CASO GÜRTEL : OPERACIÓN ARGANDA
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EL JUICIO POR EL GRAN PELOTAZO DE 'GÜRTEL' PERMITIRÁ REPATRIAR 24 MILLONES DE CORREA
EL JUEZ IMPONE FIANZAS DE HASTA 80 MILLONES POR EL MAYOR PELOTAZO DE GÜRTEL‘Caso Arganda’: El gran pelotazo de la trama Gürtel, listo para juicio
DIMITE UNA DIPUTADA DEL PP DE MADRID POR EL ‘CASO GÜRTEL’
ARTURO FASANA CONFIRMA QUE LA TRAMA COBRÓ 130.000 EUROS A CAMBIO DE UNA OBRA EN ARGANDA
EL JUEZ DA CUATRO DÍAS A LA COMUNIDAD DE MADRID Y A BANKIA PARA QUE LE ENVÍEN DOCUMENTOS DEL MAYOR PELOTAZO DE 'GÜRTEL'LA FISCALÍA ATRIBUYE A LA DIPUTADA DE CIFUENTES MARÍA JOSEFA AGUADO UN "PAPEL TRASCENDENTAL" EN LOS AMAÑOS DE GÜRTEL
ANTICORRUPCIÓN REBAJA LA IMPUTACIÓN QUE EL JUEZ SOLICITA PARA LA DIPUTADA DEL PP MADRILEÑO JOSEFA AGUADO
DE LA MATA IMPUTA AL GESTOR DE LA CUENTA SUIZA 'SOLEADO' EN LA QUE CORREA RECIBIÓ 25 MILLONES DEL MAYOR PELOTAZO DE 'GÜRTEL'EL JUEZ RECLAMA A CIFUENTES EL ACUERDO QUE PERMITIÓ A MARTINSA EL PELOTAZO DE ARGANDA
LA MADRE DEL TORERO QUE QUERÍA “ABONAR CUNETAS” CON LOS “ROJOS” DE PODEMOS SE ENFRENTA A LA JUSTICIA POR LA ‘GÜRTEL’
LA DIPUTADA DE CIFUENTES CITADA ANTE EL JUEZ, AL BORDE DEL LLANTO: "TENGO FAMILIA Y TENGO QUE VER TODO ESTO EN LOS MEDIOS"
DE LA MATA PIDE A UNA DIPUTADA DEL PP EN MADRID QUE DECLARE DE FORMA VOLUNTARIA COMO INVESTIGADA EN 'GÜRTEL'VILLAREJO REVELA EN EL JUZGADO QUE LA POLICÍA YA SOSPECHABA DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ DESDE 2011
UN INFORME POLICIAL SECRETO ASEGURA QUE RAJOY Y AGUIRRE 'TAPARON' EL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ
LA POLICÍA YA CONOCÍA EN 2011 CINCO PRESUNTOS CASOS DE CORRUPCIÓN LIGADOS A IGNACIO GONZÁLEZ Y AL PP DE MADRIDLOS MISTERIOS DEL CASO ARGANDA, EL GRAN PELOTAZO DE LA GÜRTEL
EL JUEZ INVESTIGA SI IGNACIO GONZÁLEZ RECIBIÓ DOS MILLONES PARA SU ÁTICO
EL NÚMERO DOS DE LA POLICÍA CONOCE EL PELOTAZO DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ DESDE 2008
HACIENDA AÚN DESCONOCE DÓNDE ESTÁN 12 MILLONES DEL MAYOR PELOTAZO DE LA GÜRTEL
EL FACTOR AGUIRRE
BÁRCENAS ASEGURÓ AL JUEZ QUE RAJOY ESTABA AL TANTO DEL MAYOR PELOTAZO DE LA TRAMA GÜRTEL
EL ALCALDE DE ARGANDA MANTUVO HASTA 2005 UNA CUENTA CONJUNTA CON MARTÍN VASCO Y GINÉS LÓPEZ
AGUIRRE RECONOCE QUE RAJOY Y LAPUERTA LA ALERTARON DE UNA OPERACIÓN VINCULADA A GÜRTEL
RUZ ACORRALA A LOS ANTIGUOS CARGOS POLÍTICOS DEL PP EN ARGANDA
EL GRAN PELOTAZO ‘GÜRTEL’
EL TRIBUNAL SUPERIOR RATIFICA LA IMPUTACIÓN AL DUEÑO DE MARTINSA EN EL 'CASO GÜRTEL'
EL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA SE ACERCA A LOS 24 MILLONES DE EUROS
EL PRESIDENTE DE MARTINSA, IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL' POR PAGOS A CORREA
IMPUTADO OTRO CARGO DEL PP DE ARGANDA POR EL MAYOR PELOTAZO DE CORREA
LA 'GÜRTEL' COBRÓ 13 MILLONES DE COMISIÓN POR UN PELOTAZO
EL PRESIDENTE DE MARTINSA DECLARA POR COHECHO, BLANQUEO Y DELITO FISCAL
ARGANDA DEJÓ DE COBRAR 23 MILLONES EN UNA OBRA DE GÜRTEL
IGNACIO GONZÁLEZ Y EL MISTERIO DEL ÁREA 124
AGUIRRE REHUSÓ ASISTIR AL CONCIERTO DE BARENBOIM PARA IR A UNA BODA
EL JUICIO POR EL GRAN PELOTAZO DE 'GÜRTEL' PERMITIRÁ REPATRIAR 24 MILLONES DE CORREA
El magistrado ordena decomisar el dinero que Suiza bloqueó al cabecilla de la trama y a su número dos, Pablo Crespo, que habrían obtenido esos fondos por intermediar de forma ilegal en el urbanismo de Arganda del Rey
El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, José de la Mata, ha ordenado el comiso de 24,8 millones de euros a los miembros de la red corrupta, que es la cantidad que las autoridades suizas mantienen bloqueadas al cabecilla de la trama ligada al PP, Francisco Correa, y a su número dos, Pablo Crespo, según consta en el auto de apertura de juicio oral de la pieza separada de Arganda del Rey, en la que se investiga la corrupción en este municipio de madrileño.
En el auto, De la Mata da un plazo de cinco días para que los acusados presten la fianza, y advierte de que en el caso de que no lo hagan "se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente hasta cubrir las sumas fijadas".
Cuentas bloqueadas
Con esta decisión, y ante una previsible condena de Correa, la justicia española podrá recuperar el dinero que Correa y Crespo tienen en Suiza. Las autoridades helvéticas bloquearon estos fondos poco después de que el juez Baltasar Garzón ordenara en 2009 la detención de los integrantes de la red corrupta.
Desde entonces, el ministerio público ha intentado repatriar el dinero de Correa, ante la oposición de los letrados de los acusados. Sin embargo, una condena obligaría a Suiza a reintegrar los 24 millones, que según la justicia española tendrían origen ilícito.
En concreto, el juez acusa a los empresarios Fernando Martín (Martinsa); Amando Mayo Rebollo y Manuel Salinas Lázaro, de realizar dos pagos a Correa por un total de 25 millones de euros a cambio de que el cabecilla de la trama consiguiera que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, gobernado por el PP, adjudicara a la promotora Martinsa de forma irregular un amplio terreno en este municipio madrileño.
198 millones más
Además, tras la adjudicación de los terrenos a la promotora de Fernando Martín, los cargos del Consistorio de Arganda del Rey promovieron distintas modificaciones del plan de ordenación urbana, con la finalidad de aumentar el número de viviendas a edificar, "favoreciendo de ese modo a la empresa", según resalta el auto.
Por ello, prosigue la resolución judicial, el número de viviendas pasó de las 1.580 iniciales a 2.731, lo que representaba un incremento del 72,85%.
Según las previsiones internas de Martinsa, reconocidas por el testigo Gilbert Barbany, la empresa preveía un incremento en las ventas del 58,93%, ya que estas pasarían de 336 a 535 millones.
Dinero en Mónaco
En el auto, el juez considera confirmado que el empresario Fernando Martín ocultó dinero en Mónaco y en otros paraísos fiscales: "De ese modo, el investigado habría obtenido un ahorro fiscal ilícito de 1,2 millones", especifica la resolución
En el mismo sentido, la resolución especifica que el responsable del fraude cometido por Martinsa es Fernando Martín, que era administrador de la sociedad "y beneficiario económico de la cuenta en el extranjero en la que se realiza el pago no contabilizado, dada su participación directa y su condición de administrador", concluye el auto de apertura de juicio oral de la pieza separada Arganda del Rey del caso Gürtel.
https://www.vozpopuli.com/politica/juicio-gurtel-millones-correa-suiza_0_1282672967.htmlEL JUEZ IMPONE FIANZAS DE HASTA 80 MILLONES POR EL MAYOR PELOTAZO DE GÜRTEL
El magistrado José de la Mata ha acordado la apertura del juicio oral contra una veintena de personas y ocho empresas por las irregularidades en Arganda del Rey
Una veintena de investigados en la pieza del caso Gürtel por las presuntas irregularidades en Arganda del Rey tendrán que sentarse en el banquillo. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado, en un auto recogido por Vozpópuli, la apertura del juicio oral y ha impuesto fianzas de hasta 80 millones de euros a varios de los acusados, incluido el cabecilla de la trama, Francisco Correa.
Todos tendrán que responder ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el complejo entramado societario que los acusados utilizaron para obtener adjudicaciones de contratos públicos de forma irregular. Según el magistrado, los hechos investigados serían constitutivos de delito continuado de prevaricación, continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.
Asimismo, el juez ha acordado "concretar provisionalmente las fianzas necesarias para la cobertura de las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieren derivarse de los hechos y delitos investigados y a aquéllos atribuidos". En el caso de Francisco Correa y Pablo Crespo la multa alcanza los 78 millones de euros. Fernando Martín Álvarez tendrá que abonar 79 millones y Armando Mayo Rebollo 80.
"Actividad depredatoria"
En su auto de apertura del juicio oral, el juez ha subrayado que los investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas de Arganda del Rey y de forma señalada al propio municipio y la Sociedad de Fomento. Según consta en el escrito, los acusados intervinieron en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la “actividad depredatoria” que entre todos realizaron.
De la Mata ha hecho hincapié en que tanto el exalcalde de Arganda del Rey Ginés López, como Benjamín Martín Vasco y Juan Fernández Caballero, contaban con una privilegiada posición en la entidades públicas de Arganda, situación que aprovechaban para asegurar que los contratos “se adjudicaran conforme a los designios de la banda”.
El resto de acusados que ostentaban posiciones públicas colaboraron con los designios en los distintos procesos de contratación, evacuando informes técnicos o de valoración, validando procedimientos y autorizando facturas y pagos. En el caso de Correa, Crespo, Jordán y Collado Serra, se les acusa de corromper "activamente" al resto de investigados "con sus promesas y dádivas, hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal, alcanzando un acuerdo evidente con ellos, de carácter permanente y sistemático, para conseguir la adjudicación de los contratos de acuerdo a sus intereses”.
21 personas al banquillo
El juez ya había procesado en enero a las 21 personas acusadas del pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones a la trama Gürtel en el municipio madrileño de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009. En concreto, el procedimiento se dirige contra Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Pablo Collado, Ginés López y Benjamín Martín Vasco. A la lista se suman Juan Fernández Caballero, César Tomás y Isaac García Requena, Luis Bremond.
También serán juzgados José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado, Álvaro García del Río, Alfonso García Pozuelo, José Luis Martínez Parra, Fernando Martín Álvarez, Ramón Blanco Balín, Manuel Salinas, Amando Mayo y Joaquín Martín Vasco.
Hasta 29 años de cárcel
En abril, la Fiscalía Anticorrupción solicitó penas de 29 años de cárcel para los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo -en prisión desde hace dos años cumpliendo condena por otras piezas de esta causa-. Pidió, a su vez, 17 años de prisión para el exalcalde de Arganda del Rey Ginés López tras vincular a todos los acusados con el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones en el municipio madrileño de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009.
https://www.vozpopuli.com/politica/juicio-cabecillas-Gurtel-irregularidades-Arganda-Rey-fianzas_0_1282672445.html‘Caso Arganda’: El gran pelotazo de la trama Gürtel, listo para juicio
El juez De la Mata cierra la pieza separada sobre la comisión de 25 millones a Correa en el municipio madrileño
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha cerrado este miércoles la investigación y ha dejado listo para juicio el mayor pelotazo de la trama Gürtel de corrupción: la venta de parcelas municipales en Arganda del Rey (Madrid, 54.000 habitantes). En esta operación, el cerebro confeso de la trama, Francisco Correa, y el entonces alcalde de la ciudad, Ginés López, del PP, entre otras personas, se repartieron supuestamente 25 millones de euros que les pagó la sociedad adjudicataria de los terrenos, Martinsa, por amañar el concurso en su favor. Esta promotora, liquidada en 2015 y dirigida por Fernando Martín, antiguo presidente del Real Madrid, es uno de los símbolos de la burbuja inmobiliaria que azotó a España durante la primera década de este siglo.
El magistrado instructor ha dictado hoy dos resoluciones distintas en la causa de los negocios de Francisco Correa en Arganda, municipio residencial situado al sureste de la capital de España. En el primer auto, De la Mata desgaja la investigación de Arganda de la pieza principal del caso Gürtel. En el segundo, el juez transforma la causa en procedimiento abreviado, un trámite equivalente al procesamiento, y por el que propone juzgar a Correa, Ginés López, Fernando Martín y otras 18 personas por delitos de prevaricación, cohecho, fraude, falsedad en documento público, malversación, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública.
Además de la operación de intermediación urbanística que granjeó a Correa una enorme ganancia ilícita sin arriesgar un euro, en esta causa se han investigado diversos actos de manipulación de los contratos públicos en Arganda entre 1998 y febrero de 2009, cuando estalló la Operación Gürtel. Las empresas del líder de la trama percibieron 168.500 euros mediante la adjudicación de al menos 13 contratos del Ayuntamiento y de la Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal, dirigida por el concejal Benjamín Martín Vasco, que fueron fraccionados para evitar la libre concurrencia. “En la práctica, llegaron a dirigir toda la contratación pública de Arganda del Rey”, afirma De la Mata en su auto sobre Correa y sus principales colaboradores.
Las empresas de Correa, dedicadas a la publicidad y la organización de eventos, obtuvieron numerosos contratos de administraciones gobernadas por el PP, formación con la que tenía un trato privilegiado. Al mismo tiempo, el líder de la trama llevaba a cabo “una intensa actividad como conseguidor de proyectos de obra pública, urbanísticos, infraestructura, [o] suministro de servicios públicos”. Correa presentaba a empresas a concursos previamente concertados y obtenía comisiones que posteriormente se repartía con las autoridades y funcionarios que facilitaron los amaños.
El mayor éxito en esta especialidad corrupta lo obtuvo Correa en Arganda entre 2004 y 2005. Era la época en que la burbuja inmobiliaria que se llevó por delante a buena parte del sistema financiero español y abonó la gran recesión se encontraba en su fase aguda. Correa obtuvo una mordida de 25 millones de euros a cambio de mediar en la venta –y posterior recalificación- de la llamada Unidad de Ejecución UE 24 en favor de Martinsa. La parcela de suelo público, de 16 hectáreas fue vendida por 89 millones de euros, después de que el concurso público impidiera a los licitadores realizar ofertas más altas. Tras la adjudicación, el número de viviendas permitidas en esa zona se elevó de las 1.580 iniciales a las 2.731 de la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico. Este incremento de la edificabilidad suponía un aumento en la previsión de ventas, que pasaron de 336,6 a 535 millones de euros. El expediente de contratación se redactó de una manera que la operación aparecía como de dudosa rentabilidad para los potenciales licitadores, según el juez De la Mata. De este modo, se limitó el número de empresas interesadas en hacerse con los terrenos municipales.
La comisión de 25 millones fue abonada presuntamente por Martinsa en dos pagos de 12 y 12,87 millones en diciembre de 2014 y junio de 2016 a cuentas de Correa en Mónaco y Suiza. Otros 130.000 euros fueron transferidos directamente a una cuenta helvética de Ramón Blanco Balín, asesor de Correa.https://elpais.com/politica/2019/01/09/actualidad/1547053561_110174.html
DIMITE UNA DIPUTADA DEL PP DE MADRID POR EL ‘CASO GÜRTEL’
Aguado comunica su renuncia tras la decisión del Tribunal Superior de investigarla por presunta malversación, prevaricación y fraude
La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Josefa Aguado ha presentado este jueves su dimisión a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Aguado ha tomado esta decisión, que formalizará este viernes, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para investigarla por los posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación en relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a empresas de la trama Gürtel.
Anca Moldovan será la sustituta de la diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Moldovan, que ocupó el puesto 69 la lista con la que el PP concurrió a las elecciones autonómicas de mayo de 2015, nació en Cluj-Napoca (Rumaní) en 1976 y es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata envió el pasado abril una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que proponía investigar a Aguado por prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos al apreciar que la parlamentaria “habilitó los trámites administrativos” que permitieron abonar a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, las facturas de la celebración, en abril de 2007, de las X Olimpiadas Escolares de Arganda del Rey, municipio en el que la aforada trabajó como Jefa de Deportes municipal. La adjudicación a Correa de esta actividad fue de 89.000 euros, a los que hay que sumar otros 83.000 por "encargos extra" eludiendo los trámites legales.
Ahora la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM sostiene en un auto que Aguado no ha sido autora directamente "de resoluciones administrativas arbitrarias" en los términos que argumentaba el magistrado de la Audiencia Nacional, pero sí se deduce "una contribución importante de doña María Josefa Aguado del Olmo a que se dictaran esas resoluciones arbitrarias, favorecidas o propiciadas gracias a sus informes favorables al cobro"
"No puede descartarse que la persona aforada fue consciente de que con su actuación participaba en el dictado de resoluciones arbitrarias, mediante las que se consumó un fraude a la administración pública y se permitió la indebida disposición de fondos públicos, lo que obliga a iniciar la investigación penal en relación a ella" por posibles delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos", añade.
Los magistrados aceptan las competencias sobre Aguado pero no sobre el resto de los investigados en relación con el expediente de las Olimpiadas Escolares, sin perjuicio de lo que proceda cuando avance la investigación.
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/25/radio_madrid/1495720893_526222.htmlARTURO FASANA CONFIRMA QUE LA TRAMA COBRÓ 130.000 EUROS A CAMBIO DE UNA OBRA EN ARGANDA
El administrador en Suiza de los bienes del líder de la Gürtel, Arturo Gianfranco Fasana, reconoce que la supuesta organización criminal cobró esta comisión de la empresa Martinsa, por la adjudicación de una obra en el municipio madrileño. Fasana sostiene que recibió “presiones” y “amenazas del abogado de Correa” para liberar sus fondos estallar la operación
Fasana dice que Correa aún conserva 23 millones de euros en Suiza. Están bloqueados y a disposición de la justicia española
Arturo Gianfranco Fasana, el administrador en Suiza de la cuenta Soleado, que contaba entre un grupo de distinguidos clientes con el líder de la Gürtel, Francisco Correa, ha declarado este jueves como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la pieza que investiga el saqueo del municipio madrileño de Arganda, por parte de la organización criminal. Fasana también ha asegurado que Correa aún conserva 23 millones de euros en Suiza, que están bloqueados y a disposición de la justicia española
Fasana, según fuentes presentes en el interrogatorio, ha reconocido que el gestor de las empresas de Correa en España, Ramón Blanco Balín, percibió una comisión de 130.000 euros de la empresa Martinsa, a cambio de una adjudicación en esta localidad. “A mí me lo dijeron”, ha manifestado Fasana, “y yo anoté lo que me dijeron”, ha declarado el ciudadano suizo en perfecto español.
http://cadenaser.com/ser/2017/05/25/tribunales/1495717550_067676.htmlEL JUEZ DA CUATRO DÍAS A LA COMUNIDAD DE MADRID Y A BANKIA PARA QUE LE ENVÍEN DOCUMENTOS DEL MAYOR PELOTAZO DE 'GÜRTEL'
De la Mata reclama a la Comunidad de Madrid "el expediente completo" de una operación urbanística por cuya intermediación Correa cobró 25 millones
El instructor solicita a Bankia la documentación "que sustentó el 21 de diciembre de 2004 la concesión de un aval a la mercantil Martinsa para responder de la ejecución de infraestructuras y equipamientos por un importe de 10,6 millones"
El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional la segunda parte del caso Gürtel, José de la Mata, se ha dirigido al Gobierno de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes y a Bankia para que "en el improrrogable plazo de cuatro días" aporte, en el caso del Ejecutivo madrileño, la documentación oficial relativa a la adjudicación de unas fincas por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la promotora Martinsa, cuyo propietario, el empresario Fernando Martín, está imputado en el procedimiento, según el auto al que ha tenido acceso infoLibre.
De la Mata alude a la operación en la que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, podría haber ingresado en sus cuentas en Suiza hasta 25 millones de euros. Al menos 13 millones tuvieron su origen, siempre según la investigación policial, en pagos del dueño de Martinsa, Fernando Martín, desde una cuenta en Mónaco.
En concreto, el instructor reclama a la consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno madrileña la documentación relativa "a la aprobación de la desclasificación de las fincas, conforme quedaba establecido en el artículo 95.2 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid", especifica el auto, en el que también se dirige "a la Consejería competente en materia de régimen local", para que le entregue "la comunicación por parte del Ayuntamiento de Arganda, relativa a la cesión gratuita de fincas contenidas en la UE-124", de acuerdo a lo establecido en la mencionada Ley de Administración Local madrileña.
Precisamente, entre los fondos que Suiza bloqueó a los integrantes de la trama se encuentran 17,1 millones de Correa, que presuntamente tenían su origen en el pago de Fernando Martín por intermediar en la adjudicación de Arganda del Rey.
De la Mata también reclama en su auto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio "el expediente completo, tramitado y resuelto por la Comisión de Urbanismo, relativo al plan parcial de reforma interior de la UE-124".
Precisamente, en la documentación aportada en diciembre de 2016 por el Gobierno de Cifuentes se puede leer que en la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de 31 de enero de 2006, en la que se aprobó la reclasificación de las fincas de Arganda, participó el número dos de Ignacio González en el Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. Tanto este último como González están implicados en el caso Lezo, que ha destapada la existencia de una organización criminal liderada presuntamente por el expresidente madrileño.
Según un informe del comisario José Manuel Villarejo, aportado al caso del ático de Estepona, en el que también está imputado González, el expresidente madrileño habría percibido hasta 2 millones de euros de la operación de Arganda del Rey. "Todo viene a raíz de un colaborador de la Policía que manifiesta que González había cobrado aproximadamente dos millones de euros por esa recalificación por la que está imputado el empresario Fernando Martín", explicó Villarejo a la jueza de Estepona Isabel Conejo, en referencia al propietario de la promotora Martinsa
Victoria y Porto
El acta de la reunión aportada por la Comunidad de Madrid al jueza De la Mata especifica que también acudieron a la misma el también imputado en Púnica Salvador Victoria, en representación de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno; y el entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto. Precisamente, este último, tal y cómo publicó el diario El País el 26 de agosto de 2012, Martinsa-Fadesa adjudicó la sectorización de esta promoción a la empresa Plarquin Consultores, ligada al exdirector general de Urbanismo Enrique Porto.
Y esta firma, Plarquin, también participó en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con el exalcalde imputado Ginés López a la cabeza, de las fincas que investiga el juez De la Mata.
En su declaración como testigo en el juicio de la primera parte de Gürtel, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre reconoció haber participado en una reunión, en la que también estaban el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta: "Se celebró una reunión en el despacho del presidente y me advirtió de que había dos municipios, Majadahonda y Arganda, en las que había un concurso público y que querían vender parcelas a un precio fijo y que en el concurso no contara la oferta de precio", dijo la expresidenta, que negó tener conocimiento de que el empresario Joaquín Molpeceres se hubiera quejado al extesorero Álvaro Lapuerta de la existencia de irregularidades en las adjudicaciones de Arganda y Majadahonda.
Bankia financió a Martinsa
A Bankia, el instructor le pide en el auto "el expediente completo que sustentó la concesión de aval por parte de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid [bajo la presidencia de Miguel Blesa], a la mercantil Martinsa, el 21 de diciembre de 2004, para responder de la ejecución de infraestructuras y equipamientos públicos de un lote de fincas procedentes del patrimonio municipal de suelo de Arganda del Rey, sitas en la Unidad de Ejecución UE-124-Área de Centralidad, ante la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey SA, por un importe de 10.600.000 euros", especifica la resolución firmada el pasado miércoles.
En este sentido, infoLibre adelantó que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa financió de forma "irregular" la promoción de Martinsa en Arganda, según se desprende del informe realizado por dos peritos designados por el Banco de España a petición del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el caso Bankia.
En concreto, los funcionarios del organismo regulador incluyen entre las operaciones "irregulares" de Caja Madrid la financiación para una operación urbanística en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), en la que Francisco Correa habría percibido hasta 25 millones de euros, según la Policía Judicial.
Pese a que Fernando Martín, el propietario de Martinsa-Fadesa siempre ha defendido la legalidad de la adjudicación, la operación tenía todo lo necesario para ser considerado un pelotazo. Martinsa pagó 77 millones al Consistorio por un terreno que meses después triplicó su valor. De hecho, la promotora encabezada por Fernando Martín, también imputado en el caso Gürtel, vendió un tercio de los terrenos por 73 millones.
336 millones de beneficio
Un testigo del caso, en concreto el arquitecto Gilbert Barbany, declaró ante al juez Pablo Ruz que el Ayuntamiento de Arganda modificó las condiciones del contrato de adjudicación, favoreciendo de forma clara a Martinsa. El número de casas permitidas inicialmente era de 1.580, de las que 300 eran de promoción pública. Este número de casas podrían haber supuesto unos beneficios, según el testigo, de unos 336 millones tras su comercialización.
Así, la aprobación definitiva del Consistorio y de la Comunidad modificó los parámetros previstos inicialmente, pues de 1.580 se pasa a 2.731 casas, de las que 600 eran de protección pública.
Es decir, se permitió construir 1.151 casas más. El beneficio por la venta de estas casas habría sido de 535 millones, lo que suponía un aumento de 199 millones, siempre según las conclusiones del testigo.
En el mismo auto del pasado miércoles, el juez De la Mata acordó citar a declarar el 25 de mayo como imputado a Arturo Gianfranco Fasana, el gestor de la cuenta Soleado en Suiza, en la que el presunto cabecilla de la trama corrupta recibió 25 millones de euros por su intermediación en la adjudicación de varias parcelas a la promotora Martinsa en el municipio de Arganda del Rey, al sur de la Comunidad de Madrid.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/12/el_juez_gurtel_cuatro_dias_comunidad_madrid_bankia_para_que_envien_documentacion_del_mayor_pelotazo_correa_65008_1012.htmlLA FISCALÍA ATRIBUYE A LA DIPUTADA DE CIFUENTES MARÍA JOSEFA AGUADO UN "PAPEL TRASCENDENTAL" EN LOS AMAÑOS DE GÜRTEL
El Ministerio Público cree que Aguado cooperó con los líderes de la trama para amañar contratos en Arganda del Rey
Los fiscales piden que se siente en el banquillo junto a Correa, Crespo y la administradora de las empresas de Gürtel, entre otros
Señalan que "sin su participación previamente asegurada" no podía "idearse la adjudicación fraudulenta" ni pagarse las facturas troceadas
María Josefa Aguado, diputada autonómica del PP, tiene que sentarse en el banquillo con los principales cabecillas de Gürtel. La Fiscalía defiende que no tiene sentido juzgarla por separado por sus delitos como jefa de Deportes en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, sino que, dado su papel central en esos amaños, tiene que ser enjuiciada junto a Francisco Correa, Pablo Crespo y el resto de integrantes de la trama. Jugó un papel "trascendental" en un plan urdido para garantizar el lucro de la Gürtel a costa de las arcas públicas del municipio madrileño.
Así lo expresa el recurso interpuesto por la Fiscalía, al que ha tenido acceso eldiario.es, contra el auto que enviaba la parte de la causa referente a Aguado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El juez José de la Mata tomó esa decisión el pasado 17 de abril, obligado por la condición de aforada que tiene la parlamentaria de Cristina Cifuentes.
La Fiscalía cree que junto a Aguado, el juez tiene que pedir que se juzgue en el mismo tribunal a los principales cabecillas de la Gürtel. Comparte con el magistrado que hay "sólidos indicios de participación" de Aguado en los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos atribuidos. Pero apunta que, en los delitos de prevaricación y malversación, la diputada del PP no es autora, sino "cooperadora necesaria".
El escrito cita en este punto la jurisprudencia del Supremo para defender "la imposibilidad de enjuiciar por separado a los autores y a los partícipes" de los mismos delitos. Los fiscales creen que el amaño de la X Olimpiada Escolar, un concurso de 89.000 euros, fue solo posible gracias al plan urdido por todos los acusados.
La Fiscalía expone el caso para demostrar la cooperación de Aguado con el resto de acusados. Relata que Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey, y Juan Fernández Caballero, entonces técnico municipal, contrataron con las empresas de Gürtel "según lo convenido con Francisco Correa y Pablo Crespo". Los primeros vistieron de concurso público lo que era una adjudicación a dedo con la ayuda de Isaac García Requena, director de programación del Ayuntamiento, quien avaló "de forma deliberada e improcedente" que el contrato se tramitase por el procedimiento de urgencia. Otro trabajador municipal envió los pliegos a una empresa de Correa.
Aguado tuvo un "papel trascendental"
Aquí es donde aparece Aguado. Como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda, avaló la licitación y ordenó que se pagara a Isabel Jordán, trabajadora de las empresas de Gürtel. El resto de gastos de la Olimpiada Escolar fueron también adjudicados a esas empresas mediante contratos facturados que ascendieron a 67.000 euros.
Los fiscales señalan que "con el fin de otorgarles una apariencia de regularidad administrativa y de permitir el fraccionamiento, el 29.5.2007, María Josefa Aguado del Olmo informó favorablemente la aprobación de todas y cada una de las facturas". Las avaló todas con su firma el mismo día y tras indicar que había llevado a cabo "las comprobaciones oportunas".
Ese trámite fue indispensable para permitir el troceo de facturas, una práctica habitual de la Gürtel, según la Fiscalía, que define el papel de la diputada como "una colaboración necesaria" para cometer los delitos. El juez cree que hubo dos fases, una de diseño y otra de ejecución del amaño, pero los fiscales defienden que existe "una actividad única basada en un concierto entre todos los investigados".
No actuaban por separado, sino que se pusieron de acuerdo para, "con reparto de papeles entre ellos", obtener un lucro económico "a costa de las arcas municipales". Constituyeron un "un sistema cimentado en un acuerdo de voluntades", resume el escrito, en el que Aguado actuó, no solo habilitando trámites administrativos, sino que abrió la puerta "al excepcional régimen jurídico para los contratos menores que no exige fiscalización previa".
Su papel era "trascendental", llegan a afirmar los fiscales, y "sin su participación previamente asegurada no podía, primero, idearse la adjudicación fraudulenta de las X Olimpiadas Escolares a las empresas vinculadas a Francisco Correa, y después, abonarse las facturas por la organización de tal evento". El plan necesitaba de su intervención.
Cada acusado siguió "una conducta concreta", sigue el escrito, para garantizar que las empresas de Correa se llevan unas adjudicaciones que sumaron 156.000 euros. Hay que juzgarlos a todos juntos, por lo que, concluye la Fiscalía, debe revocarse la exposición razonada enviada al TSJM para Aguado, y el juez De la Mata tiene que enviar una nueva que incluya a todos los acusados, incluidos los cabecillas de Gürtel.
La Audiencia Nacional decidirá ahora si atiende el recurso de la fiscalía contra el auto del juez instructor y apoya que todos sean juzgados por el TSJM. Este tribunal tendrá que asumir luego su competencia, e imputar por , si así lo estima, a la diputada de Cifuentes por los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.
http://m.eldiario.es/politica/Fiscalia-diputada-Cifuentes-cabecillas-Gurtel_0_641486516.htmlANTICORRUPCIÓN REBAJA LA IMPUTACIÓN QUE EL JUEZ SOLICITA PARA LA DIPUTADA DEL PP MADRILEÑO JOSEFA AGUADO
El fiscal, a diferencia del juez José de la Mata, sostiene que fue "cooperadora necesaria y no autora de los delitos de prevaricación y malversación"
El Ministerio Público pretende que la parlamentaria sea juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid junto a Francisco Correa y el resto de procesados
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una menor pena para la diputada del PP madrileño María Josefa Aguado, sobre la que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al considerar que la parlamentaria habría cometido los delitos de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid).
"El instructor expone detalladamente los sólidos indicios de participación de la aforada María Josefa Aguado del Olmo en los delitos continuados de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos atribuidos. Participación esta que el fiscal, a diferencia de lo que se infiere del auto impugnado, entiende lo es a título de cooperadora necesaria y no de autora en los delitos de prevaricación y malversación", completa el recurso de apelación remitido por la Fiscalía Anticorrupción a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que mantiene como autora del delito de fraude a la diputada.
Además, el Ministerio Público también reclama a la Sala que el juicio del caso en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid incluya también al resto de los procesados que no están aforados: Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabarís, Isabel Jordán Goncet, Ginés López Rodríguez, Juan Femández Caballero, César Tomás Martín Morales e Isaac García Requena.
Adjudicación directa a Correa
En concreto, a la diputada se le acusa de haber participado en la adjudicación directa a empresas vinculadas a Francisco Correa de los servicios referidos a la X edición de las Olimpiadas Escolares de Arganda por un importe total de 156.260 euros, ocultada mediante la formal tramitación de un concurso y de siete contratos menores y en el pago de varios conceptos por duplicado en perjuicio de la Sociedad de Fomento municipal.
La diputada, como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda del Rey, dio su conformidad a dicha factura y al servicio prestado. "Con ello habría permitido que se aprobara el gasto y se ordenara su pago el mismo 9 de mayo por acuerdo de Juan Fernández Caballero y de Luis Bremond Triana, abonándose dicha factura el mismo día mediante talón bancario que fue cobrado, también el 9 de mayo, por Isabel Jordán Goncet", asegura el recurso de la Fiscalía.
Asimismo, el escrito del fiscal indica que la aforada "habría colaborado de forma necesaria, permitiendo que Juan Fernández Caballero dictara las resoluciones que se consideran injustas en cuanto suponían un fraccionamiento del contrato, así como que el mismo investigado pudiera disponer de los fondos de la Sociedad de Fomento en perjuicio de esta entidad pública. Esta colaboración necesaria de la aforada en hechos delictivos en los que habrían intervenido otros partícipes y en los que los autores serían otros investigados no aforados es la que determina, conforme a la jurisprudencia, la necesidad de su instrucción y enjuiciamiento conjuntos", completa el Ministerio Público.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/06/anticorrupcion_considera_diputada_del_madrileno_josefa_aguado_autora_tres_delitos_sino_cooperadora_necesaria_64725_1012.htmlDE LA MATA IMPUTA AL GESTOR DE LA CUENTA SUIZA 'SOLEADO' EN LA QUE CORREA RECIBIÓ 25 MILLONES DEL MAYOR PELOTAZO DE 'GÜRTEL'
El instructor cita a declarar el 25 de mayo como investigado a Arturo Gianfranco Fasana, que además de la cuenta de Correa administraba otras fortunas de españoles en Suiza
El magistrado también imputa al empresario Luis Bremond Triana y al arquitecto Álvaro García del Río "por su participación en la presunta adjudicación irregular a Constructora Hispánica"
El juez que instruye en la Audiencia Nacional la segunda parte del caso Gürtel, José de la Mata, ha acordado citar a declarar el 25 de mayo como imputado a Arturo Gianfranco Fasana, el gestor de la cuenta Soleado en Suiza, en la que el presunto cabecilla de la trama corrupta recibió 25 millones de euros por su intermediación en la adjudicación de varias parcelas a la promotora Martinsa en el municipio de Arganda del Rey, al sur de la Comunidad de Madrid.
En un auto de este miércoles, al que ha tenido acceso infoLibre, el juez justifica la imputación de Fasana, conocido como el gestor de las fortunas de varios empresarios españoles en Suiza, por su participación en la operación de Arganda. La cuenta Soleado estaba gestionada por Arturo Gianfranco Fasana, que en su momento pidió a las autoridades suizas que no desvelasen la identidad de su "importante clientela española".
Por ello, uno de los informes policiales del caso Gürtel mostraba la queja de que "la información aportada por las autoridades helvéticas a la causa es parcial" en lo relacionado con la cuenta Soleado, puesto que están tachados los nombres de las diferentes subcuentas, lo que impedía seguir el rastro del dinero.
En el documento de la Policía Judicial, entregado al juez Ruz, los agentes analizan las cuentas suizas en las que Francisco Correa y su socio Ramón Blanco Balín, que fue un importante responsable de Repsol, recibieron más de 30 millones de euros. Entre los benefactores de estos fondos se encuentran otras personas que no han podido ser identificadas, resalta la Policía, por la decisión de Suiza de tachar sus nombres.
Otros imputados
Además de a Fasana, De la Mata ha citado como imputados al empresario Luis Bremond Triana "por su participación en la presuntamente irregular adjudicación e indebido pago de distintos servicios a Constructora Hispánica por parte de la Sociedad de Fomento"; a Álvaro García del Río, arquitecto de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey al menos entre los años 2003 a 2005, "por su colaboración en la adjudicación, presuntamente irregular, de distintos contratos a las sociedades Teconsa y Constructora Hispánica.
Otros de los nuevos investigados son Isaac García Requena, "por su posible colaboración en la presuntamente irregular adjudicación a Constructora Hispánica de los servicios referidos a la conservación y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones deportivas y del mobiliario e instalaciones urbanas emitiendo informes técnicos de valoración de ofertas en los que de forma arbitraria e injustificada favoreció a la final adjudicataria, Constructora Hispánica".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/12/el_juez_mata_imputa_gestor_cuenta_soleado_que_correa_recibio_millones_mayor_pelotazo_gurtel_64970_1012.htmlARGANDA. EL JUEZ DE LA 'GÜRTEL' ATRIBUYE TRES DELITOS A LA DIPUTADA DEL PP JOSEFA AGUADO Y ELEVA LA CAUSA AL TSJM
Encuentra indicios de prevaricación, fraude y malversación durante su etapa como jefa de Deportes en una sociedad municipal de Arganda Considera que sus decisiones fueron "esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas" a empresas de Correa
La diputada de la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, ha elevado exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con los indicios por la comisión de tres delitos que atribuye a la diputada de la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), según ha informado Europa Press.
En concreto, le acusa de los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos presuntamente cometidos durante la adjudicación por Aguado del contrato para la organización de las X Olimpiadas Escolares a empresas del "cerebro" de la trama Gürtel, Francisco Correa, "a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento".
El juez envía su escrito a la Sala Civil y Penal del TSJM, dada la condición de aforada de la diputada regional, para que determine si reclama el conocimiento respecto de las personas investigadas en esta causa, como son el propio Correa, su número 2 Pablo Crespo, la que fuera empleada de ambos Isabel Jordán, el exalcalde de Arganda Ginéz López Rodríguez y otros implicados como Juan Fernández Caballero, César Tomas Martín Morales e Isaac García Requena.
Actos "decisorios objetivamente arbitrarios"
En su auto, de la Mata sostiene que puede afirmarse, siempre con la provisionalidad derivada de la fase procesal en la que se encuentra esta pieza del caso Gürtel, que todas las decisiones que adoptó la parlamentaria autonómica en su etapa como Jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey fueron actos administrativos "decisorios objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa".
Añade que toda la actuación desarrollada por la persona aforada fue "injusta" y se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más beneficiosa para los intereses municipales y, por tanto, para los intereses generales.
En esta parte de la investigación del caso Gürtel se investiga el cobro desde el año 1999 de comisiones por parte de distintos cargos públicos de Arganda del Rey por la adjudicación de contratos tanto a sociedades vinculadas al investigado Francisco Correa, como responsable del Grupo Correa, como a empresas constructoras "desde el Ayuntamiento y desde la Sociedad de Fomento de esa localidad".
La forma presuntamente delictiva de actuar era la de fraccionar de forma sistemática los expedientes para que fueran contratos menores, con adjudicación directa, eludiendo el procedimiento de contratación aplicable al sector público. Una de esos expedientes fraccionados investigados por el juez es el de la supuesta prestación de servicios para la puesta en marcha de la X Olimpiadas Escolares por parte del Grupo Correa, única empresa que presentó una propuesta económica, por importe de 89.000 euros.
Según el juez, la diputada como Jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento dio su conformidad a aquel pago que se fraccionó en 7 facturas tramitándose como contratos menores, independientes y "eludiendo el correspondiente procedimiento impuesto legalmente".
Explica el magistrado que, pese a la obviedad de la argucia, la aforada informó a favor de la aprobación de todas esas facturas que sustituían a la factura única de Easy Concept. La aprobación se hizo, además, en siete informes distintos emitidos y firmados el mismo día.
Señala el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 que "en definitiva, aparentemente se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo para los fondos públicos".
El pasado mes de enero, la diputada popular rechazó atender el ofrecimiento del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para que declarara de forma voluntaria por estos hechos.
Tras tener conocimiento de su condición de aforada De la Mata le había ofrecido acudir voluntariamente a declarar. Transcurrido el plazo establecido para que respondiera a la oferta el juez dio por rechazada la propuesta y ahora, más de tres meses después, eleva exposición razonada al tribunal competente.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/17/el_juez_gurtel_atribuye_tres_delitos_diputada_del_josefa_aguado_eleva_causa_tsjm_63908_1012.htmlEL JUEZ RECLAMA A CIFUENTES EL ACUERDO QUE PERMITIÓ A MARTINSA EL PELOTAZO DE ARGANDA
De la Mata cita también a declarar como testigo al actual director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero, en relación a los contratos adjudicados a una empresa de Correa
La Policía Judicial considera que el presunto cerebro de la trama Gürtel percibió hasta 25 millones de euros a cambio de intermediar en la operación urbanística del municipio madrileño
El juez José de la Mata, que instruye en la Audiencia Nacional la pieza separada del caso Gürtel en el que se investiga en Arganda del Rey el mayor pelotazo de la trama liderada por Francisco Correa, ha reactivado sus pesquisas reclamando a la dirección general de Urbanismo del Gobierno de Cristina Cifuentes que remita "en el plazo de cinco días" el acta de la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en la que se aprobó en enero de 2006 el Plan Parcial de Reforma Interior de la urbanización conocida como Unidad de Ejecución 124 del municipio madrileño, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre.
Según la información facilitada por la Policía Judicial, los ingresos que pudo haber obtenido Francisco Correa a cambio de intermediar en esta operación urbanística podrían alcanzar los 25 millones de euros. La justicia de Suiza mantiene bloqueados 22,2 millones de euros que Correa mantenía en los bancos de este país al margen del fisco español.
Las irregularidades en la adjudicación en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa de una parcela para construir en Arganda del Rey, que desembocaron en uno de los mayores pelotazos de la trama Gürtel, provocaron que la constructora elevara su previsión de ventas en 198,3 millones, según se desprende de un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) remitido al juez De la Mata, que basa sus conclusiones en la declaración del arquitecto contratado por Martinsa para desarrollar su proyecto en el municipio madrileño, Gilbert Barbany, que declaró como testigo en la causa.
Comisión de urbanismo
En el mencionado informe, la IGAE llama la atención al juez De la Mata que entre la documentación aportada para esta operación inmobiliaria no constaba que se hubiera remitido el acuerdo final a la Comunidad de Madrid. Tampoco se incluyeron los correspondientes informes técnicos y jurídicos ni el acuerdo adoptado por la comisión de Urbanismo.
En el documento, la Intervención analiza las irregularidades en la adjudicación de estos terrenos, situados en la llamada UE-124 o Área de Centralidad de la localidad del sur de la Comunidad de Madrid. Las variaciones introducidas en el plan inicial, y que ahora reclama el juez a la Comunidad de Madrid, provocaron, por ejemplo, que se pasara de las 1.580 viviendas previstas inicialmente a la aprobación definitiva de 2.731, un 72,85 por ciento más.
El "incremento tan importante" producido en el número de viviendas planificadas -a costa de reducir el número máximo de metros cuadrados de las mismas a 90- generó que Martinsa pasara de contar con una previsión de venta de 336,6 millones a 535 millones, un 58,93 por ciento más (198,3 millones), completa el documento, que alude en todo momento a los datos aportados por el testigo.
Cesión gratuita
Pero el juez también reclama al Ayuntamiento de Arganda del Rey el expediente completo de la cesión gratuita de las parcelas integradas en la UE-124 por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey a la entidad pública Fomento y Desarrollo Municipal SA tramitado en 2004, y que posteriormente acabaron en poder de Martinsa.
Precisamente, el informe de la IGAE también refleja que el precio de licitación cerrado para llevar a cabo la operación fue de 77,2 millones, una valoración que -dice- no se corresponde con la real ofrecida por Aguirre Newman. Prueba de ello es que el propietario de Martinsa, Fernando Martín, vendió unos meses más tarde un tercio de los terrenos por 73 millones.
Fernando Martín se defiende
Fernando Martín, que está imputado en esta pieza separada de Gürtel, siempre ha defendido la legalidad de todas sus actuaciones, al mismo tiempo que ha asegurado que adquirió y vendió los terrenos mencionados al precio de mercado.
La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (Onif) señaló entonces que dos sociedades de Correa recibieron sendas comisiones de 12 y 12,8 millones de euros por esta operación. La primera la realizó el empresario Manuel Salinas en 2004 y la segunda el presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín, a través de una sociedad interpuesta, dos años después.
Salinas, un empresario de Zaragoza dedicado a la fabricación y comercialización de muebles de madera y el equipamiento integral de cuartos de baño cuyas empresas "estaban relacionadas" con el negocio de Martinsa, invirtió también cuatro millones para pagar la segunda comisión, que fue efectuada por la empresa Cedargrove Investments, vinculada a Martín, informa Europa Press.
Los técnicos del organismo tributario afirman que, coincidiendo con el pago de la comisión ilegal de 12,8 millones, una empresa de Salinas (Tasal SL) adquirió además de forma legal el 5 por ciento de las acciones de una sociedad en la que había invertido Martinsa denominada RTM por valor de cinco millones de euros. RTM fue el nombre de la división inmobiliaria vinculada a la operación para la construcción del nuevo estadio del club colchonero. Sin embargo, Salinas decidió en 2006 liquidar su participación en las empresas que se adjudicaron el pelotazo y recuperó estos cinco millones.
Director general de Transportes
En el auto, firmado este mismo martes 29 de noviembre, De la Mata cita también a declarar como testigo al actual director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero, en relación a los contratos adjudicados a la empresa de Correa Easy Concept Comunicación SL sobre las ofrendas florales de las fiestas patronales del municipio de 2007 y 2008.
El juez también cita de declarar, pero en este caso como imputados, a los técnicos municipales José Ramón Gutiérrez Villar, Isaac García Requena y María Josefa Aguado del Olmo. Como testigo está citada la exedil de Cultura Amalia Guillén Sanz y el técnico municipal José Fernández García.
José de la Mata reclama asimismo al Ayuntamiento el expediente de resolución del contrato de construcción de centro deportivo integrado de la Poveda, suscrito con la empresa Teconsa.
Finalmente, el instructor solicita al Ministerio de Economía y Hacienda para que antes de cinco días "informe sobre la clasificación que la entidad Constructora Hispánica SA tenía entre 2004 a 2007", para determinar si esta sociedad podía contratar con la Administración pública.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/30/auto_audiencia_nacional_sobre_arganda_58233_1012.htmlLA MADRE DEL TORERO QUE QUERÍA “ABONAR CUNETAS” CON LOS “ROJOS” DE PODEMOS SE ENFRENTA A LA JUSTICIA POR LA ‘GÜRTEL’
María Josefa Aguada había sido imputada por el juez, pero al conocer que era diputada de Cifuentes le ha ofrecido testificar de manera voluntaria
Todos somos humanos y todos cometemos errores; los jueces también. Que se lo digan, por ejemplo, a José María Vázquez-Honrubia, quien durante unas horas citó a declarar a Mariano Rajoy por el caso Gürtel. Pero casi todo tiene arreglo en esta vida, también los autos judiciales. Por ejemplo, el del juez José de la Mata, del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y que fue adelantado por ELPLURAL.COM en exclusiva.
En dicho auto, publicado el pasado martes, citaba a declarar a varias personas sobre los pelotazos de la Gürtel en Arganda del Rey. Uno de ellos, citado como testigo, es Pablo Rodríguez Sardinero, hombre de confianza de Cristina Cifuentes y actual director general de Transportes. Otra de las citadas, en este caso como investigada –antes imputada- es María José Aguado del Olmo, a la que se atribuyen delitos de prevaricación y fraude por la adjudicación de la X Olimpiada Escolar a la trama Gürtel.
Sin embargo, resulta que el juez no sabía que Aguado es diputada en la Asamblea de Madrid a día de hoy, pero la UDEF, encargada de hacer llegar las imputaciones, ya ha avisado al magistrado de esta situación. Por ello, este miércoles, De la Mata ha rectificado su auto con uno nuevo en el que le ofrece a la diputada madrileña testificar de manera voluntaria en su juzgado en el plazo de un mes.
Así evita todo el trámite del aforamiento, que le llevaría a elevar una pieza nueva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para especificar al detalle todos los posibles delitos cometidos.
En cambio, le propone testificar de manera voluntaria, igual que hizo Rita Barberá en el Tribunal Supremo, así como “proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias”.
Pero, ¿quién es María Josefa Aguado? Porque el desconocimiento sobre su persona va más allá de la demostrada por el juez. Pero su trayectoria política es dilatada, aunque oculte parte de ella en su biografía en la web de la Asamblea, como la parte referida a su estancia en Arganda. Aguado fue diputada nacional en la legislatura 2000-2004 y gerente de una empresa municipal de 2007 al 2011. Y antes de ser elegida diputada regional fue concejala de Barajas en la anterior legislatura municipal, aunque siempre ha estado vinculada a San Sebastián de los Reyes, donde presidió el partido y fue portavoz local durante 14 años.
Aunque la parte más polémica de su biografía es la que la sitúa como madre del polémico torero Gabriel Picazo, quien más que por sus méritos taurinos es conocido por la polémica protagonizada a principios de 2015, cuando propuso convertir a la “panda de rojos radicales” de Podemos en “abono para las cunetas”.
http://www.elplural.com/politica/2016/12/01/la-madre-del-torero-que-queria-abonar-cunetas-con-los-rojos-de-podemos-seLA DIPUTADA DE CIFUENTES CITADA ANTE EL JUEZ, AL BORDE DEL LLANTO: "TENGO FAMILIA Y TENGO QUE VER TODO ESTO EN LOS MEDIOS"
Dice que "jamás en mi vida" ha hecho un informe ni tenía "responsabilidad" en Arganda... pero la Justicia no lo tiene tan claro
La diputada del PP en la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado ha sido hoy abordada por los medios de comunicación, después de que el juez José de la Mata, que instruye el pelotazo de la Gürtel en Arganda del Rey, la hubiese, primero, imputado y, después, citado como testigo voluntario después de conocer que estaba aforada.
La diputada del PP se ha mostrado visiblemente alterada, recalcando que “tengo familia y tengo que ver todo esto en los medios de comunicación y es tristísimo, porque no he hecho nada, nada”. Y ha señalado que “en ningún caso he hecho ninguna adjudicación, ningún informe, ningún contrato. Claramente es que no tenía ninguna responsabilidad en Arganda del Rey, de ningún tipo, jamás en mi vida he hecho ningún informe”.
Ha asegurado que no piensa dejar su escaño: “¿Por qué voy a dimitir? Que me diga alguien que he hecho”. También ha dicho que “no llego a entender esto, es que no lo entiendo. Como no he visto el auto ni nada, ni se me ha notificado esto”.
En ELPLURAL.COM sí hemos podido ver el auto y podemos explicarle a la diputada por qué fue imputada en el primer documento. En concreto, por varios informes emitidos a lo largo de 20 días, entre el 9 y el 29 de mayo de 2007, en los que ella establecía “la innecesariedad de tramitar expediente de contratación alguno” para adjudicar las X Olimpiadas Escolares a la empresa Easy Concept, de la trama Gürtel.
Trabajando en política, es un poco arriesgado asegurar que “jamás en mi vida he hecho ningún informe”, pero el juez se refiere a unos informes muy concretos. Y también es extraño asegurar que “no tenía ninguna responsabilidad en Arganda del Rey”, cuando el juez le señala como “jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey”.
http://www.elplural.com/politica/2016/12/01/la-diputada-de-cifuentes-citada-ante-el-juez-al-borde-del-llanto-tengo-familia-yDE LA MATA PIDE A UNA DIPUTADA DEL PP EN MADRID QUE DECLARE DE FORMA VOLUNTARIA COMO INVESTIGADA EN 'GÜRTEL'
El magistrado la había citado como imputada por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey
Tras comprobar que es aforada, el juez elimina su condición de persona investigada por delitos de prevaricación y fraude a las administraciones públicas y le ofrece acudir voluntariamente a declarar en un plazo de 30 días
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ofrecido este miércoles a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid María José Aguado que declare de forma voluntaria com imputada en el marco de las actividades que realizó la trama Gürtel en Arganda del Rey (Madrid) tras comprobar que es aforada.
El magistrado la había citado en un auto de este martes como investigada por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey y, en concreto, para preguntarle sobre el "fraccionamiento de los servicios relacionados con la X Olimpiada Escolar" del municipio madrileño. No obstante, y una vez que ha tenido conocimiento de su calidad de aforada, el juez elimina su condición de persona imputada por delitos de prevaricación y fraude a las administraciones públicas y le ofrece acudir voluntariamente a declarar en un plazo de 30 días.
Además de a María José Aguado, el magistrado ha citado a declarar como testigo, para el próximo 10 de enero, al director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero. De la Mata quiere preguntarle sobre varios contratos adjudicados a una de las empresas de la Gürtel, Easy Concept, para la organización de ofrendas florales en dos fiestas del municipio.
Técnicos municipales
También ha citado, en este caso como imputados, a los técnicos municipales José Ramón Gutiérrez Villar e Isaac García Requena. Como testigos comparecerán la exedil de Cultura Amalia Guillén Sanz y el técnico José Fernández García, informa Europa Press.
En el marco de la pieza de Arganda De la Mata ha reclamado, además, a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que le remita el acta de la comisión que aprobó, en enero de 2006, el plan que facilitó uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la trama Gürtel en la localidad madrileña, que la Policía Judicial estima en 25 millones de euros.
Una parte de este dinero habría acabado en las cuentas que las autoridades suizas han bloqueado a Francisco Correa, que disponía de 22,2 millones de euros en los bancos de este país
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/30/de_mata_cita_como_investigada_una_diputada_del_asamblea_madrid_por_pelotazo_arganda_58270_1012.htmlVILLAREJO REVELA EN EL JUZGADO QUE LA POLICÍA YA SOSPECHABA DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ DESDE 2011
El informe alerta ya un año antes de que salieran a la luz las primeras informaciones periodísticas sobre el ático (el escrito policial es de julio de 2011 y la noticia apareció en el diario El Mundo en marzo de 2012) de que Ignacio González "pudo recibir un soborno" de dos millones de euros -abonado en parte con el mencionado inmueble y en otra parte en efectivo- por facilitar la adjudicación por el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de 100.000 metros cuadrados de suelo urbanizable a la constructora Martinsa.
Presenta un informe policial que califica al Canal de Isabel II como "herramienta de corrupción" para pagar sobornos y vincula al expresidente regional con la Púnica y la Gürtel
El comisario adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional José Manuel Villarejo ha aportado a la causa que investiga el ático de Estepona del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, un informe que vincula las diligencias con el caso Gürtel o la trama Púnica. En concreto, el documento, que fue elaborado en 2011, ha sido entregado a la juez Isabel Conejo, titular del Juzgado número 5 de Estepona, a través de la asociación Transparencia y Justicia, que maneja el comisario y que está personada en la causa.
Según el documento policial, Fernando Martín, propietario de Martinsa, habría pagado 15 millones de euros a Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, quien a su vez de ahí habría abonado una cantidad a otros conseguidores, como el alcalde de Arganda, Ginés López (medio millón de euros), el diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco (otro medio millón) y el propio Ignacio González, que se llevaría el mayor trozo del pastel con los mencionados dos millones.
El escrito insinúa que el pago del dinero pudo ultimarse en el viaje que González realizó a Colombia del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2008 junto al consejero de Martinsa José Manuel Serra, travesía que fue grabada por unos detectives y que dio origen al caso del espionaje de Madrid'. "Fuentes de las defensas" de estos detectives, explica el informe policial, "insinuaron" que fue la compañía OHL la que contrató a estos profesionales del seguimiento para llevar a cabo el trabajo. "Las informaciones que han dado origen a las gestiones que se practicaron a través de la Comisaría de Marbella -añade el documento- señalan sin duda que tal viaje era para ultimar los detalles del soborno que Ignacio González recibiría por la operación de Arganda". "A la vuelta", de hecho, prosigue el texto, "se entregó a IG el ático".
El documento asegura también que, según fuentes del PP, la cúpula del partido tuvo conocimiento de la mencionada operación de Arganda y que el propio presidente del Gobierno en funciones, entonces aún líder de la oposición, Mariano Rajoy, convocó a la que por aquella época era responsable del partido a nivel regional, Esperanza Aguirre, que puso la mano en el fuego por todos los implicados. El propio Ginés López fue llamado también para dar explicaciones y dijo que él había seguido indicaciones de Ignacio González, quien había dado "instrucciones concretas y precisas sobre cómo gestionar el suelo municipal".
Pocos días después de estos encuentros, que el escrito policial califica como "fingidas gestiones de la dirección nacional del PP para aparentemente evitar la operación", "la adjudicación a Martinsa -apunta el documento- se realizó tal y como había pactado Correa".
El Canal de Isabel II, "herramienta de corrupción"
El escrito indica además que es el Canal de Isabel II -cuyos contratos están siendo investigados por la UCO en el marco del caso Púnica- "la herramienta para cobros y pagos de difícil justificación" y "el sistema de enriquecimiento ilícito" de "ciertos dirigentes de la Comunidad de Madrid", que "se quedarían con parte del dinero recaudado para financiar al PP mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra pública". El Canal, continúa, "sin razón empresarial lógica, extendió su infraestructura económica en América Latina adquiriendo el 75% de Canal Extensia, de la que es propietaria junto a la firma valenciana Tecvasa", un consorcio formado por varias empresas de la Comunidad Valenciana y la CAM que poseen el 25% restante".
Esta estructura societaria, explica el informe policial, tiene "vocación off shore". Se trata de una trama "controlada por sociedades públicas, todas ellas vinculadas al mismo partido político, sin razón aparente de existir, salvo la de manejar importantes sumas de dinero en un continente muy alejado y con claras dificultades de control". La Policía admite que habría que indagar más a fondo la estructura del Canal en el extranjero para tener más certeza de estos extremos, pero añade que "fuentes del entorno del PP contactadas señalan que es la herramienta perfecta de corrupción que los responsables políticos de la Comunidad de Madrid utilizan hasta el día de hoy con total impunidad".
"A través del Canal, se realizan suculentos pagos para asegurar fidelidades a medios de comunicación mediante la adjudicación de publicidad institucional sin control alguno ni justificación ni licitaciones", asegura el escrito entregado por Villarejo al Juzgado número 5 de Estepona, que también acusa a los dirigente del PP regional de utilizar el organismo para "corromper a tertulianos y periodistas que, mediante pagos, modularían la opinión pública ensalzando a su benefactores". Entre estos últimos, el policía señala a Hermann Tertsch, Isabel San Sebastián o Antonio Martín Beaumont.
La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid también "adjudicaría contratos millonarios mediante aparentes licitaciones pactadas"
El informe, que no deja títere con cabeza, afirma que "similar función" a la del Canal haría también la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), que también "adjudicaría contratos millonarios mediante aparentes licitaciones previamente pactadas con los adjudicatarios, elaborando facturas falsas, engordando contratos y/o liberando fondos en efectivo, parte del cual iría a la caja B del partido controlador y parte se quedaría en manos de quienes estarían manejando dichas operaciones".
El escrito, que recomienda que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investiga tanto al Canal como a ICM, aconseja comenzar a investigar el "desmesurado incremento" del patrimonio de Ildefonso de Miguel, gerente de la gestora del agua de Madrid hasta 2009, mano derecha de Ignacio González y espiado también junto al expresidente regional en el viaje a Colombia de 2008. "Adquirió sin control incluso bodegas de vino e inmuebles de muy alto nivel, bien a su nombre o al de familiares o firmas" que constituía. También sugiere indagar los bienes de Cándido Cerón, "que estaría recibiendo importantes suma de dinero en efectivo por el pago de sobornos de los adjudicatarios de proyectos" informáticos.
La Fiscalía Anticorrupción de Málaga solicitó el pasado 26 de febrero que el Juzgado número 5 de Estepona tome declaración en calidad de investigados tanto a González como a su mujer y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en relación con el ático que los dos primeros tenían arrendado en la localidad malagueña.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-03-05/villarejo-revela-en-el-juzgado-que-la-policia-ya-sospechaba-del-atico-de-gonzalez-desde-2011_1163953/El polémico comisario José Villarejo ha dado un impulso insospechado al caso del ático de Ignacio González. Tras su declaración como testigo en febrero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) en la que ya relacionó dicho inmueble de lujo con un supuesto pago de la Gürtel por un 'pelotazo' en Arganda del Rey (Madrid), el mayor que dio la trama, el mando ha entregado ahora una nota interna de la Policía en el que no sólo refuerza dicha acusación, sino que apunta que Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre hicieron oídos sordos a las denuncias que le llegaban en 2004 sobre las supuestas irregularidades cometidas por el entonces número 2 del Ejecutivo regional madrileño. El documento, de cinco folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que el hoy presidente del Gobierno en funciones y entonces líder de la oposición, y la máxima responsable del partido en Madrid hasta hace unas semanas celebraron "una reunión de trámite" e, incluso, esta última "dio garantías a todos los implicados" y permitió que el amaño se llevara a cambio "sin que las fingidas gestiones de la dirección nacional del PP [...] cambiaran para nada el resultado".
UN INFORME POLICIAL SECRETO ASEGURA QUE RAJOY Y AGUIRRE 'TAPARON' EL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ
El comisario Villarejo entrega en el juzgado de Estepona (Málaga) que investiga la compra de la vivienda de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid un documento policial elaborado en julio de 2011 y desconocido hasta ahora en el que se asegura que el máximo dirigente del PP y la 'lideresa' hicieron oídos sordos a las denuncias de irregularidades en una adjudicación a la trama Gürtel en Arganda del Rey, El polémico agente ya vinculó en su declaración como testigo del pasado 2 de febrero dicho 'pelotazo' con la polémica casa de veraneo del exdirigente madrileño de su partido.
El comisario Villarejo registró el informe en la propia Dirección General de la Policía el pasado 3 de marzo poco antes de entregárselo a la juez que investiga el ático de González
El documento, fechado el 11 de julio de 2011 con la referencia "NI [Nota Interna] Sumario Gürtel-IG [Ignacio González].y otros", fue entregado por el comisario a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona después de registrarlo previamente en la propia Dirección General de la Policía el pasado 3 de marzo, según se observa en un sello que figura estampado en la primera hoja del mismo. El contenido del mismo, adelantado este sábado en parte por El País e Infolibre, apunta en la misma dirección que las declaraciones que el pasado 2 de febrero ya había hecho el mando policial ante la magistrada. Entonces aseguró que un confidente de los agentes que investigaban la red presuntamente liderada por Francisco Correa les había asegurado que el político "había cobrado aproximadamente 2 millones de euros" de comisión y que el inmueble era parte del pago por la 'Operación Arganda', el mayor pelotazo de la red de corrupción por la que está imputado, entre otros, el constructor Fernando Martín, cuya empresa, Martinsa, fue la que se hizo con aquellos terrenos por 77 millones de euros.
"Una reunión de trámite"
Sin embargo, en aquella declaración, en la que llegó a acusar al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, de presionar al dirigente del sindicato policial que presentó la denuncia que permitió abrir el sumario para que retirase ésta, no citó ni a Rajoy ni a Aguirre, cuyos nombres si aparecen de manera destacada en la nota interna que ha entregado ahora a la juez del caso. De hecho, en la misma se destaca que según "las informaciones recibidas por ahora no contrastadas fehacientemente", las supuestas irregularidades habían llegado a "la dirección nacional del PP por denuncias entre otros de constructores que también se presentaron a los concursos de adjudicación y detectaron las trampas". Siempre según el documento policial, "el presidente de esta formación política, M[ariano] Rajoy, se limitó a mantener una reunión de trámite en la calle Génova con la presidente del PP-Madrid Esperanza Aguirre en noviembre de 2004 [en el informe figura por error el año 2000]".
El documento incorporado ahora al sumario habla de "fingidas gestiones de la dirección nacional del PP" tras las denuncias de irregularidades en el 'pelotazo' de la Gürtel en Arganda
La nota informativa añade que, tras ese encuentro, el entonces alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, imputado más tarde en el sumario de Gürtel por este presunto fraude, "fue llamado para que diera explicaciones", En aquel encuentro, el regidor "adujo que dicha operación 124 de Arganda, al igual que otras similares, se habían hecho porque IG [Ignacio González] dio instrucciones concretas y precisas sobre cómo gestionar el suelo municipal". El informe policial desconocido hasta ahora continúa asegurando que "según fuentes internas del propio PP" que en aquel momento no estaba recogidas judicialmente, "Aguirre dio garantías de todos los implicados y apenas unos días más tarde, en diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa se realizó tal y cómo la había pactado Correa, sin que las fingidas gestiones de la dirección nacional del PP, para aparentemente evitar la operación, cambiaran para nada el resultado".
Más acusaciones
La nota interna no se queda ahí. De hecho asegura que el 'pelotazo' de Arganda está relacionado con el viaje que Ignacio González realizó en el verano de 2008 a Colombia y que fue grabado por detectives privados, según destapó el diario El País un año más tarde. De hecho, llega a destacar la coincidencia en el hotel que ocupaba el entonces vicepresidente madrileño con dos españoles supuestamente relacionados con el "peligroso cártel de Cali". También detalla supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid y que, según el informe del comisario Villarejo, es "la herramienta para los cobros y pagos de difícil justificación, así como el sistema de enriquecimiento ilícito de ciertos dirigentes de la Comunidad de Madrid". El documento incluso relaciona dicha sociedad pública con supuestos pagos a periodistas y medios de comunicación con el fin de que ensalzaran a los dirigentes regionales del PP y criticaran a sus adversarios políticos. El Canal de Isabel II es actualmente investigado dentro del sumario del 'caso Púnica'.
El informe habla de supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II y otra empresa pública como "sistema de enriquecimiento ilícito de ciertos dirigentes de la Comunidad de Madrid"
Otra empresa que figura en esta última causa y que también aparece en la nota del comisario es la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de la que asegura que "adjudicaría contratos millonarios mediante aparentes licitaciones previamente pactadas con los adjudicatarios, elaborando facturas falsas, engordando contratos y/o liberando fondos en efectivo, parte del cual iría a la caja B del partido político controlador y parte se quedaría en manos de quienes estarían manejando dichas operaciones". El escrito policial también destaca los "vínculos" de Ignacio González y el empresario Enrique Cerezo en unas supuestas irregularidades en la adjudicación de las televisiones digitales en la Comunidad de Madrid. Precisamente, ambos esperan que la juez de Estepona decida si los considera investigados (la nueva denominación de la figura de imputado) dentro del caso del ático, como pide la Fiscalía Anticorrupción.
El documento policial habla también de la entrega de dinero en "bolsas de plástico" como comisión de otra operación urbanística amañada en la Comunidad de Madrid supuestamente instigada por Ignacio González en 2007 y las posteriores presiones a un juez para que archivara la investigación que se abrió entonces por aquella. También recoge la existencia de cajas de seguridad en un banco a nombre de varios colaboradores del expresidente madrileño que "periódicamente se reunían para repartir cuando éstas estaban llenas".
http://vozpopuli.com/actualidad/77242-un-informe-policial-secreto-asegura-que-rajoy-y-aguirre-taparon-el-caso-del-atico-de-gonzalezLA POLICÍA YA CONOCÍA EN 2011 CINCO PRESUNTOS CASOS DE CORRUPCIÓN LIGADOS A IGNACIO GONZÁLEZ Y AL PP DE MADRID
1. EL CASO DEL ÁTICO Y LA COMISIÓN EN ARGANDA
En julio de 2011, el comisario Villarejo entregó un informe en el que vincula el ático de González al mayor pelotazo de la 'Gürtel' y afirma que se está utilizando el Canal de Isabel II para “realizar suculentos pagos” a medios de comunicación
Además, detalla prácticas corruptas en la agencia pública ICM descubiertas ahora en la operación Púnica y relata una investigación judicial que se sobreseyó “de manera muy irregular” y que también afectaba a González
La nota policial de cinco folios que el comisario José Manuel Villarejo redactó el 11 de julio de 2011, y que fue incluida en la denuncia por amenazas presentada el pasado 3 de marzo ante la Policía, aporta numerosos indicios de cinco casos de presunta corrupción vinculados del expresidente madrileño Ignacio González y al PP de Madrid que no se llegaron a investigar. El primero de ellos alerta sobre el pago de dos millones de euros a González en relación con la adjudicación en Arganda del Rey (Madrid) de fincas municipales a la empresa Martinsa, del empresario Fernando Martín, imputado en Gürtel.
Un confidente policial, tal y como adelantó infoLibre, alertó a los agentes que investigaban el caso de que el ex número dos de Esperanza Aguirre en el Ejecutivo madrileño podría haber recibido la mordida, tal y como declaró el comisario Villarejo a la jueza de Estepona que investiga el caso del ático. El entonces instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, acusó a Fernando Martín de pagar 25 millones de euros, considerado el mayor pelotazo de la trama, que beneficiaron al presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa.
Según un testigo de Gürtel, gracias a una decisión de la Comunidad de Madrid, Martinsa pudo haber obtenido un aumento del beneficio en su promoción de Arganda del Rey de 199 millones de euros, por lo que los ingresos brutos superaría los 500 millones de euros. Fernando Martín siempre ha negado cualquier irregularidad.
El ático de Estepona que ocupa desde 2008 Ignacio González, aunque hasta diciembre de 2012 lo hizo en régimen de alquiler, ya que la propietaria era formalmente la sociedad offshore Coast Investors, habría sido el pago en especie de la supuesta comisión ilegal, según apunta el comisario Villarejo, que cita a un confidente policial. Al frente de Coast Investors está el fiduciario Rudy Valner, vinculado a varias empresas del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
La nota policial, inédita hasta el momento, indica que Francisco Correa "habría sobornado al [exalcalde de Arganda] Ginés López, y al [exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid] Benjamín Martín Vasco, siendo Ignacio González quién habría salido mejor parado, al percibir dos millones de euros".
"Según las fuentes contactadas, las comisiones fueron generosas en función a las plusvalías conseguidas. El alcalde Ginés López cobró algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y quien casualmente dirigió la comisión de investigación de los espías", prosigue la nota policial, que recuerda que en anteriores informes se reflejó la posible relación entre dos pagos de más de un total de 25 millones de Martinsa a Correa.
"Uno de dichos pagos corresponde al suelo de Arganda del Rey y el otro, aún sin concretar, podría tener relación con cierta operación muy irregular, realizada en Colmenar de Oreja, en su día investigada judicialmente", apunta el documento adjunto a la denuncia presentada por Villarejo.
La declaración como testigo de Villarejo en el juzgado de Estepona ha convencido al fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, para reclamar la declaración como investigados (imputados) de Ignacio González; su mujer, Lourdes Cavero; y Enrique Cerezo.
Y según el comisario Villarejo, la cúpula del PP tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades de Arganda del Rey, que según se supo después denunció el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, a Esperanza Aguirre en el despacho de la sede nacional en la madrileña Calle Génova del hoy presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy: "Las irregularidades se conocieron en la dirección nacional del PP por denuncias, entre otros, de constructores que también se presentaron a los concursos de adjudicación y detectaron las trampas. El presidente de esta formación política, Mariano Rajoy, se limitó a mantener una reunión de trámite en la calle Génova, con la presidenta del PP-Madrid, Esperanza Aguirre".
La nota policial sostiene que cuando el exalcalde de Arganda del Rey Ginés López fue llamado para que diera explicaciones, contestó que en dicha dicha adjudicación, al igual que otras similares, se había hecho porque Ignacio González dio instrucciones "concretas y precisas sobre cómo gestionar el suelo municipal".
"Según fuentes internas del propio PP (testimonios por ahora no recogidos en fase judicial), Aguirre dio garantías de todos los implicados y apenas unos días más tarde, en diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa se realizó tal y como la había pactado Correa, sin que las fingidas gestiones de la dirección nacional del PP, para aparentemente evitar la operación, cambiaran para nada el resultado", resalta el documento. La propia Aguirre tuvo que reconocer ante el juez de Gürtel que llamó al exalcalde de Arganda, que defendió la legalidad de la operación urbanística.
Viaje a Colombia
El supuesto pago de dos millones de euros, indica la nota policial de 11 de julio de 2011, coincidiría con el viaje que Ignacio González hizo a Colombia, del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2008, "acompañado entre otros de José Manuel Serra Peris, consejero de Martinsa. Sus movimientos fueron grabados con cámara oculta por detectives, dando lugar al llamado caso Espionaje de Madrid, en un momento investigado por la Comisaría General de Policía Judicial".
En dicho sumario, prosigue la nota policial, estaban imputados varios detectives privados que intervinieron en el seguimiento, "y que en todo momento se han negado a facilitar los datos de quienes les contrataron, no obstante fuentes de sus defensas, han señalado que no tiene justificación alguna tal imputación, salvo que se trate de presionar a sus defendidos a que entreguen todos los datos recabados en dicho viaje e insinuando, que el contratador final de los servicios de espionaje a Ignacio González, había sido la constructora OHL".
Precisamente, el nombre de la constructora OHL ha aparecido recientemente en relación a la supuesta agenda morada de Francisco Granados en el que supuestamente se refleja la financiación irregular del PP madrileño.
Y después el documento policial explica que de los datos obtenidos durante el espionaje del viaje de González que en el mismo también participaron, además del consejero de Martinsa Serra Peris, "Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, y por entonces gerente de la empresa pública Canal de Isabel II; Edmundo R. Sobrino, que era presidente en esa fecha de Canal Extensia, filial del Canal, abogado, experto en urbanismo y consejero de Extensia; y Enrique Sánchez, dueño de la empresa de seguridad Segurisa".
El informe explica que las imágenes que fueron grabadas en Colombia "Ignacio González y sus acompañantes fueron a un inmueble ubicado en la calle de Las Bóvedas, en Cartagena de Indias, accedieron al edificio cargando unas bolsas blancas y apenas transcurridos diez minutos salieron de nuevo, pero ya sin los citadas bolsas".
Y el comisario plasma después sus pesquisas al respecto en el dossier: "Las informaciones que han dado origen a las gestiones que se practicarán a través de la Comisaría de Marbella, señalan sin duda, que tal viaje era para ultimar los detalles del soborno que Ignacio González recibiría por la operación de Arganda, y que parte era en efectivo y la cantidad más alta, mediante la entrega del ático a verificar".
Villarejo cita "otras fuentes lugareñas" de Colombia, que indican que una de las personas que aparecen en el mencionado vídeo que filmaron los detectives "sería un sujeto colombiano, presidente de una sociedad de dicho país y que guardaría parentesco familiar con un narcotraficante que se entregó a la DEA [Departamento Antidroga] en EEUU y obtuvo importantes acuerdos a cambio de colaborar, informando de una importante red de blanqueo de dinero".
Y en este sentido, el agente llama la atención en un hecho: "El intento de borrar del registro del Hotel Sofitel de Santa Clara (Colombia), datos desde el 28 de agosto al 2 de septiembre de 2008, fechas en las que, coincidiendo con Ignacio González, se hospedaron dos españoles llamados Laureano R. R. y Marcos José F. M., ambos relacionados con Gilberto R. H., responsable del peligroso cártel de Cali. Ambos sujetos, sometidos a control permanente por todas las agencias antidrogas, en especial la DEA, según consta en las pesquisas realizadas por la UDEF en relación con dicho viaje".
No obstante, el informe policial reconoce que "no puede acreditarse fehacientemente que dichos españoles viajaran juntos con Ignacio González, que se alojó en la lujosa suite número 423", aunque considera "una curiosa coincidencia el hospedarse justo en las mismas fechas en dicho hotel, entrando el mismo día y marchándose cuando el político también lo hizo".
Según las fuentes del comisario Villarejo, a la vuelta del viaje a Colombia, "se entregó a Ignacio González el ático objeto de las gestiones ordenadas, estableciéndose por tanto una lógica relación entre viaje, manejo de bolsas sin conocerse su contenido y posesión del inmueble".
2. LOS PAGOS DEL CANAL
"Todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que es el Canal [de Isabel II], la herramienta para los cobros y pagos de difícil justificación, así como el sistema de enriquecimiento ilícito, de ciertos dirigentes de la Comunidad de Madrid, que se quedarían con parte del dinero recaudado para financiar al PP, mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra pública".
Así de categórico comienza la nota policial bajo el epígrafe denominado "Canal Extensia". Varios años después, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga el pago de importantes cantidades en negro por empresas concesionarias del Canal de Isabel II al informático de la red Púnica, Alejandro de Pedro.
Y despúes Villarejo analiza la filial Canal Extensia, cuyo presidente era Edmundo R. Sobrino, que participó en el viaje a Colombia: "El Canal, sin razón empresarial lógica, extendió su infraestructura económica en América Latina, adquiriendo el 75% de Canal Extensia, de la que es propietaria junto con la firma valenciana TECVASA (consorcio de firmas valencianas y la Caja de Ahorros del Mediterráneo), que posee el 25% restante. Toda una estructura con vocación offshore, controlada por sociedades públicas, todas ellas vinculadas al mismo partido político, sin razón aparente de existir, salvo el de manejar importantes sumas de dinero en un continente muy alejado y con claras dificultades de control".
Por eso, el coordinador de la investigación inical del ático de González asegura que convendría indagar sobre la atípica estructura exterior del Canal: "Todas y cada una de las fuentes del entorno del PP contactadas, señalan, que es la herramienta perfecta de corrupción, que los responsables políticos de la Comunidad de Madrid utilizan hasta el día de hoy con total impunidad".
"A través del Canal", prosigue el informe de Villarejo de 2011, "se realizan suculentos pagos para asegurar fidelidades a medios de comunicación, mediante la adjudicación de publicidad institucional, sin control alguno ni justificación, ni licitaciones, ni mediante ningún sistema de auditoría, la cual debiera existir, al tratarse de dinero público, dilapidado sin control".
Y la forma de pagar fue, según el agente "Mediante abultadas facturas, en la mayoría de las veces por servicios inexistentes, se controlarían a agencias de publicidad, para generar noticias falsas positivas para ensalzar la labor de los políticos y/o se corrompería a tertulianos y periodistas que mediante pagos, parte en efectivo, modularían la opinión pública, ensalzando a sus benefactores y criticando a los adversarios, todo ello con dinero del contribuyente".
Villarejo identifica a tres conocidos periodistas y un periódico digital. infoLibre ha podido contactar con dos de estos informadores, que han negado cualquier vinculación con el Canal de Isabel II. Ambos han negado haber percibido ninuna cantidad de la empresa pública del agua madrileña.
3. EL CASO DE ICM Y LA 'PÚNICA'
El comisario también incluye entre las empresas que se habrían utilizado por el PP para estos pagos irregulares a la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), cuyo expresidente José Martínez Nicolás, fue detenido en el marco de la Operación Púnica al participar en el pago en negro al informático de la red corrupta, Alejandro de Pedro. Este empresario, que contaba con varias periódicos que los investigadores han calificado de zombis, trataron de relegar las noticias negativas de los cargos del PP madrileño. Especialmente las noticias vinculadas al ático de González.
"Otra firma con similar función seria ICM, de la que se espera recibir más información en breve. Al igual que opera el Canal, adjudicarían contratos millonarios mediante aparentes licitaciones previamente pactadas con los adjudicatarios, elaborando facturas falsas, engordando contratos y/o liberando fondos en efectivo, parte del cual iría a la caja B del partido político controlador, y parte se quedaría en manos de quienes estarían manejando dichas operaciones", completa Villarejo, que considera "de sumo interés, que una vez comprobadas la informaciones que se están recibiendo y judicializadas las mismas, por parte de la UDEF, se investigue muy en profundidad las actividades de una y otra empresa pública", en relación al Canal e ICM.
Villarejo propone entonces "judicializar una información patrimonial, tanto de Ildefonso de Miguel como de Cándido Cerón", que en 2008 eran los responsables del Canal de Isabel II y de la empresa de informática, respectivamente.
En relación al primero, Ildefonso de Miguel, el comisario explica: "Aunque ya no dirige el Canal, las fuentes contactadas han dicho que abandonó dicha entidad, presionado por Ignacio González, por el riesgo que les provocaba la impunidad con que De Miguel estaba incrementando su patrimonio de forma desmesurada, adquiriendo sin control, incluso bodegas de vino e inmuebles de muy alto nivel, bien a su nombre y/o a nombre de familiares muy directos y/o firmas que ellos mismos estaban constituyendo, tanto dentro como fuera de España".
infoLibre se ha puesto con De Miguel, que ha asegurado no tener nada que ver con el asunto del viaje a Colombia. "Está en el juzgado y yo lo que hice fue denunciar el tema, y no creo que tenga nada que ver. En el viaje alguien hizo una cosa que desconozco, porque era un viaje profesional y se han dicho tantas barbaridades [...] como que había bolsas blancas como si fuera droga". Preguntado por su actuación en el Canal, De Miguel aseguró que no cometió ninguna irregularidad.
"En el caso de ICM, se debería centrar la atención en Cándido Cerón, militar que al parecer está en la reserva, muy vinculado a firmas como Indra y por ende al CNI, que estaría recibiendo importantes sumas de dinero en efectivo, por el pago de sobornos de los adjudicatarios de proyectos, relacionados con la infraestructura informática de la Comunidad de Madrid", especifica el agente Villarejo en el informe. Cándido Cerón está procesado por gastar 80.000 euros con su tarjeta black de Caja Madrid, entidad financiera de la que fue consejero.
Precisamente, el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad (ICM) en 2007, Cándido Cerón, licitó por 2,5 millones de euros un informe sobre la implantación del sistema informático de la Ciudad de la Justicia que ganó Avanzit, empresa de la que fue alto cargo entre 2001 y 2015. Meses después, Cerón firmó otro contrato con Avanzit por 1,2 millones. Estos contratos fueron objeto de una comparecencia del propio Cerón en la comisión de investigación contra la corrupción de la Asamblea de Madrid.
El informe de Villarejo explica, asimismo, que Cerón se habría blindado: "Ofreciendo programas informáticos que permitirían controlar, no sólo los sorteos que de forma aparentemente aleatoria adjudicarían los sumarios a los jueces que les deberían corresponder por sorteo, sino de manera remota, controlarían los ordenadores de todos los jueces de la Comunidad de Madrid, a los que previamente se habría dotado de los oportunos programas espías a modo de troyanos".
4. LAS RELACIONES CON ENRIQUE CEREZO
El cuatro apartado del informe del comisario Villarejo vincula al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, con Ignacio González. Y se remonta a 2005, cuando la Comunidad de Madrid adjudicó las televisiones digitales locales, "en un proceso controlado en todo momento por Ignacio González".
Y uno de los empresarios que recibió la licencia fue "el productor y amigo personal de Ignacio González, Enrique Cerezo", explica la nota policial, que destaca que los siete medios de comunicación, incluida la empresa de Cerezo, crearon, en diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social era la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada una de ellas suscribió el 10% del capital y el 30% restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain".
Esta firma se había constituido justo un mes antes, según la investigación policial, y su administrador único era Fernando Ruano, "cuñado del ya referido Ildefonso de Miguel, al que todas las fuentes señalan como fiduciario de Ignacio González y gestionador, junto a otro testaferro de Cerezo, de un entramado de sociedades offshore ubicado en varios estados de EEUU, así como Panamá y otros países del entorno". De Miguel no ha querido responder a las preguntas por escrito de este diario.
Y la empresa creada, Teledifusión Madrid, "contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Esta firma había sido fundada en 2003 precisamente por Ildefonso de Miguel quien, cuando pasó a trabajar con Ignacio González, dejó la firma en manos de su cuñado Fernando Ruano, con lo que el círculo volvió a cerrarse".
Finalmente en este apartado, el dossier del comisario cita fuentes cercanas al propio Cerezo para asegurar que con periodicidad mensual, Ignacio González le ha venido visitando a su despacho y éste, le ha entregado personalmente sobres con dinero en efectivo, aunque no han podido determinar la cantidad que contenían. Dato aún pendiente de confirmar".
infoLibre también ha preguntado a De Miguel por el caso de Teledifusión Madrid que ha respondido: "Yo cuando entré en la Comunidad de Madrid vendí la participación y eso lo he dicho repetidas veces". Preguntado sobre si la empresa la había vendido a su cuñado, Fernando Ruano, De Miguel no aportó más datos al respecto.
5. EL CASO DE COLMENAR DE OREJA
En la última de las cinco páginas de la nota policial que Villarejo ha anunciado que también va a enviar al Juzgado de Estepona en el que se investiga el caso del ático de González, el documento alude al municipio de Colmenar de Oreja, en el sur de la Comunidad de Madrid. "Ya en 2009, el Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid, inició una causa, cuya referencia policial consta como diligencias nnúmero 6480/09. Se trató de la investigación sobre un asunto que surgió en Colmenar de Oreja entre mayo-junio de 2007, donde la alcaldesa fue al parecer condicionada por Ignacio González a que favoreciera una recalificación a Martinsa, llevando las negociaciones por parte de la constructora un tal Juan Carlos Martín Rodríguez".
El agente da cuenta en el informe que se conoció la existencia "de unos pagos por un alto importe, calculado mediante la repercusión por metro construido conseguido con la recalificación. Según consta en la causa, los pagos se hacían a colaboradores de Ignacio González, que recibía en bolsas de plástico el dinero en efectivo, la mayoría de las veces en el Hotel Eurobuilding y también a la alcaldesa, que al saberse investigada, abandonó precipitadamente la política, no sin antes aumentar de forma significativa su patrimonio".
"Entre el entramado societario destacaba una firma llamada Preston Child y como conseguidores de Ignacio González entre otros un tal Á. C., realizando movimientos de capitales a través del Barclays Bank y otras entidades. En su momento, colaboradores informaron que parte del efectivo que conseguían, se guardaba en cajas de seguridad del BSCH, a nombre de diversos colaboradores de Ignacio González y que periódicamente se reunían para repartir cuando estas estaban llenas".
"A pesar de existir intervenciones telefónicas y declaraciones de testigos protegidos, que de manera rotunda implicaban a Ignacio González en el cobro de comisiones, el sumario se sobreseyó de manera muy irregular el 5/5/10, por un juez sustituto, a quien de una manera cuanto menos atípica, el decano adjudicó dicho sumario". Una fuente judicial que Villarejo califica como "fiable", asegura que el juez sustituto se excusó ante sus colegas alegando que su continuidad dependía de la Comunidad de Madrid: "Cerró todo, porlas presiones que recibía, ya que, de manera imperiosa, necesitaba que le renovaran su relación laboral en los juzgados".
Tal y como publicó El País el 26 de agosto de 2012, Martinsa-Fadesa adjudicó la sectorización de esta promoción a la empresa Plarquin Consultores, ligada al exdirector general de Urbanismo Enrique Porto. Y esta firma también participó en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con el exalcalde imputado Ginés López a la cabeza, de unas fincas por las que el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, pudo percibir hasta 25 millones de euros, y por el que según un confidente policial González habría percibido dos millones, siendo el ático un pago en especie de esta cantidad.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/05/la_nota_policial_secreta_sobre_ignacio_gonzalez_que_investigo_2011_45935_1012.htmlLOS MISTERIOS DEL CASO ARGANDA, EL GRAN PELOTAZO DE LA GÜRTEL
De la lucha interna en el PP, en la que aparecen desde el nombre de Rajoy, al de Cifuentes, pasando por Aguirre y González, a los líos judiciales y policiales
En medios judiciales, y desde luego entre quienes están inmersos de una forma u otra en la investigación de la trama Gürtel, miran con cada vez menos disimulada expectación al juez José de la Mata ¿La razón? Se preguntan por las razones de que el magistrado de la Audiencia Nacional siga sin cerrar la última pieza separada del sumario político más famoso del siglo: ¿A qué espera el juez? ¿Qué hay en el caso que le impide cerrar el sumario y enviarlo a juicio como ya ha hecho con las demás tramas derivadas de las actividades de Correa y su banda con el PP?
Lo cierto es que, mientras él sigue mirando el caso, a la espera de que le llegue la información necesaria para alcanzar sus conclusiones y elevar a juicio hechos e implicados, todo alrededor del caso parece estar acelerándose. Hay mucho en juego, desde luego todo indica que así es en el seno del PP, y en los medios afines (por ideología, por intereses o por amistad) a unas y a otras de las familias ‘populares’ parece haberse abierto la veda y llegan las filtraciones.
Una factura con la que se inició todo
Primero los antecedentes. En Arganda, una localidad cercana a Madrid, el Ayuntamiento, del PP, decidió recalificar una parcela gigantesca de suelo municipal. Una parcela que los expertos valoraron en un precio aproximado a los cien millones de euros. La concesión, sin embargo, se cerró, como se ve en la factura de compra que adjuntamos, en manos de la constructora Martinsa por poco más de 77 millones de euros.
Por tanto, se había producido una minusvaloración aproximada de 20 millones largos de euros. Acababa de producirse en aquel día, víspera de nochebuena de diciembre de 2004, lo que pasó a ser el mayor pelotazo de la trama Gürtel.
En realidad, Martinsa, según declararía a la policía uno de los abogados de la constructora, ni siquiera llegó a pagar esa cantidad, sino 10 millones menos, ya que al precio en metálico se había sumado la construcción de un Ayuntamiento nuevo para Arganda y unos aparcamientos que no llegarían nunca a realizarse.
Un caso muy imitado
Al desenmascararse las actividades de Francisco Correa y sus empresas en presunta connivencia con el Partido Popular, en todos sus niveles, desde el nacional al municipal, diversos informes policiales vinieron descubriendo las irregularidades que habían rodeado la concesión.
El pasado mes de diciembre, en ELPLURAL.COM les informábamos de unas declaraciones al mismo juez de la Mata de otro alcalde, también del PP, que permiten entender mejor lo que pasó en Arganda. Nos referimos a Arturo González Panero, más conocido por el sobrenombre que le pusieron los gurtelianos, el Albondiguilla.
González Panero declaró ante de la Mata que había recibido durante meses presiones de Jaime González Taboada, entonces director general de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid, para que entregara una parcela valorada en 30 millones por 19,4 millones. En esta ocasión, el Albondiguilla se resistió a ceder, lo que dijo al juez, “me costó la amistad con Correa” y el enfado de otros alcaldes populares que andaban en operaciones similares.
¿Por qué ese interés en rebajar los precios de las parcelas? Porque los intermediarios se quedaban presuntamente con parte de los millones de diferencia, mientras otra parte se usaba en financiar al Partido Popular.
Los tesoreros advierten a Aguirre y a Rajoy
En el caso de Arganda ¿quién presionó para conseguir la concesión? Según estableció Baltasar Garzón -entonces el sumario estaba en sus manos- los demás constructores interesados en el negocio de la parcela, acudieron a Génova protestando por cómo se estaba produciendo la operación por parte del equipo municipal ‘popular’. Y allí se entrevistaron con sus interlocutores habituales, Lapuerta y Bárcenas, tesorero y gestor del PP nacional. Estos, a su vez, se reunieron con Esperanza Aguirre, delante de Mariano Rajoy. Pero nada cambió.
La concesión se dio a Martinsa y, como decimos, millones por debajo de su valor real. De los informes policiales después se desprendería que Correa había recibido al menos 12 millones de euros por su mediación, de los que también se habían beneficiado el entonces alcalde de Arganda Ginés López, y el exdiputado popular de la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco.
El caso Arganda, a pesar de la tajada que dejó para los corruptos, pasó a ser uno más dentro de la gigantesca trama Gürtel. Pero se ha ido, como decimos, quedando solo. Aunque reaparece convenientemente en momentos que parecen cruciales para el futuro del PP en Madrid. Y esto por una razón, aunque en los informes policiales no se le cita expresamente, en medios periodísticos y políticos, siempre se ha relacionado el caso Arganda con la compra del ático de Marbella por parte de Ignacio González, segundo del PP en aquel momento (toda la información sobre este caso en la página de nuestros colaboradores, Los Genoveses).
Cifuentes y González, tanta historia el uno al lado del otro... el caso Arganda ayudó a una, hundió aún más al otro
Las convenientes resurrecciones del caso Arganda
Así, el caso resurgió con gran fuerza en fechas claves, cuando se cocía la elección candidato a cabeza de cartel popular para las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo. Diversos medios, con El Mundo a la cabeza (diario especialmente bien relacionado con Cristina Cifuentes y su entorno), volvieron a resucitar la conexión ‘pelotazo de Arganda’ con el ático. Un hecho que, reconocen en el PP, ayudó a enterrar sus posibilidades y a despejar más el camino a Cifuentes.
Y ahora, cuando de nuevo el PP madrileño se convulsiona, se crea una nueva gestora y se anuncian tormentas judiciales, el caso vuelve a la superficie. En este caso, el digital Público, este sábado, ponía sobre el escenario otro personaje misterioso: el actual número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino.
Según se insinúa en esta información, el alto cargo policial, conocía desde 2008 la presunta relación entre el ‘caso Arganda’ y la compra del ático, y se le relaciona con el hecho de que nunca González y su ático hubieran aparecido en los informes policiales. Es más se desvela en el artículo otro hecho que extrañamente había pasado desapercibido hasta ahora: la hija del comisario, María Pino, cuando se produjo el pelotazo, era teniente de alcalde de Arganda. Tampoco ella aparece en ninguno de los informes policiales sobre el caso.
Claro, que no deja de ser extraño también que se olvide en las informaciones que también en el ayuntamiento estaba entonces ya Pablo José Rodríguez Sardinero, el concejal que sustituyó al alcalde de Arganda cuando éste cayó imputado por su participación en el asunto… Curiosamente el mismo Rodríguez Sardinero que, como contábamos en ELPLURAL.COM el pasado día 23, ahora ha sido elegido por Cristina Cifuentes para formar en la gestora con la que está desembarcando en la dirección máxima del PP madrileño.
De nuevo, volvemos al comienzo del artículo, la expectación ante la tardanza del juez de la Mata en cerrar el sumario de esta pieza separada no para de crecer.
http://www.elplural.com/2016/02/29/los-misterios-del-caso-arganda-el-gran-pelotazo-de-la-gürtel
EL JUEZ INVESTIGA SI IGNACIO GONZÁLEZ RECIBIÓ DOS MILLONES PARA SU ÁTICO
Un juzgado de Estepona (Málaga) investiga si el expresidente madrileño logró una comisión tras un pelotazo urbanístico de la red Gürtel en Arganda del Rey (Madrid)
Un juzgado de Estepona (Málaga) investiga si el expresidente madrileño Ignacio González (PP) recibió una comisión de dos millones de euros para su ático tras un pelotazo urbanístico de la red Gürtel en Arganda del Rey (Madrid). La Fiscalía Anticorrupción de Málaga, basándose en unas grabaciones y un informe policial, acaba de revitalizar el caso —estaba estancado por varias comisiones rogatorias— y solicitado la imputación de González, su esposa y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que aparece en las grabaciones. El ático estaba a nombre de una sociedad sin actividad y radicada en un paraíso fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción de Málaga, basándose en unas grabaciones y un informe de los servicios de inteligencia de la policía, acaba de revitalizar el caso del ático del hombre al que Esperanza Aguirre dejó en 2012 la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El juzgado 5 de Estepona investiga la procedencia del dinero con el que adquirió la lujosa casa en Marbella.
El asunto estaba estancado por varias comisiones rogatorias inconclusas a EE UU y Reino Unido, hasta que el juzgado ha incorporado al sumario grabaciones de conversaciones entre el comisario de inteligencia José Manuel Villarejo y González y otra con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. En ellas, González muestra ante Villarejo y otro agente su preocupación por que trascienda que el ático (que oficialmente alquiló en 2008 y que en 2012 dijo que ya había adquirido) figurase a nombre de una sociedad, Coast Investor LL, sin actividad y radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EE UU). Esta firma, a nombre de Rudy Valner es, a su vez, propiedad de otra sociedad radicada en Panamá.
El informe policial elaborado por el equipo del comisario Villarejo, quien prestó declaración el pasado 2 de febrero en el juzgado, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela cómo llegó supuestamente ese ático a manos de González.
El informe sitúa el origen del dinero del ático en una supuesta comisión de dos millones de euros derivada de un megapelotazo urbanístico en el que medió la trama Gürtel, y que recayó en la empresa Martinsa Fadesa, presidida por Fernando Martín: la recalificación de un terreno en Arganda del Rey (Madrid) que se adjudicó por unos 50 millones menos de lo que valía la parcela.
Las grabaciones de las conversaciones han guiado al fiscal a pedir al juez que cite como imputado a González, a su esposa, Lourdes Cavero, y al presidente del Atlético. “El señor Cerezo me llamó en muchas ocasiones. Imagino que su interés, además de ser amigo de González, era evitar que siguiera la investigación, ya que el fiduciario, el señor Rudy Valner, también era el fiduciario del señor Cerezo”, declaró el pasado 2 de febrero Villarejo ante el juzgado de Estepona.
Siempre según el citado informe, fruto de la operación urbanística de Arganda se detectaron 15 millones de euros en Miami y España “pagados por Fernando Martín”, entre otras personas, al líder de la Gürtel, Francisco Correa, y al exalcalde de Arganda, Ginés López. Y dos de esos millones habrían ido a parar a González, entonces vicepresidente del Gobierno de Aguirre y responsable último de las recalificaciones de suelo en la región.
Gran parte del dinero lo recibió González supuestamente en líquido y el resto fue utilizado por Coast Investor para la compra del ático. “Los pormenores de dicho pago coincidieron con un viaje que González hizo a Colombia entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2008, acompañado, entre otros, por el consejero de Martinsa Manuel Serra”. Ese viaje fue espiado por una agencia de detectives que grabó un vídeo en el que se ve a González entrar con bolsas grandes en un hotel.
González ha mantenido que su charla con Villarejo fue a instancias del comisario y que este le chantajeó (el comisario lo denunció por ello y asegura que fue González quien concertó la cita).
El informe policial revela que para la “aparente venta” del ático se empleó una inmobiliaria sita en la misma urbanización donde se enclava. En la operación actuó como vendedor, con poderes “Pedro Javier Villate y, aunque el precio inicial del ático era 1,3 millones, finalmente fue escriturado en 850.000 euros”, según el informe, que también apunta que el dinero procedía de una cuenta que el presidente de Martinsa tenía en las Islas Caimán y desde la que se nutrió a Coast Investor. Según el informe, poco después del viaje a Colombia, González y su esposa visitaron el ático. Hay fotos del cocheque alquiló la esposa de González en el aeropuerto de Málaga. Según el informe, Cavero “gastó un dineral en muebles”, lo que no tiene sentido si realmente era un alquiler.
Agentes policiales de Marbella, los primeros que indagaron este tema, preguntaron entonces al portero de la finca, David Jiménez, sobre el inmueble, y este les indicó que, “aunque estaba a nombre de una empresa extranjera, en realidad pertenecía al vicepresidente de la Comunidad de Madrid”, entonces Ignacio González. “Él dice que está de alquiler, pero el piso es suyo”, apostilló el portero a los agentes. El pago de la comunidad del ático se hizo desde Coast Investor. “El abono del dinero provenía de una cuenta del banco Lloyduds TSB Bank PLC de Londres, tras recibir una orden del USBKUS44FX, de USA, por orden de Coast Investors, radicada en Beverly Hills. Pagó una cuota de comunidad 3.266 euros. El abono fue ordenado por Rudy Valner, del despacho de abogados Law Offices Of Rudy Valner, con domicilio también en Beverly Hills”.
Fuentes de esta investigación aseguran que Valner tiene ahora en su poder (“y no sabe qué hacer con el dinero, puesto que el ático ya estaba pagado”) los cerca de 700.00 euros abonados por González cuando anunció que finalmente había adquirido el inmueble tras saltar el escándalo a la prensa. El fiscal anticorrupción de Málaga no cree necesario, de momento, a la espera de varias pruebas que permitan ver si hay conexión, inhibirse del asunto del ático en favor del juzgado que lleva el caso Gürtel, el número 5 de la Audiencia Nacional. Antes quiere que González explique ante el juzgado las grabaciones, y que se dé un nuevo impulso a las comisiones rogatorias a EE UU y Reino Unido sobre supuestos trasvases de dinero que se hacen a través de varias sociedades extranjeras con destino final en Coast Investor.
Villarejo: "Me coaccionaron para que no investigara"
La investigación sobre este ático fue encargada inicialmente por el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández, ya fallecido, al ex comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes de Dios, bajo la supervisión de Villarejo. Así consta en el sumario que instruye por blanqueo de capitales el juzgado 5 de Estepona. El comisario Villarejo declaró el pasado 2 de febrero ante el juzgado de Estepona. Avaló el contenido de las grabaciones de su conversación con González y otras de llamadas que le hizo Cerezo, y señaló que el expresidente madrileño, “lejos de colaborar, lo que quería era parar la investigación”.
El comisario destacó que, en aquel momento, su intención y la del inspector que le acompañaba cuando él hizo la grabación, era pedirle datos a González (recibos, extractos bancarios…) que permitieran desterrar la información de que ese ático le había sido regalado a cambio de una recalificación en Arganda. Pero no demostró nada. Su única preocupación era que no trascendiese que estaba de inquilino en un ático puesto a nombre de una sociedad sin actividad y opaca al fisco. Ante el juez, el comisario llamó la atención de que “Coast Investor se desactivó a los pocos días de comprar el ático”. Villarejo dijo también que había sido la investigación “más difícil de su vida” y que el actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le prohibió, a través del jefe de Asuntos Internos entonces, seguir investigando a González. “Me coaccionó para que no investigara”, dijo al juez. Y al comisario de Marbella, denunció, “lo han echado. Lo imputaron y suspendieron de empleo y sueldo”.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/28/actualidad/1456689862_390630.html
EL NÚMERO DOS DE LA POLICÍA CONOCE EL PELOTAZO DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ DESDE 2008
La UDEF aún no ha incluido en el sumario de 'Gürtel' ninguna de las pesquisas que el comisario Villarejo realizó sobre la recalificación de terrenos en Arganda del Rey, municipio de la que era teniente de alcalde la hija del actual Director Adjunto Operativo
El juzgado de Estepona (Málaga), que investiga la compra del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, presuntamente pagado con el dinero de un soborno por recalificar unos terrenos en Arganda del Rey (Madrid) para favorecer a la constructora Martinsa-Fadesa, ya ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si ve conveniente que esta investigación se incluya en el sumario de Gürtel.
Es en este procedimiento que instruye la Audiencia Nacional donde la UDEF hace años que investiga la recalificación de los terrenos para favorecer al empresario Fernando Martín y la red de Francisco Correa. Sin embargo, en sus informes nunca se ha mencionado a Ignacio González y sólo apuntan al exalcalde de Arganda del Rey, Ginés López, como máximo responsable del pelotazo.
Sin embargo, según explican a Público fuentes policiales, esto se debería a que el número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, ha guardado desde hace años esa información a salvo de la investigación. Su hija, María Pino De Juana, era la teniente de alcalde y consejera de Economía y Hacienda en el momento en que Ignacio González adquirió su ático pagado presuntamente con el soborno por la recalificación de terrenos de Arganda del Rey. Ella, al igual que González, nunca ha sido mencionada en la investigación.
Confidentes
Según estas fuentes, el comisario Eugenio Pino podría ser el presunto confidente del que hace gala el comisario José Villarejo en su declaración ante el juzgado de Estepona. En el momento en el que se inicia la investigación del caso Gürtel, en 2007, María Pino ya era teniente de alcalde de Arganda del Rey y tenía una buena trayectoria dentro del PP de Madrid y también buenos contactos. Su tío materno, Jesús de Juana, había sido subdelegado de Gobierno en Orense y, aunque ya había dejado el puesto, sus vínculos con el PP seguían siendo tan estrechos que recibía críticas por mezclar su cargo como director de la UNED de dicha provincia con los asuntos políticos.
En 2008, según la investigación de Villarejo, Ignacio González compra el ático por 1.300.000 euros, 400.000 de los mismos se habrían pagado en B, aunque el inmueble estaba a nombre de la sociedad Coast Investors. Se trata de una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Delaware bajo el control de un testaferro, Rudy Valner, quien también trabajaba para el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Con la llegada del PSOE al Gobierno, el comisario Pino había sido relegado como jefe de una comisaria de Huesca, después de haber dirigido la Unidad de Intervención Policial (UIP). Pero es en diciembre de 2008, después de que González comprara su ático, cuando le trasladan a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que en ese momento dirigía el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, ya fallecido.
Las relaciones de Pino con hombres fuertes de la Policía, como el comisario Villarejo, que estaba adscrito a la DAO, se remontaba a los años noventa, cuando Pino estaba en Asuntos Internos y Villarejo era investigado por su unidad. Según las fuentes consultadas por Público, “es debido a esta amistad como Villarejo se entera de la compra del ático y acaba involucrando al entonces comisario de Marbella, Agapito Hermés de Dios, para dar cobertura oficial a la investigación”.
Supuestas presiones
Con la llegada del PP al poder en diciembre de 2011, el comisario Pino se hace con la Dirección Adjunta Operativa y pasa a ser el número dos de la Policía. A su lado, como adscrito, el comisario Villarejo. Según diferentes comisarios e inspectores consultados, unos meses antes de ganar las elecciones, Pino anunció que el propio Mariano Rajoy le había garantizado que sería el nuevo DAO. Y así fue.
Fue también un mes antes de que Eugenio Pino llegara a ser DAO cuando los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño tomaron café con el entonces presidente de la Comunidad de Madrid. Según González para chantajearle, según Villarejo para investigar y según Castaño para que Villarejo ayudara a González a solucionar sus problemas con la supuesta investigación de la UDEF.
Sin embargo, según la declaración de Villarejo en el juzgado de Estepona, fue con la llegada al poder del comisario Pino cuando comenzaron las supuestas presiones contra él para que dejara de investigar el ático de Ignacio González. Siguiendo la versión que él da en la declaración, era un encargo que le había hecho el fallecido Fernández Chico. Pero, a pesar de todo, la UDEF no lo incluyó en el caso Gürtel en la época del PSOE y al llegar Pino destituyó a dos comisarios generales de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla y José García Losada, ambos máximos responsables de la UDEF. Rodríguez Ulla es uno de los convocados en el caso del ático para que explique por qué se paró esta investigación.
Según declaró Villarejo en el juzgado, las presiones para que dejara de investigar llegaron a tal extremo que el excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas Aranda, le presionó por orden del director general, Ignacio Cosidó, para que dejara de investigar. Sin embargo, en la actualidad el comisario Martín Blas ha sido destituido por el PP, mientras que el comisario Villarejo sigue siendo un hombre de confianza de Eugenio Pino y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alaba los grandes servicios que ha prestado a España.
http://m.publico.es/politica/1951772/el-numero-dos-de-la-policia-conoce-el-pelotazo-del-atico-de-ignacio-gonzalez-desde-2008HACIENDA AÚN DESCONOCE DÓNDE ESTÁN 12 MILLONES DEL MAYOR PELOTAZO DE LA GÜRTEL
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude admite en un informe al juez De La Mata que no saben qué pasó con 12 millones que se suman a los 25 de comisión supuestamente abonada a Correa por el expresidente de Martinsa, Fernando Martín, por una parcela de Arganda del Rey
Once años después de la operación urbanística de la parcela UE-124 en Arganda del Rey, los investigadores no saben qué ha pasado con gran parte de la comisión pagada a cambio de la adjudicación.
Lo acaba de admitir la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria en un informe al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Gürtel, José de la Mata.
La ONIF determina en su escrito de 262 páginas que el expresidente de Martinsa y del Real Madrid, Fernando Martín, pagó un total de 25 millones de euros en concepto de comisión por la adquisición de la parcela. Todo este dinero fue abonado por Martín al supuesto líder de la Gürtel, Francisco Correa, mediante dos pagos a sus cuentas ubicadas en Mónaco y Suiza, pero no sabe qué ha pasado con otros 12 millones de euros.
El inspector autor del informe establece como posible hipótesis que uno de los empresarios implicados, Manuel Salinas Lázaro, se hubiera quedado ese dinero, o lo hubiera invertido en acciones. No obstante, reconoce que "queda pendiente de conocer qué ha ocurrido" con el peculio. Acusaciones particulares y populares creen que en realidad, esos 12 millones de euros acabaron en la cuenta de otro alto cargo político en Madrid.
La operación de la UE-124 de Arganda fue el mayor pelotazo de la Gürtel. El empresario Fernando Martín adquirió la parcela por 77 millones de euros y meses después vendió un tercio de los terrenos por 73 millones.
Rajoy fue advertido del "pelotazo"
En su declaración escrita como testigo ante el juez Pablo Ruz, la todavía presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, admitió que Mariano Rajoy fue advertido “a finales de 2004” de la operación.
Aguirre aseguró que estuvo reunida en presencia de Rajoy con el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta y “probablemente Bárcenas”, y Lapuerta le advirtió de que en Arganda y Majadahonda el patrimonio municipal uba a verse perjudicado porque se iban a sacar a concurso dos parcelas “a precio tasado”. Lo cual, subrayó Aguirre en su declaración, era “perfectamente legal”, aunque desde la dirección nacional del PP consideraban que era mejor que pudiera pujarse por los terrenos para obtener un mejor precio en beneficio de los ayuntamientos.
Aguirre sostuvo en su declaración al juez que telefoneó y pudo frenar la operación de Majadahonda, pero la de Arganda “ya estaba adjudicada”.
El extesorero Luis Bárcenas aseveró en su declaración del 15 de julio de 2013 que en aquella reunión con Rajoy se informó del supuesto pelotazo en Arganda, que iba a beneficiar a Martinsa.
http://cadenaser.com/ser/2015/06/17/tribunales/1434552978_612411.htmlEL FACTOR AGUIRRE
Esperanza Aguirre no solo fue avisada de un "pelotazo" urbanístico a costa de Arganda por Álvaro Lapuerta. La empresa del hermano y el hijo de la expresidenta fueron claves en la operación
Arganda y la venta de la controvertida parcela UE-124 fue, según la investigación, el primero de una serie de "pelotazos" urbanísticos de la trama Gürtel. La Policía cree que los 160.000 metros cuadrados de esta Unidad de Ejecución se vendieron al menos 20 millones de euros por debajo de su valor y generaron una comisión a Correa de 12,8 millones, que presuntamente cobró en Suiza. Aguirre ha declarado ante el juez que se enteró de esta operación tras una reunión, a finales de 2004, con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, en el despacho de Mariano Rajoy. Sin embargo, una empresa de su familia tuvo un papel crucial en la operación. La consultora Aguirre Newman, propiedad de su hermano Santiago y en la que trabaja el hijo de la expresidenta madrileña, Fernando Ramírez de Haro Aguirre. Difícilmente Aguirre podía estar desinformada sobre lo que se cocía en Arganda.
De hecho, esta operación estuvo bajo la lupa de la Justicia, tras los recursos de los rivales de Martinsa en la puja por los terrenos, así como por la oposición socialista, que recurrieron la adjudicación de esta parcela por 66 millones de euros más otros 11 en obras. Las sucesivas sentencias se apoyan en la valoración de los terrenos y de las ofertas que hizo la empresa Aguirre Newman para dar validez a la tasación de los terrenos que hizo el Ayuntamiento y la empresa municipal del suelo, que entonces dirigían los hoy imputados Ginés López y Benjamín Martín Vasco.
Aguirre Newman fue la empresa, apoyada por la consultora Plarquin, que hizo la valoración de los terrenos y las ofertas que se presentaron al Ayuntamiento por esta jugosa parcela. En Plarquin estaba otro conocido de Esperanza Aguirre, ya que se trataba de la empresa de Enrique Porto, al que su Gobierno nombró director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 -que fue el que vio el recurso de las empresas competidoras de Martinsa- recoge textualmente: "El órgano de contratación -el Ayuntamiento de Arganda- decidió encomendar a la consultora Aguirre Newman Madrid SA un informe de valoración de las tres ofertas presentadas". La empresa de Santiago Aguirre Gil de Biedma analizó dos de los puntos de las ofertas, mientras que Plarquin se ocupó de otro más. Las empresas que quedaron fuera del negocio acusaron ante la Justicia al "asesor y consultora exterma" (Plarquin y Aguirre Newman) de "defectos, errores e incongruencias en sus valoraciones".
Aguirre Newman es una importante consultora inmobiliaria en España y fuera de España, aunque ha basado buena parte de su negocio en Madrid. Su presidente es Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre. Fernando Ramírez de Haro Aguirre, marqués de Villanueva de Duero, es un alto directivo de la consultora. Por su parte, Enrique Porto fue nombrado por Aguirre director general de Urbanismo -nombramiento del que ahora ella se desentiende-, hasta que se vio obligado a dimitir en 2006 por un escándalo relacionado con su asesoría, Plarquin.
Esperanza Aguirre, sin embargo, en su declaración escrita ante el juez Ruz asegura sobre estos hechos que fue convocada por Lapuerta a la sede del PP y que, en el despacho de Mariano Rajoy, a finales de 2004 -ya como presidenta de Madrid- fue informada de la operación de Arganda y otra en Majadahonda de venta de terrenos a precio tasado, con valor muy inferior al real en mercado. Asegura que "llamó" a Ginés López, alcalde, y Benjamín Martín Vasco, presidente de la empresa del suelo de Arganda, y que ambos le dijeron que ya estaba adjudicado y que la operación era legal.
Sin embargo, a pesar de la denuncia y presunción de irregularidades, el Gobierno de Aguirre aprobó un aumento jugoso de edificabilidad en 2006 de las mismas parcelas que había evaluado la empresa de su familia y su director de Urbanismo, Enrique Porto. Aguirre asegura en su declaración que "cuando en Consejo de Gobierno nombra a Enrique Porto, a propuesta del consejero correspondiente, yo no conocía a ese señor". Aguirre era, por supuesto, presidenta del Consejo de Gobierno.
Justo tras la aprobación del incremento de edificabilidad (de 1.600 a 2.400 viviendas) Martinsa vendió un tercio de la parcela por el triple de lo que le había costado. Lo que se conoce como un "pelotazo", propinado en los últimos años de la burbuja urbanística.
A pesar de los avisos de Lapuerta -según algunas fuentes también estaba presente, junto a Rajoy, Luis Bárcenas, aunque Aguirre dice que "es posible" pero no lo recuerda- y de que su propia familia había intervenido en el proceso, Martín Vasco y Lóprez siguieron en sus funciones. Del mismo modo que el exalcalde del otro "pelotazo" denunciado, Guillermo Ortega, de Majadahonda, fue nombrado por Aguirre presidente del Mercado Puerta de Toledo cuando dejó el ayuntamiento de este municipio residencial del noroeste de Madrid.
http://www.estrelladigital.es/articulo/exclusivas/factor-arganda/20140218091107012011.htmlBÁRCENAS ASEGURÓ AL JUEZ QUE RAJOY ESTABA AL TANTO DEL MAYOR PELOTAZO DE LA TRAMA GÜRTEL
El extesorero declaró que participó en una reunión con el líder de su partido y el responsable de las finanzas, Álvaro Lapuerta, en la que se habló de la 'Operación Arganda', un venta de terrenos que reportó a Correa una comisión de 12,8 millones de euros.
El ventilador de Luis Bárcenas funcionó la semana pasada a máxima potencia en la Audiencia Nacional... y una parte importante del tiempo estuvo enfocado hacia Mariano Rajoy. En su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, el extesorero del PP no sólo acusó al actual presidente del Gobierno del supuesto cobro de sobresueldos hasta 2010, sino que también le situó en una reunión en la que se habló del mayor pelotazo de la trama Gürtel, la llamada 'Operación Arganda'. Siempre según el relato que el ex senador hizo el pasado lunes ante el magistrado, el político ahora encarcelado mantuvo un encuentro con el presidente de la formación y el máximo responsable de las finanzas de Génova, 13, Álvaro Lapuerta, en la que se habló de la operación urbanística que supuestamente reportó al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, una comisión de 12,8 millones de euros.
El extesorero aprovechó la pregunta de una acusación sobre los donativos de empresas para mencionar la reunión con Rajoy y Lapuerta en la que se habló de la 'Operación Arganda'
Según fuentes jurídicas que estuvieron presenten en la declaración de Bárcenas, éste no dio demasiados detalles sobre dicho encuentro, del que sólo habló después de que le preguntaran si Martinsa, la constructora de Fernando Martín, uno de los más de cien imputados en la causa sobre la red de corrupción, había hecho donaciones irregulares al partido. La cuestión la puso sobre la mesa el abogado del Partido Socialista de Madrid (PSM), una de las acusacions populares personadas, ante lo que el extesorero dijo que no.
Sin embargo, el extesorero no desaprovechó la ocasión para implicar a Rajoy en la que, sin duda, fue la operación 'más rentable' de la Gürtel y por la que está encausado el empresario. En concreto, aseguró que recordaba una reunión entre él, Rajoy y Lapuerta en la que sus interlocutores comentaron los detalles de aquella venta de terrenos en Arganda del Rey (Madrid), aunque no dio más detalles ni sobre la fecha (si fue antes o después de que se realizara) ni sobre qué se habló en concreto. Ni el juez, ni el fiscal ni ningún otro abogado le interrogó más sobre ella.
Una parcela de 77 millones de euros
Y ello a pesar de que, precisamente, esa operación urbanística en la localidad del Este de la capitales la que los investigadores no han dudado en calificar como el mayor pelotazo de la red de corrupción de Correa. Se trata de la adjudicación en noviembre de 2004 a Martinsa de una parcela en Arganda del Rey, la llamada UE-124 o Área de Centralidad, por 77 millones de euros, Un precio que la Policía considera demasiado bajo ya que meses después de la compra la promotora vendió un tercio de la misma por 73 millones de euros a unas cooperativas de viviendas.
La millonaria comisión por aquella compraventa de terrenos acabó en 'Soleado', la cuenta suiza de los vips españoles con la que Correa operaba
Los informes policiales incorporados a la causa apuntan que Francisco Correa, presunto cabecilla de la red de corrupción, cobro supuestamente una comisión ilegal de más de 12 millones de euros por participar en dicha operación. Por aquel pelotazo también están imputado en la causa Ginés López, que ocupaba entonces la alcaldía de la localidad en representación del PP, y el que fuera parlamentario autonómico popular, Benjamín Martín Vasco.
Aunque Martinsa siempre ha negado cualquier irregularidad o pago de comisiones en aquella operación amparándose en la "absoluta transparencia" del proceso de adjudicación, las pesquisas de la Audiencia Nacional apuntan a que el dinero cobrado supuestamente por Correa por intervenir en la misma acabó primero en una cuenta de Mónaco y, de allí, pasó a otra en Suiza, en concreto a una en el Credit Suisse controlada a través de ‘Soleado’, el depósito donde ocultan sus fortunas decenas de vips españoles. Es esa cuenta de la entidad financiera helvética donde las autoridades de Berna han bloqueado cerca de 20 millones de euros del principal inculpado en la causa.
http://vozpopuli.com/actualidad/28571-barcenas-aseguro-al-juez-que-rajoy-estaba-al-tanto-del-mayor-pelotazo-de-la-trama-gurtelEL ALCALDE DE ARGANDA MANTUVO HASTA 2005 UNA CUENTA CONJUNTA CON MARTÍN VASCO Y GINÉS LÓPEZ
Pablo José Rodríguez Sardinero sustituyó al exregidor tras dimitir por su imputación en el caso 'Gürtel'
Benjamín Martín Vasco cobró 150.000 euros de la cuenta en la que Correa recibió 13 millones de euros del empresario Fernando Martín
¿Pero quién es Amando Mayo?
El informe de la Agencia Tributaria del pasado 7 de marzo sobre el mayor pelotazo del caso Gürtel dedica un apartado especial a los cargos públicos del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). En el asignado al exalcalde del PP Ginés López, se incluye una referencia al actual regidor del municipio: "Ginés López mantiene hasta el 2005 una cuenta abierta a su nombre y el de Benjamín Martín Vasco y Pablo José Rodríguez Sardinero (alcalde de Arganda desde la dimisión de Ginés López desde 2009). Desde un principio el alcalde siempre ha rechazado cualquier relación con la trama corrupta.
Pero el excargo del PP de Arganda del Rey que parece tener mayor importancia en el informe es el exdiputado en la Asamblea madrileña Benjamín Martín Vasco. A quien atribuye la propiedad de la sociedad Fermayor, que recibió 150.000 euros de la empresa Golden Chain Properties del presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, unos meses después de que el Ayuntamiento de Arganda adjudicara unas parcelas municipales a Martinsa. El principal propietario de esta última firma, Fernando Martín, está acusado de pagar 13 millones de euros a Correa por su intermediación en la operación de Arganda. En la contabilidad b de Correa aparece el apunte BENJ: 150.000 euros, algo que según la Agencia Tributaria confirmaría el cobre de Benjamín Martín Vasco, que también fue presidente de la empresa municipal de Arganda Sociedad de Fomento. Pero en realidad la empresa atribuida a Martín Vasco está a nombre del ciudadano hispanovenezolano Jorge L. Viña Fernández. Por eso la Agencia Tributaria ha solicitado al juez que busque todas las cuentas a nombre de esta persona.
En cuanto al exregidor de Arganda Ginés López el informe resalta que recibió más de medio millón de euros de Correa: "En este caso queda probado que las rentas proceden en su totalidad de la participación de Ginés López como cargo público del Ayuntamiento de Arganda en las actividades de Correa", explica la inspectora de Hacienda, que reseña que en 2006 el fraude fue de 148.500 euros, por lo que al superar los 120.000 euros se puede hablar de delito fiscal.
Sobre el consejero de la sociedad de Fomento de Arganda Juan Fernández Caballero el informe recuerda que su familia fue objeto de regalos por parte de Pasadena Viajes, la agencia de Francisco Correa.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/03/13/el_alcalde_arganda_tuvo_una_cuenta_bancaria_hasta_2005_con_martin_vasco_gines_lopez_1125_1012.htmlAGUIRRE RECONOCE QUE RAJOY Y LAPUERTA LA ALERTARON DE UNA OPERACIÓN VINCULADA A GÜRTEL
Aguirre reconoció ante las preguntas remitidas por el juez Ruz que Lapuerta y Rajoy, le alertaron de una operación que se iba a producir en Arganda del Rey
La presidenta del PP madrileño reconoció ante las preguntas remitidas por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el que fuera tesorero del partido en 2004, Álvaro Lapuerta, y el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la alertaron de una operación que se iba a producir en Arganda del Rey, por la que se iba a favorecer a la constructora Martinsa-Fadesa en la venta de una parcela.
Según las respuestas a las que ha tenido acceso El Confidencial, Aguirre explica que a finales del año 2004, cuando acababa de ser elegida presidenta del PP de Madrid, el entonces tesorero nacional, Álvaro Lapuerta, la cita en la sede del partido. "Y en el despacho de su presidente, Mariano Rajoy, y en su presencia, me advierte de que en dos municipios de la Comunidad de Madrid, Majadahonda y Arganda del Rey, sus respectivos ayuntamientos pretenden vender unas parcelas edificables a un precio tasado. La Ley había cambiado. Y las enajenaciones de patrimonio público, que hasta entonces debían hacerse por subasta, con intención de impedir que subiera el precio de la vivienda se obligaba ahora a que se hicieran por concurso, permitiéndose el precio tasado, es decir, que el precio no contara en la adjudicación", señala en sus respuestas.
Según puede recordar, Lapuerta le hizo entrega de las fotocopias del BOCAM donde figuraban las convocatorias de los dos concursos. La advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los respectivos ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante, "puesto que, al parecer, el precio tasado era muy inferior al precio de mercado". También la advirtió de que podría haber impugnaciones de los licitadores porque los criterios de adjudicación pudieran no ser suficientemente objetivos. "Inmediatamente, llamé a los alcaldes de ambos ayuntamientos", recalca.
En las preguntas que Ruz le mandó por escrito para que contestara en calidad de testigo, el magistrado de la Audiencia Nacional le señala que el extesorero Luis Bárcenas reconoció en sede judicial haber mantenido una reunión con Lapuerta y Rajoy, en relación con la adjudicación de una unidad de ejecución en Arganda del Rey, reunión en la que el primero habría trasladado al presidente del partido una información que a él le habría llegado. "¿Esa información se trasladó al presidente del partido, el señor Rajoy, en presencia de usted?", inquiere Ruz. "A mí me llamó Álvaro Lapuerta, no recuerdo si estaba presente Bárcenas, pero es posible. El que habló fue Álvaro Lapuerta. La información me la trasladaban a mí, como presidenta del PP de Madrid", responde Aguirre. El magistrado prosigue: "¿Tuvo usted conocimiento de esa reunión?". La presidenta recalca: "Ya he dicho que participé en ella".
"Yo destapé la trama Gürtel"
Según responde la expresidenta de la Comunidad de Madrid en el interrogatorio, para impedir la venta de la citada parcela a la trama Gürtel, aunque ella entonces desconocía su existencia, lo que hizo fue una gestión para que el terreno no saliera a precio tasado o fijo," porque a mí nunca me ha gustado que el precio, que es a mi juicio el elemento más objetivo en los concursos, no pondere o no cuente en absoluto, como en el caso de las parcelas de Arganda y Majadahonda".
Llamó a los alcaldes para advertir de las denuncias que se le trasladaron en la citada reunión e impedir la referida operación urbanística. Ahora bien, Aguirre insiste en su declaración en que no "había visto en mi vida" a Francisco Correa, el presunto líder de la trama. "En las grabaciones que se entregaron al juez Garzón, el señor Correa me ponía a mí a escurrir". No tuvo conocimiento de la contratación de los actos institucionales de la Comunidad de Madrid con una empresa de Correa, Easy Concept, ni quién tomó la decisión de contratarla.
Respecto a las declaraciones que realizó en abril de 2010, algo más de un año después de estallar el caso, la testigo declaró que "yo destapé la trama Gürtel" en relación a su oposición a la venta de una parcela pública propiedad del municipio de Majadahonda. Aguirre ha explicado ahora que fue una respuesta a una pregunta parlamentaria en la Asamblea de Madrid, pero que había añadido que "no sabía que lo estaba haciendo”.
Inmediatamente después de la reunión con Lapuerta en la que la alerta de lo que está ocurriendo, llamó a los respectivos alcaldes. "El alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, me dijo que no había adjudicado aún el concurso, pero que pensaba hacerlo a precio tasado. Le hice ver las contraindicaciones (pérdida para el patrimonio municipal y posibles pleitos de los licitadores por falta de objetividad), pero él insistió en que iba a hacerlo a precio fijo, que era perfectamente legal y que era de su exclusiva competencia".
Unas semanas después, en el PP de Madrid le comunicaron que había gravísimas disensiones en el seno del Grupo Municipal Popular de Majadahonda. "En ese momento no me dijeron cuál era el motivo de las discrepancias. Para conocerlo a fondo llamé a mi despacho del PP de Madrid a los concejales del PP de Majadahonda, que me expusieron que no estaban de acuerdo con el concurso que el alcalde y dos concejales (José Luis Peñas y otro llamado Moreno) querían convocar para vender dos parcelas porque los otros doce ediles creían que el precio al que salían los terrenos a concurso era muy inferior al precio de mercado".
Ortega dimitió de su cargo de alcalde y, después, se fue a una plaza en Mercado Puerta de Toledo, algo que no le pareció mal porque era un puesto que estaba cualificado para él y en aquel momento no se tenía conocimiento de que hubiera ninguna ilegalidad.
La expresidenta recalca que los otros dos concejales, Peñas (que denunció el caso Gürtel) y Moreno, se fueron al Grupo Mixto y constituyeron un partido político para presentarse a las elecciones de 2007 e intentar ser la llave de la gobernación de Majadahonda. El nuevo alcalde, Narciso de Foxá, convocó un nuevo concurso en el que el precio ponderaba el 95% en el baremo para la adjudicación y las parcelas se vendieron por "¡¡¡62 millones de euros!!! más que el precio tasado de Ortega y Peñas (de 90 a 150 millones de euros)", exclama la dirigente popular. "O sea, que había 10.000.000.000 de las antiguas pesetas que perdía Majadahonda y alguien ganaba", añade.
Respecto a los otros dos concejales, Aguirre sostiene que presentaron multitud de demandas contra el nuevo alcalde y las perdieron todas. A su juicio, "como no sacaron votos en las elecciones de 2007, y presuntamente Correa se hartó de financiarles cuando empezaron a llegar las condenas en costas, decidieron grabar las conversaciones con él, con el evidente propósito de chantajearle". Y esas grabaciones son las que Peñas lleva al juez Garzón y son el origen de este procedimiento. "O sea, que si se hubiera consumado la venta a precio tasado, como había sucedido en Arganda, presuntamente algunos se habrían repartido la enorme diferencia y Peñas no habría ido al entonces juez Garzón", espeta la expresidenta.
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-18/aguirre-reconoce-que-rajoy-y-lapuerta-la-alertaron-de-una-operacion-vinculada-a-gurtel_67850/RUZ ACORRALA A LOS ANTIGUOS CARGOS POLÍTICOS DEL PP EN ARGANDA
La gran operación urbanística de la red Gürtel en ese municipio arroja una cifra de fraude fiscal que supera los 10 millones de euros
El juez Ruz fija que la investigación fiscal sobre el ex-diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco así como sobre varios empresarios inmobiliarios con Fernando Martín a la cabeza debe salir al extranjero.
Por eso el magistrado de la Audiencia Nacional solicita a los investigadores que localicen los justificantes de pagos declarados como rendimientos del trabajo que Martín Vasco habría recibido de la red Gürtel en 2007,2008 y 2009.
Ruz pregunta a la fiscalía si investiga a Calvo Soria por un presunto delito fiscal
Y ahí aparecen transferencias realizadas desde la banca Rostchild de Mónaco por importes que superan el millón y medio de euros. Por tanto se fija una comisión rogatoria internacional para que esa entidad monegasca envíe todo los datos de que disponga y también todos los datos de varias cuentas corrientes en España cuya titular es la mujer del ex-diputado.
De igual forma, el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional procede contra Fernando Martin, propietario de Martinsa. Se solicita a Mónaco toda la documentación sobre dos cuentas que pertenecerían a ese empresario.
Otros presunto intermediario de la operación Arganda, Amando Mayo, también imputado es objeto de esta investigación. Pero hay más novedades en el informe de la Agencia Tributaria que sirve al juez para ampliar las pesquisas.
Novedades preocupantes para la estabilidad institucional del Ayuntamiento de Arganda ya que el actual alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, fue hasta 2005, titular junto a Ginés López y Benjamín Martin Vasco de una cuenta corriente en España.
http://cadenaser.com/emisora/2013/03/28/radio_madrid/1364431822_850215.htmlEL GRAN PELOTAZO ‘GÜRTEL’
Un empleado de Fernando Martín aporta nuevos documentos sobre la operación en Arganda Francisco Correa, el cabecilla de la trama corrupta, cobró 12 millones de euros por sus servicios
La adjudicación en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa de una parcela para construir en Arganda del Rey, la llamada UE-124 o Área de Centralidad, supuso, según los informes policiales del sumario del caso Gürtel, el mayor pelotazo de toda la actividad de la trama corrupta. Francisco Correa, supuesto cabecilla de la mayor red de corrupción de la democracia, cobró presuntamente una comisión ilegal que supera los 12 millones de euros por participar en la operación.
Hasta el momento, las pesquisas policiales concluían que Fernando Martín, cabeza de la promotora y en la actualidad imputado en Gürtel, se hizo con dicha finca por 77 millones de euros, un precio llamativamente bajo si se tiene en cuenta que meses después vendió un tercio de dicha promoción por 73 millones a unas cooperativas de viviendas. Hoy, los dos tercios del terreno con los que se quedó Martinsa son un erial con apenas unas pocas construcciones levantadas.
La irrupción de un importante testigo arroja ahora nueva luz sobre la operación. Este testigo, que pide identificarse aquí solo por sus iniciales y no ser reconocido en las fotos, asegura sin embargo que su intención es declarar ante el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. G. B. es un arquitecto que realizó informes para Martinsa, compañía que, según su versión, le debe unos 600.000 euros. El testigo asegura que, antes de la adjudicación de la parcela por el Ayuntamiento de Arganda, cuyo alcalde en 2004 era el también imputado Ginés López, la dirección de Martinsa ya sabía que las condiciones exigidas en la convocatoria “no eran rentables” y que, si entraron en la operación, era porque “sabían que se iban a cambiar en su beneficio”.
Según este profesional, que fue el encargado de realizar el informe inicial del que dispuso Martinsa acerca de la viabilidad del proyecto, se redactaron unas condiciones del concurso tan malas para evitar que otras empresas se presentaran al mismo. El empresario Fernando Martín, según G. B., participó en el concurso porque tenía la certeza de que estas condiciones iban a ser modificadas por el Ayuntamiento. Pero también de que la Comunidad de Madrid, que fue la que aprobó definitivamente el proyecto aumentando un 70% el número de viviendas permitidas, no echaría para atrás el proyecto final. “Al final, el plan parcial era tan descabellado que ningún técnico de la Comunidad de Madrid quiso aprobarlo, por lo que tuvo que firmarlo un político”, asegura este testigo. Este periódico ha podido comprobar, cotejando los expedientes, que tanto el informe técnico como el jurídico que sirvieron para aprobar las modificaciones al alza en el plan parcial, fueron firmados por responsables políticos, y no por técnicos. Llama la atención el hecho de que el entonces director general de Urbanismo regional, Enrique Porto, fuera quien firmara la aprobación definitiva al alza del plan parcial a favor Martinsa, pues la empresa Plarquin, relacionada con Porto, fue una de las tres consultoras que decantaron la adjudicación municipal a favor de la empresa de Fernando Martín. La participación de empresas privadas en las adjudicaciones municipales no es muy habitual, pues deja en manos privadas el interés público. Además, según el testigo, Martinsa abonó al final solo 67 millones, y no 77, porque según las bases estaba obligada a construir un nuevo Ayuntamiento, “un aparcamiento subterráneo y un museo, valorado en 22 millones, que al final no ha hecho”, explica el testigo, que recuerda que los otros 12 millones los asumía la empresa de Fernando Martín.
En el apartado de conclusiones del informe realizado por G. B., al que ha tenido acceso EL PAÍS, el arquitecto aconsejaba que se modificaran varios de los parámetros sustanciales del plan parcial “con el fin de llevarlo a buen fin”. Así, para que la operación fuera viable, según el informe interno, los aspectos que deberían ser cambiados por el Consistorio, y que tendrían que tener el visto bueno final de la Comunidad, eran los siguientes: “Modificar los porcentajes de reparto para los distintos usos; aumentar el número de alturas permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta un total mínimo de 10 alturas [el plan vigente solo permitía 5]; aumentar la ocupación permitida por parcela del Plan General, hasta un 80%; y elevar el número de viviendas permitidas en el Plan General, hasta una densidad aproximada de 150 viviendas por hectárea”.
Otro mensaje incluye un correo anterior, procedente presuntamente del empleado municipal Isaac Requena, dirigido a Miguel Maldonado, con el asunto de 'Infraestructuras Área de Centralidad'. En el mail previo se dice: “Apreciado Miguel Maldonado. Tal y como me comentasteis en la reunión del pasado día 20, te remito los planos de infraestructuras de que disponemos en Fomento”. Este correo previo fue reenviado al arquitecto G. B. que trabajó para Fernando Martín: “Te remito la información que le solicitaste a Isaac Requena, sobre las infraestructuras del Área de Centralidad”.
El documento explica también que los parámetros más difíciles de modificar eran las alturas: “Rebasamos con mucho las máximas permitidas en el PGOU, así como la densidad, que supone un 50% sobre la referente en la Ley del Suelo, que aún siendo un parámetro orientativo, su modificación normalmente aceptada para nuevos desarrollos no sobrepasa generalmente el 5%-10%”.
El documento elaborado por G. B. avisa también del hecho de que la modificación de los parámetros mencionados “significa una variación sustancial tanto de la ficha del PGOU como del espíritu del área de centralidad, y por ello tendrán que ser ratificados tanto por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, como por la Comunidad de Madrid”.
El Ayuntamiento de Arganda no tuvo ningún problema en seguir adelante con las modificaciones propuestas por Martinsa. El número de casas permitidas inicialmente era de 1.580, de las que 300 eran públicas. Este número de viviendas podría haber supuesto unos 336 millones de euros de beneficios por la venta, según las cuentas aportadas por G. B. Pero la aprobación definitiva modifica de forma ostensible los parámetros previstos inicialmente, pues de 1.580 se pasa a 2.731 casas, de las que 600 son de protección pública. Es decir, se permitió construir 1.151 casas más. El beneficio por la venta de estas casas habría sido de 535 millones, lo que supone un aumento de 199 millones.
Los cambios urbanísticos eran de tal envergadura que tenían que ser aprobados por el Gobierno regional. El informe técnico de la Comunidad de Madrid, con fecha de 17 de enero de 2006, firmado por el entonces subdirector general de Urbanismo, Mariano Trías Chueca, justifica las modificaciones del plan general de Arganda del Rey a consecuencia de la aprobación de la promoción de Martinsa: “Aumenta el número de viviendas en 641, pasando de 100 casas por hectárea [que era el máximo permitido en el PGOU] a 138 viviendas”. También, en su punto e), se indica que aumenta el número de plantas, que pasan de 6 a 10, “alcanzando una altura excepcional con las 15 plantas del hotel”. También llama la atención el hecho de que, tal y como había solicitado el arquitecto de Martinsa, la gran superficie prevista en el Plan General para la UE-124 había desaparecido: “La eliminación de la gran superficie comercial propuesta en el concurso y la distribución de su superficie en bajos comerciales mejora la calidad del espacio público y aumenta la vida urbana”, reza el informe de la Comunidad, que defiende todas las mejoras para Martinsa.
El subdirector de Urbanismo incluye como justificación para modificar el plan general un punto del plan parcial que sostiene que estas modificaciones tienen por objeto “el incremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de uso colectivo”. En este punto, el testigo explica realmente qué fue lo que ocurrió, según su versión, que no fue otra cosa que él se había dado cuenta de que un centro comercial en el centro de una ciudad “podría acarrear un gran conflicto de tráfico”. “Se lo dijimos al Consistorio”, prosigue, “y el centro comercial desapareció dando paso a unas tiendas de planta baja”.
Al final de todo el expediente las magnitudes del plan parcial de Martinsa acabaron por parecerse a los parámetros recomendados meses antes por el arquitecto a sueldo de Fernando Martín, quien reconoce haber participado en numerosas reuniones con responsables del Ayuntamiento y altos cargos de Martinsa. “Yo sentía un poco de vergüenza en esas reuniones, porque lo que pedíamos era muy exagerado”, relata G. B. “Cada vez que el empresario nos decía que había conseguido más viviendas, nos reíamos”.
La compañía Martinsa-Fadesa ha reiterado que la adjudicación de dicha parcela fue realizada por concurso público, obteniendo su oferta la mayor valoración en la suma de los baremos realizados por tres sociedades expertas independientes. Según esta firma, el plan parcial fue aprobado por todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Arganda. “Es importante destacar que el concurso adjudicaba terreno pendiente de todos los trámites urbanísticos, cuyo desarrollo requiere de unas inversiones para el proyecto, obtención de licencias y obras de urbanización de tal cuantía, que hacen que en la actualidad no sea rentable esta operación urbanística”. Martinsa indica, asimismo, que todas sus actuaciones se realizaron conforme a los criterios de transparencia que fijan los concursos públicos de adjudicación, “tal y como destacan las diferentes sentencias judiciales”.
Reuniones con el Consistorio
El arquitecto G. B. para demostrar que en nombre de Martinsa se reunió con técnicos del Ayuntamiento de Arganda del Rey antes de que se adjudicaran las fincas, aporta copias de correos electrónicos que se intercambió con empleados de Fernando Martín. Las copias tienen fechas que van del 8 de diciembre de 2003 al 22 de marzo de 2004 [la adjudicación se produjo el 25 de noviembre de 2004]. En los dos primeros, empleados de Martinsa hablan de reuniones en el Ayuntamiento de Arganda: “Miguel Maldonado me ha comentado sobre la reunión en las oficinas de Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda. Creo necesario que nos reunamos a fin de poder elaborar un informe sobre lo tratado y poder organizar un calendario de entregas”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/20/madrid/1350768237_016874.htmlEL TRIBUNAL SUPERIOR RATIFICA LA IMPUTACIÓN AL DUEÑO DE MARTINSA EN EL 'CASO GÜRTEL'
El expresidente del Real Madrid pagó 11 millones de euros a Francisco Correa
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), actuando como ponente su presidente, Francisco Javier Vieira, confirmó en un auto del pasado 13 de octubre que la decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, de citar a declarar como imputado al presidente de la promotora Martinsa, Fernando Martín Álvarez, fue conforme a la legalidad. De esta forma, la Sala mantiene al empresario su situación de imputado en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular.
El dueño de Martinsa está imputado en el caso Gürtel por su relación con la comisión presuntamente ilegal cobrada por el cerebro de la trama, Francisco Correa. Según el sumario, este percibió más de 11 millones de euros por intermediar con el exalcalde y otros cargos del Ayuntamiento de Arganda del Rey para que Martinsa fuera la adjudicataria de varias parcelas, en las que estaba prevista la construcción de más de un millar de viviendas.
La investigación policial, que incluye la documentación remitida por las autoridades suizas, sostiene que el empresario Fernando Martín, que fue presidente del Real Madrid, transfirió los 11 millones de euros desde una cuenta de su propiedad, con fondos originarios de Panamá. Esta cuenta había sido abierta con el nombre de "finca", según las autoridades helvéticas. Las últimas pesquisas apuntan a que la cifra pagada por Martinsa podría sumar un total de 22 millones, cifra récord en la instrucción del caso Gürtel.
Martín, que acudió a la sede del TSJM el pasado 14 de julio a declarar como imputado, al ser citado por Pedreira, se negó a testificar, pero leyó un comunicado en el que aseguraba no haber hecho negocios con los miembros de la red presuntamente dirigida por Francisco Correa. Pedreira se inhibió del caso después de que los diputados de la Asamblea implicados en la trama dimitieran -y por tanto perdieran su fuero-, días antes de las pasadas elecciones autonómicas del 22 de mayo. Ello plantearía el regreso del caso a la Audiencia Nacional, donde se inició la instrucción, pero este se encuentra paralizado por los recursos presentados a la inhibición. La defensa de Martín considera que el apartamiento de Pedreira le obligaba a postergar las decisiones sobre los nuevos imputados, como Martín o Elena Villarroya, exmujer del que fuera regidor de Boadilla del Monte Arturo González Panero. Sin embargo, el auto del TSJM sostiene que, hasta que la inhibición no sea firme, la continuación de la instrucción "es obligada": "Es efectivamente anómala, desde el punto de vista procesal la situación de la causa, al haber declarado esta Sala que ya no le corresponde continuar el conocimiento del asunto, decisión con la que, además, están todas las partes de acuerdo", argumenta el auto. Pero ante la imposibilidad de remitir, por ahora, la causa al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la investigación no puede verse paralizada: "De hacerse así podrían desaparecer fuentes de prueba o producirse circunstancias que dificultaran o impidieran la persecución de hechos delictivos, como la prescripción de la infracción criminal por inactividad procesal". El escrito del presidente del TSJM asegura que todas las diligencias practicadas por los sucesivos instructores "son perfectamente válidas".
www.elpais.es 24.10.11
EL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA SE ACERCA A LOS 24 MILLONES DE EUROS
La policía cree que cobró comisiones de Martinsa y de otros dos empresarios
Un informe de la Policía Judicial hecho público ayer destapa la relación entre dos comisiones de más de 12 millones de euros cada una (en total 24,8 millones) cobradas por el presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, por intermediar entre las instituciones gobernadas por el PP madrileño y empresas relacionadas con la red corrupta. El documento vincula el pago de 12,8 millones a Correa en junio de 2006 por parte del empresario Fernando Martín, máximo accionista de la promotora Martinsa, para lograr una adjudicación de suelo público en Arganda del Rey con otra supuesta comisión ilegal de 12 millones, realizada en diciembre de 2004, de origen desconocido.
La policía atribuye este pago a los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo. Los dos responsables de la empresa que pagó esta comisión están citados a declarar mañana ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye la rama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira.
"Martinsa se portó conmigo", asegura el líder de la trama Gürtel en una cinta
El resguardo de uno de los pagos en Suiza lo identifica como "comisión"
La presunta comisión ilegal abonada por el propietario de Martinsa estaba considerada hasta ahora el mayor pelotazo de Correa. Si ahora se demuestra que estas dos transferencias están relacionadas, el beneficio del cerebro de la trama por intermediar con el Ayuntamiento de Arganda se podría haber multiplicado por dos, llegando a superar los 24 millones de euros. Por el momento son cuatro los imputados del caso Gürtel relacionados con el Consistorio de Arganda: el exalcalde Ginés López, el exdiputado regional Benjamín Martín Vasco, el cargo local Tomás Martín Morales, y el responsable de la sociedad municipal de fomento Juan Fernández Caballero.
Según consta en un documento incluido en el informe remitido por las autoridades suizas, el resguardo de la transferencia de 12,8 millones a Correa realizada desde una cuenta del empresario Fernando Martín no esconde el verdadero motivo del pago: "Montante recibido como comisión por la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de Madrid hecho por la sociedad Martinsa". Esto probaría que el pago se debió, según el informe policial, a la intermediación del cerebro de la red corrupta con el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. El Consistorio, gobernado por el PP, adjudicó finalmente a Martinsa la denominada Unidad de Ejecución 124, donde estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas, por un precio de 77 millones de euros, cuando inicialmente se había tasado en 100 millones. Dos años después, la promotora vendió un tercio del suelo por 73 millones de euros, una cantidad tres veces superior al precio pagado, que fue de 25 millones. Hasta el momento no se ha puesto ni un ladrillo en el terreno.
Al concurso que ganó Martinsa en Arganda del Rey el 23 de junio de 2004 se presentaron tres empresas. Pero el Consistorio de Ginés López, a la hora de valorar las ofertas, delegó parte de la baremación en dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Los técnicos del Ayuntamiento y las dos sociedades valoraron diferentes aspectos del polémico concurso y entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero se pronunció Aguirre Newman, que optó por una empresa distinta de Martinsa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, tampoco resultó ganadora la sociedad de Martín. El último en valorar fue Plarquin, que puntuó la solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.
El establecimiento de la conexión entre las dos comisiones de 12 millones fue posible gracias a la documentación remitida por Suiza, que ha destapado que, de los 12,8 millones de Martinsa, ocho ya se encontraban inicialmente en la cuenta de Fernando Martín, mientras que otros cuatro fueron aportados por Ostara Services, del empresario Manuel Salinas. El millón restante tenía su origen en una cuenta de la sociedad Arthington Investments, relacionada con Amando Mayo. Estos empresarios fueron los responsables de la otra comisión pagada a Correa en 2004, sin que se conozca el motivo de la misma. La policía no ha podido determinar el verdadero motivo de esta comisión.
El informe policial aporta la transcripción de conversaciones grabadas por el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, en las que Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros".
www.elpais.es 29.06.11
EL PRESIDENTE DE MARTINSA, IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL' POR PAGOS A CORREA
El constructor está citado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública
Se investiga una extraña operación por 100 millones en Arganda
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 30 de junio al presidente de la empresa Martinsa, Fernando Martín, al que imputa los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Según las investigaciones que obran en el sumario, el ex diputado del PP de Madrid Benjamín Martín Vasco, uno de los imputados en el caso Gürtel, intermedió para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en Arganda del Rey (Madrid) para Martinsa, sociedad que habría pagado comisiones al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para lograr los contratos.
En concreto, Pedreira investiga los pormenores de la venta de 21 parcelas de terrenos del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la inmobiliaria Martinsa, actualmente en suspensión de pagos. La operación (que afecta a 160.000 metros cuadrados) se hizo en 2004 mediante concurso; se fijó un precio de 77 millones de euros, a pesar de que el Ayuntamiento disponía de una tasación que situaba el coste en unos 100 millones.
La adjudicación de estas parcelas las realizó la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, que entonces dirigía el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, sobre quien pesa una fianza judicial de 950.000 euros por su presunta implicación en la red criminal.
El juez quiere indagar por qué se limitó el precio de las parcelas a 77 millones, esquivando así posibles ofertas superiores, y por qué se fijaron unos criterios claramente favorables a Martinsa. El sumario del caso incluye una grabación de Correa en la que menciona su buena relación con el dueño de Martinsa y señala que tiene un pago pendiente con él por la operación de Arganda. Además, admite que en julio "cazó" de Martinsa.
Martinsa pagó al Ayuntamiento 66 millones y se comprometió a abonar en especie otros 11 millones, pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Gobierno municipal permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400.
En esta operación, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, habría recibido más de 12 millones de euros de Martinsa, según datos que figuran en una de las comisiones rogatorias enviadas por Pedreira. El dinero supuestamente obedece a "una comisión por intermediación" en Arganda del Rey vinculada a la firma de Fernando Martín. El dinero se remitió a Mónaco desde Suiza y acabó finalmente en Panamá en una cuenta a nombre de Correa.
Antes de que Fernando Martín declare ante Pedreira, este próximo miércoles lo hará también como imputado el consejero delegado de la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, que estaba citado el pasado 18 de mayo, pero no acudió a declarar alegando que iba a ser intervenido quirúrgicamente ese mismo día. Cosa que no sucedió.
La declaración de Fernández Caballero fue solicitada por la acusación particular ejercida por el PSOE, que remitió al magistrado un escrito donde se señalaba que la sociedad que el imputado presidía realiza "desde hace años, las operaciones y contratos más importantes" de esta localidad madrileña.
En un escrito fechado el pasado 8 de marzo, la acusación particular recordaba un informe realizado en mayo de 2009 por la Intervención General de la Administración del Estado en el que se concluía que la sociedad del imputado fraccionaba el gasto en varios contratos para adjudicarlos de manera directa a empresas de la "trama Gürtel", que eran las únicas a las que se pedían ofertas.
"En relación con los contratos de adjudicaciones de obras realizadas por la entidad Sociedad Fomento y Desarrollo Municipal S.L. destacan las llevadas a cabo a favor de Teconsa -cubrición de la piscina de La Poveda- y Constructora Hispánica -circunvalación de la AR30-", señalaba el PSOE.
Fernández Caballero sustituyó en el puesto de consejero delegado de esta sociedad municipal el 2 de octubre de 2007 a Benjamín Martín Vasco, uno de los tres diputados autonómicos del PP imputados que renunciaron a su escaño en la Asamblea de Madrid el pasado 28 de abril.
www.elpais.es 13.06.11
IMPUTADO OTRO CARGO DEL PP DE ARGANDA POR EL MAYOR PELOTAZO DE CORREA
La fiscalía solicitó al iniciarse el 'caso Gürtel' que Juan Fernández Caballero declarara por la adjudicación de una parcela a Martinsa por 77 millones
El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar como imputado al consejero delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, por su presunta participación en las adjudicaciones del Consistorio madrileño a las empresas relacionadas con esta trama de corrupción, la más importante ligada a un partido político: el PP. Con Fernández ya son cuatro los imputados del PP en este municipio tras el exalcalde Ginés López, el diputado regional Benjamín Martín Vasco y el cargo Tomás Martín Morales. Entre las adjudicaciones investigadas en Arganda destaca el mayor pelotazo del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien habría percibido 12 millones de euros, según la investigación judicial, tras lograr la adjudicación de la sociedad de fomento de Arganda del Rey de una parcela pública a la constructora Martinsa.
Turno de Boadilla y Alcalá El pelotazo de Correa en Arganda del Rey pudo ascender a 24 millones El juez ha tomado esta decisión después de que la acusación particular del PSM lo solicitara, al igual que ya lo hiciera la Fiscalía Anticorrupción al inicio del procedimiento. Así, Juan Fernández Caballero tendrá que declarar el 10 de mayo como presunto autor de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, sin perjuicio de que tras su testificación y la práctica de nuevas diligencias el magistrado Pedreira le impute nuevos delitos.
La petición de la acusación popular de los socialistas se fundamenta en un informe de la unidad de auxilio judicial de la Intervención General del Estado (IGAE), del 29 de mayo de 2009, en el que se pone de manifiesto que la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, con Fernández Caballero como consejero delegado, incurrió en numerosas irregularidades en sus adjudicaciones a la red. Como por ejemplo el fraccionamiento intencionado del gasto en varios contratos y el uso de procedimientos de contratación sin publicidad.
Las conexiones de Juan Fernández Caballero con la trama resultan evidentes, según la acusación popular. David Luis Cerezo, uno de los trabajadores de Correa, aseguró al juez Pedreira que su contacto en el Ayuntamiento de Arganda era el responsable de la empresa de Fomento: "Yo me reunía con Juan Fernández. Le presentaba los proyectos y no sé lo que hacían. Me dijeron que tenía que ir a Arganda a ver a ese señor y ver si tenía alguna necesidad y presentar los proyectos...". Preguntado por el juez sobre quién le había indicado que tenía que entrevistarse con Juan Fernández, este trabajador de Correa explicó que fue Pau Collado, vinculado al PP de las islas Baleares.
El escrito de los socialistas apunta también que Juan Fernández Caballero intervino activamente en dos polémicas adjudicaciones a la trama: el cubrimiento de la piscina de La Poveda y la circunvalación de la AR30, que fueron realizadas por dos empresas acusadas de pagar comisiones ilegales: Teconsa y Constructora Hispánica.
Pero la tercera de las adjudicaciones de suelo municipal en la que presuntamente habría participado Juan Fernández Caballero fue la adjudicación de una parcela a Martinsa en noviembre de 2004. El Ayuntamiento aprobó la venta en 77 millones, pese a que previamente la parcela había sido tasada en 100 millones. La decisión la tomó a cargo de Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa de fomento de Arganda.
Pese a que la adjudicación fue en 77 millones, Martinsa solo ha abonado 66 millones. El Ayuntamiento permitió a la empresa levantar más de 1.000 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más. Martinsa no ha llegado a edificar en el solar.
En una de las grabaciones realizadas a Correa, el cerebro de la trama: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación realizada a Isabel Jordán, una de las empleadas de la red corrupta, esta alude a la operación: " le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no se lo daban". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama. Sobre este diputado pesa una fianza de 950.000 euros.
Al polémico concurso a Martinsa que Pedreira está investigando se presentaron tres empresas. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo en 2003 (dimitió en 2006). Según fuentes del caso, el magistrado Pedreira, que el 5 de enero solicitó un informe de esta operación, tiene en su poder un documento que prueba que Juan Fernández Caballero fue el encargado de firmar el pago de los honorarios de Aguirre Newman, de 22.000 euros.
Los técnicos del Ayuntamiento de Arganda, la sociedad Aguirre Newman y Plarquin valoraron aspectos diferentes del polémico concurso. Y además entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.
www.elpais.es 20.04.2011
LA 'GÜRTEL' COBRÓ 13 MILLONES DE COMISIÓN POR UN PELOTAZO
Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, recibió en 2006 en una cuenta de Suiza un pago de 12.870.000 euros. Y los documentos remitidos por ese país presentan esa transferencia como el "cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda (Madrid) relacionado con la sociedad Martinsa". Así consta en la nueva solicitud de asistencia dirigida ayer a Mónaco por el juez instructor del sumario, Antonio Pedreira. Esos 12,8 millones, cantidad inédita en el caso, se enviaron desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa cuyos fondos ha bloqueado Suiza.
En su escrito a Mónaco, Pedreira recuerda lo siguiente: "En esta causa se investiga la adjudicación a la sociedad Martinsa de un proyecto inmobiliario en la localidad de Arganda". Aunque no cita de forma expresa la operación, el magistrado se refiere a la conocida como Unidad de Ejecución 124 de Arganda (UE-124). Es decir, al macroproyecto de 158.000 metros cuadrados adjudicado a Martinsa en diciembre de 2004 por 77 millones de euros, 19 millones menos del valor que una tasación municipal había asignado a los terrenos.
Tras lograr el concurso, Martinsa vendió un tercio por el triple de lo pagado
La transferencia de 12.870.000 euros a Golden Chain Properties SA llegó el 30 de junio de 2006 procedente de otra cuenta suiza llamada Soleado y cuya pista sigue igualmente el juez. La cuenta de Soleado operó como puente y se quedó 130.000 euros del cursado desde el origen. Porque el origen de ese dinero, al menos el conocido, se sitúa en una tercera cuenta, de Mónaco y propiedad de Cedargrove Investments SA. El juez busca a sus beneficiarios.
Cuatro meses después de que Golden Chain recibiera el dinero, Correa aludió el 4 de octubre de 2006 al asunto de Arganda. Uno de sus interlocutores, el ex edil del PP José Luis Peñas, grabó la charla a escondidas. Y captó cómo el jefe de la red relataba que Martinsa ya había saldado lo que le debía por ese concepto. Un Correa campechano explicó que, en julio, "cazó y liquidado".
La empresa logró así amortizar en dos años el coste de la compra del suelo
Fue justamente en 2006 cuando Martinsa, hoy en concurso de acreedores, fraguó el pelotazo de Arganda. Dos años después de haber ganado la adjudicación, la inmobiliaria obtuvo 73 millones al vender la tercera parte de los terrenos por cuya totalidad se había comprometido a pagar 77 al Ayuntamiento de Arganda. La semana pasada, Pedreira ordenó a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) analizar "los incidentes que hubieran surgido en la ejecución o en otros trámites posteriores en el expediente" de la UE-124.
Con edificabilidad para 2.600 viviendas, el complejo se trazó en la mejor zona de expansión de Arganda. La mejor porque la Comunidad de Madrid había ubicado allí en 1999 la estación de metro de ese municipio, situado a 30 kilómetros de la capital. El Plan de Ordenación (PGOU) aprobado por Arganda meses antes de las elecciones municipales de ese mismo año ya incluía el macroproyecto. La victoria de los socialistas lo dejó en barbecho. Cuando el PP recuperó el mando local en 2003, reactivó de inmediato la urbanización de la zona. Un año y medio más tarde, Martinsa obtuvo el suelo. Y el ayuntamiento aseguran los socialistas accedió a elevar la edificabilidad inicial (1.600 viviendas) hasta las 2.600 pretendidas por Martinsa.
Los documentos suizos atestiguan el cobro del soborno, precisa el instructor
Como adelantó Público en marzo de 2009, la dirección del PP había sido informada con antelación de que Correa preparaba un pelotazo turbio en Arganda. El aviso lo lanzaron quienes manejaban las cuentas del PP: Álvaro Lapuerta, en esas fechas tesorero; y Luis Bárcenas, entonces gerente del partido y ahora imputado en el caso Gürtel.
Fuentes conocedoras de aquel episodio relataron hace año y medio a este diario cómo la reunión se produjo en noviembre de 2004 en la sede central del PP. Su interlocutor inicial era Mariano Rajoy. Pero la presidenta de Madrid y líder regional del PP, Esperanza Aguirre, acabó sumándose al encuentro.
Lapuerta y Bárcenas advirtieron a ambos de que, además de Correa y Martinsa, en la operación estaban implicados dirigentes del PP, entre ellos el alcalde de Arganda, Ginés López; y Benjamín Martín Vasco, diputado regional y entonces presidente de la empresa local de suelo y vivienda. Aguirre aseguran las fuentes consultadas escenificó gran indignación e incredulidad ante el relato de Lapuerta y Bárcenas. Y puso la mano en el fuego por Benjamín Martín Vasco, del que había sido testigo de boda. Poco después de aquel encuentro, Martinsa obtenía la adjudicación el 3 de diciembre de 2004. Tanto López como Martín Vasco constan como imputados de primera hora en el caso Gürtel. Supuestamente, el ex alcalde de Arganda recibió sobornos por 523.439 euros. Martín Vasco, no menos de 345.000 euros.
Ayer, fuentes de la inmobiliaria que preside Fernando Martín negaron que Martinsa pagara comisiones. "No hubo ninguna situación de irregularidad en el concurso", fue el mensaje de la empresa.
Un plan resucitado. Viviendas al alza
La portavoz socialista en Arganda, Victoria Moreno, explicó ayer a este diario cómo el PP ya planeaba en 1999 desarrollar la Unidad de Ejecución 124 (UE-124), ubicada junto a la única estación de metro del municipio. Pero el PSOE ganó los comicios locales ese año. En 2003, el PP recuperó el proyecto, diseñado en su inicio para 1.600 viviendas. Cuando Martinsa logró la adjudicación, el ayuntamiento accedió a ir aumentando la edificabilidad hasta sobrepasar los 2.600 pisos.
La tasación. Críticas por el bajo precio
Los socialistas de Arganda recurrieron la adjudicación de la UE-124. Uno de sus argumentos radicaba en que "la tasación se hizo a la baja", asegura Moreno. Según la portavoz del PSOE, el valor real de los terrenos podía haber alcanzado los 110 millones en aquellos momentos, en pleno
‘boom' inmobiliario. El PSOE acudió a los tribunales al considerar que los intereses de Arganda se habían visto lesionados, pero tanto los juzgados de lo contencioso como la Audiencia de Madrid desestimaron el recurso.
Condiciones ventajosas. En metálico y en obras
De los 77 millones ofertados con los que Martinsa ganó la adjudicación en 2004, no todos debían abonarse en dinero. La inmobiliaria y el ayuntamiento pactaron que 66 serían entregados en metálico y 11 se saldarían con obras de equipamiento.
Un pase de 73 millones. Pelotazo meteórico
A los dos años de obtener los terrenos, Martinsa hizo lo que, en el argot inmobiliario, se conocía como dar el pase: vendió un tercio del terreno por 73 millones de euros, ahora ya sin trabas urbanísticas. Es decir, por el triple de lo que había pagado en 2004 y sin haber puesto aún un solo ladrillo.
http://m.publico.es/politica/695466/la-gurtel-cobro-13-millones-de-comision-por-un-pelotazoEL PRESIDENTE DE MARTINSA DECLARA POR COHECHO, BLANQUEO Y DELITO FISCAL
El magistrado instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, tomará este jueves declaración en calidad de imputado al presidente de Martinsa, Fernando Martín, por su implicación en el 'caso Gürtel' en relación a una operación urbanística llevada a cabo en el municipio de Arganda.
En un auto fechado el pasado 10 de junio, el magistrado citó a Fernando Martín en calidad de imputado el próximo 30 de junio a instancias de la Fiscalía de Madrid por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Ese mismo día declarará el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero debido a que no lo pudo hacer el pasado 29 de junio, día en el que compareció su exmujer Elena Villarroya por un delito fiscal. La imputada se negó a declarar ante el magistrado.
Asimismo, prestará declaración el empresario José Luis Ulibarri por un delito contra la Hacienda Pública por eludir el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial.
Operación de Fernando Martín
La citación de Fernando Martín se produce a petición de las fiscales adscritas al 'caso Gürtel'. En el informe, explican que el principal imputado, Francisco Correa, ingresó en junio de 2006 un total de 12,8 millones de euros en una cuenta en el Credit Suisse de Ginebra a nombre de la mercantil Golden Chain Properties.
Según el escrito, los fondos procedían de una cuenta del Lloyds Bank de Mónaco a nombre de Cedargrove Invesments SA, sociedad cuyo beneficiario económico es Fernando Martín.
Asimismo, indica que de acuerdo a la documentación remitida desde Suiza, la transferencia estaba vinculada al cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda con la sociedad Martinsa.
La adjudicación de este proyecto es objeto de investigación de Pedreira, puesto que sería uno de los motivos de la entrega de efectivo y regalos a Benjamín Martín Vasco y Ginés López. Así, menciona una de las anotaciones del pen drive incautado a José Luis Izquierdo en el que se refleja entregada 300.000 euros el 28 de diciembre de 2006 a nombre de 'extracto Ginés López'.
Además, añade que parte de los 12,8 millones de euros habrían sido transferidos previamente desde una cuenta de la mercantil Fairway International SL. y desde una cuenta de la sociedad Arthintong Investments Ltd, cuyo beneficiario económico es Armando Mayo Rebollo.
Asimismo, Correa habría recibido el 21 de diciembre de 2004 un total de 12 millones de euros procedentes de una cuenta que la sociedad Fairway International SL. tenía en una entidad financiera monegasca. Según la documentación, el beneficiario económico de esta mercantil sería Manuel Salinas Lázaro.
Arganda del Rey constituye uno de los puntos afectados por la trama Gürtel, junto a Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. En relación con esta localidad están imputados el ex alcalde Ginés López y el diputado regional Benjamín Martín Vasco.
A Martín Vasco se le acusa de conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Asimismo, se le imputó de facilitar la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007.
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3231317/07/11/Gurtel-El-presidente-de-Martinsa-declara-este-jueves-ante-Pedreira-por-cohecho-blanqueo-y-delito-fiscal.htmlARGANDA DEJÓ DE COBRAR 23 MILLONES EN UNA OBRA DE GÜRTEL
Una valoración privada permitió que Fernando Martín ganara el concurso
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, cuyo alcalde era el imputado en Gürtel Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa Martinsa. No obstante, esta iniciativa urbanística había sido tasada en 100 millones, según consta en el expediente administrativo de la operación aprobada en el Consistorio. La decisión corrió a cargo del también imputado Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda.
El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, investiga si Correa cobró 13 millones de euros por intermediar en esta operación urbanística. Entre los contratos firmados por Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de Arganda destacan los 48.893 euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael, que el sumario considera muy cercanas a Correa. Este diputado también contrató a la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro de los imputados. El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.
Pedreira cita a declarar como imputado a un alto cargo de Arganda El pelotazo de Correa en Arganda del Rey pudo ascender a 24 millones El dueño de Martinsa no declara ante el juez Pedreira pero niega las acusaciones Pese a que la adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo principal accionista era el empresario Fernando Martín, pagó 66 millones y se comprometió a abonar en especie otros 11 millones. Pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400. Martinsa no ha construido las casas.
La obra en la que Arganda dejó de ganar 23 millones es precisamente la que está bajo sospecha después de que el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, constatara que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8 millones de euros procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia helvética, procedían de Martinsa.
La información de las autoridades suizas demuestra la veracidad de las grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia constituyó el inicio de la instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen imputadas más de un centenar de personas por su supuesta implicación en la que es considerada como la mayor trama de corrupción ligada a un partido político: el PP. Según estas grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación de Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel Jordán, alude a la operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de 950.000 euros.
El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE en dos ocasiones: en lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).
Cada uno de los tres consultores (los técnicos del Ayuntamiento, la sociedad Aguirre Newman y Plarquin) se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución técnica y la propuesta estética. Y dio tantos puntos a Martinsa que ganó el concurso. Por eso, el magistrado Antonio Pedreira ordenó el pasado 5 de enero a peritos judiciales que elaboraran un informe sobre esta operación.
www.elpais.es 13.01.11
IGNACIO GONZÁLEZ Y EL MISTERIO DEL ÁREA 124
Por Ignacio Escolar
El mayor pelotazo de Paco Correa no fue en Pozuelo ni en Boadilla ni en Valencia ni en la sastrería Milano. Uno no se hace millonario instalando la iluminación de un escenario o con los stands de turismo de Valencia. El gran negocio de Correa, de todos los que hasta ahora ha desvelado Garzón, fue en Arganda del Rey, tiene el ladrillo por bandera y un número por clave secreta: el 124. Y dicen en el PP que Esperanza Aguirre lo sabía.
Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga.
Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado.
Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.
Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo.
“Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.
Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.
Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.
“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional.
El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?
http://escolar.net/MT/archives/2009/03/3626.htmlAGUIRRE REHUSÓ ASISTIR AL CONCIERTO DE BARENBOIM PARA IR A UNA BODA
La presidenta había sido invitada personalmente por Gallardón
La presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, declinó la invitación del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para asistir al concierto de Daniel Barenboim en la plaza Mayor, argumentando que tenía que ser testigo en la boda del diputado Benjamín Martín Vasco en Arganda del Rey. "Tenía comprometida desde hace tiempo mi asistencia a la boda de Benjamín, que es un buen amigo, y no quería variar mi agenda personal", señala Aguirre. Al acto acudieron la Reina y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, lo que hizo que la ausencia de Aguirre resultara muy evidente y fuese objeto de comentario entre los asistentes al concierto en memoria a las 190 víctimas del 11-M.
El concierto de Barenboim al frente de la Staatskapelle de Berlín, que interpretó la Tercera Sinfonía de Beethoven, resultó un éxito. La noche del pasado viernes, 6.000 personas escucharon con respeto y admiración una de las obras clave del genio musical. Al concierto gratuito, patrocinado por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid, acudieron la Reina, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los ministros de Exteriores y Educación, Miguel Ángel Moratinos y María Jesús Sansegundo, respectivamente, además del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, y otras autoridades.
Pero entre las personalidades asistentes al concierto no estaba la presidenta Aguirre ni su consejero de Cultura, Santiago Fisas, que habían sido invitados personalmente por el alcalde Gallardón a través de una carta que les cursó a ambos el pasado miércoles, según fuentes del Ayuntamiento. La jefa del Ejecutivo regional o, al menos, de algún representante cualificado del Gobierno regional fue echada en falta por los invitados e, incluso, por muchos de los familiares de las víctimas del atentado del 11-M, sentados en una zona acotada próxima al escenario.
La presencia de doña Sofía fue una sorpresa para la inmensa mayoría de los asistentes al concierto, ya que no era algo de dominio público. La Casa Real se lo comunicó al alcalde de Madrid en la noche del pasado jueves, apenas 24 horas antes del emotivo acto musical, según fuentes municipales.
Ruiz-Gallardón cursó el pasado miércoles sendas cartas personales a la presidenta de la Comunidad y a su consejero de Cultura, Santiago Fisas. Esperanza Aguirre declinó la invitación arguyendo que a la misma hora del concierto tenía previsto actuar como testigo de la boda del diputado Benjamín Martín Vasco, secretario del grupo del PP en la Asamblea, que se celebraba en Arganda del Rey. "Es un buen amigo mío y no tenía ganas de cambiar mi agenda. No creía que asistir a este concierto fuera tan importante. Tampoco sabía que iba a asistir la Reina", explicó ayer Aguirre.
Fisas también rechazó la invitación de Gallardón. "Envié una carta al alcalde diciéndole que estaría encantadísimo de ir al concierto de la Plaza Mayor, pero que no podía hacerlo porque estaba invitado a la boda del diputado Martín Vasco, igual que otros muchos compañeros", explicó el consejero de Cultura. "Yo no sabía que iba a asistir la Reina, y estoy seguro de que la presidenta tampoco lo sabía", agregó.
Algunos invitados a la Plaza Mayor, entre ellos parte del equipo de Gallardón, comentaron que la ausencia de Aguirre y de Fisas podía tener relación con el conflicto suscitado a raíz de que la Comunidad haya decidido prescindir este año de Baremboim de los conciertos de verano del Teatro Real. Eso ha roto una tradición, ya que el anterior presidente regional -el actual alcalde de Madrid- lo había contratado en los cuatro años anteriores.
Pero Fisas asegura: "El no haber ido a este concierto no tiene nada que ver con que la Comunidad de Madrid haya decidido no contratar este verano a Barenboim para actuar en el Teatro Real. Hemos tomado esta decisión debido al alto coste que Barenboim suponía para la Comunidad. Pero lo cortés no quita lo valiente, y yo habría ido a la Plaza Mayor encantado y, además, para evitar suspicacias. Pero no lo hice porque estaba invitado a la boda de Martín Vasco".
El argentino Barenboim, premio Príncipe de Asturias de la Concordia, recordó el motivo del concierto: "Majestad, presidente, amigas y amigos...La orquesta y yo estamos muy emocionados por poder estar aquí. No voy a hablar. La mejor manera de recordar a las víctimas y a todo lo que pasó el 11 de marzo es dejar hablar a la música". Y un segundo después empezó a sonar la sinfonía Heroica.
http://elpais.com/diario/2004/07/11/madrid/1089545065_850215.html
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