamente, el primero que tuvo desde su creación, según se deduce de las declaraciones de actividades de esta empresa que figuran dentro del sumario del caso Gürtel. En 2006, la fama de Special Events, la empresa con la que Francisco Correa empezó a hacer negocio con Gobiernos del PP, había sufrido ya varios varapalos y estaba bajo sospecha porque el PSOE había denunciado en los ayuntamientos de Madrid y Majadahonda adjudicaciones supuestamente irregulares a esta firma, a la que vinculaban con el PP pues era la que se encargaba de los actos electorales.

Correa decidió entonces crear nuevas empresas para que hicieran el mismo trabajo que Special Events, que redujo mucho su facturación hasta desaparecer prácticamente en 2008. Las empresas que sucedieron a Special Events fueron Easy Concept, Boomerangdrive, Good and Better, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral.

www.elpais.es 09.08.10

ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE IMPUTE AL DIRECTOR DE MQM 

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido al juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que cite a declarar "en calidad de imputado" al administrador de Marketing Quality Managment (MQM), empresa que recibió cuantiosas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a las puertas de las elecciones de 2007. 

En su escrito, fechado el pasado 14 de junio, los fiscales solicitan que se aporte a la causa el historial del Registro Mercantil relativo a dicha sociedad, administrada por Antonio Martín Sánchez. También se pide que se llame a declarar como testigo a Reyes Montiel, la diputada de Izquierda Unida (IU) que el pasado abril presentó un escrito en la fiscalía instándola a investigar. 

En una providencia del 30 de junio, el juez solicitó que se una al caso toda la documentación aportada por Montiel. 

La diputada de IU en la Asamblea acudió a los tribunales tras descubrir que el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrito a Economía, adjudicó en septiembre de 2006 a MQM la creatividad de una campaña de publicidad que no llegó a realizarse. Se llamaba Made in Madrid y costó al erario público 1,25 millones de euros. 

En marzo de 2007, a las puertas de las elecciones autonómicas del 27 de mayo, el Imade exoneró por escrito a MQM de realizar más del 80% de sus compromisos, pero le mantuvo intacto el pago. Ese mismo año, MQM abonó 409.000 euros a las empresas de Francisco Correa, según las declaraciones a Hacienda incorporadas al sumario. 

La elección de MQM para la campaña de publicidad fantasma fue una sugerencia de Swat, consultora que en ocasiones se ha coordinado con la trama Gürtel para acceder a contratos públicos. Y esta misma consultora eligió a Over Marketing y Comunicación (Over MC) para otra campaña de publicidad fantasma del Imade que supuso el desembolso de otros dos millones de euros antes de los comicios. 

La relación entre estas empresas entre sí y con la propia trama Gürtel la corroboró ante el juez Isabel Jordán, ex administradora de Easy Concept empresa nuclear de la trama en Madrid que fue contratada posteriormente por MQM: la imputada explicó que fue Over MC quien les puso en contacto con MQM. 

Reyes Montiel está recopilando información para ampliar el escrito que dirigió a la fiscalía: "Desde entonces han aparecido muchos otros indicios de presuntas irregularidades relacionadas con esta empresa y del uso que han hecho de ella el PP y la trama", explica Montiel. 

En abril de 2007, con las elecciones ya formalmente convocadas, MQM recibió otra adjudicación de la comunidad, esta vez por valor de 250.000 euros, para organizar los actos de la presidenta. El contrato, que fue una iniciativa del hoy imputado Alberto López Viejo, tiene también muchos aspectos que en opinión de Montiel deberían investigarse. 

Presidencia pagaba alguno de estos actos por duplicado: a MQM y a la trama. Además, según consta en un documento remitido por la propia empresa a Presidencia, en apenas dos meses facturó el 150% de lo presupuestado para todo el año, coincidiendo con la campaña electoral. 

"Espero que la justicia llegue donde es imposible llegar en la Asamblea como consecuencia del rodillo del PP", añade Montiel, quien llama a investigar si el contrato sirvió "para financiar la campaña electoral del PP".  

(www.publico.es, 27/07/10)

AGUIRRE PAGABA A MQM Y A LA 'GÜRTEL' EL MISMO ACTO 

El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó dos veces por un mismo acto de Presidencia a empresas distintas y lo hizo en al menos seis ocasiones entre 2007 y 2008: un pago iba a Marketing Quality Management (MQM), que tenía la adjudicación formal para organizar los actos de la presidenta, y otro a empresas de la trama Gürtel. 

Así se desprende de la documentación remitida por la Comunidad de Madrid al juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, sobre todos los contratos obtenidos por la trama. 

MQM, que está siendo investigada en la causa, declinó atender a Público. Un portavoz de Economía respondió por escrito: "La Comunidad de Madrid ha facilitado toda la información sobre el caso Gürtel que se le ha requerido por parte del juez. Asimismo, el Gobierno regional ha comparecido en la Asamblea para dar cumplida cuenta de la información de la que dispone el Ejecutivo regional, que siempre ha cumplido con la Ley de Contratos".  

MQM firmó un contrato el 25 de abril de 2007 con la Comunidad de Madrid para organizar los actos de Presidencia. El concurso, de 250.000 euros al año, fue impulsado por Alberto López Viejo, hoy imputado y entonces organizador de los actos de Aguirre. 

MQM ganó tras competir con Marvá y Easy Concept, una de las empresas clave de la trama que estaba administrada por la hoy imputada Isabel Jordán, que luego se incorporaría precisamente a MQM. En 2007, esta empresa pagó a la trama 409.000 euros, según las declaraciones a Hacienda incorporadas al sumario. 

Tras ganar la adjudicación de los actos de Presidencia, la trama siguió facturando para la Comunidad de Madrid por actos que entraban dentro del contrato marco firmado por MQM y que en realidad ya habían sido facturados por esta empresa. 

No es que MQM subcontratara los servicios a la trama, algo que hubiera sido posible dentro del contrato marco, sino que empresas de Correa facturaban también a la Administración autonómica por los mismos actos ya encargados y pagados a MQM. 

El acto de entrega de medallas al mérito ciudadano, en 2007, se llegó a pagar a tres empresas distintas, según la documentación remitida al juez. MQM pasó a Presidencia facturas por un total de 46.000 euros. Pero por el mismo acto cobró también 11.162 euros Servimadrid, otra de las empresas nucleares de la trama, y otros 10.296 euros Diseño Asimétrico por la aportación del equipo audiovisual. 

MQM había ganado el concurso marco precisamente porque se valoró especialmente "las mejoras relativas a los medios audiovisuales", según el informe del jefe de área de régimen interior, Alfonso Peña. Fue la única concursante que puntuó en este punto, al ofertar dentro de su propuesta seis pantallas de plasma. 

El mecanismo de pagos repetidos se repitió al menos otras cinco veces entre 2007 y 2008: Easy Concept pasó una factura de 4.065 euros por un acto en la Real Casa de Correos; Good & Better otro de 11.990 euros por la entrega de medallas a los príncipes y Servimadrid tres facturas de 11.900 euros por el Belén, el Día de la Constitución y un acto de balance de gobierno. Todos ellos entraban dentro del contrato marco ya pagado a MQM. 

Antes de lograr este concurso en Presidencia, MQM ganó un contrato del Imade, vinculado a Economía, para una publicidad de 1,25 millones de euros que se pagó pero no se hizo. La propuesta de adjudicación la hizo Swat, consultora bien conectada con Gürtel.   

La conexión de Marketing Quality Management (MQM) con la trama ‘Gürtel' se hizo a través de Over Marketing y Comunicación (Over MC), implicada también en el caso de la ‘publicidad fantasma' del Imade.  

Así lo declaró ante el juez la imputada Isabel Jordán, ex responsable de Easy Concept, una de las empresas de la trama para eventos en Madrid: "Nosotros conocimos a MQM a través de Javier Rodríguez [directivo de Over MC]". Jordán añade que conversaron en ocasiones con Over para coordinarse y que la relación con MQM fue una sugerencia de esta empresa. 

Over MC y MQM fueron beneficiarias de sendos contratos de creatividad publicitaria del Imade de los que no existen pruebas de que llegaran a realizarse pese a que el organismo público abonó 3,25 millones: dos a Over para una campaña dirigida a pymes y autónomos y 1,25 para MQM por ‘Made in Madrid'. La consultora que les eligió fue Swat, que en ocasiones trabajó coordinadamente con la ‘Gürtel'. En Baleares, la fiscalía investiga contratos publicitarios suscritos por Over MC con instituciones gobernadas por el PP. Over hizo la campaña de Jaume Matas en 2003.   

El 25 de abril de 2007, la Comunidad de Madrid firmó un contrato con Marketing Quality Management (MQM) para que esta empresa organizara todos los actos insitucionales de Esperanza Aguirre. El precio de adjudicación era de 250.000 euros para todo el año. 

Apenas dos meses después, MQM ya había pasado facturas a Presidencia como consecuencia del contrato por valor de 383.000 euros. Es decir, en apenas dos meses la empresa había facturado el 150% de lo firmado para todo el año. 

(www.publico.es, 26/07/10)

EL CONTRATO SE FIRMÓ DOS SEMANAS ANTES DEL INICIO DE LA CAMPAÑA DEL 27-M 

¿Qué pasó en medio? Hubo elecciones autonómicas. Esperanza Aguirre había firmado el decreto de convocatoria el 2 de abril, tres semanas antes de la firma del contrato con MQM. La campaña electoral se inició el 11 de mayo, los comicios fueron el día 27 y la presidenta tomaba posesión para su nuevo mandato el 20 de junio. 

Entre el 11 de mayo de 2007, primer día de campaña, y el 28 de junio, MQM remitió a la consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid un total de 20 facturas relacionadas con el contrato, según consta en un documento con todos los actos organizados que la empresa envió al Gobierno madrileño el 25 de noviembre de 2008, en el momento de liquidación del contrato, que se extendió también a 2008. 

Diecisiete de estas 20 facturas son por importes inferiores a 12.000 euros. Y no se especifica ningún evento, a diferencia del resto del listado. 

La siguiente factura, ya el 30 de noviembre, es por el acto de entrega de medallas a los Príncipes de Asturias. Y las otras 45 que MQM remitió a Presidencia hasta que venció el contrato, a finales de 2008, tienen perfectamente detallado el evento por el que prestaron el servicio. 

El documento de MQM forma parte del expediente del contrato obtenido por la diputada de Izquierda Unida (IU) Reyes Montiel, que lo solicitó tras descubrir que MQM había sido adjudicataria de un contrato de 1,25 millones por una campaña de publicidad, Made in Madrid, que nunca se llegó a realizar. 

La campaña del Made in Madrid la había adjudicado el Instituo Madrileño de Desarrollo (Imade), dirigido por Aurelio García de Sola, en octubre de 2006 por recomendación de Swat, consultora que se ha coordinado en ocasiones con la trama Gürtel.

En marzo de 2007, también justo antes de la convocatoria electoral y de recibir el encargo de organizar los actos institucionales de Aguirre, MQM fue exonerada de cumplir más del 80% del contrato del Imade, sin que ello supusiera una reducción de sus ingresos. 

El pasado abril, Montiel presentó un escrito a fiscalía para que investigara las relaciones de esta empresa con la Comunidad de Madrid. El fiscal remitió el dossier de la diputada a Anticorrupción al observar que podría tener relación con el caso Gürtel.  

Una compañía con muchos interrogantes 

1. Relación con ‘Gürtel' 

La imputada Isabel Jordán, que estuvo al frente de Easy Concept -empresa de la trama especializada en eventos-, ha declarado ante el juez que se coordinaban con MQM para acceder a adjudicaciones en Madrid. Ella misma acabó trabajando para MQM. En 2007, tras ganar varios contratos, MQM pagó 409.000 euros a la trama,  que además cobró a la Comunidad por actos ya adjudicados a MQM. 

2. Publicidad fantasma 

En octubre de 2006, el Instituto Madrileño de Desarrollo, adscrito a Economía, dio a MQM 1,25 millones para la creatividad de la campaña ‘Made in Madrid'. Nunca se hizo. Economía explicó que en realidad se integró en otras campañas para aprovechar "sinergias". 

3. Actos de Aguirre 

El 25 de abril de 2007, MQM obtuvo la adjudicación para organizar los actos institucionales de Esperanza Aguirre, que estaban bajo la supervisión del hoy imputado Alberto López Viejo. El contrato era de 250.000 y posteriormente se elevó más del 20%. La causa alegada fue el "imprevisto" de las elecciones, pese a que el contrato se firmó con los comicios ya convocados. 

4. Facturas hinchadas 

Algunas facturas presentadas por MQM en los actos de Esperanza Aguirre se hincharon más del 400%. El homenaje a las víctimas del 11-M en 2008, de apenas cinco minutos de duración, se facturó por 118.595 euros. El año siguiente, el mismo acto se adjudicó por 24.099 euros.  

Algunos expertos sostienen que algunas partidas del despliegue de la noche electoral de 2007 estaban hinchadas el 1.000%. 

5. Actividad electoral 

Las elecciones autonómicas de mayo coincidieron con movimientos en los contratos de MQM. Justo antes, en marzo, MQM fue exonerada de cumplir el 80% del contrato publicitario de 1,25 millones. En abril, firmó el contrato para organizar actos de la presidenta y en junio ya había gastado el 150% previsto para todo 2007.  

(www.publico.es, 26/07/10) 

SOMBRAS SOBRE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE AGUIRRE, EN 2007 

La Comunidad de Madrid vuelve a estar en el ojo del huracán de la investigación del caso Gürtel, tras el envío de los contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de esta trama, al juez Antonio Pedreira. 

Los contratos remitidos al juez instructor del caso Gürtel tienen fecha del periodo comprendido entre 2007 y 2008, coincidiendo con la campaña electoral por la presidencia de la Comunidad de Madrid, que se inició el 11 de mayo de 2007.  

El contrato anual, superado en dos meses 

El 25 de abril de 2007, la Comunidad de Madrid firmó un contrato con la empresa Marketing Quality Management (MQM) [relacionada con el entramado Gürtel] para que organizara todos los actos institucionales de Esperanza Aguirre. El precio de adjudicación era de 250.000 euros para todo el año. Resulta llamativo que sólo dos meses después, MQM ya había pasado facturas a Presidencia como consecuencia del mismo contrato por valor de 383.000 euros. Lo que significa que, en apenas dos meses, la empresa había facturado el 150% de lo firmado para todo el año, según la información a la que ha tenido acceso Público.  

Facturas sin conceptos 

Entre el 11 de mayo de 2007, que fue el inicio de la campaña, y el 28 de junio, MQM remitió a la consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 20 facturas relacionadas con el contrato. Diecisiete de estas 20 facturas fueron hechas por importes inferiores a 12.000 euros, y no hacen relación a ningún evento en concreto.  

La campaña fantasma de 1,25 milones  

Con anterioridad, en 2006 MQM fue adjudicataria de un contrato de 1,25 millones por una campaña de publicidad, Made in Madrid, que nunca se llegó a realizar, y que fue otorgado por el Instituo Madrileño de Desarrollo (Imade), por recomendación de Swat, consultora que se ha coordinado en ocasiones con la trama Gürtel.  

El pago de 409.000 a la trama Gürtel 

MQM había ganado el contrato de la Comunidad de Madrid tras competir con Easy Concept, una de las empresas clave de la trama Gürtel, que estaba administrada entonces por la imputada Isabel Jordán, que luego se incorporó MQM. En 2007, esta empresa pagó al grupo empresarial de Correa 409.000 euros, según las declaraciones a Hacienda incorporadas al sumario.  

MQM y una empresa de la trama 

De acuerdo con la documentación remitida al juez Pedreira, en 2007, para el acto de entrega de medallas al mérito ciudadano se llegó a pagar a tres compañías distintas. MQM facturó a Presidencia  por un total de 46.000 euros, y al mismo tiempo una de las empresas de la trama Gürtel, Servimadrid, cobró  11.162 euros, y Diseño Asimétrico, 10.296 euros.  

La exoneración misteriosa 

En marzo de 2007, dos meses antes de que se iniciara la campaña electoral y de que MQM resultara adjudicataria del contrato por 250.000 por los actos institucionales de Esperanza Aguirre, la empresa fue exonerada de cumplir más del 80% del contrato del Imade, sin que ello supusiera una reducción de sus ingresos.  

Facturas hinchadas en un 400% 

Según los contratos remitidos al juez Pedreira, se deduce que algunas facturas de MQM por actos de Esperanza Aguirre pudieron hincharse en más del 400%. Por ejemplo, el homenaje a las víctimas del 11-M, en 2008 se facturó por 118.595 euros. El año siguiente, el mismo acto se adjudicó por 24.099 euros. Algunos expertos, citados por Público, sostienen que algunas partidas del despliegue de la noche electoral de 2007 estaban hinchadas el 1.000%. 

(www.elplural.com, 26/07/10)

EL PSM PIDE QUE SE INVESTIGUEN LOS CONTRATOS CON LA EMPRESA SUFI 

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha exigido al equipo de gobierno madrileño que esclarezca su participación en las adjudicaciones millonarias del Consistorio a la empresa Sufi, SA, implicada en la trama de corrupción del PP del caso Gürtel. El presidente de esta empresa, Rafael Naranjo, ha sido imputado por el magistrado instructor del Gürtel, Antonio Pedreira, por un delito de cohecho continuado al constar en el sumario "numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades, por mediación del cerebro de la trama, Francisco Correa, con la intención de obtener contratos públicos para su mercantil". 

Según los socialistas, esta empresa es una de las adjudicatarias de los contratos municipales de limpieza de los 15 distritos. Este servicio tiene un coste total de 1.136 millones de euros en 10 años. Además, Lucas exige información acerca de uno de los apartados de los contratos firmados por el Ayuntamiento en el sector de la limpieza, que se refiere a "concienciación ciudadana". Este epígrafe afecta al 2% del monto total de los contratos del Ayuntamiento en la limpieza (unos 54,5 millones de euros). 

"El PSOE ya denunció en la anterior legislatura que las adjudicaciones de limpieza en Madrid podían ser irregulares", recordó Lucas, quien explicó también que mientras se llevaban a cabo las adjudicaciones y se firmaban los contratos "se reservaba entre el 1,5% y el 2,5 % del gasto total de esos contratos para gastos de concienciación". En este sentido, Lucas y su partido esperan que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, "dé detallada cuenta de en qué se gastó ese dinero", y, a partir de ahí, analizarán los datos y exigirán responsabilidades. También lamenta que el Gobierno local pueda estar implicado en la trama y espera "que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para ayudar a que se esclarezcan los hechos". 

Por otra parte, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado la decisión del magistrado Pedreira de prorrogar el secreto de sumario en las diligencias pendientes del caso Gürtel. No obstante, los magistrados instan al instructor a que analice la documentación que permanece secreta con la mayor celeridad posible. 

(www.elpais.com, 23/07/10)

PEDREIRA IMPUTA A UN FUNCIONARIO Y A DOS EMPRESARIOS MÁS EN GÜRTEL 

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar a tres nuevos imputados: dos empresarios y un funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda, que en estos momentos trabaja en una comisión de servicios en el Consistorio de Villaviciosa de Odón. 

Con estos tres nuevos implicados la mayor trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido político salpica ya a más de 130 personas, 68 de ellas en la Comunidad de Madrid. Hace menos de un mes, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF) atribuyó una decena de delitos a otras 20 personas, entre ellas el actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP). El juez Pedreira todavía no ha decidido si los va a acusar de forma definitiva. 

Entre los tres nuevos imputados resalta el ex director del área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda, Luis Valor San Román. El magistrado le acusa de cooperación en un delito de prevaricación por su intervención en una de las adjudicaciones millonarias que se llevó una de las empresas del cerebro de la trama, Francisco Correa. Este trabajador municipal fue el artífice, según el auto dictado el 19 de julio pasado, de los pliegos y los informes técnicos que condujeron a la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Majadahonda a la empresa Technology Consulting Management (TCM), vinculada a Correa. 

Esta decisión municipal se aprobó en contra de un informe del secretario de este Ayuntamiento. Ello y el posterior fraccionamiento de la contratación de los servicios que incluía la adjudicación, a juicio de la investigación, "provocó que el Ayuntamiento de este municipio abonara a los contratistas cantidades muy superiores, algo que pudo causar un perjuicio económico a las arcas municipales". Presupuestada en 625.053 euros, el coste de la OAC de Majadahonda se disparó hasta los 1,4 millones.Uno de los tres nuevos imputados en el caso Gürtel es el empresario Rafael Naranjo Ane-gón, presidente de Sufi, SA. Esta empresa resultó adjudicataria de la gestión de basuras en el distrito de Moratalaz en 2002, cuando Alberto López Viejo, uno de los principales acusados de la trama corrupta, era el concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. La sociedad, presidida por Rafael Naranjo, obtuvo el contrato de 48 millones de euros en un periodo de 10 años.  

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, le imputa a Rafael Naranjo un delito de cohecho continuado "al constar numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades por mediación de Francisco Correa" para la adjudicación de contratos a Sufi, SA. 

En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Pedreira indica que Naranjo podría haber pagado a la organización de Correa una "comisión" de 1.232.074 euros -un 3% del total de la ad-judicación- "por su intermediación ante un cargo público con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid" y con capacidad para adjudicar contratos públicos. 

El juez recuerda en su auto que la persona que se encontraba al frente de la concejalía de Limpieza Urbana en el Ayuntamiento de Madrid era Alberto López Viejo que más tarde pasó a formar parte del Gobierno de la Comunidad presidido por Esperanza Aguirre. Según consta en el sumario, estos cargos en el Ayuntamiento y en la Comunidad le sirvieron a López Viejo para ingresar 563.000 euros en concepto de comisiones recibidas por empresas de la trama. 

El propio Correa, cerebro de la red corrupta, definió los actos públicos que sus empresas organizaron para López Viejo como "chorizadas". El ex consejero les obligaba a trocear los contratos por facturas inferiores a 12.000 euros para evitar la obligación de someter los eventos a concurso. Los responsables de la red lo agasajaron, según el sumario, con regalos: corbatas, maletines, gemelos y trajes. La trama también organizó el cumpleaños de la hija de López Viejo. 

En el caso Gürtel también está imputado el hijo de Rafael Naranjo, Gonzalo, a quien el juez acusa de haber pagado comisiones ilegales al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP. En los libros de contabilidad de la red Gürtel la policía identificó entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufi, SA". Según el informe policial, entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente del PP de Boadilla. 

La empresa Sufi, SA, también ha resultado salpicada recientemente por la Operación Brugal que investiga el pago de comisiones en la adjudicación de una planta de gestión de basuras en Orihuela (Alicante). 

El segundo de los nuevos empresarios imputados por Pedreira en el caso Gürtel es José Luis Cortés Bañares, que aparece como emisor de facturas a diferentes empresas de la red. El juez le acusa de falsedad y fraude fiscal en relación a unos supuestos servicios de asistencia informática. 

Por otra parte, el juez Pedreira ha solicitado a la Tesorería de la Seguridad Social que le remita la vida laboral de 36 personas, entre ellas la de la concejal de Pozuelo Yolanda Estrada y la del empresario Jesús Calvo Soria. 

(www.elpais.com, 22/07/10) 

PEDREIRA IMPUTA A UN EMPRESARIO QUE PAGÓ 1,2 MILLONES A CORREA 

Despacio pero sin pausa, el número de imputados en el caso Gürtel sigue creciendo. Los tres últimos fueron citados hoy a declarar por el instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Uno de ellos es Rafael Naranjo Anegón, presidente de la mercantil Sufi, a la que en 2002 el entonces concejal de Madrid y actual diputado en la Asamblea regional Alberto López Viejo adjudicó la gestión del servicio de limpieza viaria del distrito madrileño de Moratalaz. Se le acusa de haber entregado 1.232.074 euros a la trama de Francisco de Correa. 

Esa cantidad es "el 3% del monto total de la adjudicación, en concepto de comisión, por su intermediación, ante un cargo público con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, y por tanto con capacidad de adjudicación de contratos públicos". El auto se refiere a López Viejo, la primera víctima política que se cobró el caso, aunque su imputación formal no se produjo hasta que el procedimiento llegó al TSJM por su condición de aforado. 

La resolución imputa a Naranjo Anegón un delito de cohecho continuado, "al constar en el procedimiento numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades, por mediación de Francisco Correa". 

Los otros dos últimos imputados en la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción son José Luis Cortés Bañares y Luis Valor San Román. Ambos, junto con Naranjo Anegón, comparecerán ante el juez el próximo 9 de septiembre. El primero está acusado de los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, como cooperador. Por su parte, la imputación de Valor San Román es como cooperador de un delito de prevaricación. 

Según Anticorrupción, José Luis Cortés emitía facturas para las distintas empresas del grupo empresarial de Francisco Correa. Oficialmente se dedicaba al mantenimiento de los servidores informáticos de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte (Madrid), así como de la página web de la localidad. También aparece como el que suministraba ordenadores a Pasadena Viajes. Sin embargo, la fiscalía considera que en realidad no prestaba estos servicios y se limitaba a facilitar facturas falsas al grupo de corrupción. 

La acusación contra Valor San Román se remonta a su etapa como director del Área de Nuevas Tecnologías de Majadahonda. Hacía los pliegos y los informes técnicos del expediente de contratación Consultoría y Asistencia para el Diseño e Implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano de la citada localidad madrileña. 

Por su parte, la fiscalía se ha opuesto a que vuelva a ser rebajada la fianza impuesta a Antoine Sánchez, el primo y presunto testaferro del cabecilla de la trama, Francisco Correa. 

La cantidad fue fijada por el juez Pedreira el pasado 29 de junio en 75.000 euros. Previamente había descendido de 300.000 a 150.000 euros. Aún así, Sánchez volvió a pedir una rebaja al seguir considerándola excesiva. 

Anticorrupción apela al riesgo de fuga existente, que en el caso de Sánchez se acentúa porque residía con su pareja en Senegal antes de que estallase el principal escándalo de corrupción del PP. Si se fugara, dicen las fiscales, la investigación de la trama se complicaría aún más al participar en el blanqueo de capitales imputado a los cabecillas de la trama.  

(www.publico.es, 22/07/10) 

SIN MATERIAL EN BOADILLA 

El imputado José Luis Cortés facturó a las empresas de Correa, según el magistrado, por el mantenimiento de los servidores informáticos de los ordenadores de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla del Monte. Estos servicios fueron adjudicados por el entonces alcalde Arturo González Panero a la sociedad Easy Concept. También firmó facturas por el diseño y el mantenimiento de páginas web en Boadilla y por el suministro de equipos informáticos a la empresa Pasadena Viajes. 

Precisamente un informe realizado hace un año por un funcionario municipal de Boadilla del Monte sobre la OAC de este municipio reveló que, en comparación con lo previsto, esta oficina gestionada por la empresa de Correa no disponía de todo el material recogido en el contrato firmado tras la adjudicación municipal. En concreto, faltaban 8 impresoras, 2 escáneres y 12 discos duros de ordenadores, entre otros materiales. 

(www.elpais.com, 22/07/10)

PEDREIRA CITA A DECLARAR A TRES NUEVOS IMPUTADOS EN EL CASO GÜRTEL 

La lista de implicados del caso Gürtel lejos de adelgazar, engorda. El juez Pedreira ha imputado a otras tres personas en esta trama de corrupción vinculada al PP que tendrán que declarar el próximo mes de septiembre. 

Se trata de Luis Valor San Román, ex director del área de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda. San Román ocupó ese cargo durante la etapa de Guillermo Ortega, otro de los imputados en esta causa, al frente de la alcaldía. La investigación sostiene que San Román elaboró informes favorables a una de las empresas de la trama, TCM, para que obtuviera adjudicaciones de la oficina de atención al ciudadano. 

El segundo imputado es Rafael Naranjo a quien se atribuye un presunto delito de cohecho por haber pagado a funcionarios a cambio de obtener una parte del contrato de limpieza adjudicado a la empresa Sufi en Moratalaz. El tercero es José Luis Cortés, imputado por un presunto delito de falsedad documental por defraudar a la Hacienda Pública. 

(www.elpais.com, 21/07/10)

GÓMEZ SEÑALA AL GRUPO RAFAEL COMO EL GÜRTEL 2 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Los socialistas de Madrid están seguros de saber dónde se esconde el Gürtel 2 en la comunidad que gobierna Esperanza Aguirre. El líder del PSM, Tomás Gómez, aseguró ayer en rueda de prensa que "el grupo empresarial Rafael ha ocupado el lugar del grupo Correa" en la Comunidad de Madrid y por ello exigió a Aguirre que explique las contrataciones con este grupo y pidió a los tribunales que investiguen las relaciones que mantiene con su gobierno. 

Conoció que, según un informe policial, este conjunto de empresas actuó como pantalla para cobrar al Gobierno de Aguirre facturas irregulares emitidas por la trama de Francisco Correa.

Gürtel 2 

"Sabemos lo que preguntamos", sugirió ayer Tomás Gómez. Según el socialista, “todo apunta a que siguen haciendo lo mismo [contrataciones fuera de la legalidad] con empresas que tienen otro nombre. Es decir: un Gürtel 2".

¿Quién y cómo? 

Gómez lanzó dos preguntas a Esperanza Aguirre: "¿Quién está montando en estos momento los actos de la Comunidad de Madrid?", y "¿cómo se contratan estos actos?". El socialista desafió a la presidenta de la Comunidad de Madrid al asegurar que Aguirre no debería tener problemas en contestar a estas preguntas "si la contratación con el grupo Rafael está limpia y no es como la del grupo de Correa y todo el Gürtel".

Aparición en el sumario 

El Grupo Rafael (un conjunto de sociedades del campo de la imagen y las artes gráficas) ya ha sido puesto en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, al sospechar que el entramado Gürtel se valió de ellos para emitir facturas a la Comunidad de Madrid, y los ayuntamientos de Pozuelo, Boadilla, Majadahonda y Arganda del Rey. En abril, el juez Pedreira requirió a los cinco organismos citados todos los contratos adjudicados a estas empresas.

Cobro de facturas 

La clave de su vinculación está en los correos electrónicos cruzados entre el Grupo Rafael y la empresa Gürtel Easy Concept. En uno de estos mensajes hay información sobre 81 facturas giradas a la Comunidad de Madrid de forma indistinta por las empresas de Correa y las del Grupo Rafael. En total, según la Policía, el Grupo Rafael podría haber intentado cobrar facturas por valor de 752.179 euros uniendo en un mismo monto las suyas y las de la Gürtel.  

(www.elplural.com, 20/07/10)

EL JUEZ EMBARGA LOS BIENES DEL DIPUTADO DEL GÜRTEL ALFONSO BOSCH

ch Tejedor, elegido diputado regional por las listas del PP pero que ahora figura en la Asamblea como no adscrito tras conocerse su vinculación con la trama Gürtel, no podrá disfrutar este verano de su casa de Calpe (Alicante) ni de la parte que le corresponde de su domicilio conyugal, cuya propiedad posee al 50% junto con su ex esposa.

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido embargarle todas sus propiedades con la intención de cubrir la fianza que le fue impuesta, que es de 750.000 euros, y que todavía no ha abonado. El juez ha tomado esta determinación tras varios meses de litigios judiciales del parlamentario. Bosch tampoco podrá disfrutar de un todoterreno y una motocicleta de su propiedad.

Con estos bienes, el juez considera que el imputado puede afrontar las responsabilidades económicas que pudieran derivarse si resulta condenado por participar en la trama Gürtel. No obstante, aunque Alfonso Bosch Tejedor se queda sin poder disfrutar de su casa de Calpe, aún sigue cobrando 4.000 euros al mes por ocupar su escaño en el grupo de no adscritos de la Asamblea regional. Según dos autos del sumario del Gürtel, Bosch Tejedor percibió supuestamente de las empresas de la trama liderada por el empresario Francisco Correa unos 255.562 euros.

Por otra parte, los servicios jurídicos del Partido Socialista de Madrid, personado como acusación popular en el caso Gürtel, han solicitado finalmente al juez Pedreira la imputación de 40 altos cargos de la Comunidad, entre ellos el ex consejero de Cultura y Deportes Santiago Fisas, por un delito de prevaricación de funcionarios, informa Europa Press.

www.elpais.es 10.07.10

NUEVO VARAPALO JUDICIAL A AGUIRRE POR LA 'GÜRTEL' 

El caso Gürtel ha vuelto a vapulear a la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre. El Juzgado de Instrucción número 34 ha rechazado admitir a trámite la querella criminal que en junio presentó el Gobierno regional contra Tomás Gómez, líder del Partido Socialista de Madrid (PSM), por "denuncia falsa y revelación de secretos", al pedir a la fiscalía la imputación de 44 altos cargos del Ejecutivo autonómico por su relación con la presunta red de corrupción de Francisco Correa.  

No hay tal delito, justifica la jueza Coro Monreal en su auto, fechado el pasado 28 de junio y hecho público ayer por el propio Gómez en rueda de prensa. Primero, para que haya denuncia falsa tendría que haberse producido ya un hecho: que la fiscalía hubiera archivado la denuncia del PSM contra esos 44 altos cargos de Aguirre entre ellos, el vicepresidente, Ignacio González. Y eso no ha sucedido.  

Tampoco ha habido revelación de secretos, puesto que los datos constan en el sumario judicial, sobre el que ya no pesa el secreto. Es "evidente", añade el auto, que Gómez no recabó los datos registrados en ficheros informáticos de difícil acceso. Por último, la ley prevé sanciones sólo para el abogado, procurador, juez o miembro del tribunal que difunda detalles del sumario. 

Gómez se mostró ufano con el auto que rechaza la denuncia "mafiosa" del Gobierno. "Es la tercera querella que nos pone el PP en su afán por amedrentar a la oposición, y quiero preguntar a Aguirre si se están usando medios públicos, como el abogado de la Comunidad de Madrid, para amedrentar a la oposición. No lo conseguirán", dijo.  

El líder del PSM pidió el cese de Granados y que pague las costas del proceso judicial. También acusó a la presidenta de utilizar "de forma fraudulenta" a los letrados de la Comunidad para frenar la investigación de la Gürtel, la red que tuvo en Madrid uno de sus epicentros y que ya se ha llevado por delante a varios alcaldes y cargos de confianza de Aguirre. 

Fuentes de la Consejería de Presidencia no precisaron ayer a Público si se recurrirá la decisión de la jueza. Recalcaron que Granados presentó el escrito porque de él dependen los funcionarios "vilipendiados" por Gómez, incluido uno fallecido en 2007, Matías Morante de la Calle. "No es un tema personal. Quien denunció fue el Gobierno, no el consejero", sostuvieron.  

(www.publico.es, 06/07/10)

PANERO POSEE UN GRAN PATRIMONIO EN EL EXTRANJERO 

El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero posee "un importante patrimonio en el extranjero" que está "aún pendiente de bloqueo", según indica un informe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se indica también que la investigación ha producido ya "algún avance en su identificación" así como en las averiguaciones en torno a las "frecuentes salidas al extranjero" del antiguo regidor. La Fiscalía considera que la existencia de estas propiedades justifica su negativa a la petición del abogado de Panero para que relajase las medidas cautelares decretadas contra el implicado en la trama corrupta que afecta a numerosos ex cargos del PP. 

Las medidas impuestas contra Panero, conocido también por el resto de los implicados de la trama como El Albondiguilla, consisten en una fianza de 1,5 millones de euros, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Anticorrupción justifica su mantenimiento por los "numerosos indicios" de delitos contra la Hacienda pública, cohecho, prevaricación y malversación que apuntan contra el imputado.  

Estos indicios, según Anticorrupción, aparecían desde el comienzo de la investigación del caso "y han ido confirmándose con el avance de la instrucción". El Ministerio Público subraya que el propio Panero "no discute en su escrito" la posible existencia de dichos delitos. 

La investigación de las propiedades en el extranjero a la que alude el informe de la Fiscalía ha servido de base para que el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) e instructor del caso, Antonio Pedreira, haya desestimado en un auto las peticiones de la defensa de Panero. 

El Ministerio Público rechaza así la petición del ex regidor de Boadilla para que se le permita la salida del país "bajo autorización expresa" y, también, para que se elimine la obligación que tiene de comparecer cada 15 días en el tribunal. El fiscal se muestra en desacuerdo con las peticiones del acusado y llega incluso a sugerir la posibilidad de solicitar medidas "más gravosas para la libertad de Panero". 

El sustituto de Panero al frente de la alcaldía, Juan Siguero, también está siendo investigado por sus relaciones con las empresas de la trama Gürtel. En unas recientes declaraciones a EL PAÍS, Panero pidió que se investigara antes que a él, a Juan Siguero a quien considera el responsable de las adjudicaciones relacionadas con Francisco Correa (cabecilla del entramado corrupto) en el Ayuntamiento. 

La investigación realizada por el juez Antonio Pedreira en el marco de la Operación Gürtel ha destapado el modus operandi de los miembros de la trama en el Consistorio de Boadilla del Monte, donde la investigación sitúa el epicentro de la corrupción. Por ello, tanto Panero como Tomás Martín Morales, otro de los principales responsables municipales durante el mandato del ex alcalde, hayan tenido que afrontar sendas fianzas de 1,5 millones de euros para no ingresar en prisión. 

(www.elpais.com, 01/07/10)

AGUIRRE PAGÓ A MQM FACTURAS HINCHADAS HASTA EL 400% 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid pagaba a Marketing Quality Management (MQM), empresa que se coordinaba con la trama Gürtel y que está siendo investigada por el juez, facturas hinchadas para los actos en los que participaba Esperanza Aguirre. Así se desprende de las facturas incorporadas al expendiente del contrato con la comunidad suscrito el 25 de abril de 2007, a las puertas de las elecciones autonómicas, al que ha tenido acceso la diputada de IU Reyes Montiel. 

En algún caso, el sobrecoste llegó al 400%, como en el homenaje de 2008 a las víctimas del 11-M, que como cada año y siguiendo el mismo formato se celebró en la Puerta del Sol. 

Por la escenografía de este acto, que apenas dura cinco minutos, MQM cobró 118.595 euros. En 2009, ya con la trama desarticulada, la Comunidad sacó a concurso el mismo acto para 2010, que fue adjudicado a Publycom por sólo 24.099 euros.  

Los que asistieron al acto de 2010 apenas notaron diferencias con respecto a las ediciones anteriores. Pero costó cinco veces menos. 

En 2008, MQM había presentado a la Consejería de Presidencia dos facturas el mismo 11 de marzo, que se conmemoró dos días después de las elecciones generales. Ambas por el mismo concepto: "Acto conmemorativo 11 M que se celebró en la Puerta del Sol, exterior entrada del edificio".

 

 

La primera, por un total de 52.963 euros, IVA incluido, obtuvo el visto bueno para el pago el 15 de junio de 2008. Y la segunda, de 65.631 euros, el 8 de octubre. Ambos plácets tienen la firma de Camino Arroyo, directora general de Relaciones Externas. 

Este periódico preguntó el pasado jueves a la comunidad las causas de la diferencia de precio para el montaje del mismo acto entre 2008 y 2010, pero no ha recibido respuesta. 

Ante otras facturas también hinchadas cobradas por MQM en 2007 y 2008, un portavoz de la Consejería de Economía contestó por escrito: "La Comunidad ha facilitado toda la información que se le ha requerido por parte del juez. Asimismo, el Gobierno regional ha comparecido en la Asamblea para dar cumplida cuenta de la información de la que dispone el Ejecutivo regional, que siempre ha cumplido con la Ley de Contratos". 

Entre estas otras facturas hinchadas destaca la del acto institucional de la noche electoral de 2007, que costó 128.000 euros. Público ha cotejado el presupuesto presentado con expertos del sector, que han detectado partidas que en ocasiones superan el 1.000% del precio de mercado. Una portavoz de MQM declinó responder a Público porque el administrador, Antonio Martín Sánchez, se encontraba fuera de España. 

El juez investiga a MQM a raíz de la denuncia de Reyes Montiel, diputada de IU. Montiel llevó a la fiscalía una adjudicación del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), que pagó 1,25 millones por la campaña fantasma Made in Madrid, que no llegó a realizarse. Anticorrupción remitió el dossier a la causa Gürtel

La adjudicación del IMADE fue en octubre de 2006, pero en marzo de 2007, a las puertas de los comicios regionales, MQM se vio exonerada del 80% de sus compromisos. Inmediatamente después, el 25 de abril de 2007, firmó un contrato para el montaje de los actos de Presidencia, bajo la batuta del hoy imputado Alberto López Viejo, que incluía el acto de homenaje a las víctimas del 11-M. 

El concurso tomó como base de licitación uno de los actos institucionales más caros de 2006, que cifró en 62.000 euros. En este concurso general participó también Easy Concept, cuya administradora, Isabel Jordán, imputada en el caso Gürtel, declaró al juez que se coordinaba con MQM para acceder a contratos en Madrid.  

(www.publico.es, 23/06/10)

LOS SOCIALISTAS Y ALTERNATIVA PIDEN QUE SE DISUELVA EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, reclamó ayer a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que inicie los trámites para la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) porque considera que el actual equipo de Gobierno popular es "incapaz" de gestionar los intereses de los ciudadanos, que "no pueden fiarse de los concejales del PP". Gómez hizo esta petición tras conocer por EL PAÍS que la policía ha implicado en la trama Gürtel de corrupción a 20 personas más en Madrid, entre ellos el actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP). 

La policía considera que el regidor, que sustituyó a Arturo González Panero cuando fue imputado en la trama Gürtel, podría haber cometido un delito de prevaricación por facilitar información de las adjudicaciones municipales a los miembros de la trama de Francisco Correa. 

También pide la disolución del Consistorio el concejal Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla (APB), la tercera fuerza municipal de la localidad. Galindo resalta que, previamente, el presidente del PP, Mariano Rajoy, debería disculparse públicamente "por el bochornoso espectáculo que está dando su partido en Boadilla". 

El socialista Gómez solicitó a la Comunidad de Madrid que inste a la Administración pertinente [el Ministerio de Política Territorial] a la disolución automática del Ayuntamiento de Boadilla. "Si pusieron al más honesto después de echar al alcalde y a un concejal, y también resulta que está implicado, pues ya me dirán ustedes", explicó Gómez. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pablo Nieto, abogó porque sean profesionales independientes los que dirijan el Consistorio. 

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, adelantó que no actuará hasta que el juez tome una decisión sobre Siguero. La presidenta señaló que el propio regidor le ha dicho "que no hay absolutamente nada". La cosa sería distinta, añadió, "si se demostrara que no es así y el juez que lleva el caso le llamara o le imputara...". 

El proceso para la disolución de un Ayuntamiento está regulada en el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local. Tiene que ser el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, quien la apruebe. Pero los Ejecutivos autónomos también pueden pedir la disolución, tal y como ocurrió en Marbella con la Junta de Andalucía. Antes de proceder a la disolución debe recabarse el acuerdo favorable del Senado. 

(www.elpais.com, 22/06/10)

LA POLICÍA IMPLICA A OTRAS 20 PERSONAS EN LA TRAMA GÜRTEL EN MADRID 

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF) ha elaborado un informe en el que atribuye una decena de delitos a 20 personas que trabajan u operan con la Comunidad de Madrid. Entre la veintena de nuevos implicados en el caso Gürtel se halla el actual alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero Aguilar, al que el PP respaldó para sustituir a Arturo González Panero, imputado por diversos delitos en esta causa. 

Según fuentes cercanas a las pesquisas, el informe de la UDEF, que ha sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción, es demoledor y supone un nuevo vuelco al caso Gürtel, ya que implica a otras 20 personas (aparte de los más de 65 imputados que hay ya), entre las que se hallan directivos de empresas privadas y altos funcionarios del Gobierno de Esperanza Aguirre.  

Los empleados públicos en los que ha fijado sus ojos la policía formarían parte del personal de confianza del ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y habrían ayudado a este en toda la operativa supuestamente delictiva destinada a lograr, como así sucedió, que casi todos los actos institucionales que presidió Aguirre entre los años 2004 y 2009 fueran adjudicados a empresas de la red. 

El entramado tenía más de 20 empresas. Pero para disimular, y en connivencia con López Viejo y su personal de confianza, iba cambiando las firmas que facturaban los actos de Aguirre en Madrid. Pero todas ellas tenían un mismo tronco común: el cabecilla de la red, Francisco Correa. La policía ha descubierto que la trama corrupta, de acuerdo con López Viejo y con su asesor Pedro Rodríguez Pendas, llegó a utilizar empresas ajenas a su entramado para colocarlas como pantalla en muchas contratas a cambio de comisiones.  

Había dinero para todos, para Correa, para López Viejo y para las firmas pantalla, ya que se inflaban sobremanera (hasta un 40%) los costes de los actos que López Viejo, a través de la red Gürtel, preparaba para Aguirre. Una de las empresas utilizadas por la red como pantalla fue Marketing Quality Management. 

Con estos 20 nuevos implicados, el caso Gürtel salpica ya a unas 130 personas en las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Castilla y León, según fuentes de la investigación. En las pesquisas intervienen desde hace casi dos años un centenar de agentes policiales. 

El más destacado de los nuevos implicados, en lo que respecta a Madrid, es el actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero. Se trata del regidor que sustituyó al frente de la alcaldía de Boadilla a Arturo González Panero, al que la trama corrupta apodaba El Albondiguilla. Panero fue forzado por el PP a dimitir en febrero de 2009 junto a otros cuatro alcaldes de grandes municipios de la Comunidad de Madrid imputados en la trama (además de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey).  

El Albondiguilla está imputado por haber recibido supuestas comisiones superiores a 600.000 euros de las empresas de la red a cambio de contratas de obras públicas municipales amañadas. El Albondiguilla dimitió como regidor y mantuvo su acta de concejal, pero antes de quedar en la situación de edil no adscrito forzó al PP a que eligiese a Siguero como su sucesor. 

Siguero pudo incurrir, entre otros, en un delito de prevaricación por haber facilitado a la trama corrupta datos cruciales de contratas del Ayuntamiento de Boadilla adjudicadas finalmente a empresas de la red. La policía indaga si el actual alcalde de Boadilla (43.414 habitantes) recibió dinero a cambio de ayudas en las licitaciones de obras y de facilitar información de contratas a Correa, quien se halla preso en la cárcel de Soto del Real junto a su número dos, Pablo Crespo; y su primo y testaferro en empresas corruptas, Antoine Sánchez. 

Antes de implicar en el caso Gürtel a Siguero, la UDEF ha analizado multitud de documentos que acreditan que el regidor también intervino, cuando era concejal, en adjudicaciones de obras a la trama sobre las que recaen sólidos indicios de corrupción. 

La información en poder de la policía avala las imputaciones del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, quien el pasado viernes, en declaraciones a El PAÍS, arremetió contra su sucesor y le acusó de haber intervenido en todas las adjudicaciones de este Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama. "Tendrían que investigarle [a él] más a él que a mí", dijo. 

Siguero ocupaba el puesto número cuatro en la lista encabezada por Panero en las elecciones municipales de 2007. Fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el caso Gürtel, el PP regional quiso que accediese a la alcaldía la edil María Jesús Díaz Pérez. Panero se opuso y logró que el PP aceptase finalmente a Siguero. Entonces era su hombre de confianza. Ya no. 

González Panero explicó a EL PAÍS que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado de Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la trama]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo". Panero también relaciona a su sustituto con otras dos operaciones Gürtel.  

La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine". 

Las acusaciones de Panero contra su sustituto se producen después de que él, que se halla ahora como concejal no adscrito, pidiese a Siguero que le pagase la dedicación exclusiva como concejal desde que dejó la alcaldía. En total, 50.499 euros. Siguero se negó. Las acusaciones de Panero han sido constatadas por la policía. 

(www.elpais.com, 21/06/10) 

LA TRAMA GÜRTEL EN MADRID 

- Solo en su variante de Madrid, la trama Gürtel tiene 65 personas implicadas. En la lista se hallan, entre los cargos del PP más destacados, el ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, y los diputados regionales Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. 

- También se hallan salpicados en Madrid cuatro ex alcaldes: el de Arganda del Rey, Ginés López; el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el de Majadahonda, Guillermo Ortega; y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Y ahora puede sumarse a esa lista el sustituto de este último, Juan Jesús Siguero, más otra veintena de personas, entre altos funcionarios del Gobierno de Aguirre y directivos de empresas privadas que trapicheaban con la red. 

- El escándalo (con ramificaciones en Granada, Valencia y Castilla y León) también ha afectado al ex senador y ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y al ex diputado por Segovia Jesús Merino, así como al aún presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Iglesias; al presidente de Valencia, Francisco Camps; y a varios consejeros de su Gobierno. 

(www.elpais.com, 21/06/10)

PANERO ACUSA AL ALCALDE DE BOADILLA DE AMAÑAR CONTRATOS PARA LA RED GÜRTEL 

El ex alcalde de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, acusó ayer al actual regidor de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP), de haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción que instruye el magistrado Antonio Pedreira. "Por eso tendrían que investigarle más a él que a mí", dijo ayer en declaraciones a EL PAÍS. 

El actual alcalde de Boadilla era el número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de 2009, el PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre de confianza. 

Hoy las cosas han cambiado y Panero asegura que su sucesor nunca tuvo "capacidad" para ejercer el cargo. El ex alcalde asegura que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado que dirigía Francisco Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la trama Gürtel]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo". 

Panero también relaciona a su sustituto con otras dos operaciones Gürtel. La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine". 

La segunda es la cesión de terrenos municipales a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMSV) de Boadilla que acabaron en manos de la trama. "La EMSV adjudicó estos terrenos a una empresa de Ramón Blanco Balín [presunto testaferro de Correa]". El Ayuntamiento acordó este mes cancelar esta adjudicación por la que nunca cobró y que ahora investiga la Intervención General del Estado.El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero quiere que el Ayuntamiento de su municipio le pague el sueldo que hubiera percibido como concejal con dedicación exclusiva desde que dejó de ser alcalde el 10 de febrero de 2009. Por eso ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio que encabeza el primer edil Juan Siguero (PP) en el que exige una indemnización de 50.499,8 euros (38.499,08 por el sueldo que ha dejado de percibir y 12.000 euros por daños y perjuicios). En la demanda, González Panero exige también que se le reconozca la dedicación exclusiva y que se le integre en el Grupo Mixto, ya que, a pesar de haber sido expulsado del PP local, en contra de la voluntad de su partido, decidió seguir siendo miembro del Consistorio como concejal no adscrito. 

En el recurso presentado en el juzgado, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla en el sumario Gürtel, carga contra los actuales dirigentes del Ayuntamiento de Boadilla, asegurando que existe "una maniobra desde el momento de la imputación". Y esta maniobra consiste, según el letrado, en que se le vulnera su derecho de presunción de inocencia: "Se le obliga a dimitir como alcalde, se le impide el acceso a un despacho donde poder ejercer las labores propias de su cargo y se le retira sin previo aviso su ordenador personal, con el que ha estado operando nada menos que nueve años, sin descartar una posible manipulación del mismo". 

Además, el abogado dice que los actuales responsables del Ayuntamiento dieron de baja su número de teléfono móvil "sin previo aviso" . 

Para justificar estas peticiones, Panero, quien según el sumario cobró más de 600.000 euros de la trama, incluye varias sentencias que avalarían sus peti