CASO GÜRTEL : VERSIÓN MADRID

SALTA A LOS JUZGADOS DE ALCALÁ, QUE INVESTIGARÁN AL CONSISTORIO

Un juez de instrucción examinará la adjudicación de un contrato de cinco millones 

Un juzgado de instrucción de Alcalá de Henares será el encargado de investigar si el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el popular Bartolomé González, cometió alguna ilegalidad al adjudicar el servicio de pavimentación municipal por cinco millones de euros a la empresa Constructora Hispánica, relacionada con el caso Gürtel. El magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decidido que la competencia para investigar un presunto caso de corrupción en el seno del Ayuntamiento complutense la tienen los juzgados de Alcalá, por lo que ha acordado la inhibición parcial en favor del juez decano de este municipio. Y lo hace después de comprobar que no hay ninguna relación con el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. 

De esta forma, la pieza separada en la que se investiga el expediente de contratación para la conservación y reforma de los pavimentos de Alcalá, “así como el eventual pago de comisiones ilegales derivadas de su adjudicación”, según la denuncia del funcionario municipal Juan Antonio Camargo, se desgaja del tronco principal del sumario, que seguirá en la Audiencia Nacional. 

Esta pieza separada contiene importante documentación, entre la que destaca un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que sostiene que la tramitación y adjudicación de este contrato a la empresa Constructora Hispánica se hizo de manera "arbitraria" y "subjetiva". El documento resalta el Ayuntamiento ha pagado a Hispánica unos 500.000 euros más de lo previsto en dos contratos, siendo el desembolso total de 10 millones de euros. Además, explica que dos ofertas idénticas han sido valoradas de forma diferente, lo que ha provocado que al final Hispánica adelantara a las otras empresas que optaban a los servicios municipales ofertados por Alcalá. 

“Esta oferta no vale ni las pastas” 

“¿Quien le dijo que lo hiciera así, según dice en el escrito, fue Francisco Javier Fernández Abad?”, preguntó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una de las fiscales al funcionario de Alcalá Juan Antonio Camargo, que contestó: “Exactamente. Es mi jefe directo, el concejal de Obras y Seguridad”. 

“¿Lo que dice en ese escrito es que le dijeron que adjudicara las obras a Construcciones Hispánica a pesar de que la mejor oferta era la de la empresa API?. ¿En qué momento del expediente se encontraban?”, preguntó de nuevo la representante del ministerio público. 

Este fue el momento en el que Camargo explicó todo el operativo: “Una vez que se abren las plicas ya se sabe cuales son las mejores ofertas. Vemos que la oferta de Api es la mejor. Todos estamos de acuerdo en que es la mejor. Pero me hacen volver de un curso en Salamanca y me dice primero que a Api ni hablar. Que bajo ningún concepto se le adjudique a Api las obras. A pesar de que él es consciente de que es la mejor oferta. Y nos dice que ya nos dirá a qué empresa hay que adjudicarlo”. Al poco tiempo, según Camargo, el concejal le dijo que la empresa adjudicataria era FCC, la tercera. “Di instrucciones a Juan María y a los demás. Estudia la oferta de FCC que parece que finalmente va a ser la que va a resultar adjudicataria”, explicó Camargo, que prosiguió: “No parecía una mala oferta aunque no era la mejor. Y bueno, nos dicen que no, que esa tampoco y que era la de Constructora Hispánica. Y yo le digo: esa oferta es tan mala que no vale ni las pastas, es que es espantosa, es como mucho la peor de todas”, declaró este funcionario. 

Precisamente, la declaración del funcionario municipal Juan Antonio Camargo añade todavía mayor credibilidad al informe de la Igae. En la misma, explica cómo su jefe directo, el concejal de Obras y Servicios, Francisco Javier Fernández, le dijo a qué empresa tenía que otorgar el servicio: “Nos hizo una indicación de que debíamos adjudicar el contrato de mantenimiento de pavimentos a la empresa Constructora Hispánica”. 

En su testificación, Camargo explica también que la decisión de sus jefes de utilizar una fórmula novedosa para adjudicar el servicio fue decisiva para que Hispánica lograra el contrato. “Normalmente hay un concejal responsable y luego esta Héctor Bárez, que es el que abre las ofertas y el que lleva todo el asunto. Esta [fórmula] me la ha dado Gustavo Severián y me la tienes que aplicar. Y yo le pregunto: ¿Y esto …esta novedad. Esto no está en ningún sitio”. Para Camargo la aplicación de esta fórmula es la clave de la operación irregular del Consistorio: “Efectivamente minimiza el impacto del precio. De manera que una baja por encima del 20% prácticamente no tiene importancia”. “La formula que él me da, que yo lógicamente aplico, abre la posibilidad de que ese concurso acabe donde se quiere. Yo veo lo que está pasando”. 

En el sumario de la operación Gürtel se mantiene la investigación sobre el segundo de los servicios municipales que analizó la Intervención General del Estado en Alcalá de Henares: la construcción de un parque de bomberos. Y seguirá instruyéndose en la Audiencia Nacional porque uno de los apuntes de la contabilidad de Correa recoge que la organización recibió 78.899 euros por el parque de bomberos. El PSM a través de su abogado ya ha pedido en el TSJM la imputación de los ediles del PP Javier Fernández Abad y Marta Viñuelas. 

www.elpais.es 04.03.12

EL EXSOCIO DE AGAG ADMITE QUE RECIBIÓ 600.000 EUROS DE LA TRAMA 

El dinero era para financiar una operación urbanística en Alicante

El 'número dos' de Correa sostiene que la investigación obedece a “motivos políticos” 

Jacobo Gordon, socio de Alejandro Agag, el yerno de Aznar ha admitido esta mañana en la Audiencia Nacional que recibió 600.000 euros del número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo para una operación urbanística que efectuó en La Nucia (Alicante). Esa operación le generó unos beneficios de 238.000 euros. Gordon que ha declarado como imputado ante el juez Pablo Ruz, actual instructor del caso Gürtel, reconoció que durante un tiempo fue socio del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, en la sociedad Castaño Corporate. 

Esta sociedad, según relató Gordon ante el juez, subastó unas parcelas en Colmenar Viejo (Madrid) que fueron adjudicadas a la constructora leonesa Teconsa, una de las empresas vinculadas a la red Gürtel. Teconsa es la empresa que utilizó la trama como pantalla para conseguir la adjudicación de la sonorización y la imagen de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Esta operación, que supuso a la trama un beneficio total de tres millones de euros, fue supuestamente urdida entre Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de Correa en Valencia, y el exdirector general de televisión pública valenciana, Pedro García. 

Esos tres millones se los repartieron entre Teconsa, que se embolsó 200.000 euros; Pérez se quedó 500.000 y una cantidad similar el exdirector de la radio televisión valenciana. Crespo, por su parte, recibió 650.000 euros y Correa, el cabecilla de la trama, 1,4 millones de euros. 

Gordon declaró ayer en el juzgado que la comisión por la venta de las parcelas de Colmenar Viejo a Teconsa se ajustó a los precios de mercado. El dinero obtenido con la venta se destinó a la operación urbanística desarrollada en La Nucia. 

Tras la declaración de Gordon, llegó el turno a Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa, que se ha negado a declarar. Ambas declaraciones, junto con la del exvicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín, el encargado de crear la estructura societaria de Gürtel en el extranjero, habían sido solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para evitar que prescriba el posible delito fiscal que se cometió con estas operaciones. 

El juez Ruz ha decidido posponer la declaración de Blanco Balín a instancia de su letrado, que ha alegado que se encuentra de viaje, lo que le impedía comparecer. 

Antes de prestar declaración, en los pasillos de la Audiencia, Pablo Crespo expresó su “gran preocupación” por la situación penitenciaria de su exjefe Francisco Correa, el único imputado que permanece en prisión. “Me inquieta que Correa siga en la cárcel tres años después por una causa económica, no es justo”, afirmó. 

Una causa “100% política” 

Crespo negó que hayan existido pagos a políticos y se presentó como víctima de una conspiración urdida por “gente que, amparada en su posición pública, ha cometido auténticas tropelías; confío en que, en el futuro, serán punibles”. “La causa entera ha sido un auténtico disparate; si yo tengo que asumir algo, lo asumiré, pero todo lo que se ha dicho es falso”, añadió. 

“Esto es una causa 100% política, creada por órganos políticos y con objetivos políticos”, prosiguió Crespo. Admás, lamentó que muchas personas que trabajaban para las empresas de Francisco Correa hayan perdido sus empleos a pesar de que, según el número dos de la trama, “no tienen ningún tipo de implicación en los hechos que se nos atribuyen”. 

www.elpais.es 08.03.12

GARZÓN ABORTÓ UNA OPERACIÓN DE LA TRAMA GÜRTEL EN BOADILLA 

El Ayuntamiento perdía 13 millones de euros en la adjudicación para construir un polígono

La empresa adjudicataria era propiedad de un alto cargo del Consistorio 

El exjuez Baltasar Garzón abortó una operación de la trama Gürtel en la urbanización Prado del Espino (Boadilla) por la que el Ayuntamiento de este municipio, considerado el epicentro del mayor caso de corrupción de la democracia ligado a un partido político, perdía un mínimo de 13 millones de euros, según un informe de la policía al que ha tenido acceso este diario. Cuando todo estaba cerrado y el Consistorio dirigido por el entonces alcalde Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel,había adjudicado a una de las empresas de la red la concesión para construir y explotar un polígono en la zona conocida como Prado del Espino, muy cerca de la Ciudad del Santander, el exjuez Baltasar Garzón puso en marcha el operativo que acabó con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y del resto de implicados. 

En febrero de 2009 todo se fue al traste. Los pingües beneficios que esperaba la trama en esta operación se convirtieron en una pérdida de 239.000 euros por la fianza depositada. Esa cantidad era el aval que había presentado la firma ganadora, CIP Dealer, tras resultar adjudicataria del concurso, que según la oposición había sido amañado. Los auténticos propietarios de la empresa eran el empresario murciano Alfonso García Pozuelo Asins y Tomás Martín Morales, este último uno de los miembros más importantes de la trama, que entonces era funcionario de Boadilla. 

Precisamente, gracias a la intervención del exjuez Garzón la trama no llegó a hacerse con los polígonos. La adjudicación decretada por el Ayuntamiento se produjo en noviembre de 2008 y la operación policial ordenada por Garzón se desplegó en febrero de 2009. Apenas unos meses después, en junio de 2009, y ya estando fuera de la alcaldía González Panero, la empresa de la red no prosiguió con la adjudicación, perdiendo la fianza presentada, 239.000 euros.

El presunto testaferro que estaba el frente de la empresa tenía mucho que perder si daba la cara, al igual que sus dos verdaderos dueños, Martín Morales y García Pozuelo Asins. Los unos por los otros, perdieron el dinero, que fue confiscado por el Ayuntamiento de Boadilla tras incumplir la empresa las condiciones de adjudicación. 

El informe de la policía, que explica los pormenores de este pelotazo de la trama, hasta ahora inédito porque fue abortado por Garzón, está sobre la mesa del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que sustituye al propio Baltasar Garzón después de que este ha sido apartado de la Audiencia Nacional tras ser denunciado por tres de los imputados en el caso Gürtel: el presunto cabecilla, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el empresario leonés José Luis Ulibarri. 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en noviembre de 2008, adjudicó un polígono en la urbanización Prado del Espino de una forma muy polémica: de las dos ofertas el Ayuntamiento optó por la que menos beneficiaba al Consistorio. La sociedad CIP Dealer Madrid propuso el pago de 358.500 euros anuales a cambio de construir y gestionar durante 99 años un polígono aledaño a la ciudad y al campo de golf del Banco Santander. Esta cantidad, según la policía, era 126.755 euros menos que la de su competidora, que recurrió a los tribunales. 

Esta operación fue criticada por la oposición. Tanto el socialista Pablo Nieto como el independiente Ángel Galindo alertaron de posibles corruptelas, destacando que la decisión municipal se había basado en un informe realizado por un cargo de confianza del Ayuntamiento, que alegando temas menores le daba la adjudicación a CIP Dealer Madrid.Incluso Nieto hizo gala de un gran olfato llegando a asegurar que el informe era “harto discutible”. “Esta adjudicación me recuerda otras sospechosas, como la Ciudad del Deporte que ha aparecido relacionada con la Operación Gürtel o con la parcela UFC, que también suponía una pérdida para el Consistorio”, apuntó Nieto. 

El mencionado informe de la policía del pasado 1 de febrero destaca que tanto Nieto como Galindo estaban en lo cierto. La adjudicación de los suelos del polígono del Prado del Espino estaba relacionada con otras que también tenían irregularidades, y que están en el caso Gürtel: la Ciudad del Deporte, de Constructora Hispánica; y la parcela adjudicada a la empresa UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, uno de los que han conseguido acabar con la carrera judicial de Garzón. 

Los agentes han detectado que la empresa CIP Dealer, que se había creado en 2006 y que a finales de 2008 se hizo con el polígono del Prado del Espino, era en realidad propiedad de un miembro de la trama y excargo de Boadilla Tomás Martín Morales. Pero también del empresario murciano Alfonso García Pozuelo Asins. Ambos utilizaron firmas interpuestas a nombre de terceros, que actuarían como testaferros. 

Estas sociedades eran Robeco Inversiones, de Martín Morales, pero a nombre de otra persona de Getafe; y Acentia Concesiones, de Constructora Hispánica (ahora Assignia), propiedad de García Pozuelo Asins. Según el sumario, en 2007 Tomás Martín Morales recibió una comisión de 660.000 euros en metálico. Este cobro se produjo 15 días después de que el Ayuntamiento del que formaba parte adjudicara la denominada Ciudad del Deporte de Boadilla a Constructora Hispánica por un valor superior a los 30 millones de euros. El dinero de la comisión lo repartió entre los miembros de la red que habían participado en esta operación, la mayor de la historia en Boadilla del Monte. 

Pero el informe de la policía va todavía más allá al descubrir, gracias a la Agencia Tributaria, que la firma Robeco Inversiones, de Tomás Martín Morales, también mantuvo relaciones comerciales con otras sociedades vinculadas a lo largo del sumario con la red de Correa. Entre otras firmas están Free Consulting, propiedad también de Martín Morales, y Tecnología de la Construcción (Teconsa). Llama la atención que Martín Morales fuera también, según la investigación realizada, quien realizara los pliegos de condiciones para la adjudicación a Teconsa de la instalación de la luz en la visita del Papa a Valencia. 

La Agencia Tributaria resalta también en sus informes que de los ingresos declarados en 2007 por parte de Robeco, de Tomás Martín Morales, 104.400 proceden de la sociedad Virton, y de 60.320 de la UTE Boadilla. Ambas empresas trabajaban para el Ayuntamiento de Boadilla, especialmente la última, que también está siendo investigada por su vinculación a la financiación ilegal del PP de Boadilla del Monte. 

www.elpais.es 27.02.12

EL ALCALDE DE MAJADAHONDA CONCEDIÓ OBRAS A UNA FIRMA QUE PAGÓ A CORREA

La empresa Coarsa cobró 23 millones y abonó a la red más de 200.000 euros  

El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), adjudicó como presidente de la empresa de patrimonio municipal (Pammasa) obras por un valor superior a 23 millones de euros a una empresa que pagó comisiones, consideradas ilegales por la policía, al presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, según un informe de la Policía Judicial. Este documento explica el modus operandi de la red en Majadahonda: el Ayuntamiento, encabezado entonces por Guillermo Ortega, imputado en el caso, adjudicaba obras a empresas que facturaban de forma paralela a Correa grandes cantidades de dinero por servicios que no se llegaban a prestar. Para ello las firmas de la trama enviaban facturas falsas. Y Correa destinaba este dinero a financiar los gastos privados de los cargos públicos que le favorecían. En el caso de Majadahonda Guillermo Ortega, pero también sufragó los gastos del gabinete de Majadahonda. Además, según el informe policial, este dinero se utilizó para pagar la publicidad institucional del Consistorio, así como anuncios del PP local.

La policía considera que el cerebro de la trama actuaba como intermediario

El regidor asignó un acto de Teconsa a empresas de la red Gürtel

Esta nueva revelación del sumario pone de manifiesto que Narciso de Foxá, que fue quien en 2005 desplazó a Guillermo Ortega de la alcaldía, adjudicó a Coarsa obras por un valor superior a los 17 millones de euros. Esta cifra subió hasta los 23 millones por los sobrecostes. De forma paralela, Coarsa abonó a Correa facturas por un valor superior a los 225.000 euros. La policía sostiene que este dinero formaba parte de las comisiones ilegales que financiaban los gastos del alcalde y otros cargos públicos de Majadahonda. En total, el Ayuntamiento pagó a Coarsa -y a su matriz Licuas- más de 44 millones entre 2002 y 2008.

Estas adjudicaciones en las que participó De Foxá como presidente de Pammasa fueron, concretamente, las obras de urbanización en 2002 de la zona oeste de un área denominada Oportunidad, por un importe superior a los 10,3 millones. El soterramiento de una línea eléctrica en 2003 por un millón de euros; y la construcción de una vía de acceso desde Pinar al Carralero y el Valle de la Oliva. También en 2003 y por seis millones.

Para que Pammasa pudiera sacar a concurso estos terrenos el entonces alcalde, Guillermo Ortega, tuvo que firmar un convenio en el que el Ayuntamiento cedía los terrenos a Pammasa. El otro firmante del acuerdo junto a Ortega fue Narciso de Foxá, según el expediente municipal.

El informe de la policía concreta la existencia de facturas de Correa con destino a Coarsa / Licuas entre el 14 de diciembre de 2001 y el 21 de noviembre de 2002 por un importe de 135.000 euros. Algo que, en opinión de la policía, "podría responder al pago, por parte de dichas empresas, de una factura ficticia a TCM, ya que el importe de estas facturas pasa a ser destinado a la contabilidad b de Correa".

Entre estas facturas se encuentra una de Coarsa de 21 de noviembre de 2002 por un importe de 60.121,21 euros. Esta cifra coincide con una de las aportaciones que Correa hace a la cuenta que asigna a Ortega en su contabilidad b. De esta forma, el importe íntegro de esta y otras dos facturas, según la policía, pasa a utilizarse para el pago de diversos gastos de viaje y la compra de bienes. La cuenta que Correa destinaba al gabinete de la alcaldía también tuvo un ingreso procedente de Coarsa, según la policía. Fue el 24 de junio de 2002, y por 50.785 euros. Correa cobró este dinero vía TCM, la empresa con la que, según la policía, ejercía de intermediario para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Al margen de las obras a Coarsa, Narciso de Foxá también adjudicó otros servicios a empresas de Correa por un valor superior a los 80.000 euros. Llama la atención que una de estas facturas, del 22 de enero de 2004, por un valor de 1.474,59 euros, tuviera como finalidad la celebración del inicio de la construcción por parte de la empresa Teconsa de 150 viviendas públicas. Al acto acudió el vicepresidente de Teconsa, José Luis Martínez Parra, también imputado en Gürtel. Teconsa trató de cobrar más de dos millones de euros por el encarecimiento del acero, pero al final logró 300.000 euros de más.

www.elpais.es 23.11.11

El PSOE pide al juez del 'caso Gürtel' que cite a un asesor de López Viejo

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, señaló ayer que su partido va a pedir al juez Antonio Pedreira -instructor del caso Gürtel- que interrogue a Pedro Rodríguez Pendas, asesor de Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes del Gobierno de Esperanza Aguirre . El PSM, personado en la causa, quiere que Rodríguez Pendas explique "el funcionamiento de la trama" en Madrid. Gómez anunció la decisión tras publicar ayer este periódico que la investigación del caso había descubierto más implicados y actuaciones corruptas en la Comunidad de Madrid. Y que López Viejo, uno de los principales imputados por haber recibido supuestamente comisiones de la trama, usó empresas pantalla para adjudicarles los preparativos de los actos de Aguirre en connivencia con las empresas del jefe de la trama, Francisco Correa, y con la colaboración de su asesor Rodríguez Pendas. Una de las empresas utilizadas como tapadera fue la firma MQM (Marketing Quality Management). Los actos de Aguirre, que organizaba López Viejo, los montaba así la trama corrupta, que inflaba hasta en un 40% la facturación; en ocasiones ponía a otra como pantalla a cambio de una comisión.

"Más problemas"

Gómez señaló ayer que la información de EL PAÍS supone que al PP de Madrid se le "acumulen los problemas" y que esta sea una "semana trágica" más para ellos. "[La noticia] confirma lo que ya veníamos denunciando los socialistas, que la corrupción es una práctica extendida y habitual en el Gobierno del PP en Madrid", declaró Gómez. "Hemos conocido nuevos datos de otra trama de empresas que también empieza a funcionar en la Comunidad de Madrid desde la retirada de las empresas de Correa porque se pone de manifiesto que había indicios de investigación judicial. Se pone de manifiesto", añadió Gómez, "que actos tan importantes como el 11-M o la Medalla de Oro a los Príncipes, donde participaba Esperanza Aguirre, los organizaba López Viejo, y había dinero de los madrileños con destino diferente a beneficiar a la ciudadanía". De Rodríguez Pendas, Gómez dijo: "Parece que tiene muchas cosas que decir, y que era el responsable de los famosos correos electrónicos [entre la consejería de Presidencia de Aguirre] a las empresas del caso Gürtel".

www.elpais.es 15.06.10

LA INVESTIGACIÓN BUSCA EN PARAÍSOS FISCALES 40 MILLONES DE LA TRAMA GÜRTEL 

Los investigadores de la trama Gürtel en Madrid sospechan que la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha podido blanquear en una decena de paraísos fiscales en torno a 40 millones de euros. Dinero que supuestamente Correa y sus colaboradores habrían obtenido fraudulentamente de Gobiernos autonómicos y locales en manos del PP y de operaciones urbanísticas especulativas en las que el cabecilla Correa intermedió en favor de constructores y sacó suculentas tajadas. 

El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dictó ayer un auto en el que decretó la apertura parcial del secreto del sumario (unos 17.000 de los más de 70.000 folios que nutren las diligencias) y en el que figuran imputadas 71 personas. La investigación que desarrolla el juez Pedreira en Madrid es la más voluminosa y nutrida de la trama Gürtel, que tenía otra vertiente en Valencia (la de los regalos de trajes al presidente Francisco Camps y otros aforados de esa comunidad), que fue archivada el pasado agosto. No obstante, han surgido nuevos elementos criminales (la supuesta financiación ilegal del partido) que previsiblemente obliguen a iniciar otra investigación judicial en Valencia. 

En el auto dictado ayer por Pedreira, el juez justifica el que se mantenga secreta durante otro mes otra extensa parte del sumario en el hecho de que hay en marcha "numerosas comisiones rogatorias internacionales". Se han enviado peticiones judiciales de ayuda internacional con solicitudes de bloqueo de cuentas a nombre de Correa, de sus empresas corruptas y de sus lugartenientes en la trama: Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, y de su primo Antoine Sánchez. 

El juez se queja en el auto de que algunos países a los que ha remitido comisiones rogatorias "no son colaboradores". Sí está colaborando Suiza, donde la investigación sospecha que Correa oculta buena parte del dinero blanqueado. Testimonios de testigos e imputados del caso Gürtel apuntan a la posibilidad de que sólo en el país helvético la trama haya lavado en torno a los 23 millones de euros. Los investigadores están buscando esos más de 40 millones de euros, además de en Suiza, en las Antillas Holandesas, Panamá, Portugal, Colombia, Estados Unidos y en las Islas Caimán, entre otros paraísos fiscales. Correa utilizaba esos países para lavar el dinero que obtenía y para sobornar a altos cargos del PP, autonómicos y municipales, que a cambio le daban contratas y otras prebendas. 

Otro de los motivos por los que el juez mantiene secretas el resto de las diligencias es que aún está sin analizar, según explica en su auto, abundante documentación requisada en empresas y oficinas de la trama Gürtel. Al abrir ayer parcialmente el secreto, el juez desvela en su auto quiénes son los imputados. Uno de ellos, tal como avanzó este periódico el pasado lunes, es Rosalía Iglesias, esposa del senador por Cantabria y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. La lista de imputados se ha visto reducida respecto a la que elaboró el primer instructor de esta gigantesca causa, Baltasar Garzón. Pedreira ha sacado de la lista inicial a una decena de personas que se habían visto salpicadas. 

La esposa de Bárcenas tendrá que declarar para explicar de dónde procede un millón de euros descubierto en una cuenta a su nombre. Otros imputados son los ex alcaldes de importantes municipios madrileños como Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, así como los aún diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo (ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos del PP. 

Los 17.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto serán entregados a los interesados durante los días 6, 7 y 8 de octubre. También se entregarán las diligencias a los abogados del PP y del PSOE, que están personados como acción popular en la causa. 

Por otro lado, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se mostró ayer "encantada" con la decisión del juez Pedreira de levantar parcialmente el secreto sumarial. "Es una noticia esperanzadora", puesto que a partir de este momento se sabrá qué personas "están acusadas" y "de qué delito". Preguntada sobre si el PP asumirá responsabilidades de algún tipo, comentó que ella aceptó, "desde el primer momento", "las dimisiones de todas las personas que estaban afectadas". 

Fotografías comprometedoras

El instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, indica en el auto en el que levanta parcialmente el secreto sumarial que ha ordenado que se eliminen de las diligencias documentos obrantes en ellas que afectan a la intimidad de algunos imputados y que no aportan nada a la investigación criminal. Pedreira no especifica en el auto el contenido de esos documentos, aunque fuentes de la investigación señalan que en la mastodóntica causa de la trama Gürtel había numerosas fotografías de algunos cabecillas de la trama de tinte sexual y muy comprometedoras. "La decisión del juez me parece muy correcta: si todo eso se entrega a las partes y termina saliendo a la luz, es probable que se hubieran producido algunos divorcios", señalan fuentes cercanas a la investigación. 

Y es que hay decenas de fotografías, algunas captadas a la entrada de burdeles y otras decomisadas a los propios afectados -incluso del interior de esos locales, tomadas con cámaras de teléfonos móviles-. Y no sólo hay fotografías. También hay conversaciones grabadas a algunos de los cabecillas de la trama, entre ellos y con terceras personas, de fuerte contenido sexual, relativas a fiestas celebradas en prostíbulos. 

El juez Pedreira explica al respecto en el auto: "Entre la documentación intervenida existen documentos que aportan datos relativos a personas físicas ajenas a la presente causa, y que de hacerse públicos se podría vulnerar el derecho a la intimidad de las mismas, por lo que dicho derecho fundamental debe ser preservado". El juez también ha eliminado de las diligencias datos fiscales y privados de empresas que no afectan a la investigación y que constaban en el sumario. 

(www.elpais.com, 30/09/09)

EL JUEZ DE MADRID IMPUTA A LA ESPOSA DE BÁRCENAS Y OTRAS 70 PERSONAS EN EL 'CASO GÜRTEL' 

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha dictado un auto con fecha 28 de septiembre de 2009 por el cual levanta parcialmente el secreto de las presentes actuaciones y en el que dispone que se entregue a los interesados, a las partes personadas y a sus representantes legítimos una copia en DVD de toda la documentación relativa al expediente tramitado por la Audiencia Nacional, sin perjuicio del levantamiento parcial en fases sucesivas del secreto concerniente al resto del sumario. 

En total, Pedreira ha imputado en el caso a más de 71 personas entre las que se encuentra la mujer del senador y ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, que tendrá que explicar al juez el origen de más de un millón de euros hallados en una cuenta a su nombre. 

El DVD que se entregará a los interesados durante los días 6, 7 y 8 de octubre debido al número de partes y la dificultad, a partir de las 10.00 y por riguroso orden alfabético, incluye 20 tomos de principal, catorce tomos de documentación, tres tomos de medidas cautelares, tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, uno de recusaciones y uno de filtraciones. 

Son en total cerca de 17.000 folios de expediente que recogen las actuaciones emprendidas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional antes de que el magistrado Baltasar Garzón se inhibiera a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la investigación de la denominada trama Gürtel. 

Los días 6, 7 y 8 de octubre están citados, además de los interesados y el Ministerio Fiscal, las acusaciones populares y/o particulares integradas por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), así como el Partido Popular y los concejales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Pablo Nieto Gutiérrez, Fermín Iñigo Contrero, Yolanda Estrada Pérez y Josefa-Irene González Canoura. En calidad de perjudicados recogerán el dvd con copia del expediente sujeto al levantamiento parcial del secreto de sumario el abogado del Estado en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y el letrado de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

(www.elpais.com, 29/09/09)

EL CÓNSUL, LOS ABOGADOS, EL SASTRE Y LA ESPOSA DEL TESORERO

Quién es quién entre los imputados por el TSJ de Madrid en la trama de corrupción

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado hoy parcialmente el secreto del sumario en el caso Gürtel, la trama de corrupción que afeta a administraciones del PP. Junto a los cabecillas detenidos el pasado 6 de febrero y que siguen en prisión incondicional (Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez), figuran cargos del partido, abogados, empresarios, diplomáticos y hasta Rosalía Villar, la esposa del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. El senador Bárcenas, como el diputado Jesús Merino, no están imputados por este juzgado, ya que son aforados y el TSJM envió la parte del sumario que les afectaba al Tribunal Supremo.

Esta es la lista de imputados por delitos como blanqueo de dinero, fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público, revelación de secretos, prevaricación o tráfico de influencias:

1. FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ

Máximo responsable de Special Events y cabeza de la trama de corrupción.

2. PABLO CRESPO SABARIS

Número dos de Special Events. Ex secretario de organización del PP de Galicia.

3. ANTOINE SÁNCHEZ

Primo de Francisco Correa.

4. VICENTE LUIS AGRAMUNT CIURANA

Abogado.

5. JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN

Consejero de Repsol.

6. ALFONSO BOSCH TEJEDOR

Diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

7. JESÚS CALVO SORIA

Empresario. Ex gerente de la Universidad Complutense de Madrid.

8. ENRIQUE CARRASCO RUIZ DE LA FUENTE

Fue directivo de FCC Construcción.

9. CARLOS CLEMENTE AGUADO

Ex viceconsejero de Inmigración de Madrid con el PP.

10. PABLO COLLADO SERRA

Ex presidente de la Confederación de Jóvenes Empresarios. Cónsul honorario de Malta en Baleares. Ex gerente de la Fundación Baleares Sostenible. Organizador de actos del PP en las islas.

11. FRANCISCO JAVIER DEL VALLE PETERSFELDT

Abogado.

12. MANUEL DELGADO SOLÍS

Abogado. Cofundador de un despacho con la ex ministra Ana Palacio.

13. RICARDO GALEOTE QUECEDO

Ex edil del PP de Estepona.

14. JOSÉ GALEOTE RODRÍGUEZ

Ex edil del PP de Boadilla. Ex gerente del Consorcio Deportivo del Noroeste de Madrid.

15. LUCIANO GALLEGO PORRO

Abogado.

16. PABLO IGNACIO GALLO ALCÁNTARA CRIADO

17. GUILLERMO GARCÍA COELLO

Abogado.

18. JOAQUÍN GARCÍA MÁRMOL

Socio de Pasadera Viajes, empresa de Francisco Correa.

19. ALFONSO GARCÍA POZUELO ASINS

Presidente de Constructora Hispánica.

20. ARTURO GIANFRANCO FASANA

Intermediario financiero de Francisco Correa.

21. ARTURO GONZÁLEZ PANERO

Ex alcalde de Boadilla del Monte, del PP.

22. JACOBO GORDON LEVENFELD

Socio de Alejandro Agag.

23. CARMEN LEONOR HALLAX LEDESMA

Cónsul general de Panamá en Mónaco.

24. ALBERTO LÓPEZ VIEJO

Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y diputado del PP en la Asamblea.

25. CARLOS IGNACIO HERNÁNDEZ MONTIEL

Jefe de la Asesoría Galher.

26. ANTONIO HERRERO GONZÁLEZ

Empresario.

27. CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ

Contable de Orange Market.

28. ROSALÍA IGLESIAS VILLAR

Esposa del ex tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas.

29. JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ

Contable de las empresas de Francisco Correa.

30. EDUARDO JAUSSI SALA

Abogado.

31. JUAN MANUEL JIMÉNEZ BRAVO

Gerente de la constructora Puertonarcea.

32. FELISA ISABEL JORDÁN GONCET

Empleada de Francisco Correa.

33. SANTIAGO LAGO BORSTEIN

Abogado.

34. GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ

Ex alcalde de Arganda del Rey, del PP.

35. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUBAL

Abogado.

36. MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ

Apoderada de Orange Market.

37. TOMÁS MARTÍN MORALES

Vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte. Miembro del comité ejecutivo del PP de Boadilla.

38. BENJAMÍN MARTÍN VASCO

Diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

39. GUILLERMO MARTÍNEZ LLUCH

Director de Bancaja en Miami (EE UU).

40. LUIS DE MIGUEL PÉREZ

Accionista de Orange Market.

41. JUAN JOSÉ MORENO ALONSO

Ex concejal del PP de Majadahonda.

42. GONZALO NARANJO VILLALONGA

Empresario.

43. JOSÉ JAVIER NOMBELA OLMO

Ex asesor del concejal del Distrito de Moncloa. El alcalde de Madrid le hizo dimitir en febrero.

44. GUILLERMO ORTEGA ALONSO

Ex alcalde con el PP de Majadahonda y ex gerente del Mercado de Puerta de Toledo.

45. JOSÉ LUIS PEÑAS DOMINGO

Ex concejal del PP de Majadahonda.

46. ÁLVARO PÉREZ ALONSO

Conocido como El Bigotes. Responsable de Orange Market. Líder de la trama en la Comunidad Valenciana.

47. FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO

Hermano de Álvaro. Dirigía empresas de la trama.

48. CHRISTIAN RODRÍGUEZ MAZA

Gestor del patrimonio de Correa.

49. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO

Esposa de Correa. Ex asesora del Ayuntamiento de Majadahonda.

50. MARÍA VICTORIA ROMERO PARRAGA

Socia de Special Events.

51. EVA MARÍA SABIO VILLACORTA

Empresaria.

52. ADRIÁN SENÍN RICO

Colaborador de Orange Market.

53. JESÚS SEPÚLVEDA RECIO

Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, del PP.

54. JOSÉ TOMÁS GARCÍA

Sastre de Milano y Forever Young.

55. FERNANDO TORRES MANSO

Apoderado de Special Events.

56. JAVIER TUDELA DE LA CONCEPCIÓN

Empresario.

57. JOSÉ LUIS ULIBARRI COMERZANA

Empresario.

58. PLÁCIDO RAMÓN VÁZQUEZ DIÉGUEZ

Empresario.

59. ANDRÉS BERNABÉ NIETO

Chófer de Francisco Correa.

60. VERÓNICA CASTAÑE ÁLVAREZ

Ex administradora de Easy Concept, una de las empreasas de la trama.

61. PAULA SECO DE HERRERA LÓPEZ

Apoderada de Easy Concept.

62. CRISTINA COLMAN GONZÁLEZ

63. JOSÉ LUIS DÍEZ BERRENDO

64. EDUARDO ERASO CAMPUZANO

65. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CANSECO

66. FRANCISCO DE PAULA JURADO ARGAZ

67. RAFAEL DE LEÓN CEBREROS RANDALL

68. CARMEN LUIS CEREZO

69. DAVID LUIS CEREZO

70. ALICIA MÍNGUEZ CHACÓN

71. MARÍA CARMEN MOYANO RUIZ

 www.elpais.es 29.09.09

LA MUJER DEL SENADOR DEL PP BÁRCENAS FIGURA COMO IMPUTADA EN EL 'CASO GÜRTEL' 

magistrado que instruye la trama madrileña del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha ordenado levantar parcialmente el secreto de sumario del caso en un auto en el que detalla todos los imputados en la trama. En total, Pedreira cita a 71 personas, entre ellas, la esposa del senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar. 

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a todos ellos y al resto de partes para los días 6, 7 y 8 de octubre para hacerles entrega de parte de las actuaciones, en concreto, las que realizó el titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Las partes personadas en la causa recogerán la documentación a partir de las 10.00 horas y han sido citados por orden alfabético. 

Además de los tres imputados que continúan en prisión -los cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-, el juez cita como imputados al ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo, a los diputados autonómicos de Madrid Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch y a los ex alcaldes de Arganda del Rey (Ginés López), Pozuelo de Alarcón (Jesús Sepúlveda) y Boadilla del Monte (Arturo González Panero). 

Entre los imputados también está el hombre de confianza de Antoine Sánchez en Valencia, Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', y el sastre José Tomás García, que confeccionó varios trajes para el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. 

Figuran asimismo Arturo Gianfranco Fasana, que presuntamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la red dirigida por Francisco Correa, así como dos empresas de la trama, Easy Concept y Good & Better, que han sido intervenidas judicialmente. 

La lista de imputados se puede reducir en breve, ya que el fiscal ha pedido que se sobresea el caso para siete de ellos, aunque sus identidades se desconocen.

El levantamiento del secreto afectará a casi un tercio de las diligencias efectuadas. Serán un total de 17.000 folios repartidos en 20 tomos. Catorce de ellos son de documentación, tres de medidas cautelares, otros tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, uno de recusaciones y uno de filtraciones. 

Fuentes conocedoras del caso aseguran que la imputación de Rosa Iglesias aclara lo sucedido el pasado 29 de junio, cuando dos agentes de la Policía visitaron su domicilio por orden de Pedreira. 

Bárcenas, quien por su condición de senador está siendo investigado por el Tribunal Supremo, denunció entonces los hechos al considerar que el magistrado del TSJM no tenía competencia para dirigir la causa contra él, pero en realidad los agentes iban a entregar una citación para su mujer a petición de la Fiscalía Anticorrupción. 

Es aproximadamente un tercio del sumario y corresponde principalmente a las investigaciones realizadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que éste se inhibiera y trasladara el caso a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia. 

Esa parte consta de 20 tomos del sumario principal, catorce tomos de documentación, tres de medidas cautelares, tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, uno de recusaciones y otro llamado "de filtraciones". 

Aparte de los imputados, tendrán acceso a la causa como perjudicados la Agencia Tributaria y la Comunidad de Madrid y como acusaciones el PP, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y varios concejales socialistas de Boadilla del Monte. 

El "levantamiento parcial" del secreto no incluye las 15 comisiones rogatorias cursadas a ocho países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, por el juez Pedreira, que ha orientado buena parte de sus pesquisas a averiguar el paradero del dinero supuestamente desviado por el entramado empresarial dirigido por Francisco Correa. 

De los cerca de 17.000 folios que serán entregados a los interesados se han excluido también los datos que puedan vulnerar la intimidad de las personas implicadas en el caso que asumió Pedreira el pasado 31 de marzo. 

Desde entonces, el magistrado ha tomado declaración como imputados a 21 personas, de las que tres -Correa, Crespo y Sánchez- permanecen en prisión. 

El juez justifica su decisión de no levantar totalmente el secreto diciendo que "de las relaciones y las personas investigadas en la trama se evidencia un riesgo más que probable" de que el alzamiento total del secreto "pudiera dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación". 

(www.elmundo.es, 29/09/09)

UNA FIRMA SOSPECHOSA DE FINANCIAR AL PP DE CAMPS PAGÓ A LA RED GÜRTEL EN MADRID 

Las declaraciones de ingresos efectuadas por las empresas del caso Gürtel a la Agencia Tributaria en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan que al menos una de las contratistas valencianas bajo sospecha de haber financiado al PP a través de Orange Market, la firma valenciana de la red de Correa, también pagó a una de las principales firmas de la trama corrupta en Madrid. 

La Sociedad Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa) aparece entre los clientes de Easy Concept, una de las principales empresas de la trama corrupta que operaba en la Comunidad de Madrid. 

Easy Concept es la firma que logró, gracias al trato de favor del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, el montaje de la inmensa mayoría de los actos institucionales de Esperanza Aguirre. Easy Concept, según la investigación judicial y policial, pagaba comisiones a López Viejo por todos los trabajos que hacía para la Comunidad de Madrid. 

La policía que investiga el caso Gürtel interpreta que los pagos de al menos cinco constructoras valencianas a Orange Market en 2008 (480.000 euros, una parte con factura y otra sin ella) tenían como objetivo real financiar actos electorales del PP.

En los correos electrónicos incautados por la policía que fueron enviados desde Orange Market al despacho de la asesoría fiscal de esta empresa se ordenaba que se cancelasen facturas del Partido Popular valenciano por otras por idéntica cantidad a nombre de las constructoras. 

Orange Market no cobraba por sus servicios directamente al partido sino que liquidaba los gastos con constructoras que, a su vez, recibían contratos multimillonarios de la Generalitat valenciana, según el informe policial. 

La empresa que más dinero pagó a Orange Market fue Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), a la que la Generalitat valenciana adjudicó contratos por al menos 13 millones de euros en los últimos cuatro años. En el informe policial se habla de un pago de 200.000 euros a Orange Market en 2008. Los informes de la Agencia Tributaria acreditan otros pagos a Orange Market en 2007 (174.000 euros) y 2006 (14.906 euros). 

Facsa, según el mismo informe de la Agencia Tributaria, también pagó a Easy Concept 69.600 euros en 2006. El número de NIF que encabeza los ingresos de Orange Market y de Easy Concept procedentes de Facsa es el mismo. Un portavoz de Facsa aseguró ayer que no recordaba haber contratado nada con Easy Concept. 

Por otra parte, la empresa Orange Market declaró a la Agencia Tributaria unos ingresos del Partido Popular valenciano distintos a los que esta formación facilitó a EL PAÍS para justificar que sus relaciones comerciales con la trama corrupta eran legales. El PP declara un importe facturado de Orange Market de 685.464 euros en 2005 pero la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, consignó en ese ejercicio como ingresos a la Agencia Tributaria 712.322 euros. En 2006, la cifra indicada por el Partido Popular coincide con la declarada mientras que en 2007, la formación que preside Francisco Camps declara haber recibido facturas por 860.208 euros cuando Orange Market certifica ante Hacienda que ha ingresado 872.208 euros. 

En los libros de contabilidad de la firma Orange Market, requisados por la policía durante los registros de su sede y la detención de sus principales responsables, aparecen perfectamente diferenciados los ingresos por los actos del Partido Popular. Una parte los consignaban como entradas en A, de los que se conservan las facturas con IVA, y otra parte en B, sin justificante alguno. De éstos, algunos fueron sufragados con fondos de constructoras, según la policía. 

(www.elpais.com, 29/09/09)

Boadilla denuncia a dos empresas que se beneficiaron del 'Gürtel'

El Ayuntamiento considera que se han incumplido las condiciones de los contratos

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte (41.800 habitantes) está dispuesto a deshacer los entuertos provocados por el caso Gürtel. El nuevo alcalde del municipio, Juan Siguero (PP), pretende limpiar la imagen del municipio y reparar el daño que han supuesto las presuntas adjudicaciones irregulares del anterior alcalde, Arturo González Panero, a empresas involucradas en la trama Correa.

El nuevo alcalde quiere limpiar los restos de la trama Correa

Por eso, el Consistorio ha denunciado a Rústicas MBS por incumplimiento del contrato por el que se adjudicó la construcción y explotación de 32 locales municipales y un aparcamiento de 180 plazas. A cambio de gestionar los locales durante 75 años, Rústicas MBS pagaría un canon anual de 320.000 euros. Un negocio muy rentable. Porque, además, entre sus clientes estaba el propio Ayuntamiento, que alquilaba dos de los locales por una renta de 104.000 euros al año para ubicar allí la policía municipal y una oficina de la Empresa Municipal del Suelo (EMSV). Por si fuera poco, la empresa no pagó ni una sola cuota del canon anual durante tres años.

El ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, adjudicó los locales a Rústicas MBS "en unas condiciones muy ventajosas", según reconoció el cabecilla de la trama, Francisco Correa, en una de las conversaciones incluidas en el sumario. González Panero está imputado por su supuesta participación en la red corrupta. Rústicas MBS está administrada por José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol y uno de los imputados en la trama de corrupción encabezada por Correa en administraciones gobernadas por el PP. "José Ramón Blanco tiene una empresa, le adjudicamos un local y nos llevamos unas pesetillas", recogen las cintas de las grabaciones a Correa.

"Se ha producido un incumplimiento del pliego de condiciones, lo que ha dado lugar a la decisión de encargar a la EMSV que estudie las posibilidades para rescindir el contrato", señaló el nuevo alcalde durante el pleno municipal de 26 de junio. Pocas semanas después los servicios jurídicos del Ayuntamiento presentaron la denuncia contra Rústicas MBS.

Otro de los casos que el Consistorio estudia llevar a los tribunales es la adjudicación de una parcela a una empresa que ofrecía tres millones de euros menos que su rival. La próxima semana se reunirá el Consejo de Administración de la EMVS de Boadilla, el órgano que organizó el concurso, para decidir si finalmente acuden a los tribunales.

La constructora UFC logró la parcela para construir 139 viviendas de lujo a pesar de que su oferta era tres millones inferior a otra. La empresa pertenece al grupo Begar, propiedad de José Luis Ulibarri, otro de los imputados por la Operación Gürtel. La investigación del caso sostiene que el ex alcalde González Panero cobró una comisión de mano de Correa por adjudicar el solar a UFC.

El problema con el que se puede encontrar el Ayuntamiento de Boadilla es que el grupo Begar ha solicitado la suspensión de pagos. Ante esta situación, uno de sus acreedores, el banco Santander, ha comprado las 139 viviendas de lujo que están construidas y sin vender por unos 50 millones de euros. Los servicios jurídicos municipales estudian cuál es la mejor opción para recuperar los tres millones que dejó de ingresar.

www.elpais.es 12.09.09

JUICIO POR PREVARICACIÓN CONTRA EL EX ALCALDE DE BOADILLA 

El ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, tiene cuentas pendientes con la justicia más allá de la trama Gürtel. En el próximo mes de noviembre tendrá que sentarse en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles acusado de un delito de prevaricación, según un auto al que ha tenido acceso este periódico. 

Los escritos de acusación sostienen que el Ayuntamiento contrató en 2001 al hermano de Margarita de Diego Nicolás, una afiliada al PP que además formó parte de las listas electorales del partido en los comicios municipales de 2003. Sin concurso ni examen, el Patronato de Cultura Municipal le hizo un contrato laboral al hermano, R. de Diego Nicolás, según figura en la Seguridad Social. El Ayuntamiento reclamó al Instituto Nacional de Empleo la incorporación del trabajador para cubrir la plaza con urgencia. Lo hizo proporcionando los nombres y apellidos del empleado. Este nombramiento fue refrendado por González Panero. 

Las irregularidades fueron advertidas por el secretario del Consejo de Administración del patronato y captadas por los partidos de la oposición, el PSOE y Alternativa por Boadilla, que denunciaron los hechos en 2002. Según estos partidos, fue "un ejemplo de cómo actuaba el Consistorio, que se convirtió en un lugar para colocar a amigos y simpatizantes". El juez instructor apreció que había indicios de delito y procesó a Panero en 2006, un año antes de presentarse a las últimas elecciones municipales, que ganó. Desde entonces, la causa está a la espera del juicio oral, que se notificó a las partes el pasado martes. Entretanto, el 30 de octubre de 2006 hubo una modificación en la afiliación a la Seguridad Social del trabajador, que pasó a ser funcionario interino. 

También está imputado por esta presunta contratación irregular José Francisco Pastor, que entonces era el gerente del Patronato de Cultura, el órgano que contrató al conserje. 

La fiscalía asegura que "mediante su proceder, los acusados vulneraron de modo flagrante la normativa vigente en materia de selección de personal al servicio de las administraciones locales, pues dicho nombramiento no fue precedido de la pertinente convocatoria pública y después de su nombramiento no se aprobó la oferta de empleo público". El fiscal pide para ambos acusados la suspensión para cargo público durante dos años y una multa que consistiría en una cuota diaria de 12 euros a pagar durante ocho meses. 

Arturo González Panero también está imputado por la trama Gürtel de corrupción en torno al Partido Popular. Al Albondiguilla, como lo llamaba Francisco Correa, el jefe de la red, le impusieron una fianza de 1,8 millones de euros, la más alta de todos los investigados en el caso. Está acusado de aceptar sobornos y adjudicar contratos a empresas relacionadas con la trama. 

 (www.elpais.com, 10/09/09) 

EL FINAL POLÍTICO DE EL ALBONDIGUILLA, MÁS CERCA QUE NUNCA  

Los días en política de Arturo González Panero podrían estar contados. El ex alcalde de Boadilla del Monte podría ser inhabilitado por la Justicia en las próximas semanas. Sin embargo, y en contra de lo que cabría suponer, su adiós definitivo no estará directamente relacionado con el caso Gürtel. Según ha podido saber El Plural, El Albondiguilla deberá comparecer ante la Justicia el próximo 25 de noviembre por un presunto delito de prevaricación que cometió en el año 2001. 

Así se refleja en un auto dictado por el Juzgado Penal número 1 de Móstoles que fue notificado a las partes el pasado 8 de noviembre. En concreto, González Panero deberá acudir a los juzgados el 25 de noviembre para explicar si nombró a dedo a un conserje afín al Partido Popular.

¿A dedo?

Los hechos ocurrieron en 2001. El Albondiguilla y el, por aquel entonces, gerente del Patronato de Cultura, José Francisco Pastor de Luz, pudieron haber incurrido en un delito de prevaricación (dictar una decisión injusta a sabiendas) al contratar a un conserje sin convocar concurso ni oposición. El trabajador, Raúl de Diego Nicolás, fue reclamado directamente del INEM.
Hermanísimo

Se da la circunstancia que el trabajador era hermano de Margarita de Diego Nicolás, quien ocupó el puesto número 20 de las lista electorales que presentó el Partido Popular en las elecciones municipales de 2003.

Inhabilitación

Los hechos fueron denunciados en el año 2002 por el Partido Socialista y el partido independiente Alternativa por Boadilla. Ambas formaciones políticas piden para Panero una inhabilitación para cargo público de 7 a 10 años. Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid exige que El Albondiguilla no pueda ocupar ningún cargo público en al menos 2 años.

Aguirre, juez y parte  

Pese a que Panero no será juzgado hasta el próximo mes de noviembre, cabe destacar que ya estaba procesado por este caso desde el año 2006. Circunstancia que no le impidió repetir como candidato a alcalde de Boadilla del Monte en las elecciones municipales de 2007. Esperanza Aguirre, como presidenta del Partido Popular de Madrid prefirió hacer oídos sordos y no enfrentarse a un político al que se le acumulaban los pleitos.

La china en su zapato  

Aguirre no impidió que González Panero fuese reelegido presidente del PP de Boadilla, con el 57% de los votos, en diciembre de 2008. Acto seguido, El Albondiguilla destituyó a la persona que intentó sucederle en el cargo sin que nadie en Génova 13 levantase la voz. La gravedad de la situación era tal que El Plural no dudó en titular el 16 de diciembre de 2008 “La china en el zapato de Aguirre está en Boadilla”.

Aparente normalidad  

Y el tiempo dio la razón a este periódico. El 10 de febrero de 2009 el juez Baltasar Garzón imputaba a González Panero en el caso Gürtel. El Albondiguilla se vio obligado a dimitir como alcalde, pero conservó su acta de concejal. En la actualidad, El Albondiguilla se sigue paseando con normalidad por el Ayuntamiento de Boadilla y acude a diversas comisiones municipales (entre ellas la de Educación o Economía y Hacienda). Situación que puede acabar en los próximos días si finalmente es inhabilitado por la justicia.  

(www.elplural.com, 10/09/09)

EL TRIBUNAL DE MADRID LEVANTARÁ EL SECRETO DE SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL' A FINALES DE MES 

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, levantará el secreto del sumario que afecta a la causa previsiblemente en la última semana de este mes, ya que aún hay varias diligencias de investigación que deben ser practicadas. La decisión de levantar el secreto de las actuaciones en los plazos indicados se entiende sin perjuicio del respeto a la resolución que en este mismo sentido haga efectiva el Tribunal Supremo. 

Según ha informado el TSJM en un comunicado, el magistrado "es consciente del extraordinario esfuerzo realizado por la Fiscalía y la Policía durante el mes de agosto para conseguir reproducir en soporte electrónico los 46 tomos de prueba principal y los 73 tomos de piezas que constituyen hasta el momento la totalidad del procedimiento que se instruye". Así, será a finales de mes cuando se proceda a la entrega de los 119 tomos de prueba a cada una de las partes, una vez se haya completado el proceso de copia y reproducción. 

A cada parte se le hará entrega de un DVD con el contenido íntegro del proceso que se instruye en la Sala Civil y Penal del TSJM en relación con una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. 

Pedreira prorrogó por un mes el secreto del sumario de la investigación de la trama liderada por Francisco Correa para garantizar el curso de la instrucción y esclarecer los hechos punibles. 

Entre otros, el magistrado ha imputado al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, al parlamentario autonómico Alfonso Bosch, al diputado autonómico y ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, al ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, al ex concejal del PP en Estepona Ricardo Galeote, al ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López Rodríguez y al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. El Tribunal de Madrid atribuye a los aforados madrileños la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa. Durante sus comparecencias, los parlamentarios. 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó en un auto dictado el pasado viernes la puesta en libertad de Francisco Correa, el supuesto cerebro de la trama Gürtel, al entender que existe "un evidente" riesgo de que pueda fugarse a Panamá o Colombia al haber intentado tramitar la residencia legal en estos países antes de ser encarcelado. En el auto, hecho público hoy, el TSJM asegura además que el principal imputado en el caso intentó ocultar o destruir pruebas cuando supo que se habían abierto diligencias para esclarecer los hechos en los que está implicado. 

El tribunal ha tenido en cuenta el "evidente riesgo" de que Correa se dé a la fuga de ser puesto en libertad, ya que "no sólo tiene contactos con el exterior", sino empresas, inversiones y viviendas, "lo que le permitiría vivir sin necesidad de suelo español". Según el TSJM, Correa no sólo "ha intentado conseguir la residencia legal en Panamá y Colombia", sino que de las escuchas telefónicas se desprende "que cada vez permanecía más tiempo en el extranjero atendiendo sus empresas, por lo que parece indudable la existencia de contactos y medios para sustraerse fácilmente a la acción de la Justicia española". 

La sala entiende también que "existe riesgo de que se intente ocultar o destruir pruebas y ello no sólo por la natural inclinación del que se sabe vigilado por la Justicia, sino porque así se ha intentado una vez abiertas las diligencias sumariales y durante el periodo en que el apelante permaneció en libertad, como se puede comprobar en las grabaciones de las escuchas telefónicas". 

Añade además que el análisis del material ya conocido "puede hacer preciso la búsqueda de nuevos documentos o anotaciones contables". "Y es respecto a esos documentos o anotaciones contables donde surge un peligro concreto de ocultación, alteración y destrucción si personas que se encuentran en libertad acceden a estos documentos o apuntes antes de que se produzca la intervención judicial de los mismos", señala el auto. 

(www.pais.com, 03/09/09)

EL JUEZ PIDE INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO REAL DE EL ALBONDIGUILLA Y DE TOMÁS MARTÍN MORALES 

Por quinta vez, agentes de la policía judicial se han desplazado al epicentro del caso Gürtel, el municipio madrileño de Boadilla del Monte, para requerir información. En esta ocasión, los agentes quieren saber las diferencias entre el patrimonio real y el declarado de dos personas claves en el caso: el ex alcalde Arturo González Panero (más conocido como El Albondiguilla) y Tomás Martín Morales, ex vicepresidente y consejero de legado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV), quien además es considerado el alcalde en la sombra del municipio. 

Según informa la Cadena SER, a primera hora de hoy se han presentado los agentes en el ayuntamiento para cursar la solicitud del juez instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, y recabar las declaraciones de intereses de ambos imputados.

Patrimonio real y declarado

El magistrado Pedreira quiere conocer si lo que han declarado Tomás Martín Morales y El Albondiguilla se ajusta a su verdadero patrimonio. El juez quiere investigar el incremento de sus haberes en la etapa en que ambos estaban al frente del consistorio.

El Albondiguilla

González Panero abandonó la alcaldía de Boadilla del Monte tras un esperpéntico tira y afloja con Mariano Rajoy. Finalmente, el alcalde cedió y abandonó su cargo, aunque la marcha fue más bien una representación, pues El Albondiguilla no sólo sigue de concejal, sino que se dedica a aumentar el número de vocalías en las que participa. El juez del TSJM le impuso la mayor de las fianzas del caso Gürtel: 1’8 millones de euros.

El alcalde en la sombra

Por su parte, Tomás Martín Morales es considerado por muchos como el alcalde en la sombra de Boadilla. Su puesto prominente en la EMSV, donde también participaron muchos de los imputados en la trama, como el diputado madrileño Alfonso Bosch, le sitúa en el punto de mira de la investigación. Según el juez Garzón, cobró al menos 378.000 en sobornos para beneficiar a las empresas de Correa.

www.elplural.com 13.08.09

Arganda contrató 50 millones con ocho empresas vinculadas a Correa

El grupo socialista calcula que hay desviaciones de presupuesto de 10 millones

Las raíces del caso Gürtel en Madrid son cada vez más profundas. Hasta ahora se consideraba probada la existencia de negocios a partir de 2003 entre implicados en la presunta trama de corrupción y varios ayuntamientos madrileños (Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla y Arganda). Ayer los socialistas de Arganda del Rey revelaron que el Consistorio ha firmado desde 1996 contratos por valor de 50 millones de euros con empresas involucradas en el sumario judicial. Además, calculan, 10 millones responden a desviaciones del presupuesto inicial.

El alcalde Pablo Rodríguez recalca que sus actuaciones están en orden

El primer rastro de la relación entre el Ayuntamiento de Arganda y Francisco Correa, principal imputado en la supuesta trama de corrupción que salpica al PP, se encuentra en 1996. Ese año, Formación Comunicación y Servicios (FCS), una de las 23 empresas del conglomerado dirigido por Correa, se ocupó de la ofrenda floral de las fiestas patronales de Arganda a cambio de 11.800 euros. Desde entonces, la compañía ha realizado servicios para el Ayuntamiento que suman 187.000 euros, y que aparecen despiezados en pequeñas contratas, todas por debajo de los 12.000 euros, la cantidad a partir de la cual las concesiones públicas tenían que estar sometidas a concurso, según la anterior ley de adjudicaciones.

Ése es el patrón que se observa en el informe presentado por el partido socialista y que recoge los nexos entre las empresas del caso Gürtel y el Ayuntamiento en manos del PP: los primeros contratos no eran muy cuantiosos (siempre por debajo de 50.000 euros); es a partir de la segunda legislatura popular (2003-2007; el PSOE gobernó en 1999) cuando las empresas relacionadas de alguna forma con Correa obtienen contratos millonarios.

Los más jugosos, para constructoras que supuestamente contaron con Correa como intermediario: obtienen obras y trabajos de mantenimiento por más de 32,8 millones de euros. Es el caso de Teconsa e Hispánica. Los socialistas calculan que "se han desviado 10 millones de euros de los presupuestos iniciales", establece el informe. En total, colaboran con el Ayuntamiento ocho firmas con las que se relaciona con alguno de los implicados en el sumario judicial. Entre ellas, figuran algunas que son propiedad de imputados, como Special Events y Easy Concept (de Correa), o Begar (de José Luis Ulibarri y que recibe un millón de euros por la limpieza de edificios municipales, que aún efectúa).

El documento se basa en licitaciones públicas, expedientes, decretos y resoluciones conservados en el archivo y la secretaría municipales. La portavoz socialista en Arganda, Victoria Moreno, asegura que su grupo se personará como acusación particular en el caso.

El informe señala al actual alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero (PP), como firmante de algunos de los contratos (tanto en su época de concejal como de regidor, cargo que desempeña desde marzo). Sardinero admite, por ejemplo, haber autorizado la ampliación en 600.000 euros del presupuesto para el recubrimiento de una piscina a cargo de la constructora Teconsa, sospechosa de pagar comisiones a Correa para lograr contratos en administraciones dirigidas por el PP. Teconsa tiene más contratos con el Ayuntamiento, como la construcción de un tramo de la vía de circunvalación AR-30, que pasó de un coste previsto de 2.800.000 euros a 8.115.000.

El alcalde recalcó ayer que sus actuaciones están en orden y han sido supervisadas por los técnicos municipales. Sobre el resto de acusaciones se considera incapaz de emitir un juicio hasta que no regrese de sus vacaciones. También recordó que el PSOE gobernó en la localidad en fechas en las que estaban vigentes algunos de los contratos sospechosos. Su antecesor en el cargo, el popular Ginés López, dimitió en marzo cuando fue imputado por su relación con la trama.

www.elpais.es 08.08.09

El ex alcalde de Boadilla se aferra al acta de edil pese al malestar del PP

El concejal de Deportes, fiel a Panero, deja el cargo por "motivos profesionales"

Sin hacer ruido, sin decir nada a nadie, el ex alcalde popular de Boadilla del Monte Arturo González Panero se levantó de su silla y salió por la puerta de atrás de la sala de plenos del Ayuntamiento. Sucedió ayer. Mientras el resto de concejales escuchaba la reivindicación de medio centenar de padres sobre una escuela infantil, El Albondiguilla, como llamaban los cabecillas de la trama Gürtel al hoy edil, se marchaba sigilosamente. La escena es representativa de la vida en un Consistorio que hace medio año se convirtió en epicentro de la mayor trama de presunta corrupción en torno al PP.

• El Albondiguilla sigue en la dirección de la Empresa Municipal del Suelo

Panero salió de forma rocambolesca de la alcaldía. El 9 de febrero, simultáneamente, él y el líder nacional del PP hacían declaraciones opuestas: el regidor aseguraba que se quedaba, mientras el presidente de su partido, Mariano Rajoy, estaba convencido de que ya se había ido. Panero renunció al cargo al día siguiente, pero mantiene su acta de concejal y sigue en el grupo popular, con el que vota todo tipo de decisiones, incluso algunas que tienen que ver con la propia trama. El juez le ha impuesto la mayor fianza del caso: 1,8 millones de euros para hacer frente a eventuales responsabilidades económicas. Está imputado por seis delitos, entre los que figuran cohecho, tráfico de influencias y evasión de capitales.

Como el resto de los ediles, Panero forma parte de la junta general de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV), donde supuestamente se cocieron numerosas concesiones a empresas de la red. De ella tuvieron que salir otros altos cargos imputados en el caso: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor, el ex director del Ayuntamiento Tomás Martín Morales, y José Galeote, antiguo concejal del PP. Para quedarse, Panero aduce que fue elegido por sus vecinos y que les fallaría si abandona el Ayuntamiento. "Estar imputado es simplemente una figura para poder defenderse. Hay cientos de concejales imputados en España y no pasa nada", ha dicho a EL PAÍS.

Su presencia en la comisión informativa de recursos humanos del Ayuntamiento ha levantado las iras de la oposición: los ediles del PSOE y Alternativa por Boadilla han abandonado la comisión en protesta por la presencia de Panero. En ella se votó el mes pasado la rescisión del contrato de la oficina de información al ciudadano, adjudicada a Easy Concept, una de las empresas vinculadas a la red Gürtel.

Ante la negativa de Panero a marcharse, la oposición mira asombrada cómo el PP lo mantiene en su grupo municipal. La teniente de alcalde del municipio, Marta Puig, explica que el partido ya tomó la iniciativa de suspenderlo cautelarmente de militancia. "Tiene todo el derecho a mantener su acta como concejal y a estar en las reuniones", repite cuando se le pregunta si el grupo se ha planteado expulsar a Panero. El resultado de todo esto es un ambiente algo enrarecido, con un gobierno popular dividido entre ediles partidarios o enfrentados con el antiguo alcalde.

Ayer mismo se hizo efectiva la renuncia al acta del que fuera responsable de Deportes hasta hace poco más de un mes, José Alfonso Rodríguez. El edil estaba en su cargo cuando el Ayuntamiento otorgó el 10 de mayo de 2007 las obras del Parque del Deporte a Constructora Hispánica, una de las empresas de la trama Gürtel, que consiguió la adjudicación pese a tener peor valoración que Sacyr. Rodríguez era uno de los fieles a Panero y, según dijo, se va "por motivos profesionales". Pero el Ayuntamiento sugiere que se ha marchado después de que el actual alcalde, Juan Siguero, lo despojase de sus funciones por "discrepancias con su gestión".González Panero mantiene que todos los ediles le muestran un gran cariño. En privado, algunos -que piden anonimato- lo desmienten: "Es una vergüenza que siga ocupando un cargo institucional. Llega a los plenos y no hace nada. Cierra la boca y mira al móvil". En el pleno de ayer, el ex alcalde dedicó buena parte de la sesión a teclear en su teléfono.

No ejerce ninguna profesión y se centra, según sus palabras, en "demostrar" su inocencia en el caso Gürtel. Cobra unos 400 euros por cada pleno al que asiste, otros tantos por las Juntas Generales de la EMSV y alrededor de 200 en las comisiones. No junta un gran sueldo: unos 800 euros al mes.

Con el cariño de unos, el desprecio de otros y la aparente indiferencia que muestran en público quienes ahora están al frente del Ayuntamiento de Boadilla, la presencia de Panero es, cuando menos, polémica. Fuentes cercanas al PP del municipio señalan que la dirección regional está intentando convencerlo para que se marche. Las mismas fuentes indican que es posible que le quede poco tiempo en su cargo al actual coordinador municipal, Manuel Ángel Jiménez, hombre de confianza de Panero.

Los que ya están fuera de sus cargos son otros perjudicados de la trama. Una es A. J. B. Pide que se silencie su identidad porque está "harta" de ser calificada como "una de las chicas de Correa". Nada tiene que ver con el presunto líder de la red mafiosa. Sólo se dedicaba, junto a 10 compañeras, a atender las llamadas de los vecinos de Boadilla como empleada en la Oficina de Atención al Ciudadano. Lo hacían por 758 euros al mes, y cuando empezaron a ver en la prensa que la empresa adjudicataria recibía por el servicio más de medio millón de euros al año, las cuentas no les salían por ningún lado. El pasado 30 de junio se quedó sin empleo, igual que sus compañeras. Easy Concept ya no atiende a los vecinos de Boadilla.

www.elpais.es 01.08.09

EL TSJM ANULA LA ADMISIÓN DE LA PERSONACIÓN DEL PP COMO ACUSACIÓN PARTICULAR 

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha revocado la admisión de la personación del Partido Popular como acusación particular en la causa penal que investiga la rama madrileña del caso Gürtel al entender que "sólo resulta admisible" su participación en el proceso en concepto de acusación popular, según ha informado hoy el TSJM. 

La Sala estima el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra el auto que dictó el magistrado instructor, Antonio Pedreira el pasado 23 de mayo, en el que admitía la personación del Partido Popular como acusación particular. La Sala Civil y Penal ha ratificado la fianza que ya prestó de 1.500 euros. La Sala Civil y Penal señala en el auto que "sólo quién es titular del bien jurídico que la ley tutela y que el delincuente ha lesionado puede ser considerado ofendido o perjudicado por el delito" y que es a éstos a quienes la "norma permite que actúen en paridad de posición con el acusador público, reservándole, para separar con nitidez ambas figuras, la denominación de acusador particular". 

"Por no ser titular de los bienes jurídicos afectados por los delitos que en la causa se persiguen, es por lo que no cabe admitir en ella la actuación del Partido Popular como acusación particular", señala la resolución. Los delitos que se investigan son fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita. 

De acuerdo con el auto no parece admisible "el tipo de ofensa o de perjuicio a que se refiere en su escrito de personación el PP, cuando relata cómo mediante noticias o publicaciones aparecidas en los medios de comunicación, se ha tratado de atribuir a tal formación política una ficticia vinculación con los hechos difundidos, irrogándole así un claro menoscabo en la valoración ciudadana, al dar a entender de algún modo que los imputados recibían apoyo como consecuencia de sus relaciones con personas que pertenecían al citado partido". 

"No parece, en el criterio de esta Sala, que tampoco sea este el perjuicio o la ofensa a que aluden los artículos 109 y 110 de la ley cuando dibujan los perfiles del acusador popular", recalca la resolución. "Es sin duda preciso que los perjudicados o lesionados sean los afectados por la figura singular de infracción de que se trata y que su menoscabo se produzca como consecuencia directa o inmediata del hecho delictivo, sin la mediación o intervención de otros factores ajenos, como pueden ser los de la trascendencia de los sucesos producidos o su difusión ulterior", concluye el auto. 

(www.elpais.com, 24/07/09)

¿CÓMO AGUANTÓ USTED, DON PÍO, PÍO, PÍO, ENTONCES LÍDER DEL PP MADRILEÑO, LA BRONCA QUE UN DÍA LE MONTÓ CORREA? 

Los regalos envenenados de Correa empiezan a asomar. Pero los cobardes los reconocen sólo cuando saben que existe la constancia del mismo en la contabilidad gurteliana. Primero los trajes, luego los bolsos y ahora los móviles y relojes. En el Partido Popular sigue la histeria.  

Para unos, no pasa nada por recibir óbolos de cuantiosa magnitud, pero otros y otras se desmarcan y juran que salvo algún producto de la tierra, jamás han aceptado nada de valor.

Esperanza Picotas  

Hace dos días, Don Pío, Pío, Pío [García Escudero], ése del tema Fundescamp -la fundación fantasmagórica de la que apenas nadie habla- de quien dijo la Presidenta de la Comunidad (autónoma), Esperanza Picotas, que le preguntaran a Pío, Pío, Pío, no tuvo más remedio que admitir haber recibido regalos de la trama Gürtel. Ya en El Plural se dio la exclusiva de la estrechísima relación de Pío, Pío, Pío con dos implicados e imputados: Francisco Correa en prisión y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y ex otro chollo, que le facilitó la Dama de las Picotas, como era el de gerente del Mercado de la Puerta de Toledo, del que tuvo que salir por piernas, mientras le defendía con ardor el tal Bateta, que pertenece al círculo aguirrista.  

Aquellas noches  

Pues bien, de aquellas noches planificando juntos –Pío, Pío, Pío, Correa y Ortega- el acto electoral del día siguiente; de aquellas adjudicaciones a vuela pluma; de aquella complicidad infinita y siguiendo la lógica del señor González Pons –más conocido po el nombre de Santa Claus- llegaron los regalos y dádivas de agradecimiento.

Mi Tesoro  

El Senador Pío, Pío, Pío, amigo de Aznar [otro amiguito del alma, relacionado con Gürtel, qué cúmulo de amistades peligrosas cultivó el Condottiero Aznar], con cara compungida y expresión de: “Marianico, yo no he sido”, explicó con cierto detalle sus regalitos. Un móvil y un fastuoso reloj, el primero, según él, lo admitió enmarcado dentro de una relación normal de trabajo. Respecto del segundo, cuando lo visualizó quedó deslumbrado en su despacho como el Gollum del Señor de SUS Anillos, y tras un breve momento en el que recitó las palabras mágicas “Mi Tesoro”, volviendo a la realidad, mandó devolverlo a las oficinas de Francisco Correa Sánchez.  

Acto de fe  

Que los regalos se realizaron es tan palmario como los regalos de trajes y presentes navideños a mujer e hija de Camps. Sobre la devolución, claro, nadie inquiere nada, debemos hacer un acto de fe, nuestros dirigentes populares no mienten nunca, mientras que sus amigos dadivosos, tanto en grabaciones privadas como policiales, mienten como bellacos. Hombre, deberían haber pedido recibo de devolución.

Banda Pepera  

Lo de toda esta banda pepera, sus amigos de la sala del TSJV y sus sicofantes mediáticos apesta, molesta y cansa. Enmarcar el detallito del móvil dentro de una relación profesional es cuando menos una desfachatez. Le recuerdo Pío, Pío, Pío, que usted era quien adjudicaba contratos a estos perillanes y que los susodichos se sufragaban con dinero público en su mayor parte. Aceptar móviles no parece una actitud muy honrada para alguien que luego parece Salomón impartiendo justicia cuando habla en el Senado, gesto adusto y cuerpo ligeramente escorado [¿ha practicado usted con guijarros en la boca?, parece que habla mejor que hace unos años cuando aceptaba regalos], especialmente en sus diatribas al Presidente del Gobierno de España. Es por ello su carácter demudado del otro día, su hablar entrecortado (qué lejos esa impostación de voz senatorial que recuerda a aquel Catón pidiendo la destrucción de su mayor enemigo), su mirada huidiza y gesto aniñado, buscaba el perdón, la comprensión.¿También la complicidad sobre la receptación del móvil y la aprobación en la supuesta devolución del Relojazo?

Cobardía  

¡Qué cobardía señor García! ¿Cómo no nos habló antes de su relación íntima con Correa, de sus presentes? ¿Cómo ha tenido que esperar a que su nombre apareciera en la contabilidad corrupta? Las excusas a toro pasado son de malos pagadores y usted me parece un mal pagador. Cuente todo: narre su intimidad correil; sus andanzas bigotiles; desayuno, comida, cena; ese comentario soto voce para mejorar la oferta. Manifestación urgente: llamen a Correa, Acto improvisado: llamen a Correa, quiero cambiar la sala de Prensa, llamen a Correa……..En fin, no sé. Cuente la verdad y punto. Y menos disculpas a posteriori. El regalo existió, la devolución no se la cree nadie, la carga de la prueba queda en su alero.

Bronca Monumental  

¿Cómo alguien como usted, con su cargo en aquel momento, nada menos que de presidente del PP madrileño, aguantó tieso y sin rechistar una bronca pública del señor Correa hacia usted por váyase a saber qué extraño asunto entre ambos? Vuelva a sacar su geta de niño bueno y azorado y cuente esta historia, había más de cien testigos puesto que fue en un master de tenis, en el hall de entrada a la Zona Vips, sí, sí, al lado de las escaleras mecánicas.

Secretitos al oído  

Don Pío, Don Pío, Don Pío...Lo fácil que hubiese sido -cuando en El Plural se reveló su intensa relación con la trama- haber “cantado” sobre los contratos que dio a la misma y los regalitos y su versión del rechazo etc., y no esperar a salir en los apuntes económicos de la trama. Si así lo hubiese realizado no habría pasado el reciente mal trago. Ahora seguro que usted se está preguntando ¿qué más? ¿Saldré en el sumario por aquellos secretitos al oído que vertía en los pabellones auditivos de mis leales y fieles concejales de Urbanismo, aquellas aladas palabras que jamás deberían haber salido del marco de mi boca sobre Correa y nuestro compromiso con él, así como con otros grandes benefactores peperos?

¿Y del Fundescam? Pues eso, que pregunten a Pío,Pío, Pío...  

(www.elplural.com, 23/07/09)

EL FUEGO EN EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO FUE INTENCIONADO 

El incendio, el pasado lunes, en el archivo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón fue intencionado, según fuentes de la investigación. Este municipio, gobernado por el PP, ha sido investigado en el caso Gürtel por corrupción vinculada a ese partido, y las dependencias municipales han sido registradas dos veces por orden del juez. Su ex alcalde Jesús Sepúlveda dimitió por su implicación en el caso. El magistrado Baltasar Garzón le acusaba de aceptar 400.000 euros en sobornos. 

El fuego se produjo pasadas las dos de la tarde en el sótano del edificio, momento en el que, según testigos, un hombre calvo de mediana edad prendió fuego a unos legajos colocados encima de un archivador y se marchó, mantienen fuentes policiales. "Fue sofocado inmediatamente, y, en principio, no parece que esos documentos tengan relación con el caso Gürtel, sino con papeles del impuesto sobre bienes inmuebles", aseguran las mismas fuentes. El Ayuntamiento de Pozuelo remitió un comunicado en el que afirma que el fuego en el archivo "no destruyó ningún documento significativo". 

Una portavoz del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón contradijo la versión de las fuentes de la investigación, señalando que "no se quemó ningún papel, ya que el fuego se produjo cerca del archivo, pero no dentro". La misma fuente asegura que ha puesto en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía los hechos para que investigue lo sucedido con el fin de que el expediente sea trasladado al juzgado. 

El Consistorio arremetió contra el grupo socialista, que calificó el fuego de "sospechoso". "Las insinuaciones vertidas por el PSOE sobre el origen del incendio realizadas sin la menor prueba sobre lo sucedido son lamentables, irresponsables e impropias, y sólo tienen como finalidad seguir extendiendo la sombra de la sospecha sobre cualquier actuación relacionada con este Ayuntamiento", añadió la portavoz. La alcaldía de Pozuelo respondió que no tiene nada que ocultar respecto a su gestión y que cumple con todas las normas de fiscalización de conformidad con la ley. 

(www.elpais.com, 22/07/09)

INCENDIO EN LOS ARCHIVOS DE UNA ALCALDÍA DEL 'CASO GÜRTEL' 

Los archivos de los ayuntamientos vinculados al caso Gürtel de corrupción relacionada con el PP deben de ser unos de los lugares con más interés informativo de la región. Ayer, un incendio quemó varios documentos en uno de ellos, el de Pozuelo de Alarcón. El fuego, que no fue grave ni ocasionó daños personales, se produjo sobre las dos de la tarde en el sótano, en la zona de los archivos. Según una portavoz municipal, el incendio fue "muy pequeño" y no destruyó "apenas nada". Cuando los bomberos llegaron ya había sido extinguido y se limitaron a ventilar. 

La misma portavoz asegura que la mayor parte de los documentos importantes del Ayuntamiento están digitalizados o en un edificio frente a las dependencias municipales, por lo que "no hay que temer que se hayan quemado papeles importantes". Añadió que desconoce las causas del incendio.La oposición socialista de Pozuelo no está tan convencida de la escasa importancia que el Ayuntamiento atribuye al fuego.  

La concejal Ana Calvo reconoce que no saben qué tipo de documentos pudieron ser los afectados, pero les parece "cuanto menos sospechoso" que un incendio queme papeles justamente en el archivo, donde "puede estar guardado mucho material relevante, ya que ahí se almacenan desde planos hasta informes". Los socialistas llevan tiempo quejándose de la falta de transparencia del Ayuntamiento. "Nos ocultan todo tipo de facturas y documentos que pedimos en el pleno; y ahora pasa esto. Aunque no podemos acusar a nadie, cuanto menos da que pensar", exponía Calvo, cuyo grupo denunció recientemente que el Consistorio se negó a participar en un informe de transparencia internacional que cada año señala el grado de claridad de los organismos municipales. 

La portavoz socialista, Eva María Izquierdo, decía ayer que su grupo pedirá hoy explicaciones para conocer qué se ha destruido y cómo se produjo el siniestro. "No es normal que haya un fuego en el archivo del Ayuntamiento. Incluso aunque no se haya quemado nada de importancia, queremos saber si el Consistorio tiene las suficientes medidas de seguridad", añadió Izquierdo. 

Esto ocurre cuatro meses después de que el alcalde Jesús Sepúlveda abandonase el cargo por su imputación en el caso Gürtel. El sumario del juez Baltasar Garzón señalaba al ex regidor como uno de los implicados en la trama de Francisco Correa. Las empresas vinculadas a la red recibían supuestamente adjudicaciones ventajosas a cambio de sobornos a los responsables municipales. El ex alcalde de Pozuelo negó su participación en la red, de la que recibió según el sumario más de 422.000 euros. 

(www.elpais.com, 21/07/09)

EL JUEZ BUSCA EL DINERO DEL ‘CASO GÜRTEL’ EN OCHO PAÍSES  

El juez del Tribunal Superior de Madrid que investiga el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha enviado 15 comisiones rogatorias (petición de ayuda a jueces de otros estados) a ocho países (Suiza, Mónaco, Reino Unido, EEUU, Colombia, Panamá, Portugal y uno asiático) y dos paraísos fiscales –las islas Caimán y las Antillas holandesas– para averiguar el destino que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa dio al dinero ilícito que supuestamente obtuvo de ayuntamientos madrileños y otars administraciones del PP. 

En las peticiones, respaldadas por la fiscalía anticorrupción, también aparecen implicados de segunda fila ante la sospecha de que eran testaferros. Pedreira ha prorrogado el secreto de las actuaciones hasta septiembre.  

Por otra parte, el Tribunal Superior valenciano ha admitido a trámite los recursos del presidente Francisco Camps y de otros tres imputados contra el auto dictado por el juez José Flors por apreciar indicios de cohecho.  

(www.elperiodico.com, 17/07/09)

EL TSJM BUSCA EL DINERO QUE LA TRAMA GÜRTEL BLANQUEÓ EN PARAÍSOS FISCALES  

El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha ordenado la practica de quince comisiones rogatorias a diferentes países para investigar el destino del dinero supuestamente desviado por la presunta trama de corrupción ligada al Partido Popular. 

El magistrado, según informa en un comunicado el TSJM, ha prorrogado el secreto de las actuaciones hasta la primera semana de septiembre para garantizar el curso de la investigación y esclarecer los hechos punibles, tal y como le ha solicitado el Ministerio Fiscal, que también considera conveniente mantener el sumario secreto en el Tribunal Supremo.

Paraísos fiscales  

En cuanto al desarrollo de la investigación, Pedreira ha ordenado en los últimos días la práctica de quince comisiones rogatorias a diferentes países (entre ellos Suiza, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá) con el fin de averiguar el destino del dinero supuestamente desviado fuera del territorio español por la trama Gürtel, dirigida por Francisco Correa.

Recuperar el capital  

El TSJM confía en que dichas diligencias, "que deberían contar con la colaboración de las autoridades de los paraísos fiscales", permitan localizar y recuperar el capital evadido.

Sin precedentes  

La nota añade que la colaboración de las autoridades de los diferentes paraísos fiscales, en los términos solicitados, supondría un importante precedente que marcaría el curso de éste y de futuros procedimientos.

Anticorrupción
Cabe recordar que el pasado mes de mayo, la Fiscalía Anticorrupción plasmó en un informe las sospechas que apuntaban a que la trama de corrupción blanqueaba el dinero procedente de las cuantiosas adjudicaciones obtenidas de las diferentes administraciones gobernadas por el Partido Popular en paraísos fiscales

Tres direcciones  

En concreto, Anticorrupción señaló que la trama ideada por Correa actuaba en tres direcciones: la organización de eventos para el PP; inversiones inmobiliarias y lavado de dinero en paraísos fiscales. "Los beneficios se ocultan a Hacienda. Son llevados al extranjero y luego se devuelven", agrega su último informe. Con este dinero ya blanqueado se compraban inmuebles a nombre de testaferros y además se pagaban los sobornos para alcaldes y altos cargos del PP implicados en la trama. 

(www.elplural.com, 16/07/09) 

EL PSOE DE BOADILLA SERÁ ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL 'CASO GÜRTEL' 

El PSOE de Boadilla se presentará como acusación particular en el juicio del caso Gürtel. Así se lo ha notificado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, en un escrito fechado el pasado 2 de julio, en el que admite la personación de los socialistas de esta localidad madrileña. 

Boadilla del Monte (41.800 habitantes) es uno de los epicentros de la supuesta trama de corrupción que afecta al Partido Popular. Cuatro cargos de este municipio están imputados en el caso: Arturo González Panero, ex alcalde; Tomás Martín Morales, ex director general del Ayuntamiento; Alfonso Bosch, diputado regional de la Asamblea de Madrid, y José Galeote, ex concejal del PP. Todos ellos ocuparon además los puestos de mayor responsabilidad en la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte. 

"Grave perjuicio"

Las presuntas irregularidades que se han producido en el Ayuntamiento de Boadilla, con contrataciones bajo sospecha, "han causado un grave perjuicio a las cuentas del erario público", apuntan fuentes socialistas del municipio. El PSOE considera que la concesión de locales comerciales a una empresa de Ramón Blanco, imputado en el caso Gürtel, ha supuesto la pérdida de 99 millones de euros. La venta de una parcela a la empresa UFC por debajo del valor de mercado habría conllevado una pérdida de cuatro millones de euros y en la construcción de la ciudad del Deporte y la Salud, según consta en el auto, presuntamente se han cobrado comisiones por valor de tres millones de euros. 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha dejado de percibir 106 millones de euros por las adjudicaciones a empresas de la trama, una cifra que supera en mucho el actual presupuesto municipal, según estas fuentes. 

"La gestión del gobierno del PP ha manchado la imagen de nuestro municipio. Ha desprestigiado las instituciones al mantener como concejal al ex alcalde imputado Arturo González Panero. Pero sobre todo ha arruinado la Hacienda municipal", explicó ayer el portavoz socialista en el municipio, Pablo Nieto. "El partido socialista en Boadilla ha decidido personarse con el objetivo de defender los intereses económicos de nuestros vecinos", aseguró Nieto. 

(www.elpais.com, 08/07/09)

Un imputado invirtió en un macroproyecto en Panamá

Jacobo Gordon se sumó a una operación urbanística impulsada por Carlos Malo de Molina para comprar suelo por 20 millones de euros. La Policía cree que la trama blanqueó dinero en el país centroamericano

Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, testigo de su boda con la hija de Aznar y cabeza de un grupo inmobiliario investigado por el juez del caso Gürtel bajo sospecha de blanqueo, se embarcó en 2007 en una operación multimillonaria para la construcción de viviendas en Panamá. El país centroamericano es uno de los que, según las pesquisas policiales, utilizó para lavar dinero la trama que dirigía Francisco Correa, que intentó obtener allí permiso de residencia.

Imputado por su supuesta pertenencia a la red corrupta, el empresario se incorporó -oficialmente como socio minoritario- a un proyecto que sólo en el trámite de adquisición

de suelo implicaba el desembolso de 28 millones de dólares, unos 20 millones de euros al cambio. Planeada sobre diez fincas y bautizada como Lake Valley, la urbanización no ha llegado a construirse. Sólo dos de las diez fincas suman 93 hectáreas, equivalente a otros tantos campos de fútbol.

Una demanda interpuesta en Madrid por Gordon contra el principal promotor de la operación y sociólogo propietario de Sigma Dos, Carlos Malo de Molina, ha destapado ahora su presencia en Panamá, que figura en la lista negra de escenarios donde la trama adquirió propiedades para camuflar el origen ilegal de sus fondos.

Gordon reclamaba en su demanda a Malo de Molina 2,1 millones de euros por el impago de un préstamo de 1,7 millo-nes de euros que su empresa Real Estate Equity Portfolio SL había otorgado en abril de 2007 a Sigma Dos.

Preguntado por Público, el accionista mayoritario y presidente de la firma demoscópica admitió que aquel crédito, concedido a cambio de un pagaré, tenía como destino la urbanización proyectada en Panamá en una zona cercana al río Mariprieta. Sigma Dos no contabilizó en sus cuentas de 2007 ese préstamo. "Fue un error que ya arreglamos con Hacienda y que se subsanará en las cuentas de 2008", dice Malo. La pirueta por la que Sigma Dos logró un dinero que en realidad terminaría en manos de una promotora panameña se explica, según Malo, por que Gordon "quería firmar con una empresa española".

Ante la insistencia de Público, el sociólogo reconoció que, además del préstamo, Gordon invirtió 1,3 millones de euros en acciones de Inversiones MDM5 SA, una de las múltiples compañías con las que el sociólogo opera en Panamá. Según Malo, Inversiones MDM5 SA es, a su vez, propietaria de Inversiones MDM Dos SA, que fue la que firmó el contrato de adquisición de las diez fincas sobre las que iba a levantarse Lake Valley, suscrito un mes después de que Gordon hubiera concedido el préstamo a Sigma Dos. En total, el ex socio de Agag habría aportado tres millones de euros, "con opción" -admite Malo de Molina- a incrementar su peso en MDM 5 mediante nuevas compras de acciones.

Las indagaciones en torno a la trama Gürtel han situado bajo el foco a Real Estate Equity Portfolio y sus seis empresas satélite. Como adelantó este periódico, una de ellas, proyecto Twain Jones, desarrolló en Majadahonda (Madrid) una promoción de 16 viviendas de lujo que se ofertan a un millón de euros. Según el diario El País, en su exposición razonada al Supremo el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, considera esa promoción como el eslabón final del entramado societario creado por la red corrupta para blanquear dinero.

Malo: "Correa no participó"

¿Participaban en ese negocio Francisco Correa o Ramón Blanco Balín, socio de Gordon en 2007, ex vicepresidente de Repsol, amigo de José María Aznar y a quien la investigación apunta como uno de los blanqueadores de la trama Gürtel? Malo de Molina niega cualquier contacto con ellos. Fuentes consultadas por Público sostienen que, en 2008, Correa se encaró al sociólogo durante el torneo Masters Series de Madrid y le espetó, ante varios testigos, la siguiente frase: "¿Dónde están mis tres millones?". "Quien diga eso miente", afirma el presidente de Sigma Dos. Entre 2002 y 2007, Correa mantuvo un palco privado para el Masters madrileño. En 2004, una cámara lo captó allí junto a sus invitados Alejandro Agag, Ana Aznar y Jacobo Gordon.

El complejo iba a levantarse sobre diez grandes fincas junto a la capital

Respecto a cómo contactó con Gordon, el dueño de Sigma Dos sostiene lo siguiente: "Él lee la información de que estamos desarrollando en Panamá, está buscando alternativas y nos llama". Malo de Molina corroboró que se refería a la información publicada en marzo de 2007 por un diario digital sobre sus planes para construir 30.000 viviendas a las afueras de Panamá.

El contrato de venta de los terrenos para la urbanización panameña Lake Valley, suscrito el 16 de mayo de 2007, obligaba a Inversiones MDM Dos SA a abonar 20 millones de dólares antes del 15 de abril de 2008. Y estipulaba que los ocho millones restantes hasta los 28 millones de dólares en que se cifraba el precio total se pagarían mediante la emisión de acciones para los vendedores del terreno, que pasarían así a controlar "el 28,69%" del accionariado de MDM Dos. Los titulares originarios de las fincas también han demandado a Malo de Molina.

En total, el ex socio de Agag aportó tres millones para la organización

El Registro de Panamá, más opaco que el español, no permite saber quiénes aportaron fondos para la constitución de MDM5 ni cuándo se incorporó Gordon ni con qué porcentaje. El dueño de Sigma Dos tampoco quiso revelar si contaba con otros socios en ese proyecto.

Los vendedores del suelo, miembros de una conocida familia panameña, sólo han recibido los cuatro millones de dólares [tres millones de euros] que se daban por entregados en el momento de la escritura.

Sobre cómo pensaba cubrir el resto de la inversión, Malo asegura que su plan consistía en "captar" inversores. "Pero como nos pilla la crisis no hemos podido pagar ese dinero", alega. Es decir, oficialmente planeaba captar inversores después de haberse comprometido por escrito a pagar 20 millones de dólares en el plazo de un año.

www.publico.es 04.07.09

 UN IMPUTADO EN LA GÜRTEL TIENE SUELO VALORADO EN 64 MILLONES 

La red de sociedades que está tras la promoción de viviendas de lujo que vende Jacobo Gordon en Majadahonda (Madrid), y que desveló este periódico el pasado lunes, suma más de 100 millones de euros en activos, de los que 63,9 corresponden a terrenos y proyectos inmobiliarios en curso. La sede de todas las empresas es un despacho en el número 128 de la madrileña calle Príncipe de Vergara.  

La sociedad matriz, Real Estate Equity Portfolio, la preside Jacobo Gordon, testigo de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, y ex socio del yerno del ex presidente del Gobierno. Gordon está imputado en la operación Gürtel como una pieza clave del entramado urbanístico con el que contaba la red corrupta dirigida por Francisco Correa.  

Real Estate Equity Portfolio controla la mayor parte del accionariado de otras seis firmas, todas ellas dedicadas al negocio del ladrillo: Proyecto Elfo (100% de las acciones), Proyectos Inmobiliarios Altamira (100%), Avitante Proyectos Empresariales (99%), Proyecto Twain Jones (75%), Proyectos Inmobiliarios Proavitante (50%) y Proyectos Inmobiliarios Residenciales (24%).  

Según los últimos balances de cuentas disponibles en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2007, las inversiones de estas firmas inmobiliarias van desde el citado edificio de pisos de lujo que se ofertan por un millón de euros en Majadahonda (Residencial Adriático), hasta promociones de viviendas en Ibiza valoradas en 13 millones de euros o terrenos en Colmenar Viejo, en la periferia de Madrid.

La sociedad con activos más importantes es Proyectos Inmobiliarios Residenciales, que sumaba 63 millones de euros, de los que 42 corresponden a terrenos, solares y obras en el Polígono Industrial Norte Los Alamillos de San Sebastián de los Reyes, en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Para esta operación, Jacobo Gordon, al que Correa identifica en al menos dos grabaciones como su hombre en asuntos inmobiliarios, se alió con otras dos promotoras, Procasa y Proinsa.  

Esta última, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA, es la promotora del Grupo Teconsa, una de las principales constructoras involucradas en el pago de comisiones a la trama Gürtel. Teconsa ha sido la gran beneficiaria de las adjudicaciones de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (Madrid), que dirigían los imputados Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, el diputado autonómico del PP que durante su etapa como concejal de El Escorial organizó la boda Agag-Aznar.  

El juez Garzón acusó en uno de sus autos a esta constructora de pagar comisiones ilegales a Francisco Correa. Siempre según el juez, esas comisiones fueron a parar, entre otros, al tesorero del PP, Luis Bárcenas, a quien va a investigar el Tribunal Supremo.  

Teconsa ha logrado contratos allí donde ponía los pies la trama Gürtel, desde León a Valencia, pasando por distintos municipios de Madrid.  

El vicepresidente de esta constructora, José Luis Martínez Parra, ha sido consejero de Real Estate Equity Portfolio, al igual que José Ramón Blanco Balín, amigo de José María Aznar y vicepresidente de Repsol en la etapa de Alberto Cortina al frente de la petrolera recién privatizada.  

Blanco Balín está imputado en el caso Gürtel, al igual que el directivo al que sustituyó en Real Estate, el abogado Luis de Miguel. Ambos son sospechosos de haber organizado la trama de evasión y blanqueo de capitales de la organización que lideraba Correa. En cuanto a Procasa, en su consejo de administración aparece la familia Sarasola. De hecho, sigue figurando el ya fallecido Enrique Sarasola Lerchundi, el empresario que en los años ochenta se vio involucrado en el presunto cobro de comisiones en varios escándalos financieros durante la etapa de la denominada beautiful people, como el de las Torres Kio con los Albertos 

Procasa, que se encuentra en situación concursal la antigua suspensión de pagos, también está asociada a Real Estate Equity Port-folio, la matriz de la red vinculada al caso Gürtel creada entre 2003 y 2005, en Proyectos Inmobiliarios Proavitante, que cuenta con 12 millones de euros en terrenos y promociones en Ibiza.  

Hay un denominador común en la trama de empresas que hoy desvela Público y es que no cuentan con empleados, según refleja su contabilidad. Se trata de sociedades patrimoniales que mueven decenas de millones sin gastar un solo euro en salarios y, además, la mayoría de ellas declaran cuantiosas pérdidas año tras año. El juez Antonio Pedreira sospecha que los beneficios reales obtenidos por esta red de empresas han ido a parar a mercantiles constituidas en paraísos fiscales, por lo que estaríamos ante presuntos delitos de blanqueo de capitales y evasión de impuestos.  

(www.publico.es, 26/06/09)

Un imputado en la Gürtel hace negocios en Majadahonda

Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, vende pisos a un millón de euros

Fachada del edificio Residencial Adriático que promueve Jacobo Gordon.

Residencial Adriático es una promoción de 16 viviendas equipadas con todo lujo de detalles, desde terrazas con jacuzzi hasta salones de cinco metros de altura, construida en el Monte del Pilar, un exclusivo residencial de Majadahonda enclavado en una de las zonas de mayor poder adquisitivo de la periferia de Madrid. La promotora que ha levantado el edificio es Proyecto Twain Jones, presidida por Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, testigo en su boda con Ana Aznar e imputado en el caso Gürtel como una de las piezas clave en el entramado inmobiliario de Francisco Correa.

La empresa mantiene la propiedad de ocho viviendas y al menos cuatro aún están a la venta. Para hacerse con uno de estos elegantes pisos o bajos con jardín y piscina hay que disponer de entre 500.000 y 1.100.000 euros. El 75% del capital de la promotora que tiene unos activos de 10 millones de euros, según el último balance disponible- pertenece a otra sociedad, Real Estate Equity Portfolio, también presidida por Gordon.

Según una de las grabaciones realizadas por un ex concejal de Majadahonda al líder de la trama, a la que ha tenido acceso Público, Jacobo Gordon era el encargado de llevar distintos temas urbanísticos de Correa en Valencia. En otra de las grabaciones que supusieron el inicio de la investigación que ha salpicado al PP, Francisco Correa hablaba de una promoción en Majadahonda impulsada junto a Gordon por la que pagaron un precio "desorbitado".

La sociedad matriz de la promotora inmobiliaria no ha sido intervenida

Los datos del Registro de la Propiedad del municipio madrileño revelan que la promotora presidida por Gordon abonó en 2004, en pleno boom inmobiliario, más de cuatro millones de euros por la parcela, que ocupa 2.400 metros cuadrados. Según una fuente muy próxima a Francisco Correa, el que fue principal proveedor del PP para sus actos manifestó la intención de quedarse con una de estas viviendas. Pero Jacobo Gordon no es el único imputado en la operación Gürtel con intereses en esta promoción inmobiliaria.

Blanco Balín, consejero

José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol y persona muy cercana a José María Aznar (ambos compartieron actividades en sus inicios como inspectores de Hacienda) ha ejercido como consejero de Real Estate Equity Portfolio, la sociedad "madre" de la trama inmobiliaria vinculada a Gordon y que maneja decenas de millones de euros.

Esta firma, cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria y la participación en otras sociedades, controla o posee una significativa porción del accionariado de un total de seis empresas, todas ellas domiciliadas en el número 128 de la calle Príncipe de Vergara (Madrid), la misma dirección donde tiene su sede registral Castaño Corporate SL, señalada por Garzón como parte del conglomerado empresarial de la trama Gürtel.

Ninguna de esas seis empresas figura en el listado de sociedades intervenidas judicialmente, por lo que continúan con sus actividades económicas, como la venta de las citadas viviendas. Blanco entró en el consejo de administración de Real Estate Equity Portfolio en 2006 sustituyendo a Luis de Miguel Pérez, otro de los hombres de confianza de Correa. La investigación analiza el papel que ha podido desempeñar Blanco Balín sacando los beneficios al extranjero.

No en vano su nombre aparecía en el CD que el servicio secreto alemán compró al ex empleado de un banco de Liechtenstein y que permitió desbaratar una red de blanqueo y evasión de capitales. Al igual que hizo en otras sociedades investigadas, Blanco abandonó el organigrama de Real Estate ante las pesquisas policiales que destaparon la red corrupta dirigida por Correa.

Correa tenía intención de adquirir una de las viviendas de lujo

Conexión con Teconsa

Lo mismo ha ocurrido con José Luis Martínez Parra, hijo del propietario de Teconsa, vicepresidente de esa empresa y hasta hace poco consejero de Real Estate Equity Portfolio. Según el auto del juez Garzón, la Junta de Castilla y León adjudicó la construcción de una carretera a Teconsa tras un concurso "amañado" en el que la promotora abonó varias cantidades de dinero a Francisco Correa, que luego "repartió a otras personas entre las que se encontraría, según la investigación policial, Luis Bárcenas", tesorero del PP y a quien el Tribunal Supremo podría imputar en breve.

José Ramón Blanco también ha formado parte del consejo de administración de Teconsa. Esta promotora ha sido la principal beneficiaria en la construcción de viviendas de la EMSV de Boadilla (Madrid), cuyos dirigentes, Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch el diputado regional del PP que, como concejal de El Escorial, organizó en 2002 la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag también están imputados. Correa trasladó sus negocios a Boadilla del Monte después de su paso por Majadahonda, una vez que había caído en desgracia entre los dirigentes nacionales del PP.

(www.publico.es, 26/06/09)

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' INVESTIGA UNA CONCESIÓN DE CONTRATOS DE LIMPIEZA 

La mañana de ayer fue especialmente movida en los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el caso por la supuesta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y que salpica a los dirigentes del PP de municipios del noroeste, ordenó que revisaran uno a uno decenas de expedientes municipales. Durante 12 horas, una veintena de funcionarios puso patas arriba sendos consistorios y salieron cargados de cajas con fotocopias. 

La llamada trama Gürtel comenzó el pasado 6 de febrero a raíz de una investigacion del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Después, el caso ha salpicado a los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero, y Pozuelo, Jesús Sepúlveda; al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y a tres diputados regionales, entre otros. 

El nexo entre las dos inspecciones fue el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras. En ambos municipios se adjudicaron a una unión temporal de empresas (UTE), formada por Sufi y FCC. Un cargo de esta última empresa, el ex director de Calidad, Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente, está imputado en esta trama. En ambos casos, el concurso salió por un montante de dos millones de euros y por un plazo de 10 años. Pero el gasto final ha ido subiendo en ambos Ayuntamientos hasta superar los cuatro millones de euros, según fuentes de la investigación. 

Los dos consistorios lo firmaron en 2002, cuando en Majadahonda era alcalde Guillermo Ortega, del PP, y en Boadilla, González Panero. Los policías fotocopiaron estos expedientes para adjuntarlos a la causa que se instruye en el TSJM.Sendas comisiones judiciales coincidieron también en el expediente de mantenimiento de zonas verdes. En Boadilla, está adjudicado a la empresa FCC, según fuentes municipales. Por el contrario, en Majadahonda, el contrato no fue resuelto. Coincidió la adjudicación con el cambio de equipo de gobierno municipal: el actual alcalde, Narciso de Foxá, que sustituyó a Ortega, decidió paralizarlo. 

En Majadahonda, los policías pidieron el expediente del Residencial Adriática, que era promovido por Jacobo Gordon Levenfelt, socio de Alejandro Agag (yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar) e imputado en la causa desde el pasado febrero. Pero la promoción de estas 16 viviendas de lujo, promovida por Twain Jones, no está vinculada con el Ayuntamiento majariego. Éste la paralizó por no respetar el gusto estético de la zona. 

Los funcionarios también solicitaron que les enseñaran numerosos (algunas fuentes cifran en más de una treintena) pequeños contratos y reconocimientos de deuda municipal, en los que, supuestamente, estaban detrás las empresas vinculadas a Correa. Todos ellos eran anteriores a 2005, cuando gobernaba Ortega. La esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, fue secretaria del PP en el municipio y ex jefa del gabinete de Guillermo Ortega. 

Otros de los puntos en los que hicieron hincapié los funcionarios judiciales fue la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte. Los agentes revisaron todas las contrataciones de viviendas protegidas realizadas por la empresa Teconsa, que está implicada en la trama Gürtel. El registro de ayer se produjo justo una semana después de que el contable de la EMVS y la secretaria del anterior gerente de la empresa, diputado autonómico e imputado en el caso, Alfonso Bosch, declararan como testigos ante el magistrado instructor del TSJM. 

Los agentes que permanecieron en tres edificios de Boadilla (la EMVS y dos sedes del Ayuntamiento) inspeccionaron el área de Urbanismo, de la que se llevaron varios expedientes y planos de planes parciales, según fuentes municipales. Asimismo, examinaron los contratos de Hispánica, adjudicataria del Parque del Deporte por 30 millones de euros, la mayor inversión del consistorio. Esta contratación estuvo rodeada de polémica. Un informe elaborado por un cargo de confianza del ex alcalde, González Panero, escogió a Hispánica, que valoró con el doble de puntos que a Sacyr e inclinó la balanza en la suma final, en contra de un informe municipal que prefería a Sacyr. 

El conserje del edificio municipal tuvo que salir hasta en dos ocasiones cargado con archivos repletos de documentos. Junto a un policía judicial, se pasaron horas en una copistería cercana fotocopiando documentos. 

El Consistorio trató de restar importancia al registro de ayer. "Ya han venido en otras ocasiones desde que saltara el escándalo", aseguró un portavoz municipal. "Esta nueva visita de la policía confirma que Boadilla era el centro de operaciones de la trama Gürtel", aseguró el portavoz socialista, Pablo Nieto. 

(www.elpais.com, 25/06/09)

EL TSJM ORDENA NUEVOS REGISTROS EN LOS AYUNTAMIENTOS DE BOADILLA Y MAJADAHONDA 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, ha ordenado este miércoles la práctica de nuevos registros en las sedes de los Ayuntamientos de las localidades madrileñas de Boadilla y Majadahonda. 

Los registros están siendo realizados por agentes del Cuerpo de Nacional de Policía adscritos a la Policía Judicial, han informado fuentes de la investigación. 

Un portavoz del Consistorio de Majadahonda ha informado de que los agentes se han personado en la sede del Consistorio en torno a las 9,30 horas y que el equipo de Gobierno les ha brindado "absoluta colaboración" para facilitarles la información y documentación que requieran. 

Se trata, según el mismo portavoz, "de ampliar la información requerida en su día por la Audiencia Nacional en relación con el caso Gürtel" y, en su mayoría, anterior al año 2005. 

Además, Pedreira va a tomar hoy declaración a un nuevo imputado, Francisco de Paula Jurado Argaz. 

Jurado fue una de las diez personas -la mayoría de ellas con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España- imputadas en el caso el pasado 27 de marzo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. 

(www.publico.es, 24/06/09)

AGUIRRE PARALIZA UNA OBRA QUE IBA A HACER UNA EMPRESA DEL 'CASO GÜRTEL' 

La duplicación de la carretera M-509 entre la M-50 y Villanueva del Pardillo, una obra demandada por los vecinos de la zona desde hace un lustro, sufre ahora un nuevo retraso. La Consejería de Transportes e Infraestructuras ha renunciado al contrato de obras, justo antes de la adjudicación provisional y una vez decidida la concesionaria, según el documento enviado el pasado 14 de mayo a las empresas que acudieron al concurso. 

La oferta más "ventajosa", según el documento, era la de la UTE formada por Acciona y Constructora Hispánica, una empresa vinculada con el caso Gürtel. Según el Registro Mercantil, su presidente es Alfonso García Pozuelo, uno de los empresarios imputados junto a Francisco Correa en la trama. El juez le adjudica seis delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad. 

Sin embargo, la consejería alega razones técnicas para la renuncia al contrato con Constructora Hispánica, según figura en el documento. El diputado socialista Modesto Nolla, que preguntará al consejero de Transportes por este contrato en el pleno de mañana en la Asamblea de Madrid, encuentra motivos políticos. "Están utilizando argumentos técnicos que no son más que pretextos para anular la convocatoria", afirma Nolla. "Al hacerse pública la relación de esta empresa con el caso Gürtel y con el PP, en la consejería han tenido miedo de ser pillados con las manos en la masa". 

Un portavoz de Transportes negó la vinculación del abandono del contrato con el caso Gürtel: "No tiene nada que ver". Agregó que el proyecto sigue adelante y que no se ha paralizado el expediente de expropiación de suelo. "La obra estará finalizada antes del final de la legislatura, cuando estaba previsto", aseguró. También explicó que existe un informe de la Dirección General de Carreteras que detectó un "problema de movilidad" en una rotonda, que impedía que el desdoblamiento de la M-509 absorbiera el tráfico en el enlace con la M-50.

Preguntado por la razón de que no se hubieran solucionado las dificultades técnicas con una ampliación del contrato de obras -lo que se denomina un "modificado", que permite subsanar errores-, el mismo portavoz argumentó que así se permite "al resto de empresas presentar un proyecto nuevo". 

El problema es que abrir un nuevo concurso supone que la Comunidad de Madrid tendrá que indemnizar a las 21 empresas que se presentaron al concurso. El portavoz de la consejería lo negó, pero así consta en el documento remitido a las compañías: "Este órgano de contratación resuelve: (...) Compensar a los licitadores por los gastos en que hubieran incurrido en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas que rige el procedimiento". Nolla calcula que cada empresa habrá gastado entre 3.000 y 6.000 euros. Supone que, como mínimo, la consejería tendrá que desembolsar 63.000 euros por renunciar al contrato, y Constructora Hispánica recibirá su parte. "Al final los perjudicados son los vecinos, que van a tener que sufrir algún tiempo más los atascos", zanjó el diputado. 

Constructora Hispánica tiene además otra vinculación con la consejería, según denuncia Nolla. El empresario que la preside, Alfonso García Pozuelo, es el suegro de un antiguo técnico de la Dirección General de Carreteras, José Antonio Plaza Rivero. Éste es vocal vecino del PP en el distrito de Salamanca y fue candidato en las pasadas elecciones municipales en la lista popular (en puesto de suplencia) en la lista de Serranillos del Valle. 

Plaza Rivero llegó a la jefatura del área de Construcción de Carreteras en septiembre, junto al nuevo director general de Carreteras, Borja Carabantes. Ejerció el puesto con un nombramiento provisional, hasta que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó que el puesto era suyo el pasado 10 de junio. 

                                           

 (www.elpais.com, 18/06/09)

EL PORTAVOZ PARLAMENTARIO DE AGUIRRE TRABAJÓ CODO CON CODO CON LOS IMPUTADOS DE LA GÜRTEL EN LA CAMPAÑA DEL TAMAYAZO 

La familia: un término que en Italia está ligado a la mafia. Por el contrario, en España está estrechamente ligado al Partido Popular. Y no sólo por la defensa a ultranza que el PP hace de esta “piedra angular” de la sociedad. Basta con hurgar un poco en las entrañas del partido para encontrarse una extensa red de matrimonios, primos, sobrinos, hijos y demás parientes. Un ejemplo: David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid (y número cuatro de Aguirre) y su esposa, Elena Cerezo, jefa de Gabinete de Arturo González Panero, El Albondiguilla, ex alcalde de Boadilla del Monte, y, por ende, de su sucesor, Juan Siguero 

Sin embargo, el hecho de ser matrimonio no implica, ni mucho menos saber a qué se dedica el otro, sobre todo cuando se habla de política. Y es que, después de una jornada de trabajo similar, a ninguna pareja le apetecería hablar de su día a día en la “cosa pública”. El ejemplo más claro es el de Ana Mato, número tres del PP, quien dijo que no le constaba que su marido, Jesús Sepúlveda y ex alcalde de Pozuelo, tenía un Jaguar supuestamente regalado por Correa.

Jefa de Gabinete de El Albondiguilla 

Vayamos por partes. Elena Cerezo es jefa de Gabinete del Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde el año 2003, cuando fue nombrada por El Albondiguilla, el ex alcalde de la localidad epicentro de la Gürtel y a quien el juez impuso ayer una fianza de 1’8 millones de euros, la más alta del caso. Cerezo, sin embargo, sigue en su puesto, ratificada por el nuevo alcalde, Juan Siguero.

¿La mujer de Pérez no sabía nada? 

Elena Cerezo cobra 55.000 euros anuales. Fue El Albondiguilla quien le subió el sueldo un 24% en 2008, lo que le valió la denuncia del partido Alternativa por Boadilla. Esto, junto a su nombramiento en 2003 y 2007 como jefa de Gabinete, demuestra que era de la máxima confianza de Panero. De hecho, tenía acceso directo a su agenda. ¿No sabía nada Cerezo de la trama Gürtel? Y de saberlo, ¿no le comentó nada a su esposo, habida cuenta de su relación con Esperanza Aguirre?

Codo con codo con los imputados 

Quizá no hubiera hecho falta. Porque, antes de llegar a ser el portavoz del PP en la Asamblea, y el encargado de lavarle la cara a Aguirre en la Comisión de los espías, David Pérez ya había trabajado duro en el partido, en el área de organización. Y lo hizo, codo con codo, con Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, ambos imputados en el caso Gürtel. David Pérez, proviene de las filas del Ayuntamiento de Madrid, de donde fue reclutado por el entonces concejal de personal del PP, José Ramón Pin Arboledas.

Un equipo bien engrasado 

Corría el año 2003, en el mes de mayo. Aguirre preparaba su primer asalto a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que curiosamente acabó con el bochornoso espectáculo del tamayazo. En aquella campaña, todos formaban un equipo bien engrasado: David Pérez hacía las notas de prensa; López Viejo, imputado por contratar a empresas de Correa, se encargaba de la “infraestructura” y Alfonso Bosch se encargaba de las convocatorias de prensa. ¿Se acuerda Pérez de sus compañeros de campaña? 

(www.elplural.com, 10/06/09) 

FIANZA DE 1,8 MILLONES PARA EL EX ALCALDE DE BOADILLA, LA MAYOR DEL 'CASO GÜRTEL' 

El ex alcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, salió ayer del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) imputado por seis delitos y con la mayor fianza, 1,8 millones de euros, fijada hasta la fecha por el juez Antonio Pedreira, que investiga en Madrid la trama corrupta ligada al PP (caso Gürtel). La fianza no es para eludir la cárcel, sino para afrontar en el futuro posibles responsabilidades económicas. Pedreira atribuye a Panero -que se negó a declarar- delitos de tráfico de influencias, cohecho y evasión de capitales, entre otros. El secretario general del PP de Madrid y consejero de Justicia, Francisco Granados, calificó de "sorprendente" la fianza fijada por Pedreira y reiteró su "confianza en la justicia". 

Según la investigación, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, actualmente preso, y González Panero, el Albondiguilla (apodo con el que Correa se refería a él), han viajado juntos a EE UU. Una de las acciones fraudulentas que atribuye la investigación al ex alcalde figura en la contabilidad B (en dinero negro) de las empresas de Correa. En ella aparece una salida de dinero de 510.000 euros a nombre de "El Albondiguilla" y con referencias a "América". 

Según la investigación, la misma contabilidad acredita la devolución a la caja secreta de Correa de aproximadamente la mitad de ese dinero. También figuran pagos de Correa a funcionarios municipales. 

Al igual que han hecho los tres diputados del PP de la Comunidad de Madrid imputados (Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Alberto López Viejo), González Panero justificó ayer su silencio en que aún no se ha levantado el secreto del sumario. Cuando fue llamado por el juez Baltasar Garzón (primer instructor del caso Gürtel) también se negó a declarar. Cuando estalló el escándalo y aún no estaba imputado, Panero se presentó voluntariamente en la Audiencia ante el juez. Hasta ahora, la fianza más alta era la de un millón de euros fijada por Pedreira para el ex concejal del PP en Boadilla José Galeote, padre del eurodiputado de este partido Gerardo Galeote, también implicado en la trama. Para López Viejo, ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, la fianza fue de 750.000 euros; y la del diputado Martín Vasco fue de 950.000 euros. 

Tras resultar implicado en el caso Gürtel, González Panero fue forzado por el PP a dejar la alcaldía, pero sigue de concejal. A su salida del tribunal, rehusó hablar con los periodistas. "Todo lo que tenía que decir lo he dicho en el tribunal", señaló. 

(www.elpais.com, 10/06/09) 

UN SOBORNO DE TRES MILLONES 

- El 'caso Boadilla Park'. En octubre de 2006, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) adjudicó suelo para construir 139 viviendas a la empresa UFC, propiedad de José Luis Ulibarri, amigo de Francisco Correa. Según la denuncia que llegó al juez Garzón, Ulibarri pagó a Correa una comisión de tres millones de euros para que le consiguiese esa adjudicación, y Correa se repartió el dinero con el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. 

- Las grabaciones. En el sumario de la Operación Gürtel constan grabaciones en las que se escucha decir a Correa: "Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote con el que se conocía a Panero], se caga. Pero también voy yo al trullo, y además quiero seguir haciendo negocios en Boadilla". 

- La trama. Según Garzón, Correa "diseñó una estrategia de captación de negocio urbanístico encargándose de gestionar la búsqueda de empresas capaces de ejecutar los proyectos [...] para, una vez obtenida la empresa, [...] acordar una comisión a repartir entre los participantes, incluidos los responsables políticos y él mismo [...] Como ejemplo [...] se puede citar la adjudicación de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC".  

(www.elpais.com, 10/06/09)

El PSOE pide los contratos de López Viejo mientras estuvo en el Gobierno

El PP avisa de que no hay adjudicaciones inferiores a 12.000 euros

El PSOE quiere los expedientes de los 370 contratos que, según sus informaciones, realizó Alberto López Viejo como viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes. Los pidió ayer formalmente a la Asamblea de Madrid, después de que el jueves el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, defendiera la legalidad de estos y otros contratos con las empresas de Francisco Correa, principal implicado en el caso Gürtel.

"Ayer conocimos en el Pleno que el Gobierno regional defiende los contratos realizados por López Viejo, por lo que hoy registramos la petición de información de todos ellos", explicó la portavoz del grupo socialista, Maru Menéndez. El PSOE espera encontrar contratos "relacionados con el Gürtel y con Fundescam [una fundación ligada al PP a través de la que supuestamente se financiaron las campañas de las elecciones de 2003 y 2007] y, de paso, conocer el resto por si acaso", según un portavoz. Menéndez aseguró que el consejero de Economía y Hacienda "trató de justificar lo injustificable".

El consejero Beteta, que sólo explicó los expedientes tramitados en esta legislatura, afirmó el jueves que "las contrataciones han estado sujetas a la Intervención General y al ordenamiento jurídico". Durante su discurso en el pleno de la Asamblea obvió que tres diputados de su partido han sido imputados en la trama del caso Gürtel y que uno de ellos, López Viejo, fue obligado a dimitir por ello.

Estas explicaciones de Beteta fueron "el detonante" para esta petición formal. "Como todo está muy bien nos podrán pasar todos esos expedientes sin poner excusas", afirmó un portavoz socialista. La mayoría de los contratos que reclama el PSOE corresponde a la etapa en la que López Viejo fue viceconsejero de Presidencia, entre los años 2004 y 2007. Es en este periodo cuando los jueces sospechan que "percibió importantes cantidades de dinero" de sociedades de la trama de Correa "adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas". El PSOE calcula que desde 2004 hubo casi 400 contratos entre la Comunidad y las empresas de Correa.

En su petición, el grupo socialista ha especificado "todos los detalles" sobre los contratos solicitados. Según explicó su portavoz, es para evitar que el Ejecutivo regional les conteste que no tiene "datos suficientes" para facilitarles la información. En el PSOE denuncian que en muchas ocasiones el PP utiliza cualquier detalle como excusa para no facilitarles información. Por eso, Maru Menéndez también registró una pregunta en la que pide al Gobierno que diga "qué otros datos necesita para identificar un expediente de contratación".

El portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz, advirtió de que "no existen expedientes de los contratos menores (con importe inferior a los 12.020 euros)". La mayoría de las contrataciones realizadas por López Viejo, aseguró, fueron de este tipo. Los 370 contratos de los que el PSOE pide información son muy variados, desde la explotación del Palacio de los Deportes, al servicio de seguridad de la Consejería de Presidencia o la campaña de publicidad de desarrollo económico. Pedro Muñoz acusó a los socialistas de intentar "desviar la atención sobre los numerosos casos de corrupción que afectan a su secretario general, Tomás Gómez".

www.elpais.es 06.06.09

EL PP DEFIENDE AHORA LOS CONTRATOS POR LOS QUE ECHÓ A LÓPEZ VIEJO 

El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) se escudó ayer en dos artimañas para ocultar su responsabilidad en contratar con las empresas de Francisco Correa, el principal implicado en el caso Gürtel. Y ello, pese a que tres diputados de su partido han sido imputados en la trama y uno de ellos, el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue obligado a dimitir. Ninguno asistió ayer a la comparecencia en la Asamblea del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, para dar cuenta de las contrataciones. 

La primera argucia fue que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, convocó una rueda de prensa a la misma hora en que comenzaba la comparecencia de Beteta.

La segunda estratagema consistió en que éste último argumentó la "validez legal" de las facturas. Precisamente lo que ha sacado a la luz la investigación del caso es que los contratos con las empresas de Correa, en su mayoría destinados a actos institucionales de la presidenta Aguirre con los distintos consejeros, se trocearon para eludir la fiscalización. Además, según explicaron varios consejeros, López Viejo era quien organizaba todos los eventos de la presidenta y quien decidía a su antojo la empresa encargada del montaje, que siempre estaba vinculada a la trama. 

Beteta, que sólo admitió explicar los expedientes tramitados en esta legislatura (entre el 19 de junio de 2007 y el 19 de mayo de 2008 y con cuatro de las empresas, Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación, Good and Better, Servimadrid Integral y Marketing Quality Management), afirmó que únicamente se suscribieron 183 contratos, con una cuantía de 2,3 millones de euros. "La media aritmética de los expedientes es de unos 8.000 euros, importe muy inferior al autorizado por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [unos 18.000 euros, excluido el IVA]", dijo Beteta. "Las contrataciones han estado sujetas a la Intervención General y al ordenamiento jurídico". 

"Es increíble liquidar un asunto tan grave apelando al cumplimiento de la ley", le espetó el portavoz adjunto socialista Adolfo Navarro. "Se llegó a fraccionar hasta 15 veces un contrato para eludir el control. ¿Es eso legal?". "¿Por qué ha dimitido entonces el consejero de Deportes?", planteó la diputada de IU Reyes Montiel."Me da pena el papelón que le ha tocado hacer", le dijo al consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, la diputada de IU Reyes Montiel, que recordó que el PP ha tumbado con su mayoría las peticiones de la oposición para que los consejeros comparecieran en la Cámara regional a explicar los contratos con Correa. "Ahora viene, cuatro meses después, a decirnos que todo es legal. ¿Cuánto tiempo ha tardado en fabricar los expedientes? Porque cuatro meses son suficientes", espetó. 

La diputada también cuestionó que Beteta no aportara ningún tipo de documentación en su comparecencia y se negara a hablar de los contratos anteriores a junio de 2007. "¿En la legislatura pasada quién era presidenta sino Esperanza Aguirre? ¿Pocoyó? [personaje de dibujos animados]", ironizó. Montiel también cuestionó que, si todos los contratos eran impecables como había dicho Beteta, dimitiera el ex consejero de Deportes o el ex portavoz adjunto del grupo popular Benjamín Martín, también imputado. "Tras la dimisión de López Viejo usted dijo que tenía cinco millones rondando sin justificar", le recordó la diputada. "Esto da la medida de la culpabilidad de este Gobierno", zanjó. 

Beteta, en una carta enviada a este periódico el pasado 20 de febrero, reconoció que ese dinero, procedente de gastos tramitados por la Consejería de Deportes pero que "no pudieron imputarse al presupuesto, serán abonados con cargo al presupuesto de 2009". 

En su intervención, el portavoz adjunto socialista Adolfo Navarro repitió la misma consideración que Montiel: "Después de todo tipo de marrullerías para no venir, señor Beteta, se ve usted obligado a hacer un papelón". También afeó al PP que no hubiera sido Aguirre la encargada de justificar las contrataciones. "Debería estar aquí porque los contratos son de todas las consejerías y es la responsable del Gobierno", afirmó. Ella ni siquiera estaba en el hemiciclo. 

El cálculo de los socialistas es que hubo casi 400 contratos con las empresas de Correa entre 2004 y 2009, después de que la presidenta regional asegurara haber dado la orden de no volver a tener tratos con él. "Esta presidenta, que está en todo, no me puedo creer que no supiera que se siguiera contratando con Correa", argumentó.

Navarro recordó que el ex consejero imputado ocupó varios cargos, "ninguno con título para obligar a las otras consejerías a contratar con Correa", y que, por tanto, contaba con la autoridad proporcionada por la propia presidenta. "¿Por qué nombró y encumbró a López Viejo y lo cesó si todo estaba tan perfecto?", planteó. El portavoz socialista reprochó a Aguirre no haber "abierto las ventanas": "La presidenta que ha perdido la credibilidad debe dimitir". 

Cerró el debate el consejero de Hacienda, que ya no volvió a mencionar la trama Correa. En su lugar, atacó a la oposición por supuestas irregularidades en municipios del sur de la región. "No tienen más que palabrería y engaño para tapar la corrupción, que hiede en el sur de Madrid", arremetió. 

(www.elpais.com, 05/06/09) 

EL PP ADMITE 183 CONTRATOS CON LA TRAMA DE CORREA DESDE 2007 

A petición propia, porque el PP no ha admitido una sola solicitud de comparecencia, el consejero de Economía madrileño, Antonio Beteta, dio explicaciones ayer ante la Asamblea de Madrid sobre las adjudicaciones durante la presente legislatura a las empresas relacionadas con Francisco Correa, principal acusado del caso Gürtel . En total, el consejero admitió la existencia de 183 contratos por un importe total de 2.138.351 euros, a repartir entre las empresas Diseño Asimétrico (48 contratos), Easy Concept (7), Good and Better (8), Servimadrid Integral (34) Marketing Quality Management (86). 

Las cuatro primeras firmas están siendo investigadas por su presunta relación con la trama de corrupción vinculada al PP. De hecho, en su día el juez Baltasar Garzón solicitó a la Comunidad de Madrid los correspondientes contratos. 

Por su parte, la firma Marketing Quality Management no figura en el auto del magistrado pero es sospechosa de actuar como tapadera de la trama de Correa. 

Beteta, que fue interrumpido varias veces por las quejas de la oposición y los aplausos de su grupo, intentó quitar hierro a estas adjudicaciones señalando que la cifra total "no alcanza ni el 0,5 por mil del volumen de contratación" de la Administración autonómica. Se trata del mismo argumento al que recurrió hace unos días la presidenta madrileña que, por cierto, cuando el consejero iniciaba su intervención ya se había levantado del escaño. 

Mientras colaba en su discurso numerosas alusiones a supuestos casos de corrupción en las filas socialistas, el responsable de Economía de Aguirre insistía en que todos los contratos por él referidos se ajustan a la legalidad "tanto financiera como contractual". 

Así explicó que, por tipología, sólo dos de los contratos habían sido adjudicados por "procedimientos abiertos", es decir por concurso. "El resto añadió tienen la consideración de contratos menores, bien de servicios, bien de suministros". Es decir, aquellos que no se someten a concurso dado que su importe no supera los 12.000 euros [18.000 tras la nueva ley de 2007]. Esto permitiría, por ejemplo, adjudicar a dedo grandes concesiones, cuantiosas en dinero, transformadas en pequeños subcontratos que no superan los 12.000 euros sin pasar por concurso público. 

Precisamente, a esto se refirió la diputada de IU Reyes Montiel: "López Viejo nos hubiera explicado mejor cómo se pueden usar los contratos menores para eludir el control", advirtió a Beteta invocando al ex consejero de Deportes, uno de los imputados en el caso Gürtel. 

Montiel se lamentó de que el PP dé explicaciones tarde. "¿Han tardado ustedes cuatro meses en fabricar todos los expedientes?", preguntó. Y exigió los contratos con otra cuestión: ¿Puede venir a hablar de contratos sin un solo papel?". Beteta respondió: los documentos están en manos de la Justicia. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tuvo este jueves que valorar en la Asamblea de Madrid las diferentes contrataciones realizadas por su Gobierno a los empresarios donantes de la fundación Fundescam, perteneciente al PP. "Todas se ajustan a la ley de contratos de la administración pública", fue la primera respuesta de Aguirre. 

Seis de las empresas que financiaron dicha fundación durante las campañas electorales del PP madrileño de 2003, consiguieron después más de 300 millones en adjudicaciones del Gobierno de Madrid por medio de más de 200 contratos. Un hecho que llevó a Maru Menéndez, portavoz socialista y autora de la pregunta de en la Cámara, a señalar que la "generosidad" de los empresarios madrileños se vió altamente recompensada por el PP, pero "con recursos públicos". 

Menéndez recordó a Aguirre que entre el 25 de julio y el 11 de agosto de 2003, Fundescam "recibió más de 439.000 euros", época en la que tuvieron que repetirse las elecciones autonómicas tras el escándalo del tamayazo.  

La presidenta madrileña señaló que ocho de las 21 empresas de la lista que acompañaba a la pregunta de la portavoz socialista "jamás" han sido contratadas por la Comunidad y que Fundescam ha ajustado "sus actuaciones a derecho". 

También se refirió Aguirre a que "las cuentas de las campañas electorales del PP están todas auditadas, analizadas, fiscalizadas y aprobadas por la Cámara de Cuentas". Además, insistió en que Fundescam no paga campañas y se dedica a hacer "cursos". Esta última afirmación de Aguirre choca con los documentos difundidos por Público, que demuestran el pago de facturas electorales de 2003 por parte de Fundescam. 

En su defensa, la presidenta madrileña argumentó que las empresas que contratan con la Comunidad de Madrid también lo hacen con las demás comunidades autónomas y con la Administración del Estado. En ese sentido, Aguirre añadió que ganan los contratos cuando las ofertas "son las mejores". 

Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, que solicitó a la presidenta madrileña una valoración de los dos años de legislatura transcurridos, calificó de "impresentable" la "intensa y extensa" relación del PP con los empresarios de este país, también en alusión al escándalo de Fundescam. "¿Cómo explican ustedes las subvenciones a su partido?", cuestionó la dirigente de IU. Tras acusar a Aguirre de haber "destrozado el diálogo social", Sabanés exigió a la presidenta del PP madrileño que "asuma sus responsabilidades y dimita".  

En su respuesta, la presidenta echó balones fuera y se dedicó a vender los nuevos hospitales y las plazas en colegios bilingües. Además, acusó a IU de servir de "comparsa" en la "campaña de acoso y derribo del PSOE" contra el PP.  

(www.publico.es, 05/06/09)

LÓPEZ VIEJO QUISO SUSTITUIR A CORREA POR EL DUEÑO DE LA DISCOTECA GABANA 

Alberto López Viejo, ex consejero de la Comunidad de Madrid, intentó quitar de en medio a Francisco Correa y quedarse con el negocio a través de varios de sus amigos. Uno de esos amigos era Tito Pajares, dueño de la discoteca Gabana.  

«López Viejo intentó quitar de en medio a Correa y quedarse con todo el negocio. Para ello, pidió a una serie de amigos que montaran sociedades de servicios que pudieran cubrir los actos y eventos de la Comunidad. Uno de esos amigos era Tito Pajares, el dueño de la discoteca Gabana de Madrid». Quien así se expresa es un ex ejecutivo de Special Events, la empresa matriz de Francisco Correa Sánchez, que conocía y conoce perfectamente todo el entramado que había montado Alberto López Viejo, ex concejal de Limpieza del Ayuntamiento y ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, alrededor de los eventos y actos electorales que llevaba a cabo el PP en esta circunscripción.  

Tito José Pajares San Román, amigo y conocido de López Viejo, es uno de los propietarios de la discoteca Gabana de Madrid. Se da la circunstancia de que en esa sala musical se celebró la fiesta de despedida de solteros que organizaron Alejandro Agag y Ana Aznar el 3 de septiembre de 2002. Y López Viejo, que en aquella época era concejal de Limpieza del Ayuntamiento, se encargó de que la zona colindante con la sala -situada en la calle Velázquez, una de las principales vías de Madrid- estuviera reluciente y cortada al tráfico.  

Las desavenencias entre Correa y López Viejo -los dos están imputados en la operación Gürtel- surgieron a raíz de que el primero reclamara judicialmente en el año 2005 una serie de cantidades que le adeudaba el PP, tanto a nivel nacional como de la Comunidad de Madrid. Finalmente, el tema se resolvió amistosamente a mediados de mayo de 2006, pero Correa quedó tocado y dejo de prestar sus servicios a la Comunidad con la intensidad con la que lo venía haciendo hasta esa fecha.  

Fue a partir de ese momento cuando López Viejo, según el ex ejecutivo de Special Events, comenzó a trabajar con Tito José Pajares: «El ejemplo más evidente y directo fue el de la sociedad Ilusiona Comunicación, que se creó en esa época y comenzó a realizar actos para la Comunidad de Madrid. Detrás de ella estaba Tito Pajares».  

Pero lo más llamativo y significativo de todo el entramado montado por López Viejo para dejar fuera a Correa y a sus empresas está en que la sociedad Ilusiona Comunicación -siempre según el relato del ayudante del principal implicado en la operación Gürtel- tuvo que pedir apoyo a Special Events para poder cumplir los compromisos contraídos con la Comunidad de Madrid: «Ilusiona y las otras empresas que empezaron a trabajar para López Viejo no tenían la infraestructura adecuada para montar los actos que contrataban y tenían que pedir ayuda y asesoramiento a Correa».  

Esa versión también ha sido corroborada a este periódico por otro de los ejecutivos que trabajó en el grupo empresarial de Correa hasta el año 2008, que ha confirmado que «López Viejo imponía a sus empresas amigas, y éstas, después, subarrendaban el montaje de los eventos a Special Events y Servimadrid Integral, sociedades de Francisco Correa».  

Los dos ex ejecutivos del principal implicado en la trama Gürtel coinciden en que «Special Events facturaba a Ilusiona y ella, a su vez, cargaba los importes a la Comunidad de Madrid a través de las correspondientes consejerías».  

EL MUNDO ha podido confirmar a través del registro mercantil que, efectivamente, Ilusiona Comunicación se constituyó en enero del año 2006, cuando Correa todavía tenía pendiente varios pleitos contra el PP de Madrid por una serie de impagos. En aquellas fechas, en la sociedad Ilusiona Comunicación figuraba como administrador único Javier Fernández Verea.

Fernández Verea también fue apoderado de las sociedades Servicios Plenos Hoteleros y Velázquez 2000, en las que durante un tiempo figuró como administrador único y apoderado, respectivamente, Tito José Pajares. La presencia de Fernández Verea se produce, una vez más, en otra sociedad que realizó una serie de eventos para la Comunidad de Madrid, Primalia Consulting.  

EL MUNDO ha tenido acceso a una serie de facturas libradas por esas sociedades (Ilusiona Comunicación, Servicios Plenos Hoteleros y Primalia Consulting) contra la Comunidad de Madrid y que demuestran que López Viejo, ex consejero de Deportes y organizador de los actos y eventos en los que participaba la presidenta Esperanza Aguirre, fue reemplazando a las empresas de Correa por otras que eran cercanas o controladas por sus amigos.  

Las facturas, que están en poder de este periódico, están libradas contra la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, son de enero de 2007 y en ellas constan cantidades inferiores a los 12.000 euros, el tope máximo que marca la Ley de Contratos. Ésa era la fórmula habitual que utilizaban Correa y otras sociedades para evitar los concursos públicos de adjudicación.  

La factura de la sociedad Ilusiona Comunicación es del 31 de enero de 2007 y consta que es en concepto de «la instalación de una tarima […] mesa para presidencia […]» y algunos otros detalles. En el apartado «referencias» se hace alusión a «presentación Bescam (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad Autónoma)». El importe es de 11.600 euros.  

La factura de la sociedad Primalia Consulting asciende a 2.500 euros tiene como número de referencia el 701000004 y está girada contra la Academia de Policía Local de la Comunidad.  

La tercera de las facturas corresponde a la empresa Servicios Plenos Hoteleros, donde fue administrador único Tito José Pajares San Román. Está datada el 31 de enero de 2007, corresponde a un catering para 400 personas, asciende a un total de 11.765,72 euros y también está emitida contra la academia de Policía de la Comunidad de Madrid.  

En el momento de la emisión de las facturas por esas sociedades próximas a López Viejo contra la Academia de Policía, ese organismo dependía de la Consejería de Justicia e Interior, cuyo titular era Alfredo Prada. Un ex alto cargo de la Consejería de Interior y Justicia ha reconocido a este periódico que «López Viejo imponía a todas las consejerías de la Comunidad la empresa que tenía que organizar los eventos donde participaba Esperanza Aguirre».  

En la actualidad, Alberto López Viejo y Francisco Correa se encuentran imputados por el Tribunal Superior de Madrid en la operación Gürtel. Uno está en libertad provisional y el otro se encuentra en prisión.  

>Ilusiona Comunicación. Esta empresa facturó en enero de 2007, por un acto de la Bescam, 11.600 euros a la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid. 

(www.elmundo.es, 01/06/09)

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' INSISTE EN ADMITIR AL PP Y LE QUITA LA FIANZA 

El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, no sólo insiste en admitir al PP como parte en el proceso, sino que, incluso, le ha quitado la fianza de 1.500 euros que le fijó inicialmente. Fuentes del gabinete de prensa del Tribunal Superior informaron ayer de que Pedreira ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por el fiscal contra su decisión de mantener al PP como acusación particular en la causa sobre corrupción masiva y sobornos a cargos del PP. Este partido, por tanto, tendrá la condición de "perjudicado u ofendido por el delito", se le dará vista de las actuaciones y podrá interesar la práctica de todo tipo de diligencias en una causa en la que están implicados tres diputados de la Asamblea de Madrid y numerosos cargos públicos del PP. 

Según el Tribunal Superior, los argumentos del juez para admitir al PP como "perjudicado" en la causa se basan en que este partido puede querellarse contra Francisco Correa, Antonio Crespo y Antoine Sánchez, principales imputados en la trama corrupta y a los que se atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, entre otros. 

Subsidiariamente, si la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid revocase la decisión del juez, el PP podría personarse -no como acusación particular como ahora-, sino en calidad de acción popular, en cuyo caso sí tendría que depositar una fianza. En su escrito de personación, el PP apuntó a que actuaría como acusador contra las empresas de la trama de corrupción de Correa. 

El fiscal y el juez Garzón se opusieron a que el PP se personara en la causa. 

(www.elpais.com, 29/05/09)

EL PRESIDENTE DE LA CEOE DONÓ 246.000 EUROS AL PP

La admiración que siente Gerardo Díaz Ferrán por Esperanza Aguirre está más que declarada. "Es que es cojonuda", se le oyó decir al presidente de la patronal española CEOE hace unas semanas ante un inesperado micrófono abierto. Pero Díaz Ferrán no sólo paga a Esperanza con sonoros piropos. El presidente de todos los empresarios también donó 192.200 euros al PP de Madrid durante 2003, el año del tamayazo, y otros 54.000 en marzo de 2004.  

Los 192.200 euros de 2003 se entregaron en tres transferencias a Fundescam, la desconocida fundación sin apenas actividad pública que depende orgánicamente del PP de Madrid y que pagó a la empresa Special Events, de Francisco Correa, parte de las facturas de las dos campañas electorales de Esperanza Aguirre de ese mismo año. En total, el empresario destinó 246.200 euros al PP madrileño a través de Fundescam en doce meses. 

El dinero siempre llegaba a la fundación en plena campaña electoral. Las dos primeras donaciones de Díaz Ferrán, una por valor de 72.000 euros y otra de 48.000 euros, aparecen anotadas en las cuentas de Fundescam el 19 y el 20 de mayo, a pocos días de las primeras elecciones autonómicas de Madrid, que se celebraron el 25 de mayo de 2003. La tercera donación, otros 72.000 euros, entra en la cuenta corriente de Fundescam el 25 de octubre de 2003, un día antes de que los madrileños votasen por segunda vez en ese año tras la espantada de los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que impidieron a Rafael Simancas ser presidente de Madrid. 

Ayer y a través de un portavoz, Gerardo Díaz Ferrán alegó que sus empresas hacen "donaciones a muchas fundaciones" y que, aunque no recuerda las efectuadas a Fundescam en 2003 y 2004, "no le extraña que la información sea correcta". Como ejemplo de la política de donaciones de Díaz Ferrán, su portavoz citó la de "500.000 euros a ONUART" para la cúpula de Miquel Barceló en Ginebra y las aportadas a la madrileña Fundación Síndrome de Down. 

Las tres donaciones efectuadas en 2003 por Díaz Ferrán a Fundescam se canalizaron a través de Seguros Mercurio SL, una de sus empresas. Las transferencias quedaron anotadas en varios certificados de donación a Fundescam a los que ha tenido acceso Público y que llevan fecha de entrega posterior a la que señala la contabilidad interna de la fundación.  

Las dos primeras transferencias, las de mayo, fueron certificadas unos meses después con fecha 10 y 11 de agosto por medio de un contrato por escrito firmado personalmente por Díaz Ferrán y por el tesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez. En ese documento se justifican los donativos en concepto de colaboración y ayuda para el cumplimiento de sus fines fundacionales. Sin embargo, Fundescam, usó parte de sus fondos procedentes de subvenciones y donaciones para pagar varias de las facturas de las campañas de Esperanza Aguirre a Special Events, la empresa de Francisco Correa que está siendo ahora investigada dentro del caso Gürtel. 

Díaz Ferrán no sólo realizó donativos en el año 2003. A través de otras empresas propiedad o participadas por su grupo, también financió a Fundescam en los primeros días de marzo de 2004, de nuevo en las vísperas de otras elecciones: las primeras generales que perdió Rajoy ante Zapatero. El 3 de marzo, Hotetur Club S.L.dona 12.000 euros; el 4 de marzo, Transportes de Cercanías S.A. entrega 30.000 y Expacontra S.A., otros 12.000.  

En total, 54.000 euros en tres transferencias a través de tres sociedades distintas de Díaz Ferrán en sólo una semana. Su socio Antonio Mata Ramayo también colaboró: su empresa Aerolíneas de Baleares donó 12.000 euros a Fundescam el 11 de marzo de 2004. 

Cuando Díaz Ferrán entregó a través de sus empresas estas importantes sumas al PP, el entonces presidente de la patronal madrileña ya había recibido contratos públicos, como el obtenido por Trapsa en unión con otra empresa en febrero de 2001 para gestionar el servicio de autobuses turísticos en Madrid. Pero la operación más sonada, y la que ha terminado convirtiendo al empresario en imputado por presunto delito fiscal, fue la adquisición de Aerolíneas Argentinas a través de Air Comet, filial de Marsans. Propiedad de Iberia, Aerolíneas fue privatizada por el Gobierno de José María Aznar en 2001 y Díaz Ferrán se la adjudicó por el precio simbólico de un dólar. Ese mismo año, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) dio a Marsans 300 millones de dólares para cancelar las deudas de la compañía. Parte del dinero se utilizó supuestamente para otros fines. El caso está siendo investigado por un juez de Madrid desde 2005. La ley de financiación prohíbe a los partidos recibir "directa o indirectamente" donaciones de empresas que tengan contratos vigentes con "alguna Administración Pública". 

Aunque Díaz Ferrán es el empresario que más dinero ingresó en la cuenta corriente de Fundescam durante los años 2003 y 2004, no es ni mucho menos el único. Su sucesor al frente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco, también realizó cuatro donaciones entre el año 2003 y 2004. Las fechas son casi idénticas a las de Díaz Ferrán, otra vez justo en las vísperas electorales. La primera, el 7 de mayo de 2003, tres semanas antes de las primeras autonómicas, por valor de 18.030 euros. La segunda, un día antes de las elecciones forzadas por el tamayazo, el 25 de octubre de 2003, por valor de 15.000 euros. La tercera y la cuarta donación, ambas de 12.000 euros, llegan de nuevo en marzo de 2004: una el 3 y otra el 16. En total Arturo Fernández, que disfruta de varios contratos de catering adjudicados por la Comunidad de Madrid, donó a la fundación del PP madrileño 57.030 euros. 

Fernández comparte con Díaz Ferrán una de las adjudicaciones públicas otorgadas a sus respectivas empresas por el Gobierno de Aguirre: Grupo Cantoblanco y Expacontra gestionan desde diciembre de 2006, junto con otras dos sociedades, el teatro-auditorio de San Lorenzo de El Escorial. La adjudicación ascendió aquí a 6,8 millones de euros. 

Otra de las grandes empresas que pagó a Fundescam es Unión Fenosa. La eléctrica entregó dos generosos donativos: el primero, de 120.000 euros, llegó a la cuenta de la fundación el 23 de mayo, dos días antes de las primeras autonómicas. El segundo, de 36.000 euros, el 4 de marzo de 2004, diez días antes de las generales. La primera transferencia está certificada formalmente el 25 de julio de 2003 por el entonces presidente de la eléctrica, Antonio Basagoiti, padre del actual líder del PP vasco. 

En la cuenta de Fundescam también está registrada una transferencia de la constructora FCC de 60.000 euros el 21 de octubre de 2003, de nuevo pocos días antes de las elecciones. La constructora, entre otras muchas obras de la Comunidad de Madrid, se ocupó de la reconstrucción del Palacio de los Deportes y también ganó la concesión de la futura autopista de peaje M-404.  

Otro de los empresarios que donó una importante suma a Fundescam en vísperas de las elecciones autonómicas de mayo de 2003 es Manuel Moratiel, quien presidía entonces la empresa de autobuses Grupo Avanza y entregó 60.000 euros. Y también Eduardo Montes, entonces presidente de Siemens, que pagó 25.000 euros. Ayer, Montes aseguró a Público que "no tiene ni idea" de qué es Fundescam. Cuando este periódico le envió copia del certificado de donación, reconoció que es auténtico y prometió hacer indagaciones sobre la donación.  

Entre otros contratos adjudicados en los años de gobierno de Aguirre, Siemens acaba de conseguir de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid una importante adjudicación, por 54 millones de euros, para centralizar los historiales clínicos de los madrileños. En julio de 2006, ya se había alzado con el concurso para poner en marcha los sistemas de información de los nuevos hospitales de Madrid por 44,6 millones de euros. Hewlett Packard (HP) obtuvo la mejor puntuación, pero la Comunidad alegó que su certificación como contratista de servicios llevaba cuatro semanas caducada y otorgó la concesión a Siemens. El asunto está en los tribunales. 

En la contabilidad de Fundescam, también aparecen como donantes Celso García, que aportó 60.000 euros en dos transferencias; Salazar Simpson, de Ciuvasa; José Manuel de Riva, presidente del grupo Gesfor; José Antonio López Casas; Carlos del Castillo, de la Inmobiliaria COF; Germán López Madrid y el joyero Valentín López Pombo. Según la contabilidad de Fundescam, el total recaudado entre empresarios fue de 790.230 euros. 

Ni Arturo Fernández ni Antonio Basagoiti ni FCC han querido dar su versión de los hechos. Tampoco el PP de Madrid, que guarda silencio desde que Público reveló el martes los primeros datos sobre Fundescam. Esperanza Aguirre sólo respondió, ante el micrófono de un periodista "que se lo pregunten a pío, pío, pío". 

(www.publico.es, 22/05/09)

EL ESCUDERO EMPRESARIAL DE ESPERANZA AGUIRRE 

Los empresarios "tenemos que llevarnos bien con el Gobierno, cualquiera que sea su color político, y si no es así, nunca será por nuestra culpa". Así de categórico se mostraba Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal de las patronales, CEOE, en una entrevista concedida hace un año a un diario económico. Pero, desde su llegada al cargo en junio de 2007, los hechos han ido desmintiendo sus palabras.  

La guinda la puso este mismo mes cuando en un acto público culpó de la recesión a "los años de Zapatero", creyendo que el micrófono estaba cerrado. En el mismo acto, organizado por la patronal madrileña CEIM, dejó claras sus preferencias al remachar con un "es cojonuda" el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Nada extraño, por otra parte, teniendo en cuenta que Díaz Ferrán, madrileño de 66 años, ha escalado en CEOE, hasta lograr sustituir al histórico José María Cuevas con el aval de Aguirre, que la ha ido apoyando en sus sucesivos cargos como presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid.  

Desde 2003, es además consejero de Caja Madrid, elegido entonces a propuesta de la patronal madrileña, y ha utilizado su voto como un escudero fiel en la guerra interna de la entidad, que enfrenta a Aguirre con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. 

Su escasa habilidad diplomática le ha hecho tropezar desde el principio en su relación con el Ejecutivo socialista. Sin embargo, luego tuvo que ir a la Moncloa para que Zapatero intercediera por el imperio turístico Marsans, que empezó a crear en los años sesenta con su socio de toda la vida, Gonzalo Pascual, y que forma una amplia red de empresas, desde la de autobuses Trapsa, en sus inicios, hasta Air Comet o Pull-mantur, y antes Spanair, entre otras. Acudió a solicitar el auxilio del Gobierno cuando Argentina, a finales de 2008, decidió expropiarle Aerolíneas Argentinas. Díaz Ferrán y su socio se la adjudicaron en 2001 cuando la privatizó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que luego inyectó dinero para cancelar deudas de la aerolínea. Por el uso de estos fondos, están imputados Díaz Ferrán y Pascual por presuntos delitos de desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal en un proceso judicial que lleva años abierto.

Tampoco se ha resuelto aún el contencioso con Argentina, con lo que Díaz Ferrán quizá tenga que recurrir a Zapatero de nuevo y quién sabe si ello influirá en el maltrecho Diálogo Social con los sindicatos.  

En este contexto, y desde que arreció la crisis, Díaz Ferrán ha intensificado su reclamación de abaratar el despido, de momento sin éxito.  

Pero no sigue sus principios. El ejemplo más clamoroso es la indemnización de 1,9 millones que pagó a Juan Jiménez Aguilar (su incómodo número dos en CEOE y eterna mano derecha de Cuevas) tras su salida de la patronal. La cifra está a años luz de los 35 días por año trabajado que Díaz Ferrán quería pagar al 70% de los mil empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) en una de sus empresas, Newco Airport Services.  

Días antes, insistía en que los ERE no tendrían que recibir el visto bueno de una administración. Recetas empresariales contra el paro.  

(www.publico.es, 22/05/09) 

CANTOBLANCO, FCC, SIEMENS, UNIÓN FENOSA… TODOS UNIDOS POR LA CAUSA ALTRUISTA DE FUNDESCAM 

Por lo visto, Díaz Ferrán no es el único que piensa que Aguirre “es cojonuda”. Así lo han demostrado, donaciones mediante, un gran número de empresarios que también han aportado su granito (o granazo) de arena a Fundescam, la Fundación que sirvió para financiar las campañas electorales de la lideresa. Grupo Cantoblanco, Unión Fenosa, Siemens, FCC, Grupo Avanza… y así hasta sumar la friolera de casi 800.000 euros. 

Curiosamente, o no, el esquema se repetía siempre igual. Una altruista donación a Fundescam en plena campaña electoral primero. Después, una vez con Aguirre ya en el poder, las empresas recibieron suculentos contratos públicos, según explican Ignacio Escolar y Alicia Gutiérrez en Público.

De Fundescam a Bombay 

Arturo Fernández es el presidente de la patronal madrileña. No se sabe si comparte la opinión de que la lideresa “es cojonuda”, pero sí que estaba junto a ella durante los atentados de Bombay. Su complicidad venía de antes, de cuando aportó 57.030 euros a Fundescam a través de su grupo Cantoblanco. Lo hizo, eso sí, en cuatro donaciones. 18.030 euros tres semanas antes de las primeras elecciones de mayo. 15.000 euros un día antes de la segunda vuelta post-tamayazo. Finalmente, dos más de 12.000 euros en marzo de 2004, antes y después de las elecciones que ganó Zapatero por primera vez. 

El teatro de El Escorial 

Fernández tiene contratos de la Comunidad de Madrid para servicios de cátering a lo largo y ancho de la región. Aparte, con Díaz Ferrán, el jefe de la patronal y el empresario que más aportó a la causa, gestiona, con otras dos sociedades, el teatro-auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Una adjudicación que asciende a 6’8 millones.

Unión Fenosa y aita Basagoiti  

Unión Fenosa también se apuntó a la causa altruista de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Lo hizo con 120.000 euros primero y con 36.000 euros después. ¿Las fechas? La aportación más suculenta dos días antes de las primeras elecciones de Aguirre. La segunda, el 4 de marzo de 2004, diez días antes de las generales. La primera donación la firmó el que era entonces presidente de la eléctrica. Antonio Basagoiti, padre del líder del PP vasco.

FCC y las autopistas 

FCC donó 60.000 euros. Lo hizo cuatro días antes de las elecciones de mayo de 2003. Después se encargó de la reconstrucción del Palacio de los Deportes y ganó la concesión para construir la futura autopista de peaje M-404.

Siemens y los hospitales 

No menos curioso es el caso de Siemens, que aportó 25.000 euros. Siemens se ha encargado de la informatización de los nuevos hospitales de la Comunidad y ahora ha recibido una adjudicación por 54 millones de euros para centralizar los historiales clínicos de los madrileños. No obstante, el concurso de hace tres años, por nota, lo ganó HP, pero la Comunidad aseguró que tenía la certificación de contratista caducada. El caso ha sido llevado a los tribunales. 

(www.elplural.com, 22/05/09)

PENDIENTES DE LA SALUD DE CORREA 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira ha solicitado que le remitan los informes médicos de Francisco Correa, jefe de la trama corrupta vinculada con el PP, antes de decidir sobre la petición de libertad que le ha planteado. Correa se encuentra en prisión desde febrero. Por contra, el magistrado ha confirmado la prisión del lugarteniente de Correa, Pablo Crespo, y de su primo, Antonio Sánchez, que también están encarcelados desde febrero. Son los únicos miembros de la red en prisión. 

(www.elperiodico.com, 21/05/09)  

DETENIDO EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS EL GESTOR DEL PATRIMONIO DE CORREA 

Arturo Gianfranco fue detenido ayer en el aeropuerto de Barajas cuando regresaba del extranjero, según se ha sabido esta mañana. Su nombre aparece en los autos de inhibición del juez Baltasar Garzón al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, primer instructor del caso Gürtel, de presunta corrupción en el PP.

Fuentes de la investigación han explicado que Gianfranco gestionó el patrimonio de las empresas de Francisco Correa en el exterior. “Era el hombre que movía el dinero”, han dicho las fuentes consultadas.

Las mismas fuentes han explicado que el detenido trabajó en Credit Suisse y que tras abandonar esta entidad montó su sociedad de inversiones. Su nombre aparece en los documentos intervenidos al contable de la red que dirigía Francisco Correa, José Luis Izquierdo. Su arresto puede ser clave para averiguar el destino del dinero que esta red percibió de los contratos que logró con las administraciones públicas de Madrid y Valencia.

La investigación sobre esta trama corrupta se lleva a cabo en Madrid y Valencia. En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid están imputados los parlamentarios Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, y otras 60 personas. 

(www.elmundo.es, 21/05/09)

EL PSOE ESTUDIA LLEVAR A LA FISCALÍA EL CASO FUNDESCAM 

La noticia, desvelada ayer por Público, de cómo el PP madrileño financió en 2003 parte de la campaña del tamayazo a través de una fundación a la que una empresa de la trama Gürtel endosó facturas electorales puso ayer en pie de guerra a la oposición. Tanto el PSOE como IU sospechan que esa fundación, Fundescam, operó como un canal de "financiación irregular" que no sólo ayudó supuestamente al PP a ocultar gastos electorales sino que captó donaciones de importantes empresarios que lograron contratos y concesiones públicas en Madrid. 

El secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez, anunció que los servicios jurídicos de su partido estudian la posibilidad de acudir a la Fiscalía, y garantizó una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno de Esperanza Aguirre dé explicaciones. La portavoz parlamentaria de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, también prometió dar la batalla en la Cámara autonómica, donde el PP ha hecho valer con reiteración su mayoría absoluta para bloquear los intentos de desentrañar las conexiones entre el Ejecutivo de Aguirre y las empresas adscrita a la trama corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa. 

En opinión del líder socialista madrileño, todo lo que rodea a Fundescam, "una fundación desconocida", resulta sospechoso. "Pudo haber sostiene Tomás Gómez trato de favor a empresas que estuvieron financiando una campaña electoral que todos recuerdan como el drama de la democracia, la del tamayazo". Su partido estudia ahora "si es posible emprender acciones jurídicas o llevar el caso a la Fiscalía", precisó. 

En el ámbito parlamentario, los socialistas reclamarán explicaciones al Gobierno de Aguirre, una dirigente, subraya Gómez, "que llega a la Presidencia de la comunidad en 2003 apoyada por una fundación que pudo haber dado prebendas a los empresarios que aportaron donaciones". El de Fundescam, resume el dirigente del PSOE, "es un nuevo episodio en la era Aguirre", caracterizada, en su opinión, por "la corrupción y la mezcla de intereses públicos y privados". 

Desde las filas de Izquierda Unida, Inés Sabanés exhibió el repertorio de irregularidades en que pudieron incurrir el PP y Fundescam, fundación de obediencia partidaria y cuyo patronato lo elige el comité ejecutivo de los conservadores. "IU dijo su portavoz en la Asamblea de Madrid considera que se ha podido vulnerar tanto la Ley Electoral como la Ley de Financiación de Partidos y la Ley de Fundaciones". Su grupo pedirá todos los contratos otorgados por la Comunidad de Madrid a Special Events y exigirá respuesta a la pregunta de qué subvenciones públicas ha recibido Fudescam "a pesar de no haber presentado sus cuentas desde 2003".  

Falsificación de documentos

Special Events endosó a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) facturas que en realidad se correspondían con trabajos realizados para el PP madrileño durante su campaña para las autonómicas de mayo de 2003 y para las europeas de junio de 2004. El falseamiento de facturas se encuadra en el delito de falsificación de documentos públicos, penado por el Código Penal con hasta seis años de cárcel en el caso de los funcionarios o cargos públicos, pero sólo con un máximo de tres si se trata de particulares. 

Sólo multa para la financiación ilegal

En su artículo 4, tanto la Ley de Financiación vigente desde 2007 como la anterior, de 1987, prohíben de forma expresa que los partidos acepten donaciones de empresas privadas que, “mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”. Pero esa misma ley establece que los infractores recibirán, en todo caso, el siguiente castigo: “Una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento”. El Código Penal no dedica ni una línea a la financiación ilegal.  

Donaciones limitadas

La Ley de Financiación vigente en 2003 establecía para las donaciones privadas a partidos un límite de 10 millones de pesetas al año (60.000 euros). Las facturas del PP pagadas por Fundescam, fundación subvencionada por la Comunidad de Madrid y por Caja Madrid, superaron ese límite. En total, ascendieron a 66.988 euros. En 2004, Special Events cargó a la fundación 204.011 euros. Es decir, en sólo año y medio, desde junio de 2003 a noviembre de 2004, Fundescam abonó casi 50 millones de las antiguas pesetas por trabajos hechos para el PP. La Ley de Fundaciones prohíbe “constituir fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a sus patronos”.  

Más fiscalización desde 2007

El vacío de la financiación ilegal persiste, pero la nueva ley de 2007 cerró uno de los grandes agujeros de la norma precedente: la ausencia de control sobre las fundaciones ligadas a partidos. Ahora, las donaciones que reciben ese tipo de fundaciones están sujetas a la fiscalización y control del Tribunal de Cuentas y a las mismas sanciones aplicables a las organizaciones políticas de que dependen. Ese reforzamiento de controles fue la clave del choque de trenes que se produjo con el PP durante la tramitación de la nueva ley.  

(www.publico.es, 20/05/09) 

AGUIRRE CULPA A ESCUDERO: "PREGUNTEN A PÍO, PÍO, PÍO" 

Esperanza Aguirre no sabe, Esperanza Aguirre no contesta. La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso pronunciarse sobre la información publicada ayer por este periódico, que revelaba que el PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, empleó una red de financiación paralela en las dos elecciones autonómicas del año 2003, cuando ella era la candidata.  

Preguntada en dos ocasiones por los periodistas durante su visita a la Universidad Carlos III de Getafe para una entrega de premios, Aguirre no quiso entrar a precisar si la Comunidad de Madrid adjudicó contratos a empresarios que previamente habían financiado a la fundación Fundescam, dependiente del PP de Madrid. Tampoco explicó la forma en la que se gestiona Fundescam, una fundación de la que ahora es presidenta, y por qué no rinde cuentas desde el año 2002. Las únicas palabras que salieron de su boca al respecto es que en el año 2003 ella no era la presidenta del PP de Madrid: "En el 2003 yo no estaba. O sea, que se lo pregunten a Pío, pío, pío", fue lo único que dijo la presidenta en alusión a su precedesor en el partido.  

En su equipo recuerdan que Aguirre no llegó a la primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova hasta octubre de 2004, cuando fue escogida líder de los conservadores madrileños. En fechas anteriores su responsable era Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Es a él, según explican fuentes de la Comunidad de Madrid, a quien habría que pedir explicaciones. 

Pío García Escudero, por su parte, tampoco ha querido responder directamente sobre el caso y sólo ha hablado en su nombre un portavoz de su equipo: "Tiene la conciencia muy tranquila de que todo se hizo bien mientras él estuvo [al frente de la fundación]". 

Esperanza Aguirre tampoco aclaró ayer por qué el PP de Madrid acordó pagar en 2006 a Special Events unas facturas pendientes de la campaña electoral de 2003, después de que la empresa, propiedad de Francisco Correa, les llevase a los tribunales.  

Según la versión que ha defendido desde que estalló el caso Gürtel, la presidenta de Madrid ordenó a su equipo en el año 2004 que no pagasen nada a las empresas de Correa. Según esa versión, sólo el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo había incumplido esa orden. Sin embargo, López Viejo que también participó en la campaña electoral de Aguirre del año 2003 en calidad de director adjunto no decidía sobre los pagos del PP de Madrid en el año 2006.  

(www.publico.es, 20/05/09) 

GALLARDÓN SE MUESTRA IMPLACABLE CONTRA LOS CORRUPTOS 

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró hoy en Ciudad de México que el conservador Partido Popular español (PP), "será absolutamente severo si alguien, dentro o fuera del partido hubiera realizado cualquier acción fuera de la ley". 

Gallardón hizo estas afirmaciones hoy en Ciudad de México al referirse al denominado "Caso Gürtel" sobre una supuesta red de corrupción en la que aparecen como presuntos implicados varios miembros de la dirección del PP, según una investigación abierta el pasado febrero por el juez Baltasar Garzón. 

Agregó el regidor de la capital madrileña que la postura del PP frente al caso Gürtel generará confianza en el electorado de su partido y entre los votantes en general de cara a las elecciones europeas del próximo 7 de junio. 

"Yo creo que lo importante, lo que valoran los ciudadanos, es cuál es la reacción y la respuesta de las formaciones políticas ante cualquier situación, entre ellas imputaciones que se hacen", afirmó Ruiz-Gallardón en un encuentro con corresponsales españoles. 

Además, Ruiz-Gallardón se mostró "absolutamente convencido" de que en el futuro no se le podrá reprochar nada al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por su decisión de responder a las acusaciones por ese caso. 

(www.publico.es, 20/05/09)

EL PP PAGÓ FACTURAS ELECTORALES A CORREA A TRAVÉS DE UNA FUNDACIÓN 

El PP de Madrid creó un sistema de financiación paralelo con el que recaudó cerca de un millón de euros de algunos importantes empresarios durante los años 2003 y 2004. Con esos fondos, según los documentos a los que ha tenido acceso Público, se pagaron facturas de las campañas para las dos elecciones autonómicas del año 2003 en Madrid: la del 25 de mayo y después, tras el tamayazo, la del 26 de octubre.  

El sistema con el que el PP de Madrid obtuvo este dinero, que pagó después actos electorales de Esperanza Aguirre a la empresa de Francisco Correa Special Events, funcionaba a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam): una fundación del PP sin apenas actividad pública conocida que fue creada en el año 2000.  

Fundescam recaudó fondos en forma de donaciones privadas de los empresarios con los que después abonó parte de las facturas de los actos de campaña. Algunos de estos empresarios, que participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería, la construcción o los seguros, fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid  

Entre los proveedores que facturaron actos de la campaña electoral a Fundescam está Special Events, una de las empresas de Francisco Correa que está siendo investigada dentro del caso Gürtel. A finales de 2005, Special Events demandó al PP de Madrid porque parte de las facturas aún no habían sido abonadas. Antes de la primera audiencia del juicio, el ex secretario de organización del PP de Galicia y administrador único de Special Events, Pablo Crespo, entregó a dirigentes del PP de Madrid un comprometedor documento, que demuestra la existencia de ese canal paralelo de financiación.  

Se trata de un listado de facturas emitidas por Special Events desde diciembre de 2002 hasta noviembre de 2004 a tres clientes: el PP nacional, el PP de Madrid y Fundescam. El listado distingue entre el "concepto real" de la factura elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004 y el congreso regional de 2004 y el "concepto factura", donde no se hace ninguna referencia a las elecciones. Según ese listado, Special Events cobró de Fundescam 258.253 euros en gastos electorales, aunque en las facturas aparecieron bajo otros conceptos como "montaje de cursos y seminarios" o "transporte, guía, manutención viajes". 

Al pie del listado aparecen cuatro líneas más donde se detalla el día y la hora de la primera audiencia del juicio. El caso se cerró poco después de que Crespo hiciese llegar este documento al PP de Madrid: antes del juicio, ambas partes llegaron a un acuerdo. Según el auto del juez con el que se cerró la demanda, dictado el 18 de mayo de 2006, el PP de Madrid se comprometió a pagar la mayoría de las facturas que Special Events reclamaba; todas salvo una. 

En el listado que entregó Pablo Crespo al PP de Madrid no figuran todas las facturas emitidas por Special Events por servicios contratados por el PP de Madrid o por Fundescam, sino solamente aquellas con "cambio de entidades y/o conceptos".  

Los importes y facturas que cobró la empresa de Francisco Correa del PP madrileño son mucho mayores y Fundescam no fue la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de la campaña electoral. También FAES, la fundación que ahora preside José María Aznar, pagó a la empresa de Crespo y Correa por la campaña que llevó a Esperanza Aguirre al gobierno regional de Madrid, según otro documento de la tesorería regional al que ha tenido acceso Público.  

En él se detalla que Special Events cobró 201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la FAES, la fundación que preside José María Aznar, a cuenta de distintos actos para las elecciones autonómicas de Madrid del 26 de octubre de 2003 las que siguieron al tamayazo.  

El dinero que pagó el PP de Madrid llegó a Special Events a través de cuatro cheques con la numeración 3.552.434-BPE (4.756 euros), 3.552.435-BPE (354,96 euros), 3.552.441-BPE (4.176 euros) y 3.552.450-BPE (192.154,70 euros). Sin embargo, según los datos que aparecen en este documento de la tesorería regional del PP de Madrid, aún figuraban como "pendiente de pago" a Special Events 233.489,31 euros por distintos actos de campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704 euros los debía la FAES.  

(www.publico.es, 19/05/09)

UNA FUNDACIÓN CASI OCULTA QUE NO RINDE CUENTAS 

Fundescam depende orgánicamente del PP de Madrid. Su sede está en la primera planta del edificio del PP de la calle Génova 13, y, según sus estatutos, es el Comité Ejecutivo Regional quien nombra a los patronos de la fundación. Está presidida por la propia Esperanza Aguirre y su vice-presidente es el consejero de Interior de la comunidad, Francisco Granados. Ayer, una portavoz de este último subrayó que el equipo de Aguirre no se hizo cargo del patronato de la Fundación hasta noviembre de 2004, tras el congreso en que se produjo el relevo en la dirección del PP madrileño. De Fundescam en esa época hay que "preguntarle a Pío García Escudero", presidente del PP hasta noviembre de 2004, recomendó la citada portavoz.  

En el patronato de Fundescam también aparecen otros dirigentes destacados del PP de Madrid, como el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, o la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Ana Botella. Ignacio González, vicepresidente de Madrid, también formó parte del patronato de Fundescam. 

Los fines que declara la fundación son bastante laxos: "Elaborar trabajos, dictámenes y estudios sobre temas de carácter socioeconómico", "desarrollar programas de cooperación con instituciones y entidades" o también "organizar cursos, conferencias y similares" para fomentar "el progreso de la Comunidad de Madrid". Pese a ello, Fundescam no tiene página web el PP no se pronunció ayer sobre ese extremo y no hay constancia en Internet de un solo curso, una sola publicación, que haya promovido esta desconocida fundación, que ha recibido numerosas donaciones.  

A la pregunta sobre cómo se financia Fundescam, la portavoz de Granados respondió que "con las subvenciones de la Comunidad de Madrid y de Caja Madrid". "Las cuentas están justificadas", alegó. 

Pero, según la información oficial recabada por Público en el Registro de Fundaciones de Madrid, hasta la fecha de ayer Fundescam no había depositado las cuentas de 2003 justamente el año en que financió electoralmente al PP ni las de los siguientes ejercicios. La ley madrileña de fundaciones, que fue aprobada en el año 1998 bajo mandato del PP, obliga a presentar la memoria anual al Protectorado, ejercido aquí por la Consejería de Educación, para su posterior depósito en el Registro.  

(www.publico.es, 19/05/09)

El diputado Bosch recurre su despido de una empresa municipal

Alfonso Bosch Tejedor, parlamentario de la Asamblea de Madrid imputado en el caso Gürtel, considera improcedente su despido de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), ejecutado una vez que se formalizó su implicación con la trama de corrupción. Por ello, ha reclamado su readmisión o, en su defecto, una indemnización de 43.000 euros, según adelantó ayer la cadena SER.

Bosch fue nombrado gerente de dicha empresa municipal en julio de 2003, con un contrato que le asegura la permanencia en el puesto hasta �fin de obra�, según la papeleta de conciliación que ha presentado ante el Servicio de Mediación de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid. Esa cláusula de hasta fin de obra la considera ahora ilegal y que su contratación, por tanto, debía entenderse como indefinido.

El parlamentario alega que su cese como gerente, el 6 de abril pasado, fue un despido nulo o subsidiariamente improcedente, por lo que reclama que se le readmita en las mismas condiciones y que se le paguen los salarios dejados de percibir desde el despido.

www.elpais.es 16.05.09

El fiscal contradice al juez y pide que se aparte al PP como acusación en el caso

La Fiscalía Anticorrupción recurrió ayer la decisión del juez Antonio Pedreira de admitir al PP como acusación particular en el llamado caso Gürtel (la trama de corrupción que implica a altos cargos y Administraciones gobernadas por el PP). El fiscal interpreta, contra el criterio del juez, que no cabe admitir al PP como parte porque ello supondría una colisión de intereses al pertenecer a este partido los principales implicados en la trama; entre ellos, tres diputados de la Asamblea de Madrid, tres alcaldes, un eurodiputado y un senador. El juez tendrá que reconsiderar ahora su decisión. Y si persiste en ella, el fiscal apelaría a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid.

Pedreira admitió el viernes la personación del PP como acusación particular. Y, "extrañamente", según fuentes jurídicas, le exigió una fianza de 1.500 euros. Al aceptar al PP como parte, el juez le da luz verde para que pueda tener acceso a todas las diligencias cuando se levante el secreto del sumario. La decisión de Pedreira ha dado vuelos al PP, que considera que figura en la causa como acusador -y no como acusado- contra las empresas Especial Events, Easy Concept y Good & Better, en las personas de sus principales directivos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

El juez admitió al PP haciendo una "interpretación amplia del artículo 24 de la Constitución", que indica que todos "tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales". El PP intentó personarse como acusación en estas diligencias cuando estaban en manos del juez Baltasar Garzón, pero éste rechazó la personación. Por otro lado, Pedreira imputó ayer en la trama al ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno Alonso (suspendido de militancia en el PP) por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo y falsedad. También interrogó a Eduardo Jaussi, que fue diseñador de escenarios para la empresa Special Events, y a Christian Rodríguez Maza, quien está vinculado con la trama de corrupción porque se ofreció a Francisco Correa para llevarle las cuentas. La pasada semana, Pedreira impuso a Benjamín Martín Vasco una fianza de 955.000 euros para asegurar las responsabilidades que se deriven del procedimiento penal y otra de 750.000 euros para Alberto López Viejo. Según el TSJM, ninguno de ellos ha recurrido todavía la fianza, como tampoco lo ha sido la de un millón de euros impuesta a José Galeote, padre del eurodiputado Gerardo Galeote.

www.elpais.es 15.05.09

Aguirre dice que los contratos con las empresas de Correa son por valor de cinco milones de euros

La presidenta respondió así a las preguntas de la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, por la contratación llevada a cabo por el gobierno regional con las empresas Diseño Asimétrico, Easy Concept comunicación, Good and Better, Servimadrid Integral y Marketing Quality Management.

Según explicó la jefa del Ejecutivo, el Gobierno regional ha firmado en los cinco años indicados "más de 28.200 contratos, por un valor de 12.500 millones de euros". "Todos ellos han sido sujetos a la ley, al control del interventor y al control parlamentario, que se ejerce a través de la comisión de la contratación", destacó. "Los contratos a los que se refiere su señoría importan una cifra de 4,9 millones de euros en estos cinco años, osea, el 0,039% de los contratos de la Comunidad autónoma", agregó.

"Todos tienen el informe de intervención favorable. Todos los que han tenido algún tipo de observaciones, fueron analizadas para ser subsanadas. Lo que pasa es que ustedes han decidido que esta asamblea se convierta en un circo cada jueves y nosotros no", setenció.

Sobre corrupción

Aguirre ha dicho que ningún partido es inmune a la corrupción y que el PP siempre ha actuado de manera radical con los casos que les han tocado.

En cuanto al secreto de sumario la presidenta de la Comunidad de Madrid remarcó que en un Estado de derecho el secreto de sumario, "de acuerdo con la ley, tiene un plazo máximo de un mes". "¡Ya llevamos cinco ya está bien!", manifestó respecto al caso Gürtel.

"Nadie puede presumir de ser inmune a la corrupción, nadie. En todos los partidos políticos puede haber personas que sean corruptas. Lo importante es que nosotros, a diferencia de ustedes, -dijo a los diputados socialistas- nunca hemos contemporizado con la corrupción, nunca, nunca", manifestó durante la sesión de control parlamentario de la Asamblea de Madrid.

www.cadenaser.com 14.05.09

Prohibido hablar del 'caso Correa'

El PP impide que la oposición pregunte por la trama de corrupción

El PP forzó ayer en la Junta de Portavoces de la Asamblea una votación para vetar con su mayoría que el vicepresidente regional, Ignacio González, explique en el pleno de mañana los contratos de su consejería con las empresas de Francisco Correa, cabecilla del caso Gürtel.

• "Ya se ha dado sobrada respuesta a esa cuestión", afirmó el portavoz popular

El grupo socialista pretendía que González iniciara la tanda de comparecencias que ha solicitado de todos los miembros del Ejecutivo regional con el mismo fin. La Mesa de la Asamblea, que es la encargada de valorar el interés de las iniciativas de los grupos parlamentarios, ya había dado luz verde a la intervención de todos los consejeros. La función de la Junta de Portavoces es establecer el orden de la sesión. Hasta ayer, nunca un grupo había intervenido en el control al Gobierno de otro y tampoco se había producido una votación.

Después de que los socialistas plantearan que querían llevar al próximo pleno la comparecencia del vicepresidente, el portavoz del PP, David Pérez, planteó que no estaba de acuerdo con la petición y dijo que la explicación de los contratos con la trama Gürtel debía darla únicamente el titular de Economía y Hacienda, Antonio Beteta.

"En ese momento, he pedido amparo a la presidenta [Elvira Rodríguez, también del PP]", explicó luego Maru Menéndez, la portavoz socialista. Pero Rodríguez decidió zanjar el asunto con una votación. "El PP ha hecho de la Asamblea la prolongación del Consejo de Gobierno", se quejó Menéndez. "En esta Cámara se ha dado ya sobrada respuesta a esa cuestión", justificó en su intervención el portavoz del PP. "No estamos para servir a las estrategias del Partido Socialista".

El otro grupo de la Junta de Portavoces, el de IU, terció ayer en favor de los socialistas y confirmó que nunca hay votaciones sobre las propuestas de la oposición para el orden del día. "Hemos expresado nuestra radical oposición a la petición del PP", explicó la portavoz, Inés Sabanés. "Esto es ejercer la censura en una segunda vuelta".

En la misma reunión la presidenta de la Asamblea reveló que ha encargado un informe jurídico para suspender la presencia de invitados al pleno, tras la bronca del pasado jueves. Una portavoz agregó que, de poder hacerse, comenzará ya en el pleno de mañana. Además, la presidencia ha solicitado a Delegación del Gobierno que no autorice concentraciones si hay pleno.

Estas actuaciones se suman a la denuncia que presentó el viernes en el juzgado por los altercados del día anterior. Se basa en el informe que hizo de los hechos el jefe de seguridad, Fernando Rivera, que contiene datos inexactos. Asegura que en la concentración hubo un herido "por el impacto de una botella de cristal". Según CC OO, es Luis Miguel Sierra, miembro del servicio de orden de la Federación del Metal, que sufrió una pequeña brecha al chocarse con el palo de una bandera tras un empujón. "Así que si atacamos a alguien, fue a nosotros mismos", bromeó un portavoz.

www.elpais.es 13.05.09

EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE UN MILLÓN DE EUROS A JOSÉ GALEOTE POR EL 'CASO GÜRTEL' 

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira ha impuesto una fianza de un millón de euros a José Galeote por el caso Gürtel. El ex concejal y padre del eurodiputado Gerardo Galeote, también implicado en la trama, recibió supuestamente 600.000 euros de la trama. La fianza, la más alta impuesta hasta ahora a los implicados en la trama, no es para eludir prisión, sino por la responsabilidad civil que se deriva de los supuestos delitos. 

El juez le acusa de seis delitos genéricos al resto de implicados en la trama corrupta de empresas dirigidas por Francisco Correa que salpican al PP, como son cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. 

Su declaración ha durado algo más de una hora. A la salida del TSJM, Galeote, acompañado de su abogada, ha afirmado que confía en los tribunales. "Todo lo que tenía que decir lo he dicho al juez, tengo plena confianza en la Justicia". 

Ciudad deportiva en Boadilla

Garzón le imputó haber recibido de la trama 600.00 euros durante los 12 años que fue concejal de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde desempeñó el cargo hasta 2002. Posteriormente fue nombrado gerente de un consorcio deportivo con los ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo y Boadilla para crear una ciudad deportiva. 

La construcción de la ciudad deportiva fue adjudicada a una empresa de la trama corrupta de Correa. Los alcaldes de los tres ayuntamientos también tuvieron que dimitir por su implicación en la red de corrupción. 

(www.elpais.com, 12/05/09)

El juez admite al PP como acusación particular en la trama de Correa

Nueve de los principales implicados son cargos y dirigentes del partido

El PP será acusado y acusador en la causa sobre la trama de corrupción orquestada por Francisco Correa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El magistrado instructor, Antonio Pedreira, permitió ayer que esa formación se presente como perjudicada en el caso y ejerza la acusación particular a pesar de que varios de los principales imputados son cargos, dirigentes y afiliados de ese partido. El juez que destapó la trama, Baltasar Garzón, rechazó esta posibilidad el pasado 13 de febrero. "El postulante no puede ostentar la condición de [perjudicado]", porque existían "serios indicios de responsabilidad de personas vinculadas a o integrantes de esa formación", mantuvo entonces el magistrado de la Audiencia Nacional.

Pedreira, sin embargo, admite ahora al PP como parte en la causa previo pago de una fianza de 1.500 euros, según un comunicado emitido por el TSJM en la mañana de ayer. Su decisión se basa, según esa nota, en "una interpretación amplia del artículo 24 de la Constitución", que en su apartado primero establece que todos "tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". La decisión permitirá a la formación acceder a todos los datos del sumario una vez que se levante el secreto.

El partido, dice la nota, "entiende que no figura en la causa como acusado, sino como acusador" contra los principales imputados hasta el momento, el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa; el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo y Antoine Sánchez -todos ellos en prisión provisional- por ser los "administraciones de hecho y de derecho" de las sociedades Special Events, Easy Concept y Good and Better.

Sin embargo, la imputación de los tres diputados regionales madrileños implicados en la causa -confirmados el pasado jueves en su puesto por la presidenta Esperanza Aguirre- así como de los alcaldes de Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte por seis delitos, entre ellos, los de cohecho y tráfico de influencias, se basa, precisamente, en adjudicaciones a esas empresas.

El ex consejero madrileño de Deportes y actual parlamentario de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, "estaría vinculado con la organización empresarial investigada a la que habría beneficiado en diferentes eventos, desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid", según el auto por el que Garzón se inhibió del caso. El diputado regional Benjamín Martín Vasco medió supuestamente a cambio de cantidades de dinero y otros regalos para "la adjudicación de contratos públicos a Easy Concept", relataba esa resolución y el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, adjudicó a esa misma empresa la Oficina de Atención al Ciudadano durante 14 años mientras el parlamentario Bosch ocupó el puesto de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda.

Concursos a medida

Los concursos, relataba el juez, "se diseñaban a medida, de tal forma que el trámite administrativo tenía lugar adjudicándose aquél a la empresa presentada por Correa". El grupo liderado por el líder de la trama llegó a organizar los actos de promoción del PP en "una situación próxima al monopolio", según el magistrado de la Audiencia Nacional.

La decisión de Pedreira causó sorpresa entre varios jueces y fiscales consultados por este periódico, que advirtieron de la "comunidad de intereses" que podría producirse entre la acusación que ejercerá el partido y las defensas de todos sus nueve cargos y dirigentes imputados. Sin olvidar la rama valenciana, que estudia el tribunal superior de esa comunidad, y en la que los principales implicados son el presidente Francisco Camps y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

"La función de la acusación es acusar, pero hasta el momento, lo que ha tratado de hacer el PP es deslegitimar el proceso. Incluso se ha querellado contra el juez en el Supremo", sostuvo uno de los fiscales consultados. La querella fue archivada.

www.elpais.es 09.05.09

Imputado José Galeote, padre del eurodiputado

El magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha imputado al ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote por su presunta implicación en la red corrupta de empresas encabezada por Francisco Correa, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El nombre del imputado, que es padre del eurodiputado también implicado en la trama Gerardo Galeote, figura en la contabilidad de la caja B de la sede de la empresa Special Events, en la calle de Serrano. Por ejemplo, hay un apunte de marzo de 2002 de 111.206 euros entregados a José Galeote cuando era edil de Boadilla, puesto en el que se mantuvo 12 años.

El juez también ha citado como imputados a Gonzalo Naranjo Villalonga y Eva María Sabio Villacorta.

www.elpais.es 09.05.09

AGUIRRE: «EL PP SABRÁ ASUMIR RESPONSABILIDADES» 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se tuvo que enfrentar ayer a la sesión de control de la Asamblea poco después de la comparecencia ante el juez de su antes hombre de confianza y consejero y ahora imputado, Alberto López Viejo. Y lo hizo respondiendo con la misma acusación que le hacen: «Diputados imputados los hay en sus escaños. Y hay dos», espetó a la portavoz socialista, Maru Menéndez.  

Aguirre se refería al ex alcalde de Leganés (Madrid) José Luis Pérez Ráez y a la diputada regional Esperanza Rozas. Pero la jefa del Ejecutivo madrileño no consiguió apartar la atención de todos de sus tres imputados: Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, serios, silenciosos y sentados en los bancos del Partido Popular. A los tres se les acusa de los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal, dentro del 'caso Gürtel'.  

La portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, pidió a Aguirre en su intervención que tome medidas o se vaya -«actúe o dimita, señora Aguirre»- porque «se ha hecho explícito y claro que el 'caso Gürtel' ha alcanzado a su círculo de confianza».  

Sabanés calificó la situación del Ejecutivo regional y del PP de Madrid de «escándalo» y acusó a Aguirre de ser, «políticamente, la máxima responsable del deterioro del Gobierno y del Parlamento».  

La presidenta de la Comunidad de Madrid prefirió no referirse a este caso de corrupción durante el Pleno y se ciñó a las preguntas registradas, pero sí lo hizo antes en los pasillos a requerimiento de los periodistas. Aguirre explicó que el PP de Madrid «sabrá asumir responsabilidades» cuando éstas se concreten con el levantamiento del secreto de sumario.  

La también presidenta del partido en Madrid explicó que los tres imputados siguen en el Grupo Popular, aunque hayan sido suspendidos de militancia, porque lo que ha aprobado el PP es «una suspensión temporal y cautelar a la espera de que se sepa de qué se les acusa».  

«En este momento, no hay una resolución judicial. Hay una imputación genérica de hechos gravísimos», manifestó, «pero en un proceso garantista, como es el español, es fundamental saber de qué se les acusa».  

López Viejo, recién llegado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rehuyó durante toda la tarde a los periodistas, que querían preguntarle por su imputación.  

 (www.elmundo.es, 08/05/09)

LOS CHICOS GÜRTEL SE REUNÍAN EN LA MANSIÓN DEL ALCALDE EN LA SOMBRA DE BOADILLA 

Viajes en yate, regalos comprados en la Milla de Oro madrileña, Jaguars, bodas imperiales… Mucho se ha escrito ya sobre los lujos de los chicos Gürtel. Hoy se añade un episodio más: el de las exquisitas fiestas que reunían a la trama al completo en la exclusivísima Urbanización de Las Lomas, en Boadilla del Monte, en la mansión de Tomás Martín Morales, alcalde en la sombra de esta localidad madrileña que ha resultado un potosí para Francisco Correa y amigos. 

Según ha podido saber El Plural de fuentes populares que acudieron a estas fiestas, la mansión de Martín no se privaba de nada. En sus 500 metros cuadrados había sitio para obras de arte, retablos… Ya fuera, los 2.000 metros cuadrados de parcela eran suficientes para acoger a una gran orquesta que tocaba hasta altas horas de la madrugada. La mansión, aunque regentada por él, está a nombre de una empresa constructora: Cántabra de Lomas.

Los chicos Gürtel

El elenco de invitados a estas fiestas parece sacado de la lista de implicados en la Operación Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, El Albondiguilla, Mario Utrilla, Alberto López Viejo, Ginés López, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor y Jaime González Taboada (actual director general de Administración Local de la Comunidad de Madrid). Las fiestas se realizaban con cierta periodicidad y, al menos, siempre una vez en verano.

Un anfitrión en la sombra

El anfitrión de todos ellos era Tomás Martín Morales, Director General del Ayuntamiento de Boadilla, Consejero Delegado y Vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). Sin embargo, las sospechas de que él es alcalde en la sombra de la localidad parece probadas con estas fiestas a las que acudía El Albondiguilla en calidad de mero invitado.

Orquesta y catering

Allí, y según ha podido saber El Plural de fuentes genovesas que tuvieron la oportunidad de acudir, una gran orquesta amenizaba hasta altas horas de la madrugada la reunión y un catering de lujo (todo caro y con finas bebidas y acompañamientos) agasajaba a los asistentes.

Lujo a todo tren

Según este asistente popular, que recuerda la presencia de todos los implicados en Gürtel, el lujo era la tónica general en esta mansión a rebosar de obras de arte, retablos, tallas…

Seguridad extrema

Sin embargo, algo sorprendió a este invitado más que los lujos: las medidas de seguridad extremas. “Algo que nos llamó mucho la atención es que había cámaras por todos lados”, asegura.

Hombre fuerte de Correa

Tomás Martín Morales es una de las claves de la Operación Gürtel. Él era el hombre fuerte de Francisco Correa en la EMSV, en la que también participaban Bosch Tejedor y José Galeote. Hombre de grandes lujos, Martín Morales era un desconocido hasta 2007.

"Los que tienen de todo"

Fue entonces cuando El País realizó un reportaje sobre “los que tienen de todo” y que ahora recibían regalos más centrados en experiencias nuevas. Fue cogido in fraganti probando ser Fernando Alonso por un día, por regalo de su mujer. Nadie sabía entonces quién era ese tal Tomás, “abogado de Boadilla”, que tanto se cuidaba de las cámaras.

 (www.elpais.com, 08/05/09) 

EL PP DE MADRID IMPLICADO EN LA GÜRTEL VIAJABA GRATIS TOTAL EN YATE DE LUJO A CAMBIO DE CONTRATOS 

Varios dirigentes populares de las localidades de Madrid salpicados por la trama de corrupción de la Gürtel –Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón- viajaron en yate de lujo por las Islas Baleares con todos los gastos pagados y una completa gama de atenciones a cambio de contratos municipales. Entre los viajeros se encontraban imputados como Arturo González Panero El Abondiguilla, ex alcalde de Boadilla del Monte o Guillermo Ortega, ex regidor de Majadahonda. El encargado de velar por el bienestar de los invitados era el empresario José Vicente Martín Liquiñano, socio del consejero de Caja Madrid Pablo Abejas, hombre clave de Esperanza Aguirre en su intento de toma de control de la entidad. Martín Liquiñano hacía las veces de anfitrión, aunque quien financiaba los viajes era el empresario Gonzalo Raga, imputado por estafa. 

Entre los pasajeros que frecuentaban los mini cruceros de lujo regalados por Raga se encuentran imputados por la Gürtel como Arturo González Panero El Abondiguilla, ex alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega El Rata, ex regidor de Majadahonda; Mario Utrilla, miembro de la Ejecutiva del PP de Madrid que preside Aguirre y ex teniente alcalde de Pozuelo de Alarcón (en la actualidad es alcalde de Sevilla La Nueva), así como varios concejales de éste último municipio. Así lo asegura El Confidencial, que apunta que la contraprestación a estos regalos era la obtención de contratos de los ayuntamientos de esos municipios para Grupo Raga, una empresa que ofrece varios servicios urbanos como mantenimiento de zonas verdes o pavimentación.

El socio de Abejas actuaba de cicerone

Aunque los viajes los sufragaba Raga quien actuaba de anfitrión para atender a los pasajeros era otro empresario, José Vicente Martín Liquiñano, secretario general del PP en Aldea del Fresno y hombre fuerte de Aguirre en Caja Madrid, entidad de la que es consejero. Hace unos días este digital ya denunció que Abejas había utilizado su influencia en el PP de Madrid para beneficiar a su amigo Martín Liquiñano con contratos del Gobierno regional de Aguirre.

Todo tipo de lujos

En los viajes en el yate de Raga, que se alquilaba en el puerto de Ibiza, se dispensaban todo tipo de atenciones como suculentas comidas a bordo y en tierra, pernoctaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas y entradas a discotecas y salas de fiesta. Muchos de los pasajeros viajaban solos y otros lo hacían acompañados por sus amantes y amigas.

Imputados por estafa

Raga obtuvo decenas de contratos de los citados municipios: Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. En la actualidad, el constructor está imputado junto a Martín Liquiñano por estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes a raíz de la presunta venta fraudulenta de unos terrenos en Aldea del Fresno (Madrid), motivo por el cual ambos empresarios declararon ante el juez el pasado lunes. Irónicamente, un personaje con tantos puntos oscuros es el encargado en la actualidad del Punto Limpio de Boadilla. 

(www.elplural.com, 08/05/09) 

LA IZQUIERDA ABANDONA EL PLENO ENTRE GRITOS DE LOS POPULARES: “¡CÁLLATE! ¡ANDA, VETE POR AHÍ!” 

Una vez más, la Asamblea de Madrid se convierte en lamentable protagonista. Los trabajadores de Iveco Pegaso, BP y Arcelor habían sido invitados a la Cámara para seguir las respuestas del Gobierno sobre su situación laboral, pendiente de un hilo. Sin embargo, ni Aguirre -que ha asegurado que su modelo no se base en el "subsidio" o la "subvención"-, ni de Beteta han convencido a estos trabajadores, que han protestado airadamente, provocando su expulsión. Cuando la oposición ha tratado de expresar su protesta, los populares literalmente se han burlado de ellos. La tensión ha ido creciendo y se ha saldado con la expulsión de un diputado socialista y la marcha del resto de diputados de la izquierda, en solidaridad con sus compañeros. Se pudo oír a través de los micrófonos de los escaños las provocaciones del PP: “¡Cállate! ¡Anda, vete por ahí!”. 

Al comienzo de la sesión, Maru Menéndez había preguntado a Aguirre sobre si tenía pensado tomar medidas para evitar la deslocalización de las tres empresas para evitar un ERE sobre la plantillas. La portavoz socialista ha saludado a los trabajadores, sobre los que ha asegurado que su presencia “dignifica la Cámara”.

Ni subsidio ni subvención

Pero la respuesta de Aguirre, asegurando que su modelo de Gobierno no se basa “en el subsidio y en la subvención”, ha disgustado a los trabajadores invitados, que han protestado, provocando la expulsión de algunos de ellos. Maru Menéndez ha respondido a Aguirre que sus diputados prefieren “la cultura del enriquecimiento rápido”, como representan los “imputados por la trama Gürtel”. “Nosotros vemos a los trabajadores como nuestros compañeros. Usted prefiere a su amiguito del alma”, ha concluido Maru.

Descontento con Beteta

La segunda parte de la disputa se ha gestado con la pregunta de Izquierda Unida a Beteta sobre “la gravedad” de empresas industriales en la Comunidad, en relación de nuevo a Iveco Pegaso. El consejero de Economía y Hacienda ha presumido de sus reuniones con la empresa y la inactividad del Gobierno de Zapatero en este sentido. Los trabajadores han vuelto a protestar y han sido expulsados los restantes.

Dignificar la Cámara

La siguiente intervención de Muñoz Abrines, diputado popular ha provocado el desenlace cuando jocosamente ha dicho, en referencia a los trabajadores, “acabamos de comprobar cuál es el concepto de dignificar la Cámara que tiene la izquierda”. El desencanto ha sido general, especialmente en el diputado socialista José Quintana, lo que ha provocado su expulsión también de la Cámara.

“¡Cállate! ¡Anda, vete por ahí!”

Sin embargo, los micrófonos abiertos han registrado las provocaciones de los populares, que gritaban a Quintana: “¡Cállate! ¡Anda, vete por ahí!”, a la vez que otros diputados gritaban y espetaban a los trabajadores que todavía no habían sido expulsados de la Cámara. Finalmente, todos los diputados de izquierda han abandonado la Cámara excepto los que debían formular preguntas

Disturbios a las puertas

A las puertas de la Asamblea se han producido disturbios con los trabajadores de las tres empresas, tras la expulsión de sus representantes de la Asamblea. Hasta el punto de que algunos de ellos han lanzado piedras, latas y tuercas contra las vallas de la Asamblea, donde los antidisturbios habían formado un cordón de seguridad, aunque no ha sido necesaria su intervención. 1.200 trabajadores se han concentrado en la plaza de Pablo Neruda al grito de "Con nuestro curro no se juega". Las ERE's que planean sobre sus empresas podrían causar el despido de 2.000 trabajadores. 

 (www.elplural.com, 08/05/09)

EL 'CASO GÜRTEL' ALCANZA A UN HOMBRE DE CONFIANZA DE AGUIRRE, QUE SIGUE DE DIPUTADO 

El caso Gürtel tiene tres actores políticos principales, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Francisco Camps. Y cada semana, y a veces cada día, las novedades golpean a uno de los tres frentes abiertos, que a su vez están conectados. Ayer le tocó a Aguirre. 

La semana pasada, la presidenta trató en la cadena SER de esquivar el asunto con la idea de que los imputados hasta ahora eran personas no directamente vinculadas a ella. "Hay tres alcaldes que yo no he puesto; un ex consejero al que no han imputado y seguramente imputarán y dos diputados que estaban allí cuando llegué". Pero ayer, Aguirre vio cómo ese ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, seguía el mismo camino que todos los demás políticos implicados en la trama Gürtel, al menos hasta ahora. Fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y declarará. 

Con López Viejo, el caso llega directamente al núcleo de confianza de Aguirre. Este ex consejero tenía como principal ocupación la organización de todos los actos de la presidenta desde que ella entró en campaña para tratar de alcanzar la presidencia de Madrid, en 2003. La confianza y el poder de López Viejo, derivado de su cercanía a Aguirre, llegaba hasta el punto de que muchos consejeros se quejaban de que él presionaba para que todos los actos oficiales en los que participaba ella se contrataran con las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la red investigada. Lo hizo, según el auto del juez Baltasar Garzón, a cambio de recibir al menos 500.000 euros en sobornos. 

Hay grabaciones incorporadas al sumario en las que Correa habla con su lugarteniente en Madrid, Pablo Crespo, y éste indica que el ex consejero López Viejo era "el muñidor de toda la operativa". Y en las que, por su lado, Correa señala que López Viejo se "llevaba una pasta", dice, de todos los actos que organizaban sus empresas para el Gobierno regional. 

López Viejo, que insiste en su inocencia, es el tercer diputado autonómico de Aguirre imputado. Los tres han sido suspendidos cautelarmente de militancia del PP, pero ninguno tiene intención de entregar su acta. 

El argumento oficial es que ésa es una decisión que les corresponde a ellos, que el acta es suya, y que la suspensión de militancia del PP es sólo temporal. Sin embargo, el motivo real, según diversas fuentes del PP, es la necesidad de protegerles porque si dimitieran los tres, los únicos aforados imputados hasta ahora, el caso volvería a manos de juez Garzón. Los diputados ni siquiera pasarán al Grupo Mixto y trabajarán con normalidad. 

El caso afecta de lleno a Aguirre, pero sus consecuencias políticas tocan a Camps y a Rajoy. De hecho, según fuentes de Génova, la sede central del PP, el líder y su dirección tuvieron algunas dudas a la hora de suspender cautelarmente de militancia a los tres diputados madrileños. López Viejo no había sido aún ni siquiera imputado. Algunos dirigentes nacionales -Aguirre era favorable a suspenderlos- temían las repercusiones de esta decisión sobre Camps. 

Si el presidente valenciano resulta imputado, será muy difícil explicar por qué él no es suspendido de militancia, algo casi impensable en el todopoderoso barón, que pese a estar políticamente muy quemado por el caso, sigue manejando un enorme presupuesto y fue clave para la reelección de Rajoy como líder tras la derrota electoral de 2008, algo que el jefe de la oposición no puede olvidar. En la misma situación queda Luis Bárcenas, tesorero del PP nombrado por el líder, que si es imputado tendrá que ser suspendido de militancia. 

La presión sobre Aguirre se intensificará hoy, día de pleno en la Asamblea de Madrid. Por la mañana, López Viejo acudirá como imputado a declarar ante el juez Antonio Pedreira, y por la tarde votará con los demás diputados aguirristas. Tomás Gómez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) exigieron ayer que entreguen el acta, y esta última preguntó si el PP va a pagar la fianza de casi un millón de euros de Benjamín Martín Vasco, ex número dos de los aguirristas en la Asamblea de Madrid. 

 (www.elpais.com, 07/05/09) 

EL EX CONSEJERO LÓPEZ VIEJO, ACUSADO DE RECIBIR 563.000 EUROS, DECLARA ANTE EL JUEZ 

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid no baraja expulsar a sus tres imputados en el caso Gürtel después de que, el pasado martes, el Comité de Derechos y Garantías del PP acordara la suspensión cautelar de militancia de todos ellos. Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor y Alberto López Viejo, que declara como imputado, continuarán siendo parlamentarios del PP. Dos son los motivos que la dirección regional del partido esgrime a la hora de justificar esta postura. En primer lugar, que la suspensión de la militancia "es cautelar y no definitiva". Y, en segundo, que no están condenados. Aguirre protege así a los militantes sancionados por Rajoy. 

No obstante, al estar suspendidos temporalmente de militancia, serán apartados de los trabajos habituales del partido, según informó ayer Juan Soler, portavoz adjunto del PP en la Asamblea. También aclaró que el PP pretende apartar del partido a los imputados para que puedan ejercer mejor su defensa. Fuentes del PP en la Asamblea de Madrid rechazan igualmente la posibilidad de solicitar su actas a los tres imputados. "Les pertenecen a ellos, no al partido", insisten. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señaló este miércoles que la suspensión de militancia de los tres diputados de Esperanza Aguirre se tomó con "total unidad de criterio" entre el PP nacional y el madrileño.  

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, consideró que el Comité de Derechos y Garantías del PP actuó con "contundencia y rapidez". Pese a sus palabras, el caso Gürtel estalló el 6 de febrero y el PP no ha tomado medidas hasta tres meses después. Ayer, el partido volvió a solicitar su personación. El juez Garzón la rechazó en su día al entender que los hechos investigados no perjudicaron al PP. 

El primer aforado cuyo nombre salió a relucir cuando se destapó la trama de corrupción, Alberto López Viejo, será el último en declarar ante el magistrado Antonio Pedreira. Garzón le acusa de haber recibido de Francisco Correa 563.000 euros a cambio de beneficiar a su organización empresarial. Si la Fiscalía sigue el criterio anunciado el martes con Martín Vasco, la fianza de responsabilidad civil que se puede imponer hoy a López Viejo puede superar el millón y medio de euros. 

Según el auto de inhibición a favor del TSJM, López Viejo "habría beneficiado en diferentes eventos, desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid", a la red de Correa, "a cambio de entregas de dinero". Para disimular ese favorecimiento, López Viejo dio instrucciones para no facturar por encima de los 12.000 euros, lo que evita que la concesión salga a concurso. 

La Policía registró ayer la celda que Francisco Correa comparte con Pablo Crespo. Fuentes próximas a la defensa del primero señalaron que se llevaron autos de Garzón.  

(www.publico.es, 07/05/09) 

EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 750.000 EUROS A LÓPEZ VIEJO 

El juez instructor del caso Gürtel ha impuesto una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. La fianza impuesta por el juez no es para eludir prisión, sino por las responsabilidades civiles derivadas del supuesto soborno. López Viejo tiene cinco días para recurrir esta decisión. 

Pedreira ha interrogado esta mañana a López Viejo, diputado todavía hoy en la Asamblea madrileña, pero suspendido de forma cautelar de militancia por el Partido Popular (PP). López Viejo ha sido el tercero en comparecer ante el juez después de los interrogatorios del empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez y Antoine Sánchez - uno de los tres encarcelados y primo del supuesto líder de la trama, Francisco Correa. A su salida del tribunal, donde ha permanecido por espacio de media hora, se ha negado a hacer declaraciones. López Viejo tampoco ha declarado ante el juez hasta conocer el contenido de las actuaciones. 

López Viejo fue citado ayer como imputado en la causa que instruye Pedreira. El ex consejero madrileño y hombre de confianza de la presidenta Esperanza Aguirre es el tercer diputado de esa región en acudir al TSJM tras Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Los tres aforados han sido suspendidos de militancia por decisión del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional. 

Medio millón de la trama

López Viejo trabajó durante 12 años organizando los actos electorales del PP cuando el partido estuvo bajo la dirección de José María Aznar. Ya con Esperanza Aguirre, el todavía parlamentario madrileño organizó en 2003 la campaña para las elecciones autonómicas. Tras la victoria de Aguirre, López Viejo centralizó la preparación de los actos institucionales de su Gobierno. Antes de ocupar la Consejería de Deportes, el diputado madrileño fue viceconsejero de Presidencia. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que condujo la causa en primera instancia, atribuye a López Viejo haber cobrado de la trama 500.000 euros en concepto de sobornos. 

Los tres diputados suspendidos de militancia por el PP asistirán hoy al pleno de la Asamblea, según ha confirmado el portavoz del grupo popular, David Pérez. "Son diputados que están cumpliendo con sus funciones de diputados; efectivamente hoy contaremos con su presencia" en la sesión. 

El vicepresidente regional, Ignacio González, ha afirmado que no le consta que Martín Vasco haya pedido dinero al partido para pagar la fianza impuesta por el juez Pedreira. El número dos del ejecutivo de Aguirre ha reiterado que el Gobierno no ha pedido a los tres diputados que dejen sus actas porque existe una "situación de indefensión absoluta". "Hemos asistido -ha firmado González- a un juicio público". González ha manifestado además que el Gobierno madrileño ha pedido ya todas las responsabilidades que tenía que pedir a los tres parlamentarios imputados 

(www.elpais.com, 07/05/09) 

FIANZA DE 750.000 EUROS A LÓPEZ VIEJO, EX CONSEJERO DE DEPORTES DE AGUIRRE, POR EL 'CASO GÜRTEL' 

El juez instructor del caso Gürtel ha impuesto una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. 

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), que han añadido que el magistrado Antonio Pedreira ha mantenido la situación de prisión provisional de Antoine Sánchez, al que imputa los mismos delitos por su participación en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira imputó ayer al ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre por su implicación en el caso Gürtel.  El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le acusó de cobrar hasta 563.000 euros de la trama a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta regional, Esperanza Aguirre. 

Según Garzón, López Viejo habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". El juez sostenía que López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa. En una de las conversaciones del sumario, Correa decía a su interlocutor que el ex consejero "se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...". 

El ex consejero de Deportes es el tercer aforado madrileño imputado en el caso, junto con los parlamentarios regionales Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. El magistrado imputa a Bosch y a Martín Vasco la comisión de los seis delitos genéricos de la causa y participación en una trama. Los dos se negaron a declarar hasta que se levante el secreto del sumario. 

A Martín Vasco el juez le impuso ayer una fianza de 955.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se deriven del caso. Fuentes jurídicas señalaron a Europa Press que es probable que el juez opte por imponer a López Viejo una fianza similar a la establecida para Martín Vasco para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias. 

Ayer, el PP suspendió de militancia a los tres diputados (Bosch y Martín Vasco y López Viejo), aunque no ha hecho lo mismo Aguirre. La decisión la adoptó el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama corrupta. 

(www.publico.es, 07/05/09)

EL TSJM IMPUTA A LÓPEZ VIEJO POR EL 'CASO GÜRTEL' 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, ha citado para mañana como imputado al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo. Según ha informado el TSJM, Pedreira, que investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP, tomará también declaración mañana a Antoine Sánchez -primo del supuesto líder de la trama, Francisco Correa, y junto a éste y Pablo Crespo uno de los tres imputados encarcelados por orden del juez Baltasar Garzón-, y al empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez. 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reconocido hoy que la suspensión cautelar de militancia de los diputados populares de Madrid imputados en el caso Gürtel Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch se ha tomado con "total unidad de criterio" entre la dirección de Madrid y la dirección nacional del partido.  

Durante su intervención en el III Foro Castilla-La Mancha, y preguntada al respecto, Cospedal ha explicado que antes de proceder a hacer lo que propuso el Comité de Derechos y Garantías del PP habló con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "No tengo por qué ocultarlo, la decisión se ha tomado con total unidad de criterio entre el PP de Madrid y la dirección nacional del partido", ha insistido. 

Preguntada por el proceso, la número dos del PP ha asegurado que ella no puede "poner en duda", sobre todo habiendo un procedimiento judicial abierto, "ni la presunción de inocencia ni la actuación de los tribunales". No obstante, ha apuntado: "Yo creo que en todo el planteamiento de este asunto que se hizo inicialmente desde el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional había un claro afán e interés de persecución política, lo digo claramente". Según ha indicado, "se planteó como un asunto y una especie de trama generalzada de corrupción del PP, cosa que se sabe que no es así, porque aquí no estamos ante un Filesa, no me cansaré de repetirlo". 

"Contundencia y rapidez"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha aseverado hoy que la suspensión cautelar de militancia demuestra la "contundencia y rapidez" con la que actúa el PP. "Es una decisión que el partido a tomado a nivel nacional y, por tanto, lo que tenemos que hacer es respetarla y poner de manifiesto la contundencia y rapidez con la que el PP está actuando en estos asuntos", ha afirmado Granados en la inauguración de unas obras de peatonalización en Boadilla del Monte tras recordar que "no hay absolutamente nadie condenado, por lo que hay que seguir manteniendo la presunción de inocencia de estas personas hasta el final". 

Unas horas antes de la decisión del Comité de Garantías, el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, había impuesto una fianza de 955.000 euros en concepto de responsabilidad civil a Martín Vasco. Le imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Martín Vasco se negó a declarar ante el magistrado instructor. Lo mismo hizo la semana pasada Alberto Bosch. 

El juez Baltasar Garzón atribuye a López Viejo haber cobrado de la trama 500.000 euros, a Bosch, 250.000, y a Martín Vasco, 430.000. 

(www.elpais.com, 06/05/09)

EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 955.000 EUROS A MARTÍN VASCO 

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 955.000 euros al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. La cantidad pretende asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de la investigación. El magistrado mantiene la situación de prisión provisional del ex secretario de organización del PP en Galicia, Pablo Crespo, al que imputa los mismos delitos por su participación en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. 

Martín Vasco se había negado hoy a declarar ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su presunta implicación en la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa. En su comparecencia, Martín Vasco se ha acogido a su derecho a no declarar amparándose en el artículo 24 de la Constitución, según ha informado su abogado Pedro Colino. Al igual que hizo la semana pasada el parlamentario Alfonso Bosch, Martín Vasco se niega a declarar hasta que se levante el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones de la causa. 

Martín Vasco ha sido el segundo aforado madrileño que comparece como imputado ante este tribunal. El magistrado acusó la pasada semana al parlamentario autonómico Alfonso Bosch de participación en la trama encabezada por Correa y de los seis delitos genéricos de la causa: asociación ilícita, cohecho, trafico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad. El TSJM atribuye a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa. En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales (437.166 para Martín Vasco) a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el cerebro de la trama Francisco Correa. 

Martín Vasco abandonó el pasado 18 de febrero la presidencia de la comisión de investigación del supuesto caso de espionaje, que se cerró poco después, y presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en el caso Gürtel no perjudicara al Grupo Parlamentario. Según recogen las conversaciones grabadas a Felisa Jordán, una de las imputadas, Martín Vasco recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa, cabecilla de la trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional. 

El juez de la Audiencia Nacional acusó a Martín Vasco de conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Se le imputó también el facilitar la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007. 

Minutos antes de las 11 horas, llegó a la sede del TSJM en un furgón policial el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo que también ha declarado ante Pedreira. A preguntas de los periodistas, Crespo ha manifestado que se encontraba "muy bien, perfectamente" y "con ganas de declarar". Además, el magistrado interrogará a Adrián Senin Rico, la mano derecha de Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market conocido como El Bigotes. 

(www.elpais.com, 05/05/09)

BOSCH OCULTÓ A LA POLICÍA Y AL JUEZ DOCUMENTOS QUE LE IMPLICABAN EN LA TRAMA CORRUPTA 

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, imputado por cohecho y tráfico de influencias en la investigación de la trama corrupta de Francisco Correa que sigue el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad (TSJM), ocultó parte de la documentación requerida por el juez a través de la policía. Esos documentos correspondían a concursos públicos y adjudicaciones presuntamente amañadas de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte a compañías implicadas en la trama mientras Bosch fue gerente de esa sociedad perteneciente al Ayuntamiento. 

Tras los primeros requerimientos de documentación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, los agentes constataron que parte de los expedientes que les fueron entregados estaban incompletos. Garzón ordenó entonces a la policía que investigara dónde se encontraban los papeles que faltaban. Varios funcionarios municipales a los que se tomó declaración dijeron que había sido el propio Bosch el que había seleccionado los documentos que finalmente se enviaron al juez, quedándose con el resto. 

Entre la documentación que hasta el momento no ha aparecido se encontrarían algunos papeles comprometedores para el diputado autonómico madrileño. Los agentes echaron en falta, por ejemplo, el informe económico y una modificación del contrato por el que se cedieron 32 locales comerciales a la empresa Rústicas MBS a cambio de un canon anual de 320.000 euros que luego fueron rebajados a 81.000. Dos de esos locales fueron alquilados al Ayuntamiento para instalar la comisaría de Policía Local y una oficina de la EMSV. El municipio paga por ello 199.000 euros a Rústicas MBS. El principal accionista y administrador de esta compañía es Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, ex consejero de Orange Market, la filial valenciana de la trama de Correa, y también imputado en la investigación judicial. 

Las otras dos empresas que se presentaron al concurso de los locales, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga y Eurosanabria, también están relacionadas con Blanco Balín, que es apoderado de la primera. La segunda tiene la misma sede social que otras sociedades gestionadas por él. 

En el auto por el que se inhibió a favor del TSJM, Garzón aseguraba que Bosch recibió de Correa 250.562 euros en sobornos por amañar, entre otros, este contrato a favor de quien le indicaba el presunto cerebro de la trama. 

(www.elpais.com, 05/05/09)

EL TSJM IMPUTA AL DIPUTADO BENJAMÍN MARTÍN VASCO 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha imputado al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco por su implicación en la trama corrupta de dádivas y sobornos que salpica al Partido Popular en la que se investigan la comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad. Martín Vasco, que declarará mañana ante el TSJM, pasa a ser el segundo aforado madrileño imputado de manera formal en el procedimiento. El magistrado acusó la pasada semana al parlamentario autonómico Alfonso Bosch por participación en la trama encabezada por Francisco Correa y por los seis delitos genéricos de la causa. 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha reconocido en rueda de prensa desde Génova el Comité de Derechos y Garantías del partido está estudiando la suspensión de militancia de Martín Vasco. "Cada tema es distinto, hay que estudiar caso por caso" ha afirmado Cospedal quien además ha considerado que la "solidez" de las imputaciones las demostrarán los tribunales. La secretaria general popular ha aprovechado las preguntas de la prensa para volver a criticar la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. 

El tribunal atribuye a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa. En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros (437.166 para Martín Vasco) en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el cerebro de la trama. El juez les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita. 

Martín Vasco presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en la Operación Gürtel no perjudicara al Grupo Parlamntario.Dos semanas antes, el diputado madrileño había renunciado a la presidencia de la comisión sobre el espionaje en el Ejecutivo regional. 

Según recogen las conversación grabadas a Isabel Jordán, una de las imputadas, Martín Vasco recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa, cabecilla de la trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional. El juez Pedreira recogerá testimonio también mañana de uno de los encarcelados por la trama de corrupción, el ex secretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo. 

(www.elpais.com, 04/05/09) 

COSPEDAL ASEGURA QUE EL PP "EXAMINA" SI SUSPENDE DE MILITANCIA A MARTÍN VASCO 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular está "examinando" si suspende de militancia al diputado autonómico de Madrid Benjamín Martín Vasco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le haya imputado por su vinculación con la supuesta trama de corrupción liderada por Francisco Correa.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, Cospedal ha recordado que Martín Vasco y otros dos diputados madrileños (Alfonso Bosch y Alberto López Viejo) solicitaron la suspensión de militancia tras conocerse el auto del juez Baltasar Garzón que les implicaba en la caso Gürtel, una petición que se dejó en suspenso dado que, según dijo, la situación procesal ni siquiera era de imputación.

La número dos del PP ha indicado que ahora el Comité de Derechos y Garantías "está examinando la solicitud de suspensión de militancia que en su día se hizo por el señor Martín Vasco y por otras personas". Según ha añadido, este órgano "soberano" será el que tome la decisión cuando acabe de estudiar el asunto.

Acusaciones a Garzón

Eso sí, ha recalcado que "cada tema" dentro de esta supuesta trama de corrupción "es distinto" y que, por lo tanto, "hay que estudiar caso por caso". Dicho esto, ha aprovechado para censurar de nuevo las "filtraciones" que se han producido y criticar la instrucción del juez Garzón que, a su juicio, ha estado marcada por la "falta de imparcialidad".

Además, Cospedal ha arremetido duramente contra el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, quien ha exigido a la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, que asuma sus responsabilidades políticas por el caso Gürtel, al tiempo que ha afirmado que sigue esperando a que Mato presente la querella que anunció contra él.  

(www.elperiodico.com, 04/05/09)

Aguirre: los del 'caso Correa' no son míos

La presidenta regional reniega ahora de los diputados y alcaldes de su partido implicados en la red de corrupción a quienes ella avaló durante años

Entre pinchos de salmón y cava, entre trajes oscuros y lino, en la sede del Gobierno regional ayer, en Sol, se hablaba sobre todo de la encuesta publicada por EL PAÍS (que revela que el PP ganaría con mayoría absoluta si las elecciones se celebrasen hoy, pese al deterioro de imagen de la presidenta Esperanza Aguirre que refleja la consulta por el caso Correa de corrupción y el escándalo del presunto espionaje a altos cargos).

Los populares sonreían ante sus buenos resultados (y celebraban el malo del socialista Tomás Gómez, el líder peor valorado en la encuesta, con un 4,1) pero, salvo preguntas de los periodistas, evitaban cualquier referencia al caso de corrupción vinculada al empresario Francisco Correa (que ha descabalgado a varios altos cargos populares) o al de los espías.

La presidenta, con la mano entumecida de tanto estrecharla, los ojos cegados por los flashes, justificaba su baja puntuación (4,8): "Yo no soy la de la alta valoración, ese es Gallardón", y disparaba sobre el asunto del espionaje. "Treinta y seis portadas le habéis dedicado", reprochaba la presidenta a los reporteros, "¡no tomó posesión Obama!". Y en eso interrumpe una señora: "Somos de la casa de Madrid en Barcelona". Aguirre, rápida, responde: "Yo estuve allí, tiene una terraza..."

Tras la inevitable foto (y el vídeo) de las admiradoras, la presidenta vuelve a la conversación: ¿Y el deterioro para su imagen que supone el caso Correa? "Bueno, yo he tenido un consejero que porque no me dijo toda la verdad ha salido", dijo en referencia a Alberto López Viejo. "Los tres alcaldes [el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el de Boadilla, Arturo González Panero, y el de Arganda, Ginés López; todos destituidos] no los puse yo, estaban ya, igual que los diputados".

Pero la red corrupta de Correa organizó todos los actos institucionales de la presidenta de la mano de Alberto López Viejo, que era de su máxima confianza: ella le hizo diputado, viceconsejero y consejero. Benjamín Martín Vasco, uno de los tres diputados implicados, era ya parlamentario cuando Alberto Ruiz-Gallardón dirigía la Comunidad, pero Aguirre le convirtió en presidente de la comisión de espías. Por su parte, Alfonso Bosch, ya imputado en el caso, llega a la Asamblea cuando la presidenta se presenta por primera vez, en 2003.Un total de 14 altos cargos del PP regional ha sido implicados por el juez Baltasar Garzón. Entre ellos, los tres alcaldes. El comité electoral que ratifica a los números 1 de las listas municipales (salvo Madrid) lo dirige el vicepresidente Ignacio González. Además, este órgano depende del Comité Ejecutivo Regional, es decir, en última instancia, de Aguirre.

En la recepción también se hacía recuento, con ironía, de los pocos socialistas que habían acudido (por su boicoteo institucional debido al cierre de la comisión de los espías). Al frente, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, -"pero es la única que no es socialista", se susurraba en los corrillos-, además del ex presidente regional Joaquín Leguina. La ausencia del PSM es la "muestra de un enfado. Quizá tengan razón", dijo. Él estuvo por ser ex presidente y "porque le daban un premio a un señor de mi pueblo natal", aseguraba: el ex futbolista Paco Gento, también cántabro y galardonado con la Encomienda de la Orden del Dos de Mayo. También fueron premiadas, entre otros, las hermanas Esther y Alicia Koplowitz, por su labor humanitaria al frente de sus fundaciones.

En el recuento de ausencias, la del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, rival de la presidenta, en Milán para promover la candidatura olímpica, y la de los máximos representantes de CC OO y UGT, que no acudieron por la actitud "insultante" de Aguirre hacia los parados.

El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que sí acudió, se felicitaba también por los resultados de la encuesta de EL PAÍS: "Es normal este descenso en Madrid, tenemos que subir en Cataluña y Andalucía", decía sonriendo. Pero, más aún, sonreía Inés Sabanés (según la consulta, IU conseguiría dos diputados regionales más, si las elecciones se celebrasen hoy, los que les roba al PP), asediada por micrófonos y las cámaras. "Confío mucho en el trabajo", decía, "aunque los políticos parezca que hablamos un lenguaje distinto al de los ciudadanos".

www.elpais.es 03.05.09

A CLAUSTROFOBIA DE CORREA OBLIGA A TRASLADARLE ANTE EL JUEZ EN AMBULANCIA 

El supuesto cerebro de la trama corrupta destapada por el caso Gürtel, el empresario Francisco Correa, tiene claustrofobia. Por esta causa, los médicos de la prisión de Soto del Real (Madrid) han decidido trasladarle al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en ambulancia, para evitar una posible crisis de ansiedad.  

Correa declara ante el juez 110 días después —desde el 17 de febrero— de ingresar en prisión por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Al presunto cerebro de la trama corrupta se le imputan los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Correa será el cuarto imputado que declare ante el magistrado Antonio Pedreira después de que el Tribunal de Madrid aceptara el 31 de marzo asumir la competencia del caso.  

El diputado regional Alfonso Bosch, el ex viceconsejero Carlos Clemente y el abogado Santiago Lago comparecieron ayer ante el instructor por participar en la trama corrupta y por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. 

Al presunto cabecilla de la red corrupta de empresas se le acusa de liderar un grupo organizado que creó un entramado de empresas para nutrirse de fondos públicos a través de sobornos a funcionarios y autoridades de administraciones vinculadas al PP de Madrid y Valencia. 

Según el juez, su objetivo era "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con sus intereses económicos", los miembros de la trama les entregaban "regalos, presentes y cantidades de dinero".  De esta forma, lograban "obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas". 

Garzón estimó "indiciariamente acreditado" la defraudación fiscal, el movimiento de dinero en el extranjero y la existencia de un entramado de sociedades que colocaba fondos en paraísos fiscales.  

"Para disfrazar tanto las contabilidades como la operativa del grupo o las dádivas entregadas", según Garzón, los miembros de la trama "no dudaron en alterar y falsificar documentos, esenciamente facturas comerciales". 

Asimismo, el magistrado interrogará hoy a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns, el presidente de la Constructora Hispánica, y Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente. 

Según Garzón, García Pozuelo-Asíns "habría hecho pagos ilícitos a Francisco Correa en contraprestación a la intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos ante las Administraciones Públicas", entre ellas los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y de Pozuelo de Alarcón. 

Sobre Carrasco, el juez sostenía que entregó a la trama diversas cantidades de dinero supuestamente destinadas al tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y al eurodiputado Gerardo Galeote. 

(www.publico.es, 30/04/09)

Aguirre culpa a la Policía Judicial de filtrar las conversaciones entre Camps y El Bigotes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acusó a la Policía Judicial de filtrar las conversaciones publicadas hoy por la Cadena SER entre el presidente valenciano, Francisco Camps, y el empresario imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes. Por otra parte, en relación con los vídeos publicados ayer en los que se pone de manifiesto que el vicepresidente regional, Ignacio González, fue espiado durante su viaje a Colombia, Aguirre aseguró que no piensa reabrir la comisión de investigación por la supuesta trama, puesto que aquella comisión estaba centrada en lo ocurrido en la comunidad, mientras que estos seguimientos se han producido en el extranjero y de manera ajena al Ejecutivo regional.

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Esperanza Aguirre acusó esta mañana a la Policía Judicial de haber filtrado a la Cadena SER las conversaciones en las que una vez más se pone de manifiesto la magnífica relación de amistad que mantenían el presidente valenciano, Francisco Camps, y el empresario Álvaro Pérez, El bigotes, uno de los principales imputados en la trama de corrupción de la Operación Gürtel. Según advirtió Aguirre en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, estas conversaciones no aparecen en la parte del sumario que tiene levantado el secreto ya que, de ser así, estarían a disposición de todo el mundo”. “¿Y eso quien lo da? Pues la Policía Judicial”, aseguró.

Filtración "absolutamente intolerable"
La presidenta madrileña calificó de “absolutamente intolerable” la filtración de esta grabación y apuntó que se trata de una “violación de los derechos más elementales de la persona, que debería avergonzar a los responsables de esta cuestión”. Además, bromeó con la idea de que cualquier conversación es susceptible de ser sospechosa: “Desde luego yo no podría resistir la trascripción de una sola de las que tengo, ni con el máximo jefe de mis colaboradores ni con las de mis hijos”, matizó.

No se reabrirá la comisión de investigación
Por otra parte, se refirió al vídeo, también publicado por la Cadena SER, en el que se puede comprobar cómo Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad, fue espiado durante un viaje oficial a Colombia. PSOE e IU habían pedido que se reabriese la comisión de investigación llevada a cabo en la región para esclarecer la supuesta trama de espionaje dependiente de la consejería de Francisco Granados y que el PP cerró precipitadamente. Sin embargo, la presidenta aseguró que “no tiene ningún sentido” reabrir esta comisión, ya que las “imágenes han sido tomadas en Colombia” por lo que “no forman parte del objeto de la comisión”, que era investigar lo sucedido en la Comunidad de Madrid.

"No forma parte del objeto"
“Este Gobierno, que a diferencia del PSOE aceptó la comisión de investigación sobre aquellas mentiras que el PSOE e IU propuesieron, hablaban justamente de Madrid. El espionaje de González no se ha cometido en Madrid y no forma parte del objeto de la comisión. No tendría ningún sentido reabrirlo por esto”, insistió.

Ampliación de la denuncia de González
Por su parte, González tampoco abogó por reabrir la comisión, puesto que en su opinión el ámbito de investigación de los seguimientos es el “judicial”, en el que actualmente se encuentra el caso. A su juicio, el vídeo publicado “es la demostración” de algo que ya denunció en su momento, un “seguimiento ilícito” a su persona, por lo que, tras ver las imágenes, ha decidido ampliar la denuncia ya que, según manifestó, él es el “más interesado” en desvelar “quién ha ordenado” el espionaje, “por qué y con qué intereses”.

"No he estado en mi vida en ninguna historia de estas"
En cualquier caso, aseguró que no conoce “ningún despacho panameño, ningún banco suizo” como se sugiere en la grabación, ni ha estado en contracto con ningún narcotraficante. “No he estado en mi vida en ninguna historia de estas ni de estas sociedades, ni conozco a ninguno de los narcotraficantes, terroristas o paramilitares a los que se refiere este vídeo infame que ha sido colgado en la red”, subrayó.

www.elplural.com 30.04.09

UN IMPUTADO DEL 'CASO CORREA' ORGANIZÓ DESDE UN AYUNTAMIENTO LA BODA DE AGAG 

"Paso a detallarte una relación de personas implicadas, así como la gestión que he efectuado con ellas, en relación con los preparativos de la ceremonia de Ana y Alejandro". Ana es la hija de José María Aznar, entonces presidente del Gobierno; Alejandro es Alejandro Agag; la ceremonia es la espectacular boda de ambos en El Escorial; el párrafo se escribió en 2002 en una carta cuyo receptor era Antonio Cámara, entonces secretario personal del presidente del Gobierno; y el autor es Alfonso Bosch, que declara hoy como imputado ante el juez por el caso Correa. 

La carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, tiene membrete del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid), del que Bosch era entonces segundo teniente de alcalde, y prueba que mantenía relaciones estrechas con la familia Aznar. A su condición de miembro destacado del equipo que organizaba los actos electorales de Aznar se une el hecho de que, según esta carta, fue también responsable de la boda de la hija del que era presidente del Gobierno. 

Se deduce de la misiva que la ceremonia se organizó desde la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y el Ayuntamiento de El Escorial, con medios de este Consistorio, del de Madrid y de la Comunidad. Todas las instituciones se movilizaron para que la boda saliera bien. Bosch, ahora diputado de la Asamblea de Madrid, está acusado de recibir 250.562 euros por adjudicaciones en Boadilla, donde fue responsable de la empresa municipal del suelo, tras su paso por el Ayuntamiento de El Escorial. 

En la organización participó Álvaro Pérez, que trabajaba entonces en Madrid para el PP con Francisco Correa -cabecilla de la presunta trama-, y que está imputado por su actividad en la red corrupta y, especialmente, por sus negocios en Valencia.

El receptor de la carta, Antonio Cámara Eguinoa, pasó de secretario personal del presidente del Gobierno a empleado de Correa en una de sus empresas en 2004, tras la derrota electoral del PP. El fichaje de Cámara se hizo en las mismas fechas en las que, según la versión oficial de Mariano Rajoy, el PP dejó de contratar a las empresas de Correa por utilizar fraudulentamente las siglas del partido para hacer negocios. 

En la carta, Bosch notifica a La Moncloa las empresas de autobuses que se encargarán del traslado de los invitados y los nombres de responsables de otros detalles, como el aparcamiento o las obras paradas para la ocasión: "Confirmada la retirada de vallas de obra y de casetas en la fachada principal de la lonja del Monasterio, así como las vallas y el acopio del material de obra del Patio de Reyes". 

Respecto al parking, explica: "El aparcamiento nos da 350 plazas pudiendo llegar a las 450-500, trasladando ese día a los abonados que tienen al otro parking de la plaza de la Constitución". "Mañana jueves tengo reunión con el arquitecto de dicho proyecto para conocer y prever el estado de la obra el día 5", prosigue. La reunión es con Alberto Arias, arquitecto de la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 

Por último, explica que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por José María Álvarez del Manzano, colaboró con la boda y aportó medios públicos. Así, asegura: "Asunto vallas de señalización y corte: confirmada la recepción de 300 vallas y su retirada el día 6, del Ayuntamiento de Madrid. Gestión realizada a través del Sr. D. Luis Molina". Este último es un histórico concejal del PP de Madrid que fue contratado luego por el Ayuntamiento para el Departamento de Coordinación, que se ocupa de las concentraciones públicas en la capital. En este caso, el consistorio consideró acto público la boda y extendió su competencia al municipio de San Lorenzo de El Escorial. La carta termina asegurando: "Confirmada asistencia Policía Local del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial". 

Alberto López Viejo, imputado también, era concejal de limpieza de Madrid y cortó la calle de Velázquez para facilitar la fiesta de despedida de solteros 

(www.elpais.com, 28/04/09) 

EL IMPUTADO BOSCH EXPLICÓ POR CARTA AL SECRETARIO DE AZNAR EN MONCLOA LOS PREPARATIVOS DEL BODORRIO DE EL ESCORIAL 

El clan Aznar vuelve a estar en el punto de mira por sus vínculos con la trama Gürtel. El País publica hoy una carta en la que se demuestra que el imputado y ex segundo teniente de alcalde de El Escorial, Alfonso Bosch, participó en la organización de la famosa boda entre Ana Aznar y Alejandro Agag, celebrada en aquella localidad en 2002. La misiva está dirigida al que fuera secretario personal del ex presidente José María Aznar, Antonio Cámara Eguinoa, y de ella se deduce que se utilizaron medios públicos –Comunidad y ayuntamientos de Madrid y El Escorial- y Gobierno central para celebrar el enlace. Con Bosch ya son cinco los imputados que participaron directa o indirectamente en el bodorrio. Además de él, Álvaro Pérez El Bigotes fue la persona que organizó y coordinó los fastos, tal y como desveló El Plural el pasado 8 de febrero, nada más estallar el escándalo; Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama amigo íntimo de Agag fue uno de los testigos del enlace; en el mismo caso está Jacobo Gordon, no sólo amigo y compañero de estudios del yernisimo sino también socio de él en algunos negocios; por último, Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y entonces concejal de limpieza de la capital, quien llegó a cortar la calle Velázquez para facilitar la despedida de solteros de los contrayentes.  

La misiva de Bosch describe detalles de organización de la boda, desde los autobuses dedicados al transporte de invitados hasta lo relativo al aparcamiento. “Paso a detallarte un a relación de personas implicadas, así como la gestión que he efectuado con ellas, en relación con los preparativos de la ceremonia”, inicia la carta.

Buses, vallas y aparcamiento

Enseguida, Bosch enumera las empresas de de autobuses que trasladarán a los invitados y los nombres de sus responsables. También da por “confirmada la retirada de vallas de obra y de casetas en la fachada principal del Monasterio, así como las vallas y el acopio del material de obra del Patio de Reyes”. Sobre el aparcamiento, explica que hay “350 plazas pudiendo llegar a las 450-500, trasladando ese día a los abonados que tienen al otro parking de la plaza”. En el texto también se da cuenta de una reunión con el arquitecto de la Consejería de Urbanismo de la comunidad, Alberto Arias, para abordar este tema.

Madrid también

Finalmente, la misiva apunta al Ayuntamiento de José María Álvarez del Manzano como donante de medios públicos. Así, en el apartado “Asunto vallas de señalización y corte” se confirma “la recepción de 300 vallas y su retirada el día 6” del Consistorio. El gestor de esta operación fue Luis Molina, un histórico concejal de la capital. Del Manzano habría considerado la boda un acto público y cedió recursos al municipio de San Lorenzo de El Escorial. Bosch finaliza confirmando “asistencia Policía Local” de esta última localidad.

Recursos públicos

Además del Ayuntamiento de El Escorial, en la organización de la boda participó la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y se habrían utilizado medios del consistorio antes citado, del de Madrid, de la Comunidad y del Ejecutivo central. Todas estas instituciones se movilizaron para ultimar los detalles del enlace. Cabe mencionar que el destinatario de la carta, Cámara Eguinoa, pasó a trabajar con el presunto cabecilla de la trama, Correa, cuando el PP perdió las elecciones de 2004.  

Bosch declara hoy en el juzgado

En lo que a Bosch respecta, se le acusa de recibir presuntamente 250.562 euros por adjudicaciones irregulares en Boadilla –epicentros de la trama corrupta donde fue, posterioremente, responsable de la empresa municipal de suelo-. Hoy precisamente debe comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para declarar como imputado.

Invitados imputados

Además de Bosch y de El Bigotes, ambos organizadores del evento, al enlace acudieron más personas relacionadas con Gürtel: el mismo Francisco Correa, su esposa María del Carmen Rodríguez Quijano, el ex consejero de Deportes de Madrid y entonces concejal de Limpieza, Alberto López Viejo, y el empresario y también implicado Jacobo Gordon, amigo íntimo de Alejandro Agag. 

(www.elplural.com, 28/04/09) 

EL PRIMER AFORADO DE MADRID IMPUTADO EN LA TRAMA SE NIEGA A DECLARAR 

Primer interrogatorio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el caso Gürtel. El diputado del PP en la Asamblea Alfonso Bosch Tejedor y el ex viceconsejero de Inmigración del Gobierno regional Juan Carlos Clemente Aguado han comparecido hoy como imputados ante el juez Antonio Pedreira, por su implicación en la red corrupta de empresas dirigida por Francisco Correa. Bosch se ha negado a declarar, acogiéndose al artículo 24 de la Constitución, hasta que se levante el secreto de sumario. El diputado del PP ha evitado hacer manifestaciones a la salida. "Lo que tenía que decir ya lo he dicho ante el juez", ha indicado Bosch, quien según Garzón habría percibido 250.000 euros de la red durante su etapa como gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte. El juez Pedreira le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, mientras que el tribunal está estudiando la posibilidad de levantar el secreto de sumario. 

El segundo en comparecer, Clemente Aguado, quien supuestamente cobró 16.000 euros de la trama, sí ha declarado y ha negado cualquier vinculación con la red corrupta. "Jamás, jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo", ha manifestado al término de su comparecencia. El abogado de Clemente ha confirmado que los delitos que se imputan a su cliente son los de cohecho y tráfico de influencias y ha añadido que la fiscal no ha pedido que se le imponga ninguna medida cautelar, ni siquiera la retirada del pasaporte, ya que su representado reside actualmente en Colombia y él mismo había pedido declarar el pasado 15 de abril. Según el abogado, Clemente ha negado categóricamente ante el juez haber recibido "ni una sola cantidad distinta de su salario".

Bosch es el primer aforado de Madrid imputado formalmente en la causa investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien se inhibió en favor del TSJM. De acuerdo con el auto de la Sala de este tribunal, Bosch pudo haber cometido delitos de cohecho y tráfico de influencias. Garzón sostenía en el auto de inhibición que el ex gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (EMSV) adjudicó directamente a Easy Concept, uno de las empresas investigadas, contratos de este Ayuntamiento. Otra de las supuestas irregularidades la constituiría su intermediación para la adjudicación a la Constructora Hispánica de las obras de la Ciudad Deportiva de Boadilla. 

Garzón situaba a Bosch como una persona próxima al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, con quien mantenía "un papel destacado" en sus operaciones inmobiliarias. El diputado se habría embolsado por su colaboración cerca de 250.000 euros, según el juez. Al margen de estos indicios, una carta señala que Bosch organizó la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar, desde el Ayuntamiento de El Escorial, localidad de la que era en 2002 segundo teniente alcalde. En la organización de la boda participó también Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado por su actividad en la trama. La carta iba dirigida a Antonio Cámara Eguinoa, quien fue secretario personal de Aznar y se convirtió en 2004 en empleado de una empresa de Correa. 

También presta declaración el abogado Santiago Lago Borstein. Junto a Bosch Clemente, y este abogado, el juez Pedreira citó el pasado viernes a Correa y dos empresarios que se dedicaban a la construcción. La investigación se centra en averiguar el supuesto pago de comisiones ilegales por la concesión de obras que podían haber llegado hasta el tesorero del PP, Luis Bárcenas, también investigado aunque no imputado hasta el momento por recibir sobornos por el valor de 1,3 millones. El magistrado tomará declaración el próximo jueves a Correa, a quien el juez de la Audiencia Nacional imputó delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. 

(www.elpais.com, 28/04/09) 

EL JUEZ IMPUTA SEIS DELITOS A UN DIPUTADO REGIONAL DEL PP 

El magistrado instructor del 'Caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha imputado seis delitos al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor, el primer aforado formalmente imputado en esta causa, que se ha negado a declarar ante el juez. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), que han precisado que los delitos que se imputan a Bosch son: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Pedreira, encargado de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP, imputa estos mismos delitos al ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado y al abogado Santiago Lago Borstein, que también han comparecido hoy como imputados en el caso.

El primero en declarar, Clemente, que según el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón habría cobrado 16.000 euros de la caja 'B' de Francisco Correa -presunto líder de la trama-, ha manifestado al término de su comparecencia: "Jamás, jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo".

Según ha explicado su abogado, Alfonso Trallero, las fiscales anticorrupción Miriam Sánchez y Concha Sabadell, no han solicitado ninguna medida cautelar para su cliente, ni siquiera la retirada del pasaporte, ya que su representado reside actualmente en Colombia.

Después de Clemente, al que el juez acusa de participar en la trama delictiva, ha sido el turno de Bosch, que ha permanecido en el despacho del juez apenas media hora y se ha acogido a su derecho a no declarar (artículo 24 de la Constitución) hasta que no se levante el secreto sumarial, lo que, según el TSJM, no impide la continuación del proceso contra él.

El diputado del PP en la Asamblea madrileña no ha querido hacer declaraciones a los medios y sólo ha dicho: "lo que tenía que decir ya lo he dicho ante el juez". Según los autos dictados por Garzón, Bosch -hasta hace unas semanas gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (Madrid)- es "una persona próxima a Correa", quien le habría pagado por mediar para que la constructora Hispánica obtuviera la adjudicación del proyecto para la construcción de una ciudad deportiva en ese municipio.

Otra de las "operaciones" de mediación para la trama de Correa que Garzón atribuye a Bosch -que según el juez obtuvo un total de 250.572 euros por su labor- fue la adjudicación de unos locales a Rústicas MBS, propiedad del imputado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF.

Lago ha sido el último en comparecer ante Pedreira, ante el que ha estado algo más de una hora, y a la salida del tribunal ha asegurado que no tenía "nada que ver con esta situación".  El nombre de este abogado aparece en la contabilidad "B" de la trama de Correa junto al del ex concejal del PP en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, hermano del eurodiputado Gerardo Galeote y al que Garzón imputó en esta trama.

Pedreira continuará con los interrogatorios de los imputados el próximo jueves, cuando declarará Correa -que permanece en prisión desde el pasado 12 de febrero-, y los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins y Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente. Según Garzón, García Pozuelo-Asins, que preside la constructora Hispánica, "habría hecho pagos ilícitos a Francisco Correa en contraprestación a la intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos ante las Administraciones Públicas", entre ellas los Ayuntamientos de Boadilla y de Pozuelo de Alarcón.

Sobre Carrasco Ruiz de la Fuente, el juez de la Audiencia Nacional sostenía que entregó a la trama diversas cantidades de dinero supuestamente destinadas a Bárcenas y a Galeote.  

(www.lavanguardia.es, 28/04/09)

El juez imputa a empresarios vinculados a supuestos pagos al tesorero del PP

El Tribunal de Madrid investiga comisiones por obras que cobró la trama de Correa

La investigación judicial por la trama de corrupción masiva vinculada al PP arranca en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la vista puesta en el pago de comisiones ilegales por la concesión de obras públicas. Parte de esas comisiones ilegales, según los indicios recabados hasta ahora, podrían haber llegado a manos del tesorero nacional de los populares, el senador Luis Bárcenas.

• Son el parlamentario del PP en Madrid, Alfonso Bosch, y el ex viceconsejero de Inmigración Clemente Aguado - AGENCIA ATLAS

• Un hermano del tesorero adjudicó, según el juez, obras sospechosas

• Dinero de los constructores acabó supuestamente en manos de Bárcenas

Mariano Rajoy, presidente del PP, mantiene en su cargo a Bárcenas desde que estalló el escándalo de la trama de corrupción vinculada a su partido, pese a las evidencias contra el tesorero nacional apuntadas por el juez Baltasar Garzón en su auto de inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El juez que instruye ahora la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, citó ayer como imputados para la próxima semana a seis personas: el líder de la trama corrupta, Francisco Correa; dos dirigentes políticos del PP, el diputado autonómico Alfonso Bosch y el ex viceconsejero de Inmigración del Gobierno de Esperanza Aguirre, Clemente Aguado; un abogado y dos empresarios que se dedicaban a la construcción.

Promotores

Los constructores son Enrique Carrasco y Alfonso García Pozuelo. Estos dos nombres aparecen escritos en los documentos de contabilidad requisados por agentes policiales en el curso de la operación judicial contra la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa. Sus nombres figuran vinculados al supuesto pago de comisiones ilegales, que se reparten entre los miembros de la trama y dirigentes políticos del Partido Popular.

En los registros contables de la trama corrupta, incorporados al sumario, figura un supuesto pago por parte de Enrique Carrasco a la trama corrupta de 17.500.000 pesetas (105.000 euros) de los que 4,5 millones (27.000 euros) fueron supuestamente a parar al bolsillo de Luis Bárcenas, identificado en los documentos que obran en el sumario del caso como L. B.

Por su parte, Alfonso García Pozuelo, otro de los nuevos imputados, es presidente de la Constructora Hispánica y pagó, según la investigación judicial, 925.000 euros a la red que dirigía Francisco Correa. Éste, a su vez, derivó 270.000 euros a "L. B.", supuestamente Luis Bárcenas.

La investigación de Garzón señala que existen indicios suficientes para sostener que Alfonso García Pozuelo hizo "pagos ilícitos a Francisco Correa en contraprestación a la intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos en Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón", ambos municipios gobernados con una amplísima mayoría absoluta por el Partido Popular. Los alcaldes de estos dos municipios en el momento en que se produjeron los hechos, Arturo González Panero (Boadilla) y Jesús Sepúlveda (Pozuelo) fueron destituidos por la dirección madrileña del PP.

Un hermano del tesorero nacional del PP, según el auto de Garzón, "aparece vinculado a la Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón que ha realizado adjudicaciones a la constructora Hispánica", presidida por Alfonso García Pozuelo.

En las conversaciones grabadas por un ex concejal del PP en Majadahonda que denunció las prácticas de la trama de corrupción que dirigía Correa, quien se ufanaba de haber pagado "1.000 millones de pesetas" al que entonces era número dos del área de Tesorería del PP, Luis Bárcenas. Éste lo ha negado desde que se conoció el contenido de las grabaciones.

Durante los registros ordenados por el juez Baltasar Garzón en las sedes de las empresas de la trama corrupta, se requisaron documentos donde se reflejaba la contabilidad interna de la red. Y en esos documentos aparecían de manera insistente las siglas L. B. vinculadas al cobro de comisiones que pagaba la trama corrupta.

Los agentes policiales que investigaron el caso por orden del juez Baltasar Garzón hicieron informes donde identificaban a L. B. con Luis Bárcenas, el tesorero y senador del PP por Cantabria.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha investigado el caso desde que el ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) lo denunció, ha mantenido múltiples dudas respecto a la implicación de Bárcenas en la trama corrupta y se ha pronunciado contra la remisión del caso al Supremo, el órgano judicial que sería competente para instruir la causa, dado que el tesorero nacional del PP es aforado al ocupar un escaño en el Senado.

La Fiscalía defendió que esa parte de la causa fuera también remitida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se halla en la actualidad. En este órgano se tendrá que dirimir la presunta implicación de Bárcenas en el caso y, tras las diligencias pertinentes, podría enviarlo al Tribunal Supremo finalmente.

www.elpais.es 25.04.09

Esperanza Aguirre no exige a su primer diputado imputado que deje el escaño

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, no moverá un dedo para obligar a dejar su escaño a los tres diputados autonómicos del Partido Popular implicados en la trama corrupta. El juez que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid imputó ayer a uno de los tres implicados, Alfonso Bosch, y en los próximos días hará supuestamente lo mismo con los otros dos.

Un portavoz del PP en Madrid aseguró ayer que no se iba a pedir a los diputados que dejarán su escaño "porque eso les supondría perder el aforamiento" y las ventajas judiciales que pudiera conllevar. Bosch ha sido imputado por el juez en relación con el supuesto cobro de importantes cantidades de dinero por parte de la trama corrupta, que pagó así los supuestos favores que el diputado autonómico les hizo como responsable de la empresa de suelo y vivienda de Boadilla del Monte, el municipio donde la red de Correa hizo alguno de sus principales negocios.

La investigación judicial ha acreditado que las empresas de la trama lograron contratos públicos que adjudicó el Gobierno municipal del PP o concursos de suelo que ganaron promotores inmobiliarios para los que trabajaban los empresarios corruptos como intermediarios.

Junto a Bosch, el juez también ha imputado a Clemente Aguado, que fue hasta hace unos meses viceconsejero de Inmigración en el Gobierno de Esperanza Aguirre y que aparece implicado en el sumario por el supuesto cobro de pequeñas cantidades de dinero.

Los otros dos diputados autonómicos implicados, Alberto López Viejo, ex consejero de Transportes y hombre de la máxima confianza de Aguirre, y Benjamín Martín Vasco, ex concejal de Arganda y el diputado al que Aguirre quiso poner como presidente de la comisión que investigó el supuesto espionaje ordenado por el Gobierno regional a cargos del PP contrarios a la presidenta regional.

López Viejo y Martín Vasco, según la investigación judicial, trabajaron para la red de Correa, proporcionándoles contratos de la Comunidad, en un caso, y contratos del Ayuntamiento de Arganda, en el otro.

Respecto a la suspensión de militancia de los tres diputados autonómicos, el portavoz del PP de Madrid aseguró ayer que eso dependía exclusivamente de la dirección nacional del partido.

www.elpais.es 25.04.09

Un diputado y un ex viceconsejero de Aguirre, imputados en el 'caso Gürtel'

Son el parlamentario autonómico Alfonso Bosch y el ex viceconsejero de Inmigración Juan Carlos Clemente Aguado. -El juez también ha citado a Francisco Correa y a varios empresarios

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha citado a declarar el próximo martes como imputados al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor y al ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Juan Carlos Clemente Aguado para declarar sobre su implicación en la trama corrupta de empresas que salpica a administraciones del Partido Popular, han informado fuentes judiciales.

De este modo, el parlamentario regional Alfonso Bosch Tejedor se convierte en el primer aforado madrileño al que se imputa en el procedimiento penal. En el auto por el que el TSJM asumió investigar el caso Gürtel, la Sala apreció en la conducta de Bosch Tejedor la comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El PP de Madrid deja en manos de Alfonso Bosch la decisión de mantener su acta de diputado regional, dado que han de ser los parlamentarios quienes soliciten su suspensión como tales.

Bosch será interrogado por el magistrado de ese tribunal Antonio Pedreira, designado instructor de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP y que también ha citado para la semana que viene a varios empresarios y al presunto responsable de la misma, Francisco Correa, a quien el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Además, el magistrado Antonio Pedreira cita como imputados el 28 de abril al abogado Santiago Lago Borstein y el 30 de abril a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns, el presidente de la Constructora-Hispánica, y Enrique Ruiz de la Fuente. Se trata de nuevos imputados en la causa penal.

El TSJM no informará de los delitos que se imputan a Bosch hasta que Pedreira se los comunique personalmente el martes inmediatamente antes de tomarle declaración, pero el tribunal ya señaló al hacerse cargo de la causa tras la inhibición de Garzón que los hechos que se le atribuyen pueden constituir cohecho o tráfico de influencias. En el auto de inhibición, Garzón hablaba también de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita en relación con Bosch y con los otros dos aforados -el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco-, que, según fuentes del TSJM, serán llamados a declarar como imputados en las próximas semanas.

Según los autos dictados por Garzón, Bosch -hasta hace unas semanas gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte- es "una persona próxima a Correa", quien le habría pagado por mediar para que la empresa Hispánica obtuviera la adjudicación del proyecto para la construcción de una ciudad deportiva en ese municipio. Otra de las "operaciones" de mediación para la trama de Correa que Garzón atribuye a Bosch -que según el juez obtuvo un total de 250.572 euros por su labor- fue la adjudicación de unos locales a Rústicas MBS, propiedad del imputado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF.

Algunos de los citados por el TSJM, como Santiago Lago, Alfonso García Pozuelo y Enrique Carrasco, han sido relacionados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con el senador del PP Luis Bárcenas y el eurodiputado de este mismo partido Gerardo Galeote, que según el magistrado recibieron sobornos de la trama por valor de 1.353.000 y 652.310 euros, respectivamente.

www.elpais.es 24.04.09

JOSÉ GALEOTE, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL, RINDE TRIBUTO A LA POLICÍA DE BOADILLA  

Finalmente, El Albondiguilla no apareció en la fiesta que el Ayuntamiento de Boadilla (Madrid) organizó para homenajear a la Policía. Ayer sonaron todas las alarmas cuando los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, jueces y oficiales de las Fuerzas de Seguridad que habían anunciado su presencia en este acto, se enteraron que Arturo González Panero también tenía pensado rendir un tributo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

Quizás por este motivo, el número dos del Partido Popular de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, decidió alegar problemas de agenda y no acercarse por esta localidad del sureste madrileño. Su silla fue ocupada por el vicepresidente de Presidencia e interior de la Comunidad de Madrid, Alejandro Halffter Gallego (quien disculpó el plante de Granados).

Acompañante de Panero

Quién si apareció por el acto, contra todo pronóstico, fue José Galeote, padre de Gerardo Galeote e imputado en el caso Gürtel. José Galeote fue una de las personas que acompañó a Arturo González Panero y Francisco Correa a Miami Beach, lugar donde el ex regidor de Boadilla pudo haber adquirido varias propiedades.

Historial

Durante más de 12 años, este dirigente popular fue concejal de esta localidad madrileña. En 2004, cuando ya estaba jubilado, le nombraron gerente del Consorcio Deportivo y de servicios de la zona noroeste de Madrid. Hasta el pasado mes, Galeote era consejero de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla. Según el diario El Mundo, su relación con el entramado de Correa le reportó 612.506 euros. Hasta ahora, su foto no había aparecido en ningún medio de comunicación.

El buen ladrón

De este modo, Galeote pudo comprobar de primera mano como el sacerdote que ofició la misa en conmemoración de San Jorge, patrón de la Policía Local, sacó a la palestra la parábola del buen ladrón samaritano. Acto seguido, el sacerdote instó a las autoridades a que estuvieran alerta y se apartaran del mal. Muchos de los presentes se quedaron desconcertados ante las desafortunadas palabras pronunciadas por el párroco de Boadilla (epicentro de la Operación Gürtel).

Explicaciones del alcalde

Una vez concluido el acto, el nuevo alcalde de Boadilla, Juan Siguero, explicó a El Plural que Arturo González Panero no había acudido a este homenaje a la Policía porque, “al no ser miembro del equipo de Gobierno”, no había sido invitado.  

(www.elplural.com, 23/04/09)

ALCALDES Y CARGOS DEL PP EN MADRID OFRECIERON NEGOCIOS A LA RED DE CORREA 

Dirigentes del PP en Madrid, diputados autonómicos, concejales y cargos municipales intermedios no sólo favorecieron a la trama empresarial que dirigía Francisco Correa en la adjudicación de contratos en las administraciones donde gobernaban, sino que llegaron a ofrecer nuevos negocios a los directivos de la red corrupta. Así se desprende de los testimonios y documentos recogidos en el sumario del caso Gürtel, al que ha tenido acceso EL PAÍS. 

Algunos cargos del PP, como el ya ex alcalde de Arganda Ginés López, o el diputado autonómico Alfonso Bosch, ofrecieron nuevas posibilidades de negocio a una de las directivas de la trama, Isabel Jordán. López, según la confesión de Jordán al juez, le llegó a plantear la posibilidad de que, al igual que había hecho la red empresarial de Correa en Majadahonda, se instalara en Arganda una Oficina de Atención al Ciudadano privatizada que gestionase la empresa de la trama corrupta. El negocio, al final, no salió adelante. Tampoco prosperó otra componenda que, según la propia Jordán, ideó Alfonso Bosch, diputado autonómico, para que la red empresarial se hiciera con los servicios de la grúa de Boadilla del Monte. En este municipio, Correa echó sus redes y logró cuantiosos contratos. De hecho, un informe de la Agencia Tributaria acredita que Easy Concept, una de las empresas de la trama, tenía en el Ayuntamiento de Boadilla una de sus principales fuentes de ingresos. El entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero, recibió como prueba de agradecimiento no sólo comisiones en dinero, sino también trajes de Milano, según la investigación.La directiva de Easy Concept, una de las empresas de la trama corrupta, declaró que en el sector de la publicidad eran "habituales" ese tipo de regalos, que también hizo, según su confesión, a otros concejales de Boadilla. 

El director de venta de Milano, José Tomás, corroboró la información al declarar ante la policía que Isabel Jordán acudió en varias ocasiones a su tienda acompañada del entonces alcalde de Boadilla, al que compró unos trajes. 

Hubo más regalos. El ex concejal del PP José Luis Peñas, que denunció a la trama corrupta ante la Fiscalía, aseguró en su declaración que Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, recibió una vivienda de una constructora a cambio de permitir el desmontaje de una línea de alta tensión que pasaba por encima del solar donde se iban a edificar pisos. 

Los directivos de la trama también confiesan que recibían contratos por sus amistades con cargos relevantes del PP. Así, Isabel Jordán, responsable de Easy Concept, declara ante la policía: "Conseguía los contratos porque conocía a Jesús Sepúlveda, que era el alcalde de Pozuelo, y a Yolanda, que me daba algunos contratos". La investigación también intenta acreditar el supuesto pago en especia, un vehículo, al alcalde Sepúlveda por sus tratos de favor a la trama corrupta. 

En el informe de Easy Concept elaborado por la Agencia Tributaria, esta empresa de la trama corrupta declara unos ingresos por contratos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón próximos a los 200.000 euros entre 2003 y 2005. 

En relación con los numerosos contratos facturados por la trama corrupta con la Comunidad de Madrid, el contacto era Alberto López Viejo, primero como viceconsejero de Presidencia, y más tarde como consejero de Deportes. El hombre de confianza de Esperanza Aguirre les facilitó la entrada en la Comunidad de Madrid, como relata Isabel Jordán al juez: "Una vez que ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia ya nos llamaban a todos y nos preguntaban si nos íbamos a presentar. Luego, además de eso, había actos que no estaban [previstos], que surgían. De repente, viene AXA a presentar aquí no sé qué. Pues venga. Yo recuerdo un acto [que hicimos] porque ganó el Real Madrid la copa o algo así". 

(www.elpais.com, 21/04/09) 

LOS NUEVOS VÍNCULOS DE LA TRAMA CORRUPTA CON EL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Los trajes del alcalde

- Arturo González Panero. El ex alcalde de Boadilla del Monte, al que aún mantiene el PP con responsabilidades de Gobierno en el Ayuntamiento, recibió varios trajes de regalo de la empresa Easy Concept, según la responsable de esta compañía y del director de ventas de Milano, José Tomás. En las declaraciones de ambos que obran en el sumario se explican estos regalos. Además, González Panero habría recibido, según la investigación judicial, comisiones millonarias por su intermediación en concursos de suelo. 

Otro negocio en Arganda

- Ginés López. El ex alcalde de Arganda del Rey, imputado en el caso de la corrupción masiva de la red del empresario Francisco Correa, llegó a ofrecer nuevos negocios a los directivos de la trama. Según las declaraciones de Isabel Jordán, Ginés López se puso en contacto con ella para estudiar la posibilidad de privatizar la oficina de atención al ciudadano de Arganda, al igual que la red corrupta había hecho, con la connivencia del entonces alcalde Guillermo Ortega, en el Ayuntamiento de Majadahonda. 

Grúas para Boadilla

- Alfonso Bosch. El diputado autonómico del PP trabajaba como director general de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte y, según la investigación policial, intentó que una de las sociedades de la trama corrupta se encargase de gestionar el servicio de la grúa municipal de ese municipio tras la instalación de parquímetros en el mismo. Llegó a contactar con los directivos de la red para que se encargaran de ese contrato, que tenía que salir a concurso. Al final, la operación no salió adelante. 

Contratos autonómicos

- Alberto López Viejo. La Comunidad de Madrid fue uno de los clientes principales de la trama corrupta. En la facturación de las distintas empresas, la Administración gobernada por Esperanza Aguirre era, con diferencia, una de las que más facturaba. El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue quien metió a la red de Correa en el negocio de los contratos públicos. Los técnicos de su departamento, según las pruebas que obran en el sumario, siempre llamaban a las empresas de Correa, incluso para actos no previstos. 

Negocios por amistades

- Jesús Sepúlveda. El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón tenía amistades con los miembros de la trama corrupta, que aprovecharon para lograr contratos en el Ayuntamiento que presidía Sepúlveda. En el informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario sobre Easy Concept, una de las empresas pertenecientes a la red de Correa, aparece el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como uno de los clientes principales. En dos años, la facturación a Pozuelo declarada a Hacienda por Easy Concept casi alcanzó los 200.000 euros. 

Un piso para el regidor

- Guillermo Ortega. El ex alcalde de Majadahonda recibió una vivienda como pago de una constructora, a cambio de que permitiera desmontar una torre de alta tensión ubicada en un solar edificable. Lo denunció con documentación un ex concejal del PP en Majadahonda ante la Fiscalía Anticorrupción. En la denuncia, incluida en el sumario, detalló algunas componendas entre Francisco Correa, el jefe de la trama, y Ortega, al que destituyó Esperanza Aguirre como alcalde para hacerle director general de una empresa autonómica 

(www.elpais.com, 21/04/09)

EL EX ALCALDE DE BOADILLA SIGUE EN EL NÚCLEO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO 

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte imputado por cohecho y prevaricación y uno de los nombres más recurrentes -bajo el apodo de El Albondiguilla- del sumario del caso Gürtel, se mantiene como titular en dos de las cinco comisiones municipales. Importantes, además. Una, la de Hacienda y Patrimonio, por donde pasan todo el presupuesto del Consistorio y todas las adjudicaciones y trámites que afectan a su economía. La otra, la de Personal y Asuntos Internos, que controla a los más de 400 trabajadores de la corporación, incluida su policía. Esta segunda responsabilidad aún la desconocen los grupos de la oposición, que ayer le dejaron plantado en la de Hacienda y en breve se toparán con él en la de Asuntos Internos. 

"Hay mil políticos imputados en España, muchos de ellos alcaldes socialistas. Yo ya hice suficiente dando un paso atrás al dejar la alcaldía", explica, bastante alterado, González Panero, que asegura que el Partido Popular le apoya: "Me siento respaldado por mi partido". Sin embargo, varios concejales de su formación y el epicentro del PP, en Génova, han intentado evitar su presencia en el Ayuntamiento.

De hecho, su dimisión se retrasó unos días porque, en un principio, Panero se negó a seguir las directrices que le marcaba su formación. Además, obligó en lo que él llamó "negociaciones" a que dimitiera antes la que entonces era su número dos, María Jesús Díaz, con la que mantenía una fuerte rivalidad por el control de la agrupación en Boadilla. 

El nuevo alcalde, Juan Jesús Sigueros, pertenecía a los hombres de confianza de Panero, aunque al llegar al cargo -desoyendo las recomendaciones del PP nacional, que apostó por otra concejal, Miriam Villares- aseguró que el ex regidor no iba a participar "en la gestión municipal". Un discurso modificado por el paso de las semanas, aunque en privado sigue sosteniendo que no es "una marioneta" y actúa de manera independiente. 

Las comisiones informativas son reuniones previas a los plenos en las que participan siete concejales. Sus acuerdos, secretos, pasan a ser debatidos de manera pública en los plenos. "Tengo vocación de servicio y puedo ayudar a la gestión gracias a mi experiencia en estos temas, sobre todo en Hacienda", se defiende Panero, que anuncia que ha presentado sendas querellas por injurias contra los líderes de la oposición, Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla, y Pablo Nieto, del PSOE. 

Los dos bloques opositores se ausentaron ayer de la comisión de Hacienda en la que apareció Panero tras una tensa discusión. Un cruce de acusaciones que incluyó el recuerdo por parte del PSOE de fragmentos del auto que hizo público sobre el caso el juez Baltasar Garzón. Panero defendió su presunción de inocencia y lo mismo hizo el actual alcalde, Sigueros, que apeló a su experiencia. 

"Arturo González Panero tiene muy controlado aún a todo el grupo municipal, consecuencia de su particular forma de gobernar durante años", desliza una voz de su propio partido. "Todos los concejales tienen miedo, incluido Sigueros", insisten. El ex alcalde tiene un despacho en la misma planta que el regidor, en la tercera, "la noble", comentan desde la oposición. El socialista Nieto asegura que le ve más "ahora que cuando mandaba". 

La supuesta relación de la malla de corrupción ideada por Correa con el municipio fue muy estrecha. Allí se adjudicaron parcelas al constructor imputado José Luis Ulibarri, y se cedió la explotación de locales comerciales por un precio ridículo a otra compañía ligada al imputado José Ramón Blanco Ballín. Un bajísimo precio que la empresa ni siquiera llegó a abonar desde que recibió la adjudicación en 2005. 

(www.elpais.com, 17/04/09) 

EL ALBONDIGUILLA SERÁ TAMBIÉN VOCAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE BOADILLA, EPICENTRO DE LA TRAMA CORRUPTA 

El portavoz de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, ha anunciado hoy que abandona definitivamente las comisiones municipales tras conocer que el ex alcalde, Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, ha sido nombrado vocal en la comisión de Economía y Hacienda. Este miércoles se conocía además que el PP también le había nombrado vocal de Educación.  

"Panero acapara cargos y cobra fondos públicos con el beneplácito de el presidente del PP Mariano Rajoy y con la indignación de la oposición", ha explicado Galindo que ayer plantó al ex regidor en la comisión de educación, una decisión que fue secundada por el PSOE, informa la agencia Efe.

“Sarcasmo”
Galindo ha calificado de "sarcasmo" el hecho de que Panero sea vocal de la comisión de Hacienda, el órgano municipal que "administra los fondos públicos y aprueba los gastos municipales", a pesar de estar imputado por delitos de corrupción y blanqueo de capitales por el juez Baltasar Garzón.

Vergonzoso

"La decisión tomada por el nuevo alcalde es otra tomadura de pelo y ha permitido que Panero nos amenazara con denunciarnos. Panero y Siguero han perdido el norte, esto es una vergüenza", ha asegurado el independiente que tiene previsto convocar una manifestación para pedir la expulsión de González Panero del Ayuntamiento.

El que manda

Por su parte, a través de una nota de prensa, el PSOE ha lamentado que “Panero siga controlando las contrataciones en Boadilla como miembro titular de la comisión de Hacienda".

Preguntas

“¿Cómo puede alguien que está imputado en un sumario por corrupción seguir decidiendo sobre las adjudicaciones en el municipio? ¿Como se atreve Juan Siguero a afirmar que es independiente con decisiones como esa? ¿Qué tiene que ocultar Esperanza Aguirre y el Partido Popular cuando aceptan las condiciones del ex alcalde, incluida una tan bochornosa como ésta?”, se pregunta Pablo Nieto, portavoz de los socialistas en Boadilla.

El PP se defiende

Ante estas acusaciones y las que ayer formuló el PSOE, fuentes del Ejecutivo local han defendido que el ex regidor tiene "el derecho legal a participar en alguna comisión en su calidad de concejal, algo que él ha hecho efectivo, y que conforme a la jurisprudencia existente sobre esta materia el Equipo de Gobierno tiene la obligación de cumplir". Sin embargo, han aclarado que "esto no implica en absoluto que tenga participación en las contrataciones que se realizan".

Llueve sobre mojado

Tal y como informó El Plural, además de ser vocal en la comisión de Economía y Hacienda, el Partido Popular de Boadilla nombró este miércoles a González Panero, más conocido como El Albondiguilla, vocal de Educación, lo que provocó la indignación de la oposición. 

(www.elplural.com, 17/04/09)

EL SUPERIOR DE MADRID DECIDE INTERROGAR A LOS AFORADOS A PARTIR DEL DÍA 28 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, actual instructor del caso de corrupción que afecta a aforados y altos cargos del PP, iniciará a partir del día 28 los interrogatorios de los tres aforados de Madrid implicados y los de las tres personas encarceladas en relación con esta trama, entre ellos, el cabecilla Francisco Correa. Según fuentes de la investigación, es previsible que las primeras declaraciones sean las del ex consejero de Deportes del Gobierno de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo, y las de los diputados de la Asamblea madrileña Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. 

El juez que ha investigado el caso, Baltasar Garzón, les atribuye haber recibido casi 1,3 millones de euros en total de la trama. Aparte de Correa, supuesto cabecilla de la trama y hombre que en la época de José María Aznar organizó casi todos los actos del PP, los otros encarcelados que tendrán que declarar ante el juez Antonio Pedreira son: Antoine Sánchez, primo de Correa y a quien éste puso al frente de sus sociedades patrimoniales, y Ángel Crespo, consejero delegado de las empresas de la trama y ex secretario general del PP gallego. 

Declaran los alcaldes

También están decididas, aunque aún sin fecha, las declaraciones de los tres alcaldes de municipios de Madrid cuyas dimisiones forzó el PP (el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda; el de Arganda, Gines López; y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero) tras imputarles Garzón el cobro de 1,5 millones a cambio de contratas y obras de sus consistorios. 

El juez Pedreira ha decidido reactivar la investigación tras recibir un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que ésta rechaza por tercera vez que, "de momento" la causa deba ser elevada al Tribunal Supremo. 

La fiscalía, "de momento" no ve tan "sólidos" los indicios criminales que describe Garzón en un auto y que apuntan a la supuesta implicación en la trama de los también aforados (pero estos nacionales) Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, y del eurodiputado Gerardo Galeote. 

Como primera medida, la fiscalía ha pedido al juez Pedreira que interrogue a los aforados de Madrid, pero que siga investigando los indicios que afectan a Luis Galeote y Luis Bárcenas antes de, en su caso, elevarlos al Tribunal Supremo. 

(www.elpais.com,  16/04/09) 

LA OPOSICIÓN PLANTA AL 'EX ALCALDE', IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL' 

Los concejales del PSOE y Alternativa por Boadilla abandonaron ayer la reunión de la Comisión de Educación en protesta por la asistencia del ex alcalde Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel y al que la oposición exige que dimita como concejal. 

En sendos comunicados, los líderes de ambas formaciones políticas, Pablo Nieto y Angel Galindo, respectivamente, reprocharon al nuevo alcalde, Juan Siguero (PP), que mantenga a Panero en puestos de responsabilidad municipal, como la de ser vocal del PP, partido que abandonó tras su salida de la Alcaldía.  

Según el relato de Galindo, concejal de Alternativa por Boadilla, Panero estaba dispuesto a primera hora de ayer a desempeñar la labor encomendada, sentado en la sala donde iba a tener lugar el encuentro junto a su «BlackBerry [teléfono móvil] y una botella de agua».  

«Según el nuevo alcalde, Panero no iba a tener ninguna participación activa en la política municipal y nos encontramos con que es vocal del PP en una comisión municipal, lo que supone una prueba de que Panero es uno más del Partido Popular y de que aquí no ha pasado nada», opinó el edil independiente. Las mismas fuentes señalaron que por cada sesión de comisión a la que asiste el ex regidor como representante del PP cobra 200 euros y 450 euros por su presencia en los plenos como concejal.  

La oposición desconoce en qué otros órganos municipales ocupará González Panero un sillón municipal, pero afirma que Siguero ha creado cinco comisiones informativas, que son los órganos de gobierno municipales donde se debaten y aprueban mediante votación todas las decisiones que posteriormente se llevarán al Pleno.  

El representante del PSOE, Pablo Nieto, anunció que no acudirá a ninguna comisión a la que asista Panero. «Debe defender su derecho a la presunción de inocencia fuera de las instituciones», dijo. 

(www.elmundo.es,  16/04/09)

UNA EMPRESA DE CORREA EXPLOTÓ 32 LOCALES EN BOADILLA SIN PAGAR

Una empresa de la supuesta trama de corrupción urdida por Francisco Correa dejó sin pagar durante tres años una concesión para construir y explotar 32 locales del Ayuntamiento de Boadilla, regido entonces por el imputado por el caso Gürtel Arturo González Panero y con el que mantuvo a través de sus diversas empresas una incesante actividad. Además, esta compañía de la supuesta red consiguió que en abril de 2008 le rebajaran el canon anual de 320.000 euros a 81.000 por la explotación de estos locales, situados en la mejor zona comercial del municipio.

En realidad, nunca llegaron a aportar ni un euro. Hasta el 31 de diciembre de 2008, más de tres años después de la concesión, la compañía no había abonado ningún pago, según figura en la memoria de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS).

El negocio, que Correa definió en su día como una buena oportunidad para "llevarse unas pesetillas", se completaba con el alquiler de dos de esos cubículos al propio Ayuntamiento. Uno a la EMSV, que otorgaba la concesión tras concurso público, y otro a la comisaría de la Policía Local. 

Por ambos arrendamientos, más varias plazas de un aparcamiento que también gestionaba esta compañía, Rústicas MBS (que al poco pasó a llamarse Artas Consultoría y siempre estuvo administrada por el también imputado José Ramón Blanco Ballín), perciben 199.000 euros anuales. 

La historia comienza en septiembre de 2005, cuando la EMSV de Boadilla -cuyo gerente era Alfonso Bosch, el aún diputado regional del PP y también imputado en la causa que inició el juez Baltasar Garzón- otorgó a Rusticas MBS la explotación de 32 locales por un canon anual de 320.000 euros durante una duración de 94 años. Un precio ya de por sí fuera de mercado. Por la explotación de los 32 locales, según los precios estimados de la zona, podrían haber ingresado 650.000 euros al año.Estos datos figuran en la memoria de la EMVS de Boadilla de 2008. Unos documentos que antes de las dimisiones de los imputados Bosch, González Panero, José Galeote y Tomás Martín Morales, todos ellos parte de la empresa, jamás salían a la luz. En las grabaciones que conformaban parte del sumario que abrió el juez Baltasar Garzón, Bosch se jactaba de la posibilidad de ganar con los negocios de la trama "un pastón" y Correa de la sencillez del asunto: "Alquilamos los locales y nos ganamos unas pesetillas".

Durante la reunión en la que a finales de 2005 se concretó la adjudicación -a la que concurrieron otras dos empresas-, Bosch, en su calidad de gerente, explicó que la idea era "conseguir que vinieran negocios atractivos a la zona". Varios de los locales aún permanecen vacíos. El diputado regional, cuya inculpación ahora se ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dimitió el pasado lunes de su cargo. Bosch está acusado de cobrar comisiones millonarias por conceder contratos a empresas de la trama. 

"La opacidad de la empresa era absoluta", confirma Pablo Nieto, concejal socialista y consejero de la propia EMVS. Un cargo desde el que vislumbró el alcance de la trama, pese a que siempre se le negaron los documentos que pedía. "Esta adjudicación es el más claro ejemplo de la desfachatez e impunidad con la que actuaba la trama de corrupción en Boadilla", comenta Nieto, que adelanta que su grupo pedirá la inmediata rescisión del contrato. 

Sin embargo, en abril de 2008, cuando la empresa Artas Consultoría, por entonces la adjudicataria tras la disolución de Rústicas MBS, no había pagado todavía nada por los locales, se aprobó reducirles el canon a 81.000 euros anuales. El argumento que entonces se dio a la oposición fue que debían reformar el aparcamiento y hacer dos rampas. 

Además, en la deuda que la EMSV reconoce que tiene con ellos la empresa, se suman 283.077 euros. Una cantidad que, dividida entre los 33 meses que adeudaban a 31 de diciembre de 2008, arroja una cuota de algo más de 80.000 euros anuales. "Es decir, que la rebaja en el canon se efectuó de manera retroactiva", según apreciación de Nieto. 

(www.elpais.com, 14/04/09)

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR COMIÓ EN SECRETO CON GRANADOS 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, almorzó fuera de su agenda pública el pasado lunes en el reservado de un restaurante madrileño con el consejero madrileño de Presidencia y Justicia y secretario general del PP en la Comunidad, Francisco Granados. Ambos compartieron mesa, mantel y conversación un día antes de que, en un auto cuyo ponente fue el propio Vieira, el TSJM acordara asumir la investigación del caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción vinculado al PP y en el que aparecen implicados tres diputados autonómicos y otros tantos alcaldes. Si el caso, abierto por el magistrado Baltasar Garzón, llega a juicio como parece previsible, Vieira presidirá el tribunal juzgador. 

A diferencia de la cacería de febrero en la que coincidieron el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Garzón, la cita a solas de Vieira y Granados se desarrolló en un escenario netamente urbano: el céntrico restaurante Solchaga de Madrid.  

Aquella montería de Jaén, en la que participaron decenas de cazadores, acabó costándole el puesto a Bermejo y una persecución implacable al juez Baltasar Garzón desde las filas del PP. Ayer, en cambio, los portavoces de ambos comensales remacharon que el almuerzo de Vieira y Granados se inscribe en la "normalidad de las relaciones institucionales". "No se habló del caso Gürtel", dicen en el TSJM. El portavoz de Granados aseguró carecer de información sobre ese extremo. 

¿Ninguna de las dos partes se planteó posponer el encuentro, dado que el Tribunal Superior estaba a punto de decidir sobre un asunto crucial para el partido al que representa Granados? "Los intereses de la Justicia y los madrileños no pueden estar a expensas de que un tribunal asuma o no asuma" una investigación, adujo un portavoz de Granados, número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre. El TSJM se abonó a la tesis de que Vieira no se reunió con Granados "en calidad de secretario general del PP" sino de "consejero de Justicia". 

Los dos cargos públicos avanzaron, según el TSJM, en el "diseño de la Oficina Judicial". Es decir, de la nueva estructura orgánica de los juzgados españoles, cuya implantación no se producirá en ningún caso antes del próximo año. 

Sobre por qué, si la cita tenía un carácter estrictamente institucional, se concertó en un restaurante y no en un despacho oficial, el equipo de Granados aventuró la siguiente explicación: "En España, se hacen muchas reuniones en comidas de trabajo". Ni el gabinete del consejero ni el de Vieira habían difundido la celebración de ese almuerzo, que, según el TSJM, se enmarca en la ronda de toma de contacto del magistrado con "autoridades" como el presidente del Poder Judicial (CGPJ) o la delegada del Gobierno en Madrid. 

Anterior presidente de la Audiencia Provincial madrileña y miembro de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Vieira tomó posesión como titular del TSJM el 13 de febrero. El magistrado obtuvo la nominación por parte del CGPJ tras una primera votación fallida. En la segunda, respaldaron su candidatura 14 de los 21 miembros del órgano de gobierno de los jueces. 

En lo que respecta a Garzón, los rescoldos de la cruzada del PP, de una magnitud inédita en lo que va de década, aún no se han apagado, pese a su inhibición en el caso Gürtel. Los conservadores mantienen su querella contra el magistrado, y su batería de quejas y denuncias ante el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.  

Desde el primer momento, el Partido Popular se centró en lograr que el sumario quedara fuera del control de Garzón y terminase en manos de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. ¿El argumento? Que varios investigados gozan de aforamiento como parlamentarios autonómicos. Las pesquisas policiales apuntan a que tres diputados del PP madrileños aceptaron sobornos de la trama de Correa: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.  

(www.publico.es, 02/04/09) 

EL NUEVO JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' RECONOCE SU COMIDA "SIN ZONAS OCULTAS" CON GRANADOS 

El presidente del tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha reconocido que habló el pasado lunes sobre la operación Gürtel con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.  

Vieira sería el presidente de la Sala que juzgaría a los tres diputados conservadores implicados —Alberto López Viejo, Alfonso Bosh Tejedor y Benjamín Martín Vasco— en la Operación Gürtel, dirigida por Francisco Correa.  

Vieira, quien se reunió con Granados en un restaurante de Madrid, ha asegurado que no hubo "ninguna zona oculta" en la conversación, que no fue secreta ni en ningún reservado.  

"Se produjo un cambio de impresiones en el que se trataron cosas que afectan a la Justicia", ha explicado Vieira. 

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño ha opinado que  "no es bueno" estar siempre "formulando imputaciones o conjeturas" respecto a las reuniones que los cargos públicos pueden mantener con políticos. 

"Creo que no es bueno para la vida política de los españoles y muchísimo menos en ese lazo necesario con la Justicia, estar siempre formulando imputaciones o conjeturas que no tienen necesariamente por qué darse", ha afirmado Caamaño. 

Preguntado por la semejanza de esta reunión con el escándalo provocado por el encuentro del ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en una cacería con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Caamaño señaló que sacar conclusiones "en este tipo de encuentros sin mayores elementos en los que fundamentarse es aventurarse en exceso".  

Por ello pidió no verter desde otros contextos "sospechas sobre personas que ejercen cargos públicos en el ejercicio de sus funciones". 

Caamaño señaló que, aunque son Granados y Vieria quienes deben responder, él como ministro "confía siempre en la responsabilidad de los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones".  

(www.publico.es, 02/04/09) 

¡... PERO VE NORMAL UNA REUNIÓN SECRETA ENTRE EL NÚMERO TRES DE AGUIRRE Y EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL CASO GÜRTEL! 

El consejero de Justicia y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, se reunió el lunes pasado en secreto y en privado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, quien será, a la sazón, el máximo responsable del caso Gürtel si este finalmente no llega a la Supremo. La cita entre ambos tuvo lugar en un reservado del céntrico restaurante madrileño Solchaga y se produjo, además, un día antes de que el TSJM asumiera la investigación de la presunta trama corrupta vinculada al PP en un auto expuesto, por cierto, por el magistrado en cuestión, informa Público. La cita no aparecía en las agendas y se concertó fuera de los despachos oficiales. Por si fuera poco, esta mañana Vieira ha admitido que se abordó el tema Gürtel, desmintiendo las explicaciones dadas desde el órgano que preside. Cabe recordar que cuando el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo coincidió en una cacería con el juez Baltasar Garzón, el PP exigió inmediatamente su dimisión.  

La Consejería y el TSJM habían intentado quitar hierro al asunto, enmarcándolo en la “normalidad de las relaciones institucionales”. “No se habló del caso Gürtel” sino del “diseño de la nueva Oficina Judicial” –una iniciativa que no estará en marcha hasta el próximo año- agregaron, en principio, desde el tribunal.

Viera lo admite

Hoy, sin embargo, el mismo Vieira ha admitido que sí se abordó el tema de la presunta red corrupta vinculada al PP, que en Madrid ha salpicado ya a tres diputados autonómicos –Alfonso Bosch, Alberto López Viejo, y Benjamín Martín- y a varios alcaldes, forzados a dimitir por el partido –Ginés López, Jesús Sepúlveda, Arturo González Panero-.

“Cambio de impresiones”

Tal como ha dicho el presidente del TSJM, el almuerzo no fue secreto ni en un reservado. Se trató, meramente, de “un cambio de impresiones en el que se trataron cosas que afectan a la Justicia” ¿Por qué entonces tuvo lugar fuera de dependencias institucional y no está registrado en las agendas de estos funcionarios? “En España se hacen muchas reuniones en comidas de trabajo”, justificaban ayer desde el gabinete de Granados.

¿Por qué tanta urgencia?

¿Y por qué Granados no podía esperar a que el Tribunal decidiera sobre Gürtel para reunirse con el juez? “Los intereses de la Justicia no pueden estar a expensas de que un tribunal asuma o no asuma” han intentado justificar sus portavoces. Granados no acudió a la cita “en calidad de secretario de general del PP” sino de “consejero de Justicia”, corroboraron desde el TSJM.

Cacería de Bermejo

Cabe recordar que a principios de febrero pasado el juez instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, coincidió en una cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. El PP calificó el hecho de “atentado flagrante” contra el Estado de Derecho, llevó el caso al Congreso, exigió la dimisión de Bermejo –un hecho que finalmente se produjo-, y, poco después, acusó al magistrado de prevaricar y se querelló contra él.

Camps, De Rosa…

No ocurrió lo mismo, sin embargo, dos semanas después, cuando el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, señalado como beneficiario de varios regalos de la trama corrupta, se reunió con el vicepresidente del Consejo General y ex miembro de su Ejecutivo, Fernando de Rosa, apenas un día después de ser implicado en el caso por la Fiscalía Anticorrupción. De Rosa, ajeno a su labor en el CGPJ, arremetió contra el juez Garzón y su trabajo, en unas desafortunadas declaraciones que le costaron reproches del órgano rector de los jueces.

…y el TSJV

Pero Camps no solo tiene buenas relaciones con su ex conseller de Justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, José Luis de la Rúa, que será el encargado de investigarle como implicado, es su amigo íntimo. Las declaraciones del jefe del Ejecutivo regional son claras: “tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”, aseguraba el propio Camps en septiembre de 2008 en un acto oficial. Sobre ambas coincidencias, por cierto, el PP evitó pronunciarse. ¿Hará lo mismo con Granados? 

(www.elplural.com, 02/04/09) 

FACTURAS FALSAS PARA PROMOCIONAR A ORTEGA EN TELEVISIÓN 

Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, era uno de los peones clave de la trama Correa. El jefe de la organización llegó incluso a pedir una comisión de 50 millones de euros por adjudicarle a Fernando Martín (presidente de Martinsa y ex presidente del Real Madrid) dos parcelas de la citada localidad. Tal era el dominio que el empresario ejercía sobre el edil que era él quien se encargaba de negociar las adjudicaciones.  

La ex mujer de Correa, Mari Carmen Rodríguez, trabajaba como jefa de prensa de Ortega. Y, como tal, le metió en el cuerpo el gusanillo de la imagen. Ortega se autopromocionó saliendo en distintos canales de TV (Canal 33 y Canal 7) con entrevistas simuladas en las que las preguntas y las respuestas las hacía su propio gabinete.  

En total, el Ayuntamiento madrileño se gastó 30.000 euros en ese trabajo de mejora de imagen, de resultado más que dudoso.  

Además, la empresa Easy Concept se encargó de hacerle una serie de reportajes en los que el alcalde, de forma natural y mientras paseaba por las calles de su ciudad, hablaba de sus proyectos.  

En la contabilidad B de la trama desarticulada en la operación Gürtel aparecen algunas de las facturas con las que se pagaban esos trabajos de promoción televisiva.  

En concreto (documento reproducido) hay facturas de la empresa Down Town Consulting (DTC) que corresponden a esos servicios.  

La cantidad que se pagaba por factura rondaba los 600 euros.Sin embargo, en lugar de figurar el concepto al que se correspondía la facturación, se consignaban tareas poco definidas, como por ejemplo, «Seguimiento Accesos Sur».  

Según fuentes solventes, Ortega acumuló gran cantidad de dinero durante su etapa como edil. Hasta tal punto que llegó a tener una valiosa colección de relojes, para la que se hizo confeccionar un mueble especial compuesto de pequeños cajones.  

Heredó de Correa su gusto por los regalos caros y, con ocasión de un cumpleaños, obsequió a Mari Carmen Rodríguez con un reloj (¡cómo no!) valorado en más de 6.000 euros. 

(www.elmundo.es, 02/04/09) 

PASADENA VIAJES TAMBIÉN VENDÍA MERCEDES 

El eurodiputado Gerardo Galeote emitió ayer a través del servicio oficial de prensa del Partido Popular un comunicado en el que rechaza haber recibido sobornos por 652.310 euros de la trama de corrupción que dirigiría Francisco Correa, tal como le atribuye el juez Baltasar Garzón a partir de los apuntes de la contabilidad B que la Policía intervino en un piso de Madrid a la red Gürtel.

Galeote explica en esa nota que fue él quien pagó los tres coches que en el auto del magistrado aparecen como regalos. Por un Mercedes, asegura haber abonado 6.000 euros en efectivo y otros 12.000 por ingreso bancario a Pasadena Viajes, la agencia de Correa.Respecto al grueso de las anotaciones que se referirían a él, y que sumarían unos 600.000 euros, sólo señala: «Con relación al resto de los apuntes contables a los que el auto se refiere, desconozco por completo la razón de los mismos, así como a las personas a las que se menciona».  

El eurodiputado asegura en la nota: «La única relación económica que he mantenido con don Francisco Correa fue a través de su agencia de viajes, con la que gestioné todos mis billetes de avión desde mi incorporación al Parlamento Europeo en 1994 hasta que dejó de operar con el partido, en el año 2004».  

El comunicado continúa: «Además, a Pasadena Viajes le compramos, mi esposa y yo, un automóvil de la marca Mercedes, de segunda mano, a finales de 1999, por el que pagamos tres millones de las antiguas pesetas, a través de un pago en efectivo de un millón de pesetas, al que siguió un ingreso bancario de otros dos millones de pesetas [...]».  

En el auto aparecen dos apuntes sobre este hecho: uno de salida de tres millones de pesetas en la cuenta «Gerardo Galeote»; y otro en una cuenta de Correa por el concepto «Ingr. Bco. Santander Canc. Mercedes L. Semprún» -en referencia a la esposa de Galeote, Lourdes Semprún- por dos millones de pesetas.  

La resolución de Baltasar Garzón también detalla el posible regalo de otros dos coches de la marca Land Rover, que Correa habría adquirido en el mismo concesionario de Marbella en el que compró un Range Rover cuyo destinatario, según Garzón, habría sido el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. Galeote responde así: «Los otros dos automóviles a los que se refiere el auto fueron abonados directamente al concesionario, según acreditan los recibos correspondientes (el primero fue entregado como parte del pago del segundo), como puedo demostrar documentalmente».  

«La relación con esa agencia de viajes concluyó con el pago de un saldo pendiente y liquidación de todas las deudas, tal como figura en el documento que así lo certifica», asegura el eurodiputado.Ese ingreso se produciría en 2005 y sería de unos 7.000 euros, y no se corresponde con uno de 22.000 que recoge el auto por un concepto similar, según fuentes cercanas a Galeote. «He hecho entrega al PP de todos los recibos mencionados, así como de una relación de todos mis bienes inmuebles [...]», señala la nota.  

Garzón menciona también dos cuentas en las que habrían realizado ingresos para pagar gastos electorales del Partido Popular Europeo o del congreso que éste celebró en Marbella en 1999. «Todos los actos que realiza el grupo del PPE fuera de Bruselas [...] se organizan a través de un procedimiento perfectamente reglado [...] y son auditados tanto en el país en el que se realizan como por parte de las autoridades europeas», concluye Galeote. 

(www.elmundo.es, 02/04/09) 

MARTÍN VASCO DIMITE COMO PORTAVOZ DEL PP EN LA ASAMBLEA DE MADRID 

El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, implicado por Garzón en el caso Gürtel de corrupción que afecta al Partido Popular, ha dimitido hoy como portavoz adjunto del grupo popular en la Asamblea. Sin embargo, Martín Vasco conservará su acta de diputado autonómico. 

Martín Vasco ha presentado esta mañana su carta de dimisión al portavoz del grupo, David Pérez. Según Pérez, el diputado del PP en la Asamblea de Madrid, "no quiere perjudicar al grupo parlamentario en vista del proceso en que está inmerso". 

Benjamín Martín Vasco es uno de los tres diputados del PP de la Asamblea -junto a Alberto López Viejo y Alfonso Bosh- sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ve indicios de posibles delitos en el marco del caso Gürtel.

INDICIOS DE COHECHO SOBRE TRES DIPUTADOS DE AGUIRRE 

Hay "indicios" de que tres diputados del PP de Madrid han podido "percibir importantes cantidades de dinero" de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. Así lo indica la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un auto en el que asume la competencia para investigar el llamado caso Gürtel y ordena al juez Garzón que le remita todas las diligencias. Además, el TSJM pide a la Fiscalía que le indique si esta causa debe ser elevada al Tribunal Supremo por haber indicios de que en ella hay aforados, no sólo de Madrid, sino también de Valencia (entre ellos, el presidente del Ejecutivo valenciano, Francisco Camps), a quien la fiscalía atribuye haber recibió 12.793 euros en trajes pagados supuestamente por el entramado empresarial de Correa. 

Sobre los aforados de Madrid, Garzón sostiene que hay indicios de que habrían cobrado de la trama 1.250.728 euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Se les atribuyen delitos de cohecho y tráfico de influencias, entre otros. En el auto en el que asume la competencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acuerda nombrar instructor de la causa al magistrado Antonio Pedreira. La Sala de lo Penal del TSJM se basa en las diligencias que le remitió el juez Garzón para atribuir a los citados diputados los siguientes hechos: 

- Alberto López Viejo. Destacan los jueces que hay indicios de que "percibió importantes cantidades de dinero" de sociedades de la trama de Correa "adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas", y que hizo esto "aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia)". 

- Benjamin Martín Vasco, diputado de Madrid desde 1995 y presidente de la Empresa Pública de Fomento de la localidad madrileña de Arganda del Rey. El TSJ le imputa "labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos" en favor de Correa. 

- Alfonso Bosch Tejedor, diputado de la Asamblea de Madrid desde 2003 y ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte (Madrid). También se le atribuye haber recibido "dinero" por "adjudicación de contratos a empresas del entramado" de Correa. 

(www.elpais.com, 01/04/09) 

EL TRIBUNAL DE MADRID SE DECLARA COMPETENTE PARA TODO EL 'CASO GÜRTEL' 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se declaró ayer competente para asumir «la totalidad» del caso Gürtel al apreciar indicios de criminalidad en la conducta de tres diputados autonómicos del PP: Alberto López Viejo, ex vicepresidente de Esperanza Aguirre y ex consejero de Deportes; Alfonso Bosch, ex gerente de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte, y Benjamín Martín Vasco, que presidió la Comisión de Investigación del espionaje en Madrid.  

En una resolución de la que ha sido ponente el presidente del TSJM, Francisco Vieira, el Tribunal indica que «los primeros indicios» contra los tres aforados «podrían corresponder» con delitos de cohecho o tráfico de influencias. La Sala no menciona ninguno de los otros tres (asociación ilícita, falsedad documental y blanqueo de capitales) mencionados por el juez Baltasar Garzón en la resolución por la que se inhibió a favor del TSJM.  

Garzón atribuyó a López Viejo, Bosch y Martín Vasco la percepción de un total de 1,2 millones procedentes de las empresas de Francisco Correa a cambio de la adjudicación de contratos. Sin mencionar ninguna cifra, la resolución del TSJM menciona la existencia de indicios de que los tres aforados habrían recibido «importantes cantidades de dinero» por realizar «actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas» del grupo dirigido por Correa.  

En relación a López Viejo, el Tribunal indica que «declaraciones de alguno de los imputados apuntan a su intervención, aprovechando sus cargos anteriores, para favorecer a alguna de esas empresas, y en la documentación incautada, representativa de una contabilidad B, parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona por personas vinculadas a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas».  

«Las mismas declaraciones y documentación son indicativas de la posible realización por Benjamín Martín Vasco -durante su etapa como consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal, vinculada al Ayuntamiento de Arganda del Rey- de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos, así como la percepción de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación», añade.  

Sobre Bosch, la Sala expone que las diligencias «ponen de manifiesto que, cuando desempeñaba su cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Correa, favorecidas por la intermediación de aquél».  

El Tribunal de Madrid se declara competente para conocer de toda la causa dado que, «entre los hechos susceptibles de ser imputados a esas tres personas aforadas y el resto de las actividades ilícitas imputadas a las demás personas, parece existir una gran vinculación».De este modo, a la Sala le parece «esencial» la investigación conjunta de todas esas actividades.  

No obstante, el TSJ de Madrid deja a salvo que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia pueda declarar también su competencia para investigar los presuntos regalos que la trama de Correa habría hecho, entre otros, al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.  

En este sentido, indica que, si el Tribunal de Valencia aceptara su competencia, «podría producirse una concurrencia con esta Sala» y, en esa hipótesis, el asunto podría ser competencia del Supremo. El TSJM acuerda pedir a la Fiscalía Anticorrupción su criterio a este respecto.  

La instrucción de la causa ha recaído, por aplicación de las normas de reparto, en el magistrado Antonio Pedreira, el más veterano de los que actualmente componen la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. Pedreira corresponde al turno de magistrados autonómicos y fue propuesto por el PSOE de la Asamblea de Madrid. 

(www.elmundo.es, 01/04/09)

EL PP VETA QUE LOS CONSEJEROS EXPLIQUEN CONTRATOS DEL 'CASO GÜRTEL' 

La investigación del juez Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción en Administraciones gobernadas por el PP ha golpeado a varios municipios de Madrid. El Gobierno regional también contrató con varias empresas de Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama. La Comunidad de Madrid adjudicó al menos un centenar de contratos a la trama corrupta entre 2004 y 2009, según reveló el interventor general del Ejecutivo autónomo. 

Para obtener más datos sobre esos contratos, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, solicitó la comparecencia de los consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre. El grupo parlamentario popular rechazó ayer la petición de comparecencia de los consejeros alegando que muchos de esos contratos corresponden a otra legislatura y, por tanto, a otros responsables políticos. 

El portavoz popular del PP en la Cámara, David Pérez, subrayó que esas facturas ya se trataron durante la comparecencia del interventor general el pasado 17 de marzo.La portavoz socialista recordó que el PP ya vetó la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta. Los populares argumentaron entonces que el procedimiento se encontraba bajo secreto de sumario. Maru Menéndez considera que esta excusa es "algo absurdo ya que el secreto afecta al procedimiento judicial y no a la contratación misma". El popular David Pérez reconoció que "es verdad que hay asuntos que están bajo secreto de sumario, pero me sorprende que los socialistas discrepen en este caso. Porque", explicó, "Rubalcaba dijo en el congreso que era imprudente preguntar en el Parlamento por causas secretas". Tras la reunión de la junta de portavoces, Menéndez anunció que "si continúan las trabas, tendrá que ser la presidenta Aguirre la que tenga que dar las explicaciones pertinentes, porque ha habido contrataciones con las empresas de Correa desde todas las consejerías". 

Por su parte, Izquierda Unida denunció ayer el blindaje de Esperanza Aguirre para dar explicaciones sobre asuntos que le resultan incómodos. La portavoz de IU, Inés Sabanés, criticó ayer la postura del PP de evitar la comparecencia de la presidenta regional para exponer sus planes ante la situación de crisis económica en la región. La justificación del grupo popular para rechazar la comparecencia de Aguirre es que no es miembro del consejo de Gobierno y según el reglamento de la Asamblea no está obligada a comparecer. "Nos parece políticamente impresentable que el PP se escude en el reglamento para evitar un debate serio y riguroso sobre el tema que más preocupa a las familias madrileñas", afirmó ayer Sabanés. 

(www.elpais.com, 01/04/09)

AGUIRRE TAPA LA RELACIÓN DE SU GOBIERNO CON CORREA 

El Gobierno de Esperanza Aguirre se amuralla frente a las acusaciones de corrupción. Ayer mismo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anunció que asumía el caso Gürtel, el PSOE denunciaba un nuevo ejemplo de "bloqueo" de la presidenta.  

Los socialistas habían registrado la petición de comparecencia de todos los consejeros para que dieran cuenta de los contratos que sus Departamentos firmaron con las empresas ligadas a Francisco Correa. El PP no esperó a la reunión de la Junta de Portavoces para tumbar la solicitud. La paralizó antes, en la Mesa de la Asamblea, el órgano que tramita los escritos que le llegan. El PP esgrimió que tales adjudicaciones no son "competencia" de los actuales titulares de cada Consejería, pues los hechos se remontan a la pasada legislatura (2003-2007), relató ayer la portavoz socialista, Maru Menénez. 

El historial de obstrucción de Aguirre viene de lejos. Al poco de estallar el caso Gürtel, los socialistas reclamaron la comparecencia del titular de Economía, Antonio Beteta, puesto que él había sido el encargado de revisar todas las adjudicaciones. El Gobierno se negó, ya que el caso estaba "bajo secreto de sumario". El siguiente paso de los socialistas fue, por tanto, reclamar la presencia de todos los consejeros en la Asamblea. Rechazado. "Pediremos que se reconsidere la decisión, y también que comparezcan los consejeros por los contratos hechos en esta legislatura", añadió. En todo caso, el "hilo conductor" es Aguirre, de modo que el PSOE cree que al final será la presidenta quien deba de dar explicaciones.  

El portavoz del PP, David Pérez, insistió en que esos contratos ya fueron analizados el 17 de marzo por la Asamblea, en la comparecencia del interventor general de la comunidad. El PSOE utiliza este asunto, dijo, "para distraer la atención de la corrupción que tiene en todos sus ayuntamientos", informa Europa Press.  

La Mesa tampoco tramitó una pregunta que la diputada de IU Reyes Montiel dirigió al vicepresidente, Ignacio González, por su relación con Ingesport, la empresa de la que era director comercial su profesor de pádel, Carlos Martín. Los vínculos de ambos fueron destapados por Público. El PP argumentó que faltaba "concreción" a la pregunta. Alegó que sí se ha calificado una cuestión similar del PSOE. Pero esta no es en pleno, sino en la Comisión de Economía, y no la tiene por qué responder González. 

"Que no nos vengan con historietas del Reglamento de la Cámara", manifestó irritada la portavoz de IU, Inés Sabanés. "Aguirre pretende blindar a González a costa de degradar esta Asamblea, impidiendo el control al Gobierno. La situación ya es de emergencia, de abierta y continuada censura. Nos pondrán trabas, pero no desistiremos", avisó.  

(www.publico.es, 01/04/09)

EL TSJM ACEPTA LA COMPETENCIA DEL 'CASO GÜRTEL' 

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que preside Francisco Vieira ha aceptado la competencia en el caso Gürtel que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha salpicado a altos cargos del PP. El TSJM relaciona con las "actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación" a los diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, de los que dice que pueden haber recibido "importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas con imputados en la causa seguida en dicho Juzgado Central de Instrucción". 

El juez Garzón envío el sumario abierto por la operación Gürtel a los tribunales superiores de Madrid y Valencia, únicos competentes para interrogar y juzgar a aforados (diputados regionales) de las dos comunidades autónomas. Ahora, el TSJM ha reclamado al magistrado la remisión "de la totalidad de las actuaciones seguidas" por él sin perjuicio de la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que aún no se ha pronunciado sobre su competencia. 

El TSJM ha solicitado además a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre posibles competencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El magistrado Antonio Pedreira será el juez instructor de la causa en Madrid. 

Acusados de cobrar 1,2 millones en sobornos

El pasado 5 de marzo, Garzón se inhibió a favor del TSJM en la causa contra el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, el ex presidente de la comisión de investigación del espionaje madrileño, Benjamín Martín Vasco, y el diputado en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. El magistrado les acusaba de haber cobrado 1.250.728 euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas, por lo que consideraba que habrían cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita. 

Alberto López Viejo está relacionado directamente con la trama empresarial diseñada por el cerebro de la red, Francisco Correa. López Viejo, según Garzón, habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de diferentes eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". 

Benjamín Martín Vasco, por su parte, aparecía implicado debido a las grabaciones presentadas por la Fiscalía Anticorrupción. Su papel, según el juez, consistía en "conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey". Esa promotora habría pagado comisiones a Francisco Correa, el cerebro de la trama, por esa labor. El parlamentario madrileño también facilitó la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007, cuando Martín Vasco estuvo al frente de la sociedad municipal Fomento de Arganda del Rey. 

Los indicios contra el diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch se remontan a su época como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, municipio del que era alcalde el también imputado Arturo González Panero, el Albondiguilla. Ejerciendo su puesto, ha sido acusado de adjudicar los locales municipales de Boadilla en condiciones ventajosas a empresarios amigos. Según explicaba Garzón en su auto del 5 de marzo, Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa [cabecilla de la trama ha realizado en dicho municipio". 

(www.elpais.com, 31/03/09) 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID VE INDICIOS DE CORRUPCIÓN EN TRES DIPUTADOS DEL PP 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó hoy aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción destapada en la Operación Gürtel, que afecta a aforados autonómicos del PP. Asimismo, el Alto Tribunal madrileño ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre la posible competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso de que se hallen indicios penales contra aforados nacionales. 

Con motivo de la decisión de asumir la causa, el TSJM ha reclamado a Garzón la inmediata remisión de la totalidad de las actuaciones seguidas en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de la decisión que adopte la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.De este modo, la Sala de lo Civil y Penal ha designado como instructor de la causa, en virtud del turno establecido en las normas de reparto, al magistrado Antonio Pedreira. 

El TSJM considera que aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción por los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas con imputados en la causa seguida en dicho Juzgado Central de Instrucción". 

Por ello, tratándose de personas respecto a las cuales el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponden al TSJ de Madrid, la Sala Civil y Penal de este Alto Tribunal considera que es la competente para instruir el procedimiento. 

(www.publico.es, 31/03/09)

UN PISO PARA EL ALCALDE DE MAJADAHONDA 

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señala que Francisco Correa, el presunto jefe de la trama empresarial corrupta que durante los años de mandato en el PP de José María Aznar montó todos los eventos de este partido, "no declaraba por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas desde 1999". 

La fiscalía explica que su investigación arrancó de la denuncia presentada por José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda, que trabajó durante algunos años para Correa. Y que se fundamenta además en información facilitada por la Agencia Tributaria sobre las distintas empresas y dirigentes del entramado. 

La primera denuncia plantea diversas irregularidades de una serie de empresas de la trama en relación con la contratación de la organización de eventos que tenían como "principales clientes a Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana". 

Anticorrupción comenzó sus pesquisas, según cuenta en su escrito, con dos escenarios distintos: 

- La posible adjudicación irregular de una Oficina de Atención al Ciudadano en Majadahonda a la trama corrupta y la entrega al entonces alcalde de esta localidad, Guillermo Ortega (PP), de un inmueble en pago por permitir un desmontaje de cableado. 

- El supuesto pago de tres millones de euros al alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero (PP) dirigido a obtener la adjudicación de una promoción inmobiliaria. 

La investigación descubrió que la promoción inmobiliaria fue adjudicada a una empresa de José Luis Ulibarri por tres millones de euros menos que la mejor oferta presentada al concurso. 

(www.elpais.com, 27/03/09)

TRES DIPUTADOS DE AGUIRRE, SEÑALADOS POR VARIOS DELITOS 

La red de corrupción que dirigía Francisco Correa hizo sus principales negocios en la Comunidad de Madrid gracias a la connivencia de varios alcaldes y de tres diputados autonómicos: Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El PP está a la espera de que sean imputados -algo que deberá decidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid- para pedirles que entreguen su acta de diputado y suspenderles de militancia. 

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señala múltiples indicios de que los tres parlamentarios autonómicos del PP "percibieron diversos pagos" por parte de los dirigentes de la trama corrupta. Anticorrupción sostiene que esos pagos se hicieron en función del cargo que los parlamentarios ocupaban en el momento del supuesto delito, por lo que concluye que los tres podrían haber cometido un delito de "cohecho en sus diversas modalidades" y otro de "tráfico de influencias". 

- Alberto López Viejo. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción apunta que en la carpeta de un archivo informático con el nombre Pendrive Trascend 8GB, hallada en el registro de la sede principal de la trama corrupta, aparecen apuntes con el nombre de Alberto López Viejo, que en la etapa investigada ocupó los cargos de viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Desde estos puestos se encargó de organizar todos los actos institucionales de Esperanza Aguirre, cuyo montaje encargaba a empresas de la trama. En los apuntes encontrados en la investigación judicial aparecen supuestos pagos de al menos 286.000 euros a López Viejo por parte de la trama corrupta. 

- Benjamín Martín Vasco. Desde el 28 de agosto de 2003 hasta el 17 de octubre de 2008, la contabilidad de la trama registró pagos a Benjamín Martín Vasco, que fue alto cargo del Ayuntamiento de Arganda (Madrid), donde supuestamente facilitó los negocios de Correa. Entre las entregas en efectivo y el pago de viajes, joyería, gastos de boda y estancia en hoteles, Martín Vasco recibió de la red corrupta 345.166 euros. 

- Alfonso Bosch. Como alto cargo en la empresa pública de gestión de suelo del Ayuntamiento de Boadilla (Madrid), este diputado mantuvo relaciones con las empresas de Correa. La investigación ha acreditado, a partir de la contabilidad de la trama, que Bosch recibió al menos 120.000 euros. 

(www.elpais.com, 27/03/09)

Los contratos del hermano de Bárcenas

La Constructora Hispánica, investigada por el juez Garzón dentro de la trama de corrupción del 'caso Gürtel', fue la adjudicataria de contratos millonarios por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón siendo alcalde Jesús Sepúlveda, ex marido de la diputada 'popular' Ana Mato e imputado en el caso.

En concreto, Hispánica recibió contratos por más de 4,5 millones de euros de la Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón (Sumpasa). En ella, figura como consejero Juan Carlos Bárcenas Gutiérrez, hermano del tesorero del PP, Luis Bárcenas. Según fuentes del consistorio de Pozuelo, todos los contratos que adjudica la empresa municipal de vivienda son aprobados por el consejo.

En este caso, se trata de un contrato para la ejecución de 60 Viviendas de Protección en 'Camino Alcorcón', en Pozuelo, un proyecto presupuestado en 4,3 millones de euros. Además, Hispánica también consiguió la adjudicación del plan de acondicionamiento de local para oficinas centrales de Sumpasa, presupuestado en 212.790 euros. La relación de esta constructora con el Ayuntamiento de Pozuelo no acaba ahí. La empresa ha sido la elegida para construir la infraestructura de la nueva línea de metro ligero desde la Colonia Jardín hasta Pozuelo de Alarcón.

En uno de los autos del 'caso Gürtel', el juez Garzón asegura que Constructora Hispánica fue beneficiaria de contratos millonarios en los Ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda y Pozuelo. En el primero de estos tres consistorios se investiga la adjudicación del contrato de las obras del 'Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte' a Hispánica, una de las inversiones más importantes del Ayuntamiento de Boadilla, con un presupuesto cercano a 30 millones de euros.

Contratos en Boadilla

Según consta en el auto de Garzón, el ex vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla, Tomás Martín Morales, intermedió para que la empresa Hispánica obtuviera la adjudicación en detrimento de otras constructoras como Sacyr y recibió por ello varias sumas de dinero.

Martín Morales, junto a otros dos responsables de la empresa municipal de la vivienda, como el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, fueron de los primeros cargos en dimitir al estallar el 'caso Gürtel'.

La red en torno a Hispánica, según la investigación, se extiende a los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo. En este último, el hermano de Luis Bárcenas pudo ejercer como intermediario entre la sociedad municipal de la vivienda y la constructora, según las fuentes consultadas.

El nombre del tesorero del PP y senador 'popular' por Cantabria apareció el pasado 25 de febrero junto al del eurodiputado 'popular', Gerardo Galeote, en un informe policial que maneja el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre el 'caso Gürtel'. Bárcenas, según la investigación, aparece vinculado a cobros millonarios y paraísos fiscales en conversaciones grabadas al jefe de la trama, Francisco Correa. El líder de la trama presumía en una de las conversaciones grabadas por la policía, de haberle entregado 1.000 millones de pesetas a Bárcenas.

Además, según publicó 'El País', la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía ha enviado al juez Garzón un nuevo informe sobre el tesorero que incluiría más datos sobre su implicación.

Empresas 'fantasma'

El hermano de Luis Bárcenas figura como consejero de Sumpasa desde 2007. A principios de año, la empresa municipal sufrió un cambio en sus estatutos y eliminó a la oposición política de sus juntas generales. El PSOE ha denunciado ese cambio como una campaña para impedir que se fiscalice la gestión de las sociedades municipales.

Por su parte, el presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo Asíns, ya estuvo implicado en una trama supuestamente corrupta a mediados de los años 90. García-Pozuelo, jefe de Ingeniería Civil de Renfe hasta 1990, aparecía vinculado a una red de empresas 'fantasma' creadas para obtener contratos millonarios de la compañía ferroviaria.

El eje central de la trama, denunciada en el Congreso por Izquierda Unida, era la empresa Austral Ingeniería, que aparecía en el sumario del caso Filesa. El actual presidente de Hispánica era el responsable de una de estas sociedades ligadas a Austral, junto a Manuel Marín Sánchez, cuñado de la esposa de Felipe González, Carmen Romero.

www.elmundo.es 29.03.09

MADRID ADJUDICÓ AL MENOS 100 CONTRATOS A LA TRAMA DE CORREA 

La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre (PP), adjudicó al menos un centenar de contratos entre 2004 y 2009 a empresas vinculadas a la trama corrupta que investiga Baltasar Garzón en el marco de la Operación Gürtel. El dato lo ofreció  el interventor general de la Comunidad, José Manuel Barberán, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Parlamento madrileño, a petición del Grupo Socialista. 

El PSOE había remitido al interventor una lista de 27 empresas relacionadas con el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para que explicara si el Gobierno regional les había hecho algún pago. Según Barberán, de todas esas empresas se fiscalizaron, entre 2004 y marzo de este año, 205 expedientes de gasto. Es decir, al menos 205 contratos fueron a parar a dichas firmas (un expediente de gasto puede corresponder a uno o varios contratos). Pero, de ese total, más de la mitad (106 expedientes) corresponde a una empresa, MQM, que no figura en el auto de Garzón aunque es sospechosa de actuar como empresa tapadera. Así que serían 99 los contratos adjudicados a firmas vinculadas a Correa. 

De los 205 expedientes, 190 "no tenían reparo"; hubo dos que "tenían reparos, y una vez solventados siguieron su tramitación"; por último, 13 expedientes recibieron "observaciones de la intervención", que el interventor no precisó. En resumen, el 93% de esos pagos fue ajustado a la ley. El resto contenía errores menores que fueron solventados. 

Barberán se negó a dar detalles sobre las cuatro principales empresas que pudieron llevarse los contratos, amparándose en el secreto de sumario: Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. Ésas son las firmas cuyos contratos el juez Garzón solicitó a la Comunidad de Madrid y a las que, presuntamente, habría ido el grueso de los pagos. El secreto de sumario, protestó el socialista Adolfo Piñedo, "no es obstáculo para facilitar información de contratos que son públicos". 

El interventor sólo ofreció datos de Marketing Quality Management (MQM): de 2004 a 2008 obtuvo 106 contratos, la mayoría menores (no dio el importe). De este dato se desprende que los otros 99 contratos fueron a parar a las empresas solicitadas por Garzón y de las que Barberán no dio información. 

El interventor sí negó expresamente que la Comunidad haya realizado "pagos" a Special Events y que, por lo tanto, como planteaba el PSOE, pueda haber alguna irregularidad en ellos. Pero no contestó a si Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes, tenía competencias para contratar a empresas en los actos de la presidenta, como parece que hizo. Ni quiso responder a si "existe una deuda de la Comunidad con las empresas de Correa" o "si hubo pagos sin respaldo presupuestario". Aunque ahí no le amparase el secreto de sumario. 

Respecto a si los pagos realizados por la Comunidad pudieron estar hinchados, a Barberán no le consta. Sibilinamente también preguntó Piñedo si pudo haber financiación ilegal del PP. Barberán lo descartó tajantemente. 

(www.elpais.com, 18/03/09)

LOS ALCALDES DE POZUELO Y ARGANDA SE NIEGAN A DECLARAR ANTE GARZÓN 

El juez Garzón ha retomado la actividad del caso Gürtel. Los alcaldes de Pozuelo y Arganda se han negado a declarar porque, según han argumentado, desconocen si es el juez que les corresponde. Es el mismo motivo que en su día aportó el primer edil de Boadilla. Además, el magistrado estudia dos nuevos informes policiales que recibió el viernes pasado con pruebas de la presunta implicación en la trama de Correa del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del eurodiputado, Gerardo Galeote. 

La doctrina albondiguilla o, lo que es lo mismo, la negativa a declarar del alcalde de Boadilla, se ha contagiado como estrategia al resto de los imputados de esta causa. Ninguno de los dos nuevos alcaldes del PP, el de Arganda del Rey, Ginés López, y el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, han querido contestar a las preguntas del magistrado bien porque la causa sigue secreta, bien porque no saben si Garzón es el competente para llevar el caso. 

Pocas respuestas en la penúltima cita del caso Gürtel en la que la casualidad ha querido que coincidan dos grandes amigos y luego enemigos para siempre. Garzón va a ver cómo el ex juez, Javier Gómez de Liaño, ahora abogado de Ricardo Galeote, se siente en su despacho para defender al ex concejal del PP de Estepona, un cara a cara que, desde el siglo pasado no se producía. Desde 1997 ambos han evitado las desavenencias que mantuvieron. 

Liaño ha llegado acompañado de su mujer, la ex fiscal, María Dolores Vázquez de Prado, que también declaró su enemistad contra Garzón . 

La Fiscalía Anticorrupción descartó hace dos semanas que hubiera indicios suficientes como para imputar a estos dos dirigentes del PP, que son parlamentarios nacionales y por lo tanto, su caso debería ser investigado por el Tribunal Supremo. Garzón solicitó nuevos informes que ahora estudia para tomar una decisión definitiva. 

Bárcenas era el gerente del PP en la época en la que Correa hizo sus negocios con el partido y su nombre aparece en diversas ocasiones citado en las grabaciones que obras en poder de Garzón. 

En una de ellas, Correa asegura que le ha llevado mil millones a Bárcenas a Génova y a su casa y que sabe a que paraíso fiscal los ha llevado. Gerardo Galeote es eurodiputado y su padre y su hermano han sido ya imputados por Garzón. Los Galeote mantienen una larga relación de amistad con Correa. 

(www.cadenaser.com, 18/03/09)

GONZÁLEZ PANERO SE JACTA DE TENER UN PACTO CON EL PP 

"¡Yo tengo un pacto con el partido nacional para tener una concejalía!", va repitiendo Arturo González Panero, el hombre que dejó de ser alcalde de Boadilla del Monte (42.000 habitantes) por estar imputado en la Operación Gürtel, la trama de corrupción orquestada por Francisco Correa. Lo repite por los pasillos del Consistorio, en la confluencia de las vías de José Antonio y el Generalísimo. Insiste en su nuevo despacho, el más espacioso del lugar, con dos secretarias flanqueándolo. Y lo repitió  en la reunión del grupo municipal, después de que el nuevo alcalde, Juan Carlos Siguero, repartiera las responsabilidades a los concejales. Un supuesto pacto negado por varias fuentes municipales y del partido, que le tachan de "mentiroso compulsivo". 

Supuestamente, a Panero, que está suspendido cautelarmente de militancia en el PP, no le tocó nada. Aunque habló con el nuevo regidor, antes hombre de su confianza. "Lo que yo he pactado con el alcalde es cosa de él y mía, pero seguiré teniendo responsabilidades", reveló Panero a este periódico. Según el antiguo alcalde, uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón por recibir, supuestamente, prebendas del entramado empresarial de Correa, tendrá una concejalía con delegación. O sea, con sustancia. "No tiene nada que ver, el PSOE tiene alcaldes imputados", argumenta Panero. 

En opinión de Panero, apodado El Albondiguilla por Correa y los suyos, lo más importante es "la vocación de servicio", dice. Y para esto "da igual desde qué cargo institucional sirvas". "Uno ha podido ser presidente y después quedarse de diputado", comenta el edil para justificar su permanencia en las áreas de gobierno municipal. 

Sin embargo, fuentes del Consistorio niegan que el actual alcalde haya negociado nada con Panero. "Lleva 15 días insistiendo con que quiere algo", filtran. Pero aseguran que Siguero no tiene "la menor intención de darle nada". Panero, según estas fuentes y según su propio discurso a este diario, no entiende porqué debe quedarse sin nada. 

La reunión comenzó  poco después de las dos de la tarde. Para entonces ya habían desfilado uno a uno los concejales por el despacho del alcalde. Panero, en esa reunión de grupo, también lanzó insultos contra los concejales que no le han apoyado y han mostrado rechazo a su gestión, según varios testimonios. Las concejalías de confianza se mantienen en las mismas manos. Así, Ramón González Bosch, se encarga de la policía; Belén Húmera se mantiene en obras; y Mercedes Nofuentes en servicios sociales. Todas estas personas, según diversas fuentes municipales, pertenecían al núcleo de González Panero. 

(www.elpais.com, 18/03/09)

EL ACTUAL ALCALDE DE MAJADAHONDA FIRMÓ CONTRATOS CON CORREA 

Narciso de Foxá (PP), actual alcalde de Majadahonda, también firmó adjudicaciones con las empresas ligadas a la presunta trama de corrupción ideada por Francisco Correa. En marzo de 2003 concedió la organización del décimo aniversario de la empresa Patrimonio Municipal de Majadahonda Sociedad Anónima (Pammasa) a Special Events, una de las compañías más activas del conglomerado. Foxá era entonces presidente de Pammasa. El contrato, otorgado tras concurso público, asciende a 89.248,50 euros. "Así fue, pero todo fue limpio", concede el regidor majariego. 

La tarea se desglosa en varios montantes. Por ejemplo, los uniformes de las azafatas suponen un asiento contable de 7.771,71 euros. También hay un apartado económico reservado a una "fotografía aérea retocada" que costó 6.161,20 euros. El diseño y la coordinación del evento supuso 2.590,57 euros y la seguridad 9.670 euros. El grueso de la factura se lo lleva la construcción interior de la carpa, subdividida en trabajos de carpintería, electricidad, decoración y montaje (con el consiguiente desmontaje). Esto costó 31.086,84 euros. El resto es a cuenta de la limpieza, el mantenimiento y la adaptabilidad a minusválidos y la prevención contra incendios. 

Al concurso, según relatan los responsables de aquella época, se presentaron dos empresas. Una, Special Events, cuya administradora era María del Carmen Rodríguez, imputada, esposa de Francisco Correa y jefa de gabinete de Guillermo Ortega, el entonces alcalde y también ahora imputado por el caso Gürtel. Y otra, que "proponía hacer una paella o algo así", hace memoria Foxá, que esgrime documentos en los que se certifica que Special Events ganó por casi el doble de puntos. "Alguna concesión tenían que haberla ganado de manera legal, ¿no?", se pregunta el alcalde. "Esta gente se llevó muchos contratos y algunos tenían sentido y otros no tanto", prosigue el regidor. 

"Todo fue por criterios subjetivos", critica Manuel Fort, del grupo socialista majariego. "La otra empresa planteaba algo más familiar, para dar a conocer la empresa. Sin embargo, Special Events optó por una cosa muy propagandística. Las elecciones eran poco después", insiste Fort, que recuerda que "salían miles de personas de la carpa con propaganda electoral". Foxá rebate que todo fueran criterios subjetivos: "Los otros pedían casi 10.000 euros más. Su oferta era peor y además mucho más cara", zanja. 

No fue la única factura que Foxá firmó a compañías ligadas a Correa mientras era presidente de Pammasa. También les concedió la organización de la "colocación de la primera piedra en una urbanización de 150 viviendas". La factura es mucho más modesta. El pago fue de 1.474,59 euros. Claro, que los servicios prestados también están en proporción. En esta ocasión es Downtown Consulting, la heredera directa de Special Events, la que se encarga de hacer "la sonorización al aire libre". O sea, colocar altavoces en una explanada. Este trabajo se realizó mucho después del aniversario de Pammasa. Está fechado el 22 de enero de 2004. Guillermo Ortega dimitió en febrero de 2005."No llevaban en la frente una pegatina que ponía 'soy un chorizo", se excusa Foxá, que recuerda su insistente beligerancia con las empresas de la trama. "Yo a estos señores no les conocía", insiste el actual alcalde. 

Pero estos señores llevaban pululando por el Consistorio de Majadahonda varios años y se habían convertido en uno de los motivos del enfrentamiento entre Ortega y Foxá, según manifestó este último a EL PAÍS. De hecho, el alcalde reconoce que ha prestado declaración ante Garzón y le ha contado la presencia continua de la gente de Correa en la vida cotidiana del Consistorio. Un enfrentamiento, el de Foxá y Ortega, motivado "por la deriva frívola, irresponsable y peligrosa" de Ortega, según el actual alcalde. Desde el otro ángulo, los más cercanos a Ortega sostienen que el desencuentro se produjo porque éste quería controlar los asuntos urbanísticos, según fuentes municipales. "Ortega no podía entrar en esos asuntos y aguantó dos años antes de intentar participar", apunta el socialista Fort. 

En aquella fecha las facturas extendidas a empresas de la trama salpicaban hasta a siete concejalías de Majadahonda y la gestión del entonces alcalde, Guillermo Ortega, había enfrentado ya a un nutrido grupo de concejales, encabezados por el propio Foxá. Hasta el punto de que la gestión de Pammasa, de capital ciento por ciento municipal, escapaba del control de Ortega, según los más próximos al antiguo regidor. "Narciso de Foxá sabía que Ortega no era trigo limpio y que había que hacer algo para sacarlo del Ayuntamiento antes de que arrastrase a todos", filtra una fuente municipal. 

Factura de 1.474 euros pagada por Panmasa a Downtown Consulting para el acto de colocación de una primera piedra en Majadahonda.  

(www.elpais.com, 17/03/09)

ARGANDA NOMBRA NUEVO ALCALDE A UN 'DURO' DEL PP 

Con el salón de plenos atiborrado tomó ayer posesión de la alcaldía de Arganda (50.000 habitantes) Pablo Rodríguez Sardinero, uno de los hombres del sector más duro del PP en el Consistorio, después de que Ginés López, el ex alcalde del municipio, dimitiese al conocerse su imputación en la presunta trama de corrupción que salpica al PP. El nuevo regidor protagonizó un altercado en 2003 cuando amordazó a un joven que gritaba contra la guerra de Irak en un mitin del entonces presidente del Gobierno José María Aznar. Desde entonces se le conoce como El Mordazas. 

Los vecinos que asistieron al pleno, en su mayoría simpatizantes y militantes populares, recibieron con aplausos al nuevo alcalde. Según fuentes del PP local, cuenta con el apoyo del equipo de Esperanza Aguirre. 

Rodríguez Sardinero, primer teniente de alcalde del municipio hasta la dimisión de Ginés López, era sin embargo el número tres en las listas de su partido en las pasadas elecciones municipales, por debajo de María Pino de Juana, la segunda de López en los comicios de 2007 y actual concejal de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios. María Pino de Juana anunció su renuncia al cargo, dejando vía libre a Rodríguez Sardinero, que era además el más apoyado dentro del grupo municipal popular. 

María Pino, que inició la legislatura como responsable de Economía y Hacienda, fue destituida y nombrada concejal de Atención al Ciudadano aproximadamente una semana antes de que el juez Baltasar Garzón imputase a Ginés López. 

Cuando María Pino, la más joven de la corporación, era concejal de Hacienda se produjo la modificación de un crédito de 16 millones de euros que, según fuentes cercanas al Consistorio, se aprobó antes de tiempo de forma irregular. Dicha modificación se firmó en octubre, casi cuatro meses antes de que, el 4 de febrero, el pleno diese su aprobación definitiva. A principios de marzo, María Pino, firmante de la modificación del crédito, fue destituida como concejal de Hacienda y relegada a Atención al Ciudadano. 

El nuevo alcalde resultó elegido gracias a los 12 votos de sus compañeros de partido, pese a que la oposición, PSOE (con siete ediles) e Izquierda Unida (con dos), votaron cada uno a candidatos de sus grupos políticos. A la hora del recuento, el secretario otorgó siete votos a IU, pero corrigió el error. 

Durante el pleno también tomó posesión del acta de concejal Tomás Fernández Leganés, después de la renuncia del ex alcalde. La portavoz del PSOE local, Victoria Moreno, aprovechó para reclamar al nuevo alcalde transparencia y eficiencia en la gestión. Por su parte Libertad Martínez, de IU, reiteró en su intervención la petición de dimisión de Esperanza Aguirre como responsable de lo que está ocurriendo en el PP, salpicado por supuestas tramas de corrupción y espionaje. 

El primer acto oficial de Rodríguez Sardinero como alcalde fue la lectura de un comunicado, tras el que no consintió preguntas de los periodistas. 

(www.elpais.com, 17/03/09) 

EL MORDAZAS TOMA EL PODER 

Pablo Rodríguez Sardinero, de 39 años, es licenciado en Derecho y diplomado en Empresariales. Empezó su vida política en el Partido Popular hace 18 años como asesor jurídico en Nuevas Generaciones. Con 21 años formó parte por primera vez de la lista del PP en las elecciones municipales de 1991, pero no fue hasta cuatro años después, gracias a la victoria de los populares en las urnas, cuando se hizo con una concejalía en Arganda, Cultura, que llevó de 1995 a 1999. Entre 2003 y 2007, tras una legislatura en la oposición, fue concejal de servicios y segundo teniente de alcalde. Durante todo este tiempo su posición en las listas del PP de Arganda no dejó de ascender. En la presente legislatura ha sido concejal de educación, cultura y deporte, primer teniente de alcalde y vicesecretario del PP local.  

Sus compañeros de grupo lo definen como uno de los concejales más conservadores del PP local, y dicen de él que es "educado, trabajador y cercano". En la localidad, sin embargo, muchos lo conocen como El Mordazas después de que, en febrero de 2003, tapase la boca a un joven que gritaba "No a la guerra" durante un mitin de Aznar en Arganda del Rey. Entonces el PP se encontraba en la oposición. Rodríguez Sardinero salió del recinto acompañado por los agentes de seguridad y con la cabeza cubierta. 

Los vecinos que acudieron ayer a su nombramiento como alcalde, en su mayoría personas de entre 40 y 70 años, aplaudieron y alabaron a Rodríguez Sardinero, pero más tarde, en la calle, otros lo tildaban de "hombre oscuro" del Partido Popular. 

(www.elpais.com, 17/03/09)

TRES DE LOS CUATRO JUECES QUE VERÁN LA TRAMA DEL PP EN MADRID SON CONSERVADORES 

Tres de los cuatro jueces del Tribunal Superior de Madrid que ya investigan la trama de corrupción que afecta a cargos del PP en Madrid son conservadores. El actual presidente del Tribunal es Francisco Vieira, quien fue nombrado recientemente para este cargo por el Consejo del Poder Judicial a propuesta del grupo de vocales conservadores afines al PP. Vieira pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ha sustituido en la presidencia a Javier Casas, un magistrado que ha mantenido muy buenas relaciones con consejeros y con la propia Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid. Hasta el punto de que Aguirre estudia nombrar ahora a Casas miembro del Consejo Consultivo de Madrid (una especie de Consejo de Estado regional). 

La instrucción de la causa en el tribunal madrileño ha recaído en José Manuel Suárez Robledano, ex portavoz de la conservadora APM. Las decisiones que adopte Suárez serán revisadas, si hay recursos, por los otros tres jueces; es decir, el presidente Vieira y los magistrados Antonio Pedreira, considerado progresista, y Emilio Fernández Castro, adscrito a esta sala y hermano de uno de los implicados en el caso Guateque. 

En Valencia, a cuyo Tribunal Superior el juez Garzón ha enviado las diligencias que afectan a aforados de esa Comunidad, la Sala Penal la preside Juan Luis de la Rúa. Francisco Camps, presidente de la Generalitat y uno de los implicados, ha hecho ostentación pública de su amistad con él. José Flors, Carlos Climent, Juan Montero y José Francisco Ceres son los otros jueces que componen la sala. La adscripción ideológica está más dividida. Hay un juez moderado, otro progresista y otro muy conservador. 

(www.elpais.com, 17/03/09) 

EL CONSERVADOR VIEIRA SERÁ EL PONENTE EN LA SALA QUE DECIDIRÁ SI EL TSJM ASUME LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, será el ponente del auto ante la sala que decidirá si es este tribunal es competente para investigar la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa, una vez que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibió al haber indicios de responsabilidad penal en cinco aforados de Madrid y Valencia. 

Como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha recibido la parte del sumario de Garzón, ahora se ha trasladado la causa a la Fiscalía para que informe si este tribunal es competente o no. Una vez elaborado el informe, la Sala se reunirá con Vieira como ponente y se redactará un nuevo auto en el que se establecerá si el TSJM asume o no lo competencias. 

Vieira ha sido nombrado recientemente para presidir el TSJM por el Consejo del Poder Judicial tras la propuesta de grupo de vocales conservadores. El magistrado está adscrito Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ha sustituido en la presidencia a Javier Casas, cercano a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. 

Normas de reparto

La Sala de lo Civil y Penal está formada por los magistrados Vieira, Emilio Fernández Castro, Antonio Pedrería y José Manuel Suárez Robledano. Según el TSJM, el nombramiento del presidente del TSJM como ponente se ha producido conforme al cumplimiento estricto de las normas de reparto. 

Se trata del primer paso dado por el TSJM en el caso Gürtel después de que ayer recibiera las cinco cajas de documentación remitidas el pasado viernes por el juez de la Audiencia Nacional. El envío se produjo ocho días después de que Garzón anunciara su decisión de inhibirse de la causa a favor del TSJM y el TSJ de Valencia. El procedimiento permanece bajo secreto sumarial. 

(www.elpais.com, 17/03/09)

Ballarín pierde los nervios al ser preguntado por la implicación de su asesor Nombela en la trama Gürtel

Aunque el PP insiste en desvincularse de la Operación Gürtel y se escuda en la presunción de inocencia de los cargos de su partido que están implicados en la trama corrupta, lo cierto es que las preguntas sobre el caso parece que ponen nerviosos a los dirigentes del partido. Así lo pudieron comprobar quienes asistieron a la sesión ordinaria del pleno de la Junta del Distrito de Moncloa-Aravaca: uno de los asesores personales del presidente de la junta del barrio madrileño, José Javier Nombela, apareció vinculado a la trama y, al preguntar los socialistas por esta acusación el presidente, Álvaro Ballarín, perdió los nervios y se limitó a acusa al PSOE de llevar “diez años robando”.

Con evidentes signos de nerviosismo y totalmente a la defensiva contestó Álvaro Ballarín, presidente de la Junta del Distrito de Moncloa-Aravaca, al portavoz del Grupo Socialista en este organismo, Pedro Santín, quien pedía explicaciones sobre la vinculación de José Javier Nombela con la trama de la Operación Gürtel. Nombela, asesor personal de Ballarín desde 2007, había trabajado hasta 2006 para varias de las empresas implicadas en la trama, y fue cesado por Alberto Ruiz Gallardón dos días después de que se celebrase el pleno.

"Diez años robando"
En un tono muy exaltado, Ballarín aseguró que Nombela había tenido un trabajo “impecable” y una gestión “inmejorable”. Su tono de nerviosismo llevó al portavoz socialista a preguntarse “qué está protegiendo” y “qué está ocultando” el grupo Popular en lo relativo a esta trama, lo que exaltó aún más al concejal presidente. En su turno de réplica, Ballarín se limitó a insistir en que “en la época del PSOE estuvieron diez años robando”.

Reafirmando sus palabras
Hasta en media docena de ocasiones reiteró esta afirmación el concejal presidente, que se negó a retirar la acusación tal y como le pedía Santín. “No solamente no lo retiro, sino que reafirmo”, destacó, y advirtió al portavoz socialista que su intervención había sido “absolutamente de desconocimiento, absolutamente antidemocrática, y absolutamente reprobable”.

"El PSOE es igual a corrupción"
“El Partido Socialista es igual a corrupción (…) no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de hablar de corrupción a ustedes”, insistió, y reiteró que la intervención del Grupo Socialista en el pleno había sido “absolutamente antidemocrática, impresentable”. “Si hay un partido que es igual a la corrupción, ese es el PSOE, nos tienen que dar ustedes muchas lecciones en corrupción porque en eso, igual que en el paro, son mucho mejores que nosotros”.

"Pasará mucho tiempo"
“Pasará mucho tiempo para que ustedes puedan hablar de corrupción al PP y me reafirmo de arriba abajo en todo lo que he dicho”, añadió de manera exaltada antes de cerrar la intervención y pasar al siguiente punto del orden del día.

EL PP APLICA EL DOBLE RASERO PARA DESVINCULAR A MATO DE SU MARIDO 

El PP tiene una doble vara de medir. El pasado viernes todo el partido cerró filas para desvincular a su vicesecretaria de Organización, Ana Mato, de la trama de corrupción que afecta a su ex marido y ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, imputado por el juez Garzón en el caso Gürtel. "Ha pasado ya tiempo desde que las mujeres somos independientes de nuestros maridos. Lo que hace un marido no arrastra a la mujer, gracias a Dios", dijo entonces la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El líder del PP de Andalucía, Javier Arenas, y también el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons se apresuraron a defenderla. 

Pero los conservadores olvidan que su partido recusó a la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, porque su esposo, el profesor Jesús Leguina Villa, había elaborado por encargo de la Generalitat un dictamen que sirvió de base para redactar el Estatut de Catalunya.  

Ocurrió el 2 de noviembre de 2006. El partido de Mariano Rajoy lo hizo para que Casas no interviniera en la decisión que tuviera que adoptar el alto tribunal sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el principal partido de la oposición contra la reforma estatutaria. Para lograr ese objetivo, al PP no le pareció mal destacar el vínculo matrimonial y menos aún hacer responsable a Casas de la actividad de su cónyuge. Pero no se salió con la suya. El Pleno del TC rechazó por unanimidad la recusación. La decisión fue adoptada por 9 de los 12 magistrados que lo integran, ya que en la deliberación y votación no participaron ni Casas ni los otros dos vocales recusados, Pablo Pérez Tremps y Roberto García Calvo.  

En el PP prefieren no entrar a comparar situaciones. Y eso que no es la primera vez que se enfrentan a una contradicción. Como recordó hace unos días este diario, los conservadores también desataron una cacería verbal en junio de 2008 contra la presidenta del TC por una conversación telefónica que ésta mantuvo con una abogada investigada por el asesinato de su marido. Casas, que le dio unos consejos, desconocía esta circunstancia.  

El Supremo no vio delito alguno en este asunto. Pero Rajoy exigió explicaciones "cumplidas e inmediatas" y afirmó que ese capítulo "afectaba al crédito" de la institución. Aquello contrasta ahora con el silencio que la dirección del PP mantiene sobre los dos encuentros que, según desveló Público, hubo entre el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), Fernando de Rosa y el presidenete de la Comunidad Valenciana. El asesoramiento en este caso no ha levantado ninguna autocrítica.

Hoy los focos volverán a centrarse sobre Mato porque en la Junta Directiva Nacional del PP será designada coordinadora de la campaña de las europeas. Cuando la semana pasada El Mundo publicó que Francisco Correa regaló un Jaguar valorado en más de 52.000 euros a Sepúlveda, la número tres del partido se vio en un gran apuro. El PSOE reclamó una explicación y Mato se limitó a decir que no tenía constancia de "nada" sobre el automóvil. Su ahora ex marido lanzó un comunicado para desmentir la información y explicó que en diciembre de 1999 le dio un BMW suyo a Correa y le abonó la diferencia entre ambos vehículos. 

Hay varios dirigentes del PP que piensan que a Rajoy le quieren hacer "daño" atacando a alguien de su equipo y de su absoluta confianza. Y con Mato le buscan las cosquillas. No sólo por su marido. En la época de la que se está hablando ella era la coordinadora de Participación y Acción Sectorial. Y su mano derecha era Francisco Camps.  

(www.publico.es, 15/03/09)

Bosch se niega a dimitir en Boadilla para recibir una indemnización

Alfonso Bosch Tejedor, diputado regional implicado en la Operación Gürtel y gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivivienda (EMSV) de Boadilla del Monte –un feudo de la presunta trama corrupta vinculada al PP- se niega a renunciar a esta entidad pública, a pesar de que el mismo alcalde Juan Siguero ha ordenado su cese. Fuentes cercanas a El Plural apuntan a que Bosch se ha negado a dimitir, por lo que el consejo extraordinario que se iba a convocar para que presentase el cese no ha sido celebrado. Bosch no ha dimitido porque si es despedido cobraría una indemnización. Sí ha presentado su renuncia, no obstante, el ex concejal José Galeote, también implicado en el caso Gürtel. Con esta renuncia ya son tres los altos cargos dimitidos en Boadilla: el ex regidor Arturo González Panero, el ex vicepresidente y de la EMSV y alcalde a la sombra, Martín Morales, y el mencionado Galeote.

• El nuevo alcalde de Boadilla destituirá a Alfonso Bosch y José Galeote por el caso Gürtel

• Otro de los diputados de Aguirre, Alfonso Bosch, mencionado por Correa en relación con la presunta...

• Los fantasmas rondan la Asamblea de Madrid

El pasado nueve de marzo, el nuevo alcalde Siguero, ordenó la destitución de Bosch y de Galeote de sus cargos frente a la EMSV por su implicación en el auto del juez Baltasar Garzón. Su decisión se haría efectiva “a lo largo de la semana. Previsiblemente el jueves o el viernes”.  Sin embargo, la negativa de Bosch a marcharse no deja de recordar a la situación vivida con la dimisión en falso de Arturo González Panero, ex alcalde de la localidad, cuya renuncia fue anunciada por Rajoy y desmentida por él poco después, dejando al líder del PP en entredicho.

Buscando una indemnización
Hoy finalmente se ha celebrado el consejo, y aunque Galeote ha hecho efectiva su renuncia, Bosch se aferra a su silla. El motivo de esta obcecación sería, según fuentes de El Plural, forzar un cese que le reporte una indemnización. Casualmente, Galeote ha presentado su renuncia el mismo día en que su hijo, Ricardo Galeote, entregaba su acta de concejal en Estepona.

El perfil de Bosch
Bosch “tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado” en Boadilla, según el auto de Garzón. Es diputado regional y gerente de la EMSV desde 2002, y durante su gestión adjudicó a la trama contratos como el de gestión de la Oficina municipal de Atención al Ciudadano, un acuerdo por 14 años con un pago de 506.000 anuales. El parlamentario, además, se autoinculpó al reconocer “en las intervenciones telefónicas que está detrás de todo el tinglado” en el municipio, refiriéndose “a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios”.

Y el de Galeote
En cuanto al ex concejal Galeote, la investigación judicial apunta a que recibió 612.506 euros en comisiones durante su etapa parlamentaria (1995-2003). El dimitido consejero de la EMSV fue otro de los hombres de confianza del ex alcalde González Panero, y su renuncia es la tercera de un alto cargo en Boadilla tras la del mismo ex regidor y su hombre fuerte de urbanismo y ex vicepresidente de la citada empresa de suelo, Martín Morales.

www.elplural.com 13.03.09

CORREA REGALÓ UN JAGUAR AL SECRETARIO ELECTORAL DEL PP

Francisco Correa, principal implicado en el caso Gürtel, regaló en diciembre de 1999 un Jaguar a Jesús Sepúlveda cuando éste era senador del PP por Murcia, se encontraba casado con Ana Mato y era un hombre de confianza del entonces presidente, José María Aznar, hasta el punto de que era secretario nacional del Area Electoral. EL MUNDO tiene los documentos que acreditan que Correa pagó, el 17 de diciembre de 1999, 8.663.700 pesetas a un concesionario de la marca británica de coches de lujo y que cinco días más tarde ese vehículo fue matriculado a nombre de Jesús Sepúlveda.  

Jesús Sepúlveda fue alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en representación del PP hasta el viernes pasado, cuando presentó su dimisión tras haber sido imputado por el juez Baltasar Garzón en el caso Gürtel. Precisamente ayer, el popular Gonzalo Aguado fue elegido primer edil de ese Ayuntamiento, del que Sepúlveda sigue siendo concejal.  

Garzón mantiene que Jesús Sepúlveda recibió, entre enero de 2002 y mayo de 2008, un total de 442.992 euros de la trama de Francisco Correa y un vehículo de la marca Range Rover. Este sería el segundo automóvil que Correa facilitó gratis total a Sepúlveda desde el año 1999.  

Francisco Correa Sánchez (F. C. S.) y su empresa Travel Group pagaron el 17 de diciembre de 1999 a la sociedad madrileña Auto Capital 8.663.700 pesetas por un vehículo de la marca Jaguar, modelo S.Type 4.0 V8 con el número de chasis 46575.  

Ese vehículo, con idéntico número de chasis, fue matriculado cinco días después, el 22 de diciembre de 1999, en la Jefatura de Tráfico de Madrid por un ciudadano que tiene por número de DNI el mismo que el ex alcalde de Pozuelo y ex senador del PP Jesús Sepúlveda Recio.  

Los 8.666.700 pesetas (52.190 euros) fueron desembolsados a Auto Capital, concesionario de la marca Jaguar en Madrid, mediante un talón al portador del Banco Santander -sucursal de la calle de Velázquez, 89- contra una cuenta corriente cuyos últimos tres números son 215.  

Esa documentación no está incorporada a las Diligencias Previas 275/2008 que abrió Garzón contra Jesús Sepúlveda y otros. Tanto el talón bancario como la factura no fueron detectados por la Udef (Unidad de Delitos Económicos y Financieros), departamento policial que ha llevado a cabo la investigación contra la trama de Correa y sus socios dentro de la operación Gürtel.  

En la actualidad los agentes de la Udef, según ha podido saber este periódico, se encuentran analizando un lápiz de memoria que llevaba José Luis Izquierdo, el contable de la trama de Correa, en el bolsillo de su pantalón cuando fue detenido. En ese dispositivo de almacenamiento digital está toda la contabilidad B de las empresas de Correa desde el año 2003 al 2008. Los expertos policiales que están chequeando esa información se han encontrado con varias anotaciones en las que figuran las iniciales «L. B.» y, junto a ellas, cifras muy importantes.  

José Luis Izquierdo, en libertad pero imputado en el caso Gürtel, ya ha declarado ante Garzón en dos ocasiones, el 12 y 18 de febrero.La Policía está convencida de que conoce y tiene documentados todos los pagos realizados por Correa y sus socios a diferentes cargos del PP.  

Sepúlveda, tal como ha podido confirmar EL MUNDO a través de la ficha del vehículo en la Jefatura de Tráfico, matriculó el Jaguar regalado por Francisco Correa y su organización el 22 de diciembre de 1999 y se desprendió del mismo tres años después, el 25 de enero de 2002.  

El magistrado Garzón hace referencia en su auto judicial del pasado día 5 a otro vehículo que Jesús Sepúlveda utiliza desde abril de 2004. Se trata de un Range Rover, modelo Vogue 4.4 V8, que el ex alcalde y ex senador del PP obtuvo mediante la fórmula de renting con la empresa ALD Automotive de Madrid. El juez da a entender que ese vehículo de Sepúlveda fue facilitado al ex senador del PP por Francisco Correa.  

EL MUNDO se puso ayer en contacto con Jesús Sepúlveda para que explicara cómo se produjo la transacción del Jaguar entre Francisco Correa y él. El ex alcalde de Pozuelo pidió tiempo para poder aclararlo, pero al cierre de esta edición aún no había respuesta.  

Estuvo en la Ejecutiva y se encargó de los actos electorales

Jesús Sepúlveda y Francisco Correa se conocieron en Madrid, en la sede central del PP. El primero, junto con la que entonces era su mujer, Ana Mato, se encargaba del área electoral de su partido, y el segundo ya hacía tiempo que trabajaba para el PP en la organización de eventos, fiestas y campañas electorales.Todo eso fue antes del año 1999. En diciembre de ese mismo año, Correa tuvo la deferencia de regalarle a Sepúlveda un flamante vehículo Jaguar de ocho cilindros y 281 caballos, que según el mercado automovilístico de aquel momento estaba valorado en 52.190 euros.  

En aquella época, 1999, Sepúlveda era senador por Murcia y tenía un cargo de peso en el partido: era secretario nacional del Area Electoral y miembro de la Ejecutiva. Por ése y otros motivos, Correa y Sepúlveda congeniaron y se prestaron ayudas mutuas.  

Castilla y León  

Jesús Sepúlveda y la que fuera su mujer, Ana Mato, han hecho la mayor parte de su carrera política al lado del ex presidente del Gobierno José María Aznar. En la actualidad, Ana Mato es diputada en el Congreso, vicesecretaria general de Organización del PP y responsable de sus campañas electorales. Y Sepúlveda fue alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) hasta el pasado viernes.Con anterioridad, ostentó el cargo de senador por Murcia entre 1993 y el 2003.  

Sepúlveda, junto a su ex mujer, se marchó a Valladolid en 1987, cuando José María Aznar y el PP ganaron las elecciones en Castilla y León. El ejerció como gerente del partido en esa comunidad autónoma y ella se convirtió en la jefa de Gabinete del presidente de la Junta.  

Según publicó Lucía Méndez el pasado domingo en EL MUNDO, Jesús Sepúlveda era «el ejemplo de hombre de confianza, colaborador leal y amigo de la familia» Aznar.  

Se da la circunstancia de que Sepúlveda y Francisco Correa abandonaron el PP a nivel nacional el mismo año, en 2003. 

(www.elmundo.es, 12/032/09)

CORREA: "DILE A SEPÚLVEDA QUE ME DEBE UN RANGE ROVER" 

La SER ha tenido acceso a nuevas grabaciones del 'caso Correa' en las que el líder de la presunta trama corrupta asegura que ha regalado coches de lujo y viajes al que fuera secretario electoral del PP cuando Javier Arenas era secretario general, Jesús Sepúlveda, a cambio de obras del ayuntamiento que dirigía, el de Pozuelo de Alarcón. 

La grabación corresponde a diciembre de 2006 y en ella Correa cuenta a sus socios los regalos que ha hecho al dimitido e imputado alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. El presunto líder de la trama investigada por el juez Garzón asegura en esta grabación que Sepúlveda (ex marido de Ana Mato) se comprometió a adjudicar una obra a Correa a cambio de regalos de lujo como coches de alta gama y viajes. "le dije a Bárcenas (tesorero del PP): dile a tu amigo Sepúlveda que me debe el Range Rover, 14 millones, me iba dar una obrita o algo, (me debe) 14 millones así como todos lo viajes de los dos últimos años, buah, me despaché " dice Correa en las grabaciones. 

Sepúlveda, que fue secretario electoral del PP con José María Aznar cobró presuntamente según los autos de Garzón, más de 400.000 euros en pagos de las empresas de de Correa. Según Garzón fue Sepúlveda quien en la época de Aznar introdujo a Correa como organizador principal de los actos del PP. 

(www.cadenaser.com, 12/032/09)

DE ASESOR DE CASCOS A ALCALDE DE POZUELO 

Gonzalo Aguado, de 55 años, sustituye desde ayer a Jesús Sepúlveda como alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.000 habitantes). Recibió el apoyo de los 19 ediles del PP del municipio, frente a los seis del PSOE. Los concejales populares hicieron piña con el nuevo alcalde, pese a que la víspera algunos expresaron su preferencia por otro candidato. 

Aguado cubre el hueco dejado por Sepúlveda, que dimitió el lunes tras conocerse que está imputado en el caso Gürtel. Cobró más de 400.000 euros en comisiones, según el auto judicial. 

La sucesión de Sepúlveda estuvo a punto de crear otro problema al partido. Primero porque el ex alcalde no piensa entregar el acta de concejal. Pero, además, hasta ayer por la mañana no hubo un acuerdo total sobre quién tenía que ser el nuevo regidor. 

Un sector del partido, encabezado por Gádor Ongil, que tutela la agrupación local desde la renuncia de Sepúlveda, y por su entorno, se inclinaba por Félix Alba, el tercero de la lista. Un candidato menos vinculado al anterior alcalde y más sustituible con vistas a unas futuras elecciones municipales, donde se intentaría colocar a otro candidato al gusto del aparato del partido regional, según revelan fuentes cercanas a la dirección madrileña del PP. 

Gonzalo Aguado, sin embargo, estaría más legitimado para el cargo, pues era el número dos de la lista. Contaba, además, con el apoyo de los próximos a Sepúlveda, quien podría utilizarle para seguir mandando en la sombra. Aguado, en todo caso, tiene el respaldo del partido nacional, según fuentes del PP. No en vano fue asesor durante cinco años de Francisco Álvarez-Cascos. La relación que mantuvo con el ex vicepresidente del Gobierno entre 1996 y 2001 habría sido determinante para decantar la balanza hacia el lado de su candidatura, según mantienen fuentes cercanas a la dirección regional del partido. 

Por si acaso, Gádor Ongil sondeó el martes a todos los concejales. Por una escasa mayoría, el ya alcalde del municipio recabó más apoyos que Alba.El ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, considera que es "víctima de un procedimiento político". Durante su primera intervención pública tras conocerse su imputación en la supuesta trama de corrupción, el ex alcalde proclamó en el pleno municipal donde se tenía que elegir a su sucesor: "Los hechos que se me imputan nada tienen que ver con este Ayuntamiento. [...] Me voy por imputaciones falsas que se refieren a mi anterior etapa política, en absoluto vinculada a Pozuelo y su Ayuntamiento". 

El pleno fue tosco y repleto de interrupciones de un público que se hizo notar. Decenas de cargos de confianza, asesores municipales y vecinos del pueblo llenaron el salón de plenos. Jalearon y aplaudieron fervientemente durante las intervenciones de Sepúlveda y Aguado e interrumpieron con gritos durante la intervención de la portavoz socialista, Eva Izquierdo. Un grupo de mujeres que rondaban los 60 se dedicó a vociferar contra Izquierdo. "Es falso, mentirosa...", espetaba airada una señora mientras la portavoz socialista proclamaba que Pozuelo no se merece tener un concejal imputado. Izquierdo presentó su candidatura a la alcaldía, que no fue refrendada porque su grupo está en minoría. Tras el pleno, al menos dos cargos próximos al PP se excusaron ante la portavoz socialista por el comportamiento del público. 

El nuevo alcalde, Gonzalo Aguado, salió exultante del salón de plenos. Hasta ayer ocupaba el cargo de primer teniente de alcalde y responsable de urbanismo municipal. Comenzó su andadura política en 1991, cuando trabajó en la vicesecretaría general de Organización del PP, tras pegar el cerrojazo a su despacho de arquitectura. 

Entre 1996 y 2000 fue asesor del ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos. Durante los siguientes años fue miembro de la dirección regional del PP madrileño. En 2003 recala en el Ayuntamiento de Pozuelo como tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio. 

(www.elpais.com, 12/032/09)

El nuevo alcalde de Pozuelo defendió la adjudicación de la escuela municipal del golf al peluquero de Aznar

El ex regidor de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, formalizó este miércoles su dimisión tras ser imputado en la trama de corrupción vinculada al Partido Popular de Madrid. Acto seguido, Gonzalo Aguado tomó posesión del cargo de alcalde. Hasta ahora, Aguado había ocupado el cargo de primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda de Pozuelo.

• Aznar, todo un golfista

Fue precisamente como concejal de Urbanismo cuando Gonzalo Aguado defendió ante la prensa la adjudicación de la escuela municipal de golf de Pozuelo a Pedro Iván Romero, antiguo peluquero de José María Aznar. "La adjudicación se ha otorgado a la sociedad que ha presentado la mejor oferta, de acuerdo con todas las exigendcias del pliego de condiciones" afirmó Aguado en enero de 2005 con el fin de demostrar que el proceso contó "con todas las garantías legales".

Peluquero Aznar
En concreto, la polémica adjudicación consistía en la construcción y gestión por 50 años de la Escuela Municipal de Golf a la empresa Play Golf Gestión, SA, entre cuyos socios figura el ex peluquero de Aznar y algunos miembros de su familia.

Visto bueno
El PSOE denunció que el encargado de dar el visto bueno al informe económico que avalaba la adjudicación fue Leopoldo Gómez Gutiérrez, inmerso en un proceso judicial por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas para el funcionario público.

Más sospechas
Los socialistas también discrepaban de la forma de pago del canon al municipio. “Play Golf Gestión es la única empresa que ha ofrecido pagar durante 17 años menos dinero, para luego ir aumentando la cuota. Y ésa no parece la fórmula más adecuada”, indicó a El País Eva Izquierdo, portavoz del PSOE en la localidad.

Llegar y besar el santo
Asimismo, el hecho de que Play Golf Gestión fuese fundada apenas un año antes de la licitación de la escuela de golf con un capital de 64.000 euros, también levantó muchas sospechas.

Puesta de largo
En realidad, a nadie se le pasó por alto que Pedro Iván Romero pasara de ser el peluquero del líder de la oposición en 1995, a emprender una exitosa carrera inmobiliara en el año 2000. Sin duda, la adjudicación de esta escuela de Golf en la localidad donde reside la familia Aznar fue su puesta de largo en el mundo de los negocios. "El peluquero de Aznar se pasa al sector inmobiliario", resumió El Mundo.



Pasión por los campos de Golf
Por otra parte, la afición de José María Aznar al golf nunca ha sido un secreto. Él mismo reconocia su pasión en julio de 2007 en la revista Golf Internacional. En esta entrevista, Aznar también defendió la construcciones de los campos de golf porque son “una fuente de riqueza, de puestos de trabajo y ofrecen grandes posibilidades de crecimiento económico para muchas zonas como ha quedado demostrado en regiones tales como Arizona, Florida o California”.

Otra enamorada
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es otra enamorada del golf. “Los fines de semana, siempre que puedo, juego al golf (…) Es mi deporte favorito, que siempre lo practico compitiendo con amigos”, reconoció en julio de 2006 en la revista Deportistas.

www.elplural.com 12.03.09

CORREA: "ME VOY A CALZAR A BELTRÁN" 

Nuevas grabaciones sobre la trama de corrpución que afecta al PP de Madrid y Valencia. La SER ha tenido acceso a nuevas cintas en las que el presunto líder de la trama, Francisco Correa, acusa al gerente del PP de Esperanza Aguirre de exigirle comisiones por los trabajos que las empresas de Correa hacían para el Partido Popular en Madrid. 

La conversación de Correa con sus socios, que forma parte de las grabaciones del sumario del caso Gürtel, se produce en Febrero de 2006. Es entonces cuando Correa denuncia al PP de Madrid por impago. Según Correa, el PP que preside Esperanza Aguirre le adeudaba miles de euros por actos y convenciones. Correa comenta a sus socios que le han llamado de Génova para cerrar una reunión para solucionar el tema de la deuda. 

La reunión se celebró, pocas semanas después, y Correa cobró lo que el PP de Aguirre le debía. El hombre "de Esperanza" al que alude Correa y que asistió a la reunión es Salvador Victoria, secretario general del Consejo de Gobiermno de la Comunidad de Madrid y miembro del PP regional. Aguirre no cumplió lo que esperaba Correa y no cesó a Beltrán Gutiérrez que continúa siendo gerente del PP madrileño y consejero en Caja Madrid. 

El PP asegura que Correa miente

Desde el PP de Madrid se insiste en que lo dicho por Correa es falso, y que el pago se retrasó por que las facturas emitadas por las empresas de la red recogían cantidades anómalas y correspondian en muchos casos a actos locales y no regionales. El PP asegurá que los 60.000 que se debian a Correa fueron abonados en tres pagos ese mismo año . 

Transcripción de la conversación de Correa

"Sabéis que han llamado de Génova para pactar lo de la deuda y me voy a calzar a Beltrán porque va a haber un tío en la reunión que es un hombre de confianza de Esperanza y... y yo le voy a contar todo... que todo esto es porque me pidió comisión y al negarle la comisión me dijo: 'pues sí tu no me pagas comisión te voy a joder el dinero que me corresponde. Me corresponden 10 o 12 millones... pues te voy a dejar de pagar facturas'... y como no he querido dar una peseta de comisión... no me ha querido pagar y Esperanza lo va a echar..." 

(www.cadenaser.com, 11/032/09)

DOS BANDOS DEL PP SE DISPUTAN LA ALCALDÍA EN POZUELO 

El PP no quiere juegos en Pozuelo. Jesús Sepúlveda, ex regidor del municipio, ha tardado tres días en hacer oficial su dimisión tras conocerse que estaba imputado en el caso Gürtel. Se ha hecho el remolón y no ha abandonado la alcaldía hasta el pasado lunes, tres días después de anunciarlo, el pasado viernes. Además, mantiene el acta de concejal y sigue manejando de hecho el Ayuntamiento. El pleno municipal se reúne hoy para nombrar a su sustituto. 

La dirección regional del partido quiere evitar escenas como las que se vivieron hace dos semanas en Boadilla tras la dimisión del ex alcalde, Arturo González Panero, que está imputado en la trama de corrupción. Entonces hubo dificultades para nombrar un primer edil de consenso. La candidata señalada por el partido fue ninguneada por la mayoría de los concejales del municipio, que escogieron a su propio aspirante. 

Por eso, la diputada Gádor Ongil, designada por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, para tutelar la sucesión en Pozuelo pasó ayer buena parte del día en el Consistorio. Sondeó a cada uno de los 18 concejales populares para recoger sus preferencias y recabó su opinión sobre el candidato propuesto por la dirección regional, el número tres de la lista, Félix Alba Núñez, según fuentes de la dirección del partido. La conclusión no fue determinante. Una mayoría escasa defiende que el primer teniente de alcalde y número dos de la lista electoral, Gonzalo Aguado, sea el que se haga con las riendas del Gobierno local. Ongil apaciguó los ánimos de los más críticos, que consideran que la dirección del PP ha ido demasiado lejos al cortar cabezas sin apenas preguntar. El auto del juez Garzón revela que Sepúlveda cobró 422.992 euros en comisiones. 

Por su parte, la portavoz del PSOE, Eva Izquierdo, anunció ayer que presentará su candidatura a la alcaldía en el pleno municipal de hoy. Los socialistas cuentan con seis concejales y están lejos de poder decidir el nombre del alcalde, pero confían en la disensión interna en el PP. Izquierdo reclamó a Sepúlveda que entregue el acta de concejal que ha conservado. "Si uno no es honesto para ser alcalde tampoco lo es para representar a los ciudadanos como edil", sentenció la portavoz socialista. 

(www.elpais.com, 11/032/09)

CORREA FACTURÓ ACTOS PARA AGUIRRE TRAS RETIRAR UNA DENUNCIA 

La red corrupta que dirigía Francisco Correa mantuvo estrechas relaciones con el Gobierno de Esperanza Aguirre con posterioridad a 2004, cuando supuestamente fue vetada por la presidenta regional por órdenes del PP nacional. Pablo Crespo, uno de los jefes de la red, exigió en 2006 a un alto cargo del Gobierno madrileño el pago de deudas electorales del PP de Madrid. Incluso presentó una denuncia por impago contra Francisco Granados, secretario general del PP en la región, y que acabó retirando por temor a perder contratos de la Comunidad de Madrid.  

Aguirre nunca explicó públicamente el cese de su consejero de Deportes, Alberto López Viejo -acusado después por Garzón de cobro de sobornos-, pero filtró que había seguido contratando a la trama a sus espaldas desde 2004, cuando se destaparon irregularidades sobre Correa. A juzgar por los datos aportados a Garzón, López Viejo le ocultó que facturó al grupo del empresario investigado por el juez 3,2 millones de euros, más cinco millones de contrataciones irregulares que dejó pendientes de pago, y que en parte recaerían en empresas tapadera de la red. 

Pero hay varios hechos que impiden creer que Aguirre ignoraba que su Gobierno seguía contratando con la trama de Correa con posterioridad a 2004. Cargos de su gabinete y de su protocolo siguieron llamando con posterioridad a 2004 a Easy Concept con ocasión de cada acto institucional que les contrató López Viejo, fuera cual fuera la empresa escogida para facturarlo, según confirman testigos de dichas gestiones. Tales llamadas de miembros del equipo de Aguirre tenían un sencillo fin: la presidenta quería saber de primera mano el color escogido para el fondo del escenario del acto institucional para  adecuar su vestimenta con un tono que combinara bien. Las llamadas se sucedieron de 2004 a 2007. 

Además, la presidenta madrileña tenía más vías para saber que su Gobierno seguía contratando a Correa tras su supuesto veto. Por ejemplo, antes de cerrar cada acto institucional que organizaba la trama, el jefe de gabinete de la consejería responsable del evento contactaba con la empresa de Correa concernida, según testigos. Debatían lemas, logos y otros detalles del acto. Y, además, Pedro Rodríguez Pendas, adscrito a Presidencia, coordinaba todo lo relativo al acto con la consejería pertinente, la empresa de Correa y, de haberlo, con el patrocinador. Por tanto, existían múltiples vías para que Aguirre supiera la reiterada contratación de las mismas empresas que forman parte de la red corrupta, la repetición de las mismas directivas de Correa para negociar los actos y la coincidencia de direcciones y teléfonos para ultimar detalles. 

Hay otro elemento que prueba que Aguirre distaba de haber cortado sus relaciones con la trama después de 2004. Según una grabación que obra en poder de este diario, en mayo de 2006, Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego e imputado como uno de los jefes de la trama, relata en una reunión celebrada en su oficina de la madrileña calle de Serrano que tiene dos frentes abiertos para cobrar una deuda que rondaba los 48.000 euros por actos electorales realizados para el PP de Madrid. Por un lado, había presentado una denuncia contra Francisco Granados, secretario general del partido en Madrid, por dicho presunto impago. Y, por otro, informaba a sus empleados de que "el otro día" llamó a Salvador Victoria, secretario del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Explicó que le detalló que le habían pagado ya parte de la deuda, unos 20.000 euros, pero que aún quedaba pendiente una suma similar. Días más tarde, Crespo llamó a sus subordinados de la trama y les informó de que el resto del dinero se había pagado ya. 

El juicio contra el PP por la deuda electoral con Correa nunca se celebró. Y la trama, aparentemente, cobró. Hubo personas dentro de la red que criticaron la demanda judicial por entender que perjudicaría futuras adjudicaciones del Gobierno de Aguirre. "Nos va a traer problemas. Hay que retirar la demanda. Hay que ceder para poder seguir", proclaman en las reuniones grabadas varios miembros de la red encargados de captar contratos del Gobierno madrileño. 

Del reparto de pagos para actos institucionales en favor de la trama no se libró ni siquiera la Consejería de Presidencia. Sólo entre 2004 y 2007, dicho departamento facturó a la trama casi 220.000 euros, según documentación en poder de este diario. El informe elevado a Garzón supera tal cifra. Entre los múltiples actos abonados por dicha consejería figura uno de 2004 de homenaje a las víctimas del 11-M, adjudicado a Easy Concept.  

Fue troceado en nueve contratos en favor de la misma empresa y por un mismo acto para burlar la ley de contratos de administraciones públicas. Ninguno de los nueve contratos alcanzaba los 12.000 euros, lo que habría exigido su adjudicación por concurso. Los contratos alcanzaban montos de hasta 11.999 euros. Por un euro no era ilegal su adjudicación a dedo. 

Pero cuando se ve al completo el trabajo facturado y difuminado, se hace evidente el truco: por un lado, se abonan los elementos del sonido; por otro, la iluminación de la tarima y la toma de vídeo; en tercer lugar, las escaleras del escenario; luego, el escenario del coro; una factura más para la lona con el rótulo "gracias a todos" y así sucesivamente se emiten facturas distintas por el nombre de los afectados, el vídeo conmemorativo, las flores y la moqueta y, por último, las sillas. Un solo acto, una misma empresa, nueve contratos. El coste total superó los 95.000 euros. 

(www.elperiodico.com, 10/032/09)

EL ALCALDE DE BOADILLA ANUNCIA EL CESE DE DOS IMPLICADOS POR GARZÓN 

Boadilla del Monte (Madrid) ha padecido los excesos de la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Garzón. El nuevo alcalde del municipio, Juan Siguero, anunció ayer que destituirá al diputado regional Alfonso Bosch y al ex concejal José Galeote de sus cargos al frente de la Empresa municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla (EMSV). Ambos están implicados en la Operación Gürtel. Un portavoz municipal confirmó ayer que el regidor adoptará la decisión "a lo largo de la semana. Previsiblemente, el jueves o el viernes", precisó. 

Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa [supuesto cabecilla de la trama corrupta] ha realizado en dicho municipio", según el auto de inhibición de Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que decidir sobre la imputación de Bosch por ser diputado regional. Además, es gerente de la EMSV de Boadilla desde 1995. Durante este periodo adjudicó a la empresa Easy Concept (una de las de Correa) la gestión de la Oficina municipal de Atención al Ciudadano por un importe de 506.000 euros anuales en un contrato por 14 años. 

El auto explica cómo Bosch se autoinculpó: "Reconoce en las intervenciones telefónicas que él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla, refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación". El diputado regional intermedió para lograr la adjudicación a Constructora Hispánica de la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla por 29,6 millones. 

Por su parte, Galeote, consejero de la EMSV, recibió 612.506 euros en comisiones mientras fue concejal (1995-2003), según la investigación judicial. Galeote fue hombre de confianza del ex alcalde, Arturo González Panero, también imputado, y primer cargo público en dimitir tras conocerse su implicación en la trama. 

Cuando se formalice la destitución de Bosch y Galeote serán cuatro los cargos políticos que hayan abandonado sus puestos en el Ayuntamiento de Boadilla. El pasado viernes dimitió el vicepresidente de la EMSV, Tomás Martín Morales, quien recibió tres entregas de dinero por un total de 660.000 euros en una cuenta de dinero negro hallada en la sede de una de las empresas del caso Gürtel. La Policía Judicial acudió ayer al consistorio para recabar contratos de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. 

(www.elperiodico.com, 10/03/09)

Y CONSULTABAN A AGUIRRE DATOS COMO EL COLOR DE LOS ESCENARIOS, PARA QUE FUERA VESTIDA EN CONSONANCIA 

Aunque en 2004 la dirección nacional del PP dio orden de no continuar firmando contratos con la red de empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la Operación Gürtel, la Comunidad de Madrid continuó haciendo adjudicaciones al empresario, que incluso llegó a poner una denuncia para que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre pagase sus deudas con las sociedades. Aunque Aguirre destituyó a su ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y aseguró desconocer que la Comunidad había seguido contratando con Correa, diversos datos hacen difícil creer que la lideresa ignorase estos contratos. Su propio gabinete, por ejemplo, se ponía en contacto directo con las empresas adjudicatarias para informar a la presidenta regional de detalles concretos, como el colorido de los escenarios. 

En 2006, Pablo Crespo, uno de los principales imputados en la Operación Gürtel y ex secretario general del PP gallego, exigió a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre el pago de deudas por actos electorales encargados a las empresas vinculadas a la trama de Francisco Correa, según informa hoy el diario El País. Estos contratos se habrían seguido firmando pese a que en 2004 supuestamente la dirección nacional del PP había ordenado no seguir haciendo contrataciones con las empresas de Correa.

Sin embargo, los contratos habrían seguido, hasta tal punto que Crespo llegó a interponer una demanda contra el secretario general del partido en Madrid y consejero de Presidencia e Interior Francisco Granados para reclamar el cobro de las facturas, aunque, según el diario de Prisa, acabó retirándola por miedo a perder futuros contratos con la Comunidad. Por este tipo de contratos destituyó Aguirre al que fuera consejero de Deportes de la región, Alberto López Viejo, que habría seguido contratando con Correa después de 2004 supuestamente a espaldas de la presidenta regional, dejando deudas millonarias.

Sin embargo, numerosos datos hacen difícil de concebir que Aguirre desconociese estos contratos, ya que cargos de su propio gabinete y de su protocolo llamaron después de 2004 a Easy Concept y el resto de las empresas implicadas con ocasión de cada acto institucional que contrataba López Viejo. Normalmente, el motivo de la llamada era bien simple: Aguirre quería conocer de primera mano los colores elegidos para los escenarios de cada acto para poder adecuar a ellos el traje que luciría ese día.

Además, antes de cerrar cada contrato, el jefe de gabinete de la consejería correspondiente contactaba con la empresa de Correa contratada para debatir sobre los logotipos y los lemas. Entre tanto, Pedro Rodríguez Pendás, adscrito a Presidencia, coordinaba los actos entre las consejerías pertinentes, las empresas implicadas y, en su caso, los patrocinadores.

En numerosas ocasiones, los actos adjudicados a Correa superaban con creces los 12.000 euros, coste que la ley fija para obligar a sacar dicha adjudicación a concurso público. En esos casos, la Comunidad troceaba los contratos para no superar ese límite y poder adjudicar a dedo la organización de los actos. Así, por ejemplo, cuando en 2004 se celebraron los actos de homenaje por los atentados del 11-M, Easy Concept facturó un total de 95.656 euros por sus trabajos, pero la cantidad se dividió en nueve contratos, todos por valor inferior a 12.000 euros. La empresa de Correa cobró por un lado los elementos de sonido, por otro la iluminación, e incluso dividió los contratos de los diferentes escenarios y escaleras, así como la colocación de lonas, la decoración floral o el alquiler de las sillas. 

(www.elplural.com, 10/03/09)

DOS DIRIGENTES DEL PP TUTELAN EL PARTIDO EN POZUELO Y ARGANDA 

El Partido Popular regional cierra las heridas abiertas en Arganda y Pozuelo tras la dimisión de sus alcaldes imputados en el caso Gürtel. La dirección del partido, presidida por Esperanza Aguirre, comunicó ayer que los diputados regionales Javier Fernández Lasquetty, secretario ejecutivo del PP, y Gádor Ongil, vicesecretaria de Organización, tutelarán las agrupaciones locales del partido en Arganda y Pozuelo, respectivamente. Tienen el encargo de vigilar la sucesión de los regidores destituidos. Ambos responsables populares forman parte del círculo de confianza de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. 

El ex alcalde de Arganda Ginés López Rodríguez y el ex regidor de Pozuelo Jesús Sepúlveda presentaron el viernes la dimisión tras hacerse público que estaban imputados en la supuesta trama de corrupción que investiga Garzón. López y Sepúlveda controlaban además, como presidentes, el funcionamiento del PP local en Arganda y Pozuelo. Ambos pidieron la suspensión cautelar de militancia, por lo que sus funciones serán ocupadas por Lasquetty y Ongil hasta que se nombren sus sucesores al frente del partido.El alcalde de Arganda, Ginés López Rodríguez, presentó su renuncia inmediata tras conocerse que cobró presuntamente más de 500.000 euros en comisiones entre 2004 y 2008, según el auto del juez Baltasar Garzón. Además, recibió billetes de avión y estancia en hoteles por supuestos favores. Durante ese periodo "se produce la entrada de las empresas de Correa [supuesto cabecilla de la trama] en Arganda mediante la adjudicación de contratos a Easy Concept Comunicación". López era el secretario general del PP local, pero presentó su renuncia fulminante y entregó el acta de concejal. 

Jesús Sepúlveda también renunció a la alcaldía, pero fue más remolón y además no entregó el acta. El ex alcalde de Pozuelo está imputado en la trama por cobrar 422.992 euros en comisiones. Ambos dejaron sus cargos tras una convincente llamada de la presidenta regional del partido, Esperanza Aguirre. La salida de estos políticos deja un vacío de poder en las agrupaciones locales del partido. 

En Arganda, Pablo Rodríguez Sardinero, primer teniente de alcalde, sustituye de forma temporal a Ginés López como regidor. En Pozuelo hay un vacío de poder hasta el próximo miércoles, cuando está previsto que se celebre un pleno municipal que lo designe. En principio, parece que será Gonzalo Aguado, primer teniente de alcalde. Pero la última palabra la tendrán los nuevos tutores designados por la ejecutiva regional del Partido Popular. 

(www.elperiodico.com, 10/032/09)

LA POLICÍA JUDICIAL REGISTRA EL DESPACHO DEL NUEVO ALCALDE DE BOADILLA, EPICENTRO DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN  

La policía judicial, según ha podido saber El Plural, está registrando el despacho del alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Jesús Siguero, que llegó al cargo después de su que su predecesor Arturo González Panero se viera obligado a dimitir tras ser imputado en la Operación Gürtel. En el poco tiempo que llevaba en el cargo Siguero ha tenido tiempo de mantener algunos de los privilegios de Panero y de suspender un pleno clave en el que la oposición reclamaba una investigación sobre la trama de corrupción en el municipio.  

La policía judicial, según ha podido saber El Plural, está registrando el despacho del alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Jesús Siguero.

Una marioneta

Siguero llegó al cargo tras la dimisión de González Panero, presionado por el PP para que abandonara la alcaldía después de ser imputado por Garzón en relación a sus investigaciones de la Operación Gürtel, sobre presunta corrupción en torno al PP. A pesar de la dimisión, Panero continúa siendo concejal y mantiene un despacho en el consistorio. La oposición ha denunciado que continúa en realidad manejando los hilos de la gestión municipal y que Siguero es una marioneta en sus manos. 

(www.elplural.com, 09/03/09)

Boadilla cede suelo a una firma que ofreció 13 millones menos que otra

El Ayuntamiento estudia ahora suspender el contrato con la adjudicataria

Boadilla del Monte (42.000 habitantes) no es famosa por su pujante industria. Más bien lo contrario. Su entorno agreste, rodeado de bosques de encinas, la convierte en una ciudad residencial y tranquila. En este escenario, el ex alcalde, el imputado en la trama de corrupción Gürtel Arturo González Panero (PP), reservó suelo municipal para la industria local. La idea era construir naves en el polígono Prado del Espino, junto al campo de golf de la Ciudad Financiera del Banco Santander. Para ello decidió convocar un concurso para levantar estos locales y llevar su gestión. Sólo se presentaron dos empresas: Inmoconfidence y Cip Dealer. Tras valorar las propuestas, el equipo de gobierno adjudicó en noviembre de 2008 a Cip Dealer la edificación de los locales industriales y la gestión de los mismos a cambio de un canon anual de 358.500 euros. Esta oferta es 126.755 euros inferior a la presentada por la otra competidora. Como el plazo de adjudicación es de 99 años, el Ayuntamiento de Boadilla deja de ganar 12,6 millones de euros en ese periodo.

Cip Dealer se llevó el concurso sólo por crear una 'web' o instalar publicidad

En la evaluación de las propuestas económicas, Cip Dealer no recibe ninguna puntuación por ser la oferta más baja. Ganó el concurso por aspectos técnicos tales como "apoyo a la publicidad que se instala en el complejo; instalación de un tótem de información municipal; ubicación de un monolito informativo del complejo o creación de una página web...". Otros criterios de valoración son el plazo de construcción de las naves o su calidad arquitectónica. Aunque hay poca diferencia entre una propuesta y otra, todos los puntos van a favor de Cip Dealer.

El objeto social de esta empresa es el comercio al por mayor de productos duraderos. Su administrador, Mariano Pascual Guevara, es representante de un entramado de más de 25 empresas. Declinó dar su opinión sobre el asunto a este periódico.

El ex regidor de Boadilla, suspendido cautelarmente de militancia del PP desde hace cinco días, aunque está imputado por su presunta participación en la trama de corrupción en administraciones gobernadas por el PP que investiga el juez Baltasar Garzón, ha mostrado, según fuentes de su corporación, su deseo de seguir controlando los asuntos relativos a obras del municipio. Los grupos de la oposición (Alternativa por Boadilla y PSOE) han denunciado el concurso ante los tribunales al considerar que fue irregular.

Fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte anunciaron que los servicios jurídicos municipales estudian este contrato. "Puede ser resuelto en los próximos días", desvelaron. Las mismas fuentes explican que la empresa tenía la obligación de depositar un aval en un plazo de 15 días desde la adjudicación y no lo ha realizado. "Se está revisando el contrato", dicen.

El portavoz del partido independiente Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, considera que se trata de "otra adjudicación claramente lesiva para los intereses públicos y otro ejemplo más en que el PP de Boadilla adjudica a la empresa que menos ofrece. El municipio deja de ingresar más de 12 millones de euros".

www.elpais.es 09.03.09

La moral del PP se resquebraja

"Estamos muy preocupados", dicen en la cúpula del partido tras las 13 imputaciones

Tres diputados regionales implicados. Tres alcaldes destituidos. Y siete altos cargos o ex cargos de confianza más bajo sospecha. Son ya 13 los directivos o cargos del PP madrileño, algunos muy cercanos a la presidenta Esperanza Aguirre, salpicados por la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.

En el PP de Madrid, un partido revuelto porque nadie sabe hasta dónde puede llegar el magistrado, están "muy preocupados", según confiesan en la cúpula directiva. La moral, pese al discurso oficial, está tocada. En las bases y en la dirección. 13 imputados ya son muchos.

Pero el PP se apresura a recomponer la situación. A pasar página. A nombrar, mañana mismo, la gestora que gobierne las dos agrupaciones descabezadas por la fulminante destitución de sus presidentes, los alcaldes de Arganda y Pozuelo.

Pese a la gravedad del asunto, hay cargos molestos porque Aguirre ha sido demasiado dura (al contrario que en el PP valenciano), al cortar cabezas. Pero en el entorno de la presidenta están convencidos que había que ir rápido para evitar más deterioro de la imagen de la dirigente. "Estamos sorprendidos por esa reacción de algunos compañeros, que nos han reprochado la contundencia con la que hemos actuado"."Es mejor dar una sensación de contundencia y de rapidez en estos casos, y pasar a otra cosa", admiten fuentes del partido. Mientras, en un acto público, Aguirre rebajaba ayer por primera vez el tono radicalmente exculpatorio sobre sus colaboradores imputados. "Podrá haber gente que ha obrado mal, esas personas, inmediatamente, están fuera cuando se pruebe, si se prueba que han hecho algo, porque nosotros defendemos la presunción de inocencia", dijo sin cerrar ninguna puerta a lo que pueda determinar el proceso judicial.

De cualquier manera, el liderazgo de Aguirre al frente del partido madrileño sigue siendo indiscutible, aseguran fuentes de PP. Y, de momento, pese a que las bases andan un poco molestas con la imagen que está dando el partido, no hay rumores de revuelta. Todos recuerdan todavía por qué están ahí y a quién se deben. Casos como el del ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, quien se negó a dimitir después de haberlo anunciado el presidente nacional, Mariano Rajoy, no se van a repetir.

Aun así, la moral de la tropa no está a prueba de bombas. En la partida de ajedrez se han perdido ya demasiadas fichas importantes. Y demasiado cercanas a la presidenta, como el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, en quien Aguirre confió pese a su polémico paso por el Ayuntamiento de Madrid. El partido considera que Garzón retuvo el caso intencionadamente para socavarles el ánimo.

"Y no es sólo el tema de los imputados. El secretario general [Francisco Granados], por ejemplo, ha tenido que dar muchas explicaciones. Tanto en el tema de los espías como en el de su patrimonio. El vicepresidente, Ignacio González, también ha tenido que salir al paso de varias sospechas... Eso desgasta mucho", señalan fuentes de la dirección nacional del PP. Por eso el partido quiere animar un poco al personal. "Queremos volver a la normalidad, a hablar de otras cosas, a intensificar nuestra presencia", aseguran fuentes de la dirección del PP madrileño. Y también a elevar la moral de los militantes con citas de reafirmación, incluso "con un acto público masivo en Madrid a finales de este mes". Aguirre intenta ahora identificar el problema de Madrid con el de Valencia. Unirse al máximo a Francisco Camps, implicado por haber recibido presuntamente trajes a medida pagados por miembros de la trama. "Pero no es lo mismo. En el peor de los casos, Camps ha cometido un error. En Madrid hay 13 imputados. Por menos que eso ella ha montado gestoras en municipios de la región", señala un alto cargo del PP.

La sensación en el entorno de la presidenta, según varios testimonios, es que es probable que algunas de las imputaciones sean ciertas. Cada vez se está haciendo más difícil poner la mano en el fuego por los implicados. Algunos empiezan a estar muy molestos por el daño que los presuntos corruptos están causando al partido y les critican abiertamente. "Es intolerable. Son muy pocas personas las que podrían estar implicadas. Pero están haciendo un daño irreparable a la imagen del partido y al de los políticos honrados que nos dejamos la vida por esto", protesta una diputada.

Mañana se reúne en Génova el comité de dirección del PP de Madrid. Y de allí saldrán las dos gestoras de Pozuelo y Arganda, y los candidatos a sustituir a los alcaldes destituidos. "Serán quienes decida el partido", sentencian.

En el partido están satisfechos de la actitud del ya ex alcalde de Arganda Ginés López, quien ha abandonado todo: su militancia y también el cargo de concejal. Pero no es el caso del ex regidor de Pozuelo Jesús Sepúlveda, que se queda como edil. Algo que incomoda a la cúpula del PP madrileño. Otra cosa es el del alcalde de Boadilla. Por los pasillos de la Asamblea se ven grupos de diputados populares comentando la ostentación de González Panero: "Se paseaba por todas partes con su Porche", critican con cierta molestia.

www.elpais.es 08.03.09

En Pozuelo "se vive muy bien" y el alcalde "no quita el sueño"

Sepúlveda sigue de concejal y nadie sabe quién le sustituirá

Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo, está imputado por haber cobrado comisiones por valor de 422.992 euros. El viernes presentó su dimisión. Pero lo hizo a través de un comunicado, donde dijo que todo era falso y cargó contra el juez Garzón. Pero no dio la cara. Huyó de los periodistas por el aparcamiento. Se fue por la puerta falsa y ahora habrá que sustituirle.

Pero no es algo que inquiete mucho al municipio. "A la gente le trae sin cuidado", contaba ayer un matrimonio en un bar cercano al Ayuntamiento, "no es algo que quite el sueño". La de ayer era una tranquila mañana de sábado en Pozuelo. Aunque los vecinos (75.581) no saben quién les va a gobernar, el vacío de poder no levanta demasiada polémica. "¡A ver si ahora nos van a dejar todas las obras éstas sin terminar!", era la mayor preocupación de Josefa Rodríguez. Vecina "de toda la vida" de Pozuelo, se había enterado de la imputación del alcalde por la televisión. "Y el caso es que esta mañana he estado en el mercado y nadie comentaba nada...".

Lo que no está claro es quién va a sustituir al dimisionario alcalde. Porque, de hecho, todavía sigue siendo el primer edil de Pozuelo. Le costó dimitir. Le tuvieron que insistir. Primero cesó en su cargo el alcalde de Arganda, Ginés López, también imputado por el caso Gürtel. Él lo hizo de forma "rápida y elegante", según el PP. Sepúlveda lo tuvo que pensar más. Y eso no sentó bien en el partido. Algunos temen que la sucesión no se produzca tan suavemente como se desearía. Pero la cúpula directiva regional lo tiene claro: "Será alcalde quien diga el partido".

La lógica natural sería que el primer teniente de alcalde, Gonzalo Aguado, ocupara el puesto de Sepúlveda. Pero el Ayuntamiento no confirma ni desmiente que ése vaya a ser el desenlace del asunto. Además, desde algunos sectores de la corporación se sospecha que puede haber algún movimiento para situar al número 3 de la lista, Félix Alba, en el sillón del alcalde. La próxima semana se celebrará un pleno en el que la mayoría absoluta del PP en el municipio decidirá qué concejal se queda con la vara de mando.

Pero en la calle la gente no está en absoluto preocupada por estos asuntos de despachos. A Josefa no le extraña: "Aquí la gente es muy especial, no hay apenas relación. No es una cosa que se comente por la calle o las tiendas, cada uno va a lo suyo". Y repite un comentario muy escuchado por las calles y bares de Pozuelo, que tiene la renta media más alta de la región, 22.845 euros en 2004: "Es un pueblo donde se vive muy bien".

"¿Que quién le sucederá? Pues ni lo sé ni me importa, la verdad". Gregorio González paseaba ayer por la avenida de Europa, en la parte nueva del pueblo, y confesaba "no estar muy enterado" de lo sucedido el día anterior. Unos metros más adelante, María José Gutiérrez, a la puerta de su tienda de muebles, ni siquiera sabía por qué había dimitido el alcalde. "¿Por lo de Garzón? Pues vaya sorpresa...".

www.elpais.es 08.03.09

Primero se adjudica, luego se cobra

Martín Morales cobró los 660.000 euros que constan en el auto de Garzón 15 días después de dar el mayor contrato de Boadilla a una constructora

Tomás Martín Morales tiene una larga carrera de cometidos municipales a sus espaldas (asesor en Arganda, concejal en Getafe, cargo de confianza en Boadilla...). Y una abultada cantidad de dinero en su cuenta corriente, según el auto del juez Garzón. El ex vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte intermedió "para obtener la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva" del municipio "a la empresa Hispánica", según consta en el escrito del juez. Se trata de la inversión más importante realizada por el Ayuntamiento de Boadilla, con un presupuesto próximo a los 30 millones de euros, explica Pablo Nieto, portavoz del PSOE local.

Un informe valoró con el doble de puntuación a la constructora

El 10 de mayo de 2007 la mesa de contratación municipal adjudicó el contrato de las obras del "Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte" a la constructora Hispánica. Apenas 15 días después, en la caja de dinero negro hallada en la sede de una de las empresas del entramado de corrupción aparecen varios movimientos de dinero. Entre ellos, "tres apuntes de fecha 25 de mayo de 2007 constatando entregas a Tomás Martín en oficina por importes de 150.000, 210.000 y 300.000 euros (660.000 euros), figurando en el primero la referencia Santo y en los otros dos la referencia albondiguilla América y albondiguilla", recoge el auto.

El proceso de adjudicación fue controvertido. El Ayuntamiento encargó dos informes para valorar las propuestas de las empresas. El resultado fue dispar. El realizado por funcionarios municipales para la concejalía de Urbanismo concluyó que la mejor oferta era la de Sacyr (48,8 puntos). Le daba cinco puntos más que a Hispánica (43,81). Pero el otro informe, elaborado por un cargo de confianza del ex alcalde, Arturo González Panero (imputado por el caso Gürtel), para el área de Deportes escogió a Hispánica. La valoró con el doble de puntos que a Sacyr (42 frente a 21,15) e inclinó la balanza en la suma final.

"Un cargo de confianza del ex alcalde firmaba el informe que resultaba definitivo en la adjudicación a la empresa preferida y otro cobraba la comisión dos semanas después", afirma Nieto. "Que cargos de confianza y por tanto absolutamente dependientes del alcalde firmaran informes era una práctica habitual. Lo denunciamos en muchas ocasiones, no sólo por ilegal, sino porque eliminaba el único control que existe sobre estas contrataciones, el informe de un funcionario independiente", concluye el portavoz socialista. Un portavoz del Ayuntamiento aseguró ayer que "el consistorio aprobó que determinados cargos de confianza pudieran equipararse al rango funcionarial para emitir informes vinculantes".

La implicación de cuatro altos cargos en el caso Gürtel no alteraba ayer lo más mínimo la partida de cartas de la sobremesa en el bar frente al Ayuntamiento de Boadilla. "Soy apolítico", mascullaba un parroquiano sin quitar ojo a las cartas. Indiferencia absoluta. Acodada en la barra, la encargada, Emi, defendía al ex alcalde: "Yo creo que es inocente". Le conoce hace 20 años. "Viene aquí a desayunar. Ayer [por el viernes] también vino". No lo tenía tan claro Fernando, que esperaba a un amigo en la calle de José Antonio: "Se veía venir. Mucha obra y mucha rotonda para un pueblo tan pequeño...". Juan y José se desternillaban recordando el apodo del pueblo: Boadilla de las fuentes, porque cada rotonda la coronaba un surtidor. "Y lo peor es que las hacían y meses después las desmontaban para que pasara el tren ligero, como si no supieran el trazado de antes."

www.elpais.es 08.03.09

El Gafitas deja paso a El Mordazas

• El alcalde en funciones es del ala más dura del PP local

Sorpresa. Es el adjetivo más repetido en Arganda del Rey, 50.000 habitantes, tras el cese el viernes del alcalde, Ginés López Rodríguez, imputado por el juez Garzón en el caso Gürtel. Los vecinos de este municipio (50.000 habitantes) a 30 kilómetros al sureste de Madrid han visto estos días cómo el alcalde, un ex concejal y otros dos trabajadores municipales han sido salpicados por la trama de corrupción. Las investigaciones judiciales revelan que cobraron comisiones millonarias.

• Los vecinos están sorprendidos por la imputación de Ginés López

"La gente se ha quedado sorprendida", resume Jesús Valverde, un empresario que vive en el barrio de los Villares. Muchos vecinos viven ajenos al escándalo político que se ha desatado en el Ayuntamiento, pero los que están al tanto lo tienen claro: "Si dimite será por algo", zanja Valverde. "La gente está alucinada. Que saliera lo de Benjamín [Martín Vasco, diputado regional implicado también por Garzón] era normal. Pero lo del alcalde no se lo esperaba la gente", apuntaba el pasado viernes una trabajadora municipal junto al edificio en obras que hace las funciones de Ayuntamiento.

Ginés López y Martín Vasco trabajaron codo a codo durante un par de años al frente de la gestión municipal. Pero en diciembre de 2006 el ex alcalde lo destituyó. Nunca revelaron el motivo, pero desde entonces se distanciaron.

La polvareda levantada por la imputación del regidor ha trastocado el orden municipal. El hueco que ha dejado Ginés López, conocido como El Gafitas en la organización, lo ha cubierto, en funciones, y a la espera que el PP regional lo confirme, el primer teniente de alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero. Un hombre del sector más conservador del PP local, según fuentes municipales, que lo definen como "un tipo educado y asequible". Pero, matizan, es conocido por El Mordazas porque en febrero de 2003 tapó la boca a un joven, llamado Ángel, cuando éste gritaba "No a la guerra" en un mitin de Aznar en Arganda.

Rodríguez Sardinero tendrá que pilotar el Consistorio durante dos semanas, hasta que el PP regional decida quién sustituirá a Ginés López. La número 2 de la lista electoral y a la que en principio le correspondería la alcaldía es María Pino de Juana. Pero parece que no cuenta con la plena confianza del equipo de gobierno. Hace un par de semanas fue relevada como responsable de Hacienda. Ahora ocupa la Concejalía de Atención al Ciudadano, con menos responsabilidad, según fuentes del Ayuntamiento. Ginés López dejó el acta de concejal que recogerá el popular Tomás Fernández Leganés.

Los grupos de la oposición (PSOE e IU) han mostrado su cautela y reclaman que la situación no paralice la gestión local. "Esperamos que la justicia aclare todo. Respetamos la presunción de inocencia pero su mandato ha sido de ocultación y poca transparencia", critica la portavoz socialista Victoria Moreno. La responsable de IU, Libertad Martínez, afirma: "Nos ha sorprendido que el alcalde se vea implicado. Creemos que tiene que ver con una posición política en la que prima lo privado sobre lo público. Trabajar tan cerca de las empresas privadas lleva a estas consecuencias". Martínez reflexiona sobre el asunto y zanja: "El problema no es quién, sino el porqué".

"El PP es un partido honrado"

Quince autocares uno detrás de otro. Llegaban de Chamartín, de Moncloa, de Chamberí... Iban cargados de mujeres que ayer llenaron el teatro de Alcobendas para celebrar con las líderes del PP el Día Internacional de la Mujer. La más esperada, claro, Esperanza Aguirre. "¡Guapa!", la interrumpieron nada más empezar a hablar. "¡Muchas gracias!", contestó ella, toda sonrisas. Parecía decidida a mostrar optimismo.

Criticó al Gobierno por la futura ley del aborto, felicitó a sus compañeros de Galicia y País Vasco por los resultados electorales y, finalmente, entró en materia: "El PP es un partido honrado". Y matizó: "Que podrá haber gente que ha actuado mal". Pausa escénica. Los banderines dejan de ondear por momentos. "Y ésos inmediatamente se irán fuera cuando se pruebe. Si es que se prueba, porque nosotros defendemos la presunción de inocencia". Sonrisa. Aplausos.

Si a alguien se le había ocurrido pensar que el caso Gürtel podía perjudicar al PP, se equivoca, vino a decir Aguirre. Todo lo contrario: le dará votos. El "montaje de los espionajes" y "las filtraciones" se han "vuelto en contra" de los "adversarios". Tan en contra, proclamó, que son "un estímulo" para el votante del PP.

www.elpais.es 08.03.09

• LOS CARGOS DEL PP DE MADRID IMPLICADOS POR EL JUEZ

LOS DIPUTADOS

Alberto López Viejo

Diputado y ex consejero de Deportes. Fraccionó contratos para adjudicarlos a Correa y recibió sobornos por 563.000 euros. Hombre de confianza de Aguirre.

Benjamín Martín Vasco

Diputado y ex presidente de la comisión de los espías. Cobró 437.000 euros por favorecer intereses de Correa. Además, en la cuenta B de la trama figuran otros 230.000 de gastos por su boda.

Alfonso Bosch

Diputado de la Asamblea y ex gerente de la EMV de Boadilla. Recibió sobornos por valor de 250.000 euros para favorecer intereses de Correa.

• LOS ALCALDES

Jesús Sepúlveda

Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón. Imputado por recibir sobornos de 422.000 euros y un todoterreno.

Arturo González Panero

Ex alcalde de Boadilla. Imputado por recibir sobornos a cambio de favorecer a Correa. No quería dimitir.

Ginés López

Ex alcalde de Arganda. Según el auto, percibió más de medio millón en sobornos, entre otros de Martinsa.

Guillermo Ortega

Ex alcalde de Majadahonda. Bajo su mandato, hasta 2004, dio contratos a Correa por más de dos millones.

• CARGOS Y EX CARGOS DE ADMINISTRACIONES DEL PP

Carlos Clemente

Ex viceconsejero de inmigración. Recibió regalos de Easy Concept y un sobre con 6.000 euros. Le imputan delitos de asociación ilícita y blanqueo.

Tomás Martín

Vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla. Recibió 378.000 euros por favorecer a empresas de Correa.

Carmen Rodríguez

Administradora de Easy Concept, jefa de gabinete de Ortega en Majadahonda y esposa de Correa. Una de las piezas clave de la trama.

Javier Nombela

Ex asesor de un concejal del Ayuntamiento de Madrid. Trabajó en las empresas Special Events y en Easy Concept.

José Galeote

Consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla y ex concejal. Recibió 612.506 euros en pagos de Correa.

J. García Mármol

Ex gerente de Special Events y Pasadena Viajes. Además es psicólogo del Ayuntamiento de Arganda.

www.elpais.es 08.03.09

Aguirre suelta lastre con dos alcaldes

El PP suspende a los cinco altos cargos imputados ahora por Garzón en Madrid - El regidor de Pozuelo se resistió más a dimitir que su homólogo de Arganda

Uno de ellos, Ginés López, cesó como alcalde de Arganda del Rey a las 11 de la mañana de ayer. Y también como concejal, militante del PP y, por tanto, como presidente del partido en el municipio del sureste. El otro, Jesús Sepúlveda, escenificó dos horas más tarde su renuncia como regidor de Pozuelo de Alarcón, además del de militante y cabeza del partido. Pero no entregó su acta de concejal.

Sepúlveda quiso hablar con su equipo antes de cesar, como le pedía el partido

El lapso horario pudo tener que ver con las conversaciones de la presidenta Esperanza Aguirre con ambos. Según fuentes del PP regional, había telefoneado antes a López (el jueves por la noche, cuando el juez Baltasar Garzón había imputado a cinco nuevos altos cargos de Madrid en el caso Gürtel) que a Sepúlveda (ayer por la mañana). Los dos aseguraron que no tenían nada que ver en la trama. Pero el resultado, de gran "contundencia y rapidez en la toma de decisiones", según las mismas fuentes, fue casi el mismo.

El caso de Sepúlveda fue más alambicado. Durante toda la mañana estuvo reunido con sus concejales. Según su servicio de prensa, no estaba en el Ayuntamiento. Era mentira. Estaba encerrado en su despacho. "Ha costado más que dimitiera", explicaron fuentes del partido. "Ha dicho que primero quería hablar con su equipo. Pero es que no podía ser que Ginés hubiera dimitido y él no", añadieron. Algunos empezaron a temer un caso parecido al del alcalde de Boadilla, Arturo López Panero, que se negó a cesar tras haber sido imputado por el mismo asunto y haberlo anunciado Aguirre.

Pasada la una, sin dar la cara y mediante comunicado, Sepúlveda anunció su dimisión. Lo hizo exculpándose de los cargos que le imputa el juez (presuntamente recibió sobornos por valor de 422.000 euros, un coche y una televisión de plasma) y arremetiendo contra Garzón.

Pasada una hora, el alcalde se escabulló por el parking en el vehículo de un compañero. Y pese a "la contundencia y la rapidez", él sigue siendo el que manda en Pozuelo. Porque no ha entregado el acta de concejal y porque hasta que la semana que viene no se celebre el próximo pleno, no se formalizará la renuncia.

www.elpais.es 07.03.09

José Martín-Crespo : “No acepté presiones lanzadas desde órganos de la dirección del PP. Ellos sabían que yo no podía aceptar muchas cosas que me insinuaban”

Durante 20 años, fue alcalde de Pozuelo. José Martín-Crespo siempre obtuvo holgadas mayorías absolutas. Sin embargo, en 2003, José María Aznar decidió que debía dejar de ser alcalde de esta localidad madrileña. El entonces presidente del Gobierno eligió a Jesús Sepúlveda para sustituirlo. Seis años después, una vez que Sepúlveda ha dimitido por estar vinculado a la presunta trama de corrupción del PP, Martín-Crespo reconoce a El Plural que la dirección nacional del Partido Popular prescindió de él por no aceptar muchas de las “cosas” que le insinuaban.

- ¿Por qué dejó usted de ser Alcalde de Pozuelo?

Yo me fui del Ayuntamiento porque no podía aceptar el cambio pacíficamente. Me fui y desde entonces no he tenido ningún contacto con el Ayuntamiento. No sé nada del Ayuntamiento, salvo lo que publicáis los medios. (...)Ahora estoy jubilado, viviendo como un príncipe. Ni aunque me lo pidiera el Papa, volvería a ser alcalde.

- ¿Qué opinión le merece que su sustituto en la alcaldía, Jesús Sepúlveda, esté imputado en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón?

Siento mucha tristeza. El Ayuntamiento es un sitio donde he estado trabajando durante 20 años con seriedad y honestidad, y que en 6 años hayan desmontado todo es un desastre.

- ¿Por qué José María Aznar apostó por Sepúlveda y no por usted?

Lo que pasa es que yo era una persona que no tenía más interés que el interés del Ayuntamiento. No acepté presiones de ningún otro tipo. Y digo de ningún otro tipo. Incluso indirectas lanzadas desde órganos de la dirección del partido. Ellos sabían que yo no podía aceptar muchas cosas que me insinuaban. Yo siempre dije que no. Seguramente alguien se equivocó, decidió poner a un alcalde más flexible, y mira cómo ha acabado el pobre hombre. (…) Se ha demostrado que fue una decisión totalmente equivocada.

- ¿De qué tipo de insinuaciones está hablando?

Me perdonarás que no te dé más pistas. Los alcaldes tienen que ser más fáciles a ciertas insinuaciones por parte de los partidos. Y cuando un alcalde se pone en plan de no querer hacer demasiado caso a algunas cosas, lo mejor es aparcarle y poner a otro.

- ¿Ha terminado la vida política de Sepúlveda?

Qué va a hacer una persona que ha pasado por un trance como este. Supongo que primero emigrará, se irá a otro sitio, porque en Pozuelo no se va a pasear como hago yo, lleno de satisfacción. La gente me saluda por la calle y me dice: Don José, te echamos de menos.

Cuando he tenido que enfrentarme al PSOE o al PP lo he hecho. Para mí, lo importante es la gestión municipal. Es un honor saber que lo que he hecho ha funcionado, ha ido bien y la gente lo aprecia. Yo no puedo esperar más de este mundo.

- ¿Contribuiría a aclarar lo que ha pasado en los últimos años en Pozuelo?

Sí alguien con autoridad suficiente me pide que dé mi opinión sobre ciertos temas, lo haría. Daría mi opinión sobre ciertos temas pendientes que son muy graves. Yo no podría por egoísmo personal callarme informaciones o puntos de vista que no fueran adecuados para el interés municipal.

- ¿Supongo que usted también recibiría muchas presiones en su época de Alcalde?

Yo devolví muchos regalitos y cosas de esas. Pero nunca recibí dinero. Tenía buena fama, así que no me ofrecían dinero. La gente me conocía y sabía que a mí por esa vía no se me podía atacar. Sin embargo, alguno, que no me conocía bastante, se atrevió a ofrecerme algún regalo. Yo se lo devolví. Eso lo haces una vez y ya te conviertes en inatacable.

- ¿Parece que todos esos regalos que usted rechazó, los ha aceptado ahora Sepúlveda?

No me líes. Eso ya lo debe decidir el juez. Eso sí, los datos que publican los medios de comunicación son demasiado precisos para que no sean verdad. Será la Justicia la que decida si están probados o no. Para ello, debe funcionar la independencia de los jueces.

- ¿Qué relación mantiene en la actualidad con el Partido Popular?

No tengo ninguna comunicación con el partido, ni con la Asamblea, ni con nadie. En alguna ocasión, en temas complicados, como el traslado de RTVE, escribí una carta al alcalde en la que le decía: Ojo con este asunto. Le envíe esta carta por tres vías diferentes, con acuse de recibo, e incluso a través de un concejal. Le advertí como ciudadano de Pozuelo que tuviera ojo. No obtuve ninguna respuesta.

Yo sigo afiliado al Partido Popular, pero todo eso te deja muy dolido. La cortesía es algo a lo que no se puede renunciar nunca.

- Una vez que Sepúlveda ha dimito, ¿le ha llamado alguien del Partido Popular?

Absolutamente nadie.

www.elplural.com 07.03.09

Un todoterreno, una 'tele' de plasma y sobornos por 422.000 euros

Garzón cree que hay indicios de que Sepúlveda recibió cohechos de Correa

Jesús Sepúlveda será ex alcalde de Pozuelo la semana que viene, cuando se celebre el próximo pleno. Hasta entonces manda él. Porque pese a presentar la dimisión, no ha renunciado al acta de concejal. Y tiene que irse -ayer le costó varias horas tomar la decisión que le exigía el partido- porque el juez Baltasar Garzón le imputa varios cobros de sobornos y cohechos por parte de Francisco Correa, el jefe de la trama de corrupción que salpica al PP. Concretamente, le acusa de haber cobrado comisiones por valor de 422.992 euros.

El último auto del magistrado detalla fechas y cantidades entregadas al alcalde de Pozuelo, que en las notas contables de Correa aparece como "J. S.". Según el juez, "una vez que Sepúlveda ganó las elecciones, el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para este municipio y les compró el proyecto de la Oficina de Atención al Ciudadano". Según el mismo auto, Sepúlveda, presuntamente, recibió de su amigo Correa un Range Rover y una pantalla de plasma.

El alcalde de Pozuelo aparece en la contabilidad B del grupo de Correa. Los primeros pagos, según el auto del juez, se efectuaron el 4 de junio de 2003. Fueron dos; cada uno de 12.000 euros. El mes de octubre de 2004, Francisco Correa, según el auto, abonó una factura de Pasadena Viajes de 8.972 que iba a cargo de Sepúlveda.

El Ayuntamiento y su todavía alcalde se negaron ayer a hacer ninguna declaración. Se remitieron al comunicado que elaboraron por la mañana. En él, Sepúlveda proclama su inocencia y carga contra Garzón. "Es evidente que nos encontramos ante un nuevo episodio Garzón, caracterizado, como ha reconocido la Fiscalía Anticorrupción, por su arbitrariedad, que está perjudicando gravemente al Partido Popular". Según Sepúlveda, "todas las imputaciones son radicalmente falsas [...] y se refieren a indicios falsos".

Y así lo creían todos los miembros de su equipo, que ayer se abrazaban e incluso sollozaban por los pasillos como en un funeral. Algo parecido se respiraba en la calle. "A mí me parece un buen hombre. No creo que haya hecho nada", decía una vecina en la puerta del Consistorio.

La portavoz del grupo municipal socialista de Pozuelo, Eva Izquierdo, se lo creía menos. Ayer denunció que Sepúlveda adjudicó dos contratos a sendas empresas de José Luis Ulibarri, uno de los imputados por el juez Garzón en el caso Gürtel. El primero, adjudicado por concurso público a la constructora Begar en junio de 2003, fue para la construcción de una escuela de infantil y primaria por 3.115.203 euros. El otro se adjudicó a Seralia, una filial del grupo Begar, en septiembre de 2008. Fueron 1.761.000 para la gestión de la ayuda a domicilio.

Además, el alcalde de Pozuelo contrató en varias ocasiones al despacho de abogados del diputado del PP José María Michavila. Eius Abogados realizó, al menos, tres trabajos para el Ayuntamiento. En 2006 se firmó un contrato para realizar dos dictámenes y un asesoramiento jurídico por un importe de 27.000 euros en un procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, sin concurso. A este procedimiento optaron otras dos empresas que ofertaron 30.000 euros y que fueron rechazadas. Ofertar por encima del precio de licitación no parece la mejor manera de obtener un contrato.

www.elpais.es 07.03.09

Jesús Sepúlveda  : El vecino pijo de Raúl

Cuando Francisco Correa llamó a la puerta del PP para empezar a hacer negocios con el partido, Jesús Sepúlveda fue el encargado de echar un vistazo por la mirilla y abrir. En esa época, mediados de los noventa, el dimisionario alcalde de Pozuelo era el responsable de los actos del partido. Y ahí fue cuando el PP empezó a contratar a las empresas investigadas por Garzón.

Ex marido de la diputada nacional Ana Mato, Sepúlveda (Madrid, 1954) inició su ascenso desde Castilla y León. Aznar era entonces presidente de la Junta y Mato estaba en su gabinete. "Jesús no mandaba mucho. No tiene grandes talentos. Es más bien gris. Muy amable, pero sin grandes virtudes", explica una diputada del PP. Fue gerente de esa comunidad entre 1987 y 1991. "A lo más que llega en sus discursos es a decir que los vecinos de Pozuelo son los mejores", explican desde la oposición municipal.

Cuando Aznar fue elegido presidente del partido, se los llevó a los dos a Madrid. Sepúlveda, además de ser "el de los actos", fue nombrado senador por Murcia. En 2003, cuando el tótem del Partido Popular preparaba las maletas y el relevo, le nombró candidato a la alcaldía de uno de los feudos del PP, tanto electoral como de residencia.

Llegó haciendo ruido. Porque el anterior alcalde, José Martín Crespo, era una máquina de ganar elecciones. Le sentó como un tiro que se lo quitaran de en medio. Pero Sepúlveda, que ya residía en el municipio con Ana Mato, se iba a quedar con la vara de mando. Un nuevo estilo de hacer política, rodeado de una legión de asesores y cargos de confianza. "Más simple. Plano. Pero cercano y amable", reconocen los adversarios. En un acto de Navidad, se recuerda, le quitó una bufanda a un concejal para dársela a una señora que tenía frío.

La pareja Mato-Sepúlveda se divorció al cabo de unos años y él comenzó una relación con su jefa de prensa. Hoy, según los datos del Ayuntamiento, reside en La Finca, una lujosa urbanización de Pozuelo. Su adosado tiene vecinos como el futbolista Raúl González, el motociclista Fonsi Nieto o el torero Fran Rivera. La casa donde vive puede costar, según estimaciones del sector, 1.700.000 euros de compra, y unos 4.000 de alquiler. Sepúlveda, aficionado al pádel, ganaba como alcalde 93.000 euros.

"Es una bellísima persona. Pero pijo hasta grados insospechados. En la época de Aznar era un hombre en la sombra. Pero era de los que más relación tenían con Correa", cuenta un compañero de la ejecutiva madrileña. La gente de su partido sitúa en su círculo más próximo al secretario de organización, Juan Carlos Vera, y al tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Ayer no dio la cara. Toda la mañana escondido en su despacho. Sus asesores aseguraron cinco veces que no estaba en el edificio. A la hora de comer se fue de tapadillo por el aparcamiento.

www.elpais.es 07.03.09

Ginés López Rodríguez : 523.439 euros en dinero negro, billetes de avión y estancia en hoteles

El juez sospecha que López cobró por intermediar en proyectos urbanísticos

El ex alcalde de Arganda Ginés López Rodríguez tardó sólo un par de horas en decidir que presentaría la dimisión, tras conocer el jueves por la noche que estaba imputado por el juez Garzón en el caso Gürtel. Ayer escenificó la renuncia y entregó el acta de concejal. También pidió la suspensión cautelar de militancia en el PP. La decisión fue fulminante. Le llevó tan sólo tres minutos anunciarlo públicamente y otros 10 hacerlo efectivo en un pleno municipal convocado urgentemente. Su sucesor será Pablo Rodríguez Sardinero. Éste fue denunciado en 2003 por un adolescente que aseguró haber sido golpeado por gritar "no a la guerra" en un mitin del ex presidente José María Aznar.

Ginés López deja el cargo, según él, para no perjudicar a su partido. Eso sí, ayudado por una convincente llamada de Esperanza Aguirre. El Gafitas, como se le identifica al ex regidor en el auto, intermedió para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a Martinsa. Según el documento dictado por Garzón, la constructora habría pagado comisiones a Correa por estos favores. El juez vierte la misma acusación sobre el diputado regional Benjamín Martín Vasco (PP), ex concejal de Arganda. La compañía emitió ayer un comunicado en el que niega el pago de dinero en cualquier proceso de adjudicación.

Los tentáculos de Correa alcanzaron Arganda entre 2003 y 2005. Joaquín García Mármol, que fue responsable de varias de las empresas de la trama (Special Events, Pasadena Viajes...), desembarcó en el municipio argandeño en esa época para trabajar como psicólogo. Entonces Martín Vasco dirigía la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, que gestiona y adjudica casi todos los servicios del municipio. El juez Garzón sostiene que durante ese tiempo "se produce la entrada de las empresas de Correa en Arganda mediante la adjudicación de contratos a Easy Concept Comunicación durante los años 2005 y 2007".

Pero la semilla de la duda estaba sembrada mucho antes en el municipio. Tomás Martín Morales fue jefe de Gabinete de Ginés López hasta 1999. Luego se trasladó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, donde ha dimitido por estar involucrado en la trama.

El asunto se enturbia tanto en Arganda que ha terminado salpicando a López, cuyo nombre aparece en un archivo contable de las operaciones realizadas a través de la caja B (de dinero negro) de Serrano 40, sede de las empresas de la trama. La cuenta referida al ex regidor se denomina "Extracto Servicios Ginés López".

La investigación realizada por la policía judicial sobre esos registros revela facturas por billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches y entregas en efectivo de 523.439 euros entre los años 2004 y 2008. El ex regidor cobró esta cantidad por comisiones, según confirmó ayer Garzón en una nota que corregía una información en la que López aparecía como el imputado que más dinero cobró.

El regidor negó ayer rotundamente haber realizado jamás algún acto fuera de la legalidad. López compareció ante los medios, rodeado por los 11 ediles del PP y otra docena de altos cargos, para afirmar que desconoce "los hechos vertidos en el auto dictado anoche [por el jueves]".

Del análisis que la policía judicial realiza en otra de las cuentas, referida como "Caja X PC [Pablo Crespo, imputado en el caso Gürtel]", figura un apunte "cuyo concepto es pago ASINSER p/orden PC POR Transfª BMW Ginés" por importe de 120.000 pesetas (721 Euros)". Se trata del pago de la transferencia de la compra de un coche. Fuentes municipales aseguran que hace unos años el alcalde adquirió y regaló un coche de la marca BMW a su padre.

www.elpais.es 07.03.09

Ginés López Rodríguez : El jefe de una generación con muchas ambiciones

Ginés López Rodríguez, madrileño de 44 años, forma parte de una singular generación de políticos del PP criados en Nuevas Generaciones de Madrid a principios de los noventa. Muchos de ellos ocupan actualmente cargos de responsabilidad en municipios de la región. El ex alcalde de Arganda presidió en Madrid el ala juvenil del PP entre 1991 y 1994. En esa época coincidió con otros cachorros prometedores: Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, y Guillermo Ortega, ex regidor de Majadahonda. También con Benjamín Martín Vasco, diputado regional y ex edil de Arganda. Todos ellos están salpicados ahora por el caso Gürtel.

López procede de una familia acomodada con negocios en Arganda. Su padre tiene una finca cerca de la ciudad, en la carretera de Chinchón, pegada al río. Allí, López se construyó una casa, donde reside con su mujer y sus hijas. No es un hombre ostentoso. "Más bien apocado", precisan fuentes municipales. Algunos colaboradores lo definen como poco estridente, nada soberbio. Por eso entre los vecinos del municipio ha sorprendido que se vea envuelto en la presunta trama de corrupción encabezada por Francisco Correa.

Ginés López no desayunó ayer en el bar Portofino, donde acostumbra. Pasó la mañana ocupado en presentar su dimisión como alcalde y entregar el acta de concejal. Tampoco tomó las cañas en El Gato, un bar junto a la sede del Ayuntamiento. "Allí coincidía con mucha gente", explican fuentes municipales. No es un hombre carismático, pero si era muy conocido en Arganda. Fue alcalde entre 1995 y 1999. Perdió las municipales de ese año, pero regresó en 2003. Entretanto ocupó varios cargos en el Gobierno regional. Entre ellos, la dirección general de Administración Local o la de Juego.

Hasta hace dos años tenía un estrecho colaborador con el que se repartía el gobierno de la ciudad: Benjamín Martín Vasco. Pero en diciembre de 2006, lo cesó. Según cuentan varias fuentes municipales, días antes de producirse la ruptura "hubo gritos que se oyeron en todo el pueblo". "Ahora no se pueden ni ver", coinciden las mismas fuentes. Muchos dicen que de aquella pelea viene esta causa.

www.elpais.es 07.03.09

Martinsa se lucró con el suelo que adjudicó Arganda

El juez Baltasar Garzón tiene indicios de que la inmobiliaria Martinsa, que ha protagonizado la mayor suspensión de pagos de la economía española, "habría satisfecho comisiones a Francisco Correa" para "conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos" del hasta ayer alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. En 2004, el Ayuntamiento de este municipio madrileño adjudicó a Martinsa terrenos para desarrollar 2.400 viviendas y dos años después la promotora vendió un tercio de estos suelos por 73 millones de euros, con lo que ingresó casi el triple de lo que había pagado por ese tercio (25 millones).

Son datos que constan en el informe sobre la empresa elaborado por los supervisores judiciales de Martinsa y en otros informes públicos del grupo.

La adjudicación la realizó la empresa del Ayuntamiento Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, que dirigía el ahora implicado en la trama de corrupción Benjamín Martín Vasco, quien, según indica el juez Garzón en su auto, recibía "comisiones por favorecer los intereses de Correa".

Martinsa fue la adjudicataria única del concurso que el Consistorio de Arganda convocó para comprar los terrenos de la zona de expansión del municipio, denominada "área de centralidad de Arganda" o "unidad de ejecución 124", con un precio cerrado de 77 millones. La inmobiliaria acordó con el Ayuntamiento de Ginés López un pago de unos 66 millones en metálico y otros 11 millones en obras de equipamiento para la zona, según fuentes del Ayuntamiento conocedoras del convenio.

Plusvalías y la partida Varios

Así, Martinsa se hizo con más de 10 hectáreas en las que iba a promover 1.000 pisos y que luego pasaron a 2.400 porque aumentó la edificabilidad permitida por el ayuntamiento.

Dos años después de adjudicarse los terrenos, la promotora de Fernando Martín, ex presidente del Real Madrid, decidió deshacerse de una tercera parte del total y logró que Espais Promocions Inmobiliaries y la cooperativa Pradera de San Isidro le pagaran por dos lotes casi el triple de lo que le costaron. De los 73 millones que ingresó, la inmobiliaria admite que 48 millones fueron plusvalías (ganancias extra), lo que supone una rápida revalorización del suelo en dos años. Una pequeña parte de esa subida la logró la propia promotora al aumentar un 7% el valor de los terrenos en 2005 por gastos que imputó a esos suelos. Entre ellos, hay 203.000 euros en pagos que no especifica y que anota en la partida de "Varios", además de unos "Gastos de gestión" de 35.000 euros.

De los 77 millones, Martinsa aún debe 8,6 millones al Ayuntamiento de Arganda por los convenios urbanísticos. El proyecto, que debía estar acabado en 2008, aún está en construcción. Un portavoz de Martinsa afirmó ayer que el grupo "ha cumplidoestrictamente la legalidad".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arganda, Victoria Moreno, denunció ayer la "total falta de transparencia" del alcalde en la gestión de suelo. De hecho, este partido denunció en 2007 la "ausencia total de información" sobre los terrenos de Martinsa ante el fiscal el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pero se desestimó.

www.publico.es 07.03.09

Tomás Martín Morales : El "alcalde en la sombra" que decidía el urbanismo

"El concejal de gestión urbanística firmaba, pero quien decidía era él". Él es Tomás Martín Morales, vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte. Hasta ayer. En cuanto se conoció su imputación, el alcalde, Juan Siguero (PP), le pidió que dimitiera, informó un portavoz municipal. Lo hizo unas horas después. Según el auto del juez Baltasar Garzón, Martín Morales cobró al menos 378.000 euros por intervenir a favor de empresas de la trama de Correa en diversas adjudicaciones en el municipio.

• La empresa pública suma cuatro implicados en la red de corrupción

• El ex alcalde González Panero creó un cargo para él

Martín Morales, abogado de profesión, decidía mucho en Boadilla, según coinciden fuentes municipales y de la oposición. Tanto que se ganó apodos como el Roca de Boadilla o el alcalde en la sombra. También se le conoció en un tiempo como Tomás Rotondas por su propensión a colocar glorietas en las calles del municipio. Eso fue en su primera época en el Ayuntamiento, cuando aterrizó en Boadilla como gerente de la EMSV, entre 2000 y 2003.

Desapareció de la esfera pública boadillense unos años, hasta que volvió como consejero delegado de la EMSV en 2007. Como tal, asegura el concejal socialista Pablo Nieto, "se le concedieron poderes amplísimos, porque el consejo de administración delegó en él casi todas sus competencias". Además, el alcalde, Arturo González Panero, le tenía reservado otro cargo de confianza. Un puesto que creó especialmente para él: el de director general del Ayuntamiento.

Fue un nombramiento polémico. El partido independiente Alternativa por Boadilla lo denunció ante la justicia alegando que la ley sólo permite nombrar directores generales a los municipios de más de 250.000 habitantes. Boadilla no llega a 50.000.

González Panero había intentado antes que Martín Morales formara parte de su equipo de gobierno. Quiso presentarlo en las listas de las elecciones municipales de 2003 y 2007, pero en Génova no se lo permitieron, confirman fuentes municipales. Nombrarle director general, un puesto que nunca antes había existido en Boadilla, era la manera de seguir teniéndolo a su lado. La gestión del flamante directivo se remuneraba con más de 75.000 euros anuales. Como miembro del comité ejecutivo del PP en Boadilla, Panero también le confió las campañas de 2003 y 2007.

"Amable, educado, muy normal", le define un ex compañero en el Ayuntamiento. Antes de llegar al municipio Martín Morales fue concejal en Getafe y jefe de Gabinete de Ginés López, alcalde de Arganda del Rey recién dimitido al estar también imputado en el caso Gürtel. Nunca fue cargo electo en Boadilla, pero sí su esposa, Rosalía Mercedes de Padura Díaz, concejal de Mujer, Formación, Empleo y Comercio desde 2007.

"Todo el urbanismo pasaba por él", dice el ex compañero, "aunque él no podía firmar nada al no ser cargo público". Según el auto de Garzón, Martín Morales habría participado en la adjudicación directa de varios contratos a la empresa Down Town Consulting S. L., actual Easy Concept Comunicación S. L., propiedad de la red de Francisco Correa, y de una parcela a la empresa UFC S. A., propiedad de José Luis Ulibarri. Martín Morales también habría participado en la adjudicación de unos locales comerciales -a un precio muy bajo- a una empresa de José Ramón Blanco. Todo a través de la EMSV de Boadilla, una empresa pública que, con las últimas imputaciones, ya suma cuatro implicados en el caso Gürtel: su presidente, González Panero; su consejero delegado, Martín Panero; su gerente, Alfonso Bosch Tejedor y uno de sus consejeros, José Galeote.

www.elpais.es 07.03.09

José Galeote  : El amigo polivalente de González Panero

El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, el Albondiguilla, tuvo dos compañeros de asiento -en primera clase- cuando voló a Miami en 2002: Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama de corrupción, y José Galeote Rodríguez, ex concejal de Boadilla y padre del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. Los tres están hoy imputados.

El juez Baltasar Garzón cree que José Galeote pudo recibir 612.506 euros en varios pagos procedentes de Correa mientras era concejal. Lo fue entre 1995 y 2003. Después, aunque ya sin cargo público, siguió vinculado al Ayuntamiento de Boadilla de una u otra forma. Fue asesor del alcalde, juez de paz, gerente del Consorcio deportivo de la zona noroeste (entidad pública que agrupa a las corporaciones de Boadilla, Majadahonda y Pozuelo) y, hasta que el próximo pleno decida lo contrario, uno de los ocho consejeros de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

Su vinculación con González Panero trasciende lo meramente profesional, aseguran fuentes cercanas. Juega al golf con el ex alcalde y pertenece a su círculo más próximo. Siempre ha tenido un hueco en el consistorio, pese a su edad. La oposición le denunció en 2000 por cobrar un sueldo del Ayuntamiento a la vez que ingresaba su pensión como jubilado. También fue polémico su nombramiento como juez de paz. Según el concejal del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, lo ejerció pese a ser incompatible con el puesto de concejal. José Galeote es el padre de Ricardo Galeote, concejal de Estepona (Málaga) también imputado.

www.elpais.es 07.03.09

Carlos Clemente Aguado : Un seguidor de Shakira en la estela de Michavila

Carlos Clemente Aguado, señalado en el auto del juez Baltasar Garzón como responsable de delitos que incluyen el cohecho y el tráfico de influencias, se define como un liberal. Clemente, nacido en Madrid en 1973, cree en Adam Smith y su legado. También tiene mucha fe en el ex ministro de justicia José María Michavila, su mentor. Maestro y amigo, padrino en sus ceremonias religiosas familiares. De su mano inicio en 2002 su carrera política. Era su asesor hasta 2003. Ambos trabajan ahora en la órbita de la cantante colombiana Shakira. Ambos profesan una fe religiosa muy viva, cercana a los Legionarios de Cristo.

• Garzón sostiene que Clemente recibió un sobre con 6.000 euros

• El imputado dejó España y trabaja para una ONG colombiana

El juez de la Audiencia Nacional sostiene, en la instrucción del caso Gürtel, que Carlos Clemente Aguado recibió regalos de parte de Easy Concept, base de la pirámide de corrupción ideada por Francisco Correa. Dice también que le dieron un sobre con 6.000 euros en diciembre de 2006. Además, le imputa los delitos de asociación ilícita y blanqueo. Todas esas imputaciones sorprenden en su entorno. Le consideraban un joven con mucho futuro. Ninguno le veía madera de corrupto. Ahora, según filtran, está muy dolido y asegura que no tiene nada que ver con la trama.

Clemente, hombre agradecido, también concede mucha importancia en su trayectoria a Esperanza Aguirre. La presidenta de la región ha sido la impulsora de su brillante carrera en la Comunidad de Madrid. Ha sido diputado regional en las dos últimas legislaturas, vocal de la ejecutiva popular y viceconsejero de Inmigración hasta octubre de 2008.

Un recorrido de cargo en cargo que se cerró a finales del año pasado. Ahora se dedica a la filantropía. Es director general de la Fundación Alas. Una ONG cuyo propósito es ayudar a los niños latinoamericanos. Esta asociación sin ánimo de lucro esta amadrinada, entre otros "artistas e intelectuales", por la cantante colombiana Shakira y el madrileño Alejandro Sanz. Michavila es el representante para Europa de Shakira. Clemente tiene desde el pasado mes de enero su residencia permanente, junto a su mujer y sus dos hijos (de tres y un año), en Colombia. También tiene esa nacionalidad concedida. Desde allí viaja por todo el continente (ayer estaba en México) poniendo en marcha los proyectos de Alas.

Clemente, de firmes convicciones aunque proclive al diálogo y el intercambio de pareceres, es un hombre pulcro. Le gustan las camisas de cuadraditos pequeños y simétricos. También se ocupa con mucho esmero del cuidado de su ondulada cabellera.

El ex viceconsejero, famoso en su anterior oficio por su puntualidad, intensidad laboral y capacidad madrugadora, estudió sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Antes había pasado por las aulas del colegio de los Padres Salesianos de Guadalajara. En esta ciudad, a menos de 60 kilómetros de la capital, vivían sus padres. Una familia de clase media ligada al periodismo. Su hermana, también en la órbita de los populares, trabajó en el departamento de comunicación de la Consejería de Cultura.

En su época de universitario se apuntó a la asociación más ligada al Partido Popular. Muy activo preparando conferencias de políticos conservadores y promoviendo mesas de discusión, ingresó en Nuevas Generaciones. Aún gobernaba el PSOE en España y Clemente era un activo detractor del Felipe González agonizante. Todo de la mano de Michavila, que lo animó a progresar en la política. También a continuar con sus estudios. Es Técnico Superior de Administradores de la Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Estudios Políticos Aplicados.

Clemente es un hombre extrovertido. Un político con encanto, sonriente y simpático al que le gusta imitar a Julio Iglesias. Hablador, buen discutidor, hábil tejiendo argumentos y muy seguidor del Real Madrid.

www.elpais.es 07.03.09

Uno de los imputados fue asesor de Michavila

Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta octubre de 2008 y uno de los imputados por el juez Garzón el pasado jueves, fue asesor de José María Michavila durante su etapa como ministro de Justicia entre 2002 y 2003.

La relación con Michavila, cuyo bufete -Eius- trabajó para los ayuntamientos de Boadilla y el de Pozuelo, ambos presuntamente implicados en la trama de corrupción, no se ha interrumpido: Clemente Aguado cesó a petición propia como viceconsejero precisamente para asumir la dirección general de una fundación benéfica latinoamericana donde Michavila ocupa el cargo de secretario. Como informó Público, dos de los directores de Eius son letrados del Congreso, que esta semana ha abierto una investigación para dirimir si los abogados han incurrido en incompatiblidad.

Ex diputado autonómico por el PP, Clemente fue director de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado entre 2003 y 2005. Según el auto de Garzón donde le imputa junto con otros cargos del PP madrileño, Clemente cobró de la trama 16.000 euros mediante dos pagos. Uno de ellos, de 10.000 euros, aparece registrado en la llamada “Caja B actual”, uno de los compartimentos contables con los que que el grupo capitaneado por Francisco Correa consignaba la sucesión de cobro y pago de comisiones.

Este periódico no logró ayer contactar con Carlos Clemente ni con ningún directivo de la fundación a la que se ha vinculado. Un cargo medio de esa institución aseguró por la tarde desde Panamá que hasta ese momento ignoraba por completo que Clemente estuviera involucrado en un caso de corrupción.

Santo / Albondiguilla / América

Tanto el auto de Garzón donde se notifica la imputación de Clemente como aquel donde se inhibe respecto a los aforados de Madrid incluyen la referencia a un asiento contables cuyo significado se está investigando. La resolución del juez se refiere a él en estos términos: “Archivo box V51. Clave “bruja”, en Caja de seguridad en Velásquez, 96 con número de 51".

En ella consta una entrada de 900.000 euros y constan tres retiradas el 25 de mayo de 2007 con el concepto entrega Tomás Martín en oficina le conoce porque le ha visto con Pablo Crespo desconociendo a qué se dedica, y en el campo observaciones Santo Albondiguilla América por importes de 150.000, 210.000 y 300.000 euros”.

De los tres términos de esa ecuación cifrada, dos resultan fáciles de descifrar: Albondiguilla es el apodo con que la trama designaba al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. La alusión a América apunta, sin duda, a los negocios de Correa en el continente. El misterio reside en la mención a Santo, nombre o apellido que no se corresponde con el de ninguno de los imputados ni con el de los empresarios que, según Garzón, pagaron comisiones a la red corrupta de Correa.

Con domicilio en Colombia

El jefe de la trama, cuyo apellido dio nombre a la operación lanzada por Garzón -Gürtel, correa en alemán- tenía negocios en Miami y pretendía abrirse camino empresarial en Panamá, país al que pretendía huir y cuya laxitud en materia de sociedades lo convierte en uno de los paraísos fiscales usualmente transitados por la delincuencia internacional. El presunto capo de la red también había adquirido propiedades inmobiliarias en Cartagena de Indias (Colombia). En Bogotá, la capital de ese país, reside actualmente Carlos Clemente con su familia

www.publico.es 07.03.09

El PSOE reclama la disolución de la dirección del PP

Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños, exigió ayer a Mariano Rajoy la disolución de la dirección del PP de Madrid. Y lo hizo porque, según afirmó, está claro que está "inmersa hasta las cejas en la corrupción". Para Gómez, el hecho de que tres alcaldes populares hayan tenido que dimitir por su imputación en el caso Gürtel, así como la implicación de un ex alcalde, un ex consejero y varios diputados de la Asamblea, es un claro síntoma de que en el Partido Popular de Madrid "hay corrupción masiva". "No se puede poner a la zorra a cuidar del gallinero", sentenció.

Tras acusar a la dirección del PP regional de estar "podrida" e "inhabilitada" para dar instrucciones con transparencia en las instituciones madrileñas, Gómez afirmó estar "muy tranquilo" por la imputación judicial por presunto delito urbanístico de tres cargos socialistas. Algo que, en su opinión, está utilizando el equipo de Esperanza Aguirre para "echar basura, tapar sus vergüenzas y sus corruptelas", en lugar de "cortar cabezas, como deberías haber hecho desde el principio".

Desde Izquierda Unida también se refirieron a la presunta corrupción del PP. Fue su coordinador general, Cayo Lara, el que afirmó que se necesita "asumir responsabilidades completas de lo que está pasando". Porque "aquí no está pasando cualquier cosa", señaló. "A este paso, el PP se va a quedar sin alcaldes", comentó poco después de conocer la dimisión de los regidores de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey. El coordinador de IU quiso también sacar una lectura positiva del asunto: "Creo que todo esto debe servir para limpiar la vida democrática y política española".

www.elpais.es 07.03.09

El alcalde de Pozuelo también dimite por su relación con la trama corrupta del PP

Jesús Sepúlveda renuncia dos horas después que el alcalde de Arganda y por la misma causa.- Garzón implica además a los regidores de Majadahonda y Boadilla

Dos dimisiones en el plazo de dos horas aunque ambos se declaran inocentes y calumniados. El primero, a las once de la mañana, ha sido alcalde de la localidad madrileña de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, que ha presentado su renuncia como regidor, su entrega del acta de concejal y su "suspensión temporal" de militancia del PP después de que Baltasar Garzón le implicara anoche en la presunta trama de corrupción que afecta a este partido. A la una, el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, ha seguido sus pasos por las mismas razones. El primero ha leído una declaración sin posibilidad de preguntas, mientras que el segundo no ha dado la cara, de momento, y ha sido su servicio de prensa quien ha difundido un comunicado. Pero ambos textos son sorprendentemente iguales en el fondo y en la forma.

• El PP admite en Majadahonda pagos de dos millones a Correa

• Garzón destapa sobornos a Camps y una red de corrupción masiva en Madrid

• Así es la gran trama de corrupción política vinculada al PP

• El PP suspende de militancia a los implicados por Garzón salvo a Camps y otros cuatro aforados

• El escándalo alcanza a otros dos alcaldes del PP en Madrid

Esta mañana, a las once en punto, el alcalde de Arganda -situado al suroeste de la Comunidad de Madrid y con algo más de 50.000 habitantes- ha despachado su renuncia en apenas tres minutos, los que ha durado la lectura de un declaración tras la cual no ha admitido preguntas. Estaba rodeado de 11 concejales y otros altos cargos de la corporación local, en total una veintena. López Rodríguez ha comenzado por lamentar y criticar el hecho de haberse enterado de su implicación en la trama por los medios de comunicación. En este punto, ha denunciado que se encuentra en un estado de "indefensión" absoluta porque desconoce los hechos dictados en el auto y ha subrayado que jamás ha realizado "ningún acto fuera de la legalidad". En su declaración, ha sostenido que confía en la Justicia y que se pone "a su disposición para aclarar los hechos".

"He solicitado voluntariamente a la dirección del PP la suspensión cautelar de mi militancia hasta que se aclare la situación actual", ha revelado el primer edil, para añadir: "Con la finalidad de dejar al margen a la institución a la que represento y quiero, y por coherencia personal con lo que siempre he defendido, pensado y luchado, dimito como alcalde de Arganda". Según la investigación del juez de la Audiencia Nacional, que tuvo que interrumpir ayer para inhibirse en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia, durante su mandato cobró 1.315.427 millones de euros de las empresas de Francisco Correa, el presunto cerebro de la red de corrupción y tráfico de influencias. Es, de todos los imputados, el que más dinero cobró, según el auto.

Y después, Pozuelo

Tras la lectura de su renuncia, ha entregado el acta de concejal y ha presentado su dimisión como alcalde en un pleno convocado al efecto y celebrado al mediodía. Su sustituto es el actual teniente de alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero. Entra en la corporación Tomás Fernández Leganés, el último de la lista del PP, de modo que la distribución de fuerzas sigue siendo 12 concejales el PP, siete el PSOE y dos IU. Momentos después del anuncio de López Rodríguez, Aguirre ha revelado que Sepúlveda, ex marido de Ana Mato y fontanero de José María Aznar, también había pedido la suspensión de la militancia del partido, pero no ha dicho nada sobre la Alcaldía. Aguirre ha indicado que con estos ceses los dos imputados pretenden "demostrar su inocencia" y ha afirmado que el PP respalda "absoluta y totalmente" su decisión. Fuentes del PP de Madrid han añadido que la dimisión del alcalde de Pozuelo, que ha pasado la mañana reunido con los miembros de su equipo de gobierno, era "inminente".

Y así ha sido, esta vez sin sobresaltos -a diferencia de Arturo González Panero, ahora ex alcalde de Boadilla, también imputado en la trama y que fue el primero en dejar el puesto por esta causa tras varios amagos-. A través de un comunicado, que contiene frases idénticas a las pronunciadas por su compañero de filas, Sepúlveda ha anunciado que deja la corporación local de este municipio de más de 80.00 habitantes situado al oeste de la capital. La nota del alcalde, que según Garzón se llevó 422.992 euros de la trama, sostiene que todas las imputaciones son "radicalmente falsas", "carecen del menor fundamento" y se refieren "a indicios falsos que la propia Fiscalía Anticorrupción rechaza por inconsistentes". Sepúlveda agrega que "son imputaciones calumniosas e inciertas realizadas sin prueba alguna". Al igual que López Rodríguez, subraya: "Jamás he realizado actuación alguna al margen de la más estricta legalidad". "Me siento profundamente indignado. Es evidente que nos encontramos ante un mero episodio Garzón, caracterizado, como ha reconocido la fiscalía, por su arbitraridad", continúa la nota.

También "con el objetivo" de que su defensa "no perjudique al PP", ha solicitado la "suspensión cautelar" de su militancia y, para "dejar al margen" al ayuntamiento y a los vecinos, y por "coherencia personal", presenta su dimisión. Ginés López Rodríguez y Jesús Sepúlveda se suman así a las tres cabezas de altos cargos que ya habían rodado hace unos días a causa del mismo caso Gürtel. Se trata de Arturo González Panero, de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y que cesó como gerente del Mercado Puerta de Toledo -un cargo designado por el Gobierno de Esperanza Aguirre-; y de Alberto López Viejo, ex consejero madrileño de Deportes. Esta misma mañana, el PP ha suspendido de militancia a todos los implicados por Garzón en la causa, salvo los que no están imputados porque son aforados y cuya situación depende ahora de los tribunales superiores. Son el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco -los tres diputados autonómicos de la Asamblea de Madrid-.

Cospedal: "Ejemplaridad, tranquilidad y garantía"

El tercer acto de este guión lo ha protagonizado la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que tras las renuncias ha declarado que los dos alcaldes han dimitido para "evitar daños al partido" y que ambos "han antepuesto el interés" del PP al suyo propio. Respecto al regidor de Pozuelo, ha dicho "no aparece imputado por su gestión municipal".

Además, Cospedal ha vuelto a descalificar la investigación de Garzón, quien actúa con "animadversión al PP" y por "las insidiosas afirmaciones en los autos que no se justifican con los hechos". No obstante, la número dos de Rajoy ha manifestado que el PP confía "en la justicia" y que este partido actuará "con contundencia contra los militantes que hayan cometido alguna irregularidad". Preguntada por los periodistas, ha agregado que el PP exigirá responsabilidades a los implicados en la trama de corrupción "no sólo cuando haya una sentencia firme, sino cuando la investigación demuestre que han cometido alguna irregularidad".

Por último, ha desgranado los principios que rigen la actuación de los populares en este asunto: "Ejemplaridad, tranquilidad para los militantes y la garantía de que la financiación del partido es regular".

Aguirre acusa a Garzón de recibir "regalos" de mayor cuantía que los de Camps

El presidente valenciano dice estar "indignado", pero asume con "paz" su implicación en la causa

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha acusado hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de aceptar regalos de cuantía superior a los que, según el último auto del magistrado , presuntamente recibió el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. "Aquello de lo que se acusa a Camps -ha manifestado Aguirre en una entrevista en la cadena Cope- es inferior en cuantía a los regalos que ha aceptado el juez Garzón". La presidente madrileña ha dicho además tener la impresión de que el magistrado "ya ha hecho todo el daño mediático que quería hacer contra el PP".

• Garzón destapa sobornos a Camps y una red de corrupción masiva en Madrid

• La investigación apunta a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano

• El PP suspende de militancia a los implicados por Garzón salvo a Camps y otros cuatro aforados

Durante su intervención, Aguirre ha manifestado "no atreverse" a calificar las actuaciones llevada a cabo por Baltasar Garzón y ha apuntado que el juez no se ha inhibido en la presunta trama de corrupción sino que "se ha quedado con todo el caso, excepto por lo que se refiere a los aforados". "Aquello de lo que se le acusa a Francisco Camps es inferior en cuantía a los regalos que ha aceptado Garzón", ha remachado.

"Garzón si puede me hace un traje a mí. Vamos a procurar evitar que ocurra", ha bromeado la presidenta del Gobierno regional, antes de referirse a la presunta malversación de fondos cometida por el alcalde de Rivas (Madrid), José Masa (IU). En este sentido, ha afirmado que el alcalde está imputado por trasladar "con dinero público" a vecinos del municipio madrileño a una manifestación contra la política sanitaria de la Comunidad. A su juicio, en este tipo de casos aparecen imputados de "dos clases", por una parte los del Partido Popular, quienes parecen ser "malos malísimos y que ya están condenados de entrada", y por otra "los condenados del PSOE", que da la impresión de que "no ha hecho nada". "Pobrecitos", ha ironizado, para recalcar que debe ser la Justicia la encargada de pronunciarse en los procesos.

Camps, "indignado"

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha afirmado hoy que asume con "absoluta tranquilidad y paz" la implicación en la supuesta trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional, aunque ha admitido estar "indignado" con algunas informaciones que se están publicando. Camps ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto de toma de posesión del nuevo síndic de Greuges, José Cholbi, al que también ha acudido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, que preside la sala que llevará el caso.

El presidente valenciano, quien se ha reafirmado en la declaración de inocencia que hizo cuando su implicación se hizo pública por primera vez, ha asegurado confiar "plenamente en la Justicia" y tener "la conciencia tranquila", además de asegurar que su esfuerzo se seguirá centrando en su labor al servicio de los ciudadanos.

www.elpais.es 06.03.09

EL PP ADMITE EN MAJADAHONDA PAGOS DE DOS MILLONES A CORREA 

Al menos dos millones de euros. Ése es el dinero que pagó el Ayuntamiento de Majadahonda a empresas relacionadas con Francisco Correa, el cabecilla de una presunta trama corrupta en la que habrían participado dirigentes del PP. El Consistorio reconoció ayer que existen facturas a nombre de Special Events, TCM, Easy Concept, Down Town y Q Más D -empresas que han sido investigadas por el juez Baltasar Garzón- emitidas durante el mandato del ex alcalde del PP Guillermo Ortega (de 2001 a 2005), imputado en la Operación Gürtel por presuntos delitos de blanqueo de dinero, tráfico de influencias, cohecho y malversación. 

Durante el pleno extraordinario celebrado ayer en Majadahonda, que había sido solicitado por los grupos de la oposición, el equipo de gobierno rebajó la cifra de 3,5 millones pagados a empresas de Correa, que había estimado Izquierda Unida, a dos millones. 

El actual primer edil, Narciso de Foxá (PP), reconoció que durante el mandato de Ortega "hubo una serie de prácticas irregulares" que tanto él como varios concejales populares conocieron en su momento y que trasladaron a la dirección regional del partido. Aseguró que estas prácticas, con las que no todo el grupo popular estaba de acuerdo, eran un motivo de disensión en el PP local. 

"Por eso nos plantamos", aseguró, refiriéndose al enfrentamiento entre los populares en la ejecutiva anterior, que supuso la propia dimisión de Foxá como concejal de Urbanismo en diciembre de 2004. Según el portavoz popular, Ángel Francisco Alonso, el 60% de las facturas del Ayuntamiento durante la legislatura de Ortega las firmaban tres personas, las tres imputadas en el caso: los ex concejales José Peña y Juan José Moreno y la ex jefa de gabinete Carmen Rodríguez -esposa de Correa-, que "decidían en qué se gastaba el dinero". 

Foxá aseguró que desde que él pasó a ser alcalde "no se ha vuelto a contratar a una sola empresa" de las investigadas y recordó que una de sus primeras decisiones fue despedir a Rodríguez. 

Manuel Fort, portavoz del PSOE de Majadahonda, destacó ayer que aún hay al menos cinco concejales que firmaron facturas a empresas investigadas en la trama. "En un grupo político, las decisiones se toman por mayoría", explicó, "por lo que tanto el actual alcalde como su grupo connivieron con esta situación, la consintieron y la aprobaron".

(www.elpais.com, 06/032/09)

Tres diputados de Aguirre cobraron 1,2 millones en sobornos

Los parlamentarios del PP recibían comisiones a cambio de contratos

Cobraron 1.250.728 euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. La resolución por el que el juez Baltasar Garzón se inhibió ayer a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid encuentra claros indicios de criminalidad contra el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, el ex presidente de la comisión de investigación del espionaje madrileño, Benjamín Martín Vasco, y el diputado en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. El magistrado considera que los tres aforados habrían cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita, aunque será el tribunal madrileño el que los investigue.

• Una empresa de la trama trabajaba con varias consejerías

• López Viejo recibía sobres con dinero de un jefe de la organización

El auto se basa en un informe entregado al juzgado el pasado 24 de febrero por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que aparecían los aforados madrileños. El primero al que apuntaban los agentes es el ex consejero Alberto López Viejo, al que el documento relaciona directamente con la trama empresarial diseñada por el cerebro de la red, Francisco Correa. López Viejo, según Garzón, habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de diferentes eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid".

Esas adjudicaciones las realizaba el ex consejero "a cambio de entregas de dinero que se recogían en la contabilidad B" de algunas de las compañías, según una de las memorias USB intervenidas por los policías. Una de las sociedades de la trama que supuestamente se llevaba las adjudicaciones fraudulentas era Servimadrid Integral, SL. Esa empresa trabajaba, según el auto, "con la Comunidad de Madrid, concretamente con las Consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia y otras que las que hacían eventos sueltos".

Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y uno de los cabecillas de la trama, ahora en prisión provisional, se reunió en diferentes ocasiones con el consejero "para darle sobres con dinero". Las cantidades que se entregaban a López Viejo aparecen en un listado que controlaba el ex asesor del Ayuntamiento de Madrid Javier Nombela, también imputado en la causa, y uno de los administradores de Easy Concept, según se recoge en la resolución.

Benjamín Martín Vasco, por su parte, aparece implicado debido a las grabaciones presentadas por la Fiscalía Anticorrupción. Su papel, según el juez, consistía en "conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey". Esa promotora, según el auto, habría pagado comisiones a Francisco Correa, el cerebro de la trama, por esa labor. El parlamentario madrileño también facilitó la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007, cuando Martín Vasco estuvo al frente de la sociedad municipal Fomento de Arganda del Rey.

Los indicios contra el diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch se remontan a su época como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, municipio del que era alcalde el también imputado Arturo González Panero, el Albondiguilla. Ejerciendo ese puesto, Bosch adjudicó directamente a la sociedad Easy Concept la oficina de atención al ciudadano del ayuntamiento durante 14 años.

Otra de las irregularidades detectadas contra el diputado regional sería su intermediación para conseguir que se adjudicara a la promotora Hispánica la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte, así como la adjudicación de unos locales por ese municipio a la empresa Rústicas MBS, administrada por el también imputado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de la petrolera Repsol YPF.

Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado en dicho municipio", explica el magistrado en su resolución, que recuerda cómo se autoinculpó. "Como este último [el propio diputado regional] reconoce en las intervenciones telefónicas, él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación", continúa el juez Garzón.

En total, la cantidad obtenida por los tres aforados en comisiones ilegales asciende a 1.250.728 euros repartidos en 13 pagos, según el cuadro resumen de la UDEF recogido por Garzón en el auto por el que se inhibe. Cuatro tuvieron como destinatario a López Viejo, que cobró un total de 563.000 euros de las empresas de la trama. Bosch se llevó supuestamente 250.562 euros en cinco partes y otros 437.166 fueron a parar a Martín Vasco.

Tal y como le pedía el fiscal, Garzón considera que la práctica totalidad de la causa correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que, según el juez, "la dinámica presuntamente delictiva ha sido ordenada y ejecutada, principalmente, desde Madrid, donde se encontraba el núcleo director del entramado a cuya cabeza están Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabarís".

Los delitos que se imputan a las personas inicialmente imputadas por Garzón y los que podrían haber cometido los diputados regionales madrileños, "son conexos unos a otros y, por tal motivo, el núcleo fundamental de ellos se encuentra en esta resolución y bajo la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", dice el juez.

La existencia de aforados que deben ser juzgados por ese tribunal "atrae la competencia" a ese órgano sobre todos los demás imputados.

www.elpais.es 06.03.09

El escándalo alcanza a otros dos alcaldes del PP en Madrid

Garzón imputa a los regidores de Arganda y Pozuelo, y a cuatro cargos más

Hasta que el juez Baltasar Garzón hizo público su auto ayer por la tarde, sólo dos altos cargos del PP madrileño estaban imputados en el caso Gürtel, y a los dos les ha abierto expediente su partido: el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (dimitido a raíz del escándalo) y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (que ocupaba un cargo de gerente en el Gobierno de Esperanza Aguirre y dimitió también).

• El alcalde de Arganda tenía un archivo personal de pagos en negro

• Ginés López recibió 1,3 millones, y Jesús Sepúlveda 422.000 euros, según el auto

Anoche se sumaron nueve implicados más: son otros dos alcaldes, dos ex concejales (familiares de un eurodiputado del PP), un ex consejero de Aguirre, un responsable de una empresa municipal de suelo y tres diputados autonómicos. A estos últimos -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- no los imputa Garzón porque tienen condición de aforados: sobre ellos tendrá que decidir el Tribunal Superior de Madrid. El resto sí están imputados desde ayer. Son los siguientes:

- Ginés López Rodríguez. Conocido, según el auto, como El Gafitas, Ginés López es desde hace seis años el alcalde de Arganda del Rey, municipio madrileño de 50.000 habitantes. También preside el PP de Arganda y es miembro del comité ejecutivo del PP madrileño. Según Garzón, durante su mandato en la alcaldía "se ha producido la entrada de las empresas de Francisco Correa en dicho municipio mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept Comunicación, SL durante los años 2005 a 2007, como así pone de manifiesto Isabel Jordán en su declaración".

Isabel Jordán es una de las empresarias imputadas, y en varias grabaciones se refiere a la actuación de cargos públicos de los municipios en los que operaba la presunta trama corrupta.

El juez subraya que López "aparece desarrollando acciones de intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, que habría satisfecho comisiones a Francisco Correa por esta labor". Y recuerda que en ese mismo municipio "la organización trabajaba con Benjamín Martín Vasco [diputado autonómico] al que pagaban comisiones por favorecer los intereses de Correa".

El alcalde de Arganda, prosigue el auto, "disponía de un archivo personal con apuntes contables dentro del sistema de contabilización de las operaciones realizadas con la caja B". "Ginés López consta dentro de un esquema de distribución de dinero B", insiste el juez. Y acompaña una relación de anotaciones sobre "facturas de los años 2004 a 2008 por distintos conceptos: billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches y tres entregas en efectivo" en esa supuesta cuenta de dinero negro. Todo eso suma 1.315.427 millones de euros que López habría recibido de la trama. Es, de todos los imputados, el que más dinero cobró, según el auto.

- Jesús Sepúlveda Recio. Alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.000 habitantes) desde 2003, presidente del PP local y miembro del comité ejecutivo del PP regional. Sepúlveda "aparece en la contabilidad B del grupo empresarial investigado", dice el auto de Garzón. A veces son cantidades "entregadas en sobre a JS" pero también hay, por ejemplo, un "ingreso en cuenta en el BBVA, por cuenta de PC" -a quien el juez identifica como Paco Correa- "para cancelar una factura de Pasadena Viajes con cargo a Jesús Sepúlveda". "La cantidad total que resultaría a favor de Jesús Sepúlveda sería de 422.992 euros", resume Garzón. Y añade: "Previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo era una de las personas que organizaban los eventos del PP y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos. Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para ese municipio".

- Carlos Clemente Aguado. Fue viceconsejero de Inmigración de Madrid hasta el 23 de octubre de 2008 y, según el juez, recibió al menos 16.000 euros de la trama en 2006, mientras ocupaba su cargo. Uno de los pagos está reflejado en la cuenta B y el otro ha sido desvelado por la empresaria Isabel Jordán. En el auto no consta a cambio de qué recibió ese dinero.

El consejero de Inmigración de Madrid, superior inmediato de Carlos Clemente, es Javier Fernández Lasquetty, uno de los consejeros más próximos a Aguirre y procedente de La Moncloa, donde trabajó en el Gabinete de José María Aznar.

- Tomás Martín Morales. Vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, cobró al menos 378.172 euros por intervenir a favor de diversas adjudicaciones de ese Ayuntamiento, según el auto. Martín Morales, miembro del comité ejecutivo del PP de Boadilla y persona de confianza del ex alcalde Arturo González Panero (también imputado), participó, sostiene Garzón, en la adjudicación directa de contratos a Down Town Consulting, SL, actual Easy Concept Comunicación, SL. También en la adjudicación directa de una parcela a la empresa UFC, propiedad de José Luis Ulibarri, tras la intervención de Francisco Correa, entre otras.

En la documentación intervenida constan apuntes de los pagos reiterados a Martín Morales. En unas ocasiones aparece su nombre y en otras las iniciales TM. Por ejemplo, figura un apunte de fecha de 16 de junio de 2006 en concepto de entrega de un sobre a Tomás Martín por importe de 30.000 euros.

- José Galeote Rodríguez. Padre del eurodiputado Gerardo Galeote, fue durante 12 años concejal en Boadilla del Monte. En septiembre de 2002 era concejal de Relaciones Institucionales. En 2004 fue nombrado gerente del consorcio deportivo y de servicios de la zona noroeste de Madrid. En la contabilidad de la caja B de la sede de Special Events aparece un apunte de marzo de 2002 de 111.206 euros entregados a José Galeote cuando era concejal de Boadilla. El juez detalla cómo los distintos pagos pasan por Francisco Correa. En total, el ex concejal habría recibido 612.506 millones de euros.

- Ricardo Galeote Quecedo. Hijo del anterior, ex gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades recreativas en el Ayuntamiento de Estepona y concejal del PP tras las elecciones 2007 en esa localidad malagueña. Aparece en la contabilidad de la empresa de Correa como beneficiario de varios pagos de 1.500 a 2.900 euros entre enero y agosto de 2001. En la caja B consta un pago de 6.000 euros. Sumando una tercera cuenta, la cantidad total percibida por Galeote es de 42.469 euros.

- Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid).

- Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística de Boadilla.

- Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

- José Galeote, ex concejal de Boadilla.

- Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona (Málaga).

www.elpais.es 06.03.09

El secretario del Ayuntamiento de Boadilla fue jefe de Gabinete de Acebes

El secretario del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Manuel Horrillo Rico, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional a las órdenes del ex secretario general del Partido Popular Ángel Acebes.

• Un familiar de Acebes fue contratado a dedo por el dimitido alcalde Panero

Horrillo Rico, funcionario de habilitación de Carácter Nacional desde 1974, trabajó como Secretario General del Ayuntamiento de Ávila durante la alcaldía de Ángel Acebes (1991-1995). Después, estuvo a las órdenes de Javier Arenas como jefe del Gabinete Técnico del subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales. Sin embargo, en abril de 1999 volvió a trabajar mano a mano con Ángel Acebes cuando este era ministro de Administraciones Públicas. Horrillo era ni más ni menos que Director del Gabinete de Acebes.

(Consulta el Real Decreto 117/1999, de 22 de enero de 1999, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas a don Manuel Horrillo Rico)

Aterriza en Boadilla
Tras volver al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y ser subdelegado del Gobierno en Cuenca desde el año 2000 hasta 2004, Horrillo aterrizó en el Ayuntamiento de Boadilla. Allí, ocupa la Secretaría General del Ayuntamiento que hasta el pasado mes de febrero presidía Arturo González Panero, alias el albondiguilla.

Gana la plaza
En concreto, Horrillo entró al Ayuntamiento cuando el anterior secretario general del Ayuntamiento, Manuel Acosta Batista, se jubiló. Para sustituirle, se abrió un concurso de traslados. Manuel Horrillo Rico, funcionario de Habilitación de Carácter Nacional, consiguió hacerse con la plaza.

(El currículum de Manuel Horrillo puede consultarse en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas).

Concejala del PP de Madrid
Horrillo está casado con María Begoña Larrainzar Zaballa, concejala presidenta del Distrito de Latina (Madrid). Este matrimonio mantiene un vínculo muy estrecho con Ángel Acebes y su esposa, Ana Pérez Martín. Su amistad se remonta a los años 80, época en la que coincidieron en el Partido Popular de Ávila y, como ya se ha dicho, en el Ayuntamiento abulense.

“No hay ningún problema”
Antes de ser concejala del PP madrileño, Begoña Larrainzar fue Directora de la Función Pública en Castilla y León y también trabajó como asesora de Ángel Acebes en el Ministerio de Administraciones Públicas. Larrainzar se negó a hablar con El Plural. Manuel Horrillo también rehusó hacer declaraciones a este periódico. “Horrillo es un funcionario público. Larrainzar es concejala. Nada más. No sabemos donde está la noticia, donde está problema”, aseguran desde el Gabinete de Prensa del Partido Popular de Madrid.

Casualidades
Es decir, para el Partido Popular, no deja de ser una casualidad que el secretario del Ayuntamiento de Boadilla haya sido director de Gabinete de Ángel Acebes, quien como ya adelantó ayer Elplural.com, tiene a un familiar suyo trabajando como director técnico de Juventud e Infancia en el sospechoso consistorio.

Más coincidencias
Es más, Alejandro Tomás Marín Morales fue ratificado como director técnico de Juventud e Infancia por Juan Siguero, el sustituto de Arturo González Panero, el pasado 20 de noviembre. Manuel Horrillo Rico fue el encargado de firmar el decreto del nombramiento. (Vea el decreto)

www.elplural.com 05.03.10

LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE PAGOS POR MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS A CORREA

El Gobierno de Madrid pagó 3.229.302 euros a las empresas de la trama de Francisco Correa de 2004 a 2009. La inmensa mayoría de los alrededor de 300 contratos fueron aprobados por el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, que trabajó hasta con cuatro sociedades diferentes de la red del empresario encarcelado, para no ser descubierto.

Según revela hoy el diario El Mundo, la información en manos del Juez Baltazar Garzón, a partir de documentos recopilados por la propia Comunidad de Madrid, casi todos los contratos, que tenían como objeto realizar actos institucionales de la presidenta, Esperanza Aguirre, fueron cedidos a las empresas Easy Concept, Servimadrid, Good and Better y Diseño Asimétrico, todas propiedad de Francisco Correa.

Cuatro nombres diferentes de empresas, único dueño 

Para no levantar sospechas, López Viejo trabajó con hasta cuatro empresas diferentes, herederas de Special Events, una de las primeras sociedades de la red, y fue cambiando el grueso de la inversión de unas a otras a lo largo de los años para que nadie pudiera acusarle de elegir siempre a la misma.

En 2004 el Ejecutivo regional pagó 341.426,33 euros a una sola empresa de la trama: Easy Concept. Un año después, la cantidad facturada ascendió a 788.570 euros, sin embargo ya no fue una sola compañía la elegida. Easy Concept se llevó 238.357 euros, un 30% del total, pero fueron beneficiadas, además, dos nuevas sociedades: Servimadrid, que cobró un 56% de lo facturado, y Good and Better (un 13,5%).

Las arducias societarias continuaron en 2006 con pagos de hasta 846.192 euros, que fueron a parar de nuevo a Servimadrid. Ese año, aparece en la contabilidad una nueva sociedad: Diseño Asimétrico, que en los ejercicios siguientes: 2007, 2008 y 2009, se convierte en la principal beneficiada de los contratos de López Viejo: un 54% de los mismos el primer año, un 57% el segundo y un 93% el tercero.

(www.elplural.com, 28/02/09)

LÓPEZ VIEJO CONTRATÓ A CORREA BAJO 4 NOMBRES DIFERENTES

El Gobierno de Madrid pagó 3.229.302 euros a las empresas de la trama de Francisco Correa de 2004 a 2009. La inmensa mayoría de los 268 contratos facturados en ese periodo los ordenó el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, que trabajó hasta con cuatro sociedades diferentes de la red del empresario encarcelado para no ser descubierto.

Casi todos los contratos tenían como objeto realizar actos institucionales de la presidenta, Esperanza Aguirre, con distintas consejerías.Las empresas beneficiadas fueron Easy Concept, Servimadrid, Good and Better y Diseño Asimétrico.

La mayoría de esos 368 contratos se hicieron por orden del que fue primero viceconsejero de Presidencia y después consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que durante años se ha ocupado de organizar los actos de Aguirre. El 9 de febrero, fue destituido por contratar de forma masiva a estas sociedades ahora bajo investigación judicial.

Para no levantar sospechas, López Viejo trabajó con hasta cuatro empresas diferentes, herederas de Special Events, una de las primeras sociedades de la red. Y fue cambiando el grueso de la inversión de unas a otras a lo largo de los años para que nadie pudiera acusarle de elegir siempre a la misma. El objetivo, según están convencidos ahora en el Gobierno de Madrid, era burlar el control de la presidenta y que nadie pudiera pensar que había algo raro, ni dentro, ni fuera del Ejecutivo.

En 2004, Aguirre preguntó a López Viejo si contrataba a Special Events, ya que diversas informaciones apuntaban a presuntas irregularidades en las relaciones de esta sociedad con la administración. El ex consejero le respondió que no. Sin embargo, como ha dicho Aguirre a sus más próximos, López Viejo le ocultó que lo hacía con otras que pertenecían a la misma red. Ese fue el motivo principal de su destitución.

Según los contratos recopilados por la Comunidad y que desde están en poder del juez Baltasar Garzón, en 2004 el Ejecutivo regional pagó 341.426,33 euros a una sola empresa de la trama: Easy Concept.

Se ha tenido acceso a toda la información año a año y por consejerías. Cotejando lo gastado a lo largo del tiempo es evidente el baile de sociedades, pero siempre con un mismo beneficiario: Correa. En 2005, la cantidad facturada ascendió a 788.570 euros, pero ya no fue una sola empresa la elegida. Easy Concept se llevó 238.357 euros, un 30% del total. Pero ese año aparecieron dos nuevas sociedades: Servimadrid, que cobró un 56% de lo facturado, y Good and Better (un 13,5%), como puede verse en el gráfico adjunto.

El baile societario continuó en 2006. En ese ejercicio, los pagos ascendieron a 846.192 euros. Y la mayor parte de los mismos fue a parar de nuevo a Servimadrid, que se llevó un 73% del dinero.Ese año, aparece en la contabilidad una nueva sociedad: Diseño Asimétrico, que en los ejercicios siguientes: 2007, 2008 y 2009, se convierte en la principal beneficiada de los contratos de López Viejo: un 54% de los mismos el primer año, un 57% el segundo y un 93% el tercero.

El ex consejero no sólo contrató a cuatro empresas diferentes para evitar el control de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del resto del Ejecutivo. También utilizó de forma masiva una táctica para burlar la Ley de Contratos: troceaba los actos para que las facturas no ascendieran a más de 12.000 euros.

En ocasiones, incluso, facturó un mismo acto a dos sociedades diferentes. La entrega de los Premios Siete Estrellas del Deporte 2007, cuando él ya era consejero, se troceó en dos contratos: uno de 11.994 euros y otro de 10.637. Como las cantidades eran inferiores a 12.000 euros, pudo hacer las dos adjudicaciones a dedo. Y lo hizo a dos sociedades de la trama: la primera a Diseño Asimétrico; la segunda, a Servimadrid. Este mismo procedimiento lo utilizó en multitud de actos para evitar cualquier control y poder elegir directamente la empresa beneficiada.

Como también adelantó este diario, Alberto López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa. En 2007, fue el destinatario de tres pagos de 24.000, 6.000 y 8.000 euros, según apuntes del número dos de la trama: Pablo Crespo, en los que consta "Entregado a ALV". Otro documento en poder de Baltasar Garzón refleja pagos por importe de 200.000 euros.

Además de estos 3,23 millones abonados por la Comunidad de Madrid, las empresas de Correa facturaron hasta un mínimo de cinco millones más gracias a la intervención de López Viejo, aunque ya no fueron pagados por el Gobierno de Aguirre. Todas las primeras piedras e inauguraciones de las consejerías de Transportes (para la ampliación del Metro) o Sanidad (siete nuevos hospitales) las costean las grandes constructoras adjudicatarias, porque así aparece en el pliego de adjudicación. En esos casos, ACS, Ferrovial, Sacyr...abonaban los actos institucionales que decidía el ex consejero.Como no era dinero público, no había que trocear contratos. Esas cantidades tampoco figuran en la contabilidad de la Comunidad de Madrid, ya que eran facturados por empresas privadas.

Durante dos semanas, el consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, ha recopilado todos estos contratos a petición de Garzón. por la mañana, funcionarios de la Comunidad entregaron en la Audiencia Nacional 2.271 folios distribuidos en 458 carpetas.En ellas no están los contratos de la Comunidad no abonados porque se hicieron en 2008 sin asignación presupuestaria. Esas facturas podrían ascender a otros cinco millones de euros, pero esa documentación no figura en los registros contables de la Intervención General autonómica, que es lo que solicitó el juez.

(www.elmundo.es, 28/02/09)

EL EX ALCALDE DE BOADILLA CONTRATÓ A DOS ABOGADOS DEL BUFETE DE MICHAVILA

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (37.900 vecinos), nombró como cargo de confianza del Ayuntamiento a Francisco Javier González Sánchez, accionista y alto ejecutivo del despacho de abogados que asesora el ex ministro de Justicia del PP José María Michavila, Eius. González Sánchez ocupó entre 2007 y 2008 la dirección técnica jurídica del municipio. En ese periodo la firma de abogados que representaba facturó a Boadilla más de 100.000 euros por la defensa de asuntos de contratación pública. Cuando abandonó el cargo fue sustituido por otro abogado que trabajó para el despacho de Michavila.

El nombramiento de González Sánchez fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) el 25 de julio de 2007. Fue uno de los nuevos altos cargos nombrados a dedo por el alcalde tras las elecciones municipales de mayo de 2007. Ocupó la dirección técnica jurídica del Consistorio. Pero González Sánchez era, además, apoderado del bufete Eius, según consta en el Registro Mercantil. Fue uno de los fundadores del despacho de abogados, creado en julio de 2004, que asesora Michavila. Además, ocupó el puesto de administrador único de la firma hasta mayo de 2005, cuando lo sustituyó Alberto Dorrego, ex colaborador del ministro. González Sánchez recibió poderes de la firma el 20 de noviembre de 2006 otorgados mediante escritura pública. Actualmente no hay ninguna inscripción en el Registro Mercantil anulando dichos poderes. En el despacho de abogados Eius confirmaron el jueves que Francisco González Sánchez trabajó allí durante unos años. Pero evitaron aportar más detalles.

González Sánchez abandonó su cargo municipal a mediados de 2008. Lo sustituyó Carlos Ruiz Cabrera, abogado asociado al despacho de Michavila. Trabajó adscrito al departamento de derecho mercantil de la firma, según consta en una página web modificada ayer para eliminar el rastro de su paso por Eius. A pesar de que el nombramiento de Ruiz Cabrera aún no ha sido publicado, trabaja para el Ayuntamiento de Boadilla como director técnico jurídico, el mismo cargo que ocupaba González Sánchez.

Un portavoz del Ayuntamiento de Boadilla confirmó ayer que Ruiz Cabrera trabaja en el Consistorio como director técnico jurídico. El portavoz precisó que "antes de llegar a Boadilla era un trabajador autónomo que realizaba colaboraciones para muchos despachos". "Pero nunca", precisó, "estuvo en nómina de Eius". Sin embargo, no supieron explicar la vinculación entre González Sánchez y Eius. "Sólo conocemos el trabajo que realizó aquí", apuntó el portavoz. González Panero contrató la asesoría jurídica de Eius hasta en siete ocasiones durante los años en que estos abogados ocupaban la dirección técnica jurídica. Los contratos, ninguno de los cuales superan los 18.000 euros, fueron adjudicados mediante concurso negociado sin publicidad.

Entre los casos que el bufete de abogados defendió se encuentra la cesión del palacio del Infante Don Luis, del siglo XVIII, a la Sociedad General de Autores (SGAE). El Consistorio adjudicó en septiembre de 2006 la cesión durante 75 años del palacete a cambio de la restauración del inmueble. Para financiar las obras el Consistorio permitió a la SGAE hipotecar el conjunto histórico. El caso fue llevado a los tribunales por el partido independiente Alternativa por Boadilla. El Consistorio ganó el caso, pero otro proceso está pendiente de sentencia en un juzgado de lo contencioso de Madrid. Eius también defendió al Consistorio en otros casos relacionados con el aumento de sueldos a una treintena de cargos de confianza.Entre ellos figura el caso relativo a "la determinación del número, características y retribuciones del personal eventual del Ayuntamiento y contra el decreto por el que se realizan los nombramientos del personal eventual". Eius representa al Consistorio en el proceso judicial contra el acuerdo municipal relativo a "las retribuciones a concejales con dedicación exclusiva o parcial y asistencias a órganos de la Corporación". O el caso relativo a "la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento en 2008".

González Panero se resiste a abandonar el Ayuntamiento pese a ser uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa en administraciones gobernadas por el PP. Está acusado de adjudicar supuestamente contratos a empresas de Correa, presunto cabecilla de la trama. El ex regidor ha sido suspendido cautelarmente de militancia en el Partido Popular, pero mantiene el acta de concejal.

(www.elpais.com, 28/02/09)

El secretario del Ayuntamiento de Boadilla fue jefe de Gabinete de Acebes

El secretario del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Manuel Horrillo Rico, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional a las órdenes del ex secretario general del Partido Popular Ángel Acebes.

• Un familiar de Acebes fue contratado a dedo por el dimitido alcalde Panero

Horrillo Rico, funcionario de habilitación de Carácter Nacional desde 1974, trabajó como Secretario General del Ayuntamiento de Ávila durante la alcaldía de Ángel Acebes (1991-1995). Después, estuvo a las órdenes de Javier Arenas como jefe del Gabinete Técnico del subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales. Sin embargo, en abril de 1999 volvió a trabajar mano a mano con Ángel Acebes cuando este era ministro de Administraciones Públicas. Horrillo era ni más ni menos que Director del Gabinete de Acebes.

(Consulta el Real Decreto 117/1999, de 22 de enero de 1999, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas a don Manuel Horrillo Rico)

Aterriza en Boadilla
Tras volver al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y ser subdelegado del Gobierno en Cuenca desde el año 2000 hasta 2004, Horrillo aterrizó en el Ayuntamiento de Boadilla. Allí, ocupa la Secretaría General del Ayuntamiento que hasta el pasado mes de febrero presidía Arturo González Panero, alias el albondiguilla.

Gana la plaza
En concreto, Horrillo entró al Ayuntamiento cuando el anterior secretario general del Ayuntamiento, Manuel Acosta Batista, se jubiló. Para sustituirle, se abrió un concurso de traslados. Manuel Horrillo Rico, funcionario de Habilitación de Carácter Nacional, consiguió hacerse con la plaza.

(El currículum de Manuel Horrillo puede consultarse en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas).

Concejala del PP de Madrid
Horrillo está casado con María Begoña Larrainzar Zaballa, concejala presidenta del Distrito de Latina (Madrid). Este matrimonio mantiene un vínculo muy estrecho con Ángel Acebes y su esposa, Ana Pérez Martín. Su amistad se remonta a los años 80, época en la que coincidieron en el Partido Popular de Ávila y, como ya se ha dicho, en el Ayuntamiento abulense.

“No hay ningún problema”
Antes de ser concejala del PP madrileño, Begoña Larrainzar fue Directora de la Función Pública en Castilla y León y también trabajó como asesora de Ángel Acebes en el Ministerio de Administraciones Públicas. Larrainzar se negó a hablar con El Plural. Manuel Horrillo también rehusó hacer declaraciones a este periódico. “Horrillo es un funcionario público. Larrainzar es concejala. Nada más. No sabemos donde está la noticia, donde está problema”, aseguran desde el Gabinete de Prensa del Partido Popular de Madrid.

Casualidades
Es decir, para el Partido Popular, no deja de ser una casualidad que el secretario del Ayuntamiento de Boadilla haya sido director de Gabinete de Ángel Acebes, quien como ya adelantó ayer Elplural.com, tiene a un familiar suyo trabajando como director técnico de Juventud e Infancia en el sospechoso consistorio.

Más coincidencias
Es más, Alejandro Tomás Marín Morales fue ratificado como director técnico de Juventud e Infancia por Juan Siguero, el sustituto de Arturo González Panero, el pasado 20 de noviembre. Manuel Horrillo Rico fue el encargado de firmar el decreto del nombramiento. (Vea el decreto)

www.elplural.com 05.03.09

Un familiar de Acebes fue contratado a dedo por el dimitido alcalde Panero

Según ha podido saber El Plural, Alejandro Tomás Marín Paniagua, familiar del ex secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, fue contratado en 2007 como “personal eventual” del consistorio de Boadilla. Su nombramiento como “director técnico de Juventud e Infancia” se produjo cuando todavía era alcalde de esta localidad madrileña, Arturo González Panero (alias El Albondiguilla), que se vio obligado a dimitir tras ser imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.

• El Congreso investigará posibles incompatibilidades del despacho de Michavila

• Dos abogados del despacho de Michavila son también letrados de las Cortes

• El ya ex alcalde Panero nombró director jurídico de Boadilla a un socio del bufete

El Ayuntamiento de Boadilla fijó en cerca de 45.000 euros la retribución anual que percibiría Alejando Tomás Marín (sus padres son primos de Angel Ácebes) como “personal eventual” (es decir, como cargo de confianza) del Ejecutivo local que presidía Panero. Tomás Marín Paniagua es afiliado al Partido Popular y a Nuevas Generaciones. Su vida laboral ha estado muy vinculada a temas relacionados con la juventud.

El bufete de Michavila
Pero Alejandro Martín Paniagua no es el único asesor del Gobierno popular de Boadilla que tiene vínculos familiares o laborales con un dirigente del Partido Popular. Elplural.com adelantó la semana pasada que Francisco Javier González Sánchez, uno de los socios del bufete de abogados en el que trabaja el ex ministro José María Michavila, fue contratado como “director técnico jurídico”.

Diputados populares
En concreto, el Ayuntamiento de Boadilla contrató hasta en 10 ocasiones al despacho EIUS Abogados, bufete en el que además de González Sánchez y José María Michavila, también trabajaban los diputados populares Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz. EIUS Abogados habría recibido 120.000 euros del consistorio de Boadilla (12.000 euros por pleito).

Desde Castilla y León
Al igual que Alejandro Tomás Marín Paniagua, otros muchos colaboradores de González Panero procedían de Castilla y León. Ciertamente, las conexiones entre el ayuntamiento madrileño y la comunicad castellano-leonesa son asombrosas. Por ejemplo, Miguel Ignacio González Sánchez- Zorita, ex concejal de Salamanca, aterrizó en 2002 como numero dos de Panero en Boadilla. Desempeñó el cargo de teniente alcalde y concejal de obras. En 2005 Zorita abandonó Boadilla para asumir la secretaría general de Deportes de la Junta.

De asesor a alcalde
Juan Carlos Martín Fernández, también aterrizó en Boadilla desde Castilla y León. En principio, fue contratado para trabajar en el área de Medio Ambiente, pero al final consiguió convertirse en concejal del Partido Popular en esta localidad madrileña.

La mujer de Pérez
Otra relación llamativa es la de Elena Cerezo Rodero, ex jefa del gabinete de Panero, que está casada con David Pérez, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y persona muy cercana a Esperanza Aguirre. Por su cargo, Elena Cerezo recibía una retribución anual de más de 40.000 euros y tenía acceso a la agenda del alcalde.

La prima de su mujer
Panero también decidió nombrar en 2007 a la prima de su mujer, Laura Samaniego Muñoz, asesora de Turismo del Ayuntamiento de Boadilla. El consistorio fijó en 45.053 euros la retribución anual que percibiría como “personal eventual” del Ayuntamiento.

Siguen trabajando
En la actualidad, Alejandro Tomás Martín Paniagua, Francisco Javier González Sánchez, Elena Cerezo Rodero y Laura Samaniego Muñoz siguen trabajando en el Ayuntamiento de Boadilla. Juan Siguero, el sustituto de Arturo González Panero, les confirmó en su puesto el pasado 20 de febrero.

www.elplural.com 04.03.09

EL PP, SALPICADO EN GÉNOVA, VALENCIA Y MADRID 

- Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, es el último nombre supuestamente implicado en la trama. En una grabación, el presunto jefe de la red corrupta dice: "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene". 

- Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado, según la fiscalía, en la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del PP en el mandato de José María Aznar. El escrito de Garzón conocido ayer indica que otro parlamentario o miembro del Gobierno valenciano, cuyo nombre no fue difundido, estaría implicado. 

- Alberto López Viejo, que dimitió como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Alfonso Bosch, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla, y Benjamín Martín Vasco, diputado del PP en Madrid y ex presidente la comisión de investigación del espionaje, son los aforados madrileños supuestamente implicados en la red. 

- La investigación ha supuesto la imputación de los también cargos del PP Arturo González Panero, forzado a dimitir como alcalde de Boadilla (Madrid), y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y ya ex director del Mercado Puerta de Toledo. Además, el juez ha encarcelado a Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego. 

(www.elpais.com, 26/02/09) 

LOS AFORADOS DEL PP INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN, ASESORADOS POR TRILLO, SE UNEN A LA TEORÍA DE LA “CAZA DE BRUJAS” 

El tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote, los dos aforados que podría estar investigando Garzón según apuntan varios medios, presentarán sendas denuncias ante la Fiscalía General por la “causa general contra el PP” de la que estarían siendo víctimas. Por su parte, José Javier Nombela, que sí se encuentra ya imputado por la presunta trama de corrupción en el PP, ha recusado a título personal al juez instructor de la causa, Baltasar Garzón, después de que el magistrado rechazara la presentada por el PP. El estratega judicial de los populares es Federico Trillo, quien está asesorando a sus compañeros que aparecen en los medios relacionados con la investigación de la trama y ya el domingo estuvo reunido con Galeote.  

Los populares Bárcenas y Galeote, que aparecieron ayer señalados por diferentes medios como los dos aforados con los que se ha topado Garzón en su investigación en torno a la presunta trama de corrupción del PP, van a presentar sendas denuncias ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, según publica ABC. En las denuncias se presentarán como víctimas de la “propaganda goebbeliana”, de “una causa general contra el PP” y de “un juicio paralelo mediático”.

El borrador de la denuncia de Bárcenas acusa al juez instructor Garzón de confirmar implícitamente su imputación cuando ayer desmintió que González Pons fuera a ser imputado, lo que no hizo con el resto de nombres que estaban apuntando los medios. Ademá, Bárcenas y Galeote también estudian una petición de amparo ante el Consejo General del Poder Judicial. El diario de Vocento apunta que dirigentes del PP presentan el asunto como “una caza de bruzas” y que Federico Trillo es “el responsable de la estrategia judicial” del partido, por lo que estos días está asesorando a los aludidos en las informaciones periodísticas sobre la evolución de las investigaciones de la trama de corrupción. En este contexto, el pasado domingo se reunieron Trillo y Galeote.

José Javier Nombela, uno de los imputados en la operación Gürtel, ha presentado una recusación contra el instructor de la causa Garzón, según publica El Mundo. Nombela ejerció como asesor del concejal-presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, hasta el pasado miércoles 18, cuando Gallardón lo destituyó por su implicación en la trama corrupta. El viernes, presentó su recusación, después del fracaso de la presentada por el PP en la que se alegaba que el magistrado muestra “una constante actitud de enemistad” hacia el partido de Rajoy y que tiene “interés directo o indirecto en la causa”. El propio Trillo asegura que Garzón carece de la “necesaria y exigible imparcialidad”.  

Las teorías de la conspiración están siendo secundados por pesos pesados del partido, empezando por Rajoy, que ya presentó públicamente las informaciones sobre corrupción en el PP como una “causa general” contra su formación. Hoy mismo ha asegurado que el juez no es imparcial porque es socialista y lo ha acusado de saltarse la ley.
 
El presidente de La Rioja, el popular Pedro Sanz, relacionó las informaciones sobre la presunta corrupción en su partido con las citas electorales en Galicia y País Vasco, declarando a El Mundo que “han montado un 14-M”, “el PSOE está muy nervioso” y los socialitas buscan “ganar por vías distintas a las normales, con noticias que puedan influir en el ánimo de los electores, aunque no quede nada de ellas pasadas el domingo”.  

(www.elplural.com, 24/02/09) 

AGUIRRE SE BURLA DE LAS GRABACIONES QUE VINCULAN A CARGOS DEL PP CON LA TRAMA 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha querido hoy restar relevancia a las grabaciones que implican a cargos del PP con la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. "Lo que sabemos es que hay una cintas que dicen cosas sobre cantidad de gente, que es como si el alcalde de Torrejón dijera que tiene mucha relación con Angelina Jolie, aunque tendría más credibilidad si lo dijera el consejero de Sanidad", ha afirmado la presidenta madrileña en presencia del regidor de Torrejón, Pedro Rollán, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Aguirre se ha referido a las grabaciones como "conversacioncillas" de una persona que "presume y acusa de ciertas cosas que implican delitos gravísimos a otras personas". 

La presidenta ha tildado de "triquiñuela" a la consulta de Garzón a la Fiscalía Anticorrupción sobre qué tribunal ha de llevar el caso Gürtel. "Parece ser que todo esto es una nueva triquiñuela del Juez Garzón para no pasárselo ni al Supremo ni a los Tribunales Superiores de Justicia Valencia ni de Madrid, y quedarse él con el asunto". 

Aguirre ha apuntado que el "ministro furtivo", Mariano Fernández Bermejo ya ha dimitido y "el juez socialista", Baltasar Garzón, sigue actuando. "Y aquí estamos todos al albur de que se publique en determinados medios unas grabaciones, que al parecer duran nueve horas, de un señor ex concejal del PP de Majadahonda, expulsado del PP, que se pone a grabar a mí y al alcalde, y a lo mejor decimos cosas que pueden o no ser ciertas" 

Aguirre ha anunciado que el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha solicitado la suspensión de militancia en el Partido Popular. Panero, aseguró Aguirre, tomó la decisión "voluntariamente", después de haber presentado su dimisión como alcalde hace 15 días por al estar imputado por Garzón. Se prevé que Panero declare ante el juez el próximo miércoles. La presidenta regional ha añadido que el lunes el comité de dirección formará una gestora para que presida el partido en Boadilla, casta ahora liderado por Panero. El director de esta gestora será el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias, Bartolomé González, hasta que se vote una nueva ejecutiva local. 

La renuncia de Panero fue motivo de controversia después de que se personara voluntariamente en la Audiencia Nacional para declarar antes de que su nombre apareciera entre los imputados y en la puerta del tribunal asegurara que él no había cesado pese a que minutos antes, Mariano Rajoy, había anunciado que había puesto el cargo a disposición del partido. Horas después Panero se vio forzado a cesar, tal y como había pactado con la ejecutiva del PP de Madrid. 

Aguirre se ha referido a la no inclusión del vicealcalde, Manuel Cobo, ni del ex consejero Alfredo Prada -ambos objeto del presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid - en la lista de 12 comparecientes que presentó ayer el PP ante la comisión de investigación del caso. "No están en la lista porque no les ha acusado nadie de espiar", por lo que "no tienen que dar explicaciones". La presidenta insistió en que Ignacio González, sometido a seguimiento durante un viaje a Colombia, ha sido incluido en la lista "en calidad de vicepresidente de la Comunidad". 

(www.elpais.com, 26/02/09)  

PSOE E IU PIDEN A AGUIRRE QUE DESTITUYA A GRANADOS  

PSOE e Izquierda Unida pidieron el lunes a Esperanza Aguirre el cese del consejero Francisco Granados, número tres en el Gobierno de Madrid. Titular de Presidencia, Justicia e Interior, Granados se encuentra en el ojo del huracán desde que hace un mes estalló el escándalo de la presunta trama de espionaje en el PP . Ahora, otro nuevo escándalo se cierne sobre él.  

Una inmobiliaria con intereses urbanísticos en Valdemoro, donde Granados fue alcalde hasta 2003, construye una casa de lujo de 1.000 metros cuadrados cuyo proyecto encargó la mujer del consejero, Nieves Alarcón, pese a que el inmueble jamás ha figurado a su nombre ni al de su marido. 

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, anunció a este periódico que pedirá la declaración de bienes de Granados a través de la Comisión del Estatuto del Diputado. El registro de bienes de la Comunidad de Madrid no es público. A mediodía, los socialistas ya habían enviado un comunicado en nombre de su portavoz donde consideran que "no es de recibo" que Granados continúe en su puesto.  

En esa nota, Menéndez subrayó el "caos" que rige en su consejería, "con la Administración de Justicia patas arriba, con una huelga de funcionarios provocada por un incumplimiento reconocido por el propio consejero, con el conflicto abierto con sus abogados del turno de oficio y, mientras tanto, con el señor Granados suponemos que preocupado por las noticias que se van publicando sobre sus supuestas propiedades". 

En opinión de la portavoz socialista, "urge que Esperanza Aguirre abra una crisis formal en el Consejo de Gobierno para una remodelación profunda. Es la única salida –recalca Menéndez– para que los ciudadanos recuperen la credibilidad de la institución de la Comunidad de Madrid". 

Más contundente, y en charla telefónica con este periódico, la portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, puso el dedo en la llaga del asunto de la mansión: "No se sostienen los argumentos de Granados ni sus respuestas para esclarecer la situación". Sabanés, que cuando estalló la trama de espionaje exigió de inmediato el cese del consejero de Presidencia e Interior, considera que Granados es incapaz de ofrecer una explicación coherente sobre "por qué su mujer va por allí".  

Frente al comedimiento del PSOE, la portavoz de IU delató el "escandaloso doble rasero en el PP a la hora de asumir responsabilidades políticas". "Nosotros ya pedimos la dimisión de Granados y ahora la volvemos a reiterar”", clamó  Sabanés con un punto de indignación en la voz por la estrategia que, a su juicio, han adoptado los conservadores: situarse "tras la trinchera" de lo que cabría definir como una nueva teoría de la conspiración: "Todo lo que es capaz de decir el PP es que hay una campaña de acoso y que los persiguen", resume la dirigente izquierdista. Pero cada día, razona Sabanés, "se suscitan más sospechas y dudas". "El PP no puede seguir escondido", apostilló. 

Granados reconoció, en declaraciones a este periódico, que le gustaría comprar la casa pero que sólo lo hará si vende los dos pisos que su mujer y él ya tienen "pagados". 

(www.publico.es 24/02/09)

GRANADOS RESPONDE QUE TIENE BIENES POR UN VALOR TOTAL DE 348.000 EUROS Y UNA HIPOTECA DE 450.000 

Granados, según aclara, no tiene nada que ver con la mansión que según denunciaron ayer Público e Interviú, una constructora le está haciendo en Valdemoro. Por cierto la misma empresa que en 2006 tenía a su nombre el mini de su mujer. Entonces lo justificó porque no le había dado tiempo a resolver el papeleo. Poco después de que el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid le diera un ultimatum de 48 horas para que hicera público su patrimonio, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha remitido a los portavoces de la oposición un informe en el que explica que tiene una hipoteca por un valor de 450.000 euros, de la que restan por pagar 330.000 euros, correspondiente a su domicilio en Valdemoro. El documento informa, además, del resto de sus bienes y cuándo los ha comprado, así como que todas las adquisiciones que ha realizado en los últimos 18 años tienen un valor total de 348.000 euros. 

Con ello, Granados pretende demostrar que no tiene "nada que ocultar", según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.  

Ultimatum socialista

El grupo socialista en la Asamblea de Madrid había pedido esta mañana la lista de sus bienes. De no hacerlo en 48 horas, había amenazado con hacer uso de su derecho reglamentario, a través de la Comisión del Estatuto del Diputado o por otras vías legales, para acceder a la copia de su declaración del IRPF y de bienes”. 

Cese de Granados

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Adolfo Navarro, exigió a Esperanza Aguirre el cese de Francisco Granados por estar políticamente incapacitado para seguir ejerciendo el cargo “por el aluvión de indicios sobre su implicación en la trama de espionaje y la trama corrupta fraguada en los aledaños o dentro del PP de Madrid”.  

De consejero a “señor feudal”

“Hemos tenido conocimiento de que el señor Granados, además de poseer un patrimonio inmobiliario importante, se está construyendo el equivalente a una fortaleza medieval. La impresión es que se está haciendo el castillo de un señor feudal que desde la colina mira a los súbditos de Valdemoro. Esto dice mucho de la ética de Francisco Granados”, concluyó el portavoz socialista.  

(www.elplural.com, 24/02/09)

EL PP RECHAZA REPROBAR AL EX CONSEJERO LÓPEZ VIEJO 

El PSOE presentó ayer una proposición no de ley (PNL) ante la Mesa de la Asamblea de Madrid para reprobar al diputado autonómico y ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en el órgano rechazó llevar la proposición al Pleno porque, según dijeron, no está contemplado en el Reglamento de la Asamblea reprobar a un parlamentario sin ningún cargo público.  

El ex consejero y hombre de confianza de Esperanza Aguirre dimitió el 9 de febrero, tras conocerse que había contratado durante años con empresas que ahora están siendo investigadas por el juez Garzón dentro del caso Gürtel por pertenecer a una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados distintos cargos públicos del PP.  

La Mesa también estudió una nueva lista de 10 comparecientes presentada por el PSOE para que declaren ante la comisión de investigación creada en la Asamblea para estudiar el presunto espionaje político. Sin embargo, el PP rechazó a cinco de ellos, la mitad de los presentados. Entre los rechazados está el viceconsejero de Presidencia y secretario general del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria.  

Según denunció la portavoz socialista, Maru Menéndez, este rechazo «confirma y refuerza las trabas del PP a la transparencia de la comisión de investigación».  

Desde la dirección del Grupo Popular respondieron que tres comparecientes los habían rechazado por defectos de forma -el PSOE presentó mal sus nombres y cargos- y los otros, por ser «completamente ajenos» al objeto de la comisión. 

(www.elmundo.es, 24/02/09)

La caída del niño mimado de Aguirre

Alberto López-Viejo siempre hizo ruido. A veces, demasiado. Ahora ha sido destituido por su implicación en la trama corrupta

Hay políticos que pasan por los cargos como la luz por el cristal: sin manchar ni romper. No es el caso de Alberto López Viejo, que siempre deja rastro visible, ruido de vidrios rotos y escándalo. Nunca se le ha demostrado nada, pero ha hecho siempre ruido. Ahora puede acabar imputado por la presunta trama de corrupción destapada por Baltasar Garzón, y ha tenido que dimitir como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Es la pieza de más peso político que se ha cobrado el escándalo, hasta ahora.

• En todos los cargos por los que ha pasado ha dejado un rastro de escándalo

• Formó parte del equipo que organizaba los actos electorales de Aznar

Con sólo 40 años, su trayectoria está cargada de acusaciones e historias oscuras. Desde su etapa al frente de la Concejalía de Limpieza de Madrid, entre 1999 y 2003, cuando fue señalado por el interventor del Ayuntamiento por irregularidades en las contrataciones, con adjudicaciones a dedo y superposición de contratos. En esa época fue acusado de imponer a los proveedores la compra de vehículos Toyota para favorecer a un concesionario y de forzar la adquisición de muebles en Equipamiento Integral de Oficinas, la tienda de su padre, Fernando López Paredes. Se llegó a escribir que compró con dinero público las flores para su boda.

Y volvió a salir su nombre en la Operación Guateque. Se dijo que su esposa, Teresa Gabarra, había sido presuntamente beneficiada por el Ayuntamiento de la capital en los restaurantes de su propiedad: La Hacienda Argentina, La Trattoria Romana, Cañas y Tapas y Ribs, explotadas a través de la sociedad Bares de Barrio. También salió indemne.

Todo ese historial hace que en el PP se le haya visto siempre como una bomba de relojería andante. Pese a todo y para sorpresa de muchos, Esperanza Aguirre lo rehabilitó en 2003. Le hizo número seis de su candidatura y puso en sus manos la campaña electoral. Luego le nombró viceconsejero de Presidencia -aunque su relación con Ignacio González es manifiestamente mejorable- y en esta legislatura creó para él la cómoda Consejería de Deportes. Le regaló una nueva vida política.

¿Por qué Aguirre le rescató con ese historial cargado de borrones? El entorno de la presidenta ofrece una explicación más humana que política. Aseguran que le conoce desde que coincidieron en el Ayuntamiento y que, literalmente, le tiene "cariño maternal". Adora de él, dicen, "su buen humor, su capacidad para crear buen rollo" y su efectividad en la labor que se le encomienda.

La prueba es que en el mitin de cierre de la última campaña autonómica, Aguirre mencionó expresamente a dos personas para agradecerles su labor y una de ellas era López Viejo. La presidenta siempre se ha distinguido por acoger a miembros de todos los sectores del partido; tanto que, tras la debacle electoral de 2004, a la Comunidad de Madrid se le conocía en el PP como "el hospital de campaña". Pero con López Viejo influye más el trato humano que cualquier otra cosa. De su faceta de organizador de actos electorales de Aguirre, un diputado del PP recuerda la soltura con que López Viejo colocaba a cada uno en las primeras filas y la autoridad con que levantaba a quien le estorbaba.

Cuando en el PP se pregunta de quién es López Viejo, la única respuesta es: "Sólo de Esperanza". Ahora Aguirre se ha visto obligada a sacrificar a su protegido. Hace 12 días, el entonces consejero no debía tener la conciencia tranquila, porque apenas se desató la operación de Garzón, llamó a la presidenta y le dijo que dimitía. Le aseguró que su consejería no había contratado con Special Events, la empresa matriz de Francisco Correa, y que se iba para facilitar la situación. No le contó a Aguirre que sí contrató con otras sociedades de la trama, hasta el punto de que el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, lleva desde entonces revisando contratos y desenmarañando la complicada madeja que ha dejado el ex consejero. Y no está siendo fácil.

López Viejo es pieza clave en este caso, entre los tres ángulos que forman el PP, los empresarios imputados y las administraciones públicas salpicadas. Todos con vinculaciones estrechas a lo que fue el aznarismo. Al PP llegó como secretario de estudios de Nuevas Generaciones cuando la presidía Pedro Calvo, hoy concejal en Madrid. Las relaciones entre ambos terminaron siendo muy malas y López Viejo pasó a organizar actos del PP de Madrid. Luego, Juan Carlos Vera, eficaz miembro del aparato de Génova, le integró en un equipo del PP nacional que organizaba los actos de Aznar, con Alfonso Bosch (otro diputado madrileño también presuntamente implicado en la trama), Álvaro Moragas y Chema Rios, entre otros. Vera se encargaba de pedir al entonces alcalde José María Álvarez del Manzano que liberara al concejal López Viejo para participar en las campañas de Aznar; y recuerda que su trabajo consistía, por ejemplo, en diseñar los escenarios, preparar los pasillos para la entrada del candidato o disponer la colocación de las cabezas calientes (grúas con cámaras). Hay cientos de fotos de Aznar con López Viejo y Bosch en esa época.

En esos años, López Viejo contactó con Correa y Álvaro Pérez, encargados de ejecutar los actos del PP. Su relación con ese vértice del triángulo se prolongó cuando pasó a encargarse de los actos electorales de Aguirre y se estrechó cuando les facilitó contratos públicos en la consejería. El nexo con el aznarismo le viene, como a otros muchos de la trama, del llamado clan de Becerril, donde estaban Alejandro Agag, Francisco Camps, Ignacio Echániz y otros. Más exactamente, es identificado como miembro de una de las corrientes de ese grupo: el clan Gabana, bautizado así en honor al selecto local de la calle Velázquez de Madrid en el que tantas noches coincidían y tan buenos ratos echaron. Todo el clan se retrató en la boda más famosa de la historia reciente de España -la de Agag y Ana Aznar- y disfrutó la también célebre despedida de soltero en Gabana, con calle cortada y limpieza municipal extra.

Otro punto de contacto de López Viejo con la trama es el de su amigo Alfonso Bosch, miembro del equipo que organiza los actos del PP y, además de diputado regional, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte, origen geográfico de la metástasis. Bosch trabajaba a las órdenes del dimitido alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, hoy imputado.

Con la misma endogamia de otros de los mencionados en la trama, López Viejo y Bosch comparten veranos y urbanización en Calpe (Alicante) desde hace siete años. El ex consejero tiene un apartamento de 230 metros cuadrados, en primera línea de playa y con impresionantes vistas al mar y al parque natural del Penyal de Ifach. El de Bosch es más modesto: 110 metros cuadrados. En el Club Náutico, López Viejo tiene atracado el Altea II, una embarcación tipo menorquina de unos 10 metros de eslora. Bosch conduce un aparatoso Mitsubishi todoterreno que le vendió en 2001 López Viejo.

www.elpais.es 22.02.09

Calp, refugio de dos imputados del PP de Madrid

Los políticos mantienen relaciones con promotores locales

El ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, y el diputado del PP de esa comunidad, Alfonso Bosch Tejedor, dos de los imputados en la trama corrupta de Francisco Correa, mantienen una fuerte vinculación con Calp, donde cada uno posee una vivienda de lujo en el mismo edificio de apartamentos ubicado en un enclave privilegiado, a apenas 30 metros de la playa y con impresionantes vistas tanto al mar como al parque natural de El Penyal d’Ifach. Además, López Viejo dispone de un barco de diez metros de eslora amarrado en el exclusivo Club Náutico de la población. Ambos dirigentes populares, muy ligados a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, no sólo utilizan Calp como destino vacacional, sino que han establecido en este municipio importantes relaciones con promotores y cargos locales del PP.

López Viejo y Bosch Tejedor, quienes frecuentan Calp al menos desde 2004, pasan juntos las vacaciones en el edificio Apolo XVI, en una zona rodeada por las dos láminas de mar que bañan El Penyal d’Ifach y muy cerca de otro paraje natural, el humedal de Las Salinas. El ex consejero de Deportes disfruta de una magnífica panorámica en la planta 13, donde tiene dos apartamentos unidos con una superficie total de 230 metros cuadrados valorados, según el precio actual del mercado, en más de 600.000 euros. Y tiene un garaje donde guarda un todo-terreno de lujo matriculado en 2001. El inmueble de su amigo es más modesto: se trata de un solo apartamento de 110 metros cuadrados valorado en 300.000 euros.

El Apolo XVI está ubicado muy cerca del Club Náutico, donde López Viejo utiliza durante muchos fines de semana el Altea II, un barco de unos diez metros de eslora y de un llamativo color azul marino. Se trata de una “menorquina”, un modelo inspirado en la tradicional barca de pesca de esa isla que ha evolucionado hasta convertirse en una embarcación de recreo a motor. El Altea II está escriturado a nombre de la mujer del ex consejero, Teresa Gabarra, quien por su parte cuenta con importantes negocios de restauración en la Comunidad de Madrid.

Ni ella ni su marido son buenos navegantes, por lo que cada vez que utilizan el barco debe acompañarles un marinero del Club Náutico. Ello les supone un importante desembolso al que hay que añadir el alquiler del amarre, que cuesta unos 4.000 euros anuales. En la actualidad, el barco se encuentra en el varadero, sometido a tareas de reparación.

López Viejo y su esposa compraron el Altea II al empresario Jaime Vives Tur, con el que suelen coincidir en el Náutico y que es uno de los promotores más importantes de Calp. Otro de los asiduos a esos días estivales es Manuel Alonso Laborda, quien tiene muchos puntos en común con Vives Tur: también es empresario inmobiliario y también fue edil popular. Además, Alonso Laborda es tío de Álvaro Alonso, imputado en la trama corrupta y responsable de Orange Market.

Cuando era regidor, Laborda organizó para el Ayuntamiento de Calp eventos que congregaron a miles de personas, como la famosa Fiesta de la Cerveza, y fue responsable de la imagen corporativa del municipio en Fitur cuando el concejal de Turismo era el diputado popular Juan Roselló, a su vez imputado en la trama de Aguas de Calp. El PSPV investiga si los eventos los organizó Orange Market

www.elpais.es 22.02.09

Gallardón destituye a dos cargos salpicados por la trama de corrupción

El alcalde releva a un asesor imputado por Garzón y a un director citado por Correa

El alcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, ha destituido a dos cargos municipales cuyos nombres aparecen en la causa de la presunta trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón. Se trata de un director de área de la Empresa Municipal de la Vivienda -despedido por causas ajenas a la trama, según el gobierno local-, y un asesor de un concejal de un distrito de Madrid. Ambos aparecen citados por Correa en las conversaciones grabadas que aportó el denunciante a la Fiscalía Anticorrupción.

• En las cintas, Correa dice que uno de los destituidos le propone "negocios"

• El director de la empresa pública relevado llevaba tres semanas en el cargo

El primer cargo municipal en caer fue Guillermo Pariente, director general de Producción de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Pariente fue nombrado el 22 de enero y destituido sólo tres semanas después, el 13 de febrero. Procedía de la gerencia de la EMV de Ciudad Real, pero antes había estado en el Ayuntamiento de Madrid: entre 2003 y 2005 fue el hombre de confianza del entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez.

En esa época, dicha concejalía amañó un concurso público para favorecer a Special Events, una de las empresas de Francisco Correa. Los documentos de puntuación fueron manipulados para que la empresa de Correa pasara de ser la quinta clasificada a la segunda y pudiera obtener el contrato de 153.000 euros tras la descalificación de la primera. El Gobierno municipal ha abierto ahora una investigación y lo ha denunciado en el juzgado de guardia. La marcha de Herráez en 2005 propició también la de su jefe de gabinete, Guillermo Pariente.

La explicación oficial que consta en el documento de despido de Pariente es que su destitución se ha producido por "discrepancias" en la reestructuración del área que le fue asignada. Juan José de Gracia, actual consejero de la EMVS y responsable de dicho nombramiento y destitución, asegura que "la falta de confianza" es el único motivo. "Me presentó una propuesta para reestructurar su área que no me gustó y tengo competencias para destituirlo", explicó ayer a este periódico para negar que tuviera relación con las noticias sobre la trama corrupta.

Por otro lado, Javier Nombela, asesor del concejal de Moncloa, Álvaro Ballarín, fue destituido también el pasado miércoles. Nombela, que trabajó en Special Events y en Easy Concept (ambas firmas, vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa), sí está imputado por Garzón.

Sin embargo, desde que se conoció su imputación hasta que fue obligado a dimitir, han pasado dos semanas. En realidad, parece que Gallardón ni siquiera sabía que continuaba en su puesto, ya que este diario le preguntó el jueves por el asunto y dijo que ya había dimitido. Por la tarde, el regidor ordenó al concejal de Moncloa -que pretendía esperar a que Nombela declare el lunes ante el juez para destituirlo- que lo relevara inmediatamente.

Las alusiones a ambos cargos destituidos ayer en las grabaciones aportadas con la denuncia de un ex concejal del PP son significativas. Sobre Pariente, Correa afirmó el 4 de octubre de 2006, tras recibir una llamada: "Guillermo Pariente, que quiere hacer negocios conmigo en Ciudad Real". Pariente fue gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Vivienda del Ayuntamiento de Ciudad Real entre 2005 y 2007, bajo un gobierno del PP. La alcaldesa, la popular Rosa Romero, le elogió por haber construido 800 viviendas en poco tiempo.

En las grabaciones, Nombela es citado como un fiel subordinado de Correa. Este último le ordena que acuda a Easy Concept por la tarde. Según trabajadores de dicha empresa, Nombela solía acudir a trabajar a esta firma de la trama todas las tardes.

Citados en las grabaciones

- Javier Nombela. Fue asesor de Álvaro Ballarín, presidente de la Junta Municipal de Moncloa. Correa exige en una grabación del sumario que vaya a trabajar esa tarde a su empresa, de la que era empleado.

- Guillermo Pariente. Fue asesor del ex concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez y ahora era un director general de la EMVS. Correa habla de él tras recibir una llamada: "Guillermo Pariente, que quiere hacer negocios conmigo en Ciudad Real".

www.elpais.es 21.02.09

LA SOLEDAD DEL HOMBRE CAÍDO EN DESGRACIA 

El último escaño. El más alejado de la presidenta. En la última fila y escorado a la izquierda, casi en la tierra de nadie que queda entre la bancada popular y la socialista. Con la única compañía de un diputado -y algún otro que se acercó a hablar con él durante el receso- y el refugio intermitente de la pantalla de su móvil. Ahí colocó el PP en el pleno de ayer al diputado y ex consejero de Deportes Alberto López Viejo. Lo más alejado posible del Gobierno. Un hombre de Esperanza Aguirre señalado por la fiscalía en la investigación del juez Baltasar Garzón y cuya gestión la presidenta no quiso avalar de forma expresa. 

Fue probablemente el pleno más largo de quien fue durante años el escenógrafo electoral del PP madrileño. Un mal trago que sorbió con dificultad. Aunque los flases también se cebaron con los otros dos diputados populares supuestamente implicados en la trama de corrupción: Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. 

Una decena de veces aplaudió la bancada del PP las intervenciones de su presidenta y de algún parlamentario. Ni una sola lo hizo López Viejo, pese a que Aguirre estaba respondiendo preguntas sobre él. Fruncía el ceño, bebía agua. No quiso, él que fue maestro en el arte de la inauguración y los aplausos, participar en el teatro parlamentario. Ni en las muecas, ni en los bramidos de desaprobación de ambos bandos. "Es una situación muy dura para él. Le están haciendo un juicio paralelo en los medios", se apiadaba del ex consejero una diputada. 

Los compañeros de penitencia de Alberto López Viejo aguantaban cada uno a su manera. Alfonso Bosch, hierático. Casi como un muñeco de cera. Benjamín Martín Vasco, muy activo, muy cerca de la presidenta, seguro de sí mismo. Enérgico en el aplauso y con una perenne media sonrisa cuando hablaba la oposición, como si le hiciera gracia lo que estaban diciendo. La víspera, Martín Vasco se había visto obligado a dimitir como presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje por su presunta vinculación con otra trama: la de corrupción que investiga el juez Garzón. 

La presidenta lucía un jersey rojo con estrellas blancas. Bandera de su Comunidad con mangas que compró, dijo luego, en H&M. Y así ataviada, y llamando "secta" al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al juez de la Audiencia Nacional y a los medios que, según ella, reciben sus filtraciones, estuvo atacando al PSOE y revolviéndose a su vez a cada uno de sus ataques. Citando incluso la sentencia que atribuyó a Bertolt Brecht -"Primero fueron a por los comunistas, y yo no hice nada..."-, y que ahora parece que sirve para todo: por la mañana la había citado Francisco Camps, el presidente valenciano señalado por la fiscalía. Y un mes atrás, el vicealcalde Manuel Cobo, éste por causa bien distinta: había sido espiado y reclamaba el apoyo de los suyos. 

De pronto, a Aguirre le dio por soltar que en las filas socialistas había un imputado. Sin dar más datos. Como dando a entender que en todas las casas cuecen habas -y que de devolver el acta de sus tres penitentes, nada de nada-. Sus colaboradores aclararon más tarde -ella no lo hizo- que el aludido era el diputado socialista José Luis Pérez Ráez, ex alcalde de Leganés y con una causa abierta -distinta a la de la trama de la que se hablaba- en el Tribunal Superior de Justicia. 

Y enfureció el PSOE. Algunos se cebaron entonces con López Viejo. "¡Ése sí está imputado!", gritó un socialista. Él (que no está imputado) no se inmutó. Alargaba un poco el cuello y torcía el gesto. Elvira Rodríguez, la presidenta de la Asamblea, tuvo que suspender el pleno casi veinte minutos. Tiempo muerto. 

A la vuelta, los tres penitentes se centraron en sus móviles y ordenadores. El ex consejero de Deportes mascaba chicle. Bosch seguía rígido. Martín Vasco continuaba aplaudiéndolo todo enérgicamente. "La verdad es que, al principio, cuando estalló todo esto, estaba abatido. Pero en las últimas horas se ha venido bastante arriba", se comentó en un pasillo. 

Poco a poco se fue vaciando la sala. Apenas quedaban diez diputados del PP. Pero López Viejo resistía. Un incómodo escaño que, al menos, le mantenía a salvo de los pasillos donde aguardaban los periodistas. Martín Vasco y Alfonso Bosch se habían largado a mitad del pleno. Cada uno a sus cosas, según una portavoz. El segundo volvió de vez en cuando, pero el ya ex presidente de la comisión de investigación se esfumó y sólo regresó para la votación final. 

A las 19.20, tras tres largas horas de penitencia, Alberto López Viejo se cansó, se levantó y abandonó el salón de plenos. Pero él, que dos semanas atrás se sentara junto a la presidenta Aguirre, no regresó al final de la sesión. Su voto no era necesario. 

(www.elpais.com, 20/02/09) 

GALLARDÓN BUSCA DESMARCARSE DE SUS CONTRATOS CON LA TRAMA 

El alcalde de Madrid aparece hasta el momento como el gran beneficiado político de las tramas de corrupción y espionaje que tienen a los principales dirigentes del PP contra las cuerdas. Pero Alberto Ruiz-Gallardón no es un mero espectador. El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna desde junio de 2003, le ha adjudicado contratos por un importe total de 399.206 euros a Special Events , sociedad clave en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón. 

Gallardón admitió ayer la existencia de esas adjudicaciones –junto a otras tres realizadas por el Ayuntamiento madrileño cuando el alcalde era José María Álvarez del Manzano– y también reconoció que una de las concesiones se realizó después de que alguien "manipulase" un informe técnico municipal para mejorar la puntuación de Special Events. 

Además, el alcalde madrileño intentó montar un cortafuegos para evitar que la oposición le reclame responsabilidades políticas. Según aseguró Gallardón, “todos” los miembros del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) que decidieron la adjudicación a Special Events, en mayo de 2004, actuaron “de acuerdo al informe técnico que les fue presentado”. Ese “todos” incluye a Sigfrido Herráez, que era entonces presidente de EMV y concejal de Vivienda del equipo de Gallardón. 

El alcalde denunció el miércoles los hechos ante el juzgado de guardia y El País –el diario más cercano a Gallardón– informó de que el Ayuntamiento había “expedientado” a un funcionario. Al igual que ocurrió con la operación Guateque, donde se investiga el pago de sobornos para agilizar licencias municipales, el Gobierno del PP señala así como culpables a funcionarios. 

El asunto del concurso manipulado se agrava con una segunda denuncia realizada ayer por el PSOE: que el Gobierno de Gallardón le “ha ocultado datos” del expediente esta misma semana. Pedro Sánchez, concejal socialista y consejero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), solicitó el 10 de febrero todos los contratos suscritos por dicha empresa municipal con las sociedades de la trama corrupta. El lunes 16, los responsables de EMVS le entregaron el expediente con el concurso adjudicado a Special Events, pero faltaba un documento clave.  

Así lo explica Sánchez “Me fijé en el informe de la comisión técnica y observé que no tenía ni membrete, ni fecha ni firma de funcionarios. Llamé a Isabel Pinilla, directora general de la EMVS, para decirle que era surrealista y que exigía el informe oficial, pero me respondió que el expediente entregado era el oficial”. Y Sánchez no volvió a tener más noticias. 

El concejal socialista se declara “escandalizado” por la forma en que el alcalde presenta el tema de sus adjudicaciones a la trama corrupta: “Cuando se manipuló el concurso, el responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda era Sigfrido Herráez, un concejal nombrado por Gallardón. Y cuando ahora el alcalde asegura que ha presentado una denuncia en el juzgado, estamos presenciando cómo Gallardón denuncia a Gallardón. ¿O quién es si no el responsable de los contratos del Ayuntamiento con Special Events?” 

Un portavoz del Gobierno municipal negó ayer que se hubiese manipulado el informe entregado a Pedro Sánchez: “El documento que faltaba lo encontramos el martes 17, un día después de darle el expediente al concejal socialista”. ¿Y por qué no avisaron de forma inmediata a Sánchez? Según el portavoz, porque entendieron que era prioritario “poner los hechos en conocimiento del juzgado”.

Por lo demás, en el Ayuntamiento se remiten a la promesa realizada ayer por Gallardón: “Actuaré con toda la dureza del mundo contra los responsables de aquella actuación”, es decir, de la manipulación del concurso.  

(www.publico.es, 20/02/09) 

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADJUDICÓ SIETE CONTRATOS A SPECIAL EVENTS 

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó siete contratos a la empresa Special Events en los años 1996, 1999, 2001, 2004 y 2005 (3), los tres primeros con José María Álvarez del Manzano en la Alcaldía y los cuatro últimos ya durante el primer mandato municipal de Alberto Ruiz-Gallardón. 

Son datos que ha confirmado este jueves el propio alcalde, en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, al informar de que el Ayuntamiento denunció ayer ante la justicia la "manipulación" de un informe técnico municipal que permitió la adjudicación en 2004 de un contrato a la empresa de Francisco Correa, detenido por el juez Baltasar Garzón dentro de la operación Gürtel. 

Este contrato, para el montaje y mantenimiento del 'stand' de la capital en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004, es el único de los siete en que se ha advertido una irregularidad, según ha asegurado el alcalde.

Tras informar de que la relación de esos contratos se envió en 2005 al Grupo Municipal Socialista, a petición de éste tras publicarse noticias de posibles irregularidades, Ruiz-Gallardón ha confirmado que también ha ordenado abrir un expediente sobre esos hechos y ha afirmado que actuará "con toda la dureza del mundo" contra el o los responsables de aquella actuación. 

Como publica este jueves el diario El País, la empresa de Correa fue colocada en el puesto quinto, muy lejos de poder ganar el concurso, en un primer informe técnico que no fue el que posteriormente llegó al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez. 

Basándose no en aquel primer informe técnico sino en otro que el alcalde ha confirmado hoy que fue "manipulado", el Consejo adjudicó el contrato a Special Events por 153.000 euros. 

Por eso cree que "todos" los miembros del Consejo de Administración de la EMV, incluido Herráez, con el que ya han hablado, y los representantes de la oposición -del PSOE, que se abstuvo, y de IU, que votó a favor-, actuaron "de acuerdo al informe técnico que les fue presentado", es decir, desconociendo que hubiera habido una "manipulación". 

De hecho, esa "manipulación" no ha sido descubierta hasta ayer, después de que se cotejaran todos los documentos que se guardan al respecto en el Ayuntamiento. 

(www.publico.es, 20/02/09) 

GALLARDÓN ADMITE QUE SE MANIPULÓ UN CONCURSO 

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió ayer que la Concejalía de Vivienda, entonces dirigida por Sigfrido Herráez, "manipuló injustificadamente" en 2004 el informe técnico de un concurso para adjudicar un contrato a una de las empresas de Francisco Correa. 

El alcalde aseguró que se está investigando el asunto, que EL PAÍS adelantó en su edición de ayer, para averiguar quién fue el responsable. "Se actuará con toda la dureza del mundo contra los responsables", anunció en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. De momento ya se ha presentado una denuncia en el juzgado. 

La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidida entonces por el concejal de Vivienda, adjudicó en 2004 un contrato de 153.000 euros para la caseta municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, considerado por Baltasar Garzón como el presunto cabecilla de la red de corrupción y tráfico de influencias vinculada al PP. Dicha empresa había quedado en quinto lugar en la clasificación de las 10 compañías que ambicionaban el contrato. Pero alguien manipuló la valoración técnica realizada por los funcionarios y sustituyó el informe original por uno trucado que favorecía a Special Events 

(www.elpais.com, 20/02/09) 

LA BRONCA POR LA CORRUPCIÓN EN MADRID OBLIGA A SUSPENDER EL PLENO REGIONAL 

Sólo Alberto López Viejo, diputado regional del PP y dimitido como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid hace 11 días por su supuesta vinculación con la presunta trama corrupta del empresario Francisco Correa, permaneció serio y en silencio en su escaño durante el pleno de ayer en el Parlamento madrileño. El resto del hemiciclo era un hervidero al principio de la sesión, se convirtió en terremoto poco después y derivó en una bronca monumental que obligó a suspender el pleno 20 minutos. 

Aguirre tenía que dar explicaciones sobre la situación en la que queda su gobierno tras la dimisión de López Viejo: respondió denunciando "una trama contra el PP" montada por el "juez socialista" Baltasar Garzón, el "ministro furtivo" Mariano Fernández Bermejo y los medios que publican noticias "filtradas" sobre la causa judicial, a los que calificó de "secta". Aunque en medio de esa filípica dejó caer algo parecido a una autocrítica: "Me preguntan las razones que me han llevado a aceptar la dimisión del señor López Viejo. Sólo hay una: distinguirme del PSOE, que jamás ha sido capaz de aceptar responsabilidades políticas. El ejemplo lo tenemos hoy: Bermejo reconoce que se saltó a la torera la Ley de Caza y no acepta responsabilidades políticas. Nosotros no somos como ustedes y sí las aceptamos", afirmó, mientras los suyos rompían en aplausos, y los socialistas, en indignados pataleos. 

Pero la presidenta no llegó a explicar por qué tenía que asumir responsabilidades: aunque no respaldó a su ex consejero expresamente, tampoco cuestionó su gestión. "No vamos a juzgar a nadie, eso lo harán los jueces", dijo. Entonces hizo una pausa y soltó el dardo que desató la ira en el PSOE: "Tampoco juzgamos a los imputados del grupo socialista". 

"¿Qué imputado? ¿Quién es?" "¡Que lo retire!", gritaban los socialistas. Aguirre se negó a retirar nada -se refería a una supuesta imputación, por causa totalmente ajena a la trama de corrupción, de un ex alcalde del PSOE y diputado autonómico- y, tras varios minutos de silbidos que cruzaban el hemiciclo en ambas direcciones, la presidenta de la Cámara suspendió el pleno y la bronca se fue a los pasillos. 

Antes de eso, la oposición había tenido apenas cinco minutos para centrar el debate en la corrupción -que, según el fiscal, podría salpicar a López Viejo y a otros dos diputados del PP: Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch-. Inés Sabanés (IU) pidió directamente la dimisión de Aguirre. "Hoy hay una verdadera crisis de gobierno en esta comunidad. Han dimitido un consejero, un gerente, el presidente de una comisión de investigación, hay dos diputados espiados... ¿Qué más tiene que pasar para que usted se dé por aludida? Sólo le queda un camino: dimitir. Usted es el problema", soltó, ante la inmutable sonrisa de la presidenta. 

La portavoz socialista, Maru Menéndez, se declaró "abochornada" por "la hipocresía" de Aguirre y le pidió cuentas sobre contratos adjudicados a empresas supuestamente implicadas en la trama. No logró sacar a la presidenta madrileña de la trinchera de una respuesta: "Este Gobierno trabaja hoy con la misma ilusión que el primer día". 

(www.elpais.com, 20/02/09) 

LA CONSERVADORA ROSA POSADA PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE 

La diputada del PP Rosa Posada ha sido elegida nueva presidenta de la Comisión de Investigación sobre la supuesta trama de espionaje, en sustitución de su compañero Benjamín Martín, voluntariamente apartado de esta comisión para defenderse jurídicamente de su supuesta implicación en la operación Gürtel. Como ya ocurriera el pasado 6 de febrero, cuando se constituyó la comisión, los socialistas han propuesto para el cargo a la portavoz de IU, Inés Sabanés. Rosa Posada, de 69 años, secretaria de la Mesa de la Asamblea, fue presidenta de la Cámara en la II Legislatura y consejera de Sanidad y Servicios Sociales entre 1995 y 1999, con el primer Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. 

(www.publico.es, 20/02/09)

EL DESPACHO DE MICHAVILA TIENE LAZOS CON DOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN 

El municipio madrileño de Boadilla del Monte, uno de los más ricos de la Comunidad, cuenta con un ayuntamiento que tiene una actividad casi frenética en los tribunales. Será por eso que Arturo González Panero, el exalcalde imputado en la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón, dio el visto bueno para que se contratara al despacho EIUS Abogados, donde presta sus servicios el exministro de Justicia José María Michavila, ahora diputado del PP en el Congreso. El director del bufete, antiguo subordinado de Michavila en el ministerio, Alberto Dorrego, también colabora en negocios de otro imputado, el empresario José Luis Ulibarri, beneficiado por González Panero con una adjudicación que investiga el juez. 

Según los documentos obtenidos ha defendido al consistorio de Boadilla en varias ocasiones. Los letrados fueron Alfredo Dagnino y Dorrego, que fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia en la etapa de Michavila como ministro. En el 2004, al perder el PP las elecciones, Dorrego fundó el bufete y contrató a quien fuera su superior jerárquico. Semanas atrás, el sindicato Manos Limpias entregó a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de González Panero "implicados" en sus negocios que incluía a Michavila. Este negó tener negocios con el entonces alcalde de Boadilla. 

Quizás no los tenga directamente, pero sí el despacho para el que trabaja. Así se lo confirmó ayer a este diario el propio Dorrego. "Ciertos pleitos de singular complejidad se encomiendan a abogados en ejercicio. Es una práctica frecuentísima", enfatizó. 

Dorrego aclaró que los casos que han llevado para Panero son de orden contencioso administrativo, y minimizó al hecho de que el consistorio tenga un letrado en nómina. A su juicio, un solo abogado no puede atender el número "ingente" de litigios de distintas especialidades judiciales. Al tiempo, resaltó que el suyo no es el único despacho que ha colaborado con Panero. Otros, como Galán y Asociados, que también se ha beneficiado de varios contratos del consistorio. Casualidad o no, Gustavo Galán defiende a otra imputada en la trama de corrupción, Felisa Isabel Jordán. 

El caso es que Dorrego compagina la dirección de EIUS con otras atribuciones que le vinculan laboralmente con el empresario Ulibarri, otro imputado en el caso: es secretario en Mediamed Comunicación Digital, propiedad de Ulibarri y partícipe de las adjudicatarias de licencias de la TDT otorgadas por la Generalitat Valenciana. Idéntico cargo ostenta Dorrego en Cabanyal 2010, empresa pública valenciana al igual que Comunitat Valenciana d'Inversions, de la que es vicesecretario. 

¿Qué implica ser secretario en esas firmas?. "Levanto las actas de los consejos y las llevo al registro mercantil", explicó Dorrego, restando importancia a su cometido. Pero una de ellas, Cabanyal 2010, ha solicitado varios informes al bufete que él dirige en relación a procesos de "expropiación", entre otros. "Temas menores", puntualizó el aludido. El director de EIUS encarna, así, el segundo punto de conexión entre dos de los imputados: González Panero y Ulibarri. El primero figura en el sumario que instruye el juez Garzón: el alcalde adjudicó al constructor una parcela en Boadilla para la construcción de 139 viviendas libres a un precio inferior en cuatro millones de euros a la cifra que ofrecía uno de sus competidores.

Dorrego es ahora el jefe de Michavila en EIUS, pero antes estuvo a sus órdenes. La carrera de ambos ha ido en paralelo: Dorrego entró a formar parte del cuerpo de letrados de las Cortes Generales desde 1991, llegando a ser secretario general adjunto del Congreso. De 1996 al 2000, Michavila fue el secretario de Estado de Relaciones con la Cortes, etapa en la que pudo trabar relación con él.En el 2002, Michavila fue nombrado secretario de Estado de Justicia, con Ángel Acebes como ministro. Meses después, Michavila le sustituyó al pasar Acebes a Interior. En esa etapa, el ministro confió a Dorrego uno de los planes estrella de su departamento: la modernización de la justicia, que, a tenor de la reciente huelga de jueces, quedó inacabada. El ministerio terminó concediendo a Dorrego la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. 

(www.elperiodico.com, 20/02/09)

LA ALCALDÍA DE BOADILLA VUELVE A ENFRENTAR AL PP 

Boadilla ya tiene un nuevo alcalde. Se llama Juan Siguero Aguilar, es el número tres del PP en el municipio y el segundo teniente de alcalde. Se trata de un hombre cercano al ex alcalde Arturo González Panero, que dimitió el pasado 10 de febrero tras ser imputado en la trama de corrupción investigada por el Juez Baltasar Garzón. 

La elección del nuevo regidor, que se hará efectiva hoy en el pleno municipal, ha enfrentado a los concejales del PP en Boadilla por segunda vez en una semana. El plan de la ejecutiva era llevar a la alcaldía a la número diez, Miriam Villares. Para ello tenían que renunciar los nueve primeros de la lista. Contra el criterio de la dirección del partido en Madrid, Siguero anunció que se queda con la alcaldía.Tras la dimisión de Panero, impuesta por la ejecutiva del PP, se supo que el ex alcalde había exigido la renuncia de la número dos, María Jesús Díaz, su enemiga declarada. Ese mismo día, la ejecutiva del PP madrileño anunció a los concejales que la elección del nuevo alcalde sería una decisión de partido y se les pidió el compromiso de acatarla. Así parecía que iba a ser. Un hombre del partido se encargó de sondear a todos los concejales del municipio y les convocó ayer para tomar la decisión. A la reunión también asistió Granados. 

Una de las concejales, la número diez del PP, Miriam Villares, contaba con la mayoría de los apoyos, nueve de los 16 concejales del PP en la localidad. Pero para su nombramiento debían renunciar los nueve primeros. El Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales establece que en caso de que se produzca la dimisión de un cargo elegido, será sustituido por el siguiente en la lista. 

Tras la dimisión de González Panero y la renuncia de la número dos, María Jesús Díaz, la semana pasada, la siguiente en la lista era María Belén Húmera Contreras. Ésta renunció a su derecho a hacerse con la alcaldía y cumplió así el compromiso con el partido. El siguiente en la lista era Juan Siguero, que no cumplió lo prometido y anunció que él sí ejercería su derecho a la alcaldía de la localidad. 

La reunión, según fuentes municipales, fue tensa. Siguero defendió su decisión y alegó ante Granados que lo hacía porque era un hombre de partido. El secretario general del PP en Madrid le recriminó su conducta. "Es lo único que se os ha pedido", dijo Granados, según fuentes municipales. "Si fueras un hombre de partido harías lo que tu partido te pide". 

Si no hay sorpresas hoy en el pleno, Siguero será el nuevo regidor. Tiene 39 años, está casado y tiene dos hijos. Lleva en el Ayuntamiento de la localidad desde 1993, donde ha sido responsable de las áreas de Deportes, Medio Ambiente, Urbanizaciones y Servicios, Régimen Interior, Nuevas Tecnologías y Hacienda. 

(www.elpais.com, 20/02/09) 

EL PP INICIA SU INVESTIGACIÓN SOBRE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

La primera consecuencia del expediente informativo abierto por el Partido Popular a los ex alcaldes de Boadilla y Majadahonda Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, es que hoy tendrán que comparecer ante el Comité de Garantías del partido para informar sobre las acusaciones de corrupción que están judicializadas. La reunión de este órgano no es pública. De las conclusiones de ese expediente depende que sean expulsados del partido. 

Además, el comité lleva varios días recabando documentos para llevar a cabo la investigación interna que ha ordenado Mariano Rajoy en relación con este asunto y "entrevistándose con las personas afectadas", según confirmó ayer la propia secretaria general, Dolores de Cospedal.

Hasta ayer este órgano no ha abierto por el momento expediente al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que dimitió tras el escándalo, dado que aún no está imputado. 

El alcalde de Boadilla tuvo que dimitir tras las evidencias que relacionan su gestión con los sobornos y cohechos imputados a Francisco Correa y su red de empresas. A pesar de la orden tajante de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy para que dimitiera, tardó más de 24 horas en hacerlo y además se permitió poner condiciones para la misma, como obligar a dimitir también a la concejal del PP que era su sucesora natural. 

En aquella jornada del pasado día 10 también fueron relevados Ortega de su puesto como gerente del Mercado Puerta de Toledo y Alberto López Viejo, consejero de Deportes y el cargo más alto implicado hasta ahora en la operación Gürtel. González Panero ha sido citado para declarar el 4 de marzo en la Audiencia Nacional 

(www.elpais.com, 19/02/09) 

UNA CONCEJALÍA DE MADRID AMAÑÓ EN 2004 UN CONCURSO A FAVOR DE CORREA 

El 27 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, el hombre que montaba los actos del PP durante el mandato de José María Aznar. 

Se presentaron al concurso 10 empresas y, supuestamente, la firma vinculada a Correa quedó en segundo lugar. Pero se llevó el contrato porque se consideró que la primera clasificada incurría en "baja temeraria", es decir, que su oferta económica era poco creíble por demasiado barata. 

Ésta es la información que contenía el expediente original de adjudicación que se aprobó en el Consejo de Administración de la EMV y que el ayuntamiento facilitó la semana pasada a este periódico. 

Pero en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya un año como alcalde, la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo estaba dividida en tres áreas: Suelo, Vivienda y Urbanismo. En cada una de ellas quedó una copia del expediente con una inquietante diferencia que apunta a que el concurso estuvo amañado para dárselo a Correa. 

El informe técnico de las propuestas que se presentó en el consejo de la EMV, en cuya votación participaron PSOE e IU, venía firmado por cuatro funcionarios y estaba acompañado de un cuadro con la puntuación obtenida por cada empresa. Sin embargo, en el documento que sirvió para la adjudicación definitiva no había ninguna rúbrica de empleados públicos. 

La suma de resultados obtenidos por su diseño, conocimiento y experiencia, colocó a Special Events en segundo lugar y en virtual ganadora del concurso. Pero en el cuadro que consta en el expediente hallado posteriormente  el cuadro de puntuación, que está vez sí estaba firmado por los funcionarios que realizaron el informe, contenía unos datos distintos que dejaban a Special Events en quinto lugar y, por tanto, sin ninguna opción de obtener el contrato. 

El apartado que puntuaba la oferta económica estaba intacto. Pero en las áreas en las que el criterio podía ser más arbitrario, como el diseño o la experiencia, las cifras eran distintas. Los cuatro funcionarios que firmaron el documento bueno confirmaron ayer que no son los autores de la valoración aprobada. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo no encuentran explicación técnica posible a las diferencias aparecidas en el mismo expediente. Consideran que es factible que el cuadro original fuera destruido y reemplazado por otro más favorable a Special Events. La sospecha es que se amañó el concurso. 

Por ello, el ayuntamiento ha presentado una denuncia al juzgado de guardia y ha abierto un expediente informativo a José Luis Gómez, funcionario y ex gerente de la empresa pública que firmó la propuesta que se llevó entonces al consejo de la EMV. 

"Nosotros respaldamos lo que los técnicos nos elevan al consejo de administración. Yo no sé qué es lo que han archivado. Sé lo que voté, pero no conozco la existencia de otros documentos", declaró ayer el ex concejal de Vivienda, que además indicó que nunca tuvo relación profesional con Correa. 

Herráez fue hombre de confianza del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano y miembro del clan Becerril, un grupo de jóvenes promesas del PP que, agrupados por Alejandro Agag y bendecido por el entonces presidente, José María Aznar, se reunía en la sierra de Madrid para hablar de política. A las reuniones acudieron en alguna ocasión los imputados por Garzón, Francisco Correa, Álvaro Pérez o Jacobo Gordon. Además, era asiduo el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, recién dimitido por su presunta vinculación con la trama corrupta. 

(www.elpais.com, 19/02/09) 

DE CONCEJAL A CONSTRUCTOR 

Sigfrido Herráez (Madrid, 1964), arquitecto de formación, fue un hombre de José María Álvarez del Manzano. De su mano llegó al Ayuntamiento de Madrid en 1991, al cargo de concejal de Latina y, en 1995, el de Vivienda. Lo dejó en 2005 con el siguiente alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste colocó por encima de él a la edil de Urbanismo, Pilar Martínez. 

Sólo una semana después, fichó como vicepresidente de la constructora Rayet, que realizaba un proyecto en el Ensanche de Vallecas, una zona directamente administrada por Herráez como concejal al presidir su junta de Compensación. Legalmente no había incompatibilidad, pero todos los partidos, incluido el gobierno de Gallardón, quedaron escandalizados. Hoy preside dicha firma. 

Esperanza Aguirre le prestó su apoyo en aquella decisión y le mantuvo como responsable de Vivienda del partido. Herráez se había significado por la candidatura de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, en detrimento de Manuel Cobo, vicealcalde y hombre de Ruiz-Gallardón. "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio", declaró Aguirre. Pero un mes más tarde, promovió su dimisión del cargo en el PP. 

Herráez perteneció al clan Becerril, un grupo de promesas del PP agrupados por Alejandro Agag que se reunían en la sierra para, según el yerno de José María Aznar, formar "el banquillo del banquillo" del partido. Pertenecieron al núcleo de ese grupo José Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros o Lucía Figar. 

Por otro lado, su mujer, María Gálvez, es consejera de Ploder, una constructora que junto al grupo Begar (entre otras), propiedad del imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, obtuvo la concesión para la construcción del nuevo Hospital de Vallecas de la Comunidad de Madrid.

(www.elpais.com, 19/02/09)

GALLARDÓN ASEGURA QUE NADA QUE PERJUDIQUE A UN MIEMBRO DEL PP LE PUEDE BENEFICIAR 

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado, en contestación a quienes creen que él es el gran beneficiado de las acusaciones publicadas y judiciales contra otros miembros de su partido, que nada que perjudique a un compañero del PP puede ser beneficioso para él. 

"Nada, absolutamente nada que pueda perjudicar a ningún compañero del Partido Popular, nunca, jamás, podrá ser nada que beneficie a Alberto Ruiz-Gallardón", ha contestado tajantemente el alcalde, tras la reunión semanal de su Gobierno, en la que ha roto en parte su silencio sobre las supuestas "tramas" con las que se ha relacionado a responsables del PP. 

Ruiz-Gallardón no ha querido hablar de la cacería del ministro de Justicia, Mariano Bermejo, y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, pero sí ha hablado de la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre el supuesto espionaje a políticos y del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. 

Ha dicho que le parece "lógico" y que tiene "muchísimo interés" en comparecer ante la Comisión de Investigación para dar su opinión sobre unos hechos publicados y "no desmentidos" y ha calificado de "adecuada" la reacción de Camps ante las acusaciones contra su actuación, al tiempo que ha defendido la presunción de su inocencia.

Respecto a la información que hoy publica el diario El País sobre un contrato adjudicado en 2004 por el Ayuntamiento a la empresa del detenido Francisco Correa, Ruiz-Gallardón ha confirmado que ha denunciado ante la justicia la supuesta "manipulación" del informe técnico que permitió la adjudicación.  

(www.publico.es, 19/02/09) 

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADJUDICÓ SIETE CONTRATOS A SPECIAL EVENTS 

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó siete contratos a la empresa Special Events en los años 1996, 1999, 2001, 2004 y 2005 (3), los tres primeros con José María Álvarez del Manzano en la Alcaldía y los cuatro últimos ya durante el primer mandato municipal de Alberto Ruiz-Gallardón. Son datos que ha confirmado este jueves el propio alcalde, en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, al informar de que el Ayuntamiento denunció ayer ante la justicia la "manipulación" de un informe técnico municipal que permitió la adjudicación en 2004 de un contrato a la empresa de Francisco Correa, detenido por el juez Baltasar Garzón dentro de la operación Gürtel. 

Este contrato, para el montaje y mantenimiento del 'stand' de la capital en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004, es el único de los siete en que se ha advertido una irregularidad, según ha asegurado el alcalde.

Tras informar de que la relación de esos contratos se envió en 2005 al Grupo Municipal Socialista, a petición de éste tras publicarse noticias de posibles irregularidades, Ruiz-Gallardón ha confirmado que también ha ordenado abrir un expediente sobre esos hechos y ha afirmado que actuará "con toda la dureza del mundo" contra el o los responsables de aquella actuación. 

Como publica este jueves el diario El País, la empresa de Correa fue colocada en el puesto quinto, muy lejos de poder ganar el concurso, en un primer informe técnico que no fue el que posteriormente llegó al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez. 

Basándose no en aquel primer informe técnico sino en otro que el alcalde ha confirmado hoy que fue "manipulado", el Consejo adjudicó el contrato a Special Events por 153.000 euros. 

Por eso cree que "todos" los miembros del Consejo de Administración de la EMV, incluido Herráez, con el que ya han hablado, y los representantes de la oposición -del PSOE, que se abstuvo, y de IU, que votó a favor-, actuaron "de acuerdo al informe técnico que les fue presentado", es decir, desconociendo que hubiera habido una "manipulación". 

De hecho, esa "manipulación" no ha sido descubierta hasta ayer, después de que se cotejaran todos los documentos que se guardan al respecto en el Ayuntamiento. 

(www.publico.es, 19/02/09)

AGUIRRE CONTRAATACA ASEGURANDO QUE EL PP NO JUZGA A LOS SOCIALISTAS IMPUTADOS 

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, suspendió hoy el Pleno de la cámara autonómica ante las protestas de los diputados de la oposición después de que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, asegurara que en las filas socialistas hay imputados y el Partido Popular no lo juzga. 

Ante estas palabras, pronunciadas durante una tumultuosa sesión de control al Gobierno, los parlamentarios de PSOE e IU reclamaron a la jefa del Ejecutivo que retire esta acusación, que tacharon de falsa. La presidenta se negó a ello. Dada la imposibilidad de proseguir el debate, Rodríguez ha suspendido la sesión durante 10 minutos y ha llamado a consultas los portavoces de cada grupo. 

En los pasillos de la Asamblea, Esperanza Aguirre, reiteró su postura. "Estamos ante una trama clarísima, una trama organizada por el ministro furtivo y el juez socialista, una trama contra el PP para evitar que pueda haber una alternativa al peor gobierno de la historia de la democracia", aseguró la 'lideresa' en relación a la cacería en la que estuvieron presentes Bermejo y el juez Garzón, al frente de la Operación Gürtel, que trata de esclarecer la presunta trama de espionaje en municipios del norte de la región y de la Comunidad Valenciana. 

"Una trama para hacer que desistamos y una trama en la que cada mañana desayunamos con nuevas filtraciones de un sumario secreto, que recuerdo que ese sumario es secreto, pero todas las mañanas hay filtraciones, siempre al mismo grupo de medios de comunicación", señaló la presidenta. 

En esta línea, indicó que uno de los medios "ya tiene una denuncia por coacciones" que el ex ministro Francisco Alvarez Cascos presentó ayer, "porque negándose a publicar la rectificación del ex ministro y secretario general, no se le ocurrió mejor cosa que coaccionar, amenazar y chantajear con publicar contratos de otra persona, razón por la cual ya se le puso una denuncia en el juzgado de guardia en el día de ayer". Así, reseñó que lo que hay "es una trama contra el PP".  

(www.publico.es, 19/02/09) 

LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 'TUMBA' AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESPÍAS 

Después de negarse durante días a dimitir como le pedía la oposición, el diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco anunció ayer por sorpresa que renuncia a presidir la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad. Lo hace para defenderse, dice, de las acusaciones que se están vertiendo contra él en relación con otro asunto: el de la trama de corrupción destapada por el juez Baltasar Garzón y que ya ha provocado, con ésta, cuatro dimisiones de cargos del PP -un alcalde, un gerente, un consejero y el propio Martín Vasco- en distintos puntos de la administración madrileña. 

El diputado popular -que mantendrá su escaño aunque ya no formará parte de la comisión de investigación- aseguró a este periódico que su decisión fue "personal" y que ni la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ni el partido le exigieron el cese. Fuentes del Gobierno regional sostienen, sin embargo, que Martín Vasco se resistió hasta el último minuto a dimitir y que fue Aguirre la que le presionó ante las crecientes sospechas de que esté vinculado a actuaciones irregulares en Arganda. 

Benjamín Martín Vasco no está imputado por el momento en el sumario abierto por Garzón sobre la presunta trama corrupta que afecta a más de una veintena de empresas y a varias administraciones del PP. Pero la Fiscalía ha hallado indicios de que podría haber cobrado comisiones a cambio de favorecer al entramado de empresas comandado por Francisco Correa. Una de las imputadas en esa trama, Isabel Jordán, asegura -en una conversación que consta entre las grabaciones aportadas a la causa- que Martín Vasco ocultó, a cambio de dinero, irregularidades cometidas en la adjudicación de un desarrollo urbanístico a la empresa Martinsa en Arganda. 

"No he dimitido. He pedido a mi partido que me aparte de la comisión de investigación para poder defenderme de esas acusaciones. Voy a presentar una querella por injurias contra Isabel Jordán", afirmó Martín Vasco ayer para explicar su decisión. Apenas 48 horas antes, el PP había rechazado la petición de recusación del presidente de la comisión -presentada por PSOE e IU- con el argumento de que nada tenía que ver una trama con otra y de que, en cualquier caso, primaba la presunción de inocencia de Martín Vasco. 

Inés Sabanés (IU) subrayó que, finalmente, Martín Vasco "ha dicho que dimite" por los mismos motivos por los que el lunes aseguraba que no debía hacerlo. "Lo cual es más que contradictorio y podría indicar que hay más motivos que ya iremos conociendo", deslizó. La socialista Maru Menéndez abundó en que Martín Vasco debería haber renunciado mucho antes y apuntó directamente a Esperanza Aguirre: "Está con el agua al cuello". 

La presidenta madrileña, por el contrario, despachó el asunto con una fría sentencia referida a su diputado: "Entiendo que haya decidido abandonar la comisión de investigación para dedicarse a querellarse contra quienes le acusan de hechos gravísimos". Y el presidente del PP, Mariano Rajoy, zanjó: "Si él cree que [dimitir] es la mejor forma de defenderse, a mí me parece muy bien". Martín Vasco sigue siendo presidente de la comisión -ha convocado a sus miembros para esta tarde- hasta que su partido le aparte formalmente de ella. 

La presunta vinculación de Benjamín Martín Vasco con la trama corrupta investigada por Garzón surgió al conocerse que, en una de las grabaciones realizadas en 2006 e incorporadas a la causa, el supuesto cabecilla Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...". Correa parecía aludir así a que él había intercedido para lograr que Martinsa obtuviera un contrato en Arganda; a cambio, claro, de cobrarle a Martinsa una comisión de la que aún quedaba por pagar "un millón de euros". 

Pero el nombre de Martín Vasco no aparecía en esa grabación sino en otra en la que habla Isabel Jordán, empresaria también imputada por el juez: "Le dieron su dinero", decía Jordán refiriéndose al diputado del PP. "Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". 

Martín Vasco -que había sido concejal de Arganda 12 años, entre 1991 y 2003- era consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal cuando ésta adjudicó a la empresa Martinsa, en noviembre de 2004, un importante desarrollo urbanístico con 300 viviendas en pleno centro de la localidad, junto a la estación de metro. El precio de la adjudicación era cerrado (no sujeto a mejora): 77 millones de euros, incluido el coste de varios equipamientos.

El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE dos veces: ante un juez de lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. El grupo socialista de Arganda no sabe qué fue de esa denuncia. "Suponemos que se archivó, aunque el juzgado nunca nos notificó nada", explica Victoria Moreno, portavoz del PSOE local. 

Los socialistas consideraban sospechosa la adjudicación por lo siguiente. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Ayuntamiento, a la hora de valorar las ofertas, no se fio sólo de las opiniones de sus técnicos sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Ésta había sido la empresa de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa). 

Cada uno de los tres grupos de baremadores -técnicos, Aguirre Newman y Plarquin- se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Cuando Aguirre Newman entregó su parte, iba ganando Sacresa; cuando los técnicos presentaron la suya, también. El último en entregar la baremación fue Plarquin, que debía valorar la "solución técnica y propuesta estética". Y dio tantos puntos de más a Martinsa frente a Sacresa que la primera se puso por delante y ganó el concurso. "No tiene sentido que los baremadores entregaran su valoración uno detrás de otro, porque el último sabía cómo iba la puntuación. Y justo en el último momento, gracias a la valoración sobre el aspecto más discrecional de todos, gana Martinsa", subraya Antonio Fernández Gordillo, portavoz de Vivienda del grupo socialista en la Asamblea de Madrid. 

A ese caso es al que parecen referirse Francisco Correa e Isabel Jordán cuando hablan de adjudicaciones supuestamente irregulares en Arganda, porque, según ha rastreado el PSOE, Martinsa no ha tenido ninguna otra adjudicación similar en ese municipio.

Benjamín Martín Vasco reconoció hace días que es amigo de Francisco Correa, aunque en todo momento ha negado haber dado un trato de favor a ninguna empresa. La empresa pública que presidió en Arganda y que se encargaba de todo el desarrollo urbanístico fue continuamente tachada de falta de transparencia (en el consejo de administración sólo estaba el PP). 

Poco después de su creación, Martín Vasco firmó un contrato con la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo, otro de los hoy imputados (por su cargo en una empresa distinta). El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa. 

(www.elpais.com, 19/02/09) 

ENTREVISTA: BENJAMÍN MARTÍN VASCO DIPUTADO DEL PP EN LA ASAMBLEA DE MADRID :  "NO CONOCÍ IRREGULARIDADES EN ARGANDA" 

Benjamín Martín Vasco (Valverde de Llerena, Badajoz, 1967) no tiene ningún problema en explicar las razones de su dimisión -que se niega a calificar así- como presidente de la comisión de investigación, pero se enroca cuando se le pregunta por el fondo de la cuestión: si tiene alguna vinculación con la trama corrupta destapada por Baltasar Garzón. "Me remito a la querella que he presentado", repite varias veces, en conversación telefónica con este periódico. Ni él ni el PP han querido facilitar la querella. 

Pregunta. ¿Por qué dimite ahora y se negaba a hacerlo hasta ayer?

Respuesta. No he dimitido: he pedido a mi partido, y lo he hecho voluntariamente, que me aparte de la comisión de investigación. Ya no seré presidente ni miembro de esa comisión. Y lo hago porque he decidido iniciar acciones judiciales contra Isabel Jordán, la persona que, según informaciones periodísticas, me ha acusado de acordar un pacto de silencio ante actividades irregulares en Arganda.

P. Las acusaciones vertidas por Jordán ya se conocían hace días, pero usted se negó a dimitir como le pedían PSOE e IU.

R. Hoy he decidido presentar la querella, y por eso he esperado hasta hoy.

P. ¿Por qué dimite?

R. Porque no quiero que nadie pueda acusarme de utilizar el cargo de presidente de la comisión en beneficio propio. Que nadie interprete cualquier decisión mía en esa comisión como vía para reforzar mi querella. Le he dicho a mi partido que lo mejor era quitarse problemas.

P. ¿Le pidió la presidenta Esperanza Aguirre o el portavoz del grupo popular, David Pérez, que renunciara al cargo?

R. Ni la presidenta ni el partido me pidieron nada. Ha sido una decisión mía, personal.

P. ¿Se ratifica en que no hay nada de cierto en las conversaciones que lo vinculan con la trama investigada por Garzón?

R. Me remito a lo que dice la querella. Pero si no me ratificara, no la presentaría, ¿no?

P. ¿Ocultó alguna adjudicación irregular en Arganda del Rey?

R. No he tenido conocimiento de ninguna actuación irregular en Arganda del Rey. 

(www.elpais.com, 19/02/09) 

EL HOMBRE QUE GESTIONÓ EL SUELO DURANTE EL 'BOOM' DEL LADRILLO 

La trayectoria de Benjamín Martín Vasco, de 41 años, es un ejemplo de ascenso social. De un pueblo de Badajoz, de familia de agricultores, pasó a la universidad, a las Nuevas Generaciones del PP y en 1995, con menos de 30 años, se convirtió en teniente de alcalde de Arganda con Ginés López, el regidor, del que era amigo de la infancia. Hoy, diputado de la Asamblea, puede preciarse de tener dos pisos en la capital, uno de ellos de 180 metros cuadrados en plena Milla de Oro, la zona de la tiendas más caras de Madrid. 

Como concejal de Personal y Seguridad participó en despidos masivos de trabajadores municipales y fue denunciado por prevaricación: cambió el turno a un policía para colocar al marido de su secretaria. Fue absuelto. 

En 1997 cayó en sus manos la dirección de la recién creada Sociedad de Fomento. Tras una legislatura de gobierno del PSOE, López regresó a la alcaldía en 2003 y Martín Vasco se dedicó en exclusiva a la empresa pública de gestión del suelo, en pleno boom urbanístico. En 2005 presentó su dimisión. 

En el debate político es "desestabilizador", "muy de armar broncas", según lo describe la oposición. "Un duro del PP, aguirrista", "algo prepotente y con la cabeza bien puesta", dicen. También aseguran que le gustaba alardear de sus viajes a Las Vegas y sus vacaciones en Marbella. Incluso de que llevó a su amigo Francisco Correa, principal cerebro de la trama de corrupción, a las fiestas de Arganda. 

(www.elpais.com, 19/02/09)

Correa proporcionó azafatas y equipos de sonido para la campaña de Aguirre

Según la documentación interna del PP, a la que ha tenido acceso la SER, las empresas de la trama corrupta organizaron del acto de proclamación de Esperanza Aguirre como candidata a las elecciones tras el Tamayazo

El 14 de septiembre de 2003 Esperanza Aguirre fue proclamada candidata popular a la presidencia de la Comunidad después de que el escándalo de la Asamblea de Madrid (el tamayazo ) obligase a repetir las elecciones.

Fue un acto multitudinario, en el que intervinieron además de Aguirre, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Las empresas Correa, líder de la trama, hicieron un servicio completo para este acto de Aguirre.

Según los documentos de Génova sobre este acto a los que ha tenido acceso la CADENA SER, el sonido del evento y la instalación de los equipos fue proporcionado por el hoy imputado Álvaro Pérez, el conocido bigotes, jefe de una de las empresas de la trama de Correa : Orange Market.

Pero este no fue el único servicio que las empresas de la trama prestaron al la proclamación de Aguirre como candidata: Las azafatas que distribuían el agua a las filas de altos cargos populares fueron también proporcionadas por otra de las empresas de la trama : FCS (Siglas de Francisco Correa Sánchez).

www.cadenaser.com 18.02.09

AGUIRRE HABLÓ CON RAJOY PARA SABER SI PONE LA MANO EN EL FUEGO POR ELLA 

En estos días de grandes titulares sobre la corrupción que afecta al PP, sus dirigentes están especialmente sensibles. Cada palabra se interpreta una y mil veces. Y más si se trata del líder, Mariano Rajoy, hablando de Esperanza Aguirre. El rechazo de Rajoy -en una entrevista en Antena 3- a poner "la mano en el fuego" por la presidenta de Madrid desató todo tipo de especulaciones. Aguirre trató de zanjarlas: habló con él  para que le explicara sus palabras, y después se lo contó a los periodistas. 

La presidenta le preguntó a Rajoy expresamente por ese rechazo a poner la mano en el fuego. "Me ha dicho que esta expresión no la ha utilizado nunca por nadie y que no le gusta; por lo tanto, no le saquen ustedes tres pies al gato", dijo irónica. 

Aguirre prefirió quedarse con la parte positiva de la entrevista a Rajoy, cuando defendió la honorabilidad de la presidenta. Aunque el líder insistía en añadir la coletilla "en lo que yo conozco" al referirse a las sospechas de corrupción, Aguirre obvió esas dudas de su jefe. "Lo que dijo Rajoy es exactamente lo mismo que yo pienso sobre él y sobre mí: que en 26 años que llevamos en política jamás nadie ha puesto en cuestión nuestra honorabilidad; y, por lo tanto, quiero agradecérselo", sentenció. 

El desconcierto en el PP es total porque, según varios miembros de la dirección, no tienen información sobre los planes del juez Baltasar Garzón sobre nuevos imputados, especialmente los aforados, y por tanto no pueden tomar decisiones. Según estas fuentes, Rajoy está dispuesto a cortar más cabezas y abrir más expedientes en cuanto Garzón levante todo el secreto del sumario. 

Nada de López Viejo

Por otra parte, el PP madrileño ha dejado claro que no quiere hablar de Alberto López Viejo, que dimitió de consejero por las noticias que lo vinculan con la trama corrupta. El Grupo Popular impidió el lunes, con su mayoría absoluta, que el PSOE registrara cinco preguntas para formular mañana en el pleno al vicepresidente, Ignacio González. 

Los socialistas querían saber la opinión de González sobre la gestión de López Viejo y sobre su dimisión. "Nombrar a los consejeros no es responsabilidad del vicepresidente sino exclusivamente de la presidenta", subrayó una portavoz del PP para justificar el veto. 

(www.elpais.com, 18/02/09) 

AGUIRRE TELEFONEA A RAJOY PARA SABER POR QUÉ NO DA LA CARA POR ELLA 

Esperanza Aguirre vio el lunes por la noche la entrevista en Antena 3 del líder de su partido, Mariano Rajoy. Seguramente, puso extrema atención cuando la entrevistadora le preguntó directamente si era capaz de poner "la mano en el fuego por Esperanza Aguirre", entre otros dirigentes del partido, ante su posible relación con la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. Él evitó hacerlo. "No se trata de eso", dijo, aunque sí defendió la honorabilidad de la dirigente madrileña. Ayer por la mañana, Aguirre cogió el teléfono para pedir explicaciones a su jefe. "Esta expresión no la uso nunca con nadie y no me gusta", le respondió Rajoy, según la versión difundida por la aludida. 

La presidenta de Madrid era consciente de que los periodistas le iban a preguntar por este asunto en cuanto tuvieran ocasión. Y no se equivocó. Así que llevaba una respuesta preparada que no estaba exenta de cierta sorna: agradeció a Rajoy ante cámaras y micrófonos que "no pusiera en cuestión" su honorabilidad.

Aguirre atendió a los medios durante su visita a un hospital de Madrid y, ante la insistencia en las preguntas por Rajoy y sus declaraciones, rogó a la prensa que no tratara de buscar "tres pies al gato". Claro que a ella debió extrañarle tanto como a los periodistas la tibia defensa que Rajoy le dedicó, ya que terminó llamándole por teléfono para aclarar la situación. 

En cualquier caso, decidió recurrir a la sorna para replicar públicamente al líder del PP. "Lo que dijo Mariano Rajoy es exactamente lo mismo que yo pienso sobre él mismo y sobre mí. Que, en 26 años que llevamos en política, jamás nadie ha puesto en cuestión nuestra honorabilidad y, por lo tanto, quiero agradecérselo al presidente de mi partido", remató Aguirre. A continuación, centró sus críticas en el juez que lleva el caso por ir de cacería con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. 

Por otro lado, el responsable de política autonómica del PP, Juan Manuel Moreno, reiteró ayer que no existe una trama de corrupción ligada a su partido, sino "parásitos que se han situado en el entorno del poder", aludiendo así a los empresarios imputados por Garzón. 

Sostuvo que los responsables de dicha trama son los que "se han enriquecido ilícitamente y utilizando las siglas del PP y los nombres de dirigentes del PP". No obstante, los populares han tenido que abrir expediente informativo a dos exalcaldes por posible vinculación con el caso. Y fue el propio Moreno el que admitió que, en caso de que el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo resulte también implicado en el caso, se actuará en consecuencia. 

(www.elperiodico.com, 18/02/09) 

LÓPEZ VIEJO DEJÓ UN 'AGUJERO' DE CINCO MILLONES EN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 

adjudicación de contratos a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, el hombre que durante 12 años montó los actos electorales del PP cuando mandaba en el partido José María Aznar y hasta ahora se encargaba de la mayoría de los eventos de la presidenta autonómica, ha destapado la existencia de, al menos, cinco millones de euros gastados por la Consejería de Deportes sin respaldo presupuestario y, por tanto, pendientes de abonar, según fuentes próximas a este departamento autonómico. La inmensa mayoría de esos cinco millones corresponderían a trabajos hechos por la trama corrupta, según los datos iniciales. 

El responsable de la Consejería de Deportes, hasta la semana pasada cuando fue destituido por Aguirre, era Alberto López Viejo, que ha desempeñado el cargo durante casi dos años. López Viejo, hombre de confianza de la presidenta, que le situó de número seis en su lista electoral, le hizo viceconsejero de Presidencia y, posteriormente, consejero de Deportes, ha sido el encargado desde 2004 de organizar los actos institucionales de Aguirre y de contratar con las empresas la organización de los eventos. La inmensa mayoría de esos actos han sido realizados por la trama de sociedades de Correa, con el que López Viejo tenía una estrecha relación. El juez Baltasar Garzón investiga si López Viejo cobró sobornos a cambio de la adjudicación de contratos a Correa. 

El juez ha solicitado oficialmente a la Comunidad de Madrid que le envíe la relación de todos los contratos formalizados con las principales sociedades de la trama: Special Events, Diseño Asimétrico, Servimadrid o Easy Concepts. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, es el encargado de recopilar toda la información y hasta ayer había contabilizado cerca de tres millones de euros en contratos abonados por la Administración regional a estas empresas por las que ha preguntado el juez Baltasar Garzón. Todos estos pagos se han efectuado y tienen sus expedientes administrativos. 

Muchas de las adjudicaciones se troceaban en contratos de menos de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público, y darlos así a dedo. La gestión de López Viejo como organizador de los actos donde intervenía Esperanza Aguirre continuó tras su paso a la Consejería de Deportes, hasta el punto de que había dejado a un hombre de su confianza en la sede de la presidencia del Gobierno regional, Pedro Rodríguez Pendás, que asumía todas las gestiones. 

Muchos consejeros se enteraron del coste de actos institucionales de la presidenta autonómica cuando López Viejo les remitió la factura. Ahora, la investigación abierta en el seno del Gobierno regional para aclarar las contrataciones de López Viejo han descubierto la herencia de al menos cinco millones de euros de pagos. El malestar inicial de la presidenta con López Viejo derivó de su ocultación de la contratación de filiales y empresas tapadera del grupo de Correa. La auditoría puesta en marcha ahora ha desacreditado el mentís global de López Viejo, que refutaba haber contratado a Special Events y a ninguna otra empresa de la trama, ya que se ha verificado que les otorgó adjudicaciones, incluso, presumiblemente, a firmas tapadera. De hecho, emisarios de Correa negociaron sin pudor algunos contratos de tales firmas aparentemente ajenas, como MQM, y otras. 

(www.elpais.com, 18/02/09) 

"NO TE PREOCUPES. EL PARTIDO SE VA A PORTAR BIEN CONTIGO" 

"Lo urgente primó sobre lo importante". Es el resumen que hace María Jesús Díaz, de 44 años, ex concejal del PP en Boadilla del Monte, para explicar por qué entregó el acta hace exactamente una semana. Díaz tomó la decisión empujada por las presiones de su partido para forzar a dimitir al alcalde, Arturo González Panero quien forzó que ella, su gran oponente no le sustituyese en el cargo. Ahora le da vueltas y rumia lo ocurrido el lunes 9 de febrero, cuando el regidor exigió su cese para dimitir. "Era la mejor solución, aunque fuera un sacrificio de inocentes", confiesa con alivio junto a un centro comercial de Boadilla. 

Las acusaciones sobre la gestión de Panero al frente del Ayuntamiento de Boadilla llevaron al PP regional a forzar su dimisión. Su nombre aparecía envuelto en la trama de corrupción en administraciones gobernadas por el PP que investiga Baltasar Garzón. Tras aceptar inicialmente la renuncia, el ex alcalde de Boadilla se resistió a presentarla, desautorizando a Mariano Rajoy, quien la había anunciado unas horas antes. Panero había acudido a la Audiencia para comprobar la profundidad de la investigación judicial y vio que aún no estaba imputado. Ése fue su argumento. La decisión de Panero provocó un cataclismo en el PP "al que había que poner freno". Díaz recuerda la tensión: "Rajoy estaba en el Congreso esperando que se solucionara el tema... Todo el partido estaba pendiente de nosotros". 

Y ellos, los 16 concejales del PP en Boadilla, se encontraban en la primera planta de Génova 13. "Nos convocó el secretario general [Francisco Granados]" para resolver el asunto. Allí, en la sede del PP, Granados se enfrentó a los ediles del partido en Boadilla: "Os he reunido aquí para explicaros lo ocurrido...". Y comenzó su relató de supuestos malentendidos que se inició la mañana de ese mismo día. 

Presionado por el partido y casi sin margen de maniobra, Panero tomó la palabra y ofreció su cargo: "Cedo de forma generosa mi puesto con la única e insalvable condición de que María Jesús entregue el acta de concejal". La ex edil y ex primera teniente de alcalde se había erigido como su sustituta. Y eso no entraba en los planes del ex alcalde, enfrentado ferozmente a Díaz. Hacía tan sólo dos meses habían peleado por el control del partido en Boadilla. Panero había ganado la batalla, pero no quería perder la guerra que ahora se libraba en Génova. 

Durante unos minutos se cruzaron acusaciones entre unos y otros. Hasta que Granados la llamó a su despacho y le dijo: "No hay otra salida. Sé que es injusto y tienes razón. Pero no hay otra solución. Si la hubiese la adoptaríamos", le susurró Granados. Luego le arrojó el consuelo: "No te preocupes. El partido se va a portar bien contigo". Díaz asegura que nadie del partido la ha llamado desde entonces. "Estoy en paro y sigo sin trabajo", aclara mientras recuerda la frase con la que Granados la despidió: "Menos mal que tú piensas en el partido. No como Arturo". 

Pero el entuerto aún no había concluido. Panero había convocado una rueda de prensa al día siguiente para anunciar su renuncia. Pero Díaz tenía dudas. "Pensé que como Garzón lo había imputado ya no hacía falta que dimitiera". La espera se alargó varias horas hasta que cedió. "No quería aparecer como la culpable de todo", explica. Ahora reclama que Panero también entregue el acta de concejal y abandone el Ayuntamiento de Boadilla. 

Díaz fecha el inicio de su enfrentamiento hace un par de años. "En el verano de 2007", recuerda, "llegó el proyecto de una residencia geriátrica. La idea era buena, pero pretendían construirla en medio del monte. Me opuse". La residencia pertenece al grupo cordobés Sanyres, filial de Prasa con intereses inmobiliarios y comerciales. La ex concejal relata cómo traspasaron el proyecto a otra concejalía para que aprobase lo que ella no quería aprobar. El proyecto finalmente no se llevó a cabo. 

A partir de entonces, Panero le retira las competencias como teniente de alcalde y la Concejalía de Servicios Sociales. Una ruptura amarga para dos políticos que iniciaron juntos su carrera en Nuevas Generaciones. El final de la historia todavía está por escribir. 

(www.elpais.com, 18/02/09)

EL FISCAL SITÚA EN MADRID EL NÚCLEO POLÍTICO DE LA CORRUPCIÓN LIGADA AL PARTIDO POPULAR 

La Fiscalía Anticorrupción ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un informe en el que solicita que se inhiba en la causa abierta por la trama de corrupción que salpica al Partido Popular en favor del Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid para la "totalidad de la investigación", salvo en "determinados hechos" que correspondería investigar al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia. El informe de la Fiscalía pide al magistrado que eleve "exposiciones razonadas" a estos dos tribunales autonómicos, que deberán decidir a qué personas y qué partes de la causa deben investigar. 

Garzón solicitó este informe a Anticorrupción tras hallar "indicios" en el transcurso de la investigación abierta por la operación Gürtel, que relacionaban con la trama a miembros del Partido Popular. En el caso de que los imputados sean cargos de los Gobiernos autonómicos de Valencia o Madrid, o sean diputados regionales, el juez, por la condición de aforados de estos, tendría que ceder la competencia a los tribunales superiores de las dos Comunidades Autónomas. En los próximos días, Garzón se inhibirá a favor de estos dos tribunales. 

Por otro lado, el magistrado ha dejado en libertad a los dos imputados citados esta mañana en el juzgado, el ex consejero delegado de Repsol José Ramón Blanco Balín y Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag . El juez no les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, han asegurado sus abogados. A la salida del juzgado, Blanco Balín ha pedido comprensión a los periodistas y ha manifestado que tiene "hijos pequeños" y no le "gusta que lean por la mañana que su padre es un delincuente". 

(www.elpais.com, 18/02/09) 

Las empresas de la trama de Correa crearon una red de facturas falsas para defraudar a Hacienda cantidades millonarias

Según consta en las grabaciones que tiene Garzón, las sociedades cruzaban facturas con terceras empresas por servicios no realizados

El método consistía en cruzar facturas por servicios no realizados y así conseguir beneficios fiscales y desgravaciones en las declaraciones del Impuesto de Sociedades y en el IVA. "Todo por recomendación de Pablo crespo, (ex secretario de organización del PP en Galicia) que era el hombre en la sombra" asegura la imputada en las grabaciones.

Las cuatro empresas de la trama que habrían colaborado en esta red de facturas falsas son, según la documentación que baraja Garzón : Easy Concept Comunicación, Good and Better, Diseño Asimétrico y Servi Madrid. Según la imputada estas son "empresas con contratos muy interesantes, muy golosos (...) con mucha rentabilidad, tienen costes pero hay mucha facturación, y hay mucho beneficio real entonces se hicieron una serie de facturas falsas, facturas que no son reales"

El asunto iba mucho mas allá de cruzar facturas dentro de las empresas vinculadas a la trama "no era entre nosotros , era peor (...) eran empresas ajenas a nosotros y todo a través de la asesoría" se asegura en las grabaciones en poder de Garzón

La labor de la asesoría fiscal que contrató Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) era captar a terceras empresas, ajenas a las vinculadas a Correa, para utilizarlas en la emisión y recepción de las facturas falsas.

Uno de los imputados por Garzón es el jefe de la asesoría fiscal

Carlos Ignacio Hernández Montiel uno de los 37 imputados es el jefe de la asesoría Galher servicios administrativos S.A , intermediaria en esta red de facturas falsas. Según las grabaciones que obran en el sumario el "lugarteniente" de correa Pablo Crespo ( tambien imputado ) seria el cerebro de esta red de documentos falsos para evadir impuestos.

Las revelaciones contenidas en estas grabaciones son una pieza clave en la investigación impulsada por Garzón. Del contenido de las mismas, así como de las investigaciones todavía en marcha depende que la concurrencia de delito fiscal sea probada, al margen del resto imputaciones impulsadas por el magistrado de la Audiencia Nacional entre las que se encuentran el tráfico de influencias, el cohecho y el blanqueo de capitales.

Una de estas sociedades recibió 70.000 euros del Gobierno de Aguirre hace apenas diez semanas

Otra novedad que les adelanta la SER. El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó hace sólo tres meses uno de los últimos contratos uno de los últimos contratos a una de estas empresas del grupo de Correa. Fue un contrato a dedo de 70.000 euros.Diseño Asimétrico SL, una de las empresas de la trama fue contratada por la Comunidad de Madrid el pasado 2 de diciembre. El contrato fue negociado y sin publicidad y adjudicado a esta empresa vinculada a Correa, por la consejería de Inmigración que dirige Javier Fernandez-Lasquetty. El objeto del mismo era el montaje del Stand institucional de la Consejería en la feria "Intregra Madrid" que tuvo lugar tres días después, el 5 de diciembre, en Ifema.

A la empresa se le encargó también un informe sobre la ejecución de la feria y un reportaje fotográfico. Por todo ello, el gobierno de Esperanza Aguirre pago a esta empresa 69.020 euros.

www.cadenaser.com 16.02.09

COSPEDAL ENMIENDA A AGUIRRE Y ABRE EXPEDIENTE A LOS IMPUTADOS DEL PP 

María Dolores de Cospedal ha enmendado la plana hoy al PP de Madrid al afirmar, en contra de lo dicho el jueves pasado por el consejero de Sanidad y secretario de Comunicación de los populares madrileños, Juan José Güemes, que el PP sí va a expedientar a los dos imputados en la trama de corrupción y tráfico de influencias: el dimitido alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, que se ha quedado como concejal y como presidente del PP local, y el ex alcalde de Majadahonda y ex presidente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega. "Vamos a abrir expediente informativo a las personas imputadas en esta causa", ha anunciado De Cospedal. 

Güemes cerró filas el jueves y dijo que el PP de Madrid no abriría expediente, "de momento" a ninguno de los miembros del partido que están imputados en la operación Gürtel (correa en alemán) lanzada por el juez Baltasar Garzón y que han dimitido, uno, Ortega, de manera fulminante nada más conocerse la trama y otro, González Panero, tres días después y en medio de fuertes presiones, amagos y anuncios. Cuatro días después, la secretaria general del PP ha confirmado que el Comité de Derechos y Garantias de su partido les ha abierto "expediente informativo". Son, ha precisado Cospedal, expedientes informativos, "el paso previo" al posible expediente disciplinario, y aunque no ha concretado los nombres, De Cospedal se ha referido a los dos cargos imputados de momento. En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del Comité de Dirección del partido, De Cospedal ha aclarado, eso sí, que no se ha abierto expediente al ex consejero de la Comundiad de Madrid, Alberto López Viejo, dado que no está imputado. López Viejo presentó su renuncia por este escándalo y es uno de los principales sospechosos de percepción de sobornos. 

El PP se aferra a la cacería

Aunque no ha dado detalles sobre la marcha de la investigación interna, ha insistido en varias ocasiones en que sólo se centrará en las personas "imputadas" y no en todas aquellas cuyo nombre ha aparecido en los medios de comunicación como relacionadas con el caso. El objetivo del PP es dejar sentada la "honorabilidad" del partido, reponer su buen nombre e impedir, en su caso, que nadie use el nombre del PP para "conseguir beneficios económicos" ilícitos o para lograr "réditos políticos en período electoral". Dicho esto, Cospedal ha insistido en que la voluntad de la dirección del PP es ser "implacable" y actuar con toda "serenidad y firmeza" contra cualquiera que pretenda "enfangar" la honorabilidad del PP. En cuanto a su ofensiva contra la Justicia y el ministro Mariano Fernández Bermejo, Cospedal ha anunciado una batería de preguntas parlamentarias sobre la cacería en la que participaron Garzón y Bermejo. En esa bateria de preguntas, el PP pide explicaciones por la presencia en esa monteria del comisario de Policía Judicial que, a su juicio, tiene una "curiosa" trayectoria, en la que aparece el caso Roldan y los papeles de Laos. 

Por otro lado, el grupo socialista de la Asamblea de Madrid promoverá la reprobación en la cámara de Alberto López Viejo si en una semana no devuelve su acta de diputado autonómico. Lo ha anunciado esta mañana el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Tomás Gómez, quien ha subrayado: "Hay que tener mucha cara para seguir sentándose en el Parlamento autonómico ante indicios tan fundados de cobros de comisiones y delitos tipificados en el código penal". Aunque ya no es consejero, el popular sigue ostentando su cargo como diputado autonómico, una condición que le permite ser aforado ante un proceso judicial y, por tanto, ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente para dirimir posibles responsabilidades penales de altos cargos autonómicos. 

Aguirre: "Ya ha dimitido"

En una reunión de la ejecutiva regional del PSM, Gómez ha considerado "evidente que hay indicios más que fundados de que López Viejo ha incurrido en un acto delictivo" y ha argumentado que "alguien que es indigno para ser consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid es indigno también para ser diputado autonómico". El mismo argumento lo aplican al dimitido alcalde de Boadilla de Monte, Arturo González Panero, al que piden que entregue su acta de concejal. González Panero, además de edil, sigue siendo presidente del PP local. Gómez también ha considerado "increíble" e "inadmisible" que el PP "no haya abierto ningún expediente informativo" a López Viejo y ha insistido en que Esperanza Aguirre tiene que "contar lo que sabe a los ciudadanos". Preguntada hoy en un acto por este asunto, Esperanza Aguirre ha afirmado que López Viejo "ya ha dimitido". Por su parte, Güemes ha asegurado que "si hay algún dirigente o militante que no ha estado a la altura de lo que se espera de un militante del PP, naturalmente que hay que depurar todas las responsabilidades, tanto en el ámbito judicial como político". Al ser preguntado por si el PP apoyaría la reprobación del ex consejero, Güemes ha insistido en que él es el primer interesado "en que se depuren todas las responsabilidades que sean necesarias". 

Según viene publicando este diario, el presunto cabecilla, Francisco Correa, llega a manejar varios millones de deuda de la comunidad madrileña con las firmas de su trama, en su mayoría a partir de contratos presuntamente logrados con la mediación irregular de López-Viejo. Correa lo retrataba así en las grabaciones: "Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio". Incluso proclamaba en una charla que el consejero de Aguirre le indicaba cómo debía fraccionar el contrato y utilizar una empresa blanca, fuera de toda sospecha, para cobrarle al Gobierno de Madrid sin levantar sospechas. La finalidad, según Correa, de tales contratos del Gobierno de Aguirre en favor de su red era financiar actos electorales del PP de Madrid, algo que niegan tajantemente altos cargos de la dirección nacional del PP. El juez Garzón está investigando a varios aforados, entre ellos a López-Viejo. Garzón tiene que dirimir en los próximos días si remite los datos que tiene contra los aforados a los tribunales competentes. 

(www.elpais.com, 16/02/09)

11 supuestos casos de corrupción en organismos del PP

Las conversaciones de la red liderada por Francisco Correa revelan el presunto trato de favor que recibía

El juez Baltasar Garzón investiga una decena larga, muy larga, de supuestas corruptelas en instituciones gobernadas por el PP que habrían dado en los últimos 10 años un trato de favor a la red de empresas que dirigía Francisco Correa a cambio supuestamente de sobornos. Las grabaciones aportadas al sumario, y que se entregaron a la Fiscalía Anticorrupción por parte de los denunciantes, señalan, entre otros muchos, los siguientes casos o "negocios" de la supuesta red corrupta:

- Adjudicación de suelo para viviendas libres en Boadilla del Monte

A finales de octubre de 2005, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el PP con mayoría absoluta, adjudica una parcela para construir 139 viviendas libres (un negocio que reporta varias decenas de millones de euros de plusvalías) a la empresa UFC, S. A., propiedad del constructor José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en la trama corrupta. Ulibarri se quedó con la parcela por 35 millones de euros, que no fue la oferta más alta recibida por el Ayuntamiento de Boadilla cuando sacó a concurso el suelo. Otra empresa ofrecía cuatro millones de euros más, pero sacó menos puntos porque ofrecía un plazo de ejecución de las viviendas de 15,6 meses, mientras que UFC se comprometía a hacerlas en 12 meses. En las grabaciones aportadas al sumario, Correa señala: "En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". En otras conversaciones, Correa se ufana de tener al entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como colaborador de sus negocios, aunque también le presiona mediante supuestos vídeos comprometedores. González Panero niega haberlo favorecido. El propio Correa no niega que el dinero de esta operación no ha sido para el alcalde, sino para él.

- Facturas a favor de la agencia de viajes de Correa en Majadahonda

El Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), gobernado por Guillermo Ortega (PP) cuando ocurrieron los hechos, adjudicó diversos viajes de sus cargos públicos sin concurso a la empresa Pasadena Viajes, una de las que el juez Baltasar Garzón incluye en la red de corrupción que manejaba Francisco Correa.

- Concesión de la Oficina de Atención al Ciudadano en Majadahonda

Dentro de la diversificación de los negocios vinculados a administraciones gobernadas por el PP, Francisco Correa logró la concesión para montar la Oficina de Atención al Ciudadano por medio millón de euros al año. No era el primer negocio que hacía en este municipio, en el que la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, trabajaba como jefa de gabinete del alcalde.

- Contrato de vídeo promocional

Sólo unos meses después de llegar al puesto de jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, una empresa en la que participaba como administradora, Special Events, recibió el encargo de elaborar un vídeo ensalzando la gestión del Gobierno municipal del PP en la localidad. El encargo se hizo por casi 30.000 euros y no salió a concurso, pese a los reparos del interventor. María del Carmen Rodríguez se dio de baja en Special Events meses después de adjudicado el vídeo.

- Adjudicaciones a Martinsa en Arganda

Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones de finales de 2006 a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...". En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda, Benjamín Martín Vasco: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". Martín Vasco, diputado autonómico del PP, preside la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid contrarios a Esperanza Aguirre por parte de agentes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Vasco ha denunciado que personas anónimas que le han llamado a su teléfono móvil intentan extorsionarle. En la denuncia inicial se aludían a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda del Rey como elemento clave para obtener beneficios ilegalmente con la complicidad de miembros del consistorio.

- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte

Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de haber cerrado un buen negocio para una de las personas que colaboraba con él. En el hotel Fénix, de Madrid, Correa hablaba de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte, donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios su trama, Arturo González Panero. Correa, en una grabación aportada al sumario que instruye el juez Garzón, consideraba que la adjudicación de los locales comerciales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex vicepresidente de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados. González Panero otorgó 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas a Rústicas MBS por un canon anual de 320.000 euros. A cambio, Rústicas gestionaría el alquiler de esos inmuebles durante 75 años. Una tarea por la que podrían ganar más de un millón de euros al año. El gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones.

- Adjudicación de pabellones de Valencia en Fitur

La Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana adjudicó en 2009 a Orange Market el montaje del pabellón de esta comunidad en la feria de turismo Fitur. Y eso que presentó la oferta más cara en el concurso. En las conversaciones del sumario, los miembros de la red corrupta dan por hecho, antes de que se adjudique el concurso, que van a ser los ganadores. La consejera de Turismo, Angélica Such, destacó la "creatividad" del proyecto de Orange Market para justificar la concesión del contrato para el montaje del pabellón. Orange Market ganó su primer concurso para diseñar, montar y desmontar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur en el año 2005. Aunque no tenía experiencia, y contaba con una estructura mínima, Orange Market se hizo con un contrato de 1.344.000 euros. "La experiencia y el tamaño de la empresa no se valoran en estos concursos", indicaron fuentes de la Consejería de Turismo. Desde 2005, año en el que compitió con otras tres ofertas, Orange Market ha ganado ininterrumpidamente el concurso de la Agencia Valenciana de Turismo. Isabel Jordán, imputada que denunció las irregularidades contables de sus firmas Easy Concept y Good and Better en octubre de 2007, lo resume en una frase: "Hemos hecho Fitur y todo bien, y las cinco ferias que hay después".

- Negocio urbanístico en La Nucia

La Comunidad Valenciana tiene una peculiar legislación urbanística que permite a cualquier promotor plantear un gran proyecto urbanístico sobre suelos que no sean suyos y que, incluso, no estén calificados como urbanizables. Las gestiones llegan después. Correa tramaba un gran pelotazo urbanístico en La Nucia (Alicante) en el que pensaba ganar "12.000 kilos" (millones de pesetas) en colaboración con el constructor José Luis Ulibarri. El proyecto nunca se llevó adelante, aunque las conversaciones grabadas acreditarían la connivencia de dirigentes del PP, singularmente del alcalde local, para facilitar la operación. "Nos hemos hecho amigos íntimos del alcalde de La Nucia", revela Correa. Y, para seguir con su striptease, confiesa que, negociando en Valencia con el regidor, acabaron "montando un tinglado de tías buenas".

- La Copa del América y el Ballet Nacional

En las conversaciones de los cabecillas de la red corrupta se hace referencia expresa a los actos relacionados con la celebración de la Copa del América en la Comunidad Valenciana. Y Correa señala que uno de esos actos, con el Ballet Nacional, lo iban a montar sus colaboradores. Y, por supuesto, la coordinación de la visita papal, es algo que les cae del cielo. Del cielo del PP. "Víctor me puede nombrar hoy por la cara coordinador general no sé qué del evento", se despacha en las conversaciones grabadas Álvaro Pérez, imputado como responsable de Orange Market.

- Contratos de la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid

El consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, amigo de Francisco Correa y con el que compartió mesa en la boda de Alejandro Agag, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas que cita Garzón en su auto de prisión. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole de su puesto, pero sin detallar el motivo ni sus cuentas. Las facturas que dejó pendientes y las que abonó a la trama de Correa, de forma directa o indirecta, son un secreto que la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, se ha comprometido a arrancar al hermetismo del Ejecutivo regional sobre este asunto. Desde las filas del PP sólo se alzan tibias voces para insinuar que no aceptan la corrupción en la gestión de tales contratos, pero lo desvinculan de las finanzas del partido. Sin embargo, en las conversaciones grabadas que investiga Garzón, López Viejo es citado repetidamente como el consejero que cobra comisiones ilegales por adjudicar contratos a la trama de Correa, y que ha establecido un sistema de fraccionamiento de los contratos y de empresas pantalla para pagar con dinero público estos servicios. Correa llega incluso a relatar cómo López Viejo imputaba gastos de actos electorales del PP a distintas consejerías del Gobierno regional.

- Montaje de Gradas en el Circuito de Valencia para el premio de fórmula 1

Los cabecillas de la red corrupta presumen en sus conversaciones que harían negocio con la celebración del premio de fórmula 1 en Valencia. Anunciaban que asumirían el "montaje de gradas" en el circuito urbano de la ciudad.

www.elpais.es 15.02.09

Gallardón sobrevive agazapado mientras el PP se tambalea

“Esto es como la novela Diez negritos, de Agatha Christie, en la que van cargándose a todos hasta que, al final, sólo queda uno”. De esta forma ilustra un dirigente del PP la situación que vive su partido. A su juicio –compartido por otros compañeros–, existe “una auténtica convulsión interna” y nadie sabe en qué puede acabar la investigación abierta por Baltasar Garzón y la presunta trama de espionaje y corrupción de la Comunidad de Madrid.
Algunos miembros del PP consultados por Público coinciden en señalar que si Esperanza Aguirre y Francisco Camps quedan “tocados” y Rajoy “se tambalea”, quizá Alberto Ruiz-Gallardón sea el único que sobreviva. “Aquí siempre se ha comentado que Gallardón sólo se podría hacer con las riendas si estuviéramos ante una situación catastrófica. Hemos llegado a ese punto y él juega con esa baza. En el momento menos pensado puede levantar la cabeza y decir aquí estoy yo”, explica un diputado.

Pero, por el momento, el alcalde de Madrid más bien la esconde. Gallardón permanece callado, esquivando a los medios. Sólo cuando se supo que su mano derecha, Manuel Cobo, había sido espiado –el próximo miércoles hará cuatro semanas de eso– el regidor se pronunció en el programa de TVE 59 segundos.

“Imprudencia”

Durante su intervención fue contundente. Aquello era el comienzo de la crisis, la revelación de los primeros seguimientos a cargos del PP. Juzgó los hechos como “muy graves” y avaló las informaciones de El País que situaban la autoría del espionaje en la Consejería de Interior, que dirige Francisco Granados.

Dolió mucho ese 59 segundos en el Gobierno regional. “Fuimos muchos los que comentamos la imprudencia de Alberto dando por buenas esas noticias”, señala un dirigente del PP madrileño, coto exclusivo de la presidenta. Aguirre y su número dos, Ignacio González, amenazaron de inmediato al regidor con llevarle a los tribunales si no reculaba.

Gallardón respondió con el silencio. Ni tocó el tema cuando coincidió con la presidenta en un acto en Fitur el 29 de enero y ésta le pidió que diera marcha atrás. No lo hizo. Horas antes, en la sede de la Alcaldía, había anunciado que mientras durara la investigación, se abstendría de hacer valoraciones. “El caso está en manos de los jueces”, repitió.

"Gallardón necesita una situación catastrófica", destaca un diputado 

Aguirre no le perdona que no se desdijera y ya le ha devuelto el golpe: permitirá que en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid se hable de la supuesta existencia de un cuerpo parapolicial en el Ayuntamiento. Y lo más probable es que el PP le llame a comparecer. A Gallardón “no le preocupa”, dicen los suyos. Creen que se trata de una “cortina de humo” y se remiten a lo que ha repetido hasta la saciedad: que “jamás” habría creado una unidad similar.

Pero el partido pasó del espionaje al caso Gürtel, que erosiona aún más al Ejecutivo madrileño, toca de lleno al Gobierno valenciano y arrastra a la cúpula del PP. Y Gallardón, ni una palabra. El martes, los periodistas le preguntaron en Bruselas, donde se encontraba en un acto sobre el cambio climático. Él salió corriendo.

El regidor trata de mantenerse al margen y evita criticar a Aguirre 

Esa actitud levanta suspicacias. Algunos en el partido señalan maliciosamente que le ven “muy alegre”. Añaden que si hubiera firmado un pacto secreto con Aznar –algo que los entornos de ambos desmienten– desde luego sería “una alianza invencible”. Otros, en cambio, no lo ven “frotándose las manos” y creen que es más “un juicio externo que interno”. Además, defienden que aunque el momento sea difícil para Aguirre y Camps, estos no perderán su “capacidad de influencia” ni dejarán de ser “elementos fundamentales a la hora de tomar decisiones”.

Los colaboradores de Gallardón apuntan que en tiempos revueltos “lo mejor es mantenerse al margen” y juzgan mejor ser “prudentes”. Pero, precisamente por esta actitud, algunos ya han comenzado a “recelar” de él y se preguntan si no quiere intervenir para que no le salpique nada de esta trama o si lo hace esperando que todos “se maten”.

También desde su equipo saben que “haga lo que haga” le va a perjudicar. “Si se pronuncia, le llueven las críticas, y si no lo hace es porque está muy interesado en que todo funcione mal”, comentan. Además, consideran que la derecha mediática, que le tiene como blanco, está deseando que “se moje” para echársele encima a degüello. “Y no les dará ese placer”, sentencian.

“No es inquebrantable”

En el PP de Madrid se niegan a ver a Gallardón como el vencedor de la tormenta interna: “Se cuestiona a Rajoy, a Aguirre y a Camps. Y el alcalde, el elemento que falta en esta terna de posibles competidores por la sucesión, parece inquebrantable. Pero no es así”.

En la Comunidad creen que es pronto para declarar ganador a Gallardón 

“Queda mucho tiempo”, señalan desde el PP regional. “La presidenta puede errar, pero es honesta y cuando ha habido sospechas, ha cortado por lo sano, algo que no ha sido lo suficientemente valorado”, sostiene un aguirrista. Lo ilustra con las dimisiones, el pasado lunes, del consejero de Deportes, Alberto López Viejo; del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y del ex regidor de Majadahonda, Guillermo Ortega. “Haga lo que haga, nunca gana”, se lamenta.

En la Comunidad insisten en que pese a que el nombre de Gallardón y de sus hombres de confianza no se ha puesto en tela de juicio, su imagen dentro del partido, que es el que tendría que apoyarle de cara a un congreso nacional, está tocada desde la misma semana en que se destapó la presunta trama de espionaje.

¿Pero no se había quedado quieto, al margen? “Es puro instinto de supervivencia”, señala un integrante del equipo de la presidenta. ¿A qué obedece? Los aguirristas no tienen dudas: “Ahora está centrado en las citas electorales, a la espera de los acontecimientos internos que de ellas se generen. No quiere dar mucho que hablar, estar en el disparadero. El que no está en la batalla no sale quemado. Eso que se lleva”.

Rajoy intervino al ver que el 'caso Gürtel' afectaba también a Camps 

En el PP madrileño aportan otra razón para no dar por muerta a Aguirre: la división del partido en la Comunidad entre vencedores –el alcalde– y vencidos –la presidenta– sólo se percibe en la capital. “En otras comunidades, la gente está harta de la guerra en Madrid y, sin diferenciar entre ellos, ven que el gran perjudicado es el partido”, explica un diputado. No obstante, no oculta que en esta batalla Gallardón lleva ahora la delantera. “Las dos personas más cercanas a Esperanza, Nacho González y Paco Granados, están en entredicho. Del equipo del alcalde no se ha señalado a nadie. Es su ventaja”, explica la misma fuente. “En esta pelea de gallos, Aguirre ha perdido más plumas”.

La reacción del líder

¿Dónde queda el presidente del PP en esta contienda? Cuando saltó el caso del espionaje, tras vacilar, se situó contra Aguirre. En cuanto ésta accedió a activar una comisión en la Asamblea, suspendió las diligencias internas. Luego, con el estallido de la operación Gürtel, pareció noqueado, a la defensiva. Pero un segundo después de que El Mundo le sirviera la noticia de la cacería que compartieron Garzón y el ministro Mariano Fernández Bermejo, Rajoy contraatacó. El partido podía quedar “roto”. Por eso se presentó como “víctima”, desató la cruzada contra el juez y denunció la campaña de “acoso y derribo” orquestada por el PSOE.

El líder del PP ha ligado su futuro al resultado de las investigaciones 

La montería fue uno de los detonantes. No el único. En el PP indican que le afectó que la trama señalara a Camps, y también que apareciera el nombre de José Luis Ulibarri, presidente de un holding con tentáculos en el País Valenciano y Castilla y León. Garzón, en su auto, habla de “dádivas y sobornos” a autoridades públicas en Madrid y Valencia. El escándalo se extendía. “Una cosa es que tengas averías sólo en Madrid, donde puedes nombrar una gestora y, más o menos, seguir adelante. Pero si empiezan a estallar fuegos por todos sitios y en comunidades del PP, la situación es más difícil de manejar”, cuenta un dirigente territorial.

El equipo de Rajoy afirma que el líder “sabe muy bien lo que hace”. Pero hay otros dirigentes que temen que, a la larga, la línea ofensiva traiga más problemas. Piensan que Rajoy “ha vinculado su liderazgo al resultado de la investigación”, embarcándose en una operación de “muchísimo riesgo”.

www.publico.es 15.02.09

El escándalo deja nuevas cartas para la sucesión

Aguirre y Camps, claves para la batalla tras Rajoy, muy tocados - El líder evita 'mancharse', pero sólo Gallardón sale intacto

El miércoles, en la reunión interna más importante del PP en los últimos meses, en la que se decidió cerrar filas ante el escándalo de corrupción que investiga el juez Garzón, hablaron 17 personas, algo inédito. Y, sin embargo, en el PP casi están recibiendo más comentarios los silencios de unos pocos, los que no hablaron, que las palabras de los muchos que sí lo hicieron. Entre ellos, el más destacado es Alberto Ruiz-Gallardón, el alcalde de Madrid, que no dijo ni palabra mientras escuchaba cómo sus compañeros, uno detrás de otro, clamaban contra Garzón, la fiscalía, la policía, el Gobierno, los medios. Todos confabulados para acabar con el PP.

• Fue con Aznar con quien Francisco Correa lo fue todo en el partido

• Moragas tuvo que recolocar al alcalde para acercarlo a Rajoy en la foto

¿Por qué ese interés? Porque lo que se estaba jugando en esa reunión, y sigue todavía jugándose en el PP cada día, no es sólo cómo gestionar la peor crisis de imagen del partido en mucho tiempo, con un caso, el Gürtel (correa en alemán) que crece cada día con revelaciones y decisiones judiciales que demuestran la vinculación de algunas personas del partido, especialmente en Madrid y la Comunidad Valenciana. Lo que se está jugando en el partido, a lo que los dirigentes dedican gran parte de su tiempo, sus conversaciones, sus comidas y sus cenas, son los efectos que esta crisis tiene en cada uno de los personajes que son clave para preparar la sucesión de Mariano Rajoy, a quien cada vez más gente en el partido ve como un improbable candidato en 2012.

La crisis ha tocado de lleno a Esperanza Aguirre, la gran rival interna de Rajoy. Un consejero, un alto cargo y un alcalde madrileño han dimitido, y todas las informaciones apuntan a connivencias entre algunos cargos del PP madrileño y la trama presuntamente corrupta liderada por Francisco Correa. Eso, aunque haya generado un tremendo deterioro de imagen del PP, favorece internamente a Rajoy. "Los que nos daban lecciones de cómo hacer oposición, ahora ya no pueden hablar mucho", sentencia un marianista. Pero también ha golpeado de lleno a Francisco Camps, un influyente barón que apoyó a Rajoy pero que se está conformando como un poder autónomo dentro del PP, con capacidad para presionar y complicar las cosas al líder -por ejemplo con el Estatuto de Castilla-La Mancha-. Camps siempre había estado en la lista de los candidatos a la sucesión, por lo que este deterioro de imagen que ha sufrido elimina también otro posible rival de Rajoy.

En la Generalitat valenciana aún no ha dimitido nadie, pero en el partido y en los medios es bien conocida la cercana relación de amistad que Camps mantenía con uno de los principales imputados, Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, la filial valenciana de Special Events, que organizaba prácticamente todos los actos del PP local. La mujer de Pérez, una ex Mamachicho (las azafatas que Berlusconi importó a España al llegar las televisiones privadas, en 1990), encontró acomodo en Canal 9, la televisión controlada férreamente por Camps -que durante días no informó del escándalo- y fue ella la encargada de dar las campanadas de 2009.

En esta crisis, además, según coinciden varios marianistas, ha quedado muy tocado otro de los grandes enemigos internos de Rajoy: el aznarismo. Ha quedado clarísimo, y el propio líder se ha encargado de destacarlo al confirmar que fue él quien rompió con Correa en 2004, cuando sucedió a Aznar al frente del partido, que el escándalo afecta sobre todo a la gestión del ex presidente como jefe del PP, porque fue con Aznar y con sus amigos, como su secretario Antonio Cámara, con quien Correa lo fue todo en el PP. "Otro que tampoco puede dar lecciones ahora es Aznar", señala el mismo marianista. La propia Ana Botella exigió a Rajoy que defendiera el legado y la imagen de su marido.

Tocados Aguirre -algunos consejeros admiten que la ven realmente preocupada por el deterioro de su imagen- y Camps, sólo queda uno de los candidatos a la sucesión que, hasta ahora, ha conseguido no mancharse demasiado: Ruiz-Gallardón. El alcalde no habló en el Comité Ejecutivo y, aunque no ha expresado su disconformidad con la estrategia de contrataque y de campaña contra Garzón decidida por Rajoy y todo el partido, ha hecho muchos esfuerzos por no quedar demasiado vinculado a ella. No sólo por ese significativo silencio. Cuando llegó la hora de la gran foto de todo el partido denunciando esa gran conspiración contra el PP, Gallardón se colocó en un lado. Fue Jorge Moragas, uno de los hombres más cercanos a Rajoy, quien tuvo que recolocarlo para que estuviera cerca del líder, aunque su cara de incomodidad era evidente. Los esfuerzos de Gallardón por quedar a salvo de esta ola de corrupción que toca directamente a su gran enemiga, Esperanza Aguirre, han llegado al límite de evitar a los periodistas para no hablar sobre el asunto. El alcalde se mojó mucho para criticar el espionaje de un funcionario de Aguirre a su mano derecha, Manuel Cobo, pero desde entonces se ha retirado de los focos.

La inaudita estrategia de contrataque y denuncia contra el juez, similar a la que adoptó el PSOE de los primeros noventa cuando estalló el caso Filesa, un escándalo de financiación ilegal, no ha sido criticada internamente por nadie. "Teníamos que aprovechar el error del enemigo, Garzón, que se fue a cazar con Bermejo [ministro de Justicia]. No lo podíamos dejar pasar", se justifica otro marianista. Sin embargo, algunos han dejado clara su distancia. Ni Alberto Núñez Feijóo ni Antonio Basagoiti, los candidatos gallego y vasco, estaban en esa reunión clave del miércoles y, por tanto, tampoco en la foto que será recordada en el PP durante mucho tiempo. Y ninguno de ellos, hartos de que los escándalos nacionales compliquen sus campañas localistas, ha reivindicado esa estrategia de guerra contra Garzón.

A partir de ahora, y sobre todo después de las elecciones, Rajoy se enfrentará, según gente de su entorno, a la cruda realidad. El partido está tocado, y al margen de la estrategia de contrataque a Garzón, que sirve para salir del paso en plena campaña electoral, el líder sabe que en el PP hay que hacer limpieza para recuperar la buena imagen. Los marianistas están convencidos de que precisamente Rajoy es la persona ideal para hacerlo. Tiene imagen de honrado, fue quien echó a Correa -aunque no intentó siquiera impedir que contratara con el PP valenciano, por ejemplo- y ha pasado por todo tipo de puestos en el partido y de Gobierno sin que nunca haya existido ni la más leve sospecha de asuntos oscuros. Otros dirigentes, más críticos, admiten la imagen de honestidad, pero recuerdan la frase que le dedicó el locutor José María García: "Mariano, lo bueno es que pasas por los sitios y no manchas. Lo malo es que pasas por los sitios y no limpias".

www.elpais.es 15.02.09

Veranos en Las Gacelas junto a Aznar

Jóvenes del PP aglutinados por Agag en el 'clan de Becerril' formaron un club político con el que flirtearon Correa, Álvaro Pérez, López Viejo y Jacobo Gordon

Cuando se acercaba la primavera y el verano, algunas personas sabían que tenían una cita obligada en la sierra madrileña. Otras, esperaban una llamada. Si había suerte, al otro lado del teléfono sonaría la voz de alguien del entorno de Alejandro Agag. El mensaje era una invitación al encuentro anual de Becerril de la Sierra con jóvenes promesas del PP y al que acudiría el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Un encuentro por el que se dejaron caer en varias ocasiones tres de los imputados ahora por el juez Garzón (Francisco Correa, Álvaro Pérez y Jacobo Gordon) y el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, obligado a dimitir por el escándalo de corrupción.

En aquella época, finales de los noventa, Aznar consumía su primera legislatura. Un grupo de entre 10 y 15 jóvenes del partido llevaba años celebrando una cena mensual en un restaurante cercano al Palacio Real. La bautizaron como la Polvera, en honor a una edición de la Constitución que se guarda en el Congreso. A la mesa se sentaban figuras destacadas de Nuevas Generaciones como Esteban González Pons, Juan Manuel Moreno, José Ignacio Echániz, Francisco Camps, Sigfrido Herráez o Tomás Burgos. Cada noche había un invitado distinto que daba una charla y al que se le hacían preguntas.

Agag, según los asistentes, no era un habitual de la velada. "Quizá vino alguna vez. Él era más joven que esa generación", explica un asistente. Pero, a partir de 1996, el futuro yerno del presidente del Gobierno obtuvo un cargo de asesor en La Moncloa. Apoyado por Carlos Aragonés (asesor del gabinete de Aznar y marido de la consejera madrileña de Educación, Lucía Figar), y tomando como núcleo original al de la Polvera, crearon lo de Becerril.

Entonces Agag era Alejandro y no era aún el yerno de Aznar ni el amigo íntimo de Flavio Briatore o Silvio Berlusconi; ni siquiera el heredero natural del imperio de la Fórmula 1 o el dueño de un club de fútbol. Era sólo un joven del PP con talento desmesurado para las relaciones públicas que iba a cruzar la corta pasarela que une política y negocios. Y todos los que estaban ya a un lado y a otro empezaban a querer un asiento junto a él.

Los que se quedaban fuera de aquel clan lo consideraron un club demasiado selecto. "Se pavoneaban, parecía que si no eras de Becerril no eras nadie", explica un miembro del partido que ha ocupado cargos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid. Los que asistían no veían esa exclusividad. "No es que fuera cerrado, es que la relación que teníamos entre nosotros era de una amistad muy fuerte". Porque ésos, los amigos, y no los 40 que podían llegar a ir un fin de semana a la sierra, conformaban el núcleo duro del clan, que se reunía en el hotel Las Gacelas, de tres estrellas y reformado hace 10 años.

Agag se convirtió en maestro de ceremonias de unos encuentros a los que no fallaban la actual consejera de Educación, Lucía Figar; el diputado nacional José Ignacio Echániz; el ex concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez; el hoy jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas; el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; el concejal de Madrid, Enrique Núñez o Adolfo Suárez Illana. "La única característica de aquel encuentro era que todos éramos menores de 35 años, militantes del PP y admiradores de Aznar", explica uno de los fundadores de la Polvera.

Un escenario perfecto para los que querían mandar y para los que preferían influir, como Agag. Según varios asistentes consultados, Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta y testigo de boda de Agag, se encargó de organizar una de aquellas reuniones. "La relación con Correa la tenía Agag. Y luego Correa la mantuvo como pudo con el partido. Pero él no tenía amistad con tanta gente del clan de Becerril", explica un miembro de las reuniones. También se dejó ver por ahí alguna vez Álvaro Pérez, El Bigotes, que además fue organizador de la ceremonia de boda de Agag. Pero ni él ni Correa eran aceptados. "Ellos no tenían mucho que ver con aquello, que básicamente eran unas jornadas políticas", cuenta un diputado.

Unas jornadas que comenzaban el viernes por la tarde y concluían con una comida dominical con el gran líder. En alguna ocasión se vio por allí a Jacobo Gordon, amigo íntimo y compañero de pupitre de Agag y ahora imputado por su vinculación con Correa. "Jacobo es una excelente persona. Quizá tuvo la mala suerte de que le ofrecieran participar en un negocio sin saber que eran unos piratas", explica un amigo suyo. Otro de los que anduvo por la sierra fue Alberto López Viejo.

Las reuniones se fueron apagando y Becerril se consumió paralelamente al interés de Agag por la política y su creciente ambición por los negocios. "Él era el alma. El final de aquello debió coincidir con su boda (2002) y su marcha fuera de España". Muchos de sus miembros ocupan hoy cargos importantes en el PP. El último encuentro de los becerriles, según uno de los asistentes, se celebró en La Moncloa. Esta vez, Aznar fue el anfitrión y no el invitado de honor.

www.elpais.es 15.02.09

López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa

En 2007 recibió tres pagos de 24.000, 6.000 y 8.000 euros, según apuntes de Pablo Crespo en los que consta «entregado a ALV». Otro documento refleja pagos por importe de 200.000 euros. «Veréis como ahora nos da más contratos», comentó Crespo a sus empleados. El consejero destituido otorgó a Correa en un año contratos por casi 600.000 euros fraccionados en 76 facturas de menos de 12.000

El ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo recibió un mínimo de 238.000 euros en sobornos a cambio de dar contratos a las empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.

Así lo acreditan varios documentos en poder del magistrado, cuyo contenido ha conocido EL MUNDO. En uno de ellos constan unos apuntes internos realizados en 2007, incluidos en un documento sin membrete. En el mismo se puede leer: «Pablo Crespo. Entregado a ALV» (siglas de Alberto López Viejo), seguido de una cantidad de dinero.

En esos documentos se detallan tres entregas diferentes por una cuantía de 24.000, 6.000 y 8.000 euros. Lo que no aparece es en concepto de qué se pagan esas cantidades, aunque las palabras de los imputados dan una pista de ello.

En una ocasión, como ha podido saber este diario, Pablo Crespo Sabaris, administrador de Easy Concept, S. L., y número dos de Correa, aseguró a sus empleados: «Veréis cómo ahora nos da más contratos. Ya le he dado lo que me pedía y se ha quedado contento».

El magistrado de la Audiencia Nacional también dispone de otro documento sin membrete elaborado por Crespo que lleva la cuenta de las cantidades entregadas en efectivo y personalmente a López Viejo: unos 200.000 euros (más de 33 millones de pesetas).

Además, Francisco Correa describe en las grabaciones con las que cuenta el juez que el ex consejero «se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...».

Todos estos indicios apuntan al ahora diputado autonómico Alberto López Viejo para que sea uno de los próximos imputados en la causa. En cuanto Garzón considere que es necesaria su imputación, tendrá que enviar el material relativo al aforado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el órgano facultado para investigar a los diputados de la Asamblea de Madrid, previo permiso de la Cámara.

La imagen de López Viejo no es precisamente muy buena dentro del Gobierno de Madrid. Muchos de sus compañeros coinciden en describirle como soberbio, prepotente y despótico. Casi todos tienen noticia de su carácter agrio. Pero también de la gran confianza que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, siempre depositó en él para que organizara todos sus actos, primeras piedras, presentaciones, inauguraciones... En total, millones de euros a lo largo de los cinco últimos años. Precisamente por esa confianza directa de la presidenta, nadie en la Comunidad discutía sus métodos expeditivos y su costumbre de contratar casi siempre con las mismas empresas.

El ya ex consejero de Deportes, que fue destituido el pasado lunes, organizaba todos los actos de la jefa del Ejecutivo. En total, entre 10 y 15 eventos al mes durante cinco años, superando el centenar anual. Como confirmaron a este diario en distintos departamentos, López Viejo obligaba a las consejerías a organizar sus actos importantes con las sociedades que él imponía. Cuando recibía peticiones de las consejerías para hacer actos con Aguirre, respondía taxativo: «O haces el acto con esta empresa o no se hace». Y era él quien decidía, pues llevaba la agenda de la presidenta.

Una vez obtenido el visto bueno, él mismo revisaba personalmente cómo se organizaba el evento: el sonido, la luz, las carpas (en actos al aire libre), las sillas, las azafatas... Acompañaba a los profesionales contratados y actuaba como el director de la puesta en escena.

Esta función la desempeñó como viceconsejero de Presidencia (desde junio de 2004), pero también lo hizo durante los primeros meses de la primera legislatura, aunque era un diputado autonómico raso y no estaba en nómina de la Comunidad.

En los primeros años (desde finales de 2003 a mediados de 2005), dos empresas de la red de Correa, Easy Concept Comunicación, S. L. y Good and Better, S. L., fueron las sociedades más beneficiadas.Sus administradores eran Pablo Crespo -encarcelado por Garzón- e Isabel Jordán.

De hecho, y según consta en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo de Aguirre, las dos sociedades obtuvieron 76 contratos entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 por un valor total de 562.183 euros. Y todos los contratos eran inferiores a 12.000 euros, porque ésa es la cantidad que la Ley de Contratos señalaba como tope máximo para adjudicar a dedo, sin concurso público.

Por ello, López Viejo troceaba las adjudicaciones para no superar esa cantidad. Un buen ejemplo de este procedimiento es el homenaje celebrado el 25 de marzo de 2004 a los que se volcaron con las víctimas de los atentados del 11-M. Easy Concept cobró 140.000 euros, pero extendió hasta 15 facturas diferentes. Así, Presidencia no tuvo que realizar ningún concurso y pudo contratar directamente a la empresa elegida. Algunas de las facturas se acercaban mucho a los 12.000 euros, pero nunca los superaban: el sonido costó 11.954,39 euros, y la iluminación 11.524,36.

En otros casos, no hacía falta hacer esa operación. Algunos de los grandes actos de las consejerías de Transportes o Sanidad eran abonados por las grandes constructoras adjudicatarias. Entonces, la ley ya no obliga a hacer concursos porque no se trata de dinero público. Eso sí, quien decidía a quién y por cuánto se contrataba no era la constructora, sino otra vez Alberto López Viejo.

La mala fama de López Viejo viene de lejos. En 2003, cuando Alberto Ruiz-Gallardón es designado por José María Aznar candidato a la Alcaldía y Esperanza Aguirre a la Comunidad, el primero prescinde del hasta entonces concejal de José María Alvarez del Manzano.Pero Aguirre le ficha en un estelar número seis de su lista.

Sin embargo, los escándalos que afloran entonces sobre su etapa como concejal de Limpieza le mantuvieron fuera del Gobierno durante los primeros meses.

Por aquel entonces fue acusado de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por varios contratos irregulares que fueron denunciados incluso por la propia Intervención del Ayuntamiento.

Cuando pareció amainar el temporal, Aguirre le premió y le nombró viceconsejero de Presidencia, en junio de 2004. Durante ese periodo se vio implicado en otro presunto escándalo de corrupción a través de su mujer, Teresa Gabarra Balseéis, imputada en el caso Guateque, donde se investiga la presunta concesión ilegal de licencias por parte del Ayuntamiento. En el expediente de un restaurante del que es dueña aparece una anotación para que la licencia se tramite de forma «urgente».

López Viejo siguió contratando decenas de actos de Aguirre con Easy Concept (antes llamada Down Town, heredera a su vez de Special Events), al menos hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2007.

En la segunda legislatura, cuando es nombrado consejero de Deportes, López Viejo empezó a tener más cuidado y, por orden suya, se pasó a contratar con empresas tapadera, según explican ahora desde la Comunidad de Madrid. Entre ellas aparece MQM (Marketing Quality Management), que no tiene relación conocida con la red de Correa, pero que podría trabajar como sociedad pantalla de Easy Concept, según está investigando Garzón. Con esta otra empresa, los métodos de López Viejo y su exigencia de contratación seguían siendo los mismos.

A día de hoy, como confirman desde dentro de la Comunidad de Madrid, quedan facturas por abonar pendientes desde 2008 porque los servicios se contrataron sin respaldo presupuestario.

Desde sus tiempos de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, López Viejo trabaja con un asesor, Pedro Rodríguez Pendás, que es a todos sus efectos su número dos, por encima de los funcionarios de la Consejería.

El papel de López Viejo ha despertado una gran preocupación en el Gobierno de Madrid. Por eso, la propia Aguirre decidió destituirle fulminantemente el lunes, antes de que aparecieran los primeros indicios que le podrían inculpar.

1999-2003

Alberto López Viejo fue un muy polémico concejal de Limpieza con José María Alvarez del Manzano. La Intervención del Ayuntamiento le acusó de irregularidades y el PSOE denunció que incurrió incluso en malversación de fondos.

Finales 2003

Esperanza Aguirre le ficha como 'número seis' de su lista mientras se destapan sus presuntas irregularidades consecuencia de su etapa como concejal. En noviembre, tuvo que salir al paso de todas las acusaciones y las calificó de falsas.

Mayo 2004

Aguirre le nombra viceconsejero de Presidencia, pero ya desde antes, cuando ni siquiera ocupaba un cargo en el Gobierno, comienza a ocuparse de contratar todos los actos públicos de la presidenta.Muchos, con empresas de la trama de Correa.

Junio 2007

La presidenta asciende a López Viejo y le nombra consejero de Deportes. Aun desde su nuevo puesto, sigue organizando las presentaciones y actos de importancia en los que participa Esperanza Aguirre.

Toyotas, muebles y flores de boda

De su etapa como concejal de Limpieza (1999-2003), López Viejo atesora 'perlas' que adornan su gestión, aunque él siempre ha negado irregularidades. En aquel tiempo, los contratistas le llamaban 'El Toyota' porque obligó a varias empresas a adquirir vehículos de esa marca y a hacerlo en un concesionario concreto.Además y como adelantó en su día este diario, impuso a la sociedad Cespa -que gestionaba la limpieza de varios distritos- a que comprara sus muebles de oficina en la tienda de su padre. El primer gasto de 3,5 millones de pesetas no le pareció suficiente, y la empresa tuvo que gastar otros 8,5 millones en muebles que no sabía dónde meter y que acabaron amontonados. La misma sociedad pagó las flores de su propia boda, en el año 2000, según informó EL MUNDO.

Febrero de 2009: la destitución

Tras destaparse la presunta trama de corrupción que podría afectar al PP, el pasado lunes, Esperanza Aguirre decidió destituirle, aunque oficialmente se dijo que fue él quien dimitió. Su pecado oficial: contratar con empresas bajo sospecha. El pasado jueves acudió a la Asamblea de Madrid (en la imagen) con rostro demudado y como diputado raso. Si fuera imputado, el caso tendría que trasladarse al Tribunal Superior de Madrid

www.elmundo.es 15.02.09

Garzón implica en la trama a López Viejo, ex consejero de Aguirre, y a un alto cargo de Camps, dos aforados del PP

El juez Baltasar Garzón ha sido tajante: Hay “serios indicios” que indican que cargos aforados del PP “podrían tener responsabilidad” en la causa abierta por la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa. Según informa El País, ateniéndose a fuentes de la investigación, uno de los responsables populares que aparece en el sumario es Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid hasta hace una semana. Otro sería un alto cargo del Gobierno valenciano de Camps, aunque su identidad se mantiene todavía en secreto.

• 37 políticos y empresarios, imputados por Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP

• Temor en el entorno de Aznar: sospechan que Agag y algún ex ministro podrían acabar declarando...

• La Comunidad de Madrid mantiene deudas con empresas tapadera de Correa

Así, se han cumplido las peores previsiones que manejaban en Génova 13. Aunque el magistrado no ha dado nombres, ha dejado claro que algunos de estos políticos populares podrían tener la condición de aforados -esta condición la tienen el presidente y los miembros del Gobierno, los presidentes y miembros de los Ejecutivos regionales, y los diputados y senadores-.

Aforados confirmados
De acuerdo a las informaciones ofrecidas ayer por la Cadena Ser, cuatro aforados se encuentran en el punto de mira: López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Luis Bárcenas. A la confirmación, según El País, de López Viejo, habría que añadir la aparición en el sumario de un alto cargo del Gobierno valenciano de Francisco Camps, cuya identidad permanece oculta todavía.

López Viejo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le cesó al frente de la consejería de Deportes. No obstante, López Viejo continúa en su puesto de parlamentario madrileño. Está acusado de adjudicación irregular de contratos. En una de las grabaciones de la investigación a las que tuvo acceso El Plural, Francisco Correa reconocía que López Viejo recibía comisiones de cada acto que organizaba para el Partido Popular. “Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”, afirma literalmente el jefe de la trama en estas grabaciones.

Benjamín Martín
Fue el elegido por Esperanza Aguirre para presidir la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la trama de espionaje. Elección que seguramente Aguirre lamentó al leer en El Plural que su elegido obtuvo presuntamente casi dos millones y medio de euros a cambio de guardar silencio en relación con la trama de corrupción vinculada al PP. Al menos es lo que se desprende de una de las grabaciones que obran en poder del juez Baltasar Garzón, cuando una de las imputadas explica cómo Martín Vasco les había vendido su silencio para “no reventar el tinglado”.

Alfonso Bosch
Fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. En la actualidad, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de diputado en la Asamblea regional. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre. Uno de los imputados por Garzón lo define concretamente como "uno de ellos y uno de los malos, de los que hacen cosas mandados por ellos (en relación a los cerebros de la trama)".

Luis Bárcenas
Es senador por Cantabria y tesorero nacional del PP. Aparece en algunas grabaciones y en el sumario que instruye el juez Baltasar Garzón. Hace unos días El Mundo publicó que Bárcenas (mano derecha y sucesor de Álvaro Lapuerta como tesorero del PP y "en el corazón de las finanzas del PP desde la presidencia de Manuel Fraga"), presionó al gobierno de Aguirre para conseguir contratos públicos de seguridad.

www.elplural.com 14.02.09

El imputado González Panero, ¿un protegido de la lideresa Aguirre?

La dimisión de Arturo González Panero como alcalde de Boadilla se hizo esperar. Para ello, el entonces regidor desmintió previamente a Rajoy y se agarró con resistencia a su preciado puesto, al tiempo que las informaciones sobre su supuesta implicación en operaciones investigadas por el juez Garzón se iban multiplicando. El ex alcalde mantiene actualmente su acta de concejal en el consistorio y el cargo de presidente del PP de la localidad. ¿Le quedan apoyos en el PP? Al menos contaba con estos previamente al estallido del escándalo.

A pocos escapa la afinidad existente entre el por ahora concejal de Boadilla y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Protagonista de ciertos escándalos, que le han valido numerosas condenas y denuncias -de las que ha ido informando El Plural-, Panero tuvo incluso que ser llamado al orden por la lideresa -presidenta del PP madrileño- hace algunos meses, ante la purga que estaba llevando a cabo en el seno de su formación local.

 

Clara cercanía
La cercanía entre ambos dirigentes es manifiesta, y podría explicar, en parte, la actitud de disidencia frontal que Panero expresó ante Mariano Rajoy el pasado lunes. Como muestra, un botón: una visita de la presidenta regional al citado municipio madrileño el pasado 13 de enero, poco más de dos semanas antes de que se produjera la explosión de la trama corrupta que ahora amenaza con cobrarse cada vez cargos populares más relevantes.

Según publica la revista de información municipal Boadilla del Monte Actual, la lideresa escogió el municipio entonces regido por González Panero para "acoger el primer barrio ecológico de la Comunidad de Madrid". El documento refleja el agradecimiento del regidor a tal concesión y la "estrecha colaboración" mantenida en otros proyectos entre la Comunidad y el Ayuntamiento. Las instantáneas reflejan el buen ambiente entre ambos dirigentes antes de la tormenta. ¿Ha cambiado Esperanza Aguirre su percepción sobre el edil ahora imputado?

www.elplural.com 14.02.09

La Comunidad de Madrid mantiene deudas con empresas tapadera de Correa

La Comunidad de Madrid tiene una deuda de varios millones de euros con empresas tapadera que utilizaba la red corrupta de Francisco Correa por servicios contratados hasta hace sólo unos meses, aunque la dirección nacional del PP rechazó en 2004 seguir haciendo negocios con el cabecilla de la trama. Estos contratos no tenían ningún respaldo presupuestario y se acordaban sin seguir el trámite legal, muchas veces incluso a golpe de correo electrónico. El encargado de las gestiones era Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la lideresa hasta el pasado martes.

 

• Garzón implica en la trama a López Viejo, ex consejero de Aguirre, y a un alto cargo de Camps,...

• “Alberto (López Viejo) se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”

Uno de estos contratos hace referencia al acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de su Gobierno en la Puerta del Sol, según informa El País. No pasa por alto, según los documentos, que Easy Concept, la empresa de Correa encargada del evento, infló los costes para ganar hasta un 40% más.

Triple vertiente
Las sospechosas actuaciones de Easy Concept, empresa de Francisco Correa con la que la Comunidad de Madrid trabajaba, tienen tres vertientes: La empresa se camuflaba bajo tapaderas como el grupo MQM (Marketing Quality Management) para no despertar sospechas en la dirección nacional; inflaba los costes de sus servicios hasta alcanzar beneficios del 40%; y sus actuaciones eran presuntamente teledirigidas desde el Gobierno de Esperanza Aguirre.

López Viejo
El encargado de realizar las operaciones de maquillaje no sería otro que Alberto López Viejo, consejero de Deportes de Esperanza Aguirre hasta el martes y que todavía es parlamentario madrileño. Junto a él trabajaba su amigo Pedro Rodríguez Pendás. López Viejo sugería fraccionar los costes de los servicios para que no superaran la cantidad de 12.000 euros, que obligaría a realizar un concurso público para evitar la adjudicación a dedo.

MQM, tapadera
Uno de los casos que ilustran estas prácticas es el que realizó Aguirre en la sede de su Gobierno en la Puerta del Sol de Madrid para entregar a los Príncipes de Asturias la medalla de la Comunidad de Madrid, el 12 de septiembre de 2007. El acto lo organizó supuestamente Easy Concept, pero lo hizo bajo la tapadera de la firma MQM.

Inflando los costes
El coste del acto resulta bastante inquietante. Aunque el material le costó a la empresa 39.143 euros, fue facturado a la Comunidad de Madrid por 65.475 euros. El precio se inflaba de esta manera en un 40%, consiguiendo un beneficio de 26.331 euros. Los responsables del encargo a MQM no eran otros que Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás. A éste último se le enviaron los detalles de la contratación por e-mail, dejando claro que el acto estaba fuera del “concurso número 03-at-6.6/2007”, que tenía la Comunidad con MQM. Esta aclaración fue incluida a petición expresa de Pendás.

A dedo
Finalmente, los costes eran fraccionados en cantidades inferiores a los 12.000 euros, para que no hubiese necesidad de realizar un concurso público y poder realizar las adjudicaciones a dedo. La documentación intervenida a Easy Concept así lo refleja: "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que sólo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto".

www.elplural.com 14.02.09

EN EL TRIBUNAL DE LOS AFORADOS

Esperanza Aguirre, su vicepresidente, Ignacio González (izquierda) y su consejero de Interior, Francisco Granados, coincidieron ayer durante la toma de posesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira. Este tribunal asumirá parte de la investigación de la trama de corrupción destapada por Baltasar Garzón si finalmente él se inhibe por haber imputados aforados.

López Viejo y un cargo valenciano, aforados investigados por Garzón

El juez rechaza la personación del PP en el proceso por corrupción

El juez Baltasar Garzón rechazó ayer la personación del PP como acusación en la causa por la supuesta trama de corrupción que afecta a concejales y otros cargos pertenecientes al citado partido al considerar que no se puede ser al mismo tiempo presunto responsable de un delito y su víctima. En su auto, el magistrado confirma, además, que entre los investigados se encuentran parlamentarios o cargos aforados del partido por lo que anuncia que tendrá que inhibirse en favor de otros tribunales para perseguir sus actividades delictivas.

• El PP recurre una "barbaridad inaceptable"

• Empresas tapadera para contratar en Madrid

Fuentes de la investigación indicaron que los aforados a los que se refiere Garzón son Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, que fue destituido la pasada semana aunque continúa como parlamentario madrileño, y un alto cargo de la Comunidad Valenciana, cuya identidad se mantiene secreta. No obstante, en los registros efectuados en los últimos días se ha intervenido abundante documentación, ordenadores y memorias portátiles, y a la policía judicial aún no le ha dado tiempo a seguir las pistas a las que apuntan. Por ello, estas fuentes aseguran que el número de aforados podría aumentar en los próximos días.

En su resolución, el juez explica que el PP no puede personarse como acusación porque "existen serios indicios" de que algunos integrantes de ese partido o personas vinculadas a él "podrían tener responsabilidad penal en esta causa".

Garzón se dirigió el pasado jueves a la Fiscalía para que le indique qué pretende que se haga con los casos de los aforados, si debe inhibirse de inmediato al tribunal que corresponda en cada caso o si, como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe esperar a completar la investigación.

El auto anuncia que, en el momento oportuno, el juez cederá la competencia sobre los aforados al tribunal competente. Los miembros del Gobierno central, diputados y senadores responden ante el Supremo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los parlamentarios autonómicos y miembros de los ejecutivos regionales lo hacen ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad. Garzón lo tiene claro, puesto que afirma que la inhibición "se producirá una vez que concluya el análisis policial y pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".

Como el PP fue rechazado como parte -aunque ha anunciado recurso-, la Comunidad de Madrid intentó ayer personarse en la causa, aunque es obvio que el camino será el mismo que el seguido por el PP, puesto que en un futuro puede ser considerada responsable civil de las actuaciones de sus aforados. El juez tomó ayer declaración a una persona detenida desde el miércoles pasado, presuntamente el empleado de Correa que habitaba el piso de seguridad de la trama en Madrid. El juez le dejó libre con comparecencias semanales.

www.elpais.es 14.02.09

UN ACTO INSTITUCIONAL DE 65.000 EUROS

El 12 de febrero de 2007, Esperanza Aguirre impuso la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a los príncipes de Asturias en el edificio de la Presidencia del Gobierno, en la Puerta del Sol. La Comunidad pagó 65.000 euros por el estrado enmoquetado y unas sillas forradas de tela más algunos adornos florales.

www.elpais.es 14.02.09

Empresas tapadera para contratar en Madrid

El Gobierno de Aguirre tiene múltiples deudas con la red de Correa - El jefe de la trama facturaba con sociedades ajenas a petición del ex consejero López Viejo

La Comunidad de Madrid adeuda varios millones de euros a empresas tapadera con las que la red corrupta que dirigía Francisco Correa prestaba servicios al Gobierno de Esperanza Aguirre hasta hace sólo unos meses, pese a que la dirección nacional del PP había ordenado desde 2004 no contratar con ese grupo. De hecho, en las grabaciones aportadas al sumario Correa se refiere, en diciembre de 2007, a la deuda de la Comunidad de Madrid con sus empresas. Los contratos, muchos sin respaldo presupuestario y sin la tramitación legal necesaria, se hacían a través del que era hasta el pasado martes consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

López Viejo sugería fraccionar los contratos para evitar filtros administrativos Easy Concept inflaba los costes para ganar un 40% por cada transacción

La documentación en poder de EL PAÍS correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red corrupta vinculada al PP que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa empresa inflaba los costes para ganar un 40% por contrato, los presentaban al pago a la Comunidad de Madrid bajo una sociedad blanca o sin sospecha y luego los fraccionaba irregularmente. Y todo ello bajo la aparente dirección del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y de su amigo Pedro Rodríguez Pendás. Ambos se vieron implicados en facturaciones irregulares cuando eran concejal de Limpiezas del Ayuntamiento de Madrid y asesor, respectivamente.

La citada documentación corrobora lo que Correa reconocía en las grabaciones: López Viejo le sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo. No en vano Correa era un apestado tanto para el PP nacional, tras exigir contratos en nombre del partido, como para la opinión pública, tras ser denunciados sus apoyos y adjudicaciones irregulares.

Los papeles apuntan que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management). Un informe interno de Easy Concept revela cómo se fraguó dicho servicio al Gobierno de Aguirre:

"A día de hoy, 15 de febrero de 2008, el informe de factura es el siguiente. Importe total a facturar a la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid] por los Premios Príncipes de Asturias es:

- Importe a facturar: 64.475 euros con IVA.

- Facturado por MQM hasta el momento. 9.224 euros más IVA.

Pendiente de facturar: 56.250 más IVA (hasta el momento)".

El montaje del acto lo pidieron expresamente Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendas. A este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de Pedro Rodríguez. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que sólo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto". Por tanto, el escrito detalla cómo presuntamente los contratos y facturas eran encargados y presentados a la carta, de forma absolutamente irregular, por altos cargos del Gobierno de Aguirre. Todo se resolvía a golpe de correo electrónico, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación.

Pero si es llamativo que Easy Concept se oculte para prestar servicios a la Comunidad de Madrid a través de una sociedad como MQM, cuya versión de estos hechos fue solicitada ayer sin éxito -nadie coge el teléfono en su sede, que comparte con tres empresas-, más inquietante resulta advertir cómo se hinchan los precios de coste hasta un 40% a cargo del presupuesto de la Comunidad de Madrid, según el desglose al que ha tenido acceso este diario. Así, si el material le costó 39.143 euros, lo facturaron al Gobierno regional por un monto de 65.475 euros, un beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el servicio a la Comunidad. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992 euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez [Pendás] y está considerado fuera del contrato referente al concurso número 03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.

El corolario es triple: Easy Concept camuflaba su presencia como contratista a través de distintas empresas, inflaba los precios y lo hacía teledirigida desde el Gobierno de Aguirre, a tenor de los referidos escritos internos. En el presupuesto de Easy Concept aparece una comisión de un 5% para MQM, supuestamente por usar su nombre. Este diario solicitó ayer sin éxito la versión del Gobierno de Aguirre sobre estos contratos y los que dejó pendientes López Viejo. MQM aparece citada en las grabaciones sumariales como receptora de contratos de la trama.

www.elpais.es 14.02.09

 

GARZÓN PONE BAJO SOSPECHA AL PP DE MADRID Y VALENCIA 

La red organizada por Francisco Correa sobornó a funcionarios y autoridades de Madrid y Valencia para que concedieran contratos a sus empresas. Esa es una de las acusaciones vertidas ayer por el juez Baltasar Garzón en el auto con el que, en la madrugada del jueves, envió a prisión al propio Correa y a sus dos colaboradores principales, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.  Según el magistrado, que no concreta casos de cohecho o tráfico de influencias, «los imputados establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades». En la mayoría de los casos, las más de 20 empresas investigadas actuaban en municipios populares.  

El juez de la Audiencia Nacional explica que, para obtener los contratos, utilizaban «como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas [...] a la vez que entregaron regalos, presentes, cantidades de dinero, para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas».

Según el auto, Correa era el jefe de la trama, mientras que Crespo se encargaba de gestionar las, al menos, 23 empresas investigadas.Antoine Sánchez figuraba como titular de muchas de ellas, ocultando así la figura de Correa. Los fondos obtenidos por la trama -que ha estado en marcha, al menos, durante los últimos 10 años- circulaban por una red de sociedades que acababan en paraísos fiscales y que fue tejida por alguno de los abogados que también se encuentran imputados.  

El conjunto de la actuación se traduce así en el Código Penal: «múltiples» delitos de cohecho, «diversos» delitos de tráfico de influencias, así como blanqueo de capitales, defraudación fiscal, asociación ilícita y varios delitos de falsedad.  

En cuanto a las identidades de los funcionarios y autoridades tocados por la red, el juez dice que «se está investigando, al objeto de tomar las decisiones que correspondan en Derecho».Garzón no especifica ningún caso concreto de cohecho o tráfico de influencias, ni menciona expresamente a ningún partido. En parte, explica, porque los hechos los relata «sucintamente» para no perjudicar las investigaciones que se están practicando. Sin embargo, cruzando los presuntos sobornos cometidos con la lista de imputados surgen los nombres de los ex alcaldes populares de Boadilla del Monte Arturo González Panero, y de Majadahonda Guillermo Ortega, ambos en Madrid. En cuanto a las actividades en Valencia, el juez dejó ayer en libertad con comparecencias semanales a Alvaro Pérez Alonso, conocido como El bigotes, responsable de Orange Market, filial en la ciudad de Special Events, una de las sociedades de Correa que más contratos obtuvo del PP.  

La larga lista de casi 40 imputados no incluye a ningún aforado, pese a que en la investigación ha surgido el nombre del diputado autonómico popular Alberto López Viejo. La competencia para imputarle y seguir con la investigación recaería sobre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que el juez debería remitir el asunto cuando encontrase indicios que justificasen esa imputación. Lo mismo sucedería en el caso del también diputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor, quien, según la cadena Ser, también ha aparecido en la investigación por hechos durante su etapa como concejal de Boadilla.  

EL JEFE

El juez deja claro que todo el entramado se dirige a incrementar el patrimonio de Correa, que es quien «da instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio».  

Mientras dejaba a Crespo al frente de sus empresas, él se dedicaba a «la valoración de posibles negocios en distintos sectores, fundamentalmente el inmobiliario», aunque la crisis del sector le puso a buscar «nuevas opciones en cualquier lugar del mundo».«Su actuación consiste en negociar de forma directa un proyecto de negocio y en supervisar su ejecución, en países tales como China [y] Azerbaiyán». De ese modo, ha llegado a acumular un amplio patrimonio inmobiliario en España y en el extranjero, con propiedades en Las Rozas, Sotogrande, Ibiza, Tarifa, Miami y Cartagena de Indias.  

EL GESTOR

En la jerarquía de la trama, quien seguía inmediatamente a Correa era Pablo Crespo, que daba órdenes al resto de la organización.Según el magistrado, «lleva la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos, [...] es el consejero delegado de las empresas; recibe las ofertas de proyectos económicos, concierta las reuniones preparatorias y organiza las reuniones de otros miembros del grupo y supervisa la gestión financiera». En definitiva, Crespo «es el responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa».  

Cumpliendo con las directrices de éste, «imparte instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos».  

LA MASCARA  

El primo de Correa es una «pieza clave» en la estrategia de ocultar al verdadero jefe de la trama, que le hacía figurar como titular de las empresas. Que Sánchez era una fachada lo demuestra que Correa pagase «todos los gastos» que generaba: teléfonos, viajes, manutención, regalos... Pese a todo, su relevancia en la trama es menor, lo que se traduce que sólo le imputa blanqueo de dinero y falsedad. 

(www.elmundo.es, 13/02/09) 

EL JUEZ INVESTIGA LA IMPLICACIÓN DE CUATRO AFORADOS AUTONÓMICOS DEL PP 

Al menos cuatro aforados autonómicos de Madrid y la Comunidad Valenciana estarían implicados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón y que por el momento se ha saldado con tres personas en prisión de los 37 imputados, entre ellos dos ex alcaldes del PP. Fuentes del caso confirmaron a La Vanguardia, que además hay más miembros del principal partido de la oposición que ocupan cargos públicos en municipios madrileños cuyos nombres aparecen de una u otra forma en el sumario.  

Fuentes conocedoras del sumario judicial aseguran que habría material suficiente para probar que varios cargos públicos del PP habrían recibido costosos regalos, invitaciones a lujosos viajes y, en algunos casos, incluso dinero de parte de alguna de las empresas que controlaba Francisco Correa, jefe de la presunta trama de corrupción que, según el auto de prisión de Garzón, se dedicaba a la compra de voluntades de políticos. A cambio, los cargos públicos habrían ayudado a que las empresas vinculadas a Correa obtuviesen contratos con las administraciones en condiciones ventajosas, logrando así sustanciosos beneficios.  

Todo hace pensar que el caso sufrirá un salto cualitativo importante cuando los nombres y entidad de los aforados salgan a la luz y el juez Garzón se vea obligado a trasladar el sumario al tribunal al que le corresponda.  

Fuentes de la investigación apuntan como una de las claves económicas del caso al imputado José Ramón Blanco Balín, un asesor fiscal que llegó a ser vicepresidente de Repsol en los tiempos en que presidía la compañía Alfonso Cortina. Hace sólo unos meses la policía judicial de la Guardia Civil relacionó a Blanco Balín como uno de los participantes de un caso de evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein.  

Fuentes de esa investigación, que también dirigió la fiscalía Anticorrupción e instruye otro juzgado de la Audiencia Nacional, indicaron a este diario que Blanco Balín está acusado de utilizar una fundación en el principado alpino para desviar dinero a bancos suizos, donde permanecía a salvo de la Hacienda española. La Guardia Civil continúa todavía trabajando en la averiguación de más identidades ante la sospecha de que la trama, a través de su compleja red de empresas, oculta el dinero negro de algunos políticos españoles.  

A modo de anécdota, Blanco tiene su despacho profesional en la misma calle de Madrid donde se encuentra la dirección general de la Guardia Civil.  

En el seno del PP ya es vox pópuli que la denuncia partió de uno de sus cargos públicos en un municipio madrileño. El autor de la denuncia dedicó varios meses a grabar sus conversaciones con Correa y a acumular documentación que pudiese ser de utilidad en la averiguación de los posibles delitos cometidos por ahora considerado cerebro de la trama. Cuando tuvo el material suficiente elaboró un amplio dossier que hizo llegar a la policía y a la fiscalía Anticorrupción. Un trabajo que sirvió de base a los investigadores, aunque no puede ser considerado una prueba.  

(www.lavanguardia.es, 13/02/09) 

AGUIRRE: "GARZÓN Y BERMEJO DEBERÍAN ESTAR AVERGONZADOS" 

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, subrayó ayer en la Asamblea de Madrid la estrategia de contraataque de su partido y que ella defendió en el Comité Ejecutivo del PP el miércoles. "En cualquier país democrático estarían avergonzados y no chulescos, como ayer vimos a algunos. Estarían avergonzados, habría dimitido el ministro y se habría abstenido de este caso el señor juez", señaló sobre Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo. 

Aguirre, en la reunión interna del PP, recordó que en 2005 se querelló contra Cándido Conde Pumpido por enviarle al fiscal anticorrupción en el caso Majadahonda, lo que, políticamente, equivale para ella a una condena previa. Explicó que en ese Ayuntamiento se iba a vender de saldo una parcela a gente de Francisco Correa. Ella, dijo, lo resolvió y expulsó a los concejales del PP díscolos y forzó la dimisión del alcalde Guillermo Ortega (recolocado en el Mercado Puerta de Toledo). Aguirre explicó que, por ello, Correa quiso financiar a esos ediles para que se presentaran en contra de los de la línea oficial aguirrista. 

(www.elpais.com, 13/02/09) 

EL ALCALDE DE BOADILLA CEDIÓ LOCALES A LA TRAMA POR UN PRECIO RIDÍCULO 

El 12 de diciembre de 2007, Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción investigada por el juez Garzón, se lo confirmaba a su interlocutor en el hotel Fénix, de Madrid. Arturo González Panero, entonces alcalde de Boadilla, había adjudicado 32 locales comerciales "en unas condiciones muy ventajosas", a la empresa de José Ramón Blanco, ex vicepresidente de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados. 

Así quedó grabado en las conversaciones incluidas en el sumario de Garzón. González Panero otorgó a Rústicas MBS 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros. A cambio Rústicas gestionarían el alquiler de esos inmuebles durante 75 años. Una tarea por la que podrían ganar más de un millón de euros al año. Entre sus clientes, además, está el propio Ayuntamiento, que les arrienda uno de los locales por 104.000 euros anuales para instalar allí su comisaría de policía, según ha denunciado la oposición socialista. 

En esa adjudicación también figura, como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, Alfonso Bosch. Este hombre, mencionado en varias ocasiones en el sumario, es diputado regional por el PP. Bosch también figura en el capítulo para el intento de construir una residencia para ancianos previa tala de 250 árboles en un monte. "Yo ganaba un pastón", asegura la cadena SER que fue el comentario de Bosch en una conversación grabada. No fue así porque se abandonó el proyecto cuando estaba a punto de votarse."José Ramón Blanco tiene una empresa, le adjudicamos un local y nos llevamos unas pesetillas", es la descripción del negocio que hizo Francisco Correa, según las grabaciones aportadas al sumario de Garzón. Unas "pesetillas" obtenidas a través de unas parcelas para construir los locales comerciales que están en una zona muy conveniente para instalar un negocio. "Es un sitio cojonudo", aclara un concejal del Consistorio. Un lugar muy bueno con un precio excelente. Además, la concesión incluye un aparcamiento de 180 plazas. 

Rústicas lo construye y lo alquila. A cambio, paga 320.000 euros anuales al Ayuntamiento. El propio Consistorio ha decidido alquilar uno de los locales, de aproximadamente unos 200 metros cuadrados, para instalar allí su comisaría de Policía Local. Ha presupuestado 104.000 euros anuales para ello, según la oposición, y ya ha comenzado las obras de acondicionamiento del lugar. Ese alquiler supone un tercio de lo que le paga Rústicas, a la que aún le resta por sumar el alquiler de los otros 31 locales y la explotación del aparcamiento. Los locales tienen una media de 120 metros cuadrados. El precio estimado de mercado es de 1.700 euros al mes de alquiler. 

Durante una reunión de la EMSV, Bosch, en su calidad de gerente, explica que la idea es "conseguir que vengan negocios atractivos a la zona". Es su réplica a Enrique Hernández Fernández, del PSOE, que considera que "ninguno de los tres proyectos presentados cumple con lo programado inicialmente". Por ello, prosigue, "que se puede declarar desierto el concurso porque está desvirtuado". No fue así. En marzo de 2007 se traspasan los derechos a Artas Consultoría, cuyo único administrador es el propio Blanco. 

Otro apartado en las irregulares concesiones de González Panero, es la adjudicación a UFC, empresa de otro imputado, José Luis Ulibarri, de una parcela para construir 139 viviendas, de precio libre, en noviembre de 2005. La oferta de UFC no era la mejor, 35 millones, pero el Ayuntamiento valoró el compromiso de levantar los pisos en menos de 16 meses. Aún no están terminados. La oposición, tanto PSOE como Alternativa por Boadilla, ha denunciado el asunto en muchas ocasiones. De hecho, una demanda de Ángel Galindo, de Alternativa, fue admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid. 

Las concesiones y contratos de Arturo González Panero, obligado a dimitir por el PP el pasado martes, fueron uno de los motivos por los que el grupo popular se partió en el Ayuntamiento. El alcalde pretendía construir una residencia de mayores, previa tala de 250 árboles, algunos de ellos centenarios. La número 2 del Ayuntamiento, María Jesús Díaz, que ha abandonado el Consistorio, se opuso. González Panero expulsó a Díaz del equipo de gobierno en diciembre cuando ésta se presentó como candidata a la presidencia del PP local, disputándole el cargo. Díaz obtuvo 134 votos y González Panero, 186. 

Otra de las irregularidades afecta a Tomás Martín Morales. "Quería que Tomás fuera concejal y por eso se inventó un puesto para él", explica una fuente cercana al grupo popular. El puesto "inventado" es el de director general de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Un cargo que, según ha denunciado la oposición, no puede existir en municipios menores de 250.000 habitantes. Boadilla tiene cerca de 50.000.

(www.elpais.com, 13/02/09) 

DOS DIPUTADOS DEL PP EN APUROS 

Dos diputados del PP conversaban ayer en la Asamblea: Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. El primero es presidente de la comisión de investigación para desentrañar el espionaje a cargos públicos y denunció ayer que el lunes sufrió un intento de chantaje telefónico. Alguien llamó a su móvil y le dijo: "Si no quieres que te pase lo que a tu amigo Correa [Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción, y amigo suyo] , tienes que llevar 50.000 euros esta tarde a un bar de la Casa de Campo". El segundo es también gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla. En una conversación grabada que consta en el sumario del caso, Correa asegura que Boadilla concedió "en condiciones ventajosas" unos locales comerciales a la empresa de otro imputado. 

(www.elpais.com, 13/02/09) 

OCHO CONTRATOS DE LA COMUNIDAD PARA EL IMPUTADO ULIBARRI 

El empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ha obtenido al menos ocho contratos de obras con la Comunidad de Madrid para construir colegios, parte de la ampliación del metro, uno de los nuevos hospitales y un parque de bomberos. 

Ulibarri, nacido en Burgos hace 54 años, es el presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA, una empresa de obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario. 

Ulibarri es uno de los 37 imputados por la presunta trama de corrupción que encabeza Francisco Correa. Garzón considera que hay indicios de que los imputados formaron un conglomerado de empresas para obtener fondos de entidades públicas para beneficio propio con "dádivas y sobornos a funcionarios".La empresa de obras de Ulibarri ha construido al menos cuatro colegios y ha rehabilitado otro en Madrid. El juez Garzón señala a esta comunidad como una de las regiones en las que se movía la trama corrupta, que también actuaba en Valencia, donde el empresario burgalés controla cuantiosos negocios de construcción y medios de comunicación, principalmente. En Madrid, José Luis Ulibarri resultó adjudicatario entre 2005 y 2007 de cinco proyectos de la Consejería de Educación que superan los 16 millones de euros. 

A principios de 2007 Begar se presentó y ganó frente a otras constructoras la obra del colegio de infantil y primaria Winston Churchill, en Valderribas (Vicálvaro). La oferta de la empresa rebajaba en más de 700.000 euros (de 5 a 4,3 millones) el presupuesto previsto por la Comunidad de Madrid para la obra. Debía terminarlo en 19 meses y construir las 27 aulas que finalmente fueron inauguradas por la presidenta Esperanza Aguirre el pasado octubre. En su nota a los medios de aquel día, la Comunidad destacaba que el centro, que cubre con otro más antiguo la demanda educativa de un barrio nuevo y joven, costó cinco millones de euros. Los mismos que había calculado al principio la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación. ¿Qué pasó con los 700.000 euros de diferencia? 

Antes de que acabara el proyecto, la constructora de Ulibarri obtuvo una ampliación de contrato del primer concurso, y sin publicidad. En agosto de 2008, Begar Construcciones recibe 787.000 euros más para insonorizar el colegio Winston Churchill. Esta vez por procedimiento negociado, que permite elegir a una empresa sin competencia cuando la cuantía no supera el 20% del presupuesto. El proyecto se amplió, según explicaron ayer desde la Consejería de Educación, para insonorizar el colegio, situado junto a la estación de tren de Vicálvaro. Ésa fue precisamente una de las peticiones que hizo la asociación de padres y madres de alumnos meses antes de que concluyeran las obras, como consta en una carta del AMPA. 

Los encargos a la empresa constructora de Ulibarri en la Comunidad de Madrid incluyen otros proyectos, todos adjudicados por concurso abierto y "con los procedimientos legalmente establecidos", asegura un portavoz del Gobierno regional. Begar es una de las firmas que ha construido el hospital Infanta Leonor (Vallecas), inaugurado el pasado marzo. Junto con otras seis empresas, creó la sociedad Hospital de Vallecas, SA. El centro se abrió al público sin la licencia de ocupación que debía otorgar el Ayuntamiento. 

También es responsable de la ampliación de la red del metro, otra de las propuestas estrella de Aguirre en la anterior legislatura. Begar hizo la estación de Aviación Española de la línea 10 de Metro (Hospital del Norte- Puerta del Sur) que adjudica Mintra, la empresa que construye el suburbano. Recibió 12 millones de euros por esa obra, inaugurada a finales de 2006. El sello de Ulibarri también está detrás de las obras del parque de bomberos de Navacerrada, obtenido por 4,2 millones de euros. 

(www.elpais.com, 13/02/09) 

UN PLENO A CARA DE PERRO 

Ni micro ni nada. Hubo momentos en que no había manera de oír lo que decían sus señorías. Palmadas sobre la mesa, silbidos, bramidos ininteligibles, patadas en el suelo... Cómo estaría el ambiente ayer en el pleno de la Asamblea que las dos decenas de trabajadores de la multinacional de transporte de paquetería UPS que ocupaban la tribuna de invitados miraban lo que sucedía abajo y callaban. Y eso que estaban allí para protestar por el ERE de su empresa. El pollo ya estaba montado. Entre sus señorías. 

Fue un pleno a cara de perro. Y con acusaciones gruesas, como la que hizo la portavoz del grupo socialista, Maru Menéndez, a Esperanza Aguirre. Empezó preguntando por qué no avanza la comisión que investiga la trama de espionaje: "¿No será que están ustedes ganando tiempo porque, como cada vez está más extendido el rumor, pueden estar destruyendo documentación pública?". En la bancada popular, sorpresa y un clamor: "Buuu". 

Socialistas e IU denunciaron por la mañana la "censura" del PP por negarles documentación imprescindible para investigar el espionaje en Madrid. Menéndez anunció antes del pleno que pedirá amparo al Constitucional si la Asamblea persiste en su negativa a aportar más de la mitad de la documentación pedida por la oposición. 

"Cada vez está más claro que el PP tiene muchas cosas que ocultar", dijo Menéndez, que calificó la actitud de los populares de "oscurantista". Inés Sabanés, de IU, se sumó a la protesta, aunque subrayó que mientras haya "una mínima posibilidad de seguir trabajando y el blindaje no sea ya total", su grupo no dará "ni una sola razón para que se bombardee la comisión". 

Ya en el pleno, Aguirre respondió a la portavoz socialista: "Nos ha imputado un delito. O lo retira... o tendrá que retirarlo en los tribunales". Lo siguiente fue devolver el golpe. Con ironía. "Me ha sorprendido gratamente que sea la primera socialista que se preocupa por la utilización partidista de las instituciones", empezó. "Justamente en la semana en que nos hemos enterado de que el Poder Judicial y el Gobierno van juntos de cacería". Aguirre, ya lanzada, narró la secuencia completa de los hechos con una sonrisa: "Justo la semana en la que el juez pretende acusar al principal partido de la oposición de estar detrás de una trama de corrupción se va de fin de semana, deja detenidos en los calabozos y se va con el ministro de Justicia". 

Era el turno de la bancada socialista: "Buuu", exclamaron los diputados. Unos minutos antes, los representantes de IU se habían levantado de sus escaños y habían mostrado carteles donde se leía: "¡Censura política, no!" y "Los madrileños quieren saber". Llegó un punto en que la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, tuvo que poner orden: "Con esta animación no hay manera de continuar", soplaba. 

Las acusaciones cruzadas no acabaron ahí. Aguirre aprovechó para desempolvar supuestos escándalos, algo "corriente", dijo, entre los socialistas: del mitin de Tomás Gómez en un coche de policía, al avión privado de Zapatero "para ir de compras a Londres". En el orden del día no había ni rastro de espías, comisiones de investigación o tramas corruptas. Pero la actualidad mandaba. Menéndez recordó las dos destituciones que ha provocado de momento el escándalo de corrupción. "Se denuncian los unos a los otros, se chantajean unos a otros, echan a su alcalde, pero le dejan que continúe como concejal; cesan ustedes a su consejero, pero le dejan que siga como diputado. Explíquenoslo porque no lo entendemos ni nosotros ni ningún madrileño". El ya ex consejero Alberto López Viejo, asistió al pleno, muy serio, pero se marchó pronto. No quiso hablar con la prensa. 

Mientras, la Asamblea seguía trabajando. Se comentaba, a pregunta de Izquierda Unida, la propuesta de los empresarios madrileños de abaratar el despido, "sensata y eficaz", según Aguirre. Su respuesta soliviantó a la portavoz de IU, Inés Sabanés. "Con todo lo que está pasando, salir aquí, con todo el desparpajo y toda la cara del mundo, a decir que lo que hay que hacer es abaratar el despido, me parece el colmo de la provocación", aseguró después en el pasillo. 

Hubo más acusaciones. Como la del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que tachó a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, de "irresponsable" por admitir que va a aumentar la delincuencia este año por la crisis económica y el desempleo. 

Entre papeles en destrucción y cacerías, en el pleno de ayer se contestaron 14 preguntas, comparecieron dos consejeras, se presentó una moción y se votaron dos proposiciones de ley. Pero al final se hablaba de lo mismo que al principio: la comisión de investigación que no avanza -debe finalizar el 31 de marzo-, espías y corrupción. 

(www.elpais.com, 13/02/09)

www.elplural.com 13.02.09

Dos salpicados por el caso Correa, junto a Aznar

Alfonso Bosch (el primero por la derecha, con corbata roja)

Bosch compatibiliza su cargo de gerente de la empresa municipal de suelo y vivienda de Boadilla del Monte con el de secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre. Hasta 2003 fue teniente de alcalde de El Escorial y concejal de urbanismo. En la actualidad es además diputado regional en la Asamblea de Madrid. En las grabaciones del caso, el empresario Francisco Correa (hoy en prisión) dice que Bosch adjudicaba los locales municipales de Boadilla en condiciones ventajosas a empresarios afines.

Antonio Cámara (a la izquierda, con corbata azul)

Cámara fue ayudante y secretario de Aznar y tras perder las elecciones en 2004, Correa le contrató como trabajador de su empresa Special Events y ha seguido en ella hasta principios de año. Actualmente forma parte del Consejo de Caja Madrid. Pertenece al sector que defiende los intereses de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, frente a del alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

www.cadenaser.com 12.02.09

Otro de los diputados de Aguirre, Alfonso Bosch, mencionado por Correa en relación con la presunta trama

Otro diputado de la asamblea regional madrileña aparece mencionado en las transcripciones y documentos sobre la presunta trama con epicentro en Boadilla del Monte. Es el caso de Alfonso Bosch, un dirigente conservador muy cercano, además, a la lideresa Aguirre y al propio ex presidente José María Aznar. La vinculación de Esperanza Aguirre con este nuevo personaje mencionado en los documentos sobre la presunta trama en Boadilla del Monte viene demostrada, además, con ilustrativas imágenes que a muchos les pasaron desapercibidas en un primer momento.

Una instantánea tomada en plena precampaña electoral para las generales del pasado mes de marzo muestra a la presidenta regional visitando un mercado junto al entonces número dos por Madrid, Manuel Pizarro. En tal visita, que tuvo lugar el 31 de enero de 2008, el ex presidente de Endesa y ahora discreto diputado en el Parlamento afirmó que "el despacho de un candidato es la calle". Lo que entonces no llamó la atención y ahora resulta ilustrativo es la presencia de Alfonso Bosch Tejedor, precisamente uno de los dirigentes populares que aparecen en las conversaciones investigadas en el sumario que instruye el juez Garzón.

"Uno de los malos"
La Cadena SER informó esta mañana de cómo Alfonso Bosch aparece mencionado en las transcripciones a las que ha tenido acceso. Uno de los imputados por Garzón lo define concretamente como "uno de ellos y uno de los malos, de los que hacen cosas mandados por ellos". Con ese "ellos" se refiere a los cerebros de la trama, entre los que se encuentra inequívocamente Francisco Correa.

Múltiples cargos
El perfil de Bosch Tejedor revela conexiones clave con importantísimos dirigentes del PP. Según la SER, Bosch fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. En la actualidad, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de portavoz en San Lorenzo de El Escorial, donde antes había sido teniente de alcalde. Bosch es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre y en la actualidad es además diputado de la Asamblea regional.

¿Condiciones favorables?
En las grabaciones enviadas a Garzón, Francisco Correa afirma que a través de Bosch se adjudican en condiciones ventajosas locales municipales de Boadilla del Monte a la empresa de Ramón Blanco Balín, otro de los imputados por Garzón y que en época de Aznar y en medio del privatización de Repsol accedió a la cúpula de la empresa petrolera, llegando al cargo de consejero delegado. Preguntado por la misma cadena radiofónica, el mencionado Alfonso Bosch Tejedor ha negado haber realizado ningún tipo de adjudicaciones en las condiciones descritas: "El proceso fue totalmente transparente".

www.elplural.com 12.02.09

AGUIRRE: "YO PUSE UNA QUERELLA AL FISCAL GENERAL EN 2005. ASÍ SE LES PARAN LOS PIES" 

Para la mayoría de los que asistieron, fue una reunión reconfortante, porque todos se dedicaron a lamerse mutuamente las heridas. La sensación se resume en una frase de la ex ministra Celia Villalobos: "Todos tenemos que apoyar al PP. Con las cosas de comer no se juega". Ésta es la reconstrucción de la reunión según varios dirigentes. 

Esperanza Aguirre. "Yo le puse una querella al fiscal general en 2005, por el caso Majadahonda, por prevaricación y violación del secreto de sumario. Así se les paran los pies. Desde entonces en Madrid ya no van a por nosotros [la querella fue archivada por el Supremo]. Me acusaban de intervenir en una parcela, que se iba a vender más barata y gracias a mí se vendió más cara. Tuvimos que echar a dos concejales y tuvo que dimitir el alcalde". Aguirre no contó que lo recolocó en el mercado Puerta de Toledo, con un sueldo público, hasta que dimitió el lunes por su implicación en la red que investiga Garzón. Fue una de las pocas intervenciones que tuvo aplausos. 

Francisco Camps. "Te agradezco lo que estás haciendo, Mariano, y agradezco el apoyo de todo el partido. Esto es una campaña de acoso, porque aquí no hay nada. Los contratos son todos limpios y transparentes. Sólo persiguen al PP. En nuestra comunidad lo han hecho muchas veces, pero no hay ni un solo alcalde condenado". 

José María Michavila. "Yo conozco bien a Bermejo [como ministro de Justicia, Michavila se enfrentó a Bermejo, que era fiscal jefe de Madrid]. Ya intentó muchas veces ir contra el PP como fiscal, pero todos los casos se los echaban para atrás. Tenemos que estar todos unidos. No hay salidas para unos o para otros". 

Celia Villalobos. "Madrid es parte del partido, pero no todo el partido. Los problemas de Madrid no se pueden convertir en los problemas del partido". 

Teófila Martínez. "Mariano, tú tienes la autoridad para salvaguardar la unidad del partido y para exigirnos a todos que nos pongamos detrás de ti. Tenemos que mostrar la unidad aquí, pero también fuera, en la calle". 

Rosa Estarás (Baleares). "En Baleares hemos visto la actuación de la fiscalía. El trato discriminatorio es evidente. Cuando son del PSOE, hay una citación al juez y nada más. Cuando es del PP, primero aparece en prensa. Después se les detiene con grilletes y policías encapuchados, siempre con cámaras de televisión presentes. Y les dejan detenidos durante 72 horas, como el chaval de 21 años al que se acusaba de delito informático. Al final quedó en libertad sin cargos". 

Miguel Ángel Cortés. "Deberíamos utilizar las nuevas tecnologías para denunciar este acoso, con vídeos en YouTube de las detenciones". 

Esteban González Pons. "Garzón no imputa a ningún aforado, como López Viejo [ex consejero de Aguirre] para que no le quiten el caso". 

Manuel Fraga. "En todos los partidos hay un Judas. Hay que mantener la unidad absoluta". 

(www.elpais.com, 12/02/09) 

BOTELLA: "ME GUSTARÍA QUE ESTE APOYO SE DIERA TAMBIÉN A TODA LA HISTORIA DEL PP" 

El Comité Ejecutivo discurría con una muestra de cierre de filas absoluto, en la que los dirigentes competían por ver quién atacaba con más dureza a la fiscalía y al juez Garzón, hasta que le llegó el turno a Ana Botella, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y esposa del ex presidente José María Aznar. La intervención chirrió porque era una reprimenda interna en toda regla. 

"A mí me parece muy bien la posición del partido y de su presidente en toda esta cuestión, y tiene todo mi apoyo. Pero me gustaría que este apoyo se diera también a toda la historia del partido, incluida la del presidente Aznar y su equipo. Todos sabéis quién soy. Aquí hay sentados muchos dirigentes que tuvieron responsabilidades en esa época [había ex ministros, entre ellos Rajoy]. Me gustaría que se defendiera de manera más firme ese legado", clamó Botella, según la reconstrucción de varios de los presentes. 

No hubo aplausos, y los dirigentes se miraron, según contaron después, con caras de complicidad y una tensión difícil de disimular. La esposa de Aznar, en un auditorio acostumbrado a leer entre líneas y que no necesitó muchas explicaciones para saber de qué estaba hablando y qué quería decir, estaba protestando por el hecho de que Rajoy haya dejado muy claro que fue él quien, en 2004, en cuanto sucedió a Aznar, rompió con Francisco Correa, el jefe de Special Events. 

El líder lo dejó claro en una rueda de prensa el lunes. Pero todo el mundo en el PP sabe que Correa fue el principal organizador de actos de Génova durante toda la etapa de Aznar. En la prensa han aparecido sus estrechas relaciones con el aznarismo y con el yerno del ex presidente, Alejandro Agag, además de las fotos de Correa y su socio Álvaro Pérez en la boda de la hija de Aznar y Botella. Por eso la esposa del ex presidente se queja de que Rajoy se concentre en decir que él rompió en vez de reivindicar que no hubo nada sucio en la etapa de Aznar. La ofensiva del aznarismo, en boca de su principal representante en activo, aspirante a la alcaldía de Madrid si la abandonara Alberto Ruiz-Gallardón, fue de tal calibre que Rajoy entendió que tenía que responder para dejar claras algunas cosas. 

El líder del PP, elegido a dedo por José María Aznar en 2003 frente a otras opciones como Rodrigo Rato o Jaime Mayor, nunca ha osado criticar públicamente a su mentor. Aun así, todos los analistas interpretaron que, en el congreso de Valencia, Rajoy acabó con el aznarismo para inaugurar un nuevo PP, el suyo. Pero el jefe de la oposición decidió ayer que era momento de unidad, y trató de atraerse a Botella a su terreno. 

"Por supuesto, Ana, yo siempre defiendo y defenderé toda la historia del partido. Y si alguna vez compruebas que alguien no lo hace, me gustaría que me lo dijeras inmediatamente", sentenció el líder, firmando así una especie de pacto de no agresión con el aznarismo.     

 (www.elpais.com, 12/02/09) 

LAS EMPRESAS DE CORREA LOGRARON 3,5 MILLONES EN MAJADAHONDA 

Entre 2003 y 2005, tres sociedades controladas por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, de objeto difuso y administradores comunes (TCM, Downtown Consulting y Easy Concept) fueron cerrando acuerdos con el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), del PP, por valor de más de dos millones de euros. Todos figuran en los papeles municipales de la oficina de contratación. Además de los pagos por esta "oficina fantasma", IU ha documentado otro millón y medio de euros pagados a empresas vinculadas a Correa, aunque es posible que haya muchos otros contratos. Eso, en una legislatura (2001-2005). Algunos de ellos por conceptos como "Decoración de la concejalía de Familia", montar un stand en una feria de informática, "suministrar vinilos para terminales de información" o colocar una mampara. 

En 2003, la empresa madre de Correa en Madrid, Special Events, deja de firmar contratos con Majadahonda. Alguien ha reparado en que la administradora es María del Carmen Rodríguez, conocida por los trabajadores municipales como La Barbie. Rodríguez es la mujer de Correa y la jefa de gabinete del entonces alcalde, el ahora imputado Guillermo Ortega. Special Events se volatiliza, pero emerge Technology Consulting Management, de los mismos dueños y que se dedica a las mismas cosas. Esta compañía gana el concurso para "la consultoría de diseño de la implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano" de Majadahonda. Un rebuscado pliego que se traduce en el pago de 612.551 euros a esta empresa el 18 de febrero de 2003. 

En diciembre de ese mismo año, la compañía repara en que necesita más dinero. El ayuntamiento se lo da. En concreto, 120.000 euros más. Eso supone el 19% de la concesión original. Si el aumento hubiese superado el 20% habrían tenido que repetir el concurso. El 30 de abril de 2004, con la oficina a punto de abrirse, se les prorroga el contrato. En esta ocasión reciben 419.638 euros. Un técnico municipal había sugerido que lo justo sería 58.000 euros y así lo hace constar en un documento. Nadie le hace caso. 

¿Ha terminado el trabajo de la empresa de Correa una vez abierta la oficina? No. Ahora, es el momento de que emerja otra de sus empresas. Alguien tiene que llevar el día a día de esa oficina. Nace Downtown Consulting. Esta firma recibe más de 20.000 euros mensuales. En 2005 cambia de nombre y se vuelve a transformar. Su nueva reencarnación es Easy Concept, con la misma configuración que Downtown, pero cobrando un poco más: 27.900 euros. Hasta

Más claro y duro en sus críticas fue el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva(PP), que opinó que igual que las bombas de ETA son habituales antes de unas elecciones, "las actuaciones del juez Garzón también". El PSOE le ha exigido una rectificación.

(www.publico.es, 11/02/09) 

EL PP NO EXPEDIENTARÁ "DE MOMENTO" A LOS IMPUTADOS 

El PP de Madrid no expedientará "de momento" a ninguno de los miembros del partido que están imputados en la 'Operación Gürtel' relacionada con una supuesta trama urbanística y que ya ha supuesto la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero; del gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; y del consejero de Deportes, Alberto López Viejo. 

Así lo anunció hoy tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid el secretario de Comunicación de la formación, Juan José Güemes, quien quiso dejar claro que "es rotundamente falso" que el supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa, así como cualquiera de sus empresas o de las personas que están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón "haya participado en la programación o financiación de eventos o actos públicos del PP regional". 

"Correa no ha organizado ningún acto del PP de Madrid al menos desde noviembre de 2004, es decir, desde que Esperanza Aguirre es presidenta del partido en Madrid", indicó Güemes.  

El secretario de Comunicación del PP madrileño anunció que el Comité de Dirección del partido ha decidido que el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Bartolomé González, apoye al PP de Boadilla para salvar la situación tras la dimisión de González Panero y para buscar cuanto antes un nuevo alcalde. No obstante, precisó que de momento no se prevén cambios en el PP de la localidad. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

CORREA AFIRMA QUE LÓPEZ VIEJO CARGA A LA COMUNIDAD DE MADRID GASTOS DEL PP 

Francisco Correa -cabecilla de la trama empresarial que supuestamente se beneficiaba de sus relaciones con altos dirigentes del PP para conseguir contratos públicos o recalificaciones urbanísticas- se ufanó en una de las conversaciones con sus socios, grabadas y aportadas al sumario, de que un consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, cobraba comisiones por distintos favores y, además, obligaba a las consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba el propio Correa. 

En una de las afirmaciones más explosivas grabadas al jefe de la red de corrupción vinculada al PP, Francisco Correa, recibe una llamada de Álvaro Pérez, gestor de una filial de grupo afincada en la Comundad Valenciana, y le expone lo siguiente: "Alberto [López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo". 

A continuación, Francisco Correa, tras hablar de una promoción inmobiliaria en Las Rozas de un constructor implicado en la operación Malaya y que es muy amigo de un ex concejal de Vivienda del PP en Madrid, vuelve a detallar la operativa que ha tenido su trama para contratar con la consejería que dirige López Viejo. Es en este contexto cuando Correa comenta la deuda que la Comunidad de Madrid tiene con su grupo empresarial. Aclara que se trata de deudas por actos del Partido Popular que, supuestamente y según su relato, pagan directamente las Consejerías con el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Lo hace fraccionando los pagos, siguiendo indicaciones del consejero que, según cuenta Correa, incluso les ha obligado a crear empresas para poder contratar con los distintos departamentos de la administración. Hace varios días, este periódico preguntó a López Viejo si su consejería había contratado los servicios de alguna de las empresas de Correa y lo negó tajantemente a través de un portavoz. 

Aguirre destituyó el lunes a López Viejo que, durante los últimos años, se ha ocupado de los actos públicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y también de los actos del PP en la región. Su jefe directo, cuando hacía estas funciones y ocupaba el cargo de viceconsejero de Presidencia, era el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LÓPEZ VIEJO ORGANIZÓ ACTOS OFICIALES SIN ESTAR EN EL GOBIERNO DE MADRID 

El equipo de Aguirre sostuvo ayer que el recién dimitido consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, organizó actos oficiales de la Comunidad antes de tener un cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre como viceconsejero de Presidencia. La explicación, ofrecida por fuentes del PP madrileño, implica admitir una irregularidad pero protege con un cortafuegos a quien fue titular de Presidencia entre noviembre de 2003 y diciembre de 2004, el vicepresidente Ignacio González.  

Las citadas fuentes esgrimieron la versión antes citada cuando se les preguntó quién había contratado a Easy Concept (antes denominada Down Town Consulting), una de las empresas de la trama de Boadilla, para organizar el homenaje a los miembros de los operativos que intervinieron en el 11-M. Ese acto se celebró el 25 de marzo de 2004 y, hasta exactamente dos meses después, el 25 de mayo,López Viejo no fue designado viceconsejero de Presidencia. Según el PP de Madrid, González no participó en la adjudicación de ese contrato a Easy Concept ni en los posteriores.  

Antes de ser viceconsejero y desde su escaño de diputado autonómico, López Viejo operaba a modo de asesor extraoficial como encargado de gestionar "todos los actos de la presidenta", tarea que conservó una vez incorporado al Ejecutivo.  

Como informó Público el pasado domingo, Easy Concept cobró 140.000 euros por organizar el homenaje del 11-M. El importe total se dividió en 15 contratos, todos ellos por cuantía inferior a 12.000 euros, cifra que la ley señalaba hasta 2007 como tope máximo para hacer adjudicaciones a dedo: es decir, sin concurso o procedimiento negociado, figuras todas ellas que obligan a tramitar un expediente documentado. "No daba tiempo", alegan ayer en el PP de Madrid. Y el interventor de Presidencia remachan "no puso ningún reparo" ni vio "atisbos de ilegalidad". La ley prohíbe fraccionar contratos para disminuir su cuantía y asegurar así la adjudicación directa. 

En total, Easy Concept y Good and Better, otra de las sociedades del entramado societario que manejaban los presuntos sobornadores y traficantes de influencias, facturaron 562.000 euros a la Comunidad de Madrid entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005. Ambas firmas lograron 76 contratos directos, buena parte de los cuales procedían de adjudicaciones fraccionadas. El entorno de Aguirre aduce que, en el caso del 11-M, los contratos se trocearon por la urgencia de la tarea. En 2006, el Gobierno de Aguirre defendió en sede parlamentaria las adjudicaciones a ambas sociedades. 

"Reticencias" de González

Al organizador López Viejo "se tardó tiempo en encontrarle hueco por las reticencias de Ignacio González", deslizaron las fuentes consultadas sin precisar qué causó esa desconfianza, pero poniendo el énfasis en que el vicepresidente no quería contar con él. De manera implícita, Aguirre ya endosó el lunes a su hasta entonces consejero de Deportes la responsabilidad exclusiva de que Easy Concept y Good and Better se hubieran colado en el engranaje de adjudicaciones.  

 (www.publico.es, 11/02/09)

 EL ALCALDE DE BOADILLA NO SE FUE HASTA QUE NO CAYÓ LA 'NÚMERO DOS' 

Anteayer, Antonio González Panero, del PP, se resistió a cesar en su cargo como alcalde de Boadilla del Monte, pese a que lo había anunciado su presidente nacional, Mariano Rajoy. Ayer, el pleno en el que finalmente iba a renunciar se fue retrasando a lo largo de la mañana. ¿La razón? No se fue hasta que la número dos del grupo, María Jesús Díaz, su enemiga declarada, firmó la renuncia al acta de concejal. Terminaban 28 tensas horas de tira y afloja en las que el ahora ex alcalde, imputado por el juez Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP, desafió la autoridad de Rajoy y del secretario del partido en Madrid, Francisco Granados. El regidor cesante, con el rostro demudado, no admitió preguntas. Ni de la oposición, durante el pleno, ni de los periodistas, durante su comparecencia. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

UNA DIMISIÓN CON CONDICIONES 

Primer aviso de la mañana desde el Ayuntamiento de Boadilla: la dimisión del alcalde Arturo González Panero se hará pública a las doce en un pleno extraordinario. Anuncio fallido. Se retrasa a la una de la tarde. Pasa la hora. Nada. Finalmente, a las dos y media, un demudado Panero preside por última vez una sesión plenaria, la de su destitución como regidor. Alrededor, cámaras, periodistas, algunos amigos, pero pocos vecinos. De paso se lleva por delante a María Jesús Díaz, a la que en diciembre pasado desposeyó de sus cargos como primera teniente de alcalde y concejal de Sanidad, y su sucesora natural al haber ocupado el número dos en las listas. 

Se lo había exigido al PP: si ella no se iba, él tampoco. "Estaba fuera de lugar que si yo dejaba la alcaldía pasara a ser alcaldesa alguien que podría estar generando el conflicto en Boadilla", declaró ayer en un comunicado que leyó a los medios de comunicación después del pleno. No admitió preguntas. Pero mientras Díaz abandona su acta y el Ayuntamiento, él continuará trabajando en el equipo de gobierno como concejal. 

Ayer no era día para contestar preguntas. Panero tampoco dejó intervenir a los grupos de la oposición, PSOE y APB, que exigían una explicación pública. "No voy a dejar que el pleno se convierta en un circo. Me parece lamentable", zanjó Panero. 

La sesión acabó pronto. Un cuarto de hora bastó para que se admitiera la renuncia de Díaz. El ya ex alcalde salió por una puerta lateral, deprisa y acompañado de sus concejales afines. Todos, menos dos: Díaz y Fernando Sánchez, al que el ex regidor ha denunciado por calumnias al considerarle autor de un dossier en el que se le acusa de enriquecimiento. Un documento que Panero recordó ayer que es anónimo: "Ahí se puede poner cualquier cosa, hasta que yo maté a Manolete". 

El PP de Madrid decidirá el nombre del próximo primer edil en un máximo de 10 días. Hasta entonces, la primera teniente de alcalde y concejal de Obras, Belén Húmera, ocupará el puesto de alcalde en funciones. 

En una comparecencia posterior al pleno, Panero explicó que hubo un "malentendido" cuando el presidente de su partido, Mariano Rajoy, anunció su renuncia el pasado lunes, que él luego desmintió. El ex primer edil sostiene que actuó de acuerdo con las directrices del PP. El lunes por la mañana se reunió con el secretario general, Francisco Granados. "Quedamos en que hasta que no saliera de la Audiencia Nacional yo no ponía el cargo a disposición del partido". Pero antes de que él abandonara la Audiencia, Rajoy anunció que el alcalde había dimitido. "No sé de dónde pudieron venir los malos entendidos", indicó. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

28 HORAS PARA DIMITIR DE ALCALDE Y SEGUIR DE CONCEJAL 

- 9 de enero. 10.00. "Tienes que dimitir". El secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, pide al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que dimita. 

- 13.00. Rajoy: "Ya no es alcalde". Mariano Rajoy anuncia que el regidor ha puesto su cargo a disposición del PP. 

- 13.15. "No he puesto el cargo a disposición". Al salir de la Audiencia Nacional, el alcalde niega haber dimitido. 

- 13.30. "No hay marcha atrás".Granados le pide de nuevo que dimita. 

- 15.00 "No dimitiré si no hay imputación". En Boadilla, el alcalde, rodeado de 14 de sus 16 concejales, considera "absurdo" dimitir. 

- 19.00. Sólo si se va la 'número 2'. Granados convoca al alcalde y a los concejales a la sede del PP en Génova. González Panero acepta dimitir sólo si también lo hace su número dos, María Jesús Díaz, con la que está enfrentado. 

- Martes 10. 12.00. La dimisión se retrasa. Para esa hora está convocado el pleno que debe aprobar la dimisión del alcalde. Se retrasa a las 13.00 porque María Jesús Díaz no ha presentado todavía su renuncia al acta de concejal. 

- 12.30. Imputado el alcalde. El juez Garzón levanta parcialmente el secreto del sumario de la red de corrupción vinculada al PP. González Panero es uno de los 37 imputados 

- 13.30. Primero ella. La número dos firma su renuncia y entrega el acta de concejal. Minutos después, el alcalde presenta su dimisión como regidor, pero mantiene su acta como concejal. 

- 14.30. Dimite como alcalde, sigue de concejal. El pleno admite la renuncia total de Díaz y la dimisión como alcalde de González Panero 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

DÍAZ Y PANERO SE ENFRENTARON POR EL PROYECTO DE UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS 

La buena relación entre el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y María Jesús Díaz, la concejal a la que ha obligado a abandonar el Ayuntamiento para impedir que ocupara el puesto de alcaldesa al dimitir él, comenzó a deteriorarse en el verano de 2007. Hasta entonces habían sido compañeros de equipo de gobierno en varias legislaturas. Dieron sus primeros pasos en política juntos como concejales en 1991. En las elecciones de 2003, Panero llamó a Díaz y le dio el puesto de primer teniente de alcalde. 

Todo marchaba sobre ruedas. Pero algo se rompió después de los comicios de 2007, hasta el punto de que Panero ha exigido ahora su cabeza. Díaz se enfrentó con él por el proyecto de construcción de una residencia de ancianos en medio del bosque de Boadilla. "Quizá todo empezó a ir mal ahí. Pero yo no estoy en su cabeza", dice la ex edil. 

Panero incluso sospecha que ella puede estar detrás de las acusaciones que le acusan de enriquecimiento, según un dossier que, según Panero, fue elaborado por el concejal Fernando Sánchez. Díaz lo niega. "Yo no conozco ese dossier. Si tuviera la valentía de decirlo delante de mí iría directamente al juzgado de guardia para denunciarlo". Ella achaca las malas relaciones personales a que le disputó la presidencia del partido en el municipio el pasado diciembre. González revalidó su puesto con un 57% de los votos, mientras Díaz obtuvo el 43%. La edil pensaba que su proyecto mejoraba la actual gestión municipal. 

"Está claro que tenemos un concepto distinto de lo que significa la libertad de presentarse a unas elecciones. Él lo ve como un enfrentamiento y yo como una mejora para el municipio, que es de lo que se trata". La ex edil pensaba que Boadilla necesitaba otra trayectoria de gestión "con más apertura al exterior". A partir de ese momento, Díaz perdió la confianza del alcalde, que la despojó de sus competencias como primera teniente de alcalde y concejal de Sanidad. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE BOADILLA DA UN RESPIRO A RAJOY 

"Bueno, ya ha dimitido el alcalde de Boadilla". Mariano Rajoy parecía aliviado a media tarde de ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados en una charla informal con periodistas. Más de 24 horas después de que él lo diera por hecho, con la información que Esperanza Aguirre le había facilitado, el PP de Madrid consiguió convencer a Arturo González para que deje la alcaldía, aunque se quedará como concejal, pese a estar imputado por el juez Baltasar Garzón. 

Rajoy estaba comentando la buena noticia cuando le entró un mensaje con una noticia a su Iphone y cambió la cara. Después respiró. "Uf, es que con estos mensajes... Cinco detenidos, dice aquí... en el País Vasco francés. Menos mal", sonreía. La anécdota muestra la tensión en la que vive el líder del PP, como todo el partido, ante la sucesión de escándalos internos, y su enorme capacidad de resistencia e ironía. 

Reunión de urgencia

González cayó al final -aunque no está suspendido de militancia pese a su imputación-, pero se resistió de nuevo, hasta que a las 14.30, en un pleno en el que no dejó hablar a la oposición, cedió. Sólo lo hizo, a pesar de su imputación, cuando entregó su acta de concejal María Jesús Díaz, la segunda en la lista y sucesora natural, a la que estaba enfrentado. Ésa es la cabeza que él pidió y que el partido le concedió para que no se enrocara, lo que les habría forzado a promover una moción de censura de resultado incierto. 

Rajoy se enfrenta hoy, resuelto el entuerto de Boadilla, a una reunión clave, un Comité Ejecutivo extraordinario para tratar la investigación interna que ha decidido poner en marcha para investigar la relación del PP con la trama corrupta que persigue el juez Garzón. Rajoy pedirá a los suyos, según su entorno, apoyo a sus medidas en estos momentos difíciles. 

Aunque es poco probable que nadie alce la voz en una reunión de más de 100 personas elegidas por el propio Rajoy, que sacó de allí a todos los que le criticaron antes del congreso de Valencia, el desconcierto es total en las filas del partido. Nadie sabe bien cómo acabará la crisis y casi todos los dirigentes temen que deje muy tocada a Esperanza Aguirre y a Francisco Camps, pero especialmente al líder, que es quien sufre el deterioro de la imagen del conjunto del PP. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

UNA DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS OBTUVO 340.000 EUROS DE CULTURA 

Una de las empresas de la red investigada por el juez Baltasar Garzón en la Operación Gürtel consiguió dos contratos de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid por valor de 339.570 euros. La firma Servimadrid Integral, SL, obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organización y celebración de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

En ambas fechas, el responsable de la Consejería de Cultura y Deportes era Santiago Fisas, actual consejero de Cultura, que ahora volverá a hacerse cargo de ambas carteras tras la marcha de Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes), quien dimitió el lunes después de que se conociera su relación con la trama de empresarios investigados, que encabeza Francisco Correa. Fisas declinó ayer pronunciarse sobre este asunto a través de un portavoz. 

Según las pesquisas abiertas por Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para darlos supuestamente a empresas vinculadas a Correa. López Viejo adjudicó a estas firmas al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. El importe de todos era inferior a 12.000 euros, lo que evitaba que fueran sacados a concurso y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

En la primera convocatoria se celebró un concurso abierto, al que se presentaron tres empresas, según un portavoz de la Comunidad de Madrid. En octubre de 2005, con un presupuesto de licitación de 180.000 euros, Servimadrid Integral, SL, obtuvo la adjudicación por 18.000 euros menos y la oferta más barata de las tres aspirantes. Al año siguiente, la misma contratista mejoró la oferta de salida en 12.430 euros, pero esta vez optó al proceso en solitario. 

El presupuesto del contrato, según la Comunidad de Madrid, contempla distintas actuaciones, como el montaje y desmontaje del escenario, invitaciones para 3.000 asistentes, servicio de catering, personal para atender a los invitados, decorados y medios técnicos para el acto, guión y documentación de la gala, siete estatuillas y una medalla cuyo diseño decide la Comunidad de Madrid. También están incluidos en esa partida la contratación de los presentadores de la gala, la proyección de un vídeo institucional y otra grabación homenaje para cada uno de los premiados. 

Servimadrid Integral volvió a optar al concurso para organizar la gala de la cultura durante los dos años siguientes, en los que no resultó elegida. Desde 2007, se encarga de organizar el evento otra firma, Impulsa Iniciativas y Medios, SL, que en los últimos dos años ha obtenido el contrato por 151.850 euros (25.650 menos de lo que ofreció Servimadrid en una de las convocatorias anteriores) y 153.500. La Comunidad no ofreció ayer ninguna explicación de por qué resultó más cara la gala durante los años que la organizó Servimadrid. Enrique Conde, responsable de Impulsa Iniciativas y Medios, aseguró que el presupuesto que presentó su empresa y por el que organizaron el acto, les dejó un margen de beneficios "razonable". 

La Medalla Internacional de las Artes se otorga desde el año 2000 para fomentar la cultura dentro de la Comunidad de Madrid. A lo largo de estos años han resultado galardonados, entre otros, el escritor Mario Vargas Llosa, la cantante de ópera Teresa Berganza y el tenor Plácido Domingo. 

Las investigaciones sobre Servimadrid llevaron el pasado viernes a que funcionarios de la Policía Judicial requirieran documentos en los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda para investigar su relación con esta empresa, con Easy Concept y con Pasadena Viajes, vinculadas a la presunta trama de corrupción. 

El alcalde de Boadilla, el popular Arturo González Panero -uno de los imputados en la trama- presentó ayer su dimisión como primer edil y anunció que se mantendrá de concejal en su municipio. El ex alcalde de Majadahonda, el también cargo popular Guillermo Ortega, dimitió como gerente del Mercado Puerta de Toledo el lunes y también ha resultado imputado en la trama que investiga Garzón. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LAS ROZAS ADJUDICÓ CONTRATOS A SPECIAL EVENTS DE FORMA IRREGULAR 

La mancha de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón en administraciones gobernadas por el PP se extiende por la región como una espesa mancha de aceite. El Ayuntamiento de Las Rozas contrató entre 2002 y 2003 a Special Events, la principal empresa investigada en la trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. 

La concejal de Educación del municipio, Gema Matamoros, adjudicó los contratos para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 y 2003. Esta edil es la esposa del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado por el juez Garzón. 

Matamoros troceó los contratos de Special Events por importes inferiores a 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público. La edil aprobó el gasto de "urgencia". Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo imprescindible para poder realizar cualquier tipo de tramitación". En el curso de 2002, Special Events emitió seis contratos por importe de 24.040 euros, todos con la misma fecha. Los conceptos de las facturas dejan claro que tenían el mismo objetivo: decoración, escenario, sonido, speaker-conductor de ceremonia, exhibición de vuelo de paramotores y personal técnico del acto de inauguración. El interventor municipal advirtió en 2002 de esta irregularidad. 

Un portavoz del Ayuntamiento de Las Rozas explicó ayer que acaban de conocer este caso y aplazan hasta hoy una explicación más elaborada. También aseguró que la concejal de Hacienda ha reclamado las facturas de Special Events para comprobar si son irregulares.En 2003, Matamoros volvió a contratar a Special Events para organizar el acto de inauguración de las olimpiadas escolares por 17.266 euros en total. Y procedió como el año anterior. Troceó el contrato en cuatro facturas para evitar el concurso público. Los mismos conceptos y la misma fecha. El interventor volvió a poner reparos al fraccionamiento del gasto. Pero Special Events cobró por segundo año consecutivo del Ayuntamiento de Las Rozas. 

Un año antes, su marido, alcalde de Majadahonda, había utilizado la misma fórmula para adjudicar a Special Events la realización de un vídeo titulado Creciendo en calidad de vida. Guillermo Ortega fragmentó el contrato en cinco facturas por un importe global de 28.571 euros. Así evitaba el concurso público. 

Los principales accionistas de esta sociedad son Pablo Crespo y Carmen Rodríguez Quijano, ambos imputados por el juez Garzón. Además, Rodríguez es la esposa de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama, y jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda. 

Otra de las empresas del complejo entramado de compañías vinculado con el caso investigado por Garzón es Technology Consulting Management (TCM), cuyo titular es Pablo Crespo Salaris, imputado por el juez y ex secretario de organización del PP en Galicia. Esta empresa tiene contratos repartidos por toda la Comunidad de Madrid. 

En el año 2000, el Ayuntamiento de Arroyomolinos recibe el asesoramiento sobre las modalidades de gestión de los servicios públicos, y especialmente sobre la sociedad pública para la gestión de la vivienda y suelo municipal, por 1.800 euros, según consta en la relación de contratos que TCM presenta para demostrar su viabilidad técnica en el concurso de la gestión de la oficina de atención al cliente de Majadahonda. 

Esta empresa también realiza informes sobre el modo de prestación de servicios del Ayuntamiento de Ciempozuelos en el año 2001, por 12.000 euros. 

Ese mismo año, la empresa Limpiezas Crespo contrata a TCM para que le asesore en el concurso de limpiezas del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por unos 21.000 euros. La empresa se hizo con la contrata de limpieza municipal. Un año después, en 2002, prepara otro informe sobre las necesidades organizativas de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte para la empresa Asesoramiento y Desarrollo Local. Por este trabajo recibió 1.202 euros. 

Además, entre noviembre de 1999 y noviembre de 2002, TCM realiza varios servicios para las empresas de sus accionistas. Tiene varios contratos con Pasadena Viajes y con Special Events, en la que figuran Pablo Crespo y Carmen Rodríguez. Todo un entramado de sociedades y contratos que despiertan sospechas. 

(www.elpais.com, 11/02/09)

UNO DE LOS IMPUTADOS POR GARZÓN ES ASESOR DEL CONCEJAL DE MONCLOA 

Uno de los 37 imputados por la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón es José Javier Nombela, que trabajó hasta 2006 en dos de las empresas implicadas y ejerce desde 2007 como asesor del concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín (PP), según confirmó ayer el edil a este periódico. 

Ballarín -concejal en las listas de Alberto Ruiz-Gallardón aunque más afín a Esperanza Aguirre- subrayó que tiene una opinión "impecable" de su subordinado y que va a esperar a saber por qué está imputado. "Si hay alguna irregularidad, tendrá que dimitir. Pero en este momento mantengo su presunción de inocencia", dijo. La junta de distrito no ha contratado con las empresas investigadas, "al menos desde 2007".Nombela, presidente de Nuevas Generaciones del PP en Moncloa entre 1996 y 2000, ejerció como vocal-vecino del distrito entre 1996 y 2007.  

Ese año, Ballarín fue nombrado concejal-presidente de la Junta de Distrito y le fichó como asesor (tiene dos). Ayer, tras conocer su imputación por Garzón, explicó a Ballarín su relación con dos de las empresas investigadas: entre enero y junio de 2003 trabajó en Special Events (supuesta empresa madre de la trama corrupta) y entre junio de 2003 y octubre de 2006 fue empleado de Easy Concept. Según algunos compañeros del partido consultados, "todo el mundo sabía que trabajó ahí". 

"Ni esas empresas ni ninguna otra de las investigadas por Garzón ha obtenido contratos aquí desde que yo soy concejal-presidente. Y creo que antes tampoco", afirmó Ballarín. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LA HUELLA DE SPECIAL EVENTS SE EXTIENDE AL PP DE LAS ROZAS 

Special Events, la firma de Francisco Correa, detenido como presunto cerebro de la trama de corrupción investigada por el juez Garzón en varios ayuntamientos gobernados por el PP, también dejó su huella en Las Rozas. Este municipio, regido por Bonifacio de Santiago, es un feudo conservador de la zona noroeste de Madrid, donde se ubican otros ayuntamientos ligados a esta red, como Majadahonda o Boadilla del Monte.  

De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso Público, el Ayuntamiento de Las Rozas contrató a la empresa de Correa para organizar dos actos en los años 2002 y 2003, que se celebraron bajo la competencia de la Concejalía de Educación.  

La responsable de este área es Gema Matamoros, casada con Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda a quien Garzón imputa los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. La directora financiera de la empresa organizadora de estos actos, Special Events, es María del Carmen Rodríguez, pareja de Correa, detenida también por Garzón, y jefa de gabinete de Ortega en Majadahonda hasta el año 2005.  

Ambos trabajos los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de los años 2002 y 2003 fueron encargados a Special Events sin que se realizara con anterioridad un expediente de contratación.  

El abono de este servicio se fraccionó a través de varias facturas por importes siempre inferiores a 12.024 euros, el límite que establecía la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de manera que fueron tramitadas y pagadas como si fueran contratos menores cuando, en realidad, se trataba de varias actividades que formaban parte del mismo servicio. 

Así, las seis facturas abonadas por el Ayuntamiento de las Rozas a Special Events en el año 2002 sumaban un total de 24.040 euros. En esta ocasión, se facturaron por separado los siguientes conceptos: decoración, escenario, sonido, conductor de la ceremonia, personal técnico y una exhibición de vuelo realizada en el mismo acto. El importe mayor asciende a 4.507 euros, la factura menor fue de 3.666,17 euros.  

En el acto organizado por Special Events para el Ayuntamiento de Las Rozas en el año 2003, el total de las facturas abonadas importó una cantidad de 17.266 euros, aunque se presentaron cuatro partidas distintas, dividiendo el gasto mediante conceptos similares a los descritos para el año anterior.  

En una nota del interventor municipal encargado del control y fiscalización interna de la gestión económico financiera y presupuestaria, fechada el 17 de julio de 2003, este funcionario insertó en el documento que obliga al pago de las facturas la siguiente observación: "No se ha dado cumplimiento al artículo 68 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que al Área de Educación se le informa del contenido de dicha normativa".  

Este artículo establece, entre otras cosas, que cada expediente "deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello".  

Asimismo, la citada ley indica en el mismo artículo que "no podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda".  

(www.publico.es, 11/02/09) 

LA INVESTIGACIÓN DE GARZÓN TAMBIÉN SALPICA AL PP ANDALUZ 

La empresa Rialgreen, investigada por el juez Garzón, no justificó ante la Cámara de Cuentas de Andalucía sus servicios al PP de esta comunidad durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2004, cuando la candidata conservadora fue Teófila Martínez. "Nuestro partido tiene las cuentas claras de la A a la Z", dijo el martes Javier Arenas, presidente del PP-A, al ser preguntado por este hecho. 

Rialgreen, empresa de publicidad con la que supuestamente tiene relación Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, figura en el informe de fiscalización de los gastos electorales de las autonómicas de 2004 dentro del apartado de "Proveedores que no han informado a la Cámara de Cuentas de Andalucía de la facturación realizada a las formaciones políticas e importe de la misma". Crespo también estaba relacionado con la firma Special Events, empresa ahora investigada que ha trabajado en campañas del PP en Madrid y en Valencia anteriores a lasautonómicas de 2004. 

La empresa Rialgreen tiene un cargo del PP andaluz de 520.491 euros, más que cualquiera de las 15 firmas que no justificaron sus trabajos en aquella campaña. La segunda con mayor importe fue Francisca Vico Lobillo, que trabajó para Izquierda Unida por 64.149 euros. 

"La Cámara de Cuentas no ha puesto al PP de Andalucía ningún reparo, de ningún tipo", dijo Arenas, que subrayó que su partido tiene "todos los gastos justificados". "No le debemos ni un duro a nadie", añadió el también vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP, que afirmó que "sería muy interesante investigar cuántas adjudicaciones" ha realizado la Junta de Andalucía a las empresas que han trabajado en las campañas electorales del PSOE. "A las que han trabajado con nosotros, ninguna", dijo. 

Arenas sacó a la palestra el caso del ex alcalde de Ohanes (Almería), Juan Francisco Sierra, ya expulsado del PSOE y que el lunes declarará por cohecho. De Sierra circula un vídeo en el que recibe dinero de un promotor. "El vídeo es un retrato psicológico de un fracaso de 26 años", manifestó Arenas, que preguntó "qué papel ha desempeñado la Junta" en Ohanes. "Ese señor ya no pertenece al PSOE y ya no es alcalde de ese pueblo. Así actuamos nosotros, con la expulsión", respondió Manuel Chaves.  

(www.publico.es, 11/02/09) 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

MANOS LIMPIAS VINCULA EN EL CASO DE BOADILLA A MICHAVILA Y ÉSTE LO NIEGA

El documento entregado ayer ante la Fiscalía Anticorrupción por el sindicato Manos Limpias asegura que el ex ministro de Justicia José María Michavila se encuentra en la lista de "amigos implicados en los negocios" del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Michavila, diputado del PP por Valencia y hermano de la jefa de gabinete del presidente Camps, Ana Michavila, desmintió cualquier relación con los negocios de Panero.

En ese listado de "amigos implicados en los negocios" del alcalde de Boadilla, Manos Limpias incluye también a Francisco Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano y Pablo Crespo Sabaris, los tres detenidos en la Operación Gürtel llevada a cabo por el juez Garzón.

Según declaró Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, el alcalde de Boadilla acudía "a despachos de abogados externos", entre ellos el de José María Michavila, para que emitieran informes "para favorecer las adjudicaciones a dedo realizadas por el alcalde y que recibían el rechazo de los técnicos municipales".

(www.levante-emv.com, 11/02/09)

Esperanza Aguirre a la teniente de alcalde de Boadilla: “Dimite por favor que, si no, lo tengo que hacer yo en dos días”

La reunión del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, los concejales del PP de la localidad y el secretario general del partido, Francisco Granados, pudo haberse saldado en auténtica catástrofe para el PP de no ser por la intervención in extremis de Esperanza Aguirre que convenció a la primera teniente de alcalde de Boadilla, María Jesús Díaz (y contrincante de Panero en el seno del PP), para que también dimitiera, tal y como exigía el propio regidor y sus 13 concejales fieles. Según ha podido saber El Plural, Panero habría amenazado a Granados con tirar de la manta y explicar todo lo que sabe de la trama de corrupción que investiga el juez Garzón, si detrás de él no salía también del Ayuntamiento Díaz.

• La china en el zapato de Aguirre está en Boadilla (Madrid)

• El alcalde de Boadilla dimite finalmente después de desdecir al propio Rajoy

• El entorno del alcalde de Boadilla (Madrid) denuncia una conspiracion de El Plural y otros...

Díaz, que ocupó el número dos en las listas municipales, era la enemiga interna de Panero y en el último congreso local le plantó cara. El hasta ahora regidor de Boadilla consiguió revalidar su mandato por 184 votos frente a los 136 que cosechó María Jesús.

14 contra 2
Esta correlación de fuerzas no es la misma que la que mantienen en el Ayuntamiento, donde están 14 a 2 (la propia María Jesús y el concejal Francisco Sánchez Arranz, a quien Panero acusa de haber filtrado un informe sobre sus presuntas propiedades en Miami). Ayer, ante Granados, Panero y sus 13 concejales exigieron que también saliera del consistorio María Jesús Díaz.

Intervención de Aguirre
Ante la amenaza de Panero fue necesaria la intervención personal de Aguirre, que, según fuentes consultadas por El Plural, pidió “por favor” a Díaz que dimitiera. “Si no, lo tengo que hacer yo en dos días”. Finalmente la concejala accedió a hacerlo. Aunque la versión oficial es que lo hizo con tal de no perjudicar la elección de un nuevo alcalde, detrás estaría la seria amenaza de Panero de contarlo todo. Esas fuentes añadieron: “Aunque obliguen a María Jesús de modo que se vea obligada a desmentir lo sucedido, la verdad es que existió la amenaza de Panero y la intervención de Aguirre”

Cesada por venganza
María Jesús, que durante 10 años ocupó la seecretaría general del PP local, fue cesada por Panero de todos sus cargos en el consistorio (Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, Concejala Delegada de Servicios Sociales y Protección Civil, y miembro de la Junta de Gobierno Local), justo después de la celebración del congreso en el que intentó arrebatarle el control del partido en la localidad. Hoy ha conseguido que renuncie a su acta de concejala.

El imputado Panero formaliza su dimisión
Esta mañana, Panero, ha renunciado a su cargo como alcalde pero continúa como concejal, ante las protestas de los cuatro ediles de la oposición socialista y de Ángel Galindo, único concejal de Alternativa por Boadilla. Por otra parte, el juez Garzón, que ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la trama de corrupción que investiga, le ha imputado en la causa junto a otras 36 personas.

www.elplural.com 10.02.09

AGUIRRE SACRIFICA A DOS CARGOS DE MADRID ANTE EL ALUD DE SOSPECHAS 

Apenas han hecho falta tres días desde que trascendió la investigación sobre cohecho relacionado con el PP para que dos de sus cargos en la Comunidad de Madrid hayan "presentado su dimisión". Aunque se presentara como una decisión voluntaria, la encargada de anunciarlo fue la propia presidenta, Esperanza Aguirre, quien calificó las dimisiones como necesarias y generosas para evitar que la causa judicial se relacione con la actividad de la Comunidad de Madrid. Alberto López Viejo, hasta ayer consejero de Deportes, y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y hasta ayer gerente del Mercado Puerta de Toledo de Madrid, se convirtieron ayer en los dos primeros sacos de arena que pone el PP en su trinchera ante la ofensiva judicial que se avecina contra el partido. 

Aguirre exculpó contundentemente a López Viejo, pero no lo hizo con Ortega. "Desconozco las razones que tiene para dimitir", dijo. Lo relacionó con un caso de corrupción denunciado en 2005 en torno a unas adjudicaciones municipales denunciadas por dos concejales del PP. 

Según la investigación del juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, Alberto López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a Down Town Consulting, una de las empresas vinculadas al cabecilla de la trama, Francisco Correa. Esta firma pasó a llamarse Easy Concept Comunicación. López Viejo adjudicó a las empresas de la trama al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. Todos, por importe inferior a 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso y entre ellos, un "acto para la recepción de deportistas paralímpicos" (10.747 euros) o una "lona para la Ciudad Olímpica" (3.176 euros). 

Guillermo Ortega, en su etapa de alcalde de Majadahonda (entre 2001 y 2005), contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Correa, otra de las investigadas. Ortega aprobó contratos con Special Events, la principal empresa de la trama de corrupción por más de 125.000 euros.

"Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid", declaró Aguirre. La presidenta insistió varias veces: "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". "Ha organizado los actos de la Comunidad", que definió como "poner sillas y luces", y algunos de los contratos han ido a parar a "empresas que son las que se están investigando". Esas contrataciones se hicieron con el único criterio de "la confianza que esas empresas daban a los técnicos de López Viejo". 

"No teníamos ni idea", es el resumen exculpatorio de Aguirre. La presidenta aseguró que ella hizo indagaciones en 2005 para ver si se había contratado con Special Events, la empresa de Francisco Correa que por entonces ya era investigada y que la cúpula del PP con Rajoy había vetado en las contrataciones. "Pero resulta que las empresas mutan", sostuvo gráficamente Aguirre, es decir, cambian de nombre. 

La presidenta de Madrid aseguró con contundencia, sin embargo, que, desde que ella preside el partido en Madrid (2004) "ni esta empresa ni ninguna de las otras ha organizado actos del PP". La Consejería de Deportes se integrará en la de Cultura y Turismo. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

LA RESISTENCIA DEL ALCALDE DE BOADILLA COMPLICA LA IMAGEN DE FIRMEZA DE RAJOY 

Mariano Rajoy, Javier Arenas y Federico Trillo, tres pata negra del PP que llevan más de 30 años en política, curtidos en mil batallas y todos ellos ex ministros de Aznar, entraron juntos y con cara de circunstancia en la sala de prensa de Génova. Querían darle la mayor gravedad a la comparecencia del líder, la primera en un mes en su sede nacional, a pesar de la ristra de escándalos. 

Los históricos del PP habían preparado con detalle la reacción del partido después de que EL PAÍS revelara que Francisco Correa, jefe de la supuesta trama de tráfico de intereses vinculada al PP que investiga el juez Garzón, presumía de haber entregado en mano 1.000 millones de pesetas al tesorero del PP, Luis Bárcenas. 

Todo estaba cuidado, hasta la escenificación, pero se fue al traste por un alcalde díscolo. Rajoy desmintió todo lo que dice Correa y anunció las medidas que toma el partido -abrir una investigación interna, personarse en la causa, pedir amparo al CGPJ por las filtraciones del sumario- y guardó para el final la noticia: "El alcalde de Boadilla [presuntamente implicado en la trama y veterano regidor de ese municipio residencial madrileño] ha puesto su cargo a disposición del partido y el PP de Madrid ha aceptado su dimisión. Ha dejado de ser alcalde". 

Pero pocos minutos después, y a unos 200 metros de donde hablaba el líder del PP, en la puerta de la Audiencia Nacional, el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, desmentía al presidente de su partido: "No he puesto mi cargo a disposición". 

El estupor en la cúpula del PP fue inmediato. ¿Qué había pasado? Una rebelión en toda regla. El alcalde había sido citado a las 10.00 en Génova por Francisco Granados, secretario general del PP madrileño. Después de una fuerte presión, le convenció de que debía dimitir. Quedaron en que lo anunciaría después de hablar con Garzón. Granados llamó a Esperanza Aguirre y ésta a Rajoy para confirmarle la dimisión. Pero el juez le dijo al alcalde que, de momento, no tiene nada contra él, y González cambió de idea. Granados le llamó enfurecido: "¿Qué has hecho?". "Necesito más tiempo, Garzón me ha dicho que no hay nada contra mí", contestó el alcalde. "Ya no hay marcha atrás, la decisión está tomada, tienes que dimitir", zanjó Granados. 

González se refugió en Boadilla, donde compareció con 14 de los 16 concejales del PP para mostrar su fuerza. "Mientras no haya imputación es absurdo que presente la dimisión. Entonces no quedaría ningún político", se defendió. El PP mantiene como presidente de la Diputación de Castellón a Carlos Fabra, imputado por varios delitos fiscales y de tráfico de influencias. A última hora, según Granados, González cedió a la presión y dimitirá finalmente. 

El entuerto de Boadilla tapó la principal decisión tomada por Rajoy después de casi un mes de escándalos. El líder, presionado por barones, dirigentes rivales y afines que le exigían que moviera pieza, esperó de nuevo mucho tiempo -tres días-, dejó a algunos de los suyos a los pies de los caballos -sobre todo a Dolores de Cospedal, que el sábado recuperó Filesa y los GAL y negó que todo esto tuviera nada que ver con el PP- pero al final, con Arenas, Trillo, Ana Mato y Esteban González Pons aconsejándole, dio el puñetazo que muchos esperaban. 

Rajoy defendió la honorabilidad del PP y aseguró que todo lo que tiene que ver con su financiación está supervisado por el Tribunal de Cuentas, pero confirmó la información de EL PAÍS. Admitió que él, como jefe de campaña en 1996 y 2000, conocía a Francisco Correa, que entonces, con su empresa Special Events, hacía todo para el PP. Y reconoció que en Génova se dio la orden de no trabajar más con él. "Supimos que utilizaban el nombre de la dirección del PP para obtener ventajas en algunos ayuntamientos del norte de Madrid". ¿Por qué no lo denunció?, le preguntaron. "Porque no vimos delito". ¿Y por qué no avisó al PP de la Comunidad Valenciana, que siguió trabajando con ellos? "Sólo avisamos a los municipios de Madrid aludidos de que ellos [Special Events] no hablaban en nuestro nombre", sentenció. 

Rajoy ha convocado para mañana un Comité Ejecutivo Nacional extraordinario para tratar este asunto. De momento, el líder, que acaba de dejar en suspenso una inaudita investigación interna por el caso del espionaje, abre otra por la vinculación del PP con Special Events. Y anuncia expulsiones inmediatas para cualquier militante que se vea implicado. De momento han rodado cabezas en Madrid. Ahora la presión pasa a la Comunidad Valenciana, donde se refugiaron Correa y su socio, Álvaro Pérez. Todo, a menos de tres semanas de unos comicios clave. ¿Cree que esto afectará a las elecciones?, le preguntaron ayer. "Espero que no", sólo acertó a decir Rajoy. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL TIRA Y AFLOJA EN GÉNOVA

- 10.00. "Tienes que dimitir". Francisco Granados cita en su despacho de Génova a Arturo González, alcalde de Boadilla (Madrid). "Tienes que dimitir por el bien del partido", le dice Granados. Se resiste pero cede, y pactan que González lo anunciará. 

- 12.00. Aguirre habla con Rajoy. Granados llama a Aguirre para confirmarle que González ha cedido. Ésta habla con Rajoy y le da la noticia, que ya difunden algunos medios. 

- 13.00: Rajoy: "Ya no es alcalde, ha presentado su dimisión". El líder del PP es tajante ante los periodistas: "Ya ha dejado de ser alcalde, ya no es alcalde. Ha puesto el cargo a disposición del partido y el PP de Madrid le ha aceptado su dimisión". 

- 13.15: "Yo no he puesto mi cargo a disposición del partido". González, a menos de 200 metros de donde está hablando Rajoy, le desmiente. "No he puesto mi cargo a disposición", asegura a la salida de la Audiencia Nacional. 

- 13.30: "Esto no tiene marcha atrás". Granados, enfurecido, llama a González y le dice: "Esto no tiene marcha atrás, tienes que dimitir, ya lo ha anunciado el presidente del partido". 

- 15.00: "Es absurdo que dimita". Ya en Boadilla, el alcalde se siente más fuerte, comparece con 14 de los 16 concejales del PP y dice: "No dimitiré mientras no haya ninguna imputación". 

- 19.00: Ya dimite. Granados convoca a todos los concejales en Génova y asegura que González dimitirá hoy. El alcalde acepta a cambio de que también se vaya la número dos de la lista, María Jesús Díaz, a la que estaba enfrentado. 

- 19.20. Cese de un consejero madrileño. Aguirre anuncia en la Puerta del Sol la dimisión del consejero López Viejo y del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo. 

EL PP MADRILEÑO, AL BORDE DEL COLAPSO: ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA AHORA A GRANADOS POR UN POSIBLE COHECHO 

Al número dos del PP madrileño y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, se le acumulan los problemas: después de verse envuelto en la supuesta trama de espionaje que el viernes comenzó a debatirse en la comisión de investigación del Parlamento autonómico, hoy se ha sabido que la Fiscalía Anticorrupción le investiga ahora por un presunto delito continuado de cohecho durante su época como alcalde de Valdemoro. 

El PP madrileño está al borde del colapso. Por si fuera poco, al escándalo de la red de espionaje dependiente presuntamente del mismo Granados, y la trama de corrupción de Boadilla, hoy se le suma un nuevo caso. Según publica hoy el digital ElConfidencial.com, la Fiscalía Anticorrupción investiga desde el pasado mes de noviembre al secretario general de los populares madrileños y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la región, Francisco Granados. Después de que el consejero de Esperanza Aguirre se haya visto directamente implicado en la supuesta trama de espionaje desatada en la Comunidad de Madrid, Granados está acusado ahora, según el mencionado diario, de un presunto delito continuado de cohecho mientras ocupó la alcaldía del municipio de Valdemoro, entre junio de 1999 y noviembre de 2003.

Favores urbanísticos a cambio de comisiones 

Según esta información, Anticorrupción abrió diligencias contra el consejero madrileño tras recibir la denuncia de una promotora inmobiliaria que aseguraba haber sido beneficiada por la recalificación de terrenos en Valdemoro a cambio de importantes comisiones mientras Granados gobernaba en el municipio. Además, la investigación de la Fiscalía se extiende también a cerca de una docena de municipios madrileños, además de otros en Castilla- La Mancha y Andalucía, la mayoría de ellos gobernados en los últimos años por el PP.

Registros 

La denuncia de la promotora detalla numerosas pruebas de los supuestos sobornos recibidos y de las presuntas comisiones que se le habrían cobrado como pago de favores por las adjudicaciones de trabajos. En base a ella, la Policía judicial ya habría realizado registros en la sede central de la empresa, donde se habría incautado de numerosa documentación que aún estaría siendo analizada.

Rastreo del patrimonio 

Anticorrupción ha requerido además a la Fiscalía de Madrid para que colabore en esta investigación e inicie un rastreo del patrimonio personal de este hombre fuerte de Aguirre. 

Del tamayazo a número dos 

Francisco Granados, uno de los hombres más cercanos a la presidenta Aguirre no ha tenido una larga carrera política. En solo un año pasó de ser un simple parlamentario de la Asamblea de Madrid y alcalde del municipio de Valdemoro a secretario general de los populares madrileños, previo paso, ¡atención!, por la presidencia de la Comisión de la Asamblea de Madrid que investigó el tamayazo. Su nombre se ha visto envuelto en oscuros episodios, entre ellos, la trama del espionaje; el incendio del  coche de su mujer,  que reveló que el vehículo estaba puesto a nombre de la empresa Grandes Locales de Negocio, presidida por un constructor cántabro que había edificado numerosos espacios en Valdemoro durante su mandato como alcalde y la compra de un chalet en Marbella a otro constructor favorecido en Valdemoro. 

(www.elplural.com, 10/02/09) 

BAJO SOSPECHA DESDE HACE VARIOS AÑOS 

Una veterana ex concejal del PP de un municipio de Madrid lo resume así: "A partir de 2000, cuando Aznar logra la segunda mayoría absoluta, todo cambia en el partido. Compañeros que habían estado en Nuevas Generaciones se hacen con el poder. No hay obstáculos para ellos". 

Y así comienza el historial de relaciones entre políticos del PP madrileño con la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. En esa época Arturo González Panero y Guillermo Ortega ocupan la alcaldía de Boadilla y Majadahonda. Comienzan a tener relación con Francisco Correa, supuesto cabecilla de la red de empresas investigadas por el juez. En 2001, Special Events, la principal sociedad de la trama, se adjudica un contrato para la realización de un vídeo promocional en Majadahonda por 28.571 euros. Carmen Rodríguez, esposa de Correa y una de las investigadas por Garzón, era la jefa de gabinete del alcalde. Tan sólo unos meses antes había cesado como administradora de la empresa. 

En abril de 2002, el alcalde de Boadilla viaja a Miami con Correa y otros dos concejales. Van a comprar propiedades inmobiliarias, según reconoce uno de los que estuvieron allí. Para entonces Panero ya había contratado varios viajes de hermanamientos entre municipios con la empresa Pasadena, firma que también está vinculada a Correa.

Para entonces Alberto López Viejo ya acumulaba sospechas por su gestión al frente de la Concejalía de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de ellos, fue nombrado viceconsejero de Presidencia en mayo de 2004. Justo un mes antes este departamento adjudica 15 contratos a Easy Concept Comunicación, otra de las empresas de la trama, para organizar el homenaje del 11-M, por unos 130.000 euros en contratos separados menores de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público.  

Pero Aguirre se deshizo en elogios hacia él. La presidenta regional, sin embargo, renunció a defender a Guillermo Ortega. "Desconozco las razones de su dimisión", dijo. Pero la dirigente aclaró que conocía el caso que acabó con Guillermo Ortega al frente del Ayuntamiento de Majadahonda. Aquel en el que "hubo dos tránsfugas", dos concejales del PP que denunciaron la venta irregular de una parcela y la adjudicación de la oficina de atención al ciudadano de Majadahonda a la compañía TCM (Tecnology Consulting Management). En ambos casos los beneficiarios eran empresas de la trama. 

Aguirre no sólo dejó a los pies de los caballos a Ortega, a quien recolocó ella como gerente del Mercado Puerta de Toledo, sino que recordó que el actual alcalde de Majadahonda, su amigo Narciso de Foxá (PP), paralizó esos dos contratos en cuanto llegó al cargo. La diferencia de consideración que Aguirre mostró ayer entre López Viejo y Ortega fue sorprendente. La presidenta asumió toda la responsabilidad por la sonora discordancia entre Rajoy y el alcalde de Boadilla. Panero negó ayer haber cesado, pese a que Rajoy lo había anunciado poco antes. Finalmente, Francisco Granados, anunció que el alcalde dimitiría hoy. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL CONSEJERO DE DEPORTES ESCENÓGRAFO ELECTORAL DE AGUIRRE 

Alberto López Viejo, de 41 años, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP, que cesó ayer, es considerado un hombre estrechamente vinculado a Esperanza Aguirre. Fue responsable en 2003 de sus escenografías electorales, que montaba la compañía Special Events, regida por Francisco Correa, detenido por el juez Garzón. Como concejal de Limpieza entre 1999 y 2003, creó un servicio urgente criticado como superfluo y con cometidos duplicados por la oposición socialista, que trató de vincularle con un presunto trato de favor a varias contratas. 

En mitad del mitin que realizaba José María Aznar en febrero de 2003, un joven de 17 años se levantó y gritó "¡No a la guerra!". Estuvo a punto de ser linchado. López Viejo se ocupó personalmente de desalojarlo de la sala. Del acto que él había organizado. Porque eso, ocuparse de los eventos, "del sonido, de la seguridad, incluso de llevar pinganillo", según algunos conocidos, es lo que le gustaba. "Era el que se encargaba de llenar los autobuses con militantes para que aplaudieran a Aguirre en las inauguraciones del metro", explica una compañera. Y así, Alberto López Viejo, de 41 años, se ganó la confianza de los de dentro del partido y conoció a otros, como Francisco Correa, que se dedicaban, también con dinero público, a algo parecido a lo que a él tanto le gustaba, la escenografía electoral. 

Criado en Nuevas Generaciones en la época en que la organización estaba presidida por el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, el dimisionario consejero de Deportes entró en el Ayuntamiento de Madrid en 1995, de la mano de José María Álvarez del Manzano. Le pusieron al mando de los distritos de Carabanchel y de Usera. "Era joven, y tenía ganas. Era de los pocos que tenían un cargo a esa edad", recuerda un compañero suyo de la época de Nuevas Generaciones. 

Ambicioso, deseoso de destacar y de que hablaran de él, no perdía ocasión para pedir la palabra en los plenos. A los pocos años, le llegó un regalo envenenado: concejal de Limpieza. Por fin dejaba atrás su etapa poco agradecida de concejal de distrito de las afueras y se hacía con un área. Pero, por lo general, si se habla mucho del concejal de Limpieza... mal asunto. Esto quiere decir que la ciudad está sucia, que la gestión no es buena.... Lo mejor es la discreción. Pero eso no cuadraba con el nuevo concejal, que estaba dispuesto a (y consiguió) que se hablara de él. 

Se dio cuenta de que uno de los servicios más apreciados por los madrileños (y por el alcalde Manzano) era el Samur. Y se inventó uno para su área: el Selur, Servicio de limpieza urgente. Un equipo de barrenderos vestidos con uniformes brillantes que acudía a eventos particulares y desplegaba una eficacia y una rapidez encomiable: en la Puerta del Sol el 31 de diciembre, en procesiones, desfiles militares, en la cabalgata de Reyes... Siempre aparecían los empleados del Selur, con camiones modernos con destellos naranjas. Tanto, que se le acusó de ordenar a su flamante ejército limpiar con ahínco la acera de la discoteca Gabana, donde iban a celebrar la fiesta de boda la pareja Agag-Aznar. En otra ocasión, su tropa de limpiadores se encargó de barrer a los empleados de Sintel acampados varios días en la Castellana para protestar por sus despidos. 

La presentación de este servicio (y la de muchas máquinas nuevas de limpieza) constituyó todo un símbolo del carácter de este edil que pensaba que el cargo le venía pequeño: una carpa, música y presentador, como si en vez de un equipo de limpieza se presentara una banda de rock. Alguno se echó las manos a la cabeza. Le acusaron de despilfarrador y de hortera. Pero López Viejo, un edil que había llegado al Ayuntamiento para que se hablara de él, estaba encantado. Pero las acusaciones pasaron de hortera, a presumible corrupto, y la oposición trató de vincularlo una y otra vez con presuntos delitos de doble contabilidad. Salió indemne. Pero cuando Gallardón llegó al Ayuntamiento no le quiso. Él captó la indirecta y se fue a los brazos de Aguirre, que lo colocó encantada como número seis de su lista y director adjunto de la campaña. Lo que él sabía hacer mejor. "Hoy es esperancista. Mataría por ella. Supongo que por eso, si es que ella se lo ha pedido, no ha dudado ni un momento en dimitir", cuenta un miembro del Comité Ejecutivo del PP madrileño que señala que "quien no puede ni verle es el vicepresidente, Ignacio González". 

En un principio Aguirre fue reticente en incluirlo en su gobierno por las sospechas y permanente críticas que despertaba en la oposición, pero al cabo de pocos meses le nombró vicepresidente segundo de Presidencia, y luego consejero de Deportes y Juventud. Si se demuestra algo, dijo la presidenta, "tendrá que dimitir". Ayer todo se precipitó. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL ALCALDE DE BOADILLA UN REGIDOR QUE NO QUERÍA IRSE 

El PP obligó ayer al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, de 42 años, a abandonar la alcaldía por las denuncias de su presunta implicación en la trama de corrupción. Rajoy lo anunció por la mañana y él lo había aceptado. Pero después de que el juez Garzón le dijera que no tenía nada contra él, cambió de opinión. Panero llegó a Boadilla en 1991. Entonces gobernaba Nieves Hernández, del PP. En 1999 llega a ser alcalde después de una moción de censura contra su mentora, Hernández. Pactó con cuatro concejales de Eficacia Independiente (EI). 

Panero gobernó con EI hasta que el grupo tuvo problemas internos y se disolvió. El PP arrasó en las elecciones de 2003. Consiguió mayoría absoluta y se convirtió en uno de los bastiones de los populares en el noroeste madrileño. Fue en esos años cuando se tiene constancia de su relación con Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción investigada por Baltasar Garzón. 

El 18 de abril de 2002 Panero viajó con Correa a Miami, con ellos iba el entonces concejal José Galeote. Y se unió Francisco Sánchez, que se convertiría en edil de Sanidad e Higiene de Boadilla en 2007. Éste asegura que el alcalde alardeaba de "comprar en Miami y tener muchas propiedades". En julio de 2003 Panero volvió a repetir viaje con Correa. El viernes pasado la Policía requirió documentos en el Ayuntamiento sobre su relación con las empresas Easy Concept, Pasadena Viajes y Servimadrid Integral, vinculadas a la trama de corrupción. Boadilla contrató a la primera para gestionar la Oficina de Atención al Ciudadano. Paga por ello 506.000 euros anuales. 

En 2007 los populares repitieron resultados: de 21 concejales, obtuvieron 16. El PSOE se quedó con cuatro y APB con uno. Nadie podía imaginar que en menos de dos años le obligarían a dimitir. La actitud de Panero ya había cambiado. Sus adversarios políticos, PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) le califican de "prepotente y dictatorial". "No sólo con nosotros, que al fin y al cabo somos ediles de la oposición, sino con sus propios compañeros. Realmente tiene muy poca sensibilidad y empatía", señala Pablo Nieto, portavoz de los socialistas boadillenses. Asegura que cuando se le rebate en los plenos su tono se vuelve despreciativo e incluso insultante. A la vez le reconoce un "gran instinto político". "Es ágil mentalmente, salta de un argumento a otro con gran facilidad", indica. González, que cobra unos 85.000 euros anuales, se ha rodeado de un séquito de asesores. "29 nada más ni nada menos", puntualiza Nieto. El Consistorio se gasta 1.269.000 euros al año en pagar sus sueldos. 

Los resultados electorales auguraban un mandato sin grandes complicaciones. Nada más lejos de la realidad. El clima en el PP se fue enrareciendo. Los problemas comenzaron con un dossier que empezó a circular hace aproximadamente año y medio en el que se acusaba al regidor de poseer un patrimonio inmobiliario, con casas en España y Miami, que no concordaba con sus ingresos. Él negó todas las acusaciones e incluso denunció por calumnias a uno de sus ediles, Francisco Sánchez, al que considera autor del informe. Previamente, le había despojado de sus competencias como concejal de Sanidad. 

No fue su único quebradero de cabeza. La primera teniente de alcalde y edil de Servicios Sociales, María Jesús Díaz, le disputó la presidencia del partido en el municipio el pasado mes de diciembre. González revalidó su puesto con un 57% de los votos, Díaz obtuvo el 43%. Panero no perdió más tiempo y una vez pasadas las elecciones, la destituyó de todos sus cargos. 

"En ese momento hubo bastante lío, pero nada comparado con lo de ahora". En el pleno en el que se dio cuenta de su cese no apareció ni el alcalde, ni Díaz. "En un principio nos comentaron que estaba enfermo, pero después nos enteramos de que estaba en Brasil para ver el último Gran Premio de la temporada de Fórmula 1", explica Ángel Galindo, portavoz de APB. Le invitó el Banco de Santander, patrocinador de la escudería McLaren Mercedes, que tiene en Boadilla del Monte su Ciudad Financiera. 

El clima político del Ayuntamiento era irrespirable, según la oposición. Los ediles pidieron una comisión de investigación debido a que los problemas internos del PP afectaban al funcionamiento del Consistorio. También en diciembre, PSOE y APB abandonaron un pleno debido a que les impidieron participar. Además, Panero se enfrenta a diferentes procesos judiciales abiertos por sus opositores, PSOE y APB. Ambos grupos le han denunciado por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación continuada y contrataciones ilegales. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

RECOLOCADO TRAS SER DESTITUIDO 

Guillermo Ortega, de 41 años, llegó a la alcaldía de Majadahonda cuando Ricardo Romero de Tejada dejó el municipio en mayo de 2001 para ser secretario general del PP de Madrid. En 2005, el PP le obligó a dimitir por un escándalo urbanístico, pero le colocaron como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Ahora dimite también de este cargo por sus implicaciones con la trama de corrupción. Durante su mandato contrató a la empresa Special Events, vinculada a Francisco Correa. Su jefa de gabinete fue María del Carmen Rodríguez, detenida y puesta en libertad con cargos. 

Ortega está vinculado al PP desde su adolescencia. Con 14 años entró a formar parte de las filas del partido. Su ascensión en la política se la debe a Ricardo Romero de Tejada. Cuando éste abandonó el Ayuntamiento era concejal de Urbanismo, primer teniente de alcalde y número dos de la lista del PP. Ganó las elecciones de 2003 con mayoría absoluta. "Le venía grande el puesto. No estaba preparado para asumir esa responsabilidad", opina Mercedes Pedreira, concejal del Grupo Centrista. 

En marzo de 2005 se gestó en el municipio una crisis político-urbanística que acabó con el relevo de Ortega y una denuncia del PSOE por prevaricación y tráfico de influencias que investigó el fiscal anticorrupción. Finalmente, el caso se archivó. 

Pero la situación en el Consistorio majariego era insostenible, el alcalde se encontró solo, con el único apoyo de dos concejales, José Luis Peñas y Juan José Moreno, a los que el partido acabó expulsando. A su lado estaba también María del Carmen Rodríguez -esposa de Franciscon Correa, presunto responsable de la trama- detenida el pasado viernes y puesta en libertad. Guillermo Ortega se vio obligado a dimitir en febrero de 2005 "por motivos de salud", dijo. Esto no le impidió ejercer de gerente del Mercado Puerta de Toledo, puesto en el que le colocó Aguirre, durante todos estos años. Puesto al que ahora también se ve obligado a renunciar. 

El PSOE denunció que Rodríguez compaginó durante 2001 su puesto de administradora única de Special Events con el de asesora del alcalde. El 20 de septiembre se pagaron 28.571 euros a Special Events por la realización de un vídeo. A otra de las empresas investigadas por Garzón, TCM, se le adjudicó la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano por 612.551 euros. Al final, el importe llegaba a dos millones de euros anuales. Narciso de Foxá, el alcalde que sustituyó a Ortega, anuló el contrato. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE, AMIGO DEL JEFE DE LA TRAMA 

El entramado de relaciones con los implicados en el escándalo se extiende por multitud de ayuntamientos de Madrid, distintos organismos de la Comunidad y hasta el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, Benjamín Martín Vasco, el diputado del PP en la Asamblea que ha sido designado presidente de la comisión de investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid, es amigo personal de Francisco Correa, el empresario detenido.  

Martín Vasco está siendo investigado y que una de las detenidas, Isabel Jordán, asegura en una grabación que a Martín Vasco le pagaron para que callara sobre operaciones urbanísticas en Arganda. Fuentes de la Audiencia aseguran que, por el momento, no está imputado en este sumario. El diputado autonómico admite su relación de amistad con Correa. De hecho, explica que antes de 2005 coincidía con él en Marbella, mientras pasaban las vacaciones de verano. Según su versión, salían y asistían a fiestas con grupos de amigos. Niega que fuera de vacaciones a su casa en Marbella y asegura que desde 2005 viaja a Estepona y ya no coincide con Correa. Pero admite su relación de amistad. 

El empresario detenido está casado con Carmen Rodríguez, hija de un constructor recientemente fallecido que estuvo implicado en la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Algunas fuentes aseguran que Martín Vasco coincidió en Marbella con Emilio Rodríguez Buallo, el suegro constructor de Correa. 

Otra relación llamativa es la de la jefa de gabinete del todavía alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que está casada con David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. 

Elena Cerezo Rodero ocupa ese cargo de confianza del alcalde desde hace seis años. Fuentes del PP en la Asamblea aseguran que se trata de un cargo técnico y que la esposa del portavoz es especialista en comunicación. 

Por el cargo de jefa de Gabinete, Elena Cerezo, de 36 años, tiene acceso a la agenda del alcalde de Boadilla, que, entre otras cosas, viajó a Miami con Correa. También se ha asegurado en algunos medios que adquirió un apartamento en Estados Unidos. 

Fuentes del PP aseguran que cuando fue designada por González Panero para el cargo, hace seis años, David Pérez no era ni diputado autonómico. El actual portavoz del PP obtuvo el escaño en 2003. Correa es también amigo personal de Jesús Sepúlveda, actual alcalde de Pozuelo y anterior responsable de acción electoral de su partido. Cuando organizaba los actos del PP tenía también estrecha relación con Francisco Álvarez-Cascos, entonces secretario general del partido. Personas vinculadas a Correa han tenido relación con el concejal de Madrid Álvaro Ballarín. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL PP RETRASA EL ARRANQUE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA 

El Partido Popular mantiene el suspense sobre las comparecencias que va a pedir, si pide alguna, en la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid el pasado viernes para investigar la trama de espionaje político en la región que afecta a altos cargos de la Comunidad de Madrid y miembros de ese partido. El PP maneja los tiempos con su mayoría en la Cámara y la comisión no va a arrancar hasta que ese partido no decida exactamente qué quiere que ocurra en la misma. 

Tras un fin de semana de mutismo absoluto (la comisión se constituyó el jueves pasado), y con las listas de comparecencias de la oposición ya presentadas (en las que aparecen desde el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad y la cúpula del PP, hasta los consejeros más cercanos a Esperanza Aguirre y los policías implicados), la Mesa de la Asamblea, el órgano de Gobierno de la Cámara, decidió ayer en su reunión ordinaria volver a reunirse el miércoles para tratar todos los asuntos referidos a la comisión de investigación. 

La Mesa es el órgano que debe dar trámite a las peticiones de comparecencias o la solicitud de documentación por parte de los grupos. El miércoles es la fecha tope para solicitar documentación, por lo que la oposición esperaba que parte se resolviera en la reunión de ayer. Al no producirse ningún avance, la comisión no puede echar a andar, como mínimo, hasta el lunes que viene. El PP incluso tiene cinco días de plazo desde el día que reciba la documentación para presentar su lista de comparecientes. Los populares impusieron que el 28 de febrero sea la fecha tope para finalizar los trabajos, con posibilidad de prórroga de un mes. 

Una vez presentada la petición de documentación y, previsiblemente, las peticiones de comparecencias de todos los grupos, incluido el PP, tras la calificación de la Mesa de la Asamblea aún queda el trámite de que el presidente de la comisión convoque la misma para organizar el calendario. El primer compareciente no podría acudir a la Asamblea hasta por lo menos tres días después de recibir la comunicación. Es decir, si el PP quisiera, cumpliendo estrictamente el reglamento la comisión tampoco empezaría la semana que viene, lo que condiciona gravemente los trabajos. 

"En la comisión de investigación estamos aceptando las máximas garantías", dijo ayer la presidenta, Esperanza Aguirre, en la misma rueda de prensa en la que anunciaba la dimisión de tres cargos del PP madrileño. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

GONZÁLEZ, ANTE EL JUEZ 

El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, acudió ayer al juzgado para ratificar la denuncia que interpuso ante la fiscalía por los supuestos seguimientos a los que fue sometido en viajes al extranjero. A las puertas de las dependencias judiciales, el número dos de Esperanza Aguirre confió en que el proceso sirva para conocer "quién está detrás de los seguimientos ilícitos" y de la vulneración de su "intimidad privada". "Espero que la actuación diligente de la justicia nos dé luz para saber quién está detrás de esto, por qué lo ha hecho, con qué objetivos y sepamos qué hay detrás de verdad", recalcó el vicepresidente. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL AYUNTAMIENTO HA ADJUDICADO TRES CONTRATOS A SPECIAL EVENTS 

Special Events también ha dejado rastro en el Ayuntamiento de Madrid. Pese a que los contratos de los que se benefició fueron adjudicados conforme a la legislación y mediante concurso público, la empresa de Francisco Correa ya estaba vetada por el PP en la sede de Génova en el año 2004, cuando obtuvo los dos contratos concedidos durante el mandato del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Por aquella época, Mariano Rajoy ya tenía constancia de que Correa exigía contratos, en nombre de la tesorería del partido, a alcaldes madrileños populares. Desde entonces cortó todo tipo de relaciones con él y su empresa. 

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó a Special Events, la principal empresa implicada en el caso de corrupción destapado por el juez Baltasar Garzón, tres contratos. Uno en la etapa de José María Álvarez del Manzano como alcalde (en 2001) y otros dos con Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Consistorio (en 2004 y en 2005). 

En 2005, el entonces portavoz del PSOE, Óscar Iglesias, pidió información al Ayuntamiento acerca de las adjudicaciones a dicha empresa. Lo hizo a raíz de los primeros indicios de irregularidades en Special Events, que ya contrataba servicios con la Comunidad y no había declarado ninguna de sus facturaciones. 

Según el documento que el Ayuntamiento remitió a Iglesias, María Tardón, entonces tercera teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Policía y Movilidad, adjudicó un contrato por valor de 267.000 euros a la empresa de Correa para que organizara los actos del Día sin Coches que celebraba el Ayuntamiento. 

Años más tarde, cuando dicha empresa ya estaba vetada internamente por el Partido Popular por sus presuntas irregularidades, el Gobierno de Gallardón le adjudicó dos contratos más. 

El primero, por un monto total de 329.000 euros, se lo concedió, mediante concurso público, la empresa pública Promoción Madrid para que se encargase de montar el stand de la capital en la feria de turismo Fitur. 

El contrato y el pliego de condiciones, que el Ayuntamiento mostró, cumplía con la legalidad vigente y se sometía a las normas de la contratación. "Esa empresa tenía todo en regla. No había ningún motivo jurídico para que no se le adjudicase el contrato para montar el stand", alegaron ayer fuentes del Ayuntamiento. 

Cinco empresas más participaron en el concurso, cuya convocatoria se publicó en dos periódicos de tirada nacional el 17 de diciembre de 2004 con un plazo de respuesta hasta el 27 de ese mismo mes. Apenas una semana hábil para apuntarse. "Eso es normal. Las empresas que se dedican a esto están pendientes de estos concursos, que son siempre en las mismas fechas", explicaron fuentes de la Concejalía de Economía. Una vez adjudicado, el Ayuntamiento les ofreció la posibilidad de revisarlo, pero nadie lo pidió, alegan en el Consistorio. 

La Empresa Municipal de la Vivienda adjudicó otro contrato a Special Events durante el mandato de Gallardón. La sociedad pública, entonces dirigida por el concejal de Vivienda Sigfrido Herráez, encargó a la firma de Francisco Correa en 2004 la "asistencia técnica para el diseño, montaje y mantenimiento del stand EMB, EMS y GMU del Salón Inmobiliario 2004". El precio de licitación fue de 153.000 euros y otras nueve empresas participaron en el concurso. "La comisión técnica propuso que se le adjudicase a esa compañía. No se encontró ninguna irregularidad y se consideró que era la mejor oferta", explican fuentes de la Concejalía de Urbanismo. 

Según las mismas fuentes, un año después, Special Events se volvió a presentar al mismo concurso, pero en esa ocasión la comisión técnica no consideró oportuno adjudicárselo. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

AGUIRRE CORTA TRES CABEZAS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Esperanza Aguirre, forzó ayer la dimisión de tres altos cargos de su partido por estar presuntamente relacionados con algunas de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción que podría afectar a este partido.El primero es un consejero de su Gobierno, Alberto López Viejo, responsable de Deportes, a quien Aguirre destituyó ayer, pero al que también defendió de forma absoluta porque «no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular».  

Alberto López Viejo se ha dedicado desde siempre -primero como viceconsejero de Presidencia y luego como titular de Deportes- a contratar los actos de la presidenta y de gran parte de las consejerías. Muchos de esos contratos se hicieron con la sociedad Easy Concept.  

Los otros dos dirigentes que dejan sus cargos son Guillermo Ortega, gerente de la sociedad Mercado Puerta de Toledo y ex regidor de Majadahonda, y Arturo González Panero, que se resistió hasta última hora de la noche a dejar su puesto de alcalde de Boadilla del Monte.  

En un día de perros para el PP, lleno de confusiones por la resistencia del alcalde de Boadilla a dimitir, Aguirre decidió cortar por lo sano y forzar la salida de estas tres personas, aunque no le consta, según fuentes próximas a la presidenta, que alguno haya cometido los delitos que está investigando Garzón.  

La clave es que los tres tienen algún tipo de relación con las sociedades de Francisco Correa, el conseguidor que, según la investigación, alardeaba de contar con el apoyo del PP para lograr contratos.  

El más importante de los políticos que dejan su puesto es Alberto López Viejo, consejero de Deportes de Aguirre y persona de la máxima confianza de la presidenta, hasta ayer. El ex miembro del Gobierno de Madrid contrató durante años con sociedades vinculadas a Correa para hacer presentaciones y actos públicos de la presidenta y de multitud de consejerías. De hecho, Aguirre le preguntó en 2005 si estaba contratando con Special Events, una de las sociedades ahora investigadas, ya que se publicaron presuntas irregularidades en prensa. López Viejo le dijo que no. Lo que le ocultó es que lo estaba haciendo con otras sociedades controladas por los mismos empresarios, como Easy Concept.  

Según Aguirre, que dio una rueda de prensa a las 19.15 horas para anunciar la destitución, «López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal» y dijo que dimite porque «no quiere que se mezcle la trama de investigación de Garzón con actos de la Comunidad de Madrid» y «evitar así fomentar una campaña de desprestigio orquestada contra el PP».  

Aguirre también anunció la destitución de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y actual gerente del Mercado Puerta de Toledo. En su etapa como regidor, presuntamente contrató a sociedades de la trama de Correa. Su entonces jefa de Gabinete, María del Carmen Rodríguez, es esposa de Correa y el viernes fue detenida por Garzón, aunque después fue puesta en libertad.  

El que se resistió como pudo y hasta el último momento fue el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Aguirre habló en la noche del domingo con su número dos en el PP, Francisco Granados.Y decidió que Panero debía dejar su puesto ya que durante la investigación de Garzón se han conocido cintas presuntamente comprometedoras para él: «Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [el mote que usa Correa], se caga; pero yo también voy al trullo», aseguraba el empresario.  

Granados le citó a las 10.00 de la mañana y le exigió que dejara la Alcaldía. Panero aceptó, pero le pidió que antes le dejara hablar con el juez Garzón para anunciarlo él posteriormente.Mientras el regidor visitaba al magistrado, Aguirre le comunicó la dimisión al presidente del PP, Mariano Rajoy, y éste anunció en rueda de prensa que González Panero «dejará de ser alcalde de esa localidad».  

Tras ese anuncio, la confusión fue mayúscula porque a la vez y a escasos 200 metros (la sede del PP está frente a la Audiencia Nacional), el regidor decía a los periodistas que no estaba imputado y que no pensaba dimitir.  

Por la tarde, Granados convocó a Panero y a todos sus concejales y forzó su salida. Pero tuvo que aceptar una condición: la concejala María Jesús Díaz -enfrentada políticamente al alcalde- abandonará también el Consistorio. Díaz se enfrentó al regidor en el congreso local del PP y obtuvo un 43% de los apoyos. Desde entonces, las relaciones de los dos se rompieron definitivamente.  

Las empresas de Correa no han trabajado sólo para la Comunidad de Madrid, sino también para el PP de la región. De hecho, el congreso regional que ganó Aguirre en diciembre de 2004 fue organizado por Special Events. Sin embargo, no fue su equipo el que lo organizó, sino el entonces presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, ahora portavoz en el Senado. 

(www.elmundo.es, 10/02/09)

LA TRAMA DE MADRID SE COBRA LAS CUATRO PRIMERAS CABEZAS EN EL PP 

La trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón deja otra herida de guerra en el PP. Las relaciones de los empresarios implicados en este caso con algunos cargos populares hacen daño, y mucho, a la imagen del partido. Y en busca de algún tratamiento de choque, ayer se tomó la decisión de cortar cuatro cabezas políticas: las del consejero de Deportes en Madrid, Alberto López Viejo; el actual gerente del madrileño Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega --exalcalde del municipio de Majadahonda--; el actual alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y su número dos, María Jesús Díaz. 

Pero esto es un resumen de una larga jornada que se vivió ayer en el PP y que, en algunos momentos, adquirió tintes de sainete. Valga como ejemplo el momento en el que Mariano Rajoy anunciaba en su sede que el alcalde de Boadilla dimitía y, casi a la vez, el aludido lo negaba en las puertas de la Audiencia Nacional. El final de esta pieza lo puso Esperanza Aguirre, que decidió entrar en escena a media tarde para poner orden.Este nuevo lunes negro de Rajoy (ya acumula varios en su biografía política) comenzó temprano, con la reunión de su comité de dirección. Allí se habló principalmente de corrupción. En su entorno había tomado fuerza la idea de que esta vez era el líder y no segundos espadas quien debía dar la cara y, de paso, exhibir autoridad. 

Rajoy aceptó la sugerencia. Apareció en la sala de prensa del partido a las 12.45 horas, con sus vicesecretarios --su número dos, María Dolores de Cospedal, no estaba--; su jefe de gabinete y su responsable de justicia. Arrancó su discurso: admitió que algunos empresarios que investiga Garzón han sido "proveedores" de servicios al PP, pese a que el sumario que se está instruyendo es secreto y él, matizó, lo desconoce.

El líder del PP anunció otra investigación interna "a nivel nacional y regional" (en Madrid y Valencia) y cargó contra las "filtraciones" a los medios ya que, según apuntó, "hacen daño al PP en su conjunto". Y señaló que pediría amparo en la Audiencia Nacional y en el Consejo General del Poder Judicial, además de personarse en la causa. Eso sí, restó importancia al hecho de que hayan sido exediles del PP los que hayan favorecido que este caso salga a la luz. 

"Todas las contrataciones que ha hecho esta casa se han hecho en el marco de la legalidad", garantizó Rajoy, que añadió que tampoco ha recibido donaciones de los detenidos. "Si algún militante hubiera hecho algo ilegal, o que no se ajuste a los comportamientos que cualquier dirigente político debe mantener en el ejercicio de su cargo, el PP actuará con toda contundencia", agregó. 

Asimismo, reconoció que, cuando supo en el 2003 que empresas como Special Events trataban de conseguir contratos usando fraudulentamente el nombre de su partido, cortó relaciones con ellas. Y si se enteró, ¿por qué no lo denunció entonces?, se le preguntó. "No me pareció que aquello fuera una actividad delictiva", respondió. 

A continuación, comunicó que el alcalde de Boadilla había puesto su cargo a disposición del PP, pese a declararse inocente. Aceptaba el gesto por el bien de la imagen del partido. ¿Y quién se lo había dicho a Rajoy? Pues la propia Esperanza Aguirre, que, según especificó, le autorizó a contarlo. Pero mientras, el afectado desautorizaba al líder sin pudor y negaba su dimisión. 

Nadie entendía nada de lo que ocurría en el PP. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién dimitía? En medio del caos, el PP de Madrid trató de arreglar el entuerto. Así, su secretario general, Francisco Granados, aclaró que se había reunido a las diez de la mañana con el alcalde de Boadilla y que había obtenido su compromiso de dimisión. Granados se lo dijo a Aguirre, y esta, a Rajoy. Y Rajoy, a los periodistas. Al mismo tiempo, el regidor de Boadilla se veía con el juez Baltasar Garzón. No estaba imputado. De momento, pese a las revelaciones sobre sus supuestas y sospechosas posesiones en Miami. El alcalde reculó y decidió que no se iba. 

Granados telefoneó a González Panero y le avisó de que o se marchaba o le echaban. Ninguno cedía. Se convocó una reunión con los ediles de Boadilla. Siete y media de la tarde. Aguirre convocó con urgencia a la prensa. A saber: anunció la dimisión de su consejero Alberto López Viejo --por contratar servicios con esas empresas--, así como la del exalcalde de Majadahonda, que hasta ayer dirigía una sede comercial madrileña. 

Aguirre sostuvo que el PP de Madrid, desde que ella lo preside, no tiene relación con los investigados y que la reunión de Granados con el equipo de Boadilla daba frutos: hoy se irán el alcalde y su número dos. En total, cuatro cabezas en la cuenta de Aguirre, que insistió en la presunción de inocencia. Igual que con el espionaje, aunque ahí no dimite nadie. Es evidente que el PP tiene distintas varas de medir. Como en Valencia, donde ser imputado --como Carlos Fabra-- no implica, siquiera, perder la militancia en el partido. 

(www.elperiodico.com, 10/02/09) 

MANOS LIMPIAS DICE QUE EMPRESARIOS PACTABAN LAS BASES DE CONCURSOS CON EL ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE 

El empresario "amigo" del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que pactaba una comisión con él para acceder a una adjudicación del Ayuntamiento del municipio elaboraba con el técnico municipal las condiciones del concurso para que las bases se amoldaran a su oferta, según consta en un informe presentado por Manos Limpias ante la Fiscalía Anticorrupción. 

Según el documento, al que tuvo acceso Europa Press, el alcalde obligaba a los técnicos a amañar las bases del concurso público de las empresas que optaban a las adjudicaciones para adecuarlas a las gestionadas por sus "amigos", entre los que figuran Francisco Correa, Pablo Crespo, José Ramón Blanco Balín y José Galeote. 

"Cualquier técnico municipal responsable de realizar bases de concursos para la adjudicación de servicio del Ayuntamiento, pasa por la experiencia previa de ser advertido de las directrices, bajo las cuales, ha de elaborar el correspondiente Pliego de Condiciones y su posterior Informe Técnico para que el campeón, que así es como lo denomina el alcalde, sea la empresa que él ha decidido. Ya sea porque le reporta alguna comisión en efectivo, favor o sea amigos personal", recoge el documento. 

El informe de Manos Limpias revela que Panero se reunía previamente a comer con cada uno de los empresarios que se presentaban a los concurso para realizar un sondeo de cual empresa ofrecía la mayor comisión. Tras cerrar el trato, el alcalde enviaba al empresario a una reunión con el técnico municipal para realizar las bases del Pliego de Condiciones a su medida, "de modo que el posterior informe técnico le resultara favorable en el proceso de adjudicación". "En otros casos, dependiendo de las características del técnico municipal, las directrices le vienen marcadas a través del concejal de su Delegación, de modo más sutil", recoge el texto. 

(www.levante-emv.com, 10/02/09) 

Correa y el presidente de la Comisión Parlamentaria que investiga el espionaje, buenos amigos

El entramado empresarial que presuntamente encabezaba Francisco Correa, que organizaba actos para el PP en la etapa de José María Aznar y que mantenía estrechas relaciones con alcaldes y concejales populares del Oeste de la autonomía madrileña, no era en absoluto ajeno a determinados miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y a altos cargos de Esperanza Aguirre, según fuentes de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional.

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En concreto, el presidente de la comisión que investiga una supuesta trama de espionaje en la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, diputado del PP y ex primer teniente de alcalde de Arganda, compartió vacaciones en Marbella con Correa y su esposa, María del Carmen Rodríguez. Jornadas que disfrutaron precisamente en propiedades ahora registradas judicialmente, según fuentes jurídicas.

Presidente de la Comisión
El matrimonio ahora detenido disfrutó a su vez de las fiestas de Arganda a invitación del propio Martín Vasco, el parlamentario halcón designado recientemente por Aguirre para dirigir la Comisión Parlamentaria de Investigación.

Agag, el primero en “pegar la espantá”
Tanto el responsable de Special Events, Francisco Correa, como otros destacados miembros de la trama de supuesta corrupción mantuvieron, al menos hasta el viernes pasado, día en el que fueron detenidos, una fluida relación contractual que también funcionaba a través de adjudicaciones que se encuentran bajo sospecha. Además, seguían conservando estrechos lazos de amistad, con viajes y vuelos compartidos, aunque ahora sitúen esos vínculos como agua pasada, como ha hecho el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag.

Las grabaciones de Correa
El poder de Francisco Correa para “resguardar” a su círculo de amigos podría tener sentido a la vista de la revelación efectuada ayer por el diario El País. Este periódico reprodujo el contenido de una grabación en la que el mismo Correa sostiene que si entregara una cinta del albondiguilla (apodo con el que designa al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero) él mismo iría al trullo.

El albondiguilla
Según fuentes jurídicas, Garzón no habría necesitado por ahora la polémica grabación, en la que el albondiguilla aparecería en una situación muy comprometedora para un político.

Más amigos en puestos clave
El Plural ha podido saber asimismo que otro miembro destacado de la Comisión Parlamentaria de investigación también es muy amigo del detenido Correa. Éste, según personas de su entorno, intervino ante el alcalde de Boadilla para que la mujer del diputado autonómico consiguiera trabajo.

“Arreglar los papeles”
Francisco Correa, según otras fuentes, solía alardear de que “arreglaba los papeles” de forma irregular a través de un alto cargo del ejecutivo autonómico.

www.elplural.com 09.02.09

DIMITE EL ALCALDE DE BOADILLA  

El alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (PP), ha presentado su dimisión, según han confirmado a elmundo.es fuentes del PP de Madrid. La confirmación oficial se produce después de un día lleno de rumores sobre la dimisión del primer edil popular, después de que el pasado viernes se detuviese por una trama de corrupción a cinco personas, presuntamente vinculadas con su Ayuntamiento. 

Esta mañana, tras declarar ante el juez Baltasar Garzón, González Panero reiteraba que no había presentado su dimisión y que no pensaba hacerlo mientras no fuese imputado. Casi al mismo tiempo, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunciara que el alcalde de Boadilla había puesto su cargo a disposición del PP. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

RUEDAN LAS PRIMERAS CABEZAS EN EL PP POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

Ruedan las primeras cabezas tras la trama de corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aceptado este lunes la dimisión que le había presentado el consejero de Deportes, Alberto López Viejo, según ha afirmado ella misma en rueda de prensa. Asimismo, también cesa en su puesto el actual gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Pero el torrente de dimisiones todavía no había acabado. Finalmente, y tras una jornada llena de contradicciones y desmentidos, también ha presentado su dimisión el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Aguirre, minutos antes de darse a conocer la noticia, se había mostrado convencida de que finalmente dejaría el cargo.  

López Viejo era el encargado de organizar los actos del partido, algunos de los cuales fueron encargados a Special Events, empresa vinculada con el propio Correa. Aguirre ha comentado que acepta la dimisión "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". El nombre de Ortega se venía relacionando durante los últimos días a Francisco Correa.  

Los denunciantes de la trama mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros.  La cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas. Asimismo, la presidenta subrayó que López-Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, relacionadas con Francisco Correa.

"Sólo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad", destacó en rueda de prensa. La presidenta subrayó en este sentido que el hasta ahora consejero "ha dimitido pero no está implicado en la trama", de hecho deja su cargo "para que no se confunda con la trama". "Los madrileños pueden estar tranquilos porque, desde luego, la transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad de este Gobierno y no vamos a permitir que nadie empañe esta transparencia y responsablidad", agregó.

En este sentido, Aguirre aseguró "toda la actuación" de la Comunidad en materia de contratos "es legal" y "goza de los informes de intervención", pero "esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos". "Por eso le agradezco que haya tenido la responsabilidad de dejar su cargo de consejero", manifestó. 

Aguirre asegura que la Comunidad de Madrid no tiene ningún contrato con Special Events y que, al menos desde que es presidenta de la Comunidad, tampoco con el PP. 

En cuanto a la dimisión de Ortega, también aceptada, ha sido para defender mejor sus intereses "estando fuera del Gobierno de la Comunidad". Guillermo Ortega fue alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, cuando dimitió en el marco de la ruptura del grupo municipal originada por la decisión de enajenar dos parcelas públicas a un precio inferior al del mercado. Durante su mandato Ortega tuvo como jefa de gabinete a María del Carmen Rodríguez Quijano, detenida el viernes pasado por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción y casada con Francisco Correa, otro de los arrestados en la investigación de una supuesta trama de corrupción vinculada a varios Ayuntamientos. 

(www.publico.es, 09/02/09) 

AGUIRRE DESTITUYE AL CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta tarde que el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha presentado su renuncia y ella la ha aceptado "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". López Viejo está envuelto en la trama de corrupción política vinculada al PP que fue desmantelada el pasado viernes por el juez Baltasar Garzón. El magistrado ordenó cinco detenciones, dos de ellos ex cargos en el partido, y 30 imputados. El supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa Sánchez, extendió sus negocios por Madrid y Valencia. 

Los denunciantes de la trama han investigado la supuesta relación de Correa con el consejero. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. 

También ha presentado su renuncia el gerente del Mercado Puerta de Toledo, ex alcalde de Majadahonda, Guillemo Ortega. 

En las conversaciones grabadas a Correa, éste insinúa que Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era regidor de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata", apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era de él sino que usaba un testaferro. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

LA COMUNIDAD DE MADRID ADJUDICÓ CONTRATOS A SERVIMADRID POR 340.000 EUROS 

La Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Madrid adjudicó dos contratos en 2005 y 2006, por un importe de 162.000 y 177.570 euros respectivamente, a la empresa Servimadrid Integral, investigada por la Audiencia Nacional dentro de la operación Gürtel contra la corrupción, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales. 

El objeto social de la empresa, constituida en febrero de 2005 en Alicante, es la prestación de servicios de asesoramiento, gestión y administración de empresas, así como la organización, promoción y comercialización de eventos, convenciones y congresos. 

En ambos casos Servimadrid Integral ganó el concurso abierto convocado por la Comunidad de Madrid para organizar la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes, tanto en el 2005 como en el 2006. El primero de ellos lo ganó la empresa ocho meses después de su creación, en octubre de 2005. 

Servimadrid Integral es una de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón junto a Special Events, Easy Concept y Pasadena Viajes. El juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía ordenaron el viernes a los agentes requerir documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda referidas a estas empresas. 

(www.elmundo.es, 09/02/09) 

AGUIRRE DESTITUYE A SU CONSEJERO LÓPEZ VIEJO POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha destituido al consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y ha aceptado la dimisión de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y ahora director del Mercado Puerta de Toledo. Ambos estarían presuntamente relacionados con la operación Gürtel contra la corrupción. 

López Viejo fue durante varios años el encargado de organizar los actos del partido, algunos de los cuales fueron encargados a una empresa relacionada con Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción, blanqueo y asociación ilícita destapada por el juez Baltasar Garzón. 

Según ha anunciado la presidenta regional, la cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas. Asimismo, la presidenta subrayó que López-Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez. 

"Sólo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad", destacó en rueda de prensa. La presidenta subrayó en este sentido que el hasta ahora consejero "ha dimitido pero no está implicado en la trama", de hecho deja su cargo "para que no se confunda con la trama". 

"Los madrileños pueden estar tranquilos porque, desde luego, la transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad de este Gobierno y no vamos a permitir que nadie empañe esta transparencia y responsabilidad", agregó. 

En este sentido, Aguirre aseguró "toda la actuación" de la Comunidad en materia de contratos "es legal" y "goza de los informes de intervención", pero "esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos". "Por eso le agradezco que haya tenido la responsabilidad de dejar su cargo de consejero", manifestó. 

Un consejero controvertido 

Esperanza Aguirre nombró en 2004 viceconsejero de Presidencia a su controvertido pupilo Alberto López Viejo tras investigar su pasado político, plagado de denuncias por irregularidades. Tras las pasadas elecciones de 2007, López Viejo pasó a ocupar la consejería de Deportes, un departamento sin apenas competencias. 

López Viejo, que ejerció como concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid en la época de Alvarez del Manzano, fue acusado varias veces por el PSOE de malversar fondos públicos. 

Por su parte, Guillermo Ortega, que dimitió en 2005 como alcalde de Majadahonda, habría sido responsable de los contratos a varias empresas de la trama de corrupción investigados por el juez Garzón en Majadahonda. 

(www.elmundo.es, 09/02/09) 

LAS ALUSIONES GRABADAS DE CORREA A ALTOS CARGOS DEL PP 

Lo que sigue es una selección de las abundantes acusaciones, sin aportar detalles, formuladas en las conversaciones grabadas a Francisco Correa, jefe de la trama corrupta vinculada al PP, contra dirigentes de dicho partido. La totalidad de los afectados ha restado veracidad a sus palabras. Algunas de esas acusaciones, conocidas antes de abrirse el sumario, tienen como objetivo cargos del PP, singularmente dirigentes afines a Mariano Rajoy, que se han interpuesto en sus negocios. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

SOBRE EL ALCALDE DE BOADILLA: "SI DOY LA CINTA SE CAGA, PERO YO VOY AL TRULLO" 

Correa afirma: "Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote que aplica a Arturo González Panero], se caga. Pero también voy yo al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". Y añade sobre un asunto urbanístico en Boadilla: "Dile que mi amigo no ha pagado nada, que el Ayuntamiento le ha dado una prórroga, que no joda al empresario, éste no le ha dado un duro a Arturo. (...) No le ha dado el dinero a Arturo, me lo ha dado a mí". 

Sobre el ex alcalde de Majadahonda: "Pagó facturas extrañas de Pasadena Viajes" 

Correa insinúa que Guillermo Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era alcalde de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata", apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era de él sino que usaba un testaferro. Ortega niega tajantemente tales acusaciones. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

 "A MIAMI HEMOS VENIDO A COMPRAR" 

El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, viajó a Miami el 18 de abril de 2002. A su lado en el avión volaba Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en varios ayuntamientos de España. Un resguardo del billete de avión confirma que viajaron en primera clase. Junto a ellos también viajó el entonces concejal popular José Galeote, padre del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. 

Al llegar a Miami, alquilaron un coche y se alojaron en un hotel de lujo. Al día siguiente, otro personaje se unió a la comitiva: Francisco Sánchez, amigo de Galeote. Un año después, Sánchez se convertiría en concejal de Sanidad e Higiene de Boadilla. Cuando aterrizó en Miami preguntó a Galeote y sus amigos qué hacían allí. "Hemos venido a comprar", le respondieron. El alcalde de Boadilla tiene un sueldo público de unos 85.000 euros al año. 

Sánchez recuerda que durante los años que permaneció en el Ayuntamiento de Boadilla a las órdenes de González Panero "siempre alardeaba de comprar en Miami y de tener muchas propiedades". Cuenta que, al detectar sospechas sobre el alcalde, comenzó a investigar sobre las supuestas propiedades de González Panero en Florida. "Aparecieron muchas propiedades a nombre de Arturo González. Pero no pude comprobar que se trataba de él", concluye. 

Sánchez fue destituido. El alcalde lo denunció por distribuir un dossier sobre un supuesto enriquecimiento del alcalde. "No hay ningún informe. Lo que circula es el boca-oído. En el Ayuntamiento todo el mundo sospecha del alcalde", concluye. El alcalde del municipio madrileño ha negado que tenga ninguna propiedad inmobiliaria en Florida. También rechaza ser amigo del cabecilla de la trama, Francisco Correa. 

Otro de los personajes que viajaron a Miami, Galeote, es objeto de una denuncia por parte de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Boadilla. El portavoz socialista, Pablo Nieto, denuncia que Galeote "sigue cobrando del consistorio a pesar de estar jubilado". 

José Galeote fue concejal del Ayuntamiento de Boadilla durante 12 años, hasta 2003. Un año más tarde fue nombrado gerente del Consorcio Deportivo, una entidad pública de la que forman parte los ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda -una de las Administraciones supuestamente vinculada a la trama de corrupción- y Pozuelo. 

Además, Galeote es consejero de la Empresa Municipal de Vivienda de Boadilla, según consta en el acta del consejo de administración de junio de 2008. El concejal del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo explica que los cargos son incompatibles con la jubilación. "Está prohibido desempeñar un puesto de trabajo en el sector público a personas mayores de 70 años", precisa Galindo. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

LAS TRES SEMANAS NEGRAS DEL PP 

- 19 de enero 2009. EL PAÍS publica que la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid (PP) tiene un servicio secreto integrado por ex policías y ex guardias civiles que elabora informes sobre tramas corruptas en ayuntamientos socialistas. 

- 20 de enero. Dossiers divulgados por EL PAÍS demuestran que el vicepresidente de Madrid, Ignacio González (número dos de Esperanza Aguirre), fue espiado en sendos viajes en marzo y agosto de 2008. González denuncia el asunto ante la fiscalía y un juzgado. Uno de los informes recoge datos sobre adjudicaciones sospechosas realizadas por González. 

- 21 de enero. Nuevos dossiers revelan que el vicealcalde Manuel Cobo (número dos de Alberto Ruiz-Gallardón) y el ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada -ambos enfrentados políticamente a Aguirre- fueron sometidos a seguimientos parapoliciales, supuestamente por agentes al servicio de la Consejería de Interior. Cobo y Prada denuncian ante el fiscal. El consejero Francisco Granados niega estar detrás del espionaje, y Rajoy se limita a decir: "Yo le creo [a Esperanza Aguirre]". 

- 22 de enero. Rajoy encarga a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, una investigación interna sobre la presunta trama de espionaje político en Madrid, y anuncia -a través de un comunicado- que exigirá "responsabilidades políticas" con "absoluta firmeza" si se demuestra que algún cargo popular está implicado. Aguirre afirma que pone "la mano en el fuego" por los consejeros de su Gobierno. "Aquí no hay ninguna estructura de espionaje. Quien diga lo contrario tendrá que probarlo", advierte. La fiscalía abre una investigación. 

- 26 de enero. El Juzgado número 47 de Madrid abre una investigación por el supuesto espionaje a Ignacio González. 

- 27 de enero. Esperanza Aguirre afirma: "Me siento una víctima. Políticamente van a por mí". Cospedal le responderá al día siguiente: "El principal perjudicado es el partido". 

- 2 de febrero. Esperanza Aguirre acepta la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Cospedal suspende "temporalmente" la pesquisa interna. 

- 6 de febrero. En la misma mañana en que se constituye la comisión de investigación sobre la trama de espías, cinco empresarios -dos de ellos ex altos cargos del PP- son detenidos por orden del juez Garzón por un asunto distinto: su pertenencia a una presunta trama de corrupción. El supuesto jefe del grupo es Francisco Correa, amigo de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar) y organizador de eventos para varias Administraciones gobernadas por el PP. 

- 6 de febrero. Ese mismo día, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a presidente de la Xunta de Galicia, aparta al número uno de la lista por Ourense, Luis Carrera, por impagos a Hacienda. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

MEDIA DOCENA DE CARGOS DEL PARTIDO ESPIARON Y GRABARON AL JEFE DE LA TRAMA DURANTE DOS AÑOS 

Durante meses, media docena de cargos del PP madrileño, en su mayoría vinculados a municipios del noroeste, tendieron una trampa a las personas que integraban la presunta trama de corrupción vinculada al partido que lideraba Francisco Correa. Dos años antes de que se iniciara propiamente la investigación por la Fiscalía Anticorrupción sobre esta red, empezaron a procurarse pruebas contra ella. Estuvieron dos años acudiendo a citas con ellos, grabándoles, manteniendo citas en hoteles, en restaurantes y en los propios locales de las empresas de la trama.  

El piano acompaña muchas de las grabaciones como música de fondo. Y, entre copa y copa, Correa les desnuda sus negocios, sus socios ocultos, sus bienes en paraísos fiscales, sus protectores políticos. O, por el contrario, suelta invectivas contra decenas de cargos políticos del partido. Lo mismo se jacta de haber recaudado sumas para Génova que de saber en qué paraíso fiscal ocultó un ex ministro de Aznar su patrimonio ilegal. O amenaza con poseer información delicada o grabaciones contra alcaldes o ex alcaldes del PP. Todo eso le sirve para concienciar a sus interlocutores de que hay un poder que el PP que dirige Rajoy no le puede arrebatar: la información sucia que se jacta de poseer tras haber servido al partido durante una década en régimen de monopolio para atender las campañas electorales. Nadie repara en una contradicción que aflora de su relato: ¿Cómo puede defenestrarlo Luis Bárcenas, gerente y luego tesorero del PP, si él le ha entregado 1.000 millones de pesetas en Génova y en su casa? 

Pero el mensaje sirve para que su red clientelar le tenga respeto y propague en sus círculos que, en el fondo, sigue contando con poder para poder exigir contratos públicos en los municipios donde gobierna el PP. Por contra, algunas de las supuestas personas con las que insinúa haber tenido relaciones comprometedoras, como Bárcenas o González Pons, han colaborado decisivamente a erradicarlo de Génova 13, cuartel general del PP, desde que asumió en 2003 el liderazgo Mariano Rajoy. 

Por fin, con un material probatorio que arranca en febrero de 2006 y culmina en octubre de 2007, en noviembre de 2007 se presenta una denuncia a la Policía, que, a su vez, la traslada a la Fiscalía Anticorrupción. Los conspiadores del PP anti-Correa aportan a la justicia todos sus documentos y grabaciones presumariales. Y ese material sirven de arranque para la investigación del juez Baltasar Garzón, que decreta numerosas intervenciones telefónicas, cuyo contenido no ha sido desvelado, pero que, según fuentes conocedoras del sumario, han proporcionado abundantes indicios sobre la actividad delictiva de esta trama. Hasta el punto de que no sólo están bajo el foco del juez los cinco ya detenidos, sino más de 30 personas que han tenido estrecha relación con ellos. El PP, oficialmente, se siente víctima política de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción.  

Pero la realidad es que esta bola de nieve, que se agiganta por minutos, la empujó un puñado de cualificados militantes suyos para erradicar unas prácticas ilegales que, amén de ensombrecer la imagen del partido, convertían en un calvario la vida de quienes se oponían personalmente a sus intereses. Para desgracia de los investigadores, desde hace meses los investigados sabían que estaban bajo la lupa. Una filtración periodística les alertó. Eso rebajó notablemente el contenido probatorio de las charlas que seguía grabando la policía semana tras semana. Sin embargo, los responsables de la investigación se muestran satifechos: sobran pruebas contra los detenidos, dicen. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

UN SECRETO A VOCES MUY VIEJO 

"Por fin, alguien va a meter mano en esto", se congratulaba ayer Ángel Galindo, el concejal portavoz de Alternativa por Boadilla (APB) tras felicitar al juez Baltasar Garzón y a la fiscalía por la investigación contra la trama de corrupción que ha salpicado al PP. 

El edil recordó que el ayuntamiento que dirige el popular Arturo González Panero acumula más de 30 denuncias por irregularidades en las adjudicaciones de contratos. Este ayuntamiento, en la zona noble de Madrid, se ha convertido en un claro ejemplo de los trapicheos de Francisco Correa, el presunto jefe de la red, que afecta a varias autonomías. Una de ellas es la Comunidad Valenciana, donde uno de los principales implicados es Álvaro Pérez, directivo de Orange Market, empresa contratada con asiduidad por el Gobierno de Francisco Camps y el PP valenciano. 

Fuentes municipales de Boadilla recuerdan que Correa creció a la sombra de José María Aznar y mantuvo buenas relaciones con el yernísimo, Alejandro Agag, aunque ahora "le niegue como a San Pedro". Correa, conocido como el conseguidor, "lo ha hecho todo y conoce a todo el mundo". Por ello, en el cuartel general del PP están bastante expectantes por su comparecencia ante Garzón. "Si tira de la manta, Rajoy se va a quedar muy solo", vaticinan. Y es que parece que el juez sabe lo que busca. El viernes obligó al Ayuntamiento de Boadilla a entregarle tres expedientes. Uno versa sobre la venta de una parcela a la empresa UFC por 35 millones de euros, aunque otras dos llegaron a ofrecer 39 millones.

El segundo expediente afecta a la oficina de atención al ciudadano. Fue adjudicada a la empresa Easy Concept, cuya representante es Felisa Jordán, una de los cinco detenidos. Esta sociedad logró un contrato de 530.000 euros anuales durante 14 años por colocar a dos azafatas en un local del consistorio para que informen, por ejemplo, de dónde está el centro de salud. Este modelo de oficinas ha encontrado hueco en otros ayuntamientos como el de Paterna en Valencia, según fuentes municipales. El tercer expediente es el más comprometido. Explica la adjudicación para la construcción de 20 locales comerciales a la empresa de Ramón Blanco, hombre de confianza de Correa. La policía dejó ayer en libertad a Jordán y a la mujer de Correa, Carmen Rodríguez, tras interrogarlas y mantenerlas imputadas. Los otros tres detenidos --Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-- pasarán hoy a disposición judicial. 

(www.elperiodico.com, 09/02/09) 

AGUIRRE CONTRATÓ A DEDO A UNA EMPRESA RECIÉN CREADA 

No se habían cumplido aún 15 días desde su constitución cuando la empresa Good and Better SL, presuntamente adscrita a la trama de corrupción destapada por el juez Baltasar Garzón, logró en enero de 2005 su primer contrato a dedo de la Comunidad de Madrid. Tanto la que fue hasta febrero de 2008 su administradora única, Felisa Isabel Jordán Goncet, como su sucesor al frente de la compañía, el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo Sabaris, permanecen detenidos desde el viernes. Garzón les imputa, entre otros, los delitos de cohecho (soborno a funcionario o cargo público), blanqueo de capitales y asociación ilícita. 

Como informó el sábado Público, Good and Better y Easy Concept Comunicación, ambas ligadas a Jordán y Crespo, facturaron al Ejecutivo de Esperanza Aguirre 562.000 euros entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 gracias a la adjudicación directa de 76 contratos menores, esto es, aquellos que no se someten a concurso dado que su importe no supera los 12.000 euros [18.000 tras la nueva ley de 2007].  

Según la nota registral, Good and Better quedó constituida el 11 de enero de 2005. El día 26 de ese mes, ya había tenido tiempo para preparar la presentación del nuevo helicóptero Bescam [Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid], acto protagonizado esa mañana en Móstoles por Esperanza Aguirre.El 14 de febrero, la empresa giraba factura por su primer trabajo: 9.158 euros. Y el 7 de abril de ese mismo año ya había recabado del Ejecutivo madrileño ocho contratos, cuya suma total ascendió a 58.753 euros. 

Pero si resulta inédita la velocidad con que Good and Better se hizo un hueco en la agenda de adjudicatarios directos del Gobierno de Madrid, más complicado de explicar parece otro dato: cuando el 26 de enero colocó la carpa, el enmoquetado, la iluminación y el escenario desde donde Aguirre difundió las bondades del nuevo helicóptero, Good and Better no se dedicaba oficialmente a la organización de eventos. Fue el 3 de febrero cuando, en el mismo momento en que Felisa Isabel Jordán Goncet adquirió la condición de administradora única, la compañía modificó su objeto social para asumir tareas tales como "organización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos" y "proyectos con las administraciones públicas". 

Good and Better (en castellano, bueno y mejor) pertenece a la categoría de sociedades limitadas llave en mano. Quien gestionó los trámites y figuró como primer administrador fue el abogado Ramón Cerdá Sanjuán, que anuncia por Internet sus servicios. Un empleado de su empresa explicó ayer que el negocio consiste en vender una sociedad limitada durmiente dispuesta para ser activada y lanzarse al mercado. 

Las adjudicaciones a Easy Concept y Good and Better se produjeron en la etapa de Ignacio González como consejero de Presidencia y de Alberto López Viejo, actual titular de Deportes, como viceconsejero. 

(www.publico.es, 09/02/09) 

CESIÓN URBANÍSTICA. EL PSOE DENUNCIA MÁS ANOMALÍAS EN BOADILLA 

El PSOE de Boadilla (Madrid) criticó ayer que Ramón Blanco, adjudicatario de un derecho de superficie sobre 30 locales comerciales concedido por la empresa municipal del suelo por un canon anual de 320.000 euros, alquile uno de ellos al Ayuntamiento por una tercera parte de esta suma. 

Según el PSOE, el Ayuntamiento ha arrendado uno de estos locales para la nueva comisaría por un precio de 104.000 euros al año
a la empresa de Ramón Blanco, supuestamente vinculado a Francisco Correa, a quien la Policía señala como jefe de la trama. Este importe supone el 34% del canon que recibe el Ayuntamiento. 

El alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), figura entre las 30 personas cuya imputación ha pedido Anticorrupción a Garzón.  

(www.publico.es, 09/02/09) 

FUNCIONARIOS DENUNCIAN EL COBRO DE COMISIONES DEL ALCALDE DE BOADILLA 

«Cualquier técnico municipal responsable de realizar concursos para la adjudicación de servicios para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte pasa por la experiencia previa de ser advertido de las directrices bajo las cuales ha de elaborar el pliego de condiciones y su posterior informe técnico, para que el campeón sea la empresa que él ha decidido. Bien porque le reporta alguna comisión en efectivo o porque sea amigo personal».  

Así relatan unos funcionarios y empleados la presión a la que se han visto sometidos por Arturo González y sus hombres de confianza para que las contrataciones se las llevaran sus «amigos», según la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.  

«Incluso te pedían que te reunieses con la empresa previamente para que todo cuadrase», sostienen. ¿Qué cómo saben que se pagaban comisiones?, «porque te lo dicen los responsables de las propias empresas: 'Tu jefe me ha sacado más pasta de la que habíamos hablado en un principio, o hemos tenido problemas con tu jefe porque no le hemos pagado lo que él pedía'», precisan para describir tanto el funcionamiento general del sistema de adjudicaciones municipales como para justificar la denuncia en la que afirman que los ingresos del alcalde no justifican ni sus propiedades - «posee un patrimonio personal muy superior a sus ingresos»- ni su tren de vida.  

El desplazamiento en helicóptero para participar en un Torneo de Golf en Cádiz -aparte de sus viajes a Miami junto con el detenido Francisco Correa- es uno de los ejemplos -más o menos anecdóticos- de actividades que, al parecer de los denunciantes, no se ajustan a una retribución anual de 81.136,30 euros.  

El sindicato Manos Limpias presentará hoy un escrito ante la Fiscalía con un listado de testigos para que sean llamados a declarar. Sobre las empresas que han venido beneficiándose de la contratación -y aquí aparecen los componentes del Club de Miami, llamado así por viajar junto a Correa hasta esa ciudad con intenciones inversoras- y sobre el patrimonio del edil popular.  

Según el dossier aportado, el alcalde Arturo González Panero tiene dos coches a su nombre -un BMW X-5 y un Opel Zafira- y habría comprado otros dos a su hermano - como regalo de bodas- y a su padre. Se le atribuyen tres propiedades, una en Boadilla, otra en una urbanización de Torrepacheco, en Murcia, y una tercera comprada sobre plano en Los Fresnos, que estaría valorada en más de 607.000 euros.  

Se pide a la Fiscalía que investigue sobre una propiedad en Marruecos -una inmobiliaria de Ceuta, Euromaroc, le remitió una carta en la que se le notificaba que no se le podría entregar su adquisición hasta abril de 2008-; además de los inmuebles que pueda tener en Miami de cuya compra se ha jactado.  

Los denunciantes dan cuenta de una circunstancia que les parece sospechosa, como los viajes a Andorra «portando maletines» en compañía de un asesor de la Alcaldía, y apuntan algunas inversiones y gastos del primer edil. Como la acción adquirida en Palomarejos Golf por valor de 20.000 euros, las inversiones en bolsa o los viajes que regala a través de Pasadena Viajes, la empresa que tiene como administrador único a su amigo Pablo Crespo, socio de Correa, ambos arrestados por orden del juez Garzón.  

Se contabilizan gastos de escolarización de sus tres hijos en el eurocolegio Casvi y Highlands de Boadilla por un importe anual aproximado de 11.455 euros; los correspondientes a las clases de golf de su esposa por un importe de 3.000 euros, y se relata su participación en torneos de este deporte por toda España.  

Ese nivel de vida tiene relación directa, según los denunciantes, con el hecho de que el alcalde y su director general, Tomás Martín Morales, por ejemplo, «se reúnan previamente para comer con cada uno de los empresarios que se presentan a los concursos para realizar un sondeo de quién ofrece mayor comisión».  

Como consecuencia, «desde hace años se comunica al personal del Ayuntamiento que todos los seguros de accidentes se contraten con la empresa F y A de Lope Correduría de Seguros -amigos de negocios- con los que, entre otras actividades, viajó a Brasil para el último mundial de Fórmula 1-. Todo ello sin pedir previamente presupuestos a otras empresas».  

«Habiendo un letrado consistorial y dos técnicos jurídicos, se contrata en numerosas ocasiones a la empresa EIUS Abogados con importes que suman un montante anual de entre 12.000 y 18.000 euros», se informa, para después especificar que el bufete pertenece a sus amigos José María Michavila (ex ministro de Justicia) y Alberto Dorrego.  

Y se relatan presuntos tratos de favor, como la parcela de Boadilla que fue adjudicada para su explotación a UFC S.A., una empresa vinculada a la hermana del ex concejal de urbanismo. Entre otros. 

(www.elmundo.es, 09/02/09) 

EL ALCALDE DE BOADILLA DESAFÍA AL PP Y SE NIEGA A DIMITIR POR LA TRAMA 

"Sin estar imputado es absurdo presentar la dimisión". Así se ha expresado esta tarde el alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, en una rueda de prensa en la que no ha admitido preguntas, según informa J. Sérvulo González. A Panero se le vincula con la trama de corrupción municipal destapada el viernes por la fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón. Sin embargo, según sus propias palabras, hoy se ha reunido con Garzón y éste ni siquiera lo ha citado como testigo. "Soy un cabeza de turco", ha afirmado. 

La renuncia de González Panero ha sido objeto de controversia toda la mañana. Primero fue el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien aseguró que González Panero, había presentado su dimisión al secretario general de los populares en Madrid, Francisco Granados, y que se la había aceptado. Sin embargo, el regidor insistió en su inocencia al acudir a la Audiencia Nacional y negó que hubiera puesto su cargo "a disposición del partido". Rajoy ha anunciado que va a abrir una investigación interna para conocer los hechos que vinculan a su formación con la trama corrupta desarticulada el pasado viernes, que conseguía contratos en administraciones públicas gobernadas por los populares y después prestaba servicios a este partido en las campañas electorales. 

El alcalde de Boadilla quien viajó en viajó a Miami en dos ocasiones (en 2002 y 2003) con el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, había pactado esta mañana con Granados su dimisión pero posteriormente ha dado marcha atrás. Conocido el cambio de postura de González Panero, el secretario general del PP madrileño ha empezado a usar todos sus recursos para forzar su renuncia y ha comenzado a hablar con los concejales para presentar, si fuera preciso, una moción de censura. 

El PP pedirá amparo

Al igual que hizo ayer la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el líder del PP ha cargado contra el PSOE porque, en su opinión, ha utilizado "de forma partidista" a la fiscalía y ha anticipado que van a presentar un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial para pedir amparo. Rajoy ha querido aclarar que su partido nunca ha recibido donaciones de ninguno de los empresarios arrestados y ha manifestado que las contrataciones siempre se han hecho "en el marco de la legalidad" y no se ha recibido "beneficio alguno". 

Preguntado no obstante por su etapa como responsable de campaña del PP, Rajoy ha reconocido que trabajaron con Special Events, firma investigada en el proceso abierto por Garzón, pero ha señalado que "conocedores de que algunas personas utilizaban el nombre del PP" en ayuntamientos del noreste de Madrid dejaron de hacerlo. En línea con la investigación interna, el PP se personará como acusación popular en la causa de la Audiencia Nacional.

Rajoy, que hasta hoy había guardado silencio sobre la trama, ha afirmado que la revelación del contenido del sumario "puede hacer daño" al partido y las actuaciones contra esos cinco "individuos" puede "manchar el nombre del PP", algo que, en palabras del líder del PP es "injusto e intolerable". Por ese motivo, el presidente del PP ha insistido en que su partido actuará con "contundencia" contra cualquier militante que actúe fuera de la legalidad. 

Una relación "puntual"

Por su parte, el regidor de Boadilla ha asegurado que su ayuntamiento ha tenido relación puntual con tres de las empresas de Correa, al facturar a Pasarena Viajes contratos por un importe de 5.500 euros, además de unos servicios con ServiMadrid por valor de 2.000 euros y una adjudicación a la empresa EasyConcept la oficina de atención al ciudadano con el voto favorable de la oposición. "La documentación aportada por el ayuntamientos sobre estas adjudicaciones es totalmente transparente", ha afirmado González Panero. "Desde ese 2004 no tengo ningún trato con Correa", ha apuntado. "Yo hablaré con el Partido Popular y les contaré lo que he hablado hoy aquí -en la Audiencia Nacional-", ha afirmado el alcalde de Boadilla. En una de las cintas grabadas a Correa, éste asegura: "Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote que aplica a González Panero], se caga. Pero también voy yo al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". 

Los detenidos que hoy declararán ante el juez Garzón son Francisco Correa , quien se encargaba habitualmente de organizar los actos de los populares, hasta que Rajoy prescindió de él en 2003; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y Antoine Sánchez, cuyo nombre aparece en el amplio entramado de empresas de Correa. Las dos mujeres detenidas, María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio y Felisa Jordán Goncet, han quedado en libertad con cargos. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

EL PP SE LÍA: RAJOY ACEPTA LA DIMISIÓN QUE EL ALCALDE DE BOADILLA NIEGA HABER PRESENTADO 

El lío en el PP ya llega hasta tal punto que los mensajes que lanzan desde su seno se contradicen entre sí.  Un ejemplo: mientras el líder conservador, Mariano Rajoy, anunciaba de forma rotunda la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, por su presunta relación con la trama de corrupción en Madrid, el propio González lo desmentía pocos minutos después. Además, añadía que no estaba dispuesto "a convertirse en cabeza de turco de nadie". 

Diez de la mañana. El secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, cita al alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) por orden de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Granados recomienda a González que ponga su cargo a disposición del partido ante las graves acusaciones que pesan en su contra.  

El alcalde de Boadilla, conforme con Granados, le asegura que hará pública su decisión de dimitir tras presentarse voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Batasar Garzón. Tras su reunión con el alcalde de Boadilla, Granados se reúne con la presidenta Aguirre para comunicarle lo sucedido. La lideresa habla con Rajoy para informarle de que el alcalde de Boadilla ha presentado su dimisión y que el partido lo ha aceptado.  

A renglón seguido, Rajoy comparece ante los medios para informar de la dimisión porque "el alcalde de Boadilla no quería hacer daño al partido". 

En ese preciso momento en el que Rajoy comparece ante los medios, y tras personarse ante Garzón, el alcalde de Boadilla matiza que no ha presentado su dimisión. Surge el caos.  

El alcalde ha asegurado ante los medios de comunicación que tiene "la conciencia tranquila" y que las adjudicaciones realizadas por su consistorio fueron "impecables" y "aprobadas por la oposición".

"No he puesto ningún cargo a disposición, yo hablaré con el Partido Popular y les contaré lo que he venido a hacer hoy aquí, en cuanto tenga oportunidad", dijo el edil de Boadilla. González Panero ha argumentado que no ha puesto su cargo a disposición del partido porque Garzón le anunció que "ya me llamaría", por lo que ha decidido dejar su dimisión en suspenso.  

Posteriormente, ya en rueda de prensa, el alcalde de Boadilla ha explicado su visión de los sucedido: "No voy a poner el cargo a disposición de mi partido". El anuncio, en este sentido, realizado por el PP esta mañana "ha sido una sorpresa" para él. González Panero ha dado un paso más allá y de forma contundente ha anunciado que no se va "a convertir en cabeza de turco de nadie". Para que dimita, explica, la Justicia debe probar antes su culpabilidad.  "¿Por qué tengo que dimitir, si ni siquiera he sido citado como testigo o como imputado por el juez Garzón?". 

No obstante, desde el PP ya se ha informado de que esta decisión unilateral —de dejar su dimisión en suspenso— del alcalde de Boadilla no se va a aceptar, y han informado de que, de ser necesario, presentarán una moción de censura. 

"Lo procedente es que el alcalde de Boadilla ponga su cargo a disposición del partido", explicaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.  

"Quiero aclararlo todo cuanto antes", ha manifestado González, quien pretende así esclarecer la relación de su consistorio con los detenidos el pasado viernes relacionados con una trama de corrupción urbanística presuntamente liderada por Fernando Correa. 

González ha indicado que el consistorio facturó a Pasarena Viajes contratos por un importe de 5.500 euros, contrató servicios con ServiMadrid por valor de 2.000 euros y adjudicó a la empresa EasyConcept la oficina de atención al ciudadano con el voto favorable de la oposición. 

"La documentación aportada por el ayuntamientos sobre estas adjudicaciones es totalmente transparente", añadió. Además, González Panero aclaró que rompió su relación con Correa en 2004. "Desde ese año no tengo ningún trato", indicó en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Audiencia Nacional.  

Garzón tomará hoy declaración a los detenidos en la operación contra la corrupción en Madrid, que se extiende a Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz), según informaron fuentes jurídicas. 

A los detenidos en esta operación, dirigida por Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, se les imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Las detenciones del viernes fueron practicadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Comisaría General de Policía Judicial. 

Los arrestados en la operación contra la corrupción en la Comunidad de Madrid son cinco: los empresarios Pablo Crespo Sabaris, Francisco Correa Sánchez, la mujer de éste último, María del Carmen Rodríguez Quijano, Felisa Jordán y Antoine Sánchez. 

(www.publico.es, 09/02/09) 

RAJOY DA POR DIMITIDO AL ALCALDE DE BOADILLA Y ÉSTE LO NIEGA 

El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (PP), ha comparecido para reiterar que no ha presentado su dimisión y que no piensa hacerlo mientras no sea imputado. Ha hecho estas declaraciones poco después de que el líder del partido, Mariano Rajoy, anunciara que el primer edil de la localidad madrileña había puesto su cargo a disposición del PP. 

González Panero ha hecho estas declaraciones ante la prensa, rodeado por 14 de los 16 concejales del municipio (los otros dos fueron expulsados del equipo de Gobierno) y no admitió preguntas. 

El viernes fueron detenidas cinco personas dentro de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional, algunas de ellas presuntamente vinculadas con su Ayuntamiento. 

El primer edil de Boadilla se ha reunido a las 10 de la mañana durante una hora con el secretario general del PP, Francisco Granados, quien le ha pedido que pusiera su cargo a disposición del partido. 

Fuentes populares aseguraron que el hasta ahora alcalde se ha declarado inocente de todas las imputaciones que se le han hecho pero para no perjudicar al partido ha decidido poner su cargo a disposición de sus superiores. 

Más tarde, sin embargo, Panero, ha negado que haya puesto su cargo a disposición del PP y que tenga intención de dimitir. Panero aseguró ante los medios de comunicación que tiene "la conciencia tranquila" y que las adjudicaciones realizadas por su consistorio fueron "impecables" y "aprobadas por la oposición". 

Asimismo, preguntado acerca de la posibilidad de que el testimonio de Francisco Correa -uno de los principales detenidos en la trama- provoque su ingreso en prisión, contestó: "No, le puedo asegurar que no". Fuentes municipales han precisado que Panero no dimitirá haasta que no sea imputado por el caso. 

Ante esta actitud, fuentes de la dirección del PP han señalado que confiaban en que Panero dimitiera, ya que, en caso contrario, sería expulsado del partido y se le plantearía una moción de censura. 

Después de reunirse con Granados, Panero ha acudido de forma voluntaria a declarar en la Audiencia Nacional. Ha sido acompañado por su abogada para aclarar informaciones periodísticas que le vinculan con el cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones a determinadas empresas. 

Así, funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción la presión a la que se vieron sometidos por Arturo González y sus hombres de confianza para que las adjudicaciones se las llevaran "amigos". 

"Incluso te pedían que te reunieses con la empresa previamente para que todo cuadrase", sostienen los funcionarios, que aseguran que los propios empresarios les decían "tu jefe me ha sacado más pasta de la que hablamos en un principio o hemos tenido problemas con tu jefe porque no le hemos pagado todo lo que él quería". 

El sindicato Manos Limpias presentará hoy un escrito ante la Fiscalía con un listado de testigos para que sean llamados a declarar, y otro con el patrimonio de Panero, que según el dossier, tiene dos coches a su nombre -un BMW X-5 y un Opel Zafira- y habría comprado otros dos a su hermano -como regalo de bodas- y a su padre. 

(www.elmundo.es, 09/02/09) 

Aguirre adjudicó 76 contratos a dedo a la trama de Boadilla

Alberto López Viejo, un prometedor sospechoso

El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó, directamente y sin concurso, 76 contratos entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 a dos empresas vinculadas a los detenidos por la trama de corrupción que comenzó a investigarse en Boadilla (Madrid) y que el viernes destapó el juez Baltasar Garzón.

En total, Easy Concept Comunicación, SL (antes denominada Down Town Consulting) y Good and Better, SL recibieron adjudicaciones para organización de eventos por valor de 562.183 euros, cada una de ellas inferior a 12.000 euros. Esa es la cuantía que la Ley de Contratos estatal señalaba hasta 2007 como límite máximo para adjudicar sin concurso los llamados contratos menores.

Easy Concept yGood and Better tienen o han tenido por administradores a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego; y Felisa Isabel Jordán Goncet, detenidos el viernes con otros tres empresarios. Entre ellos, Francisco Correa Sánchez, a quien los investigadores consideran el cerebro de la trama.

Actos de la presidenta

Las adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de Madrid constan en sendas respuestas parlamentarias remitidas al PSOE en diciembre de 2005. El listado constata que, de las dos empresas citadas, Easy Concept Comunicación fue la más beneficiada, con 68 contratos.

Al estar ‘troceados’, los contratos no tuvieron que ser otorgados por concurso 

En buena parte de la serie de adjudicaciones hay dos nexos comunes: tienen por objeto la preparación de actos a los que asistió Esperanza Aguirre y aparecen troceados. Es decir, los trabajos necesarios para un mismo evento no se consideran un todo, sino se que se adjudican por partes, de modo ninguna de ellas exceda en coste de los 12.000 euros.

El ejemplo más ilustrativo lo representan las 15 facturas emitidas el mismo día por Easy Concept –el 1 de abril de 2004– por los otros tantos servicios prestados para el homenaje que la Comunidad de Madrid rindió en la Puerta del Sol el 25 de marzo de 2004 a “los que se volcaron con las víctimas del 11-M”. La relación de contratos muestra, por ejemplo, cómo el concepto “elementos de sonido”, cuyo coste se cifró en 11.954,39 euros, aparece ajeno al de “iluminación y sonido”, cuantificado en 11.524,36 euros.

Un solo homenaje, el del 11-M, dio lugar a 15 adjudicaciones

Un segundo caso: del homenaje al Getafe por su ascenso a Primera en junio de 2004, Easy Concept emitió cuatro facturas. Todas aparecen en el listado remitido al PSOE con el mismo epígrafe, “Acto Ascenso Club Fútbol Getafe”. Easy Concept y Good and Better giraron facturas en abril de 2005 por el Día de la Mujer. La primera, por 11.906 euros; la segunda, por 11.700.

En las fechas a las que corresponden todas adjudicaciones ocupaba la Consejería de Presidencia Ignacio González. Y el viceconsejero era el actual consejero de Deportes, Alberto López Viejo, a quien, según el diario El País, los denunciantes de la trama de Boadilla señalan como el artífice de los contratos troceados. 

HABLA LA PRESIDENTA : "Ningún detenido es afiliado del PP"

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró ayer que si algún cargo del PP tiene algo que ver con la operación abierta por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos por tráfico de influencias, soborno y fraude, “tendrá qué vérselas con la Justicia”. Según Aguirre, ninguno de los detenidos está afiliado al PP. Para la presidenta, la única relación con el PP estriba en que los detenidos “tuvieron que ver con la organización de campañas electorales”.

www.publico.es 08.02.09

Anticorrupción denuncia al ex alcalde de Majadahonda y al regidor de Boadilla

Entre la treintena de nombres cuya imputación propone la Fiscalía Anticorrupción en su denuncia figura el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, el ex alcalde de esta misma localidad y el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega, que ocupó el cargo hasta 2005.

El juez Baltasar Garzón debe ahora decidir sobre las imputaciones solicitadas por el Ministerio Público, para lo que tendrá en cuenta lo que declaren los principales encausados, detenidos el viernes.

Fuentes jurídicas indicaron que el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, también podría figurar entre los investigados, por supuestos contratos firmados con una de las empresas vinculadas al entramado.

De momento, no hay más detenidos que los cinco del viernes, jornada durante la que, en los once registros practicados en Madrid, Valencia, Marbella y Sotogrande (Cádiz), la Policía se incautó de abundantísima información que ahora deberá procesar.

Por lo que respecta a Boadilla, los investigadores analizan, entre otros contratos, el suscrito por González Panero con Easy Concept el 19 de diciembre de 2005 para la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano, y que garantizaba a la citada empresa cinco millones de euros en diez años. En  ese municipio madrileño, cuya población censada no llega a los 50.000 habitantes, el servicio de atención al ciudadano cuesta al ayuntamiento 506.000 euros al año.

Según la oposición municipal de Boadilla, Felisa Isabel Jordán, administradora de Easy Concept hasta diciembre de 2007, es la pareja del abogado externo a quien el alcalde ha encomendado en diversas ocasiones la defensa de los intereses municipales.

También Guillermo Ortega adjudicó como alcalde de Majadahonda contratos a una de las empresas presuntamente nucleadas en torno a la trama, Special Events. Esa sociedad tuvo como administradora a Carmen Rodríguez Quijano, asesora municipal de Ortega.

www.publico.es 08.02.09

'Esta vez la compra ha sido un apartamento en Miami Beach'

El alcalde de Boadilla se jactó de haber adquirido propiedades tras viajar a Florida con el detenido Correa, según denuncia remitida a la Fiscalía

Alardear más de la cuenta, aunque sea ante un auditorio reducido, puede traer más problemas de los esperados y eso es lo que debe estar pensando a estas alturas el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, tras ver el cariz que van tomando las pesquisas sobre corrupción de munícipes del PP iniciadas por el juez Baltasar Garzón.

González negó ayer que tuviera nada que ver con lo que se ha dado en llamar el Club de Miami y anunció querellas contra quienes le atribuyan propiedades en esta ciudad estadounidense facilitadas por Francisco Correa, el conseguidor, uno de los detenidos en la operación dirigida por el magistrado. Pero esa actitud no se corresponde con la mantenida en el pasado cuando se jactaba de haber realizado adquisiciones en ultramar recién regresado de los viajes realizados junto a Correa.

Una denuncia remitida a la Fiscalía recoge esos momentos. «Es un hecho constatable», recoge la prueba, «que el Sr. Panero, al regreso de sus viajes, expresó a sus compañeros de alcaldía y allegados que había adquirido propiedades en Miami. En una de las ocasiones comentó: 'Esta vez la compra ha sido un apartamento en Miami Beach'».

Los empresarios Francisco Correa, Pablo Crespo, Mari Carmen Rodríguez, Antoine Sánchez y Felisa Jordán fueron detenidos el viernes en relación con una supuesta trama de adjudicación de contratos públicos de determinadas administraciones del PP, entre ellas la de la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

El documento al que ha tenido acceso este periódico ha sido elaborado por personas que conocen el desarrollo del Consistorio, que aseguran ser testigos y a veces víctimas de comportamientos ilícitos por parte de algunos responsables de esta entidad municipal, y que han aportado datos -a través del sindicato Manos Limpias- para que el Ministerio Público amplíe una investigación que llegue donde ellos no han podido.

Para empezar, uno de los listados remitidos a la Fiscalía Anticorrupción recoge algunos de los trayectos realizados por algunos de los protagonistas de la presunta trama. Consta el viaje a Miami fechado el 18 de abril y realizado por Francisco Correa, Arturo González y José Galeote, concejal del Ayuntamiento de Boadilla entre 1995 y 2003, y padre del eurodiputado Gerardo Galeote.

Esa estancia en EEUU demostraría el vínculo -sobre el que González ha mantenido una considerable distancia- entre el conseguidor y el alcalde. No sólo porque el primero cargó con los gastos de toda la estancia, sino porque el localizador del billete de aquel trayecto es el mismo para los tres viajeros y eso indica que lo pagó una misma persona.

El 30 de noviembre, González Panero y su mujer, Elena Vilarroya, se desplazaron hasta Miami con su amigo Javier del Valle -de la empresa Renta 4-, su esposa Victoria Ruiz de Velasco y su hijita de apenas un año. Medio año después, el 14 de julio de 2003, el alcalde y Francisco Correa coincidieron de nuevo.

Los registros de la Propiedad de Miami ya acogían nombres idénticos a los de Correa y similar al de alguna de sus empresas, -en concreto, hay un Special Events Catering sito en el 0018 Commercial Condominium-.Pero ,a partir de esos viajes, empieza a quedar constancia de compras realizadas por personas con nombres iguales a los del alcalde de Boadilla y de algunas de sus personas de su confianza.Según el informe remitido a los fiscales, hay al menos nueve propiedades registradas a nombre de Arturo González en Miami.Si fuera cierto que pertenecen al regidor, sumarían un patrimonio de más de 2.200.000 dólares.

Sin embargo, una comprobación más minuciosa revela que la compra de algunos de los inmuebles se realizó en 1980 o que otra la efectuó un propietario con el mismo nombre pero que dice ser originario de Carolina del Norte. Los mismos redactores del documento reconocen sus limitaciones: «Dada la complejidad de los registros públicos de Miami, ya que sólo figura el nombre y el primer apellido del comprador, y que los documentos que se solicitan para una compraventa son la licencia de conducir o una dirección de correo, no se ha podido contrastar que todas estas propiedades pertenezcan a D. Arturo González Panero».

Hay que añadir a esta circunstancia que la labor de abogados especializados en realizar este tipo de operaciones de compraventa, cuidándose de garantizar la máxima confidencialidad para sus clientes, puede contribuir a la falta de transparencia. Pero siempre hay un dato que puede suscitar dudas, y en este informe recoge uno de ellos.

«Es importante destacar que en la página 2 de dicho documento, Dña. María C. Rodríguez figura con una dirección (5953 W 28 Ave), que es la que posteriormente utiliza D. Arturo González como comprador. Sin embargo, la primera dirección que facilita D.Arturo González (111 W 45 Place) no existe como tal en el Registro de la Propiedad de Miami; por lo tanto, es falsa».

Los redactores destacan este punto porque, según recuerdan, la esposa de Francisco Correa se llama Mari Carmen Rodríguez, también arrestada el jueves, y la compraventa del inmueble -30 de julio del 2003-está fechada un par de semanas después de uno de los viajes del alcalde -del 14 al 18 de julio-.

En el registro de Miami también constan los nombres de personas que se llaman Guillermo Ortega, Miguel Angel Valdés o Javier del Valle como, respectivamente, el ex alcalde de Majadahonda, el marido de la teniente alcalde de Boadilla, Belén Húmera, o el amigo de la empresa Renta 4 que acompañó al alcalde a Florida.Y hay también un Francisco Correa que compró en el 2800 de Townhome Residential.

Los remitentes del informe han denunciado a la Fiscalía, entre otras muchas cosas, los comentarios de González Panero jactándose de sus adquisiciones. Pero piden, además, que se investigue si estas coincidencias son algo más que eso.

El alcalde aseguró ayer que encargará un informe que pagará de su bolsillo para demostrar quiénes son los verdaderos propietarios de las viviendas que se le atribuyen en Florida. Según informó el Ayuntamiento, las acusaciones formuladas han sido realizadas «sin ninguna comprobación seria, rigurosa y fidedigna» en el registro de Miami.

«Simplemente, en la página web www.miamidade.gov se ha introducido su nombre, Arturo González, y ha aparecido una sucesión de propiedades que corresponden a este nombre y apellido. Este nombre es muy común en un Estado de habla hispana, por lo que son múltiples las viviendas que se corresponden con estos datos», añadió.

Según el Consistorio, el alcalde tiene previsto financiar este informe «de su propio bolsillo» y resarcirse después del coste a través de las demandas que interpondrá «por calumnias e injurias contra los responsables de estas falsas acusaciones».

El Ayuntamiento reitera que la única actuación judicial realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 respecto al Consistorio ha sido la petición de una documentación de procedimiento, "que nada tiene que ver con asuntos urbanísticos", y que le fue entregada a la Policía Judicial dos horas después de ser solicitada.

Asimismo, y al ser el primer interesado en que se aclaren "cuanto antes" estos hechos, el Ayuntamiento explica que el alcalde de Boadilla quiere ponerse "a la entera disposición de la Audiencia para cualquier información adicional que deseen"

Aportaciones a la Fiscalía Anticorrupción

>Billete. Uno de los documentos aportados a la investigación judicial demuestra que Francisco Correa 'El Conseguidor', Arturo González, el alcalde, y el que fuera concejal de Boadilla, José Galeote viajaron a Miami juntos y bajo el mismo localizador. >Los denunciantes reconocen que el sistema de registro de Miami no facilita las identificaciones, pero consideran una coincidencia sospechosa que una mujer con el apellido de la esposa de Correa (María C. Rodríguez) figure con una dirección (5953W 28 Ave) que es la que después utiliza un tal Arturo González como comprador. >Se extrañan de que la primera dirección que da el citado González sea falsa (111W 45 Place) y quieren que Anticorrupción investigue.

www.elmundo.es 08.02.09

Otra entidad del empresario Ramón Blanco obtuvo parcelas construibles mediante concurso público

La Cadena SER ha tenido acceso a una documentación en la que se vincula a Ramón Blanco Balín con el Ayuntamiento de Boadilla. Mediante concurso público, la empresa Rústicas MBS, en la que figuraba como administrador único, obtuvo el derecho de superficie de tres parcelas que en la actualidad acogen una treintena de locales y un aparcamiento subterráneo en una de las menores zonas de la localidad. Otro de los empresarios sobre los que el magistrado solicitó información en Boadilla por una adjudicación, José Luis Ulibarri, también recibió 13 licencias de TDT y la autorización para construir un hospital por parte del Gobierno valenciano

Rústicas MBS obtuvo el derecho de superficie de tres parcelas municipales por 75 años. Durante este periodo tendría que abonar al Ayuntamiento un cánon anual de 320.000 euros, comprometiéndose a entregar dos locales para que se ubique la empresa municipal de la vivienda y la oficina de atención al ciudadano.

Esta concesión la consiguió en octubre de 2005. Sin embargo, en la primavera de 2007 Blanco Balín solicitó a la EMSV autorización para otorgar la cesión del contrato a Artas Consultoría, empresa con la misma Dirección social que Rústicas Mbs. Por su parte, el PSOE de Boadilla afirma que en uno de los locales se ubicará una comisaría de la Policía Local, por la que el Ayuntamiento abonará 104.000 euros al año, según se recoge, dice el portavoz, Pablo Nieto, en los presupuestos de 2009.

Los socialistas de Boadilla pedirán al alcalde que ponga en marcha una comisión de investigación para aclarar la presunta vinculación del Ayuntamiento con la supuesta trama.

¿Quién es Ulibarri?

El empresario José Luis Ulibarri llegó a la Comunidad Valenciana en 2006 cuando irrumpió en el mapa televisivo a raíz de que el gobierno valenciano dirigido por el popular Francisco Camps le otorgara 13 licencias de televisión digital terrestre, logrando estar presente en todas las demarcaciones de este concurso.

La empresa que creó para este concurso, Media Med, alcanzó acuerdos con numerosos operadores de televisión local asegurándoles que contaba con el apoyo del gobierno valenciano y dando por seguro que iban a ser los adjudicatarios de estas licencias como finalmente se produjo.

Además del negocio de la comunicación, Ulibarri también tiene intereses en el sector de la construcción. En los últimos años ha ganado peso como adjudicatario de obra pública que se licita la comunidad valenciana. Entre otras cosas, en enero de 2007, se le adjudicó la construcción de un hospital en Valencia, la de un colector de agua en la capital y 72 viviendas en la localidad valenciana de Albaida

www.cadenaser.com 08.02.09

"Le pusimos ahí y está subidito, se le ha olvidado que ha estado en la mierda"

Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se jacta en sus conversaciones de tener bajo su control a cargos del partido

Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se jactaba constantemente de su poder sobre alcaldes y concejales de dicho partido. Así consta en las conversaciones de esta red que ha desarticulado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras un año de investigación y escuchas telefónicas de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía. Cinco personas, dos de ellas ex cargos del PP, fueron detenidas el pasado viernes acusadas de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Otras 30 personas están imputadas. La red operaba principalmente en Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana.

• "Se veía venir; hubo cosas sorprendentes"

• Corrupción y liderazgo

• Una de las firmas investigadas es la principal proveedora del PP valenciano

• La destitución del candidato por Ourense agrava la crisis en el PP

• El silencio de Rajoy desespera a los dirigentes de su partido

• Los mil contratos de El Bigotes

• El amigo de todos

• 'Fontanero' en busca de dinero fácil

"Aunque le vaya mal en España, él tiene su dinero en las Islas Caimán"

"Si ganan en Majadahonda, las decisiones las voy a tomar yo"

Correa carece de cargos en el partido, pero posee profundas relaciones con su jerarquía (organizó actos electorales hasta 2003, cuando lo apartó Mariano Rajoy). En las grabaciones afirma que su poder sobre el PP le viene, siempre según las cintas, de su complicidad con personas vinculadas históricamente a la tesorería del partido y del supuesto conocimiento de operaciones turbias, que amenaza con utilizar.

Por ejemplo, respecto del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), afirma: "Si entrego la cinta que tengo del albondiguilla [apodo que le da a González Panero] se caga, pero voy también al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". Y sobre un concejal de dicho municipio, también del PP, sostiene: "Le pusimos ahí y está subidito, se le ha olvidado que ha estado en la mierda".

González Panero niega tener conocimiento de tal cinta sobre su persona. "Me suena a coña marinera, no he tenido con él ninguna relación desde hace cinco años. Lo conocía del partido, como todo el mundo, pero no he ido a ninguna boda. Si organiza actos de partido, pues lo contratas. Y algunas cosas no sabíamos que eran de él. O era la mejor oferta", se defendió ayer el alcalde de Boadilla.

Las conversaciones de Correa muestran que se presenta ante sus interlocutores como un poder fáctico por encima de los cargos electos del PP. En relación a una lucha entre facciones de dicho partido en Majadahonda, dice: "Si ellos ganan en Majadahonda, las decisiones no la toman ellos, las voy a tomar yo".

Igualmente, alude a presuntos negocios turbios de Guillermo Ortega (PP), ex alcalde de Majadahonda, y sostiene que su esposa, María del Carmen Rodríguez Quijano -ahora detenida por Garzón como integrante de la trama-, había comprado una casa a un abogado, que en realidad era de Guillermo Ortega, al que denomina la rata. "Compró el piso de la rata por 54 millones". Y apunta que el ex regidor tenía un asunto de facturas falsas.

Fuentes próximas a Ortega niegan la existencia de tales operaciones. "Todo es una pura mentira", sostienen.

Correa, a tenor de sus charlas, tiene negocios urbanísticos en Arganda, El Escorial, Boadilla, en Madrid, La Nucia (Alicante), etcétera. Por el contrario, reconoce en las grabaciones que ha dejado de trabajar con Génova (sede nacional del PP), aunque mantiene que posee informaciones inquietantes para algunos de sus cargos históricos.

El fruto de sus actuaciones ilegales parece desembocar en inversiones opacas: "Voy a Cartagena de Indias, he comprado un terreno por teléfono, he mandado la pasta a Panamá, está en el casco antiguo, dentro de la muralla. Y voy luego a Nueva York, y luego a Miami a ver mis cosas". Isabel Jordan, subordinada suya detenida, lo ratifica: "A él le seguirá yendo bien, aunque le vaya mal en España. Él tiene su dinero en las Islas Caimán".

www.elpais.es 08.02.09

"Se veía venir; hubo cosas sorprendentes"

Boadilla del Monte es un municipio de 42.000 habitantes al oeste de la Comunidad de Madrid. La localidad linda con la carretera de A Coruña (A-6), en torno a la cual se ha producido una explosión urbanística en la región. Un ejemplo de ello es que Boadilla ha visto duplicada su población en poco más de cinco años. En este escenario, el gobierno local de Boadilla, del PP, acumula varias acusaciones de corrupción por parte de la oposición e incluso de antiguos ex concejales del PP. Por eso, el viernes pocos se sorprendieron cuando el municipio apareció en la lista de Administraciones implicadas en la trama de corrupción que lograba contratos con los ayuntamientos gobernados por el PP. El alcalde de Boadilla, Arturo González, está relacionado con uno de los cabecillas de esta trama. El portavoz del PSOE local, Pablo Nieto, asegura que en el municipio "se han producido decisiones urbanísticas con una irreparable dirección especulativa". Nieto denuncia la adjudicación de una parcela municipal a la empresa UFC para la construcción de viviendas. Asegura que ésta es una de las operaciones investigadas por el juez Garzón en la trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en varios ayuntamientos de España.

Nieto explica que el Ayuntamiento adjudicó la parcela a UFC "cuando hubo otra empresa que ofreció 3,4 millones de euros más". "La empresa está vinculada al PP", precisa Ángel Galindo, portavoz del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB), que confirma que el viernes la Policía Judicial reclamó los expedientes sobre las operaciones del Ayuntamiento con esta empresa.

La ex concejal popular en Boadilla, María Paz Echenique, reconoció ayer que "el asunto se veía venir. Hubo cosas sorprendentes". Salió del gobierno municipal en 1999 tras una moción de censura de su propio partido contra una alcaldesa, también del PP, Nieves Hernández, un episodio estrambótico en la localidad que permitió que el actual alcalde, Arturo González, ocupase la alcaldía. "En cuanto llegaron", relata, "presentaron cosas en el pleno sobre las que no estaba de acuerdo. Había cosas que parecían irregulares", recuerda. Echenique cuenta que al llegar Arturo González aparecieron cerca de 20 cargos de confianza en apenas cuatro meses. "No me pasaba desapercibido que si alguien se propone hacer algo te rodeas de los que considera que van a hacer todos los trabajos", concluye.

www.elpais.es 08.02.09

Garzón desmantela una gran trama de corrupción política vinculada al PP

Hay cinco detenidos, dos de ellos ex cargos en el partido, y 30 imputados - El cabecilla de la red extendió sus negocios por Madrid y Valencia

Una larga investigación del juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) culminó ayer con la desarticulación de una extensa trama corrupta que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, partido al que luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales.

• La trama está acusada de cohecho, tráfico de influencias, fraude y blanqueo

• Las empresas de la red prestan al PP servicios electorales sin detallar

Entre los detenidos de la trama se encuentra el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP, hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003, y amigo personal del yerno de Aznar, Alejandro Agag, del que fue testigo en su boda; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio; y dos personas más que aparecen en su amplio entramado de empresas, Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez.

Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tiene en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos. Anticorrupción atribuye a la trama corrupta los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada). La policía judicial practicaba ayer registros en domicilios particulares, empresas y despachos de diversas localidades de Madrid capital y de sus alrededores, así como en sedes institucionales de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de la propia administración autonómica valenciana, además de en viviendas de Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).

Una vez analizada esta documentación, desfilarán ante Garzón los cargos políticos implicados en las supuestas corruptelas. Durante los meses -más de un año- que ha durado esta investigación, la policía ha acumulado abundante información a través de las escuchas practicadas. Indicios de corrupción que serán verificados ahora con los testimonios de los imputados y las pruebas documentales obtenidas en los registros que hasta el momento se han realizado.

Esta trama tiene un doble vínculo con el PP. Por un lado, recibía decenas de adjudicaciones en condiciones sospechosas de administraciones bajo gobierno de dicho partido. Por otro lado, le prestaba servicios electorales al partido sin dar cuenta de los gastos al Tribunal de Cuentas, que en varias ocasiones puso serios reparos a la contabilidad de la formación por esta anomalía.

La trama corrupta se nutría de fondos públicos por el trato de favor de gobiernos del PP para mantener una estructura que, luego, realizaba servicios a la misma formación política. Por ejemplo, empresas vinculadas a la trama de Correa aparecen como proveedoras del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid; en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana y en las de 2004 al Parlamento andaluz.

Curiosamente, los informes de los distintos tribunales de cuentas autonómicos alertan de que no se ha podido precisar qué tipo de servicios les prestó, lo que constituye una irregularidad electoral. Así, Rialgreen, firma del grupo, nunca detalló qué servicio prestó al PP en dicha campaña andaluza de 2004. No aportó facturas ni documento alguno. Igual ocurrió con las elecciones madrileñas de mayo de 2003, donde la suma de votos de PSOE e IU daban una victoria a la izquierda, que se frustró tras la deserción de dos diputados socialistas. Rialgreen, nuevamente, no aportó facturas. Y otro tanto ocurrió en las elecciones valencianas.

El Tribunal de Cuentas exige facturas a cada proveedor electoral de los partidos para garantizar que el servicio prestado en campaña cuesta lo que vale y no hay rebaja ni regalo. Es decir, que no hay financiación encubierta al partido a través de un proveedor que regala el servicio electoral (catering, publicidad, organización de acto electoral) o no lo cobra a precio de mercado.

Aquí, el opaco proveedor electoral es habitual contratista de gobiernos municipales o autonómicos del PP. El reguero de adjudicaciones públicas en los últimos 10 años se extiende por toda España: Galicia, Comunidad Valenciana, ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Boadilla, y un largo etcétera, e incluso la Federación Española de Municipios bajo presidencia del PP hasta 2003.

Una singularidad más. Una de sus empresas más conocidas y polémicas, Special Events, tiene su accionariado en un paraíso fiscal a través de la firma Windrate. En Special Events ha trabajado Antonio Cámara, ex secretario personal del presidente Aznar. Con cuatro empleados, Special Events logró unos ingresos de 4,4 millones de euros en 2003.

La tupida red de empresas de los cinco detenidos

Los detenidos por la trama de supuesta corrupción urbanística aparecen vinculados a una enorme malla de empresas:

- Francisco Correa está ligado a Special Events, que contrató el PP nacional y cuya filial Orange Markets recibe encargos del PP valenciano. Correa aparece en Ekobaby (comercio de frutas) y Formación Comunicación y Servicios (viajes).

- María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, ex jefa de gabinete del ex alcalde popular de Majadahonda, figura en Pasadena Viajes, Special Events, Construcciones Salamanca, Construcciones Roquiconsa y 25 Alfileres Torrent (tejidos al por mayor).

- Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, está relacionado con la inmobiliaria Welldone 2002 Special Events, Hator Consulting (compraventa mobiliaria), Studios Vesubio (inmobiliaria), Technology Consulting Management (urbanismo), Pasadena Viajes, Rialgreen (publicidad), Osiris Patrimonial (compraventa mobiliaria), Forever Travel Group (viajes), Inversiones Kintamani, Cresva, (publicidad), Proyectos Financieros Fillmore, Caroki, Castano Corporate, Spinaker 2000 (inmobiliarias) y Gestión y Equipamientos Deportivos (servicios deportivos).

- Felisa Jordán Goncet figura en Uno más Cuatro Comunicación, Good and Better, e Easy Concept.

- Antoine Sánchez está en Catalunya Nord Recor, Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial y Technology Consulting Management.

www.elpais.es 07.02.09

"Ganamos 12.000 kilos. De mi 50%, yo reparto con Ramón, Álvaro y el alcalde"

Correa tramaba con sus socios negocios urbanísticos en municipios valencianos

Entre las numerosas grabaciones que forman parte del voluminoso sumario sobre la trama corrupta vinculada al Partido Popular, hay una donde Francisco Correa, el organizador durante 20 años de los eventos de esa formación política, trata de negocios con Álvaro Pérez. En ella, Correa detalla sus gestiones para lograr un gran negocio urbanístico.

Correa: "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".

Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan.

"Álvaro" es supuestamente Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia, mientras que "Ramón" es supuestamente Ramón Blanco Balin, secretario de esa sociedad, y "Pablo", supuestamente es Pablo Crespo, ex número 3 del Partido Popular gallego, socio de Special Events.

Orange Market es una filial de Special Events, la sociedad con la que Correa empezó su carrera empresarial vinculada al Partido Popular.

En sus conversaciones, Correa citaba a empresarios a los que Garzón también ha imputado en relación con esta red de corrupción política en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.

Los denunciantes de la trama también han investigado la supuesta relación de Francisco Correa con el actual consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. La Comunidad de Madrid lo negó ayer a través de un portavoz.

Las instituciones 'contaminadas'

La investigación del juez Garzón se dirige contra un grupo de empresas dedicadas a lograr contratos públicos y organizar campañas electorales, siempre del PP. Se les achacan delitos como cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Un amplio abanico de administraciones, siempre bajo mando del Partido Popular, aparecen salpicadas por la investigación, al ser aquellas con las que trabajaban esas empresas.

- Agencia (Consejería) Valenciana de Turismo. Sus dependencias fueron registradas ayer.

- Ayuntamientos de Madrid. La trama salpica también los contratos de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Las Rozas, Boadilla del Monte o Majadahonda.

- Partido Popular. Es el cliente principal de las empresas de Francisco Correa dedicadas a organización de eventos y viajes durante los años noventa.

- Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia y Comunidad Valenciana. También son clientes principales de las empresas de la trama de corrupción, especialmente a raíz de que dejan de trabajar para el PP nacional, alrededor de 2003.

- FEMP. Bajo la presidencia de Rita Barberá, hasta 2003.

www.elpais.es 07.02.09

Madrid adjudicó contratos a Special Events por 210.000 euros en 2007

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa Special Events S.L., vinculada a uno de los cinco detenidos el viernes por presuntos delitos de corrupción, por un importe total de 210.000 euros, según consta en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM).

Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP gallego y detenido ayer en el marco de la operación puesta en marcha por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía de Corrupción que investigan presuntos delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias, y blanqueo de capitales.

Precisamente, Crespo es también administrador único de la empresa Pasadena Viajes S.L. con la que, según informó el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, este consistorio madrileño, gobernado por el PP, contrató varios viajes de hermanamiento, y ahora la Justicia le ha pedido información al respecto.

En el caso de Madrid, el Consistorio adjudicó a Special Events mediante concurso abierto la ejecución del diseño, montaje y organización de una pista de hielo artificial, tanto en el distrito de Villaverde, en el Auditorio del Espinillo, como en el distrito de Vicálvaro.

Así, en la obra de Villaverde, la adjudicación tuvo un coste de 140.000 euros y tuvo lugar el pasado 17 de diciembre de 2007, mientras que en el caso de la pista de Vicálvaro, el coste fue de 71.000 euros, y la fecha de contratación se fijó cinco días antes, el 12 de diciembre de ese mismo año.

Otro de los ayuntamientos que también ha tenido contacto con la empresa ha sido el de Alcalá de Henares, también en manos del PP, que en 2003 contrató a Special Events por un importe de 70.000 euros para instalar otra pista de patinaje en la Plaza de Cervantes, en la misma localidad del Corredor.El procedimiento de adjudicación en este caso fue negociado y tuvo lugar el pasado 9 de diciembre de 2003.

www.elmundo.es 07.02.09

Aguirre: "En el PP nos dedicamos a construir hospitales, escuelas, redes de metro y no a espiar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró este sábado que si algún cargo del Partido Popular tiene algo que ver con la operación abierta por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos por tráfico de influencias, soborno y fraude, "tendrá qué vérselas con la justicia", aunque recalcó que, de momento, ninguno de los detenidos es un afiliado al PP.

"Si algún cargo del PP ha hecho alguna recalificación urbanística para ellos (los empresarios implicados), desde luego, tendrán que vérselas, me imagino, con la Justicia", aseveró Aguirre en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press y en donde fue preguntada por la nueva operación contra la corrupción destapada en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, Valencia y Andalucía.

"Me parece muy bien que se juzgue a los culpables con todas las garantías"

No obstante, señaló que por lo que ha podido saber por los medios de comunicación, ninguno de los detenidos es afiliado o cargo del Partido Popular sino que "son personas que tuvieron que ver con la organización de campañas electorales". En todo caso, Aguirre apuntó que la situación se tiene que aclarar "cuanto antes" porque la corrupción es algo "intolerable".

"Si en esta ocasión es cierto lo que se dice, que la Fiscalía lleva mucho tiempo detrás de esta trama, me parece muy bien que se juzgue a los culpables con todas las garantías, y les daremos también la presunción de inocencia...pero si eso es así, que la Justicia esclarezca este asunto", añadió.

Preguntada por la comisión de investigación que se ha abierto esta semana en la Asamblea de Madrid para esclarecer la supuesta trama de espionaje en el seno de la Comunidad de Madrid, Aguirre recalcó que se ha aceptado dicha comisión para que se sepa que el Gobierno "no ha espiado, ni ha amparado el espionaje, ni lo ha conocido ni considera presentable que nadie espíe". "Queremos proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, su intimidad y demostrar que nosotros no hemos espiado", apostilló.

En este sentido, subrayó que, en ningún caso la comisión se ha demorado, sino que "para sorpresa de la oposición", el PP la aceptó porque "no tiene nada que ocultar" y porque quiere que el asunto se esclarezca porque son "los más perjudicados en este asunto". "Lo que queremos es claridad, luz, taquígrafos y transparecia", añadió, al tiempo que criticó que el PSOE, a pesar de decir que se solidarizaba con el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, luego ha montado "prácticamente una causa general y una investigación al estilo de la Inquisición".

Por otro lado, la presidenta madrileña dijo que no era "serio" que la oposición se queje por todo lo que haga el PP al respecto de la comisión. "Si no aceptamos la comisión, porque tenemos algo que ocultar, si la aceptamos porque la queremos controlar", se quejó Aguirre, quien criticó que la oposición piense que el PP tiene interés en que vaya rápido porque quiere perjudicarles.

"El PSOE ha montado una investigación al estilo de la Inquisición"

Frente a las críticas que ha recibido el Gobierno regional por que el presidente de la comisión sea del PP, Aguirre recordó que todas las comisiones de investigación las ha presidido un miembro del PP, "como dice el reglamento", y que, por el contrario, está la Comisión de Vigilancia de Contrataciones que la preside la oposición, en donde González ha pedido intervenir para hablar de unas adjudicaciones.

"Compareceremos donde haga falta, soy una entusiasta del control parlamentario, y aquí estamos para que los madrileños sepan y tengan la tranquilidad de que nos dedicamos a cumplir con el programa electoral que ellos votaron, a construir hospitales, escuelas infantiles, redes de metro y no a espiar", arguyó.

Asimismo, negó que haya una pugna entre la dirección del PP nacional y la del PP de Madrid, y cuestionada por si se había sorprendido de que el PSOE no haya solicitado la comparecencia en la comisión del presidente de su partido, Mariano Rajoy, Aguirre se limitó a preguntar: "¿Qué tiene que ver el pobre con todo este asunto, con que El País me acuse a mí de espiar falsamente...se quiere magnificar".

Acciones contra 'El País'

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en que todo el caso deriva de unas informaciones publicadas en el diario 'El País' y recordó que como consideran que las acusaciones sobre la trama son falsas, han enviado al periódico, acogiéndose al derecho de rectificación, la rectificación de este asunto.

Así, señaló que el periodista que redactó las informaciones, Francisco Mercado, ya ha rectificado ante los medios de comunicación cuando salió de la Fiscalía y en un programa de televisión, pero que esto "no basta" porque el periódico no lo ha hecho. Por ello, anunció, está estudiando el planteamiento de una demanda de concilición. "Y si no, tendremos que ir a los tribunales penales", agregó.

Preguntada por si cree que todas estas informaciones son porque alguien quiere ir a por ella, la presidenta apuntó que "no cabe duda que el periódico 'El País' no le tiene gran simpatía" y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "es el emblema del tipo de gobierno del PP en España, como el valenciano, el de Castilla y León o Murcia".

"Es evidente que todo lo que sea hacernos daño, al Partido Socialista...", señaló la presidenta, quien recordó como el PSOE ya dijo en su día que había que ganar en Madrid "como sea". Por ello, también insistió en que, en este caso, IU está haciendo un "enorme" favor al Gobierno de la nación por "no recordarle que se están yendo al paro 7.000 españoles más cada día".

Para Aguirre, no tiene sentido que se esté hablando de una cuestión suscitada por un periódico, cuando su periodista ya ha rectificado, si hay un momento de crisis económica como la que atraviesa España. "Es de gran interés para el Gobierno que no se hable de la crisis que estamos padeciendo", matizó.

www.publico.es 07.02.09

La operación contra la corrupción llega a dos municipios del noroeste

La operación contra una presunta trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en Valencia, Marbella y Cádiz convulsionó ayer a dos ayuntamientos del noroeste madrileño: Boadilla del Monte y Majadahonda, gobernados por el PP. Funcionarios de la Policía Judicial se presentaron en ambos consistorios por la mañana para requerir información sobre sus relaciones comerciales con varias empresas: Pasadena Viajes, SL; Easy Concept Comunicación, SL; Servimadrid Integral, Special Events, SL, y Technology Consulting Management. Todas ellas tienen vínculos con los cinco detenidos en la operación: Francisco Correa Sánchez (empresario que organiza actos para el PP), Pablo Crespo Sabaris (ex secretario de organización del PP gallego y hombre de confianza del dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña), María del Carmen Rodríguez Quijano (esposa de Correa, ex secretaria del PP en Majadahonda y ex jefa del gabinete del anterior alcalde majariego, el popular Guillermo Ortega, que dimitió tras un escándalo urbanístico y un enfrentamiento con su grupo), Antoine Sánchez (primo de Correa) y Felisa Jordán Goncet. Ambos alcaldes dicen sentirse tranquilos.

www.elpais.es 07.02.09

El alcalde de Boadilla viajó a Miami con Correa

La condesa gacela con el Alcalde de Boadilla

El alcalde de Boadilla, Arturo González (PP), viajó a Miami en clase business en dos ocasiones (en 2002 y 2003) con uno de los detenidos ayer, Francisco Correa, como se desprende de documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero el regidor mantiene que no conoce a Correa, el hombre detrás de al menos una de las tres empresas que el juez investiga en Boadilla, Pasadena Viajes, SL. La policía pidió ayer al alcalde información sobre qué había contratado el Consistorio con Pasadena Viajes, Servimadrid Integral y Easy Concept Comunicación. La relación más importante la mantiene con esta última.

Esta sociedad está presidida por la empresa Hator Consulting, S.A., de la que es administrador único uno de los detenidos, Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego. La empresa gestiona la Oficina de Atención al Cliente del municipio desde 2005. La oficina está formada por dos locales, en los que se atiende las 24 horas del día en tres turnos de trabajo. El Ayuntamiento paga por ello 506.000 euros anuales. Además, contrató viajes con Pasadena entre 2001 y 2005 de 5.790 euros. "Viajes de hermanamiento por cantidades muy pequeñas", explican. El alcalde ha negado cualquier relación con el detenido Francisco Correa, empresario vinculado con el PP y uno de los presuntos responsables de la trama. "Ni de amistad, ni de ninguna otra clase", sostiene González.

El PSOE ha denunciado que el regidor se desplazó con Correa a Miami en primera clase en dos ocasiones, en abril de 2002 y en julio de 2003. "Correa es muy conocido en el PP y quizá haya coincidido con el alcalde en algún viaje, pero no lo han organizado juntos", responde un portavoz municipal. El concejal del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, se felicitó de que "por fin", la justicia investigue la corrupción en la zona: "Las continuas denuncias por presunta corrupción urbanística, las adjudicaciones de contratos, tráfico de influencias, son el origen de la actuación judicial".

El clima en el PP de Boadilla está enrarecido. El alcalde denunció al ex edil de Sanidad, Francisco Sánchez. Le acusa de distribuir un dossier sobre un presunto enriquecimiento del alcalde.

www.elpais.es 07.02.09

La Fiscalía y Garzón piden información sobre la oficina de atención al ciudadano de Boadilla

BÁJATE EN PDF EL CONTRATO AMIGO ENTRE EL ALCALDE Y UNA PRESUNTA IMPLICADA

Hay 30 imputados, entre ellos alcaldes y ex alcaldes, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal, y operaciones inmobiliarias

Adjudicación que se realizó por un periodo de 14 años a razón de medio millón de euros anuales a la empresa Easy Concept, vinculada a Isabel Jordán, una de las detenidas en esta operación. Jordán es, según fuentes municipales, la actual pareja de Enrique Galán Abad, abogado del alcalde de Boadilla. Un abogado muy marcado por la polémica. En los últimos años, la oposición ha presentado varios escritos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid, pidiendo explicaciones de por qué el alcalde ha recurrido siempre a los servicios de este letrado en lugar de los muchos abogados que hay en plantilla en el consistorio, todos funcionarios, y por tanto sin coste alguno a los presupuestos.

Es más, según han confirmado estas mismas fuentes, la oposición se ha querellado ya por este asunto con el alcalde de Boadilla acusándole de malversación y prevaricación, escrito que han presentado ya ante el juzgado de instrucción número 1 de Móstoles.Los funcionarios que acudieron al ayuntamiento de Boadilla también solicitaron, según fuentes de la investigación los documentos sobre la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa UFC, que preside José Luis Uribarri.

El tercer expediente solicitado fue sobre unos locales de la empresa municipal del suelo adjudicados a una firma de Ramón Blanco, consejero de Orange Market, la marca de este conglomerado de empresas en Valencia.

www.cadenaser.com   07.02.09

El alcalde que viajaba a Miami con Correa

Un dossier denunció la compra de pisos en EEUU de personas vinculadas al PP

La sospecha de corrupción en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid es algo tan viejo como las primeras elecciones municipales que se celebraron después de la muerte de Franco. Algunas denuncias superaron la sospecha y pasaron a la Fiscalía y al juzgado, como fue el caso de Aquiles Aparicio. Se tuvo que ir. El PP obligó al alcalde de Pozuelo de Alarcón, Martín Crespo, a abandonar cuando la zona de sombras sobre aquella localidad era ya absoluta.

El nuevo alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, logró dar estabilidad a los populares en uno de sus más importantes caladeros de votos.

Pero desde hace dos años comenzaron a correr rumores por Boadilla, que llegaron hasta Madrid en forma de dossiers. En uno de ellos, alentado y amparado por mucha gente vinculada al PP, se acusaba al primer edil de comprar casas en Miami y de tener un patrimonio inmobiliario muy superior a sus ingresos en el Ayuntamiento, que se calcula que son de unos 85.000 euros anuales.

Se facilitaban fotocopias de billetes de avión y se hablaba claramente de trato de favor a las empresas encabezadas por Francisco Correa, detenido ayer. Uno de estos trabajos llegó a manos del sindicato Manos Limpias, que presentó en la Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que acusaba de presunto cohecho a algunos empresarios de la zona.

Miguel Bernad, dirigente de ese sindicato, hacía una relación de las empresas de Francisco Correa que contrataban con el Ayuntamiento de Boadilla y también de lo que consideraba como «colaboradores y asesores del alcalde», que habían comprado casa en Estados Unidos.

En esa relación figuraban, además de Francisco Correa, su esposa, María del Carmen Rodríguez, y Pablo Crespo, también detenidos por Garzón ayer. Asimismo, estaban Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y hoy gerente del Mercado Puerta de Toledo, propiedad de la Comunidad de Madrid; Javier del Valle, Manuel Angel Jiménez, Manuel A. Valdés, Rafael de León, Fernando Torres, Joaquín García y Ramón Blanco. Todos, al parecer, con casa en Miami.

Entre los militantes del PP se conocía a este grupo de amigos como el club de Miami. El ruido llegó a ser tan grande que el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, llamó al alcalde para que le aclarara la proliferación de informes sobre sus propiedades.

Arturo González Panero lo negó todo al secretario general del PP y también a EL MUNDO cuando, en diciembre del año pasado, publicó las acusaciones de uno de sus concejales y un resumen del dossier. Lo atribuyó a la lucha por desbancarle de la secretaría general del PP de Boadilla.

El portavoz local del PSOE, Pablo Nieto, denunció hace meses que el hoy alcalde de Boadilla y el empresario Francisco Correa eran buenos amigos y viajaban a menudo a Miami, lo que hacía sospechosa era relación. González Panero lo niega todo.

www.elmundo.es 07.02.09

Cargo de confianza del anterior alcalde majariego

María del Carmen Rodríguez fue jefa de gabinete del ex regidor

La policía también visitó el Ayuntamiento de Majadahonda ayer por la mañana. No en vano. María del Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación contra la corrupción, desempeñó un papel relevante en la localidad, mientras gobernó Guillermo Ortega, entre mayo de 2001 y febrero de 2005. Primero fue asesora y después Ortega la nombró jefa de su gabinete. También es miembro de la Asamblea General de Caja Madrid nombrada por el Consistorio majariego. Desde su puesto municipal ejercía un gran poder sobre las decisiones del Ayuntamiento. Fue en esa época cuando el equipo de gobierno contrató con Special Events diferentes trabajos.

El Consistorio encargaba a Special Events hasta fotocopias

Rodríguez fue administradora única de esta empresa hasta el 20 de noviembre de 2001. En ese año Special Events elaboró un vídeo promocional para el Ayuntamiento, por el que se pagaron más de 55.000 euros. La concejal del grupo centrista, Mercedes Pedreira, denunció en los plenos que se encargaban a esta empresa "trabajos peregrinos". Como ejemplo la elaboración de discos compactos y fotocopias que hacía la empresa por las que se pagaron facturas de hasta 87.000 euros. "¿Es que en el Ayuntamiento no se podían hacer fotocopias?", se pregunta.

Las relaciones entre Ortega y sus concejales se fueron deteriorando. Las acusaciones mutuas desembocaron en una crisis y un escándalo urbanístico por la venta de dos parcelas municipales. Ortega perdió el pulso y dimitió en febrero de 2005. "Desde ese momento, no existe ninguna relación con esas empresas", afirma con alivio el alcalde actual, Narciso de Foxá. "Incluso rescindí el contrato con la sociedad a la que se le había adjudicado la Oficina de Atención al Ciudadano", añade.

Antes de dimitir Ortega, el Ayuntamiento adjudicó el desarrollo de la Oficina de Atención al Ciudadano a la empresa Technology Consulting Management, también investigada por Garzón y de la que es administrador único Pablo Crespo Sabaris, detenido en la operación.

"El propio secretario de la organización consideró entonces que había anomalías en el pliego de condiciones técnicas de dicha firma: no estaban concretadas las necesidades administrativas, ni su ejecución podía recaer en manos privadas", explica la edil centrista.

MÁS INFORMACIÓN

www.elpais.es 07.02.09

 

www.cadenaser.com 06.02.09

www.elplural.com 25.01.09

La empresa que hizo el vídeo del 'Atleti' de Metro, vinculada con Special Events

Deadline Events, la empresa que realizó para el Gobierno regional el vídeo de Metro de Madrid donde se ridiculiza a un seguidor del Atlético, está vinculada con Special Events, una firma controlada por accionistas radicados en paraísos fiscales, según el PSOE. Esta última firma se ha encargado durante varios años de organizar actos del Partido Popular, muchos de ellos del Gobierno regional.

Según el Registro Mercantil, el administrador único de Deadline Events, la empresa que elaboró el vídeo para Metro de Madrid, es Raúl Gascón, que sustituyó en el cargo a María Victoria Romero, según informó la Cadena ser. Tanto Crespo como Romero son los únicos socios de Deadline Events.

Raúl Gascón ha formado parte del Consejo de Administración de Pasadena Viajes, cuyo administrador único es Pablo Crespo, quien también es administrador único y ex presidente de Special Events. María Victoria Romero, por su parte, fue socia fundadora de esta misma empresa.

El vídeo realizado por Deadline Events, que se mostró dentro de una exposición de Metro de Madrid sobre el 'efecto invernadero', causó una enorme polémica. Esperanza Aguirre y el vicepresidente regional, Ignacio González, lo repudiaron, así como el Atlético de Madrid, cuyos aficionados se veían ridiculizados en la grabación.

El Gobierno regional fulminó la polémica destituyendo al responsable de la Gerencia de Atención al Cliente de Metro, Juan Carlos Galindo, y al director de Operación, Aurelio Rojo

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/17/madrid/1192636007.html